Este libro viene a completar la trilogía que se inició con Desde el corazón del CESID y Los servicios secretos de Carrero Blanco.

Este volumen se centra en el bienio transcurrido entre el asesinato del presidente Carrero y el fallecimiento del general Franco, dos años repletos de acontecimientos nacionales e internacionales que merecían una atenta y veraz exposición, y que desvelan todos los pactos y acuerdos alcanzados para amarrar el destino de España tras su muerte.

El asesinato del presidente Carrero, las conversaciones en el Alto Estado Mayor, la Operación Suresnes, el cese del teniente general Díez-Alegría o el testamento de Franco son algunos de los temas tratados en este libro.

Juan María De Peñaranda

Operación Lucero

El plan secreto para mantener todo atado tras la muerte de Franco

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Titivillus 07.01.2019

Título original: Operación Lucero

Juan María De Peñaranda, 2017

Ilustración de cubierta: Archivo Fotográfico de ABC

Editor digital: Titivillus

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A todos cuantos hoy integran el Centro Nacional de Inteligencia, para que los testimonios históricos que escribo de aquel lejano SECED les estimulen a seguir sirviendo a España con ese alto espíritu y entrega con que están cumpliendo hoy las tareas que tienen encomendadas.

PRÓLOGO

Entre las tipologías del deber, hay una que me parece necesario evocar en estas líneas introductorias a la magnífica obra del general Juan María de Peñaranda y Algar. Diferenciaba Immanuel Kant, en su obra Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, entre deberes perfectos e imperfectos. Los primeros, entre los que se encontraría por ejemplo el deber de pagar una deuda en un plazo determinado, son aquellos que se agotan una vez que son cumplidos. En contraste, los deberes imperfectos, como amar al prójimo o respetar a los demás, nos obligan de una manera mucho más amplia y, por tanto, nunca se pueden cumplir del todo. Al escribir estas líneas, siento que, como mucho, seré capaz de cumplir mi compromiso de entregar este prólogo en tiempo y forma. Pero, por mucho que me lo proponga, jamás podré cumplir con la obligación de gratitud que, como director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tengo con quienes nos precedieron en el servicio a España y a los españoles desde los distintos organismos de Inteligencia precursores del nuestro.

El general Juan María de Peñaranda es uno de esos pioneros de la Inteligencia española, a los que los españoles, a menudo sin saberlo, debemos tanto. Solo por eso, este libro, y los otros dos que le antecedieron (Desde el corazón del CESID y Los Servicios Secretos de Carrero Blanco) merecen ser leídos con atención por quienes se interesen por nuestra historia reciente. Pero este libro no es solo el testimonio de un protagonista de los hechos narrados. A su condición de veterano oficial de los Servicios de Inteligencia, el general Peñaranda añade la de investigador riguroso de la materia tratada. No en vano, la trilogía en la que el autor reconstruye sus años en el SECED y el CESID es fruto de una tesis doctoral de más de tres mil páginas a la que dedicó varios años de su vida y que mereció —fui testigo— la calificación de cum laude y el elogio unánime del tribunal.

Es ya un lugar común contraponer el glamour y la gloria incluso el poder o la capacidad de error, que el cine y la literatura —también a veces el periodismo— conceden a los Servicios de Inteligencia, con la tozuda realidad del día a día en las organizaciones que nos dedicamos a facilitar a nuestros respectivos gobiernos elementos de juicio para la toma de decisiones estratégicas (y no otra cosa). Y, sin embargo, hay pocos textos que narren con objetividad la realidad de nuestro trabajo, con sus éxitos y sinsabores, que también los hay. Por eso es tan importante que existan libros como este, escrito con la eficacia de un brillante oficial de Estado Mayor y con la amenidad de quien ya ha hecho del oficio de historiador su segunda profesión. Hay otros libros que relatan estos hechos, pero ninguno que los narre desde dentro, desde la óptica de un oficial de Inteligencia, y que lo hagan además con el rigor propio de quien hizo de la exactitud un compromiso personal.

Los Servicios de Inteligencia de otras democracias occidentales cuentan también con libros más o menos afines a este, que reconstruyen su historia, sus orígenes, las penas y las glorias de sus operaciones más prestigiosas. Pero a diferencia de lo que ocurre en alguno de estos países, el autor de este libro no ha contado con financiación pública para desarrollar este trabajo ni ha realizado investigación en el seno de institución alguna. El general Peñaranda ha escrito su historia del Servicio de Inteligencia español entre los años 1968 y 1979 con sus propios medios, teniendo como único aliciente “la satisfacción del deber cumplido”. Creo que es un mérito añadido y también una garantía de su independencia como investigador.

Por todo ello, en el CNI sentimos que tenemos una deuda impagable con el general Peñaranda. Sus libros son para nosotros una oportunidad única de honrar la memoria de aquellos pioneros del SECED y también del CESID. Recientemente hemos aprobado en el CNI un Código Ético que intenta plasmar en su artículo 19, la importancia que para nosotros tiene el legado recibido: «El respeto a quienes nos precedieron y el reconocimiento de su servicio a España serán fuente de estímulo para que los miembros del Centro Nacional de Inteligencia afronten el cumplimiento de sus obligaciones. El recuerdo de cuantos entregaron su vida en el cumplimiento del deber es no solo una deuda de gratitud, sino también un compromiso con el legado de ellos recibido». Creo que este ha de ser el objetivo principal de su lectura, el recuerdo de cuanto hicieron por nuestra seguridad y, por tanto, por nuestra libertad. Pero algo más obtendrán del examen cuidadoso de este texto: conocerán por qué el CNI ha llegado a ser uno de los Servicios de Inteligencia más prestigiosos del mundo.

Por ellos, por nuestra historia y por dedicarnos tanto tiempo, muchas gracias, mi General.

Félix Sanz Roldán

Secretario de Estado, Director del

Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

SIGLAS Y ABREVIATURAS

ACNP Asociación Católica Nacional de Propagandistas

AEM Alto Estado Mayor

AGM Academia General Militar de Zaragoza

ANUE Asociación Nacional de Universitarios Españoles

AOME Agrupación Operativa de Misiones Especiales

APE Asociaciones Profesionales de Estudiantes

ASTANO Astilleros y Talleres del Noroeste, SA

ASU Agrupación Socialista Universitaria

AUN Asociación Universitaria Nacional

BBC British Broadcasting Corporation

BfV Servicio de Defensa de la Constitución de la República Federal Alemana

BND Servicio Federal de Noticias de la República Federal Alemana

BOE Boletín Oficial del Estado

CAP Capitán

CC. OO. Comisiones Obreras

CAF Compañía Auxiliar de Ferrocarriles

CAMPSA Compañía Administradora del Monopolio del Petróleo, SA

CBS Consejo Superior Bancario

CCPG Centro de Comunicaciones de Presidencia del Gobierno

CEE Comunidad Económica Europea

CEPSA Compañía Española de Petróleos, SA

CESEDEN Centro de Estudios de la Defensa Nacional

CGP Cuerpo General de Policía

CIA Agencia Central de Inteligencia (EE. UU.)

CIAC Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción

CIDOC Central de Información y Documentación Clasificada

CIFAS Oficina de Coordinación Informativa de las FAS

CIMEC Central Informativa del Ministerio de Educación y Ciencia

CNM Consejo Nacional del Movimiento

CONDE Sobrenombre del director de la OCN

COR Coronel

CPD Centro de Proceso de Datos del AEM

CRO Centro Regional de Operaciones del Plan Udaberri

CTE Comandante

DAT División de Apoyo Técnico

DEM Diplomado de Estado Mayor

DGGC Dirección General de la Guardia Civil

DGS Dirección General de Seguridad

DINF División de Información (SECED)

DOP División de Operaciones (SECED)

DST Direction de la Surveillance du Territoire

DSO Departamento de Seguridad de Objetivos (SECED)

EA Ejército del Aire

EMC Estado Mayor Central (Ejército de Tierra)

EMGC Estado Mayor de la Guardia Civil

ENAGAS Empresa Nacional del Gas

ENCASO Empresa Nacional Calvo-Sotelo

ENDASA Empresa Nacional del Aluminio, SA

ENPETROL Empresa Nacional del Petróleo

ENSIDESA Empresa Nacional Siderúrgica, SA

ENTASA Empresa Nacional Tarragona, SA

ENTURSA Empresa Nacional de Turismo, SA

ERT Explosivos Río Tinto

ETA Euskadi Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad)

FAS Fuerzas Armadas

FET de las JONS Falange Española Tradicionalista

FEDISA Federación de Estudios Independientes

FELIPE Frente de Liberación Popular

FENOSA Fuerzas Eléctricas del Noroeste, SA

FISCAT Financiera SEAT

FLP Frente de Liberación Popular

FNE Frente Nacional Español

FOSBUCRAA Fosfatos del Bu-Cráa, SA

FRAP Frente Revolucionario Antifascista y Patriota

FUDE Federación Universitaria de Estudiantes

GAP Gabinete de Acción Psicológica

GAT Grupo de Apoyo Técnico (SECED)

GB General de Brigada

GD General de División

GE General de Ejército

GODSA Gabinete de Orientación y Documentación, SA

GOME Grupo Operativo de Misiones Especiales

GRAPO Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre

HUNOSA Hulleras del Norte, SA

IEME Instituto Español de Moneda Extranjera

INI Instituto Nacional de Industria

INVECOSA Industrias Vegetales y de Conservas, SA

IOS Investors Overseas Service, Ltd

IPS Instrucción Premilitar Superior

IRYDA Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario

JEN Junta de Energía Nuclear

KGB Servicio de Inteligencia del Estado (URSS)

LOE Ley Orgánica del Estado

MATESA Maquinaria Textil del Norte, SA

MEC Ministerio de Educación y Ciencia

MIT Ministerio de Información y Turismo

MLS Movimiento de Liberación del Sáhara

MOSSAD Servicio de Inteligencia de Israel

NATO Organización del Tratado del Atlántico Norte

NKVD Narodnyi Komissariat Vnutrennik Del (URSS)

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo

OALS Organización Armada para la Liberación del Sáhara

OCN Organización Contrasubversiva Nacional

OS Organización Sindical

OSIBE Oficina del Servicio de Información Bis del Ejército

PCE Partido Comunista de España

PNV Partido Nacionalista Vasco

PETRONOR Refinería de Petróleos del Norte

POLISARIO Frente para la Liberación del Sáhara y de Río de Oro

PRISA Promotora de Informaciones, SA

PSOE Partido Socialista Obrero Español

PSUC Partido Socialista Unificado de Cataluña

PYRESA Agencia de Prensa del Movimiento

RCS Red Complementaria Sindical

REPESA Refinería de Petróleos de Escombreras, SA

RESIBE Oficina Regional del Servicio de Información Bis del Ejército

REI Sector Religioso-Intelectual (SECED)

RTVE Radio Televisión Española

RUMASA Empresa Ruiz Mateos, SA

SDECE Service de Documentation Extérieure et
de Contre-Espionnage (Francia)

SDEU Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios

SE Su Excelencia

SEAT Sociedad Española de Automóviles de Turismo, SA

SEC Security Exchange Commision (EE. UU.)

SECED Servicio Central de Documentación

SED Sector Educativo del SECED

SEIN Servicio de Inteligencia Naval (Armada)

SEMAD Sector Educativo de Madrid (SECED)

SERCO Servicio de Coordinación del Ministerio de la Gobernación

SEU Sindicato Español Universitario

SGM Secretaría General del Movimiento

SIAEM Servicio de Información del AEM

SIBE Servicio de Información Bis del Ejército

SID Servizio de Informazione de la Difesa (Italia)

SIP Servicio de Información en Profundidad (SECED)

SIS Servicio de Información Sindical

SISDE Servizio per la Informatione e la Sicurezza Democratica (Italia)

SISMI Servizio per la Informatione e la Sicurezza Militare (Italia)

SL Sector Laboral del SECED

TG Teniente General

TESAM, SL Tejedor/San Martín

UERT Unión de Explosivos de Río Tinto

UGT Unión General de Trabajadores

UOME Unidad Operativa de Misiones Especiales

URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

USDE Unión Social Demócrata Española

USAF US Air Forces

VENCOSA Equipos operativos (SECED)

PRESENTACIÓN

Este libro viene a completar la trilogía que se desprende de la tesis doctoral, defendida por mí, el 12 de julio de 2010, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, bajo el título Los Servicios de Inteligencia y la Transición política española (1968-1979). Con ello cumplo el consejo que me dio el Tribunal de impulsar la divulgación de aquel amplio trabajo de investigación histórica, que fue calificado muy generosamente.

La desmedida extensión de mi tesis (más de tres mil páginas) obligaba a publicarla en varios libros, que pudieran difundir su contenido, aun de modo resumido. La editora Espasa Libros estimó procedente comenzar por la etapa más próxima en el tiempo, la que abarcaba el primer cuatrienio de nuestra Monarquía, volumen que, con el título Desde el corazón del CESID, aparecería al inicio de 2012. Tres años más tarde se editaba Los servicios secretos de Carrero Blanco, sobre el periodo 1968-1973. Así que de aquella tesis quedaba por publicar su parte central: la correspondiente al bienio transcurrido entre el asesinato del presidente Carrero y el fallecimiento del Generalísimo Franco, dos años repletos de acontecimientos nacionales e internacionales que merecían una atenta y veraz exposición, que pudiese servir de recuerdo a quienes los vivieron y de provechosa lección a los que, por su menor edad, no tuvieron ocasión de conocerlos personalmente.

El presente libro no tiene otro objetivo que desvelar algunos aspectos de nuestra Historia reciente apenas conocidos, al menos en la forma que dan testimonio los documentos originales de la época en su mayor parte sobre asuntos de relevancia nacional, tal como entonces se apreciaban desde el especial observatorio del Servicio Central de Documentación (SECED) de la Presidencia del Gobierno, papeles redactados en aquellas fechas y sin propósito alguno de difusión, salvo la estrictamente obligada en cada momento, lo que constituye una espléndida fuente histórica. Su selección y síntesis fueron, durante mis catorce años de investigación, de mi exclusiva responsabilidad, buscando no recargar la lectura con lenguajes sofisticados, llenos de tecnicismos extraños para lectores menos versados en estos temas, liberándoles de las numerosas alusiones a personas y organismos, hoy casi desconocidos para la mayoría. Sin embargo, y tal como me ilustraron en la Universidad, también ahora me he limitado a «escribir historia» con fidelidad, evitando en lo posible cualquier opinión personal, salvo la indispensable como testigo presencial de cuanto describo. En todo caso, que sean los lectores y los estudiosos quienes juzguen aquellos años históricos, con estas breves aportaciones, recordándoles que para acercarse con objetividad a la verdad de lo sucedido siempre resulta arriesgado querer enjuiciar, con ideas de hoy, la historia de hace tanto tiempo.

De los dos años que abarca el contenido del presente libro, recojo algunos acontecimientos externos como la denominada Revolución de los claveles en Portugal y la Marcha verde sobre el Sáhara, asuntos que no entraban propiamente en el marco de las competencias del SECED, pero en ellos resultó significativa su atención y participación. Del ámbito castrense me ha parecido oportuno destacar la opinión del mando militar sobre la evolución de aquel Servicio de Presidencia y otros temas tan delicados y lamentables como el cese fulminante del general jefe del Alto Estado Mayor y la aparición y disolución de la Unión Militar Democrática (UMD).

De los restantes sectores de la vida nacional son numerosas las citas que aporto sobre conversaciones confidenciales con personalidades de la política, del mundo empresarial y de otras instituciones culturales, religiosas, etc. Son retazos seleccionados de entre millar y medio de reseñas de entrevistas realizadas en los años que abarcaba la tesis. Ello ha permitido dotar al texto de la vivacidad y veracidad de cuanto se escribía en el SECED casi acto seguido de conocerse. Son aspectos que contrastan mucho con aseveraciones vertidas en publicaciones ampliamente difundidas, a veces plagadas de errores o de equívocas valoraciones de situación. En ocasiones, hago cita de algunos libros que inciden en asuntos directamente relacionados con mi disertación: en unos casos para apoyarme en el criterio de personas de reconocida cualificación y credibilidad, en otros para rechazar determinadas alusiones que se alejan de la verdad histórica. Pretendo así descubrir lo que está oculto bajo las simples apariencias.

He dejado intencionadamente para las últimas páginas la descripción detallada de la Operación Lucero, que bien podría haber iniciado el libro o articular su estructura, pues su estudio y puesta en acción se correspondió precisamente con los dos últimos años de vida del Generalísimo Franco. La Operación fue encomendada en enero de 1974 al SECED por el presidente Arias Navarro. Se trataba, nada más ni nada menos, que de imaginar y profundizar en el estudio y preparación de cuanto tuviera relación con el presumible fallecimiento del jefe del Estado, incluidas todas las disposiciones que hubieran de tomarse en los ámbitos de seguridad, protocolo, etc. Poco trascendió de la Operación Lucero, pese a las variadas autoridades que hubieron de participar en los trabajos preparatorios. Creo que estas páginas que ofrezco al lector vienen a ser las primeras en las que se publican con rigor datos reales de los sucesivos documentos de la Lucero. El Servicio Central de Documentación dedicó en aquel bienio 1974-1975 buena parte de su esfuerzo a cumplir el expreso encargo del presidente del Gobierno, que ordenó, desde un principio, clasificarlo de «máximo secreto». Todas y cada una de las actividades de sus sectores y delegaciones venían influidas por aquella permanente sensación de que el tránsito político en España se acercaba, con enorme influencia en cualquier actividad nacional. Ya desde la última etapa del TCOL San Martín bajo la dirección del almirante Carrero, se trabajaba en el Servicio pensando y colaborando en impulsar las líneas de acción de lo que años después llamaríamos la «Transición política», a la que contribuyó el SECED de modo singular, hasta su desaparición y transformación en el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), en 1977.

Mi gratitud más sincera a cuantos compañeros, miembros del SECED, me facilitaron sus recuerdos y testimonios personales, base sólida de este libro, agradecimiento que extiendo expresamente al coronel de Artillería, DEM, Luis Vázquez Ochoa, por su apoyo imprescindible en tanto trabajo de revisión y corrección de sucesivos textos hasta llegar al actual.

1
ARIAS NAVARRO, PRESIDENTE DEL GOBIERNO

EL ASESINATO DEL PRESIDENTE CARRERO

En la mañana del jueves 20 de diciembre de 1973, un comando de la organización terrorista vasca ETA acababa con la vida del presidente del Gobierno, don Luis Carrero Blanco, a la salida de la iglesia de San Francisco de Borja, regentada por la Compañía de Jesús. Como consecuencia de la explosión de una fuerte carga bajo el firme de la calle Claudio Coello, el vehículo oficial (Dodge Dart 3700 negro) volaba por los aires, muriendo en el atentado el propio almirante y sus acompañantes (conductor y escolta). En esa misma fecha, el jefe del Estado le otorgaba el rango de capitán general de la Armada, a título póstumo, y el día 21 el título de duque de Carrero Blanco, con grandeza de España.

De cuanto ocurrió tras el magnicidio —presidencia interina de don Torcuato Fernández-Miranda, funeral, entierro, noticias oficiales y oficiosas, e incluso la actuación del Servicio Central de Documentación (SECED) de la Presidencia del Gobierno— ya ofrecí un compendio en mi último libro Los servicios secretos de Carrero Blanco (Espasa, 2015). La conmoción nacional que supuso aquel atentado, tan salvaje como inesperado, tuvo también enorme repercusión en los componentes del SECED, que parecieron quedar inmovilizados y desasistidos de la tutela próxima y afectuosa que les venía prodigando el almirante. Días y semanas que transcurrieron en absoluta incertidumbre sobre el futuro inmediato de aquel instrumento del Estado que ya afinaba sus cuerdas.

DELIBERACIONES SIN PAUSA

La designación del presidente del Gobierno había de hacerse por el jefe del Estado a partir de una terna seleccionada por el Consejo del Reino. Pero, según se creía y transmitían los medios de comunicación del 21 al 27 de diciembre, todo Madrid aseguraba que Torcuato Fernández-Miranda y Hevia sería nombrado presidente, aunque alguno dudara, porque «este no es de la entera confianza de Franco».

En la mañana de aquel viernes 28 ya se anunciaba en firme la reunión del Consejo del Reino para las primeras horas de la tarde, sin que se adivinara el menor atisbo de sugerencias por parte del Caudillo para la composición o inclusión de algún nombre concreto en la terna. A las 12.30 h el presidente de las Cortes, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, tras asistir al funeral del policía de escolta del almirante Carrero, era llamado a despacho en El Pardo, de donde regresó radiante, circunstancia que fue interpretada por más de uno como que él mismo sería el elegido. Se había organizado un almuerzo en el restaurante Cotos, antes de la sesión del Consejo, lo que parecía suponer que Valcárcel iba a hacerles alguna sugerencia informal. Aquella mañana, el presidente del Gobierno (en funciones), Torcuato Fernández-Miranda, habló con el ministro de Gobernación, Carlos Arias Navarro, a quien le confirmó su estima y su deseo de contar con él en un nuevo Gobierno, referencia indicativa de la absoluta confianza de Fernández-Miranda en su elección. Así que los consejeros que acudieron al almuerzo fueron con la sensación de que la terna estaba integrada por este último, junto con Rodríguez de Valcárcel y el general Castañón de Mena.

Surgió el rumor de que el Generalísimo había llamado al almirante Pedro Nieto Antúnez, para ofrecerle la Presidencia del Gobierno, pero que este había declinado tal honor por entender que «un nuevo presidente no puede tener 77 años». Franco debió comprenderlo y, según algunos, se dejó llevar por la familia, que le propuso a Carlos Arias. El Caudillo sentía por él también cierta debilidad, debido a su capacidad de gestión y popularidad en el Ayuntamiento de Madrid tiempo atrás, aunque con una imagen dura, tras su paso por la Dirección General de Seguridad durante nueve años de ejercicio de una autoridad represiva, según se decía.

Pues bien, a primeras horas de la tarde saltaba a la calle, ante la sorprendida opinión de los «enterados», el nombre de Carlos Arias Navarro como incluido en la terna a sugerencia del Caudillo, lo que se confirmaría en los mentideros políticos de Madrid a las siete de esa misma tarde. Según noticias de todo crédito para José Ignacio San Martín, aún director del SECED, habían sido excluidas a priori las candidaturas de Manuel Fraga y Laureano López Rodó; y el consejero Primo de Rivera había hecho una manifestación contraria a la de Fernández-Miranda, resultando la votación final como sigue: Arias Navarro, por unanimidad; Solís Ruiz, ocho votos; García Hernández, siete; Monreal Luque, tres; Silva Muñoz, uno y Fernández-Miranda, otro. La elección de Arias resultó una sorpresa para comentaristas y parte de la población, que no consideraban razonable premiar al ministro de la Gobernación, responsable de la seguridad del Estado cuando ETA asesinaba al presidente Carrero Blanco. Pero acaso Franco entendía que Arias era el más idóneo para afrontar tan crítica situación nacional.

El diplomático Antonio de Oyarzábal Marchesi, que trabajó desde mediados de 1974 en el Gabinete del presidente del Gobierno, tras cuatro años en la embajada de España en Londres, escribió los recuerdos de su vida profesional y política en unas memorias íntimas[1]. Cuenta en ellas que «A don Carlos Arias (…), Dios no le había llamado por el camino de la política, a la que, sin embargo, los acontecimientos y la forma de actuar de un Régimen singular habían atraído desde muchos años antes (…). Su norte político se limitaba a una fidelidad sin quiebras al jefe del Estado —no extensible ni a la familia ni al entorno de este—, casi como si se tratara del administrador de una finca particular que se llamaría España. Los sucesivos esfuerzos de cuantos le rodeaban, para que asumiera plenamente su responsabilidad e hiciera comprender a propios y extraños que el eje del poder político en aquellas circunstancias trascendentales se había trasladado definitivamente del Palacio de El Pardo al Paseo de la Castellana, 3, resultaron vanos (…). Este vacío entre la España real de aquellos días y un aparato oficial que se empeñaba en seguir pendiente de la voluntad todopoderosa de una esfinge esclerótica (…), acabó por engullir las buenas intenciones del presidente Arias (…)». Un último trazo puede contribuir a explicar no pocas reacciones del personaje: como típico producto del Régimen, don Carlos Arias era visceralmente antimonárquico, sobre todo de esa concepción liberal y democrática que encarnaba Don Juan de Borbón. Al príncipe don Juan Carlos procuraba admitirlo en su esquema de lealtades, como escogido por la «providencia» llamada Franco, pero con tantas reticencias y reservas mentales que su aprecio nunca superó la descriptiva calificación de «ese chiquillo».

El sábado 29 se hizo saber que la designación de Arias no sería publicada en el BOE hasta el lunes siguiente —por no haber edición el domingo—, lo que produjo atisbos de indignación por la demora de la noticia oficial. Afortunadamente, a las cinco de la tarde, Radio Nacional y Televisión Española anunciaban el nombramiento y ofrecían una semblanza biográfica del nuevo presidente del Gobierno.

LA CONSTITUCIÓN DEL NUEVO GOBIERNO

A partir del domingo 30 de diciembre, se empezó a especular con la formación del nuevo Gabinete, estimando los entendidos que la crisis sería reducida, pues en aquellas circunstancias la regla de oro era la continuidad. Se especulaba aún el miércoles 2, con esa lista que se iba perfilando y enriqueciendo con multitud de nombres alternativos, a los que siempre se concedía «alto grado de probabilidad». El hecho era que Carlos Arias había confeccionado una relación muy amplia antes de hablar con los candidatos, con vistas a tener repuesto para el caso de que alguno fuera rechazado por el jefe del Estado o bien por el propio interesado. De ahí que no resultase extraño que los mismos consultados no supieran nada en concreto de su caso particular.

En la mañana del día 3 de enero, en los círculos políticos la impresión mayoritaria apuntaba a que la crisis se limitaría a incorporar a Cruz Martínez Esteruelas, Pío Cabanillas, Antonio Carro y José García Hernández a las carteras que, en efecto, les serían adjudicadas días después. A la una de ese mediodía, Antonio Barrera de Irimo se entrevistó con el presidente y dieron los últimos toques al equipo económico. Supimos después que Barrera había jugado fuerte aprovechando la crisis para potenciar su figura como vicepresidente y poniendo condiciones que no gustaron a Arias, quien, por su parte, pensaba en García Hernández para la cartera de Hacienda. Pero el Caudillo había ordenado al presidente negociar con Barrera para que continuase en el Gobierno. Así que a las dos y media la lista definitiva ya estaba en la calle.

Casualmente a esa hora nos encontramos Pérez Sánchez, directivo del SECED, y yo con Pío Cabanillas, que nos facilitaría el listado completo. Lo puse en conocimiento de San Martín, quien ordenó su comunicación a las Delegaciones regionales y a determinadas personalidades con las que el Servicio mantenía relación habitual, siendo en todos estos casos la primera noticia completa y veraz que recibían, con no disimulada perplejidad por la extensión de la crisis. En todos los medios el nuevo Gabinete era acogido con general satisfacción. A Antonio Barrera de Irimo y a Licinio de la Fuente se les otorgaban las Vicepresidencias 2.ª y 3.ª, junto con sus cargos al frente de Hacienda y Trabajo; a Asuntos Exteriores no iría Gonzalo Fernández de la Mora, sino Pedro Cortina Mauri; al Movimiento José Utrera, en vez de Herrero Tejedor; para Planificación acabaría nombrado Joaquín Gutiérrez Cano, en vez de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, etc.

Por lo que respecta a la configuración del nuevo Gobierno, la designación de tres subsecretarios en la Presidencia fue muy criticada por la clase política, dado el escaso volumen administrativo de aquel ministerio. Antonio Del Valle Menéndez, cuñado de Arias Navarro, ocuparía la Subsecretaría Técnica de Presidencia, Carlos Álvarez Romero la de Despacho del presidente; y José Manuel Romay Beccaria la del Ministerio de la Presidencia, con funciones similares a las de la anterior Dirección General de Servicios, y dependiente del ministro Antonio Carro. El teniente general Manuel Díez-Alegría, jefe del Alto Estado Mayor, me comentaría con sorna, en audiencia que me concedió a primera hora de la mañana del viernes 18 de enero, «que no había papeles para tantos». A su juicio, debería haberse mantenido la continuidad en el Gobierno y en la Administración, con las modificaciones más indispensables, pues, al fin y al cabo, lo ocurrido fue un asesinato; y, de no ser por ello, las cosas hubieran continuado según la orientación del almirante Carrero. Le parecía al jefe del AEM que se había creado en Presidencia una maquinaria muy superior a las necesidades reales. Díez-Alegría me manifestaba su desagrado e incomprensión por los numerosos cambios en la Administración aparecidos en aquellos días, que nos colocaban en una situación de desgobierno —si bien transitorio—, dando a ETA la razón de haber logrado, con el asesinato de Carrero Blanco, un fuerte movimiento de personas y medios.

Vicente Roa[2] en su juicio estadístico sobre la elección del primer Gobierno Arias, resaltaría que, de los diecinueve ministros de Carrero, solo continuarían seis en 1974: Antonio Barrera de Irimo en Hacienda, Licinio de la Fuente en Trabajo, Francisco Ruiz Jarabo en Justicia, Francisco Coloma en Ejército, Gabriel Pita da Veiga en Marina, y Tomás Allende en Agricultura. Utrera Molina pasaría de Vivienda a la Secretaría General del Movimiento.

A las doce del viernes 4 de enero se celebró la jura del nuevo Gobierno en el Palacio de El Pardo, reuniéndose en Consejo de Ministros con el jefe del Estado; y a las seis de la tarde tuvo lugar la toma de posesión de todo el Gabinete en conjunto, evitando las «verbenas» que se llevaban a cabo en cada ministerio, que no eran del gusto de Carlos Arias. El hasta entonces presidente en funciones, Torcuato Fernández-Miranda, pronunció un discurso que produjo perplejidad por las citas poéticas referidas a la niebla, al sol, etc.

En aquellas primeras semanas de enero y entre otras visitas a dirigentes, acudí el día 9 al despacho de Alfonso Escámez, presidente del Banco Central. Tras otros asuntos en cartera pasó a exponerme el estado de la economía nacional: España se estaba capitalizando, la gente iba ahorrando, lo que era señal de seguridad; «pero tenemos el problema de la inflación de precios que hay que solucionar como sea». Las últimas medidas oficiales le parecían aconsejables en aquel momento. Suponía que todo podría resolverse en el plazo de un año. Los presupuestos generales del Estado estaban un poco inflados, algo que venía de atrás y que había que corregir; el año 74 iba a ser un poco duro.

Alfonso Escámez consideraba fundamental un Ministerio de Economía o una Vicepresidencia económica, pues en ese ámbito faltaba coordinación: ese nuevo órgano debería tener bajo su autoridad a los ministros de Trabajo, Industria, Agricultura, Comercio, y acaso Obras Públicas. «Con una economía sana se hace una buena política», añadiría Escámez; «demagogias, no; concesiones de galería, no». Barrera de Irimo le parecía persona adecuada; había que confiar en él.

Para presidente del Gobierno había recogido Escámez el rumor de que sería nombrado el vicepresidente Fernández-Miranda o el general Díez-Alegría o Rodríguez de Valcárcel, si bien estos dos últimos tenían el inconveniente de ser Consejeros del Reino. También me hizo mención de la conveniencia del traslado de la jefatura del Estado al príncipe de España: «Franco tiene sus años y entra ya en el campo del mito; su figura histórica ya no hay quien la turbe». Opinó que la entrada en el Mercado Común no era un problema político: «Eso es lo que dicen quienes quieren armar líos. España necesita fortalecerse y estar en condiciones de competir; después, el ingreso será fácil».

Una de las muchas consultas que se hicieron desde el SECED para ayudar al presidente Arias en la formación del nuevo Gabinete, me tocó planteársela a Juan Miguel Villar Mir, el día 10 enero, sobre personas que podrían cubrir altos cargos en el Ministerio de Planificación. Al día siguiente me telefoneó con una lista de nombres que podrían servir para Vigilancia del Plan lo mismo que para Planificación Económica. El más idóneo le parecía Manuel Azpilicueta, persona de criterio claro y seguro, gran consejero, hábil y limpio. Y añadió otros nombres y sus circunstancias personales para tenerlos en cuenta: José Lladó, Francisco Sánchez Asiaín, Javier Irastorza, José González Paz, Ignacio Uriol, José Farré, Carlos Pérez de Bricio, etc.

El jueves 10 de enero el teniente coronel San Martín firmaba el documento interno Desarrollo de la crisis iniciada el 20 de diciembre, aclarándonos que sus once folios a máquina contenían: información absolutamente confirmada, en párrafos que iban anotados con una (A); otra con alto grado de verosimilitud, anotada con una (B); y una tercera que simplemente recogía rumores aunque de fuentes dignas de crédito con una (C). Era un procedimiento usual en el Servicio para valorar cada noticia según su origen. José Ignacio San Martín nos ha dejado en su libro Servicio Especial (Editorial Planeta), un espléndido resumen que, como es lógico, venía a coincidir sustancialmente con lo que en aquellas fechas ya lejanas nos relató personalmente.

Aún el día 14 de enero, el SECED ofreció un briefing a los dos subsecretarios del presidente. Tuvo lugar al día siguiente durante dos horas y en un ambiente cordial. Del Valle había comentado a San Martín que los ministros militares no estaban conformes con el Servicio; y, a continuación de la larga exposición, visitaría al teniente general jefe del AEM, al que acompañaba el general Gutiérrez Mellado, para hablar un par de horas del SECED y del comandante Juan Valverde, desconocido para aquellos generales, como presunto relevo de San Martín.

Oyarzábal continúa exponiendo en su Opera prima su primeros recuerdos del Gabinete del presidente Arias: «Presidencia, situada todavía en el edificio tradicional de Castellana, 3, vivía en aquellos días (mayo 74) un frenético proceso de obras y renovación. La herencia burocrática de don Luis Carrero, tantos años ocupante principal del edificio, reflejaba en el fondo esa discordancia de su carácter con las funciones que la responsabilidad del cargo que había ejercido hubiera debido entrañar y que una austeridad mal interpretada anclaba, en cuanto a métodos de trabajo, en el pasado remoto. Frente a la realidad de un país de empuje tecnológico e industrial indudable, el contraste del aparato que supuestamente iba a dirigir nuestro tránsito por una crisis económica ya abierta y una previsible convulsión política próxima, era descorazonador: cuatro funcionarios caducos y mal pagados, viejísimos archivadores, máquinas, mesas de trabajo (…), ni un sistema moderno de comunicación o de reproducción, ni un gabinete de prensa medianamente organizado. Solo, cruzando la calle, se alzaba ese instrumento de espionaje interno que entonces constituía el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID)[3] del Coronel San Martín; y, más próximo en la distancia, algunos restos de la eficacia que había intentado introducir don Laureano López Rodó como inquilino también de la planta baja del viejo palacio de la Castellana. Los nuevos aires no se limitaban lógicamente a modernizar los medios de trabajo. Un equipo de hombres, con el denominador común de una preocupación por el devenir del país en esta evidente decadencia del Régimen, ocupaba ya puestos y despachos en la Presidencia del Gobierno, a la que ahora yo me sumaba. Personajes que (…), formaban en aquel momento un equipo compacto, lleno de esperanzas en esa “evolución dentro de un orden” (…), que parecía iniciarse con (…), la llegada al poder de don Carlos Arias Navarro».

EL PANFLETO CATALÁN. EVALUACIÓN DE LA CRISIS POLÍTICA

En el mes de enero de 1974 circuló por Barcelona, entre personas conocedoras de la actividad política nacional, un análisis de la compleja situación tras el asesinato del almirante, con tales apariencias de verosimilitud que, cuando llegó al SECED, se remitió el viernes 18 a los corresponsales habituales: ministros militares, Alto Estado Mayor, Dirección General de la Guardia Civil y Dirección General de Seguridad. El informe había llegado al Alto Estado Mayor sin la menor referencia a la fuente, sin la acostumbrada calificación de fiabilidad de origen y sin comentarios, aunque el SECED debió dar elevado grado de fiabilidad al panorama descrito y a la interpretación que hacían tan doctos como ignotos redactores.

En las primeras consideraciones se aseguraba que el proceso de cambio desencadenado por el asesinato del presidente del Gobierno español debía analizarse tras considerar algunos datos determinantes que no habían sido tratados ni enunciados en la prensa española: que la sociedad daba muestras de madurez al preguntarse con realismo e incertidumbre sobre las previsiones de futuro, pese al empeño de las autoridades por dar garantías sobre la estabilidad institucional. Difícilmente podían sustraerse los anónimos autores a los errores de perspectiva inherentes a la proximidad de los hechos que relataban; su versión no estaba exenta de intereses ideológicos y contribuía a reproducir la atmósfera política de lo que se calificaba como inicio del ocaso del Régimen.

El estudio seguía recordando que Franco, a sus 81 años y en un estado de salud declinante, había acogido la noticia del magnicidio con serenidad y frialdad; y que con el asesinato del presidente se suprimía la pieza clave del sistema, elegida por el propio Generalísimo. «En efecto —decía el informe—, el almirante Carrero, hombre seguro, autoritario, de fidelidad absoluta, era no solo el garante de la sucesión personificada en el príncipe don Juan Carlos, sino vigilante también del nuevo rey, de quien los puristas del sistema temen una ascendencia europeísta y abierta a la evolución democrática (…). En las horas que siguieron, el flotamiento del Gobierno presidido provisionalmente por Torcuato Fernández-Miranda contrastó con la seguridad demostrada por las Fuerzas Armadas. No nos referimos al Ejército en su totalidad, ausente como tal de las grandes decisiones, sino a los centros neurálgicos de decisión militar, que operaron en esos momentos con seguridad, rapidez y habilidad (…). En síntesis, la impresión que se perfiló era que el jefe del Estado funcionaba, que el aparato militar también y que el Gobierno estaba fuera de juego (…). El clima laboral, estudiantil, profesional y de otras zonas sensibles de la sociedad no ha registrado graves alteraciones, sino más bien una actitud de espera ante el nuevo proceso que ahora se inicia».

El panfleto catalán, de desconocida paternidad, hacía mención a las fuerzas afines en presencia que han dejado actuar a Francisco Franco. De la extrema derecha aseguraba que no tenía peso social ni numérico y que era un vestigio fascista en algunas áreas militares protagonizadas por los generales Carlos Iniesta y Ángel Campano. «Pero estos han probado en esta crisis el escaso eco de sus posiciones y de su limitado talento político». Del Opus Dei, al que tildaba de organización político-religiosa, decía que era el gran perdedor de la crisis. «Había jugado su carta a la desesperada en la semana del 21 al 28 de diciembre: sus tres grandes cerebros —López Rodó, López-Bravo y Ullastres—, ofrecieron a Franco la alternativa de un gobierno de concentración, presidido por el general Juan Castañón de Mena, único militar de alta graduación amigo de Franco y vinculado a la Obra, según se decía. Pero el Generalísimo ni siquiera los recibió y, a los pocos días, fueron relevados de sus cargos todos los ministros, subsecretarios y directores generales del Opus Dei (…). La derrota era total». También describía a la Democracia Cristiana y a otros grupos del Régimen que formaban el mosaico del sistema, a los que se imputaba haber colaborado en la liquidación del equipo tecnocrático; entre ellos destacaba, por su cohesión interna, La Editorial Católica. Terminaba asegurando el folleto que el gobierno de Carrero Blanco no había conectado con la vida pública más que por arriba y que no había buscado apoyos, ni contactos ni alianzas de ninguna especie.

El referido informe catalán continuaba su análisis sobre la Iglesia Católica, explicando que «la jerarquía eclesiástica dejó de prestar, a partir del Concilio Vaticano II, su caución moral al sistema, para buscar una independencia difícil de lograr y un apoyo de las masas populares que iba perdiendo desde principios de siglo (…). En esta crisis, la Iglesia española parece haber querido demostrar una especial prudencia, una moderación traducida en apoyo circunstancial al sistema, la presencia al lado del mundo oficial, el repudio frontal al terrorismo, la colaboración, en suma, a una solución conservadora, tranquilizadora y serena de la crisis (…). Franco, por su parte, reaccionó fulminantemente frente a un ministro que se negó a saludar al cardenal Tarancón en el funeral de Carrero».

No podía faltar en ese informe un bosquejo sobre lo que a su juicio representaba la Corona, a la que empezaba calificando como «una institución que, sin poseer fuerza material ni apoyo popular explícito, ni estructura de intereses políticos ni económicos dependientes de ella, estaba presente en el panorama político mediante la formación legal de la Monarquía. En esta crisis [la desatada por el asesinato de Carrero], la Corona ha sabido jugar un papel aparentemente fácil, pero en ocasiones complicado y arriesgado; precisamente el que consiste en no hacer (…). La Monarquía juega un papel eminentemente institucional». Proseguía el informe considerando que «el propio Régimen tenía que acudir a un instrumento que lo insertara en la historia sin necesidad de recurrir a las temidas legitimaciones democráticas. Rechazado el totalitarismo —perdedor en la Guerra Mundial—, era imprescindible vestir la fórmula de poder personal con una institución que permitiera revestir a la etapa de Franco sin el carácter de paréntesis dictatorial. La Corona operó, muy activamente por cierto, a lo largo de estos treinta años desde posiciones distintas, que aún no cabe calificar de contradictorias o enfrentadas. De un lado, el titular de la Dinastía, don Juan de Borbón, que era hijo y heredero de Alfonso XIII, propuso una alternativa que, no por haber resultado silenciosa desde el poder, deja de ser consistente políticamente: la pacífica evolución del Régimen hacia rumbos de apertura democrática, la inserción abierta (política y económica) en el Occidente europeo y el doble arbitraje (Corona y Ejército) durante un amplio periodo constituyente, partiendo de la base legal de la realidad vigente».

Aseguraba el informe que «el Régimen de Francisco Franco (…), respondió —con un reflejo de supervivencia a esta propuesta—, abriendo las hostilidades sin condiciones a este programa que suponía, en definitiva, la superación de la guerra civil y la jubilación del franquismo. El Régimen, por otra parte, no podía liquidar a la Corona, a la que seguía necesitando para la Sucesión (…). Años después, no el titular sino su heredero, es llamado a adoptar la herencia del Régimen y a suceder a Franco como Rey. El príncipe don Juan Carlos acepta en una situación extrema que le obliga aparentemente al enfrentamiento con el Jefe de la Dinastía —pecado demasiado grave en el mecanismo monárquico—, porque permitirá a la Corona estar presente en el puesto clave al día siguiente de la desaparición del General». Y el panfleto matizaba a continuación: «El problema renace ahora cuando el franquismo más exigente comprende que ha jugado el papel del cazador cazado y que, en definitiva, al desparecer Franco, el nuevo Rey no operará sobre las directrices del Caudillo fallecido, sino sobre el proyecto (nacionalmente más atractivo) que propuso don Juan y que sigue tácticamente en pie, representado de algún modo por quien sigue siendo el titular de esa Institución, mientras no muera o abdique en su hijo».

Y concluía el Informe catalán: «Toda esta explicación previa es necesaria para entender cómo el príncipe Juan Carlos no ha intervenido, ni podía intervenir, en la designación del sucesor de Carrero Blanco. Ha querido demostrar abiertamente que no participaba en esa operación, con un viaje de tres días fuera de Madrid en las fechas claves. También ha recordado, con riesgo político para él, la vinculación política a su padre, trasladándose a Portugal para pasar varios días con don Juan (…). Con la muerte de Carrero Blanco, el sucesor se ve privado de quien garantizaba su acceso al Trono, pero se ve libre también del que había de impedir cualquier desviación del franquismo. El Gobierno Arias no cumplirá ciertamente esa función. Producida la nueva situación, inmediatamente después de la muerte de Franco, la Corona podrá proponer un nuevo programa al país. Es muy posible que lo haga». (Referencia extensa a la Corona en términos nada frecuentes a caballo entre 1973 y 1974. Dos años después, los acontecimientos históricos demostrarían hasta qué punto fue acertada esta previsión de los autores del anónimo documento).

En tan peculiar análisis de la situación nacional resultaba lógico encontrar referencias a los sectores políticos que se hallaban fuera del sistema, y muy en particular a aquellos sectores sociales de importancia y peso crecientes que manifestaban su alejamiento de la vida oficial y de las soluciones escasamente propuestas por el Régimen, dejando aparte a los grupos políticos —minoritarios y clandestinos—, que operaban fuera del sistema y contra él. A juicio de aquellos analistas, «el denominador común de todos estos sectores ante el asesinato de Carrero ha sido una primera reacción de temor seguida de una prudente actitud de espera. Conviene señalar las llamadas a la prudencia del Partido Comunista Español, como se sabe, muy poderoso pero seriamente desbordado por su izquierda en estos últimos tiempos (…). Los restantes grupos han respondido más o menos a esta tónica de la estrategia política que ha permitido sugerir a ciertos observadores el entendimiento tácito de una amplia izquierda silenciada y no subversiva, obligada a esperar acontecimientos y dispuesta a integrarse en el juego político, a pocas posibilidades que ofrezca la etapa inmediatamente posterior a la muerte de Franco».

El Informe dedicaba su última parte a describir las perspectivas inmediatas, con este comienzo: «La génesis y nombramiento del nuevo Gobierno revela en primer término que, al desaparecer el almirante Carrero, el terrorismo extremista ha privado al Régimen del único interlocutor sistemático de que disponía el General Franco, reducido ahora en su vida política a la completa soledad (…). Quizá la intervención familiar, con su consecuente ambición de conservar las posiciones conseguidas, después de la muerte de Franco, sea el factor que ha teñido esta etapa de modo menos positivo y popular. La composición del gabinete Arias Navarro prueba que el nuevo presidente del Gobierno, al que Francisco Franco ha otorgado su confianza, ha puesto la condición de que se le dejen las manos libres, hasta un cierto punto, para organizar su equipo sin respetar, no ya el estilo de Carrero, sino algunas costumbres del anciano jefe del Estado. En efecto, el presidente Arias no ha hecho un Gabinete de concentración sino más bien un equipo de hombres seguros, no brillantes en general, bien cohesionados y fuertemente homogéneo». [Error de apreciación de los autores del Informe, pues pronto surgirían diferencias entre inmovilistas y aperturistas].

Y seguía el análisis: «Sobreviven en él dos hombres de mayor talla política del Gabinete anterior, que eran por cierto los menos afectos de aquel Gobierno al presidente asesinado: el ministro Barrera, cerebro de la política económica, mantenido y ascendido en el poder después de una larga peripecia, y el joven ministro Martínez Esteruelas. Junto a ellos destaca como importante cerebro político el ministro de Información Pío Cabanillas, cuyo aperturismo manifiesto resulta equilibrado por una habilidad de movimientos absolutamente excepcional». Y, por fin, terminaba la valoración asegurando que no podía haber grandes soluciones políticas, puesto que el poder seguía en manos de Franco, añadiendo lo siguiente: «Es creencia general de los más expertos que el nuevo Gobierno encontrará soluciones concretas, resolverá los asuntos, administrará con seriedad, ejercerá con garantía y sin dureza desordenada, e intentará mantener las puertas abiertas a grandes opciones posibles para el caso de que el fin del sistema, por agotamiento biológico de Franco, se precipite. Es posible que todo ello sea insuficiente para el delicado periodo nacional e internacional que ahora comienza. Pero hay que reconocer que el país ha otorgado al nuevo equipo un cierto margen de confianza inicial, derivado de una creencia más o menos extendida: el nuevo Gobierno hará las cosas un poco mejor que el anterior».

Cuando han transcurrido más de cuarenta años y se tiene perspectiva suficiente, hay que reconocer que los planteamientos de ese impersonal informe distan mucho de lo que entonces circulaba en ámbitos políticos de uno u otro color. El sentido moderado de sus términos, el profundo saber de la situación nacional a nivel de expertos y el reconocimiento del papel de las Fuerzas Armadas se asemejan más a los documentos reservados que en aquellos años el SECED proporcionaba a las primeras autoridades de la nación. Nada hizo sospechar entonces que la autoría de aquellas hojas se situara en algún entorno próximo al Servicio; pero, a tantos años de distancia, nadie podría negar con fundamento que el origen pudiera haber estado en algún exmiembro de la «Casa» o alguno de sus más inmediatos amigos o colaboradores en Cataluña. En mis investigaciones, no he sido capaz de despejar la incógnita de la autoría de aquel notorio «informe catalán». En cualquier caso, se trata de una evaluación del estado de la nación, que, con todas las discrepancias que puedan plantearse, abre con claridad el panorama con el que iniciaba su periplo el primer Gobierno de Arias.

2
CAMBIOS EN EL SECED

PRIMERAS ACTUACIONES EN EL SECED

El viernes 28 de diciembre de 1973 se reunía, en la sede central, la plana mayor de la Organización Contrasubversiva Nacional (OCN), para redactar un documento resumen de cómo el Servicio veía la situación nacional y cuán necesario era el respaldo del mando militar al SECED en aquellas circunstancias. Los previstos destinatarios eran los ministros de los tres Ejércitos, pero San Martín se lo llevaría a última hora de esa misma tarde al teniente general Díez-Alegría, quien tras acogerlo positivamente daría luz verde para hacerlo llegar a los tres destinatarios previstos. A primera hora de la mañana del día siguiente, el teniente coronel San Martín entregó al ministro del Ejército el referido documento, aprovechando el teniente general Coloma para asegurar al director del SECED que había neutralizado el asunto PROMESA[4], sobre el que demostró conocer amplios detalles. Simultáneamente, otros directivos, marinos y aviadores, entregaban el documento a los respectivos jefes de EM de la Armada y del Ejército del Aire, siendo acogidos con ciertas reservas por el segundo y con frialdad por el primero, pues desconocían la existencia de la Operación PROMESA.

Tenía noticia San Martín de que Fernández-Miranda había hablado con el ministro del Ejército sobre el SECED y que incluso había denunciado, ante el propio Caudillo, algunas de sus actividades políticas, obteniendo el general la anuencia del presidente en funciones para trasvasar el Servicio de Presidencia al Ejército de Tierra. También se escuchaba en medios políticos que, en aquellas fechas de «interregno», el SECED corrió el peligro de exterminio, lo que hubiera ocurrido en el caso de haber accedido a la presidencia Torcuato Fernández-Miranda. En tales ámbitos se estimaba muy favorable la referencia de algunos grandes rotativos extranjeros a la positiva actuación del Servicio el día del atentado mortal contra el almirante Carrero, referencia que había sido recogida por dos diarios madrileños; otros, en cambio, consideraban perjudicial tal actuación o más bien, que hubiese salido a la luz pública, tratándose de un Servicio secreto.

LA DISPUTA POR SU DEPENDENCIA

La propia existencia del Servicio Central de Documentación tenía un carácter instrumental, como tapadera o pantalla de la OCN. Y lo mismo la atribución pública, a su jefe, del rango administrativo de director general, que solo tenía por objeto proporcionar cobertura oficial a sus actividades y relaciones de carácter político. Realmente la OCN no dependía del ministro de la Presidencia, sino del propio presidente del Gobierno, o al menos así lo entendíamos sus componentes.

Tras el asesinato de Carrero se deseó clarificar la situación de dependencia de la OCN y del SECED, nada problemática con el almirante, pero que parecía poderlo ser con el presidente Arias. Después de los sucesos de diciembre existía una actitud negativa hacia el Servicio por parte de algunos políticos que mantenían la histórica duda filosófica sobre las relaciones que deberían existir entre un poder civil constituido y un indefinido «poder militar» que imaginaban dotado de cierta autonomía para interpretar las desviaciones políticas de la Administración del Estado. Cuando se creó el SECED (marzo 1972) Carrero era ya vicepresidente del Gobierno[5], sin dejar de ejercer sus responsabilidades de Ministro Subsecretario de la Presidencia. Por eso bastó dar una nueva redacción al apartado 2.º del artículo 2.º del Decreto 245/68, que reorganizaba la Presidencia del Gobierno, disponiendo que el recién creado SECED dependiera del Ministro Subsecretario, figura que encarnaba entonces el almirante.

El teniente coronel San Martín venía despachando habitualmente los jueves con el vicepresidente Carrero hasta que, al ser este nombrado presidente del Gobierno, el 11 de junio de 1973, el despacho de los asuntos ordinarios administrativos del Servicio se llevó a cabo con José María Gamazo Manglano, promovido a Ministro Subsecretario desde su puesto de director general de Servicios de la Presidencia. Así que, en esa nueva situación, aparecía la intermediación de un ministro civil entre el jefe del Gobierno (un almirante) y el SECED, compuesto por militares adscritos a una organización inserta en la Administración Civil del Estado, circunstancia que no pasaba desapercibida a los directivos del Servicio. Por aquellas fechas, entre políticos y algunos compañeros militares fluían sospechas sobre el SECED, que las intrigas a la muerte de Carrero habían agudizado con hipersensibilidad crítica, propiciando, por reacción, «una gran desconfianza en el funcionamiento normal de las instituciones», frase que se acuñaba en el citado documento del 28 de diciembre. Muchos empezaron a considerar que no solo debía modificarse la relación y apoyo informativo directo del SECED a la clase rectora del país, que hasta entonces había llevado a cabo la OCN, sino que, en consecuencia, el Servicio debería integrarse en el Alto Estado Mayor, de modo que tal colaboración se realizase en el marco de las Fuerzas Armadas y a través de ellas. Conviene recordar que San Martín propuso en fechas previas a su cese una fórmula similar que no fue atendida.

El miércoles día 2 de enero el subsecretario Antonio del Valle convocó al TCOL San Martín para confirmarle la intención del presidente Arias de mantenerle al frente del SECED, transmitiéndole su deseo de potenciarlo como «Servicio del Presidente». El lunes 7 fue muy movido para el director del SECED: despachó por primera vez con Antonio Carro, ministro de la Presidencia, en encuentro muy cordial, al que entregó propuesta de esquema de funcionamiento del Servicio, quien se interesaba por disponer de la misma información que se facilitaba habitualmente al almirante Carrero.

Después era llamado San Martín por el TG Coloma para que le viese en el palacete de la Presidencia, en Castellana, 3. Le reiteraba el ministro del Ejército que continuaba a sus órdenes directas y que, hasta nueva orden, el SECED abandonase todas sus actividades excepto las del Sector Educativo. El teniente coronel pidió al general que se definiesen con la mayor urgencia la dependencia jerárquica y los campos de actuación del Servicio; y le comentó haberlo despachado antes con el ministro de la Presidencia, noticia que contrarió al ministro Coloma, por no haberlo consultado antes con él, de quien oficiosamente dependía directamente desde el asesinato de Carrero Blanco. Explicó San Martín que estaba esperando la respuesta prometida el 21 de diciembre. Tras este despacho poco confortable, el director del SECED volvería a hablar con Carro, quien le ordenó que todo siguiera igual. No entendía San Martín actitudes tan contradictorias entre dos ministros, lo que le producía cierta indignación por perfilarse como una muestra de desconfianza hacia el Servicio. Para dar cumplimiento a lo ordenado por el teniente general Coloma, San Martín, acompañado por tres directivos, visitó al ministro de Educación y Ciencia, para hacerle saber que ponía el SECED a su disposición. Después visitó al presidente de las Cortes, Rodríguez de Valcárcel, que le habló en términos muy cordiales y tranquilizadores. Y por la noche del 8, Carro transmitió a San Martín que cumpliese lo ordenado por el ministro del Ejército, pero haciéndoles llegar, tanto al presidente Arias como a él toda la información de que fuera disponiendo el Servicio. En Servicio especial (Planeta, 1983) San Martín dejó reflejadas en detalle aquellas difíciles jornadas, hasta su cese.

En mi condición de oficial de enlace del jefe del AEM con el director del SECED, el martes día 8 tuve audiencia con el teniente general Díez-Alegría para darle cuenta de las conversaciones de la víspera mantenidas por San Martín con el ministro Carro y con el teniente general Coloma, sobre el futuro del SECED: según la propuesta del Servicio, la OCN debía ser tutelada por el Alto Estado Mayor, y la parte abierta por el subsecretario del presidente, Antonio Del Valle. El teniente general me hizo importantes consideraciones que ya describí en mi anterior libro (págs. 281 y sig.). Al día siguiente, Del Valle visitaba a San Martín en el SECED para tranquilizarle por los acontecimientos que rodeaban al Servicio. Volvieron a reunirse el 14, y el 15 se celebró un intenso briefing para Del Valle y Álvarez Romero.

El día 18 de enero, visité de nuevo al jefe del AEM. Me contaba el TG Díez-Alegría haberse presentado el jueves 10 al ministro Carro, quien aprovechó para comentarle que habría que pensar en algunos cambios de orientación del Servicio e incluso en la sustitución de San Martín. El 15 por la tarde, Del Valle había puesto al corriente a Díez-Alegría de los criterios de Presidencia respecto del SECED. El jefe del «Alto» se había hecho acompañar del general Gutiérrez Mellado, segundo jefe del AEM, y ambos expresaron sus puntos de vista al Subsecretario Técnico rogándole pensar sin precipitación la reorganización del Servicio y la forma de llevar a cabo el cese de San Martín, pues había que evitar, en primer lugar y a toda costa, dar la sensación de expulsión, porque el teniente coronel no se lo merecía, ni el Servicio tampoco. Se debía de agradecer adecuadamente a San Martín los servicios prestados, concediéndole una gran cruz, además de asignarle un destino militar «de postín» para dejar bien clara la conformidad del Gobierno con la labor realizada por el teniente coronel en los últimos años y no dar la impresión de que se barría todo lo que había ordenado y apoyado el almirante Carrero Blanco. Antes de terminar el encuentro, el teniente general volvió a rogar al subsecretario Del Valle un aplazamiento de la decisión para que el Alto Estado Mayor pudiera preparar «un par de cuartillas» sobre este asunto, quedando Díez-Alegría convencido de que el subsecretario le había concedido la dilación solicitada.

Díez-Alegría me añadiría que la víspera por la tarde el ministro Carro le llamaría para comunicarle que el Consejo de Ministros había tomado la decisión de sustituir a San Martín por el comandante Juan Valverde Díaz, de quien Díez-Alegría apenas tenía referencias. El teniente general me manifestaba estar muy disgustado por cómo se había actuado con él, sin haber contado antes con su criterio como jefe del AEM, organismo que tenía una fuerte relación con el SECED y sus componentes. La tarde anterior, Carro había comunicado también al teniente coronel San Martín su cese como director general del SECED, atribuyéndolo a una decisión de los ministros militares y transmitiéndole las lamentaciones del presidente Arias por la pérdida de tan valioso colaborador. El cese aparecería en el Boletín Oficial al día siguiente.

En Vitruvio la noticia de la destitución de San Martín fue recibida con particular disgusto, aunque previsible, como pude apreciar aquella misma mañana del 18. Me fue asimismo posible hablar con el general Carlos Dolz de Espejo, nuevo jefe de la Tercera Sección, al que le preocupaba la trascendencia que podría tener el relevo respecto a la pervivencia del Servicio y de las misiones que hasta ahora venía desarrollando.

Desde aquel despacho, me trasladé a saludar al general Manuel Gutiérrez Mellado, con quien, por lazos de antigua amistad familiar, los contactos siempre me resultaban muy cómodos, gratos y provechosos. Mi conversación íntima con él, tras darle cuenta del cese de San Martín, fue verdaderamente enriquecedora. En ella me hizo una larga referencia, como nunca hasta entonces, a sus etapas en los Servicios de Información y a las enormes dificultades padecidas. «A San Martín le tengo mucho cariño. Ahora que, en una relación tan cerrada como él tenía con Carrero (…). ¡Que lo saquen de ahí! (…). Comprendo la situación de San Martín, porque los que tenemos sentido de la Información nos metemos a fondo en las cosas y luego ¡nos pegamos cada batacazo! (…), y nos echan a patadas. Crees que has hecho una cosa por España y cuando te descuidas te quitan la silla y te das la bofetada (…). Estudiad el asunto, refrescadlo. La gente que trabajáis allí lo habéis hecho divinamente. Por desgracia, hay poco especialista en esa rama (…). Pero tranquilidad; cada uno con su propia libertad, aunque vosotros no podéis dar la sensación de espantada. Ese estado de ánimo es inevitable. Tú eres aún jovencito. A mí me ha pasado lo que te he contado y a ti te pasarán más cosas. Esto que ha ocurrido era normal. De Cassinello hay buena información. Dadme un papel. Ahora me interesa la información que tengáis sobre la subversión y una nota sobre ese Servicio, porque me estoy viendo el rechazo. Dime algo, no como segundo jefe del Alto Estado Mayor. Yo tengo que tener una información ahora».

EL NUEVO JEFE DEL SERVICIO

El nombramiento de Arias Navarro como nuevo presidente del Gobierno trajo como consecuencia el relevo en la dirección del SECED, que pasó a manos del comandante de Infantería, diplomado de Estado Mayor, Juan Valverde Díaz[6], algo más moderno y joven que San Martín, aunque con escasos conocimientos del proceloso mar de los Servicios de Información, lo que le aconsejó apoyarse en los órganos directivos del Servicio y llevar el timón de la OCN con un estilo más colegiado y acomodado a las circunstancias reales en que se debatía la política nacional tras el asesinato del almirante. Se trataba de una decisión personal de Arias Navarro, quien siendo alcalde de Madrid había nombrado Gerente Municipal de Urbanismo al entonces concejal del Ayuntamiento y capitán Valverde. Pero ahora no estaba tan claro si el director del SECED habría de despachar con el propio ministro de la Presidencia o con alguno de los tres subsecretarios. El comandante Valverde empezó haciéndolo con Carro y con Del Valle, hasta que el presidente Arias, en presencia de su Subsecretario Técnico, recordara a Valverde, el 16 de abril de 1974, que dependía solamente de él —Arias— y le ordenaba despachar solo con él, salvo los trámites administrativos diarios que debería resolver con Del Valle y, en último término, con el ministro Carro. Y así se cumplió. Aquella leal colaboración y amistosa proximidad a Carlos Arias facilitaban ahora el inmediato reforzamiento de las relaciones del SECED con la Presidencia del Gobierno y coadyuvaron en gran medida a salvar los escollos políticos y de gestión que habían entorpecido en ocasiones la buena marcha y el desarrollo del Servicio en su primera etapa.

Las cualidades personales de Valverde —tacto, buen hacer, singular sensibilidad, prudencia— allanaron enseguida su mando sobre los directivos del SECED, de los que recogió sugerencias y sentimientos para reorientar el rumbo de la nave hacia un nuevo acontecer histórico y aplicar en consonancia un nuevo estilo al Servicio. Después de escuchar a todos, dio pronto un golpe de timón que impulsó a la Organización Contrasubversiva Nacional (OCN) hacia el estudio profundo de la situación, el planteamiento y seguimiento de acciones fundamentalmente orientadas a la reversión y la aportación al presidente del Gobierno de una información puntual, completa y rigurosa de los asuntos nacionales encomendados. No tardaría Valverde en granjearse la confianza de los directivos del SECED.

Valverde tomó el relevo de San Martín en un acto formal celebrado el lunes 21 de enero en la sede de la Presidencia del Gobierno, en el Paseo de la Castellana, n.º 3, bajo la presidencia del ministro Carro y con la asistencia de los tres subsecretarios y de los directores generales de aquel departamento. Por parte del SECED, el secretario general y los jefes de sus dos Divisiones representaron a los restantes miembros del Servicio en tan emotivo y en cierto modo inquietante acto. El día 23, Valverde reunió a los miembros del Servicio para dirigirles unas primeras palabras. De ellas cabe destacar algún párrafo particularmente significativo para los directivos: «Somos oficiales de los tres Ejércitos y muchos pertenecemos a sus Estados Mayores. Obvio es que la colectividad que formamos sabe lo que es la lealtad, pues, por conocerla, le rendimos culto. Ella, que debe ser recíproca entre mando y subordinados, nos ha de llevar a decir la verdad por encima de todo y a obedecer sin restricciones en toda circunstancia y en todo lugar. Esa lealtad que, lo sabéis muy bien, no está reñida con la discreción y el secreto, rechaza toda política de grupo o camarilla; lo que si bien nadie nos va a imponer, no pienso tolerar en modo alguno (…). Mi llegada a este cargo tan solo a obediencia se ha debido y mi norte en él será el servicio de España (…). Cuento con vuestra colaboración total, con las órdenes que del mando reciba, con mi dedicación y sobre todo con la ayuda de Dios en quien todos confiamos».

Las variadas presentaciones del Servicio a diferentes autoridades y las visitas a las oficinas periféricas ocuparían al comandante Valverde la mayor parte de su tiempo en enero y febrero, reuniones con cierto aire pedagógico que le sirvieron de cursillo intensivo sobre su futura tarea, al tiempo que de motivo de reflexión que se iría decantando imperceptiblemente en un examen de conciencia sobre las actividades que desarrollaba la OCN.

Por su parte, el teniente coronel San Martín remitió al comandante Valverde unas palabras de despedida, fechadas el 21 de enero de 1974, para su difusión entre los componentes del Servicio. Se iniciaban así:

A TODA LA OCN.

En el momento en que se produce mi relevo al frente de este Servicio, deseo haceros presente que:

— Siento la inmensa satisfacción del deber cumplido.

— He tenido el enorme privilegio de haber mandado a un núcleo de hombres excepcionales, a quienes volvería a elegir para que me ayudaran en el cumplimiento de cualquier otra misión, por delicada y difícil que ella fuera.

— Por encima de las incomprensiones con las que hemos tropezado, la consideración que me ha sido concedida es un público reconocimiento a nuestra labor callada, abnegada y eficaz.

— Tenemos que estar dispuestos a aceptar mayores sacrificios si queremos que el país recupere el tono moral indispensable para que se asiente un futuro prometedor para nuestra querida España.

Dos meses más tarde se recogía en un álbum de firmas el afecto, admiración, gratitud y subordinación al teniente coronel San Martín, quien sería recordado como amigo, jefe y director de aquel selecto equipo. Encabezaba la serie de orlas la cariñosa dedicatoria del comandante Valverde a la que seguían los testimonios individuales de un centenar largo de compañeros, que reflejábamos el honor, orgullo y gratitud por habernos incorporado a aquel magno esfuerzo por España, con toda nuestra fe, imaginación e ilusión.

Hacia una nueva sede

Al poco tiempo de la incorporación de Valverde, le expusieron en el Servicio la anterior iniciativa de San Martín de tantear la posible ocupación de un edificio secundario en Castellana, 5, tema que había quedado estancado en Presidencia. El rápido incremento de plantilla que Valverde estaba gestionando con el presidente Arias, hacía necesario encontrar una solución inmediata a la evidente falta de espacio en el piso de Alcalá Galiano, 10. Así que el nuevo director se propuso iniciar las gestiones para el desalojo de los pocos usuarios oficiales de aquel edificio moderno de «Sáhara y Provincias Africanas». No hubo resistencia, gracias al buen acoplamiento de Valverde con Arias; pero eran indispensables algunas obras de adaptación y, en consecuencia, un presupuesto extraordinario para acometerlas. Aunque el 24 de marzo de 1974 la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno informó a Valverde de que el crédito presupuestario no estaría disponible hasta septiembre, plazo que resultaba excesivamente largo, el nuevo director del SECED, tras un escrito de 16 de abril al Alcalde y otro de 10 de julio al Gerente, consiguió la licencia municipal. Entretanto, las oficinas de la calle Alcalá Galiano se ofrecieron a los departamentos oficiales que ocupaban Castellana, 5, entre ellos los Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno, cobertura de los archivos acumulados por el antiguo Servicio de Represión de la Masonería y Comunismo, cuyos voluminosos legajos históricos se habían reunido en un edificio en Salamanca, capital. Su director, el almirante Jesús Fontán Lobé, dio a Valverde toda clase de facilidades, ofreciéndole, además, que lo más valioso y operativo de aquel archivo pasara más adelante al SECED, lo que Valverde transmitiría al subsecretario de Presidencia en escrito de 7 de mayo. Dos meses después, el 12 de julio, el comandante Valverde visitaría las instalaciones salmantinas con el Almirante, a los que acompañó el capitán Fuentes Gómez de Salazar, que había sido encargado de mantener el enlace con tales Servicios Documentales.

La sede central del SECED se trasladaba por fin al edificio del Paseo de la Castellana, n.º 5, en la semana del 9 al 14 de septiembre de 1974, donde ya pudo acoplarse con decoro y sin estrecheces en instalaciones y servicios, albergando dignas salas de reunión y de visitas como correspondían a un organismo público abierto que requería una imagen, más cercana y acaso menos críptica. Se montó adecuadamente el archivo mecanizado de información —el ya afamado JANO— y pudo darse cobijo a alguna de las oficinas que aún se mantenían fuera de la sede principal, concentrando la Secretaría General, además de todos los Sectores de la División de Operaciones, la jefatura de la Información y alguna de sus dependencias como Seguridad, etc. aunque conservando otras dispersas por Madrid por razones obvias de discreción.

CONVERSACIONES EN EL ALTO ESTADO MAYOR

Presentaciones oficiales del comandante Valverde

Las relaciones entre el SECED y el AEM discurrían por una gama variada de actitudes, en función del escalón en que se desarrollasen. En el primer nivel de mando la preocupación prioritaria era la reestructuración de la Tercera Sección y después la coordinación informativa en el plano del Estado y las relaciones inmediatas con la OCN.

El viernes 25 de enero de 1974, el CTE Valverde fue recibido por el TG Díez-Alegría, acompañado por el GD Gutiérrez Mellado, en un ambiente cordial en el que el jefe del AEM sacaría a relucir el escrito que él mismo había remitido al Subsecretario del presidente, Antonio del Valle, sobre la situación del SECED. El primer apartado versaba sobre los antecedentes, «que le habían sido de gran utilidad a Del Valle, por desconocerlos»; en el segundo se aclaraba la postura del AEM sobre el SECED; y, en el tercero, se exponían algunas observaciones a un gran gabinete centralizador de toda la información nacional y extranjera que necesitaba el presidente del Gobierno. El teniente general se mostraba convencido de que el Servicio debería permanecer en Presidencia aunque con mayor relación, o incluso vinculación, con el Alto Estado Mayor, tal como se deseaba en el SECED. Pero consideraba posible montar un reducido gabinete en el «Alto» para reunir información sobre la subversión, sin llegar a una integración de la OCN en el AEM. Entre los proyectos comunes se trató la creación de una escuela de agentes de Información en la que se especializasen también oficiales del AEM y de ministerios militares y civiles, lo que dio ocasión al general Díez-Alegría para expresar la necesidad de incrementar en el SECED el personal civil, «que un día será mayoría», aunque por el momento no podía contarse con otra cantera que la militar. Pero mantenía su permanente criterio de la inconveniencia de que las Fuerzas Armadas se implicasen directamente en la fase actual de la lucha contra la subversión. El teniente general aprovechó para ponderar el espíritu de los oficiales del SECED en el cumplimiento de la misión y para hacerles saber la conveniencia de que siguiesen en el Servicio, como había aconsejado ya a alguno de ellos que le había consultado el retorno a su destino de origen. El TG Díez-Alegría despidió al jefe del SECED con un sonoro «¡Enhorabuena y sentido pésame!», y ordenó al GD Gutiérrez Mellado que proporcionase a Valverde una copia del escrito al presidente sobre una deseable Junta de alto nivel sobre Información.

Subimos después al despacho del general Gutiérrez Mellado y Juan Valverde le hizo saber que conocía dicho escrito por haberlo recibido de Presidencia. El general se consideraba «colaboracionista al máximo» del SECED, ofreciendo su apoyo a Valverde y dándole consejos para la nueva etapa, deducidos de su larga experiencia en Información. Lo que más le preocupaba era el Estatuto de personal, vital para unos oficiales que necesitaban sentirse arropados por las Fuerzas Armadas, tanto que cualquier baja que pudiera producirse en Marruecos o frente a ETA o en otra circunstancia debería ser considerada como en acto de servicio a todos los efectos y con todos los honores y derechos. Le parecía prudente proteger la actuación de nuestros profesionales con pantallas que les evitasen el contacto directo con elementos poco recomendables o peligrosos, y encarecía aumentar al máximo la discreción dentro y fuera del Servicio, por medio de una mayor compartimentación de la información. Terminó Gutiérrez Mellado dedicando un tiempo a la reorganización de los órganos de información: una Junta del máximo nivel posible que impartiese orientaciones a los Servicios y les controlase; y un Comité ejecutivo que manejase las cuestiones de detalle y fomentara la colaboración y el cumplimiento de las órdenes emanadas del presidente.

El CTE Valverde pasó a continuación a saludar al jefe de la Segunda Sección (Económica), contralmirante Moreno Reyna, quien le hizo saber, en tono muy afectuoso, su decidido apoyo al Servicio, que ya conocía desde su etapa en la 2.ª Sección del E. M. de la Armada. El almirante entendía provechoso que Valverde visitase pronto al ministro de Marina y a su jefe de Estado Mayor.

Por último, Valverde trató de presentarse al general de Aviación Dolz de Espejo, jefe de la 3.ª Sección; pero encontrándose ausente tuvo que hacerlo con su segundo, el coronel Joaquín Prieto Arozarena, ya próximo al ascenso a general, que aportaba los mejores deseos de colaboración para la nueva etapa, si bien apuntaba cuán indispensable era delimitar las áreas de actuación de los Servicios respectivos que ambos representaban. Se interesaba Arozarena por poner en marcha la denominada «Comisión de Coordinación Informativa» en cuanto se hiciera cargo de la Tercera Sección.

Salió a la conversación el asunto de las Bases en el extranjero, que ambos interlocutores deseaban dinamizar. Urgía reforzar Portugal, pues Lisboa no daba el resultado apetecido. La Tercera Sección requería del SECED el apoyo económico que no podía facilitarle el Alto Estado Mayor, y también la influencia ante el Ministerio de la Gobernación para atender las necesidades de personal de la policía en las Bases, del mismo modo que prestaban seguridad a las instalaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores en el extranjero. Contaría Arozarena a Valverde una reciente visita suya a París en la que el director del Servicio francés SDECE, conde de Marenches[7], le había comentado el cambio de dependencia (desde el presidente de la República a la del ministro de Defensa), para evitar comprometer al jefe del Estado en actividades exteriores que resultasen inconvenientes, aunque naturalmente Marenches seguía despachando con el número uno «en secreto». El «Alto» se entendía bien con el SDECE en asuntos de información exterior y contraespionaje y se pensaba que nuestro SECED, que trabajaba en la contrasubversión interior, se relacionaría mejor con el Servicio Renseignements Generaux (RG), y con la Direction de la Sourveillance du Territoire (DST).

Fruto de ese buen clima fue la nueva reunión que el 13 de febrero de 1974 se organizó en «Vitruvio» sobre microfilmación de archivos del SECED, para intentar reducir el enorme volumen del JANO y de otros de «Rancho» y de las Delegaciones, y para agilizar su puesta al día y su manejo. Nos entregaron seis relaciones alfabéticas de los siete mil quinientos individuos incluidos en el archivo y veinticinco listas de descriptores para localización rápida de fichas y datos. Se iba a comenzar el estudio de la mecanización de archivos de empresas y entidades, a las que se daría un número de identificación propio, otro por el sector de producción, otro por su relación con grupos económicos, etc. La colaboración funcionó satisfactoriamente. En el Comité Mixto de Mecanización AEM/SECED reunido en el Centro de Proceso de Datos (CPD) de Vitruvio, el 22 de octubre, se anunció haber completado la actualización general del Archivo JANO, que se continuaría con revisiones quincenales. Se iban a preparar treinta y seis ejemplares del listado general de individuos para su distribución interna en el SECED.

El martes 5 de febrero visité al TG Díez-Alegría; se mostraba muy satisfecho por saber que el SECED, tras el trágico asesinato del almirante Carrero, había recuperado el ritmo habitual de trabajo, con buen espíritu e ilusión por parte de sus componentes. El primer asunto que trató fue la carta que había recibido del ministro Pío Cabanillas pidiéndole la colaboración directa del CAP Manuel Fernández-Monzón, como jefe del Gabinete de Enlace del MIT; y estaba dándole respuesta haciéndole saber que era el ministro del Ejército quien resolvía sobre situaciones especiales de los oficiales, ya que dicho capitán debería pasar a otro destino o situación para cubrir ese puesto de trabajo. El general no quería tener subordinados en otros destinos ajenos al Alto Estado Mayor, rechazando incluso mantenerle vinculado de algún modo a la Segunda Sección. Me preguntaba por qué tanto interés por Monzón, como si hubiese recibido además otras recomendaciones similares; y le extrañaba que no se lo hubiese consultado el propio interesado, que tenía próximo el ascenso a comandante y cuya confirmación en el destino solo se produciría en caso de ser indispensable en el Negociado de Petróleos, de la Segunda Sección, donde trabajaba.

Dos días después, el CTE Valverde me hizo acompañarle a su primera visita oficial al jefe de la Tercera Sección del AEM, GB (AV) Carlos Dolz de Espejo. La conversación se abrió con los Servicios de Información extranjeros, comenzando por su reciente viaje a Roma y la labor del TCOL Fernando Gautier[8],jefe de la Base del AEM en aquella capital, considerando conveniente dar a este tipo de oficiales un estatus diplomático como el que tenían otros representantes similares de países occidentales. Aprovechó el general para definir la situación interna italiana como caótica por el enorme peso del PCI en el Gobierno y en el Parlamento, mientras era patente la desunión de las derechas, lo que podría conllevar —a juicio de los mandos del SID[9] italiano— un fatal desenlace. La máxima preocupación de estos era la lucha contra el terrorismo, para la cual no se hallaban preparados, requiriendo el apoyo de otras naciones. De modo que ahora el GB Dolz de Espejo solicitaba a Valverde información para hacerla llegar al Servicio italiano. Aludiría también al preocupante incremento de la plantilla de personal de la embajada china en Madrid.

El director del SECED leyó a los generales Dolz y Arozarena unos folios preparados para el presidente del Gobierno sobre el Servicio, entregándoles una copia para el TG Díez-Alegría. Se habló con interés de un posible Estatuto de personal. Los generales que nos recibían veían necesaria la permanencia, durante unos años, de los oficiales que se dedicaran a Información, pues tal especialidad requería una instrucción larga y dificultosa, abogando por su rotación entre los diversos Servicios y porque se les computase el destino a efectos de «tiempo de mando». Mencionaba el GB Dolz de Espejo que algunas misiones de nuestro Servicio, como la atención y seguimiento de personalidades, creaban recelos en algunos ambientes de las Fuerzas Armadas y de los medios de comunicación, a lo cual respondía Valverde que ese no era objetivo del SECED.

La coordinación de la información

En esta primera audiencia concedida al director del SECED se trató del Comité de Coordinación Informativa, que debería reservar la presidencia al TG jefe del «Alto». Valverde ofreció redactar una nota para Carlos Arias en la que se explicase y se urgiese la necesidad de aquel órgano coordinador. Antes la pasaría al AEM para su revisión, de modo que el documento que se elevase al jefe de Gobierno gozase del consenso previo. Pues bien, el jueves 14 de febrero volví a la «Tercera» para reunirme con los generales Dolz de Espejo y Arozarena. Se me había convocado para hacerme entrega de la nueva redacción del «anteproyecto de Comisión Coordinadora». El jefe de la Tercera Sección me explicó las modificaciones introducidas en el boceto del SECED: para presidir la Comisión, el candidato del AEM era ahora el Subsecretario Técnico del presidente del Gobierno, evitando así situar al frente al TG Díez-Alegría que no disponía de mucho tiempo, dadas sus múltiples ocupaciones, y para obviar susceptibilidades en los ministros militares, así como la imagen de un «almirante Canaris» en medios civiles; y, sobre todo, porque el teniente general no podía autoproponerse. Aquella mañana me pareció que había que respaldar la candidatura del TG Díez-Alegría, pues además se me indicaba que si el Servicio Central de Documentación daba su conformidad al anteproyecto, el TG Díez-Alegría lo despacharía con el presidente el lunes siguiente, día 18.

El miércoles 27, tuve que acudir a comunicar al TG Díez-Alegría el deseo de Carlos Arias de recibirle el lunes 4 de marzo para despachar lo concerniente a la Comisión Coordinadora de la Información y para que preparase, con vista a esa audiencia unos considerandos sobre la legislación referente a la dependencia y subordinación del AEM al jefe del Estado. El teniente general sacó de su cajón una carpetilla verde (similar a la que entregó al presidente del Gobierno la semana anterior) con los documentos relativos a la legislación del AEM desde su creación hasta la publicación de la Ley Orgánica del Estado, incluida una Orden secreta del Caudillo de 1940 o 1941, por la que se determinaban las misiones del Alto Estado Mayor. El teniente general aprovechó para comentarme que se encontraba en una delicada situación, pues seguía dependiendo del jefe del Estado, pero entendía que debía aumentar el número de despachos con el presidente del Gobierno, quien como jefe del Ejecutivo disponía de la autoridad y recursos en los asuntos de competencia del AEM.

La filosofía del jefe del «Alto» era muy clara. Hasta entonces el pensamiento militar español mantenía la tendencia a considerar que debía reservarse cierta autonomía a un indefinido poder militar del más alto nivel, lo que no debería continuar en el futuro. Apuntaba Díez-Alegría que más adelante él no debería despachar con el Rey, jefe de las Fuerzas Armadas, para no mezclarle en políticas concretas que pudieran llegar a imputarle errores que no le correspondían. Discrepaba de quienes deseaban organizar un órgano supremo desde el que controlar al Gobierno en decisiones que se considerasen contrarias a la nación. Otra cosa era velar por el orden constitucional que él entendía como la forma de evitar que pudiera seguirse, por algún organismo o autoridad, una mecánica o procedimiento opuesto o al margen de las leyes constitucionales. «Si un día un presidente se extralimita en sus funciones, las Fuerzas Armadas tendrán que actuar llamándole la atención en la forma conveniente (…), pero sería más difícil concretar quién en los Ejércitos tendría que dar ese toque de atención, pues los ministros militares son miembros del Gobierno y, como tales, podrían verse sometidos a las directrices de su presidente. No así los Jefes de Estado Mayor». Y si ese día llegaba, la Junta de Jefes de Estado Mayor más el jefe del AEM podría ser, en último extremo, el centro de vigilancia y reacción frente a abusos de otros órganos del Estado. (En aquel momento —hace ya 42 años— no era imaginable otra cosa, pero los criterios de don Manuel serían de aplicación más adelante).

Me hizo el TG Díez-Alegría historia de su nombramiento como General jefe del «Alto», cuyo promotor había sido el almirante Carrero Blanco, desde muchos meses antes del fallecimiento del capitán general Muñoz Grandes. Díez-Alegría se negaba a hacerse cargo de un organismo en el que «lo más que podría hacer yo, dada la estructura del “Alto”, tal como lo conocía desde el CESEDEN, era modificar el formato de la libreta de Farmacia». Fuera de esta broma, Carrero le insistió y el general terminó aceptando, pero pidiéndole un aplazamiento de mes y medio para poder descansar ese verano, que lo necesitaba para recuperar su salud y para pensar en alguna idea. Le pareció bien al almirante, pero no al Generalísimo, que le llamó a Madrid a los pocos días para que jurase sus cargos de jefe del AEM y de consejero del Reino. En la primera audiencia en El Pardo, el general dijo a Su Excelencia que procuraría molestarle lo menos posible, pero que, tan pronto como fuera necesario, iría puntualmente a informarle de lo que requiriese su dictamen. Y así ocurrió con motivo de la Ley Orgánica, del Juicio de Burgos, de los Acuerdos USA, del movimiento de los capitanes de diciembre de 1970, etc.

Cuando yo trataba de despedirme, el general me retuvo para contarme algunos detalles de su próximo despacho con el presidente Arias el lunes 4 de marzo. Seguía convencido de que la adscripción de jefes y oficiales del SECED al Alto Estado Mayor no era la fórmula adecuada. «Nunca me ha gustado, siempre me la han impuesto». Sin embargo, defendía que se nos concediese la máxima consideración militar a todos los efectos, pues la merecíamos; incluso pretendía sacarle al presidente una Orden Secreta por la que se nos asegurara estar actuando siempre «de servicio», comprendiendo los riesgos que corrían muchos de nuestros directivos. La fórmula de destino en el AEM no le satisfacía a nadie; al ministro del Ejército tampoco. «Siguen citándoos a todos como destinados aquí, cuando ni trabajáis aquí ni estáis sujetos a mi dependencia». Por ello, pretendía pedirle autorización al presidente del Gobierno para estudiar con el ministro Coloma la mejor fórmula; no le parecía difícil encontrar un buen acoplamiento, «y si no, que se decrete la disposición secreta que convenga». En la presente audiencia volvió a sacarme el tema del CAP Fernández-Monzón. Pío Cabanillas le había insistido en que pasase «en comisión de servicio» al ministerio de Información y Turismo y, al final, el TG Díez-Alegría tuvo que ceder, si bien reservándose la decisión de confirmarle o no en el AEM cuando ascendiese a comandante seis meses más tarde.

El jueves 7 de marzo acudí al Alto Estado Mayor para trasladar al GB Arozarena el mensaje de que Valverde deseaba hablar con él sobre las misiones de los inspectores de policía en nuestras embajadas. Hablamos un buen rato de la comisión de Coordinación de la Información, de la que esperaba noticias esa mañana. Pero entendía que, si el asunto de su creación se demoraba, habría que utilizar la «vía particular» para alcanzar cuanto antes un entendimiento directo y permanente entre el AEM y el SECED, idea que pensaba poner en ejecución cuando tomase el mando de la Sección a finales de marzo, por ascenso del general Dolz Espejo. Me comentó también el nulo rendimiento que obtenía de la Base de Lisboa pese a la calidad y competencia de cuantos oficiales habían pasado por allí. Se veía obligado a cerrarla, por la penuria económica del «Alto».

El miércoles 17 de abril, entregué al general Arozarena el borrador de Orden de creación de la «Comisión Especial» elaborado por Presidencia. Le pareció suficiente para empezar, pero de contenido inferior al preparado conjuntamente por el SECED y el AEM; le urgía ponerlo en marcha. Con este preámbulo me expuso la reorganización de la Tercera Sección, con gráficos, cuadros, etc., tal como iba a tratarlo con el TG Díez-Alegría en largo despacho inmediato; temía que se asustase «injustificadamente» ante la posibilidad de que la Sección absorbiese la inmensa mayoría de los medios económicos y personales de que disponía el «Alto». Proponía la reducción de los Sectores Regionales, aunque potenciando las Bases de Ceuta, Melilla y Canarias y montando un destacamento en Algeciras, punto de llegada de marroquíes. Las prioridades de información exterior serían, por orden de interés, las siguientes: África árabe de oeste a este, Mediterráneo y Portugal, NATO y organismos europeos e Hispanoamérica. Para el desarrollo de este programa de la «Tercera» iba a ser necesario, a su juicio, la colaboración entre el SECED y el AEM desde aquel mismo momento.

Ya de comandante, acudí el 3 de junio de 1974 al AEM para planificar con el GB Arozarena el viaje oficial del TG Díez-Alegría a Rumanía —relatado en posterior apartado— y después me habló con cierta desesperanza de la «Comisión Especial», que no acababa de constituirse. Se extendió sobre las Bases del AEM en el extranjero: las consideraba poco eficaces en su actual planteamiento. En Alemania, la Tercera Sección necesitaba continuar sus contactos con el BND[10] de Múnich, en asuntos de plena incumbencia del «Alto», pero le parecía indispensable que el SECED tuviera presencia en Frankfurt, Colonia o Bonn donde enlazar con el BfV[11], vinculado al Ministerio del Interior, en asuntos de emigrantes, partidos políticos de oposición y temas de carácter económico. En Bruselas habría que desdoblar las actividades: al SECED le interesaría estar presente en aquella capital y en las Comunidades Europeas, y al AEM mantener la relación con el Servicio de Inteligencia belga. Comentarios parecidos me hizo el general sobre Italia, Francia y Portugal, países en los que el SECED debería contar con Bases independientes. A raíz de estos temas de exterior me sacó a relucir las dificultades económicas por las que pasaba el Alto Estado Mayor y, en particular, la Tercera Sección, que tenía un presupuesto anual de 2,5 millones de pesetas, de los cuales, tan solo una partida de 200.000 pesetas iba destinadas a actividades puras de información, cuando otros Servicios nacionales de menor entidad y responsabilidad, contaban con cifras superiores.

El día 7 de octubre, la Tercera Sección pediría al SECED buscar un jefe para destacarle a Munich con estatuto diplomático y encomendarle misiones abiertas con los Servicios alemanes BND y BfV. Al día siguiente visité al GB Arozarena para transmitirle la primera propuesta de Valverde: los capitanes Angel Feltrer y Carlos Ruiz Jódar y el comandante Ángel Santos Bobo. El general Arozarena había vetado a un comandante casado con alemana. A la salida, el COR Sánchez Gabriel me insistiría en que las visitas de Juan Valverde al «Alto» fueran más frecuentes, por la transcendencia positiva que tenían.

Vinculación del SECED

En el largo camino jurídico para la definitiva institucionalización de la OCN, aparecía como razón de peso encontrar una vinculación con el Alto Estado Mayor. Meses más tarde el teniente general Fernández Vallespín, sucesor de Díez-Alegría en aquel mando, no se oponía a arbitrar una fórmula vinculatoria. Arias y su equipo de Gobierno habían mantenido en la etapa de Carrero muchas reservas, por temor a que el SECED se convirtiera en protagonista de un futuro organismo coordinador de la información; pero el horizonte estaba despejado ahora en Presidencia. Sin embargo, los obstáculos iban a aparecer en el Ejército por recelos, al contemplar cómo la OCN estaba a punto de alcanzar, al máximo nivel, la doble vinculación militar y civil. No debemos olvidar que, en la dialéctica interna del SECED sobre «vinculación versus integración» del Servicio en las Fuerzas Armadas, siguieron apareciendo matices de interpretación de esos términos y criterios respecto a la regulación de la relación entre su Jefe y el presidente del Gobierno. El asunto fue de nuevo tratado en la reunión general de delegados de noviembre de 1974. Se reconocía una rotunda evolución desde la primera etapa de la Organización Conde hasta el momento, en cuanto a la posición del Servicio ante las FAS, desde cierto aislacionismo hasta el estado anímico actual de desear una vinculación colectiva casi obsesiva. Se percibía sensación de urgencia en resolverlo, como si se asistiese al ocaso del Régimen, antes del cual debería haber concluido el proceso de acomodación del Servicio.

En este apartado dedicado a las relaciones del Servicio con el Alto Estado Mayor en la etapa que iniciaba el comandante Valverde, cabe hacer referencia a un hecho atípico que se produjo al comienzo de aquel 1974. Algunos oficiales de la Tercera Sección, intelectualmente más inquietos por el futuro del Régimen, mostraban recelo ante el Servicio, con interés en hacerlo evolucionar en otra dirección, al margen de las ideas que se barajasen en la jefatura del «Alto». Así que tres de ellos, destinados en «Operaciones-Interior» (comandante Calderón y capitanes Cortina y Ruiz Platero) solicitaron entrevistarse cuanto antes con Valverde tras la gestión previa de un civil, amigo común, R. Luna. El director del SECED, que daba aún los primeros pasos en su nuevo destino, se sorprendió de aquella petición de encuentro, desconociendo el motivo de tan urgente reunión, por lo que me solicitó inmediatamente unas notas descriptivas de las relaciones con el «Alto» y de las ocupaciones orgánicas de aquellos compañeros, para poder comprender mejor lo que después le expusieran. Debieron exigirle la mayor reserva para este encuentro; al menos con esa confidencialidad me pidió Valverde el súbito informe, que tuve que redactar a vuela pluma fuera de la oficina.

La reunión se llevó a efecto en la cafetería Riofrío de la Plaza de Colón, lugar de tantos encuentros y recuerdos al comienzo de febrero. Hablaron mucho del SECED y de su relación con las Fuerzas Armadas, aunque no entendían que el Servicio pudiera continuar fuera de estas y patrocinando su integración en el Alto Estado Mayor. Pero, si no podía superarse su enganche a presidencia, pensaban que los militares que trabajaban allí en «comisión de servicio» deberían abandonar la situación de actividad en los Ejércitos. No cuestionaban la acción contrasubversiva, pero temían que fuera rebasada por la actividad de algunos miembros. Juzgaban con particular acritud la filosofía de la etapa San Martín y la actuación de algunos de sus colaboradores más directos. Me comentaría inmediatamente después Valverde que «en modo alguno es admisible que el país tenga la sensación que da el Servicio de vigilarlo todo». La mayor parte de las quejas de sus contertulios se centraban sobre los boletines reservados que confeccionaba el SECED para las primeras autoridades y que no eran sino «un medio de mentalización de personas muy importantes». Por ejemplo, el tratamiento que en ellos se daba a los asuntos de la Iglesia les merecían la impresión de estar redactados desde posiciones ultraderechistas, con juicios de valor sobre el diario YA, al que se llegó a tachar de antinacional por el contenido de algún boletín. Valverde no pudo disimular su enojo ni reprimir su enfado al contármelo. Poco después, el 17 de abril, se lo haría yo saber de su parte al general Arozarena en despacho habitual, quien lamentó la actuación de sus oficiales.

El TG Calderón y el COR Ruiz Platero dedican a ese mismo primer encuentro con Valverde un par de párrafos de su libro[12], reflejando el espíritu crítico con que pretendían prevenirle contra la filosofía y el personal que TCOL San Martin le había dejado en herencia. Este es el texto: «A propósito de esa cuestión, por lo que pueda aclarar algunas posiciones, podemos contar una anécdota. Por aquella época, José Luis Cortina, Florentino Ruiz y no recordamos si había un tercero, tuvimos la ocasión de encontrarnos con Valverde, por medio de un amigo común, en la cafetería Riofrío de la plaza de Colón. El objeto de esta cita, no solicitada por nosotros, era escuchar nuestra opinión sobre el SECED, para cuya dirección acababa de ser nombrado. En ella le expresamos con claridad la necesidad de que introdujese profundos cambios en sus funciones y en su personal a la vista del futuro político que se avecinaba. Recordamos que Valverde nos escuchaba con mucha perplejidad, pero sin rebatir nuestras tesis y argumentos. Pasado algún tiempo percibimos ambos en el AEM, nuestro destino común aunque en distintas secciones, un «cierto movimiento» en torno a nuestras personas y terminamos sabiendo que desde medios del SECED se había pedido que se nos hiciese una llamada de atención. Lo único que se nos dijo es que “tuviésemos cuidado” de con quién hablábamos. Con cierta ingenuidad por nuestra parte, ese incidente significaba dos cosas: una, que, si con el nombramiento de Valverde había habido un cambio en el SECED, era limitado en ideas a pesar de la llegada de Cassinello; la otra, que en el AEM se seguían manteniendo las distancias con el SECED».

Me sorprende no poco que a los autores del libro les fallase la memoria al comentar que la cita no había sido solicitada por ellos. Pocos recuerdos tengo tan nítidos de la etapa Valverde, como aquella petición urgente, personal y reservada que me hizo como oficial de enlace con el AEM, tras recibir aquella petición de encuentro en Riofrío. Por otra parte, al CTE Cassinello le faltaban aún ocho meses para su reincorporación.

EL SERVICIO ENTRA EN FASE DE INTROSPECCIÓN

Tras un largo paréntesis durante el año 1973, por sucesivos aplazamientos, la reunión general de delegados pudo celebrarse en Madrid en mayo de 1974. A lo largo del año precedente habían surgido obstáculos externos: el SECED resultaba incómodo a determinada clase política, y su crecimiento y mayor eficacia suscitaba recelos en poderosos sectores y en otros Servicios de Información. Y en el ámbito interno, diversas interpretaciones sobre la relación SECED-OCN provocaban desconciertos y tensiones que convenía analizar, nunca ocultar. Las sesiones informativas previstas para los días 13, 14 y 15 de diciembre tuvieron que ser diferidas hasta enero del 74, en que se celebró una simple reunión para dar cuenta de la nueva situación, tras el asesinato del almirante y el nombramiento del presidente Arias. Pero el nuevo director del SECED reunió enseguida a los delegados regionales en Madrid, el 1 y 2 de febrero, dos semanas después de su nombramiento. Deseaba mantener con ellos un indispensable y exigible primer contacto, en el que Valverde instó a preparar una profunda reunión general del Servicio para finales de abril, que incluyese, además de los delegados, a directivos de la Secretaría General y de la central de la Organización Contrasubversiva Nacional (OCN).

Para los trabajos preparatorios se constituyeron cuatro ponencias a cargo de 37 directivos, con intención de deducir, tras un profundo examen, las líneas de acción para la nueva etapa del SECED. La ponencia 1.ª se titulaba «Situación política nacional y su entorno internacional: incidencia en el Servicio». La 2.ª trataba de «El Servicio: misión, vinculación y dependencia. Resultados y posibilidades». La 3.ª llevaba como título «El Servicio: relaciones externas con autoridades de todo tipo. Relaciones públicas. El Boletín como órgano de expresión externa». Por último la ponencia 4.ª estudiaría «El Servicio: estructura, relaciones internas, política de personal. El Boletín como órgano de expresión interna». De los temas preparados, el que despertaba mayor interés entre los convocados fue el desarrollado por la ponencia 1.ª, al referirse a la política general del país, tan incierta entonces, y porque planteaba diversas hipótesis de futuro sobre la «Viabilidad del Régimen», la «Posible actitud del Gobierno» y la «Posición del Servicio», con una extensión de casi una treintena de folios. Comenzaban sus ponentes con un sustancioso Preámbulo, cuyo primer párrafo decía así: «Entendemos que la Reunión General es de importancia capital para la propia existencia de la Organización y su evolución futura (…), la revisión de las misiones encomendadas y la doctrina general del Servicio (…). La etapa de creación ha terminado, se inicia la de consolidación antes de que sea tarde. Consideramos que mal podrían estudiarse los temas de las siguientes ponencias, si antes no se contempla, con la mayor claridad y crudeza, la realidad política del país en el momento actual y las previsiones, al menos para un futuro próximo».

El documento elaborado se estructuraba en tres apartados: «Antecedentes históricos» (del Régimen), «Etapa actual» (gobierno de Arias) y «Situación política mundial del entorno español» (con referencia importante a Portugal). A ellos se añadía un «Resumen de situación», del que extraigo los comentarios siguientes: «El 20 de diciembre de 1973 marca la nueva frontera política española (…): comienza el periodo de desmitificación del Régimen. En la base de este periodo está la propia dinámica del Régimen, que ha puesto los cimientos indispensables de la evolución política mediante el desarrollo económico y social y, en cierta medida, cultural (…). Es de destacar la rapidez con que se está verificando este proceso. A ello contribuyen la psicosis general de cambio (…); la declaración programática del 12 de febrero; la apertura en la política de información (…); la falta de cohesión interna del propio Gobierno que dificulta el desarrollo decidido de un programa político; la incorporación a la vida pública de un sector importante de la población, por su edad el más dinámico (…); la actitud hiperbolizada de casi toda la prensa nacional hacia nuestras metas democráticas, que, por una parte presiona y por otra galvaniza a la opinión pública; y los acontecimientos de Portugal y Francia, que han contribuido a crear un clima de cambio».

Después se daban unas pinceladas bajo la rúbrica de «Hipótesis sobre el futuro»:

— Parece lógico pensar en la evolución del Régimen (…); el Caudillo no tiene sucesor válido.

— Previsible aumento del aperturismo político con asociaciones que se convertirán irremediablemente en partidos políticos, meta peligrosa, al menos tal como concebimos en España la lucha de partidos (…).

— Resulta lógico pensar que, al menos durante un periodo de tiempo, el sentir popular tenderá a mantener al Partido Comunista y «compañeros de viaje» en la ilegalidad (…).

— Se corre el peligro grave de que el PCE incida con mayor fuerza en el sector social y las estructuras sindicales, lo cual habría que contrarrestar atrayendo el Régimen a otros grupos y líderes laborales no marxistas.

La «Viabilidad del Régimen», cuyo contenido aún sorprende hoy por la clarividencia de los ponentes, teniendo en cuenta la época en que se redactó, decía así: «Quizá la pregunta más importante y audaz que debemos formularnos sea si se considera al Régimen actual, con los retoques precisos, la única alternativa de España o si por el contrario es factible y deseable la evolución hacia un Régimen más democrático y social, siempre que esto se produzca dentro de un orden, con el consenso nacional y en el tiempo preciso. Con otras palabras, si el franquismo ha de ser permanente o transitorio; si ha de considerársele como una etapa histórica, imprescindible para el logro de la convivencia de todos los españoles, o si hemos de postular por la viabilidad de fórmulas democráticas (…). Las posibilidades de futuro del Régimen van a depender fundamentalmente de la actitud del Gobierno y del apoyo real de los pilares tradicionales del Régimen[13]». Los ponentes lo completaban con este último párrafo: «La estrategia que parece se irá utilizando será esta: Desmitificación del Régimen; formación de familias políticas positivas, transformables en partidos políticos; presión sobre el Gobierno para que ponga en marcha su programa con audacia y rapidez; y reinstaurada la Monarquía, cambio de Régimen desde el poder, promulgando una nueva Constitución, previo referéndum».

La ponencia 1.ª meditaba también sobre la «Posible actitud del Gobierno» e iniciaba así su evaluación: «El Gobierno ha adquirido el 12 de febrero un compromiso de signo aperturista, pero con la suficiente ambigüedad como para que se quede en una escotilla. En respuesta a este reto del Gobierno —política de puertas casi abiertas en la información—, la opinión pública será galvanizada por la prensa, que casi unánimemente se ha pasado con armas y bagajes al aperturismo (…). Apelar a la madurez política del pueblo español parece pueril y especulativo. El único desarrollo del pueblo, útil a la política, es el económico y el cultural, por la dificultad de su manipulación por fuerzas exógenas. Se ha repetido hasta la saciedad que después de Franco las instituciones hacen aguas por todas partes. Por otro lado, la dinámica política se está poniendo al rojo vivo y resulta dudoso saber si será capaz el Gobierno de canalizar la situación, marcando el punto exacto de lo conveniente al país, sin pasarse ni quedarse corto, ni dejarse arrastrar por partidos, componendas, conciliábulos, etc. Entendemos que un golpe de fuerza por grupos o elementos civiles, solos o amparados en las Fuerzas Armadas no es probable —por mal que lo haga el Gobierno—, al menos hasta que se cumplan las previsiones sucesorias. Lo que da mayor dramatismo a la situación es que no podemos prever el momento de la sucesión, aunque se acerque cada día inexorablemente» (…). El Gobierno no tendrá capacidad de reacción para oponerse a un golpe de fuerza, tanto si se iniciase dentro de las Fuerzas Armadas o fuera; tanto si resultase de signo derechista como si izquierdista o democrático (…). Pero dada la vertiginosidad de los acontecimientos en estos tiempos, no es posible precisar planes, especialmente si la actuación del Gobierno continúa ambigua y sin decidirse a encauzar las mayores libertades que se pretenden[14]».

Por último, el apartado final de la referida ponencia 1.ª se dedicaba a «La política y el Servicio», y comenzaba con una especulación sobre el concepto subversión: «Entendemos por subversión las actividades o acciones que tienen por finalidad derrocar al Estado violentamente o sin el consenso de la nación y alterar sustancialmente las Leyes Fundamentales. El Estado se rige por una Constitución abierta y perfectible a tenor de la orgánica del país, lo que da lugar a una amplísima gama de posibilidades (…). En relación con los Principios del Movimiento Nacional es subversión lo siguiente: el ataque a la unidad, integridad o independencia de la Patria; la destrucción de los valores morales y de la religión católica, patrimonio de la mayoría de los españoles; y la destrucción del orden institucional (…). Pero hay otros principios que no deben ser tan importantes porque el propio Estado no los ha aplicado debidamente o los ha venido conculcando, como la participación del pueblo en el gobierno de la nación, la defensa de la justicia social e independencia de la justicia, etc.». Y acababa la ponencia con una sorprendente derivación del concepto subversión: «El Gobierno de la nación puede contribuir directamente a la subversión programando y aplicando una política inadecuada para el momento. Parece imprescindible que el Servicio defina si está, por ejemplo, con el inmovilismo o con la apertura, puesto que ambas posturas se dan en el seno del Gabinete, aunque el Gobierno, en la persona de su presidente, se haya identificado con la segunda postura».

La conclusión del documento que elevaba la ponencia 1.ª para su posterior discusión llevaba como título «Posición del Servicio» y decía: «Cualquiera que sea la propuesta del Gobierno, la posición del Servicio, por nuestra calidad de miembros de las Fuerzas Armadas, va a ser muy delicada, pues podemos correr el riesgo de adquirir un compromiso de grupo a favor de una opción equivocada, tomada sin previa consulta por un reducido número de personas que hoy están en el poder[15]. Ni es nuestro deber presionar al Gobierno para que adopte nuestra propia acción política, ni podemos quedarnos con los brazos cruzados (…). La situación de la política actual en el Servicio es extraordinaria hasta el punto de exigir una revisión profunda de su filosofía, vinculaciones, dependencia, misiones y modos de actuación». Efectivamente, el Servicio fue creado en la situación anterior al 20 de diciembre de 1973 y su fundador, además de vicepresidente del Gobierno y después presidente, era miembro muy cualificado de las Fuerzas Armadas. La filosofía del Servicio coincidía prácticamente con la del Gobierno, encarnada en el presidente, quien a su vez estaba identificado casi simbióticamente con el jefe del Estado. Pero ¿podríamos afirmar lo mismo en la situación actual? Hemos dicho que las posibilidades de futuro del Régimen van a estar condicionadas por la actuación del Gobierno y, en último término, también por el arbitrio de las Fuerzas Armadas. Es posible, por lo tanto, que en un momento determinado los puntos de vista del Gobierno y de las Fuerzas Armadas llegasen a ser radicalmente distintos. El Servicio, por su vinculación actual al Gobierno, le debe lealtad; pero, por su procedencia y la de sus miembros, se la debe en mucho mayor grado a las Fuerzas Armadas. Ello hace que la situación futura del Servicio respecto a la política sea totalmente ambigua y resulte necesario clarificarla definitiva y urgentemente».

Las otras tres ponencias, de extensión mucho más reducida, completaron las propuestas de revisión general del Servicio para impulsar la etapa siguiente. El contenido del programa propuesto se llevaría a efecto a lo largo de los años 1974 y 1975, produciendo la lógica maduración del Servicio. Pese al acentuado declinar del sistema, el SECED mantuvo un creciente tono de eficacia que se correspondió con un verdadero proceso de renovación en todos los aspectos, gracias a aquella profunda autorreflexión desarrollada en los primeros días de febrero de 1974. Se había salvado una situación, próxima a la perplejidad, en que quedaron los miembros del Servicio tras el asesinato del almirante y el posterior cese de San Martín, hechos que presagiaban un incierto futuro para la OCN y amenazaban con alterar radicalmente el nivel de la dependencia directa del presidente del Gobierno y acaso también la estructura orgánica y los cometidos del Servicio. Por fortuna, los nubarrones desaparecieron y el tono constructivo de la referida reunión de delegados regionales con los directivos más destacados de la sede central, vino a traer el sosiego y un renovado entusiasmo. Tanto es así que al cabo de un año se había logrado una madurez estructural y un replanteamiento de los objetivos prioritarios, sin abandonar las misiones fundamentales que justificaron en su día el montaje de la OCN; y al propio tiempo, una mejora de la preparación intelectual y doctrinal y un considerable apoyo gubernamental del presidente Arias al CTE Valverde. Todo un cambio de rumbo que iremos describiendo.

Reestructuración general

Así se llegó a octubre de 1974, con reformas significativas que quedaron plasmadas en una importante Directiva que reunía parte de las propuestas nacidas en la primavera y desarrollaba las ideas planteadas sobre reversión y cambio controlado, con las siguientes premisas: atender a la sentida necesidad de una mayor operatividad y eficacia, recoger las sugerencias formuladas en la reunión celebrada el 30 de junio y 1 de julio anteriores y procurar establecer una organización funcional. Valverde había descartado la sugerencia de partir el SECED en dos bloques bien diferenciados: la Secretaría General y una 2.ª Jefatura que dominase toda la OCN; no le parecía bueno distanciar la herramienta técnica —la OCN— de la dirección política que debía ejercer el jefe del Servicio y de la indispensable coordinación que llevaba a cabo la Secretaría General. Por ello la Directiva dictaría ya en su Preámbulo que «El SECED y la OCN deben ser considerados por todos como una misma cosa».

En cuanto al funcionamiento, la Directiva introducía aspectos positivos sobre el tratamiento técnico de la información: toda la documentación se centralizaría en la Secretaría General, desde donde se distribuiría; y la elaboración de previsiones sería responsabilidad de la Plana Mayor de aquella 2.ª Jefatura, que tendría otra orientación. De esta forma se impulsaba al Servicio, por una parte, a explotar la información que recibía, sacándole el fruto más rentable y difícil, la previsión, con lo que el SECED adquiría un mayor prestigio técnico; y, por otra, a oponerse de forma eficaz a la subversión y promover la reversión mediante una acción psicológica, utilizando una vía indirecta. La Directiva contenía diversos apartados a tratar: Misión, Acciones, Medios, Organización (Unidades), Órganos de coordinación y asesoramiento interno del jefe; la antigua Comisión Directiva se abría en tres Juntas: de Mando, Nacional (Junta de Jefes) y Relaciones (internas y externas). Y plasmaba un nivel teórico de organización y desarrollo muy superior al conseguido en textos anteriores, que dejó el Servicio como sigue:

El jefe lo era directamente tanto del SECED como de la OCN.

La Secretaría General consistía en cuatro Secciones: Personal; Documentación, Coordinación y Enlace; Mecanización y Ficheros (de nueva creación); y Administración.

La División de Información quedaba organizada en Oficina General y Seguridad, Investigación, Grupo de Apoyo Técnico, Grupo de Equipos Especiales, Grupo de Investigación Exterior y Servicio de Información en Profundidad.

La División de Operaciones contaba con una Plana Mayor y cuatro Sectores: Educativo, Laboral, Religioso-Intelectual y Político-Económico.

El Gabinete de Acción Psicológica (GAP) ampliaba su importancia y su plantilla. Además de la indispensable Secretaría disponía de una oficina para la organización de cursos de formación, bibliotecas, etc.; otra para el Análisis de los medios de comunicación social; otra para la Acción Psicológica, y una Agencia de Prensa; y otra dedicada al Análisis y Valoración de movimientos y asociaciones políticas, terrorismo, separatismo, etc.

Las Delegaciones Regionales pasaban a integrarse en la División de Operaciones y atendían a los Sectores, a Investigación y a la Secretaría General.

Las Oficinas de Enlace se relacionaban con un Sector determinado. Así funcionaron las establecidas en los ministerios de Trabajo, Justicia, Secretaría General del Movimiento, Asuntos Exteriores y Sindicatos. El Centro de Comunicaciones de la Presidencia de Gobierno (CCPG) era servido por personal del SECED. También se organizaría un enlace fijo con la Inspección General de la Policía Armada, similar al montado con la Dirección General de la Guardia Civil y con la de Seguridad.

