A través de capítulos breves y autónomos, Breve historia del mundo. De la Edad Media hasta hoy pretende, ante todo, dar razón histórica del mundo occidental (y, ocasionalmente, de regiones no occidentales, pero bajo la influencia de Occidente): el apogeo de la cristiandad, el nacimiento de Europa, el otoño de la Edad Media, el Renacimiento, la Reforma luterana, la hegemonía española, el Barroco, la Francia de Richelieu y de Luis XIV, la Ilustración y la Contrailustración, las revoluciones americana y francesa, el romanticismo y el liberalismo, la revolución industrial, la edad de las masas, las crisis del siglo XX, la modernidad, Estados Unidos, la descolonización, la globalización del mundo. En palabras del filósofo alemán Wilhelm Dilthey, «Solo la Historia puede decirnos qué es el hombre». De ahí que en Breve historia del mundo aparezcan múltiples perspectivas de análisis: cultura, ideas, vida espiritual, religión, vida material, guerras, política, cambios socioeconómicos, creencias, acontecimientos…

Isaiah Berlin escribió que historia equivale a multiplicidad, pluralismo moral, fragmentación, diversidad; o en otras palabras, que la historia no es sino múltiples posibilidades. Juan Pablo Fusi quiere mostrar en este libro que la historia —como nuestro tiempo— es el resultado del quehacer libre de los individuos, de sus ideas y creencias, de sus decisiones; que la historia, como la vida individual, es responsabilidad moral del hombre. Por consiguiente, que la razón histórica es azarosa, impredecible, contingente. La historia es, pues, complejidad: análisis de situaciones, análisis de problemas. Y esto es justamente lo que plantea en Breve historia del mundo.

Juan Pablo Fusi

Breve historia del mundo

De la Edad Media hasta hoy

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Titivillus 25.05.2020

Título original: Breve historia del mundo

Juan Pablo Fusi, 2016

Editor digital: Titivillus

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El triunfo del cristianismo

En sus estudios sobre El conflicto entre cristianismo y paganismo en el siglo IV (1963), el historiador Arnaldo Momigliano (1908-1987), uno de los grandes clasicistas del siglo XX, recordó que, al adquirir una nueva religión a partir del Edicto de Milán del año 313 del emperador Constantino —libertad religiosa, igualdad de derechos para los cristianos y abolición del culto estatal romano—, el «mundo» (el mundo romano o romanizado) tuvo necesariamente que aprender una nueva historia. El nacimiento de Cristo, y no la fundación de Roma, devino en adelante el acontecimiento capital de la humanidad, la fecha de referencia, por extensión, para la datación de años, siglos y acontecimientos históricos.

Aunque la historia había nacido, como se sabe, con el pensamiento grecorromano —Herodoto, Tucídides, Tito Livio, Tácito, Plutarco— y con el pensamiento judío (la Biblia era, al fin y al cabo, la historia del pueblo judío), la filosofía cristiana creó verdaderamente la conciencia histórica del mundo occidental. Al hacer de la llegada de Cristo el hecho esencial del destino del mundo —san Agustín en La ciudad de Dios, c. 413-426—, y diferenciar entre historia antes y después de Cristo, el cristianismo impuso una visión lineal y no cíclica del mundo, subrayó la irrepetibilidad e irreversibilidad de los hechos históricos y, lo que es más importante, vino a dar razón de la historia del hombre y de su presencia en la Tierra.

Ciertamente, no todos los historiadores valorarían positivamente la aparición del cristianismo. En Decadencia y caída del Imperio romano (1776-1778), un libro prodigioso, Edward Gibbon culpabilizaba al cristianismo de la caída del Imperio y lo asociaba a «barbarie y fanatismo». La expansión del cristianismo, inicialmente por la geografía del entorno de Jerusalén (Edessa y Damasco, Alejandría, Anatolia, Armenia…) fue, además, lenta y problemática. Los francos se convirtieron a fines del siglo V; los visigodos (Recaredo), en el año 587; los anglosajones, irlandeses y escoceses, en los siglos V a VIII; los eslavos, a lo largo de los siglos VI—VIII; los lombardos, en el año 683; los escandinavos, a partir del siglo IX; y los rusos (principado de Kiev), en 989. La misma historia del cristianismo fue una historia complicada, difícil, a menudo tortuosa y siempre problemática y jalonada en sus primeros siglos por toda clase de disputas teológicas (gnosticismo, arrianismo, nestorianismo, monofisismo, pelagianismo…), por numerosas querellas dogmáticas y múltiples controversias doctrinales (sobre la divinidad de Cristo, el culto a los santos, las imágenes, los ritos, la gracia…). Lo más grave: el Cisma de Oriente y la ruptura irreversible entre católicos y ortodoxos en 1054.

Con todo, la historia del cristianismo tuvo mucho de estupefaciente: de secta minoritaria —y objeto de brutales persecuciones todavía en los siglos III y IV, bajo los emperadores Decio, Valeriano y Diocleciano— a religión oficial del Imperio en el año 391, y a religión después, tras la caída de aquel, del gran Imperio bizantino (Balcanes, Asia Menor, Oriente Medio) y de Europa occidental y central, tal como sancionó la coronación de Carlomagno como emperador de los romanos y cabeza de un Imperio franco-germánico y romano por el papa León III en la Navidad del 800.

El cristianismo, en efecto, cambió el mundo. Su triunfo se debió, sin duda, a muchos y muy distintos factores y razones. La protección de Constantino la conquistó, de hecho, el Imperio romano. El Imperio bizantino (479-1453) —aristocracia imperial, religión cristiana ortodoxa, cultura griega, derecho romano— hizo del cristianismo y su formidable liturgia oriental la religión oficial, y de la Iglesia ortodoxa un poder legitimador del Estado bajo la protección personal del emperador. La creación, ya en el año 756, de los Estados Pontificios —inicialmente, Roma, el exarcado de Rávena y la «marca» de Ancona— fue una donación de Pipino el Breve, el rey de los francos, resultado así de la alianza entre el papa y la dinastía carolingia que culminaría con la fundación del Imperio de Carlomagno en el año 800, alianza decisiva, como es fácil inferir, para la cristiandad occidental.

Pero la alianza religión-Estado nunca fue en Occidente definitiva, como lo fue en Bizancio. El papado —dentro del cual, hasta el año 1000 y aún después, hubo de todo: papas enérgicos y hábiles, papas piadosos y bondadosos, papas ineptos y anodinos, papas corruptos y crueles— aspiró siempre a ejercer el poder espiritual sobre la cristiandad, libre de injerencias de todo poder político y laico y del propio poder imperial. Las mismas independencia y soberanía de los Estados Pontificios eran, desde la perspectiva eclesial, ante todo la garantía del poder espiritual de la Iglesia. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado (emperadores, reyes, poderes territoriales) oscilaron así durante siglos, entre la cooperación y el enfrentamiento. La clave en dicha relación, la separación entre ambos poderes, eclesiástico y civil, con el tiempo uno de los hechos capitales de la organización de los estados occidentales, no se consolidó sino después de largos y gravísimos conflictos, como la querella de las Investiduras (1075-1122), entre el papado y el Imperio germánico, desencadenada cuando Gregorio VII prohibió que los clérigos pudieran recibir cargos de los laicos, y que conoció episodios como la excomunión del emperador Enrique IV por el papa y la deposición del propio Gregorio VII por el emperador; y como la lucha entre el pontificado y el Imperio (regido ahora por los Hohenstaufen) en Italia en los siglos XII y XIII. El arzobispo de Canterbury, Thomas Becket, fue asesinado en 1170, en su propia catedral, por orden del rey Enrique II, por defender las libertades de la Iglesia frente a las pretensiones abusivas del poder real.

El triunfo del cristianismo fue así consecuencia, ante todo, de la dinámica espiritual y doctrinal de la misma religión cristiana. A diferencia de religiones anteriores, su fundador, Jesucristo, fue una figura histórica cuya vida quedó recogida en las «biografías» que de él escribieron sus discípulos. El cristianismo nació —o así empezó a ser en la concepción y obra de san Pablo— como una religión universal, con un solo Dios y un mensaje inequívoco, y enteramente nuevo, de amor, redención, fraternidad y devoción. Su práctica conllevaba la celebración regular y sistematizada de cultos y rituales colectivos que mantenían la fe: el bautismo, el credo, la eucaristía, la lectura de los Evangelios, la misa. El cristianismo se dotó enseguida de organización e instituciones eficaces (papas, concilios, patriarcas metropolitanos, obispos, sacerdotes) y desarrolló, también tempranamente, una admirable estrategia de expansión y evangelización, cuya pieza fundamental fueron monasterios y abadías, surgidos en los siglos IV y V, como modelos de vida piadosa y ascética y de conducta ejemplarizante —trabajo, pobreza, castidad, oración—, reforzada por la memoria y el culto del sacrificio de santos y mártires.

El cristianismo fue más que una religión: constituyó una nueva cultura, una nueva visión y explicación del hombre en la Tierra, una nueva razón histórica, por tanto, del mundo. La traducción de los Evangelios del hebreo y del griego al latín, obra de san Jerónimo en el siglo V, una intuición genial, fue decisiva para la difusión de aquellos y dio a la cristiandad un lenguaje universal. La obra de los primeros grandes «doctores» de la Iglesia —san Ambrosio, san Agustín, san Juan Crisóstomo— sistematizó la teología, las enseñanzas y la moral cristianas, y dio al cristianismo una doctrina verdaderamente sustantiva. El pensamiento de san Agustín (354-430), recogido en sus obras Soliloquios, La Ciudad de Dios, Confesiones, y Sobre la naturaleza y la gracia, que se ocupó de cuestiones como la trinidad, la gracia, la predestinación, el mal y el libre albedrío, el matrimonio, el sacerdocio y la sexualidad, suponía, de hecho, una nueva y profunda espiritualidad, muy alejada ya del mundo grecorromano, en la que el cristianismo era una filosofía de salvación mediante la redención del hombre por el sacrificio de Jesucristo en la cruz.

Varios papas fueron fundamentales en la afirmación y salvaguarda del poder espiritual y temporal de la Iglesia, y en la consolidación, por tanto, del cristianismo como institución. En medio de la fragmentación del poder que siguió a la crisis del Imperio romano de Occidente, san León Magno (440-461) y san Gregorio Magno (592-604) supieron afirmar la autoridad del papa, delimitar la jurisdicción eclesiástica y precisar y definir los primeros principios doctrinales y prácticas litúrgicas de la Iglesia, y mantener Roma bajo su control, hecho capital en el fortalecimiento del papado en Occidente. León IX (1049-1054), un papa alemán, y Gregorio VII (1073-1085), el exmonje Hildebrando, dos papas enérgicos, hicieron resurgir el papado —tras el siglo nefasto que para la institución había sido el siglo X— mediante la exaltación de los ideales religiosos, reformas de la organización y la vida eclesiástica y monástica y la afirmación del poder del papa sobre la Iglesia frente al poder imperial, como ya se ha señalado más arriba. Con Inocencio III (1198-1216), que aplastaría militarmente la herejía de los albigenses en el sur de Francia y aprobaría las nuevas órdenes religiosas de franciscanos y dominicos, la Iglesia católica se constituyó ya como una verdadera teocracia pontificia.

El triunfo del cristianismo fue, pues, indiscutible. La aparición y expansión del islam a partir del año 622 —que, tras unificar Arabia, conquistaría antes del año 750 Oriente Medio, con Jerusalén y los llamados Santos Lugares (Tierra Santa), Siria, Armenia, Persia, Egipto, el norte de África, Cerdeña, Córcega y el reino visigodo en la península Ibérica; y luego en 902, Sicilia— supuso una grave amenaza. Pero, al tiempo, reforzó la identidad de la cristiandad, fijó y definió sus fronteras, y hasta le dio un objetivo: la recuperación de Tierra Santa. El Imperio de Carlomagno —nieto de Carlos Martel, el noble franco-germano que detuvo la expansión árabe en Poitiers en el año 732, e hijo de Pipino el Breve—, que abarcó casi toda Europa occidental (los territorios francos y germánicos, el norte de Italia y las «marcas» de Cataluña, Bretaña, Friuli, Dinamarca, Baviera, Corintia y Panonia), fue tanto una entidad religiosa como política y, tras su coronación por el papa León III en el año 900, se configuró como un Imperio cristiano romano.

El cristianismo fue una religión popular. A partir del siglo IX, miles de peregrinos recorrerían Europa en pos de lugares —catedrales, abadías, monasterios— en localidades como Santiago de Compostela, la propia Roma, Colonia o Canterbury, que guardaban reliquias (el cuerpo de un apóstol, la túnica de la Virgen, fragmentos de la cruz, sangre de Cristo…) de especial veneración para los cristianos. La expansión del arte románico entre los siglos X y XIII —miles de iglesias y monasterios en toda la cristiandad occidental (Alemania, Francia, Italia, norte de España, Suiza, Inglaterra)— revelaba la existencia, en palabras del historiador del arte Ernst H. Gombrich, de una «Iglesia militante». Monasterios y abadías (York, Barrow, Tours, St. Denis, Fulda, San Millán, Ripoll, St. Gall, etcétera) eran, hacia el año 1000, los verdaderos centros de la cultura en Europa.

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El apogeo de la cristiandad

«Antes de la llegada del cristianismo —escribió en 1932 el historiador Christopher Dawson en Los orígenes de Europa, uno de los libros clásicos del europeísmo—, no había Europa».

No le faltaba razón. Europa occidental —unos treinta y cinco millones de habitantes hacia el año 1000 (el Imperio romano en el siglo IV: 40-45 millones)— empezó a adquirir realidad histórica propia y distinta, aunque menor aún que Bizancio o el islam, hacia el siglo X. Dividido el Imperio carolingio (800-840) en tres estados —Francia occidental, Francia oriental o Germania, Lotaringia— y fracasado pronto, en el primer tercio del siglo XI, el sueño de Otón I, rey de Germania y emperador alemán (962-973), de restablecer el Imperio romano-germánico, el Occidente cristiano era al comenzar el nuevo milenio un mundo fragmentado, un mosaico de pueblos, territorios y estados embrionarios (reinos, principados, ducados, condados, marcas, ciudades y comunas autónomas: Inglaterra, Francia, Borgoña, Germania, León, Navarra, Sicilia, los Estados Pontificios, el Condado de Barcelona, Venecia, Baja y Alta Lorena, Bohemia, Carintia…), con fronteras indefinidas y vulnerables, e institucionalización, legitimidad política y fundamento jurídico —de base feudal, vasallática— elementales, discutibles y precarias. El cristianismo —una fuerza religiosa y un hecho social— fundaba ciertamente la unidad espiritual de aquella Europa: definía su identidad, su cultura, sus creencias y su moral.

Las Cruzadas, las varias expediciones militares a Tierra Santa que los cristianos occidentales llevaron a cabo entre 1096 y 1270 para recuperar Jerusalén y los Santos Lugares, conquistados por el islam en el siglo VII, fueron la primera manifestación de la recuperación histórica del mundo occidental bajo el signo del cristianismo (en coincidencia, además, con el esfuerzo reconquistador de los reinos cristianos de la península Ibérica, con la toma de Toledo por Alfonso VI de Castilla en 1085; y con la expulsión de los musulmanes de Cerdeña por Pisa en 1022 y de Sicilia por los normandos en 1091). Pero revelaron, paralelamente, las debilidades y contradicciones que definían —se diría que constitutivamente— a aquella misma cristiandad occidental: crearon al menos una dinámica histórica con consecuencias imprevistas, que desbordó por completo los proyectos y las previsiones iniciales.

Las Cruzadas respondieron a causas, circunstancias y factores muy diversos: la petición de ayuda militar de Bizancio, derrotada por los turcos en Manzikert (1071), con la pérdida —nada menos— que de toda Asia Menor; la recuperación demográfica y comercial de Occidente; el carácter militar del mundo feudal occidental; la posibilidad de reunificar las iglesias latina y ortodoxa tras el cisma de 1054. Pero dos factores, ante todo, fueron determinantes: la reforma eclesiástica hacia un cristianismo estricto y militante, impulsada por los monjes de Cluny (abadía fundada en 909) y por la orden del Císter (cuya fundación, en Citeaux, data de 1098: 530 abadías en el siglo XII); y la reafirmación del poder y prestigio espirituales del papado propiciada, ya en el siglo XI, por los papas Silvestre II, León IX, Nicolás II y Gregorio VII, aun a costa de graves conflictos con el poder temporal, como la querella de las Investiduras (1075-1122), que enfrentó a Gregorio VII (1073-1085) y al emperador germánico Enrique IV (1056-1106).

La Primera Cruzada (1096-1099) encarnó, ciertamente, el modelo ideal de expedición a Tierra Santa que diseñó la Iglesia: liderazgo del papado —Urbano II predicó la Cruzada en Clermont-Ferrand en 1095—, apoyo popular (levantado por religiosos exaltados como Pedro el Ermitaño), fuerza militar considerable (unos treinta mil nobles y caballeros: flamencos, loreneses, franceses del sur, normando-sicilianos) y éxito final. La Cruzada popular fue masacrada por los turcos en Asia Menor (octubre de 1096). Pero la expedición militar mandada por Godofredo de Bouillon, Roberto de Normandía, Roberto de Flandes y Esteban de Blois fue tomando sucesivamente, ya en 1098, Edessa (marzo), Antioquía (junio) y Jerusalén (15 de julio), para crear en los territorios recuperados los estados «latinos» del reino de Jerusalén, condado de Edessa, principado de Antioquía y condado de Trípoli.

Sin embargo, el resto de las Cruzadas, hasta un total de ocho, distaron mucho de ser exitosas, respondieron a planteamientos no necesariamente religiosos —las más de ellas fueron operaciones militares derivadas de la dificilísima situación estratégica en que quedaron los cuatro estados cristianos creados en la zona— y en modo alguno lograron los objetivos fundamentales: Asia Menor quedó irreversiblemente bajo el poder de los turcos, el Imperio bizantino salió militar y territorialmente debilitado, los estados cristianos de Tierra Santa no pudieron resistir en el medio plazo, y no hubo reunificación de las iglesias católica y ortodoxa.

La Segunda Cruzada (1147-1149), predicada por san Bernardo, el hombre clave en la reforma cisterciense, fracasó por las discrepancias surgidas entre sus líderes militares, el emperador alemán Conrado III y el rey de Francia, Luis VII. La Tercera Cruzada (1189-1192), encabezada por el emperador Federico I Barbarroja, Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra —acompañado en la imaginación romántica de Walter Scott por el noble Ivanhoe, su ideal del caballero cristiano—, precipitada por los éxitos del caudillo militar musulmán Saladino (Sala ad-Din Yusuf ibn Ayyub, 1137-1193), que se apoderó de Egipto, Siria y Jerusalén, concluyó con una tregua entre las partes y sin que los cristianos pudieran recuperar Jerusalén. La Cuarta Cruzada (1202-1204), impulsada por Inocencio III y cuyo objetivo era Egipto, derivó en razón de los intereses de Venecia en la ocupación y el saqueo por los cruzados de Constantinopla y la creación de un artificial y efímero «Imperio latino» en Bizancio (1204-1261). La Sexta Cruzada (1228-1229), encabezada por Federico II de Hohenstaufen, logró que los turcos restituyesen Jerusalén, Belén, Nazaret y otros lugares sagrados, pero solo temporalmente: Jerusalén cayó de nuevo, y ya irreversiblemente, bajo poder musulmán en 1244. Las dos últimas Cruzadas, promovidas por san Luis, rey de Francia, en 1248 y 1270 para recuperar Jerusalén, se perdieron en operaciones militares preparatorias sobre Egipto y Túnez respectivamente (la última, diezmada además por una epidemia de peste en la que murió el propio rey). La caída de San Juan de Acre en 1291 marcó el final del establecimiento de estados cristianos en Oriente.

Aunque las Cruzadas apareciesen a los ojos de los ilustrados del siglo XVIII —Voltaire, Edward Gibbon, por ejemplo— como una manifestación de la «locura humana» (en palabras de William Robertson) y pese a que sus consecuencias decisivas —liberación del Mediterráneo occidental, auge de comunas y repúblicas italianas, expansión comercial de Occidente— no fueran de orden religioso, las Cruzadas fueron para François Guizot, el gran político francés, «el primer acontecimiento europeo».

Como escribió el propio Guizot, las Cruzadas revelaron, en efecto, la Europa cristiana. Con independencia del resultado último de aquellas, el cristianismo vivía en el siglo XIII un momento de plenitud. En la península Ibérica, Castilla, con el apoyo de cruzados navarros, aragoneses y franceses, logró en 1212 la decisiva victoria de las Navas de Tolosa, llave para la conquista de Córdoba (1236), Murcia (1243) y Sevilla (1248); Aragón ocupó las Baleares (1229) y conquistó el reino de Valencia a partir de 1233, todo lo cual, más los avances de los portugueses por la costa atlántica, hizo que el poder musulmán en la península quedase reducido desde 1264 al pequeño reino de Granada.

Inocencio III (1160-1216), miembro de una poderosa familia romana, hombre de excelente formación teológica y jurídica y con excelentes contactos en toda Europa, elevó el papado a su máximo poder e influencia: logró la sumisión de los reyes de Francia e Inglaterra, impuso a su candidato, Federico II de Hohenstaufen, como emperador de Alemania, impulsó la Cuarta Cruzada, reprimió con severidad la herejía albigense, extendida por el sur de Francia —en la región de Toulouse (de hecho, promovió una «cruzada» contra la herejía, que se prolongó, con dureza implacable, entre 1209 y 1229)—, y reunió el mayor concilio de los celebrados hasta entonces, el IV Concilio de Letrán (1215), que aprobó además una muy abundante legislación que regulaba desde la administración central de la Iglesia, la vestimenta sacerdotal, los sermones en los oficios y la formación de sacerdotes y monjes, al papel de los obispos y el cumplimiento de los sacramentos de la confesión y la eucaristía.

Dos nuevas órdenes religiosas, los franciscanos, o frailes menores, orden creada en 1208 por san Francisco de Asís (1181-1226) sobre un ideal de pobreza evangélica —para vivir una vida de humildad, pobreza y mendicidad— y los dominicos, la orden de predicadores fundada por santo Domingo de Guzmán (1170-1221) para la predicación del cristianismo, las dos sumamente exitosas, renovaron y reforzaron considerablemente la labor de la Iglesia y la devoción popular: san Francisco ideó la tradición navideña y el Vía Crucis, la oración por un itinerario con representaciones de la Pasión; Santo Domingo, el rezo del rosario.

La Iglesia cristiana era no solo ya una iglesia «militante», sino además —en palabras de Gombrich— una iglesia «triunfante». Santo Tomás de Aquino (1225-1274), cuya obra ciertamente imponente (Suma teológica, Suma contra gentiles) hacía del cristianismo un verdadero sistema filosófico-teológico, veía en la religión cristiana el despliegue de la razón, no la mística de la fe. La extraordinaria difusión del arte gótico por toda Europa entre los siglos XII y XVI y, sobre todo, sus imponentes catedrales —con sus altísimas bóvedas de crucería, arcos apuntados, contrafuertes exteriores, torres, pináculos, rosetones, vidrieras, decoración exquisita, retablos, sillerías (Chartres, Amiens, Reims, la Santa Capilla de París, León, Burgos, Toledo, Lincoln, Ely, Orvieto, Colonia, Ulm, etcétera)— expresaron los cambios que se habían producido en el mundo cristiano. La verticalidad, la ligereza y el dinamismo del gótico, las nuevas imágenes y prácticas religiosas difundidas desde los siglos XI y XII —la imagen de Cristo sufriente en la cruz, el culto a la Virgen María—, indicaban por un lado la renovada emocionalidad y espiritualidad que definían el cristianismo triunfante, y marcaban, por otro, la culminación del desarrollo ciertamente extraordinario que el cristianismo había tenido desde su legalización en el siglo IV.

Que en esa misma iglesia triunfante —en sus instituciones, en su organización y en sus estructuras de poder, en sus dogmas, pensamiento y teología— germinasen ya las semillas de futuros y graves, si no insolubles, conflictos, era otra cuestión.

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La excepción italiana

Italia fue desde el primer momento parte esencialísima de la Res publica cristiana: sin Roma, obviamente, no habría habido cristiandad. En Roma, residía el papa. En Roma serían coronados, primero Carlomagno (año 800), y luego los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, el vasto y fluido conglomerado de territorios imprecisamente federados bajo la autoridad imperial —Germania, Lotaringia (con los futuros Países Bajos, Luxemburgo, Lorena y Borgoña), norte de Italia, Carintia, Bohemia…— que Otón I, el rey germano, proclamó en 962, y que él y sus sucesores, y singularmente los Hohenstaufen (1190-1268), concebían como una verdadera monarquía universal.

La evolución histórica de Italia fue, por eso, decisiva para Europa. Italia tuvo, en efecto, especificidad propia. Las ciudades romanas, por ejemplo, subsistieron a la descomposición del Imperio romano precariamente, pero en cualquier caso con mucha mayor entidad que en el resto de Europa. El país fue objeto, a partir del siglo V, de migraciones, incursiones, conquistas y reconquistas —sucesivas o simultáneas— de ostrogodos, bizantinos, lombardos, árabes y normandos, todos los cuales establecieron enclaves más o menos estables de ocupación e influencia propios. Los lombardos dominaron Lombardía, Spoleto y Benevento; Bizancio lo hizo en Venecia, Rávena, Apulia, Calabria y Sicilia; Pipino el Breve, el rey carolingio, creó en 756 los Estados Pontificios sobre Roma y su entorno (de Anagni a Ancona). Los árabes conquistaron Sicilia en 902. Los normandos acabaron con el dominio bizantino en el sur de Italia (1043) y con la dominación árabe en Sicilia (1060-1091): Roger II unificó en 1130 bajo el reino de Sicilia, Apulia, Calabria y la propia Sicilia, y conquistó, luego, Amalfi, Nápoles y Gaeta.

La desaparición en 843 del Imperio carolingio, que había incluido en sus fronteras el norte (o reino) de Italia, reforzó el autogobierno de las numerosas ciudades de la región, ciudades que florecieron en los siglos XI y XII en razón de los importantes cambios sociales y económicos que se produjeron: fuerte crecimiento demográfico (la población de Italia se duplicó entre los siglos X y XIV, en que pudo llegar a entre nueve y diez millones de habitantes); revolución agraria (aumento de tierras cultivables, encauzamiento de ríos, construcción de diques y canales); revolución comercial (exportación y tráfico de cereales, vino, textiles, aceite, especias: las Cruzadas liberaron el Mediterráneo para las ciudades costeras italianas); revolución financiera (creación de bancas y casas de crédito).

La misma pugna que por la hegemonía del Occidente cristiano estalló —siglos XI a XII— entre el pontificado y el Imperio, entre el poder espiritual del papa y el poder político imperial, pugna cuyo principal objetivo fue precisamente Italia, terminó por decidir el futuro territorial de la península.

Primero, el Concordato de Worms de 1122, que puso fin a la querella de las Investiduras (1075-1122), iniciada cuando el papa Gregorio VII prohibió que los clérigos recibieran cargos de los laicos, sancionó la separación entre el poder papal y el poder imperial, resquebrajó el sistema imperial romano-germánico y debilitó el hipotético poder imperial en el norte de Italia. Segundo, la derrota de Federico I Barbarroja en mayo de 1176 en Legnano ante la Liga Lombarda —alianza de «comunas» italianas, encabezada por Milán y apoyada por el papa— en el curso de una de sus campañas italianas, y la deposición y condena en 1245 por Inocencio IV y el Concilio de Lyon de su sucesor Federico II —que había unido por herencia Sicilia al Imperio—, pusieron fin a la ambición de los Hohenstaufen, titulares del Imperio entre 1190 y 1268, de restablecer la autoridad imperial sobre Italia e imponer su hegemonía sobre el papa. Los últimos Hohenstaufen, Manfredo y Conradín, fueron derrotados en Benevento (1266) y Tagliacozzo (1268), respectivamente, por los ejércitos de Carlos de Anjou, el hermano del rey de Francia, llamado a Italia por el pontífice en su defensa, y que recibió del papa, Sicilia. La hipótesis de una extensión del poder del papa y sus aliados, los Anjou, a toda Italia se frustró cuando la revuelta de las Vísperas Sicilianas de 1282 expulsó de Sicilia a los franceses —que conservaron el reino de Nápoles— y entregó Sicilia a la Corona de Aragón. La marcha de los papas a Aviñón (1309-1376), consecuencia de su política francesa, liquidó, ya definitivamente, la posibilidad de una monarquía papal en una Italia unificada.

Italia, pues, no evolucionó en la Edad Media hacia algún tipo de Estado unitario, como lo harían, por ejemplo, Inglaterra, Francia y España. Al contrario, Italia vio el triunfo del policentrismo, esto es, su configuración como un conglomerado de numerosos estados, un sistema cristalizado ya en los siglos XII y XIII: ciudades-Estado en el norte y centro del país, Estados Pontificios en el centro, reino (o reinos) de Nápoles y Sicilia en el sur. Ése fue el hecho diferencial italiano: la cristalización desde los siglos X-XI de numerosas ciudades-Estado, pequeñas repúblicas urbanas (la ciudad y su entorno rural inmediato), «comunas» o municipalidades autónomas y soberanas de hecho; repúblicas marítimas como Amalfi, Pisa, Génova o Venecia; comunas urbanas del interior como Milán, Brescia, Florencia, Bérgamo, Siena, Lucca, Como, Padua, Mantua, Módena, Bolonia, Ferrara, Parma, Alessandria, Cremona, Rímini, Verona, Arezzo y un largo etcétera.

Con 23 ciudades de más de veinte mil habitantes en 1300 (Milán, Venecia y Florencia tendrían en torno a los cien mil habitantes; Génova, Verona, más de cincuenta mil; Siena, 40 000), la ciudad-Estado fue, en efecto, la organización política básica del norte y centro de Italia. En una Europa feudal y rural, la Italia comunal y ciudadana fue una civilización diferenciada, definida por la vitalidad de la vida urbana, el dinamismo de la sociedad civil, el desarrollo del comercio y las actividades financieras, el carácter laico y secularizado de la vida pública y la institucionalización de ciertos sistemas de libertad civil como base del gobierno y la política. Regidas por administraciones seculares muy diversas (con cargos y oficios públicos no bien definidos y con nombres distintos según las ciudades: cónsules, podestá, gonfaloniero, cancilleres, priores, dux o dogo en Venecia, etcétera, nombrados por alguna asamblea o consejo de representación popular o gremial, como el Gran Consejo en Venecia), las ciudades medievales italianas, microcosmos de mercaderes, comerciantes, banqueros, jueces, letrados, notarios, artesanos, herreros, sastres, molineros y oficios similares, fueron, en efecto, centros administrativos, comerciales, financieros, eclesiásticos, judiciales y aun protoindustriales de indudable importancia, reflejada, por ejemplo, en la misma entidad de su arquitectura civil, como los espectaculares palacios municipales de Siena, Florencia, Todi y Perugia, todos del siglo XIII, o el palacio de los Dogos en Venecia.

Italia estuvo así a la cabeza del primer renacimiento económico del Occidente europeo (siglo XII), y varias de sus ciudades o comunas mantuvieron su preponderancia económica hasta la crisis, por la peste negra (1347-1348), del siglo XIV. Amalfi primero, Pisa, Génova y Venecia después (siglos XII y XIII) monopolizaron, una vez liquidado el poder musulmán por las Cruzadas —y por la acción militar de las propias flotas pisana, genovesa y veneciana—, el comercio marítimo del Mediterráneo. Génova, que asestó un golpe definitivo al poder de Pisa en la batalla de Meloria de 1284, controló primero el Mediterráneo occidental —Córcega y Cerdeña incluidas— y estableció importantes bases comerciales y navales en Constantinopla y el mar Negro, un mar genovés. Venecia dominó (siglo XI) el Adriático y las costas de Istria y Dalmacia y, tras su participación en la Cuarta Cruzada (1202-1204), que derivó en un ataque occidental a Bizancio, y su victoria sobre Génova en Chioggia (1379), ocupó importantes islas y ciudades costeras en el Egeo, como Corfú o Creta, y estableció un poderoso imperio marítimo en el Mediterráneo oriental que le dio el control de las principales rutas comerciales y puertos de la región. Florencia —cuyo poder territorial fue extendiéndose (siglos XII— XV) sobre la Toscana: Arezzo, Prato, Pistoia, Volterra, y finalmente Pisa —creció ante todo por el comercio de lana y tejidos, y enseguida por la fuerza de su sector bancario (con 72 casas de banca y préstamo, entre ellas la de los Médici, en 1422, y el florín de oro florentino como la moneda más fuerte de Europa). Milán, llave del valle del Po y en situación estratégica envidiable por su cercanía a Francia, Alemania y los pasos alpinos, y que también tempranamente (siglos XI y XII) fue extendiendo su dominio sobre gran parte de Lombardía (Pavía, Bérgamo, Como…), prosperó como centro comercial y cabecera de la agricultura y ganadería del valle del Po, como nudo de relaciones comerciales con Francia y Alemania y como enclave protoindustrial (metalurgia, armas, tejidos, artesanía).

Y lo que importa tanto o más: la libertad civil, la riqueza y desarrollo de las ciudades depararon el despertar cultural, intelectual y artístico de Italia, un paso decisivo en la historia universal impulsado por la «primera generación» de humanistas: Petrarca, Bocaccio, Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, Leon Battista Alberti, Lorenzo Valla. Petrarca (1304-1374), el poeta (Cancionero), bibliófilo, biógrafo (De viris illustribus) y moralista (De vita solitaria, Los triunfos), apasionado de la grandeza del Imperio romano (Africa) y de la latinidad italiana; Bocaccio (1313-1375), el autor de los cuentos del Decameron y de un amplísimo tratado de mitología clásica (Genealogia deorum gentilium); Salutati y Bruni, cancilleres de Florencia, uno de los principales cargos de la burocracia florentina, el primero el mayor especialista de su tiempo en Cicerón y el segundo, historiador de Florencia y el gran traductor de Aristóteles y Platón del griego al latín; Valla (1407-1457), el mayor estudioso de la lengua y la literatura latinas —y del uso crítico de las fuentes en historia— y también excelente traductor de los clásicos grecorromanos; Alberti (1404-1472), arquitecto, urbanista, matemático, pintor, músico, arqueólogo, teorizador del arte (De pictura, De statua, De re aedificatoria), que como arquitecto proyectó la fachada de Santa María Novella y el palacio Ruccelai en Florencia, el Templo Malatestiano en Rímini y elaboró los planos de la iglesia de San Andrés en Mantua.

El primer humanismo italiano —los humanistas no usaban el término humanismo, acuñado en el siglo XIX, sino la expresión studia humanitatis para referirse a estudios como la retórica, la poética, la gramática, la historia y la filosofía moral, no incluidos en los estudios teológicos y escolásticos de la Iglesia y la cultura medievales—, esto es, el ideal de la recuperación de la Antigüedad clásica (búsqueda de manuscritos latinos, estudio del griego, del latín y de las letras clásicas), conllevaba de hecho una espiritualidad nueva, nuevos valores, nuevas ideas y creencias, una nueva concepción del hombre y de la vida: fe en el hombre y la razón; la libertad humana; la belleza, el amor; el prestigio, la fama, la virtud; la armonía y el equilibrio estéticos y morales.

El primer humanismo italiano fue extraordinariamente fecundo. Anticipó el Renacimiento y los ideales del humanismo cristiano de Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro y Luis Vives. Alberti se apercibió del cambio de forma inmediata. En el prólogo que preparó para la versión italiana de De pictura (1436), que dedicó a Brunelleschi, escribió que el «ingenio» que había en las obras de este (la catedral de Florencia, la capilla Pazzi), en las de su común amigo el escultor Donatello y en las de Lorenzo Ghiberti —puertas del Baptisterio de Florencia—, Luca della Robbia y Masaccio (frescos de la capilla Brancacci), no era «en nada inferior a cualquiera de los antiguos y famosos en estas artes».

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El nacimiento de Europa

«Es evidente que hay una civilización europea», escribió François Guizot (1787-1874) —político y liberal, catedrático de Historia Moderna en la Sorbona desde 1812, ministro, embajador, presidente del Gobierno francés en 1847— en las primeras páginas de su Historia de la civilización europea, publicada en 1845: [es evidente] «que cierta unidad —puntualizaba— resplandece en la civilización de los diversos estados de Europa; que a pesar de la gran diversidad de tiempos, lugares, circunstancias, dondequiera esta civilización deriva de hechos casi semejantes, se enlaza a los mismos principios y tiende a producir, casi en todos sitios, resultados análogos. Hay, pues, una civilización europea». Guizot precisaba: entendía que la civilización europea se había creado en los siglos que siguieron a la caída del Imperio romano o, lo que es lo mismo, a lo largo de la Edad Media.

Históricamente, sin embargo, la cuestión —¿qué es Europa?— tenía indudable complejidad. El término Europa se acuñó comparativamente tarde: hacia el siglo VII antes de Cristo, en Grecia, primero como mito —Europa, la princesa fenicia que Zeus raptó y llevó a Creta— y enseguida como término geográfico, para designar a los territorios que se extendían al oeste de la propia Grecia. Incluso así, su uso fue casi nulo a lo largo de la Antigüedad clásica y muy escaso antes del siglo VII de la era cristiana. Cuando empezó a utilizarse —si bien, ocasionalmente— en la época carolingia (siglos VIII —IX), Europa significaba ante todo la unidad del Occidente cristiano: el propio Carlomagno concibió su Imperio (800-814) no como una unión europea, sino como la restauración, desde una óptica cristiana, del Imperio romano de Oriente y Occidente. El término Europa —cuyo uso en sentido geográfico fue extendiéndose a lo largo de la Baja Edad Media— realmente no desplazó, en el lenguaje europeo, al de cristiandad hasta la Edad Moderna (siglos XVI y XVII). Europa, además, no fue una comunidad cultural plenamente unitaria. Esta división del Imperio romano terminó por crear dos mundos diferentes: Roma, la cristiandad occidental, y Bizancio, la Europa ortodoxa (en gran parte, eslava). Rusia, que empezó a individualizarse en la historia a partir del siglo IX —principado de Kiev— fue siempre solo parcialmente europea. Europa, como el continente que se extiende del Atlántico a los Urales, fue una definición acuñada por la geografía del siglo XIX.

Con todo, Guizot llevaba razón. La cultura grecorromana y el cristianismo fueron los dos pilares fundamentales (no los únicos) de lo que se acabaría por llamar «civilización europea». Lo que propiamente vino a ser Europa fue, en efecto, cristalizando a partir de los siglos IV —VIII de la era cristiana, al hilo, por tanto, de la interacción de la transformación del Imperio romano tardío, las migraciones de los pueblos germánicos, el desarrollo de Bizancio, la expansión del cristianismo, la experiencia de las comunidades judías, la aparición del islam y el nacimiento de estados y naciones occidentales. La gran tesis de Henri Pirenne (1862-1935), el historiador belga que expuso en su libro Mahoma y Carlomagno, que terminó días antes de morir y que apareció en 1937, fue que la expansión del islam por el Mediterráneo —no las invasiones germánicas— puso fin a la unidad del mundo antiguo y separó definitivamente Oriente de Occidente: la alianza entre el Imperio (Carlomagno) y el papa que, como respuesta a la situación se gestó en Occidente, dio a este —a Europa, en palabras de Pirenne— su fisonomía nueva y definitiva (bajo el dominio de la Iglesia y el feudalismo).

Aunque su Imperio fuera efímero —se dividió en 843— y no incluyó ni las islas Británicas ni la península Ibérica (salvo Cataluña) ni la Italia meridional ni Escandinavia, ni por supuesto Bizancio, Carlomagno unificó en el año 800, sobre bases económicas y control territorial muy débiles, buena parte de la cristiandad occidental, un proyecto de imperio universal cristiano, con capital y corte en Aquisgrán, donde reunió a un importante número de hombres de letras de toda Europa, que dejaría huella permanentemente en la política de la Edad Media (y que el europeísmo del siglo XX vería como un precedente remoto y magnífico de la Unión Europea). Las Cruzadas, peregrinaciones, catedrales, fueron, igualmente, empresas «europeas». El arte gótico, sobre todo el gótico tardío (siglo XV), fue un estilo verdaderamente internacional, con escasas variaciones estilísticas locales. El «hombre gótico» —diría el filósofo español José Ortega y Gasset en la conferencia que sobre Europa pronunció en Berlín en 1949— vivía una doble vida: por un lado, la vida del terruño, de la gleba, de la vida local; por otro, «se sentían —decía— perteneciendo a un espacio histórico que era todo el Occidente, del cual les llegaban muchos principios, normas técnicas, saberes, fábulas, imágenes». Desde luego, muchas de las cortes bajo-medievales europeas —el caso más notable: la corte del ducado de Borgoña— fueron centros artísticos y culturales brillantemente cosmopolitas.

El renacimiento económico que parte del continente experimentó entre 1000 y 1300 —expansión demográfica (35 millones en el año 1000; en torno a cincuenta millones en 1300), nuevas técnicas de explotación agrícola, desarrollo de la artesanía, la minería y la producción de paños y tejidos, aumento del comercio, revolución financiera (letras de cambio, bancos de préstamos, sociedades mercantiles)—, un renacimiento con epicentro en las ciudades italianas, en Flandes (Amberes, Brujas), Londres, París, Lyon, Ginebra y algunas ciudades del sur de Alemania, se basó en buena medida en la paulatina interdependencia económica del Occidente cristiano.

Superada la pavorosa crisis (más de veinte millones de muertos) provocada por la peste negra entre 1346 y 1353 —la epidemia de peste bubónica originada en China y que desde Constantinopla y los puertos italianos se extendió prácticamente a toda Europa—, la intensificación del comercio marítimo y terrestre (cereales, lana, vinos, hierro, cobre, tejidos, madera…) entre puertos, ciudades y villas reforzó decididamente el proceso de integración de economías y mercados europeos. En el siglo XV, genoveses y venecianos hegemonizaban las rutas comerciales marítimas que desde Constantinopla y el Mediterráneo oriental llegaban, a través de Italia y de las costas y puertos franceses, españoles y portugueses, hasta Inglaterra, Flandes y el mar del Norte; la Hansa alemana, la asociación económica de ciudades comerciales alemanas encabezada por Lübeck, controlaba el comercio (paños, minerales, maderas, sal) con el norte de Inglaterra, Escandinavia y las regiones del Báltico. O, en otras palabras: navegantes, mercaderes y comerciantes —como los Arnolfini que retrató Van Eyck, naturales de Lucca y residentes en Brujas— fueron vertebrando el Occidente medieval, haciendo de Europa una civilización común desde el siglo XII.

Europa iba siendo también desde el siglo XII —en que aparecieron las de Bolonia, París y Oxford— una Europa de universidades, de las que en 1400 existían ya 55, que se extendían por todo el continente: islas Británicas (Oxford, Cambridge, St. Andrew's), península Ibérica (Salamanca —1227—, Valladolid, Sevilla, Valencia, Lisboa, Coimbra), Francia (París, Montpellier, Toulouse), Italia (Bolonia, Salerno, Nápoles, Padua, Pavía), Alemania (Heidelberg, Colonia), Países Bajos (Lovaina), Polonia (Cracovia), Praga y Viena. Posibilitadas por el desarrollo económico y el crecimiento de las ciudades, creadas como respuesta a la complejidad creciente de la vida social (desarrollo del derecho civil y económico, crecimiento de las administraciones públicas, auge y regularización del comercio internacional…) y a la necesidad, por ello, de impulsar estudios generales fuera del ámbito de los estudios monásticos, las universidades fueron una aportación singular de la historia europea. Ciertamente, su nacimiento fue, en la mayoría de los casos, precario, por falta de medios y de edificios e instalaciones propias. Surgidas por fundación real, eclesiástica o municipal, tardaron en encontrar su autonomía y su fisonomía y estructura definitivas. La calidad y naturaleza de los estudios que se impartían fueron muchas veces, y por mucho tiempo, discutibles. Pero definieron pronto su misión: eran comunidades de profesores y estudiantes dedicados a estudios generales (studia generalia fue el primer nombre de la universidad, término de significación ambigua en la Edad Media), disciplinas como las «artes», la teología, la filosofía, la gramática, las leyes y la medicina (estructuradas también, desde muy pronto, en facultades); conservaban y transmitían la herencia cultural; prestigiaban mediante la concesión de grados (bachiller, licenciado, maestro, doctor) el mérito intelectual, el conocimiento y la enseñanza profesional.

La Edad Media —recordaba en 1983, en La civilización del Occidente medieval, el medievalista francés Jacques Le Goff— creó la ciudad, la nación, el Estado, la universidad, el molino, la máquina, la hora y el reloj, el libro, el tenedor, la ropa, la persona, la conciencia e incluso la revolución. La Edad Media creó, pues, lo que Guizot, y no solo él, llamó «la civilización europea».

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La aparición de estados y naciones

Aunque Europa todavía se viera a sí misma en el siglo XV como la cristiandad, en su interior habían ido cristalizando espacios diferenciales, entidades políticas particulares, construcciones territoriales y reinos. Tras el colapso del Imperio romano, etnias, cristianismo, lenguas vernáculas, poder monárquico, mitos de origen y territorialidad terminaron por generar, a lo largo de los siglos, las «viejas naciones», Francia, Inglaterra, Escocia, Castilla, Aragón, Portugal, Dinamarca, Suecia, Suiza, Polonia, Hungría y Rusia, a través, por tanto, de un proceso largo, oscuro, discontinuo, azaroso, complejo y solo irreversible tras la ruptura del Imperio carolingio (800-832).

Naciones y estados nacieron, en efecto, en la Edad Media: en los siglos XI a XIV, estados en construcción; en los siglos XIV y XV, estados soberanos. Lo «inglés», lo «español», empezaron a cristalizar en los siglos XII y XIII. Beowulf, el primer poema largo en inglés antiguo, data del siglo VIII. El inglés fue la lengua hablada desde los siglos VII y VIII (el latín era la lengua culta; el anglo-normando, la lengua oficial entre los siglos XI y XIV). Beda, el Venerable, un monje de Jarrow, empleó la expresión gentis anglorum para describir a los pueblos anglosajones de Inglaterra en su Historia eclesiástica del pueblo inglés que escribió en latín hacia el año 730. Geoffrey de Monmouth escribió su Historia regum Britanniae hacia 1136, una historia de los reyes de Britania desde la destrucción de Troya. Desde el siglo X, los reyes, lo mismo anglosajones que normandos, se proclamaron reyes de Inglaterra. Rey de Francia se proclamó en el año 987 el conde de París, Hugo Capeto, tras su elección. El término Francia reemplazó desde entonces al de Galia. Textos literarios en francés medieval —las lenguas de oil y oc y sus variedades dialectales— aparecieron en el siglo XI. Las canciones de gesta, como la Canción de Roldán, la lírica trovadoresca y los poemas caballerescos fueron muy populares en los siglos XII a XV. Los reyes hicieron escribir en francés desde 1274 las Grandes Crónicas de Francia. La guerra de los Cien Años (1337-1453), desencadenada por las aspiraciones de los reyes de Inglaterra a la corona de Francia —guerra que creó el mito francés de Juana de Arco—, fue vivida como una guerra entre «ingleses» y «franceses».

En la península Ibérica, la voz España —en singular o en plural, en latín, Hispania, o de otras formas: Espanna, Espanya…— fue reiteradamente usada en la Edad Media, en sentido geográfico pero también como expresión de un dominio o poder superior a los reinos peninsulares. El castellano, nacido en el entorno de Burgos, fue extendiéndose desde el siglo XI. El Poema del Cid dataría del siglo XII. Como en Francia, la poesía épica —poemas de los reyes de Castilla, de la «pérdida de España» y luego, el romancero— proliferó desde el siglo XII y fue muy popular en los siglos XIV y XV; ya en el XV, los intereses dinásticos de los Trastámaras —dinastía castellana, de Medina del Campo, que reinaba en ese siglo en Castilla y Aragón— favorecieron la unidad peninsular. Portugal nació en el siglo XII tras separarse del reino de León y Castilla, y delimitó su espacio, y con ello su identidad estatal, al hilo de su expansión hacia el sur y de su oposición a Castilla.

Escocia, uno de los primeros reinos de Europa, emergió como tal desde el siglo IX, y mantuvo su independencia desde entonces hasta el siglo XVIII, a veces, como en las guerras de 1296 a 1328, luchando fieramente contra Inglaterra. El reino de Hungría logró, entre los siglos X y XV, prestigio e influencia considerables. Suiza nació en 1291 por un pacto entre los cantones de Uri, Schwyz y Unterwald contra el dominio de los Habsburgo. Dinamarca era en el siglo XIV el Estado más articulado del Báltico. La unión dinástica de 1386 entre la heredera de la corona polaca y el gran duque de Lituania creó una gran potencia eslava, el reino de Lituania y Polonia. El ducado de Borgoña —que incluía el Franco Condado, Borgoña, Brabante, Flandes, Luxemburgo, Namur y otros territorios— fue entre 1363 y 1477 probablemente el Estado más próspero y fuerte de Europa. Venecia se consolidó entre los siglos XIII y XV como la principal potencia marítima del Mediterráneo. Durante los reinados de Iván III (1462-1505) e Iván IV el Terrible (1547-1584), el principado de Moscú, que había aparecido en torno al siglo IX, avanzó decididamente hacia la creación de un Estado ruso centralizado.

Las tesis sobre la nación (la nación como Estado y territorio; la nación como realidad etno-cultural; la nación como comunidad electiva; la nación como comunidad imaginada) y las tesis sobre los procesos de construcción nacional (interpretaciones funcionales; interpretaciones marxistas; interpretaciones psicológicas) fueron, desde el siglo XIX, abundantísimas. De todas ellas podría extraerse, sin embargo, una primera apreciación casi unánime. Origen común, etnicidad, religión y territorio fueron factores esenciales en la aparición de la nación. Luego, la creación y el desarrollo del Estado medieval —fortalecimiento del poder de la monarquía como centro de la acción del gobierno, elaboración de teorías jurídicas y doctrinales de legitimación del poder y de los símbolos del mismo, creación de administraciones y burocracias más o menos centralizadas, aparición de órganos de representación (Cortes, parlamentos)— hicieron que, ya desde los siglos XIV y XV, «nación» designase a espacios y territorios regidos por una misma Corona.

La nación medieval no fue ni un Estado nacional unitario ni una comunidad vertebrada por sentimientos de nacionalidad. El hombre medieval se sentía vinculado o a una ciudad o a la Iglesia y a la religión o al señor territorial y, en todo caso, a la figura del rey. Estados y territorios eran —y lo iban a seguir siendo durante siglos— patrimonio dinástico de las Coronas. Aunque antes hubiera brotes de nacionalidad, conciencias nacionales y manifestaciones de protonacionalismo, la primera gran explosión del nacionalismo en la historia fue la Revolución francesa, a fines, pues, del siglo XVIII. Muchos de los estados medievales europeos —Borgoña, Venecia, Génova, Pisa, los Estados Papales, los ducados de Saboya y Milán, el Sacro Imperio Romano, la gran confederación de estados alemanes y austriacos regidos por los Habsburgo desde 1438— carecieron de idea y sentimientos de nación. Pero las «viejas» naciones —Inglaterra, Francia, España (ya propiamente tal tras la unión dinástica de Castilla y Aragón en 1479), Portugal, Dinamarca, Suiza, Hungría, Polonia, Rusia…— terminaron de germinar hacia 1500 como estados unificados, legitimados a menudo en mitos y leyendas de realidad histórica dudosa (como el rey Arturo para Inglaterra, Robert Bruce para Escocia, Juana de Arco para Francia, Guillermo Tell para Suiza), pero basados al tiempo en sentimientos más o menos consistentes de pertenencia e identidad comunes.

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La Italia de las Señorías

A mediados del siglo XV, los estados italianos —un total de catorce, con unos diez millones de habitantes— parecían estados viables. Cinco de ellos —el ducado de Milán (en torno a 1,2 millones de habitantes), la República de Florencia (750 000), la República de Venecia (1,5 millones), los Estados Papales (dos millones) y el reino de Nápoles (dos millones)— se contaban además, si bien por distintas razones, entre los más importantes de Europa. La Italia septentrional —el Milanesado, la Toscana, el Véneto— seguía siendo por el volumen de su comercio, el desarrollo de su vida financiera y de sus manufacturas, por la densidad de su población y su capacidad de consumo, uno de los puntos neurálgicos, con el sur de Alemania, los Países Bajos y el norte de Francia, de la economía europea.

Política y territorialmente, los estados italianos del Quattrocento eran estados ciertamente más fuertes (y también más autoritarios) que las admirables ciudades-Estado de los siglos XII y XIII. Por un lado, en la mayoría de los casos, el régimen político de dichos estados, y de muchas ciudades autónomas dentro de estos, había derivado desde finales del siglo XIV hacia la Señoría, esto es, el dominio dinástico de familias notables de la oligarquía y el patriciado urbano —los Visconti y los Sforza en Milán, los Médici en Florencia, los Malatesta en Rímini, los Della Scala en Verona, los Este en Ferrara, los Gonzaga en Mantua, los Montefeltro en Urbino, la casa de Saboya en Piamonte…—, lo que reforzó el orden y la estabilidad interna de muchos de ellos. Por otro, Milán, Florencia y Venecia habían integrado bajo su dominio amplios territorios. El ducado de Milán, título reconocido a los Visconti en 1395, abarcaba toda la Lombardía, las ciudades de Parma y Piacenza en el sur, y la Valtelina y Bellinzona en el norte. Florencia dominaba toda la Toscana salvo Siena (que los españoles integrarían en 1555 en el ducado de Toscana que habían creado, con los Médici como duques, en 1532). Venecia incluía como imperio ultramarino Dalmacia, Corfú, Creta y Chipre, y en tierra firme, el Véneto, Verona, Brescia y Bérgamo. Los Estados Papales, reorganizados a partir de 1357 por el cardenal Gil de Albornoz tras la larga estancia de los papas en Aviñón (1309-1376), ampliaron considerablemente su territorio a lo largo de los siglos XV y XVI, extendiéndose desde Ferrara y Bolonia, al norte, hasta la Campania marítima fronteriza por el sur con el reino de Nápoles.

El régimen oligárquico de las Señorías reforzó el policentrismo italiano. Italia no era, sin embargo, una mera expresión geográfica. Constituía, a su modo, una unidad cultural. Todos los estados italianos tenían clara conciencia de su pasado común y del peso que la herencia de Roma tenía en su historia. El pasado romano era en la mayoría de los casos —Venecia, de origen bizantino, fue la gran excepción— parte principal de los mitos de origen de ciudades y señorías, y factor muchas veces de legitimación de su soberanía y aspiraciones. Italia era, en otras palabras, una comunidad latina. Constituía también una comunidad espiritual católica. No obstante el episodio de Aviñón, Roma era, y siempre lo había sido, la capital de la cristiandad. La religión cristiana impregnaba profundamente la vida moral, social y familiar de toda Italia. La extensión desde el siglo XIII del toscano como lengua literaria de sus élites urbanas hacía de la península una comunidad literaria: en la Divina Comedia de Dante Alighieri (1304-1321), el Cancionero de Francesco Petrarca (1470), el Decamerón de Giovanni Bocaccio (1348-1353), El Príncipe de Nicolás Maquiavelo (1515), El cortesano de Baltasar Castiglione (1528) y Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos de Giorgio Vasari (1550), el público culto italiano tuvo, tempranamente, algo muy parecido a una literatura nacional.

Italia fue siempre, por último, un verdadero mercado común artístico y literario. Andrea Mantegna, nacido en Padua, trabajó desde 1460 en Mantua. Leonardo da Vinci, florentino, trabajó durante largo tiempo, y en distintas estancias, en Milán y luego, durante 1513, en Roma. Sandro Botticelli y Domenico Bigordi, más conocido como Ghirlandaio, florentinos igualmente, trabajaron entre otros lugares en Roma, en la Capilla Sixtina. Perugino (Pietro Vanucci) lo hizo en Roma, Florencia, Lucca, Bolonia y Milán; Piero della Francesca, nacido y muerto en Borgo San Sepolcro, en Ferrara, Rímini, Ancona, Pésaro y Bolonia. Por citar solo dos «cortes» pequeñas: los Este reunieron en Ferrara, ciudad que gobernaron desde finales del siglo XII a finales del XVI (y cuyas bellísimas plazas inspirarían en el XX la pintura metafísica de Giorgio de Chirico), a Mantegna, Piero della Francesca, Giovanni Bellini y Tiziano Vecellio, y a los escritores Ludovico Ariosto (Orlando Furioso, 1516) y Torquato Tasso (Jerusalén liberada, 1579); en la Mantua de los Gonzaga (1328-1708), que reunieron una de las mejores colecciones de arte de toda Europa, buena parte de ella vendida luego, a principios del XVII, a Carlos I de Inglaterra, trabajaron Leon Battista Alberti, como arquitecto, Antonio di Puccio Pisano, Pisanello, como pintor, y Andrea Mantegna, como pintor de corte, entre 1460 y 1506.

La fragmentación del país, su policentrismo político —que mostraría su debilidad cuando en 1494 se produjo la penetración en Italia de los ejércitos de Carlos VIII, el rey de Francia—, tuvo además consecuencias sumamente positivas. Los estados italianos del siglo XV (Florencia, Milán, Venecia, Roma, Nápoles-Sicilia, Siena, Génova, Saboya-Piamonte, Monferrato, Lucca, Mantua, Ferrara…) fueron ámbitos de soberanía de dimensiones idóneas para la acción —embellecimiento urbanístico, mecenazgo artístico— que en su beneficio y al servicio de su política llevaron a cabo desde el poder las oligarquías señoriales italianas.

Cosme de Médici, que controló la República florentina entre 1429 y 1464, sin ocupar cargo oficial alguno, construyó en Florencia la iglesia de San Lorenzo (Filippo Brunelleschi) y el palacio de los Médici (Michelozzo di Bartolomeo), y reconstruyó el convento de San Marcos, con frescos de Fray Angelico. Su hijo Pedro, que tuvo a su servicio a Andrea del Verrocchio y Filippo Lippi, encargó a Benozzo Gozzoli los bellísimos frescos de la capilla del Palacio Médici. Lorenzo el Magnífico (1469-1492) fue, por su parte, un experto en arquitectura, un excelente poeta y un gran coleccionista de libros (la imprenta se estableció en Florencia en 1477) y de obras de arte, y gestionó personalmente la presencia de artistas florentinos como Botticelli, Ghirlandaio, Antonio Pollaiuolo o Verrocchio en otras «cortes» italianas al servicio del prestigio de Florencia. Bajo su mandato y con su apoyo, y con personalidades como Pico della Mirandola y Marsilio Ficino, el gran estudioso de Platón y el inspirador del platonismo florentino, Florencia lideró, probablemente, la vida intelectual europea.

El desarrollo urbanístico de Italia en la segunda mitad del Quattrocento fue, en efecto, espectacular. Los papas de ese periodo (Martín V, Nicolás V, Pío II, Pablo II, Sixto IV, Inocencio VIII) hicieron de Roma, objeto de una masiva reconstrucción, un gran centro del humanismo, de los estudios clásicos y de la creación artística. Martín V restauró en 1425 San Juan de Letrán, un templo casi en ruinas antes de ese año. Nicolás V (1447-1455) trasladó la residencia papal al palacio del Vaticano, diseñó una profunda reforma de este que incluyó ya una plaza de San Pedro como punto de encuentro del papa con los fieles (al jubileo de 1450, que él presidió, asistieron decenas de miles de peregrinos de toda Europa), restauró el Castel Sant'Angelo y el palacio senatorial en el Campidoglio, y reunió una magnífica colección de manuscritos y libros clásicos, base de la Biblioteca Vaticana. Pablo II (1464-1471), un noble veneciano de gran apostura física y amante de ceremonias y juegos, restauró el Panteón, la estatua ecuestre de Marco Aurelio y el arco de Tito. Sixto IV (1471-1484), un Della Rovere, cuya tiara costó el equivalente a una tercera parte de la renta anual del papado, construyó un nuevo puente sobre el Tíber, el hospital del Espíritu Santo, la iglesia de Santa María del Popolo y, de cara a la reunión de los cónclaves requeridos para las elecciones papales, construyó en el Vaticano la Capilla Sixtina cuya decoración inicial (1481-1483), con escenas de la vida de Moisés y Cristo, encargó a Perugino, Botticelli, Pinturicchio y Ghirlandaio.

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El otoño de la Edad Media

Al estudiar en El otoño de la Edad Media (1919) las formas de vida, pensamiento y arte en el mundo franco-borgoñón de los siglos XIV y XV —el ideal caballeresco, la estilización del amor, el espíritu religioso, la muerte, la sensibilidad estética—, el historiador holandés Johan Huizinga (1872-1945) concluía que la «amarga melancolía» que en su opinión impregnaba el tono de la vida en aquel mundo —que se reflejaba, por ejemplo, en la fantasía recargada del gótico final y en el extravagante boato de la corte borgoñona— revelaba el agotamiento de una época, un tiempo de dolor, el fin de la Edad Media.

Tiempo de crisis

El otoño de la Edad Media, una obra maestra, erraba probablemente en una cuestión. Valoraba los siglos XIV y XV como una etapa terminal y decadente, no como el comienzo de un tiempo nuevo (que es lo que fue aquel «otoño» de la Edad Media, o por lo menos el siglo XV). Pero interpretaba con razón el final de la Edad Media como una época de cambios trascendentes. La civilización medieval asociada a Iglesia, feudalismo, caballería, mundo rural, ciudades-mercado, «comunas» italianas, revueltas rurales, primeras universidades, catedrales y estados precarios, había tenido su epicentro entre los siglos XI y XIV. La civilización bajo-medieval (siglos XIV y XV) fue ya algo ciertamente distinto, una larga transición, los momentos fundacionales, si se quiere, del mundo moderno.

El siglo XIV, desde luego, fue un siglo de crisis: hambrunas, la terrible epidemia de peste negra de 1347-1348, climatología adversa, jacqueries y revueltas sociales (1358 en Francia, 1378 en Florencia, 1381 en Inglaterra), la intermitente pero interminable guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra (1337-1453), la crisis del pontificado y de la Iglesia (Aviñón, 1309-1376; Cisma de Occidente, 1378-1417). Todo ello, puso fin al renacimiento demográfico y económico que la cristiandad occidental había experimentado en los siglos XI a XIII, provocó un verdadero estancamiento de Europa y sumió al continente en un clima moral colectivo de pesimismo, miedo y desesperanza (que se reforzaría al conocerse la caída de Constantinopla en poder de los turcos en 1453).

El orden medieval carecía de respuesta global y sistemática ante las crisis. Hambre, peste y guerras se interiorizaban en todo caso —así fue al menos en el siglo XIV— como «azotes» o castigos de Dios. Fueron, pues, los mismos desajustes y dislocaciones demográficas, sociales y económicas provocadas por la crisis —que en muchos sentidos supusieron una verdadera reestructuración de la sociedad europea— los factores que terminaron por hacer posible la recuperación. La peste resolvió, trágicamente, muchos de los problemas de sobrepoblación del continente. La consiguiente escasez de población en el mundo rural erosionó la servidumbre —en beneficio, por ejemplo, de los sistemas de colonización y arrendamientos—, revalorizó el trabajo y los salarios de jornaleros y campesinos y, al depreciar el valor de muchas tierras y cultivos, quebrantó el orden feudal. Las economías urbanas y protoindustriales, el comercio, los gremios, las bancas y las sociedades de crédito procedieron, por su parte, a introducir e implementar nuevas medidas y procedimientos de funcionamiento que les permitiesen encarar y superar la situación, y recobrar, o reorientar, su actividad: cambios en los sistemas y la maquinaria de tejidos e hilados, especialización en nuevos productos (lino, seda, telas de bajo costo), métodos innovadores de extracción y trabajo en las minas y en la fabricación y elaboración del metal, nuevas formas de contabilidad, contratos y reglamentos comerciales y laborales, apertura de nuevas rutas comerciales y mercados… El uso creciente de la pólvora —una invención china del siglo XI utilizada en Europa desde mediados del siglo XIV— revolucionó la guerra (en perjuicio de la caballería medieval) y, con ella, la fabricación de armas (armas de fuego, cañones). Las innovaciones en la navegación (nuevos tipos de navíos como la carabela; el timón axial, los sextantes, los portulanos, los mapas…), muchas de ellas debidas a portugueses, italianos y españoles, permitieron la ampliación de rutas marítimas y la exploración de islas, costas y territorios nuevos y no europeos (Madeira, Azores, Canarias y, ya en el siglo XV, la costa occidental africana desde el cabo Bojador hasta Sierra Leona, la gran empresa impulsada por el infante portugués Enrique el Navegante entre 1415 y 1460). La invención de la imprenta, con la impresión de la Biblia de Gutenberg en Mainz (Maguncia) en 1445, más el perfeccionamiento en la fabricación de papel y el uso de la tinta, cambiaron la vida intelectual y el mundo del conocimiento.

Desde el principio del siglo XV comenzó la recuperación económica, comercial y demográfica de Europa. Aunque la peste no se erradicaría totalmente, la población europea se recuperó hasta llegar a unos cuarenta y cinco o cincuenta millones a mediados de siglo. Si bien con reajustes y desplazamientos internos a veces notables, los estados y las ciudades italianas del norte (Florencia, Lombardía, Venecia…), Borgoña, y dentro de esta Flandes y los Países Bajos, y ciudades como Amberes y Brujas, el sur de Alemania (Núremberg, Colonia, Augsburgo, Coblenza, Maguncia, Fráncfort), región muy favorecida por la guerra de los Cien Años, la ciudad independiente de Ginebra, Suiza, París y Lyon eran nuevamente, o lo eran por vez primera en su historia, los centros neurálgicos de la actividad económica europea. Borgoña era, a mediados del siglo XV, probablemente la zona más próspera de Europa occidental. Venecia, que en el siglo XV precisamente se anexionó buena parte del norte de Italia, seguía siendo la primera potencia marítima del Mediterráneo. Sobre todo desde el acceso de los Trastámara al poder en 1369, Castilla, reforzada económicamente por el auge de sus exportaciones laneras, fue afirmando su posición hegemónica en la península Ibérica respecto de Portugal —a su vez, un emergente poder naval en el Atlántico y África—, respecto de Aragón, que no obstante incorporó a su Corona Sicilia, Nápoles y Cerdeña, y respecto del reino de Navarra. Los puertos y las ciudades alemanes, holandeses, escandinavos e ingleses del Báltico, del mar del Norte y del canal de la Mancha se incorporaron ahora, decididamente, a los circuitos y las rutas del tráfico comercial europeo.

El siglo XV vio, además, cambios importantes en el equilibrio internacional y político europeo. Primero, el fin en 1453 de la guerra de los Cien Años, provocada por las aspiraciones dinásticas de Eduardo III de Inglaterra a la Corona de Francia, guerra favorable en principio a las armas inglesas (victoria de Enrique V en Azincourt), pero luego a Francia (liberación de Orleans por Juana de Arco, coronación de Carlos VII como rey, reconquista de Normandía, Guyena y París), permitió la recuperación de Francia y puso fin de hecho a las aspiraciones inglesas sobre el continente europeo. La unidad francesa avanzó decididamente. Luis XI, el hijo de Carlos VII, incorporó a la Corona francesa Maine, Anjou, Marne, Provenza, Auvergne, Picardía y Boulogne.

Segundo, Borgoña, el gran Estado que entre 1363 y 1477 bajo la dirección de sus distintos duques abarcó el Franco Condado, Nevers, Flandes, los Países Bajos, Artois, Brabante, Hainaut y Luxemburgo, que intervino activamente en la guerra de los Cien Años y desempeñó un papel central en la economía y la diplomacia europeas, trajo al centro de la política europea a los Habsburgo, la dinastía germánica que reinaba en Austria desde 1272 y que, desde 1438 a 1806, ostentaría la dignidad imperial del Sacro Imperio Romano Germánico (con autoridad sobre numerosos estados alemanes). Los Habsburgo adquirieron la «herencia borgoñona» (Flandes, Países Bajos, Franco Condado…) por el matrimonio en 1477 de María de Borgoña con Maximiliano de Habsburgo, lo que reforzó sus aspiraciones a la hegemonía continental. La estrategia de enlaces matrimoniales de la estirpe les dio casi al mismo tiempo, por un lado, las coronas de Bohemia y Hungría y, por otro, Castilla, Aragón y sus posesiones en Italia tras el matrimonio en 1496 de Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano, con Juana, hija de los Reyes Católicos españoles.

Tercero, la unión de Castilla y Aragón en 1479 como consecuencia del matrimonio diez años antes de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los Reyes Católicos, una unión en principio personal y dinástica pero, enseguida, irreversible y, en cualquier caso, conveniente a los intereses de Castilla y a las necesidades de defensa de Aragón en Cerdeña, Nápoles y Sicilia, modificó la balanza de poder en el sur de Europa y en el Mediterráneo. España irrumpía como un Estado fuerte y un nuevo poder europeo; conquistó Granada y Canarias, apoyó la empresa atlántica de Colón, apareció en el norte de África (Melilla, 1491), puso freno a las ambiciones de Francia en Italia —que amenazaban los intereses de Aragón— y tejió un eficaz tejido de alianzas internacionales en apoyo y garantía de su seguridad. Bajo la dinastía de los Avís (1383-1580), Portugal desplegó por su parte una ambiciosa política marítima —Ceuta, Madeira, Azores (1432), cabo Bojador, Cabo Verde (1444), Sierra Leona, desembocadura del Congo (1484), cabo de Buena Esperanza, el océano Índico, hasta alcanzar Calcuta en la India (Vasco de Gama, 1498)— y emergió como un imperio naval y comercial extendido por África, América (Brasil, descubierto por Cabral en 1500) y Asia (Goa, Malaca, las islas Molucas, Macao…), imperio en parte territorial, en parte simples bases y establecimientos portuarios y costeros.

La crisis de la cristiandad

El otoño de la Edad Media fue ante todo una crisis de la cristiandad. Favorecida inicialmente por el clima de pesimismo y miedo creado por la peste negra del siglo XIV, la crisis espiritual se prolongó a lo largo del Renacimiento (siglos XV y XVI) y afectó a todo el edificio cristiano: a la autoridad papal, a la Iglesia como institución y al cristianismo como doctrina, como práctica y como devoción.

El detonante de la crisis fue más político que religioso. Decidido por el papa Clemente V (Bertrand de Got, 1305-1314) ante la situación de inseguridad pública en Roma —pero decisión cuya causa última estaba en el enfrentamiento que por razones jurídicas protagonizaron entre 1295 y 1302 el papa Bonifacio VIII y el rey francés Felipe IV—, el traslado de los papas a Aviñón (1309-1376), en Provenza, fue un error. Ciertamente, los papas de Aviñón —Clemente V, Juan XXII, Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V, Gregorio XI—, todos franceses, supieron afirmar su soberanía y poder (incluso frente a la propia Francia). Fueron, en conjunto, papas piadosos, buenos canonistas y hombres atentos a las preocupaciones doctrinales y teológicas de la Iglesia. Rehicieron con extraordinaria eficacia la burocracia y economía de la Santa Sede: hicieron de Aviñón una de las «cortes» más esplendorosas, lujosas y cultas de Europa.

Pero la cristiandad no se entendía sin Roma. A los ojos de muchos fieles y de algunas cortes europeas, Aviñón hacía del papado un mero instrumento de Francia. Petrarca, miembro de una familia de la alta burocracia pontificia aviñonesa, habló de Aviñón como un nuevo «cautiverio de Babilonia», frase que tuvo éxito inmediato. Su riqueza, gastos y fastos —no obstante la austeridad personal de la mayoría de sus papas— ofendieron la conciencia de amplios sectores de la cristiandad europea. La avaricia recaudatoria de la administración papal para cubrir los gastos oficiales —diezmos, anatas, beneficios, rentas e impuestos, cobros por provisión de cargos eclesiásticos, indulgencias, etcétera— echaron sobre Aviñón, y sobre el papado, la sombra de la corrupción y el nepotismo.

Aviñón erosionó, pues, la autoridad papal. Las presiones para el retorno de los papas a Roma fueron, además, constantes, y la cuestión amenazó en más de una ocasión la unidad en el interior de la Iglesia. A la muerte de Gregorio XI en 1378 —papa que regresó a Roma en 1376 pero que enseguida se retractó de su decisión—, la crisis se precipitó. En un clima de gran tensión —tormenta eclesial, presión popular—, el Colegio cardenalicio, reunido en Roma, nombró nuevo papa al arzobispo de Nápoles, Urbano VI (1378-1389); poco después, un grupo de prelados revocó el nombramiento y eligió papa, con sede en Aviñón, a Clemente VII (Robert de Ginebra, 1378-1394). La división de la Iglesia, el Cisma de Occidente —una crisis de poder en el interior de la cristiandad— se había así consumado. Los intentos por solucionar el conflicto —reunión en Pisa (1409) de un concilio con la idea de destronar a los dos papas reinantes (en ese momento, Inocencio VII en Roma y Benedicto XIII, el papa Luna, en Aviñón) y reemplazarlos por un papa consensuado— lo agravaron. De Pisa salió una Iglesia con tres papas, los dos citados y un tercero, Alejandro V. El Cisma, así, se prolongó unas tres décadas, concretamente hasta 1417 cuando un nuevo Concilio, celebrado en Constanza, eligió como único papa a Martín V, un miembro de la poderosa familia romana de los Colonna (e incluso entonces, el obstinado papa aragonés Benedicto XIII, retirado en Peñíscola y sin apenas apoyo alguno, continuó autoproclamándose papa hasta su muerte en 1423). Mientras duró, el Cisma dividió Europa: Francia, Castilla, Aragón, Escocia y Nápoles apoyaron a Aviñón; el Sacro Imperio alemán, Flandes y los estados italianos (Florencia, Venecia…) a Roma.

El gran Cisma de Occidente tuvo amplias y profundas consecuencias. La quiebra de la autoridad papal favoreció el conciliarismo, la teoría —que tuvo inicialmente notable apoyo entre teólogos franceses y alemanes— que radicaba la autoridad eclesial no en los papas sino en los concilios generales de la Iglesia, que reunió varios concilios —Pisa (1409), Constanza (1414-1418), Basilea (1431-1437) y Ferrara-Florencia (1438-1439)—, pero que, en parte por el fracaso de algunos de estos, terminó por replegarse ante la reafirmación del papado con Eugenio IV (1431-1447) y Pío II (1458-1464), quien pudo ya condenar la práctica conciliar en su bula Execrabilis (1460).

La crisis del pontificado propició, además, la extensión de planteamientos teológicos que enseguida la Iglesia condenaría como heréticos. El teólogo de Oxford John Wycliff (c. 1320-1384) elaboró una teología que criticaba el papado como institución, afirmaba el valor de la Biblia, y no de las resoluciones papales o conciliares, como autoridad verdadera del cristianismo, rechazaba aspectos esenciales del sistema sacramental (negaba, por ejemplo, la transubstanciación: la presencia de Cristo en la eucaristía), condenaba la riqueza material de la Iglesia y entendía la salvación como un ejercicio o camino estrictamente individual, de espiritualidad interior, hacia Dios. Bajo su influencia —amplia pese a que sus ideas serían condenadas en 1382 y a que sus seguidores en Inglaterra, los lolardos, serían perseguidos—, el sacerdote checo Jan Huss (c. 1373-1415), teólogo y profesor en Praga y predicador popular, creó un movimiento que combinaba reformismo evangélico, crítica del papado y protonacionalismo bohemio, esto es, checo, que rechazaba tanto el poder de la Iglesia oficial como la influencia política, religiosa y cultural alemana en Bohemia (que terminaría con la ejecución de Huss, condenado por el Concilio de Constanza en 1415, pero con la cristalización del husismo como el equivalente a una religión «nacional» checa).

La crisis, por último, facilitó la aparición de formas de fervor, religiosidad y devoción ajenas (si bien, no necesariamente contrarias) al aparato litúrgico y doctrinal oficial. Parte de esa religiosidad popular alimentó o derivó, además, hacia manifestaciones terribles del fanatismo religioso. En la segunda mitad del siglo XV, por ejemplo, se multiplicaron en buena parte de la cristiandad los procesos y las ejecuciones por brujería, o las manifestaciones de antisemitismo (hasta llegar, a fines del siglo XV, a la expulsión de los judíos de España, Portugal, Sicilia, Nápoles y muchas ciudades alemanas, y al establecimiento del primer «gueto», en Venecia en 1516). Savonarola hizo, entre 1494 y 1498, de la maravillosa Florencia de los Médici una terrible dictadura (republicana) teocrática.

Pero otra parte de aquella religiosidad popular cristalizó en manifestaciones genuinas y positivas de afirmación de la fe y la espiritualidad cristianas, en nuevas e intensas formas de piedad y devoción (como la práctica de la eucaristía, la celebración del Corpus Christi, el culto a la Virgen María, a Cristo crucificado y a la «piedad» de la Virgen con el cuerpo de Cristo, etcétera); y en la exaltación del misticismo, el ascetismo y la caridad como expresión de la pureza espiritual del buen cristiano.

Un libro sobre todo, La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, obra escrita hacia 1420 y nacida en el entorno del movimiento de la devotio moderna surgido en los Países Bajos, expresó aquella nueva espiritualidad que para muchos cristianos daba razón de su fe (y no la teología erudita o la palabra del papa). La imitación de Cristo proponía, en esencia, un ideal de vida humilde, sencilla, sin vanidad, de obediencia y bondad. Era una exhortación a la «vida interior», al silencio y la soledad, a la «pureza» y «limpieza» de corazón; un llamamiento a seguir la imagen y el ejemplo de Jesús, a «llevar la cruz»; una apología de la humildad y la devoción como formas de «consolación interior»; una invitación a una espiritualidad interna (gracia divina, amor a Cristo, rogar a Dios) encarnada de forma especial e inequívoca en la práctica de la comunión: La imitación de Cristo terminó por ser el libro cristiano más editado después de la Biblia.

Restablecidos en su autoridad sobre la Iglesia y de nuevo, y ya definitivamente, en Roma, los papas de la segunda mitad del siglo XV (Nicolás V, Sixto IV, Inocencio VIII, Alejandro VI) optaron por otra vía: el embellecimiento de la «Ciudad Eterna como afirmación del poder, la riqueza, la magnificencia y el triunfo de la cristiandad. Con Julio II y León X, entre 1500 y 1520, el esplendor y la gloria de Roma, cuya plena expresión iba a ser la nueva y portentosa basílica de San Pedro, de Donato d'Angelo Bramante y Miguel Ángel (Michelangelo Buonarroti), serían ciertamente incomparables. A los ojos de la «devoción moderna», del ideal de vida sencilla, de la religión como salvación, Roma debió ser todo menos «la imitación de Cristo».

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El Renacimiento

The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Terms de 1993 daba tres definiciones de Renacimiento: «El resurgimiento del arte y la literatura bajo la influencia de los modelos clásicos entre los siglos XIV y XVI, iniciado en Italia»; «el periodo de dicho movimiento»; «el estilo de arte, arquitectura, etcétera, desarrollado en y característico de ese periodo».

Como muchos otros conceptos históricos —«Edad Media», «Edad Moderna», «Barroco», etcétera—, el término «Renacimiento» fue, en realidad, una invención de los historiadores. El primero en usarlo fue probablemente Jules Michelet, que tituló así, «El Renacimiento» (La Renaissance), el tomo VII (1855) de su monumental Historia de Francia (1855-1867), y que definía Renacimiento como el «descubrimiento» del mundo y del hombre que siguió a la Edad Media; el libro que fijó el concepto fue La civilización del Renacimiento en Italia (1860), la gran obra del historiador suizo Jacob Burckhardt (1818-1897), un académico de vida rutinaria y tranquila, un hombre culto, de formación alemana, que enseñó siempre en la universidad de su placentera ciudad natal, Basilea.

Burckhardt, efectivamente, hizo del Renacimiento, que circunscribía a la Italia de los siglos XIV y XV —la Italia de Dante a Miguel Ángel—, no ya un estilo o un movimiento o un periodo, sino una civilización (como pudieron serlo la Antigüedad clásica o el cristianismo), esto es, una totalidad, un sistema orgánico de ideas, creencias y formas de vida: un tipo de poder y Estado (las repúblicas italianas), un mundo complejo de gustos y valores estéticos y morales (fascinación con la Antigüedad, humanismo), una forma de vida social (refinamiento, sociabilidad). La esencia del Renacimiento, en su interpretación, era el desarrollo del individuo, el descubrimiento del mundo (viajes, ciencias naturales, paisajes) y la afirmación de la dignidad del hombre (de ahí el gusto renacentista por la biografía y la autobiografía, o la importancia del retrato en la pintura renacentista): el Renacimiento, en suma, como un espíritu profano, pero no antirreligioso, impregnado de humanismo clasicista y ennoblecido por el arte, la etapa que para Burckhardt, que veía en la democracia de masas, el nacionalismo, la industrialización y el militarismo del siglo XIX en que vivía, amenazas a toda la vieja cultura europea, debía ser «faro y guía de la edad del mundo en que vivimos».

Burckhardt planteó así uno de los grandes temas de la historia. Pero también, uno de los más debatidos. La idea de Renacimiento conllevaba, en efecto, elementos equívocos. Implicaba ruptura con la época anterior —la Edad Media—, ruptura que en puridad no existió. Los hombres de los siglos XIV a XVI no supieron que vivieron en el Renacimiento: este fue, en muchos sentidos, la prolongación natural de la Baja Edad Media. El término era, además, demasiado genérico e inespecífico, y de geografía y cronología (origen, fin) en exceso imprecisas. Hubo, en realidad, varios «renacimientos». El primer Renacimiento italiano, que apareció en la Toscana, y el Renacimiento «nórdico» (Flandes, Países Bajos: Borgoña), paralelo pero distinto del italiano, fueron tempranos: surgieron ya en la primera mitad del siglo XV. El pleno Renacimiento solo cristalizó, sin embargo, —en Florencia, en Roma— en torno a los años 1500-1520. En cambio, el Renacimiento veneciano fue tardío, de los años, tomados con cautela, 1510 a 1580. En Francia, España, Portugal o Inglaterra —el de este país, además, representó uno muy singular—, el Renacimiento fue, como en Venecia, un hecho del siglo XVI.

Con los focos iniciales de la Florencia de los Médici (Brunelleschi, Masaccio, Donatello, Lorenzo Ghiberti, Luca della Robbia…) y de los Países Bajos borgoñones (la pintura de Jan y Hubert van Eyck, Van der Weyden, Memling, Patinir y El Bosco; la arquitectura civil y religiosa de Amberes, Malinas, Brujas, etcétera) y el precedente filosófico y literario de la primera generación del humanismo italiano (Petrarca, Bocaccio, Salutati, Bruni, L. B. Alberti, Valla), el Renacimiento fue un hecho europeo: un periodo de la historia europea (entre 1450 y 1560) y uno de los más grandes, ciertamente, de la historia del arte. La edad, para Walter Pater, el autor de Ensayos sobre la historia del Renacimiento (1873), de Pico della Mirandola, Botticelli y Della Robbia, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, de la escuela de Giorgione (Giorgio Barbarelli da Castelfranco) y la poesía de Joachim du Bellay; la edad, según Gombrich, de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, de Rafael y Tiziano, de Antonio Allegri da Correggio y Giorgione, de Alberto Durero y Hans Holbein, y de muchos otros maestros; la edad —añadamos— de la arquitectura de Brunelleschi, Donato d'Angelo Bramante y Miguel Ángel, Carlo Maderno y Antonio da Sangallo, Jacopo Barozzi da Vignola y Andrea Palladio (y de los castillos de Blois y Chambord en Francia, y del plateresco, el Alcázar de Toledo y la Universidad de Alcalá en España) y de la música de Giovanni Pierluigi da Palestrina, Thomas Tallis y Antonio de Cabezón.

El Renacimiento —que política e internacionalmente fue un periodo de cambios: consolidación y expansión del Imperio otomano; lucha por el dominio de Italia (1494-1558) provocada por las ambiciones francesas sobre el reino de Nápoles y el ducado de Milán; aparición del nuevo Imperio de los Habsburgo (Maximiliano I, Carlos V), verdadera monarquía universal que llegó a abarcar Alemania, España y las Indias, los Países Bajos, el Franco Condado, el Milanesado, Austria, Bohemia y Moravia; hegemonía española (Carlos V, Felipe II) desde mediados del siglo XVI— trajo un nuevo sentido del mundo. Los descubrimientos geográficos de los portugueses en el siglo XV (costas africanas, océano Índico, India, Sureste asiático, China, Japón…) y el descubrimiento, exploración y conquista de América por los españoles especialmente (viajes de Colón 1492-1502; descubrimiento del Pacífico, 1513; conquista de México por Hernán Cortés, 1519-1521 y de Perú por Francisco Pizarro, 1531-1533; circunnavegación de la Tierra por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, 1519-21) ampliaron enormemente el conocimiento de la geografía del mundo y enfrentaron al hombre con los múltiples dilemas de descubrir un nuevo mundo. La producción de mapas, topografías y atlas, de factura, calidad y precisión extraordinarias, fue ahora inundatoria. Los cartógrafos flamencos Mercator (Gerhard Kremer, 1512 —1594) y Ortelius (Abraham Oertel, 1527-1598) crearon los atlas modernos, sobre todo con el gran mapamundi del primero— Nova et audia orbis terrae descriptio (1569) —y el Theatrum orbis terrarum (1570) de Ortelius. El mapamundi de Mercator reconocía bien Europa, Asia, África y América, y reservaba espacio ya a un continente austral; incorporaba la Tierra del Fuego, las islas portuguesas del Pacífico (Nueva Guinea) y una región ártica. El Theatrum de Ortelius contenía un total de 70 mapas, 56 de ellos de Europa, 6 de Asia y 3 de África, y tuvo 41 ediciones entre 1570 y 1612, muchas de ellas hechas en Amberes por Cristóbal Plantino (1520-1589), el impresor real de Felipe II, el mejor editor de Europa.

Los descubrimientos científicos en astronomía (Nicolás Copérnico, Johannes Kepler, Tycho Brahe, Galileo Galilei), medicina y fisiología (Andreas Vesalius, Teofrasto Paracelso, Jan Baptista van Helmont, Miguel Servet, Ambroise Paré), matemáticas (Johannes Müller Regiomontanus), física (Niccolò Fontana Tartaglia), química y ciencias naturales, transformaron paralelamente el conocimiento de la realidad física y de la naturaleza humana, en algunos casos —esfericidad de la Tierra, gravitación de los planetas alrededor del Sol, anatomía del cuerpo humano— de forma asombrosa y estupefaciente. En De revolutionibus orbitum caelestium (Sobre el movimiento de las esferas celestiales), escrito hacia 1532 pero publicado más tarde, Copérnico probó que los planetas giraban alrededor del Sol y que este, y no la Tierra, era el centro del universo; y Kepler, en Mysterium cosmographicum (1596), que los planetas se movían describiendo órbitas elípticas alrededor del Sol. Galileo (1564-1642) descubrió, a través de sus observaciones con el telescopio, las montañas lunares, las manchas solares, numerosas estrellas nuevas, los satélites de Júpiter y las fases de Venus (fue condenado por la Iglesia pero relativamente tarde, en 1633: arrogante, con gran éxito social y cercano a los círculos del poder en Florencia y en la propia Roma, su condena se debió menos a sus trabajos de investigación que a la publicación de su Diálogo sobre los principales sistemas del mundo (1632), en el que ridiculizaba el conocimiento medieval, y por tanto cristiano, sobre la Tierra y la perfección del orden celestial y hacía de la observación y experimentación la clave de la explicación del mundo, lo que muchísimo después se definiría como razón científica). Antes que ellos, Regiomontanus (1436-1476) había procedido a corregir y rectificar las mediciones astronómicas —erróneas— del Almagesto de Ptolomeo, un trabajo decisivo para mediciones astronómicas y cartográficas posteriores; su imprenta en Núremberg fue además capital para la impresión de libros e imágenes científicas de todo tipo.

En 1543, el mismo año en que Copérnico publicó Sobre el movimiento de las esferas celestiales, el médico flamenco, de Bruselas, Andreas Vesalius (Andreas van Wesele, 1514-1564) publicaba Sobre la estructura del cuerpo humano, el primer tratado de anatomía del cuerpo humano, basado en la disección de cadáveres (que realizaba delante de sus estudiantes en Padua) y en el estudio minucioso de órganos, nervios, músculos, arterias y huesos humanos. La medicina nunca fue ya la misma. Al descubrir la cauterización de las heridas por armas de fuego y la ligadura de vasos sanguíneos, el cirujano-barbero parisino Ambroise Paré (1509-1590), médico en los ejércitos en Italia de Francisco I, creó la cirugía moderna. William Harvey (1578-1657), que estudió en Cambridge y Padua —universidad capital: Vesalius y Galileo fueron profesores en ella, Galileo concretamente de Geometría, Mecánica y Astronomía, entre 1592 y 1610—, llevó a cabo un descubrimiento revolucionario, que anunció en 1628 en su pequeño trabajo De motu cordis (Sobre el movimiento del corazón): la circulación de la sangre del corazón a las arterias y las venas, y de estas al corazón.

En suma, aunque el Renacimiento siguió creyendo en profecías, milagros, hechicerías, hadas y nigromancia, y fue un periodo de profunda revisión y graves tensiones religiosas que culminarían en la Reforma luterana, cambió la conciencia de la humanidad. Como se verá inmediatamente, el humanismo renacentista, asociado al neoplatonismo florentino de Marsilio Ficino y Pico della Mirandola —y también, a Roma y al papa Pío II (Enea Silvio Piccolomini) y a la Academia de Nápoles— y a la obra, entre otros, de Erasmo, Luis Vives, Tomás Moro, Guillaume Budé, Jacques Lefèvre d'Étaples y Johannes Reuchlin, convertidos en una república de las letras gracias a la imprenta, suponía una nueva visión del hombre, de su destino como yo individual y primera realidad para sí mismo; una búsqueda de la verdad, de la razón, a través de la especulación filosófica y el estudio y conocimiento de los clásicos grecorromanos. El mundo de buena parte de la mejor literatura renacentista, una literatura en lengua vernácula, una literatura ya «nacional», y muy difundida también merced a la imprenta, esto es, el mundo de La Celestina (1499), de El cortesano de Castiglione (1527), de las aventuras de Gargantúa y Pantagruel (François Rabelais, 1533-1562), de El Lazarillo de Tormes (1553), de los poetas de la Pléiade (Pierre de Ronsard, Joachim du Bellay), de los poetas isabelinos ingleses (Philip Sidney, Edmund Spenser), de Os Lusiadas (Luís de Camoens, 1572) y Jerusalén liberada (Torquato Tasso, 1579), del ensayismo discursivo e intimista de Michel de Montaigne (Ensayos, 1580), era un mundo profano, secular, culto, civilizado, muy alejado ya del espíritu religioso o de los ideales épicos y caballerescos de la Edad Media.

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Europa hacia 1500

Hacia el año 1500, Europa podía tener una población cercana a los 60-70 millones de habitantes: Alemania, un conglomerado de principados, condados y ciudades libres y eclesiásticas, 12 millones; Italia, 10 millones; Francia, 19 millones; Castilla, 4,5 millones; los Países Bajos, 3 millones. La población europea era fundamentalmente rural: la inmensa mayoría de europeos vivía en economías agrarias y en condiciones de vida (viviendas, alimentación, salud, higiene) de mera subsistencia. La población urbana, con todo, crecía y en 1500 representaba en torno al 7,5 % del total de la población. Unas 150 ciudades europeas tenían al menos 10 000 habitantes. Londres (40 000 habitantes), Ámsterdam, Amberes, Brujas, Bruselas, Gante, Augsburgo, Lübeck, Núremberg, Ginebra, Lyon (50 000 habitantes), París (100 000), Milán y Venecia (ambas, igualmente, 100 000 habitantes), Roma (50 000), Nápoles, Barcelona, Sevilla, Valladolid, Toledo y Lisboa eran los centros de la vida europea. Ámsterdam, París, Turín, Londres, Augsburgo, Burdeos, Hamburgo, Lisboa y Sevilla doblaron su población entre 1500 y 1600. En este año, había ya 220 ciudades de más de 10 000 habitantes.

La urbanización era solo una de las manifestaciones de los cambios que se estaban produciendo. Francia, España, Portugal e Inglaterra salieron de la Edad Media con muchos elementos que las configuraban como «naciones»: Instituciones y leyes comunes, parlamentos o Cortes de representación del reino, religión y lengua igualmente comunes, fronteras reconocidas.

Así, y aunque la unidad de Francia no se completara hasta 1678, los Capeto (987-1328) y los Valois (1328-1589) extendieron el dominio real sobre buena parte del territorio francés. El término Francia sustituyó al de Galia desde el siglo X. Felipe II Augusto (1180-1223) concentró el poder en París, la principal ciudad de Francia (y de Europa) y su principal foco cultural, y planteó ya la idea de unas «fronteras naturales» de Francia como base de su territorialidad —Pirineos, Alpes, el Rin, el Ródano, Flandes—, aspiración que parecieron compartir en adelante los reyes franceses y que tras las grandes incorporaciones —parte del ducado de Borgoña, herencia de los Anjou— llevadas a cabo por Luis XI (1461-1483) estaba casi completada hacia 1530. Luis XI, Carlos VIII (1483-1498), Luis XII (1498-1515) y Francisco I (1515-1547) transformaron la gobernación de Francia, mediante la unificación administrativa del reino y la creación de un complejo entramado de instituciones centralizadas —un Estado, en suma—, bajo la autoridad plena del rey: Consejo del Rey, Consejo Privado, Consejo de Negociado, ministros o secretarios de Estado, parlaments (tribunales superiores regionales de justicia), comisarios provinciales, departamentos judiciales y militares.

En Inglaterra, tras su victoria en la guerra civil nobiliaria de las Dos Rosas (1455-1485) —que agotó a la nobleza y fortaleció el poder real—, Enrique VII Tudor (1485-1509) estableció con firmeza la nueva dinastía, restauró el prestigio de la Corona, asumió personalmente el gobierno —haciendo un uso efectivo del Consejo del Rey y del Parlamento—, disciplinó a la nobleza y garantizó la independencia de los tribunales de justicia. Tiránico y brutal en la ejecución de sus enemigos y excolaboradores (y de dos de sus seis esposas), su hijo Enrique VIII (1509-1547) creó Inglaterra como nación: dirigió el gobierno a través de hombres de su confianza (Thomas Wolsey, Thomas Cromwell), rompió con Roma y proclamó la Iglesia anglicana (1534), implicó al Parlamento en la política de la Corona, creó las bases de la fuerza naval inglesa (la Royal Navy) y definió el papel internacional de Inglaterra al servicio del equilibrio de poder en Europa. La amplia reforma administrativa (Consejo del rey, Consejo del Norte, Consejo de Gales, cancillería de Hacienda, Casa Real…), llevada a cabo por Thomas Cromwell como ministro-principal del rey entre 1533 y 1540, hizo del pequeño Estado inglés, una máquina de gobierno y un Estado estable.

En España, la unión de Castilla y Aragón en 1479 bajo los Reyes Católicos cristalizó, igualmente, en instituciones y proyectos comunes (aunque la unión fuese constitucionalmente frágil y el régimen de los Reyes Católicos respetase las instituciones y los organismos propios y distintos de los reinos): creación de la Santa Hermandad como policía judicial y rural; saneamiento de la Hacienda real; reforma del Consejo Real como órgano del poder de los reyes; reorganización de la justicia (chancillerías de Valladolid y Granada); creación del Consejo de Aragón; nombramiento de lugartenientes y virreyes, etcétera. La guerra de Granada (1471-1492), la conquista de enclaves en el norte de África (como Melilla), el primer viaje de Colón, las mismas guerras de Italia (1494-1504), que comenzaron cuando Francia invadió Italia en defensa de sus supuestos derechos al reino de Nápoles en desafío a los intereses de Aragón en la región, guerras que hicieron de España un poder europeo, fueron pensadas y asumidas como empresas de la Corona unificada.

La Francia de Carlos VIII, Luis XII y Francisco I, la España de los Reyes Católicos, la Inglaterra de los Tudor, eran un nuevo tipo de Estado, el embrión de la monarquía absoluta para Francia y España, de la monarquía del rey y el Parlamento para Inglaterra. Suponían la afirmación del poder monárquico como clave del Estado, un Estado ya nacional-dinástico, y como fuente de soberanía, el tipo de Estado civil fuerte que, con Francia y España como ejemplos, Maquiavelo proponía a su modo en El Príncipe (1515).

El mapa político y geográfico de Europa cambiaba dramáticamente. La toma de Constantinopla por los turcos en 1453 puso fin a Bizancio, cerró las comunicaciones del mar Negro con la India y consolidó la creación de un gran imperio turco-otomano en el Mediterráneo oriental (Mesopotamia, Siria y Egipto, anexionadas en el siglo XVI) y en los Balcanes (Tracia, Macedonia, Valaquia, Bulgaria y Serbia, que los turcos fueron conquistando desde finales del siglo XIV), cuya existencia planteaba interrogantes y tensiones indudables: los turcos invadieron Austria y asediaron Viena en 1529 y 1532, y se anexionaron Hungría en 1541. Rusia, reunificada y engrandecida ente 1462 y 1505 por Iván III, el Grande, y convertida en un Estado centralizado y autocrático durante el reinado de Iván IV, el Terrible (1547-1584), una Rusia que reclamaba el liderazgo del cristianismo ortodoxo y proclamaba su continuidad con el desaparecido Imperio bizantino, aparecía ahora como un nuevo poder regional frente a la amenaza turca.

Las guerras de Italia (1494-1516 en su primera fase), que se iniciaron cuando los ejércitos franceses invadieron la península italiana en apoyo de los derechos de sus reyes (Carlos VIII, Luis XII) sobre Nápoles y Milán —en cuya corte el duque Ludovico Sforza había reunido un espléndido círculo cultural de matemáticos, filósofos, músicos, escritores y artistas (como Leonardo da Vinci)— fueron una catástrofe para Italia y un éxito para la nueva España, en razón de las grandes victorias de las tropas castellanas mandadas por Gonzalo Fernández de Córdoba en Cariñola y Garellano (1504) en defensa de los derechos de Fernando el Católico al reino de Nápoles: las guerras hicieron de la península italiana el escenario principal de la pugna por la hegemonía europea entre la Francia de los Valois (Francisco I) y la España imperial de los Habsburgo (Carlos V).

El Mediterráneo, en suma, se convertía en un escenario de guerra. A principios del siglo XVI, el peso económico de Europa se desplazaba hacia el canal de la Mancha y el mar del Norte. Los descubrimientos geográficos, impulsados por motivos económicos (oro, especias) y religiosos (evangelización), reforzaron el giro. Colón llegó a América en 1492 y en sus cuatro viajes a aquellas tierras (1492-1504) exploró el Caribe y el litoral de América continental (costas de Venezuela y Honduras). Repartido el Nuevo Mundo en 1494 —Tratado de Tordesillas— entre España y Portugal, el portugués Pedro Álvares Cabral se apoderó (1500) de la Tierra de la Verdadera Cruz (Brasil), y Américo Vespuccio exploró en nombre de España todo el litoral sudamericano hasta Patagonia. Al servicio de Inglaterra, Giovanni Caboto (John Cabot) llegó a Terranova (1497). Los portugueses, que desde 1415 y a lo largo del siglo XV habían ido explorando las costas africanas —en busca de la ruta hacia la India, el mismo objetivo que llevaría a Cristóbal Colón a adentrarse en el Atlántico—, doblaron el cabo de Buena Esperanza (Bartolomeu Dias, 1487), llegaron a la India, a Calcuta (Vasco de Gama, 1498) y fueron penetrando y avanzando, ya en las primeras décadas del siglo XVI, por el océano Indico, China, Japón y el Pacífico. Los españoles, por su parte, conquistaron las Antillas y las costas del Caribe, descubrieron el Pacífico (Vasco Núñez de Balboa, 1513) y penetraron, conquistándolo, en el inmenso continente centro y sudamericano (conquista de México por Hernán Cortés, 1519-1522; de Perú por Francisco Pizarro, 1533-1535; Guatemala, Yucatán, Quito, Bogotá, alto Perú, Chile, Buenos Aires, Asunción…). Ingleses, franceses y holandeses, a su vez, exploraron más tarde (finales del siglo XVI y a lo largo del XVII) la costa atlántica de América del Norte, la bahía del Hudson, el río San Lorenzo, el valle del Misisipi y las Montañas Rocosas.

América fue una «invención» europea. El nombre lo usó por primera vez, en honor de Vespuccio, el cartógrafo alemán Martin Waldseemüller, en 1507. La expedición hispano-portuguesa de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano circunnavegó la Tierra en 1519-1520.

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La herencia borgoñona

Carlos V, el emperador y rey de España que había nacido en Gante en 1500 y cuya primera lengua fue el francés, solía referirse a Borgoña como su «patria». Desde 1507 fue, en efecto, duque de Borgoña, su primer gran título. Hizo un total de diez viajes a aquella región —los Países Bajos, los futuros Bélgica y Holanda con Flandes como parte principal, integrados en Borgoña a partir de 1384— y vivió allí un total de veintiocho años de su vida (que duró cincuenta y ocho: de 1500 a 1558). Su hijo Felipe II, que recorrió los Países Bajos entre 1549 y 1551 y que fue gobernador de estos en 1555 antes de ser rey de España, llegó a reunir en El Escorial 220 «pinturas flamencas» (Van der Weyden, Patinir…), 33 de ellas de Hieronymus Bosch. La dimensión «borgoñona», «flamenca», de los primeros Austrias españoles era, pues, evidente. La incorporación de aquellos territorios a las posesiones de los Habsburgo había sido, sin embargo, reciente. Fue consecuencia, como se indicó, del matrimonio en 1477 de Maximiliano I (1459-1519), hijo del emperador Federico III y abuelo de Carlos V y él mismo emperador (del Sacro Imperio) entre 1493 y 1519, con María de Borgoña, hija y heredera de Carlos el Temerario, último duque independiente de Borgoña.

Ese enlace, completado en 1496 por el de Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano y María, con Juana, la hija de los Reyes Católicos españoles, fue la obra maestra de la diplomacia matrimonial diseñada por Maximiliano I hacia el relanzamiento del Sacro Imperio Romano Germánico, la clave para una posible hegemonía europea bajo los Habsburgo. La integración de Borgoña en el Imperio —aún no completa, pues a la muerte de Carlos el Temerario en 1477 Boulogne, Picardía, Nevers, Charolais y parte de la provincia francesa llamada Borgoña (región originaria de todo el ducado) pasaron a Francia— era así esencial: el Estado borgoñón, fundado por Felipe II el Atrevido (1363-1404), un Estado heterogéneo y geográficamente difícil, extendido desde Flandes y Holanda hasta las fronteras del Palatinado alemán y Suiza —incluyendo Artois, Hainaut, Brabante, Luxemburgo, el Franco Condado y otros territorios—, era a mediados del siglo XV el Estado más rico de Europa.

Especialmente así, los Países Bajos. Amberes y Gante rondaban en 1500 los 40 000 habitantes; Bruselas, 35 000; Utrecht, Brujas, Lieja, Malinas, entre 20 000 y 30 000. Con unos tres millones de habitantes en 1500 y una población urbana que en Flandes y Brabante podía llegar al 29 % de la población total; con una economía próspera, muy diversificada y bien comercializada: pañería, ganadería y productos lácteos, bienes de lujo (bordados, diamantes, muebles, tapices, espejos, joyas, mayólica, alfombras), crédito y banca (Amberes), actividad portuaria (Ámsterdam, Rotterdam), hierro (Lieja, Namur), los Países Bajos figuraban a la cabeza de algunos de los sectores más dinámicos de toda la actividad económica europea.

