Monografías

JUAN MILIÁN QUEROL

EL ACUERDO

DEL SENY

Superar

el nacionalismo

desde

la libertad

© 2014 Juan Milián Querol

© 2014 UNIÓN EDITORIAL, S.A.

c/ Martín Machío, 15 • 28002 Madrid

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ISBN (página libro): 978-84-7209-646-2

Ilustración de la cubierta por Pablo Jiménez Recio

Compuesto e impreso por JPM Graphic

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A los nacionalistas de todos los partidos

índice

Introducción

Capítulo 1. LOS BENEFICIOS DE LA LIBERTAD

El valor de la política, la lucha por la libertad

Europa humanista

El incentivo institucional

El imperio de la ley nos hará libres

La reactivación de la sociedad civil

El ciudadano olvidado y la revolución educativa

El renacimiento del liberalismo clásico

El compromiso intergeneracional

La sociedad abierta

Capítulo 2. LOS COSTES DEL NACIONALISMO

Identidad y pertenencias

Los rostros del nacionalismo

La espiral del silencio y el coste democrático

El simplismo y el coste social

La solución mágica y el coste económico

Sobre la invención del derecho a decidir

Fuera de la Unión Europea

De la fatiga nacionalista y los puntos de retorno

Capítulo 3. SUPERAR EL NACIONALISMO DESDE LA LIBERTAD

El acuerdo del seny

Un Estado que funcione

Reconocimientos mutuos, autonomismo flexible

Un proyecto sugestivo

Por un patriotismo liberal

Bibliografía

introducción

El futuro de las sociedades se tuerce cuando estas empiezan a creerse promesas políticas incumplibles, lo que implica que tenemos un problema. Un gran problema catalán, que es un problema español y también europeo. Un problema que va más allá de la crisis económica y que no se resolverá solo con un nuevo sistema de financiación autonómico o la recuperación económica, ni tan siquiera con reformas constitucionales. El problema es institucional, pero también lo es de actitudes y valores. Es un problema de instituciones que fomentan la centrifugación y la desunión. Es la ausencia de un relato de finalidades morales compartidas. De comunicación, también. De información asimétrica. Es un problema de difícil solución por la emotividad que lo envuelve. Sin embargo, el futuro no está escrito. Está en nuestras manos superar este problema, construyendo puentes donde algunos quieren levantar muros.

La escalada nacionalista en Cataluña tiene que ver un poco con el nacionalismo esencialista, que sigue representando a una proporción de catalanes similar a la de hace dos décadas, y mucho con el populismo que recorre gran parte de Europa alimentado por la crisis económica y que aboga por la insolidaridad y la fractura. Hoy el nacionalismo ha traicionado el espíritu de aquel catalanismo que apostaba por la regeneración. Arrastrado por la tentación nacional-populista, su nuevo discurso es el de la inevitabilidad rupturista y el del enfrentamiento bajo eslóganes tan simplones como el de la «España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva». La vieja dialéctica amigo-enemigo resurge peligrosamente en una sociedad desesperada tras seis años de crisis, paro y empobrecimiento. La clase media catalana se balancea hacia posiciones de no retorno aparente al ver que los que eran representantes del nacionalismo moderado ahora visten de corbata al separatismo otrora marginal. Sí, quizás solo sea una coyuntura, pero para lograr una fractura social basta con una coyuntura.

Recuperar el diálogo se hace imprescindible y para ello es necesario tener claro un proyecto sugestivo de vida en común, una manera orteguiana de entender la nación, ya que es imposible dialogar sin una visión de lo que se quiere alcanzar o proponer. Argumentar a favor de seguir juntos no significa abrir la puerta a la separación, sino recuperar la confianza perdida. Señalar los costes de la separación puede fortalecer la creencia en su viabilidad, pero este no es el problema, porque hoy una importante parte de catalanes, la deseen o no, ya no ven la independencia como una posibilidad, sino como algo inevitable. Sinceramente, creo que nunca sufriremos ese desgarro afectivo, social, cultural, económico y político. La separación se me hace imposible, pero los costes de la actual tensión no se pueden sostener. Los sueños de unos se están convirtiendo en la peor pesadilla de otros, mientras se conforma un escenario futuro en el que la frustración generada por las actuales expectativas puede ser de una brutalidad tal que en lugar de llevarnos a una fatiga nacionalista a la quebequesa acabemos convertidos en una sociedad rota como ha sido la vasca.

España debe volver a vertebrarse en Cataluña, así como Cataluña debería también vertebrarse en el resto de España. Muchos catalanes nos hemos sentido desamparados durante demasiado tiempo por culpa del enorme error de quienes confunden, aquí y allá, catalanes con nacionalistas. El nacionalismo puede sumar un millón y medio de voluntades. Quizás algo más. Pero en Cataluña somos siete millones y medio de catalanes y cualquier gobierno, catalán o español, debería pensar siempre por el bien común de todo ellos. Es hora de actuar con inteligencia estratégica y reprimir cualquier tentación de desahogo que alimente el victimismo y la radicalidad. Debemos, pues, construir un proyecto de futuro, sugestivo e integrador.

Si hay solución al problema, nunca será perfecta. Pretender un paraíso terrenal o una victoria final solo supondrá el fin de la sociedad abierta y plural en la que vivimos. El espíritu de la Transición española y el pactismo catalán son mejores consejeros que el utopismo o la resignación. Hablar, respetar y pactar. La confianza solo se conseguirá si empezamos a hablar con propiedad sobre lo que queremos ser y compartir. El populismo es especialista en pervertir palabras como democracia, libertad e identidad. A volver a definir algunos conceptos fundamentales para una sociedad occidental moderna y a desenmascarar los costes del nacionalismo para los catalanes dedicaré gran parte del libro; pero lo haré con una finalidad: la de presentar principios y propuestas que sean mi inevitablemente imperfecta aportación en la búsqueda de soluciones. Así, en el último bloque de este libro expondré lo que creó que son los tres ejes que pueden ayudarnos a salir de la situación actual. En primer lugar, un nuevo contractualismo, un pacto social que denomino el acuerdo del seny, para superar desconfianzas y esquivar los populismos. En segundo lugar, un deber político: una desdramatización de las tensiones actuales y un diálogo flexible y leal que nos conduzca a una unión más perfecta, a un autonomismo mejor. Y, finalmente, una tarea que nos concierne a todos: elaborar un proyecto sugestivo de vida en común, un relato de libertad, pluralismo y prosperidad.

Capítulo 1

LOS BENEFICIOS DE LA LIBERTAD

El valor de la política, la lucha por la libertad

La política, igual que Anteo en el mito griego, tiene el don de permanecer joven, fuerte y dinámica siempre y cuando mantenga los pies en el suelo de su madre, la Tierra. Dada nuestra condición humana, la política no nos permite ir en pos de un ideal absoluto, como predicó Platón con seductora determinación. La faz de la Tierra es enormemente variada y la condición humana nos hace seres inquietos, con ideales múltiples y distintos, obligados a planificar el futuro y disfrutar de los frutos del pasado. La política, por lo tanto, no puede ser una actividad «puramente práctica e inmediata», como afirman orgullosos quienes no son capaces de ver más allá de sus narices.

Bernard Crick

Atenas y Roma. Siempre los clásicos… seguidos de notas al pie de página hasta nuestros días. El retorno de la Antigüedad, diría Robert D. Kaplan. Lo sabía el republicano Maquiavelo, el primer gran politólogo: en política casi todo estaba en la Antigüedad. Sus Discursos sobre la primera década de Tito Livio así lo atestiguan. Conviene mirar hacia los orígenes de nuestra civilización, el poso de una sabiduría milenaria, para obtener las mejores lecciones políticas aplicables a nuestros días. Quinto Tulio Cicerón, además de hermano del inmortal Marco Tulio, fue uno de los primeros spin doctors de la Historia. Cuando el gran orador pretendía presentarse al cargo de cónsul de la República romana, Quinto le escribió una magnífica carta que pocos asesores políticos podrían hoy superar. Esa carta contenía el mejor consejo que se le puede dar a un político: «Considera qué ciudad es esta, a qué aspiras, quién eres» (Cicerón, p. 20). Esta es la clave de la estrategia política. Saber de dónde venimos, conocer el terreno que vamos a andar, con todos sus obstáculos, y definir nuestro horizonte. Tener un proyecto y saber cómo llevarlo a cabo. El consejo debe ser gravado a fuego en la mente del político que, más allá de ostentar la potestas, siempre temporal en democracia, pretenda servir a su país contribuyendo al bien común. En las democracias actuales, la política del ordeno y mando es inaceptable. Solo desde la negociación, la persuasión y el ejemplo se consigue andar con un paso más o menos firme hacia unos ideales, hacia una sociedad mejor. Así, la auctoritas, la legitimidad moral que otorgan los ciudadanos a sus políticos, se alza como la fuerza de cambio más potente, incluso superior a la actividad legislativa o ejecutiva. De aquí la magnitud del drama que significa la desafección política. Sin confianza no hay cambio real. La regeneración pasa por la recuperación de la credibilidad. La credibilidad pasa por la coherencia. Y no hay coherencia sin estrategia, sin una hoja de ruta que culmine en una idea clara del país que se quiere y de lo que es el bien común.

Negociar, persuadir y ser ejemplo. El liderazgo político, lejos de emanar de manera natural de un carisma innato, es relacional; es una relación entre los ciudadanos y el líder y su proyecto. Es una relación que debe tenerse en cuenta incluso cuando lo que nos proponemos es construir y fortalecer un orden liberal, donde el imperio de la ley y la sociedad civil garanticen un espacio de libertad y de oportunidades para que cada ciudadano pueda ser responsable y prosperar llevando a cabo su proyecto de vida. Los ideales del liberalismo clásico no son solo unos pilares para construir un futuro mejor, sino que se me antojan la mejor guía para superar las diferentes crisis padecidas por nuestra sociedad. Para su consecución son tan necesarias las reformas institucionales como el cambio de valores, tanto el liderazgo político como una ciudadanía libre y responsable y, en definitiva, tanto la política como la sociedad. «La política necesita hombres dispuestos a actuar con libertad, pero los hombres no pueden actuar libremente en ausencia de la política. La política es una manera de gobernar sociedades plurales sin violencia innecesaria, y la mayoría de las sociedades son plurales, aunque haya quien piense que la pluralidad es el verdadero problema» (Crick, 1962, p. 36).

Profundicemos en esta relación tridimensional de una política y una sociedad que se moldean continua y mutuamente a través de las ideas, los valores y las emociones. Tres dimensiones que hoy vislumbramos trastocadas, líquidas o, incluso, gaseosas como el humo narrativo utilizado para camuflar intereses muy particulares. Las ideas parecen despreciadas; los valores, volátiles; y las emociones, puro sentimentalismo. Vivimos en el cortocircuito provocado por la sobrecarga de inseguridades e informaciones de un mundo globalizado y una política hipermediatizada. Recuperarnos, adaptarnos a una nueva época lleva su tiempo. Requiere esfuerzo y sensatez para huir de pócimas mágicas y de populismos que puedan echar al traste todo lo conseguido. Las nuevas tecnologías ofrecen a los ciudadanos una capacidad de opinión a la cual la política aún no se ha adaptado, y tampoco los medios de comunicación tradicionales encuentran su lugar como contrapoder independiente. Cierto es que la desafección política siempre ha ido muy unida al desarrollo económico del país. Las promesas imposibles de la competencia democrática traen la frustración y el desengaño. Así lo muestran las series históricas de los estudios de opinión: una alta correlación entre crisis económica y aumento de la desconfianza hacia la política. Sin embargo, debemos hilar más fino en el análisis, porque quizás esta vez sea diferente. Hoy las democracias liberales de Occidente sufren un desapego ciudadano que parece un movimiento más de fondo que una mera reacción a una coyuntura económica. Sin duda vivimos tiempos de desafección, pero de ninguna manera los ciudadanos han dejado de interesarse por la cosa pública. Quizás exista desorientación, pero no podemos hablar de despreocupación ciudadana. Desorientación por la falta de referentes intelectuales de altura. Y preocupación porque sin ideas sobre lo que somos y lo que queremos ser es imposible construir una estrategia para conseguir un futuro mejor. Esta es hoy la tragedia europea.

Tras superar el siglo de las ideologías y sus terribles consecuencias, no hemos sabido recuperar o reformular las ideas que fundamentaron nuestra civilización. Cómo saber hacia dónde vamos si hemos perdido las raíces de lo que somos. Simplemente han sobrevivido algunas versiones light de las ideologías caducadas. Versiones low-cost que como manuales for dummies ofrecen respuestas fáciles —y, por lo tanto, equivocadas— sobre la compleja realidad de nuestras sociedades. Y si no nos damos cuenta de que las ideas aún tienen consecuencias, la decadencia seguirá tan dulce como imparable. Recuperar lo que funcionó y encontrar nuevas ideas para superar los fracasos es la incómoda, pero vital, tarea que deberíamos conferirnos. Ante la desubicación intelectual y moral, es necesario recuperar algunos fundamentos de nuestra civilización que nos ayuden a poner orden de nuevo, un orden que devuelva a la persona su papel protagonista; un orden, pues, liberal.

La respuesta a la desorientación producida por la globalización no puede ser una mera reacción sentimental de cerrazón identitaria. Faltan ideas, nuevas o viejas, pero que sean ideas buenas. Quizás estén aquí, pero parecen escondidas detrás de identidades y pertenencias exaltadas de todo tipo: nacionales, religiosas, de género, sexuales, lingüísticas… Hemos pasado del siglo de las ideologías al siglo de las identidades sin apenas disfrutar de una política de las ideas, que se han asfixiado en la atmósfera cargada de voluntades de ser hasta el punto de que tanto la izquierda como la derecha europeas viven en la confusa sensación de que ambas están perdiendo la batalla por la hegemonía cultural. Las ideas se pueden discutir, debatir, mejorar, pero cuando al conflicto de los intereses se le yuxtapone el eje de la identidad la resolución de los problemas y el progreso de una sociedad se complican gravemente.

La perversión de las identidades es hoy una de las grandes amenazas para la libertad de las personas, la libertad más auténtica. Es la enésima manipulación ideológica que desatiende la complejidad de la condición humana para ofrecernos comodidades psicológicas sobre lo que somos y lo que seremos. Es el regreso de los determinismos tan eficaces en su expansión como peligrosos en su ejecución. La devastación económica y moral que produjo el socialismo real no se produjo porque el marxismo se hubiera pervertido en su praxis. Era la consecuencia posible de una ideología que no entendía el fenómeno humano en toda su complejidad. Y es que, en último término, las promesas de libertad colectiva solo pueden realizarse a través de la eliminación de libertades individuales, así como las promesas de sociedades igualitarias se acaban implementando con nuevos estamentos de privilegiados, los apparatchiki.

La tentación totalitaria es fuerte y tiene numerosas vestimentas para el camuflaje. El efecto reconfortante de un marco ideológico simple que dé respuesta a todas nuestras dudas o miedos ha sido y es trampa para millones de voluntades en todo el mundo. El confort emocional de compartir enemigo con quienes nos rodean, sentirnos parte de un grupo, de la comunidad imaginada, es un elemento común del nacionalismo e ideologías populistas.

Frente a esta tentación, tanto las ideas liberales como el sentido común vuelven a hacerse imprescindibles para salvaguardar la convivencia y la prosperidad. Sustituir el debate político de una sociedad abierta por la concatenación de monólogos acusadores e insultantes devolverá la política a las cavernas, en las cuales confundiremos las sombras con los fantasmas de enemigos amenazantes. Las narrativas fantasiosas y las realidades paralelas no ayudarán a recobrar la confianza perdida. Los ciudadanos aprenden con el método popperiano de la prueba y el error electoral y los políticos que persistan en los paraísos perdidos y la enajenación utópica tendrán una carrera muy corta, aunque quizás el mal ya esté hecho. Ese fantasma recorre Europa, y en algunas regiones se ha encarnado en un riesgo más que notable para la convivencia y la prosperidad. Cataluña es una de esas regiones.

Aquí, frente a un nacionalismo catalán de espirales del silencio se echa de menos intelectuales catalanes que por no ser independentistas sean independientes. Es preocupante la carestía de pensadores que en Cataluña sean capaces de tener una visión global de la situación, de ver dónde nos situamos en el mundo y dónde podríamos llegar con un realismo alejado de cualquier prebenda. Hoy el nacionalismo y sus fantasías lo ocupan todo con una sensación de impunidad que les permite hacernos creer que Europa espera con los brazos abiertos una Cataluña independiente. Cataluña se ahoga en la identidad, sin apercibirse que tiene sed de ideas. Si queremos ser una sociedad abierta y libre, no nos rindamos. No sucumbamos a la tentación nacional-populista.

Europa humanista

Europa debe recuperar su esencia: la persona y su libertad. El liberalismo humanista, el pluralismo y la sociedad abierta son fruto del legado de más de dos milenios de una cultura occidental forjada con el acervo de Atenas, Jerusalén y Roma. La libertad de las personas, como principal aspiración política, solo sobrevivirá si somos capaces de recuperar, cuidar y potenciar ese legado. En el siglo xxi continúan vivas muchas ideologías que consideran a los seres humanos no como fines en sí mismos, sino simples medios para alcanzar sueños utópicos y sociedades perfectas. La libertad, pues, no es un valor seguro. No se puede dar por garantizada. Hay que trabajarla y conseguirla día a día. La lucha por su defensa, frente a los enemigos de la sociedad abierta, es eterna y agotadora, pero nada merece más la pena.

Europa se ha construido en esas batallas. Las batallas de la libertad contra la tentación totalitaria. Creo que John Gray nos advierte de la amenaza de esa tentación cuando señala que «solo de forma retrospectiva nos parecen anómalas las ideas nazis. En su época, suponían únicamente una versión extrema de lo que era una creencia común a muchas personas» (Gray, 2003, p. 25). Las viejas tentaciones se visten de nuevas ideas o de sentimientos heridos. Muchos creen que suben al caballo ganador de una nueva modernidad, cuando en realidad van a lomos de los mismos totalitarismos de siempre, que creíamos desechados en el vertedero de la historia. ¡Qué fácil es dejarse arrastrar por la corriente! Cuando pase la moda muchos serán los que se avergüencen en silencio por haber abrazado las banderas más carcas creyendo ser hipsters. Hoy ni la bandera de la libertad se parece a la cubana…

…Ni el futuro está escrito. No estamos condenados a la sociedad cerrada del nacionalismo excluyente, como tampoco tenemos garantizado un futuro progreso. Solo podemos descartar que nunca gozaremos del paraíso terrenal que algunos prometen; por lo que sería recomendable que en lugar de crear hombres nuevos o naciones perfectas, busquemos, a través de un nuevo humanismo, hacer de la nuestra una sociedad mejor. Conocer el pasado nos debe servir para evitar errores. Si las teorías fallaron, nunca fue por culpa de la realidad. Es que simplemente aquellas ignoraron esta. La explosión de los nacionalismos dejó Europa en la desolación moral tras la Segunda Guerra Mundial. No repitamos errores y aprendamos de las soluciones, porque Europa supo renacer. Se reencontró con sus fundamentos. Y hoy, en plena crisis económica, institucional e identitaria, Europa debe volver a mirar hacia aquellos fundamentos, porque si algo sabemos es que la prosperidad y la convivencia surgen del orden democrático y liberal del cual Occidente fue maestro.

No será fácil. Tampoco lo fue entonces. En la Europa continental la tentación totalitaria estuvo muy presente aún tras la guerra. En La patria lejana, el historiador Juan Pablo Fusi nos explica algunas de las respuestas europeas surgidas tras aquella contienda. El existencialismo francés de los Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir o Merleau-Ponty supuso toda una visión negativa sobre el absurdo de la existencia humana. Muchos de ellos y sus seguidores acabarían sucumbiendo a la tentación totalitaria del estalinismo, salvando la honrosísima excepción de Albert Camus, cuyo sentido de la libertad individual y de la justicia le apartó del comunismo y de Sartre. Paradójicamente, el existencialismo fue, más que influyente, comercial. Su influencia fue más editorial que institucional. Tuvimos suerte. Fueron otras dos ideas, aparte de la cobertura económica y militar norteamericana, las que nos alejarían de las tentaciones del colectivismo fascista o comunista: la idea de la unidad de Europa de nuestros padres fundadores (Monnet, Schuman, Adenauer, De Gasperi) y la libertad individual, que resurgió de la pluma de pensadores que, huyendo de los totalitarismos, se habían refugiado en el pragmático y empírico Reino Unido (Isaiah Berlin, Karl Popper, Friedrich Hayek). Repensaron las instituciones con un objetivo fundamental: la persona y la salvaguarda de su libertad. Igual que Montesquieu había pensado la separación de poderes, consciente de la importancia de las instituciones políticas sobre la libertad de los ciudadanos y el progreso de las sociedades, el pensamiento «anglosajón» durante y después de la Segunda Guerra Mundial produjo o reprodujo todo un corpus de ideas que hoy es necesario recuperar.

Europa y libertad son, pues, las ideas centrales que propongo para construir la estrategia política de aquellos que deseamos un futuro común, quizás no perfecto, pero sí mejor, con el resto de españoles. Cabrá preguntarse en las próximas páginas qué Europa proponemos y qué mejoras institucionales, también en España y Cataluña, permitirán esa necesaria salvaguarda de la libertad individual.

Europa y persona son ideas que se han entremezclado hasta confundirse. No en vano Salvador de Madariaga, uno de los grandes defensores de la idea de unidad europea y también seguidor en su momento del liberalismo anglosajón, nos dejó escrito que «mientras el Asia orienta al hombre hacia el follaje y los cielos, y el África hacia las raíces y la tierra, Europa da de sí árboles humanos de fuerte tallo diferenciado, y prefiere expresar su espíritu en individuos. El individuo es un descubrimiento —si no una invención— de Europa. Aquí es donde se aprecia por primera vez la índole peculiar, única del individuo. Esto a su vez explicaría que el cristianismo fuera la religión predestinada de Europa; puesto que es la religión que establece y proclama el carácter sagrado de todo ser humano, sea cualquiera su clase, situación, color u oficio» (de Madariaga, p. 67). Inventamos el individuo, descubrimos que cada uno de nosotros es diferente del resto de personas, pero todos somos igualmente de sagrados. La igualdad moral de las personas. Liberalismo y cristianismo unidos, también, por el humanismo. Esto es Europa.

Atenas y Jerusalén, diría George Steiner en su preciosa obra La idea de Europa. También proclama que Europa está compuesta por los cafés, «lugar para la cita y la conspiración, para el debate intelectual y para el cotilleo», con sus pensadores y sus escritores. Europa es un paisaje que puede ser paseado, un paisaje humano, sin desiertos ni selvas que nos separen. El humanismo europeo de Erasmo o Montaigne no encontró barreras naturales, pero hoy puede verse amenazado por «los odios étnicos, los nacionalismos chovinistas, las reivindicaciones regionalistas». Para Steiner, «la limpieza étnica y el intento de genocidio en los Balcanes no son más que el ejemplo más reciente de una peste que llega hasta Irlanda del Norte, hasta el País Vasco, hasta las divisiones entre flamencos y valones» (Steiner, 2004, pp. 70-71). Deberíamos tener siempre presente que a todos los europeos nos une la diversidad y que cada uno de los europeos atesora una riqueza de pertenencias inmensa que debe ser respetada. Sin recuperar la idea de nuestra individualidad y complejidad, Europa seguirá en una crisis espiritual causa y efecto de la económica y la política.

El incentivo institucional

Volvamos la mirada al pensamiento liberal anglosajón que hoy, como ayer, puede darnos alguna pista de vital importancia. La crisis económica que sufren los países occidentales es, para el historiador de Harvard Niall Ferguson, un simple síntoma de una degeneración más profunda: la de las leyes e instituciones. En su imprescindible obra La gran degeneración identifica cuatro pilares de nuestra civilización socavados en sus bases: la democracia, el capitalismo, el imperio de la ley y la sociedad civil. Algunas de estas de estas «instituciones» están especialmente resquebrajadas en nuestro país, por lo que su análisis no solo nos ofrecerá claves para superar la crisis económica, sino también para la salir del enconado debate territorial.

Para Douglass North «las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico. El cambio institucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio histórico» (North, 1990, p. 13). Y es que las personas andamos en el continuum que va de la esclavitud a la libertad. Somos un conjunto de pertenencias, unas que nos vienen dadas por la sociedad en la que nacemos, y otras que vamos eligiendo a lo largo de los años. Las instituciones, como las normas o los códigos de conducta, que regulan la sociedad en la que vivimos nos pueden ofrecer más o menos posibilidades de elección sobre lo que queremos ser o sobre la forma de vida que queremos llevar, pero también —y esto es fundamental en nuestro análisis— incentivan un tipo de elecciones individuales sobre otras. Algunas instituciones nos dejan crecer libremente y formar asociaciones voluntarias que enriquecen la sociedad, como son las familias, las empresas u otro tipo de organizaciones. Otras nos pueden incentivar a aportar socialmente siendo más innovadores o más trabajadores. Por el contrario, otros tipos de instituciones nos limitan o provocan actitudes poco virtuosas: violencia, conformismo, ignorancia…

El éxito económico y social de un país se ve, así, íntimamente ligado a la configuración de sus instituciones políticas. La geografía y la cultura pueden ser variables muy importantes, a veces con efectos inversamente intuitivos, pero las décadas del mundo bipolar nos han ofrecido ejemplos prácticamente definitivos sobre la importancia de las instituciones políticas. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, tanto del Este como del Oeste, compartían cultura y unas condiciones geográficas similares; sin embargo, cuatro décadas después observamos cómo las instituciones democráticas y liberales generaron incentivos y condiciones de vida totalmente opuestos a los de las instituciones comunistas. Hoy aún podemos observar un experimento sociológico de este tipo en las Coreas. Misma cultura, misma geografía. Y no tengo ninguna duda de que, si hoy se abrieran las fronteras entre ambas Coreas, serían pocos los surcoreanos que corriesen a cruzar el paralelo 38 para vivir en el sistema institucional norteño. Ningún país comunista ha tenido que cerrar nunca sus fronteras para frenar una avalancha de personas ansiosas por vivir en su «paraíso». Antes al contrario, este sistema colectivista solo puede sobrevivir en la medida que pueda encerrar a sus ciudadanos —o súbditos— en la jaula de sus fronteras. Fronteras en las que tantas personas han muerto intentado escapar. Así, las sociedades cerradas solo pueden mantenerse si convierten su perímetro en los barrotes de una gran celda.

Son numerosos los pensadores, neoinstitucionalistas como Douglass North, que, a la manera de Adam Smith siglos atrás, vuelven a ponernos sobre aviso de la importancia de las instituciones en nuestras vidas. Niall Ferguson nos recuerda que recuperar y mejorar las instituciones que hicieron grande la civilización occidental (democracia representativa, el libre mercado, el imperio de la ley y la sociedad civil) son las claves para vencer las crisis que hoy sufrimos. Las instituciones se pueden cambiar, por lo que no estamos condenados a sufrir ningún futuro en concreto. Somos dueños de nuestro destino en tanto que comprendamos que la sociedad puede progresar si logra mejorar sus instituciones y sus valores. En el conocido libro Por qué fracasan los países, Acemoglu y Robinson señalan que Gran Bretaña y Estados Unidos «se hicieron ricos porque sus ciudadanos derrocaron a las elites que controlaban el poder y crearon una sociedad en la que los derechos políticos estaban mucho más repartidos, en la que el gobierno debía rendir cuentas y responder a los ciudadanos y en la que la gran mayoría de la población podría aprovechar las oportunidades económicas» (Acemoglu, 2012, p. 18).

La política aparece, de esta manera, como un factor decisivo en el éxito o fracaso de las economías: «Lograr la prosperidad depende de la resolución de algunos problemas políticos básicos» (Acemoglu, 2012, p. 89). La condición humana no cambiará, seguirá siendo compleja, capaz de lo sublime y de lo miserable, por lo que antes que conseguir cambiar al hombre es más eficaz y menos doloroso mejorar las instituciones y sus incentivos.

El imperio de la ley nos hará libres

Legum servi sumus ut liberi esse possimus.

Marco Tulio Cicerón

La democracia es el mejor sistema político —o el peor, salvo el resto, que diría el estadista— para defender la libertad de las personas y la prosperidad. Es una condición necesaria, sine qua non, pero no suficiente. La democracia solo determina quién gobierna, no cómo nos van a gobernar, ni sus límites. Así, como señala Dahrendorf, la democracia necesita, al menos, dos condicionantes fundamentales: el imperio de la ley y la sociedad civil (Dahrendorf, 2003, p. 115).

La regla de la mayoría puede convertirse en la tiranía de la mayoría si no está limitada. Aquí aparece la razón de ser de las constituciones: la protección de los individuos frente al poder, sea o no mayoritario. Así pues, a oídos liberales suena a auténtica aberración el cántico separatista que contrapone legitimidad democrática a legitimidad legal. Y la aberración se hace insoportable cuando se confunde la democracia representativa con la aclamación de la calle. Hugo Chávez estaría orgulloso de aquellos que proclaman que los gobiernos han de seguir el clamor de las manifestaciones (que, por otra parte, el propio establishment oficialista ha promocionado). Igual que en la tradición anglosajona el rey debía respetar la ley porque era rey gracias a la ley, en nuestras democracias el respeto a la ley es fundamental porque tenemos democracia gracias a la ley.

Desde Alexis de Tocqueville sabemos que si esta no impera se impone la tiranía de las mayorías. Siendo, pues, garantía de las libertades individuales no es de extrañar que sea atacada por los enemigos de la sociedad abierta que se camuflan bajo el imposible disfraz de intérpretes de la voluntad del pueblo. La pancarta por encima de la ley. Y otra vuelta de tuerca: el grito que ensordece el voto. Los líderes del colectivismo arrebatan a los ciudadanos su libertad para entregársela formalmente al pueblo o a la clase, pero, en realidad, se la quedan ellos como únicos intérpretes de la voluntad colectiva.

Sin embargo, no solo el populismo es una amenaza para el imperio de la ley, también lo es una práctica menos vistosa: las malas leyes y la excesiva regulación que ha tejido su telaraña burocrática a largo de décadas. El exceso de regulación conduce a la arbitrariedad y también a una confusión que permite que los que tienen más recursos puedan sortear el espíritu de las leyes. Frédéric Bastiat actuó como un visionario cuando dijo que la «ley se ha pervertido por la influencia de dos causas muy diferentes: el egoísmo no inteligente y la falsa filantropía» (Bastiat, 1850, p. 58). El primero conduce a la regulación que permite las ganancias de unos a costa de la mayoría mediante procedimientos que poco tienen que ver con la justicia o el bien común: subvenciones, aranceles, discriminaciones, protecciones, etc. La falsa filantropía es la de aquellos que confunden el gobierno con la sociedad, de aquellos que llegan a creer que la sociedad es fruto de la legislación, por lo que esta puede modelar a aquella según los criterios del legislador o ingeniero social de turno. La falsa filantropía es la de aquellos que consideran que si algo no está regulado según sus criterios no es justo, ni bueno. «Son demasiados los que se colocan sobre la humanidad para sujetarla, y los que no tienen más profesión que ocuparse de ella» (Bastiat, 1850, p. 127).

En Cataluña, la que algunos dicen que es la tierra productiva que subsidia al resto de España, la cola de los falsos filántropos es más larga que la de aquellos que buscan trabajo en el ineficiente Servei d’Ocupació de Catalunya. Son demasiados los que se disfrazan de defensores del fet diferencial para defender en realidad el negocio de las trabas burocráticas. ¿Unidad de mercado? Atentado español contra Cataluña, aunque se sustenten en la lógica de la integración económica europea.

La mala regulación es más injusta y más proclive a generar crisis económicas que la desregulación. Como señala Ferguson, «la crisis financiera que se inició en 2007 tuvo su origen precisamente en una regulación compleja en exceso». La regulación ofrecía incentivos perversos a los grandes bancos a maximizar el valor de las acciones en lugar de incentivar la responsabilidad en algunas actividades como las concesiones de hipotecas. Antes al contrario, el Congreso de Estados Unidos había aprobado leyes que incentivaban precisamente otorgar hipotecas a familias con pocos ingresos y activos, sobre todo a través de las sociedades semipúblicas Fannie Mae y Freddie Mac. Así pues, en Estados Unidos «la clave de la crisis fueron los bancos, y los bancos estaban regulados»; sin embargo, «resulta más que conveniente para la clase política estadounidense que se eche la culpa de la crisis a la desregulación y los excesos de los banqueros. Esto no solo sirve para pasar la pelota: también crea una justificación para una mayor regulación».

Finalmente, otra amenaza a la libertad individual. El imperio de la ley puede desmoronarse si, a pesar de las muchas regulaciones —o quizás gracias a ellas—, no se pueden cumplir o no se hacen cumplir. La sensación de impunidad incentiva el no cumplimiento de las leyes. «Ni la más detallada regulación del mundo servirá para evitar una futura crisis financiera tanto como una conciencia clara y presente en la mente de los banqueros actuales del peligro de que, si infringen la ley a los ojos de la autoridad de la que en última instancia depende su negocio, pueden ir a la cárcel» (Ferguson, 2012, pp. 74-99).

Pocas leyes, pero buenas. Un simple marco para que sepamos a qué atenernos. Es preferible que el regulador, sea el Estado o la comunidad autónoma, sea fuerte y pueda hacer cumplir sus escasas pero claras regulaciones, que no un Estado muy amplio, que regule hasta la anécdota, pero sea débil a la hora de hacer cumplir la ley o a la hora de castigar su incumplimiento. La libertad no quiere un Estado débil, lo que quiere es que no se inmiscuya donde no debe, pero el Estado debe ser fuerte, eficaz. Francis Fukuyama define la fuerza de un Estado como su «capacidad de elaboración y ejecución de políticas y de promulgación de leyes; administración eficaz con la mínima burocracia; control del soborno, la corrupción y el cohecho; mantenimiento de un alto nivel de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas; y, lo más importante, el cumplimiento de las leyes» (Fukuyama, 2004. p. 25). Repito: en demasiadas ocasiones se confunde fuerza con alcance, pero la diferencia es fundamental, porque un Estado con gran alcance que se inmiscuye en los territorios de la sociedad civil es un Estado que vulnera las libertades individuales, es un Estado que sale de la calle para entrar en las casas, en los castillos privados; sin embargo, un Estado que no tiene fuerza es incapaz de garantizar el imperio de la ley y, por lo tanto la libertad.

Los españoles nos otorgamos una Constitución que garantiza nuestros derechos y libertades frente a los otros y frente al Estado. No sabemos qué constitución tendría el hipotético Estado catalán, aunque somos sabedores de la voracidad legislativa de la elite nacionalista. 223 artículos en el último Estatut, world record. Me temo que una Cataluña independiente aceleraría la degeneración de la economía y la sociedad catalanas en lugar de reactivarlas, ya que provocaría un colapso del imperio de la ley, una mayor administración pública, una elite extractiva con más poder y un mercado más reducido y menos libre. Y es que algunos nos tememos que el establishment nacionalista busca una situación en la cual el capitalismo clientelar, tan profundamente antiliberal, quede en sus manos y sin límites que protejan a la mayoría de catalanes.

La reactivación de la sociedad civil

Una manera de extender su control político sobre la sociedad para el nacionalismo; una nostálgica visión del localismo o el reforzamiento de instituciones como la familia o la iglesia para el conservadurismo; una participación ciudadana en la organización social para el republicanismo; o un contrapoder frente al expansionismo del Leviatán estatista y una manera de fortalecer los proyectos de vida personales para el liberalismo. La sociedad civil es «el dominio del tú y del yo reunidos en un activo nosotros» (Barber, 1998, p. 14). Es una manera de superar la dependencia del Estado, no desde el atomismo y el aislamiento, sino reforzando lazos con otros individuos, con la interdependencia.

El concepto de sociedad civil puede resultar algo confuso, más en un país donde la política se ha ramificado por todos los rincones de la sociedad. Diremos que la sociedad civil es ese entramado de mercados, asociaciones e instituciones independientes de las estructuras políticas y del partidismo, pero que pueden abarcar temas políticos, así como sociales, culturales o económicos.

Las instituciones políticas no pueden englobarlo todo si queremos mantener la salud de la democracia liberal. De hecho, para autores como Pérez Díaz, la emergencia de las tradiciones liberal-democráticas en la sociedad civil precedió y facilitó la transición política hacia la democracia en España. Y es que más allá de las instituciones políticas se hace necesaria una sociedad civil vigorosa, plural y con valores democráticos para sustentar la democracia tal y como la entendemos. Es la democracia liberal de aquellos que preferimos hablar de sociedad de ciudadanos antes que de pueblo (¿de súbditos?). Para los liberales la política debe servir para abrir espacios de libertad a la sociedad, al mismo tiempo que debe defender el bien común ante los corporativismos o intereses particulares que puedan ponerlo en riesgo. Debe defender a ese ciudadano medio olvidado y esquilmado, liberarlo de la tiranía del statu quo de los intereses creados que se disfrazan de democracia.

Según Pérez Díaz, un gobierno democrático y liberal se fundamenta en tres principios respecto a la sociedad civil. En primer lugar, el respeto de una amplia área para el ejercicio de las libertades individuales (y sus organizaciones). En segundo lugar, sensibilidad hacia las presiones en defensa tanto de los intereses particulares, como de las versiones del interés general. Y, finalmente, la exigencia de una «esfera pública» donde se debata la pluralidad de visiones sobre el interés general (Pérez Díaz, 1993, p. 19).

Así pues, el liberalismo poco tiene que ver con ese atomismo social con el que a veces se intenta ridiculizar. La sociedad civil existe y son las relaciones libres de sus ciudadanos. Dahrendorf la define como «la sociedad de las asociaciones, de las agrupaciones libres de personas» (Dahrendorf, 2003, p. 115). Ningún pensamiento como el liberal ha generado un marco que incentive tanto el asociacionismo voluntario. Defendemos las asociaciones surgidas del «capricho individual», que diría Alexis de Tocqueville: empresas, cooperativa u otro tipo de organizaciones que conforman la sociedad civil, porque «después de la libertad de obrar solo, la más natural al hombre es la de combinar su esfuerzo con los de sus semejantes para obrar en común. El derecho de asociación me parece, pues, casi tan inalienable por naturaleza como la libertad individual». Dos siglos después, Dahrendorf añadió que «una de las condiciones fundamentales para que la democracia funcione es que los ciudadanos no lo esperen todo de ella. La democracia debe limitarse a procurar un marco de actuación fiable, permitiendo que la sociedad civil se desarrolle espontáneamente, del mismo modo que la sociedad civil ha de evitar apelar permanentemente a las leyes o a la financiación del Estado» (Dahrendorf, 2003, p. 116).

Desde tiempos de aquel liberal francés que cruzó el gran charco sabemos que, mientras la persecución de la igualdad material agranda los aparatos burocráticos, una sociedad que se fundamenta en la libertad hace crecer su sociedad civil. Aquella pesadilla decimonónica del ogro filantrópico que se come la sociedad civil es una realidad hoy en Cataluña. Habrá pancartas contra los males del liberalismo, pero lo cierto es que hemos venido sufriendo un asfixiante neokeynesianismo salvaje, que vendría a ser una especie de keynesianismo malentendido. Más impuestos, más sectores regulados, más empresas públicas, más trabajadores públicos, más subsidios y más subvenciones atrapa-voluntades. Cuando la mitad del producto interior bruto depende del sector público es difícil ver el triunfo de la economía de mercado. Es difícil ver el protagonismo de la sociedad. Quizás algunos confundan liberalismo con ese mercantilismo tan poco liberal del compadreo entre lo político y lo económico.

Es, pues, importante el análisis de la relación entre poder político y sociedad civil, porque la independencia de ambas es fundamental para que la segunda pueda ejercer de contrapoder que prevenga la corrupción y la degeneración políticas, o, incluso, ser un toque de atención, a través del realismo, ante las narrativas fantasiosas de algún populismo político. De esta manera, el tipo de relaciones puede ser infinito, pero podemos distinguir tres modelos: un modelo anglosajón de independencia entre política y sociedad civil, un modelo sueco de cooperación y un modelo catalán de fusión, en el cual el gobierno autonómico está en disposición de exigir adhesiones a sus políticas, del mismo modo que asociaciones fuertemente subvencionadas marcan los ejes estratégicos de un gobierno hacia direcciones que poco tienen que ver con el bien común. Y es que en las últimas décadas el aumento de las competencias de las diferentes administraciones públicas, del número de sus trabajadores y de su influencia en la vida de los ciudadanos ha ido arrinconando a la sociedad civil, también en Cataluña, de la misma manera que parte de esta sociedad ha quedado atrapada en la telaraña de la subvención, o ha sido directamente construida por ella. El actual nacionalismo estatista catalán supone un grave problema para el reverdecimiento de la sociedad civil. Entra en total conflicto con ella, ya que mientras el nacionalista quiere un gran poder concentrado en el gobierno de su nación, el liberal quiere que el poder se difumine en la sociedad, pretende empoderar a los ciudadanos. El centralismo de poder político en la plaza Sant Jaume suele ser una mala noticia para la libertad económica y social en Cataluña. Suele fomentar ese tipo de asociaciones cuyos individuos no buscan persuadir con proyectos que perfeccionen las leyes, sino asociaciones cautivas del poder político o aquellas que pretenden imponer sus intereses particulares ante las instituciones públicas, presionando para proteger unos intereses muy particulares. Y es que algunos han confundido ser un gobierno business friendly con gobernar para los business de sus amigos.

El pluralismo es condición sine qua non para la libertad. Sin una sociedad civil plural, pronto surgen iluminados que se arrogan la potestad de interpretar la voluntad del pueblo. Las elites extractivas alcanzan la omnipotencia. Así nos lo advertía Tocqueville en su imprescindible cuarto capítulo de la segunda parte del primer libro de La democracia en América, «la libertad de asociación se ha convertido en la garantía necesaria contra la tiranía de la mayoría» o de la tiranía de quien dice ser su portavoz. Sin una riqueza y pluralidad de asociaciones libres cualquier sociedad puede ser dominada fácil e «impunemente por un puñado de facciones o por un hombre». O por un pinyol dentro de un partido. Huyamos pues de los que fomentan la unanimidad de la sociedad civil y de los que la someten a una idea de nación. Como apunta Barber, «una sociedad civil concebida como una comunidad de sangre puede llegar a ser tan totalitaria como un estado unipartidista», ya que el comunitarismo, como el nacionalista, puede responder a necesidades psicológicas humanas, pero «su necesidad de amar a veces parece depender directamente de su necesidad de odiar», poniendo en riesgo tanto los principios liberales como los democráticos (Barber, 1998, p. 36). En una comunidad de este tipo, «sus miembros están a favor de la identidad por encima de la igualdad como el más preciado de los valores sociales y a todos los que no piensen así se les considera forasteros» (Barber, 1998, p. 77).

No obstante, en una sociedad civil plural las asociaciones persuadirán en libertad para limitar y mejorar el gobierno de la mayoría. Una sociedad más grande y plural significaría, así, que cada día habría más personas comprometidas voluntariamente con el destino de los demás. Significaría más cooperación voluntaria entre la población. Más asociaciones, más información compartida y más oportunidades para más personas. Más toma de responsabilidad en el devenir del país y menos dejación en manos de burócratas o de captores de rentas. Más empoderamiento social. Así pues, por el bien del orden liberal y democrático, el poder político debe replegarse con sensatez y abrir espacios de libertad para que haya mayor difusión de poder hacia los ciudadanos.

En este sentido, desde el liberalismo conservador europeo son diversos los marcos teóricos propuestos para la sociedad civil en los últimos años. Quizás el más llamativo sea la big society del tory David Cameron en el Reino Unido. Según Phillip Blond esta sería una manera de «fusionar los beneficios del Estado de bienestar y del sistema de mercado, pero no apoyando uno u otro, sino superando ambos. El nuevo enfoque cívico conservador es verdaderamente radical, privilegia lo asociativo por encima de lo alienado, lo responsable por encima de lo interesado, y lo relacional por encima del híbrido individual-colectivo» (Pérez Díaz, 2012, p. 207). Es una manera de superar los monopolios tanto estatales como privados, que suponen barreras para la participación de los individuos, y de reintroducir un sentido de responsabilidad en la sociedad, a la par que se le abren nuevos espacios de libertad. Es una manera también de recuperar cierto sentido de solidaridad que ha sido desgastado por años de expansionismo de un Estado que ha tenido como efecto no deseado el fomentado del egoísmo y la desatención de nuestro entorno y de las futuras generaciones. Esta mayor participación de la sociedad en aquello que nos concierne no menoscabaría los servicios públicos, sino que ayudaría a hacerlos más eficientes y sostenibles, y a introducir una deseable libertad de elección como un paso más allá del Estado de bienestar. Una sociedad más conectada entre sí, por la mayor libertad de los individuos para asociarse, ayudaría a maximizar el capital humano, los conocimientos y las habilidades de cada uno, además de potenciar la confianza social desgastada tras años de crisis y de delegación en la administración pública de gran parte de nuestra responsabilidad. Esta manera de entender la sociedad entronca tanto con el liberalismo que promueve el asociacionismo en libertad e independiente como con aquel conservadurismo que apuesta por el fortalecimiento del localismo —nada que ver con el caciquismo o el nacionalismo, sino con el fortalecimiento de las comunidades en el nivel municipal—. La big society pasa, por lo tanto, por impulsar un programa político de descentralización hacia los municipios, la desburocratización, el fomento del voluntariado y el fortalecimiento de las libertades individuales (Norman, 2010).

En este sentido, Cataluña tiene una larga tradición de sociedad civil y una pluralidad de organizaciones del denominado tercer sector que puede verse amenazada por el nacionalismo por partida doble. Por un lado, por la obsesión de este de poner al servicio de su proyecto a toda la sociedad, marginando a aquellos que no muestren su adhesión en cada acto o evento político; y, por otro, la obsesión estatista del nuevo nacionalismo catalán que cree que las «estructuras de Estado» son la solución para todo problema social, basándose en las filosofías de los conversos que, al modo de los neocon americanos, han pasado del marxismo al nacionalismo como una manera de recuperar el espíritu de una revolución que perdieron en 1989.

En España, y hablando en términos muy generales, la situación de la sociedad civil no es especialmente esperanzadora, aunque la crisis de las instituciones políticas está generando un interesante brote de iniciativas que no debería apagarse con una futura salida de la recesión económica. De momento, la mayoría de estas iniciativas son de análisis y crítica de la acción política, pero sería positivo que también fueran capaces de adquirir un mayor compromiso social, como sucede en los países anglosajones. En este sentido, la política española debería comprometerse en la apertura de espacios de libertad. Para ello, para un impulso de la sociedad civil, se requerirá de un liderazgo capaz de superar los datos demoscópicos que muestran una sociedad con poca predisposición a coger las riendas de su futuro. Según el análisis de Wert, a partir de los estudios del CIS, «en 1989, el 58% de los españoles pensaban que el Estado es responsable del bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos, y en 2008 (…) quienes lo pensaban habían pasado a ser el 74%. Mientras tanto, lo que podíamos llamar la opinión liberal, aquella que según la cual son los propios ciudadanos los responsables de su bienestar, que arranca en 1989 en un valor del 5%, está en 2008 en un valor muy similar, del 7%» (Wert, 2012, pp. 28-29). La apuesta estatista tiene dimensiones similares tanto en la izquierda como en la derecha. Por esta razón, Wert concluye que «los mapas mentales de los españoles nos indica que hay serias barreras y frenos para conseguir ese aprovechamiento de la crisis para tomar impulso como país y como sociedad». «Hay que retomar —o refundar— el vínculo nacional y el vínculo social, debilitados respectivamente por errores políticos y falencias sociales de distinto tipo. Se echa en falta proyecto, porque la percepción que transmiten los españoles es la de la pérdida de sentido de un proyecto, de una dirección, de metas y objetivos claros. La pérdida de confianza en el liderazgo, no solo político, sino también social, la pobre imagen de las instituciones vertebradoras de la sociedad y no solo de las de carácter político integran un cuadro que es preciso superar» (Wert, 2012, pp. 107-108). Como veremos más adelante, existe una relación bidireccional entre política y sociedad por lo que respecta a los valores. Aunque los políticos son en cierta medida un reflejo de la sociedad, el liderazgo político tiene gran responsabilidad en el fomento o la destrucción de los valores que habitan en ella. Por esta razón, la política no debe reducirse a un mero seguimiento de las indicaciones demoscópicas, sino que debe liderar la aparición de nuevos valores o la recuperación de aquellos que son positivos para la convivencia, la libertad y la prosperidad. La política que sigue el dictado de las encuestas ni lidera ni toma la iniciativa, simplemente huye del fantasma de la impopularidad hasta perderlo todo, hasta perder la popularidad y el liderazgo.