Al CTE Faura Martín[16] le correspondía, en su etapa de jefe del GAP, la tarea de formación de los directivos del Servicio, para facilitarles unos conocimientos y una mentalidad adaptados a las circunstancias cambiantes de aquella década, que exigían espíritu de servicio, disponibilidad permanente y los sacrificios de todo tipo que conlleva la profesión militar, respaldados por un fuerte componente ético, sin el cual las dificultades resultarían poco menos que insalvables. En aquel GAP se impulsó la formidable labor de elaboración de los afamados «libros rojos», verdaderos compendios sobre los grupos denominados «subversivos».

Entre los apoyos técnicos que facilitó a Presidencia el Centro de Comunicaciones (CCPG) estaba la organización de la «Malla Cero», primera instalación de los enlaces-radio directos del presidente del Gobierno con las autoridades provinciales. Este y otros servicios, iniciados en Castellana, vieron la luz gracias a una labor técnica, profunda y callada de un reducido número de miembros del SECED, a las órdenes del entonces CTE José Ramón Santillán. Al trasladarse a la Moncloa la sede de la Presidencia, el CCPG se integró en el Gabinete del ministro la Presidencia, José Manuel Otero Novas, a quien facilitaba habitualmente documentación e información de gran valor y total confidencialidad.

Entretanto el SECED ampliaba sus cometidos y se extendía por todo el territorio nacional sin ruido. El Servicio se abría a nuevas instancias gubernamentales y oficiales así como a todos los centros de opinión y sectores de interés. Como los problemas en el País Vasco se incrementaban, la Delegación Vasco-Navarra aumentó en complejidad y plantilla de personal. Y se abrieron nuevas Subdelegaciones, con las que logró la conveniente expansión territorial del SECED. Tras la sesión extraordinaria de marzo de 1975 con los delegados regionales se puso en práctica el denominado Plan de Información, del que trataré más adelante.

La política de personal

Con la incorporación de Valverde a la jefatura del Servicio, la plantilla de personal creció sustancialmente pasando de 226 a 425 miembros en los dos años y medio bajo el mandato del presidente Arias, con el apoyo y la generosidad de los ministro militares y del de Gobernación que facilitaron la incorporación de miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad del Estado, personal que era sometido previamente a una exigente selección, manteniéndose así la elevada cualificación de los miembros del SECED. El proceso fue lento al principio, pues solo podían solicitarse incorporaciones al SECED con ocasión de vacante producida por baja, lo cual limitaba las posibilidades de cubrir puestos para atender a las nuevas necesidades de información.

Los miembros del Servicio continuaban con la ilusión y espíritu inicial, pero se iban imponiendo los relevos, por el deseo de algunos de incorporarse de nuevo a un destino en los Ejércitos, al sentir ya la fatiga de un esfuerzo continuado en la lucha contra la subversión. Algunos se lamentaban de la desconfianza —incluso hostilidad— observada en otras instituciones de las que cabría esperar pleno apoyo; otros no entendieron quizá los nuevos aires que circulaban por el SECED, recordando con nostalgia aquellos primeros años en los que un fuerte componente de espíritu juvenil e inquieto creaba métodos de acción, más que de estudio, para salvar un ambiente nacional que se deterioraba a pasos agigantados. Por tanto, era urgente la prospección de candidatos para integrarlos en el Servicio. En el mes de abril de 1974 el presidente Arias firmaría cartas a los ministros del Ejército y del Aire y al jefe del AEM, solicitándoles veintidós incorporaciones en favor de dieciocho directivos que ya trabajan a media jornada en la Central y en la periferia, más otros cuatro recientemente contactados. Además pediría al ministro de la Gobernación treinta números de la Policía Armada en calidad de Auxiliares para las oficinas del SECED.

Como ejemplo de Orden de destino sirve el escrito que el general Subsecretario del Ejército firmaba el 13 de junio de 1974 para traslado «personal y secreto» al interesado, a través de la 1.ª Región Militar y de la División Acorazada «Brunete» n.º 1. El texto decía lo siguiente: «El señor ministro, con arreglo a lo señalado en la Orden Secreta de Presidencia del Gobierno de 8 de marzo de 1972, dictada por resolución de SE el jefe del Estado, ha dispuesto que el Comandante de Infantería don Emilio Atienza Vega, destinado en el Cuartel General de la Brigada Mecanizada XI, por esta Orden Secreta pase destinado al Alto Estado Mayor y en comisión de servicio en Presidencia del Gobierno (Servicio Central de Documentación)».

Pues bien, el día 6 de septiembre de 1974, el comandante Sánchez Cuadrillero se reincorporaba al Estado Mayor de la 1.ª Región Militar, dejando vacante la jefatura de la División de Operaciones del SECED (que venía ocupando desde el 30 de enero, procedente del mando de la Delegación de Oviedo), puesto considerado como el de mayor responsabilidad por debajo del director. Ello aceleró la búsqueda y elección de su relevo. Desde el EMC se le había hablado a Valverde de la posible vuelta del CTE Armando Marchante, antiguo jefe de la División de Operaciones; pero, tras sopesar diversos factores, Valverde se decidió por el CTE Andrés Cassinello, de quien aquel mismo día 6 de septiembre lograba su aceptación para reincorporarse al Servicio, haciéndose cargo oficialmente de la DOP y constituyéndose en el experto que Valverde necesitaba para la fase siguiente. El día 23 de ese mes, Cassinello pasaba destinado al Alto Estado Mayor y, como era preceptivo, recibía la comunicación de la comisión de servicio en Presidencia del Gobierno para trabajar en el SECED. Valverde comunicaba su decisión a los directivos y días después el CTE Cassinello haría su incorporación oficial, acontecimiento que iba a marcar un importante punto de inflexión en el proceso evolutivo del Servicio.

Aumentaban las incorporaciones de forma creciente, como se desprende de la nota informativa que con fecha 24 de enero de 1975 remitía el SECED al General jefe de la 3.ª Sección del Alto Estado Mayor, sobre la plantilla de la OCN: el personal actual totalizaba ciento treinta jefes, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, más ciento veinticuatro miembros de la Guardia Civil y cincuenta de la Policía Armada (destinados en la Dirección e Inspección respectivas). De dichos jefes y oficiales, ciento cinco ya se encontraban destinados en el AEM, estando pendientes de incorporación a ese Alto Centro los restantes, aún destinados en otras Unidades y Centros de los Ejércitos. En julio de 1975, el número de jefes, oficiales y suboficiales de los tres Ejércitos destinados en el Alto Estado Mayor sumaban ya ciento cuarenta y cinco en plena dedicación, más cuarenta y uno a media jornada, a los que cabía añadir unos sesenta técnicos de investigación, del Cuerpo General de Policía, que atendían a su propia labor profesional en la Central y en las Delegaciones Regionales, además de los abundantes auxiliares de la Guardia Civil y Policía Armada.

3
LA REFORMULACIÓN DE LA ORDEN SECRETA SOBRE LA OCN

Ya desde las primeras semanas bajo la batuta de Valverde se suscitó la necesidad de revisar el texto de la Orden Secreta inicial de octubre de 1968. Transcurrido un lustro en el que se había desarrollado mucho, de forma quizá impensable en el momento de su creación, la Organización Contrasubversiva Nacional era más amplia en todas sus facetas y buena parte de sus misiones estaban consolidadas y reconocidas a nivel nacional. Pero la «Orden Secreta» requería actualización al menos en dos aspectos concretos y claves: la dependencia directa del presidente del Gobierno y la vinculación a las Fuerzas Armadas. A lo largo de 1974, el CTE Valverde realizó numerosas consultas con personas de su confianza dentro y fuera del Servicio, y ya en noviembre había encargado un borrador, de modo que pudo cerrar el año con un texto formal.

El anteproyecto fue presentado al presidente del Gobierno el día 8 de enero de 1975 y Carlos Arias dio su visto bueno y ordenó a Valverde entregarlo personalmente a los tres ministros militares y al jefe del Alto Estado Mayor, con la observación de que estos le hicieran, en el primer despacho con él, los comentarios pertinentes. Ese mismo día por la tarde Valverde lo trató con el general Arozarena, jefe de la Tercera Sección del AEM, con quien cambió impresiones sobre la relación de la OCN con las Fuerzas Armadas, situaciones extraordinarias como un posible «estado de guerra» y la misión inspectora del «Alto» sobre la Organización. Arozarena apoyaba el deseo de concretar bien esa inspección y aseguraba que el teniente general Fernández Vallespín estaba muy en línea con ello, en comparación con el teniente general Díez-Alegría, quien, incluso reconociendo la valiosa actividad del SECED, prefería no tenerlo incrustado en el Alto Estado Mayor. El jefe de la «Tercera» aprovechó para hablar de la reestructuración del «Alto», ya en fase final, cuya plantilla ideal, para los próximos cuatro años, sí incluía a los miembros de la OCN.

Al día siguiente Valverde fue recibido por el TG Fernández Vallespín en un ambiente cálido, al que hizo entrega del proyecto de Orden Secreta. El general le comentó que el presidente del Gobierno le había autorizado a seguir adelante con el estudio sobre una Comisión nacional de información especial, que integraría a los mandos ejecutivos de los diversos organismos interesados en la coordinación informativa, lo que prometía ser de gran utilidad. El TG jefe del AEM daría además su opinión personal sobre la información política en la que, como era natural, el Ejército no debía entrar de forma abierta, pero sí a través de los medios de los que la OCN disponía. El día 10 de enero Valverde repetiría la operación de la víspera, ahora con el secretario militar del ministro del Ejército, general Sabino Fernández Campo, y después con el propio teniente general Coloma que le sugirió alguna modificación. Ese mismo día Valverde lo participó igualmente a los otros dos ministros militares con tiempo para que pudieran estudiarlo antes del próximo Consejo de Ministros. El almirante Pita da Veiga, incondicional del Servicio, según Valverde, consideraba absolutamente necesaria la creación de un organismo como sería después la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM), si bien temía que los otros dos ministerios militares pusieran pegas a un órgano que entendían reforzaría la endeble posición del «Alto» y vendría a separar las funciones políticas y militares de cada ministerio, preocupación inexistente en Marina donde tal distingo estaba ya nítidamente resuelto.

Habían transcurrido diez días y el director del SECED coincidió en el antedespacho del presidente Arias con el ministro del Ejército que llevaba a despacho el proyecto de Orden Secreta. Tuvo tiempo para comentarle a Valverde que el contenido le parecía bien, salvo que la Ley Orgánica del Estado (Art. 38) indicaba que el Alto Estado Mayor coordinaba los Estados Mayores, no los Ejércitos; pero que se podría retocar sin dificultad —como así fue—, pues se trataba de un error ya padecido en la primera Orden Secreta, al citar el Art. 38 en vez del 39[17]. En todo caso, el TG Coloma solo aducía que el enganche se hiciera mejor a la Junta de Defensa Nacional, ya que la JUJEM aún no existía legalmente. Por su parte el ministro del Aire, teniente general Cuadra Medina, rechazaba la mención a una Junta de Jefes de Estado Mayor inexistente.

Así que, en medio de tales discrepancias, el presidente Arias convocó Junta de Defensa Nacional el 5 de febrero de 1975, en la que se tomó el «acuerdo reservado» de crear la JUJEM. Según su preámbulo, «las circunstancias que concurren en el momento actual, el hecho de no estar desarrolladas las disposiciones de la Ley Orgánica del Estado relativas a la estructuración de la Defensa Nacional, y pendiente de su consideración en las Cortes[18] (…), aconsejan adoptar con carácter urgente las medidas indispensables para que el Gobierno disponga del instrumento militar eficaz, flexible y conjuntado que desarrolle la política de Defensa que pueda requerir el Alto Estado Mayor». Presidiría la JUJEM el jefe del AEM. En definitiva, un curioso alumbramiento de la JUJEM, que se aceleraría precisamente por necesidades de la dichosa OCN.

Cumpliendo órdenes del TG Fernández Vallespín, el comandante Valverde se reunió en Vitruvio al día siguiente, 6 de febrero, con los generales Gutiérrez Mellado y Arozarena durante tres horas, para aclarar algunos puntos de la dependencia del Servicio. La aún no legal JUJEM iba a tener un funcionamiento intermitente, no así el «Alto», por lo que parecía más lógico vincular la OCN al AEM. Los tres reunidos revisaron también los textos de los artículos 6.º y 7.º que citaban el carácter militar de la OCN. Al director del SECED le parecía un aspecto que ineludiblemente debería mantenerse, como exigencia permanente defendida por todo el personal del Servicio; pero Arozarena prefería excluir tal referencia. Tras acordar algunas correcciones al texto y contar con la conformidad del presidente del Gobierno otorgada diez días después, se difundió la nueva versión a los ministros militares para su última revisión.

Al fin, el 26 de febrero de 1975, Arias firmó los veinte ejemplares de la Orden Secreta: uno para cada ministro del Gobierno, otro para el jefe del AEM y otro para el SECED. En el preámbulo se decía, a modo de justificación, lo siguiente: «Aun cuando las misiones que entonces se le asignaron permanecen inalterables, el cambio orgánico establecido con la aparición de la JUJEM y la necesidad de que los altos mandos militares de la nación cuenten con una información completa, objetiva y cualificada que les proporcione los elementos de juicio indispensables para fundamentar y adoptar sus decisiones con la máxima garantía de acierto, de cara a la actuación de los Ejércitos frente a la Subversión, obligan a modificar parcialmente la Orden Secreta».

Los ocho artículos de la Orden Secreta inicial se aumentaban hasta once. La principal variación aparecía en el primer párrafo del artículo primero, que ahora decía: «La Organización Contrasubversiva Nacional depende directamente del presidente del Gobierno y constituye un órgano de ejecución, asesoramiento técnico y coordinación de la lucha contra la subversión en todos los sectores de la vida nacional. De su ámbito quedan excluidas las Fuerzas Armadas». El artículo 6.º diría: «La OCN constituye también para las FAS un órgano de información especializada de carácter militar, dependiente de la JUJEM en la persona de su presidente, al que proporcionará periódicamente las síntesis informativas necesarias para una continua evaluación de la situación subversiva del país, así como toda aquella información que le sea solicitada por dicha autoridad militar». El artículo 7.º quedaba redactado así: «Declarado el estado de guerra por los motivos previstos en la Ley de Orden Público, la OCN pasará a depender, con carácter permanente, del jefe del Alto Estado Mayor, como presidente de la JUJEM, para el cumplimiento de las misiones que se le pudieran asignar». El texto del artículo 8.º ordenaba que «las Delegaciones Regionales de la Organización Contrasubversiva Nacional llevarán a cabo, cerca de los mandos militares territoriales de su área geográfica, idénticas misiones a las señaladas en los dos apartados precedentes». Y, por último, el artículo 10.º quedaría redactado del siguiente tenor: «Se encomienda al jefe del AEM o a la persona en quien este delegue, una función inspectora de las actividades que la OCN desarrolla. El jefe del AEM propondrá al presidente del Gobierno la forma de llevar a cabo esa función inspectora, así como el alcance de la misma». Del texto completo puede desprenderse fácilmente en qué medida el comandante Valverde había conseguido sus objetivos.

Una vez más, el presidente del Gobierno encomendó a Valverde la entrega personal de la Orden Secreta a los ministros militares y al jefe del Alto Estado Mayor, explicarles la inclusión de sus propuestas y requerirles su comunicación a las Autoridades Regionales respectivas para que facilitaran los enlaces con las Delegaciones de la OCN, tal como se ordenaba en el documento remitido. Así lo hizo el director del SECED el día 28 de febrero de 1975 en sus sucesivas audiencias con los generales Coloma y Cuadra y el almirante Pita da Veiga.

Al día siguiente despacharía Valverde con el TG Fernández Vallespín, quien con afecto le espetaría: «¡Ya se salió Vd. con la suya!», a lo que el comandante añadiría algo así como: «Mi general, más de cien jefes y oficiales no podían quedar sin tutela». El jefe del «Alto» comentaba a Valverde que el Príncipe de España no desperdiciaba ocasión de hacer elogios del Servicio. La verdad es que Valverde había incrementado sus audiencias en la Zarzuela para tratar sobre el SECED y la seguridad de Su Alteza Real, facilitando a don Juan Carlos una más amplia información general y de detalle de la que el propio Príncipe no creía estar sobrado. El teniente general coincidía con Valverde en que se le debían hacer llegar a S. A. R. informaciones periódicas similares a las que se le enviaban al Generalísimo, máxime en las circunstancias obligadas en que tuviera que asumir provisionalmente la jefatura del Estado. A esa audiencia en Vitruvio se incorporó el general Arozarena, a quien Fernández Vallespín encomendó la función inspectora sobre la OCN, en línea con lo estipulado en la nueva Orden Secreta, solicitando el jefe de la «Tercera Sección» a Valverde que le preparase un esquema de su posible actuación, requerimiento que sería atendido por el propio Valverde en nueva entrevista con una nota informativa de SECED el 7 de marzo.

La difusión y aplicación de la Orden Secreta no fue tan automática como se hubiera pensado a mediados de enero cuando se hizo circular el proyecto de Orden. Dos meses después, en visita de Valverde a los ministros del Ejército y de Marina el 14 de marzo, aún hubo de recordarles la necesidad y urgencia de que la trasladasen a los mandos regionales respectivos. El Ejército requirió aún un nuevo empujón de Valverde en nota informativa, al cumplirse otro mes desde la visita al ministro Coloma, con intención de que el asunto pudiera ser tratado en el Consejo Superior del Ejército del 15 de marzo. Tampoco iban deprisa las cosas en el «Alto»: el general Arozarena deseaba que, para materializar el enlace con el SECED, se hiciera figurar a un jefe u oficial, sin fijar su pertenencia a cualquiera de ambas instituciones, aunque se sugería encomendarlo al comandante Peñaranda quien siempre había desarrollado tal encargo. Pero días después, Arozarena utilizaría provisionalmente al comandante Valdés González-Roldán, de su Secretaría, para desempeñar ese cometido de enlace. Acababa mayo y los numerosos viajes del general Arozarena no permitieron definir la propuesta de inspección sobre la OCN.

El Servicio entretanto, enviaba al AEM su Plan Permanente de Información (PPI), y ofrecía organizarle al teniente general jefe una visita a la sede del SECED hacia mediados de junio, con asistencia de todos los delegados regionales, para plantearle con profundidad tres asuntos relacionados con el Servicio de Inteligencia Exterior: la Revolución de los Claveles de Portugal, las relaciones con Servicios de Inteligencia franceses y el problema del Sáhara con Marruecos.

El SECED puso rápidamente en marcha la difusión de la Orden Secreta a sus delegados regionales, que tanto anhelaban contar con esa protección oficial en sus relaciones con las autoridades militares y civiles de su zona. La vinculación al «Alto» dio sus frutos, si bien con dispar velocidad en ambas instituciones para que la Tercera Sección pudiera ejercer su función inspectora.

POSTURA DEL EJÉRCITO SOBRE EL SECED

Al iniciarse en 1974 la andadura del nuevo gobierno Arias, el deseo de los miembros del Servicio de institucionalizar el vínculo militar de la OCN con el Alto Estado Mayor seguía pendiente de solución, pese a que esta organización parecía disponer de la necesaria autonomía de funcionamiento que le impidiese estar sujeto a presiones políticas como las ocurridas en diciembre y enero últimos. Pero las dificultades tenían origen en la propia corporación militar, en la que seguían apareciendo reservas y celotipias por la función nacional del SECED/OCN.

En aquellos años los componentes del Ejército de Tierra tenían opiniones muy desiguales respecto al Servicio. La mayoría de los antiguos Oficiales Provisionales de nuestra guerra, que ocupaban puestos del generalato, estaban en la línea política más inmovilista, de la que se decía que era portavoz el general Cano Portal, director del Servicio de Publicaciones del Estado Mayor Central (EMC) y asiduo colaborador del periódico El Alcázar. (En entrevista que le hacía uno de los directivos del SECED el 6 de abril de 1974, Cano consideraba que el general Iniesta tenía gran porvenir político, pese a estar próximo su cese como director de la Guardia Civil, donde pensaba podrían sustituirle García Rebull, Vega Rodríguez y, sobre todo, Campano). Al propio tiempo, la generación de jefes y oficiales procedentes de la Academia General Militar, por su proximidad a las promociones de San Martín y de los miembros más antiguos del Servicio, entendía algo mejor los objetivos encomendados a aquel equipo contrasubversivo.

Recordemos que el teniente general Coloma, durante el interregno de Fernández-Miranda como presidente del Gobierno, tras el asesinato del almirante Carrero, había exigido nada menos que la integración del Servicio en el Ministerio del Ejército, ante las sospechas de excesivo personalismo y protagonismo de San Martín. Pero tal actitud del teniente general había decaído al ser confirmado por Arias como ministro de su Gobierno. Coloma diría al comandante Valverde el 25 de enero de 1974 que el SECED era militar y que no admitía recelos de sus subordinados del Servicio de Información del Ejército (SIE)[19]; pero que, no obstante, había que deslindar los campos de actuación de los diferentes Servicios. Días después, el 30 de enero, Valverde fue recibido en audiencia por el teniente general Villaescusa, jefe del EMC, con quien despachó sobre la situación por la que atravesaba la OCN. El ministro Coloma se encontró así con una confusa situación, entre el recuerdo de los últimos enfrentamientos con San Martín y las presiones que recibía de su Estado Mayor Central sobre las competencias y facilidades otorgadas al SECED en el sentido de que sus miembros militares debían abandonar el Ejército dejando de estar adscritos al AEM.

El 14 de marzo de 1974 el TG Coloma cumplía su compromiso de reunirse con los directivos del SECED. A la una y media de la tarde, tras el Consejo de Ministros, cruzaba a Castellana, 5 con claro interés en manifestarles su reconocimiento y aprecio por la labor que desempeñaban, sabedor del deseo de todos los miembros del Servicio por mantener su vinculación al Ejército, con cuidado extremo por no inmiscuirse en las tareas de los servicios de información de las Fuerzas Armadas. Y se despidió hasta nueva ocasión con claras muestras de afecto hacia los presentes. Como de costumbre, se redactaría después la correspondiente reseña de la visita ministerial e insospechadamente una copia fue a parar a la Sección-Bis del Ejército donde cayó como una bomba. El general Guimerá telefoneó al comandante Valverde, y el coronel Zabala (jefe de la 2.ª Bis) pediría en el EMC una reunión con el ministro, a la que acudiera también Valverde, para aclarar la intervención del Servicio en el ámbito militar. Había malestar en el órgano central de «la Bis», rumoreándose una masiva petición de destinos que no llegó a producirse.

El 11 de abril de 1974 el RESIBE de la 6.ª Región Militar, con jurisdicción sobre las provincias vascongadas, remitía a la Central-Bis del EMC del Ejército un informe encomiástico sobre las actividades del SECED en aquella región y, particularmente, sobre el Plan Udaberri, al que titulaba como Organización «P». Aquel informe contenía, entre otras cosas, las siguientes citas: «Creada al parecer en julio de 1972 (…), reflejo de una Orden de Presidencia (…), la organización “C” [CONDE, como aún se conocía a la creación de San Martín], trabaja más a su aire, pero “P” es un elemento muy útil para nosotros, pues la verdad es que de INFORMACIÓN se lo sabe todo; y desde luego a nosotros nos lo mandan por correo, teléfono, télex, etc., antes que a nadie. Están deseando colaborar y se sienten militares antes que nada, siempre dispuestos a ser útiles y deseando que se les solicite una información o trabajo del orden que sea (…). De una especie de coordinadores de las Fuerzas de Orden Público se han reducido a unas estupendas Oficinas de Información que centralizan toda la procedente de las diversas fuentes».

Pero en el otoño del 74 las discrepancias de «la Bis» se seguían centrando en dos aspectos concretos: los límites de responsabilidad de los ámbitos de competencia del SECED y las facilidades que se otorgaban a sus delegados regionales para el acceso y relación con los Capitanes Generales. En los órganos centrales de aquella jefatura de Información del Ejército, los más reticentes habían acogido con no oculto disgusto la Orden Secreta, pues venía a reavivar la vieja disputa entre Servicios. Pero la chispa que había incendiado nuevos celos había saltado precisamente con la visita protocolaria que hizo el ministro a la sede central del SECED en el mes de marzo anterior.

Por entonces el Servicio tuvo noticia de que los RESIBE habían recibido de la Bis-Central una Nota Informativa crítica respecto de las actividades del SECED, noticia que disgustó a Valverde y colaboradores inmediatos. Como Valverde imaginaba que el teniente general Coloma desconocería el texto de la nota del CESIBE, solicitó autorización al presidente del Gobierno para anticipar el asunto al ministro y, siéndole concedida, pidió inmediatamente audiencia con el teniente general Coloma, quien el 30 de noviembre le recibía durante una hora. Valverde pudo comprobar que el TG Coloma leía por primera vez la desafortunada nota del CESIBE y la redactada por el Servicio para el presidente. El ministro quitó importancia al tema y aceptó de buen grado la sugerencia de transmitir a los Capitanes Generales el punto de vista del SECED. En el transcurso de la conversación entró el teniente general Villaescusa, precisamente para hablar de la nota al ministro, entablándose una discusión teórica sobre el modo y momento en que debía intervenirse contra las actividades subversivas. El jefe del EMC apoyaba la aplicación de la Ley de Orden Público; cuando le tocase al Ejército el turno de intervenir, ya lo haría; pero, entretanto, no consideraba prudente que se vinculase a la OCN con las Fuerzas Armadas.

Como el comandante Valverde apreciase en esos conceptos un acusado desconocimiento de la función preventiva del SECED, propuso al ministro organizar un briefing en la sede del Servicio tan pronto como fuera posible, y le planteó rotundamente que si no se perfeccionaba algún tipo de vinculación colectiva para sus directivos, mejor sería disolver la OCN. Unos días después, en un pasillo de las Cortes, el TG Coloma diría a Valverde que no le concediera más importancia a la referida Nota Informativa: en ningún caso deberían confundirse los obstáculos que ponía «la Bis», con un rechazo del Ejército. Era cierto que a los más viejos les provocaba una tremenda inquietud la presencia del SECED por todas partes. Pero no era menos cierto que la nueva ola de oficiales del SIE se encontraba a gusto en sus contactos con directivos de la OCN que apoyaban similares inquietudes y participaban en cursos de formación de «la Bis», aunque era inevitable que la mayor capacidad, vitalidad y dedicación de los componentes del Servicio de Presidencia marginaban en cierta medida la labor de quienes trabajaban en el SIE.

El ministro Coloma acudió al briefing el 29 de enero de 1975 a las 13.00 horas, en el que intervendrían, además del director del SECED, el secretario general, los jefes de las Divisiones de Información y Operaciones y el delegado regional de Valencia. Al ministro le acompañaban el teniente general jefe del EMC, el director general de Organización y Campaña y el general adjunto del EMC para Información, general Guimerá, y por la Sección de «Información Interior», el coronel Zabala y el teniente coronel Bendala, es decir, todo el escalafón correspondiente al Servicio de Información del Ejército, lo que en sí mismo suponía una favorable predisposición al conocimiento y entendimiento de la esencia del SECED.

El TG Coloma tuvo que abandonar pronto la sede central del Servicio, y el teniente general Villaescusa, que hizo cabeza a partir de ese momento, presentó numerosas observaciones, resaltando la necesidad de esa «empresa contrasubversiva» en que estaba metido el SECED, empeño que debería ser dirigido por el presidente del Gobierno, y recalcando, contra su antiguo criterio, que era indispensable una estrecha relación con las Fuerzas Armadas. Al ver las plantillas de personal, detectó la desproporción entre los tres Ejércitos y preguntó por la integración de civiles y la posible contratación de oficiales de complemento. Por su parte, el coronel Zabala, con una intervención un tanto polémica, pidió aclaraciones sobre la vinculación del SECED a las Fuerzas Armadas, las ventajas que aportaba el carácter militar del Servicio y las implicaciones que ello podría tener para los Ejércitos.

Tras la exposición de Valverde sobre el proyecto de Orden Secreta, el teniente coronel Bendala manifestó no entender la necesidad de que los capitanes generales recibiesen y recabasen directamente información de los delegados regionales de la OCN, pues los RESIBE del Ejército contaban con un negociado del «ámbito político», curiosa declaración que vulneraba los límites implícitos de responsabilidad de ambos Servicios. Valverde ironizaba con que el SECED no tenía, en cambio, en su organización ningún «Sector militar». El TG Villaescusa tuvo que aclarar que los mandos regionales recurrían a la OCN —como él mismo había tenido ocasión de hacer— para conocer de primera mano la situación política y contrasubversiva, que el SECED desarrollaba más ampliamente y en mejores condiciones. Por último, Bendala sacó a relucir el manido tema de «los grandes sueldos cobrados por los miembros de la Organización CONDE». El propio Villaescusa echó un capote explicando que se trataba de una dedicación completa y exclusiva, a lo cual Valverde tuvo ocasión de añadir que muchos miembros del Servicio habían perdido importantes complementos económicos al incorporarse y que otros no se habían integrado por no renunciar a sus pluriempleos. La reunión de los máximos dirigentes tuvo un indudable provecho, al menos por el conocimiento de las posturas de ambos Servicios, aunque a lo largo del año 1975 aún continuasen apareciendo conflictos de tono menor.

Sin que pueda sostenerse hoy relación causa-efecto con aquel briefing, el general Guimerá fue relevado el 1.º de abril de aquel año por el general Cortezo Martínez-Junquera, militar con larga formación en servicios de Inteligencia en sus etapas del Alto Estado Mayor y Agregaduría Militar en Roma[20]. Por otra parte, el 24 de junio de 1975 fallecía, como consecuencia de un infarto agudo, el coronel Zabala, carlista tradicionalista, con sentido político y querido por su hombría de bien. A petición del general Cortezo, ocupó su vacante, el día 30, el coronel Sáenz de Tejada, que regresaba de nuevo a su «Bis» después de año y medio, por necesidades del servicio, pues —como me comentaba el 30 de enero de 2005— su deseo era continuar mandando aquel magnífico Regimiento de Artillería de Campaña n.º 11 de la División Acorazada hasta su ascenso a general, que se preveía a medio plazo. (Desde septiembre de 1970 había sido jefe de «la Bis»).

Durante el mes de junio de 1975, el Servicio colaboró en unos ciclos de conferencias sobre subversión, organizados por el RESIBE de Madrid e impartidos en diversos acuartelamientos de la guarnición de la 1.ª Región Militar, tales como la BRIAC XII (El Goloso), el Regimiento de Infantería «Inmemorial» n.º 1 (Madrid), la Academia de Infantería (Toledo) y el Regimiento de Artillería de Información y Localización (Ciudad Real). A cargo de los comandantes Jáudenes y Faura quedaron las conferencias sobre grupos subversivos más importantes que actuaban en el país, y su incidencia en los campos laboral, universitario, etc. El comandante Cassinello y yo tratamos la «Evolución del proceso constitucional español», «El militar y la política», «Partidismos y politicidad», y «Asociaciones: bases del estatuto jurídico del derecho de asociación política, en general, y en lo que afecta a la unidad del Ejército, en particular».

Otros comentarios militares

El Servicio seguía con interés los comentarios y actitudes de los mandos militares de mayor rango, ante los primeros síntomas del golpe portugués del 25 de abril de 1974. De las entrevistas con ellos se desprendían juicios despectivos, sobre todo, entre los que, por diversas circunstancias, se encontraban metidos en política, o esperaban estarlo. En todo caso, todos temían que la Revolución de los Claveles pudiera influir de algún modo en la vida nacional. Por otra parte, resultaba del todo natural acudir desde el Servicio a quienes volvían a las unidades o a los Estados Mayores, para recoger de aquellos, algún punto de vista desde esos ámbitos castrenses.

Así, el día 21 de marzo de 1974 visité en la base militar de El Goloso al teniente coronel San Martín, jefe del Grupo de Artillería Autopropulsada n.º XII, para obtener de él un elemento de juicio sobre la repercusión que la delicada situación política portuguesa tenía en el Ejército. Aunque San Martín llevaba poco más de un mes en el destino, poseía suficiente claridad de juicio para dar su impresión personal al Servicio. Recuerdo que me causó sorpresa y preocupación su visión pesimista sobre la política española. Según él, parecía difícil evitar que al final los militares terminaran haciéndose con el poder, debido al creciente clima de desobediencia civil, y a una atmósfera envenenada por los precios y la carestía de la vida. «El momento es propicio para ello por lo elemental y simple del ambiente militar. Fuerza Nueva es la única publicación que se lee en las salas de Banderas y Estandartes, y en amplios sectores de la oficialidad, tienen más prestigio Blas Piñar y Girón que el propio Gobierno. Aunque parezca absurdo, esos les ofrecen banderas y argumentos que entienden; y la única forma de neutralizarlos es equilibrar su verborrea con realizaciones. No cabe engañarse; los oficiales son fundamentalmente nacionalistas, cuya sublimación les ofrece el programa “ultra”».

San Martín pensaba que para recuperar la credibilidad no solo había que empezar por hacer una política auténtica de Defensa Nacional y reforzar las Fuerzas Armadas, sino que debería implicarse a los mandos militares de más prestigio en la aventura del desarrollo del programa político del Gobierno, «cultivándolos personal e individualmente, por trabajo que cueste, y convenciéndoles de que es el verdadero futuro del país, lejos del blaspiñarismo y del gironismo». Y citaba a los generales Miláns del Bosch y Gómez de Salazar entre otros auténticos líderes para sus oficiales. Consideraba San Martín que se equivocaba quien creyera que los más jóvenes actuarían alguna vez contra sus oficiales generales: «El Ejército es un bloque y como tal actuará siempre». Pero le parecía asombroso que no se considerase peligroso que el Ejército viviera al margen de la política nacional y de quienes la gestionaban.

En ámbito diferente, el viernes 26 de abril disfruté de una pausada conversación con el coronel Álvaro Lacalle Leloup[21]. Al tratar de los acontecimientos en Portugal sacó el tema de la masonería internacional. Al quedarme yo absorto por las afirmaciones que me hacía, dedicó media hora a facilitarme información y formación sobre ello, confesándome que tenía una especial sensibilidad para detectar la presencia de masones, gracias a los largos años que su padre —junto con otros dos miembros del Tribunal Supremo— se ocupó de las informaciones más reservadas sobre esos asuntos. La masonería era, a su juicio, el mayor peligro que acechaba desde siempre a España, su objetivo preferente. Sus miembros trabajaban en la clandestinidad, de modo que no se les detectase durante largas etapas, igual que sucedía con el comunismo, el troskismo, la mafia de la droga, la prostitución a gran escala… «Que están trabajando en este país, pese a quien pese». Me decía que este hecho absolutamente cierto podría desvelarnos los sorprendentes nombres de quizá dos o tres ministros masones, una veintena de directores generales, varios oficiales generales y «quién sabe si algún obispo». Elucubraba sin conocer los datos reales. Pero era evidente que en los ámbitos de la Banca y grandes empresas en que Lacalle se movía, él detectaba a veces relaciones muy sospechosas que inducían a pensar que se trataba de casos de masonería, al observar cómo se apoyaban —persona a persona—, sin conocerse de antes, sin la menor vinculación de amistad, familia o negocios, y siempre con el objetivo de alcanzar puestos en los que influir en los asuntos públicos. Eso no tenía nada que ver con los denominados grupos de presión económica a los que se distinguía con facilidad por sus claros fines. Los masones españoles estaban sujetos a la obediencia, a las logias francesas, inglesas e incluso americanas, y tenían como seña de identidad común una fuerte irreligiosidad y una especial inclinación por la pornografía.

Al coronel Lacalle le parecía del máximo interés que el SECED se hiciese con listas o datos que descubriesen a tales personajes, aunque nos sería difícil obtenerlos de los Servicios de Inteligencia o Policías de esas naciones, pues probablemente estuvieran infiltrados por la masonería. Algo podría sacarse de organizaciones neonazis o, mejor aún, de los Servicios rusos, si encontrásemos el modo de pedírselos a cambio de algún favor importante; estos podían tener medios de obtención de datos con garantía de fiabilidad. La seriedad profesional del coronel Lacalle Leloup, su calidad moral y la absoluta confianza que merecía en el SECED eran un aldabonazo, junto a otros escuchados en los últimos tiempos, que obligaba a reconsiderar el estudio de la masonería y la estrategia a seguir contra tal amenaza.

EL SECED Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Las relaciones del SECED con los profesionales de la prensa, la radio y la televisión se mantenían habitualmente por directivos del Gabinete de Acción Psicológica (GAP), tarea que se completaba con las entrevistas ocasionales de los miembros del Sector Político. Así que añadamos algo de lo que se cocía en los medios de comunicación en aquel año 1974. El viernes 15 de marzo cené con Juan Luis Cebrián Echarri, jefe de los Servicios Informativos de Televisión Española, responsabilidad que cubría las tres ediciones de noticias, el espacio deportivo Estudio Estadio, el programa Datos para un informe y algún otro de sobremesa; había recibido carta de felicitación del propio presidente del Gobierno. Como este encuentro conmigo era el primero desde su nombramiento, Cebrián me relató cómo se fraguó por insistencia de Pío Cabanillas y su equipo ministerial en una reunión a la que asistieron también su padre Vicente Cebrián (de PYRESA) y De la Serna (de ABC). Aceptó el puesto una vez conocido el Espíritu del 12 de febrero de Arias Navarro; meses antes hubiera rechazado una oferta similar. «Janli», como le llamábamos en círculos más íntimos, había sido fundador con Ruiz-Giménez de la revista democristiana Cuadernos para el diálogo, que estaba tomando —junto con Gregorio Peces-Barba y Pedro Altares— un sesgo izquierdoso que no era de su gusto, por lo cual se había desligado del equipo aprovechando además sus viajes de estudios en Francia y Gran Bretaña. Cebrián, pilarista de la promoción de 1960, me comentaba que en Cuadernos había habido «mucho trasiego de personajes de distinto pelaje» hasta ser ahora calificada la revista por Ruiz-Giménez como social demócrata y marxista, lo cual había producido la huida de los pocos miembros «propagandistas» de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) que participaban en la revista. Ya no quedaba ninguno de los fundadores.

Ahora Cebrián tenía ganas de hacer algo con mayor serenidad y peso en favor de la apertura y la credibilidad de TVE, en la que pensaba dar más garra a la información y buscar sus propias fuentes a través de una agencia de noticias del ente. Cebrián me invitaba a visitar el centro de emisión de Prado del Rey con algunos directivos del SECED, como agradecimiento al Servicio, por suponer «Janli» que habíamos intervenido en rectificar su ficha policial «llena de falsedades, fácilmente refutables» en la que se le tildaba de marxista, comunista, rojo y masón, según había tenido ocasión de leer. El día 29 de marzo de aquel año, el capitán Antonio Martínez Teixidó y yo aceptamos la invitación. Almorzamos en compañía de su adjunto Luis Méndez para hablar de la deficiente seguridad interior de RTVE, en zonas neurálgicas que podrían resultar posibles objetivos de atentado terrorista; y se ofrecían a estudiar líneas de cooperación con el SECED. De la situación de la entidad pensaban que parte de la solución del gran exceso de plantilla podría estar en privatizar el 50 % de la entidad. Después de Semana Santa quería entrar en contacto con nuestro Gabinete de Acción Psicológica (GAP). Estaba recibiendo numerosas quejas, presiones, sugerencias y rectificaciones de muy variadas autoridades nacionales, provinciales y locales, por determinadas noticias y programas, y nos lo quería contar despacio. Por otra parte, Cebrián se proponía impedir la difusión en Informaciones de artículos del denominado grupo anti-Tácito, que no lograría nada útil, dadas las tensiones internas entre sus variopintos componentes.

En cena organizada con el jefe del GAP, comandante Faura, el 29 de octubre, Cebrián nos ampliaría las frecuentes presiones y llamadas de atención que venía recibiendo. No le preocupaba; estaba aprendiendo mucho y tenía cubierta su vuelta al diario Informaciones. Su acompañante, Luis Méndez, nos haría la confidencia de que determinados colaboradores de «Janli» le estaban metiendo algunos goles, por su inocente aperturismo. Nos expusieron medidas urgentes y exigibles para la máxima seguridad, pues calculaban que media docena de terroristas podrían hacerse en pocos minutos con el control de la emisora; y nos recordaban el buen efecto que produjo en Prado del Rey, al inicio de la gravedad del Generalísimo (tromboflebitis), la presencia de la Guardia Civil con veinticinco «números», «de parte del Alto Estado Mayor» para proporcionarles seguridad durante aquellas jornadas. En tal cena en «Príncipe de Viana» nos relataron, una conversación con Julián Cortés Cavanillas, redactor de ABC: al Príncipe le preocupaba una posible división profunda en el Ejército. Ellos consideraban que la apreciación de Cortés no tenía fundamento y que más valía dejar tranquilas a las Fuerzas Armadas y no pretender utilizarlas como remedio de todos los males. Luis Méndez añadía su alabanza a la institución castrense por su postura marginal respecto a la política, ponderación que extendía muy en particular al SECED «porque sois de los pocos que piensan en España por encima de la política pasajera».

El 21 de marzo anterior acudimos varios directivos del SECED a un almuerzo que nos ofrecían en el Banco Popular Español los hermanos Valls Taberner y al que se incorporarían el marqués de la Motilla, presidente del Banco de Andalucía, y Sebastián Auger. Tras cambiar impresiones sobre la situación política y económica y el caso Añoveros, nos hablaron de los medios de comunicación. Nuevo Diario se hallaba en desesperada crisis financiera, según los últimos datos, pero su impulsor, Laureano López-Rodó, aunque había pensado utilizarlo en el juego de las nuevas asociaciones, no consideraba vital su desaparición.

El miércoles 27 de marzo tuve una charla con José Mario Armero sobre un rumoreado grupo anti-Tácito del que era promotor. La idea había surgido un año antes en conversación con Emilio Romero para tratar de redactar artículos para el diario Pueblo, decidiéndose después utilizar además La Vanguardia Española —entonces el de mayor tirada y menos politizado— y, naturalmente, ABC e Informaciones. El asesinato del presidente Carrero reavivó la idea inicial montándose media docena de reuniones. En aquel momento, los más entusiastas del proyecto eran Antonio Garrigues y Javier Carvajal, además de José Luis Meilán e Iñigo Oriol. Para contrarrestar a estos dos últimos, de ideología laureanista, Armero había forzado la incorporación de González Seara y Jaime Capmany. Total, una reunión de amigos, de ideas políticas diferentes, que pretendían la apertura política a través de la prensa, sin la menor intención de constituir una asociación cuando ello fuera posible. A Armero le molestaba que les titulasen anti-Tácito, por lo que estaba buscando un buen seudónimo. El presidente de Europa Press se proponía organizarnos un almuerzo para hablar de su proyecto.

El sábado 8 de junio de 1974, el SECED invitó a comer al joven escritor y periodista británico Robert Moss del Instituto de Estudios Estratégicos de Londres. Era autor del libro Guerrilla urbana y especialista en temas relacionados con la subversión. Acudimos Cassinello, Faura, Bastos y yo. Moss conocía al teniente general Díez-Alegría desde hacía tres años y medio y tenía prevista una audiencia con el ministro Pío Cabanillas. Anteriormente había mantenido conversaciones con el coronel Blanco (director general de Seguridad) y con el comandante Castrillo (jefe de la Oficina de Enlace del MIT). Esa mañana había entrevistado al Príncipe de España al que había encontrado muy identificado con las Fuerzas Armadas y sus problemas de escalafón, pluriempleo, escasez de material, etc., asuntos que había que resolver antes de su acceso al trono. El escritor británico había sacado la impresión de que Su Alteza no parecía partidario de la Ley de bases de la Defensa Nacional; era más bien favorable a la constitución de un Ministerio de Defensa. Quería Moss conocer a Juan Valverde antes de marcharse el miércoles 12. Echamos balones fuera. Nos habló de los artículos de Acoca y Mathews en The Washington Post y Finacial Times; y tuvimos que decirle que se trataba de dos piezas de información militar muy deficiente. Y nos hizo una vuelta al horizonte de varios países de América del Sur: en Chile el golpe había sido necesario, pero los militares habían perdido la batalla de la propaganda hacia el exterior; Allende estaba decidido a «comunistizar» el país, el general Prats era un sinvergüenza con haciendas en Argentina. En Perú la influencia rusa era enorme gracias a los trescientos funcionarios de sus embajadas en Lima y otras capitales, etc.

Después, el 2 de julio, Teixidó, Monzón y yo almorzamos con Acoca acompañado de José Mario Armero, presidente de Europa Press. A Miguel Acoca que le apasionaba el tema «Fuerzas Armadas», le habían hablado de una encuesta entre capitanes que demostraba su gran lealtad al Caudillo, el deseo generalizado de la continuidad del Régimen con la evolución que fuera necesaria, y la tónica anticapitalista de la Oficialidad. Tenía curiosidad sobre el límite de apertura al juego político que sería tolerable por el mando militar, incluso la participación del Partido Comunista. Tras nuestra negativa rotunda a tales noticias, Armero añadiría que «nadie consciente en la clase política, lo admitiría tampoco». También nos preguntaba por los instigadores reales del asesinato del almirante Carrero, pidiendo que se escribiese un libro blanco con el que informar debidamente a la opinión pública, iniciativa que rechazamos, pues de algún modo ya lo había hecho la prensa con datos de la Justicia. Y terminaba Acoca trasladándonos la tesis del escritor Roger Mathews para que Díez-Alegría fuera sucedido por el teniente general Iniesta al que había que ascender a capitán general. En aquella comida con Acoca en Horcher nos preguntó también por el punto de vista del SECED en relación con los Acuerdos sobre las Bases de utilización conjunta. Él tenía la impresión de que si el tema se llevaba al Congreso norteamericano, no saldría adelante, pues allí no se aceptaba un trato de seguridad mutua. Meses después nos ampliaría sus impresiones.

Comentó Acoca, en otro momento, diversas impresiones y noticias que recogía sobre el SECED, cuya misión se basaba en apoyar al presidente y ministros del Gobierno con toda la información del Servicio; técnicos norteamericanos instruían a nuestros oficiales en procedimientos informáticos ultramodernos, suministrados por aquellos Servicios de Inteligencia; nuestras Oficinas de Enlace en los ministerios civiles tenían por misión informar sobre actividades y tendencias políticas de los funcionarios de cada Departamento; y lo mismo sobre las de sus familiares, con control de sus negocios económicos. A estos absurdos rumores (que tratamos de rechazar con fuerza e incluso crudeza por desorientados e inaceptables) añadiría Acoca su versión de la decisiva influencia del SECED en el nombramiento y remoción de los altos cargos de la administración, habiendo bloqueado ascensos políticos a personal de gran valía; el Servicio era para él una verdadera policía política. El 4 de octubre Armero nos aseguraba a Faura, a Teixidó y a mí, que la democratización española no resultaba del agrado de los líderes norteamericanos por el recuerdo de los acontecimientos en Grecia, Chipre y Portugal. Por ello deseaban para España un Gobierno autoritario con quien poder firmar el Acuerdo sobre las Bases; los nuevos demócratas nacionales eran «aficionados frívolos», sin condiciones para encauzar las aspiraciones del país.

Los comandantes Faura, Martínez Teixidó y yo nos reunimos de nuevo con el corresponsal americano Miguel Acoca en Riofrío en la mañana del 14 de noviembre. Quería hablarnos de las negociaciones de las Bases militares y de la estancia en Madrid de Mc Klosky y de sus contactos con grupos de la oposición, episodio que había motivado la queja diplomática de nuestro embajador en Washington. Acoca observaba gran disparidad de criterios en el mundo oficial norteamericano: el Pentágono no apoyaba la renovación de los Acuerdos; los jóvenes tecnócratas civiles preferían sistemas de armas sofisticados, mejor que convenios defensivos; los militares deseaban continuar con la utilización de las Bases; la Secretaría de Estado tenía interés en mantener los Acuerdos por razones políticas y económicas, no solo bélicas; y el Congreso descartaba cualquier tipo de acuerdo ejecutivo. Según Acoca, de fuentes oficiales americanas, la base de Torrejón estaba rodeada de un cinturón rojo, y la de Zaragoza no resultaba nada interesante. En cambio la portuguesa de Lages era considerada de importancia capital, por su aislamiento, seguridad y magnífico sistema de comunicaciones y medidas electrónicas, punto estratégico y logístico fundamental en sus planteamientos defensivos a escala global. Pero les preocupaban las elecciones portuguesas en ciernes, de las que podría salir un Gobierno de centro-izquierda y un partido Comunista fortalecido con el 25 % del voto nacional.

Una semana después, Armero nos informaba a Teixidó y a mí de las últimas novedades periodísticas. A mediados de noviembre, Emilio Botín (hijo), miembro del Consejo de redacción de Informaciones daba en la agencia Europa Press la primicia de la retirada del apoyo financiero que el Banco Santander prestaba a ese diario, en cuyo capital social participaba junto con los bancos Central, Banesto y March. La justificación la basaba en los problemas que creaban a su banco la imagen izquierdista y anti-gubernamental de Informaciones, que no defendía puntos de vista bancarios y financieros, sino opiniones políticas contrarias. En el seno de ese periódico de la tarde había discrepancias entre Víctor y Jesús de la Serna y también tensiones internas por el conflicto entre Silva Muñoz y Sánchez Ventura, ya subsecretario de Información y Turismo. El primero había echado al segundo del rotativo, y se mencionaban maniobras para situar al frente del diario a Emilio Romero y su equipo de Pueblo. También corría el rumor de que Romero iba a ser nombrado director general de Prensa del MIT o del Movimiento, a lo que se oponían diversos sectores de la Secretaría General y del diario Arriba. Así nos lo hacía saber Armero el 21 de noviembre. Por otra parte, el diario El Alcázar atravesaba una gravísima situación económica.

El viernes 24 de enero de 1975 tuve que visitar a Eugenio Galdón Barberán, consejero delegado de Altamira-Rotopress, amigo de Arias Navarro, desde la etapa en que este era director general de Seguridad, y Galdón[22] jefe de su Gabinete de Estudios. Quería exponer al SECED, después de haberlo hecho al presidente del Gobierno, la grave situación financiera de El Alcázar, diario de la tarde que se imprimía en Rotopress y que sobrevivía gracias exclusivamente al apoyo económico que le facilitaba el Ministerio de Información y Turismo, ya desde la etapa de Sánchez Bella. El endeudamiento siguió bajo los mandatos de Liñán y Cabanillas y ahora con León Herrera; pero ya no se podía sostener más. Altamira-Rotopress podía esperar una decisión oficial unas semanas más, si no, cancelaría definitivamente la tirada de El Alcázar. Se trataba de una visita atípica dentro de nuestros cometidos, pero el SECED tenía el propósito de atender todas las peticiones que se le hacían. La información pasó a quienes podían estudiar el asunto y buscar un remedio.

Meses después el lunes 14 de julio, tuve una conversación con el nuevo director de ABC, José Luis Cebrián Boné, procedente de La Actualidad Española. Le interesaba el contraste de noticias y la confirmación de datos y rumores que no tuvieran carácter oficial. Aceptaba gustoso cualquier tipo de dosier relacionado con política exterior, Sáhara, orden público, Iglesia, etc., sobre los que el equipo de redacción de su diario prepararía varios artículos. Le hice entrega de un texto de Andrés Casinello sobre las relaciones Iglesia/Estado, con cuyos criterios coincidía Cebrián. La línea editorial iba a ser, en la nueva etapa de ABC, anticomunista, moderada, de derecha tradicional, buscando acuerdos en todos los campos; en política exterior se presentaba más favorable a Europa que a Estados Unidos. Así que esperaba mantener contactos regulares con directivos del SECED tras el verano.

4
LA SITUACIÓN POLÍTICA NACIONAL

La transición política con la repercusión de la previsible muerte de Franco producía una profunda impresión de intranquilidad en la sociedad española, que desconocía lo que podría ocurrir a partir del momento del óbito; un temor reconocido, originado por la indeterminación del futuro. La clase política, en buena parte aún expectante y sin vertebrar, daba sus pasos con enorme prudencia en tanto llegaba la hora de iniciar su presentación pública; recelaba de la posible intervención del Ejército y de otras sólidas instituciones del Régimen, por su supuesta resistencia a abandonar el sistema vigente. En la calle proliferaban las reuniones, más para hablar que para hacer; parecía ganar terreno la necesidad de encaminarse hacia un montaje político de corte occidental, término este que admitía todas las desviaciones imaginables. Tales incertidumbres facilitaron el encuentro amistoso entre los «aspirantes» a políticos y los miembros del SECED. Estos proporcionaban su leal interpretación de la situación que se avecinaba y, al propio tiempo, recogían informaciones e impresiones de gran utilidad para el Servicio. Las numerosas entrevistas y encuentros eran inimaginables por otros cauces oficiales del Régimen. Esta novedosa vía del SECED vino en llamarse «canal en zapatillas», por la ausencia de cualquier tipo de protocolo en el trato mutuo.

La política del Gobierno traía una nueva orientación, plasmada en el renombrado Espíritu del 12 de febrero, expuesto por Arias Navarro ante las Cortes Españolas, en aquella fecha, como su programa personal. El discurso fue transmitido a toda la nación, provocando esperanzadoras expectativas de apertura y participación, la expresa referencia al derecho de asociación y la legalización de las asociaciones políticas, con la única exclusión de los comunistas. En la vida política nacional los deseos de unos (de apertura y de recuperación de la estabilidad institucional) chocaban con los temores de otros (de derrumbamiento del sistema); y así, al programa del Espíritu del 12 de febrero se sucedieron nuevos episodios que vinieron a mostrar la cara más lamentable de las discrepancias entre las facciones que, a lo largo de decenios, habían constituido el firme basamento del Régimen, apoyado en los Principios del Movimiento Nacional. Según me relataba el general Alfonso Armada y Comyn, el 26 de julio de 1998, en su pazo de Santa Cruz de Rivadulla, el ya histórico mensaje del Espíritu del 12 de febrero del presidente Arias fue escrito por Gabriel Cisneros. Carlos Arias no tenía imaginación para salir airoso de aquella situación y, encima, se encontraba muy presionado por la derecha de entonces.

En el Gobierno, Arias siguió una línea débil, perdiendo oportunidades de imponerse como presidente. Su actitud era incierta cada vez que acaecía un suceso de trascendencia; y fueron no pocos los problemas que incidieron en su mandato a lo largo del año 1974. Baste recordar los siguientes: el caso Añoveros, el gironazo, el discurso en Barcelona, el cese del teniente general Díez-Alegría, el asociacionismo, la crisis de Gobierno con el cese de dos ministros, la tromboflebitis de Franco, el traspaso de poderes al Príncipe, el juicio a terroristas, la ejecución de Puig Antich, la manifestación del 1.º de octubre, la Unión Militar Democrática, la «cena de Aravaca», la reivindicación marroquí del Sáhara, la detención en la calle Segre, de Madrid, de los componentes de la oposición democrática, etc. El año se cerraría con una nueva intervención del presidente sobre asociacionismo político, que iba a servir para que este tema despegase y diese cabida a la Unión del Pueblo Español (UDPE), una suerte de transferencia del Movimiento a la posterior Unión del Centro Democrático (UCD).

En todos los ámbitos oficiales y privados las repercusiones políticas se iban a notar enseguida, apareciendo claros síntomas de estar iniciándose una verdadera transición, pese a determinadas connotaciones negativas que se apreciaban también en los extremos del arco político español. A partir de ese momento, los grupos más politizados acelerarían el plan de búsqueda de líderes jóvenes en el interior, proyecto que se había puesto en marcha en el último año de gobierno del almirante Carrero. Pero también debía iniciarse cuanto antes el relevo generacional en los distintos niveles de la Administración del Estado y facilitar la circulación de nueva savia por todos sus organismos, al tiempo que se intentaba encontrar nuevas vías de concurrencia política a las tareas del Estado.

El presidente Carrero Blanco había recibido del teniente coronel San Martín sucesivas propuestas para sacar adelante algunas asociaciones de matiz político, pero su asesinato truncaría los primeros pasos proyectados. Sin embargo, el Espíritu del 12 de febrero que divulgaba el presidente Arias Navarro parecía traer nuevos aires que alentaban estudiar la promoción del asociacionismo: en aquellos primeros meses del año 1974 lo que verdaderamente conmocionaba al mundo político era el futuro Estatuto, incluso por muchos de quienes estaban dispuestos a jugar dentro de los límites del sistema.

El 12 de marzo me reuní con Manuel Fernández-Monzón en su despacho del Gabinete de Enlace del ministro de Información y Turismo. Quería informarme del trabajo que estaban preparando sobre los grupos y familias políticas, para que el ministro Cabanillas pudiera contar así con un amplio dosier cuando el tema entrase en ebullición. Para ello, estaba diseñando una docena de entrevistas a diversas personalidades, de cuya reseña pensaba facilitar copia al SECED, esperando que la relación personal suya con el Servicio continuase precisamente conmigo, fórmula que obtuvo la conformidad del director Valverde. Me comentó como peculiaridad política, los ataques sibilinos que estaba sufriendo el presidente del Gobierno desde un grupo encabezado por Girón en el que estaban incluidos el Dr. Vicente Gil y varios generales, como Iniesta, quienes dedicaban los calificativos de rojos y masones a los ministros de Gobernación, Relaciones Sindicales, Planificación, e Información y Turismo.

También nos habló de las asociaciones Luis Valls Taberner, presidente del Banco Popular Español, a Teixidó y a mí el 21 de marzo. Recordaba el sueño asociativo de Valero Bermejo en 1962 de constituir, con la anuencia de Franco, dos asociaciones grandes: una a la derecha que aglutinase el poder católico y otra azul que se orientase hacia el laborismo. Lamentaba el envenenamiento actual entre hombres del llamado Grupus (determinados socios del Opus Dei en la política activa) y los de origen falangista capitaneados por Girón: una verdadera pena pues eran muchas las cosas que les unían desde el punto de vista patriótico; pero no descartaba que, ante un claro peligro de «marxistización» del país, llegasen a aglutinarse todas las tendencias católicas. En todo caso, nos aseguraba Luis Valls, cuando llegase el momento del asociacionismo, Gregorio López-Bravo no movería un dedo por ser adalid de ningún movimiento, Por su parte, López Rodó no era líder a considerar. Había pasado su momento, siendo víctima de las fobias azules, y era lamentable que se hubiera prescindido en el nuevo Gabinete de su juridicidad y experiencia. El presidente del Popular calificaba a Carlos Arias de buena persona y competente y se mostraba entusiasta del programa de Gobierno que venía a significar la desaparición de un elevado porcentaje de la clase política española, especialmente de la integrada por quienes se arrogaban en exclusiva la legitimidad histórica del Régimen. Le extrañaba que fuera tan atacado desde el primer momento desde cierta derecha, cuando el programa de Arias era el mismo que el de Carrero, aunque quizá con otras maneras.

El comandante Martínez Teixidó y yo nos reunimos el 3 de abril en Riofrío con Fernando Álvarez de Miranda y Torres[23] para escucharle sobre los planteamientos de la Democracia Cristiana, ámbito político que por aquellas fechas era también objeto de estudio por el SECED. Por su disociación tras la Guerra Civil, la DC se componía de dos grupos históricos y separatistas, no recuperables por creerse víctimas de un genocidio y admitiendo como solución mínima estatal una España federal; era el caso del Partido Nacionalista Vasco y la Unión Demócrata Cristiana, partidos que acaso entrasen en el juego al desaparecer la figura de Franco. Otros dos grupos eran el de José María Gil Robles, ya muy mayor, y el de Joaquín Ruiz-Giménez, persona de gran bondad, pero poco fiable por los continuos virajes de su actuación. Contaba Fernando Álvarez de Miranda que por las normas posconciliares del Vaticano II resultaba complicado configurar un «poder católico» con posturas tan dispares como las de Ruiz-Giménez y Federico Silva Muñoz. Dentro del Régimen, los más afines a Gil Robles y Ruiz-Giménez eran los Tácito, grupo en el que aparecía Alfonso Osorio como líder, junto con Landelino Lavilla y Marcelino Oreja. Sin embargo no veía posible ni deseable la relación directa entre la DC y la ACNP, aunque su pensamiento fuera el mismo. El día 8 de mayo se nos hacía saber que el grupo Tácito se disponía a constituirse en asociación cultural que pudiese transformarse en una asociación política que arrastrara a unos centenares de personalidades de la derecha conservadora. Se iba a indicar a Marcelino Oreja que nos organizase al SECED un encuentro con los dirigentes del Grupo.

El sector azul se reunía el miércoles 24 de abril en almuerzo-homenaje a Jesús Fueyo, director del Instituto de Estudios Políticos, por haber sido proclamado Español del año por ABC. Entre la treintena de asistentes destacaban Rodríguez de Valcárcel, Martínez Esteruelas, Utrera, De la Mata, Pinilla, Monreal, Luca de Tena y Manuel Aznar. En el homenaje se recordó el LXXI aniversario del nacimiento de José Antonio Primo de Rivera, «el mejor español del siglo», y se leyó una carta de Girón con su «angustia por una revolución inacabada, amenazada hoy por los nuevos bárbaros». Fueyo respondió de modo también muy figurativo sobre las asociaciones, interpretado como el anuncio o la advertencia de un frenazo al proyecto del presidente Arias.

Las primeras confrontaciones públicas al Espíritu del 12 de febrero aparecerían con las declaraciones de José Antonio Girón, presidente de la Confederación Nacional de excombatientes, publicadas en el diario Arriba, el 28 de abril de 1974 —episodio conocido como el gironazo— y con el discurso de Utrera Molina en la concentración de la Sierra de Alcubierre. Ambos hechos constituían el principio de una ofensiva continuista contra las expectativas despertadas el 12 de febrero. Apunta el embajador Oyarzábal en su obra citada que «los retos que planteaban los integristas daban la medida de cuanto iba a dar de sí la nueva etapa». Una semana después, Girón hacía de nuevo una declaración política, en su estilo dialéctico de siempre, en la que atacó al ministro Cabanillas, en referencia a la prensa extranjera «que ofende nuestra dignidad».

El discurso del presidente Arias en Barcelona, el 15 de junio, decepcionó a quienes mantenían aún las esperanzas en el Espíritu del 12 de febrero. Oyarzábal lo relata como una «toma de contacto de Arias con Barcelona que —se pensaba— permitiría todo un relanzamiento de las ideas contenidas en su primer discurso a las Cortes e incluso algún baño de multitudes que contrastara fuertemente con las actitudes y métodos del fallecido almirante Carrero. Poco iban a durar aquellas ilusiones. Ya la llegada a la Ciudad Condal fue gélida, sin nadie que se interesase por la llamativa comitiva presidencial. La indiferencia del catalán medio hacia el Gobierno central (…) flotaría ya en el ambiente». Lo curioso es que aquel discurso de Arias ante un auditorio escogido por la jefatura Provincial del Movimiento resultase muy diferente al que se le había preparado en el palacete de Castellana. Según Oyarzábal: «Nuestra sorpresa al escuchar el discurso fue mayúscula, porque todo parecido con el texto de nuestros desvelos —aceptado por el presidente sin reparos, salvo pequeñas observaciones— era pura coincidencia. Una vez más, el presidente solo tenía ojos para el “qué dirá” de Franco, aparentemente todavía molesto con las medidas anunciadas en el contexto del llamado Espíritu del 12 de febrero. El discurso de Arias en Barcelona, preparado por sus más “fieles ejecutores” de los días de la Dirección General de Seguridad, a espaldas de quienes nos considerábamos leales colaboradores, rezumaba intransigencia, patrioterismo y vulgaridad».

El 28 de octubre de 1974 se producía una crisis de Gobierno. Pío Cabanillas dejaba el Ministerio de Información y Turismo, tras presiones de círculos ultraderechistas que le calificaban de libertino por actuaciones en Televisión y en Cataluña. Y casi al unísono, Barrera de Irimo dimitía de su cargo de ministro de Hacienda, influido por la creciente inflación que acarreaba la crisis energética, difícilmente controlable desde una situación de grave debilidad política interna y externa del Régimen. Lo recuerda así Oyarzábal: «El subsiguiente revuelo (por el cese de Cabanillas) permitió a un puñado de ilustres escépticos en la Operación Arias aprovechar la coyuntura para dar un sonoro portazo conjunto y participar también en la gloria que los medios informativos políticos volcaban sobre el anatematizado Cabanillas. Ellos eran Barrera de Irimo, ministro de Hacienda; Fernández Ordóñez, presidente del INI; Ortega Díaz-Ambrona, director del Instituto de Administración Pública (…), síntomas de que los reformistas rompían, si no con el Régimen, sí al menos con la política de Arias Navarro». A Cabanillas le sustituiría León Herrera Esteban y a Ordóñez, Rafael Cabello de Alba. Pero pronto iba a producirse un nuevo reajuste ministerial. En marzo de 1975 se incorporarían al Gobierno: Fernando Suárez, José M.ª Sánchez Ventura, Alfonso Álvarez Miranda, José Luis Cerón Ayuso y Fernando Herrero Tejedor para llevar respectivamente las carteras de Trabajo, Justicia, Industria y Comercio y Movimiento.

Durante el último trimestre de 1974 se multiplicaron las actividades de la Sección de Estudios e Informes del SECED, encargada —por Orden Ministerial de 29 de marzo de 1972— «de la adquisición, estudio y explotación de cuanta documentación e información fuera de interés para la Presidencia del Gobierno». Se trataba, naturalmente, de la cobertura abierta de similares actividades desarrolladas por los Sectores de la División de Operaciones de la OCN.

El 18 de octubre, Nicolás Franco me convocó para una conversación en la cafetería Riofrío sobre una asociación en germen de antiguos alumnos del CESEDEN, que ya superaban los quinientos. Había dirigido carta de intenciones con la propuesta de un grupo promotor de quince personalidades que habían cursado estudios en aquel Centro Superior, gente de peso específico y perteneciente a distintas familias del Régimen[24]. Remitía un borrador de estatutos cuyo fundamento era ajustarse al espíritu que informaba la Defensa Nacional, colaborar con el CESEDEN en los estudios, fomentar el arraigo y expansión del patriotismo y la defensa de las virtudes castrenses, etc. Una oportunidad, en fin, para hablar de la política nacional y de los compromisos de la clase dirigente.

Aprovechó Nicolás Franco para describirme la cena de la víspera en casa del Barón de Grado, conocido empresario que había reunido un plantel de personajes como el duque de Arión, Gonzalo Fernández de la Mora, Ignacio Urquijo, Iñigo Oriol, Fernando Ibarra, etc. Fernández de la Mora había expuesto su teoría de que el Régimen había sufrido tres cambios fundamentales: primero con la salida de Serrano Suñer, después en 1957 con la aparición de la «tecnocracia» y, por último y más radical, con el Espíritu del 12 de febrero. La mayoría de los presentes no entendía los argumentos para hablar tan despectivamente de Carlos Arias y hacer, en cambio, una apología de Blas Piñar, extendiéndose en explicar la coalición que él llevaría al Gobierno, formada por tradicionalistas, algunos falangistas muy condicionados y algún independiente (Garrigues Walker) como concesión a la galería. Para Gonzalo Fernández de la Mora la mayoría del país era comunista, lo que justificaba aplicar la «ley del palo». Nicolás Franco no recordaba haberle escuchado jamás en términos tan extremosos, apreciando en él una verdadera locura por ser jefe de Gobierno.

Franco Pascual de Pobil pasó a hablarme de la creación de una editorial que él pensaba impulsar como órgano de expresión de los grupos que no querían constituirse como asociación política ni como sociedad mercantil: una revista mensual, barata y de difusión limitada. Había que elegir un grupo promotor con gente políticamente variada, con vocación de pensamiento y buenas nociones financieras. Nicolás Franco aficionado a la tarea de información nacional, reclamaba la colaboración del SECED para acertar en la configuración de la lista promotora, particularmente en los componentes regionales y de combate social. El apoyo moral esperaba conseguirlo a favor de la apertura política de Arias Navarro.

Dos semanas antes, el día 4 de octubre, Faura, Teixidó y yo nos habíamos trasladado a la agencia Europa Press para tener una larga tertulia con sus dirigentes Armero y Herrero sobre asociacionismo político. Según se deducía de sus incontables relaciones públicas, Joaquín Garrigues Walker había decidido por fin dedicarse a la política, abandonando todas sus actividades empresariales para disponer de mucho tiempo libre. Había visitado ya al presidente del Gobierno y a diversas personalidades para darles a conocer su plan. No pretendía formar una asociación, pues la gente no se interesaba por las vías que pudiera ofrecer el Consejo Nacional del Movimiento y, por otra parte, en la siguiente etapa sería difícil pensar en utilizar políticamente a quienes hubieran ocupado puestos en el Régimen. Decía Armero que Garrigues no quería ser ministro; su ilusión era nombrarlos.

José Mario Armero nos habló después de Gregorio López-Bravo al que había visitado también varias veces. Le consideraba inteligente, preparado, con gran conocimiento de la realidad nacional. No tenía grupo político ni lo necesitaba; su éxito residía en buscarle diez hombres de su absoluta confianza y muy inteligentes como los industriales Julio Calleja, Claudio Boada, López de Letona, Villar Mir, Pérez Bricio, Martín Villa… y varios diplomáticos. Habló también de García Trevijano, nada fiable, peligroso por su gran capacidad de convicción y arrastre, sobre todo en provincias. Andaba divulgando que, según un estudio francés, nuestro capitalismo se estaba poniendo del lado de la Junta Democrática. Asimismo comentó que el marqués de Villaverde había manifestado recientemente al presidente Arias su queja por una campaña contra él a nivel nacional. No quería intervenir en política y le pidió una embajada para mantenerse al margen. Carlos Arias le diría que esos nombramientos no dependían de él.

El día 21 de octubre, los directivos Martínez Teixidó, Hernández Rovira y yo cenamos en Nuevo Valentín con Joaquín Garrigues Walker, expectante, interesado y algo preocupado por no saber qué pretendíamos con la reunión. Interrumpiría varias veces la exposición que le hacíamos de nuestra labor en Presidencia; preguntaba cuántos éramos, a quién informábamos, si Valverde era militar, etc. Le invitamos a acudir al SECED para tener un cambio de impresiones más amplio con otros directivos, y fue creciendo su interés y su apertura al diálogo. Garrigues exigía, para entrar en el asociacionismo, que se diera opción al PSOE; si no, prefería esperar, no quería quemarse en vano. Se sabía joven (41 años), y no le importaba esperar unos años, viendo cómo otros se quemaban y le dejaban libre el camino, pero necesitaba una izquierda legalizada para poder él jugar a la derecha. Decía tener «todo programado, en un país de improvisaciones». Trataba de hacer política científicamente, al estilo de las campañas electorales europeas y americanas. Se manifestaba realista, calculador, nada dogmático; prefería jugar a ganador seguro. Le preocupaba —por desconocerla— la opinión del «españolito medio», por lo cual tenía encargado un estudio que le entregarían en abril de 1975, y hasta entonces no quería participar en el juego del Estatuto de Asociación Política.

Se había dicho que contaba con mil millones de pesetas para la campaña de promoción. «¡Pura imaginación! Si dispusiese de esa cantidad la invertiría en bonos del Estado, no en política». Le bastaban cuarenta. No necesitaba órgano de prensa propio, pues pensaba contar con todos los medios de comunicación de la derecha, donde sus colaboraciones se venderían bien. Ya tenía preparado un lote de artículos para ABC con temas de gran actualidad, uno de ellos sobre las Fuerzas Armadas en sus vertientes de corporación y de individuos independientes. Esperaba el apoyo multitudinario de millones de españoles. Ahora iba a comenzar el montaje de su «maquinaria de guerra», con una docena larga de personas entre financieros y ejecutivos «estilo Villar Mir», además de mujeres, cuyo voto sería pronto decisivo, comerciantes y profesionales; y montaría, también, delegaciones en varias regiones.

Tenía contactos con miembros de la Junta Democrática, que trataban de incorporarle; pero a Garrigues no le interesaba, porque buscaban su nombre, su posición, su dinero, sus contactos, y además no quería hacerle el juego al PCE. Se había visto forzado a asistir a una mesa redonda en el Colegio Mayor San Pablo el 17 de octubre, pocos días antes. No le hacía nada feliz ver que los reunidos hacían gala de ideologías avanzadas, cuando en realidad eran absolutamente conservadores. Pero es que además no le gustaban las mesas redondas. Nos aconsejaba que, si queríamos obtener opiniones sinceras de la gente, teníamos que convocarles a solas, uno a uno. La aproximación más inmediata de su futura asociación se haría con el grupo Tácito.

El regionalismo era para Garrigues un problema delicado y difícil, sobre el que resultaba muy aventurado hacer un pronóstico, incluso dar una idea del grado de autonomía que podría concederse. Además, veía la necesidad de que Franco traspasase sus poderes al Príncipe, pero no lo creía posible en vida. Si la situación se alargase tres o cuatro años más, su figura quedaría deteriorada para siempre, dañando la adquirida en cuarenta años al frente del Estado. El Príncipe estaba más tranquilo, después de los enfados que le había producido la reasunción de poderes por Su Excelencia. Si se prolongase, SAR quedaría fuera de juego, pues lo que en aquel momento se consideraba prudencia y fidelidad, se tornaría en indecisión e inseguridad personal. Al presidente Arias le veía destinado al sacrificio, a quemarse en la Transición. Era digno de admiración y de reconocimiento por cuanto estaba intentando hacer.

Por último hizo mención al Congreso de Europa en Bruselas, el 30 de noviembre, al que había sido invitado por las Comunidades Europeas dentro de un grupo de españoles jóvenes no implicados en el Régimen, y cuyos puntos de vista se quería conocer, como «hombres de futuro». Entre los ponentes figuraba el propio Garrigues para hablar sobre la Empresa, Tamames sobre Economía, Ferrer sobre Regionalismo, etc.

LA SEMANA ECONÓMICA INTERNACIONAL DE SALOU

En el SECED se mantenían contactos con quienes se interesaban por el asociacionismo político; de modo que Martínez Teixidó y yo también tuvimos oportunidad de asistir, como parte de nuestra tarea en el Sector Político, a la V Semana Económica Internacional celebrada en Salou, entre el 16 y el 19 de septiembre de 1974.

El lunes 16 almorzamos con Nicolás Franco quien nos comentó que ese mismo verano había estado desarrollando un trabajo sobre un tema urgente, «en caso de producirse algo que no ocurrió». (Entendimos que se relacionaba con el previsible fallecimiento de su tío, el jefe del Estado, con el que había hablado sobre la situación en Portugal y sobre las asociaciones políticas). Este asociacionismo sería el tema estrella de nuestro almuerzo, a propósito del cual puntualizaría que «o bien nos organizamos o nos organizan o nos la organizan». Por cierto que, siendo consejero nacional, calificaba a José Antonio Girón como hombre perjudicial en la actual situación política española, preguntándose si la Confederación Nacional de Excombatientes se constituiría o no en asociación política.

El martes 17 nos reunimos a comer con José Terceiro con quien ya teníamos relación de amistad y que se haría acompañar de Jordi Pujol, consejero delegado y vicepresidente ejecutivo de Banca Catalana, y de Manuel Rodríguez Casanueva, del Instituto Balear de Directores de Empresa, personajes novedosos que deseaban acercarse a las «fuentes de información oficial». Según notas que conservaba Teixidó, Pujol «licenciado de orla» en Medicina, según su propia confesión, hacía gala de su vocación de historiador y de su catalanismo de corazón, sin omitirnos el relato de los dos años que pasó en la cárcel de Torrero (Zaragoza) por una sentencia militar y los ocho meses de extrañamiento, de lo cual ya había superado todo rencor, enjuiciando con serenidad el futuro político de España.

Nos contaba Pujol i Solei que tiempo atrás pretendió el contacto con San Martín, jefe del SECED, a través de Fanjul, para sacar adelante la apertura de sucursales de Banca Catalana en Madrid, aunque no logró la entrevista. Pero su mayor interés en este almuerzo en Salou era deducir hasta qué punto el «poder» admitía el regionalismo catalán y qué concesiones estaría dispuesto a dar a Cataluña. Según él, «los catalanes pedirán siempre más y más, aunque se conformarán con lo que se les dé, siempre que se les dé algo». Se nos quedó grabada su coletilla «la pela es la pela». Su ideal era volver al Estatuto de 1934 o al menos a la Mancomunidad de 1914. Se confesó anticomunista y reconocía que las autoridades trataban ahora a la oposición de mejor modo, lo cual era un dato positivo, a su juicio. Consideraba Jordi Pujol que las FAS no tenían más remedio que actuar en alta política, pues eran la única fuerza organizada y que, en el caso concreto español, las decisiones sobre el desarrollo político dependerían de su actitud. Respecto a la Revolución portuguesa de los Claveles, pensaba que España podría evitar un episodio similar organizando cuanto antes las asociaciones políticas de las que se venía hablando tanto.

El miércoles 18, Martínez Teixidó y yo volvimos a reunirnos con Franco Pascual de Pobil. Este se quejaba de que Utrera Molina hubiese estado puntualmente informado de sus movimientos y contactos dentro y fuera de España, lo que suponía le era facilitado al Ministro Secretario por el SECED, organismo que entre otras obligaciones, según él, tenía la de informar a los ministros. Le sacamos del error y le sugerimos orientase sus pesquisas hacia el Servicio de Información del Movimiento. En esta reunión a solas, quería hablarnos de un trabajo que realizaba para el Príncipe y el presidente del Gobierno, consistente en entrevistar a sesenta personalidades de relevancia nacional con objeto de recoger una impresión rigurosa sobre la contextura política del país. Pretendía diseñar un gráfico en el que aparecieran las verdaderas fuerzas políticas, de las que ya tenía listas y cabezas de fila visibles. Quería contrastarlas con nosotros en Madrid, ofrecimiento que aceptamos de buen grado, pues precisamente Antonio Martínez Teixidó estaba enfrascado en un estudio similar.

Tema importante, del que Nicolás Franco quería hablarnos en el hotel, era el libro Los hombres de la ETA que pretendía publicar DOPESA, del Grupo Mundo. Consideraba que voluntaria o involuntariamente se hacía una apología del terrorismo en aquella publicación, asunto gravísimo que deberíamos poner en conocimiento del presidente Arias, con la máxima urgencia, al que podían «meterle un gol» como al ministro Cabanillas. Casualmente al término de casi tres horas de charla amigable con Nicolás Franco, nos saludaría Sebastián Auger, presidente del Grupo Mundo, quien llegaba de visitar en Madrid al Príncipe de España y que espontáneamente nos comentó que S. A. R. le había reconvenido por la prevista difusión del libro, por entender también que se trataba de un elogio a ETA. Auger había visto sobre la mesa de don Juan Carlos un ejemplar con dos folios escritos a máquina, que suponía sería la crítica a su contenido. (Tuvimos la sensación de que aquella nota pudiera haber salido del SECED). Auger había pensado retirar voluntariamente del mercado tal publicación, pese al enorme perjuicio económico que suponía tirar a la basura cien mil ejemplares, pero nos explicó que, al no recibir en un mes respuesta de Ricardo de la Cierva, director general de Cultura Popular, lo había interpretado como una autorización tácita para la difusión. Nos bajó de su habitación un ejemplar para el mejor uso que pudiéramos darle en el Servicio, igual que había hecho con el Príncipe y el presidente.

La V Semana Económica Internacional daría mucho juego a los directivos del SECED destacados en Salou y, muy particularmente, la cena-coloquio del día 18, dedicada —como no podía ser de otro modo— a la Participación política de los españoles. Lo de Económica era tan solo una pantalla para no asustar. La presidencia estaba comprometida para López-Bravo, que tuvo que excusarse por razones de agenda de última hora; su sustituto, Emilio Romero, tampoco pudo cubrir esa función por una repentina hemorragia. Se ofreció la presidencia, en el último momento, a Nicolás Franco Pascual de Pobil, que declinó la atención por si resultaba incompatible con su carácter de consejero nacional del Movimiento. Así que se recurrió a un triunvirato formado por Joaquín Garrigues Walker, Ignacio Camuñas Solís y Manuel Funes Robert. No debemos olvidar hoy que estamos hablando del año 1974, con Arias Navarro en la Presidencia del Gobierno y el Generalísimo en El Pardo; y, aunque muchos políticos del extrarradio del Régimen intentaban por todos los medios abrir cauces de participación, eran pocos los que osaban significarse en público. Funes se mostró escéptico ante los cauces oficiales de la familia, el municipio y el sindicato. Garrigues confesaba que la evolución debería hacerse desde dentro del Régimen y contando con las instituciones vigentes, pues de lo contrario el tránsito sería revolucionario. Para evitar esto, la derecha debería estar dispuesta a ceder parte de sus posiciones y la izquierda a no exigir más de lo que la derecha podría conceder. Camuñas, en frase de un periodista asistente, descubriría el «mediterráneo democrático».

La cena se cerró con un variopinto coloquio en presencia de exministros, procuradores en Cortes, alcaldes y delegados del Gobierno, sin que ninguno de ellos se asustase por los comentarios de aquellos «nuevos políticos». Solo banqueros y empresarios les escucharían estupefactos. Todos se mostraban unánimes sobre el hecho de que los temas nacionales se habían abordado con claridad y libertad poco usuales. Corresponsales extranjeros decían no poder creer lo que estaban viendo. Joaquín Garrigues resultó el «hombre de la reunión», con sólida formación, claridad de ideas, frialdad y flema humorística, y terminaría haciendo confesión pública de hombre de derechas y dentro del sistema, y lamentando que la izquierda pudiera ocasionar situaciones tensas y difíciles que diesen paso a una explosión revolucionaria.

Al día siguiente, jueves 19, comimos Del Pozo, Teixidó y yo con Nicolás Franco, Miguel Allué (director de la Confederación de Cajas de Ahorro) y Jaime Armet (industrial barcelonés ya contactado el año anterior en idéntica Semana Económica). Estos criticaron algunas intervenciones de la cena coloquio de la víspera en la que se había dado una falsa imagen del pensamiento del español medio: los que pronunciaron sus parlamentos en la cena eran una minoría política que creía engañosamente representar a la mayoría silenciosa nacional, que era bastante más conservadora y pro Régimen de lo que se decía. Nicolás Franco proponía la constitución de un centro político para asegurar el futuro de España con la evolución que se precisaba.

Recuerda José Ignacio San Martín en su libro[25] habérsele organizado para diciembre de 1973 una entrevista en Barcelona con un grupo de personajes catalanes de la oposición moderada para intercambiar información. La iniciativa partía de Sebastián Auger[26]. El jefe del SECED contaba con la autorización expresa del almirante Carrero, quien se interesaba por conocer la complicada problemática autonómica y los puntos de vista catalanistas.

LA OPERACIÓN SURESNES

Entretanto, el SECED no era ajeno a la operación con la que se proyectaba en 1973 situar en la Secretaría General del PSOE a un universitario del interior, mejor que a un obrero del exterior. Un año después, la Internacional Socialista reconocería a los Renovadores como único PSOE. Idéntica maniobra a la que se montaría para buscar contactos con Carrillo para acercar el Partido Comunista a una posición de beligerancia política más moderada y dialogante. Aprovechaba Nicolás nuestro encuentro del 18 de octubre de 1974 para resumir la asamblea socialista de Suresnes y sugerir que había que apoyar «desde arriba» a ese grupo genuinamente español, pues quitaría al PCE y al PSOE-H la mitad de su gente.

Manuel Cerdán y Antonio Rubio cuentan algo de ello en su libro[27]. «En aquellos años previos, dos jóvenes andaluces, Felipe González y Alfonso Guerra, dirigían a los socialistas del interior desde la clandestinidad en Sevilla, en tanto que Pablo Castellano era líder de esa formación en Madrid y Enrique Múgica controlaba ese grupo político en Vascongadas. Todos ellos aspiraban a ingresar en la Internacional en contra de las tesis del PSOE (Histórico) en el exilio, defendidas por Rodolfo Llopis. Dos semanas después de la muerte de Carrero Blanco, la Internacional Socialista aprobaba su ingreso y casi un año después —el 13 de octubre de 1974—, Felipe González, un joven abogado laboralista que no había vivido la Guerra Civil, se haría con el control del partido en el XIII Congreso [en el exilio] celebrado en la ciudad francesa de Suresnes, muy cerca de París (…). A los servicios secretos españoles no les preocupaba el rumbo que pudiera seguir el PSOE, porque sabían que tarde o temprano sería legalizado por los herederos de Franco. De ahí que dos importantes militares del SECED, Andrés Cassinello y José Faura, llegaran a entrevistarse con González y Guerra en Suresnes, después de que ellos se hicieran con la dirección del Partido Socialista». (Ese encuentro no fue en Suresnes sino en Madrid en octubre de 1976, y ya bajo el Gobierno de Adolfo Suárez).

La operación de renovación de líderes fue modélica en el PSOE. El Sector Renovado alcanzó nueve puestos en una Ejecutiva de dieciséis, quedando relegado el Sector Histórico de Llopis. De ese modo se abría paso a Felipe González, pues los jóvenes del interior conocían mejor la realidad de España, sin los tópicos ni los rencores de sus mayores. El general Fernández-Monzón, en su conferencia de 5 de julio de 2005, en el Centro Gallego de Madrid, comentaba que el almirante Carrero había conseguido que Willy Brandt diera la patente única del PSOE a Felipe González, arrumbando al sector histórico, y que en un almuerzo de Monzón con González en 1974 el dirigente socialista le rubricaba aquel episodio diciéndole que «eso es tan así y tan verdad que nunca oirá Vd. a ningún socialista hablar mal de Carrero». (En mi investigación como doctorando no encontré referencia alguna sobre tales alusiones).

Decía el TG Cassinello en una conferencia de 2 de octubre de 1986 que «el Congreso de Suresnes, celebrado en octubre [de 1974] constituye un jalón importante para el futuro de entonces. Se rompe la dirección del exilio y surge una nueva generación de líderes jóvenes y desconocidos. Dudo que el PSOE hubiera sido capaz de pasar de sus 3.200 militantes de entonces a su mayoría absoluta en las Cortes, si hubiera mantenido la vieja dirección. Ninguno de los viejos dirigentes logró un papel importante en las elecciones de 1976. Ni Gil Robles, ni Blas Piñar, ni aquella formación de Fraga ligada a los hombres del anterior Régimen, ni el PSOE (Histórico), ni tan siquiera Carrillo con la Pasionaria. Cuando se produce la Transición es como si hubiera otra España, cansada de experiencias, que busca algo nuevo y que prefiere el azar de lo desconocido a seguir anudada a una historia que ya le produce rechazo. Por eso pienso que Suresnes fue importante, aunque entonces no se valorara; pero Suárez encontró después un interlocutor en González y dudo que lo hubiera tenido en Llopis. Suresnes, al menos para mí, supuso una afortunada ruptura».

EL ESPERADO ESTATUTO DE ASOCIACIÓN POLÍTICA

El jueves 14 de noviembre de 1974 el director de Europa Press me informaba del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Consejo Nacional del Movimiento. Al fin iban a salir las ansiadas asociaciones. Así se proponía difundirlo desde su Agencia. Pero al día siguiente me telefoneaba con la preocupación del jaleo que había producido esa divulgación de notas por télex. Los diarios habían tenido que anular su inserción por las amenazas de secuestro oficial a los diarios Pueblo e Informaciones. El director general de Coordinación Informativa del Ministerio de Información y Turismo, Manuel Jiménez Quílez, le explicaba a Antonio Herrero que se trataba de materia reservada, pese a que este le indicase que el Consejo Nacional no lo era. Lo curioso de una apertura de expediente a la agencia Europa Press era que Cifra y varios periódicos ya venían informando sobre el Estatuto de Asociación Política.

El lunes 18, Herrero nos facilitó el texto de la nota que se proponía divulgar Europa Press y que fue retirada por orden del Ministerio. Se correspondía con aspectos del anteproyecto presentado al Consejo Nacional, y de deliberaciones de la Comisión Mixta (filtraciones de algún ponente o personalidad con acceso permanente a esa información). Las facetas de mayor interés eran las siguientes: el Estatuto sería desarrollado por un Reglamento; las Asociaciones Políticas se constituían como asociaciones con fines electorales; su aprobación correspondía al Gobierno, previo informe preceptivo y vinculante del Consejo Nacional; hasta el momento de su constitución, la responsabilidad de cada asociación recaía sobre su Junta Promotora o Gestora; para constituir una asociación sería preciso contar con veinticinco mil socios de quince provincias diferentes y había que presentar declaración formal de acatamiento y aceptación de los Principios y Leyes Fundamentales del Reino. Se incluía un capítulo de sanciones disciplinarias a las asociaciones que infringiesen las disposiciones que las regulaban, siendo la última instancia el Tribunal Supremo de Justicia. El Estado, a través de la Secretaría General del Movimiento (SGM), financiaría las asociaciones en proporción al número de miembros; además, las asociaciones podrían contar con cuotas de socios. Pero tanto fondos como socios tendrían un control periódico como medida cautelar. De diversas fuentes se recibía la primera impresión de que ni PSOE ni PCE entrarían en el juego del Estatuto, saliera como saliera.

En la mañana del 19 de noviembre fui a visitar, con Teixidó, al procurador familiar de las Cortes, Andrés Reguera. Estaba impaciente por participar en las asociaciones en cuanto se autorizase su constitución. De la información que disponía, le satisfacía que el control no radicase en la Secretaría General del Movimiento, sino en el Consejo Nacional, aunque el ideal fuera ubicarlo en la Presidencia del Gobierno. No veía dificultad para lograr las firmas necesarias, aunque los miembros actuales del grupo Tácito en que trabajaba no pasasen de doscientos cincuenta, puntualizando que no todos eran de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), como se decía. Habían tratado de inscribirse en el Registro de Gobernación, pero fracasaron en el intento por oposición del Ministro Secretario Utrera Molina, en vista de lo cual constituyeron la sociedad Centro de Estudios Comunitarios (CEC), con domicilio en Santiago Bernabéu, 4, «alejado del Colegio Mayor San Pablo». Se estaban reuniendo todos los miércoles para redactar el artículo de cada viernes en el diario YA y estaban organizados en tres secciones: Pensamiento político, presidida por Osorio, Coordinación, a cargo de Reguera, yEstrategia, dirigida por Álvarez. Pero aún el grupo carecía de cabeza visible. Entendía Reguera que la publicación del Estatuto de Asociación Política estaba ya al límite de fechas para que las asociaciones pudieran tomar parte en las elecciones de noviembre de 1975. Las asociaciones afines al Movimiento (como la Confederación de Excombatientes) iniciarían el camino con ventaja, máxime si la SGM utilizaba su propia estructura para apoyarles. Suponía que las primeras en salir a la palestra serían, además de los excombatientes, la Asociación Nacional de Estudios de Problemas Actuales (ANEPA), la Agrupación de Antiguos Alumnos del Frente de Juventudes y la Hermandad del Maestrazgo. Al final, sería necesario forzar la federación de asociaciones para tener la mínima posibilidad de éxito frente a una candidatura única marxista-comunista que podría aparecer bajo otra denominación.

El jueves 21 por la mañana fuimos Teixidó y yo a Europa Press para que su presidente, Armero Alcántara, nos diera su impresión sobre el Estatuto. Desconocía su contenido y no le merecía interés inscribirse en ninguna asociación por tratarse de una obra de Franco, aunque lo aceptaría cuando el Príncipe se hiciese cargo de la jefatura del Estado. Armero entendía que ese era el pensamiento de la mayor parte de los políticos, incluidos losTácitos y los componentes de la Junta Democrática. Tenía noticias de que se iba a publicar una ley de bases, cuando lo lógico sería sacar una articulada y con reglamento, al tiempo que la ley electoral. Pero el presidente Arias tenía prisa por cumplir su promesa. Nos ofrecía dosieres preparados por Europa Press sobre medio centenar de grupos políticos, y terminaban con la noticia de que el ministro del Ejército había prohibido a los generales asistir a un acto político de los excombatientes.

El día 25 de noviembre cenamos con Manuel Cantarero, presidente dimisionario de la Agrupación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes, quien ya tenía en la cabeza desde 1960 crear una Reforma Social Española (RSE), que no fuera el mero trasvase de los miembros del Frente de Juventudes, aunque esperaba arrastrar a la mayoría más activa. Pretendía una asociación socialdemócrata anticomunista, de hondo contenido social, al estilo del laborismo inglés o de la socialdemocracia alemana. No pensaba atraer a otros grupos de Falange, con los que la unidad era ya imposible. Suponía que Girón formaría partido con los excombatientes, y con «falangistas de la situación» como Pinilla, Rodríguez de Valcárcel, Fernández Cuesta…, incluso Solís Ruiz. El grupo Tácito reunía gentes inteligentes de la burguesía media, desde Marcelino Oreja por la derecha hasta Álvarez de Miranda por la izquierda, siguiendo la doctrina de la Iglesia Católica; pero podrían acoger a Garrigues, Auger, incluso a Fraga y Silva. Areilza sería útil en relaciones internacionales, era muy inteligente y simpático, pero estaba llegando al fin de su vida política activa. Nos haría Cantarero una mención a la honestidad de Arias Navarro y al mérito de sus intentos por sacar adelante la apertura política. También de Utrera, amigo íntimo, ahora más distante por haber girado en la SGM hacia Girón, Pinilla, etc., había perdido la oportunidad de integrar a los hombres del Movimiento de cuarenta años.

A las cuatro de la tarde del jueves 28, crucé a Presidencia donde Andreu y Oyarzábal, del Gabinete de Arias Navarro, iban a relatarme los últimos sucesos de la tramitación del Estatuto. La Comisión Mixta Gobierno-Consejo Nacional había redactado las Bases definitivas para elevarlas al Pleno del Consejo Nacional, texto que modificaba sustancialmente el anteproyecto elaborado por la ponencia. El presidente del Gobierno despachó con el jefe del Estado el documento de la Comisión Mixta, quedándoselo el Caudillo para su posterior estudio. Fechas después, y antes de que Arias volviese al palacio de El Pardo, el presidente de las Cortes fue a llevar a Franco el anteproyecto citado, sin que el presidente del Gobierno tuviera conocimiento de este despacho. El caso es que Franco aceptó las sugerencias de Rodríguez de Valcárcel, decidiéndose por el texto del anteproyecto. Mis interlocutores disculpaban a Rodríguez de Valcárcel por estar teledirigido por la camarilla «anti-Arias» de Girón.

Laureano López Rodó[28] nos dejó este párrafo: «Tras siete años de darle vueltas al tema y de que este apareciera y desapareciera como el Guadiana, Franco firmó por fin un Decreto-Ley de 21 de diciembre de 1974, que aprobó el Estatuto de las Asociaciones Políticas. Era un primer paso que rompía la inercia. Pero no contentó a nadie; a unos por parecerles contrario a los Principios del Movimiento, y a la mayoría por estimarlo demasiado tímido. Lo más significativo es que el reconocimiento del pluralismo político llevaba la firma de Franco».

Al iniciarse el año 1975, el tema asociacionismo seguía siendo cuestión preferente en todas las conversaciones con dirigentes políticos y medios de comunicación. El jueves 9 de enero divulgaba el Resumen económico de Europa Press una reunión que iba a tener lugar el domingo siguiente, día 12, en el restaurante Lhardy con asistencia de personalidades como Ruiz-Giménez, Tierno Galván, Joaquín Garrigues, etc., para hacer pública su no participación en los cauces del Estatuto y sí en cambio en la Plataforma de Convergencia Democrática. Por otra parte, Emilio Romero, en su «gallito» de la víspera en el diario Pueblo a favor del inminente asociacionismo, suponía que tales impulsos representaban un magnífico apoyo al Gobierno y al Régimen. No había duda de que una de las claves del juego era la figura de Fraga, a la vista de la radicalización de los «azules» —que detentaban una parcela importante del poder político y del legitimismo del Régimen—, y del extremismo de la izquierda clandestina.

Antes de nuestro almuerzo, el 9 de enero de 1975, Nicolás Franco Pascual de Pobil venía de conversar con José Mario Armero, presidente de Europa Press, «que es quien sabe los “comadreos” más interesantes de la clase política». En días anteriores se habían reunido, también en Lhardy, catorce personas de los grupos Núñez de Balboa y Los 39 para seleccionar a quienes pudieran integrarse en una asociación velada que resultaría un fracaso, pues de los setenta nombres que se barajaron solo quedaron en pie un par de ellos. Y me comentaba desairado Nicolás Franco: «Es vergonzoso lo que ocurre en este país; incluso dentro de los grupos más afines, todos vamos contra todos». En breve iba a celebrarse una reunión de Fraga, Silva, Areilza, Calvo-Sotelo, Cabanillas y acaso López Rodó, para organizar un amplio grupo del «posfranquismo blanco», del centro político, para diferenciarlo del «posfranquismo azul», a su derecha, que aglutinaría tendencias falangistas y gentes del Movimiento. A la izquierda quedaría otro gran grupo de facciones socialistas no vinculadas a la Internacional. Por otra parte, en Bruselas se preparaba una concentración «mini-Múnich» con asistencia de treinta personajes poco afectos al Régimen, entre ellos Joaquín Garrigues, Camuñas, Morodo, Tamames…

Me sorprendió que en entrevista de 10 de enero Calvo-Sotelo me pidiera opinión sobre la posibilidad y conveniencia de llegar a una gran asociación que agrupase a un buen número de figuras nacionales, que a su vez arrastrasen a todo el centro y centro-derecha y en la que unieran sus fuerzas Fraga, Areilza, parte de los Tácitos y acaso Silva Muñoz. A Pío Cabanillas le encontraba aún un poco verde y Fernández de la Mora terminaría integrándose en la derecha. A Calvo-Sotelo le había tocado la incómoda pero necesaria labor de «celestina».

El 25 de enero, José María Marco Cecilia, falangista de primera hora, quería transmitirme las opiniones de Raimundo Fernández Cuesta sobre la actualidad política, según las había recogido en reciente almuerzo con él. Sabía que se había llegado a una «entente» entre la Presidencia del Gobierno y el Consejo Nacional del Movimiento, y que al final el Caudillo había dictaminado de su puño y letra algo así: «Ante lo irreversible de las asociaciones, pase al Consejo Nacional». Fernández Cuesta no quería visitar a Franco con mayor frecuencia porque a SE ya no le preocupaban los temas como antes. Le encontraba físicamente bien, pero sin ejercer la voluntad, «aunque seguía mandando, estaba al margen de la política, o mejor, por encima de ella, y se sacrificará y sacrificará a quien sea, por el bien del conjunto de España».

Entendía Fernández Cuesta que había que apoyar el Estatuto, pues su fracaso no sería el de Arias sino el del Régimen. Don Raimundo pretendía reagrupar en una sola asociación a todos los grupos procedentes de Falange Española sin desear él el menor protagonismo y tratando de ayudar a los más jóvenes. No imaginaba de líder a José Antonio Girón, quien se escudaba en la incompatibilidad de su presidencia de la Confederación Nacional de Excombatientes, suponía que más bien patrocinaría su propio grupo político. A Fernández Cuesta no le gustaba la iniciativa de Diego Márquez Horrillo de recrear Falange Española sin contar con los demás falangistas. Reconocía que los grupos más jóvenes (Círculos José Antonio y Ruiz de Alda, Antiguos Miembros del Frente de Juventudes…) carecían de personalidades públicas conocidas y de un líder de primera fila para arrastrar a la gente. Ni siquiera Cantarero daba esa talla. Imaginaba que el grupo de consejeros nacionales jóvenes (Ortí Bordás, Cisneros, Elorriaga, Nicolás Franco, Oreja…) se iría detrás de Fraga al que consideraba capaz de «cargarse» las estructuras y el espíritu del Régimen.

A última hora de la mañana del lunes 27 de enero, tuve una larga conversación en el Ministerio de la Gobernación con Juan Luis de la Vallina, Secretario General Técnico para recoger sus impresiones sobre el asociacionismo político, que él centraba en la persona de Manuel Fraga, «republicano incluso después de la promulgación de la LOE y firme partidario del regionalismo», quien con la máxima ambición política iba a utilizar todos los medios a su alcance para la desaparición de la Secretaría General del Movimiento, la Organización Sindical, el Consejo Nacional y la representación orgánica en las Cortes. «¡Solo deja al Príncipe!». Una serie de grupos de fuera del Régimen le iban a usar como ariete para la demolición del sistema, incluso antes de la desaparición de Francisco Franco. Pensaba Vallina que no debería apoyarse tanto a Fraga desde el Poder; sin querer se estaba haciendo el juego a terceros en una situación general muy pesimista. Y me descubría el mal entendimiento entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno, así como entre este último y el presidente de las Cortes, en lucha sorda por sobrevivir en la alta política, y perjudicando con ello al Príncipe de España.

El presidente de Europa Press, Armero, me convidó a almorzar en el Club 31 el 27 de enero. Se movía profesionalmente en círculos habitualmente bien informados, pero buscaba como contraste lo que pudiera orientarle el SECED. Observaba que las asociaciones políticas eran tema preferido en las conversaciones de dirigentes por las repercusiones que podían tener a corto y medio plazo en la vida nacional; y le resultaba inconcebible el aparente apoyo que el Gobierno daba a Fraga. Este encumbramiento iba a arrastrar al conde de Motrico a unirse a él, «a apuntarse a lo que sea, antes de acabar su vida activa». En cambio, Silva Muñoz descartaba jugar a la candidatura de Fraga, lo que suponía un nuevo motivo de escisión entre los Tácitos gubernamentales. Me resumía José Mario Armero que Fraga jugaba a ganador.

La Asociación Nacional de Estudios de Problemas Actuales (ANEPA) no era más que un equipo de amigos en torno a Rodríguez de Valcárcel, asociación de la que no cabía esperar éxitos. El pragmático Joaquín Garrigues Walker estaba montando su «máquina de guerra» en provincias, pero Armero no le veía en condiciones de participar en la lucha política hasta pasados uno o dos años más, ni con posibilidad de utilizar gentes procedentes del grupo Tácito ni del Movimiento. Del mundo sindicalista nadie, excepto Solís Ruiz, podría arrastrar a sectores activos del ámbito laboral, por su garra y simpatía. Cantarero del Castillo presentaba la mejor imagen ante la izquierda europea, pero no tenía detrás hombres de talla personal. Antonio García López era un líder muy listo, pero concitaba grandes odios. Pepe Armero estimaba que Ruiz-Giménez debería participar en el asociacionismo como figura provechosa contra la creciente influencia del PCE. Terminó haciéndome un resumen de cuanto sabía sobre la «reunión de Bruselas», bien tratada por la prensa pero un fracaso de asistencia y con fuertes discrepancias entre los allí reunidos, algunos de los cuales ni siquiera quisieron saludarse.

El miércoles 5 de febrero me acerqué con el CTE Martínez Teixidó a visitar a Manuel Cantarero, presidente de los Antiguos Miembros del Frente de Juventudes para recogerle el programa de Reforma Social Española (RSE) que había presentado en el Consejo Nacional del Movimiento para constituir la comisión organizadora de esa asociación política. Pensaba en la dificultad de lograr las 25.000 adhesiones necesarias, pues sabía que desde la Secretaría General del Movimiento se habían difundido consignas a los Gobiernos Civiles, Sección Femenina, estructuras sindicales, etc., para que los pertenecientes al Movimiento-Organización no se adhirieran a RSE. Así que pedía al SECED una recomendación al presidente del Gobierno para que se suspendiesen tales órdenes.

Nos dio un repaso a otras asociaciones. Diego Márquez era un falangista utópico, situado siempre en cualquier oposición; ahora pretendía presentar al Consejo Nacional un programa que sin duda habría de ser rechazado. En otro ámbito, los jóvenes consejeros nacionales (Cisneros, Ortí Bordás, Elorriaga…) estaban derivando hacia Fraga. Nicolás Franco estaba en sintonía con Cantarero, pero a su asociación RSE no le convenía la adhesión de una persona tan vinculada a negocios internacionales. ANEPA no llegaría a ninguna parte. Al final se escindiría entre RSE y Fraga. Cantarero había recibido de este político un mensaje para integrarse en Reforma Democrática, algo que no tuvo en consideración. De Rodríguez de Valcárcel hizo su propia descripción: una buena persona, débil de carácter y muy influido por Girón, Pinilla, Romojaro.

Antonio Herrero nos comentaba el 6 de febrero en su Agencia Europa Press el reciente almuerzo de Carlos Pinilla, José Antonio Girón y García Hernández con López-Bravo para deliberar sobre el asociacionismo, y aprovechaba para ofrecernos su impresión sobre el momento político: el país estaba casi en fase de descomposición, sin autoridad, sin planes, sin hacer uso de los resortes del poder; la apertura se había planeado equivocadamente desde una posición de debilidad en vez de hacerlo desde la fortaleza que aportaba el Estado, mientras que el PCE estaba lanzando una ofensiva en todos los frentes, apoyado en una subvención europea de cuarenta millones de pesetas y buscando reivindicaciones sobre motivos inexistentes para forzar la subversión.

El martes 11 de febrero, Antonio Martínez Teixidó, Eugenio Muñoz y yo almorzamos en Riofrío con Diego Márquez Horrillo, presidente de los Círculos Doctrinales José Antonio, al que acompañaban Luis de Eguilaz, su vicepresidente primero, y Carlos Ruiz, presidente de los Círculos de Madrid. Habían presentado en el Consejo Nacional la solicitud de inscripción de Falange Española y de las JONS, con romántica añoranza de sus esencias más estrictas, entusiastas de un falangismo puro, pero careciendo de experiencia y madurez. No disponían del menor apoyo económico ni esperaban financiación de la Banca, pues propugnaban su nacionalización. La solicitud inicial al Consejo Nacional había sido rechazada y Márquez se proponía reiterarla. Nos criticaron duramente la actitud oficial hacia Manuel Fraga en su visita a Madrid desde la embajada en Londres y las consideraciones que el presidente Arias había tenido con él en un almuerzo, gesto que les parecía desalentador para otras asociaciones por la falta de igualdad de oportunidades. Por ello pedían se les facilitase una audiencia con Arias Navarro como aliciente para seguir por el camino del Estatuto.

Desde que vio la luz el Estatuto de Asociación Política, una de las claves del juego era la figura de Fraga, a la vista de la radicalización de los «azules» y del progreso del extremismo de la izquierda clandestina. Manuel Fraga había llegado a Madrid con idea de sondear al «poder» su planteamiento asociacionista y se vio sorprendido por la acogida del Gobierno: un almuerzo con el presidente Arias, los tres vicepresidentes y el ministro Secretario General del Movimiento. Otra comida en el Club Siglo XXI con varios ministros; la adhesión algo exagerada de León Herrera, ministro de Información y Turismo, en Barcelona a fines de 1974; rumores de que la figura y posibilidades de Fraga eran del agrado de S. A. R. el Príncipe de España, etc. Con la «operación Fraga», el Gobierno parecía querer contrarrestar las presiones azules.

El grupo de los incondicionales de Fraga (Cortina, Elorriaga, Milián, Mendo, De Pablos…) estaba convencido de que había que apoyarle por ser el único líder con sentido de autoridad indiscutible y racionalidad intelectual democrática, que podría propiciar el cambio sin traumas que parecía desear el pueblo; y le empujaban a salir a la luz cuanto antes, con un programa democrático que venían redactando hacía tiempo. Pero los posibles aliados (Areilza, Senillosa, Escudero Rueda, Cossío, Cabanillas, Oreja, Sánchez Terán, Fernández Ordóñez, Pérez Escolar, Tamames, Terceiro, Matías Cortés…) estaban asustados por el «meteoro Fraga»; así que tras el regreso de don Manuel a la embajada de Londres en enero, decidieron cambiar el terreno de lidia para poner condiciones y tranquilizar a los más próximos. En reuniones secretas —que no lo fueron nunca por el afán de protagonismo de algunos de los participantes— convinieron las exigencias a Fraga para colaborar con él, y reunirse en Venecia antes de que el embajador regresase desde allí a Madrid el 14 de febrero.

Todo ello enfrió el entusiasmo en Fraga y los suyos, y determinó que el proyecto de lanzamiento se demorase sine die. La víspera de su regreso a Londres, en enero, se reuniría, no obstante, con quienes parecían sus posibles aliados, varios de ellos miembros del grupo PROMESA (operación de 1973 que ya describí en mi anterior libro y a la que ya me he referido anteriormente). Pero Pío Cabanillas se distanciaba de la política, con sorpresa evidente para sus compañeros políticos, mientras sus incondicionales Cortina y Milián daban una rueda de prensa en la que hablaban de un juego gubernamental poco limpio.

Los citados como posibles aliados de Fraga Iribarne estaban convencidos de que era indispensable crear una infraestructura mínima eligiendo una docena de personajes que recogiesen adhesiones en las áreas centristas, liberales y derechistas, que fueran respetuosos con la figura del Príncipe y apoyasen el programa del presidente Arias, descartando las concomitancias gubernamentales con el sector «azul» (García Hernández, Utrera, Fernández Sordo…). Se manifestaban, en cambio, favorables a pactar con la llamada izquierda democrática, anticomunista, ilegal aunque tolerada, a la que calificaban «ala izquierda de la derecha de siempre» (Ruiz-Giménez, Tierno, Morodo, Ridruejo, García López, Chueca, Armero, Gil Robles, Álvarez de Miranda, Cavero…).

Entretanto, los «azules» —con su ancestral temor a Fraga— decidieron pasar al contraataque rasgándose las vestiduras al ver las intenciones de su 5.º borrador político, ya mejorado y menos conflictivo (reforma constitucional, sufragio universal para una Cámara al menos…) y reforzaron el Movimiento-Organización, nombrando delegado nacional de Prensa y Radio a Emilio Romero, que entonces disponía de un poder omnímodo (cadena de prensa y radio del Movimiento, control del diario Pueblo, de Ediciones Populares, de El Alcázar y acaso de Nuevo Diario y Noticiero Universal), y, sobre todo, que era considerado como el peor adversario de Fraga.

Mediado abril de 1975, José M.ª de Areilza había celebrado un almuerzo con Fernando Herrero Tejedor, Secretario General del Movimiento, quien, en términos muy humanos y correctos le había expuesto el pensamiento del Gobierno de apoyar exclusivamente tres asociaciones a las que la Secretaría General del Movimiento les ayudaría a buscar las veinticinco mil firmas necesarias tratando de evitar la inconveniente proliferación de asociaciones. Herrero Tejedor había confirmado a Fraga el propósito del Gobierno pensando en las elecciones del siguiente otoño, con el convencimiento de que ello no solucionaba por sí solo el panorama político nacional.