Estado «principesco» y dinástico —cuatro duques, de la casa Valois: Felipe el Atrevido (1342-1404), Juan Sin Miedo (1404-1419), Felipe el Bueno (1419-1467) y Carlos el Temerario (1467-1477)— sin sentimiento nacional alguno y con particularismos urbanos y regionales irreductibles, el éxito del Estado borgoñón entre 1363 y 1477 fue el triunfo de una brillante construcción institucional —Corte, cámaras, administración, sistema judicial, burocracia profesional, finanzas, ejército—, alentada por el pragmatismo, la voluntad de poder y la eficacia en la gestión de los duques y sus colaboradores (aristocracia, juristas, «oficiales» y «servidores»…). El fasto de la corte borgoñona —ceremonial, fiestas, justas, banquetes, orden del Toisón de Oro—, el mecenazgo artístico de los duques, la exaltación de ideales cristianos que Borgoña asumió (los duques como «príncipes» de la cristiandad) eran ejercicios calculados, insólitos en su tiempo, de propaganda política al servicio, como la diplomacia y la guerra, de un objetivo permanente: afirmar la independencia del Estado borgoñón frente a Francia —pero sin que los duques, miembros de la familia real francesa, renunciasen a una participación muy activa en la política de Francia— y frente al Sacro Imperio Germánico. El matrimonio en 1477 de María de Borgoña con Maximiliano I de Austria, el titular de la casa de Austria y enseguida del Sacro Imperio Romano Germánico, un hombre enérgico, atlético, cultivado, humanista, imbuido de una idea casi mesiánica de reconstruir el Sacro Imperio como una monarquía cristiana universal, respondió a la misma idea: salvar la herencia borgoñona (frente a Francia) mediante una alianza con la casa de Habsburgo, una posibilidad previamente contemplada en más de una ocasión por algunos de los duques.

Borgoña se disolvió así en el Imperio Habsburgo. Incluso el nombre iría desapareciendo en beneficio del de Países Bajos, por oposición a los «Países Altos» de los Habsburgo que eran las provincias austriacas. La herencia borgoñona, sin embargo, pervivió: por la fascinación que en Maximiliano, como en su nieto Carlos V, produciría el esplendor borgoñón; y por el valor económico y la importancia estratégica de los Países Bajos. El sueño de Maximiliano —a quien se debió que se integraran bajo los Habsburgo además de Austria, del Sacro Imperio (esto es, Alemania) y de los Países Bajos, la Corona española, Milán, Bohemia y Hungría— era una amenaza inaceptable para Francia. Borgoña metió, pues, a los Habsburgo en Europa occidental, en la Europa atlántica, en la lucha por la hegemonía europea. Los Habsburgo hicieron de la antigua Borgoña, de los Países Bajos y, luego, bajo el dominio español, de Flandes y Holanda, un escenario casi permanente de guerra.

La herencia borgoñona acabó siendo, así y todo, imperecedera. Borgoña fue, con Italia, el otro gran foco del primer Renacimiento europeo, aunque fuese un Renacimiento más interesado en el diálogo con la propia tradición cristiana que con los modelos del arte greco-latino. En cualquier caso, el desarrollo realmente excepcional que en los Países Bajos tendría el arte flamígero urbano (arquitectura religiosa como las iglesias de Malinas y Amberes, y civil como los extraordinarios ayuntamientos de Lovaina y Bruselas), la importancia de la pintura flamenca (Jan van Eyck, Roger van der Weyden, Hans Memling, Dirck Bouts, El Bosco, Joachim Patinir, Quentin Metsys, Bruegel el Viejo…) y de la escultura (Claus Sluter, Claus de Werve), la maestría de la música polifónica (Johannes Ockeghem, Josquin Desprez), y el mismo lujo de la corte de Borgoña (tapicería, orfebrería, muebles, decoración, etcétera), parecían reflejar una sociedad que hacía de la belleza y el gusto ideales de civilidad y vida colectiva.

En la vida espiritual de los Países Bajos del siglo XV confluían, igualmente, tensiones e impulsos nuevos y contradictorios. Movimientos como la devotio moderna, iniciado por Gerard Groot a fines del siglo XIV y cuya mejor expresión sería, como veíamos, La imitación de Cristo (1420) de Tomás de Kempis, nacieron en los Países Bajos. Postulaban la reforma del clero y de la Iglesia, entendían el cristianismo como una manifestación de profunda espiritualidad interior inspirada en el mensaje bíblico. Dentro del Renacimiento, los Países Bajos encarnaron una vía propia hacia la modernidad que, como se ha indicado, no miraba hacia el mundo clásico, sino a la propia moralidad cristiana: paisajes místicos, representaciones del paraíso y del infierno, la Pasión de Cristo, la salvación o la condenación del hombre.

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El Imperio de Carlos V

Como podría inferirse de lo dicho hasta ahora, el sueño imperial de Maximiliano I lo realizó su nieto Carlos V (1500-1558; Carlos V por su condición imperial, Carlos I como rey de España). Carlos V, en efecto, reunió bajo su Corona un imperio colosal. Por la herencia borgoñona, incorporó como duque de Borgoña desde 1507 los Países Bajos (Artois, Flandes, Hainaut, Brabante, Namur, Luxemburgo, Zelanda, Holanda, a los que entre 1524 y 1543 añadió Frisia, Utrecht, Güeldres, Drenthe y otros territorios y provincias en la zona) y el Franco Condado. En 1516 heredó la España de los Reyes Católicos (Castilla, Aragón, Navarra, Sicilia, Cerdeña, Nápoles y algunos enclaves en el norte de África) y el incipiente Imperio americano, cuya conquista, consolidada en su reinado (México, entre 1519 y 1522; Perú, entre 1533 y 1535), supuso, una vez concluida, un territorio gigantesco con alrededor de dos millones de kilómetros cuadrados y unos cincuenta millones de población indígena. En 1519, al morir Maximiliano I, Carlos V recibió la herencia de los Habsburgo (Austria, Estiria, Tirol, Carintia, Cariola) y logró (el 28 de junio de 1519), usando enormes cantidades de dinero prestado por el banquero de Augsburgo Jakob Fugger, la elección imperial, el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, con autoridad más nominal que real sobre numerosos estados y principados alemanes.

Carlos V encabezó, pues, el primer imperio verdaderamente universal en la historia. Su idea imperial, esbozada por su primer canciller, el piamontés Mercurino de Gattinara (que ejerció el cargo entre 1519 y 1530) y por él mismo en algunos de sus grandes discursos, respondía a la idea de la unidad de la cristiandad bajo una monarquía encabezada por él; conllevaba paralelamente compromisos y ambiciones dinásticas y territoriales —en los Países Bajos, en Italia, en Centroeuropa— derivadas de las herencias borgoñona, española y Habsburgo. Todo ello configuró un imperio inmenso, ciertamente, pero estratégicamente muy vulnerable —por su propia sobreextensión y por su enorme coste económico—, cuyo mantenimiento exigía, casi por definición, la guerra y la diplomacia. Y en efecto, además de los gastos financieros y de los problemas internos que la propia construcción del Estado imperial provocó —revuelta de los «comuneros» en distintas ciudades castellanas (1520-1521), revuelta de Gante (1539), conflictos entre el poder imperial y la soberanía de los principados y estados alemanes—, Carlos V hubo de hacer frente a un triple desafío cuyas derivaciones —políticas, militares, diplomáticas, religiosas, financieras— ocuparon y definieron todo su reinado (1519-1556): la lucha con Francia, la Francia de Francisco I (1515-1547), por el control de Italia y la hegemonía europea; la contención del avance turco en el Mediterráneo y el Danubio; la unidad religiosa de la cristiandad tras la aparición de la reforma protestante (1517-1520).

El Imperio de Carlos V tuvo, de esa forma, demasiados frentes abiertos. Las guerras de Italia con Francia (1521-1526, 1526-1529, 1536-1538, 1542-1544 y 1552-1559), la lucha por la hegemonía continental entre Habsburgos y Valois, respondieron a razones exclusivamente dinásticas y territoriales. El objetivo esencial fue, en todo momento, la posesión de Milán; la razón última, la necesidad de Francia, que desencadenó todas y cada una de las cinco guerras, de impedir su cercamiento: los dominios de Carlos V se extendían, en efecto, por los Países Bajos, la península Ibérica, Alemania e Italia.

Las guerras de Italia implicaron a buena parte de Europa. Carlos V buscó en todo momento la neutralidad de Portugal —de ahí su matrimonio en 1526 con Isabel de Portugal— y la paz con Inglaterra, pese a que desde 1534, tras abrazar la reforma anglicana, era un país «herético». En la guerra de 1526-1529, Francia contó con el apoyo de la Liga de Cognac (papa Clemente VII, Venecia, Inglaterra el ducado de Milán y Florencia); y en la guerra de 1542-1544 —que se desarrolló en Luxemburgo, Brabante, Rosellón y Navarra—, con la ayuda de Dinamarca, Suecia y el Imperio otomano (Carlos V tuvo, a su vez, el respaldo de Enrique VIII de Inglaterra, que tomó Boulogne). En la guerra de 1552-1559, Francia, ahora bajo Enrique II, apoyó a los protestantes alemanes a cambio de ocupar las ciudades episcopales de Metz, Toul y Verdún.

En suma, la «pacificación» de Italia, aun resuelta favorablemente a los intereses imperiales (y españoles) —con sus grandes victorias en Bicoca en 1522 y Pavía en 1525 entre otras—, exigió varias guerras, en una de las cuales las tropas de Carlos V saquearon brutalmente Roma (6 de mayo de 1527), un gran revés para la imagen del emperador, y cuyo final en todo caso no vio Carlos V sino que se logró ya bajo el reinado de su hijo Felipe II (Paz de Cateau-Cambrésis) el 2 de abril de 1559, que reconoció la supremacía española en Italia y dejó Sicilia, Cerdeña, Nápoles y Milán bajo control español.

La contención del avance otomano, subordinado a los otros conflictos del Imperio, fue a su vez precaria, y no definitiva hasta Lepanto, ya en 1571. De hecho, en vida de Carlos V los turcos (Suleimán el Magnífico) tomaron Belgrado (1521), invadieron Hungría, destrozaron a los ejércitos húngaros en Mohács (1526), entraron en Austria, amenazaron Viena en 1529 y 1532, y se anexionaron gran parte de Hungría desde 1540. Las operaciones de Carlos V en el Mediterráneo —el otro gran escenario del avance otomano— sobre Túnez (junio-agosto de 1535) y Argel (octubre de 1541) tuvieron un resultado desigual. Al fin y al cabo, y pese a algunos éxitos imperiales, los turcos desplazaron a los venecianos en algunos puntos de aquel mar y reforzaron su control sobre las costas del Magreb.

La unidad de la cristiandad, por último, terminó por ser imposible. El nombramiento imperial le supuso de inmediato a Carlos V un conflicto de soberanía en Alemania entre el poder imperial y el poder de los principados y estados alemanes, conflicto que se «ideologizó» desde el momento en que muchos estados alemanes abrazaron la Reforma luterana (1517-1520) e hicieron de ella una religión «nacional». El conflicto desembocó de esa forma en una confrontación espiritual, además de política, entre el poder imperial y la herejía protestante. Carlos V fue prudente. Vio a los protestantes alemanes más como rebeldes a la autoridad imperial que como herejes, no quiso condenas teológicas contra ellos y ante su desafío vaciló siempre entre la política de guerra y la política de conciliación, incluso después de que en 1531 los principales estados y ciudades alemanas formaran la Liga de Esmalcalda, una organización militar para defender el protestantismo. El emperador solo optó por la guerra, y sin demasiada convicción, a partir de 1544-1545. En 1547 venció, pero no decisivamente, a la Liga en la batalla de Mühlberg. Los protestantes, que se aseguraron luego, en 1552, el apoyo de Francia y mandados por Mauricio de Sajonia, lo derrotaron en Innsbruck (mayo de 1552). Carlos V optó por negociar con ellos, y renunciar así a la unificación política y religiosa de Alemania (Paz de Augsburgo, 25 de septiembre de 1555).

El balance histórico de Carlos V —un hombre de mediana estatura, porte grave, mandíbula inferior prominente, sereno, contenido, melancólico, caballeresco, religioso e imbuido de un hondo sentido dinástico y de sus grandes y múltiples responsabilidades como emperador de la cristiandad— sería siempre inevitablemente controvertido. Ningún emperador desde Carlomagno —escribía Voltaire en 1756 en su Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones— había sido tan brillante como Carlos V. Sus victorias en Pavía, Túnez y Mühlberg provocaron admiración y sirvieron a su glorificación ante la historia.

Pero como ha quedado dicho, el gran proyecto imperial, la unidad de la cristiandad bajo una monarquía universal, fracasó, razón probablemente de su insólita y sorprendente abdicación —desilusionado, agotado, enfermo— en Bruselas en 1556, y de su retirada a Yuste, en España. Al abdicar, dejó el título y la responsabilidad imperiales, y la monarquía austriaca y sus dominios, a su hermano Fernando I; y las coronas de Castilla, Aragón, Navarra, Sicilia y las Indias, más la soberanía de los Países Bajos, a su hijo Felipe II a quien en 1554 había cedido ya la Corona de Nápoles y el ducado de Milán.

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El humanismo cristiano

En el capítulo IV, titulado «Erasmo y Moro», del libro III de su Historia de la filosofía occidental (1945), Bertrand Russell escribía del «Renacimiento nórdico» que era muy diferente del de Italia: «No era anárquico o amoral —escribía—; por el contrario, estaba asociado con la piedad y con la virtud pública». Dos hombres, amigos íntimos y que tenían mucho en común, Erasmo y Moro, lo encarnaban: «Ambos —escribía Russell— despreciaban la filosofía escolástica; ambos aspiraban a una reforma eclesiástica desde dentro, pero deploraron el cisma protestante cuando este surgió; los dos eran ingeniosos, tenían humor y eran escritores muy experimentados».

Como pensamiento, como moral, el «Renacimiento nórdico» (Países Bajos, Inglaterra, Alemania, Francia), que cabe asociar —por retomar nombres ya citados— no solo con Erasmo y Moro sino también con Vives, Budé, Lefèvre d'Étaples y Reuchlin, fue un renacimiento, en efecto, de raíz cristiana y no de inspiración grecorromana como el Renacimiento italiano: fue, en suma, un humanismo cristiano, una corriente de pensamiento que vio en el ejercicio de la razón, en el saber erudito y científico, en el sentido común, en la moderación y en la imitación de Cristo (como vía para la perfectibilidad del hombre), los fundamentos de la virtud y de la moral, y por tanto de la salvación individual; y los fundamentos también de la vida pública y del ejercicio del poder.

El humanismo cristiano pudo haber sido el pensamiento rector, la razón espiritual, del mundo del Renacimiento europeo. En la primera mitad del siglo XVI, esa fue una posibilidad real, no un deseo retrospectivo. Lo encabezaban personalidades prestigiosas como las mencionadas más arriba: Erasmo (1466-1536), concretamente, alcanzó una reputación internacional inmensa. Parecía contar con apoyos decisivos: el emperador Carlos V, Francisco I de Francia, Enrique VIII de Inglaterra y Margarita de Angulema (reina de Navarra). El humanismo cristiano disponía de centros de poder (universidades como Oxford, Bolonia, Lovaina, Salamanca, Montpellier, Cracovia y otras) y de vehículos de difusión de sus ideas —la imprenta, el libro— de importancia considerable si no indiscutible. Su ideario integraba en una nueva síntesis muchas de las doctrinas y tendencias intelectuales —teológicas, filosóficas, eruditas— que venían estudiándose y debatiéndose en los grandes centros culturales europeos a lo largo de los siglos XIV y XV. El humanismo cristiano buscaba definir desde la razón, la crítica y la erudición, la esencia espiritual del cristianismo, y construir así la base ética de la sociedad europea.

El humanismo cristiano fue un movimiento europeo. Erasmo, nacido en Rotterdam, formado en la tradición de la devotio moderna de los Países Bajos y ordenado sacerdote en 1492 (si bien luego, el papa Julio II lo dispensó de los votos), estudió en París, residió en Oxford y Cambridge (donde fue profesor de Teología y de Griego: tuvo una estrecha y decisiva amistad con Tomás Moro, John Colet, William Grocyn y otros humanistas ingleses), y viajó por y vivió en Francia, los Países Bajos e Italia (Turín, Padua, Roma, Venecia) hasta que en 1521 se estableció en Basilea. Luis Vives, nacido de padres de origen judío en Valencia en 1492 y muerto en Brujas en 1540, estudió en París, se estableció en Brujas donde conoció a Erasmo, y enseñó en distintos momentos en París, Lovaina y Oxford (en el Corpus Christi College) entre otras ciudades. Tomás Moro (1478-1535) era hijo de un juez, estudió en Londres y Oxford, tuvo una carrera brillante como jurista y Enrique VIII lo incorporó a su Consejo, lo ennobleció, lo hizo primero presidente de la Cámara de los Comunes (1525) y luego, canciller (1529-1532), cargo precedente del de primer ministro, y del que dimitió en mayo de 1532 por su oposición al proceso de ruptura con Roma impulsado por Enrique VIII, por lo que acabaría siendo ejecutado en 1535. Guillaume Budé (1467-1540), hombre de posición acomodada, ocupó cargos importantes en las administraciones de Luis XII y Francisco I (embajador, alcalde de París, inspector real), y logró que aquel creara en 1530 el espléndido Collège de France como alternativa humanista a la Sorbona para el estudio de las lenguas clásicas —la gran especialidad de Budé— y del hebreo.

La mayoría de las personalidades mencionadas tuvieron gran prestigio intelectual en toda Europa (una palabra, por cierto, de uso cada vez más frecuente: Erasmo tuvo una muy clara conciencia de la unidad europea; Vives la usó en 1526 en el título de uno de sus libros, Las divisiones de Europa y la guerra turca). Las principales obras de Erasmo (Adagios, Elogio de la locura, Enquiridión o Manual del caballero cristiano, su edición en 1516 del Nuevo Testamento, Coloquios, etcétera) conocieron continuas reediciones y fueron traducidas a las principales lenguas europeas. El Enquiridión o Manual del caballero cristiano (1503), por ejemplo, escrito en latín, fue traducido en vida de Erasmo al inglés, checo, alemán, holandés, francés, español e italiano, hecho especialmente significativo. Aunque la posteridad preferiría la feroz sátira de la falsa religiosidad y de la estupidez y la vanidad humanas que constituía Elogio de la locura (1511), el Enquiridión fue el gran libro de Erasmo, el texto fundamental del humanismo cristiano, que él resumía haciendo de Cristo «la única meta» y «el camino a una vida pura y espiritual» que se conseguía, según su perspectiva, mediante la lectura directa de las Escrituras y sobre todo de san Pablo, y apartándose del «ritualismo supersticioso» de los religiosos. Utopía (1516), el ensayo político en que Moro presentaba una sociedad plenamente igualitaria como la forma ideal de gobierno, tuvo un éxito inmediato. El alemán Johannes Reuchlin (1465-1522) fue el máximo hebraísta europeo.

La Reforma luterana y la Contrarreforma católica terminaron por hacer imposibles, en el corto plazo, los planteamientos del humanismo cristiano. A Erasmo —un hombre sutil, moderado y siempre ambiguo— no le gustaron nunca ni el dogmatismo teológico de Lutero ni sus doctrinas sobre la predestinación, y polemizó con él en su escrito De libero arbitrio (1524); la Iglesia católica lo acusaría, sin embargo, de haber preparado la Reforma y condenó sus escritos incluyéndolos en el Índice (1559). Tomás Moro, un hombre enigmático y reservado, que como Erasmo y los otros humanistas cristianos creía en la necesidad de reformas en la Iglesia pero no en la Reforma de esta (y así, combatió el luteranismo en su escrito Diálogo sobre las herejías de 1528), se opuso a la separación de la Iglesia británica y la Iglesia católica que impulsó Enrique VIII: dimitió como canciller antes que firmar la Ley de Supremacía (1532) que hacía del rey la cabeza de hecho del clero británico, y se negó después (1534) a jurar la Ley de Sucesión que declaraba inválido el matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón, desautorizaba al papa y hacía herederos de la Corona a los hijos de Ana Bolena por lo que, acusado de traición, fue decapitado en 1535 (aunque la Iglesia católica no lo canonizó hasta 1935).

Jacques Lefèvre d'Étaples, con Guillaume Budé, el principal exponente del humanismo francés, sería acusado de luteranismo —por teólogos de la Sorbona y los tribunales de París— y huyó a Estrasburgo primero (en 1525) y a la corte de Margarita de Navarra después (en 1531). Los descendientes de Budé, por su parte, serían perseguidos como sospechosos de protestantismo tras la masacre de los hugonotes (protestantes) en la Noche de san Bartolomé (24 de agosto de 1572). Luis Vives, un hombre discreto, bueno, sosegado y estudioso (nació, estudió, escribió, murió: así resumía su vida, en 1940, el filósofo español José Ortega y Gasset), cuya amplísima obra abordó muchos de los temas esenciales del humanismo —la beneficencia, la educación cristiana de la mujer, la organización de la paz, las pasiones y las sensaciones, las cualidades de las cosas…—, sufrió igualmente pero por razones distintas: la Inquisición persiguió cruelmente a su familia en Valencia por su condición judía, que debió ser la razón, o una de las razones, por las que se marchó de España en 1508 y rechazó luego, en 1522, la cátedra que se le ofreció en la Universidad de Alcalá.

En sus trabajos sobre Vives —algunos artículos para la prensa argentina y una conferencia que pronunció en Buenos Aires el 12 de noviembre de 1940—, Ortega y Gasset acertó a plantear el drama del humanismo cristiano: un puñado de intelectuales que vivieron su personal vocación entre los conflictos de su tiempo (protestantismo, ruptura de la unidad moral de Europa, guerras políticas…), en el marco de una verdadera «crisis histórica» de la que terminaría por germinar una vida nueva.

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La Reforma

El protestantismo destruyó el sueño de monarquía universal cristiana de Carlos V. Cuando el 31 de octubre de 1517 clavó en las puertas de la iglesia de la Universidad de Wittenberg (Sajonia) sus 95 tesis sobre las indulgencias, Martín Lutero (1483-1546), monje agustino y profesor de estudios bíblicos en aquella universidad, probablemente creyó que su gesto era una simple denuncia de la escandalosa venta de indulgencias (pagos en metálico para la remisión de penas debidas al pecado) y de otras formas de abuso del poder eclesial, toleradas si no impulsadas por Roma y, en la jurisdicción eclesiástica a la que él pertenecía, por el cardenal Albrecht de Brandeburgo, arzobispo de Maguncia (Maintz) y Magdeburgo: Lutero estaba en realidad provocando, como sabemos, la ruptura moral e institucional de la cristiandad.

La ruptura se consumó, en efecto, en poco tiempo. Pese a algunos intentos —tibios— de mediación y conciliación, el papa, León X (1513-1521), excomulgó a Lutero el 3 de enero de 1521. A la vista de los apoyos recibidos (clases populares de ciudades y zonas rurales alemanas, reformadores religiosos y laicos alemanes y suizos, príncipes de estados alemanes), Lutero, un hombre no carismático, rudo, áspero pero sincero, apasionado y combativo, extendió el conflicto. Esto es, perfiló definitivamente su teología en distintos escritos: Sobre la libertad interior del cristiano, Sobre el cautiverio babilónico de la Iglesia, A la nobleza cristiana de la nación alemana, los tres de 1520; Sermones invocavit, Sobre la esclavitud del deseo, el gran y el pequeño catecismo, los Artículos de Esmalcalda de 1536, etcétera): una teología basada en la afirmación de Dios como único principio, y Cristo crucificado como su único mediador, en la Biblia como único texto para el cristiano, y en la idea de la salvación solo por la fe; una teología que negaba de esa forma la autoridad y la infalibilidad del papa, el orden eclesiástico y la práctica totalidad del aparato sacramental y ritual de la Iglesia, y postulaba una especie de piedad espiritual individual centrada en la Biblia.

Ya vimos más arriba que, fuese o no necesaria, la Reforma protestante (nombre que se popularizó a raíz de que en la dieta de Spira de abril de 1529 varios príncipes y representantes alemanes «protestaran» contra los acuerdos condenatorios que el emperador había adoptado en 1521) se consolidó. Como ya explicó Leopold von Ranke, el más grande historiador de todos los tiempos, en su obra Historia de la Reforma en Alemania (1839-1847), la Reforma fue el resultado de la interacción de numerosos elementos, situaciones, fuerzas, personalidades y acontecimientos: los movimientos teológicos de renovación en el seno de la propia Iglesia; el descontento generalizado con los abusos, la riqueza y la corrupción de la Iglesia (venta de bulas e indulgencias, etcétera) y ante todo de la propia Roma, que pareció culminaron con los papados de Julio II (1503-1513) y León X (1513-1521); los intereses políticos de los príncipes alemanes (Federico y Juan de Sajonia, Felipe de Hesse, Alberto de Hohenzollern…); la personalidad de Lutero; la situación interna, muy favorable al cambio, tanto de la orden agustina alemana como del profesorado de la Universidad de Wittenberg.

Lutero y los distintos reformadores (Philipp Melanchton, Ulrico Zwinglio, Jacob Hutter, Andreas Karlstadt, Martin Bucer, Thomas Münzer…) enlazaron, por un lado, con las exigencias a favor de un cristianismo esencial y purificado que venían planteándose en el seno de la cristiandad occidental por lo menos desde la estancia de los papas en Aviñón y el gran Cisma de Occidente (siglos XIV y XV); y supieron, por otro, hacer coincidir la reforma religiosa con los intereses políticos —defensa de su soberanía frente al poder imperial— de distintos estados alemanes (o de algunos cantones suizos, en el caso de Zwinglio).

La Reforma protestante distó de ser un movimiento homogéneo. En Inglaterra, la reforma anglicana, que comenzó a cristalizar a partir de 1529, nació en principio más por razones políticas y jurídicas que por razones religiosas y teológicas, como un conflicto por la supremacía entre la autoridad papal y el poder del rey, Enrique VIII, en una cuestión, el matrimonio real, que afectaba directamente a la gobernación de Inglaterra. Lutero tuvo frecuentes y violentas disputas con otros reformadores (Zwinglio, Karlstadt). Sus posiciones se vieron desbordadas en ocasiones por la aparición de movimientos religiosos radicales de carácter popular y exaltado (anabaptistas, melchoristas, menonitas…). En un escrito titulado «Contra las turbas de campesinos asesinos y saqueadores», Lutero condenó con dureza en mayo de 1525 la insurrección campesina que, liderada por Thomas Münzer, un reformador radical, colectivista y místico, se extendió por Turingia y Suabia en 1524-1525 (y que fue durísimamente reprimida). La reforma calvinista, inspirada por Juan Calvino (1509-1564), un humanista laico ganado por la reforma, que tuvo su epicentro en Ginebra, fue una reforma extremadamente rigorista que, desde la doctrina de la predestinación y la afirmación estricta de la trascendencia de Dios, conllevaba la práctica de la religión y la organización de la vida civil según un severo código de conducta que excluía toda forma de frivolidad placentera y exhortaba a la sobriedad, el trabajo, la austeridad y el ahorro, esto es, los valores del puritanismo.

La Reforma, en cualquier caso, dividió irreversiblemente a la Europa cristiana. Hacia 1560, el luteranismo era la religión dominante en gran parte de la Alemania central y oriental (la futura Prusia incluida), en toda Escandinavia, donde se extendió desde la década de 1530, y en los territorios bálticos (lo que luego serían Letonia y Estonia). La reforma anglicana, paralizada durante la reacción católica que encabezó entre 1553 y 1558 la reina María Tudor, se consolidó y extendió durante el reinado de su hermana Isabel I (1558-1603). La reforma había triunfado también, ya a mediados del XVI, en una mayoría de cantones suizos. Desde Ginebra, que Calvino rigió como república teocrática, el calvinismo penetraría con fuerza en Holanda, Gran Bretaña y Escocia —presbiterianismo—, en parte de Francia (Iglesia reformada) y Hungría, y luego, a través de la emigración, en algunas colonias británicas y holandesas de los futuros Estados Unidos.

A la vista del desarrollo posterior de algunos países protestantes, se haría usual asociar Reforma con modernidad. Max Weber publicó en 1901 un libro extraordinario, un texto clásico, La ética protestante y el espíritu del capitalismo en el que, sobre el caso de Alemania, asociaba el ascetismo laico y la ética del trabajo característicos del protestantismo con el espíritu capitalista. Pero Weber mismo advertía en su libro contra las interpretaciones simplificadas de su texto: «El viejo protestantismo de Lutero, Calvino, John Knox [el reformador escocés] y Gilbert Voët [pietista holandés del siglo XVII] —escribía— tenía harto poco que ver con lo que hoy se llama progreso». Llevaba razón. La teología de Lutero, al menos, fue una teología medieval, impulsada por sus inquietudes espirituales y religiosas: el miedo a la muerte, la salvación o la condenación, el juicio de Dios, la pasión de Cristo. Fue una teología del sufrimiento, del dolor. Los reformadores querían, sencillamente, una Iglesia más pura, atenta a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, y en la que la fe en Dios fuese la clave de la salvación.

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La apostasía de Inglaterra

Al historiador y escritor católico anglo-francés Hilaire Belloc (1870-1953) —un hombre cordial, simpático, atlético, infatigable y contumaz polemista cuya amplia obra (más de 150 libros) fue una decidida defensa de los valores del catolicismo y una crítica profunda del mundo y la economía modernos—, la reforma anglicana del siglo XVI que apartó a Inglaterra de la religión católica le parecía «el hecho histórico más trascendental de los últimos mil años», como escribió en Europa y la fe (1921), el hecho más importante desde el triunfo del cristianismo bajo el emperador Constantino.

Era una obvia exageración. Pero la reforma anglicana, lo que Belloc llamaba la «apostasía» de Inglaterra, esto es, los cambios que, entre 1529 y 1559, hicieron que la Iglesia de Inglaterra quedase bajo la autoridad suprema de la Corona (no del papa) y asumiese principios doctrinales, teológicos y eclesiales cercanos al protestantismo, tuvo importancia considerable: hizo a Inglaterra como nación, reforzó la insularidad británica y redefinió el país como atlántico.

La reforma anglicana tuvo, en origen, poco que ver con la Reforma luterana. Los círculos luteranos ingleses, que aparecieron a principios de la década de 1520 y en los que figuraron personalidades intelectual y moralmente relevantes (William Tyndale, Miles Coverdale, el arzobispo Cranmer, Hugh Latimer…), fueron minoritarios. El propio rey, Enrique VIII, atacó a Lutero en su libro Assertio Septem Sacramentorum (1521), que le valió que el papa León X lo proclamara «Defensor de la Fe»; Tomás Moro escribió en 1528 su Diálogo sobre la herejía contra Tyndale y el luteranismo inglés. Cualquiera que fuese la presencia pública de la Iglesia, la sociedad inglesa del siglo XVI no era una sociedad particularmente religiosa. Ni las festividades ni las prácticas y rituales religiosos articulaban ya la vida social —o no lo hacían plenamente—, ni los debates y las preocupaciones teológicas protagonizaban la vida académica o el orden intelectual. Desde la Baja Edad Media, la Biblia, no los dogmas o las doctrinas papales, era ya en muchos sentidos la principal, si no la única, fuente de inspiración religiosa y moral del cristianismo popular. El papa, Roma, eran o ajenos o muy distantes del mundo de usos, ideas y creencias vigentes en la vida inglesa. El alto clero estaba hacía tiempo integrado en las estructuras del poder y del funcionariado real (administración, Parlamento, Corte, consejos del reino, poder local…); el anticlericalismo popular asociaba al bajo clero y a los monjes con corrupción y escándalos.

La reforma anglicana tuvo un origen político. El detonante fue la negativa del papa (Clemente VII, 1523-1534) a conceder a Enrique VIII el divorcio de su primera mujer, Catalina de Aragón, negativa que desafiaba la soberanía del Estado inglés, al no reconocer la autoridad del rey en una materia esencial, el matrimonio real, para asegurar la sucesión de la Corona. El procedimiento de la ruptura, diseñado por Thomas Cromwell (1483-1540), ministro-principal de Enrique VIII entre 1533 y 1540, un hombre de origen oscuro, ciertamente simpatizante de las ideas luteranas y convencido de la necesidad de imponer la soberanía del Estado sobre todos los poderes del reino, fue la afirmación de la soberanía de Inglaterra como «imperio»: primero, con la Ley de Restricción de las Apelaciones de 1532, que proclamó la independencia judicial de Inglaterra e hizo posible el divorcio del rey y su matrimonio con Ana Bolena; segundo, con la Ley de Supremacía de 1534, que declaró a Enrique VIII jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra.

Enrique VIII contó con el apoyo de la inmensa mayoría de las élites de poder inglesas —representadas en el Parlamento, al que el rey utilizó a su servicio de forma casi permanente— y con la aquiescencia del pueblo, élites y pueblo que probablemente querían para el país una especie de catolicismo nacional, esto es, no romano. Pero la reforma anglicana no fue inocente. Enrique VIII —el «Iván el Terrible» de Europa occidental, como lo llamó el historiador Norman Davies por su escalofriante brutalidad en la liquidación de sus exmujeres, colaboradores y enemigos— ejecutó a quienes se opusieron a la Ley de Supremacía (Tomás Moro y el cardenal Fisher) o a su nuevo matrimonio (Elizabeth Barton, «la monja de Kent»), y ordenó la disolución de los monasterios (1536-1540) y la venta de las tierras eclesiásticas, medidas que alteraron profundamente las estructuras sociales del país en beneficio de la aristocracia y la pequeña nobleza rural.

La Reforma, con todo, tuvo complicaciones y oscilaciones (que pudieron haber cambiado el curso de las cosas). Avanzó decididamente en el reinado del jovencísimo Eduardo VI (1547-1553), sucesor de Enrique VIII, cuyos gobiernos, encabezados por los duques de Somerset (1547-1549) y Northumberland (1549-1553), ampliaron las medidas de secularización de propiedades eclesiásticas y de prohibición y destrucción de símbolos externos del culto (altares, vidrieras, imágenes sacras), y bajo cuyo mandato se redactaron y aprobaron el Libro de Oración (el primero de 1549, el segundo de 1552, ambos obra de Thomas Cranmer, arzobispo anglicano de Canterbury entre 1533 y 1553), el Acta de 1549 que permitió el matrimonio sacerdotal y los Estatutos de Uniformidad (1549-1552), textos todos ellos esenciales para la definición y fijación de la religión anglicana. Pero la Reforma pudo naufragar en el reinado de María I (1553-1558), la hija, católica, de Enrique VIII y Catalina de Aragón y sucesora de su hermanastro Eduardo, que procedió a restablecer el culto católico y desencadenó una durísima persecución contra los reformadores, con la ejecución de unas 300 personas, entre ellas los «mártires» del protestantismo inglés, Thomas Cranmer, Hugh Latimer y Nicholas Ridley, y el exilio de otras 800: cerca de dos mil religiosos casados fueron, además, expulsados de la Iglesia.

La Reforma se consolidó definitivamente con Isabel I (1558-1603), la hija de Ana Bolena y reina a la muerte de María, que supo entender muy bien que la represión decretada por esta había desacreditado para siempre el catolicismo en Inglaterra, y que el ideal religioso del país parecía estar en una vía media entre catolicismo y protestantismo que, por un lado, asegurase la independencia de la Iglesia anglicana respecto de Roma y su subordinación a la Corona pero que, por otro lado, recuperase algunas prácticas religiosas tradicionales (el bautismo y la misa, por ejemplo). Todo ello se hizo a través del restablecimiento de la supremacía real (abril de 1559), la imposición del Libro de la Oración Común (mayo de 1559) y la adopción de los llamados 39 Artículos de la Religión (1563, 1571).

Isabel I, una mujer alta, pelirroja, algo chabacana, fuerte, decidida, indomable y escasamente devota, hizo de la religión anglicana una religión política, nacional, al servicio de la definición de Inglaterra como una nación propia y distinta. Rodeada de equipos de gobierno reducidos y eficientes —William Cecil, lord Burghley, fue su ministro principal entre 1558 y 1598— y dotada de habilidad política para mediar ventajosamente en el complicadísimo mundo del faccionalismo cortesano, Isabel I unificó el país tras los tormentosos reinados de Enrique VIII y María I, e hizo de la seguridad de Inglaterra frente a las potencias católicas (Francia y, sobre todo, la España de Felipe II) la clave de una política exterior muy exitosa que afirmó el creciente papel de Inglaterra en el orden internacional y ratificó su emergencia como un nuevo poder marítimo.

La unificación conllevó graves tensiones con el «puritanismo» anglicano favorable a la radicalización de la reforma religiosa y, también, la represión a veces sangrienta de las nuevas amenazas, supuestas o reales, planteadas por el catolicismo (revuelta de los barones del norte, 1569; conspiraciones en 1571-1572, 1582 y 1586 de María Estuardo, católica, exreina consorte de Francia, reina de Escocia, 1542-1567, y aspirante al trono de Inglaterra; desembarco en 1580 de la misión jesuita de Edmund Campion y Robert Parsons).

La política exterior dio prioridad primero (1558-1568) a Francia, ante el temor de que la tradicional alianza franco-escocesa pudiese dar paso, tras el matrimonio en 1559 de María Estuardo con el rey de Francia, a un intento de colocar a María en el trono de Inglaterra. Isabel I invadió Escocia (1560) y favoreció la reforma religiosa que, encabezada por John Knox (1505-1572), hizo de Escocia un país presbiteriano; y apoyó a los hugonotes (protestantes) en las guerras de religión que desvertebraron Francia entre 1562 y 1598.

Pero derivó después, 1568-1603, hacia la tensión y finalmente la guerra con España. El enfrentamiento con España —que puso fin a lo que, desde Carlos V, había sido una política de paz y neutralidad entre ambos países cuya última manifestación fue el fallido matrimonio en 1554 de María I y Felipe II— pudo tener distintas razones: conspiraciones católicas contra Isabel I, acciones de piratería de Francis Drake, John Hawkins y otros contra el Imperio español en América, la discreta ayuda de Inglaterra a la revuelta antiespañola en Holanda, el posicionamiento de ambos países en las guerras de religión francesas. Pero fue resultado en última instancia de la creciente rivalidad naval y comercial entre ambos países en el Atlántico y el mar del Norte —agudizada por el conflicto de los Países Bajos—, y del temor de Inglaterra a que la hegemonía de la España de Felipe II en Europa pudiera derivar en una amenaza seria de restauración católica, por vía militar, en Inglaterra e Irlanda (país bajo soberanía limitada inglesa desde el siglo XII y plenamente integrado en la Corona inglesa por Enrique VIII, pero que había permanecido católico).

Inglaterra y España estuvieron en guerra permanente entre 1585 y 1603 —en Holanda, en Francia, en el Caribe, en Irlanda—, guerra que culminó con el intento fallido, y catastrófico para las armas españolas, de invasión de Inglaterra por España en 1588, con el envío de la Armada Invencible —130 barcos, 22 000 hombres, 2500 piezas de artillería—, al que Inglaterra respondió con nuevos ataques a barcos españoles en el Atlántico y una exitosa operación naval en 1596 contra Cádiz (mientras, paralelamente, Isabel I aplastaba con máxima dureza las varias y caóticas rebeliones antiinglesas que se habían producido en Irlanda desde la década de 1560).

La derrota de la Armada Invencible garantizó de forma permanente la seguridad de Inglaterra. La victoria galvanizó al país: Isabel I sería pronto uno de los grandes mitos de la épica y la leyenda inglesas. Inglaterra era ya, para William Shakespeare, una emoción: «este trono real de reyes», «esta tierra de majestad» —escribió en Ricardo II— «este otro Edén, este semiparaíso», «este trozo bendito, esta tierra, este reino, esta Inglaterra…». Inglaterra era una nación, y embrión de algo más. Sir Walter Raleigh había fundado en 1589 la primera colonia británica en América: la llamó Virginia en honor de Isabel I.

La literatura inglesa del siglo XVI —la poesía de Thomas Wyatt, Edmund Spenser, Samuel Johnson, John Donne; el teatro de Christopher Marlowe, William Shakespeare y Ben Jonson; la prosa de Richard Hakluyt (Viajes y descubrimientos de la nación inglesa, 1589), Francis Bacon (Ensayos, 1597) y Richard Hooker (De las leyes de la comunidad eclesiástica, 1593-1597, una defensa de la Iglesia anglicana y del nuevo orden religioso)— era una literatura en muchos sentidos nacional. La traducción de la Biblia que William Tyndale hizo en un inglés admirable entre 1525 y 1531 fijó el inglés como lengua moderna; fue la base de todas las versiones autorizadas del texto que desde entonces se hicieron.

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La Contrarreforma

El término «Contrarreforma» resultó ser también un concepto histórico (y religioso) engañoso y desoladoramente simplificador. De hecho, la Contrarreforma, la respuesta católica a la Reforma protestante, fue un movimiento muy complejo, no una mera reacción dogmática contra la herejía y el error. La reforma católica fue, en realidad, un largo proceso de reforma espiritual cuyas raíces y primeras realizaciones fueron anteriores a Lutero, y que se prolongó —ahora ya triunfante como se decía en páginas anteriores— hasta mediados del siglo XVII.

En España, por ejemplo, la reforma católica comenzó a fines del siglo XV y principios del XVI con Francisco Jiménez de Cisneros (1433-1517), franciscano, confesor y consejero de la reina Isabel la Católica, arzobispo de Toledo (1495-1517), regente del reino en 1506-1507 y 1516-1517, cardenal e Inquisidor general de 1507 a 1517. Cisneros, en efecto, reformó las órdenes religiosas, prohibió las indulgencias antes que Lutero las atacara en Alemania, reforzó la Inquisición —tribunal creado a instancias de los Reyes Católicos en 1480 para perseguir el judaísmo y a los conversos— y creó, en 1499, la Universidad de Alcalá de Henares al servicio precisamente de la mejor formación teológica de la Iglesia, y cuya primera gran obra fue, significativamente, la Biblia Políglota (seis volúmenes, 1514-1517) que incluía, junto a los textos hebreos, traducciones revisadas en griego y latín y un diccionario hebreo-caldeo.

En Italia, el rigorismo religioso de Girolamo Savonarola (1452-1498), el dominico que entre 1494 y 1498 estableció en Florencia una verdadera república teocrática, participó del espíritu profético y místico que luego inspiró algunos de los movimientos más radicales de la Reforma. Savonarola, por ejemplo, denunció al papa Alejandro VI (Rodrigo Borgia, padre de César y de Lucrecia Borgia y papa entre 1492 y 1503) como «simoníaco, herético e infiel», y probablemente llevaba razón.

La creación en Roma hacia 1511 del Oratorio del Amor Divino, una fraternidad de sacerdotes y laicos para fomentar la piedad y las buenas obras, fue también reveladora. Fueron miembros de aquella san Cayetano de Thiene (1480-1547) y Gian Pietro Caraffa (1476-1559), el futuro papa Pablo IV; Gian Mateo Giberti (1495-1543), más tarde obispo de Verona; el futuro cardenal Gaspar Contarini (1483-1542); Jacobo Sadoleto (1477-1547), en su día obispo de Carpentras; todos ellos hombres piadosos, de profunda religiosidad, que laborarían por limpiar la Iglesia de vicios y abusos, y por devolverle el sentido auténtico de su misión: la pasión y la excelencia espirituales. Los cardenales John Fisher (1469-1535), el principal oponente católico a la reforma anglicana de Enrique VIII y como Tomás Moro decapitado por ello, y Reginald Pole (1500-1558), pariente cercano del rey de Inglaterra y arzobispo católico de Canterbury durante el reinado de María Tudor, fueron igualmente humanistas cultos, sinceramente religiosos y decididamente reformistas. Pole había estudiado en Oxford y Padua, y fue amigo de Erasmo y Moro.

El V Concilio de Letrán (1512-1517), que se reunió antes de la ruptura protestante, condenó la simonía —compra mediante sumas de dinero— en las elecciones pontificias y planteó algunas reformas del clero y la curia romana. Cayetano de Thiene y Gian Pietro Caraffa crearon en 1524 la orden de los teatinos, la primera orden de clérigos regulares que practicaban como ejemplo la pobreza evangélica. Matteo da Bascio reformó en 1528 la orden de los franciscanos creando los capuchinos. Antonio María Zaccaria fundó en 1530 los barnabitas, una orden de predicadores con base en Milán. Ignacio de Loyola (1491-1556), un vasco rectilíneo, tenaz, reservado y taciturno, creó el 15 de septiembre de 1534, en Montmartre, la Compañía de Jesús, los jesuitas (aprobada por el papa Pablo III), uno de los pilares de la Contrarreforma, una institución disciplinada y jerarquizada, puesta al servicio del papa y guiada por una espiritualidad pragmática y culta, por el rigor intelectual y filosófico y no por la piedad o la liturgia. Ángela de Mérici fundó a su vez en 1535 la Compañía de las ursulinas, congregación dedicada a la enseñanza femenina, con éxito temprano considerable en Lombardía y Francia.

La reforma interna de la Iglesia estaba, pues, en marcha. Con todo, Roma, gobernada hasta mediados del siglo XVI por papas (Julio II, León X, Clemente VII) por distintas razones desastrosos —el único que no lo fue, Adriano VI, un buen teólogo y un prelado de moral estricta, solo gobernó entre enero de 1522 y septiembre de 1523—, optó ante el desafío protestante por una redefinición amplia y oficialista, y debidamente publicitada, de sus doctrinas, de sus prácticas litúrgicas y devocionales, y de su aparato institucional y de poder. Esa fue la obra del Concilio de Trento (del 13 de diciembre de 1545 al 6 de diciembre de 1563), uno de los mayores acontecimientos de toda la historia del catolicismo, convocado por Pablo III (1534-1549), un Farnesio astuto y duro que antes de reunir el Concilio había aprobado la Compañía de Jesús y el restablecimiento de la Inquisición romana, y había impulsado el papel diplomático internacional del papado y el embellecimiento del Vaticano (fue él quien incorporó a Miguel Ángel a la Capilla Sixtina y a las obras del edificio).

Trento aprobó una masa de legislación ciertamente imponente. Fijó el canon de las Escrituras, declarando la Vulgata, la traducción y revisión de los Evangelios hecha en el siglo IV por san Jerónimo, texto «auténtico» de la Biblia (frente a otras traducciones como, por supuesto, la hecha en alemán por el propio Lutero en 1524). Reafirmó, también frente a los protestantes, la doctrina del pecado original y de su rescate por el bautismo. Contra la doctrina luterana de salvación solo por la fe y la gracia, el Concilio perfiló la teoría católica de la salvación: pecado, redención, justificación por Cristo, vida de la gracia, méritos, buenas obras. Reafirmó la vigencia y obligatoriedad de todos los sacramentos (en su mayoría, negados por los protestantes): bautismo, confirmación, eucaristía (afirmando la doctrina de la presencia real de Cristo), penitencia —contrición, confesión y absolución—, extremaunción. Desarrollado en tres periodos bajo cuatro papas (Pablo III, Julio III, Pablo IV, Pío IV) a lo largo de 25 sesiones y con participación de cerca de trescientos prelados y teólogos, Trento reafirmó por último el poder del papa y la disciplina interna de la Iglesia (obispos, párrocos), y confirmó, en cuestiones disputadas por el protestantismo, la vigencia de toda la tradición doctrinal y litúrgica cristiana: la misa como sacrificio verdadero de Cristo, el purgatorio, la invocación y veneración de los santos y de sus imágenes, el sacerdocio como orden y sacramento, el celibato sacerdotal, el matrimonio como sacramento (no como contrato), los votos de religiosos y monjas.

Trento, pues, rearmó a la Iglesia católica. La hizo sin duda más rígida e intransigente en su doctrina, más aparatosa e imponente en su liturgia, más uniforme, más beligerante contra la herejía y el error, más absolutista y centralizada. Así, Pablo IV (1555-1559) publicó el primer Índice de libros prohibidos (1559) e hizo de la Inquisición uno de los instrumentos de la Contrarreforma: humanista y reformista en su juventud, el papa se instaló ahora en el fanatismo y la violencia; detestaba España y a los jesuitas, excomulgó y encarceló a algunos de sus anteriores colaboradores, como el cardenal Giovanni Morone, uno de los hombres de Trento, y pensó en perseguir a Carlos V y Felipe II. Pero el Concilio de Trento rehízo el mundo católico y le dio instrumentos, valores y principios que le iban a permitir sobreponerse con éxito considerable a la gran crisis que fue la ruptura de la cristiandad por el protestantismo.

Pío V (1566-1572), un dominico que fue Inquisidor general, publicó el catecismo romano, los nuevos breviario y misal aprobados en Trento y proclamó a santo Tomás de Aquino como el pensador oficial de la Iglesia. Excomulgó a Isabel I de Inglaterra e inspiró la cruzada contra los turcos que llevó a la victoria de don Juan de Austria en Lepanto (1571). Sixto V (1585-1590), un franciscano autocrático, austero y firme, un magnífico administrador y probablemente el gran papa de la Contrarreforma, reformó la curia y todo el gobierno de la Iglesia, afirmando el poder papal sobre cardenales, arzobispos y obispos a los que obligó a acudir regularmente a Roma para informar sobre sus diócesis. Reurbanizó y embelleció decisivamente la ciudad de Roma y el propio Vaticano (por ejemplo, construyó la inmensa cúpula del edificio, verdadero símbolo del poder de la Iglesia católica), al tiempo que saneó la ciudad y puso fin a la violencia y a la delincuencia en sus calles; animó a España a enviar la Armada Invencible contra Inglaterra y apoyó decididamente la reafirmación y extensión del catolicismo en Francia y Polonia.

La Contrarreforma, que contó con excelentes obispos y arzobispos a nivel local, tuvo el apoyo del Imperio (Carlos V, Fernando II, Maximiliano II), de la España de Felipe II y de Maximiliano I de Baviera. En España se asoció con la teología escolástica (Melchor Cano, Domingo de Soto, Benito Arias Montano, Francisco Suárez), con el colosal esfuerzo de El Escorial, con la mística (santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz) y la literatura de ensayo religioso (fray Luis de León, fray Luis de Granada), con el teatro de tema sagrado (Calderón de la Barca) y la pintura y escultura religiosas y devocionales de finales del siglo XVI y del XVII (El Greco, Zurbarán, Murillo, Pedro de Mena, Gregorio Fernández…).

Carlo Borromeo (1538-1584), cardenal y arzobispo de Milán, hizo de su ciudad —bajo dominación española entre 1535 y 1713— el modelo ideal de la «ciudad de Dios», una vía a la Contrarreforma asociada por el propio cardenal y su sobrino, Federico Borromeo, también arzobispo de Milán (1594-1631), a espiritualidad, arte y cultura. El jesuita Francisco Javier (1506-1552), compañero del fundador, inició casi en solitario la evangelización de la India, Ceilán, Malaca, las Molucas y Japón (antes de morir de agotamiento cerca de Cantón). Otro miembro de la Compañía, san Pedro Claver (1581-1654), acometió en América, en Cartagena de Indias, la evangelización de esclavos negros, de los que bautizó a unos trescientos mil. Felipe Neri (1518-1595) vivió en Roma, donde en 1564 fundó la Congregación del Oratorio dedicada a obras de penitencia y caridad, en medio de la admiración popular: la iconografía del santo —la aparición de la Virgen a san Felipe Neri— pintada por Guido Reni para una iglesia romana de la Congregación fue una de las imágenes más populares de todo el siglo XVII.

La Francia del siglo XVII, la de Richelieu y Luis XIV, fue no solo la Francia del clasicismo sino también la de san Francisco de Sales, obispo de Ginebra y Annecy, que escribió Introducción a la vida devota y Tratado del amor de Dios, y de san Vicente de Paul, el apóstol del misionerismo rural que en 1625 creó los lazaristas, o sacerdotes de la misión, para evangelizar las parroquias abandonadas, y que multiplicó las cofradías de caridad por toda Francia. Fue la Francia del cardenal Pierre de Bérulle, de Jacques Bénigne Bossuet, obispo de Meaux, maestro de la elocuencia religiosa y de la oración fúnebre, y de la filosofía cristiana de la historia, y de François Fénelon, arzobispo de Cambrai y defensor de un purismo religioso en el que la perfección cristiana equivalía al abandono ante la voluntad de Dios expresada en la naturaleza; la Francia, por último, de la expulsión de los hugonotes y de la persecución del jansenismo, el movimiento puritano cristiano basado en la creencia en la predestinación cuyo símbolo y epicentro fue el convento de Port Royal.

Urbano VIII (1623-1644) e Inocencio X (1644-1655) fueron los últimos grandes papas del siglo XVII. No en razón de su religiosidad o de su labor al frente de la diplomacia vaticana (al contrario: Urbano VIII, indeciso entre España y Francia no supo mediar en la guerra de los Treinta Años, e Inocencio X no logró defender los intereses católicos en la Paz de Westfalia de 1648). Sino porque con ellos se completó la definitiva transformación de Roma en la capital espiritual del mundo, en una ciudad ciertamente sin igual. La Roma del siglo XVII fue, en efecto, la Roma de las iglesias de Francesco Borromini (San Carlos de las Cuatro Fuentes, San Ivo de la Sapienza, Santa Inés, Oratorio de San Felipe de Neri, Nuestra Señora de los Dolores); de la fachada de San Pedro, de Maderno; de las iglesias jesuíticas del Jesús —con el espectacular fresco de la bóveda pintado por Baciccia (Giovanni Battista Gaulli)— y de San Ignacio (fresco de la bóveda de Andrea Pozzo); de San Andrés en el Quirinal y las fuentes de Piazza Navona y plaza Barberini, todo ello de Bernini; de las iglesias de la Paz (Pietro Cortona) y San Andrés del Valle (Carlo Rainaldi); de los frescos de Annibale Carracci en el palacio Farnesio, de los Caravaggio de San Luis de los Franceses, Santa María del Popolo y San Agustín. Con el apoyo directo de los papas, Bernini llevó a cabo realizaciones prodigiosas: la columnata, el baldaquino y la cátedra de la basílica de San Pedro, los monumentos funerarios de Urbano VIII y Alejandro VII (1655-1667) y la Scala Regia, todo ello en el Vaticano. Para la capilla Carnaro de la iglesia de Santa María de la Victoria hizo el Éxtasis de Santa Teresa, antes mencionado; para la iglesia de San Francisco, la escultura en mármol de la beata Ludovica Albertoni.

Carlo Borromeo fue canonizado en 1610. El 22 de mayo de 1622, lo fueron a su vez, y conjuntamente, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Felipe Neri y Francisco Javier. Roma era la representación de la cristiandad, aunque tras Westfalia dejara de ser un poder en el mundo: cerca de setecientos mil peregrinos acudieron a Roma en 1650 para hacer la visita de todas sus grandes basílicas.

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Guerras de religión

La paz fue una invención del siglo XVIII. Europa estuvo prácticamente en guerra permanente desde 1500 hasta finales del siglo XVII: guerras por la hegemonía europea entre la Francia de los Valois y la España de Carlos V y Felipe II (1494-1559); conflictos entre Carlos V y los protestantes alemanes; guerras por la amenaza turca en el Danubio, los Balcanes y el Mediterráneo; guerras de religión en Francia (1562-1598); sublevación antiespañola en los Países Bajos, despliegue imperial de España y guerras con Inglaterra, Flandes y Francia (1579-1598); guerra de los Treinta Años (1618-1648), verdadera guerra general europea; guerra entre la Francia de Richelieu y la España del conde-duque de Olivares (1635-1659); nueva guerra el este entre la monarquía austriaca y el Imperio otomano (1683-1699); las varias guerras provocadas ya a finales del siglo XVII por la Francia de Luis XIV de cara al reforzamiento de sus líneas de frontera.

Las causas fueron, sin duda, muchas y distintas en cada caso: voluntad de dominio, ampliación o expansión territorial, prestigio o reputación estatal, seguridad, amenaza exterior, problemas de soberanía, disputas dinásticas, conflictos religiosos, tensiones fronterizas. La guerra no ofendía la conciencia de la humanidad. Era una actividad natural, una forma de vida, una realidad y, para miles de mercenarios, una profesión remunerada.

La religión fue solo en ocasiones causa directa de guerra. Pero «ideologizó» y exacerbó muchos conflictos, y siguió operando en muchos casos —por lo menos hasta la Paz de Westfalia de 1648 que puso fin a la guerra de los Treinta Años— como razón legitimadora última de la actividad militar de monarquías y estados. Los mismos papas del siglo XVI siguieron absorbidos, tanto más que por la reforma de la Iglesia y el problema de la herejía protestante, por el equilibrio y la política de poder en Europa.

A Clemente VII (1523-1534), un Médici —a quien sobrepasaron la extensión del luteranismo en Alemania y el pleito en torno al divorcio de Enrique VIII en Inglaterra— pareció interesarle ante todo la consolidación de los Estados Papales y el papel de los Médici en Italia. En las guerras de Italia apoyó, primero, a los Habsburgo (Carlos V) frente a los Valois (Francisco I). Pero tras la victoria de Carlos V en Pavía (1525), impulsó la formación de la Liga de Cognac (Francia, Venecia, Estados Papales, Milán, Inglaterra y Florencia) frente al emperador: el resultado fue el brutal saqueo de Roma por las tropas imperiales (mayo de 1527) y la caída temporal de los Médici en Florencia (y un nuevo giro en la estrategia papal hacia la reconciliación con Carlos V). Pablo III (1534-1549), un Farnesio que construyó el palacio de ese nombre en Roma y encargó a Miguel Ángel los frescos de la Capilla Sixtina, el papa que convocó el Concilio de Trento y reconoció a los jesuitas, trabajó incansablemente para poner fin a las guerras de Italia y al problema protestante —incluso levantó un ejército de unos 12 000 hombres que se incorporó a las fuerzas de Carlos V en Alemania—, pero trató también siempre —por ejemplo, tras la victoria de Carlos V en Mühlberg (abril de 1547)— de limitar o equilibrar la hegemonía imperial en Europa, y de unir a la cristiandad frente al avance de los turcos.

Pablo IV (1555-1559), un papa napolitano y francófilo, odiaba España e instigó la última guerra de Italia (1556-1557) entre España y Francia con el objetivo —fallido— de expulsar a los españoles de Nápoles. Un ejército francés, mandado por el duque de Guisa, entró en Italia con ese propósito en 1557: la contraofensiva española sobre el norte de Francia desde Holanda, con la gran victoria de Felipe II en San Quintín, el 10 de agosto de aquel año, obligó a Francia a retirarse y a reconocer la hegemonía española en Italia por la paz de Cateau-Cambrèsis de 1559.

Tras el Concilio de Trento (1555-1563), que respondió obviamente a problemas religiosos y que restableció de muchas maneras la misión estrictamente espiritual de la Iglesia católica, los papas siguieron desempeñando un papel notable en la vida internacional. Tuvieron ahora a su disposición un nuevo instrumento: una diplomacia altamente cualificada ejercida de forma regularizada y oficial a través del nombramiento de nuncios ante las principales cortes europeas.

La religión siguió teniendo, en suma, amplio valor instrumental. La España de los Austrias, el país hegemónico en Europa entre 1519 y 1648, fue una España católica. Los Habsburgo españoles y austriacos pretendieron fundamentar el orden internacional sobre criterios de hegemonía dinástica y religiosa. Isabel I (1558-1603) hizo de la religión anglicana —y del odio al catolicismo— la religión «nacional» de Inglaterra: la Inglaterra del siglo XVII fue, en palabras del historiador Cristopher Hill, un país gobernado por la Biblia. El luteranismo hizo también en muchos estados alemanes —y en Dinamarca y Suecia— las veces de religión nacional.

La victoria de Lepanto (7 de octubre de 1571), en la que una flota cristiana (208 barcos) reunida por España, Venecia y el papa Pío V bajo el mando de don Juan de Austria y a la que el papa concedió los beneficios espirituales de las Cruzadas, venció a la flota turca (230 galeras) y le causó miles de bajas —la flota cristiana perdió unas 12 naves y a 9000 de sus hombres—, fue vivida en Europa como una gran victoria de la cristiandad, que el papa atribuyó a la devoción al Santísimo Rosario. La guerra de los Treinta Años (1618-1648) estalló tras la rebelión de los protestantes de Bohemia contra la política reformista y recatolizadora del nuevo emperador austriaco, Fernando II.

Sobre todo, las guerras de religión, nueve guerras civiles de gran dureza que asolaron el país entre 1562 y 1598, desvertebraron Francia. En ellas se solaparon conflictos religiosos (la expansión del calvinismo —los hugonotes— desde mediados del siglo XVI en regiones como el Delfinado, Provenza, el Languedoc o Normandía), las ambiciones de la alta nobleza (los Guisa, líderes del partido católico; los Montmorency y los Condé-Borbón, que apoyaron la causa hugonote), y problemas políticos en torno a la concepción de la monarquía y el papel en ella de las «libertades» provinciales y de las instituciones representativas e intereses locales.

La división religiosa del país fue, con todo, esencial. Felipe II apoyó a los católicos; Inglaterra y Holanda —anglicana y calvinista, respectivamente—, a los hugonotes. La masacre de la noche de San Bartolomé de 24 de agosto de 1572, en la que unos tres mil protestantes fueron asesinados en París (y cerca de diez mil en toda Francia) conmocionó a Europa. Enrique III (1574-1589), el último Valois en el trono de Francia, un rey débil y sin autoridad, superado por la dinámica de la guerra civil y el peso del partido ultracatólico en su propio entorno, fue asesinado el 2 de agosto de 1589 por un fraile dominico, Jacques Clement, ante las iniciativas que el rey había empezado a tomar para controlar a la Liga Católica. Enrique IV (1589-1610), el primer Borbón en reinar en Francia, el rey que puso fin a las guerras de religión con el Edicto de Nantes de 1598 (autorización del culto protestante en algunas ciudades, igualdad civil entre católicos y protestantes, cesión a estos de varias «plazas de seguridad»), que firmó la tregua con España en ese mismo año (aunque reafirmó la política exterior y militar de Francia de contención de las dos ramas de la Casa de Austria), y que con el duque de Sully como ministro principal inició la reconstrucción económica y moral de Francia y de la monarquía francesa, fue también asesinado, en 1610, por otro fanático católico, un maestro, François Ravaillac, obsesionado por las concesiones del rey a los protestantes y las relaciones de Francia con países no católicos.

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La rama austriaca del Imperio

Para bien o para mal, los Habsburgo, una dinastía con una historia familiar y personal compleja y fascinante, tuvieron un papel decisivo en la historia europea entre 1278 y 1918. La abdicación en 1556 de Carlos V, que dejó el título y la responsabilidad imperiales y la monarquía austriaca y sus dominios a su hermano Fernando I (1503-1564), y las coronas de Castilla, Aragón, Navarra, Nápoles y Sicilia, las Indias, los Países Bajos y el ducado de Milán a su hijo Felipe II (1527-1598), creó en realidad dos vastos sistemas imperiales, tal vez imposibles: uno, la monarquía hispánica, un verdadero imperio universal (que lo fue hasta el agotamiento de la casa reinante, con Carlos II, en 1700); otro, el Imperio austriaco (Sacro Imperio Romano Germánico hasta 1806; Imperio austriaco y luego austrohúngaro, entre 1806 y 1918), un complejo Estado centroeuropeo que duró hasta la derrota de Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y su división en varios estados nacionales.

La monarquía hispánica de los Habsburgo —Estado y administración centralizados en torno a la Corona, la Corte y los consejos reales y territoriales, catolicismo como religión «nacional»— supo definir pronto sus posiciones estratégicas y claves políticas: poder militar y despliegue internacional al servicio de la Contrarreforma y de la hegemonía dinástica. El Estado imperial austriaco —indefinición imperial, soberanía fragmentada y cuestionada, división religiosa— careció de proyecto: no llegó a constituirse ni como una verdadera construcción nacional ni como un Estado unificado.

El Sacro Imperio Romano Germánico que heredó Fernando I era una entidad política institucional y geográficamente indefinida y artificial (sin estructuras de poder ni capital fija ni fronteras bien definidas), debilitada por múltiples dificultades y contradicciones: divisiones religiosas —la crisis protestante dividió a todos los pueblos centroeuropeos—, conflictos de soberanía (príncipes y estados alemanes versus poder imperial), fuerzas particularistas (Bohemia, Hungría), amenaza creciente del expansionismo turco (que alcanzó su mejor momento con Suleimán el Magnífico, 1520-1566: ocupó los Balcanes, gran parte de Hungría, Transilvania, Moldavia y Besarabia, y asedió la propia Viena; la misma victoria hispano-veneciana sobre los turcos en Lepanto, en 1571, desembocó en una especie de coexistencia armada, decepcionante para las armas cristianas).

Entre 1556 y 1704, los Habsburgo austriacos (Fernando I, Maximiliano II, Rodolfo II, Matías I, Fernando II, Fernando III, Leopoldo I) operaron, por tanto, en un escenario excepcionalmente complicado al hilo de lo cual, precisamente, el Imperio austriaco iría definiendo su propia función histórica.

El proceso fue, como cabía esperar, extremadamente discontinuo y problemático. Fernando I (1558-1564), al que Carlos V ya había entregado el gobierno de los dominios austriacos en 1521, unificó Austria, Bohemia y Hungría occidental dentro de la monarquía austriaca, a la que dotó de un principio de gobierno centralizado: Consejo Privado, Hacienda, Consejo Supremo de Guerra. Estuvo en guerra permanente con el Imperio turco por Hungría y Transilvania (que quedaron mayoritariamente bajo soberanía turca hasta fines del XVII) y, si respetó para los estados alemanes el equilibrio religioso plasmado en la Paz de Augsburgo de 1555, inició, por lo que hizo a la monarquía austriaca, una verdadera contraofensiva católica que tuvo como brazo religioso a los jesuitas.

Maximiliano II (1564-1576) y Rodolfo II (1576-1612), aun protegiendo ambos la reforma católica —Rodolfo II había sido educado en El Escorial, era nieto de Carlos V y sobrino de Felipe II—, buscaron alguna forma de equilibrio o síntesis entre catolicismo y protestantismo que hiciese posible la transformación del Imperio en un imperio cristiano universal definido por su misión de contención del Imperio turco.

Rodolfo II —un «Habsburgo característico»: corta estatura, ojos azules, cabello rubio, mandíbula prominente, austero, serio, reservado y con una personalidad compleja y maníaco depresiva— hizo del castillo de Praga, donde trasladó su residencia, el centro del humanismo renacentista tardío. El emperador estuvo fascinado por la astrología, la magia, la nigromancia y las filosofías herméticas, así como por la botánica, las piedras preciosas y los animales exóticos (de todo lo cual acumuló colecciones fabulosas). Reunió un formidable equipo de artistas (Arcimboldo, Bartolomeus Spranger, Hans von Aachen, Roelant Savery…), astrónomos (Tycho Brahe, Johannes Kepler), matemáticos, astrólogos, magos y filósofos, con la idea de impulsar desde el Imperio la sabiduría, la ciencia y las artes, en gran medida como forma de propaganda imperial (de cuyo aparato se encargó uno de los artistas citados, Arcimboldo, cuya sorprendente obra fue muy del gusto de Rodolfo II). Como titular del Imperio y de la monarquía austriaca, Rodolfo II fue un desastre. Su conducta extravagante y sus desequilibrios psíquicos supusieron a menudo la paralización de la acción de gobierno. Sus contradicciones y falta de sentido del Estado y de la política agravaron los problemas de la corona imperial (particularismo de Bohemia, de la Hungría imperial, Moravia, Alta y Baja Austria; avance del protestantismo; amenaza turca; tensiones dinásticas en la propia familia imperial) y las tensiones de todo tipo que llevarían enseguida a la guerra de los Treinta Años (1628-1648): anexión y recatolización de la ciudad alemana de Donauwörth (1609), fricciones y diferencias entre el Palatinado protestante y la Baviera católica, crisis sucesoria del pequeño Estado de Jülich-Cleves en la frontera germano-holandesa (1609-1614).

Su cese en 1608 por decisión familiar (1576-1612) —ante la incapacidad del emperador— como archiduque de Austria y rey de Bohemia y Hungría en beneficio de su hermano Matías hizo aún más manifiesta la desvertebración política y administrativa del Imperio de los Habsburgo. La solución a la crisis, auspiciada por la propia dinastía, España y el papa, y concretada con la designación imperial en 1619 del ultracatólico Fernando II (1619-1637), fue la más lógica desde los principios últimos del Sacro Imperio: el reforzamiento del poder imperial y la imposición de la Contrarreforma. El resultado fue, sin embargo, la guerra.

La contienda, la guerra de los Treinta Años, desencadenada por la rebelión de la Bohemia protestante contra la nueva política imperial, guerra larga, con fases distintas, con numerosas alternativas militares y con escenarios y actores también distintos (guerra de Bohemia, guerra del Palatinado, guerra danesa, guerra de Suecia, guerra franco-española), no resolvió, además, los problemas del Imperio. Modificó el equilibrio europeo: supuso el fin de la hegemonía española y la afirmación de Francia como nueva gran potencia internacional. El Sacro Imperio logró la extensión del catolicismo en sus dominios. Pero dejó de tener poder y autoridad en Alemania. De hecho, fue en adelante una confederación de tres estados (Austria, Bohemia, Hungría) unidos solamente en la figura del emperador. Significativamente, Leopoldo I (1657-1705) concentró ya todos sus esfuerzos en la consolidación de la monarquía austriaca, a la que dotó de un aparato administrativo y militar operativo y eficiente, y en la plena reconquista de Hungría, lograda finalmente tras las victorias del príncipe Eugenio de Saboya en la guerra de 1683-1699, a lo que se añadieron después territorios en Serbia y Rumanía.

De esa forma, la monarquía austriaca legitimaría, retrospectivamente, su razón de ser en torno a una doble significación: como Estado multinacional de cultura católica y germánica en el mundo danubiano —pero con vocación universal y cosmopolita—, y como defensa de Europa frente a los turcos. La civilización austriaca logró su apogeo probablemente en los siglos XVIII y XIX y primeras décadas del XX, con manifestaciones espléndidas como su arquitectura barroca y rococó, la música de Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart a Anton Brückner y Gustav Mahler, el esplendor urbano de Viena, Budapest y Praga y la cultura de la modernidad (Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Franz Kafka, Alban Berg, Ludwig Wittgenstein, Robert Musil, Arnold Schönberg, Stefan Zweig, Sigmund Freud). El Estado multinacional austro-húngaro siguió siendo, pese a todo, un Estado peligrosamente frágil: el atentando perpetrado en junio de 1914 por un joven nacionalista serbio en Sarajevo, capital de una de las regiones del Imperio, contra el heredero de la Corona, desencadenó la Primera Guerra Mundial.

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La monarquía hispánica

Con Felipe II (1527-1598) España perdió la titularidad imperial que Carlos V cedió a su hermano Fernando I. Pero entre 1556 y 1598, los años del reinado de Felipe II, España se reafirmó como el mayor poder político y militar europeo y como un imperio universal, que abarcaba la península Ibérica —tras la incorporación, por derechos sucesorios, de Portugal en 1580—, los Países Bajos, el Franco Condado, Milán, Cerdeña, Nápoles y Sicilia, las Indias y Filipinas, colonizadas desde 1565.

A diferencia de su padre Carlos V, Felipe II, nacido en Valladolid, un hombre religioso, sereno, taciturno, solitario, una personalidad contenida y distante —y refinado y sensible a la pintura y las bellas artes—, y profundamente desconfiado, fue un príncipe y un rey español. Obsesivamente minucioso en su trabajo e imbuido del sentido de su autoridad y del deber y sus responsabilidades, Felipe II reforzó el poder absoluto de la monarquía, fijó la Corte en Madrid, construyó El Escorial (1563-1584) —como monasterio y mausoleo para los restos de sus padres, pero enseguida fue visto como símbolo de la monarquía hispánica—, completó el sistema de Consejos (Estado, Guerra, Castilla, Aragón, Indias, Italia, Flandes…) sobre los que se apoyaba la monarquía, y perfeccionó la maquinaria y el funcionamiento del gobierno (que llevó con el apoyo de sucesivos grupos ministeriales: Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, duque de Alba; Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli; Gonzalo y Antonio Pérez; cardenal Antoine Perrenot de Granvela, Cristóbal de Moura; Juan de Idiáquez; etcétera).

En una Europa siempre convulsionada —expansión del protestantismo, amenaza turca en el Mediterráneo—, Felipe II puso ciertamente la monarquía hispánica al servicio de la unidad y la defensa del catolicismo. La Inquisición reprimió los pequeños focos protestantes que aparecieron en España (Valladolid, Sevilla) al principio de su reinado; la monarquía sofocó con excepcional dureza la rebelión de los moriscos de Granada en 1658. Como el luteranismo en Alemania o el anglicanismo en Inglaterra, la religión católica —prácticas religiosas, festividades, cultos, devociones locales, representaciones de Semana Santa, la mística, la pintura y escultura religiosas (Domenicos Theotocopoulos, El Greco; Francisco de Zurbarán; Bartolomé Esteban Murillo), retablos, iglesias— hizo en España las veces de religión nacional. La España de Felipe II y de sus sucesores, una nación mucho más estable que los otros grandes países europeos, desembocó en el triunfo de la fe y de la Contrarreforma.

La política de Felipe II, con todo, fue una amalgama de ideas religiosas, razones de Estado y necesidades políticas y militares (derivadas estas, en última instancia, de la defensa de la hegemonía de la casa de Austria como clave del equilibrio internacional). Entre 1555 y 1579, buscó la paz con Francia —que en 1559 reconoció por fin el dominio español en Italia— y la neutralidad de Inglaterra —de ahí, su matrimonio, desastroso, con María I–, y dio así prioridad al problema turco en el Mediterráneo. Las escuadras española y veneciana, unidas con el papa en una Santa Liga, destruyeron en Lepanto el 7 de octubre de 1571 la flota turca, una enorme victoria— los turcos perdieron unos doscientos barcos y unos treinta mil hombres —a la que, sin embargo, no se supo sacar fruto definitivo. Luego, en 1579-1598, a medida que la rebelión de los Países Bajos contra el poder español que había comenzado en 1566 cobró fuerza y amenazó seriamente los intereses españoles y la propia reputación y prestigio de la monarquía hispana, el interés estratégico de España se desplazó al Atlántico y al mar del Norte, donde la monarquía española desplegó una formidable ofensiva imperial: guerra en Flandes, intervención militar en las guerras de religión francesas en apoyo de la Liga Católica, incorporación de Portugal, hostilidad creciente y guerra abierta con la Inglaterra de Isabel I desde 1558.

El balance último del reinado de Felipe II fue, inevitablemente, desigual. Felipe II había logrado grandes triunfos: la plena dominación de las Indias y Filipinas, la supremacía en Italia, la anexión de Portugal, el control del Mediterráneo occidental y central. La política de guerra total de sus últimos años fue, por el contrario, un error histórico. En los Países Bajos, España optó o por una política implacable de represión —que se asoció al gobierno del duque de Alba en Flandes entre 1567 y 1573, y a hechos como el brutal saqueo de Amberes por tropas españolas amotinadas en que pudo haber entre mil y siete mil muertos—, o por una combinación de demostraciones de fuerza y gestos de atracción y conciliación, que entre 1573 y 1585 practicaron los nuevos responsables de la política española en la zona (Luis de Requesens, don Juan de Austria, Alejandro Farnesio). Pero el resultado fue negativo, y de hecho «Flandes», un conflicto que se prolongó hasta 1648, terminó por ser la «ruina de España». España logró asegurarse desde 1579 la lealtad de los Países Bajos del sur (la futura Bélgica) pero los otros Países Bajos, las Provincias Unidas, las siete provincias calvinistas que lideraba Holanda, fueron desde aquel año, a todos los efectos, un Estado soberano.

La guerra contra Inglaterra —derivada del conflicto de Flandes: Inglaterra amenazaba las comunicaciones marítimas entre España y Flandes y los envíos de plata de las Indias a España— fue otro inmenso error. El intento de invasión de Inglaterra en 1588 con el envío de la Armada Invencible —130 barcos, 22 000 hombres— fracasó. La derrota de la Armada dañó el prestigio de España; Inglaterra desplazó una pequeña fuerza expedicionaria en apoyo de la rebelión holandesa y desencadenó acciones de piratería contra barcos españoles en el Atlántico, y aun atacó con éxito (1596) bases navales españolas (Cádiz).

Felipe II murió en septiembre de 1598, con la Hacienda en bancarrota (el precio del Imperio, pero una situación nada excepcional en Europa: las crisis francesa e inglesa eran incluso superiores) y con la capacidad militar española disminuida y necesitada cuanto menos de una etapa de tregua. Es lo que se hizo: el propio Felipe II firmó en mayo de 1598 la Paz de Vervins con Francia y cedió la gobernación de los Países Bajos católicos a su hija Isabel Clara Eugenia y su marido, el archiduque Alberto de Austria.

Los ejércitos españoles, estimados en 1635 en un total de 300 000 hombres, seguían siendo, con todo, los primeros ejércitos del mundo. Pese al desastre de la Armada, España seguía disponiendo de una considerable fuerza naval (108 buques de guerra en 1625). La rebelión holandesa —la guerra de Flandes— había cuestionado el poderío militar español, pero en modo alguno lo había destruido. La monarquía hispánica seguía siendo la gran potencia hegemónica. En contraste con España (8,5 millones de habitantes en 1600) Inglaterra era una modesta potencia (4,5 millones, Gales incluido) que en esos años no disponía en ultramar, frente al inmenso Imperio de las Indias españolas, más que de un establecimiento estable, Jamestown, en Virginia, fundado en 1607. Rota por las guerras de religión de las que no se recuperó hasta la década de 1620, Francia (20 millones de habitantes en 1600) había quedado, de momento, fuera de la carrera colonial.

Aun católica e inquisitorial y dominada por la fe y el dogma, España generó entre 1500 y 1700 una gran cultura creadora, la cultura del Siglo de Oro, amplia, compleja, materializada en obras, ideas, gustos y manifestaciones literarias y artísticas de indudable interés e influencia perdurable. Con Carlos V, en el siglo XVI, la cultura española quedó asociada al erasmismo, a la arquitectura renacentista (dos ejemplos: la Universidad de Alcalá y el Alcázar de Toledo), a la poesía italianizante (Garcilaso de la Vega, Juan Boscán) a la teología escolástica, a la historiografía de Indias (Carlos V creó en 1526 la figura del cronista de Indias), a la novela picaresca (Lazarillo de Tormes, 1554) y a los libros de caballería. Con Felipe II, y a lo largo del siglo XVII, la cultura española fue sinónimo del estilo herreriano de El Escorial, de la mística (santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz), de la pintura de El Greco, de la novela pastoril, del teatro de Félix Lope de Vega, Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca, y del Quijote (1605), Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, y la pintura del Barroco (Zurbarán, Diego Velázquez, Murillo…).

La monarquía de los Austrias fue una monarquía europea. La experiencia imperial abrió amplios horizontes a la cultura española. El Quijote fue un éxito fulminante. Se editó de inmediato en Lisboa, Milán y Bruselas, se tradujo al inglés, al francés y al italiano, y alcanzó 16 ediciones en vida de Miguel de Cervantes, que murió en 1616.

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Sociología y crisis del Renacimiento

Jakob Fugger (1459-1525), el gran banquero del emperador Carlos V y el hombre más rico de su tiempo, creó en 1521 en su ciudad natal, Augsburgo —la ciudad favorita de Maximiliano I y escenario de reuniones, dietas y negociaciones decisivas para la Reforma luterana y el destino de Europa—, el Fuggerei, una colonia de viviendas para ciudadanos pobres y necesitados, un pequeño núcleo urbano —8 calles, 67 casas, 140 viviendas, iglesia propia— cerrado por murallas y puertas. Luis Vives, el humanista español, publicó en 1525, en Brujas, De subventione pauperum (El socorro de los pobres), el primer ensayo en que se planteaba la necesidad de establecer sistemas públicos de beneficencia y sanidad para tratar el problema de la pobreza y la mendicidad.

La belleza fue la esencia de la Italia renacentista: el pauperismo fue el gran problema social del Renacimiento en todas partes. Pobreza, mendicidad, no eran obviamente hechos nuevos: eran tan antiguos como la humanidad misma. Órdenes religiosas, señores feudales y organismos locales habían hecho frente de distintas maneras —asistenciales, caritativas— al problema a lo largo de los siglos de la Edad Media. Lo nuevo ahora —siglo XVI— fue la conciencia de la pobreza y la mendicidad, entendida como la obligación (y necesidad) de los poderes públicos y de la Iglesia como institución —y del cristiano en tanto que tal— de atender al pobre, de responder institucionalmente al problema de la pobreza y al socorro individual de indigentes y mendigos.

Era un problema amplio y complejo. La mendicidad y la pobreza encubrían en realidad un conjunto extenso de situaciones lamentables: pobres, ancianos, niños abandonados, vagabundos, maleantes, gitanos, pícaros. La espléndida Roma de Julio II y León X tenía su lado oscuro, la Roma que describía Fernando Delicado en La lozana andaluza (1528, una obra publicada en la propia Italia, en Venecia, no en España), una Roma marginal de pícaros, alcahuetas, prostitutas, vendedoras, lavanderas, costureras, tenderos… El mundo del Lazarillo de Tormes, obra anónima y de gran popularidad publicada en 1554 en Burgos, Alcalá y Amberes bajo la forma de una cruel, divertida y esperpéntica «biografía», era igualmente terrible: la vida de un pregonero, hijo de una sirvienta y un molinero encarcelado por robar, que antes de practicar aquel oficio y casarse con la criada de un arcipreste sirvió sucesivamente, en condiciones miserables, a un mendigo ciego, a un clérigo avaro, a un escudero pobre y a un vendedor de bulas falsas. La frontera entre mendicidad y delincuencia no era clara, y no lo fue para las autoridades de la época. Recuérdense otros dos ejemplos literarios, españoles como los anteriores pero especialmente significativos por ser la monarquía hispánica en aquel momento la primera potencia europea y un imperio ya universal: el encuentro de don Quijote y Sancho con los bandoleros de Roque Guinart en las proximidades de Barcelona, que aparecía en la segunda parte del Quijote (1615); y la descripción que del hampa sevillana hacía Cervantes en Rinconete y Cortadillo (1613), una de sus novelas ejemplares.

Probablemente, en torno a un 10 % de la población europea vivía, a mediados del siglo XVI, en condiciones evidentes de pobreza extrema. La inmensa mayoría de la población rural vivía además —y de forma general— en condiciones deplorables de vivienda, higiene, alimentación y sanidad. La peste negra no volvió a repetirse. Pero hambrunas, epidemias de peste y fiebres, crisis de subsistencia y, en la segunda mitad del siglo XVI, elevación y carestía de los precios golpearon reiteradamente en todas partes a los sectores marginados de las sociedades urbanas y campesinas renacentistas.

Inglaterra, por ejemplo, sufrió crisis especialmente graves, asociadas con cosechas catastróficas, hambre y alta mortalidad en 1555-1556 y 1596-1597: su población retrocedió en unas doscientas mil personas entre 1553 y 1558. Francia, para la que el XVI fue hasta la década de 1560 un siglo de crecimiento y relativa prosperidad, tuvo también años de malas cosechas (1513-1515) o de epidemias mortíferas (peste, a finales de la década de 1520) o de graves crisis de subsistencia (alzas de precios, hambrunas: 1562-1563, 1573-1574, 1586-1587 y 1590-1592). Unas treinta y cinco mil personas murieron de peste en Venecia en la epidemia de 1576-1577 (Tiziano entre ellas), y en torno a cien mil en toda Italia. España padeció crisis de subsistencia y epidemias en 1504-1506, 1527-1530, 1540-1541, 1557-1558, 1575-1577 y, la peor de todas, entre 1596 y 1602. Obras como Deliberación sobre la causa de los pobres (1545) del dominico Domingo de Soto, De la ordenación que se ha instaurado en las limosnas para socorrer a los verdaderos pobres en algunas ciudades españolas (también de 1545) del benedictino fray Juan de Robles, o Discursos para la protección de los verdaderos pobres, la eliminación de los simuladores, la fundación y el refugio de los pobres (1598) de Cristóbal Pérez de Herrera, mostraron hasta qué punto la pobreza fue un tema recurrente de preocupación pública.

Las iniciativas para encontrar respuestas al problema de la pobreza fueron comunes en toda Europa a lo largo del siglo XVI. Instituciones anteriores, como en el caso de Londres los hospitales de San Bartolomé para enfermos y paralíticos, de Santo Tomás para ancianos, de Cristo para niños, y Bedlam para locos, fueron ampliados o mejorados y, en todo caso, recibieron renovada atención. Leyes de pobres regulando la aplicación de la atención a estos —pero también el control e incluso la prohibición de las formas y condiciones de la mendicidad y de la presencia pública de pobres y vagabundos— fueron aprobadas, a partir sobre todo de la década de 1520, en ciudades como Brujas, Núremberg, Norwich, Estrasburgo o Venecia. Hospitales, hospicios civiles, albergues de beneficencia, asilos e instituciones similares fueron fundados, construidos y acondicionados en numerosas ciudades europeas (tanto católicas como protestantes: tal vez más, en el ámbito del catolicismo, que hacía de las buenas obras una forma de redención y expiación del pecado), bien por iniciativa real, eclesiástica o privada: así, por ejemplo, los hospitales para mendigos abiertos en Bolonia (1560-1570) y Bridewell, Londres (1553), o el Fuggerei de Augsburgo mencionado al principio.

El volumen de donaciones y fundaciones que en beneficio de los pobres (y de huérfanos en condiciones similares) se hicieron —por caballeros, mercaderes, viudas, eclesiásticos, etcétera, en la España del siglo XVI— fue enorme. Cofradías, como la de la Caridad de Sevilla, conventos e iglesias dedicaron parte importante de su actividad y rentas al socorro y ayuda de mendigos y personas (ancianos, niños) desvalidas. Inglaterra creó en 1601 con la Ley de Socorro de los Pobres la primera legislación pública moderna sobre la materia.

En la misma España, el agustino santo Tomás de Villanueva (Fuenllana, 1488-1555), que estudió en Alcalá y Salamanca, escritor ascético, predicador y profesor de teología que alcanzó cargos importantes —obispo de Valencia, confesor y consejero de Carlos V– hizo de su vida un ejercicio continuo de la caridad, especialmente orientada hacia el socorro de pobres, huérfanos y doncellas enfermas a cuya ayuda legó todos sus bienes y riquezas (lo que explica la gran devoción que suscitó en el siglo XVII: Murillo hizo del santo el tema de más de un cuadro suyo). En Francia, san Vicente de Paul (1581-1660), «limosnero real» con Luis XIII y fundador de los misioneros «paúles», fomentó la creación de cofradías de caridad, y con su colaboradora Luisa de Marillac fundó las Hijas de la Caridad, dedicadas preferentemente a la asistencia espiritual y material de mendigos, enfermos, ancianos y niños abandonados.

Como decía, en torno a treinta y cinco mil personas murieron víctimas de la epidemia de peste que asoló Venecia entre 1575 y 1578; alrededor de diecisiete mil en la que golpeó Burdeos, la localidad natal de Montaigne, en 1585. Como consecuencia de las guerras de religión, Francia vivió además entre 1562 y 1598 una de las más graves crisis de su historia, que puso en riesgo no ya la monarquía sino la existencia misma de Francia como nación. Desde 1567, la poderosa monarquía española se vio a su vez seriamente desafiada por la rebelión de varias de las provincias de los Países Bajos —la guerra de Flandes, aunque el foco de la rebelión fueran las provincias que formarían la futura Holanda—, problema que se prolongó hasta 1648 y que fue, como se ha dicho, la «ruina de España». España entró, además, en las guerras de religión de Francia en apoyo de la Liga Católica, se anexionó Portugal en 1580, encabezó la gran flota cristiana que derrotó a los turcos en Lepanto (1571) y estuvo en guerra permanente con Inglaterra prácticamente desde 1584, guerra que culminó con el intento fallido de invasión de ese país en 1588 con el envío de la Armada Invencible.

Cuando terminaba el siglo XVI, la civilización del Renacimiento —el mundo del Nacimiento de Venus de Botticelli, de la espléndida estatua ecuestre del Condottiero Colleoni, de Andrea del Verocchio; de la Florencia de los Médici y de la Roma de los papas Julio II y León X; el mundo de Durero y del retrato ecuestre de Carlos V pintado por Tiziano tras la batalla de Mühlberg—, la civilización renacentista, en suma, estaba agotada. La visión del mundo de los principales escritores y ensayistas de las últimas décadas del siglo XVI y primeros años del XVII —Jean Bodin, Michel de Montaigne, Francis Bacon, William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Justus Lipsius—, cuya obra sería inexplicable sin el Renacimiento y el diálogo con los clásicos, era ya una mirada impregnada de escepticismo, pesimismo e incertidumbre.

Los «temas» de Montaigne, Cervantes o Shakespeare no eran ya renacentistas, o no eran característicamente renacentistas. El de Michel de Montaigne (1533-1592) —miembro de una familia acomodada y noble de la alta burocracia del Estado, y él mismo magistrado, miembro del Parlamento de Burdeos y alcalde de esta ciudad— fue la vida, el conocimiento del individuo a través de la propia existencia, la reflexión moral sobre la propia vida. Sus Ensayos, el género que él creó, un total de tres volúmenes publicados en Burdeos en 1580 y 1588, trataban de todo: de la tristeza, de la ociosidad, de la mentira, del miedo y la cobardía, de cómo aprender a morir, de la educación de los hijos, del sueño, de la edad, de los libros y la gloria, de la vanidad y la experiencia. Eran una teoría de la vida (qué es ser un ser humano; por qué actuamos como lo hacemos), una visión escéptica, pero serena, de la condición humana en la que el hombre debería contentarse con disfrutar del mundo sin agobiarse, con vivir únicamente una vida pasable que no le pese a él ni a los demás (como decía Montaigne en «De la vanidad», en el tomo III de sus Ensayos): «Nada hay tan hermoso y legítimo —escribía casi al final de su obra— como actuar bien y debidamente como hombre, ni ciencia tan ardua como saber vivir esta vida bien y naturalmente».

El escepticismo y el relativismo de Montaigne tuvieron mucho de respuesta a una experiencia —la suya— marcada por las divisiones y las «guerras civiles» de su país, Francia. Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) miró también el mundo desde un país, la monarquía hispánica, en crisis. Lo estaba, desde luego, cuando publicó la primera parte del Quijote, esto es, en 1605. Felipe II dejó al morir (1598) un país con la Hacienda en bancarrota y en pleno naufragio de su política de guerra total en todos los frentes, como mostraron el desastre de la Armada Invencible (1588) y el posterior saqueo de Cádiz en 1596 por una fuerza expedicionaria inglesa. Felipe II cedió en 1598 la gobernación de Flandes a su hija Isabel Clara Eugenia y firmó con Francia la Paz de Vervins. Su hijo, Felipe III, firmó con Inglaterra la Paz de Londres (1604) y con Holanda, la tregua de los Doce Años (1609-1621). La crisis de fines del siglo XVI y primeros años del XVII —derrotas militares, bancarrota, hambre, carestía, despoblamiento de Castilla— fue evidente. La denunciaron los «arbitristas» —Martín González de Cellorigo, Sancho de Moncada, Miguel Caxa de Leruela, Francisco Martínez de Mata y otros—, escritores que a principios del siglo XVII se ocuparon de los «males» económicos de España: el endeudamiento, los impuestos, los precios, la propiedad agrícola… Y pudo quedar reflejada en el desencanto que alienta en el Quijote y en otras obras del XVII español (La España defendida, 1609, de Quevedo; La vida es sueño, 1635, de Calderón; El criticón, 1651-1657, de Baltasar Gracián, etcétera).

Así, aunque leído en su tiempo como un libro burlesco, el Quijote no pudo dejar de transmitir a sus lectores sentimientos de melancolía y tristeza por el fracaso de su héroe, y de convencerlos de que las ideas caballerescas, o al menos las ideas expresadas en los libros de caballería del siglo XVI, no cabían ya en la España de principios del XVII. La novela de Cervantes era, como los Ensayos de Montaigne, una filosofía, una moral. En efecto, Cervantes plasmó en el Quijote una visión irónica, desengañada (si bien comprensiva y desde luego ni trágica ni angustiada) de la vida y del hombre: la vida como naufragio, como decepción, de acuerdo sin duda con su experiencia vital (la del autor), hecha de humillaciones y fracasos.

El mundo, por tanto, que podrían reflejar las obras de Montaigne y Cervantes era un mundo marcado por la incertidumbre y la desilusión, que el hombre contemplaba con escepticismo y melancolía. El teatro de William Shakespeare (1564-1616), un teatro para un país, la Inglaterra de Isabel I, que parecía vivir, tras los trágicos reinados de Enrique VIII y María I, una primera etapa de plenitud —en claro contraste, pues, con la conciencia de crisis que se extendía por Francia y España—, era un catálogo de las pasiones humanas (por más que Shakespeare, hombre de origen relativamente modesto y poco distinguido, no fuera ni pretendiera ser un pensador ni un filósofo: era un autor y empresario teatral que buscó el éxito comercial a través de comedias, tragedias y dramas históricos que respondiesen al gusto, las creencias y los principios del público).

Como muy bien entendió el romanticismo inglés (en los ensayos de William Hazlitt y Samuel Taylor Coleridge, en los poemas de John Keats, Percy Bysshe Shelley y lord Byron), el teatro de Shakespeare era un mundo complejo y extraordinario de personajes, temas e historias universales que plasmaba y diseccionaba la psicología y la conciencia del hombre en toda su amplitud y profundidad. Teatro histórico: Enrique VI, Ricardo II, Ricardo III, Enrique V; comedias: El sueño de una noche de verano, Las alegres comadres de Windsor; tragedias: Julio César, Hamlet, Otelo, El rey Lear, Macbeth… Coriolano.

Los temas de las grandes tragedias de Shakespeare —las ya citadas Julio César, Hamlet, Otelo, El rey Lear, Macbeth, Coriolano, escritas probablemente entre 1598 y 1610— eran sobre todo temas morales: el mal, la culpa, la ambición, el crimen, el poder —la ambigüedad moral del poder—, la venganza, el castigo. «Estamos hechos —decía Próspero en La tempestad, un drama escrito hacia 1611 y en el que la crítica vería cierta influencia del escepticismo de Montaigne— de la materia de los sueños, y nuestra vida se cierra con un sueño»; «la vida —decía Macbeth en el Acto V, escena 5 de la obra de ese título— no es más que una sombra pasa […]; un cuento narrado por un idiota, lleno de ruido y furia y que nada significa».

Lo que luego se llamaría Renacimiento estaba pues —a fines del siglo XVI y principios del XVII— agotado. El dramatismo, la intensidad y la energía anticlasicistas de la pintura de Tintoretto (Jacopo Comin) y El Greco, o de las últimas y sobrecogedoras obras de Tiziano —La desollación de Marsias, La Piedad— acertaron a reflejarlo.

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El Barroco

En la visión del historiador suizo Heinrich Wölfflin (1864-1945), que en su obra Renacimiento y Barroco (1888) fijó el concepto de «barroco», el paso del Renacimiento al Barroco tuvo una importancia histórica decisiva: el Barroco supuso, desde su perspectiva, la transformación «completa» y «radical» del Renacimiento, algo, por tanto, enseguida esencialmente nuevo, que expresaría el sentimiento vital de un tiempo también nuevo. «Barroco» —un término en origen peyorativo, usado por ilustrados del siglo XVIII (Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot) como sinónimo de confuso, caprichoso y extravagante— iba a hacer, así, referencia a una época, el siglo XVII y primeras décadas del XVIII, o a un estilo artístico prevaleciente en dicha época y caracterizado (en pintura, arquitectura, música e incluso en la literatura) por la magnificencia, el esplendor y la ornamentación exuberante y fantástica.

Como periodo temporal, el Barroco fue, sin duda, una época de guerras y crisis nacionales (políticas, económicas, demográficas), pero no un tiempo, como mucho después se argumentaría, de «crisis general». El siglo XVII vio, por ejemplo, la expansión de nuevos imperios coloniales europeos. Inglaterra estableció en 1607 su primera colonia en América del Norte, Jamestown. Los «padres peregrinos» —en realidad, disidentes puritanos— llegaron a Massachussets, en el Mayflower, en 1620. William Penn fundó Filadelfia y la colonia cuáquera de Pensilvania en 1683. Varias islas del Caribe —Bermudas, Antigua, Barbados, Jamaica (1655), St. Kitts— quedaron a lo largo del siglo bajo jurisdicción de la Corona británica; la Compañía de las Indias Orientales estableció ya sus primeros enclaves (Bombay, Calcuta) en la India. En 1603, Samuel de Champlain había tomado posesión en nombre de Francia de Terranova, Nueva Escocia y Nueva Francia, origen del futuro Canadá francés (Montreal fue fundada en 1643), base desde la que Louis Joliet y Jacques Marquette penetrarían por el Misisipi (1673), territorio que René-Robert Cavalier de La Salle anexionó en 1682. Francia se hizo, al tiempo, con un pequeño imperio en las Antillas (Guadalupe, Dominica, Martinica y, en 1697, Haití) y con emplazamientos en Senegal y en el Índico (Madagascar, Reunión). A su vez, los holandeses se establecieron, a través de sus compañías de las Indias Orientales (1602) y de las Indias occidentales (1621), en el Caribe (Guayana, Tobago, Curaçao), América del Norte (Nueva Ámsterdam, 1623), África (colonia de El Cabo, 1652), el Índico (Mauricio, Ceilán), la India y el Pacífico (Malaca, Sumatra, Java, Borneo, Célebes, Molucas): Holanda era a fines del siglo XVII la primera potencia comercial del mundo.

En la misma Europa, más que crisis general, lo que hubo fue un cambio de poder (y si se quiere, de sistema internacional): la devastadora guerra de los Treinta Años (1618-1648), una serie de guerras que implicaron a la práctica totalidad del continente, supuso por un lado el comienzo de la decadencia española y la emergencia de Francia como primera potencia continental y, por otro, el fin de la pretensión de los Habsburgo de fundamentar el orden internacional sobre criterios dinásticos y religiosos, y la consolidación, en su lugar, de la Europa de los estados —sancionada por el Tratado de Westfalia del 24 de octubre de 1648—, estados en los que el poder y la administración, a cuyo frente aparecían ahora los reyes y sus «validos» o «privados» (duque de Lerma, conde-duque de Olivares, cardenal Richelieu, cardenal Mazarino, duque de Buckingham, Axel Oxenstierna…), habían quedado definitivamente centralizados en la corte.

Como espacio artístico —que es lo que ahora nos interesa (y lo que interesó a Wölfflin)—, el Barroco aparecería, en cualquier caso, asociado a la Roma de Francesco Borromini y Gian Lorenzo Bernini, a la pintura de Pieter Paul Rubens, a la grandiosidad del Versalles de Luis XIV, y al gusto del siglo XVII por el teatro (el teatro sacramental de Calderón, el teatro lírico de Claudio Monteverdi) y al exceso ornamental (muebles, fuentes, jardines, tapices, etcétera). El Éxtasis de Santa Teresa (1645-1652, en la capilla Cornaro de la iglesia de Santa María de la Victoria en Roma) de Bernini sería en esa interpretación la pieza más brillante y representativa del Barroco: la representación —intensa, turbadora, sensual, dramática— de la santa, arrebatada y transportada en cuerpo y alma por el amor divino.

Al margen de las insuficiencias que las mencionadas tesis de Wölfflin pudieran haber tenido, y que dieron lugar, como era lógico, a múltiples y muy diversos replanteamientos de la cuestión y temas del Barroco, el problema último iba a ser que, como otros conceptos históricos —Renacimiento, por ejemplo—, «Barroco» nacía como un término cuando menos complejo. El Barroco fue, tal vez, el primer estilo artístico verdaderamente «mundial», o lo fue mucho más que estilos precedentes, como revelaron, por ejemplo, el éxito de la arquitectura barroca en la América española y portuguesa, o el gusto del Barroco por porcelanas y lacas chinas y japonesas. Pero el estilo no prosperó, o lo hizo solo excepcionalmente, en países como Gran Bretaña, Holanda y los estados escandinavos (es decir, en los países protestantes). Los desfases cronológicos del Barroco fueron también evidentes. En Italia (Roma, Nápoles, Venecia, Turín…), fue un hecho del siglo XVII. El esplendoroso Barroco austriaco y bávaro (Salzburgo, iglesia de San Carlos de Viena, iglesias de Neresheim y Vierzehnheiligen), el Barroco portugués y brasileño y en general, el también excepcional Barroco americano tuvieron, en cambio, su gran momento en el siglo XVIII. La arquitectura española del XVII (Plaza Mayor y ayuntamiento de Madrid, convento de la Encarnación, palacio del Buen Retiro, Cárcel de Corte, todo ello también en Madrid) estuvo dominada durante mucho tiempo por el estilo severo y sobrio de El Escorial; pleno Barroco (Universidad de Valladolid, Plaza Mayor de Salamanca, Transparente de la catedral de Toledo, Hospicio de Madrid, fachada del Obradoiro de Santiago, Barroco andaluz, casa del marqués de Dos Aguas de Valencia) lo hubo en España en la primera mitad del siglo XVIII.

El Barroco tuvo, sin duda, rasgos comunes —colosalismo, movimiento, ruptura de planos, suntuosidad decorativa, efectismo dramático—, pero las variables estilísticas «nacionales» fueron palmarias. El clasicismo francés del siglo XVII —Versalles, la Plaza Vendôme de París, el teatro de Pierre Corneille y Jean Racine, la pintura de Nicolas Poussin, los magníficos palacios, palacetes y jardines de la aristocracia francesa, la estatuaria clásica de Pierre Pouget— y la intensa religiosidad de la pintura y la escultura españolas de ese mismo siglo —las «Inmaculadas» de Murillo, el intenso patetismo de la escultura religiosa de la Semana Santa— respondían a planteamientos estilísticos y morales, a mundos, radicalmente distintos. Aun siendo casi coetáneos, Caravaggio, Bernini, Rubens, Velázquez, Poussin y Rembrandt crearon universos artísticos —obra, estilo, temas— acusadamente propios y visiblemente diferentes entre sí. Llamar «barroca» a la música ascética y contenida de Johann Sebastian Bach, un protestante, parece una incongruencia. En pleno Barroco, en 1637, René Descartes publicó un libro, el Discurso del método, que anticipaba la aurora de la razón.

La grandeza, rebuscada complejidad y opulencia del estilo barroco convinieron a la perfección, con todo, a una época —1600/1620 a 1730/1750— que vio (siempre con excepciones: por ejemplo, Inglaterra) el triunfo de la monarquía absoluta y la afirmación plena, tras Trento, de la Iglesia católica. El clasicismo de Versalles (1661-1710) —palacio, jardines, apartamentos, salas, galería de espejos, interiores, fuentes, balaustradas, decorados…—, centro del Estado francés y de la corte y residencia del rey Luis XIV, un rey divinizado, fue la gran manifestación europea de lo primero: del triunfo de la monarquía absoluta. La Roma barroca del siglo XVII —como ya hemos visto— fue la afirmación de la Contrarreforma triunfante.

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La guerra de los Treinta Años (1618-1648)

La guerra de los Treinta Años fue la mayor tragedia vivida por Europa hasta entonces. Comenzó como un conflicto interno de la monarquía austriaca, degeneró en guerra general europea y derivó hacia una lucha por la hegemonía entre Francia y España.

La guerra, una sucesión de guerras, fue el resultado último de las numerosas tensiones y conflictos (religiosos, territoriales, dinásticos, de soberanía) que habían venido produciéndose desde décadas anteriores en el interior de la monarquía austriaca y del Sacro Imperio Romano Germánico, y de la incompatibilidad entre las concepciones sobre el orden internacional entre los grandes estados europeos, y más concretamente entre: 1) la ambición de las dos ramas austriaca y española de la Casa de Austria de fundamentar el orden internacional sobre criterios de hegemonía dinásticos y religiosos; 2) la tradicional política francesa, retomada decididamente por el cardenal Richelieu, el poderoso ministro principal de Luis XIII entre 1624 y 1642, de impedir el cercamiento de Francia por los Habsburgo y garantizar su seguridad con fronteras fuertes en el norte, en el Rin, en la región helvética-italiana y en los Pirineos.