En este sentido, hay que volver a poner en valor el papel de la institución familiar, responsable de la primera socialización de los hijos. Transmisora de los valores que van a regir el futuro del país, ejercita también un papel fundamental en la reducción de la carga sobre el Estado de bienestar al funcionar como colchón en época de fuerte crisis económica y altas tasas de desempleo. En España las políticas de apoyo a las familias son mínimas en comparación con el resto de Europa, ya que en los años de fuerte crecimiento económico, pero pensamiento débil, se creyó que la familia era una carga en lugar de una garantía de seguridad y de libertad frente, entre otros, al mismo Estado. El liberalismo no puede atacar ningún modo de vida que respete la libertad de los demás; sin embargo, sí puede favorecer aquellas actitudes que sumen al bien común, como podría ser el apoyo a la maternidad ante una tasa de natalidad que es de las más bajas del mundo. Vivimos en una sociedad peligrosamente envejecida. El peso de la pirámide demográfica amenaza con aplastar el Estado de bienestar y el sistema de pensiones. Introducir una visión de largo plazo en política es una obligación con nuestros hijos si no queremos que la tiranía de los ciclos electorales se coma su futuro. Hacer de esta una sociedad amiga de las familias, con una conciliación laboral que permita a padres y madres estar más tiempo con sus hijos, es quizás el debate más importante y más olvidado en nuestro país.

También forman parte de la sociedad civil las empresas, y, por lo tanto, los puestos de trabajo. Durante años, y a diferencia de otros países, la izquierda autóctona ha impulsado la visión en la que la relación entre trabajadores y empresarios sería una suerte de juego de suma cero, donde lo que gana uno lo pierde el otro. Sin embargo, una aproximación empírica y desapasionada desmiente totalmente este prejuicio, ya que sin empresarios no hay puestos de trabajo. Y uno se puede llenar la boca de conceptos como el business friendly, pero si centra sus discursos en provocar inestabilidad política y jurídica, como los que anuncian nuevas fronteras, no se estará ayudando a que los empresarios puedan desarrollar su labor. Y recordemos: si no hay empresas no hay puestos de trabajo. Y no se conoce a ningún empresario extranjero que esté esperando a que Cataluña sea independiente para venir a invertir. Algunos lo han advertido en voz alta, pero muchos otros ya han optado por el silencio y la salida.

Cataluña necesita una auténtica legión de empresarios para recuperar a todo un ejército de trabajadores. Hemos visto cómo las instituciones pueden ser decisivas en el éxito o el fracaso de las economías, por lo que en Cataluña deberíamos tomarnos más en serio la creación de un marco político y jurídico estable, previsible y fomentador de una economía competitiva, en lugar de taparlo todo con el debate monolítico sobre la ruptura con el resto España, amenazando a las empresas y los inversores con poner barreras a la unidad de mercado y con la inestabilidad del marco jurídico.

Tercer sector, familias, empresas… también los medios de comunicación son parte fundamental de la sociedad civil. Tan importante para la democracia como los partidos políticos es la prensa libre e independiente. Con subvenciones públicas que baten récords en los años electorales, a pesar de la crisis económica, de la falta de recursos públicos y de los supuestos espolios, la opinión pública catalana se acerca peligrosamente al abismo del monolitismo. Desconozco si algunos medios de comunicación podrán seguir viviendo sin subvención pública —y sin adaptarse a los nuevos tiempos y tecnologías—, pero está claro que «la independencia de la prensa es el elemento capital y (…) constitutivo de la libertad», como dijo Tocqueville (Libro I, p. 280). Una sociedad civil plural necesita de una pluralidad de medios de comunicación para sobrevivir. Las nuevas tecnologías han venido al rescate del pluralismo; sin embargo, los medios tradicionales siguen siendo los grandes formadores de opinión pública, por lo que el consenso editorial es una verdadera cadena que ata nuestras libertades. Frena la transparencia de la información, dirige la opinión pública y limita el pensamiento crítico.

De la misma manera, una cultura independiente que se preocupe más por la excelencia que por una subsistencia subvencionada es fundamental para la democracia. En España la cultura ha dependido peligrosamente de las Administraciones Públicas. Esto no fue siempre así. En grandes momentos, como el del modernismo catalán, la sociedad tuvo un papel fundamental y nuestra cultura estuvo en la vanguardia europea. Difícilmente una vanguardia cultural surgirá hoy del nacionalismo subvencionado e incapaz de mirar más allá del Ebro y de los Pirineos. Es un paso difícil en una época de crisis económica, pero el renacimiento de una cultura del mecenazgo es la única garantía de excelencia y libertad. En este sentido, el modelo francés, tan nefasto para tantas cosas, puede ser un buen espejo en el que mirarse.

A modo de conclusión, cabría señalar que si una democracia sin un pluralismo de partidos políticos no es una democracia, tampoco podríamos hablar de democracia liberal si los partidos o las instituciones políticas oficiales ocuparan todo el espacio público. Sería la muerte de la democracia por asfixia. La independencia de la sociedad civil es una de las claves de la salud de la democracia. Si se subordina al dictado de los proyectos políticos, la sociedad abierta enferma hasta morir y convertirse en el cadáver que son las sociedades súbditas. Rusia siempre ha sido un régimen fuertemente autoritario, bajo los zares, el secretario del PCUS o el presidente de la república. El problema de Rusia es que nunca ha tenido una sociedad civil que haga frente o que controle a la política.

La sociedad civil catalana ha vivido mejores tiempos, y qué decir de la española. No estamos, ni de lejos, a la altura de países como Estados Unidos o el Reino Unido, que son dos de las democracias más antiguas del mundo precisamente porque la riqueza de su sociedad civil, plural e independiente del poder, ha servido de contrapoder contra cualquier radicalización social o política. Es responsabilidad de todos darle la vuelta a la situación. Creo que hay energías y que algo se está moviendo bajo el suelo de la masa apática.

Una sociedad civil fuerte y activa es elemento imprescindible para evitar la degeneración que nos augura Niall Ferguson. Si la sociedad adquiere mayor protagonismo, las Administraciones Públicas podrán concentrarse allí donde son más necesarias, allí donde realmente deben tener un papel. En cambio, si el papel de la Administración Pública sigue creciendo en nuestra economía, vamos a crear una sociedad injusta con la mayoría de los catalanes porque habrán triunfado el clientelismo, el corporativismo y la opacidad, pero también porque las futuras generaciones no podrán pagar nuestras deudas.

El ciudadano olvidado y la revolución educativa

Resulta paradójico que en la política demoscópica actual exista no solo gran distancia entre el discurso político y el discurso «de la calle», sino entre las prioridades del debate público y las prioridades sociales según las encuestas. Y es que en los últimos años la política catalana ha seguido el dictado de los intereses de las minorías movilizadas, legislando a la socialdemócrata, es decir, ofreciendo prebendas a aquellos con capacidad de exigir y convirtiendo cualquier deseo en un derecho, olvidándose de la gran mayoría de contribuyentes que pagan para satisfacer esa manera de gobernar. Una vez otorgada una subvención o regulado un sector para proteger un interés particular difícilmente habrá marcha atrás. Hay más incentivos políticos para contentar a otras minorías con más subvenciones y más regulaciones que para hacer un reset y devolver a la política la idea de bien común, rescatando del olvido esa clase media catalana, española o europea que no se suele movilizar políticamente, pero que es la columna vertebral de la estabilidad democrática.

Así pues, si la política no sabe estar en su sitio, la sociedad estará regida por las «elites extractivas» —concepto que últimamente ha hecho fortuna—. Hoy son muchos los catalanes olvidados, esa mayoría que paga impuestos religiosamente, que trabaja duro para mantener una familia y que parece invisible a ojos de políticos y medios, porque ni se mueve, ni protesta, aunque esté emprenyada o desconcertada. Es la clase media que más paga de España, pero no por las leyes españolas, iguales para todos, sino por los impuestos diferenciales que aprueba el Parlament catalán. Y es que tanto nacionalistas como socialistas suelen formar gobiernos de amplios gastos a costa de la más desprotegida y maltratada de las minorías: el individuo de la clase media. El peligro es inminente cuando esta clase se siente castigada o en declive. Como señaló el historiador Tony Judt, «fue el temor y la desafección de la clase media lo que había dado lugar al fascismo. Volver a atraerla a las democracias fue, con mucho, la tarea más importante de los políticos de la posguerra, y en absoluto fácil» (Judt, 2010, p. 60).

La importancia de una sociedad de clases medias va más allá de la estabilidad de la democracia y la economía; incentiva su continuo perfeccionamiento al tender, como señala Pérez-Díaz, «hacia la valoración cada vez mayor de la educación, la vida de familia y un trabajo relativamente profesionalizado, (…) hacia una interpretación relativamente activista de su ciudadanía, y hacia su integración en asociaciones voluntarias (pero siempre cuidando su libertad de movimientos)» (Pérez-Díaz, 2002, p. 67). Si la erosión de la clase media persiste, la democracia se balanceará hacia el populismo, con el creciente peligro de quedar desbordada.

Del lento declive de la clase media europea nos advirtieron, antes de la actual crisis económica, los italianos Massimo Gaggi y Edoardo Narduzzi en su breve pero contundente libro El fin de la clase media y el nacimiento de la sociedad de bajo coste. Estos autores proclamaron el advenimiento de una nueva era formada por una naciente aristocracia millonaria (los «vencedores en la ruleta de la innovación»), una elite de «tecnócratas del conocimiento con rentas medio-altas y notable capacidad para consumir»; una «sociedad masificada de renta medio-baja pero a la que la industria de bajo coste garantiza el acceso a bienes y servicios» reservados otrora a los más pudientes; y una clase «proletarizada» o con escaso poder adquisitivo. Este panorama se conformaría a medida que desaparece la industria de Occidente, mientras se forman nuevas clases medias en los países emergentes mucho más ambiciosos que nosotros. Según estos autores, Europa decae por su miedo al riesgo. «En este contexto es inevitable que el Viejo Continente esté más falto de empresarios y registre menos iniciativas tecnológicas de éxito a escala global. Quien menos arriesga menos beneficios puede esperar» (Gaggi, 2006, p. 79).

Este futuro, como siempre, no es inevitable. Dependerá de nuestras apuestas políticas, de las reformas institucionales que hagamos en el presente y de la evolución, más lenta, de nuestros valores y de la vitalidad de la sociedad civil. Entre las reformas necesarias la más imprescindible es de tal envergadura que necesitará toda la fuerza de la sociedad para que las instituciones públicas y privadas tengan incentivos para apostar por ella. Me refiero a la revolución de la educación, porque en este siglo la riqueza de las naciones no está en sus recursos naturales —quizás nunca lo haya estado—, ni tan siquiera en su localización geográfica. Hoy la riqueza de las naciones está en el capital humano, en la formación, el conocimiento, la cultura; en definitiva, el éxito de cualquier sociedad reside en gran medida en la educación. Douglass North señala que el fracaso del Tercer Mundo se debe a que los incentivos institucionales «que promueven la actividad redistributiva no productiva crean monopolios en vez de condiciones de competencia y restringen oportunidades en lugar de acrecentarlas. Pocas veces inducen inversiones en educación que aumente la productividad. Los organismos que se desarrollen en este marco institucional se volverán más eficientes para hacer a la sociedad más improductiva y a la estructura básica institucional mucho menos apropiada para la actividad productiva» (North, 1990, p. 21). La educación no nos sacará en los próximos meses de ninguna de las crisis en las que estamos metidos, pero sí puede fundamentar la prosperidad futura, por lo que es necesario que la sociedad incentive a la política a promover una revolución educativa, y deberá hacerlo con más fuerza que la oposición que encontrará la política en los diferentes intereses creados en el mundo educativo.

El liberalismo no es solo economía de mercado. Es también igualdad de oportunidades y es, por lo tanto, una sociedad del conocimiento, una sociedad donde la educación transmisora de conocimientos y generadora de oportunidades y de espíritu crítico tiene un papel central. El orden liberal no solo es compatible con unas instituciones que promuevan ciertas conductas —emprendimiento, ambición por la excelencia o tolerancia—, sino que solo puede sobrevivir si estas conductas son mayoritarias en la sociedad. Según Hayek, «el liberal no comete el error de creer que toda evolución implica mejora; pero estima que la ampliación del conocimiento constituye uno de los más nobles esfuerzos del hombre y piensa que solo de este modo es posible resolver aquellos problemas que tienen humana solución» (Hayek, 2001, p. 116).

Así, aparece la educación como la más importante de estas instituciones, con el objetivo de formar personas autónomas, críticas, con amplios conocimientos y con aptitudes positivas. Podemos convertir la educación en la principal garantía para que los ciudadanos puedan desarrollar las capacidades necesarias para ejercer la libertad y poseer los instrumentos con los que superar los retos del futuro.

La globalización económica crea muchas incertezas en las clases medias, pero puede echarnos una mano ante las elites extractivas que hemos definido anteriormente. Como señala César Molinas, «los individuos serán cada vez menos capaces de escudarse en barreras de entrada para defender situaciones de privilegio: tendrán que competir a nivel global, como las empresas. Por ello, si quieren tener un nivel de vida por encima del nivel de subsistencia, deberán responsabilizarse de acumular el capital humano que lo haga posible. En otras palabras, los individuos deberán responsabilizarse de sus propias vidas. Y en esta responsabilidad, los Estados pueden ayudar, y mucho, (…) pasando de maximizar el bienestar de sus ciudadanos a maximizar las oportunidades que se les ofrecen, dejando a estos la responsabilidad de aprovecharlas al máximo» (Molinas, 2013, p. 79). Por esta razón, Molinas propone, y yo lo firmo, un plan Marshall en investigación, desarrollo, innovación, educación y fomento del emprendimiento si no queremos sufrir la rápida desaparición de nuestra clase media, devaluada en una masa de parados o de trabajadores con baja remuneración.

En España la educación, igual que la política, no suelen ir tan rápido como la economía o la sociedad, señalaba Víctor Pérez-Díaz hace más de una década (Pérez-Díaz, 2002, p. 23). Y no le faltaba razón en tanto que los diferentes intereses corporativistas se han enfrentado al bien común, frenando todas aquellas reformas necesarias para fortalecer un futuro más liberal para España. Hemos sufrido como pocos países del mundo lo que Milton Friedman denominaba como tiranía del statu quo. Es el poder de los defensores de los corporativismos, que fraccionan una posible visión conjunta del país y perjudican la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. Así pues, los liberales deberemos enfrentarnos a una cultura bastante extendida que confunde intereses particulares con bien común, e incluso con democracia, para defender la visión del conjunto que beneficie al ciudadano medio.

No debemos dejarnos engañar por quienes camuflan sus intereses con el ropaje del interés general. Que la educación sea pública no es un bien en sí mismo, lo importante es que esta pueda cumplir con sus objetivos, que sea de calidad y que esté garantizado el acceso con igualdad de oportunidades. Si solo hubiera escuelas públicas, sin competencia entre ellas, se reproducirían todos los problemas de los monopolios: defensa del interés corporativista y descenso de la calidad. Así pues, introducir elementos de competencia entre escuelas públicas, concertadas y privadas incentivará a una mejora de la educación para mayor número de personas; siendo función del Estado o de la administración pública correspondiente —autonomías— el de garantizar, por un lado, el acceso con igualdad de oportunidades, con una política ambiciosa de becas o, incluso, de cheques escolares, y, por otro, controlar y evaluar para que se alcance un mínimo nivel de conocimientos lo más elevado posible. Y para que haya competencia real para mejorar la educación, es necesario que exista la máxima libertad de elección posible de centros educativos, y con la máxima información posible para los padres, empezando por publicar estudios o evaluaciones de la calidad y los resultados de los diferentes centros.

España necesita una auténtica revolución educativa. Y esta no solo es una cuestión de dinero. Es una cuestión de cambio de mentalidad. Tenemos que volver a recuperar valores como el esfuerzo y el mérito. No debemos temer a palabras como «libertad» y «excelencia», porque ellas son fundamentales para tener una educación de calidad y que fomente la igualdad de oportunidades. Una educación mediocre es una losa que frena el ascensor social que es la educación, porque sin una buena educación es imposible progresar en una economía del conocimiento como la actual.

Introducir tres culturas en las aulas es urgente: la cultura del esfuerzo, la cultura del mérito y la cultura de los conocimientos. La primera es imprescindible para mejorar los resultados de todos. Sin esfuerzo todo se iguala en la mediocridad. Sin valores, cuesta llegar a los conocimientos. En un mundo perfecto, existiría una perfecta división del trabajo entre las familias, responsables de la disciplina y de la enseñanza de las reglas del comportamiento cívico; y la escuela, cuya principal misión, no lo olvidemos, debería ser la transmisión de conocimientos. Sin embargo, esta situación ideal se ha alejado de la realidad en los últimos años. Son muchos los padres que al no prestar la atención necesaria a sus hijos han delegado en los maestros, y los profesores que se han encontrado en una nueva situación, la de relegar la enseñanza de los conocimientos por la de los modales.

Las razones del éxito escolar no están tan ligadas a la situación socioeconómica de los padres, como cabría pensar, como a la cultura de estos. Según Inger Enkvist, «el fracaso escolar (…) suele venir explicado en primer lugar por el poco esfuerzo del alumno y en segundo lugar por la poca colaboración de la familia con la escuela» (Enkvist, 2011, p. 27). Y nos pone como ejemplo las familias asiáticas que han emigrado a Estados Unidos con poco dinero, pero cuyos hijos obtienen mejores resultados que los de las familias acomodadas que no transmiten el valor del esfuerzo.

La ausencia de exigencias a los alumnos solo conduce a la despreocupación y a la generación de futuros frustrados (o indignados, porque el mundo no se lo ha puesto tan fácil como lo tuvieron para pasar de curso). La autonomía de los alumnos debe ser la meta. Hay que enseñarles a ser personas que puedan valerse por sí mismas, pero esta autonomía no puede ser el punto de partida en la educación, sino el de llegada. Enkvist supone una gran crítica de esa pedagogía constructivista que cree que todo está en la cabeza de los niños y que simplemente hay que dejar que lo desarrollen por sí solos. En alguna ocasión el ministro de Educación de David Cameron, Michael Gove, ha señalado que la izquierda es culpable de tratar a los adultos como si fueran niños, y a los niños como si fueran adultos. Y tiene toda la razón. En España, más que en cualquier otro país, hemos pagado las consecuencias de esa manera de pensar. Toda una generación ha estudiado bajo los modelos educativos pactados por la izquierda y los nacionalistas. Y ha sido un fracaso. No podemos permitirnos perder más generaciones.

La cultura del esfuerzo no es un régimen del terror. Son simplemente unas reglas claras. De hecho, los niños suelen agradecer más el saber a qué atenerse que el caos que se vive en ciertas aulas. Y, en este sentido, parece también fundamental que haya evaluaciones independientes y decisivas para evitar el incentivo negativo de la promoción automática. El progresa adecuadamente es el símbolo de un fracaso. La muerte de la cultura del mérito. La evaluación es fundamental no solo para crear incentivos positivos para el estudio y el esfuerzo, sino también para ofrecer un conocimiento de la situación a los padres y a la administración, detectar posibles problemas y darles solución, y para garantizar la igualdad de oportunidades exigiendo unos mínimos conocimientos a todos los alumnos del país. También es necesario que se introduzca cada vez más la variable meritocrática en las tasas universitarias y en la concesión de becas, además de los requisitos socioeconómicos, para fomentar la igualdad de oportunidades, reduciendo el impacto de las desigualdades económicas en los resultados de los hijos a la vez que se tienen en cuenta las desigualdades de esfuerzo y mérito de los alumnos, lo que supone un incentivo positivo para todos.

Y, finalmente, debemos volver a la cultura de los conocimientos. Eso es la educación, transmisión de conocimientos. Para Pérez-Díaz, la educación liberal es «la transmisión de la cultura occidental de una generación a otra, de manera que los educandos adquieren cierta familiaridad con los lenguajes del arte, la filosofía, las humanidades, las ciencias, y las prácticas morales y políticas de esta cultura, y desarrollan una actitud que mezcla la incorporación de la tradición con la distancia (la libertad) respecto a ella» (Pérez-Díaz, 2002, p. 42).

Debemos aprender de aquellos modelos que mejor funcionan. La gran estrella de los informes PISA que realiza la OCDE es Finlandia. Y, según Enkvist, no se trata de una cuestión de dinero, sino de modelo curricular, donde la lengua adquiere un papel central, y, sobre todo, la autoridad de los docentes. Las familias respetan la autoridad de los maestros y profesores, entre otras razones por la dificultad de ser docente en Finlandia. La exigencia es máxima. Siempre recordaré una entrevista —creo que en La Vanguardia— a un diplomático finlandés, que al ser preguntado por qué había decidido dedicarse a la diplomacia respondió que porque no había conseguido superar las pruebas de selección para ser maestro. El respeto por la figura del maestro y del profesor supone otorgarles mayor autonomía, porque ellos son los que conocen mejor la situación de cada aula, de cada alumno, y cómo dar respuesta a cualquier problema, aunque solo sea por experiencia.

La actual crisis económica puede ser una inmejorable oportunidad para llevar adelante la revolución educativa. Muchas familias entienden ahora más que antes la importancia de la formación para garantizar un futuro de prosperidad a sus hijos; y, por otra parte, seguro que en el actual mercado laboral podemos encontrar más personas y más preparadas para ser docentes. El empirismo siempre es mejor consejero que los prejuicios de ideologías, que prefieren culpar a la realidad del fracaso de sus teorías antes que revisarlas. Cambiemos lo que no funciona; aprendamos de los mejores; hagamos que una educación excelente se extienda por todo el país. Como ha escrito Niall Ferguson, «la revolución educativa del siglo xx fue que en las democracias la educación básica estuviera al alcance de la mayoría de la gente. La revolución educativa del siglo xxi será que la educación de calidad esté al alcance de una creciente proporción de niños. Si alguien está en contra de eso, entonces él es el verdadero elitista: él es el que quiere mantener a los niños pobres en escuelas pésimas» (Ferguson, 2012, p. 161).

Hoy las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han hecho emerger una sociedad plural. Se crean constante y espontáneamente nuevas comunidades con intereses y valores compartidos, con mayor capacidad para organizarse y para compartir conocimientos complejos de lo que son capaces las administraciones públicas burocráticas. Que el Estado intente monopolizar la educación en cualquiera de sus niveles, o la investigación y el desarrollo, no solo parece una utopía debido a la falta de recursos, sino que el intento significaría un despilfarro de energía y un freno para la potencialidad de una sociedad que va más deprisa y quiere ir más lejos. El papel del Estado no puede ser ya el de proveedor único de servicios y conocimientos, sino el de la garantía del bien común. Parece que su única viabilidad será la de pasar del Estado proveedor al Estado garante, lo que significa un paso atrás en su tamaño, pero no en su importancia, porque será clave para que la sociedad pueda seguir andando hacia adelante sin dejar a nadie atrás.

El renacimiento del liberalismo clásico

Hasta este punto hemos hablado de la importancia de reformar las instituciones para evitar la degeneración, del imperio de la ley como fundamento de la democracia liberal, del necesario reverdecimiento de una sociedad civil plural y de la base de todo, la educación. Ahora pongamos el acento en los valores, en crisis para algunos, invertidos para otros. Sea como sea, la relación entre política y ética es de una enorme complejidad. Es imposible un sometimiento total de la política a una ética del absoluto, como quisieran los idealistas; y es absolutamente indeseable el contrario: someter la ética a la política, como quisieran los realistas. El liderazgo político necesita tanto una credibilidad ética como unos resultados en términos de intereses. Es la ética de la responsabilidad webberiana, menos épica que la de la voluntad de un pueblo y menos seductora que la de los deseos convertidos en derechos, pero imprescindible para el buen gobierno.

No son pocos los dirigentes políticos y expertos en comunicación que han entendido que un discurso de valores creíble es el pilar de un liderazgo en una época de crisis y desafección como la actual. Más allá de los programas electorales, de las ideas, se exige al político honestidad y voluntad de trabajo por el bien común. El lenguaje de los valores es el mejor lenguaje para la política. Más importante que el qué vas a hacer es transmitir por qué lo vas a hacer. Las finalidades morales mueven más voluntades que los planes de reformas (también necesarios); por lo que debemos entender que si las ideas tienen consecuencias, son los valores quienes deciden qué ideas vamos a elegir.

Los valores que predominan en una sociedad son también instituciones —limitaciones informales, los define Douglass North— que conforman nuestro futuro. Son decisivos. Son más difíciles de cambiar que las instituciones políticas o las leyes escritas, pero son igual de importantes en el establecimiento de incentivos que puedan ayudar al éxito o al fracaso de un país. Adam Smith ya escribió sobre la importancia de los valores para el buen funcionamiento de la economía. También Amartya Sen: «El sistema de mercado refleja, de un modo particular, las preferencias que las personas expresan en su comportamiento económico», por lo que la pregunta que se hace es lógica: «¿Por qué culpar al mercado si el error radica en nuestros propios valores y prioridades?» (Sen, 2011, p. 52).

Así pues, no podemos desligar la reforma institucional del análisis de la evolución de los valores. En la línea de Sen, si las personas de manera espontánea adquieren unos valores positivos, la necesidad de reforma institucional será menor. Y, por el contrario, si las instituciones se reformaran para dar unos incentivos positivos, no sería tan necesaria la formación de los valores. En este sentido, si la política era necesaria para la reforma y mejoramiento continuo de las instituciones, también se hace necesario el liderazgo político para la formación de los valores.

El liderazgo introduce unos valores y una cultura en las organizaciones o en una sociedad. Es capaz de modificar el ethos; por lo que puede ser una pieza importante para formar o consolidar una sociedad abierta. Y su mejor baza para ello es la ejemplaridad. Más que un discurso sobre valores, lo que los ciudadanos necesitan de sus políticos es que actúen según esos valores, porque, en gran medida, las personas progresamos a medida que copiamos lo mejor de los otros. Así, en su obra Ejemplaridad pública, Javier Gomá apunta que «toda vida humana es un ejemplo y, por eso mismo, recae sobre ella un imperativo de ejemplaridad que dice: obra de tal manera que tu comportamiento sea imitable y generalizable en tu círculo de influencia, produciendo en él un impacto civilizatorio». En este sentido los políticos tienen aún mayor responsabilidad, al ser su potencial ejemplarizante mucho mayor, y más en las democracias liberales actuales, donde los medios de comunicación y los ciudadanos ponen especial atención a las características más personales de los políticos, al cómo se comportan, por lo que «estos hombres poderosos dan el tono a la sociedad, crean pautas y expectativas de comportamiento, definen en la práctica el dominio de lo permitido y no permitido y, suscitando hábitos colectivos, son fuentes de moralidad social» (Gomá, 2009, pp. 260-262). Entonces, la importancia en el futuro de una sociedad de la política trasciende la mera aprobación y ejecución de leyes. Forma valores. Y si la política es inmoral, la sociedad también se verá inclinada hacia ese abismo, por lo que parecerán necesarias más leyes restrictivas de libertades, ¡promulgadas por políticos inmorales!, entrando así en un bucle infernal de inmoralidad y restricción de la libertad individual.

Los políticos liberales tienen —tenemos— el deber de ejemplificar las virtudes de la libertad y la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de abrir nuevos espacios de libertad en la sociedad mediante la reforma institucional y la autorrestricción del espacio político, pero también el deber de transmitir con nuestro comportamiento los valores del orden liberal y de la sociedad abierta. En este sentido, la actitud de la elite nacionalista catalana promocionando el victimismo, la eterna queja y el señalamiento del discrepante es uno de los peores favores que los partidos nacionalistas están haciendo a una sociedad que hoy necesita recuperar más que nunca los valores de la responsabilidad y el pluralismo como mejor manera de integrar a todos. Cataluña, España y Europa necesitan un nuevo humanismo, una política y una sociedad cuyos valores fomenten no solo personas libres, sino también personas emancipadas, capaces de responsabilizarse de sus propias vidas y de tener empatía con el otro.

Vivir en una democracia y plural exige más esfuerzo que vivir en una sociedad cerrada y monolítica. La política democrática de la persuasión, del argumento y del diálogo es mucho más complicada que la política del enfrentamiento, la desacreditación y la sumisión. Así, el mantenimiento de la democracia exige a los políticos un esfuerzo, una preparación y una responsabilidad, la de ser ejemplares y transmitir los valores democráticos a la sociedad. Y también exige a los ciudadanos ser exigentes con sus representantes políticos, y un esfuerzo para no caer en la tentación populista.

Tras el acomodo de años de crecimiento y bienestar, ¿está Europa cayendo en las garras del populismo, presa de la desorientación? ¿Está Europa fatigada y sin ganas de reactivar los principios que la hicieron ser un modelo para el mundo? Es la cuestión que se preguntan no pocos intelectuales. El problema de Europa es de ambición o, mejor dicho, entre los europeos se ha adormecido la cultura de la libertad y de la responsabilidad. Estas exigen un ejercicio que hoy se enseña en pocas escuelas. Hemos sufrido el triunfo de la ética indolora y de la mediocridad frente a la libertad y la excelencia. Hemos sucumbido a la irresponsable externalización de la responsabilidad. Es la dulce decadencia de la cual nadie se hace responsable. Es el caldo de cultivo perfecto para los nacionalismos, que siempre encuentran a quien culpar de todos los males, y para aquel populismo que señala a los mercados, los Estados Unidos o los políticos como la fuente de todas nuestras desgracias. Y, así, mientras perdemos energías buscando culpables, declina la cultura del esfuerzo y del mérito, la ambición y también la confianza, y la libertad individual. Todos los valores que hicieron fuerte Europa y que permitirían hoy reflotarla están estancados. En España, y particularmente en Cataluña, padecemos más que nadie esa cultura relativista, ese discurso débil pero dominante, ese sacarse las responsabilidades de encima…

Podría haberse titulado este apartado como «El liberalismo humanista», pero caería en la redundancia, ya que el liberalismo es un humanismo. Lejos del materialismo o del mercantilismo del que algunos lo acusan, el auténtico liberalismo tiene a la persona en el centro de su pensamiento, y su libertad como principal valor. El liberalismo no es el caos anárquico del lobo que se come las ovejas, porque la libertad de unos está limitada por la libertad de los otros.

Isaiah Berlin, nacido en una Riga invadida por el antisemitismo y a las puertas del totalitarismo soviético, es el gran autor de la libertad liberal del siglo xx y, sobre todo, del pluralismo. Berlin habló de dos libertades, como también hiciera Arthur Schopenhauer. La negativa, la liberal, en línea con la libertad de los modernos de Constant, que se refiere a la ausencia de obstáculos impuestos por el Estado u otros hombres a la acción del individuo. Es el origen de las instituciones liberales, de la limitación del poder político y de la defensa del pluralismo y responde a la necesidad humana de tener un espacio libre de interferencias indeseadas de otros humanos. «Toda defensa de las libertades civiles y de los derechos individuales, y toda protesta contra la explotación y la humillación, contra los abusos de la autoridad pública, contra la hipnosis de masas de las costumbres o contra la propaganda organizada, tiene su origen en esta muy discutida concepción individualista del hombre» (Berlin, 1958, p. 55). Por su parte, la libertad positiva es definida de manera más confusa como la que se «deriva del deseo por parte del individuo de ser su propio amo». Sobre el plano teórico no contradice la libertad negativa, la de la ausencia de obstáculos, pero en la práctica histórica no solo han entrado en conflicto, sino que algunas maneras de entender esta segunda libertad han hecho correr la sangre de millones de personas, sobre todo de la mano de tantos manipuladores que a lo largo de la Historia se han presentado como intérpretes de las voluntades de los pueblos, ingenieros sociales y otros demagogos. Cuando se entiende la libertad de esta segunda manera, como la liberad para conseguir algún objetivo, siempre hay alguien dispuesto a definir ese objetivo y obligar a la sociedad a ser libre. Siempre existe el peligro de aquellos que contraviniendo a Kant quieren obligarnos a ser felices a su manera. Así justifican las elites nacionalistas el uso de los ciudadanos como medios para sus fines propios. Solo recuperando el liberalismo humanista que considera a las personas como fines en sí mismos lograremos esquivar las tentaciones de los libertadores de la colectividad.

Libertad no es felicidad, ni siquiera es justicia. Libertad es que cada uno pueda luchar por desarrollar su modo de vida sin que nadie, sea una persona o un grupo, se lo impida, mientras no interfiera en la libertad de los otros. Libertad es ser libre para elegir, lo que también supone ser responsable y aceptar las consecuencias de las decisiones tomadas. La libertad, escribió Hayek, «no solo significa que el individuo tiene la oportunidad y responsabilidad de la elección, sino también que debe soportar las consecuencias de sus acciones y recibir alabanzas o censuras por ellas. La libertad y la responsabilidad son inseparables» (Hayek, 1959, p. 105). Esa libertad ligada a la responsabilidad nos incentivaría a tomar mejores decisiones sobre nuestra formación, seguridad o inversiones; con más inteligencia, con más esfuerzo y, sobre todo, con más prudencia, la virtud clásica por excelencia. En su viaje a América, Tocqueville vería la personificación de esos ideales. «El habitante de los Estados Unidos aprende al nacer que tiene que apoyarse en sí mismo para luchar contra los males y dificultades de la vida; no echa sobre la autoridad social más que una mirada desconfiada e inquieta, y no apela a su poder más que cuando no tiene otro remedio» (Tocqueville, Libro I, p. 277).

En sus Tiempos modernos, Paul Johnson concluye que «el siglo xix asistió a la culminación de la filosofía de la responsabilidad personal —la idea de que cada uno de nosotros es individualmente responsable de sus actos—, que fue la herencia conjunta del judeocristianismo y el mundo clásico» (Johnson, 1983, p. 14). El siglo xx representó el triunfo y posterior caída de las ideologías que atentaban contra esa visión liberal de la libertad. Por la izquierda y por la derecha crecieron los que querían responsabilizarse de la vida de los otros imponiéndoles una hoja de ruta desde la cuna hasta la tumba.

Según Hayek, «el descubrimiento de un mejor uso de las cosas o de la propia capacidad de uno es la mayor contribución que un individuo puede hacer, dentro de la sociedad, al bienestar de sus semejantes, y que facilitando el máximo de oportunidades para ello es como una sociedad libre llegará a prosperar más que otras» (Hayek, 1959, p. 117). Así pues, una política liberal que abra espacios de libertad y de responsabilidad individuales es la mejor política a favor del bienestar social. Sea o no cierto que el éxito dependa de nuestro esfuerzo, lo cierto es que esa creencia es un estímulo, un incentivo para ejercer la libertad más y mejor. Cuando nos sabemos responsables de nuestras vidas, es cuando desarrollamos nuestros talentos al máximo para alcanzar nuestros fines. Sin embargo, el victimismo, el culpar a los otros por los fracasos propios, provoca el peor incentivo social, el de la frustración y el abandono del esfuerzo.

Hoy resurgen enemigos de la libertad con otros disfraces. El miedo que algunos sienten por la responsabilidad los ha conducido al odio a la libertad. Ahora las ideologías han mutado en identidades, pero el miedo sigue ahí: el miedo a sentir la identidad en toda su complejidad hace que los más temerosos se aferren a una única pertenencia, a su lengua, a su religión o a su sexo. En El futuro de la libertad, Fareed Zakaria nos explica la aparente paradoja de que en el mundo actual «la democracia florece, mientras que la libertad no lo hace». Su libro cumple ahora una década y podemos comprobar su capacidad de previsión cuando señaló que «si en cualquier país del mundo árabe hubieran de celebrarse elecciones mañana mismo, probablemente alcanzarían el poder regímenes mucho más intolerantes, reaccionarios, antioccidentales y antisemitas que las dictaduras que hoy en día lo detentan» (Zakaria, p. 16). Pero también advierte a los occidentales de que no pierdan el antiguo equilibrio entre democracia y libertad. Ya lo sufrieron en Viena y Weimar en la primera parte del siglo xx: «A medida que se extendía la democracia, la agenda liberal, moderada, que defendía los derechos individuales, la economía de libre mercado y el constitucionalismo se fue desvaneciendo frente al atractivo visceral del comunismo, la religión y el nacionalismo» (Zakaria, p. 65). Enemigos de la libertad que volvemos a conocer un siglo después. Hoy triunfa la democracia como marca, todos usan y abusan de su nombre, pero sucumbe la libertad en Rusia, en el mundo árabe, en parte de América Latina… ¿y Occidente? No sacrifiquemos la libertad a cambio de exigir a la democracia más de lo que nos puede dar, porque nos quedaremos sin libertad y con una democracia frustrante. Paso abierto a los populismos.

En las democracias actuales cada vez será más difícil poder cumplir con la premisa socialdemócrata de cambiar gasto público por votos. Como señala Álvaro Delgado-Gal, «la desnaturalización de la democracia ha perjudicado a las finanzas públicas y puesto en riesgo el Estado del bienestar; el mal comportamiento de los políticos ha sido, a la vez, efecto y causa de técnicas de gobierno inspiradas en la explotación irresponsable de recursos generados por terceros».[1] Los ciudadanos cada vez más responsables de sus propias vidas deberán penalizar a aquellos partidos que presenten programas como cartas irresponsables a los reyes magos.

Mientras gran parte de la izquierda pone el acento en el gasto público, viéndolo como un bien en sí mismo, el liberalismo pone todo su énfasis en las personas, y por lo tanto en la ética de la responsabilidad, en los efectos (incentivos) de las políticas sobre los ciudadanos. Así, mientras para los socialdemócratas el gasto en educación pública debe ser siempre mayor, para los liberales este debe ser siempre mejor. Esperar que el Estado solucione todos los problemas es crear unas expectativas imposibles de satisfacer. Y esa frustración es peligrosa porque puede llevar a pedir una enmienda a la totalidad del sistema. Fomentar un Estado hiperprotector y una sociedad irresponsable allana el camino a los populismos. Sin responsabilidad individual no habrá Estado que funcione. Mientras los escandinavos o los holandeses salvan sus Estados de bienestar con reformas y los ponen al servicio de los ciudadanos, a la vez que los hacen más responsables, apostando por la libertad de elección y por la participación, otros esperan el milagro de sostener una sociedad que más pronto que tarde tendrá más receptores que contribuyentes.

Tampoco el nacionalismo ayuda a la necesaria ejemplificación de la toma de responsabilidades. Siempre hay otro a quien culpar. La ética de la responsabilidad no es lo suyo. No lo es la ética o la justicia en general, ya que, atado a las pasiones y los prejuicios, y con un sentimiento de superioridad que contrapone el «nosotros» —los cumplidores y productivos— con el «ellos» —los subsidiados e improductivos—, tiende a fomentar la servidumbre, la sumisión de la libertad individual. Es la tentadora renuncia a la libertad de quienes prefieren el cómodo encadenamiento a una comunidad imaginada. «Sin hacer más esfuerzo que el de ser de donde eres ya posees el privilegio de un origen único, que por un lado te ofrece la confortable posibilidad de contarte entre los perseguidos, las víctimas y los héroes sin necesidad de padecer personalmente ningún sufrimiento», dice Antonio Muñoz Molina en Todo lo que era sólido.

La paradoja de las ideologías colectivistas que hablan del amor a un grupo es que acaban creando un enemigo, sea interno (por ejemplo, los empresarios) o externo (otro país), y acaban otorgando el poder a un líder con ínfulas mesiánicas y presentado como gran intérprete de la voluntad del pueblo o de la clase. Y es muy fácil hablar en el nombre del pueblo, porque el pueblo, la tierra o la nación no responden: no van a llevarle la contraria al líder porque son simplemente conceptos abstractos. Si tiene contestación no será de estos conceptos, será de aquellos que están contra ellos. Hablar de libertades y responsabilidades colectivas es matar la libertad y la responsabilidad reales en un sociedad, por lo que debemos romper cuanto antes con la comodidad de pensar que la culpa es de los otros o que las soluciones nos vendrán dadas con fórmulas mágicas. Como señala Valentí Puig, «de la maltrecha amalgama de narcicismo y fatalidad se sale recuperando el sentido del deber y de la responsabilidad. No es cuestión de proponer un rearme moral, sino de reintroducir la opción de la virtud en la vida pública y en el catálogo de vínculos y elecciones individuales. Solo asumiendo que somos agentes responsables podemos exigir derechos y deberes, vivir el mundo de las libertades. Una sociedad infantilizada se hace irresponsable» (Puig, 2013, p. 12).

La infantilización social que promueve el nacionalismo catalán llega hasta el punto de que hoy, como señala Gregorio Luri en su blog El café de Ocata, «hay catalanes que confunden sus ilusiones con sus derechos y estos últimos con los deberes de los demás». Síntomas del nacional-populismo. Parece que esta actitud viene a sustituir otro intento de infantilización social que también tuvo mucho éxito en Cataluña, el buenismo, el creer que las libertades no llevan acarreadas las responsabilidades. El creer que sin asumir responsabilidades una sociedad puede progresar. Gran parte de la sociedad española prefirió mirar hacia otro lado en los inicios de la crisis económica y animada por la socialdemocracia apostó por la irresponsabilidad y por evitar decisiones como las que ya habían tomado los alemanes. Quisimos apostar por un imposible, algo que me recuerda a la ética indolora de Lipovetsky, un crecer sin esfuerzo, una sostenibilidad sin reforma, una solidaridad a cuenta de otros. Entonces elegimos la irresponsabilidad y hoy los españoles luchamos con sacrificios por recuperar nuestra libertad vendida con la deuda acumulada por aquellos que decían que «hay dinero y más que habrá». Volviendo a Puig: «El impacto de una recesión obliga a hacer de la necesidad virtud y a enfrentarse a rasgos de la sociedad que hasta ahora preferíamos ignorar» (Puig, 2013, p. 97).

La actual crisis económica nos ha despertado de un dulce sueño, pero nos ofrece una lección que es mejor no olvidar nunca más: el progreso no es un continuum lineal. Se puede torcer en cualquier momento. El proceso acumulativo de la ciencia y el conocimiento no se produce en la ética, la política y la economía. Todo lo que hemos ganado en tres décadas se puede perder en poco tiempo si nuestra generación no es capaz de mejorar el legado de nuestros padres, asumiendo cada uno de nosotros nuestra cuota de libertad y de responsabilidad.

El compromiso intergeneracional

Volvemos a Niall Ferguson, que nos recuerda a un Edmund Burke que veía como principal contrato social aquel firmado entre las generaciones. Habíamos olvidado que la sociedad son los muertos, los vivos y los que están por venir. Uno de los grandes fallos de nuestra democracia ha sido permitir durante décadas la vulneración de este contrato intergeneracional. Había incentivos institucionales para romper el contrato porque, según Ferguson, «la deuda pública permite a la generación actual de votantes vivir a expensas de los que todavía son demasiado jóvenes para votar o aún no han nacido» (Ferguson, 2012, p. 58). Este incentivo irresponsable al gasto cargado sobre las espaldas de los que vendrán después fue uno de los ejes de los gobiernos de izquierdas en Cataluña, que multiplicaron la deuda pública de la Generalitat en años de bonanza económica, cargaron con pagos de intereses de deuda los futuros gobiernos autonómicos y adquirieron irresponsables compromisos de pago.

La deuda pública significa, de esta manera, una herencia cargada de impuestos para el futuro. Hoy pagamos los desmanes pasados y nuestros hijos pagarán los nuestros si no firmamos un compromiso intergeneracional. Así pues, no es de extrañar que Ferguson afirme que «el mayor desafío que afrontan las democracias maduras es el de cómo restaurar el contrato social entre generaciones», a pesar de que «los políticos que abogan por recortar el gasto casi siempre tropiezan con la bien organizada oposición de uno de estos dos grupos, o de ambos: los receptores de salarios del sector público y los receptores de prestaciones públicas» (Ferguson, 2012, pp. 60-61). Por ello, romper con las resistencias a las reformas necesitará de gran capacidad de liderazgo político —incluso de sacrificio político— que sea capaz de generar una complicidad social y transmitir la urgente necesidad de que, ante el desfalco del pasado, hay que ajustar el presente para salvar nuestro futuro y el de las próximas generaciones.

Incluso un socialdemócrata como el exprimer ministro sueco Göran Persson ha admitido que «si un país gasta más de lo que gana, deja de ser soberano porque depende de los deudores y, si no es soberano, los ciudadanos no deciden su destino y ya no es demócrata, ni tampoco puede ser social».[2] España dio un paso correcto en su última modificación constitucional y el establecimiento de la estabilidad financiera como principio rector de las administraciones públicas. Gastar lo que no se tiene, endeudar a las futuras generaciones o, como hiciera el tripartito catalán, formalizar compromisos de pago hasta el siglo xxii —sí, ha leído bien el lector, siglo xxii— no solo es una inmoralidad. No solo es esclavizar —o hacer menos libres— a nuestros hijos y nietos. Es convertir la política en una cigarra irresponsable sin ningún beneficio económico para el presente.

No hay debate más fraudulento que el debate entre austeridad versus crecimiento. Como señala S. Holmes, «los antiliberales no se limitan a descontextualizar el pensamiento liberal. También presentan un contexto falso de fabricación propia, un contexto que da otro sentido a los principios que ellos atacan. (…) Los polemistas con prejuicios contra el pensamiento liberal distorsionan la importancia de las ideas fundamentales del liberalismo sustituyendo los opuestos conceptuales que otorgaban originalmente importancia política a los principios liberales por antónimos de su propia elección, antónimos que los primeros liberales ya habían ignorado o rechazado explícitamente» (Holmes, 1993, p. 315). Es decir, los enemigos de la libertad usan antónimos falsos para atacarla. Competencia vs. amor fraternal, cuando debería ser monopolio. U otros antónimos falsos como contrato comercial vs. solidaridad o interés propio vs. interés común. Hoy la moda antiliberal es el debate austeridad vs. crecimiento, cuando el antónimo de austeridad es derroche o malgasto. Gastar más significa aumentar el déficit, la deuda y el pago de intereses; no tiene por qué significar crecimiento económico. No hay crecimiento económico en quitarle el crédito a las familias y a las empresas para alimentar a una administración pública mastodóntica.