Como primer grupo político aparecía la Unión Democrática Española (UDE), promovida por Federico Silva, que se organizaba a base de gentes de la derecha de siempre (democristianos y propagandistas), prescindiendo de Gil Robles, Ruiz-Giménez, Álvarez de Miranda, Cavero y otros. Después figuraba la citada Alianza para el Pueblo, que pretendían montar Girón, Carlos Pinilla, Emilio Romero, Fueyo y otros y que quedaría en el centro del espectro político, pese a las pretensiones izquierdistas del falangismo histórico, se suponía que se integrarían en este centro «azul» la ANEPA de Rodríguez de Valcárcel y los tecnócratas de López Rodó, además de los Oriol, Fernández de la Mora y otros. La tercera pata de aquel planificado trípode político estaría constituida por Reforma Social Española de Cantarero, junto con antiguos miembros del Frente de Juventudes, y hombres del Movimiento-Organización y del sindicalismo vertical para cubrir la izquierda nacional.

Según comentarios que recogíamos en otros ambientes, se iba a excluir de modo suicida a la extrema derecha de Blas Piñar, a la derecha cristiana de la oposición, al centro liberal de Areilza, Fraga, Cabanillas, Barrera de Irimo, Garrigues…, al centro socialdemócrata de Fernández Ordóñez, Pujol, Trías Fargas, Pérez Escolar, Cortés…, a la izquierda socialdemócrata no subversiva de Ridruejo, Chueca, García López, a la izquierda socialista de González, Tierno, Morodo, Tamames, Castellanos… y a la extrema izquierda de Carrillo, García Trevijano y otros.

El conde de Motrico había reaccionado con vigor ante el asesinato en San Sebastián del subinspector de Policía José Ramón Sánchez, y por otro reciente atentado de ETA en Algorta. Entendía que el problema del terrorismo debía resolverse de una vez, porque la clase política vasca se sentía acorralada y el pueblo tenía la moral por los suelos. Había que tomar la decisión terminante —con la máxima reserva— de acabar con la banda, para lo que «bastaba con un puñado de hombres, mucho dinero y las necesarias complicidades internacionales»; llamar a capítulo a los nacionalistas para que dejasen de apoyar el terrorismo; y hablar mucho del País Vasco, desde todos los foros del poder, como región a tratar políticamente de forma adecuada.

En la tarde del 14 de abril, Antonio García López me insistía por enésima vez en su deseo de ser recibido por Juan Valverde y después por el presidente del Gobierno para exponerles personalmente su pensamiento político y futura actuación. Me limité en esta ocasión a trasladarle el criterio recibido del CTE Cassinello al respecto: que hiciese una propuesta concreta y que entrase por las vías del Estatuto de Asociación Política, si quería gozar de apoyos oficiales. Aprovechó García López para contarme su almuerzo ese mismo día con el matrimonio Díez-Alegría y otra comida, el miércoles 9, con un grupo de generales presidido por el TG Vega, al que había asistido el duque de Arión y que fue organizado por Gómez-Reino, consejero-delegado de Data SA[29]. Los temas tratados en esta última reunión incluyeron la entrega de poderes de Franco al Príncipe, ligeramente forzada por sugerencia de la Zarzuela, relatándome además un almuerzo de don Juan Carlos con un nutrido grupo de tenientes generales.

El día 18 de abril de 1975, el SECED invitó a Nicolás Franco a almorzar en Las Cadenas para obtener sus impresiones sobre la marcha de la política[30]. Asistimos Martínez Teixidó, Hernández Rovira, Churruca y yo. Entró en consideraciones sobre el jefe del Estado, con el que había pasado una larga velada familiar. Quería el Generalísimo escuchar a su hermano Nicolás y sobrinos Meca/Pascual de Pobil —que vivían en Évora— sobre la situación en Portugal; y a «Nicky» sobre asociacionismo, resultándole grato oír que su sobrino no tenía intención de adscribirse a ninguna asociación. También hablaron del previsto regreso de Fraga a Madrid, calificándole el Caudillo de «hombre con futuro, pero que tenga paciencia». Nos comentaba nuestro invitado estar recogiendo últimamente opiniones unánimes a favor del traspaso de poderes: los de dentro del sistema, por conservarlo; los de fuera, por la posibilidad de participar; el pueblo en general porque prefería tener a S. E. en el pasado que en el futuro. Aventuraba Nicolás que su tío podría ir entregando sus poderes, menos el mando supremo de los Ejércitos; pero quería dejar resuelto previamente el asunto del Sáhara y la nueva legislatura.

Contaba Franco Pascual de Pobil que los consejeros jóvenes del Movimiento Ortí Bordás, Martín Villa, Cisneros, Sánchez de León y otros se habían reunido a cenar para convenir no formar asociación política, pues cada cual tenía sus propias pretensiones. Nicolás pedía extender a los consejeros nacionales las incompatibilidades dispuestas para los procuradores en Cortes; y lo mismo para los famosos cuarenta de Ayete de designación del jefe del Estado. Esperaba que, en el próximo relevo de este grupo, el Caudillo consultase con Arias Navarro y Herrero Tejedor, quienes a su vez deberían intercambiar opiniones con el Príncipe. El relevo de titular en la Secretaría General del Movimiento lo describía como un éxito de Carlos Arias al lograr del Generalísimo el cese de Utrera Molina —que no actuaba— y el nombramiento de Herrero Tejedor, hombre ponderado, con mano izquierda y con actuaciones relevantes en el Consejo de Ministros. Del proceso asociacionista, que discurría lento y flojo, veía deseable contar con la participación de Silva, Fraga, Areilza… y la Falange, interesando los personajes políticos que podrían facilitar la Transición, y de los que nos haría una pormenorizada relación.

Los CTE, Faura, Martínez Teixidó y yo comimos el 26 de abril de 1975 en Las Reses con Antonio Oyarzábal. Nos contó haber sido reprendido por el ministro Carro, y este por el presidente, a causa de un informe sobre la posible entrada del PSOE en el juego político, escrito en papel impreso de la Presidencia del Gobierno y del que solo se habían confeccionado tres únicos ejemplares: para Jáudenes, Romay y Valverde. Así que Oyarzábal, sin expresarlo, pensaba que Carlos Arias se había enterado de ello por nuestra vía. Oyarzábal percibía que el presidente había cambiado de carácter, estaba nervioso, encerrado en su despacho y anulando la labor de equipo que se venía haciendo en Castellana, 3. Nuestro diplomático se nos mostraba muy partidario de Fraga Iribarne.

En aquella primavera varios miembros de la Junta Democrática (Vidal Beneyto, Calvo Serer…) viajaron a Nueva York para exponer sus preocupaciones e intentar convencer a dirigentes políticos americanos de que la «solución Juan Carlos» era absolutamente inviable; igual harían en visita a Poniatowsky, ministro francés del Interior. Diversos círculos españoles pedían entonces cerrar el paso a la JDE y a cualquier otro intento de provisionalidad revolucionaria, a base de emplear, como contrapartida dentro y fuera de España, las mismas armas que ellos. Nos refería José Mario Armero, el 2 de junio, que la Junta Democrática Española desarrollaba una preocupante actividad, con audiencia en ámbitos universitarios e intelectuales, presentándose como única opción para el postfranquismo. Armero había rechazado incorporarse a ella y Ruiz-Giménez estaba, en cambio, acercándose más y más. Por su parte, José M.ª Gil Robles no veía posible la evolución del sistema político.

Aunque el asociacionismo que se gestaba en Madrid producía decepción en Cataluña por la sensación de sucursalismo, Jordi Pujol i Solei[31] se mostraba favorable al juego asociacionista promovido por el Gobierno como una única solución posible para el cambio. Consideraba necesario un grupo cristiano-demócrata de cierta oposición al sistema, con un espectro más abierto y propiciando el cambio desde dentro hacia el futuro. Pujol iba a reforzar su figura política de nacionalismo no separatista, en conferencias en Zaragoza y Sevilla en aquella primavera.

También Calvo-Sotelo me haría el 5 de junio alguna sugerencia sobre las asociaciones: entendía que a líderes como Fraga, Areilza, Silva, López-Bravo, López Rodó y otros habría que agruparlos para que apoyasen a un presidente, «el que sea», desde un solo partido en el que naturalmente no entrarían dirigentes del PSOE ni otros de izquierda como Ruiz-Giménez o Tierno Galván que estaban pidiendo la rendición del Régimen sin condiciones y no percatándose de su disparate, pues el poder era mucho más fuerte de lo que imaginaban. En una audiencia en la Zarzuela, el Príncipe le presentó a un grupo de socialistas al frente del cual iba Luis Solana, y me hacía Calvo-Sotelo el comentario siguiente: «Esta gente estaba muerta de ganas de ser vista en la Zarzuela y en ambientes oficiales abiertos; deseaba dejar de una vez su vida política en la clandestinidad». Salió a relucir Herrero Tejedor, a quien Leopoldo Calvo-Sotelo consideraba estar dando la mejor imagen en las Cortes, interviniendo con gran autoridad, haciéndose escuchar con atención e impulsando desde la Secretaría General del Movimiento gestiones para aunar esfuerzos.

En vísperas de iniciar las vacaciones, acudí el 27 de julio a California 47 a una cita con Antonio Oyarzábal. Buen amigo de Fraga, sabía que finalmente este iba a colaborar con el sistema; había tenido una audiencia en el Pazo de Meirás, que poco había trascendido. Oyarzábal había entendido a Fraga que el Generalísimo había hablado de Gran Bretaña y, sobre todo, de Portugal; después Fraga le expondría la necesidad de proceder con urgencia a la reforma política, momento en el que Franco se salió por los cerros de Úbeda, dando por concluida la audiencia. Seguía contándome que Arias había exhortado a Solís a dar el máximo apoyo a Cantarero para potenciar un socialismo dentro del Régimen, al que se contrapesase con una asociación de derechas (Unión del Pueblo Español, UDPE) y otra de centro bajo el liderazgo de Silva Muñoz; le parecía bien que hubiera surgido una asociación netamente falangista, cuya denominación parecía ser Frente Español.

Al regreso del veraneo, el miércoles 27 de agosto de 1975, me reuní con Armero en Riofrío. Me traía la noticia de la intención del ministro Solís de nombrar a Fraga presidente de la UDPE previa fusión con otras asociaciones con las que conformar un macro-partido que diera continuidad al Movimiento, algo del estilo de la UDR francesa. En este montaje se incluía a las gentes de Silva y Monreal. Entendía Armero que el Gobierno y el sistema tenían que ser beligerantes en la contienda política. Lo absurdo sería mantenerse al margen. Y naturalmente preveía con gran convencimiento que Fraga sería, acto seguido, designado presidente del Gobierno. Me hizo unas alusiones al decreto-ley contra el terrorismo: se manifestaba gratamente sorprendido por el texto definitivo y se preguntaba quién habría sido la mano correctora. Pero había que evitar abusos gubernamentales en su aplicación; la prensa estaba a la expectativa.

Antonio García López me invitó a almorzar en Valentín el viernes 29. Había visitado meses antes a Herrero Tejedor, Adolfo Suárez, Emilio Romero, Fernández Ordóñez y otras personalidades de la política activa, a quienes había hablado de la USDE tras el fallecimiento de Dionisio Ridruejo y la escisión ocurrida en el partido, con oposición interna de Chueca; pero confiaba en la organización de un partido socialdemócrata importante que reuniría a catalanes, vascos y no marxistas de la Plataforma de Convergencia para luchar contra el PCE, y aceptando la figura del Príncipe como única solución viable de futuro. Ahora reiteraba una visita al director del SECED para que este le facilitase audiencia con el presidente Arias, a la que acudiría con Fernando Álvarez de Miranda y otros dirigentes del centro-izquierda.

Un mes después, Atienza, González Soler y yo nos reunimos el 29 de septiembre con Manuel Cantarero en Jai-Alai. No había remitido el furor asociacionista. Encontraba a José Solís más efectivo y pragmático que Herrero Tejedor en el lanzamiento de las asociaciones políticas; en cambio, la prensa estaba jugando un papel desastroso. Particularmente se quejaba del daño que hacía Cambio 16, publicación en la que González Seara, De Miguel y Meliá, que tanto habían recibido del Régimen; se ubicaban ahora más a la izquierda que la izquierda de siempre y jugaban a promocionar la Federación de Estudios Independientes S. A. (FEDISA). Cantarero nos calculó las necesidades financieras de su Reforma Social Española, que rondaban los cincuenta millones de pesetas anuales, más o menos como los demás grupos; pero seguía con la esperanza puesta en un éxito electoral que le proporcionase treinta procuradores en Cortes. Pensaba en la posibilidad de absorber a los seguidores de la USDE de García López; y lo mismo a la gente de Márquez Horrillo. En cambio, los militantes de FNE acabarían integrándose en UDPE.

Estas breves pinceladas de los numerosos contactos abiertos que mantenía el SECED pueden dar idea de las variadas, contrapuestas e incluso desconcertantes opiniones que circulaban en España entre los cabezas de fila de tanto grupo político en aquel último año de Francisco Franco. El rápido y profundo agravamiento de su salud en el segundo semestre les obligó a paralizar tanto conciliábulo sobre el asociacionismo ante la sensación de ser inminente «el cumplimiento de las previsiones sucesorias». Pronto se iba a desatar la pasión política por la creación de partidos con los que pujar en la futura democracia parlamentaria.

5
NUEVA FILOSOFÍA DE FUNCIONAMIENTO
EN EL SECED

Al iniciarse la etapa Valverde, se produce una incorporación fluida de nuevos directivos, con mentalidad más dispuesta a aceptar las reformas políticas anunciadas el 12 de febrero por el presidente Arias. Algunos debieron alertar a Valverde sobre la conveniencia de ir buscando relevos que cubrieran las vacantes que habrían de producirse en puestos importantes del Servicio.

Pues bien, en el mes de abril, la Dirección del SECED había encomendado al Gabinete de Acción Psicológica un «curso de formación» de directivos, al estilo de los cursos Ímpetu de la etapa anterior, que se celebrarían en El Escorial bajo las siglas «CF-74-1». Se difundieron las correspondientes instrucciones, así como la documentación a utilizar: fundamentalmente el libro Subversión y reversión en la España actual de Cassinello[32], quien actuaría en la 2.ª ponencia del curso (precisamente bajo ese mismo título). La Secretaría General del SECED había tomado contacto con dicho comandante, obteniendo su acuerdo para esa colaboración pedagógica que se le pedía; era habitual contar con antiguos miembros del Servicio para impartir conferencias de formación de directivos. El libro no se vendió en la calle, aunque sí se distribuyó entre ministerios militares y el Alto Estado Mayor. Cassinello tuvo ocasión de actualizar conceptos de libro, para el curso de El Escorial, tras los últimos acontecimientos subversivos y terroristas.

La fase de presentación del «CF-74-1» se llevó a efecto a mediados de junio y las charlas de Cassinello gozaron de una acogida excelente entre los concurrentes, lo que provocaría que en julio varios miembros del SECED le animasen a reincorporarse al Servicio. Cassinello maduró en aquellos días su informe Ante el cambio y se lo presentó informalmente al general Ricardo Arozarena, dada la vinculación orgánica del CESEDEN con el AEM, logrando su conformidad con el contenido. Sin embargo, no pudo hacerse llegar el documento, por esa vía, hasta el presidente del Gobierno, como era deseable.

EL DOCUMENTO «ANTE EL CAMBIO»

Como ya comenté al tratar «La política de personal», pese a valiosas incorporaciones a la plantilla en aquellos primeros meses de 1974, la principal contribución al cambio de mentalidad se produciría después del verano con la recuperación del comandante Andrés Cassinello para la jefatura de la División de Operaciones (DOP), gestada en junio en larga entrevista con Valverde, durante la cual, Cassinello le haría entrega de una nota extensa sobre el delicado momento por el que atravesaba España.

Así lo describía años después personalmente el teniente general Cassinello en un libro sobre Adolfo Suárez[33]: «Yo había pasado unos años en el SECED, entonces mandado por San Martín, pero me alejé de él y llevaba dos años en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), madurando mis impresiones de los años anteriores y meditando sobre el futuro de España, cuando Juan Valverde me pidió que volviera a mi anterior destino en Presidencia de Gobierno. Acepté volver, pero condicionado a la aceptación de un documento elaborado por mí, titulado Ante el Cambio, en el que volcaba todas mis ideas sobre el futuro (…). Ese documento fue mi tarjeta de visita (…). Después hubo otros muchos contactos en los que su afabilidad y la sintonía de pensamiento dio origen a una fuerte amistad».

En el año 2004, Francisco Medina[34] hizo una cita sencilla a aquellos contactos. «Le hablan tan bien de él que Valverde pide conocerle. Al acabar su entrevista, el aún novato director del SECED pide a su interlocutor que regrese al Servicio. Cassinello le pone una única condición: que acepte como líneas maestras de su actuación un documento que le pone en las manos y que tiene como título “Ante el cambio”. Valverde lo piensa poco: al final del verano de 1974 nombra a Andrés Cassinello director de la División de Operaciones, el gran órgano pensante del Servicio». (Cabe objetar que Valverde y Cassinello ya se conocían como oficiales de Infantería de promociones sucesivas). También Calderón y Ruiz Platero[35] aportan su comentario al documento Ante el cambio: «En él su autor apostaba “por el cambio”, pero “promovido como acción de gobierno”. Añaden que Valverde lo aceptó como “base filosófica de actuación y que Gutiérrez Mellado “también lo aprueba”, tras una entrevista con Cassinello de varias horas (…)».

La docena de apretados folios que bajo ese título escribiría el comandante Cassinello en junio de 1974, antes de su reincorporación al SECED (en los que con rigor y no poca audacia hacía planteamientos mucho más avanzados que el presidente Arias con su titubeante política aperturista), estaba en sintonía con lo expuesto por las ponencias del Servicio en la reciente primavera. El documento iba a suponer después un punto de inflexión en la transformación del SECED y reorientación de sus actividades.

Empezaba el documento con esta Introducción: «La llamada “apertura” es un fenómeno social extremo y profundo. Supone, en nuestros días, una actitud general de la sociedad y una postura política del Gobierno (…), que incide directamente en el fondo y en la forma de los entrelazados problemas de la subversión y la reversión. Es obvio que la situación no es la misma que hace veinte años, pero es que tampoco se asemeja nada a la que vivíamos hace tres, dos o incluso uno (…); ello obliga a un replanteamiento serio de nuestra postura (…). Es muy discutible que los mismos métodos puedan servir ahora (…). Son tiempos confusos. Medio-rumores de pactos políticos, medio-evidencias de pactos sindicales, aparición pública de partidos políticos prohibidos (…), defensa desigual de los separatismos e igual valoración de la violencia terrorista que de la defensa de la ley por las Fuerzas de Orden Público, justificaciones de las dictaduras marxistas como “el no va más” de la democracia (…). Existen unos recursos formidables del Estado, junto con una grave desgana para emplearlos; un pueblo sano en sus convicciones pero cansado de su paciente espera; un Ejército unido pero interrogante respecto de su papel futuro (…); masas medio satisfechas y medio rebeldes, medio ilusionadas y medio desesperadas al mismo tiempo. Pero es nuestro tiempo, nuestro ambiente, nuestro campo de lucha. Cerrarse a lo evidente es empeño inútil. Y es preciso afrontarlo, conscientes del riesgo que se corre y pese a él».

A continuación, Cassinello exponía su Planteamiento General, preguntándose cómo «abrir las compuertas de un pantano para regar el valle sin que se inunde. No se oculta la gravedad de asumir, desde el poder, la dirección de unas acciones (…). La decisión de cambiar desde el poder es la única viable, si se desea impedir que ese cambio suponga la ruptura total de la continuidad, decisión que implica siempre un juego cambiante de adhesiones y defecciones (…). El panorama puede parecer desconsoladoramente pesimista (…), si no concurrieran las siguientes circunstancias. Primera, no olvidar que se da por absolutamente necesario acometer el empeño y que este se asuma desde el poder (…). Solo el convencimiento absoluto de que el cambio es necesario, como medio de cimentar la futura convivencia sobre bases más firmes, puede justificar su asunción (…); son momentos históricos de múltiples opciones posibles, de las que algunas necesariamente han de ser rechazadas inmediatamente (…). No se trata de inventar un cambio, sino de canalizar un deseo confusamente intuido (…). Quien tiene el control legislativo, policial y económico del país se encuentra a años luz de posibilidades sobre las que detenta cualquier grupo político, clandestino o abierto.

»La segunda circunstancia es que se trata de arbitrar una situación futura. Ir preparando lo que entonces va a ser necesario, aunque sabiendo (…) que ahora puede implicar ciertos y graves riesgos. Pero ha de ser un riesgo calculado, medido (…). La aventura (…), ha de plantearse dentro de la más fría racionalidad (…). Desde el poder la acción ha de ser coherente. Cambiar sin romper exige la definición clara del qué y del marco de la acción (…). ¿Cuál es la esencia del sistema que se quiere perpetuar? ¿Dónde están esos límites finales que han de mantenerse con toda firmeza? (…). Terrible programa a trazar con toda claridad, aunque no sea aconsejable revelarlo en toda su crudeza, antes del plazo en que sea viable, pero que necesariamente ha de ser conocido y compartido al más alto nivel por el equipo del poder que ha de protagonizarlo. Necesidad obvia para la unidad de acción. Puede ser la decisión de gobierno más difícil de acometer y aún de realizar».

Con este panorama político-filosófico, Cassinello entraba en las Peculiaridades del caso español, afirmando que «el sistema político establecido (…) fue una herramienta formidable en años pasados, que despertó grandes esperanzas de justicia y desarrollo y arrastró grandes sectores de la población, pero se ancló sin desplegar todas las posibilidades de auto perfeccionamiento que había creado consigo mismo (…). La degradación de la guía carismática del Caudillo (…), la corrupción moral, la desafección de sectores cada vez más amplios (…), la crisis de la unidad nacional (…), todo evidente en nuestras conversaciones íntimas, aunque saltemos indignados cuando esa misma imagen se nos presenta desde afuera (…), son detalles externos de la degradación interna del mecanismo político, minado más aún por la falta de fe de muchos aupados en el poder que por la dureza de los ataques del enemigo (…), enemigo tenaz e implacable derrotado por las armas en nuestra Guerra de Liberación, pero resucitado en ideas y emociones en los complicados años inmediatos de nuestra vida (…). Hay que reconocer que los llamados inmovilistas son tremendamente consecuentes: son los únicos congruentes con la situación, viven acordes con hoy y ayer (…). Los involucionistas viven inmersos en un mañana todavía no real, en disonancia con la verdadera situación de hoy. De ahí el serio problema de una gestión del Gobierno que ha de mantener el equilibrio exacto entre la creación de la herramienta y de su posibilidad de empleo. Todo en un hoy, siempre cambiante, donde nos jugamos la esperanza de mañana. Es cierto que las armas de ahora no nos servirán después, pero sería suicida abandonarlas».

Cassinello hacía un repaso al panorama nacional sobre el que incidía, a su juicio «una grave presión exterior, una difícil coyuntura económica, una juventud con evidentes signos de crisis de patriotismo, pero que nos mira (…). Sin embargo, hay esperanza y hay futuro. Ante nosotros se ofrece una tarea arriesgada, difícil y dolorosa. No se nos puede convocar (…), sino para construir una nueva era de paz y convivencia que llene más de una generación. Hay armas para ello. El derrotismo de los que piensan que ya es tarde se compensa con las menguadas fuerzas de un adversario que todavía no puede (…). Las posibilidades son ingentes. Falta solo ponerlas en ejercicio».

Pasaba el comandante Cassinello a su última parte el Programa de reversión, preguntándose cómo plantear la reversión dentro de una filosofía general de cambio y considerando inútil recurrir a viejos esquemas: «O se participa en la marcha emprendida o se limita la acción a una simple represión». De todo el análisis anterior extraía finalmente las once tareas del SECED, de las que destaco en resumen las cinco siguientes:

Una participación activa en las tareas de organización de la moderación, que puede descomponerse en sugerencia al Gobierno de los plazos razonables, de las metas posibles y del riesgo que lleva consigo cada decisión; un plan de acción sobre la población y los grupos, para provocar un futuro distinto, controlado, buscado y dirigido; y un plan de coordinación para que este esfuerzo no se diluya en mil organizaciones distintas, riesgo evidente que es necesario superar.

Llevar a cabo un estudio profundo y completo de los grupos políticos, incluso de los más o menos clandestinos, para que los riesgos que se acepten sean precisamente los calculados.

Con prioridad por su trascendencia, afrontar el tema del separatismo. Se precisa partir de un estudio profundo y completo del mismo, que abarque los aspectos históricos, culturales, económicos y emocionales del mismo. Solo después podrá abordarse la decisión, fundamentalmente política, en que ha de basarse su solución. Si el robustecimiento de la idea de unidad nacional debe ser alcanzado a través de una descentralización regional o reforzando el centralismo, habrá de ser decidido como consecuencia de ese estudio y no antes.

Continuar con la vigilancia para impedir la implantación de una dictadura marxista. Es preciso sentar radicalmente que el comunismo no puede autorizarse en España, como tampoco se autoriza el nazismo en Alemania. Aquí el límite es claro.

Autentificar las leyes, sanear la imagen del Régimen mediante una política enérgica de persecución de la evasión de capitales, del fraude fiscal y de los superbeneficios obtenidos en una desleal gestión pública. Se precisa una imagen limpia que hemos de lograr.

Dedicar una cuidadosa atención a la Iglesia. La parcialidad de algunos de sus miembros ante el separatismo, la crítica vejatoria de las FOP y la hostilidad frente al sistema harán necesaria una acción inteligente y cautelosa. Pero hemos de aceptar que su denuncia de una situación de injusticia es legítima; que cumple con su función sobrenatural cuando pide la participación de los ciudadanos en las tareas de gobierno (…). Ayudar a capacitar a sus hombres para luchar contra la subversión en sus ambientes (…). Crear instituciones paralelas clandestinas con carácter general es un despropósito.

Terminaba el texto reiterando su proyecto de sentar unas bases mínimas que sirvieran de orientación general a la tarea futura, «tarea difícil, peligrosa, llena de obstáculos e incomprensiones, pero… vale la pena». Casi medio siglo después sorprende hoy la exposición de la idea de un cambio controlado como esperanza de futuro, como causa admiración la crítica leal del sistema en cotas insospechadas en la época y momento en que se hacían. Pero era un examen de conciencia para quienes ejercían el poder y una orientación de rumbo que parecía requerir el SECED. Hoy día merecerían ser tenidas en cuenta tantas observaciones sobre la unidad nacional, el separatismo, la corrupción, la desafección política, etc., de plena actualidad desgraciadamente.

EL PLAN GENERAL DE REVERSIÓN

El comandante Cassinello se incorporaba como jefe de la DOP, y por su experiencia anterior en el SECED y su conocida capacidad teórica y organizativa, su reintegración iba a suponer la modificación de la doctrina general del Servicio: sin abandonar la posición antisubversiva inicial, basculando hacia un cambio de actitud ante las actividades clandestinas en el que primaran las recomendaciones reversivas. En septiembre de 1974, Valverde y Cassinello habían convenido la nueva orientación del Servicio, que no era otra que hacer posible el cambio político controlado, tímidamente expuesto por el presidente Arias el 12 de febrero. El 7 de octubre, Andrés Cassinello acompañaría a Valverde y otros dos directivos a la presentación que se haría a Sus Altezas Reales los Príncipes de España sobre la esencia y actividades del SECED.

El día 19, el nuevo jefe de la DOP enviaría nota a las Delegaciones, Subdelegaciones, Sectores y GAP solicitando con urgencia un Estudio de la situación para hacer el planteamiento de las acciones a desarrollar, dentro de un plan general de reversión, para lo cual era necesario «el conocimiento cierto de los grupos y fuerzas que se mueven dentro de la sociedad». Y se anunció que las Bases mínimas del Servicio, en proceso de revisión, estarían listas para discusión en la próxima reunión de delegados. Igualmente se divulgaba la Directiva sobre reestructuración del Servicio, especie de mini-estatuto que habrían de suscribir los directivos al incorporarse al SECED en plena dedicación, algo así como un compendio de sus deberes y derechos.

Hito importante en el renovador impulso del SECED fue la nueva reunión general de delegados regionales, que tuvo lugar ese otoño de 1974 en la nueva sede de Castellana, 5, recién inaugurada. Una nota interior, de fecha 26 de octubre, convocaba a todos para el inmediato día 29, sesión que, por vía de urgencia, sería ampliada a la tarde anterior y mañana posterior. El programa consistía en las materias siguientes: Situación actual del Servicio (a cargo del director), Plan General de Reversión (por el jefe de la División de Operaciones), Prestación de apoyo técnico a las Delegaciones (por el jefe de la División de Información) y Presupuesto para 1975 (por el Secretario General). Valverde, comenzó por hacer un balance de los últimos seis meses tanto en la actualidad del país como del Servicio, aludiendo a la coordinación interna del SECED delegada en el jefe de la DOP.

El tema referido a la reversión resultó el más controvertido pues, de entrada, algún delegado no aceptaría de buen grado los planteamientos que se le habían hecho en las últimas semanas, tales como la subordinación orgánica de los delegados a la DOP en vez de al director, como se venía haciendo, aunque también estaban presentes otros problemas de índole ideológica. A la tensión de los últimos meses se añadía el cansancio psicológico acumulado a lo largo del año por tantos acontecimientos políticos e incluso económicos, que hacían tan preocupante el horizonte nacional. Cassinello hizo su reflexión: la situación política era distinta de la de hacía año y medio, incluso diferente de la que se vivía hacía meses e incluso semanas, por lo cual pedía que los concurrentes se colocasen en la verdadera razón de la convocatoria, en el marco de una situación real, no utópica. Coincidía con el panorama desolador que se había pintado antes, alrededor de las fuerzas organizadas del Movimiento, inexistentes, lo que consideraba muy grave por tratarse del único apoyo institucionalizado que había hecho posible hasta entonces la pervivencia del Régimen. Esto le llevaba al convencimiento de que la perpetuación del sistema, tal como lo habíamos conocido, resultaría inviable, y que la única solución posible que alejase de España los azares de repetir la historia era generar dentro de él una situación de cambio controlado que hiciese posibles nuevos apoyos y adhesiones.

Tal introducción a la presentación de los diversos sectores, hecha en la presencia de Valverde, confería autoridad a los criterios del jefe de la División de Operaciones. Directivos responsables de los sectores explicaron a los delegados su apreciación de la situación en sus ámbitos. Pero la exposición del ámbito Político-Económico venía a llenar un hueco en la información descendente, de vital importancia para los reunidos, ya que ellos cimentaban su prestigio ante sus autoridades regionales sobre la base de una información privilegiada suministrada por la Central. Se les habló de los escasos y exiguos grupos políticos, más o menos tolerados entonces (tales como ANEPA, Tácito, Desiderio —el Tácito catalán—, la Confederación Nacional de Excombatientes, etc.), únicos dispuestos a jugar sus potenciales bazas políticas en el reducido marco de las Asociaciones del Movimiento; los democristianos y los autocalificados socialdemócratas de la Unión Social Demócrata Española (USDE) se negaban a entrar en nada que estuviera integrado en el Régimen. Y naturalmente se comentarían los rumores tras los ceses de los ministros Cabanillas y Barrera de Irimo.

Por su parte el secretario general, capitán José Peñas, aludió a que, en mayo anterior, el presidente Arias había aceptado incluir una partida de gastos reservados para resolver definitivamente los problemas económicos más acuciantes del Servicio. Ello permitiría al SECED, entre otras ventajas, independizarse de la Organización Sindical, que venía sufragando los gastos del Sector Laboral y sus oficinas, ejerciendo en cierto modo una tutela poco cómoda para el Servicio. En el mes de diciembre de ese año de 1974 se tramitaría una propuesta de inversiones para que fueran incluidas en el IV Plan de Desarrollo, aprovechando la feliz circunstancia de que el secretario general del Ministerio de Planificación y Desarrollo, era el capitán Leandro Peñas Varela, anterior director adjunto del SECED con San Martín.

Solo un mes después de la reunión de delegados se les hizo llegar, como al resto de los órganos centrales, con fecha 2 de diciembre, un documento de la DOP titulado Bases de la Reversión, compendio del escrito denominado Ante el cambio, que expresaba el carácter del Servicio, con la siguiente referencia a la OCN: «Organización especializada… de carácter clandestino, que opera en todos los ámbitos del país excepto en los militares». El artículo 2.º le relacionaba íntimamente con la defensa activa de la seguridad nacional e integridad del territorio, en línea con una de las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas en la LOE. En el 5.º se decía que «los mandos de las diferentes unidades del Servicio no suponen rango administrativo alguno», sino simplemente áreas distintas de responsabilidad y trabajo, «de carácter secreto», de modo que el jefe, según el artículo 6.º, estaba facultado para designar todos los mandos «de acuerdo con la mejor conveniencia del Servicio» y así «conciliar en lo posible los factores de idoneidad para el puesto, antigüedad y representación proporcionada de los tres Ejércitos». Según el 7.º, el personal podría estar integrado tanto por militares profesionales como por miembros de las Fuerzas de Orden Público y funcionarios civiles, cuya selección se efectuaría por libre elección; y añadía la posibilidad de contratar personal civil no funcionario. El artículo 8.º se refería a quienes se incorporaban en aquellos días: pasarían destinados al Alto Estado Mayor por orden secreta y, en comisión de servicio, en la Presidencia del Gobierno. Especificaba el 10.º que la dedicación sería exclusiva; en compensación, el personal percibiría unos complementos extraordinarios cuya cuantía quedaría fijada en función de la responsabilidad del puesto de trabajo y de su grado de preparación. El 13.º hablaba del tiempo de permanencia mínimo en el Servicio, que sería de dos años desde el inicio de la plena dedicación.

Asimismo se difundían en el SECED las Bases mínimas de funcionamiento del Servicio, estructuradas en dieciséis artículos. La nota interior de remisión mencionaba que los directivos deberían devolver el documento firmado, tras leerlo y, que en caso de no aceptación, lo comunicaran al secretario general. Así era de serio y tajante el asunto, tanto que a lo largo del año 1975 se produjo un constante goteo de bajas, algunas directamente relacionadas con ese requisito de firma. Las «Bases» se convertían así en una especie de normas de actuación de los directivos en plena dedicación; un mini estatuto de personal, con deberes y derechos, que sería ya compromiso para los que se incorporasen al SECED a partir de entonces. La desconcertante alusión a metas indefinidas y fronteras difuminadas en la subversión, hasta entonces tan claras, en tal situación de cambio controlado requería cierta tolerancia para organizar la moderación; así que una de las funciones más importantes a realizar por la OCN habría de ser la valoración de los grupos políticos y sociales en aquel futuro inmediato.

En esas «Bases», el jefe de la DOP dedicaba una serie de recomendaciones a sus sectores. Al Sector Laboral le señalaba como prioridad inmediata el seguimiento de las ya próximas elecciones sindicales, debiendo huir de cuanto supusiera inventar un programa político o improvisar un movimiento obrero paralelo. Al Sector Religioso-Intelectual, aun reconociendo que se trataba del tema más difícil de abordar, le hablaba de la conveniencia de cambiar de raíz el planteamiento. En el análisis se definían claramente dos grupos antagónicos: los «marxistizados» y los integrados en la Hermandad Sacerdotal. En medio se hallaba el grupo más numeroso, respetuoso con la jerarquía eclesiástica y expectante. De modo que, si la línea general de la actuación política en el país era la de organizar la moderación, la OCN debería materializar ese propósito convirtiendo en blanco preferente de la acción a ese grupo intermedio y numeroso, ajeno a planteamientos maximalistas. El documento puntualizaba la necesidad de examinar con mayor objetividad nuestro asesoramiento ante mayor número de obispos y, además, encontrar la forma más apropiada de comunicación y rehuir enfrentamientos frontales con las jerarquía. Al Sector Educativo el documento le pedía preparar con tiempo las elecciones estudiantiles del año siguiente, intensificando las acciones positivas, y al Sector Político, un contacto estrecho con las Delegaciones Regionales para apoyar el proyecto de Estatuto de Asociaciones, que se aprobaría muy poco después (18 de diciembre de 1974) y que resultaría mucho más restrictivo que el esperado. En cuanto al separatismo, Cassinello creía llegada la hora de abordar un planteamiento científico, un estudio más riguroso y rico, con la constitución de un gabinete de expertos en historia, economía, política y antropología, que pudieran dictaminar sobre la incidencia de las medidas del Gobierno.

Las reacciones en relación con las Bases de la Reversión no se hicieron esperar, algunas bastante críticas; la batalla por la reorientación del SECED se adivinaba larga a fines de 1974. La exposición de Cassinello en la última reunión general y el texto de las «Bases» habían tenido efectos contradictorios. Era la primera vez que se daban directrices para las actividades reversivas de la OCN ¡reclamadas tanto tiempo! Pero las ideas reformistas chocaban con la ideología integrista o continuista de buena parte de los destinatarios. Se aplaudía la valentía e intención del jefe de la DOP en afrontar algo tan espinoso y difícil, pero algunos consideraban que adolecía de defectos graves de fondo y forma. Todo ello dio ocasión a muchas reuniones posteriores para discutir aspectos y concordar medidas posibles. Un proceso de cambio que parecía entonces tan profundo, no podía saldarse simplemente con una reunión general de un par de días en Madrid y con un escrito posterior. Era lógico que aún madurase en la cabeza de los directivos durante meses, aunque desde el primer momento se iniciara la puesta en marcha de todas las medidas y orientaciones impartidas desde la Central.

Al mes siguiente el SECED difundiría entre sus miembros las Guías Generales de actuación para la División de Operaciones, de fecha 9 de enero de 1975. El jefe de la DOP explicaba en dichas Guías que se trataba de recoger el espíritu de las observaciones remitidas por los directivos. No intentaban ser una guía rígida, sino flexible, necesaria para dirigir y orientar acciones futuras. El documento constaba de siete apartados, tres de ellos tomados de Ante el cambio, con ligeras modificaciones de estructura: la Introducción, el Planteamiento General y las Peculiaridades. El apartado 4.º se refería al Plan General de Reversión, las opciones y los planteamientos, el marco de actuación, y los indicadores útiles. El 5.º desarrollaba los temas generales: las relaciones con las FAS, los separatismos y la justicia social y la actitud frente a la corrupción de las personas, la sociedad y las instituciones. Resumía en el apartado 6.º la acción de los Sectores de la División de Operaciones (Religioso-Intelectual, Laboral, Educativo, Político y Gabinete de Acción Psicológica). Y, por último, el 7.º decía que la DOP participaba por doble vía en la explotación de informes para Autoridades y en el desarrollo de acciones propias; y remarcaba la importancia de la valoración para no incurrir en errores. En cuanto a acciones propias se citaba la desestabilización de las bases de ETA al Sur de Francia mediante las sugerencias oportunas de acciones de Gobierno.

Así la maquinaria central del SECED se ponía en funcionamiento para divulgar cuanto antes unos criterios que deberían ser la doctrina en la nueva etapa, que se presumía complicada, para la cual sería indispensable la unidad de pensamiento. El Servicio había dedicado su mayor esfuerzo y prioridad en comunicarse con sus hombres. De ello iba a depender el futuro del SECED. El director Velarde multiplicó sus entrevistas y despachos con autoridades y personalidades nacionales —como quedó expuesto— para modificar la Orden Secreta que amparaba las actividades de la OCN y para poner orden —por indicación del presidente— en el conjunto de operaciones departamentales que habían surgido algo anárquicamente tras el inicio de la Operación Lucero, dispuesta para prevenir acciones en el momento en que se cumplieran las previsiones sucesorias. Valverde aprovecharía para ordenar el estudio de la Operación Relámpago con idéntico fin, aunque de ámbito exclusivo e interno del Servicio, operaciones de las que informaría en la reunión extraordinaria de marzo de 1975 en Madrid, y a las que dedico un capítulo completo.

Mientras tanto, el jefe de la DOP, comandante Cassinello, se volcó durante el primer semestre de 1975 en completar la nueva orientación que había que dar a la información de la OCN, sistematizando los procedimientos y ajustando las actividades de las Delegaciones y Subdelegaciones a las necesidades informativas que serían reclamadas a partir de entonces por los Sectores de la DOP. El proceso consistiría en la redacción de un Plan de Información, previo establecimiento de una doctrina informativa específica, que no existía. Cassinello realizó un programa itinerante por las regiones para exponer la nueva doctrina sobre el «cambio controlado», reuniones en las que se analizarían la Orden Secreta de la OCN, y la progresiva puesta en marcha del Plan de Información. Baste señalar aquí que ya en enero de 1975 se montó un nuevo curso de formación de directivos; y en marzo se ponía en práctica, por primera vez, un Plan Permanente de Información (PPI). Ya en el segundo semestre de ese año se diseñaría el Plan de Reversión de la DOP, que no llegó a completarse en ese año, por la máxima atención dedicada en aquellos meses a la enfermedad, agonía y fallecimiento del jefe del Estado.

UN NUEVO MODELO INFORMATIVO

El 14 de marzo de 1975 se montó una nueva reunión general de delegados, como nuevo hito en la dirección de esfuerzo reformista, ampliando la intercomunicación dentro del Servicio. Con ella trataba de conseguirse un robustecimiento institucional reorientador. Se inició la sesión con una exposición de Valverde sobre su gestión al frente del SECED, la puesta en marcha de la Orden Secreta y su impresión personal del momento político y alcance de la minicrisis de Gobierno, con esperanzadoras ilusiones puestas en Herrero Tejedor, quien se hacía cargo de la Secretaría General del Movimiento. Se dedicó la segunda parte a las Operaciones en marcha sobre la enfermedad de Franco y se aprovechaba para resaltar la contribución del Servicio a la actividad reformista del presidente Arias.

En la tercera parte de la Reunión General se entró a fondo en el Plan Permanente de Información (PPI) con una presentación a cargo del comandante Cassinello, en la que dijo que se trataba de concentrar los «datos suficientes para (…), una correspondencia unívoca entre imagen y realidad, con una preocupación dominante: que la imagen fuese fiable». Entendía que «las sugerencias al Gobierno descansan en la exactitud de la imagen: si es errónea o incompleta, se corre el riesgo de inducir direcciones de actuación contraproducentes. De ahí la responsabilidad que nos obliga al mayor rigor en el trabajo». El método había de convertirse en la base de la actividad informativa, que requería acciones de información y de contrainformación. Predicaba Andrés Cassinello la necesaria convergencia de las actividades de las dos Divisiones del SECED: la DOP se dedicaría al estudio de la información ambiental específica de los distintos sectores del país, y la DINF obtendría noticias para la OCN mediante información en profundidad, con procedimientos técnicos y personal altamente especializado, responsabilizándose además de la contrainformación.

El referido PPI, que pretendía una postura más activa del SECED y unas valoraciones de la situación general con mucho mayor rigor y oportunidad, había sido aprobado por el director Valverde a finales de febrero, en fase experimental a cargo de la DOP, pues era difícil conjugar los nuevos procedimientos teóricos con los métodos experimentales adoptados por los Sectores, condicionados por actitudes pretéritas. Hubo que pedir un plan a cada uno de ellos, pero, como a lo largo de diciembre y enero no se lograban resultados satisfactorios, el jefe de la DOP ordenó la organización de una «Ponencia de Trabajo», para ajustar las necesidades de análisis y de adquisición, y para orientar la objetividad y la convergencia; de hecho parecía que las grandes síntesis del Servicio estaban basadas más en la intuición que en un tratamiento racional del problema.

El Plan Permanente de Información (PPI), de fecha de 14 de marzo, consistió en tres hipótesis de la situación por venir: la más probable, la más peligrosa y la deseable. Argumentaba el jefe de la DOP que nos correspondía vivir y desarrollar nuestra misión en una etapa histórica de cambio, caracterizada por la indeterminación de las metas finales, la certeza de la existencia de un orden institucional a mantener en sus líneas esenciales, y la evidencia de un continuo proceso de adaptación del mismo a las necesidades cambiantes de cada momento. Al hacer un estudio del abanico de ocho «opciones últimas», las relacionaba, de llamativo modo y gradación, desde una dictadura marxista-leninista hasta otra de extrema derecha. El Plan dedicaba dos apartados a «Hipótesis» y «Ambiente», como base del PPI. El tercero trataba de «Campos de actuación» de los Sectores, que debían abandonar la tentación de hacer planteamientos de política global nacional y obtener en cambio un mejor conocimiento de su propio ambiente respectivo. Los Elementos Esenciales de Información (EEI), apartado 4.º, eran la Estructura de Poder, los Grupos de Poder, los Grupos de Oposición dentro del sistema y los Grupos de Oposición de fuera. La redacción del PPI se explicitaba en el apartado 5.º, y en el 6.º, y último apartado, se daba la fecha 10 de abril de 1975 como límite para que los Sectores completasen el Programa de Investigación. Apenas un mes para cumplirlo, pero el proceso exigía esa celeridad.

A partir de este momento se abriría un periodo experimental en el modelo informativo del Servicio. Los Sectores iniciaron una lenta reconversión de sus viejos procedimientos a las nuevas disposiciones del PPI, tarea nada fácil. Se tardaron tres largos meses en tener dispuestos los Programas de Investigación para los órganos de obtención. Ningún área nacional debería escapar a la prevención subversiva. Había que adelantarse a las previsibles transformaciones que sufriría el Régimen tras la sucesión. Así, sin pretenderlo, los enunciados del Plan Permanente de Información terminaron correspondiendo a un modelo informativo distinto al concebido años antes por la OCN y el SECED. Con una notable intuición de futuro, se iría dotando de los elementos y características adecuadas a su extraordinaria función como instrumento indispensable del Estado.

La primera fase del Plan se iniciaría en abril de 1975. Se confeccionó una primera Valoración de la situación subversiva del país, en directa aplicación del art.º 6.º de la Orden Secreta de 26 de febrero; y a finales de abril, mayo y junio se emitieron sendas Valoraciones experimentales con destino, como siempre, al presidente del Gobierno y al jefe del Alto Estado Mayor. Asimismo, se hizo llegar el PPI a las delegaciones regionales del Servicio para ir incorporándolas a esta primera fase experimental.

Merecen destacarse esas «valoraciones» que el Servicio editaba en forma de boletines de divulgación interna, de muy restringida difusión externa. Constaban de una docena de folios que trataban de los distintos sectores de seguimiento. Precedía a esas páginas de diversos colores una hoja verde[36], en la que el propio director del SECED, con la ayuda de Cassinello, Peñas y Faura, resumía la situación nacional de la semana, poniendo el dedo en la llaga que más preocupara. La total independencia de criterio con que se redactaban aquellos informes periódicos, producían pinceladas o tonos no siempre concordantes con los criterios gubernamentales, circunstancia que solía originar mayor atractivo entre los habituales lectores y un ávido deseo entre los políticos y clase dirigente por acceder a tan reservadas publicaciones. En una etapa en que proliferaban los boletines off de record en entidades públicas y privadas, el del SECED, por razón de sus excepcionales fuentes y destinatarios, se convertía en el número uno de su especie.

En los meses de enero y febrero de 1975, el jefe de la División de Operaciones se concentraría en el conocimiento próximo de los problemas de las Delegaciones Regionales, con intercambio personal de puntos de vista con todos los directivos y aprovecharía para exponer directamente la filosofía de la acción de su División, planteando soluciones arbitradas, mejor que decisiones impuestas. Pesaban aún mucho en la interpretación las distintas experiencias subversivas acumuladas en cada Delegación, y se constató la necesidad de abandonar definitivamente pretéritas colaboraciones con grupos de extrema derecha que actuaban en la calle y que nada favorecían al Servicio, ruptura que hacía tiempo se había producido ya en la Central y en gran parte del despliegue periférico.

En un examen sobre la situación anterior, el propio jefe de la DOP comentaría que en la etapa de la Organización Conde —que él conoció como jefe del Sector Laboral— se cometió la torpeza de apoyar algunas acciones contrasubversivas de ciertos grupos de extrema derecha, apoyo que acarreó numerosos problemas. Ahora cabía esperar que las asociaciones abrieran cauces de colaboración en sus ramas juveniles. Aclaraba el comandante Cassinello que, en el futuro, la «Casa» tendería más al SECED que a la OCN; más análisis de problemas, información y desarrollo del Régimen en sus propias posibilidades, que cualquier otra actividad. En este compromiso fue muy exigente, sobre todo ante acciones de la Delegación Vasco-Navarra, cuyo delegado se presentaba como el más reticente a las consignas de reconversión de la OCN, y además, el que podía jugar a dos bandas, pues como jefe del Plan Udaberri mantenía una relación directa con Gobernación. Esa actitud podía estar justificada por el creciente apoyo de una parte de la sociedad vasca a las acciones terroristas de ETA, lo que podría llevar a la Delegación a la tentación de involucrarse en una respuesta antiterrorista similar. Era comprensible un elevado clima emocional, pero era obligación del Servicio canalizarlo a través de una estricta y rigurosa aplicación de la ley.

La pasión alcanzaba a otras instituciones del País Vasco por lo que, el 13 de mayo, el SECED elevó una dura y exigente nota informativa al presidente del Gobierno, que comenzaba así: «Se observa con preocupación la comisión de actos de terrorismo contra personas supuestamente vinculadas a ETA. Al Gobierno y a los medios de seguridad de él dependientes les corresponde asegurar el mantenimiento del orden público mediante la estricta aplicación de la Ley (…). La obligación de la lucha contra este tipo de terrorismo puede ser urgida por los medios de comunicación social y la presión popular, colocando al Gobierno entre el descrédito de su ineficacia y el escándalo de una acción policial contra elementos vinculados a ese terrorismo. El tema del “terrorismo blanco” debe ser abordado con energía. Tema difícil: no hay institución ni grupo político afín al Régimen donde no hay partidarios de su empleo (…), por impaciencia, miedo y deseo de venganza. No se descarta la escalada futura del uso limitado de esos medios. Hay que combatir la idea de su rentabilidad: resuelve problemillas y engendra problemazos. Armar a una parte de la población es desencadenar la guerra civil. Salirse de la Ley es error grave (…). Este Servicio tiene una función de estudio y asesoramiento de lucha contrasubversiva: por eso, o se nos atiende o se nos elimina. Lo que no puede ser es la asistencia impasible al error técnico y a la infamia disfrazados de patriotismo. Además, es absurdo dedicar nuestros escasos medios a vigilar a las organizaciones propias para que no cometan hechos de esa naturaleza. Es un problema de mando desde la Presidencia». La posición del Servicio era tajante.

En aquella primavera de 1975 apareció un folleto de medio centenar de páginas titulado Frontera en el que se describían con numerosos detalles unos imaginarios Servicios Especiales de Información y Seguridad (SEIS), la «super-policía secreta de Franco». Según esta sorprendente publicación, cuatro ayudantes del Generalísimo controlaban todos los servicios de información, militares o no, incluidas las embajadas. Se decía creado por el ministro Barroso en los años 50, e inspirado en los servicios de inteligencia franceses y norteamericanos; las oficinas, inicialmente ubicadas en el barrio de Argüelles, habían sido trasladadas a la segunda planta de Vitruvio n.º 1, sede del AEM. Componían el SEIS doscientos jefes y oficiales, más otros doscientos suboficiales, ciento veinte guardias civiles, y contaba, incluso, con un destacamento aéreo en la Base de Getafe con dos DC-4, del Ala 35 de Transporte. El panfleto abundaba en datos de mandos militares, obtenidos de fuentes y relaciones seguras, según se decía, pero con tal cantidad de falsos conceptos que descalificaban por sí mismos a los redactores. Lo curioso es que aseguraban que el almirante Carrero había creado el SECED para contrapesar al SEIS y su gran influencia en El Pardo; pero que, tras el asesinato del presidente, los treinta miembros que trabajaban en el Servicio de Presidencia habían sido absorbidos por el SEIS. El folleto tenía garra periodística y pudo engañar a quienes no conocían ni remotamente el mundo de la información. Pura ciencia ficción cuyo estilo sigue apareciendo en algunas publicaciones.

6
NUEVAS PREOCUPACIONES

EL «ASUNTO AÑOVEROS»

Ya en mi libro anterior[37] mencioné la carta que el obispo Añoveros dirigió al vicepresidente Carrero el 18 de diciembre de 1972 lamentando algunos elogios del almirante en el 80.º cumpleaños del jefe del Estado, y la secuela diplomática que acarreó como reflejo del creciente deterioro de las relaciones entre un sector de la jerarquía eclesiástica española y el Estado. Pues bien, dos meses después del asesinato del presidente a manos de ETA, el distanciamiento se recrudecía.

Según nos relata Francisco Medina[38]: «El 24 de febrero de 1974, tan solo doce días después de que Arias pronunciara el famoso discurso del 12 de febrero, el obispo Añoveros hizo pública una pastoral en la que se pedía que se reconociese la identidad cultural del pueblo vasco. Esta petición fue aprovechada por los sectores más radicales del Movimiento, muy molestos con la cúpula de la Iglesia, para pedir al presidente que diera ejemplo. Arias intentó calmar la situación con un arresto domiciliario de Añoveros y su vicario general, Monseñor Ubieta. Pero las presiones continuaron y se decretó el extrañamiento de los dos religiosos. Se llegó incluso a adecuar un avión para llevarlos a Roma, mientras Añoveros advertía que tan solo abandonaría su diócesis si así se lo ordenaba el Papa Pablo VI. El cardenal Tarancón tuvo que llegar a amenazar con la excomunión a todos los que tuvieran relación con la forzada expulsión del obispo de Bilbao, para poner coto a aquel incidente. Al parecer, el propio Franco intervino para cortar a tiempo la escalada de desafíos». Manuel Ortiz nos lo recuerda así: «Una homilía de monseñor Añoveros, obispo de Bilbao, denuncia la falta de libertades y la existencia de torturas policiales. El Gobierno invita a Añoveros a no abandonar su domicilio, lo que no puede ocultar la aplicación de un arresto domiciliario. El obispo, que no se arredra, amenaza con la excomunión a los responsables, es decir, al Gobierno. El Gobierno, en una escalada de despropósitos, llegó a poner en pista un avión para expulsar al obispo con destino a Roma. Monseñor se negó a abandonar la diócesis y, al final, el Gobierno dio marcha atrás y la cosa quedó ahí. Ahí quedó también el espíritu aperturista del 12 de febrero». Añade Ortiz en nota 8 que «cuando el General Franco, en Consejo de Ministros, escuchó la propuesta de deportación de Añoveros, dirigiéndose a sus propios ministros preguntó: “Pero ¿adónde me quieren llevar ustedes?”[39]».

El primer día de marzo, Leopoldo Calvo-Sotelo —que no conocía el texto completo— me haría saber su punto de vista: «Hubiera sido preferible dar amplia publicidad a la homilía, dado que la mayoría de los españoles estaba en contra del separatismo vasco, incluso los separatistas catalanes y gallegos». El día 7, Juan Miguel Villar Mir daría su versión al director del SECED Juan Valverde. El tema «monseñor Añoveros» era preocupante, sobre todo, por sus repercusiones. La homilía le parecía claramente inaceptable por su conflictividad y el Gobierno debería reaccionar con suavidad exterior pero con decisión y a fondo. Cualquier medida extrema contra la Iglesia o alguna de sus jerarquías debería pensarse mucho y desaconsejaba Villar la expulsión o enjuiciamiento de monseñor Añoveros «al menos por ahora», considerando especialmente desacertadísima la posibilidad de denunciar por ello el Concordato con la Santa Sede, alternativa de trascendencia totalmente distinta y desproporcionada.

El día 18 de marzo visitamos al director de Europa Press, el comandante Martínez Teixido y yo, con la compañía del comandante Fernández-Monzón, ya jefe del Gabinete de Enlace del ministro de Información y Turismo. La reunión tuvo como tema exclusivo el caso Añoveros, del que, Antonio Herrero nos haría un exhaustivo timing de lo ocurrido en las últimas tres semanas, según datos recogidos en la Agencia. Nos salpicaría de comentarios personales cada uno de los episodios de aquellas jornadas, afirmando que el cambio de Gobierno no había beneficiado a las relaciones Iglesia-Estado. De lo recogido de aquella larga conversación con Antonio Herrero me permito hacer el siguiente resumen cronológico. Tras conocer la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal (CPCE), el 8 de febrero, el texto de la homilía redactada para el obispo de Bilbao por un equipo de sacerdotes encargados del ciclo pastoral, los cardenales Enrique y Tarancón y Jubany hicieron saber a monseñor Añoveros su improcedencia; pero el prelado bilbaíno les reiteró que ellos dos desconocían la situación de su diócesis. El subsecretario de Exteriores había tratado de evitar, ante el nuncio Dadaglio, que tal homilía fuese leída en las iglesias; pero el domingo 24 se leyó en el 90 % de los templos.

El sábado 2 de marzo, el cardenal Tarancón, como presidente de la CPCE, pidió audiencia al jefe del Estado; pero se le hizo saber al purpurado que el interlocutor válido era el cardenal primado, como presidente del Consejo de Metropolitanos. Por su parte, monseñor Dadaglio viajaba al Vaticano para evacuar consultas. Ya desde esa misma tarde estaba preparado en el aeropuerto de Sondica el avión que había de trasladar al obispo de Bilbao a Roma en caso necesario. De ahí que este amenazase, el domingo 3, con graves penas canónicas al jefe de policía de Bilbao y autoridades responsables que intentasen su expulsión. El lunes 4, el cardenal primado don Marcelo González visitó al Generalísimo para tratar sobre la conveniencia de revisar el Concordato. Al día siguiente, se entrevistó con el presidente Arias, quien le ratificaría la decisión de denunciar el acuerdo si fuera preciso. El miércoles 6, ABC publicaba un editorial desfavorable a la postura gubernamental. El nuncio almorzaba con los ministros Cabanillas (MIT) y Martínez Esteruelas (MEC), y el cardenal Tarancón se reunía con el presidente de las Cortes. Los cardenales González y Tarancón convocaban a monseñor Añoveros (para verse con el Nuncio), quien se trasladó a Madrid en compañía del vicario de Pastoral Ubieta, y el agregado diocesano Belda. A continuación ambos cardenales visitaron al presidente del Gobierno, quien, sin haber logrado una nota de retracto del prelado vasco, se trasladaría después al palacio de El Pardo.

El viernes 8, el Consejo de Ministros dio una escueta nota oficial sobre el asunto Añoveros, y Antonio Garrigues Walker firmó en ABC una glosa de la homilía, dejando al descubierto la verdad a medias del controvertido texto. El sábado 9, la CPCE aprobaba un comunicado, aunque, por sugerencia gubernamental, retrasó su publicación hasta el día siguiente. El texto fue considerado positivo en el Ministerio de Información y Turismo por hablar de la unidad nacional, pero declaraciones de algunos prelados en solidaridad con monseñor Añoveros y la recogida de firmas de adhesión, mostrarían que el Gobierno tenía perdida la batalla informativa. El lunes 11 de marzo, llegó a Madrid monseñor Acerbi, adjunto de Cassaroli, para entrevistarse con el obispo de Bilbao al que hizo alguna reprimenda. Después se reunió con el nuncio, monseñor Dadaglio, y los cardenales Tarancón, Yanes y Moralejo. Finalmente, visitaba al ministro de Asuntos Exteriores para tranquilizarle, regresando a Roma al día siguiente. El miércoles 13, monseñor Yanes aclaró en ABC las malas interpretaciones del asunto Añoveros, y el día 15, el Consejo de Ministros hacía pública una nota ambigua, dando el tema por finalizado. En el aire quedaba la revisión del Concordato, de la que ya habían hablado el ministro López Rodó y monseñor Cassaroli, en el mes de julio del año anterior, en la Conferencia de Seguridad Europea de Helsinki. Después se producirían la visita de Cassaroli a Madrid y la carta del cardenal Veuillot, Secretario de Estado, en la que se definían puntos de negociación sobre el nombramiento de obispos, fuero eclesiástico, educación y beneficencia, matrimonio y apoyo económico.

Pasados unos días, el 21 de marzo, Luis Valls Taberner, presidente del Banco Popular, nos haría saber su disconformidad con el reciente editorial de ABC, redactado al parecer por Martín Descalzo. Lo hubiera encontrado justificado si la homilía se hubiese tratado por separado, pero era inadmisible teniendo en cuenta que el asunto Añoveros había que inscribirlo en el contexto de un progresivo deterioro de las relaciones Iglesia-Estado. Valls creía que un nuevo Concordato no resolvería nada por sí solo; a España y al Régimen les interesaba ir de la mano con El Vaticano, pues aquí no había posibilidad de desarrollo y apertura política sin la Iglesia.

Laureano López Rodó nos dejó escrita[40] su versión sobre dos errores políticos del Gobierno Arias: «El almirante [Carrero Blanco] jamás habría dictado la orden de expulsión de un Obispo (…), nunca se hubiera enfrentado a la Iglesia (…). Tampoco hubiera permitido la ejecución de las penas de muerte que fueron impuestas en 1974 y 1975. Su pensamiento al respecto quedó expresado con firmeza a propósito del Proceso de Burgos. Aparte de razones humanitarias, invocó esta definitiva razón política: “¿Qué es lo que quiere el adversario? Que haya mártires. ¡Pues no vamos a darles ese gusto!”». En relación con esa cita de López Rodó, recordemos la ejecución de la sentencia de Consejo de Guerra, por garrote vil, del activista catalán Salvador Puig Antich, miembro del grupo anarquista Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), el 2 de marzo de 1974 en la cárcel modelo de Barcelona, convicto del asesinato de Francisco Anguas, subinspector de Policía de la Brigada Social, ejecución que atrajo enseguida la reacción internacional contra el Régimen español. Algunas publicaciones comentarían que, pese a las peticiones de clemencia que recibió, Franco ratificó las condenas, con lo que el Espíritu del 12 de febrero, pregonado por Arias, parecía brillar por su ausencia.

LOS SUCESOS DE PORTUGAL

El 25 de abril de 1974 se producía por la fuerza el fin del gobierno de Marcelo Caetano, auténtica ruptura con el Régimen autoritario del general Oliveira Salazar establecido en 1926. Estallaba en Portugal la insurrección que vino en apodarse Revolución de los Claveles[41] y que crearía en la sociedad española y en el Gobierno una sensación de temor ante la posibilidad de que la actitud de los jóvenes cuadros de mando portugueses contagiara a algún segmento de la oficialidad española. De algún modo aquello podía entenderse como un reflejo —sin guerra colonial, pero con la creciente amenaza del Sáhara— de la situación de nuestra patria.

Ese mismo día, 25 de abril, coincidí en el Gabinete de Enlace del Ministerio de Información y Turismo con Miguel Veyrat, periodista que estaba preparando un informe de prensa sobre la situación en Portugal para publicarlo al día siguiente, en el que se citaban las responsabilidades y obligaciones españolas con el país vecino. El capitán Fernández-Monzón se lo desaconsejó por saber que en el Alto Estado Mayor no iba a gustar en absoluto ese artículo (él mismo lo había consultado aquella mañana al general Gutiérrez Mellado) pues podría producir efectos negativos entre la población y entre los miembros de las Fuerzas Armadas. Al día siguiente me reuní con el coronel Lacalle Leloup para hablar de los acontecimientos en Portugal. Le parecía sorprendente la supresión de la DGS, la orden de caza y captura de los agentes de la Policía Internacional y de Defensa del Estado (PIDE) y la inmediata requisa de los archivos de investigación policial. Observaba en todo ello un clásico tinte masónico, no en vano esta organización secreta actuaba en Portugal con fuerza desde hacía siglos.

En la ponencia 1.ª —ya citada— que preparaba el SECED para la reunión general del Servicio de mayo de 1974, se incluía una referencia muy importante a la situación de Portugal, con el siguiente párrafo: «El golpe de Estado ha creado un ambiente de incertidumbre en la masa de la población española, al ver derribado con tanta facilidad un Régimen que parecía estable, por su larga duración y que presentaba claras analogías con el caso español. Dicho golpe ha revalorizado el papel de las Fuerzas Armadas como árbitros de situaciones políticas, a juicio de amplios sectores, y ha recrudecido la campaña internacional de propaganda contra nuestro Régimen y nuestro Gobierno. De lo sucedido en Portugal y de la evolución de los acontecimientos, nuestro país debe extraer las oportunas consecuencias. Es posible que el golpe de estado imprima al Gobierno Arias mayor velocidad en sus planteamientos de apertura, en evitación de circunstancias similares». Pero los sucesos de Portugal, en vez de reforzar los planteamientos de apertura del presidente Arias, potenciaron la reacción de los más inmovilistas del Régimen, declarados opuestos a la política aperturista de Arias, lo que seguramente dejó huella en el precario ánimo del Generalísimo.

Los acontecimientos de Portugal traerían, entre otras reacciones, el retraso de la XXII Conferencia de Estados Mayores Peninsulares. Portugal había propuesto celebrar esa primavera el 25.º aniversario de esos contactos, y el programa se estaba preparando en el Alto Estado Mayor cuando se produjo el golpe militar. La Junta de Salvación Nacional mantuvo la iniciativa y envió a Madrid al secretario de la comisión portuguesa, capitán Ponce de Carvalho. Pero en estos contactos bilaterales las autoridades militares españolas propusieron el aplazamiento de la reunión hasta el otoño y en Lisboa. El día 11 de mayo, el general Antonio Sebastiao-Rivero de Spinola manifestaba su opinión de que la Conferencia debía mantenerse, y el ministro de Negocios Extranjeros, Mario Soares, añadiría públicamente que las relaciones hispano-portuguesas debían incluso incrementarse. Algunos altos jefes del Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) también se pronunciarían a favor con decidido interés.

El joven periodista y escritor británico Robert Moss, especialista en temas de subversión del Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, nos diría en almuerzo del sábado 8 de junio, al que asistimos Cassinello, Faura, Teixidó y yo, que la Junta de Capitanes estaba detrás del actual Gobierno portugués. Había hablado con varios de ellos y veía que se iba a producir una escisión con el general Spinola. Intuía Moss que el cerebro e impulsor del MFA era el general Costa Gomes. Pero el porvenir era muy incierto porque la economía portuguesa era pésima. En otro contacto, unos días antes un comisario de la DGS española nos hizo la confidencia de que el Gobierno luso había solicitado extraoficialmente a don Juan de Borbón que fuera pensando en abandonar su residencia habitual en Estoril, lo cual sería muy bien visto y agradecido por aquellas autoridades portuguesas.

El teniente general Carlos Fernández Vallespín —que sucedía a Díez Alegría en el mando del AEM— ya el 27 de julio le pediría al ministro de Asuntos Exteriores, Cortina Mauri, la reanudación de contactos para la celebración de la Conferencia de Estados Mayores Peninsulares. Enseguida se produciría un intercambio de cartas entre el jefe del Estado Mayor General portugués, Francisco da Costa Gomes (12/8) y el jefe del AEM (3/9) para dar los primeros pasos.

El ministro Cortina respondería al general Fernández Vallespín en carta del 20 de agosto, desde San Sebastián, asegurando que «no existe razón para interrumpir la larga tradición de reuniones bilaterales de los Estados Mayores Peninsulares. Si cesaran por falta de interés o de iniciativa española, elementos interesados en perturbar la amistad hispano-portuguesa podrían aducir que la colaboración era entre regímenes afines y no una cooperación natural entre Estados en beneficio de la seguridad mutua (…). Portugal está en manos de la oficialidad de los Ejércitos, bien a través del presidente provisional de la República, general Spinola, o bien por intermedio de la Junta de Defensa Nacional, del Consejo de Estado o del Movimiento de las Fuerzas Armadas». Aconsejaba el ministro de Asuntos Exteriores al teniente general no demorar más la adopción de una resolución e iniciar los contactos, y acompañaba a la misiva una nota de nuestro embajador en Lisboa, Antonio Poch, de fecha 13 de agosto, a la que pertenece el párrafo siguiente: «Estimo que no existe razón alguna válida para que las autoridades militares españolas interrumpan una larga tradición (…), y si no, [deben] argumentarlo y comunicarlo a Portugal en evitación de malas inteligencias que podrían producir efectos muy nocivos».

El Alto Estado Mayor preparó, el 7 de octubre, una «cuenta a SE» de carácter secreto sobre las consecuencias de la crisis portuguesa a fecha 28 de septiembre. Algunos de sus términos eran del siguiente tenor: «El nuevo presidente de la República, general Costa Gomes, está perfectamente identificado con la política izquierdista del primer ministro, Brigadier Vasco Gonçalves. Costa Gomes es también jefe del EMG de las FAS, y Vasco Gonçalves, ideólogo afín al comunismo soviético, ha eliminado ya de su Gobierno a elementos moderados como el ministro de Defensa y el de Comunicación Social (…). La Comisión Coordinadora del Movimiento de las Fuerzas Armadas representa la corriente izquierdista de las FAS, que triunfa plenamente (…). El PCP cuenta con magnífica organización y capacidad de movilización, y prepara la supresión del pluralismo (…). El PSP, lo mismo, pero aboga por un pluripartidismo social-marxista (…). La Iglesia —salvo el Obispo de Oporto, filocomunista—, declara la lucha abierta al marxismo, y es favorable a la democracia (…). Los próximos pasos se darán rápidamente: descolonización de Angola a favor de los movimientos de liberación de influencia comunista soviética; intervención estatal en la política económica, con nacionalizaciones; y elecciones para una Asamblea Constituyente hacia marzo de 1975.

»Para el caso de que prácticamente desemboque Portugal en una dictadura marxista más o menos disfrazada, es necesario tener previsto qué amenazas pueden surgir contra España (…): formación de un país comunista al sudoeste de Europa, de posición estratégica excelente; jalonamiento de la ruta del petróleo; flanqueamiento sur del Atlántico Norte, desde la estratégica posición Guinea Bissau-Cabo Verde; control de salida del Mediterráneo e islas Azores, con lo que supone para el apoyo norteamericano a Medio Oriente; y base de acción sobre España; siendo previsible que la URSS ejerza el máximo esfuerzo financiero y político para consolidar el PCP (…). Para España, la hipótesis más peligrosa, con alta probabilidad de que se presente a corto plazo, es que Portugal pueda convertirse en una base importante de la subversión del Bloque Comunista, actuando en una nueva fase de lucha contra nuestro Régimen, con propaganda, infiltración de agentes, saboteadores (…). Se descartan acciones de invasión incluso de partidas de maquis». Y, finalmente, se aconsejaba al mando del AEM la toma de decisiones oportunas desde el Gobierno, cuanto antes, para hacer frente a cada situación.

Meses de febril actividad informativa

El día 1.º de octubre de 1974, el director del SECED y el diplomático Antonio Oyarzábal, del Gabinete del presidente del Gobierno, tuvieron un primer contacto con Miguel Gentil Quina, presidente del Banco Borges & Irmao, de quien surgiría una invitación a almorzar al día siguiente en José Luis, acto social al que acudimos además el coronel Morillo[42], jefe del Negociado de Estudios e Informes de la Tercera Sección, el capitán Medrano del mismo, y el que suscribe. Por su parte, Quina acudiría después con don Pedro de Braganza, presunto heredero de la corona portuguesa, prolongándose la conversación tres horas más. Quina ofreció una detallada y ordenada exposición de los acontecimientos en Portugal en los últimos meses, facilitándonos toda clase de detalles e impresiones particulares sobre el grado de «marxistización» de sus Fuerzas Armadas y, particularmente, de sus cuadros de mando. El contenido de su informe fue después recogido en una nota preparada por el capitán Medrano, con nuestro apoyo técnico, ofreciendo el borrador al SECED para su revisión antes de pasárselo al general Arozarena para su despacho con el teniente general jefe del AEM, descartando que pudiera ser elevada por esta vía al presidente Arias, lo que, en cambio, podría llevarse a cabo por el comandante Valverde en próximo despacho.

Días después, el viernes 4 de octubre, los comandantes Faura, Martínez Teixidó y yo tuvimos una larga reunión en Europa Press, en la que su presidente Armero nos contó varios encuentros con banqueros portugueses que le ofrecieron una cara muy pesimista de los acontecimientos. Le parecía que los «derechistas» exageraban mucho y que temían incluso el posible encarcelamiento y asesinato del general Spinola y empresarios conocidos. También en el almuerzo que el día 10 ofreció al director del SECED, el gobernador del Banco de España, Luis Coronel de Palma, nos comentaría que de Portugal estaba escapando mucho dinero y mucha gente; algunos personajes, apresuradamente sin pasaporte ni moneda, a los que nuestro Gobierno amparaba sin que ello significase apoyo a ninguna iniciativa política de esos exiliados. Además, en reciente sesión del Fondo Monetario Internacional en Nueva York y Washington, él había recogido la inquietud de dirigentes americanos por la posible repercusión de los episodios de Portugal en la política española, pues imaginaban que el intento de cubanizar nuestro país vecino tendría como objeto extenderlo a toda la península Ibérica. El Gobernador nos informó asimismo sobre la fuga de capitales en España y sobre otros delitos monetarios que le preocupaban, poniendo a disposición del SECED un comisario experto con el que hubo contactos de interés.

El sábado 19 de octubre acudí al despacho de Antonio Oyarzábal en Presidencia donde tuvimos una larga conversación con Antonio Gentil Heredia, primo de Quina y compadre de Franco Pascual de Pobil. Este joven portugués nos informaría de que el capitán de Caballería que se hospedaba en el Hotel Fénix se llamaba realmente Álvaro Manuel Alves Cardoso, el oficial más condecorado de su Ejército, que había llegado a Madrid acompañado por cinco guardaespaldas, antiguos miembros de la PIDE, después de escapar de Angola a través de Rodesia. Procedía de una Unidad denominada «Flecha» y era también abogado. Quería entrar en contacto con autoridades españolas y miembros del Ejército, lo que trasladamos a la Tercera Sección del AEM para que estableciese comunicación con él, si procedía. Nos contaba Heredia que el presidente Costa Gomes padecía un cáncer de garganta, con un plazo de vida de tan solo dos o tres meses; Otelo de Carvalho seguía provocando escándalos por su desmedida afición al alcohol; y el ex presidente Spinola pensaba abandonar Portugal y residir en Francia, Gran Bretaña o Suiza, aunque más recientemente consideraba la posibilidad de trasladarse a Brasil o España. Según Gentil Heredia, la operación electoral de la inminente primavera daba posibilidades al equipo de Sa Carneiro, que —según se especulaba— recibía apoyo financiero de Alfonso Fierro. En cambio, la Alianza para el Progreso no tenía nada que hacer, y el Partido Socialista iba a escindirse entre el PCP y el PPD. La economía se deterioraba; la degeneración del orden público era ya previsible; y el malestar en las Fuerzas Armadas empezaba a notarse. Heredia pidió estudiar la manera de sacar de Portugal a Pedro Feytor Pinto, portavoz del Gobierno Caetano, hombre con ambición política que podría moverse por Europa para informar de la situación.

El director del SECED recibió a última hora de la mañana del viernes 6 de diciembre a José Luis Herrero Tejedor, agregado de Información en nuestra embajada en Lisboa. Estuve presente en la entrevista sobre la situación política en Portugal. Empezó Herrero informando de que en el último mes se habían producido contactos de tres supuestos capitanes españoles con miembros del MFA, y en la semana última, otros dos se habían entrevistado al menos con el oficial de la Armada Contreiras, secretario de la Comisión Coordinadora del Movimiento de las FAS, personaje muy peligroso, cercano al PCP. También hacía algo más de un mes había llegado a la embajada americana en Lisboa, Charles Thomas, nuevo consejero de Asuntos Políticos, hombre de confianza del secretario de estado Kissinger y que fue ayudante del vicepresidente en su viaje a Madrid, para acudir al entierro del almirante Carrero.

Herrero Tejedor acababa de tener un encuentro con Thomas y, según nos informaba, en el MFA, incluso dentro de la Comisión Coordinadora, había disensiones fuertes por las medidas económicas a tomar desde el Gobierno y, sobre todo, por las próximas elecciones generales que los comunistas querían evitar. El grupo moderado estaba encabezado por Vitor Alves (a quien Herrero no le consideraba moderado de ninguna manera). Melo Antunes tenía influencia en la Comisión, aunque no parecía ser miembro del PCP. Vasco Gonçalves tampoco era comunista y gozaba de un alto nivel económico, pero su salud era débil. Acaso se respetasen las elecciones, solo por temor a la opinión pública internacional, a la que eran tan sensibles los portugueses. En cuanto a política exterior deseaban incorporarse al llamado «tercer mundo», pues les asustaba que todo se resolviese en una mesa ruso-yanqui sin opinión portuguesa. El mismo día de nuestra entrevista tenía lugar la primera reunión de la Asamblea de las tres Fuerzas Armadas, después de haberse constituido, en cada Ejército, las Comisiones de Menestral que eran en realidad «soviets de Unidad». Se esperaban discusiones muy duras, por la presión de los comunistas.

En cuanto a los partidos, el Partido Popular Democrático (PPD) había sorprendido al americano Thomas por su buena organización (impresión que no compartía Herrero). Del PSP estaban decepcionados en Europa; sus medios económicos eran muy escasos, y la ley portuguesa no permitía ayudas extranjeras. El Movimiento Democrático Portugués (MDP) no era más que un caballo de Troya del PCP, aunque buena parte de sus componentes no fueran conscientes de ello. En lo referente a este partido comunista, Moscú no quería verlo aún en el poder; su estrategia se planificaba a medio plazo —15 a 20 años—, pues no deseaban los rusos crear entonces excesivas interferencias con los EE. UU. desde las Azores y el Norte de Portugal. Pero esperaban del PCP unos resultados electorales del 12 al 15 % del voto a su favor, que podría ampliarse hasta el 25 % con el apoyo del MDP.

Seguía relatando José Luis Herrero que la víspera se había celebrado en Horcher, el mejor restaurante de Lisboa, un almuerzo con el director del Noticiero Universal, José Tarín, que llegaba para entrevistar a Costa Gomes y Vasco Gonçalves, y el corresponsal de ese diario, Mario Ventura Enriques, un comunista importante. Asistían a la comida varios militares y civiles, casi todos comunistas también. El más importante el capitán de Ingenieros Pinto Soares, consejero de Estado, miembro del Comité de Coordinación y del Consejo del MFA. Era hijo de un coronel de la Policía, ya «saneado». Contaba haber tenido contacto con un oficial español, sociólogo y con mucho interés por saber el origen social de los militares portugueses. Todos entendieron que se refería a Julio Busquets. Soares hacía gala de comer con muchos diplomáticos extranjeros, a los que aprovechaba para hacerles esclarecimiento. Consideraba, en cambio, que los partidos políticos habían tomado la absurda posición de no comprometerse con el MFA, salvo el PCP.

Otro comensal en Lisboa era el escritor Cardoso Pires, marxista; también Joaquim Bandeira, economista comunista, varias veces detenido y preso durante el Régimen anterior, y ahora con una finca de dos mil quinientas hectáreas en Alemtejo dedicada a viñedos de calidad y caballos de lujo. Los temas preferidos del almuerzo eran las misiones de esclarecimiento en pueblos del interior, como contraataque y neutralización de la labor doctrinal y proselitista de la Iglesia Católica; las discrepancias totales entre MFA y Gobierno en las medidas económicas a tomar, incluida la prohibición de abandonar la metrópoli salvo motivo muy justificado; y la movilización de oficiales y soldados al frente de masas populares para evitar el paro edificando viviendas, produciendo alimentos en el campo, construyendo carreteras o reforestando los montes.

Al comenzar el año 1975, la situación política en Portugal seguía manteniendo la atenta preocupación de los dirigentes y del pueblo español y, por supuesto, del SECED. El viernes 17 y sábado 18 de enero tuve que trasladarme al Parador Nacional de Mérida para encontrarme con José Luis Herrero Tejedor, quien deseaba poner a disposición del Servicio una extensa documentación e información de alto interés, como el Plan Económico preparado en los últimos meses por el ministro sin cartera, mayor Melo Antunes, con un grupo de oficiales del MFA y los ministros de Finanzas, Economía y Asuntos Sociales. La última asamblea general de delegados del MFA había propuesto algunas modificaciones como el control directo de la Banca. Ese documento era conocido solamente por la embajada rusa y muy ansiado por todas las demás. Herrero me entregó un segundo ejemplar para hacérselo llegar a su ministro de Información y Turismo, así como la revista brasileña Manchete de 11 de enero, en la que se insertaba un largo artículo titulado «Portugal: la historia secreta de los tres movimientos militares», que expresaba con gran veracidad, a juicio de Herrero, lo ocurrido en los meses anteriores. El referido Agregado me hizo un detenido relato de un almuerzo reciente con Francisco Pinto Balsemão[43], quien por temor a ser asesinado buscaba el modo de escapar de Portugal. Iba a almorzar en nuestra embajada el miércoles 22 de enero. La gente más moderada, incluso entre la familia militar, estaba asustada y esperaban tan solo una mínima posibilidad de reacción por parte de los Comandos y los Paracaidistas; en los demás Cuerpos no había la menor disciplina.

El acuerdo entre el Partido Socialista Portugués (PSP), el general Spinola y el PPD, con previsible alianza electoral, iba a indisponer a muchos militares. José Luis Herrero profundizaba en la descripción de los «cinco magníficos» (Mario Firmino de Miguel[44], Almeida Bruno, Díaz de Lima, general Fabiao y Monge) y en la campaña de desprestigio que se iniciaba contra Spinola, en un programa de televisión de Amílcar Cabral el domingo anterior. Aportaba además el sondeo de MFA sobre las elecciones, del que se deducía una abstención de la mitad del censo, solo un 25 % de voto socialista y otro 12 % comunista, frente a un 30 % del PPD y otro 30 % del CDS.

Herrero me facilitó información sobre la Operación Nortada en Braganza, a través de la cual el MFA proseguía el esclarecimiento a los campesinos de la política militar, el saneamiento de los clérigos y el desarme de las Unidades de las que se desconfiaba. Simultáneamente había entrado en vigor otra operación dirigida a la búsqueda de armas por todo el país. Tres miembros de la Comisión Coordinadora del MFA se habían declarado pertenecientes al PCP: el teniente coronel Charais, el capitán Vasco Lourenço y el capitán/teniente de Marina Contreiras (secretario político). Pero un ministro militar y Costa Gomes estaban hartos de todo ello y se irían sin discursos. El PCP estaba perdiendo poder en el Gobierno y pretendía recuperarlo en la calle. Entretanto, Lisboa se estaba convirtiendo en el centro de movimientos antifascistas sudamericanos y la embajada rusa se llenaba de expertos de primer nivel. Nuestra representación diplomática, en cambio, escaseaba de personal en un momento en que otras embajadas aumentaban considerablemente sus efectivos en la capital portuguesa. Lamentablemente, las corresponsalías de EFE y RTVE estaban sin cubrir. Me mencionaría José Luis Herrero algunos detalles de la situación en Angola, próxima a una guerra. Se había entregado a los Estados Unidos el control de los yacimientos de Cabinda, y Savimbi sería nombrado presidente, si no le asesinaban antes.

En aquella misma semana había telefoneado al SECED, desde Lisboa, la secretaria de nuestro embajador solicitando conformidad a un almuerzo que deseaba tener conmigo el coronel Knox, embajador de Rodesia en Portugal[45]. Así que acudí el lunes 20 de enero de 1975 al Hotel Ritz como se me indicó. El coronel era un experto en cuanto a la situación de Portugal y sus colonias, no en vano había sido anteriormente jefe del Servicio de Inteligencia, y tenía curiosidad por conocer con rigor el criterio de nuestro Gobierno, nuestra diplomacia y nuestras Fuerzas Armadas sobre el Sáhara, Melilla, Ceuta e incluso Canarias, así como por la salud del Generalísimo y la posibilidad de un cambio de Gobierno a corto plazo, demostrando conocer con detalle la rumorología de los corrillos de Madrid. Pero, naturalmente, un índice tan extenso de temas nos llevó a tratar con prioridad la cuestión portuguesa. Sus comentarios fueron muy coincidentes con las impresiones del SECED: el empeoramiento de la situación en los próximos meses, que podría provocar la reacción de la derecha, incluso en el seno del MFA, en el que de modo creciente los oficiales dudaban ya si los objetivos del «25 de abril» se estaban cumpliendo o tergiversando. Me insistió en que Cunhal era el dirigente más listo y astuto y que su PCP contaba con una minoría inferior al 10 %. Y me hacía su valoración personal sobre Soares, PDP, Democracia Social, etc., sacando a relucir la «unicidad sindical» recientemente aprobada, que provocaba la dimisión de algunos ministros no comunistas y que dejaría en manos de PCP toda la gobernación del país. Knox me hizo la confidencia de sus frecuentes contactos con ejecutivos de la CIA en Portugal, a los que no consideraba buenos intérpretes de la situación pese a la abundancia de medios con que contaban.

El día 27 de enero, el secretario general técnico del Ministerio de la Gobernación, Juan Luis de la Vallina, me relataría su encuentro con el Dr. Ávila, secretario del Partido Liberal Portugués, venido a Madrid por encargo de Su Alteza don Pedro de Braganza, que esperaba de las autoridades españolas un amplio apoyo para fijar su residencia en España, al ver que se alejaba la posibilidad de su regreso a Portugal.

En otro ámbito, acudí el jueves 30 de enero a la sede central de RUMASA, donde su presidente, José María Ruiz-Mateos, me esperaba acompañado por Luis Barón, presidente del Banco del Norte, para almorzar y conversar. Se trataba de la primera visita del SECED desde otra, hacía años, de Leandro Peñas, al que ponderó mucho, y José Luis Pérez Sánchez, a quien había conocido cuando este capitán de Intendencia era delegado de Comercio en Sevilla. Ruiz-Mateos se interesaba por la opinión del SECED sobre la situación en Portugal, pensando en negocios vitivinícolas que se estaban derrumbando, tanto viñedos como bodegas. Estaba recibiendo ofertas a mitad de precio respecto a unos pocos meses antes y se proponía considerar seriamente una procedente de Oporto; ya había tomado contacto con algunos banqueros y personajes portugueses. Suponía que Estados Unidos, Europa y España no tolerarían tal deterioro político y económico y que el futuro, a uno o dos años, sería favorable. Aprovechó para darme su versión sobre determinados affaires que circulaban en la prensa, en relación con el Consejo Regulador, alcoholes sintéticos, denominación de origen «Bodegas de Jerez», manipulación de certificados en Holanda, etc. Sin la menor imputación seria, «los rumoreadores profesionales, los “amigos”, están siempre deseando encontrar resquicio por donde atacar», pues RUMASA se había convertido en trece años en el grupo que había colocado en el extranjero más caldos que todas las demás firmas juntas, gracias a una excelente y moderna gestión comercial[46].

En mi condición de enlace con el AEM, el viernes 7 de febrero, despaché con el general Arozarena tres notas informativas sobre Portugal. El general me habló de su reunión de la víspera con el comandante Valverde, «larga e interesante» y pasó a comentarme una nota sobre el diplomático ruso Bogomolov preparada para el teniente general jefe del AEM, quien había ordenado no remitirla al presidente del Gobierno. Lamentaba Arozarena que se impidiese elevar tan magnífica información elaborada por el AEM sobre agentes extranjeros, que prestigiaba la tarea de su Tercera Sección. Aproveché para entregarle una nota-consulta sobre Igor Ivanov.

Elecciones y contragolpes

Volví a Vitruvio el lunes siguiente día 10 para entregar al general Arozarena otras cuatro notas sobre Portugal. Él quería hablar con Valverde de un panfleto positivo que las autoridades lusas achacaban a nuestra DGS, según noticias de la Base del AEM en Lisboa, y yo solicité su autorización para que el comandante Carmelo Medrano redactase una nota sobre la situación portuguesa para incluirla en el boletín semanal del SECED. En subsecuente conversación con este comandante me comentaba una «cuenta de tres folios, muy sabrosa y del mayor interés», que acababa de redactar para que el teniente general jefe la llevase aquel mismo día 10 al presidente del Gobierno. Me habló de Portugal: la reacción alcanzaba ya al 80 % de la oficialidad, la familia Quina estaba facilitándoles armas (me aclaraba que a través de pantallas del SDECE francés) y se preveía un golpe del Comité de los Veinte en la siguiente semana, que, si fracasaba, supondría que el PCP se hiciese cargo del Gobierno y del Estado, con una operación de limpieza muy dura.

Aquel mismo lunes llevé al general Arozarena otra nota sobre el Servicio francés SDECE que, como era su costumbre, leyó y comentó sobre la marcha. Deseaba tratar con el comandante Valverde el interés del director, conde de Marenches, sobre la posibilidad de entrar en colaboración con el SECED en asuntos de subversión y terrorismo, proponiendo incluso el montaje de un gabinete de estudios al que se incorporasen uno o dos oficiales nuestros en destino permanente. Arozarena tenía que viajar a París a mediados de marzo para tratar de ello y nos pedía al Servicio un cuestionario de preguntas sobre el SDECE, pese a que en Francia la responsabilidad de aquellas áreas correspondía al Servicio interior DST[47]. En todo caso, el general nos iba a proporcionar copia del informe preparado por el teniente coronel Francisco Castrillo, de la Tercera Sección, para ese viaje. Completé las entregas del SECED con otro informe sobre un agente del KGB en Londres.

José Luis Herrero Tejedor vino desde Lisboa para entregar al SECED documentación sobre la situación en Portugal «donde las cosas no marchan nada bien». Le atendimos Martínez Teixidó y yo, en la tarde del jueves 20 de febrero. Empezó informándonos del golpe derechista previsto para el 31 de enero, que se aplazaba a nuevas fechas de febrero y de marzo. Las unidades dispuestas eran los Comandos, los Paracaidistas (enviados al norte en misión de esclarecimiento) y el Regimiento VII de Caballería de Santarem, junto a la Academia del Arma (al mando del capitán Salgueiro Maia, que tomó Lisboa el 25 de abril y ahora estaba enfrentado al Comité de los Veinte). El MFA iba a prestigiar al MDP (Comunista) para que ganase las elecciones; ya tenía señalado el futuro presidente de la República, el general Lopes Pires, para evitar a toda costa la elección de Spinola. Continuaba la ocupación de fincas y viviendas por parte de los desheredados. Los comunistas temían la opinión internacional, y Herrero nos aseguraba que antes de las elecciones del 12 de abril habría «follón por la derecha o por la izquierda». Por último nos aconsejaba Herrero Tejedor entrar en contacto con Geraldes Cardoso, anterior director general de Información de Caetano, que se encontraba refugiado en un instituto secular en Campamento (Madrid).

Unas fechas después, el 24 de febrero, el secretario general del Partido Liberal Portugués, J. H. de Almeida Araujo, se presentaba por la mañana en la sede del SECED para visitar al director Valverde, con una carta de presentación de Manuel Fraga. Me correspondió atenderle: quería que el Gobierno español interfiriese Radio Elvas, que venía emitiendo programas de claro matiz comunista, preparados en Lisboa. Asimismo solicitaba de nuestro Ejército una estación-radio móvil de dotación reglamentaria y apoyo para las emisiones clandestinas. Y, por último, quería saber si, en caso de producirse el contragolpe en fechas cercanas, nuestro Gobierno estaría en disposición de peinar la frontera, pues muchos comunistas tratarían de escapar a España. Araujo nos describió pormenorizadamente los grupos políticos portugueses: los democristianos de Sanches Osorio sobrevivían gracias al voto liberal; el PLP tenía un delegado en España (Dr. Ávila), número dos del partido y encargado de poner en contacto con nuestras autoridades al general que iba a encabezar el golpe; en esa línea política estaban también los hermanos Santos e Castro, uno coronel y el otro exalcalde de Lisboa y amigo de Arias Navarro. El CDS no tenía líder, ni medios económicos, ni coraje para intervenir; Galvao de Melo, hombre vanidoso, pretendía ser presidente de la República. El PCP contaba con Cunhal como n.º 4, incluía entre los comunistas a Senha y a Soares, y disponía de 700 hombres armados en la LUAR.

También Almeida nos daría relación de los militares que encabezarían el movimiento de liberación: el general Damiao, exjefe de la Guardia Republicana y director del próximo golpe de estado; el mayor Monje, el teniente coronel Bruno Juan, Varela, el aviador Neto, que formó parte de la Junta de Salvación, Silverio Marques, el mayor Maia, etc. Del equipo de Almeida Araujo formaba parte Francisco Van-Uden Braganza, sobrino carnal de Don Duarte y primo lejano del Príncipe de España. Terminaba notificándonos que barcos rusos estaban transbordando armas a pesqueros portugueses que las desembarcaban en puertos del Miño.

Dos días más tarde tuve que acudir al Hotel Fénix, donde me esperaba el Dr. Antonio Ávila, amigo del general Spinola; durante hora y media me amplió la descripción de los grupos positivos portugueses que se movían en España. Él tenía reuniones semanales con Soares Martines, catedrático de Derecho en Lisboa, los hermanos Santos e Castro y Freitas da Costa. Me explicaba el Dr. Ávila que ellos constituían una especie de Junta Militar Centrista, de ideología restauradora del 25 de abril, patrocinando una auténtica justicia social y la evolución hacia la democracia. Otro grupo estaba integrado por miembros del Partido del Progreso, gente bien intencionada, objetiva, independiente, anti-salazarista y crítica frente a Costa Gomes.

Miguel Quina, hombre perseguido, dirigía desde París otro grupo bien intencionado, pero «merece una lección por haber participado en la preparación del 25 de abril». Tenía contactos con la familia Urquijo y Antonio Ávila esperaba que trabajase con él. Antonio Champalimaud tenía su propio grupo relacionado con Caeiro da Mata y con los Fierro, «que no financian la reacción como se rumorea». El PPD de Francisco Pinto Balsemão buscaba apoyos en EE. UU., pero era, a juicio de Ávila, un burgués peligroso, heredero del Diario Popular y antimilitarista. Estaba en la lista de los mil trescientos fusilables por el COPCON (a través del MDP). Por otra parte andaban los propietarios del Banco Espírito Santo, «bastante desorientados, por cierto». Entendía Ávila que la reacción no debería demorarse más allá de primeros de abril. Las autoridades portuguesas habían ordenado ya restringir el carburante a la base aérea de Lisboa en la que los hermanos Durao eran piezas claves de la reacción spinolista. El PCP continuaba su escalada hacia el poder. Terminó la visita haciéndome saber Ávila que estaba prevista la presentación al alto mando español del general portugués que dirigiría el golpe; él iba a continuar sus entrevistas por toda Europa buscando apoyos.

El 2 de marzo de 1975, José Luis Herrero Tejedor me telefoneaba desde Lisboa con las últimas novedades: el MFA estaba consultando con los partidos los extremos siguientes: en la Constitución prevalecerán los principios del Movimiento; se consagraba el plan económico previsto y la institucionalización de un Régimen presidencialista haciendo depender al Gobierno y los Ejércitos, del presidente de la República, pero manteniendo el MFA el control sobre el Gobierno y su permanencia en el poder durante un plazo de tres a cinco años. Al día siguiente iba a desarrollarse una manifestación por la tarde, de claro matiz antiespañol, promovida por la LUAR, pantalla del PCP, intentando provocar un incidente que obligase a España al cierre de la frontera, pues se rumoreaba una próxima avalancha hacia Badajoz por temor a un inminente «28 de septiembre». Se hablaba también de que el PCP había gestionado con la URSS un puerto pesquero en Figueira da Foz o en las Azores. Por otra parte, un grupo de doscientos brasileños, hispanos y españoles estaban siendo instruidos bajo el control del COR Varela Gomes para emplearlos en acciones contra Brasil y España.

Me explicaba que el embajador brasileño había visitado tres veces al general Spinola, sacando la reciente impresión de que se avecinaba un golpe a cargo de los moderados del 25 de abril. Fuentes comunistas aseguraban a José Luis Herrero que las Fuerzas Armadas de Liberación (como titulan a la posible reacción) habían intentado un golpe de Estado el jueves y viernes últimos (27 y 28 de febrero) para liquidar al Comité de Coordinación, pero el Ejército había sido alertado por la INTERPOL. Tal montaje ya se había intentado el 31 de enero anterior. Según Pinto Soares, se estaban concentrando al norte de Braganza diversos exiliados, miembros de la PIDE, y oficiales de las Fuerzas Armadas no marxistas. Una asociación apolítica de comandos bajo el teniente coronel Neves y Almeida Bruno podría ser la base de la posible reacción. Acababa Herrero su conversación telefónica haciéndome saber que esperaba su traslado a Andorra, después del 12 de abril: nos pedía al SECED la gestión de una orden comunicada del MIT autorizándole a cruzar la frontera frecuentemente para enlazar personalmente o por valija con nuestro Servicio.

En la mañana del lunes 10 de marzo me reuní de nuevo con el Dr. Ávila, esta vez en Riofrío, cafetería ya histórica para los directivos del SECED. Quería hacerme nuevas consideraciones: ni Melo Antunes ni Otelho de Carvalho iban a ser reelegidos, pues los sondeos reflejaban no gozar del apoyo de las bases. Las elecciones de la semana anterior en las Unidades hacían prever que la próxima Asamblea de los doscientos manifestaría su desacuerdo con la institucionalización del Movimiento de las Fuerzas Armadas. Era inminente un golpe comunista; la Caballería estaba del lado del general Spinola; las visitas de oficiales portugueses a España eran frecuentes. Pero el meollo de la entrevista del Dr. Ávila era hacer saber al SECED la confección de un boletín informativo semanal para explicar a sus Fuerzas Armadas el juego sucio de las próximas elecciones. La prensa extranjera difundía ya una lista de quienes serían fusilados por el R. A. L. n.º 1 (la Unidad más «marxistizada») en caso de empeoramiento de la situación.

En estas circunstancias, tuve que visitar al general Arozarena el jueves 13 de marzo. Me contó que el Príncipe de España había pedido al teniente general jefe del AEM una nota sobre la situación en Portugal. Se le iba a enviar a la Zarzuela la elaborada por el comandante Medrano el día 10, pero el contragolpe militar hizo fracasar el envío. Yo le llevaba copia «descabezada» de la nota de Valverde al presidente Arias, que coincidía con su modo de pensar y que, según me comentaría después Medrano, era una magnífica síntesis de sus propios papeles. La nota del AEM iba a ir al coronel Armada, de la Casa de S. A. R., preocupando a Arozarena que ese tipo de documentos pudiera trascender fuera de la Zarzuela. Aquella misma mañana, el delegado del servicio secreto alemán BND en Madrid le había llevado a Arozarena las confidencias del general Galvao de Melo al agente alemán en Lisboa: los planes habían sido preparados con todo detalle, la palabra clave para la iniciación del golpe se dio a las 11.45 del lunes, pero no llegó más que a las Unidades de Comandos y Paracaidistas, pues tal clave fue conocida con anterioridad por el MFA, que dispuso la detención de oficiales comprometidos con la operación de reacción, precisamente en el momento de iniciarla.

Seguía exponiéndome el general Arozarena que el capitán de Ingenieros DEM Feliciano Calvo, secretario técnico de la Agregaduría Militar en Lisboa, había sido llamado por la Comisión Coordinadora del MFA para comunicarle que conocía el nerviosismo del AEM en relación con un posible golpe de Estado, y dándole a entender la participación de las Fuerzas Armadas españolas. Poco después, llamó al capitán el propio jefe de Gobierno portugués, quien, en cambio, le dio las gracias por haberle alertado. En ambos casos el capitán quedó sorprendido por desconocer cuanto le referían. Me decía Arozarena que ninguno de los jefes y oficiales de nuestra embajada nada sabían, ni siquiera habían querido hablar con el comandante Oliver, Base del AEM en Lisboa, «para que no pudiera producirse la menor fuga de información allí». Años después, me relataría el general Calvo González aquella visita al presidente del Gobierno luso, a la que había sido invitado por su empleo militar de capitán, similar al que ostentaban los líderes del movimiento portugués. Ellos no querían otros contactos de mayor rango militar, ni diplomático ni político, lo que produjo gran expectación en la embajada hasta su regreso[48].

Pasamos a hablar de la necesidad de obtener información de primera mano en la base aérea de Talavera La Real. Tanto el general Arozarena como el teniente general del AEM eran de la opinión de no enviar a ninguno de sus oficiales, pese al indudable interés que merecía todo lo que pudiesen contar los militares portugueses allí recluidos; ambos pensaban que debería resolverse a través del Ejército del Aire, pero su Bis-central no tenía la menor idea del asunto, recomendándoles Arozarena que al menos recogiesen toda la información posible. Más tarde, estos le enviarían al general un sobre muy secreto que contenía tan solo la lista de los exiliados, lista que el AEM ya había recibido del SECED. Discutimos la posibilidad de urgir la recogida de información en Talavera antes de que los portugueses se fuesen de allí, y la mejor vía, a vender al ministro del Aire, era enviar a la base aérea un aviador del SECED, que no levantaría sospecha alguna.

El director de Europa Press nos aportaba el 3 de abril noticias de sus colegas portugueses: le aseguraban el desembarco de «marines» frente a las costas del sur de Portugal aprovechando unas maniobras que iba a iniciar la OTAN en aquellos mares; pero en este caso no había seguido la costumbre de contar previamente con la anuencia del país afectado. Fuentes comunistas hablaban de mil brasileños reclutados por la CIA que se estaban infiltrando incluso desde la Base de Rota. Un mes después Miguel Acoca nos daba su opinión americana sobre los personajes portugueses: el presidente Costa Gomes, político, de más talla que Spinola y no comunista; Vasco Gonçalves, igualmente, tampoco miembro del PCP; Rosa Coutinho, hijo de militar africanista español; Álvaro Cunhal, no tan listo ni peligroso como exageraba Kissinger.

El 25 de abril se celebró en el Club Financiero de Madrid una cena coloquio con asistencia de políticos del centro del espectro nacional español, en la que se debatió el resultado de las elecciones portuguesas. Estas fueron algunas de sus consideraciones: había sido un duro golpe al MFA y un fracaso para el PCP que solo alcanzó el 12 % del voto, la mitad de la previsión europea; habíamos agrandado el peligro comunista. El resultado fue favorable al centro y a la derecha (PPD, CDS): más del 40 % de los sufragios, a pesar de la artificial fiebre revolucionaria, lo cual hacía pensar que ese porcentaje podría aumentar a corto plazo en una población que, con su amplio semianalfabetismo había dado ejemplo de orden, madurez y civismo. El partido socialista de Soares, de reciente creación (tres años antes) en el exilio, seguía el ejemplo de Willy Brandt y podría ser imitable en España por Felipe González, Morodo, Tierno, etc. Las elecciones habían sido también un toque de atención a los grupos inmovilistas españoles que torpedeaban el proceso evolucionista hacia la democracia plena.

El día 27 de agosto de 1975 me relataba Antonio Oyarzábal su encuentro de la víspera con Miguel Gentil Quina y Antonio Gentil Heredia, llegados a Madrid procedentes de París. Seguían con su idea de que el golpe de la reacción era inminente y que no nos dejásemos engañar por la «moderación» de Melo Antunes. Le hablaron de la delicadísima situación en Angola y el total caos económico y de gobierno en la metrópoli. Volví a reunirme con nuestro diplomático del Gabinete de Arias, el 6 de octubre. Según Antonio Gentil, en Portugal las cosas estaban llegando al punto de ebullición: el PCP estaba preparado para tomar las riendas del poder, de una vez por todas; y, mientras tanto, aquí en España la actitud de las autoridades era de cierta «pasividad inconsciente». El grupo de Heredia estaba ya organizado, pero carecía de material y equipo militar que necesitaría pasar por determinados puntos de nuestra frontera en los próximos días; y rogaba a Oyarzábal hiciese llegar su petición al presidente.

Llegó el otoño del 75 y el ministro Coloma compartía con algunos políticos la preocupación por el posible contagio de la Revolución de los Claveles en algún sector joven de las Fuerzas Armadas españolas y consideraba la creciente insatisfacción de los cuadros de mando por las condiciones de cierto abandono, al menos cierta penuria, en que se desarrollaba la vida profesional del oficial destinado en Unidades. El teniente general Coloma recibía puntual información de su Sección de «Información Interior» y también del SECED; de modo que el 4 de noviembre llamó a despacho a Valverde para transmitirle su intranquilidad por numerosos rumores que llegaban a «la Bis» sobre presuntas Hermandades de Capitanes, Juntas de Jefes y otras aventuras. Quería conocer personalmente la opinión del SECED y contrastarla con las procedentes de las unidades y organismos de su propio ministerio. Valverde le recordó prudentemente que tales asuntos le estaban vedados al Servicio y que «sería preferible no suscitar celos innecesarios, a pesar de la buena relación que mantenía con los Jefes de la Segunda Sección». No obstante, el ministro le pidió que le siguiera informando puntualmente y que le estudiase algún procedimiento de información descendente para prevenir intoxicaciones. Se empezaría por organizar un briefing sobre el SECED al año siguiente.

Interesa traer ahora a colación la celebración de la XXIII Conferencia de Estados Mayores Peninsulares, en Madrid, en marzo de 1977, cuya institucionalización se remonta al Pacto Ibérico. Presidía la comisión española el vicealmirante Miguel Romero Moreno, como 2.º jefe del Alto Estado Mayor, al que acompañaban, entre otros, el coronel Víctor Castro San Martín, el teniente coronel Emilio Alonso Manglano y el comandante Carmelo Medrano Salto, destinados en el AEM, además de otros jefes que representaban a los tres Ejércitos. Según me recordaba el 18 de septiembre de 2005 el general Medrano, ya en la reserva, y director de Publicaciones del EME, él hacía entonces en Vitruvio el seguimiento de la situación en Portugal, desde su regreso de Lisboa donde fuera secretario técnico de la Agregaduría Militar. En su destino de la Tercera Sección del AEM se relacionaba con el jefe de la Base del AEM en la capital portuguesa, su compañero de promoción, el comandante Luis Oliver Buhigas. El teniente coronel Alonso Manglano trabajaba entonces en el Negociado de Exterior de la citada Tercera Sección, desde la que —según apuntaba Medrano— se redactaban frecuentes informes de situación para el Generalísimo y para el Príncipe de España. Pues bien, el ambiente general que presidió las relaciones internas de los grupos y comisiones de aquella XXIII Conferencia fue de abierta sinceridad y deseos de colaboración, lo que facilitó que los componentes portugueses dedicaran parte de sus exposiciones y conversaciones a relatar su experiencia de la pasada Revolución de los Claveles y de la llegada al poder de grupos manipulados por el Partido Comunista Portugués. Deseaban alertar a España para que pudiera evitar los errores cometidos por Portugal y las consecuencias de un proceso tan perjudicial para el país vecino y sus Fuerzas Armadas, que perdieron su eficacia al ser atacada su disciplina.

Muchas de las consideraciones que ofrecieron en aquella XXIII Conferencia los mandos portugueses resultan ahora oportunas para cerrar este apartado dedicado al Movimiento del 25 de abril, pues representan el mejor balance hecho, tres años después, desde un punto de vista militar. Los concurrentes lusitanos destacaban fundamentalmente los siguientes factores determinantes de aquella revolución y advertían a sus colegas españoles sobre las tácticas revolucionarias utilizadas en Portugal en 1974 y años previos. Estas eran algunas de sus puntualizaciones: atención a la actuación de minorías organizadas y decididas que pueden hacerse dueñas de la situación, y a la acción psicológica de los distintos grupos políticos sobre los estamentos militares. Los primeros y principales objetivos de la subversión son los medios de comunicación social, en especial la televisión. Debía procurarse que la política no penetrara nunca en el interior de los cuarteles, ya que facilitaría la manipulación de la tropa, teniendo en cuenta que las tendencias democráticas desmoronaban la disciplina. También había que fomentar la vigilancia de la procedencia de cuadros de mando futuros, pues la infiltración marxista se realizó en su mayor parte a través de las Milicias Universitarias, ante la escasez de cuadros de mando, absorbidos en la guerra de ultramar. Y, por último, atención a la fuerte penetración de la influencia comunista en la península Ibérica.

Los mandos portugueses presentes repudiaron el comunismo, al que culpaban, en gran parte, del desastre de la liquidación colonial y de la actual situación de penuria económica por la que atravesaba el país vecino y se lamentaban de no haber aprovechado a fondo el golpe del 25 de noviembre de 1975 para haber procedido a una depuración en las Fuerzas Armadas y en la sociedad, encaminada a eliminar de un modo total la influencia comunista. Se mostraban pesimistas ante el panorama político-económico de su país, la gran evasión de capital y empresas hacia Brasil y el proceso de descolonización, que había devuelto a la metrópoli medio millón de ciudadanos portugueses. De algún modo los militares lusitanos asistentes a la XXIII Conferencia condicionaban el futuro de su país a la evolución política que tuviera lugar en España.

Los portugueses explicaron que el Movimiento del 25 de abril nació del cansancio de la guerra de ultramar cada vez más impopular entre el pueblo y el Ejército. Todos reconocían haber participado en aquel Movimiento del que esperaban la solución del problema colonial por medio de una autonomía de las colonias dentro de una federación portuguesa al estilo de la Commonwealth. Pero se encontraron con la sorpresa de que el Partido Comunista había penetrado considerablemente entre mandos y tropa, de modo que gonsalvistas y otelhistas dominaban las Fuerzas Armadas y el Gobierno, mientras que en los cuarteles se imponían las asambleas de soldados que decidían por la clásica votación de mano alzada, todos los asuntos de importancia; y el generalato falló totalmente adoptando una actitud entreguista. Se había organizado el COPCOM con la misión de guardar el orden e intervenir como policía de calle; pero el resultado fue una total confraternización con las masas y una absoluta ineficacia. Entre tanto, los ejércitos que actuaban en las provincias de ultramar se contagiaron inmediatamente por la acción de organizaciones comunistas; y los comandantes generales y el Gobierno se encontraron sin instrumento para imponerse a los grupos independentistas y se vieron obligados a ejecutar el abandono de aquellos territorios al no poder defenderlos, medida que nadie deseaba.

El plan de saneamiento impuesto por la 5.ª Sección (Acción Psicológica) eliminó a setecientos jefes y oficiales de talante más moderado. El MFA organizaba unos Consejos de Armas y Servicios, que no eran sino grupos elegidos para intervenir en los ascensos por elección. Pero sorprendentemente en la primera elección salieron designados oficiales moderados, lo que presagiaba un cambio total en los mandos del Ejército. Ello sería el origen del falso levantamiento, según ellos, del general Spinola el 11 de abril, que fue en realidad una acción de extremistas para quitarle de en medio. Los moderados se esforzaron por disciplinar las Unidades, convencidos de que podrían imponer su criterio, mientras que los revolucionarios dominaban algunas Unidades cercanas a Lisboa y, en particular, la Brigada Paracaidista del Ejército del Aire. Esta polarización en dos grupos enfrentados estallaría el 25 de noviembre de 1975, fecha en que la acción sería ganada por los moderados gracias a la superior disciplina de sus Unidades, sobre todo, el Regimiento de Comando, que fue reduciendo a las Unidades sublevadas, y la BRIPAR.