Preparada por conflictos anteriores —la crisis de la ciudad alemana de Donauwörth, 1606-1609; la sucesión del Estado de Jülich-Cleves, 1609-1614; la creación de la Unión Evangélica y la Liga Católica en Alemania, 1608-1609—, la guerra estalló en 1618 por la rebelión de la Bohemia protestante contra la política absolutista y católica de la monarquía austriaca. La primera fase de la guerra, el periodo bohemio-palatino (1618-1623) terminó pronto y favorablemente, además, para el emperador austriaco (Fernando II) y sus aliados Baviera, la Liga Católica alemana y España —que envió tropas a Viena y ocupó el Palatinado renano, y que en 1621, tras la tregua de los Doce Años, reabrió la guerra de Flandes contra Holanda. Las tropas imperiales, mandadas por el conde de Tilly, derrotaron a los bohemios en la batalla de la Montaña Blanca (1620), en Praga, y a los estados de la Unión Evangélica protestante alemana en Wimpfen y Stadtlohn (1622-1623), ocupando Westfalia y la Baja Sajonia: Bohemia sufrió una durísima represión y fue germanizada y recatolizada por la fuerza.

La entrada de Dinamarca en la guerra en 1624 en apoyo de los príncipes protestantes alemanes, entrada propiciada por Holanda, equilibró la contienda, cuyo epicentro se trasladó ahora al centro y norte de Alemania. Las contraofensivas de los ejércitos imperiales, con Albrecht von Wallenstein, el magnate checo, como comandante en jefe, derrotaron en 1629 a los daneses —derrota que eliminó para siempre a Dinamarca como posible potencia europea— y permitieron al emperador (Fernando II) ocupar Pomerania y Mecklemburgo y distintos puertos en el Báltico. La intervención de Suecia en ese momento —con el mismo propósito de la anterior intervención de Dinamarca: contener a Austria y sus aliados—, intervención que contó con el apoyo tácito de Francia, dio un nuevo giro a la guerra. Tras victorias espectaculares a lo largo y ancho de Alemania, posibilitadas por sus innovaciones tácticas —guerra de gran movilidad y gran potencia de fuego merced al uso de mosquetones ligeros y culebrinas—, Suecia pareció decidir la guerra a su favor, no obstante algunos éxitos parciales de las tropas imperiales. Tras la victoria de Gustavo Adolfo, el rey sueco, un hombre de extraordinario genio militar, sobre Tilly en Breitenfeld (del 7 al 17 de septiembre de 1631), Suecia amenazó todo el sur de Alemania, Bohemia y el propio Imperio austriaco.

La reorganización de los ejércitos imperiales —Fernando II hubo de recurrir de nuevo a Wallenstein al que había cesado en 1630— y la ampliación por el emperador del arco de sus alianzas militares precipitaron, sin embargo, un nuevo vuelco en la situación: la muerte de Gustavo Adolfo el 16 de noviembre de 1632 en la batalla de Lützen, ante las tropas de Wallenstein, fue un considerable revés para los ejércitos suecos (cuya presencia militar, no obstante, bajo el mando de militares como Banér y Torstenson, iba a continuar prácticamente hasta el final de la guerra). Los españoles, cuyo verdadero objetivo eran los Países Bajos y el «camino español» que llevaba desde Génova y Milán a Flandes (por Monferrato, la Valtelina, el Palatinado bajo, el Franco Condado y Alsacia-Lorena) y que entre 1625 y 1633 habían tenido, por igual, triunfos brillantes (Jülich, Breda, Brisach, Rheinfelden) y derrotas importantes (captura por la flota holandesa en 1628 en Matanzas, Cuba, de la totalidad de la flota de Indias; toma de Monferrato y Piñerol, claves del «camino», por Francia en 1631), los españoles lograron en 1633 derrotar a los suecos y tomar Brisach, sobre el Rin, posición privilegiada entre el Franco Condado, Suiza, el Palatinado bajo y Alsacia, victoria que, reforzada por otras, despejó la ruta renana del «camino español». Enseguida, el 6 y 7 de septiembre de 1634, tropas imperiales mandadas por Matthias Gallas y el futuro Fernando III y tropas españolas del cardenal-infante Fernando de Austria, hermano de Felipe IV, lograron en Nördlingen, Baviera, una victoria de valor incalculable sobre los ejércitos germano-suecos de Bernardo de Sajonia-Weimar y Gustaf Horn, que les dio una plataforma excelente para dominar Alemania y amenazar Holanda por el este y el norte.

Precisamente, la amenaza de un triunfo de Austria en Alemania y de España en los Países Bajos fue lo que decidió la entrada de Francia en la guerra, que derivó, por tanto, a partir de entonces, 1634-1635, en una nueva guerra, o en una nueva fase de la guerra total, en una guerra franco-española por la hegemonía en Europa (aunque la guerra continuó en los otros frentes: norte de Italia, Alemania, Bohemia, Silesia, Moravia, Hungría, con resultados muy diversos y en cualquier caso, nunca conclusivos).

La nueva guerra fue, también, agotadora y decisiva. Francia, cuyos ejércitos sumaban unos 120 000 efectivos, atacó las posiciones españolas en Milán, la Valtelina y en las propias fronteras españolas (Guipúzcoa, Cataluña), penetró por Alsacia y el Rin para cortar el «camino español» y avanzó sobre Holanda por el norte (por el Artois y las Ardenas). Algunas de las acciones francesas —en Italia, en Alsacia, en Guipúzcoa (sitio de Fuenterrabía, 7 de septiembre de 1638)— fracasaron. Los ejércitos españoles —de una España gobernada por el conde-duque de Olivares entre 1621 y 1643— lanzaron (agosto de 1636) una gran contraofensiva desde Bélgica que penetró por Picardía y amenazó París, pero contenida en la localidad de Corbie tras un extraordinario esfuerzo francés. Pero la intervención francesa terminó por decidir la contienda. El 19 de septiembre de 1638, los franceses tomaron Brisach. Sus aliados, los holandeses, habían recobrado la iniciativa en Flandes y recuperado posiciones muy importantes (Maastricht, 1632; Breda, 1637). En octubre de 1639, su flota, mandada por Maarten Harpertszoon Tromp, deshizo literalmente en el canal de la Mancha, en los Downs, a la flota española del mar del Norte al mando de Antonio de Oquendo, y logró para Holanda la superioridad naval.

El 9 de agosto de 1640, Francia tomó Arras, primero de los descalabros que las tropas españolas iban a sufrir en las Ardenas. El 19 de mayo de 1643, el ejército francés del duque de Enghien (Luis de Borbón, el futuro príncipe de Condé) derrotó en Rocroi al ejército español, causándole en torno a 7300 bajas y destruyendo la leyenda de la invencibilidad de los tercios españoles. El 20 de agosto de 1648, Condé derrotó de nuevo a los españoles en Lens causándoles cerca de 4000 muertos. La guerra había provocado, además, la mayor crisis que la monarquía española había sufrido desde Carlos V: la rebelión y separación de Cataluña (1640), satelizada por Francia hasta 1652, y la sublevación de Portugal (1640-1659).

Lens precipitó los pasos hacia la paz en los frentes occidentales. En los otros frentes (Sajonia, Bohemia, Alemania meridional), la guerra, siempre indecisa, con vaivenes militares continuos y jalonada por armisticios y treguas temporales, pero devastadora sobre todo para los territorios y la población alemanes, fue agotándose. Los ejércitos franco-suecos habían penetrado en los territorios imperiales desde Alsacia, el Palatinado, Suabia y Baviera por un lado, y desde el norte (Mecklemburgo, Brandeburgo, Sajonia, Bohemia) por otro, logrando victorias (Wittstock, 1636; Breitenfeld, 1642; Allerheim y Jaukan, 1645) que en ocasiones les permitieron amenazar directamente Praga y Viena. Éxitos parciales de las tropas imperiales y bávaras (Tuttlingen, 1643; Mergentheim, 1645) pudieron, con todo, salvar la decisión final, hasta que una gran operación envolvente franco-sueca en Baviera (Züsmarhausen), ya en mayo de 1648, llevó a las partes a negociar.

Las negociaciones de paz —que habían empezado de hecho mucho antes: tentativamente, en 1638, y más formalmente, en 1645, en Münster— culminaron en el Tratado de Westfalia (24 de octubre de 1648), suscrito por todos los estados europeos salvo Inglaterra, Polonia, Rusia y el Imperio otomano, no implicados en el conflicto. Westfalia fue muy favorable a Francia, Suecia y Brandeburgo (la futura Prusia), que ampliaron considerablemente sus territorios, fronteras y plazas fuertes. Puso fin a la hegemonía de los Habsburgo y, más concretamente, a la hegemonía española (aunque Francia y España continuarían en guerra hasta 1659). España perdió los Países Bajos y las importantes plazas estratégicas de Brisach y Piñerol. El Sacro Imperio Romano Germánico se fraccionó en una confederación de estados alemanes soberanos. Austria, que retuvo el título imperial, y Suiza quedaron a todos los efectos fuera de la política alemana.

Westfalia sancionó un cambio más profundo. Puso fin a la pretensión de los Habsburgo españoles y austriacos, y de la Roma de la Contrarreforma, de fundamentar el orden internacional en criterios religiosos y dinásticos. La religión dejó de ser factor principal en el orden internacional. En su bula Zelo Domus Dei, publicada el 3 de enero de 1651, el papa Inocencio X condenó el tratado porque aceptaba la realidad del protestantismo en muchos estados europeos. Lo consideró «nulo, vacío, inválido, inicuo, injusto, condenable, reprobable, inane y carente de significado en todo tiempo».

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La Francia de Richelieu

La Francia desvertebrada de las guerras de religión (1562-1598) era, hacia 1680, ya bajo Luis XIV, la primera potencia europea. El cambio fue ante todo la obra de un hombre, el cardenal Richelieu (Armand Jean du Plessis de Richelieu, 1585-1642), obispo de Luçon en 1607, cardenal en 1622, ministro principal, además de duque y par del reino, de Luis XIII entre 1624 y 1642. Las claves del éxito fueron básicamente tres: el reforzamiento del poder del Estado, la unidad del reino y la victoria en la guerra de los Treinta Años (1618-1648). Richelieu tuvo una concepción extraordinariamente dinámica del poder y de la acción gubernamental: el crimen supremo del hombre de Estado era, para él, la debilidad en el poder, la inacción desde el gobierno.

Alto, delgado, pálido, elegante —con un rostro de facciones afiladas y una mirada fría y penetrante—, altivo, solitario, Richelieu fascinó (e intimidó) a sus contemporáneos. Su figura fue siempre polémica. En vida fue admirado y detestado. Su legado fue controvertido. Voltaire, que no dejó de admirar la reafirmación internacional de Francia bajo Richelieu, se refirió a él como el «tirano rojo» —por el color de su aparatosa vestimenta cardenalicia— y lo acusó de arruinar la economía del país. Montesquieu escribió que era un «ciudadano perverso». Para Alfred de Vigny, el escritor romántico, los males de Francia se derivaban de la ofensiva de Richelieu contra el poder de la alta nobleza. En Los tres mosqueteros (1844) de Alejandro Dumas, Richelieu aparecía como un personaje cínico, descreído, ambicioso y cruel. Con todo, en el imaginario francés terminó por imponerse, en palabras del historiador Yves-Marie Bercé, el «mito Richelieu»: el cardenal-ministro aupado desde sus oscuros orígenes por el solo mérito de su formidable talento político, una figura providencial guiada únicamente por la idea de servicio a la razón de Estado y la gloria de Francia.

La verdad histórica es, sin embargo, siempre más interesante que el mito. Richelieu no era de origen oscuro, sino miembro de una familia noble de la región de Poitou, tuvo una excelente educación, se le reservó el obispado de Luçon en su región natal, participó en los Estados-Generales de 1614-1615 y, apoyado por la reina madre y regente (1610-1614) María de Médici y su «favorito» Concino Concini, fue ya miembro del gobierno en 1616. Desarrolló de inmediato un excepcional sentido para la política cortesana. Primero, sobrevivió a las conspiraciones y guerras civiles (1614-1622) que quebrantaron los primeros años del reinado de Luis XIII (1610-1643), provocados o por la política católica y proespañola impulsada, tras el asesinato de Enrique IV en 1610, por su viuda y regente María de Médici, o por el no resuelto problema de los hugonotes. Supo apartarse a tiempo de la regente y, ya cardenal —Richelieu era un hombre devoto: al tiempo, hombre de Iglesia y de poder—, maniobró para reaparecer en la corte en los círculos de Luis XIII del que, como quedó dicho, fue ministro principal entre 1624 y 1642.

La doble experiencia de las guerras de religión de 1562-1598, que marcaron su infancia, y de las luchas políticas durante la minoría de Luis XIII —que no fueron cosa menor: Concini fue asesinado en 1617; los hugonotes se levantaron en armas, bajo el mando del duque de Rohan, en 1621—, fue decisiva en la visión política de Richelieu. El cardenal vio en todo ello la ruptura de la unidad de Francia, la quiebra del principio de autoridad fundamento de toda posibilidad de acción política y del funcionamiento del gobierno. Toda la política de Richelieu —que tuvo siempre muy presente la obra de reconstrucción del país llevada a cabo entre 1598 y 1610 por Enrique IV y su ministro, el duque de Sully— respondió, así, a varias ideas clave: restauración del poder real y del poder del Estado, visión unitaria de Francia, monarquía como régimen de paz y estabilidad, pragmatismo y eficacia.

Al frente de Francia, Richelieu tuvo que hacer frente al problema hugonote, falsamente cerrado por el Edicto de Nantes de 1598, y a la oposición de los «príncipes de la sangre» (los Condé, Vendôme, Orleans…), de la alta nobleza y de los «parlamentos» provinciales (tribunales de justicia, con competencias administrativas). Richelieu, cuyos objetivos eran la centralización del poder, la absorción de la alta nobleza en el aparato del Estado, la eliminación de gobiernos territoriales y provinciales que escapaban al poder real y la reforma de la Hacienda, eliminando los privilegios fiscales de ciertos territorios y provincias, fue implacable con la oposición. Deshizo la organización de los hugonotes y retomó las plazas fuertes —un inadmisible «Estado dentro del Estado»— que controlaban en el Poitou, Guyena y el Languedoc, rindiendo en octubre de 1628 la resistencia de su bastión La Rochelle (que había recibido el apoyo militar de una expedición inglesa mandada por el duque de Buckingham), y solo les permitió mantener sus privilegios religiosos. Desmanteló y aplastó las varias conspiraciones —golpes de Estado— urdidas contra su poder: la conspiración de 1626 del conde de Chalais, apoyado por los «príncipes de la sangre» y la propia reina Ana de Austria; la «jornada de los engaños» de noviembre de 1630 —la journée des dupes— preparada por María de Médici y miembros del propio gobierno de Richelieu, como Michel de Marillac; la rebelión del gobernador del Languedoc (1632), el duque de Montmorency; la intentona del conde de Soissons (1641) apoyada por España; la conspiración (1642) del nuevo favorito del rey, el marqués de Cinq-Mars. Chalais, Marillac, Montmorency y Cinq-Mars fueron ejecutados.

La política exterior de Richelieu no tuvo más objetivo que la grandeza de Francia y la defensa de sus intereses. Sus grandes aciertos estratégicos fueron entender la vulnerabilidad de España y calibrar oportunamente el momento para intervenir en la guerra de los Treinta Años. La guerra de sucesión de Mantua (1627-1631), librada entre España y Francia en apoyo de sus respectivos candidatos, fue un éxito para Richelieu: el ducado, fronterizo con Saboya, Piamonte y Génova, pasó a la órbita de Francia, que se hizo con la gran fortaleza de Pinerolo (Piñerol), cerca de Turín y llave del Po y de Génova.

La entrada de Francia en la guerra de los Treinta Años (19 de mayo de 1635), cuando, tras la victoria de Nördlingen en Baviera (5-6 de septiembre de 1634) la guerra pudo inclinarse decisivamente a favor de España y Austria, fue un golpe maestro de la estrategia francesa. La guerra derivó, desde 1635, en una guerra franco-española por la hegemonía europea. Aunque sus comienzos fueran inciertos e incluso con episodios favorables a las armas españolas (ofensiva por Picardía contra París, 1636), la balanza militar se inclinó definitivamente del lado de Francia. Los franceses lograron victorias espectaculares contra los españoles en las Ardenas y el Artois (Hesdin, 1639; Arras, 1640; Rocroi, 1643; Lens, 1648), en Alsacia (Brisach, 1638), en el Rosellón, etcétera. La guerra, por resumir, decidió el declive de España y la hegemonía de Francia en Europa. Como sancionó el Tratado de Westfalia (de 1648; Richelieu había muerto en diciembre de 1642), Francia recuperó Alsacia, numerosas plazas fuertes en Lorena y el Rin, y retuvo Pinerolo en Piamonte. En la Paz de los Pirineos de 1659 —España y Francia siguieron combatiendo hasta entonces—, obtuvo de España el Rosellón, la Cerdaña, el Artois y plazas fuertes y enclaves de gran valor en Flandes, Hainaut y Luxemburgo (si bien Francia renunció a Cataluña a la que había satelizado durante la guerra, entre 1640 y 1652).

Richelieu, en suma, hizo de Francia (20 millones de habitantes en 1600; 21,5 millones en 1700) la primera potencia europea. No todo fue la historia de un éxito. El coste económico de las guerras —financiadas a través de una agobiante carga fiscal sobre el país— fue enorme. Richelieu tuvo que hacer frente a varias revueltas populares (croquants, 1637; pies desnudos, 1639). Los problemas de los «príncipes de la sangre» y de los hugonotes reaparecerían a su muerte, durante la minoría de edad de Luis XIV. Pero, con todo, Richelieu hizo de Francia una nación. Tuvo, al menos, una verdadera visión de Francia como tal. Su caso mostraba, como los de Lerma y Olivares en España, o como en la propia Francia los casos de Luynes y enseguida Mazarino, que el Estado del siglo XVII era ya un sistema político nuevo. Los validos, privados o ministros-principales fueron la respuesta a la creciente complejidad y crecimiento de la administración y del gobierno. Con Richelieu en Francia, más aún que con Olivares en España, el poder y la administración quedaron definitivamente centralizados en la Corte.

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El pensamiento moderno

En un trabajo que dejó inédito, pero que conservó tanto en su manuscrito original como en copia mecanografiada y que fechó a 4 de junio de 1935, el filósofo español Ortega y Gasset escribió que, en torno a 1600 «o algo después», el hombre salió de la duda renacentista y se instaló en la «creencia moderna»: «El hombre moderno —escribía Ortega— sustituye a la fe en Dios, la fe en la razón». Y añadía: «Releed el Discurso del método que es el programa de la nueva fe».

De la fe en Dios, a la fe en la razón: el cambio iba ser, en verdad, formidable. La vida moderna iba a descansar en adelante, según Ortega, en la «creencia moderna», esto es, en la razón, y lo iba a hacer nada menos que hasta el mismo siglo XX, «hasta hace muy pocos años», precisaba (y escribía, recuerdo, en 1935). El Discurso del método, el libro al que aludía Ortega y la clave del arco de la razón moderna, se publicó en Leyden (Holanda) en 1637; su autor, René Descartes (1596-1650), tenía en ese momento cuarenta y un años. Era un libro breve, en realidad, el prólogo a otros tres libros que Descartes publicó aquel mismo año: Dióptrica, Meteoros y Geometría, pero que por su brevedad, estilo y forma (estaba escrito en francés, no en latín y en una prosa asombrosamente sencilla) contenía una nueva actitud filosófica, una nueva manera de meditación sobre la realidad: el Discurso, que era un examen de conciencia, la autobiografía intelectual de su autor, constituía, en efecto, la justificación de una filosofía nueva.

Inauguraba, sin duda, el pensamiento moderno. Descartes quería buscar la verdad —que para él era la verdad de la ciencia— a través de la razón. El método no era, en principio, otra cosa que las reglas básicas para todo análisis: «No admitir como verdadera cosa alguna que no se sepa con evidencia que lo es»; «dividir cada dificultad en cuantas partes sea posible y en cuantas requiera su mejor solución»; «conducir ordenadamente los pensamientos»; «hacer en todo unos recuentos y unas revisiones tan generales que se llegue a estar seguro de no omitir nada».

Pero el texto, obviamente, era más que método. Primero, Descartes hacía de la evidencia (no de la tradición o de la religión o del conocimiento recibido) el único criterio admisible de verdad. Segundo, la exigencia cartesiana de evidencia y claridad partía, como principio esencial, de la «duda metódica»: el yo cartesiano era, así, un hombre que no podía ni debía creer, sino que para llegar a la certidumbre tenía necesariamente que dudar. Por último, Descartes solo encontraba un principio irreductible de certeza: que el yo que pensaba era algo, por lo que sorprendía así una verdad fuerte y segura que formuló de manera inapelable —«pienso, luego existo»— y que aceptó como primer principio (así lo decía en el Discurso) de la filosofía que estaba buscando.

La «nueva fe», el pensamiento moderno, tenía así, en Descartes, dos pilares: el hombre moderno solo podía creer en su propia existencia (no tenía otra cosa que su propia existencia: existe porque piensa); la verdad, la evidencia —de Dios, del mundo, de la naturaleza, del pasado, del alma humana y sus pasiones— solo podría ser aprehendida a través de la razón, cuyo fundamento no podía ser otra cosa para Descartes que la ciencia, la geometría, la física y la matemática, disciplinas a las que hizo aportaciones interesantes y a veces sustantivas. Descartes fue, en pocas palabras, la aurora de la razón científica.

Descartes, además, no estaba solo. Sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII, filósofos, médicos, científicos, ensayistas —Thomas Hobbes, Nicolas Malebranche, John Locke, Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz, etcétera—, fueron apropiándose, frente a la teología, de los debates en torno al pensamiento, como si tras la Reforma, las guerras francesas de religión y la guerra de los Treinta Años, al hombre no le bastase ya la fe para «salvarse», o por lo menos para «entenderse» a sí mismo. La Iglesia podía obligar a Galileo a retractarse, cosa que hizo en 1633 tras publicar el año anterior su Diálogo sobre los principales sistemas del mundo, y parte de la ciencia podía resistirse a aceptar las teorías heliocéntricas de Copérnico, Galileo y Kepler. Pero los mismos descubrimientos de estos —especialmente el de Galileo de los satélites de Júpiter y de las fases de Venus— llevaban a pensar nada menos que en la posible infinitud del universo, y que, en cualquier caso, este solo podía ser conocido a través de la observación y la experimentación.

Su misma condición se le hacía al hombre del siglo XVII una realidad cada vez más compleja. El descubrimiento por William Harvey de la circulación de la sangre —que anunció en su trabajo Sobre el movimiento del corazón, de 1628— produjo, literalmente, asombro. En 1638, un miembro de la Universidad de Oxford, bibliotecario de uno de los «colleges» de la Universidad, Robert Burton (1577-1640), publicó Anatomía de la melancolía —uno de los libros más sorprendentes, por múltiples razones, jamás escritos—, un extensísimo tratado sobre una enfermedad, la depresión (Burton la llamaba «melancolía», «tristeza», «angustia», «abatimiento», «dolor», «perturbación de la mente» y de muchas otras maneras), que parecía haberse extendido y avanzado considerablemente en la época. Burton tomaba la melancolía —que definía como un estado transitorio o como un mal permanente, y cuyas variedades, causas, síntomas y posibles curas analizaba con erudición prodigiosa apelando a todas las ciencias entonces conocidas, de la fisiología y la anatomía a la meteorología y la astrología— como pretexto para lo que en el fondo le interesaba: el estudio de las emociones humanas, el conocimiento de la mente, de los miedos y las angustias de los hombres, conocimiento que a Burton, y a muchos de sus lectores, pues Anatomía tuvo cinco ediciones en vida de su autor, lo interesaba más que las ciencias de la naturaleza, y que consideraba, además, más necesario que cualesquiera otros saberes.

Hasta el pensamiento político se alejaba de la teología. Un libro sobre todo, el Leviatán (1651) de Thomas Hobbes (1588-1679), echó los cimientos de toda la concepción secular del poder y del orden políticos. Hobbes —un hombre, como Burton, educado en Oxford, que ejerció casi toda su vida como tutor de la familia Cavendish, excelente conocedor de los clásicos (fue el traductor de Tucídides al inglés) y del pensamiento y la obra de Galileo, Harvey, Francis Bacon, Pierre Gassendi y Descartes, a algunos de los cuales conoció y trató con frecuencia— proponía, en efecto, una teoría del Estado y una teoría social sobre una triple base: que el hombre, contra lo que sostuvo Aristóteles, no es un ser social, sino un ser agresivo interesado únicamente en su propio beneficio; que el estado de naturaleza, en tanto que estado de guerra («de todos contra todos») condenaría al hombre a una vida «solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta»; y que para salir del estado de naturaleza y crear una comunidad, los hombres habrían suscrito un «contrato social» que confiere el poder soberano al Estado (Leviatán), como garantía de su seguridad, de la paz social y de la estabilidad.

Leviatán, el monstruo marino bíblico que dio título a su obra más conocida —dentro de una producción muy amplia que contenía una filosofía política y moral sistematizada— era, en pocas palabras, el poder soberano: un poder externo a la comunidad, indivisible (afirmación que rechazaba las aspiraciones del poder eclesiástico a influir sobre la comunidad) e inalienable, y ejercido o por una persona (Hobbes no hablaba del rey, y por eso fue siempre sospechoso de republicanismo a los ojos de los monárquicos cortesanos) o por una asamblea representativa, pero poder legitimado en cualquier caso, solo en razón de su función: la preservación de la vida de los súbditos. El Estado aparecía, así, en la tesis de Hobbes —que sin duda tuvo muy presente la guerra civil inglesa de 1642-1653 sobre la que escribió Behemoth o el Parlamento largo (1680)— no como un poder, el del rey, de origen divino ni como una monarquía absoluta y cristiana —Hobbes, aun tibiamente monárquico, se acomodó al régimen autoritario de Cromwell (1653-1658)—, sino como la garantía de la ley y el orden, como un poder fuerte necesario a la prosperidad y el bien común.

Para el pensamiento del siglo XVII, el hombre era, por lo dicho, un ser cada más complejo; el universo, un mundo infinito o por lo menos, indefinido; el Estado, un poder secular. La razón empezaba a ser la única explicación del mundo.

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El fin de la hegemonía española

Al estallar en 1618 la guerra de los Treinta Años con la rebelión de la Bohemia protestante contra la política absolutista y católica de la monarquía austriaca, España dio por terminada la etapa de paz que venía manteniendo desde 1598 y que se había materializado, ya en el reinado de Felipe III (1598-1621) —con el duque de Lerma al frente de la política española—, en la paz con Inglaterra (1604), el Tratado de Fontainebleau con Francia (1609) y, sobre todo, en la tregua de Doce Años que suscribió con Holanda en 1609. En la guerra de los Treinta Años, España se posicionó desde el primer momento al lado de la monarquía austriaca. Paralelamente, en 1621 reactivó la guerra en los Países Bajos.

España volvía así a asumir una política de hegemonía. La política española, que tras los cambios que se produjeron a partir de 1618 y sobre todo a la muerte de Felipe III en 1621, encabezó entre 1621 y 1643 el conde-duque de Olivares, el gran valido de Felipe IV, respondía, o eso parecía, a un verdadero proyecto global: reforzamiento y renovación de la monarquía, reafirmación de la reputación y prestigio de España, reconquista de Holanda, alianza para Europa de las dos ramas, la española y la austriaca, de la Casa de Austria. El resultado fue un desastre. Pero no desde el primer momento. Porque, en efecto, y aunque se tratase de un escenario lateral para sus intereses, España logró éxitos importantes en los primeros momentos de la guerra de los Treinta Años: ocupó el Palatinado, tomó Mainz (Maguncia) y, en 1622, el enclave de Jülich en la frontera germano-holandesa, todo ello esencial para asegurar el «camino español» de Milán a Flandes, y hasta pudo pensar en una victoria en los Países Bajos donde obtuvo igualmente triunfos brillantes, como la rendición de Breda en 1625.

Pero la prolongación de los conflictos reveló enseguida las dificultades españolas. España tuvo básicamente dos problemas: el mantenimiento y la financiación de sus ejércitos —unos trescientos mil hombres en 1635—, y el problema estratégico de mantener una guerra en dos frentes, los Países Bajos (Flandes) y el «camino español» (los varios pasillos que iban desde Génova / Milán a los Países Bajos por el Rin, los valles alpinos y la frontera franco-germana), situación de casi imposible mantenimiento en caso de entrada de Francia en la guerra, el peor supuesto estratégico para España. En cualquier caso, España se equivocó en los Países Bajos, en Flandes, la verdadera causa de su declive: en ningún momento entendió el carácter «nacional» de la rebelión holandesa. Nunca debió haber reactivado en 1621 la guerra tras la tregua de los Doce Años —tesis, por ejemplo, de Ambrosio Spínola, el vencedor de Breda—. Debió, por el contrario, haber reconocido a la República holandesa (lo que no era impensable: es lo que haría en 1648) y haber liquidado así aquella guerra, un conflicto que se prolongó durante ochenta años y que llevó a España, además, ya en 1635, a la guerra con Francia, su peor supuesto militar.

La política de guerra tuvo, además, graves repercusiones internas. Como Richelieu en Francia, Olivares (1587-1645) quiso reformar la monarquía española. Quería, sin duda, la unificación progresiva del gobierno, reforzar la unidad e integración de los distintos reinos y territorios peninsulares, racionalizar los gastos del Estado y reformar el sistema fiscal, y proceder, por último, a una redistribución de los gastos militares sobre la base de una mayor aportación a los mismos de los reinos no castellanos (como contemplaba su propuesta de una Unión de Armas que hizo en 1626). Eran reformas oportunas y plausibles, posiblemente las reformas necesarias para los problemas de la monarquía hispánica. Errores de cálculo y la fortísima oposición que sus proyectos suscitaron hicieron que Olivares fracasara. El proyecto de Unión de Armas —que las Cortes catalanas vieron como una violación de sus fueros—, la agobiante presión fiscal a que se sometió al país, y el giro adverso para España que las guerras (Treinta Años, Flandes) tomaron desde 1635, precipitaron la crisis: tras el estallido de graves disturbios contra las autoridades de la monarquía, Cataluña optó (junio de 1640) por la separación de España y la incorporación a Francia, tras proclamar en 1641 a Luis XIII como conde de Barcelona; Portugal, decepcionado por la experiencia de unión con España iniciada en 1580, restauró (1 de diciembre de 1640) su dinastía legítima, los Braganza, y sus ejércitos rechazaron los intentos españoles por restablecer la unión. España logró en 1652 la reintegración plena de Cataluña —cuya separación no fue total, y donde la causa castellana tuvo siempre importantes apoyos—; pero tuvo que aceptar (1668) la independencia de Portugal. Aunque pudieron ser controlados, en 1647-1648 estallaron también revueltas antiespañolas en Nápoles y Palermo.

España, en fin, no recobró Holanda, obtuvo beneficios casi nulos de su intervención en la guerra de los Treinta Años, y desde 1635 a 1659 entró en conflicto con Francia. La causa de la entrada de Francia en la guerra fue, precisamente, una gran victoria española, la que ya en la «etapa sueca» de la guerra de los Treinta Años los ejércitos austro-españoles obtuvieron en Nördlingen (Baviera), el 7 de septiembre de 1634, frente a los ejércitos germano-suecos, victoria que les permitió dominar Alemania y amenazar los Países Bajos, un supuesto inaceptable para Francia.

La entrada de Francia en la guerra (19 de mayo de 1635), que atacó a España a todo lo largo de las posiciones del «camino español» y en las propias fronteras españolas, y que permitió, además, a los holandeses retomar la iniciativa en la guerra de los Países Bajos, rompió el equilibrio militar. Los holandeses recobraron Maastricht (1632), Breda (1637) y otras posiciones estratégicas de importancia, y su flota deshizo en el canal de la Mancha, en los Downs, a la flota española del mar del Norte. La ofensiva francesa, no obstante sus inicios inciertos y algunos éxitos parciales españoles (penetración desde Bélgica en Francia en 1636, detención de la ofensiva francesa contra territorio español en Fuenterrabía, en 1638), inclinó la guerra a su favor y en contra de España: los ejércitos franceses derrotaron a los españoles en las Ardenas y el Artois (Rocroi, Herdin, Arras, Lens…), en Alsacia (con la toma de Brisach en 1638, que «cortó» el «camino español») y en el Rosellón. La separación de Cataluña y la sublevación de Portugal completaron la crisis española.

El declinar del poder de la monarquía hispánica era evidente. Por el Tratado de Münster (enero de 1648), reconoció la soberanía de Holanda. En la Paz de Westfalia (octubre de 1648), el tratado que puso fin a la hegemonía europea de la casa de Austria, España aceptó que Francia recobrase Alsacia, distintas plazas en Lorena y el Rin y que retuviese Pinerolo (Piñerol) en Piamonte. La guerra entre España y Francia continuó hasta 1659. Entre la derrota de Rocroi (19 de mayo de 1643) y la Paz de los Pirineos que puso fin al conflicto, hubo una cierta recuperación española, favorecida por la serie de guerras civiles, revueltas nobiliarias e intentos de golpe de Estado que se produjeron en Francia, gobernada ahora por el cardenal Mazarino durante la minoría de edad de Luis XIV (1648-1653). España rechazó un ataque francés sobre Milán (1647), recuperó la fortaleza de Casale en Piamonte, reintegró Cataluña (1652) y tomó, en el norte, también en 1652, Gravelinas y Dunquerque. Pero una nueva y gran victoria francesa —batalla de Las Dunas, en torno a Dunquerque (junio de 1658)—, que diezmó definitivamente a los tercios españoles, decidió la guerra. En la Paz de los Pirineos de 1659, firmada en la isla de los Faisanes (Irún), en el río Bidasoa, en la que se acordó el matrimonio del futuro Luis XIV con la infanta española María Teresa, hija de Felipe IV, Francia obtuvo de España el Rosellón, la Cerdaña, el Artois y plazas de gran valor militar en Flandes, Luxemburgo y Hainaut.

España logró que Francia renunciase a sus reclamaciones en Italia, que abandonase toda pretensión sobre Cataluña y Portugal, y que evacuase el Franco Condado. España seguía siendo una potencia. Retenía Milán, Nápoles, Cerdeña, Sicilia, el Franco Condado, los Países Bajos católicos, y su gran imperio americano y Filipinas; pero no volvería a mandar en Europa.

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El siglo de Luis XIV

Richelieu hizo posible a Luis XIV. Las consecuencias históricas, no solo para Francia, fueron extraordinarias. En El siglo de Luis XIV (1752), Voltaire consideraba el larguísimo reinado del rey francés (1643-1715) como la cuarta edad de oro de la humanidad, tras la Grecia del siglo IV a. C., el siglo de Julio César y Augusto y la Italia de los Médici, Miguel Ángel y Galileo, y la que se acercó más a la perfección. La tesis era que jamás habían avanzado artes, gobierno, cultura, maneras y la misma razón humana como lo habían hecho en la corte de Luis XIV. Voltaire exageraba. Pero en un punto llevaba razón. Bajo el Rey Sol, Francia fue indiscutiblemente la primera potencia europea. Como acabamos de ver, Richelieu y su sucesor, el también cardenal Mazarino (Giulio Mazzarini, Mazarin en francés), ministro principal de Francia durante la minoría de edad de Luis XIV (1643-1651), habían reforzado el poder de la monarquía y habían logrado las victorias militares y diplomáticas (Westfalia, Pirineos: ambos, obra del sutil y habilísimo Mazarino) que habían consagrado la hegemonía francesa.

El siglo de Luis XIV comenzó, sin embargo, mal. Durante la minoría de edad del rey, Mazarino (1602-1661) tuvo que enfrentarse a las Frondas (1648-1652) —básicamente, revueltas, rebeliones civiles e intentos de golpe de Estado protagonizados por los «príncipes de la sangre», como el príncipe de Condé, los parlamentos y algunas provincias—, que lo forzaron a exiliarse en dos ocasiones; el mismo joven Luis XIV tuvo que abandonar tres veces París —algo que no olvidaría— ante la gravedad de la situación.

El reinado de Luis XIV fue, además, sumamente contradictorio. La moneda, por ejemplo, sería devaluada hasta 60 veces a lo largo del siglo. Francia incluso perdió población entre 1690 (22,3 millones de habitantes) y 1700 (21,5 millones). Luis XIV, como ya hicieran Richelieu y Mazarino, favoreció las artes, las letras y las ciencias, creó varias academias (Bellas Artes, en 1648; Ciencias, en 1666) y apoyó el desarrollo de la ópera —Jean-Baptiste Lully fue su músico favorito— y del teatro, especialmente el de Molière (Jean-Baptiste Poquelin). Pero se trató, ante todo, de una estrategia de exaltación de la imagen del rey dentro del desaforado «culto a la personalidad» de este que presidió el reinado y al que sirvieron, por un lado, la censura y, por otro, el arte público y la propaganda literaria financiados por la propia corte. La misma política exterior francesa, en un principio ajustada a los intereses defensivos de Francia, derivó hacia una política megalómana de dominio (guerra de los Nueve Años, 1689-1699; guerra de Sucesión española, 1701-1714) que provocó la formación de alianzas militares europeas para restablecer, contra Francia, el equilibrio internacional.

Luis XIV —un hombre alto, de porte físico y salud espléndidos— tuvo un extraordinario sentido del gobierno y de la realeza. Desde 1661, gobernó personalmente —trabajaba en torno a nueve horas diarias— con la colaboración de un reducido grupo de ministros (utilizó solo 16 en todo su reinado), entre ellos, y destacadamente, Jean-Baptiste Colbert, controlador general de Hacienda (1661-1683); François Michel Le Tellier, secretario de Guerra; Hugues de Lionne, Asuntos Exteriores. Fijó la Corte en Versalles, que diseñó, con los arquitectos Louis Le Vau y Jules Hardouin-Mansart, el pintor Charles Lebrun y el paisajista André Le Nôtre, como un conjunto deslumbrador, exquisito y monumental —palacios, salones, galerías, jardines, terrazas, estanques, fuentes, paseos, arbolado, estatuas— que superase en magnificencia y aparatosidad a cualquier otro centro de poder, y afirmase de esa forma la grandeza de Francia y de su rey. Cambió, decisivamente, la administración central, que se organizó ahora en torno al controlador general (Colbert), los secretarios de Estado (de Guerra, Asuntos Exteriores, de la Casa del Rey, de Asuntos Religiosos) y el Consejo Supremo, una especie de reducido consejo de ministros que el rey reunía tres o cuatro veces por semana, y con ella, la administración provincial, mediante la extensión de la figura del intendente como gobernador provincial.

Hacienda, a cuyo frente Luis XIV tuvo a Colbert durante más de veinte años, pasó a ser el ministerio esencial del reino, una indicación del fuerte sentido económico que el rey quiso dar a su gestión. Al servicio de una política económica nacionalista y proteccionista, Colbert priorizó el desarrollo del comercio exterior, el superávit de la balanza de pagos y la producción manufacturera, con la creación de grandes fábricas reales (de tapices, espejos, muebles, relojes y cristal, por ejemplo) y de compañías «francesas» de comercio para las Indias y los otros nuevos territorios incorporados a la Corona (como Luisiana, explorada y anexionada por La Salle en 1682). El derecho fue uniformizado, mediante la codificación y publicación del derecho civil (1667), penal (1670), comercial (1681) y colonial (1685).

La unidad religiosa fue igualmente restablecida. En 1685, el rey revocó el Edicto de Nantes (1598) e ilegalizó el protestantismo, un crimen de Estado —a los ojos de la historiografía posterior— que hizo que unos doscientos mil hugonotes (de los casi dos millones que había en Francia) optaran por el exilio. El jansenismo, un movimiento puritano cristiano basado en la creencia en la predestinación, fue perseguido: en 1710, su principal institución, el convento parisino de Port-Royal, fue literalmente arrasado por orden real. En 1667, Luis XIV había creado la Prefectura de Policía —la primera policía en la historia— con poderes sobre el orden público, la seguridad, la mendicidad y la censura de escritos e imprentas.

Luis XIV redefinió, pues, la monarquía, que transformó con éxito —a la vista de la estabilidad interna del país— en una poderosa máquina administrativa y de control social y económico. La estabilidad del reino fue, sin duda, uno de los pilares de la hegemonía francesa en Europa. Aunque no fuese el despliegue de un proyecto general preconcebido, la política exterior de Luis XIV se ajustó en principio a los objetivos de la seguridad francesa: recuperación de las «fronteras naturales», control y fortificación de regiones y plazas fronterizas (de acuerdo con el formidable tipo de plaza fuerte diseñado por Sébastien Le Prestre, señor y luego marqués de Vauban), neutralización militar de los países vecinos y eliminación de la posibilidad de cercamiento de Francia por otras potencias.

En 1667, Francia exigió a España la «devolución» de Brabante en los Países Bajos, puso sitio a distintas plazas fuertes de la región, envió tropas en apoyo de Portugal y penetró en el Franco Condado: por el Tratado de Aquisgrán de mayo de 1668, España cedió a Francia, a cambio de retener el Franco Condado, importantes enclaves en la frontera franco-belga. En 1672, Francia atacó Holanda, una guerra preventiva para debilitar militar y comercialmente a los holandeses, que desencadenó la intervención del Imperio austriaco, España y Brandeburgo en apoyo de Holanda. Francia, que contó con el apoyo de Suecia, ocupó Maastricht, el Franco Condado y Alsacia, invadió Cataluña y envió una flota de guerra para apoyar la sublevación en Sicilia —en Mesina— contra el poder español: por la Paz de Nimega (septiembre de 1678), España cedió a Francia el Franco Condado, cesión que completaba la «unidad nacional» francesa; Francia devolvió Mesina y algunas plazas fuertes en la frontera de los Países Bajos. En agosto de 1684, tras la guerra de las «reuniones» provocada por Francia en defensa de su derecho a «reunir» territorios adyacentes a sus plazas fronterizas en Alsacia, el Franco Condado y la frontera franco-belga, Francia consiguió de España y Austria la cesión por veinte años de Luxemburgo y posiciones como Estrasburgo en Alsacia y Casale en Piamonte.

La guerra de los Nueve Años fue ya una primera respuesta europea —del Imperio austriaco, varios estados alemanes, Suecia y España, unidos desde 1686 en una Liga de Augsburgo a la que luego se unirían Gran Bretaña, Holanda y Piamonte— al imperialismo francés. Se combatió en el mar —Francia llegó a preparar en 1692 la invasión de Inglaterra—, en Holanda y Bélgica, donde Francia tomó Mons y Namur; en el norte de Italia (Saboya, Niza, Piamonte), en España —Francia invadió Cataluña y, desde el mar, bombardeó Alicante y Barcelona; y en Canadá (Quebec, Terranova, la bahía del Hudson), la India (Ponchinderry) y en las costas del África occidental. Aunque ninguna de las partes logró la superioridad militar, Francia entendió la situación y en la Paz de Ryjswick de 1697 devolvió casi todos los territorios conquistados desde la guerra franco-holandesa de 1672-1679, excepto Estrasburgo.

La cuarta edad de oro del mundo de la que luego hablaría Voltaire terminaba mal. Dos millones de personas murieron en Francia en 1693-1694 como consecuencia de una gravísima crisis de subsistencia. Miles más fallecieron víctimas del hambre, el frío y las epidemias en lo que se llamó el «gran invierno» de 1709. «Vuestros pueblos —escribía a Luis XIV Fènelon, el arzobispo de Cambrai y escritor moralista y político— […] mueren de hambre. […] Francia entera no es sino un gran hospital desolado y sin provisiones». Desde la Paz de Ryjswick, Luis XIV había puesto su interés en promover la candidatura de su nieto Felipe de Borbón al trono de España. La decisión final española, ya en octubre de 1700, favorable al nombramiento de Felipe como nuevo rey de España (la sucesión estaba abierta desde que se hizo evidente que el rey español, Carlos II, moriría sin descendencia) llevó de nuevo a la guerra. Leopoldo I, el emperador de Austria, la consideró inaceptable. Inglaterra y Holanda entendieron que la designación de Felipe V rompía el equilibrio europeo.

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Los Países Bajos

«¿Por qué Holanda es una nación —preguntaba en 1882 Ernest Renan en su conferencia “¿Qué es una nación?”, uno de los textos más influyentes jamás publicados sobre la idea de nación en la historia—, mientras que Hannover o el gran ducado de Parma no lo son?» Renan diría en su conferencia que una nación es un alma, un principio espiritual, «un plebiscito de todos los días», su afirmación más conocida y citada. Previamente, había dicho algo más, y ciertamente más sustantivo para el historiador: «La nación moderna es, pues, un resultado histórico producido por una serie de hechos convergentes en el mismo sentido».

Holanda, los Países Bajos no católicos, las siete Provincias Unidas (Zelanda, Holanda, Utrecht, Güeldres, Overijssel, Frisia y Groninga) proclamaron el 23 de enero de 1579 la Unión de Utrecht en rebelión contra la España de Felipe II. Esto fue resultado de un proceso histórico, un proceso jalonado por la revolución y la guerra, que desde la perspectiva de la historia del nacionalismo tuvo mucho de excepcional y sorprendente. Cuando en 1567 estalló la rebelión en los Países Bajos —en las 17 provincias que habían quedado integradas en el ducado de Borgoña que Felipe II gobernaba desde 1555—, ni las provincias «holandesas» eran una nación sin Estado ni la sublevación nació como una rebelión «nacional». Existía, ciertamente, un área lingüística «holandesa», pero no era uniforme. La lengua, una lengua germánica, se extendía también por Flandes, región que sin embargo quedaría enclavada en los Países Bajos católicos, la futura Bélgica. Las provincias «holandesas» no tenían una historia común. Al contrario, la historia de los ducados de Güeldres y Brabante, de los condados de Holanda, Flandes y Hainaut, de los obispados de Utrecht y Lieja, fue siempre una historia fragmentada. La región basculó hacia Borgoña tarde, en el siglo XV. Su unificación requirió que entre 1524 y 1543 Carlos V conquistase, o reconquistase según los casos, Utrecht, Güeldres, Frisia, Groninga y otros territorios. Nunca había habido un Estado «holandés». La religión —predominio calvinista en el norte, mayoría católica en el sur— no supuso tampoco un factor nacional «fuerte»: los Países Bajos fueron por lo general un ámbito de amplia convivencia y tolerancia religiosa. En suma, en 1567 no había sentimiento de nacionalidad «holandesa» o «belga». Ciudades «belgas», como Gante y Amberes, eran muy poco diferenciables de ciudades «holandesas», como Ámsterdam o Utrecht.

La rebelión de los Países Bajos (1567-1648) constituyó, pues, un problema de gran complejidad, provocado por el malestar de la nobleza local, provincias y ciudades (tanto católicas como protestantes) contra el creciente absolutismo del poder central hispano, y por la extensión del calvinismo por las provincias de los Países Bajos del norte. Pero representó sin duda mucho más que una rebelión contra la autoridad de los nuevos representantes del rey —Felipe II encargó en 1556 la gobernación de la región a su hermana Margarita, con Antoine Perrenot de Granvela como primer ministro— y su política centralizadora (que es lo que se pensó en España), o que un nuevo brote de la herejía protestante. Fue la expresión de la incompatibilidad última entre dos universos sociales y culturales radicalmente distintos: la España monárquica, católica, autoritaria, contrarreformista; y los Países Bajos, una de las regiones más avanzadas de Europa por el desarrollo del comercio, la industria, la banca, las ciudades, la navegación, la minería y la agricultura, liderada por un patriciado urbano acomodado y dinámico, y educado en una larga tradición de autogobierno y privilegios locales y provinciales. La reacción española fue, precisamente, lo que hizo que la revuelta derivara, al concentrarse en las provincias de mayoría calvinista del norte, en una guerra «nacional».

España no entendió la rebelión de los Países Bajos. No vio sino un desafío a su prestigio y a la reputación de la monarquía. Con la durísima política de represión que desencadenó, y que ejecutó el duque de Alba entre 1567 y 1573 —más de mil personas ejecutadas en ese tiempo, entre ellas líderes de la sublevación como los condes de Egmont y de Horn (ambos, por cierto, católicos)—, pareció que acababa con la insurrección, limitada en 1573 a Zelanda y Holanda, las dos provincias más calvinistas de la región, liberadas por los éxitos parciales de las tropas de Guillermo de Orange y de la pequeña flota naval de los mendigos del mar. En realidad, la represión liquidaba toda posibilidad de paz (más así, a la vista de hechos como el saqueo de Amberes en noviembre de 1576 por tropas españolas, con un saldo de 8000 casas quemadas y entre 1000 y 7000 muertos).

En los años 1573-1585, la política española —dirigida sucesivamente por Luis de Requesens, don Juan de Austria y Alejandro Farnesio— fue más de Requesens, combinó demostraciones de fuerza y operaciones militares con gestos de atracción y conciliación. En 1588, Farnesio había recobrado los Países Bajos del sur (la futura Bélgica), integrados desde 1579 en la Unión de Arras, y roto así la unidad de las provincias rebeldes, siete de las cuales —«holandesas» y, en general, calvinistas— formaron en ese año, por la Unión de Utrecht, las Provincias Unidas de los Países Bajos, principio de un Estado soberano cuyos Estados Generales (o parlamento común) negó en 1581, por el Acta de Abjuración, la soberanía española. La situación internacional impidió, en cualquier caso, el no improbable éxito total de Farnesio. España redistribuyó sus ejércitos de «Flandes» —el nombre genérico con que militarmente se designaba a los Países Bajos— para, por un lado, incorporar parte de sus efectivos al ataque que desde 1583 se preparaba contra Inglaterra (que amenazaba las comunicaciones marítimas entre España y Flandes, y los envíos de plata de las Indias a España), y por otro, para intervenir desde «Bélgica» en las guerras de religión de Francia. La operación sobre Inglaterra, el envío de la Armada Invencible en 1588, fue un desastre para España; el repliegue de las tropas españolas de Flandes permitió, además, que entre 1588 y 1598 la sublevación holandesa, liderada por Mauricio de Nassau como estatúder o comandante militar y Johan van Oldenbarnevelt como pensionario o ministro principal, se extendiera decisivamente, y que la guerra, pese a éxitos españoles como la toma de Ostende por Ambrosio Spínola en 1604, llegase a un punto de equilibrio, que es lo que reconoció la tregua de los Doce Años (1609-1621) negociada por las partes en abril de 1609.

Una tregua que fue, en realidad, un éxito de las Provincias Unidas, de la República o Estados Generales de los Países Bajos —como se autodenominaron—, pues los acuerdos de 1609 habían supuesto el reconocimiento de hecho de su soberanía. El nuevo Estado, un país próspero y dinámico (1,3 millones de habitantes en 1600) liderado por una clase media mercantil enriquecida con el comercio, la navegación y las industrias artesanales, con Ámsterdam como uno de los principales centros bancarios y financieros de Europa, y educada por la ética calvinista en fuertes sentimientos de civilidad, dignidad y responsabilidad individuales y gremiales (que Frans Hals y Rembrandt captarían magistralmente en sus retratos colectivos de magistrados, regentes, gremios, milicias, profesiones y grupos cívicos), irrumpía además como una potencia naval y económica. Entre fines del siglo XVI y mediados del XVII, los holandeses establecieron colonias y bases comerciales en Java, Malaca, las Molucas, El Cabo, la desembocadura del Hudson (Nueva Ámsterdam, que fundaron en 1625, la futura Nueva York), las Antillas y el norte de Brasil, y descubrieron (1642) Tasmania y Nueva Zelanda.

En 1621, España reactivó la contienda (al tiempo que se incorporaba a la guerra europea de los Treinta Años), atacó a la República holandesa por tierra y mar, y obtuvo inicialmente triunfos brillantes como la toma de Breda en 1625 por Spínola, que la propaganda española magnificó eficazmente. No consiguió, sin embargo, la decisión militar definitiva, y pronto experimentaría las dificultades de mantener guerras simultáneas en varios frentes (Flandes, el camino español de Milán a los Países Bajos por el Rin). Bajo el mando del nuevo estatúder y nuevo príncipe de Orange, Federico Enrique, los holandeses contuvieron desde 1625 los ataques españoles. En septiembre de 1628, la flota del almirante Piet Heyn capturó en Cuba la flota española de Indias. Desde 1629, pasaron a la ofensiva tomando Wesel, Hertogenbosch, Brabante, Maastricht (1632) y Breda (1637). La victoria en octubre de 1639 de la flota del almirante Maarten Tromp sobre la flota española en aguas del canal de la Mancha dio a Holanda la superioridad en el mar. La entrada de Francia en la guerra europea a partir de 1635 —que terminó por arrollar a los ejércitos españoles en Flandes, las Ardenas, el Artois y Alsacia (el éxito francés más conocido fue Rocroi, en mayo de 1643)— abrió el paso a la victoria final holandesa. Por el Tratado de Münster (enero de 1648), España, que ya había iniciado antes las negociaciones, reconoció, ochenta años después, la soberanía de los Países Bajos del norte.

El proceso histórico creó, pues, la nacionalidad «holandesa», la República o Estados Generales de las Provincias Unidas. El nuevo Estado —una república oligárquica, no democrática, que los Orange habrían querido transformar en una monarquía hereditaria— era más una confederación de estados que un Estado unitario con un poder central fuerte; la mal resuelta dualidad de poder que coronaba el nuevo edificio institucional —gran pensionario o ministro principal de los estados vs. estatúder o poder militar unitario—, plantearía, además, graves problemas a la gobernación del país.

Holanda nació más como la unión de unas provincias autónomas vinculadas por un ideal de vida tranquila y comercial —algo que supo captar muy bien la extraordinaria pintura holandesa de «género» del siglo XVII (Frans Hals, Pieter de Hooch, Johannes Vermeer, Meindert Hobbema, Aelbert Cuyp, Jacob Ruysdaël…)—, una comunidad cívica de nacionalismo «blando», que como una nación fuerte, un nuevo poder militar y territorial en Europa. Francia, que ambicionaba reforzar sus posiciones en la frontera franco-belga, apareció pronto como la nueva y gran amenaza militar contra la República. Inglaterra eclipsó, ya en los últimos años del siglo XVII, su pujanza colonial y marítima. País próspero y rico, Holanda, gobernada o por los Estados Generales o por un régimen de estatúder hereditario (desde 1747), fue un Estado débil: la Francia revolucionaria invadió el país en el invierno de 1794, y en 1795 creó la República Bátava, un Estado satélite.

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La crisis de la conciencia europea

En 1935, el historiador francés Paul Hazard (1878-1944) publicó La crisis de la conciencia europea: 1680 a 1715, un estudio de indudable calado histórico sobre el auge del racionalismo y la ciencia moderna en Europa después, y como consecuencia, de la guerra de los Treinta Años. El libro, escrito con pasión y desenvoltura estilísticos admirables, analizaba el cambio que en los distintos ámbitos y campos del pensamiento se había producido entre 1680 y 1715, una crisis de la conciencia europea que Hazard asociaba con la obra y las ideas de René Descartes y Pierre Bayle, Isaac Newton y John Locke, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz, con el nacimiento de la física newtoniana y del estudio comparado de las religiones.

El libro de Hazard tendría vigencia (parcial) permanente. El racionalismo cartesiano, la revolución científica, la investigación crítica de la Biblia y las religiones y el conocimiento de la naturaleza avanzaron decisivamente en las décadas finales del siglo XVII y primeros años del XVIII. Hazard lo interpretaba como un gran asalto contra la cristiandad en nombre de la crítica, de la razón y de la conciencia individual. No era exactamente así. El mundo moral del siglo XVII y aún el mundo moral del XVIII, el siglo de la Ilustración, siguieron siendo mundos morales mayoritariamente religiosos. Pero la «república de las letras», por usar el título de la publicación de divulgación científica Nouvelles de la République des Lettres que el hugonote francés exiliado en Holanda Pierre Bayle (1647-1706) publicó en Rotterdam a partir de 1687, había conquistado ya espacios cada vez más amplios y decisivos de libertad e influencia. La religión seguía siendo una emoción, el fundamento de la espiritualidad del hombre: desde Descartes, la razón daba a ese mismo hombre explicación cada vez más amplia y exacta del mundo.

La progresiva explicación racional del mundo —reflejada en la proliferación de sociedades científicas que se produjo en la segunda mitad del siglo XVII: la más famosa, la Royal Society de Londres (1666)— se derivó en buena medida del propio desarrollo de ciencias como las matemáticas y la geometría, la óptica, los estudios sobre la luz o la astronomía. René Descartes y Pierre de Fermat desarrollaron la geometría analítica; Newton y Leibniz, el cálculo infinitesimal, y Daniel Bernouilli, a principios del XVIII (1713), el cálculo de probabilidades. Los estudios sobre la luz —la observación del arcoíris fue un tema favorito del siglo— permitieron conocer y formular problemas y teorías sobre la refracción, la curvatura, la velocidad y el movimiento de aquella (de la luz). Robert Boyle inició los análisis de composición de los gases (1661). Nuevos instrumentos o inventos facilitaron la observación científica y la aplicación práctica de la ciencia: nuevas lentes astronómicas, microscopios, higrómetros, el barómetro de mercurio (Evangelista Torricelli, 1643), el reloj de péndulo (Christiaan Huygens, 1657), el termómetro (Daniel Gabriel Fahrenheit, 1714), el lápiz (1662), balanzas, relojes, lámparas… La aplicación del microscopio a la observación de insectos, gotas y cabellos permitió a Anton van Leeuwenkoek (1632-1722), un pañero de Deft (Holanda), descubrir los capilares, los glóbulos rojos y las bacterias.

La experimentación científica estaba, en suma, alcanzando su primera madurez. Al publicar en 1687 su libro Principia Mathematica, Isaac Newton (1642-1727), profesor en Cambridge, matemático (descubridor del binomio y del cálculo diferencial), estudioso del desplazamiento de los cometas y del movimiento de los planetas, expuso en realidad una nueva visión del cosmos que desplazó ya para siempre todas las teorías vigentes desde el mundo clásico grecorromano y en el mundo cristiano medieval y moderno. El concepto de gravedad, la ley de la gravitación universal de Newton, hacía de la gravedad la fuerza de atracción universal que explicaba tanto el movimiento de los planetas como numerosos fenómenos terrestres. Mostraba la unidad del cosmos, explicaba el sistema solar, asociaba universo con materia, y venía a definir el universo como un todo infinito, como una pluralidad de mundos.

Nada volvió a ser igual después de Newton (un hombre complejo que tuvo un gran interés no solo en la física sino también en la alquimia, las profecías y la Biblia, y que en 1696 dejó Cambridge por Londres, donde vivió como inspector de la casa de la Moneda y presidente de la Royal Society). La gran síntesis científica newtoniana era, además, paralela a cambios asimismo trascendentes en la interpretación de la condición humana y por extensión, en la ética y la política. Libros como Historia crítica del Viejo Testamento (1678), de Richard Simon, un sacerdote de la congregación francesa del Oratorio, Sobre la racionalidad del cristianismo (1695), de John Locke, el filósofo inglés, y El cristianismo sin misterio (1696) de John Toland, un librepensador irlandés establecido en Oxford, planteaban objeciones muy serias a la credibilidad histórica del Viejo Testamento (los análisis filológicos de los textos sagrados llevaban a Simon, por ejemplo, a la conclusión de que se trataba de textos escritos en épocas muy distintas, y alterados y modificados según las circunstancias históricas), a la persona del propio Cristo (Toland) o a los aspectos más indemostrables e incomprensibles de las doctrinas y los dogmas de la Iglesia a la luz de la evidencia empírica (John Locke). Toda la primera parte del Tratado teológico-político (1670) de Spinoza era una inapelable crítica histórica y textual de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, en tanto que fundamento de las religiones judía y cristiana, desde la convicción de que toda religión es ante todo un hecho histórico.

La filosofía de Baruch Spinoza (1632-1677), una filosofía sistemática y compleja, culminaba en realidad el giro que en el pensamiento filosófico moderno había provocado la filosofía de René Descartes. Spinoza, un judío holandés de origen portugués, hizo de su propia vida —una vida humilde, austera, frugal, retirada, solitaria, guiada solo por la reflexión en torno a la verdad y la ética—, la afirmación de una nueva moral basada en la razón y la comprensión de la vida y del mundo mediante la eliminación del error y las representaciones confusas de las cosas. El sistema spinoziano (Principios de filosofía de Descartes, Pensamientos metafísicos, Tratado teológico-político, Ética, publicada en 1677 dentro de Opera posthuma) era a la vez una expresión absoluta de racionalismo (la realidad como sustancia infinita; Dios, un Dios impersonal, como la razón divinizada, como la naturaleza misma, como algo esencialmente infinito y eterno: no el Dios creador, redentor y trascendente de la religión), y una ética en la que la verdad sería conocimiento racional y donde la evidencia racional, el entendimiento de las cosas, libera al hombre de inadecuaciones e imperfecciones (pasiones, deseos, tristeza, temor) y le permite aceptar el orden necesario y determinado del universo. Las consecuencias ético-políticas eran manifiestas: el hombre libre spinoziano —el hombre autónomo al que la razón permite entender el curso de las cosas y por tanto, la vida— exigiría, necesariamente, la tolerancia religiosa e ideológica; un «Estado libre» que permita y garantice, como argumentaba en el último capítulo del Tratado teológico-político, que «cada uno piense lo que quiera y diga lo que piensa».

La doctrina ético-política de John Locke (1622-1704), recogida sobre todo en Dos tratados sobre el gobierno civil (1690), completaba también su obra filosófica (Ensayo sobre el entendimiento humano, 1690) que, a diferencia del racionalismo cartesiano y spinoziano, era un estudio sobre los límites del conocimiento, los procesos cognitivos y el origen y el valor de ideas y juicios, una filosofía para la cual el conocimiento, todo conocimiento, se basaría en la experiencia, y sería no una metafísica sobre la vida y el hombre, sino un análisis sobre la verdad y la lógica del conocimiento, sobre la posibilidad de demostrar la verdad. Las teorías éticas y políticas de Locke, en buena medida consecuencia de su empirismo filosófico, negaban toda fundamentación abstracta, religiosa, revelada, del poder, y aceptaban —como en Thomas Hobbes— solo leyes o normas racionales y «naturales»: hombres iguales y libres que, por consentimiento, formarían una sociedad cuyo gobierno solo podría basarse en los «derechos naturales» de los gobernados (la vida, la libertad, la propiedad). El gobierno, cuyo poder Locke dividía ya en poder legislativo, ejecutivo y judicial, era (o debía ser) en esa visión, un gobierno sometido a la ley, el resultado del consentimiento libre de los individuos, y cuyo fin sería el bienestar de la comunidad y la protección de los derechos fundamentales de los individuos.

En crisis o no, la conciencia europea había cambiado desde mediados del siglo XVII. A principios del XVIII, el hombre europeo tenía ya a su disposición los elementos de una moral racional y la teoría secular del gobierno representativo.

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Inglaterra: el siglo de la revolución

Lejos de ser el siglo del Barroco, el XVII fue en Inglaterra el de la revolución: guerra civil (1642-1646), ejecución del rey Carlos I (1649), Protectorado republicano de Oliver Cromwell (1649-1658), restauración de Carlos II (1660-1685), Revolución Gloriosa (1688). La crisis inglesa del siglo XVII tuvo un final feliz: la revolución de 1688 fue la primera revolución moderna en la historia, una revolución que significó el triunfo de la libertad política y la monarquía parlamentaria.

La libertad fue, pues, una invención británica. Las décadas revolucionarias del siglo XVII pusieron, sin embargo, el mundo inglés literalmente «cabeza abajo». La crisis inglesa fue, comparativamente, incluso más grave que las «guerras de religión» que asolaron Francia en la segunda mitad del XVI. Ya el reinado de Jacobo I (1603-1625), el hijo de María Estuardo que reunió las coronas de Inglaterra y Escocia, debilitó sensiblemente el poder y prestigio de la monarquía por las continuas fricciones constitucionales entre el Parlamento y el rey, y por las dificultades financieras de su administración (y aún, por la política exterior procatólica del «favorito» del rey, el duque de Buckingham). Luego, la voluntad de Carlos I (1625-1649) y de sus ministros (especialmente, el conde de Strafford, ministro principal entre 1629 y 1640) de imponer una monarquía autocrática y filocatólica, cuestiones religiosas (como la reforma conservadora de la Iglesia anglicana impuesta por el arzobispo de Canterbury William Laud, que provocó la oposición del puritanismo y del mundo laico británico), y problemas constitucionales en torno a los límites del poder real, más las dificultades de la integración y gobernación de Inglaterra, Escocia e Irlanda, ambiciones personales y errores políticos, llevaron a Inglaterra a la guerra civil, un acontecimiento capital —lógicamente— en la historia del país.

Lo que en un principio (1639-1640) fue un conflicto político con trasfondo religioso entre la Corona y Escocia en torno a la nueva liturgia que Laud quería imponer en la Iglesia presbiteriana escocesa —que se resolvió, a favor de Escocia, en la «guerra de los obispos»—, derivó en una grave confrontación (1640-1642) entre el rey y el Parlamento, que encontró su gran líder en John Pym, sobre el poder real y las reformas de Laud o si se quiere, en una confrontación entre absolutismo real y constitucionalismo parlamentario, que escaló en guerra civil (1642-1646) entre Carlos I y las fuerzas del Parlamento (apoyadas por Escocia), convertidas en 1645 en el «nuevo modelo» de ejército bajo el mando de Oliver Cromwell (1599-1658).

El Parlamento ganó la guerra civil (1642-1646) merced sobre todo a las grandes victorias de Cromwell en Marston Moor (1644) y Naseby (1645), porque tuvo el apoyo de la parte más rica del país (Londres, las ciudades y los puertos comerciales) y por la superioridad moral y militar del ejército parlamentario: Carlos I, que estableció su capital en Oxford, fue un hombre indeciso y vacilante cuyo débil liderazgo suscitó gran desconfianza política y militar en sus propias filas. La victoria no estabilizó la situación. Tras tres años (1646-1649) de vacío de autoridad, revueltas, nuevos enfrentamientos y realineamiento de fuerzas, en que todas las partes implicadas (Carlos I, el Parlamento, el ejército de Cromwell, la Iglesia anglicana) pugnaron por redefinir las estructuras del poder, la crisis desembocó en una revolución: ocupación del poder por el ejército, juicio por el Parlamento y posterior ejecución de Carlos I (30 de enero de 1649), creación de una especie de república controlada por el ejército parlamentario, de una Commonwealth o Estado-libre (1649-1660) bajo el Protectorado (poder personal) de Cromwell, el hombre fuerte de la guerra civil.

La crisis política engendró, pues, la guerra, la violencia degeneró en revolución y esta, en autoritarismo militar y personal. Cromwell, un hombre de carácter reservado, hipocondríaco y melancólico, religioso y convencido de ser un instrumento de Dios, pero también pragmático, oportunista, decidido y firme, cambió Inglaterra probablemente para siempre: reunificó el país, reforzó la administración central, creó un nuevo ejército, resucitó el espíritu y la moral «nacionales» de la época isabelina, hizo de Inglaterra (ya Gran Bretaña) el primer poder naval del mundo, reafirmó el poder británico en el Caribe y América del Norte —frente a Francia, Holanda y España— y, aun a cambio de «traicionar» la revolución y eliminar el radicalismo puritano, recondujo su régimen hacia una especie de «reino» conservador y constitucional —esto es, no militar— y hacia una nueva legitimidad parlamentaria y civil, basada en el Instrumento de Gobierno de 1653.

El Protectorado no sobrevivió a Cromwell. Tras su muerte en 1658 y el colapso de su régimen dos años después, la monarquía fue restaurada con gran satisfacción popular en la persona de Carlos II, el hijo del rey ejecutado, tras negociaciones entre el entorno del nuevo rey y los mandos (George Monck, principalmente) del ejército republicano (restauración que generaría para siempre un doble debate: sobre la necesidad o no de la ejecución de Carlos I en 1649; sobre la utilidad o inutilidad de la guerra civil). Los Estuardo (Carlos II, 1660-1685; Jacobo II, 1685-1688) no supieron, sin embargo, aprovechar la nueva oportunidad histórica que la restauración propició. El mismo Carlos II, en cuyo reinado la monarquía y el Parlamento recobraron su papel como instituciones nacionales, especialmente en la etapa en que el conde de Clarendon fue ministro principal (1660-1667), siguió, si bien de forma inteligente y prudente, y evitando toda confrontación con el Parlamento, la política proabsolutista y procatólica de su padre, sobre todo a partir de 1681, tras la salida del gobierno primero del conde de Danby en 1679 y luego del conde de Shaftesbury en 1681. Jacobo II, un católico sincero e inflexible, hermano de Carlos II e hijo por tanto de Carlos I, reinó (1685-1688) desde la lealtad a la memoria de su padre y al servicio inequívoco del restablecimiento del catolicismo y del absolutismo real.

Todo ello llevó a 1688. La Revolución Gloriosa de 1688, que enfrentó a Jacobo II con la Iglesia anglicana, el Parlamento, el poder judicial y el ejército, fue probablemente necesaria de cara a lograr lo que se venía buscando desde 1640: estabilizar el reino en torno a un nuevo equilibrio entre el país y el rey, en virtud del cual el Parlamento (Cámara de los Comunes y Cámara de los Lores), y no la Corona, se constituyera en la primera institución del Estado. La revolución de 1688 fue a la vez una revolución del pueblo y de las élites parlamentaria y social. Se produjo cuando Jacobo II intentó lo ya dicho: imponer sobre las instituciones la autoridad real y la religión católica, una religión «no nacional». Se desencadenó (30 de junio/1 de julio) cuando, para restaurar el orden parlamentario, los líderes del Parlamento y de la Iglesia anglicana apelaron a un príncipe extranjero, el príncipe protestante (calvinista) holandés Guillermo de Orange, nieto de Carlos I y casado con María, hija de Jacobo II. Se decidió cuando Jacobo II, abandonado por sus tropas y los pocos notables que lo habían apoyado, huyó del país (diciembre de 1688). Concluyó cuando el Parlamento ofreció la Corona a Guillermo (Guillermo III) y María, el 13 de febrero de 1689, y cuando las tropas de estos derrotaron definitivamente al pequeño ejército —irlandés y francés— leal a Jacobo II, en la batalla del Boyne, en julio de 1690.

La Revolución Gloriosa fue, pues, extraña. La provocó la obstinación de Jacobo II, la lideraron elementos conservadores, y la ganaron, sin apenas lucha, tropas extranjeras. Fue, en suma, una revolución incruenta y no represiva, fruto del entendimiento y la colaboración entre las distintas fuerzas políticas británicas —whigs y tories, definidos ya así en los parlamentos de Carlos II—; y fue una revolución desideologizada y no doctrinal que aspiraba a preservar el orden social y jurídico tradicional o, en todo caso, a reformarlo positivamente.

Las consecuencias fueron decisivas. La revolución concedió la libertad religiosa (aunque no la plena igualdad: la minoría católica, y por tanto Irlanda, quedó privada de derechos políticos). Abolió la censura y estableció la libertad de expresión. Reforzó la independencia judicial. Abolió los delitos políticos y estableció un nuevo equilibrio de poder entre el rey y el Parlamento, que asumió en adelante la fijación del gasto militar y la aprobación de los impuestos: hizo de la Cámara de los Comunes la primera institución del Estado.

La revolución de 1688, en definitiva, dio a Inglaterra un sistema de libertades: no una constitución escrita, sino un Estado de derecho y un régimen parlamentario. Estableció el principio del consentimiento de los súbditos como fundamento del Estado, la concepción política que Locke teorizó en sus Dos tratados sobre el gobierno civil que publicó en 1690, pero que había escrito años antes.

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El siglo de la Ilustración

El siglo XVIII fue el de la Ilustración —de las Luces— y del despotismo ilustrado. Pero no aconteció, ni de forma general, simultánea e idénticamente en toda Europa. La historia es, como sabemos, complejidad. Una aproximación al siglo XVIII que lo asociara a música exquisita (de Antonio Vivaldi y Johann Sebastian Bach a Georg Friedrich Haendel y Wolfgang Amadeus Mozart) y a la pintura elegante de Jean-Antoine Watteau, Jean-Honoré Fragonard y Thomas Gainsborough; a rococó, jardines y villas paladianas inglesas, y a la Enciclopedia de Denis Diderot y Jean le Rond d'Alembert, Del espíritu de las leyes de Montesquieu y al Cándido de Voltaire, no sería en modo alguno una aproximación errónea. Pero sería una interpretación decididamente insuficiente, y por ello engañosa. El XVIII fue, en conjunto, un siglo positivo. La población europea, por ejemplo, creció de unos ochenta y un millones de habitantes en 1700 a unos ciento veintitrés millones en 1800. Pero el siglo no fue solo (ni principalmente) progreso armónico, felicidad y evolución tranquila. El mal —guerra, censura, represión, violencia, criminalidad, intolerancia, conflictos, pobreza, ignorancia…— acompañó siempre a la Ilustración. El fin de siglo no pudo ser más expresivo al respecto: el Terror jacobino de 1793-1794, que significó la liquidación no ya del «proyecto» reformista ilustrado del XVIII, sino del mismo sueño revolucionario de libertad de 1789.

Esquema de la ilustración

En cualquier caso, y cualesquiera que sean los debates que su análisis suscite (Ilustración radical vs. Ilustración moderada; plena Ilustración e Ilustración tardía; cosmopolitismo o ilustraciones nacionales), la Ilustración fue una revolución cultural. Libros como Del espíritu de las leyes (1748) de Montesquieu; Ensayo sobre el origen del conocimiento humano (1746) de Étienne Bonnot de Condillac; la Enciclopedia (1751-72) de Diderot y D'Alembert; el Diccionario filosófico (1764) de Voltaire; El contrato social y Emilio, ambos de 1762 de Jean-Jacques Rousseau o De los delitos y las penas (1764) de Cesare Beccaria, transformaron radicalmente el pensamiento moderno. Las ideas ilustradas, más ideas dispersas que un pensamiento unitario, hacían de la razón, la observación, la ciencia y el conocimiento de la naturaleza (frente a la religión, la tradición, los dogmas, las supersticiones y la costumbre) la base del conocimiento y de toda explicación del mundo y de la conducta humana, de la moral, por tanto, y del gobierno. Los «ilustrados» no tenían, probablemente, una verdadera «agenda pública» (y mucho menos una agenda pública compartida). Sus ideas replanteaban, sin embargo, los fundamentos y la razón misma del Estado, cuya legitimidad se derivaría, para la Ilustración, de su actividad al servicio de la felicidad humana, y cuyo gobierno exigiría la separación de la Iglesia y el Estado, el contrato social entre gobernantes y gobernados, la separación de poderes y el desarrollo de una justicia independiente.

La ciencia y la divulgación científica fueron piezas fundamentales del proyecto ilustrado. El número de academias y sociedades científicas (y similares: colegios, escuelas, seminarios, jardines botánicos…) creadas a lo largo del siglo XVIII, muchas de ellas por iniciativa de las monarquías ilustradas, fue extraordinario. A mediados de siglo podía haber en Europa, desde España a Rusia, en torno a doscientas instituciones públicas o privadas de aquel tipo, casi todas excelentes. Diarios y revistas de divulgación —el primero, el Journal de Physique que apareció en 1771—, diccionarios, enciclopedias, premios y concursos hicieron de las ciencias un hecho social de indudable interés incluso para el gran público. Sus aplicaciones inmediatas en medicina, higiene pública, cirugía o sanidad (como el descubrimiento de la vacuna contra la viruela por Edward Jenner en 1796) o en agronomía y ganadería, hicieron de la ciencia un bien de utilidad pública, no un campo esotérico de investigación a cargo de personalidades singulares, como en siglos anteriores.

Jakob y Johann Bernoulli elaboraron numerosas aplicaciones del cálculo de probabilidades. El hijo de Johann, Daniel, que en 1738 publicó Hidrodinámica, desarrolló el teorema sobre la energía de los fluidos en circulación, origen de extraordinarias aplicaciones prácticas. Leonhard Euler, matemático y físico suizo (de Basilea, como los Bernoulli), elaboró, dentro de una obra de amplitud inabarcable, la notación de los escritos matemáticos (la función exponencial, el número e y muchos otros), y avanzó decisivamente en todos los ámbitos de las matemáticas (teoría de los números, números perfectos, números primos, ecuaciones, trigonometría…). La revolución química fue a su vez capital. Henry Cavendish descubrió en 1776 las propiedades del hidrógeno y la composición del agua; Joseph Priestley descubrió en 1774 el oxígeno (paralelamente a Antoine-Laurent de Lavoisier y Carl Wilhelm Scheele) y fue uno de los primeros en aislarlo en forma gaseosa. Lavoisier (Método de nomenclatura química, 1787; Tratado elemental de química, 1789) descubrió la teoría de la combustión, la composición del aire (oxígeno y nitrógeno) y el principio de conservación de la masa; ideó el concepto de «elemento» químico y propuso, y logró que se aceptara, la unificación y sistematización de la nomenclatura de los compuestos químicos (cloruros, cloratos, etcétera). Charles-Augustin de Coulomb (carga eléctrica), Alessandro Volta (pila eléctrica) y Luigi Galvani (electricidad animal) contribuyeron de forma sustantiva al estudio y progreso de la electricidad. Los primeros «milagros» de la ciencia —la botella eléctrica de Leyden, los globos aerostáticos de los hermanos Joseph-Michel y Jacques-Étienne Montgolfier (ya hacia 1785), el uso del magnetismo como terapia por el doctor Franz Anton Mesmer— asombraban.

La ciencia, en definitiva, constituía un elemento esencial en lo que era la gran agenda de la Ilustración: reunir todos los conocimientos humanos en un sistema, como forma de explicar el mundo. La Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, la formidable empresa cultural (28 volúmenes, 139 colaboradores) que entre 1751 y 1752 acometieron Diderot y D'Alembert —la obra emblemática de la Ilustración— aspiraba a crear una nueva manera de pensar: «Formar un cuadro general —señalaba Diderot en el “Prospectus” que en octubre de 1750 escribió para presentar la Enciclopedia— de los esfuerzos del espíritu humano en todos los géneros y en todos los siglos»; dar «explicación detallada» del conocimiento humano, añadía D'Alembert en el «Discurso preliminar».

Conocer cabalmente el mundo natural, la interpretación de la naturaleza, aparecía como una de las formas capitales de la nueva manera de pensar. Carl Linneo (1707-1778), el naturalista y botánico sueco autor en 1735 de Systema naturae, clasificó las plantas (en Species Plantarum, 1753, recogió, clasificó y nombró en torno a siete mil trescientas especies) y abordó el estudio taxonómico de los reinos naturales, esto es, de hombres (acuñó, por ejemplo, el término «primates»), animales (para los que ideó la nomenclatura zoológica), y plantas. Buffon —Georges L. Leclerc, conde de Buffon (1707-1778)—, también naturalista y botánico, recogió en su extraordinaria Historia natural, general y particular (1749-1788, 44 volúmenes) todo el conocimiento que del mundo natural se tenía en el siglo XVIII, y planteó ya cuestiones como la similitud entre el hombre y el mono —e incluso, la posible existencia de un antepasado común— y como el posible cambio orgánico de las especies —algo, por ejemplo, que Linneo no aceptaba— por su reacción o adaptación al medio ambiente, de la misma forma que en Las épocas de la naturaleza (1788) sugería ya que el mundo era mucho más antiguo que los seis mil años que le atribuía la Iglesia.

Todo lo referente a las ciencias de la Tierra adquirió relevancia extraordinaria: fósiles, volcanes, fisiología y anatomía de los seres vivos, botánica, zoología, mineralogía, el agua, el mar, los océanos, los seísmos (sobre todo a raíz del terrible terremoto que destruyó Lisboa en 1755, en el que pudieron morir unas cien mil personas y que conmovió a la humanidad: Voltaire mismo lo incorporaba en Cándido), el clima —el astrónomo sueco Anders Celsius creó en 1742 la escala centígrada de la temperatura en razón de la congelación y ebullición del agua—, y la cosmografía.

La Ilustración inventó, por último, el viaje científico. Vitus Jonassen Bering, un danés al servicio de Rusia, exploró Siberia, las islas Aleutianas y Alaska (1741). Louis Antoine de Bougainville se adentró (1766-1769) por el Pacífico Sur: Tahití, Samoa, islas Hébridas y Salomón. En sus tres viajes por la región (1768-1771, 1772-1775, 1776-1779), el inglés James Cook reconoció las costas de Australia, descubrió Nueva Caledonia y Hawái, y probó la insularidad de Nueva Zelanda. Entre 1785 y 1788, Jean François de La Pérouse exploró las costas de China y Japón, y algo después (1791-1794) George Vancouver recorrió el noroeste de Estados Unidos y Canadá. Entre 1789 y 1794, España promovió una nueva expedición científica, esta vez alrededor del mundo, encabezada por el marino italiano Alessandro Malaspina (1754-1809), que viajó por América del Sur, el Pacífico, las costas de América del Norte, Filipinas y Australia, recogió muy amplias colecciones de plantas y minerales, y levantó cerca de cuarenta cartas náuticas nuevas. En 1783, por iniciativa del sacerdote y botánico español José Celestino Mutis (1732-1808), España organizó una expedición botánica que estudió casi en su totalidad la flora de Colombia.

Voltaire (1694-1778), el escritor que más que ningún otro encarnó el pensamiento y la literatura de las Luces, fue el símbolo de la razón frente al fanatismo y la injusticia. Lavoisier —lo acabamos de ver— creó la química como ciencia; Montesquieu (Del espíritu de las leyes) y Rousseau (Contrato social), la ciencia política; Beccaria (De los delitos y las penas), el penalismo; el propio Rousseau (Emilio) y Johann Heinrich Pestalozzi, la pedagogía moderna. El siglo XVIII fue, además, el de la economía política. La fisiocracia (François Quesnay, Tableau économique, 1758-1759) fue la primera teoría económica completa en la historia, una teoría en la que la agricultura, la propiedad privada, el mercado y el libre desarrollo económico —lo que en la práctica suponía eliminación de la servidumbre, desamortizaciones, nuevos métodos de cultivo y supresión de aduanas y peajes interiores— constituían las claves del crecimiento económico y de la prosperidad social. La aparición en 1776 de La riqueza de las naciones de Adam Smith (1723-1790) creó el pensamiento económico moderno: el trabajo como fuente del valor de las cosas y de la riqueza; especialización en el trabajo y liberalización frente a todo tipo de restricciones económicas (gremios, monopolios, aduanas exteriores e interiores…), como claves para el desarrollo.

El siglo XVIII fue también, en buena medida, el de la historia. En su obra Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones (1769) —un libro lastrado por su exagerado didactismo, sus simplificaciones ideológicas y su excesiva confianza en la razón como factor de progreso histórico—, Voltaire explicaba la historia como expresión de las diferencias históricas y nacionales de pueblos, países y culturas, y por las circunstancias de tiempo y lugar que, en cada caso, condicionaron la evolución histórica. En su Historia de Inglaterra (1754) —un libro de escepticismo corrosivo, gran calidad y claridad expositivas y carente de generalizaciones históricas y didactismos abusivos, que pretendía ser una reflexión sobre la conducta humana y sobre el papel negativo de las pasiones en la historia—, David Hume analizaba Inglaterra como una cultura histórica, esto es, como una unidad de análisis propia y distinta. En Historia de la decadencia y caída del Imperio romano (1776-1778), uno de los grandes clásicos de toda la historiografía, Edward Gibbon destacaba los valores que habían hecho la grandeza de Roma —la virtud cívica, la dignidad personal, la mesura, el patriotismo, el valor—, oponía civilización (Roma) a barbarie, y veía en la irrupción del cristianismo (monoteísmo, superstición, beatería, ascetismo, pietismo) la causa última de la caída del Imperio romano.

Luces y sombras

El mal acompañó a la Ilustración. No solo en la república de las letras. Así, la paz fue una invención del siglo de las Luces en publicaciones como el Proyecto para lograr una paz duradera en Europa (1713) del abad de Saint-Pierre o La paz perpetua (1795) de Kant. Pero la guerra, provocada todavía a menudo por razones estrictamente dinásticas, continuó siendo el factor determinante de las relaciones internacionales. Entre 1700 y 1800, hubo en torno a veinte grandes conflictos armados entre las potencias europeas (Inglaterra, Francia, Austria, Prusia, España, Rusia…) en los que pudieron morir en torno a 4,5 millones de personas: cerca de un millón doscientas cincuenta mil en la guerra de Sucesión española (1701-1714), unas novecientas noventa mil en la guerra de los Siete Años (1756-1763) que enfrentó a Gran Bretaña y Prusia contra Austria, Francia, España, Rusia, Suecia y Sajonia; cerca de trescientas cincuenta y nueve mil en la guerra de Sucesión austriaca (1740-1748) y más de seiscientas mil en las guerras de la Revolución francesa, solo entre 1792 y 1802.

La guerra alteró el equilibrio territorial y militar de Europa y, en razón de la expansión europea, el estado del mundo. En los tratados que pusieron fin a la guerra de Sucesión española (Utrecht, 1713-1715 y Rastadt, 1714) —desencadenada por la oposición de Austria, Gran Bretaña y Holanda a la proclamación de Felipe V, nieto de Luis XIV, como rey de España a la muerte en 1700 del último Austria español, Carlos II—, España perdió los Países Bajos (Bélgica), Gibraltar, Menorca (1708-1783) y todas sus posesiones en Italia (Milanesado, Cerdeña, Nápoles y Sicilia) en beneficio de Austria, Saboya-Piamonte y Gran Bretaña (aunque luego, al hilo de la guerra de Sucesión polaca de 1733-1735, España lograría que la dinastía Borbón, la nueva dinastía reinante en el país, recuperase Nápoles y Sicilia). Prusia-Brandeburgo, a costa de Austria, y Rusia frente a Suecia, Polonia y el Imperio otomano emergerían como las potencias hegemónicas en el centro y este de Europa. La guerra de Sucesión española hizo de Gran Bretaña la primera potencia naval; las formidables victorias del duque de Marlborough en aquella guerra, en Blenheim, Ramillies, Oudenarde y Malplaquet, pusieron fin a la hegemonía continental de la Francia de Luis XIV. En la guerra de los Siete Años, una guerra a la vez europea, naval y colonial, Francia tuvo que ceder a Gran Bretaña Canadá y todas sus posesiones norteamericanas en las regiones de los Grandes Lagos y el Misisipi (Francia cedió Luisiana a España, que a su vez debió entregar Florida a los ingleses), e importantes enclaves en el Caribe (Granada, Tobago), África y la India (por lo que se hablaría ya, y con razón, de Imperio británico).

Las Luces conllevaban indudablemente el «desencantamiento» del mundo, esto es, la ilusión de un mundo regido por la razón y el progreso. Pero las contradicciones continuaban. Aunque las ejecuciones por brujería disminuyeron sensiblemente en toda Europa desde finales del siglo XVII, hubo países que no las prohibieron hasta bien entrado el XVIII. La gran mayoría de los procesos por brujería en Austria y Bohemia —con 900 y 1000 ejecuciones respectivamente— tuvo lugar a fines del XVII y ya en el siglo XVIII. A su vez, la religión y las iglesias siguieron conservando un inmenso poder institucional y espiritual. En la propia Francia de Voltaire, la gran masa del pueblo vivía cristianamente: bautismo, enseñanza del catecismo, procesiones espectaculares, comunión en ocasiones señaladas, matrimonio religioso, viático y extremaunción eran prácticas generales, y en el mundo rural (un 80 % del país), absolutamente dominantes.

El declive del papado fue evidente. Benedicto XIV (1740-1758), Próspero Lambertini, fue, pese a ello, un papa excelente, culto, muy buen teólogo y excelente jurista, un papa prudente que promovió la reforma de la educación en los seminarios, defendió los estudios científicos y la crítica histórica de los textos sagrados, limitó la censura y la prohibición de libros e introdujo numerosas reformas prácticas en la Iglesia y en el propio funcionamiento del papado. Ciertamente, la Iglesia católica se posicionó contra muchas de las ideas modernas (incluido el jansenismo, condenado por Clemente XI en 1713). Pero, además del papa Lambertini, hubo personalidades de la Iglesia, como los cardenales Corsini y Passionei, el abad Muratori, o en España, el cardenal Lorenzana, muy favorables a ideas de renovación litúrgica y reforma moral. En cualquier caso, fue en el siglo XVIII, no antes, cuando culminaron los procesos de aplicación de la Contrarreforma y recatolización en Austria, Bohemia y sur de Alemania. Dos movimientos de profunda e intensa espiritualidad religiosa, el pietismo alemán de Phillip Jacob Spener y el metodismo inglés de John Wesley, que renovaron en buena medida el mundo protestante, nacieron o se institucionalizaron también entonces, en las primeras décadas del XVIII. Durante todo el siglo, la arquitectura católica siguió siendo formidable: fachada del Obradoiro de la catedral de Santiago, catedrales de Murcia y Cádiz, la basílica de Superga en Turín, la iglesia de San Carlos en Viena, el monasterio de Melk sobre el Danubio, San Juan Nepomuceno en Múnich, la abadía de Ottobeuren en Suavia, Nuestra Señora de Loreto y San Nicolás en Praga, la iglesia de los Clérigos en Oporto, o el monasterio y palacio de Juan V en Mafta, también en Portugal.

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La república de las letras

Los restos de Voltaire fueron solemnemente trasladados al Panteón de hombres ilustres creado por la revolución, el 11 de julio de 1791; los de Rousseau, el 11 de octubre de 1794. Fue, pues, la propia Revolución francesa quien entronizó a los «filósofos» del siglo XVIII como sus precursores intelectuales, un argumento del que se apropiarían, primero, el pensamiento ultracatólico y contrarrevolucionario (por ejemplo, Augustin Barruel en sus Memorias para servir a la historia del jacobinismo, 1797-1799) y más tarde, la propia historiografía de la revolución. En Historia de la Revolución francesa (1847-1853), Jules Michelet, el historiador radical, hacía de Montesquieu, Voltaire y Rousseau los «profetas» de las ideas de libertad que inspiraron la revolución de 1789; en Los orígenes de la Francia contemporánea (1875), Hippolyte Taine, un historiador liberal-conservador, veía en la propaganda de los filósofos la causa última de la revolución.

La asociación Luces-Revolución francesa era en muchos sentidos errónea. El pensamiento ilustrado fue una revolución cultural, pero a largo plazo. Su influencia inmediata —y desde luego su influencia directa en los acontecimientos de 1789— fue decididamente menor. Las ideas de la Ilustración influyeron ante todo en círculos minoritarios de la aristocracia y la nobleza rural europeas, en los salones y medios literarios —muchos de ellos sostenidos por aristócratas o por comerciantes y hombres de negocios enriquecidos—, y en medios profesionales de las ciudades (abogados, funcionarios, profesores, publicistas, médicos…). Ciertamente, la Revolución francesa honró a Rousseau en numerosas ocasiones y de distinta forma. Pero las ideas de la Ilustración tuvieron escasísima, si no nula, relevancia en la conciencia popular parisina que estalló en 1789. Rousseau mismo odiaba la violencia.

Voltaire

Como ya se apuntó, Voltaire (François Marie Arouet, 1694-1778) fue probablemente quien mejor encarnó la manera de pensar y escribir de la Ilustración. Con sus virtudes sin duda, pero también con todas sus contradicciones. Voltaire fue ante todo un polemista, no un gran pensador como Montesquieu, ni mucho menos un filósofo como Hume o Kant. Fue un escritor y un intelectual especialmente brillante e ingenioso, pero no excepcional. No todo en su vida y en su carácter fue irreprochable. Voltaire fue un hombre moralmente valeroso e intelectualmente honesto, pero también un individuo caprichoso, ávido de dinero y a menudo seducido por monarcas absolutos (supuestamente ilustrados) y por los halagos del poder. En su relación con Catalina II de Rusia y Federico II de Prusia pudo ser, en momentos, hasta servil; el valor de las propiedades y fortuna que adquirió —especialmente, su finca de Ferney (Suiza)— y de las rentas anuales que le proporcionaron fue inmenso.

Su obra poética y teatral —esta última copiosísima— envejeció enseguida. Ninguna de sus piezas teatrales resistiría a la comparación con las chispeantes comedias de Pierre-Augustin de Beaumarchais (El barbero de Sevilla, 1775; Las bodas de Fígaro, 1784), o fuera de Francia, con el teatro de Carlo Goldoni (El abanico, El café, La posadera…). Los estudios históricos de Voltaire —Historia de Carlos XII, El siglo de Luis XIV, Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, Historia del imperio de Rusia bajo Pedro el Grande— fueron, por el contrario, en conjunto excelentes. Crearon además un nuevo tipo de historia, o una nueva forma de interpretarla, que cabría definir como la interpretación filosófica de la historia —pero con una base de erudición extraordinaria y un sentido crítico agudísimo y certero—, historia por tanto como explicación (no como crónica o narrativa), y como contribución positiva a la creación de un pensamiento más racional e inteligente.

Sus narraciones breves y sus novelas filosóficas fueron también, por lo general, excelentes. Cándido (1759), la trepidante, divertidísima e inverosímil historia de las aventuras y desgracias de Cándido, Cunegunda, el doctor Pangloss, Cacambo, Martín, Paquette y el resto de los personajes, era una pequeña obra maestra, un prodigio de mordacidad e ironía, de precisión y rapidez narrativas, de inteligencia en suma, en que Voltaire —a quien en una ficha policial de 1748 se describía como «alto, seco y con aire de sátiro»— satirizaba despiadadamente el optimismo filosófico, la religión, la guerra, la nobleza, las artes y los clásicos.

Voltaire fue ante todo el símbolo de la fuerza y verdad de la razón frente al fanatismo y la injusticia. La defensa que hizo de los casos de Jean Calas y Pierre-Paul Sirven —dos protestantes condenados a muerte (y Calas, torturado y ejecutado en 1762) por errores de la justicia inspirados por el sectarismo religioso—, defensa que logró la reivindicación del nombre y la fama de los procesados, fueron ejemplos admirables de lo que Voltaire entendía por valor moral y sentido de la justicia. No hubo en él un fondo de ideas democráticas. Al contrario, su ideal político era, en todo caso, algo próximo a una autocracia ilustrada. Sus dos grandes contribuciones a la historia de la humanidad fueron su defensa de la tolerancia frente al fanatismo religioso (resumida en su eslogan Écrasez l'infâme, «Aplasten al infame», aparecido en 1762, y argumentada en su Tratado sobre la tolerancia de 1763) y su pasión por la libertad de expresión y por la libertad de pensamiento.

Rousseau

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), por su parte, no compartió el optimismo de la Ilustración. En su primer trabajo, el Discurso sobre las ciencias y las artes (1750), que premiado por la Academia de Dijon le dio inmediata celebridad, advertía ya que era un error creer —como creían los ilustrados— que la virtud y las costumbres mejoraban a medida que progresaban las ciencias y las artes. Rousseau pensaba lo contrario: que el progreso de la civilización había conllevado la decadencia de las costumbres, esto es, la regresión moral de la sociedad. Su segundo gran trabajo, el Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres (1755) —también respuesta a una iniciativa de la Academia de Dijon que en 1753 había planteado la cuestión de la desigualdad como objeto de un nuevo concurso público—, era una crítica radical de toda la sociedad moderna (por tanto, y nuevamente, de la idea de progreso). En efecto, desde su perspectiva —que consideraba errónea e injusta la evolución de la sociedad desde el estado natural del hombre—, la invención de la propiedad, necesaria a la evolución de la humanidad, aparecía para Rousseau como la causa de la desigualdad entre los hombres y, más aun, como la razón última de todos los males sociales (lo que le llevaba a dos de los argumentos que iba a desarrollar en El contrato social: libertad e igualdad como los dos mayores bienes del hombre; la voluntad general como fundamento de la igualdad y de toda política que aspirase a superar la desigualdad dominante).

La idea de «igualdad» no fue en modo alguno ajena al pensamiento ilustrado, aunque no tuviera la importancia de conceptos como libertad, felicidad o tolerancia. Esa idea —«igualdad natural»— fue así esencial en el debate sobre el derecho natural (el propio Rousseau se ocupó de ello en la primera parte del Discurso sobre la desigualdad), y en los debates que la Ilustración asumió con originalidad y oportunidad innegables sobre, por ejemplo, la igualdad de los sexos (la mujer culta tuvo papel prominente en muchos círculos y salones literarios del siglo XVIII como fue el caso, en Francia, de las marquesas de Deffand y Pompadour, madames de Chàtelet y Geoffrin y muchas otras), o sobre la «emancipación» o igualdad jurídica de los judíos, o sobre el tema de la esclavitud y su posible abolición (aunque el movimiento abolicionista más eficaz, el británico, no partió de la Ilustración sino de cuáqueros como Granville Sharp, autor de La injusticia de tolerar el esclavismo, 1769, y evangelistas como William Wilberforce, 1759-1833).

Pero en Rousseau, como en otros ilustrados radicales como Gabriel Bonnot de Mably o Paul-Henri Thiry, barón de Holbach, el concepto de «igualdad» era, más que un principio filosófico, una exigencia social. El radicalismo social del Discurso sobre la desigualdad —un texto, en cualquier caso, esencial— se apartaba, pues, del pensamiento ilustrado. El Discurso no gustó en los círculos y salones de la Ilustración, hecho que el psicológicamente obsesivo, inestable y complicado Rousseau resintió profundamente. Voltaire, por ejemplo, leyó el Discurso como mera «filosofía de mendigo». Rousseau, hombre de origen modesto (nació en Ginebra, en una familia de artesanos-relojeros) y personalidad difícil —hipersensible, neurótico, obsesivo, contradictorio—, no fue lo que luego los tópicos dirían de él: el defensor del buen salvaje y del retorno a la naturaleza, el ideólogo de la democracia de masas. En Emilio (1762) proponía un nuevo tipo de educación que favoreciese el pleno desarrollo de la personalidad del niño en un entorno natural (esto es, libre de las convenciones formalistas y de las restricciones autoritarias de la vida social), y en el cuarto libro de aquella obra, Profesión de fe de un vicario saboyano, defendía, frente a la religión institucionalizada, una especie de deísmo genérico basado en los sentimientos morales y espirituales del hombre y en la simple conciencia individual.

Los puntos centrales de su filosofía moral y política —expuestos sobre todo en El contrato social (1762)— eran los conceptos de «pacto social» como origen del Estado, y de «voluntad general» como fundamento de la soberanía. O dicho de otra forma: el pueblo reunido, como único soberano legítimo de la comunidad política; y el gobierno, como agente de la voluntad general. «La voluntad general —escribía en El contrato social— puede dirigir por sí sola las fuerzas del Estado según el fin de su institución, que es el bien común». El único gobierno legítimo sería así, para Rousseau, un Estado regido por leyes emanadas de la voluntad general, cuya soberanía era inalienable e indivisible; una democracia directa, popular, asamblearia (no una democracia representativa), bajo un gobierno mero ejecutor del mandato popular.

Más, por tanto, que a una democracia parlamentaria y constitucional y a un régimen democrático de partidos, el pensamiento de Rousseau —sin duda extraordinariamente complejo y original— llevaba a una república popular, probablemente autoritaria, de base plebiscitaria. Pero no necesariamente —como se pretendería— a la República jacobina de 1793-1794. Rousseau, del que ya se ha dicho que odiaba la violencia, entendía, y así lo dijo, que su ideal político solo podía ser válido en ciudades-Estado o en repúblicas y comunidades políticas de dimensiones reducidas (como su Ginebra natal).

El contrato social tuvo 13 ediciones entre 1762 y 1789. Pero no fue el mayor éxito de su autor. Emilio tuvo 22 ediciones en el mismo tiempo y Julia, o La nueva Eloísa (1761), una novela sentimental, en torno a cincuenta, su mayor éxito. Los lectores del Emilio y La nueva Eloísa no fueron los revolucionarios de 1789: los leyeron sobre todo damas de la aristocracia y de la sociedad acomodada francesa (que adoptaron algunas de las prácticas que Rousseau sugería en el Emilio: la madre como nodriza, paseos por el campo, el cuidado directo y personal del niño). Adulado y combatido por igual, Rousseau fue siempre contradictorio. Exaltó los principios modernos de libertad e igualdad, pero criticó todo lo que en el siglo XVIII se entendía como progreso histórico. Postuló, y con indudable éxito público, una educación humanizada y afectiva: abandonó a sus cinco hijos en un hospicio.

Lecturas del siglo XVIII

La cuestión, por tanto, de si los libros —en nuestro caso, los de Voltaire y Rousseau— hicieron o no revoluciones es una cuestión falaz: los libros fueron la revolución. Lo fueron en el Renacimiento; y lo fueron, con mucha más razón, en el Siglo de las Luces.

Primero, las enciclopedias, con la Enciclopedia (1751-1772) de Diderot y D'Alembert como la gran empresa editorial de la revolución cultural ilustrada, pero que tuvo otras manifestaciones: el Dictionnaire historique et critique (1697) de Pierre Bayle; la Cyclopaedia inglesa (1728) de Ephraim Chambers; el Dictionnaire universel raisonné des connoissances humaines (1770-1780, 48 volúmenes) de Fortunato Bartolomeo de Felice; la Encyclopedia Britannica (1771-1792), que tuvo además edición separada en Estados Unidos; y otras, como la Encyclopédie méthodique del editor francés Charles-Joseph Panckoucke —que en 1771 había reimpreso la Enciclopedia de Diderot y D'Alembert, y en 1777 los 7 volúmenes suplementarios de esta—, enciclopedia metódica prevista en 1781 en 49 volúmenes, pero que hasta 1832 en que dejó de publicarse, llegó a los 217 volúmenes.

La Enciclopedia de Diderot y D'Alembert, Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, fue no solo un colosal esfuerzo editorial —28 volúmenes de texto y 11 de láminas (grabados, ilustraciones) entre 1751 y 1772, más 7 volúmenes adicionales de Suplementos publicados entre 1776 y 1780; 139 colaboradores, 72 000 entradas, 2500 láminas—, sino que, a pesar de las muchas dificultades con que se enfrentó (la más importante: la prohibición por real orden en 1759, orden luego revocada), fue además un gran éxito comercial. La difusión de la obra entre 1751 y 1782 pudo alcanzar los 25 000 ejemplares, los beneficios (según Voltaire) los 7,5 millones de libras, una cifra inmensa —el sueldo anual de un obrero francés estaba en torno a las 280 libras— y dio trabajo durante veinticinco años a unos dos mil trabajadores y a varias imprentas.

Las ventas de la Enciclopedia fueron extraordinarias. Ello probaba que el enciclopedismo, la aspiración a una explicación racional del mundo, había penetrado en la educación y mentalidad de círculos significativos de magistrados, funcionarios y de los patriciados rurales y urbanos franceses y europeos, los principales suscriptores de la obra.

El éxito corroboraba, además, otra realidad: el aumento que a lo largo del siglo XVIII experimentaron la oferta y la demanda de lectura, uno de los hechos de mayor significación de la Ilustración. La publicación periódica —gacetas, diarios, periódicos—, una prensa periódica de aparición irregular, tipografía y maquetación próximas al libro, precio elevado y poca, y escasamente fiable, información, o en otras palabras, una prensa erudita y literaria más que informativa, se asentó definitivamente como forma de lectura prácticamente en toda Europa (y en América, tanto en la América británica como en la española). En Francia, por ejemplo, podía haber en 1745 unas quince publicaciones periódicas; en 1785 eran ya 82, alguna de las cuales —la Gazette de France— tiraba en torno a los doce mil ejemplares. Inglaterra tuvo prensa diaria, newspapers, desde 1702 en que apareció The Daily Courant, que vivió unos treinta años (y al que se añadirían otros: Daily Post desde 1720, The Morning Chronicle en 1769, The Times en 1788…). El gran éxito, con una tirada que pudo llegar hasta los veinte mil ejemplares y con traducciones e imitaciones en toda Europa, fue The Spectator, que Richard Steele y Joseph Addison, dos excelentes escritores, publicaron entre mayo de 1711 y diciembre de 1712, un diario muy popular entre las clases medias inglesas que, con un estilo que primaba la ironía y el ingenio, trataba de costumbres, moral, hábitos de conducta y literatura (pero no de política). El Journal de Paris, el primer diario francés, que apareció en 1777 y que fue también un éxito inmediato, anticipó mucho de lo que con el tiempo sería el periodismo: ofrecía cotizaciones financieras, anuncios de espectáculos, meteorología, cartas de los lectores, noticias de la vida cotidiana y comentarios de libros.