Debemos recuperar la consciencia del enorme fracaso que supondría entregar a nuestros hijos un país en el que vivieran peor de lo que lo hicieron nuestros padres. Y ese peligro es hoy más real que nunca porque estamos sentados encima de una bomba demográfica que muchos —otra vez la infantilización— no quieren ver. España, como muchos otros países, está sufriendo una terrible crisis de la deuda. Esta se inició en el sector privado no financiero, a saber, familias y empresas, y derivó hacia el sector financiero primero, y hacia el sistema público después, provocando una crisis de confianza en el sistema que todos podemos percibir numéricamente con la prima de riesgo. En el último año han aparecido datos para la esperanza, señales de que el gobierno y, sobre todo, la sociedad españoles están haciendo los deberes. Equilibrios en nuestras cuentas exteriores. Exportaciones crecientes gracias a la flexibilización del mercado laboral. Mayor confianza de los mercados financieros internacionales que supone oxígeno, tipos de interés más bajos. Sin embargo, la exigencia de reformas y de mayor competitividad sigue ahí. En un mundo globalizado y competitivo siempre estará ahí.

Según N. Ferguson, en esencia solo hay tres maneras de ganar la batalla contra la deuda. La primera es «aumentar la tasa de crecimiento por encima del tipo de interés gracias a la innovación tecnológica y (quizá) a un uso juicioso del estímulo monetario». La segunda, «incumplir el pago de una gran proporción de la deuda pública y declararse en quiebra para eludir la deuda privada». Y, en último lugar, «saldar las deudas por medio de la depreciación monetaria y la inflación». En el caso de España, podemos descartar la tercera opción ya que la política monetaria ya no está en nuestras manos. Y, si queremos ser un país fiable, que genere confianza, en el que se pueda invertir y al que se le pueda prestar en el futuro con condiciones sensatas, también cabría descartar la opción del impago que propone una parte de la izquierda irresponsable. Así pues, solo nos queda una opción contra la degeneración: ser competitivos y crecer.

Lo podemos lograr, con agenda ambiciosa y reformista permanente. El fatalismo de los que creen que España es un país condenado a la decadencia es intelectualmente tan endeble como el optimismo de aquellos que creían que la inercia nos permitiría jugar la Champions toda la vida, acusando al que denunciaba el advenimiento de la crisis y la necesidad de esfuerzos de patriota de hojalata, eufemismo de traidor. Todo liberal lo sabe y Karl Popper lo sabía mejor que nadie: «El futuro está abierto de par en par. Depende de nosotros; de todos nosotros. Depende de lo que nosotros y muchos otros seres humanos hacemos y habremos de hacer; hoy y mañana y pasado mañana. Y lo que hacemos y habremos de hacer depende a su vez de nuestro pensamiento; y de nuestros deseos, nuestras esperanzas, nuestros temores. Depende de cómo percibimos el mundo; y de qué tipo de juicio nos formamos acerca de las posibilidades ampliamente abiertas de futuro» (Popper, 1994, p. 203).

La situación actual no nos permite sentarnos con los brazos cruzados, ni por el abatimiento moral del fatalismo, ni por la falsa creencia en un progreso ineludible. El cambio está en las manos de todos. Si permitimos la degeneración, pondremos en riesgo la democracia, ya que gran parte de la legitimidad que le otorgamos proviene de la prosperidad socioeconómica. Según Zakaria, «las instituciones y las actitudes que han preservado el capitalismo liberal democrático en Occidente fueron puestas en pie de un modo gradual a lo largo de muchos siglos. En la actualidad, solo nos está llevando unas décadas destruirlas, y cuando las hayamos destruido costará mucho repararlas» (Zakaria, 2003, p. 283). La democracia no es perfecta, pero aún no se ha inventado un sistema mejor, capaz de cambiar gobiernos sin derramar sangre, por lo que vale la pena reformarla antes de echarla a perder. Zakaria nos da algunas pistas en las conclusiones de El futuro de la libertad: «Aumentar la efectividad de los procesos de toma de decisiones, reintegrar el liberalismo constitucional en la práctica de la democracia y reconstruir las instituciones políticas y las asociaciones cívicas que no funcionen» (Zakaria, 2003, p. 284).

La sociedad abierta

Karl Popper es uno de esos pensadores como los que describiremos en el segundo bloque del libro: una persona cuya identidad está formada por múltiples pertenencias, algunas dadas por el contexto en el que nació y otras elegidas a lo largo de su vida. Creció en la Viena cosmopolita y multicultural de finales del siglo xix y principios del xx y seguramente en esos años empezaría a gestarse su idea de sociedad abierta, como muy posiblemente los fantasmas que recorrieron Europa en los siguientes años conformarían su visión de los grandes enemigos de esa sociedad y de la libertad: el nacionalismo, el socialismo o el nacionalsocialismo. Algunos de esos fantasmas se convirtieron en monstruos que lo llevaron al exilio, y fue en Nueva Zelanda donde todo su pensamiento se condensaría en esa imprescindible obra que es La sociedad abierta y sus enemigos (1945).

Ahí nos explica cómo en el siglo xx nuestra civilización aún vivía los traumas de una antigua transición: la que va de la sociedad cerrada, tribal o colectivista, «con su sometimiento a las fuerzas mágicas», a la sociedad abierta, «que pone en libertad las facultades críticas del hombre» (Popper, 1945, p. 15). No han dejado de resurgir los movimientos reaccionarios o románticos que añoran un regreso a la organización tribal desde los mismísimos inicios de la civilización. En el siglo xxi continuamos con la misma historia. Hoy la sociedad abierta y plural catalana se ve más violentada que nunca por un nacionalismo que la pretende uniforme, con una voluntad única, en la cual todos tendríamos la misma manera contrapuesta a una supuesta manera de ser del resto de españoles. El paso del tribalismo a la sociedad abierta se dio gracias la gran revolución del siglo vi a.C. en Grecia: «La invención de la discusión crítica y, en consecuencia, del pensamiento libre de obsesiones mágicas». Discusión crítica frente a dogmas del colectivo. Así, la sociedad abierta supone una tensión permanente como «precio pagado por el incremento de nuestros conocimientos, de nuestra razonabilidad, de la cooperación y la ayuda mutua y, en consecuencia, de nuestras posibilidades de supervivencia y del número de la población. Es el precio que debemos pagar para ser humanos» (Popper, 1945, p. 173).

Como todo ser humano es diferente a otro en identidad, intereses y valores, la sociedad abierta solo puede ser una sociedad pluralista. El pluralismo es tolerancia y respeto por la diversidad. Es entender el desacuerdo como una fuente de fuerza creativa, lejos de la pretensión de destrucción o ruptura de los defensores de la sociedad cerrada. Hay que entender, sin embargo, que la sociedad abierta no es el fomento de la diversidad, ni tampoco la creación de gueto del multiculturalismo. De hecho, como señala Giovanni Sartori, «la elasticidad (apertura) de la sociedad abierta está puesta a dura prueba tanto por las reivindicaciones multiculturales internas (por ejemplo, en Estados Unidos), como por la intensa presión de flujos migratorios externos (ese es, sobre todo, el caso de Europa)» (Sartori, 2001, p. 8). El pluralismo que «afirma que la diversidad y el disenso son valores que enriquecen al individuo y también a su ciudad política» (p. 19) nace con la actual democracia, la liberal, mientras que «hasta el siglo xvii se había creído siempre que la diversidad era la causa de la discordia» (p. 20). Hasta entonces se creía que «la salud del Estado exigía la unanimidad» (p. 21).

El pluralismo exige reconocimientos mutuos, recíprocos. Si la tolerancia de la diversidad se produce solo en uno de los lados, no hay pluralismo. «El pluralismo trata cualquier “identidad” (voluntaria o involuntaria) de la misma manera y por ello (…) en términos de respeto y de reconocimiento recíproco». Por lo tanto la reivindicación de «la secesión cultural, (…) que se resuelve en una tribalización de la cultura, es antipluralista» (p. 34). Una sociedad abierta que empieza a fracturarse, a crear guetos por razones nacionalistas o religiosas, acaba convirtiéndose en un conjunto de sociedades cerradas. Que seamos ciudadanos libres en una sociedad abierta depende de la estructura constitucional de un Estado, no de que este sea o no nacional. Mientras hoy algunos prefieren convertirnos a todos en siervos de una idea de nación interpretada por unos pocos, los liberales y los que queremos vivir en una sociedad abierta debemos luchar para que la ley igual para todos siga siendo el amo que nos hace libres. Mientras el pluralista es tolerante y valora positivamente la diversidad, el multiculturalista —como el nacionalista— exige magnificar la diferencia, gastar recursos en ella, y, si es necesario, construirla. Como indica Sartori, «el pluralismo se manifiesta como una sociedad abierta muy enriquecida por pertenencias múltiples, mientras que el multiculturalismo significa el desmembramiento de la comunidad pluralista en subgrupos de comunidades cerradas y homogéneas» (p. 127). Mientras la constitución de un estado como el español es garantía de lo primero, el nacionalismo independentista es garantía de lo segundo. «El multiculturalismo lleva a Bosnia a la balcanización; es el interculturalismo el que lleva a Europa» (p. 129).

Por otra parte, cabe señalar que una sociedad abierta y pluralista requiere de consensos políticos en los principios que fundamentan las reglas del juego, es decir, las normas que se seguirán para resolver los conflictos sobre las políticas concretas; pero un consenso no significa unanimidad. «El consenso pluralista se basa en un proceso de ajuste entre mentes e intereses discrepantes. Podremos decir así: consenso es un proceso de compromisos y convergencias en continuo cambio entre convicciones divergentes» (p. 37). Entender el pluralismo es, pues, «entender de tolerancia, consenso, disenso y conflicto» (p. 41).

En su defensa del pluralismo, Isaiah Berlin encontraba un obstáculo en el hecho de que «la fe en un único criterio ha resultado ser siempre una fuente de profunda satisfacción tanto intelectual como emocional». Al final, los fundamentalistas del criterio único (sea cual sea, nacionalismo, laissez faire, libro sagrado, etc.) chocan con «un desarrollo humano no previsto e imprevisible que no podrá acomodar, y entonces se utilizará para justificar, a priori, la barbarie de Procausto —la vivisección de las sociedades humanas existentes de acuerdo con un modelo inalterable dictado por nuestra comprensión falible de un pasado en buena medida imaginario o de un futuro totalmente imaginado—» (Berlin, 1958, p. 112). Y, por esta razón, concluye que «el pluralismo que implica la libertad “negativa”, me parece un ideal más verdadero y más humano que los fines de aquellos que buscan en las grandes estructuras disciplinarias y autoritarias el ideal del autocontrol “positivo” de las clases, de los pueblos o de la entera humanidad. Es más verdadero porque, al menos, reconoce el hecho de que los fines humanos son múltiples, son en parte inconmensurables y están en permanente conflicto» (Berlin, 1958, p. 113).

Llegados a este punto, hay que resaltar, para evitar equívocos, que el pluralismo no es relativismo o no es, al menos, un relativismo absoluto. Para Berlin, «los múltiples valores son objetivos, son parte de la esencia humana y no creaciones arbitrarias de las fantasías subjetivas de los hombres» (p. 139). Así, «si el pluralismo es un punto de vista válido, y si es posible el respeto entre los sistemas de valores que no son necesariamente hostiles entre sí, entonces lo que se sigue es tolerancia y resultados liberales, lo que no ocurre con el monismo (solo un conjunto de valores es verdadero, todos los demás son falsos) o con el relativismo (mis valores son míos, los tuyos son tuyos, y si chocamos, mal que peor, ninguno podrá decir que tiene razón)» (p. 140).

En esta misma línea, Zakaria nos señala que «la esencia de la política liberal democrática está en la construcción de un orden social rico y complejo, y no uno que esté denominado por una única idea» (Zakaria, p. 26). Aceptar el pluralismo es aceptar con humildad y modestia que la realidad social es mucho más compleja de lo que cualquier individuo, por brillante que sea, es capaz de pensar. Aquellos que pretenden imponer soluciones fáciles al enorme conflicto de intereses y valores que conforman una sociedad moderna solo pueden hacerlo desde la arrogancia o la ignorancia. Europa, España y Cataluña son sociedades complejas, y más en una era de globalización, por lo que requieren unas reglas del juego político pluralistas; una política del diálogo, la tolerancia, el moderantismo, la búsqueda sincera e incansable— por lo tanto, dinámica y evolutiva— de unas reglas del juego con amplios consensos.

Los mesianismos y las políticas de criterio único solo pueden chocar contra la realidad de nuestra sociedad. Y solo pueden imponerse impulsando la sociedad cerrada y la castración de las libertades individuales. Así pues, el nacionalismo, que puede servir como pegamento social en una comunidad homogénea, si se presenta de manera radical no solo es un enemigo de la sociedad abierta, sino también una de las mayores amenazas posibles a la convivencia en una sociedad como la catalana. Centrarse en un único criterio, la construcción nacional, deja de lado peligrosamente, o incluso puede atacar, principios como la libertad, la igualdad o la justicia. Y fractura la sociedad.

De hecho, durante el siglo xx la sociedad abierta ha sufrido los violentos embates de dos de sus grandes enemigos: el socialismo y el nacionalsocialismo o fascismo. No obstante, surgió vencedora en Occidente porque los colectivismos tienen graves problemas a la hora de lidiar con la compleja realidad. Por su parte, la derrota frente a la realidad le supuso al socialismo una buena purga ideológica. Tras años de proclamar el advenimiento del paraíso mientras millones de personas morían en el infierno siberiano, abandonó la utopía marxista y se reconvirtió en socialismo democrático. Sin embargo, cierto nacionalismo ha seguido un camino inverso, cada día más alejado del liberalismo y con una vocación más totalitaria. Gran parte del nacionalismo catalán se ha apartado del catalanismo político y cívico para abrazar su propio error marxista, el separatismo, olvidando que la sociedad catalana solo puede florecer como sociedad abierta si mantiene el espíritu crítico que hoy parece acallado por una espiral del silencio y la imposición del victimismo.

Pero no caigamos en el fatalismo. La sociedad abierta y el liberalismo no son tan débiles frente a los radicalismos como a veces se cree. Las ideas de Carl Schmitt sobre la dialéctica amigo-enemigo, la aclamación como expresión de la voluntad del pueblo o el decisionismo acabaron con la República de Weimar y hoy resurgen allá donde la crisis golpea fuerte, pero hoy la libertad tiene medios de los que se carecía hace casi un siglo. Hoy el debate no se puede apagar totalmente. El populismo intenta imponerse con discursos efectistas y evita el debate mediante el desprecio, la marginación del discrepante o la compra de los medios de comunicación, porque sabe que no tiene las de ganar con juego limpio. Como señala Stephen Holmes ante las críticas de Schmitt al liberalismo, «los gobiernos liberales, pese a su respeto por el procedimiento y su confianza en el debate público, toman en efecto decisiones y las ponen en práctica. No se limitan a “charlar”, deciden y a veces eligen incluso enemigos y lo derrotan. El constitucionalismo no deja la toma de decisiones a merced de las corrientes o las leyes de la historia. Los sistemas políticos liberales no se defienden peor de la subversión interna que otros regímenes conocidos» (Holmes, 1993, p. 84).

El populismo no tiene tanta ventaja sobre el liberalismo ni en la política hipermediática actual. En las elecciones holandesas del 2012 las expectativas de los partidos populistas de derechas e izquierdas eran altas. Sin embargo, siete debates televisados entre los diferentes candidatos antes de las elecciones desmontaron las demagogias y desmoronaron la credibilidad de los radicales y sus posibilidades electorales. En Quebec el nacionalismo excluyente tampoco logró imponer sus objetivos a pesar de haber promovido discursos pasionales del miedo, como la imposibilidad de la supervivencia del idioma francés quebequés sin un Estado propio. Frente al populismo secesionista, liberales pluralistas como Stéphane Dion lograron superar el nacionalismo por elevación, presentando su propuesta para los quebequeses como mejor que la del nacionalismo excluyente, porque «en este mundo global, cuando se tiene la suerte de poseer diferentes identidades, se las acepta todas. Cuando uno puede apoyarse en unos conciudadanos que nos abren a otros registros culturales, a otras experiencias y a otras posibilidades distintas a las de uno mismo, se acepta su ayuda y se les ofrece la nuestra. En ello reside la verdadera grandeza de Canadá» (Dion, 1999, p. 43). «La convivencia de culturas en el seno de un mismo Estado ayuda a los seres humanos a convertirse en mejores ciudadanos, permitiéndoles vivir la experiencia de la tolerancia» (p. 73).

Los catalanes deberíamos tomar nota de lo que ha pasado en otros países, y me refiero a una nota crítica, no a una selectiva para reforzar prejuicios. Lo que pasa hoy en Cataluña no es diferente a lo que pasa en otras regiones de Europa o del mundo, pero la novedad es la intensidad y la cantidad de peligros que amenazan la sociedad abierta y el pluralismo. Como señala Xavier Casals, «hoy Cataluña experimenta todas las tensiones que se desarrollan entre el centro y la periferia de Europa occidental, entre su norte industrioso y su sur deprimido. Su situación geopolítica la convierte en una singular placa tectónica continental: es un sur del norte y un norte del sur; una urbe periférica de España y un punto neurálgico de la Europa mediterránea; es también la capital de una Greater Catalonia invisible. Todo ello la somete a tensiones múltiples que la convierten en un rompeolas populista» (Casals, 2013, p. 259). Islamismo radical, partidos xenófobos, partidos secesionistas…

Frente a la tentación populista, necesitamos pluralismo y responsabilidad. La democracia necesita ciudadanos formados e informados si quiere evitar la tentación populista, pero para ser libres y responsables de nuestro futuro también se hacen imprescindibles unos medios de comunicación libres y responsables. Hablábamos más arriba de la importancia de los valores en la política y de la fuerza de la ejemplaridad pública. La regeneración ética es importante en la política, pero es vital en una sociedad que no puede dejarse llevar por impulsos populistas que pongan en peligro la democracia y la convivencia. Frente a los profetas políticos del criterio único, necesitamos una respuesta de los ciudadanos clara a favor del bien común, de ese equilibrio entre pragmatismo y valores. Ante el populismo nacionalista, seny.

Capítulo 2

los costes del nacionalismo

Identidad y pertenencias

Nuestra vida, escribió Julián Marías, está formada por dos elementos que no se eligen: la orteguiana circunstancia, que nos viene impuesta, y la vocación, que nos es propuesta, pero que si rechazamos, una vez descubierta, viviremos en la falsedad y, posiblemente, añadiría, en la infelicidad. Así pues, a lo largo de los años convivimos como podemos con nuestras circunstancias, mientras intentamos desarrollar nuestras vocaciones. Somos fruto de muchas influencias y tenemos identidades múltiples. Todos. Esta es, pues, la concepción antropológica, la visión del ser humano, sobre la que fundamento las siguientes reflexiones: todas las personas tenemos el mismo valor moral, porque todos somos únicos. Y somos libres, individualmente, para elegir qué pertenencias van a predominar en nuestra vida diaria, aunque no solamos plantearnos estas cuestiones. También somos libres para olvidar o relegar una parte de nuestra identidad, alguna de nuestras pertenencias, pero, atendiendo al imperativo categórico kantiano, no deberíamos ser libres para imponer a los demás una identidad simple o para obligarles a renunciar a alguna de sus pertenencias. Nadie tiene derecho a empobrecer culturalmente a su prójimo. Ese derecho a decidir las pertenencias de otros no existe.

Como si se tratara de la conocida maldición china, vivimos tiempos interesantes. Ninguna generación en la Historia ha tenido tantas oportunidades y libertades como la nuestra; sin embargo, la libertad es como el oxígeno, que solo se aprecia cuando se pierde, y hoy no son pocos los peligros que la acechan. Entre ellos, la tergiversación del concepto con la intención propagandística, pero espuria. Este es el camino de servidumbre sobre el que nos advirtió Friedrich A. Hayek: «Allí donde se destruyó la libertad tal como la entendemos, casi siempre se hizo en nombre de alguna nueva libertad prometida a la gente». Entonces el peligro venía del socialismo, como pronto se descubriría. Hoy, en Cataluña, son los nacionalistas los que nos ofrecen el espejismo de la libertad colectiva; un concepto de libertad que el propio Hayek desenmascaró al señalar que esta «no es la libertad de los miembros de la sociedad, sino la libertad ilimitada del planificador para hacer con la sociedad lo que se le antoje. Es la confusión de la libertad con el poder» (Hayek, 1944, pp. 198-199). Así, hoy los catalanes corremos el riesgo de caer en la trampa de un nacionalismo radicalizado, convirtiéndose en excluyente, y que, en nombre de la democracia y la libertad, limite tanto una como la otra. Desde las tribunas políticas y mediáticas se nos exhorta a elegir una de nuestras pertenencias. Pretenden obligarnos a renunciar a parte de los que somos desde la magnanimidad de quien ofrece un derecho. Como si no fuera ya posible vivir nuestras múltiples pertenencias (la española y la catalana, entre ellas) de manera natural, usando el adjetivo natural en el sentido de ausencia de conflicto, no como antónimo de artificial, ya que las pertenencias, por fuertes y enraizadas en la Historia que estén, no dejan de ser un artificio, necesario o no, del ser humano.

Nunca como ahora se ha repetido tan machaconamente a la sociedad catalana una narrativa, no solo victimista, sino de renuncia. Tras el relato del independentismo late una imposición: no puedes sentirte español y catalán a la vez. Los altavoces de la confrontación ahogan el pluralismo, el matiz y la moderación. «O España centralizada o independencia. Los puntos intermedios ya no son sostenibles», se nos dice. «O español o catalán», en definitiva. Intentan convencernos de que las dos pertenencias son incompatibles o antagónicas. Sin embargo, en julio del 2013, en pleno fragor nacionalista por distinguir los «catalanes productivos» de los «españoles subvencionados», la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desvelaba que solo el 25,1% de los ciudadanos de Cataluña se sienten únicamente catalanes. Es decir, en mayor o menor medida casi tres de cada cuatro catalanes, una mayoría más que cualificada, se sienten también españoles, demostrando que el nacionalismo excluyente es una minoría social frente a los muchos que con naturalidad sentimos las dos pertenencias como propias.

Ante la abrumadora distancia entre oficialidad y sociedad, me parece una obligación moral denunciar que ese discurso de división y de exclusión no es inocente, ni surge de manera espontánea. Es un relato políticamente interesado que pretende negarles a los catalanes la capacidad de sentirse parte de otros colectivos. Es un relato que pretende una sociedad culturalmente más pobre para ser dominada políticamente. Esa es una narrativa simplificadora, peligrosa y humillante para una sociedad culturalmente rica y plural como ha sido la catalana.

Todos nos sentimos parte de diferentes colectivos. Eso nos convierte en seres únicos, diferentes a cualquier otra persona, porque, como las huellas dactilares, difícilmente encontraremos dos seres humanos con el mismo mosaico de pertenencias conformando su identidad. Nos sentimos de donde hemos nacido, de donde hemos crecido, de donde vivimos o hemos vivido, de nuestra religión o creencias, de nuestro partido político o ideología, de nuestro club de fútbol o asociación y de un largo etcétera de sentimientos y lealtades. Somos infinidad de pertenencias, impuestas por nacimiento, propuestas por la vocación o elegidas durante nuestra vida. E, incluso, las elegidas poco tienen que ver con la racionalidad.

Las diferentes pertenencias nos enriquecen culturalmente y nos preparan para un mundo globalizado en el que se mueven mejor y tienen más oportunidades aquellas personas con más pertenencias y más flexibilidad. Digan lo que digan las minorías ruidosas, la mayoría silenciosa siente que nuestras pertenencias, como nuestros sentimientos, no solo no son incompatibles, sino que ninguna molesta a la otra, porque las identidades no entienden de porcentajes. No nos sentimos un veinte por ciento de un colectivo y un cuarenta por ciento de otro. Ni hay límites en el número de pertenencias, porque nuestros sentimientos no tienen fronteras. Y, por mucho que se insista en discursos que resalten un aspecto de nuestra identidad, siempre seremos libres de sentirnos parte de diferentes colectivos simultáneamente sin sufrir ninguna esquizofrenia emocional. Sabemos aceptar la complejidad con mucha más facilidad de lo que el fundamentalismo identitario pretende hacernos creer.

Sin embargo, también nos pasa algo parecido a lo de Albert Camus cuando tenía que escoger entre la justicia y su madre. El amor que uno siente por su comunidad, su cultura o su nación va más allá de la razón. Es difícil ser objetivo cuando uno trata de su propia identidad, de sus propias pertenencias, por lo que es necesario tomar perspectiva para tratar el tema con la mayor objetividad posible. Por esta razón, he buscado la autoridad intelectual de aquellos pensadores que mejor podían explicar el fenómeno identitario: aquellos que tienen evidentes identidades múltiples, con pertenencias que incluso parecen contrapuestas y que pueden tomar una perspectiva sociológica necesaria para un análisis lo más certero posible. Son pensadores mestizos o son pensadores que han vivido en el exilio y han sumado nuevas culturas a la originaria; son personas de frontera y son personas puente. Popper, Hayek, Berlin, Sen, Ignatieff, Dahrendorf, Zakaria, Maalouf…

Quizás el menos teórico, pero sin duda el más evocador y el que me abrió los ojos a estas cuestiones fue una persona de frontera, una persona de más que evidente identidad múltiple, el escritor Amin Maalouf. De madre francófona, de padre anglófono, cristiano, árabe, libanés y francés, este Premio Príncipe de Asturias de las Letras ha escrito obras que cualquier persona tentada por el fanatismo identitario debería leer. Obras como Identidades asesinas o El desajuste del mundo explican muy claramente las razones por las que las identidades han resurgido en el siglo xxi y cuáles son los peligros de la exaltación de las identidades simples. Para Maalouf, «hemos pasado de un mundo en donde las divisiones por capas eran sobre todo ideológicas y era preciso un debate continuo a otro mundo en donde las divisiones son sobre todo por identidades y poco espacio queda para debatir nada» (Maalouf, 2009, p. 24).

Cerramos el siglo xx creyendo que el mundo aceptaba su complejidad, que la Historia entraba en una definitiva etapa de prosperidad y paz impulsada por las democracias representativas y constitucionales, y los mercados libres y el Estado del bienestar. No obstante, pronto se rompería el paradigma de Francis Fukuyama. Pronto el rugir de los fundamentalismos religiosos e identitarios renacidos de sus cenizas nos despertaría de aquel dulce sueño, pero en sus Identidades asesinas Maalouf nos demuestra que no estamos ante un fenómeno nuevo, porque «en todas las épocas hubo gentes que nos hacen pensar que había entonces una sola pertenencia primordial, tan superior a las demás en todas las circunstancias que estaba justificado denominarla “identidad”. La religión para unos, la nación o la clase social para otros» (Maalouf, 1999, p. 21).

La tentación nacionalista es muy suculenta para cualquier político en apuros. Ayuda a cerrar filas entre los propios y lo exime de responsabilidades gracias a la creación de un enemigo sobre el que abocar la culpa de todos los males. Atrapado entre casos de corrupción y políticas impopulares, la bandera independentista se ha convertido en una escapatoria tan fácil como irresponsable para algunos líderes políticos. Solo un mínimo de altura de miras, de grandeza política o un resquicio de auténtico sentido del bien común habría evitado conducir a los catalanes hacia el actual y aparente callejón sin salida, pero la tentación de lo fácil, la posibilidad de entrar en los libros de Historia como un libertador nacional y la de conseguir una mayoría electoral excepcional ha sido simplemente irrechazable.

En la actualidad sabemos que la identidad es un factor fundamental en la explicación del voto, porque modela nuestros marcos mentales. Va íntimamente ligada a nuestra manera de ver el mundo y de valorar los hechos. Estos marcos mentales son tan importantes que incluso dejan los hechos en un segundo plano. Si unos datos no encajan en nuestros marcos, simplemente los ignoramos o rechazamos. Por esta razón, es tan difícil que las personas cambien no ya de ideología, aunque esta haya topado con la realidad repetidas veces, sino de voto. Las propuestas electorales o los argumentos racionales no son suficientes para dar un vuelco electoral. Es necesario conectar con los marcos mentales de las personas, y eso solo se logra con emociones y con metáforas… y ¿qué hay más emotivo y más dado a la metáfora que una nación? La comunidad imaginada, que diría Benedict Anderson. La metáfora del matrimonio desavenido reina en el simplismo de las redes sociales como si Cataluña y el resto de España fueran entidades homogéneas que contaran con una sola voluntad cada una; como si cada una fuera una única persona sin matices, ni contradicciones. Así de sencillo es el mundo para el nacionalismo, y así de persuasivo.

El lingüista y gurú progresista George Lakoff lo tiene claro: «Los votantes votan por su identidad; votan sobre la base de lo que son, de sus valores y de lo que admiran y a quién admiran. Un determinado número de votantes se identifica con sus intereses y votan conforme a ellos. Pero esto es la excepción, no la regla. Hay otras formas de identificación personal: con su etnia, con sus valores, con los estereotipos culturales y con los héroes de la cultura» (Lakoff, 2003, p. 66). Influyente en España, algunos han llegado a creer que Lakoff preconizaba que la realidad no tenía nada que ver con el voto y que se podían negar los hechos, mientras se creaba una realidad virtual alternativa. No funciona así. El electorado se gana al apelar a sus marcos mentales, pero si se niega la realidad no se tardará en ser visto como un mentiroso o un incompetente. La irrealidad tiene las horas contadas, aunque puede dejar mucho daño por el camino.

El nacionalismo ha sabido entender bien la teoría de Lakoff, jugando con el lenguaje, las emociones y las identidades. Medias verdades y mucha pasión. Está sabiendo adaptar los problemas derivados de la crisis económica y del descrédito de las instituciones políticas a su maniquea manera de entender el mundo. Sin embargo, crear enemigos y externalizar responsabilidades no es una invención del nacionalismo catalán, ni somos los únicos que lo sufrimos. Actualmente también aparece, en mayor o menor medida, en otros países europeos. Lo que aquí es hispanofobia allí es eurofobia o xenofobia, pero el mecanismo mental es el mismo.

El nacionalismo es, pues, un medio ciertamente eficaz para alcanzar el poder, porque ofrece un mensaje cómodo, simple y emocional que sirve para dar respuestas a cualquier problema. Cómodo, porque atribuye las responsabilidades y la culpabilidad de todos los problemas a los otros. Simple, porque se puede resumir en una frase o en una palabra —independencia—. Y emocional, porque no necesita la verdad, le basta con pequeños atisbos de verosimilitud, y unas cucharadas de pasión y odio atávico. «España nos roba». Como señala Manuel Cruz, «el nacionalismo es la actitud política que requiere un menor esfuerzo intelectual», ya que para ser nacionalista «no hace falta haberse leído un solo libro: basta con apelar a un sentiment, el cual se da por descontado que constituye fuente incuestionable de legitimidad política».[3]

Basado en la identidad, el nacionalismo se mueve en un plano diferente al de las libertades individuales o la democracia, ya que su principal objetivo es crear una comunidad política nueva, homogénea, tomando como modelo un pasado posiblemente simplificado, sesgado o incluso inexistente. Se basa más en mitos que en realidades, pero la fuerza de los mitos sigue siendo tremenda en pleno siglo xxi, por lo que no es tan fácil desactivar los argumentos o los sentimientos que en ellos se basan. Y es que los sentimientos nacionalistas arraigan tan fuerte que muchos llegan a creer en la nación como algo natural, como algo que existiera desde el origen de la humanidad, aunque el nacionalismo sea una ideología relativamente reciente.

Podríamos, de hecho, situar los orígenes del nacionalismo en la Europa de finales del siglo xviii y principios el xix. Siglo en el que aparecieron historiadores y pensadores que ofrecían una nueva narrativa, un nuevo relato histórico justificante de la existencia de la nación. Pero, a pesar de ser una construcción humana, una comunidad en mayor o menor medida imaginada, no le quita un gramo de importancia en el devenir de nuestra historia. El nacionalismo marcó el siglo xix europeo y casi nos destruye en el xx; y, cuando parecía superado, ha vuelto como reacción a una globalización a la que muchos temen bien por su fuerza supuestamente homogeneizadora, bien por la inseguridad que crea. En la modernidad líquida necesitamos aferrarnos a algo sólido. Y es que tiene un componente reaccionario importante. Se alimenta de la reacción a la globalización, a un mundo complejo y de cambio rápido que a muchos desconcierta y que nos hace sentir inseguros. Ofrece seguridad, porque ofrece respuestas fáciles y la posibilidad de una sociedad de semejantes o, «mejor» aún, de iguales. Muchos son los que buscan en sus pertenencias identitarias más cercanas una caverna donde refugiarse escondiéndose de los vientos globales en una huida que es más intuitiva y emocional que racional o empírica por lo que respecta a intereses.

Los rostros del nacionalismo

Otro de los pensadores clave para entender los nacionalismos actuales es Michael Ignatieff. Otrora líder parlamentario del Partido Liberal de Canadá y profesor en la Universidad de Harvard, no tardó en descubrir que ni las democracias liberales más sólidas están protegidas contra la tentación de la identidad exaltada. Ignatieff tiene también una identidad evidentemente múltiple. De padre ruso, de ahí su apellido, madre inglesa, educado en Estados Unidos y cuya vida profesional ha transcurrido en Canadá, el Reino Unido y Francia... ¡es el cosmopolita perfecto! Difícilmente una persona con sus pertenencias puede llegar a ser lo que él denomina un nacionalista étnico. Sin embargo, tras viajar a lugares como Croacia, Alemania, Ucrania, Kurdistán o Irlanda del Norte, Ignatieff no concluye los reportajes que rodó para la BBC con un ataque al nacionalismo en su conjunto. Continúa siendo un liberal cosmopolita, pero observa unas profundas diferencias entre un nacionalismo positivo y otro negativo, entre el nacionalismo cívico y el étnico.

El nacionalismo cívico está basado en la ciudadanía. No se fundamenta en lo que las personas son o sienten, sino que se fundamenta en el imperio de la ley y la garantía de los derechos y las libertades de las personas. Todos los ciudadanos de un Estado son iguales ante la ley. En este caso, la nación nace del liberalismo político y los principales sujetos políticos son, por lo tanto, los ciudadanos. Sus derechos y libertades individuales están por encima de sus características lingüísticas, culturales, religiosas, raciales o de cualquier otro tipo. Su Estado es un Estado de Derecho. Y de hecho, este «nacionalismo liberal» no ajusta, ni pretende ajustar, el perímetro de su nación al de una comunidad culturalmente homogénea. Surge en las revoluciones americana y francesa como una lucha de los ideales burgueses contra el viejo orden de los privilegios. Es la España que nace en Cádiz en 1812, ya que el «patriotismo constitucional» no nace con Jurgen Habermas.

Sin embargo, también existe un nacionalismo étnico-cultural, que sacraliza la cultura, la lengua y su versión de la Historia, y donde el espíritu de la nación se antepone a los derechos y libertades individuales. En numerosas ocasiones este tipo de nacionalismo busca la autoafirmación a través de la negación del otro, convirtiéndolo en enemigo y culpable; en términos sartreanos, en el infierno. Así corre el riesgo de convertirse en falso victimismo, chovinismo o xenofobia y mostrar algunas de las peores caras del nacionalismo. El amor a lo propio fácilmente se convierte en odio a lo ajeno. Se recuperan leyendas y se construyen mitos. Se imaginan pasados gloriosos truncados por la perversidad del enemigo. Y todo se simplifica para que los súbditos de la nación entiendan que solo pueden tener una pertenencia. Su objetivo es construir una nación antes que una democracia. Prefiere la dignidad nacional antes que una sociedad abierta.

Bien sabe Ignatieff y nuestros autores más contemporáneos que las sociedades modernas y democráticas no están a salvo de este tipo de nacionalismos. Y me temo que actualmente Cataluña juega con fuego bajo los conceptos pseudodemocráticos que arguye el nuevo nacionalismo oficial. Las dos caras del nacionalismo han existido siempre en Cataluña, desde el catalanismo cívico y regenerador hasta el irredentismo más tronado, pero hoy es lamentablemente el segundo el que ha tomado fuerza y lo hace auspiciado por los efectos devastadores de la crisis económica que han favorecido el populismo en más de una sociedad europea. Llamémosle nacional-populismo. Sin ser étnico, el independentismo actual traiciona el catalanismo cívico volviéndose cada día más esencialista, no solo al basarse en el hecho diferencial lingüístico, sino, y aquí engarza con el populismo utilitarista, en una supuesta manera de ser y de hacer diferente a la del resto de españoles, que nos convertiría a los catalanes en seres más productivos: «espolio fiscal», «España nos roba» y, en definitiva, «la España subsidiada que vive a costa de la Cataluña productiva». Una mixtura de nacionalismo romántico y populismo utilitarista a lo Liga Norte están, pues, echando a perder las grandes virtudes del catalanismo cívico. El egoísmo insolidario reconvertido en comunitarismo de baja estofa. El retraimiento a un pasado idealizado por la falta de ambición para liderar un proyecto regenerador auténticamente democrático.

En este sentido, si dejamos de atender a las consideraciones éticas, debemos felicitar a los diseñadores de la estrategia comunicativa del espolio y del pacto fiscal por su eficacia en la manipulación y el control de las bajas pasiones. Los expertos en comunicación saben que es importante centrar el mensaje en un número muy limitado de temas en los que el partido o el gobierno sean creíbles y puedan ser compartidos por una mayoría social. En un primer momento los estrategas del nacionalismo conservador catalán testaron diversos conceptos imprecisos pero grandilocuentes que no llegaron a cuajar, como fue el de la «transición nacional». Sin embargo, pronto lograrían resumir en dos palabras una solución mágica para enfrentarse a los problemas económicos culpando a España de latrocinio: fue el «pacto fiscal». Y, ante su inviabilidad, otra alternativa: la invención de un concepto con connotaciones democráticas, pero jurídicamente inexistente, el «derecho a decidir». Poca claridad, imprecisión en el lenguaje, insinuaciones sin compromiso. Esas son las armas dialécticas del separatismo que no presenta un proyecto nacional sobre cómo construir una sociedad mejor y más democrática, sino un planteamiento de confrontación que divide, en primer lugar, a los propios catalanes. Con la idea de «pacto fiscal» no solo lograron reforzar los marcos mentales de aquellos votantes más emocionales / nacionalistas, sino que también lograron atraer a un sector de la población más racionalista. Sin embargo, detrás de la idea utilitarista hay un discurso populista e identitario potente: los catalanes merecemos más dinero del Estado español porque aportamos más que el resto de españoles y, si aportamos más, es porque somos más productivos, trabajamos más, pero estamos penalizados por unos españoles subsidiados. Así pues, el gran avance del separatismo en Cataluña se produce con una nueva identificación. El eje ya no es tanto la lengua, sino una supuesta superioridad para la economía y una supuesta solidaridad abusiva. Así, en los últimos años los discursos nacionalistas catalanes se han centrado en un eje de superioridad y victimismo económicos evidente: «Pagamos más que todos los otros, trabajamos más que todos los otros y no recibimos ningún reconocimiento a cambio».[4] Los laboriosos catalanes carolingios lastrados por las maneras latinas del resto de España. Este vendría a ser el relato del nuevo nacionalismo que se acerca peligrosamente, con su «España nos roba», al «Roma ladrona» de la Lega Norte de Umberto Bossi.

La crisis es una gran oportunidad y hay que buscar excusas para acelerar el proceso. Hay prisa. #tenimpressa. Se ignora que el muy mejorable sistema de financiación autonómico actual tuvo su origen en un govern de la Generalitat y, antes de los plazos acordados para su revisión, se exige en una reunión matutina con el presidente del Gobierno español un pacto fiscal tan impreciso como inviable. Se busca la puerta cerrada y la rasgadura de vestiduras impostada para ir más allá. El enemigo del pueblo ya estaba creado, pero, ¡ay! cuán difícil es controlar los senderos de la acción colectiva. Una vez activados los mecanismos irracionales del nacionalismo la masa no se reconduce con criterios racionales. Esta ya no pide pactos, sino un nuevo Estado. Un paso más allá en la hoja de ruta. Se vislumbra la oportunidad de obtener una mayoría electoral excepcional bajo la bandera de un independentismo exprés.

El guion estaba escrito, pero ahora se aceleran las escenas quemando algunas páginas por el camino. Tras el relato de superioridad y victimismo económicos, se da el siguiente paso estratégico para la disociación mental entre Cataluña y el resto de España: darle un envoltorio aparentemente democrático a una reclamación nacionalista. Se inventa el derecho a decidir. Es sobre democracia, se nos dice. Y se da un primer salto al vacío sin mirar si abajo había agua. Disolución del Parlamento de Cataluña y convocatoria de elecciones con tufo plebiscitario personalista el 25 de noviembre de 2012. Pero cuando se quiebra la estrategia, también quiebran las oportunidades de alcanzar sus objetivos. Victoria electoral del nacionalismo conservador, pero fracaso de su líder. En su plebiscito personal pierde 12 diputados. La realidad catalana es infinitamente más compleja de lo que los fervientes partidarios del criterio único pueden apreciar. Se movilizaron cientos de miles de catalanes silenciosos que hicieron sentir su voz con su voto. Los marginados del oficialismo mediático estaban dispuestos a ejercer su voto secreto en las urnas. ¿Qué ha pasado?

La gran mascarada no es tan fácil de imponer. España puede ser un enemigo para muchos, pero ¿qué pasa con Europa? En septiembre de 2012 muchos catalanes creían de buena fe la propaganda nacionalista que dictaba que podíamos separarnos de España y convertirnos automáticamente en un Estado miembro de la Unión Europea. La agitprop se situaba por encima de los tratados comunitarios. Sin embargo, a medida que se acercaban las elecciones, eran más y más los catalanes que recibían informaciones que desmentían la falsa promesa. No eran españoles que amenazaran, sino europeos que informaban que una Cataluña independiente quedaría fuera de la UE y necesitaría de la unanimidad de todos sus miembros para regresar en diversos puntos del proceso de adhesión. Así lo reconfirmó el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, en plena época electoral y torpedeando una de las grandes mentiras y puntos débiles del separatismo.

Los partidos políticos catalanes jugaron con un tablero nuevo. Las chefs demoscópicos no acertaban con los condimentos a la hora de cocinar las proyecciones de voto. No solo era Europa. Era también la credibilidad del partido en el gobierno. Antes el original que la copia, pensaron algunos. Los toques mesiánicos tampoco ayudarían, obligando a cambiar la estrategia comunicativa en plena campaña.

En definitiva, Moisés se queda de nuevo sin ver la tierra prometida, como también le pasara al lehendakari vasco que en 2005 pidió un clamor electoral tras el rechazo del Congreso al plan que llevaba su nombre. Aquel también se topó con una ciudadanía más compleja, moderada y responsable que le hizo perder cuatro diputados a su coalición. Huyó hacia delante, y ante las elecciones generales del 2008 puso fecha a un referéndum. Nunca se celebraría. Game over a la propuesta portorriqueña del Estado libre asociado. El posterior fracaso electoral y la soledad de la radicalización llevarían a su partido a defenestrarlo y a apostar por un moderantismo más propio de la realidad social.

Cuando un gobierno o un partido político se dejan arrastrar, acaba transmitiendo incoherencia y creando desconfianza. Esto le pasó al nacionalismo vasco y ahora puede sucederle al nacionalismo conservador catalán, que se enfrenta a una disyuntiva: volver a la estrategia de situarse en el centro de la sociedad (ser el pal de paller) o seguir huyendo hacia delante hasta encontrar la soledad cuando los anhelos sociales vuelvan a ser la moderación y la concordia. De momento, parece ser que quieren seguir corriendo sin apercibirse de los obstáculos que se acercan. En su busca del unanimismo irá perdiendo aliados. Creará grandes expectativas… y grandes frustraciones difíciles de gestionar. La épica y cierto misticismo lo están llevando a situarse fuera de los tiempos de la tradición liberal y democrática de las revoluciones americana o francesa, y retrotrayéndose a un imaginario 1714. Lejos de la Cataluña de 2014, la apuesta por la radicalización y por un esencialismo identitario solo puede provocar una fractura social de preocupantes consecuencias. Quizás la moderación anterior era una farsa, una simple etapa dentro de una hoja de ruta mayor con la intención de sumar a su proyecto a un mayor número de catalanes, mientras se los va socializando en el independentismo con instrumentos tan potentes como la educación y los medios de comunicación. Quizás la crisis económica y los recortes presupuestarios requerían una nueva narrativa y, descartando la de la responsabilidad (la de asumir los costes heredados y pedir sacrificios para darle la vuelta a la situación), se sumaron a la de la irresponsabilidad (culpar al «enemigo» externo de nuestros males e iniciar un proceso que no se sabe cómo acabará pero que sirve como cortina de humo). O quizás el nacionalismo más moderado ha quedado secuestrado tanto parlamentariamente, por grupos más radicales, como internamente por un pinyol más radicalizado. Aunque si a estas alturas no se ha producido ya un cambio es que posiblemente la moderación del nacionalismo era un mito, un simple instrumento de cooptación de mayorías en forma de un pal de paller, que ahora ha pasado a mejor vida.

El ruido del radicalismo es cada vez mayor en Cataluña, pero no deberíamos olvidar un dato fundamental a la hora de buscar soluciones: el esencialismo continúa siendo muy minoritario y, por lo tanto, es una apuesta perdedora para aquellos que buscan la centralidad política. El radicalismo parece más un defecto de algunos políticos que una plasmación de una sociedad mucho más compleja y madura. Hace años que los gobiernos catalanes persisten en ese error de querer excluir a un parte de la sociedad y a sus representantes políticos. Es un error que viene de la época pacto del Tinell. Todo ello fue la consecuencia de un mal planteamiento estratégico que pretendía arrinconar a la derecha. Ya entonces se apostó por el choque emocional contra la derecha española. Sacarla del tablero con demandas exageradas que la sociedad no pedía. Este fue un cambio fundamental en el catalanismo. Nacía entonces una narrativa fantasiosa, una novela de ficción política de mala calidad. Valentí Puig percibió ese cambio en el catalanismo al señalar cómo «Tarradellas proponía una Cataluña autocrítica, integrada e integradora, sin particularismo. (Sin embargo), en 2006, el segundo Estatut tuvo más de problema que de solución, un error de la clase política catalana que fue tergiversado hasta el punto de darle figura de agravio».[5] La izquierda cayó en la tentación nacionalista para someternos a los catalanes a un pecado original del cual aún no hemos sido capaces de redimirnos. Al contrario, algunos intentan sacarnos de aquel hoyo cavando más profundamente, y lo hacen también de la mano del radicalismo, al mantener su deriva hacía el nacionalismo excluyente y de confrontación.

No olvidemos el dato. El 75% de los catalanes también se siente, en alguna medida, españoles. Solo un 25% se siente únicamente catalán. Podemos circunscribir el nacionalismo esencialista a ese cuarto, minoritario, de la población catalana. Muchos otros se pueden subir al carro del populismo económico apoyando coyunturalmente la independencia. Y no quiero con ello desmerecer la gravedad de la situación. Una coyuntura es suficiente para una ruptura social. Lo que quiero señalar es que es necesario ver la complejidad del independentismo actual a la hora de trazar estrategias que desactiven los sentimientos de agravio. A ese 25% no se le podrá convencer nunca con argumentos. Es puro sentimiento. Creen que Cataluña es una nación y que, sin importar las consecuencias, deben hacer coincidir sus fronteras con las de un Estado. Toda sociedad sufre una proporción de radicalismo al cual solo cabe conllevar, incluso en los países de mayor tradición democrática o en los más avanzados económicamente. Y, por supuesto, también la sociedad española sufre su proporción de radicalismo. Una cifra parecida, el 24%, de los españoles no residentes en Cataluña dice sentir desafecto y recelo hacia Cataluña.[6] Así pues, el radicalismo excluyente (separadores y separatistas) es de una proporción similar en Cataluña a la del resto de España. A ellos no va dirigido este libro. No les gustarán las propuestas que puedan encontrar acomodo en una mayoría madura y empática de catalanes y españoles que quieren compartir un futuro de prosperidad y convivencia, y que podrían apoyar un acuerdo del seny antes que optar por vías rupturistas.