Los propósitos de la subversión eran desde entonces —y aún seguían en 1977— a juicio de los militares portugueses de la XXIII Conferencia de EE. MM. PP.: organizar sindicatos en las Fuerzas Armadas, manejar a los funcionarios civiles en los Ejércitos, considerar a la OTAN como imperialista, atacar el concepto de defensa y sus «injustificables» gastos, divulgar que la situación del momento era como una vuelta al capitalismo, y atacar al Consejo Superior de Disciplina, tachándole de fascista. Meses después de celebrada aquella Conferencia en Madrid, la Junta de Defensa Nacional española sería informada, en su sesión de julio de 1977, por el jefe del AEM, del desarrollo de aquellas reuniones, de la marcha del Tratado de amistad y no agresión y de la opinión del jefe del Estado portugués en el encuentro mantenido con él el 24 de mayo anterior.

EL CESE DEL TENIENTE GENERAL DÍEZ-ALEGRÍA

La Revolución de los Claveles en Portugal había desencadenado una reacción inmovilista en todos los niveles de la vida política nacional por las consecuencias que podría tener sobre España. Y se habló, hasta la saciedad, de los numerosos envíos de monóculos —al estilo del general Spinola— que se estaban haciendo llegar al jefe del AEM, teniente general Díez-Alegría. Su hijo Manuel, en entrevista de 20 de mayo de 2004, me calificaría de montaje aquel rumor. Julio Busquets daba su peculiar versión[49]: «El general portugués Spinola usaba monóculo y algunas personas, supongo que de algún partido, comenzaron a enviarle monóculos a Díez-Alegría, lo que era una forma de pedirle que interviniera en favor de la democracia. En una de las visitas que le hice, le pregunté cuántos monóculos había recibido. Me dijo que el rumor era falso, que no había recibido absolutamente ninguno. Sin embargo, yo conocía a muchas personas que se los había enviado, de lo que deduje que el teniente general Díez-Alegría (…), tenía el correo intervenido».

Pero se había puesto en marcha una maniobra política de altura en la que no se descartaba la participación de compañeros de armas, opuestos a la imagen que en la calle se tenía de Díez-Alegría. Para Vicente Roa[50], «se trataba de una ofensiva de lo más eximio del “búnker”, encabezada por cierto general a punto de pasar a la reserva, que quería ser promovido a Capitán General», en referencia al teniente general Iniesta, del que comentaba su esperanza de ser nombrado Jefe del «Alto», a su pase a la situación «B». Por su parte, Platón[51] alude al general Díez-Alegría como «candidato ideal para la Vicepresidencia militar que se creó en diciembre de 1975 (…), pero su cese (año y medio antes) al frente del Alto Estado Mayor le había cargado con una injusta connotación polémica».

El hecho es que el general jefe del AEM, tenido por uno de los oficiales generales más ilustrados y aperturistas de nuestras Fuerzas Armadas, efectuó en los últimos días de mayo y primeros de junio de 1974 un viaje a Rumanía, que incluía una entrevista con el presidente Nicolae Ceaucescu, por entonces considerado como el dirigente comunista europeo más abierto a las relaciones con Occidente y más crítico con la hegemonía de Moscú. No había participado en la invasión de Checoslovaquia en 1968 y, en cambio, había invitado al presidente Nixon en 1971 a una visita oficial a Rumanía en la que el americano recibiría una acogida muy calurosa.

En mi visita, del lunes 3 de junio, al jefe de la Tercera Sección del AEM, general Arozarena, me manifestaba desconocer la razón y la autoridad rumana que había invitado al teniente general. Tampoco se me pudo facilitar esa mañana información alguna ni en la secretaría general del AEM, ni en la particular del TG Díez-Alegría, ni en la Oficina de Relaciones Públicas, salvo que el general jefe había partido de viaje a Rumanía el sábado día 1, donde permanecería unos días, y que la noticia no había tenido difusión aún, ni siquiera en los servicios de información militares. Televisión Española daría la primicia del viaje en el telediario de las tres de la tarde de ese lunes día 3. Pero quienes conocían bien al teniente general y su larga trayectoria militar consideraban inimaginable la iniciativa de un viaje privado de esas características sin previa autorización expresa de quienes eran sus inmediatos superiores: el presidente del Gobierno y el jefe del Estado.

Fechas después, fuentes habitualmente seguras del entorno del jefe del AEM, calificarían el viaje a Rumanía como una visita oficial de carácter secreto dispuesta por el jefe del Estado y con las bendiciones del propio presidente del Gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores. No he encontrado documentos que indiquen o reflejen petición alguna de Díez-Alegría a Arias respecto de la debida autorización del viaje y posterior encuentro con Ceaucescu, pero tratándose de un asunto tan delicado y reservado parece lógico suponer que las gestiones se hicieran de palabra, con suficiente anterioridad, no inferior a una o dos semanas. España no mantenía entonces relaciones diplomáticas abiertas con Rumanía, como con ningún país del bloque comunista, lo cual exigiría un mayor plazo para cualquier acuerdo.

El director del SECED, comandante Valverde, nos comentaría haber tenido conocimiento directo de que el teniente general Díez-Alegría había visitado al presidente del Gobierno el día 6 de junio «sobre un asunto particular», sin más detalle, lo que impedía asegurar si Arias también estuvo al corriente del viaje con anterioridad, si se lo comunicó a Valverde en confidencia y si este quiso mantener la máxima reserva ante sus colaboradores más inmediatos. En todo caso parece lógico que a la motivación privada y familiar —absolutamente secundaria en este caso— se superpusiera un encargo oficial u oficioso ante las autoridades rumanas, oportunidad que estas querían aprovechar para facilitarle a Santiago Carrillo un contacto discreto, no programado, con el jefe del Alto Estado Mayor español, ocasión de la que el PCE sacaría buen provecho, explotando el rumor publicitariamente, con gran escándalo en nuestros círculos políticos.

Algunos comentaristas divulgaron pronto su conclusión de que nunca estuvo claro el verdadero objeto del viaje de Díez-Alegría, en el que concurrían circunstancias de índole familiar y justificaciones de visita oficial. Desde luego, en aquellas fechas, muy pocos tenían conocimiento de las motivaciones y del programa desarrollado durante esas rápidas jornadas. La prensa nacional hizo de Díez-Alegría un mito en un momento en que concurrían diversas crisis nacionales. El día 8 de junio de 1974, el presidente de la agencia Europa Press, José Mario Armero, se interesaría —en almuerzo ya citado con directivos del SECED— por el fundamento real de los artículos recientes de Miguel Acoca y Roger Mathews en The Washington Post y Financial Times, con la insólita noticia del «Spinola español (…), destituido antes de llegar a serlo», en alusión a la pretendida entrevista del teniente general Díez-Alegría con el secretario general del PCE, lo cual venía a ser como la guinda de la inminente destitución del jefe del AEM. Dudaba Armero que el viaje de Díez-Alegría a Rumanía hubiera tenido carácter particular. Robert Moss mostró también en esa comida su interés por el viaje y nos preguntó por el tiempo que le quedaba a Díez-Alegría como jefe del Alto Estado Mayor, a quien bien podría suceder el general Gutiérrez Mellado, de numerosas referencias laudatorias. Tal era el clima de incertidumbre sobre lo que se cernía.

Según Vicente Roa, «Díez-Alegría fue un peón sacrificado, el primero de una larga lista, en la que Arias se iría dejando jirones de su equipo y de su piel». En último extremo, resultó ser cabeza de turco de alguna operación que el primero en desconocerla era su propio protagonista. Como siempre. Por su parte, Miguel Platón[52] asegura que: «el jefe del AEM efectuó un viaje a Rumanía y se entrevistó con el presidente Nicolae Ceaucescu con el conocimiento del presidente Carlos Arias Navarro (…). Acababa de producirse la revolución portuguesa y Ceaucescu planteó al teniente general Díez-Alegría la oportunidad de que las Fuerzas Armadas españolas encabezasen una transición similar. El jefe del Alto Estado Mayor le respondió con su conocida tesis de que el Ejército no debía intervenir en la política. Rechazó asimismo una entrevista con el secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, que se había desplazado ex-profeso a Bucarest».

El que fuera sacerdote jesuita, José María Díez-Alegría[53], me recordaba en conversación del 7 de julio de 2004 en Madrid el episodio de Rumanía. Aunque con 92 años cumplidos, su clara memoria me ofrecía una versión a tener en cuenta. Un amigo «liberal», cuyo nombre prefirió no citar, debió ofrecer a su hermano «Manolo» la posibilidad de facilitarle una invitación de Ceaucescu y, de paso, una consulta con la doctora Aslan para Conchita, la esposa del teniente general. Ceaucescu era entonces un líder moderado en comparación con los restantes mandatarios de la URSS y países satélites, así que el ofrecimiento no fue desdeñado por «Manolo», pues podría resultar una vía discreta de obtener información de primera mano, lo que iba bien a su puesto de jefe del Alto Estado Mayor. En el ámbito familiar sí se tenía noticia de que Conchita Frax[54] tenía concertada una consulta médica con la doctora Aslan, geriatra en boga en aquellos años, sin que se le diera a ello la menor importancia. El hijo mayor me transmitiría el 24 de noviembre de 2004 su certeza de que el motivo del viaje a Rumanía no fue nunca aquella visita médica, aunque muy probablemente su madre lo hubiera aprovechado para ello pues «era muy de médicos».

Según el padre Díez-Alegría, su hermano consultó el viaje en un despacho con Arias Navarro y añade: «No podía ser de otro modo por el puesto y el estilo militar de Manolo». Al presidente le pareció muy bien y le dijo al teniente general algo así como «¡Qué más querríamos que poder lograr información privilegiada directa!». Y la maquinaria se puso en marcha, como si fuera un viaje privado. «Pero, sigue don José María, los generales «azules» no congeniaban con mi hermano; le consideraban muy liberal, intelectual, izquierdoso, y todo porque su carácter moderado, escuchador, próximo a entender a sus interlocutores hacía que muchos de los progresistas anti-franquistas creyeran equivocadamente que “Manolo” estaba también en esa onda. Así que los mandos más “ultras” fueron a por él con cuentos a Franco y a Arias Navarro, quien acabó por despachar en El Pardo el cese del jefe del “Alto”». Aseguraba el jesuita que Franco llegó a preguntar a Arias si «Alegría» —como se le conocía entre los mandos militares— le había consultado el viaje a Rumanía y el encuentro con Ceaucescu, lo que el presidente negó falazmente, extendiéndose el religioso con descalificaciones sobre Arias Navarro.

El cese se materializa

Antes incluso de que Díez-Alegría volviese a España, la noticia de su entrevista con Ceaucescu había producido sorpresa y expectación. Según Platón, en su documentado libro ya citado, el ministro de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina Mauri, protestó en términos muy enérgicos ante el jefe del Estado y el presidente del Gobierno, por entender que el teniente general Díez-Alegría había invadido a sus espaldas las competencias de política exterior que correspondían a su Departamento. No debe dudarse de las fuentes de Platón, pero, en todo caso, cabría suponer que la «superioridad» quiso mantener en absoluto secreto y sin el menor carácter oficial —léase diplomático— este viaje del general Díez-Alegría. Incluso es posible que, en último término, se produjera un encuentro del jefe del «Alto» con el ministro, impulsado desde El Pardo o Castellana. Ya antes de que el teniente general pudiera informar del viaje, empezaba a correr el rumor de su cese, como si en efecto fuera el objetivo de la campaña, cese que no se produciría hasta quince días después por decreto 1640 de la Presidencia del Gobierno, de 14 de junio (BOE. 143 del día siguiente y Diario Oficial del Ejército 135 del día 16), cuando Díez-Alegría regresaba a Madrid de un viaje oficial a Túnez. Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, hija del que fuera por aquellas fechas ministro del Ejército, nos deja esta referencia: «Pues bien, Franco, cuando este viaje se hizo público, cesó fulminantemente al general Díez-Alegría y el presidente Arias no hizo nada para salvarle, pese a ser él quien lo había enviado»[55].

No quedaba constancia tampoco de la autoridad ni del momento en que se decidió el cese del jefe del AEM, pero algún observador veía, en aquellos días, indicios suficientes en un viaje que por esas fechas el presidente Arias realizó a Asturias invitado por el Generalísimo, quien dedicaba unas jornadas a la pesca en el Principado.

El día 3 de junio, el general Arozarena me apuntaría que este viaje conjunto al norte era síntoma de alguna decisión de la máxima importancia para la nación, que habría de hacerse pública en fechas próximas. «Esa es la manera de actuar de Franco —añadía—, no será una decisión puramente del Gobierno ni una larga sesión informativa entre el jefe del Estado y el presidente del Ejecutivo sobre los últimos acontecimientos nacionales».

En la aludida entrevista del 7 de julio de 2004, el P. Díez-Alegría me añadió estas otras consideraciones: «Finalmente se decidió el cese. Mi hermano Luis, jefe entonces de la Casa Militar de SE, consiguió enterarse del asunto, justo la víspera de aparecer publicado en el BOE y se las arregló para localizar a “Manolo” en Túnez y ponerle en guardia antes de que regresara a Madrid. Pero también tuvimos conocimiento, por otra fuente, de que el presidente Arias le había telefoneado allí a “Manolo”, ofreciéndole la embajada de Rabat, cargo que no fue aceptado de ningún modo». (Curiosamente, en almuerzo con el corresponsal Acoca, el 2 de julio, nos comentaría que en la embajada americana en Madrid circulaba el rumor de que Díez-Alegría sería nombrado embajador de España en Washington). El religioso me explicaba que su hermano Manolo era un hombre discretísimo que además se adaptaba fácilmente al interlocutor, pues era muy correcto en las formas. Era más político que Luis, pero siempre rechazó mezclar a los ejércitos en esas cuestiones.

Por su parte, Manuel Díez-Alegría y Frax[56], hijo mayor del general, me confiaba también, el 30 de junio de 2004, su permanente recuerdo del cese: «Fue a Rumanía con todas las bendiciones del Gobierno, tras despachar con el ministro de Asuntos Exteriores, Cortina Mauri». Me añadió que su padre no gustaba de hablar de estos temas en familia y menos en presencia de los hijos; pero él sí guardaba en la memoria el hecho de que su padre, nada más regresar de Bucarest, informó al presidente Arias de su encuentro con Ceaucescu; no con Carrillo, a quien no vio. Manuel-hijo tiene desde entonces el convencimiento de que su padre fue destituido por Arias por presiones del mundo del Movimiento y de los generales «ultras» de ese entorno. En otra conversación —20 mayo 2004—, llegaría a confirmarme que la maniobra no era propiamente de Arias, ni de Franco, sino de ese grupo de generales, equipo que no quería nada bien a su padre[57].

En cualquier caso, y con independencia de que pudiera haber habido algún error en el desarrollo del programa del viaje a Rumanía, es importante discurrir sobre las motivaciones que se ocultaban tras el cese, acaso por los temores que despertaba su figura. Dos aspectos absorbían la continuada atención de Díez-Alegría desde que tomó posesión de la jefatura del Alto Estado Mayor cuatro años antes: la transformación del «Alto», operación que aún tardaría dos años más en fraguarse, y la promulgación de la Ley de Bases de la Defensa Nacional, cuyo anteproyecto ya había sido enviado a la ponencia de las Cortes por el vicepresidente Carrero y texto del que cabía esperar repercusiones político-administrativas. La reforma del AEM afectaría fundamentalmente al Servicio de Información, pero la Ley de Defensa Nacional tropezaría con la Ley Orgánica del Estado y, por qué no decirlo, con la renuente oposición de los ministros militares. El almirante Carrero había logrado el consentimiento de Franco a la prevista concentración de las Fuerzas Armadas bajo una única cúpula militar: un Ministerio de Defensa al estilo de otros países occidentales, pero el procedimiento parlamentario se había ralentizado, en parte porque el nuevo Gobierno era considerado demasiado aperturista por la inmensa mayoría de los procuradores en Cortes.

El general Luis Cano Portal, que firmaba artículos en el diario El Alcázar bajo el seudónimo Jerjes, comentaría el día 8 de junio en un almuerzo con Juan Valverde que el proyecto de Ley Orgánica de Bases de la Defensa Nacional no era aceptado por nadie, y que la mayoría se inclinaba por creer que Díez-Alegría había ido demasiado lejos al pretender dar prerrogativas al jefe del Alto Estado Mayor, que tan solo podrían corresponder a un ministro de Defensa, cargo que —aseguraba Cano— nunca se produciría en vida del Caudillo. Según Jerjes, tal intento no gustaba ni en El Pardo ni en la Zarzuela ni en Castellana, ni a ninguno de los miembros de la ponencia que estudiaba el proyecto de ley y que era presidida por el teniente general Galera Paniagua, apuntando el general Cano que el «engendro» se debía a Gutiérrez Mellado, en aquellas fechas mano derecha de Díez-Alegría en Vitruvio. El artículo de Jerjes apareció también en portada de ABC y, según algunos, hizo más daño del que podía sospechar su autor. Cano Portal había contado con la autorización del ministro del Ejército, general Coloma. Fernández Santander[58] hace una extensa mención al cese del teniente general y recuerda que en el diario El Alcázar, del 10 de junio, Jerjes atacaba abiertamente la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, patrocinada por Díez-Alegría, por unas disposiciones que «convertían al Alto Estado Mayor en un superministerio sin atribuciones».

Aquellas pretendidas prerrogativas, buscadas supuestamente por Díez-Alegría, debieron influir en la decisión de retirar de las Cortes el proyecto de ley, que ya había acumulado una enorme cantidad de enmiendas. La retirada fue muy bien acogida por la ponencia que lo estudiaba. Los rumores apuntaban a los generales Iniesta, García-Rebull y Campano como los que habían solicitado el cese de Díez-Alegría, y como los más interesados en hacer creer que Franco seguía mandando sin necesidad de contar con nadie. Diversas reuniones en Madrid y Barcelona fueron ocasión pública para comentar con sorpresa el cese de Díez-Alegría. Las consideraciones recogidas hablaban de enorme inoportunidad, al dar la razón a quienes sin motivo alguno hablaban de división política e ideológica entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas, con lo que se hacía el juego a Carrillo y demás calumniadores que pretendían implicar en su juego a la limpia figura del teniente general. La gente se preguntaba, en todo caso, qué clase de delito era ser liberal, como se le achacaba; ahora sí que se corría el riesgo de que la oficialidad del Ejército pudiera quedar dividida entre seguidores de Díez-Alegría o de Iniesta, por citar a dos pretendidos líderes de modos de pensar bien opuestos.

El general cesado regresaba de Túnez el jueves 13 de junio a Madrid, por vía aérea. En el aeropuerto de Barajas fue recibido por un reducido número de subordinados suyos en el Alto Estado Mayor, que pretendíamos mostrarle el calor de la amistad y la adhesión en aquel difícil y doloroso trance. Acudieron también algunos compañeros y amigos más próximos en un gesto de afecto hacia quien consideraban un excelente jefe y distinguido militar. Y no faltó una nutrida representación de los medios de comunicación social. Me recordaría el padre Díez-Alegría que su hermano Manolo «estuvo suave y moderado con la prensa, pues el notición y el enfado consecuente ya lo había digerido la víspera, y además, por carácter, sabía contenerse cuando era conveniente». No asistieron, en cambio, los hijos. Fernando trabajaba en un banco en París, pero recibió puntual y extensa información de aquel episodio, por vía directa familiar. El mayor de ellos, Manuel, me haría, el 24 de noviembre de 2005, la confidencia de que la familia consideró que quienes fueron a recibirle en Barajas resultaron «significativamente pocos», como echando en falta a algunos personajes. Mantenía vivo el recuerdo de que su madre siempre lamentó profundamente que el general Gutiérrez Mellado no hubiera podido hacer nada por evitar el cese. Fernando me haría similar reflexión: «En casa se produjo un distanciamiento con “el Guti”; aunque siguieron siendo buenos compañeros, nunca fueron amigos de familia».

Fernández Santander, en su libro citado antes, apunta el siguiente relato sobre el viaje oficial que llevaba a Túnez al teniente general: «Arias Navarro, que ya ha decidido su cese, intenta contactar telefónicamente con el general; pero, debido a lo apretado de su programa oficial en el país africano, no lo consigue. Al pasar por Roma, de vuelta a España, Díez-Alegría se entera de las noticias que corren sobre su destitución e intenta llamar a Arias, pero tampoco le localiza. El 13 de junio, el general es recibido en el aeropuerto de Barajas por numerosos periodistas. «No sé nada de nada —dice—. Vengo de muy lejos y, aunque he leído los periódicos en el avión, no sé nada. Ustedes los periodistas, en todo caso, deben ser los que me lo cuenten a mí. De ser ciertos los rumores, pienso que alguna vez tiene uno el derecho al descanso». Al serle mencionado el artículo de El Alcázar, Díez-Alegría no quiere comentarlo y recalca: «Yo no soy militar político; mi trayectoria ha sido siempre militar. Me voy a mi finca en donde los únicos rumores que oiré serán los cantos de los pájaros».

Ese mismo día 13, el CTE Fernández-Monzón, jefe del Gabinete de Enlace del Ministro de Información y Turismo, me facilitaba copia de una nota personal que elevaba al ministro Cabanillas sobre el relevo del jefe del AEM, que «en las actuales circunstancias aparece como ferozmente inoportuno». Terminaba la nota con este párrafo: «El artículo de JERJES en el diario “Alcázar”, comentando la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, era calumnioso para la persona de Díez-Alegría, pues, aun en el caso de que el jefe del AEM fuera a adquirir el poder que JERJES le achaca —lo que no es cierto y puede comprobarse a la vista del texto del proyecto de Ley—, el TTE Gral. Díez-Alegría, padre del proyecto, no se beneficiaría en ningún caso personalmente de tal situación, puesto que le queda un año para pasar a la Reserva definitiva al cumplir los 70 años de edad. JERJES, como se sabe, es General de Infantería, DEM, en la Reserva, don Luis Cano Portal, quien también fue el autor en el mismo periódico, de otra andanada contra el general Díez-Alegría con motivo del debate en las Cortes del proyecto de Ley de Objetores de Conciencia el pasado año». La decisión política no fue entendida por la inmensa mayoría de los jefes y oficiales del «Alto», que calificaban de error lo que estaba sucediendo, pues sería difícil encontrar otro jefe con tanta credibilidad en el mundo civil, ni con un prestigio tan consolidado en el extranjero[59]. Pero en el conjunto de la institución castrense, se acogió con la disciplina habitual una medida que entraba dentro de las competencias propias de la autoridad que la decretó.

La dirección del Servicio no podía quedarse al margen de una situación tan anormal. Las relaciones con el Alto Estado Mayor, con su Tercera Sección y personalmente con el teniente general Díez-Alegría, así como el hecho de que buena parte de sus directivos estuviesen destinados en aquel alto centro, invitaban a prestar una especialísima atención al asunto. Así que, el día 14 de junio, el SECED redactó una nota interior que se haría llegar al presidente del Gobierno. En ella se argumentaba que la oposición al sistema en todas sus versiones utilizaría en su provecho aquella decisión política, interpretándola según conviniera a sus propios objetivos, y abogaba por su reconsideración, al menos en la forma de hacerla pública, aunque tan solo fuera para evitar las campañas que pudieran desencadenarse. Se apuntaba como alternativa aconsejable el nombramiento del general Díez-Alegría como embajador en algún país y decretar el cese como jefe del AEM inmediatamente después, al tiempo que se publicase el nombramiento de otro teniente general para relevarle en el mando. En opinión del Servicio no se esperaba una reacción unánime e inmediata en el seno de las Fuerzas Armadas, aunque se temía que a plazo medio el cese provocase un resquebrajamiento en la solidez de la fuerza monolítica que hasta entonces habían tenido los Ejércitos.

La nota interior consideraba que la destitución de uno de los generales más brillantes, preparados y de ejecutoria moral y política más limpia podía desencadenar opiniones contrarias a esa decisión. Ello podría ser interpretado como el primer paso hacia la politización de los altos mandos militares, lo cual daría una sensación de inseguridad entre los demás componentes de las Fuerzas Armadas al comprobar que los generales entraban también en el juego de las reacciones políticas por maliciosas imputaciones de oposición al Régimen. En cualquier caso, el cese del teniente general serviría de elemento de discusión y escisión entre los cuadros de mando de las FAS que se preguntarían, aun en el caso hipotético de que fuese cierto, qué clase de delito era ser de tendencias liberales, como se achacaba a Díez-Alegría. El evitar la posibilidad de que se crease la imagen de una división política o ideológica entre los altos mandos era argumento suficiente para justificar la búsqueda, por la superioridad, de una fórmula más adecuada que soslayase la destitución como tal. Se decía que varias fuentes aconsejaban la conveniencia de que se esclareciesen los motivos reales del cese y se mantuvieran informadas a las Fuerzas Armadas para su ejemplaridad, si fuera el caso, o para reprobación por las mismas de los que hubieran influido insidiosamente en el apartamiento de su cargo de un alto mando militar. Tan valiente alegato del SECED por el injustificable tratamiento no sirvió de nada. El teniente general Díez-Alegría aparecía cesado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado sin contemplación alguna de lo apuntado en la nota interior.

El asunto llegó a preocupar en el Ministerio del Ejército, tanto que la misma víspera el jefe de la Segunda Sección-Bis consultaría al comandante Valverde la veracidad del rumor del cese. El teniente general Villaescusa estaba incómodo por el contenido de la nota del SECED en la que, a su juicio, se tomaba partido en favor de Díez-Alegría, cuando precisamente se iniciaba la difusión oficial de otra nota del CESIBE del Estado Mayor Central, de fecha 14, en línea bien diferente y del siguiente tenor: «Con motivo del cese del teniente general Díez-Alegría, jefe del Alto Estado Mayor, se están produciendo diferentes comentarios en los que se exponen diversas causas para explicar el mismo. El jefe del AEM depende, como es sabido, directamente el presidente del Gobierno, siendo por tanto esa Autoridad su Jefe inmediato. El presidente del Gobierno fue quien autorizó al teniente general Díez-Alegría para que realizase un viaje particular a Rumanía, posiblemente para someterse a un tratamiento geriátrico. En este viaje, el teniente general Díez-Alegría efectuó entrevistas de carácter político en Rumanía sin estar autorizado para ello. Este ha sido el motivo por el cual se ha decidido el cese del mencionado teniente general».

Fernando Puell de la Villa[60], al tratar este asunto califica esa nota del EMC «malintencionada e inexacta (…), que pretendía poner fin a las críticas levantadas, por la destitución del prestigioso jefe del Alto». Por su parte, Francisco Medina observa[61] que la nota «no es sino consecuencia del revuelo que sacude a la Institución ante el cese fulminante de quien ocupa un puesto tan relevante», y pone en boca del general del ejército Sáenz de Tejada su opinión sobre el cese de Díez-Alegría, tal como se la expuso por aquellas fechas al general Gutiérrez Mellado: consideraba que el jefe del Alto «se está dejando llevar de lo que se dice de él y se queda callado (…). Y esta postura indecisa (…), chocaba a los militares». Explicaba Sáenz de Tejada que Díez-Alegría, porque no era un «ultra», creía en la necesidad de abrir el Régimen a la democracia y añadía que a Gutiérrez Mellado le enfadó mucho la nota del EMC. A juicio de Platón[62]: «El prestigio del teniente general Díez-Alegría, no obstante, hizo que el cese tuviera un significativo impacto moral, así como una cierta sorpresa ante lo que tenía el aspecto de un correctivo político».

La despedida oficial

En la mañana del 17 de junio, el teniente general reunió en la Sala de Traductores del Alto Estado Mayor a los mandos naturales y representaciones de todas las Secciones y Negociados para dirigirnos unas palabras de despedida. Tras una breve intervención del general Gutiérrez Mellado, Díez-Alegría leyó dos folios con visible emoción, suya y de todos los presentes. Obtuve una copia del texto, que iba a ser remitido a la Dirección General de Prensa para su difusión —si se autorizaba— a agencias y medios de comunicación. Esa nota sería leída a continuación en las diferentes dependencias de Vitruvio, por sus propios mandos a los restantes jefes, oficiales, suboficiales y personal civil, resultando particularmente comentada, por impactante, la frase en que el teniente general proclamaba su inocencia de los hechos que se le imputaban: «Se cierra, aquí y en este acto, una carrera militar próxima a cumplir cincuenta y un años de consagración, sin desviación alguna, al servicio de las Armas (…). Tengo también algo que pediros: Cuidad, como algo esencial, de mantener la unidad monolítica de las Fuerzas Armadas (…). No deis abrigo a envidias, ni rencores, ni alberguéis en vuestro pecho intereses bastardos. Pero, sobre todo, os deseo que cuando llegue el fin de vuestra actividad, podáis dejarla con las manos tan limpias, con el corazón tan puro y con la conciencia tan tranquila como yo la dejo ahora».

Finalmente subí al despacho del general Arozarena y, en presencia de los coroneles Sánchez Gabriel y Morillo, comentamos la breve nota del SECED que yo le llevaba sobre la declaración del EMC que se suponía redactada por el CESIBE. A tan destacados miembros de la Tercera Sección les parecía incorrecto que un documento oficial del Estado Mayor Central dijese que el jefe del «Alto» dependía del presidente del Gobierno, pues recientemente se había debatido con él mismo la dependencia del jefe del Estado en función de la Disposición Transitoria 1.ª, punto 2, de la Ley Orgánica del Estado, si bien en la corta etapa del presidente Carrero el despacho se tramitaba con él, por expresa decisión del Caudillo y porque además se había venido haciendo así habitualmente en temas de menor urgencia e importancia. Los presentes discrepaban también del calificativo de «particular» del viaje del teniente general, cuando para expresar que no se trataba de un viaje oficial se debería haber escrito «oficioso», como suelen ser —a juicio de ellos— la mayor parte de los viajes de interés, ya que los reconocidos como viajes oficiales se realizan ya para recoger el fruto y sellar los acuerdos de numerosos viajes «oficiosos» previos. Los tres sabían que el viaje había sido conocido en todos sus planteamientos por el presidente Arias, mencionando el general Arozarena la intervención del ministro Cortina en este asunto. De ahí que consideraran alejada de la verdad —sin darme pistas que lo justificaran— la frase de la nota: «…visitas de carácter político sin estar autorizado para ello».

En el intercambio final de opiniones sobre la nota del CESIBE pensaban que la mayoría de los cuadros de mando en las Unidades habían quedado convencidos de que la noticia de los motivos del cese tenía sólidos fundamentos, procediendo como procedía del Estado Mayor Central del Ejército, postura militar que calificaban de lógica y positiva. Pero que cuando la oficialidad tuviera en la mano las palabras del teniente general Díez-Alegría, dudarían, con gran desencanto y descontento, de sus informadores oficiales. Lamentaban, además, que la referida nota no hubiera sido consultada con el «Alto» para difusión entre los mandos de «Vitruvio», ni siquiera remitiendo copia, como a las demás unidades y dependencias.

Bajé por último a saludar al general Gutiérrez Mellado, quien amistosa y confidencialmente me insistió en la absoluta limpieza del teniente general, comentándome que esa misma mañana se lo había dicho, con esas palabras, Díez-Alegría al ministro del Ejército, hablándole de que estaba en entredicho su palabra de soldado contra la de un político [refiriéndose lógicamente al presidente Arias]. En términos militares se lo transmitiría a los ministros de Marina y del Aire. Gutiérrez Mellado me repetía que —además de conocer la verdad— no aceptaba desconfiar de la palabra de un teniente general de la ejemplaridad moral de Díez-Alegría, y que así se lo había hecho saber a los mandos de su Primera Sección (Militar), pidiéndoles que aceptaran la decisión de la superioridad, pero que no dieran crédito a los bulos que se corrían, y que ante todo procuraran mantener la unidad de las Fuerzas Armadas. Finalmente me aseguraba, rotundo, que las noticias de un encuentro con Carrillo y de un viaje «extra» a la URSS eran una verdadera infamia. Con tantas informaciones imprecisas y erróneas se había hecho un flaco servicio a las Fuerzas Armadas, cuya reacción temía. Gutiérrez Mellado me completó el panorama del cese, con el matiz de que la decisión había sido tomada por el jefe del Estado, a quien los rumores inmediatos desde el asesinato del almirante Carrero le habían hecho creer que Díez-Alegría era su enemigo número uno. Arias no había sido, en este asunto, más que «el chico de las cervezas», coletilla que Gutiérrez Mellado añadía con alguna frecuencia. Creía el general que el ministro Coloma no pudo intervenir en el tema, «muy a pesar suyo». Me despidió con el afecto de siempre, diciéndome, quizá como mensaje a transmitir al SECED: «¡Que os cuidéis y que aprendáis de la vida!».

Ese mismo día 17 de junio, el teniente general Díez-Alegría, desde su domicilio particular de Don Ramón de la Cruz, 20, cursaba instancia al ministro del Ejército solicitando audiencia de SE el jefe del Estado «al objeto de despedirse con motivo de su cese como jefe del Alto Estado Mayor». Sería recibido en El Pardo por el Generalísimo el día 2 de julio de 1974. En la audiencia, Díez-Alegría hizo una larga exposición a Franco, sin que este le interrumpiera una sola vez. Pero, al final, el Caudillo le preguntaría: «¿Cómo explica Vd., Alegría, esa decisión de Arias Navarro?», frase que casi textualmente sería repetida por el teniente general Díez-Alegría en familia después, como me recordaba su hijo Fernando, el 6 de marzo de 2006. También me contaba el padre Díez-Alegría que Franco le dijo a su hermano en la audiencia que «sabía que no faltó a la lealtad ni a la subordinación al presidente del Gobierno y que estaba seguro de que nunca lo hubiera hecho».

Casa bien ese comentario del Generalísimo con algunas de las magníficas calificaciones que aparecen en el expediente personal del teniente general: «Elevado espíritu militar, amor al servicio, acendrada lealtad y disciplina, celo en el desempeño de sus obligaciones, gran amor a la responsabilidad, conducta intachable en todos los aspectos, tanto públicos como privados, magnífico Jefe en el que se pueden confiar misiones difíciles y delicadas (…), y proceder político-social absolutamente sano». Casi doce años antes —en las Navidades de 1962— el teniente general Agustín Muñoz Grandes, calificaba así a su jefe de la Primera Sección (Militar) en el AEM: «En los meses que lleva a mis órdenes he podido comprobar los informes que de él tenía: por su inteligencia, trabajo, formidable espíritu de disciplina, profundos conocimientos (…) y extensa cultura, le considero uno de los mejores oficiales de nuestro Ejército». Ese era realmente Manuel Díez-Alegría Gutiérrez.

Confidencias posteriores

En la mañana del 13 de octubre de 1975, visité en su casa al teniente general. Me hizo unas extensas consideraciones que, según mis notas, tenían este contenido: «El origen de mi cese en el “Alto” viene de alguno de mis queridos compañeros, y no solo de los “azules”, que son tres en el Consejo Superior, sino de los demás que no abrieron la boca (…). Me quedó la duda de cómo había yo de aclarar mi posición. Así que pedí una audiencia al Caudillo y fui a verle el 2 de julio a las once de la mañana. Le dije: “Excelencia, vengo a verle porque desde que cesé en el cargo toda mi preocupación ha sido estar apartado de todo. Soy hombre de características permanentes, con una lealtad no discutible. Soy incapaz de conspirar porque, entre otras cosas, no sé; no me interesa la política ni quiero ser nada. Pero como no pueden faltar amigos “cariñosos” que vengan a contarle a Vd. lo que les parezca, me quiero adelantar para decirle esto: Yo he tratado de cumplir en cada puesto con mi papel lo mejor que he podido y nunca me he metido en ningún “bollo” al margen de mi profesión.

»El Caudillo me cortó: “Alegría, no tiene que decirme nada. Vd. es un gran soldado. Vd. en cualquier sitio que ha estado me ha hecho un papel fenomenal”. Yo le dije: “Le agradezco mucho ese juicio”, aunque me daban ganas de decirle: “¡Pero mire cómo me lo han pagado!”. Añadí que quería aprovechar la ocasión para dar a esta visita un carácter de permanente; es decir: “Como no voy a venir cada vez que un imbécil diga una estupidez, cuando oiga Vd. algo de mí en esa línea, sepa VE que todo es falso”. Y el Generalísimo me dijo: “Vd. haga lo que le dé la gana, que yo tengo mi juicio formado sobre Vd. y no hay nada que lo varíe”. Así que esa es la opinión de Su Excelencia, y bien reciente». En otro momento, el teniente general Díez-Alegría me añadía: «Cuando le visité a raíz de mi cese, yo le conté todo como se había gestado y desarrollado. “Vengo a despedirme de Vd., a reiterarle mi lealtad, a darle las gracias por las muchas bondades que Vd. ha tenido conmigo a lo largo de una carrera dilatada y pedirle que escuche mi versión de los acontecimientos”. Le conté con todo detalle mi visita a Ceaucescu, cosas que no le había contado a nadie sobre mi conversación con él; y cuando acabé, me quedé callado y me dijo: “Fue una imprudencia”. Yo le respondí: “Pues tal vez sí, Excelencia, pero debe considerar que la decisión no fue mía”. Yo le había contado todo el tinglado y me dijo: “Entonces ¿cómo se explica Vd., Alegría, que el Gobierno se quejara de su viaje?”. Le respondí: “Mire, yo eso no lo sé, eso es del campo político y a mí la política ni me interesa, ni la quiero ni la entiendo, ni quiero mezclarme en ella para nada. Ahora, si es así, se ha cometido conmigo una deslealtad nacional”. “Lo siento”, me añadió; a lo que respondí: “Si Vd. lo siente, ya es algo”». Y el teniente general me remataba la exposición diciéndome: «Pero ya ves, Juanito, ¡ahora soy un gran soldado!».

El general se extendió en otras confidencias: «Antes del verano empezó a publicar el Diario de Mallorca unos artículos de un tal Feliú, que venía dando la lata desde años atrás, a través de Pilar Franco, para pedir la devolución de la isla de Cabrera, expropiada en el siglo XIX por razones de defensa». Se enviaron a los ministros militares, que habían resuelto en contra, y un día, a los postres de una cena con amigos se le presentó el tal Feliú. «A los pocos días este publicaba en aquel diario que había cenado conmigo en un restaurante con Sainz Rodríguez y toda la plana mayor de don Juan. Escribí al periódico y dije que todo era falso, que yo no conocía al señor Feliú (…). Pero dos o tres días después, Acoca, corresponsal de The Washington Post, decía que yo era una figura política que estaba recorriendo España haciendo campaña; que estaba en contacto con la Junta Democrática; que era íntimo de don Juan; que yo tenía relación con la CIA; que yo había visitado al presidente Allende en Chile poco antes de su caída; y que aquí los oficiales se bajaban los pantalones ante la CIA. Le contesté —continuaba el general— con otra carta diciéndole que yo era militar en activo y que no hacía ni podía hacer ninguna actividad política; que con la Junta Democrática o cualquier montaje que oliera a comunismo yo no había tenido contacto ni lo tendría nunca; que a don Juan le conocía, pero sin mantener con él ningún trato; que con el presidente Allende había estado un año antes y además era amigo mío y que había lamentado personalmente que se lo cargaran; y que los oficiales españoles tenían cosas más importantes que hacer que dedicarse a pensar en la CIA». El día de la Virgen del Carmen, el General publicaba esos mismos conceptos en carta al International Herald Tribune, diario que la titulaba: «Directivo de la CIA visita Madrid para entrevistarse con un general destituido».

El día 2 de julio de 1974, el abogado y periodista José Mario Armero nos invitaba en el restaurante Horcher a directivos del SECED para presentarnos a Miguel Acoca, pues este se interesaba por las «posibles divergencias que podrían haber surgido en las FAS o surgirán en un futuro inmediato como consecuencia del cese de Díez-Alegría». Nos trasladó la opinión de otros expertos que calificaban de error político importante la decisión y la forma en que se había planteado la destitución, ya que con ello se ofrecía una baza gratuita al PCE. Por su parte Armero contó que la persona que empezó a crear la falsa imagen conflictiva de Díez-Alegría en el mundo civil había sido García Trevijano, ya desde que el general mandaba la Primera Sección del «Alto», cuando apenas era conocida aún su personalidad.

Un año después, el martes 15 de abril de 1975, hice llegar al TG Díez-Alegría unos informes, no sujetos a reserva, sobre la Junta Democrática de España, así como las declaraciones de Santiago Carrillo aparecidas en la revista Stern. (Lo mismo me tocó hacer unos días antes a Calvo-Sotelo, y también saldrían del SECED copias para otros destinatarios selectos). El teniente general me lo agradeció por carta el 19, «puesto que ahora no tengo otra fuente de información (…)». Pero seguía su texto en un tono que me resultaba desacostumbrado en él. Razones tendría para ello. Transcribo un párrafo largo: «Respecto a tu deseo de visitarme, debo decirte que siempre estaré encantado de verte como amigo, pero que la experiencia de nuestras entrevistas anteriores no me anima para que las continuemos en el plan político oficioso en que han tenido lugar hasta ahora. He agradecido siempre mucho tus buenas intenciones y deseos en lo que a mí respecta, pero habrás de reconocer que todavía está por ver el primer caso en que algo de lo que me hayas dicho se haya realizado. De ser yo un poco más crédulo, un poco más iluso o un mucho menos escéptico de lo que la vida me ha hecho, pudieron constituir para mí otras nuevas desilusiones. Por eso, estoy bien como estoy, retirado de todo y, como Jeremías, mirando desde el borde del camino». Se despedía con «un fuerte abrazo de tu amigo y pariente que te quiere».

Cuenta Miguel Platón en su libro[63], en el que recoge las informaciones y criterios de una veintena de oficiales generales de los tres Ejércitos, que «Gutiérrez Mellado sufrió una frustración y disconformidad por el cese de Díez-Alegría, y que visitó incluso al presidente Carlos Arias en demanda de una explicación, y también que se le ofreciese al teniente general algún puesto relevante en el Ejército». Según el testimonio del propio general Gutiérrez Mellado en su libro[64], «luché para que se le concediera una condecoración, que se rehabilitara su nombre, que frenaran los rumores que corrían… ¡Era el honor de un ilustre General! Todo fue una pena, desperdiciamos en aquellos momentos tan críticos a uno de los prestigios del Ejército». Todo muy en consonancia con la comentada nota del SECED del día 14 de junio.

Cuando al año siguiente fallecía el jefe del Estado, el teniente general Díez-Alegría firmaba en ABC, del 21 de noviembre de 1975, un artículo titulado «El soldado Francisco Franco» del que extracto algunas de sus frases: «La estampa del veterano Francisco Franco, aunque el paso del tiempo pueda difuminarla, no morirá nunca en la Historia de España (…). La última vez que le vi, el pasado julio, me dijo simplemente. “Usted es un soldado”, despertando en mí con ello las reminiscencias de toda una vida y haciendo latir acompasadamente nuestros corazones. Porque irremisiblemente un soldado más moderno, si de veras lo ha sido, ha tenido que conformarse, aun sin conciencia de ello, al ejemplo de virtudes militares que Franco practicó y que nos lega a los hombres de armas españoles como un paradigma inmarcesible. Es la del amor patrio la que corona todas (…). Conservo sus instrucciones personales que una vez me entregó al marchar a negociar con los militares norteamericanos, y en las cuales la preocupación patriótica se refleja sobre todas».

Y continuaba el artículo: «El oficial Franco fue en todo momento un hombre de honor. Nunca faltó a su palabra (…). Es un canon su concepto de la disciplina, esa virtud, columna vertebral de los Ejércitos y naciones que —y son sus palabras— “reviste su verdadero valor cuando el pensamiento aconseja lo contrario de lo que se nos manda, cuando el corazón pugna por levantarse en legítima rebeldía o cuando la arbitrariedad o el error van unidos a la acción del mando” (…). Esa serenidad, ese realismo inconmovible, cualidad suprema de los grandes jefes, el general Franco lo atesoraba. Recuerdo una tarde de despacho en que me contaba con efusión algunos detalles de la famosa entrevista de Hendaya: «Hitler le asía expresivamente el antebrazo, ponderándole el brillante papel de España en el mundo nuevo que los suyos iban a crear (…), Franco permanecía cortés pero inconmovible (…). Con estas cualidades, el General Franco fue un extraordinario pedagogo militar, un gran forjador de hombres. Busquets nos dice que de los setecientos cadetes que, procedentes de la Academia General Militar, subsistían en 1936, solo treinta y cuatro no formaron parte de las filas nacionales. Definitiva prueba de la eficacia de un método y de un ejemplo».

En esas fechas, el TG Díez-Alegría recibió la concesión de la Orden de la República de Túnez, en su grado de Gran Oficial, distinción con que se solían cerrar los viajes al extranjero de personalidades como el jefe del Alto Estado Mayor. Díez-Alegría contó con numerosas distinciones extranjeras de primer nivel como consecuencia de sus visitas oficiales a diferentes países. Pero nunca recibió la menor distinción rumana: claro indicio de que la visita no tenía los requisitos de oficial, desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas.

Díez-Alegría mantenía una afectuosa relación de amistad con José María de Areilza desde años atrás, al que podía achacarse la circulación del nombre del general para vicepresidente de un Gobierno cuyas cabezas visibles serían —según los cronistas de la época— el conde de Motrico y Fraga. También con Manuel Fraga tuvo relaciones amistosas largos años. Aún recuerdo una visita que tuve que hacer a este político gallego por indicación del teniente general para consultarle sobre la composición de las Cortes y del Consejo Nacional; me haría reiterada referencia al afecto que profesaba al general.

Dos años más tarde de la propuesta del SECED y de Gutiérrez Mellado de encomendar al teniente general Díez-Alegría una embajada, se cumpliría de la mano de Areilza. Cuenta el padre Díez-Alegría que su hermano Manuel se llevaba muy bien con el recién estrenado ministro de Asuntos Exteriores, quien le ofreció la embajada de España en El Cairo, rogándole por favor que no se la rechazase, pues quería con ello demostrar que aquel cese injusto en el Alto Estado Mayor había sido una sucia maniobra política. El general aceptó y fue destinado como jefe de misión a Egipto, el 4 de marzo de 1976, cuatro meses antes de su pase a la reserva en el Ejército, que se produciría el día de Santiago, al cumplir los setenta años de edad. De ese modo se producía la rehabilitación política del ilustre general. Con motivo de la aparición en la prensa de la noticia sobre su inminente nombramiento como embajador de España en El Cairo, le felicité por teléfono el viernes 13 de febrero de 1976 y quedamos en hablar a fondo en su casa el lunes siguiente. Así lo hicimos durante hora y media, «a tumba abierta», en un cambio de impresiones de gran interés, tras año y medio largo de su cese en la jefatura del Alto Estado Mayor. Precisamente aludía al nuevo cargo con estas frases casi textuales: «El Estado, con este nombramiento, me hace un desagravio; el Ejército, no. No me refiero a la Institución sino a sus mandos (…). Yo ya me considero prácticamente fuera del Ejército y ahora me tendré que quitar el polvo». Y recordaba con cierta amargura su destitución en el AEM: «Ahora ya lo sé todo. Ahora me han dado teóricas Torcuato Fernández-Miranda, Carlos Arias y Carro. Y todos me han contado lo que pasó (…). Yo sospechaba muchas cosas, como ya te he dicho otras veces. Ahora ya me considero fuera de esta “organización”». Se refería al Ejército.

Pero la plena rehabilitación moral y militar no llegaría hasta el 19 de septiembre de 1976, casi dos años y medio después del cese. Vino por medio del ya teniente general Gutiérrez Mellado, (nombrado por el presidente Arias el 4 de junio jefe del Estado Mayor Central del Ejército), quien cumpliría su compromiso de dejar clara la actuación de Díez-Alegría, rectificando la lamentable nota del CESIBE de junio del 74. Comenta Puell en su libro[65] que la nueva nota redactada, «con inmensa delicadeza hacia los autores de la anterior, ponía las cosas en justo punto» y «desmentía implícitamente la falacia del pretendido narcisismo del teniente general». El texto decía así: «Recientemente se han recibido nuevos datos, dignos de crédito, que permiten establecer que hubo algunos errores o inexactitudes en la nota 16.6.1974, relativa a los motivos del cese del teniente general don Manuel Díez-Alegría Gutiérrez, como jefe del Alto Estado Mayor, por lo que, de orden del teniente general jefe del Estado Mayor Central, se difunde la siguiente rectificación: Se ha podido comprobar que el teniente general Díez-Alegría viajó a Rumanía en el año 1974 en misión oficial y se mantuvo en todo momento dentro del cometido que se le había asignado. Por lo tanto, las entrevistas que sostuvo con personalidades políticas de aquel país lo fueron con motivo de la misión encomendada. Lo que se comunica para evitar o subsanar el perjuicio que haya podido ocasionarse al buen nombre de un distinguido miembro del Cuerpo de Oficiales Generales».

No es posible decirlo más claro en tan breve texto. El asunto quedaba zanjado, aunque permaneciese aún en el recuerdo la tremenda maniobra político-militar que lo había originado. El general Gutiérrez Mellado pudo cumplir su reconocida deuda de gratitud por la estimación profesional y amistad que le demostró Díez-Alegría en aquellos cuatro años bajo su mando.

Diez años después de su cese como jefe del AEM, el general Díez-Alegría pronunció una disertación en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas el 19 de junio de 1984, en la que relató su viaje a Rumanía, «que sirvió de pretexto para terminar abruptamente mi carrera (…), un acontecimiento que hasta ahora ha resultado propicio a la confusión». En el texto que se conserva en los Anales de la Academia cuenta don Manuel que cuando recibió en Madrid la invitación del presidente Ceaucescu para tener con él una entrevista en Bucarest, «lo antes posible, puse todo ello en conocimiento del presidente Arias, el cual, como es lógico, respondió que si el rumano quería hablar conmigo habría que ir a ver qué tenía que decirme. Que hiciera el viaje con carácter privado y ostensiblemente con fines de puro turismo». Pero continúa el general: «Yo era malquisto para los turiferarios de la situación (…), que se apuntaron en mi contra en una conjura (…). Este fue un viaje oficioso a Rumanía que, convenientemente distorsionado, les sirvió para sus fines confusamente».

Del almuerzo íntimo del día 1 de junio, exclusivo con Nicolás Ceaucescu, el teniente general transcribe el pensamiento que este quiso transmitirle: la necesidad de introducir en España ciertos cambios; el papel que para ello podría jugar el Ejército; el papel esencial que en ese necesario cambio podría tal vez tener el General; y, finalmente, «si el general Franco hiciera un gesto de clemencia que permitiera a sus amigos Dolores (Ibarruri) y Santiago (Carrillo) regresar a España». Y continúa el general que no tenía duda de que todo lo tratado procedía de una mala interpretación comparativa con la revolución portuguesa llamada «de los claveles». «Sin duda, el Secretario General del entonces Partido Comunista Español, Santiago Carrillo, había interpretado “pro domo sua” las noticias que circulaban sobre la creciente agitación de los oficiales que luego constituyeron la U. M. D., y el cuento de los monóculos que, se decía estaba yo recibiendo (…). Como se trataba de persona [Ceaucescu] que (…), posee dotes notables de inteligencia natural y astucia, cayó inmediatamente en la cuenta del resbalón a que sus amigos le habían conducido».

En el viaje de regreso desde la residencia presidencial, el ministro Ghioghin, acompañante del intérprete, «me dijo, algo sibilino, de una invitación a celebrar una entrevista con Carrillo, una vez llegados a Bucarest», que Díez-Alegría evitó con excusas, declinando al ministro el ofrecimiento «para otra ocasión». Concluía la disertación en la Real Academia con un resumen de la audiencia que le concedió en Madrid el presidente del Gobierno: «Por fin, el jueves 6, víspera de mi viaje oficial a Túnez, fui recibido por don Carlos Arias. Le puse al corriente de lo acontecido en mi visita a Ceaucescu (…). Ni una sola palabra que rozara el asunto de la destitución que inopinadamente iba a caer sobre mí en Túnez días más tarde».

Encargos reales

También me comentaría Manuel Díez-Alegría (hijo) que Su Majestad encomendó a su padre algunas misiones comprometidas, entre ellas una negociación con don Juan de Borbón sobre la sucesión monárquica. El jueves 13 de diciembre de 1975, el Príncipe de España reunía en el Palacio de la Zarzuela a los ministros militares y al teniente general Díez-Alegría, sin dar cuenta de ello, al parecer, al presidente Arias. En dicha reunión se decidiría, entre otros asuntos, que el teniente general Manuel Díez-Alegría fuera portavoz del Ejército ante don Juan de Borbón «para mostrarle el apoyo unánime de la milicia que tiene su hijo y quizá también la buena disposición de las fuerzas políticas más importantes para recibirle como Rey».

Así es como lo describe Joaquín Bardavío[66]: «El príncipe estaba hondamente preocupado por la reacción de su padre, cuando se produjera el hecho sucesorio y quería que las cosas rodaran con la máxima suavidad y que, a ser posible, su padre, dentro de la dignidad, atemperase el comunicado que preparaba para cuando Franco muriese». Otros historiadores, entre ellos De la Cierva[67], creían que ese documento estaba ya escrito. En cualquier caso, sigue Bardavío, «el príncipe pensó que el teniente general Díez-Alegría podría ser el interlocutor ideal con su padre. Ambos se conocían y se apreciaban; era el militar que mejor podía negociar con don Juan. Y Díez-Alegría aceptó el encargo, pero sugirió al rey que fueran las Fuerzas Armadas quienes también le encomendaran la misión, quizá para evitar suspicacias». Entre tanto, el Príncipe actuaba con la necesaria cautela ante los legalistas y ante los legitimistas. Era necesario un clima de confianza mutua. Según Bardavío, Arias montó en cólera por aquella reunión de la cúpula militar con don Juan Carlos; habló con S. A. R. y le presentó la dimisión con toda energía. Areilza[68] confirma la tesis de que Arias dimitió al enterarse de la aludida reunión, a la que consideraba debería haber sido convocado, suponiendo que se trataba de una sesión de la Junta de Defensa Nacional. Gracias a los buenos oficios del general Cotoner, marqués de Mondéjar, que se trasladaría acto seguido al chalé La Chiripa en la colonia de La Florida, el presidente del Gobierno aceptó retirar la dimisión.

Me contaba el general Alfonso Armada años después, el 19 de septiembre de 2005, que en aquella reunión del Príncipe con la cúpula militar se decidió elegir al teniente general Díez-Alegría como mensajero para comunicar a don Juan de Borbón en París que no era necesario ni conveniente el manifiesto que preparaba y que los Ejércitos estaban con su hijo. El presidente Arias se puso, al parecer, como un basilisco por no haber sido puesto en antecedentes por don Juan Carlos. En su libro, el general Armada[69] cita escuetamente que: «Díez-Alegría, a la muerte de Franco, por encargo del Rey, había realizado una misión delicada en el extranjero. El general Vernon Walters hacía de don Manuel Díez-Alegría los mayores elogios». La verdad es que el general americano mantenía una larga y estrecha amistad con el TG Díez-Alegría desde que coincidieran de agregados militares en Río de Janeiro a finales de los años cuarenta. Ambos militares se encontrarían después en numerosas ocasiones en Madrid y en diversos países, donde solían cambiar impresiones acerca de todo. La intimidad alcanzaba a ambas familias, que a veces también participaban en esos encuentros.

El propio Rey, en audiencia que nos concedía el 3 de febrero de 1976 a los componentes del Equipo de Trabajo de la Operación Lucero, nos ponderaría la figura del TG Díez-Alegría, a quien agradecía los servicios prestados últimamente en su viaje a París para entrevistarse con su padre, el conde de Barcelona. Le satisfacía el nombramiento de embajador en El Cairo que se le iba a conceder a Díez-Alegría en un próximo Consejo de Ministros: le consideraba un ejemplo de hombre leal y callado. Solo unos días antes, don Manuel le había hablado, con ponderación, del general Gutiérrez Mellado.

Según me relataría Antonio Fontán[70], don Juan le había contado la visita del general en París, tras la muerte de Franco, enviado por don Juan Carlos. El conde de Barcelona haría unas declaraciones ante notario. Más adelante, Fontán se lo haría saber a Adolfo Suárez y a Joaquín Garrigues exclusivamente; convenía mantenerlo en reserva. El entonces presidente del Senado recordaba que días después en la Zarzuela, el Rey le haría la precisión siguiente: «España está por encima de la dinastía y la dinastía por encima de las personas». Tiempo después, cuando en abril de 1978, Antonio Fontán llevaba a don Juan el proyecto de Constitución, hablaron de las relaciones entre el Monarca y el presidente del Gobierno, comentando el conde de Barcelona que ese «matrimonio» sería como los modernos, no hasta que la muerte les separase, aunque deseaba fervientemente que durase lo más posible, pero ni un minuto más de lo que debiera durar.

LA UNIÓN MILITAR DEMOCRÁTICA (UMD)

Durante el primer Gobierno Arias se produjo la sorprendente y lamentable aparición de la Unión Militar Democrática, organización integrada por jóvenes oficiales en activo, quienes, contra el espíritu militar de los Ejércitos, mantenían reuniones clandestinas al margen de sus jefes naturales, con filosofías rupturistas que se apoyaban en ideas democratizadoras de ninguna aplicación en la milicia, aunque pudieran serlo en otras instituciones y ambientes.

En los años sesenta, las Fuerzas Armadas atravesaban una época de penuria e insuficiencia en el material y equipo de las Unidades, cuya falta de medios dificultaba con frecuencia la realización de prácticas y maniobras, lo que de algún modo venía a restar alicientes profesionales a la vida de cuartel. Por otra parte, la insatisfacción del personal crecía por el estancamiento que sufrían los ascensos de la oficialidad, con larga permanencia en los empleos, que en aquellas décadas alcanzaba los diez o doce años de teniente y otros tantos de capitán. A esta situación se unían las estrecheces económicas que padecía el personal militar, como consecuencia directa de bajos sueldos, en comparación con otros niveles equivalentes en la sociedad española. En este ambiente generalizado, el Gobierno establecería para los militares, jornadas de trabajo más reducidas, de modo que la inmensa mayoría acabara sus tareas a la hora del almuerzo, con lo cual se impulsaba a miles de profesionales hacia el pluriempleo en empresas, academias, despachos de todo tipo, según la especialidad u oportunidades de cada militar.

No pocos buscaron paliar sus inquietudes y necesidades en la formación universitaria, tanto a nivel de alumnos como de profesores, con lo cual, al contactar con otros jóvenes, se encontraron pronto inmersos en ambientes politizados que desconocían y que hicieron mella en algunos oficiales de espíritu militar menos vigoroso. Ya en los primeros años setenta la oposición política más radical intensificaría la difusión de publicaciones clandestinas dirigidas a la familia castrense, con un léxico panfletario. El PCE se valía de unos panfletos (Boletín de Oficiales, La Voz del Soldado, Andalucía Militar, Nueva Lealtad, Boletín para Oficiales y Suboficiales, etc.) con noticias deformadas, buscando con ello denunciar los supuestos intentos del Régimen de utilizar a las Fuerzas Armadas contra los intereses de los ciudadanos y pidiendo un Ejército al servicio del pueblo y no a su verdugo, como reiteraban sus expresiones habituales. De estos pensamientos beberían años después algunos miembros de la UMD.

Diversos tratadistas creen ver, como factor determinante en la aparición de la UMD la vocación militar de algunos oficiales españoles surgida en la Academia Forja[71] y en otras organizaciones de inspiración falangista, con un idealismo exigente y un poso de politización[72]; pero, sobre todo, a favor del éxito de la Revolución de los Claveles, impulsada por el MFA (Movimiento de las Fuerzas Armadas), que el 25 de abril de 1974 se hacía con el poder en Portugal. A este respecto, quienes contribuyeron o se alegraron del cese del teniente general Díez-Alegría muy poco después, por temor a que se convirtiera en el Spinola español, olvidaban que la revolución portuguesa no se había iniciado en la cúpula militar, sino en la base, por un grupo de capitanes. Y aunque no había comparación entre el largo conflicto colonial del país vecino y nuestra guerra de Ifni, es cierto que a raíz de esta campaña africana empezó a despertarse cierta insatisfacción en parte de los profesionales más jóvenes, como para que el mando se pusiese en alerta ante un posible contagio del levantamiento portugués contra el presidente Dr. Marcelo Caetano, (sucesor de Antonio de Oliveira Salazar que lo fuera desde 1968), quien a causa de una hemorragia cerebral, fallecería dos años después.

Los pasos de sus protagonistas

Fue su principal instigador Julio Busquets Bragulat, comandante de la IX Promoción de la Academia General Militar (AGM) y de la 136 del Arma de Ingenieros, diplomado de Estado Mayor con la Promoción 57 y cursando la licenciatura de Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona. Para quienes coincidimos con él en aquellos primeros años de formación militar, era siempre más conocido por sus inquietudes sociales y políticas que por su ejecutoria castrense. Le considerábamos un oficial atípico, de mente inquieta, cuyo esquema joseantoniano de vida evolucionó hacia preocupaciones de oposición al Régimen de Franco. Al poco tiempo de ingresar en la AGM se integró en los equipos de Forja y perteneció a ellos durante ocho años hasta que fue disuelta por el ministro del Ejército, teniente general Barroso, en 1960. Pero es el propio Busquets en el Prólogo de su libro Militares y demócratas donde se define nada más iniciar la primera página: «A finales de la década de los cincuenta, inicié un proceso de concienciación ideológica que acabó incidiendo en mí, en mi actividad profesional, de una forma tan drástica que en 1970 me vi forzado a abandonarla e irme a trabajar a la universidad, en un ambiente antitético al anterior».

El hoy general en la reserva, Carlos San Gil, también compañero de Arma y promoción de Busquets y relacionado directamente con la operación de la Segunda-Bis sobre la UMD, recuerda[73] la conmemoración del XXV aniversario de tenientes de la IX Promoción de la AGM en nuestra antigua academia de Burgos. «La llegada de Julio sentó desigual. En la formación, cuando Julio se puso en las filas, otros dos o tres se salieron. Otero no fue nunca y no hubiera sido aceptado, pues él sí se había manifestado comunista». A esa reunión hizo referencia Busquets en su libro[74]: «Era un ambiente crispado, hostil contra mí (…), no sé si por haber pertenecido a la UMD o por ser diputado socialista».

En el citado libro de Francisco Medina, se pone en boca de Joaquín Bardavío lo siguiente: «Julio Busquets no era aún el hombre rebelde que se ha pintado. Era un militar rico, hijo de un médico y casado con la hija de un ejecutivo de una importante empresa. Vivía en un dúplex estupendo (…), su vida no tenía nada que ver con las estrecheces que pasaban la mayor parte de los oficiales de su edad. Pero (…) las circunstancias le fueron empujando (…) a posiciones que nada tenían que ver con su estatus de alta burguesía catalana».

Según refiere uno de los componentes de la UMD a Francisco Medina (página 138), empezaron los primeros gérmenes de la UMD antes de la Revolución de los Claveles, estudiando en la Universidad Autónoma de Barcelona en 1972-1973, en la que Busquets era profesor de Sociología, donde comenzó la relación con jueces y fiscales progresistas que luego formarían Justicia Democrática, pero sin pensar en formar organización alguna, hasta que «cuando la revolución portuguesa, a Julio Busquets se le ocurrió la idea de crear una organización clandestina (…)». Busquets, en Historia del Franquismo[75] dice: «El 25 de abril de 1974 al mediodía, cuando vi el telediario me estremecí, me emocioné: la dictadura había caído en Portugal. ¡Qué alegría! Y lo que más me entusiasmaba: la habían derribado los militares. Hombres de mi profesión, edad y mentalidad. ¡Cómo los envidié! ¡Cómo me identifiqué con ellos! (…). Leía con avidez todos los periódicos y devoraba los telediarios».

En 1974 Busquets era asiduo asistente a tertulias que mantenían en Barcelona unos pocos oficiales ligados al pensamiento de la Academia Forja, en las que se seguían con interés los acontecimientos de Portugal. Pero pronto se fueron sumando otros más, hasta totalizar una docena de oficiales días después, en una asamblea celebrada en un almacén del Regimiento de Ingenieros. Busquets organizó una charla el 12 de julio con asistencia del socialista Joan Raventós, que repetiría semanas después, y en agosto se trasladó a Palamós para un encuentro con el democristiano Joaquín Ruiz-Giménez. En uno de sus viajes a Madrid, el 30 de julio de 1974, tomó contacto con Luis Otero Fernández, capitán de Ingenieros de su misma promoción, orientándole en la filosofía de las tertulias de Barcelona, y decidieron viajar juntos a Portugal aprovechando el permiso oficial de verano. En Lisboa se entrevistarían con el teniente coronel Bruno, el mayor Monje y el capitán de Ingenieros Pinto Soares. Otero confesaría en Proceso a nueve militares demócratas[76] que tomó la iniciativa de ponerse en contacto con otros compañeros. Luego se conocería su tendencia ideológica rupturista y su aproximación al PCE.

El 31 de agosto montaron una reunión clandestina en Barcelona en el domicilio del comandante de Artillería Guillermo Reinlein García-Miranda a la que asistieron dos oficiales llegados de Madrid, junto a otros diez de la capital catalana, todos ellos capitanes excepto tres comandantes. En esta denominada Asamblea se eligió una dirección colegiada, constituida por cuatro capitanes, uno de cada Arma, tomando todos los encuentros, a partir de aquella, los tintes de una organización clandestina, bajo el nombre de Unión Militar Democrática, e iniciando una etapa de intensa labor proselitista durante el otoño en las Regiones Militares, en otros Ejércitos y en las Fuerzas de Orden Público, si bien solo llegarían a consolidarse las actividades en Madrid, Cataluña y Galicia, donde se encontraban destinados los líderes más relevantes de la UMD.

Durante aquel verano de 1974 Busquets y su reducido entorno tomarían la decisión de redactar un Ideario de contenido político en el que también se propugnaban reformas profesionales, cuyo contenido se distribuía en tres partes y que, por su interés, reproducimos en extracto.

IDEARIO

El completo divorcio existente entre la España real y el sistema totalitario que la gobierna, preocupado únicamente por su permanencia, está haciendo jugar a las Fuerzas Armadas el papel de guardián de los intereses del actual Régimen y no del pueblo español. La UMD (Unión Militar Democrática), consciente de esta situación, aspira a que las Fuerzas Armadas se pongan exclusivamente al servicio del pueblo, recobrando su prestigio y dignidad.

La UMD está constituida por todos los cuadros profesionales, apoyándose precisamente en la fuerza del compañerismo militar, y en ella no tienen cabida los que están al servicio de partidos políticos, lo mismo del Gobierno que de la oposición, y de los Servicios de Información Política.

A nivel profesional, los miembros de la UMD se esforzarán en ser militares ejemplares, huyendo de los destinos cómodos y prefiriéndolos en Unidades con mando de tropas. A nivel nacional asumirán la obligación de adquirir una profunda formación política, conscientes de los riesgos que actualmente esto implica.

Los miembros de la UMD se comprometen formal y categóricamente a no aceptar ningún tipo de recompensa ni prebenda por su actuación patriótica.

OBJETIVOS NACIONALES

Restablecimiento pleno de los derechos del hombre y de las libertades democráticas y, en consecuencia, promulgación de una amnistía total para todos aquellos ciudadanos, civiles y militares, que han sido sancionados por defender estos derechos.

Reformas socioeconómicas, reconociendo a los trabajadores la plenitud de sus derechos y, por tanto, el derecho de huelga y de dirigir y organizar libremente sus propios Sindicatos.

Reconocimiento a todos los niveles territoriales e institucionales del derecho de elegir democráticamente a sus Jefes y de darse la forma de gobierno y de organización que juzguen más adecuada.

Combatir con la máxima energía la corrupción imperante, propiciada por el Régimen, hasta conseguir su desenmascaramiento y desarraigo total.

OBJETIVOS MILITARES

Reorganización de las Fuerzas Armadas, creando un Ministerio de Defensa como único órgano responsable de su dirección y abordando los problemas de la burocracia, y exceso de Cuadros profesionales, especialmente en el Cuerpo de Oficiales Generales, del que forman parte algunas personas ineptas y ligadas a los sectores más reaccionarios del país.

Revisión de la Ley General del Servicio Militar, con objeto de hacer desaparecer actuales privilegios e intensificar la instrucción del soldado durante su permanencia en filas, tendiendo a reducir la misma, habida cuenta del sacrificio que para la nación y su juventud representa.

Reforma del sistema de Justicia Militar, reduciendo esta Jurisdicción a los delitos específicamente militares y suprimiendo sistemas trasnochados, como los Tribunales de Honor, los Consejos de Disciplina Académicos, las Comisiones Depuradoras y otros sistemas, por la inseguridad jurídica que crean y la indefensión en que dejan al militar.

Elaboración de un Estatuto del Militar, en el que se especifiquen deberes y derechos, así como el sistema de recursos jurídicos que pueden usar ante toda medida injusta o arbitraria.

El 28 de octubre de 1974 se celebró en un centro religioso de las afueras de Madrid (Colegio de los Sagrados Corazones, de Chamartín) la que vendría en identificarse como Primera Asamblea, en la que se creó la Junta Nacional que delegaba sus poderes en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). En dicha sesión se aprobó el esqueleto ideológico de la UMD: ideario, manifiesto, organización, normas de seguridad, financiación y contactos con partidos políticos. Asistía una veintena de «delegados», con quienes se decidió establecer una estructura regional (Centro, Levante, Norte, Sur), así como Jefaturas de Economía, Estudios y Captaciones. Ya por esas fechas creían contar con ochenta adheridos y simpatizantes. Según relata Miguel Platón, en esa primera asamblea se redactó un Manifiesto en el que la UMD planteaba el dilema «reforma & ruptura» y calificaba la primera alternativa de «inviable, inclinándose decididamente por la segunda, en línea con lo que proclamaba la Junta Democrática, de inspiración comunista (…)». El final del documento resultaría especialmente significativo de las intenciones y finalidad de la organización: «En conciencia creemos que tenemos el difícil, peligroso y quizá incluso suicida, pero insoslayable deber de intervenir, como tantas veces hicieron nuestros mayores en el siglo XIX; como han hecho nuestros compañeros en Portugal, en Grecia, en Abisinia…».

Hubo una Segunda Asamblea, los días 28 y 29 de diciembre de 1974, en la que se aprobó el texto de uno de los documentos fundacionales de la UMD, fechado el 6 de enero de 1975, conocido como Manifiesto Constituyente. Comenzaba así: «Gravemente preocupados ante la situación que vive nuestra Patria en el momento presente (…), creemos debe superarse un sistema que nació en una guerra civil (…). Lanzamos este manifiesto a nuestros compañeros de armas con la esperanza de que todos unidos ayudemos a edificar una España en Paz, Justicia y Libertad». El primer apartado, «El actual Régimen político español» terminaba diciendo que: «En el mundo occidental hay libertad y democracia política pero no justicia social. En el comunista hay justicia social pero no hay libertad política. En España no hay libertad ni justicia (…), ni se ha hecho la reforma agraria ni la nacionalización de la Banca y de las grandes empresas como en la Europa oriental». En el segundo apartado «España y el futuro» podía leerse lo siguiente: «Con el espíritu del 12 de febrero evidentemente el Gobierno no desea transformar España en una democracia inorgánica con partidos políticos, sindicatos obreros, etc.». La segunda vía era la ruptura democrática con «un gobierno de coalición (…), que conceda una amnistía para los presos políticos y convoque elecciones para una asamblea constituyente».

Otro apartado llevaba por título «La aportación militar a la lucha por la libertad». En él se decía que «la evolución del Régimen no parece viable, en un plazo de tiempo razonable, de acuerdo con los deseos de los españoles y que, ante este hecho, nosotros, los militares, tenemos un insoslayable deber que cumplir». El último apartado «Un ideal que dé sentido a nuestras vidas» acababa así: «Somos seres odiados por el pueblo que no nos ve como a sus soldados, como a sus defensores, sino como a sus enemigos, como a los representantes de la represión (…). Tenemos un deber que cumplir, librar del oprobio la esterilidad de nuestras vidas, conseguir la libertad para España». «El Manifiesto» se acompañaba de un Anexo, «Por la libertad, hacia la justicia social», que concluía en cuatro puntos; el último de ellos, este: «Nuestro objetivo final es la construcción de un Estado ideal en el que exista un socialismo de rostro humano, capaz de conjugar justicia y libertad».

En el libro de Medina, Memoria oculta del Ejército, refiere Armando López Salinas que, siendo miembro del Comité Central del PCE, se reunió en enero de 1975 con Busquets, Otero, Delgado y Fernández Lago en el Parque Conde de Orgaz de Madrid, en el chalet de Faustino Lastra, director del Siglo XXI y buen amigo del Partido. Asistieron Sánchez Montero y Sandoval y recibieron de la UMD su Manifiesto Constituyente. También Víctor Díaz Cardiel, miembro asimismo del Comité Central del PCE, asistió en ese chalet madrileño a dos reuniones con Simón Sánchez Montero, quien coordinaba entonces el movimiento obrero, y recuerda que después de salir de la segunda reunión fueron detenidos.

En enero y febrero de 1975 se iniciaba la segunda fase, consistente en una campaña de captación de militantes, que la UMD ya evaluaría en unos doscientos cincuenta, según datos de la Tercera Asamblea, reunida en Semana Santa. Rafael Tejero confesaría a Francisco Medina[77] que «en el mejor de los momentos (en la UMD) no llegarían a ser dos centenares de oficiales, entre veinte mil».

El día 14 de febrero, Busquets, junto a otros oficiales, redactaron en Barcelona un borrador para el discurso que, a cargo de un oficial, iba a pronunciarse en la Capitanía General de la IV Región Militar el 20 de febrero con motivo del aniversario de la creación de la Academia General Militar de Zaragoza. Al día siguiente se reunían con el comandante de EM Ricardo Marzo, secretario del teniente general Bañuls, y una veintena de oficiales que discutirían sobre el texto. Marzo portaba un guion diferente, que respondía a los deseos del mando. Busquets y Julve, en esa reunión preparatoria en la Biblioteca de Capitanía, pretendían incluir una petición muy polémica: el levantamiento de arresto a un capitán que se había negado a dar información de las actividades de obreros civiles cuando se estaba negociando el convenio de RENFE, lo que pidió que se le ordenase por escrito, dando lugar a un arresto y la recomendación de que solicitase destino fuera de Cataluña. Finalmente, el capitán general enviaría el texto a Madrid y no habría discurso de ningún oficial; bastaría con unas palabras del general Bañuls antes del almuerzo. El comandante Busquets y el capitán Julve serían arrestados el 19 de febrero en el Castillo de Figueras hasta que se firmó la sanción de seis meses de prisión militar a cada uno de ellos, que cumplirían respectivamente en El Hacho de Ceuta y en el castillo de La Palma de El Ferrol del Caudillo.

A comienzos de ese año 1975, la UMD establecería contactos con líderes de la oposición, primero de forma esporádica, luego con mayor intensidad. Algunos de sus miembros se entrevistaron con Felipe González, secretario general del PSOE, con Simón Sánchez Montero, responsable del PCE en el interior y con Nicolás Redondo, de UGT. A fines de marzo en la Tercera Asamblea, ya calculaban una cifra de miembros y simpatizantes, doble que en la reunión anterior, «estimación, según Miguel Platón[78], que resultaba por completo exagerada (…), hinchada para favorecer el proselitismo», añadiendo que «resulta menos explicable que algún cronista o historiador las haya dado luego por buenas, sin contraste alguno». En aquella Asamblea se creó un Comité Táctico encargado de confeccionar la lista de Unidades operativas claves de las Fuerzas Armadas que habría que neutralizar en caso necesario. En el documento de creación se preveía su intervención militar, que trataba de justificarse «en la posibilidad de un golpe ultra».

La intervención del Ejército

El entonces coronel Sáenz de Tejada, jefe del Servicio de Información Bis del Ejército (SIBE) del EMC, recuerda en el libro de Francisco Medina, que una mañana de enero de 1974 le visitó en su despacho un comisario de policía para notificarle los contactos que el capitán Busquets mantenía con comunistas. Tras pensar qué decisión tomar sobre tan extraño asunto se reunió a cenar con el CTE Calderón y el CAP Cortina, compañeros de Busquets en Forja. La memoria de esta cena la relata en ese mismo libro el hoy teniente general en la reserva, Javier Calderón, quien negó la denuncia de que su amigo Julio hubiera solicitado el carnet del PSOE, y explicaba por qué: «Siendo Busquets como era, hijo de la alta burguesía catalana, jamás tendría afinidad política con los comunistas».

Por aquellas fechas de 1974, el capitán Carlos San Gil se incorporaba a la Segunda-Bis del Ejército en Madrid, Sección que se suponía integrada por unos cuatrocientos militares y cien guardias civiles. Las primeras reuniones de la UMD en Barcelona pusieron sobre aviso a la RESIBE de aquella Capitanía, que informó a Madrid. San Gil, en una conversación con Francisco Medina, se expresa en estos términos: «La verdad es que lo pasamos mal, muy mal, hasta que llegamos a concluir que había allí algo real y que se estaba coordinando. Para nosotros fue duro porque eran compañeros nuestros haciendo cosas totalmente impensables en el Ejército hasta entonces (…), gente que actuaba al margen del mando, de manera clandestina (…). No fue hasta mediados de mayo cuando supimos ya sin duda que aquello era un grupo organizado y clandestino (…). Nos pusimos en contacto con los otros Servicios de Información, con el SECED y con los del AEM (…). Cuando saltó el tema de la UMD, el director (de la Segunda-Bis), entonces el coronel Zabala, lo primero que hizo fue crear un negociado específico para este tema, sacarme de mi destino y ponerme con otro capitán y una serie de gente, a trabajar frente a él. Fue terrible para mí; muy condicionante en mi vida».

En junio de 1975, Sáenz de Tejada, tras el fallecimiento del coronel Zabala, se incorporó con urgencia al mando de la Segunda-Bis el día 3 de julio. «Entonces al Ejército lo que más le preocupaba era la infiltración de posibles agentes comunistas y no de otros grupos. En aquel momento el Servicio de Información era muy consciente de que había que garantizar la protección contra la Subversión, que ahora suena extraño pero que era una preocupación muy real y que se definía como el cambio del Régimen por procedimientos ajenos a la soberanía popular (…). El Partido Comunista, tanto en los boletines clandestinos como en sus publicaciones regulares, hablaba de levantar al Ejército». Reconocía Sáenz de Tejada en párrafos anteriores la gran escasez de medios técnicos de la Sección-Bis y la fiabilidad de sus informes, que dejaba mucho que desear[79].

Pocos días después, le telefoneaba el Jefe Superior de Policía de Madrid, teniente coronel Quintero, para decirle que, «el general jefe de la Brigada Paracaidista, Enrique Arias, se había enterado de que uno de sus oficiales estaba realizando labor de proselitismo para la UMD. Y sigue el general Sáenz de Tejada, «el general Arias quiso actuar por su cuenta y decidió pedir el apoyo nada menos que de la Jefatura Superior de Policía. Un hecho así me puso más sobre el tema, y comenzamos a investigar realmente a fondo (…). Y detectamos reuniones de estos oficiales en diferentes domicilios. Así obtuvimos la conclusión definitiva de lo que estaba sucediendo: que hay una organización clandestina con ideales y objetivos concretos, que actúa fuera de la línea jerárquica militar y que atenta contra la unidad de los Ejércitos (…). La investigación resultó fácil porque los implicados fueron poco prudentes. El ambiente del Ejército, pensaron seguramente, estaba muy a favor de sus intenciones, cuando esto no era así. Es cierto que no querían acabar dando un golpe, sino que su intención era tan solo evitar que el Ejército se opusiera a la Transición. Lo que sí estaba claro es que ellos querían participar en ella (…). Se ha dicho que actuamos (desde el Ejército) porque ellos eran demócratas y nosotros franquistas, y eso no es verdad. En el Servicio de Información considerábamos que presentar a la hora del fallecimiento del jefe del Estado un Ejército dispuesto a intervenir en política podía llevar a una fractura de la unidad, con el peligro que eso conllevaba. La mayoría de los militares estaban a favor de la disciplina».

En efecto, los úmedos (término que describía entonces a los miembros de la UMD) se habían confiado en exceso en sus contactos con otros oficiales, lo que permitió a la Segunda-Bis reunir pruebas a lo largo del primer semestre de 1975 y detectar reuniones en Madrid los días 9, 14 y 21 de julio a las que asistían más de cuatro oficiales, cifra que permitía la intervención judicial. Pudo haberse continuado la investigación hasta que se montase la Asamblea prevista para ese verano, pero se prefirió actuar de inmediato, pues convenía desarticular cuanto antes la conspiración para limitar el número de los encausados y acabar con la siempre penosa investigación sobre compañeros. La inhibición hubiera podido afectar a la unidad de las Fuerzas Armadas, con imprevisibles consecuencias en momento nacional tan crítico.

Cuenta el general Sáenz de Tejada que «se produce una reunión aproximadamente una semana antes de las detenciones, en el despacho del ministro del Ejército. Coloma, Campano (capitán general de Madrid), Villaescusa (jefe del EMC) y Cortezo (jefe de Información), los altos mandos de Madrid, necesarios para decidir en este tema. Yo les propuse un doble camino: que se dejase de hacer la operación y seguir vigilando a los Oficiales, pero con el riesgo de que engordase este equipo; o desarticularles lo antes posible. El ministro dijo: «Hágase, actúese (…), yo acepto las responsabilidades (…)». Después yo propuse al general Miláns, que realizara el escrito de denuncia y lo firmó, porque era necesario para que un juez rubricase el documento. Mandaba la División Acorazada. Así, el día 23 de julio de 1975, el general jefe de la DAC «Brunete» n.º 1, dio parte por escrito al capitán general de la I Región Militar, quien a su vez nombró de inmediato un juez instructor, el cual, a la vista de los datos disponibles, ordenó la detención de los presuntos implicados.

El día 29 de julio, a las seis y media de la mañana, se iniciaban las actuaciones, entrando simultáneamente en los domicilios madrileños del comandante Otero y los capitanes Ibarra, García Márquez, Fernández Lago, Valero, Reinlein y Domínguez, así como en Pontevedra en el de Fortes, siendo detenidos todos ellos a excepción del capitán Domínguez, que se encontraba fuera de España, de vacaciones, camino de Esmirna (Turquía). Este oficial del Ejército del Aire relataría a Medina (página. 162) sobre su conocida rueda de prensa, que «Busquets y Quiroga me dicen que la dé y me indican lo que tenía que decir (…). Leí literalmente lo que me mandaron».

La Sección Central-Bis del Ejército elaboró el mismo día 29 una nota informativa confidencial sobre la detención de varios oficiales, en la que hacía saber lo siguiente: «Durante los últimos meses se han estado recibiendo informaciones sobre supuestas actividades irregulares de algunos jefes y oficiales sobre las que se ha investigado en profundidad para esclarecer su importancia (…). Indicaban la existencia de una organización embrionaria de jefes y oficiales de distintas Regiones Militares, cuyo ideario y propósitos pueden vulnerar la unidad y bases fundamentales de actuación y misiones de las Fuerzas Armadas (…), lo que pueden constituir delitos o faltas típicamente militares, incluidos dentro del Código de Justicia Militar (…). Las investigaciones del mes de julio han dado como resultado la comprobación de la celebración de tres reuniones en igual o superior número de cuatro, lo que ha podido vulnerar el artículo 299 del CJM (delito de sedición) y sus concordantes (…). El capitán general de la I Región Militar ha nombrado Juez Especial Militar y ordenado la detención de los implicados. La detención se ha efectuado hoy por Jefes de la Guarnición (…), los detenidos están incomunicados en la Residencia de la Escuela Superior del Ejército, pendientes de actuación judicial (…). La Superioridad ha dispuesto que se difunda a los cuadros profesionales esta información veraz».

Explica Sáenz de Tejada que «lo que buscábamos era actuar solo sobre un grupo reducido para ejemplarizar, y que el mundo militar y la sociedad española conocieran por una sentencia del Consejo de Guerra lo que pasaba con esa organización. Entre los detenidos, buena parte de la cúpula estaba allí». La detención de los oficiales de la UMD fue recibida en las Fuerzas Armadas con sorpresa e incertidumbre sobre el alcance del supuesto movimiento conspirativo. Por su parte, la oposición política se alegró de la noticia, pues descubría —según ellos— una fisura en los Ejércitos, que era precisamente el motivo de su apoyo a los conspiradores úmedos. De los nueve procesados solo dos admitieron su pertenencia a la UMD, el resto lo negó, aunque testimonios de varios oficiales sobre los que se había intentado la captación demostraron la falsedad de sus declaraciones, implicando a los detenidos. El capitán Domínguez, décimo encausado, se dedicó desde el extranjero a dar conferencias y entrevistas sobre los fines y organización de la UMD, reuniéndose con grupos de la oposición incluidos el PCE y la LCR (Liga Comunista Revolucionaria) de ideología troskista.

En agosto de 1975, los procesados nombraron como defensores a jefes y oficiales de la Guarnición de Madrid. Pero en diciembre, tras la muerte de Franco, los encausados revocaron los nombramientos y designaron a políticos significativos como Tierno Galván, Cortezo, Miralles, Gil Robles, Ruiz-Giménez, Álvarez de Miranda y Jiménez de Parga, que no eran abogados penalistas sino políticos en activo, lo que constituyó una prueba palmaria del intento de politización del proceso. Solo uno de los procesados conservó al defensor militar inicial. Según Platón, «la maniobra de politización resultaba clara, pero no prosperó debido a que la autoridad judicial castrense acordó no aceptar dichos nombramientos, pues según el Código de Justicia Militar, los defensores debían ser necesariamente oficiales».

Inmediatamente, la prensa nacional y la internacional se hicieron eco de ello con desmedida exageración, como síntoma de una generalizada disidencia en el Ejército, al que se calificaba de único pilar monolítico del Régimen, tras la desafección de la Iglesia; y la oposición hizo circular una intensa propaganda que presentaba a los procesados como «demócratas víctimas de la represión», imagen que llegó a calar en algunos ámbitos y que aún hoy perdura en determinados círculos. Aquella campaña política provocó indignación en la familia militar y a la postre resultó perjudicial para la imagen de la UMD, que acabó deteriorándose al máximo entre los compañeros de armas. Este asunto tuvo una incidencia más periodística que real pues la carencia de militares de prestigio profesional entre los que lideraban la UMD, dio a esta muy escasas posibilidades de supervivencia.

En el mes de diciembre de 1975, semanas después del fallecimiento del Generalísimo, la UMD redactaría unas Medidas previas para un futuro democrático, documento que comenzaba con la correspondiente «Justificación de este escrito». Decía casi en sus comienzos que: «Nuestra condición de militares nos ha permitido reflexionar sobre un tema que creemos fundamental para la instauración de la democracia (…); formulamos unas peticiones que son distintas de las que en este momento formula toda la nación (…), peticiones que ya figuran en nuestro Ideario, las ratificamos y las formulamos una vez más, pero además hacer notar (…), que la democratización de España no será viable sin una aceptación de la misma por parte de las Fuerzas Armadas y esta aceptación no será posible si no se toman las medidas previas que se exponen al final de este escrito».

En el punto 2 se decía lo siguiente: «Ante este deseo de la inmensa mayoría de la población del país (la reinstauración de la Democracia y la abolición de la Dictadura) la UMD se considera en el deber de indicar a los dirigentes políticos, a los compañeros de Armas y al pueblo, que la democratización de España será totalmente inviable sin la aceptación de las Fuerzas Armadas (…). De hecho, en todo Estado moderno existen dos poderes: un poder «legal» que es político y otro poder «real» que es el militar. En consecuencia, el poder político solo puede gobernar en tanto en cuanto se lo permita el Ejército, ya que esta institución detenta el poder real. Esta afirmación es ciertamente irritante, escandalosa y desoladora, pero ignorarla es aún peor, es simplemente estúpido…». Más adelante dice la UMD: «Ciertamente, uno de los grandes obstáculos de los anteriores intentos aperturistas, la persona del general Franco, que contaba con el apoyo total e incondicional de las Fuerzas Armadas, ha desaparecido ya, pero no su círculo y, por supuesto, nada ha cambiado dentro del mundo militar (…). En resumen, una apertura hacia una España democrática solo es posible si el poder político real (léase el Ejército) la respalda y la garantiza. Y eso no será posible si previa, o al menos simultáneamente, no se consigue que el Ejército acepte la democracia».

El punto 3, con el que concluía la «Justificación», decía así: «De lo anteriormente expuesto se deduce que los objetivos nacionales democráticos tienen, como condición previa, el quitar el poder militar a los ultras que actualmente lo detentan, devolviendo al Ejército sus tradicionales pautas de conducta nacionales y profesionales y su independencia frente a los citados grupos de extrema derecha. Esta tarea, que debe ser iniciada inmediatamente, es condición sine qua non para el restablecimiento de la democracia en España».

En síntesis, las Medidas inmediatas a tomar para posibilitar un futuro democrático, que en diciembre de 1975 proponían los militares de la UMD, son las siguientes:

Recoger a las asociaciones de excombatientes, somatenes y partidos políticos de extrema derecha las armas que copiosamente se les han entregado desde que comenzó la enfermedad de Franco.

Clausurar los locales que las asociaciones de excombatientes tienen en edificios de propiedad militar. Fiscalizar sus fondos impidiendo toda otra fuente de financiación que no sea la de sus socios. Suprimir los fondos que cobran del Estado (…).

Conceder inmediata amnistía para todos los presos políticos y para todos los militares que han sido perseguidos por luchar por la libertad de la Patria (…). Reingresar en el Ejército a los que fueron expulsados por razones políticas.

Suprimir el Servicio de Información de Presidencia del Gobierno formado por militares ultras, que se dedican a vigilar al clero, a los universitarios y a los obreros. Este Servicio formado por militares profesionales, a menudo diplomados de Estado Mayor, es una lacra y un deshonor para las Fuerzas Armadas y debe ser inmediatamente abolido, quedando sus doscientos treinta miembros en situación de disponibles, hasta que una comisión imparcial decida en torno a las responsabilidades en que cada uno haya incurrido realizando tan innoble tarea. Por análogas razones, abolir el SIBE o Servicio de Información política de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, cuyos miembros se han dedicado sistemáticamente a vigilar, detener y calumniar a los militares liberales (…)[80].

Crear un único «Servicio de Formación e Información», válido para el Alto Estado Mayor y los tres Ejércitos, con la misión de informar objetiva e imparcialmente a los militares y ayudarles a aumentar sus conocimientos políticos, a fin de que todos y cada uno puedan superar los efectos de lavado de cerebro que significan treinta y cinco años de recibir ideología política antidemocrática.

Abolir las recientes normas que disponen que el Servicio Militar deberá hacerse forzosamente fuera de la región de origen, dado que esta disposición aumenta las fatigas del soldado y de su familia, no tiene motivación militar alguna y está basada solo en la intención de poder utilizar al Ejército en contra del pueblo.

Reorganizar el Cuerpo Jurídico del Ejército de Tierra, a fin de acabar con el abuso que significa la reiterada utilización de los Consejos de Guerra contra los dirigentes y militares de los movimientos democráticos (…).

Conceder el mando de las Unidades y, en especial, de los Regimientos, Batallones y Compañías a quienes, mereciéndolo profesionalmente, sean respetuosos con la primacía del poder civil y las normas de un Estado de Derecho, ya que no hacerlo implica el riesgo de un golpe de Estado, encaminado a derribar el Estado Democrático (…).

Reorganizar los altos mandos de las Fuerzas Armadas, considerando que los Capitanes Generales son autoridades judiciales en sus respectivas capitanías y poseen, por lo tanto, el poder de expedientar, procesar, detener o arrestar, no solo a las tropas a sus órdenes, sino también a la población civil (…). Varios de los actuales Tenientes Generales profesan una clara ideología totalitaria (Bañuls, Campano, Taix Planas, Merry Gordon, etc.). A fin de poner rápido remedio a este grave problema, conviene quitar el mando a los generales ultras y poner los mandos militares más importantes de la nación en manos de generales liberales (…) con independencia de su situación militar (…).

Reconocer a los militares los derechos de reunión, asociación y libre expresión, en igualdad con el resto de la población civil (…)».

Finalizaba el documento del modo siguiente: «Conceder libertades al pueblo y garantizarlas con un Ejército dominado por los ultras es un contrasentido y una farsa. La UMD no lo puede consentir. Consentirlo sería una traición a España».

Al reproducir las anteriores medidas de la UMD, Carlos Fernández[81] hace el comentario siguiente: «Evidentemente, suponer que en la España de diciembre de 1975 es posible llevar a la práctica estas “medidas previas” es una utopía. Y dejando a un lado la racionalidad o no de las mismas, se puede considerar el documento como un manifiesto revolucionario». La verdad es que poco después de finalizar la Causa 250/75, los que en su día formaron parte de la UMD pudieron comprobar que no se cumplía ninguna de las hipótesis formuladas por la organización acerca del comportamiento militar durante la Transición. Salvo los condenados, todos participarían sin disidencias junto a los demás compañeros de armas, en la línea institucional de máximo respeto a la voluntad popular. Por otra parte, los años que duró la cuestión de la UMD se caracterizaron por la manifiesta incomprensión de una gran parte de la sociedad civil de los sentimientos y sensibilidades de la comunidad militar, que rechazaba la vulneración de principios consustanciales con la esencia de las Fuerzas Armadas.

El Consejo de Guerra se celebró en el acuartelamiento de Hoyo de Manzanares, los días 8 y 9 de marzo de 1976. El Fiscal coronel Sáez Larumbe calificó a la UMD en su informe, como «organización clandestina y subversiva que atenta contra la disciplina y unidad de los ejércitos y pretende cambiar las instituciones por medio de la intervención militar». Entendía el fiscal que la UMD tenía una entidad clandestina que ningún país podía aceptar, por atentado a la disciplina militar, ya que preparó reformas militares, un cambio ilegal del orden constitucional vigente, preconizaban para ello el empleo de la fuerza y realizaron proselitismo, por lo que los hechos constituían un delito de provocación a la rebelión militar y otro de conspiración para la rebelión. Con un sumario de más de tres mil folios la sentencia de culpabilidad se firmó el 10 de marzo de aquel año y condenó a los acusados, como autores de un delito probado de «conspiración para la rebelión militar» (artº. 291), a penas de entre cuatro y ocho años de prisión, con las accesorias de separación del servicio y suspensión de todo cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena. A los dos capitanes que habían admitido los cargos (García Márquez y Ruiz Cillero) se les redujo la condena y sin la accesoria de separación del servicio. Condenas de duración muy inferior a las solicitadas por el Fiscal, que alcanzaban, en dos casos, Otero e Ibarra, los doce años y un día de reclusión menor, y a otros tres, Valero, Consuegra y Lago, ocho de presidio mayor.

El teniente general Cassinello haría años después su propia valoración: «La UMD no puede compararse con la “sublevación de los claveles”. Lo más probable es que no pasaran de la veintena sus miembros, aunque ahora aseguren que se aproximaban al centenar. Su génesis y desarrollo era perfectamente conocida por los Servicios de Información del Ejército (2.ª Bis) y pudo ser cortada por vía disciplinaria, pero decidieron esperar y así se llegó a la judicialización del problema. Los servicios militares hablaron de su filiación comunista, pero es falso, como prueba el hecho de que solo uno de sus miembros, Otero, acabara ingresando en ese partido, mientras que Busquets hizo una carrera discreta en el PSOE. La mayoría de sus miembros pertenecían al Servicio de Psicología del Ejército y, con excepción de Restituto Valero (…), carecían de carisma dentro del Ejército: no hubieran arrastrado a nadie».

La actuación del SECED

En aquella operación de la Segunda-Bis del Ejército de Tierra tuvo también alguna participación nada desdeñable el SECED, aportando el apoyo informativo que requerían entonces los mandos y las autoridades militares, si bien manteniéndose al margen de la actuación en el ámbito de las Fuerzas Armadas, como exigía la Orden Secreta vigente de la OCN. El recelo del ministro del Ejército sobre los movimientos de varios oficiales que luego conformarían la UMD se acentuó de tal modo que el día 4 de noviembre de 1974 el teniente general Coloma Gallegos telefoneó al comandante Valverde, intranquilo por las numerosas informaciones y rumores sobre determinadas Hermandades de Capitanes y Juntas de Jefes. La Segunda-Bis del EMC debió detectar ya o recibir información inconcreta, que probablemente se reservó para su propio uso, pues entonces las relaciones SECED/CESIBE atravesaban cierta crisis de comunicación. Las preocupaciones alcanzaron también a la Armada. El ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, se lo haría saber a Valverde en audiencia del 17 de febrero de 1975, si bien aseguraba que «en las Fuerzas Armadas no había comunistas, sino solo algunos inquietos».

Entretanto, habían empezado a llegar al SECED rumores sobre el alcance de lo sucedido en Barcelona y la posible manipulación de tal evento, ya referido; y en el fin de semana, a caballo de enero y febrero de 1975, ya se recibían los primeros indicios formales de la existencia de la UMD. Un mes más tarde, el subdelegado del SECED en Murcia sabría de la existencia de unos contactos clandestinos en el aeródromo de Alcantarilla, sede de la Escuela Militar de Paracaidistas, para hacer proselitismo, sin levantar sospechas. Pero un teniente que tuvo conocimiento del «montaje UMD», casualmente se encontraría al subdelegado el 28 de febrero al que transmitió toda la información con detalle de nombres y futuras intenciones.

Ante datos tan elocuentes, Valverde decidió seguir contrastando información en el más estricto secreto y autorizar a completarla con la mayor discreción. Así, el delegado regional de Valencia pudo confirmar el 8 de marzo todo lo conocido, matizándolo oportunamente, de modo que el director del SECED, considerando que el caso estaba suficientemente certificado como para elevarlo a Ejército y en aplicación de la Orden Secreta, decidió el 13 de marzo comunicar lo esencial a la CESIBE. Por entonces, el teniente general Fernández Vallespín, jefe del AEM, compartía con Valverde, en entrevista de primero de marzo, la preocupación por los problemas internos del Servicio de Información del Ejército, diálogo que propició también su nota desde Vitruvio al ministro Coloma con idéntica fecha.

Al día siguiente acudía Valverde a despacho con el ministro a quien hizo entrega de un Informe sobre la acción psicológica en el Ejército y una nota sobre una posible Unión Militar Democrática. Valverde, para no enturbiar las relaciones con el general Guimerá, jefe de Información del EMC, le hizo llegar el día 20 de marzo una reseña de lo tratado con el ministro el día 14, ordenando al propio tiempo a la Secretaría General del SECED el envío regular al CESIBE de cualquier noticia que surgiese en relación con la UMD. Así se hizo en sendas notas de 3 de abril, antes de que se procediera a la difusión interna en el Servicio para explicar a los miembros del SECED el alcance de la organización clandestina descubierta.

Valverde envió al ministro Coloma otra extensa nota, de fecha 21 de abril de 1975, que incluía una Propuesta de acción en la que se recomendaba prudencia y se opinaba que: «cuando el país marcha abiertamente hacia un pluralismo de opiniones, la consecuencia será un Ejército en el que las opciones políticas individuales sean asumidas independientemente. El hecho nos aboca a una nueva situación. Años atrás (…), existía identidad absoluta entre Patria, Estado, Gobierno y Política. Cuando esta situación se rompe y se camina hacia el pluralismo, es preciso diferenciar en qué es absolutamente necesaria la coincidencia y en qué se es libre individualmente de disentir (…); corresponderá al mando definir la frontera entre lo uno y lo otro. Definición prudente, generosa si se quiere, pero que ha de hacerse cumplir con todo rigor (…). En segundo lugar, la quiebra del falaz regeneracionismo no se consigue más que a través de una enérgica regeneración impulsada desde el mando. Si lo que hay de sano y de positivo se canaliza a través de la acción de este, tendente a corregir abusos y perfeccionar situaciones, el grupo que plantea el problema quedará reducido a tan solo los comprometidos directamente con la subversión y será rechazado por la mayoría. Como siempre, un Ejército activo, profesionalizado, dedicado totalmente a su misión y dotado de los medios necesarios, es la mejor medicina para el problema».

La nota explicaba en tercer lugar que era precisa «una acción investigadora completa que permitiera establecer claramente las dimensiones, aspiraciones y composición del grupo». Y valoraba la «necesidad de su desarticulación» como «acción difícil y delicada, colocada entre la necesidad de no producir mártires y la de mantener la disciplina; acción totalmente necesaria, ya que el problema es inútil ignorarlo, por ser la misma razón de ser del Ejército la que está en juego». Y terminaba haciendo saber la «ineludible necesidad de una acción psicológica inteligentemente llevada en el Ejército. El grupo es minoría y ahora es tiempo todavía para poder limitar su expansión, aislarlo y reducirlo».

Este planteamiento del SECED difería del que sostenía la CESIBE. Esta Segunda Sección-Bis pretendía aplicar un procesamiento ejemplar que retrasaría la desarticulación favoreciendo además un ostensible escándalo. La desarticulación se demoró hasta el 30 de julio, cuando la Bis del Ejército dispuso de pruebas suficientes. En nota informativa de 8 de agosto de 1975, el director del SECED haría saber al presidente del Gobierno que en el asunto no solo debían tenerse en cuenta los problemas militares, sino también los políticos, que los ligaban a la situación general del país. Y precisaba que cada uno de esos aspectos «exige una distinta acción de gobierno, sobre todo si se adopta la decisión de atacar las causas de la aparición del fenómeno, por encima de una acción dirigida sobre las manifestaciones episódicas del problema». El impacto que la detención produjo entre los miembros del Servicio Central de Documentación fue importante, similar al causado en el resto de la familia militar, y ello justificó la convocatoria de una sesión monográfica de delegados el 15 de septiembre.

El domingo 27 de agosto charlé un buen rato con el coronel Sáenz de Tejada, a quien podría considerarse como uno de los jefes más impuestos en el tema de la UMD dentro del Ejército. El proceso seguía adelante, pero dudaba si sería preferible montar un juicio en aquel momento, otro en diciembre y otro en la siguiente primavera o, por el contrario, reunirlos en uno solo al final. El ministro no había dado aún su parecer y el Consejo Superior tampoco, a la espera de la sesión de septiembre; aún faltaba por publicarse el decreto de nombramiento del juez de la causa. La oficialidad pedía información y había que dársela en la medida que fuera acertado hacerlo. Tres oficiales de Barcelona estaban listos para declarar; algunos de los diez encartados podían perder la carrera.

El SECED se había encontrado inmerso en un asunto en el que, sin competencia directa, no podía dejar de interesarse pues, como se temía, no tardaría en repercutir, con evidente escándalo, en el delicado panorama nacional. Pero el tratamiento y posterior solución al problema que representaba la aparición de la UMD se escapaban de la competencia del SECED, quedando en manos de un Servicio de Información (la Segunda-Bis), cuyos componentes entonces se hallaban lejos de los cautelosos y medidos planteamientos reformistas que se abrían paso en el SECED. Por si fuera poco, los ilusorios planes del recién descubierto grupo militar clandestino, en vez de favorecer el pragmatismo reformista en el que se movía el Servicio de Presidencia, lo dificultaban, no solo por recurrir a la ilegalidad cuestionando algo tan delicado como la disciplina, sino porque además reforzaba la actitud de los miembros más inmovilistas de las Fuerzas Armadas. La Unión Militar Democrática surgía intempestivamente en las postrimerías del Régimen como un obstáculo más a la intención de los que deseaban reformarlo desde dentro.

En la conversación que mantuve con el teniente general Díez-Alegría el 13 de octubre de 1975, me preguntaba qué había pasado con miembros de la UMD. Le parecía que se estaba demorando mucho la causa. Y continuaba el general: «Busquets es un “chalao”. Fue una pena que el Ejército lo prendiera. Lo que habría que haberle dicho es que dejase el Ejército, y se marchara. Su libro, El militar de carrera en España es muy flojo, lleno de errores históricos, que no hay más que contrastarlos en la enciclopedia Espasa. Cuando se habla de las proporciones de gente que va a las Academias militares desde las distintas regiones, deduce que en las bilingües la gente no acude al Ejército. La verdad es que lo que indican los datos es que en las provincias muy desarrolladas, donde la industria da muchos puestos de trabajo, la gente no va al Ejército. Así que sus conclusiones eran más bien juicios previos sin contrastar. El libro parecía estar bien intencionado, pero había que haberlo corregido, porque era de una gran ligereza. Pero, en vez de decirle eso, se pusieron de manos en el Ministerio».

Cuando finalizada la Operación Lucero los miembros del Equipo de Trabajo del SECED fuimos recibidos en audiencia por S. M. el Rey, otras comisiones militares que acudían al Palacio de Oriente con idéntico fin, aquel 3 de febrero de 1976, sospecharon que iríamos a hablarle de los oficiales de la UMD. No era esa nuestra pretensión, pero resultó inevitable que saliera el tema en la conversación con Su Majestad. Entendimos que Fraga Iribarne había hablado al Rey sobre el asunto del consejo de guerra a favor de una absolución y de una urgente convocatoria de la Junta de Defensa Nacional. Don Juan Carlos no consideraba necesaria tal reunión y convocaría en cambio al vicepresidente de Asuntos de la Defensa y a los ministros militares, a quienes manifestó de forma tajante su idea de no entrometerse en la decisión del consejo de guerra, por estimar que era de la competencia exclusiva de la Justicia Militar y que había que esperar el veredicto. El Rey sentía personalmente lo que estaba ocurriendo pero no quería influir; tan solo, que se cumpliesen los trámites y la sentencia con la máxima legalidad y justicia.

En conversación privada del 16 de febrero de 1976, el teniente general Díez-Alegría me haría algunos comentarios sobre la UMD: «Para esos generales “ultras”, el Rey ha sido el inspirador de la UMD y “el Guti” su padre espiritual. El propio Rey me dijo: “Según ellos, yo soy el Espíritu Santo y “el Guti” el padre de la criatura». Aprovechaba Díez-Alegría para dar unas pinceladas al retrato del general Gutiérrez Mellado: «El actual ministro del Ejército [TG Álvarez Arenas] no le ve con buenos ojos; eso le viene de su etapa de Capitán General de Madrid, en que lo relacionaban con la UMD».

Busquets dedicaba años después el capítulo VIII de su libro[82] a Mis problemas con el servicio de información militar de Carrero Blanco, en el que no hay más referencias al SECED que lo que le contaron en un viaje a Madrid en 1969, sobre el teniente coronel San Martín y el teniente coronel Quintero: «Debajo de ellos había cuatro jefes militares en áreas dedicadas a vigilar a los obreros, a los estudiantes, a los clérigos y a los intelectuales. Los cuatro jefes de área despacharían directamente con Carrero y cobrarían un buen pastón (…). Tal como estaban las cosas y seriamente preocupado por lo que consideraba un proceso de politización creciente del Ejército, decidí crear un grupo de militares demócratas para contrarrestarlo». Busquets calificaba la Organización Conde como «un servicio de represión política bajo las órdenes del partido franquista». A partir de ahí, hablaba de las actuaciones del Capitán General de Cataluña, teniente general Pérez Viñeta, en noviembre de 1969, que «me odiaba porque yo me quería cargar el Régimen político que él apoyaba».

Sobre este triste episodio de la UMD se seguirá publicando aún algún libro e incluso alguna tesis doctoral. El lector puede enfrascarse en la lectura de numerosas publicaciones que han salido a la luz desde entonces, en su mayoría discordantes con los criterios personales que se contienen en este apartado, en el que se hace tan solo un esbozo con el que explicar la actuación del SECED y sus oficiales, y calificarla de acertada y determinante para la normalización de la vida nacional.

El SECED en vísperas del proceso de la UMD (la sentencia del consejo de guerra había de producirse el día 9 de marzo de 1976) envió al presidente del Gobierno una nota informativa, de fecha 4, titulada Situación general de las Fuerzas Armadas, en la que se describía con precisión extraordinaria cómo los Ejércitos eran blanco instrumental de muchos de los roces con la sociedad civil. Así se argumentaba: «Las Fuerzas Armadas han pasado a constituir el objetivo claro de una acción generalizada de hostigamiento: con la jerarquía eclesiástica se agudiza el pleito de la objeción de conciencia; con la prensa, el secreto profesional y los procesamientos de los periodistas Prada y Huertas Clavería generan un clima de hostilidad generalizada; con los Colegios de Abogados, la denegación de recursos ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, presentada por los sedicentes defensores de los Jefes y Oficiales de la UMD, produjo un clima creciente de agresividad contra la justicia castrense; las militarizaciones de correos, ferrocarriles, municipales y bomberos de Barcelona convierten a las Fuerzas Armadas en objeto de la agresividad propagandística de la oposición desleal obrera y política; por último, la recluta nacional choca con la oposición universitaria tan conflictiva y agresiva como siempre. En este ambiente va a producirse el Consejo de Guerra contra los jefes y oficiales. El ataque directo coincide con el cerco general esbozado en el párrafo anterior, definiéndose así un clima desfavorable».

El 26 de febrero se produjo en Barcelona la detención del capitán de Ingenieros Antonio Herreros Robles, supernumerario en el Ejército y miembro activo de la UMD, procedente de la promoción siguiente a la de Busquets. La segunda Sección-Bis le encontró voluminosa documentación que demostraba la persistencia de las actividades e intenciones. Recibida la noticia en el SECED y examinada la documentación intervenida, se envió al presidente Arias nueva nota sobre dicho análisis, del que entresacó las frases siguientes:

— Maduración del grupo, con referencias explícitas a «nuestros compañeros detenidos» (…), abundantes testimonios del enlace mantenido con ellos y las actuaciones de sus esposas.

— Planes explícitos de intervención armada, aunque los confabulados no estimaban aconsejables en la situación actual, por no haber llegado a contactar con todas las guarniciones (…), no tener aún esperanzas racionales de victoria rápida y limitadamente cruenta, confiando que en el plazo de unos meses la evolución del país favoreciera una actuación de esta naturaleza.

— Existencia de contactos de sus órganos centrales con la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia (…), y adoctrinamiento marxista de sus miembros a través de una extensa bibliografía de este matiz, y del mantenimiento y difusión entre los componentes de la UMD de documentos de esas organizaciones.

— Detectado el cambio de actitud en el proselitismo, pretendiendo crear ahora un cojín de militares demócratas estimados simpatizantes (…), por haber relegado a una segunda urgencia la captación de nuevos miembros (…), y casi alcanzado los propósitos iniciales (400) (…), y porque habían detectado varios intentos de infiltración.

El SECED atribuía a los componentes de la UMD una «difusa ideología liberal en un ingenuo planteamiento del equilibrio entre Justicia y Libertad», por lo cual se suponía que intentaban una síntesis entre la praxis occidental y la marxista. Dicho grupo clandestino sostenía «la repulsa abierta al orden institucional (…), y la adhesión a las tesis de ruptura» de la oposición política clandestina.