Pese a censuras y prohibiciones, el mundo del libro se transformó. La producción de libros aumentó de forma extraordinaria en toda Europa. La aparición del libro de pequeño formato, que podía llevarse en el bolsillo o de viaje, los hizo además más accesibles y manejables. Las librerías comerciales se multiplicaron. En Inglaterra proliferaron, además, las bibliotecas circulantes o de préstamo y los clubs del libro. El gusto lector se había modificado radicalmente respecto a siglos anteriores: la literatura y también el libro filosófico y el científico sustituyeron decididamente al libro religioso en producción y ventas.

La expansión de la novela, que la Enciclopedia de Diderot y D'Alembert definía como «relato ficticio de diversas aventuras maravillosas o verosímiles de la vida humana», fue una clara expresión de los cambios en gustos, valores y formas de vida que supuso la revolución ilustrada: primero, porque la novela fue, en efecto, cada vez más ficción narrativa de la vida humana; segundo, porque su expansión debió mucho a las nuevas formas de la industria editorial (pequeño formato, colecciones populares, prensa literaria); tercero, porque buena parte de su público fueron mujeres, cuya irrupción en la vida intelectual —como lectoras, como salonnières, como autoras, como protagonistas de la ficción— fue en sí mismo un cambio histórico fundamental.

En el siglo XVIII, la novela definió su propia especificidad. Robinson Crusoe (1719), la novela de Daniel Defoe —basada en un hecho real: la experiencia solitaria durante cinco años del náufrago Alexander Selkirk en la isla deshabitada de Juan Fernández—, de enorme éxito y enseguida traducida a varias lenguas, apeló a la imaginación y el gusto de los lectores por lo exótico y los viajes, y era una exaltación del individuo mismo como clave de la supervivencia y la vida. Las Cartas persas (1721) de Montesquieu, que él mismo definió como «una especie de novela», eran una sátira divertida y aguda de la sociedad francesa a través de la correspondencia de un viajero persa, Usbek, que visitaba París; como ya ha quedado dicho, el Cándido (1759) de Voltaire era también una sátira —pero esta vez despiadada, y no de la sociedad, sino sobre todo del optimismo filosófico— a través de las (hilarantes) desventuras de sus protagonistas. Tom Jones (1749), de Henry Fielding, otra obra acogida con entusiasmo por el público inglés, era una espléndida novela cómica con una trama compleja, en la que un joven de origen aparentemente humilde enamorado de una joven de extracción social mucho más alta, termina triunfando, conquistando a su amada y logrando su verdadero lugar en la sociedad, pero al hilo de todo lo cual Fielding reflexionaba sobre la felicidad, la bondad, la hipocresía, la justicia y la propia vida sexual.

Pamela (1740-1741) de Samuel Richardson y Julia, o La nueva Eloísa de Rousseau, dos novelas epistolares —la segunda claramente deudora de la primera—, eran novelas «sentimentales» pero también, y sobre todo, moralizantes sobre la pasión amorosa, la virtud y la respetabilidad personal y familiar. Tristram Shandy (1759-1767) de Lawrence Sterne fue una obra sorprendente, insólita, una narrativa desordenada, sin trama precisa, constantemente interrumpida por digresiones y derivaciones, y con una tipografía igualmente audaz que incluía páginas en blanco, asteriscos, párrafos rayados y garabatos, que al hilo de las observaciones e historias referidas por el narrador, Tristram, era una celebración de la invención literaria y una novela sobre cómo escribir una novela (la autobiografía del protagonista).

En Las desventuras del joven Werther (1774) —otro gran éxito de público: muchos jóvenes alemanes se vestirían como Werther, con chaqueta azul y pantalón amarillo—, Goethe creó el prototipo del héroe romántico, el joven melancólico y desesperado en rebeldía contra la sociedad, enamorado sin esperanza, e inevitablemente abocado al suicidio.

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La gloria de Venecia

En 1797, Napoleón Bonaparte liquidó la República de Venecia. En el curso de la campaña de Italia (1796-1797), una de las tres líneas de penetración hacia Austria diseñadas por el mando francés durante la guerra que desde 1792 libraban Europa (al final, solo Gran Bretaña y Austria) y la República revolucionaria francesa, Bonaparte y su ejército de Italia derrotaron en abril de 1796 a los austriacos (y a sus aliados, los piamonteses) y ocuparon Milán y Lombardía. En mayo de 1796, penetraron en Bérgamo, ya en territorio veneciano (pese a que Venecia había proclamado en 1794 su neutralidad en el conflicto), y en noviembre tomaron Trento y Verona. En abril de 1797, Bonaparte, tras aplastar un levantamiento popular antifrancés en Verona, ocupó Vicenza y Padua, y el 1 de mayo declaró la guerra a Venecia. El día 12, el dux (dogo), Ludovico Manin, y el Gran Consejo, la asamblea veneciana, dimitieron y capitularon sin resistencia: el ejército francés ocupó la ciudad dos días después.

Así terminaron más de mil años de historia independiente, perfectamente conocida y fechada a través de la misma relación de dogos, un total de 120, cuyos nombres y años de gobierno exactos entre 699 y aquel 12 de mayo de 1797 quedaron minuciosamente registrados. Peor aún, por el Tratado de Campo Formio (octubre de 1797), Francia, que se anexionó las islas venecianas en el Mediterráneo y el Egeo, entregó Venecia (además de Istria y Dalmacia) a Austria, que ocupó la ciudad militarmente en enero de 1798. El 19 de enero de 1806, los franceses —ahora el Imperio napoleónico— volvieron a tomar posesión de Venecia, que incorporaron al reino satélite de Italia; el 1 de abril de 1814, Venecia volvió a quedar (hasta 1866) bajo dominación austriaca.

Bonaparte, que visitó la ciudad una sola vez —por solo diez días, a partir del 29 de noviembre de 1807—, detestaba Venecia. Tal vez inspiró su visión en la de Jean-Jacques Rousseau, que en El contrato social escribía del Consejo de los Diez, la magistratura colectiva superior de la República veneciana, que era «un tribunal de sangre, igualmente horrible para los patricios como para el pueblo». La interpretación de Venecia como república tiránica y corrupta era la que se había ido extendiendo desde finales del siglo XVII, y que impregnaría incluso las primeras grandes historias de Venecia, como la contenida en la Historia de las repúblicas italianas de la Edad Media (1809-1818, 16 volúmenes) de Léonard Simonde de Sismondi o como Histoire de la république de Venise (1815-1818, 8 volúmenes) de Pierre Daru, ambas de autores admiradores de Napoleón y muy favorables a este. La historiografía posterior, sobre todo la historiografía italiana, modificó, como era lógico, dicha interpretación. Pero aun así, la Venecia del siglo XVIII aparecería como uno de los estados italianos no reformistas (en contraste con el reformismo ilustrado austriaco en Lombardía, Toscana y Módena, y borbónico en Nápoles, Sicilia y Parma), un Estado que era ya una sombra de la gran potencia marítima y comercial que Venecia había sido en los siglos XIII a XVI, un Estado en crisis, con el poder monopolizado por el reducido y oligárquico patriciado urbano de Venecia capital, y más una confederación de ciudades que un Estado unificado.

La tesis era exagerada. La Venecia del siglo XVIII (2,8 millones de habitantes en 1790; Venecia ciudad, 140 000) aun comprendía un amplio y muy próspero territorio: Istria y Dalmacia en el Adriático, y la llamada tierra firme en la península, que abarcaba desde Venecia, Chioggia, Padua, Vicenza y Verona hasta Bérgamo y Brescia en el Po, y las provincias de Treviso y Friuli en el norte. Aunque sin duda habían perdido posiciones en los mercados internacionales, tanto el puerto de Venecia como su Marina, las industrias de la seda y de producción de papel (y tipografía y edición de libros) eran altamente competitivos y mantenían niveles de actividad excelentes. Como mostraban las espléndidas villas que muchos patricios venecianos se construyeron a lo largo del siglo en las cercanías de Padua, Vicenza y Treviso, la agricultura veneciana del XVIII era floreciente.

Venecia supo mantener la neutralidad en los conflictos europeos y mediterráneos entre 1718 y 1787. Ello le permitió dos cosas: ser parte del grand tour —el viaje a Italia, en tanto que expresión del arte y la belleza, que empezaron a realizar viajeros ingleses y escritores y artistas europeos precisamente en el siglo XVIII—, y vivir un nuevo y último gran momento cultural. La Venecia del XVIII —que podía recibir en torno a 30 000 visitantes al año— era ya una ciudad que a los visitantes se les antojaba extraordinaria: canales, góndolas, barcos, calles laberínticas, puentes, palazzi esplendorosos (en el siglo XVIII se construyeron los palacios Labia y Pisani), conjuntos sorprendentes (el Palacio Ducal y la plaza de San Marcos), iglesias magníficas (varias de ellas de Andrea Palladio; la última gran construcción, la Salute, de 1687), teatros (La Fenice, entonces el más hermoso teatro de ópera del mundo, se inauguró en 1792), periódicos, cafés (el Florián se abrió en 1720). La ciudad tenía mucho de escenario teatral. La vida urbana ofrecía regularmente espectáculos y atracciones singulares: ceremonias, festivales y desfiles cívicos de pompa y magnificencia extraordinarias, grandes regatas en el Gran Canal, aparatosas procesiones religiosas (en San Marcos y en las numerosísimas iglesias de la ciudad), el carnaval —que se anunciaba el 26 de diciembre y se celebraba en distintos momentos del año—, casinos, conciertos (los orfanatos, por ejemplo, los ofrecían: Antonio Vivaldi fue el maestro de música en uno de ellos, la Piedad).

Con Vivaldi y Tomaso Albinoni, Venecia era, en efecto, una de las capitales musicales de Europa. Con Giovanni Battista Piazzetta (1673-1754), maestro del claroscuro y pintor de cuadros religiosos y de género de emocionante intensidad y humanidad; con Giambattista Tiepolo (1696-1770), un decorativista y colorista prodigioso; con Pietro Longhi (1702-1785), el pintor de la Venecia galante y cotidiana; y con la retratista Rosalba Carriera (1675-1757), los «vedutistas» Canaletto (1697-1768) y Francesco Guardi (1712-1785), pintores de bellísimas visiones panorámicas de Venecia y de la vida social veneciana, la ciudad vivió una segunda edad de oro artística. Carlo Goldoni (1707-1793), que escribía sus comedias indistintamente en italiano y en dialecto veneciano (y aun en francés), llevó a su teatro los temores y las aspiraciones de la modesta y laboriosa burguesía veneciana.

Bonaparte destruyó la República de Venecia. En la primera mitad del siglo XIX, Venecia fue más que otra cosa una ciudad provinciana. Desde la década de 1870, pintores y críticos de arte (John Ruskin, James Whistler), escritores (Henry James, Marcel Proust, Thomas Mann), músicos (Richard Wagner), aristócratas y viajeros redescubrieron su inusitada belleza: Venecia fue en adelante un mito, una pasión, una obsesión literaria, artística e histórica.

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Rule Britannia: el ideal georgiano

A lo largo del siglo XVIII, Gran Bretaña fue configurándose como un país socialmente abierto, esto es, ni oligárquico ni conservador, como un gran poder naval y militar internacional y como una sociedad dinámica semirrural y semiurbana, con una economía agraria y comercial y, desde 1750, ya preindustrial. La Inglaterra del siglo XVIII era un país comparativamente estable que, tras situaciones históricas anteriores de extremada violencia, parecía haber encontrado los usos, las instituciones y los valores para su articulación como sociedad, y que se instalaba en formas de vida cívicas, permisivas y libres, como reflejaban la creciente afirmación y las tendencias de su cultura (la pintura de Joshua Reynolds, William Hogarth, Thomas Gainsborough, George Stubbs, Wright of Derby; la novela: Robinson Crusoe, 1719, de Daniel Defoe; Los viajes de Gulliver, 1725, de Jonathan Swift; Tom Jones, 1749, de Henry Fielding; Tristram Shandy, 1759-1767, de Laurence Sterne).

El despliegue británico —no alterado siquiera por la pérdida de las colonias norteamericanas en 1774-1783— se apoyó sin duda en la herencia, que acabamos de ver, de la Revolución Gloriosa: gobierno parlamentario, tolerancia religiosa, libertades políticas. Pero básicamente fue el resultado natural, no de proyectos o programas de Estado (de la Corona y sus gobiernos), o de la influencia de ideas ilustradas de reforma, sino de la suma de circunstancias positivas e iniciativas individuales. La población creció de unos 5,8 millones de habitantes (Inglaterra y Gales), en 1701, a 8,9 en 1801, (más Escocia, 1,6 millones, e Irlanda, 5,2). En 1750, Londres tenía en torno a seiscientos setenta y cinco mil habitantes (en 1801 pasaba ya del millón) y Bristol, Norwich, Birmingham, Edimburgo y Dublín, más de cuarenta mil. Manchester, Liverpool y Glasgow, que en 1750 estaban en torno a los veinte o treinta mil habitantes, se acercaban en 1801 a los ochenta mil, y Leeds y Sheffield a los cincuenta mil. Más que el desarrollo de algunos sectores concretos (manufacturas de hierro, producción textil), o que el impacto de innovaciones tecnológicas (como la lanzadera volante, la hiladora mecánica, la máquina de vapor, el telar mecánico y otras), que las hubo, pero avanzado ya el siglo y sin que se aplicaran industrialmente antes de 1800, lo decisivo fue el crecimiento lento pero continuo de la agricultura y la ganadería, especialmente tras el cercamiento de tierras en la segunda mitad del siglo; el desarrollo de numerosos sectores manufactureros (pero sobre la base de pequeños talleres y de artesanía aún tradicional); el aumento y la diversificación del consumo de las clases acomodadas; y el crecimiento de la actividad portuaria y del comercio exterior e interior (este último multiplicado en la segunda mitad del siglo gracias a la construcción de numerosos canales y carreteras de peaje). No hubo secreto: la clave estuvo en la mayor racionalización y eficiencia de la actividad económica, en el uso inteligente del ahorro y la inversión, y en la maximización de los rendimientos del capital y del trabajo.

La unión en 1707 de Inglaterra y Escocia y en 1801 de Irlanda hizo de Gran Bretaña un reino unido, no una agregación de coronas y territorios. Escoceses e irlandeses se beneficiaron de forma especial de la expansión ultramarina y del reforzado poder naval y militar del país. Entre 1660 y 1714, tras la toma de Nueva Ámsterdam (ahora Nueva York) y la fundación de Pensilvania, la estructura comercial en Norteamérica (13 colonias) y el Caribe quedó ya fijada. En la guerra de Sucesión española (1701-1714), que estalló por la oposición de Inglaterra, Austria y Holanda a la designación de un rey francés, Felipe V, para el trono de España, Inglaterra obtuvo Gibraltar, Menorca, derechos de tráfico en la América española, y Nueva Escocia, Terranova y la bahía del Hudson (en Canadá). En la guerra de los Siete Años (1756-1763), que enfrentó a Inglaterra y Prusia con Francia, Austria, Rusia, Suecia y Sajonia —por el creciente temor de estos últimos a Prusia—, Francia cedió a Gran Bretaña todo el Canadá francés (Quebec) y los inmensos territorios franceses en el Misisipi, más Granada, San Vicente y Tobago en el Caribe, y España (que en 1761 apoyó a Francia) le cedió, además, Florida. Inglaterra perdió, en efecto, entre 1774 y 1783, las 13 colonias norteamericanas, rebelión que estalló precisamente como respuesta a la nueva política fiscal y militar que la metrópoli quiso imponer en las colonias tras la guerra de los Siete Años. Pero ello quedó compensado por la construcción de un nuevo imperio en Asia y el Pacífico, en la India primero —donde, a partir de 1763, Gran Bretaña consolidó el dominio territorial que en las regiones de Bengala y Madrás había ido imponiendo desde 1703 la Compañía de las Indias—, y luego en Australia tras los viajes del capitán Cook (1769-1771, 1772-1775, y 1779, en el que descubrió Hawái).

Las rebeliones «jacobitas» (1715-1745) de los «pretendientes» Estuardo contra el cambio dinástico de 1714 —cuando por decisión parlamentaria la Corona pasó a la dinastía alemana de Hannover, tras la muerte sin sucesión de la reina Ana (1702-1714)— no llegaron a constituir una verdadera amenaza: los jacobitas fueron finalmente «aplastados» en la batalla de Culloden, de 1746. El sistema hannoveriano se estabilizó. Guerras —y en primer lugar, las grandes victorias de Marlborough en la guerra de Sucesión española—, rivalidad con Francia y expansión colonial generaron en la población británica evidentes sentimientos de orgullo e identidad, de patriotismo (si se quiere, corregido por el escepticismo, como expresaba muy bien la Historia de Inglaterra que David Hume escribió en 1754, la primera gran historia del país). Himnos como «Rule Britannia» y «Dios salve al Rey» se compusieron en 1740 y 1745, respectivamente.

La consolidación definitiva del régimen parlamentario —o mejor, de un régimen del Parlamento con el rey, pues los Hannover, Jorge I (1714-1727), Jorge II (1727-1760) y Jorge III (1760-1820), hombres obstinados y de trato difícil, no renunciaron a ejercer lo que entendían eran prerrogativas de la Corona— debió mucho a la larga etapa de dominio whig (liberal) que siguió al cambio dinástico de 1714, y que protagonizaron Robert Walpole, primer ministro en 1721 y 1742, y William Pitt (Pitt el Viejo), que lo fue en 1757-1761 y 1766-1768. Walpole, un gentleman rural que hizo una gran fortuna y cuya autoridad política al frente del gobierno se benefició de la condición de extranjero de Jorge I, llegó al poder a través de la carrera ministerial —esto es, no por elecciones— y gobernó siempre con eficacia administrativa y de forma prudente —paz exterior, pocos impuestos, apoyos al comercio y al mundo del dinero—; y a través de la corrupción electoral, el clientelismo y el control del Parlamento, impuso desde el gobierno la larga hegemonía de los whigs. Pitt, un espléndido parlamentario —de hecho, el primer político en la historia en llegar al poder al conquistarse en las Cámaras, por su liderazgo y capacidad, la mayoría para gobernar—, puso fin al uso generalizado de la corrupción por las administraciones anteriores —de Walpole y alguno de sus sucesores (Thomas Pelham-Holles, duque de Newcastle…)—, entendió perfectamente el nuevo clima nacional del país y el expansionismo de su sociedad, y fue el hombre fuerte tras el impulso colonial y militar británico de los años 1750-1770. En todo caso, con gobiernos mejores o peores; con mayor o menor intervencionismo político de la Corona; no obstante el reducidísimo electorado (menos del 5 % de la población), la corrupción electoral y la disparatada configuración de los distritos electorales —todo lo cual provocaría, ya en el reinado de Jorge III, la aparición de un amplio movimiento radical en demanda de la reforma parlamentaria que lideró John Wilkes (1725-1797)—; el primer ministro y sus gobiernos, el Parlamento y los partidos (whig y tory), fueron a todo lo largo del siglo el epicentro de la política.

A juzgar por las mansiones y las casas de campo, las zonas residenciales de las ciudades, los lugares de moda (Bath, por ejemplo) y los gustos, la sociedad británica del siglo XVIII, la sociedad que se asomaba en los cuadros de Reynolds y Gainsborough, y que a veces satirizaba despiadadamente Hogarth, una sociedad regida por una élite aristocratizante, pero con los rasgos de rusticidad y vulgaridad de una riqueza aún nueva, pareció hacer de la elegancia, la proporción, la razón y el gusto por el paisaje y la naturaleza, un arquetipo de vida social. Pocos lugares más deliciosos que la villa y los jardines de Stourhead (Wiltshire) de 1741: villa palladiana, lago, puentes, templetes de inspiración romana, paisaje natural sutilmente transformado en jardín. Tanto como expresión del gusto de una época, era una concepción de la vida, que hacía del equilibrio y la naturaleza valores esenciales de la existencia. Con la construcción a partir de 1760 de la Ciudad Nueva, un entorno de calles y plazas rectas y amplias en las que se iría levantando un espléndido conjunto de edificios neoclásicos, Edimburgo (83 000 habitantes en 1801) se convirtió en una gran ciudad moderna. Escocia experimentó en la segunda mitad del siglo XVIII un gran resurgimiento intelectual y literario asociado a la Ilustración escocesa (David Hume, Adam Smith, William Robertson, el arquitecto Robert Adam, los pintores Allan Ramsey y Henry Raeburn) y enseguida a la literatura de Robert Burns y Walter Scott.

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La Contrailustración

La Ilustración no fue el pensamiento único del siglo XVIII. En 1952, Isaiah Berlin (1909-1997), el filósofo e historiador de las ideas, pronunció un conjunto de conferencias sobre seis pensadores «antiliberales» —Claude-Adrien Helvétius, Rousseau, Johann Gottlieb Fichte, Georg W. Friedrich Hegel, Henri de Saint-Simon, Joseph de Maistre— que fueron recogidas como libro en 2002 con un título aún más explícito, La traición de la libertad. Seis enemigos de la libertad humana. En 1960 publicó un largo artículo sobre Giambattista Vico, el pensador napolitano autor de Principios de una ciencia nueva (1725); en 1965, un ensayo, también muy extenso, sobre Johann Gottfried Herder, el filósofo y crítico alemán autor de Ideas para una filosofía de la humanidad (1784-1791); y en 1993, un estudio sobre Johann Georg Hamann, «El mago del norte: J. G. Hamann y los orígenes del irracionalismo moderno», trabajos que fueron reunidos en 2000 en un volumen titulado Tres críticos de la Ilustración: Vico, Hamann, Herder. Todos eran estudios sobre aspectos del pensamiento del siglo XVIII, pero no sobre la Ilustración, sino precisamente sobre lo contrario, sobre la crítica de la Ilustración, sobre la «Contrailustración», como la llamó Berlin en un artículo de 1973, esto es, el pensamiento reaccionario en un periodo, el siglo XVIII, de pensamiento progresista.

Berlin, un hombre escéptico ante la modernidad y un racionalista liberal, simpatizaba profundamente con las ideas de Voltaire, Helvétius, Paul-Henri Thiry, barón de Holbach, y Nicolas de Condorcet. Pero consideraba que el racionalismo ilustrado, la razón científica, la confianza de la Ilustración en la razón, el progreso y la perfectibilidad del hombre, los ideales ilustrados sobre la civilización universal, tenían mucho de ilusorio, y podían ser errores, y errores graves, de concepción de la naturaleza y la historia humanas. La Contrailustración (en la que Berlin veía principios política e intelectualmente siniestros y opresivos) lo interesó precisamente por lo que suponía de correctivo de las posibles falacias de la Ilustración: la Contrailustración como rechazo de la creencia en un mundo armónico y perfecto, regido por la verdad, la felicidad y la virtud, y libre de conflictos, injusticia y opresión; la Contrailustración como afirmación del poder de los sentimientos, la pasión y la religión en la conducta humana y la vida social, como análisis de la existencia de fuerzas destructivas en la naturaleza y en el hombre: la violencia, el mal, la falsedad, el fanatismo, el conflicto, la guerra, la turbulencia moral.

Vico, Herder, Hamann y Maistre fueron los críticos de la Ilustración que más interesaron a Berlin: Vico y Herder positivamente; Hamann y Maistre, como orígenes del irracionalismo moderno (y Maistre nada menos que como origen del fascismo, de acuerdo con el título que Berlin dio a su trabajo más elaborado sobre aquel, «Joseph de Maistre y los orígenes del fascismo», que apareció en su libro El fuste torcido de la humanidad, 1990). Vico y Herder lo interesaron por su concepción de la historia: por la creencia de ambos en la pluralidad cultural del mundo, en un mundo estructurado sobre culturas diferentes, esto es, con sistemas de ideas, creencias y formas de organización social y de poder diversas y contrapuestas; una concepción, en cualquier caso, que no entendía la historia como el resultado de una progresión creciente, lineal y general.

De Herder (1744-1803), por ejemplo, lo interesó, no el teorizador del Volkgeist, el pensador que veía en la historia no al hombre en tanto que ser individual sino a «pueblos» y comunidades étnico-lingüísticas cuya «alma» se expresaba en la lengua, el derecho, las tradiciones y la nacionalidad; le interesó, sin duda, la creencia de Herder en el valor de la identidad cultural como expresión del alma colectiva; pero, sobre todo, su historicismo (la idea de Herder, muy similar a la de Vico: el hombre como un ser circunstancial e histórico), y su idea del pluralismo, esto es, la interpretación del mundo por Herder como una pluralidad de culturas y pueblos diferentes (aunque Berlin dejó dicho claramente que Herder fue, contra lo que luego diría el nacionalismo cultural, profundamente antiimperialista y antinacionalista).

Vico y Herder eran, pues, para Berlin, un correctivo frente al racionalismo ilustrado, y contra la creencia en la razón científica y en las leyes universales. Su pensamiento era una revalorización del hombre como ser histórico, y una afirmación del particularismo y la singularidad de pueblos, culturas y comunidades en la historia. Hamann y Maistre eran otra cosa: fueron enemigos declarados de la Ilustración. En Hamann (1730-1788), un pensador solitario y peculiar, que nació y vivió discretamente en Königsberg, publicó de forma fragmentada y discontinua, admirado por Immanuel Kant, Johann Wolfgang von Goethe y sobre todo por Herder, Berlin vio «el más apasionado, consistente, extremado e implacable enemigo de la Ilustración» y de toda forma de racionalismo. Hamann, una personalidad formada en la tradición bíblica, mística y pietista del protestantismo alemán, detestó, según Berlin, su siglo, y se rebeló contra todo lo que la Ilustración defendía: la razón, la ciencia, el progreso, la Enciclopedia, la causalidad, el conocimiento teórico del hombre y de la naturaleza, el determinismo; y buscó como alternativa una idea del hombre, derivada de la reflexión sobre sus propias pasiones y sentimientos, que exaltaba los conceptos y principios de fe, imaginación, genio, piedad, Dios, experiencia vivida y espontaneidad. Hamann rechazaba toda visión abstracta y racional del hombre; creía solo en el individuo y su realidad concreta, en su espiritualidad, en un individuo arrojado a un mundo creado por Dios con un propósito para el hombre misterioso e inescrutable —y un Dios comprensible solo como era comprensible el arte, como revelación—, en un individuo hecho, no de razón, sino de pasiones, deseos, misterios y contradicciones.

Joseph de Maistre (1753-1821), el magistrado saboyano, embajador en Rusia de su país —el reino de Cerdeña-Piamonte-Saboya—, y autor de Consideraciones sobre Francia (1796) y Las veladas de San Petersburgo (1821), fascinó a Berlin (y a muchos de sus propios contemporáneos), que vio en él a una especie de Robespierre de la contrarrevolución, un escritor original, vigoroso, brillante, a contracorriente de su tiempo, que, contra las ideas liberales y complacientes de la Ilustración, apuntó y subrayó el lado oscuro de las cosas: la existencia del mal en el mundo, la persistencia del instinto irracional, el poder de la fe, la fuerza de la tradición, la necesidad de la autoridad, el deseo e impulso de dominio, la voluntad de poder. Maistre fue para Berlin —como para todos los historiadores de las ideas— un reaccionario, un enemigo fanatizado de la Revolución francesa, el apologista del poder del rey y del papa (y del verdugo, tema de Las veladas de San Petersburgo, esto es, de la represión violenta), un teócrata, un absolutista, un dogmático. Pero Berlin no lo veía como un hombre del pasado, sino al revés: pensaba que la conciencia que Maistre tuvo del poder de las fuerzas destructivas en la historia, su pesimismo existencial, su visión del hombre como un ser a la vez débil, violento y moralmente contradictorio, hacían de él un profeta —obsesivo, incómodo y detestable (aunque Maistre fuese un hombre de indudable encanto personal y social), pero cruelmente realista— de la modernidad.

La Ilustración tardía aún produciría, en el tránsito del siglo XVIII al XIX, personalidades formidables: Condorcet, Mozart, Francisco de Goya, Gaspar Melchor de Jovellanos, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Goethe, Thomas Paine. Pero la sensibilidad moral de la sociedad parecía estar ya cambiando, por lo menos en algunos círculos europeos. La aparición en la década de 1770 de lo que luego se vería como el prerromanticismo alemán, asociado al movimiento artístico y literario del Sturm und Drang (tormenta y tensión) —el joven Goethe (el Goethe de Götz von Berlichinger, 1773, y Las desventuras del joven Werther, 1774), Friedrich Maximilian Klinger, Friedrich Schiller (Los bandidos, 1771; Don Carlos, 1777), el propio Herder, que fue un gran folclorista y un entusiasta de Shakespeare—, tuvo ya mucho de rebelión generacional e individual contra la tradición y el formalismo literario y estético, y de exaltación de la pasión, la subjetividad y el genio artístico, esto es, actitudes distintas, si no contrarias, a la Ilustración. El mismo Rousseau, cuya influencia sobre el grupo alemán fue inmensa y explícita, fue un hombre de transición hacia el romanticismo.

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El Antiguo Régimen

Aunque el término «Antiguo Régimen» se había usado ya en los debates de la Asamblea Nacional francesa de 1789 para hablar de la situación anterior a la revolución, la aparición en 1858 del libro El Antiguo Régimen y la revolución de Alexis de Tocqueville hizo de aquel término un concepto político e historiográfico de amplia significación. Tocqueville (1805-1859) lo usaba todavía con carácter restrictivo para referirse a la sociedad aristocrática francesa del siglo XVIII, pero ya como pieza fundamental en su análisis del nacimiento de la sociedad moderna. En La democracia en América (1835 y 1840) había estudiado cómo Estados Unidos, una sociedad igualitaria y libre —sin monarquía absoluta ni régimen estamental (aristocracia, clero)—, había desembocado de forma natural en una democracia social y política. En El Antiguo Régimen y la revolución quiso estudiar el caso opuesto: cómo en Francia —sociedad aristocrática, monarquía absoluta— la construcción de la sociedad democrática había provocado la explosión revolucionaria de 1789.

Enseguida, sin embargo, Antiguo Régimen equivalió a todo el orden político y social francés y europeo anterior a la Revolución francesa, al sistema político de los siglos XVI al XVIII: monarquías absolutas, legitimidad dinástica, sociedad estamental, predominio de la aristocracia y el clero, economía agraria y preindustrial. El concepto era equívoco. La monarquía parlamentaria británica, o repúblicas como las Provincias Unidas (Holanda) y Suiza, o como las repúblicas oligárquicas de Venecia, Génova o Ginebra, encajaban mal en el modelo. Las mismas monarquías del siglo XVIII no eran en modo alguno las monarquías del XVI. Por la misma diversidad institucional de las monarquías absolutas europeas y por las inmensas diferencias socioeconómicas regionales que coexistieron en su interior, todo el Antiguo Régimen fue siempre de hecho una pluralidad de «antiguos regímenes».

En cualquier caso, el Antiguo Régimen del siglo XVIII era un sistema en transición. Regía sobre un mundo mayoritariamente rural. Hacia 1789, la población rural (unos 20 millones) era en Francia en torno al 80 % de la población total. La agricultura suponía cerca del 75 % del Producto Interior Bruto del país: la adquisición de tierras y títulos nobiliarios constituía la máxima aspiración de las clases acomodadas y era la base del éxito y el reconocimiento sociales. En Europa occidental, la servidumbre campesina había ido disminuyendo lentamente y, hacia mediados del siglo, gran parte de los viejos derechos feudales se habían convertido en pagos en metálico. Pero en Prusia, Rusia, la Europa Central y del Este y aun en países escandinavos y bálticos, el sistema de grandes latifundios de la nobleza y el campesinado de siervos era por lo general dominante. Con la excepción de Inglaterra y de distintos enclaves de prosperidad agraria (en Holanda, Países Bajos católicos, regiones del Rin, del norte de Italia, de Francia, Suiza, etcétera), la agricultura del siglo XVIII se definía por técnicas agrícolas atrasadas, rendimientos débiles, y usos, prácticas y costumbres milenarias (en el tipo de cultivos, siembra y cosechas o en el uso de pastos y bosques comunes, por ejemplo).

Los síntomas del cambio eran, no obstante, evidentes. Por distintas razones —aumento de la natalidad, menor incidencia epidémica, mejores condiciones sanitarias y alimentarias…—, la población europea, Rusia incluida, creció de 80-100 millones en 1700 a 120-140 en 1800 (Inglaterra y Gales de 5,8 a 8,9 millones; Francia de 21 a 27 millones; Italia de 15,3 a 17,8 millones; España de 7,7 a 10,4 millones; Prusia de 3 a 6 millones). En la segunda mitad del siglo, unas 40 ciudades europeas superaban ya los 50 000 habitantes. En 1750, Londres tenía cerca de 675 000 habitantes (1,1 millones en 1800); París, 576 000; Nápoles, 305 000; Ámsterdam, 210 000, y Viena, Milán, Roma, Lisboa, Madrid, Venecia y Lyon superaban los 100 000 (cifra que en 1800 habían alcanzado también, y a veces superado ampliamente, Copenhague, Barcelona, Dublín, Berlín, Hamburgo, Sevilla y Palermo).

El atraso agrícola no era, además, general. En Europa occidental, la agricultura experimentó innovaciones sin duda sustantivas: nuevas formas de rotación en el uso del suelo, nuevos cultivos (patata, maíz, tabaco, legumbres, lúpulo), arados de hierro, cría selectiva de ganado vacuno, caballar, ovino y porcino, cercado de tierras (el caso más característico, Inglaterra), mejoras técnicas en la producción de derivados agroalimentarios. La construcción de canales fluviales y las mejoras en comunicaciones (caminos y carreteras) y transportes fueron generales. Aunque no hubo verdadera revolución industrial antes de 1800 (que se derivó, con todo, de inventos del siglo XVIII: el horno de hierro de coque, la máquina cardadora, la lanzadora volante, la máquina hiladora de James Hargreaves, la máquina de vapor de James Watt, la hilatura hidráulica de Richard Arkwright, el telar mecánico), en el XVIII hubo ya cuando menos evidentes procesos de protoindustrialización que provocaron el desarrollo de sectores como la metalurgia, la minería, la fabricación de cristal y porcelanas, de distintas industrias de alimentación y de las numerosas especialidades de la industria textil. Ciudades mercantiles y portuarias, centros financieros y regiones urbanizadas, canales y carreteras, transformaron el comercio. Aunque la adquisición de tierras y el ennoblecimiento siguiesen siendo la expresión del éxito personal y familiar, el desarrollo y la extensión de una economía comercial, monetaria y de mercado fueron ya hechos determinantes en toda la economía europea. Todo ello hizo de la sociedad estamental del Antiguo Régimen un arcaísmo inútil. La vieja sociedad estructurada en órdenes jurídicos con obligaciones y privilegios separados (nobleza, clero, estado llano) coexistía —especialmente en países como Inglaterra u Holanda— con un nuevo orden social cuyas élites y clases rectoras se definían cada vez más por su nivel económico, su actividad profesional, su cultura y educación.

El despotismo ilustrado, la forma de gobierno que pareció imponerse en buena parte de Europa en el siglo XVIII, era a su modo una nueva concepción de la monarquía. El reformismo ilustrado, conviene precisar, no fue en ninguna parte —Prusia, Rusia, Austria, España, Portugal, la Italia austriaca, la Italia borbónica— el despliegue de reformas perfectamente planificadas por la Corona y sus colaboradores. Salvo en Inglaterra, la política en el siglo XVIII siguió siendo un asunto de la Corte: autoridad última del rey, pugnas cortesanas, juego de facciones, clientelismo, influencias burocráticas. El reformismo ilustrado se plasmó a menudo en proyectos y medidas inconsistentes y contradictorios, aplicados con frecuencia de forma irregular y discontinua. Respondió por lo general más a razones prácticas que a convicciones morales o ideológicas. La preocupación esencial de los tres primeros reyes de Prusia (Federico I, 1701-1713; Federico Guillermo I, 1713-1740; Federico II, 1740-1786), uno de los ejemplos más notables de monarquía absoluta e ilustrada, fue la transformación de Prusia en una potencia militar y en un Estado eficiente; la de Pedro el Grande (1682-1725), un hombre violento, implacable, intempestivo, de energía desbordante, fue hacer de Rusia un Estado occidentalizado y moderno, y un verdadero poder europeo. El resultado último de los planes y las iniciativas de reforma —los casos citados, más los de Fernando VI y Carlos III en España, José I en Portugal, José II y María Teresa en Austria, Catalina II en Rusia— fue casi siempre desigual y controvertido, y no necesariamente un éxito.

Así y todo, la monarquía ilustrada del siglo XVIII equiparaba monarquía con Estado fuerte y maquinaria administrativa eficaz (sin menoscabo, claro está, ni de la autoridad del rey, ni del valor simbólico de la Corona). En la práctica, ello significó centralización del Estado, expansión de la burocracia administrativa, eliminación de privilegios, fueros, dietas, parlamentos y Cortes provinciales; compilación, unificación y reforma de códigos y leyes civiles y penales; profesionalización y estatalización de los ejércitos; progresiva unificación de la Hacienda (eliminación de privilegios fiscales de la nobleza y del clero, contribuciones únicas y comunes), liberalización del comercio interior, regalismo monárquico, y políticas de protección y fomento de la industria, la artesanía y el comercio nacionales.

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La Revolución americana

«El estado social de los americanos —escribía Tocqueville en La democracia en América (1835), el libro que publicó tras su viaje a Estados Unidos en 1831 en compañía de Gustave de Beaumont— es eminentemente democrático. Tuvo ese carácter desde el nacimiento de las colonias; lo tiene todavía más —afirmaba— en nuestros días». La Revolución americana de 1776, el hecho fundacional de Estados Unidos, hizo, en efecto, de los principios de democracia e igualdad el fundamento de la sociedad americana de los siglos XIX y XX, razón última de su excepcional dinamismo.

La Revolución americana fue una revolución política. Fue en principio un pleito constitucional, un conflicto de soberanías provocado por la determinación de las colonias americanas —13, con 3,9 millones de habitantes en 1790— a defender los derechos constitucionales que les fueron concedidos por Inglaterra, y transgredidos por la Corona al querer imponer desde 1763, tras la guerra de los Siete Años (1756-1763) entre Gran Bretaña y Francia, un nuevo orden imperial.

El detonante de la revolución fue el malestar que en las colonias produjeron las nuevas disposiciones económicas que, para financiar el imperio, los gobiernos británicos quisieron implantar desde 1763-1765: leyes del azúcar y del sello, impuestos sobre el té, el papel y el vidrio, nuevos derechos de aduana, control del comercio y tráfico coloniales. El malestar provocó incidentes y protestas, choques entre patriotas americanos y soldados británicos («motín del té» en Boston, en diciembre de 1773; «masacre» de Boston, en marzo de 1770, cuatro muertos), represión, creciente agitación y propaganda antibritánicas —pronto coordinadas por Comités «de correspondencia» intercoloniales— y reuniones de asambleas y congresos provinciales. El I Congreso Continental, reunido en Filadelfia el 5 de septiembre de 1774, con 51 delegados de doce de las trece colonias, acordó afirmar el derecho de las colonias a decretar su propia legislación, suspender las importaciones británicas y apoyar a Massachusetts (Boston), foco de la rebelión, si la Corona usaba la fuerza contra la colonia.

Era casi una declaración de guerra. Esta estalló formalmente tras los graves enfrentamientos armados que tuvieron lugar en Lexington y Concord, en abril de 1775, en el segundo de los cuales murieron 247 soldados británicos y 8 patriotas americanos. El 4 de julio de 1776, el II Congreso Continental, reunido también en Filadelfia, aprobó ya una Declaración de Independencia, redactada por Thomas Jefferson. La guerra —una guerra que en principio parecía favorable al ejército británico (unos 20 000 hombres al mando del general Howe, frente a un mal pertrechado e indisciplinado ejército patriota de unos 8000 efectivos bajo el mando de George Washington)— decidió, pues, la Revolución americana. Los patriotas americanos supieron hacer de su conocimiento del terreno y de las enormes dificultades de Londres para pertrechar a su ejército las claves para invertir una situación que, hasta septiembre de 1777, les fue militarmente adversa. El punto de inflexión fue la victoria en Saratoga, el 17 de octubre de 1777, de las tropas —milicias y soldados— de Gates sobre el ejército británico del general Burgoyne, que costó a los ingleses la cuarta parte de sus efectivos y que decidió a Francia (y luego a España) a intervenir en la guerra en apoyo de los nuevos Estados Unidos. Los ingleses aún obtendrían victorias parciales en el sur (Georgia, Carolina del Sur, Virginia); pero la victoria americana en Yorktown (Virginia) el 19 de octubre de 1780 —del ejército de Washington y las tropas francesas de Rochembeau sobre el ejército de Cornwallis (8000 hombres)— convenció a Gran Bretaña de la conveniencia de poner término a la guerra (lo que se hizo por el Tratado de París de 1783, en que reconoció la independencia de sus excolonias).

La Revolución americana no fue una revolución social, popular o de clase. Sus líderes eran conservadores; la revolución ni alteró el viejo orden colonial (propiedad, religión) ni creó un nuevo orden social. No hubo violencia posrevolucionaria. Al contrario, desde 1776, Estados Unidos tuvo gobiernos altamente estables (Washington, 1789-1796; John Adams, 1796-1800; Jefferson, 1800-1808; James Madison, 1808-1816). Todo ello tuvo, probablemente, una razón: el orden americano era, como observó Tocqueville, eminentemente democrático desde el nacimiento de las colonias. El régimen colonial se basó, en efecto, desde el primer momento, en los derechos legales y constitucionales de las colonias, regidas por gobiernos representativos y asambleas democráticas, algunas con derecho a veto sobre las leyes de la Corona británica. La libertad de las colonias respondió, por un lado, a la ética protestante de la libertad individual y la disidencia religiosa; y por otro, a la visión de América como una sociedad libre, como una tierra de hombres libres británicos. Toda la publicística colonial se basó desde el principio en una especie de teoría de los derechos naturales y libertades civiles (políticas, religiosas, individuales) de los «americanos». Franklin, Jefferson, John Adams —tres de los líderes de la independencia— eran «ilustrados», excelentes conocedores del pensamiento europeo del siglo XVIII: Locke y Montesquieu influyeron decisivamente en el pensamiento político de la Revolución americana.

Los dos textos fundamentales de esta fueron la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, obra casi en su totalidad de Jefferson, y la Constitución del 17 de septiembre de 1787, aprobada por una Convención Federal (55 delegados) reunida en Filadelfia y ratificada luego por los congresos de los distintos estados (excolonias). La Declaración de Independencia fue uno de los textos políticos más admirables jamás escritos. Impregnada de filosofía democrática —de la teoría de los derechos naturales de Locke— proclamaba, como verdades evidentes, la igualdad entre todos los hombres y la existencia de derechos que les eran inalienables: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; radicaba el fundamento del gobierno en el consentimiento de los gobernados, afirmaba el derecho del pueblo a alterar o abolir todo gobierno contrario a aquellos derechos y principios, y concluía con la proclamación solemne de las colonias como «estados libres e independientes».

La Constitución de 1787 creaba una república federal y presidencialista, un régimen plenamente democrático, sobre los principios de soberanía nacional, separación de poderes, equilibrio entre gobierno federal y gobiernos de los estados, y elecciones para todos los cargos representativos. Radicaba el poder legislativo en el Congreso de Estados Unidos dentro de un sistema bicameral (un Congreso integrado por Senado y Cámara de Representantes), el poder ejecutivo en el presidente (elegido por cuatro años), y el poder judicial en el Tribunal Supremo. A ello se añadió en 1791 una Declaración de Derechos, presentada por Madison, de diez artículos —luego ampliados— que, por ejemplo, prohibía el establecimiento de una religión oficial y establecía la inviolabilidad de domicilio y de los efectos personales, la libertad de expresión, el juicio por jurado y otras numerosas garantías procesales. El universo de ideas que se resumía en la Constitución fue ampliado y glosado en otra obra fundamental, The Federalist Papers, una serie de 85 ensayos en defensa de la Constitución escritos en la prensa en 1787-1788 (y luego recogidos como libro) por Alexander Hamilton, John Jay y James Madison. Los ensayos resumían a la perfección los valores de la Revolución americana. El ideal último era la Roma republicana, el ideal clásico (de ahí que toda la arquitectura política y cívica de la revolución, en Washington por ejemplo, fuese manifiestamente neoclásica), la virtud republicana. La clave de la grandeza republicana estaba en el equilibrio de poderes (presidencia fuerte pero con dos cámaras), en la salvaguardia contra toda eventual concentración del poder; y las causas del mal gobierno republicano (de la destrucción de la república) en la inmoralidad, la corrupción y el exceso de poder. El gran legado de la Revolución americana fue, pues, el imperio de la libertad. La ideología republicana que la inspiró conllevó la eliminación de todo principio hereditario o «estamental» como base de la política, y la proclamación de la libertad individual como clave del orden social. La Constitución —completada por las constituciones de los estados miembros, todos ellos regidos por un gobernador electo y un sistema también bicameral— trajo nuevos códigos penales (incluidos cambios en la legislación esclavista en los estados del Norte, y la consideración de la esclavitud al menos como un «mal moral»), la garantía de las libertades de expresión, culto y reunión, y la subordinación del poder militar al poder civil.

Estados Unidos se debatiría en adelante entre el puro pragmatismo político y un cierto mesianismo ideológico derivado de la conciencia de ser un país marcado por un «destino manifiesto». Pero nació sobre la base de unos principios políticos, no de un pasado feudal, dinástico y estamental como las naciones europeas: libertad, igualdad y gobierno por mandato de los gobernados.

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La Revolución francesa

El 5 de mayo de 1789 se reunieron en Versalles, por primera vez desde 1614, los Estados Generales, la asamblea de representantes de los tres órdenes del país (nobleza, clero, tercer estado) convocada por el rey, Luis XVI (1774-1793), ante la grave crisis financiera e institucional que el país vivía desde 1787. El día 17 los representantes del tercer estado se constituyeron en Asamblea Nacional; días después, se juramentaron para no disolverse hasta la aprobación de una Constitución, un doble y explícito desafío revolucionario. El 14 de julio manifestantes parisinos —las manifestaciones callejeras venían repitiéndose desde días antes a la vista de la situación— asaltaron en París la fortaleza-prisión de la Bastilla, el símbolo de la opresión (aunque en su interior solo había siete presos). Los disturbios se extendieron enseguida por muchas zonas rurales y urbanas de Francia. El 4 de agosto (1789) la Asamblea Nacional abolió «el feudalismo». El 26, aprobó una Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano; el 12 de julio de 1790, una constitución civil del clero. El 14 de septiembre de 1791 la Asamblea aprobó finalmente la Constitución. Francia se había convertido en un régimen nacional (no dinástico) basado en los principios de libertad e igualdad de derechos de sus ciudadanos.

La revolución no se había acabado. En octubre de 1791 se eligió una nueva Asamblea Legislativa y, en septiembre de 1792, una Convención republicana: la monarquía fue abolida; Luis XVI fue ejecutado el 21 de enero de 1793. El 6 de abril de ese mismo año la Convención creó, como poder ejecutivo, un Comité de Salud Pública. El 24 de junio aprobó una nueva Constitución, esta ya plenamente republicana. En julio, los jacobinos (Robespierre) se hicieron con el pleno control del Comité de Salud Pública e implantaron un durísimo régimen de terror: duró un año, y fue liquidado por un golpe de Estado antijacobino el 27 de julio de 1794.

Tales fueron, muy esquemáticamente, los hechos más dramáticos de la Revolución francesa (1789-1794). La revolución fue, evidentemente, un hecho de enorme complejidad. No nació de la miseria. El detonante fue, sin duda, la triple crisis política, financiera y económica de 1787-1788 que la monarquía francesa no acertó a resolver. Pero como Tocqueville observó en El Antiguo Régimen y la revolución (1858), la revolución tuvo causas mucho más profundas. Se produjo al cabo de un largo periodo de enriquecimiento y prosperidad, posiblemente porque la monarquía no fue capaz de integrar las fuerzas sociales creadas por el propio desarrollo del país, y porque, al absolutizar el poder y proceder a lo largo del siglo XVIII a una profunda reforma administrativa del Estado, había destruido el tejido social en que descansaba el Antiguo Régimen. La revolución, en todo caso, fue preparada por la rebelión de los notables, de las clases privilegiadas del país (la Asamblea de Notables en 1787, los parlamentos de París y provincias en 1788), contra los planes de reforma de la Corona, rebelión que llevó al rey a convocar los Estados Generales, clave del proceso revolucionario.

La revolución fue, desde ese momento, una revolución política que, desbordando la rebelión estamental de 1787-1788, desembocó desde 1789 en varios procesos revolucionarios simultáneos pero autónomos, que a su vez generaron desde 1791-1792 una revolución en la revolución que desvió los ideales de libertad de 1789 hacia el Terror y la dictadura.

Los cambios revolucionarios fueron extraordinarios. En su primera etapa (1789-1791) y bajo el liderazgo de hombres singulares (Sieyès, Grégoire, Mirabeau, Mounier, Barnave, Lameth, Duport), la revolución contribuyó decisivamente al progreso de la libertad política, al hilo de conquistas memorables: la idea de soberanía popular y nacional, la liquidación de la sociedad aristocrática y señorial, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la declaración de derechos del hombre, el reconocimiento de las minorías étnicas (judíos, esclavos, negros), el principio de la educación nacional. Transformó profundamente la conciencia colectiva en nombre de sentimientos de fraternidad e igualdad, merced a iniciativas reveladoras: la legalización de los hijos ilegítimos, la abolición del «usted», la adopción de formas radicalmente nuevas de vestir, la implantación de un nuevo (y extravagante) calendario y muchas otras. La abolición del feudalismo —hay que insistir— se aprobó el 4 de agosto de 1789; la Declaración de Derechos del Hombre, el 27 del mismo mes y año; la Constitución, que creaba una monarquía constitucional, el 14 de septiembre de 1791.

El deslizamiento de la revolución desde 1792 hacia la dictadura y el Terror —la revolución en la revolución— fue resultado a su vez de distintos factores. De errores de la propia revolución: la constitución civil del clero de 1790 apartó de la revolución a la Iglesia y a gran parte del mundo rural francés (como se manifestaría en la aparición ya en 1791 de guerrillas antirrevolucionarias en Maine y Bretaña, la «chuanería», y en la insurrección católica y realista de la región de la Vendée a partir de 1793). Fue resultado, también, de la resistencia de la Corona: el rey vetó la nueva legislación laicista y la Corte mantuvo contacto con los «emigrados» y con Prusia y Austria para presionar (si no aplastar) a la revolución, resistencia simbolizada en la clamorosa huida de Luis XVI a Varennes en junio de 1791.

Con todo, las causas últimas del nuevo giro revolucionario fueron en esencia dos: la guerra, que se inició en 1792 primero contra Austria y Prusia y luego contra Gran Bretaña y España (y que coincidió con la insurrección vendeana); y las concepciones ideológicas de la propia izquierda revolucionaria y de sus dirigentes más representativos, Danton, Robespierre, Marat, Saint Just, Hébert.

La guerra, que se prolongó hasta 1797 y que, en general, fue favorable a la revolución (Francia ocupó Holanda, Suiza, Saboya, Niza y, en 1796-1797, ya con Bonaparte al frente de uno de sus ejércitos, el norte de Italia), cambió, en efecto, el curso de la revolución. Provocada por las potencias contrarrevolucionarias, deseosas de acabar con la revolución, pero también por la política de guerra de la izquierda moderada francesa, de los girondinos, la principal fuerza política del país en 1792 (objetivo: extender la revolución a toda Europa y excitar el patriotismo del pueblo francés), la guerra impulsó la radicalización del proceso revolucionario hasta culminar en el gobierno jacobino de 1793-1794. Fortaleció la centralización del poder. Propició la política de represión, como instrumento de control de la retaguardia y de la liquidación del enemigo interior. Como vieron bien girondinos y jacobinos, creó un nuevo sentimiento colectivo, el patriotismo popular, simbolizado en La Marsellesa —el «Canto de guerra del ejército del Rin», compuesto por Rouget de Lisle y adoptado en julio de 1792 por un batallón de marselleses—, patriotismo que cimentó el poder revolucionario: produjo la identificación del pueblo con «la patria en peligro», y con el gobierno y régimen revolucionarios que la encarnaban. La guerra hirió de muerte al monarquismo constitucional y propició la cristalización de un amplio movimiento republicano (precipitado a raíz de la huida del rey a Varennes) en torno a los clubs radicales y los movimientos populares parisinos (los sans-culottes). La monarquía cayó el 10 de agosto de 1792 cuando masas populares, articuladas por los jacobinos, asaltaron la residencia real, las Tullerías, como respuesta a la directa amenaza austro-prusiana sobre París. El rey fue ejecutado, como se ha dicho, el 21 de enero de 1793.

El Terror no fue, aun así, resultado solo de la guerra. La violencia, que tuvo rasgos evidentes de reacción catártica y milenarista de las masas populares, había acompañado a la revolución desde el primer instante. El Terror de 1792-1794 —16 000 ejecutados, 500 000 detenidos, más 300 000 muertos en La Vendée— tuvo causas políticas. Fue consecuencia de la teoría jacobina del gobierno fuerte por una minoría revolucionaria encarnación de la voluntad popular, y de la concepción asamblearia y callejera de la democracia sustentada por los sans-culottes (artesanos, tenderos, operarios) de París. El Terror fue la materialización de una concepción revolucionaria —encarnada en Marat, Robespierre, Saint Just— que creía en una voluntad general única e indivisible que se identificó con las aspiraciones de algunos sectores populares de París y a la que se vació de todo sentido de la libertad individual.

El Terror fue, pues, la desvirtuación de la revolución. De hecho, esta tuvo, como se ha visto, dos etapas: una, 1789-1791, humana y bienhechora (por decirlo con las palabras de Michelet, el apasionado autor de L'Histoire de la Révolution française que apareció entre 1847 y 1853), si bien no exenta de violencia; y otra, 1792-1794, violenta y sanguinaria, impuesta por una minoría extremista, ideologizada y dogmática, los jacobinos, y apoyada en la presión callejera de las masas urbanas. Con la caída y ejecución de Robespierre y sus colaboradores el 28 de junio de 1794, se restauró un orden republicano burgués y moderado, un poder contrarrevolucionario, el Directorio (1794-1799), que rectificó la revolución, un régimen minado por su propia debilidad política y la corrupción, y que desembocó finalmente en el golpe de Estado del general Bonaparte, el 9 de noviembre (18 Brumario) de 1799.

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La crisis del Antiguo Régimen

Entre 1792 y 1815, la Revolución francesa y las guerras napoleónicas —desencadenadas o por la oposición de las potencias europeas a la revolución, o por el propio expansionismo militar francés, especialmente tras la llegada de Bonaparte al poder en 1799— desestructuraron Europa. Al hilo de batallas extraordinarias (Valmy, Neerwinden, Marengo, Hohenlinden, Trafalgar, Ulm, Austerlitz, Jena, Bailén, Talavera, Borodino, Leipzig, Waterloo), cuyos nombres permanecerían para siempre en la historia europea, la guerra adquirió en esos años dimensiones colosales, sin duda previamente desconocidas. Antes o después, los Países Bajos (Bélgica, Holanda, Luxemburgo), la península italiana, los estados alemanes, Austria, Prusia, España, Portugal y Polonia sufrieron en mayor o menor medida cambios formidables: cambios dinásticos y políticos, nuevas formas de soberanía, ensayos constitucionales, profundas reformas administrativas; ocupación militar, modificaciones fronterizas; anexiones, particiones y unificaciones territoriales o parciales, y a veces su transformación en Estado o estados nuevos.

Prácticamente, solo Gran Bretaña, el país que en todo momento resistió el poder militar de la nueva Francia, retuvo sus instituciones y su integridad territorial. En 1795, la Francia revolucionaria conquistó Holanda y la convirtió en la República Bátava; luego, se anexionó Bélgica. En 1797-1798, tras la fulgurante campaña militar de Bonaparte en Lombardía, Francia creó en Italia las repúblicas satélites Cisalpina (Milán), Ligur (Génova), Romana y Partenopea (Nápoles), y en Suiza, la República Helvética, tras la anexión de Ginebra. En 1801-1802, Napoleón, ya al frente de Francia, reorganizó nuevamente Italia: ocupó Piamonte, restableció los Estados Papales y el reino de Nápoles, transformó Toscana en el reino de Etruria, y la República Cisalpina en la República Italiana. Volvió a hacerlo, a reordenar Italia, tras la proclamación del Imperio: en 1805-1806, se proclamó rey de Italia e hizo a su hermano José rey de Nápoles (al tiempo que entronizaba a otro hermano, Luis, como rey de Holanda y a su cuñado Murat como duque de Berg y Cleves, y algo después, a un tercer hermano, Jerome, como rey de Westfalia). Napoleón reordenó paralelamente el centro de Europa. En 1806 integró buena parte de los estados alemanes en una Confederación del Rin separada de Austria y bajo protectorado francés; en 1807 creó, tras recortar a Prusia la mitad de su territorio, el Gran Ducado de Varsovia (aunque no restauró Polonia, objeto a su vez de sucesivos repartos entre Prusia, Rusia y Austria en 1772, 1793 y 1795).

Napoleón intervino, también decisivamente, en el sur del continente. La Francia napoleónica fue de hecho el árbitro de la política española desde octubre de 1807, cuando por el Tratado de Fontainebleau, España, inclinada a la colaboración con Francia desde 1796, autorizó la entrada de tropas francesas en su territorio de cara a una operación militar franco-española contra Portugal, dentro de la estrategia napoleónica contra Gran Bretaña. Luego, en mayo de 1808, tras los sucesos ocurridos a partir de marzo (motín de Aranjuez y abdicación de Carlos IV en Fernando VII y cese del primer ministro Godoy; sublevación popular contra las tropas francesas), Napoleón liquidó la monarquía española y estableció en su lugar una monarquía satélite a cuyo frente puso a su hermano José, a quien sustituyó en Nápoles por Murat.

Como ocurriera en los países de Europa citados, la posible evolución tranquila que la España del siglo XVIII pudiera haber tenido —la España que en 1788 heredó Carlos IV: un reino ilustrado y católico, un imperio colonial, una nación estable— quedó truncada por la nueva situación creada a partir de 1789, y más dramáticamente, por los gravísimos sucesos de 1808. En 1789, la Revolución francesa provocó la reacción conservadora de la monarquía española y la paralización de las reformas que los gobiernos ilustrados habían emprendido a lo largo del reinado de Carlos III (1759-1788). Luego, España, que en un primer momento (1793-1795) se unió a las otras potencias europeas en la guerra contra la revolución, siguió desde 1795-1796 una política exterior de alianza con Francia, que haría de ella en unos años un mero satélite del Imperio napoleónico, lo que la arrastró a la guerra con Portugal, a la guerra naval con Gran Bretaña hasta culminar en 1805 en la destrucción de la Marina española en Trafalgar, y a autorizar en 1807, como ya se ha mencionado, la entrada de tropas francesas en territorio español con la idea de ocupar Portugal y reforzar así el «bloqueo continental» francés contra Gran Bretaña.

Los sucesos de 1808 —motín de Aranjuez y levantamiento antifrancés del 2 de mayo, generalizado en toda España a partir del día 22, a lo que Napoleón respondió con la ocupación militar de España y la instauración de la monarquía de su hermano José— fueron una verdadera crisis de Estado y una gravísima crisis nacional. Ocupación francesa, levantamiento popular y guerra —guerra devastadora que se prolongó desde 1808 a 1813, en parte española pero en gran parte conflicto internacional después de que Gran Bretaña abriese en Portugal y España un nuevo frente contra Napoleón— alteraron el curso de la historia española: destruyeron el Antiguo Régimen español y, al tiempo, el orden colonial, con el resultado, aquí, de la pérdida casi total del Imperio americano, consumada entre 1810 y 1825, y la independencia de numerosos países americanos.

La transición desde el Antiguo Régimen de los siglos XVI a XVIII (monarquías absolutas, legitimidad dinástica, sociedad estamental, predominio de la aristocracia y el clero) al régimen liberal del siglo XIX (estados nacionales, soberanía nacional, gobierno representativo, sistemas parlamentarios, sociedad de clases) fue, en efecto, un hecho general europeo que constituyó un proceso irreversible, pero largo, contradictorio y no lineal, con etapas de reacción y conservadurismo (1815-1830) y oleadas revolucionarias (1820, 1830, 1848); con crisis nacionales (revueltas, agitación, represión) y cambios de régimen frecuentes y aun, en ocasiones, con pronunciamientos militares e intervenciones militares extranjeras.

La revolución liberal española (1808-1840) conllevó dos largas guerras (la guerra contra la ocupación francesa, 1808-1813; la guerra carlista, 1833-1839), ensayos constitucionales (Cortes de Cádiz, 1810-1812; Trienio Constitucional, 1820-1823) y experiencias contrarrevolucionarias (la llamada reacción fernandina, 1814-1820, y la década absolutista, 1823-1833). Francia conoció, en el mismo tiempo, dos monarquías (borbónica, 1815-1830; Orleans, 1830-1848), dos revoluciones (1830, 1848) y, enseguida, una república (1848-1852) y un nuevo Imperio (1852-1870). Portugal, gobernada entre 1811 y 1820, en ausencia de la familia real, por el mariscal británico Beresford, pasó por una revolución (1820), la vuelta al absolutismo (1824-1828) y la guerra civil (1828-1834). La construcción de Italia como un Estado nacional —tras el restablecimiento en 1815 de los estados prenapoleónicos, esto es, Piamonte, Parma, Módena, Toscana, Estados Papales y el reino de las Dos Sicilias (Lombardía-Venecia volvió a quedar bajo control de Austria)— conllevó varias revoluciones (1820, 1831 y 1848-1849) y guerras entre Piamonte y Austria (1849, 1859-1860, en esta ocasión con el apoyo de Francia), y necesitó de la expedición militar de Garibaldi y los «mil» sobre Sicilia (1860) y de una nueva guerra con Austria, en 1866.

La Europa de los siglos XIX y XX nació, pues, de la gran crisis que convulsionó el continente a partir de la Revolución francesa, y como consecuencia de esta. La Europa restaurada en 1815 —tras la derrota final de Napoleón en Waterloo— no era ya la Europa de 1788. La crisis de 1789-1815 significó la destrucción del «feudalismo» en buena parte del continente. Órdenes o estamentos privilegiados, derechos señoriales, diezmos eclesiásticos y servidumbre fueron abolidos desde luego en Francia, pero también en estados que quedaron o satelizados por Francia o incorporados al Imperio napoleónico (Bélgica, los estados alemanes de la Confederación del Rin, por ejemplo). Austria abolió la servidumbre en 1781; Prusia, en 1807. En casi todos los países de Europa occidental, se pusieron en marcha procesos de desamortización, esto es, de confiscación y venta de bienes y tierras de la Iglesia.

La estructura territorial de Europa (210 millones en 1815) quedó igualmente transformada. Las fronteras de 1789 no fueron restauradas en 1815. Las repúblicas de Génova y Venecia desaparecieron. Alemania quedó reducida a 39 estados (frente a los 350 que existían antes de 1789-1815). Rusia se anexionó Finlandia y Besarabia. Noruega quedó hasta 1905 incorporada a Suecia. Algunos de los cambios constitucionales de los años 1789-1815 permanecieron: por ejemplo, la Constitución sueca de 1809 y la Constitución federal suiza de 1814. En España, Fernando VII abolió en 1814 la Constitución de 1812 aprobada por las Cortes de Cádiz. En Francia, la restauración de Luis XVIII (1814-1824) conllevó, por el contrario, la «otorgación» de una «carta» constitucional más liberal que la legislación del régimen napoleónico. Francia conservó bastantes de las reformas llevadas a cabo entre 1789 y 1815: la división territorial, el sistema judicial, el Código Civil, la policía, el Banco de Francia, el ejército nacional, los liceos, el sistema métrico (que se mantuvo también en Holanda, Prusia y los estados italianos. Holanda, Nápoles, Prusia y varios estados alemanes conservaron igualmente el Código Civil que Napoleón les había impuesto antes de 1814).

Como a su modo mostró el auge del romanticismo en las primeras décadas del siglo XIX —una clara ruptura con el racionalismo y el neoclasicismo de la segunda mitad del XVIII y con el mismo clasicismo napoleónico—, la moral europea se había transformado radicalmente.

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La Europa napoleónica

La fulgurante carrera de Napoleón Bonaparte (1769-1821) alteró la historia de Europa. Bonaparte fascinó a sus contemporáneos. Byron, Goethe, Schiller, Hegel, le admiraron; Wordsworth y Walter Scott, lo vieron con escepticismo. Beethoven le dedicó la sinfonía Heroica pero luego —tras la proclamación del Imperio en 1804— retiró la dedicatoria. Stendhal, Lamartine y Victor Hugo exaltaron su figura en sus obras. Chateaubriand, en cambio, lo vio como el «ogro de Córcega» que había destruido a una generación de franceses; madame de Staël (en Consideraciones sobre la Revolución francesa, 1818), como un hombre de incontenible ambición personal, un enemigo del «idealismo» republicano que estableció una dictadura personal. Bonaparte fue una leyenda en vida que él mismo cultivó con todas las armas entonces a su alcance (la pintura incluida). En su «testamento» literario, el Memorial de Santa Helena editado por Las Cases en 1821 —que recogía las confidencias del emperador en su último destierro— se presentó como un liberal, hijo de la revolución, cuyo objetivo último había sido la extensión por Europa de las ideas de 1789 —libertad, igualdad— y la creación de una federación europea de pueblos libres.

Napoleón Bonaparte fue una personalidad en extremo contradictoria. Hombre salido de la revolución —oficial de artillería, jacobino, aupado al poder, luego, por el Directorio de 1795-1799 y su principal líder Barras, que tras su decisiva actuación contra la insurrección monárquica de 1795 le dio el mando de los ejércitos de Italia y Egipto— y defensor a su manera de las ideas de 1789, Bonaparte llegó al poder tras un golpe de Estado (9-10 de diciembre, o 18 Brumario, de 1799) y estableció un régimen de poder personal —Consulado (1799-1804), Imperio (1804-1814)—, una dictadura apoyada en el ejército a la que dotó de una aristocracia nueva; la negación, en suma, de los ideales de libertad e igualdad de la revolución. Con un físico singular —talla corta, cuerpo vigoroso—, cualidades excepcionales de capacidad, liderazgo e inteligencia, memoria extraordinaria, colérico, impaciente (y a veces, depresivo y vacilante), sin principios morales o religiosos, Napoleón se movió mucho más por mera ambición de gloria —que sin duda alcanzó en su breve y vertiginosa biografía— que por ambición de poder.

La etapa del Consulado (1799-1804) —que siguió al golpe de Estado de 18 Brumario— vio ya la creación del régimen personal de Bonaparte. El Consulado instituyó la figura del Primer Cónsul —el propio Bonaparte, nombrado por diez años, y luego a perpetuidad— como titular del poder ejecutivo y con gobierno por decreto, más un poder legislativo compartido por el Primer Cónsul y un Consejo de Estado designado por él mismo, y un Senado, un Tribunado y una Legislatura casi meramente decorativos. Bonaparte (que se rodeó de ministros eficaces: Fouché, Cambacérès, Gaudin, Talleyrand, Portalis, Savary…) centralizó la administración provincial, la Hacienda y la justicia. Con Fouché como ministro, reorganizó la policía dotándola de una dirección central y prefecturas departamentales.

En 1800, creó el Banco de Francia con monopolio de emisión del papel moneda y control de la circulación monetaria, instrumento decisivo para el intervencionismo del Estado en la economía (protección de la agricultura, control de precios, restricción de importaciones). En 1801 firmó un Concordato con el Vaticano que restauró las relaciones entre la Iglesia y el Estado rotas desde 1790, sobre los principios de preeminencia del Estado sobre el clero y ratificación de las expropiaciones eclesiásticas llevadas a cabo por la revolución, a cambio de garantías para el libre ejercicio de la religión católica y el reconocimiento de esta como «la religión de la gran mayoría de los ciudadanos». En 1802, creó un verdadero sistema nacional de educación primaria y secundaria —sobre la base del liceo— y puso bajo control del Estado la universidad y los títulos universitarios y profesionales. En 1804 codificó y unificó todas las leyes y los decretos vigentes en Francia en un Código Civil (o Código Napoleón) que hizo de Francia el primer Estado de (y con) derecho de la historia, y el arquetipo del nuevo Estado-nacional.

Napoleón liquidó la revolución y uniformizó por la fuerza el orden territorial; dio a Francia estabilidad y orden tras muchos años de desórdenes y anarquía. Su régimen, ampliamente popular, estabilizó la economía y logró una situación de casi pleno empleo hasta 1814. El nacionalismo francés de los siglos XIX y XX vio siempre en Napoleón al constructor de la Francia verdaderamente nacional. La etapa del Imperio (1804-1814) reforzó su leyenda histórica y, también, la visión polémica y los debates políticos e historiográficos: Bonaparte y el Imperio, como época gloriosa de Francia; el Imperio como expresión de una ambición ilimitada y mera política de conquista, como un desastre para Francia que costó la vida a unos cuatro millones de soldados.

El instrumento del Imperio, oficialmente proclamado el 18 de marzo de 1804, fue la guerra, que Bonaparte reanudó en 1804 (antes, había puesto fin a las guerras de la revolución, por la paz de Lunéville con Austria en 1801 y de Amiens con Gran Bretaña en 1802) so pretexto de incumplimientos de los acuerdos anteriores. Resumiendo mucho, Napoleón venció en Austerlitz y Jena durante la guerra de la Tercera Coalición de 1804-1807 (Gran Bretaña, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia, y luego Prusia y Sajonia), aunque la flota británica de Nelson derrotó en Trafalgar (octubre de 1805) a la escuadra hispano-francesa. Ocupó España a partir de 1808, y se vio implicado allí hasta 1813 en una guerra costosísima contra ejércitos ingleses, españoles y portugueses al producirse un levantamiento popular contra las tropas francesas que habían entrado en el país de acuerdo con la alianza hispano-francesa suscrita años antes. En 1809, Napoleón volvió a derrotar a Austria, esta vez en Wagram. El 24 de junio de 1812 invadió Rusia con un ejército, la Grand Armée, de 650 000 hombres. Derrotó a los rusos en Borodino; pero en octubre, sus ejércitos se verían forzados a retirarse, en una retirada dantesca a través de toda Europa en la que sobrevivieron solo unos 100 000 soldados. En octubre de 1813, derrotados por Wellington, los franceses tendrían también que abandonar España. Enfrentado desde ese mismo año a una nueva coalición europea (Rusia, Prusia, Austria, Baviera), Napoleón sufrió una durísima derrota en la batalla de Leipzig (16-19 de octubre de 1813) y aunque aún lograría victorias parciales sobre sus enemigos, abdicó en abril de 1814 y, bajo control de los aliados, se estableció en Elba. Regresó durante los llamados «Cien Días» de 1815 —vuelta de Napoleón a París el 1 de marzo, restablecimiento de su poder y del Imperio—, pero fue finalmente derrotado por Wellington en Waterloo (Bélgica) el 18 de junio de 1815, y desterrado a Santa Helena.

El Imperio napoleónico no fue una nueva Europa, una federación de pueblos libres, un «sistema continental» (pese a que el propio Napoleón lo proclamó así en 1807). En su momento máximo, 1812, el Imperio fue un conglomerado de reinos familiares y estados satélites regidos o por los familiares de Napoleón o por sus compañeros de armas, a las órdenes de y dentro de la órbita de Francia. Reinos familiares: Italia (1805), Holanda (1806), Nápoles (1806), Westfalia (1807); estados satélites: la Confederación del Rin (1806), la Confederación Helvética (1803), el Gran Ducado de Varsovia (1807), España (1808). A ello se añadieron los territorios directamente anexionados por Francia (Bélgica, regiones del norte, oeste y sur de Alemania, Piamonte y Croacia-Dalmacia) y alianzas ocasionales (Dinamarca, Suecia). El Imperio no fue solo la expresión de una política dinástica y no nacional. Pero tampoco fue una política de seguridad y defensa de las «fronteras naturales» de Francia (Rin, Pirineos, Alpes). El Imperio napoleónico respondió en algunos puntos a los intereses estratégicos de Francia y, en su casi totalidad, a las ambiciones personales y militares de Napoleón; esto es, fue una Europa bajo hegemonía francesa.

Como resultado de la Revolución de 1789, las guerras de Napoleón no fueron guerras dinásticas, con ejércitos semiprofesionales mandados por aristócratas. Fueron guerras llevadas por ejércitos nacionales. Las levas obligatorias —otra reforma de la revolución— pusieron a disposición de Napoleón más de un millón de hombres; el régimen napoleónico movilizó la economía del país al servicio de la guerra (fabricación de armamento y munición, requisas de cosechas, carruajes, caballos, etcétera). Napoleón fue un gran táctico militar. Combinó a la perfección el empleo de la infantería (equipada con mosquetes y bayonetas), la caballería ligera y la artillería móvil, y el uso de la columna de ataque en vez de la línea (en un ejército estructurado en divisiones autónomas), para la concentración del esfuerzo militar sobre objetivos perfectamente seleccionados y definidos. Tuvo una excepcional capacidad para visualizar sus campañas, concentrar sus ataques, y anticipar (y prevenir e impedir) los movimientos de los ejércitos enemigos.

Su gran error militar fue no entender el nacionalismo popular europeo: la resistencia que encontró en la guerra de España y en la invasión de Rusia fue la verdadera causa de su derrota. Por razones logísticas, económicas y militares, el Imperio era posiblemente insostenible. La estrategia militar de Napoleón exigía marchas larguísimas y el ataque continuo de sus ejércitos. Al final, en Waterloo, Napoleón fue derrotado por la defensa ortodoxa en línea basada en la disciplina y el orden, que Wellington manejó siempre con habilidad y precisión supremas.

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América Latina: el encuentro con la historia

La independencia de Estados Unidos, en 1776, y de Haití, en 1804, parecían anunciar el fin del dominio europeo en América. La América española se independizó, en efecto, entre 1810 y 1825; Brasil lo hizo, como imperio constitucional, en 1822. El cambio fue evidente, en muchos sentidos extraordinario: América renació ahora como un complejo subcontinente de naciones nuevas.

El proceso fue largo, complicado y en extremo contradictorio. En 1800 —por usar una fecha cercana— la lealtad de los territorios americanos a la Corona española (y de Brasil a Portugal) no parecía estar seriamente cuestionada. El sentimiento de identidad americana y el deseo de cambios en las formas de gobierno en las instituciones coloniales —que en el caso de la América española se habían extendido entre las élites criollas a lo largo del siglo XVIII— no eran sinónimos de nacionalismo anticolonial. La mayoría de los criollos se seguían viendo a sí mismos, además de como colombianos, venezolanos, chilenos, quiteños, mexicanos o peruanos, como «españoles de América». El pensamiento o independentista o revolucionario —representado por los venezolanos Miranda y Bolívar, el colombiano Antonio Nariño, el quiteño Eugenio de Espejo, o los argentinos Mariano Moreno y Manuel Belgrano (o Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, en Brasil)— era minoritario. Los estallidos de descontento y malestar social, como la amplia sublevación indígena que se extendió por Perú en 1780-1783 o la rebelión antifiscal que estalló en Bogotá en 1781, eran rebeliones y protestas contra el mal gobierno, no sublevaciones antiespañolas. El intento independentista en febrero de 1806 de Francisco de Miranda —que partiendo de Nueva York desembarcó al frente de unos doscientos hombres en Coro (Venezuela)— fracasó en medio de la indiferencia de la opinión local.

Ciertamente, el mantenimiento de los imperios americanos español y portugués habría sido en cualquier caso difícil. Las economías coloniales, por ejemplo, no dependían ya de España y Portugal. Trafalgar (1805) —que supuso la destrucción de la escuadra española— dificultó muy seriamente las comunicaciones navales entre España y América. Un hecho, con todo, parece indudable: la independencia americana no fue el resultado del malestar y la reacción anticoloniales; fue consecuencia del colapso del orden metropolitano.

Fue, en efecto, la gravísima crisis de 1808 provocada por la intervención francesa en la península (a su vez propiciada por los acuerdos diplomáticos hispano-franceses que preveían una actuación conjunta sobre Portugal en el marco de la estrategia napoleónica en Europa) lo que destruyó el orden colonial. La crisis modificó de raíz las estructuras del poder y del Estado en España y Portugal: supuso la huida (1807) de la familia real portuguesa a Brasil, el fin de los Borbones y la entronización de José Bonaparte en España (junio de 1808), y como respuesta, el levantamiento antifrancés, la revolución y la guerra de Independencia y la ocupación militar francesa de España, y la liberación británica de Portugal. Todo ello decidió el futuro de América. El caso de Brasil fue paradigmático: la independencia fue proclamada por el propio regente y heredero de la Corona portuguesa, Don Pedro, cuando su padre, el rey Juan VI, optó en 1821 por regresar a Portugal. El caso de la América española fue, en cambio, un gran problema histórico: la independencia fue la suma de muy distintos procesos, todos ellos de extraordinaria complejidad y obvias, y múltiples, dificultades.

La independencia de la América española distó de ser —y es lo que conviene enfatizar— un proceso lineal y unívoco: tuvo distintas fases y múltiples posibilidades; el resultado final tuvo, probablemente, mucho de inesperado y sorprendente, y fue, en todo caso, muy diferente a lo que podría haberse anticipado o previsto. La respuesta inicial en la América hispana a la crisis de Estado española de 1808 —renuncia de Fernando VII, reinado de José Bonaparte— fue como en España: la formación en muchas capitales y localidades americanas de Juntas locales autónomas que, rechazando a José Bonaparte, asumieron el poder en nombre del rey legítimo Fernando VII. El significado del juntismo americano era evidente: la élite americana aspiraba a asumir la dirección política de unos territorios que consideraba propios y a redefinir el papel y el poder de América en el entramado institucional de la legítima monarquía española. Nueva España (México) tuvo representación en la Junta Central Suprema española formada en septiembre de 1808 por las Juntas locales y provinciales creadas a partir del levantamiento antifrancés de mayo, y formó parte de la Regencia a la que la Junta dio paso. La población americana participó activamente a lo largo de 1810 en las elecciones a Cortes convocadas por dicha Regencia (que se reunirían en Cádiz, el único territorio no controlado por los ejércitos franceses, donde aprobarían la Constitución de 1812, la pieza clave de la revolución española precipitada por la guerra contra la ocupación francesa). Los diputados de Nueva España participaron decididamente en los debates parlamentarios que culminaron en la aprobación de la Constitución de 1812 y de muchas de las restantes disposiciones adoptadas por las Cortes gaditanas.

El colapso de España —la evolución de la guerra peninsular— profundizó la crisis. Precipitó, como se indicaba, el proceso del derrumbamiento del dominio español en América y propició la desviación del proceso americano desde el autonomismo y el autogobierno en nombre de Fernando VII hacia la independencia. La ocupación de Andalucía en 1810 por las tropas francesas fue determinante. El 19 de abril, un Cabildo abierto depuso en Caracas al capitán general y eligió una Junta que negó la autoridad de la Regencia española. El 22 de mayo, el Cabildo de la ciudad, suplantando al virrey, asumió el poder en Buenos Aires; el día 25, la Junta elegida afirmó su autoridad sobre todas las regiones del virreinato del Río de la Plata. Hechos similares se produjeron en Santa Fe de Bogotá (20 de julio), Santiago de Chile (18 de septiembre), en el Alto Perú, y en Quito (22 de septiembre). En México, el 15 de septiembre, el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, proclamó la independencia —en nombre de Fernando VII, la virgen de Guadalupe, la religión y México— y desencadenó una amplia revolución popular indigenista y rural que se extendió por Guanajuato, Michoacán, Guadalajara y Zacatecas, y que contó con miles de partidarios armados.

El proceso histórico experimentaba así un giro radical. Las Juntas de 1810 expresaban la aparición de un nuevo orden político americano y anticipaban el colapso del poder español en el continente. Los planteamientos que los diputados americanos iban a formular enseguida en Cádiz nacían ya desbordados en origen por la nueva dinámica que se desarrollaba en América. La Junta de Gobierno de Caracas convocó un Congreso Nacional que el 5 de julio de 1811 proclamó la independencia de la República de Venezuela. Quito proclamó igualmente la independencia (4 de diciembre de 1811) y promulgó una Constitución en 1812. Los siguieron Cartagena, Cundinamarca (la región de Bogotá, presidida por Antonio Nariño) y la Confederación de Nueva Granada. Chile, por el Reglamento Constitucional de 1812, aprobado tras un año extremadamente conflictivo, y Buenos Aires afirmaron a su vez lo que era una verdadera soberanía de hecho: en el caso argentino, un Congreso reunido en Tucumán a fines de 1815 proclamó finalmente la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata el 9 de diciembre de 1816. Antes de esa fecha, los intentos de Buenos Aires de extender su autoridad sobre todos los antiguos territorios del virreinato del Río de la Plata habían provocado el desmembramiento de la región: Paraguay proclamó su independencia separada en 1811 y proclamó la República en octubre de 1813; la Banda Oriental, el futuro Uruguay, se constituyó en 1813, bajo el liderazgo caudillista de José Gervasio Artigas, como Estado independiente confederado de Buenos Aires. En México, los españoles habían derrotado a Hidalgo en enero de 1811, en Puente Calderón. Pero otro cura, José María Morelos, acaudilló una nueva insurrección, esta vez en la región entre México y Acapulco: en 1813, convocó un Congreso nacional en Chilpancingo, que proclamó la independencia; en 1814, promulgó la Constitución de Apatzingán.

El fin del poder de España no era aún definitivo. Perú, la futura Bolivia, Centroamérica, Cuba y Puerto Rico habían permanecido fieles a la metrópoli. El virrey de Perú, José Fernando de Abascal, restableció, en efecto, la autoridad en el territorio de la Audiencia de Quito y acabó, por un lado, con el ejército de la Junta chilena, que mandaba Bernardo O'Higgins, al que las tropas españolas deshicieron en Rancagua en octubre de 1814, y por otro, con el de Cundinamarca. Tropas virreinales sofocaron, paralelamente, los focos insurreccionales del Alto Perú. En Venezuela, el proceso independentista encontró fuerte resistencia en las provincias occidentales, en Guayana y Los Llanos, lo que permitió la reacción de las tropas españolas: Miranda, jefe del ejército independentista, capituló en julio de 1812 (apresado por los españoles, moriría en prisión, en Cádiz, en 1816). El ejército de Simón Bolívar, que continuó la lucha desde la vecina Nueva Granada, fue aniquilado en junio de 1814 por las tropas realistas del caudillo español de Los Llanos, José Tomás Boves. En México, Morelos corrió la misma suerte que Hidalgo: fue derrotado y apresado en la acción de Temalaca (noviembre de 1815) y fusilado el 22 de diciembre de 1815. Dicho de otra forma: en 1815, tras la capitulación del ejército independentista venezolano (con Miranda preso en Cádiz y Bolívar huido a Jamaica), con la recuperación de Quito, Chile y Nueva Granada por el virrey Abascal y la reacción contrarrevolucionaria en México de las oligarquías criolla y peninsular, España había restablecido su poder (salvo en Río de la Plata, la única región, desmembrada ya en tres estados, que pasado un primer momento los españoles no habían intentado recuperar).

La posición española era, sin embargo, extremadamente difícil. España carecía de recursos económicos y militares —barcos, soldados, munición, artillería…— para librar una guerra en un escenario como el americano, separado de las bases españolas por una distancia colosal y definido por una geografía inmanejable en términos militares. La quiebra financiera y política de la monarquía española hacía inviable el sostenimiento de una acción militar sostenida y decisiva en América. España iba a cometer además un gigantesco error estratégico. Restaurado, tras la finalización de la guerra de Independencia, en la plenitud de su poder en 1814, Fernando VII tuvo la ocasión de ofertar e impulsar un nuevo contrato colonial para los territorios americanos: optó por la solución militar, por el restablecimiento pleno del dominio español. Como escribió Bolívar en 1815, España pretendió reconquistar América sin Marina, sin Tesoro, y casi sin soldados. España dispondría en América de unos 45 000 soldados: la fuerza más numerosa que pudo enviar fue el Ejército Expedicionario de Tierra Firme, la expedición de 10 000 hombres que bajo el mando del general Pablo Morillo llegó a Venezuela en la primavera de 1815.

La política militar española iba a resultar catastrófica: de hecho, solo sirvió para galvanizar el independentismo. La lucha por la independencia americana rebrotó en 1816-1817 y culminó victoriosamente en 1824. El triunfo fue obra ante todo del genio militar de Simón Bolívar (1783-1830) y José San Martín (1778-1830). San Martín tuvo la intuición estratégica decisiva de la guerra: llevar el combate a Perú y Chile y golpear de esa forma el verdadero bastión del poder español en América. Bolívar dio a la causa independentista liderazgo, un mito heroico, y dirección y objetivos políticos concretos, que esbozó en su Carta de Jamaica de 1815: guerra hasta la victoria final, creación de 17 estados americanos.

Con voluntarios argentinos y chilenos, San Martín creó un ejército pequeño pero regular (de unos 7500 hombres) que dirigió con gran acierto contra los puntos principales del poder español. Partiendo de Mendoza, cruzó los Andes en enero de 1817, derrotó a los españoles en Chacabuco (12 de febrero de 1817) y volvió a hacerlo, conteniendo la penetración española desde el sur de Chile, en la batalla de Maipú (15 de abril de 1818), victorias que dieron la independencia a Chile (unos 500 000 habitantes a fines del XVIII), a cuyo frente quedaría, como Director Supremo, Bernardo O'Higgins. Bolívar regresó definitivamente a Venezuela al frente de una pequeña expedición militar en diciembre de 1816 (tras un intento fallido en septiembre) y reactivó la lucha, con el objetivo inmediato de liberar Venezuela (en torno a 900 000 habitantes) y Nueva Granada (1 260 000 habitantes en 1789). Aunque su ofensiva sobre Caracas fracasara (febrero-marzo de 1818), Bolívar liberó el noreste de Venezuela y la región de la Guayana (Angostura, el delta del Orinoco…), lo que le permitió proclamar en Angostura, el 15 de febrero de 1819, el aún inexistente Estado de Colombia (Venezuela, Nueva Granada, Quito). Renunciando a Caracas, defendido por los ejércitos de Morillo, optó por desplazar la guerra a Nueva Granada. En mayo de 1819, y al mando de unos 3000 hombres, atravesó Los Llanos venezolanos, cruzó los Andes por un lugar inverosímil (a 4000 metros de altitud) y apareció, ya en agosto, en Tunja, al norte de Santa Fe de Bogotá. El 7 de agosto, sus tropas (2900 hombres) derrotaron contundentemente en Boyacá a las tropas realistas (2700 soldados, en su mayoría colombianos y venezolanos, esto es, no españoles) del general José M.ª Barreiro. Bolívar entró triunfalmente en Bogotá. Las líneas españolas se derrumbaron prácticamente en todo el territorio de Nueva Granada (la futura Colombia).

Chile y Boyacá fueron, en suma, los puntos de inflexión de la guerra: el equilibrio militar se inclinó a partir de ahí a favor de los ejércitos patriotas americanos. Boyacá, concretamente, dio a Bolívar la superioridad militar en toda la muy rica región de Venezuela-Nueva Granada-Quito. Las posibilidades españolas eran ya, probablemente, si no nulas, decididamente escasas. Peor aún, el cambio que en España produjo el pronunciamiento militar del 1 de enero de 1820 del comandante Riego debilitó obviamente la acción militar española y debió convencer a muchos americanos de que España carecía ya de autoridad y capacidad como Estado: en la revolución se sublevó precisamente parte del ejército destinado a América. Significativamente, Morillo, convencido de que España no podía ganar la guerra, negoció con Bolívar una tregua de seis meses. Bolívar contempló incluso la idea de un tratado de paz con España que a cambio del reconocimiento por esta de la independencia de la Gran Colombia, Chile y Río de la Plata, permitiera a los españoles retener México, Perú y las Antillas.

La tregua fue, en efecto, breve. La Constitución de Cádiz, restaurada por Riego en 1820, no era ya, ni podía serlo (ni probablemente habría podido serlo nunca), la respuesta al independentismo de América. En cualquier caso, la ofensiva americana se reanudó pronto, en la primavera de 1821. Con anterioridad, San Martín organizó en Chile una pequeña fuerza naval bajo el mando del marino escocés lord Thomas Cochrane, transportó por mar sus tropas a Perú (agosto de 1820) y tras forzar a los españoles a evacuar Lima y replegarse hacia las sierras del interior, proclamó la independencia de Perú (28 de julio de 1821). Bolívar, a su vez, replanteó la liberación de Venezuela, que logró tras la victoria de sus tropas (4200 hombres de infantería y 2400 de caballería) sobre las de La Torre en la batalla de Carabobo, tras brillantes operaciones —movimientos de distracción, flanqueos, cargas de caballería, repliegues y nuevas embestidas frontales— que mostraron la innegable capacidad militar del Libertador (que entró en Caracas el 29 de junio y asumió el cargo de presidente constitucional de la República de Colombia, a la que en 1822 se uniría Panamá).

Bolívar pensó ya en la liberación de toda la América española. En México, Nueva España (6 122 534 habitantes en 1810), que abarcaba además Centroamérica, no tuvo siquiera que intervenir. La decepción que produjeron los cambios españoles de 1820, y en parte el miedo a que la situación derivase en una nueva revolución, decidió a las clases conservadoras del virreinato, y al propio virrey O'Donojú, a apoyar el proceso hacia la independencia, que se suponía se hacía en nombre de Fernando VII, impulsado por el general realista Agustín de Iturbide en 1821 tras pactar por el llamado Plan de Iguala con los líderes de los focos de resistencia que habían subsistido tras la insurrección de Morelos. Iturbide entró en la capital mexicana el 27 de septiembre de 1821, formó una regencia, declaró formalmente la independencia al día siguiente y convocó un Congreso constituyente que terminaría con la proclamación del propio Iturbide (1783-1824) como emperador de México, ya en mayo de 1822.

Bolívar y San Martín se reunieron en Guayaquil el 26 de julio de 1822, sin duda para analizar la situación, planificar las operaciones militares que condujeran a la liberación definitiva de Quito, el interior de Perú y la región del Alto Perú, y estudiar el futuro político de la América española (reuniones cuyo primer, y sorprendente, resultado fue la retirada de San Martín del escenario americano). Bolívar encomendó la campaña militar sobre Quito, donde se venía combatiendo intermitentemente y con resultados desiguales desde 1820, al que era ya su mejor colaborador, el general venezolano Antonio José de Sucre (1795-1830). Sucre avanzó hacia la capital de la Audiencia (el futuro Ecuador) con un ejército de unos 2700 efectivos (colombianos, peruanos, argentinos, venezolanos, bolivianos…) y batió el 24 de mayo de 1822 a las tropas españolas del general Aymerich (unos 2000 hombres) en un violento combate a más de 3000 metros de altitud en las laderas del volcán Pichincha, victoria que le dio todo el territorio de la Audiencia de Quito, incorporado a la gran Colombia de Bolívar, y que abrió a los ejércitos bolivarianos la ruta hacia Perú. La liberación de Perú y del Alto Perú requirió aún nuevos esfuerzos militares. Bolívar derrotó el 6 de agosto de 1824 al ejército real de Perú junto al lago Junín, al norte de Lima, en un combate decidido por la caballería y librado solo con sables y lanzas. Sucre logró la victoria final cuando su ejército derrotó en el valle de Ayacucho, cerca de Cuzco, a las tropas «españolas» (unos 10 000 hombres, de ellos unos 7000 indios peruanos y bolivianos), destrozando por completo la moral de combate de los ejércitos realistas (de los que solo quedó un pequeño reducto en el interior de la futura Bolivia aniquilado en abril de 1825). Sucre proclamó en La Paz la liberación del Alto Perú: una asamblea nacional, que adoptó el nombre de Bolivia, declaró la independencia el 6 de agosto de 1825. Salvo Cuba y Puerto Rico, toda la América española era ahora independiente: la zona española de Santo Domingo permaneció bajo dominio de Haití hasta 1844.

La independencia iba a enfrentar a las nuevas naciones americanas con problemas colosales. Este iba a ser el nuevo y gran problema histórico: la construcción, o articulación, de verdaderos estados nacionales. La guerra, o guerras, de independencia destruyeron la prosperidad colonial, crearon un verdadero vacío institucional y administrativo y potenciaron a caudillos y militares. Los nuevos países americanos nacieron como estados territorialmente desvertebrados, de identidad nacional muy débil o inexistente, y con aparatos institucionales y administrativos por lo general pequeños y pobres, economías precarias, geografías imposibles, fronteras indefinidas y población escasa. El republicanismo y los valores cívicos en que se fundamentaron todos los nuevos países carecieron —al menos durante décadas— de vigencia social y de legitimidad como fundamento del poder y de la autoridad. Con la excepción de Brasil, una monarquía constitucional hasta 1889, un Estado esclavista y un país en el siglo XIX estable y próspero, y tal vez de Chile, la antigua América española empezó mal. Revoluciones, violencia, pronunciamientos militares, dictaduras y caudillismo definieron, así, la política del continente prácticamente hasta las últimas décadas del siglo XIX.

Los intentos de Iturbide en México de recrear bajo la forma de un imperio el virreinato de Nueva España, y del propio Bolívar por integrar en una gran Confederación estados colombianos y andinos (Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Bolivia) fracasaron. Iturbide fue derribado en diciembre de 1822 por un pronunciamiento militar que transformó México en una república federal. Como respuesta, las Provincias Unidas de Centroamérica (Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Honduras) proclamaron su independencia de México (julio de 1823) y a partir de 1840 se desintegraron en los varios estados que las formaban; Texas declaró a su vez la independencia en 1836 y la mantuvo por las armas (lo que terminaría por llevar en 1846 a la guerra entre México y Estados Unidos como consecuencia de la cual México perdería la mitad de su territorio: California, Texas, Nuevo México). El proyecto bolivariano para la antigua Nueva Granada, Quito y los Andes terminó igualmente muy pronto. Revoluciones nacionales provocadas por la oposición a la hegemonía colombiana-venezolana implícita en los planes bolivarianos precipitaron la independencia de Perú (1827), Bolivia (1829), Ecuador (1830) y Venezuela (1830). Ocupada por Brasil desde 1816, la Banda Oriental del Río de la Plata conquistó su independencia, ya como Uruguay, en 1828, tras dos años de guerra. Chile, por último, impidió mediante la guerra que se consolidara la Confederación peruana-boliviana que en 1837 había creado el presidente boliviano Santa Cruz y que se disolvió, tras las victorias chilenas en Buin y Yungay, en 1839.

Los nuevos países del continente —de vertebración, hay que insistir, a veces imposible— tuvieron que crear, o rehacer, prácticamente todo: ministerios, constituciones, administración, funcionarios, jueces, orden judicial, escuelas, universidades, profesores, ejércitos, policía, cárceles, comunicaciones, banca, empresas, obras públicas, códigos civiles, penales y comerciales, gobiernos locales y regionales. La complejidad y dificultad de los problemas políticos, institucionales, jurídicos, sociales y financieros que las nuevas naciones americanas tuvieron que afrontar tras su independencia fueron, pues, excepcionales. Su solución conllevó, sin duda, inmensos errores, aunque fueran errores necesarios, experiencias muchas veces ineludibles. El mismo caudillismo americano (Flores, García Moreno, en Ecuador; Castilla, en Perú; Páez, Monagas y Guzmán Blanco, en Venezuela; Santa Cruz, en Bolivia; Rosas, en Argentina; Rodríguez de Francia, en Paraguay; Santa Anna, en México, etcétera) no fue sino la respuesta casi natural en cada país a la falta, o extrema debilidad, de verdadero poder institucional del Estado.

Con todo, por debajo de revoluciones, guerras civiles y caudillismos, América Latina experimentó a lo largo del siglo XIX cambios evidentes. Brasil llevó a cabo desde 1850-1860 una gran transformación: bancos, fábricas, líneas de vapores, telégrafos, ferrocarriles, industrialización incipiente, industria del gas. Bajo el liderazgo de Buenos Aires —cuya integración en la organización territorial había sido uno de los principales problemas del nuevo país— y estabilizada entre 1860 y 1880 (presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda), Argentina desarrolló una de las economías agroexportadoras más fuertes y competitivas del mundo; más de tres millones de personas emigraron al país entre 1860 y 1913. Chile, la Prusia de América del Sur —como probó con sus victorias sobre Bolivia y Perú en la guerra del Pacífico de 1879-1883—, creció gracias a la producción y exportación de nitratos, fertilizantes y cobre. Reafirmados el orden republicano y la consolidación nacional tras la guerra civil de 1858-1861 y el Segundo Imperio (1862-1867) —una disparatada imposición francesa—, la economía mexicana creció también entre 1876 y 1910, bajo los gobiernos de Porfirio Díaz, de forma extraordinaria: ferrocarriles, minería industrial, ganadería, agricultura de exportación, industria textil y papelera… Con cerca de setenta millones de habitantes hacia 1900, América Latina había entrado en la historia: parecía ofrecer múltiples posibilidades.

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La edad del romanticismo

«No es difícil ver —escribió Hegel en la Fenomenología del espíritu, 1807— que nuestra edad es una edad de gestación y de paso a una nueva era». Las revoluciones americana y francesa fueron las dos manifestaciones políticas más evidentes del cambio; el movimiento romántico —la profunda transformación que en valores, actitudes y estilos artísticos (en la literatura, en el arte, en la música) se produjo en Europa, y por extensión en América, en las primeras décadas del siglo XIX— expresó a su modo el cambio cultural que paralelamente se estaba operando. El romanticismo fue ante todo —como observó luego Baudelaire— «una (nueva) manera de sentir»: la expresión cultural de una nueva época o, si se quiere, de un mundo en crisis. En su Historia de Europa en el siglo XIX, el filósofo italiano Benedetto Croce lo definió como «la rebelión, la crítica y el ataque contra el academicismo literario y el intelectualismo filosófico que habían dominado en el Siglo de las Luces», y enfatizó la importancia que el romanticismo confirió a «la espontaneidad, la pasión y la individualidad».

El romanticismo fue, pues, un movimiento estético, o en todo caso, una moral, nunca una política. Sus raíces estaban, según Isaiah Berlin, en la propia «Contrailustración» del siglo XVIII: en el irracionalismo de un Hamann, en la poesía mística de Blake (1757-1827), en Rousseau, en el Sturm und Drang —el movimiento literario alemán de las décadas 1760-1770 (el joven Goethe, el primer Schiller, Klinger, Leisewitz, Wackenroder, L. Tieck)—, en Herder, en Kant. El origen del término fue igualmente significativo. August Wilhelm Schlegel, el crítico y filólogo berlinés (y traductor de Shakespeare al alemán) lo usó en sus estudios de arte y literatura que publicó entre 1809 y 1811 para contraponer la poesía y el arte clásicos —definidos por el orden, la armonía, la belleza y la perfección— y el mundo «romántico» que asociaba con caos, misterio, imaginación y pasión. Goethe, que en 1774 había creado el símbolo romántico del joven Werther (a su pesar, pues luego, a raíz de su primer viaje a Italia en 1786 sus ideas y valores estéticos fueron un retorno al «clasicismo»), —identificó lo clásico con lo «sano» y lo romántico con lo «enfermo».

El término «romanticismo» se popularizó en toda Europa al incorporarlo madame de Staël en su libro De l'Allemagne (1813). En Alemania, el romanticismo (los nombres ya citados, más Fichte, Friedrich Schlegel, Novalis, Jean Paul Richter, el pintor C. D. Friedrich, Hölderlin, Heine, Felix Mendelssohn, Robert Schumann) fue fundamentalmente una reacción frente a la filosofía racionalista y el arte neoclásico: una exaltación de la Edad Media y de la religiosidad, del espíritu caballeresco (honor, valor, amor «romántico»), y del culto de la originalidad y el genio. El paisajismo de Friedrich, cargado de simbolismo religioso, quería exponer no la realidad misma, sino el sentimiento de la naturaleza en la mirada subjetiva del artista. La música de Schumann (1810-1856), quintaesencia del genio romántico, expresó admirablemente la estética romántica: lirismo intenso, naturalidad melódica, pasión amorosa, tensión emocional.

El romanticismo inglés, especialmente la poesía de Wordsworth, Coleridge, Shelley y Keats, se definió ante todo por el énfasis en la imaginación y por su capacidad para la contemplación de la naturaleza —un mundo infinito y eterno—, que Wordsworth, Coleridge y Southey sublimaron en la región de los Lagos, un entorno de unas trescientas montañas y treinta y tres lagos con epicentro en localidades como Grasmere, Ambleside y Keswick (en Cumbria), que en su poesía aparecía como una arcadia rural de inusitada belleza y emoción. Más tarde, cuando fue posible volver a viajar por Europa tras las guerras napoleónicas, Byron, Shelley y Keats descubrieron Italia, Grecia y el Mediterráneo, sus paisajes y sus ruinas, escenarios para ellos de paisajes poéticos y belleza única y enigmática: «La belleza es verdad y la verdad belleza» escribía Keats en «Oda a una urna griega» (1819): «Eso es todo lo que sabes en la Tierra, todo lo que necesitas saber». Walter Scott (1771-1832), el creador de la novela histórica, una contribución decisiva al desarrollo de la historia en el siglo XIX, revivió por un lado (Ivanhoe, 1819; El talismán, 1825) la Edad Media como una edad noble y caballeresca, y por otro, con Waverley (1814), Rob Roy (1817), El corazón de Midlothian (1818) y el resto de sus novelas escocesas, hizo de Escocia la región romántica por excelencia del imaginario británico.

La primera generación romántica, el romanticismo anterior a 1820 (F. Schlegel, Novalis, Chateaubriand, Scott, Fichte, el propio Goethe, madame Staël), fue, en política, conservadora. Walter Scott fue un tory militante. Chateaubriand apoyó la Restauración de 1815, fue ministro de Asuntos Exteriores en 1822 en el gobierno reaccionario del duque de Villèle y, como tal, partidario de la intervención militar en España que puso fin en 1823 al Trienio Constitucional español (1820-1823); su Génie du Christianisme (1802), una visión romántica donde la religión era ante todo una experiencia emocional (misterio, fe, pasión espiritual) y el catolicismo, pura estética, era una glorificación del catolicismo ultramontano. Wordsworth, Southey y Coleridge, entusiastas en su juventud de la Revolución francesa, eran en 1815 abiertamente conservadores. La segunda generación romántica, el romanticismo posterior a 1820 (Victor Hugo, Lamartine, Mérimée, Shelley, Byron, Keats, Espronceda) fue una generación liberal, radical, que asociaba innovación literaria y artística con revolución política. Byron diría que había «simplificado su política a una total hostilidad contra todos los gobiernos existentes»; murió en Missolonghi en abril de 1824 —de fiebres, antes de entrar en acción— donde había acudido para unirse a la guerra de independencia griega, a la que ya había ayudado con armas y dinero. Victor Hugo definió el romanticismo como el liberalismo en la literatura.

El romanticismo, en efecto, impulsó el nacionalismo liberal europeo que combatió el nuevo orden creado en 1815. En Alemania, el resurgir nacional posterior a 1815 estuvo unido a una revitalización del pasado y de la nacionalidad germánica. Aunque él no fuera nacionalista, Herder identificó la nacionalidad con el alma de los pueblos, con el Volkgeist, con el carácter nacional permanente a lo largo de los siglos. Los mismos cuentos infantiles escritos o recogidos por los hermanos Grimm, que se publicaron en 1812-1814 y que tuvieron inmensa difusión en toda Europa, eran, en la perspectiva de sus autores, la expresión del «genio nacional» alemán. Con independencia de sus ideas políticas y religiosas, el nacionalismo italiano hizo de Manzoni (Los novios, 1825-1827, una novela histórica sobre el Milán del siglo XVII bajo dominación española) y de Leopardi (1798-1837), el poeta de la infelicidad y del «pesimismo cósmico», la expresión del alma nacional italiana; Pushkin (1799-1837), el autor de Eugene Onegin y Boris Gudonov y simpatizante de la revuelta «decembrista» (democrática) rusa de 1825, fue ensalzado por la propia crítica rusa del siglo XIX (por Belinski, por ejemplo) como el creador de la literatura y la lengua rusas, y del sentido nacional de las mismas.