España está formada en su gran mayoría por una sociedad moderna, dinámica y tolerante. La caricatura dibujada por el nacionalismo es de un simplismo atroz, empíricamente falaz, pero es posible que haya llegado a creérsela después de tanto tiempo comparando virtudes propias con los defectos ajenos. Esta manera de pensar es la que lleva a otorgar al otro siempre las peores intenciones y a sentirse permanente agraviado haga lo haga el supuesto enemigo. Sin embargo, ese proceso tiene dos inconvenientes para el propio nacionalismo. Por un lado, caricaturizar al adversario político o a un país entero no solo es una falta de respeto, es también una falta de inteligencia porque imposibilita acuerdos, ya que tus propios seguidores no aceptarán cesiones si has convertido al otro en el diablo. En este sentido, es recomendable leer lo que nos dice Stefan Zweig en su biografía de Fouché. Allí explica cómo los más radicales de la Revolución Francesa cayeron en su propia trampa. El lenguaje «criminal» de los políticos radicales contra los adversarios les obligó, impulsados por sus propios seguidores, a actuaciones criminales que acabarían devorándolos a ellos mismos. Y, en segundo lugar, este simplismo también ha puesto en peligro la propia estrategia de los nacionalistas al imposibilitar el diseño de una hoja de ruta que lleve al destino deseado, al estar trazándola encima de un mapa deformado, en el que se rebaja la altura de las montañas, minimizando los obstáculos, y se sobrevaloran las propias fuerzas y capacidades.

Sea como fuere, hay graves problemas éticos en esa política de la simplificación que busca eliminar el pluralismo, porque, como hemos visto, este es un requisito imprescindible para una democracia liberal y una sociedad abierta. El nacionalismo se mueve sobre un peligroso eje. En su versión moderada puede ofrecer a las personas la comodidad y la seguridad de sentirse en casa, acompañado por toda una comunidad de semejantes. Sin embargo, cuando se radicaliza, el nacionalismo provoca unos costes inasumibles a la sociedad a la que dice representar. «Los hombres que se sienten perdidos e indefensos en su condición original se transforman en combatientes bravos y disciplinados cuando se les da una causa flamante por la cual luchar, especialmente una que históricamente pueda conectarse con pasadas glorias, reales o imaginarias» (Berlin, 1955, p. 336). Pertenecer a un grupo y la autocomprensión son necesidades básicas, diría Isaiah Berlin; pero su exaltación hasta el punto de convertirse en excluyente convierte el nacionalismo en uno de los principales enemigos de las libertades individuales y de la sociedad abierta.

La espiral del silencio y el coste democrático

Amb el règim del silenci vénen sempre les més grans sorpreses.

Francesc Cambó

El nacionalismo es una creencia, más que una ideología, que reza que toda nación debe autodeterminarse y, en un último término, formar su propio Estado, haciendo coincidir el perímetro de la comunidad nacional con una frontera estatal. Esta creencia plantea graves problemas al liberalismo, que ve en el ciudadano el principal sujeto político y además considera que todas las personas gozan de igualdad moral. Recordemos que las pertenencias múltiples nos hacen a todos y cada uno de nosotros únicos, por lo que una plasmación práctica del nacionalismo más identitario es imposible en sus últimas consecuencias. No existen los Estados-nación puros. En general, hallaremos comunidades nacionales, lealtades a una pertenencia colectiva, que cruzan fronteras o que habitan entremezcladas con otras. Mientras el nacionalismo habla de identidades diferentes, el Estado y la nación en sentido liberal hablan de igualdad en los derechos y las libertades. Son planos difíciles de encajar. Y, aunque se pudiera crear un mundo de Estados-nación puros como pretende el nacionalismo, el resultado sería un mundo de compartimentos estancos ingobernable. Observemos la realidad. Diversos autores señalan que existen unas 3.000 comunidades nacionales. Stéphane Dion habla incluso de 4.000 grupos humanos con «identidad nacional». Y solo hay unos 200 Estados, por lo que cabe rechazar la pretensión del nacionalismo de autodefinirse como algo natural, incluso como algo ineludible. ¿Alguien se imagina un mundo con más de 3.000 estados? ¿Alguien se imagina unas Naciones Unidas con representantes de 3.000 gobiernos? Los signos de los tiempos nos empujan hacia un mundo más integrado, porque los principales retos de este siglo superan cualquier barrera política. ¿Tiene, pues, sentido el puzle de fronteras planteado por los nacionalistas?

La realidad siempre es mucho más compleja. Las comunidades nacionales conviven, en su gran mayoría, acomodadas en Estados compuestos; por ejemplo, en estados federales como Estados Unidos, Alemania, Canadá o Suiza, o regionales como Italia. Son Estados que, como España, tienen diferentes niveles de gobierno y ven la diversidad como un pilar que sustenta su unidad. Es una visión opuesta a la nacionalista que no comparte la concepción liberal o federalista de limitar el poder político o de acercarlo —o, incluso, devolverlo— a la ciudadanía. El nacionalista defiende la descentralización de los Estados de una manera tramposa, ya que en el fondo pretende una centralización del poder en su comunidad para controlarla y dominarla. En este sentido, Ralf Dahrendorf señala que «el fenómeno al que hoy asistimos no es localismo en sentido estricto, sino más bien regionalismo, que considero particularmente indeseable porque representa un desafío más insidioso a los valores del orden liberal. Si nos hallásemos frente a una deriva hacia el autogobierno de las ciudades y de los municipios, el problema no sería tan grave como el planteado por los presuntos adalides de la autonomía regional» y «no me refiero solo a la agresividad de los Bossi o de los Haider, sino a un difuso romanticismo regionalista que considero muy ambiguo: no hay nada de liberal, según mi opinión, ni siquiera en el nacionalismo escocés o en el galés» (Dahrendorf, 2001, p. 33).

No deberían ponerse todos en el mismo saco, pero es cierto que los nacionalismos «regionalistas» que resurgen en Europa no solo juegan con el populismo, sino también a extender peligrosas confusiones. Igual que se confunde Estado con nación, muchos tratan de confundir gobernante con la sociedad gobernada. Como señala Muñoz Molina, «en el territorio sagrado los líderes políticos son encarnaciones de la esencia del pueblo: cualquier crítica o acusación contra ellos es una injuria a la comunidad entera (…) Cualquier dispendio será justificado como necesario si su finalidad es el fortalecimiento de la identidad colectiva (…) La verdadera discusión pública se hace cada vez más difícil (…) La coacción invisible de lo que no es conveniente decir se suma al chantaje directo o a la compra con dinero público de aquellos medios cuya tarea en la sociedad democrática es el ejercicio de la información y de la crítica» (Muñoz Molina, 2013, p. 96). Estamos ante la vieja táctica del politiqueo de baja estofa que trata de confundir el gobierno con el pueblo. Es el comodín populista: por muy razonada que sea la crítica, siempre pueden echar mano del escudo de la identidad colectiva. Así, se cae en la más absoluta irresponsabilidad política, porque «pedir responsabilidades a un individuo es insultar a una patria. Envuelto en la oportuna bandera un delincuente es un héroe» (Muñoz Molina, 2013, pp. 97-98). El bien común se confunde así con el bien de la facción, entendida como la describió Madison en el artículo 10 de El Federalista: «Un número de ciudadanos, ya sea una mayoría o una minoría de la totalidad, unidos y animados por el impulso común de una pasión o de un interés, opuesto a los derechos de otros ciudadanos o a los intereses permanentes y globales de la comunidad».

Hablamos de una eficaz hoguera emocional que crea espesas cortinas de humo que tapan corrupción e incompetencias políticas en la agenda mediática, pero también intereses que no aparecen ni en la letra pequeña de los programas. Redirige las miradas de los medios y de los ciudadanos hacia cotas más «altas» al, según Ignatieff, ofrecer «la gloriosa política de la identidad y la autoafirmación. En vez de la política interminable del interés y la negociación por el bien común, hay enemigos internos y externos a los que derrotar; está la causa eterna, los mártires del pasado y del presente a los que ser fieles. Y ni a los criminales ni a los cínicos se les escapa que, en este estado de exaltación organizada y constante, ningún cinismo, ningún crimen, ninguna atrocidad grande o pequeña, dejará de ser perdonado si las palabras “nación”, “pueblo”, “derechos” y “libertad” se espolvorean delicadamente por encima» (Ignatieff, 1993, pp. 64-65). Hace dos décadas que nuestro autor escribió estas palabras y en Cataluña podemos constatar su veracidad con las reacciones de los partidos nacionalistas a cada caso de corrupción en los que se han visto involucrados. También les sirve la identidad como coartada para no ser transparentes en las cuentas públicas. Desde el gasto identitario hasta la subvención más clientelar, todo aparece como una confusa inversión en defensa de Cataluña.

Con tanta emotividad de por medio, se hace difícil debatir razonadamente contra el útil disfraz, adornado de nobles conceptos, que es el nacionalismo. ¿Quién le llevará la contraria a aquel que dice amar la tierra más que nadie? ¿Quién se atreverá a criticar a aquel que dice que es la voz del pueblo? ¿Quién puede ser contrario al nacionalismo sin ser visto como un traidor? Así pues, el nacionalismo otorga inmunidad a aquel que alza su bandera. Una inmunidad que difumina la convicción en el cumplimiento de la ley. Según Dahrendorf, «el regionalismo no está impulsado por un verdadero movimiento popular, sino por el activismo de demagogos y el interés de funcionarios. De ahí que, si el intento tiene éxito, los más beneficiados sean los activistas, no el pueblo. Entonces ya no se habla tanto de democracia; cuando por fin se es escocés o catalán, todo lo demás (los checks and balances, los cambios en la cúspide del poder y hasta la participación del pueblo) se considera ya secundario» (Dahrendorf, 2003, p. 123).

Como otras creencias o ideologías, determinado nacionalismo ha sido un útil instrumento para que determinadas elites se alzaran con el poder; pero, más que ninguna otra ideología, el nacionalismo juega con las pasiones y los miedos. Emociones que arrinconan la razón y buscan una lealtad o, incluso, un sacrificio más allá de lo que sería deseable en una democracia. Juega con las inseguridades, como es el miedo que todos sentimos a la exclusión. La mejor arma de los nacionalismos es la espiral del silencio. La politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neuman acuñó este concepto y citó al gran Alexis de Tocqueville, que señaló que la gente «teme el aislamiento más que el error». Es el fenómeno que también explica la existencia de voto oculto, es decir, la intención de voto a determinados partidos que no se rebela en las encuestas, y que es una de las razones por las que estas se tienen que «cocinar» para obtener una proyección del voto más próxima a la realidad. Somos así. Inconscientemente tendemos a buscar la aprobación de la mayoría por cierto instinto de supervivencia que nos advierte de la posibilidad de quedarnos marginados. Esta tendencia psicológica explica que los nacionalistas hablen constantemente en nombre del pueblo o se presenten, incluso, como los representantes de la «voluntad de un pueblo». Su intención es ser percibidos como una mayoría social para que aquellos que disientan se sientan una minoría marginada hasta tal punto que opten por el silencio o la cómoda adaptación.

Las espirales del silencio pueden ser socialmente positivas, ya que, si cada persona interpretara el mundo y sus normas de manera totalmente distinta al resto no se podría vivir en sociedad. En cierto modo ayudan a la sociabilidad y a la integración. Sin embargo, algunas están provocadas y dirigidas por una opinión publicada con la intención de transmitir un mensaje simplista que confunda el bien común con el de una facción. Es el caso de las sociedades dominadas por elites nacionalistas, que consiguen el silenciamiento de una parte de la propia población e, incluso, consiguen que muchos finjan acatar el nacionalismo para conseguir algún beneficio personal, o simplemente para evitar represalias. No son pocos los académicos, intelectuales, empresarios o líderes sociales que, ante la espiral del silencio, callan o matizan tanto sus declaraciones que su influencia resulta banal, dejando así desamparados de referentes intelectuales o sociales a gran parte de la sociedad. La espiral del silencio nacionalista te obliga escoger: a ser uno de ellos o a ser un traidor.

Así, los nacionalismos que nos ayudan a sentirnos integrados en una comunidad o colectivo impulsan simplificaciones de la realidad, en el mejor de los casos, o directamente su manipulación. Son cómodos, porque son intelectualmente relajantes. Huyen de cualquier autocrítica y ayudan a no pensar, ofreciendo una imagen del mundo fácil de entender y que nos guía para formarnos una opinión sobre cualquier tema con solo dos pinceladas de información. Con los marcos mentales de «los otros son iguales en lo negativo» y «nosotros somos iguales en lo positivo» no se necesita reflexionar mucho para sentirte integrado dando una opinión sobre cualquier tema político, económico o social que se sabe que será aplaudida por el entorno. En un mundo dividido entre el «nosotros» y «ellos» todos los problemas tienen una explicación: es culpa de «ellos». Como dice Maalouf, «por comodidad, englobamos bajo el mismo término a las gentes más distintas, y por comodidad también les atribuimos crímenes, acciones colectivas, opiniones colectivas» (Maalouf, 1999, p. 29). ¿Cuántas veces hemos oído «España no nos respeta», «con los españoles no hay nada que hacer», «España nos roba» o «los españoles no nos entienden? Pura comodidad nacionalista. «¿Acaso no es la principal virtud del nacionalismo hallar para cada problema un culpable antes que una solución?» (Maalouf, 1999, p. 90).

La espiral del silencio provoca que la opinión pública catalana vaya perdiendo pluralismo y diversidad de puntos de vista. Y no es que la diversidad sea un fin en sí mismo, ya que podría tratarse de una diversidad de insultos o amenazas, pero sí es un medio vital, una condición sine qua non, para alcanzar algunos fines como la sociedad abierta o el perfeccionamiento institucional y moral. Frente a ello, las narrativas fantasiosas necesitan sociedades cerradas para imponerse y la espiral del silencio es su mejor arma. Apagado el pluralismo en la opinión pública, la política tiene el campo abierto para despegar, alejarse de la realidad y obviar debates necesarios como el modelo social, el debate entre la izquierda y la derecha. Así, sin el cuestionamiento de la «verdad oficial» una sociedad va muriendo arrastrándose hacia una decadencia tan dulce como absoluta, porque, si no se ve obligada a confrontarse continuamente, esa «verdad» —lo sea o no— se convierte en dogma, y los dogmas se petrifican hasta romperse y ser sustituidos por otras creencias que quizás no tengan nada que ver con la verdad. Cataluña, pues, corre el riesgo de ir perdiendo la capacidad de autocrítica necesaria para el perfeccionamiento de sus instituciones políticas, sociales, económicas y culturales. Si aquellas elites catalanas que son conscientes del error independentista se acomodan y callan en público lo que solo dicen en privado, estarán colaborando en la decadencia democrática de la propia Cataluña.

La espiral del silencio ha creado un absoluto y contraproducente pánico a mirarse en el espejo. Nadie se atreve a señalar con el dedo al rey desnudo. Se culpa al resto de España por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut; sin embargo, se silencia la responsabilidad de aquellos líderes políticos catalanes cuya estrategia consciente era fomentar un bucle de anticonstitucionalidad creciente a lo largo de su elaboración. Se culpa al resto de España de la falta de recursos económicos de la Generalitat; y sin embargo se silencia la deuda, los intereses y los compromisos de pago heredados de anteriores gobiernos catalanes, que lastran los actuales y futuros presupuestos. El nacionalismo ha creado una máquina de externalización de responsabilidades, para que el razonamiento lógico deduzca que la solución a todos los problemas se alcance con la independencia cual pócima mágica. Y, aunque la máquina no acabe de carburar a la perfección, vemos cómo ha crecido el número de personas que se han subido al carro del «razonamiento» nacional-populista. Observemos los datos ofrecidos por los estudios del Centre d’Estudis d’Opinió, organismo dependiente del Departamento de Presidencia de la Generalitat. En su segundo barómetro de opinión política de 2012 —ya con la maquinaria político-mediática de tensión con España a todo gas por el llamado pacto fiscal—, la relación Cataluña-España solo preocupaba al 12% de los catalanes y el sistema de financiación al 14,4%, lejos de los principales problemas como el paro y la precariedad laboral, 57,3%, y el funcionamiento de la economía, 52%, únicos temas de preocupación claramente mayoritarios. Estos datos podrían indicar que la campaña comunicativa de los partidos políticos nacionalistas hubiera fracasado. Sin embargo, el «problema catalán», la relación Cataluña-España y el pacto fiscal eran notablemente más minoritarios antes de que se iniciara dicha campaña. Solo unos meses antes del estudio mencionado, a finales de 2011, el sistema de financiación solo preocupaba al 6,8%, de los catalanes, según el tercer barómetro del propio CEO de ese año. Es decir, en pocos meses lograron doblar la cifra, a pesar de que la financiación no había variado.

Así pues, el debate político-mediático dominante en Cataluña pervierte poderosamente su realidad social, aunque, hasta ahora, los intentos del nacionalismo de dominar la agenda no hayan triunfado plenamente. Los catalanes seguimos preocupados por la crisis económica, por el paro, por la sanidad y por el descrédito de la política. La respuesta nacionalista: la huida hacia delante. Ha pisado más el acelerador de la tensión, para que, así, los temas que se discutan sean los que a ellos más les interesen, y así acallar los debates necesarios aunque sea a costa de dividir a la sociedad catalana. Pudiendo canalizar las energías positivas de la sociedad y el sentimiento de comunidad, el actual nacionalismo ha preferido convertirse en un freno para el desarrollo económico y social catalán al malgastar recursos y fuerzas en la confrontación.

En definitiva, la espiral del silencio nacionalista está creando en Cataluña unos déficits democráticos impropios de una sociedad europea moderna, haciendo desaparecer el control efectivo de la oposición parlamentaria al gobierno, con lo que queda cuestionado el sistema de checks and balances, pero también limitando a la sociedad civil que ha dejado de ser un contrapoder a la política. También desaparece la accountability, la rendición de cuentas: al culpar de todo al «ellos», al «otro», a «Madrid», se produce una mala atribución de responsabilidades políticas, por lo que aquellos gestores públicos en cuyas manos hay competencias fundamentales para la vida de los ciudadanos, como la sanidad o la educación, se sienten inmunes y, por lo tanto, poco incentivados a gestionar eficazmente sus competencias de acuerdo al bien común. Y, finalmente, se produce una desviación de energías y recursos a prioridades políticas que no son las prioridades de la sociedad, como hemos podido observar. Se fomenta así la construcción no de una nación, sino de una elite regional extractiva con poder político, pero sin responsabilidad democrática porque ha encontrado un chivo expiatorio a quien culpar de todos los problemas. En conclusión, el proceso de construcción nacional del secesionismo catalán va aparejado al de la involución democrática a pesar de toda la parafernalia conceptual pseudodemocrática que esgrime.

El simplismo y el coste social

A diferencia del tradicional nacionalismo liberal, los nacionalismos populistas suelen conllevar un alto coste para las sociedades que lo sufren, porque las sociedades de los países avanzados del siglo xxi son plurales y, por tanto, el nacionalismo no solo significará conflicto con un enemigo externo, sino también división interna por sus intentos de simplificación de la complejidad social. En este sentido, la radicalización identitaria tiene un grave coste social, y no me refiero solo al mayor gasto público destinado a la construcción de la nación o a la simulación de un Estado, sino a un coste cultural derivado de la perversión y simplificación de lo que realmente somos; porque las personas somos mucho más que una lealtad a un único colectivo. Ya en la antigua Grecia los estoicos, uno de los pilares filosóficos del cristianismo, presentaron batalla contra el pensamiento que reducía el ser humano a ser una fracción de la polis. Hoy seguimos en esas.

La distorsión y perversión del presente que practica el nacionalismo siempre parte de una tergiversación del pasado. De hecho, la manipulación del relato histórico es un instrumento común de los nacionalismos. Se rescribe, se inventa el pasado para lograr un relato que justifique la independencia de una nación o la homogeneización cultural en un Estado. Se ocultan ciertos pasajes, otros se inventan y se magnifican agravios para legitimar políticas discriminatorias presentes. Se crea todo un relato romántico que engrandece los mitos patrióticos, toda vez que se envilece la historia de los otros. Se exaltan hechos poco transcendentes para el curso de la historia y se esconden aquellos que puedan matizar o contradecir el relato oficial. Se exageran las hazañas propias y se ridiculizan las ajenas. Se distorsionan las palabras y las intenciones de los personajes históricos para darles un nuevo e intencionado sentido. Y, en un relato más romántico que científico, se presenta nuestra historia como la de un conflicto entre España y Cataluña que va desde el compromiso de Caspe de 1412 hasta la actualidad, y que cuenta con la conversión de la Guerra de Sucesión en una guerra de secesión como más puro ejemplo del estilo herderiano.

La intención es clara: mostrar Cataluña como una víctima histórica de Castilla para justificar todas las reivindicaciones actuales del nacionalismo. Como señala Ruiz-Domènec, «el estilo modernista de hacer historia es (…) la narración de la memoria de un pueblo dañado, un resumen para una sociedad activa, en crecimiento: una simplificación» (Ruiz-Domènec, p. 149). Una simplificación para legitimar supuestos derechos históricos o para reafirmar marcos mentales secesionistas exaltando el narcicismo de las pequeñas diferencias. Sin embargo, al pervertir tanto nuestro pasado, y también nuestro presente, los nacionalistas acaban creando una imagen de lo que somos cada vez más distante de lo que realmente somos. Una traición a nuestra realidad que en ocasiones alcanza cotas tan burdas y absurdas como la de un simposio titulado «España contra Cataluña». Pocas lecturas tan clarificadoras, en este sentido, como la del fundamental segundo capítulo de Haciendo historia, de John H. Elliott, donde se nos explica cómo Jaume Vicens Vives fue atacado por cuestionar el relato romántico que defendían, entre otros, Ferran Soldevila o Antoni Rovira i Virgili. Elliot señala que la historiografía nacionalista catalana fomenta el síndrome de la «víctima inocente», ya que «los catalanes del siglo xix y xx fueron animados a ver su pasado como la historia de un intento pernicioso por parte de sus vecinos castellanos, desde principios del siglo xv en adelante, de socavar sus instituciones y modo de vida para destruir finalmente su identidad distintiva como pueblo». Para el historiador británico, «ni el síndrome del pueblo escogido ni el síndrome de la víctima inocente son propicios para escribir buena historia. El primero inclina a un planteamiento del pasado concebido en términos esencialistas, según el cual los logros nacionales se ven como derivados de las características especiales (espirituales, biológicas o raciales) inherentes a un pueblo y dirigidos a alcanzar los objetivos que se han fijado para ellos mismos dentro de un marco de pensamiento providencial o mesiánico. El efecto del segundo es imputar todas las desgracias de la comunidad a otras e ignorar o desatender deficiencias más cerca de casa». Así pues, no es de extrañar que tanto Elliott como Vicens Vives consideraran «el victimismo como un elemento corrosivo en la sociedad catalana, el cual obstaculizaba su capacidad de afrontar algunos de sus problemas más urgentes» (Elliott, 2012, pp. 63-64). Y así seguimos, retrocediendo a la historiografía que Vicens Vives había superado, repitiendo errores, tropezando en las mismas piedras. La Historia se repite, decía Karl Marx, primero como tragedia; después, como farsa. Algunos historiadores, también.

En fin, si tomamos cierta perspectiva racional veremos que justificar nuevas discriminaciones con acontecimientos pretéritos o manipular la Historia para justificar futuras políticas está fuera de lugar cuando los catalanes de hoy compartimos una manera de vivir mucho más próxima a la de cualquier otro europeo que a la de nuestros antepasados. Los problemas de un joven catalán se parecen hoy más a los de un joven madrileño o berlinés que a los de su abuelo, por lo que fomentar ese narcicismo de las pequeñas diferencias puede ser un instrumento para alcanzar el poder político, pero es también un irracional germen de recelos y división social. Sacralizar las diferencias como elemento de conflicto en lugar del pluralismo es el peor favor que un nacionalismo puede hacer a su sociedad.

Ese elemento de unión interna y diferenciación externa ha sido en el caso catalán la lengua. De todas aquellas pertenencias que conforman nuestra identidad, la lengua es tan determinante o más que la religión. Lo que hoy une a los israelíes y hace de Israel una nación es el hebreo moderno como lengua nacional, más allá de la pertenencia religiosa al judaísmo (Maalouf, 1999, p. 141). También en nuestro caso, el catalán es —o ha sido— un nacionalismo lingüístico. Es la lengua catalana el hecho diferencial más visible frente al resto de España, a excepción de la Comunidad Valencia, las Islas Baleares y la franja de Aragón, y con ella el nacionalismo construye todo un discurso falaz que confunde ser con deber ser. Si Cataluña es una nación, debe tener una única lengua propia, el catalán; por lo que, así, el pluralismo lingüístico pasa a ser una amenaza para la idea de nación.

No obstante, la existencia de una lengua propia o diferente no siempre ha resultado fundamental para la formación de una nación diferente. Suiza nos demuestra que una unidad lingüística no es una condición sine qua non para conformar una nación. De la misma manera, Irlanda nos demuestra que un Estado propio no es suficiente para mantener o recuperar una lengua, en su caso, el gaélico irlandés. Si miramos más allá de nuestras fronteras, veremos que aquello que lo que los nacionalistas pretenden normal, es decir, que a cada lengua le corresponda un Estado que garantice su supervivencia, es en realidad una excepción. Tampoco es normal en Europa lo que equivocadamente en Cataluña se denomina inmersión lingüística y que más bien parece un monolingüismo vehicular excluyente en la enseñanza pública. La inmersión significa que en el aula el alumno debe usar una lengua distinta a la hablada en su casa o en su entorno. En este sentido, las familias catalanoparlantes con amistades catalanoparlantes y que consumen medios de comunicación en catalán, como es mi caso y no creo que sea una anécdota en Cataluña, no pueden llevar a sus hijos a una escuela pública con inmersión lingüística, ya que el niño no estudiará en una lengua diferente a la de su casa, sino la misma, el catalán. Así pues, la idea inicial de inmersión lingüística como mejor manera para garantizar el aprendizaje de las dos lenguas oficiales podía tener un sentido en un contexto determinado, en aquellas poblaciones catalanas con un mayor número de castellanoparlantes, pero la sociedad catalana evoluciona como lo hacen todas las sociedades, y no podemos decir de ninguna manera que hoy toda Cataluña sea como era Santa Coloma de Gramanet hace tres décadas.

El catalán debe seguir siendo lengua vehicular en toda Cataluña, porque si bien los padres tienen derecho a elegir el modelo de enseñanza para sus hijos, no deben poder elegir la ignorancia. Por esta misma regla de tres, no se debería condenar a nadie a aprender el español, lengua oficial en Cataluña y materna para la mitad de sus ciudadanos, por ósmosis o a través de los medios de comunicación. Además, siendo el inglés fundamental en un mundo donde no solo competiremos con empresas y trabajadores de nuestra ciudad, los catalanes deberíamos conseguir realizar un debate racional, sereno y sin prejuicios sobre la implantación de un modelo trilingüe que permita que, al finalizar la educación obligatoria, todo estudiante domine el catalán, el español y el inglés. Si el objetivo hoy sigue siendo que se aprendan cuantas más lenguas mejor y de la manera más rigurosa, un sistema adaptativo, flexible e inteligente con tres lenguas vehiculares parece la mejor opción.

Sin embargo, la elite nacionalista intenta zanjar el debate repitiendo el mantra de que el modelo de monolingüismo vehicular es un modelo de «consenso y de éxito», mientras hipócritamente llevan a sus hijos a escuelas privadas donde el modelo es trilingüe; por lo que el auténtico modelo «de éxito» no debe de ser el que dicen, sino el que escogen para ellos y prohíben para la pública y concertada. Parece que el nacionalismo rompa con el imperativo categórico kantiano y sus integrantes no deseen para los hijos de los demás lo mismo que desean para los suyos; o quizás detrás del monolingüismo vehicular encontremos otra intención más inconfesable.

La lengua es una pertenencia fundamental. Y la emotividad que suscita cualquier amenaza, real o imaginaria, contra ella desboca una reacción que va más allá de la racionalidad. Amin Maalouf indica que «nada hay más peligroso que tratar de cortar el maternal cordón que une a un hombre con su lengua. Cuando se corta, o se perturba gravemente, ello afecta de manera desastrosa a su personalidad entera» (Maalouf, 1999, p. 143). Atacar, dividir o despreciar la lengua catalana es, pues, la peor de las tácticas si se quiere moderar o reducir el nacionalismo catalán. Solo podría provocar una reacción en sentido contrario al deseado. Lo saben los nacionalistas, por eso exageran, sacan de contexto o inventan ofensas contra la lengua. En este sentido, si pretendemos evitar conflictos, la sensibilidad y el respeto a la lengua es fundamental. Los catalanoparlantes no hablamos catalán por capricho, ni por una voluntad de diferenciación. Es la lengua heredada de nuestros padres y una de las pertenencias de nuestra identidad más queridas. Aunque el alcance, el potencial económico y la capacidad de comunicación del español es muy superior al catalán, ambas lenguas tienen el mismo valor por lo que respecta al sentimiento de pertenencia. Esto debería ser entendido por parte de todos si queremos vivir en una sociedad abierta y en convivencia. El mismo Maalouf hace mención expresa a la situación lingüística de Cataluña: «Una lengua que ha estado mucho tiempo oprimida, o al menos desatendida, ¿puede legítimamente reafirmar su presencia a costa de las otras, y con el riesgo de instaurar otro tipo de discriminación? Evidentemente, no se trata aquí de examinar los diferentes casos particulares, que se cuentan por centenares, de Pakistán a Quebec, de Nigeria a Cataluña; se trata de entrar con sentido común en una época de libertad y de serena diversidad, dejando atrás las injusticias que se han cometido sin sustituirlas por otras, por otras exclusiones, por otras intolerancias, y reconociendo a todos el derecho de hacer coexistir, en su identidad, la pertenencia a varias lenguas». Amén.

Algunas prácticas de discriminación positiva lingüística, aunque puedan estar sustentadas sobre buenas intenciones, pueden crear una nueva injusticia de signo contrario a las pasadas. Y una injusticia no se resuelve con otra, sino con justicia. El catalán no sobrevivirá gracias al nacionalismo y sus paranoias, sino gracias a la voluntad de los catalanes que sentimos la lengua como propia y como un elemento de riqueza no excluyente. Los datos muestran que el catalán no está en peligro, a pesar de lo que digan los deterministas del fatalismo que hace décadas que anuncian que el catalán está en vías de extinción. Fatalismo que suele caer en una evidente contradicción. Los mismos nacionalistas románticos que dicen que la lengua catalana solo sobrevivirá si Cataluña es independiente son los que acusan a España de haberla perseguido durante trescientos años. Estas dos afirmaciones son claramente contradictorias a no ser que este tipo de nacionalismo tenga una confianza mínima tanto en los catalanes como en sus políticos, porque si tras tres siglos anuncia la posible desaparición en el momento de mayor autogobierno político debe de ser que considera que la supervivencia de una lengua pasa por su imposición.

El fatalismo desprestigia la lengua y, por tanto, la perjudica, porque al usarla como un instrumento político a favor del separatismo se convierte al catalán en la lengua de una parte. Confundir nación y lengua no ayudará a proteger el catalán y mucho menos a su difusión. Si en el mundo hay 6.000 lenguas, no parece muy sensato creer en un supuesto derecho de las lenguas a coincidir con un perímetro estatal. Ni el catalanismo clásico presuponía la necesidad de un Estado monolingüe para salvar el catalán, ni en el mundo existen Estados donde haya una sola nación con una sola lengua. Y es que para los nacionalismos excluyentes la propia realidad diversa es la peor de las amenazas. No ven el pluralismo como una garantía de la libertad, sino un obstáculo en su camino hacia la recuperación del paraíso perdido: la sociedad homogénea. Desprecian la diversidad y la complejidad de la sociedad, porque estas les imposibilitan erigirse como intérpretes de una supuesta voluntad única del pueblo. Buscan la simplificación y la uniformidad, de la misma manera que simplifican España convirtiéndola en Madrid, y a este, a su vez, en un ente homogéneo y profundamente anticatalán. Es el mismo error de aquellos que desde otras partes de España confunden a los partidos nacionalistas con Cataluña, a la minoría separatista con el conjunto de los catalanes, la parte por el todo.

Es ridículo tratar España o Cataluña como si fueran organismos vivos provistos de voluntad o de intenciones, aunque sea útil para crear un eje de confrontación y de agravio. España no nos entiende, dicen los nacionalistas. Tan inocuo como decir que Cataluña quiere irse. Los que se autootorgan el título de intérpretes de la colectividad juegan al maniqueísmo más trasnochado, hurgando en los defectos ajenos para tapar los propios. El nacionalista muestra, de esta manera, poca empatía. Le cuesta verse a sí mismo con los ojos de los demás. Es especialista en encontrar pajas en los ojos ajenos, sin ver nunca la viga en los propios. Nunca acepta que su actitud pueda suponer una amenaza para la convivencia en su propia sociedad, pero calificará de ofensa peligrosa e intolerable cualquier comentario sobre su nación o pensamiento, por anecdótico que sea, de una persona que no sea partícipe de su nacionalismo. La piel fina del nacionalista le hace vivir siempre con los nervios a punto de estallar.

Esta actitud se debe a la doble vara de medir de los nacionalismos. Este es un comportamiento bastante ligado a nuestra condición humana y del que difícilmente podemos escapar: magnificamos las ofensas que recibimos y minimizamos las que emitimos. El nacionalismo lleva hasta el paroxismo esta manera de pensar y de actuar. Pide respeto y privilegios cuando está en una situación minoritaria; sin embargo, cuando es mayoría en un territorio, exige uniformidad y se olvida del respeto y de los derechos de las minorías que hay en su seno. No acepta ironías —la dignidad por encima de todo—, lo cual es una prueba irrefutable de que estamos ante una ideología más emocional que racional. La ironía es inteligencia y requiere cierto esfuerzo de comprensión; mientras que el nacionalismo es la comodidad de las respuestas automáticas ante cualquier pregunta, afirmación o hecho.

De todas maneras, debemos entender que es muy humano responder a cualquier ataque a una pertenencia identitaria con una exaltación de ella. Personas que nunca habían sido religiosas pasan a serlo cuando ven insultada su religión. Los portavoces del fundamentalismo islámico lo saben y por ello magnifican y difunden cualquier ofensa que sirva para la radicalización. Recordemos el caso de las caricaturas de Alá en publicaciones occidentales. Del mismo modo, el nacionalismo tiene incentivos para magnificar cualquier ofensa. Es un mecanismo efectivo para fortalecer posiciones y cerrar filas en torno al líder nacionalista y frente al enemigo. «En el seno de cada comunidad herida aparecen evidentemente cabecillas. Airados o calculadores, manejan expresiones extremas que son un bálsamo para las heridas. Dicen que no hay que mendigar el respeto de los demás, un respeto que se les debe, sino que hay que imponérselo» y, por ello, «recordaremos con precisión “todo lo que hemos tenido que soportar” desde el comienzo de los tiempos. Todos los crímenes, todos los abusos, todas las humillaciones, todos los miedos, los nombres, las fechas, las cifras» (Maalouf, 1999, pp. 34-35). Cifrar deudas, conmemorar fechas, elaborar listas de agravios… El actual nacionalismo catalán es tan previsible porque es un caso de manual.

Al fortalecerse con el agravio, el nacionalismo mete a la sociedad que dice representar en un círculo vicioso, ya que para que su creencia triunfe necesita que existan problemas para poder culpar al «otro». No tiene incentivos al diálogo sincero para solucionar los problemas. Necesita culpables, no soluciones. Su estrategia egoísta para con la sociedad es la del cuanto peor, mejor, y así poder ganar fuerza moral y reclutar adeptos a la causa. En la misma lógica, el nacionalismo-populismo catalán intentará esconder cualquier aportación positiva del Estado o del resto de España. Maquillará cualquier inversión, la desprestigiará o la intentará mostrar como un mérito propio. A pesar de su retórica, la organización de un partido nacionalista no tiene incentivos para perseguir el bien común, porque su supervivencia exige que la sociedad que dice representar sufra o perciba agravios y enemigos por doquier.

Esta lógica se traduce en una gran paradoja en una situación de amplio autogobierno como el catalán, ya que se acaban invirtiendo más recursos y esfuerzos en la identificación de enemigos que en la gestión de las numerosas competencias. Por poner ejemplos vividos en primera persona, en los debates del Parlament catalán, los consellers y los diputados nacionalistas que se supone deberían defender la acción de su gobierno, acaban centrando sus discursos contra el gobierno central, sustrayendo a la oposición la posibilidad de controlar la acción del gobierno autonómico y mermando así la calidad de la democracia catalana. De la misma manera, resulta también paradójico que, ante cualquier crítica al modo en que se ejerce alguna competencia de la Generalitat, el nacionalismo gobernante responda con argumentos propios del «y tú más», lo que no solo es una confusión entre una autonomía y un Estado, sino que además supone caer en la contradicción de mostrarse orgullos de aquello que se le critica al otro. Cualquier observador externo podría llegar a sospechar que el nacionalismo catalán pretende crear un miniestado con todos los defectos que critica a España.

En definitiva, el nacional-populismo tiene un coste social enorme, ya que no busca una mejora en la calidad de vida de los habitantes de su comunidad, sino que sus esfuerzos se centran en buscar culpables, antes que soluciones, para, así, fortalecer su narrativa victimista y reivindicativa. Y cuanto más radical es el nacionalismo más enemigos necesita para alimentarse, por lo que no solo identifica a un enemigo externo, sino que también lo busca en su propia comunidad, hasta el punto de que algunos vean con normalidad lo que es una aberración democrática: que un gobierno intente crear ficheros de adhesiones políticas, se catalogue a los periodistas o se insinúen las características del buen catalán. Así, el discurso nacionalista sobre el que se pretende crear un nuevo Estado deja entrever que los derechos y las libertades de todos los catalanes no estarían garantizados, tras una hipotética independencia, como lo están en la actualidad.

Pretender llevarnos hacia un nuevo Estado con la promesa de construir un paraíso terrenal donde los inconvenientes no aparecen ni en la letra pequeña es más que sospechoso. Es conducirnos hacia un abismo con los ojos vendados. Sin explicarnos las consecuencias de su proyecto, ni tampoco qué estructura constitucional proponen, el independentismo oficial nos exige que juguemos a la ruleta rusa con nuestros derechos, ahora garantizados por la Constitución española y los tratados comunitarios. Piden un cheque en blanco. Pero no son de fiar. En los países bálticos muchos apoyaron un proceso a ciegas y después perdieron sus derechos políticos. Nunca más tuvieron derecho a decidir, ni a elegir a sus representantes. Nadie explica en Cataluña cómo quedarían los derechos de aquellos que decidiesen mantener la ciudadanía española, aunque solo fuese para mantener la europea. Nadie explica qué pasaría con la oficialidad del español. Si las elites políticas del actual e intervencionista Estatut son las que redactarían la nueva Constitución, mucho me temo que la libertad real quedaría enterrada bajo toneladas de palabrería confusa. No son precisamente amantes de la libertad negativa berliniana. Y es que el nacionalismo, en otra de sus paradojas, suele exigir aquello que después no está dispuesto a ofrecer. No pide una descentralización del poder para empoderar a los ciudadanos, sino para centralizarlo en manos de sus líderes políticos. Pide el derecho a decidir sobre las fronteras de España, pero no parece dispuesto a dejar que los municipios que así lo decidiesen siguieran formando parte de aquella. Exige nuevos derechos cuando se siente minoría, y los niega a los otros cuando es mayoría.

Un proceso que obligara a las personas a elegir entre una de sus pertenencias provocaría inevitablemente una fractura social enorme. Obligaría a renunciar a parte de lo que somos y a posicionarnos frente a familiares, amigos y compañeros. Un proceso independentista nunca es una fiesta democrática, sino un trauma que acaba sufriendo y dividiendo a toda una sociedad. Es un proceso que afecta a la vida cotidiana de las personas porque afecta a las relaciones personales. La radicalización política conlleva siempre grietas sociales en forma de discusiones, incomprensiones y súbitas enemistades. La fractura en el seno de los partidos políticos que mantienen o han mantenido posiciones ambiguas respecto al proceso separatista es una muestra. Los dos partidos políticos que se han repartido el poder en Cataluña durante las últimas tres décadas son, en este sentido, los que más sufren estas tensiones; aunque lo más preocupante es que la excesiva tensión en la cuerda política esté rompiendo toda una sociedad.

Además, no se puede catalogar como democrático un derecho a convertir en extranjeros a una parte de tus conciudadanos. Debemos tener en cuenta el coste afectivo o emocional de un proceso de estas características para los catalanes que tenemos parte de nuestra familia en otras regiones españolas. En junio de 2001, el entonces presidente de la Generalitat Jordi Pujol aseguraba que su partido «no quiere la independencia porque tenemos vínculos muy fuertes con España en la economía y en las relaciones personales. Una parte importante de los habitantes de la región metropolitana de Barcelona tiene antepasados inmigrantes… En Cataluña existe una minoría independentista, pero no tiene fuerza política».[7] Estas declaraciones, más allá de probar algunas evoluciones personales, muestran una realidad de la sociedad catalana: su complejidad. El coste afectivo de ver cómo se levanta una frontera entre nosotros y nuestros padres, familiares o amigos tiene un impacto emocional que todavía no se está valorando. No ignoremos que en una sociedad compleja y plural como la catalana obligar a sus ciudadanos a elegir entre una de sus pertenencias supone un coste social incalculable. Es limitar una de nuestras mayores riquezas en un mundo de identidades múltiples como el actual: nuestra pluralidad, que nos hace ser más fuertes y flexibles y, por lo tanto, nos ofrece más oportunidades en un mundo globalizado como el del siglo xxi. Limitar nuestra identidad es empobrecernos y no entender que la voluntad de ser catalán negando la pertenencia española significa cerrarnos puertas.

En este sentido, cabe señalar cómo se está perjudicando a uno de los principales activos sociales, culturales y económicos de Cataluña, su gran puerta al mundo: el cosmopolitismo de Barcelona. En las ciudades cosmopolitas no se imponen sanciones lingüísticas a los comercios, porque todas las lenguas y culturas son bienvenidas. Ni las escuelas públicas apuestan por el monolingüismo vehicular siendo la sociedad multilingüe. Así, poner la sociedad civil al servicio de una idea nacionalista excluyente es el peor servicio que se le puede hacer a una Barcelona que tiene los instrumentos suficientes para ser una capital de primera magnitud en el mundo globalizado de las identidades múltiples. El nacional-populismo le pone a Barcelona un freno de mano que perjudica la recuperación de toda Cataluña. La obliga a replegarse en sí misma, a ser poco ambiciosa, a temer el pluralismo… cuando podría ser la ciudad mediterránea mejor preparada para la globalización, y recuperar sus esencias de ciudad abierta, moderna y vanguardista.

Barcelona debe superar de una vez aquel pensamiento débil y provinciano que se encarnó en el Fórum de las Culturas como una parodia ridícula de lo que supuso los Juegos Olímpicos para nuestra sociedad. Una sociedad que está rodando cuesta abajo empujada por una especie de lógica hegeliana, que de la tesis nacionalista y de la antítesis del progresismo naif han formado un híbrido atroz recargado de peligrosa y redoblada superioridad moral; una síntesis colectivista que lidera Cataluña hacia su más absoluta decadencia. Si Barcelona continúa atrapada bajo el yugo del nacional-populismo, podrá ser un magnífico campamento base para los cruceristas, pero no volverá a ser la vanguardia cultural y social que fue en su momento. Si no lo superamos, no hallaremos otro Gabriel García Márquez que quiera vivir en Barcelona.

La solución mágica y el coste económico

Ante las restricciones derivadas de la crisis económica, el líder político puede elegir entre iniciar el tortuoso camino de las reformas asumiendo la impopularidad o echarse en brazos del populismo, abandonando la ética de la responsabilidad. Tras saborear la amargura de los recortes sociales, el nacionalismo prefirió tapar la falta de impulso reformista bajo el manto del separatismo; y, absortos por los réditos del populismo, han desatendido la sabia lección del héroe mitológico Ulises, quien, ante los posibles cantos de sirena, supo autoimponerse límites, atándose al mástil y salvando a su tripulación de un final trágico. Sin embargo, hoy Cataluña navega a la deriva, bajo las órdenes de un marinero desatado, hipnotizado por los cantos de la Historia e incapaz de atisbar las rocas que emergen ante nuestra proa.

Y es que los vientos del populismo desvían la nave de la buena dirección, alejándola del puerto de la recuperación. Silencian los análisis y los diagnósticos razonables, porque ante la desesperación de una situación laboral complicada no son pocos los que se acogen a la promesa de una solución fácil y rápida. Esta es la razón de que aumente el independentismo utilitarista. Es una respuesta simétrica a la de aquellos que apuestan por el centralismo y supresión de las autonomías como medida ante el despilfarro. Es una respuesta simplista como la de los populismos que recorren Europa adoptando otras formas, amoldándose a la idiosincrasia local, pero siempre prometiendo una salida fácil a la crisis a la par que identifican un enemigo claro. Es el discurso de la antipolítica en Italia, del euroescepticismo en Holanda o Inglaterra o el de la xenofobia en Francia. Es la expresión de un malestar ante una situación política y económica que no se articula en forma de ideología integradora, sino en el mero populismo simplista que promete aliviar el dolor del presente si se elimina la política, la Unión Europea, el inmigrante o España. Son radicalismos que alimentan los problemas que prometen resolver, porque la mera posibilidad de ruptura, exclusión o desintegración ya genera incentivos negativos para la recuperación y la convivencia.

El voluntarismo político por encima del imperio de la ley, de la rule of law, jugando a la falsa dicotomía entre legitimidad democrática y legitimidad legal, no es la mejor manera de tranquilizar a los agentes económicos. La «dimensión desconocida» ni propicia la confianza ni la previsibilidad que tanto necesita la economía para recuperarse. Se nos dice que la independencia sería beneficiosa económicamente para los catalanes, pero ningún empresario o inversor ha declarado que anhela la separación de Cataluña del resto de España para venir a invertir y crear puestos de trabajo. Antes al contrario, cada vez son más los empresarios catalanes que muestran su preocupación por la deriva política actual. Algunos han empezado a advertir del riesgo de deslocalización empresarial; otros simplemente ya se están yendo.

La simple apuesta política por el separatismo, consiga o no su objetivo, ya tiene un enorme coste económico para los catalanes. Para empezar, la amenaza secesionista es hoy una pésima estrategia negociadora. Ya no sirve pedir diez para conseguir ocho, porque los negociadores se ven desbordados tanto por la desconfianza mutua como por la presión ambiental. Así, negociar inversiones públicas en infraestructuras necesarias para la dinamización de la economía, como es el corredor del Mediterráneo, pueden verse más perjudicadas que beneficiadas por la escasa fineza intelectual de quien plantea al mismo tiempo la creación de nuevas fronteras que divida dicha infraestructura. El separatismo es, pues, un freno para la reindustrialización de Cataluña.

Durante los últimos años hemos visto cómo las empresas que estaban en Cataluña se deslocalizaban, llevaban su producción a países que ofertaban mano de obra barata; pero esta tendencia puede ser reversible con una política más perspicaz. Los costes laborales en los países asiáticos ya no son la ganga del pasado; se incrementan igual que el precio del petróleo y, por tanto, del transporte de los productos. En Estados Unidos y otros países europeos han detectado esta tendencia y apuestan firmemente por recuperar una industria de proximidad. Sin embargo, ante la posibilidad de una reindustrialización, levantar fronteras, romper el mercado común, salir de organismos internacionales y perjudicar la construcción de infraestructuras no parece la más inteligente de las opciones.