Como conclusión, el Servicio decía al presidente que preocupaba tanto la situación general como el tema específico de la UMD y ofrecía una doble propuesta: La primera, romper el frente de los descontentos con estas actuaciones: «Un proyecto de Ley de reconocimiento de la Objeción de Conciencia, que forzosamente va a tener que contemplarse en el futuro; una suavización del reclutamiento nacional, con la asignación de cupos elevados a la región de origen y la posibilidad de pedir voluntariamente la permanencia en la misma; por último, el tema de las militarizaciones tendrá que ser considerado, pues no se ha aprovechado la situación para la resolución de los problemas internos de estos colectivos y solo se han reprimido las manifestaciones externas de las crisis, actuando precisamente sobre los económicamente más débiles y dejando fuera de la militarización a los órganos directores (Consejo de Administración de RENFE, Dirección General de Correos, etc.)». Y como segunda propuesta: «En la UMD, con ser grave el momento de la celebración del Consejo de Guerra, se estima más peligrosa la situación posterior, por estarse seguro de la inexistencia de planes concretos de actuación. Será preciso una acción de mando y un plan de acción psicológica que habrán de ponerse en marcha de forma inmediata para destruir una organización que solo ha sido hostigada con las actuales detenciones y contra la que aún se carece de un marco jurídico adecuado de lucha, pues no existe todavía sentencia calificándola de ilegal y sediciosa».

Sigue el tema UMD en las entrevistas

En nuestras charlas de 1975 con miembros del mundo de la comunicación y de la política activa fueron frecuentes las consultas que se nos hacían por los rumores de discrepancias fuertes con el Gobierno y el Régimen por parte de grupos de oficiales cuantificados desmedidamente. Era asunto que preocupaba en esos medios, sobre todo, por el tremendo desconocimiento de la realidad militar. José Mario Armero acababa de pasar una mañana con el Capitán General de Madrid, teniente general Campano, del que había sacado una favorable y sorprendente opinión de general liberal. Pero quería escuchar qué pensábamos los de menores niveles jerárquicos y me invitó a almorzar el 27 de enero en el Club 31 para interesarse por la participación de oficiales en la Junta Democrática, rumor que, sin la menor base, difundía este grupo político antiRégimen. Consideraba Armero que el mando debería mantenerse al margen de las opciones políticas, pero que habría que permitir a la oficialidad formar parte, «como miembros anónimos», de alguna asociación.

El corresponsal americano Miguel Acoca nos urgía al capitán Santiago Bastos y a mí a almorzar con él en La Fragua, el 19 de febrero, para conocer detalles del arresto en Barcelona del comandante Busquets y el capitán Julve. Otros periodistas ya nos habían comentado el viaje de componentes de militares contestatarios de ese mismo ámbito a Portugal para cambiar impresiones con el Movimiento de las Fuerzas Armadas; y en marzo se nos quejarían del fuerte arresto de seis meses de privación de libertad impuesto a Julio Busquets.

El 11 de junio, Nicolás Franco Pascual de Pobil me preguntaba aún por la magnitud y representación de las «juntas democráticas militares» y su pretendida vinculación con la Junta Democrática. Un periodista de Mundo le había invitado a reunirse en Barcelona con jóvenes oficiales contestatarios y quería contar antes con nuestra opinión, en su calidad de consejero nacional del Movimiento. Me aseguraba que días antes un grupo de cinco generales se había acercado al Banco de España para hablar con el gobernador, Luis Coronel de Palma, quien se mostraba asustado por la «contestación militar». Una vez más me tocó aclarar algunos disparates que se ponían siempre en boca de miembros del generalato para dar mayor solidez a las argumentaciones.

Al regreso de las vacaciones estivales de 1975, Armero me transmitía confidencialmente, el 27 de agosto, que los oficiales procesados (UMD) venían a ser como «primos hermanos» de los de Presidencia (SECED) y que aquello había sido en realidad un golpe contra Arias Navarro aprovechando su viaje a Helsinki y la estancia de Franco en el Pazo de Meirás. Le parecía además inconcebible que el ministro del Ejército declarase no saber nada del asunto. En los ámbitos en que se movía José Mario Armero se consideraba a los detenidos como oficiales brillantes, de tendencias moderadas, universitarios, y destinados en puestos muy destacados. Nunca le había oído una sarta mayor de dislates; quizá se debieran a la ausencia aún en Madrid de buena parte del mundo oficial donde beber en mejores fuentes. Dos días más tarde, estos temas militares surgían en la conversación con García López, dirigente de la USDE, durante un almuerzo al que me invitaba en Valentín. Por lo visto, Radio España Independiente había considerado a los oficiales procesados como ligados a USDE, generalización falsa, aunque alguno de ellos había tenido contactos con ese partido. El propio García López había conversado hacía poco con Busquets, pero no le consideraba relacionado con la UMD, «al menos directamente». En cuanto al conjunto de las Fuerzas Armadas, mi anfitrión pensaba que debían ser árbitros de la futura situación, al margen de los partidos, y me relataba conjeturas típicas del regreso de vacaciones sobre los altos mandos militares.

En septiembre, Joaquín Garrigues Walker nos daría su propia versión en la mañana del martes 12 en el Hotel Castellana: la UMD estaba relacionada con la Junta Democrática y el Partido Comunista; él había conocido a Luis Otero, trabajando a su servicio en Cibernos S. A., propiedad entonces de Liga Financiera. Nos preguntaba a Faura y a mí por los cuadros de oficiales más socializantes, por sus sueldos, por la lectura de Fuerza Nueva en los cuarteles, por el follón en el entierro del teniente Pose, por la UMD, etc. Demostraba gran interés por los asuntos militares, pero dudaba de nuestras respuestas, que no coincidían con sus ideas preconcebidas o con otras fuentes, no militares naturalmente.

Antonio García López me telefoneaba, a media mañana del lunes 18 de septiembre de 1975, para invitarme esa misma noche a una cena de matrimonios en su casa de la colonia Mirasierra, para mejorar los contactos entre el mundo de la prensa y las Fuerzas Armadas. El SECED consideró conveniente mi asistencia, pues de tales contactos siempre se obtenía alguna información, pese a la escasa fiabilidad que merecía García López y su entorno. De los invitados disponía el Servicio de suficientes referencias como para imaginar que el tono de sus conversaciones sería de desgarrada oposición a cuanto significase franquismo. El anfitrión nos repartió sus declaraciones a una revista nacional, un recorte de The Spectator sobre el movimiento de oposición en España y la entrevista de Carrillo aparecida en Avui sobre el acuerdo Junta Democrática / Plataforma de Convergencia. Contó García López haber comido con el teniente general Díez-Alegría, que se estaba moviendo mucho y que iba a asistir próximamente a una reunión con oficiales contestatarios en Madrid, organizada por García López y a la que acudirían, desde Barcelona, Busquets y López de Sepúlveda. Aventuraba una cifra próxima a los dos mil los componentes de la UMD. En la semana siguiente nuestro anfitrión tenía prevista una audiencia con el almirante Pita da Veiga, ministro de Marina, «que congeniaba mucho con la USDE». Todas ensoñaciones, creídas a pies juntillas por los invitados. La reunión resultó lamentable. Pero todos los asistentes querían repetir la sesión y García López pretendía visitar al comandante Valverde.

El general Álvaro Lacalle, jefe de Artillería de Canarias, nos deleitó con su visita al SECED el 4 de octubre, que duró un par de horas. Uno de los temas de contraste fue precisamente la Unión Militar Democrática. Le prestamos la máxima atención. Según sus noticias, el asunto estaba siendo manejado por gente no comunista pero sí «compañeros de viaje», muy demócratas y muy avanzados en lo social, aunque en apariencia, cansados de la situación y de España y con ganas de realizarse en política. También nos citaría rumores de cambios en la cúspide militar: había que darle una buena salida a Gutiérrez Mellado, empujarle a mandar el Estado Mayor Central. Nos habló de la capacidad de las Fuerzas Armadas para cumplir con el artículo 37 de la LOE: estaba en función de la moral y de los ideales de los militares, no en el material de los ejércitos. El general Lacalle terminaba su exposición explicando las posibles maneras de intervención de las Fuerzas Armadas: por pronunciamiento o por alzamiento. El primero no era la solución, «los militares no están preparados para gobernar, pero es lo que quieren algunos grupos políticos: utilizar a las Fuerzas Armadas». El alzamiento solo surgía cuando la situación era verdaderamente límite y con una mayoría popular a su favor.

Posteriores decisiones sobre la UMD

Los condenados se beneficiaron de inmediato del indulto concedido en noviembre de 1975 con motivo de la proclamación de don Juan Carlos de Borbón, como Rey de España. Dos capitanes obtuvieron la libertad y la incorporación a sus Ejércitos; otros dos extinguieron su condena el 22 de julio de 1976 y, los demás, se beneficiaron de la ley de Amnistía promulgada el 30 de ese mes por el Gobierno Suárez. Tal amnistía no había incluido la reincorporación de los sentenciados a las Fuerzas Armadas, pues los mandos —según relata Miguel Platón—, «expresaron su rechazo a esa posibilidad en términos claros y contundentes (…). La situación pareció zanjada, pero (…) pasó a convertirse, para determinados partidos políticos, por solidaridad con sus patrocinados, en un asunto pendiente (…). Y esa pena accesoria de separación del servicio se convirtió en un asidero de esos partidos políticos para “echar un pulso” a las Fuerzas Armadas, con lo que el asunto renació como objeto de debate público (…). No deja de resultar significativa y paradójica la circunstancia de que, a pesar de tratarse de una organización clandestina que propugnaba una intervención militar, los medios de comunicación social no aplicasen nunca a los miembros de la UMD el calificativo de Golpistas».

En 1977, la oposición pretendió incluirles en la llamada «tercera amnistía», para su reincorporación al Ejército; pero el teniente general Gutiérrez Mellado, entonces vicepresidente del Gobierno para Asuntos de la Defensa, hizo prevalecer su negativa a tal medida, que afectaba a la moral de las Fuerzas Armadas. Algunos de ellos trataron de reactivar tímidamente la UMD con algunas reuniones, pero su momento había pasado.

El 26 de junio de 1977, la UMD anunció, a través de un comunicado de folio y medio de extensión, su autodisolución y el fin de la actividad que hasta ese momento había venido desarrollando. Se afirmaba en dicho comunicado que: «Nació con el fin de buscar la libertad y convivencia democrática de todos los españoles (…). Si un día decidimos actuar al margen de la legalidad vigente, fue para que nuestro Ejército no pudiera obstaculizar el proceso democratizador. Nunca ningún miembro de la UMD pensó en ello como algo definitivo, y menos aún como trampolín o como una forma de defender los intereses de grupo. Fue la situación del país la causa de su propio nacimiento y es hoy la que aconseja su disolución». El documento admitía que «los objetivos militares no se han cumplido», y más adelante la UMD terminaría comunicando que: «En consecuencia, anuncia su autodisolución y el consiguiente fin de sus actividades», no sin solicitar, como último acto corporativo, «la inmediata concesión de una amnistía total para presos y exiliados políticos, pero también, y muy especialmente, la reincorporación al servicio activo, sin pérdida de ninguno de sus derechos, de sus miembros condenados o pendientes de proceso».

A principios del verano de 1980 un significado grupo de partidos políticos volcó su actividad de «política militar» en plantear de nuevo la «reivindicación» del reingreso en la carrera militar, de los condenados de la UMD. Pero de nuevo el mando expresó con firmeza su oposición a esa medida, logrando impedir que se aplicase. El propio vicepresidente Gutiérrez Mellado reiteraría su postura en contra de la reincorporación, tal como había expuesto de forma insistente desde su primer Informe como jefe del EMC del Ejército, cuatro años antes. Todos sabíamos bien que el principal opositor al reingreso de aquellos oficiales era el teniente general.

Al llegar el PSOE al Gobierno en 1982, el nuevo ministro de Defensa, Narcis Serra, no se mostró tampoco proclive a reabrir el debate sobre los úmedos, sobre todo después de tener el convencimiento de que todos los miembros de la JUJEM dimitirían en el caso de que se ampliase la amnistía a las penas accesorias. Ya en 1984, con ocasión del décimo aniversario de la UMD, algunos de sus miembros reconocerían en la televisión catalana que habían creado una organización clandestina dentro del Ejército. El propio Busquets, en El País del 29 de agosto, afirmaba que «se nos empujaba, por los políticos de la oposición, a seguir adelante», y admitía que «los objetivos de la UMD respecto a la democratización del país se habían conseguido en gran parte, pero no precisamente por el concurso de la organización militar clandestina». Sin embargo, determinadas personalidades de la política y de la prensa siguieron repitiendo que aquellos oficiales habían sido condenados injustamente por demócratas y que, por tanto, debían reingresar en el Ejército.

Ese caldo de cultivo favoreció que, en el verano de 1986, el PSOE incluyera en su programa electoral la vuelta al Ejército de los oficiales de la UMD. El cambio de legislatura implicó entonces el relevo de la JUJEM (Junta de Jefes de Estado Mayor), y el Gobierno de Felipe González aprovechó el interregno para aprobar en Consejo de Ministros, del 31 de octubre, un decreto ley de reingreso de los úmedos condenados y separados del servicio. Dice Platón, que los nuevos JEME «señalaron que la cuestión debería quedar resuelta antes de su nombramiento: no querían verse marcados al principio de su mandato por un tema tan vidrioso. El ministro Narcis Serra, a su vez, les prometió que los oficiales amnistiados no se incorporarían a las Fuerzas Armadas y así se cumplió. Tras vencer algunas resistencias, todos ellos optaron por solicitar el pase a la Reserva Transitoria».

Años más tarde Julio Busquets titularía su Capítulo IX de la Primera Parte, «Hasta llevar barba era un problema»[83] y lo comenzaría de este tenor: «En 1959 triunfó la revolución cubana, dirigida por unos guerrilleros jóvenes que llevaban aparatosas barbas, y en los años sesenta los contestatarios se dejaron la barba. Era una de las pocas posibles formas de manifestar la disconformidad con un sistema político, en una sociedad donde no había forma alguna de manifestar que uno estaba en desacuerdo con la dictadura. En consecuencia, yo también decidí dejármela (…) porque en el Ejército estaba prohibido». Ya antes, en el capítulo III, el apartado «Inicio de mi actividad contra la dictadura», que comienza en su etapa de Escuela de Estado Mayor, describe «un seguimiento policial neurotizante», obsesión que le acompañó toda su vida. En la segunda parte de su libro, comenzaría Busquets explicando en el Capítulo I, «La fundación de la UMD», con una referencia al impacto de la Revolución de los Claveles.

Pero es en el propio «Prólogo» de su libro donde se define nada más iniciar la primera página: «Dicen que solo se vive una vez. No es verdad (…). Hoy a menudo se viven varias vidas, totalmente distintas unas de otras. Porque se cambia de profesión, de ciudad, de forma de pensar, incluso de pareja (…). A finales de la década de los cincuenta inicié un proceso de concienciación ideológica que acabó incidiendo en mí, en mi actividad profesional, de una forma tan drástica que en 1970 me vi forzado a abandonarla e irme a trabajar a la universidad, en un ambiente antitético al anterior». Busquets ingresaría años después en el PSOE y obtendría acta de diputado en varias legislaturas, formando parte de la Comisión de Defensa durante diecisiete años. En julio de 2001, moriría en Barcelona solo, en total abandono. ¡Descanse en paz!

Al año siguiente, en el diario El País de 15 de junio del 2002, el coronel de Ingenieros y Doctor en Derecho José Manuel Altozano Foradada ponía en boca del coronel José Fortes, condenado a cuatro años de cárcel y expulsado del Ejército, el comentario siguiente: «Nos readmitieron con los militares ya vacunados [por el golpe del 23 F] y únicamente “honoris causa”. Pero la idea del Gobierno socialista era que pidiéramos inmediatamente el pase a la reserva. Yo y otros dos expulsados [Luis Otero y Restituto Valero] solicitamos destino, pero el Ministerio [de Defensa] se negó a dárnoslo». Y transcribe otra impresión de Otero: «Una vez readmitidos me llamaron del gabinete del ministro de Defensa [Narcis Serra] para preguntarme qué pretendía hacer. Yo le respondí que, como cualquier otro coronel, quería mandar un regimiento, pero ellos, escandalizados, me recomendaron que me retirara (…). Todos los Gobiernos desde 1977 han tenido el afán de olvidarnos para no tener que lidiar con una institución como el Ejército, que consideraban problemática».

Altozano citaba también estas palabras de José Luis Díez Gimbernat, coronel retirado y exmiembro de la UMD: «Estoy convencido de que todo fue fruto de un pacto de los militares con los nuevos gobernantes. El Ejército dijo: “Bueno, hemos tragado con la legalización del PCE y la amnistía; pero que vuelvan todos estos, queda descartado” (…). Dentro de la institución [el Ejército] siempre fue una lacra y aún hoy lo sigue siendo». También Altozano insertaría en ese largo artículo[84], los párrafos siguientes: «El 21 de julio pasado murió en Barcelona Julio Busquets, excomandante, miembro fundador de la Unión Militar Democrática (UMD) y diputado socialista desde 1977 hasta 1993. A su funeral acudieron numerosos políticos: entre ellos, el presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol y varios dirigentes del “Partit dels Socialistes de Catalunya”. Todos menos el Ejército, que no consideró necesario rendir a quien, junto a sus compañeros en la UMD, se jugó los galones por modernizar y democratizar esa institución (…). José Luis Díez Gimbernat recuerda: «Tuvimos un papel fundamental en la Transición. Abrimos una grieta en el Ejército y el Régimen de Franco (…). El Régimen nunca supo exactamente cuántos oficiales pertenecíamos a la organización, lo que en su opinión le provocó una cierta inseguridad. Tampoco la UMD conocía el número exacto de sus miembros, que cifraba entre 150 y 200 (…)».

Por su parte, dice Miguel Platón en el libro ya citado, que «las previsiones catastróficas y de ruptura “inevitable” no se cumplieron, de igual modo que tampoco ocurrió nada de lo previsto en las elucubraciones de la UMD». La verdad es que poco después de finalizar la Causa 250/75, los que en su día formaron parte de la UMD pudieron comprobar que no se consumó ninguna de las hipótesis formuladas por la organización acerca del comportamiento militar durante la Transición. Salvo los condenados, todos participarían sin disidencias, junto a los demás compañeros de armas, en la línea institucional de máximo respeto a la voluntad popular. Por otra parte, los años que duró la cuestión de la UMD se caracterizaron por la manifiesta incomprensión de una parte de la sociedad civil y determinados dirigentes políticos, de los sentimientos y sensibilidades de la comunidad militar, que rechazaba la vulneración de principios consustanciales con la esencia de las Fuerzas Armadas.

El 4 de diciembre de 2009, el Consejo de Ministros, presidido por Rodríguez Zapatero, aprobaba una declaración institucional de reconocimiento especial a los miembros de la UMD, y el día 11 de febrero de 2010, el Boletín Oficial de Defensa núm. 22 publicaba una Orden, suscrita por la ministra Carme Chacón, el 29 de enero, con la concesión de la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco a doce jefes del Ejército de Tierra, y del Mérito Aeronaútico a otros dos más del Ejército del Aire, todos ellos miembros de la extinta UMD. El 1 de abril del año anterior, la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados había aprobado una proposición no de ley, instando al Gobierno a «rendir homenaje a los militares que colaboraron decididamente en el proceso de evolución hacia un Régimen democrático (…), que en defensa de esos ideales arriesgaron su carrera (…), incluso su libertado personal». La ministra Chacón impuso las condecoraciones el 16 de febrero en un acto oficial en la sede del Ministerio de Defensa, con la ausencia del JEME Fulgencio Coll «de maniobras en Toledo». La prensa difundió la noticia y destacó el rechazo militar a tales recompensas, dada la grave falta de disciplina y lealtad que ahora se premiaba, manifestando una protesta generalizada por la arbitrariedad y sectarismo que demostraba tan insólita decisión oficial. Con ella se hería innecesariamente a la inmensa mayoría de los componentes de las Fuerzas Armadas, provocación gratuita y desaire al estamento castrense que no olvidaba que la Causa 250/75 que se instruyó contra la UMD fue por el delito de «conspiración para la rebelión militar». Cabría recordar aquí la cita bíblica: «De nosotros han salido, pero no eran de los nuestros. Si de los nuestros fueran, hubieran permanecido con nosotros». (1 Jn. 2, 19).

LAS INSTITUCIONES BUSCAN EL APOYO DEL SECED

Una faceta muy destacable en la etapa Arias fue la incansable actividad del SECED por buscar relaciones personales con dirigentes de todos los sectores nacionales, de los que obtener información fiable, base de posteriores informes al presidente del Gobierno y otras primeras autoridades. Pero también se produjo el fenómeno inverso, como paso a describir.

En ámbitos bancarios

Al comienzo de 1974 determinadas entidades se acercaban al SECED en busca de apoyo informativo y de seguridad, con la fundada esperanza de hallar solución —o al menos orientación— a sus problemas. Así, por indicación del jefe del AEM, TG Díez-Alegría, visité en la mañana del 6 de febrero a Alfonso Escámez, presidente del Banco Central, quién deseaba ayuda especializada para la seguridad de su banco, dado el incremento de los delitos, la escasa ejemplaridad de los castigos y la menor eficacia policial. Soñaba con un militar idóneo para encomendarle tal servicio interno. EL 5 de marzo me expuso esa imperiosa necesidad, convertida en obligación por reciente disposición oficial y el día 8 ya pudimos ofrecerle dos candidatos: un joven capitán de la Guardia Civil y un coronel de Estado Mayor en situación B. En fechas siguientes, le tuve que aclarar que otra candidatura propia del banco en favor del COR Eduardo Blanco, exdirector general de Seguridad, estaba lejos de los criterios de la presidencia de Gobierno, lo cual ralentizaba la decisión del Central, pese a la urgencia del asunto. Semanas después, el banco designaba, para atender a su seguridad, a un coronel de la Guardia Civil, tras recibir la advertencia de la Benemérita de abstenerse de pensar en capitanes o comandantes, tan escasos y ocupados en el Cuerpo. Además, tanto la Guardia Civil como el Ejército pensaban forzar el pase a otra situación militar a quienes fueran elegidos para aquel cometido. De modo que el referido coronel, ya comprometido, se vio obligado a renunciar al cargo de jefe de seguridad, y el Banco Central me proporcionó el nombre de otro coronel de la Guardia Civil.

El 20 de marzo, el presidente del Banco Popular Español, Luis Valls Taberner, me aludió también al coronel Blanco, quién había ido a verle para tratar de una posible ocupación en información interna, sin plena dedicación. Valls me hizo una elogiosa valoración de él. En posterior visita mía me reiteraría el tema, aprovechando para comentarme las exigentes medidas de seguridad bancaria decretadas por Gobernación, asunto que, a su juicio, se había desenfocado. No se podía pretender resolver de golpe un problema que venía de tiempo atrás y que no tenía resuelto ningún país del mundo. También Alfonso Escámez se había referido a la escasa aceptación de las medidas oficiales, por precipitadas y exageradas. El jefe superior de Policía de Madrid, TCOL Federico Quintero, había reunido a más de doscientos representantes de bancos, cajas, cooperativas y sociedades relacionadas con la seguridad, sin lograr poner de acuerdo a tantos en plazos tan cortos. El día 9 de mayo me telefoneaba Escámez para que intercediéramos ante el TCOL Quintero, en relación con un escrito suyo sobre exigencias al Banco de Fomento y al de Valencia, filiales del Central. Al día siguiente, visité al teniente coronel y, con la amistad y sinceridad de siempre, le expuse la historia desde la indicación recibida del TG Díez-Alegría. Saqué la impresión de firmeza y seguridad en sí mismo que yo recordaba de sus primeros tiempos en la Organización Conde. El lunes 20 de mayo me reuní en Riofrío con el director general del Banco de Fomento, Epifanio Ridruejo, compañero mío de clase en el colegio del Pilar, confiando en nuevas actitudes de Quintero. El SECED prepararía después una nota para el coronel Francisco Dueñas Gavilán, director general de Seguridad.

Por indicación del director Valverde, el 26 de febrero de 1975 visité —acompañado del CAP Iñigo Churruca—, a Sánchez Asiaín, presidente del Banco de Bilbao, para escucharle su preocupación por la seguridad interior en todas sus facetas, para cuyo estudio deseaba contar con algún militar profesional. Con motivo de tal asunto, se había entrevistado con el jefe del Alto Estado Mayor y con el general Gutiérrez Mellado. Días después este general almorzaría con él en el banco para continuar la conversación sobre seguridad. Sánchez Asiaín nos recordaba otros contactos anteriores con el CTE San Martín en su etapa de jefe del Servicio y de haber sido el primer banquero español que sintió la necesidad de un sistema integrado de seguridad, habiendo propuesto al ministro de la Gobernación sacar adelante un decreto sobre ello. Ahora Sánchez Asiaín precisaba encontrar un especialista para atender a la «seguridad de alto nivel»: evitar secuestros de dirigentes del banco y sus familiares, la fuga de datos vulnerables de los clientes, la paralización de los servicios del banco, etc. Así que requería la colaboración del SECED para descubrir candidatos capaces de pensar en la estrategia y la política de seguridad del banco a largo plazo. Le propusimos hacer uso de los CTE Armando Marchante y Joaquín Villalba, que trabajaban a media jornada en el Departamento de Publicaciones del Banco de Bilbao, y a los que considerábamos muy preparados para acometer cualquier estudio e incluso absorber entre sus funciones la puesta en marcha del montaje imaginado. Volvimos el 11 de marzo a ver al presidente. Había recibido una recomendación del ministro de la Vivienda a favor de un comisario de policía. Al regreso al SECED obtuvimos los datos e informes que nos solicitara Sánchez Asiaín y, con la debida autorización superior, Churruca se los transmitió inmediatamente por teléfono.

Alberto Oliart Saussol[85], director general del Banco Hispano Americano (BHA), nos había recibido en una primera visita, el 12 de mayo de 1975, para presentarle al CAP Vázquez Ochoa que llevaba en la Delegación Regional de Madrid el ámbito laboral y las consecuentes relaciones de colaboración con instituciones. Repetí la visita el 5 de junio para continuar la conversación en términos más políticos y para mantener aquella relación que parecía tan interesante por la sencillez, seriedad y moderación con que Oliart enfocaba los temas. Antes de concluir mi segunda visita telefoneó al CAP Vázquez para comentarle la reunión celebrada con el ministro de Relaciones Sindicales, en línea con la conversación anterior, y acordó con el capitán una próxima visita al subdirector del BHA que llevaba los asuntos laborales. La entrevista había cumplido el objetivo marcado. La verdad es que si Oliart había tenido referencias del SECED a través de sus amigos Jaime Carvajal, Leopoldo Calvo-Sotelo y Luis Coronel de Palma, no era necesario mucho esfuerzo para que confiara en nosotros.

Coincidiendo con las referidas gestiones sobre seguridad bancaria y personal, en la primavera de 1974 el director del SECED me encomendó una consulta sobre moneda extranjera para atender a necesidades de nuestro Grupo de Apoyo Técnico (GAT), asunto oficial urgente que, por lo delicado, debía llevarse a cabo al máximo nivel posible. Recurrimos el 20 de marzo al Banco Popular Español, y su presidente, Luis Valls Taberner, agilizó sobre la marcha la operación «por caja», en especial atención al SECED. Como el envío de dinero a Europa supondría una compleja tramitación por las limitaciones para cantidades superiores a cinco mil pesetas, a partir de la cual se precisaba una autorización del Ministerio de Comercio, me puse en contacto con Félix Varela Parache, quien me recomendó que el SECED lo solicitase por escrito «para atenciones del Servicio». Y así se fueron resolviendo transferencias entre abril y julio para atender a adquisiciones de equipamiento del Grupo de Apoyo Técnico (GAT).

En junio el SECED tuvo precisión de moneda extranjera con carácter de urgencia y Alfonso Escámez nos resolvió la petición suprimiendo comisiones y explicándome que «no se trata de una operación financiera sino de un servicio a la Patria», atenciones que Juan Valverde le agradecía aquel mismo martes 25 de junio por escrito. El presidente del Banco Central le respondía el 1 de julio que «fue un verdadero placer poder atenderles en sus deseos».

Volvió a surgir la necesidad perentoria de divisas para actividades del SECED en el extranjero y tuve que acudir el martes 10 de septiembre a exponérselo al gobernador del Banco de España, que resolvió el problema inmediatamente, buscando fórmulas adecuadas para el futuro en su Departamento de Extranjero y recomendando tratarlo en el Ministerio de Comercio con el director general de Transacciones Exteriores, lo que pude cumplir veinte días después. En aquella conversación con el gobernador, marqués de Tejada, aprovechó para dedicar un buen rato a la grave situación económica en todo el mundo, y a la particular de España, dada la intranquilidad política por el futuro. Y me hablaba de una camarilla próxima a Franco que buscaba desde la sombra la destitución de Arias Navarro al frente del Gobierno; les calificaba de traidores a la Patria. La cotización del Príncipe de España subía puntos, pero aquella camarilla apuntaba también contra la futura Monarquía de don Juan Carlos. Me preguntó por la situación en el Sáhara y la posibilidad de un enfrentamiento con Marruecos. Finalmente, el 10 de octubre, me correspondió acompañar al comandante Valverde a la invitación del gobernador Luis Coronel de Palma a almorzar en el Banco de España, sesión en la que nos habló de delitos monetarios, fraude fiscal, fuga de capitales, etc., episodios lamentables, a veces atribuibles a personajes bien conocidos. Y también nos contó las «intrigas de Fuengirola» para hundir políticamente a Carlos Arias y a varios de sus ministros.

En aquella nueva entrevista del 30 de septiembre con Varela Parache, buen conocedor del Servicio desde sus comienzos, me propuso nuevas fórmulas para abrir cuentas corrientes en Europa, a nombre de personas de nuestra absoluta confianza, también bajo la fórmula «necesidades del Servicio», aportando como justificación la cita «Se adjunta carta». Continuamos esta línea de colaboración con Comercio, aunque en último término seguíamos resolviendo urgencias en el Banco de España, con soluciones simples para retirar fondos en noviembre y diciembre de 1974 y a lo largo de 1975, con los que cubrir necesidades del GAT, Plan Udaberri y otros órganos operativos del SECED. Antonio Sánchez Pedreño, que tenía a su cargo tales gestiones administrativas, fue promovido a director general en el Banco de España y en respuesta a mi felicitación, me escribía: «Tendré la satisfacción de seguir colaborando contigo en algo tan importante para el bien de la Patria». Y siguieron otras operaciones similares, quizá media docena, hasta el verano, para otras atenciones a gastos operativos de determinadas pantallas del Servicio en el exterior. Tuve que visitar de nuevo a Varela Parache, el 11 de septiembre del 1975, y ese mismo día el director del SECED le elevaba escrito de solicitud de transferencias mensuales en favor de un directivo con residencia en París.

En otras áreas empresariales

La facilidad del Sector Político-Económico del SECED para establecer relaciones abiertas le permitían acceder a informaciones empresariales de interés para el Sector Laboral (SL), que se movía preferentemente por canales clandestinos. Así, el 7 de febrero de 1974, mantuve una conversación con el subdirector de Medios de Comunicación de las Líneas Aéreas IBERIA, Félix Izquierdo, sobre la preocupación de la entidad por posibles amenazas contra sus oficinas en varios países europeos, como muestra de rechazo a la previsible sentencia de muerte del consejo de guerra en Barcelona contra Puig Antich. IBERIA pretendía que el SECED le mantuviera al corriente de cualquier vicisitud y alerta en Barajas, y deseaba organizar una visita de directivos del Sector Laboral al aeropuerto. Siendo ya Izquierdo director adjunto a la presidencia de IBERIA nos convocó urgentemente, el 20 de septiembre, para tratar sobre dos empleados: uno vinculado con los exiliados en París, y otro, con un piloto detenido por implicaciones en el atentado de la calle del Correo. IBERIA acostumbraba a informarse en la 2.ª Sección-Bis del Estado Mayor del Aire, pero, según Izquierdo, era casi excepcional recibir una respuesta precautoria o vetadora. El 26 almorzamos Martínez Teixidó y yo con él para escucharle de nuevo las preocupaciones de IBERIA sobre la falta de protección en pistas, almacenes, talleres, etc. Esperaba Izquierdo la oportunidad de comentárselo personalmente en el SECED al CTE Valverde, de aureola mítica en aquellos círculos de la Administración.

En diferente marco, el viernes 15 de febrero de 1974, tuve una conversación con Villar Mir, presidente de Altos Hornos de Vizcaya (AHV), sobre la acción concertada en la industria siderometalúrgica española, a la vista de las informaciones que llegaban al SECED sobre los cinco mil millones de pesetas concedidos por el Estado a ese sector y sus inversiones. Poco había de cierto en tales noticias y Villar me ofreció la publicación de UNESID de diciembre anterior, además de mantener un diálogo con nuestros especialistas, una vez leyesen dichas separatas sobre «Análisis y resultados» de aquella acción concertada. También me comentó la satisfactoria relación del SECED con directivos de AHV y Sagunto. Quería hablar con Juan Valverde para una posible cooperación de interés mutuo. En efecto, el 7 de marzo, acompañé al director a un almuerzo con Villar Mir, en el que este describió la situación de AHV y AH del Mediterráneo (cuya primera fase esperaba inaugurar a fines de 1975 con una inversión de ciento cincuenta mil millones de pesetas, y que habría de ser la planta siderúrgica integral más rentable de Europa por su incomparable situación geográfica y diseño). Trató también de los conflictos laborales de Laminaciones de Lesaca, asunto del que el propio presidente Arias le había preguntado la semana anterior. La situación estaba mejorando y Juan Miguel Villar solicitaba a Valverde extender a Vascongadas la eficaz relación técnica reservada que ya se mantenía en Sagunto. Fechas después, el 28 de marzo, Villar me agradecía el éxito de los contactos en AHV y Lesaca; y el jueves 25 de abril fijamos algunos aspectos de la colaboración, entre ellos, un encuentro trimestral en el que un directivo de la Delegación Vasco-Navarra del SECED expusiese la situación general y particular de aquellas factorías del grupo, en las que habían ocurrido robos de cobre y accidentes nada fortuitos, que apuntaban a ETA.

Sobre la situación económica nacional, Villar no era pesimista para el conjunto del año 1974, pese a las repercusiones de las alzas de precios de materias primas. En cuanto a la gestión de Barrera de Irimo al frente del Ministerio de Hacienda, creía que había que esperar para juzgarla, si bien eran detectables algunas deficiencias, como las modificaciones en el Impuesto General sobre la Renta, cuya reducción iba a dificultarle cubrir el irremediable déficit presupuestario. Villar pensaba que Barrera debía ser más prudente en sus declaraciones públicas. Al presidente Arias le veía muy firme y confiaba en su propósito de hacer evolucionar el sistema dentro de los Principios Fundamentales, objetivo que —tal como aconsejaba Villar Mir—, debería desarrollar el Gobierno, no un ministerio en particular. Pero no descartaba una minicrisis en un plazo de seis meses, decisión aleccionadora de que Arias podría hacer uso de sus atribuciones en cualquier momento. Volví a visitar al presidente de AHV, el 9 de mayo, para tratar sobre la noticia de la firma de un acuerdo de préstamo de cinco mil quinientos millones de pesetas del Banco de Crédito Industrial, presidido por Rodolfo Martín Villa, para la IV Planta Siderúrgica, en favor de una industria nacional que podría actuar como motor de desarrollo de otras.

Leopoldo Calvo-Sotelo, consejero-delegado de Explosivos Río Tinto (ERT), me recibía en su despacho el viernes 1 de marzo de 1974, interesado por el relevo en la dirección del SECED. Hacía elogios del comandante Valverde y confiaba en que, por nuestra forma de ser y actuar como militares, seguiríamos manejando «esa poderosísima herramienta informativa en provecho del presidente del Gobierno, quien debía y podía saberlo todo». Había visto a varios ministros especialmente contristados por la sentencia de Puig Antich, «sapo» que tenía que tragar el Gobierno, aunque hubiera sido bueno encontrar alguna justificación para condonarle la pena. Y le preocupaba además la actuación de determinados grupos de extrema derecha, en el momento en que parecía que Arias Navarro iniciaba la apertura política. Me habló por último de una asociación «Unidad Nacional» y de media docena de personalidades públicas relacionadas con tal proyecto. Pero el tema estrella era la seguridad de la factoría de Galdácano y el transporte de explosivos, sobre lo cual, ya venía asesorando el SECED a través del comandante Manuel de la Pascua.

El 14 de marzo acompañé a De la Pascua para que informase a Calvo-Sotelo de la situación general en Vizcaya y, en particular, en Galdácano. Como las relaciones de este directivo del SECED con el director de aquella factoría eran óptimas, lamentaba Calvo-Sotelo que no se hubiese logrado encontrar un candidato para sacar adelante la seguridad interna de las instalaciones de ERT en Huelva y Sevilla. Repetimos la vista el 17 de septiembre para exponerle el clima subversivo en Vascongadas. El comandante aportaba diversos panfletos de grupos sindicalistas de izquierdas, que hacían referencia a ERT; y también información de un reciente incendio de edificios de pólvoras y de un abortado robo de explosivos por un comando de ETA. El 18 de octubre me telefoneaba Calvo-Sotelo preocupado por la seguridad. Seguía buscando candidatos para atender a la protección de las oficinas centrales de Madrid y de los complejos fabriles de Huelva y Cardona.

En aquel otoño de 1974, el Sector Laboral del SECED sentía desasosiego por la conflictividad de Astilleros Españoles en Sestao, y hube de visitar a su vicepresidente Galán Argüello de parte del director del Servicio y del subsecretario del presidente del Gobierno. En conversación telefónica —sobre la marcha— con De la Pascua quedó gratamente sorprendido por el profundo conocimiento del clima laboral en Vizcaya que demostraba el comandante, y suscitó la posibilidad de una colaboración permanente.

En los temas de seguridad que abordaba el SECED entraba también la Junta de Energía Nuclear (JEN). El comandante José Ramón Pardo de Santayana decidió contarme el 15 de octubre una proposición que acababa de recibir del presidente de la JEN, teniente general Jesús Olivares, para encomendarle la seguridad de la Junta; y no pudiendo aceptársela, le había ofrecido al general Olivares consultarme sobre mi candidatura, aun con escasas esperanzas. Al fin, el 5 de noviembre me presenté al general Olivares —de antigua amistad familiar—, quien me explicó su plan y las razones por las que me consideraba idóneo para tal puesto. Me excusé con los cometidos que tenía entonces asignados en el SECED, pero no me hizo caso y puso en funcionamiento el mecanismo administrativo. No obstante, le propuse buscar otro posible aspirante (que iba a ser el capitán Juan Ortuño). El día 12 me presenté de nuevo en la JEN y el general Olivares llevó la conversación al terreno militar. Yo debía aceptar la comisión de servicio que me ordenase el jefe del Alto Estado Mayor, con el beneplácito del presidente de Gobierno, a lo que no podía oponerme.

El 6 de diciembre, en la copa de Navidad de la Escuela de Estado Mayor, el general Olivares mantenía su firme propósito, y el día 20 el almirante Moreno Reyna, del AEM, me hablaba ya de mi inmediata incorporación a la JEN, por la urgencia y transcendencia de los asuntos que iba a desarrollar la Junta. Unos días más tarde Olivares me telefoneaba a Galicia para hacerme saber que tenía resuelta la cuestión económica y la calificación del puesto, que —hacia el exterior— ya no sería de «Seguridad», sino de «Secretaría del presidente». Había hablado con el TG Fernández Vallespín, jefe del AEM y pensaba hacérselo saber al director Valverde, del que no esperaba pegas a mi desvinculación del SECED, encuentro que se produjo el 10 de enero de 1975. A las razones esgrimidas por Olivares, Valverde le explicó que yo tenía entonces difícil relevo en el Servicio (supongo que dedicación plena a la «Operación Lucero» y otras actividades del sector político). Ante esta complicada situación me consideré compelido a cursar por escrito al director mi postura con la mayor claridad, si bien acataría la decisión que adoptase el mando. Valverde escribió el día 20 al presidente de la JEN una «madura reflexión», y en entrevista del día siguiente le ofreció una terna de posibles candidatos a elegir (Francisco Castrillo, Armando Marchante y Eduardo Fuentes), con lo que concluyó la presente historia.

En otro ámbito del Servicio el Sector Laboral (SL), que organizaba por entonces cursos de orientación sindical dirigidos a la formación de líderes, precisaba del contacto con directores de empresas ubicadas en Madrid. Así que el 15 de noviembre de 1974 fui con el capitán Vázquez, de la Delegación Centro del SECED, a visitar al gerente de METRO, Poole Carreras, quien nos puso en contacto con el director de Personal para impulsar grupos en el interior de la compañía, reunión que tuvo lugar el día 18 y al que asistieron los jefes responsables de Mantenimiento y Talleres para concretar a qué empleados invitar a los cursos.

Otra empresa de interés para el SL era ENAGAS. Acudí el 23 de noviembre a saludar a Fernando Martínez Cattáneo a quién satisfizo la iniciativa del SECED y quién nos ofreció el contacto con Unión Eléctrica, en la que —a su juicio— el Servicio podría montar un dispositivo similar; y lo mismo en Telefónica, en la que el delegado de Gobierno, Santiago Foncillas, ya había expuesto en recientes Comités similar necesidad. Cattáneo entró en la panorámica nacional, como era frecuente e irremediable entonces en este tipo de encuentros de primer nivel. Estaba convencido de que las asociaciones políticas terminarían transformándose en partidos, lo que no era de su gusto; y me contaba que el teniente general Iniesta le había comentado un reciente despacho en El Pardo en el que Franco daba largas al proyecto de estatuto que estudiaba la Comisión Mixta. Cattáneo me puso en contacto con el vicepresidente de la empresa nacional, Adaro, anterior gerente de Fos-Bucraa y en el INI desde 1952. En esa entrevista con Muñoz Cabezón, el lunes 25, hubo ocasión de tratar su relación con El Pardo y con el almirante Carrero Blanco.

El tema de la seguridad integral de determinadas instituciones resultaba recurrente desde el año anterior. En la mañana del viernes 10 de enero de 1975, Leopoldo Calvo-Sotelo, en su despacho de Castellana, quería contarme que el CAP García Oñate había fallecido en accidente de automóvil unos meses antes, siendo jefe de Seguridad de la factoría de Galdácano, hombre que mantenía la conveniente relación con nuestro Servicio a través del CTE De la Pascua. Pedía Calvo-Sotelo al SECED el nombre de algún oficial de garantía para cubrir aquel puesto de trabajo, insistiéndome ahora en otra petición, ya formulada en el otoño anterior, para organizar un montaje similar en las fábricas de Sevilla y Huelva y otro en Cataluña para Cardona, lo que aconsejaba pensar en un experto que pudiese dedicar a ERT la jornada completa bajo su dependencia directa y exclusiva.

El 17 de marzo de 1975, el director Valverde me alertó de una llamada telefónica que iba a hacerme el CESIBE para ponerme en contacto con el COR Azañón, quien me acompañaría el día 20 a visitar al presidente de ENPETROL, COR Angulo[86], muy urgido de cambiar impresiones con el Servicio sobre uno de sus ejecutivos, Carlos Payá Riera, quien parecía contar con antecedentes políticos desfavorables. Antes de acudir a esa entrevista, pensamos que el GB Lacalle Leloup, jefe de Artillería de Canarias, de paso por Madrid, podría proporcionarnos una inmediata valoración de Angulo. En efecto, al día siguiente me daba las mejores referencias: hombre de gran preparación, total garantía, estricta honestidad y «total afección al Régimen», como se decía por entonces. Llevaba treinta años en el mundo petrolero y tenía fijada la jubilación antes de dos años. Lacalle conocía también a Payá, hombre inteligente, técnico experimentado, que incluso había trabajado a sus órdenes en etapas anteriores y de cuyo funcionamiento estaba muy satisfecho.

Me contó el COR Angulo que el ministro de Industria, Santos Blanco, le había convocado a su despacho con urgencia, pues su colega del Ejército le había hecho llegar copia de un escrito del CESIBE al TG jefe del EMC, de fecha 25 de enero, sobre «Nombramiento de Carlos Payá Riera», dos folios a los que se unían otros tres con antecedentes personales y familiares del encartado, y me facilitaba también copia de una nota recibida de la DGS a través del jefe de su Asesoría Jurídica, Álvaro de Lapuerta, también asesor de ENPETROL y de la confianza de su presidente. Angulo me relató la vida y milagros de Payá, a quien conocía muy directa y personalmente, por haberle tenido de subordinado en diferentes puestos, razón por la cual discrepaba rotundamente con el contenido de la documentación que le remitiera el ministro del Ejército. Se brindaba Angulo a prepararnos una nota, que nos hizo llegar después, que no dejaba lugar a dudas sobre las cualidades de Payá, a la sazón director general de Petroquímica y Desarrollo, y nos enviaba también un currículo del encartado, quien había ingresado en la empresa —entonces EN Calvo-Sotelo— a sus órdenes inmediatas en el Centro de Investigación, habiéndole seguido la pista en todos sus trabajos científicos y técnicos, hasta su graduación en el MIT[87] americano. Pero Angulo me ponía en primera fila sus cualidades de lealtad y honestidad: «Es desorbitado que se quiera relacionar su puesto con un peligro real para el Régimen o para las Fuerzas Armadas». La realidad es que solo se había producido una detención y el Juzgado Militar Permanente Especial de EOA había decretado su puesta en libertad, sobreseyendo el sumario instruido.

Angulo me desvelaba confidencialmente el motivo por el que Carlos Payá había sido cesado de su cargo como director general de Industrias Químicas: según le había referido el ministro Santos Blanco, la destitución había sido aconsejada al presidente Arias por el ministro de la Gobernación, quien a su vez había recibido el soplo de alguna autoridad de la Marina o del Aire. Momentos después, Arias Navarro despachaba en El Pardo con el jefe del Estado y al referirle el caso Payá, el Caudillo le había dicho que se prescindiese de sus servicios. El SECED se aprestaba a preparar una nota sobre todo el asunto para el presidente del Gobierno, tras contrastar con otras fuentes autorizadas. El día 14 de abril el presidente de ENPETROL acudió al SECED y en ausencia del director le atendimos el CTE Martínez Teixidó y yo. Quería saber si teníamos noticias del «caso Payá Riera» y nos comentó que había acudido a audiencia del ministro del Ejército, pero que la grave enfermedad de la madre del TG Coloma lo había aplazado. Supimos que Juan Valverde iba a llevar el «tema Payá» a despacho con el ministro del Ejército, para complacer el deseo del COR Angulo.

Acompañé al director del SECED a comer con Villar Mir en Maite Commodore, el 19 de junio de 1975. Como presidente de Altos Hornos empezó relatándonos las gestiones para la puesta en marcha de la segunda fase de la IV Siderúrgica (Sagunto) en la que el Estado tenía que financiar el 35 % de la inversión. En el marco general de la economía nos hablaría de la necesidad de seguir conjugando la planificación estatal con la iniciativa privada, promoviendo planteamientos económicos con carácter social más profundo. Esperaba que en España la reactivación llegaría en el segundo semestre, aunque iba a continuar la inflación. Las curvas salariales seguían muy por encima del incremento de la producción: en los últimos convenios laborales las cifras medias superaban el 25 %, mientras que la producción crecía al 3 %. Así que la construcción y la siderurgia iban a sufrir una crisis importante, al tiempo que subía el petróleo.

En cuanto a la política nacional, sacó a la conversación las declaraciones sorprendentes del conde de Barcelona. A Villar le habían disgustado, pero más aún la reacción gubernamental de prohibirle la entrada en España, medida excesiva y políticamente poco inteligente, que habría supuesto un gran disgusto al Príncipe. Aunque le hubieran anticipado la noticia. Aún no se había publicado la disposición oficial. Pero el día 25 me telefoneó para hacernos saber que, aunque el Gobierno había arreglado el entuerto suavizando el texto como una «recomendación», aquello había sido un pasteleo. Pensaba que el SECED podía aún influir en favor de una solución adecuada. Aportaba Juan Miguel Villar la información segura de que Su Alteza no se enteró por la vía oficial reglamentaria, acaso por un fallo de comunicación. Era lógico no involucrar al Príncipe en ello, pero eso no impedía habérselo contado. «Ahora la gente se ha quedado más tranquila». Hizo Villar otras alusiones a la política nacional: en lo referente al Tratado con los Estados Unidos sabía que nuestra Delegación estaba defendiendo la postura española con más fuerza e intransigencia, pero suponía que al final terminaríamos firmando, porque era asunto que interesaba a las dos partes.

En un entorno más político

Por aquellos meses el Servicio Central de Documentación se interesaba por los trabajos que desarrollaba la Sociedad de Estudios Libra, manejada por el grupo de Joaquín Garrigues Walker. Realizaba trabajos de investigación sociológica, de opinión y mercados y estaba apoyada por profesionales de derecha liberal, entre ellos Antonio Fontán y Agustín Rodríguez Sahagún, propietario este último de Europea de Ediciones, que había lanzado el libro de los Tácito. (Más adelante, los tres citados ocuparían relevantes puestos en el Gobierno y el Estado: Garrigues sería ministro de Obras Públicas y ministro adjunto al presidente; Fontán, ministro de Administración Territorial y presidente del Senado; y Sahagún, ministro de Industria y Energía y de Defensa).

Para hablarme de ello, quiso verme el 4 de julio de 1975, en el Hotel Castellana, Manuel Rodríguez Casanueva, al que ya conocíamos de la V Semana Económica Internacional celebrada en Salou en septiembre anterior. Era director-gerente del Instituto Balear de Economía y Dirección de Empresas, pero en esta ocasión se presentaba como brazo derecho de Garrigues para hablarme del último trabajo encargado a ARVAY, sobre qué tipo de producto había que vender a los españoles en cuestiones políticas. Los resultados, confidenciales, eran, a su juicio, sorprendentes y pretendían actualizarlos cada tres o seis meses, dada la rápida obsolescencia que se apreciaba en los especiales momentos que se vivían en España. El contenido podía facilitar las decisiones del poder político, por lo que podría ser de interés para el presidente del Gobierno, el ministro-secretario general del Movimiento, el ministro de la Presidencia, o algún otro miembro del Gabinete. Pero Joaquín Garrigues le había dicho, fechas antes, algo así: «El único camino por el que toda esa información tiene que llegar a quien corresponda y en la forma adecuada es el SECED, que es quien sabe cómo aprovecharla (…). Como creemos que lo que importa es España, debe ser el Servicio de Presidencia el que conozca el trabajo».

Garrigues había recibido el estudio el 17 de junio y quería decidir antes de final de julio qué destino darle. Buscaba la imagen ideal de un líder para lanzar a un individuo y prepararle un equipo político para la «hora-cero» de salida a la luz pública. Ahora pretendía llegar a un acuerdo para dar la sensación externa de que el SECED, en sus gestiones de investigación de herramientas sociológicas, se había encontrado con el trabajo de Libra. Casanueva me entregaba un ejemplar del de ARVAY (estudio que había tenido un coste total de doce millones y medio de pesetas), y proponía una sesión en sus oficinas para exponernos en detalle el trabajo, entre otros aspectos, las veinte personas a las que votaría un ciudadano y las veinte a las que no votaría nunca. También se deducía que en el electorado español había en el centro una tierra de nadie sin definir, de orden del 51 %, y que el 56 % tenía una tendencia positiva hacia el asociacionismo, si bien expectante por mero desconocimiento.

Tras los permisos de verano, en la mañana del 12 de septiembre acompañé al CTE Faura al Hotel Castellana donde nos esperaban Garrigues y Rodríguez Casanueva para profundizar en la encuesta elaborada por ARVAY. Les propusimos diversas observaciones, que aceptaron tener en cuenta en la siguiente edición. No nos parecían válidas las opiniones que se adjudicaban al estamento militar, dada la reducidísima población consultada y las interpretaciones que se hacían, demasiado tendentes al pensamiento político de Garrigues. Se ofrecieron gustosos para hacer una encuesta más amplia a los oficiales de los tres Ejércitos, propuesta que no creíamos fuera autorizada por los respectivos mandos, por la inconveniencia de someterles a determinadas preguntas por muy apolíticas y transparentes que parecieran.

Joaquín Garrigues derivaría finalmente a comentar algunos extremos de la situación nacional. Su mayor preocupación era el clima de tensión en Vascongadas, de difícil recuperación, y de repercusiones imprevisibles de cara al futuro. No le parecían bastantes las medidas de orden público que se intentaban. Se quejaba de que una autoridad le hubiera comentado en verano que se pasase cuanto antes a Francia por ser objeto no de atentado etarra sino de persecución por el ministerio de la Gobernación. Había recogido también preocupación en Canarias ante la posible retirada de nuestras tropas del Sáhara y su repercusión estratégica en el archipiélago. Garrigues se mostraba en línea con la solución argelina. Le notamos más próximo a las instituciones, pues pese a haber discrepado tanto con el Estatuto de Asociación Política, estaba montando un Partido Universitario Independiente (PUI).

Dos semanas más tarde, Garrigues nos entregó a Faura y a mí las hojas que nos faltaban del trabajo ARVAY y fechas después volvimos a reunirnos los tres en el Hotel Castellana, para contarnos su viaje a Londres. Había tenido una larga conversación con Fraga en la embajada, de la que esperaba este despedirse en noviembre. Manifestaba ya claramente su postura de líder, definiéndose como «un liberal de los que fusilan». Pero le parecía a Garrigues que el impulsor de Reforma Democrática se iba a estrellar a su regreso a España, pues quería organizar el país a su manera, «sin darse cuenta de que aquí quiere jugar ya mucha gente». También Garrigues había visitado en Londres a varios miembros del Partido Conservador que le manifestaban «su profundo apoyo a Franco por su valor al hacer lo que cree que conviene al país», así como la necesidad de restablecer la pena de muerte, aunque ese asunto era tabú en Gran Bretaña. Visitó también a Mr. Brown, antiguo ministro de Asuntos Exteriores laborista, quien también se le manifestaría totalmente de acuerdo con la pena de muerte y con la exclusión política del comunismo. Este se quejaba de que la gran lacra del laborismo era la intensa infiltración comunista que padecía. Garrigues se manifestaba en esta ocasión partidario de la pena de muerte y muy contrario a la Junta Democrática que «con el PCE no se va a ninguna parte». Nos prometió remitirnos el ideario de su Partido Liberal.

7
LA CUESTIONABLE SITUACIÓN POLÍTICA

CRISIS DE GOBIERNO

De la minicrisis gubernamental que iba a estallar en el otoño de 1974 ya había indicios desde la primavera, cuando el primer Gobierno Arias llevaba poco más de un trimestre de ejercicio. El 4 de abril se nos hacía la siguiente valoración de la situación político-económica. Barrera de Irimo, ministro de Hacienda desde junio de 1973 en el Gobierno del almirante Carrero, había sido recibido con grandes esperanzas por su imagen pública; pero pronto sufrió una enorme erosión. En la compleja coyuntura de aquel presente, mantener el pleno empleo hacía difícil afrontar una nueva etapa de estabilización. Barrera se había propuesto conservar una ilusión de crecimiento a ultranza (del orden del 5 al 6 % aquel año), lo que solo se lograría a base de una inflación galopante (previsible entre el 20 y 25 %), con unas subidas de precios que desembocarían en dificultades crecientes para nuestras exportaciones y en una devaluación de la peseta a corto plazo. El ministro mantenía una situación ficticia en la Bolsa de Madrid y se proponía elevar el crédito en un 25 %, recurriendo al redescuento y al déficit presupuestario. Por otra parte, los precios del crudo subían, los incrementos salariales eran fuertes, también las repercusiones en la Seguridad Social con nuevas atenciones a la asistencia a jubilados y ancianos. Se esperaba para final del ejercicio de 1974 que se rebasase el presupuesto en un 15 %, lo nunca visto en etapas anteriores, lo cual solo se podría contrarrestar «dándole a la máquina de hacer billetes». El reciente viaje de Barrera a Arabia Saudita había sido un rotundo fracaso por el excesivo retraso en plantear la visita y la negociación, cuando los cupos disponibles de crudo para 1974 y 1975 estaban prácticamente agotados. España ocupaba el lugar 102 de los clientes que habían solicitado crudos, lo que presentaba una difícil situación de aprovisionamiento. En octubre de 1974, Antonio Barrera presentaba la dimisión apoyada en otras circunstancias políticas.

El 13 de septiembre se había producido el atentado de ETA en la calle del Correo, de Madrid. Se trataba de la primera acción criminal indiscriminada contra la población civil, dejando en la cafetería Rolando nueve muertos y cincuenta y seis heridos graves, a escasos metros de la Dirección General de Seguridad. Blas Piñar escribió, furibundo, un célebre artículo titulado: «Señor Presidente». Además, el otoño traería el cese de Pío Cabanillas como ministro de Información y Turismo, a causa —según se decía— de su liberalidad en el manejo de la censura. De tal asunto conserva Oyarzábal el siguiente recuerdo: «Se había montado contra este [Cabanillas] una auténtica campaña de difamación (…), convirtiéndose así en auténtica bête noire de corrillos y mentideros del Régimen, mientras los «liberales» consideraban su permanencia en el Gobierno como personificación de ese soplo de vida que aún alentaba el proyecto reformista de Arias Navarro (…). A raíz de la publicación por la prensa de una foto del ministro de Información blandiendo una «barretina» catalana con ocasión de una visita suya a Barcelona, las presiones para provocar su cese se redoblaron hasta derribar las tibias defensas del presidente del Gobierno; y Pío Cabanillas fue fulminantemente “dimitido” cuando regresaba de una gira oficial por Oriente Medio».

La noche del 29 de octubre de 1974 cenamos Faura y yo en Príncipe de Viana con Juan Luis Cebrián y Luis Méndez, de los Servicios Informativos de Televisión Española. Se acababa de anunciar la crisis del Gobierno, en la que su ministro Cabanillas dejaba Información y Turismo. La prensa nacional y la extrajera lo lamentarían, al considerarle el mejor ministro del ramo en todo el Régimen y por imaginar que su cese era un giro a la derecha en la política de Arias Navarro. Entendían Cebrián y Méndez que el cambio venía provocado por algunos de los más próximos colaboradores del presidente, aunque la decisión fuera del Caudillo. No podía faltar en aquella cena el comentario de la salud del jefe del Estado: aquel día, las imágenes en el Consejo Nacional y las tomadas en El Pardo reflejaban su envejecimiento y torpeza física. Nuestros contertulios nos aseguraban que hasta los más franquistas deseaban ya la retirada de SE para que su figura histórica no se deteriorase más. Traspasar los poderes de jefe de Estado al Príncipe acentuaría, sin duda, su prestigio. El día 31 de octubre tomaban posesión de sus cargos los nuevos ministros de Hacienda y de Información y Turismo en la Presidencia del Gobierno.

Los cambios de ministros, tanto en los rumores precedentes como después de sus nombramientos, eran asunto socorrido en las conversaciones con dirigentes; primero para consultar sobre candidatos, después para recoger el impacto de su designación. Nos comentaban a finales de noviembre de 1974 una Operación Relevo, para revitalizar la política nacional, que incluía la participación de los generales Díez-Alegría, Campano, Santiago y Gutiérrez Mellado; a Areilza, Fraga y Silva Muñoz, incluso al cardenal Tarancón, así como a diversos políticos a quienes correspondería caldear el ambiente. Según tales suposiciones, a continuación se produciría el traspaso de poderes con los máximos honores y elogios a la figura de Francisco Franco, y, por último, se establecería un Gobierno moderado de Arias Navarro, ya bajo la jefatura de S. A. R. el Príncipe de España. Increíbles elucubraciones que difundían círculos politizados y pensadores de los medios de comunicación.

Escribe el embajador Oyarzábal en su Opera prima que: «La crisis así abierta en el Gobierno fue resuelta con el nombramiento de Rafael Cabello de Alba para la cartera de Hacienda (…). Brillante espécimen de los nuevos empresarios era, sin embargo, un perfecto desconocido de los ambientes políticos, que acogieron con el natural asombro su primera intervención en el Consejo de Ministros, una intervención que había decantado a la mayoría de sus colegas de Gabinete a aprobar el proyecto de Ley de Asociaciones, auspiciado y preparado por el ministro de la Presidencia, frente al texto que presentaba la Secretaría General del Movimiento (…). Arias solicitó una audiencia urgente con el jefe del Estado para someter a su firma el Decreto-Ley (…). Pero Franco le interrumpió para señalarle que el proyecto que se publicaría sería el de la Secretaría General del Movimiento, cualquiera que hubiera sido la opinión final del Consejo de Ministros. Al parecer, nada más concluir la reunión de este tras la decisiva intervención de Rafael Cabello, el minúsculo grupo perdedor, compuesto por Utrera y el Ministro de Justicia Ruiz Jarabo, había llamado a Rodríguez de Valcárcel y juntos los tres habían salido disparados hacia El Pardo, con objeto de prevenir al jefe del Estado de la “traición” que se amañaba contra el espíritu y la forma de su Régimen, y conseguir así de antemano el veto de Franco a la hora de poner su firma al proyecto aprobado por el Gabinete en pleno (…).

»Mientras, las relaciones del presidente con Franco se habían congelado. Pasaban las semanas y Arias no despachaba con el jefe del Estado, lo cual hasta hubiera significado cierta ventaja en nuestros planteamientos, si no fuera por el hecho de la paralización práctica de los asuntos de Estado a que ello daba lugar (…). El subsiguiente revuelo (por el cese de Cabanillas) permitió a un puñado de ilustres escépticos en la Operación Arias, aprovechar la coyuntura para dar un sonoro portazo conjunto y participar también en la gloria que los medios informativos políticos volcaban sobre el anatematizado Cabanillas. Ellos eran Barrera de Irimo, ministro de Hacienda; Fernández Ordónez, presidente del INI; Ortega Díaz-Ambrona, director del Instituto de Administración Pública, etc. En efecto, Fernández Ordoñez también presentaría su dimisión, síntoma de que los reformistas rompían, si no con el Régimen sí al menos con la política de Arias Navarro».

Para algunos especialistas comenzaba 1975 esperanzador por la maniobra política que el presidente Arias se proponía poner en marcha enseguida. Pero este último año de la vida del Generalísimo, sería calificado años después por el teniente general Cassinello, en conferencia del 2 de octubre de 1986, como el «año del desmoronamiento galopante del Régimen».

A finales de enero se nos hablaba de la intención de Arias Navarro de provocar una crisis ministerial con la ayuda del vicepresidente primero, José García Hernández, y el ministro de Hacienda, Rafael Cabello de Alba, para hacer frente al intento de Alejandro Rodríguez de Valcárcel de hacerse con el Gobierno y cambiar el rumbo de la política nacional. Se decía que la crisis sería amplia y afectaría a ocho departamentos, incluidos los tres militares y el de Educación y Ciencia. Ya a finales de febrero se consideraba inminente el anuncio de la dimisión de Licinio de la Fuente como vicepresidente Tercero y ministro de Trabajo, cuyas causas había que buscarlas en sus discrepancias con Relaciones Sindicales por el proyecto de regulación de la huelga. Algunos pensaban que Licinio no era del agrado de los «azules» y por ello víctima de las maniobras del secretario general del Movimiento, José Utrera Molina, y del ministro sindical Alejandro Fernández Sordo. Todo ello producía en círculos políticos la inevitable confusión: un segundo reajuste del Gabinete en un periodo de catorce meses. El hecho es que la crisis tuvo lugar en marzo y Fernando Suárez, anterior secretario general técnico de la Presidencia y hombre más próximo al pensamiento de Arias Navarro, se convertiría en nuevo vicepresidente Tercero. También se incorporarían a las carteras de Industria y de Comercio, Alfonso Álvarez Miranda y José Luis Cerón; a la Secretaría General del Movimiento se incorporó Fernando Herrero Tejedor; en Justicia, José María Sánchez Ventura relevaría a Francisco Ruiz-Jarabo, salida esta que no pareció resultar del agrado de Franco, quien, a juicio de los «enterados», dio carrete a Carlos Arias pero «solo para una temporadita».

Sobre tal crisis, Antonio Oyarzábal describe en su Opera prima su propio recuerdo desde Presidencia. «Por aquellos días también el vicepresidente del Gobierno y ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente, ve naufragar su proyectado Estatuto de los Trabajadores y presenta su dimisión. Arias aprovecha la oportunidad para plantear al jefe del Estado la sustitución no solo del dimitido, sino de los responsables de la hecatombe de la Ley de Asociaciones, es decir Utrera y Ruiz Jarabo. Franco se niega y, ante su estupor, el presidente le espeta que se va (…), y que comprende que ha fracasado en su empeño. Cuando ya ha recogido sus papeles y se prepara para retirarse en un silencio glacial, Franco le dice: “¿Y por quiénes les sustituiría Vd.?”. Vuelta a sentarse, amplia consideración de posibilidades y, finalmente, cinco cambios que comprenden a los tres citados más a los dos “domésticos” del vicepresidente de Asuntos Económicos —Industria y Comercio— que Rafael Cabello había heredado de su predecesor y que, lógicamente, deseaba cambiar en la primera oportunidad».

La remoción de Utrera y Ruiz Jarabo —de línea gironista y de oposición al Espíritu del 12 de febrero— era aspecto importante de la crisis que venía a entregar a Herrero Tejedor, fiscal del Tribunal Supremo, la Secretaría General del Movimiento con la esperanzada aventura de remodelarla como exigían los nuevos aires. Sorprendentemente, Herrero había confirmado en sus puestos a todos los delegados nacionales, incluido Emilio Romero.

LA OPERACIÓN TRÁNSITO

A la vista de la rapidez con que se sucedían los acontecimientos, algunos círculos politizados llegaron a la conclusión de que no había tiempo suficiente para el establecimiento de un ordenamiento de las asociaciones en lo que restase a la vida del Generalísimo o a su permanencia en la jefatura del Estado. Pensaban que lo único que podría hacerse para garantizar una transición sin traumas ni rupturas era lograr un compromiso histórico entre los presuntos líderes políticos, en línea de una evolución blanca —no una revolución roja— que encauzase los primeros años de la Monarquía. El Estatuto de Asociaciones llegaba tarde y con una lamentable dispersión de las fuerzas propias del Régimen.

En la primavera de 1975, el SECED tuvo noticia de una denominada Operación Tránsito que impulsaban diversos políticos moderados con el objetivo de «conseguir el tránsito pacífico desde el actual sistema político español y su entorno institucional a la Monarquía de S. A. R. don Juan Carlos de Borbón, Príncipe de España». El documento, de ocho folios densos, contenía unos Datos de partida, Consideraciones Operativas y Especulaciones Operativas y un anexo con el Posible Gobierno de concentración nacional. Me limito a entresacar algunos párrafos de aquel texto: «El momento político es confuso porque faltan directivas u orientaciones inequívocas y parece llegada la oportunidad de poner fin a este ambiente indeciso con un golpe de mano, rápido y bien ejecutado, presidido por una voluntad política vigorosa y enérgica (…). Es posible que la clase política española que debe ser convocada al gran pacto histórico de supervivencia no cuente con más de medio centenar de personas cuya honradez, simbolismo y visión política no pueden ser puestos en duda (…). No están por la “enmienda a la totalidad” del Régimen ni por el mantenimiento a ultranza del sistema (…). Simbolizan el deseo mayoritario evolucionista que no se puede ignorar (…). El inadecuado y tardío vigente Estatuto que regula el derecho de asociación política (…), su escasa amplitud jurídica y, sobre todo, la falta de tiempo disponible presumiblemente, lo convierten en un instrumento claramente ineficaz para conseguir estructurar en tiempo útil las tres o cuatro macro-asociaciones (…), que fueran capaces de representar verdaderamente a la mayoría de la nación (…).

»Ya es demasiado tarde para intentar crear un ordenamiento político real [en vida del Caudillo]. Todo deberá hacerse, en consecuencia, después (…). Tan trascendental misión histórica (…) es posible que fuera más fácil de realizar por un Gobierno de concentración nacional de amplio espectro (…). Para llevar a efecto esta tarea es imprescindible (…), la investidura de poder real (a ese nuevo Gobierno) por parte del jefe del Estado, sin condicionamientos ni cortapisas (…), y compromiso del jefe del Estado para la transmisión de poderes al Príncipe de España. (…). Solamente así (…), podrá conseguirse la tranquilidad de las Fuerzas Armadas. Es asimismo indispensable conseguir el asentimiento y la adhesión de la Iglesia a la maniobra (…). El acuerdo entre el Conde de Barcelona y el Príncipe de España es absolutamente indispensable». Parecía necesario a los promotores de la Operación «convocar a todos los líderes políticos, en régimen de imprescindible secreto absoluto por difícil que resulte, a las conversaciones necesarias para la concreción del pacto que se propugna (…), para conseguir la adhesión y el mantenimiento del secreto de los posibles componentes, actuar con rapidez y fuerza, y por sorpresa, y el establecimiento de un calendario pactado y extraordinariamente concreto respecto del tiempo y orden en que habrán de organizarse las fuerzas políticas representadas y simbolizadas en el pacto o compromiso histórico que llamamos de supervivencia».

El texto que llegaba a nuestras manos citaba las tendencias y los hombres a quienes debía convocarse: Movimiento-Organización, Tecnocracia, Cristiano-demócratas, Reformistas del Movimiento, Centro-derecha moderado y liberalizador, Centro-izquierda moderado e Izquierda tradicional no subversiva, citando a cincuenta y cinco personajes, entre ellos, como único militar, el teniente general Díez-Alegría (incluido en el centro-derecha). En una nota final se decía: «Es evidente que el necesario compromiso del Caudillo para que este abandone la jefatura del Estado en el plazo que se considere conveniente (…), debe conseguirse desde los máximos niveles de poder (presidente del Gobierno y de las Cortes, mando de las Fuerzas Armadas y el propio Príncipe). Cualquier otro intento (…), desde fuera del poder, está condenado al fracaso».

El comandante Valverde había recibido del subsecretario Antonio del Valle, en despacho del viernes 2 de mayo, copia de una nota de la «Oficina de Enlace de la Dirección General de Seguridad» (SERCO), de fecha 30 de abril, sobre una reunión celebrada en Lausanne (Suiza) el anterior martes día 15, con ocasión del funeral por la Reina doña Victoria Eugenia, al que se desplazaron varios seguidores de don Juan con el que mantuvieron un encuentro político[88]. Se trató la transmisión de poderes de don Juan a don Juan Carlos, en vida de Franco o después, y se discutió la postura de Areilza de presentar un ultimátum al Caudillo para que se retirase. Y ante la situación de las izquierdas, se propuso organizar una llamada Derecha Nacional a escala regional, como coalición mayoritaria en el panorama político nacional. Los reunidos en Lausanne acordaron: dejar que Franco cumpliera su destino por estimar que una sucesión en vida sería condicionada; evitar la ruptura entre el conde de Barcelona y el Príncipe; apartarse de la Junta Democrática, aproximándose a las tendencias no comunistas; y encauzar esa Derecha Nacional bajo signo democrático y el liderazgo de Joaquín Garrigues Walker. Estos criterios resultaban opuestos a otras posturas dentro de los círculos «juanistas», como Unión Española (Satrústegui, Miralles, Piniés, Salabert…), que en su reciente escrito La Soberanía Nacional: dónde radica, dónde debe radicar enfrentaban al padre y al hijo con propuestas similares a las reivindicaciones de la Junta Democrática[89].

De todo ello y para su despacho con el presidente Arias Navarro, el sector político del SECED facilitó al comandante Valverde unos «Comentarios» del siguiente tenor: «Pese a la discreción con la que, se nos aseguró se llevaba la Operación, en la reunión de Lausanne, se comentó entre los asistentes el reto del Conde. También en La Colmena del sábado, 3 de mayo, parece que Pedro Rodríguez se refiere en parte a ese “método para la Transición”. La parte expositiva de la Operación y de sus razones y fines es válida, al menos coincidente con un deseo que cada día se observa más generalizado. El desarrollo de la misma resulta, en cambio, disparatado, a medida que se llega al final. No digamos nada sobre la confección de la lista de Gobierno. Lo que parece más útil es el posible o deseable agrupamiento de todos los líderes, junto a la figura de S. A. R. y en apoyo del presidente del Gobierno. Acaso el propio presidente debiera coger esa sartén por el mango».

En efecto, Pedro Rodríguez en el diario Arriba, del 3 de mayo, abría su columna así: «¡Ojo! Areilza se ha puesto a la máquina. De momento, a la de escribir. Por el “tam-tam” la clase política se preguntaba ayer: “¿Has leído a Areilza?”(…). Sospecho que el futuro pasa, en alguna medida, por su casa de Aravaca y que hace unos días Fraga se ha confesado —sospecho, repito— largo y tendido con el señor conde (…). Como se sabe, aún no hay —que se sepa— Calendario de la Transición, pero sí Métodos para la Transición». Y es que ya el martes, 29 de abril, Le Figaro le publicaba a Areilza, en «Tribuna Libre», un artículo de dos columnas sobre «La monarquía y el porvenir de España», en el que el conde de Motrico explicaba su pensamiento sobre la Transición, que «se producirá antes de final de año o al menos en un plazo que no excederá de algunos meses». Y se preguntaba si la futura Monarquía «jugaría, por el contrario, el juego invitando a todas las fuerzas del país real a participar en un pacto histórico de coexistencia democrática (…), como medida para asegurar la estabilidad de España hasta el año 2000», haciéndome saber también que Vidal Beneyto y Calvo Serer habían visitado a altas autoridades francesas en París a las que aseguraron que don Juan Carlos no tenía una sola «chance» de ser alternativa, por lo que Francia no debiera jugar a la carta perdedora.

En la mañana del lunes 5 de mayo Fernández-Monzón visitó al director del SECED para hablarle de la Operación Tránsito. A Valverde no le gustó su desarrollo, así que Monzón transmitió enseguida a Areilza los comentarios recogidos en la sede del Servicio, a lo que el conde respondería que «todo puede ser modificable». Trató, después, de visitar de nuevo al CTE Valverde para cerrar el circuito, pero no estaba y me pidió reunirse conmigo en el Hotel Fénix por la tarde para concretarme datos y aspectos que acaso no quedaron claros en la visita al SECED. En cuanto al documento en que se mencionaba la reunión deLausanne, Areilza había reiterado que «aquella partida de insensatos y liantes no sabían nada del asunto, empezando por Armero» y que la entrevista de Antonio Garrigues en La Vanguardia no había sido afortunada. Areilza pedía ahora que trasladásemos a Valverde el deseo urgente de su respuesta sobre la posibilidad y conveniencia de visitar al presidente para contarle personalmente la Operación. Esperaba una respuesta afirmativa.

El mismo día 5 de mayo el director del SECED cursaba al presidente del Gobierno una nota sobre la Operación Tránsito cuyo texto es muy representativo de cuanto se estaba fraguando. Decía así: «Al recibir la fotocopia, de manos del Subsecretario de Despacho, el pasado viernes día 22, quedé perplejo porque, a pesar de conocer íntegramente el documento hacía unos días; nunca pude pensar que fuera tan rápidamente puesto en conocimiento de tal alto nivel como supongo. La Operación lleva fecha 23 de abril y el Servicio lo conoció al día siguiente. Creemos conocer al autor material de la propuesta aunque esta, más que hija de su ingenio, seguramente es compendio de todo lo que ha oído a sus altos contertulios. Este autor presentó el tema a Areilza, a quien gustó el documento, considerándolo como lo más homogéneo y serio que había leído últimamente. Aunque discrepaba, en el momento de la lectura, con algunos aspectos concretos del planteamiento, lo tomó como cosa suya, si bien se esperaba alguna remodelación por su parte, que no ha tenido lugar (…). Como estaba previsto en el planteamiento de la Operación, el conde de Motrico se entrevistó con Fraga el lunes 28 o martes 29. A Fraga le gustó la idea y aceptó que se dieran los siguientes pasos: visita a S. A. R. y contacto con López-Bravo. Por lo que creemos saber, el conde llevó a S. A. R. el original[90]. El autor temía que la Operación circulara en altas esferas antes de que se hiciera llegar personalmente al presidente del Gobierno. Mañana, martes día 6, el conde de Barcelona se entrevista con López-Bravo. La anterior conversación (¿telefónica?) parece ser que fue muy optimista. A continuación los tres (conde de Barcelona, Fraga y López-Bravo) visitarán al presidente del Gobierno, para hablarle de la Operación. La fecha prevista era primeros de junio; pero si sale bien la entrevista con López-Bravo, se adelantaría lo más posible. Creen que la situación se precipita y que las reuniones de la semana pasada entre grandes figuras políticas favorecen el desarrollo de la Operación».

El día 6 de mayo, el CTE Martínez Teixidó y yo nos reuníamos con Acoca en el Hotel Fénix. Tenía curiosidad por hablar de la rumoreada crisis de Gobierno, con un nuevo presidente; pero, sobre todo, del «traspaso de poderes tan deseado dentro y fuera de España para no encontrarnos con otro Portugal». Nos aseguraba ser deseo unánime de la clase política y económica, incluidos los más afectos a Franco, que considerarían esa decisión como el último gran servicio de su excelencia a la patria. Según sus fuentes, todo estaba estudiado en una operación cuyo cabeza de fila y hábil negociador era José M.ª de Areilza. Pero opinaba Acoca que había que programar muy bien y con detalle la Operación y con la mayor reserva, haciéndonos mención de una supuesta conveniente participación del SECED en ella, «por detrás o por debajo».

Los rumores de una Operación dirigida por Areilza eran ya tan fuertes que el director del SECED consideró oportuno que yo visitase al conde de Motrico cuanto antes para obtener de él la versión veraz de cuanto se divulgaba en los círculos considerados como mejor informados. Así que el miércoles, día 7 de mayo, le visité en su despacho de la Plaza de la Lealtad, 3 y recogí de él un lujo de detalles de la llamada Operación Tránsito. Las interesantes declaraciones que José M.ª de Areilza me hacía con claridad y sinceridad fueron puestas inmediatamente en conocimiento de Juan Valverde, quien ordenó la preparación de una nueva nota para el presidente del Gobierno que se fecharía el viernes 9 con el título «Audiencia al conde de Motrico». En dicha conversación me insistiría que la reunión de Lausanne nada tenía que ver con la Operación. Respecto a lo publicado por Le Figaro, se trataba de un artículo dirigido a la clase política francesa y a los diplomáticos acreditados en París para demostrarles que en España no había más alternativa que la Operación Tránsito.

Preocupaba a Motrico la difusión del documento y así se lo hizo saber al Príncipe, quien finalmente se quedó con el original. Pero en algún punto y momento la reserva absoluta prevista se había roto, pues en Presidencia era conocida en detalle la Operación. Continuó exponiéndome sus conversaciones con primeras figuras extranjeras: Gircard D’Estaign, Brossolette (secretario de la Presidencia) y Limposki (jefe de Relaciones Exteriores de la UDR), el embajador norteamericano Stabler y otros. Todas habían concluido en la necesidad del tránsito y en el apoyo que estarían dispuestos a dar a la fórmula que se decidiese en España. A continuación, Areilza me describió la preparación de la operación en la que pretendía que la clase política se comprometiera fundamentalmente a cuatro cosas: a acatar la legalidad de Franco, a respetar la Monarquía, a llevar la reforma por la vía de la legalidad y a que el PCE no participase en las deliberaciones. El domingo 27 de abril, Areilza había hablado con Fraga y Cabanillas sin mostrarles documento alguno. Fraga entendió el asunto y quedó a disposición. No pudo hablar en cambio con López-Bravo el 1 de mayo y tampoco el martes 6 como tenía previsto, por encontrarse fuera de Madrid, aunque esperaba buenos resultados a juzgar por una conversación anterior. Después ya se montaría la reunión de «los cuarenta», que más bien podría quedar reducida a diez exministros.

El conde de Motrico pidió entretanto audiencia al Príncipe, quien le recibió en la Zarzuela en la tarde del martes 29 de abril, tras su regreso del viaje oficial a Irán. Don Juan Carlos estaba muy interesado en el planteamiento de la Operación Tránsito y en cómo se iba a desarrollar. Me contaba Areilza que cuando le estaba leyendo a S. A. R. el documento, del que hacía suya la paternidad y del que había retirado con anterioridad la lista del Gobierno, el Príncipe prefirió hacer una fotocopia para estudiarlo, «ya que había muchas cosas a las que tenía que dar muchas vueltas». Motrico expuso a S. A. R. las condiciones indispensables para llevar adelante la operación: que Arias fuera capaz de comprenderla, que las Fuerzas Armadas —no los Servicios de Información— estuvieran dispuestos a dar su caución a la operación y que se encontrase el modo para elevarla a Franco como algo que iba a favor suyo. Y le apuntaba Su Alteza la conveniencia de que Areilza viajase a París y aclarase a aquella gente quiénes eran los de la Junta Democrática, que pretendía torpedear su Monarquía. También aconsejó el Rey a Areilza visitar cuanto antes al presidente Arias, confiando en que en el fondo apoyaría la Operación. A Su Alteza le parecieron los folios interesantes, hilvanados y sensatos, pero se echó las manos a la cabeza pensando en que pudieran trascender. Tenía gran interés en todo ello. «¿Cómo no lo iba a tener si él era el protagonista?», puntualizaba Areilza.

También me refirió el conde de Motrico una visita a don Juan de Borbón a Mallorca la semana anterior, pues no parecía admisible que padre e hijo estuviesen enfrentados por la cuestión sucesoria. Ya le había sugerido en Lausanne tres semanas antes, la necesidad de tener arreglado el «pacto de familia» el día que el Príncipe accediera al trono. Don Juan estaba dispuesto a darle la legitimidad histórica desde el primer día sin discusión, con el único ruego de que aceptase una evolución democrática y defendiera las ideas que él había propuesto en los últimos treinta años. Areilza se lo contaría así al Príncipe en esta última audiencia citada.

Me aseguraba Areilza que sus mejores amigos y colaboradores incondicionales, —como Darío Valcárcel, el conde de Montarco, Antonio Senillosa, Javier Vidal, etc., o bien otros como Silva, Armero, etc., «que están en otra línea»—, no tenían el menor conocimiento de la Operación. Ya lo sabrían después, ya que tras la inmediata aprobación superior habría que ponerla en vigor en un par de días. Quedaba pendiente la visita al presidente del Gobierno, dudando si aparecer solo o acompañado, por ejemplo, de Fraga y López-Bravo; pero sin demorar más la audiencia, pues parecía claro que la operación debería conducirla Carlos Arias, y transmitirla al jefe del Estado. Al despedirme me pedía comunicar a Juan Valverde la seguridad de que en ningún momento se había mezclado al SECED en la Operación ni pensaba hacerlo, y agradecía la aclaración que le facilitábamos sobre la relación real de Monzón con el Servicio (que no era sino un compañero amigo y colaborador eventual). Y prometía informarnos puntualmente de su próximo viaje a París.

Tal como estaba comprometido, el SECED cursaba al presidente Arias en la mañana del lunes 12 de mayo una extensa nota informativa sobre laOperación Tránsito, según se desprendía de la larga exposición que el conde de Motrico me había hecho el miércoles anterior. Se decía en aquella nota que «los primeros minutos de la entrevista demostraron que el conde de Motrico no tenía intención de sacar a relucir la Operación Tránsito (…). Prefirió, con su elegante diplomacia, esperar a que se le plantease la cuestión abiertamente (…), y divagó sobre temas generales, como si la entrevista no tuviera otro motivo que la reanudación de los contactos mantenidos hace meses. Tan pronto como el directivo del SECED sacó el tema de la Operación Tránsito, Areilza cambió instantáneamente su interés por la visita, rogando a su secretaria que nadie le interrumpiese durante una hora».

Pero había políticos que buscaban cómo lanzar otras operaciones parecidas desde otros parámetros distintos a los apuntados por el conde de Motrico. Sirva de ejemplo el caso de Antonio García López, líder de la USDE, quien deseaba verme urgentemente el 2 de junio en el Hotel Fénix para darme a conocer su proyecto. Entendía que había que reunir un grupo de personalidades en torno al duque de Cádiz, entre las que citaba a los cardenales Tarancón y Jubany, a los tenientes generales Díez-Alegría, Vega y Campano, al almirante Pita da Veiga y al ministro Herrero Tejedor. Ya había tomado contacto con Gonzalo de Borbón-Dampierre, quien le hablaba del temor de la «familia» a que, tras el fatal desenlace de Franco, se produjese una furibunda campaña que les obligase a escapar al extranjero. Había que insistir a la familia del Generalísimo en convencerle para que abandonase El Pardo y descansase, y propiciar así el traslado de poderes al Príncipe; ya lo había puesto García López en conocimiento de Mons., Tarancón y del ministro secretario general del Movimiento, hombre político muy propicio al tránsito, frente al pesimismo oficial.

Pasarían unas semanas y finalmente, el día de Nuestra Señora del Carmen, me facilitaba el CTE Fernández-Monzón la valoración que Areilza hacía de mi visita y de su posterior entrevista con el presidente Arias. La Operación Tránsito había quedado en agua de borrajas: era una «lástima pues era preciso haberla potenciado desde Presidencia». Monzón estaba muy incómodo con la postura del SECED y, en particular, con la mía, por no haberle dado, en los últimos tiempos, la menor explicación de lo que él entendía como ruptura con el Servicio. Creía que alguien debería haberle advertido algo antes: nosotros, la Segunda-Bis, el ministerio del Ejército o el Alto Estado Mayor; y me preguntaba a quién debería visitar o dirigir su descargo para explicar que no estaba metido en ningún conciliábulo político, que todo eran infundios. Apunté visitar al GB Arozarena y le pareció que ese camino no llevaba a ninguna parte.

Muchos de los conceptos reseñados en la prensa formaban parte de la Operación Tránsito. El propio Areilza tendría ocasión de exponerlo en el diario ABC a lo largo del mes de agosto. Su «tercera» del día 5, titulada «La Transición», empezaba dejando constancia de que «mucha gente está de acuerdo en que España se acerca a su hora de transición. La sustitución del Generalísimo Franco por el Príncipe Juan Carlos en la jefatura del Estado será, cuando tenga lugar, el instrumento clave de esa transición (…). Hay que ir, en España, hacia un sistema de democracia política que se corresponda de alguna manera con el cambio social, ya producido en extensos sectores de nuestra población (…), de modo gradual y evolutivo, sin explosiones repentinas». Y terminaba denominando “pacto nacional” o “compromiso histórico” a esa convención de hombres sinceros que concurrían en alguna medida para una “transición”». Varias columnas más breves escribió Areilza para ese mismo diario durante la primera semana de agosto, bajo el título general de «Los perfiles de la Transición», en los que trataba el balance de situación, los límites de la acción política, etc. El día 22, ABC le publicaba otra «tercera»: «Las responsabilidades de la Transición», cuyo último párrafo era como sigue: «Las responsabilidades del tránsito son pues de alcance generalizado y en ellas intervienen los gobernantes, el sistema, los estamentos, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, la Prensa, el establecimiento, los grupos políticos responsables sin excepciones, las personalidades con seguimiento, las fuerzas sindicales, la población activa y en resumen, la colectividad entera en su parte más dinámica, sensible y alertada».

Como trasunto de la aludida Operación Tránsito, a lo largo del otoño trascendió entre algunos dirigentes políticos la Operación Kubala que desarrollaba un equipo de monárquicos liberales próximo al conde de Motrico para tratar de impulsarle hacia la Presidencia del Gobierno, tan pronto se cumplieran las «previsiones sucesorias». Sus integrantes (Antonio Senillosa, Darío Valcárcel, el conde de Montarco, etc.), junto con algunos miembros de los grupos políticos Fedisa, Tácito, Libra, etc., daban por segura la incorporación de José M.ª de Areilza al primer Gobierno de la Monarquía, y preparaban su programa para elevarlo con tiempo al Príncipe de España, con la meta puesta en un cambio sin violencia. En suma, una suerte de Gobierno de transición.

OTROS ACONTECIMIENTOS DEL ÚLTIMO AÑO DE FRANCO

Más comentarios sobre asuntos militares

De las negociaciones hispano-norteamericanas ya nos anunciaba Miguel Acoca, el martes 6 de mayo de 1975, que la visita del presidente Ford tenía entre sus objetivos impulsar la firma de los acuerdos mediante el trato directo con el general Franco, pues los negociadores españoles presentaban fuerte resistencia ante la interpretación del artículo 6.º de las bases firmadas hacía meses y en el que se hablaba de la relación entre ese pacto y la OTAN. Creía saber Acoca que en la parte española habría discrepancias de prioridades: nuestros diplomáticos buscaban el acercamiento a Europa, mientras que los generales lo veían como una vía hacia la reorganización y modernización de las Fuerzas Armadas con un nuevo papel a jugar, más de cara al exterior y menos como elemento disuasorio interior. Pero el país en general no parecía partidario de continuar con la presencia militar americana en nuestro territorio. El problema del ingreso de España en la OTAN residía en el coste: nuestros negociadores querían endosar la factura de seiscientos millones de dólares anuales a los Estados Unidos. Nos informaba Acoca del previsto cierre de Torrejón, la potenciación de las bases de Zaragoza y Rota, e incluso de una cesión de la base aérea de Morón a los alemanes. Consideraba cerebro español al general Gutiérrez Mellado «a quien no hay manera de sacarle nada», y nos transmitía a Teixidó y a mí que el presidente Ford se interesaría en Madrid por la cesión de poderes de la jefatura del Estado y la transición política.

Aquel mismo martes el dirigente de la USDE, Antonio García López, me habló muy confidencialmente del «famoso» almuerzo de los generales Díez-Alegría, Vega y Gutiérrez Mellado con el duque de Arión, y de los preparativos de otro más amplio al que se incorporarían el capitán general de Madrid, el jefe de la Casa Militar de S. E. y José Joaquín Puig de la Bellacasa, de la Zarzuela. Pretendía García López, en este caso, que Juan Valverde, como director del SECED, hiciese de intermediario con todos ellos, descabellada sugerencia que naturalmente fue desoída[91]. También me daría noticia García López de varias visitas del teniente general Díez-Alegría al Príncipe de España que le encomendaba llevar mensajes a mucha gente en relación con la Transición. No eran más que imaginaciones de un soñador que buscaba aproximarse a los mandos de las Fuerzas Armadas en provecho de su partido USDE. Su amistad con Manuel Díez-Alegría hijo, le hacía suponer un protagonismo del general nada coincidente con la realidad, considerándole como un posible presidente del Gobierno para los próximos dos o tres años, aglutinando a amplios sectores políticos nacionales. Contrastaba tal afinidad con el rechazo reciente al ministro Coloma quien al parecer había prohibido al teniente general Vega y otros mandos tomar contactos con «esos liantes de la USDE». Así que García López deseaba una crisis ministerial que situase en el Ejército a alguien que representase el sentir de la institución.

El lunes 2 de junio, Armero nos aseguraba que los acuerdos iban a ser renovados tras la visita de Ford y que el presidente americano iba a explotar en su campaña electoral la calurosa acogida de nuestras autoridades y la aclamación popular en las calles. En cambio, ese mismo día, José M.ª Ruiz-Mateos se extrañaba por la falta de un comunicado oficial conjunto. Nos decía, sin embargo, que la nota del Gobierno sobre el Sáhara había caído muy bien entre la clase política, quizá no tanto en el pueblo y en el Ejército.

El «día del Carmen», el comandante Fernández-Monzón nos informó de la visita del teniente general Díez-Alegría al Generalísimo para hacerle saber que estaba al margen de toda actividad política: se seguía metiendo al general en líos políticos imaginarios. Pero le resultaba a Monzón poca justificación para esa audiencia con el jefe del Estado, sin descartar que Díez-Alegría quisiese oír a Franco directamente sobre el Sáhara y las Bases «norteamericanas». También comentó Monzón haber hablado con el general Gutiérrez Mellado el día de su marcha a Ceuta para tomar el mando de la Comandancia General; los corrillos de «Vitruvio» hablaban de una campaña contra él, igual que lo orquestado un año antes contra Díez-Alegría; pensaban que acabarían «cargándoselo por aperturista y anti-franquista», términos que empleaba el «búnker» de Girón, Pinilla, Labadie… Cinco meses antes, el 7 de febrero, ya me había confirmado el general Arozarena el destino de Gutiérrez Mellado a Ceuta, cuando se produjese el pase a la situación «B» del actual comandante general. Se había decidido ascenderle para que mandase tropas antes de concederle «algún puesto distinguido», pero en el Alto Estado Mayor se lamentaban de que les privasen de la mejor cabeza.

Siguiendo con el ámbito militar, el director del SECED invitó el 23 de julio al general Carlos Cortezo, jefe de Información del Estado Mayor Central y al coronel Sáenz de Tejada, jefe de la Segunda Sección-Bis del Ejército. Le acompañamos el comandante José Peñas (secretario general del Servicio) y yo en aquel almuerzo de relaciones públicas en el que surgirían tantos temas de actualidad. La cordialidad fue la tónica de la conversación y se acordó montarles un briefing en septiembre sobre la realidad de SECED. Los mandos del EMC solicitaron, entretanto, colaboración para estudiar y controlar la posible infiltración marxista en el Ejército. Cuatro días después, el coronel me recordaba con satisfacción el reciente intercambio de criterios. En la semana siguiente iba a acudir él al SECED en compañía de dos jefes de su Sección. Deseaba incrementar al máximo la colaboración de nuestros directivos y también el apoyo de nuestro presupuesto, pues la asignación que le proporcionaba el Ministerio del Ejército (del orden de 5 millones de pesetas), no le llegaba para cubrir las mínimas necesidades operativas.

Con el diplomático Antonio Oyarzábal almorcé el 27 de julio en California 43; quería hacerme, antes del verano, unas apreciaciones sobre dos temas de permanente interés militar. En primer lugar, sobre los acuerdos con los Estados Unidos sobre las bases de utilización conjunta. No se avanzaba en las rondas, todas las peticiones españolas eran rechazadas, pero nuestros negociadores seguían insistiendo en varios conceptos esenciales: la firma de un tratado (que no aceptaba el Congreso USA), la relación con la OTAN (que no quería Europa), la retirada americana de algunas bases (ellos las necesitaban todas en aquellos difíciles momentos) y la renovación de nuestro material de guerra (a ellos les parecían locuras inaceptables fabricar en España los carros XM-1 o el montaje del supercaza YF16). Nuestra delegación había dejado caer la posibilidad de cancelar totalmente los acuerdos vigentes —actitud que los americanos calificaban de farol o chantaje—, y quería poner el reloj en marcha en septiembre a efectos del año de que disponían para desalojar las bases. Pero Estados Unidos no quería empezar a contar el tiempo hasta acabar la negociación. Estaba latente la posibilidad de que el Generalísimo Franco no se atreviese a cortar el enlace con el único aliado de España en aquellos tiempos.

El otro tema militar era el Sáhara, sobre el que Oyarzábal hacía frente común con las tesis diplomáticas, partidarias de Argelia como potencia más fuerte y con mayor apoyo en la OUA; además entendía que el Rey Hassan podría caer en cualquier momento. En resumen, que había que salir rápidamente de aquel territorio, inviable como nación. Y me recordaba las tesis expuestas por Arias Navarro en la Conferencia de Helsinki.

El 25 de septiembre Calvo-Sotelo me expresaba sus mejores deseos de que se resolviera cuanto antes el problema latente del Sáhara, evitando por todos los medios un conflicto armado. La solución la veía en la línea de Marruecos más que en la de Argelia, como abogaban los diplomáticos. Sentía que se pudiera perder nuestra explotación de fosfatos en Bru-Craá y me recordaba sus conversaciones con autoridades marroquíes para una acción industrial conjunta a través de una gran empresa mixta que produjese pirita, sulfúrico, fosfórico, etc., en Huelva y retornase a Marruecos fosfórico para montar allí una instalación de fertilizantes para su agricultura, tan deficitaria en abonos. En esta visita mía me recibiría con una sentencia referida al Boletín del SECED muy de su estilo, que me gustó: «No sé quién lo hace, pero es estupendo. Me lo empollo todas las semanas. Está muy al día y es muy sensato».

Miguel Acoca consideraba el día 9 de octubre que estaban aumentando las presiones americanas en las sesiones de trabajo para la revisión de los acuerdos sobre las bases militares. España había pedido mil millones de dólares y EE. UU. solo ofrecía trescientos, pero ya se había llegado a la cifra de setecientos cincuenta y parecía que podía mejorarse. Era posible la reducción del uso de dos bases, pero no su cancelación. Ese día daba una rueda de prensa limitada el embajador americano a las siete de la tarde, quizá con intención de anticipar lo que al respecto dijese nuestro Gobierno al día siguiente. No parecía tener duda Acoca que aquella favorable negociación pudiera valerle el ascenso a teniente general al GD Gutiérrez Mellado. Me habló también de otras preocupaciones personales sobre asuntos militares como la UMD, los tribunales militares, el terrorismo, el sistema de ascensos, el reajuste de altos mandos, etc., todos ellos «con graves errores de enfoque», como puntualicé en mis notas.

La estrella fugaz de Herrero Tejedor

En la primera parte del año 1975, Arias emprendía una maniobra política de gran calado para llenar de contenido la restrictiva ley de Asociaciones promulgada en diciembre anterior, produciéndose un hecho que llegaría al máximo de tensión en sus relaciones con el ministro secretario general del Movimiento, a propósito del papel que correspondía al Consejo Nacional en el polémico y casi frustrado asociacionismo. En una jugada de fondo, el presidente del Gobierno cesaba a Utrera Molina por su actitud renuente y excesivamente inmovilista, y nombraba a Fernando Herrero Tejedor, también procedente de Falange, pero de talante más aperturista. Con tal relevo, Arias pretendía dinamizar el proceso asociativo, flexibilizando lo más posible los estrictos límites impuestos a tan impracticable ley y recuperar la deteriorada credibilidad del Espíritu del 12 de febrero, lo que se pensaba le proporcionaría el necesario apoyo social para afrontar los cambios políticos que vendrían irremediablemente tras la desaparición de Franco, temor que se sentía cada vez más inmediato. Había que hacer una maniobra previa para crear expectación de apertura y efectiva participación, cometido que fue asignado al joven vicesecretario general del Movimiento, Adolfo Suárez, emergente político catapultado por Fernando Herrero, a quien correspondería abrir los estrechos cauces de participación desde dentro del Movimiento.

El nombramiento de Herrero —según cuenta Oyarzábal—, «reviste la doble importancia de introducir un hombre mucho más ecuánime que Utrera, en un puesto aún clave del panorama nacional y, sobre todo, la reaparición en escena de un personaje que yo no había conocido hasta entonces, pero del que todos se hacían lenguas por su habilidad, su inteligencia y su simpatía: Adolfo Suárez, antiguo director general de Televisión y fiel lugarteniente de Herrero (…). Las tensiones que habían caracterizado nuestras relaciones con Presidencia, durante la Secretaría General de Utrera pasan a convertirse en estrecha colaboración por la amistad que mantenían sobre todo Jáudenes y el nuevo vicesecretario general. Esa relación personal acabaría como el rosario de la aurora, pero la que, ya por entonces, fomentaba Suárez con Torcuato Fernández-Miranda (en la sombra desde su salida del Gobierno a la muerte de Carrero) se revelaría fundamental meses más tarde».

Así que es legítimo suponer que el presidente pretendía abrir la posibilidad de renovar el Consejo Nacional, con las medidas previas que iban a tomar enseguida Herrero y Suárez. Arias veía la necesidad de «retirar con decoro» a Franco, antes de que perdiese su capacidad física para gobernar, intento que era acogido con renovadas esperanzas en el creciente mundo aperturista. Pero, el jueves 12 de junio, se frustraban al morir Herrero Tejedor en accidente de tráfico, en las proximidades de Adanero (Ávila) —confluencia de la N-VI con la N-403—, punto negro en la terminología de la Dirección General de Tráfico, donde su automóvil oficial, un Dodge Dart matrícula SGM-0232, colisionó con un camión Pegaso. Este accidente cortaba de golpe las favorables expectativas para relanzar las asociaciones políticas en vida del Caudillo.

En su libro, dice el Dr. Pozuelo[92], que «Franco quedó muy impresionado (…). El Caudillo estimaba mucho a Herrero Tejedor y su familia, cuando le transmitieron la desgracia en la corrida de Beneficencia, que presidía ese año, como de costumbre. Al día siguiente, el jefe del Estado, el Príncipe de España, el presidente y el Gobierno en pleno asistían al funeral, oficiado por el Cardenal Enrique y Tarancón, en la sede del Consejo Nacional del Movimiento». El presidente Arias dirigió un discurso a las Cortes Españolas con una elocuente oración fúnebre de honda aflicción por la desaparición de aquel hombre de paz y mediación, gran parlamentario, de clara visión política y ministro eficacísimo del Gobierno. Anunciaba la incorporación de José Solís a la Secretaría General del Movimiento, y no quiso eludir un punto especialmente polémico —el Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política—, objeto de las más encontradas opiniones. Terminaba su alocución con una rotunda triple reafirmación: el carácter incuestionable de la legitimidad de origen del Régimen, la unidad nacional como legado sagrado de obligada transmisión y el reconocimiento de la forma monárquica del Estado.

Sobre aquel accidente mortal del Secretario General del Movimiento, Rafael Pérez Escolar hace sus personales comentarios[93]: «Herrero Tejedor (había sido) elegido inicialmente para llevar adelante la transición como presidente del Gobierno (…). Poco antes de su muerte (…) pude apreciar personalmente las excelentes condiciones que concurrían en quien sonaba entonces como la persona elegida para ordenar el cambio de Régimen». San Martín[94] nos dejaría el comentario siguiente: «Parecía llamado para altos menesteres. Se dice que, si hubiera vivido, habría sido presidente del Gobierno; que el Rey había pensado en él antes que en Suárez». López Rodó[95] recuerda que dos días después del infortunado accidente: «el Príncipe me dijo también: “¡Qué pena lo de Herrero Tejedor!”». Por su parte, Carlos Abella[96] dice lo siguiente: «Herrero Tejedor es ya un “hombre del Príncipe” cuando llega a la Secretaría General y a él le correspondería construir el puente entre el reformismo latente entre muchos hombres del Régimen y los sectores más templados de la oposición, para hacer viable la futura Monarquía de todos».

A juicio de Rafael Ansón[97], Fernando Herrero Tejedor era uno de los personajes que más influencia tuvo en la evolución del franquismo a partir de la década de los 60. Se llevó a Adolfo Suárez como vicesecretario general, el 22 de marzo de 1975, como era lógico, pues ya en febrero de 1961, le había nombrado jefe del Gabinete Técnico de la Vicesecretaría General del Movimiento, que entonces dirigía. Por su parte, Manuel Ortiz[98] deja escrito en su libro que: «la muerte de Herrero Tejedor altera profundamente lo que podríamos considerar como previsiones lógicas de evolución del Régimen franquista. Herrero Tejedor era una sólida esperanza para lo que entonces se denominaba tímidamente el sector aperturista del Régimen y, aún sin entrar en el luego de los futuribles, Fernando Herrero era un sólido aspirante para ser presidente del Gobierno de la Monarquía. De hecho, ya había dado algunos pasos en este sentido y había mantenido un diálogo franco con importantes sectores de la oposición ilegal en su calidad de fundador y presidente de la UDPE (Unión del Pueblo Español)».

José Luis Graullera Micó nos contaría, el 22 de mayo de 1979, al comandante José Ramón Santillán y a mí, que los famosos blocks de Herrero Tejedor los tenía bajo siete llaves Adolfo Suárez, quien se los había recogido a Joaquina, la viuda, fechas después del accidente mortal de Fernando. En ellos se desarrollaban criterios sobre lo que había de ser la España democrática, tal como habían sido contrastados entre Franco y el Príncipe. Graullera hablaba con gran admiración y afecto de Herrero, y de la enorme pérdida que supuso aquel trágico accidente. Por su parte, Félix Izquierdo aportaba, el 11 de octubre de 1977, otros datos complementarios: Herrero Tejedor, junto con media docena de personas (una de ellas, Antonio Fontán) estaba estudiando la adecuación de las leyes e instituciones del Régimen que habría de necesitar la Monarquía democrática. También en un almuerzo que Luis María Ansón nos ofreció en la sede de EFE, el 17 de octubre de 1977, a los comandantes Faura, Martínez Teixidó, Atienza y a mí, nos describió el plan establecido desde hacía años para gobernar cuando llegase la Monarquía, pensando en la continuidad del Régimen con Herrero Tejedor, como presidente del Gobierno. Pero las condiciones del momento de la transición eran distintas a las imaginadas y el plan no era ya viable.

Siguiendo la indicación del profesor Luis Suárez, leí el libro Franco de Stanley G. Payne (Espasa Libros, 2014) en el que se transcriben estas impresiones del presidente de las Cortes, Rodríguez de Valcárcel, recogidas en las Memorias de López Rodó: «En 1975, las reuniones de Franco con don Juan Carlos se volvieron más frecuentes y entre distintas figuras del Gobierno comenzó a extenderse la sensación de que al fin le estaba dando al Príncipe las últimas pautas sobre el papel que pronto debería asumir».

Como he anticipado, Arias nombró acto seguido a Solís secretario general del Movimiento, decisión con la que se esfumaría aquella estrategia de apertura. Así lo recuerda Oyarzábal: «También por indicación de Carro, Arias había decidido no nombrar ningún otro secretario general, sino asumir personalmente la cartera, para incorporar a la disciplina de Presidencia el siempre díscolo instrumento del Movimiento. Con esta propuesta marcha una vez más el presidente camino de El Pardo y una vez más, a su regreso, nos muestra el abatimiento, la confusión y la rabia contenida de un hombre que se sentía abusado por quién más admiraba. Franco ya había nombrado sustituto a José Solís Ruiz, quien se apresura a cesar a Adolfo Suárez y a marcar distancias con el “equipo” de Presidencia; eso sí, con formas ricas en gracejo andaluz y simpatía que no le faltaban al personaje».

En la defensa de la tesis doctoral de Ernesto Villar Cirujano, en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, el 13 de abril de 2015, Espías entre el franquismo y la democracia. Los informes confidenciales del Servicio Central de Documentación (SECED) entre 1974 y 1979, el doctorando nos desveló el hallazgo de aquellos boletines de situación, de los que recientemente me ha proporcionado copia del n.º 131, correspondiente al periodo del 12 al 18 de junio de 1975, en el que aparecen las siguientes alusiones al fallecimiento de Herrero Tejedor: «El mortal accidente (…), conmovió al país (…). El vacío que suponía (…), dio lugar a numerosos rumores y comentarios (…). Pérdida irreparable (…). Ante la capilla ardiente (…), fue ininterrumpido el desfile de personalidades. El jefe del Estado y su esposa (…), los Príncipes de España (…), y el Gobierno en pleno presidieron el funeral “corpore insepulto” (…). Los comentarios de los medios de comunicación social y de las figuras más relevantes de la vida española (…), son coincidentes al señalar que la desaparición de Herrero Tejedor supone una grave pérdida para la nación (…), ya que el extinto era pieza clave en los nuevos proyectos (…), de la política de cara a la sucesión».

Más recientemente —el 12 de noviembre de 2015—, después de otros contactos a lo largo del año, me reuní con tres hijos de Fernando Herrero para contrastar algunos aspectos. Esta era su visión familiar: nunca le oyeron hablar de aquellos encuentros en El Pardo con Franco y el Príncipe en los que trataban sobre la transición, ni de su futura designación como presidente del Gobierno, ni del cuaderno de notas en el que recogiera aquellas conversaciones en El Pardo. La familia había donado al archivo histórico de la Universidad de Navarra buena parte de los documentos de su difunto padre, sin que entre ellos se encontrase cuaderno alguno como el citado.

Juicios contra terroristas

Tras un aumento de la presión terrorista de ETA y FRAP, el Gobierno respondió endureciendo la legislación con el Decreto-Ley de 22 de agosto de 1975. Las Fuerzas de Orden Público detuvieron a treinta y nueve activistas a principios de septiembre, once de los cuales fueron condenados a muerte en diversos juicios sumarísimos que se les instruyeron en ese mes. El SECED —como ocurriera en el juicio de Burgos de 1970— pidió indultos, que solo alcanzaron a seis de ellos. El viernes 26 de septiembre, el Consejo de Ministros ratificaba cinco penas de muerte impuestas por consejos de guerra. Las ejecuciones de los terroristas (los etarras Ángel Otaegui y Juan Paredes «Txiki», y los miembros del FRAP José Luis Sánchez, José Humberto y Ramón García) en la mañana del 27 de septiembre por pelotones de la Guardia Civil y Policía Armada (en Burgos, Barcelona y Hoyo de Manzanares), atrajeron la atención internacional.

Cassinello escribiría posteriormente en el libro de Manuel Ortiz sobre Adolfo Suárez, este recuerdo: «La salomónica solución de conmutar la mitad de las penas de muerte impuestas por los Consejos de Guerra de El Goloso y Burgos del año anterior, y ejecutar la otra mitad, fue consecuencia de la debilidad del Gobierno de Arias y de su irresolución más que resultado de un plan coherente. Ni pacificó ni ejemplarizó y, pretendiendo no disgustar demasiado a todos, desencadenó las iras de unos y otros. Aquel Gobierno no era consciente de la galopante transitoriedad de su situación, ni tan siquiera de su propia debilidad. Más fuerza era necesaria para indultar que para ordenar la ejecución de las sentencias. El FRAP se disolvió solo y el fusilamiento de Chiky y Otaegui sirvió exclusivamente para crear otro lugar de peregrinación y otra imagen negativa ante el mundo».

Los fusilamientos desataron una enorme reacción en Europa. En Lisboa era incendiado el Palacio de Palhavá, residencia del embajador de España, y el Consulado. El lunes 29, el ministro de Gobernación, García Hernández, presentaba su dimisión al presidente Arias. Contaba el P. Martín Patino en el programa Así murió Franco de Antena-3, la noche del 17 de noviembre de 2005, que el Caudillo se sintió traicionado por la Santa Sede, pero que lo aguantó. Tras las peticiones de indulto del papa Pablo VI y de significados dirigentes políticos, surgieron protestas de grupos de extrema izquierda con el más insolente de los radicalismos. Unos suspendieron las negociaciones con la Comunidad Económica Europea, pero quizá la medida más grave fue la llamada de los embajadores extranjeros a sus países de origen y la consiguiente respuesta de los propios españoles a Madrid. Un doble gesto simbólico que dibujó un amenazador cerco político exterior en un momento de suma debilidad para la política nacional. El día del fusilamiento expiraba precisamente el Tratado Hispano-Norteamericano de cooperación sin lograr la regulación de las bases de utilización conjunta.

Como consecuencia de la reacción internacional a los fusilamientos de los terroristas se celebró, el 1 de octubre, una manifestación de adhesión a Franco en la Plaza de Oriente. Concretaba López Rodó[99] que: «De trescientas a cuatrocientas mil personas se congregaron en la Plaza de Oriente de Madrid y aledaños en un acto de adhesión a Franco, quien fue aclamado en compañía del Príncipe. Fundamentalmente los españoles concentrados en la gran plaza protestaban por las injerencias extranjeras en la política de España y gritaban su apoyo al Generalísimo».