Como argumentó George L. Mosse, el gran historiador de la cultura europea, en La cultura de Europa occidental: siglos XIX y XX (1961), el romanticismo fue en definitiva una rebelión estética y moral contra el convencionalismo y la mediocridad artística y literaria de las clases medias y de las masas, en nombre del genio y de la libertad individuales (una moral del «culto al yo», que impregnaba, por ejemplo, El rojo y el negro, 1829, de Stendhal) y de la creatividad artística. La rebelión romántica quedó, así, particularmente patente en el ruidoso estreno en París del Hernani (1830) de Victor Hugo, en la que los jóvenes exteriorizaron su desafío al gusto y la moral convencionales en la misma adopción de un estilo y unos atuendos revolucionarios: cabelleras largas, trajes y chalecos rojos y rosas.

Con todo, lo mejor del romanticismo fue la obra individual de poetas, escritores, pintores y músicos: la pintura de Friedrich, Géricault, Delacroix, Constable y Turner; la música de Beethoven, Schumann, Mendelssohn, Schubert, Chopin, Liszt, Berlioz y aún más tardío, de Brahms; la literatura de Scott y Jane Austen; Leopardi; Pushkin, Lermontov (Un héroe de nuestro tiempo, 1840); Jane Eyre (1847) de Charlotte Brontë; Victor Hugo (Orientales, Nuestra Señora de París, 1831, Los miserables, 1862), Eugénie Grandet (1833) y El padre Goriot (1834) de Balzac; El rojo y el negro y La cartuja de Parma (1839) de Stendhal; la poesía de Musset y Vigny; Carmen de Mérimée (el romanticismo —Washington Irving, Richard Ford, Théophile Gautier— creó el mito de España como país oriental, pintoresco y dramático); Espronceda, Bécquer, Don Juan Tenorio (1844) de Zorrilla; la historiografía de Carlyle y Michelet…

El romanticismo fue, efectivamente, una nueva manera de sentir, una clara ruptura con el racionalismo y el neoclasicismo de la segunda mitad del siglo XVIII. En filosofía, ello presuponía, casi necesariamente, una ruptura tal vez con Kant y desde luego con Georg W. Friedrich Hegel, ruptura especialmente explícita en Soren Kierkegaard (1813-1855), el filósofo y teólogo danés, personalidad versátil, algo extravagante, un hombre solitario y un escritor desconcertante, en quien parte de la filosofía del siglo XX vería al primer filósofo de la vida, de la existencia: «En el siglo XIX —escribió de él Martin Heidegger— comprendió el problema de la existencia en cuanto existencial y lo pensó profundamente». Moralista educado en el pensamiento luterano —y como tal, preocupado por los problemas de la vivencia de la fe, de la conciencia de pecado en el hombre, y de la lejanía e impenetrabilidad para este, para el «yo», de la idea de Dios—, la obra de Kierkegaard, una obra (El concepto de ironía, O lo uno o lo otro, Temor y temblor, Migajas filosóficas, El concepto de angustia, La enfermedad mortal…) que abordó muchos temas (teología, ética, la naturaleza de la filosofía, el concepto del individuo, las relaciones humanas), fue básicamente sobre la condición humana, una ruptura con la razón hegeliana (la obra de Hegel le parecía un fraude: una jerga abstracta, una verborrea inaceptable, que ignoraba al ser humano individual, la primera realidad de la vida) y también con la Iglesia oficial danesa (un cristianismo vacío que ignoraba los problemas del pensamiento cristiano: la incertidumbre de la fe, la distancia entre el hombre y Dios, la imposibilidad de comprender la eternidad e infinitud de Dios). Kierkegaard hizo del hombre la realidad esencial, el centro del pensamiento: un hombre libre, arrojado a vivir en un mundo que se le presenta como incomprensible y absurdo, que aborda desde el temor religioso —de ahí, el concepto de angustia— y sin otra pasión que pensar la propia vida.

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Restauración y revolución en Europa

Los mismos principios y acuerdos políticos sobre los que las potencias europeas vencedoras de Napoleón (Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña) fundamentaron la paz en 1814-1815, en los Tratados de París y sobre todo en el Congreso de Viena (1 de noviembre de 1814 a 8 de junio de 1815) —afirmación del principio de legitimidad dinástica y restablecimiento de estados y fronteras anteriores a 1815— fueron la razón última de los problemas que el continente experimentaría en las décadas siguientes.

No todo fue un error. Tras la larga y terrible etapa de guerras devastadoras que fue la era napoleónica (1799-1815), con varios millones de muertos en toda Europa, la Restauración de 1814-1815 respondió a una necesidad evidente y universal, la necesidad de paz y seguridad. Bajo la inspiración del canciller austriaco Metternich, el hombre clave en la Europa posnapoleónica, los líderes de la Restauración buscaron para ello el equilibrio de poder entre las potencias, y el establecimiento de un sistema internacional de alianzas y congresos entre ellos (de los que se reunieron un total de seis entre 1815 y 1825). La idea no fue inútil. No obstante los problemas internos que entre 1815 y 1850 experimentaron muchos estados europeos —España, Francia, Portugal…—, no volvió a haber guerra en Europa hasta la guerra de Crimea de 1853-1856.

Ciertamente, la Restauración subestimó la fuerza del nacionalismo y del liberalismo, los dos principios ideológicos y políticos sobre los que terminaría por construirse la Europa del siglo XIX. Pero esa realidad no era en 1815 ni evidente ni inequívoca. Como mostraría el fracaso de las revoluciones de 1820 en España, Portugal y los estados italianos, el liberalismo no era aún, a principios del siglo XIX, la fuerza política dominante. El nacionalismo fue sin duda la idea cultural hegemónica de la Alemania de la primera mitad del XIX (esto es, de los estados de la Confederación alemana y de Prusia), y también de Grecia, Serbia, Bélgica, Polonia e Italia. Pero, como probaría el caso italiano, el nacionalismo fue ante todo un sentimiento y una preocupación de la élite política e intelectual —como Mazzini en el caso citado—, cuyos planteamientos y aspiraciones chocarían precisamente con la indiferencia política y falta de verdadera conciencia nacional del campesinado, conciencia que, en Italia al menos, no existió hasta la década de 1850.

La Europa de 1815 era, además, una Europa aristocratizante, agraria y preindustrial —esto es, economías tradicionales de baja productividad y sin innovaciones tecnológicas—, en la que monarquía y religión, propiedad y patronazgo, seguían constituyendo, pese a la Revolución francesa y los cambios que esta impulsó, los pilares de la sociedad y los fundamentos de la cohesión nacional y social. La misma revolución industrial británica fue un proceso lento, desigual y discontinuo, que se desarrolló aproximadamente entre 1760 y 1830, que fue cuando sus consecuencias —cambios en la organización industrial, crecimiento de la renta nacional, urbanización, diversificación y nueva estructura del trabajo…— comenzaron a ser efectivos. Términos como «clases trabajadoras», «clases medias», «burguesía» o «huelga» aparecieron solo en las décadas de 1830 y 1840. Agitación, incidentes, motines, protestas y reacciones de distinto tipo —políticas, societarias, periodísticas…—, que expresaban el malestar de las clases trabajadoras por su situación (salarios, horarios de trabajo, derecho de asociación, condiciones de vida, precios de productos alimenticios y vivienda, extensión del sufragio), los hubo desde pronto, y proliferaron —en Gran Bretaña— desde los años 1820 y 1830. Pero los sindicatos modernos aparecieron en la década de 1850; Marx y Engels escribieron que la historia de todas las sociedades era la historia de la lucha de clases en 1848, fecha de la publicación de El manifiesto comunista, y no antes.

Tradición, orden, autoridad, religión, no eran en suma en 1815 valores, creencias, principios, o en crisis o desprestigiados. El ensayo Cristiandad o Europa del poeta alemán Novalis (Friedrich von Hardenberg), una evocación de una Europa medieval unida bajo la cristiandad, apareció en 1799. El genio del cristianismo de Chateaubriand, una reafirmación de los valores cristianos, se publicó en 1802. Movimientos religiosos como el pietismo alemán —un retorno a un cristianismo místico— y el mismo metodismo inglés (justificación por la fe, acción evangélica como forma de salvación personal) tuvieron en los primeros treinta años del siglo XIX amplísima influencia popular, influencia particularmente duradera y profunda en el caso del metodismo británico. El catolicismo experimentó, paralelamente, un extraordinario resurgimiento de carácter místico y apostólico en toda Europa, de lo que podría ser expresión el Ensayo sobre la indiferencia en materia de religión de Lamennais, publicado en 1817.

El problema de 1815 fue doble: por un lado, la interpretación ultraconservadora que se hizo de los principios de seguridad, paz, religión y orden; por otro, el nuevo trazado territorial de Europa, germen permanente de insatisfacción y conflictos. La afirmación del principio de legitimidad dinástica supuso, en efecto, la restauración de las viejas casas reinantes: Borbones en Francia (Luis XVIII), en España (Fernando VII) y Nápoles-Sicilia; Braganzas en Portugal; la casa de Orange en Holanda; los Habsburgo-Lorena-Este en Módena y Toscana. La Restauración de 1815 supuso, pues, el retorno del absolutismo, no la síntesis de orden y libertad, con instituciones representativas y el reconocimiento de determinadas libertades, que los liberales moderados franceses (Guizot, Benjamin Constant, Royer-Collard, Thiers y otros) creían debía ser la respuesta necesaria tras la revolución, y que es lo que se intentó, tímidamente, en la Francia de Luis XVIII (1814-1824) con la aprobación de la Carta otorgada del 4 de junio de 1814, en el Reino Unido de los Países Bajos y en algunos estados alemanes e italianos que se dotaron a partir de 1815 de seudoconstituciones inspiradas en la francesa, experiencia, en cualquier caso, liquidada prácticamente desde 1820 con el giro hacia el ultramontanismo y la represión que significaron en Francia la formación del gobierno del duque de Villèle (1821-1828) y la llegada al trono de Carlos X en 1824.

Más aún, la Europa diseñada en el Congreso de Viena de 1814-1815 era una receta para el conflicto. Además de la ya señalada reaparición de los antiguos estados italianos y de la entrega de Lombardía-Venecia a Austria, los cambios implicaron la integración de Bélgica en Holanda (en el Reino Unido de los Países Bajos) y de Noruega en Suecia, la creación de una Confederación Germánica de 39 estados bajo la autoridad última de Austria y de una nueva y reducida Polonia tutelada por Rusia, y otros acuerdos territoriales que afectaban a regiones importantes como Dalmacia, Tirol, Finlandia, Galitzia o Besarabia y que, por resumir, beneficiaban a Austria, Prusia y Rusia.

Los problemas se manifestaron en primer lugar en España. La restauración del absolutismo en 1814 por Fernando VII (1814-1833) fue un desastre. Por su ineficacia, arbitrariedad represiva y corrupción, los gobiernos del rey, y este mismo, fueron incapaces entre 1814 y 1820 de dar dirección coherente a la gobernación del país. El orden constitucional fue, así, restaurado por un golpe militar, por el pronunciamiento del 1 de enero de 1820, encabezado por el comandante Rafael de Riego, que se sublevó con parte de la tropa que debía embarcar en Cádiz con destino a América para combatir la insurrección antiespañola en aquel continente. El Trienio Constitucional español (1820-1823) fue decepcionante: el régimen constitucional naufragó primero, y cayó finalmente en 1823, por la acción combinada de la división de los liberales, la política destructiva del radicalismo extremista, la contrarrevolución popular (aparición de partidas armadas, intentos de golpe de Estado realistas, proclamación de una regencia proabsolutista en Seo de Urgel…) y la intervención del ejército francés —un ejército de 65 000 hombres, más 35 000 voluntarios españoles— en apoyo de Fernando VII, intervención contemplada desde 1822 por Austria, Rusia, Prusia y Francia, y decisión francesa en última instancia.

Pero la revolución española de 1820 fue, con todo, síntoma revelador de cambios que empezaban ya a emerger en buena parte de Europa. Revoluciones similares estallaron en Nápoles (reino de las Dos Sicilias) en julio de 1820, y en Oporto y Lisboa en agosto-septiembre del mismo año. En Nápoles se implantó la Constitución española de 1812; en Portugal, una constitución inspirada en ella. Revoluciones de carácter nacional-liberal se produjeron en marzo de 1821 en Piamonte, donde también se adoptó la Constitución de Cádiz, y en Grecia, en este caso contra el poder turco. En diciembre de 1825, la policía abortó en Rusia una conspiración de oficiales que pretendía forzar al zar a convocar una Asamblea Constituyente.

Las revoluciones carecieron de verdadero apoyo popular, y fracasaron o fueron derrotadas: las revoluciones italianas, por los ejércitos austriacos; la griega, por el ejército egipcio al servicio del sultán turco; la portuguesa, por la amenaza de golpe ultrarrealista contra el nuevo orden constitucional; la revolución española, por la intervención armada francesa. Pero tuvieron valor innegable: pusieron al descubierto la fragilidad de muchos de los estados absolutistas recientemente restaurados. Más aun, provocaron indirectamente la ruptura del sistema europeo de 1815, esto es, del llamado Concierto de Europa y del sistema de congresos. Gran Bretaña, cuya política exterior dirigida por Castlereagh, entre 1812 y 1822, y por Canning, de 1822 a 1827, respondía, pese a la colaboración diplomática con las otras potencias, al doble principio de equilibrio de poder y no intervención en asuntos internos de los estados, se opuso a la intervención en España y a toda acción colectiva en Italia —como quería Metternich—, e hizo manifiesta su protesta cuando el Congreso de Troppau (octubre de 1820) sancionó el derecho de intervención en caso de revolución.

Pronto se vio, igualmente, que las revoluciones de 1820 no habían sido un hecho pasajero. La guerra de independencia griega, que se prolongó pese al éxito inicial de los turcos a todo lo largo de la década de 1820-1830, galvanizó a la Europa liberal. Enfrentado desde 1816 con una creciente agitación radical en demanda de la reforma del Parlamento y del sufragio universal, con la exigencia de sectores obreros por el reconocimiento del derecho de asociación sindical, y en Irlanda con la movilización de la opinión católica a favor de su emancipación política, el Parlamento británico, de mayoría liberal-conservadora, aprobó en 1824 una Ley de Asociaciones que permitía la creación de sindicatos obreros, y en 1829, la Ley de Emancipación Católica que daba el voto a los católicos irlandeses. Sensibilizado por el filohelenismo de la opinión británica —sentimiento reforzado por la muerte de Byron en el conflicto griego en 1824—, Canning, el ministro de Asuntos Exteriores, un tory liberal convencido de la necesidad de aceptar reformas graduales de la política nacional, forzó la intervención internacional (de Gran Bretaña, Francia y Rusia) en Grecia, que llevó en 1830 a la independencia del país.

1830 fue un año crucial. Una nueva ola revolucionaria recorrió Europa: agitación en Francia contra la monarquía ultramontana de Carlos X y la política represiva de su último gobierno, abdicación del rey e instauración, tras varios días de luchas callejeras en París (27-29 de julio), de la monarquía constitucional y parlamentaria de Luis Felipe de Orleans; insurrección nacional antiholandesa en Bélgica (25 agosto) y proclamación de la independencia (21 de julio de 1831); revueltas constitucionales en Hesse, Brunswick y Sajonia (septiembre); levantamiento nacional en Polonia contra Rusia (29 de noviembre); revueltas constitucionales, ya en 1831, en Módena, Parma y los Estados Papales; reformas electorales en Inglaterra, en 1832 (ampliación sustancial del electorado, reforzamiento del voto de las grandes ciudades, cambios decisivos en la estructura de los distritos electorales…).

La Restauración de 1814-1815 había, en efecto, subestimado la fuerza del nacionalismo y del liberalismo. El nacionalismo estaba cambiando el mapa de Europa (en Grecia, Bélgica, Serbia, Polonia; enseguida, con las unificaciones de Alemania e Italia). El liberalismo, asociado además a soberanía nacional, era más que una política. En los escritos de Constant, Guizot, Tocqueville y Stuart Mill, era una filosofía global, que venía a dar respuesta coherente a muchos de los problemas planteados en la sociedad moderna: el individuo como agente del cambio histórico y sujeto de derechos políticos y civiles; libertad política entendida como parlamentarismo, sistema representativo y gobierno de gabinete (no, de la Corona y de los secretarios de despacho del rey); libertad económica y libre juego de fuerzas económicas como base del funcionamiento óptimo de la economía y de la prosperidad de la sociedad.

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Gran Bretaña, la evolución ordenada

«Un país feliz, mi amada y vieja Inglaterra». Constable, que escribió esas palabras, pintó entre 1790 y 1837 la «esencia» misma del paisaje inglés: la suave ondulación de sus colinas, sus prados, los ríos; los caminos y los encantadores enclaves rurales; los molinos, el ganado, los árboles, los cielos nubosos. La Inglaterra de Constable fue la Inglaterra que, bajo el enérgico liderazgo de Pitt el Joven (primer ministro en 1788-1801 y 1804-1806) había vencido a la Francia revolucionaria y luego, entre 1806 y 1814 (gobiernos de Perceval y lord Liverpool) a la Francia napoleónica; la Inglaterra que entre 1789 y 1815 había retenido sus instituciones y su integridad territorial, había encontrado sus nuevos mitos nacionales (Nelson y Trafalgar; sir John Moore y su heroica muerte en La Coruña durante la «guerra peninsular»; Wellington y Waterloo) y empezaba a mandar en el mundo.

La visión de Constable reflejaba la autosatisfacción con que el país se contemplaba a sí mismo. Al hacer en enero de 1901 un balance del larguísimo reinado de la reina Victoria (1837-1901), The Times, el periódico londinense, escribió que Gran Bretaña había conocido desde 1837 una «evolución ordenada», lo que en comparación con la historia de Francia, Alemania, Italia, Austria-Hungría, Rusia, España, Portugal, o los propios Estados Unidos, era probablemente cierto. La evolución ordenada hacia un régimen plenamente parlamentario y liberal —gobierno de gabinete o consejo de ministros, elecciones limpias, alternancia en el poder, sistema estable de partidos políticos— fue, en efecto, el hecho definitorio de la Inglaterra victoriana. El parlamentarismo británico fue el modelo ideal de la política de la Europa del siglo XIX. El Parlamento, un solemne edificio neogótico obra de Charles Barry y Augustus Pugin construido entre 1840 y 1852, devino el edificio más característico de la Inglaterra decimonónica.

Las cosas no fueron, sin embargo, ni sencillas ni inmediatas. El país vio, por ejemplo, desde 1816 una intensa agitación radical en demanda de la reforma del Parlamento y del sufragio universal (once personas murieron el 16 de agosto de 1819 cuando la policía disolvió en Manchester una manifestación radical), amplias movilizaciones obreras en demanda del derecho de asociación sindical y crecientes exigencias de los católicos irlandeses por el derecho al voto. En razón de las escandalosas vidas públicas y privadas de Jorge IV (1820-1830) y Guillermo IV (1830-1837), la monarquía estuvo, en los primeros años del siglo XIX, gravemente desacreditada.

La evolución hacia el gobierno parlamentario fue un proceso gradual. Los tories aprobaron en 1824 y 1829, respectivamente, la Ley de Asociación, que legalizaba formas de sindicación para los trabajadores, y la Ley de Emancipación, que daba el voto a no conformistas y católicos (esto es, a Irlanda). Tras dos años de lucha política, los liberales (gobierno Grey, 1830-1834) lograron en junio de 1832 la aprobación de la primera Ley de Reforma Política, el cambio más sustancial que hasta entonces se había hecho en la distribución de los distritos electorales, en beneficio del electorado de las grandes ciudades y de las regiones industriales del país. En 1833 fue abolida la esclavitud en todo el Imperio. En 1834, se aprobó una Ley de Pobres que creó establecimientos especiales para el tratamiento del problema. La Ley de Corporaciones Municipales de 1835 (gobierno liberal de Melbourne, con lord John Russell en Interior, y Palmerston en Exteriores) creó los ayuntamientos electivos y democráticos, y les transfirió amplias competencias (administración local, obras públicas, educación). Leyes de 1842 y 1847 prohibieron el trabajo nocturno de mujeres y niños, y fijaron su jornada laboral en diez horas. Tras ocho años de agitación de los movimientos anticerealistas, el gobierno conservador de Peel suspendió en 1846 las Leyes de Cereales, la legislación proteccionista a la que la opinión pública culpabilizaba, con razón, de la carestía de productos de primera necesidad. El gobierno conservador de Disraeli aprobó en 1867 una Ley de Reforma Electoral que elevó el electorado de 1,3 millones a 2,5 millones de electores (en una población cercana a los treinta millones de habitantes). El gobierno liberal de Gladstone de 1868 aprobó en 1872 la Ley del Voto secreto, y el gobierno Gladstone de 1880, las leyes de Prácticas ilegales y corruptas (1883) y de Representación del pueblo y Redistribución de escaños (1884-1885) que establecieron el delito electoral y elevaron el electorado a 5,6 millones de personas (el 30 % de la población), y reforzaron el peso electoral de Londres (de 22 a 62 escaños), Irlanda y Escocia.

Todo ello fue resultado de distintas circunstancias, como: 1) la consolidación temprana —en torno a 1830-1840— de un sistema estable y coherente de partidos políticos, a pesar de que estos siguieron siendo partidos de notables y no de masas hasta el siglo XX, y a pesar de que la aristocracia tuvo un papel dominante en los partidos, en el Parlamento y en los gobiernos hasta la Primera Guerra Mundial y aun después; 2) la legitimidad histórica del Parlamento como institución, a pesar de que el electorado fuera muy pequeño hasta la reforma electoral de 1884, de que la Cámara de los Lores —hereditaria— tuviese poder de veto hasta 1910, de que la geografía de los distritos primase el voto rural y conservador hasta muy tarde, y de que el clientelismo, la deferencia y el patronazgo constituyesen la base del poder electoral de un elevado número de diputados, muchos de los cuales dispusieron de distrito propio a lo largo de muchas legislaturas; 3) la coincidencia cronológica a lo largo del siglo XIX entre liberalismo parlamentario, de una parte, y desarrollo industrial y expansión imperial, de otra: el liberalismo y el Parlamento vinieron a ser el fundamento de la nacionalidad moderna británica, elementos básicos de la cultura política del pueblo inglés, la tesis de Elie Halèvy en su formidable Historia de Inglaterra en el siglo XIX (6 volúmenes, 1924); 4) la visión gradualista y pragmática que impregnó el pensamiento y la política británicos —incluidos el pensamiento radical del siglo XIX y el laborismo del XX—, traducción política del peso que la tradición empirista tuvo desde el siglo XVII en la ciencia y en la filosofía inglesas; 5) la reinvención de la función de la monarquía en los últimos treinta años del siglo XIX que hizo de ella un símbolo de la tradición y continuidad del país, un instrumento sin poder ejecutivo pero esencial para articular y legitimar las instituciones, y garantizar así el orden político (operación favorecida por la fortuna, pues la longevidad y la doble condición de mujer y viuda de la reina Victoria —que condicionó decisivamente su función pública— resultaron factores de primera importancia en el cambio), y 6) el liderazgo de políticos (Canning, Peel, Palmerston, Disraeli, Gladstone) con alto sentido del Estado y suficiente visión política —derivados del pragmatismo desideologizado que los inspiraba— para adaptar la política a una sociedad crecientemente industrial y urbana como fue la Inglaterra del siglo XIX, cada vez más integrada territorialmente, y con una opinión pública políticamente bien educada por una prensa prudente y no escandalosa (por lo menos hasta la década de 1890) y por la propia práctica política (clubs y partidos políticos, elecciones frecuentes, campañas nacionales, mítines).

El Imperio, que mantuvo a Gran Bretaña en guerra permanente, afianzó indudablemente los sentimientos de autosatisfacción y orgullo de la población británica (cuyas clases medias, funcionariado y militares, con gran presencia de escoceses e irlandeses, reproducirían en el Imperio el estilo de vida suntuoso y ornamental que la aristocracia terrateniente practicaba en la propia Inglaterra). En 1840, Gran Bretaña se anexionó Nueva Zelanda. En 1842 forzó la concesión de Hong Kong. Al año siguiente, empezó su penetración en Sudáfrica. En 1857, tras el Motín de la India, revuelta que se extendió por todo el norte del país, Londres asumió el control directo de aquel gigantesco subcontinente, convertido en virreynato en 1876. En 1869 se abrió el canal de Suez. En 1877, Gran Bretaña se anexionó el Transvaal en Sudáfrica; en 1878, Chipre, y en 1882 ocupó Egipto y asumió el control de su administración económica. El Imperio fue ampliamente popular: desastres militares graves, como el Motín de la India de 1857 o la muerte del general Gordon en Jartún (Sudán) en 1885, lejos de provocar protestas antiimperialistas —que no las hubo hasta la guerra de los Bóers en Sudáfrica, ya en 1899-1902—, tocaron la fibra emocional del país y reforzaron el prestigio de su despliegue militar.

La Inglaterra del siglo XIX pareció reunir las condiciones que, en su libro The English Constitution (1867), Walter Bagehot dijo exigía el régimen parlamentario: confianza de los electores, mentalidad nacional sosegada, racionalidad política. Pese a los problemas del país —problemas de naturaleza sobre todo laboral y obrera a medida que avanzó la revolución industrial—, prestigio institucional, consenso nacional, actitudes colectivas y cultura política bastaron para articular la sociedad ordenadamente, sobre una clara diferenciación de funciones entre la élite gobernante y la mayoría de la población.

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La edad industrial

Entre aproximadamente 1760 y 1830, Gran Bretaña experimentó lo que desde 1884, fecha de la publicación de Lecciones sobre la revolución industrial en Inglaterra de Arnold Toynbee (padre), se conoció como «revolución industrial», el cambio desde una economía tradicional y preindustrial a una economía industrializada (y una sociedad urbana) con grandes factorías, producción en masa para el mercado e instituciones financieras altamente especializadas (bancos, bolsas de valores…). Entre 1830 y 1870 —siempre, aproximadamente—, Gran Bretaña era ya el «taller del mundo», la primera economía mundial, y la industrialización se extendía de forma palmaria a Estados Unidos, Francia, Alemania, Bélgica y, en mucho menor medida, a Suecia, Italia, Rusia, España, Bohemia y puntos de América (Canadá).

Fue, pues, en Gran Bretaña donde antes apareció la sociedad industrial. En 1871 la industria representaba ya el 38,1 % del Producto Interior Bruto (PIB) (34,4 en 1831), los transportes y el comercio el 26,3 % (18,4 % en 1831), los servicios el 13,9 % y la agricultura solo el 14,2 % (23,4 % en 1831). Hacia 1850, el país producía el 50 % de la producción mundial de tejidos de algodón y el 50 % también de la producción de hierro (usado en calderas, vías, puentes, barcos, etcétera). La producción de acero aumentó, tras la invención de los procedimientos Bessemer (1850) y Siemens-Martins (1863), de 300 000 toneladas en 1870 a 3,5 millones de toneladas en 1890. La producción de carbón pasó de 22,4 millones de toneladas en 1830 a 110 millones en 1870; los kilómetros de ferrocarril en servicio (primera línea, Stockton-Darlington, 1825), de 3200 en 1843 a 23 500 en 1875. Líneas regulares de navegación, con barcos de vapor de gran tonelaje, unían Inglaterra con Egipto, la India y Hong Kong por el canal de Suez (1869), y con Estados Unidos, el Caribe y América del sur.

La revolución industrial inglesa no fue un acontecimiento brusco y repentino, sino un proceso largo y desigual que duró más de setenta años. Las industrias tradicionales nunca desaparecieron. Las consecuencias de la revolución (crecimiento de la renta nacional, cambios en la estructura industrial, urbanización, nuevas estructuras del empleo) no comenzaron a ser efectivas sino a partir de la década de 1830. El cambio, además, afectó en principio a la producción textil (cuya mecanización comenzó en el siglo XVIII gracias a la «jenny», una máquina de hilar múltiple; al bastidor para hilar y el telar mecánico, y a la aplicación a todo ello de la máquina de vapor inventada por Watt en 1769), y a las industrias del hierro, el carbón y los transportes (ferrocarril, transportes marítimos).

Pero el cambio fue extraordinario. En 1831, Carlyle decía que ya nada se hacía a mano sino en talleres. La inauguración ese año del ferrocarril Liverpool-Manchester fue un espectáculo de masas. Pues bien, la revolución industrial —que con el Imperio explicaría el prodigioso desarrollo de Gran Bretaña en el siglo XIX— fue resultado no del Estado (ni tampoco del gran capital), sino de iniciativas individuales, de comerciantes, ingenieros y hombres piadosos, como dijo con acierto e ironía —mucho después— el filósofo español Ortega y Gasset. La revolución industrial transformó Inglaterra. La población británica pasó de 18 millones en 1821 a 34,9 millones en 1881 (pese a que Irlanda perdió unos 3 millones de habitantes entre 1841 y 1881, en parte por la gran hambruna de 1845-1849, en parte por la emigración) y a 41,5 millones en 1901. En 1851, Londres tenía más de 2,5 millones de habitantes y en 1901, 6,5 millones. Birmingham, Glasgow, Leeds, Sheffield, Liverpool, Manchester, Edimburgo y Belfast tenían en 1851 entre 150 000 y 350 000 habitantes; todas ellas habían duplicado, o triplicado, su población en 1901.

La revolución industrial provocó evidentes mejoras en los niveles de vida, salarios reales y consumo per cápita —que crecieron más que la producción real— de todas las clases sociales. La sociedad industrial y urbana tuvo desde el primer momento muchos de los rasgos (por ejemplo, en el gasto familiar y en la vida cotidiana) de la sociedad de consumo posterior. La sociedad victoriana (1837-1901) no fue en modo alguno una sociedad perfectamente estable. A lo largo del siglo XIX se registrarían numerosísimos conflictos laborales en el país, muchos de ellos —en las minas, en los puertos—, de gran amplitud y dureza. Pero la polarización de clases no definió la vida social. La Inglaterra del siglo XIX, la Inglaterra ya industrial, fue una sociedad de clases cohesiva. Poder, riqueza y estatus eran, sin duda, cuestiones capitales: respetabilidad, formación profesional, religiosidad, tipos de empleo, ahorro, educación, ideas políticas, definían igualmente, y de forma decisiva, los valores y las aspiraciones de las distintas clases y grupos sociales.

En 1900, la aristocracia terrateniente, unas 7000 familias, retenía un inmenso poder social y político. Por su exclusivismo y estilo de vida (rentismo, ostentación de la riqueza, ocio elegante), tenía mucho de grupo social arrogante e inútil. Presidió, sin embargo —en simbiosis con las élites del dinero y los negocios, y las clases profesionales— el proceso de formación de la sociedad industrial y urbana británica. Iba a continuar haciéndolo hasta 1945. La clase obrera industrial, representada desde 1869 por el Trades Union Congress (TUC), el Congreso de los Sindicatos de Oficio, la gran central sindical, se había adaptado bien a la revolución industrial y al cambio social. La aparición de partidos políticos obreros fue tardía. La Sociedad Fabiana, fundada por intelectuales socialistas de clase media, se creó en 1884. James Keir Hardie (1856-1915), un minero, creó en 1888 el Partido Laborista escocés y, en 1893, el Partido Laborista Independiente: en 1900, se formó el Comité de Representación Laborista que en 1906 adoptó el nombre de Partido Laborista, presidido por Hardie. Todo ello fue revelador: el laborismo estuvo más interesado en lograr legislación favorable a los obreros en el Parlamento que en la construcción de una sociedad socialista y en la conquista del poder político para los trabajadores. Inglaterra fue convirtiéndose a lo largo del siglo XIX en una sociedad profesional, progresivamente dominada por expertos, técnicos, profesionales y burócratas de extracción social media y media baja, seleccionados por su talento y formación universitaria y profesional.

La Exposición Internacional de Londres de 1851 puso ya de relieve el punto de desarrollo al que había llegado Gran Bretaña. Con una generación de retraso, la industrialización transformó también Europa. Aunque el comienzo del cambio fue anterior, Europa vivió entre 1850 y 1880 un periodo de crecimiento sin precedentes. Como en Inglaterra, las razones del cambio en Europa fueron múltiples: cambios institucionales favorables a la modernización económica (nuevos códigos comerciales y civiles, legislación favorable a la creación de bancos y empresas, reducción de barreras comerciales, liberalización de vías fluviales navegables, nuevas leyes sobre bolsas, cheques, deuda, bancarrotas y similares, simplificación de los sistemas monetarios…); mejoras en los transportes y aumento, con el ferrocarril y la navegación, de los tráficos nacionales e internacionales, incremento del comercio internacional, explotación masiva de nuevas fuentes de energía y materias primas, revolución financiera y aumento notable de la oferta monetaria (merced al papel de bancos y sociedades de crédito), respuesta empresarial a las nuevas oportunidades y coyunturas comerciales y económicas así creadas.

Solo entre 1850 y 1870, se construyeron en Europa unos 80 000 kilómetros de ferrocarril, verdadero motor de toda la actividad económica. La producción anual de hierro pasó en Francia de 0,4 millones de toneladas en 1850 a 1,7 millones en 1880 y en Alemania, de 0,2 a 2,7 millones de toneladas. La producción de carbón y lignito pasó en Bélgica de 5 millones de toneladas en el quinquenio 1845-1849 a 15 millones en 1870-1874; la de Francia, en el mismo tiempo, de 4 a 15 millones de toneladas; la de Alemania, de 6 a 41 millones de toneladas. El dinero en circulación pasó en Francia de 450 millones de francos en 1850 a 1550 millones en 1870, y en Prusia, de 18 370 millones a 163 260 millones de talers. Zonas y enclaves industriales fueron apareciendo por todas partes: minas de hierro y carbón e industrias siderúrgicas, en el Rhur alemán, en Bélgica (Lieja, Verviers), norte de Francia, Silesia, Bohemia; centros laneros (Sedán, Reims), de fabricación de tejidos de seda (norte de Italia, Lyon), de tejidos de algodón (Gante, Holanda, Cataluña, Piamonte, Lombardía, Suiza, Lille, Roubaix, Rouen, Mulhouse…).

La población de Austria-Hungría pasó de 16,6 millones en 1840 a 37,8 millones en 1880; la de Bélgica, de 4,1 a 5,5 millones; Francia, de 34,2 a 37,4; Alemania, de 31,4 a 45,2 millones; Italia, de 22,9 a 28,5; Rusia, de 62,4 a 97,7; España, de 14,6 millones en 1830 a 17,6 en 1887. En 1850 había en Europa (Gran Bretaña incluida) en torno a una treintena de ciudades de más de 100 000 habitantes (Londres, 2,6 millones; París, 1 millón); en 1900, 31 ciudades tenían más de 300 000 habitantes (Berlín, 1,8 millones; Londres, 6,5 millones; París, 2,7 millones; San Petersburgo, 1,2 millones; Viena, 1,6 millones).

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La revolución de 1848

«La libertad individual —dijo Benjamin Constant en París, en una conferencia, en febrero de 1819— es la verdadera libertad moderna» y «la libertad política —concluía— es su garantía», garantía que Constant, un liberal moderado, creía «indispensable» y que exigía leyes legítimas y «el sistema representativo». La historia parecía, además, dar la razón al liberalismo. La evolución hacia el Estado liberal no era un mero accidente histórico: tenía causas profundas. Guizot y Tocqueville, por ejemplo, veían la desaparición de la sociedad estamental (nobleza, Iglesia, estado llano) y la aparición de una sociedad igualitaria, como el resultado inevitable del propio proceso de evolución histórica puesto en marcha por el Estado y la sociedad en el Antiguo Régimen.

Así, aunque Prusia, Rusia y Austria seguirían integrando a lo largo del siglo XIX la Europa conservadora, el resto de Europa iría formando —con múltiples contradicciones e insuficiencias, y especificidades nacionales— una Europa liberal. Orden constitucional, separación de poderes, separación Iglesia-Estado, libertades de opinión, reunión, manifestación y asociación, régimen parlamentario —con el parlamentarismo británico como modelo ideal—, elecciones, gobiernos representativos y responsables, y sistema no arbitrario de leyes, fueron las ideas y los principios que, tras el patente fracaso de la restauración del absolutismo en 1815, irían apareciendo ahora —décadas de 1830 y 1840— como fundamento de un orden político que se quería fuese justo, estable y eficaz. Con Palmerston al frente de Exteriores (1830-1834, 1835-1841, 1846-1851; sería primer ministro en 1855-1858 y de 1859 a 1865), Gran Bretaña, ya la primera potencia imperial del mundo, vio en las monarquías constitucionales como la nueva Bélgica, creada en 1831, y la Francia de Luis Felipe de Orleans (1830-1848), y en las monarquías liberales que emergían en la península Ibérica, la clave de la estabilidad internacional, como trató de materializar a través de la Cuádruple Alianza que Gran Bretaña impulsó en 1834 con Francia, España y Portugal.

El triunfo del liberalismo fue, en todo caso, un proceso complejo y, en muchos sentidos, decepcionante. En España y Portugal, por ejemplo, la clave estuvo en la fuerza militar, en la victoria de las tropas liberales en las guerras civiles de 1832-1834 en Portugal —entre el ejército liberal leal al rey Pedro IV, apoyado por Gran Bretaña y Francia, y las fuerzas ultrarrealistas del «pretendiente» Don Miguel—, y de 1833-1839 en España, la primera guerra carlista, que se desencadenó en 1833, tras la muerte de Fernando VII, a causa del pleito sucesorio que se planteó tras el cuarto matrimonio del rey y el nacimiento de su única hija, Isabel, a la que el rey designó para la sucesión anulando los derechos al trono de su hermano Carlos María Isidro (Don Carlos). En España concretamente, el liberalismo triunfó por dos razones: porque la reina viuda, María Cristina, que ejerció la regencia durante la minoría de edad de Isabel, llamó en 1833 a los liberales al poder en vista de que la sucesión era cuestionada por los partidarios de Don Carlos; y porque el ejército apoyó la legalidad contra la insurrección carlista. La guerra selló, además, el compromiso entre el liberalismo y el ejército: prestigió a los militares y los desplazó hacia la política, evidenció la debilidad del poder civil y extendió la convicción de que el régimen constitucional necesitaba de alguna manera de la protección del ejército. Entre 1840 y 1868, el ejército y no la mecánica electoral y parlamentaria, se constituyó en el elemento esencial del cambio político. Cinco generales —los progresistas Espartero y Prim, los centristas Serrano y O'Donnell y el conservador Narváez— protagonizaron la vida política española en aquellos años.

En Europa, el triunfo del liberalismo fue ante todo el triunfo de la moderación: coincidió en buena medida con el giro conservador que pareció observarse en todas partes tras las revoluciones de 1848, la tercera oleada liberal europea (tras 1820 y 1830), giro simbolizado, si se quiere, por el golpe de Estado en Francia de Luis Bonaparte en 1851 y la proclamación algo después del Segundo Imperio (1852-1870).

En 1848, la revolución, en efecto, pareció extenderse por buena parte de Europa. De carácter urbano, ideología democrática y nacionalista, liderazgo intelectual (Lamartine, Mazzini, Kossuth, Palacky…) y base social en las profesiones liberales, las clases medias urbanas, los estudiantes y los profesores, la oleada revolucionaria empezó, en enero de 1848, en Italia con las insurrecciones callejeras de Palermo y Milán, alentadas por el nacionalismo mazziniano, y se generalizó tras la revolución de París de los días 22 a 24 de febrero, con Roma, Berlín, Budapest, Praga y Viena, además de París, como epicentros de los acontecimientos.

En la primavera, la revolución pareció además triunfar en todas partes. En Francia, los sucesos de febrero provocaron la abdicación de Luis Felipe de Orleans, el rey constitucional desde 1830, y la proclamación de la Segunda República (1848-1852). En el Imperio austriaco, Metternich, sorprendido por la protesta nacionalista húngara y manifestaciones de estudiantes en Viena que estallaron en marzo —siempre de 1848—, dimitió, el emperador concedió una constitución, Hungría se constituyó como Estado separado y los checos se levantaron en Praga en junio. Los estados alemanes, Prusia incluida, aceptaron igualmente la creación de regímenes constitucionales. En mayo de 1848, se reunió en Fráncfort una Asamblea Nacional de representantes electos de toda Alemania para la elaboración de una Constitución para una futura Alemania unificada. En Italia, Piamonte, Toscana, el reino de Nápoles-Dos Sicilias y los Estados Papales concedieron constituciones liberales, al tiempo que en Milán se expulsaba a los austriacos y en Venecia se proclamaba la República. Piamonte declaró la guerra a Austria. En noviembre, una insurrección popular en Roma expulsaba al papa Pío IX y proclamaba la República, que encabezó un triunvirato del que formaba parte Mazzini, y a la que enseguida se sumó Garibaldi.

Pero la revolución, que no tuvo eco en Gran Bretaña, Rusia, Bélgica o España, no triunfó. El desbordamiento revolucionario que se produjo en algunos lugares; las profundas diferencias, crisis internas y rupturas políticas que estallaron en el interior de los movimientos revolucionarios en torno a la propia revolución (o revolución nacional o revolución social o revolución democrática), más la recuperación de las fuerzas conservadoras desde 1849, determinaron el fracaso del 1848. Austria derrotó por dos veces a las tropas piamontesas (en Custozza en julio de 1848; en Novara, en marzo de 1849) y restableció su autoridad en Lombardía-Venecia. Tras el giro hacia la derecha en Francia que llevó a la elección de Luis Bonaparte como presidente de la República en diciembre de 1848, tropas francesas, con apoyo de un pequeño contingente militar español, ocuparon Roma, disolvieron la República romana y restauraron al papa (junio de 1849). En mayo de 1849, Prusia, con apoyo de Austria, y al cabo de un difícil proceso sembrado de cuestiones complicadas (el dilema «gran Alemania» o «pequeña Alemania», la disputa con Dinamarca por el ducado de Schleswig, el papel de Prusia y Austria en la futura Alemania unificada) aplastó la revolución alemana. Austria, por último, recuperó no solo su poder en Lombardía-Venecia, sino que controló la insurrección popular en Viena y, con apoyo de tropas rusas y croatas, acabó también con la enérgica resistencia militar de Hungría, donde en abril de 1849 Kossuth había proclamado la República. El giro conservador se completó en Francia con el autogolpe de Estado de Luis Bonaparte del 2 de diciembre de 1851, que disolvió la Asamblea Nacional y anuló la Constitución, y que, tras liquidar la Segunda República, proclamó un año después el Segundo Imperio.

El orden volvía, pues, a imponerse en Europa. El mismo nacionalismo se iba a hacer, ahora, conservador. Las unificaciones de Italia y Alemania, los dos hechos más importantes de la política europea entre 1850 y 1870, no se hicieron desde las ideas democráticas y radicales de Mazzini y Garibaldi y de los patriotas alemanes de la Asamblea de Fráncfort: fueron producto de la diplomacia y de la guerra, sirvieron ante todo a los intereses geopolíticos y dinásticos de los reinos de Cerdeña-Piamonte y Prusia, respectivamente, y fueron obra de dirigentes conservadores, Cavour en Italia, Bismarck en Alemania. Pero hubo una diferencia respecto, por ejemplo, a lo sucedido después de 1815. La Europa posterior a 1848 no fue una Europa mística y absolutista. El realismo de los nuevos dirigentes conservadores europeos hizo que los estados se configurasen ahora, si bien gradual y limitadamente, de acuerdo con los principios políticos (y también, por tanto, con las instituciones) del liberalismo constitucional.

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Europa hacia 1870

En 1830, Augusto Comte empezó la publicación de su Filosofía positiva. Entre otras muchas cosas, Comte iba a argumentar allí que la historia de la humanidad había alcanzado ya la etapa «científica» de su desarrollo; que la reforma de la sociedad no pasaba ya, como en 1789 y 1848, por idealismos y abstracciones metafísicas sino por la elaboración de una verdadera ciencia de la sociedad, que desde el estudio empírico de los hechos sociales permitiera elaborar las leyes del progreso social. Sintetizando sus propias investigaciones con estudios e hipótesis anteriores (sobre fósiles, orígenes de los animales y las plantas, sobre la propia evolución de las especies estudiada por Lamarck), en 1859 Darwin publicó El origen de las especies, libro que provocó una verdadera conmoción (tal vez la mayor conmoción provocada por un libro en la historia) y que explicaba el origen y la evolución de las especies y del hombre, no por un acto de creación, sino a través de un proceso de selección natural, evolución gradual, lucha por la supervivencia y adaptación al medio, a lo largo de millones de años. En 1867, Marx publicó El capital, que dedicó a Darwin, en donde proponía una interpretación de la historia en razón de los cambios que en los medios y las formas de producción se habían ido produciendo a lo largo de los siglos, y cuya clave última y fundamental Marx radicaba en la lucha de clases.

Europa, o eso reflejaban los libros citados, había dejado de ser romántica. La ciencia progresaba espectacularmente: trabajos de Faraday sobre la electricidad, 1831-1833; invención del telégrafo por Morse, 1837; primeras fotografías por Daguerre, 1839; estudios de microorganismos y bacterias por Pasteur y Lister, ya hacia 1850-1860; clasificación de los elementos por Mendeléyev, 1869… Positivismo, darwinismo, marxismo, hacían de la ciencia la única explicación posible del mundo y de la realidad social: Marx quiso reemplazar el «socialismo utópico» anterior a 1848 por un «socialismo científico» que se basase, no en sentimientos morales, sino en las leyes de la economía y de la historia. Dickens y Balzac, primero; Flaubert (Madame Bovary, 1856), Tolstói (Guerra y paz, 1866) y Dostoyevski (Crimen y castigo, 1866; Los hermanos Karamazov, 1879-1880) después —y con ellos, todos los demás: Trollope, Gógol, Maupassant, Zola, Galdós, Verga— hicieron de la novela una forma de conocimiento de la realidad social y de la condición humana. Historiadores como Ranke o Fustel de Coulanges aspiraban a hacer de la historia una ciencia, no un arte: a mostrar lo que realmente pasó (Ranke), a fundamentar los hechos históricos sobre la pura evidencia empírica.

La moral europea cambiaba, pues, de forma evidente y probablemente irreversible. La cultura europea no aceptaba ya más verdad que explicaciones científicas de la vida, del hombre y de la propia sociedad. La Iglesia católica vio el nuevo paradigma con alarma. En 1864, el papa Pío IX condenó en el Syllabus de errores todas las teorías modernas; en 1870, convocó el Concilio Vaticano I, el primer concilio mundial desde Trento, y proclamó, en defensa de la religión, el dogma de la infalibilidad del papa. En cualquier caso, desde mediados del siglo XIX, el idealismo y la pasión románticas dejaron paso a una visión del mundo que hacía de las ideas de evolución, adaptación y gradualismo, y por tanto, del pragmatismo y la moderación, los nuevos valores y creencias dominantes.

La desviación conservadora de la revolución liberal europea que siguió a las revoluciones de 1848 reflejó, por tanto, a su modo, los cambios profundos que modificaban la conciencia europea. El giro conservador europeo fue, además, un hecho general. El régimen imperial de Napoleón III (1852-1870) gozó de considerable aceptación popular. Puso fin a la inestabilidad política que Francia vivía desde 1815. Restableció el orden y la seguridad. Favoreció la prosperidad del país, simbolizada por la extraordinaria transformación que París, regida por el barón Hausmann, experimentó entre 1853 y 1870. Y devolvió a Francia su prestigio internacional, aunque la política exterior del Segundo Imperio —audaz pero improvisada y errática, con éxitos como la guerra de Crimea, la recuperación de Niza y Saboya en 1860, la conquista de Cochinchina y la apertura del canal de Suez en 1869, y fracasos como la expedición a México de 1862-1867— terminó por destruir el régimen (que cayó como consecuencia de la derrota francesa en Sedán, en la guerra franco-prusiana de 1870).

Gracias sobre todo al desarrollo de la minería del carbón, de la industria textil y de las industrias química y eléctrica, y así como del tráfico marítimo y portuario, Prusia experimentó entre 1850 y 1879 un extraordinario despegue industrial, demográfico y militar: en 1863 Ferdinand Lasalle creó la Unión General de los Trabajadores Alemanes, en puridad la primera gran organización socialista europea. Tras la muerte de Cavour en 1861, Italia, dirigida por la «Derecha histórica» —esto es, la clase política continuadora del conservadurismo cavouriano, que gobernó hasta 1876— logró la anexión de Venecia en 1866 (merced a la alianza con la Prusia de Bismarck en la guerra de esta contra Austria en 1866) y la ocupación de Roma el 20 de septiembre de 1870, esta vez tras la derrota de la Francia de Napoleón III, que había asumido el papel de protector del papa en la guerra franco-prusiana de 1870. La Derecha, heredera del alto sentido del Estado que tenía Cavour, puso las bases para la creación de Italia como Estado nacional, que completaría enseguida, entre 1876 y 1887, el transformismo, como se llamó al gobierno de coalición de liberales y conservadores monárquicos que dirigió el país en aquella década: administración eficiente, sistema judicial independiente, educación primaria y secundaria nacionales, policía nacional, sistema estatal de ferrocarriles, reforma del ejército y de la marina, universidades también nacionales.

En España, el régimen moderado reforzó a partir de 1845 la construcción del Estado moderno español y creó las condiciones para la transformación del país y la afirmación de la burguesía como clase y como poder social. Creó un sistema uniforme y centralizado de administración provincial y local. Dotó al Estado de un cuerpo paramilitar de represión eficaz y disciplinado, la Guardia Civil, creada en 1844. Estableció un sistema nacional de educación secundaria y universitaria. Regularizó y homogeneizó la administración de justicia y codificó el derecho. España incluso reapareció en el ámbito internacional, sobre todo en la etapa de la Unión Liberal de O'Donnell (1858-1863), aunque lo hiciera de forma no sistemática e improvisada: apoyo militar a Francia en Cochinchina (1858), reincorporación de Santo Domingo a la soberanía española (1861-1864), guerra de Marruecos (1859-1860), intervención en México junto a Francia e Inglaterra (1862). La desamortización —que inició el liberal Mendizábal en 1836 con la venta de propiedades de la Iglesia y que en 1855 se amplió a las propiedades comunales de los pueblos—, y la construcción de los ferrocarriles, que se inició en 1848, movieron miles de millones de pesetas y estuvieron en la base del evidente enriquecimiento que se observó en el país entre 1840 y 1870. Cataluña experimentó desde la década de 1830 una verdadera revolución industrial basada en la industria del algodón. Madrid tuvo un notable desarrollo desde 1840. Aunque España era, con todo, un país comparativamente atrasado, las ciudades eran, al menos, «islas de modernidad», como las llamó más tarde Ortega y Gasset.

Los problemas de Europa seguían siendo en buena medida políticos. En La Constitución inglesa, Bagehot indicaba que, cuando escribía su libro, 1865-1867, el gobierno parlamentario era una institución rara y poco menos que excepcional. Como mostraban, por ejemplo, los casos de Austria, Rusia, Prusia (y los otros 38 estados alemanes), Dinamarca y Suecia, el gobierno del rey estaba en 1870 más extendido en Europa que el gobierno parlamentario. En razón del poder que las constituciones conferían al rey (o reina) en tanto que jefe del Estado, las prerrogativas reales —y por extensión, la personalidad del monarca, la significación de la dinastía, los enlaces matrimoniales de la casa real, la línea sucesoria y, mucho más, los cambios dinásticos— eran factores esenciales en la política nacional y, aun, en las relaciones internacionales. El equilibrio era, en parte por todo ello, en extremo frágil. La revolución democrática que, bajo el liderazgo del general Prim derribó, en España, en 1868, a la reina Isabel II —y que dio paso en 1870 a la monarquía democrática de Amadeo de Saboya y en 1873 a la Primera República española— fracasó. Desbordada por la guerra civil —la guerra carlista de 1872-1876—, la insurrección colonial en Cuba y levantamientos federales y revolucionarios en Andalucía y Levante, la situación de 1868 fue liquidada en enero de 1874 por un golpe militar y la restauración, un año después, de la monarquía (Alfonso XII).

La sucesión al trono español tras la revolución de 1868 derivó, además, en un problema europeo. Todas las candidaturas contempladas por el poder revolucionario español (el duque de Montpensier, Fernando de Coburgo, Leopoldo de Hohenzollern, Amadeo de Saboya) provocaban problemas. Montpensier, candidato de los conservadores españoles, provocaba, por ser un Orleans, la oposición de la Francia de Napoleón III (y de la plana mayor del progresismo español). Fernando de Coburgo, de la casa real portuguesa, suscitaba la desconfianza británica, porque reforzaba la hipótesis de una posible Unión Ibérica que alejaría a Portugal de Gran Bretaña, país de ascendencia tradicional en Portugal. Como miembro de la casa real italiana que aspiraba a la integración de la Roma papal en el reino de Italia, Amadeo de Saboya resultaba contrario a los intereses de la Iglesia y del mundo católico (pese a lo cual sería, finalmente, designado rey por las Cortes españolas). Francia, por último, obsesionada por el reforzamiento de Prusia en la guerra contra Austria de 1866, vetaba aún más decididamente que la candidatura de Montpensier, la posibilidad de que un rey alemán, Leopoldo de Hohenzollern, candidato inicial de Prim —el hombre fuerte de la revolución española—, ocupase el trono español.

Precisamente, el temor francés a esta última posibilidad puso en marcha el juego de reclamaciones, notas y contranotas diplomáticas cruzadas entre Francia y Prusia que llevaron a la guerra franco-prusiana de 1870 (que se desencadenó por la obsesión francesa de lograr una victoria diplomática sobre Prusia en torno a la retirada de la candidatura Hohenzollern al trono español). La guerra, que comenzó el 19 de julio de 1870, tuvo inmensas consecuencias para Europa. El 2 de septiembre, un ejército francés de 80 000 hombres mandado por el propio Napoleón III capituló en Sedán; otro ejército (de 50 000 hombres) quedó atrapado en Metz, y se rendiría en octubre. El Imperio francés cayó el 4 de septiembre por la reacción popular que se produjo al conocerse el desastre: manifestaciones en París, ocupación del Ayuntamiento de la capital, constitución de un gobierno de Defensa Nacional presidido por el líder de la oposición republicana, Gambetta. Los ejércitos prusianos pusieron sitio a París el 19 de septiembre. La resistencia fue imposible: la capital se rindió el 26 de enero de 1871. Guillermo de Prusia había sido proclamado emperador de Alemania poco antes, el 18 de enero, en el propio Versalles. Tropas prusianas ocuparon París a partir del 1 de marzo. Tropas italianas habían ocupado Roma el 20 de septiembre de 1870.

Las nuevas autoridades francesas —un gobierno presidido por Thiers nombrado el 23 de febrero de 1871 por una Asamblea Nacional elegida días antes y reunida en Burdeos— aceptaron, el 26 de febrero, un tratado provisional de paz por el que Francia cedía a Alemania Alsacia y gran parte de Lorena, y se comprometía a pagar una indemnización de guerra de cinco millones de francos. Como respuesta, el 18 de marzo, los batallones de la Guardia Nacional y representantes extremistas de las masas populares de París proclamaron la Comuna de París, un gobierno insurreccional que, con un vago e impreciso programa federalista para Francia, desafió la autoridad de la Asamblea Nacional y del gobierno de Thiers. El aplastamiento de la Comuna, que empezó el 2 de abril, una vez que Thiers pudo disponer de un nuevo ejército (el ejército alemán estacionado en París permaneció neutral), exigió la recuperación calle a calle de los barrios parisinos, que no se rindieron hasta el 28 de mayo, chocó con la resistencia encarnizada de los communards y registró episodios de extremada atrocidad cometidos por ambas partes. La represión final fue implacable: el ejército nacional tuvo unos 900 muertos; los communards en torno a 20 000 (en una ciudad, París, de 650 000 habitantes); otros 20 000 fueron condenados a trabajos forzados y 5000, deportados a Nueva Caledonia.

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La democracia en América

En 1783, Estados Unidos tenían trece estados y unos 3,2 millones de habitantes —de ellos, unos 600 000 esclavos negros. El país, un país rural y mal comunicado (Filadelfia tenía 40 000 habitantes; Boston y Nueva York, en torno a 20 000), se extendía desde la costa atlántica hasta el Missisipi, y desde los grandes lagos del norte hasta Florida. En 1860, la población era ya de 31,3 millones de habitantes y gracias a su expansión hacia el Oeste, el número de estados era de 33. En 1803 se adquirió Luisiana; en 1819, Florida; Texas se integró en la unión en 1845; en 1848, México había cedido todos los territorios situados al norte de Río Grande. El periodo entre 1783, año en que Gran Bretaña reconoció la independencia americana, y 1864, en que finalizó la guerra civil que enfrentó a los estados del norte y del sur, fue, por tanto, el periodo constitutivo de Estados Unidos como nación: los años en que se completó la integración territorial del país (más un continente que un Estado nacional) y en que terminó por definirse la democracia americana como un sistema presidencialista y bipartidista; el periodo también, en que cuestiones esenciales— el problema de la esclavitud, el papel de los estados en la Unión— amenazaron la conciencia nacional unitaria y llevaron al país a la guerra civil (1861-1864), el conflicto más sangriento en la historia norteamericana de los siglos XIX y XX.

La democracia jacksoniana, la etapa de 1828-1848 (presidencias de Andrew Jackson, 1828-1836; Martin van Buren, William H. Harrison, y James K. Polk, 1844-1848), introdujo un nuevo estilo en la política norteamericana: la elección popular del presidente dentro de un sistema de partidos (entonces, Partido Demócrata y Partido Nacional-Republicano o whig). Andrew Jackson fue la afirmación de un nuevo populismo nacional, democrático y federal (muy distinto, por tanto, a la democracia ilustrada jeffersoniana, que es la que Tocqueville estudió en La democracia en América, 1835), una política de masas, pero basada en la filosofía política del individualismo, que respondió a los cambios evidentes que el país venía experimentando: primeros procesos de industrialización en el norte, inmigración europea (en torno a cinco millones de inmigrantes entre 1815 y 1860), expansión al oeste, afirmación nacional (figura del «tío Sam» inventada en 1812, himnos, banderas: la independencia de Texas y la caída de El Álamo en 1836, y las victorias sobre México en la guerra de 1846-1847 fueron mitos nacionales; aparición de una literatura americana: Fenimore Cooper, Longfellow, Poe, Emerson, Thoreau…).

La expansión al Oeste fue la gran épica nacional norteamericana. Supuso la incorporación a Estados Unidos entre 1812 y 1860 de los inmensos territorios situados desde los Apalaches y el Misisipi hasta la costa del Pacífico. Generó una de las tesis más sustantivas —más aún que la de Tocqueville— de la historia americana, la tesis —La significación de la frontera en la historia americana (apenas treinta páginas)— que el historiador Frederick J. Turner planteó en 1893: la frontera (cuyos hombres políticos más característicos podrían ser Jackson, Harrison y Lincoln) como factor creador de la nación y de la democracia norteamericanas; Estados Unidos, como una sociedad democrática de frontera, como una sociedad de hombres libres caracterizada por el individualismo, la democracia, la igualdad de oportunidades y el pragmatismo.

El mismo crecimiento del país iba a provocar, sin embargo, gravísimos problemas a su propia vertebración territorial y política. La expansión al oeste puso al descubierto el «seccionalismo» norteamericano, la debilidad de una construcción nacional basada en estados y territorios que eran sistemas económicos, sociales, territoriales y culturales básicamente diferentes: un nordeste urbano e industrial; un noroeste, y el nuevo oeste, agrarios (y con una población nativa india hostil y de muy complicada incorporación); y el sur aristocratizante, suntuario, esclavista (plantaciones de algodón, 384 000 propietarios de esclavos, 3,9 millones de esclavos negros).

La cuestión de la esclavitud, combatida con toda clase de argumentos —morales, políticos, económicos, legales—, eclipsó desde la década de 1830 al resto de las cuestiones públicas. Dividió a la sociedad americana: La cabaña del tío Tom (1852), la novela antiesclavista de Harriet Beecher Stowe, vendió 300 000 ejemplares en solo diez meses. Conllevaba un muy grave problema constitucional: el problema del derecho de los estados a decidir sobre la abolición, problema que se planteó de forma cada vez más apremiante a medida que la expansión al oeste fue produciendo la incorporación de nuevos estados —en general, estados «libres» o no esclavistas— a la Unión. El abolicionismo y la esclavitud protagonizaron las elecciones de las décadas de 1840 y 1850. Dividieron a los partidos y provocaron su recomposición. La creación en 1854 del Partido Republicano —una compleja alianza de políticos nacional-republicanos, demócratas independientes, movimientos abolicionistas e intereses industriales y comerciales— unió al norte y el oeste contra el sur. El Partido Republicano ganó ya las elecciones de 1856. Cuando su nuevo candidato, Abraham Lincoln, ganó en 1860 —Lincoln era solo gradualista en materia de abolición; su programa ponía más énfasis en cuestiones económicas: protección arancelaria, reforma bancaria, tierras libres para la colonización…—, los estados del sur respondieron con la secesión.

La guerra civil (1861-1864) fue terrible. Murieron en ella 618 222 soldados (360 222 de la Unión, el norte; 258 000 de la Confederación del sur), el 21 % de los efectivos movilizados. El norte impuso desde el primer momento el bloqueo naval del sur y capturó las principales rutas fluviales y numerosos fuertes en el oeste. La idea inicial —una ofensiva frontal sobre Richmond, la capital del sur— fracasó; el sur, cuyos ejércitos mandó el general Lee, montó una eficacísima estrategia defensiva (Lee incluso penetró en Maryland en 1862 y 1863) que hizo que la guerra, pese a la superioridad del norte, se prolongara durante cuatro años. La victoria del norte exigió, en cualquier caso, un enorme esfuerzo: lo decisivo fueron las victorias de Grant, general en jefe del norte desde marzo de 1864, en el Misisipi y en el Tennessee, y la tremenda marcha de Sherman en diagonal desde Atlanta al mar, en noviembre-diciembre de 1864, que provocó el colapso del sur. Lee se rindió en Appomatox el 9 de abril de 1865; Lincoln, reelegido en 1864, fue asesinado solo cinco días después.

La victoria del norte y la destrucción de la clase dirigente sudista —un sur luego romantizado en novelas como Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell (1939)— fueron claves para el futuro de Estados Unidos. La guerra eliminó posibles obstáculos al pleno desarrollo de la economía norteamericana. El PIB iba a crecer a una media del 3,6 % anual entre 1840 y 1960, y su población a un 2 % anual en el mismo tiempo. Estados Unidos pasó de 23,2 millones de habitantes en 1850 a 76 millones en 1900, con una inmigración total de 15,4 millones. El aumento de tierra cultivable, la mecanización de la agricultura (cosechadoras, trilladoras, sembradoras…), el uso masivo de fertilizantes y las mejoras en los transportes (primero, canales, puentes, carreteras; luego, el ferrocarril) hicieron que la producción de algodón, cereales y trigo se cuadruplicara entre 1860 y 1900. Gracias a los grandes ranchos mecanizados del oeste y el medio / oeste, Estados Unidos era en 1880 el primer productor mundial de trigo y de ganado vacuno.

El ferrocarril tuvo en Estados Unidos un papel en el crecimiento económico mayor que en ningún otro país del mundo. La extensión de la red, que en 1868 era de 56 000 kilómetros, llegó en 1900 a 320 000 kilómetros, una extensión superior a la de toda Europa, Rusia incluida. El ferrocarril abrió el Oeste a la explotación agraria, ganadera y minera, y a la inmigración europea (a cambio de la destrucción de los pueblos indios y del búfalo. Las guerras indias se intensificaron entre 1860 y 1890: el general Custer y sus 264 hombres fueron aniquilados por Sitting Bull (Toro Sentado) y Crazy Horse (Caballo Loco) en Little Big Horn en 1876; unos trescientos indios fueron masacrados en Wounded Knee por el 7.º Regimiento de Caballería en 1890). El ferrocarril fue además uno de los motores de la industrialización. La producción de carbón pasó de 29,9 millones de toneladas en 1870 a 517 millones en 1913; la de acero, con centros en Chicago, Cleveland, Milwaukee, Toledo, Pittsburgh y grandes empresas como la U. S. Steel Corporation de Andrew Carnegie, un inmigrante escocés pobre, de 1,2 millones de toneladas en 1880 a 31,3 millones en 1913.

Con innovaciones y creatividad tecnológicas desbordantes —el colt, el winchester, la rotativa, la máquina de coser, destiladoras, lavadoras, aspiradoras, el ascensor, el coche-cama, la máquina de escribir, la vulcanización del caucho, por ejemplo, fueron invenciones norteamericanas de los años 1840-1870—, la producción industrial americana se triplicó entre 1877 y 1892. Sobre la base de una banca sólida y prudente y una economía dominada por grandes corporaciones integradas (como la Standard Oil creada en 1870 por John D. Rockefeller), Estados Unidos iba a estar, así, desde la década de 1890, a la cabeza de la segunda revolución industrial, la revolución del acero, la electricidad, la química, el petróleo y el motor de explosión. Edison construyó en 1885 la primera central eléctrica. En 1892, el propio Edison (que en su día había inventado la bombilla incandescente), George Westinghouse, diseñador de un motor de energía alterna, y la Banca Morgan crearon General Electric, una de las mayores compañías de electricidad del mundo. En 1876, Alexander G. Bell había patentado el teléfono. Henry Ford construyó en 1896, en Detroit, su primer automóvil, y en 1903 creó la Ford Motor Company (mientras otros constructores se unían en 1908 en General Motors).

El éxito norteamericano, el sueño americano para millones de europeos (otros 23,5 millones de inmigrantes entre 1881 y 1920), fue pues deslumbrador. La población urbana, que en 1850 representaba solo el 12 % de la población, suponía en 1900 ya el 40 % de la población. En 1910, 59 ciudades tenían más de 50 000 habitantes. Nueva York llegó a los 3,5 millones en 1900; Chicago, casi inexistente en 1840, tenía 2,1 millones de habitantes en 1910. El éxito fue ante todo el triunfo del mercado, de la iniciativa privada, de la clase empresarial. El Estado, los gobiernos, se limitaron a la política arancelaria, muy proteccionista, y a aprobar la legislación que pudiera favorecer los intereses empresariales. El liderazgo político de los años 1876-1900 (presidentes Hayes, Garfield, Cleveland, Harrison, McKinley) fue mediocre, anodino. El contraste con el poder económico y social de los grandes nombres de la industria y las finanzas de la misma época (Carnegie, Rockefeller, Morgan, Vanderbilt, Andrew W. Mellon, Ford, etcétera) era abrumador.

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La plenitud europea

De una población mundial estimada en 1900 en torno a los 1600 millones de habitantes, la población europea sumaba unos cuatrocientos millones, y la de los imperios europeos (Gran Bretaña, Francia, Portugal, Alemania, Bélgica, Italia, España, Holanda), otros quinientos millones. En 1900, Europa producía en torno al 70 % de toda la producción industrial del mundo; el comercio europeo representaba el 60 % del comercio mundial y, en 1914, los capitales europeos suponían el 90 % del total de las inversiones extranjeras en el mundo.

Los años 1870-1914 marcaron, indudablemente, el apogeo de la civilización europea. La segunda revolución industrial —la revolución del acero y de la electricidad, de las máquinas-herramientas, del sector químico, de los tranvías, del automóvil y de los medios de comunicación— transformó las estructuras básicas de todas las economías europeas. La luz eléctrica y los tranvías, que fueron instalándose paulatinamente en las principales ciudades y núcleos de población desde la década de 1890, y luego, sobre todo después de 1914, el teléfono, el automóvil y el cine, más el formidable aumento que registró la oferta de bienes de consumo, cambiaron la vida cotidiana y mejoraron sin duda el nivel medio de vida. La aplicación del acero a la fabricación y construcción de puentes, edificios —como las estaciones de ferrocarril—, vigas, raíles, barcos, material ferroviario, máquinas, motores y similares permitió un desarrollo formidable de la construcción y de los transportes: más de 100 000 kilómetros de ferrocarril se abrieron en toda Europa entre 1870 y 1914. El aumento de las redes ferroviarias y de las carreteras, la extensión del uso de trenes, tranvías eléctricos, barcos de vapor, automóviles, motocicletas y bicicletas —estas últimas, de excepcional utilidad para las clases trabajadoras por su escaso precio— abarataron y democratizaron los transportes, multiplicando de forma extraordinaria las posibilidades de movilidad física de la población. En 1850, había en todo el continente 45 ciudades de más de 100 000 habitantes; en 1913, la cifra era ya de 184 000. Hacia 1910, Londres tenía unos 7,2 millones de habitantes; París, 2,8 millones; Berlín, 2 millones; Viena, Glasgow, Moscú y San Petersburgo superaban el millón de habitantes; Hamburgo, Varsovia, Budapest y Birmingham se acercaban a esa cifra; y Manchester, Múnich, Marsella, Barcelona, Ámsterdam, Madrid, Praga, Liverpool, Milán, Colonia, Lyon, Rötterdam, Estocolmo, Odesa, Kiev, Leizpig, Bruselas, Copenhague, Dresde, Nápoles, Roma y Breslau oscilaban entre 500 000 y 800 000 habitantes. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, unos 60 millones de europeos vivían en grandes ciudades de más de 100 000 habitantes, todas ellas en mayor o menor proporción grandes centros fabriles, comerciales, administrativos, bancarios y de servicios con economías locales dinámicas y diversificadas.

Gran Bretaña continuaba siendo a principios del siglo XX el país más desarrollado del planeta. Alemania había emergido desde 1870 como gran potencia industrial y económica (grandes consorcios del acero y del carbón, hegemonía en los sectores eléctrico y químico, extraordinario desarrollo bancario) y como centro de la investigación científica, uno de los hechos más determinantes y de mayores consecuencias de la historia del periodo: los motores de combustión interna, el automóvil, la dínamo eléctrica, la tracción eléctrica, fueron invenciones alemanas. Con productos agroindustriales de gran calidad (vinos, champán, coñac), nuevos sectores industriales (electricidad, automóviles), y París y la Costa Azul como centros del turismo de élite, Francia era en 1914 la cuarta economía del mundo. Bélgica desarrolló una importante industria siderúrgica, se especializó en la instalación de tranvías y trenes eléctricos y en la producción de sosa cáustica. Suiza se convirtió en uno de los grandes fabricantes de productos farmacéuticos (y de quesos, leche condensada y chocolates). Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, países previamente no industrializados y sin recursos carboníferos (Suecia tenía grandes reservas de mineral de hierro), supieron adaptar sus economías a los nuevos sectores industriales (electricidad, industria química, fertilizantes, explosivos, plásticos, maquinaria de precisión, productos alimentarios industrializados) y al crecimiento del comercio mundial, e incorporarse al desarrollo económico moderno.

En Italia, Rusia, el Imperio austrohúngaro y la Europa del sur y del Mediterráneo (Portugal, Grecia, España), la evolución fue distinta. Constituían otra Europa, una Europa atrasada —en la que se integraban también los importantes enclaves de subdesarrollo que aún subsistían en la Europa industrial y moderna—, una Europa marcada por la pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de vida, y anclada o en una agricultura de subsistencia —casos del Mezzogiorno italiano, de buena parte de España, de Grecia, de la Galitzia polaca, de Serbia, Bulgaria y de muchos territorios balcánicos y caucásicos de los imperios austrohúngaro, otomano y ruso—, o en la gran propiedad latifundista, explotada por colonos, arrendatarios y jornaleros, caso de la Europa del Este y en especial, de Prusia, Rusia, Hungría y Rumanía. Cerca de sesenta millones de europeos emigraron fuera de Europa —a Estados Unidos, Argentina, Canadá, Brasil y Australia— desde mediados del siglo XIX hasta la década de 1930. Pero también en ella, en la Europa atrasada, se crearon enclaves industriales (Bohemia, Cataluña, Lombardía, Vizcaya) y emergieron ciudades (Milán, Turín, Génova, Madrid, Barcelona, Viena, Budapest, Praga, muchos puertos del Mediterráneo) equiparables por su modernidad, capacidad y calidad productivas a las zonas más dinámicas de la Europa desarrollada. Italia, por ejemplo, vivió entre 1880 y 1914 su primer milagro económico (electricidad, siderurgia, astilleros, automóviles, neumáticos, máquinas de escribir…). Rusia (ferrocarriles, industria textil, minería, industria pesada, petróleo) conoció igualmente un verdadero boom entre 1980 y 1914.

Contra lo que sostenía la autosatisfecha conciencia colonial europea —imperios como forma de cristianización y civilización de pueblos «salvajes», y como exaltación del heroísmo nacional y militar—, los imperios fueron causa permanente de violencia y tensión. La expansión colonial, que se intensificó a raíz de la ocupación de Túnez por Francia en 1881 y de Egipto por Gran Bretaña en 1882, y que se concretó en el «reparto de África» decidido en la Conferencia de Berlín de 1885, tropezó en general con fuertes resistencias (aunque muchas veces la administración imperial fuese positiva, y esencial para la modernización de los territorios colonizados). El Imperio británico estuvo en guerra permanente. En Egipto, los ingleses, para imponer su dominio, tuvieron que aplastar en 1882 la revuelta nacionalista del coronel Arabi. En Sudán, sufrieron graves reveses ante las fuerzas del Mahdi, entre ellos la aniquilación de la guarnición de Jartum en enero de 1885. En el África negra, se enfrentaron a numerosas revueltas tribales: zulúes (1877-1879, 1906), matabele (Rhodesia, 1896), ashanti (Ghana: 1873-1874, 1896, 1900). El nacionalismo antibritánico se extendió por la India desde la creación en 1885 del partido indio Congreso Nacional de la India. En la guerra de los bóers (1899-1902), desencadenada por el temor de los bóers (colonos de origen holandés) del Transvaal y del Estado Libre de Orange a su anexión por Gran Bretaña, una guerra muy dura —regular, primero; de guerrillas, en sus últimos dieciocho meses— y muy impopular internacionalmente; los ingleses tuvieron que concentrar en África del Sur un ejército de 250 000 hombres y aunque finalmente se impusieron, tuvieron cerca de 6000 muertos y más de 20 000 heridos.

Italia, con ambiciones imperiales en Eritrea, Somalia y Abisinia, sufrió en 1896 en Adua (Abisinia) un terrible descalabro militar (con cerca de 4600 muertos) ante las modestas tropas abisinias. Luego, en 1911-1912, encontró fuertes resistencias en Libia, otro de sus objetivos coloniales. La penetración francesa en Túnez provocó una amplia rebelión en las regiones del sur del país. El control del alto y medio Níger, y el avance desde la costa atlántica hacia el Sahara, tropezaron asimismo con numerosas dificultades: Francia no logró nunca pacificar totalmente las regiones de los tuaregs (sur del Sahara, Malí, Chad…). En Indochina, la extensión del protectorado francés, que no tuvo problemas especiales en Camboya, Laos y el sur de Vietnam, encontró en cambio fuertes resistencias en el norte, en el reino de Annam. Bélgica necesitó una década (1885-1895) para «pacificar» el Congo. España, que en 1898 perdió los restos de su viejo Imperio (Cuba, Puerto Rico, Filipinas) tras una breve guerra con Estados Unidos, tuvo problemas en Marruecos —ataques de tribus del norte contrarias al sultán y a la presencia española— desde el mismo momento, 1906, en que se le reconoció jurisdicción sobre una parte de aquel territorio.

La expansión colonial europea provocó, además, crisis y cambios en el orden internacional, cuyo resultado último fue la quiebra del equilibrio vigente desde más o menos 1870, y la creación de un nuevo sistema de alianzas que eliminó prácticamente toda clase de mecanismos de seguridad entre las potencias y provocó la división de Europa en bloques enfrentados. Concretamente, la crisis de Fashoda —incidentes en 1898 entre tropas francesas y británicas en aquella remota localidad de Sudán que derivó en una prueba de fuerza entre Gran Bretaña y Francia sobre sus respectivas políticas coloniales y que se saldó con la renuncia de Francia a sus objetivos en la zona— y la guerra de los bóers mostraron la vulnerabilidad militar del Imperio británico y de hecho, terminaron por obligar a Gran Bretaña a repensar su política exterior e imperial. En 1901, llegó a un compromiso con Estados Unidos sobre Panamá, que suponía, en la práctica, la renuncia británica a una política americana y el comienzo de su «relación especial» con Estados Unidos. En 1902, Gran Bretaña estableció una alianza con Japón, el poder militar emergente en Asia y el Pacífico, orientada a defender sus intereses en aquellas regiones. En abril de 1904, suscribió la Entente Cordiale con Francia, un acuerdo, cuyo principal artífice desde 1898 había sido el ministro de Exteriores francés Theophile Delcassé, deseoso, tras Fashoda, de reforzar en sentido antialemán la posición internacional de Francia (que en 1894 ya había suscrito una Alianza Dual con Rusia), entente que no era una alianza militar formal pero que sancionaba el fin del espléndido aislamiento británico y su sustitución por la colaboración francobritánica.

En 1907, Gran Bretaña y Rusia firmaban un convenio anglo-ruso para definir sus respectivas áreas de influencia en Persia y Afganistán. Alemania había iniciado por su parte desde 1897 un giro decisivo en su política exterior que se plasmó en lo que en 1899 se definió como Weltpolitik (Política mundial): el abandono de Alemania como potencia solo europea y continental, y su afirmación como potencia mundial, como expresión de su capacidad industrial y financiera, política que consistió en una activa presencia alemana en todos los escenarios de interés para las potencias —África, Asia, Imperio otomano— y en el desarrollo de una política naval, esto es, la construcción de una potente escuadra que garantizase su estatus como potencia mundial.

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La edad de las masas

La presencia de masas en la vida social fue una realidad creciente en la vida europea de los años 1880-1914. La política cambió de forma sustancial en pocos años: la edad de las masas supuso electorados ampliados, opinión pública articulada, prensa moderna y partidos semi-de-masas. Ello potenció las posibilidades democráticas implícitas en los supuestos del liberalismo constitucional y parlamentario que había constituido, en general, el arquetipo ideal de política para la Europa del siglo XIX. De hecho, la evolución hacia la monarquía democrática en países como Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y los países escandinavos (Francia era la única república entre los grandes países europeos) avanzó considerablemente en los últimos veinte años del siglo XIX y primeros años del XX, y la política se modernizó sensiblemente —mayor limpieza electoral, alternancia de partidos en el poder, gobiernos independientes de la Corona, creciente poder del Parlamento— en Alemania, Austria-Hungría, Italia, España, Grecia, Portugal e incluso en Rusia y en el Imperio otomano. El sufragio universal masculino, introducido ya desde 1870-1890 en Francia, Alemania, Suiza, España y Noruega (y prácticamente, en Gran Bretaña, aquí a través de sucesivas reformas de las leyes electorales), se extendió a Finlandia (1906), gran ducado dentro del Imperio ruso, Austria (1907), Italia (1912), Dinamarca (1915), Holanda (1917) y Suecia (1918).

Pero la entrada de las masas en la política conllevó también la irrupción de nuevas ideologías y mitos colectivos, una amplísima movilización política y social de la opinión, y una polarización sin precedentes de la vida pública, incluso, en ocasiones, con manifestaciones de irracionalismo previamente desconocidas. Socialismo y nacionalismo, concretamente, cambiaron el clima político de la Europa anterior a la Primera Guerra Mundial.

Los años 1880-1914 vieron, efectivamente, una movilización política y laboral de los trabajadores industriales, de amplitud y extensión muy superiores a todo lo que se había conocido previamente. Ello se tradujo, de una parte, en la generalización de huelgas y conflictos sociales prácticamente en toda Europa; y de otra, en la creación y el crecimiento de partidos socialistas (Partido Social-Demócrata Alemán, 1875; Partido Socialista Obrero Español, 1879; Partido Obrero Belga, 1885; Partido Socialdemócrata Sueco, 1889; Partido Socialista Italiano, 1892; Sección Francesa de la Internacional Socialista, 1905; Partido Laborista, 1906), de sindicatos y otros tipos de organización obrera (Trade Union Congress británica, 1868; Federación Nacional de Bolsas del Trabajo francesa, 1892; Confederación General del Trabajo, también francesa, 1895; Unión General de Trabajadores española, 1888; Confederación General Italiana del Trabajo, 1906; Confederación Nacional del Trabajo española, 1911…), y en la extensión de ideologías y formulaciones políticas que trataban de fundamentar la acción política y sindical de los trabajadores y de plantear alternativas a la propia sociedad industrial.

La conflictividad huelguística fue alta en Inglaterra, Gales y Escocia en la década de 1890, y especialmente intensa entre 1911 y 1914 (1459 huelgas en 1913): huelga general de estibadores y ferroviarios en 1911, huelga general de mineros en 1912. Alemania registró un total de 25 468 huelgas entre 1891 y 1910. Francia, Italia y España pasaron de una media de en torno a 100 huelgas anuales en la década de 1880, a 1000/1500 huelgas por año entre 1900 y 1914. En 1906, por ejemplo, se registraron en Francia un total de 1309 huelgas, entre ellas la huelga general nacional de mayo por la jornada de ocho horas; en 1910, hubo 1502 huelgas: el gobierno militarizó, en octubre, a los ferroviarios para impedir la huelga general del sector. Ochenta trabajadores murieron en mayo de 1898 en Milán en el transcurso de los incidentes surgidos durante una huelga general local en protesta por los precios del trigo. En 1911 hubo en Italia 1107 huelgas; el país se vio sacudido en junio de 1914 por una especie de revuelta social generalizada (en lo que se llamó «la semana roja»). En España (en las minas de Vizcaya y Asturias, en Barcelona, Gijón, Madrid, Jerez, Sevilla…), hubo amplios movimientos huelguísticos en los años 1888-1892, 1899-1903 y 1910-1913; una oleada de disturbios, en principio contra el envío de tropas reservistas a Marruecos, paralizó, y ensangrentó, Barcelona durante la «Semana Trágica» de julio de 1909. El anarquismo europeo optó por la violencia revolucionaria y por el terrorismo, en nombre de la destrucción del Estado, la liberación de las clases trabajadoras y la creación de un orden social justo y «libertario»: atentados anarquistas costaron la vida al presidente de Francia Sadi-Carnot en 1894, al jefe del Gobierno español (Cánovas del Castillo) en 1897, a la emperatriz Isabel de Austria-Hungría en 1898, al rey de Italia Humberto I en 1900 y al ministro del Interior ruso Plehve en 1904; y a numerosas personas, no necesariamente vinculadas al poder y la política, en ciudades como París (atentados contra la bolsa en 1886, contra la Cámara de Diputados en 1888 y en la estación de Saint Lazare en 1894) y Barcelona (atentados en el Liceo en 1893 y en la procesión del Corpus en 1896).

La cuestión social era ya el gran problema de la Europa industrial y del desarrollo. Los gobiernos europeos no lo ignoraron. Siguiendo el ejemplo alemán, muchos países fueron introduciendo a partir de la década de 1880 una creciente legislación social: seguros de enfermedad y accidentes del trabajo, pensiones de jubilación y viudedad, reducciones de la jornada laboral, inspección del trabajo, construcción de viviendas obreras, limitación del trabajo de las mujeres y de los niños, descanso dominical, derecho de huelga… Pero fueron medidas insuficientes y meramente paliativas, no la reforma social y política que la importancia del problema —un problema de justicia social— indudablemente requería.

Ciertamente, una parte del movimiento obrero europeo optó por la revolución. Ante el fracaso de la estrategia de atentados terroristas, parte del anarquismo evolucionó, ya a principios del siglo XX, hacia lo que definieron como sindicalismo revolucionario (cuya mejor formulación fue la llamada Carta de Amiens de 1906, el documento programático de la Confédération Générale du Travail (CGT, la gran central sindical francesa), una concepción que hacía de los sindicatos, y no de los partidos, el instrumento de la revolución, y de la reivindicación huelguística cotidiana y del mito de la huelga general, la estrategia hacia la emancipación integral de la clase trabajadora, concepción que tuvo influencia considerable en Francia y en España (Confederación Nacional del Trabajo, CNT), y de forma más efímera, en Italia, Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos (Industrial Workers of the World, los wobblies). En 1902, Lenin (1870-1924), un exilado militante de la socialdemocracia rusa (que encabezaría la facción bolchevique, mayoritaria, de su partido), planteó en uno de sus escritos, ¿Qué hacer?, la teoría del partido como vanguardia de la revolución, donde la clave del éxito revolucionario era la concepción del partido como un pequeño grupo de activistas profesionales, como una organización centralizada y disciplinada que excluía la idea del partido obrero como un partido democrático y abierto a las masas, y que anticipaba la posibilidad de que, en el supuesto de producirse la conquista revolucionaria del poder, el socialismo cristalizase en la dictadura burocrática del partido revolucionario.

La mayoría de los socialistas europeos optaron, por el contrario, por la participación electoral y el gradualismo reformista, y por el abandono de posiciones estrictamente revolucionarias. A la vista de la evolución económica de Europa —desarrollo espectacular del capitalismo, crecimiento del poder y la influencia de las clases medias, mejoras en el nivel de vida de las clases trabajadoras—, el socialismo europeo revisó los principales argumentos del marxismo: el socialismo debía entenderse ante todo como un ideal moral, no como el fruto de un análisis «científico» de la vida económica; y debía entenderse como un proceso gradual y reformista que, a partir del propio capitalismo, transformase la sociedad por vía democrática.

El Estado, sobre todo, se había transformado sustancialmente. Había ido asumiendo a lo largo del siglo XIX, y de forma especial en los últimos treinta años del mismo, un papel progresivamente determinante en materias como educación, legislación social (seguros de enfermedad, accidentes, viudedad y jubilación), economía y servicios públicos (telégrafos, correos, teléfonos: muchas administraciones locales municipalizaron servicios como agua, gas, tranvías, cementerios, mataderos, bibliotecas y similares). Llevado por una burocracia profesional y especializada de funcionarios públicos y convertido en una administración impersonal y paulatinamente más compleja y capacitada, el Estado fue transformándose en el órgano de gestión de los intereses generales de la sociedad. Sometido además, también progresivamente, al control parlamentario de los electorados populares, pasó a ser a medio y largo plazo el instrumento de integración social de la sociedad, el vehículo para la regulación más o menos ordenada de conflictos y tensiones, y una poderosa palanca para la reforma de la sociedad y la redistribución de la riqueza. Para el socialismo democrático, el Estado aparecía como el verdadero instrumento para la reforma de la sociedad. Para muchos socialistas europeos —para un Jaurès, por ejemplo, el líder del socialismo francés desde 1905, profesor de enseñanza media y, luego, de universidad—, el socialismo era un humanismo radical y democrático, un proyecto de justicia social y libertad individual, como un ideal de fraternidad, es decir, la materialización de los ideales democráticos de la Revolución francesa (de la que Jaurès fue gran historiador).

Pero antes de la década de 1920, el crecimiento de los partidos socialistas fue, con todo, gradual y lento. Aun instalada mayoritariamente en el liberalismo constitucional, la vida política de la Europa de 1900 distaba de ser democrática, y no solo en países como Rusia, la Alemania imperial, Austria-Hungría, Bulgaria o Rumanía, todos ellos imperios y monarquías autocráticas o autoritarias. En 1900, ningún país europeo había reconocido el sufragio femenino. La edad electoral de una mayoría de países estaba fijada en los veinticinco años. El poder de muchos parlamentos era limitado. En muchos países, existían un Senado (Cámara de los Lores en Gran Bretaña) de representación o censitaria o hereditaria, y con poder legislativo real. El trazado de los distritos tendía en general a diluir el voto urbano y a primar el voto rural y conservador. Los sistemas y las leyes electorales eran complejos y, a veces, excluyentes. Los partidos políticos eran en casi toda Europa todavía partidos de notables. Los censos eran aún muy imperfectos. Muchas constituciones (Dinamarca, Suecia, Holanda, Bélgica, España, Italia o Portugal, por ejemplo) reservaban amplias facultades ejecutivas a la Corona. Las formas tradicionales de clientelismo perduraban en todas partes (Gran Bretaña incluida), y en países como España, Portugal e Italia incluso suplantaba la voluntad nacional.

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La Belle Époque

Entre abril y noviembre de 1900, París fue sede de una espectacular Exposición Universal, una exaltación de los avances científicos y tecnológicos del siglo XIX. Fue visitada por cerca de cuarenta millones de personas. Mostró ante todo una realidad: la extraordinaria confianza que Europa tenía en sus valores y en el futuro. La ascendencia del pensamiento, del arte, de la literatura, de la música (Wagner, Verdi, Puccini) europeos, era en 1900 indiscutible. Londres era en ese año «el corazón del mundo» (en palabras de H. G. Wells). París era el centro del arte y de la vida elegante, que tenían su prolongación en Montecarlo, la Costa Azul, Brighton, el Lido veneciano, la Riviera italiana, Baden-Baden, Biarritz (y cerca de esta, y para España, en San Sebastián). Berlín, Viena, Praga, Múnich, Barcelona, Roma, Florencia eran los epicentros de la modernidad. El mundo parecía fascinado por el legado histórico y artístico de la civilización europea: el mejor novelista norteamericano, Henry James (1843-1916), hizo de ello el tema de varias de sus mejores obras (Daisy Miller, Retrato de una dama, La copa dorada). Magnates norteamericanos como Frick, Mellon o Isabella S. Gardner compraron fabulosas colecciones de pintura europea.

Sin duda, gran parte de Europa, tal vez el 50 % de la Europa occidental y un 90 % de la del Este seguía siendo una Europa rural. Pero ello era en parte engañoso. Londres, con 6,5 habitantes en 1900, era el centro financiero del mundo, un puerto fluvial de actividad trepidante e intensa, y el principal núcleo industrial de su país. Centralizaba la red nacional de carreteras y ferrocarriles, que basculaban sobre sus grandes estaciones (Victoria, Paddington, Euston, Waterloo). Desde 1900-1910 disponía de una completa red de metro electrificada. Tenía autobuses urbanos desde 1904, y taxis, desde 1907. Era el centro del gobierno y del Imperio británicos, administrado desde Whitehall. Estaba bien dotado de grandes hoteles, restaurantes y cafés de lujo (como el Royal, local favorito de Oscar Wilde); de grandes museos y centros de arte (el Museo Británico, la Galería Nacional, la Galería Tate abierta en 1897, el Museo Victoria y Alberto de 1909). Londres era la capital del consumo con grandes almacenes como Harrod's (1905), Marks and Spencer (1907) y Selfridges (1909), además del comercio de lujo para la aristocracia y la alta sociedad en calles como Bond y Jermyn.

De hecho, las dos últimas décadas del siglo XIX y primeros años del XX —la Belle Époque, como nostálgicamente se la llamó en Francia después de la Primera Guerra Mundial (equivalente a la edad dorada de Estados Unidos y a la Inglaterra eduardiana)— fueron para Europa una etapa de profundas transformaciones económicas y sociales. La segunda revolución industrial (acero, electricidad, industria química…), el desarrollo industrial y urbano, multiplicaron las oportunidades de empleo y de movilidad social. Las clases medias —médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, funcionarios, profesores, comerciantes, propietarios, empleados, administradores, técnicos, intermediarios, viajantes, almacenistas, etcétera— fueron las principales beneficiarias de ello. El sector servicios ocupaba en Gran Bretaña en 1911, por ejemplo, al 45,3 % de la población laboral; un 30 % de la población se definía como clase media. La clase obrera industrial, vinculada a la minería, a las industrias siderometalúrgica y química y a los ferrocarriles, adquirió estabilidad y conciencia de su identidad como clase: dos hitos de la literatura de la clase obrera europea, Germinal de Zola y Los tejedores de Gerhart Hauptmann, aparecieron en 1885 y 1892, respectivamente. En torno a 1900, la clase obrera industrial estaba integrada en Gran Bretaña por unos 13,8 millones de trabajadores (de ellos, cinco millones de mineros) —de una población total de 41 millones—, en Alemania por unos once millones (un millón de mineros), por cerca de seis millones en Francia y en torno a los tres millones en Rusia y a los 2,5 en Italia.

La vida colectiva se había modificado. En las grandes ciudades, adquirió un carácter impersonal y anónimo, donde la ascendencia de las familias y personalidades notables se circunscribía cada vez más a sus propios círculos y ámbitos —clubs, salones, hipódromos, ópera, casinos, parques o avenidas distinguidas de la ciudad, lugares de veraneo— y donde la influencia de la vida religiosa y de las iglesias se desvanecía. La prensa conformaría de forma creciente la conciencia de las masas urbanas. La presencia de estas en las calles y los lugares públicos y la aparición de nuevas formas de cultura colectiva (el music hall, la prensa popular y sensacionalista, el cine, los espectáculos deportivos) testimoniaban el cambio.

Con todo, la aristocracia mantuvo en toda Europa —la republicana Francia incluida, como evocó Proust en En busca del tiempo perdido, 1913-1927, la gran novela de la Belle Époque— su identidad, su presencia formal, parte de su riqueza y de su poder (en el ejército y los cuerpos diplomáticos, por ejemplo) hasta la guerra de 1914 y aun después, como quiso testificar, para Inglaterra, Evelyn Waugh en su novela Retorno a Brideshead, de 1944. Cristalizó también en toda Europa una nueva clase acomodada, una verdadera aristocracia del dinero, unida muchas veces a la aristocracia de la sangre a través de vínculos matrimoniales y económicos, integrada por las grandes fortunas de la industria, del comercio y de la banca, por profesionales liberales de gran éxito, directivos y técnicos de las grandes empresas y los grupos financieros, y por la alta burocracia del Estado. Las zonas residenciales elegantes del West End de Londres (Belgravia, Mayfair) acogían los magníficos edificios de estilo clásico de las clases acomodadas y las grandes mansiones de la aristocracia, y los grandes edificios administrativos y de servicios. El gentleman, prototipo social de la Inglaterra victoriana y eduardiana, cuyas maneras se condensaban en la expresión fair play («juego limpio»), fue un ideal de cortesía, comedimiento y mesura. En París, las clases acomodadas fueron abandonando el centro desde 1880, desplazándose hacia las proximidades de la plaza de la Estrella, nuevo y muy lujoso barrio para la alta sociedad: Proust, por ejemplo, se instaló en 1919 en el número 44 de la calle Hamelin.

Los elegantes retratos que de la aristocracia y alta burguesía de la Belle Époque europea (y norteamericana) hicieron pintores de gusto convencional —pero exquisito— y calidad técnica extraordinaria como John Singer Sargent, Giovanni Goldini, Philip de László y Ander Thorn (también Sorolla, Zuloaga y otros) expresaban la seguridad que las clases dirigentes tenían aún —antes de 1914— en sus valores, estilo de vida y prestigio social. Sargent, concretamente, pintó más de ochocientos retratos, todos bellísimos.

Parte de la teoría políticosocial de la época pudo reforzar la seguridad de las élites como clase. Gaetano Mosca (1858-1914), siciliano, catedrático en Turín y Roma, diputado y senador en distintas ocasiones, publicó en 1896 su libro La clase dirigente, la exposición más clara del elitismo, vertebrada en torno a una idea central: la tesis de que en toda sociedad aparecen inevitablemente dos clases, la clase dirigente, sostenida por algún tipo de legitimidad (fuerza, religión, elecciones…) y la clase dirigida, por lo que todo cambio político o social no era sino el desplazamiento de una minoría por otra, y la idea misma de democracia —como voluntad de la mayoría— una ilusión. Vilfredo Pareto (1848-1923), aristócrata nacido en París y formado en Turín, economista, ingeniero, sociólogo y catedrático en Lausana desde 1893, publicó a su vez en 1916 su Tratado de sociología general. De elaboración compleja y lectura difícil, el Tratado proponía una tesis —entre otras— no muy distinta del elitismo de Mosca: que toda sociedad es dirigida por sus élites (de gobierno y de no gobierno, nominal y de mérito), y que la política y la historia no son sino una mera circulación de élites.

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La irrupción del modernismo

La literatura y el arte del fin del siglo XIX y principios del XX —la época de la plenitud europea— revelaban ante todo un profundo malestar. En los Buddenbrooks (1901), Muerte en Venecia (1913) y La montaña mágica (1924) de Thomas Mann (1875-1955), tres de las grandes novelas europeas del primer tercio del siglo XX, latía una obvia fascinación por la decadencia, la enfermedad y la muerte —historia de la decadencia de una familia de la burguesía comercial del norte de Alemania (Buddenbrooks), pasión de un escritor por la belleza en una Venecia asolada por la peste (Muerte en Venecia), historia de un joven recluido durante siete años en un sanatorio antituberculosos de Suiza (La montaña mágica)—, que hizo que las novelas se leyeran como metáforas de una Europa irremediablemente enferma.

La elegancia y las buenas maneras de la Belle Époque encubrían, efectivamente, la ansiedad y perplejidad moral que alentaban de algún modo en la conciencia del hombre moderno. Mann, pero también Conrad, que en El corazón de las tinieblas (1902) hacía de su protagonista, Kurtz, un hombre enloquecido por su propia ambición que al mirar en su interior solo podía descubrir el horror, o Rilke (1875-1926), «el poeta en tiempos de penuria» como lo definió Heidegger, un poeta fascinado por los paisajes desolados y abruptos (Toledo y Ronda, por ejemplo), poeta culto, intimista, existencial, visionario (El libro de las horas, 1905; Elegías de Duino, 1923), expresaban así la desorientación que parecía haberse apoderado de la sociedad europea, y que culminaría en la Primera Guerra Mundial.

De hecho, todo lo que se englobó bajo el nombre de modernismo, del esteticismo y decadentismo de los años noventa a la inquietante y enigmática pintura de De Chirico ya hacia 1910-1914, no fue otra cosa que interrogaciones y respuestas ante un mundo próspero y desarrollado, y fascinado por la idea de progreso, que se había vuelto pese a ello (o precisamente por ello) incierto e incomprensible. Desde un punto de vista estético y literario, el resultado fue extraordinario. Entre 1880 y 1920, el modernismo cambió de raíz la literatura y el arte europeos, esto es, las maneras de entender y proyectar la búsqueda de y la reflexión sobre la verdad, la moral y la belleza.

Esteticismo y decadencia, dos modas literarias de la década de 1890 cuyas obras más representativas pudieron ser El retrato de Dorian Gray (1891) de Oscar Wilde y los dibujos de Aubrey Beardsley, fueron una reacción frente a gustos anteriores —el realismo naturalista— y la afirmación de un nuevo papel del arte y el artista ante la sociedad (papel asumido sin duda por Wilde, y también por escritores como Barrès, D'Annunzio o Stefan George). El gusto por lo exótico y lo perverso, el dandismo inmoral y elitista del decadentismo, parecieron una manifestación del degeneracionismo que se asoció con el fin de siglo; pero el esteticismo y la pasión por la belleza que lo inspiraban eran (desde luego en Wilde) un ideal moral, una exaltación de lo sensible y lo bello contra la vulgaridad y el gusto convencionales.

Desde perspectivas muy distintas y con rasgos estilísticos muy característicos —uso de líneas ondulantes y flameantes, ornamentación vegetal y policromada, decoración cargada de historicismo y simbolismo—, el Art Nouveau (o Modern style, «secesión», Liberty, según los países), que entre 1890-1893 y 1905-1910 impregnó la arquitectura, el mobiliario, la orfebrería, los carteles, la cerámica y las artes ornamentales europeas, fue también un ideal estético y moral que aspiraba a impulsar un renacimiento artístico completo y el embellecimiento de la vida misma (y que dejó realizaciones perdurables: la arquitectura de Mackintosh, Gaudí, Otto Wagner y Victor Horta; las entradas del metro de París, de Hector Guimard; los carteles de Mucha y Toulouse-Lautrec; las joyas de René Lalique, etcétera; en pintura, por ejemplo, la obra de Gustav Klimt, pintor de inquietantes figuras femeninas con ornamentación de dorados y caprichosas formas geométricas). El simbolismo (la poesía de Mallarmé, Yeats, Rilke, el teatro de Maeterlinck, la música de Debussy y Scriabin, la pintura de Redon, G. Moreau y Puvis de Chavannes…) era también la expresión de aquella nueva voluntad estética: poesía pura, arte puro, la aprehensión de la esencia de las cosas.

La literatura de André Gide, que publicó lo mejor de su obra entre 1897 y 1914 (Los alimentos terrestres, El inmoralista, Las cuevas del Vaticano), giró en torno a los problemas de la autenticidad, la libertad y el destino del yo, y los conflictos en la conciencia individual entre moralidad y sinceridad. En busca del tiempo perdido, que Proust empezó a publicar en 1913, era una evocación prodigiosa del tiempo pasado en tanto que dato insoslayable de la memoria y la conciencia. El teatro de Chejov (La gaviota, 1896; Tío Vania, 1897; Las tres hermanas, 1901; El jardín de los cerezos, 1904) llevó al escenario el drama del hombre moderno: el fracaso personal, el dolor que existe en toda vida (no en las vidas excepcionales, sino en las vidas anodinas y sin relieve de la mayoría de los hombres y las mujeres), el absurdo de la existencia.

Aunque la literatura de «entretenimiento» de la época (Stevenson, Conan Doyle, Verne, Salgari, Chesterton, Kipling, H. G. Wells…) —mucha de ella, excelente— fuera mucho menos compleja y pesimista, era evidente que el clima intelectual de Europa había cambiado de forma sustantiva. En 1910, el crítico inglés Roger Fry acuñó el término post-impresionismo precisamente para definir lo que había ocurrido en la pintura europea: la sustitución del orden estético del impresionismo por una pintura que, aun hundiendo sus raíces en el impresionismo, aparecía hacia 1910 como una pintura radicalmente nueva. Fry veía la pintura postimpresionista europea dominada por Cézanne, Gauguin y Van Gogh. Había mucho más (Seurat, Munch, Toulouse-Lautrec), pero la afirmación era reveladora. Cézanne (1839-1906) —obsesionado por conseguir un arte objetivo, duradero y clásico— buscó soluciones en el uso de formas geométricas (cubos, esferas, conos) y en la aplicación fragmentada del color, con lo que, en efecto, su pintura tuvo el sentido de la monumentalidad y armonía que el pintor buscaba. Gauguin (1848-1903) hizo del color el objeto mismo de la pintura: su obra, impregnada de simbolismo alegórico y sencillez expresiva, buscó en el primitivismo (de Tahití, por ejemplo) una forma de liberación contra la artificialidad del arte y los valores de la sociedad occidental. Van Gogh (1853-1890), un hombre atormentado y humilde con una visión mística del arte, creó un mundo (paisajes, retratos, cipreses) de belleza apasionada y conmovedora —efectos logrados a través del uso de colores explosivos, pinceladas dramáticas y líneas distorsionadas— que plasmaba la violenta tensión de las emociones (angustia, soledad, melancolía) del pintor.

El postimpresionismo llevó el arte hacia una etapa de experimentación permanente, sin duda audaz y creativa como ninguna otra etapa de la historia del arte, pero también con manifestaciones y propuestas artísticas —fauvismo, cubismo, expresionismo, futurismo, abstracción, pintura metafísica— que producían en el espectador, en la crítica, en la propia reflexión filosófica que las nuevas vanguardias suscitaron, la impresión de que el nuevo arte se precipitaba hacia una estética, una moral, indefinible, incoherente, contradictoria.

El fauvismo (Matisse, Derain, Rouault, Vlaminck y otros), que irrumpió en el Salón de Otoño de París de 1905, aplicó el color de forma estridente e impetuosa al cuadro e hizo de aquel, del color (no de la composición o del tema), el fundamento y objeto de la obra. El cubismo, creado por Picasso y Braque hacia 1907-1909 y muy pronto objeto de amplia teorización, experimentaba en el cuadro con las formas, mediante la división de los objetos —mesas, botellas, etcétera— en planos y figuras geométricas que, desde su apariencia descoyuntada e inconexa, se integraban en un conjunto armónico y coherente (fórmula que posteriormente otros cubistas, como Gris, Léger, Delaunay y el propio Picasso, aligerarían, enriquecerían y modificarían según su propia visión del arte, para lograr nuevas y siempre audaces formas de expresión). El expresionismo alemán, un movimiento muy heterogéneo que se extendió hasta la década de 1920 y que incluyó además de la pintura, la literatura (Kafka, Döblin), la música (Richard Strauss, Alban Berg) y el cine (Murnau, Fritz Lang), y que en pintura cristalizó en obras tanto individuales como colectivas (El Puente, El Jinete Azul, este impulsado en Múnich, en 1911, por Franz Marc, August Macke y Vasili Kandinsky), nació, como diría el crítico alemán Wilhelm Worringer, como un arte absolutamente opuesto a la calma y el refinamiento del arte clásico: uso agresivo del color, expresión siempre violenta y distorsionada de las formas, ansiedad metafísica.