En el mismo sentido, es imposible desarrollar todas las potencialidades de una infraestructura vital para nuestra economía como el aeropuerto de Barcelona si se trazan fronteras encerrando a los 7,5 millones de catalanes. Los profesores de ESADE Francisco Longo y Carlos Losada apuntan que «un aeropuerto internacional viable requiere una zona de influencia de entre 30 y 40 millones de personas. Estados bien situados geográficamente como Dinamarca (6 millones), Bélgica (11 millones), Suiza (8 millones), sin mencionar a la República Checa, Hungría, Austria… han visto cómo sus aeropuertos perdían fuerza a favor de grandes aeropuertos arropados por instituciones sociopolíticas de más entidad». Por esta razón, para el aeropuerto de El Prat «la pertenencia al Estado español le otorga un plus en su lucha competitiva con otros aeropuertos europeos», si bien es necesaria mayor autonomía en su gestión para ganar competitividad.[8] De la misma manera, tampoco fue inteligente negociar el denominado pacto fiscal, un nuevo o mejor sistema de financiación para Cataluña, bajo la amenaza de que, a pesar de su consecución, no se abandonaría el camino hacia una independencia que, según el wishful thinking nacionalista, incrementaría la capacidad adquisitiva de los catalanes de manera casi exponencial gracias a los supuestos «16.000 millones que van y no vuelven».

16.000 millones. Esta es la única cifra que aparece en el argumentario independentista, mientras silencian el resto de métodos de cálculo de las balanzas fiscales con resultados más ponderados, negando a los catalanes una información clave para poder decidir, porque esta simplemente no concuerde con el relato del expolio fiscal. Según el método del flujo beneficio sin neutralizar, el déficit fiscal de Cataluña en 2010 fue de 774 millones de euros; y, según el método del flujo monetario sin neutralizar, el déficit fiscal alcanzó los 5.835 millones de euros. Han desaparecido los matices y han vencido las hipérboles. Se define como «expolio fiscal» lo que entre el resto de democracias es solidaridad y redistribución de rentas de las más altas a las más bajas.

Si los catalanes pagamos más en impuestos que la media española es por dos razones ajenas a la actual legislación estatal. La primera se debe a decisiones de los gobiernos catalanes que imponen nuevas tasas, impuestos y tramos impositivos autonómicos más elevados para pagar una administración más cara que la de otras comunidades autónomas; ejemplo paradigmático son los consejos comarcales, todo un nivel administrativo adicional que no existe en el resto de España. Además, Cataluña es la comunidad de España con el sector público más voluminoso, con 470 entes autónomos, y también es una de las que menos proporción reducirá, un 22% del total. Tras la implementación del plan de reestructuración quedarían aún 366 organismos frente a los 240 de Andalucía, la segunda comunidad con un sector público más amplio. No es el déficit fiscal, pues, lo que explica la carestía de recursos de la actual Generalitat, sino el enorme lastre de deuda, intereses y compromisos de pago heredados de gobiernos anteriores y los gastos que el actual no quiere reducir. Y, por cierto, los superávits fiscales de Portugal, Grecia o Irlanda respecto a la Unión Europea no les salvaron ni de la crisis ni del rescate.

En segundo lugar, es justo señalar que la aportación fiscal catalana per cápita es superior a la media porque dentro de España los catalanes hemos conseguido consolidar una de las economías más ricas de Europa, con una renta per cápita que llegó a ser en el 2007 superior a la alemana. Ni robo, ni expolio. El crecimiento de la renta per cápita de Cataluña en las últimas décadas ha sido uno de los más rápidos del mundo, superior al registrado en dicho periodo por cualquier país de la OCDE. Así pues, se puede concluir que el actual sistema de financiación autonómico —que impulsó el Govern de Cataluña en 2009— es mejorable, sobre todo respecto a la corresponsabilidad y a la transparencia a ojos de los ciudadanos. De hecho, debemos reformarlo y modernizarlo notablemente, pero de ninguna manera se pueden justificar falsos victimismos que legitimen una actitud populista e insolidaria; ya que, en última instancia, la lógica del separatismo económico basada en que los impuestos son de quienes los pagan llevaría a concluir que la impuestos progresivos son injustos. Una lógica secesionista que coincidiría con la lógica del caricaturizado «neoliberalismo salvaje»; y que bien podría legitimar a los ciudadanos de la provincia de Barcelona a separarse del resto de Cataluña, o a los vecinos del distrito de Sarrià-Sant Gervasi a hacerlo del resto de la capital catalana.

Por otra parte, resulta también hiperbólico decir que a los catalanes España nos sustrae 16.000 millones de euros, ya que la Generalitat, al calcular las balanzas con el método del flujo monetario, y no de beneficio, excluye una parte importante de los costes de los servicios que la Administración central presta a los catalanes,[9] como serían las infraestructuras que están construidas parcial o totalmente fuera del territorio de Cataluña pero que prestan servicios a sus ciudadanos, la red diplomática, cultural y comercial en el exterior o el gasto militar y de seguridad que, a pesar de no estar territorializado en Cataluña, sirve para defender también a los catalanes. Todo ello se silencia. No interesa. Como señala Ángel de la Fuente, «no se puede negar que la gota malaya de la propaganda nacionalista sobre el expolio ha ido calando hasta el punto de crear entre una buena parte de la población catalana la percepción de que la comunidad sufre un maltrato fiscal insoportable».[10] Ni tampoco deberían usarse las balanzas fiscales aisladas, sin tener en cuenta la renta per cápita de cada comunidad autónoma o territorio si se quiere valorar la equidad del sistema.

Además, es una trampa usarlas para argumentar que una Cataluña independiente nadaría en la abundancia, porque no se puede valorar solo el supuesto déficit fiscal sin apreciar que otras variables también cambiarían. Por un lado, Cataluña asumiría nuevas competencias (defensa, política exterior, administración de la Seguridad Social, Justicia, etc.), por lo que su sector público también tendría mayor coste.[11] El nivel de renta también se vería afectado por el descenso de inversiones y por el efecto frontera, por lo que la capacidad de generar ingresos fiscales se vería mermada. Sumemos, pues, la perspectiva de las balanzas comerciales para obtener un análisis más completo de los posibles costes de la separación.

Levantar fronteras no solo significaría convertir en extranjeros a millones de familiares de la noche a la mañana, también convertiría en extranjeros a millones de clientes de empresas catalanas. En el caso de separación, no es tanto la parte más pobre quien más pierde, sino la más pequeña, que vería su mercado reducido significativamente por el efecto frontera. Así, una consecuencia inmediata de una separación sería limitar el mercado de los productos y servicios catalanes. En primer lugar, significaría limitar un mercado como el español, que es el que permite crecer a las empresas catalanas y adoptar el tamaño necesario para su internacionalización. Si Cataluña cuenta con importantes empresas exportadoras es en gran medida gracias a una histórica unidad de mercado español y a decisiones políticas del gobierno central en la segunda mitad del siglo xix, y que se mantuvieron en el xx, desde el proteccionismo hasta la localización de la SEAT en Cataluña durante el franquismo. Como señala Clemente Polo, «resulta prepotente e injusto olvidar que el capital físico y humano acumulado en Cataluña y el superior nivel de vida que han disfrutado durante décadas los catalanes se explica, en buena parte, por los sacrificios y los elevados costes que pagaron el resto de los españoles, residentes en regiones menos desarrolladas».[12]

El efecto frontera existe y va más allá de la integración de los mercados. Es un efecto si se quiere psicológico, pero con consecuencias económicas notables, que provoca que comerciemos fundamentalmente con otras personas o empresas que están dentro de nuestras fronteras. Compartir instituciones y leyes ayuda al comercio, igual que compartir lengua. Quizás en el mundo globalizado las distancias hayan dejado de existir y la tierra sea plana, como apuntó Thomas Friedman, pero las fronteras tienen un efecto que debemos tener en cuenta a la hora de valorar los costes de una separación entre Cataluña y el resto de España. Este efecto, por ejemplo, fue mucho más contundente en Chequia de lo que los independentistas habían reconocido antes de la separación. Tras ella, el comercio entre Chequia y Eslovaquia descendió bruscamente y no se han recuperado los niveles anteriores a pesar de que los dos países han entrado en la Unión Europea. Según Miguel Sebastián, «para la República Checa, que tenía una renta per cápita relativa un 60% más alta que Eslovaquia, continuar unidos a los eslovacos como un solo país suponía un lastre para ellos, los ricos, que tenían que cargar con la aportación solidaria al conjunto del Estado, aportación que consideraban excesiva (el expolio). Y en 1993 se produjo el divorcio de terciopelo. ¿Le fue bien a la República Checa desde entonces? Rotundamente no. Su renta per cápita relativa al promedio europeo (UE = 100) era un 77% en 1995. En 2011 apenas llegaba al 80%. Por tanto, solo han avanzado tres puntos en casi dos décadas. Por el contrario, países del Este que permanecieron unidos, como Polonia, avanzaron en 22 puntos en su renta per cápita relativa a Europa, es decir casi ocho veces más que la República Checa».[13]

En el relato independentista solo cuenta que Cataluña exporta más al resto del mundo que a España, pero para atisbar ligeramente lo que el separatismo podría poner en riesgo solo hay que pensar que Cataluña tiene un déficit comercial con el resto del mundo (excluyendo España) que solo es compensado con el superávit de la balanza comercial catalana con el resto de España. De hecho, según los informes del proyecto C-intereg, que cuenta con el patrocinio de algunos gobiernos autonómicos como el catalán, en 2007 Cataluña exportaba más a Aragón que a Francia —país vecino, integrado en el Mercado Común y con una economía superior a la española—. Exportamos más a la Comunidad de Madrid que a Alemania; a la Comunidad Valenciana que a Italia; a Castilla-La Macha que a Gran Bretaña; o a la Región de Murcia que a Estados Unidos.[14] Por lo que la importancia de la economía española es fundamental para la prosperidad de los catalanes, incluso para aquellos que no perciben que su negocio dependa de las ventas al resto de España. Y es que los españoles en lugar de robar a los catalanes nos compran, y nos compran mucho; por lo que no parece muy inteligente insultar a los principales clientes de nuestras empresas llamándoles ladrones.

Finalmente, debemos destacar que el mercado de los catalanes no se limita a los 47 millones de españoles, sino a los más de 500 millones de ciudadanos de la Unión Europea. Tras unos primeros intentos de ocultación, los líderes políticos nacionalistas empiezan a reconocer a regañadientes que la independencia supondría que los tratados comunitarios dejasen de aplicarse en el territorio catalán; y la argumentación que empieza a abrirse paso en sus declaraciones se acerca peligrosamente a los posicionamientos euroescépticos que pretenden hacernos creer que fuera de la eurozona se viviría mejor.[15] La realidad es que uno de los costes económicos más elevados de la separación se derivaría de una salida del euro, ya que esta conllevaría una enorme huida de capitales de Cataluña y una fuerte devaluación de la nueva moneda. Según José Luis Feito, considerando «que Cataluña importaría la mayor parte de sus bienes y servicios de consumo, la devaluación provocaría un aumento intenso e inmediato del nivel de precios, (…) no sería exagerado aventurar que la devaluación y el aumento inducidos del IPC en el primer momento se situarían alrededor del 50%». La inflación, las devaluaciones y las salidas de capital se retroalimentarían, por lo que «la devaluación no solo no mejoraría la competitividad exterior, sino que la deterioraría, porque el diferencial de inflación entre Cataluña y el resto del mundo sería mayor que la devaluación nominal».[16]

Previsiblemente, en un primer momento y a pesar de salir de la Unión Europea, el gobierno catalán intentaría mantener el euro como moneda de curso legal; pero fuera de España y de la Unión Europea, Cataluña se quedaría sin la posibilidad de acudir al Banco Central Europeo, y se vería obligada a acudir a financiarse a los mercados financieros en unas condiciones draconianas. Además, los bancos catalanes que quisieran mantenerse dentro del eurosistema deberían dejar de ser catalanes para convertirse, presumiblemente, en españoles. Así, el gobierno catalán no tardaría en decidir crear una nueva moneda, acarreando la economía el enorme coste de la devaluación.

A diferencia del filósofo-rey platónico, Sócrates apostaba por otro tipo de sabio como hombre de Estado, por el hombre que sabe lo poco que sabe y que actúa con prudencia y moderación porque es consciente de que sus decisiones tienen consecuencias en toda la sociedad. Según Karl Popper, «un socrático llegaría incluso a pensar que un hombre que se tiene por el mejor y más sabio tiene que ser un megalómano y por ello no puede ser, con toda seguridad, ni bueno ni sabio» (Popper, 1994, p. 204). Por lo tanto, para un socrático aquellos que se autodenominaban como «el gobierno de los mejores» solo pueden llevar a un país hacia el desastre. Quizás todos los costes descritos serían transitorios. Quizás tras algunos lustros de arduas negociaciones podríamos regresar a la Unión Europea y quizás algún día podríamos recuperar un nivel de renta per cápita como el actual, pero debemos preguntarnos: ¿estamos dispuestos los catalanes a sufrir una generación perdida? ¿Vamos a seguir ciegamente a quien propone la ruptura como solución mágica a todos nuestros problemas? ¿Vamos a estrellar nuestra nave contra las rocas por la soberbia de un líder desatado y encandilado por los cantos de sirena?

Sobre la invención del derecho a decidir

Bajo el concepto confuso y jurídicamente inexistente de derecho a decidir, algunos partidos nacionalistas promueven la idea de que una mayoría de catalanes puede decidir unilateralmente la separación del resto de España. Según Javier Pérez Royo, «desde la entrada en vigor de la Constitución, el 29 de diciembre de 1978, nadie está privado del derecho a decidir. Residan donde residan, todas las ciudadanas y ciudadanos españoles son titulares del derecho a decidir y lo ejercen periódicamente en todos los niveles de nuestra fórmula de gobierno: municipal, autonómico y estatal. Mediante el derecho de sufragio constituyen la voluntad general de su municipio, de su comunidad autónoma y de su Estado. La voluntad general constituida de esta manera es el presupuesto de la libertad personal, que en democracia no es otra cosa que la autonomía personal con el límite de la voluntad general, de la ley».[17] Por lo tanto, no tiene sentido reivindicar el derecho a decidir en democracia porque aquel es consustancial a esta. La intención inconfesable de los inventores de dicho concepto no es otra que presentar a los contrarios a la secesión como antidemócratas. Sin embargo, cabe exigirles claridad en el lenguaje y precisión en las palabras, porque lo que en verdad defienden, y esconden, es un supuesto derecho a separar, a levantar nuevas fronteras. Si están hablando del derecho a la autodeterminación, deben abandonar los disfraces pseudodemocráticos y explicarlo claramente, porque lo que realmente está proponiendo el secesionismo es usurpar el derecho a decidir sobre las fronteras de España al resto de españoles.

En democracia para cada tipo de decisión hay un demos —un conjunto de ciudadanos— que puede elegir. Una parte no puede decidir sobre todo y menos en lo que afecta a todos. Por lo que, si de lo que se trata es de redefinir fronteras, parece lógico que quien decida sea el demos afectado, en este caso todo el pueblo español. Y si se decidiera que solo los catalanes pudiéramos decidir, entonces habría que cambiar las reglas del juego, es decir, la Constitución española, aunque en realidad, como señala Félix Ovejero, en democracia «se vota dentro de las fronteras, no las fronteras».[18]

La gran mayoría de democracias del mundo se declaran indivisibles, desde Estados Unidos a Francia. España no es la excepción. Más bien forma parte de la norma democrática, donde la indivisibilidad tiene un sentido: la solidaridad. Stéphane Dion lo explica claramente cuando señala que «todos los ciudadanos son, en cierto sentido, propietarios de todo el país, con su potencial de riquezas y de solidaridad humana. Ningún grupo de ciudadanos puede tomar la iniciativa de monopolizar la ciudadanía en una parte del territorio nacional, ni despojar a sus conciudadanos, contra su voluntad, de su derecho de pertenecer plenamente al conjunto del país. Todos los ciudadanos deberían estar en condiciones de transmitir a sus hijos este derecho de pertenencia. En términos abstractos, ese derecho nunca debería ser cuestionado en una democracia. Esta es sin duda la razón por la que tantas democracias se consideran indivisibles».[19]

No albergo dudas respecto al resultado de un referéndum secesionista en Cataluña si este se celebrase bajo la reglas de la política de la claridad, tras un debate racional e informado sobre las consecuencias de la separación. El secesionismo sería derrotado claramente digan lo que digan las actuales encuestas. Sin embargo, es difícil hablar de un debate en igualdad de condiciones cuando no solo falta información, sino que una parte califica la propia información de amenaza. Se esconden cifras bajo el manto de la emotividad y se soslayan los tratados comunitarios con la promesa de una componenda política para la cual ningún estado europeo tiene incentivos. De esta manera, el sesgo argumental de una opinión pública alejada de la complejidad social catalana provoca la carencia del deseable pluralismo que se espera de una sociedad abierta, hurtándose a los catalanes no solo el derecho a saber las consecuencias de la separación, sino también los costes del propio proceso, concluya o no de la manera que desean sus impulsores. No olvidemos los recursos y energías que implica la preparación y la celebración de un referéndum. Las discusiones sobre la hoja de ruta secesionista aparca cualquier otro tipo de debate político, siendo esta una de las causas por las cuales Dahrendorf considera necesario rehuir del «romanticismo» de la democracia refrendaria (Dahrendorf, 2001, p. 91). La democracia directa no es un paso hacia delante respecto a la democracia representativa, sino un paso hacia atrás. Pueden ser complementarias en muchos sentidos, como lo es en Suiza, pero se corren muchos riesgos al santificar la primera y despreciar la segunda. Los referéndums son fotografías de un instante, y por esta razón a sus impulsores no les importa tanto el análisis de las consecuencias que pueda tener el referéndum como hacerlo en el momento en el que la victoria es posible, por lo que se le sustrae al ciudadano el debate informado que requiere la democracia para sumergirlo en un bucle de tácticas partidistas. Además, en la práctica los referéndums suelen convertirse en una manera de premiar o castigar a gobiernos y partidos políticos por razones que poco tienen que ver con la materia sometida a cuestión. ¿Podemos jugarnos el futuro de un Estado y de una sociedad a una sola carta? ¿Debe depender el futuro de las siguientes generaciones del estado de humor de una sociedad ante una coyuntura política? No parece lo más razonable.

Por otra parte, si existiera el susodicho derecho a la separación de las minorías, la separación produciría nuevas minorías a las que por reciprocidad se les debería reconocer también el derecho a separarse de la nueva mayoría o a permanecer unida a la mayoría anterior. Si la nueva minoría decidiera separase provocaría, a su vez, nuevas minorías, quizás basadas en otro tipo de pertenencias (religiosas, raciales, lingüísticas, etc.), que nos conducirían hacía la atomización o la creación de Estados inviables. En el caso de Escocia podemos ver reclamaciones de este estilo. Cuando el Reino Unido ha permitido preguntar a los escoceses si quieren seguir formando parte o no de la unión, otros territorios han pedido el mismo trato respecto a Escocia: las islas Shetland, las Orcadas o las Hébridas. Muchos de los habitantes de estas islas claman que aportan más a Escocia de lo que reciben de ella,[20] imitando el discurso victimista de Alex Salmond, que ha llegado a afirmar que los escoceses llevan 30 años aportando más al Tesoro británico de lo que reciben.[21] Curiosa afirmación que olvida que el gobierno británico ha aportado 40.000 millones de libras esterlinas al rescate del Royal Bank of Scotland o que el subsidio anual de unos 10.000 millones establecido por el Parlamento británico para los escoceses está financiado fundamentalmente por los contribuyentes ingleses.[22] En fin, si se aceptara el derecho a decidir como un derecho universal, se incentivaría un bucle de insolidaridad que no pararía hasta conseguir la atomización de cualquier sociedad y, en sus últimas consecuencias, el mundo se convertiría en un archipiélago de paraísos fiscales, lo cual haría inviable los Estados y sus sistemas de protección o de garantías.

Es justo señalar que el referéndum secesionista no es propuesto solo por personas favorables a la independencia. También hay contrarios a ella que ven en el referéndum una manera de acabar con el victimismo nacionalista y con un debate que se está eternizando. Sin embargo, este deseo presupone que los nacionalistas aceptarían la derrota; y esta aceptación parece una hipótesis poco probable. En Escocia, ante su previsible derrota, los nacionalistas ya han anunciado que el referéndum es simplemente una batalla más y que persistirán en sus reivindicaciones hasta ganar definitivamente la guerra. Es posible que un referéndum obligara a la claridad en las posiciones de los diferentes partidos y acabaría, así, con las ambigüedades calculadas y las confusiones interesadas, pero las reivindicaciones nacionalistas no se agotarían. Quizás mermadas, seguirían, evolucionarían y reformularían sus objetivos a corto plazo, por lo que los costes habrían sido enormes para los catalanes sin conseguir un cambio sustancial a largo plazo. Además, el proceso hacia el referéndum no solo obligaría a posicionarse a los partidos políticos, también obligaría a posicionarse a la sociedad y a sus elites económicas; aquellos que, en la actualidad, callan a pesar de tener muchos intereses en la permanencia de Cataluña en España. ¿Sería esto positivo? Lo sería, en el sentido de que se evidenciarían los argumentos favorables a la convivencia, pero, sinceramente, muchos preferimos vivir en un país donde no te obliguen continuamente a elegir entre defender una trinchera o el silencio sepulcral. Un referéndum secesionista no es una fiesta democrática como algunos afirman. Es una dura toma de posición contra tus propios compatriotas. Así lo vivieron los quebequeses y, por esta razón, desde el referéndum de 1995 no se ha vuelto a plantear con suficiente apoyo social la repetición de la experiencia.

Por esta razón, los partidarios del supuesto derecho a decidir que tenían a Quebec como su modelo han virado el periscopio hacia Escocia. Sin embargo, tampoco en Escocia el camino hacia referéndum está produciendo el efecto catártico que cabía esperar a favor de la separación. Al contrario, ha descendido el número de partidarios de separarse del Reino Unido a medida que se han conocido los costes de la separación, pero, como ya hemos señalado, todo ese debate está escondiendo otros debates necesarios sobre problemas inmediatos que sufren los escoceses. Todos los esfuerzos del gobierno nacionalista escocés se están concentrando en conseguir la victoria del sí, aparcando otras necesidades de las familias o las empresas escocesas. Y no olvidemos tampoco todos los esfuerzos y debates que se necesitaron para llegar a la celebración del referéndum, ya que en el Reino Unido como en el resto de democracias del mundo el derecho a la secesión unilateral tampoco existe. Se necesitaba el beneplácito de las instituciones británicas. El referéndum ha tenido que legitimarse sobre la base de la soberanía del Parlamento de Westminster, el cual, de la misma manera que puede aprobar la convocatoria de una consulta independentista, también puede suspender una autonomía, como así sucedió en diversas ocasiones en Irlanda del Norte bajo el gobierno del laborista Tony Blair. Y es que el modelo constitucional británico será más flexible, pero la Constitución española no solo garantiza la unidad, sino también la autonomía.

Dado que aceptar un derecho a la secesión unilateral sería aceptar la independencia de facto, es lógico que resulte imposible encontrar en la constitución de un país democrático occidental la aceptación del derecho de autodeterminación para sus regiones. Si ampliamos la comparativa a otros países y otros tiempos veremos que este aparecía de manera hipócrita en las constituciones soviéticas y que actualmente lo hayamos solo en Etiopía.[23] Las Naciones Unidas tampoco admiten el derecho de autodeterminación de forma genérica, puesto que, fuera de los supuestos del colonialismo, quebrantaría la integridad territorial de los Estados cuyos gobiernos representan a la totalidad de sus ciudadanos. Por lo tanto, el principio de autodeterminación en el Derecho Internacional no puede aplicarse al caso catalán por no ser una colonia, ni carecer los catalanes de representación en las instituciones que gobiernan el Estado.

Para el historiador Paul Johnson, el derecho de autodeterminación se usó en la Primera Guerra Mundial como un incentivo para conseguir más aliados. En 1919 este principio era defendido por muchos intelectuales y escritores que subrayaban las diferencias lingüísticas por encima de unos lazos culturales y económicos tradicionales que habrían permitido la convivencia. El principio generó una irresoluble contradicción, ya que al «liberar» algunas minorías se estaban creando otras. Y, lo que es peor, las nuevas mayorías surgidas del victimismo se creyeron poseedoras de una legitimidad moral para actuar contra las nuevas minorías.

De una manera más expresa, el derecho de autodeterminación surge en los «14 puntos» de Woodrow Wilson y en la Carta de San Francisco (1945), pero fundamentalmente es fruto de otra utilización en época de conflicto, en este caso no directo: la Guerra Fría y la descolonización. Se desarrolla en las resoluciones de las Naciones Unidas 1514/XV (1960) y 2625/XXC (1970) y legitima el surgimiento de numerosos estados, muchos de ellos sin sentido histórico, ni viabilidad futura. No obstante, este derecho relativamente nuevo queda sujeto a un principio más tradicional del Derecho Internacional como es el de integridad territorial de los Estados soberanos. De hecho, la última de las resoluciones mencionadas es clara en este sentido, al afirmar que el derecho de autodeterminación no autoriza o fomenta acción alguna «encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes (...) dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color». En definitiva, el derecho internacional en ningún caso avala el derecho a la secesión unilateral en una democracia.

De hecho, autores como Allen Buchanan exponen dos objeciones democráticas a la secesión mediante plebiscito local. En primer lugar, la propia amenaza de secesión podría servir «como instrumento de negociación estratégica para minar la toma de decisiones democrática. Al amenazar de manera creíble con abandonar el estado, una minoría podría, en la práctica, ejercer un veto siempre que los procedimientos democráticos pudiesen producir un resultado no deseado por ella». En cierta manera, el referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea que propone el primer ministro británico David Cameron es un instrumento como el descrito para poder ejercer en las instituciones democráticas comunitarias una mayor presión de la que le corresponde. Y, en segundo lugar, Buchanan señala que «para que la democracia funcione, lo razonable es que los ciudadanos esperen que exista reciprocidad; tienen que tener la seguridad de que si hoy pierden, mañana ganarán, y tienen que tener suficiente conocimiento sobre sus conciudadanos y sobre sus valores y preferencias para predecir que también ellos aceptarán los resultados de los procedimientos democráticos». Reconocer el derecho a la secesión unilateral rompería ese capital de confianza social tan necesario para vivir en una democracia (Buchanan, 1991, p. 13). Por consiguiente, para nada la secesión es un proceso democrático normal. Las democracias no se someten a chantajes secesionistas de minorías, ya que ello acabaría con la propia democracia, al hacer imposibles los compromisos con las futuras generaciones.

Quienes toman la parte por el todo no están, pues, legitimados para presentarse como los más puros de los demócratas. Más bien parece que perviertan la idea de autodeterminación para esconder su voluntad de convertirse en una nueva elite extractiva. Dahrendorf lo describió bien al señalar que «el verdadero significado de autodeterminación es que los hombres sean capaces de participar en la construcción de su propio destino, esto es, que vivan en sociedades democráticas. Pero muy a menudo autodeterminación significa la voluntad de que los hombres vivan dentro de fronteras que no han sido trazadas tanto por la historia como por historiadores aficionados con ambiciones políticas. Una Eslovaquia independiente, un Quebec independiente o un País Vasco independiente no significan más libertad, sino más poder en manos de demagogos y potentados regionales» (Dahrendorf, 2003, p. 43).

Fuera de la Unión Europea

En septiembre de 2012 advertir que si Cataluña se separaba de España saldría de la Unión Europea era un deporte de alto riesgo. Rápidamente te caían encima tres piedras en forma de objeciones, más voluntariosas que reales. En primer lugar, se afirmaba que «en ningún lugar está escrito que te puedan echar de la UE». En segundo, y en consecuencia, se esgrimía que «nadie puede dejar de ser ciudadano europeo». Y, finalmente, los más osados vaticinaban que «la propia UE preferiría tener como Estado miembro a una Cataluña contribuyente neto que a una España depredadora de fondos comunitarios». Estos tres argumentos siguen resonando en alguna tertulia o debate político, pero al menos no solo han perdido su condición de indiscutibles, sino que se han demostrado falsos.

En el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea queda meridianamente claro que la ciudadanía europea no sustituye a la ciudadanía nacional, sino que se le añade. Somos ciudadanos de la Unión Europea, pues, en tanto que somos ciudadanos de un Estado miembro; es decir, los catalanes que perdieran la ciudadanía española también perderían la condición de ciudadanos de la UE. Asimismo, a diferencia de la Constitución española, que no nombra cuáles son las regiones y las nacionalidades que conforman el Reino de España, el Tratado de la UE, en su artículo 52, sí que enumera a todos los Estados miembros a los que les son aplicados los tratados. Y en él aparece el Reino de España, no Cataluña; por lo que, en caso de separación, y en virtud del artículo 49, sería necesario, en caso de querer regresar al club comunitario, solicitar la adhesión, obtener una decisión favorable del Consejo, por unanimidad, y la ratificación de todos y cada uno de los Parlamentos de los Estados miembros. José Ignacio Torreblanca habla de 1.960 escalones que son los «puntos de voto» o instancias en las que un actor podría bloquear la entrada de un aspirante a miembro de la UE, según cálculos de Iván Kuzminovic.[24] Entre los escalones que habría que superar estarían los de convencer a todos los gobiernos de los países europeos, a sus respectivos parlamentos y, en algunos casos, también a sus poblaciones, porque sería necesario un referéndum como el esloveno con la adhesión de Croacia y que solo se ganó por un 51%. Antes, no obstante, deberían negociarse satisfactoriamente los 35 capítulos que conforman una negociación de adhesión en una conferencia intergubernamental entre todos los Estados miembros, con la ayuda de la Comisión Europea, y el candidato. En cada uno de los puntos, todos los Estados miembros tienen un derecho a veto que imposibilitaría la adhesión. 1.960 escalones.

Así pues, los catalanes, como el resto de europeos, somos ciudadanos europeos en tanto que somos españoles. Y sí, está escrito y se ha recordado numerosas veces que la separación de una región de su Estado supondría la salida automática de la Unión Europea. Romano Prodi, en 2004, ya señaló que «un nuevo Estado creado como resultado de un proceso de independencia se convertiría en un “tercer país” con respecto a la UE». Y el hecho de haber formado parte de ella no ofrece ninguna ventaja legal en un proceso de adhesión. En noviembre de 2012, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ratificaba que la posición de la Comisión no había variado desde 2004, por lo que si un territorio se separa de un Estado miembro deberá empezar desde cero el proceso de adhesión si quiere formar parte de la UE. Y, por si quedara alguna duda, recientemente el Comité de las Regiones recordó «que si una región, después de haber logrado la independencia, quiere unirse a la UE, se requiere hacer una solicitud formal al Consejo y seguir el procedimiento de adhesión en virtud del artículo 49 del Tratado UE, de la misma forma que cualquier otro país que deseara convertirse en un Estado miembro de la UE».[25]

Ante estas evidencias muchos nacionalistas han apostado por el pensamiento mágico al proclamar que la Unión Europea no abandonaría a una Cataluña aportadora de fondos económicos. Más allá de su imposibilidad jurídica, para cualquier observador externo medianamente informado resulta poco creíble el discurso de un independentista que viene a decir que prefiere ser solidario con Rumanía o Grecia antes que con Andalucía o Aragón. El discurso de la insolidaridad del nacionalismo llevaría a muchos a pensar europeos que la nueva Cataluña pronto cambiaría su «España nos roba» por «Europa nos roba». Cualquier europeísta se preguntaría, como Joseph H. Weiler, «¿por qué habría de resultar de interés incluir en la Unión a una comunidad política como sería una Cataluña independiente, basada en un ethos nacionalista tan regresivo y pasado de moda que no puede con la disciplina de la lealtad y solidaridad que uno esperaría que tuviera hacia sus conciudadanos en España?».[26]

En la misma línea, el pensador francés Alain Minc advierte de que algunas de las falsas creencias del nacionalismo podrían llevar a algunos catalanes a tomar decisiones políticas equivocadas. Una de ellas es que Europa esté esperando la independencia de Cataluña con los brazos abiertos. Los Estados que forman la Unión Europea nunca querrán establecer un precedente que desencadene un efecto dominó como podría ser la independencia de Cataluña. Ya no es que España se opusiera o no a la entrada de la Cataluña independiente a la Unión Europea, es que Francia se opondría, igual que el resto de Estados que no quieren una atomización que los debilitaría tanto a ellos como al propio proyecto de integración europea. Este es un proyecto que sigue basándose en la solidez de sus Estados miembros y una fragmentación de los estados haría ingobernable una Unión Europea que ya es difícil de gobernar con 28 estados. Minc acaba su artículo definiendo la hipotética independencia de Cataluña como un «error fatal» para los catalanes, porque sería irreversible y tendría unas consecuencias incalculables, entre ellas la huida de empresas, la mayor dificultad para financiarse en los mercados internacionales o la inestabilidad.[27]

Cuando se nos promete una «Cataluña sin límites» en realidad se está apostando por el peor de los límites que podamos encontrar en un mundo como el actual: nuevas fronteras. Una apuesta totalmente perdedora. Una vez más se distorsionan los conceptos y se juega al vocabulario confuso. Levantar fronteras es imponerse límites. Es poner límites a nuestra fuerza en Europa, ya que hoy solo los grandes Estados tienen voz y fuerza para decidir políticas en el nivel europeo. Cataluña siempre tendrá más fuerza si presiona a través de España a favor de sus intereses que si, en el caso de regresar a la Unión Europea tras una hipotética independencia, tuviera que hacerse valer ante las instituciones comunitarias como un país de solo siete millones y medio de habitantes. Los países pequeños acaban actuando en Europa bajo la sombra de grandes Estados y formando bloques que conllevan arduas negociaciones. En este sentido, son más capaces de decidir el futuro de Europa los ciudadanos de una región de un Estado grande que los checos o los eslovacos.

Una independencia no es simplemente un cambio de fronteras que mantiene el resto de variables sin alterar. Provoca una reordenación de las relaciones internacionales. Separarse de un Estado democrático y miembro de la Unión Europea no es tan sencillo como formar un Estado tras la disolución de la Unión Soviética. La complejidad y las dificultades del proceso nada tendrían que ver con el vivido por las repúblicas bálticas. Estamos hablando de todo un proceso de complicadas negociaciones durante un periodo de larga inestabilidad jurídica y política que, inevitablemente, tendría consecuencias sociales y económicas. La peor crisis económica es aquella que se agrava con una crisis política y la ruptura de un Estado es la crisis política por excelencia. Esconder los costes y barreras que supone la separación de una democracia europea como España es querer lanzarse sin mirar a una piscina que no tiene agua. El aislamiento internacional sería el escenario más probable. Ningún estado nuevo forma parte de las Naciones Unidas sin el reconocimiento del estado al que pertenecía. Los catalanes, pues, no solo formaríamos parte de un estado más pequeño y menos plural, sino también más aislado y, por lo tanto, más controlable.

¿Separación para ser qué? ¿Para hacer qué? Nunca nos lo explican. La cuestión es romper con España sin saber qué se va a construir. ¿La nueva constitución respetaría las libertades individuales de todos los catalanes sin excepción? ¿O bien se impulsaría un proyecto de construcción nacional en el cual los derechos individuales se vean totalmente sometidos a los colectivos? ¿Sería Cataluña una sociedad más abierta? ¿Dónde quedarían las reclamaciones descentralizadoras? ¿Sería un estado centralista en el que todo el poder se concentrase en Barcelona? ¿Sería un Estado intervencionista que desarrollara las dinámicas que movieron el último y extenso Estatut? Parece ser que algunos confunden el objetivo con los medios. Si el objetivo es una regeneración política y una sociedad más libre, la separación no es el medio. Antes se conseguirá trabajando con el resto de españoles, porque la confrontación y la división solo pueden generar una inestabilidad paralizadora de las grandes reformas que aún son necesarias en nuestro país. Sin embargo, las actuales elites nacionalistas ven la independencia como un fin en sí mismo, sin importarles demasiado las consecuencias económicas y sociales. Por esta razón, a medida que se van desenmascarando sus argumentos más débiles o falaces, transforman su discurso sin abandonar el rumbo. Lo que antes se justificaba por una supuesta asfixia económica pronto lo será por una cuestión de dignidad nacional. De esta manera, y ante el posicionamiento claro de las instituciones europeas, veremos cada día con mayor claridad cómo el nacionalismo más esencialista va virando hacia posiciones más frívolas respecto a lo que Europa significa para los catalanes. El separatismo empieza a abrirse a la posibilidad de un descarado euroescepticismo. Veremos cómo para el nacionalismo más radical el enemigo no será ya solo España, sino también el resto de la Unión Europea. El sustrato existe. Recordemos que en el referéndum sobre la Constitución europea de 2005 las tres comunidades autónomas que se mostraron más reacias al texto fueron Cataluña, País Vasco y Navarra. Mientras en el total de España el voto al «no» fue del 17,24%, en Cataluña el rechazo alcanzó el 28,07%. Prácticamente la cuarta parte de los votantes españoles que se opusieron a la Constitución europea eran catalanes. No tardará en llegar el momento en que cierto nacionalismo deseche su disfraz europeísta sin la menor vergüenza. La cuestión es saber si se atreverán a defender las «bondades» de la autarquía.

Ya no sirven las máscaras: el nacionalismo se alza hoy como uno de los principales enemigos del proceso de integración europea. No parece viable construir Europa destruyendo su base, los estados actuales; como tampoco parecería un gran logro del espíritu humanista europeo apostar por la formación de estados nacionalmente puros o por la homogeneización interna de los estados. Como señala el sociólogo Ulrich Beck, «hoy la mirada nacional es el enemigo más grave de los intereses nacionales».[28] Formar una Europa de regiones culturalmente homogéneas, con unas identidades en forma de compartimento estanco, sería repetir el error de aquel multiculturalismo que atenta contra la idea de identidades múltiples fomentando unas culturas esencialistas que conviven sin impregnarse unas de otras. Europa no es un conjunto de guetos culturales. Es una pertenencia fundamental de nuestra identidad.

De la fatiga nacionalista y los puntos de retorno

La democracia es, en palabras de Daniel Innerarity, «un equilibrio entre acuerdo y desacuerdo, entre desconfianza y respeto, entre cooperación y competencia, entre principios y circunstancias. La política es el arte de distinguir correctamente en cada caso entre aquello en lo que debemos ponernos de acuerdo y aquello en lo que podemos e incluso debemos mantener el desacuerdo».[29] Si no existieran desacuerdos, conflictos de intereses y de valores, la política no existiría, y tampoco la libertad. Entre las claves para que un sistema político sea estable, Bernard Crick destaca que la sociedad debe reconocer la existencia de cierto grado de conflicto de intereses como algo normal y debe ser capaz de institucionalizar esos conflictos (Crick, 1962, p. 197). A veces, en el debate público español y catalán, creemos que nuestros conflictos políticos son algo excepcional, como si nuestros debates estuvieran marcados por un ineludible gen guerracivilista o como si las reivindicaciones catalanas no pudieran escaparse nunca del sendero separatista. Y, encerrados y ensimismados en nuestras autóctonas discusiones, no vemos que más allá de nuestras fronteras el mundo no es tan diferente. No somos tan especiales, ni tan diferentes.

Las tensiones entre administraciones e, incluso, entre elites regionales y estatales se repiten y soportan en prácticamente todos los países del mundo. El debate Cataluña-España no es tan excepcional como algunos pretenden, porque el conflicto es consustancial tanto a la política democrática como a la sociedad abierta. A veces, parece que la política esté guiada más por la intención de desacreditar al adversario que por la de prestigiar el proyecto propio, pero esperar una política sin discusión ni conflicto es apostar por el totalitarismo. En todos los países existen conflictos políticos e, incluso, tensiones territoriales. Alemania o Canadá nos demuestran que los conflictos competenciales dirimidos en tribunales y las discusiones sobre la financiación territorial no son precisamente las características que hacen que España sea diferente. De hecho, a veces copiamos a otros países incluso en el discurso de la tensión. Ya hemos hablado de cómo el nacionalismo catalán hoy se parece más a la Lega Norte italiana que a la antigua Lliga Regionalista catalana.

Así, la política comparada nos permite vislumbrar algunos atisbos del fenómeno al que estamos haciendo frente; por lo que, si algunos experimentos nacionalistas ya se han demostrado que castigan a las sociedades que los sufren, sería interesante evitar repetirlos en nuestras carnes. No estamos condenados a dejarnos arrastrar por el radicalismo nacionalista, ni a vivir enfrentados como si fuera más lo que nos separa que lo que nos une. En su libro Belgistán, Jacobo de Regoyos nos advierte de cómo la lógica nacionalista entre flamencos y valones ha llevado a Bélgica a ser un país «incomprensible tras décadas de compromisos acumulados. Y la clase media paga con sus exorbitados impuestos —entre los más altos de Europa— una omnipresente maquinaria institucional, ya sea a nivel local, regional o nacional. Entre comunidades, regiones y Estado suman seis gobiernos y sesenta puestos ministeriales, más siete Parlamentos diferentes con sus cargos electos correspondientes para un país del tamaño de Galicia» (De Regoyos, 2011, pp. 75-76). Esta lógica perversa parece un bucle sin salida por la desaparición de espacios de opinión pública compartidos entre valones y flamencos, pero también por la extinción de los partidos nacionales —belgas— que pudieran mediar en los conflictos entre regiones. Aviso para los que crean que se puede superar el nacionalismo con un partido con implantación únicamente regional, con partidos federados que se separan de la matriz o con discursos de baronías alejados de la coherencia del bien común.

De Regoyos recoge en su libro una respuesta del exlíder del mayo del 68 Daniel Cohn-Bendit: «La lógica nacionalista es desintegradora del bienestar que existe en Flandes. Pero les toca a ellos descubrirlo. La gente tiene que ir hasta el final de su lógica. (…) Es una enfermedad grave que no se cura con razonamientos. Es una enfermedad psicológica muy profunda. Solo puedes responsabilizar a la gente dejándoles llegar hasta el final de sus fantasmas, de sus locuras, de sus errores» (entrevista en Le Soir, 28 de noviembre de 2007). En el caso catalán aún estamos a tiempo de frenar esos fantasmas, esas locuras y esos errores. No hace falta experimentarlo hasta su lógica final, porque hay tres cuartas partes de la población, como hemos señalado, que siente con naturalidad su pertenencia española a la vez que catalana, que huye de los extremismos, que apuesta por la convivencia y que, si se lo propone, conseguirá que Cataluña no se deje arrastrar por esa minoría radical del 25%.

Siempre existirán voces discrepantes y pensamientos contrapuestos. Y no es negativo, porque las sociedades avanzan gracias a la libertad de expresión y a las opiniones diferentes. Winston Churchill no solo fue un hombre de acción, sino también un agudo observador del Imperio británico que vio cómo «no importaba qué partido estuviera en el poder: se criticaban acerbamente unos a otros, y tenían derecho a hacerlo». La cuestión es que se respeten las reglas del juego comunes, ya que así cualquier error puede ser corregido, al ser denunciado libremente por la oposición, sin provocar una hecatombe. Como recuerda Dahrendorf, «constituía una vieja virtud inglesa el poder vivir con conflictos, haciendo de ellos incluso algo fructífero para el bien común». Se avanza con una buena canalización del conflicto (Dahrendorf, 2006, p. 158), por lo que es preocupante que en Cataluña se empiece a tratar al que piensa diferente como el enemigo y al discrepante como traidor, poniendo en riesgo el orden liberal y enconándose en una schmittiana dialéctica amigo-enemigo.

La política de un país que espere el progreso debe ser capaz de limitar el conflicto, por lo menos a aquello que atañe las reglas del juego y los principios fundamentales. Y también la sociedad debe ser capaz de respetar ese mínimo denominador común. Cierto escepticismo o cierta desconfianza hacia los gobernantes han abierto grandes espacios de libertad en países como los Estados Unidos, pero no podemos destruir todo lo que hemos construido juntos desde la Transición como si nada hubiera merecido la pena. Pocos países en el mundo han avanzado tanto como España en los últimos 35 años. La sociedad puede llevarse gran parte del mérito, pero no hubiera sido posible sin una política con una clara ética de la responsabilidad. ¿Reformar? Sí, todo aquello que no funciona, para mejorarlo; pero el populismo de la tabla rasa solo nos llevará al retroceso y al fracaso de malograr los mejores años de nuestra historia, los de la democracia nacida con la actual Constitución española.

¿Queremos que nuestro conflicto sea productivo y favorecedor del bien común como el británico? ¿O preferimos la versión hispánica de una Lega Norte que hoy está en decadencia en Italia? Creo que el seny está en el common sense británico. Así pues, apostemos por hacer que de la diferencia y de la confrontación dialéctica surja algo fructífero para todos los catalanes y españoles. Dejemos a un lado el conflicto fratricida y emprendamos un debate sobre el bien común.

No caigamos en la frustración, ni en el fatalismo. Nada está perdido. La ruptura no es inevitable como algunos pretenden hacernos creer. El separatismo catalán se ha convertido en una ideología determinista e historicista, pero el determinismo es una simple muleta mental, empíricamente fracasada y moralmente inaceptable, porque nos convierte en irresponsables de nuestro propio futuro, el cual no está escrito. Es una hoja en blanco y en nuestra mano está el lápiz para escribirlo. Ese 25% radical de separadores y de separatistas solo nos impondrán su «destino» si la gran mayoría no hace nada, si no somos capaces de creer que el nacional-populismo puede ser derrotado tanto en las urnas como en la opinión pública libre. A medida que el debate se compense y tanto los costes de la separación como los beneficios de la integración sean más evidentes, el independentismo volverá a representar un porcentaje marginal de la sociedad catalana. Y la sociedad catalana podrá volver a sentirse orgullosa de ser plural y estar formada por individuos libres.

Hay precedentes. Bien lo saben los quebequeses, que sufrieron dos consultas secesionistas. En la actualidad, después de aquella inestabilidad que solo produjo enfrentamiento social y fugas empresariales, los quebequeses no quieren saber nada de un nuevo referéndum. Tras nueve años de gobierno liberal, liderado por Jean Charest, la victoria del Partido Quebequés (PQ) en las elecciones provinciales de septiembre de 2012 no podía leerse en clave de aumento del separatismo. El PQ perdió votantes y solo la debacle de un Partido Liberal, con problemas de renovación y de corrupción, tras tantos años en el poder, le dio la victoria; pero una gran mayoría de ciudadanos quebequeses no querían repetir la experiencia de 1995, ni tampoco el PQ la tenía como prioridad, porque en aquella provincia canadiense también tienen su gran mayoría de tres cuartos de la población alejada del esencialismo identitario. Esta clave electoral antirreferéndum se ha visto corroborada en los comicios de abril de 2014. Tras poco más de año y medio en el poder la líder del PQ, Pauline Marois, decidió convocar elecciones para conseguir la amplia mayoría que le vaticinaban las encuestas. Sin tener en cuenta el reciente ejemplo catalán, el PQ dejaba a medias una legislatura después de años de travesía por el desierto de la oposición. El resultado ha sido una victoria por mayoría absoluta (70 escaños de 125) del Partido Liberal y una de las derrotas más sonadas de la historia del PQ. Los soberanistas se han quedado con 30 escaños en la Asamblea Nacional del Quebec y la clave de la derrota ha sido el miedo de los quebequeses a repetir la fractura social y el desgaste económico de un referéndum. Aunque este no fuera una propuesta en el programa electoral del PQ, durante la campaña presentaron como candidato a Pierre Karl Péladeau, empresario de las comunicaciones que debutaría declarándose a favor de la soberanía de Quebec. A partir de ahí, se inicia la caída libre de las expectativas electorales de los pequistas al situarse en la mente de los votantes la posibilidad de un tercer referéndum independentista.[30]

El caso quebequés nos demuestra, en primer lugar, que una sociedad puede superar el nacionalismo, ya que es imposible mantener la tensión que este provoca durante mucho tiempo. En 1995 eran muchos los quebequeses que veían la separación como algo inevitable. Dominaba un sentimiento determinista: ya no había vuelta atrás. No obstante, el nacionalismo, a pesar de ser un instrumento muy efectivo para conseguir fidelidades y votos, es frustrante a largo plazo al no poder conseguir los objetivos utópicos que en último término plantea. El electorado es inteligente y aprende con la experiencia. A medida que la democracia madura, resulta más difícil atraer a los votantes con falsos victimismos o argumentos mitológicos. Así pues, igual que ha sucedido en Quebec, es posible que llegue el día en que los catalanes nos deshagamos de la mochila del nacionalismo, dándonos cuenta de que vivíamos con una carga innecesaria de enemistad, desconfianza y queja irracional. Aquel día estaremos más unidos y seremos más fuertes para vencer cualquier crisis y superar cualquier reto. Llegará un momento en que, como en la Transición, podremos volver a estar orgullosos de ser un ejemplo para el mundo. De hecho, tenemos esa responsabilidad: debemos mantener la esperanza de que la concordia es posible en un país rico en diferencias culturales.