En la inmediata «Valoración de Situación» del SECED se decía: «La visión de la masa congregada en la Plaza de Oriente ofrece tres puntos importantes de consideración. En primer lugar, la capacidad de convocatoria, firme en el jefe del Estado e incipiente en el Príncipe, cuando se produce una situación emocional y colectiva. Gran parte del sistema político descansa en esta concepción mesiánica y muy poco en el juego de las instituciones. Gran debilidad, cuando el futuro próximo ha de descansar más en estas que en aquellas. En segundo lugar, el carácter invertebrado de la masa. Solo el grupo de Blas Piñar concurrió con sus lemas, sus gritos y sus pancartas perfectamente dirigidos y coordinados. Fuera de ellos, ni los asistentes espontáneos ni los llevados por el Movimiento-Organización (que no pasaron de setenta mil, por el sistema de viaje, dieta y merienda gratis) ofrecían una dirección determinada. Eran hombres y mujeres angustiados por la amenaza terrorista, iracundos por la agresión exterior, y emocionados por la presencia del jefe del Estado. Masa en la más pura acepción del término psicológico. En tercer lugar, la ausencia activa de la otra mitad. Si ese día las fábricas cerraron a las 11.00 horas para que los trabajadores pudieran concurrir, no hay que ignorar que al día siguiente se produjeron paros en muchas empresas como protesta contra la manifestación y que, de haberse autorizado la celebración de otra contraria, no hubiera sido menos numerosa».

Los comentarios más generalizados hacían referencia al mensaje del presidente del Gobierno ante las cámaras de TVE y a la manifestación del día 1 de octubre en la Plaza de Oriente, episodios de los que se esperaban decisiones políticas. El lunes día 2 de octubre, Leopoldo Calvo-Sotelo me decía: «Qué bien estuvo Arias y cómo ha sido apreciada unánimemente su intervención. A ver si se aprovecha». Le parecía que había estado mejor que nunca, siendo esta la ocasión más difícil; y le llamaba la atención la alusión a «las voces que faltan», referidas acaso a grupos de centro, gentes del Régimen, integrados en Fedisa, Tácito o similares. El presidente Arias estaba de nuevo en alza, pero no su equipo de Gobierno. Y en cuanto a la manifestación, los motivos eran universalmente aceptados y en la presente ocasión había habido menor referencia a la figura de Franco, una acogida más nacional y menos contra el Gobierno.

El día 4, el general Álvaro Lacalle nos transmitía en el SECED su valoración: «Tras este cheque en blanco del pueblo al presidente, no se dispone de mucho tiempo; acaso sea esta la última oportunidad para que Arias tome decisiones valientes y defina su política con patriotismo y audacia». Y apuntaba las líneas fundamentales que debería seguir: autoridad y firmeza frente al terrorismo, solución al problema económico e impulso a la vida de las asociaciones, tema este a mayor plazo y de gran trascendencia. En cuanto al terrorismo, convenía hacerse a la idea de que iban a caer muchas víctimas todavía: comisarios, policías, guardias y acaso militares. Pero no había que «arrugarse»; había que acabar con esa lacra asesina. Y nos apuntaba su opinión de no abusar de la «gracia de indulto», para no dar lugar a que la gente pensase en desacuerdos entre los criterios de la justicia y los del poder; o, menos aún, que existía miedo en los gobernantes. Un exceso de indultos podría propiciar que las Fuerzas de Orden Público se hartasen y no persiguieran con eficacia a los terroristas, o bien que estas se tomasen la justicia por su mano.

El día 8, Joaquín Garrigues nos daba también su opinión: la manifestación del 1 de octubre había sido un apoyo a Franco, que alejaba la posibilidad del traspaso de poderes tan rumoreado. Garrigues ya nos había pronosticado a mediados de septiembre la dura campaña europea de las próximas semanas, si se llevaban a cabo ejecuciones; mal momento en el que España solicitaba facilidades para entrar en la Comunidad Europea. Pero comprendía muy bien que la mayoría del país fuera favorable al cumplimiento de las sentencias. Aprovechaba Garrigues para apoyar la necesaria desvinculación de las Fuerzas Armadas de los juicios contra terroristas, de modo que estas conservasen una imagen lo más limpia posible.

Al día siguiente, acudía al SECED el director financiero de Philips Ibérica, Peter van Hoof (con anteriores contactos con el Servicio en temas económicos) «para hacer presente su adhesión al Gobierno y a España frente a la injusta campaña desatada en Holanda y otros países europeos». Nos hacía saber que otros dirigentes de Shell, KLM, Unilever, etc., pensaban como él y le pedían que lo hiciese saber en sus nombres. Había que acabar con el terrorismo y apoyar a las Fuerzas de Seguridad del Estado que proporcionaban en España una tranquilidad ciudadana envidiada en Europa; y añadía que esta campaña estaba uniendo más a los españoles, lo que demostraba la ceguera y mala fe de algunos grupos políticos y medios de comunicación extranjeros. El corresponsal americano Miguel Acoca también nos haría llegar el día 9 de octubre buenas impresiones recogidas en sus medios sobre el discurso del presidente Arias y la manifestación de la Plaza de Oriente, aunque seguía detectando ambiente de pesimismo y temor.

Parecidos comentarios me hacían días después otros empresarios: la inmensa mayoría de sus relaciones europeas desconocían que los recién fusilados en España eran terroristas, asesinos de agentes de seguridad; imaginaban, por la prensa local, que se trataba de líderes políticos opuestos al general Franco. También Leopoldo Calvo-Sotelo nos daba su impresión, el lunes 25 de octubre, sobre el grave error que suponía seguir implicando a la justicia militar en causas contra terroristas, y todo porque los tribunales ordinarios querían quitarse de encima esos procesos.

A medida que el deterioro físico de Franco se hacía más evidente y que su final se presentía más cercano, cada vez menos políticos esperaban que el Régimen fuera capaz de sobrevivirle y más expectación surgía ante el tránsito, en la sociedad española. Parecía ya meridianamente claro que el jefe del Estado no decidiría su sucesión en vida, así que los políticos aperturistas del sistema se resignaron a demorar sus reformas hasta que se cumpliesen las «previsiones sucesorias».

EL PRÍNCIPE, JEFE DE ESTADO INTERINO

En los círculos políticos más avisados, el tema prioritario de conversación y discusión, a lo largo de 1975, se centraba en el deseo generalizado de hacer viable un pronto traspaso de poderes de la jefatura del Estado al Príncipe de España, presunción que iba acompañada de un lógico cambio de Gobierno. Así me lo transmitía el director de Europa Press Antonio Herrero, el jueves 9 de enero, al tiempo que me facilitaba la lista de un pretendido nuevo Gabinete presidido por Rodríguez de Valcárcel y acompañado por personalidades «azules» y «blancas» del Régimen. Aquel mismo jueves, el presidente del Banco del Norte[100], me trasladaba los comentarios de los generales Lacalle Leloup y Castro San Martín, y de los coroneles Armada, Vigón y Galbis sobre los fuertes rumores de traspaso de poderes. Les parecía que, de cumplirse el pronóstico en unos meses, traería un aire renovador de optimismo, pues veían la situación nacional triste y desesperanzada.

Ese día 9 almorcé, a petición suya, en La Fragua con Nicolás Franco Pascual de Pobil, consejero nacional por La Coruña. Quería hablarme del Príncipe, con quien conservaba buena amistad desde niños en Lisboa. Le había visitado antes de Navidades, encontrándole preocupado por el pensamiento de la oficialidad joven, a la vista de cuanto divulgaba un boletín clandestino, supuestamente militar. Santiago Carrillo había declarado contar con un grupo importante de jefes y oficiales como cabeza de puente para su desembarco en España, noticia que, de ser cierta, nada favorecía el traslado de poderes. Nicolás Franco había visitado también, en diciembre de 1974, al presidente Arias, quejándoseme del equipo flojo que le rodeaba en Castellana, 3, haciendo público su pesimismo. Nicolás pensaba que si el Generalísimo entregaba los poderes al Príncipe, don Juan Carlos mantendría a Carlos Arias al menos durante los primeros meses (como así se cumpliría más adelante). Me recordaba que ya en el verano de 1974 creyó entender al Caudillo su intención de traspasar la jefatura del Estado tan pronto como considerase que los nubarrones económicos que se avecinaban tendieran a desaparecer, lo que hacía a Nicolás Franco predecir que eso tendría lugar en la primavera o verano de 1977, con el despegue económico, las asociaciones en marcha y unas nuevas Cortes más representativas gracias a las leyes de Régimen Local y de Incompatibilidades Parlamentarias. Pero en ningún caso le cabía imaginar que el Generalísimo tomase su decisión en los difíciles momentos del inicio del 75. El presidente de las Cortes, Rodríguez de Valcárcel, se había reunido en fecha reciente a almorzar con Ansón y Pemán para hacer llegar a don Juan de Borbón una impresión favorable que pudiese influir en próximas decisiones del Príncipe. De todo esto hablaría Nicolás Franco al director del SECED al término de nuestro almuerzo, según visita solicitada y aceptada la víspera.

El lunes 27 de enero, José Mario Armero me invitaba a comer en el Club 31: no creía que Franco fuese a ceder los poderes al Príncipe y menos en plazo inmediato, pese a la creciente debilidad del jefe del Estado. Tenía impresiones de que el marqués de Villaverde tampoco apoyaría tal decisión «dada su manifiesta oposición a don Juan Carlos y, sobre todo, a la Princesa». Nadie podía proponer a Franco, ni menos exigirle, el cese de su actividad «pese a ser el deseo de la inmensa mayoría de la clase política y seguramente del pueblo español», según los ecos que constantemente recibía en su agencia Europa Press.

Por fin, el presidente del Gobierno decidiría conceder una rueda de prensa en TVE el miércoles 26 de febrero con seis periodistas, moderados por Manuel Aznar, presidente de la Agencia EFE. El sábado 15, se había celebrado un almuerzo con las primeras autoridades de Información y Turismo (León Herrera, Jiménez Quílez y Sancho Rof) en el Palacio de Exposiciones para fijar criterios sobre las preguntas a plantear al presidente Arias y el modo de hacérselas llegar. Antonio Herrero, que representaba a Europa Press y a LOGOS, me comentaba, el día 20, que las preguntas iban encaminadas al Estatuto de Asociaciones, la mayoría silenciosa, el bache económico y los objetivos del año político. No debió considerarse prudente sacar el traslado de poderes, que además se salía de las competencias del presidente del Gobierno. Había expectación por aquella rueda de prensa, por lo inusual. En las semanas siguientes, el CTE Fernández-Monzón recogería diversos comentarios de desolación por las declaraciones de Carlos Arias ante las cámaras de TVE: en ambientes «democráticos» se observaba en el discurso una excesiva glorificación del Caudillo y de las Leyes Fundamentales. El presidente, hombre de buena voluntad, no había podido llevar a cabo sus propósitos iniciales por culpa de las contradicciones internas del Gobierno; ese era el drama político de Arias ante las dificultades casi insuperables de hacer evolucionar el sistema desde dentro.

El viernes 25 de abril, recibimos noticia de una cena-coloquio en el Club Financiero en la que se había tratado la posible transmisión de poderes, la legitimación del Príncipe, el cumplimiento de las previsiones sucesorias. Dirigentes económicos como Jaime Carvajal, José Manuel Bolívar, Matías Cortés, Luis Reina Landecho, Álvaro Espert, el conde de Bugallal, Laucirica… manifestaban una preocupación grande por el futuro, que había reflejado la víspera el raro ambiente en las Cortes, como si una decisión de altísimo nivel estuviera a punto de hacerse pública. Todos los comensales hacían cábalas, como siempre, sobre la actitud del Ejército en la Transición, dando por segura una comida del Príncipe, el martes 15, en el Ministerio del Ejército donde se habría tratado de ella. Y también de otro almuerzo, en el chalé del presidente Arias, al que habrían asistido junto a don Juan Carlos, los vicepresidentes, los ministros militares y el jefe del Alto Estado Mayor, aunque el tema que los concentraba era el Sáhara.

Para los reunidos en aquella cena-coloquio era necesidad imperiosa que Franco dejase el poder, a la vista de la degradación política existente, no pareciéndoles suficiente la designación del Príncipe por el jefe del Estado y por las Cortes, sino que pedían otras fórmulas de legitimación indirecta como que el primer presidente de la Monarquía fuera elegido democráticamente de entre una terna pactada por el Rey con el Consejo del Reino. En la cena se condenaba la frivolidad de la clase política, que estaba propiciando, aun sin quererlo, el avance de los extremismos con los que era inviable un eventual compromiso; y se exigían responsabilidades por la corrupción, inhabilitando para la actividad pública a quienes incurrieran en ella. Para los reunidos, el único presidente imaginable para la primera etapa de la Transición era Manuel Fraga, siempre pensando en una autoridad fuerte que entrase a fondo en el tema ETA.

Conceptos similares nos expondría Santiago Foncillas, el 2 de mayo. Para él, el traspaso de poderes era noticia firme, confirmada por un ministro y un exministro unos días antes. Estimaba que no era posible presionar a Franco para que renunciase. Pero a principios de ese mes, fuentes del Palacio de la Zarzuela nos confirmaban que no había «nada de nada respecto a pretendidas maniobras para acelerar la transmisión de poderes».

El 30 de mayo, los dirigentes de Europa Press nos manifestarían al CTE Faura y a mí que todos los estamentos responsables con los que cambiaban impresiones frecuentemente coincidían en la necesidad de que la sucesión se produjese cuanto antes, por el riesgo añadido de que la figura de Franco perdiese prestigio y popularidad, y de que la Junta Democrática jugase fuerte antes del verano para forzar la situación junto con otros grupos clandestinos antiRégimen. Tuve la ocasión de que Armero me ampliase todas esas noticias, el día 2 de junio, en almuerzo al que nos convidó en Zalacaín a Antonio Teixidó y a mí. La cesión de poderes era ya deseada por la familia Franco, que temía problemas internos tras la desaparición del Generalísimo. Iba a hablarle al almirante Nieto Antúnez para que algún familiar sugiriese al jefe del Estado la conveniencia del retiro y para que la pretendida operación política fuera gestionada por los hombres más leales a Franco, como López-Bravo. Armero había recibido de su amigo José María Martínez Bordiú noticia de que el marqués de Villaverde no confiaba lo suficiente en Arias Navarro como albacea testamentario y que Cristóbal veía traidores por todas partes; ni siquiera se mantenía en la línea de don Juan Carlos, todo lo cual dificultaba sacar adelante el traslado de poderes.

Aquel mismo lunes día 2, José M.ª Ruiz-Mateos conocía bien los rumores del traspaso de poderes, pero pese a haberlos recibido de fuentes autorizadas y de estar de acuerdo con tal decisión, no los creía en absoluto. Por su parte Leopoldo Calvo-Sotelo consideraba el jueves 5 la transmisión de poderes como fundamental y muy urgente; el problema radicaba en cómo y quién había de intervenir en el asunto. De ahí que conviniese animar a Carlos Arias y a la familia Franco, a través de quienes tuviesen más confianza e influencia para convencer al Generalísimo. El presidente debería hacerlo por vía oficial, con apoyo tácito de los mandos de las Fuerzas Armadas y cabezas de fila de los grupos políticos más representativos, incluso los exministros que «calzasen más puntos». Una operación rápidamente ejecutada traería optimismo a la gente, pues lo curioso era que en el país las cosas no iban tan mal como se decía.

Nicolás Franco se acercó al SECED el 11 de junio para traernos impresiones más recientes del Generalísimo, quien en la semana anterior había hecho un espectacular alarde físico, pues «nunca hace nada sin intención: algún proyecto de ley o decisión importante quiere ofrecer a la nación en plenitud de facultades». La familia esperaba ver cumplidas las previsiones sucesorias en vida y en un plazo inferior a un año; Carmencita había hablado de ello en varias ocasiones con su padre y, tanto el marqués de Villaverde como el duque de Cádiz, estaban tomando posiciones para el futuro. Calculaba Nicolás Franco que el jefe del Estado podría sorprender a los españoles el 22 de julio, suposición que obligaba a nuestro visitante a aplazar su viaje a China hasta después de la festividad de Santiago. El traspaso de poderes tendría lugar en noviembre o diciembre, según sus pronósticos. De la última visita al palacio de El Pardo deducía que las preocupaciones del jefe del Estado eran, en aquellos momentos, la situación económica «que nunca le interesó excesivamente»; las relaciones Iglesia-Estado, como tema intelectual a largo plazo; Portugal, que temía acabase «por la tremenda»; y el Sáhara, problema fundamental que acaso pudiera quedar encauzado a fin de año. Pero la preocupación máxima radicaba en las elecciones generales a Cortes: sus instituciones y sus hombres para una nueva legislatura, a los que tenía que dejar asegurados para otros cuatro años. No podía dejar el poder antes; después, que hiciesen lo que les diera la gana.

El Príncipe de España consideraba —en palabras de Nicolás Franco— que el «pacto de familia» iba por buen camino. El verano último, don Juan le había dicho en Estoril que el día que se concretaran las previsiones sucesorias haría unas manifestaciones claras e inequívocas de adhesión a don Juan Carlos, aportando todo lo que pudiera; pero no antes de la decisión oficial del Régimen; no quería hacer todavía un regalo en vano. Por cierto que Nicolás Franco había visto a su tío convencido ya de la necesidad del asociacionismo político y solo deseaba ver funcionando tres o cuatro asociaciones de las cuales una debería ser mayoritaria, por agrupación de todos sus leales: la Unión del Pueblo Español (UDPE). Eso le hacía pensar a Nicolás en el aplazamiento del traspaso de poderes quizá hasta el año 1976.

El día 14 de junio de 1975, S. A. R. don Juan de Borbón reunió a almorzar en Estoril a un grupo de españoles afectos a su persona, a los que dirigió después unas palabras de queja en relación con las medidas oficiales para garantizar la continuidad del Régimen, sin atender al cambio democrático que el pueblo español estaba pidiendo inequívocamente. Cuenta Laureano López Rodó[101] que: «tras las manifestaciones del Conde de Barcelona, en la mañana del 19 de junio de 1975, el Embajador de España en Lisboa, profesor don Antonio Poch, informó a “Villa Giralda” que tenía una comunicación que hacer a S. A. R. el Conde de Barcelona (…): le quedaba prohibido el acceso a cualquier puerto español, aeropuerto o puesto fronterizo situado en tierra española (…)». Y explica López Rodó que, en audiencia de la tarde del 25, en el Palacio de la Zarzuela, el Príncipe de España le hizo la confidencia de haber estado con Franco el lunes 16, a cuyo término «entró Arias, quien propuso al Generalísimo (…) la expulsión de España del Conde de Barcelona. Franco no tomó ninguna decisión». También le refirió don Juan Carlos que se había enterado, el martes 17, por el gobernador de Baleares de la prohibición a su padre de pisar territorio nacional. El Príncipe no podía creerlo e hizo que Mondéjar llamara al gobernador, quien le confirmó la noticia. Años después, Luis María Ansón contaría al general Bourgón, director del CESID, en almuerzo del 20 de abril de 1979, en El Escuadrón al que le acompañé, que don Juan, con su discurso de junio de 1975, había pretendido sujetar a las fuerzas democráticas hostiles al Régimen, para que no se fuesen con las izquierdas republicanas y revolucionarias, y poder trasvasárselas al Rey en el momento de morir Franco. Ya en aquel año 1975, nos llegaban noticias de la preocupación del Príncipe por los manejos de la Junta Democrática cerca de don Juan, aprovechando reuniones en Lausanne.

Villar Mir nos hacía saber su opinión el 19 de junio. Los banqueros e inversores extranjeros con los que se relacionaba veían con satisfacción el relevo en la jefatura del Estado. Todo parecía confirmar que la decisión de Franco estaba siendo madurada en su cabeza. Su Alteza Real debería recibir los poderes cuanto antes, incluso por razones de economía nacional. Los banqueros con los que se relacionaba veían ese gesto del jefe del Estado como única salida viable. «El momento histórico se resolverá sin complicaciones, gracias a la unidad de las Fuerzas Armadas y la moderación de las clases media y trabajadora».

Transcurrido el verano oficial, José Mario Armero no imaginaba posible que el jefe del Estado cediese sus poderes hasta solventar asuntos tan importantes como las asociaciones políticas, el Sáhara, las bases militares y la situación económica. Por su parte, Joaquín Garrigues nos aseguraba a Faura y a mí, el 12 de septiembre, que Franco no haría en vida el traspaso de poderes al Príncipe, entre otras razones, por la dificultad que representaba y por el peso de su figura sobre el futuro Rey, pues Franco «sin ser ya nadie, seguiría siendo mucho en España». A Garrigues le preocupaba cuál sería la postura de don Juan Carlos ante ese posible acontecimiento, y también la opinión del conde de Barcelona, de las Fuerzas Armadas y del presidente del Gobierno.

El 1 de octubre había sido, en efecto, la última manifestación en la Plaza de Oriente, en vida de Franco. Su débil voz y envejecida figura presagiaban un final no muy lejano. Era la última vez que el pueblo vería vivo al jefe del Estado. El día del Pilar, el Generalísimo tuvo los primeros síntomas del proceso cardiovascular, y el miércoles, 15 de octubre, se le hizo en la Residencia Sanitaria La Paz un electrocardiograma que detectó un grave episodio coronario. Como consecuencia de la grave afección gripal del Generalísimo, el día 30 de octubre por la tarde, el Príncipe de España asumía los poderes de jefe de Estado, pero no definitivamente sino, una vez más, interinamente. No resultaría fácil convencer a Su Alteza para que aceptase esta nueva interinidad, tras las presiones que a buen seguro recibió del presidente Arias entre los días 24 y 29. Pero, finalmente, los pronósticos sobre la irreversibilidad del proceso agónico del Generalísimo y la gravedad de los acontecimientos que se acumulaban en el panorama nacional e internacional, pesaron sobre la voluntad de don Juan Carlos.

Inmediatamente, el Príncipe ordenaría dos convocatorias, la primera de ellas para una sesión del Consejo de Ministros en el palacete de La Quinta del Pardo en la mañana del viernes 31 de octubre, tan solo doce horas después de aceptar la proposición de Arias Navarro. En aquella reunión del Gabinete se trató la difícil situación de las Fuerzas Armadas en el Sáhara ante las alarmantes noticias que llegaban de Marruecos y Argelia. La segunda convocatoria sería para el día 1 de noviembre, en el Palacio de La Zarzuela, con algunos miembros de la Junta de Defensa Nacional, aunque en reunión no oficial. Tras el despacho del director Valverde con el presidente del Gobierno en aquella mañana del día 30, Arias le hizo saber que esa misma tarde se formalizaría la transmisión de poderes a Su Alteza Real, en virtud del art. 11 de la Ley Orgánica del Estado. Al presidente Arias se le acumulaban los presagios y tuvo que disponer la entrada en ejecución de las fases iniciales de los planes previstos por Gobernación, Alto Estado Mayor, SECED y naturalmente la propia Operación Lucero de la Presidencia del Gobierno, de la que trato en detalle en un próximo capítulo.

EL GRAVE ASUNTO AFRICANO

Antecedentes históricos

En el texto preparado por el teniente general Cassinello para su incorporación a un libro sobre Adolfo Suárez, hacía la siguiente introducción histórica: «Desde la independencia de Marruecos, bandas armadas compuestas por miembros de aquel ejército, habían realizado ataques esporádicos contra los puestos españoles, siendo hechos prisioneros oficiales, suboficiales y tropa de esta nacionalidad. El primer partido independentista saharaui, la Organización Armada para la Liberación del Sáhara (OALS) o Movimiento de Liberación del Sáhara (MLS), fue fundado por El-Bassiri en diciembre de 1967 y para la primavera de 1968 ya tenía unos cinco mil miembros. El 17 de Junio de 1970, las autoridades políticas de El Aaiún organizaron una manifestación a favor de España, a la que concurrieron unas doscientas personas, jefes de tribus y de facciones con sus familiares. Frente a ellos, los del MLS reunieron a unos tres mil en la barriada de Jara Rambla. Una Compañía de la Legión se interpuso entre ambas, abriendo fuego, recogiéndose dos muertos y una veintena de heridos». Fueron detenidos los cabecillas: El-Bassiri, líder político que luego desaparecería en circunstancias poco claras, y El-Gali, futuro jefe militar del Polisario. «El 10 de mayo de 1973, se formó el Frente para la Liberación del Sáhara y Río de Oro (POLISARIO) con estudiantes saharauis en Marruecos. Diez días más tarde se produjo el primero de sus ataques contra los destacamentos españoles, en los que capturó a varios oficiales y tropa de nuestras unidades, que fueron devueltos en Argelia al embajador Cassinello.[102] El 20 de Agosto de 1974, nuestro embajador Piniés presentó en la ONU un plan para llevar a cabo en ese territorio un referéndum como paso previo a la descolonización, propuesta contrarrestada por Hassan con el envío de una consulta al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya sobre la calificación jurídica del territorio en el momento de la ocupación española».

En el año 1974, el «asunto Sáhara» era referencia frecuente en las conversaciones, a medida que transcurrían los meses sin alcanzar acuerdos estables. En almuerzo ofrecido por el director del SECED a mandos de la Tercera Sección del AEM, el 2 de octubre, nos dieron su opinión sobre la situación en aquella provincia africana: la poca flexibilidad de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores en sus deliberaciones con los Gobiernos implicados, proponiendo esos mandos una mayor distensión en altos niveles y en cambio un endurecimiento en el escalón técnico de discusión. En otro ámbito, los directores de la agencia Europa Press aseguraban, en diciembre, que el español medio no tenía ganas de mártires, pero menos de ver salir al Ejército «con el rabo entre las piernas». La tensión continuaba y preveían su incremento en las próximas semanas. Y continuaba Cassinello: «Mientras tanto, las autoridades españolas en El Aaiún (para contrarrestar al Polisario) organizaron un partido político, el Partido de la Unión Nacional Saharaui (PUNS) sobre las viejas estructuras tribales. Ese partido fue un fiasco: su secretario general huyó a Marruecos (19 de mayo) con los fondos del partido, como lo hizo más tarde El Jabri, presidente de la Yemáa (Asamblea Saharaui), que debía gobernar el territorio en presencia de sus habitantes al concederse la independencia (y que la noche anterior había manifestado en Madrid que no aceptaría jamás un acuerdo hispano-marroquí). El 16 de octubre, se hizo pública la resolución del «Tribunal Internacional de Justicia» (TIJ): no existía vínculo de soberanía entre Marruecos y el Sáhara en el momento de la ocupación española (1884-85), pero sí un vínculo de vasallaje entre el Sultán y algunas tribus del territorio. Ese mismo día 16, Hassan anunció la organización de una marcha pacífica de trescientos mil hombres al Sáhara, por estimar que ese fallo le era favorable».

La Directiva de Operaciones, según relata el coronel San Martín en su obra póstuma[103], «se dio el 1 de diciembre de 1974. En su virtud, el mando del Sector se proponía, además de hacer frente a cualquier incursión guerrillera y acción terrorista, ejercer una vigilancia terrestre y aérea en la frontera y zona costera, previendo asimismo reacciones ofensivas de las pequeñas guarniciones y la defensa de las plazas según planes específicos de defensa».

En reunión que el teniente general jefe del Alto Estado Mayor mantuvo, en abril de 1975, con el presidente del Gobierno quedó patente que los mandos militares defendían entonces la anexión del Sáhara a Marruecos, justificando que tal territorio, independiente y en manos del Frente Polisario, estaría apoyado por Argelia, lo que derivaría en una mayor fortaleza del Movimiento para la Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC). Además, las concesiones a Marruecos permitirían olvidar para siempre las reclamaciones sobre las plazas de Ceuta y Melilla.

Cuenta el coronel San Martín en el citado libro, que: «A partir de la llegada de una comisión de la ONU (…), el 14 de mayo de 1975, se acabó la tranquilidad en El Aaiún. Grupos de saharauis recorrían las calles profiriendo gritos contra España y el jefe del Estado y a favor de ETA y FRAP. Por si fuera poco, dos patrullas españolas desaparecieron a la altura de Mahbes y Sfeia, y unos camiones fueron atacados por bandas armadas que causaron un muerto y un herido (…). El 23 de mayo, el Gobierno español hizo una declaración en la que se hacía constar que España no pretendía prolongar su permanencia en el Sáhara, que aceptaba las resoluciones de las Naciones Unidas en orden a la autodeterminación, que las tensiones habidas en los últimos días habían afectado a la población civil española a la vez que habían servido para poner de relieve el alto espíritu de disciplina, la preparación y el patriotismo de nuestras Fuerzas Armadas, y que, si se demorase la transferencia de soberanía en términos que comprometieran la presencia española en el Sáhara, precipitaría su salida definitiva, no sin antes advertirlo a las Naciones Unidas».

La Marcha Verde

El coronel Florentino Ruiz Platero, entonces destinado en la Tercera Sección del AEM, escribe en su libro[104]: «Se detectaron, en octubre de 1975, muy pocos indicios de la intención de Hassan II de desarrollar una operación tan complicada como fue la Marcha Verde, iniciada en los primeros días de noviembre (…). Como anécdota cabe mencionar que, desde Casablanca, nos llegaban informaciones de muchos movimientos de transporte de carga, incluidas velas, ejemplares del Corán y una gran cantidad de bidones de contenido sin definir, que más adelante se supo que era agua. Después, vino la requisa de camiones en una gran parte del país y de los muy limitados kilómetros de ferrocarril que tenía Marruecos. Poco después se procedió a la movilización de población en número creciente y a su encuadramiento en grupos en los que iban dirigentes religiosos, además de responsables del orden (…). En consecuencia, el inicio de la Marcha Verde fue una sorpresa que, sin que sea una disculpa, hay que achacar a lo insólito del intento, sin precedente de ningún tipo, y a la muy perfecta preparación de la misma, que estaba mucho más allá no solo de nuestra idea de la capacidad de Marruecos para hacer tal cosa, sino de su realidad constatada en muchas circunstancias y ocasiones. En consecuencia, nuestra hipótesis fue que habían recibido una gran ayuda exterior para la preparación y ejecución de la marcha y que, además, Hassan II había puesto al servicio de la misma todos los recursos de transporte y logística del país (…). Llegamos a saber que la preparación corrió a cargo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Marroquíes. Algunos de sus miembros, en la euforia de los primeros días, tras el acuerdo de suspensión de la marcha, llegaron a ofrecer a representantes españoles copia de la documentación de su preparación».

Y continúa San Martín en páginas siguientes con este relato: «Días antes de la iniciación de la Marcha, un grupo mayoritario de los mandos más destacados del Sector opinaba que, tras la oportuna, firme e inteligente declaración del Gobierno de 23 de mayo de 1975, la evolución de los acontecimientos parecía probar que la iniciativa ya no estaba en sus manos, lo que se traducía en que la salida de España y de su Ejército de aquel territorio pareciera, entonces, muy delicada. Se estimaba que la Marcha Verde tenía que impedirse a toda costa, puesto que, de llegar a realizarse, se producirían ríos de sangre (…). Pero si a todo eso se añadía que no se iba a atacar a Marruecos ni siquiera a sus bases aéreas, no había otra salida que llegar a un entendimiento con Marruecos, puesto que los saharauis, incluido el Frente Polisario, no querían luchar, y Argelia decía que era España quien tenía que resolver esa papeleta. La joven oficialidad no veía con buenos ojos un entendimiento con Marruecos. No pensaba, sin embargo, en que, si bien en un inicial enfrentamiento con Marruecos lavictoria hubiese estado de nuestro lado, a largo plazo nuestra situación iría empeorando ante las dificultades de nuestros abastecimientos y evacuaciones».

En su libro / tesis, Díaz Fernández[105] asegura que: «el plan había sido diseñado en Londres con el apoyo de Estados Unidos y financiación de Arabia Saudí. Los datos oficiales marroquíes arrojan que los diez trenes diarios realizarían durante doce días un impresionante despliegue desde todos los rincones hasta Marrakech, y de ahí a Agadir, para partir luego hacia la frontera. Los diecisiete millones de kilos de víveres, veintitrés millones de litros de agua, doscientas veinte ambulancias y cuatrocientos setenta médicos, más el carburante necesario, hacen difícil creer que, a pesar de la debilidad del sistema informativo español, tales movimientos pudieran pasar desapercibidos (…). Hacía ya meses que, desde la embajada y el Alto Estado Mayor se informaba al Gobierno de las pretensiones de Hassan. El 17 de octubre de 1975, en Consejo de Ministros, se decide abandonar el Sáhara en manos de Marruecos».

El día 21 de octubre, las columnas marroquíes estaban en movimiento, el 29 la Marcha Verde llegaba a Tah, primer puesto fronterizo español que había sido abandonado. Y añadía la descripción del coronel San Martín: «El 31 de octubre, a las 11.00 horas, el jefe del Sector[106] convocó en el Cuartel General a los jefes de Unidad para darnos cuenta de la situación y recabar nuestras opiniones. Nos dijo que el Alto Estado Mayor había fijado unas normas de actuación frente a la “Marcha Verde”. Se les dejaría penetrar en nuestro territorio unos diez kilómetros (…), línea a partir de la cual debería impedirse la progresión a toda costa. Nadie quería que se disparase contra una muchedumbre (…), porque constituiría un desprestigio para nuestras fuerzas militares y podría considerarse como un genocidio (…). La mayoría de los mandos pensaba que la Directiva del Alto Estado Mayor comprometía a las fuerzas propias en una amplia operación de desprestigio internacional que, además, afectaba a nuestra propia moral (…). Pero todo ello implicaba una guerra contra Marruecos. Recomendamos al general Jefe del Sector que marchara urgentemente a Madrid, con el fin de exponer al Gobierno la opinión de los mandos de mostrar a Marruecos que estábamos dispuestos a todo para dejar bien alto el pabellón nacional, e impedir la entrada de los integrantes de la Marcha en nuestro territorio. Hasta que se produjo la Marcha Verde se sucederían las alarmas. (…) La evacuación ya se iba produciendo paulatinamente (…). La “Marcha Verde” estaba a la vuelta de la esquina. La oficialidad joven culpaba al Gobierno de creer en la ONU y en el rey Hassan y pensaba que si la “marabunta”, como se llamaba a la “Marcha Verde”, se producía, no habría más remedio que detenerla. Pero eso planteaba serios problemas. El desenlace constituiría un serio revés para la moral de una gran mayoría de la oficialidad de nuestro Ejército».

El viaje del Príncipe de España a El Aaiún

Aunque el grave asunto del Sáhara no era propiamente competencia del SECED, el Servicio lo seguía con atención por las posibles incidencias que pudiera tener en el interior de España. En tal situación, Valverde recibía a última hora de la tarde del 31 de octubre, la visita sorpresa del teniente coronel San Martín, jefe del Grupo de Artillería Autopropulsada ATP XII, que formaba parte de la Fuerza Expedicionaria del refuerzo de la guarnición del Sáhara, para informar de la situación de incertidumbre que se vivía en aquel territorio africano. Valverde informó personalmente al presidente del Gobierno a las nueve y cuarto de la mañana del día siguiente (festividad de Todos los Santos), y Arias le ordenó trasladar la nota al jefe del AEM y al general Armada, jefe de la Secretaría de S. A. R. el Príncipe de España. Al teniente general Fernández Vallespín se lo anticiparía por teléfono.

José Ignacio San Martín lo ha dejado descrito así: «Ese mismo día 31 de octubre, a las 17.50 horas, fui llamado al Estado Mayor, donde me dijeron que habían pensado en mí para que me trasladara a Madrid y entrara en contacto con el Servicio Central de Documentación para exponer a su jefe, Valverde, los puntos de vista mantenidos en la reunión antes relatada. Para guardar las formas, el general del Sector y su jefe de Estado Mayor convinieron que hiciera una solicitud de permiso por asuntos familiares para visitar a mi mujer, que entonces no se encontraba bien de salud. Salí de El Aaiún a las 19.50 horas y a las 23.00 horas estaba con Valverde. Además de Valverde, asistieron a la reunión Andrés Cassinello, Pepe Peñas y uno o dos más. Les expuse lo ocurrido en la reunión de mandos del Sector y el ambiente que se respiraba. Pensamos que el presidente del Gobierno debería ser informado de inmediato, y en la conveniencia de que se llamara urgentemente a Madrid al Jefe del Sector. Juan Valverde no pudo conectar con Arias Navarro y dijo que le visitara en su residencia de Casa Quemada, en La Florida, a las 8.15 horas del día siguiente.

»A las 9.30 horas del día siguiente, me llamaría el coronel Bourgón[107] para que le informara de mis contactos (…) y, sobre las 9.45 horas, (…), me llamó el general Gómez de Salazar, jefe del Sector, para decirme que tanto el capitán general de Canarias como el ministro del Ejército, enterados de la nota que por télex les había mandado sobre el “Estado de opinión” de los mandos de las unidades, le habían llegado a amenazar con relevarle del mando, prohibiéndole que acudiera a Madrid. Me pidió que restase importancia a la posición de dichos mandos y que regresase cuanto antes a El Aaiún.

»Inmediatamente me puse al habla con Valverde, quien me dijo que el presidente del Gobierno estaba informado, que para nada se había involucrado al jefe del Sector y que entrase en contacto con el teniente general Fernández Vallespín y el general Armada, a título personal. De ello di cuenta al coronel Bourgón (…). Nueva llamada del general Gómez de Salazar para que no tuviera ninguna entrevista y para que mi regreso a El Aaiún pasara inadvertido».

Aún el 1 de noviembre, Valverde volvería a despachar con el presidente Arias a mediodía, quien le convocaba urgentemente a una reunión en su chalé La Chiripa, a la que acudirían el ministro de Asuntos Exteriores (Cortina), el de Presidencia (Carro) y el jefe del AEM (Fernández Vallespín). Y cuenta San Martín que: «Valverde actuó muy bien, pues habló con el jefe del Alto Estado Mayor y con el general Armada, preparando una nota informativa, en la que subrayaba el espíritu ofensivo de las unidades para salvar la dignidad nacional y el honor de las Fuerzas Armadas españolas, así como la conveniencia de que el jefe del Sector fuera convocado a la Junta de Defensa Nacional, para ser oído, en el caso de que el presidente del Gobierno la convocase. A primeras horas de la tarde me llamó Bourgón, a quien di cuenta de todo el proceso, y ya me dijo que estaban muy contentos porque el jefe del Sector había sido convocado, con el capitán general de Canarias, a una reunión de la Junta de Defensa Nacional, fijada para el día siguiente».

Cuando el Príncipe recibió y leyó la nota del SECED, también convocó inmediatamente al teniente general jefe del AEM, ordenándole estudiar un viaje al Sáhara. En el domicilio del presidente del Gobierno, el teniente general recomendaría a Arias cautela, si bien «como militar le gustaba el gesto». Esta valoración era precisamente el motivo de la reunión. El ministro Cortina habló con Nueva York para conocer las últimas noticias del Consejo de Seguridad de la ONU, con esperanza de obtener algún dictamen positivo que justificara el viaje de S. A. R. antes del domingo. Pero en esos momentos el Príncipe telefoneaba al presidente del Gobierno para que todos los reunidos en La Chiripa se trasladasen a la Zarzuela cuanto antes. Allí, en el palacete, el comandante Valverde se quedaría con el general Armada fuera de la sala de la reunión; pero, al terminar, el Príncipe le invitaría a acompañarle a El Aaiún, en un viaje para el que se fletarían dos Mystère del Ejército del Aire. Desde la Zarzuela regresarían todos al chalé de Arias Navarro en La Florida, con la satisfacción por la decisión de Su Alteza. Años después, algún historiador hablaría erróneamente de esa reunión como de una sesión más de la Junta de Defensa Nacional.

El coronel San Martín nos trasmite (obra citada, pág. 81) sus notas de aquella importante jornada: «A las 22.00 horas me llamó Pepe Peñas (secretario general del SECED) para decirme que, al día siguiente, se desplazaría a El Aaiún el Príncipe de España, y que regresaría a Madrid con el jefe del Sector, que asistiría a una reunión de la Junta de Defensa Nacional. A los pocos minutos me llamó Valverde para confirmarme la conversación de Peñas. El Príncipe iría a El Aaiún acompañado, entre otras personas, por el teniente general jefe del Alto Estado Mayor, Armada y él mismo. Me leyó incluso el texto del discurso que pronunciaría el Príncipe, en su condición de jefe del Estado en funciones: quería conversar un rato con sus compañeros, alentándoles en el cumplimiento de la misión, y manifestar que España mantendría la integridad del territorio contra cualquier ataque o tipo de invasión, y que haría honor a sus compromisos internacionales, teniendo en cuenta los intereses de la población saharaui. Hablé enseguida con Bourgón. Estaban como locos de contentos con la visita del Príncipe y con la participación del jefe del Sector en la Junta de Defensa que se celebraría a las 20.00 horas del mismo día 2. En el avión del Príncipe se incorporaría, a los demás acompañantes, el general Gómez de Salazar».

El general Armada relata así ese viaje de don Juan Carlos al Sáhara[108]: «En la guarnición española del Sáhara hay preocupación. Está dispuesta a todo y con buen espíritu, pero no es habitual “actuar” contra civiles (…). La intervención contra una masa compuesta en parte por mujeres y niños nunca será deseada por los militares (…).

»El Rey Hassan, en un discurso, anuncia que pronto estará almorzando en El Aaiún. La situación es de preguerra. Hablo varias veces con el jefe de Estado Mayor del Sáhara, coronel Bourgón, compañero de promoción en la academia de Segovia, acabábamos de hacer juntos el curso de Mandos Superiores en la Escuela Superior del Ejército. Somos buenos amigos. Es inteligente, trabajador, buen militar y un excelente montañero (…). Con Bourgón me entiendo muy bien. Tenemos “unidad de doctrina”[109]. En aquellos días, finales de octubre, la situación en España es preocupante. Franco, muy enfermo, no puede tomar decisiones (…). Las Fuerzas Armadas españolas observan con atención desde la península e islas todo cuanto se refiere a los compañeros de África. Visto desde el Sáhara, los políticos de Madrid aparecen preocupados con los problemas de la “sucesión” y un poco ausentes de los asuntos del territorio africano. No era así, pero se tenía esa impresión».

Y entra «La Zarzuela» en el episodio: «Su Alteza Real quiere estar informado (…). El príncipe conoce bien al Ejército (…). Hay que estar con el Ejército en los momentos difíciles (…). No hay que olvidar que son el poder hecho fuerza. Por fin, el 1 de noviembre, el Príncipe asume la jefatura del Estado (…), me llama a despachar (…). Me pregunta si tengo noticias del Sáhara (…). ¿Por qué no hacer un corto viaje? ¿Estar en El Aaiún? ¿Tomar contacto con aquellas fuerzas y que sepan que no están olvidadas? Apoyé esta idea sin reservas, con entusiasmo. Recuerdo que el Príncipe llamó al Comandante Sánchez Bilbao y le pidió su opinión. A Juanito le gustó muchísimo la idea “¡Yo me apunto!”, fue su frase. En ese momento entró la Princesa en el despacho. Con una sonrisa preguntó “¿De qué hablan?”. El príncipe le expuso su idea, echándome un poco la culpa. La Princesa no lo dudó: “Creo que Alfonso tiene razón. Los generales deben estar con sus tropas”»[110].

El relato de Armada sigue así: «El Príncipe habló con el presidente Arias. Este le contestó simplemente que venía hacia La Zarzuela con el general Fernández Vallespín, jefe del Alto Estado Mayor, y con el ministro Coloma. Se reunió una especie de Junta de Defensa, reducida e informal. Al presidente Arias le preocupaba el viaje. El general Vallespín razonaba sobre las ventajas y exponía los inconvenientes. “Es bueno, pero tiene su riesgo”. El general Coloma se sumó con entusiasmo a la idea y exclamó: “¡Yo, al Sáhara con Su Alteza!”. Llegó Nicolás Mondéjar y se enteró de lo que se trataba. Le pareció muy mal. Sin paliativos. Me echó una bronca, la única que me ha dirigido en los largos años que hemos estado juntos. Terminó diciéndome: “Tú eres el responsable de este disparate y verás las consecuencias de esta barbaridad”. Intenté explicarle que el riesgo era mínimo. No hizo caso. El Príncipe estaba decidido e ilusionado».

El viaje al Sáhara se llevó a cabo a las 9.30 del domingo, 2. Y así continúa el general Armada: «Cuando llegamos, gran entusiasmo en El Aaiún y en todas las fuerzas del Sáhara. En el Cuartel General, una conferencia bastante completa y clara. Habló Federico (Gómez de Salazar, General Jefe del Sector) y enseguida Bourgón. Íñiguez[111] explicó el despliegue y Pardo de Santayana la información (…). El Príncipe, con intuición, actuó como militar. Aquello salió bien. Arrancar de El Aaiún costaba. Nos hubiésemos quedado allí con gusto (…). Llegamos felizmente a Madrid. En Barajas está el general Miláns con la mayor parte de los oficiales y suboficiales de la División Acorazada. Al enterarse de que el Príncipe había ido a El Aaiún, quiso recibirle y expresarle el agradecimiento por el gesto, haciendo ostensible su lealtad y adhesión. Recuerdo el entusiasmo del general Miláns (…). La visita del Príncipe a El Aaiún produjo un gran impacto en el Ejército. Cuando llegó Su Alteza Real a La Zarzuela recibió una llamada del rey Hassan. ¡Estaba sorprendido! ¡Le felicitó por el gesto! Ante la decidida actitud del Príncipe, el rey de Marruecos adoptó una postura menos agresiva. Se evitó la confrontación directa. El tratado de Madrid y la evacuación del Sáhara vinieron después».

Cuenta el coronel San Martín que: «la jornada del 2 de noviembre, fue una sorpresa para todos. Se mantuvo con tanto sigilo la visita que las comisiones de jefes y oficiales que fueron convocadas en el Centro Cultural de los Ejércitos no tuvieron conocimiento de lo que se trataba hasta minutos antes del aterrizaje del Mystère que llevaba al jefe del Estado en funciones (…). La estancia de Su Alteza Real fue corta. Llegó sobre las 11.05. Cuando se abrió la portezuela del avión y apareció el Príncipe, la emoción fue indescriptible. Le acompañaban el ministro del Ejército, el jefe del Alto Estado Mayor, los directores generales de Promoción del Sáhara y del Servicio Central de Documentación, Blanco y Valverde, más un reducido séquito, en el que figuraba el general Armada. Le recibieron en el aeropuerto el teniente general Cuadra Medina, capitán general de Canarias y jefe del Mando Unificado del Archipiélago, y el general Castro Cavero, jefe del Sector Aéreo, naturalmente con el gobernador general y jefe del Sector del Sáhara. A continuación, el Príncipe analizó en el Estado Mayor las diferentes líneas de acción elegidas de acuerdo con la misión señalada por el Mando Unificado, en virtud de la Directiva del Alto Estado Mayor y la situación previsible. Desde allí, toda la comitiva se dirigió al acuartelamiento del III Tercio en Sidi Buya, donde tuvo lugar el ritual de los famosos “sábados legionarios”».

Sigue relatando San Martín que: «En el Centro Cultural tuvo lugar un almuerzo, pero antes, el Príncipe conversó cordialmente con los jefes, oficiales y suboficiales que allí le esperaban. “Quería daros personalmente —manifestó don Juan Carlos— la seguridad de que se hará cuanto sea necesario para que nuestro Ejército conserve intacto su prestigio y honor (…). España cumplirá sus compromisos y tratará de mantener la paz, don precioso que tenemos que conservar. No se debe poner en peligro vida humana alguna, cuando se ofrecen soluciones justas y desinteresadas (…). Aspiro a ser el primer soldado de España” (…). Pero se traslucía que se iban a abrir negociaciones con Marruecos, tratando de evitar la Marcha Verde y garantizar los derechos de la población autóctona (…)». Sobre las 15.05 horas despegaba el Mystère. Y a su regreso se celebraría la Junta de Defensa Nacional, a la que acudiría el jefe del Sector, con lo cual quedaba cumplida la misión reservada que se me había asignado, si bien recabo todo el mérito para Juan Valverde, que hizo una espléndida labor, así como la de un núcleo de sus colaboradores que tradujeron en informes rigurosos al presidente del Gobierno la situación real de mandos y unidades del Sector ante la inminencia de la “Marcha Verde” (…).

El día 6 de noviembre, los marroquíes llegaban a un punto distante cuatro kilómetros del despliegue defensivo español, sin entrar en contacto. Fue este último un día relativamente tranquilo. La Marcha se había detenido y los primeros núcleos comenzaban a montar sus campamentos. «Se calculaba —cuenta San Martín— que habrían entrado en nuestro territorio unas cincuenta mil personas. Las colas de camiones y autobuses eran interminables. Los días 7 y 8 fueron de suma tranquilidad (…). Advertimos la presencia de muchos vehículos de la Gendarmería que colaboraban en la ubicación de la gente, haciendo que todo transcurriera en orden, y evitando que personas incontroladas traspasaran nuestra primera línea (…). Al finalizar el 5 de noviembre, Hassan II había anunciado que al día siguiente los “peregrinos” de la Marcha Verde entrarían en el territorio del Sáhara español. Se mantenía la decisión inicial: no se les dejaría rebasar una línea situada a diez kilómetros de la frontera. Se habían colocado campos de minas con una densidad aceptable y alambradas para que los marroquíes advirtieran que de allí no se podía pasar».

Finalmente, se llevó a efecto la Marcha Verde, dejando a la gente acampar a unos kilómetros más allá de la línea fronteriza frente a los campos de minas que indicaban las posiciones defensivas españolas. Allí estuvieron los marroquíes hasta que su rey Hassan II les ordenó volver. Por vía diplomática se iniciaron conversaciones que habrían de desembocar en el discutido Acuerdo tripartito de Madrid.

Relató años después el TG Cassinello que: «Marruecos se negó a convocar el referéndum que propuso España y aceptó que la Yemáa expresase la opinión de la población. El 26 de febrero, los marroquíes convocaron a una Yemáa amañada por ellos, que ratificó la soberanía de Marruecos, dando así comienzo el problema del Sáhara que ahora vivimos». El representante español se negó a firmar el acta de la Yemáa. Cassinello añadía estas citas en su capítulo para el citado libro sobre Suárez: «El 6 de noviembre, se hizo pública la “Declaración de Madrid”. Se establecía una administración tripartita transitoria —Marruecos, Mauritania y la Yemáa, esta última asistida por un representante español—, a la vez que España ratificaba su resolución de descolonizar el territorio. Esa declaración no fue llevada a las Cortes ni publicada en el BOE. El 8 de noviembre, el ministro de la Presidencia, Carro, (como antes lo hiciera Solís) se entrevistó con Hassan, y el rey de Marruecos ordenó suspender la marcha. Dos días más tarde entraron pacíficamente en El Aaiún las primeras unidades del Ejército de Marruecos, mientras nuestras tropas abandonaban el territorio».

Sobre este aspecto, el coronel San Martín hace el comentario siguiente: «Cuando nos enteramos de que el ministro Carro había ido a Agadir, donde estaba Hassan II, todos coincidimos en afirmar: “Ya está el enjuague”. Los oficiales estaban descorazonados (…). Al anochecer de ese día 9, Hassan II lanzó su discurso, en el que, tras dar gran coba a España y a su Ejército, aludiendo a Jenofonte y a Mao, resaltó la importancia de la Marcha Verde para el futuro de la unidad del reino. Estaba claro que se había llegado a un acuerdo con Marruecos (…). Había un elevado número de oficiales profundamente decepcionados. Compartíamos en parte este sentimiento casi todos los mandos, porque las cosas no se hicieron sino precipitadamente. Mas pensando con frialdad, aunque hubiéramos ganado la primera batalla con Marruecos, nadie sabe lo que hubiera pasado después…, y menos si hubiese acabado en una guerra con Marruecos, al principio de la sucesión (…). El 9 de noviembre, no hubo cambio de la situación. Ya los “peregrinos” ascendían a unos doscientos cincuenta mil».

Todos los políticos y personalidades con los que tuvimos contacto en aquellas semanas de noviembre harían una calurosa mención al rápido desplazamiento del Príncipe a El Aaiún, con la lógica preocupación por el desarrollo de la Marcha Verde y sus efectos.

Finalmente, a las seis y media de la tarde del 28 de febrero de 1976, fue arriada la bandera de España en la Región Sur (Villa Cisneros), sin que fuera izada en su lugar otra bandera de otra nacionalidad, como precisaba el escrito del día siguiente del delegado gubernativo al director general de Promoción del Sáhara.

Apreciaciones posteriores

Sigamos con el relato del teniente general Cassinello en el libro aludido: «Toda la descolonización de África fue caótica y sangrienta, pero la más irracional fue la del Sáhara español (…). Las autoridades españolas se equivocaron al querer apoyarse en las desacreditadas estructuras tribales y en la formación de un partido fantasmal (el PUNS) para organizar la independencia cuando ya existía el POLISARIO arraigado en la población. Pero este también se equivocó al atacar a nuestras fuerzas sin darse cuenta que España estaba forzada a abandonar el territorio y que Marruecos era el enemigo real de su independencia. Cuando se produjo la Marcha Verde intentó atacar a los marroquíes, pero ya era tarde. Despropósitos de todos, frente a la política directa de Hassan, que nunca ocultó sus intenciones. Era absurdo querer promover un referéndum de autodeterminación (que lo era contra Marruecos), cuando ya nuestras tropas se habían marchado y habían sido sustituidas por las marroquíes. La Declaración de Madrid nació muerta (…); los que querían la independencia no nos querían y los que querían unirse a Marruecos tampoco. Hicimos un papelón absurdo».

Así nos comenta el final del episodio el coronel Ruiz Platero[112]: «La actitud de Marruecos y Hassan II en aquella ocasión, con Franco al borde de la muerte y España ante la incertidumbre de una difícil sucesión, fue totalmente hostil, algo a no olvidar. La solución inmediata, en acuerdos bilaterales discretos, consistió en la permisividad española con respecto a la entrada de los integrantes de la marcha unos kilómetros en territorio del Sáhara, su detención y posterior retirada. La crisis concluyó con el acuerdo tripartito de 14 de noviembre entre España, Marruecos y Mauritania, a quienes España cedía el Sáhara a partir del 28 de febrero de 1976, y fijaba la frontera entre ambos (…). Una decisión que creo fue polémica y que se resucita de cuando en cuando. El Polisario, desde entonces, ha venido diciendo que España les abandonó y que tiene una deuda con ellos. No pocos dirigentes argelinos lo han reiterado en encuentros con españoles. En nuestro país, dirigentes políticos de algunos partidos y un sector de los diplomáticos (algunos de ellos preparados por Tierno Galván en su oposición de ingreso), han mantenido una posición parecida (…). Pensamos que teniendo en cuenta las circunstancias internas españolas, las decisiones sobre el Sáhara que entonces se adoptaron eran las que menos podían pesar sobre nuestra coyuntura que, ciertamente, era grave y difícil. Marruecos y su Rey, desde luego, nos lo pusieron muy difícil, pero el Polisario con su comportamiento en El Aaiún, y Argelia con su deseo de conseguir una salida al Atlántico, hicieron algo parecido. En aquellos momentos, creo recordar que Asuntos Exteriores optó por el Polisario y Argelia, mientras que la Presidencia del Gobierno, con el AEM detrás, se inclinó por la división del Sáhara entre Marruecos y Mauritania. A estas alturas, el tema está sin resolver lo que, al menos, parece querer decir que ese contencioso ni era ni es fácil».

Al cumplirse los treinta años de aquel triste episodio sahariano, la prensa dedicó amplios espacios a recuperar la memoria. En ABC, del domingo 6 de noviembre de 2005, Luis de Vega escribía un extenso reportaje titulado «Sáhara Occidental: treinta años de fracaso», al que pertenecen los párrafos siguientes: «Aunque aquel 6 de noviembre de 1975, España tenía sus ojos puestos más en la cama en la que se moría Franco que en el Sáhara, la “Marcha Verde” llevaba ya meses orquestándose. Washington había destinado un buen puñado de sus funcionarios a preparar la estrategia (…). Armados con las banderas, unas cuantas cantimploras, ejemplares del Corán y retratos del Rey (…), los marroquíes bajaron hacia el sur y cortaron las alambradas que delimitaban territorio español (…). El Rey de Marruecos había logrado presionar e impresionar a Madrid, que accedió a entablar negociaciones».

Igualmente, el coronel de Infantería DEM Alfonso García de Paadín y Ahumada escribiría en ABC, de 7 de noviembre de 2005, una clara y extensa descripción de «Por qué España dejó el Sáhara», que llegaría a constituir una de nuestras provincias, con un tamaño equivalente a la mitad del territorio peninsular. Destacaba el articulista que: «En 1962, el panorama daría un vuelco espectacular cuando ingenieros españoles de una empresa del INI descubren el que sería uno de los yacimientos de fosfatos más importantes del mundo y cuya entrada en explotación habría afectado seriamente al mercado, entonces liderado por su principal productor: Estados Unidos (…). Y en los foros internacionales se empezó a cuestionar la legalidad de nuestra presencia (…). España tenía allí a lo más destacado de su Ejército (…). El final es igualmente por todos conocido: Las tropas españolas adoptaron el preceptivo despliegue en profundidad (…). Pero el poder civil, al que constitucionalmente se encuentran subordinadas las Fuerzas Armadas, había decidido nuestra marcha de El Sáhara, decisión tan forzada como entendible, ya que en esas condiciones de soledad internacional y ante la actitud de rechazo del pueblo saharaui, no nos quedaba otra opción que marcharnos». En el diario La Razón, de 7 de noviembre de 2005, Pedro Canales recordaría que la operación fue diseñada por Hassan II con la ayuda de la CIA, y José Javaloyes iniciaba su artículo «Una marcha que no maduró» con esta contundente sentencia: «Franco agonizaba y el moro amigo saltó sobre la presa».

Años después, Cassinello daría su propia impresión desde los recuerdos que conservaba de aquellas jornadas, vividas desde el Servicio Central de Documentación: «Nueva enfermedad de Franco, ya sin retorno, y la “Marcha Verde”. Había un sector en las Fuerzas Armadas que quería la guerra con Marruecos. En eso el SECED se mostró siempre contrario a ella y defendió con éxito su postura. Una guerra con Marruecos podría destruir las posibilidades de entendimiento que llevaron a la Transición y precipitar la llegada de una nueva dictadura. El Príncipe toreó como pudo en aquel viaje al Sáhara; todos hicimos lo que pudimos para resolver un dilema entre soluciones todas malas. Desde lejos puede mantenerse una postura crítica sobre el abandono de lo que entonces se llamaban “provincias”: creo que España ni debía ni podía hacer otra cosa. Los saharauis es indudable que tenían derecho a su independencia, pero los vientos internacionales, incluidos el Tribunal de la Haya y la ONU, eran más favorables a las tesis marroquíes. Estoy seguro de que llegamos tarde, que la descolonización tenía que haberse preparado algunos años antes, pero, en aquel momento, la prioridad estaba dentro».

El coronel Florentino Ruiz Platero escribe en su libro, su recuerdo desde su puesto de trabajo en el AEM (Subnegociado de Exterior de la Tercera Sección). Sus párrafos reflejan la penuria de medios en el «Alto» en los años setenta y el modo en que se hizo frente al reto informativo de lo que en adelante sería llamada la Marcha Verde: «Los discursos de Hassan II a su pueblo, en fechas destacadas, sobre todo en la Fiesta del Trono, se analizaban habitualmente y, en aquella ocasión, también. A posteriori, cabe entender algunas de las imágenes y metáforas usadas por el Rey marroquí. Por ejemplo, en su discurso el Rey mencionó la “Anábasis”, e hizo apelaciones a que “su pueblo” se pusiese en marcha, en una comparación que no había usado enninguna ocasión anterior. Más tarde comprendimos que la utilización como referencia de la Anábasis se refería a la penosa vuelta a su tierra de diez mil mercenarios griegos, tras la batalla de Cunaxa, en Persia, tras la derrota y muerte de Ciro el Joven».

También el coronel de Artillería DEM Fernando Lozano Méndez-Núñez me recordaba, en amistosa conversación de 5 de noviembre de 2005, su relación con la Marcha Verde durante su destino en el Subnegociado de Evaluación Exterior de la Tercera Sección del AEM. Me aseguraba haber sido él mismo quien sugiriera al mando la solución de que la marcha marroquí pudiera adentrarse en terreno «neutral» y desfilar unos kilómetros en paralelo y delante de nuestras posiciones. En consecuencia, le correspondió redactar el plan de ejecución oportuno, basado en el cumplimiento de Hassan II de su promesa sobre el Sáhara porque no tenía otra alternativa con el pueblo marroquí, y porque en aquellos momentos aprovecharía en su favor la situación política española, extremadamente delicada con Franco agonizante. En aquella época, la Base del Alto Estado Mayor en Casablanca informaba constantemente y con toda exactitud sobre la acumulación de bombonas y equipos de camping-gas y otros elementos, lo que se interpretó, desde el punto de vista militar, como un nuevo y próximo despliegue de fuerzas marroquíes; pero no fue así, sino una pura marcha civil, de la que se enteraron pocos días antes de ejecutarse.

Así me lo relataba el general Arozarena en conversación del 19 de enero de 2004, en su domicilio. Tenía él una magnífica relación con el coronel/general Dlimi, hombre de la máxima confianza de Hassan II. Un día acudió Dlimi al Alto Estado Mayor y dejó caer el «tema Sáhara», ocasión en la que el jefe de la Tercera Sección fue tajante al decirle que nuestras tropas tenían orden de disparar, aun en el caso de que la marcha fuera civil y estuviera constituida por mujeres, niños y ancianos. No se lo creía su interlocutor, quien aseguraba que en Marruecos se consideraba que esa posibilidad no ocurriría jamás, a lo que Arozarena le respondió que lo comunicase enseguida a su Rey; y que, en todo caso, para dejarle en buena posición frente a su pueblo marroquí, España admitiría que la marcha pasase por la franja de cuatro o cinco kilómetros, que se extendía desde la frontera hasta nuestros letreros. En expresión de Arozarena, podrían entrar y circular a lo largo de ella y volver, con lo cual se complacían los deseos de la marcha, del pueblo y de Hassan II, pero si traspasaban esa segunda línea, nuestras tropas abrirían fuego.

Por la tarde de aquella jornada de trabajo en Vitruvio, Dlimi fue invitado a la casa de Arozarena donde continuó la discusión, insistiendo nuestro general en su planteamiento. El marroquí telefoneó desde allí mismo al Rey Hassan para transmitirle las exigencias del mando español: que las fuerzas de ambos países no se acercaran nunca al contacto, para evitar posibles problemas irremediables y que el Ejército marroquí no pasase por donde había posiciones españolas, porque les harían prisioneros. Dlimi y Arozarena acordaron un código secreto para identificar cada una de las posiciones, a las que se dieron nombres de mujer: Teresa, Manuela, etc…, de modo que el general Arozarena pudiera ir comunicando por teléfono a Dlimi las que iban abandonando nuestras Unidades. Un lenguaje convenido de este tenor: «Teresa se marchó ayer a las ocho de la noche»[113]. El general Arozarena me haría la confidencia de algún contacto personal con Hassan II, asegurándome que si relatase todos sus recuerdos, resultaría muy desfavorable para la imagen del monarca alauita.

Pienso que las extensas referencias anteriores al «asunto Sáhara» constituyen un veraz testimonio de la historia real de aquellos meses tan complicados para España y tan olvidados o desconocidos por una gran parte de nuestros conciudadanos.

MÁS DE POLÍTICA

La Operación Alfoz

En el mes de septiembre de 1975, el director del SECED dio su autorización al Sector Político para poner en marcha la Operación Alfoz (arrabal, afueras) que impulsase la ampliación de las actividades ya iniciadas dos años antes para propiciar el contacto con líderes de la oposición moderada y buscar su acercamiento y participación en la vida política activa del sistema, siempre y cuando su grado de oposición al Régimen no sobrepasase ciertos límites. Ello nos permitiría conocer más directamente a determinadas personas y sus opiniones sobre la reforma en ciernes. Buscábamos personajes con futuro a título individual, no como líderes de sus grupos, pues no interesaba dar la sensación de que se abría una convocatoria de la oposición de cara al tránsito político.

Con este planteamiento acompañé, el 25 de septiembre, al CTE Faura a visitar a Joaquín Garrigues Walker en sus oficinas de la Sociedad de Estudios Libra. La primera dificultad que nos planteaba radicaba en quién debería hacer tal convocatoria, pues en ningún caso sería el SECED. Garrigues apuntaba hacia Armero, con ascendiente sobre posibles invitados y a quien encantaría el encargo, poniendo a disposición su chalé de Pozuelo. Iba a intentarlo, pues él mismo no quería cargar sobre sus espaldas la responsabilidad de la convocatoria, por si le tildaban de «colaboracionista». También citó el nombre de Areilza, aunque lo desechaba para esa función, pese a su alto nivel de relaciones. El segundo aspecto era la selección de invitados, en un número total no superior a cuatro militares y otros diez civiles. Y fueron saliendo nombres de posibles candidatos. Tuvimos la sensación de que a Garrigues no le hacía muy feliz la asistencia de líderes de elevada preparación intelectual, como Silva, Fraga, Cabanillas…, que podrían superar la capacidad dialéctica de los representantes de la oposición. El tercer punto de reflexión era el «modus operandi». Consideraba Garrigues que había que convocar un lunes para el jueves siguiente, de modo que no hubiera tiempo de que la gente lo divulgase. Era indispensable exigir la máxima reserva y si, a pesar de todo, trascendía la noticia, se suspendía inmediatamente la reunión, que se planteaba a base de una cena temprana con larga sobremesa.

Aquel mismo jueves 25, consulté a Calvo-Sotelo el montaje de tal reunión con idéntico objetivo. Le pareció una idea estupenda, difícil, para la que ofrecía su casa y su gestión personal para animar a la concurrencia que se determinase. Un buen anfitrión le parecía Areilza, también Armero. De los posibles asistentes, Calvo-Sotelo iba desgranando nombres y dándoles su personal calificación para esta aventura. De los democristianos bastaría con Osorio que era quien manejaba los hilos. Álvarez de Miranda era más idóneo que Ruiz-Giménez. Muy fiable, tenaz y sin esquinas era Oreja. De entre los miembros de FEDISA destacaba a Cabanillas. Gente variada estaría deseando sentarse alrededor de una mesa. De los catalanes, Pujol y Trías eran los más representativos. A Garrigues habría que convencerle para que entrase ya en el juego; vendría encantado a estas reuniones. Camuñas hablaba bien y se movía mucho. De la USDE, nada de nada, y, más a la izquierda, Tierno y Morodo, que tenían talla pero no representaban mucho. En total no debería sobrepasarse la cifra de una docena de asistentes. Más era inmanejable. Terminaba ofreciéndome pensar en algunos empresarios, aunque eso era «harina de otro costal con la que hacer otro pan».

Unos días más tarde, el lunes 29, aprovechando un almuerzo con Cantarero, le hablamos de la misma posible iniciativa; le parecía muy oportuna, como todo lo que representase un acercamiento del poder a la oposición moderada. Ofrecía su total cooperación, siempre que el montaje resultase tan discreto que nadie pudiera culparle de «colaboracionista». Se prestaba a gestionar la asistencia de Miguel Boyer y de Revilla, socialista santanderino. La posibilidad de que asistiesen algunos directivos del SECED le parecía de gran interés para los concurrentes.

A la vista de la buena acogida del proyecto en los variopintos grupos de la política extraoficial, en la dirección del Servicio se pensó también en organizar una reunión informal e informativa con ejecutivos sobresalientes de la banca, las finanzas y la empresa en general para cambiar impresiones sobre temas políticos de alto nivel y de cara al futuro, en busca de criterios y sugerencias. A tal variante se le dio el nombre interno de Operación Empresario, en el convencimiento del elevado valor informativo que podrían tener tales encuentros discretos, que no secretos. La intención inicial era reunir a personalidades que no tuvieran en aquel momento especial relación con la Administración y que pudieran dar juego en un futuro relativamente inmediato, para lo cual se elegirían empresarios con el máximo conocimiento de la situación económica, pero también con ideas claras sobre las grandes opciones políticas. Si procedía, podría ofrecerse el montaje al presidente del Gobierno para que pudiese contar con opiniones directas y reservadas de algunos dirigentes.

Pues bien, el 10 de octubre se iniciaron las consultas con Villar Mir, con el que intercambié criterios sobre una lista de posibles invitados. En ella se incluían, al menos, los siguientes: Sánchez Asiain, presidente del Banco de Bilbao; Leopoldo Calvo-Sotelo, consejero delegado de Explosivos Ríotinto; Benjumea, presidente de Explosivos; Carvajal, director general del Banco Urquijo; Escámez, presidente del Banco Central; Botín, presidente del Banco de Santander; Coronel de Palma, gobernador del Banco de España; Durán, consejero delegado de Dragados; López-Bravo, presidente de SNIACE y Fuentes Quintana, economista. Vio que una parte de estos personajes eran incompatibles unos con otros; algunos más aficionados a la política y menos empresarios; otros muy interesantes para tratarlos a solas, pero no en grupo. De ese modo, los comentarios de Villar sirvieron para que la lista inicial quedase homogénea y sin distorsiones.

Opinaba que para mantener la indispensable reserva no debería sobrepasarse la media docena de invitados, aunque la confidencialidad nunca estaría asegurada, claro. Las invitaciones se formalizarían de palabra y de presente, para evitar alarmar a los políticos del momento. No sería necesaria una exposición sobre el Servicio, que ya conocían. A los invitados les bastaría saber que sus sugerencias podían ser de utilidad al presidente del Gobierno, para afrontar con acierto los problemas actuales y futuros. Se convocaría a los posibles concurrentes con una antelación de quince días, con una especie de «orden del día» con indicación de los asuntos genéricos a tratar, tales como transición, prensa, asociaciones, reforma fiscal, política exterior, etc., para buscar soluciones a los grandes problemas políticos, que encierran siempre un contenido económico. A la reunión había que darle la importancia y tono que requería el nivel de los convocados, y los anfitriones del SECED no debían pasar de cinco, incluido el propio director Valverde, cuya figura era sobradamente conocida como «longa manus» de Arias Navarro para estas cuestiones. El almuerzo se celebraría en la sede del Servicio por razones obvias de reserva. De este primer encuentro se pasaría a organizar formalmente reuniones del presidente con personalidades de ámbitos diferentes, como se acostumbraba en otros países occidentales. Se extendería la presunta Operación Empresario a otras como la citada Alfoz con políticos o dirigentes de Tácito, Fedisa, Libra, etc. Pero a la gente de la oposición habría que agruparla por ideologías compatibles, si no, todo sería falso, pura conveniencia.

El 5 de noviembre, vino Leopoldo Calvo-Sotelo a visitarnos a Castellana, 5. Pensamos que traía en cartera la reciente desgracia ocurrida en Galdácano por una explosión fortuita. No era ese el tema, pero aprovechó para dedicar unos minutos al previsible aumento de salarios para 1976, en torno al 30 %, lo cual sería con toda probabilidad el desencadenante de una nueva inflación. Tal situación no podría ser corregida de golpe por el Rey en sus primeras semanas de reinado, pues los trabajadores no aceptarían reducciones drásticas de su incremento salarial a tasas del 10 % tras dos o tres años de crecimiento por encima del 30 %. Calvo-Sotelo consideraba una fatalidad la coincidencia de la Transición política con la crisis económica y las dificultades militares en el Sáhara, asegurando que el comienzo de 1976 sería aún más difícil. Pero Leopoldo traía ese día otro asunto como consejero-delegado de ERT: hablar de Miguel Boyer, directivo de Explosivos, debido a un seguimiento acusador que parecía haber llegado hasta el Alto Estado Mayor, por una supuesta intención del mando militar de exigir el despido fulminante de Boyer, dada su condición de socialista reconocido. Calvo-Sotelo aseguraba que Boyer, Jefe del Gabinete de Estudios, era persona muy capaz, aunque de manifiestas actividades en el PSOE. Me consultaba finalmente si él debería trasladarse al «Alto» para dar la explicación pertinente y consideré más oportuno que el Servicio pusiera el asunto en conocimiento del jefe del AEM.

Siguiendo con las referidas Operaciones no parecía necesario ni conveniente incluir en esos almuerzos discretos a miembros del generalato, con los que evidentemente podría organizarse otro tipo de encuentros. Pero debió iniciar el SECED alguna ronda de consultas a mandos de las FAS, pues a mí se me encomendaría trasladar la idea al COR Sáenz de Tejada, jefe del SIBE, quien en entrevista del 4 de octubre me citó los nombres de los generales Ibáñez Freire, Castro San Martín, Lacalle Leloup y Díez-Alegría, como los que podrían aportar criterios políticos y planteamientos de alto nivel. Acaso ellos podrían enjuiciar la conveniencia de una declaración solemne institucional de las Fuerzas Armadas aludiendo al estricto cumplimiento del art. 37 de la LOE y al apoyo incondicional al Príncipe, con lo cual dar tranquilidad al país sobre el futuro constitucional. Había que trasladar la sugerencia al presidente del Gobierno para que la expusiese en la primera reunión con la cúpula castrense y que no se pospusiese hasta la Pascua Militar.

Días después, el 13 de octubre visité por la mañana al TG Díez-Alegría para tratar sobre este asunto. La conversación se alargó un par de horas. Al iniciar el tema de la política general, me espetó algo así: «Antes de nada, dime que ha pasado este verano. Fue Arias a La Coruña y le recluyeron en La Toja. No se habló nada. Se hizo venir al Príncipe al Pazo, lo que no había pasado nunca. Una hipótesis podría ser que Su Excelencia le contase a Su Alteza lo que piensa hacer con él, de cara al tránsito. Pero estoy convencido de que no es así, (…). Yo vi que Arias estaba en la cuerda floja en verano, completamente aislado, en el más completo ostracismo». En aquella conversación me dedicó un largo monólogo a su visión del Ejército, acaso recordando aún la persecución de que fuera objeto en su último puesto de mando, en el AEM. Los términos de su decepción pudieron ser estos según mis notas: «Los últimos cambios en el Ejército son lamentables; aquí no hay nada que hacer. He tenido más cargos y tengo más años que vosotros; he estado más cerca de la fuente de poder que vosotros; he hablado poco y he mirado mucho, y sé bastante del asunto (…). Mellado es el único general de categoría, y no ascenderá. Acuérdate de lo que te digo (…). A Valenzuela no se lo «carga» el Caudillo. Así que lo de Manolo (G. M.) lo siento, porque Mellado es un hombre extraordinario. Yo me entiendo con él solo con mirarle; aunque discrepamos en algunos aspectos. Él es más optimista que yo».

Al hablarle yo de la reciente comida con el teniente general Fernández Vallespín en el SECED, Díez-Alegría me comentaría con cierta sorna que, suponía nos habría dado muchas ideas. Y fue haciendo examen de varios generales: Castro San Martín, Ibáñez Freire, López del Yerro, Gutiérrez Mellado, Vega, Merry, Campano, etc. Y continuaba en un tono de cierta tristeza y desencanto: «Hace unos meses se me quiso proponer para algún cargo honorífico. También el propio presidente Arias me ofreció la presidencia de las Industrias Militares, pero dije que no, porque eso ya entraba dentro de las funciones del Alto y no conseguí nada entonces; con que ahora, con menos atribuciones y más al margen, mucho menos. Arias me comprendió (…). El día del santo del Caudillo, el 4 de octubre, mientras me preparaba el uniforme y unas cruces, yo pensaba: verdaderamente todas mis condecoraciones son anteriores a mi cargo de jefe del Alto Estado Mayor, así que no debí hacer ningún mérito durante mi paso por aquella casa».

Me preguntaba el teniente general por los cometidos y actividades del Servicio con cierta preocupación y le satisfacía saber que los directivos seguían siendo exclusivamente oficiales de los Ejércitos y que tanto plantilla como presupuesto mantenían una tendencia creciente. Se interesó por la persona del director Valverde, haciéndome dos consideraciones puntuales: que estaba excesivamente ligado al presidente del Gobierno y que su bondad y deseos de dar facilidades a todos era incompatible con que «se le tenga por ahí el correspondiente respeto y miedo».

Le expliqué finalmente las líneas generales del almuerzo al que queríamos invitarle en el SECED, y el teniente general sentenciaría: «Esa reunión que me propones es absolutamente inútil. De ella solo podrán salir unos juicios míos que alguien podrá interpretar mal y por eso te digo que no. Yo, por vosotros, iría encantado, pero alguno verá en ello un aspecto conspiratorio: “¿A qué se reunirá este con unos oficiales jóvenes?”. Por tanto, ¿para qué? Arias no tiene carácter suficiente para imponer ninguna decisión. Por eso es completamente inútil que yo dé mi opinión. De modo que lo siento, Juanito. Así que no aceptaré la invitación del SECED ni tampoco organizaré una reunión similar en mi casa sobre esas cuestiones». Lo lamenté profundamente, pero no fui capaz de hacerle cambiar de opinión. El general tenía sobrados motivos para rehusar.

Comentarios sobre el futuro presidente de las Cortes

Como la figura del presidente del Consejo del Reino era determinante en la preparación de la terna de candidatos para presidir el futuro Gobierno de la nación, grupos políticos del Régimen ejercieron su presión para forzar la prórroga del mandato de Alejandro Rodríguez de Valcárcel hasta la primavera de 1976, pese a corresponderle cesar el inmediato 25 de noviembre. Este asunto hervía en los mentideros políticos de la capital de España en aquellas fechas, de modo que la terna para la elección de presidente de las Cortes era, en aquellas últimas semanas de vida del jefe del Estado, asunto destacado en todas las conversaciones que los directivos de la parte abierta del SECED manteníamos entonces con la «clase dirigente». Así, por ejemplo, el presidente de Reforma Social Española, Manuel Cantarero del Castillo, nos hacía el 29 de octubre la consideración de la conveniencia de prorrogar seis meses la actual Legislatura, para dar tiempo a realizar la correspondiente campaña electoral.

El 5 de noviembre, Leopoldo Calvo-Sotelo me diría que a su juicio don Juan Carlos no debería confirmar al mismo tiempo a Rodríguez de Valcárcel y a Arias, ni tampoco prescindir de ambos, resultándole claro que, de mantener a uno de los dos, el Príncipe preferiría a ese último. Así que había que pensar en un nuevo titular de las Cortes con imagen de renovación, con juventud, entusiasmo y espíritu emprendedor, alguien que no se pareciese a los exministros cuyos nombres circulaban. Del grado de acierto de su designación dependería la vida nacional en este primer periodo del tránsito que iba a iniciarse, ya que a tal personaje correspondería presentar a S. M. el Rey la terna para presidente del Gobierno de la Monarquía. También el día 7 de aquel mes, en almuerzo al que el comandante Faura, jefe del Gabinete de Acción Psicológica (GAP), y yo mismo, asistíamos invitados por Joaquín Garrigues Walker y Antonio Fontán, estos líderes demoliberales apuntaban una solución para las Cortes un tanto desconcertante viniendo de ellos: «Un candidato joven, emprendedor y con garra: Rodolfo Martín Villa». El día 10 de noviembre, Villar Mir me daba como segura, según círculos muy autorizados, la candidatura de García Hernández, a quien consideraba una de las mejores cabezas del Gobierno y especialmente preparado para una función parlamentaria de talante moderno. Aludiría también a la salud del jefe del Estado, a la interinidad del mandato del Príncipe de España y a la tranquilidad que reinaba en el país, ambiente de calma con el que se afrontaría el tránsito y que valoraba como un bien inestimable.

Andrés Reguera Guajardo, Secretario General de CAMPSA y miembro de la Unión Democrática Española (UDE), nos diría el 13 de noviembre que la elección era una cuestión fundamental que habría de resolver el Príncipe, quien, por inédito, hacía imprevisible cualquier decisión, si bien cabía imaginar que, si la elección de presidente de las Cortes se producía aún en vida de Franco, S. A. R. le sería fiel. La baraja que desplegaba Reguera era amplia: Rodríguez de Valcárcel estaba quemado para continuar otra legislatura en una etapa muy singular; García Hernández era buen parlamentario, voz muy autorizada y escuchada en las Cortes, inteligente y «suficientemente azul»; Fernández-Miranda era hombre competente y con peso en la Zarzuela, pero solitario y de pocas simpatías; y seguían en la lista Antonio Oriol, López Rodó, Licinio de la Fuente, López-Bravo, etc., a quienes daba escasas posibilidades por diversos motivos.

Por aquellas mismas fechas, en el entorno próximo a José M.ª Areilza se consideraba, en cambio, segura la continuidad de Rodríguez de Valcárcel, por su capacidad de adaptación a las circunstancias y porque la mayoría del Consejo del Reino tenía tinte azul, con fuertes apoyos de Girón, Pinilla, Fernández de la Mora, Labadíe, etc. Se aseguraba que el Príncipe no quería intervenir en el juego del Consejo del Reino y que la nueva Legislatura no tenía aún interés político, pues los procuradores serían elegidos por el sistema tradicional del Régimen, razón por la que había que ir preparándose para la XII Legislatura, que ya sería lógicamente de elección democrática.

Dos días más tarde, quizá como consecuencia de la entrevista que hiciéramos a Reguera, Federico Silva quiso verme para darme su propia versión de la actualidad política. En conversación de casi tres horas de duración sacó el tema del «presidente de las Cortes». Estos fueron algunos de sus comentarios. Lora Tamayo, vicepresidente del Consejo del Reino le había contado la antevíspera, que tenía preparada una terna para elevarla al Príncipe, integrada por Rodríguez de Valcárcel, Valdecasas y Silva, para que saliera elegido el primero, motivo que aprovecharía Silva para referirme una frase anecdótica que le dijera Carrero Blanco años atrás: «Allí tiene que ir el que tiene que ir; y después un par de nombres más: el marqués de la Valdivia y el carajo de la vela». Pues bien, Silva se prestaba a ser, en último término, «el carajo de la vela», pues no tenía el menor interés en consumir y esterilizar sus próximos años en la presidencia de las Cortes, cuando su mayor obligación era organizar la Democracia Cristiana española, dentro del Régimen, con visión de futuro, labor que iba a exigirle las veinticuatro horas del día y, por tanto, ocupación no compatible con dirigir la Cámara legislativa. Silva Muñoz pasaba de largo, sin comentarios, por las candidaturas de Rodríguez de Valcárcel y de Fernández Miranda. De García Hernández, compañero suyo de carrera, todo eran alabanzas, si bien le calificaba de hombre dubitativo, pero que en las Cortes haría un buen papel. También consideraba necesaria la prórroga de la Legislatura en un par de meses para dar tiempo a preparar las elecciones y a que las asociaciones políticas pudieran participar en ellas. La ya próxima muerte de Franco era razón suficiente para que no sorprendiera a nadie tal prórroga.

Unos días después, el 19 de noviembre, Leopoldo Calvo-Sotelo me aseguraría que el criterio mayoritario de las Cortes, incluido el del interesado, apuntaba al cese reglamentario de Rodríguez de Valcárcel, y daba nombres que se rumoreaban para sucederle: López Rodó, Cabanillas, Castiella, Silva, Areilza e incluso Fernández-Miranda, si bien este gozaba de escaso apoyo entre los procuradores. Pero sí pensaba Calvo-Sotelo que el Consejo del Reino, fuera cual fuese su próximo presidente, debería meter en terna, al menos a dos figuras políticas importantes y viables, de diferentes estilos y tendencias, de modo que el Príncipe pudiera elegir confortablemente; no sería de recibo, apuntaba Calvo-Sotelo, proponerle una terna de «don Fulano y un par de piernas», que supondría imponer a S. A. R. un nombre concreto, sino meter en la terna dos hombres importantes que representen tendencias, dentro de lo admisible, como por ejemplo Pío Cabanillas y Federico Silva, pero en ningún caso Ruiz-Giménez ni Girón.

Un año más tarde, el Día de Difuntos del 76, Luis M.ª Ansón me haría la confidencia de que en el otoño de 1975 Gregorio López-Bravo iba a ser designado presidente de las Cortes, relevando a Rodríguez de Valcárcel. Al mismo tiempo estaba previsto elevar a la jefatura del Gobierno al TG Luis Díez-Alegría, anterior jefe de la Casa Militar del Generalísimo, todo ello como respuesta a las fuertes presiones del Régimen y de la milicia para acabar con la debilidad de Arias Navarro frente al terrorismo. La firmeza con la que Ansón aseguraba tales extremos no dejaba espacio a la incredulidad. Finalmente, fue elegido Torcuato Fernández-Miranda, quien había sido preceptor del Príncipe y del que «el Rey admiraba la maestría con la que dominaba los formalismos del poder y la Administración», según comenta Ricardo de la Cierva apuntando quizá a un interés de la Corona en aquella designación.

Comentarios sobre el futuro presidente del Gobierno

Pero ya los comentarios se extendían, antes del fallecimiento del Generalísimo, a elucubrar sobre el presidente del Gobierno de la futura Monarquía. El último segundo jefe de la Casa Militar de SE el jefe del Estado, general de Aviación José Ramón Gavilán y Ponce de León[114] revivía en sus Memorias (redactadas en 2005 por Jorge Fernández-Coppel) aquellos acontecimientos sobre los que giró la historia de España en 1975. Una de las aportaciones más reveladoras es la conciencia del Caudillo de la equivocación que había cometido al designar a Arias Navarro para presidir el Ejecutivo. «Este Arias ha sido un error, no acabará el año como presidente del Gobierno», afirmaría el Generalísimo ante el general Gavilán y algunos familiares.

Consideraba Cantarero, el 29 de octubre, que Arias debería continuar, si bien planteando una minicrisis en el Gabinete, y predicaba la conveniencia de situar a Areilza al frente de la política exterior. Pero para Cantarero, lo verdaderamente importante era que se asegurase el orden con autoridad y que, tras uno o dos años de rodaje de las asociaciones, se procediese a la elección democrática de un nuevo Gobierno en base a los hombres que hubieran destacado en el juego político. Calvo-Sotelo me manifestaba tener pocas dudas sobre la continuidad de Carlos Arias en Presidencia, al menos durante una primera fase, con objeto de evitar las dificultades que supondría meterse en un cambio radical en tan crucial momento. La extrema gravedad de Franco impedía de algún modo pensar sosegadamente en lo que habría de venir después, en tanto no se cumpliesen las previsiones sucesorias. Idéntica impresión nos haría llegar Reguera el día 13 de noviembre, al que parecía más conveniente la continuidad de Arias por quedarle menos tiempo, por ser más simple el mecanismo de su relevo y por hacerse más notorio su posible desgaste en el Gobierno. Arias debía afrontar el tránsito y la iniciación del cambio y, naturalmente, consolidar la Monarquía; después ya vendría lo demás. Pero en el caso de que Carlos Arias no fuera designado, las alternativas que estudiaba la UDE eran Areilza y Díez-Alegría (Manuel), si bien este general «no entusiasmaba mucho» a la asociación democristiana.

A Federico Silva, en el largo encuentro del día 15 de aquel mes, también le resultaba lógica la continuidad de Arias, aunque la entendía solo hasta el final de su mandato, lo cual debería decretarse así explícitamente. No sería justificable una prolongación de unos pocos meses, en los que ya no habría tiempo para una remodelación del equipo de gobierno, cuestión que se venía pidiendo a gritos. Para unos meses no habría hombres disponibles. De ahí que Silva hubiera aconsejado días antes al Príncipe la continuidad de Arias. Y me explicaba sus propios criterios sobre la política de información que requería un cambio radical. A su juicio, la situación interna no podía ser peor: Televisión Española, infiltrada por el comunismo; Radio Nacional, mucho más; las editoriales y el mundo del espectáculo, sin control y absolutamente «marxistizados» y con muchos intereses económicos por medio. De todo ello, Silva iba dando ejemplos y referencias concretas, algunas sobrecogedoras. Terminaría la conversación con alguna referencia a La Zarzuela: a don Juan Carlos le bastarían unos pocos hombres de confianza, buenos conocedores del mundo económico, del político, del exterior y del protocolo; hombres inteligentes, pero sin afán de protagonismo, y sin necesidad de grandes montajes administrativos.

De fuentes próximas a Areilza nos llegaban el 12 de noviembre noticias sobre su febril actividad política en aquellas semanas, recibiendo múltiples visitas de líderes de diferentes grupos del espectro nacional. Había hablado incluso en varias ocasiones con el Príncipe, barruntando el conde de Motrico que, si solo dependiese de una decisión de la Zarzuela, él sería nombrado presidente del Gobierno, en cuyo gabinete integraría a Fraga como ministro de la Gobernación y vicepresidente primero; a Pérez Escolar en Justicia; al general Díez-Alegría en Exteriores; a López Rodó en Hacienda; al general Gutiérrez Mellado en Defensa; a Garrigues en Presidencia; a Cabanillas, como ideólogo de la reforma, al frente de un «consejo de juristas», etc. Entre las novedades que al parecer pretendía Areilza se incluían el desdoblamiento del Departamento de Gobernación en dos nuevos ministerios, Seguridad e Interior, y la creación de un Servicio Nacional de Inteligencia integrado por el SECED y los servicios de información del Alto Estado Mayor, Guardia Civil y Dirección General de Seguridad. Areilza confiaba en su propia suerte, pues Arias Navarro le había asegurado días antes no desear continuar al frente del Gobierno «ni atado», una vez fuera proclamado Rey don Juan Carlos, con un tope máximo de un mes. En cualquier caso, parecía que Motrico contaba al menos con ser ministro de Asuntos Exteriores, con Arias o sin él.

En entrevista el 7 de noviembre con Joaquín Garrigues y Antonio Fontán, trataban estos de conocer la posibilidad de un presidente militar, algo que nos pareció irreal y no deseable en las Fuerzas Armadas, aunque ellos discrepaban con nuestra afirmación. Preguntaban in extremis si acaso Gutiérrez Mellado tendría esa opción y respondimos que ni siquiera él. Era cuestión de principio y cuanto más valioso fuera el general, más necesario resultaría reservarlo para la propia institución militar. En cambio, opinaban que había que recluir a las Fuerzas Armadas «en los cuarteles» y prescindir de los militares que ostentaban la condición de procuradores en las Cortes, que no tenían representación alguna de los Ejércitos. A Garrigues y Fontán les preocupaba la actuación de las FAS en un futuro inmediato, tras la sucesión, pese a nuestra insistencia de no apreciar en el ámbito castrense la menor intención de protagonismo. Pero no era fácil convencerles; insistían en el hecho de que todo el mundo preguntaba precisamente por las Fuerzas Armadas, y no por lo que harían o dejaran de hacer las Cortes, la Iglesia o el Movimiento. Nuestros anfitriones liberales aprovechaban para ponderar mucho el gesto del Príncipe de viajar a El Aaiún, lo cual había caído muy bien en los ambientes nacionales en los que ellos se movían, considerando a don Juan Carlos como un perfecto militar que trataba de identificarse y apoyarse cada vez más en el Ejército. En cuanto al siguiente presidente del Gobierno, consideraban los contertulios liberales que Arias tenía más posibilidades que ningún otro, si se trataba de una solución interina y no de continuidad. No se mostraban nada partidarios de la candidatura de Fraga, cuya figura política se había deteriorado, según ellos, con la serie de artículos publicados en ABC, enfrentándose a varios sectores del país. Sabían que había enviado al Príncipe un enorme dosier sobre su proyecto político para la nueva etapa.

Tres años después, nos aseguraría Guillermo Luca de Tena, en cena de 20 de diciembre de 1978, que el Príncipe de España, en el otoño de 1975, le consultó sobre posibles figuras presidenciables. Los que pudo ofrecer a S. A. R. fueron desestimados por diversas razones y entre los que tenía en lista don Juan Carlos figuraba el teniente general Gutiérrez Mellado.

8
LA OPERACIÓN LUCERO

Uno de los primeros encargos que hizo al SECED el presidente Arias al hacerse cargo del Gobierno tras el asesinato del almirante Carrero fue estudiar las medidas convenientes que habrían de ponerse en marcha cuando ocurriera el óbito del jefe del Estado. Suponía Arias Navarro que el desenlace de la dilatada vida de Franco podría ocurrir precisamente durante el mandato presidencial de cinco años que ahora iniciaba. Para ello pensaba que el SECED, bajo su directa dependencia, estaba en condiciones de planificar, sin prisa pero sin pausa, todas las actividades que correspondieran al Gobierno de la nación —bien ejecutándolas, bien coordinándolas— y, entre ellas, muy particularmente, todos los actos oficiales que hubieran de celebrarse con tal motivo, desde el homenaje popular, honras fúnebres e inhumación de los restos del Generalísimo, hasta la jura y proclamación de don Juan Carlos de Borbón como nuevo Rey de España.

Carlos Arias tenía fresco el recuerdo del lamentable espectáculo del entierro de Carrero Blanco, y ello evidenciaba la necesidad de contar con planes adecuados para evitar urgencias, precipitaciones y dramatismos nada deseables, si se querían mantener la paz ciudadana y el orden social en España. Las elevadas cotas de sorpresa y estupor alcanzadas con ocasión de aquel funesto magnicidio, el 20 de diciembre anterior, no exculpaban los niveles de improvisación que se detectaron en tantos aspectos. De ahí que el recién investido presidente —hasta entonces responsable de Gobernación— meditase sobre aquellos dramáticos momentos, hiciera balance de los graves riesgos a que habían estado sometidas las altas autoridades nacionales y extranjeras que acudieron al entierro y tomase la decisión de salvar el vacío existente en cuanto a dispositivos y disposiciones a tener en cuenta. Debió de parecerle injustificada la carencia de planes concretos en diversos ámbitos de la Administración del Estado, lo que obligaba a acelerar la resolución del problema a la vista de la avanzada edad de Francisco Franco.

Hacia finales de enero, el director del SECED recibió del presidente del Gobierno la orden de recopilar y estudiar todas las disposiciones que fuera necesario aplicar cuando se presentase una grave enfermedad del jefe del Estado y, en todo caso, cuando llegase el proceso de sucesión. Durante la época de Carrero, habíamos hablado y pensado sobre ello en el Servicio Central de Documentación, pero no había llegado de Presidencia la voz ejecutiva. Al fin, el día 2 de febrero, fui convocado a una reunión con el director Valverde, quien iba a encomendarme la constitución de un equipo para tal finalidad, que trabajase en la sede central con las máximas medidas de confidencialidad y discreción, y así evitar reacciones externas que pudieran desbaratar o entorpecer el estudio, si trascendiera su contenido antes de tiempo.

El trabajo interno, clasificado de secreto, quedó dentro del ámbito de la División de Operaciones, encomendándose su ejecución a un equipo reducido de directivos (los capitanes Atienza Vega, González Soler y Hernández Rovira) que cooperarían estrechamente conmigo a partir de las semanas siguientes. El control de los estudios y recomendaciones sería de la responsabilidad directa del comandante Valverde, director del Servicio. En aquellos años, y ya desde tiempo atrás, la gente temía que cuando muriera Franco, en España iba a ocurrir un desastre. El planteamiento del SECED era el contrario: había que prepararlo todo para que precisamente no ocurriera nada parecido.

Se ponía en marcha el diseño de un plan que más adelante recibiría el nombre de Lucero, para atender a lo que Francisco Medina[115] calificaría como «el mayor acontecimiento que vivirá España en décadas, un fin, en cualquier caso, que traerá un principio de algo muy diferente para todos».

En despacho de Valverde con el subsecretario del presidente, Antonio del Valle, el día 5 de febrero, el director del SECED tuvo la evidencia de que no había la menor previsión a nivel de Gobierno, ni tampoco había sido actualizada la Operación Alfa del Ministerio de la Gobernación, redactada siendo Carlos Arias Alcalde de Madrid, y que apenas era un somero esquema de medidas para aplicar en la capital de la nación en ocasiones extraordinarias. Por su parte, el Alto Estado Mayor tenía diseñada su Operación Ariete, que venía a regular la intervención de las Fuerzas Armadas en caso de grave deterioro de la situación nacional y en tanto se decretara el estado de guerra.

EL PLANEAMIENTO

Había que partir del conocimiento de las citadas Operaciones Alfa y Ariete, de las situaciones que describía la Ley de Orden Público y de las prevenciones vigentes de Actos y Honores Militares, cuyo nuevo Reglamento había sido publicado en Decreto de la Presidencia del Gobierno número 845/1963, de 25 de abril. Su Título IV se refería a «Honores fúnebres» y su Capítulo II, Sección 1.ª, recogía las consideraciones sobre los «Honores al jefe del Estado», que eran tema de nuestro cometido en la incipiente Operación. Otro decreto de Presidencia sobre «Actos Oficiales» regulaba el «Reglamento de precedencias de ordenación de autoridades y corporaciones» (n.º 1483/1968, de 27 de junio).

El referido Equipo de Trabajo fue redactando borradores sucesivos en los que se iban concretando posibles intervenciones de cada departamento ministerial a partir de la noticia de un accidente o postración del jefe del Estado por grave enfermedad, y del seguimiento de la evolución de su dolencia, teniendo además en cuenta las hipótesis más peligrosas de deterioro del orden público nacional. Se trabajó duro en aquellos primeros tres meses con la gran libertad de acción a que nos tenía acostumbrados el director del Servicio; y, finalmente, el 18 de mayo de 1974, Valverde entregaba al presidente del Gobierno la primera redacción de la que sería bautizada como Operación Lucero, junto con un boceto de carta de remisión al ministro de la Gobernación para que la revisase y completase desde el punto de vista de sus direcciones generales de Política Interior y de Seguridad. En el mismo despacho, Arias Navarro proporcionaría al CTE Valverde, un ejemplar de la Operación Ariete, que el Alto Estado Mayor tendría que revisar para adaptarla al caso de una grave enfermedad del Generalísimo.

Con el paso de los meses se fueron produciendo sucesivos documentos, clasificados siempre de secreto o máximo secreto, con destino al presidente del Gobierno, al jefe del Alto Estado Mayor y a S. A. R. el Príncipe de España. En algún momento se extendería su remisión a los tres ministros militares, al de la Gobernación y al presidente de las Cortes —que lo era a su vez del Consejo del Reino y del de Regencia—, y al Jefe de la Casa Militar de Su Excelencia. Más adelante, los documentos confeccionados alcanzarían a otros ministros —Asuntos Exteriores, Información y Turismo, etc.— hasta que en fechas ya próximas al fatal desenlace, la lista de destinatarios alcanzó a varias decenas de autoridades.

Pero aclaremos ahora que los contactos con personalidades del máximo nivel no se iniciaban hasta que resultaba indispensable incorporarlos a determinados trabajos y decisiones. De ahí que los preparativos iniciales, los estudios en los primeros meses, resultasen muy laboriosos por la extrema confidencialidad que se nos exigía, pues resultaba evidente que la divulgación de nuestros trabajos con antelación innecesaria hubiera producido en la sociedad española manifiesta intranquilidad, y en los grupos políticos y económicos, movimientos de ventaja para tratar de alcanzar posiciones preferentes de cara al futuro. En esta fase inicial de trabajos internos de planeamiento de la Operación Lucero, el SECED tuvo que ampliar su labor con la tarea de estudiar y coordinar las numerosas y complejas actuaciones que tendrían que desarrollar otros organismos para hacer frente a posibles situaciones críticas cuando se cumpliesen las previsiones sucesorias, eufemismo con el que comúnmente se evitaba citar el fallecimiento del Caudillo.

El diseño de la Operación Lucero fue progresivo, como ya he dicho, por la sencilla razón de que la imaginación de los componentes del Equipo de Trabajo no alcanzaba a vislumbrar, en el primer momento, la enorme cantidad de aspectos y facetas que habría de desarrollar después. Se estudiaron las posibles intervenciones de las Fuerzas Armadas y las de Orden Público, las del ministerio de Asuntos Exteriores y las de los Servicios de Información, de los medios de comunicación social y de la jerarquía eclesiástica, y de otros tantos y tantos seguros partícipes con los que aún nos estaba vetado contactar. Teníamos que idear, por ejemplo, dónde podría ocurrir el fallecimiento y en qué época del año, y dónde habría de ser enterrado el cadáver del jefe del Estado, pues cada alternativa previsible traía en consecuencia planes diferentes de actuación. Por fortuna, el despacho del director Valverde con el presidente Arias era muy fluido y se le podían trasladar con regularidad las incógnitas que debía resolver el poder, al tiempo que manteníamos permanentemente informado al jefe del Ejecutivo de nuestros «progresos».

No resulta fácil determinar la fecha del bautizo de la Operación ni a quién se debe la paternidad de su denominación. Cuando a comienzos de 2004, el escritor Francisco Medina me asaeteaba a preguntas sobre este particular, no podía responderle más que con vagos recuerdos que el tiempo difumina e incluso puede tergiversar. En su libro transcribe mis palabras: «Lo de Operación Lucero se pone, digamos, más adelante (…); ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, porque lo primero que teníamos que hacer era enterarnos de qué iba aquello (…). ¿Y por qué se llamó Lucero en realidad? Pues las estrellas de los generales no son estrellas, son luceros de cuatro puntas». También alguien recordó que en el himno de la Falange, el Cara al sol, se hacía referencia a «los luceros», y que había una canción que decía: «Franco tenía un caballo con un lucero en la frente». La verdad es que el nombre no tenía otra explicación, pero sonaba bastante bien y, a partir de una determinada fecha, empezamos a encabezar los documentos con aquel apelativo.

Cuando quedaban unos días para el óbito de Franco, un periódico de Rabat, publicado en francés, explicaba así el título de Operación Lucero: cuando ocurriese el fallecimiento del Generalísimo, en el parte de noticias de Radio Nacional, en vez de la sintonía de siempre, se pondría un disco de la entonces tan popular Lucero Tena. Fantasía de una imaginación calenturienta. Curiosamente el periodista Carlos Fernández Santander —coruñés, huérfano de artillero—,[116] hacía una brevísima alusión a la grave enfermedad del jefe del Estado, y tras comentar la hemorragia gástrica que padeció el 26 de octubre, añadía textualmente: «Se pone en marcha la “Operación Luciérnaga”, con intervención del Ejército y de las Fuerzas de Seguridad, y destinada a mantener el orden interno en caso de que el dictador falleciese». El libro se publicaría siete años después de la muerte de Franco, pero el autor no debió recibir la información oportuna y correcta sobre aquella Operación. Tampoco recogió dato alguno del Servicio de Presidencia, pues la actuación del SECED no era la del Ejército-institución al que se refería su libro, aunque sus componentes, entonces, fuésemos militares.

Descomunal tarea la de planear la Operación Lucero, cuyo objetivo era tan evidente como irresoluble la incógnita de la fecha y lugar del acontecimiento. Me cita Medina en una frase que, al releerla, la encuentro repleta de la enorme inquietud de entonces: «Acabamos teniendo casi dos años de tiempo para realizar toda aquella operación, pero podría haber muerto Franco tres años más tarde, o también al día siguiente de que nos pidieran que trabajáramos en ello. Afortunadamente todo se inició aún con tiempo».

Los grandes interrogantes

Citaré un aspecto que al Equipo de Trabajo nos inquietaba desde el primer momento: la duda de si existía alguna disposición testamentaria por la que el propio Generalísimo hubiera establecido dónde deseaba ser enterrado, o incluso si la familia tenía alguna previsión para ello. Era entonces poco prudente acercarse a los más próximos con esta cuestión; no queríamos que la Operación trascendiese al ámbito familiar y menos al propio Franco. Pero el marqués de Villaverde, una vez informado de nuestra tarea, se enfadó bastante. Le parecía que no debíamos empezar a especular con la vida de su suegro. Recientemente, en conversación privada con la duquesa de Franco, en el Pazo de Meirás el 7 de agosto de 2015, me aseguraba que su padre no dejó disposición alguna sobre su enterramiento ni recordaba que tal asunto hubiese sido comentado jamás en familia. Nunca había oído que tuviera previsto ser sepultado en El Pardo, en Meirás, en el Tercio de la Legión o en el Valle de los Caídos, conjeturas que nos hacíamos en Presidencia al inicio de la Operación Lucero, de la que ella tampoco tenía ni la menor noticia.

Tuvimos la conciencia clara de que la decisión sobre el enterramiento era un tema que correspondía al presidente del Gobierno. Arias nos dijo algo así como: «No hay que consultar nada a la familia, porque el que se muere no es don Francisco Franco sino el jefe del Estado, y al Jefe del Estado se le va a enterrar donde nosotros digamos, salvo que hubiera dejado el propio Franco algo dispuesto». Pronto se pudo obtener del presidente Arias su conformidad a nuestra propuesta: que el lugar para la inhumación de los restos del Generalísimo fuese precisamente el Valle de los Caídos, tras haber consultado nosotros oportunamente a la comunidad benedictina de Cuelgamuros. Nos parecía la mejor de las alternativas que se barajaban. No supimos referencias directas sobre conversaciones del presidente con doña Carmen Polo sobre ese particular, pero tuvimos siempre el convencimiento de que la familia del jefe del Estado aprobaba tal sugerencia o al menos permitía que se eligiese el enterramiento más idóneo. De ese modo quedó resuelto con firmeza uno de los elementos fundamentales en el planeamiento de la Operación, para seguir avanzando en otros aspectos. En ese encuentro con Carmen Franco en el verano de 2015 me contaría una conversación de su madre con el presidente Arias en la que este le puso de manifiesto que en el sepulcro que el Estado dispusiese para el Generalísimo no podría ella ser un día sepultada, por lo que resultaba oportuno pensar en una tumba en el cementerio de Mingorrubio, El Pardo, como así se llevó a efecto en la cripta de la capilla.

El profesor y académico de la Historia, Luis Suárez Fernández escribió numerosos artículos sobre la sepultura del Generalísimo. Siendo presidente de la Fundación Francisco Franco, aseguraba en ABC el 10 de abril de 2005, que aquella basílica «no se construyó pensando que fuera a ser el mausoleo de Franco; fue una decisión del último momento (…). La verdad del Valle ahora se falsea». El monumento, perteneciente al Patrimonio Nacional, como las casi mil cuatrocientas hectáreas de Cuelgamuros, se había empezado a construir en 1940 y fue inaugurado por el Generalísimo el 1 de abril de 1959, XX aniversario del final de la Guerra. «La obra se adjudicó por concurso público al arquitecto Diego Méndez y al gran escultor Juan de Ávalos, que no tenían vinculación especial con el Régimen, y a la empresa Huarte, que llevaría a cabo las grandes tareas. Fundamentalmente los pueblos de alrededor proporcionaron maestros canteros». En su «Tribuna Abierta», de ABC del viernes 2 de noviembre de 2007, se recoge la siguiente rotunda afirmación: «El Valle no fue pensado como tumba de José Antonio o de Franco. El fundador [de la Falange] estaba inhumado en El Escorial (…). Franco había comprado para sí mismo un panteón en El Pardo, pero en horas inmediatas que precedieron a su muerte se decidió el cambio, siendo el propio Rey [entonces Príncipe de España] quien firmó el documento dirigido al abad».

Quizá Suárez no tuvo noticia de que ese «cambio» hubiera sido decidido casi dos años antes.

En línea con lo dicho por el profesor Suárez, me contaba Juan de Ávalos García–Taborda, el 5 de mayo de 2004, en su taller-archivo —dos años antes de su muerte— que de joven había sido profesor de dibujo y escultura en la Escuela de Bellas Artes, y después de la Guerra, pese a haber combatido en el bando nacional, fue considerado «no afecto» y perdió su trabajo. Hacia 1945 tuvo incluso que marcharse a Portugal para rehacer su vida como profesor. Regresó a Madrid a comienzos de los cincuenta para participar en una exposición, con una figura de combatiente llevando en brazos a un caído. El general Franco se fijó en ese grupo escultórico y el marqués de Lozoya impulsó al artista a presentarse a un concurso, ya relacionado con el Valle de los Caídos, que finalmente ganó. Después, sería recibido en El Pardo durante casi una hora para cambiar impresiones sobre los temas que habría que reflejar en el proyecto del monumento, y me aseguraba Ávalos haber comentado con Franco que era bueno recordar a los caídos de ambos bandos, pues en los dos hubo héroes y miserias[117].

Me recordaba el COR Emilio Atienza, en el verano de 2005, una visita que hizo, acompañado del entonces capitán José González Soler —ambos del Equipo Lucero—, unas semanas antes del fallecimiento de Su Excelencia, al Abad Fray Luis María de Lojendio, para confirmarle los actos que tendrían lugar en la basílica del Valle, con gran extrañeza del mitrado al escuchar que el óbito podría estar próximo y ya previstos, por las primeras autoridades de la nación, los actos que se le explicaban. Ambos oficiales salieron muy impresionados del afectuoso trato del Abad en aquella larga visita, de la que años después, en declaraciones públicas, haría una expresa referencia a aquel grato encuentro con dos miembros del Servicio.

Un segundo aspecto en los prolegómenos de la Operación Lucero era la rendición de honores al cadáver y el desfile de la población ante el féretro: el Palacio de Oriente sería el lugar elegido, ámbito en el que podrían resolverse satisfactoriamente los numerosos problemas de protocolo y de asistencia masiva de público.

Quedaba como tercera faceta el diseño del desfile fúnebre y traslado de los restos hasta Cuelgamuros. Desde meses antes ya estaba planeado un primer recorrido sobre armón de artillería tirado por caballos y al inicio de la carretera de La Coruña traspasar el féretro a un vehículo de ruedas: digamos que un entierro a la antigua usanza; casi de reglamento. Pero el recorrido suponía subir la cuesta del Paseo de Moret desde el entronque de la calle de Ferraz hasta Moncloa, y los especialistas desaconsejaron enseguida que aquel tramo empedrado pudiera ser salvado por un tiro de caballos con el enorme peso de un armón: preveían el grave riesgo de que las caballerías resbalasen y se produjese un accidente o un espectáculo de insospechadas y dramáticas consecuencias. La alternativa de subir por la Plaza de España desde Bailén tenía entonces idéntica dificultad, por lo que hubo que decidir utilizar un vehículo militar que portase el féretro, prescindiendo del armón reglamentario. No había unanimidad en esta elección, pues era evidente que desmerecía respecto a los armones tradicionales contemplados en numerosas fotografías de entierros oficiales nacionales de primer nivel. Siempre se había desechado cualquier otro medio funerario civil, pensando en la personalidad del jefe del Estado como Generalísimo de los Ejércitos por lo que hubo que decidirse por un camión PEGASO modelo 3050 del Ejército de Tierra, considerado como el material más moderno, ligero y adecuado de cuantos figuraban en sus plantillas. Sería prolijo relatar los complicados pasos hasta encontrar la solución que permitiera acoplar el féretro al camión. No fue sencillo adaptar la carrocería ni menos aún mantener tal transformación con la debida reserva. La operación técnica fue encomendada a un comandante del CIAC apellidado Obispo, lo que daría lugar a curiosas confusiones en mensajes y conversaciones[118]. La coordinación para salvar todas las dificultades de ajuste del ataúd al vehículo quedó a cargo del entonces capitán de Artillería, SEM, José González Soler, miembro del Equipo de Trabajo de la Operación Lucero.