El expresionismo era un arte, en suma, cargado de tensión existencial y social. Los retratos, por ejemplo, que el pintor austriaco Oskar Kokoschka realizó entre 1907 y 1912 —retratos del círculo de sus amigos y conocidos de Viena— expresaban estados del alma, tensiones interiores, la «ansiedad» y el «dolor» de los retratados, en palabras del propio pintor (que pintaba así el malestar psíquico de la personalidad contemporánea). Kandinsky entendía el arte como la revelación de la emoción casi inmaterial del alma del artista: fue prescindiendo en su obra de toda apariencia de realidad, transformando sus temas en puras combinaciones de color y caracteres gráficos, hasta llegar en 1910 al abandono de toda representación figurativa, a la pura abstracción. A partir también de 1910, Giorgio de Chirico (1888-1978) creó una pintura que él llamó metafísica: escenarios irreales, plazas renacentistas solitarias, luces poéticas, sombras inquietantes, estatuas, maniquíes, objetos inesperados. Fue una pintura subyugante, misteriosa: plasmaba la conciencia de la soledad del hombre ante su destino, su perplejidad e impotencia ante los enigmas de la existencia.

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La nueva modernidad

Los cambios políticos, económicos, sociales, tecnológicos y científicos que el mundo experimentó a lo largo del siglo XIX y que adquirieron intensidad sin precedentes en las primeras décadas del XX, alteraron radicalmente la estructura de la vida social. Emergía, en efecto, una nueva modernidad, distinta de la modernidad alumbrada a partir de la Ilustración del siglo XVIII, una nueva modernidad —anticipada por la música de Richard Wagner y el pensamiento de Friedrich Nietzsche— que Max Weber (1864-1920), el sociólogo alemán autor de La ética protestante y el espíritu del capitalismo (1903), asociaba con «desencantamiento del mundo por la ciencia», racionalización creciente del capitalismo y la producción industrial, crecimiento de las burocracias del Estado, nuevas formas de legitimación de la política (líderes carismáticos, normativas legales) y «politeísmo» (pluralidad) irreductible de valores y de opciones políticas y existenciales.

Cambió, y decisivamente, el mismo horizonte vital del hombre. En 1900, Max Planck expuso la teoría cuántica sobre la energía irradiada por los cuerpos; los botánicos De Vries, Correns y Tschermak demostraron que los genes eran las claves de la herencia de las características de la especie y del individuo; y Freud (La interpretación de los sueños, 1900; Tres ensayos sobre la teoría de la sexualidad, 1905…) mostró los efectos que sobre la formación de la personalidad tenían deseos reprimidos, sexualidad y pasiones subconscientes.

Física, genética y psicoanálisis tendrían en años posteriores un desarrollo extraordinario. En 1905 y 1916, respectivamente, Einstein expuso sus tesis sobre la electrodinámica de los cuerpos y sobre la relatividad. Rutherford y Bohr descubrieron en 1911-1912 la estructura del átomo. El mismo De Vries desarrolló en 1914 la teoría de las mutaciones y desviaciones genéticas, y de sus posibles efectos en la evolución. Merced a la labor de un valioso grupo de médicos fascinados con las ideas y los trabajos de Freud (Karl Abraham, Alfred Adler, Ernest Jones, Carl G. Jung y otros), el movimiento psicoanalítico penetró con fuerza en Europa central y en Estados Unidos. En 1926 Heisenberg formuló el principio de incertidumbre, que precisaba puntos esenciales de la teoría cuántica.

Las nuevas teorías revolucionaron, literalmente, tanto el conocimiento de la realidad física como la percepción de la personalidad biológica y psíquica del hombre. Apareció una nueva imagen del mundo físico y del universo, en la que los conceptos de espacio y tiempo estaban en crisis y donde la materia aparecía como algo que ni se creaba ni se destruía y se asociaba a energía. Cristalizó, al tiempo, una nueva conciencia de las fuerzas emocionales, irracionales, instintivas y biológicas del hombre y, por tanto, de la conducta humana: la idea de que el hombre, lejos de ser un individuo guiado por la razón y el orden, estaba sujeto a la fuerza de instintos y emociones desordenadas.

Estaban cambiando asimismo, y radicalmente, el gusto y la sensibilidad —la moral— de la sociedad contemporánea. La irrupción de los nuevos estilos estéticos y sensibilidades que revolucionaron el arte europeo entre 1890 y 1920 revelaba precisamente la necesidad de encontrar respuestas nuevas en un mundo donde muchas de las viejas creencias, ideas y valores (naturalismo, positivismo, religión, la fe en el progreso, la razón y la ciencia) parecían haber perdido súbitamente su antigua vigencia. En un texto de 1924 («Sobre el punto de vista en las artes», complementario de su libro La deshumanización del arte, 1925), el filósofo español Ortega y Gasset dijo del cubismo, por ejemplo, que le parecía un fenómeno de índole equívoca, la pintura lógica por tanto —cabría concluir— para una época donde todos los grandes hechos eran también equívocos. Del arte abstracto dijo también el filósofo alemán Georg Simmel (1858-1918) que nacía del sentimiento de que la vida es imposibilidad y contradicción.

La nueva modernidad supuso, en suma, cambios revolucionarios y permanentes. El pensamiento y la estética contemporáneos no aceptaban ya verdades, cánones, absolutos, sino que la verdad, la belleza y las cosas existían y podían representarse y aprehenderse desde múltiples y muy distintas perspectivas. La guerra mundial de 1914-1918 —la Gran Guerra, tal vez el hecho capital de todo el siglo XX— terminó por alterar definitivamente la conciencia de la humanidad. La guerra puso, en efecto, de relieve el malestar de la modernidad.

Cambiaron decisivamente el perfil y el tono de la vida social. La liberación de modas, costumbres y sexualidad fue, tras la guerra, evidente (como reflejarían novelas como El amante de Lady Chatterley y Mujeres enamoradas, de D. H. Lawrence, o Trópico de cáncer, de Henry Miller). La mujer —una mujer cuyo vestuario y cuidado corporal (zapatos, longitud de faldas, estilización de la figura, uso de maquillajes faciales…) cambiaron en los años veinte de forma audaz y revolucionaria— irrumpió definitiva y masivamente en la vida social y pública: escritoras (Virginia Wolf, Colette, Gertrude Stein, Victoria Ocampo) y deportistas (Helen Wills Moody, Suzanne Lenglen, Amelia Earhart) pudieron ya rivalizar en éxito y prestigio con escritores y deportistas masculinos.

Los años veinte vieron la aparición de nuevas formas del ocio y de la cultura popular (cine, deportes de estadio, radio), de mitos nuevos. Los veinte fueron años felices, años locos, los años del tango, del fox-trot, del jazz, formas entonces revolucionarias (y escandalosas) del baile y la música ligera. Tras la Olimpiada de Amberes (1920), los Juegos Olímpicos adquirieron importancia inusitada. Con la disputa en 1930 del primer Campeonato del mundo, que ganó Uruguay, el fútbol se convirtió en el primer gran espectáculo deportivo internacional. Los públicos empezaron a vivir los éxitos de sus equipos deportivos como éxitos o fracasos nacionales o locales. Algunos deportistas —Weismüller, Joe Louis, Jesse Owens, Paavo Nurmi…— se convirtieron en verdaderos ídolos populares. El cine, que produjo enseguida éxitos clamorosos, creó a su vez nuevos mitos: las grandes estrellas de las producciones norteamericanas de Hollywood como Valentino, Douglas Fairbanks, Chaplin y Buster Keaton, o Greta Garbo, Marlene Dietrich, Gary Cooper, los hermanos Marx, Fred Astaire y Ginger Rogers.

El hombre occidental fue plenamente consciente del cambio que vivía. Muchas manifestaciones de la vida cultural de la posguerra, como el teatro de Pirandello, la poesía de T. S. Eliot (especialmente Tierra baldía, 1922) o Ulises (1922), la gran novela de James Joyce, expresaban los sentimientos de incertidumbre, caos, dislocación, pesimismo, desilusión y sorpresa (nostalgia por un tiempo desvanecido, en el caso de la literatura de Proust) que mucha gente creía percibir. El dadaísmo (Hugo Ball, Man Ray, Picabia, Tristan Tzara…) y Marcel Duchamp a título individual hicieron de la provocación y el absurdo —de un arte aparentemente transgresor y sin sentido— una forma de rechazo de un mundo que, en razón sobre todo de la guerra, parecía también carecer de sentido. El surrealismo (Breton, Éluard, Magritte, Dalí, Buñuel, Miró, Cocteau…), el movimiento literario y artístico más característico de los años veinte, exploró las posibilidades liberadoras y revolucionarias del subconsciente, lo irracional y lo alucinatorio como parte de una ruptura violenta (estética, moral, política) con los supuestos y valores de la sociedad occidental. El tema de la obra de Kafka (El proceso, El castillo, publicadas en 1925 y 1926, respectivamente) era el desamparo del individuo ante el mal.

El teatro de Piscator y de Bertold Brecht, películas como El ángel azul (1930) de Sternberg, la pintura cruel y esperpéntica de Otto Dix y George Grosz, o la más alegórica de Max Beckmann, y novelas como Sin novedad en el frente (1928), de Erich Maria Remarque, y Berlin Alexanderplatz (1930), de Alfred Döblin, reflejaban el pesimismo de intelectuales y artistas alemanes ante la mediocre evolución de la nueva democracia alemana —la república de Weimar (1918-1933) nacida de la derrota en la guerra— y el auge del nacionalsocialismo y las fuerzas de la derecha. Precisamente, la irrupción de violentos nacionalismos antisemitas destruyó el mundo en el que había germinado la formidable cultura judía centroeuropea: algunos intelectuales judíos, como Martin Buber y Gershom Scholem, evolucionaron hacia el sionismo; otros (Lukács, Walter Benjamin, Ernst Bloch) lo hicieron hacia el mesianismo revolucionario marxista.

La vida, en suma, se le había hecho al hombre —a medida, además, que había avanzado en su conocimiento— sustancialmente más problemática. La vida se le aparecía como su única y radical realidad (por decirlo como Ortega y Gasset). Comprender la vida por sí misma vino a ser, así, la principal preocupación de la filosofía en la primera mitad del siglo XX, desde Dilthey y Bergson, a Max Scheler, Ortega, los pragmatistas norteamericanos (Peirce, W. James, Dewey), Jaspers y Heidegger. En La evolución creadora (1907), Bergson definiría la vida como duración, tiempo, algo nuevo a cada instante, múltiples posibilidades, libertad, espiritualidad y creación; para William James la vida era «confusa» y «sobreabundante», algo que le acontecía al hombre y cuya realidad y sentido último se le escapaban. En El ser y el tiempo (1927), Heidegger hacía de la temporalidad la esencia del existir; la nada formaba parte de la existencia; el hombre se definía como alguien arrojado a la vida (un «ser-ahí» y por tanto, un «ser-en-el mundo»), obligado a elegir y decidir su existencia, como un ser temporal solo seguro de su propia muerte, como «un ser relativamente para la muerte». «El problema radical de la filosofía —decía Ortega en 1929, en ¿Qué es filosofía?— es definir ese modo de ser, esa realidad primaria que llamamos nuestra vida».

La incertidumbre y la ansiedad parecían, por tanto, haberse instalado como elementos principales de una parte importante de la reflexión filosófica europea. Como dijo Jaspers en Ambiente espiritual de nuestro tiempo (1931), algo capital le había ocurrido al hombre contemporáneo como consecuencia de la tecnificación, la racionalización y el predominio de la masa: nada era ya firme, todo resultaba problemático y sometido a transformación; era general la sensación de ruptura frente a toda la historia anterior: el mismo torbellino de la vida —concluía— hacía imposible conocer lo que verdaderamente ocurría.

Para el escritor francés Julien Benda, autor de La traición de los intelectuales (1927), la responsabilidad de la crisis correspondía, ante todo, a los intelectuales que, desde las últimas décadas del siglo XIX, habían renunciado a su papel —labor científica desinteresada— por el juego de las pasiones políticas. Para Ortega y Gasset, en La rebelión de las masas (1930), la razón estaba en la aparición de las masas —consecuencia de los cambios sociales y la elevación del nivel de vida que venían produciéndose—, en la irrupción del hombre-masa, el tipo social nuevo (gregario y sin moral) que dominaba ahora la vida social. Para Adorno, Horkheimer y los intelectuales y teóricos sociales, como Benjamin o Marcuse, asociados al Instituto de Investigación Social creado en la Universidad de Fráncfort en 1923, el problema estaba en la esencia misma de la modernidad, en el mismo proyecto de «desencantamiento del mundo» de la Ilustración del siglo XVII; racionalidad analítica, desarrollo de la técnica, productividad económica y filosofía experimental y científica habrían desembocado, en las modernas sociedades tecnocráticas, en un nuevo género de barbarie y dominación (tal como Adorno y Horkheimer argumentarían en Dialéctica de la Ilustración, el influyente y fascinante libro que, exiliados en Estados Unidos desde la llegada de Hitler al poder, publicaron en 1944, sobre textos escritos en años anteriores).

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Laboratorio de destrucción

En las últimas décadas del siglo XIX y los primeros veinte años del siglo XX, el nacionalismo cristalizó como principal factor de desestabilización de la política europea. Desde los últimos años del siglo XIX, con Maurras, Barrès y Acción Francesa, en Francia; con D'Annunzio, Marinetti y el futurismo, Corradini y la Asociación Nacionalista Italiana, en Italia; y con Treitschke, H. S. Chamberlain, la Liga Pangermánica, la Sociedad Colonial Alemana, la Liga Naval y grupos y organizaciones similares, en Alemania (y Austria), el nacionalismo se definió como la principal alternativa ideológica al liberalismo. Bajo su inspiración y liderazgo, el nacionalismo devino una doctrina autoritaria, antidemocrática y antiparlamentaria, un nacionalismo de la derecha, que cifraba la política en la exaltación del Estado y de la nación, y que, en el caso alemán, incorporaba, además, ideas de superioridad racial y antisemitas, y una especie de irracionalismo mesiánico y biológico sobre el destino singular de las razas germánicas.

En Francia, el nacionalismo mantuvo vivo el revanchismo antialemán —tras la derrota francesa en la guerra franco-prusiana de 1870— y erosionó la legitimidad de la Tercera República, el régimen político del país de 1870 a 1940; en Italia, abanderó el irredentismo contra Austria, que aún retenía importantes territorios italianos, debilitó el sistema liberal y preparó el clima para la entrada del país en la Primera Guerra Mundial y para el fascismo de la posguerra (1919-1922). En Alemania, glorificó el prusianismo y el militarismo, la disciplina, el orden, el conformismo colectivo y la obediencia al poder que marcaron al Segundo Reich (1870-1918), y dio cobertura al giro alemán desde 1897 hacia una política mundial.

Para muchas minorías étnicas y nacionalidades sin Estado —enclavadas en los imperios otomano, ruso y austrohúngaro, y también, casos de Irlanda, Cataluña, País Vasco y Galicia, en el Reino Unido y España—, a las que el nacionalismo daría sentimiento e idea de nación, este era, por el contrario, una forma de liberación, el derecho de los pueblos a su autogobierno, una defensa de la identidad, una política de libertad. El despertar de las nacionalidades provocó la primera gran etapa de movilización étnico-secesionista de la política europea. Con el ascenso del nacionalismo irlandés, que reivindicaba y reafirmaba la identidad etnocultural irlandesa, esto es, una Irlanda irlandesa, gaélica y católica (lo que excluía a angloirlandeses y protestantes), Irlanda se convirtió desde 1885 en el primer problema de la política británica y en un factor de división en Irlanda del Norte (donde contra el nacionalismo católico se afirmaría un fuerte movimiento unionista protestante), problema que culminaría con el fallido levantamiento armado de Pascua de 1916 en Dublín de sectores del nacionalismo radical. En España, la aparición a finales del siglo XIX y principios del XX de movimientos nacionalistas en Cataluña, País Vasco y Galicia —cuyo fundamento último era el propio particularismo lingüístico, histórico y cultural de dichas regiones y que aspiraban o a la plena autonomía dentro de España, casos catalán y gallego, o a la soberanía propia y distinta, caso vasco— terminaría por cambiar la política. Obligó con el tiempo —pues inicialmente los nacionalismos catalán, vasco y gallego fueron minoritarios en sus propias regiones— a modificar la estructura territorial del Estado; primero, con la creación de la Mancomunidad de Cataluña en 1914, un régimen de semiautonomía regional; luego, en 1931, proclamada la Segunda República, con la concesión de autonomía política a Cataluña (1932) y País Vasco (1936).

Etnicidad, religión y territorialidad complicaron el problema de las nacionalidades en Austria-Hungría, Rusia y el Imperio otomano. Las nacionalidades (serbios, eslovenos, checos, polacos, húngaros, croatas, eslovacos, rutenos) destruyeron el Imperio austrohúngaro como entidad política y administrativa operativa: el sistema fue incapaz de integrarlas ordenada y satisfactoriamente en el entramado constitucional y parlamentario. La Rusia zarista respondió a los nacionalismos (minoritarios en Ucrania y las regiones bálticas; amplio en Polonia y en regiones del Cáucaso; inexistente en Asia central) con la represión y la rusificación sistemáticas: no tuvo respuesta ante el nuevo nacionalismo polaco —católico, etnicista, popular— nacido en las últimas décadas del siglo XIX, el mayor problema territorial del imperio. Carente de estructura estatal propiamente dicha, integrado por numerosos grupos étnicos y religiosos, en permanente crisis política, financiera y militar desde el siglo XIX (independencia de Grecia, Serbia, Rumanía, Bulgaria, etcétera), el Imperio otomano se desvertebró territorialmente. La respuesta más consistente a la crisis del Imperio fue el nacionalismo turco, la reestructuración del Imperio como un Estado nacional moderno (Turquía) unificado y centralista. La revolución militar de 1908, que quiso imponer cambios constitucionales y parlamentarios, fue ya, precisamente, una revolución nacional turca. El turquismo de las nuevas autoridades provocó, sin embargo, malestar en los territorios árabes del Imperio, donde ya había aparecido (en Siria, en Líbano) un incipiente nacionalismo árabe y un amplio debate intelectual y religioso sobre el papel del islam en la vida moderna y ante la penetración de Occidente en Argelia, Túnez, Egipto y Marruecos. La revolución turca generó, además, preocupación y temor en toda la región balcánica; en 1908, Austria-Hungría se anexionó Bosnia-Herzegovina, provincia otomana que administraba desde 1878. Entre 1911 y 1913, Turquía fue tres veces a la guerra, contra Italia (por Libia), y contra los otros países balcánicos (Grecia, Bulgaria, Serbia) por Macedonia y otros territorios: perdió Libia, Albania (independiente en 1913) y todos sus territorios europeos.

Precisamente, las tensiones generadas por los nacionalismos balcánicos desde 1885 llevaron en 1914 al mundo a la guerra. Las guerras balcánicas de 1912 y 1913 antes citadas crearon el clima propicio: reforzaron a Grecia y Serbia, crearon una Albania mal definida, humillaron a Bulgaria y Turquía, y provocaron el creciente temor de Austria-Hungría ante el papel de Serbia en la región y la desconfianza de Alemania ante el apoyo de Rusia a Serbia. El detonante fue el atentado de Sarajevo de junio de 1914: el asesinato del heredero de la Corona austrohúngara por jóvenes nacionalistas serbios. Cuando Austria-Hungría, presionado por Alemania, responsabilizó a Serbia por los hechos, los mecanismos de alianzas de las potencias hicieron imposible la localización del conflicto.

La responsabilidad alemana fue indudable. La política mundial —la Weltpolitik que había proclamado en 1897— respondía a una aspiración indisimulada a la hegemonía mundial. La política naval alemana lanzó la carrera de armamento y generó una fuerte rivalidad con Gran Bretaña. Los planes de guerra alemanes —concretados en el Plan Schlieffen de 1905— suponían el riesgo calculado de guerra con Francia. La diplomacia alemana provocó crisis —las crisis marroquíes de 1905 y 1911— que reavivaron la tensión franco-alemana y estimularon el revanchismo francés, siempre latente desde la derrota francesa en la guerra franco-prusiana de 1870. Alemania alentó en 1908 a Austria-Hungría para que procediese a la anexión de Bosnia-Herzegovina, provincia que Serbia reivindicaba como parte de la Serbia étnica e histórica.

La política mundial alemana transformó el orden internacional en un sistema bipolar (Alemania y Austria-Hungría, de una parte; Gran Bretaña, Francia y Rusia, de otra) y llevó, en un mundo crecientemente inestable, al aislamiento de Alemania e incluso a su «cercamiento» por Francia y Rusia, la hipótesis que había inspirado desde 1892 los planes de guerra de los estados mayores alemanes. Alemania, en suma, rompió el equilibrio internacional y provocó una siempre peligrosa bipolarización entre las potencias. Ello no significaba necesariamente la guerra. Pese a carreras de armamento, rivalidades, nacionalismos, crisis y conflictos locales, el sistema había funcionado hasta 1914. Pero falló en julio de 1914. Los mismos elementos que lo habían creado y gestionado durante años (cancillerías, diplomacias personales, sistemas de alianzas) desencadenaron ahora —por decisiones precipitadas, errores de percepción y riesgos mal calculados— las fuerzas que terminaron por destruirlo.

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El despertar de Asia y África

Entre 1899 y 1902, el Imperio británico era mantenido en jaque en África del Sur por una guerrilla informal de granjeros de origen holandés, pero africanos de muchas generaciones, los bóers. En 1905, Rusia fue vencida en otra guerra —de grandes proporciones— por un país asiático, Japón. Parecía, pues, que Europa, que había logrado el pleno dominio mundial en los últimos treinta años del siglo XIX, empezaba a dejar de mandar en el mundo.

Desde luego, desde principios del siglo XX y en algún caso como la India desde antes, el nacionalismo irrumpió definitivamente en Asia y África, como revelaban los hechos citados y otros como las revoluciones nacionales de Persia (1906), Turquía (1908) y China (1911: sublevación militar, caída del Imperio, proclamación de la república), la resistencia al avance colonial europeo en puntos de Asia y África, la agitación por la autonomía y el autogobierno que se fue extendiendo por la India desde la creación del Partido del Congreso en 1885.

El nacionalismo vendría a dar sentido y legitimidad a la reacción antioccidental de muchos pueblos asiáticos y africanos integrados en los imperios occidentales. Con independencia de la calidad de la administración colonial y no obstante el papel que la colonización tuviese en la modernización de Asia y África, desde fines del siglo XIX los imperios estuvieron de hecho en guerra permanente: Gran Bretaña, en África del Sur, en Egipto, en Sudán, en Costa de Oro (futura Ghana), en Rhodesia; Francia, en Túnez, en el Sahara, en Indochina; Italia, en Abisinia y luego en Libia; España, en Marruecos (donde desde 1906 compartía funciones de protectorado con Francia).

En ciertas regiones, aquella reacción cristalizó en movimientos reformistas y hasta revolucionarios: la lucha anticolonial aspiró a veces a liquidar, paralelamente, las instituciones, oligarquías, religiones y costumbres semifeudales y tradicionales anteriores al dominio colonial. A menudo, sin embargo, el nacionalismo anticolonial conllevó elementos negativos y antidemocráticos —ambiciones territoriales, concepciones etnicistas, religiosas y exclusivistas de la nacionalidad, culto a la violencia, irracionalismos milenaristas y populistas— que lo condicionarían decisivamente. Así, en Japón, y en parte en China y Turquía, el nacionalismo fue un movimiento modernizador, reformista y a veces democrático. Pero sirvió también de fundamento a políticas y reacciones de carácter militarista y autoritario. El expansionismo militar de Japón concretamente, evidente ya a finales del siglo XIX —y que se tradujo en las anexiones de Formosa, de parte de las islas Sajalin, de Corea (1910), y de parte de Manchuria en el norte de China—, fue la consecuencia casi natural del engrandecimiento que el país había experimentado desde 1868, desde la revolución Meiji —una revolución desde arriba propiciada por la propia nobleza japonesa y el nuevo emperador Mutsu-Hito—, y de la exaltación nacionalista que lo cimentó: militares e ideólogos ultranacionalistas ambicionaban la ilusión de un renacimiento de Asia bajo el liderazgo militar y espiritual de Japón.

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) hizo estallar el orden colonial. A ello contribuyeron el hecho mismo de que los principios de autodeterminación y nacionalidad constituyeran el fundamento del nuevo orden internacional creado tras la guerra, basado en la Sociedad de Naciones; y la decepción que en el mundo colonial produjo la ampliación del poder de Gran Bretaña y Francia en Oriente Medio bajo la forma de mandatos y, sin duda también, la necesidad de las propias potencias coloniales de establecer nuevas formas de organización de sus dominios.

A partir de 1919, los poderes coloniales se encontraron, en cualquier caso, con una creciente oposición cuyo epicentro fue la India y su símbolo Gandhi, el líder del Partido del Congreso, y sus grandes campañas de desobediencia civil y resistencia pasiva contra el dominio británico que se prolongaron hasta el mismo momento de la independencia en 1947. Oriente Medio emergió a su vez como un nuevo escenario de tensión. Los mandatos británico (sobre Iraq, Palestina y Transjordania) y francés (Siria y Líbano), aun decisivos para la creación de dichos territorios como estados nacionales árabes, no fueron mandatos tranquilos. Graves disturbios, complicados por conflictos étnicos y religiosos entre las distintas comunidades religiosas de la zona, estallaron en Iraq (1920), Siria (1925-1927) y Palestina (1929, 1936-1939), donde el compromiso británico hecho público en 1917 de crear un «hogar judío» —la reivindicación del sionismo desde su aparición en 1897— supuso un nuevo y especial desafío al islam (aunque la población judía, unas 385 000 personas, no llegaba en 1936 ni siquiera al 30 % de la población palestina). En Egipto, protectorado británico, Gran Bretaña, ante la creciente agitación nacionalista, optó en 1922 por dar paso a una monarquía constitucional, pero reteniendo el control sobre Suez y Sudán. Messali Hadj creó en 1927 la primera organización anticolonialista argelina, la Estrella Norteafricana. En Marruecos, protectorado hispano-francés, la resistencia antiespañola, intermitente desde 1910, escaló decisivamente desde 1920, cuando Abd-el Krim, jefe de las cabilas de las montañas del Rif, desencadenó una eficaz guerra de guerrillas, que solo pudo ser dominada en 1927 tras una acción militar conjunta hispano-francesa a gran escala.

En Asia, las manifestaciones de descontento y oposición del nacionalismo anticolonial se extendieron ahora a Birmania, Ceilán, Indonesia e Indochina. El nacionalismo nacional siguió siendo, paralelamente, factor determinante en el cambio histórico del continente. En Turquía, la derrota en la Primera Guerra Mundial (el país entró en la guerra del lado de Alemania y Austria-Hungría) tuvo consecuencias revolucionarias: tras vencer a Grecia en una nueva guerra, derivada de la mundial, y abolir el sultanato y el califato (1923), Mustafa Kemal secularizó el Estado, occidentalizó la sociedad e inició la industrialización del país. En China, comunistas y nacionalistas pugnaron por el control y la dirección de la revolución nacional, una necesidad histórica tras la caída del Imperio en 1911 y la gravísima crisis de Estado que se produjo como consecuencia, revolución que estalló a partir de 1919 y que no se resolvió definitivamente hasta el triunfo comunista en 1949.

Japón reforzó sus posiciones internacionales y militares al hilo de la Primera Guerra Mundial: aumentó sus derechos en Manchuria, y se aseguró las posesiones y concesiones que Alemania había tenido en China y en el Pacífico. Pese a la aparente supremacía de los partidos políticos y a la naturaleza parlamentaria del sistema político del país, el ejército era la clave del poder. Muchos oficiales jóvenes, afiliados a sociedades secretas ultranacionalistas, creían en la construcción de un imperio militar japonés revolucionario y nacionalsocialista que restaurara todo el poder en el emperador. Tres jefes de gobierno fueron asesinados entre 1921 y 1932; oficiales de la guarnición de Tokio intentaron en 1936 un golpe de Estado, asesinando a varios exjefes de gobierno y a conocidas personalidades de la vida pública. En 1932, tras un atentado contra soldados de las tropas japonesas allí estacionadas, el ejército decidió unilateralmente la ocupación de Manchuria. Japón creó en la región, pese a la condena internacional, el Estado títere de Manchukuo; en 1936, se adhirió al eje Roma-Berlín creado por las potencias fascistas; en 1937, tras otro incidente militar, esta vez en las afueras de Beijing, declaró la guerra a China. En pocas palabras, Japón, el país que había encabezado la revuelta de Asia, había derivado hacia una forma de fascismo militar desde arriba.

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El otro Occidente

En 1880, Argentina era el mayor exportador del mundo de cereales y carne. En 1900, su red ferroviaria tenía 16 400 kilómetros. Más de tres millones de personas (sobre todo españoles e italianos) emigraron al país entre 1860 y 1913. Buenos Aires era en 1900 una gran ciudad de 950 000 habitantes; Río de Janeiro tenía 811 000; México, Santiago de Chile y Montevideo, más de 300 000; Sao Paulo y La Habana, 250 000. Chile experimentaba un considerable desarrollo económico y comercial gracias a la extracción y producción de nitratos, fertilizantes y cobre. La economía mexicana creció entre 1895 y 1910 a una media anual del 3,5 %; en 1910 su red ferroviaria sumaba 24 000 kilómetros.

Cuando comenzaba el siglo XX, Brasil (cerca de dos millones de inmigrantes entre 1870 y 1914, 70 % de la producción mundial de café en 1900), Argentina, Chile, Uruguay, México, Venezuela (explotación de petróleo desde 1917) y Cuba —país que entre 1900 y 1910 experimentó una excepcional transformación— eran países que ofrecían, indudablemente, múltiples posibilidades. Con economías de exportación (ganado y cereales en el sur; café en Brasil y Colombia; plata y estaño en Bolivia; nitratos y cobre en Chile; guano, cobre, algodón en Perú; azúcar en Cuba; petróleo en Venezuela y México) y grandes inversiones de capital extranjero en minas, bancos, electricidad, gas, ferrocarriles, tranvías e instalaciones portuarias, América Latina estaba cada vez más integrada en la economía mundial.

Como mostraban la aparición entre 1890 y 1914 del modernismo, el movimiento literario liderado por Rubén Darío; el despertar de la conciencia continental (Rodó, José Martí, Hostos, Vasconcelos, Mariátegui…) y el despliegue cultural de todo el continente (novelas de la naturaleza o de la tierra; literatura indigenista; la novela de la revolución mexicana; vanguardias literarias y artísticas: Vallejo, Huidobro, Neruda, Borges… los muralistas mexicanos, Orozco, Rivera, Siqueiros; las novelas de dictadores, como El Señor Presidente de Asturias, etcétera), América Latina no estaba en la periferia de la modernidad: desarrollaba su propia modernidad. La historia de América Latina en el siglo XX iba a ser la historia de una inmensa revolución.

La preocupación del pensamiento y la literatura continentales por cuestionarse y definir la propia realidad latinoamericana, por buscar las raíces y la identidad del continente y de sus distintas realidades nacionales (a las que en 1903 se añadió Panamá), ponía de relieve el carácter problemático que en América tenía desde la independencia la construcción nacional: estados débiles, población escasa, desvertebración geográfica, escasa socialización de la política (muy evidente en países con fuerte población indígena), atraso económico, social y educativo, inestabilidad y violencia políticas. Latinoamérica tendría que afrontar en el siglo XX inmensos problemas de construcción y vertebración nacionales, de desarrollo económico y social, de articulación de la sociedad civil, de legitimación del poder, fortalecimiento del Estado y estabilización de la política: entre 1900 y 1945 se produjeron 104 cambios de poder violentos: revoluciones, golpes de Estado, asesinato de presidentes.

La modernización política de América Latina (62, 6 millones en 1900; 126 millones de habitantes en 1940) fue, pues, extraordinariamente compleja. El continente no estaba inexorablemente condenado al ciclo guerras civiles-caudillismo, que había jalonado su evolución en el siglo XIX. Desde más o menos 1880, Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, por ejemplo, tuvieron evoluciones políticas comparativamente estables. Dirigida por una oligarquía liberal-conservadora, Argentina vivió desde 1880 (presidencias de Julio A. Roca, Juárez Celman, Carlos Pellegrini, Luis Sáenz Peña y otros) un proceso extraordinario de transformación, la llegada masiva de inmigrantes y una inusitada estabilidad política, que culminó en 1912 con la aprobación de una reforma electoral —sufragio universal, secreto y obligatorio para varones mayores de dieciocho años— que posibilitó la transición pacífica a la democracia: las elecciones de 1916 llevaron al poder a Hipólito Yrigoyen (1916-1922), el líder de la Unión Cívica Radical, el partido de las clases medias urbanas que desde 1890 reclamaba elecciones limpias y la reforma radical del país. Bajo el liderazgo de José Batlle y Ordóñez, presidente en 1903-1907 y 1911-1915, y de su partido, el Partido Colorado que gobernó hasta 1958, Uruguay se transformó en un Estado moderno: Estado de derecho, nacionalización de servicios públicos e instituciones financieras, sistema estatal de seguridad social, grandes obras públicas estatales, extensión de la educación pública. Tras el enfrentamiento entre el Parlamento y el presidente Balmaceda (1886-1891), Chile tuvo hasta 1925 un régimen parlamentario —dominado por la Unión Liberal y la Alianza liberal-conservadora—, sin duda inestable y fragmentado (y desafiado por la intensa agitación laboral protagonizada por los trabajadores mineros) pero civilista y abierto: las elecciones de 1920 llevaron a la presidencia al dirigente liberal popular Jorge Alessandri, que en 1925, en un segundo mandato, aprobó una nueva Constitución democrática, laicista y social.

La misma Revolución mexicana (1910-1920) estalló en principio como un movimiento en nombre de la democracia —oposición, encabezada por Francisco Madero, un hacendado liberal a la reelección del presidente Porfirio Díaz que gobernaba desde 1880—, como una fractura, por tanto, dentro de la propia élite de poder. La destrucción del «porfiriato» tras la renuncia de Díaz, desató un caótico y fragmentado proceso revolucionario, o varios procesos revolucionarios simultáneos (levantamientos populares, asesinato de Madero, golpe del general Huerta, ejércitos revolucionarios de Carranza, Obregón, Villa y Zapata), que nadie pudo controlar, pero que condujo, primero, al triunfo del constitucionalismo, encarnado por Carranza y la Constitución de 1917 y, después, a la estabilización del nuevo orden revolucionario, ya con las presidencias de Obregón (1920-1924), y Plutarco Elías Calles (1924-1928).

En otros países, las tendencias hacia la transformación política fueron, sin duda, mucho más limitadas (dictaduras de Juan V. Gómez en Venezuela, 1908-1935; Estrada Cabrera en Guatemala, 1898-1920; Augusto B. Leguía en Perú, 1919-1930). Estados Unidos, para quien América Latina y especialmente el Caribe iban adquiriendo creciente valor, intervino militarmente —como respuesta a situaciones inmediatas, no como proyecto de anexión a corto o medio plazo— en la República Dominicana (1905, 1916-1924), Cuba (1906-1909, 1911-1912, 1917-1922), Panamá (1908, 1912, 1918), Honduras (1911, 1922), Nicaragua (1909-1933), México (1914, 1916) y Haití (1915-1934).

Los cambios que se venían produciendo —industrialización y urbanización crecientes, inmigración masiva, exigencias de participación política, ciclos de prosperidad y crisis, mayor poder del Estado, malestar social, presencia de Estados Unidos— eran de una forma u otra considerables. Los efectos de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) —caída general de importaciones y de la inversión extranjera, boom temporal de exportaciones, industrialización de sustitución, crisis económica de la posguerra, nueva recuperación en los años veinte— condicionaron aún más la evolución continental. La insatisfacción se tradujo en manifestaciones significativas: agitación universitaria en numerosos países, huelgas y protestas obreras, creación de partidos comunistas, aparición de movimientos populistas (como el APRA peruano de Haya de la Torre, 1924), ideologías agraristas e indigenistas, brotes de malestar militar, levantamiento cristero en México (1927). La repuesta pareció estar en el nacionalismo. En México, por ejemplo, el presidente Obregón (1920-1924) oficializó el indigenismo (como hizo en Perú la dictadura de Leguía, 1919-1930). El presidente Calles, que controló el país entre 1924 y 1934, institucionalizó el partido de la revolución, el Partido Nacional Revolucionario, aseguró el presidencialismo y la continuidad de la revolución en el poder. Lázaro Cárdenas (1934-1940) nacionalizó los bienes nacionales —el petróleo— e integró en las estructuras del poder a las organizaciones obreras y sindicales.

Golpes militares nacionalistas pusieron fin a los regímenes parlamentarios en Chile (1924), Argentina (1930), y Brasil (1930). Machado creó en Cuba (1924-1933) una dictadura con rasgos fascistizantes. La crisis de 1929, cuyos efectos en América Latina —una economía de exportación y capitales extranjeros— fueron desastrosos, reforzó el giro nacional y autoritario: once de las veinte repúblicas cambiaron irregularmente de gobierno entre 1930 y 1931. La nuevas dictaduras de Guatemala (general Ubico, 1931-1944), El Salvador (Hernández Martínez, 1931-1944), República Dominicana (A. Somoza, 1937-1956), y Honduras (Carlos Andino, 1932-1949) no fueron sino dictaduras civiles o militares tradicionales. En Cuba, la revolución de 1933 contra Machado desembocó en el régimen del coronel Batista (1933-1944), un régimen populista que legalizó los partidos y permitió una amplia libertad política y cultural (aunque no satisfizo las expectativas suscitadas por la revolución de 1933, origen de buena parte de lo que sucedería en el país hasta la revolución castrista de 1959).

El golpe chileno de 1924 culminó en la dictadura del general Ibáñez del Campo (1927-1931) que, a través de una política de obras públicas, la creación de un sector bancario del Estado y la extensión de derechos sociales a los trabajadores, dio a Chile cuatro años de estabilidad y prosperidad cuya memoria gravitaría, luego, sobre la democracia chilena, restaurada en 1932. El golpe brasileño llevó al poder en 1931 a Getulio Vargas, que gobernó hasta 1945 (y luego, entre 1951 y 1954). Su Estado Novo fue un régimen nacionalista, corporativo, centralizado, que impulsó desde el Estado la industrialización del país, llevó a cabo grandes obras de infraestructura, regularizó la exportación del café y estableció una amplia legislación social. El golpe argentino de 1930, encabezado por el general Uriburu, puso fin a sesenta años de gobierno civil. Dio paso en 1932 a una situación moderada que restableció el régimen constitucional. Pero hizo del ejército el árbitro de la vida política. El 4 de junio de 1943, un nuevo golpe, dirigido por oficiales nacionalistas y proalemanes (los generales Ramírez y Farrell, el coronel Juan Domingo Perón), implantó un régimen autoritario, antiliberal y anticomunista, en el que el coronel Perón, ministro de Trabajo y vicepresidente del Gobierno, puso los cimientos de un nuevo orden social sobre la base de una amplia y progresiva política laboral y el apoyo sindical. La dimisión del gobierno militar en octubre de 1945 no significó el retorno de la democracia: grandes manifestaciones populares llevaron al poder a Perón, como certificaron las elecciones de febrero de 1946.

La América Latina de 1945, en cualquier caso, no era la América de 1900. La población total en 1950 era de 159,3 millones de habitantes. Buenos Aires tenía ya en torno a cinco millones; Río de Janeiro, tres millones; Sao Paulo y México, más de dos millones; Santiago de Chile y La Habana, en torno a 1-1,2 millones de habitantes. Transportes, electricidad, comunicaciones (prensa, radio: en Argentina desde 1924), deportes de estadio, teatros, cine, universidades, editoriales, ateneos, centros y revistas culturales, habían cambiado la vida colectiva. El tango argentino (con la figura de Carlos Gardel), el samba brasileño, la música cubana, se habían popularizado, desde los años veinte, en todo Occidente. Uruguay ganó en 1930 el primer Campeonato mundial de fútbol. Los países latinoamericanos tuvieron desde 1920 un papel muy activo en la gestión de la Sociedad de Naciones. Cualesquiera que fuesen sus problemas, el continente, a diferencia de Europa, solo conoció una guerra: la guerra del Chaco (1932-1935) que enfrentó a Bolivia y Paraguay por viejos problemas fronterizos. En 1945, la escritora chilena Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura. Decididamente, América Latina contaba en el mundo.

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La Primera Guerra Mundial

Preparada por las tensiones en los Balcanes y la ruptura que para el orden internacional supuso la irrupción de Alemania como potencia mundial desde 1897; precipitada por el asesinato en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, del heredero del Imperio austrohúngaro por jóvenes nacionalistas serbios, por las alianzas internacionales de las potencias y por las decisiones ineptas, errores de percepción y riesgos calculados fallidos de las principales cancillerías europeas (Austria-Hungría, Rusia, Francia, Alemania), la guerra comenzó el 2 de agosto de 1914 cuando los ejércitos alemanes —siete ejércitos, 1,5 millones de hombres— entraron por Luxemburgo y Bélgica para atacar Francia. El 6 de agosto, Inglaterra envió una Fuerza Expedicionaria para apoyar a Bélgica y Francia. El 10, tropas austrohúngaras atacaron a Rusia; el 12, dos ejércitos rusos invadieron Prusia oriental; ese día, otro ejército austriaco invadió Serbia. La localización del conflicto en los Balcanes —esto es, alguna operación militar de Austria-Hungría sobre Serbia por el atentando de Sarajevo— resultó, de esa forma, imposible.

Probablemente, en 1914 nadie quería una guerra mundial. La activación por Alemania de unos planes estratégicos para el caso de una guerra contra Francia y Rusia —que fue el supuesto que se dibujó en 1914—, planes que contemplaban una acción fulminante contra Francia para impedir la guerra en dos frentes, precipitó al mundo en una guerra de enormes dimensiones que se iba a prolongar hasta noviembre de 1918, en la que iban a intervenir unos sesenta millones de hombres (de los que morirían en torno a diez millones) —por un lado, los aliados occidentales, la entente de Francia, Gran Bretaña, Rusia, Serbia, Japón y más tarde Italia (1915), Rumanía, Estados Unidos (1917), Portugal, Grecia; por otro, los poderes centrales, esto es, Alemania, Austria-Hungría y enseguida Turquía y Bulgaria—, y cuyos escenarios principales iban a ser un frente occidental tendido desde Bélgica a Suiza, el frente oriental de Riga al mar Negro y la frontera ítalo-austriaca, más la guerra en el mar, la guerra aérea y los pequeños frentes marginales en Oriente Medio y otros puntos.

La guerra fue, pues, todo lo contrario a lo que había supuesto la estrategia alemana (basada en el Plan Schlieffen de 1905): eliminar a Francia y guerra en un solo frente contra Rusia. Tras el avance alemán por Bélgica, Francia detuvo la ofensiva alemana en la batalla del Marne (5 a 8 de septiembre de 1914), después de lo cual, y tras la carrera hacia el mar de ambos ejércitos (alemán y anglo-francés), la guerra en el frente occidental derivó hacia una guerra estática de contención y posiciones, a lo largo de una línea de centenares de kilómetros de trincheras y alambradas extendida desde Flandes hasta Suiza por el Artois, Picardía (con el río Somme), Reims, Lorena (con Verdún) y Alsacia. En el este, las victorias rusas iniciales (Rusia movilizó un ejército de 2,7 millones de hombres) fueron contrarrestadas pronto por grandes contraofensivas alemanas (al mando de Hindenburg y Ludendorff), por la ocupación de Serbia por Austria-Hungría y por la entrada de Turquía en la guerra (noviembre de 1914), hechos que por un lado desplazaron la guerra, ya en 1915, hasta la línea Riga-Pinsk-Czernowitz-mar Negro, y por otro, llevarían a los aliados a lanzar una gran operación, lamentablemente fallida, sobre los Dardanelos en Gallipolli (de abril de 1915 a enero de 1916), a cargo de los ingleses con tropas australianas y neozelandesas; a abrir un frente en los Balcanes desde Salónica para penetrar hacia Serbia y Bulgaria, y a activar, en 1916, Oriente Medio contra los turcos (guerrilla árabe mandada por el coronel T. E. Lawrence; ejército regular de Allenby desde Iraq). La entrada en la guerra, en mayo de 1915, de Italia —un país profundamente dividido ante la guerra pero que se inclinó del lado de los aliados occidentales ante la promesa de reintegración de la Italia «irredenta», los territorios italianos en Trento y el Adriático— creó por último un nuevo frente, una costosa y difícil guerra de montaña en la región alpina fronteriza entre Italia y Austria, al norte de Venecia y del río Isonzo.

Fracaso del plan alemán inicial de guerra, guerra de posiciones, equilibrio militar: eso fue, en síntesis, la guerra mundial entre 1914 y 1917. La contienda en 1916 fue una brutal guerra de desgaste: ofensiva franco-británica en el río Somme (julio-noviembre de 1916) con unas 600 000 bajas por ambas partes; contraofensiva alemana sobre Verdún (febrero-diciembre de 1916) que creó la leyenda de la resistencia de la plaza mandada por Pétain (unas 550 000 bajas francesas, por 450 000 bajas alemanas); brillante, pero fracasada, ofensiva rusa, en junio de 1916, al mando del general Brusilov por la Galitzia polaca. Las ofensivas y contraofensivas en los frentes occidentales —en que fueron apareciendo nuevas armas: gas mostaza, tanques— fueron inútiles: las líneas no llegaron a modificarse. La ofensiva de Brusilov mostró ya las muchas debilidades de Rusia. Los fortísimos combates en el río Isonzo entre austriacos e italianos no rompieron la línea. Los aliados solo lograron avances en Oriente Medio. La guerra en el mar, que se concretó en la gigantesca batalla de Jutlandia (31 de mayo-1 de junio de 1916) —161 barcos ingleses contra 99 barcos alemanes, con 25 barcos hundidos y 10 000 marinos muertos—, quedó equilibrada: ninguna de las partes logró la superioridad naval.

1917 fue, de esa forma, el año crucial en que ambas partes buscaron denodadamente la decisión final militar, y en el que, tras la caída del zarismo en marzo y la salida de Rusia de la guerra tras el triunfo de la Revolución bolchevique en octubre —ambos consecuencia de los gravísimos resultados del país en la guerra: 1,7 millones de muertos, pérdida de Letonia, Estonia, Lituania y Polonia—, más el éxito de la guerra submarina a ultranza por Alemania (que además bombardeó ciudades aliadas con dirigibles Zeppelin), el equilibrio pareció romperse a favor de los poderes centrales. Los aliados occidentales volvieron a lanzar otras dos gigantescas ofensivas en el frente occidental, iguales a las de 1916 (avalanchas de soldados contra las posiciones enemigas precedidas por intensos bombardeos de la artillería) e inútiles como aquellas: una ofensiva francesa, a cargo del general Nivelle, en abril de 1917 por Cambrai, Vervins y el Camino de las Damas, agotadora y fracasada, y que tuvo que ser detenida en mayo; la ofensiva británica —pero con soldados también canadienses y norteamericanos— de julio-noviembre, al mando del general Haig por Ypres y Paschaendaele, los campos «rojos» de Flandes (por la sangre de los soldados y el color de las amapolas), en la que pudieron morir en torno a 250 000 hombres por cada bando. Los italianos sufrieron en octubre de 1917 la terrible derrota de Caporetto, escenario de Adiós a las armas, la novela antibelicista de Hemingway. En 1917, los aliados solo avanzaron en Oriente Medio: los árabes de Lawrence y las tropas de Allenby tomaron Bagdad en marzo, y Jerusalén, en diciembre. Su mayor victoria fue, sin embargo, otra. El hundimiento de barcos de pasajeros por los submarinos alemanes decidió a Estados Unidos (6 de abril de 1917) a entrar en la guerra. Envió inicialmente una fuerza no especialmente grande, unos 130 000 hombres (aunque la movilización de jóvenes, voluntaria, fue extraordinaria). Pero el presidente Wilson impuso, a cambio de la entrada en la guerra, la aceptación de unos objetivos para la misma —los catorce puntos de Wilson, hechos públicos en enero de 1918—, que tras la victoria de los aliados, en noviembre de 1918, iban a cambiar literalmente la estructura del mundo.

La victoria aliada se produjo de forma hasta cierto punto inesperada y sorprendente. La salida de Rusia de la guerra dio a Alemania la posibilidad de volver a su planteamiento inicial de guerra en un solo frente. La ofensiva alemana, una ofensiva doble, en marzo de 1918 sobre Flandes y en julio sobre el Marne, ofensiva al mando del general Ludendorff con una fuerza formidable de 69 divisiones y 3,7 millones de hombres, pudo ser contenida (de hecho, la ofensiva sobre el Marne fue un fracaso alemán). Bajo el mando del mariscal Foch, flanqueado por todos los altos mandos de sus ejércitos (Pétain, Haig…), los aliados contraatacaron en todos los frentes desde julio, en una guerra móvil con tanques, vehículos de motor y aviones. El 8 de agosto lograron la gran victoria de Amiens, que tuvo un efecto psicológico decisivo; el 2 de septiembre, las tropas de Haig rompieron la principal línea alemana. Paralelamente, los franceses rompieron, en septiembre, el frente de Salónica y provocaron la capitulación de Bulgaria (lo que dejó a Turquía expuesta a un ataque aliado sobre Estambul). Allenby y Lawrence de Arabia tomaron Damasco y Aleppo: Turquía capituló el 30 de octubre. Italia, bajo el mando del general Díaz, destrozó el ejército austriaco en Vittorio Veneto (24-30 de octubre); Trento fue conquistada el 3 de noviembre.

La guerra estaba terminada. Las tropas aliadas fueron avanzando en octubre por el norte de Francia, Bélgica y Luxemburgo, mientras los ejércitos alemanes, limitados ya a operaciones dilatorias, se replegaron sobre su país. El 3 de octubre de 1918, el káiser Guillermo II cambió su gobierno (que durante la guerra habían encabezado Bethmann-Hollweg, 1909-1917, y el conde Hertling, 1917-1918) y nombró canciller al príncipe Max von Baden, con la idea ya de negociar un armisticio. En un clima de amotinamientos y sedición de soldados y marinos e insurrección revolucionaria en algunas ciudades alemanas, el 8 de noviembre una delegación alemana, encabezada por Matthias Erzberger, negoció con Foch en Compiègne la rendición total. Guillermo II abdicó el día 10; el 12 lo hizo el emperador austro-húngaro Carlos, el último Habsburgo. En Alemania, Austria y Hungría se proclamó de forma inmediata la República. Checos y yugoslavos proclamaron la independencia.

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La ilusión de la paz

La Primera Guerra Mundial cambió la historia para siempre. La guerra supuso la desaparición de los viejos imperios dinásticos y autocráticos, los imperios ruso, alemán, austro-húngaro y otomano, y la aparición, con la creación en 1920 de la Sociedad de Naciones, de un nuevo orden internacional basado en el principio de diplomacia democrática y abierta. Las constituciones de los nuevos países creados tras la guerra fueron, por lo general, impecablemente democráticas. Los gobiernos asumirían en todas partes la gestión de la economía, del empleo y de la seguridad social: la jornada laboral de ocho horas, por ejemplo, fue acordada en numerosísimos países en 1919.

El esfuerzo que por cimentar una paz duradera se hizo en la conferencia internacional de París (del 18 de enero de 1919 al 20 de enero de 1920), y en los tratados resultantes de ella que pusieron fin a la guerra, fue extraordinario. El Tratado de Versalles obligó a Alemania, ahora una República con capital en Weimar, a devolver Alsacia y Lorena a Francia, a entregar sus colonias y a ceder parte de sus territorios del este a la nueva Polonia (y Schleswig a Dinamarca). Le prohibía expresamente la unión con Austria; la región del Saar quedó bajo administración de la Sociedad de Naciones y ocupación francesa hasta 1935; la región del Rin fue desmilitarizada. En el este, se reconstruyó Polonia. Danzig, ciudad de mayoría alemana en territorio polaco, fue declarada Ciudad Libre pero se trazó un pasillo entre Danzig y la frontera alemana para permitir el acceso de Polonia al mar, cortando así Prusia oriental del resto de Alemania.

Versalles reconoció Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia como países independientes. Los aliados dividieron, a su vez, el Imperio austrohúngaro. Checoslovaquia y el reino de Yugoslavia (Serbia, Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina) fueron reconocidos como países de pleno derecho. Austria quedó reducida a una pequeña república de seis millones de habitantes, y Hungría, que perdió dos terceras partes de su territorio, a otra de ocho millones (veinte millones antes de la guerra). Transilvania, región exhúngara de población mayoritariamente magiar, y Bucovina fueron entregadas a Rumanía. Galitzia y parte de la Alta Silesia alemana quedaron incorporadas a la nueva Polonia. El sur del Tirol (Trento), Trieste y la península de Istria —pero excluyendo el puerto de Fiume (Rijeka)— pasaron a Italia. Bulgaria cedió la Dobrudja del sur a Rumanía, y Tracia occidental a Grecia (y perdió así acceso directo al Mediterráneo).

Tras derrotar a Grecia en una nueva guerra (1922), proclamar la República (1923) y abolir el sultanato y el califato, nació una nueva Turquía —reconocida por el Tratado de Lausana de julio de 1923— integrada por Anatolia, Tracia oriental, parte de Armenia y Kurdistán, más la posesión neutralizada de los estrechos; se reconoció a Gran Bretaña y Francia mandatos sobre Siria y Líbano (Francia) y sobre Iraq, Transjordania y Palestina (Gran Bretaña), según el pacto secreto que en mayo de 1916 habían negociado los diplomáticos sir Mark Sykes y François Georges-Picot.

Democracia y paz serían, sin embargo, aspiraciones poco menos que quiméricas. Europa había perdido el pulso vital y el tono moral que la habían llevado a hegemonizar el mundo antes de 1914. La guerra dejó un balance de diez millones de muertos y cerca de treinta millones de heridos, una gigantesca catástrofe humana y demográfica, y destrucciones y devastaciones a escala desconocida, con un coste incalculable. El nuevo orden creado en París nació bajo el signo de la inestabilidad y los conflictos. Las nuevas naciones del centro y este de Europa, especialmente, nacieron condicionadas por el doble peso de la herencia de la guerra (gravísimos daños materiales, fuerte endeudamiento exterior, inflación, inestabilidad monetaria, pago de reparaciones en el caso de los países derrotados, sostenimiento de excombatientes, viudas y huérfanos, desempleo) y por las casi insalvables dificultades que los problemas de tipo étnico y los conflictos fronterizos plantearían en cada caso a la propia construcción nacional. Polonia se vio de inmediato —de abril a octubre de 1920— implicada en una durísima guerra con la Rusia soviética y en una agria disputa con Lituania en torno a Vilna. En Hungría, el fin del imperio dio paso a una república democrática (noviembre de 1918-marzo de 1919) y esta, a una revolución comunista (marzo-agosto de 1919), abortada por la intervención de unidades del ejército rumano en apoyo de las fuerzas contrarrevolucionarias del almirante Horthy, que entre 1920 y 1944 estableció una dictadura personal, bajo la fórmula de una regencia de una monarquía que nunca restauró. En Austria, los años 1919-1921 fueron años de crisis, de desmoralización colectiva, de inflación y hambre. Conflictos étnico-nacionalistas debidos sobre todo a la tensión entre Serbia y Croacia, amenazarían enseguida la estabilidad del nuevo Estado yugoslavo. Cuando en Italia se supo en 1919 que el puerto de Fiume (Rijeka), ciudad con un 62,5 % de población italiana, no sería reintegrado sino que quedaría como ciudad libre, milicias de excombatientes al mando del escritor D'Annunzio ocuparon (12 de septiembre) la ciudad durante dieciséis meses. La ultraderecha, liderada ya por Hitler y los nazis, intentó promover desde Múnich un golpe contra la nueva república alemana en noviembre de 1923.

La guerra, además, había trastocado toda la economía mundial. Todas las economías de posguerra tuvieron que hacer frente a fuertes crisis inflacionarias —Alemania fue el caso extremo— y a una acusada inestabilidad monetaria. Hasta 1924 no fue posible ni restablecer la estabilidad económica ni relanzar la producción ni el comercio internacionales. Los años 1919-1922 fueron en toda Europa (y en Estados Unidos) años de intensa agitación laboral, que hizo pensar que el mundo occidental estaba abocado a una situación revolucionaria (a lo que contribuyeron desde luego el ejemplo de la Revolución rusa de 1917 y la creación en toda Europa de partidos comunistas alineados con las posiciones del nuevo régimen soviético). En Francia, el número de jornadas perdidas en conflictos laborales pasó de 980 000 en 1918 a 23 112 000 en 1920. En Gran Bretaña, las jornadas perdidas pasaron de 5 875 000 en 1918 a 26 568 000 en 1920. En 1919 y 1920, se registraron graves y violentas huelgas de ferroviarios, mineros, metalúrgicos y estibadores de los puertos (y hasta de la policía). En septiembre de 1919, se declaró la huelga nacional de ferroviarios contra las medidas de recortes presupuestarios aprobadas por el gobierno; y en octubre-noviembre de 1920, la huelga general minera contra la reprivatización de las minas. Berlín y Múnich fueron escenario en 1919 de violentos conatos revolucionarios de la izquierda radical (los espartaquistas, el Partido Comunista de Alemania). En Hungría, comunistas y socialdemócratas derribaron en marzo de 1919 el gobierno formado tras la disolución de Austria-Hungría y, durante cuatro meses y medio, establecieron un Estado comunista, presidido por Béla Kun (1886-1937). Huelgas, ocupaciones de fábricas y de tierras, y motines urbanos, fueron práctica común en Italia en 1919 y 1920, el «bienio rojo»: unos 400 000 trabajadores metalúrgicos ocuparon en septiembre de 1920, durante cuatro semanas, las principales factorías y astilleros del país en apoyo de sus reivindicaciones salariales.

La estabilidad de la democracia en la Europa de la posguerra habría necesitado que los valores y la cultura democráticos estuvieran profundamente enraizados en la conciencia popular. Eso fue precisamente lo que la Primera Guerra Mundial había destruido: el optimismo y la fe en la idea de progreso y en la capacidad de la sociedad occidental para garantizar de forma ordenada la convivencia y la libertad civil. El clima social de la posguerra —nueva permisividad, vida como placer y consumo, crisis de ideas religiosas— evidenciaba una desmoralización colectiva que parecía amenazar los valores y las convenciones que habían dado hasta entonces cohesión y sentido al orden social. El nacionalismo, la violencia revolucionaria y el totalitarismo fascista y comunista adquirieron vigencia social extraordinaria. Buena parte de Europa confiaría en adelante en soluciones políticas de naturaleza autoritaria. La guerra había provocado, en Rusia, la caída del zarismo y el triunfo, en octubre de 1917, de la revolución bolchevique. Tras la llegada del fascismo al poder en Italia en 1922 y en Alemania en 1933, parecía que Europa había entrado en la era de las dictaduras.

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La era de las dictaduras

El triunfo en octubre de 1917 de la revolución bolchevique en Rusia —en realidad, un golpe de Estado dado por un partido minoritario en una situación de vacío de poder y descomposición del Estado (derrotas militares ininterrumpidas de Rusia en la guerra mundial, abdicación del zar Nicolás II, debilidad extrema de la llamada «revolución de febrero» de 1917)— creó un nuevo tipo de Estado, un régimen de repúblicas soviéticas (esto es, comunistas), una dictadura totalitaria.

Liderados por Lenin y Trotski, los bolcheviques consolidaron el nuevo orden político. Negociaron con Alemania la retirada unilateral de la guerra (a cambio de renunciar a la cuarta parte del territorio ruso). Restablecieron la policía y el ejército, que cumpliría misiones militares (en la guerra civil de 1919-1920 y en la breve guerra contra Polonia de 1920) y represivas, como el aplastamiento de la rebelión de los marinos de Kronstadt en 1921. La revolución derivó enseguida en un régimen dictatorial de partido único. En enero de 1918, el gobierno bolchevique disolvió la Asamblea Constituyente elegida en noviembre; la «Constitución» de julio de 1918 sustituyó la democracia y los partidos por la dictadura del proletariado (ejercida en nombre de la clase obrera por el partido único, que pasó a llamarse Partido Comunista en marzo de 1919) y por sóviets (asambleas) de obreros y campesinos. En 1918 fueron ya ejecutados cerca de 6500 opositores al nuevo régimen; los campos de concentración para disidentes y oposición empezaron a funcionar al año siguiente. Dictadura y represión no fueron desviaciones de la revolución: fueron elementos vertebradores de esta y, en buena medida, sus verdaderos catalizadores. El Partido Comunista fue el auténtico órgano de poder en la Rusia comunista hasta 1989 (en la Unión Soviética, nombre oficial desde 1922 del país, integrado por numerosas repúblicas y territorios): el Partido estuvo en todo ese tiempo regido por su Comité Central y este, a su vez, por el Comité Político o Politburó integrado por un exigüo número de dirigentes designados por cooptación.

La llegada en 1922 al poder en Italia del fascismo, movimiento creado en 1919 por Mussolini, tuvo igualmente importancia decisiva para Europa. Era la primera vez que un régimen constitucional y liberal (la Rusia zarista nunca lo había sido) era reemplazado por lo que enseguida se configuraría también como una dictadura totalitaria (aunque de signo opuesto a la dictadura soviética). Objeto de múltiples interpretaciones (fascismo como expresión de la crisis del capitalismo; fascismo como nacionalización de masas; fascismo como reacción de la pequeña burguesía urbana y rural; fascismo como modernización estatal y autoritaria), el fascismo fue la forma «natural» del nacionalismo de la ultraderecha. Con manifestaciones en toda Europa: Alemania (nazismo), España (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, Falange), Rumanía (Guardia de Hierro), Bélgica (Christus Rex), Hungría (La Cruz y la Flecha), Austria (por un lado, la Heimwehr o milicias nacionales paramilitares; por otro, el Partido-Nacional Socialista), Croacia (Ustacha), Francia, Gran Bretaña (Unión Británica de Fascistas), Holanda, los movimientos fascistas tuvieron estilos, ideas, programas y hasta mentalidades comunes: ultranacionalismo, elementos militaristas e imperialistas, antiliberalismo, anticomunismo, sindicalismo nacional, agrarismo, populismo, a veces racismo y antisemitismo, culto al líder y a la fuerza, autoritarismo, mística del heroísmo, de la acción y de la violencia y un estilo militar y disciplinadamente ritualizado.

En Italia, el fascismo se definió, en principio, por su negatividad y ante todo, por el recurso sistemático a la agitación y a la violencia callejeras, y a un estilo paramilitar de actuación —marchas, banderas, uso de uniformes y camisas negras, exaltación del líder, adopción del saludo romano, eslóganes y gritos rituales—, como forma de acción política y de movilización de efectivos y masas. En el poder, el régimen fascista, que Mussolini encabezó entre 1922 y 1945, se concretó en cuatro cosas: en una dictadura fundada en la concentración del poder en el líder máximo del partido y de la nación (Mussolini), y en la eliminación violenta y represiva de la oposición y la supresión de todas las libertades políticas fundamentales; en una amplia obra de encuadramiento e adoctrinación de la sociedad a través de la propaganda, de la acción cultural, de las movilizaciones ritualizadas de la población y de la integración de esta en organismos estatales creados a aquel efecto; en una política económica y social basada en el decidido intervencionismo del Estado, una política social protectora y asistencial, y la integración de empresarios y trabajadores en organismos unitarios (corporaciones) controlados por el Estado; en una política exterior ultranacionalista y agresiva, encaminada a afianzar el prestigio internacional de Italia y a reforzar su posición imperial en el Mediterráneo y África (Libia, Abisinia).

Mussolini asumió, en efecto, poderes dictatoriales. El culto al Duce (del latín dux: guía), título oficial adoptado por Mussolini al llegar al poder —primer ministro de Italia y Duce del fascismo—, pasó a ser parte esencial del Estado fascista. El fascismo suprimió las libertades políticas y sindicales y prohibió los partidos y las huelgas. Se configuró como un Estado corporativo: los intereses privados, organizados en confederaciones patronales y obreras, quedaron integrados unitariamente bajo la dirección del Estado al servicio de los intereses de la colectividad. El régimen proyectó una amplia política social para los trabajadores (casas de recreo, viajes, vacaciones, piscinas, instalaciones deportivas, centros de cultura, salas de cine). La economía quedó sujeta a un creciente control del Estado: grandes inversiones públicas en obras de infraestructura y creación de un gran sector público tras la constitución en 1933 del Instituto para la Reconstrucción Italiana, que hizo del Estado en muy pocos años el principal inversor industrial, a través de la construcción de pantanos —elemento sustancial para la electrificación del país y para la renovación de la agricultura—, del trazado de autovías y de la electrificación de la red ferroviaria.

Con la Rusia comunista y la Italia fascista, Europa no era ya igual a liberalismo, derechos del individuo, libertades y democracia. Entre 1922 y 1940, se establecieron dictaduras en España (primero, 1923-1930, la dictadura de Primo de Rivera; luego, tras la guerra civil de 1936-1939, la dictadura de Franco, 1939-1975), Albania, Portugal, Polonia, Lituania, Yugoslavia, Alemania, Austria, Letonia, Estonia, Bulgaria, Grecia y Rumanía. La mayoría de esas dictaduras no fueron formas de fascismo —algunas de ellas incluso reprimieron los movimientos fascistas—, sino dictaduras de inspiración por lo general conservadora y casi siempre nacionalista. Pero tuvieron algo en común con el fascismo: todas ellas quisieron establecer, ante el aparente fracaso de los sistemas de partidos y parlamentarios, un nuevo tipo de orden político autoritario y estable como base del desarrollo económico y social, «nacional», de sus respectivos países. Dirigidos en muchos casos (no en todos) por hombres enérgicos y carismáticos, las dictaduras de los años de entreguerras fueron regímenes en general de «regeneración», «salvación» o «unidad» nacional, justificados sobre políticas estatales de protección y asistencia social: respondieron, en suma, a la necesidad de gobiernos fuertes y de afirmación nacional que las masas, cada vez más nacionalizadas, parecieron requerir en una época de crisis intensa y generalizada. Así, la dictadura portuguesa, instaurada por el pronunciamiento militar del 28 de mayo de 1926 y una de las experiencias autoritarias más largas de todo el siglo XX (duró hasta 1974), llegó por agotamiento de la experiencia democrática que se inició en 1910 con la caída de la monarquía y la proclamación, por vez primera en toda la historia portuguesa, de la República. El régimen portugués fue inicialmente una dictadura militar, preocupada ante todo por el mantenimiento del orden público y la suspensión de toda actividad política. Bajo la dirección de António de Oliveira Salazar (1889-1970), primer ministro de 1932 a 1969, un antiguo seminarista, soltero, ascético, de vida privada reservada y anodina, al que los militares llevaron al poder por su prestigio como economista, la dictadura se institucionalizó: Salazar creó un régimen, el llamado Estado Novo, antiliberal, antidemocrático, contrarrevolucionario, católico y corporativo, inspirado en las directrices sociales del catolicismo conservador portugués, un Estado fuerte, sin partidos políticos (salvo el partido gubernamental) y en el que el gobierno era responsable no ante las cámaras sino ante el presidente, con un sistema de representación corporativa, en el que grupos y corporaciones (gremios, casas de pescadores, universidades y similares), y no los individuos, constituían la base de la representación, y en el que las cámaras (Asamblea Nacional y Cámara Corporativa) tenían muy escasas competencias.

Tras la gigantesca transformación —una verdadera revolución desde arriba— que la Unión Soviética, la URSS, experimentó desde 1927 bajo el liderazgo de Stalin (1879-1953), el secretario general del partido desde 1922 que había emergido como el nuevo hombre fuerte de Rusia a la muerte de Lenin en 1924 tras una implacable lucha por el poder entre facciones y líderes de la revolución, el régimen soviético devino, con todo, el prototipo del régimen totalitario. Tras varios años de políticas económicas contradictorias y en conjunto fallidas (primero, el comunismo de guerra; luego, la Nueva Política Económica), Stalin significó el triunfo del socialismo en un solo país, una concepción nacional-comunista de la revolución que planteaba, como primer objetivo de la revolución internacional, la consolidación y defensa de la revolución soviética y la subordinación por tanto de la política comunista internacional a los intereses de la Unión Soviética. Los objetivos, materializados en el I Plan Quinquenal (1928-1932), eran la rápida industrialización del país, la colectivización forzosa de la agricultura y la planificación de toda la actividad económica; los medios, la coerción y la represión, ejercidos a una escala jamás conocida en país alguno, y el encuadramiento de la sociedad a través de una formidable presión propagandística.

Los resultados fueron impresionantes. En 1939, la URSS era ya el tercer país industrial del mundo; en 1941, la agricultura estaba prácticamente colectivizada; los gastos de defensa subieron del 4 % del presupuesto en 1933 al 30 % en 1940. El número de trabajadores industriales pasó de 11 millones en 1928 a 38 millones en 1933. La población urbana se elevó del 17 % en 1926 al 33 % en 1939. Cine, arte y literatura fueron forzados a reflejar los valores y estética de la nueva moral proletaria, nacional y comunista. Los «héroes del trabajo», los stajanovistas, se convirtieron en el estereotipo del revolucionario y del patriota. Stalin pasó a ser «el gran arquitecto del socialismo, el más grande líder de todos los tiempos y de todos los pueblos».

El coste humano de la transformación de la URSS fue también formidable. Millones de campesinos se opusieron a la colectivización: el régimen estimó que el proceso había supuesto la deportación o liquidación de unos diez millones de personas. La producción de alimentos y la productividad agraria nunca se recuperaron. La URSS sufrió siempre de una escasez crónica de alimentos básicos. La oferta de bienes de consumo fue en todo momento paupérrima. La vivienda en las grandes ciudades fue siempre deficitaria y de pésima calidad. Los salarios fueron siempre bajísimos. El régimen estalinista conllevó la implantación sistemática y planificada del terror. En total, una cifra cercana a los diez millones de personas fueron represaliadas de alguna forma en las «purgas» de los años 1934-1941: de ellas, unos tres millones fueron ejecutadas y otras tantas murieron en campos de concentración. Seis millones más perecieron en las purgas de 1944-1946, y otro millón entre 1947 y 1953.

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Crisis de civilización

La recuperación económica que el mundo experimentó entre 1924 y 1929 creó por unos años la ilusión de la paz, materializada en el llamado «espíritu de Locarno» (por los acuerdos suscritos en esa localidad suiza por distintos países europeos confirmando la inviolabilidad de las nuevas fronteras europeas y la desmilitarización de Alemania) y en el Pacto Briand-Kellogg, por el que Gran Bretaña, Francia, la Italia fascista, Estados Unidos y Japón renunciaban a la guerra como forma de resolver los conflictos, pacto que ratificaron luego un total de 62 países. La crisis económica que se extendió por todo el mundo a partir de octubre de 1929, tras el hundimiento de la bolsa de Nueva York, y la llegada del nacionalsocialismo, del Partido Nacional-Socialista de los Trabajadores alemanes liderado por Adolf Hitler, al poder en Alemania en enero de 1933, destruyeron el espíritu de Locarno y las ilusiones de los años veinte. El desempleo alcanzó en poco tiempo (1933) cifras jamás conocidas: catorce millones en Estados Unidos, seis millones en Alemania, tres millones en Gran Bretaña y cifras comparativamente similares en numerosos países. La inseguridad, la violencia y la tensión volvieron a caracterizar las relaciones internacionales.

El triunfo de los nazis en Alemania puso de relieve la profundidad de la crisis moral de Europa. En efecto, el tipo especial de liderazgo de Hitler, el carácter paramilitar del partido, el antisemitismo, el uso formidable de la propaganda, la violencia represiva, los componentes míticos y raciales que impregnaban su nacionalismo, hicieron de la dictadura alemana y del nacionalsocialismo algo distinto de otros fascismos europeos. La Alemania nazi llevaba en su interior —en la naturaleza del partido, en sus objetivos— la semilla de un conflicto inevitable: la mezcla atropellada de nacionalismo fanático, fantasías racistas pangermánicas, antisemitismo patológico, voluntad de dominio mundial y simplificaciones geopolíticas que definían el nacionalsocialismo hacían imposible su acomodación en el orden internacional creado a partir de 1919.

Los nazis llegaron al poder como consecuencia de las debilidades estructurales de la República de Weimar, y del impacto que en Alemania tuvo la crisis económica de 1929 —seis millones de parados en 1932, inseguridad económica extrema—, que los nazis capitalizaron en su favor. En las elecciones de 1930 ganaron unos seis millones de votos respecto a las elecciones anteriores (1928) y pasaron de 13 a 107 diputados, y de un 2,6 a un 18,3 % del voto. En las elecciones presidenciales de abril de 1932, Hitler obtuvo trece millones de votos (Hindenburg, diecinueve millones; Thaelmann, candidato comunista, algo más de tres millones). En las elecciones generales de julio de 1932, los nazis, con 230 diputados y 13 745 781 votos, el 37,3 % del voto popular, fueron ya el primer partido del país.

Hitler, que llegó al poder (30 de enero de 1933) además de por los votos de su partido, por la división de la izquierda y por intrigas de políticos de la derecha tradicional que creyeron que podrían manejar a los nazis, representaba evidentemente un hecho nuevo en la política alemana. Procedió con determinación y celeridad a la conquista del poder y a la destrucción de toda oposición. Forzó la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones, que se celebraron (5 de marzo de 1933) en un clima de intimidación y violencia extremas, desencadenadas por las fuerzas paramilitares nazis, las SA, y con las garantías suspendidas como consecuencia del incendio del edificio del Reichstag, que Hitler denunció como una conspiración comunista (e ilegalizó por ello al Partido Comunista, el KPD). Tras ganar las elecciones con el 44 % de los votos, Hitler logró que las cámaras aprobaran, con la sola oposición de los socialistas, una Ley de Plenos Poderes que lo convertía virtualmente en dictador de Alemania. El 7 de abril, nombró delegados del Gobierno en los distintos estados y, a principios de 1934, disolvió los parlamentos regionales y el Reichsrat, la cámara de representación regional. El 10 de mayo de 1933, prohibió el Partido Socialista, el SPD; centenares de dirigentes socialistas y comunistas fueron enviados a campos de concentración. Los sindicatos de clase fueron disueltos y se crearon en su lugar sindicatos oficiales; las huelgas y la negociación colectiva fueron prohibidas. En julio, Hitler declaró al Partido Nazi, el NSDAP, a cuya ala radical había depurado violentamente poco antes, partido único del Estado. En agosto de 1934, a la muerte de Hindenburg, asumió la presidencia (aunque usó siempre el título de Führer), tras un plebiscito clamoroso en que logró un 88 % de votos afirmativos. La dictadura alemana había quedado en menos de un año firmemente establecida.

Los nazis hicieron un uso excepcionalmente intensivo de los mecanismos totalitarios de control social (policía, propaganda, educación, producción cultural). Impusieron un verdadero régimen de terror policial. El primer campo de concentración para prisioneros políticos se abrió el 20 de marzo de 1933, antes de transcurridos dos meses de la llegada de Hitler al poder. En 1936, con la integración de todas las fuerzas policiales y parapoliciales (SS, Gestapo o policía secreta, Policía de Seguridad, Policía Criminal, Policía Política) bajo un mando unificado, la Alemania hitleriana se convirtió en un Estado policíaco. El poder de las SS, la guardia personal militarizada del Führer, y de la Gestapo —unos 238 000 hombres en 1938—, que controlaban también los campos de concentración y los servicios de espionaje, fue inmenso, un Estado dentro del Estado. El número de presos políticos era en 1939 de 37 000. Hitler controló igualmente el ejército. En febrero de 1938 asumió el mando de las fuerzas armadas.

Los nazis hicieron un uso excepcional de la propaganda y la cultura como formas de manipulación de las masas y de indoctrinación colectiva. Antes incluso de llegar al poder, ya habían usado con extraordinario éxito los mítines de masas, los desfiles ritualizados y las coreografías colosalistas. Una vez en el poder, establecieron un rígido control sobre prensa, radio y todo tipo de manifestación cultural, e hicieron de la propaganda el instrumento complementario del terror en la afirmación del poder absoluto de Hitler y su régimen. Las bibliotecas, la educación, la universidad, fueron depuradas. La educación quedó en manos de profesorado nazi. Los jóvenes fueron obligados a afiliarse a las Juventudes Hitlerianas. El sistema judicial quedó subordinado al poder arbitrario de la policía. Las iglesias protestantes fueron puestas bajo control del Estado y del partido; el catolicismo era para los nazis una religión no nacional (aunque los católicos fueron tolerados en razón del Concordato que la Santa Sede firmó con el régimen nazi en julio de 1933). El arte de vanguardia fue considerado como un arte degenerado. El arte nacionalsocialista exaltó el clasicismo grecorromano, la grandeza y los mitos alemanes, el heroísmo y el trabajo. La producción de documentales y de películas de ficción, que por lo general glorificaban el pasado alemán y el régimen hitleriano (explícitamente antisemitas y xenófobos), aumentó considerablemente y su proyección se hizo obligatoria. Los espectáculos de masas en grandes estadios, en explanadas al aire libre, con uso abundante de recursos técnicos novedosos (luz, sonido, rayos luminosos), alcanzaron una perfección efectista sin precedentes. El régimen nazi hizo de los Juegos Olímpicos de 1936, celebrados en Berlín, una verdadera exaltación de la raza aria, de Alemania y de Hitler.

El 1 de abril de 1933 se decretó el boicot a los comercios judíos. Seis meses después, una ley excluyó a los judíos de toda función pública. El 15 de septiembre de 1935, el partido proclamó las leyes de Núremberg, leyes racistas que privaban a los judíos de la nacionalidad alemana y les prohibían el matrimonio y aun las relaciones sexuales con los alemanes: 600 000 personas quedaron de inmediato privadas de la nacionalidad. En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, «la Noche de los cristales rotos», sinagogas, comercios y propiedades judías fueron asaltadas e incendiadas en toda Alemania: 91 personas fueron, además, asesinadas. De momento se trataba de provocar la emigración masiva de los judíos. Luego, en 1941, comenzó el horror, una nueva fase de represión que culminaría con la ejecución de unos seis millones de judíos en el Holocausto, la solución final.

A lo largo de los años treinta, la guerra reapareció como factor principal de las relaciones internacionales. La crisis de Manchuria de 1931-1933 —ocupación de la región por Japón tras un atentado chino contra un tren militar japonés y creación del Estado de Manchukuo— creó un gravísimo precedente. La incapacidad de la Sociedad de Naciones para hacer efectivo el principio de la seguridad colectiva, mediante sanciones a Japón, ratificó en la práctica el derecho de la fuerza. La llegada de Hitler al poder en enero de 1933 fue aún más grave. El 14 de octubre de 1933, Alemania abandonó la Sociedad de Naciones. En enero de 1935, recuperó el Saar tras un plebiscito. El 15 de marzo de ese año, Hitler repudió de forma expresa el Tratado de Versalles, restableció el servicio militar, anunció la formación de un ejército de medio millón de hombres y reveló la existencia de la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, y planes para la construcción de una nueva marina de guerra.

La política exterior de la Italia fascista, de la Italia de Mussolini, cuya gran ambición era la creación de un nuevo Imperio romano que incluiría Libia, Somalia, Eritrea, Abisinia y Albania —donde Italia ejercía el protectorado desde 1927—, algunas islas del Dodecaneso, tal vez una Croacia y una Eslovenia dependientes y, si fuera posible, algún territorio en Oriente Medio, terminó por romper el equilibrio internacional. Italia preparó la ocupación de Abisinia (Etiopía) desde 1932. Un choque entre tropas etíopes e italianas en el oasis de Walwal, ocurrido el 5 de diciembre de 1934, le dio el pretexto. Un formidable ejército italiano de unos 300 000 hombres, con aviones, carros de combate y gas letal, invadió Abisinia, sin declarar la guerra, el 3 de octubre de 1935.

Abisinia, un éxito del régimen fascista que suscitó la adhesión entusiasta del pueblo italiano, puso de manifiesto, más aún que Manchuria, la total incapacidad del sistema internacional para prevenir y castigar la guerra. Aunque en octubre de 1935 la Sociedad de Naciones declaró a Italia agresor y le impuso sanciones económicas, la comunidad internacional no supo reaccionar. Ante la llegada de Hitler al poder, Francia impulsó su política tradicional de aislamiento de Alemania a través de la colaboración con Gran Bretaña, la aproximación a Italia y la activación de una política de alianzas con países del este europeo (que en 1935 amplió a la Unión Soviética). Gran Bretaña, absorbida por sus problemas coloniales (la India, Palestina), condicionada por una opinión pública mayoritariamente pacifista y por la existencia de círculos influyentes proclives al entendimiento con Alemania, trató de eludir la confrontación directa con Hitler y descartó la idea de ir a una nueva guerra europea por problemas que se derivaran de los conflictos en el este de Europa (como quedaría de relieve en la crisis de Checoslovaquia de 1938).

Gran Bretaña y Francia optaban, en definitiva, por la que enseguida empezaría a conocerse como «política de apaciguamiento» hacia los dictadores. Italia y Alemania colaboraron decididamente en la guerra civil española (1936-1939), apoyando abiertamente el levantamiento del general Franco contra la Segunda República. Gran Bretaña y Francia, por cuya iniciativa la Sociedad de Naciones creó un Comité de No Intervención con sede en Londres, trataron de «localizar» el conflicto e, impulsando una política de neutralidad y no intervención, impedir que la guerra española pudiera desembocar en una conflagración europea. La no intervención fue una burla: Alemania e Italia, que en teoría habían aceptado la resolución, violaron el acuerdo enviando armas, soldados y asesores a Franco (70 000 soldados italianos; unos 10 000 técnicos, expertos y aviadores alemanes); la República española solo recibió ayuda de la Unión Soviética. El resultado fue desastroso. Aunque en muchos sentidos fuera un régimen malogrado que no logró ni establecer un consenso político básico en el país ni satisfacer la revolución de expectativas que había generado, la República había abordado entre 1931 y 1933 la solución de los que se creía eran los grandes problemas (agrario, militar, religioso y territorial) que habían condicionado y obstaculizado la evolución política de la España moderna, según un proyecto que ambicionaba hacer de España un país moderno y democrático, limitar el poder del ejército y la influencia de la Iglesia, promover una educación liberal y laica, y rectificar el centralismo estatal concediendo la autonomía, primero, a Cataluña y, eventualmente, al País Vasco y Galicia. La victoria de Franco en la guerra civil, guerra de violencia y dureza inusitadas, prolongada en una represión atroz, conllevó, por el contrario, la instauración de un Estado nuevo basado en los principios de orden, autoridad y unidad de los militares, en el pensamiento social de la Iglesia y en las ideas nacionalistas y fascistas de la Falange y la ultraderecha: Estado fuerte, caudillaje militar, unidad y recatolización de España, rituales y símbolos fascistizantes, exaltación de la hispanidad y del Imperio español, principios socialcristianos, nacionalismo económico (un régimen, en suma, totalitario y filofascista, que sabría, sin embargo, adaptarse a las circunstancias y reconvertirse en una dictadura católica y prooccidental desde 1945 y sobre todo desde 1947-1950 al hilo de la Guerra Fría, y en un régimen tecnocrático y desarrollista desde 1957-1959).

El uso de la fuerza determinaba la política internacional. En octubre de ese año, Hitler y Mussolini proclamaron el Eje Berlín-Roma y, una vez que Italia abandonó la Sociedad de Naciones, suscribieron, ya en marzo de 1939, una alianza formal, el llamado Pacto de Acero; Japón se les incorporó al año siguiente. El peligro de una nueva guerra mundial era evidente. La política de apaciguamiento la hizo probablemente inevitable. Gran Bretaña y Francia terminaron por aceptar prácticamente sin protesta alguna la unión de Austria y Alemania, proclamada por Hitler el 13 de marzo de 1938, tras la entrada de fuerzas alemanas en el país, pretextando que la seguridad austriaca estaba amenazada por la agitación interior. En Checoslovaquia, nuevo objetivo, ya en agosto de 1938, de la estrategia alemana y donde el pretexto de intervención era la agitación independentista, que desde 1934 había estallado en la región de mayoría alemana de los Sudetes, la claudicación fue aún mayor. En la reunión que los cuatro grandes (Chamberlain, primer ministro británico, Hitler, Mussolini y Daladier, el primer ministro francés) celebraron en Múnich el 29 de septiembre de 1938, se dio de hecho plena satisfacción a las exigencias nazis: se acordó transferir los Sudetes a Alemania, parte de Rutenia a Hungría, y Teschen a Polonia, a cambio de la garantía de los cuatro a la independencia de Checoslovaquia, que ni siquiera fue consultada previamente. Hitler y Chamberlain —que al hilo de la crisis checa había establecido una diplomacia de relación directa con el Führer que consideraba básica para la paz— proclamaron al día siguiente su voluntad de no ir jamás a la guerra.

Múnich fue, como dijo Churchill en la Cámara de los Comunes británica, «una derrota sin guerra», no «la paz para nuestro tiempo» que había proclamado Chamberlain. El 15 de marzo de 1939, Alemania, pretextando ahora el problema creado por las aspiraciones a la autodeterminación de la región eslovaca, invadió Checoslovaquia, puso Eslovaquia bajo su protección —con un régimen encabezado por el líder del nacionalismo eslovaco, el obispo católico Jozef Tiso— y transformó Bohemia y Moravia en un protectorado alemán. El 21 de marzo, Alemania se anexionó la ciudad de Memel, antiguo puerto prusiano asignado a Lituania por el Tratado de Versalles. Días después, Hitler reiteró los derechos de Alemania sobre Danzig y el corredor polaco, área de Prusia occidental con fuerte población alemana asignada a Polonia también en Versalles, para permitirle el acceso al mar. Gran Bretaña y Francia optaron ya por abandonar las tesis del apaciguamiento y garantizar la integridad de Polonia en caso de agresión; garantizaron también la independencia de Grecia y Rumanía, amenazadas tras la ocupación de Albania por Italia en los primeros días de abril. Era ya inútil. El 1 de septiembre de 1939, solo días después de que Alemania y la URSS firmaran un pacto de no agresión que incluía cláusulas secretas para una nueva partición de Polonia, el ejército alemán invadió Polonia y ocupó Danzig. La Segunda Guerra Mundial había comenzado.

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En el fuego del combate:
la guerra civil española

La guerra española conmocionó al mundo. La guerra estalló cuando el 18 de julio de 1936 parte del ejército español se sublevó contra la Segunda República (1931-1936). Los militares, a cuyo frente apareció desde el 1 de octubre de 1936 el general Franco, se sublevaron porque aducían que la República era un régimen sin legitimidad política y contrario a la esencia católica de España; porque entendían que la concesión de autonomía a las regiones era una amenaza a la unidad nacional; y porque pensaban que las huelgas y los desórdenes que se extendieron por todo el país en la primavera de 1936 revelaban la falta de autoridad de la democracia. En una España, la de 1936, en la que, contrariamente a la tesis de los sublevados, no había amenaza comunista, aunque hubiera muy graves problemas políticos, sociales y de orden público, la sublevación militar desencadenó en la zona republicana, como reacción, un verdadero proceso revolucionario de la clase trabajadora (colectivizaciones agrarias, control sindical) bajo la dirección de los partidos obreros y de los sindicatos.

Los militares sublevados creyeron que el golpe de Estado triunfaría de forma inmediata. Se equivocaron. La sublevación militar triunfó solo en una parte de España. Fracasó en Madrid, Cataluña, Levante, Guipúzcoa, Vizcaya, Santander y Asturias, en el centro-sur del país y en gran parte de Andalucía y de Aragón. De los 31 000 oficiales que el ejército español tenía en 1935, se sublevaron unos 14 000; y unos 8500 permanecieron leales a la República (el resto sufrió distinta suerte), que retuvo además gran parte de la aviación y de la Marina. La guerra española se internacionalizó desde el primer momento. Alemania e Italia reconocieron a Franco en noviembre de 1936. Alemania envió ese mismo mes la Legión Cóndor (un centenar de aviones con pilotos y mandos alemanes) y unos 5000 asesores a lo largo de la guerra. Italia mandó unos 70 000 soldados, que entraron en combate a partir de enero de 1937. La URSS puso al servicio de la República unos 2000 asesores (instructores, aviadores, artilleros…); el total de alistados en las Brigadas Internacionales que combatieron con la República fue de unos 60 000 hombres.

La guerra, que en el verano de 1936 era una guerra de columnas y milicias, escaló a una guerra total entre dos ejércitos cada vez mejor equipados y más numerosos —unos 500 000 soldados por cada bando en la primavera de 1937—, en la que artillería y aviación, con bombardeos sobre poblaciones civiles, terminaron por cobrar importancia decisiva. El objetivo inicial de las tropas rebeldes fue Madrid, objeto de diversas ofensivas entre octubre de 1936 y marzo de 1937 —la última, desde Guadalajara, a cargo de tropas italianas—, objetivo fallido cuya resistencia reforzó la leyenda del antifascismo español. Franco llevó luego la guerra al norte. Primero, al País Vasco, al que la República concedió autonomía en octubre de 1936 y donde desde esa fecha gobernaba el Partido Nacionalista Vasco: Guernica fue bombardeada por aviones alemanes el 26 de abril de 1937. Tras la caída de Euskadi en junio de 1937, y pese a un brillante contraataque republicano en julio sobre Brunete, cerca de Madrid, Franco se apoderó de Santander en agosto y de Asturias, en octubre (tras contener otra importante ofensiva republicana, esta vez en Belchite, en Aragón).

Franco, que tuvo desde octubre de 1936 una completa unidad de mando militar, impuso ahora, en abril de 1937, la unidad política en su zona. El contraste con la evolución política de la República, cuya presidencia ocupaba Azaña desde mayo de 1936, era flagrante. Entre julio de 1936 y mayo de 1937 se formaron hasta cuatro gobiernos diferentes. El fraccionamiento político y militar del norte —Euskadi autónoma, Cantabria, Asturias— fue, precisamente, una de las causas de su derrumbamiento. Cataluña quedó paralizada por la dualidad de poder que existió desde julio de 1936 entre el gobierno autónomo, catalán presidido por Lluís Companys, y el poder de hecho ejercido por el Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña, bajo control de la CNT y la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, dualidad que culminó en mayo de 1937 con el estallido en Barcelona de una guerra civil dentro de la guerra civil, cuando milicias de la CNT-FAI y del POUM (el Partido Obrero de Unificación Marxista, un pequeño partido filotrotskista) se enfrentaron con las fuerzas del gobierno central que, ante la situación, trataban de imponer su autoridad y recuperar los puntos y edificios estratégicos controlados por las milicias (crisis que se saldó con la reafirmación de la autoridad del gobierno pero que provocó la dimisión del primer ministro, Largo Caballero, sustituido por un gobierno presidido por Juan Negrín, en el que los comunistas eran ya la clave del poder. Andrés Nin, el líder del POUM, fue secuestrado y asesinado por policías comunistas).

Tomado Teruel tras duros combates (diciembre de 1937-febrero de 1938), el ejército rebelde avanzó luego, en la primavera de 1938, por el Ebro hacia el Mediterráneo, operación que partió en dos el territorio republicano. Fracasado el contraataque republicano (22 divisiones, 250 000 hombres) en el río Ebro, ya en julio de 1938, en la batalla más larga y dura de la guerra, Franco ocupó Cataluña (enero de 1939). Aunque la República aún retenía Madrid, La Mancha, Valencia y el sureste del país, la guerra estaba decidida. 500 000 personas, Azaña entre ellas, habían salido para el exilio tras la caída de Cataluña: solo Negrín y sus asesores comunistas creían posible la resistencia. El 4 de marzo de 1939, el teniente coronel Casado, jefe del Ejército del Centro, se sublevó contra Negrín y formó un Consejo Nacional de Defensa —el Consejo que presidió el general Miaja y en el que Besteiro figuró como consejero de Estado— para negociar la paz con Franco. Madrid fue escenario durante varios días de violentos combates entre fuerzas de Casado y fuerzas de Negrín, en los que murieron dos mil personas.

Franco no quiso negociación alguna. Exigió la rendición incondicional: sus tropas entraron en Madrid el 28 de marzo de 1939. Había ganado la guerra. Murieron en ella unas 300 000 personas (en torno a 175 000 en el frente; unas 60 000 en la represión en la zona «nacional»; otras 30 000 en la represión en la zona republicana), devastó numerosos núcleos urbanos y miles de edificios, y destruyó el 50 % del material ferroviario y una tercera parte de la ganadería y de la marina mercante. Franco ejecutó a otras 50 000 personas en la inmediata posguerra.

La guerra, como era inevitable, condicionó decisiva y dramáticamente la experiencia colectiva de los españoles. La complejidad moral del conflicto no escapó a nadie: al revés, fue captada, consciente o inconscientemente, al hilo mismo de los acontecimientos, en el fuego del combate. Picasso, por ejemplo, empezó a pintar el Guernica el 1 de mayo —pocos días después, por tanto, del bombardeo—, y lo terminó en cinco semanas de creatividad frenética. La operación republicana sobre Segovia y La Granja —preparatoria de la ofensiva sobre Brunete en julio de 1937 antes referida— sirvió de marco a Hemingway para Por quién doblan las campanas. La revolución obrera de Barcelona y su liquidación en mayo de 1937 propiciaron el tema de la obra de Orwell Homenaje a Cataluña, otro libro esencial. Azaña, el presidente de la República española, dictó la versión definitiva de La velada en Benicarló —su novela sobre la guerra, que aparecería en 1939— mientras permanecía aislado, y tal vez en peligro, precisamente en Barcelona y durante aquellos mismos días, 3 a 7 de mayo de 1937. Malraux estuvo trabajando en La esperanza, que salió en diciembre de ese año, igualmente desde el mes de mayo, un mes, pues, prodigioso para la creación literaria y artística, el mes en que Picasso empezó el Guernica y Malraux La esperanza, Azaña terminó La velada en Benicarló, y Orwell y Hemingway encontraron las experiencias decisivas para construir sus respectivos testimonios sobre la guerra.

La guerra española galvanizó, en efecto, la conciencia contemporánea; dejó huella indeleble en la memoria de la humanidad. El Guernica fue —como certeramente escribió Calvo Serraller— «una alegoría moral sobre el horror bélico». La esperanza, Por quién doblan las campanas, Homenaje a Cataluña, idealizaban la guerra española como la resistencia del pueblo español contra el fascismo, defendían la legitimidad de la causa republicana y glorificaban el romanticismo revolucionario —la «ilusión lírica» en palabras de Malraux— que inspiró a milicianos españoles y voluntarios extranjeros en la lucha contra la sublevación militar. Planteaban, en todo caso, cuestiones palpitantes, perspectivas, dilemas dramáticos, que mostraban la complejidad del conflicto español y la difícil ambigüedad del contexto moral en que se desarrolló. Orwell ya observó que la guerra civil española no era una mera guerra sino «el comienzo de una revolución», y que su reducción a una cuestión de «fascismo versus democracia» omitía dimensiones esenciales, aspectos capitales, de la propia realidad.

Picasso había pintado un mito moral universal. En La esperanza —una sucesión de escenas de la guerra entre julio de 1936 y marzo de 1937—, Malraux hizo la apología de la estrategia comunista en España: disciplina, gobierno de unidad, militarización. Lo hizo en el mismo momento en que Orwell —que se unió a la milicia del POUM en diciembre de 1936, combatió durante cuatro meses en el frente de Aragón, presenció durante un permiso los «hechos de mayo» de Barcelona y que al reincorporase al frente recibió una muy grave herida en el cuello— denunciaba la liquidación de la revolución española por el Partido Comunista, la persecución del POUM por agentes soviéticos y policías filocomunistas (hechos que Malraux no pudo desconocer) y la falsificación de la verdad de la guerra por la propaganda y la manipulación.

Por quién doblan las campanas, la historia de la operación contra un puente en la sierra de Madrid a cargo de una pequeña guerrilla republicana y de un dinamitero norteamericano, romantizaba y sentimentalizaba la guerra. Era la historia romántica del hombre —Robert Jordan— que muere por una causa, la República española, y una historia de amor (entre Jordan y María, la joven guerrillera que se recupera de las brutalidades —violación, asesinato de su padre— que había sufrido a manos de los fascistas). El libro de Hemingway exaltaba de forma evidente la causa republicana. Pero la novela incorporaba escenas, pasajes, elementos narrativos, que denunciaban la terrible dureza y las miserias políticas y morales de la guerra: la atroz matanza de fascistas —en el pueblo de Pilar, al comienzo de la guerra—, arrojados vivos, a una muerte segura, por una profunda garganta rocosa; la comodidad y los placeres que disfrutaban asesores rusos, dirigentes internacionalistas y corresponsales extranjeros prorrepublicanos, en los hoteles del Madrid republicano; la incompetencia de los mandos militares republicanos (con un retrato feroz de Miaja, el general republicano: «Un viejo calvo, gafoso, estúpido, aburrido…», «defensor del Madrid creado por la propaganda…»); la rudeza y tosquedad de la mentalidad, los valores y las ideas de los propios guerrilleros protagonistas —heroicos, sin duda— de la historia.

Homenaje a Cataluña exponía, literalmente, el lado oscuro del antifascismo: Orwell —el escritor que, como ha quedado dicho, se unió a la lucha contra el fascismo en España y que se sumó entusiasmado a la revolución proletaria que se desencadenó en Cataluña entre julio y diciembre de 1936— vivió los últimos días de su experiencia revolucionaria huyendo de la policía gubernamental, durmiendo en las calles, sabiendo que algunos de su mejores amigos combatientes en la guerra habían sido encarcelados —y alguno torturado y muerto en prisión—, perseguido, en suma, por las mismas fuerzas con las que había venido a combatir y buscado por quienes hasta días antes habían sido sus propios camaradas.

La velada en Benicarló era la visión de la guerra como una alucinación colectiva, un libro devastador en el que Azaña vertió los sentimientos de tristeza, abatimiento y pesimismo con que reaccionó ante el levantamiento del 18 de julio de 1936, la expresión de su desolación por el fracaso de la República, cuyo final se equiparaba en la novela —lo hacían así varios de los personajes— con colapso del orden y la disciplina, desaparición del ejército, revolución, ejecuciones y carencia de solidaridad nacional (Cataluña). La velada era la antítesis de la ilusión lírica de Malraux y del sentimentalismo de Hemingway: era la imagen de la guerra como una guerra espantosa, en la que la nación, España, había dejado de existir dividida en fracciones irreconciliables y arrastrada por el odio, el miedo y la violencia arrolladora de los propios españoles (y una guerra inútil, porque, en palabras de uno de los personajes, Pastrana —más o menos, Prieto, el dirigente socialista español—, la guerra no resolvería ninguno de los problemas históricos de España).

La guerra española fue todo menos simple. No escapó a la lógica que observó Orwell en su libro: a la degradación progresiva de toda guerra. En las novelas de Malraux y Hemingway, en muchas páginas de Homenaje a Cataluña, alentaba aquel romanticismo revolucionario que vivió la guerra española como la admirable resistencia del pueblo español contra el fascismo. Malraux ya advirtió en su libro que ello no era suficiente: que la guerra exigiría organizar el apocalipsis de los primeros días y meses. En La velada en Benicarló y en pasajes de Por quién doblan las campanas y Homenaje a Cataluña, el pulso y tono eran ya otros: la guerra como un trágico fracaso histórico.

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El sueño americano

Estados Unidos experimentó en el siglo XX cambios estupefacientes. La población pasó de 62,9 millones en 1890 a 248,7 millones de habitantes en 1990; la inmigración anual, de 455 132 personas en 1890 a 1 536 000 en 1990; el PIB, de 13,1 billones de dólares en 1890 a 5567,8 billones de dólares en 1990 (y la renta per cápita, de 280 dólares en 1890 a 22 276 dólares en 1990, en dólares de 1990). Unos 23,5 millones de personas emigraron a Estados Unidos entre 1880 y 1920 (de países del centro y este de Europa, e italianos), y otros 22 millones entre 1950 y 1990 (con altos porcentajes de «hispanos» o latinoamericanos y «asiáticos», chinos, coreanos, vietnamitas). En 1900, Nueva York tenía 4,2 millones de habitantes, Chicago, 1,7 millones, Los Ángeles, 310 000; en 1950, Nueva York alcanzaba los 12,3 millones, Chicago, 4,9 millones, y Los Ángeles, 4 millones.

País mayoritariamente agrario en 1880, Estados Unidos era en 1914 el primer país industrial del mundo. Estados Unidos estuvo a la cabeza de la segunda revolución industrial, la revolución de la electricidad, el acero y la industria química, y de los inicios del automóvil. Hacia 1890, la Standard Oil (petróleo, barcos, oleoductos, grupos financieros) era la organización industrial más fuerte del mundo. En 1901, la U. S. Steel Corporation era, con sus 758 siderurgias, la primera empresa mundial del sector. En 1910 había ya en Detroit 70 empresas de fabricación de automóviles.

Crecimiento económico y desarrollo social distaron mucho de ser homogéneos. Los desequilibrios económicos entre los distintos estados fueron inmensos, especialmente en el viejo sur, anclado en el subdesarrollo y la pobreza hasta la década de 1960: unos dos millones de negros abandonaron el sur entre 1880 y 1920, la mayoría a los nuevos guetos creados en las zonas y los barrios pobres y marginales de las grandes ciudades del norte. Las divisiones y tensiones sociales provocadas por el propio crecimiento económico e industrial y por la inmigración masiva de trabajadores europeos fueron igualmente extraordinarias. Como mostró la «literatura negra» de los años veinte y treinta (Hammett, Ellery Queen, Raymond Chandler), criminalidad y corrupción policial y municipal eran casi endémicas. La cuestión racial y la violencia y dureza de las numerosísimas huelgas que afectaron al país hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial pusieron de manifiesto las formidables contradicciones del país y dieron un carácter casi épico a aquel gigantesco esfuerzo colectivo que fue la expansión de Estados Unidos en las décadas citadas.

Con todo, Estados Unidos vivió entre 1900 y 1920 una verdadera era progresiva, un gran proceso de reforma moral de la sociedad, una de las formas de actuación pública consustanciales a la historia del país: medidas legislativas en defensa de los derechos de los trabajadores, mujeres y población negra, y de las libertades civiles y constitucionales; limitación y control del poder de las grandes empresas; leyes contra la corrupción política; ampliación del derecho de voto (incluido el sufragio femenino, concedido finalmente en 1920 tras 52 años de lucha, si bien algunos estados lo habían aceptado mucho antes), y en beneficio de una regulación ordenada de la vida urbana y sus problemas (higiene colectiva, seguridad ciudadana, viviendas, criminalidad, educación, parques públicos, centros comunitarios para inmigrantes, creación de jardines de infancia, campamentos de verano, prohibición de la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, 1919, control de calidad de alimentos, etcétera).

Estados Unidos entró en el siglo XX ya como un poder mundial. En 1898, derrotó de forma fulminante a un poder europeo, España, en la guerra desencadenada por el conflicto colonial de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Theodore Roosevelt (presidente en funciones entre 1901 y 1904 y presidente electo entre 1904 y 1908) y Woodrow Wilson (1913-1920) devolvieron a la presidencia la dimensión verdaderamente nacional que no había tenido desde Lincoln. Theodore Roosevelt —neoyorquino, vitalista, gran amante de la naturaleza (creó a partir de 1908 los grandes parques nacionales del país), nacionalista apasionado pero también anticolonialista y muy pragmático en política internacional— entendió que el país necesitaba un liderazgo fuerte que ordenara, precisamente, el crecimiento desordenado que venía experimentándose desde finales del siglo XIX. Wilson —presbiteriano del sur, profesor de historia y ciencia política en Princeton—, un político impregnado de un fuerte sentido mesiánico sobre el destino de Estados Unidos y que concebía la presidencia como un liderazgo moral e idealizante, desarrolló una amplia labor legislativa orientada a reforzar los fundamentos democráticos de la tradición política norteamericana: elección directa de los senadores, derecho de huelga y negociación colectiva, sufragio femenino… En 1917, soldados norteamericanos luchaban por primera vez en la historia de Europa. En 1919, el presidente Wilson decidía, tras la Primera Guerra Mundial, el nuevo orden internacional y lo hacía según la visión idealista norteamericana del mundo: sobre la base de la creación de una Sociedad de Naciones entendida como una asamblea democrática de naciones soberanas donde la cooperación internacional, el arbitraje y la democracia abierta deberían garantizar la paz internacional.