Por otra parte, el caso quebequés nos demuestra que, si la independencia puede resultar negativa, también lo es cualquier proceso que pueda llevar a ella o no, es decir, cualquier proceso que introduzca inestabilidad política. Y la posibilidad de establecer nuevas fronteras lo es. Sin embargo, creo que el momento actual en Cataluña, a pesar de crear una atmósfera cargada de dióxido nacionalista y con escaso oxígeno liberal, puede ser una catarsis que acabe con muchos delirios nacionalistas a medio o largo plazo; aunque, de momento, a los amantes de la libertad individual nos aguarden tiempos difíciles. Sabemos que, cuando se hecha gasolina emocional al fuego de la entidad, es muy difícil apagar las llamas. Por eso, es de una grave irresponsabilidad hacer políticas identitarias como tapadera de intereses particulares.

Los nacionalismos son carburante para nacionalismos de signo contrario. Las generalizaciones, los tópicos absurdos o las estigmatizaciones son armas que actúan como bumeranes, y quienes las utilizan acaban perjudicando a los que pretenden defender. Se retroalimentan los extremos y se alcanzan cotas de alta peligrosidad cuando yuxtaponen pertenencias culturales a los intereses económicos, porque la emotividad y la irracionalidad acaban contaminando debates que podrían realizarse con la claridad de los números en la mano. Yugoslavia fue un ejemplo.

«Los españoles tienen demasiadas cosas que perder como para lanzarse fácilmente en brazos del drama. Solo los países en profunda crisis, sin horizonte colectivos y con fuertes elementos de odio y disgregación en su interior, se lanzan a aventuras suicidas como la que pulverizó Yugoslavia en los años noventa» (Juliana, 2009, p. 58). Son palabras del periodista Enric Juliana en 2009, en el segundo año de la crisis económica. La crisis sigue golpeando a una sociedad española que acarrea millones de parados, muchos de los cuales creen que ya no tienen nada más que perder. Sin embargo, España no es Yugoslavia. España ha construido una democracia sólida durante más de treinta años y se ha instalado cierto orden liberal y, por lo tanto, una cultura pacífica en la resolución de conflictos que no tenían los yugoslavos después de años de dictadura comunista. Aunque las elites nacionalistas catalanas se hayan radicalizado, la sociedad catalana ha vivido ya más de una generación en democracia, y con gran progreso económico, por lo que es impensable que esté dispuesta a grandes sacrificios como los que la estrategia nacionalista requeriría en sus últimas consecuencias. En el inicio de su libro La España de los pingüinos, Enric Juliana nos habla de aquellos yugoslavos que, antes de las guerras que masacrarían la región en la década de los 90, se definían como tales, no solo como croatas, serbios, kosovares, etc. Solo eran un 10%, por lo que la gran mayoría ya había tomado parte y estaba posicionada de cara al conflicto. En un artículo periodístico a ese 10% se lo denominó los pingüinos, animales raros y pacíficos. No es este el caso de España, ni tampoco el de Cataluña. Los que buscamos una solución de convivencia y de prosperidad somos una gran mayoría, difusa quizás —escondida, seguro—, pero más que cualificada. Es una mayoría que hoy evita el drama yugoslavo en nuestra península.

El proceso que actualmente se vive en Cataluña tiene puntos de retorno. El auge del nacional-populismo no es imparable. La sociedad quebequesa nos demuestra que hay salidas. Es la prueba de que el nacionalismo se puede superar. Cataluña podría volver a mirar hacia Quebec. Sí, ya lo sé: Cataluña puede ser como Quebec pero España nunca será como Canadá, repiten siempre los nacionalistas. Pues bien, quizás sería interesante analizar las complejidades de otros países antes de idealizarlas para descalificar el nuestro, porque resulta que los nacionalistas quebequeses tienen también respuestas automáticas para los canadienses: «Lástima que Canadá nunca será como España». Alain-G. Gagnon escribió en 1998, es decir, tras dos consultas secesionistas, que «mientras que tanto en España como en Inglaterra es el poder central el que toma la iniciativa para dar respuesta a los reclamos de naciones como la catalana o la escocesa, respectivamente, en Canadá las instancias centrales niegan hasta la existencia misma de las naciones sobre las cuales se funda la legitimidad de un estado que se dice federal» (Gagnon, 1998, p. 217). Quizás los nacionalistas sin estado idealizan otras realidades si esto les sirve para atacar al estado en que viven. El nacionalista catalán idealiza Canadá y el quebequés idealiza España. En lugar de mirar hacia fuera para buscar soluciones, buscan motivos para la queja y el agravio, pero si abrimos un poco nuestras mentes y rechazamos apriorismos y prejuicios, podemos encontrar en la relación Canadá-Quebec algunas soluciones que podríamos importar y algunos errores que deberíamos evitar si nuestros objetivos son la convivencia y la prosperidad.

Aparte de la fatiga que crea en la población una clase política que excluye sistemáticamente los problemas sociales y económicos del debate público, a largo plazo el nacionalismo tiene otro punto débil que puede conducirle al fracaso: su insaciabilidad. Cuando consiguen sus objetivos, los partidos nacionalistas se redefinen para plantear otros objetivos más ambiciosos. Se metamorfosean continuamente para evitar la disolución. Necesitan la queja permanente. Pero, al final, el objetivo último del nacionalismo identitario, el de una comunidad homogénea que coincida con el perímetro de un Estado, es imposible en el siglo xxi si no se aplica una violencia terrible, que no parece factible en el contexto de la Unión Europea —aunque sí en el europeo como vimos en Yugoslavia—. Así pues, la insaciabilidad del nacionalismo, junto con la imposibilidad de lograr sus objetivos más ambiciosos, solo puede conllevar a una frustración social de gran magnitud.

Esta frustración bien podría acabar fatigando a la sociedad y provocando un cambio de debate, como pasó en un Quebec harto del estéril debate identitario, o bien puede generar una desafección política que fuera el caldo de cultivo idóneo para la aparición de nuevos populismos. Por consiguiente, dejar que la sociedad catalana se consuma por el nacionalismo hasta que reaccione exhausta puede ser una gran irresponsabilidad. Sería abocarla a un futuro incierto y sin la energía suficiente para volver a ser la sociedad vanguardista, próspera y abierta que fue en su día. Hay que acelerar la derrota del nacionalismo, y hay que aportar una alternativa que lo supere por elevación. Es necesaria una propuesta fuerte, creíble, integradora, moderna y liberal. No es fácil, pero en los próximos capítulos apuntaré algunas ideas sobre lo que creo que debería ser esa alternativa, y que va desde una revitalización de la sociedad civil a unos acuerdos de reconocimientos mutuos, pasando por una reforma política que haga que el Estado funcione para todos sus ciudadanos y una manera de entender España como un proyecto sugestivo de vida en común capaz de integrar tanto el catalanismo como el europeísmo.

Liberalismo e identidad tienen una relación complicada, pero estoy convencido de que una alternativa liberal puede ser un buen antídoto al problema nacionalista. El liberalismo pluralista de pensadores como Isaiah Berlin puede hoy arrojar una luz necesaria en la resolución del laberinto catalán. Se hace necesaria una lectura sutil y sincera de la realidad que no esconda la complejidad social y política en la que vivimos, y que se aparte de las simplificaciones que nunca pueden ser la solución, sino parte fundamental del problema en el que nos encontramos inmersos. Solo desde una visión humanista, que entienda la diversidad de perspectivas, así como el conflicto real de algunos principios, podremos encontrar soluciones que, sin ser perfectas ni definitivas, puedan ser posibles. Y es que es necesario frenar las escaladas emocionales que nos ofrecen los nuevos populismos si no queremos tropezar con las mismas piedras del pasado. Necesitamos volver a poner a las personas en el centro de nuestro pensamiento político y económico. Necesitamos un nuevo humanismo con valores sólidos que estén a la altura de los retos de este siglo tan líquido, en el que el avance rápido de las tecnologías, sobre todo en la comunicación, sobrepasa la adaptación de cualquier principio ético.

Sobre la importancia de las instituciones y de los valores, y sobre los riesgos de la perversión de las identidades, encontramos a otro autor de múltiples pertenencias o de identidad plural —como él dice— y liberal en un sentido más amplio, Amartya Sen, premio Nobel de Economía. Sen sabe, porque lo ha vivido y sufrido, que la exacerbación de una pertenencia puede convertir a viejos amigos en acérrimos enemigos. Y, como diría Ignatieff, este riesgo es mayor cuanto más se parecen los dos amigos, porque cierto nacionalismo cae siempre en la trampa del narcisismo de la pequeña diferencia. Cualquier nimia distinción es exaltada para oponerse al otro, aunque sea a costa de pervertir la propia identidad.

Me preocupa que los catalanes podamos hoy caer en esa trampa. Me preocupa que el separatismo actual catalán, detrás de su discurso utilitarista económico, esté derivando hacia características que Ignatieff denominaría como étnicas, pervirtiendo las características tradicionales de la pertenencia catalana por su obsesión con distanciarse de todo aquello que es español. Y es que, más allá del hecho diferencial lingüístico, que ha pasado incluso a un segundo plano, hoy se exalta una manera de ser diferente, fundamentalmente más productiva que la del resto de españoles. Así pues, es preocupante la irracionalidad en la que se ha instalado el debate político actual. Y que los eslóganes, y los clamores identitarios, escondan debates fundamentales sobre el modelo productivo o la regeneración política.

También es inquietante la desconfianza y el alejamiento que unas minorías influyentes están provocando entre la mayoría de catalanes y el resto de españoles. Y qué decir de la fractura dentro de la propia sociedad catalana. La situación actual ha de entristecer profundamente a cualquier persona con un mínimo sentido empático. Sin embargo, hay caminos de vuelta. Ni es demasiado tarde, ni hay nada sentenciado. La sociedad, las personas, tenemos la última palabra. Hemos superado momentos peores y el mundo está lleno de ejemplos que nos muestran que el nacionalismo no es la única alternativa. Ejemplos que nos dicen que el camino de la separación y de la incomprensión no es inexorable.

Hoy sabemos que los resortes que conducen a la movilización política tienen que ver con la identidad tanto o más que con los intereses. Identidad y utilidad pueden coincidir, pero también puede que no sea así. Por lo tanto, ante la fuerza de la identidad y de las emociones, nos surge una pregunta incómoda: ¿cómo construir una hegemonía cultural con un discurso en el que valores ligados a la persona, como la libertad o la responsabilidad, triunfen por encima de discursos colectivistas que apelan a la exaltación de una pertenencia identitaria? ¿Cómo lograr los incentivos que ahuyenten la política del populismo y la encaminen hacia el bien común?

Creo que el liberalismo aún tiene mucho que decir en el siglo xxi. Su concepción antropológica capta la compleja naturaleza del ser humano. Un liberalismo pluralista y humanista puede volver a ser la mejor respuesta, moderantista en las formas, pero firme y regeneradora en el fondo, ante los nuevos retos que el resurgir del populismo identitario nos plantea. Ante el fundamentalismo de unos pocos y el relativismo de muchos, el pluralismo debe ser el marco que haga posible la convivencia y la libertad. Sin caminos fáciles, sin promesas utópicas, ni soluciones definitivas. En el acervo del catalanismo político hay suficientes ejemplos de este liberalismo como para entender que el actual independentismo no es un plano más elevado, ni tan solo un regreso a las esencias, sino simplemente una traición a aquel catalanismo que no pretendía desmembrar España, sino regenerarla. Entiendo que el catalanismo debería ser un reconocimiento de los hechos diferenciales, pero no su invención, ni su exageración. Es el reconocimiento de lo que realmente es Cataluña y es también tanto la voluntad de liderar España como la de seguir formando parte del proyecto europeo. Así lo entendió también Amadeu Hurtado, testimonio de los errores y la locura de 1934, cuando pidió lo que Cataluña hoy sigue necesitando: «Un catalanisme al marge de l’ortodòxia doctrinal del nacionalisme, basat en el fet viu d’una riquesa i una cultura creades amb el propi esforç més que en el fet històric d’una antiga sobirania i que, enlloc de concretar l’aspiració a refer un petit Estat lliurat a la mercè dels interessos accidentals dels grans, reclami una posició de primer pla en la direcció política i espiritual de la península» (Hurtado, 2008, p. 8).

Capítulo 3

superar el nacionalismo

desde la libertad

El acuerdo del seny

[Els catalans], des d’un punt de vista polític, generalment hem dit prou! en el moment pitjor, quan la conjuntura ens era desfavorable, quan havia passat el punt dolç de la nostra força o de la nostra raó. D’aquesta manca d’encert, en té la culpa, sens dubte, l’escanyoliment del seny en les classes dirigents.

Vicens Vives, 1960, p. 216

Conocerse a fondo, compenetrarse, transigir, pactar. Y eso todos los días, a todas horas: no hay otro camino.

Gaziel, 2013, p. 160

Es difícil desenmascarar los prejuicios con argumentos o datos. Incluso aquellas personas más formadas parecen las más difíciles de persuadir para que cambien de opinión, ya que poseen más información con la que apoyar sus creencias. Además, cuando alguien desconfía del otro, y le presupone maldad o ignorancia, se complica la cesión que conduzca al acuerdo. Las posiciones se enquistan en un bucle de recelos y cualquier nueva información solo sirve para fortalecer el convencimiento de que la trinchera es la única posición en la que se puede ganar. Intentar comprender las razones del otro es visto por los propios como un signo de debilidad, en el mejor de los casos, o como un conato de traición, en el peor. Cerrar filas. Fortalecer las esencias. Al enemigo, ni agua. Ese es el lema de la mediocridad.

Las psicologías que en el pasado apoyaron las ideologías fracasadas, ahora apuestan por la radicalización de las identidades, por las pertenencias excluyentes. Se empeñan en repetir el error de la utopía, del futuro paradisiaco, de la política redentora, cuando la experiencia histórica nos demuestra que buscar la perfección en política lleva inexorablemente al desastre. Por esta razón, a los liberales nos une un único convencimiento: nadie es poseedor de la verdad absoluta, así que nadie puede prometer legítimamente un paraíso terrenal. Catalonia is not Ithaca. La realidad política y social siempre estará conformada por conflictos de intereses y valores incompatibles. La Historia no tendrá final mientras la condición humana sea la que es; por lo que para prosperar como sociedad solo nos cabe el reformismo, la moderación, el pacto sobre las reglas del juego y el seny. Por eso, en la Cataluña de nuestros días la falsa creencia en una independencia sin coste es un muro que impide avanzar en el progresivo mejoramiento de nuestras instituciones. Pedir lo imposible dificulta en esta ocasión conseguir lo mejor, porque genera frustración y convierte en traidores a aquellos que más pueden aportar a la convivencia.

Para que los catalanes y el resto de españoles podamos avanzar hacia un futuro, no perfecto, sino simplemente mejor, se hace necesario un acuerdo del seny; un pacto por la sensatez. Un nuevo contractualismo social que modifique aquellas instituciones intangibles que son los valores y códigos de conducta. Los valores predominantes en una sociedad producen incentivos en la política, por lo que se hace necesario un cambio de estos, una recuperación del espíritu de la Transición en cada uno de nosotros, para obligar a la política a guiarse por el bien común y a avanzar hacia mayores espacios de libertad, convivencia y prosperidad. Se trata de que al sistema democrático le acompañe una cultura democrática y liberal, de respeto mutuo a pesar de las discrepancias, del debate por encima de las enmiendas a la totalidad, para que podamos mantener y mejorar aquello que funciona en nuestras instituciones y cambiar lo que no; realizar las reformas políticas y económicas necesarias para fortalecer un proyecto común de todos los españoles; regenerar para no degenerar, para que la democracia no se deslegitime y las libertades individuales no se vean amenazadas.

Es un acuerdo tácito entre españoles para fomentar la autocrítica en lugar de la confrontación, para cambiar el modelo productivo, fortalecer la democracia y superar las amenazas rupturistas, siendo hoy el secesionismo en Cataluña la principal de todas ellas. Pero también puede ser un acuerdo más o menos explícito desde la sociedad civil, que contaría al menos con tres ventajas sobre el liderazgo político. En primer lugar, la sociedad, al no estar sometida al tacticismo que imponen los ciclos electorales, podría maniobrar con una visión estratégica más amplia. Asimismo, contaría con mayor entendimiento de la compleja realidad social y económica, y, finalmente, tendría una mayor capacidad para construir puentes y alianzas. Y es que, más allá de las apariencias, el poder del cambio está más que nunca descentralizado en la sociedad, porque hoy la fuente del poder ya no es la fuerza, sino el conocimiento.

El acuerdo del seny es, en definitiva, un acuerdo social para que actitudes individuales diferentes generen incentivos políticos diferentes, a favor de la reforma, de la mejora institucional continua y, en definitiva, del debate democrático maduro.

No nos engañemos. El nacional-populismo no se frenará ni con más recursos económicos, ni con más poder político, ni tan siquiera con reformas constitucionales. Es insaciable. Reformulará sus horizontes para hacerse sentir siempre necesario en la sociedad. Renovará la lista de agravios y de enemigos siempre que sus expectativas electorales lo requieran. Si se conformara con administrar las actuales competencias, perdería su capacidad para externalizar sus responsabilidades, para culpar al otro. Incentivo perverso para unos partidos nacionalistas que en España no solo ha formado parte del sistema político, sino que le ha dado forma. Para lo bueno y para lo malo, el Estado autonómico y democrático español no se entiende sin la participación del nacionalismo catalán, aunque ahora este pretenda desentenderse.

Dados, pues, los actuales incentivos de estos partidos, el acuerdo del seny no debe conducir en primer término a un pacto con los partidos nacionalistas, sino con los catalanes, con la sociedad catalana. No se puede fortalecer la idea de España como proyecto de convivencia y de libertad con aquellos que tienen como único criterio la ruptura. El secesionismo no puede ser premiado como interlocutor o representante de la mayoría de los catalanes, porque no lo es y porque la democracia no puede someterse al chantaje de su parcelación. Las democracias no se dividen si quieren seguir siendo democracias.

Sin embargo, otra advertencia se hace necesaria: no atender a reclamaciones legítimas de la sociedad catalana, con la excusa de la insaciabilidad nacionalista, podría ser un error fatal que conduzca a alimentar el nacionalismo más excluyente. El resto de españoles no debería caer en la trampa del secesionismo que intenta confundir catalanes con nacionalistas, porque dejaría desamparados a esa gran mayoría de tres cuartos de catalanes que también nos sentimos españoles. El menosprecio, el desahogo o el «que se vayan» no solo son actitudes alejadas del patriotismo liberal defendido en este libro, sino que condenan a los catalanes que apoyan el entendimiento a una especie de exilio interior. Alimentan la espiral del silencio en Cataluña y agrandan la distancia. La conducta política del desahogo solo conduce a profundizar en la herida imaginaria que fundamenta el nacionalismo. Petrifica sus marcos mentales. Es tan poco inteligente para desactivar el reto secesionista como la política de apaciguamiento.

La convivencia requiere de un compromiso: el de no dejar las reglas del juego político en manos del populismo o de las minorías rupturistas. Las mayorías moderadas de Cataluña y del resto de España necesitan que se restablezcan puentes. Necesitamos fortalecer la confianza entre las partes que no quieren la ruptura. Hablar desdramatiza hasta los problemas aparentemente más complicados e irresolubles. De este modo, si los moderados, los representantes de los tres cuartos, dialogan, la posibilidad de llegar a acuerdos aumentará en la medida en que la tensión disminuya. No se llegará a soluciones definitivas. Abandonemos el wishful thinking. Tampoco sería positivo plantearlo de esa manera. La confrontación política (no violenta) es necesaria siempre. Las ideas surgen y se fortalecen del debate, no de la imposición. Creer que el consenso es un bien en sí mismo puede resultar un error letal, ya que, si bien el consenso en las reglas del debate es positivo porque permite la convivencia y el propio debate, también podría servir para persistir en los errores o para dogmatizar las causas de las crisis actuales. De hecho, si el consenso para el cambio no es posible, es mejor que se produzcan las reformas apoyadas por una mayoría, aunque no esta sea excepcional, ya que para el futuro de la sociedad española es mejor que un partido caiga en la impopularidad a resultas de un reformismo necesario que ir todos juntos de la mano hacia el abismo. No cambiar conlleva la decadencia, por lo que es necesario no perder tiempo y energías en tratar de sumar a los que están anclados en el simplismo y la radicalidad de los eslóganes, o a los que no entienden que el acuerdo requiere claridad, altura de miras y lealtad.

Quede claro, una vez más, que el acuerdo del seny propuesto no es un pacto entre partidos políticos, o no solo entre ellos. Es un pacto no escrito en la sociedad, entre aquellos individuos que queremos vivir en un marco de libertad cada vez mayor donde desarrollar nuestros proyectos de vida. Es el impulso de los valores que nos permitirán vivir en una sociedad tolerante con el pluralismo, que apuesta por la educación y el conocimiento y que no quiere vivir de los demás, sino que asume una responsabilidad que mejora las oportunidades de todos. Es un acuerdo en el cual nos comprometemos a huir de demagogias y populismos que puedan acabar con lo que debería ser España, un proyecto de futuro de convivencia y prosperidad. Es el cambio de valores necesario para que los incentivos en la política cambien a favor de la reforma en lugar de la ruptura, de la igualdad de oportunidades en lugar del clientelismo, de la libertad en lugar de la burocracia. Este acuerdo es una toma de conciencia cívica permanente de que el cargo político más importante en una democracia es el de ciudadano; y que debemos ejercerlo con responsabilidad y con la consciencia de que los votos tienen consecuencias.

Ser ciudadanos responsables es el mejor incentivo para la regeneración política. Pensamiento crítico frente al populismo del «todos son iguales». Los representantes políticos deben saber que si no actúan con responsabilidad perderán no solo la confianza ciudadana, sino también sus votos. Ese es el gran incentivo. Esta es la única manera de conseguir que se actúe en beneficio del bien común; por lo que el acuerdo del seny debe empezar por una responsabilidad individual y un pacto social que, en segundo término, obligará a los gobernantes a actuar en consecuencia, no de populismos impulsados por medios de comunicación o de incongruencias elaboradas a golpe de sondeo, sino de un auténtico proyecto de libertad, prosperidad y convivencia. Este es un compromiso de cada uno de nosotros con nuestros conciudadanos, pero también con nuestros hijos y su futuro. Es un gran pacto social intergeneracional. En el cual no solo trabajamos para darles la mejor educación posible, sino también para darles un Estado lo más saneado posible para no lastrar su prosperidad con el peso de nuestras deudas.

Creo que es una mayoría, tanto de catalanes como del resto de españoles, la que puede firmar con su actitud este acuerdo del seny, tan necesario como urgente. No podemos esperar mucho más. El escritor Antonio Muñoz Molina nos avisa en su último libro del peligro de un repentino desmoronamiento de todo aquello que dábamos por seguro si no somos capaces de valorarlo y de trabajar para mantenerlo. Lo que hemos construido en treinta y cinco años se puede ir al garete en menos de uno. «Como es mucho más fácil destruir que construir, la masa crítica de la calamidad suele tardar menos en llegar que la de la concordia cívica. Para que una ciudad funcione aceptablemente hace falta el acuerdo implícito y continuo de miles o incluso millones de personas: para que se convierta en un infierno solo son necesarios unos pocos canallas, ni siquiera valerosos ni inteligentes, tan solo lo bastante lerdos como para dejarse intoxicar por una ideología mesiánica y lo bastante afortunados como para llevar a cabo un tosco plan de destrucción» (Muñoz Molina, 2013, pp. 224-225).

La mayoría no puede quedar pasiva ante la minoría que construye enemigos y señala traidores. La dialéctica amigo-enemigo debe desterrarse de nuestra política para evitar una fractura social. Los agentes tóxicos de la discordia no pueden ser los portavoces de las mayorías silenciosas y no tendrán incentivos para continuar siéndolo si decidimos ejercer nuestra soberanía cambiando de dial, de canal o de voto. El futuro está, literalmente, en nuestras manos. Quizás el mayor logro de la elite nacionalista en los últimos años es el de haber dejado de actuar como si fuera una minoría hasta parecer que representa a una mayoría. Ahora nos toca a nosotros, a esa mayoría moderada que se siente catalana y española, o que no quiere vivir sin que le cuestionen permanentemente la identidad, actuar como la mayoría que realmente somos. Ahora nos toca a los que creemos que la convivencia es posible. Si actuamos como una mayoría el nacionalismo será superado y la política catalana podrá llegar a ser por primera vez un reflejo de las prioridades de su sociedad.

La política catalana puede y debe ser empujada hacía el seny por su sociedad antes de que sea tarde. Podemos superar el determinismo que describía Agustí Calvet, Gaziel, tras los hechos de octubre de 1934: «La historia de Cataluña es esto: cada vez que el destino nos coloca en una de esas encrucijadas decisivas, en que los pueblos han de escoger, entre varios caminos, el de su salvación y su encumbramiento, nosotros, los catalanes, nos metemos fatalmente, estúpidamente, en el que conduce al despeñadero» (Gaziel, 2013, p. 256). Hiela la sangre leer la crónica de Gaziel de aquellos hechos. En el momento en que Cataluña era más decisiva, decide perderlo todo. Companys, Dencás, Badía… Seguro que no nos resulta difícil encontrar paralelismos. Editoriales de La Vanguardia pidiendo moderación ante una política sin seny. Govern catalán clamando por el apoyo de socialistas y comunistas contra el gobierno español, al que no consideraban demócrata. Clamando, en el momento de desesperación, también en castellano.

En la democracia actual, la que surge de la Constitución de 1978, el nacionalismo catalán ha sido más decisivo en la política española de lo que nunca lo había sido antes: desde la propia Constitución, la formación del Estado autonómico, todas las leyes de financiación autonómica, leyes de educación, presupuestos del Estado, incluso la investidura de presidentes españoles. Y el resultado hasta hace dos días había sido el de los mejores treinta años de nuestra historia. Sin embargo, algo se tuerce ante la primera gran crisis económica, social y política de la actual democracia. ¿Podemos repetir los errores del pasado? ¿La emotividad puede cegar la razón como el populismo reprime la responsabilidad? Cataluña podría volver a ser decisiva para el futuro de España, bien recuperando su impulso modernizador, bien cayendo en el error del tot o res. 1978 o 1934. Está en nuestras manos. És a les nostres mans.

La secesión no es un destino ineludible, más bien parece imposible un proceso que distorsionaría el espíritu europeo, generaría un peligroso precedente para el resto de estados, desestabilizaría la economía y encontraría la oposición de una parte importante de catalanes. Gran parte del auge independentista es una simple coyuntura favorecida por la trágica situación de tantas familias golpeadas por la crisis y el paro. Nuevo populismo que se entremezcla con el nacionalismo romántico secular. Pero que la secesión sea prácticamente imposible no significa que lo sea la fractura social. Sospecho que el independentismo social no tardará en retroceder ante la recuperación económica. Y, ante ella, al independentismo oficial se enervará y proclamará sus prisas por salir de España. El tenim pressa es el signo de su debilidad. En definitiva, el secesionismo se reconcentrará de nuevo en una minoría, pero esta radicalizará su discurso al intuir que ha perdido su gran oportunidad y que, probablemente, haya roto su estrategia a largo plazo. El seny se abrirá paso de nuevo en una gran mayoría de catalanes, pero deberemos manejar la convivencia con un cuarto de la población resentida y frustrada. Recuperar lo que hoy se ha roto no solo entre Cataluña y España, sino dentro de la propia Cataluña, requerirá un esfuerzo y una responsabilidad enormes. Así pues, no podemos perder más tiempo, porque si nos quedamos de brazos cruzados, una minoría radical, pero movilizada, marcará el resto de nuestras vidas, y no precisamente para bien.

Un Estado que funcione

Los diferentes populismos siempre acechan a la espera de momentos de debilidad del Estado para plantear sus desafíos. Las diferentes crisis del 1898 ya supusieron un punto de inflexión hacía la radicalización de los nacionalismos vascos y catalán. No es un fenómeno novedoso. La desesperación y la desorientación suelen ser el mejor reclamo de soluciones rápidas y simples, por lo que el populismo puede surgir en cualquier sociedad castigada por la crisis. Tampoco es, por tanto, un fenómeno específicamente catalán. El populismo es hoy una amenaza para la mayoría de las democracias liberales europeas. Crecen los euroescépticos en el Reino Unido, los xenófobos en Francia y los antipolíticos en Italia. Respuestas fáciles a problemas complejos y siempre con un chivo expiatorio. Y también en Cataluña, otrora vanguardista en lo positivo, es hoy pasto del populismo que recorre Europa, eso sí, con el elemento idiosincrático que aporta el discurso emocional nacionalista.

Así pues, ante el desafío independentista, la respuesta inteligente es la de un Estado eficaz. No se trata, por tanto, de descentralizar más el Estado con la intención de contentar a un nacionalismo siempre insaciable. El primer ministro británico Tony Blair practicó una política de «devolución» de competencias a Escocia —de hecho, el Parlamento escocés es operativo solo desde 1999—; sin embargo, en lugar de frenar las aspiraciones nacionalistas las ha alimentado hasta el límite de una posible ruptura tras el referéndum de 2014. No obstante, tampoco sería inteligente, ni eficaz, una estrategia recentralizadora como castigo, ya que fortalecería el sentimiento de agravio y de desafección. La respuesta es tan simple como complicada: tener un Estado que funcione. Tener un Estado que no limite la espontánea creatividad de la sociedad y su economía, respetando y haciendo respetar tanto las libertades individuales como el pluralismo cultural.

La principal tarea política es, desde esta perspectiva, trabajar para reformar las instituciones políticas para que estas puedan canalizar las diferencias en la sociedad y los diferentes conflictos hacia el bien común. ¿Cómo? Suaviter in modo, fortiter in re. La respuesta del gobierno del Estado ante amenazas populistas nunca debe rebajarse a sus provocativas maneras. Debe ser institucional. El desahogo de tertulianos y sus movimientos no debe contagiar al Estado, que no puede actuar con la frivolidad y la demagogia de aquellos que pretenden su destrucción. Evitemos alimentar falsos victimismos y confrontaciones inútiles. Eso sí, respecto al cumplimiento de la ley debe ser fuerte e, incluso, contundente. Sin imperio de la ley, no habrá Estado que funcione, ni sociedad que progrese, ni individuos libres. Aquí, ni un paso atrás. En su momento, el Plan Ibarretxe se presentó como la única manera posible de alcanzar la paz en el País Vasco. No se cedió ante el chantaje del entonces lehendakari y se consiguió derrotar a la banda terrorista ETA con la ley y la fuerza moral de la sociedad.

Convencer a un nacionalista romántico de la irracionalidad de sus planteamientos y de lo perjudiciales que pueden llegar a ser para la sociedad que pretende defender es una misión imposible. Su esencia es puramente emotiva. Sin embargo, son recuperables para la causa de la convivencia aquellos catalanistas que, habiendo caído en la tentación populista, se sientan también españoles, y puedan volver a sentirse orgullosos de un Estado que funcione y respete el pluralismo en una nación tan diversa como la española. Vencer la crisis económica es hoy una condición necesaria, junto con la regeneración política e institucional, para superar el populismo. Por esta razón, hoy los partidos nacionalistas que se han dejado arrastrar por el separatismo no ven la recuperación económica como una prioridad, sino como un obstáculo para lograr sus objetivos. Los incentivos del nacionalismo rupturista no van encaminados a la gestión eficaz y eficiente de las competencias de la Generalitat, ya que ello podría probar que no es necesaria una mayor descentralización. Es la tentación del cuanto peor, mejor. Incentivos diabólicos para la política catalana, que el Estado español debe romper trabajando para el mayor bienestar y la mayor libertad de todos los ciudadanos a pesar de los palos en la rueda que pongan los nacionalistas.

Así pues, más que un debate sobre la centralización o la descentralización del Estado, es necesario hacer un debate sobre cómo mejorar continuamente su funcionamiento. Debemos reformular y reformar la relación entre el Estado y la sociedad, para fortalecer ambas en sus respectivas esferas. Reconsideremos el papel del Estado benefactor, cada vez más precario e insostenible en un mundo globalizado; valoremos un Estado garantista o garante (Esteve Pardo, 2013) o un Estado posibilitador que dinamice la economía y la sociedad, haciendo más competitiva la primera, y ofreciendo más oportunidades a la segunda, sin dejar a nadie atrás y fortaleciendo la clase media, factor fundamental de estabilidad y movilidad social.

El debate sobre cómo encajar a los nacionalistas o sobre cómo frenarlos debe ser superado, por elevación, con el debate sobre cómo mejorar nuestras instituciones políticas e integrar a todos los ciudadanos. Pedir lo imposible, igual que la acomodaticia desafección, es una manera de no exigir lo posible; por lo que se hace necesario un reforzamiento o cambio de valores en la sociedad que ayuden a encaminar la política hacia un impulso reformista que renueve nuestro proyecto común de prosperidad y de convivencia. Los valores que predominan en una sociedad son instituciones informales, decíamos capítulos atrás, que producen incentivos. Debemos intentar que esos valores, impulsados por el acuerdo del seny, incentiven a la política hacia el cambio necesario. El incentivo debe ser tan fuerte como los valores de la libertad en Estados Unidos que limitan cualquier intento político de invasión indebida en las esferas privadas. La exigencia de unos poderes públicos (locales, autonómicos, estatales) que tenga unas competencias limitadas pero capaces de desarrollarlas con eficacia y con justicia debe ser permanente en nuestra sociedad. Nunca más debemos bajar la guardia como lo hicimos durante lo que Valentí Puig denominó como años irresponsables. En este sentido, el escepticismo siempre es más democráticamente saludable que la indignación o la desafección.

De hecho, el escepticismo liberal siempre es más eficaz para sustentar una democracia que la fatal arrogancia, que decía Hayek, de aquellos constructivistas que se creen capaces de construir una sociedad perfecta. Y hoy se están perdiendo demasiadas fuerzas en Cataluña por culpa de la irrealidad de la supuesta independencia a la carta y sin costes. El debate secesionista nos está hurtando a todos los españoles una oportunidad de la que disfrutan otros europeos: la de centrar el debate en los objetivos y la eficacia del Estado, como están haciendo en Holanda, o cómo garantizar la libertad de elección y la sostenibilidad del Estado de bienestar, como hicieron en Suecia, o cómo reformar las relaciones económicas, como hiciera Alemania, o las relaciones entre la política y la sociedad, como está haciendo el gobierno británico, o como disminuir los costes de la política, como hicieron en Italia. No debemos resignarnos a una dulce decadencia a la francesa, porque nuestra sociedad está más viva de lo que aparenta. El crecimiento de las organizaciones del denominado tercer sector es una muestra de una vitalidad social que no debe ser desaprovechada, sino estimulada. La sociedad cada vez tiene más ambición y capacidad técnica y profesional, superando a las administraciones públicas en muchos sentidos. No tiene sentido cortarle las alas de su crecimiento. Si puede proveer servicios con mayor eficacia y eficiencia, adelante, y que la administración pública garantice el control de calidad y el acceso de toda la población.

Igual que se hiciera en los países escandinavos, en Alemania y, ahora, en Holanda, es necesario que en España centremos el debate político en una prudente reflexión sobre el modelo de Estado que nos podemos permitir y que garantizaría mejor tanto los derechos y libertades individuales como el crecimiento económico sostenible. Cómo garantizar que el Estado de bienestar sea sostenible, a la vez que no sea un obstáculo para la iniciativa de los ciudadanos, su capacidad de ahorro y el crecimiento económico. Suecia es hoy un modelo, pero no para los intervencionistas, sino para aquellos liberales que, como Mauricio Rojas, ven en el nuevo modelo sueco «una combinación dinámica de la responsabilidad pública por la equidad con un pujante capitalismo del bienestar y una libertad ciudadana de elección cada vez más amplia» (Rojas, 2008, p. 14). Este debate es hoy relegado en Cataluña ante la fuerza del monotema o, como mucho, es frivolizado por la propensión de algunos a presentar ocurrencias como si fueran pócimas mágicas.

No solo se trata de ver cómo hacemos que las administraciones públicas sean menos costosas, sino también definir cuáles son sus objetivos. Quizás el debate secesionista acabe teniendo una externalidad positiva no deseada por el independentismo, aunque sí fuera uno de los objetivos del antiguo catalanismo: la regeneración del Estado. Quizás el momento actual sirva para plantear asuntos de fondo que sí que han sido tratados en otros países europeos a tiempo de afrontar la crisis con más preparación. No deberíamos perder esa posibilidad de debate serio, riguroso, de modernizar la relación entre el Estado y la sociedad, para fortalecer ambos. Quizás el nacionalismo catalán no se apuntaría en un primer momento, quedando fuera de juego debido a su embate separatista y extemporáneo, pero seguro que gran parte de la sociedad civil catalana se sumaría, lo que a largo plazo obligaría al nacionalismo no excluyente a una reorientación y a un abandono de las posiciones radicales.

Será necesaria para ello una recuperación de la voluntad de diálogo de muchas partes. Liderazgos. Evitar los callejones sin salida y las posturas del «blanco o negro» o del «tot o res». Una revisión profunda y eficaz de un Estado, sea cual sea, solo puede hacerse desde una voluntad negociadora y pluralista. Confianza y lealtad serán claves. Igual que en una empresa solo surge la cooperación y la fluidez de las ideas y de la creatividad si hay confianza entre los trabajadores y entre estos y los directivos, una sociedad también necesita confianza, capital social, para crecer. Vivir entre odios, suspicacias y recelos solo conduce a la degeneración democrática, económica y social.

España dio un importante paso en el debate sobre la sostenibilidad económica del Estado o, lo que hemos llamado anteriormente, el pacto intergeneracional. Fue la reforma constitucional del 2011 por la cual se modificó el artículo 135 apostando por el «principio de estabilidad presupuestaria», la lucha contra el déficit estructural y el control de la deuda. Este artículo se desarrollaría en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que sirve al Estado para controlar y corregir las desviaciones presupuestarias de todas las administraciones públicas. Este es el camino que debe seguirse para no volver a la cesión de soberanía hacia los mercados financieros, porque si estos han llegado a tener control alguno sobre nuestra política es porque esta, voluntariamente y guiándose por intereses cortoplacistas, abrió la puerta al endeudamiento excesivo. Los alemanes lo tuvieron más claro que nosotros con anterioridad, pero aunque sea en el tiempo de descuento aún estamos a tiempo de salvar la sostenibilidad de nuestro sistema si no desfallecemos en el impulso reformista.

Un Estado que funcione es, además, la mejor vacuna contra el separatismo. La única separación necesaria es la de los poderes políticos. La mejor independencia posible es la de la sociedad civil. Se hace, pues, necesaria una regeneración política que garantice la seguridad jurídica y el final del clientelismo. El acuerdo del seny es, pues, también un pacto entre ciudadanos que luchan por el bien común y contra los intereses particulares o corporativos que obtienen privilegios a través de la ley, el decreto o el contrato público. Es regeneración política.

Estamos logrando salir del pozo económico, pero una crisis política puede ser letal para la recuperación, y el nacionalismo catalán puede provocar la peor de las crisis políticas. Los gobiernos catalanes deberían ser conscientes de que lo mejor para los propios catalanes es que España transmita confianza a sus socios europeos y a los mercados internacionales. Si la prioridad de la Generalitat es la internacionalización del conflicto, antes que la internacionalización de la economía, será la principal culpable del futuro malestar de los catalanes. Y habrá desaprovechado una gran oportunidad, la de un momento clave para recuperar la industria, ante la subida de los costes del transporte y los costes laborales en países emergentes. Mientras otros luchan por recuperar la industria de proximidad, no podemos perder las energías en amenazas con muros políticos y contra la unidad del mercado.

No necesitamos construir fronteras que nos separen, sino infraestructuras que nos acerquen. Infraestructuras necesarias, de las que arrojan un balance de los coste-beneficio positivo. El corredor mediterráneo, sin ir más lejos, tan necesario para que España pueda desarrollar toda una musculatura industrial. Pero no solo infraestructuras. No nos obsesionemos otra vez con infraestructuras ferroviarias, aeroportuarias o viarias. Para muchas empresas no es tan importante ahorrarse unos minutos en el transporte de sus mercancías como que la Administración Pública le pague a tiempo las facturas pendientes o que no tenga paralizada una inversión por razones burocráticas durante meses o años. Tras los trenes veloces es necesaria una Justicia rápida. Para la sociedad del conocimiento actual parece más necesaria una apuesta por universidades de excelencia y centros de investigación que no construir ciertas infraestructuras insostenibles en cada municipio. Y un entorno favorable a la creación de puestos de trabajo —flexibilidad en el mercado laboral, costes energéticos competitivos— es fundamental para construir también un entorno que favorezca la investigación y al desarrollo, apoyándose a la vez en un sistema educativo que apueste por la excelencia. En definitiva, un Estado que funcione, del cual no tengan que huir los graduados más capaces porque no tengan oportunidades.

Y para que un Estado compuesto y complejo funcione es necesario que los diferentes niveles de gobierno rindan cuentas de sus responsabilidades a los ciudadanos; para ello es necesario que los ciudadanos puedan juzgar con transparencia la gestión de sus gobiernos. Si la distribución competencial (la decisión del gasto público) es opaca para los ojos del ciudadano medio, aún lo son más los principios que rigen la distribución de los ingresos públicos. La maraña de fondos que determinan el sistema de financiación autonómico oscurece excesivamente los criterios de reparto. Esta falta de transparencia permite que prácticamente todas las comunidades autónomas reivindiquen una mejora de su financiación con la excusa de los agravios comparativos. Quizá esta sea la reforma más urgente a la hora de fortalecer un Estado que funcione: un sistema de financiación autonómico moderno, transparente, equitativo y que garantice la corresponsabilidad fiscal. Un sistema que no permita que el despilfarro salga gratis. Que, entendiendo todos los principios que lo rigen (transparencia), las gobiernos autonómicos no puedan argüir falsos victimismos (equidad) para obtener más dinero del gobierno central, sino que tengan que aumentar o bajar los impuestos si quieren aumentar o bajar el gasto (corresponsabilidad) y responder de ello ante las urnas (rendición de cuentas).

La autonomía exige responsabilidad. Gaziel, pseudónimo de Agustí Calvet, escribió a aquellos que con la autonomía durante la II República se sentían frustrados porque no había traído la felicidad a Cataluña, ni el paraíso que algunos creían, que «la autonomía entraña, por encima de una mayor comodidad, una mayor responsabilidad. La comodidad, en todo caso, vendrá a medida que la responsabilidad se acepte y los deberes que impone se ejerzan más ampliamente» (Gaziel, 2013, p. 212). El modelo español es ampliamente descentralizado hacia las comunidades autónomas, por lo que respecta a la decisión sobre el gasto público; pero no así sobre los ingresos, por lo que es fundamental seguir avanzando en la corresponsabilidad fiscal y que los gobiernos autonómicos se hagan responsables de sus presupuestos. Así se verán obligados a la austeridad inteligente, a no multiplicar los organismos públicos parasitarios como en el pasado. El derroche de los recursos estaría más penalizado con mayor corresponsabilidad fiscal porque los electores podrían juzgar con transparencia y los gobiernos autonómicos asumirían electoralmente el coste o el beneficio de sus prioridades. Como casi siempre, es un simple tema de incentivos. Si los ingresos de las comunidades autónomas dependieran solo de transferencias estatales es lógico pensar que los incentivos de los gobiernos autonómicos serían al mayor gasto posible.

Sin responsabilidad ni incentivos a la productividad, la sociedad degenera fácilmente hacia la reclamación de la satisfacción en el presente, priorizándolo al compromiso con el futuro, de la misma manera que se preferirá la redistribución de la riqueza antes que la creación de esta. Por el contrario, si las administraciones se ven empujadas por la sociedad a ser más responsables y a colaborar en la formación de un marco más propicio a la economía productiva, no solo se estará sustentando una sociedad de oportunidades, sino que se desacreditaría completamente el discurso del victimismo de las balanzas fiscales y las eternas disputas y revisiones del modelo de financiación autonómico. Lejos de un carácter definitivo, estamos ante un sistema altamente inestable, que, más que las revisiones quinquenales previstas, ha sufrido numerosas reformas. El desequilibrio entre gastos e ingresos de las comunidades autónomas provoca que estas dependan excesivamente de las transferencias del gobierno del Estado; por lo que ha acabado siendo un sistema tendente a ser negociado según la aritmética parlamentaria que dé apoyo al gobierno español. El incentivo de los gobiernos autonómicos es en este sentido el de buscar la mayor transferencia posible para poder gastar más sin tener que asumir el coste electoral de subir los impuestos. Esto no solo ha conducido a una irresponsabilidad en el gasto (ahora corregida a partir del desarrollo de la modificación del artículo 135 de la Constitución), sino también al eterno aluvión de quejas por parte de todos gobiernos autonómicos, que siempre encuentran motivos para los agravios. Para unos el sistema no era bueno dado su número de habitantes, para otros no era bueno dada su aportación a la riqueza del país, para otros no era bueno dada la dispersión de la población y el mayor coste de la provisión de los servicios públicos, y para otros las causas de la injusticia eran otras, pero, en definitiva, nunca nadie se da por satisfecho. Encontrar criterios definitivos y percibidos como justos por todos es una tarea hercúlea.

La satisfacción respecto a la distribución siempre es efímera. El sistema actual surgió de una reivindicación catalana en 2009. Se presentó como el mejor de la historia —también lo había sido el de 2001— y, sin embargo, pronto surgiría el discurso del «España nos roba» y la exigencia de un «pacto fiscal» a la vasca para Cataluña. Un concierto que, de repetirse el efecto mimético que ha caracterizado la política autonómica española, imposibilitaría al Estado el ejercicio de sus funciones. Un modelo, sin parangón en el federalismo comparado, que en el contexto de la Europa económicamente integrada más que imitarse debiera desaparecer por arcaico e injusto. La reivindicación del pacto fiscal debería servir como estímulo para una reforma del sistema de financiación auspiciada por los principios anteriormente explicados. Sin embargo, la poca flexibilidad negociadora del nacionalismo destapa una estrategia más proclive a la búsqueda de razones para la ruptura que al acuerdo sobre las soluciones para la convivencia.