Las primeras directivas

Pronto se redactó la Directiva n.º 1, que llevó fecha 14 de mayo de 1974, y en la que se contenían las primeras instrucciones tendentes a conseguir un Plan General que contemplara las sucesivas decisiones a tomar para resolver los problemas y situaciones que se presentasen, no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino también de la aplicación del orden institucional y del protocolo.

Los primeros folios escritos estaban aún repletos de interrogantes, como es fácil de imaginar, sobre conceptos que correspondían a Gobernación, a los Ejércitos o a otros campos de la Administración del Estado, como Información o Exteriores, hasta que resultó ya indispensable redactar un primer documento oficial que fuera suscrito por el propio presidente del Gobierno. De ese modo, otros organismos podrían proponernos soluciones a problemas concretos. Y todo ello sin que pudiera trascender el verdadero objeto de cuanto se planeaba, pues —como avancé antes— representaba un alto riesgo que se precipitase la divulgación de los trabajos en marcha. Esa labor de meses llegaría hasta el verano de 1974 en que la respuesta a las consultas más acuciantes había permitido al presidente Arias dar órdenes casi definitivas para la Operación, de modo que las alertas estuvieran encendidas en cualquier situación de emergencia o de viajes del jefe del Estado.

Dada la proximidad de las vacaciones oficiales, se reconoció la conveniencia de disponer de un plan reducido y urgente que garantizara un mínimo de éxito en su desarrollo, en el caso de que hubiera de ser puesto en ejecución en pleno periodo vacacional. Con este objeto se preparó la Directiva n.º 2, de fecha 9 de julio, en la que, además de perfeccionar algunos conceptos de la Directiva n.º 1, se darían las primeras normas sobre lo que debería ser un Plan de Urgencia. El comandante Valverde ordenó preparar inmediatamente el estudio de detalle de las medidas a tomar en caso de fallecimiento del jefe del Estado. El asunto recaía de lleno en las funciones del SECED, por la delicada situación que podía desatarse en caso de no controlarse un recrudecimiento de la actividad subversiva, y por la inexistencia de planes concretos en la Administración. Los urgentes preparativos constituyeron un importante entrenamiento del SECED en este nuevo tipo de coordinación de la maquinaria oficial. A medida que avanzaba la Operación se iba produciendo un efecto inducido de orden y tranquilidad en los escalones más altos de la Administración —incluidas las Fuerzas Armadas— en momentos en que se empezaban a percibir síntomas de inquietud. De esa especie de ensayo general se extrajeron conclusiones que permitirían perfeccionar y completar un sinfín de detalles, tanto a nivel nacional como regional y provincial. La importancia que en aquellos momentos se concedía a las tareas de la OCN y del AEM aconsejó que ambos organismos se plantearan la redacción de dos Operaciones paralelas propias, que recibirían los nombres de Relámpago y Trueno respectivamente.

TROMBOFLEBITIS Y TRASPASO DE PODERES

Habíamos sabido en junio de 1974 que ya, al término del Desfile de la Victoria, el Generalísimo advirtió a Fuertes de Villavicencio, segundo jefe de su Casa Civil, que no podía subir al automóvil por dificultades en una pierna. Varios de su entorno más cercano le ayudaron sin que fuera percibida tal circunstancia. Esa tarde entregaba los premios de Hípica en el Club de Campo en buenas condiciones físicas. Sin embargo, al día siguiente sufría serias dificultades en su mano izquierda así como un intenso temblor en la mandíbula inferior. La salud del jefe del Estado empezaba a ser motivo de gran preocupación. Se abría el verano con los primeros asesinatos de agentes del orden, que, pese a su gravedad, quedaron difuminados por la noticia de la tromboflebitis del jefe del Estado. El episodio de la pierna derecha aparecido en el cuadro clínico de Franco fue más grave de lo anunciado.

Así lo relata Laureano López Rodó[119]: «El martes día 9 de julio, Franco, antes de salir de El Pardo hacia la clínica, llamó al presidente del Gobierno y al de las Cortes y les dijo que prepararan el decreto para que asumiera sus funciones el Príncipe porque “es el principio del fin”. El miércoles día 10 le llevan el decreto. El jueves, el Príncipe le pide que no lo firme: “Usted, mi General, conserva sus plenas facultades mentales. Yo no quisiera dar la impresión de que tenga prisa. Cuando sea el momento, espero sucederle como Rey y que usted lo vea”. El Príncipe habló el viernes 11 con Arias y Rodríguez de Valcárcel para disuadirles de la firma del decreto. Les dice que por delicadeza hacia Franco no debe dictarse (…). Esta duda interpretativa sirvió para dar largas al asunto (…). El Príncipe no quiere exponerse al desgaste de la interinidad, especialmente si esta llega a prolongarse (…). La Zarzuela inspiró un artículo de Emilio Romero publicado en la primera página de Pueblo, en el que trataba de demostrar la improcedencia del traspaso interino de funciones (…), aunque no le falta cierta razón a Arias cuando dice que se incumple la Ley Orgánica del Estado (…), como también la Ley de 14 de julio de 1971».

Del embajador Oyarzábal es el texto siguiente: «La flebitis, calificada sin importancia, acabó (…), en una hemorragia intestinal que le llevó al borde de la muerte (…). El súbito agravamiento del general Franco cogió al presidente almorzando en un restaurante próximo a Castellana, 3, acudiendo inmediatamente a visitarle. De regreso al despacho, su lacónico comentario fue: «Al Caudillo le quedan horas». Por primera vez nos encontrábamos ante lo que eufemísticamente se habían llamado «las previsiones sucesorias», una situación entre esperada y temida, pero que finalmente aún tardaría un año y medio en producirse».

La recepción del 18 de julio en La Granja hubo de ser presidida por los Príncipes de España en una situación algo confusa. López Rodó nos sigue contando: «El 19 de julio de 1974, a las cuatro de la madrugada, Franco tuvo una hemorragia que se reprodujo a las ocho y media de la mañana. A su ayudante de servicio, Urcelay, le dijo Franco: «Está de vuelta, me la temía desde ayer” (…). Ante el agravamiento de la enfermedad de Franco, Arias se pasó el día en la clínica, y el Consejo de Ministros de ese viernes, día 19, lo presidió el vicepresidente primero y ministro de la Gobernación José García Hernández (…). Ese mismo día, Franco tenía que suscribir la Declaración conjunta hispano-norteamericana, que firmaba el presidente Nixon desde los Estados Unidos. Arias trató de ver si el Generalísimo estaba en condiciones de hacerlo. El médico de cabecera, Vicente Gil, se opuso terminantemente y dijo a Franco con su rudo lenguaje habitual: «¿No tiene usted un sobrero? Pues que firme él». Y Franco se decidió a hacer la transmisión de poderes a favor del Príncipe (…). Por tanto, el 19 de julio, el Príncipe asumía interinamente la jefatura del Estado (…). El 30 de julio Franco abandonó la Residencia Sanitaria que lleva su nombre y regresó al palacio de El Pardo».

Arias celebraría, además de sus visitas al hospital otras consultas; por ejemplo, con los militares, con quienes trataría de los avatares de la situación. Cuenta Vicente Roa[120], que el 21 de julio Arias presidió la Junta de Defensa Nacional por segunda vez en pocos días y que el día 30 Franco dejaba el hospital. La asunción interina de la jefatura del Estado por Su Alteza Real fue acogida en la opinión pública con sensación de general alivio y en la prensa se discutía la conveniencia de la transmisión definitiva de poderes: en el diario YA, el grupo Tácito se manifestaba a favor, el diario PUEBLO lo hacía en contra.

Y el 9 de agosto S. A. R. presidía en El Pardo el primer Consejo de Ministros y el 30, otro en el Pazo de Meirás. Pero el día 2 de septiembre la Hoja del Lunes daba el parte de curación clínica de Francisco Franco y Arias enviaba en carta desde Salinas (Asturias) el preceptivo mensaje al presidente de las Cortes, comunicándole que el jefe del Estado decidía reasumir sus poderes. Idéntico mensaje enviaría el presidente del Gobierno al Príncipe de España. Relata Vicente Roa que la medida no fue bien acogida, ni entre los refractarios al sistema ni en los indiferentes, ni en el seno del franquismo militante, que deseaban para Franco un justo retiro. Tampoco en las Fuerzas Armadas; según Roa: «su respetuoso silencio destilaba como un deje de defraudación (…). Su Excelencia ha decidido recuperar las funciones que interinamente desempeñaba Su Alteza Real (…), y Arias ha estado bien en su decisión de poner en marcha los mecanismos legales, enfrentándose a lo más eximio del bunker (…), y ofreciendo un decidido apoyo a la figura del Príncipe». Algunos medios políticos habían esperado que la transmisión de poderes resultase definitiva; pero el Generalísimo, transcurrido el verano, los reasumió el 5 de septiembre, al parecer a impulsos del marqués de Villaverde. Arias era más bien partidario de que el relevo en la jefatura del Estado se llevase a efecto en vida de Franco, pero no era esa la opinión de varios de sus ministros.

De nuevo transcribimos las referencias que ofrece Oyarzábal en su Opera prima: «Forzado por la necesidad de firmar una prórroga al Acuerdo vigente con Estados Unidos, Franco había accedido a ceder parte de sus atribuciones como jefe del Estado al Príncipe, que de esta forma adquiría, siquiera parcialmente, un cierto protagonismo en la escena política nacional. En su nueva y ambigua situación, don Juan Carlos se había visto sometido a la vergonzosa obligación de desplazarse hasta el Pazo de Meirás para presidir un Consejo de Ministros bajo la sombra tutelar del Generalísimo. Y a la llegada al aeropuerto de Alvedro ya se había producido el primer incidente al olvidar el marqués de Villaverde el trato debido en público a quien, al margen de otras consideraciones históricas, ostentaba en aquel momento la representación de la primera Magistratura del país. En este ambiente, Carlos Arias, después de transmitir al jefe del Estado la queja y seria advertencia del Príncipe por este incidente, había mantenido una larga conversación —más bien monólogo— con aquel y había salido convencido de haber logrado aplazar indefinidamente una eventual recuperación de los poderes cedidos a don Juan Carlos.

»Por ello cuando el presidente nos comunicó, a pie de avión que le trasladaba a Asturias, la conclusión de su entrevista con Franco, sentimos todos —incluidos Pío Cabanillas y Tomás Allende— renacer nuestras esperanzas en el devenir inmediato de la situación. ¡Qué gran ingenuidad! Esa misma noche, el marqués de Villaverde llamaba por teléfono a Carlos Arias y, tras darle cuenta del último parte médico sobre la recuperación del paciente, le ordenaba, sin más, que comunicase al presidente de las Cortes, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, que su suegro asumía desde ese instante todos los poderes omnímodos que habían caracterizado desde siempre a su jefatura del Estado. El presidente apenas si pudo empezar a balbucear alguna duda sobre el sentido de esta «instrucción», y ya Franco en persona ratificaba las palabras de su yerno con voz cada vez más temblorosa y lejana. De un golpe volvíamos así a sumirnos en la triste situación de un Gobierno paralizado (…). Arias montó en cólera».

EL PLAN DE URGENCIA

La alarma producida por la súbita hospitalización de Su Excelencia el jefe del Estado reforzó la necesidad de acelerar un Plan de Urgencia, del que se redactó un primer borrador el 16 de julio, el cual, ante la mejoría reconocida en la mañana del día 19, fue considerado como operativo por la Presidencia del Gobierno en esa misma fecha. La tromboflebitis del Generalísimo permitió al Servicio experimentar las disposiciones previstas en el planeamiento de la Operación, lo cual constituyó no solo un formidable entrenamiento de la musculatura Lucero en los diversos órganos de la OCN (Organización Contrasubversiva Nacional, integrada en el SECED) sino también una estupenda prueba de fuego que sorprendería gratamente en las estructuras oficiales implicadas.

Durante aquel verano de 1974, como prevención y dentro del esquema de la Operación, se mantuvo un estrecho contacto con los departamentos ministeriales que podrían tener algún tipo de responsabilidad. Cabe destacar el enlace diario del director del SECED con el ministro de Jornada, que acompañaba al jefe del Estado en todos sus viajes fuera de Madrid. A tal ministro se le había proporcionado un maletín con la Operación Lucero y un radioteléfono con secráfono —al que por su volumen denominábamos «la caja de zapatos»—, con el que pudiera establecer comunicación con Arias Navarro en caso de necesidad. El SECED facilitó igualmente secráfonos al Príncipe y al presidente del Gobierno en sus respectivos lugares de veraneo. El ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, instaló su «Puesto Avanzado» de la Operación en el Hotel Finisterre de La Coruña, al que acudimos en varias ocasiones Valverde y yo, que veraneábamos en la costa gallega. La Operación quedaba abierta indefinidamente, tras un rodaje satisfactorio.

El presidente Arias había firmado, el día 27, los ejemplares secretos del Plan de Urgencia para un reducido número de destinatarios, conocedores o directamente implicados en la Operación Lucero: entre ellos los tres ministros militares y el jefe del Alto Estado Mayor, el vicepresidente 1.º del Gobierno, como ministro de la Gobernación, y sus directores generales de Seguridad y de la Guardia Civil, así como el ministro de la Presidencia y el subsecretario técnico del presidente.

El Plan constaba de 18 folios, más la lista de destinatarios y un Anexo con Instrucciones al Excmo. Sr. Ministro de Jornada. El primer capítulo, Situación, se iniciaba con unos Antecedentes del siguiente tenor: «Siendo tan imprevisible como inevitable el momento en el que se cumplan las previsiones sucesorias, es preciso contar con los planes necesarios en los que se recojan cuantas medidas de carácter general deban tomarse y cuantas instrucciones convenga dar a las autoridades que tengan que cumplimentarlas (…). Este “Plan de Urgencia” actual tendrá vigencia hasta la aparición del “Plan General” completo y detallado de la “Operación Lucero” previsto en la Directiva n.º 1».

Seguía el Plan con una referencia a la Posible actuación de la subversión y continuaba con los Niveles de acción subversiva definiendo, ante posibles acciones de grupos subversivos, las sucesivas situaciones de menor a mayor gravedad, a fin de decidir posteriormente las medidas a tomar. El resumen de esas situaciones podría ser el siguiente: A) Presunción de desórdenes en breve plazo; B) Aparición de tensiones, paros, tumultos, etc.; C) Aumento alarmante de desórdenes públicos, e inicio de la intervención de las Fuerzas Armadas en determinados servicios públicos y protección de establecimientos. Estas tres primeras situaciones estaban consideradas como de alerta. La D) daba lugar al estado de excepción, declarable mediante decreto-ley, y la E) al estado de guerra, al rebasar la gravedad de las alteraciones las posibilidades de dominarlas por la autoridad civil. Como decía el Plan de Urgencia, «no cabe duda de que un elemental criterio de prudencia política aconseja limitar y reservar aquellas medidas de control excepcionales a los casos de un acusado y notorio atentado de la paz y convivencia nacional». Una vez acordado por el Gobierno y promulgado el correspondiente decreto-ley, precisaba la comunicación inmediata a las Cortes. La misión del Plan de Urgencia era la misma de la Operación Lucero, con los objetivos siguientes para el caso de fallecimiento del jefe del Estado: «Garantizar el cumplimiento de las previsiones sucesorias, mostrando la firmeza del orden institucional y evitar cualquier entorpecimiento en el desarrollo normal de la vida del país, tanto en lo referente a la seguridad del Estado como al orden público».

A continuación venía el capítulo de Líneas de Acción, marcándose a título indicativo varios grados. El grado 1 (blanco) correspondía a la situación «A» y en él las Fuerzas de Orden Público habrían de adoptar diversas medidas, entre ellas constituir permanentemente un órgano operativo y asesor en cada Gobierno Civil; los Ejércitos, por su parte, restringirían los permisos especiales, reforzarían guardias e intensificarían la información del personal ante posibles infiltraciones subversivas. El grado 2 (amarillo) correspondía a la situación «B», y en él las FOP suprimirían toda clase de permisos y preverían la intensificación del control y vigilancia de las fronteras, el hostigamiento sobre grupos subversivos, etc. En los Ejércitos también se suprimían los permisos y se ordenaba tener prevista la aplicación eventual de la ley básica de Movilización, en determinadas prestaciones de carácter técnico.

El grado 3 (verde) se emparejaba con la situación «C». A las Fuerzas de Orden Público se les exigía ya la localización y detención de los principales elementos subversivos y el control de los medios de difusión, entre otras medidas; y a las Fuerzas Armadas, el refuerzo del municionamiento, la seguridad de instalaciones, la aplicación de movilizaciones y la preparación de apoyo eventual a las Fuerzas de Orden Público. El grado 4 (azul) era el estado de excepción. Las disposiciones de las FOP se desprendían del Capítulo III de la Ley de Orden Público, intensificándose el control y la vigilancia. A los Ejércitos se les ordenaba mantener acuartelado un porcentaje de efectivos que determinaría la superioridad y numerosas previsiones de distribución de equipo de campaña, raciones, combustibles, municiones, etc., así como refuerzos a las FOP, previa orden superior, e incluso preparar la ejecución de ejercicios y maniobras con fines disuasorios o preventivos. Por último, el grado 5 (rojo) era el estado de guerra, en el que la autoridad militar asumiría el mantenimiento del orden, previendo incluso la ocupación de poblaciones, puertos, etc.

El Plan de Urgencia continuaba con unas Normas de ejecución precedidas de unas Consideraciones generales, que puntualizaban entre otras cosas lo siguiente: «La convalecencia de Su Excelencia el jefe del Estado, al ser dado de alta, puede desarrollarse en el Palacio de El Pardo, en Galicia o en otro lugar del territorio nacional. Por lo tanto, la circunstancia que contempla este “Plan de Urgencia”, es decir, el óbito o extrema gravedad del Caudillo, caso de producirse en el periodo mencionado, pudiera tener lugar en cualquiera de los sitios señalados o bien en los viajes o desplazamientos regionales e incluso a bordo del yate “Azor”, si la vuelta a la normalidad de la vida de Su Excelencia lo permitiese». Y seguía: «La “Operación Lucero” basa sus planteamientos en el criterio de trasladar al Palacio de El Pardo el cadáver de Su Excelencia con la mayor rapidez, seguridad y discreción posible, si el fallecimiento se hubiera producido fuera de su residencia habitual en Madrid. En el caso de una grave enfermedad de Su Excelencia fuera de Madrid, durante la temporada estival, es de suponer su internamiento en un centro hospitalario próximo al lugar del suceso, cuyas disponibilidades clínicas merecieran suficientes garantías. Tan pronto como su estado lo permita se procederá a su traslado a Madrid. En cualquiera de las hipótesis formuladas (…) fuera de Madrid, corresponderá al Ministro de Jornada la responsabilidad de la comunicación inmediata de la noticia al presidente del Gobierno y del traslado del cadáver de Su Excelencia a Madrid, de acuerdo con las instrucciones que se acompañan a este “Plan de Urgencia”, como Anexo».

Otro apartado del Plan era la Comunicación de la noticia y órdenes iniciales. Según las disposiciones que se preveían, el presidente del Gobierno, al conocer la noticia y a la vista del asesoramiento que recibiese, decidiría el «grado» de la medida a tomar, reservándose personalmente la comunicación del óbito a S. A. R. el Príncipe de España y al presidente de las Cortes. Inmediatamente Arias Navarro ordenaría a su subsecretario técnico transmitir la noticia a las autoridades ejecutantes, así como el «grado» dispuesto. Este alto cargo de Presidencia lo comunicaría a los ministros de Gobernación, Ejército, Marina y Aire y al jefe del Alto Estado Mayor. Asimismo, transmitiría la noticia a los de Asuntos Exteriores e Información y Turismo, que habrían de poner en marcha sus propios planes especiales, y al ministro de la Presidencia para que lo hiciera saber a los demás miembros del Gobierno y altas jerarquías de la nación. Dicho subsecretario lo pondría oficialmente en conocimiento del director del SECED para que este convocase con la máxima urgencia al equipo de trabajo de la Operación Lucero. A todas las primeras autoridades de referencia se les ordenaría incorporarse urgentemente a sus despachos oficiales en Madrid.

De elevado valor para los sucesivos planes era el contenido de la Cronología prevista entre el día D y el D+4. El día D, fallecimiento del jefe del Estado, el ministro de Justicia, Notario Mayor del Reino, redactaría el acta oficial a los efectos prevenidos en el artículo 7 de la ley de Sucesión. Consecuencia inmediata del óbito era la asunción automática de los poderes de la jefatura del Estado por el Consejo de Regencia y el cese de la eficacia de la suplencia del Príncipe de España. Previa autorización del presidente del Gobierno, la Casa Civil de SE comunicaría el fallecimiento a los medios informativos, y el Ministerio de Información y Turismo la ulterior intervención del presidente del Gobierno en Radio Nacional y Televisión Española. Ese mismo día, el Consejo de Regencia decretaría la convocatoria conjunta del Pleno de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, para el D+3, sesión en la que recibirían el Juramento del Príncipe y se procedería a la proclamación de Rey. A su vez, el subsecretario técnico del presidente reuniría a representantes de las Casas Militar y Civil de Su Excelencia, del mando militar al que correspondiesen los honores fúnebres y a otros de los Ministerios de Información y Turismo y Asuntos Exteriores, Ayuntamiento de Madrid y Jefatura Superior de Policía. Se especificaba el siguiente detalle: «Independientemente de la hora a que ocurra el hecho, está previsto que el cadáver de Su Excelencia se traslade al Palacio de El Pardo tan pronto como sea posible, donde se organizará una capilla ardiente provisional, a la que tendrán acceso exclusivamente durante ese día, los familiares íntimos».

Para el día D+1 se programaba una misa corpore insepulto en el Palacio de El Pardo, de carácter privado, a la que habrían de asistir únicamente los familiares de Su Excelencia, los Príncipes de España, los consejeros de Regencia y del Reino, los miembros del Gobierno y amistades más próximas, a determinar por las Casas de Su Excelencia. En el Salón del Trono del Palacio de Oriente, la Sección de Actos Públicos del Ministerio de Información y Turismo (MIT) haría los preparativos de la capilla ardiente. Ese día aparecería en el BOE un decreto del Consejo de Regencia declarando luto nacional de treinta días y disponiendo las honras fúnebres, suspendiendo espectáculos públicos hasta después del entierro y se declararían inhábiles a todos los efectos los días D+3 (Proclamación del Rey) y D+4 (Entierro del Caudillo). Se publicaría en prensa el Plan de circulación y aparcamiento en la zona del Palacio de Oriente, para los días D+2 y D+3. El Ministerio de Hacienda dispondría el cierre de Bolsas y operaciones con moneda extranjera desde el D+1 al D+4. El de Exteriores cursaría invitaciones a las primeras autoridades de países amigos y representaciones diplomáticas, previstas en el Plan Especial por ese Ministerio para asistencia a los actos programados el D+2 y D+3. El de la Presidencia programaría turnos de vela ininterrumpida desde las 08.00 del D+2 hasta las 10.30 del D+4. Y así una serie de instrucciones para otros organismos oficiales, empresas públicas, etc.

En la madrugada del D+2 se trasladaría el cadáver de Su Excelencia desde El Pardo al Palacio de Oriente, en furgón con escolta motorizada del Regimiento de la Guardia de Su Excelencia, donde quedaría instalada la capilla ardiente antes de las 8.00 horas de la mañana, entrando en vigor el Plan de Silencio de la Zona hasta mediodía del D+4. La prensa publicaría normas para el homenaje póstumo del pueblo ante el cadáver, que se iniciaría esa mañana a las 8.00 horas, y anunciaría los actos de Jura y Proclamación del Príncipe como rey de España en el Palacio de las Cortes a las 18.00 horas del día siguiente. Se iniciaría el montaje del altar en la plaza de Oriente y las instalaciones para la retransmisión de los actos; en tanto que, por el Ministerio de Asuntos Exteriores se atendería la recepción de misiones y delegaciones extranjeras.

Continuaba el D+3 el homenaje popular ante el cadáver de SE, y el Consejo de Regencia decretaba, previa deliberación del Consejo de Ministros, promover al Príncipe de España al empleo de capitán general de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. Quedaba recogido en la cronología, el detalle de los actos en las Cortes: llegada de los Príncipes en automóvil, recorrido con carrera cubierta por fuerza militar, rendición de honores, celebración del pleno, juramento y mensaje del nuevo Rey, previsión de autoridades asistentes, etc. A su término, los Reyes rendirían homenaje a los restos de SE y asistirían al Te Deum solemne de acción de gracias en la basílica de San Francisco el Grande.

El D+4 aparecería en el BOE el decreto por el que se dispondría la amnistía de las penas de grado que hubiera sido propuesta con anterioridad al presidente del Gobierno por los ministros de Justicia, Gobernación y de los tres Ejércitos, con motivo de la exaltación del Príncipe don Juan Carlos a la jefatura del Estado, a título de Rey. A las diez de la mañana, se celebraría la misa corpore insepulto en la Plaza de Oriente y a continuación se iniciaría el «desfile del cortejo por Bailén, Pintor Rosales y Paseo de Moret hasta el Arco del Triunfo, de la Moncloa, donde se despedirá el duelo hacia el mediodía (…). Desde allí, en columna motorizada y una vez trasladado el féretro desde el armón de artillería a un vehículo militar, o cambiando su tiro, según el sistema que se emplee, el cortejo se trasladará por la carretera de La Coruña hasta el Valle de los Caídos». Se preveía la terminación de las exequias hacia las 14.00 horas de ese día. Además, en las capitales de provincia se celebraría una Misa similar por el alma de Su Excelencia a la que habrían de asistir todas las autoridades de la provincia.

En el capítulo dedicado a Distribución de misiones, el Plan de Urgencia comenzaba con esta consideración firme: «Corresponde al presidente del Gobierno la dirección de la Operación Lucero». En otro párrafo se decía que «dispondrá de un Estado Mayor de la Operación compuesto por las siguientes personalidades: jefe del Alto Estado Mayor y subsecretarios de la Gobernación, Asuntos Exteriores e Información y Turismo, además de su propio subsecretario técnico (…). Este Estado Mayor dispondrá, como órgano de trabajo, del equipo de trabajo de la Operación, compuesto por el director general jefe del SECED y personal del mismo». Y se citaban a continuación las misiones encomendadas a las autoridades ejecutantes.

Se cerraba el Plan de Urgencia con unas Normas de coordinación en relación con la seguridad y con el protocolo. Unidas alPlan se enviaban unas Instrucciones al Excmo. Sr. Ministro de Jornada cerca de Su Excelencia el Jefe del Estado; cinco folios sencillos que permitían cierta tranquilidad a quien cumpliese esa misión, sobre todo, en las vacaciones estivales, misión que consistía fundamentalmente en «mantenerse en contacto con los familiares de Su Excelencia, con los jefes de sus Casas Militar y Civil y con los médicos que le atiendan, para estar continuamente informado del estado de salud del Caudillo y poder, a su vez, informar al presidente del Gobierno». Pero también en «poner en conocimiento de las autoridades que se citan posteriormente el fallecimiento de Su Excelencia el jefe del Estado, tan pronto como se produzca, o su extrema gravedad, así como el grado de alerta ordenado por el presidente del Gobierno». Y, naturalmente, «prever y ejecutar, en su caso, el traslado del cadáver de Su Excelencia al Palacio de El Pardo, de acuerdo con lo que se establece en las presentes instrucciones».

Al ministro de turno se le proveía de una relación de teléfonos, constantemente actualizada, para poder comunicar con el presidente Arias, y un listado de los radioteletipos cifrados (Sistema TAC) instalados en las Jefaturas de Zona de la Guardia Civil, tres de ellos próximos al Pazo de Meirás (La Coruña), Palacio de Ayete (San Sebastián), y residencia veraniega de Arias Navarro en Salinas (Asturias). Estaba previsto que, en caso de traslado del jefe del Estado a otra localidad distinta, se instalaría un TAC en sus inmediaciones. En última instancia el Ministro de Jornada usaría el Servicio de Telégrafos, enviando un mensaje convenido. En el caso de tener que establecer comunicación desde el yate Azor, se haría a través de la Estación Radio del Estado Mayor de la Armada (E. R. E. M. A.).

El ministro de Jornada habría de convocar a determinadas autoridades[121] en el lugar donde se hallase el cadáver de Su Excelencia, para comunicarles personalmente el desenlace o extrema gravedad y el grado de alerta ordenado por el presidente, y coordinar las actuaciones para el traslado del cadáver a El Pardo. En el apartado dedicado al Desarrollo de acontecimientos se ordenaba que, en cualquiera de las hipotéticas localidades en que ocurriera el fallecimiento, el cadáver de Su Excelencia sería trasladado en primer lugar a su residencia (Meirás, Ayete, u otra…), debiendo determinarse el aeropuerto más próximo desde el que se realizaría su transporte a Madrid por los medios aéreos puestos a disposición por el Ministerio del Aire. Desde el punto de llegada a Madrid que se dispusiese, los restos de Su Excelencia y séquito serían trasladados a El Pardo en helicóptero. El Plan de Urgencia añadía un Anexo II, circulado el 1 de agosto, con la lista de todo tipo de direcciones y teléfonos de veinticinco personas directamente implicadas en la Operación Lucero, empezando por el presidente y cinco ministros, y acabando por el Equipo de Trabajo del SECED. La relación incluía a los enlaces de los tres ministerios militares que resultaron de particular ayuda en todos aquellos meses.

El general Alfonso Armada[122] comentaría años más tarde: «Después del verano (de 1974) en Presidencia del Gobierno se ha advertido, durante la crisis, que no existe un plan conjunto y coordinado de los distintos Ministerios para el momento de la transmisión de poderes, que podría ser circunstancia propicia para alteraciones de orden público y pérdida de control de las instituciones. Se crea entonces una comisión de los Ministerios y organismos interesados (Casa de Su Alteza Real, Ministerios de Asuntos Exteriores, Ejército, Marina y Aire, del Interior y de Información y Turismo, Alto Estado Mayor) que, bajo la dirección de Presidencia, prepara las órdenes de la llamada Operación Lucero. Este trabajo fue muy detallado y preciso. Terminaba con los actos de coronación del rey y el entierro de Franco; no se contemplaba que la vida del Estado había de seguir, solo se daban normas muy generales para los días sucesivos». (No he hallado referencias a esta Comisión Interministerial organizada tras la crisis del jefe del Estado para «preparar las órdenes».

La secuencia cronológica de los actos principales y el detalle de los mismos serían revisados progresivamente a lo largo del año y medio que aún quedaba hasta el óbito del Generalísimo: la posible actuación de la subversión, nuevas hipótesis sobre el fallecimiento del jefe del Estado, la redacción de los Planes Especiales de Asuntos Exteriores y de Información y Turismo, (Ministerios que aún no habían sido plenamente incorporados al restringido club de la Operación Lucero), los contactos con las Casas Civil y Militar de Su Excelencia —casi sin iniciar oficialmente hasta el momento—, la revisión de los honores, la composición del Estado Mayor de la operación, etc. Pero el trazado general se mantuvo, lo que facilitó no poco la programación exhaustiva de infinidad de detalles. Sobre esa malla era sencillo tejer el Plan que se llevaría a cabo con éxito a finales de noviembre del año siguiente.

LA OPERACIÓN RELÁMPAGO

El 14 de marzo de 1975, se pudo dar ya a conocer la Operación Relámpago a los delegados regionales del Servicio que acudían a Madrid, convocados para una reunión general. En una nota de la Secretaría General del SECED se explicaban las razones que justificaban la Operación: disponer de un procedimiento operativo normalizado ante situaciones de anormalidad, fijar las acciones de la OCN en el marco de la Operación Ariete del AEM, que regulaba la intervención del Ejército en caso de deterioro de la situación interna, y establecer normas de actuación de la OCN en el ámbito de la Operación Lucero. Añadía la nota que «el proceso es coherente con lo establecido en la Orden Secreta de 26 de febrero (1975), y en su desarrollo se pone especial énfasis en las relaciones a mantener con la Autoridad Militar, así como con las civiles». Como el carácter secreto de la Operación Relámpago no hacía aconsejable su difusión, se recurrió a aquella exposición oral ante los directivos con el único objeto de ambientarles para la presentación de las Operaciones Trueno y Relámpago, cuyo objeto era dar a la OCN directrices de actuación y normas de coordinación con las autoridades militares y civiles en situaciones de anormalidad. La dirección y coordinación corresponderían al jefe del Servicio y, por delegación, al jefe de la División de Operaciones (DOP). El Servicio marcó el escalonamiento de su propia Operación, en función de los tres estados fijados por la Ley de Orden Público, y en correspondencia con las tres alertas militares de las operaciones Ariete y Trueno del AEM y con las cinco de la Lucero de Presidencia.

Cuando la «indisposición» de Franco, en octubre de 1975, confirmó la gravedad de su estado, Valverde ordenó pasar de «blanco» a «amarillo», como medida exclusiva del Servicio; y, a partir del día 25, se constituyó en la sede central del SECED, el Centro de operaciones previsto en la Operación Relámpago. Se entraba en una situación comprometida. El propio director expondría, de víspera, en Nota Interior, que «la continuación por tiempo indefinido de la Operación Relámpago, sin que sea previsible deducir su final, por otro lado irreversible, obliga a establecer unos criterios que prevalezcan sobre el cúmulo de noticias contradictorias que nos agobian (…). En líneas generales hay que admitir que se ha roto la confianza en la información oficial (…). La larga duración de la crítica situación y el silencio oficial (…), propician (…), una enorme difusión de bulos y rumores».

Continuaba la nota diciendo que «prevalece el tema de la transmisión de poderes (…), aunque está tremendamente condicionado a la situación del Generalísimo y a su resistencia a cederlos». El análisis de posibilidades que ofrecía el director del SECED consideraba poco probable que el presidente del Gobierno se plantease la posibilidad de intentar obtener del jefe del Estado una transmisión voluntaria, pues si Franco no accedió a ella en la situación de normalidad anterior, «no parecía aconsejable arrancar una firma aprobatoria en los estados de semi-inconsciencia que ahora prevalecían», pues «un planteamiento crudo, aprovechando un corto periodo de lucidez», no solo «estaba contraindicado por la conmoción que pondría su vida en grave riesgo de inmediato final», sino que podría además ser peligrosa para la estabilidad del país, ya que «a determinadas fracciones políticas les parecía un golpe de Estado». El posible planteamiento de la incapacitación legal del jefe del Estado se argumentaba como «larga, difícil y peligrosa maniobra con futuro incierto», pues sería preciso abrir un proceso en el Consejo de Ministros para pasar al Consejo del Reino y a las Cortes, lo que representaba una demora con «demasiados días y demasiados trámites», con riesgo evidente de abrir una división en las filas del Régimen.

Aunque se calificaba la cesión temporal como la solución más viable, tenía el inconveniente —según Valverde— de la «resistencia del Príncipe a volver a la transitoriedad». Era la única solución posible en aquel momento, con muchas posibilidades de convertirse en definitiva, «bien por producirse la muerte del Caudillo o bien por la certeza de la imposibilidad de recuperar las condiciones físicas necesarias para que Franco volviera a ejercer sus funciones», consideración esta que podría inclinar a Su Alteza a adoptar dicha solución «en un plazo de dos o tres días». Fueron seis los que costó convencer a don Juan Carlos de que asumiera la jefatura del Estado. Pero para demostrar que esta vez él no se conformaba con un nuevo formalismo, el día 31 de octubre presidiría el Consejo de Ministros en la Zarzuela y el 1 de noviembre, tras una reunión extraordinaria con la cúpula militar, volaría a El Aaiún para visitar a las tropas desplegadas en aquella zona. ¿Tuvo algo que ver el SECED en esa decisión? Me basta recordar que el COR San Martín, en una de las últimas visitas que le hice antes de su fallecimiento, me reconocía el apoyo fundamental de Valverde para arrancar al presidente Arias tan crítica resolución.

Durante la primera semana de noviembre se estacionó la dolencia de Franco, dentro de la extrema gravedad, para experimentar después diversos altibajos. En igual medida el Centro de Operaciones del SECED se acomodaría sin pasar del nivel «amarillo», pues las tensiones presumidas en los Planes no llegaron a producirse. Entretanto, buena parte de la actividad del Servicio se dedicaba a una intensa acción psicológica positiva a través del Gabinete de Acción Psicológica (GAP), ya más en correspondencia con la Operación Lucero que con la interna Relámpago. A partir de mediados de noviembre, se precipitaría la fase irreversible, que haría inútiles los esfuerzos del equipo médico que atendía a Franco. En la madrugada del 20 de noviembre, se comunicaría el fallecimiento de Franco a todas las Delegaciones, ordenando que se volviera a la situación «amarillo» que se había abandonado. La Presidencia del Gobierno puso en marcha la Operación Lucero y se llevaron a cabo con extraordinario sincronismo todos los actos previstos. Desde el entierro del jefe del Estado a la proclamación del Rey, una significativa normalidad sería el comienzo del tránsito hacia una nueva época. No obstante, el Servicio mantuvo el «amarillo» de su Operación Relámpago hasta el día 23.

EL PLAN GENERAL

El primer boceto que se hace llegar al presidente Arias es de fecha 18 de mayo. Llegado el momento se decide que no puede postergarse por más tiempo una reunión general con todos aquellos que vayan a estar implicados en la Operación Lucero, pues la salud de Franco continuaba su acelerado proceso de deterioro. El lugar elegido para el encuentro fue la propia sede del SECED. La reunión la dirigió Juan Valverde, por delegación del presidente del Gobierno, con representantes de la Casa de Su Excelencia, de los tres Ministerios militares, de Exteriores, de Gobernación, de Información y Turismo (…), y también de la Casa del Príncipe. La sesión se celebró en aquella primavera del año 1975. Allí se expondría la situación ya actualizada y se distribuiría la documentación oportuna. Valverde recordaría la conveniencia de mantener la calificación de «secreto» de cuanto se entregaba y refería, para no levantar el velo de rigurosa discreción que venía aplicándose desde hacía más de un año. Se escucharon nuevas apreciaciones de los representantes y ello permitió enriquecer los documentos de la Operación. Todo había que preverlo, normalizarlo, imaginar emergencias y contingencias, para que las cosas no se fueran de la mano y para que, llegado el momento, no se creara un clima de mayor tensión y confusión, sino todo lo contrario. Solo había un objetivo: que los actos públicos del tránsito se llevasen a cabo en medio de un ambiente social lo más tranquilo posible y que aquellos resultasen con la seriedad y profesionalidad que todos deseábamos.

En conversación de 25 de junio de 2004, me contaba el general Julio de Peñaranda que en la primavera de 1975, siendo capitán de Ingenieros del BMING XII, colaboró en el SECED a media jornada en las tareas de la Operación Lucero. Su recuerdo se centraba en la cantidad de documentos y contactos que allí se manejaban y en la enorme actividad desplegada por el Equipo de Trabajo que fue ampliando su personal y expandiendo su mobiliario por los pasillos de la segunda planta de la sede central. Este capitán apoyaba directamente la labor de Juan Hernández Rovira, quien, por su proverbial afición por el orden de las cosas, tenía a su cargo el control de cuanto se iba haciendo en la Operación. Se acordaba también de una visita realizada el 10 de junio de aquel año, en la que el presidente Arias intercambió afectuosas palabras con quienes trabajábamos en el Sector Político: podíamos estar convencidos de que él estimaba mucho la labor que el SECED estaba llevando a cabo, al mismo tiempo que seguros de que el servicio que desempeñábamos era uno de los más trascendentales.

A partir de entonces, tuvieron lugar numerosos encuentros institucionales. Según me relataría el teniente general Rafael Valenzuela —en larga conversación del día de su pase a la reserva el 16 de febrero de 2005—, en alguna fecha del verano / otoño de1975 el general Armada acudió a la sede central del SECED, acompañado del entonces comandante Montesino–Espartero para tratar de la Operación Lucero, y con intención de añadir a la lista de protocolo la Diputación de la Grandeza y otras instituciones nobiliarias. Me comentaba también que a Pablo Montesino, en Palacio, se le apodaba cariñosamente el Lucero, por ejercer en la Casa de S. A. R. el Príncipe de España de administrador y controlador de cuanto se refería a la citada Operación.

En tales circunstancias y con cuantiosos elementos, un año después del ya explicado Plan de Urgencia, el presidente Arias firmó, la víspera de Santiago de 1975, el Plan General de la Operación Lucero, que fue clasificado de «máximo secreto».

Su contenido

Este Plan Generalse fue encuadernando en tamaño folio vertical, con tapas de color rojo con una banda gualda. El conjunto ocupaba cincuenta y siete páginas a una cara y, aunque los ejemplares previstos en la distribución eran trece, hubo que hacer quince copias más para satisfacer otras necesidades oficiales sobrevenidas. El texto fundamental firmado por Arias Navarro pasaba ahora de dieciocho a veintinueve páginas. En los Antecedentes se añadía que todas las medidas, instrucciones, etc. iban encaminadas a «facilitar la continuidad política de la nación y evitar cualquier entorpecimiento al desarrollo normal de los acontecimientos, tanto en lo referente a la seguridad del Estado como el orden público». Y terminaba explicando: «En el presente “Plan General” se recogen las variaciones que la experiencia de los últimos meses aconsejaba, así como aquellos datos y circunstancias de interés general que figuran en los Planes Especiales de los Departamentos ministeriales participantes en la Operación».

Seguidamente, al tratar el apartado 2. Objeto de la Operación, se añadían, a la misión descrita un año antes, unos conceptos que hablaban de cuán «imprescindible [era] contar a tiempo con la información precisa para evitar que, por desconocimiento de la situación real, las medidas que se tomen resulten inconexas e incluso contradictorias, lo cual podría ocasionar en el país una reacción de inseguridad, peligrosa en extremo». Asimismo «es necesario programar, con suficiente antelación y hasta los últimos detalles, tanto los distintos pasos que pongan en marcha el mecanismo sucesorio legal, como las medidas oportunas encaminadas al mantenimiento del orden público». Y se consideraba que el grado de automatismo de la entrada en funcionamiento de los dispositivos considerados, daría la medida del éxito de la Operación, lo cual pondría de manifiesto la organización, coordinación y eficacia de los órganos del Estado, sensación que serviría al propio tiempo para mantener en la población una imagen positiva de autoridad, previsión, seguridad y madurez del sistema, como así fue.

El Plan General añadía un apartado 3, sobre el Mecanismo sucesorio, con un análisis minucioso de las disposiciones oficiales, «no siendo previsible decisión alguna que cambie los actuales cauces constitucionales». Estudiaba tres hipótesis sobre el hecho biológico del Generalísimo, el primero de ellos el caso de enfermedad. Cabía la posibilidad, aunque no parecía previsible, que el propio jefe del Estado decretase su sustitución temporal o definitiva por el Príncipe de España. La cesión definitiva de todos o parte de sus actuales poderes a S. A. R. no se recogía en la legislación vigente, ni se contemplaba en el Plan General por entender que no sería, por sí misma, motivo para la puesta en ejecución de la Operación Lucero. El traspaso definitivo de la jefatura del Estado, de Franco a don Juan Carlos, siempre se consideró en los ambientes mejor informados como un «desiderátum» que no llegaría nunca a producirse, como una medida que —según se decía— jamás pasaría por la mente del Generalísimo; y, sin embargo, según notas que conservo de una audiencia de hora y cuarto con Su Alteza el 2 de julio de 1975, creí entenderle que Franco tenía pensado entregarle todos los poderes el próximo mes de marzo[123]. Sus palabras hacia el jefe del Estado eran de reconocido afecto y mostraban, a mi entender, que en aquellas fechas el Príncipe se fiaba de él totalmente en las numerosas confidencias que le hacía el Generalísimo Franco.

Una segunda hipótesis contemplaba el caso de incapacidad, que podría ser decretada con arreglo a los requisitos que impone el ordenamiento jurídico vigente, después de los trámites que exigía el artículo 14 de la ley de Sucesión y el artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado y que se transcribían. Pero añadía el texto del Plan General la siguiente apreciación: «Respecto al mecanismo legal para la declaración de incapacidad, parece que su puesta en funcionamiento resultaría, en principio, comprometida. Dada la publicidad que inevitablemente tendría asunto tan trascendental, los plazos de tiempo que requiere su aplicación y las tomas de posición que respecto a aquella decisión adoptarían determinados sectores del país, todo ello podría originar una delicada situación general durante dicho periodo». Advertencia nada superflua en aquellos momentos en que la prudencia política se necesitaba en grandes dosis.

Y la tercera hipótesis era, claro está, la de fallecimiento repentino, en la que había que distinguir, a los efectos de la Operación, entre la muerte natural, el accidente fortuito o el atentado criminal. Pues bien, en esta hipótesis de óbito del jefe del Estado, se seguían igualmente los pasos indicados en la legislación vigente[124].

También resultaba nuevo en el Plan General el apartado 4. Situación, que se iniciaba así: «El estado de salud del jefe del Estado, sus actividades y el lugar en que estos se desarrollen incidirán de forma creciente e indudable en el comportamiento de la sociedad en general y de los grupos de acción política en particular, comportamiento que será factor determinante en la toma de decisiones de la Superioridad, tanto antes como en el momento de ocurrir el hecho y con posterioridad al mismo». La hipótesis de enfermedad o incapacidad permitirían —a juicio de los redactores— la adopción paulatina de medidas e incluso, en cierto modo, una preparación de la situación, amortiguando la brusquedad del tránsito sucesorio; pero la hipótesis del fallecimiento introduciría, en cambio, el factor sorpresa, siendo preciso entonces adoptar medidas que, neutralizando a la oposición, volcasen esa sorpresa a favor de los órganos oficiales. De ahí que según el texto, «resulta indispensable redactar periódicamente un informe sobre los comportamientos y reacciones de los sectores citados sobre los que ejerza la subversión mayores presiones en aquel momento». Se añadía que: «en cada una de las situaciones presentadas, los factores “tiempo” y “sorpresa” jugarán un importante y decisivo papel a la hora de adoptar decisiones y establecer las primeras y urgentes medidas de seguridad en el ámbito nacional. El conocimiento preciso de la evolución de la situación en el país proporcionará a los órganos de Gobierno la capacidad de maniobra que les permita adecuar la Operación a la situación real de cada momento». El apartado 5 trataba de Niveles de acción subversiva, con idéntico título y texto que en el Plan de Urgencia; y en el 6 se desarrollaban las Líneas de acción, en paralelo con lo ya expuesto, si bien incrementando alguna actuación más en los diversos «grados tratados» como el enlace entre autoridades y las prestaciones del Ejército en servicios públicos de carácter técnico. En general, apenas había instrucciones nuevas para las Fuerzas de Orden Público y sí muchos detalles para los Ejércitos, particularmente en lo referido a permisos, medidas de seguridad, control del personal, etc.

En las actuales Normas de ejecución y coordinación (apartado 7), se expresaba un concepto que no figuraba en las anteriores Consideraciones Generales. Dice así: «El Gobierno debe conocer, con prioridad absoluta sobre los demás órganos del Estado, las circunstancias de enfermedad, incapacidad o muerte de Su Excelencia, y será de su competencia la comunicación de la noticia a las restantes autoridades y al país. Para evitar el confusionismo que pudieran provocar noticias inoportunas y tendenciosas, en un momento en que la población, expectante, resultará muy vulnerable, el Gobierno ejercerá un perfecto control de los medios de comunicación de masas para ofrecer al país una información inmediata, continua y suficiente». En el apartado 7.2 dedicado a la Comunicación de la noticia y órdenes iniciales se hacía una expresa referencia al teniente general jefe de la Casa Militar de Su Excelencia como la persona que comunicará la noticia al presidente del Gobierno, salvo que el jefe del Estado se encontrase fuera de Madrid y quedase ese cometido en manos del ministro de Jornada, al que se reservaban Instrucciones específicas en el Anexo II. El resto del apartado era prácticamente igual al del Plan de Urgencia, si bien en el Plan General que estamos comentando se detallan los «indicativos», de acuerdo a los cuales se comunicaría la noticia y las órdenes iniciales.

Otro apartado (7.3) trataba de los Órganos de mando y auxiliares, en modo parecido a como se hacía en el Plan de Urgencia bajo el epígrafe Distribución de misiones: un mínimo Estado Mayor de la Operación, en el que actuaría como jefe el que lo fuera del Alto Estado Mayor, quien a su vez coordinará a los jefes de Estado Mayor de los tres Ejércitos. Tal Estado Mayor disponía de un Equipo de Trabajo, ya citado en 1974, pero del que ahora se dice que «desarrollará las directrices del presidente del Gobierno, le sugerirá posibles previsiones y medidas a tomar y seguirá permanentemente el pulso de la situación, preparando cuantos informes y documentos sean precisos en relación con las circunstancias en que puedan cumplirse las previsiones sucesorias. El Equipo de Trabajo será presidido por el subsecretario de despacho del presidente del Gobierno». Se recuerda al lector que el Equipo estaba constituido por el director del SECED y personal directivo y auxiliar del Servicio. En este nuevo y definitivo documento de julio de 1975, se cita ya una Comisión de Enlaces que habría de constituirse para colaborar con el Equipo en la organización y control de los actos, ceremonias y honores, así como en la coordinación de las comisiones que se constituyesen en los respectivos organismos y entidades (una veintena) más directamente relacionados con la preparación y ejecución de dichos actos públicos.

El capítulo 8. Cronología prevista, se ampliaba e incluso se modificaba el orden y contenido de los actos públicos. Para el día D un nuevo párrafo decía: «Previamente se habrá procedido, por el equipo especialista, al embalsamamiento de los restos mortales de Su Excelencia, en el grado que aconseje el cuadro médico, en función de la duración de los actos hasta su inhumación. El cadáver vestirá el uniforme —no se especificaba de gala— de Capitán General del Ejército». Asimismo, se completaban las indicaciones de honores póstumos.

Entre los aspectos que aparecían ampliados en el día D+1, figuraba la disposición, en BOE, del luto de los cuadros de mando de los Ejércitos a base de brazalete de crespón negro, sobre el uniforme. También hacía una consideración importante sobre la cronología: «En el caso de que el óbito ocurriese en el Palacio de El Pardo antes de las 14.00 horas —o si, sucediendo fuera de Madrid, pudiera efectuarse el traslado de los restos mortales de SE a dicho Palacio antes de esa hora—, los actos programados para los días D y D+1 se integrarán en el día D, con objeto de dar la mayor celeridad posible al trámite sucesorio, con excepción de las publicaciones en el BOE y prensa que aparecerán en el día D+1. En tal caso la cronología prevista quedará reducida en una fecha, anticipándose veinticuatro horas los acontecimientos que se detallan a continuación».

Para el D+2 solo se añadían los honores que debería rendir la Escuadrilla de la 1.ª Región Aérea a las personalidades invitadas que llegasen al Aeropuerto de Madrid-Barajas. En las disposiciones para el D+3 se especificaban las fuerzas que rendirán honores a SS. AA. RR. ante el Palacio de las Cortes Españolas y cómo formarán. Asimismo, se concretaban los honores al Rey a la salida de las Cortes y el desfile ante Su Majestad. En el nuevo calendario desaparecía en esa fecha el recorrido de los Reyes hasta la basílica de San Francisco el Grande para asistir al Te Deum solemne, manteniéndose su traslado al Palacio de Oriente para rendir homenaje a los restos del Caudillo, en su capilla ardiente, desde donde regresarían a la Zarzuela por las calles de Bailén y Princesa. Se especificaban los honores al cañón: tres salvas de veintiún cañonazos, una a la llegada a las Cortes, otra en el momento de la proclamación y la tercera al entrar en el Palacio de la Zarzuela.

La cronología del D+4 estaba centrada en los actos del entierro del Generalísimo, desde el Palacio de Oriente hasta el Valle de los Caídos, y ya se hacía mención expresa a que el traslado del cadáver se haría en un armón de Artillería con tracción automóvil, a lo largo de las calles Bailén y Ferraz y los paseos de Rosales y Moret hasta llegar al Arco de la Victoria, despidiéndose el duelo a la altura del Museo de América. Allí, el féretro sería trasladado a un vehículo militar y, en columna motorizada, seguiría por la carretera de La Coruña hasta la basílica de Cuelgamuros. En este Plan General se incluían numerosos detalles sobre las Fuerzas de Acompañamiento, la Guardia de Honor, los «honores al cañón», descargas de fusilería, etc. Este documento cerraba el día D+4 con una nota de particular interés para este estudio: «Aunque la “Operación Lucero”, como tal, llega a su término con la inhumación de los restos del jefe del Estado, se incluye en el presente “Plan General” una sucinta reseña de los actos de adhesión y homenaje a los Reyes de España a celebrar el día D+7, al objeto de dar idea a las autoridades participantes en la presente Operación, de que, aun cuando fue preciso separar en el tiempo, por razones de sentimiento, la tristeza de los actos mortuorios, del júbilo por la nueva Monarquía, todos los actos programados deben ser considerados como un solo hecho histórico».

El día D+5 debía anunciarse en todos los medios de comunicación social la celebración en la mañana del D+7, de un solemne Te Deum en la basílica de San Francisco el Grande y de diversos actos de adhesión a SS. MM. en el Palacio de Oriente. El Te Deum estaba previsto para las 11.00 horas con asistencia de los Reyes, Gobierno en pleno, altas autoridades, Cuerpo Diplomático, misiones extranjeras y comisiones oficiales. El recorrido de Sus Majestades se haría en coche descubierto y con escolta motorizada, y se les rendirían, frente a la basílica, los honores de ordenanza que se especificaban. El documento redactaba una nota precautoria: «En el caso de que no pudiera celebrarse el Te Deum en la Basílica de San Francisco el Grande, con motivo de las obras que en ella se llevan a cabo actualmente, se utilizará, para dicho fin, la Iglesia de San Jerónimo el Real». Y se describía el recorrido de SS. MM. para tal hipótesis por las plazas de España, Cibeles y Neptuno. A las 12.00 horas SS. MM. presidirían una recepción en el Salón del Trono y a su término, presenciarían desde el balcón principal de Palacio el desfile de las tropas por la calle de Bailén, recibiendo los Reyes, en el mismo acto, el homenaje de adhesión del pueblo español congregado en la plaza de Oriente.

Sin concretar aún fecha, se añadía un D+X para el solemne funeral oficial por el eterno descanso de Su Excelencia el Generalísimo, en San Francisco el Grande, o en el Valle de los Caídos, con asistencia de las primeras autoridades del Reino. El último apartado del Plan General era la Distribución de Misiones, siguiendo el mismo orden de autoridades intervinientes que en el Plan de Urgencia del año anterior. Desaparecían las anteriores Normas de coordinación, pues iban explicitadas a lo largo del nuevo texto, y se añadía, en cambio, una Disposición final sobre la inmediata entrada en vigor del presente Plan General de la Operación Lucero, así como la anulación del Plan de Urgencia y anteriores documentos de dicha operación, debiendo las autoridades destinatarias acusar recibo y notificar haberse procedido a la destrucción de la documentación anulada[125].

Los Anexos

El Plan General incluía además de su propio texto dispositivo, tres anexos: el «Anexo I». Posible actuación de la subversión. «Anexo II». Instrucciones al Excmo. Sr. Ministro de Jornada cerca de Su Excelencia el Jefe del Estado y «Anexo III». Relación de domicilios y teléfonos. El «Anexo I», que se actualizaría con la periodicidad oportuna, contenía cuatro folios de previsiones en los diferentes sectores cuyo seguimiento era de responsabilidad del SECED. Hacía una breve descripción de la Situación General, fiel reflejo de cómo era observada desde el Servicio. «La situación general de España puede considerarse como aceptable, pese a los problemas de todo orden acumulados en los últimos meses en casi todos los sectores. Es deseo de la inmensa mayoría de los ciudadanos que la sucesión se produzca conforme a lo previsto en las Leyes Fundamentales y con la menor alteración posible en la vida del país. Ello no obsta para que, ante la previsible proximidad del hecho sucesorio —ya deseado por la mayoría, con el máximo respeto por la figura del jefe del Estado—, exista en el país un clima de transición poco favorable para la acción del Gobierno. Para los grupos subversivos, el momento actual —y mucho más el de la sucesión— supone un periodo de intensa actividad en su empeño de derribar el Régimen, a pesar de los reiterados fracasos en su intento de arrastrar a la masa de la población al enfrentamiento contra el Poder».

El ámbito laboral atravesaba una situación «que cabe definirse como de evolución expectante hacia una autonomía sindical cargada de interrogantes». El éxito de las «Candidaturas Democráticas Unitarias» en las pasadas elecciones sindicales hacía previsible un aumento de la conflictividad, por lo que la actitud de este sector podría condicionar fuertemente, en un momento dado, el grado de alteración de la vida ciudadana. Tampoco parecía muy esperanzador el panorama en el ámbito educativo. «La crisis universitaria es un reflejo de la que el resto de la sociedad presenta. La actuación de los grupos subversivos, la utilización por los mismos del Decreto de Participación estudiantil, las omisiones de la autoridad académica y el poco adecuado empleo de las FOP han contribuido a elevar de modo notorio la conflictividad en el último curso académico (…). Los grupos subversivos ven frecuentemente potenciados sus propios esfuerzos merced a las imprevisiones y fallos de los organismos oficiales (…). Respecto al hecho sucesorio, caso de producirse este en periodo lectivo, se puede prever una gran intervención en los hechos conflictivos que pudieran producirse».

Elemento importante por sus reacciones, su impulso social, grado de cultura, cargos que desempeñan, sensibilidad política, etc., era el ámbito profesional, cuya incidencia resultaba grande en los medios de comunicación social y corrientes de ideas, presión psicológica y acciones minoritarias en zonas neurálgicas. La utilización de los Colegios Profesionales por grupos subversivos como plataforma legal para forzar reivindicaciones políticas era previsible. Por último, del ámbito intelectual, se decía estar muy influido por la filosofía marxista y frecuentemente tendente a perder la visión real de los acontecimientos. «Su sector más avanzado puede tener una fuerte influencia ideológica en los grupos clandestinos y movimientos contestatarios».

En lo que a grupos subversivos se refería, se proyectaban dos estrategias: la vía más pacífica, de los grupos integrados en la Junta Democrática de España y en la Plataforma de Convergencia Democrática —en aquellos momentos en gestación—, y la vía más violenta, preconizada por grupos de extrema izquierda y algunos separatistas, cuya acción era más un problema de orden público que político, si bien «en la perspectiva de la sucesión, ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que estos grupos, particularmente el FRAP, pretenden aprovechar ese momento para lanzarse a la acción». En cuanto a los grupos partidarios de la vía pacífica, «no puede descartarse que, en un momento dado, el PCE y otros grupos en su línea abandonaran la vía pacífica y adoptaran una estrategia violenta».

Terminaba el «Anexo I» con una síntesis de lo expuesto, de la que se deducían los siguientes cuatro puntos:

La mayoría de la población española considera natural y deseable el hecho sucesorio y que se cumplan las previsiones, a ser posible en vida del actual jefe del Estado, dentro de un clima de normalidad que no altere la paz y el orden ciudadano, y conforme a lo decidido y unánimemente refrendado.

No son de descartar alteraciones aisladas, impulsadas por grupos subversivos, intentando unos arrastrar a los sectores más conflictivos y otros provocar acciones de carácter violento que alteren el normal desarrollo de los acontecimientos.

La hipótesis más peligrosa es que los grupos subversivos aumentarán su poder de convocatoria hasta el punto de lograr una influencia tal sobre los sectores analizados que pudiera arrastrar a una gran masa de la población, planteando una prueba de fuerza en momentos críticos.

La hipótesis más probable es que la transición se lleve a cabo en la forma prevista y que las reacciones de los grupos subversivos tengan lugar escalonadamente en el periodo inmediatamente siguiente.

Aquí viene a cuento mencionar el recuerdo que de aquella situación me comunicaba, el 25 de noviembre del año 2000, el teniente general Andrés Cassinello: «La izquierda y la derecha se temían mutuamente y sobrevaloraban en exceso al adversario: la derecha consideraba que el comunismo era fuerte y poderoso, aunque estuviera agazapado. La izquierda creía que el Movimiento y sus estructuras eran imbatibles. Esas posiciones facilitaron mucho la tarea del SECED».

9
ÚLTIMAS SEMANAS DE CRISIS

El embajador Oyarzábal relata en su inédita Opera prima su recuerdo de aquellas últimas semanas del Generalísimo: «El 12 de octubre, Franco asiste a un acto conmemorativo del Día de la Hispanidad en el Instituto de Cultura Hispánica, que entonces regentaba su nieto político don Alfonso de Borbón, Duque de Cádiz. Al regreso a El Pardo se siente destemplado, interrumpe sus audiencias del día siguiente y se mete en la cama. Prácticamente, ya no se levantaría más. A mí la noticia de la gravedad de su estado me la da, al día siguiente, José Joaquín Puig de la Bellacasa, aún destinado en la Zarzuela (…). Me pregunta si yo sé algo más sobre la “gripe” del jefe del Estado de lo que pone la prensa (…), y me sugiere que indague a través del presidente. Cuando a la mañana siguiente le relato esta conversación a Arias, este llama primero a Fuertes de Villavicencio y después al médico de cabecera Dr. Vicente Pozuelo (…). Como más tarde me relataría el propio Dr. Pozuelo, las cuarenta y ocho horas siguientes fueron un constante forcejeo entre Franco y sus consejeros médicos, empeñado aquel en reemprender una actividad cuasi-normal frente al temor de estos por ver reproducirse el fallo cardiaco. Así fue. Cuando, con un sensor implantado en el pecho, preside por última vez el Consejo de Ministros de los viernes, 17 de octubre, y mientras informaba Cortina de la situación del Sáhara, Pozuelo hace una señal desde detrás de una puerta, Arias interrumpe la exposición de su Ministro de Asuntos Exteriores y Franco se desploma apenas había iniciado unos pasos hacia la salida». El estado vital y clínico del Generalísimo Franco entraba en la pendiente final. «A partir del 17 de octubre, Franco iniciaba la que habría de ser su última batalla, en una lucha titánica con la muerte, que habría de suscitar un movimiento universal de perplejidad primero, de asombro luego y, finalmente de respeto (…). Primero se habló de un proceso gripal, pero la inquietud se extendió por las calles y España entera se sobresaltó cuando, el martes 21, un comunicado anunció que el jefe del Estado había sufrido una insuficiencia cardiaca de carácter agudo»[126].

Releamos también algunos párrafos de López Rodó[127]: «El 19 por la mañana, en presencia de seis médicos, el Marqués de Villaverde dijo al presidente Arias que había que pedir la transmisión de poderes. La salud de Franco no permitía que siguiera en su puesto asumiendo la responsabilidad de la jefatura del Estado y el presidente del Gobierno debería hacérselo saber. Desde El Pardo, Arias se trasladó a La Quinta para informar a Su Alteza (…). Por la tarde, a las siete, Arias despachó con Franco y le insinuó en términos de extremada delicadeza la conveniencia de dejar la jefatura del Estado a la mayor brevedad (…). El Jefe de la Casa Civil, Fuertes de Villavicencio, entró para consultar el texto de la nota que se iba a dar a la prensa sobre el estado de salud de Franco (…). Arias le argumentó que el país ya estaba alarmadísimo y (…), entonces Franco dio su conformidad a que se publicase, siempre que se añadiera que había tenido una entrevista de cuarenta y cinco minutos con el presidente del Gobierno y en su propio despacho de trabajo. Así se hizo».

Termina recordando López Rodó que hablando, el jueves 23 de octubre, en la Zarzuela con el general Armada, apareció el Príncipe en la antesala y nos dijo a los dos: «El Generalísimo está peor. Ha venido aquí Cristóbal Villaverde y me ha dicho que esta tarde, a las ocho y media, habrá en El Pardo una reunión de médicos a la que asistirán el presidente del Gobierno y el de las Cortes; quiere que vaya yo también para que, entre todos, convenzamos al Generalísimo para que haga la transmisión de poderes», asistencia que López Rodó desaconsejó al Príncipe, con razonamiento que sería compartido por Su Alteza. El viernes 24 comienzan a observarse presiones sobre el Príncipe de España para que se haga cargo interinamente de la jefatura del Estado, opción de la que el SECED era partidario.

Próximo ya el fallecimiento, en fecha que creo centrar en el sábado 25 de octubre, el director del SECED nos convocó a su despacho a las 13.15 horas a varios directivos para tratar de la Operación Lucero. Valverde regresaba del Palacio de El Pardo, a donde el presidente Arias le había requerido para releer lo referente a las actuaciones de la Casa Civil de Su Excelencia, en presencia del presidente de las Cortes, de los jefes de las Casas Civil y Militar (Fuertes de Villavicencio y TG Sánchez Galiano) y del funcionario Catoira, que sería investido como enlace de la Casa Civil con el SECED. Nos informaba Valverde que Rodríguez de Valcárcel quedó sorprendido por la detallada preparación de la Operación. El presidente del Gobierno había ordenado mantener aún el nivel «blanco», si bien reforzando su propia seguridad y la del Príncipe, y ordenando a Valverde ponerse en contacto con el subsecretario Carlos Álvarez Romero para constituir ya el Estado Mayor de la Operación, ante las noticias de que se había dado la extremaunción a Franco (parece ser que por el propio Capellán de Palacio, Monseñor José María Boulart), cuyo final podría llegar acaso en la madrugada siguiente, comentándose en la reunión el peligro de que el entorno más próximo al Caudillo pudiera querer alargarle la vida mecánicamente. Monseñor Cantero, arzobispo de Zaragoza y miembro de los Consejos del Reino y de Regencia, se trasladaba ya a Madrid.

El comandante Valverde contactaría personalmente con otras primeras autoridades para que enviasen a sus enlaces ministeriales a la reunión que se tendría en el SECED a las cuatro y media de aquella misma tarde, con objeto de darles las instrucciones pertinentes. La sesión informativa tendría lugar en Castellana, 5, siguiendo el esquema orgánico ya previsto en el Plan de Urgencia de 27 de julio de 1974 y en el Plan General de 24 de julio de1975, en los que se relacionaba la composición del Estado Mayor de la Operación, del Equipo de Trabajo y de la Comisión de Enlaces.

El miércoles 29, se producen la aceptación y los preparativos para la transmisión de poderes, de los que se da noticia al Servicio; y, al día siguiente, S. A. R. el Príncipe de España los asume. Según cuenta el Dr. Pozuelo[128], el día 30 de octubre, tras consultar Franco a los médicos sobre su patología y recibir como respuesta que había padecido un infarto de miocardio y una complicación intestinal grave, el Generalísimo, tras un breve silencio, afirmó con energía: «¡Que se aplique el artículo 11!».

Entretanto, en el Servicio el trabajo crecía exponencialmente, pues incluso lo ya escrito de la Operación Lucero era sometido a revisión para que no quedasen cabos sueltos, errores involuntarios o cualquier deficiencia que echase a perder la ardua tarea de dos años. Hasta la lista de exministros vivos de Franco hubo de ser punteada el 6 de noviembre, con direcciones postales y telefónicas para poder localizarles cuando fuera preciso: más de medio centenar, desde Arburúa a Vigón, además de los dieciséis cesantes en el momento del óbito. Pero también había que perfilar la relación de otras autoridades civiles y militares a las que habría que tener en cuenta en varios de los actos programados para Madrid.

Relata Laureano López Rodó que: «El 2 de noviembre intervienen quirúrgicamente a Franco por primera vez en esta enfermedad. La operación se lleva a cabo en el modesto quirófano del Cuartel del Regimiento de la Guardia. Arias pregunta a la familia si hay alguna disposición de Franco sobre su entierro, etc. Carmen Villaverde le dice que no y que en su día le dará un escrito». Y sigue más adelante: «Acudí a Madrid desde Viena con motivo del pleno de las Cortes convocado para el 19 de noviembre. La víspera, el 18, día de mi cumpleaños, el Príncipe me citó en La Zarzuela a las cinco y media (…). Al comienzo de la entrevista comenta la prolongación de la agonía de Franco». Aprovechó para contar que aún no había visto a Fraga, aunque tendría noticias de él en fechas próximas; le consideraba un posible presidente del Gobierno. «Pero, cada día tiene su afán y estos días tienen ya bastante». En la noche del día siguiente moriría Francisco Franco.

El testamento de Franco

Así lo describe Antonio Oyarzábal: «A la mañana siguiente, sábado 18 de octubre, este [Franco], llama a la única persona con quien de verdad se siente identificado, su hija Carmen, Marquesa de Villaverde, y le dicta un testamento político verdaderamente emocionante. En un curioso brote de clarividencia final, una mente, qué duda cabe, en tiempos brillante, pero embotada durante los últimos seis años por la senilidad, deformada por aduladores y “puritanos”, inconsciente a la realidad del país que le rodeaba, es, sin embargo, capaz de uno de los documentos más bellos y emotivos de sus cuarenta años al frente de los destinos de España. Aún con el original en las manos, humedecido por las lágrimas de la propia Carmen mientras tecleaba una pequeña máquina portátil, Franco introduce de su puño y letra ciertas mínimas pero sintomáticas precisiones, como la de añadir el nombre de “don Juan Carlos de Borbón” tras la palabra “Príncipe de España” [escribió “Rey de España”], para quien solicitaba todo el apoyo y lealtad como sucesor suyo en la jefatura del Estado».

El Dr. Vicente Pozuelo Escudero hace una exhaustiva descripción sobre el testamento: «El sábado 18, se levantó y se encerró en su despacho. Fue el último día. Aún hoy, el calendario de sobremesa marca el sábado 18 de octubre de 1975: santos Odón, Cosme, Romano y Domingo. Ese día, según luego pensamos todos, escribió su testamento. Sabía perfectamente que se iba a morir. Luego, aquellas dos cuartillas escritas con una letra prácticamente impecable, sin signos aparentes que denotaran el Parkinson, fueron ligeramente corregidas por su hija, la Marquesa de Villaverde».

El texto del testamento político mecanografiado por ella, fue entregado el día del óbito en la Ciudad Sanitaria La Paz al presidente del Gobierno por el Segundo Jefe de la Casa Militar de Su Excelencia general de Aviación José Ramón Gavilán de parte de Carmen Franco. Carlos Arias abriría allí mismo el sobre con total sorpresa. De su contenido, el escritor Francisco Medina comenta en el libro ya aludido lo siguiente: «para la inmensa mayoría de los oficiales de entonces, la única esperanza está puesta en el Rey, hacia quien sienten que Franco, en lo que de inmediato pasa a conocerse como su Testamento político, les había pedido lealtad al futuro Rey». Me permito recoger aquí exacto testimonio de las últimas palabras del Generalísimo que se conocen:

«Españoles: Al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante Su inapelable Juicio pido a Dios que me acoja benignoa su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro, y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia, en cuyo seno voy a morir. Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos, sin que yo los tuviera como tales. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España, a la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida, que ya sé próximo.

»Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación, en la gran empresa de hacer una España unida, grande y libre. Por el amor que siento por nuestra Patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros y para ello deponed frente a los supremos intereses de la Patria y del pueblo español, toda mira personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España y haced de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la Patria.

»Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos, por última vez, en los umbrales de mi muerte, ¡Arriba España! ¡Viva España!».

Carmen Álvarez-Arenas recoge del archivo personal de su padre, entonces Ministro del Ejército, la siguiente cita: «Este mensaje caló en los cuarteles de toda España y se colocó en todos los Cuartos de Banderas una reproducción que el ministro de Educación y Ciencia hizo por orden de su titular, Cruz Martínez Esteruelas», noticia esta que resulta algo sorprendente al contrastarla con otras fuentes, como el Ministerio de Información y Turismo y el Servicio Geográfico del Ejército.

Los generales y almirantes que se congregan bajo la pluma de Miguel Platón[129] hacen una reflexión que, por su preciso y exacto contenido, merece ser transcrita: «El Testamento político de Franco tuvo una característica que apenas ha sido destacada: no hipotecó en modo alguno la actuación futura del Rey o de cualquier otra institución. En su breve texto no hay ninguna referencia a los Principios del Movimiento, a las demás Leyes Fundamentales o a norma legal alguna. Su última voluntad política se limitó a cuestiones de carácter general que, ironías de la historia, serían puntualmente recogidas en los primeros artículos de la Constitución de 1978, como expresión del consenso básico de los españoles. Sus peticiones se limitaron a los conceptos de unidad, paz y lealtad al futuro Rey. Luego recomendó como objetivo primordial la justicia social y la cultura para todos. No incluyó ninguna mención expresa de las Fuerzas Armadas, ni siquiera indirecta, aunque sus apelaciones a los supremos intereses de la Patria coincidían con el ideario que tienen los ejércitos de cualquier país (…). En cualquier caso, los militares españoles asumieron que la petición de afecto, lealtad, apoyo y colaboración al Rey les implicaba a ellos por partida doble, puesto que el Monarca pasaba a convertirse no solo en jefe del Estado, sino también en Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas».

Platón recogía en la página anterior unas frases que, veinte años después, el capitán general Gutiérrez Mellado se disponía a exponer en una conferencia sobre Las Fuerzas Armadas y la transición democrática, organizada por una institución universitaria de Barcelona, cuando falleció en un desgraciado accidente de carretera el 15 de diciembre de 1995: «La vida normal de las Fuerzas Armadas en la etapa anterior de paz, desde el final de la guerra, había estado presidida por la satisfacción natural de haber ganado una guerra, empañada en parte porque la lucha había sido entre españoles. Salvo excepciones minoritarias de crítica contra Franco en los últimos años del Régimen, existían en las Fuerzas Armadas fuertes sentimientos de respeto, lealtad y gratitud hacia el Generalísimo que les condujo a la victoria, sentimientos que después de su muerte son conservados en sus justos términos por la mayoría, y desorbitados con fines no muy claros por los menos. Por eso he sostenido siempre que el respeto a la figura del anterior jefe del Estado, sin entrar en la valoración de su Régimen, es deseado firmemente por las Fuerzas Armadas y debe contribuir positivamente a la estabilización pacífica de la situación actual».

ÚLTIMOS CAMBIOS DE PROGRAMACIÓN

Aún hubo que retocar el Plan General en aquellas últimas semanas. Con fecha 3 de noviembre de 1975, se difundió desde la Presidencia del Gobierno un nuevo texto del apartado 8. Cronología prevista, para más de medio centenar de destinatarios de primer nivel. Aquellos ocho folios y medio de julio crecían hasta catorce y medio. La previsible proximidad del fallecimiento del jefe del Estado hizo revisar con urgencia algunas puntualizaciones y su ordenamiento, forzando a dar divulgación extensa a unos planes, tan celosamente restringidos durante muchos meses, para los actos a celebrar desde el día D al D+7. En el día D, por ejemplo, tras la intervención del presidente Arias Navarro ante las cámaras de televisión, debería darse lectura a una nota informativa en la que se expresaran el desarrollo previsto para los diversos actos públicos y las normas generales relacionadas con los mismos. El uniforme vestido por el Generalísimo sería precisamente el caqui de capitán general del Ejército —sustituido finalmente por el azul de gran gala—. Y por todos los medios de comunicación social se daría conocimiento de la sesión plenaria de las Cortes del D+3 para la jura y proclamación de don Juan Carlos como Rey de España. Se daban instrucciones sobre el izado de banderas nacionales a media asta y el prendido de la corbata negra en todas las banderas y estandartes de las Unidades de las Fuerzas Armadas, así como sobre el disparo de las salvas de ordenanza.

Un párrafo decía textualmente: «Tal como se citará en la nota informativa de RTVE aludida anteriormente, a partir de hoy, se suprimen todas las clases y actividades académicas en los centros docentes, tanto oficiales como privados. Las clases se reanudarán nuevamente el día D+8. Por quedar reservada la capilla ardiente a la intimidad familiar, se rogará encarecidamente, por todos los medios de comunicación social que el público se abstenga de acudir al Palacio de El Pardo durante los días D y D+1». Igualmente se precisaba que el montaje del altar e instalaciones para la retransmisión de los actos fúnebres del día D+4 en la Plaza de Oriente se iniciaría a partir de la comunicación oficial del fallecimiento del Caudillo. Y se completaba con la referencia a las acreditaciones de medios de comunicación social nacionales y extranjeros que tenía que extender la Dirección General de Coordinación Informativa del Ministerio de Información y Turismo. El SECED había redactado un texto de dos folios para Televisión Española, que habría de ser leído tras la alocución final a cargo del presidente del Gobierno.

En lo relativo al D+1 se modificaba el lugar de la capilla ardiente que, del Salón del Trono pasaba al Salón de Columnas del Palacio de Oriente. Respecto a los turnos de vela se hablaba ya de la distribución de invitaciones. Y en cuanto a la zona de silencio en torno a la plaza de Oriente se la definía, y se prohibía la circulación rodada y el aparcamiento en superficie; y se insistía en que los medios de comunicación social, especialmente la prensa madrileña, divulgasen cuanta información fuera precisa sobre el desarrollo de los actos públicos previstos. Una última puntualización: la decisión de fusionar o no en una sola fecha los actos programados para los días D y D+1 sería comunicada por orden del presidente del Gobierno con la mayor urgencia. (Ya dijimos antes que ello iba en función de que el óbito se produjera en El Pardo antes de las 14.00 horas).

Así que, en el definitivo D+1, los restos de Franco se trasladarían a primera hora desde El Pardo al Palacio de Oriente; y esta variante del Plan citaba ya itinerario, acompañamiento y medidas de seguridad a lo largo del recorrido así como el control de la circulación, a cargo de la Guardia Civil, Policía Armada y Policía Municipal. El Ministerio de Información y Turismo quedaría encargado del servicio de altavoces en la plaza de Oriente y de la difusión, a través de los medios de comunicación social, de una campaña para mantener el mayor silencio y respeto en aquella zona, especialmente durante la misa del nuevo D+3. Asimismo se daban instrucciones muy precisas para el montaje de una Guardia de Honor, la habilitación de un Cuerpo de Guardia próximo para ella, y la uniformidad y armamento a portar. Los relevos de turnos de seis horas procederían a pié desde Capitanía General, y un suboficial del Regimiento de la Guardia de SE sería designado para el mantenimiento del orden y policía de los turnos.

Por otra parte, cada media hora se establecería un turno de vela constituido por dos generales, dos jefes, dos oficiales y dos suboficiales de cada uno de los tres Ejércitos, según distribución dispuesta por los Ministerios militares, vistiendo uniforme de gala con sable o daga. Con suficiente antelación habían de reunirse en la Saleta Gasparini, inmediata al Salón de Columnas, para los turnos de vela, de cuya organización se responsabilizaba a oficiales de la Casa Militar y funcionarios de la Casa Civil de Su Excelencia. Personalidades y representaciones civiles ocuparían durante veinte minutos diez reclinatorios, situados a cada lado del féretro y detrás de los turnos de vela militares, que los harían en posición de firmes. Igualmente se describía para todos ellos la entrada a Palacio y el lugar de reunión. Para las autoridades y personas a las que se les asignaba turno de vela se les señalaba aparcamiento subterráneo en la plaza de España y plaza Mayor, desde donde se trasladarían a pie hasta el Palacio.

El desfile ininterrumpido del pueblo ante el cadáver de Su Excelencia se iniciaría a las 8.00 horas, entrando por el Arco de Santiago, de la plaza de la Armería, y saliendo por las puertas de esta plaza que daban frente a la parroquia de la Almudena, quedando el recorrido señalizado en toda su longitud. Se encarecía que el ritmo del desfile popular fuera lo más vivo posible, evitándose paradas, especialmente en el Salón de Columnas. Para dar mayor fluidez a la asistencia de todo el que lo deseara, la Jefatura Superior de Policía de Madrid y la Policía Municipal dispondrían la organización de dos columnas con cabecera en la calle Onésimo Redondo, junto al enlace inferior de la plaza de España, y en la calle Carlos III, a la altura del Palacio Real, debiendo orientarse la dislocación hacia las calles Mayor, Bailén (Viaducto) y Cuesta de la Vega.

El nuevo día D+2 también traía novedades complementarias. Durante esa mañana se levantaba el luto nacional, con motivo de la proclamación del Rey. A las 12.30 horas —en vez de las 18.00 horas previstas hasta entonces— SS. AA. RR. se trasladarían en coche desde el Palacio de la Zarzuela a las Cortes a lo largo del recorrido ya decidido, y escoltados por la Sección Motorizada del Regimiento de la Guardia de Su Excelencia. Se advertía en esta última edición de la Cronología Prevista que el presidente de las Cortes habría cursado las invitaciones al acto de jura del SM, tarea en la que colaborarían los jefes de Protocolo de la Casa del Príncipe y del Ministerio de Asuntos Exteriores, para la determinación y distribución de aquellas. Se designaban los honores a la llegada y salida de las Cortes y la fuerza armada que debería rendirles. Se modificaba el lugar de entrada de SS. MM. al Palacio de Oriente para orar ante los restos mortales del Caudillo —en vez de hacerlo por la plaza de la Armería, se haría por la Puerta de San Vicente en el Campo del Moro— y se expresaba que, en todo ese recorrido en coche descubierto irían escoltados por el Escuadrón de Lanceros del Regimiento de la Guardia de Su Excelencia. En todas las capitales de provincia se dispondría, para esa misma tarde, la celebración de una misa corpore insepulto en memoria del jefe del Estado.

Como es lógico, el nuevo D+3 —que correspondería al 23 de noviembre—, ocuparía la mayor extensión del texto de la Cronología prevista: seis páginas, el doble que en el Plan General de julio. Entre los aspectos que merecieron ampliación estaban los siguientes. El desfile del público ante los restos mortales de Su Excelencia finalizaría a las siete de la mañana; y a las ocho, la Guardia de Honor sería relevada por dos caballeros cadetes de cada una de las tres Academias Militares o Escuela Naval, al mando de un teniente del Regimiento de la Guardia de Su Excelencia, con relevos cada media hora, cubriendo el último de ellos la duración de la misa. Los turnos de vela militar y civil terminarían a las nueve. Estaba previsto el cierre y precintado del féretro a las nueve y media, en presencia de las autoridades pertinentes para su traslado hasta el zaguán de la Puerta del Príncipe, por la Escalera de Honor y Patio del Príncipe a hombros de ocho guardias de la Compañía Interior del Regimiento de la Guardia de Su Excelencia. El féretro iría cubierto con la bandera nacional, sobre la que se fijarían la gorra, sable y bastón de mando del Generalísimo.

Entretanto, y con antelación suficiente, tenían que encontrarse en los lugares designados por Protocolo las autoridades invitadas, que habrían llegado en automóvil por la Puerta del Campo del Moro a la explanada de los jardines de Sabatini, habilitada al efecto. A las nueve y media deberían ocupar ya sus sitios —al sur de la plataforma del altar—, las comisiones oficiales designadas por Protocolo y las constituidas por las Fuerzas Armadas, en número no superior a cuatrocientas personas, en la calle Bailén, frente al altar. En la zona sur se habían acotado también superficies destinadas a representantes de las diversas organizaciones del Movimiento, en número igualmente no superior a cuatrocientos miembros, y de las Asociaciones políticas que hubieran presentado ya documentación ante el Consejo Nacional, diez representantes de cada una de ellas. Entre ambas zonas amesetadas, frente al altar, se reservaría espacio para la prensa acreditada.

Según el programa, los Reyes llegarían al Palacio de Oriente minutos antes de las diez de la mañana, escoltados por la Sección Motorizada del Regimiento de la Guardia y serían recibidos por el Gobierno y primeras autoridades, en tanto se les rendirían los honores de ordenanza. Una vez ocuparan SS. MM. el lugar previsto, se procedería al traslado del féretro hasta el altar, según detalles que el texto especificaba. En la plataforma superior se situarían con los Reyes, el jefe de la Casa de S. M. y los ayudantes de Campo, la viuda, hija y yerno del Generalísimo, los primeros jefes de las Casas Militar y Civil de Su Excelencia y los cardenales asistentes al acto. En la plataforma inferior se colocaría el Gobierno, primeras autoridades nacionales, misiones extranjeras y Cuerpo Diplomático, según distribución fijada por el Servicio de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores. En otras dos plataformas menores a ambos lados del altar se colocarían, respectivamente, los miembros de la Familia Real y Casa de S. M. y los familiares de Su Excelencia y miembros de las Casas Militar y Civil del Generalísimo. La ceremonia religiosa sería oficiada por el cardenal primado de España, arzobispo de Toledo, quien habría de pronunciar una homilía. La Casa Civil de Su Excelencia proveería a Su Eminencia don Marcelo González de los medios y atenciones que necesitase.

Se ordenaba que una vez trasladado el cadáver del Generalísimo al armón de Artillería, las seis cintas que penderían de este serían tomadas por dos oficiales generales en activo de cada uno de los tres Ejércitos, designados por los respectivos Ministerios en función de su mayor antigüedad. Precediendo al féretro, marcharían cincuenta y seis soldados de los tres Ejércitos, portando veintiocho coronas de flores, de las que, en días anteriores, se habrán ido depositando en los arcos del mirador de la plaza de la Armería, coronas que, tras la despedida del cortejo fúnebre en el Arco de la Victoria, serían trasladadas al Valle de los Caídos en seis furgones municipales «porta coronas». Tras las coronas, los obispos y clero castrense.

Al armón habría de darle escolta el Escuadrón de Lanceros del Regimiento de la Guardia, precedido por la Escuadra de Batidores y la Banda de Trompetas y flanqueado por tres Escuadras de Lanceros a cada lado, en hilera. La Casa Militar designaría los ayudantes de Campo que habrían de llevar el caballo y condecoraciones del Caudillo. En cuanto al orden y precedencia de las primeras autoridades, misiones extranjeras y otras comisiones oficiales durante el recorrido de la comitiva, se daba el encargo a los Servicios de Protocolo. Y, cerrando el cortejo, la Guardia de Honor (un Batallón del Regimiento de la Guardia, a tres Compañías con Escuadra, Bandera, Banda y Música) y un Grupo de Caballería, a tres Escuadrones. Se daban instrucciones para las Fuerzas que cubrirían carrera con el arma sobre el hombro mientras pasara la comitiva, presentando armas al paso del féretro; y se determinaba que el sobrevuelo de una unidad aérea se efectuase entre las 11.30 y las 12.30 horas.

A la Jefatura Superior de Policía de Madrid se le ordenaba designar los inspectores del Cuerpo General que habrían de proporcionar seguridad inmediata a pie, a las primeras autoridades, flanqueándolas por la calzada junto a las aceras. También se disponía que las Unidades del Regimiento de la Guardia que hubieran desfilado ante el armón que portaba el féretro, se trasladasen inmediatamente al Valle de los Caídos, anticipándose al cortejo oficial en autocares concentrados para ellos en la glorieta del Cardenal Cisneros. Los vehículos de las autoridades se hallarían aparcados en cuatro zonas: Reyes Católicos, Cea Bermúdez, San Francisco de Sales e Isaac Peral, con distintivos para facilitar su localización, estacionamiento y movimientos. La puerta de acceso al Valle estaría abierta por el Patrimonio Nacional desde las ocho de la mañana para permitir el acceso a los vehículos debidamente autorizados.

Antes de las 11.30 horas ya se habrían concentrado en la explanada de la basílica de Cuelgamuros todas las comisiones militares y las representaciones de las organizaciones del Movimiento y de la Confederación Nacional de Combatientes, siguiendo normas que establecería la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Las comisiones militares, de uniforme de gala sin sable estarían constituidas por ochenta jefes, oficiales y suboficiales del Ejército de Tierra, cuarenta de la Armada y cuarenta del Ejército del Aire. Igualmente, se daban algunas pautas para las representaciones del Movimiento y de Combatientes. Para dar una mayor solemnidad y orden al paso del cortejo fúnebre a lo largo de la explanada de la basílica, se ordenaba dejar libre un pasillo de cuarenta metros de anchura, desde la carretera de acceso hasta la puerta principal, que sería flanqueado por Fuerzas de Orden Público y que quedaría configurado, de una parte por la Compañía de Honores y formaciones de excombatientes, Guardia de Franco y Vieja Guardia, y de otra, por las Organizaciones Juveniles.

Al Ministerio de Información y Turismo se le encomendaba la instalación de altavoces en el Valle de los Caídos por los que se difundiera música fúnebre para preparar el ambiente de respetuoso silencio que debería presidir la llegada de los restos del Caudillo. Se daban normas para el traslado del féretro hasta el lugar de enterramiento entre el altar y el coro, incluida su recepción por el abad mitrado, acompañado por la Comunidad y la Escolanía, el rezo de un responso y el levantamiento del acta de inhumación por el notario mayor del Reino. Finalmente, se preveía que el Rey, acompañado del Gobierno y Autoridades recibiera la aclamación del público congregado en la explanada de la basílica. El texto añadía que se entonaría el Cara al Sol y que el presidente daría los gritos de ritual y además el «¡Viva el Rey!». El monarca sería despedido con los honores militares de ordenanza y regresaría al Palacio de la Zarzuela.

En el nuevo texto desaparecía el día D+5, pero se repetía el D+7, con algunas modificaciones sobre anteriores previsiones. La acción de gracias por la proclamación del Rey se celebraría con una misa solemne a las once de la mañana en la iglesia de los Jerónimos —en vez del Te Deum en San Francisco el Grande a las diez—, en una mañana que sería declarada inhábil para Madrid, si la fecha coincidía con día laborable, levantándose además el luto nacional. Se diseñaba el recorrido de SS. MM. en coche descubierto a lo largo de la avenida de la Victoria, paseos de Moret y Pintor Rosales, plaza de España, avenida de José Antonio, Alcalá, plaza de Cibeles, paseo del Prado, plaza de Cánovas, Felipe IV y Ruiz de Alarcón; y, asimismo, los honores a la llegada a la Iglesia y el saludo al Gobierno y primeras autoridades.

La misa de Espíritu Santo sería oficiada por el cardenal-arzobispo de Madrid, Mons. Enrique y Tarancón y concelebrada, si fuera posible, por los cardenales españoles, al término de la cual, SS. MM. presenciarían el desfile de las tropas que les rindieron honores y se trasladarían al Palacio de Oriente por las plazas de Cánovas, Cibeles, España y Armería, en comitiva que integrarían el presidente del Gobierno, los ministros militares, el jefe de la Casa del Rey y ayudantes de Campo de S. M. Se añadían indicaciones para los restantes invitados a la recepción oficial y para el aparcamiento de sus vehículos.

A partir de las 11.30 horas estaría dispuesta en la plaza de la Armería una parada militar representativa de todas las Fuerzas Armadas, que serían revistadas por S. M. el Rey. La Capitanía General de la 1.ª Región Militar debería dictar la correspondiente instrucción para el acto. La recepción de SS. MM. tendría lugar a las doce, tal como ya estaba programado, a la que asistirían todas las autoridades invitadas y las comisiones militares y civiles que habrían de designarse; y, por último, los Reyes presenciarían desde el balcón principal de Palacio el desfile de las tropas, recibiendo la adhesión del pueblo de Madrid congregado en la plaza de Oriente. Con el regreso de SS. MM. al Palacio de la Zarzuela, concluían los actos y la Cronología prevista que, con urgencia, se distribuía aquel 3 de noviembre.

Variante «En caso de lluvia»

Digamos algo de la curiosa alternativa de la Operación Lucero que vino en denominarse En caso de lluvia. Fechas antes del fallecimiento del jefe del Estado, la Jefatura Superior de Policía de Madrid había detectado un comando terrorista, que tenía instalado su cuartel general en el edificio del Hotel Plaza, en la plaza de España. Uno de sus miembros había sido identificado como Mamarru, un peligroso etarra. En la investigación llevada a cabo por la policía se descubrió en una habitación un fusil con mira telescópica. El TCOL Quintero hacía llegar la preocupante información al SECED, pues se adivinaba que las intenciones de los terroristas serían atentar contra la vida del Príncipe de España a su paso por aquella plaza, cuando presidiera el cortejo fúnebre a pie. Dicho jefe superior de Policía tenía de ello una sospecha tan fundamentada que proponía introducir un cambio en el recorrido. Como ya no resultaba viable, discurrió, en plena sesión de trabajo, sembrar el recorrido de Bailén / Ferraz, de mástiles altos con banderolas de gran tamaño que impedirían —o al menos dificultarían— la puntería de cualquier tirador experto. Así se puso en marcha inmediatamente, al tiempo que se ponía sobre aviso a las primeras autoridades.

Pero no era suficiente. Había que dejar previsto un cambio de última hora, si fuese necesario, a la vista de nuevas informaciones: la sustitución del cortejo lento a pie, por otro motorizado y rápido desde el propio Palacio de Oriente hasta la basílica de Cuelgamuros, cambio que incidía muy particularmente en los aparcamientos reservados para los vehículos de autoridades. El objetivo era hacer frente a la posible amenaza terrorista, pero se disfrazó titulando el anexo Variante en caso de lluvia, para no intranquilizar innecesariamente a la mayor parte de los altos cargos, que no tenían implicación directa en la organización de los actos. Y así se difundió con extremada urgencia a cuantas personalidades se había hecho llegar documentación de la Operación Lucero, facilitando expresa referencia de unas direcciones telefónicas del Servicio en las que podrían obtener información aclaratoria durante las veinticuatro horas del día.

Cuenta el embajador Oyarzábal lo siguiente: «El entierro sufrió diversas modificaciones sobre lo previsto en ese tomo de precisas instrucciones que hacía años había elaborado para la circunstancia el Alto Estado Mayor bajo el título Operación Lucero. Intensos rumores sobre la presencia en Madrid de un comando de ETA llevó al presidente Arias a aconsejar al Rey —¡qué raro se nos hacía el uso ya oficial de ese título!— que no se expusiese a un posible atentado siguiendo en solitario al armón de artillería que trasladaría el féretro por la calle de Bailén, Ferraz, Paseo de Rosales, Moret, hasta la Plaza de la Moncloa, donde se despediría el duelo. El Rey se resistió a cualquier cambio sobre este ceremonial previsto, pero al fin se llegó a una “fórmula de compromiso”, según la cual, se sustituía el lento armón tirado por caballos por un camión militar, y el paseo a pie, por un coche descubierto al que rodearía al trote ligero la “Escolta del Generalísimo”. La marcha motorizada de la caravana y el movimiento de caballos y jinetes hacía mucho más problemática —aunque lógicamente no la descartaba de forma total— la eventualidad de un disparo desde larga distancia como se temía, dada la personalidad de los terroristas que habían emprendido el camino de Madrid (…). El flanco que podía ofrecer la Torre de Madrid desde el lugar en que se iba a situar el Rey fue cubierto con unas banderolas en vertical que no tenían precedente en otros actos públicos».

No cabe duda de que Oyarzábal tuvo, en algún momento, noticia de aquel intento de magnicidio, estando como estaba en el Gabinete del presidente Arias. Sin embargo, los datos que ofrece permiten corroborar que no tuvo acceso directo a los sucesivos documentos de la Operación Lucero que, por cierto, no estaba elaborada por el Alto Estado Mayor, sino por el SECED. Pero resulta una pequeña historia novelada, que viene muy bien al caso. Lástima que Federico Quintero no viviera lo suficiente para haberme descrito aquel episodio con detalle, como me ofreció en el verano del 2003 en Cabañas (La Coruña). Su salud se agravaría meses después, falleciendo en Madrid, el 22 de febrero de 2004. Por su parte, el general Alfonso Armada apunta[130] que «estaba dispuesto un largo recorrido a pie hasta el Arco del Triunfo. Por razones de tiempo y seguridad, se cambió el “medio”, que fue automóvil, y el itinerario». Así había sido, efectivamente.

Con el título «El papel de las Fuerzas Armadas en el Transición», la viceconsejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, pronunciaba el 12 de abril de 2007 una conferencia[131] en base a la documentación y recuerdos de su padre, que fuera ministro del Ejército en aquellos momentos históricos. El 7 de mayo siguiente, tuvo la delicadeza de facilitarme una copia de sus palabras de las que entresaco algunos párrafos de interés: «También hubo otras noticias que no trascendieron a la opinión pública, ni siquiera a la clase política, sino solo a las más altas instancias del Estado. Los Servicios secretos fueron alertados por el gobierno francés de que había pasado la frontera un “chacal” con el fin de asesinar al nuevo Rey». No he hallado en otras fuentes noticia de tal advertencia, pero muy bien pudo haber ocurrido así. Y continúa el texto: «Esta información trastocó los planes para el funeral y posterior entierro de Franco. A los Reyes se les cambió el lugar de los sitiales destinados para ellos en el funeral y el traslado previsto del féretro se hizo en un vehículo del Ejército de Tierra desde la misma plaza de Oriente, en lugar de La Moncloa. Se había programado llevar a hombros el féretro hasta el arco de triunfo, como hacía poco más de dos años se había hecho con los restos mortales del almirante Carrero Blanco (…). El Rey hubiese tenido que ir a cuerpo descubierto, con lo que el “chacal” lo hubiese tenido demasiado fácil. De esta forma, todas las Altas Instituciones del Estado siguieron a la comitiva fúnebre en sus coches oficiales». Puntualicemos tan solo que no se modificó el emplazamiento de Sus Majestades en la misa corpore insepulto y que nunca se programó llevar a hombros el féretro.

En la noche del sábado 23 de noviembre, un oficial de servicio del SECED recibiría una llamada sorprendente: un eclesiástico de la Conferencia Episcopal, en nombre del Cardenal Enrique y Tarancón, presidente y arzobispo de Madrid, le preguntaba algo tan insólito cómo que «si va a llover mañana». El oficial, algo perplejo, le requería a dónde llamaba, lo que el comunicante se negaba a responder por expresa indicación del documento de la Operación, pero acabó confesando que le habían facilitado ese número telefónico para contacto con Presidencia del Gobierno. Insistía en saber «si va a llover mañana», en clara referencia a la posibilidad de que se pusiera en acción la variante En caso de lluvia, para los actos del entierro de Franco. Circunstancias del azar habían situado esa noche en ese puesto de servicio al CAP Guerrero Bravo —sus apellidos reales, que sonarían bien para un alias militar— quien no estaba al corriente de esa alternativa, puesto que no formaba parte del Equipo de la Operación Lucero, simplemente nos relevaba momentáneamente a quienes nos correspondía esa tarea de vela en el Servicio (CTE Atienza y yo), que habíamos cruzado a la cafetería Riofrío para satisfacer las mínimas necesidades de una cena temprana, para una noche que se adivinaba muy larga. Cuál no sería nuestra sorpresa minutos después, al recibir de Guerrero la noticia de la insólita llamada del secretario del Cardenal, al que había recomendado cortésmente «dirigirse mejor al Servicio Meteorológico Nacional». El peculiar gracejo de «Manolo», contando tan desconcertante conversación, añadió un punto de humor que ya sería siempre incluido en el largo anecdotario de laOperación Lucero[132].

LA TENSIÓN INFORMATIVA

A lo largo de aquel otoño de 1975, fue numerosa la aparición de menciones a la Operación Lucero en los medios de comunicación social. De las referencias recogidas, extraeré algunas de relieve. La primera cita era de Radio Baviera, el 22 de septiembre; le seguían France Press y Le Monde, los días 24 y 25. En La Vanguardia se reseñaba, el 28, que «La Operación Lucero ha sido puesta en marcha». En días sucesivos, la trataban Blanco y Negro y ABC —en artículo de Tico Medina—, y el 31 el diario Ya estudiaba la Operación en su aspecto civil.

En la segunda mitad de octubre, los ecos aumentaron a partir de la filtración a la prensa de la enfermedad del Caudillo. El periodista Federico Ysart, que luego fuera subsecretario con Abril Martorell en Presidencia, escribiría en Nuevo Diario, el día 17, que Franco padecía una afección gripal de carácter leve. Era la primera vez que trascendía esa preocupación real a los medios de comunicación. En octubre y noviembre se había ampliado el núcleo de destinatarios a unas docenas, lo que significaba su conocimiento por un centenar largo de personas. El rumor resultaba imparable; en las semanas siguientes crecería enormemente, pero no importaba, ya había surtido su fruto la discreción extrema, impuesta en el SECED en aquel día de la festividad de la Candelaria de 1974.

Relata Francisco Medina[133] que: «La Operación Lucero va a demostrar su valor el 12 de octubre. El deterioro de la salud del inquilino de El Pardo parece ya tan preocupante que en el palacete de Castellana, 5 se toma la decisión de crear un Centro de Operaciones, lo que posteriormente se conocerá como Célula de Crisis. Desde allí se intenta controlar toda la vida del país durante las críticas semanas que están por venir». Dice después Medina que «para seguir el desarrollo de los acontecimientos (…), se instaló un gran mapa de España. Dentro del límite de cada provincia se sitúa un juego de bombillas coloreadas que va desde el blanco al violeta. La luz encendida indica el estado de alerta que se vive en cada zona. Una situación que se modificaba cada vez que se producía un incidente, aunque fuera tan pequeño como alguna manifestación callejera»[134].

Continúa Medina: «Más seriamente preocupa a los militares del SECED el tema de la información, o, más específicamente, la propaganda. En los días finales de Franco los rumores se disparan, alimentados por el secretismo del que el círculo más íntimo del dictador rodea todos los acontecimientos. En el servicio de espionaje, desde hace años, funciona una Oficina peculiar conocida por sus siglas: el GAP (Gabinete de Acción Propagandística). A su frente está el Comandante José Faura». En capítulos anteriores hemos hablado del GAP —cuya acción no es propagandística, sino psicológica— y ya citamos sus frecuentes contactos con prensa, radio y televisión, casi desde la creación del SECED en 1972. Pero es cierto que, durante las semanas en que se barruntaba ya próximo el fallecimiento del Generalísimo, los encuentros con dirigentes de los medios de comunicación social aumentaron, para satisfacer sus deseos y necesidades de información sobre el presente y el futuro más inmediato. Nunca fueron destinatarios de los documentos de la Operación Lucero; pero cuando la enfermedad de Franco alcanzó un punto irreversible, se les mantuvo informados de los aspectos de mayor interés para el público, aunque aún se les indicaría la conveniencia de retrasar la divulgación de algunos extremos. Siempre nos reconocerían, con posterioridad, la extraordinaria labor que en aquellas semanas realizó el Servicio para desvelar noticias y criterios que la sociedad venía demandando.

Quien un cuarto de siglo después fuera jefe del Estado Mayor del Ejército, el TG José Faura, hace al escritor Medina en las mismas páginas una interesante confidencia que refleja el funcionamiento del GAP en las referidas circunstancias: «Aquella oficina que yo dirigía, trabajaba básicamente para analizar lo que se publicaba y actuar sobre los medios (…). Sí, algo así como dando consignas. Teníamos especialistas en cada grupo editorial que sabían perfectamente cómo funcionaba cada publicación, quiénes eran los que escribían sobre cada tema y lo que pensaban (…). Acompañado por algunos de los hombres de mi departamento, me reunía con frecuencia con todos los directores de diarios de entonces: Juan Luis Cebrián, Martín Ferrand, Jesús de la Serna… En esas fechas, por ejemplo, durante la enfermedad de Franco, nosotros les dábamos mucha mejor y más amplia información acerca de en qué punto se encontraba el proceso, de la que conseguían por los médicos. La madrugada aquella, cuando murió el jefe del Estado, yo fui quien les avisó a muchos de ellos antes de que oficialmente se hiciera público».

El 7 de noviembre acompañaba yo al CTE Faura a un almuerzo en La Fragua con Joaquín Garrigues Walker y Antonio Fontán, dirigentes de la Sociedad de Estudios Libra, de fundamentos políticos liberales. Garrigues era además yerno de Areilza, y Fontán, exdirector del Diario Madrid, trabajaba en el Ministerio de Educación. Muy interesados ambos en el seguimiento de la situación nacional, nos habían solicitado una reunión, tal como aceptábamos a otros grupos. Comenzaba Fontán aludiendo a la Operación Lucero, quejándose de que en ella se mencionase que S. M. el Rey, en su discurso de las Cortes, habría de hacer «un panegírico del Caudillo». Aparentamos ignorar en aquel almuerzo si tal frase formaba parte de los documentos de la Operación Lucero, si bien dejando por sentada la lógica de tal panegírico[135]. Era evidente que alguna autoridad les había filtrado copia de su contenido. (Semanas después, el Rey dirigiría una alocución a las Cortes Españolas y dedicaría efectivamente uno de sus primeros párrafos a reconocer la «figura excepcional» de Francisco Franco). También les preocupaba que en los actos fúnebres se incluyera «mucho teatro» del Movimiento. Quienes conocíamos en detalle la Operación Lucero nunca tuvimos la sensación de excedernos en ello. Más bien se trataba de lo mínimo indispensable. Cambiando de tema, Fontán nos relató haber aconsejado al conde de Barcelona, como miembro de su Consejo Privado, no abdicar —pues algún día su persona podría constituir una remota alternativa— ni condenar a su hijo don Juan Carlos, ya que ello acabaría con la Monarquía.

En aquel último mes los mensajes entre los organismos militares se multiplicaron: en los tres ministerios y en el Alto Estado Mayor se constituyeron especiales servicios de guardia que enlazaban periódicamente con el gabinete montado en el SECED para el seguimiento de la Operación Lucero. Pero la gama de noticias se extendía a otros asuntos de actualidad y de particular gravedad. En los Cuarteles Generales, como en el Servicio de Presidencia, quedaron algunos reflejos de aquellos contactos telefónicos y telegráficos.

El 25 de octubre, por ejemplo, la relación de comunicaciones se haría interminable. Empezaba la mañana con noticias del empeoramiento de la salud del jefe del Estado, de un próximo fallecimiento, de la definitiva sucesión por S. A. R. el Príncipe de España (mortis causa), de la extremaunción dada a Su Excelencia y de su extrema gravedad. ABC de Sevilla llegaría a anunciar que Franco había fallecido a las 17.35 horas. Pero la sensación de tranquilidad volvía de madrugada. A lo largo de aquel 25, Radio París difundía a mediodía la orden de movilización decretada por el PCE para manifestarse contra la sucesión. A media tarde, Radio España Independiente divulgaba consignas para que los obreros se lanzasen a la calle. Por la noche se extendía el rumor de que don Juan de Borbón iba a hacer un manifiesto que el conde de Motrico intentaba parar. Ese día se celebraba una reunión del Consejo de Ministros en El Pardo, con la presencia de los Príncipes. El teniente general jefe del Estado Mayor Central convocaba a los generales del Cuartel General del Ejército, para comunicarles las disposiciones de la Operación Lucero, y en el SECED se montaba una sesión extraordinaria de seguimiento. Era aquella jornada un buen ejemplo de cómo se vivía el momento, cuando, sin suponerlo, aún faltaba casi un mes para que el óbito del Generalísimo tuviera lugar.

El día 26 continúan los altibajos: el SECED comunica, a las 10.10 horas, una ligera mejoría en el estado clínico de Su Excelencia; a las 18.05 horas, el mensaje no es nada optimista y a las 22.30 horas, se considera estacionario su estado. Como noticia colateral, circulaba la del viaje de Luis María Ansón a Estoril para aconsejar a don Juan que se abstuviera de hacer declaraciones en esos momentos. Desde la alta madrugada del 27 de octubre se informa, con cierto optimismo, que persiste la situación estacionaria. El día 30, las noticias que circulan entre los referidos organismos hablan ya de complicado estado de Franco, de empeoramiento y del traslado de un equipo de «riñón artificial» al Palacio de El Pardo. Esa tarde, la Agencia Logos difunde un comunicado sobre la inminente transmisión de poderes al Príncipe, en aplicación del artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado; y el SECED anuncia al Estado Mayor Central la celebración de un Consejo en el Palacete de La Quinta para el día siguiente, viernes 31, presidido por S. A. R. don Juan Carlos.

El día 3 de noviembre, laBBC londinense emitía a las 23.15 horas un boletín en el que anunciaba que Franco había sido trasladado a un hospital militar y Radio París, que había sido operado en un quirófano del Regimiento de la Guardia de Su Excelencia, como consecuencia de la cota máxima alcanzada por su enfermedad (inquietud, hipertensión, intenso dolor escapular, insuficiencia coronaria e incontenible hemorragia gástrica). A las 15.15 horas del día 6, el Alto Estado Mayor comunicaba que el estado de Su Excelencia —ingresado en la Ciudad Sanitaria La Paz desde la noche anterior— era crítico y que a las 14.00 horas los médicos habían disuadido de toda esperanza a la familia. Al día siguiente, Radio Nacional de España aseguraba que Franco había sido trasladado al Hospital General La Paz para una resección del estómago, operación denominada Billroth 1. Por la tarde del 7 de noviembre, hubo que proceder a la extirpación casi total del estómago, en operación que duraría cuatro horas y que fue calificada de satisfactoria. A primera hora de la tarde del día 12 de noviembre, se extendía el rumor del fallecimiento; y el 14, volvía a hablarse del estado gravísimo del Generalísimo y de la visita que todos los ministros hacían a la Ciudad Sanitaria La Paz. A las 19.00 horas, el parte médico hablaba de un pronóstico «gravísimo»: cuadro agudo con hipotensión arterial.

Para las diez de la mañana del viernes 14 de noviembre, había sido convocada la reunión preparatoria del Consejo de Ministros sin la presencia de Arias Navarro, pero sin que los ministros sospechasen otra justificación que la ocupación del presidente por el proceso hemorrágico ya incontenible de Francisco Franco. Bardavío añade que solo conocían la realidad los tres ministros militares, pero que ello no impediría a Arias exponer, en el inmediato Consejo, su disgusto a los oficiales generales —por una reunión con el Príncipe—. «¡A mí no se me hace esto!», diría el presidente. Considera Bardavío que Arias salió fortalecido de la crisis.

Muchas más comunicaciones se difundieron en aquellas últimas semanas sobre la salud del jefe del Estado, que dan idea de las grandes preocupaciones de los Servicios de Información y de la necesidad de tratar de confirmar noticias de «buena fuente», para hacerlas llegar a las autoridades. En las agencias de noticias y en diarios nacionales, los teletipos no daban abasto. La afluencia de rumores era continua y apenas había tiempo para confirmar los que procedían de los orígenes más diversos. Incluso en las propias instituciones oficiales resultaba complicado saber en cada momento la situación real de los problemas. Han quedado plasmados en muchos libros infinidad de detalles que ya son historia. Aquí solo pretendo recordar la tensión informativa de aquellos días.

Treinta años después, el 17 de noviembre de 2005, la cadena de televisión Antena-3 difundiría el programa nocturno Especial Investigación titulado «Así murió Franco». Entre sus pormenorizadas entrevistas de los médicos que atendieron en La Paz al jefe del Estado se intercaló una breve referencia a la Operación Lucero, vinculándola erróneamente al Ministerio de la Gobernación, y presentó en pantalla la portada y primera página de un documento escrito a máquina con el subtítulo Cronología prevista, sellado de secreto. Se me quedó fijo en la retina y supuse que era la primera vez que aparecía en los medios de comunicación una copia de lo que tres décadas antes se redactara y divulgara con la mayor de las reservas.