Las presidencias de los republicanos Harding y Coolidge (1920-1929) quisieron representar un retorno a la normalidad: aislamiento internacional, papel mínimo del gobierno federal en cuestiones económicas y sociales. El boom de la posguerra —especialmente intenso en los años veinte— pareció darles la razón. La crisis de 1929 (colapso de la bolsa de Nueva York, cierre de unos cinco mil bancos en tres años, paralización de la construcción y de la industria, hundimiento del sector agrícola, 12-15 millones de desempleados, violencia social, huelgas…) los desautorizó ante la historia: la crisis destruyó la presidencia de Hoover (1929-1933); pareció destruir el sueño americano.

No fue así. La respuesta a la crisis estuvo precisamente en lo que parecía ser la tradición política norteamericana: liderazgo presidencial como encarnación de las cualidades de dinamismo, energía e idealismo que se suponía definían al pueblo norteamericano. En cualquier caso, la elección en 1933 a la presidencia del demócrata Franklin D. Roosevelt (1882-1945), un patricio neoyorquino, pariente del anterior presidente Roosevelt, Theodore (y casado con una sobrina de este, Eleanor), un hombre que irradiaba optimismo y confianza, que tenía un gran encanto personal (que no perdió pese a quedar paralizado de las piernas por la poliomielitis desde 1921) y que era excepcionalmente intuitivo e inteligente, fue la solución. Cuando llegó a la presidencia en 1933, Roosevelt carecía de programa. El New Deal, su respuesta a la gravísima crisis económica y social del país, fue una gran improvisación. Pero su liderazgo y optimismo fueron providenciales. Devolvieron al país la confianza en su capacidad y en su futuro.

El New Deal pasó de ser una frase a un programa articulado de reformas económicas y sociales. La Ley de Emergencia Bancaria y la Ley Económica, ambas de marzo de 1933, crearon un servicio de garantía estatal de depósitos que permitió sanear muchos bancos. En ese mismo mes se creó la Dirección Federal de Ayudas Urgentes que concedió préstamos a los estados más afectados por el desempleo. La Dirección de Regulación Agrícola, creada en mayo, proporcionó subsidios y créditos a los agricultores; el Servicio de Crédito a los Agricultores refinanció las hipotecas sobre las granjas; en junio de 1933, se estableció la Dirección para la Recuperación Nacional, para regular el mercado del trabajo y la competencia empresarial. La Ley de Valores, de mayo, regularizó el funcionamiento de la bolsa. La Dirección de Obras Sociales (febrero de 1934) emprendió numerosas obras públicas que dieron empleos a unos dos millones de personas; la Dirección del Valle de Tennessee, una obra gigantesca cuya realización llevó varios años, transformó la cuenca de aquel río mediante la construcción de pantanos, la potenciación del regadío y de la electrificación, y el fomento del turismo; el Cuerpo Civil de Conservación, creado en noviembre de 1933, dio empleo a unos dos millones de jóvenes en trabajos de reforestación, vigilancia y conservación de espacios naturales y lucha contra epidemias y plagas. Dentro del segundo New Deal (1935-1938) se crearon una Dirección para la Recolonización, que ayudó al asentamiento de campesinos en tierras nuevas, y una Dirección de Obras Públicas, que construyó autopistas, puentes y aeropuertos y dio empleo a unos ocho millones de personas. La Ley Wagner de julio de 1935 reforzó el poder de los sindicatos en las estructuras de las empresas. En agosto de 1935 se aprobó la Ley de Seguridad Social, que estableció pensiones de vejez y de viudedad y subsidios de desempleo. La Ley de Prácticas Laborales (1938) instituyó el salario mínimo y fijó la jornada laboral en cuarenta horas semanales.

El New Deal no consiguió todos sus objetivos. Pero fue una verdadera revolución institucional. Palió la miseria rural, dio empleo temporal a millones de personas, electrificó la Norteamérica rural, sentó las bases del Estado del bienestar, y desplazó el poder en beneficio de los sindicatos y trajo considerables beneficios a las minorías étnicas de las zonas depauperadas de las grandes ciudades. Roosevelt (ese fue su gran acierto) hizo de la presidencia la encarnación de las aspiraciones sociales de la nación.

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La Segunda Guerra Mundial

El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia declararon de inmediato la guerra a Alemania. Italia se sumó al conflicto, al lado de Alemania, en junio de 1940. El 21 de julio de 1941, Alemania invadió la URSS. El 7 de diciembre de ese año, Japón —que desde 1937 había invadido China— atacó la flota norteamericana del Pacífico, en Pearl Harbor, y precipitó la entrada en la guerra de Estados Unidos. La conflagración así planteada, la Segunda Guerra Mundial, se prolongó en Europa hasta mayo de 1945 y en Asia, hasta agosto de ese mismo año.

Se trató por muchos conceptos de una guerra total, de la más amplia, intensa y destructiva de las guerras conocidas hasta entonces. Militarmente, tuvo dos grandes fases. La primera, desde 1939 hasta el otoño de 1942, fue favorable a las potencias del Eje (Alemania, Italia, Japón y los países satelizados por Alemania: Hungría, Rumanía, Bulgaria). Alemania, que ya antes de la guerra había absorbido Austria y Checoslovaquia, ocupó rápidamente, en septiembre de 1939, Polonia. En 1940 se apoderó de Dinamarca, Noruega, los Países Bajos y Francia; en 1941, de Yugoslavia y Grecia. Japón conquistó una gran parte de las colonias europeas en el Pacífico y en el Sudeste Asiático: Birmania, Filipinas, Borneo, Indochina, Malasia, Singapur, Sumatra y un amplio conjunto de islas de la región.

La segunda fase, desde el otoño-invierno de 1942, desde El Alamein y Stalingrado, hasta el final de la contienda, fue en cambio favorable a los Aliados (Estados Unidos, Gran Bretaña y su imperio, la URSS, la Francia libre y otros). En 1942, los alemanes fueron derrotados en el norte de África (El Alamein) y en Rusia (Stalingrado). En Asia, las batallas del mar del Coral y de Midway, en mayo-junio de 1942, y el avance de los marines norteamericanos, desde agosto por Guadalcanal y Nueva Guinea, invirtieron la situación. En 1943, los Aliados invadieron Italia y en 1944 desembarcaron en Normandía, clave de la victoria: París fue liberado el 25 de agosto. Los bombardeos sobre Japón empezaron en 1943; los norteamericanos desembarcaron en Filipinas en octubre de 1944. Alemania capituló el 8 de mayo de 1945; Japón, que aún retenía todas sus posesiones continentales y que ofrecía una durísima resistencia (Iwo Jima, Okinawa), lo hizo en agosto, tras el lanzamiento de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. La guerra afectó a toda Europa, salvo a los países neutrales (Irlanda, Portugal, Suecia, Suiza, España), y también a Asia, África y América, con cuatro escenarios fundamentales, como se desprende de lo dicho más arriba: Europa occidental, el Mediterráneo, Rusia y el Pacífico. Murieron en ella cerca de sesenta millones de personas (de ellas, seis millones de judíos exterminados por los alemanes).

Por más que los acuerdos de Versalles de 1919 y la debilidad que Gran Bretaña y Francia mostraron a lo largo de los años treinta ante las exigencias de Alemania fueran factores fundamentales en los orígenes del conflicto, la Alemania de Hitler fue en gran medida la única responsable de la guerra. Hitler fue siempre una figura inquietante y extraña, un iluminado, un poseído (aunque podía ser un político muy hábil y fue siempre un maestro en la manipulación de las emociones de las masas, que supo construir un partido de un millón de afiliados y explotar las circunstancias —la gravísima crisis que Alemania vivió desde 1929— para lograr un amplísimo apoyo popular: Hitler llegó al poder con el 33,1 % de los votos) con la ambición de realizar su megalomanía racial y nacionalista. De hecho, no engañó nadie. Creyó siempre en todo lo que había dicho y escrito: en la necesidad de revisar el Tratado de Versalles, de devolver a Alemania su poderío militar, de exterminar al pueblo judío. Churchill escribió ya en 1935 que Hitler estaba construyendo una especie de nueva religión de los pueblos germánicos bajo los símbolos del paganismo nórdico. Eso es lo que Hitler quiso imponer al mundo desde septiembre de 1939: su delirio costó la vida, como acaba de indicarse, a sesenta millones de personas.

Las dimensiones de la guerra fueron colosales. En la ofensiva sobre Francia de junio de 1940, Alemania empleó 128 divisiones y 2,5 millones de hombres; en la invasión de Rusia, la «operación Barbarroja», que comenzó el 22 de junio de 1941, 145 divisiones, 3,9 millones de hombres, 3000 aviones. En el ataque japonés sobre Pearl Harbor (7 de diciembre de 1941), Estados Unidos perdió 18 barcos y 2700 hombres. En El Alamein (octubre-noviembre de 1942), Alemania (Rommel) empleó 540 tanques, 80 000 hombres y 350 aviones; Inglaterra (Montgomery), 1440 tanques, 230 000 hombres y 150 aviones. En Stalingrado (de agosto de 1942 a febrero de 1943), los alemanes perdieron 240 000 hombres, 1500 tanques y 6000 piezas de artillería. En la contraofensiva que la Unión Soviética pudo ya iniciar en el verano de 1943 —que llevaría a los rusos, dos años después, hasta Berlín—, los rusos emplearon, inicialmente, un millón de hombres, 3000 tanques y 10 000 aviones (y en la ofensiva final, iniciada en enero de 1944, 6,5 millones de soldados, 13 000 aviones y 8000 tanques). En el desembarco de Normandía de junio de 1944, la «operación Overlord», los Aliados emplearon el primer día 5000 barcos, 12 000 aviones, 155 000 hombres y 20 000 vehículos, y en las semanas siguientes desembarcaron en la zona hasta un total de dos millones de soldados.

Fue una guerra mecanizada, móvil, en la que las comunicaciones (teléfonos, radios, telégrafo, radar…) adquirieron valor considerable y donde tanques, submarinos y aviación —incluidos los bombardeos masivos sobre poblaciones civiles— fueron las armas esenciales. La superioridad aérea fue ya la clave de la victoria (incluso en la guerra naval, en la que los portaviones adquirieron un papel principal).

La batalla de Inglaterra (agosto-septiembre de 1940), en la que la aviación inglesa (unos 700 aviones) contuvo a la aviación alemana (2800 aparatos), impidió que Alemania liquidara victoriosamente la guerra en aquel momento. La entrada de Italia en la guerra en junio de 1940 fue un pesadísimo lastre para Alemania: las derrotas italianas la obligaron a intervenir en escenarios —los Balcanes, el norte de África— que no estaban en principio contemplados en su estrategia y que, en cualquier caso, la obligaron a desviar cuantiosos efectivos y a aplazar, rectificar, otros planes de guerra. El gran error de Alemania, con todo, fue la invasión de Rusia: el barro, el clima, la resistencia rusa, la obligada dispersión de sus propios ejércitos en un territorio inmenso, el desvío hacia Ucrania y el Cáucaso, todo ello hizo que la invasión, contenida finalmente en Stalingrado, hubiera fracasado ya en diciembre de 1941.

La URSS hizo, ciertamente, un esfuerzo extraordinario: perdió unos veinte millones de hombres. La entrada de Estados Unidos en la guerra, como respuesta al ataque japonés sobre Pearl Harbor, fue el factor decisivo en la victoria de los Aliados. Estados Unidos movilizó quince millones de hombres, gastaron en torno a 93,5 billones de dólares, construyeron 75 000 tanques, 5788 buques de guerra y 70 000 aviones, y dieron a los Aliados un liderazgo militar —Eisenhower, Marshall, King, Bradley, Spaatz, McArthur, Patton— excepcionalmente capaz.

Como dijo Winston Churchill en junio de 1940, el Nuevo Mundo, Estados Unidos, fue al rescate y liberación del Viejo Mundo, en buena medida gracias al liderazgo de su presidente Franklin D. Roosevelt. Este, en efecto, inspiró el extraordinario esfuerzo norteamericano en la guerra. Dejó todas las decisiones estratégicas en manos de los militares. A él le correspondieron, lógicamente, las grandes decisiones políticas: dar prioridad a la guerra contra Alemania (y no contra Japón), llevar la guerra en octubre de 1942 al norte de África y el Mediterráneo —«operación Antorcha»— antes que al norte de Francia, optar en 1944 por el desembarco en Normandía. Dio particular importancia al mantenimiento de la unidad política de los Aliados, incluso si ello conllevó concesiones a la Unión Soviética, su legado más controvertido. Roosevelt pareció admitir que la región báltica y el este de Europa pudieran ser zonas de influencia soviética, y aceptar las tesis rusas sobre las futuras fronteras entre la URSS y Polonia, y entre esta y Alemania (y aun hizo importantes concesiones a la URSS en las Kuriles y en Corea).

Roosevelt forjó una gran amistad con Churchill, base de la alianza británico-norteamericana en la guerra. Cuando fue nombrado primer ministro de su país, el 10 de mayo de 1940, Churchill tenía sesenta y cuatro años. Fuera del gobierno desde 1929, se lo tenía por un político anticuado, poco fiable, belicista y reaccionario, que pedía el rearme, criticaba a Gandhi y admiraba a Mussolini.

Churchill era un conservador que creía en el equilibrio internacional del poder, en las zonas de influencia y en el Imperio británico, y que temía el expansionismo soviético. Entendió claramente la significación de Hitler. Churchill intervino muy activamente en la dirección militar y política de la guerra. Cometió graves errores pero sus aciertos fueron extraordinarios. Sobre todo, tuvo un papel capital: galvanizar su país y al mundo entero —en parte, merced a sus memorables discursos— en la lucha contra la Alemania nazi (lo que le haría decir, con gracia, que en la guerra el verdadero león fue Inglaterra y que él solo había puesto el rugido). Churchill era de pequeña estatura, cara infantil, emotivo, generoso y tenía un gran sentido del humor. Su oratoria era algo retórica y a veces demagógica, pero siempre muy eficaz. Era impulsivo e ingenuo, nada religioso y poco intrigante. Fue un gran lector de historia y, luego, excelente historiador.

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La reconstrucción de Europa

La Segunda Guerra Mundial dejó un legado de episodios, héroes y mitos memorables. Pero dejó también la herencia amarga y terrible del horror y la destrucción. Unos 40 millones de europeos (incluidos los 6 millones de judíos exterminados en el Holocausto) murieron en la guerra: 20 millones de rusos, 500 000 británicos, 600 000 franceses, 5 millones de polacos (de ellos, 3 millones eran judíos), 8 millones de alemanes, 400 000 italianos, 600 000 rumanos, 1,4 millones de yugoslavos. Otros 16 millones fueron desplazados de sus lugares de residencia en los cambios de la posguerra. Unas 17 000 localidades rusas y casi la mitad de los edificios urbanos alemanes (y el 30 % de los franceses) fueron destruidos. Italia perdió la tercera parte de su riqueza nacional. Regiones enteras de Rusia, Polonia, Alemania y Yugoslavia, más Normandía y las Ardenas en Francia y el centro y sur de Italia, y ciudades como Londres, Coventry, Rotterdam, Dresde, Hamburgo y Berlín, quedaron literalmente devastadas. La guerra parecía como un espejo que reflejara el rostro siniestro de la modernidad. Si esto es un hombre (1958), el testimonio de Primo Levi sobre la vida en Auschwitz, era una denuncia moral de la barbarie del mundo moderno.

La guerra, como es sabido, cambió para siempre el orden mundial, el equilibrio internacional, la vida social y económica, la política y, probablemente, la propia conciencia de la humanidad. La reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial fue penosa y difícil, llevó unos diez años y exigió un esfuerzo colosal. Europa occidental se reconstruyó merced a la ayuda norteamericana, otra prueba del declive del continente: 17 billones de dólares entre 1943 y 1947 en ayudas para asistencia y rehabilitación urgentes; 12 billones de dólares entre 1948 y 1951, tras la aprobación del Plan Marshall (el Programa para la Recuperación Europea), en créditos e inversiones para la reconstrucción de la industria y la agricultura.

Los países europeos perdieron prácticamente su capacidad como potencias en el mundo. Europa perdió sus imperios coloniales, el fundamento hasta 1939 de su poder en el ámbito internacional. La descolonización fue inevitable. La guerra dislocó sustancialmente la relación entre los imperios y los territorios colonizados. La caída de Francia en junio de 1940 y la rendición británica en Singapur en febrero de 1942 fueron, desde la perspectiva de las colonias, los mayores golpes dados al prestigio de los imperios francés y británico en toda su historia. Tras la guerra, el viejo orden colonial no podría ser reconstruido. Era incompatible con la visión que del nuevo orden internacional tenían Estados Unidos y la Unión Soviética, y con el mismo clima moral de la posguerra. En febrero de 1947, Gran Bretaña anunció que abandonaría la India no más tarde de junio de 1948: dirigentes políticos, administradores coloniales, mandos militares, medios de comunicación y opinión pública habían llegado a la conclusión de que el mantenimiento del Imperio resultaba militar y económica imposible. La India y Pakistán proclamaron la independencia el 15 de agosto de 1947, antes de la fecha prevista por los ingleses; Sri Lanka (Ceilán), lo hizo en diciembre. Pronto los seguirían muchos otros países: Birmania, el 4 de enero de 1948; Indonesia, el 27 de diciembre de 1949; Libia, el 14 de diciembre de 1951; Eritrea, excolonia italiana como Libia, se federó a Etiopía en 1952. Tras su derrota militar en Diên Biên Phu, en mayo de 1954, Francia —que había querido mantener su Imperio como una Unión Francesa de departamentos y territorios democráticos, lo que provocó las guerras de liberación nacional de Indochina (1945-1953) y Argelia (1954-1962)— reconocería la independencia de Indochina (Camboya, Laos, Vietnam). En 1956 se produjo la independencia de Sudán, Túnez y Marruecos; en 1957, las de Ghana y Malasia; en 1958, Singapur y Guinea. En 1960, 17 países africanos accedieron a la independencia; dos más lo hicieron al año siguiente; otros 40, entre 1961 y 1981. La crisis de Suez de noviembre de 1956, una amplia operación militar franco-británica contra Egipto, reforzada con un ataque preventivo de Israel en el Sinaí, como respuesta a la nacionalización por Egipto del canal de Suez en abril de aquel año, desencadenó una fulminante intervención condenatoria de la ONU, de Estados Unidos y de la URSS que forzó la retirada de Gran Bretaña y Francia a los dos días de la invasión y probó que los viejos imperios europeos eran ya, en el mejor de los casos, meras potencias secundarias.

El continente quedó, además, dividido desde 1945-1947 en una Europa occidental democrática y libre —con las excepciones de España y Portugal— y una Europa del Este (Polonia, Alemania del Este, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Yugoslavia, Albania, Bulgaria, más la Unión Soviética, que se anexionó Letonia, Estonia y Lituania) bajo dictaduras comunistas controladas por la URSS. En Alemania, ocupada militarmente en 1945, privada de regiones como Pomerania, Prusia del Este y Alta Silesia, integradas ahora en Polonia, y dividida en zonas de ocupación bajo el mando de los distintos países aliados, la negativa de la URSS a aceptar la reconstrucción del país como un Estado unificado y occidentalizado (democracia política, economía de mercado), que la llevó a bloquear Berlín en 1948-1949 en el primer acto declarado de la «Guerra Fría», determinó la división desde 1949 en dos estados, un país democrático y federal, la República Federal de Alemania, la Alemania Occidental, y un Estado comunista, la República Democrática alemana, la Alemania del Este, con capital en Berlín Este (pues la antigua capital quedó igualmente dividida). En Grecia, la liberación fue seguida por una violenta guerra civil entre la resistencia comunista y las fuerzas monárquicas, que se prolongó desde octubre de 1944 hasta 1949 y que terminó con la victoria de los monárquicos gracias al apoyo de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Austria, ocupada por los Aliados tras la guerra, fue restaurada como Estado independiente y neutral, y como república democrática, en 1955. Trieste, ocupado (y dividido en zonas de ocupación) por tropas norteamericanas, británicas y yugoslavas, fue declarado Puerto Libre en 1947 y solo se integró en Italia en 1954 tras un reajuste de fronteras con Yugoslavia.

La guerra, en suma, marcó el definitivo declinar de Europa. De forma inmediata, dejó —y ello parece difícilmente sorprendente— una cultura compleja y contradictoria, un confuso legado moral. La misma memoria de la guerra, perpetuada a través de una literatura abundantísima, del cine, del teatro, de la música, del ensayo, del debate historiográfico, plasmada en infinidad de manifestaciones y monumentos conmemorativos, no fue, sin embargo, ni unánime ni heroica. Günter Grass, el escritor alemán cuya obra, desde El tambor de hojalata (1959), hasta A paso de cangrejo (2003), estaba decisivamente marcada por el nazismo y la guerra, dijo con razón que Auschwitz dejó huella indeleble en la historia El sentimiento de culpa marcó, desde luego, la conciencia alemana. Gran Bretaña y la Unión Soviética (como Estados Unidos fuera de Europa) interiorizaron la guerra como una gran epopeya colectiva nacional. Francia e Italia vivieron durante décadas cultivando el mito de la resistencia y la liberación.

En cualquier caso, la respuesta del pensamiento, el arte y la literatura fue, en Europa, el existencialismo, esto es, la filosofía y la literatura de Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir y Maurice Merleau Ponty, y, si se quiere, la escultura de Alberto Giacometti, la pintura de Jean Dubuffet, la literatura de Jean Genet y, de alguna manera, el «teatro del absurdo» de las décadas de los cincuenta y los sesenta (Samuel Beckett, Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch, Eugène Ionesco…); una visión de las cosas y del mundo que implicaba una idea negativa de la condición humana, que enfatizaba ante todo la inutilidad y el absurdo de la existencia, y en la que el hombre aparecía forzado a vivir en un mundo carente de valores y sentido; una visión que conllevaba a menudo, complementariamente, la idea del compromiso moral del intelectual al servicio de la revolución y del comunismo —de la historia, para Sartre—, como forma de su propia salvación.

Muchas de las grandes manifestaciones de la cultura europea de la posguerra, y ante todo la literatura y el teatro de Sartre y Camus, la literatura y el cine neorrealista italianos (el cine de Roberto Rossellini, Vittorio de Sica y el primer Luchino Visconti; la literatura de Vasco Pratolini, Ignazio Silone, Carlo Levi, Cesare Pavese y Elio Vittorini) y la llamada «literatura de ruinas» alemana (Heinrich Böll, Günter Grass, Siegfried Lenz), se relacionarían, así, junto con el drama mismo de la existencia individual, con los dilemas de conciencia implícitos en el problema del compromiso político y la militancia comunista. Significativamente, y como ya se ha apuntado antes, en Francia e Italia el legado de la resistencia y el antifascismo —en buena medida capitalizados por sus respectivos partidos comunistas (el Partido Comunista Francés tuvo un 25-28 % de votos en 1945-1948 y el Partido Comunista Italiano, el 18,9 % en 1946 y el 22 % en 1953)— vino a ser después de 1945 el fundamento de la cultura política nacida tras la liberación. El marxismo se transformó, paralelamente, en ambos países, en la corriente de pensamiento más influyente en las ciencias sociales, casi hasta finales de la década de 1960. Muchos intelectuales italianos y franceses (Pavese, Renato Guttuso, Silone, Vittorini; Louis Aragon, Fernand Léger, Pablo Picasso, Edgar Morin, Louis Althusser, Georges Sadoul, Roger Garaudy…) militaron en los partidos comunistas de sus países, apoyaron, si no exaltaron, la Unión Soviética como la gran patria del comunismo internacional que había emergido de la Segunda Guerra Mundial como una nueva y formidable superpotencia, y a su líder, Iósif Stalin, como el hombre que había conducido a la URSS a la victoria en la guerra. El peso de la nueva ortodoxia fue abrumador. La revista Les Temps Modernes criticó despiadadamente El hombre rebelde (1951), el libro de Camus que era una apelación moral a la rebelión contra el absurdo y un mundo (para él) sin sentido e incoherente, y una crítica del marxismo, comunismo y violencia revolucionaria como formas de totalitarismo y opresión. En Los comunistas y la paz (1952), Sartre escribió que «un anticomunista es un perro».

El existencialismo fue ante todo un hecho francés y de la Europa continental. La filosofía británica de la posguerra (Alfred Jules Ayer, Gilbert Ryle, John L. Austin, el último Ludwig Wittgestein que en 1953 publicó Investigaciones filosóficas) se ocupó de cuestiones del lenguaje, y de lógica y método, de la relación, por ejemplo, entre lenguaje ordinario y la significación y el sentido de las proposiciones filosóficas. La dimensión moral del arte y la literatura anglosajones no fue por ello menos intensa. Henry Moore centró su obra de la posguerra en la figura humana, plasmada en el tema recurrente de sus grandes figuras reclinantes en bronce. Francis Bacon pintó figuras distorsionadas, obsesivas, en interiores claustrofóbicos, como expresión de la soledad y el desamparo del hombre. Lucian Freud hizo de retratos, desnudos y pintura de interiores —pintados con verismo y meticulosidad extremos— análisis intensos de la condición humana. Las grandes novelas inglesas de la posguerra (Retorno a Brideshead, de Evelyn Waugh; Bajo el volcán, de Malcolm Lowry; El poder y la gloria y El envés y la trama, de Graham Greene…) fueron literatura intensamente moral, no literatura política o ideologizada. Retorno a Brideshead, por ejemplo, trataba de los problemas de la fe y la conciencia de los miembros de una vieja familia aristocrática católica. El tema de Bajo el volcán era el de la autodestrucción por el alcohol —un verdadero descenso a los infiernos— del protagonista, un excónsul británico perdido en un pueblo mexicano. Las novelas de Graham Greene trataban, como toda su literatura, de la ambigüedad moral del hombre: personajes desplazados, semimarginales, en lugares exóticos (un cura alcoholizado en Tabasco, en El poder y la gloria; un oficial colonial británico en Sierra Leona, en El envés y la trama) de alguna forma forzados a vivir y decidir en situaciones extremas.

Los dilemas en que se debatía la cultura europea de la inmediata posguerra mostraban sin duda —entre otras cosas— que Europa había cambiado. La derrota del nacionalsocialismo y del fascismo en la Segunda Guerra Mundial significó el fin de todas las manifestaciones de irracionalismo colectivo (mitos nacionales, teorías raciales, voluntad de dominio, culto al líder, exaltación de la autoridad, la guerra y la fuerza) que habían llevado al mundo, y ante todo a Europa, a la guerra. Libros como Camino de servidumbre (1944) de Friedrich Hayek, La sociedad abierta y sus enemigos (1945) de Karl Popper, Los orígenes del totalitarismo (1951) de Hannah Arendt y ensayos como «La inevitabilidad en la historia» (1953) y «Dos conceptos de libertad» (1958) de Isaiah Berlin, proponían las ideas sobre las que articular la sociedad como una sociedad justa: individuo como sujeto de la política y de la historia, pluralismo político, autonomía individual, ámbito mínimo de libertades, neutralidad moral del Estado. Novelas como El cero y el infinito (1940) de Arthur Koestler, y 1984 y Rebelión en la granja de George Orwell (de 1949 y 1945 respectivamente) eran críticas devastadoras del totalitarismo soviético.

Con las excepciones ya mencionadas de España y Portugal, sometidas respectivamente a las dictaduras de Francisco Franco y António de Oliveira Salazar (y de Grecia, una dictadura militar entre 1967 y 1974 tras el golpe de Estado del ejército de abril de 1967), la democracia quedó institucionalizada y garantizada desde la posguerra como la forma de gobierno de la Europa occidental (con regímenes y sistemas políticos distintos —repúblicas y monarquías; sistemas bipartidistas o multipartidistas; regímenes presidenciales o parlamentarios—, con alternancia de etapas conservadoras y etapas progresistas; y con crisis políticas y sociales ocasionalmente graves). El sufragio femenino quedó prácticamente universalizado. La edad electoral se rebajó, en una gran mayoría de países, a los dieciocho años. Países como Suecia y Dinamarca abolieron los viejos y conservadores senados. Alemania Occidental e Italia, los países fascistas de los años treinta, renacieron como democracias pluralistas, bajo la dirección en ambos casos de partidos democratacristianos, partidos de nueva creación que tuvieron apoyo popular considerable en el electorado moderado y de centro. En Francia se proclamó la Cuarta República (cuyo fracaso —pues el 29 de mayo de 1958, el Parlamento, ante la crisis provocada por la situación militar en Argelia, encargó a Charles de Gaulle la formación de un «gobierno de salvación nacional»— no significó el fin de la democracia en Francia, sino la sustitución de una democracia parlamentaria y frágil por una democracia presidencialista, la Quinta República). En 1946, Italia abolió en referéndum la monarquía y optó igualmente por la república. Socialismo, socialdemocracia, laborismo, fueron desde 1945 —en el caso de los países escandinavos, desde antes— opciones de gobierno, no, como hasta entonces, movimientos de agitación y protesta. Los laboristas británicos, por ejemplo, gobernaron entre 1945 y 1951 y entre 1964 y 1970: significativamente, el texto más influyente en la ideología y la política del laborismo en toda la posguerra, El futuro del socialismo (1956) de Anthony Crosland, vinculaba socialismo, sencillamente, con crecimiento económico, seguridad social e igualdad de oportunidades en educación. El Partido Social Demócrata alemán, el viejo SPD reconstruido tras la guerra, llegó al poder, con su líder Willy Brandt como canciller, tras su victoria en las elecciones de 1969. Los mismos partidos comunistas occidentales, que tenían, como se indicaba más arriba, indudable influencia en medios intelectuales y académicos y considerable fuerza electoral y sindical en países como Francia e Italia (y en la clandestinidad, en el caso de las dictaduras española y portuguesa), aún no desvinculados totalmente de la tutela soviética hasta tarde, buscarían vías nuevas y autónomas hacia el socialismo, y aceptarían, en suma, el juego y los valores de la democracia, especialmente así en el caso del Partido Comunista Italiano (PCI).

La democracia era, pues, la forma política definidora de Europa occidental. Era una democracia nueva, social y políticamente más progresiva y compleja que la democracia anterior a 1939. La necesidad de legitimar socialmente el inmenso esfuerzo hecho y soportado por las poblaciones europeas durante la guerra, provocó (o impulsó) cambios profundos, en buena medida revolucionarios, en la concepción de la política y en la función del Estado, que supusieron: 1) la adopción universal de políticas de crecimiento económico, modernización y pleno empleo, y de intervencionismo estatal en el funcionamiento de la economía (nacionalización de sectores clave, planificación del crecimiento) de acuerdo con el pensamiento económico de John Maynard Keynes; 2) economías orientadas a la industrialización y el consumo de masas; 3) políticas sociales orientadas a garantizar desde el Estado la seguridad social y el «Estado del bienestar» (seguros de accidentes y enfermedad, asistencia sanitaria universal, pensiones de jubilación, seguro de desempleo, educación gratuita…).

Así, en Gran Bretaña, entre 1945 y 1951, el gobierno laborista de Clement Attlee creó un sistema omnicomprensivo de seguridad social, que garantizaba los seguros de desempleo, vejez y enfermedad a toda la población mediante su financiación a través de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, y nacionalizó el Banco de Inglaterra, las minas de carbón, los ferrocarriles y las comunicaciones, la siderurgia, el gas y las centrales eléctricas. En Francia, entre 1944 y 1947, se nacionalizaron las minas, el gas, la electricidad, la banca, los seguros, la empresa de automóviles Renault y la aviación comercial (Air France); se amplió considerablemente la legislación social, y en 1946 se aprobó el I Plan Económico, obra de Jean Monnet, un modelo de planificación indicativa que echó las bases para la renovación y modernización de la industria francesa, y que permitió que esta recuperase en tan solo cinco años los niveles de producción anteriores a la guerra.

Los cambios que Alemania Occidental e Italia —los países fascistas antes de la guerra— experimentaron desde 1945 fueron igualmente extraordinarios. Con el apoyo sobre todo de Estados Unidos, cuyos dirigentes, a la vista de lo ocurrido en 1919 con la Paz de Versalles, creyeron que la reconstrucción de Alemania era esencial para la estabilidad de Europa, la República Federal alemana se reconstruyó desde abajo, desde los länder, los diez estados federales que integraban el país; la capital se fijó en Bonn, la localidad natal de Beethoven. Para no repetir los errores de la Alemania de Weimar (1919-1933), la Ley Básica de la República Federal (1949) constitucionalizó de forma explícita las elecciones y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, prohibió el plebiscito, creó una presidencia del país meramente representativa y una segunda Cámara, Bundesrat, de representación territorial, e introdujo las mociones de confianza y censura en el Parlamento federal (Bundestag) para dar estabilidad a los gobiernos. Los partidos de extrema derecha fueron prohibidos, el Partido Comunista fue ilegalizado en 1956 (por su complicidad con la Alemania comunista del Este) y se exigió que los partidos tuvieran un mínimo de apoyo en los distintos länder (5 % del voto) para tener representación en el Parlamento federal. Dirigida entre 1949 y 1963 por el canciller Konrad Adenauer —un abogado católico de origen modesto y estilo de gobierno sencillo y rígido, que había sido alcalde de Colonia entre 1917 y 1933— y por su partido, el Partido Cristiano Demócrata, con Ludwig Erhard, un profesor de economía de la Universidad de Múnich, como ministro de Asuntos Económicos entre 1949 y 1963, Alemania Occidental, la República Federal alemana, que en 1945 era un país destruido, bajo ocupación militar y moralmente abrumado por el peso de la culpa ante la magnitud de la catástrofe que la Alemania nazi había provocado —y que los Aliados castigaron ejemplarmente en los juicios de Núremberg de 1945-1947 contra los líderes nazis—, era en 1960 un país tranquilo, próspero, estable, pacifista, que había renacido como potencia económica en Europa y recobrado buena parte de su antigua excelencia universitaria y de su prestigio científico, cultural y académico; un país políticamente nuevo del que habían desaparecido el nacionalismo, la nostalgia de Prusia y del pasado imperial, las megalomanías étnicas y pangermánicas y el antisemitismo. La nueva República italiana fue, por su parte, un régimen parlamentario con una presidencia simbólica y un régimen democrático multipartidista —aunque con dos partidos mayoritarios: la Democracia Cristiana y el Partido Comunista— y muy inestable: 50 gobiernos en 45 años (1946-1991). La larga hegemonía —47 años— de la Democracia Cristiana, el partido de las clases medias y populares católicas italianas, y del nuevo y muy dinámico empresariado del país, que tuvo su gran líder en Alcide de Gasperi (1881-1954), primer ministro de 1945 a julio de 1953, y sus grandes problemas en el faccionalismo interno y en las prácticas clientelísticas que cultivó —especialmente, en el sur—, conllevó la exclusión permanente del poder del segundo partido del país, el PCI, y la apuesta como alternativa por complejas combinaciones de gobierno. Pero la Democracia Cristiana tuvo un papel histórico excepcional: pacificó y normalizó Italia tras los años del fascismo, la guerra y la resistencia de 1944-1945, construyó un nuevo consenso nacional e hizo de Italia un país europeo y no nacionalista. Los años de la inmediata posguerra y principios de la década de 1950 fueron, como reflejaría la estética del neorrealismo del cine y la literatura, años de extremada pobreza, una pobreza no inferior a la de la España de la posguerra: más de un millón de italianos emigraron fuera del país entre 1946 y 1957. Pero la ayuda norteamericana, la política económica de los propios gobiernos italianos, el dinamismo de sectores como el automóvil, las industrias de la moda y el turismo, y la modernización y competitividad de parte del sector público, cambiaron Italia. El PIB italiano creció entre 1951 y 1958 a una media anual del 5,5 %, y del 6,3 % anual entre 1958 y 1963. Italia se transformó en un país industrial y urbano y en una sociedad de consumo. Pese a la persistencia del subdesarrollo del sur y al enquistamiento del crimen organizado en Sicilia, Calabria y Nápoles, Italia apareció desde finales de los años cincuenta como una sociedad dinámica y próspera, impulsada por la audacia y competitividad de sus empresas, que habían encontrado su espacio en los mercados internacionales merced al gusto por la elegancia y el diseño de sus productos (algunos de los cuales, la moto Vespa, los automóviles FIAT, la alta costura, fueron grandes éxitos internacionales). La Segunda Guerra Mundial aún tuvo otra consecuencia capital para Europa: llevó a la conclusión de que solo la superación de los nacionalismos —y, sobre todo, la cooperación franco-alemana— podía asegurar la paz. La unidad europea, entendida como una unión de países democráticos, apareció ya como una necesidad casi inevitable. En 1950, se presentó el Plan Schuman —preparado por Robert Schuman, primer ministro francés en 1947-1948 y ministro de Asuntos Exteriores en 1948-1953, y por Jean Monnet— para la creación de un mercado común del carbón y del acero, mercado que, integrado por Alemania Occidental, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, se constituyó al año siguiente. Esos mismos seis países creaban en 1957 la Comunidad Económica Europea (CEE), como fundamento de la futura Unión Europea (UE). En 1960, Europa occidental era democracia política, economía de mercado, dinamismo social y Estado del bienestar, y empezaba a ser, por lo menos la Europa de los seis, una comunidad económica, y en cierta medida una (embrionaria) unión política.

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La edad americana

Estados Unidos fue desde 1945 el primer país del mundo, la primera superpotencia, la «utopía realizada», como escribió Jean Baudrillard en América (1986). Los años 1945-1970 fueron un periodo de crecimiento y estabilidad sin paralelo en la historia económica del país. El PIB se duplicó en términos reales; la renta per cápita aumentó en un 60 %. La población creció de 132 millones en 1940 a 248,7 millones en 1990 (de ellos, unos 22 millones de nuevos inmigrantes). Los años de la posguerra —administraciones de Harry S. Truman y Dwight D. Eisenhower— fueron para el país los años del automóvil, los electrodomésticos, la vivienda suburbana, la televisión y los centros comerciales; del crecimiento de las clases medias y de los trabajadores de «cuello blanco». El presidente John F. Kennedy (1961-1963) impulsó los derechos civiles, la exploración espacial, la educación, la asistencia médica para la tercera edad y la legislación agraria. Lyndon B. Johnson (1963-1969) aprobó los programas de seguridad social Medicare y Medicaid de asistencia sanitaria a mayores de sesenta y cinco años e indigentes.

En 1970, Estados Unidos era el primer país industrial del mundo y el primer productor de alimentos. El valor de las inversiones de capital norteamericano en el extranjero se estimaba, en aquel año, en 78 100 millones de dólares. El PIB del país era en 1990 de 5567,8 billones de dólares. Estados Unidos dominaba el comercio, las inversiones y las comunicaciones mundiales. Habían ganado desde los años sesenta la carrera espacial (simbolizada por la llegada de la nave Apolo XI a la Luna en 1969). Las universidades norteamericanas (Harvard, Yale, MIT, Princeton…) habían desplazado a las europeas como primeros centros de la investigación y la ciencia. Nueva York y su espectacular arquitectura de rascacielos (Empire State, Chrysler Building, Rockefeller Center, el Seagram Building de Mies van der Rohe, las Twin Towers [Torres Gemelas] del World Trade Center de Minuro Yamasaki, el edificio AT&T de Philip Johnson…) eran desde 1945 el epicentro de la vida contemporánea. Modas y usos de la vida norteamericana (la Coca-Cola, las hamburguesas…) se habían universalizado. La prensa y los medios de comunicación del país (New York Times, Wall Street Journal, Time, CNN…) marcaban la «agenda» de la información mundial. Solo en la década de 1940, el cine norteamericano produjo un número excepcional de obras maestras: La pasión de los fuertes y La legión invencible de John Ford; Río Rojo y El sueño eterno de Howard Hawks; Un día en Nueva York de Stanley Donen; Qué bello es vivir de Frank Capra; Casablanca y La costilla de Adán de Michael Curtiz; Ciudadano Kane y La dama de Shanghai de Orson Welles; La jungla de asfalto de John Huston, éxitos que prolongaron en las décadas de 1950 y 1960 los musicales, westerns, melodramas, thrillers, cine histórico y comedias de Hollywood, dirigidos por aquellos y otros directores (William Wyler, Billy Wilder, Henry Hathaway, Gene Kelly, King Vidor, Elia Kazan, Joseph L. Mankiewicz, Vincente Minelli, Alfred Hitchcock —que rodó en los cincuenta sus películas más memorables: Extraños en un tren, La ventana indiscreta, Vértigo, Con la muerte en los talones, Psicosis). Con la literatura de los años veinte y treinta —Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, William Faulkner, John Dos Passos, Dashiell Hammett y John Steinbeck, varios de ellos activos hasta principios de los sesenta—; la novelística, ya tras la guerra, de J. D. Salinger (El guardián entre el centeno), Saul Bellow, Vladimir Nabokov, Norman Mailer, Bernard Malamud, Ralph Ellison (El hombre invisible), Richard Wright, Harper Lee (Matar un ruiseñor), Truman Capote, Paul Bowles, Joseph Heller, John Cheever, John Updike y Philip Roth; y el teatro de Arthur Miller (Muerte de un viajante, Panorama desde el puente, El crisol), Eugene O'Neill (A Electra le sienta bien el luto, Largo viaje hacia la noche), Tennessee Williams (Un tranvía llamado deseo, La gata sobre el tejado de cinc caliente, La noche de la iguana) y Edward Albee (¿Quién teme a Virginia Woolf?, ya de 1962), Estados Unidos tendría la mejor literatura de la segunda mitad del siglo XX, una literatura esencial para entender la naturaleza misma de la modernidad. El expresionismo abstracto, la pintura de Jackson Pollock, Mark Rothko, Hans Hofmann, Robert Motherwell, Franz Kline, Willem de Kooning y Clifford Styl, fue sin duda el hecho artístico más significativo de la cultura occidental de la posguerra. Muchos de los más interesantes movimientos artísticos posteriores —el neodadaísmo de Robert Rauschenberg y Jasper Johns, el pop art de los sesenta (Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg), el minimal art (Don Judd, Dan Flavin, Carl Andre, el escultor Richard Serra), el arte conceptual—, nacerían igualmente en Estados Unidos.

El excepcionalismo norteamericano (por retomar la expresión de Lipset) era indudable; las contradicciones del país también. La influencia global, la responsabilidad internacional del país, su creciente ascendencia en el mundo —derivados tanto de su poderío económico y militar como de la decisión de contener el expansionismo de la Unión Soviética tras la guerra mundial— generaron a menudo, desde 1945, un intenso antinorteamericanismo. Lo que desde la perspectiva norteamericana era una visión del orden mundial basada en los valores de la propia ideología nacional —democracia política, capitalismo económico— equivalió para buena parte del mundo a poder imperial y puro hegemonismo estratégico, militar y económico. La Guerra Fría, el conflicto global por la hegemonía entre Estados Unidos y la Unión Soviética entre 1947 y 1989, condicionó, en cualquier caso, las relaciones internacionales y la política exterior norteamericana prácticamente durante toda la segunda mitad del siglo. La Guerra Fría tuvo, en efecto, crisis muy graves: Corea (1950-1953), Hungría (1956), Cuba (crisis de los misiles de 1962) y Vietnam (1964-1975); etapas de distensión y acuerdos (Tratado de Limitación de Armas Nucleares, 1969-1979; Acta de Helsinki, 1975), y de recrudecimiento de la tensión —invasión soviética de Afganistán y revolución en Nicaragua (1979), revolución islámica en Irán, Iniciativa de Defensa Estratégica o «guerra de las galaxias» norteamericana (1983)—. Solo se resolvió, en cualquier caso, cuando la URSS entendió, ya en 1985 bajo el liderazgo de Mijaíl Gorbachov, que la economía soviética no podía hacer frente al desafío norteamericano.

Vietnam tuvo relevancia especial. Según el embajador George Kennan, Vietnam —donde los norteamericanos llegaron a colocar un ejército de 543 000 hombres, de los que murieron 58 000 (y cerca de 1,2 millones de vietnamitas) y donde Estados Unidos lanzó tres veces más bombas que en la Segunda Guerra Mundial— fue el mayor desastre de la historia norteamericana, y un desastre inútil: Vietnam del Norte ganó la guerra y en 1975 unificó todo el país como República Socialista de Vietnam, y Camboya cayó en poder de los Jemeres Rojos, dos regímenes comunistas, precisamente lo que Estados Unidos había tratado de impedir. Como mostraron el cine, la novela, el ensayo y los propios medios de comunicación del país (por ejemplo, películas como El cazador de Michael Cimino, Apocalypse Now de Francis F. Coppola y La chaqueta metálica de Stanley Kubrick), Vietnam provocó, además, una profunda crisis de la conciencia norteamericana: acabó transformándose en una metáfora de la historia y la realidad norteamericanas. Cuestionó la «utopía realizada», los propios valores sobre los que supuestamente se fundamentaba Estados Unidos, que parecía identificarse ahora con pura ambición imperial y hegemonismo militar: «No sabíamos quiénes éramos hasta que vinimos aquí [Vietnam]», hacía decir Robert Stone al protagonista de su novela Dog Soldiers (1974).

Vietnam explicitó el malestar social y moral que latía en el corazón de la sociedad norteamericana (y que anticipó, por ejemplo, a fines de los años cincuenta, la literatura de la beat generation, esto es, los poetas Allen Ginsberg, Gregory Corso y Lawrence Ferlinghetti y el novelista Jack Kerouac, el autor de En el camino, 1957). Tras los años tranquilos de Truman y Eisenhower, los sesenta fueron años de turbulencias, rebelión y crisis: movilización de la población negra bajo el liderazgo de Martin Luther King (y el más radical de Malcolm X) en demanda de sus derechos civiles; movimientos políticos de estudiantes y activistas blancos de clase media, la Nueva Izquierda, contra el «sistema», la desigualdad social y la guerra; aparición de «contraculturas» de rechazo del conformismo moral norteamericano (hippies, uso de drogas, culto al amor…); manifestaciones de violencia armada del nacionalismo negro (Panteras Negras); movimientos de liberación femenina, teorizados en ensayos como Sexual Politics (1969) de Kate Millet y La mística de la feminidad (1963) de Betty Friedan; movilización por los derechos de los homosexuales. Los asesinatos en 1963 del presidente Kennedy y de su hermano el senador Robert Kennedy, en 1968, conmocionaron el país; el asesinato de Martin Luther King ese mismo año hizo dudar de que la igualdad racial pudiese ser realidad alguna vez. La dimisión del astuto y turbio presidente Richard Nixon en 1974 —implicado en prácticas políticas ilegales denunciadas por la prensa (pero que, con su secretario de Estado, Henry Kissinger, había propiciado un giro diplomático de enorme trascendencia: la aproximación definitiva a la China comunista)— culminó el estado de crisis en que el país parecía haberse sumido.

Estados Unidos no superó su crisis hasta que la reacción conservadora que se produjo durante la presidencia de Ronald Reagan (1981-1989), un exactor conservador de ideas simples, un gran «comunicador» que, tras las débiles presidencias de Gerald R. Ford y Jimmy Carter, rehízo la moral del país con su optimismo cordial, devolvió al país la confianza en su propia capacidad como nación y en las posibilidades de su economía (el crecimiento del PIB entre 1980 y 1992 fue del 2,7 % anual), de su sistema político y de su fuerza militar para liderar el mundo. Reagan aumentó el gasto militar, rearmó y apoyó las guerrillas contrarrevolucionarias en El Salvador y Nicaragua, invadió (1983) la minúscula isla de Granada para liquidar el régimen procastrista allí establecido, envió soldados en 1982 al Líbano y bombardeó Libia, un Estado proterrorista y «delincuente», en 1986. El lanzamiento en 1983 de la Iniciativa de Defensa Estratégica, un ambicioso sistema de defensa frente a la fuerza nuclear soviética, fue, como ya se ha apuntado, la principal causa del fin, favorable a Estados Unidos, de la Guerra Fría.

Tras la caída del comunismo en 1989 y la desintegración de la Unión Soviética en 1991, Estados Unidos lideraba el mundo. La crisis económica de los años setenta —encarecimiento de los precios del petróleo, inflación, pérdida de mercados, desempleo— extendió el temor al fin de la prosperidad económica. Fue un error. El periodo 1980-2000 fue probablemente la etapa de mayor crecimiento económico de toda la historia norteamericana. Estados Unidos figuraba a la cabeza de la nueva revolución tecnológica iniciada en los ochenta, asociada a ordenadores, computadores personales, biotecnologías, tecnología digital e internet. Las contradicciones del poderío y la prosperidad norteamericanos seguían siendo, sin embargo, flagrantes: un 15 % de la población vivía en 1992 por debajo de la línea de pobreza; el uso de drogas era general. Un terrible atentado con explosivos perpetrado en abril de 1992 en Oklahoma por miembros de una milicia paramilitar de extrema derecha mató a 166 personas. El segundo mandato del presidente Bill Clinton (1996-2000) estuvo marcado por sus escándalos sexuales.

La literatura, el cine, la pintura de Edward Hopper, el expresionismo abstracto, la música jazz, la música rock, la arquitectura, la prensa, los medios de comunicación, habían hecho de la cultura norteamericana, como quedó dicho antes, uno de los núcleos esenciales de la cultura del siglo XX. Para bien o para mal, Estados Unidos —enorme diversidad étnica y territorial, país de inmigración, excepcional movilidad social, sociedad profundamente plural y democrática— constituía, efectivamente, el paradigma de la sociedad moderna. Hegemonía mundial, bienestar económico, hipermodernidad, coexistían, sin embargo, como también ha quedado apuntado en más de una ocasión, con graves problemas raciales, sorprendentes bolsas de pobreza, altísima criminalidad, violencia juvenil, crisis de la familia y cultos religiosos extravagantes. Estados Unidos era un enorme mercado unitario basado en una permanente innovación tecnológica y un desaforado consumo de masas. Las contradicciones del país —las citadas y muchas otras— habían terminado por generar un clima generalizado de inseguridad, de intranquilidad moral, de profundo desasosiego, como en los últimos años del siglo mostraban, por ejemplo, el cine de Woody Allen —análisis casi siempre geniales de la neurosis de ciertos sectores de la sociedad neoyorquina— o los escritores del llamado «realismo sucio» de los años ochenta (Richard Ford, Raymond Carver, Tobias Wolff), o muchas novelas y relatos de autores como Paul Theroux, Joyce Carol Oates, Don DeLillo (Submundo, 1997), David Leavitt, Cormac McCarthy, Brett Easton Ellis (con su espeluznante American Psycho, 1991), Tom Wolfe, Philip Roth (cuya trilogía Me casé con un comunista, Pastoral americana y La mancha humana, publicada entre 1997 y 2000, formaba un espléndido estudio de la realidad de la sociedad norteamericana desde 1945), o la obra de artistas inquietantes como Philip Guston, Eric Fischl, David Salle, Bill Viola y Louise Bourgeois.

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Asia y África:
un nuevo escenario internacional

La descolonización de los imperios europeos —nuevas naciones, nuevas regiones económicas, nuevos escenarios de la vida internacional— supuso una de las mayores revoluciones de la historia. Como mostró ya la reunión en Bandung, Indonesia (17-24 de abril de 1956), que reunió a veintinueve países asiáticos y africanos, Asia y África iban a contar decididamente en el mundo. Tres hechos lo habían puesto de manifiesto en la inmediata posguerra: la victoria de los comunistas en China en 1949; la creación del Estado de Israel en 1948 al terminar el mandato británico (1920-1948); y la guerra de Corea (1950-1953). Japón, país agresor en la Segunda Guerra Mundial, renació ahora como democracia política, y muy pronto como una de las grandes economías del mundo. China se configuró desde 1949 como una nueva gran potencia comunista.

La herencia colonial

El Tercer Mundo, expresión acuñada por el geógrafo francés Alfred Sauvy para describir países de Asia y África no pertenecientes ni al mundo desarrollado ni al bloque comunista, nació, sin embargo, sumido en el subdesarrollo y la pobreza; países y regiones con rentas per cápita muy bajas, fuerte crecimiento demográfico, industrialización escasa, economías agrarias dependientes, subalimentación y elevadas tasas de analfabetismo. Factores económicos pero también factores culturales y sociales derivados de su propia diversidad o étnica o religiosa o tribal y de su propia especificidad histórica y política, problemas territoriales y fronterizos, y la misma rivalidad internacional, la Guerra Fría, llevarían a muchos de los países poscoloniales al fracaso. En muchos de ellos terminaron por consolidarse formas de gobierno no democráticas: regímenes militares, dictaduras de partido único, gobiernos autoritarios de poder personal, revoluciones autoritarias nacionalistas… Asia y África se configuraron, en todo caso, como nuevos escenarios de guerra y tensión.

Así, amplias y violentas guerras civiles e insurrecciones guerrilleras comunistas estallaron, en la inmediata posguerra, en China, Birmania, Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia. La Guerra Fría provocó las grandes guerras de Corea (1950-1953) y Vietnam (1964-1975): aquella, tras el ataque unilateral de Corea del Norte, país comunista apoyado por la Unión Soviética y la nueva China comunista, contra Corea del Sur, constituida como república bajo protección de Estados Unidos en 1948; la guerra de Vietnam, la antigua Indochina francesa, por la intervención militar de Estados Unidos contra Vietnam del Norte —tras la derrota francesa en 1954 en la guerra de Indochina— ante el temor de la extensión del comunismo por todo el Sudeste Asiático. Cuestiones fronterizas y reivindicaciones territoriales enfrentadas provocaron guerras entre la India y China (1962) y entre la India y Pakistán (1947-1949, 1965-1966, 1971).

La situación en Oriente Medio iba a ser particularmente trágica. El nacimiento en 1948, tras el Holocausto, del Estado de Israel —un país de refugiados y emigrantes, de apasionada vitalidad y gran dinamismo cultural, un Estado profundamente democrático y socialmente pionero por sus cooperativas agrarias, los kibutz—, había sido uno de los grandes momentos de la posguerra. La situación creada —proclamación del Estado israelí, negativa de los países árabes a la partición de Palestina y a la existencia de Israel— se tradujo en varias guerras (1948-1949, 1956, 1967, 1968-1970, 1973) que alteraron radicalmente el equilibrio de la región y desestabilizaron los propios países árabes (revoluciones en Egipto en 1952, en Iraq en 1958, en Siria en 1963, en Libia en 1969). Las guerras fueron además haciendo de Israel una sociedad amenazada, insegura, una sociedad en armas y con el tiempo, un país agresor; y de Oriente Medio, un foco permanente de inestabilidad y tensión internacional. Desde finales de la década de 1950, Estados Unidos garantizó la existencia de Israel; la Unión Soviética, que estuvo detrás de las revoluciones árabes citadas, apoyó al bloque de países árabes radicales. La ocupación por Israel, tras la guerra de los Seis Días de junio de 1967 desencadenada por Egipto y Siria, de los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania y de Jerusalén Este (antes bajo administración de Egipto y Jordania) hizo de la cuestión palestina —en su doble vertiente: creación de un Estado palestino, acción armada y violencia terrorista palestina contra Israel— el epicentro del problema. Las repercusiones del conflicto fueron trágicas: guerras civiles internas precipitadas por la cuestión palestina y las intervenciones de los ejércitos sirio e israelí devastaron Líbano a partir de 1970.

En Irán, una revolución islámica encabezada por el ayatolá Ruhollah Jomeini derribó en enero de 1979 a la monarquía del sah Mohammed Reza Palevi, un régimen autoritario y prooccidental y a su modo modernizador, donde las contradicciones de la modernización, precisamente, habían generado el descontento de amplios sectores de la población. En diciembre de aquel mismo año, la URSS invadió Afganistán, una región desestabilizada y en guerra desde que en 1973 un golpe militar puso fin a la monarquía, invasión que fue un desastre militar para el ejército soviético y una tragedia para Afganistán, devastado en los años siguientes por la guerra civil y la resistencia armada de las guerrillas islámicas. Disputas fronterizas y diferencias ideológicas entre el régimen secular baasista de Iraq, encabezado desde 1979 por Saddam Hussein, y el nuevo régimen islámico de Irán, provocaron la guerra (1980-1989) entre ambos países, en la que murieron millón y medio de personas.

África empezó igualmente mal. En Sudáfrica, el nacionalismo afrikáner estableció, tras la victoria electoral en 1948 del Partido Nacional, el partido de la minoría blanca de origen holandés, un infame régimen de apartheid (que duraría hasta 1989), esto es, de «desarrollo separado de las razas», de segregación racial, que supuso la prohibición de matrimonios mixtos, la segregación residencial, la discriminación social y laboral de la población negra, la negación de sus derechos políticos y el establecimiento de enclaves territoriales semiautónomos para ella (Transkei, Ciskei y otros). En Ghana, el primer país del África negra en acceder a la independencia (1957), el régimen de Kwame Nkrumah, uno de los grandes líderes del nacionalismo africano y principal exponente del panafricanismo, derivó hacia la dictadura personal y de partido único: un golpe militar lo derribó del poder en 1966. Las tensiones raciales y políticas entre las tres grandes etnias del país —hausas, ibos, yorubas— hicieron casi imposible el funcionamiento de la democracia en Nigeria. En 1966 se produjeron dos golpes militares de distinto signo; la secesión de Biafra en 1967, región de predominio de los ibos y de gran riqueza petrolífera, sumió al país, durante treinta meses, en una terrible guerra civil. Como ya quedó dicho, conflictos interétnicos, desorden militar (insurrección y amotinamientos de tropas) y vandalismo racial (agresiones a la población blanca; envío de paracaidistas belgas para su evacuación) frustraron la independencia del Congo exbelga y pusieron al país al borde del caos (secesión de la provincia de Katanga, asesinato del primer ministro Lumumba, golpe militar del coronel Mobutu en 1965). En 1965, la minoría blanca de Rhodesia, dirigida por Ian Smith, el líder del derechista Frente Rhodesiano, proclamó unilateralmente la independencia antes que aceptar el gobierno de mayoría negra que se derivaría del proceso de descolonización trazado por Gran Bretaña, conflicto que generaría también una intensa resistencia guerrillera, que se prolongó hasta los acuerdos logrados en 1979, mediante negociaciones auspiciadas por Londres.

La modernidad asiática

En otras palabras, Asia y África no tuvieron en modo alguno desde 1945 una evolución tranquila. La construcción nacional fue efectiva, aunque problemática, en un relativamente reducido número de países: Japón, Corea del Sur, China comunista, la India, Taiwán, Indonesia, Turquía, Egipto (bajo el liderazgo de Nasser, 1954-1970), Irán, Túnez, Argelia, Marruecos, Arabia Saudita, los emiratos árabes del golfo de Arabia. Fue muy problemática en los países árabes de Oriente Medio y en Pakistán (y en Asia, en Filipinas); y extraordinariamente difícil en buena parte del África subsahariana. La democracia solo pareció estabilizarse en Israel, Japón, la India y con interrupciones —la más grave, en septiembre de 1980— en Turquía, la república creada en 1923 por Mustafá Kemal Atatürk y gobernada por él con mano de hierro —pero al servicio de la occidentalización del país— hasta su muerte en 1938, y que no obstante sus problemas internos (nacionalismo kurdo, movimientos islamistas) y externos (Grecia, Chipre, Oriente Medio) evidenció notables progresos económicos sobre todo ya en la década de 1980. En todo caso: China, la India y Japón emergieron desde 1945, por distintas razones (poder demográfico, prestigio diplomático, poder económico), como actores sustantivos del nuevo orden internacional.

Tras su victoria en la guerra civil (1945-1949) que estalló tras la guerra mundial, los comunistas crearon en China un Estado y una administración centrales unificados y eficaces, con lo que llevaron a cabo, en muy poco tiempo además, una impresionante labor en la construcción de infraestructuras y comunicaciones (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, aviación) y en políticas asistenciales de higienización y sanidad. El desarrollo industrial y agrario hasta finales de los años cincuenta —años en que la China comunista se alineó plenamente a todos los efectos (planificación económica, colectivizaciones agrarias, política exterior) con la URSS de Stalin— fue espectacular. Por su producción industrial (carbón, electricidad, hierro, acero), hacia 1960 China figuraba ya entre los diez primeros países del mundo; pese a su gigantesca población (unos ochocientos millones en 1970), fue siempre autosuficiente en alimentos básicos.

Pero en muchos otros sentidos, su evolución fue sencillamente catastrófica. Mao Zedong (1893-1976), una personalidad extraordinaria pero, como diría el escritor francés André Malraux, «un hombre obsesionado por una visión, poseído por ella» —la idea de una revolución social de comunas agrarias e industriales—, impulsó cambios desconcertantes, experiencias calamitosas (cuya implementación exigió purgas en masa en el interior del partido y de la administración, y gigantescas campañas de propaganda y movilización de cuadros y masas): el Gran Salto Adelante (1958-1960), un intento de reestructurar la economía sobre la base precisamente de comunas de producción autónomas y descentralizadas, sin incentivos individuales al trabajo y mediante la organización rotativa de este; la Revolución Cultural (1965-1968), un retorno a los principios ideológicos básicos de la revolución —supuestamente perdidos en aras del pragmatismo económico—, a través de la movilización fanática de masas de estudiantes y trabajadores jóvenes (los guardias rojos), la idolatrización pública de Mao y su pensamiento, recogido en el Libro Rojo, una especie de catecismo con las frases más conocidas y más banales del líder; la eliminación de toda forma de «desviacionismo» y «reformismo» y una presión callejera cercana al histerismo colectivo —linchamientos públicos, manifestaciones continuas y multitudinarias, actos rituales de masas— sobre intelectuales, profesores, artistas y dirigentes políticos.

No obstante el carácter traumático de la partición de 1947 —que pudo costar la vida a unas 250 000 personas (entre ellas a Gandhi, el líder nacional de la India asesinado por un fanático hindú en enero de 1948)—, la India (368 millones de habitantes en 1950; 753 millones en 1985) nació, en cambio, como un Estado secular y democrático: se construyó sobre las ideas democráticas y regeneradoras que habían inspirado desde 1885 la lucha por la independencia; heredó —lo que no ocurrió en Pakistán— un embrión de Estado, esto es, gran parte del aparato administrativo y económico creado por el Imperio británico. Bajo la dirección de Nerhu, primer ministro entre 1947 y 1961, la India optó por la industrialización, el socialismo de Estado, la reforma agraria y el desarrollo social (una agenda por completo ajena a la espiritualidad tradicional sobre la que Gandhi hubiera querido construir el país). Nerhu hizo de la India un poder internacional. Lideró la conferencia de Bandung de 1955. Medió en las guerras de Corea y Vietnam, envió tropas, en misiones de Naciones Unidas, a Oriente Medio, el Congo y Chipre, y anexionó Goa, enclave portugués, en 1961; la intervención militar de la India en Pakistán Este, en diciembre de 1971, propició la independencia de Bangladesh.

El éxito de la India coexistió con graves problemas: la disputa con Pakistán sobre Cachemira, la violencia de la minoría sij en el Punjab en demanda de derechos políticos, el asesinato de la primer ministro Indira Gandhi en 1984 y de su hijo, y ex primer ministro, Rajiv, en 1991. El país creció, además, lentamente hasta la década de 1980. Pero la liberalización económica de la década de los noventa provocó cambios espectaculares: el PIB pasó de 5,5 millones de rupías en 1990 a 20,7 millones en 2000, un crecimiento basado en la industria (acero, textil, electrónica), la agricultura de exportación, los servicios y las nuevas tecnologías de la comunicación; un cambio sin duda contradictorio y desigual —la India seguía teniendo al comenzar el siglo XXI altos niveles de pobreza y muchas regiones y ciudades sumidas en el subdesarrollo y la miseria— pero que era expresión del caótico dinamismo del país y de sus extraordinarios y abigarrados centros urbanos (Bombay, Delhi, Bangalore, Chennai, Calcuta…).

La recuperación de Japón fue una de las sorpresas más agradables del nuevo orden salido de la Segunda Guerra Mundial. Tutelado por Estados Unidos entre 1945 y 1952, años en que se aprobó una nueva Constitución (1946), el emperador renunció a la divinidad y se juzgó por crímenes de guerra a algunos de los cargos políticos y militares que habían llevado el país a la guerra; renacido, así, como país democrático (bajo el gobierno casi ininterrumpidamente hasta 2009 del Partido Liberal Democrático), Japón fue, en efecto, la expresión más exitosa de la nueva modernidad asiática: excepcional crecimiento económico entre 1945 y 1990 (9,5 % anual en 1950-1960; 10,5 % anual en 1960-1970; 5 % en 1970-1980); gran desarrollo de los sectores automovilístico, electrónico, tecnológico, energético, financiero, siderúrgico, y de las industrias de consumo y el comercio exterior; muy alta capacitación educativa, técnica y profesional; fuerte expansión empresarial internacional; espléndida y muy densa red de comunicaciones (red ferroviaria, carreteras, aeropuertos, aviación, telecomunicaciones); gran crecimiento de la población urbana, y de la arquitectura y el urbanismo modernos en las grandes ciudades.

El país organizó con gran éxito los Juegos Olímpicos de 1964 y los Juegos de Invierno de 1972 (Sapporo) y 1998 (Nagano). Los nombres y las marcas de empresas y productos japoneses —Toyota, Honda, Sony, Panasonic, Nissan, Canon, Toshiba, Nintendo…— eran hacia 1990 nombres de uso familiar en todo el mundo. Pese a la recesión económica que se extendió desde la década de 1990 (la «década perdida»), Japón (93 millones de habitantes en 1960; 126 millones en 2000) era en el año 2001, por su PIB y su renta per cápita, la tercera economía del mundo. Desde perspectivas opuestas, escritores como Mishima y Oé dirían que el desarrollo había destruido en buena medida el alma y la mentalidad japonesas tradicionales —para Mishima, espíritu guerrero y nacionalista— y sumido a Japón en una especie de vacío moral. Pudo ser así. Pero el desarrollo había cimentado el renacimiento del país. El cambio económico no había conllevado la total desaparición de los usos y las tradiciones japoneses (etiqueta, vestimenta, sentido reverencial, sumo, música propia, artes marciales, ceremonia del té, comida japonesa); los había incorporado junto con los nuevos tipos de entretenimiento y cultura popular (el béisbol y el fútbol, turismo, televisión, videojuegos, cómics, cine, música rock…) en una nueva identidad. Japón había asumido con entusiasmo desde 1945 la doble cultura de la democracia y la paz.

Países como Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Malasia habían desarrollado, de forma evidente ya hacia 1980, potentes economías. La producción de petróleo había hecho para entonces de países como Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein, Dubái y Abu Dhabi, los países de mayor renta per cápita del mundo y formidables centros financieros. El comunismo no cayó en China, como en la Unión Soviética y Europa del Este, en 1989. Las razones eran reveladoras. Primero, la ruptura con la URSS desde 1964 y el deseo de los dirigentes chinos (Mao, Zhou Enlai) de contrarrestar el «hegemonismo» soviético propiciaron la aproximación entre China y Estados Unidos, que culminó con el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la visita del presidente Nixon a Beijing en 1972. Segundo, la liquidación del maoísmo —culto a la personalidad, terror rojo, idealismo comunal agrario— a la muerte de Mao en 1976 y las reformas que los nuevos dirigentes bajo el liderazgo de Deng Xiaoping introdujeron a partir de la década de 1980 —liberalización económica, inversiones y tecnología extranjeras, mecanismos de mercado, reforma comercial, estímulos al sector privado— impulsaron una espectacular transformación del país. La economía china creció entre 1981 y 1997 a una media del 10 % anual. La vida social se occidentalizó de forma vertiginosa. China disponía ya, cuando finalizaba el siglo XX, de toda la oferta de consumo de las sociedades occidentales —automóviles, televisores, electrodomésticos, moda…— y de todas la innovaciones (ordenadores personales, telefonía móvil, internet) creadas por las nuevas tecnologías de la comunicación.

Asia y África contaban en el mundo. El cine de Kurosawa —de Rashomon en 1951 a Ran en 1983— y la literatura de Kawabata, Mishima y Oé, pusieron la cultura japonesa en el centro de la cultura moderna. La literatura israelí (Amos Oz, Yehoshúa, Grossman) daba cuenta de los problemas de una identidad, la israelí, intensa, atormentada y dividida. Escritores indios como R. K. Narayan, Raja Rao, Anita Desai, Nirad Chaudhuri y el angloindio V. S. Naipaul lograron muy pronto triunfar en los medios literarios británicos. El poeta martinicano Aimé Césaire y el escritor senegalés Leopold Sédar Senghor reivindicaron la «negritud», la afirmación de la cultura, estética y sensibilidad africanas. El nigeriano Chinua Achebe escribió en 1958 la primera obra maestra de la literatura africana, Todo se desmorona, un espléndido relato sobre el impacto que la llegada del hombre blanco tuvo sobre la cultura tribal africana. El también nigeriano Wole Soyinka recibió en 1986 el Premio Nobel de Literatura; el escritor egipcio Naguib Mahfouz lo logró en 1988.

El imperio había contraatacado, escribió en la revista Time, en febrero de 1993, el escritor británico de ascendencia india Pico Iyer: ponía de relieve la importancia internacional que desde 1980 había adquirido la novela poscolonial de escritores como Rushdie, Ben Okri, Ondaatje, Kureishi, Ishiguro, los caribeños Walcott y Naipaul, el sudafricano J. M. Coetzee, escritores en lengua inglesa con raíces mixtas en alguna parte del antiguo Imperio británico.

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La guerra civil latinoamericana

Tres problemas esenciales —democracia, desarrollo, modernización— definieron la agenda latinoamericana tras la Segunda Guerra Mundial. La democracia fue restablecida, o se consolidó, entre 1944 y 1946 en unos quince países del continente: en Guatemala (victoria de Juan José Arévalo, el candidato de la «revolución nacional» democrática, en las elecciones de 1944), en Brasil (liquidación en 1945 del régimen autoritario y populista de Vargas), en Argentina, Chile y Uruguay (victorias electorales en 1946, respectivamente, de Perón, el Frente Popular y el Partido Colorado de Luis Batlle). Venezuela celebró sus primeras elecciones presidenciales libres en 1947. El Partido Cubano Revolucionario Auténtico gobernó en Cuba, de acuerdo con la Constitución de 1940, entre 1944 y 1952. En 1948, se introdujo en Puerto Rico, bajo control norteamericano desde 1898, el sistema de elección directa del gobernador. Como partido hegemónico, fórmula en la que había desembocado el sistema de poder de la revolución de 1910, el Partido Revolucionario Institucional garantizó desde 1946 en México (presidencias de Ávila Camacho, Miguel Alemán y Ruiz Cortines) la estabilidad política y la continuidad institucional.

La agenda del desarrollo

Los gobiernos latinoamericanos optaron en general por políticas de industrialización —por sustitución de importaciones—, proteccionismo, grandes obras de infraestructura (vías férreas, carreteras, aeropuertos), creación de empresas del Estado y desarrollo del sector público (petróleo, minas, acero, electricidad, ferrocarriles, líneas aéreas) y estímulos a la inversión extranjera. Los resultados no fueron en modo alguno desdeñables. El PIB de América Latina aumentó entre 1946 y 1973 a una tasa media anual del 5,33 %, tasa superior a la de Europa y Estados Unidos. La economía argentina creció a una media anual del 3,4 % en 1946-1960 y del 4,5 % entre 1961 y 1973; la mexicana, al 6 % anual entre 1946 y 1960, y al 6,8 % en 1961-1973. La producción de petróleo de Venezuela pasó de 77 900 toneladas en 1950 a 194 310 toneladas en 1970. La agricultura siguió teniendo en muchos países un peso decisivo. En 1970, la industria y los servicios habían pasado a ser, sin embargo, los sectores fundamentales de la mayoría de las economías de la región.

989 949 personas emigraron a Argentina entre 1940 y 1959; 667 094 a Brasil (1945 a 1959) y en torno a 430 000 a Venezuela (también entre 1945 y 1959). La población de América Latina creció de 157,6 millones de habitantes en 1950 a 271,7 millones en 1970. La población de Brasil pasó de 53,4 millones en 1950 a 95,8 millones en 1970, y la de México, de 27,7 millones a 50,5 millones de habitantes en los mismos años. El índice de urbanización de Uruguay y Argentina era en 1960 superior al 70 %; en Chile, Venezuela, Cuba, México, Colombia y Perú superaba, o rozaba, el 50 %. Buenos Aires, México, São Paulo, Río de Janeiro, Lima, Bogotá, Santiago, Caracas, La Habana, Montevideo, superaban en 1960 el millón de habitantes. Si bien precaria y desigualmente, los años 1945-1965 fueron los de los automóviles, la televisión, el consumo de masas, el turismo, los electrodomésticos y, con pocas excepciones, de la pasión colectiva por el fútbol.

El modelo modernizador latinoamericano de la posguerra iba a ser, con todo, complicado y difícil: políticamente fallido y, pese a lo dicho, económicamente frágil. Por razones internas y por razones externas. Lo esencial, en efecto, fueron las razones políticas, esto es, razones de orden interno (nacional), derivadas en cada caso de la propia dinámica política y social desencadenada por los cambios de la posguerra en el interior de cada país, y de la misma especificidad y particularismo de las distintas culturas políticas nacionales (y distintos problemas estructurales e institucionales) de los países latinoamericanos. Así, en Argentina Perón creó desde 1946 un régimen autoritario, nacionalista y populista que nacionalizó ferrocarriles y teléfonos, creó un gran sector público (siderurgia, líneas aéreas, gaseoductos) y desarrolló una amplia, y demagógica, política social (seguros sociales, viviendas populares), que llevó a Argentina a la ruina (gasto público desmesurado, enormes problemas financieros, corrupción generalizada) y cuyo legado, el peronismo, condicionó la evolución del país de forma permanente: un golpe militar derribó a Perón en 1955; Argentina no logró encontrar verdadera estabilidad por tiempo considerable. El asesinato en 1948, en Bogotá, del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, sumió a Colombia en la violencia y el caos, que propiciaron —en un país de larga tradición civilista— el golpe de Estado de 1953 del general Rojas Pinilla (1953-1957). El ejército impuso en Perú la dictadura del general Odría (1948-1956), el telón de fondo de Conversación en La Catedral (1969), la gran novela de Mario Vargas Llosa sobre la degradación moral del país. El exdictador Ibáñez del Campo ganó las elecciones en Chile en 1952; el ejército implantó ese mismo año la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela (1952-1958).

El problema exterior fue el creciente intervencionismo norteamericano en la región, resultado de la errónea aplicación por Estados Unidos a América Latina de la estrategia de la Guerra Fría, esto es, de la política de contención del comunismo. El gobierno nacional y reformista de Jacobo Arbenz (1951-1954) en Guatemala fue derrocado en junio de 1954 por un golpe militar de exiliados contrarrevolucionarios auxiliados y preparados por los servicios de inteligencia norteamericanos; Estados Unidos sostuvo, ahora, a varias de las peores dictaduras latinoamericanas, las dictaduras de los Somoza en Nicaragua (1937-1964), Trujillo en la República Dominicana (1930-1960), Batista en Cuba (1952-1959), Stroessner en Paraguay (1954-1989) y Duvalier en Haití (1957-1971).

Entre la revolución y la dictadura

Aunque la democracia (un ejemplo: la transformación de Puerto Rico en Estado Libre Asociado en 1952) y el desarrollismo continuaron (con Frondizi en Argentina, 1958-1962; Kubitschek en Brasil, 1956-1961, Ruiz Cortines, 1952-1958, y López Mateos, 1958-1964, en México, y si se quiere, con la revolución nacional boliviana de Paz Estensoro, 1952-1964), la dictadura, la antítesis de la modernidad política, volvía a ser el modelo general de gobierno de América Latina. La literatura latinoamericana de dictadores de los años cincuenta y sesenta, y aún después (El señor Presidente, Yo el Supremo, El otoño del patriarca, La fiesta del Chivo…) no era, pues, mera ficción.

La revolución aparecía ahora como la única alternativa. El triunfo de la revolución cubana en 1959, «el hecho detonador de toda una época» (Vargas Llosa) —cuando un grupo guerrillero reducido pero audaz derribó a la débil y corrupta dictadura de Batista—, galvanizó América Latina. Bajo el liderazgo de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, Cuba se constituyó como un régimen nacionalista, antiimperialista y revolucionario. Se aproximó a la Unión Soviética y China, y se posicionó frente a Estados Unidos (cuyo imperialismo aparecía en la retórica de la revolución como la razón última del fracaso histórico latinoamericano). El régimen cubano nacionalizó las grandes empresas y el comercio, estatalizó la vivienda y los transportes, colectivizó la tierra y tomó el control de las grandes plantaciones de azúcar. La dependencia de la Unión Soviética se acentuó. En abril de 1961, Cuba repelió fulminantemente una invasión contrarrevolucionaria sobre Bahía de Cochinos preparada desde Estados Unidos; en octubre de 1962, Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron al borde del choque frontal tras la instalación en la isla de misiles soviéticos (cuya retirada exigió, y logró, Estados Unidos).

El problema iba a ser doble: la desviación totalitaria de la revolución (el régimen cubano había derivado ya en 1965 en una dictadura comunista más, bajo el control del recreado Partido Comunista de Cuba y de su líder —histriónico, intempestivo, astuto— Fidel Castro); y la estrategia cubana, simbolizada en el Che Guevara, de exportar la revolución a todo el continente. La Revolución cubana suscitó, en efecto, el entusiasmo revolucionario de América Latina. Formas de guerrilla urbana y de guerrilla rural de ideología o castrista o comunista o populista (o peronista-marxista, como el grupo Montoneros surgido en Argentina en 1968) aparecieron en la década de 1960 en toda América: en Argentina, en Bolivia (una pequeña guerrilla rural que encabezó, tras dejar Cuba, el propio Che Guevara), en Colombia (Ejército de Liberación Nacional, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), El Salvador (Frente Farabundo Martí), Guatemala, Nicaragua (Frente Sandinista), Perú, Uruguay (el movimiento leninista Tupamaros creado en 1962).

La revolución abrió un ciclo infernal: la respuesta a la teoría y práctica de la guerrilla fue la militarización de América Latina. Golpes militares del ejército como institución —en la mayoría de los casos extraordinariamente violentos— liquidaron los procesos políticos en marcha y establecieron dictaduras militares en Honduras (1963), Brasil y Bolivia (1964), Argentina (1966-1971), Panamá (1968), Uruguay (1972), Guatemala (1970, 1982), Chile (1973), Argentina nuevamente (1976, tras la «normalización» de 1971-1976 en que se produjo el retorno de Perón al poder tras dieciocho años de exilio) y El Salvador (1979). En 1965, el ejército norteamericano intervino en la República Dominicana para impedir que la crisis política que siguió al asesinato del dictador Trujillo en 1961 —gobierno democrático de Juan Bosch, golpe militar en 1963, guerra civil en abril de 1965— llevase a la creación de una nueva Cuba.

En México, el país de la estabilidad perfecta, la agitación en 1968 de los estudiantes universitarios, los jóvenes nacidos del desarrollo y la modernización, contra el inmovilismo del sistema político y los desequilibrios del sistema económico, dio lugar a violentos enfrentamientos callejeros a lo largo del año y a una brutal represión, ya en octubre (pocos días antes del comienzo de los Juegos Olímpicos), en la plaza de Tlatelolco de la capital (trescientos muertos, miles de detenidos). En Chile, modelo de democracia moderna y de reformismo gradual y ordenado bajo el gobierno de la democracia cristiana (Jorge Alessandri, 1958-1964; Eduardo Frey, 1964-1970), el país ideal para la Alianza para el Progreso planteada en 1961 por el presidente norteamericano Kennedy, la elección en 1970 del candidato de la izquierda Salvador Allende y su «vía chilena al socialismo» —nacionalización de la minería del cobre, expropiación de industrias metalúrgicas y alimentarias, ocupación y expropiación de tierras, amplias concesiones a los sindicatos, apertura a Cuba—, y la polarización social y política que provocó (altísima inflación, desabastecimiento, huelgas, manifestaciones y protestas de amplios sectores de las clases medias), decidió a Estados Unidos, a la administración Nixon (1969-1975), a apoyar la desestabilización del país ya en marcha: el 11 de septiembre de 1973, el ejército, bajo el mando del general Pinochet, derrocó a Allende (que se suicidó) y liquidó por la fuerza (11 000 desaparecidos, 200 000 exiliados) la democracia chilena.

No todo fueron dictaduras militares. Aun con problemas evidentes —episodios ocasionales de terrorismo independentista en Puerto Rico, movimientos guerrilleros en Colombia, régimen militar reformista (1968-1975) y aparición en 1970 de la violentísima guerrilla maoísta Sendero Luminoso en Perú—, la democracia prevalecía en países como Venezuela, Colombia, Perú, Costa Rica o Puerto Rico. México pareció superar la tragedia del 2 de octubre de 1968: el populismo del presidente Echeverría (1970-1976), el fuerte crecimiento económico del país propiciado por el alza del precio del petróleo en los primeros años de la presidencia de López Portillo (1976-1982), restablecieron la estabilidad. En 1978 se inició una gradual reforma del sistema político que fue permitiendo una creciente participación de los partidos de la oposición en la política nacional.

Pero eran excepciones. Hacia 1970-1980, América Latina parecía sumida en una verdadera guerra civil, condenada a una dramática alternancia de ciclos revolucionarios y dictaduras militares.

La transición a la democracia

Las dictaduras militares no eran, sin embargo, experiencias necesarias, una necesidad histórica. Las dictaduras no resolvieron los problemas de gobierno de sus respectivos países. Lograron a menudo —contra lo que luego se diría— la acomodación de las distintas sociedades nacionales a sus respectivos regímenes. Nunca consiguieron, sin embargo, la adhesión de mayorías suficientes: las dictaduras no pudieron construir sistemas políticos propios.

Su legado fue atroz: 11 000 desaparecidos en Chile (1973-1990), 6000 ejecutados y 9000 o más desaparecidos en Argentina (1976-1982), trescientos muertos, 150 desaparecidos y 60 000 represaliados en Brasil (1964-1985). El mismo balance de su gestión económica fue en conjunto dudoso y, en todo caso, contradictorio. Ciertamente, Brasil creció entre 1964 y 1985: 9,8 % de media anual en 1965-1973, y 8,4 % en 1970-1980. Pero ya lo había hecho antes, 1952-1964, y volvería a hacerlo después, 1993-2007, años en que el PIB brasileño creció a una media anual del 3,2 %. Con Pinochet, Chile creció discretamente hasta 1980, negativamente en 1980-1983 (-3,4 % anual) y eficazmente solo entre 1984 y 1988 (5,5 % de crecimiento medio anual). La dictadura argentina fue un fracaso económico: el PIB del país sufrió entre 1976 y 1982 un retroceso medio anual del 2,1 %, y la inflación media en los mismos años se estimó en el 189,3 % anual. El PIB global de América Latina creció menos en la época álgida de las dictaduras (1970-1983), 4,7 % de media anual, que en el periodo anterior, 1965-1973 (crecimiento del 7,4 % anual).

Varios factores propiciaron, así, el fin de las dictaduras: el fracaso, como sistema, de los regímenes militares; la propia tradición democrática que, pese a mucho de lo dicho hasta ahora, existía en varios de los países latinoamericanos; el inmenso error de la dictadura argentina al desencadenar en 1982 la guerra de las Malvinas; el fin desde 1985-1989 de la Guerra Fría, que hizo que Estados Unidos —aun apoyando movimientos armados insurreccionales contra regímenes revolucionarios (como hicieron en Nicaragua en 1984-1988 con su apoyo a los contra del Frente Nacional Democrático)— no confiara ya en regímenes o sistemas militares.

La democracia fue restablecida en Perú en 1979, porque el gobierno militar de Morales Bermúdez (1975-1978) creyó que debía consultarse al país en elecciones constituyentes; en Uruguay en 1985, después de que el país rechazara en referéndum en noviembre de 1980 el proyecto de reforma constitucional de la dictadura. La guerra de las Malvinas (o Falklands) fue, en efecto, el fin de la dictadura argentina: iniciada el 2 de abril de 1982 con la ocupación por el ejército argentino de las islas —islas casi deshabitadas, de soberanía británica, reclamadas por Argentina desde 1833—, la guerra terminó el 14 de junio (rendición de Port Stanley), tras la victoria fulminante de la fuerza expedicionaria británica (treinta buques de guerra, aviación, seis mil soldados), que provocó la caída de la Junta Militar argentina, presidida en 1981-1982 por el general Galtieri, y su sustitución por una Junta de transición (general Bignone) que restableció las libertades y convocó elecciones constituyentes (que ganó, ya en octubre de 1983, el Partido Radical de Raúl Alfonsín). En Bolivia, la tensión entre los propios militares y la oposición popular llevó a la dictadura a ceder en 1982 el poder a un Congreso Nacional, que eligió presidente a Hernán Siles Zuazo, líder de Unidad Popular.

En Chile, la derrota del propio dictador, Pinochet, en octubre de 1988 en un plebiscito sobre la prolongación o no de su mandato durante un nuevo periodo de ocho años, lo obligó legalmente, aun conservando el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas, a convocar elecciones presidenciales, que ganó (diciembre de 1989) el democratacristiano Patricio Aylwin. En 1989 cayó en Paraguay la dictadura del general Stroessner implantada en 1954. Significativamente, tropas norteamericanas invadieron ese mismo año Panamá —que había recuperado la soberanía del canal durante el mandato del general Torrijos (1968-1981)—, derrocaron al general Noriega, el nuevo hombre fuerte (pero vinculado a redes de narcotráfico) y reimplantaron el orden democrático. La democracia fue también restablecida en 1990 en Haití.

El régimen de dictaduras estaba, pues, acabado. El ciclo revolucionario, también. Che Guevara murió en Bolivia en 1967, ejecutado tras ser capturado, y su grupo guerrillero desarticulado, por fuerzas del ejército boliviano. Tras el fracaso económico de la revolución, Cuba sobrevivía exclusivamente por la ayuda soviética, unos 65 000 millones de dólares hasta 1990. En Nicaragua, el Frente Sandinista, el movimiento revolucionario que gobernaba desde su victoria en 1979 en la larga guerra guerrillera iniciada en 1961 contra la dictadura de los Somoza, fue derrotado en las elecciones de 1990, lo que permitió el restablecimiento de la democracia. En septiembre de 1992 fue detenida en Perú toda la dirección de Sendero Luminoso, incluido su líder Abimael Guzmán. El surgimiento en Chiapas (México) en 1994 de un Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una rebelión de terciopelo que recurrió más a marchas pacíficas ante los medios de comunicación que al uso de las armas, no fue ya significativo: el gran hecho histórico en México fue la victoria del Partido de Acción Nacional de Vicente Fox en las elecciones presidenciales de 2000, la primera vez en setenta y un años en que el partido de la revolución de 1910, el PRI, perdía el poder.

Con excepción de Cuba, América Latina parecía, así, caminar irreversiblemente hacia la democracia. El proceso no era en modo alguno inesperable. Después de todo, la filosofía política fundacional de toda América Latina, tras la independencia a principios del siglo XIX, fue el republicanismo presidencialista. A pesar de graves desequilibrios —desigualdades sociales, bolsas de pobreza, marginalidad de poblaciones indígenas, emigración a Estados Unidos (de México, Centroamérica y el Caribe)— y de crisis económicas recurrentes (como el derrumbe de la economía argentina en 1999-2002, que provocó el relevo de cinco presidentes en cuatro años), el desarrollo del continente era ya evidente. El PIB global creció a una media anual del 2,7 % en 1984-1988, del 3 % entre 1991 y 2000, y del 3,8 % en 2001-2010. La población aumentó de 362 millones en 1980 a 515 millones en 2000. El índice de población urbana era en ese año del 75 %; el número de ciudades de más de un millón de habitantes era ya de cincuenta, ocho de ellas entre las cien mayores del mundo.

Lo que era más significativo: América Latina había logrado su propia modernidad. El escritor mexicano Octavio Paz dijo que la literatura latinoamericana era uno de los acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX. Ficciones (1944) de Jorge Luis Borges y Pedro Páramo (1955) de Juan Rulfo eran, en efecto, relatos de sorprendente y excepcional calidad. El señor Presidente (1946) de Miguel Ángel Asturias, El laberinto de la soledad (1950) de Octavio Paz, un ensayo sobre México y lo mexicano, y Canto General (1950), el gran poema épico de Pablo Neruda, eran además de espléndidas piezas literarias, reflexiones críticas sobre la identidad y la historia del continente. El boom que la literatura latinoamericana experimentó en la década de 1960, una literatura de gran originalidad y audacia formal y lingüística asociada a la obra de Lezama Lima, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Juan Carlos Onetti, José Donoso (con ese antecedente esencial, decisivo, de Borges, Paz, Neruda y Rulfo), fue ya un momento de plenitud: literatura como conciencia moral del continente, como intensa reflexión sobre la realidad real de este, un universo singular, resultado de una herencia a la vez indígena, colonial y europea, con una historia muchas veces violenta y conflictiva.

El boom literario; instituciones como el Colegio de México, el Instituto argentino Di Tella, las universidades nacionales de México y Buenos Aires y la universidad de Puerto Rico en los años del rector Jaime Benítez (1942-1966); editoriales como Losada y el Fondo de Cultura Económica; científicos, artistas, cines nacionales (los cines mexicano y argentino, el cine brasileño de la década de 1960) y arquitectos como Niemeyer, el arquitecto de Brasilia, Barragán, Pelli y Legorreta, habían logrado la definitiva internacionalización de toda América Latina.

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La sociedad postindustrial

Los «jóvenes airados ingleses», un grupo de novelistas y autores de teatro de inspiración y trayectorias muy diversas que apareció a finales de los años cincuenta (John Osborne, Arnold Wesker, Harold Pinter, Kinsley Amis, Alan Sillitoe, Colin Wilson, David Storey), mostrarían en sus obras —las más representativas: Mirando hacia atrás con ira de Osborne y Sábado noche, domingo mañana de Sillitoe— que Inglaterra era ya un país postimperial, mediocre, declinante y en parte fracasado (lo que era parcialmente verdad). En Italia, Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Luchino Visconti y Michelangelo Antonioni pusieron fin al cine neorrealista de la posguerra en que ellos mismos habían comenzado: Fellini, mediante un cine de estética barroca y exuberante, a la vez grotesca y genial (Ocho y medio, Roma, Amarcord); Antonioni, con un cine denso y difícil que buscaba indagar las claves de la alienación psicológica del individuo en la sociedad contemporánea (La aventura, La noche, El eclipse); Pasolini, con obras de intensa belleza formal y múltiples registros y referencias religiosas, eróticas, intelectuales y culturales (El evangelio según san Mateo, El Decamerón, Edipo rey); Visconti, mediante reconstrucciones suntuosas y casi perfectas de obras literarias (El gatopardo, Muerte en Venecia).

La nouvelle vague del cine francés de los años sesenta (Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol, Alain Resnais, Éric Rohmer) revolucionó el cine, tanto por la audacia y frescura de sus montajes y técnicas narrativas como por sus contenidos argumentales; la «nueva novela» (Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Claude Simon, Michel Butor) buscó también romper con todas las tradiciones narrativas del género. El pop art (los norteamericanos Andy Warhol, Claes Oldenburg, James Rosenquist, Roy Lichtenstein y Jim Dine; los británicos David Hockney y Peter Blake) y la llamada desde 1976 Escuela de Londres (Lucian Freud, Roland B. Kitaj, Frank Auerbach, Leon Kossof, Michael Andrews) eran reacciones contra el expresionismo abstracto de la posguerra: el pop art, mediante la incorporación en sus cuadros de temas de la cultura de masas; la Escuela de Londres, retornando a la pintura figurativa, al retrato y al paisaje como formas de entender el entorno social y la realidad humana. Cuatro películas magistrales de Stanley Kubrick plantearon algunas de las nuevas preocupaciones de la sociedad: el caos emocional y la capacidad destructiva de la obsesión erótica (Lolita, 1962, adaptación de una novela de Vladimir Nabokov); la amenaza de una guerra nuclear (¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú, 1964); la aventura espacial, y la tecnología, como aventuras tal vez sin sentido en el destino del hombre (2001: una odisea del espacio, 1968, basada en un relato de Arthur C. Clarke); la violencia juvenil y la respuesta represiva de la sociedad (La naranja mecánica, 1971, adaptación de una novela de Anthony Burgess).

Los años sesenta marcaron, en efecto, el final de la posguerra. El mundo había cambiado. Con rentas per cápita que en 1975 superaban los 3500 dólares (en valores de ese año), la sociedad occidental —Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, los países de Europa occidental, incluida hasta cierto punto la España del desarrollo de los años 1960-1975, y algunas regiones de América Latina— era ya, no obstante sus múltiples contradicciones, una sociedad opulenta (por decirlo con el título del libro, de 1958, del economista John K. Galbraith): una sociedad con altos niveles de desarrollo, bienestar social, educación superior y prosperidad material, y una disminución dramática de las tasas de natalidad y mortalidad; una sociedad sexualmente permisiva (como mostraba la publicación de trabajos como el Informe Kinsey, 1948-1953, que fueron familiarizando a la sociedad con la homosexualidad, el aborto y la libre sexualidad, o películas como El último tango en París, 1972, de Bernardo Bertolucci) y donde buena parte del gasto familiar e individual, estimulado por una publicidad inundatoria, era absorbido por vacaciones, turismo, segunda vivienda y las múltiples y cambiantes formas del consumo y del ocio (televisión, cine, deportes, industrias de la moda y la música…). Entre 1945 y 1970, el PIB norteamericano se duplicó y la renta per cápita aumentó en un 60 %. El PIB medio de Europa occidental se duplicó, igualmente, ente 1950 y 1973. La renta per cápita de Europa creció entre 1950 y 1970 a una media del 4 % anual, una cifra sin precedente en la historia europea. La población europea (sin Rusia) pasó de 400 millones en 1950 a 460 millones en 1970 (Francia pasó de 39,8 millones de habitantes en 1946 a 46,5 millones en 1962; Alemania Occidental, de 46,5 millones en 1946 a 60,6 millones en 1970; Gran Bretaña creció de 48,7 millones en 1951 a 53,9 millones en 1971; Italia, de 46,7 millones en 1951 a 53,8 millones en 1970; España, de 28 millones en 1950 a 33,8 millones en 1970). La sociedad occidental era en 1960 una sociedad mayoritariamente urbana. Solo en Europa, la población urbana representaba en torno al 75 % de la población europea occidental. Unas treinta ciudades superaban ya en el continente el millón de habitantes.

La sociedad occidental de los años sesenta y setenta era, en suma, una sociedad de masas y postindustrial. En El advenimiento de la sociedad post-industrial (1973), Daniel Bell sostenía que las economías occidentales eran ya economías basadas en los servicios y en las nuevas tecnologías de la información (industrias del automóvil, aviación, electrónica, teléfonos, vehículos industriales, trenes de alta velocidad, televisión, transistores y, desde los años sesenta y setenta, ordenadores y computadores personales, etcétera) y no en los sectores industriales tradicionales (siderurgia y metalurgia, minería, astilleros), con las consecuencias sociales y políticas que ello conllevaba: en Dieciocho lecciones sobre la sociedad industrial (1961) y La lucha de clases (1964), Raymond Aron había argumentado con razón que el crecimiento económico y el progreso científico y técnico que las sociedades occidentales habían experimentado desde 1945 generaron la elevación evidente del nivel de vida de todos los sectores sociales (e incluso el «aburguesamiento» de la clase trabajadora) y una notable movilidad social, por lo que los conceptos sociales tradicionales (burguesía, proletariado) y los mismos conflictos de clase se habían desdibujado, y resultaban ya anacrónicos como instrumento de análisis y explicación.

Desde luego, el sistema cultural —la producción y difusión de libros, la prensa y los medios de comunicación; las industrias del cine y del entretenimiento; la acción del Estado y de instituciones públicas y privadas al servicio de la cultura (mantenimiento de orquestas, museos, ballets, radios y televisiones nacionales, financiación de festivales de cine o teatro, construcción de auditorios, museos y centros de arte y cultura)— experimentó trasformaciones radicales. Los nuevos y grandes medios de información —verdaderos centros de poder de la sociedad moderna— estaban transformando el mundo en una «aldea global», en un «aula sin muros», según la expresión del filósofo canadiense Marshall McLuhan, el autor de Galaxia Gutenberg (1962), lo que supuso la irrupción en la cultura global de culturas y mundos culturales no europeos —de Estados Unidos en primer lugar, pero también de América Latina (Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Pablo Neruda, Juan Rulfo y luego el llamado boom literario de los años sesenta), la India, África, Japón (el cine de Akira Kurosawa, los escritores Yasunari Kawabata, Yukio Mishima y Kenzaburo Oé), Australia o Israel (Amos Oz, Abraham B. Yehoshua, David Grossman)— y un ensanchamiento decisivo del horizonte y la sensibilidad del hombre contemporáneo. La cultura de masas —que produjo en todo momento obras memorables: hechos deportivos de insuperable emoción y belleza, genios de la música ligera (Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones…), obras maestras del cine y la televisión, ejemplos magníficos de literatura de géneros populares (novelas de crimen y misterio: Agatha Christie, Georges Simenon, John Le Carré, Patricia Highsmith); literatura fantástica: J. R. R. Tolkien; ciencia ficción: J. G. Ballard, Arthur C. Clarke, Phillip K. Dick)— adquirió, igualmente, un desarrollo excepcional en todas partes y sobre todo en Estados Unidos, el país, como se sabe, que desde 1945 mandaba en el mundo. Toda la industria cultural se orientó decididamente hacia el mercado, sobre la base de grandes operaciones publicitarias de promoción y comercialización de la producción. La lógica de la cultura de masas —el imperio de lo efímero, por decirlo con el título del libro de 1987 de Gilles Lipovetsky, un estudio sobre la moda— favoreció así el triunfo de modas y prestigios ocasionales y superfluos, la excitación general, a menudo desaforada, en torno a acontecimientos y personalidades excitantes pero efímeras, y exponentes muchas veces de manifestaciones de banalidad insoportable. Personalidades del cine, la televisión y el deporte gozarían así, desde los años cincuenta, de notoriedad e influencia incomparables (muchas veces sin más mérito que una afortunada fotogenia); los medios hacían de ellos verdaderos arquetipos para la sociedad.

Problemas no faltaron. La guerra de Argelia (1954-1962) provocó el fracaso de la Cuarta República francesa y su sustitución a partir de 1958 por la Quinta República del general Charles de Gaulle. Un golpe militar implantó la dictadura en Grecia entre 1967 y 1974. El nacionalismo resurgió a partir de los años sesenta en regiones europeas de acusada identidad particularista (Irlanda del Norte, País Vasco, Córcega, Cataluña, Flandes, Escocia…). El conflicto desatado por el terrorismo del Ejército Republicano Irlandés (IRA), el brazo armado del nacionalismo católico y proirlandés de Irlanda del Norte, provocó la muerte, entre 1969 y 1997, de unas tres mil personas en la provincia. Euskadi Ta Askatasuna (ETA), organización armada e independentista vasca creada en la clandestinidad bajo la dictadura de Franco en 1959, mató a cerca de cincuenta personas entre 1969 y 1975 (829 entre 1969 y 2011). Aun marginales y sin apoyos sociales significativos, movimientos revolucionarios de extrema izquierda recurrieron, ya en la década de los setenta, en Alemania (banda Baader-Meinhof) e Italia (Brigadas Rojas) al terrorismo y la acción armada en atentados y asesinatos que provocaron gran conmoción (particularmente, el asesinato en Italia en 1978 del dirigente democratacristiano Aldo Moro): en Italia, varios atentados de la ultraderecha (plaza Fontana de Milán, diciembre de 1969: 16 muertos; estación de Bolonia, agosto de 1980: 85 muertos) apuntaron a la existencia de una posible estrategia de la tensión para desestabilizar la democracia (e impedir la probable llegada del Partido Comunista, el segundo partido del país, al gobierno). Gran Bretaña parecía en los años sesenta y setenta el nuevo «enfermo de Europa»: huelgas, presión sindical, ineficiencia de las empresas nacionalizadas, pérdida de mercados, cierre de empresas históricas (grandes astilleros, minas de carbón, fábricas de automóviles), desempleo, inflación. Un gran escándalo de espionaje (a favor de la Unión Soviética) convulsionó la política alemana en 1974 y obligó a dimitir al propio canciller, el socialdemócrata Willy Brandt.

Pero los grandes debates ideológicos y políticos en torno a valores universales —sobre la sociedad, la lucha de clases, el modelo de Estado, el socialismo— habían desaparecido de la política europea o no tenían ya la relevancia e intensidad del pasado. La política de los gobiernos era, cada vez más, política económica, en la que las discrepancias, a menudo radicales, sobre políticas concretas (política fiscal, volumen del gasto público, oferta monetaria, precio del dinero…) no parecían poner ya en cuestión la viabilidad de la economía de mercado como base del bienestar, el empleo y el desarrollo; la política de los partidos era, sencillamente, cálculos y estrategias electorales y de poder. La brutal elevación que los precios del petróleo experimentaron, por decisión de los países productores, en 1973 hizo reaparecer por unos años el espectro de la inflación, el estancamiento económico y el desempleo (que a principios de los años ochenta alcanzó en algunos países europeos cifras no conocidas desde los años treinta). Pero la combinación de medidas de austeridad (sobreprecios, salarios y tasas de interés), reducción del gasto público, desregulación económica, reducciones de impuestos, reconversión industrial, mayor integración de las economías y, pronto, privatización de muchas de las empresas públicas creadas en la inmediata posguerra, a la que recurrieron los gobiernos —conservadores, socialdemócratas, liberales— permitió la recuperación: entre 1985 y 2000, las economías de los principales países europeos occidentales registraron crecimientos en torno al 2-3 % anual.

El filósofo germano-norteamericano Herbert Marcuse llevaba, pues, razón cuando en su libro El hombre unidimensional (1963) describía lo que él llamaba la alienación de la sociedad postindustrial: la capacidad del capitalismo avanzado para integrar el descontento mediante la creación de deseos materiales de difícil satisfacción. El malestar generado por la sociedad occidental postindustrial fue por ello más una reacción moral —manifestaciones de carácter contracultural, pensamiento crítico— que una respuesta política o laboral. La generación beat norteamericana (Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti…) exaltó el consumo de drogas y el gusto por el jazz y el rock-and-roll —surgido a fines de los años cincuenta como principal manifestación de la cultura de la juventud norteamericana de la posguerra— y se interesó por ciertas manifestaciones del misticismo oriental como formas de vida alternativa, formas que definirían enseguida y caracterizadamente a movimientos antisistema de los años sesenta y en particular a los hippies californianos, la manifestación contracultural (vida comunal, cabellos largos, vestidos floreados, pacifismo, permisividad sexual) más representativa del país y de la época (como lo fue enseguida, ya en los sesenta, la música del grupo musical británico The Beatles y el inconformismo del estilo y las actitudes vitales y personales de sus componentes: una subcultura propia y distinta). La que se llamó «segunda ola» del feminismo, que tuvo su precedente en el libro de Simone de Beauvoir El segundo sexo (1949) y su nueva formulación especialmente en La mística de la feminidad (1963) de Betty Friedan y en las numerosas organizaciones de mujeres creadas en los años sesenta, planteó no ya, como previamente, la igualdad cívica y jurídica de la mujer —igualdad relativamente conseguida en países occidentales—, sino un cambio cultural total que liberase plenamente a la mujer de toda forma de dominación masculina y de todo tipo de discriminación (profesional, laboral, sexual, familiar) en razón del género. El pensamiento de Michel Foucault, plasmado en obras como Historia de la locura en la época clásica, El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas, Arqueología del saber, Vigilar y castigar e Historia de la sexualidad, que publicó entre 1961 y 1978, era una subversión de la civilización occidental a través del estudio, como metáforas de la misma, de sus mecanismos represores (manicomios, prisiones…). La historiografía marxista británica (E. P. Thompson, La formación de la clase obrera en Inglaterra, 1963; Eric J. Hobsbawn, La edad de la Revolución, 1962; La edad del capital, 1975; La edad del imperio, 1987; y Christopher Hill, Oliver Cromwell y la revolución inglesa, 1970; El mundo trastornado: ideario popular extremista de la revolución inglesa, 1972) enfatizaba el papel de los grupos de poder, élites y clases (entendidas no como categorías generales sino como hechos históricos complejos y no homogéneos) en la formación de la sociedad industrial moderna. En Teoría y praxis (1963) y Teoría de la acción comunicativa (1981), Jürgen Habermas desarrolló una verdadera teoría crítica de la sociedad avanzada: de la supuesta neutralidad ideológica de la sociología y las técnicas sociológicas; de la creciente burocratización de la política; de la racionalización tecnocrática de la práctica política y de la actuación y las decisiones de los partidos, es decir, de una sociedad en la que la democracia había acabado por no ser otra cosa que elecciones cada cuatro años, intereses de partido, grupos de presión y cálculos y estrategias de poder.