No caigamos, no obstante, en el egocentrismo de creer que el debate sobre la financiación de las administraciones es un debate específicamente español. Se da en todos los países donde existen diferentes niveles de poder por territorios. En Alemania el debate existe, y los länder que más aportan se quejan como en España, Madrid o Cataluña. Y es un debate que aquí debemos hacer con la mayor racionalidad posible, con la transparencia de los datos encima de la mesa y modernizando el concepto de solidaridad. Observar qué hacen otros estados compuestos, como los federales, enriquecerá nuestro debate respecto a principios como la ordinalidad (que ningún territorio donante quede, tras la aplicación del sistema de financiación, en peor situación en el ranking de riqueza) y nos evitará las tergiversaciones malintencionadas, como el bulo sobre el límite del 4% en la solidaridad entre länder.

No penalizar a aquel que es más eficiente y que más aporta tiene también su importancia en el campo de los incentivos ya tratados en este libro. Incentivar la eficiencia también es posible con fondos de solidaridad finalistas, ligados a la buena gestión. El sur de España poco tiene que ver con el Mezzogiorno italiano. Ha sabido aprovechar notablemente mejor los fondos de cohesión europeos. Sin embargo, debemos seguir avanzando para que la solidaridad interterritorial no sirva nunca para crear redes políticas clientelares favoreciendo así incentivos a no competir y a no desarrollar todas sus potencialidades. Corruptelas sureñas que dan alas al populismo norteño, tampoco exento de sus casos de corrupción. Una solidaridad bien entendida pasa por una transparencia y una condicionalidad que refuercen la economía productiva acabando tanto con las culturas de la subvención como con la hipertrofia de organismos públicos improductivos, que se dan en Andalucía, pero también en Cataluña.

El debate sobre la financiación autonómica es un debate urgente e importante, pero un debate que no se puede hacer ni en clave victimista, ni amenazante, sino con la lealtad institucional que exige no pedir aquello que se sabe que no se puede dar y, sobre todo, pensando en el bien común de todos los españoles por encima de los intereses electorales puntuales.

Reconocimientos mutuos, autonomismo flexible

España es una Europa en miniatura, es decir, una fuerte unidad de variedades fuertes.

de Madariaga, p. 78

Als inicis del segle xxi debatre si Catalunya és o no és una nació sembla una passió inútil. Catalunya és una realitat que és part d’Espanya i a la vegada un capital simbòlic. Aquesta Espanya d’avui és un sistema d’inclusions, flexible i plural, on cadascú s’afirma en el reconeixement de l’altre. En aquesta matèria tots pequem d’una greu mediocritat intel·lectual, incapaços de renovar conceptes i d’inventar formes d’enteniment.

Puig, 2004 bis, p. 105

Si el liberalismo goza de tan larga tradición es porque cuando entra en conflicto con la realidad, en lugar de esconderla o tratar de manipularla, se adapta a ella. Reconoce la complejidad de la condición y de los asuntos humanos. Es una ideología abierta, en constante movimiento y flexible. Flexibilidad, una característica tan lejana de la rigidez como de la ruptura. Siendo tanto la secesión como el inmovilismo malas opciones, la cuestión es cómo gestionar la interdependencia de la manera más práctica y justa posible. Cómo desarrollar una unión más perfecta, que merced a una mayor confianza entre las partes articule la pluralidad de la mejor manera posible. Porque, sea cual sea la mejora, será necesaria mucha comprensión por parte de todos, generosidad y lealtad.

La reforma constitucional está sobre la mesa. El análisis y el diagnóstico de los problemas de nuestras instituciones pueden ser hoy compartidos por una gran mayoría, suficiente para una reforma constitucional; sin embargo, la dirección de los cambios quizá aún no haya alcanzado el consenso necesario. Abrir un proceso constituyente como una táctica partidista y sin tener claro a dónde se quiere llegar sería cometer un error análogo al proceso del último Estatut catalán, pero, en este caso, con una potencialidad destructiva mucho mayor. Exijamos un debate maduro y con grandes objetivos compartidos, como lo ha sido, por ejemplo, la reforma del federalismo alemán en los últimos años; mientras tanto, nuestra Constitución aún nos permite, sin necesidad de reformarla, una amplia adaptación del sistema político. Es una constitución abierta, y lo que ahora necesitamos también es flexibilidad y transparencia políticas. Flexibilidad y transparencia frente a opacidad y rigidez. Adaptación frente al dogma que petrifica, porque sabemos que las piedras se rompen. En un mundo cambiante, tanto en lo económico como en lo social, el inmovilismo político no es una opción. Sin embargo, la flexibilidad, incluso la aceptación de las singularidades o asimetrías que no creen privilegios, no debe ser nunca un obstáculo para mayor transparencia y claridad del sistema político, porque, entre los diagnósticos que claman por una mejora institucional, aparece de manera ampliamente compartida la dificultad del ciudadano para identificar las responsabilidades políticas y administrativas.

Es necesaria la clarificación de la distribución de competencias entre administraciones para facilitar tanto la rendición de cuentas como la asunción de responsabilidades; grandes incentivos para mejorar la política. Son numerosos y diversos los Estados compuestos, con diferentes niveles administrativos o políticos. Muchas sociedades viven bajo reglas federales similares a las españolas, incluso algunos países apuestan por elementos de asimetría sin privilegiar a unos ciudadanos sobre otros. La cuestión aquí es que, sea cual sea el modelo institucional hacia el que queremos que camine España, lo fundamental es abandonar la confusión competencial que malgasta cantidades ingentes de energía y recursos en luchas políticas que poco tienen que ver con el bien común.

Clarificación no significa, por tanto, «café para todos». Lo importante es que el Estado garantice la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos, pero el proveedor puede ser distinto. Quizás en algunas regiones es mejor la recentralización, pero otras necesiten por su realidad diferenciada —insularidad, lengua, etc.— que sean realizadas por una administración más próxima, como podría ser la comunidad autónoma o el municipio. En este sentido, la asimetría en las competencias no debe provocar asimetría en los derechos y libertades de los ciudadanos. Simplemente ha de ser una cuestión de eficiencia y eficacia. Debemos reintroducir el debate olvidado sobre el principio de subsidiaridad. De hecho, en muchas regiones o municipios será posible que sea la propia sociedad, el tercer sector, quien provea dichos servicios. La cuestión es que el ciudadano tenga claro a quién debe pedir cuentas para que no haya una disolución de las responsabilidades que acaben incentivando a la degeneración o deficiencia de los servicios públicos.

Las sociedades avanzan cuando sus valores y sus instituciones políticas están en concordancia con el bien común. En una sociedad tan plural como la española es fácil encontrar diferencias en los valores preponderantes en las diferentes regiones o nacionalidades, por lo que se justificarían las singularidades políticas que sirvan para reforzar el bien común. Es lógico que existan diferentes culturas políticas dentro de España, como existen en cualquier otra nación. Como señalaba Ortega y Gasset, es un error creer que los pueblos se forman a partir del crecimiento por dilatación de un núcleo inicial, por lo que «entorpece sobremanera la inteligencia de lo histórico suponer que cuando de los núcleos inferiores se ha formado la unidad superior nacional, dejan aquellos de existir como elementos activamente diferenciados. Lleva esta errónea idea a presumir, por ejemplo, de que cuando Castilla reduce a una unidad española a Aragón, Cataluña y Vasconia, pierden estos pueblos su carácter de pueblos distintos entre sí y del todo que forman» (Ortega y Gasset, 1922, pp. 30-31). Sustituyamos el «carácter del pueblo» por una más moderna «cultura política predominante» y entenderemos lo que hoy, y ya hace algunas décadas, nos explican las encuestas y los comportamientos electorales de los españoles. Y es que la propia voluntad de los ciudadanos conduce a un autonomismo abierto y flexible. La sociedad se encuentra un paso por delante de la política en la superación del infantilismo de la emulación o de la diferenciación per se. Mientras en algunas comunidades, como Madrid o Castilla y León, son ya una mayoría relativa los que desean menos autonomía, en otras se aspira a una mayor descentralización (País Vasco o Cataluña) o por mantenerse en la situación actual (Galicia o Andalucía). Quizás el café para todos no sea ahora un café al gusto de nadie, por lo que en lugar de guiarnos por los principios incompatibles de diferenciación (Cataluña y el País Vasco) o de emulación (el resto) sería más inteligente un autonomismo abierto y flexible.

La profundización gradual en este autonomismo flexible, que en realidad ya existe, no debería generar problemas si a su vez atendemos a la equidad, a la racionalidad administrativa y al principio de subsidiariedad por el cual los problemas deben ser tratados en aquel nivel que pueda ofrecer la mejor solución para los ciudadanos, sea este la Unión Europea, el Estado, la comunidad autónoma, los municipios o los individuos o sus asociaciones voluntarias (empresas, organizaciones de la sociedad civil).

La voluntad espontánea de los ciudadanos y los principios señalados deberían servir para superar el problema del tacticismo político o de las coyunturas electorales que conllevan la acumulación de compromisos unas veces incoherentes, otras contrarios al bien común. Bélgica es el ejemplo de Estado que ha ido adquiriendo compromisos con las partes solo dependiendo de la fuerza que estas tuvieran en cada momento, para acabar siendo un Estado con escaso sentido de conjunto y con una más que complicada gobernabilidad. Este es un país que también ha demostrado que una mayor descentralización no tiene por qué ser positiva para la convivencia. Los belgas han transformado su federalismo en un sistema cuasi-confederal en el que medio país vive de espaldas hacia el otro medio, con dos sistemas de partidos diferentes, que si no acaban de separarse es porque los independentistas flamencos han aceptado que la independencia supone salir de la Unión Europea. Así pues, una mayor descentralización del modelo autonómico por sí mismo no ayudaría a relajar el sentimiento separatista, si esta no va ligada a su vez tanto a los principios de subsidiariedad y racionalidad que hicieran que el conjunto del Estado funcionara adecuadamente.

El autonomismo ha servido para modernizar España social, política y económicamente. Es evidente que tiene carencias, como todos los sistemas políticos del mundo, y que ha habido y hay excesos en el gasto público que deben corregirse, pero una ruptura total del sistema carece de sentido cuando difícilmente hallaremos un modelo que se aproxime más a la realidad española. La cuestión es clarificar, adaptar y reformar con menos prejuicios y más información. Para evitar tensiones innecesarias y chantajes encubiertos, se hace necesaria una política de claridad. Claridad en las competencias para reducir las batallas judiciales; claridad en los proyectos políticos para evitar la irresponsabilidad; y claridad en los discursos públicos para evitar las desconfianzas mutuas.

El catalanista y liberal Salvador Millet i Bel definió a Cambó como «un enamorado» o «un fanático de la claridad». Cambó se exigía claridad en sus discursos y escritos, toda vez que le molestaba la ambigüedad. Por ello Millet i Bel exclamaba en 1991: ¡Cuánto sufriría hoy Cambó ante la oscuridad del discurso político de nuestro país donde abundan tanto los toxicómanos de la ambigüedad!» (Millet i Bel, 2003, p. 353). Más de dos décadas después la política española y, sobre todo, la catalana siguen aquejándose de esos «toxicómanos de la ambigüedad», concepto que Millet i Bel había extraído de un escrito de Milan Kundera. Son muchos los conceptos inventados por el nacionalismo que se usan como subterfugio para no hablar claramente de la independencia o de sus consecuencias.

En primer lugar, no pueden esconderse las consecuencias de los diferentes proyectos políticos. Decidir primero y analizar después las consecuencias es de una irresponsabilidad propia de aquel que en realidad no desea que haya una decisión consciente. Por esta razón, en una de sus primeras intervenciones en el Congreso, el año 1907, Francesc Cambó señaló que él no era, por principio, «ni centralista, ni autonomista, ni imperialista», se consideraba «siempre realista». Como señala Salvador Millet i Bel, Cambó «a través de toda su actuación política, trata de conseguir la parte de lo ideal que la realidad de cada momento hace posible. Rechaza, precisamente la política del “todo o nada”, porque no es una política realista». Así, «ser realista es tratar de comprender la realidad; es actuar a partir de la realidad» (VV.AA., 1977, p. 65).

El liberalismo genuino es la adaptación institucional a las nuevas realidades. Es empirista. A diferencia de aquellas ideologías que pretenden adaptar la realidad a sus teorías, el pragmatismo liberal no dogmatiza, se adapta. No juega a la ingeniería institucional para ni para privilegiar minorías, ni para asimilarlas. Sin embargo, un Estado que funcione lograría seducirlas; por lo que la centralización o descentralización debería pensarse más en términos de bien común que de asimilaciones o acomodaciones, pero sin obviar la realidad diferenciada de las culturas políticas en España.

¿Atiende la propuesta federal a esa realidad diferenciada? Pues depende de qué federalismo. Roberto L. Blanco Valdés subraya en Los rostros del federalismo «que el federalismo es un fenómeno plural y que el parecido entre varios de los Estados que se incluyen o se han incluido dentro de ese mundo es, o era, pura coincidencia» (Blanco Valdés, 2012, p. 12). No existen dos países federales iguales en el mundo. Algunos son más descentralizados (Alemania, Suiza o Canadá) que otros (México o Austria). Algunos se formaron por la asociación de diferentes estados como los Estados Unidos, otros nacieron como evolución del estado unitario como Bélgica o Argentina. Podríamos decir que todo Estado federal es un estado sui generis. También España lo sería o lo es. Desde la teoría política federal podemos obtener importantes lecciones para mejorar nuestro sistema institucional, pero no caigamos en la trampa de creer que es una solución mágica. En Italia se ha visto frustrada la experiencia federal de los últimos años hasta el punto de invertir la tendencia hacia una mayor recentralización, dado que el federalismo empezó a ser visto por los italianos como una fuente de corrupción y despilfarro; y, a diferencia de lo que apoya la Liga Norte, la mayoría ha llegado a la conclusión, durante la crisis económica, de que se necesita mayor integración.

Creer que el federalismo por si solo puede aliviar las tensiones nacionalistas es como creer que levantar fronteras ayudará a solucionar los problemas de los catalanes. Simplemente, wishful thinking. El nacionalismo esencialista repite que no quiere saber nada de seguir unidos, y que la dignidad no se compra ni con dinero, ni con competencias. Así, una mayor federalización de España no debe ir a buscar un apaciguamiento del que nunca se contentará, sino, en todo caso, una mejora del funcionamiento del Estado. Y si el nominalismo federal no sirve para aliviar a los nacionalistas, tampoco parece que sea una exigencia del resto de comunidades autónomas.

España ya es un tipo concreto de Estado federal. Según Eliseo Aja, «aunque tal afirmación pueda sorprender porque la Constitución no utiliza este término, es evidente que la estructura del poder en España corresponde a la propia de los Estados Federales actuales». Es un elemento federal «la garantía constitucional de la autonomía y los Estatutos como Constituciones autonómicas». La dificultad para reformar la Constitución española garantiza la autonomía más allá de cuál sea la coyuntura política, así como el Tribunal Constitucional declara nula cualquier ley del Estado contraria a la autonomía y los poderes reconocidos por la Constitución o los estatutos autonómicos. La aparición de conflictos competenciales es inevitable en las estructuras federales, como la autonómica. La cuestión es tener mecanismos de resolución pacífica, y la labor del Tribunal Supremo en Estados Unidos en España es realizada por el Tribunal Constitucional. Además, los propios gobiernos y parlamentos autonómicos son también instituciones propias de Estados miembros de una federación, como lo son los diferentes mecanismo de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas (Aja, 1999, pp. 79-154). En definitiva, las comunidades autónomas tienen garantizado un amplio autogobierno, de carácter ejecutivo y legislativo; de la misma manera que también disponen de recursos garantizados para ejercer sus competencias. Entrar en la batalla nominal podría provocar más problemas que soluciones, ya que en España el concepto «federalismo» encuentra detractores en todos bandos. Para unos es una manera de recentralización y de negar las diferencias; para otros, es el penúltimo paso antes de la independencia de las partes. Demasiadas personas en España entienden el federalismo como lo opuesto a lo que desean para el país; por lo que la pedagogía que requeriría establecer un modelo explícitamente federal sería enorme para los pocos cambios que harían falta del modelo actual. A veces, nos perdemos en retóricas, vacuos nominalismos que enconan el debate sin avanzar hacia las soluciones.

De todos modos, cabe preguntarnos qué falta para alcanzar un modelo plenamente federal, y si esto sería la solución a los actuales problemas o si se adaptaría a la idiosincrasia de nuestro país. La reforma del Senado, se nos dice. Y quizás se esté en lo cierto. Aunque el Senado español se defina constitucionalmente como «la cámara de representación territorial» (art. 69.1. CE), lo cierto es que es un modelo híbrido entre uno de tipo federal donde los senadores son elegidos por las comunidades autónomas y uno de tipo unitario conservador donde son elegidos directamente por los ciudadanos, pero que al final se constituye como un duplicado del Congreso de los diputados (Aja, 1999, pp. 144-146). Sin embargo, no olvidemos que el modelo de cámara alta como cámara formada por los gobiernos de los Estados federados que algunos proponen en España solo tiene un equivalente en el Bundesrat alemán, lo que demuestra una vez más la gran diferencia entre los modelos federales. Señalemos también que en la última reforma constitucional de 2006 el Bundesrat perdió competencias, ya que dificultaba la gobernabilidad del país.

Seguramente España necesita mayor dosis federal, pero no en el sentido descentralizador, sino en el sentido de buscar relaciones entre los diferentes niveles de gobierno más transparentes, más coherentes y cohesionadas. Y también son necesarios más y mejores mecanismos de cooperación horizontal, entre las comunidades autónomas. Apostar por el multilateralismo entre todas las autonomías o Estados federados, en lugar del bilateralismo actual, podría ser una solución para formar un sistema más coherente, en el que las partes dejarían de ir por libre, y cambiarían los recelos y las amenazas por las complicidades y la negociación.

Sin embargo, cabe preguntarnos si es necesario o suficiente un federalismo como el norteamericano para resolver un problema de nacionalidades. O sirve el federalismo alemán para reconocer unas diferencias culturales, el fet diferencial. ¿Y del canadiense o el suizo? Quizás no directamente, pero sin duda son estas experiencias institucionales de las que podemos obtener muchas lecciones para nuestro sistema político. Por regla general, parece que el sistema autonómico flexible permite adecuar mejor las diferentes culturas políticas españolas. Tanto la Constitución, el sistema de financiamiento autonómico o el nivel competencial actual ya admiten las diferentes singularidades, porque España no es exactamente el mismo café para todos, sino un modelo asimétrico, especialmente debido a los sistemas de financiación vasco y navarro, pero también a la diferente distribución de competencias (policías autonómicas, derecho civil catalán, régimen fiscal canario, etc.). Estas diferencias marcan una gran diferencia entre el modelo autonómico español y la tradición federalista que en esencia determina la igualdad constitucional de los Estados federados. En el federalismo, las diferencias entre Estados o länder residen en las políticas implementadas, no en competencias diferentes; por lo que el autonomismo permite mayor reconocimiento de los denominados hechos diferenciales que debería ponerse en valor ante aquellos que acusan al Estado español de homogeneizador. Las diferencias, sin embargo, no deberían ser una amenaza para la existencia de un proyecto común español, pues están en la esencia de nuestro país.

Es, pues, el autonomismo español, un sistema mixto entre federal y regionalista, que permite las bondades de la división del poder político de los sistemas federales a la vez que admite las singularidades propias de los Estados regionales. Y, aunque sea cierto que durante las tres últimas décadas han funcionado unas dinámicas de emulación y diferenciación entre las comunidades autónomas que poco tenían que ver con el bien común, hoy existe la posibilidad de salir de ese bucle, porque emular a las nacionalidades históricas ya no ofrece incentivos electorales. La ciudadanía, cada día más madura, puede admitir la singularidad si esta no conlleva privilegios.

Y un privilegio que no es aceptado en ningún sistema federal, ni en ninguna democracia constitucional, es el derecho a separarse unilateralmente. Es incoherente defender a la vez el federalismo y el derecho a decidir la separación. En todo caso, estaríamos hablando de un modelo confederal, una de las peores soluciones posibles, ya que rompería la soberanía que recae en todos los ciudadanos (modelo federal o autonómico) para fragmentarla en una unión de territorios. En la práctica, todos los modelos confederales siempre han sido un paso transitorio bien para unirse (como una federación o un estado unitario) o bien para separarse definitivamente (caso de Serbia y Montenegro). Y es que el derecho de las partes a marcharse de manera unilateral imposibilita, como hemos visto, la pervivencia de una democracia a largo plazo. La amenaza de secesión serviría para conseguir privilegios insostenibles.

Por otra parte, el Estado no solo debe ser sostenible económicamente y garantizar las libertades individuales, sino que también tiene que ser integrador para que funcione. Que no existan amplios sectores sociales radicalizados fuera de los consensos básicos. Las posiciones radicales pueden triunfar en determinados momentos, pero, tras perpetrar graves daños, siempre acaban perdiendo, ya que las únicas soluciones medianamente sostenibles provienen de la moderación, entendida no como un desentendimiento de las propias convicciones, sino como un esfuerzo por entender las razones de los otros. De hecho, solo se alcanzan las soluciones más creativas y más duraderas a través del diálogo con quien, a pesar de no compartir posiciones, se confía por compartir el objetivo de la convivencia y de favorecer el mejoramiento de nuestras sociedades.

Creo que los moderados son la mayoría de la población catalana y española. En Cataluña ha sido una minoría, sobrerrepresentada mediáticamente, la que ha conseguido con su grito acallar los posicionamientos moderados. Se trata de un independentismo que, a medida que se cree mayoritario, no solo desprecia la moderación, sino que también acusa de traición a todo aquel de su grupo que pide el uso de unos tiempos más razonables. Sin embargo, estoy convencido de que el silencio de los moderados se empieza a quebrar. Se abren pequeños espacios para el debate más ecuánime. Algunas de las consecuencias de la independencia como lo es la salida de la Unión Europea ya no son escondidas con tanta facilidad. Pronto se abrirán otros nuevos espacios de libertad, como la de los conocedores de la realidad económica que advertirán de las negativas consecuencias en términos de deslocalización y de desinversión de seguir con la inestabilidad política e inseguridad jurídica actuales. Lo que ahora parece imposible será un clamor en cuestión de tiempo: la exigencia de moderación y sensatez. La exigencia de reconocimientos mutuos donde hasta ahora solo hay muros sordos.

El primer reconocimiento necesario es el del pluralismo de la sociedad catalana, tan plural como el conjunto de España. Somos una pequeña Europa. Este reconocimiento es fundamental para que nadie se deje engañar creyendo que estamos ante un divorcio entre una Cataluña homogénea y un resto de España homogéneamente diferente. Romper el tonto tópico que iguala catalán a nacionalista es necesario para el correcto análisis, pero también para la convivencia y los reconocimientos necesarios. La diversidad nunca debe ser un impedimento para encontrar valores comunes o para trabajar conjuntamente por el bien común. Al contrario, debe ser una fuente de riqueza y de orgullo que ayude a encontrar soluciones más creativas a los duros retos a los que nos enfrentamos. Este es un siglo donde las culturas de todo el mundo se encuentran y se ven obligadas a interactuar. Los países, como España, acostumbrados a vivir en esa pluralidad deberían ser capaces de ser un modelo. Deberían ser capaces de dar ejemplo al mundo de gestión de la convivencia y deberían ser capaces de liderar iniciativas internacionales en ese sentido. En definitiva, deberían sacar ventaja de su diversidad y pluralidad, por lo que el reconocimiento de los hechos diferenciales no es una concesión al nacionalismo, sino un reconocimiento de la diversidad española. Reconocimiento constitucional con el concepto nacionalidades, junto a las regiones, que supone no solo un reconocimiento de la diversidad española, sino también una muestra del esfuerzo que hicieron los padres constituyentes por integrar y reconocer las diferentes culturas políticas de los españoles. No por casualidad el artículo 1.1 de nuestra Constitución reconoce el pluralismo político como un valor superior de España.

España y Cataluña necesitan menos listas de agravios y más reconocimientos. Buscar soluciones conjuntas antes que enemigos, porque los problemas de los catalanes son, esencialmente, los mismos problemas que los del resto de españoles. Sería bueno que los catalanes sustituyéramos los impulsos psicológicos hacia la comodidad del victimismo y la irrealidad por una voluntad de ejercer nuestra soberanía compartida con el resto de españoles. El propio nacionalismo catalán está despreciando a Cataluña al tratarla como una colonia, como si los catalanes no tuviéramos derechos a ser representantes del pueblo español e influir en las decisiones que afectan a todos. Ya lo señaló Gaziel: «Los problemas de Cataluña, donde hay que procurar resolverlos es dentro de España, porque es en ella, al fin y al cabo, donde pueden hallar más pronta, fácil y natural solución. Y la manera de emprenderla, no es volviéndose de espaldas a Madrid y el resto de España, bajo pretexto de que allí hay (y es cierto) quienes se vuelven también de espaldas a Barcelona y Cataluña; sino interviniendo sin descanso, simpatizando con todos los españoles libres y de espíritu liberal, que andan asimismo en busca de soluciones, y no de rupturas; fraternizando estrechamente con los afines (…), y haciéndose más dignos, más influyentes, más imprescindibles; para que cuando se trate del engrandecimiento común, todos los restantes peninsulares deban decirse: “No podemos hacer nada sin los catalanes”. Porque no cabe duda de que tampoco los catalanes haremos nunca nada bueno sin ellos» (Gaziel, 2013, p. 131). Esta solución, aunque parezca ardua y difícil, es más inteligente y posible que la del separatista que «cree que es imposible entenderse con el resto de los españoles, y para remediar esta situación, propone una cosa más difícil todavía, que es el desentenderse violentamente de ellos. No se siente capaz de hacer el esfuerzo necesario para influir en España, y en cambio sueña con el gigantesco propósito de escapar en absoluto a su influencia formidable». No es de extrañar, pues, que Gaziel considerara que «el separatismo es una ilusión morbosa que encubre una absoluta impotencia» (Gaziel, 2013, p. 135).

Reconozcamos que todos aportamos al proyecto común. Que Cataluña no es Cataluña fuera de España, ni España existiría sin Cataluña. No esperemos a que los otros den el paso. Empecemos nosotros mismos. Que nadie clame para que acepten sus diferencias si rechaza sus similitudes, pero que nadie pretenda tampoco la asimilación. Lo anunció Cambó. Ni asimilación, ni separatismo son opciones para la concordia. Los problemas derivados de asimetrías identitarias solo pueden ser resueltos con reconocimientos, ni asimilados por la fuerza, ni pagados con recursos o competencias. Y es que «no se trata de renunciar a lo que uno es: es aceptar la parte en la que nos parecemos a otros, lo que tenemos en común que nos constituye tanto como lo que nos diferencia» (…) «Aceptarnos no es claudicar de nuestros ideales, sino aceptar la realidad, y por lo tanto renunciar al delirio» (Muñoz Molina, 2013, p. 227). La unión en la diversidad. Aceptarnos en todos nuestros matices para mejorar, sin romper, sin imponer. Es por ello imprescindible la confianza en nosotros mismos. Conocerse es el primer paso para la empatía y el reconocimiento mutuo. No es fácil. Hoy, las opiniones públicas separadas están llevando a un gravísimo problema de información asimétrica, donde unas partes solo reciben impactos negativos de las otras. Se magnifican las recriminaciones y se diluyen los reconocimientos.

Hablo de reconocimiento, pero a veces me pregunto si hay conocimiento, si más allá de los tópicos y los monumentos emblemáticos el resto de españoles conoce bien Cataluña, y los catalanes el resto de España. Mi sospecha es que hay más prejuicio que conocimiento, más turismo que cultura. El mínimo conocimiento de la cultura y la lengua catalana sería un buen paso para su reconocimiento, pero para que este exista también es necesaria la claridad. No se puede uno quejar de que nadie le entiende cuando lo único que propone son conceptos abstractos sin definir como «transición nacional» o «derecho a decidir». Cuando los catalanes nos hemos perdido en la rauxa reivindicativa de conceptos abstractos, poco hemos ganado. Al contrario, cuando hemos concretado en avances para el proyecto común, hemos escrito las mejores páginas de nuestra historia. La multimillonaria conmemoración del 1714 no debería esconder que en 2014 también se conmemora el bicentenario de Juan Prim o el centenario de la Mancomunitat. Cataluña ha sido una puerta abierta al Mediterráneo y a Europa. El modernismo catalán fue una cultura del mecenazgo de la sociedad civil que hoy debería ser ejemplo para toda España. Y en Cataluña se ha hecho fuerte la cultura española, pero también la hispanoamericana, como lo demuestra la industria editorial y el mágico boom literario de los Vargas Llosa, García Márquez o Cortázar. De Cataluña surgió el impulso autonómico español: la descentralización del poder político y los sistemas de financiación autonómicos. Aunque los extremos no lo reconozcan, España es hoy en gran medida la realidad del sueño catalanista.

La sociedad catalana ha supuesto a lo largo de la historia una vanguardia cultural, un espacio de libertad y pluralismo más amplio que en otras regiones españolas. Ha tirado del carro económico y ha supuesto un estímulo para los debates políticos regeneradores y modernizadores de España. Cataluña había sido, sobre todo, un símbolo de apertura y de regeneración política durante más de un siglo, pero ¿lo es ahora? ¿Significa el actual nacionalismo catalán un avance hacia la profundización democrática como dice, o es más bien un populismo con unas gotas de sentimentalismo? Cuando en 2014 los catalanes podríamos celebrar con orgullo el centenario de la creación de la Mancomunidad, de aquella obra de la Lliga, partido que colaboró con conservadores y con liberales para modernizar España, el govern catalán prefiere conmemorar, con toda pompa e intención adoctrinadora, el tricentenario de la caída de Barcelona ante las tropas borbónicas. El catalanismo contribuyó a modernizar España a principios del siglo xx, como lo hizo en la transición y las primeras décadas de nuestra democracia; sin embargo, de manera más súbita que gradual, y para perjuicio de todos los españoles, pero especialmente los catalanes, ha virado hacia la actual mezcla de populismo y romanticismo tan alejado del catalanismo cívico de Josep Tarradellas. El reconocimiento de lo que ha significado el catalanismo es necesario para vislumbrar la gran ruptura que significa el actual separatismo. Importantes avances de la España moderna tienen gran parte de su mérito en la aportación del catalanismo: la actitud pactista en la transición fue fundamental, la descentralización que limitó el poder político a la vez que lo acercaba a los ciudadanos, la moderación y la estabilidad en la política. Lo mejor del catalanismo son los ideales que ha aportado a España. Y lo peor, la praxis de algunos políticos nacionalistas que sin grandeza, ni altura de miras, no han tenido valor para participar plenamente en la política española, prefiriendo la cómoda influencia desde la barrera que les permite sacudirse cualquier responsabilidad de encima.

La mano catalana en la construcción de la España actual no es invisible. Como señala Muñoz Machado, «el Estado autonómico se ha construido en España (…) a golpe de iniciativas territoriales, y en base a la fuerza normativa de los Estatutos que es donde se han regulado todas las instituciones nuevas, recogido las declaraciones de propósitos más ambiciosas y la nueva organización que ha cambiado la faz política y administrativa de España. Cada uno a su manera, aunque imitándose mutuamente, siempre con el ojo puesto en el modelo catalán» (Muñoz Machado, 2012, p. 47). Sería una paradoja que ahora que España se parece mucho al Estado que el catalanismo siempre soñó, este apostara por una ruptura que, como en otras ocasiones de la historia, acabara con todos los progresos. Gaziel nos avisó en sus artículos, recopilados en Tot s’ha perdut, contra la exaltación radical o la rauxa expresada en un lenguaje vacío, sin estrategia ni análisis.

Ciertamente el amplio autogobierno del que hoy goza Cataluña debería ser una oportunidad para el catalanismo de demostrar que puede gestionar competencias y recursos de manera eficiente, integrando en su proyecto a todos los catalanes e integrándose en un proyecto plural español; el catalanismo conservador de la Lliga, que hace un siglo inició con la Mancomunitat un proyecto regenerador e integrador que logró más por la lengua, la cultura y las infraestructuras que todo el ardor del secesionismo. Lo conseguido por la ambición reformista y la preparación intelectual de los Prat de la Riba o Puig i Cadafalch debería sonrojar a los actuales líderes del nacionalismo catalán, que con todas las competencias y recursos de la Generalitat la están llevando a una situación de encallamiento y desprestigio que los catalanes no merecemos.

Estoy seguro que los españoles seremos capaces de recuperar la idea de España como una unidad en la diversidad. Con diferentes acentos, este sería un discurso mayoritario en la sociedad española, que no quiere vivir en un país de odios eternos. Apostar por la convivencia en democracia es éticamente superior a hacerlo por la ruptura, porque en la primera a nadie se le obliga a renunciar a ninguna de sus pertenencias. Para sentirnos catalanes no necesitamos encerrarnos en unas fronteras, ni excluir a España de nuestras vidas, ni siquiera votar a los nacionalistas.

Cataluña no se independizará contra España, Francia, Alemania…, la Unión Europea, las empresas multinacionales que tiran de la exportación y el crecimiento económico… y mucho menos contra la mitad (o más) de su propia población; pero tampoco España se realizará plenamente si los españoles no asumimos con orgullo nuestra diversidad. España, sus instituciones y su sociedad, deberían aceptar plenamente el catalán como lengua propia, de la misma manera que la Generalitat catalana hiciera lo propio con el castellano.

Cataluña debería apostar desacomplejadamente por un sistema educativo de trilingüismo vehicular flexible e inteligente en los actuales tiempos. Y, de la misma manera, el catalán podría ser promocionado como lengua optativa en escuelas e institutos del resto de España si hubiera demanda. Estudiar en castellano como lengua vehicular la cuarta parte de las asignaturas no atentaría ni contra el catalán, ni contra ninguna identidad integradora, ni mucho menos contra el objetivo compartido y legalmente establecido de que los estudiantes acaben aprendiendo ambas lenguas. ¿Por qué el nacionalismo tergiversa esta evidencia? ¿Por qué manipula la propuesta de quienes apostamos por el trilingüismo, si no es para fortalecer los prejuicios victimistas? En el ámbito lingüístico, se hace necesaria una rebaja emocional y electoralista, para debatir de manera racional cómo alcanzar un objetivo que podría ser compartido por la gran mayoría: que los hijos acaben la educación obligatoria dominando el catalán, el castellano y el inglés. De hecho, hoy debería ser una prioridad que aprendieran el inglés no como una lengua extranjera, sino como una lengua propia, porque en el mundo competitivo en el que van a creer así se les va a exigir. Tratar el castellano como una lengua extranjera en las escuelas públicas y concertadas catalanas tiene poco sentido si se pretende potenciar el futuro de nuestros hijos y la imagen de Cataluña en el mundo. El ensimismamiento es el peor enemigo de la cultura catalana. Jesús Mosterín nos muestra un ejemplo al resaltar «el contraste entre la participación mortecina y parroquial del gobierno autónomo de Cataluña en la Feria del libro de Frankfurt de 2007, presentado exclusivamente libros en catalán e ignorando la mayor parte de lo que se escribe y publica en Cataluña, con la brillante y espectacular participación de la India el año anterior, que puso orgullosamente en primer plano a sus escritores en lengua inglesa», a pesar de que el hindi cuenta con más de 500 millones de hablantes en la India (Mosterín, 2008, p. 133). Cataluña ha dado y da a la literatura mundial grandes autores en castellano, como también una gran industria cultural en dicha lengua.

En definitiva, reconocer las diferencias no es razón para crear privilegios, pero la equidad tampoco es excusa para uniformizar. Somos un país complejo y plural. Es una riqueza y reconocerlo nos permitirá avanzar, dejar atrás muchos debates estériles, y trabajar unidos para un proyecto en común de convivencia y de prosperidad. Este no es un reto que los españoles tengamos ahora ante el furor separatista en Cataluña. Es un reto histórico y, aunque se superen los actuales desafíos, los reconocimientos mutuos y el reconocimiento de nuestra propia pluralidad serán necesarios para construir un Estado que funcione y una sociedad menos dramática y más esperanzada en el futuro.

Un proyecto sugestivo

Las naciones se forman y viven de tener un programa para mañana.

Ortega y Gasset, 1922, p. 34

Ofrecer soluciones. No generar problemas. Empirismo y pragmatismo. Copiar aquello que funciona. Mejorarlo. Desechar lo que ha fallado. El político debe ser realista. Entender el arte de lo posible. Poco hay más peligroso que un gobernante cegado por una ideología o un sueño. «El compromiso solo es posible con la realidad, no con las ideologías», anota Valentí Puig en su diario de 1985 Ratas en el jardín (Puig, 2012, p. 124). Pero los planes de reforma no lo son todo en política. Liderar, ser ejemplo de valores positivos, estimular una sociedad en pro de la convivencia y de la prosperidad exige algo más. Si el liberalismo se presenta solo con una serie de medidas económicas para superar las recesiones, solo ganará las elecciones cuando la sociedad sufra una crisis económica y las perderá cuando vuelva el crecimiento. Es fundamental, pues, que sea capaz de presentar argumentos sólidos en el campo de las ideas, pero también de ofrecer un relato convincente, positivo e integrador en el terreno de las emociones.

Los argumentos racionales, incluso sustentados en datos, no garantizan la victoria en un debate y mucho menos en la política. Las emociones son imprescindibles para tomar decisiones. Estaríamos analizando pros y contras hasta la eternidad sin un impulso emocional que nos condujera a tomar partido. Otra cosa es el vacuo sentimentalismo. El dejarse llevar solo por los sentimientos suele conducir a acciones injustas o a la frustración de los sueños irrealizables. Los sentimientos por sí solos no pueden ser una referencia moral. A lo largo de la historia, también en la reciente, hemos contemplado cómo la explosión de las emociones conducía al irrealismo político y al alejamiento de una hoja de ruta eficaz para el cambio necesario. Las emociones sin razón son el germen de una religión voluntarista, de una creencia en el todo es posible, sin valorar obstáculos ni daños colaterales. En política, como en la vida, todo es perfectible, pero exigir la perfección acaba acarreando mayor frustración y desconfianza. Buscar el cielo en la tierra es asfaltar una autopista hacia el infierno. Los españoles hemos vivido experiencias de este tipo y hemos aprendido muchas lecciones. No las olvidemos. No nos creamos inmunes al fantasma del populismo que hoy recorre Europa.

Ante la ceguera emocional de los nacionalismos desbocados, los liderazgos políticos y las personas que sirvan como puentes vuelven a ser necesarios. Son necesarios como lo fueron en la Transición. Políticos e intelectuales que no teman los ataques de los extremos, ni acaben tentados por la fácil irresponsabilidad del no posicionamiento o, peor aún, por la comodidad de la trinchera mediática. Son necesarias personas comprometidas en la búsqueda de soluciones para superar las desconfianzas mutuas levantadas por las minorías radicalizadas. Desconfianzas minoritarias, pero influyentes, distorsionadoras y muy ruidosas. Vimos al inicio del libro cómo el progreso está en el reformismo continuo de las instituciones y que, para que este fuera eficaz, también es necesario un progreso de las instituciones no legales, es decir, de los valores dominantes en la sociedad. Reformar instituciones políticas requiere de un liderazgo transaccional basado en los pactos políticos, pero cambiar los valores, para devolver a la confianza y fomentar una sociedad que ejerza su libertad y responsabilidad, requiere un liderazgo transformacional que no prescinda de las emociones necesarias tanto para los grandes cambios como para la derrota de los populismos. Estos saben usar las emociones para sus propios intereses particulares. El nacional-populismo es hábil en el uso de las emociones. Sabe crear enemigos y traidores; sabe levantar muros, y acallar a una parte de la sociedad y arrastrar a la otra.

Escribió Ortega y Gasset que mandar —liderar— es una mixtura de saber obligar y saber convencer. Convencer de la existencia de un proyecto sugestivo de vida en común, un contrato social dinámico para la convivencia, porque «los grupos que integran un Estado viven juntos para algo: son una comunidad de propósitos, de anhelos, de grandes utilidades. No conviven por estar juntos, sino para hacer juntos algo» (Ortega y Gasset, 1922, p. 33). Para Ortega el propósito unificador de España hace cinco siglos fue una gran Weltpolitik. «La unidad española fue, ante todo y sobre todo, la unificación de las dos grandes políticas internacionales que a la sazón había en la península: la de Castilla, hacia África y el centro de Europa; la de Aragón, hacia el Mediterráneo». (Ortega y Gasset, 1922, p. 41). Hoy esa Weltpolitik debe sustentarse en valores bien diferentes. Europeísmo. Integración en Europa para tener un papel decisivo en el mundo. Atlantismo. Cooperación cultural y apertura económica.

Integración, cooperación y apertura. Hoy la globalización ofrece a España una singular oportunidad de rescatar su importancia en el mundo, mientras el separatismo actúa como aquel Diógenes, el cínico de Sinope, que se lanzaba en solitario contra las masas que salían del teatro, pero a diferencia de aquel no lo hace guiado por una inteligente filosofía de la individualidad, sino por un sesgado narcisismo que lo conduce a la confrontación y al aislamiento. Europa regresa, así, como oportunidad. En la Unión Europea no entraron diecisiete comunidades autónomas, sino un Estado, el Reino de España. Fue un esfuerzo compartido. Un proyecto de futuro para todos los españoles.

Europa como gran proyecto sugestivo de vida en común que nació del descrédito de los nacionalismos. Es la Europa que recuerda cómo un siglo atrás el cosmopolitismo liberal se deshacía frente a la virulencia de los nacionalismos grandes y pequeños que sumió al continente en la Gran Guerra. 1914-2014. El futuro debe ser Europa, no la tribu. El mundo camina hacia más integración, no hacia la desintegración. La Unión Europea fue la superación de todo aquello que hoy resurge amenazante: populismos que prometen soluciones mágicas, victimismos y odios étnicos, sociedades y culturas cerradas, fronteras. La Europa del separatismo dejaría de ser Europa. El continente que inventó el ser humano. Socavaría sus fundamentos: la creencia en ciudadanos libres e iguales. Europa son las identidades múltiples, no la lealtad exclusiva a una pertenencia. Una Europa de las personas, de sus derechos y libertades individuales, es una Europa de Estados, no de pueblos o etnias, porque son los Estados constitucionales quienes garantizan esos derechos individuales.

Europa es un proyecto de convivencia dinámico. Lento. Un paso en cada crisis. Pero vivo. Una Unión Europa que necesita tomar aire y reafirmar su liderazgo moral. Recuperar la confianza en sí misma. Europa perdió el poder duro, por usar la terminología de Joseph Nye, hace tiempo, y ahora debe reforzar su poder blando: sus valores y su liderazgo moral. «Lograr que otros ambicionen lo que uno ambiciona» (Nye, 2002, p. 30). Si no quiere ser devorada desde dentro por populismos y separatismos, Europa debe reforzar los valores que la constituyen. Si no seduce, los euroescépticos vencerán. La idea europeísta de la soberanía compartida frente al victimismo de la cesión de la antigua soberanía es la gran batalla ideológica de la Unión.

Europa y América, porque España es el país más americano de Europa. España debe tener los pies en Europa, un brazo en el Mediterráneo y otro en el Atlántico. La herencia cultural de la unión de Aragón y Castilla. Los nexos íntimos entre Iberoamérica y España vuelven a surgir en los últimos años. Vinieron a trabajar, ahora vienen a invertir. Cultura y lengua nos acercan y crean oportunidades. España no acaba de creerse que puede ser la puerta a Europa para América y la de América para Europa. Estas puertas y estos puentes deben ser el pilar de nuestro proyecto común, que mira hacia afuera; aunque todavía no nos lo creamos. No hay ningún país con tantos mimbres para ganar en el campo de la globalización como España.

Falta confianza y falta un proyecto sugestivo que nos fortalezca. Toda sociedad necesita compartir un sentimiento positivo, entender los problemas y las esperanzas de nuestros compatriotas y, de alguna manera, hacerlos nuestro. Un proyecto sugestivo de vida en común. La cuestión sería, según Benjamin Barber, encontrar la manera en que ese sentimiento compartido, ese patriotismo o, incluso nacionalismo sean seguros. «Un patriotismo cívico que evita la exclusión pero que satisface la necesidad de identidad provinciana puede ofrecer una alternativa a las diversas versiones patológicas». De hecho, «el patriotismo patológico solo se puede curar mediante un patriotismo sano, así como el patrioterismo se cura solamente con una pacífica fe constitucional; el nacionalismo destructivo solo mediante el liberalismo nacional (…) y la etnicidad separatista y excluyente con la etnicidad multicultural» (B. Barber en Nussbaum, 1996, pp. 49-50). El ejemplo que nos ofrece es el de Estados Unidos. Para Barber, «el truco americano fue emplear las fervientes adhesiones que despertaba el sentimiento patriótico para vincular a las personas a elevados ideales. Nuestras fuentes “tribales” de las que se deriva nuestro sentido de identidad nacional son la Declaración de Independencia, la Constitución y la Carta de Derechos, los discursos de investidura de nuestros presidentes, el discurso de Gettysburg de Lincoln, y el sermón “libre al fin”, pronunciado por Martin Luther King en la marcha sobre Washington en 1963» (B. Barber en Nussbaum, 1996, p. 45).

Los españoles, en este mismo sentido, debemos ser capaces de impulsar un patriotismo liberal, abierto e integrador. Me refiero a un proyecto patriótico pluralista y basado en el orgullo de tener una constitución que nos garantiza derechos y libertades y por la que estamos dispuestos a cumplir nuestros deberes, como el de respetar a las minorías y la diversidad. Frente a los conceptos nacionalistas de pueblo, espolio y dignidad, desde el liberalismo ofrecemos unos conceptos más elevados como son sociedad, equidad y libertad. Así, mientras el nacionalismo excluyente forma ciudadanos sumisos a los dictados de políticos mesiánicos, España puede ofrecer una visión de nación de ciudadanos libres y responsables, capaces de vivir en una economía abierta y una cultura global. Es el patriotismo que emana del espíritu de una constitución como la de 1978 nacida de la generosidad y el pacto de los representantes de la gran mayoría de españoles. Representa unos valores de igualdad y de libertad que integran también el pluralismo, el sentimiento de pertenencia a las diferentes nacionalidades históricas. Así, el patriotismo liberal español podría representar para los catalanes una manera de recuperar el catalanismo clásico, una manera de pensar Cataluña en su conjunto y en su complejidad, capaz de liderar mejoras institucionales en España y ofrecer a sus ciudadanos más oportunidades y más espacios de libertad, huyendo de las narrativas fantasiosas del pasado, las victimistas del presente y las utópicas del futuro. Es recoger las mejores ideas de los Balmes, Cambó o Vicens Vives.

La socióloga Helena Béjar concluye que «es necesaria una política renacionalizadora que reconstruya un nacionalismo español integrador de las identidades duales que afirma poseer la mayoría de los ciudadanos. Solo el reconocimiento de pertenencia complejo, y también el español, puede llevar a aceptar la libertad y la diversidad nacional. También a recuperar la solidaridad y el compromiso con un futuro compartido, vinculado con un idioma, una historia y unos símbolos comunes» (Béjar, 2008, p. 278). En este sentido, la política española debe ser capaz de construir un proyecto seductor para la mayoría de los catalanes, igual que para la mayoría del resto de españoles, para esos tres cuartos de la población que no han caído irremediablemente en la tentación populista-nacionalista del separatismo. No se trata de contentar a los partidos nacionalistas con cesiones que nunca serán suficientes, sino de que los partidos españoles persuadan a los catalanes. Son dos cuestiones muy diferentes que muchos suelen confundir. De hecho, es más que posible que sean dos cuestiones contradictorias, porque premiar el nacionalismo catalán significa, en muchas ocasiones, perjudicar a millones de catalanes, poniendo en riesgo sus derechos y libertades individuales, o limitando sus oportunidades de vivir en una economía abierta y global. Conseguir, por lo tanto, que cierto sentimiento patriótico vaya ligado a valores como la libertad o la pluralidad y a una sociedad de oportunidades, prestigiando la idea de España, es el mejor camino para la convivencia, la recuperación de la confianza y, por lo tanto, de la prosperidad. Y para ello no es necesario inventar un gran relato épico al modo del nacionalismo excluyente, sino simplemente actualizar lo que fue el espíritu integrador de la Constitución española.