Disposiciones en otras instituciones

Por su parte, las Fuerzas Armadas divulgaban por vía de mando cuanto era preciso para que los escalones subordinados iniciasen o preparasen el cumplimiento de sus respectivas misiones. Por ejemplo, y muy especialmente, la Capitanía General de la 1.ª Región Militar pondría en ejecución su propio Plan de Órdenes. La número 1 se denominaba Contra la acción subversiva y explicaba los niveles de subversión y las líneas de acción propias, con expresa referencia a la Operación Lucero. La Orden n.º 2 tenía como objeto los Honores a S. A. R. en la coronación. Una Orden n.º 4 trataría de los Honores en el Te Deum y en la parada militar. En síntesis, una enorme profusión de datos y órdenes que el mando no hubiera podido concretar si no hubiese sido por la precisión que se fue alcanzando en la redacción y difusión de la Operación Lucero, a cuyos preceptos quedaban subordinadas las disposiciones de tantos organismos e instituciones ejecutantes. El contenido de la Operación fue difundido discretamente a todos los mandos de las Fuerzas Armadas.

Resultaría prolija la recopilación de las innumerables órdenes impartidas por tantas y tantas autoridades militares, civiles, diplomáticas, eclesiásticas, culturales, laborales… en aquel último mes de la vida de Franco. Sería de interés político y sociológico releer y comparar las disposiciones de quienes estaban entonces en la cabecera de todas las instituciones imaginables. Su peculiar léxico y el hincapié en algún aspecto, permitiría hoy contemplar la España real en las postrimerías del franquismo.

Francisco Medina alude a una Operación Diana que desarrollaría el Ministerio del Ejército en sintonía con la Lucero. Según el autor, el proceso fue el siguiente: «En realidad, desde el Estado se lleva tiempo especulando sobre lo que pueda pasar en el momento de crisis que, según vaticinan las autoridades del Movimiento, traerá la muerte del dictador. Hijos de estos temores, las Fuerzas Armadas han ido preparando un plan para el que tienen un nombre muy significativo: Operación Diana. Una llamada a comenzar la acción (…). Para cuando muera Franco su preparación es aún muy reciente. De alguna manera se ha urdido con ese día en mente. O con lo que pueda suceder después de ese día. Es el temor a una sublevación, a un vacío de poder, el que ha dado el primer aliento a la Operación». El autor parece poner en boca del general del Ejército Sáenz de Tejada, la siguiente explicación técnica: «La “Operación Diana” la había organizado el Estado Mayor del Ejército en cumplimiento de una misión asignada a las Fuerzas Armadas en el artículo 37 [la seguridad nacional y la defensa del orden institucional] de la Ley Orgánica del Estado entonces vigente. El contenido de esta Operación se refería a la ocupación de objetivos que, bien por ser centros de poder —radio, televisión, correos…— o de comunicación —estaciones, aeropuertos…—, podían por razones de orden público quedar fuera de control. Lo que se imaginaba era un supuesto en el que la subversión se hiciera con el poder, las Fuerzas de Orden Público no pudieran controlar la situación y el Gobierno tuviera que llamar a las Fuerzas Armadas. Es decir, siguiendo la “Operación Diana”, la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército diseñó un plan general, que después la Capitanía General de cada Región adaptó a sus necesidades».

En su libro póstumo[136], el coronel San Martín hacía algunas citas de la Operación Diana, al explicar los preparativos de la División Acorazada Brunete para futuros acontecimientos. Tales referencias a lo largo del libro demuestran claramente que dicha Operación figuraba entre los documentos de uso de los Estados Mayores de las Capitanías Generales y Grandes Unidades. También Platón menciona la Operación al menos en un par de ocasiones: «… Activar para esa misma tarde [23 de febrero de 1981] en Valencia y Castellón, la situación de “Alerta roja” de la Operación Diana. Era la denominación que recibía un plan de despliegue de emergencia, existente en todas las regiones militares. A las seis y media, es decir, solo unos minutos después de que se produjese el asalto al Congreso de los Diputados, el capitán general Miláns del Bosch dio a su jefe de Estado Mayor la contraseña “Miguelete” para que todas las unidades de la Región abriesen los sobres lacrados que habían recibido ese mismo día y pusieran en marcha la Operación Diana».

Ya dos años antes, la Capitanía General de la 1.ª Región Miliar había puesto en funcionamiento la Operación Diana, en marzo de 1979, con motivo de las elecciones generales y municipales, siguiendo la Instrucción: Operación Diana 1/78 de la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército, en la que figuraba la siguiente misión general: «Garantizar la acción del Gobierno en el mantenimiento del orden institucional ante la subversión, y para ello a las Fuerzas Armadas se le encomiendan misiones que van desde cooperar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad hasta la actuación en fuerza cuando fuese necesario».

Volviendo a 1975, el Ministerio de la Gobernación se cuidó muy preferentemente del control de la calle en aquellos días y, naturalmente, del seguimiento de los organizadores y líderes de los grupos de oposición que habían venido avisando de posibles convocatorias tan pronto se conociese la noticia de la muerte de Franco. Se tenían indicios de que los elementos más revolucionarios incitarían a copar la capital de España, desde los barrios del sur, para manifestarse contra el Régimen, lo que induciría probablemente a las autoridades de Seguridad a encarcelar preventivamente a los cabecillas. Cita Medina que: «La casi totalidad de la dirección interior del Partido Comunista es detenida en esos días. Armando López Salinas es uno de ellos: “Me detuvieron cuando la Operación Lucero y me quisieron aplicar la Ley antiterrorista…”». También son detenidos los líderes de otros grupos «a la izquierda del PCE», en expresión muy utilizada en aquella época.

No sobra dedicar unas breves líneas a los servicios de inteligencia extranjeros. Ya desde años antes del fallecimiento de Franco, parecían no perder ocasión para informarse del clima real en que vivía nuestro pueblo, y poder así aconsejar a sus Gobiernos sobre las actuaciones a tener en cuenta en las relaciones diplomáticas, económicas y comerciales con España. Desde hacía décadas mantenían contactos amistosos y de cooperación con nuestros Servicios, normalmente a través de la Tercera Sección del Alto Estado Mayor, a la que correspondían entonces las misiones nacionales de espionaje y contraespionaje. Hubiera sido interesante en este trabajo volcar algunas informaciones y comentarios de varios servicios occidentales que manifestaban expectación, no exenta de cierta preocupación, por el rumbo que pudiera tomar España en el inmediato postfranquismo. Cada nación imaginaba nuestro futuro con arreglo a sus particulares conveniencias, diseñando incluso diversos retratos robot de la persona que, a su juicio, debería conducir la transición política española. Pero es de justicia reconocer que, en general, trataban con sus consejos y apoyos de mantener un clima pacífico y de hacerse con la amistad de don Juan Carlos, que heredaría por ley todas las prerrogativas del Generalísimo.

Algunas organizaciones españolas no ligadas a la Administración volcaron también su esfuerzo para estar de algún modo atentas y presentes en aquella triste e histórica circunstancia. La Confederación Nacional de Excombatientes, de la que era secretario general Luis Valero Bermejo, y que pasaría a denominarse formalmente de «Combatientes», había publicado diversas circulares desde el momento en que el estado de salud del Caudillo se agravaba sin posibilidad de recuperación. El día 26 de octubre, con el título Ante la hora actual editaban la Circular n.º 3 dando instrucciones puntuales a las Juntas de Coordinación que debían prever un eventual traslado a Madrid de representaciones, asegurar la presencia masiva y entusiasta de las organizaciones en los actos que se celebrasen en las cabeceras de la Región Militar, y en forma y tono adecuados hacer llamamientos «desprovistos de todo dramatismo».

Con la misma fecha de 26, se divulgaba la Circular n.º 4, cuyo objeto era el Homenaje póstumo al Caudillo Franco, instrucción que se iniciaba del modo siguiente: «Adaptándose a los actos organizados por el Gobierno de la nación, con ocasión de las honras fúnebres que con carácter nacional se celebrarán en Madrid, la Confederación ha organizado su participación en el acto de acogida del cuerpo de nuestro Caudillo en la Basílica de Cuelgamuros (…)». Esto viene a confirmar que con un mes de antelación el contenido de la Operación Lucero ya había trascendido fuera del marco oficial más reservado, seguramente por entenderse que el pronóstico sobre el desenlace vital de Franco se acortaba a pasos agigantados.

Esa Circular n.º 4 de los excombatientes estaba repleta de instrucciones de detalle sobre la organización de movimientos y actos. Cada provincia debería concentrar quinientos combatientes, excepto en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla que deberían disponer la asistencia de cien. Se ordenaba a las Juntas Provinciales contratar el servicio de autobuses de cincuenta plazas, dispuestos a realizar el viaje a Madrid con veinticuatro horas de antelación, previendo viajar de noche para llegar a cincuenta kilómetros de la capital alrededor de las siete de la mañana. Se aludía a portar los guiones y banderas que conservasen las organizaciones y también banderas nacionales o del Movimiento y guiones característicos de cada entidad confederada, pero se prohibía cualquier tipo de pancarta.

La Confederación organizaba además ocho itinerarios peninsulares a los que adjudicaba un importante número de autobuses (cuatrocientos cuarenta y ocho), de cuya distribución logística se deducía su pensamiento de situar en el Valle de los Caídos a más de veinte mil hombres, desde todas las provincias. Se daban instrucciones sobre distintivos para identificar los autobuses, distribuir los brazaletes y montar un servicio de intendencia que suponía el reparto de un desayuno y bolsa de comida en los últimos treinta kilómetros antes del Valle de los Caídos.

De todos modos, en la programación final de la Operación Lucero se tendría en cuenta la presencia de la Confederación y organizaciones del Movimiento, entiendo que para limitar y concretar su protagonismo. Creo recordar que algunos excombatientes pretendían exigir al Rey una suerte de «juramento de Santa Gadea», razón por la cual el comandante Valverde nos instaría a estar en el Valle de los Caídos, junto a aquellos, para desaconsejarles tal acción, e incluso evitarla, si se intentaba.

Tan preocupante se presentaba la gravedad del Generalísimo que, el viernes 24 de octubre, Antonio García López, dirigente de la USDE, me hacía saber que tenía preparadas unas declaraciones sobre la urgencia del diálogo socialismo / Fuerzas Armadas, que publicaría La Vanguardia, cuando llegase el momento oportuno. Manuel Cantarero del Castillo, presidente de Reforma Socialista Española, nos citaría a Atienza y a mí, el 29 de octubre, para hacernos saber que había remitido al diario ABC un artículo llamando a la serenidad y unión a todos los españoles, congelado hasta que se produjera la noticia del fallecimiento del Caudillo. Tenía preparados, además, varios telegramas de condolencia al presidente de las Cortes, al del Gobierno, al ministro Solís, etc., cuyo texto, que se brindó a leernos, nos pareció digno.

Dos días después, en larga conversación, José Mario Armero se manifestó enormemente preocupado por la posible reacción de las derechas que quebraría la tranquilidad deseada. Le asustaban las banderas, las pancartas, la Falange, el entierro, pero, sobre todo, alguna acción violenta con asesinatos. Aseguraba reflejar la preocupación de la calle. A él mismo le incordiaban por teléfono todos los días con esta obsesión. Aunque yo trataba de calmarle, Armero argüía que algunos señores no estaban dispuestos a perder la situación de favor de la que habían gozado durante años; a los «ultras» les interesaba mantener el mito y la sombra de Franco. Comentaba que el TG Merry Gordon había declarado que estaba en marcha una operación militar y que él echaba los carros a la calle en cuanto fuera necesario. (Es de suponer que se refiriese a alguna previsión de la Operación Diana del Ejército de Tierra). Y respecto a los actos públicos, no imaginaba que al Príncipe se le pudiera exigir levantar el brazo en aquellos previsibles actos oficiales; pero no dudaba de que el diario Arriba se las arreglaría para publicar una fotografía de Su Alteza, rodeado de falangistas saludando brazo en alto. Me calificaba las ceremonias programadas de «cosa de ultratumba». No fui capaz de tranquilizarle ni de convencerle de que nada de cuanto sospechaba estaba dispuesto en la Operación Lucero. Armero era un destacado miembro del mundo de la información, como presidente de la agencia de noticias Europa Press, pero sus fuentes estaban muy contaminadas y el tema «tránsito» muy distorsionado. Aprovechó para hacerme saber que cuanto sobre él circulaba en mentideros políticos en aquellas semanas era totalmente falso: «Ni trabajo en ninguna “operación”, ni soy masón, ni de la CIA, ni del Opus, ni de Arias (…), aunque lo digan Areilza, Rodríguez de Valcárcel y otros».

En el ámbito del conde de Motrico, me transmitían, el 12 de noviembre, el estado de ánimo de José María de Areilza y de los dirigentes de grupos moderados: «Sienten un miedo cerval al búnker y a las “partidas de la porra” que pueda organizar, con el convencimiento de que empezarán enseguida a “dar paseos”». Añadían que Cabanillas y Fernández Ordóñez eran los más temerosos ante las manifestaciones que presumiblemente promoverían los «azules» en cuanto saltase la noticia de la muerte del Generalísimo. Por otra parte, me aseguraban que el conde de Barcelona tenía redactada ya una nota mortuoria que hablaba bien de Franco, sin la menor referencia a sucesiones ni abdicaciones. Don Juan de Borbón se pondría a disposición de su hijo cuando fuera proclamado Rey de España y regresaría a Madrid.

Al día siguiente, Emilio Atienza y yo hicimos una visita a Andrés Reguera Guajardo, en su despacho de secretario general de CAMPSA. Tenía ya preparadas notas de prensa y manifiestos de los que extraer frases para octavillas. El día 19, víspera del fallecimiento del jefe del Estado, nos recibió de nuevo para hacernos entrega de las listas de miembros de la Unión Democrática Española (UDE) que asistirían a los diversos actos previstos en la Operación Lucero, a los efectos de remisión de las oportunas invitaciones. Asimismo, nos entregaba los sloganes que podría utilizar la UDE en una campaña que recibía en el Servicio el nombre de Operación Ebro. Reguera se mantenía a disposición del SECED para lo que fuera preciso. En cuanto a su empresa, nos comunicaba tener tomadas todas las medidas de protección y seguridad para las fechas siguientes.

EL ÓBITO

La víspera en clave política

Ya he dicho que a partir de octubre se amplió el número de los destinatarios de la Operación Lucero para ir alertando y coordinando a autoridades e instituciones que hubieran de tener alguna actuación en el programa de eventos. Y ya, en vísperas del fallecimiento de Franco, se distribuyeron los ejemplares que se destinaban a los miembros del Gobierno que no tenían participación específica en la preparación de los actos, pero a quienes se invitaba a los mismos, como correspondía, y se les comunicaba la información oficial dispuesta para aquellas jornadas. Hasta la última tarde mantuve conversaciones con algunas personalidades sobre los efectos del previsible fallecimiento, más que de ese hecho en sí mismo, que iba a producirse solo algunas horas después.

No puedo recordar si mi visita al vicepresidente 3.º del Gobierno y ministro de Trabajo ocurrió a última hora de aquella tarde del día 19 o la anterior. El hecho es que me presenté en su antedespacho de los Nuevos Ministerios con intención de hacerle entrega personal del documento de la Operación. Anunciarme como comandante y de parte del presidente del Gobierno era suficiente para que la espera se redujese a un minuto. Fernando Suárez salió casi inmediatamente, sin disimular cierta sorpresa. Con amabilidad —y curiosidad—, me preguntó a qué se debía la urgencia y qué mensaje le traía. Cuando se lo expuse en brevísimos pero contundentes trazos, cambió el tono de sus palabras y arremetió —como suele ocurrir— contra el mensajero. Él no podía comprender ni admitir que un vicepresidente del Gobierno se enterase de los entresijos de un plan nacional de tanta trascendencia quizás horas antes de producirse las previsiones sucesorias que justificaba la Operación. Mientras yo permanecía en una discreta posición militar de «firmes», el ministro de Trabajo protestaba de la falta de delicadeza de la Presidencia del Gobierno y me interrogaba sobre qué miembros del Gabinete habían estado al corriente de las actuaciones con mayor antelación. Inmediatamente le respondí que los ministros militares, el de Gobernación, el de Información y Turismo y el jefe del Alto Estado Mayor (figura que aún tenía un formidable eco de prestigio y responsabilidad nacional). Y, naturalmente, añadí al Príncipe de España y al jefe de la Casa Militar de Su Excelencia. No puedo recordar si hice alguna alusión más. Creo que no, pues debió parecerle más aceptable al ministro Suárez el hecho de que los componentes del equipo de Gobierno que asumían tan importante responsabilidad eran los mínimos indispensables. Algunos de los presentes en esta «filípica» al comandante Peñaranda —que iba dirigida naturalmente a niveles muy superiores— pasaron un trago infrecuente, hasta que don Fernando se encerró en su despacho para enfrascarse en la lectura de la Operación Lucero. Me despidió, no obstante, con la debida corrección y agradecimiento por el envío.

Este suceso, que ocurrió —como digo— en vísperas del óbito, es el mejor reflejo de la estricta reserva con que se llevó la Operación en el seno del Gobierno. Cabe suponer que a lo largo de los años 1974 y 1975 surgiese en algún Consejo de Ministros ocasión para que el presidente Arias mencionase una u otra de las actividades que se proyectaban bajo la capa de la Operación Lucero, pero no parece haber duda de que las referencias serían tan breves o tan vagas como para que el vicepresidente 3.º se viera aquella noche sorprendido e incómodo con el anuncio de la puesta en marcha de tan insospechada Operación. Tranquiliza comprobar hasta qué punto se mantuvo el grado de confidencialidad previsto: aquello no tenía que importar a nadie más que a las autoridades actuantes; todo lo demás era crear ocasiones de interferencia y de peligrosa divulgación antes de tiempo. El grado de secreto aplicado y exigido a los destinatarios ejecutantes había sido fácil de asumir por el personal —militar en su inmensa mayoría— que trabajaba en la Operación en Presidencia, en los ministerios militares y en los Servicios de Información de Gobernación, Alto Estado Mayor e Información y Turismo.

La noticia

El fallecimiento del jefe del Estado, el jueves 20 de noviembre, produjo, como he dicho ya, preocupaciones y temores a nivel oficial y particular. Las instituciones y la sociedad entera dudaban de la respuesta social a tal acontecimiento, fiándose poco ante posibles reacciones de revancha de sectores marginados por el Régimen. Se confiaba, no obstante, en que las Fuerzas de Orden Público —y, en última instancia, las Fuerzas Armadas— darían en su momento la respuesta adecuada para que no se quebrara la paz social en tan difícil circunstancia. Esa sensación generalizada alcanzaba también a los grupos políticos en los que ya se apreciaban luchas intestinas para situar a la cabeza de sus movimientos a las personas que les merecieran mayor confianza y seguridad de éxito en alcanzar sus planteamientos.

La noticia, no por largamente esperada era menos impactante. En cualquier caso y con independencia de posicionamientos políticos y sociales, para todos era una noticia muy dura, de consecuencias imposibles de prever a corto plazo, en la que se mezclaban la desolación y la preocupación por el clima en que podrían desarrollarse acontecimientos de todo orden en los días siguientes. Y aunque la sociedad pudiera pensar en los inevitables cambios que el fallecimiento de Franco traería en los años venideros, la atención popular no alcanzaba más allá de una semana, que se viviría día a día, hora a hora, con auténtica incertidumbre, dejando aparte nostalgias de unos e ilusiones de otros.

En la revista semanal La Actualidad Española n.º 1312, de fecha 21 de febrero de 1977, aparecería, con un año largo de demora un artículo titulado: «Antonio Herrero, el periodista del pisotón». Pilar Cambra descubría que el director de la Agencia Europa Press conservaba en un despacho, «pegado a dura cartulina, un “flash” que es historia: a las 4.58 horas del 20 de noviembre de 1975, la agencia Europa Press expide al mundo, previos campanillazos generosos: “Franco ha muerto, Franco ha muerto, Franco ha muerto”». Y transcribía la periodista la declaración que le hacía Herrero: «Llevábamos días sin comer ni dormir. Así que esa noche di orden de que todo el mundo se fuera a casa, salvo tres personas: un redactor, un teletipista y el encargado de la centralita telefónica. A las cuatro y media de la madrugada tuvimos la primera alerta que vino de La Paz. El redactor la confirmó en una fuente infalible y a las cuatro cincuenta le dije: “Pásala”. El teletipista se negaba, tenía miedo. Y el redactor le obligó: “Es orden del director”. Poco después recibía yo una llamada diciéndome que aquel teletipo me lo tendría que tragar. Pero no me lo tragué. Era cierto y fuimos la primera agencia del mundo en dar la noticia. Pero esta historia se ha contado muchas veces. ¡Qué días!».

Antonio Herrero Losada fue muy discreto al explicar la confirmación de la noticia al decir que una «fuente infalible» se la confirmó al redactor. Él mismo se ocultaba tras el redactor. No puedo determinar la hora con la precisión que lo hace él en esa entrevista, pero después recordamos juntos muchas veces aquellos segundos de conversación en una larguísima noche triste. El contenido pudo ser algo así: «Juan, me acaban de decir que ya se ha producido la noticia, pero no logro confirmarla. ¿Puedo darla?». Y me limité a responder: «Sí, hace un rato». Y colgó. Herrero me llamaba al teléfono del servicio de guardia que teníamos establecido en Castellana, 5 para el seguimiento de la Operación Lucero, donde pasábamos la noche en aquellas últimas jornadas de vida del Generalísimo. Más recientemente me puntualizaría el COR Atienza —presente en aquella comunicación— que mi breve respuesta fue: «¡Por ahí van los tiros!».

En marzo de 2004, hice una visita a Europa Press en busca de datos sobre las largas relaciones entre esa agencia de noticias y los sucesivos Servicios de Inteligencia. La «memoria histórica de la casa» era Jesús Frías[137], quien recordaba cómo en el episodio cumbre de la Transición —la muerte de Franco— trabajaban también en la agencia, Pepe Apezarena y otro periodista, Mariano González, destacado en La Paz aquella noche, que con buen olfato de reportero detectó que a horas intempestivas de medianoche llegaban los coches oficiales de los jefes de las Casas Militar y Civil de Su Excelencia, síntoma de que el final estaba a punto de producirse, si no había ocurrido ya. Este redactor llamó a Herrero inmediatamente y este buscó la confirmación.

En la primavera de 2005, tomé contacto con Apezarena, tras entrar en conocimiento de un libro suyo presentado hacía más de un año sobre Antonio Herrero, con mi convencimiento de que se incluiría en ese volumen más de una referencia al SECED. Estaba metido de lleno en la tarea de investigación que había de culminar en una tesis doctoral sobre Antonio Herrero y la Agencia Europa Press. El día 1 de diciembre de 2009, me confirmaba en conversación en Los Galgos que, por fin, el trabajo estaba concluido, con amplias citas de sus relaciones con el Servicio de Presidencia. Recientemente ha presentado su libro: Los periodistas del pisotón. La epopeya de Europa Press. (EUNSA, 2016), repleto de recuerdos bien documentados y redactados. Su capítulo 3 resultará una fuente interesante de la que manen sustanciosas ampliaciones a todo lo dicho. Tuve ocasión de saludar personalmente a Mariano González, el viernes 4 de diciembre de 2015, en aquel histórico hospital La Paz, invitado por Ernesto Villar Cirujano, que deseaba recogernos de primera mano recuerdos de aquella madrugada, con los que preparar una inmediata exclusiva para la revista Historia de Iberia Vieja n.º 127 (Grupo Planeta, diciembre, 2015).

Por otra parte, me permito transcribir íntegra la referencia que Leopoldo Calvo-Sotelo hace sobre la noche en que fallecía el jefe del Estado[138]. Comienza con el recuerdo siguiente de nuestros primeros contactos: «A principios de 1974, recibí en mi despacho de Explosivos la visita de un joven oficial, el capitán Peñaranda, que trabajaba en el SECED, órgano superior de la “inteligencia militar” en los últimos tiempos del franquismo (…). La verdad es que en Explosivos no había mucho que ocultar y, por tanto, no había mucho que espiar. El capitán Peñaranda repitió varias veces la visita, acompañado por un colega suyo que luego sería famoso: el capitán Monzón. Nos hicimos amigos (…). Al empezar la muy larga y muy oculta agonía de Franco, le pedí al capitán Peñaranda que me avisara del final en cuanto su Servicio lo supiera. Una madrugada, poco después de las cinco, sonó el teléfono instalado en la cabecera de mi cama; lo descolgué medio dormido y oí la inconfundible voz de Peñaranda que dijo nada más esta palabra: ¡“Ya”! Y colgó. Amanecía el jueves 20 de noviembre de 1975 y aquel adverbio contenía la más esperada noticia del siglo XX; aquella breve sílaba estaba llena de historia, como la vaina está llena de espada. Unas horas más tarde, la noticia salió a la calle y empezó en España, con veinticinco años de adelanto, o con cuarenta de retraso, el siglo XXI».

La primera edición de Pláticas de familia salió a la calle en noviembre de 2003, pero ya en julio de ese año tuve noticia directa del comentario de Calvo-Sotelo sobre la madrugada de referencia. El día 10, o pocas fechas antes, había tenido lugar una Junta del Patronato de la Universidad Antonio de Nebrija, de la que él era presidente. En conversación informal en un descanso, varios miembros atendían una conversación entre mi cuñado Manuel Ramiro Regueira y Gustavo Suárez Pertierra, en la que salía a colación el general Peñaranda (en esta ocasión, mi hermano Julio, que había estado destinado con este último en su etapa de secretario de Estado de Administración Militar). Calvo-Sotelo no sabía que fuéramos varios hermanos generales ni nuestra relación familiar con Ramiro, así que tomó la iniciativa de recordar gratamente aquellos años 70 en los que él y yo nos conocimos. Consideraba que la anécdota de aquella madrugada ocurrida, según citó entonces, a las 05.10 horas, era ya imborrable para él; entendió muy bien mi simple y explícito “¡Ya!” y agradeció mucho la recentísima noticia. Sorprendió a mi cuñado que no mediase una palabra mía más en aquella conversación telefónica, dado mi conocido carácter abierto y comunicador, a lo que Leopoldo respondía solemnemente que el momento exigía esa brevedad y sobriedad. La verdad es que yo no recordaba en julio del 2003 aquel sucedido, pero lo daba por real si Calvo-Sotelo lo retenía así en su buena memoria.

Tuvimos una conversación, el 24 de enero de 2004, al día siguiente del funeral de Ramiro, preparatoria de un almuerzo más largo. Se acordaba muy bien de la llamada que un día le hizo Jaime Carvajal Urquijo, en aviso de mi primera visita, y de todo aquel decenio, que calificaba de fundamental. Me decía que «tenemos obligación, para la historia, de escribir aquella etapa política, antes de que nos la cuenten quienes de mala fe intentarán deformarla o simplemente los que no tienen ni idea». Recuerdo además que no le gustaba mucho el anglicismo «inteligencia», que ahora se utiliza en vez de «información». Quizá no sabía que siglos antes ya se citaba en documentos reales este término[139].

También López Rodó[140] nos deja esta sucinta referencia: «El 20 de noviembre, a las cinco y media de la madrugada, me levanta de la cama una llamada telefónica de la Presidencia del Gobierno comunicándome la muerte de Franco». No encontré, en mis investigaciones, el origen de tal confidencia. Por su parte, el Doctor Vicente Pozuelo transcribe el comunicado que el Ministro de Información y Turismo leyó a través de Radio Nacional, a las 06.12 horas de la mañana del día 20 de noviembre. En el texto se decía: «Las Casas Civil y Militar informan, a las 05.25 horas, que según comunican los médicos de turno, Su Excelencia acaba de fallecer…», lo que concuerda bastante bien con las horas citadas por las tres personas aludidas anteriormente. En la página anterior, el Dr. Pozuelo dice «estaba todo el equipo médico habitual avisado para elaborar el parte final, que se redactó en La Paz (…), y que dice textualmente así (…): “A las cinco horas y veinticinco minutos sobrevino una parada cardiaca irreversible”, parte médico que era firmado a las siete y media, hora a la que precisamente comenzaron a dispararse las salvas de ordenanza en la Cuesta de la Vega, tal como estaba previsto». Explicaba el doctor que antes «desaparece el complejo ventricular, permanece la onda P y después el encefalograma es plano. Aparece la cianosis y cesan la respiración y el latido. Se realiza masaje cardiaco (…). No se recupera. Todo ha terminado. Se procede a la desintubación (…). Se establece la seguridad de la muerte a las 05.25 después de objetivar la ausencia de respiración, de pulso, de latido y de haber visto el aplanamiento total de las ondas del electrocardiograma y del encefalograma».

Esto explica mejor que nada ese lapso de tiempo entre el fallecimiento y su firme constatación por el equipo médico. Ninguna contradicción, pues, en las horas de las primeras noticias. Por otra parte, constata el Dr. Pozuelo que el presidente Arias entraba en la cámara mortuoria de la Ciudad Sanitaria de La Paz a las cinco y media, lo que casa mejor con que la vida de Franco se extinguiera definitivamente antes de las cinco de la madrugada. No puedo recordar ni parece haber quedado constancia de la fuente que desde La Paz o desde El Pardo nos hiciera saber el óbito, a los directivos de guardia de la Operación Lucero, de modo tan inmediato. A partir de aquel momento, la Jefatura Superior de Policía de Madrid reforzó su presencia en la Ciudad Sanitaria de La Paz. El propio TCOL Quintero Morente estuvo presente dando las últimas instrucciones a lo largo de aquellas últimas jornadas, como pudo verse en fotografías de diversas publicaciones.

La comunicación del fallecimiento

Explica el Dr. Pozuelo que se había previsto una operación cívico-militar, planificada con el orden de los avisos por las Casas Civil y Militar y por la Presidencia del Gobierno para el mismo momento de la muerte. «Esta Operación se pone en marcha», en referencia —quizás sin saberlo— a la Lucero. La obligación consistía, según él, en avisar a los jefes de las Casas de Su Excelencia, al presidente del Gobierno y a la familia. El doctor indicó entonces que se realizase el vaciado de la mascarilla y de las manos, práctica que efectivamente no se había previsto en la Operación y que llevó a cabo el escultor Santiago de Santiago, antes del embalsamiento y de vestirle el uniforme de gala de capitán general. Eran preparativos cuya laboriosidad y lentitud no habíamos tenido en cuenta en el horario de actuaciones, por lo que al parecer los especialistas tuvieron que luchar con la falta de tiempo. Los vehículos militares y fúnebres hacían su entrada en el recinto de la Ciudad Sanitaria La Paz hacia las siete de la mañana para proceder al traslado de los restos del Generalísimo hasta el Palacio de El Pardo, donde se celebraría una misa corpore insepulto, antes de llevarlos al Palacio de Oriente, donde recibirían el homenaje póstumo de una multitud de españoles.

El certificado de defunción fue entregado al ministro de Justicia José María Sánchez Ventura y Pascual, como notario mayor del Reino, para que fuese incluido en el acta notarial del fallecimiento de Su Excelencia el jefe del Estado, acta de la que se suscribieron cuatro ejemplares: el primero para S. A. R. el Príncipe de España, a los efectos del artículo 4.º de la Ley 62/1969 de 22 de julio, por la que se provee lo concerniente a la sucesión en la jefatura del Estado, y del artículo 2.º de la Ley 28/ 1972 de 14 de julio, por la que se dictan normas de aplicación a las previsiones sucesorias. El segundo ejemplar era para el presidente del Consejo del Reino, quien por ministerio de la Ley quedaba investido de la condición de presidente del Consejo de Regencia. El tercer ejemplar se entregaba al presidente del Gobierno y, el cuarto, se archivaría en el Protocolo del Ministerio de Justicia.

«A las diez en punto de la mañana, el presidente del Gobierno, don Carlos Arias Navarro, se dirigió a los españoles a través de la radio y la televisión. Estaba muy emocionado. Nosotros nos dispusimos a escucharle en una situación de tensión y angustia, con los nervios destrozados». Así relata el doctor Pozuelo la patética intervención de Arias, cuyo texto decía así: «Españoles: Franco ha muerto. El hombre de excepción que ante Dios y ante la Historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España ha entregado su vida, quemada día a día, hora a hora, en el cumplimiento de una misión trascendental. Yo sé que en estos momentos mi voz llegará a vuestros hogares, entrecortada y confundida por el murmullo de vuestros sollozos y de vuestras plegarias. Es natural: es el llanto de España que siente como nunca la angustia infinita de su orfandad; es la hora del dolor y de la tristeza, pero no es la hora del abatimiento ni de la desesperanza. Es cierto que Franco, el que durante tantos años fue nuestro Caudillo, ya no está con nosotros, pero nos deja su obra, nos queda su ejemplo, nos lega un mandato histórico de inexcusable cumplimiento. Porque fui testigo de su última jornada de trabajo cuando ya la muerte había hecho presa en su corazón, puedo aseguraros que para vosotros y para España fue su último pensamiento, plasmado en este mensaje con que nuestro Caudillo se despide de esta España a la que tanto quiso y tan apasionadamente sirvió». Y Arias daba, a continuación, lectura al testamento de Franco.

Había entrado en escena, de modo automático, el Consejo de Regencia presidido por quien ejercía esa misma función en las Cortes Españolas. Miguel Platón hace una semblanza del teniente general del Ejército del Aire Ángel Salas Larrazábal, quien, por su condición de mayor antigüedad en activo en las Fuerzas Armadas, ocupaba un sitial de los tres del Consejo de Regencia, en aquella breve, formal y decisiva función de asumir los poderes de la jefatura del Estado, al fallecer el Generalísimo, según disponía la ley de Sucesión de 26 de julio de 1947. Dice Platón que «aunque la ley no lo dijese de forma explícita, el sentido político de la norma resultaba evidente (…); (Salas) era una representación de las Fuerzas Armadas en el proceso destinado a garantizar y supervisar la proclamación del Príncipe Juan Carlos como Rey de España[141]».

El momento de la sucesión debía transcurrir sin sobresaltos para que la instauración de la Monarquía fuera, sin lugar a dudas, pórtico de entrada en la nueva época. Todas las medidas contempladas en la Operación Lucero, tan pacientemente elaboradas en detalle por el SECED, entraron de inmediato en vigor. En el Servicio se dictaron las órdenes correspondientes a la nueva fase de su propia Operación Relámpago: todo lo necesario para el seguimiento informativo de las actividades clandestinas que pudieran detectarse. Tras una semana de actos simbólicos para la instauración de la Monarquía, vendrían otras más funcionales y políticas, ya en el entramado de las élites del Régimen y a intramuros de sus instituciones, sobre todo en el Consejo del Reino donde surgiría la confrontación de corrientes continuistas y reformistas. El 29 de noviembre, llegaba la sorprendente confirmación de Arias Navarro como presidente del Gobierno. A primeros de diciembre, se produciría el nombramiento de Torcuato Fernández-Miranda y Hevia como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino; y, el 11 de diciembre, se instauraba un nuevo Gobierno, fruto de transacciones entre las corrientes reformistas, apareciendo ya indicios suficientes sobre la inflexión histórica que iba a producirse a medio plazo.

En el planteamiento de los actos públicos correspondientes a la sucesión puede decirse que, en su conjunto, las ceremonias compartieron el doble significado de una etapa que terminaba y la simbólica apertura de un futuro no escrito todavía. Así se desarrollarían los actos de homenaje a la irrepetible figura del jefe del Estado y el entierro de quien ostentara dicho cargo de forma tan singularmente vitalicia y autocrática; y, al tiempo, el Rey recibiría las extraordinarias potestades ejercidas por su antecesor. Después escucharíamos algunas de las frases más significativas pronunciadas por Su Majestad en aquellos discursos: «perfeccionamientos profundos» que demandaba «el cambio generacional» de la sociedad; «integrar en objetivos comunes las distintas y deseables opiniones»; llamamiento «a todos» para que entendieran «con generosidad y altura de miras» que el futuro se basaría «en un efectivo consenso de concordia nacional».

Y escribe Platón: «El traspaso de poderes se llevó a cabo de acuerdo con el estricto cumplimiento de las previsiones legales. De acuerdo con una Ley de Prerrogativa, el Consejo de Regencia tenía un plazo de ocho días para convocar el pleno de las Cortes, a fin de que don Juan Carlos prestase juramento y fuese proclamado Rey. Ese plazo se acortó al máximo y la ceremonia se celebró en apenas cuarenta y ocho horas, justo el tiempo necesario para que los procuradores pudiesen ser convocados mediante telegrama y llegar a Madrid (…). A mediodía del 22 de noviembre, Rodríguez de Valcárcel proclamó Rey de España a don Juan Carlos. La actuación del Consejo se caracterizó no solo por la aplicación escrupulosa de las leyes, sino también por su sentido político y la sincera y eficaz colaboración con el sucesor (…). El interés nacional reclamaba que el traspaso de poderes se llevase a cabo cuanto antes, sin apurar los plazos y así se hizo».

LAS HONRAS FÚNEBRES

La capilla ardiente

En el Palacio de El Pardo se montó una capilla ardiente para acoger provisionalmente el cadáver del Generalísimo que llegaba procedente de la Ciudad Sanitaria La Paz, de modo que pudiera ser velado por familiares y allegados más íntimos, personal de la Casa de Su Excelencia y algunas autoridades, antes de que se procediese a su traslado al Palacio de Oriente. En la misa privada corpore insepulto oficiada por el cardenal-arzobispo de Madrid, monseñor Enrique y Tarancón, pronunció una sentida homilía. Sus primeras palabras eran una advertencia: «Nos hemos reunido para rezar: no debéis esperar de mis palabras ni un juicio histórico ni tampoco un elogio fúnebre». Pero el texto no se correspondía con sus primeros deseos. Al poco de comenzar ya explicaba que «este amor de Francisco Franco es el que sí puedo elogiar yo en esta hora (…), nadie dudará en reconocer la absoluta entrega, la obsesión, diría incluso, con la que Francisco Franco se entregó a trabajar por España (…). Este servicio a la patria es también virtud religiosa. Él ha muerto uniendo los nombres de Dios y de España (…), gozoso porque moría en el seno de la Iglesia de la que siempre ha sido hijo fiel». Más adelante, ya terminando, rogaría el cardenal: «Tendremos que superar cuanto pueda dividirnos y aceptar lo que deba diferenciarnos (…). En esta hora decisiva para nuestro país (…), llamo a todos los españoles a la unión, a la concordia, a la convivencia fraterna, “tarea difícil” como hemos dicho en un reciente documento los obispos españoles, pero “también una tarea posible y, por tanto, obligatoria”». Con este mensaje se entreabría la puerta a una solidaridad cívica que sería tan indispensable en los primeros pasos públicos de la Transición.

En el Palacio de Oriente se iniciaría la compleja preparación de las honras fúnebres oficiales y públicas. Así la relata el embajador Oyarzábal: «Se traslada el cadáver al Salón de Columnas del Palacio de Oriente, se montan los turnos de guardia, se convoca a todos los dignatarios del Régimen y se abren las puertas para que el público pueda rendir su último homenaje al jefe del Estado, bajo cuya égida habíamos vivido prácticamente nuestra vida entera más del sesenta por ciento de los españoles. Lógicamente era de esperar una importante reacción popular, pero la realidad superó con creces todas las previsiones. Inmensas colas de kilómetros y kilómetros serpenteaban en tres direcciones diferentes por calles de Madrid alejadas del Palacio, y en forma compacta, de tres en fondo, madrileños y españoles de todas las clases sociales aguantaron a pie firme catorce, dieciséis y hasta veinte horas para pasar sin detenerse ante el féretro abierto de Franco (…). A los tres días de esta ininterrumpida procesión y cuando se multiplicaban los problemas para mantener presentables unos restos sometidos al calor intenso de focos y apreturas humanas, tuvo que adoptarse la decisión de bajar el féretro al porche del Palacio para, al menos en esa última noche, forzar el paso de cuantos aún soportaban durante horas el frío de noviembre y permitirles el último homenaje que tanto ansiaban. Lo más emocionante del río humano no era sin embargo su número, con ser este realmente impresionante. Lo que verdaderamente encogía el corazón a cuantos, durante horas, permanecimos en los salones adjuntos a la capilla ardiente, era esa sencilla y reiterada reacción de muchísimos ciudadanos que —unos santiguándose, unos pocos brazo en alto— al pasar ante Franco solo decían “¡gracias!”. Nadie les había dado consigna alguna, nadie les había podido poner de acuerdo y, sin embargo, ese fue el común denominador de un gran número de las personas que finalmente lograban pasar ante el cadáver del jefe del Estado».

Cuenta Hellmuth Günter[142] que «fue como una explosión de gratitud, dolor y serenidad (…). Ante la mirada atónita del mundo, en medio de un silencio sobrecogedor, españoles de todas las edades y de todas las clases (…), formaron filas de kilómetros (…), para desfilar ante el Caudillo muerto. Ocho, diez, doce horas (…); hubo quienes esperaron catorce y más horas para simplemente poder pasar, sin tiempo para un alto, ante el túmulo funerario y musitar: ¡gracias! (…). Ninguna pluma describirá en toda su medida la dimensión y significado del último adiós del pueblo español a Franco. Los cálculos más mesurados cifran en casi cuatrocientas mil personas el número de los que desfilaron ante el cuerpo sin vida de Franco. Para ordenar masas tan ingentes no fue preciso ningún servicio de orden. Casi todos los ojos pasaban arrasados en lágrimas».

Durante los días 21 y 22, las visitas a los restos mortales de Franco resultaron numerosísimas. Cuando circuló la noticia de que se cerraría el acceso al Salón de Columnas antes de la medianoche del sábado 22, la presión popular exigía mantenerlo abierto a las visitas hasta que pudiera despedirse de Franco el último ciudadano que lo deseara. Me recordaba recientemente el COR Atienza que, a la vista de tan penosa situación, los directivos de la Operación Lucero habíamos propuesto arbitrar la solución, nada fácil, de bajar el féretro al zaguán de la escalera real y forzar al público a pasar por delante de tres en tres. Se hizo llegar la sugerencia hasta el propio presidente del Gobierno, quien recabaría de doña Carmen Polo la autorización pertinente, en honor y agradecimiento a tantas personas que seguían impertérritas en las colas. Un anciano de ochenta años, Porfirio Barracil —que resultó ser un viejo legionario— había fallecido a consecuencia de un infarto, y numerosos casos habían sido atendidos por Cruz Roja con síntomas de agotamiento tras largas esperas en la calle, según lo relata Fernández Santander en Los militares en la transición política. No se podía prolongar mucho más tiempo la despedida. Al día siguiente, se iba a iniciar temprano la preparación de las exequias oficiales en la Plaza de Oriente con el sellado del féretro.

La despedida en el Palacio de Oriente

Quienes teníamos una responsabilidad más inmediata en el desarrollo de la Operación Lucero no tuvimos aquella noche de víspera mucho tiempo para el descanso, igual que tantos otros que se afanaban en la seguridad, en el protocolo, en la ejecución de los últimos preparativos para los actos de la mañana siguiente. Allí, junto a la gran tarima instalada en la fachada de Palacio, estaríamos temprano el domingo 23 los luceros dando aún alguna instrucción de última hora o informando a los comentaristas de radio y televisión sobre cualquier pormenor de cuanto iba a ocurrir. De este acto solemne, he hecho amplias referencias al tratar la cronología de la Operación; diré también algo, más adelante, al hacer el juicio crítico de la misma.

Pero hagamos una mención a la homilía que pronunció el cardenal primado de España y arzobispo de Toledo durante la celebración de la santa misa. Comenzó don Marcelo González Martín[143] por recordar la festividad de Cristo Rey y hacer una referencia histórica a la espada que la Legión Extranjera regalase en 1926 a Franco y que este entregaría al cardenal Gomá en la iglesia de Santa Bárbara para su traslado a la Catedral toledana, donde se conserva. Se refirió después al patriotismo como virtud religiosa, no como exaltación apasionada, y añadió que «recordar y agradecer no será nunca inmovilismo rechazable sino fidelidad estimulante (…), porque las patrias no se hacen en un día». Y daba su consejo para actuar «con la gratitud por lo que lo hizo (Franco) y siguiendo el ejemplo que nos dio (…), para que la libertad sea eficiente y ordenada, y el pluralismo nos enriquezca en lugar de disgregarnos». Pero añadía don Marcelo, con humildad y realismo, que «más fácil es proclamar principios y manifestar deseos cuando no tienes las responsabilidades que atan o abren las manos (…); incapaz yo de dar consejos y temeroso de que también los hombres de la Iglesia podamos excedernos con nuestra mejor voluntad». Terminaba recordando que «en esta hora solemne en que se escriben capítulos tan importantes de nuestra historia, tenemos gravísimos deberes que cumplir (…). Para Vos, Majestad, pido al Señor que os dé sabiduría para ser Rey de todos los españoles, como tan noblemente habéis afirmado (…). Y que la Patria perdone también a sus hijos, a todos cuanto lo merezcan. Será el primer fruto de un amor que comienza y el postrero de una vida que acaba de extinguirse». La homilía de don Marcelo resultó, con su fuerte personalidad, una elegía a Francisco Franco y un simbólico homenaje a un pasado que se cerraba. Era la clausura del viejo Régimen.

De los actos de aquella mañana, el general Armada relata este recuerdo: «Tuvo lugar en la Plaza de Oriente el funeral del Generalísimo al aire libre. Me gustaría llamarlo “funeral de campaña” (…). Durante la ceremonia pensé que era un acto castrense. Sobrio y en presencia de las tropas. El desfile de las unidades delante del armón resultó deslucido. A Franco no le hubiese gustado (…). La ceremonia austera, con mucho público, pero desordenada (…). El ambiente de aquel día era de una gran tristeza».

Los actos se desarrollaron tal como estaban programados, al igual que el recorrido de la comitiva fúnebre hasta el Arco de Triunfo. El coronel de Caballería, Íñigo de Churruca y Ojeda, en amistoso encuentro de 19 de mayo de 2005, traía a la memoria detalles de aquellas jornadas cuando era capitán del Escuadrón de la Guardia de Su Excelencia. En la subida del cortejo por el paseo de Moret, recordaba que no solo estaba empedrado el firme, sino que los pasos de peatones estaban embaldosados, lo que ocasionaba algunos resbalones de sus caballos. Uno de ellos cayó, derribando al Cabo 1.º que lo montaba; el corcel se espantó y regresó al poco rato junto al caballo del capitán, inmediato al vehículo que transportaba el féretro del jefe del Estado. El público que se arracimaba en la glorieta de la Victoria creyó —y así trascendió a algunos medios de comunicación social[144]— que se trataba del caballo de Franco y que formaba parte del protocolo de honras fúnebres. La gente aplaudía y vitoreaba al Escuadrón, identificándolo como una Guardia personal del Generalísimo.

La inhumación en el Valle de los Caídos

Antonio Oyarzábal nos ofrece esta secuencia: «Otro tipo de preocupaciones ofrecía para los organizadores la ceremonia prevista en el Valle de los Caídos. Allí se habían concentrado los más “ultras” del Régimen con sus “escuadras” de falangistas dispuestos a hacerse notar, sobre todo, ante el nuevo jefe del Estado y sus acompañantes. Ciertos rumores hablaban de un intento de organizar al Rey una versión de la “Jura de Santa Gadea”, con exigencias a don Juan Carlos de un pronunciamiento público sobre su fidelidad a la línea política del Movimiento, etc… Para conjurar esta amenaza, el CESID —ya muy evolucionado en hombres y objetivos desde los días del COR San Martín—, montó un atronador servicio de megafonía que no cesó de transmitir música religiosa y “patriótica” durante toda la ceremonia». No nos resulta muy riguroso ese párrafo a quienes entonces prestábamos nuestro servicio en el SECED (no CESID), efectivamente mayor y más consistente que la Organización creada por el CTE San Martín. Ni la megafonía era de nuestra competencia, sino del Ministerio de Información y Turismo, ni los que asistimos a aquellos actos tuvimos entonces la sensación de que el orden “político” se nos fuera de las manos. Pero su relato da una pincelada más a aquel cuadro multicolor de Cuelgamuros.

En la referida conferencia de María del Carmen Álvarez-Arenas aludió también a la ceremonia de inhumación del cadáver del Generalísimo. Decía así: «A la llegada del féretro al Valle de los Caídos, su abad, Luis María de Lojendio, quiso abrirlo para comprobar que dentro se hallaban los restos de Francisco Franco. No fue posible, porque horas antes había sido soldado». Así describe esta operación el acta levantada por el ministro de Justicia y notario mayor del Reino, José María Sánchez Ventura: «He presenciado personalmente la operación de cierre por soldadura de la caja interior de las dos que componen el féretro que contiene los restos mortales de Su Excelencia el jefe del Estado. La operación comienza a las ocho horas y termina a las ocho horas y diecinueve minutos y la han presenciado los Excmos. Sres.: D. Cristóbal Martínez Bordiú, Marqués de Villaverde; S. A. R. D. Alfonso de Borbón Dampierre, y otros familiares de Su Excelencia, así como los Doctores D. Vicente Pozuelo Escudero, D. Modesto Martínez Piñeiro, D. Antonio Piga Rivero y D. Bonifacio Piga Sánchez-Morate».

Y añadía la señora Álvarez-Arenas: «Pero el abad no se conformó, pese a tantos testigos, y exigió un juramento público y solemne al Jefe de la Casa Civil de Su Excelencia, el teniente general don Fernando Fuertes de Villavicencio, y a don Ernesto Sánchez Galiano y don José Ramón Gavilán, Primer y Segundo Jefes de la Casa Militar, que habían sido comisionados por el Rey para hacer entrega de los restos mortales de Franco en la Basílica. El abad mitrado les preguntó con toda solemnidad: “¿Juráis que el cuerpo que contiene la presente caja es el de Su Excelencia el jefe del Estado, Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde, el mismo que os fue entregado para su custodia en el Real Palacio de Oriente, de Madrid, a las seis horas treinta minutos del pasado día veintiuno?”. A lo que cada una de las personalidades interrogadas respondieron, por su orden: “¡Sí, lo juro!”». (Pregunta idéntica a la testificada en el Acta Notarial). Los restos mortales del jefe del Estado quedaron enterrados en la basílica, detrás del altar mayor, bajo una losa de granito de tonelada y media en la que se podía leer solo un nombre: «Francisco Franco».

Cierro este apartado de la inhumación con algunas referencias al monumento funerario del Valle de los Caídos (la basílica de Santa Cruz), sobre el que han corrido ríos de tinta de todos los colores, en ocasiones con un claro intento de sacar algún rédito político. El profesor Luis Suárez Fernández, académico de la Historia, hacía en ABC, del 10 de abril de 2005, esta declaración: «Algunos piensan hoy que se trata de un monumento a los vencedores. Sin duda, no están correctamente informados. Pues entre las cenizas que allí descansan (…), hay restos de ambos bandos». Por su parte, el general Franco Salgado-Araujo cuenta[145] el problema que suscitaron quienes pretendían que fueran a parar allí solo los restos de caídos de un bando, de lo que se hizo eco el Generalísimo, zanjándolo con un «¡de ninguna manera!», porque en los dos bandos lucharon católicos que pensaban que lo hacían por el bien de España.

El abad benedictino de la basílica, don Anselmo Álvarez Navarrete[146], remataría en un artículo en Alfa y Omega, de 2 de diciembre de 2004, que «aquí, en el Valle, no se hace apología de nadie, sino oración por todos (…). No abráis nuevas heridas en la convivencia pacífica de los españoles (…), ni desatéis vientos que presagian tempestades (…). Dejad en paz la guerra; dejad en paz a los muertos». En la biblioteca del monasterio se conserva un gran armario con los libros de los enterrados en la cripta, con todos los datos de que se disponía: más de 33.700 registros con su correspondiente ficha (en la que se incluía el lugar en que cayeron) de los 60.000 allí enterrados hasta los años 80, entre ellos, el padre del abad que fue fusilado, una hermana de trece años reventada por una bomba del bando nacional y un tío republicano.

Otra cuestión polémica era la utilización de prisioneros de la guerra en las obras de Cuelgamuros. Considera el historiador Suárez en su artículo «La Cruz del Valle», en la citada separata Alfa y Omega de ABC que «probablemente fue un error —se creía estar haciendo un bien— aceptar presos que rebajaban de este modo sus penas y percibían una pequeña remuneración, porque esto iba a ser mal interpretado». Meses después, el 10 de abril de 2005, el académico explicaría en una entrevista en ABC que «por influencia de un sacerdote se había establecido una doctrina de redención de penas por el trabajo, que hacía que los que aceptasen tomar parte en trabajos de obras públicas pudiesen eliminar las dos terceras partes de su sentencia; y a eso se acogerían muchos. A mí esto me parece muy mal, pero es una opinión personal, y nada tiene que ver con lo que fue, y que ha llevado a pensar que había trabajos forzados: forzados no, mediante solicitud y además con un pequeño sueldo».

El escritor Pío Moa[147] ofrecía su propia versión: «Los presos trabajaban redimiendo penas por el trabajo, sistema consistente en suprimir dos o tres días de condena por cada uno trabajado (…). Según la Fundación Francisco Franco (datos en internet), no habían trabajado en el Valle de los Caídos veinte mil presos políticos, sino dos mil obreros a lo largo de quince años de obras, y no todos al mismo tiempo, de los cuales solo una minoría fueron presos. Estos percibían siete pesetas diarias, sueldo no desdeñable para la época, más la comida. Además, habían sido beneficiados no con tres días de redención por día trabajado sino con seis, aparte de otros indultos, con lo que ninguno permaneció como preso más de cinco años, siguiendo después la mayoría como trabajadores libres. De ahí se desprende la mendacidad del aserto común de que “cientos, si no miles, de presos murieron en la construcción del monumento”. Según el médico izquierdista Ángel Lausín —sigue Moa—, que también redimió allí una condena ejerciendo su profesión y siguió luego hasta el fin de la obra, el número total de muertos entre obreros libres y presos, ascendió a catorce, cifra baja para tantos trabajadores y tanto tiempo (…). Paco Rabal, miembro del PCE, reconoció que la vida allí era mucho más suave que en las prisiones (…). Muchos iban solos a El Escorial o a Guadarrama y no se fugaban, sino que volvían. Además podían tener allí a sus mujeres. La escuela para los hijos de los presos era mixta, cosa excepcional entonces, y aceptada por la autoridad como concesión al maestro izquierdista».

El cambio fundamental se produjo en el año 1957, cuando visitó el Valle, monseñor Ángelo Roncali, nuncio saliente en París y que no tardaría en ser elegido papa Juan XXIII. Vio la basílica, le gustó la idea y siendo ya papa le otorgó dos beneficios importantes para los católicos: un trozo de Lignum Crucis y la indulgencia plenaria que se logra al adorar la cruz el día de Viernes Santo, máxima celebración del Valle. Después, los monjes benedictinos ofrecerían una misa diaria por la reconciliación, la unidad y la paz. Los visitantes alcanzarían en los años más recientes cifras de más de cuatrocientos mil al año, sobrepasando ya, en total, los cincuenta millones de personas.

El pasado verano de 2015, estimé oportuno iniciar una relación epistolar con el actual prior de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, fray Santiago Cantera, para contrastar con él determinadas gestiones oficiales que hicieron directivos del SECED, en la primavera de 1974 y en el otoño de 1975, con el entones abad mitrado Fray Luis Mª de Lojendio, para consultarle sobre disposiciones relativas al posible enterramiento del Generalísimo Franco en la iglesia de aquel monasterio. Tras diversas comunicaciones, fray Santiago me puso en contacto con el abad emérito Fray Anselmo Álvarez, con el que finalmente pude concertar una conversación en la abadía para el viernes 27 de noviembre, acompañado por dos componentes del equipo de trabajo de la Operación Lucero: el general González Soler y el coronel Atienza Vega.

En esta distendida y amistosa reunión de casi dos horas, el abad emérito, buen conocedor de la historia de la abadía del Valle de los Caídos —en la que estuvo desde 1958, tras la creación de la Fundación el año anterior— nos fue comentando la concesión de la dignidad de «Basílica menor» en 1960 por el papa Juan XXIII, y diversos documentos que nos mostraba sobre el sepelio del jefe del Estado. Entre ellos aportaba el escrito del presidente Arias, de 21 de noviembre de 1975, comunicando al abad la fecha del enterramiento, y otro escrito de don Juan Carlos (firmado como «Yo el Rey»), del día 22, con su decisión sobre qué autoridades habrían de entregarle los restos mortales de Su Excelencia, para su colocación en el sepulcro destinado al efecto. También nos facilitaba fray Anselmo el acta de la solemne ceremonia —ya citada antes— levantada por el ministro de Justicia y notario mayor del Reino, José M.ª Sánchez Ventura, y así otros tantos documentos que obraban en el archivo de la comunidad.

Resultaron anecdóticos sus comentarios sobre el deseo del cardenal Tarancón de presidir, como arzobispo de Madrid, el sepelio del jefe del Estado en la basílica de la Santa Cruz, competencia que correspondía al abad mitrado de la misma; así como la intención del abat Escarré de forzar la entrega del Valle de los Caídos a su comunidad benedictina de Monserrat. También se extendió fray Anselmo en relatos sobre las órdenes recibidas, durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, de cerrar el acceso del Valle por falta de seguridad, y de restringir el culto en el monasterio alegando la incompatibilidad del uso del templo con la presencia de los restos de Franco y de numerosos recuerdos franquistas en tal recinto religioso, que conculcaban preceptos de la ley de la Memoria Histórica, lo cual, el propio fray Anselmo pudo desmentir personalmente «in situ» a un ministro socialista (¿Jáuregui?) para su transmisión a la vicepresidenta M.ª Teresa Fernández de la Vega.

Con profunda tristeza recordaba el abad cómo, en noviembre de 1982, fue clausurado oficialmente el Centro de Estudios Sociales, allí ubicado para la promoción de la cultura, bajo dirección benedictina; y cómo, en noviembre de 2004, comunistas catalanes querían convertir el monasterio en un centro de interpretación de los horrores del franquismo; así como otras voces posteriores (un Foro por la Memoria) que proponían la demolición de la basílica y el desmantelamiento de la cruz, y que fomentaban alargar sine die la restauración del grupo escultórico de La Piedad. Después, frecuentes noticias y comentarios se sucederían en los medios de comunicación sobre los conflictos de la abadía con la autoridad civil que pretendía entrometerse en la vida y competencias de los frailes benedictinos para tratar de transformar el objeto fundacional de la basílica. No en vano, en 2011, la «Comisión de Expertos» presidida por Virgilio Zapatero (exministro de Relaciones con las Cortes, con Felipe González) recomendaba exhumar los restos de Franco y construir un nuevo memorial.

Por nuestra parte, tuvimos la oportunidad de recordarle al abad emérito la visita celebrada semanas antes del fallecimiento de Franco a fray Luis M.ª de Lojendio, para hablarle de los actos que pronto tendrían lugar en la basílica, con gran sorpresa del mitrado al escuchar que el óbito podría estar tan próximo. Aquellos oficiales regresaron muy impresionados del afectuoso trato del abad, quien tiempo después haría pública declaración de aquel encuentro con dos miembros del Servicio de Presidencia. Aprovechamos para mostrar a fray Anselmo referencias de la Directiva n.º 1 de la Operación Lucero, elevada al presidente del Gobierno, con fecha 14 de mayo de 1974, en la que ya se consideraba firme el futuro enterramiento del jefe del Estado en el Valle de los Caídos, así como también datos del Plan General, firmado por Arias Navarro, el 24 de julio de 1975, en el que se disponían con detalle las normas de ejecución y coordinación para cuando se cumplieran las previsiones sucesorias.

La Operación Alborada

La Operación Alborada sucedería en el tiempo a la Operación Lucero, con el objeto de desarrollar los actos iniciales de la nueva Monarquía. Los detalles de su contenido merecieron por sí mismos recopilarlos en un tomo diferenciado de la Operación Lucero, no simplemente como un capítulo o anexo de esta. En el Plan Generalfirmado por el presidente Arias, en julio de1975, figuraban con detalle los actos que habrían de organizarse para dejar público y patente el inicio del reinado. Entre las reuniones informativas con autoridades implicadas en la Operación Lucero, se montó una específica para la Secretaría del Príncipe, en la que el general Alfonso Armada (al que acompañaba el CTE Pablo Montesino-Espartero, Duque de la Victoria), aceptó de buen grado y con generosidad cuanto tenía preparado el Equipo de Trabajo del SECED. Posteriormente, en conversación del 19 de septiembre de 2005, me recordaba Armada numerosos encuentros con el presidente Arias, con el director Valverde y con otras autoridades, para tratar, sobre todo, de cuanto habría que programar para el inicio de la Monarquía de don Juan Carlos.

El general relata en su libro que, en el mes de noviembre de 1975, «siguió la “Operación Lucero”, que en sus facetas de orden público y de alerta estaba en marcha, pero con el dispositivo mínimo, pues la tranquilidad en España era completa. Como antes indiqué, las disposiciones de la “Operación Lucero” terminaban con el entierro de Franco, y la vida nacional tenía que continuar. Se redactó con prisas una nueva Orden que incluía las disposiciones necesarias para aquella época de transmisión de poderes y volver al país a un régimen normal. Se llamó “Operación Alborada[148]”. La desarrolló con gran eficacia un grupo de oficiales de la Presidencia del Gobierno, bajo la dirección de Valverde. No teníamos instrucciones concretas. Presenté al Príncipe una propuesta y la aprobó. Sobre esa base hicieron el trabajo. Aquel documento contenía sustancialmente medidas para garantizar el orden público, organización del acto de los Jerónimos y de una parada militar en la plaza de la Armería». En mi libro Desde el corazón del CESID (Espasa, 2012) describí la citada Operación con mayor extensión.

El martes 25 de noviembre de 1975, Alfonso Armada, como secretario general de la Casa de S. M. el Rey, despacharía una veintena de ejemplares de una Operación, clasificada de secreto, cuyo objetivo era la «preparación, coordinación y ejecución de los actos oficiales que se celebrarán el próximo jueves, día 27 de noviembre, con motivo de la exaltación del Rey don Juan Carlos I a la jefatura del Estado». Relata el general[149] que «la Orden de la “Operación Alborada” corría prisa que se cursase a los ministerios. ¿Quién había de cursarla? El presidente Arias señaló que debía firmarla un representante de la Casa. Mondéjar estaba enfermo ese día y además se terminó de pasar a limpio de madrugada. El ejemplar original fui yo quien lo firmé. “Por orden”. Lo que no se supo nunca es por orden de quién. Todas las “Normas” en ella contenidas se cumplieron sin problemas».

Curiosamente, en los ejemplares que recibieron los destinatarios no figuraba, sin embargo, ese pie de firma «Por orden», si bien todos los receptores lo entenderían así. Se trataba, al fin, de normas dadas por la «Zarzuela» y no dimanadas de la autoridad del presidente del Gobierno, como sí ocurrió con la Operación Lucero, si bien la preparación —según expliqué— fue llevada a cabo por el SECED, como bien demuestra la lista de destinatarios: los últimos seis ejemplares de la Operación Alborada quedaban en poder —mitad por mitad— de la Casa de Su Majestad y del Servicio Central de Documentación. El contenido y el estilo del texto recuerdan mucho al apuntado para el día D+7 en la cronología del Plan General de la Operación Lucero; no podía ser de otro modo. Como se dictaba en una nota —ya citada— de aquel Plan «todos los actos (correspondientes a ambas Operaciones) deben ser considerados como un solo hecho histórico». También la Alborada tuvo sus propias fases, sus destinatarios, sus ejecutantes y también quedaría pendiente, hasta el último momento, la fijación de determinados puntos de aquellos primeros actos institucionales de la Monarquía.

La decena de páginas que se enfundaban en una sencilla carpetilla blanca oficial de Presidencia del Gobierno daba, tras el referido Objetivo, unas Normas Generales algunas ya conocidas por laLucero, como declarar el jueves 27 fiesta oficial en todo el territorio nacional, por el Ministerio de la Presidencia; mañana inhábil a todos los efectos, por el Ministerio de Trabajo; levantamiento del luto nacional desde el toque de diana hasta las seis de la tarde; y reapertura de actividades académicas y docentes, a partir del viernes 28. Los actos a celebrar serían los siguientes:

— Misa de Espíritu Santo en la iglesia de San Jerónimo el Real

— Recorrido triunfal de SS. MM. los Reyes de España

— Parada militar en la plaza de la Armería

— Desfile militar en la plaza de Oriente

— Almuerzo de gala a los jefes de Misión extranjeros

«Por los Ministerios de Asuntos Exteriores, Ejército, Marina y Aire se dispondrá —ordenaba la Casa de S. M.— el nombramiento de un diplomático y un Oficial General o Jefe para acompañar a cada uno de los Jefes de Estado y de Gobierno invitados, a quienes mantendrán informados puntualmente de la cronología correspondiente a los actos a celebrar, según las normas que dicta al efecto el Ministerio de Asuntos Exteriores». A las invitaciones para asistir a la «Misa, Recepción y Almuerzo» del día 27, se acompañarían instrucciones sobre horarios, movimiento y aparcamiento de vehículos y otras informaciones que facilitaban el conocimiento previo de aquellos actos, incluida naturalmente la exigible uniformidad, que para las autoridades civiles era de gala con condecoraciones o chaqué con corbata gris y para los militares, gala sin sable, con condecoraciones.

Hay que reconocer que la labor del Servicio en la Operación Alborada fue asimismo muy meritoria, tanto por la reserva con que ejecutó sus trabajos como por la excelente y compleja coordinación que había que lograr entre tantos organismos públicos y personalidades políticas que tenían su propia responsabilidad en algún aspecto de la Operación. El éxito con el que finalmente se llevó a cabo correspondía a todos ellos, pero es dudoso que se hubiera podido alcanzar sin la cooperante y puntual gestión de los hombres del SECED.

La víspera de aquellas solemnes ceremonias, S. M. el Rey firmaba sendos reales decretos por los que concedía a doña Carmen Polo, viuda de Franco, el título de señora de Meirás, y a su hija doña Carmen Franco y Polo, el de duquesa de Franco, ambos con grandeza de España.

BALANCE DE LAS OPERACIONES

Los miembros del Equipo de Trabajo de las Operaciones Lucero y Alborada debimos elevar un juicio crítico inmediato al director del SECED sobre la opinión que nos mereció el desarrollo de los actos y el cumplimiento de las órdenes dadas a través de tantos documentos. Entre las deficiencias observadas, que no habían sido tenidas en cuenta en la programación de la Capilla ardiente, estaban, por ejemplo, la falta de café y bocadillo para la tropa; que se dispuso de pocos ujieres para avivar el paso de la gente a lo largo del recorrido; y que a partir del D+2, a mediodía, se notó un exceso de visitantes «extras» al velatorio y bastante tertulia política en la Saleta Gasparini, que desdecía de la seriedad y recogimiento con que se estaban desarrollando los turnos de vela.

Tampoco hubo previsión de un servicio de seguridad en la plaza de la Armería, pues a la llegada de los Reyes, el público congregado rompió la cola y se abalanzó sobre los vehículos oficiales. En la visita de SS. MM. los Reyes a los restos del Generalísimo había mucho «advenedizo» esperándoles en el Salón de Columnas, y dificultando el paso. Y, en general, se constató falta de agilidad y eficacia de los servicios de seguridad. A la misa corpore insepulto fueron bastantes las autoridades que llegaron a Palacio después de la hora fijada como límite, lo cual complicó la preparación de la columna oficial motorizada. Por otra parte, los locutores de RTVE y de retransmisión del acto al público de la plaza de Oriente no conocían bien el detalle de lo programado. Una mejor explicación de las ceremonias y exequias hubiera permitido mantener un mayor silencio y respeto. Se notó la falta de un responsable general de la ceremonia, que dispusiera en cada momento lo que debía hacerse. En la plataforma oficial, buena parte de las autoridades no respetó la orden de mantenerse en sus puestos.

A la entrada del féretro en el Valle de los Caídos, se produjo una inevitable explosión de canciones patrióticas y el pasillo dejado a la comitiva fúnebre fue más estrecho que el dispuesto. En cambio, en el interior de la basílica, el respeto y el silencio resultaron muy superiores a los esperados. También aquí se achacó un deficiente funcionamiento del equipo de RTVE, que dio pocas explicaciones y tardó en iniciar el Himno Nacional a la salida de S. M. el Rey. Hubo numerosas quejas por no haber recogido para los televidentes las aclamaciones y vivas al Rey, de la multitud allí congregada.

Días después, el 4 de diciembre, Valverde me encargaba, como jefe del Equipo de Trabajo, explicar a los delegados regionales reunidos en la sede central, un rápido balance de la brillante colaboración del SECED para el buen control y coordinación de las distintas ceremonias que conformaban la Operación Lucero. El Servicio se había comportado como un eficaz instrumento al servicio del proceso pre-constitucional, dirigido por el Gobierno; instrumento de Inteligencia que contribuyó a facilitar el tránsito político entre el antiguo Régimen autocrático y la nueva Monarquía. Tan sorprendente papel había sido asumido por los miembros del Servicio, tanto en los años que duró la Operación como en los que llegaron inmediatamente después; positiva aportación del SECED al histórico proceso general de cambio sin ruptura, producido en España con no poca sorpresa y admiración de muchos.

Concluida la operación, el Equipo de Trabajo debió reunir también todas las felicitaciones recibidas en el Servicio y en Presidencia, tanto escritas como orales. Hay datos que permiten asegurar la existencia de una Carpeta núm. 3 (Correspondencia oficial) en cuya carpetilla 5 se archivarían tales felicitaciones. Aquella Carpeta incluía también la «Despedida y curso de la Operación», lo que hace suponer que todo lo actuado se cerrase oficialmente y se le diera curso a un archivo o a su destrucción, como solía ser lo ordenado en otras operaciones. La Carpeta núm. 4 (Cronología) estaba integrada, al parecer, por diecisiete subcarpetas, con papeles relativos a los actos fundamentales, siendo la última, la referente a la «Comida de gala en el Palacio de Oriente». La Carpeta núm. 5 (Planos) archivaba además de Planos y Proclamas, «Sugerencias a los Planes de Urgencia» y «Borradores de Actas y Decretos», con bocetos de discursos, comentarios, estudios sobre cumplimiento de previsiones sucesorias y Decretos definitivos. Por último, una Carpeta núm. 6 (Diario de la Operación), reunía además del propio diario del Equipo, «Comentarios sobre la Operación Lucero» en prensa nacional y extranjera, documentos que hubiera sido de excepcional interés encontrar. Todo ello hace presumir que la tarea fue densa e intensa y que el Equipo de Trabajo debió reunir gran cantidad de documentación. Uno echa de menos volver a leer esas sugerencias, esos comentarios, ese «diario», que habrían arrojado no pocas luces sobre aquella Operación tan trascendental. Quizá el gran volumen de papeles hizo que los documentos de trabajo acabasen en la trituradora. También es posible —y deseable— que nuevas investigaciones de estudiosos den con nuevos archivos personales que puedan aportar testimonios inéditos, llenos de valor para completar esta pequeña historia.

En conversación que mantuve el 26 de julio de1998, con el general Alfonso Armada y Comyn en su pazo gallego de Santa Cruz de Rivadulla, tras un almuerzo familiar, me hizo algunas consideraciones sobre su recuerdo de la Operación Lucero, que se resumían así: «Salió muy bien porque se preparó muy bien; pues solo puede salir bien lo que se planea y piensa mucho, y luego se sigue paso a paso lo decidido». En cambio me comentaría que no se pensó en «el día después» y hubo que preparar rápidamente la Operación Alborada, sobre la que mantuvo reuniones con el presidente Arias y otras autoridades. Armada me repetiría su recuerdo, en conversación de 19 de septiembre de 2005: «Todo lo hicisteis en Castellana, 5, en una oficina de la antigua Dirección de Marruecos y Colonias», que era, en efecto, la sede del SECED.

Terminó la Operación Lucero, pero los ecos de sus actuaciones duraron tiempo, y curiosas deformaciones posteriores fueron recogidas en diversos libros y conferencias con mayor o menor acierto. Así, el día 5 de julio de 2005, el general Fernández-Monzón exponía las siete líneas de acción de un programa «made in USA», en 1972, para facilitar el cambio en España[150]. Pues bien, según los supuestos designios iniciales del general Walters y el almirante Carrero, la segunda línea pondría en marcha en el SECED la Operación Lucero, según documentos de los archivos de la Casa Blanca y la Secretaría de Estado USA. No me ha sido posible encontrar un solo indicio de que tal Operación hubiera sido imaginada siquiera por el almirante.

En la tesis doctoral que Antonio M. Díaz Fernández escribió, en 2003, sobre «Origen, función y control de los Servicios de Inteligencia en España», describía así la Operación Lucero: «El SECED lanzó puentes a la oposición política y sindical, tanto en el exilio como en el interior de España, con la pretensión de obtener información y encauzar sin graves fracturas sociales la transición del franquismo con Franco al pretendido franquismo de las instituciones. A estos efectos preparó una operación que fue conocida como “Lucero” y cuyo objetivo era localizar, tranquilizar y proteger a la oposición en la clandestinidad, así como evitar desórdenes o ataques contra estos tras la presumiblemente cercana muerte de Franco». No comprendo qué fuente pudo facilitar a ese doctorando tales objetivos imaginarios de la Operación Lucero, si bien la OCN prestaría su atención a aquella faceta de la subversión.

De modo parecido, en su libro editado por Alianza en 2005, con base en dicha tesis doctoral, dice también: «La Operación Lucero, un dispositivo diseñado para controlar la situación inmediatamente anterior y posterior a la muerte del Caudillo (…)». En el capítulo IV, «Conclusiones», Díaz Fernández reitera lo antes señalado, con párrafos de este tenor: «Se organizaron dos operaciones, PROMESA y LUCERO, que tenían como objeto estar informados y localizar a estos líderes —políticos y sindicales de la oposición— tras la muerte de Franco, para protegerlos y evitar disturbios que alterasen la vida ciudadana y el orden del Régimen».

COLOFÓN

Al concluir una obra como esta, uno siente la lógica satisfacción del deber cumplido: remato así la publicación del contenido más relevante de mi tesis doctoral. Pero, al propio tiempo, uno lamenta cuántos episodios de los descritos han tenido que ser reducidos a la mínima expresión para no fatigar al lector, y cuántos otros quedaron arrumbados en las páginas de la tesis o incluso fuera de ella para no alargar más su ya desmedido texto. Muchos más pasajes podría yo haber incorporado sobre los Servicios secretos españoles durante aquel oncenio 1968-1979. Espero que otros escritores se adentren en este tema, que puede tener tanto atractivo e interés para explicar y entender mejor la historia de España en los años de la Transición. Confío en que especialistas e investigadores profundicen en ello y desvelen nuevos documentos que amplíen los que han quedado transcritos o citados en este libro.

El Instituto de Historia y Cultura Militar recibió, en el año 2015, la donación, por parte del teniente general Andrés Cassinello, de buena parte de sus archivos personales para que fueran puestos a disposición del público interesado, una vez sometidos a la labor previa de clasificación, índice y preparación para su consulta. Representan una singular y generosa aportación de quien fuera último director del SECED; ello supone un magnífico ejemplo a seguir por otros miembros de aquellos Servicios que conserven entre sus papeles personales referencias de aquellos años. Entre la documentación donada figura una copia de la Valoración de la situación, primera página de los afamados Boletines verdes de periodicidad semanal: más de doscientos ejemplares editados entre mayo de 1972 y julio de 1977, documentos de excepcional interés por reflejar el criterio de la dirección del Servicio sobre los acontecimientos más relevantes, tal como se le exponían al presidente del Gobierno, y se difundían con carácter interno, representando el juicio crítico de las abundantes noticias que llegaban al Servicio de fuentes tenidas entonces como de primer nivel en conocimiento y rigor. He dejado constancia en este libro de la labor de investigación histórica desarrollada por el Dr. Ernesto Villar en base a un lote similar de Boletines de Situación, procedentes del general Marchante.

Me gustaría insistir una vez más en que, con lo que queda plasmado en este libro, no se agota, ni mucho menos, la historia del SECED en los dos últimos años de Franco. Son escasas las referencias que aporto sobre sus tareas internas en aquel bienio trascendental, que fueron muy amplias y ricas, sobre todo, en información y actividades clandestinas, tan interesantes y provechosas, pero fuera del alcance de quienes habíamos sido formados para trabajar en ámbitos abiertos. Por otra parte, estimé que resultaría más grato al lector y más comprensible el relato de acontecimientos nacionales, tal como los recogíamos de entornos menos reservados. Sorprenderá a más de uno la similitud de algunos personajes y pasajes de hace cuatro décadas con situaciones actuales, que vienen a repetir historias que suponíamos superadas para siempre.

Quiero que mis últimas palabras sean de gratitud al general Félix Sanz Roldán, secretario de Estado, director del CNI, quien me ha colmado de atenciones a lo largo del último quinquenio, desde su presencia en la defensa de mi tesis doctoral hasta la presentación de este último libro, animándome siempre a proseguir la tarea cuando las fuerzas me flaqueaban. Espero que la historia viva descrita —tanto en este volumen como en los dos anteriores—, sirva de estímulo a las nuevas promociones del Centro Nacional de Inteligencia, al menos como ejemplo de dedicación y entrega al servicio de España de cuantos les precedieron, virtudes que observo y aprecio con satisfacción y sano orgullo en los componentes de la actual generación.

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Portada del documento de diecinueve páginas con dos anexos de cinco y veinticinco páginas. Diez destinarios.

Portada del documento de cincuenta y siete páginas destinado a diez autoridades.

Facsímil ejemplar 1 bis/100.

Segunda página del documento anterior.

Tercera página del documento anterior.

Comunicación del presidente del Gobierno al abad mitrado.

Primer documento firmado por su majestad el rey Don Juan Carlos.

Ataúd de S. E. el jefe del Estado acompañado por el capitán de Caballería don Íñigo de Churruca, jefe del Escuadrón del Regimiento de la Guardia de S. E., saliendo del Palacio de Oriente hacia el Valle de los Caídos. 23 de diciembre de 1975. (Fotografía por cortesía de Manuel Ramiro Regueira).

Acreditación del vehículo privado que trasladó al «Equipo de Trabajo» de la Operación Lucero hasta el Valle de los Caídos en el cortejo oficial. 23 de diciembre de 1975.

Primera página del documento (ejemplar facsímil número 12/100 de cuatro páginas).

Tercera página del documento.

Audiencia de su majestad el rey al «Equipo de Trabajo» de la Operación Lucero el 8 de febrero de 1976. De izquierda a derecha: comandantes González Soler y Peñaranda (autor de este libro), su majestad, el comandante Atienza y el capitán Hernández Rovira.

El presidente Arias despide, ante su subsecretario de despacho don Carlos Álvarez Romero, a algunos colaboradores inmediatos, entre ellos a los directivos del SECED teniente coronel Valverde (cuarto por la izquierda, semitapado), teniente coronel Cassinello (octavo por la izquierda), comandante Peñas (noveno por la izquierda), comandante González Torres (décimo por la izquierda), comandante Faura (decimoprimero por la izquierda) y el autor (primero por la izquierda).

«Equipo de Trabajo» de la Operación Lucero en el primer aniversario de la muerte del generalísimo Franco. De izquierda a derecha: el autor, el comandante González Soler, el capitán Hernández Rovira y el comandante Atienza.

Acompañado por el comandante Martínez Teixidó (número uno de la promoción de Ingenieros), el capitán general de la 6.ª Región Militar, Pascual Galmés, me saluda en la Academia de Ingenieros del Ejército con ocasión de las Bodas de Plata de salida (otoño de 1979). De paisano, el comandante Busquets, impulsor de la Unión Militar Democrática (UMD).

Visita al Abad emérito de la basílica de la Santa Cruz, don Anselmo Álvarez, el 27 de noviembre de 2015. De izquierda a derecha: el general González Soler, el autor y el coronel Atienza.

El autor y Mariano González, el periodista de Europa Press que alertó desde el Hospital La Paz del fallecimiento de Franco. 4 de diciembre de 2015. (Fotografía por cortesía de Ernesto Villar).

Notas

[1] Las titularía Opera prima, aún inéditas, que generosamente me ofrecía en su domicilio el día de su santo del 2003, para que las leyera despacio. <<

[2] Vicente Roa. Capítulo Las fatigas de Arias, de Apoteosis y ocaso del franquismo. <<

[3] Oyarzábal querría referirse al SECED, aunque este Servicio no se trasladó desde Alcalá Galiano, 10 a Castellana, 5 hasta el otoño de 1974. Pero es interesante que lo cite como antítesis de organización y funcionamiento de los departamentos de la Presidencia que describe. <<

[4] En mi anterior libro, Los servicios secretos de Carrero Blanco (págs. 273 a 276), expliqué el objetivo de la Operación: el montaje de reuniones con destacados miembros de diferentes entornos y posiciones distantes del Régimen, en búsqueda de jóvenes vocaciones para la nueva etapa política que se vislumbraba. <<

[5] Desde el 23 de septiembre de 1967. <<

[6] El nuevo director accedió al cargo por Decreto 77/1974 de 19 de enero (DO núm. 17) «A propuesta del ministro de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 por la que SE el jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos le nombra Jefe del Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno, con la categoría de Director General». <<

[7] Figura estelar de la «inteligencia» francesa, jefe de los servicios secretos durante los mandatos presidenciales de Pompidou y Giscard D’Estaing. Su libro Dans les secrets de princes fue editado en 1987 por Planeta, bajo el título de Secretos de Estado. <<

[8] Llegó a ser años después, Comandante General de Melilla y Capitán General de la II Región Militar (Sevilla). <<

[9] Servizio de Informazione de la Difesa. <<

[10] Bundesnachrichtendienst (Servicio Federal de Información). <<

[11] Bundesamt für Verfassungschutz (Oficina Federal para la Defensa de la Constitución). <<

[12] Algo más que el 23-F, La Esfera de los Libros, Madrid, 2004, pág. 383. <<

[13] Estos eran las Fuerzas Armadas, La Iglesia y el Movimiento-Organización, como el documento citaba al comienzo; pero, en la práctica, solo se contaban las Fuerzas Armadas, si bien se dudaba si serían tan monolíticas como aparentaban. <<

[14] Hay que pensar que, aunque las Fuerzas Armadas no intervinieran, se verían abocadas muy probablemente a desempeñar el ingrato papel de árbitros de la situación; circunstancia que colocaría a los directivos del SECED ante difícil elección; de ahí la necesidad de hacer compatible la doble lealtad que auto-exigían: a su profesión militar y a su destino oficial vinculado a la Presidencia del Gobierno. <<

[15] Los ponentes dudaban de la capacidad del presidente del Gobierno para llevar a buen puerto su propia política y temían que finalmente se impusiera la corriente inmovilista representada en el Gobierno por algunos ministros. <<

[16] Veinte años después, Faura fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército y estableció un decálogo de principios del nuevo estilo de mando, que tenía reminiscencias de aquella época del SECED: respeto a la dignidad de la persona, liderazgo, espíritu de equipo, delegación y responsabilidad, disciplina, iniciativa y creatividad, conciencia de comunicación, competencia profesional, capacidad de adaptación y evolución permanente. <<

[17] En el artículo 2 de la OS se hacía referencia a que la contrasubversión en el seno de las Fuerzas Armadas correría a cargo de los ministerios militares, con la coordinación de los Estados Mayores por parte del AEM. <<

[18] El Consejo de Ministros había enviado a las Cortes, el 9 de noviembre de 1973, un Proyecto de Ley Orgánica de la Defensa, cuyo texto aparecería en el Boletín Oficial de las Cortes el 22 de abril del año siguiente. No hubo tiempo para convertido en Ley, y se perdió la oportunidad de aparición del concepto «seguridad nacional» que tanto importaba al SECED para que se diferenciara de cuanto hacía en nuestra Administración la Dirección General de Seguridad, reforzando así conceptos de la Ley Orgánica del Estado y relacionando Seguridad y Defensa. En aquel Proyecto se decía que: «La Defensa Nacional es la integración y acción coordinada de todas las energías y fuerzas morales y materiales que la nación puede oponer a las acciones de cualquier adversario», y que «tiene por finalidad garantizar de modo global y permanente, como exigencia suprema de la comunidad nacional: la unidad, independencia y seguridad de la Patria, la integridad de sus territorios, la vida de la población, la soberanía del Estado y sus intereses vitales en el orden internacional», aspectos que se refundirían años después en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y Organización Militar de 1.º de julio de 1980. <<

[19] El Diario Oficial núm. 60 de 12 de marzo de ese año 1974 ordenaba una reorganización del Ministerio del Ejército que creaba una nueva Jefatura de Información, reservada a un general de brigada del Servicio de Estado Mayor, mando de Armas. Esta Jefatura no era sino la cabeza del Servicio de Información del Ejército (SIE), que se articulaba en una Sección de Información Exterior (citada tantas veces como Segunda Sección y responsable de las Agregadurías Militares y relaciones internacionales) y otra de Información Interior (la anterior Segunda-Bis). La Bis seguía articulada en un órgano central CESIBE, unas oficinas regionales RESIBE y otras regimentales OSIBE. <<

[20] Cortezo abandonaría en 1978 la jefatura de Información del Ejército para regresar al AEM el 1 de octubre de 1976. <<

[21] Presidió la Junta de Jefes de Estado Mayor durante el primer Gobierno de Felipe González. <<

[22] Galdón había dejado la Armada, siendo capitán de corbeta, para dedicarse al mundo de los negocios. <<

[23] En julio de 1977 sería elegido primer presidente del Congreso de los Diputados en las nuevas Cortes Españolas. <<

[24] Entre ellas Cerón Ayuso, Coronel de Palma, Durán Farrell, Fraga, Fuentes Quintana, Santiago Galindo, García Lorite, Iglesias Selgas, Belén Landáburu, Meilán, Martínez Caro, etc. <<

[25] Servicio Especial. A las órdenes de Carrero Blanco, Planeta, Barcelona, 1983, pág. 64. <<

[26] En la Galería de Personajes del libro de San Martín, el autor recogió estas reflexiones sobre Auger: «Este singular personaje me visitó en un par de ocasiones. En una de ellas, para anunciarme que traía a España al profesor Ludwig Erhard y que quería que los recibiera el almirante. Lo que así se hizo. En la otra, me habló de las dificultades que tenía en su negocio editorial (…). Colaboró con nuestro delegado en Barcelona y publicó un artículo en la revista Mundo, titulado Fuerzas Armadas vs. Subversión, en el que se hacía un análisis de la función política de los ejércitos. Este artículo, que se hizo en equipo, mereció la aprobación del almirante. No me parece que se cumplieran algunos de nuestros pronósticos. Bien es cierto que la historia se escribe todos los días». <<

[27] Lobo: un topo en las entrañas de ETA, Plaza&Janés, Barcelona, 2003, págs. 48 y 49. <<

[28] La larga marcha hacia la Monarquía, Editorial Noguer, Barcelona, 1977, pág. 473. <<

[29] Entre la lista de personas que formaban parte de Data aparecían como vocales Amando de Miguel y Félix Izquierdo, contactos habituales del SECED. Gómez-Reino estaba considerado como miembro destacado de USDE. Data SA llevaba funcionando diez años y estaba considerada como una de las mejores empresas de estudios sociológicos, con independencia política y con el asesoramiento del profesor Linz. <<

[30] Había sido nombrado presidente del Banco del Noroeste el 20 de febrero y lo había anunciado personalmente en La Coruña, provincia a la que representaba en el Consejo Nacional del Movimiento. <<

[31] Había sido elegido miembro de la Junta del Círculo de Economía, la entidad empresarial más fuerte de Cataluña. Antiguo componente de Bandera Roja (que le ocasionaría una sentencia de tres años de prisión), se manifestaba ahora contrario a los comunistas, «que siempre quieren llevar la iniciativa en todo». <<

[32] Me comentaba el propio teniente general, el 24 de noviembre de 2005, que cuando le presentó el libro a Ricardo de la Cierva, director General de Cultura, para su publicación, no le pareció adecuado a este el alias adoptado por Cassinello José Pérez López, nombre de su padre y apellidos de su madre, sugiriéndole sustituirlo por Carlos I, Yuste, como en efecto sería publicado por la Editorial San Martín. <<

[33] Manuel Ortiz, Adolfo Suárez y el bienio prodigioso, 1975-1977, Planeta, Barcelona, 2006. <<

[34] Memoria oculta del Ejército, Espasa-Calpe, Madrid, 2005, pág. 199. <<

[35] Javier Calderón Fernández y Florentino Ruiz Platero, Algo más que el 23-F, La Esfera de los Libros, Madrid, 2004, pág. 381. <<

[36] De ahí que en adelante fueran citados como Boletines verdes. El Dr. Ernesto Villar recoge en su reciente libro Los espías de Suárez (Espasa, 2016) numerosos relatos y datos obtenidos de la colección de Boletines de Situación que le facilitó el general Armando Marchante, algo más de un centenar de ejemplares (entre noviembre de 1974 y junio de 1977), que el propio Villar considera «el eje central del presente libro y que tienen un valor fundamental». Fueron cedidos después a la Fundación Nacional Francisco Franco. <<

[37] Los servicios secretos de Carrero Blanco, Espasa, Madrid, 2015, págs. 108-109. <<

[38] Francisco Medina en Memoria oculta del Ejército, Espasa-Calpe, Madrid, 2005, pág. 239, nota 7. <<

[39] Manuel Ortiz Sánchez, Adolfo Suárez y el bienio prodigioso (1975-1977), Planeta, Barcelona, 2006. <<

[40] Memorias. El principio del fin. Epílogo, Plaza & Janés, Barcelona, 1992, pág. 542. <<

[41] Las calles de Lisboa se llenaron de manifestantes pertrechados de claveles rojos para celebrar el triunfo de la revolución. <<

[42] Fernando Morillo Flandes estaba próximo a abandonar su destino en el AEM para mandar un regimiento. Coronaría su carrera militar en el empleo de general de división, tras haber mandado la jefatura de Información del Ejército. <<

[43] Años más tarde fue primer ministro de Portugal y el 6 de septiembre de 2007, SS. AA. RR. los Príncipes de Asturias le entregaron el VII Premio de Periodismo «Rafael Calvo Serer» en reconocimiento a su contribución al establecimiento de la democracia en su país. <<

[44] En la primavera de 1951, junto a otros alumnos y profesores de la Escuela de Caixas, pasó una larga estancia en nuestra Academia General Militar de Zaragoza, cuando la IX Promoción éramos «caballeros cadetes» de primer curso. <<

[45] El comandante Valverde y yo habíamos tenido con él anteriores contactos, facilitados por Miguel Juste Iribarren. <<

[46] El Gobierno de Felipe González decidió, en febrero de 1983, expropiarle RUMASA por razones de utilidad e interés social que resultaron polémicas. En 1990, Ruiz-Mateos creó Nueva Rumasa, que no resistió la embestida de la crisis de 2009. Las dificultades financieras y judiciales acabaron con el «holding de la abeja» y su propietario se vio rodeado de acusaciones por fraude y estafa. Falleció el 7 de septiembre de 2015, tras ser excarcelado, debido a su grave enfermedad. <<

[47] Direction de la Surveillance du Territoire. <<

[48] El entonces capitán pasó después destinado a la Capitanía General de La Coruña, etapa en la que tuvo oportunidad de trabajar por las tardes en la Delegación Regional del SECED. Miembro de la XIV Promoción, fue ayudante de S. M. el Rey, en los empleos de teniente coronel y coronel. Después mandó el Regimiento de Ingenieros n.º 2 (Sevilla), fue general jefe de EM de la 1.ª Región Militar y, finalmente, gobernador militar de Madrid. En la reserva fue presidente del Patronato de Huérfanos del Ejército y lo es de la Real Hermandad de Caballeros de San Fernando. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. <<

[49] Pronunciamientos y golpes de Estado en España, Planeta, Barcelona, 1982, pág. 98. <<

[50] Vicente Roa, Apoteosis y ocaso del franquismo, pág. 272. <<

[51] Miguel Platón, Hablan los militares, Planeta, Barcelona, 2001, pág. 411. <<

[52] Miguel Platón, Hablan los militares, Planeta, Barcelona, 2001, págs. 201-202. <<

[53] Amando de Miguel dedicaba una Tribuna, en el diario La Razón, del lunes 19 de septiembre de 2005, bajo el título Utopías jesuíticas, al padre Díez-Alegría quien «aunque formalmente apartado de la Compañía, José María Díez-Alegría sigue siendo un jesuita por los cuatro costados (…). Extraña amalgama: la teoría de la liberación, la exaltación cristiana del marxismo, la superación del capitalismo, el ecumenismo… Excelentes palabras y discutibles ideas de imposible realización». <<

[54] El teniente Díez-Alegría contrajo ese matrimonio el 15 de agosto de 1939 en segundas nupcias. Su primera mujer, Luz Algar Quintana, había fallecido el 23 de agosto de 1932, cuando esperaba su primogénito; la boda se había celebrado el 20 de junio de 1931. <<

[55] Conferencia sobre El papel de las Fuerzas Armadas en la Transición. Cátedra Santa Cruz de Marcenado. 12 de abril de 2007. <<

[56] Joven de izquierdas entonces, trabajó con Antonio García López, dirigente de la USDE, y formó parte de la Plataforma de Convergencia antes de su fusión con la Junta Democrática. <<

[57] El TCOL (R) Pablo González-Pola de la Granja, doctor en Ciencias de la Información por la UCM, prepara para su próxima publicación una extensa y profunda biografía del TG Díez-Alegría. <<

[58] Carlos Fernández Santander, Los militares en la transición política española, Argos Vergara, Barcelona, 1982, pág. 26. <<

[59] El teniente general Manuel Díez-Alegría fue oficial de Ingenieros y de Estado Mayor, obtuvo un ascenso por méritos de guerra, fue también Ingeniero Geógrafo, se doctoró en 1970 como Ingeniero de Construcción y recibió en 1973 la licenciatura en Derecho. Tenía la calificación de «posee» en los idiomas francés, inglés y portugués. Fue procurador en Cortes por designación del jefe del Estado, consejero del Reino, consejero de Estado, suplente del Consejo de Regencia y miembro del Consejo de Economía Nacional, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la empresa CETME. Fue condecorado con las cuatro grandes cruces militares más la de Isabel la Católica, la de Alfonso X el Sabio y la del Yugo y las Flechas; contaba además con las máximas distinciones de otra docena larga de órdenes extranjeras. <<

[60] Fernando Puell de la Villa, Gutiérrez Mellado: un militar del siglo XX (1912-1995), Biblioteca Nueva, Madrid, 1997. <<

[61] Francisco Medina, Memoria oculta del Ejército, Espasa-Calpe, Madrid, 2004, pág. 223. <<

[62] Miguel Platón, Hablan los militares, Planeta, Barcelona, 2001, pág. 202. <<

[63] Miguel Platón, Hablan los militares, Planeta, Barcelona, 2001, pág. 410. <<

[64] Manuel Gutiérrez Mellado, Un soldado de España (conversaciones con Jesús Picatoste), Argos Vergara, Barcelona, 1983, pág. 48. <<

[65] Fernando Puell de la Villa, Gutiérrez Mellado: un militar del siglo XX (1912-1995), Biblioteca Nueva, Madrid, 1987, pág. 184. <<

[66] Joaquín Bardavío, El dilema, Edición STRIPS, Madrid, 1978, pág. 20. <<

[67] Ricardo de la Cierva, Historia del franquismo (1945-1975), volumen II, págs. 462-463. <<

[68] José María de Areilza, Diario de un ministro de la Monarquía, Planeta, Barcelona, 1977, pág. 45. <<

[69] Alfonso Armada y Comyn, Al servicio de la Corona, Planeta, Espejo de España, Barcelona. 1983, pág. 206. <<

[70] Treinta años después, el Rey otorgaría a Fontán el marquesado de Guadalcanal (R. D. de 11 de julio de 2008). <<

[71] Centro de preparación para el ingreso en las academias militares, fundado en 1948 por el capitán de Infantería Luis Pinilla Soliveres. En mi anterior libro Los Servicios secretos de Carrero Blanco dedico unas páginas a esa institución. Pinilla fue general director de la Academia General Militar y terminó su carrera como general de división, Gobernador Militar de Vizcaya. Falleció en 2004. Había creado una «pía unión» (la Milicia Española de Cristo) y recientemente se está impulsando su proceso de beatificación. <<

[72] Miguel Platón, Hablan los militares, Planeta, Barcelona, 2001, pág. 546. <<

[73] Francisco Medina, Las sombras del poder: los servicios secretos, de Carrero a Roldán, Espasa-Calpe, España hoy, Madrid, 1995, págs. 134 y 169. <<

[74] Julio Busquet Bragulat, Militares y demócratas: memorias de un fundador de la UMD y diputado socialista, Plaza & Janés, Barcelona, 1999, pág. 358. <<

[75] César Vidal y Federico Jiménez Losantos, Planeta, 2012. <<

[76] José Fortes y Luis Otero, Proceso a nueve militares demócratas, Argos Vergara, Barcelona, 1983. <<

[77] Francisco Medina, op. cit., pág. 145. <<

[78] Miguel Platón, obra citada, pág. 549. <<

[79] Francisco Medina, Las sombras del poder: los servicios secretos, de Carrero a Roldán, Espasa-Calpe, España hoy, Madrid, 1995, pág. 130. <<

[80] La UMD había confeccionado una lista de ochenta oficiales pertenecientes a los Servicios de Información; la mitad de ellos trabajaban en el SECED, entre los que, naturalmente, se me incluía. <<

[81] Carlos Fernández Santander, Los militares en la transición política española, Argos Vergara, Barcelona, 1982, pág. 57. <<

[82] Julio Busquets, Militares y demócratas. Memorias de un fundador de la UMD y diputado socialista, Plaza & Janés, Barcelona, 1999. <<

[83] Julio Busquets, Militares y demócratas. Memorias de un fundador de la UMD y diputado socialista, Plaza & Janés, Barcelona, 1999, pág. 115. <<

[84] Titulado: Traidores por demócratas. Los militares integrantes de la ex-UMD no ven reconocida su labor. <<

[85] Abogado del Estado de la promoción de Coronel de Palma, había sido director general de RENFE y consejero del Banco Urquijo. Más adelante sería nombrado ministro de Industria y Energía, y de Sanidad y Seguridad Social por Adolfo Suárez; y de Defensa en el Gobierno de Calvo-Sotelo. Después sería presidente de Radiotelevisión Española. <<

[86] Eduardo Angulo Otaolaurruchi procedía del Arma de Artillería y se había retirado siendo coronel del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción. Había sido presidente de la EN Calvo-Sotelo y gozaba de gran prestigio profesional. Solía decir que «en ese mundo del petróleo, lo menos sucio es el crudo». <<

[87] Massachusetts Institute of Technology. <<

[88] Participaron en esa reunión José Mario Armero, Rafael Ansón, Ignacio Camuñas, Antonio Fontán, Antonio Garrigues, Guillermo Luca de Tena, Joaquín Muñoz, Gabriel Navarro, Ramón Pais, Luis Soto, Javier Vidal y Francisco Zaragoza. <<

[89] Amnistía total, plenos derechos humanos y libertades políticas, desaparición de las tensiones Iglesia-Estado, reconocimiento de las peculiaridades y libertades regionales, integración de España en la CEE y clausura de las bases militares extranjeras en España. <<

[90] Parece ser que Areilza retiró esa lista de Gobierno, antes de llevar la Operación a la Zarzuela. El Gobierno de concentración nacional sería el siguiente: Presidente, Arias Navarro; Presidencia, López Rodó; Interior y vicepresidente 1.º, Fraga; Exteriores y vicepresidente 2.º, Areilza: Hacienda y vicepresidente 3.º, Fuentes Quintana; Justicia, Silva; Educación y Ciencia, Ruiz-Giménez; Ejército, Santiago; Marina, Amador; Aire, Montel; Sindicatos, Solís; Trabajo, Girón; Vivienda, Morodo; Información y Turismo, Cisneros; Industria, López-Bravo; Comercio, Tamames; Agricultura, Cantarero; Obras Públicas, Sánchez Terán o Calvo-Sotelo; Movimiento, Fernández-Miranda; y Planificación del Desarrollo, Fernández Ordóñez. En resumen, tres militares, dos tecnócratas, tres falangistas, dos socialistas, dos de centro-derecha, dos cristiano-demócratas, dos de centro-izquierda, dos reformistas y uno de izquierda cristiana. <<

[91] De similares almuerzos nos llegaban rumores continuos por lo que consideré oportuno ponerlo en conocimiento de Díez-Alegría y Gutiérrez Mellado en mis habituales despachos en Vitruvio. Ambos me negarían su asistencia a tales almuerzos. <<

[92] Vicente Pozuelo Escudero, Los últimos 476 días de Franco, Planeta, Espejo de España, Barcelona, 1980, pág.178. <<

[93] Memorias, pág. 195. <<

[94] Servicio especial, pág. 227. <<

[95] La larga marcha hacia la Monarquía, Noguer, Barcelona, 1977, pág. 480. <<

[96] Adolfo Suárez, Biografías vivas, Espasa-Calpe, Madrid, 1997, pág. 61. <<

[97] Manuel Ortiz, Adolfo Suárez, Planeta, Barcelona, pág. 229. <<

[98] Adolfo Suárez y el bienio prodigioso, Planeta, Barcelona, 2006, pág. 229. <<

[99] La larga marcha hacia la Monarquía, Noguer, Barcelona, 1978, pág. 483. <<

[100] Luis Barón Mora-Figueroa, concuñado del presidente de RUMASA, José M.ª Ruiz-Mateos, y amigo y compañero de Artillería de los citados militares. <<

[101] La larga marcha hacia la Monarquía, Noguer, Barcelona, 1978, pág. 478. <<

[102] El Frente Polisario entraría después en contacto con la oposición política española y los grupos terroristas FRAP y ETA. <<

[103] José Ignacio San Martín, Apuntes de un condenado por el 23F, Espasa-Calpe, Madrid, 2005. <<

[104] Javier Calderón Fernández y Florentino Ruiz Platero, Algo más que el 23F, La Esfera de los libros, Madrid, 2004, pág. 372 y siguientes. <<

[105] Antonio M. Díaz Fernández, Los Servicios de Inteligencia españoles desde la guerra civil hasta el 11 de septiembre, Alianza, Madrid, 2005, pág. 176. <<

[106] General Federico Gómez de Salazar. <<

[107] Era entonces jefe del Estado Mayor del Sector Sáhara. <<

[108] Alfonso Armada y Comyn, Al servicio de la Corona, Planeta, Espejo de España, Barcelona, 1983, págs. 189-192. <<

[109] Tiene interés esta cita personal sobre quien dos años después sería el primer director del CESID. <<

[110] En mi entrevista con el general Armada, el 19 de septiembre de 2005, me ampliaba con satisfacción aquella intervención de doña Sofía con otras anécdotas de palacio, que demostraban la inteligencia y sentido común de la Princesa en las grandes decisiones. <<

[111] El teniente coronel Miguel Íñiguez era jefe de la Tercera Sección (Operaciones) y el capitán Javier Pardo de Santayana, jefe de la Segunda (Información), al que ayudaban los oficiales Bravo Guerreira y López Pozas. Un plantel magnífico aquel Estado Mayor. <<

[112] Algo más que el 23-F, La Esfera de los Libros, Madrid, 2004. <<

[113] Dlimi visitaría El Aaiún, el 24 de noviembre de 1975, siendo jefe de las Fuerzas Armadas Reales del Sector del Sáhara. <<

[114] Hijo de oficial de Caballería, se afilió en 1933 a Falange y acompañó a José Antonio en la cárcel Modelo. Ascendió a teniente general en 1977 y fue jefe del Mando de Combate de la 1.ª Región Aérea. Falleció el 19 de octubre de 2009. Estuvo casado con Consuelo Moreno, hija del conde de los Andes, que fuera el último jefe de la Casa de Alfonso XIII. <<

[115] Francisco Medina, Memoria oculta del Ejército, Espasa, Madrid, 2004, pág. 216. <<

[116] Los militares en la transición política (subtitulado «Un estudio objetivo sobre la actuación del Ejército en su etapa clave de nuestra historia reciente»), Argos Vergara, Barcelona, 1982. <<

[117] Fue primera Medalla de la Exposición de Bellas Artes de 1957 con la obra «Cristo yacente», con mención especial a los cuatro evangelistas del Valle de los Caídos. La obra de Ávalos le mereció el reconocimiento en 1966 de la academia de Bellas Artes rusa, que le nombró miembro de honor. <<

[118] El CTE de Infantería (XI Promoción) Manuel Martínez Obispo era jefe de la Unidad de Automovilismo de Madrid y conduciría personalmente el vehículo [ET-59373-1] durante el recorrido fúnebre hasta el Valle de los Caídos. <<

[119] La larga marcha hacia la Monarquía, Noguer, Barcelona, 1977, pág. 463 y siguientes. <<

[120] Vicente Roa, Apoteosis y ocaso del franquismo, Sedmay, 1976, págs. 279 y siguientes. <<

[121] Directores generales de Seguridad y Guardia Civil, jefes de las Casas de SE, capitán general de la Región Militar o Zonas Marítima o Aérea en la que se produjese el fallecimiento, y gobernador civil de la provincia. <<

[122] Al servicio de la Corona, Planeta, Barcelona, 1983, pág. 187. <<

[123] Solo habíamos tenido similar confidencia el 9 de enero de boca de Nicolás Franco Pascual del Pobil, quien lo había escuchado así al Generalísimo en conversación del verano anterior en el Pazo de Meirás. <<

[124] Artículos 7 y 8 de la ley de Sucesión, así como lo dispuesto sobre las suplencias en el Consejo de Regencia dispuestas en el BOE n.º 176 de 27 de julio de 1973 y en el BOE n.º 150 de 7 de julio de 1974, y en la Ley Orgánica del Estado de 22 de julio de 1969, así como en el artículo 2 de la Ley de Prerrogativa de 14 de julio de 1972. <<

[125] Por fortuna para la elaboración de este libro, alguno de los múltiples destinatarios oficiales no llegó a cumplir esa orden. <<

[126] Así lo relataba el escritor Hellmuth Günter Dahms en su libro: Francisco Franco, Soldado y Jefe de Estado, cuya traducción, realizada por José Ramón Pardo de Santayana, fue editada con una extensa colección fotográfica por la editorial Doncel a finales de aquel año 1975, pág. 269. <<

[127] La larga marcha hacia la Monarquía, Noguer, Barcelona, 1977, pág. 485 y siguientes. <<

[128] Vicente Pozuelo Escudero, Los últimos 476 días de Franco, Planeta, Espejo de España, Barcelona, 1980. <<

[129] Hablan los militares, Planeta, Barcelona, 2001, pág. 365. <<

[130] Alfonso Armada Comyn, Al servicio de la Corona, Planeta, Barcelona, 1983, pág. 197. <<

[131] En la Fundación Sagardoy, presentada por Gabriel Cisneros, vicepresidente 3.º de las Cortes y Ponente Constitucional. <<

[132] Pertenecía a la X Promoción de Infantería y era diplomado de Estado Mayor. Trabajó largos años en el Servicio y falleció en Madrid el 22 de marzo de 2008. <<

[133] Memoria oculta del Ejército, Espasa, Madrid, 2005, pág. 233. <<

[134] En mi conversación con Medina ya le indiqué que ese dispositivo eléctrico no correspondía al SECED o al menos yo no lo recordaba; acaso a la Dirección General de Seguridad. Ninguno de los directivos consultados recuerda nada parecido en el Servicio. Eran, sin duda, referencias a los colores que representaban los grados del Plan de Urgencia o más bien las situaciones de la Operación Relámpago. <<

[135] Cita textual de la Cronología prevista, fechada tan solo unos días antes, el 3 de noviembre, y que ya se recogía en el Plan de Urgencia del verano de 1974. <<

[136] José Ignacio San Martín López, Apuntes de un condenado por el 23-F, Espasa-Calpe, Madrid, 2005, págs. 171-178. <<

[137] La editorial EPALSA le publicó en 2012: De Europa a Europa. 30 años de historia vividos desde la noticia. <<

[138] Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, Pláticas de familia, La Esfera de los Libros, Madrid, 2003, pág. 224. <<

[139] Ya en tiempos de la Monarquía Hispánica (s. XVI y XVII) aparece el cargo de Superintendente Mayor de las Inteligencias o Espía Mayor de la Corte —subordinado al Secretario de Estado—, cuyos cometidos tenían relación con la información secreta política, económica y militar. Son numerosos los tratados que hablan de la inteligencia como «instrumento a la seguridad de un exército i son tan útiles que no ai medio más poderoso para emprender acciones grandes o preservarse de grandes ruinas; dicha será si fueren fieles (…). Conviene a un tiempo tener muchas y diversas espías». (Carlos Bonières, Barón de Auchy, Zaragoza, 1644, pág. 305). «Los espías es uso antiguo de la milicia y materia de estado observada por todos los príncipes y famosos capitanes…» (Francisco Manuel de Melo, Madrid, 1638. Aviso XXX). Felipe II se refirió en varios documentos a «mis reales inteligencias». <<

[140] Laureano López Rodó, obra citada. <<

[141] El tercer miembro del Consejo de Regencia era monseñor Pedro Cantero Cuadrado, arzobispo de Zaragoza. <<

[142] Francisco Franco, soldado y Jefe de Estado, Doncel, Madrid, 1975, págs. 272-273. <<

[143] A los 42 años fue nombrado obispo de Astorga, tras poner objeciones al nuncio Mons. Antoniutti por no considerarse idóneo para esa promoción. Después sería arzobispo coadjuntor de Barcelona en 1966, nombramiento que produciría protestas de un sector minoritario que rechazaba a un obispo no catalán, «impuesto por Franco contra la voluntad del Papa». Nada más erróneo. Después el arzobispo González Martín tendría varias entrevistas con el jefe del Estado, cuyo contenido no trascendió a la prensa, pero de las que dio cuenta a la Nunciatura. En ocasiones le insistiría a Franco para que renunciase al «derecho de presentación» y abrir cauces para nuevas leyes de prensa y asociación. El cardenal primado fallecería el 25 de agosto de 2004, tras una larga vida en la que su norma de conducta fue la obediencia y la libertad de espíritu. <<

[144] La Transición. Memoria gráfica de la historia y la sociedad española del siglo XX. (Diario El País, 2006). En la página 22 se cita, junto a la fotografía: El caballo blanco sigue al cortejo fúnebre, en cumplimiento de una tradición militar. <<

[145] Op. cit., pág. 239. <<

[146] ABC. Claves de la actualidad (18 de noviembre de 2007). El abad procedía del monasterio de Silos y antes estuvo en la etapa fundacional de Cuelgamuros en 1958. <<

[147] Diario La Razón, 27 de abril de 2005. <<

[148] Denominación sugerida por el general Armada. <<

[149] Alfonso Armada Comyn, Al servicio de la Corona, Planeta, Espejo de España, Barcelona, 1983, pág. 193. <<

[150] Conferencia La verdadera Transición, en la clausura del ciclo cultural del curso 2004-2005 que desarrollaba la Casa de Galicia en Madrid. Disertación a cargo de D. Manuel Monzón Altolaguirre, general de Estado Mayor, abogado y periodista, como rezaba la invitación. <<