La guerra de Vietnam (1959-1975), en la que Estados Unidos se implicó masivamente desde 1965 a 1973 —543 000 soldados, bombardeos masivos sobre Vietnam del Norte, uso sistemático de napalm y otras armas químicas, ataques a Camboya y Laos— para impedir la victoria de Vietnam del Norte, país comunista, sobre Vietnam del Sur, fue el catalizador del malestar de la generación de la posguerra. Ese malestar terminó, en efecto, por estallar en el propio Estados Unidos en la agitación (manifestaciones, «sentadas», ocupaciones de edificios) contra la guerra que desde 1964 se extendió por todas las universidades del país (cuatro estudiantes murieron en Kent, Ohio, el 4 de mayo de 1970 en choques con la Guardia Nacional en el curso de una de las protestas), y en los movimientos de masas a favor de los derechos civiles de la población negra (que culminaron en la gigantesca marcha sobre Washington del 23 de agosto de 1963 que encabezó el dirigente negro Martin Luther King); y en Europa, en los acontecimientos de mayo del 68 en París pero que tuvieron repercusiones igualmente importantes en otros puntos, especialmente en Berlín y Fráncfort. París vivió en mayo-junio de 1968 una verdadera explosión revolucionaria, cuya cristalización más expresiva y sorprendente fueron las multitudinarias manifestaciones que, ante la total desaparición de toda forma de poder (estatal, policial, militar, político), recorrieron a lo largo de todo aquel mes calles y plazas de la ciudad de forma ininterrumpida y pacífica, en una atmósfera exultante y gozosa de efervescencia política y liberación colectiva.

Mayo del 68 —probablemente el episodio social más grave acaecido en Europa occidental entre 1945 y el final del siglo XX— reveló de forma evidente la naturaleza de la sociedad postindustrial occidental creada desde la posguerra. Pareció cuestionar el poder, las instituciones, el Estado. Mayo del 68 fue, sin embargo, una revolución «inencontrable», como lúcida y perversamente percibió Raymond Aron al hilo mismo de los acontecimientos. Esto es, no fue ni una revolución política (cambio de poder) ni una revolución social, obrera o sindical: fue una revuelta generacional antiautoritaria en el seno de un país democrático. Pese a lo que los estudiantes parisinos y europeos pudieran soñar, la sociedad occidental, incluida su clase obrera, no era una sociedad revolucionaria. En la misma Francia, la derecha logró una gran victoria en las elecciones del 23 de junio de 1968, convocadas por el gobierno —que presidía el gaullista Georges Pompidou— precisamente como respuesta a los acontecimientos del mes anterior. El terrorismo revolucionario de la banda Baader-Meinhof en Alemania y de las Brigadas Rojas en Italia, de alguna forma herencia del 68, fue una tragedia inútil: carentes de apoyo social, ambos movimientos fueron plenamente derrotados por la policía en unos pocos años.

Mayo del 68 y, en general, los años sesenta supusieron, realmente, una revuelta cultural —no un cambio político—, como expresión de la nueva sensibilidad moral de las generaciones de la posguerra, que hacía de la libertad individual y de valores no explícitamente políticos (sexualidad libre, emancipación femenina, vida como placer, pacifismo, defensa de la naturaleza) los ejes de una reacción antiautoritaria contra el orden y la moral convencionales. El legado de mayo del 68 —que coincidió además con la Primavera de Praga, el intento más serio que en la Europa comunista, en este caso en Checoslovaquia, se había hecho por liberarse del régimen totalitario y del orden soviético impuesto desde 1945— fue por ello menos la crítica de la sociedad occidental, como la crítica de toda forma de poder o de pensamiento totalitario (con el que había convivido, y al que había apoyado, buena parte de la izquierda intelectual europea de los años treinta y de la posguerra). Sobre todo a raíz de la publicación en 1975 del libro del escritor ruso Aleksandr Solzhenitsyn Archipiélago Gulag —una devastadora denuncia de la terrible represión en Rusia bajo el régimen comunista—, que provocó una verdadera conmoción en Francia; el nuevo pensamiento francés, los «nuevos filósofos» que irrumpieron en la década de los setenta (Bernard —Henri Lévy, André Glucksmann, Jean-Marie Benoist, Alain Finkielkraut, Luc Ferry, Gilles Lipovetsky…), hicieron de la crítica del comunismo —ahora, «la barbarie con rostro humano», según el título del libro, de 1977, de Bernard-Henri Lévy— y de la revalorización de la democracia las claves de una nueva filosofía centrada en la ética de la libertad.

Además, enseguida, con la aparición de libros como Teoría de la justicia (1972) de John Rawls; Anarquía. Estado. Utopía (1974) de Robert Nozick; Los derechos en serio (1977) de Ronald Dworkin; El liberalismo y los límites de la justicia (1982) de Michael Sandel y Les libéraux (1983) de Pierre Manent, la revalorización del pensamiento de Karl Popper, Raymond Aron, George Orwell, Albert Camus, Hannah Arendt e Isaiah Berlin, previamente descalificados como exponentes del «liberalismo de la Guerra Fría», y la influencia que en los años setenta alcanzaron las ideas económicas de Milton Friedman (básicamente: que la política económica de los gobiernos debía limitarse a la regulación de la oferta monetaria y del valor del dinero, y abstenerse por tanto de formular objetivos generales de producción y empleo), pareció producirse el retorno del liberalismo —afirmación del individuo frente al Estado, visión no determinista de la historia, primacía de los principios de pluralismo y libertad— como pensamiento vertebrador de la sociedad avanzada: Hannah Arendt e Isaiah Berlin fueron probablemente los dos ensayistas universalmente más admirados en los años ochenta y noventa.

Fuese como fuese, Teoría de la justicia (1972) de John Rawls y Anarquía. Estado. Utopía (1974) de Robert Nozick fueron los dos libros más importantes de filosofía política publicados desde 1945. Replanteaban cuestiones esenciales de la filosofía democrático-liberal: la libertad individual, el papel del Estado, la justicia distributiva, el principio de igualdad. El más ambicioso era el libro de Rawls, cuya definición de lo justo, de sociedad justa, exigía la distribución igualitaria de los valores de libertad, oportunidad, renta y riqueza, y la implementación de dos derechos esenciales: el derecho de toda persona al más extenso sistema de libertades básicas e iguales, compatible con un sistema similar de libertades para todos; la no aceptación de desigualdades económicas y sociales salvo que la sociedad no aprecie los beneficios de sistemas alternativos o que las desigualdades aceptadas surgieran en condiciones de igualdad de oportunidades. El pensamiento menos complejo, mucho menos moralizante y mucho más polémico de Nozick sostenía dos tesis básicas: que el individuo tiene derechos básicos (a la libertad de su persona, a disponer de los bienes que ha acabado de poseer como propios); que puesto que todo gobierno recorta o regula la libertad y la propiedad, el Estado viola siempre y por definición en mayor o menor grado los derechos del individuo, por lo que, para Nozick, la libertad exigiría un Estado mínimo, limitado a tareas de vigilancia y protección de la seguridad y propiedad de las personas.

Los libros suscitaron un amplísimo debate: sobre el bien común como necesidad determinante en el funcionamiento del Estado, sobre la igualdad como derecho o como aspiración ideal, sobre la obligación social de asistencia frente a la necesidad y la penuria, etcétera. Tuvieron el mérito de retomar —al menos en los medios académicos interesados en la filosofía moral— el debate sobre la moralidad de la política y el papel que los derechos y los fines éticos debían tener en la vertebración de la sociedad.

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La revolución de 1989

El aplastamiento por el ejército soviético estacionado en Hungría del levantamiento popular que en noviembre de 1956 se produjo en el país en defensa de la apertura democrática, iniciada en los meses anteriores por dirigentes del propio Partido Comunista (murieron unas 20 000 personas, otras 2000 fueron ejecutadas posteriormente, entre ellos, algunos de los dirigentes de la reforma, y cerca de 100 000 se exiliaron), desacreditó para siempre al comunismo como teoría de liberación. El muro que en 1961 la Alemania comunista, la República Democrática Alemana, levantó en Berlín por presión de la URSS para frenar el éxodo de la población hacia la Alemania Federal, un inmenso muro de cemento y alambradas fuertemente vigilado por fuerzas militares y policiales ante el que hasta 1989 murieron, tratando de escapar, unas mil personas, devino ante la opinión mundial el símbolo del terror policial comunista. Parafraseando el título del libro del historiador François Furet El pasado de una ilusión (1995), el comunismo del siglo XX fue el fracaso, si no el horror, de una ilusión. Los autores de El libro negro del comunismo. Crímenes, terror y represión, publicado en Francia en 1997, cifraban sus víctimas a lo largo del siglo en cien millones de muertos: sesenta y cinco millones en China, veinte millones de muertos en la URSS, dos millones en Corea del Norte, un millón de muertos en la Europa del Este…

La historia del comunismo planteaba interrogantes ideológicos, políticos y aun morales de indudable significación y trascendencia, y ciertamente inquietantes. Las dictaduras comunistas no se apoyaron, como el régimen de Hitler, en una megalomanía racista y militarista. Se legitimaron en la doble ética de la revolución (el mito de la Revolución de Octubre de 1917) y del proletariado. La misma URSS de Stalin (1924-1953) apareció a los ojos de buena parte de la izquierda europea de los años 1930-1950 como la gran patria de la revolución internacional (como luego ocurriría, aunque en menor medida, con la China de Mao Zedong y la Cuba de Fidel Castro y Che Guevara). La derrota del comunismo, materializada en el colapso de los regímenes comunistas europeos en 1989 (y, si se quiere, en la evolución modernizadora y occidentalista de China desde la muerte de Mao en 1976), fue mucho más, por tanto, que la caída de un régimen, o de un conjunto de regímenes: fue la derrota del ideal revolucionario de la izquierda obrera del siglo XX.

La cuestión de hasta dónde esa izquierda, hasta dónde los partidos comunistas, se había equivocado resultaba esencial para la comprensión misma de la historia del siglo XX. El fracaso tenía, obviamente, causas y razones históricas y políticas muy profundas. La misma Revolución rusa de octubre de 1917 fue mucho más un golpe de Estado dado por un partido minoritario —el partido bolchevique, luego comunista— en una situación de vacío de poder, que una revolución de masas obreras y campesinas. Luego, la concepción leninista del partido, las ideas de los dirigentes soviéticos sobre el Estado y el poder político (dictadura del proletariado, control obrero, regulación planificada de la economía, industrialización a gran escala, colectivizaciones agrarias) hicieron que el régimen comunista ruso —arquetipo de todo el sistema comunista— desembocara de forma casi inmediata en un Estado totalitario y represivo. Entre 1927 y 1953, Stalin lograría la industrialización de la URSS, la victoria en la Segunda Guerra Mundial (tras un esfuerzo colosal: veinte millones de rusos murieron en la contienda), la reconstrucción del país en la posguerra y la extensión del comunismo a la Europa del Este (resultado en la mayoría de los casos de la «liberación» de esos países en la guerra mundial por los ejércitos soviéticos). Pero, por su origen y por los mismos principios en que se apoyaba, aquella gigantesca revolución desde arriba conllevó la total absorción del Estado por el partido, la centralización del poder en este y en sus órganos dirigentes (Politburó y Secretariado, apenas una veintena de hombres), la implantación sistemática del terror por los servicios de seguridad del Estado, el KGB, ejecuciones en masa, purgas, campos de concentración (llevados a la literatura por Solzhenitsyn en Un día en la vida de Ivan Denísovich y Archipiélago Gulag), y el control y adoctrinamiento sistemáticos de la sociedad, vía la manipulación informativa y la intoxicación ideológica y educativa.

Con Stalin y sus sucesores (Jruschov, 1955-1964; Brezhnev, 1964-1982), la URSS se transformó en un gigante industrial y militar. En 1970 era el primer productor del mundo de acero, carbón, algodón y petróleo. A principios de la década de 1980, el ejército soviético disponía de unos cinco millones de hombres, 37 000 tanques, unos 6000 aviones de combate, y unos 3000 misiles nucleares de distinto tipo (armamento en el que tenía superioridad sobre los ejércitos occidentales). El mantenimiento del imperio, los gastos militares, la carrera de armamento (y la carrera espacial) estrangulaban, sin embargo, el desarrollo de la industria ligera y del consumo familiar; la política de colectivizaciones agrarias había llevado a la agricultura rusa al fracaso. El país importaba masivamente trigo, tenía un considerable retraso en tecnología moderna, el nivel de vida de la población era muy bajo, la vivienda constituía un problema crónico y las prestaciones de las industrias de servicios, alimentación y consumo, aunque habían aumentado en el periodo postestalinista, eran muy escasas y de pésima calidad.

Con la única excepción de Yugoslavia, donde el comunismo nacional de Tito creó un régimen basado más en la autogestión obrera y las cooperativas que en el Estado, la evolución de la Europa del Este desde 1947-1948, años en que se consolidó el poder comunista, siguió la evolución de la URSS: control estatal de producción, industria, comercio y banca, planificación económica, industrialización intensa, colectivizaciones agrarias (salvo en Polonia y Hungría), partido único y jefaturas unipersonales (Walter Ulbricht y Eric Honecker en Alemania del Este; Gottwald y Novotný y, luego, tras la abortada Primavera de Praga de 1968, Gustav Husák en Checoslovaquia; Tito, en Yugoslavia; Rákosi y Kádár en Hungría; Bierut y Gomułka en Polonia; Enver Hoxha en Albania; Dimitrov y Todor Zhivkov en Bulgaria, Gheorghiu-Dej y Ceaucescu en Rumanía), control policial de la sociedad, purgas y represión, adoctrinamiento ideológico —que en Polonia y Hungría significó represión de la Iglesia y el catolicismo—, más política exterior de sumisión a la URSS (de nuevo con la excepción yugoslava: Yugoslavia rompió con la URSS en 1948 y, aunque ambos países se reconciliarían a partir de 1955, siguió una política exterior basada en la «neutralidad positiva» y la «coexistencia activa»).

Los resultados fueron parecidos: construcción de grandes complejos industriales y mineros, desastres ecológicos, tecnología obsoleta, crecimiento económico y modernización modestos, fracaso de la agricultura y del mundo rural, colapso del sector exterior, bajísimo nivel de vida, salarios insuficientes, vivienda precaria (pese a la edificación en todas partes de gigantescos bloques de viviendas oficiales uniformes), paupérrima oferta de alimentación y productos de consumo. Salvo la católica Polonia, todos los países del Este registraron bajísimos índices de crecimiento demográfico. Hungría pasó de 9,2 millones de habitantes en 1949 a 10,6 millones en 1986; Bulgaria, de 7 millones en 1946 a 8,5 millones en 1970; Checoslovaquia, de 12,2 millones en 1947 a 15,5 en 1986; Alemania del Este, de 17,3 millones en 1950 a 16,6 millones en 1986; Rumanía, de 15,8 millones en 1948 a 19,1 en 1966; Yugoslavia, de 15,7 millones en 1948 a 23,3 en 1986. Bajo el comunismo, los países de Europa del Este se transformaron en países industriales y urbanos. El cambio en todos ellos respecto a la situación anterior a la Segunda Guerra Mundial fue notable y positivo. El retraso, en cambio, respecto de Europa occidental fue clamoroso: en 1990, la renta per cápita media de Europa del Este era una cuarta parte de la renta per cápita media de los países europeos occidentales.

El sistema se mantuvo por la represión y, cuando fue preciso, por la intervención de la Unión Soviética. La URSS dejó «estacionados» en la Europa del Este desde 1945 hasta 1989 unos 520 000 soldados. Los tanques soviéticos aplastaron las gigantescas manifestaciones de protesta que estallaron en Alemania del Este en junio de 1953. En 1956, liquidaron la revolución húngara. Un ejército de unos 500 000 soldados de fuerzas del Pacto de Varsovia, que englobaba militarmente desde 1955 a la URSS y a los países del Este (salvo Yugoslavia), invadió Checoslovaquia en agosto de 1968 y liquidó el proceso de reformas políticas («un socialismo con rostro humano») que, desde marzo, la Primavera de Praga, habían venido impulsando dirigentes reformistas del partido bajo el liderazgo del secretario general, Dubcek. En diciembre de 1981, el jefe del Gobierno polaco, el general Jaruzelski, bajo presión soviética y para prevenir una intervención militar similar a la de Checoslovaquia, declaró el estado de sitio en el país —un verdadero golpe de Estado— y prohibió Solidaridad, un gigantesco sindicato libre de oposición que había surgido al hilo de las grandes huelgas que, contra la carestía de la vida, se habían producido desde 1979-1980 en diversas ciudades polacas (expresión, además, de la amplia contestación intelectual, obrera y religiosa, que el sistema comunista había provocado en Polonia).

El fracaso del comunismo en la URSS y en la Europa del Este no fue, en modo alguno, el resultado de las circunstancias históricas. Fue, ante todo, el fracaso de un sistema, de unas políticas económicas, militares y sociales adoptadas por los dirigentes comunistas por razones ideológicas y políticas, y por su particular visión de la sociedad y de la historia. Con todo, la caída de los regímenes comunistas europeos no fue consecuencia ni de la presión exterior —concretada en la renovada firmeza antisoviética demostrada en los años ochenta por Estados Unidos bajo el liderazgo conservador del presidente Reagan, con el apoyo de Gran Bretaña liderada desde 1979 por Margaret Thatcher, la enérgica dirigente conservadora, y, si se quiere, con el apoyo también del papa polaco, Juan Pablo II, nombrado en 1978)— ni de la oposición y el descontento internos, evidentes en países como Polonia, Checoslovaquia y Hungría, pero muy débiles en la propia Unión Soviética, reducidos de hecho a la disidencia individual de un puñado de intelectuales de extraordinario valor moral y personal (Sinyavsky, Daniel, Orlov, Ginzburg, Sharanski, Solzhenitsyn, Sájarov, Medvédev…). En su historia de Europa en el siglo XX (Dark Continent. Europe's Twentieth Century, 1998), el historiador británico Mark Mazower equiparaba la caída del comunismo en 1989 a la caída del Imperio británico a partir de 1947. Se produjo cuando y porque los mismos hombres del sistema (en el caso soviético, Andrópov, Gorbachov, Shevardnadze, Yeltsin…) se dieron cuenta de que era imposible sostenerlo. Gorbachov, el nuevo líder soviético desde 1985, intentó una reforma gradual del sistema, mediante la reestructuración de la economía soviética (perestroika), la aceptación de créditos internacionales y una mayor transparencia informativa (glasnost). El anuncio de que la URSS no intervendría ya en los países satélites y que retiraría sus tropas de los mismos precipitó el hundimiento del sistema, la revolución de 1989: cambios pactados (Hungría), huelgas (Polonia), grandes movilizaciones de masas (Checoslovaquia, Alemania del Este), violencia callejera (Rumanía, donde el jefe del Estado, Ceaucescu, sería ejecutado), impusieron la sustitución de los gobiernos comunistas por gobiernos democráticos provisionales y la apertura de procesos electorales y constituyentes. La propia URSS, donde Gorbachov había convocado elecciones en marzo de 1990, se desmoronó. Las repúblicas bálticas integradas en ella (Lituania, Estonia, Letonia) proclamaron su independencia. En diciembre de 1991, una reacción popular encabezada por Boris Yeltsin, elegido presidente de Rusia, hizo fracasar un golpe de Estado preparado por dirigentes comunistas en agosto para restablecer el régimen soviético. La declaración de independencia en junio de 1991 de Eslovenia y Croacia provocó a su vez la desintegración de Yugoslavia, país constituido desde 1945 como una república comunista y federal, integrada por Serbia, Montenegro, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia.

La revolución de 1989 tuvo, lógicamente, una dimensión histórica excepcional: una era de la historia del mundo (por decirlo en palabras del historiador británico Hobsbawm) había concluido. La caída del comunismo pareció consagrar el triunfo de la democracia liberal occidental, tanto más así cuanto que en 1974 cayeron las dictaduras griega (1967-1974) y portuguesa (1926-1974) y que la muerte de Franco en 1975 permitió la transición de España de la dictadura a la democracia. La revolución de 1989 fue el triunfo de los valores y principios (libertad individual, solidaridad humana, diálogo y confrontación de ideas, ciudadanía, democracia, derechos humanos) sobre los que Europa occidental se había construido desde 1945 y que muchos creían consustanciales a la civilización europea.

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El agotamiento de la modernidad

La revolución de 1989 —caída inesperada del comunismo, desaparición de la Unión Soviética en 1991— fue sin duda trascendental. No fue, como se dijo, ni el «fin de la historia» (título de un resonante texto de Francis Fukuyama), ni el comienzo de la era de la democracia, tesis propiciada por la caída de las dictaduras en Grecia, Portugal y España en 1974-1975 y en varios países latinoamericanos en los años ochenta (Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay…), y por la evolución de países como Nigeria, Congo, Etiopía o Sudáfrica, ya en los noventa. En 1989 terminó, como escribió Eric J. Hobsbawm en Historia del siglo XX (1994), una era de la historia del mundo que había comenzado en 1917 con el triunfo de la revolución comunista en Rusia. Pero el mundo siguió siendo después de 1989 un mundo inestable y peligroso: violencia nacionalista (en los Balcanes y en las nuevas repúblicas nacidas de la desintegración de la Unión Soviética; en Cachemira, Kurdistán, Irlanda del Norte, País Vasco, Sri Lanka, Palestina); terrorismo islamista (con el terrible atentado de la organización Al Qaeda contra las Torres Gemelas de Nueva York); guerras en Oriente Medio (en el marco del conflicto árabe-israelí planteado desde 1948), Afganistán (2001) e Iraq (2003); subdesarrollo y miseria, genocidios, hambrunas, guerrillas (caso de parte de África); estados malogrados, dictaduras, regímenes totalitarios (China comunista, Cuba, Corea del Norte), populismos nacionalistas delirantes (Venezuela desde 1998 bajo el régimen de Hugo Chávez)… Como si se tratara de una representación del mundo contemporáneo, la literatura de uno de los mejores escritores de ese momento —finales del siglo XX, principios del XXI—, el sudafricano J. M. Coetzee (Esperando a los bárbaros, La vida y el tiempo de Michael K., Desgracia, Elizabeth Costello, Diario de un mal año, Tiempo de verano…), era una literatura del sufrimiento, de la opresión y del remordimiento, una interpretación reforzada por el laconismo y la contención formal característicos de la prosa del escritor.

Lo que realmente hubo desde las décadas de 1980 y 1990 —aunque ni politólogos ni sociólogos ni muchos historiadores lo percibieran o se interesaran en ello— fue el fin de una época en el sentido filosófico de la expresión. En los años sesenta, el estructuralismo (Claude Lévy-Strauss, Roland Barthes, Jacques Lacan, Louis Althusser, Michel Foucault, Jean Piaget) había puesto el énfasis, como método de análisis de los hechos observados, en la función, en el valor de posición de las cosas en un sistema o en un conjunto de sistemas (por lo que las «cosas», los hechos, las palabras, incluso ideas, religión y valores morales serían elementos de relación, meras representaciones, o solo podían ser comprendidos como tales). Desde principios de los años setenta, el postestructuralismo (Jacques Derrida, Lacan, el último Barthes, Julia Kristeva…) ponía ya en cuestión categorías, significados e identidades. Para Derrida, el más influyente de los postestructuralistas, conceptos como Dios o verdad, o la propia historia, no serían otra cosa que signos lingüísticos, cuyo significado resultaría imposible determinar (por lo que, en suma, el mundo no podía ser explicado). El agotamiento de la historia cuantitativa y econométrica, la crisis del marxismo como teoría de la historia, la transformación de la historia social en historia cultural —hechos historiográficos evidentes desde los años setenta— habían, por un lado, ampliado decisivamente el campo de la historia (historia de las mujeres, historia de la infancia y la vejez, historia desde abajo, historia oral, historia de la salud, de la memoria y el olvido…), pero habían, por otro, favorecido la progresiva inseguridad teórica de la disciplina. La razón histórica aparecía así como una razón inencontrable, y a menudo caótica e imprevisible. O lo que era lo mismo: como Karl Popper había advertido en La pobreza del historicismo (1957) y La sociedad abierta y sus enemigos (edición definitiva, 1966), la historia no tenía sentido, esto es, trama predeterminada, leyes generales, puerto de llegada.

El rumbo que tomaba una parte de la literatura era también revelador. Obras como Rayuela (1963) de Julio Cortázar; Si una noche un viajero (1979) de Italo Calvino; El nombre de la rosa (1980) de Umberto Eco; White Noise de Don DeLillo; El loro de Flaubert de Julian Barnes; Hijos de la medianoche (1981) de Salman Rushdie; El virrey de Ouida de Bruce Chatwin; Trilogía de Nueva York (1987) de Paul Auster o Todas las almas, Corazón tan blanco y Mañana en la batalla piensa en mí de Javier Marías (publicadas entre 1989 y 1994) eran más juego literario, con narradores falsos, historias dentro de historias, pastiche de géneros y realidades mágicas y fantásticas que, como la novelística precedente, narraciones ficticias pero verosímiles de la realidad. Movimientos estéticos de esos mismos años, como las performances de Joseph Beuys —arte como representación personal— y el arte povera (Mario Merz, Michelangelo Pistoletto, Carl Andre, Richard Long), que usaba materiales comunes como tierra, arena, piedras y objetos desechables, y como el neoexpresionismo (los alemanes Georg Baselitz y Anselm Kiefer, el español Miquel Barceló, los norteamericanos Julian Schnabel y David Salle) y la transvanguardia italiana (Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Sandro Chia), fueron vistos por la crítica como formas de arte terminal. En Después del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia (1997), el filósofo norteamericano Arthur C. Danto argumentaba que el arte entendido como narrativa de la modernidad —el arte a partir del impresionismo francés del siglo XIX—, cuyo último paradigma había sido el arte abstracto, había desaparecido desde que en 1964 Andy Warhol había presentado como arte una simple caja de una marca de jabón detergente, y que arte era ya, sencillamente, lo que querían los artistas. Rem Koolhaas, el más intelectual del extraordinario grupo de arquitectos que irrumpió desde la década de 1980 (Norman Foster, Frank Gehry, Jean Nouvel, Zaha Hadid, Massimiliano Fuksas, Rafael Moneo, Daniel Libeskind…), con obras y edificios en general de composición y formas audazmente libres y sorprendentes, diría de su arquitectura que se definía por el caos y el desorden.

Pese a que la religión seguía jalonando manifestaciones importantes de la vida colectiva —festividades nacionales y locales, conmemoraciones anuales de origen religioso (Navidad, Semana Santa), matrimonios, funerales— y a que los líderes religiosos (los papas católicos como el carismático Juan Pablo II, 1978-2005, o su sucesor el teólogo alemán Benedicto XVI, 2005-2013, los arzobispos anglicanos de Canterbury, los líderes de muchas comunidades protestantes norteamericanas) siguieran teniendo gran ascendiente social, el mundo occidental, al menos, carecía desde hacía tiempo de explicaciones religiosas —ideológicas o morales— que le dieran razón suficiente de su condición y de su posible destino. Como revelaba el triunfo desde los años noventa de modas y prestigios superfluos y ocasionales, y el interés y la preocupación por acontecimientos y personalidades del cine y la televisión, del deporte y la música ligera, de las industrias de la moda —en suma, de la cultura de masas, ahora la cultura abrumadoramente dominante—, prensa, radio, televisión y las nuevas tecnologías de la información habían ido cambiando de forma cada vez más acusada la significación de la cultura y el papel y la influencia de ideas, valores y principios morales.

Todo ello revelaba una realidad radical: que cuando terminaba el siglo XX, era la modernidad misma lo que estaba en revisión. Por eso, la aparición —con la publicación en 1979 del libro La condición posmoderna, del filósofo francés Jean-François Lyotard— del concepto de posmodernidad, un concepto ambiguo, impreciso (como lo era el de modernidad) y de significación múltiple —en arquitectura, en literatura, en historia—, pero que equivalía en cualquier caso a eclecticismo e intertextualidad: para Lyotard, posmodernidad significaba la imposibilidad que la sociedad postindustrial parecía tener para lograr explicaciones —religiosas o científicas o políticas— verdaderas y coherentes. De lo que se trataba era, por tanto —por decirlo con el título de otro libro, este de 1986, del filósofo italiano Gianni Vattimo—, de «el fin de la modernidad», del fin de una época —decía Vattimo— presidida por el pensamiento de Friedrich Nietzsche y Martin Heidegger, en la que la filosofía se había entendido como iluminación de la verdad y el ser, y la historia como innovación y progreso.

En 1953, Francis Crick y James Watson descubrieron la estructura del ácido desoxirribonucleico (ADN), la clave de la herencia genética. Los astrónomos habían ido descubriendo desde mediados de siglo un universo compuesto de cuásares, púlsares, agujeros negros y millones de galaxias: el mundo se había originado varios millones de años atrás cuando una masa de materia inerte a una temperatura de millones de grados había explotado transformándose en materia en expansión. El hombre era pura química; el universo, energía en expansión. A la luz de la ciencia y el pensamiento contemporáneos, modernidad suponía ahora —cuando terminaba el siglo XX— sociedad postindustrial, bienestar material, formidables avances tecnológicos y científicos; espacio y tiempo relativos; fragmentación del conocimiento; conducta guiada por impulsos inconscientes; inundatoria diversidad de propuestas artísticas e ideológicas, valores e ideas en evolución permanente.

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Después de 1989: la ilusión democrática

La caída de los regímenes comunistas de la Europa del Este en 1989 y la posterior desaparición, en 1991, de la Unión Soviética y de Yugoslavia parecieron consagrar el triunfo de la democracia. Otros hechos parecían igualmente favorecer la tesis: la caída en 1974 de las dictaduras griega (establecida por un golpe militar en 1967) y portuguesa, que se remontaba a 1926; la muerte de Franco en 1975, que permitió la transición de España a la democracia tras cuarenta años de dictadura; el restablecimiento de la democracia a lo largo de la década de 1980 en Uruguay, Argentina, Perú, Bolivia, Brasil y Chile, y luego en Paraguay, Nicaragua, El Salvador y Guatemala; el fin del régimen de apartheid en Sudáfrica (negociación entre representantes de la minoría blanca y los líderes de la población negra; elecciones en 1994 y victoria de Nelson Mandela), el derrocamiento en 1991 de la dictadura marxista de Mengistu en Etiopía, la caída de la dictadura militar de Mobutu en 1997 en Congo. Pero no iba a ser así. El mundo era ante todo, e iba a seguir siéndolo, una pluralidad de situaciones; y un mundo, además, como enseguida veremos, inestable y peligroso.

El triunfo de la democracia

Con todo, cuando terminaba el siglo XX parecía que el desarrollo económico y el crecimiento estable del mundo desarrollado (Estados Unidos, Canadá, Europa occidental, Japón, Australia, Nueva Zelanda…) eran ya hechos irreversibles, a pesar de crisis coyunturales —elevación de los precios del petróleo en 1973— y pese a que el crecimiento económico suscitaba considerables preocupaciones (por ejemplo, por sus efectos negativos sobre el equilibrio ecológico y climático). La sociedad occidental era en el año 2000 una sociedad postindustrial, en el que las nuevas tecnologías de las comunicaciones y la información aparecían como los nuevos motores del desarrollo, un mundo cada vez más globalizado que, prolongando tendencias y comportamientos de décadas anteriores, aparecía decididamente asociado a crecimiento económico, bienestar material, consumo y ocio.

Pluralismo y democracia constituían el consenso político básico de Occidente, y desde luego de Europa. El ideal de la unidad europea, puesto en marcha, si se recuerda, a partir de 1957 con la constitución de la Comunidad Económica Europea, aparecía ahora como una realidad cada vez más próxima. Grecia se integró en la Comunidad en 1981; España y Portugal, en 1986; Austria, Finlandia y Suecia, en 1995. Con la perspectiva, tras la caída del comunismo, de la pronta incorporación de las nuevas democracias del este europeo, Europa aparecía en el año 2000 como una construcción supranacional en marcha. Lo logrado desde 1950 era en muchos sentidos extraordinario: instituciones propias, elecciones europeas, derecho comunitario, políticas sectoriales comunes (agricultura y pesca, desarrollo regional, protección medioambiental…), derechos de ciudadanía europeos, mercado único, moneda unitaria (euro), Banco Central Europeo. El Tratado de Maastricht de 1992 creó la Unión Europea (UE) como entidad política. Definió sus instituciones, concretó sus objetivos (ciudadanía europea, mercado único, integración económica y monetaria, política exterior común), especificó los modos de participación y votación de las instituciones y los gobiernos en las áreas de su competencia, fijó los criterios de convergencia para llegar a la moneda única y precisó los objetivos de las políticas comunes: el desarrollo regional a través de los fondos estructurales (de la que hasta 2007 Grecia, España, Portugal e Irlanda serían los grandes beneficiarios), la política social, la política agraria común, la política de investigación y desarrollo, la política medioambiental. Con veinticuatro países (enseguida, veintisiete) y cerca de 450 millones de habitantes y un PIB estimado en torno a los 17,2 billones de euros, la Unión Europea era en 2004 la mayor potencia comercial del mundo.

La posibilidad de alternativas revolucionarias parecía inexistente. Salvo en el caso de Italia, los partidos comunistas pasaron a ser después de 1989 fuerzas marginales en los mismos países, como Francia, Portugal, España o Grecia, donde habían tenido o considerable fuerza electoral (caso de Francia) o evidente ascendiente intelectual y político (casos de España, Portugal y Grecia). Como probaba ante todo el caso de Francia, donde el socialista François Mitterrand ocupó la presidencia de la República entre 1981 y 1995 —que ejerció o con gobiernos socialistas o en «cohabitación» con la derecha—, la mayoría de los partidos socialistas europeos eran ya, sencillamente, partidos moderados de centro-izquierda, y sobre todo maquinarias de poder y de lograr votos. La izquierda europea asumía, en todo caso, la tesis de la «tercera vía» del «nuevo laborismo» británico de los años noventa, según las ideas del sociólogo Anthony Giddens: no a nacionalizaciones e inversiones públicas deficitarias, liberalización y crecimiento económico, socialismo entendido ahora como valores morales comunitarios (igualdad sexual, transparencia política, democracia participativa y deliberante…).

En España, Adolfo Suárez (1976-1981), con el apoyo del rey Juan Carlos I, restableció la democracia, aprobó la Constitución de 1978, superó en 1981 un intento de golpe militar e inició la construcción del Estado autonómico. La etapa de gobierno socialista (1982-1996), tras la victoria electoral de Felipe González en 1982, supuso la plena normalización democrática, la entrada en Europa, la reconversión industrial, la ampliación del Estado del bienestar, la modernización de las infraestructuras del país y varios años de fuerte crecimiento económico. La victoria electoral en 1996 de los conservadores (encabezados por José María Aznar) no fue ya otra cosa que la alternancia natural de partidos en una democracia estabilizada (y el periodo, 1996-2007, de mayor crecimiento de la economía española). En Italia, la denuncia y persecución en 1991-1992 por jueces y fiscales de Milán de la corrupción política, la financiación ilegal de los partidos, las conexiones entre partidos políticos y grupos bancarios y empresariales y aun de las connivencias entre destacados políticos y la mafia siciliana, en procesos que conmocionaron a la opinión, provocaron la revisión de la Constitución y de la República tal como estaba concebida desde 1946, y trajeron cambios esenciales, que supusieron la desaparición de la democracia cristiana y de los partidos de izquierda (Partido Socialista, Partido Socialdemócrata, Partido Republicano…) que habían gobernado desde 1945: la victoria de una coalición de centro-izquierda en las elecciones de 1996 llevó al poder en 1998 a los excomunistas, reconvertidos tras 1989 en el Partido Democrático de la Izquierda, algo imposible a todo lo largo de los años de la Guerra Fría.

En Gran Bretaña, el retorno al poder en 1997 de los laboristas, del «nuevo laborismo» de Tony Blair y Gordon Brown —después de una larguísima etapa de hegemonía conservadora (Margaret Thatcher, 1979-1990; John Major, 1990-1997) en la que el país dejó de ser el «enfermo de Europa»—, introdujo importantes reformas constitucionales: autonomía para Escocia y Gales (1999), elección directa para la alcaldía de Londres (2000), reforma de la Cámara de los Lores. En abril de 1998, se logró en Irlanda del Norte, desgarrada desde 1969 por el terrorismo del IRA, el Ejército Republicano Irlandés, que exigía la reunificación de Irlanda (dividida desde la partición de 1921), un acuerdo de paz sobre la base de la autonomía de la región, que puso fin así a casi treinta años de sectarismo y atentados brutales y sanguinarios (3000 muertos, en una población de 1 675 000 habitantes).

Aunque la operación crearía considerables problemas económicos —que ralentizarían el crecimiento del país—, las dos Alemanias se reunificaron el 3 de octubre de 1990, un gran éxito del canciller cristiano-demócrata Helmut Kohl (1987-1998), que el 2 de diciembre de 1990 ganó las primeras elecciones generales celebradas en toda Alemania desde 1932. La antigua República Democrática de Alemania, la Alemania comunista, la Alemania del Este, se diluyó en los nuevos estados federales de Sajonia, Turingia, Sajonia-Anhalt, Brandenburgo-Berlín y Mecklenburgo-Pomerania. Berlín, enseguida dotada de una nueva y espectacular arquitectura pública, volvió a ser la capital nacional.

En Europa del Este, los procesos de transición a la democracia de los antiguos estados comunistas se completaron con relativo éxito en muy poco tiempo, pese a la desastrosa herencia económica, social y moral dejada por el comunismo, y aunque en alguno de aquellos, los excomunistas, «reformados» como socialdemócratas, reapareciesen en la política, y en algún caso en el gobierno, desde mediados de los años noventa. Dos personalidades que habían simbolizado la resistencia cívica y democrática al comunismo, el escritor checo Václac Havel y el exobrero polaco Lech Wałȩsa, fueron elegidos presidentes de Checoslovaquia (1989) y Polonia (1990), respectivamente. Checoslovaquia se dividió en 1992 pacíficamente en la República Checa y Eslovaquia. Hungría, Polonia y la República Checa se integraron en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la organización defensiva del mundo occidental, en 1999; Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía y las tres exrepúblicas soviéticas bálticas, Letonia, Estonia y Lituania, lo hicieron en 2004. Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Letonia, Estonia y Lituania se integraron en la Unión Europea en mayo de 2004.

El fin de la Guerra Fría pareció posibilitar, además, la aparición de un nuevo orden internacional basado en la autoridad de las Naciones Unidas. En enero de 1991, como respuesta a la ocupación de Kuwait por Iraq (desde 1979, dictadura de Saddam Hussein), tropas de un total de 28 países (700 000 soldados, 5000 tanques, 2000 aviones…) encabezados por Estados Unidos, liberaron Kuwait tras seis semanas de intensos bombardeos por aire y mar, en los que murieron unos 240 000 iraquíes. En 1991, israelíes y árabes, incluida una representación de la Organización para la Liberación Palestina (OLP), el principal partido del nacionalismo palestino, participaban en la conferencia internacional de Madrid sobre Oriente Medio —la primera desde 1948—, auspiciada por Estados Unidos y Rusia y avalada por Europa. Pese a que desde 1987 había estallado una violenta insurrección palestina (intifada) contra la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania derivada de la guerra de 1967, israelíes y palestinos firmaron en 1993, en Oslo, unos acuerdos de paz que parecían garantizar la seguridad de Israel y reconocer la autonomía palestina en Gaza y Cisjordania, bajo gobierno de una Autoridad Nacional Palestina, como principio para la creación de un futuro estado palestino.

El fin de la Guerra Fría permitió, igualmente, a la ONU revitalizar sus intervenciones en misiones de paz, defensa de los derechos humanos y ayuda internacional frente a la pobreza y el hambre. El intervencionismo humanitario aparecía así como la nueva, progresiva y enaltecedora misión que, desde la perspectiva de la renovada conciencia pacifista de buena parte de la sociedad (y de forma especialmente manifiesta de la sociedad europea occidental), correspondía a los poderes internacionales y a las nuevas y numerosas organizaciones no gubernamentales existentes. Aunque con el voto en contra de Estados Unidos y China, la ONU acordó en 1998 crear un Tribunal Penal Internacional.

El espejismo de la paz

Pero la ilusión democrática de 1989 tuvo también —como ya ocurriera antes en el propio siglo XX: por ejemplo, al término de ambas guerras mundiales— mucho de espejismo. Primero, la pasión nacionalista, causa a lo largo de los siglos XIX y XX de violencias y masacres, reapareció como factor de desestabilización y guerra en distintos escenarios. En Europa, había cesado la violencia en el Ulster; en España continuaba, pese al restablecimiento de la democracia y la concesión de una amplísima autonomía al País Vasco, el terrorismo de la organización independentista vasca ETA (unos 850 muertos entre 1969 y 2011), y la presión de los nacionalismos catalán, vasco y gallego en demanda de mayor poder autonómico y de su reconocimiento como naciones soberanas. En Gran Bretaña, la concesión de autonomía en 1999 a Escocia y Gales reforzó considerablemente las aspiraciones políticas de los nacionalismos escocés (que llegó al poder en 2007) y galés. En Italia, la reacción contra la corrupción y el viejo sistema de partidos provocó la aparición en 1990 del movimiento de la Liga Norte, un regionalismo insolidario de defensa de las regiones ricas del norte (Piamonte, Lombardía, el Véneto), favorable a la transformación de Italia, un Estado unitario desde su creación en 1861, en un Estado federal.

En Yugoslavia, el resurgimiento a la muerte en 1980 de Tito, el hombre que había mantenido unido el país desde 1945, de las aspiraciones nacionales de las repúblicas federales que lo integraban, más el ascenso del nacionalismo serbio de Slobodan Milošević como alternativa unitaria tras el colapso del comunismo, desembocaron en un amplio conflicto interétnico que condujo a la desintegración del país en 1992, y a la guerra. Guerra entre los antiguos estados yugoslavos ahora independizados, guerras civiles entre las distintas minorías étnicas en el interior de aquellos (con especial gravedad en Bosnia-Herzegovina y Kosovo, provincia histórica serbia pero de población mayoritariamente albanesa) e intervención militar internacional: la OTAN bombardearía en 1995 las posiciones serbias en Bosnia-Herzegovina para poner fin a la guerra civil en la región y luego, en 1997 y durante 78 días, la propia Serbia, esta vez para detener la ofensiva de los serbios contra la minoría albanesa de Kosovo (que quedó bajo ocupación militar internacional) que aspiraba o a la autonomía o a la integración en Albania. Graves conflictos étnico-nacionalistas estallaron igualmente, a principios de los años noventa, en varios de los quince países creados tras la desintegración de la antigua URSS: en Georgia (movimientos nacionalistas abjasio y osetio), en Armenia y Azerbaiyán, enfrentadas por el enclave de Nagorni-Karabaj, en Moldavia y en Chechenia, a cuya declaración de independencia la nueva Rusia poscomunista liderada por Boris Yeltsin respondió, en 1994-1995, con una ofensiva militar a gran escala durante vientiún meses —Grozny, la capital, fue literalmente arrasada por los rusos— que, sin embargo, dejó el conflicto sin resolver y, peor aún, propició la escalada, violentísima, del terrorismo independentista checheno.

Fuera de Europa, el nacionalismo kurdo escaló desde 1984 la lucha guerrillera en Turquía e Iraq en demanda de la creación de un Kurdistán independiente. Unas 30 000 personas murieron en Cachemira entre 1989 y 2000, como consecuencia del terrorismo de las guerrillas islámicas que aspiraban a la integración de la región en Pakistán. Cerca de 64 000 habían muerto en Sri Lanka desde 1983, víctimas de la violencia del nacionalismo tamil, en demanda de autonomía para su región (norte y este de la isla). En Oriente Medio, las esperanzas de paz suscitadas por los acuerdos de 1993 se desvanecieron pronto. La oposición de las organizaciones radicales palestinas a los acuerdos de paz y su determinación a seguir la lucha hasta la destrucción del Estado de Israel, y el triunfo en 1996, en las elecciones israelíes, del Likud, el partido de la derecha opuesto a Oslo y partidario de combatir militarmente el terrorismo palestino, hicieron naufragar el proceso de paz. Por presión de Estados Unidos y de su presidente Clinton (1994-2000), israelíes y palestinos retomaron ocasionalmente las negociaciones, sobre todo tras el retorno de los laboristas al poder en Israel en 1999. Pero fue inútil. Pretextando la visita a la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén del «halcón» israelí Ariel Sharon —que además ganaría las elecciones en 2001—, los palestinos desencadenaron (septiembre de 2000) una nueva insurrección, a la que Israel, bajo el mando de Sharon, primer ministro entre 2001 y 2005, respondería con extremada dureza. La nueva intifada y la represión israelí provocarían en un plazo de tiempo muy corto (2000-2005) varios miles de muertos; violencia, terrorismo y guerra volvían a ensangrentar la región y a endurecer las posiciones respectivas de palestinos e israelíes.

En segundo lugar, Europa occidental era una sociedad abierta y plural pero también, una sociedad sin verdades absolutas, marcada por el relativismo moral, la fragmentación del conocimiento, la crisis de la cultura humanística y por el triunfo de la publicidad y del consumo (y por ello, de lo banal y de lo efímero). El mismo proceso de construcción de la unidad europea reveló numerosas contradicciones e indefiniciones. La Unión Europea era ante todo una unión interestatal e intergubernamental, no unos Estados Unidos de Europa. Carente en la práctica de una política exterior y de defensa común y dividida en cuestiones internacionales, la UE resultó inoperante incluso en los conflictos que surgieron en la propia Europa, las guerras de los Balcanes de 1991 a 1999. Partidos y movimientos xenófobos adquirieron desde los años noventa creciente, aunque inestable, apoyo electoral. Le Pen, el líder del Frente Nacional francés, logró el 15 % del voto popular francés en las elecciones presidenciales francesas de 1995 y el 17,07 % en la primera vuelta de las presidenciales de 2002. Aunque luego declinó rápidamente, el Partido Austriaco de la Libertad logró el 26,91 % en las elecciones austriacas de 1999. La Lista Fortuyn obtuvo veintiséis diputados en las elecciones holandesas de 2002. El Partido del Pueblo Noruego recibió el 22 % del voto en las elecciones de septiembre de 2005.

La productividad europea crecía a tasas sensiblemente menores que la norteamericana, debido fundamentalmente a la menor inversión europea en los principales factores del crecimiento económico: investigación y desarrollo, y progreso tecnológico. Francia, por ejemplo, aparecía hacia los años 2003-2005 como un país de crecimiento cero, de elevado paro de larga duración, con un tejido industrial envejecido, fuerte retraso tecnológico y científico y bajísimo esfuerzo en investigación, y con un gasto en derechos sociales y función pública verdaderamente lesivos para su economía: violentos disturbios estallaron en noviembre de 2005 en los barrios periféricos, de población mayoritariamente inmigrante, de muchas ciudades del país. Holanda quedó conmocionada por los asesinatos en 2002 de Pim Fortuyn, el líder del movimiento antiinmigración, y en 2004 del director de cine Theo van Gogh, este a manos de un extremista islámico. En Italia, la desaparición en 1991 de la democracia cristiana dio el liderazgo de la derecha al magnate de los medios de comunicación y de la construcción inmobiliaria Silvio Berlusconi, un empresario, salpicado por numerosos procesos judiciales, de ideas simples, demagogia vulgar, simpática y optimista, que no parecía simbolizar otra cosa que el triunfo del dinero y la personalidad y que gobernó en 1994-1995, 2001-2006 y 2008-2011. El rechazo por Francia y Holanda en 2005 de la Constitución para Europa que iba a coronar la construcción de la unidad europea, elaborada por una Convención Europea y aprobada en 2004 por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (y en plebiscitos, en varios países), desvertebró el proyecto y puso a toda Europa ante la realidad de su crisis.

En tercer lugar, el fundamentalismo islámico, un movimiento por la reafirmación de los principios religiosos y sociales del islam asumido por distintos grupos radicales del mundo musulmán (Frente Islámico de Salvación argelino, Islami Harekat turco, Hamás y Jihad Islámica palestinos, el Hezbolá libanés, la Gama Islamiya egipcia, la organización Al Qaeda del millonario saudita Bin Laden, los Hermanos Musulmanes en Egipto, los talibanes afganos, el grupo filipino Abu Sayyad…), fundamentalismo alimentado por la revolución islámica iraní de 1979 y por la causa palestina, amenazó desde las décadas de 1970 y 1980 la estabilidad interna de los propios países islámicos y aun, la seguridad de algunos países occidentales y especialmente de Estados Unidos. En Afganistán, un país destruido y en guerra civil desde la revolución comunista de 1978 y una posterior invasión soviética, el movimiento armado talibán (estudiantes islámicos fundamentalistas) se hizo con el poder en septiembre de 1996. Seis personas murieron en Nueva York en febrero de 1993 cuando terroristas islámicos hicieron estallar un coche-bomba en el World Trade Center. 230 murieron en 1998 en sendos atentados de Al Qaeda contra las embajadas norteamericanas en Kenya y Tanzania, y diecisiete en octubre de 2000 en un atentado similar en Yemen, esta vez contra un destructor norteamericano.

El mundo quedó literalmente estupefacto y sobrecogido cuando el 11 de septiembre de 2001 terroristas de Al Qaeda secuestraron en el propio Estados Unidos tres aviones de pasajeros y los estrellaron contra símbolos del poder económico y militar norteamericanos —las Torres Gemelas del mismo World Trade Center de Nueva York y el Pentágono en Washington—, provocando la muerte de unas 3000 personas, en un escenario (aviones de pasajeros estrellados contra edificios habitados, caída estrepitosa de espectaculares rascacielos) verdaderamente apocalíptico. Terribles atentados, siempre atribuidos al terrorismo islámico y a Al Qaeda, golpearon luego igualmente Túnez, Bali (12 de octubre de 2002: 202 muertos), Marruecos, Madrid (11 de marzo de 2004: 191 muertos) y Londres (7 de julio de 2005: 52 muertos).

El subdesarrollo y la miseria definían, además, la realidad social de por lo menos la tercera parte de la población mundial. Genocidios, hambre, sequía, epidemias, inundaciones calamitosas, guerras civiles, choques étnicos, refugiados, migraciones masivas, guerrilla… terminaron en unos pocos años con la esperanza del renacimiento africano que había suscitado el ejemplo de Mandela en Sudáfrica y otros hechos positivos en otros puntos del continente. El Banco Mundial estimaba en el año 2000 que solo el 15 % de la población africana vivía en un entorno mínimamente adecuado al desarrollo y al crecimiento. Unos 500 000 tutsis fueron masacrados en 1995 en Ruanda por miembros de la etnia hutu, en un conflicto relacionado con la pugna por el equilibrio y control último de la región de los Grandes Lagos (Ruanda, Burundi, Uganda, Congo), con repercusiones por ello inmediatas sobre toda la zona: guerra civil en Burundi, intervención de grupos tutsis y de los ejércitos de Ruanda y Uganda en la crisis del Congo jalonada por la caída de Mobutu en 1997… Veintitrés millones de personas estaban afectadas de sida en África cuando terminaba el siglo. África era, además, solo el exponente más dramático del problema. En la India, por ejemplo, más de doscientos millones de personas, una quinta parte de la población total del subcontinente, vivían en el año 2000 en niveles de máxima pobreza. Ecologistas, indigenistas, grupos urbanos radicales, anarquistas y grupos de ideologías similares, esto es, una nueva izquierda radical antisistema, cuya primera acción significativa fueron las grandes manifestaciones que se produjeron en la ciudad de Seattle el 30 de noviembre de 1999 contra la celebración de una reunión de la Organización Mundial del Comercio, denunciaría el proceso de globalización de la economía que se venía produciendo desde las décadas de 1970 y 1980 (libre comercio mundial, flujos internacionales de capital no controlado, multinacionales…), y a través de nuevas movilizaciones internacionales aisladas y circunstanciales con ocasión de la organización de cumbres o reuniones similares a la de Seattle (de la Organización Mundial del Comercio, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial…), reclamaría una economía mundial más regulada y más transparente, ética, solidaria y capaz de garantizar un crecimiento armónico, no destructivo y equilibrado del planeta.

Por decirlo brevemente: el extraordinario desarrollo tecnológico, económico y democrático del mundo occidental y de algunas otras regiones del planeta coexistía con desequilibrios internacionales y desigualdades sociales flagrantes. La injusticia, la represión, la corrupción política, los crímenes de Estado, la penetración del crimen organizado en los aparatos del poder, continuaban siendo dramáticos en buena parte del mundo. Dictaduras militares y civiles, regímenes de poder personal o de partido único, sistemas autoritarios o totalitarios (China comunista, la Cuba de Fidel y Raúl Castro, Corea del Norte, el Irán chií, el Iraq de Saddam Hussein), aún perduraban en todas partes, muchos de ellos además con amplio apoyo social. La misma nueva Rusia poscomunista y aparentemente democrática era en realidad el «nuevo enfermo de Europa»: reestructuración económica y privatizaciones mal hechas, precipitadas, fallidas; crecimiento de mafias y crimen urbano, hiperinflación, nostalgia del imperio, reaparición del nacionalismo y del misticismo religiosos, un presidente, Yeltsin —que tuvo que dejar el poder a finales de 1999— imprevisible, errático y enfermo. Bajo el sucesor de Yeltsin, Vladímir Putin, un hombre procedente de los servicios secretos y de inteligencia de la antigua Unión Soviética, que enseguida ignoró el poder de la Duma (Parlamento) y trató de imponer nuevas formas de control sobre la prensa y sobre algunos de los nuevos y poderosos consorcios económicos creados en el país, Rusia derivó hacia un régimen semiautoritario. Como respuesta a atentados terroristas chechenos en Moscú, Putin ordenó en octubre de 1999 una nueva ofensiva militar a gran escala en Chechenia. La victoria en Irán en las elecciones presidenciales de 2005 del ultra Mahmoud Ahmadinejad, añadió nuevos grados de tensión al orden internacional. La llegada al poder en Venezuela en 1998 del carismático y autoritario Hugo Chávez, alineado ideológicamente con la Cuba de Castro, hizo renacer, ya en los primeros años del siglo XXI, el populismo nacionalista (e indigenista) en países como Ecuador, Bolivia y la propia Argentina (esta, bajo la presidencia neoperonista de Néstor Kirchner, 2005-2010, y su sucesora, su viuda Cristina Fernández), amenazando igualmente con desestabilizar la región.

El mundo seguía siendo inestable y peligroso. La guerra y la violencia continuaban condicionando el orden internacional y la política interna de un considerable número de países y estados. A la vista de la evolución de países como Iraq, Irán y Siria, y de la aparición de redes de terrorismo fundamentalista islámico antioccidental, el politólogo norteamericano Samuel P. Huntington vería en el Choque de civilizaciones, título del libro que publicó en 1996, la posibilidad de una nueva amenaza, tras el comunismo y la Guerra Fría, para el mundo libre. Bajo la presidencia de Bill Clinton (1992-2000), la política exterior norteamericana —que conllevó bombardeos selectivos en 1998 en Afganistán y Sudán por ser bases de Al Qaeda; en Iraq, por incumplir los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra de 1991; y en Bosnia y Kosovo, para contener a los serbios— optó preferentemente por la cooperación transatlántica con sus aliados europeos, la diplomacia económica, la ampliación de la OTAN a la Europa del Este y el entendimiento con la nueva Rusia; el presidente se implicó decisivamente en el proceso de paz de Irlanda del Norte y en Oriente Medio, donde en enero de 2000, último mes de su mandato, se estuvo muy cerca del acuerdo definitivo. Los sucesos del 11 de septiembre de 2001 cambiaron dramáticamente la situación. El nuevo presidente norteamericano, George W. Bush (2001-2008) —que en su primer año de mandato había seguido una política internacional modesta y sin objetivos relevantes— hizo de la guerra contra el terrorismo internacional, que asoció a lo que denominó como «eje del mal» (Irán, Iraq, Corea del Norte), la clave de su presidencia y, bajo la influencia de los asesores neoconservadores de su entorno, optó decididamente por la guerra preventiva y el unilateralismo. En octubre de 2001, Estados Unidos, con la aprobación de Naciones Unidas, atacó Afganistán y en dos meses deshicieron el régimen talibán e impusieron un nuevo poder político que, en condiciones muy difíciles (Estado frágil, desvertebración del país), inició el proceso hacia la reconstrucción de Afganistán como un Estado democrático, proceso pronto complicado por la violencia desatada por la resistencia talibán. Luego, en marzo de 2003, sin aprobación de la ONU y con la oposición de países como Francia, Alemania y Rusia —pero con el apoyo de otros 63 países de los que Gran Bretaña, Australia y Polonia enviarían tropas de combate—, Bush, pretextando la existencia en poder de Iraq de armas de destrucción masiva y la posible colaboración del país con el terrorismo islámico internacional y ante el permanente desafío del régimen iraquí a las recomendaciones y exhortaciones de las Naciones Unidas, desencadenó la guerra preventiva contra Iraq, usando un ejército de 225 000 hombres, más 45 000 soldados británicos, y un armamento formidable, guerra que Estados Unidos ganó con mucha mayor facilidad de la esperada, pero que se prolongó en una posguerra infernal, caótica, definida por la resistencia terrorista de grupos iraquíes y del terrorismo islámico, las revueltas, mayores o menores, contra la ocupación de algunos de los distintos grupos étnicos y religiosos del país, y la violencia fratricida y sanguinaria entre las minorías sunnita y chiíta.

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Un mundo global

El 7 de diciembre de 2009, la revista norteamericana Time enumeraba como hechos destacados de la primera década del siglo XXI (2000-2009) los siguientes: las elecciones de los presidentes norteamericanos Bush en 2001 y Barak Obama en 2008; el atentado de Al Qaeda contra las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre de 2001; los atentados islamistas de Madrid de 2004 y Londres de 2005; el atentado nacionalista checheno contra una escuela infantil de Osetia del Norte en 2004; el terremoto de Irán de 2003, el tsunami que asoló el Índico en 2004 (200 000 muertos) y el huracán Katrina que destrozó Nueva Orleans en 2005 (1500 muertos); las guerras de Afganistán e Iraq; la ejecución del exdictador iraquí Saddam Hussein en 2006; la guerra entre Israel y la milicia proiraní Hezbollah en Líbano, en 2006; el asesinato en 2007 de la líder política paquistaní Benazir Bhutto; y la gravísima crisis económica y financiera que, a partir de Estados Unidos —donde quebraron varios grupos financieros y dos grandes empresas automovilísticas, General Motors y Chrysler—, golpeó dramáticamente entre 2008 y 2013-2014 a muchas economías en el mundo.

Por la condición del nuevo presidente como primer mandatario negro en la historia del país, la elección en noviembre de 2008 del candidato demócrata Barak Obama (Hawái, 1961) como presidente de Estados Unidos tuvo una significación histórica extraordinaria, que suscitó por ello grandes expectativas: esperanzas de reformas de la sociedad norteamericana (crear un sistema de sanidad verdaderamente nacional); esperanzas de cambios estratégicos decisivos en la política internacional. Obama, presidente del (todavía) único país del mundo con intereses verdaderamente globales, tuvo que asumir de forma inmediata ante todo dos grandes retos: el desafío del islam radical, y la grave situación económica de su país y del mundo provocada por la crisis financiera de 2008, que pareció cuestionar nada menos que el modelo económico, la economía de mercado, de buena parte del mundo.

La respuesta, y por tanto los resultados, fueron contradictorios. La gestión económica de Obama fue sin duda eficaz. Generada por la desregulación generalizada desde la década de 1990 de los sectores financieros mundiales en mercados ya plenamente globalizados y por las masivas inversiones especulativas de bancos y entidades crediticias e hipotecarias en vivienda, hipotecas y productos financieros de alto riesgo (distintos tipos de fondos de inversiones), la crisis económica —una crisis financiera en varias etapas, por colapso del capital riesgo y del mercado de hipotecas— se inició en 2007 con la quiebra de la gestora de fondos norteamericana Bear Stearns, la suspensión por BNP Paribas, uno de los grandes bancos europeos, de determinados fondos por falta de liquidez, y la quiebra del Northern Bank británico (que tuvo que ser nacionalizado). La crisis estalló cuando en agosto de 2008 la Reserva Federal, el banco central norteamericano, se vio obligada a rescatar a dos grandes entidades hipotecarias (Fannie Mae y Freddie Mac); y escaló a crisis financiera global con la quiebra en septiembre de ese año de Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión norteamericano, y el pánico financiero que como consecuencia se generó ya en muchos países y de forma especial en Irlanda e Islandia. Pues bien; con Ben Bernanke, un economista especializado en el estudio de la crisis de 1929, al frente de la Reserva Federal entre 2006 y 2014 (cuando le sustituyó Janet Yellen), Estados Unidos hizo frente a la crisis mediante la masiva inyección de dinero en el sistema financiero: 24 000 millones de dólares en agosto de 2007; 300 000 millones en marzo de 2008; 700 000 millones en octubre de 2008; más la aprobación en febrero de 2009 de un paquete de inversiones por valor de 831 000 millones de dólares entre 2009 y 2019 en educación, infraestructuras, nuevas energías y sanidad, como estímulo a la recuperación y la inversión. Las medidas fueron eficaces. El paro no superó el 9,8 % (que se alcanzó en noviembre de 2010). En 2013 Wall Street, la bolsa neoyorkina, había recuperado el nivel y la pujanza de 2007. El PIB norteamericano creció el 3 % en 2010, el 1,7 en 2011 (frente a caídas de —0,4 % en 2008 y de— 3,7 en 2009), el 2,2 % en 2013 y el 2,4 en 2014.

La política exterior y militar de Obama, aplicada por sus secretarios de Estado, Hillary Clinton (2008-2012) y John Kerry (2012-2016) —que contemplaba la retirada de Iraq y Afganistán, y que quería dar prioridad al desarme nuclear y a la paz en Oriente Medio y reemplazar el unilateralismo de Bush por la multilateralidad y el entendimiento internacionales—, tenía valor y alcance estratégicos indudables: aproximación al islam moderado, priorización del valor estratégico económico de Asia y el Pacífico, reforzamiento de los lazos transatlánticos mediante la creación, como en el Pacífico, de una gran esfera de cooperación y libre comercio, distensión con viejos enemigos como Irán y Cuba. La nueva doctrina logró, sin duda, éxitos importantes: restablecimiento de relaciones con Cuba (diciembre de 2013), acuerdo nuclear con Irán (julio de 2015), Tratado de Asociación Transpacífico (octubre de 2015). Reforzó, paralelamente, el poder «blando», la influencia diplomática y política en el mundo de Estados Unidos y mejoró la imagen internacional del país, por ejemplo, en América Latina. Pero equivalió en momentos y situaciones graves (como los que enseguida se mencionarán: la irrupción del Estado Islámico, la Primavera árabe, el desafío de Rusia en Ucrania y Siria) a liderazgo débil e incoherente.

Ello no pudo dejar de afectar la estabilidad internacional. Aunque Estados Unidos gestionara la situación con acierto, la crisis de 2008 puso fin al largo ciclo de estabilidad y crecimiento económico que la economía mundial vivía desde la década de 1990 —que parecía, como se dijo más arriba, un hecho irreversible— y provocó enseguida una de la recesiones económicas más graves de la historia reciente: estancamiento económico, crisis financiera y bancaria, hundimiento de los mercados de valores, quiebra de empresas, desempleo masivo. En Europa, la crisis —crisis en este caso de deuda soberana en razón de los gigantescos niveles de deuda gubernamental y privada de países como Irlanda, Grecia, Portugal y España, que pusieron a sus economías literalmente al borde de la quiebra— estalló a finales de 2009. Grecia tuvo que ser rescatada por la Unión Europea en mayo de 2010 (préstamos de 110 000 millones de euros), julio de 2011 (159 000 millones) y agosto de 2015 (86 000 millones); Portugal, en mayo de 2011; Chipre en 2013. España, donde la crisis se vio agravada por el peso que el sector inmobiliario (y, por tanto, la burbuja inmobiliaria) tenía en el desarrollo económico y en el empleo del país —crisis que llevó a la quiebra en 2011-2012 a varias entidades crediticias y financieras (la más importante, Bankia, fusión de varias cajas de ahorros regionales)—, recibió de Europa en junio de 2012, para su reestructuración bancaria, un total de 62 000 millones de euros. Ciertamente, la Unión Europea, o mejor Alemania, el verdadero poder central europeo (gobernada desde 2005 por la líder del centro-derecha Angela Merkel), que entendió la crisis como lo que era, una crisis de deuda provocada por el excesivo gasto y endeudamiento de los países en quiebra (Irlanda, Grecia, Portugal, España y, en parte, Italia), impusieron la aplicación en dichos países de durísimas políticas de austeridad y de contención drástica del déficit y del gasto público, mediante recortes presupuestarios, subidas de impuestos, reducción de los costes de producción, recortes salariales y cambios en los sistemas y las prestaciones de la seguridad social, así como reformas (flexibilización) de los mercados laborales. La crisis, que tuvo particular gravedad entre 2008 y 2013, empezó así a ser superada a partir de 2014. El PIB global de la Unión Europea, por ejemplo, que en 2012 había decrecido en un 0,5 % y crecido en 2013 en un muy exiguo 0,2 %, creció en 2014 en un 1,4 %. Pero el coste social había sido muy alto: paro, desigualdad, pobreza, un profundo malestar social que generó en los países en crisis amplias protestas callejeras, huelgas generales, ocupación de lugares y edificios públicos, violencia sobre parlamentos, sedes políticas y centros financieros, marchas, manifestaciones y concentraciones.

El coste político fue igualmente grave: hundimiento electoral de los partidos en el gobierno; cambios gubernamentales en Grecia, Portugal, España (cambio en 2011 del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, y crisis desde 2014 del sistema bipartidista dominante desde 1977), Italia (sustitución en 2011 de Silvio Berlusconi por el tecnócrata Mario Monti, de este por Enrico Letta y, desde 2014, gobierno de Matteo Renzi, el líder de la izquierda democrática), Francia (derrota del presidente Sarkozy, 2007-2012, ante el candidato socialista François Hollande en las elecciones de 2012); aparición de partidos y movimientos antisistema de izquierda radical (la Coalición de Izquierda Radical griega, Syriza, liderada por Alexis Tsipras, que llegó al poder en Grecia en enero de 2015; el movimiento Podemos en España, que irrumpió también con fuerza en las varias elecciones —locales, autonómicas, generales— celebradas en el país en 2015); auge de la extrema derecha y de partidos antieuropeos, varios de los cuales, como el Frente Nacional francés, el Partido por la Independencia del Reino Unido, el Partido por la Libertad holandés, el partido neonazi griego Amanecer Dorado, el Partido Liberal austriaco, la formación xenófoba húngara Jobbik o el partido nacionalista flamenco Vlaams Belang, tuvieron excelentes resultados en las elecciones europeas de 2014 (dificultades que se añadían a problemas políticos previos: el Partido Nacionalista escocés, en el poder en Escocia desde 2007, planteó en septiembre de 2014, si bien sin éxito, un primer referéndum de independencia. En España, ETA, la organización vasca, abandonó la «lucha armada» en 2011, pero el nacionalismo catalán, que gobernaba de forma casi ininterrumpida en Cataluña desde 1980 en razón del amplísimo grado de autogobierno que, como se indicó, nacionalidades y regiones tenían en el país desde el restablecimiento de la democracia en 1975-1978, derivó decididamente desde 2012 hacia el independentismo en abierto desafío a todo el sistema político español).

En 2015, la Unión Europea, la Europa de Bruselas y su enmarañado entramado institucional (Presidencia del Consejo Europeo, Comisión Europea, Consejo de Ministros, Eurofin, Eurogrupo, Parlamento Europeo…), la idea de Europa, estaban, o eso parecía, en crisis. La crisis económica había puesto de relieve la tensión existente entre el poder europeo y las distintas soberanías nacionales, así como las profundas diferencias que en cuestiones económicas, presupuestarias, fiscales y sociales existían en el seno de la Unión Europea y entre los distintos estados europeos. La UE aparecía como una burocracia no representativa y ajena a los intereses de los ciudadanos. La creación del euro, la moneda única europea, parecía retrospectivamente un error económico. Gran Bretaña, gobernada con indudable eficacia desde 2010 por el Partido Conservador y su líder David Cameron, empezó a replantearse seriamente su permanencia en Europa. Dividida, carente de fuerza moral y voluntad de intervención en conflictos bélicos, la Unión Europea, con el 20 % del PIB mundial, parecía —como se vería en muchos momentos— un actor insignificante en el orden internacional.

Todo ello debilitaba, como se decía, el equilibrio internacional: condicionaba de forma evidente, si no irritante, la naturaleza de la respuesta que pudiera darse a los problemas —graves, complejos, difíciles— del mundo. Amplias revueltas populares, lo que se llamó la Primavera árabe —expresión de la profunda crisis en que, por múltiples razones, parecía sumido desde 1945 buena parte del islam—, estallaron desde principios de 2011 en países como Túnez, Libia, Egipto, Bahrein, Yemen y Siria, revueltas que, junto con los gravísimos problemas derivados de las guerras de Iraq y Afganistán, la pugna por la hegemonía del islam entre chiíes (Irán) y sunníes (Arabia Saudita) y el insoluble problema palestino-israelí, irían alterando la realidad del mundo árabe y el propio orden internacional: caídas de regímenes autoritarios en Túnez, Libia (Gadafi) y Egipto (Mubarak), deriva islamista y golpe militar del general Al-Sisi en este último país (2014), terrible guerra civil en Siria (2011-2015). Milicias radicales sunníes, escindidas por diferencias estratégicas de Al Qaeda, que operaban en áreas y territorios de Iraq y Siria, que habían ido ocupando a favor de la casi total desestructuración sufrida por ambos países en los años anteriores, proclamaron en junio de 2014 el Estado Islámico y el Califato que, como nuevo centro del terrorismo global islámico, amenazó enseguida enclaves importantes de la región y desafió, mediantes gravísimos atentados —como los que se produjeron en París en enero de 2015 contra el semanario satírico Charlie Hebdo (12 muertos) y el 13 de noviembre (estos en distintos puntos de la ciudad: 137 muertos)— al mundo occidental. Como respuesta al asesinato de tres jóvenes judíos por militantes palestinos, Israel lanzó en julio-agosto de 2014 una durísima ofensiva contra Gaza (operación Escudo Protector) en la que murieron 2100 palestinos y 71 israelíes.

A la vista de los enfrentamientos que se produjeron en Ucrania a favor y en contra de la entrada del país en la Unión Europea (y previsiblemente en la Alianza Atlántica), Rusia, frontalmente opuesta a esa entrada, y en buena medida inspiradora de los disturbios, procedió, ya en marzo de 2014, a anexionarse Crimea —en flagrante violación del derecho internacional— y a tensar a renglón seguido aún más la región con su apoyo explícito a la agitación prorusa en las regiones, también ucranianas, de Donetsk y Lugansk. Siempre nostálgica del poder internacional que tuvo el Imperio soviético hasta 1989, Rusia, que, como se indicó, bajo el liderazgo de Putin (presidente en 2000-2008 y nuevamente desde 2012; primer ministro en 2008-2012) había derivado hacia un régimen semiautoritario, iba a apoyar explícitamente desde 2011 en la guerra civil siria —que hasta 2015 había provocado 220 000 muertos y cuatro millones de refugiados en países vecinos (de los que cerca de 800 000 irrumpirían, en condiciones dramáticas, en la propia Europa en 2015)— al régimen tiránico de Bashar al-Asad, abriendo así otro nuevo frente de confrontación con los países democráticos del mundo occidental.

El mundo, un mundo cada vez más complejo e integrado, y con un desarrollo científico y tecnológico extraordinario, era básicamente una pluralidad de situaciones, con múltiples escenarios y subescenarios, y muchos centros de decisión y poder: Estados Unidos por supuesto; pero también Rusia, Europa (pese a lo dicho más arriba), Japón, Arabia Saudita, Catar, Irán y las nuevas potencias emergentes, China —dirigida entre 1993 y 2013, tras Deng Xiaoping, por Jiang Zemin y Hu Jintao, y desde 2010 la segunda economía del mundo, con cerca de 1300 millones de habitantes—, la India, Indonesia, Brasil, México, y con ellas Argentina, Venezuela, Cuba, Turquía, Pakistán, Egipto, Sudáfrica, Nigeria, Uganda y algún otro país africano. Era, en suma, un mundo multilateral. La misma crisis económica de 2008 no afectó por igual a todas las economías. América Latina, China, el sudeste asiático, Corea del Sur, Indonesia, India, Israel, Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, gran parte de África, Rusia y Polonia tuvieron en 2010 y 2011 crecimientos medios anuales superiores al 5 y el 6 %, y China del 10,4 % en 2010 y del 9,3 % en 2011.

Como mostraban muchas de las resoluciones adoptadas en las frecuentes reuniones celebradas por los numerosos organismos internacionales creados desde 1945, el mundo de 2015 —cuya vulnerabilidad habían puesto de relieve entre 2010 y 2015, de forma trágica, nuevas y devastadoras catástrofes naturales (terremotos en Haití y Nepal; tsunami en Japón…) y cuyo problema político último probablemente seguía siendo el que en 1926 había señalado el economista inglés Keynes: combinar eficiencia económica, justicia social y libertad individual— parecía tener clara la agenda del futuro: erradicar la pobreza extrema y el hambre; combatir las desigualdades; garantizar la salud, la educación, la igualdad de género; controlar y preservar el uso y consumo del agua, del medio ambiente, de la riqueza y calidad marinas, de las fuentes de energía; vigilar y encauzar el cambio climático; lograr un crecimiento económico equilibrado y sostenible; avanzar en materias de paz y justicia hacia una sociedad mundial justa. Una agenda plausible, y posible. La cuestión será si las ambiciones y tensiones por el poder y el dominio en el mundo; si las exigencias de defensa y seguridad de pueblos y naciones; si la acción de pasiones, ideas y creencias irracionales o emocionales (radicalismos y fundamentalismos ideológicos y/o religiosos, nacionalismos, populismos, racismo, xenofobia); si errores —políticos, económicos, sociales— innecesarios, decisiones equivocadas, circunstancias azarosas e inesperadas y riesgos mal calculados, si todo ello permitirá o no que la humanidad pueda llevarla a cabo.

Cronología

711: Comienzo de la conquista de España por los árabes.

732: Carlos Martel derrota a los árabes en Poitiers.

754: Creación de los Estados Papales.

768-814: Reino de Carlomagno.

800: Coronación imperial de Carlomagno.

1000: Europa, c. 35 millones de habitantes.

1073-1085: Papado de Gregorio VII (S. Hildebrando).

1085: Reconquista de Toledo por Alfonso VI.

1095-1099: Primera Cruzada.

1147: Conquista de Lisboa por Alfonso Enriques.

1150: Orígenes de las universidades de Oxford y París.

1189-1192: Tercera Cruzada.

1198-1216: Papado de Inocencio III.

1200-1500: Edad de oro de Venecia.

1227: Fundación de la Universidad de Salamanca.

1244: Los musulmanes conquistan definitivamente Jerusalén.

1309-1376: Traslado de los papas a Avignon.

1337-1453: Guerra de los Cien Años entre Inglaterra y Francia.

1348-1350: Peste negra en Europa.

1348-1353: Bocaccio, Decamerón.

1363-1477: Apogeo de Borgoña.

1378-1417: Cisma de Occidente.

1383-1580: Gran despliegue marítimo de Portugal.

1420: Tomás de Kempis, La imitación de Cristo.

1425-1500: Masiva reconstrucción de Roma por los papas.

1429-1521: Esplendor de Florencia bajo los Médici.

1445: Invención de la imprenta, impresión de la Biblia de Gutenberg en Mainz (Maguncia)

1450-1560: El Renacimiento, hecho europeo.

1453: Toma de Constantinopla por los turcos.

1470: Petrarca, Cancionero.

1479: Unión de Castilla y Aragón.

1492: Expulsión de los judíos españoles.

1492-1521: Descubrimiento, exploración y conquista de América por los españoles.

1494-1516: Guerras de Italia entre España y Francia.

1500: Europa, 60-70 millones de habitantes (París, Venecia, Milán, 100 000 habitantes; Roma, Lyon, Amberes, Gante, Augsburgo, 50 000; Londres, 40 000)

1503: Erasmo, Enquiridión o Manual del caballero cristiano.

1513: Maquiavelo, El Príncipe.

1517-1550: Reforma luterana.

1519-1556: Imperio de Carlos V.

1533-1552: Reforma anglicana en Inglaterra.

1534: Creación de la Compañía de Jesús por Ignacio de Loyola.

1543: Copérnico, Sobre el movimiento de las esferas celestiales.

1545-1563: Concilio de Trento.

1556-1564: Fernando I, titular del Sacro Imperio Romano Germánico (Austria)

1556-1598: Reinado de Felipe II en España.

1562-1598: Guerras de religión en Francia.

1567-1648: Rebelión de los Países Bajos contra España.

1580-1640: Integración de Portugal en España.

1585-1604: Guerra entre España (Felipe II) e Inglaterra (Isabel I)

1598-1610: Shakespeare, Julio César, Hamlet, Otelo, El rey Lear, Macbeth, Antonio y Cleopatra, y Coriolano.

1600-1730/1750: Edad del Barroco.

1605: Cervantes, El Quijote (1.ª parte)

1618-1648: Guerra de los Treinta Años.

1621-1643: Gobierno del conde-duque de Olivares en España.

1624-1715: Gran siglo de Francia (Richelieu, Mazarino, Luis XIV)

1632: Galileo, Diálogo de los principales sistemas del mundo.

1637: Descartes, Discurso del método.

1642-1646: Guerra civil inglesa; victoria de O. Cromwell y el Parlamento.

1648-1659: Fin de la hegemonía española.

1651: Hobbes, Leviatán.

1677: Spinoza, Ética.

1687: Newton, Principia Mathematica.

1688: Revolución Gloriosa: el Parlamento, primera institución del Estado en Inglaterra.

1690: Locke, Dos tratados sobre el gobierno civil.

1694: Creación del Banco de Inglaterra.

1700: Europa, 80 millones de habitantes.

1700-1714: Guerra de Sucesión española.

1701-1786: Transformación de Prusia en potencia militar.

1703: Pedro el Grande crea San Petersburgo; Rusia, poder europeo.

1707: Unión de Inglaterra y Escocia.

1729: Bach, La pasión según San Mateo.

1733-1738: Guerra de Sucesión polaca.

1738: Bernouilli, Hidrodinámica.

1740-1748: Guerra de Sucesión austriaca.

1741: Handel, Mesías.

1748: Montesquieu, El espíritu de las leyes.

1749-1788: Buffon, Historia natural, general y particular (44 volúmenes)

1751-1772: Publicación de la Enciclopedia de Diderot y D'Alembert.

1754-1763: Guerra de los Siete Años entre Gran Bretaña y Prusia, y Austria, Francia, España, Suecia, Sajonia y Rusia.

1759: Voltaire, Cándido.

1760-1780: Comienzo de la revolución industrial en Gran Bretaña.

1762: Rousseau, El contrato social.

1763: Consolidación del dominio británico en Bengala y Madrás.

1766-1769: Viaje de Bouganville por el Pacífico Sur.

1768-1771: Primer viaje de Cook a Australia.

1774: Descubrimiento del oxígeno (J. Priestley)

1775-1783: Revolución y guerra de Independencia norteamericanas.

1776: Cavendish, composición del agua.

1776: Declaración de Independencia de Estados Unidos.

1776-1778: Gibbon, Historia de la decadencia y caída del Imperio romano.

1783: Reconocimiento de la independencia norteamericana por Gran Bretaña.

1789-1794: Revolución francesa.

1793: Ejecución de Luis XVI.

1793-1794: Terror jacobino; caída de Robespierre (julio de 1794)

1795-1799: Reacción termidoriana; el Directorio.

1799 (9-10 de noviembre): Golpe de Estado de Brumario: Napoleón Bonaparte en el poder; el Consulado.

1799-1815: Guerras napoleónicas.

1804: Proclamación del Imperio napoleónico.

1808-1825: Independencia de los países latinoamericanos.

1814: Caída de Napoleón: destierro en Elba.

1814-1820: Europa de los Congresos (Viena, Aix-la Chapelle, Troppau, Verona). Influencia de Metternich.

1814-1830: Restauración borbónica en Francia. Reinado de Fernando VII en España (1814-1833)

1815: Regreso de Napoleón a París (los Cien Días); derrota de Napoleón en Waterloo: destierro en Santa Elena.

1822: Independencia de Brasil.

1823: Estados Unidos proclama la doctrina Monroe.

1828-1834: Guerra civil en Portugal.

1829: Independencia de Grecia.

1830: Revoluciones en Francia, Bélgica y Polonia.

1832: Mazzini crea la Joven Italia.

1833: Gran Bretaña asume el control directo (raj) de la India.

1833-1868: Reinado de Isabel II en España (1833-1840: guerra carlista)

1835: Tocqueville, La democracia en América.

1837-1901: Reinado de la reina Victoria en Gran Bretaña.

1838-1848: Movimiento cartista.

1846-1848: Guerra entre Estados Unidos y México: Estados Unidos adquiere California, Arizona y Nuevo México.

1847: Independencia de Liberia.

1848: Revoluciones en Francia, Alemania, Austria, Italia. Marx y Engels, Manifiesto comunista.

1848-1852: Segunda República en Francia.

1850: Población mundial: 1200 millones.

1850-1864: Rebelión Taiping en China.

1850-1873: Etapa dorada del librecambismo británico y de la revolución industrial; Imperio y parlamentarismo, claves de la hegemonía británica en el mundo.

1852-1870: Segundo Imperio francés (Napoleón III)

1854-1856: Guerra de Crimea entre el Imperio Otomano, con apoyo de Francia y Gran Bretaña, y Rusia.

1857: Estallido del Motín en la India.

1857: Benito Juárez, presidente de México.

1859: Construcción del canal de Suez. Darwin, El origen de las especies.

1859-1870: Unificación de Italia (Garibaldi, Cavour)

1859-1887: Progresiva colonización francesa de Indochina.

1861-1865: Guerra civil norteamericana.

1863-1867: Intervención francesa y española en México; Maximiliano de Austria, emperador de México.

1864: Creación de la I Internacional.

1865-1877: Estados Unidos: la reconstrucción. La expansión al Oeste (1865-1900)

1866-1871: Unificación de Alemania (Bismarck)

1867: Monarquía dual en Austria-Hungría. Juárez restaura la república en México. Canadá, reorganizado como Dominio británico.

1868-1874: Sexenio revolucionario en España.

1868-1894: Revolución (abolición del shogunado), periodo Meiji y modernización de Japón.

1868-1894: Era de Disraeli (primer ministro en 1868 y 1874-1880) y Gladstone (1868-1874, 1880-1885 y 1892-1894) en Gran Bretaña.

1869: Apertura del canal de Suez.

1870: Guerra franco-prusiana. Concilio Vaticano I.

1871: Comuna de París.

1871-1918: Segundo Reich alemán (Guillermo II)

1871-1940: Tercera República en Francia.

1874: Restauración monárquica en España; Cánovas del Castillo, hombre fuerte del país.

1876: Creación del virreinato de la India.

1876-1911: Presidencia de Porfirio Díaz en México.

1878: Independencia de Serbia.

1880 y ss.: Creación de partidos socialistas en Europa.

1880-1914: Apogeo de los imperios coloniales europeos (Gran Bretaña, Francia, Holanda, Portugal, Italia, Bélgica)

1882: Ocupación de Egipto por Gran Bretaña.

1882-1914: Construcción del canal de Panamá.

1883-1889: Alemania (Bismarck) implanta leyes de seguridad social.

1885: Conferencia de Berlín: «reparto» de África. Creación del Partido del Congreso en la India. Muerte del general Gordon en Jartum.

1894-1906: Affaire Dreyfus en Francia.

1894-1917: Nicolás II, zar de Rusia.

1897: Alemania proclama la Weltpolitik (política mundial)

1898: Guerra entre Estados Unidos y España; España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Crisis de Fashoda entre Gran Bretaña y Francia.

1898-1902: Guerra de los bóers en Sudáfrica.

1899-1905: Curzon, virrey de la India (apogeo del Imperio británico)

1900: Rebelión de los bóxers en China. Población mundial: 1600 millones.

1901: Muerte de la reina Victoria. Asesinato del presidente McKinley: Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos (1901-1909)

1901-1910: Edad eduardiana (Eduardo VII) en Gran Bretaña.

1903: Unión Política y Social de las Mujeres (E. Pankhurst). Escisión bolchevique (Lenin) en el socialismo ruso.

1903-1914: Edad giolittiana en Italia (gobiernos de Giolitti: 1903-1905, 1906-1909, 1911-1914)

1904: Independencia de Panamá.

1904-1905: Guerra ruso-japonesa. Revolución en Rusia.

1905: Creación del Sinn Fein en Irlanda. Separación de Noruega de Suecia.

1906: Gran victoria liberal en Gran Bretaña: gobiernos liberales (C. Bannerman, Asquith, Lloyd George) hasta 1922.

1907: Creación de la Liga Musulmana en la India.

1908: Revolución de los Jóvenes Turcos en el Imperio otomano. Austria-Hungría anexiona Bosnia-Herzegovina.

1910: Caída de la monarquía en Portugal. Japón se anexiona Corea. Inicio de la Revolución en México.

1910-1936: Jorge V, rey de Gran Bretaña.

1911: Caída del imperio en China. Italia invade y ocupa Libia.

1912-1913: Guerras balcánicas.

1912-1920: Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos.

1914 (28 de junio): Atentado de Sarajevo.

1914-1918: Primera Guerra Mundial.

1914-1922: Egipto, protectorado británico.

1916-1922: H. Irigoyen, presidente de Argentina.

1917 (7 de noviembre): Revolución bolchevique en Rusia.

1918-1933: República de Weimar en Alemania.

1919 (23 de marzo): Creación del fascismo italiano (B. Mussolini)

1919-1920: Conferencia de paz de París: creación de Polonia, Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia; mandatos occidentales sobre Líbano, Siria, Iraq, Jordania y Palestina.

1920: Campaña de desobediencia civil de Gandhi en la India.

1921: Creación de partidos comunistas en Europa. Partición de Irlanda.

1922 (29 de octubre): «Marcha sobre Roma»: Mussolini, jefe del gobierno italiano (1922-1943). Creación de la URSS.

1923: Proclamación de la república en Turquía (fin del Imperio otomano; abolición del Califato). Golpe de Estado de Primo de Rivera en España. Putsch de la cervecería de Múnich.

1924: Muerte de Lenin; Stalin, secretario del PCUS desde 1923, nuevo hombre fuerte. Asesinato de Matteotti en Italia. Golpe militar en Chile. Primer gobierno laborista en Gran Bretaña.

1925-1927: Cese de Trotski de sus cargos en la URSS, expulsión y exilio (asesinado en 1940)

1926: Dictadura en Portugal (1928: Salazar, hombre fuerte)

1926-1929: Guerra cristera en México.

1928-1932: Primer plan quinquenal en la URSS.

1929: Hundimiento de la bolsa de Nueva York. Crisis económica mundial.

1930: Golpe de Estado del general Uriburu en Argentina.

1931: Japón ocupa Manchuria.

1931-1935: Gobierno Nacional (MacDonald-Baldwin) en Gran Bretaña.

1931-1936: Segunda República en España.

1932: Creación del reino de Arabia Saudita.

1932-1938: Descubrimiento de petróleo en el Golfo Pérsico.

1933 (30 de enero): Hitler, canciller alemán: dictadura nazi. Japón y Alemania se retiran de la Sociedad de Naciones.

1933-1945: F. D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos.

1934: Asesinato de Dollfuss en Austria. «Noche de los cuchillos largos» en Alemania.

1934-1940: Presidencia de Lázaro Cárdenas en México.

1935: Italia ataca Abisinia. Incorporación del Saar a Alemania; leyes antisemitas en Alemania.

1936: Comienzo de las «grandes purgas» en la URSS. Formación del eje Roma-Berlín. Keynes, Teoría general del empleo, el interés y el dinero. Abdicación de Eduardo VIII.

1936-1939: Guerra civil en España.

1937: Japón ataca China. Chamberlain, primer ministro en Gran Bretaña. Plan de partición para Palestina.

1938: Unión de Austria y Alemania. Reunión de Múnich. Ejecuciones en la URSS.

1939: Alemania ocupa Checoslovaquia, e Italia, Albania. Pacto de no agresión Alemania-URSS. Invasión de Polonia por Alemania.

1939-1945: Segunda Guerra Mundial.

1939-1958: Papado de Pío XII.

1939-1975: Dictadura de Franco en España.

1944-1949: Guerra civil en Grecia.

1945: Restablecimiento de la Cuarta República en Francia. República en Italia (De Gasperi, 1945-1953). Ocupación y democratización de Japón (1945-1952)

1945-1948: Establecimiento de regímenes comunistas en Polonia, Hungría, Alemania del Este, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia, Checoslovaquia, Albania.

1945-1953: Truman, presidente de Estados Unidos.

1945-1951: Gobierno laborista (Attlee) en Gran Bretaña.

1945-1955: Perón, presidente de Argentina.

1946-1953: Guerra de Indochina; derrota francesa en Diên Biên Phu.

1946-2000: Gobierno del PRI (Partido Revolucionario Institucional) en México.

1947: Doctrina Truman, contención del comunismo. Plan Marshall para la reconstrucción de Europa. Independencia de la India y Pakistán: fin del Imperio británico.

1947-1964: Jawaharlal Nerhu, primer ministro de la India.

1948: Proclamación del Estado de Israel; primera guerra árabe-israelí. Bloqueo de Berlín. Asesinato de Mahatma Gandhi en la India. El Partido Nacional afrikáner introduce el apartheid en Sudáfrica.

1949: Creación de la OTAN.

1949: Creación en mayo de la República Federal de Alemania (K. Adenauer: canciller, 1949-1963) y de la República Democrática Alemana, comunista, en octubre.

1949: Victoria comunista en la guerra civil china; creación de la República Popular China (Mao Zedong, presidente en 1949-1976)

1950 (9 de mayo): Plan Schuman (Jean Monnet): creación de la CECA, primer paso hacia la Unión Europea.

1950-1953: Guerra de Corea.

1950-2000: Extraordinario desarrollo económico de Japón.

1952: Revolución militar en Egipto (Nasser, líder de Egipto, 1954-1970)

1952-1957: Rebelión antibritánica (Mau Mau) en Kenia.

1953: Muerte de Stalin; Jruschov, hombre fuerte de la URSS (1955-1964)

1953-1960: Eisenhower, presidente de Estados Unidos.

1954-1962: Guerra de Argelia.

1955: Creación del Pacto de Varsovia.

1956: Independencia de Marruecos y Túnez.

1956: Crisis de Suez.

1956: La URSS aplasta el levantamiento de Hungría.

1957: Entrada en vigor de la Comunidad Económica Europea.

1957-1970: Independencia de Ghana, Guinea, Sudán, Nigeria, Sierra Leona, Congo, Uganda, Kenia y otros países africanos.

1958: Proclamación de la Quinta República francesa (De Gaulle, presidente en 1959-1969). Revolución militar en Iraq.

1959: Triunfo de la revolución en Cuba (Fidel Castro, Che Guevara)

1960: Kennedy, elegido presidente de Estados Unidos.

1960-1965: Graves conflictos en el Congo tras la independencia; dictadura (1965) del general Mobutu.

1961: Construcción del Muro de Berlín. Independencia de Kuwait.

1962: Concilio Vaticano II (papas: Juan XXIII, 1958-1963; Pablo VI, 1963-1978)

1963 (noviembre): Asesinato de Kennedy en Dallas; L. Johnson, presidente en 1963-1969.

1963-1974: Guerras de liberación en el África portuguesa.

1964: Creación de la Organización para la Liberación de Palestina.

1964-1970: Gobierno laborista (H. Wilson) en Gran Bretaña.

1964-1972: Golpes militares en Brasil, Bolivia, Argentina, Ecuador.

1964-1982: Brezhnev, nuevo hombre fuerte de la URSS.

1965-1973: Guerra de Vietnam.

1965-1980: Declaración unilateral de independencia de la Rhodesia blanca: resistencia armada (grupos guerrilleros de la población negra) hasta la proclamación de la república de Zimbabwe (1980)

1966-1969: Revolución Cultural china.

1966-1977: Indira Gandhi, primera ministra de la India (1975: declaración del Estado de Emergencia)

1967: Guerra de los Seis Días: Jordania, Egipto y Siria atacan Israel; Israel ocupa Gaza y Cisjordania. Muerte de Ernesto Che Guevara en Bolivia.

1967-1970: Guerra de Biafra en Nigeria.

1967-1974: Dictadura militar en Grecia.

1968 (mayo): Rebelión de los estudiantes de París. Rebeliones juveniles en numerosos países.

1968: Tropas del Pacto de Varsovia ponen fin a la Primavera de Praga en Checoslovaquia.

1969 (21 de julio): Llegada del hombre a la Luna.

1969: Golpe militar del coronel Gadafi en Libia. Atentado en la plaza Fontana de Milán: dieciséis muertos. Comienzo de los «disturbios» —terrorismo del IRA, respuesta unionista— en Irlanda del Norte (hasta 1996)

1969-1974: W. Brandt, canciller de la República Federal Alemana.

1969-1974: Nixon, presidente de Estados Unidos (Kissinger, secretario de Estado)

1970: Golpe de Estado de Hafez al-Asad en Siria.

1970-1973: Gobierno de Unidad Popular (S. Allende) en Chile.

1971: Fin del protectorado británico sobre Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Qatar.

1972: Viaje de Nixon a China.

1972: Tratado SALT, para la limitación de armas estratégicas (Brezhnev-Nixon)

1973: Golpes militares en Chile (general Pinochet) y Uruguay.

1973: Guerra de Yon Kipur (agresión de Egipto y Siria a Israel). Los países productores de petróleo elevan los precios del crudo: grave crisis económica mundial.

1974: Caída de las dictaduras en Portugal (Revolución de los Claveles) y Grecia (tras guerra de Chipre)

1974: Escándalo Watergate; dimisión de Nixon (presidentes norteamericanos: Ford, 1974-1977; J. Carter, 1977-1981)

1975 (20 de noviembre): Muerte de Franco; transición a la democracia en España (Juan Carlos I, rey de España; Adolfo Suárez, jefe del Gobierno, 1976-1981)

1975-1990: Enfrentamientos civiles armados entre las distintas minorías del Líbano.

1976: Nuevo golpe militar en Argentina (general Videla)

1976: Muerte de Mao Zedong; Deng Xiaoping, nuevo líder de China (1976-1997)

1978: Acuerdos de Camp David: paz entre Egipto e Israel.

1978: Asesinato de Aldo Moro, por las Brigadas Rojas, en Italia.

1978-2005: Papado de Juan Pablo II (K. J. Wojtila)

1979: Revolución chiíta en Irán. Invasión soviética de Afganistán.

1979-1990: Gobierno de Margaret Thatcher en Gran Bretaña.

1979-2003: Dictadura de Saddam Hussein en Iraq.

1980: Aparición de Sendero Luminoso en Perú. Atentado de la ultraderecha en la estación de Bolonia (Italia): 84 muertos.

1980-1988: Guerra Irán-Iraq.

1981: Primer caso de sida.

1981-1988: Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos.

1981-1995: Mitterrand, presidente de Francia (antes: Pompidou, 1969-1974; Giscard, 1974-1981)

1982: Muerte de Brezhnev (sucesores: Andrópov, Chernenko, Gorbachov)

1982: Guerra de las Malvinas (Falklands) entre Argentina y Gran Bretaña. Victoria electoral socialista en España (F. González, presidente del Gobierno, 1982-1996)

1982-1984: Invasión de Líbano por Israel.

1982-1989: Caída de las dictaduras en Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Haití, Chile, Paraguay.

1982-1998: Helmut Kohl, canciller de Alemania.

1984: Asesinato de Indira Gandhi.

1985-1991: Mijáil Gorbachov, líder de la URSS.

1986: Explosión de la central nuclear de Chernóbil (URSS)

1987-1991: Intifada (levantamiento) palestino contra la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania.

1989: La URSS abandona Afganistán.

1989 (9 de noviembre): Caída del Muro de Berlín; desmoronamiento de los regímenes comunistas en toda Europa del Este.

1989-1992: George Bush, presidente de Estados Unidos.

1990: Reunificación de Alemania.

1990-1991: Tras ocupación de Kuwait por Iraq, guerra del Golfo contra Iraq liderada por Estados Unidos.

1991: Disolución de la URSS: independencia de quince exrepúblicas soviéticas; Yeltsin, presidente de Rusia.

1991-1999: Guerras balcánicas; desintegración de Yugoslavia.

1992: Tratado de Maastricht: definición de la arquitectura política de la Unión Europea.

1992-1993: Procesos judiciales por corrupción transforman el sistema de partidos en Italia.

1993: División de Checoslovaquia en República Checa y Eslovaquia.

1993-2001: B. Clinton, presidente de Estados Unidos.

1993-2003: Jiang Zemin, presidente de China.

1994: Fin del régimen de apartheid en Sudáfrica; Nelson Mandela, presidente del país. Creación de la Autoridad Nacional de Palestina.

1994-1995: Silvio Berlusconi, primer ministro de Italia.

1995-2010: fuerte crecimiento de Brasil bajo las presidencias de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y Lula da Silva (2002-2010)

1996: Victoria electoral en la India del nacionalismo hindú (Bharatiya Janata Party)

1996-1998: Guerra civil en Congo.

1996-2004: J. M. Aznar, presidente del Gobierno en España.

1997: Hong Kong retorna a la soberanía china.

1997-2009: T. Blair, primer ministro de Gran Bretaña.

1999-2012: Hugo Chávez, presidente de Venezuela.

2000: Población mundial: 6000 millones.

2000-2005: Intifada de Al-Aqsa.

2000-2006: Presidencia de Vicente Fox en México.

2000-2008: V. Putin, presidente de Rusia.

2001 (11 de septiembre): Atentados terroristas islámicos (Al Qaeda) contra las Torres Gemelas de Nueva York (3000 muertos) y el Pentágono; Estados Unidos declara la «guerra al terror»

2001 y ss.: Estados Unidos y la OTAN desatan la guerra de Afganistán contra el régimen talibán.

2001-2006: Berlusconi, nuevamente primer ministro italiano.

2001-2008: George W. Bush, presidente de Estados Unidos.

2002: Entrada en circulación del euro, moneda oficial de la Unión Europea.

2003: Se completa el Proyecto Genoma Humano.

2003-2011: Estados Unidos, con apoyo de otros países, declara la guerra a Iraq; amplias protestas internacionales antinorteamericanas.

2003-2012: Hu Jintao, presidente de China; China, segunda economía del mundo (tras Estados Unidos)

2004: Regreso del Partido del Congreso (M. Singh) al poder en la India.

2005: Angela Merkel, canciller de Alemania.

2005-2013: Papado de Benedicto XVI (J. Ratzinger)

2006: Gaza, bajo control de Hamás (Movimiento de Resistencia islámico). Guerra de Líbano entre Israel y la milicia islamista chiíta Hezbolá.

2007-2012: N. Sarkozy, presidente de Francia.

2008: Barack Obama, presidente de Estados Unidos. Declaración de independencia de Kosovo. La Unión Europea (veintisiete estados) aprueba el Tratado de Lisboa. Fidel Castro cede el poder por enfermedad a su hermano Raúl Castro.

2008-2013: Crisis económica internacional: crisis financiera y bancaria global y crisis de deuda en varios países europeos (Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia)

2011: Violentas revueltas (Primavera árabe) en Túnez, Libia, Egipto, Yemen, Siria y Bahrein. 16 000 muertos por un maremoto (tsunami) en Japón. Muerte violenta de Gadafi en Libia y Osama Bin Laden (líder de Al Qaeda) en Pakistán. Protestas sociales por la crisis económica en muchos países occidentales.

2012: Obama, reelegido presidente de Estados Unidos. Putin, de nuevo presidente de Rusia. Xi Jinping, presidente de China. Descubrimiento del bosón Higgs. Población mundial: 7000 millones.

2013: Abdicación de Benedicto XVI; el cardenal argentino Jorge M. Bergoglio, nuevo papa (Francisco). Golpe militar anti-islamista del general Al-Sisi en Egipto. Denuncias por espionaje masivo internacional contra la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) norteamericana. Muere Hugo Chávez: Nicolás Maduro, nuevo presidente de Venezuela. Hasan Rouhani, presidente de Irán. Muere Nelson Mandela. Quiebra de Detroit, ciudad símbolo de la industria automovilística norteamericana.

2014: Epidemia de ébola en África. Crisis de Ucrania: Rusia completa la anexión de Crimea; movimientos separatistas con apoyo ruso en Donetsk y Lugansk. Proclamación del Estado Islámico de Iraq y Siria. Israel lanza la operación Escudo Protector en Gaza. Restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

2015: Asesinato en París (8 de enero) por terroristas islámicos de varios redactores del semanario satírico Charlie Hebdo. Victoria electoral del partido Syriza en Grecia: tensiones entre Grecia y la Unión Europea. Ralentización económica de China y América Latina. Terremoto en Nepal (mayo). Gravísimos atentados islamistas en Túnez (marzo, 23 muertos) y París (noviembre, 129 muertos). Acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. Avances del Estado Islámico en Siria e Iraq. Llegada masiva (un millón; 4000 muertos) de refugiados sirios a Europa. Intervención militar de Rusia en la guerra civil siria, y bombardeos de Estados Unidos y sus aliados contra bases del Estado Islámico en Iraq. Creciente tensión entre el islam sunní y el islam chií en todo el mundo musulmán. Victorias electorales de M. Macri en Argentina y de la oposición democrática en Venezuela. Cumbre internacional en París sobre el cambio climático (diciembre)

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JUAN PABLO FUSI AIZPURÚA (San Sebastián, 1945) es actualmente catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Formado en Oxford, con Raymond Carr, entre 1976 y 1980 fue director del Centro de Estudios Ibéricos del St. Antony's College de esa universidad, catedrático luego de las universidades de Cantabria, País Vasco y Complutense, y de 1986 a 1990 director de la Biblioteca Nacional (Madrid). Ha sido director académico del Instituto Universitario Ortega y Gasset y de la Fundación Ortega y Gasset desde 2001 a 2006. Ha publicado, entre otros libros, El País Vasco. Pluralismo y nacionalidad (1983); Franco, autoritarismo y poder personal 1985); España 1808-1996. El desafío de la modernidad (con Jordi Palafox); España. La evolución de la identidad nacional (1999); La patria lejana. El nacionalismo en el siglo XX (2003); Identidades proscritas. El no nacionalismo en sociedades nacionalistas (2006); El espejo del tiempo (2009) e Historia del mundo y del arte en Occidente (2014), ambos con Francisco Calvo Serraller; Historia mínima de España (2012); Breve historia del mundo contemporáneo (2013) y El efecto Hitler (2015). Es miembro de Jakiunde (Academia Vasca de Ciencias, Artes y Letras) y desde 2015, de la Real Academia de la Historia.