Hilvanar un relato que proponga un destino común basado en la libertad y la justicia —como lo fue el de la Transición— sigue siendo necesario. En caso contrario, nos serán impuestos los relatos épicos de las identidades, los de la exclusión, los de la irresponsabilidad o cualquier otro que conlleve la degeneración de nuestra sociedad. En primer lugar, es necesario desentrañar las mentiras del simplismo independentista. Con la acusación de «discurso del miedo» se intenta acallar a los que advierten de las consecuencias reales de una separación entre Cataluña y el resto de España, pero el mejor favor que se le puede hacer a los catalanes, y a su sociedad abierta, es la concienciación de los peligros de su deriva. Sin embargo, este desenmascaramiento no es suficiente, debemos ser capaces de crear un relato de los éxitos conseguidos entre todos los españoles en los últimos treinta años. A finales de los 70 y principios de los 80 del siglo pasado, pocos creerían lo que acabaríamos consiguiendo los españoles en una sola generación. Son unos logros más reconocidos en el exterior que por los propios españoles, quizás más inclinados que otras sociedades a cierto pesimismo. Hablando de España, el filósofo Jürgen Habermas señalaba que «pocas veces he visto un país que haya evolucionado tan rápido como este».[31] En todas las sociedades que han evolucionado rápidamente se producen desajustes como los ocurridos en España. La respuesta inteligente es ofrecer soluciones a esos desajustes, reactualizar lo que ha quedado oxidado, pero no destruir todo lo que se ha conseguido. El fatalismo puede ser combatido con la realidad y con las reformas de un proyecto claro.

El vacío de ilusión colectiva fomenta al derrotismo. En la Transición había un proyecto de futuro, el de la construcción de una democracia europea, que atraía a la mayoría de españoles; sin embargo, esta, la democracia liberal, es un sistema que, cuando se disfruta de él, difícilmente crea ilusión. Solo se valora en su justa medida cuando se pierde. Así que para no perderla es necesario que exista cierto patriotismo democrático y liberal, un orgullo y una lealtad a los valores que representa nuestra Constitución, cuyo texto evidentemente no es inamovible, pero que transmite un proyecto común de futuro por el cual estamos dispuestos a trabajar. Reforzar, en definitiva, un patriotismo liberal requiere ligar la idea de España a los valores de libertad, tolerancia pluralista y prosperidad. Y a esa reformulación dedicaremos las siguientes páginas. Hoy más que nunca España necesita Política en mayúsculas: dialogar, pero también explicar. Hacer pedagogía y seducir. Explicar un proyecto político liberal y europeísta, en el cual los ciudadanos son los actores principales de la democracia, no solo porque son libres, sino también porque son responsables. Un proyecto sugestivo que atraiga por los menos a esas tres cuartas partes de españoles que no solo no desean una ruptura, sino que querrían algo más que una simple conllevancia. Si las instituciones funcionan como deben funcionar y las empresas políticas ponen el énfasis en la persuasión, las identidades y las pertenencias pueden variar hacia un nuevo sentimiento patriótico cívico y compartido por la gran mayoría.

Por un patriotismo liberal

La democracia tolera los cuerpos intermedios (las comunidades en el seno de la sociedad tomada como un todo), pero sin privilegiarlos. Quiere que todos los individuos de un Estado tengan los mismos derechos y que ningún individuo aliene su voluntad y su razón en beneficio de la comunidad —étnica, lingüística, religiosa, racial, sexual— a la que pertenece. El Estado democrático no es «natural», no exige de sus ciudadanos que tengan todos características comunes, culturales o físicas, ni que sean del mismo origen, ni siquiera les pide que suscriban todos —tácitamente— el mismo contrato.

Todorov, 2000, pp. 366-367

Libertad, pluralismo y prosperidad. Respecto a la primera, y ante el resurgir de los viejos colectivismos, España puede significar libertad. Ser la garantía de las libertades individuales de todos y cada uno de los españoles, ya que para los amantes de la libertad el nacionalismo excluyente —sea del signo que sea— encarna un sombrío retroceso en nuestros anhelos. Ante los que imponen la idea de la voluntad de un pueblo, el patriotismo liberal es la apuesta por la fuerza creativa de los individuos. Es la genuina confianza en la sociedad. Mientras el separatismo engarza con un caduco estatismo que desconfía de la sociedad, y que ve en las «estructuras de Estado» una solución, el liberalismo cree que lo comunitario o lo público no tiene por qué estar en manos del Estado, ya que las comunidades o sociedades se pueden autoorganizar eficazmente, como lo han demostrado las fuerzas más creativas de la sociedad catalana en los últimos dos siglos. Paradójicamente, hoy parte del nacionalismo catalán apuesta por construir un Estado tomando como referentes ocultos lo peor de la política española: burocracias, intervencionismos y redes clientelares. Este gravísimo error le abre una gran oportunidad a España: la de engendrar aquello que hizo florecer la sociedad catalana. La de ser la garantía de la libertad y el pluralismo para los catalanes. Frente a los que buscan unanimismo al dictado político, enfrentamiento y separación, la apuesta liberal es la del debate político sincero, la crítica constructiva y la cooperación voluntaria. Libertad y responsabilidad.

Hacer atractiva la idea de libertad a una mayoría no es tarea fácil. El liberalismo clásico tampoco ha estado nunca especialmente preocupado en crear una visión por la cual valga la pena luchar, al no entender, por lo general, que no es suficiente persuadir a las mentes, sino que también se hace necesario ganar los corazones. Como señaló James Buchanan, los liberales «no nos hemos preocupado por salvar el alma del liberalismo clásico. Los libros y las ideas son necesarios, pero no son suficientes, por su propia cuenta, para asegurar la viabilidad de nuestra filosofía. No, el problema está en la presentación de las ideas».[32] Los liberales aún debemos entender que la fuerza de persuasión de Martin Luther King era que tenía un sueño, no un plan de reformas para la mejora de la competitividad económica. Datos y argumentos son necesarios, pero nunca son suficientes. A pesar de sus resultados en términos de prosperidad, la victoria de la libertad en una democracia ni es fácil ni se puede dar nunca por garantizada, porque la mayoría beneficiada por ella —el ciudadano medio— no tiene tantos incentivos para organizarse como aquellos que quieren aprovecharse del intervencionismo, que rechazan asumir responsabilidades o que apuestan por el que paguen otros. Entre los liberales suele correr la desazón al intuir que los intervencionistas siempre nos derrotarán en las urnas, al comprar votos con gasto público. Me atrevería a decir que esa intuición, como muchas otras, está equivocada o es excesivamente parcial. La realidad es a veces contraintuitiva. De hecho, y a pesar del fuerte enraizamiento estatista en nuestra sociedad que muestran las encuestas de valores, el fracaso del intervencionismo de los últimos gobiernos socialistas y la crisis económica están abriendo una ventana de oportunidad al discurso liberal clásico. Los españoles empezamos a ver la burocracia y los excesos derrochadores como una losa sobre nuestros hombros que no nos dejan levantar cabeza. El espíritu emprendedor renace de sus cenizas, como también la creatividad, y percibimos que los obstáculos para crear una empresa son tan excesivos como excesivos son los recursos destinados a subvencionar una falsa sociedad civil. Estoy seguro de que la libertad hoy sí vende, y que una mayoría de españoles está dispuesta a comprarla; porque su mención ya no provoca miedo, sino oportunidades. Creo que ligar la idea de España a la de un país donde uno puede desarrollar sus talentos es algo más deseable que la España del vuelve usted mañana; por lo que la sociedad española está más que preparada para recuperar su alma liberal. No en vano en nuestro país nació la palabra «liberal». Existe, pues, la masa crítica, para un discurso político en el que la libertad se presente, no como algo útil, sino como un fin moral que guíe nuestro proyecto de futuro en común, porque, aunque el liberalismo no sea una moral completa, sí que es el mejor marco político para desarrollar nuestras diversas potencialidades personales y colectivas.

España tiene tantos elementos para ser la nación de la libertad como Estados Unidos o Francia. En 1812 nació la idea moderna de nación española como un proyecto de ciudadanos libres. El gran discurso de la libertad español nació en una época de tensión y de guerra contra el invasor extranjero. La lucha por las libertades individuales nacía así en España entrelazada con un sentimiento comunitario, con una exaltación de una pertenencia, la española. Después se abusaría de esa pertenencia, de ese sentimiento, para los más viles objetivos, igual que en otros países europeos. Sin embargo, podemos destacar que existe una historia de la que sentirnos orgullosos y una idea de nación, que más allá de los símbolos se puede ligar a valores como los de la libertad. El liberalismo nació pronto en España, sufrió retrocesos, como los sufrió la modernidad con Fernando VII, pero de ninguna manera podemos hablar de un país que viviera alejado de las corrientes liberales europeas y de los grandes debates políticos decimonónicos. Tal excepcionalidad no existe. La idea de España se puede ligar a la idea de libertad en numerosos y claves momentos de nuestra historia. Aquellos que no cabe olvidar. De hecho, la idea de libertad no surge en España en el siglo xix. Es muy anterior. El gran pensador liberal Friedrich Hayek no sitúa los orígenes del liberalismo en la Escocia de Adam Smith, sino en la España del Siglo de Oro, en la Escuela de Salamanca de los escolásticos Juan de Mariana, Domingo de Soto, Tomás de Mercado, Diego de Covarrubias y un largo etcétera de juristas y teólogos que rompen el tópico de aquella España como país de guerreros con escasa cultura, con su humanismo defensor del iusnaturalismo, los derechos humanos, y la libertad económica.

Desde aquellos tiempos, la libertad ha ganado tantas batallas en el mundo que no tiene sentido estar a la defensiva frente a las demagogias colectivistas siempre dispuestas a destruir la libertad individual, incluso en su nombre. El liberalismo volverá a ser atractivo si es capaz de transmitir que su alma no es otra cosa que la defensa de la persona y su libertad. Su esencia humanista. ¿Qué puede ser más persuasivo que poner a la persona y a su libertad en el centro del debate? ¿Qué puede tener más fuerza de atracción que poner en manos de los ciudadanos sus propios destinos? La sociedad española siempre ha reaccionado positivamente cuando ha tenido espacios de libertad. Cuando la política española no se ha metido donde no debía, la sociedad ha sido capaz de alcanzar grandes cotas de excelencia y creatividad. Así pues, creo que la idea de libertad debe volver a nuestros discursos políticos. Ante los que se agarran al statu quo y el inmovilismo, y ante los que se aventuran por la ruptura inconscientemente, deberíamos profundizar en los principios de la democracia liberal. De hecho, el inmovilismo suele conducir indefectiblemente a una ruptura, por lo que es mejor la reforma democrática continua de las instituciones políticas. Regenerarlas y adaptarlas continuamente a los nuevos tiempos y pensar estratégicamente en su fortalecimiento para el futuro.

Hablo de la idea de libertad que haría de Cataluña una sociedad más fuerte y capaz de perder sus complejos respecto a su pluralismo. Apostar por la libertad individual fortalecería su sociedad civil, hoy debilitada por el ensimismamiento del colectivismo y sus falsas libertades. Seríamos más libres si nos quitásemos de encima la pesada carga del nacionalismo excluyente que exige perder tiempo y energías en debates bizantinos sobre encajes e identidades, relegando la mejora de nuestras instituciones ante un mundo que avanza sin esperarnos.

Aceptar nuestro pluralismo nos hará más libres para avanzar juntos. El sueño de la superposición perfecta entre territorio, población y Estado no solo es imposible, sino que suele convertirse en un horror «ajeno al espíritu democrático. Exige, en efecto, encerrar al individuo en una identidad que le atribuyen sus padres y las circunstancias de su nacimiento, en vez de darle la posibilidad de manifestar la autonomía de su juicio» (Todorov, 2000, p. 288). Como nos dice Todorov, la democracia nunca debe tener como objetivo la búsqueda de una homogeneización cultural de la población, sino la defensa de los derechos individuales, incluido el de pertenecer a una minoría cultural. Por esta razón, para el patriotismo liberal la igualdad en las libertades respeta y se fundamenta en el pluralismo de las culturas. Los «egoísmos colectivos se multiplican en nuestros días, incluso en las democracias liberales de Occidente, e intentan arrancar al Estado privilegios colectivos para sus miembros. Pertenecer a una comunidad es, ciertamente, un derecho del individuo, pero en absoluto un deber; las comunidades son bienvenidas en el seno de la democracia, pero solo a condición de que no engendren desigualdades e intolerancia» (Todorov, 2000, p. 367). El orgullo por la pluralidad española es el mejor antídoto contra cualquier fanatismo homogeneizador. Frente a quienes quieren obligarnos a elegir una única pertenencia, España puede representar la libertad y el pluralismo. Y es que no deja de ser curioso que cuando la España democrática y constitucional actual está más cerca que nunca de ser lo que siempre soñó el catalanismo, este se radicaliza para convertirse en aquello que siempre criticó de España, una ideología cerrada y excluyente. Como Coll y Fernández señalan, «el catalanismo, que históricamente ha sido un factor de modernización y europeización del conjunto de España, en la actualidad debería contemplar con satisfacción cómo la sociedad española ha asumido en treinta años una parte sustancial del sueño de progreso y modernización de las primeras generaciones del catalanismo» (Coll y Fernández, p. 46). España se ha convertido en un país plural a medida que las elites nacionalistas catalanas han perdido el respeto por el pluralismo en Cataluña.

El catalanismo moderado parece hoy residual. Ya no se atisban los matices. Cuando los antiguos partidos que podían representar la centralidad catalanista han caído en la tentación populista e independentista, la polarización se ha adueñado de la arena política. Sin valores comunes, ni intereses comunes, el pluralismo pierde su carácter integrador, deja de ser un antídoto contra la uniformidad, para convertirse en simple polarización. Pese a todo, la amenaza contra el pluralismo integrador que supone el actual independentismo puede abrir paradójicamente una gran oportunidad para los amantes de la libertad. Lo que en principio pondría en riesgo la estabilidad del sistema político podría acabar asegurarla a largo plazo si se actúa inteligentemente. Al intentar obtener ventajas de las desgracias de millones de catalanes que sufren la crisis económica para sobreponer el eje de conflicto (cleavage) identitario —España contra Cataluña— a un imaginario cleavage económico —la Cataluña productiva frente a la España subsidiada—, el nacional-populismo puede haber optado por una decisión populista cortoplacista que signifique el inicio de su decadencia. Si España logra salir de la crisis económica y conseguir ser una sociedad de oportunidades, el nacionalismo habrá quemado gran parte de su prestigio también para los catalanes. No solo porque habrá aprovechado el sufrimiento de muchas familias para obtener los réditos electorales de la radicalización, tensionando en exceso la sociedad catalana, sino que será visto como un elemento que no solo no ha colaborado en la salida de la crisis económica, sino que ha actuado como un palo en la rueda de la recuperación. Después de esta crisis económica, el prestigio del nacionalismo conservador catalán, que antes era visto como un buen gestor económico, puede quedar seriamente dañado. Será la hora para que aquellos que siempre han apostado por la convivencia, el pluralismo y la libertad tomen la alternativa.

Desde una posición liberal, el proyecto político español deberá ser capaz de mostrarse respetuoso con la pluralidad que significa Cataluña si quiere optar a la centralidad en su espacio político. Si el patriotismo liberal español enlaza con el valor del pluralismo integrador, el actual nacionalismo catalán pasará a jugar con la desventaja de ser quien ofrezca al mundo una perspectiva excluyente y una voluntad de homogeneización cultural ajena a los signos de los tiempos e, incluso, contraria a la idea de Europa. De hecho, España puede ser el mejor ejemplo de que la idea de Europa puede triunfar, de que la unidad en la diversidad es posible. Así, el triunfo del nacional-populismo no solo representaría el fracaso de Cataluña y de España, sino también de lo que pretende el proyecto europeo; mientras que el pluralismo español sería tanto un signo de modernidad y tolerancia como una oportunidad de establecer con más facilidad puentes en todo el mundo, América, Europa o los países de la ribera sur del Mediterráneo. Un proyecto pluralista de España conseguiría, pues, superar el nacionalismo catalán por elevación.

De la observación de la realidad, del empirismo, podemos deducir, al menos, un par de conclusiones. En la lucha contra el nacionalismo hay dos estrategias que siempre han fracasado: la confrontación con otro nacionalismo simétrico y excluyente y el apaciguamiento a través de cesiones. Ambas estrategias llevan siempre a un conflicto todavía mayor. En el primer caso, si el nacionalismo surge, como apunta Isaiah Berlin, de una herida, real o imaginaria, pero sentida por una parte de la población, la confrontación solo provocará una herida aún mayor y, por lo tanto, una mayor radicalización. Y, respecto a la segunda estrategia, cabe señalar que el nacionalismo nunca se conforma. Nada le es suficiente. Necesita la reivindicación para sobrevivir, por lo que el apaciguamiento es inútil. Se alimenta del victimismo, por lo que nunca admitirá que haya dejado de ser una víctima. Y mucho menos admitirá que pueda ser un verdugo. El cumplimiento de unas reivindicaciones siempre trae nuevas reivindicaciones. Siempre se encontrará una herida por la que quejarse. Ni el palo, ni la zanahoria son, pues, estrategias que por sí solas puedan servir para calmar las reivindicaciones nacionalistas o reducir sus apoyos.

La única estrategia eficaz para superar el nacionalismo es la seducción de aquellos que no han caído definitivamente en sus garras. Convencer con argumentos, pero, sobre todo, convencer también con sentimientos. Sentimientos hacia un país que sabe que su riqueza cultural es su principal tarjeta de presentación al mundo. Mostrar empatía siempre es más eficaz que mostrar autoritarismo o sumisión. Desde el entendimiento mutuo se puede convencer más fácilmente, podemos aprender y mejorar, y podemos canalizar nuestras energías y recursos hacia menesteres más provechosos para el bien común. Superar los recelos nacionalistas no solo servirá para asegurar una mayor convivencia, sino también para centrarnos en aquello que de verdad importa, en poder dar a nuestros hijos un futuro mejor, con una educación que les dé instrumentos para triunfar, no para adoctrinar, para tener un mercado más amplio y con menos barreras que cree un mayor número de oportunidades para los que quieren trabajar y para los que quieren emprender. Los victimismos y las desuniones nos han robado demasiada fuerza, mientras la globalización actual no espera ni a los débiles ni aquellos que se entretienen mirándose el ombligo. Perderse en un pasado imaginario es un lujo que no nos podemos permitir cuando el futuro se acelera irremediablemente.

La diversidad nunca debe ser un impedimento para encontrar valores comunes. Al contrario, debe ser un elemento de unión, riqueza y de orgullo que ayude a encontrar soluciones más creativas a los duros retos a los que nos enfrentamos en este siglo. Este es un siglo donde las culturas de todo el mundo se encuentran y se ven obligadas a interactuar. Los países acostumbrados a vivir en esa pluralidad deberíamos ser capaces de ser un modelo y de jugar mejor nuestras bazas. Deberíamos ser capaces de dar ejemplo al mundo de gestión de la convivencia y deberíamos ser capaces de liderar iniciativas internacionales en este sentido. Patriotismo y pluralismo no solo no son dos conceptos antagónicos, sino que en el caso español deberían ir de la mano. Como señala Hayek, «el nacionalismo nada tiene que ver con el patriotismo, así como que se puede repudiar el nacionalismo sin por ello dejar de sentir veneración por las tradiciones patrias» (Hayek, 2001, p. 118). Por lo tanto, un patriota español siente respeto por las diferentes culturas que conforman España, mientras que un nacionalista solo quiere la uniformidad en España o en Cataluña. Un patriotismo liberal es la mejor manera, pues, de dejar fuera de juego el secesionismo catalán, ya que no le ofrece argumentos para el victimismo, y es integrador para la gran mayoría de catalanes a la vez que fortalece la idea de España ante el mundo. De esta manera, el patriotismo liberal español no solo debe ser capaz de convivir con el catalanismo cívico, sino que ambos deben fortalecerse mutuamente. Esta forma de entender el proyecto común español, integrando la pertenencia catalana, superaría el nacionalismo excluyente por elevación y sería capaz de persuadir y atraer a la gran mayoría de catalanes.

Me gusta demasiado Cataluña como para ser nacionalista. Afortunadamente Cataluña nunca será la nación homogénea que algunos pretenden, porque dejaría de ser ella misma. Su sociedad es rica gracias a su pluralidad, pero también gracias a su apertura, y, porque deseo que prospere, estoy en contra del separatismo; a diferencia del catalanismo, entendido como un sentimiento favorable a una pertenencia, a un conjunto de valores y a una cultura, y perfectamente compatible con el patriotismo liberal español; el nacional-populismo pretende hacer coincidir las fronteras del Estado con las de una cultura, alejándose de las ideas defendidas en este libro de priorizar la libertad individual y de considerar a todas las personas moralmente iguales.

Libertad, pluralismo y reformismo. España debe representar un proyecto dinámico hacia un futuro mejor. En una situación de estancamiento y de crisis, el discurso liberal puede ser el catalizador del cambio hacia la prosperidad. Como señala Hayek, «el liberalismo siempre mirará hacia adelante, deseando continuamente purgar de imperfecciones las instituciones sociales. El liberalismo nunca se ha opuesto a la evolución y al progreso. Es más: allí donde el desarrollo libre y espontáneo se halla paralizado por el intervencionismo, lo que el liberal desea es introducir drásticas y revolucionarias innovaciones» (Hayek, 2001, p. 107). El relato de la libertad es el relato del reformismo incesante en una época de crisis económica e institucional como la actual. Es el relato de una España ambiciosa que se regenera democrática e institucionalmente de manera continua.

La libertad individual no se entiende sin la tolerancia pluralista y la prosperidad. Volvemos a la defensa que Hayek hace de la libertad como mejor manera de facilitar la evolución positiva de nuestra civilización: «Todas las teorías políticas dan por sentado que la mayoría de los individuos son muy ignorantes. Aquellos que propugnan la libertad difieren del resto en que se incluyen a sí mismos entre los ignorantes e incluyen también a los más sabios. El conocimiento que el individuo más ignorante puede deliberadamente utilizar y el que usa el hombre más sabio, comparados con la totalidad del conocimiento que constantemente se utiliza en la evolución de la civilización dinámica, son insignificantes. El clásico argumento en favor de la tolerancia formulado por John Milton y John Locke y expuesto de nuevo John Stuart Mill y Walter Bagehot se apoya, desde luego, en el reconocimiento de nuestra ignorancia» (Hayek, 1959, pp. 56-57). Así pues, un patriotismo basado en la idea de un Estado-nación que proteja las libertades individuales es también un patriotismo que defiende la tolerancia con la diversidad y la prosperidad que surge de las asociaciones formadas por los individuos libres.

Cataluña debe sacudirse el polvo de los viejos dogmas victimistas que adormecen la confianza necesaria para salir adelante. Y debe también evitar la tentación estatista. Algunos —sobre todos los nacionalistas de pasado marxista— apuestan por las estructuras de Estado como subterfugio para alcanzar el poder, cuando el empirismo nos demuestra que más administraciones públicas y más intervencionismo agravarían la crisis. Copiar aquello que no ha funcionado en España —regulación perniciosa y burocracia excesiva— no ayudará a que la sociedad catalana vuelva a la vanguardia económica y cultural. Por eso, hoy Cataluña corre el riesgo de ensimismarse, de no darse cuenta de que el resto de España está dispuesta a cambiar y a avanzar. Corre el riesgo de, queriendo librarse de España, adopte todos aquellos clichés que el nacionalismo catalán ha imputado a esta: atraso económico y aislamiento social y cultural. Cada día quedan más lejos aquellos tiempos en los que Barcelona era un ejemplo de cosmopolitismo y vanguardias para el resto de España. Lejos los tiempos en los que «llibertat, amnistia i Estatut d’autonomia» eran un grito de regeneración e integración. Hoy el separatismo representa una eufórica decadencia de todo aquello que nos unía. Mientras el resto de España está trabajando para salir de la crisis económica, aquel fomenta la inestabilidad y la desconfianza, atrapado en sus propios fantasmas, e incapaz de darse cuenta de que en el mundo nadie está pendiente de él, más allá de algunas minorías euroescépticas poco recomendables para quien pretende disfrazarse de ultrademócrata.

Libertad y prosperidad. Para Ralf Dahrendorf, tras la libertad negativa de Berlin, «el segundo elemento del liberalismo, igualmente importante, está en el esfuerzo incesante por ampliar las oportunidades de vida de los individuos: es decir, el esfuerzo de cambiar las condiciones de la sociedad en la cual viven los individuos, de modo que un número siempre mayor de personas goce de chances de vida siempre mejores» (Dahrendorf, 1979, p. 34). Así pues, el liberalismo es una lucha continua contra el inmovilismo y a favor de construir una sociedad de oportunidades para el máximo número de ciudadanos. ¿Es este el camino que pretenden los que quieren levantar nuevas fronteras? Sinceramente, no lo parece. Encerrar Cataluña ayudará a una minoría a ser más extractiva que nunca, a crear nuevos marcos para aprovecharse de los esfuerzos de la mayoría de catalanes, pero ni ayudará a abrir mercados ni ayudará a crear más prosperidad.

España debe ser para los catalanes no solo una nación de libertad, sino también, como para el resto de españoles, una nación de prosperidad. Una sociedad de oportunidades. España no es una nación decadente como pretende el nacionalismo catalán. Quizá la marca España sea hoy más potente fuera que dentro de nuestro país, pero un vistazo a los logros conseguidos en poco más de una generación nos demuestra que la sociedad española ha prosperado como pocas en el mundo. Nunca en la Historia la sociedad española había vivido en una situación de libertad y prosperidad como en los últimos treinta años. También la historia de los catalanes en las últimas tres décadas es una historia de éxito tanto desde el punto de vista de la libertad como el de la prosperidad. Es cierto que hoy sufrimos la peor crisis económica de nuestras vidas, pero ¿es razón para destruir todo lo construido? En pocos años hemos logrado grandes hitos inesperados.

Hicimos una transición ejemplar. No fue perfecta, porque, como ya hemos repetido, no cabe esperar nunca un proceso político perfecto; pero difícilmente hallaremos un modelo de transición democrática más integrador que el español, ya que en la elaboración de la Constitución de 1978 se aceptó que la democracia solo podría consolidarse desde la aceptación de que nadie poseía la verdad absoluta y de que era necesario consensuar unas mínimas reglas del juego. Fraga y Carrillo. Suárez y Tarradellas. Poner en valor lo que se consiguió aquellos años es necesario para superar de una vez la confusión entre nación española y franquismo. Con sus problemas y sus carencias, fue un proceso enormemente positivo para nuestro país. En un breve periodo de tiempo transitamos de una dictadura centralista a una democracia descentralizada y pluralista, otorgándonos los españoles por primera vez una constitución que podemos considerar de todos, o de una grandísima mayoría, y que al no buscar la exclusión de los adversarios, sino su participación, se creó el clima de confianza necesario para que, en caso de alternancia en el poder, no hubiera violencia, sino aceptación y consolidación del sistema democrático. La existencia de una clase media consolidada y el miedo a perder lo que ya se había logrado facilitó que la sociedad española presionara mayoritariamente a favor de una transición reformista e integradora y no de una ruptura que hubiera podido significar la caída en los errores del pasado. Con todo, la clave fue el acertado mecanismo de ingeniería política e institucional que se adoptó y que, según Manuel Álvarez Tardío, podría resumirse en tres principios: «Que todos debían participar en la fundación democrática; que el principio democrático no impedía que existiera un sistema de contrapesos que evitara la concentración del poder; y que el objetivo prioritario debía ser un marco de competencia política que no cerrara las puertas a ningún programa político con la salvedad fundamental del respeto de los derechos y las libertades fundamentales» (Álvarez Tardío, 2005, p. 480). Todos ellos principios liberales que pueden resumirse en limitación del poder, protección de los individuos e imperio de la ley. Es evidente que la Constitución actual puede mejorarse y actualizarse, pero sería importante recordar estos principios y aquel espíritu antes de acometer una reforma constitucional. De hecho, hoy nuestra constitución, como nuestra transición, pueden ser un ejemplo para todos aquellos países que sometidos a una dictadura quieren cambiar de manera pacífica hacia un régimen democrático. Estoy pensando concretamente en aquellos países árabes que tras vivir la denominada primavera tienen gravísimas dificultades para desarrollar un sistema político medianamente liberal que les permita consolidar una democracia. En este sentido, los españoles hoy deberíamos sentirnos obligados a estar a la altura de aquellos hechos y de los protagonistas de aquel cambio. Deberíamos sentir la responsabilidad de ser un ejemplo para el mundo, de mantener vivas las ideas de reconciliación, y de seguir adelante con las reformas necesarias sin perder de vista aquel espíritu de convivencia.

¿Cómo se puede hablar de España como una nación decadente cuando económica y socialmente nuestra generación ha vivido las mejores páginas de nuestra historia? En los últimos cincuenta años la economía española ha sabido superar gravísimas crisis, liberalizar su economía, no solo abriéndola al mundo, sino también saliendo con fuerza hacia otros países. En estas décadas, el crecimiento de la renta per cápita española solo ha sido superado por algún país asiático y por Irlanda. Las grandes empresas españolas no solo gozan de un gran prestigio internacional, sino contra el tópico, son altamente competitivas. En el terreno de la moda pocas empresas podemos encontrar tan internacionalizadas como las españolas. En el campo de las infraestructuras y grandes obras públicas también contamos con grandes empresas españolas entre las importantes del mundo. La industria de la automoción española es puntera en Europa, como también estamos bien posicionados en la aeronáutica y la ferroviaria de alta velocidad. También son referentes internacionales investigadores, artistas y deportistas españoles. La lista es extensa. La globalización le sienta bien a España y a Cataluña le interesa especialmente. En el interior la economía española también ha demostrado ser una historia de éxito cuando logramos formar parte de la unión monetaria desde sus inicios, siendo no pocos los que lo creían imposible. Y en pocos años hemos construido un Estado del bienestar que poco tiene que envidiar, sobre todo por lo que respecta a sanidad, a otros estados europeos.

Es mucho lo que hay que reformar y actualizar, sí, pero también es mucho lo que se ha avanzado en tan poco tiempo. Observando los logros conseguidos parece difícil que haya que jugar a la ruleta rusa de la ruptura antes que apostar por un reformismo audaz. Hoy sería importante restablecer aquel espíritu de la Transición. Aquella voluntad de diálogo que evite llevarnos a callejones sin salida. Basta de hermenéutica sobre el pasado sin atender las necesidades del presente y del futuro. Lealtad. Confianza. Que España pueda reactualizarse y seguir avanzando dependerá, en gran medida, de la actitud y del espíritu de sus políticos y, de entre ellos, pondría especial énfasis en los catalanes. Así como en otras épocas estos han sido grandes catalizadores de la reactivación española, hoy podrían ejercer de un freno terrible si apuestan por un todo o nada que perjudicaría en primer lugar a las posibilidades de un futuro mejor para los propios catalanes. Ya nos lo advirtió Cambó: «La política del tot o res, en el moment en què hi hagués ambient propici per a una concòrdia, hauria d’ésser radicalment proscrita a Catalunya. Molts dels contratemps que ha sofert Catalunya, a la política del tot o res han d’ésser imputats. Si en preparar l’ambient per a una concòrdia l’esforç seria més petit a Catalunya que fora d’ella, en el moment d’articular i d’aplicar la concòrdia l’esforç dels dirigents catalans hauria d’ésser considerable. I aleshores la feblesa, la vacil·lació dels dirigents, podria ésser fatal» (Cambó, 1930, p. 147).

El pasado reciente nos demuestra que el nuestro no es un país decadente, pero esta demostración no es suficiente. Debemos ser capaces de regenerar nuestro proyecto sugestivo de vida en común, mirando hacia el futuro con un impulso ambicioso. El cambio de modelo productivo, del ladrillo al sector exterior, es una gran oportunidad para nuestro país de volver a proyectarnos como una sociedad abierta al mundo y capaz de establecer puentes entre culturas. Nuestra propia pluralidad es hoy uno de nuestros mejores instrumentos para hacer de España un país que comprenda la complejidad del mundo y se sitúe en una posición privilegiada. Recuperar presencia internacional, responsabilidad y credibilidad ante nuestros aliados es también una manera de fortalecer nuestra unidad interior, porque demostraremos que ante el mundo es mejor ir unidos que separados. No solo es que en la Unión Europea se sea más influyente siendo un país de 47 millones de habitantes que uno de 40 o uno de 7, es que una España fuerte es la mejor manera de garantizar oportunidades para las empresas catalanas en Iberoamérica. Tener una idea clara del papel que España puede desempeñar en la escena internacional del siglo xxi es fundamental para nuestro proyecto de prosperidad. Reconocer lo que hemos logrado juntos debe ser la fuente de confianza para marcarnos metas más ambiciosas, para formular un proyecto de sociedad libre, plural y próspera que se proyecte en el mundo de manera orgullosa bajo el nombre de España. En algunos temas podemos ser diecisiete comunidades autónomas, pero en política exterior, en las negociaciones en el seno de las instituciones europeas y respecto a nuestra imagen en el mundo es mejor, para todos, ser una nación.

Nuestros padres hicieron grandes sacrificios para que el peor día de nuestras vidas fuera mejor que el mejor de las suyas. Se esforzaron para darnos un país lleno de oportunidades en el que fuera posible realizar nuestros proyectos personales. Por ello, nuestra generación no tiene derecho a dejarse cegar por la irresponsabilidad o el narcisismo de las pequeñas diferencias, ni a defraudar a nuestros hijos dejándoles en herencia un país peor. Rehacer España como un proyecto sugestivo de vida en común basado en la libertad, el pluralismo y la prosperidad está solamente en nuestras manos.

BIBLIOGRAFÍA

Aja, E. (1999): El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales, Alianza, Madrid.

Álvarez Tardío, M. (2005): El camino a la democracia en España. 1931 y 1978, Gota a gota, Madrid.

Balfour, S. y Quiroga, A. (2007): España reinventada. Nación e identidad desde la Transición, Península, Barcelona.

Barber, B.R. (2000) [1998]: Un lugar para todos. Cómo fortalecer la democracia y la sociedad civil, Paidós, Barcelona.

Bassets, L., et al. (2006): La rectificació. Cabòries, exhortacions i premonicions sobre Cataluña, Destino, Barcelona.

Bastiat, F. (2005) [1850]: La ley, Alianza, Madrid.

Béjar, H. (2008): La dejación de España. Nacionalismo, desencanto y pertenencia, Katz Editores, Madrid.

Berlin, I. (2001) [1958]: Dos conceptos de libertad y otros escritos, Alianza, Madrid.

— (2000) [1996]: El sentido de la realidad. Sobre las ideas y su historia, Taurus, Madrid.

— (2000) [1955]: Contra la corriente. Ensayos sobre historia de las ideas, Fondo de Cultura Económica, Madrid.

Blanco Valdés, R.L. (2012): Los rostros del federalismo, Alianza, Madrid.

Branchadell, A. (1997): Liberalisme i normalització lingüística, Empuréis, Barcelona.

Buchanan, A. (2013 [1991]: Secesión. Causas y consecuencias del divorcio político, Ariel, Barcelona.

Cacho Viu, V. (1998): El nacionalismo catalán como factor de modernización, Quaderns Crema, Barcelona.

Cambó, F. (1930): Per la concòrdia, Llibreria Catalònia, Barcelona.

Casals, X. (2013): El pueblo contra el Parlamento. El nuevo populismo en España, 1989-2013, Ediciones de Pasado y Presente, Barcelona.

Chaves Nogales, M. (2013): ¿Qué pasa en Cataluña?, Almuzara, Córdoba.

Cicerón, Q.T. (2009): Breviario de la campaña electoral, Acantilado, Barcelona.

Coll, J. y Fernández, D. (2010): A favor de España y del catalanismo. Un ensayo contra la regresión política, Edhasa, Barcelona.

Crick, B. (2001) [1962]: En defensa de la política, Tusquets, Barcelona.

Dahrendorf, R. (2009) [2006]: La libertad a prueba. Los intelectuales frente a la tentación totalitaria, Trotta, Madrid.

— (2005) [2003]: En busca de un nuevo orden. Una política de la libertad para el siglo XXI, Paidós, Barcelona.

— (2002) [2001]: Después de la democracia, Crítica, Barcelona.

— (1982) [1979]: El nuevo liberalismo, Tecnos, Madrid.

Dion, S. (2005) [1999]: La política de la claridad. Discursos y escritos sobre la unidad canadiense, Alianza Editorial, Madrid.

Elliott, J.H. (2012): Haciendo historia, Taurus, Madrid.

Enkvist, I. (2011): La buena y la mala educación. Ejemplos internacionales, Encuentro, Madrid.

Esteve Pardo, J. (2013): La nueva relación entre Estado y sociedad. Aproximación al trasfondo de la crisis, Marcial Pons, Madrid.

Fergurson, N. (2013) [2012]: La gran degeneración. Cómo decaen las instituciones y mueren las economías, Debate, Barcelona.

Fradera, J.M. (2009): La pàtria dels catalans. Història, política, cultura, La Magrana, Barcelona.

Fukuyama, F. (2004): La construcción del Estado. Hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI, Ediciones B, Barcelona.

— (1999): La Gran Ruptura. Naturaleza humana y reconstrucción del orden social, Ediciones B, Barcelona.

Fusi, J.P. (2003): La patria lejana. El nacionalismo en el siglo XX, Taurus, Madrid.

Gaggi, M. y Narduzzi, E. (2006): El fin de la clase media y el nacimiento de la sociedad de bajo coste, Lengua de trapo, Madrid.

Gagnon, A.-G. (1998): Quebec y el federalismo canadiense, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.

Gaziel (2013): Tot s’ha perdut, RBA, Madrid.

Gray, J. (2004) [2003]: Al Qaeda y lo que significa ser moderno, Paidós, Barcelona.

Hayek, Friedrich A. (2010): Principios de un orden social liberal, Unión Editorial, Madrid.

— (2008) [1959]: Los fundamentos de la libertad, Unión Editorial, Madrid.

— (2000) [1944]: Camino de servidumbre, Alianza Editorial, Madrid.

Holmes, S. (1999) [1993]: Anatomía del antiliberalismo, Alianza Editorial, Madrid.

Hurtado, A. (2008): Abans del sis d’octubre (un dietari), Quaderns Crema, Barcelona.

Ignatieff, M. (2012) [1993]: Sangre y pertenencia. Viajes al nuevo nacionalismo, El Hombre del Tres.

Judt, T. (2010): Algo va mal, Taurus, Madrid.

Juliana, E. (2009): La deriva de España. Geografía de un país vigoroso y desorientado, RBA, Barcelona.

— (2006): La España de los pingüinos. Una visión antibalcánica del porvenir español: la concordia es posible, Destino, Barcelona.

Lakoff, G. (2007) [2004]: No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político, Complutense, Madrid.

López Burniol, J.J. (2008): España desde una esquina. Federalismo o autodeterminación, La esfera de los libros, Madrid.

Maalouf, A. (2011) [2009]: El desajuste del mundo, Alianza, Madrid.

— (2010) [1999]: Identidades asesinas, Alianza, Madrid.

Madariaga, S. de (2010): Bosquejo de Europa, Encuentro, Madrid.

Marías, J. (2002) [1985]: España inteligible. Razón histórica de las Españas, Alianza, Madrid.

— (1974) [1966]: Consideración de Cataluña. La única soberanía posible es la que suelo llamar «soberanía compartida», Aymà, Barcelona.

Millet i Bel, S. (1993): Estado de quiebra. Una defensa lúcida y valiente de la sociedad civil frente a la intromisión creciente del Estado, Planeta, Barcelona.

Molinas, C. (2013): Qué hacer con España. Del capitalismo castizo a la refundación de un país, Destino, Barcelona.

Mosterín, J. (2008): La cultura de la libertad, Espasa Calpe, Madrid.

Muchoz Machado, S. (2012): Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo, Crítica, Barcelona.

Muñoz Molina, A. (2013): Todo lo que era sólido, Seix Barral, Barcelona.

Norman, J. (2010): The Big Society. The Anatomy of the New Politics, The University of Buckingham Press.

North, D.C. (2006) [1990]: Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, Fondo de Cultura Económica, México.

Nussbaum, M.C. (2012) [1996]: Los límites del patriotismo. Identidad, pertenencia y «ciudadanía mundial», Paidós, Barcelona.

Nye Jr., J.S. (2003): La paradoja del poder norteamericano, Taurus, Madrid.

Ortega y Gasset, J. (2009) [1922]: España invertebrada, Alianza, Madrid.

Pérez-Díaz, V., coord. (2012): Europa ante una crisis global. Economía, geoestrategia, sociedad civil y valores, Gota a gota, Madrid.

— (2003) [1993]: La primacía de la sociedad civil, Alianza, Madrid.

— (2002): Una interpretación liberal del futuro de España, Taurus, Madrid.

Popper, K. (2002) [1945]: La sociedad abierta y sus enemigos, Paidós, Barcelona.

— (1995) [1994]: La responsabilidad de vivir. Escritos sobre política, historia y conocimiento, Paidós, Barcelona.

Porta Perales, M. (2009): La tentación liberal. Una defensa del orden establecido, Península, Barcelona.

— (2000): Malalts de passat. Una revisió crítica de la identitat catalana, Laertes, Barcelona.

Puig, V. (2013): Los años irresponsables. Lo que va de siglo. Barcelona, Ed. Península.

— (2012): Ratas en el jardín, Libros del Asteroide, Barcelona.

— (2008): Moderantismo. Una reflexión para España, Península, Barcelona.

— (2004a): Por un futuro imperfecto. Los retos políticos en el umbral del siglo XXI, Destino, Barcelona.

— (2004b): L’os de Cuvier. Cap a on va la cultura catalana, Destino, Barcelona.

Regoyos, J. de (2011): Belgistán. El laboratorio nacionalista, Ariel, Barcelona.

Rojas, M. (2010) [2008]: Reinventar el Estado del bienestar. La experiencia sueca, Gota a gota, Madrid.

Salin, P. (2008) [2000]: Liberalismo. Una nueva y profunda evaluación del pensamiento liberal, Unión Editorial, Madrid.

Sartori, G. (2001): La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, Taurus, Madrid.

Sen, A. (2011): Desarrollo y crisis global, Complutense, Madrid.

Steiner, G. (2005): La idea de Europa, Siruela, Madrid.

Todorov, T. (2000): Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo XX, Península, Barcelona.

Vicens i Vives, J. (2010) [1960]: Notícia de Catalunya. Nosaltres els catalans, Vicens Vives, Barcelona.

Vidal-Folch, X. (2013): ¿Cataluña independiente?, Madrid, Catarata.

VV.AA. (1977): Francesc Cambó i Batlle en el seu centenari (1876-1976), Barcelona.

VV.AA. (2002) [1787]: Artículos federalistas y antifederalistas. El debate sobre la Constitución americana, Alianza, Madrid.

Wert, J.I. (2012): Los españoles ante el cambio, FAES, Madrid.

Zakaria, F. (2013): El futuro de la libertad, Taurus, Madrid.

[1] Álvaro Delgado-Gal. «Atarse los machos». ABC, 30/5/2012, p. 3.

[2] Entrevista a Göran Persson en La Contra de La Vanguardia, 20/3/2013.

[3] Manuel Cruz. «Independencia: ¿para qué, exactamente?». El País, 6/10/2012, p. 35.

[4] Artur Mas, en <http://www.ciu.cat/media/38471.pdf>.

[5] Valentí Puig. «El independentismo que va y viene». El País, 13/10/2012, p. 25.

[6] Estudio de Metroscopia para El País, publicado en el artículo «El mito del recelo hacia Cataluña», 7/10/2012, p. 15.

[7] «Pujol descarta la independencia de Cataluña porque los vínculos con España son muy fuertes». La Vanguardia, 18/6/2001, p. 17.

[8] Francisco Longo y Carlos Losada. «El desafío de la interdependencia». La Vanguardia, 17/2/2013.

[9] Antoni Zabalza. «La imaginación al poder». El País, 4/6/2013, p. 33.

[10] Ángel de la Fuente. «La gota malaya de las balanzas fiscales». El País, 31/5/2013, pp. 34-35.

[11] Ángel de la Fuente. «El miracle dels pans i els peixos», La Vanguardia, 27/10/2012, p. 71.

[12] Clemente Polo. «El peso de las exportaciones en la economía catalana», en La cuestión catalana, hoy, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 2013.

[13] Miguel Sebastián. «Reflexiones económicas amistosas». El Mundo, 21/11/2012, p. 29.

[14] Ránking de los principales flujos de exportación con origen en Cataluña, en <http://www.c-intereg.es/informes_autonomicos/C-intereg_informes_autonomicos_cataluña.pdf>.

[15] El presidente de ERC, Oriol Junqueras, afirmó en un almuerzo-coloquio de la Cámara de Comercio de Barcelona que quizá no sería mal negocio para Cataluña salirse del euro. En <http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/junqueras-insinua-salir-euro-2348867>.

[16] José Luis Feito en el «Prólogo» de La cuestión catalana, hoy, Instituto de Estudios Económicos, 2013.

[17] Javier Pérez Royo. «El derecho a decidir». El País, 22/12/2012, p. 13.

[18] Félix Ovejero. «Teoría y práctica de la independencia». El País, 27/9/2012, p. 27.

[19] Stéphane Dion. Democracia, unidad, secesión: el caso de Quebec. Cuadernos de pensamiento político, n.º 3, 2004.

[20] Rafael Ramos. «Soberanismo isleño». La Vanguardia, 31/7/2013, p. 8.

[21] Conxa Rodríguez. «Salmond sueña con que Escocia sea otra Noruega». El Mundo, 22/5/2013.

[22] Montserrat Guibernau. «¿Hacia una Escocia independiente?». La Vanguardia, 12/2/2012, p. 36.

[23] Juan José Solozábal. «La autodeterminación y los derechos». El País, 8/11/2012. Y Francesc de Carreras. «¿Votar a Pilato?». La Vanguardia, 29/9/2012.

[24] José Ignacio Torreblanca. «1.960 escalones». El País, 2/11/2012.

[25] Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 17 de mayo de 2013. En: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:139:0039:0045:EN:PDF>.

[26] Joseph H. Weiler. «Independencia y Unión Europea». ABC, 3/11/2012, p. 3.

[27] Alain Minc. «Error fatal». La Vanguardia, 11/1/2013.

[28] Entrevista a Ulrich Beck en La Vanguardia, 28 de octubre de 2005, p. 42.

[29] Daniel Innerarity. «La importancia de ponerse de acuerdo». El País, 19/10/2012.

[30] Josep M.ª Castellà. «Elecciones en Quebec: cambia la mayoría», en <http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/eapc-rcdp/2014/04/10/elecciones-en-quebec-cambia-la-mayoria-josep-m%c2%aa-castella/ #more-1084>.

[31] «No hay razón para la secesión del País Vasco», dice Habermas. El Mundo, 23/10/2003, p. 55.

[32] <http://www.elcato.org/publicaciones/ensayos/ens-2004-02-18.html>.