En 1968, por expreso deseo de Franco y durante la presidencia del almirante Carrero Blanco, se creó el primer órgano de información que se encargaría de seguir la incipiente subversión en el ámbito universitario. La necesidad de cubrir además otros sectores conflictivos (el laboral, el religioso, el intelectual o el nacionalista) dio lugar a la creación de la Organización Contrasubversiva Nacional (OCN), que pasó a depender directamente del ministro de la Gobernación.

Sin embargo, las discrepancias entre los diversos organismos estatales involucrados en la toma de decisiones aconsejaron pronto la creación de un nuevo instrumento que coordinase, desde la Presidencia del Gobierno, todas las actividades relacionadas con la lucha antisubversiva. Así, en 1972 se constituyó el Servicio Central de Documentación (SECED) como herramienta fundamental de información del Estado. Su estructura cubrió todo el territorio nacional y mejoró exponencialmente la capacidad de elaboración de inteligencia para las primeras autoridades del Estado.

En un momento en que los medios y redes de información facilitan a sus lectores cantidades ingentes de datos, a veces no contrastados, resulta enriquecedor encontrar libros como el presente que aportan documentos únicos, de primera mano, y testimonios valiosos de quienes fueron protagonistas de aquellos episodios de nuestra reciente historia nacional.

Juan María De Peñaranda

Los servicios secretos de Carrero Blanco

Los orígenes del CNI

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Titivillus 07.01.2019

Título original: Los servicios secretos de Carrero Blanco

Juan María De Peñaranda, 2015

Ilustraciones: archivo personal del autor

Diseño de cubierta: Bettmann/Corbis/Cordon Press

Editor digital: Titivillus

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A los «chicos de Carrero», que tanto esfuerzo e ilusión pusieron en aportar juventud y audacia a los fines para los que fueron comisionados en la Presidencia del Gobierno, y cuyos objetivos alcanzaron metas inimaginables pocos años antes. Aquel servicio reanimó su espíritu militar y les imprimió un nuevo estilo y una cierta facilidad para buscar información e interpretar los acontecimientos que tan velozmente se sucedían…

PALABRAS PRELIMINARES

Juan María de Peñaranda es un hombre equilibrado, cauteloso y prudente. Su escritura tiene claridad y precisión. El autor se esfuerza en la objetividad y en anteponer la frialdad de los datos a las opiniones personales.

Incardinado en los servicios de inteligencia de nuestra nación, Juan Peñaranda ha vivido desde dentro las últimas décadas de la historia de España. Su testimonio no solo es valioso. Resulta imprescindible, porque ayuda a la comprensión cabal de los acontecimientos más oscuros que zarandearon la vida española desde las turbulencias de 1968 y el posterior asesinato del presidente del Gobierno de Franco, almirante Carrero Blanco, hasta la evolución posterior de la atrocidad del terrorismo etarra.

Para Juan Peñaranda, la Transición empezó a tejerse entre 1968 y 1973, vertebrada por la sagacidad de los servicios de inteligencia. El autor aporta un arsenal de documentación sobre el que resulta necesario meditar. Escribe desde la información precisa, desde el secreto de las organizaciones de inteligencia antes y después de la muerte de Franco. Aporta datos reveladores.

No estamos ante un libro más. Estamos ante una obra de extraordinario calado porque el autor asistió a los acontecimientos que describe instalado en la mejor información, en la más secreta información. Como escribe Juan Peñaranda, los protagonistas no tenían el menor barrunto de que sus palabras podían salir algún día a la luz «para explicar con rigor el pasado reciente».

Libro imprescindible para el historiador, el lector se adentrará en él con un interés que no decae. Juan Peñaranda demuestra hasta qué punto conoce los entresijos de lo que ocurrió en la España de la Transición. Y deja en el aire la sospecha de que sabe mucho más de lo que cuenta.

Luis María Ansón,
de la Real Academia Española

INTRODUCCIÓN

Estas páginas que hoy te ofrezco, querido lector, constituyen un resumen de la primera etapa estudiada en mi tesis doctoral, Los servicios de inteligencia y la Transición política española (1968-1979), que defendí en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid el 12 de julio de 2010. La aparición de este libro se justifica, a mi juicio, por la conveniencia de divulgar un tema que no pierde interés entre los aficionados a la historia política española: la vida íntima de los servicios secretos.

Las más de ochocientas páginas dedicadas entonces a la etapa transcurrida entre los incidentes en la Universidad en 1968 y el asesinato del presidente Carrero Blanco han quedado ahora sintetizadas en casi la tercera parte, extensión suficiente, no obstante, para dar a conocer mejor el contexto nacional de aquellos años y las preocupaciones de los servicios de información de la Presidencia de Gobierno, que aunque hoy podrían resultar irrisorias eran sencillamente las de Estado. Han transcurrido 35 años desde la aprobación de la Constitución española y aún surgen con fuerza creciente referencias y comentarios a nuestra Transición, sin que apenas se reconozca por historiadores y eruditos que los primeros pasos para llegar a despejar el futuro político empezaron a darse precisamente en los años que se describen en estas páginas (1968-1973).

En este libro expongo el origen, en el verano de 1968 y como consecuencia de los incidentes que sucedían en la Universidad, del servicio secreto denominado Organización Conde, escindido del entonces único servicio de inteligencia existente, la Tercera Sección del Alto Estado Mayor, y puesto a disposición del ministro de Educación y Ciencia, Villar Palasí; así como su forma de actuar a través del Plan Canadá y el Plan Azul, ambos creados para estudiar y seguir las actividades consideradas entonces subversivas. Describo a continuación cómo la aparición de actitudes similares en otros campos —laboral, intelectual y religioso— hizo necesario ampliar las responsabilidades de la citada organización mediante la creación oficial de una novedosa Organización Contrasubversiva Nacional (OCN), dependiente del ministro de la Gobernación, Garicano Goñi; detallo la actuación de este servicio en esos campos, así como ante hechos coyunturales como el Proceso de Burgos, la manifestación en la plaza de Oriente o la observación de la situación en el País Vasco mediante el Plan Udaberri.

Al fin, en 1972, se hizo necesaria la vinculación de ese instrumento del Estado a la Presidencia del Gobierno bajo la figura administrativa de un nuevo servicio secreto denominado Servicio Central de Documentación (SECED), en el que se complementaban una parte oculta o clandestina, prolongación de la anterior OCN, y una parte abierta con la que satisfacer las necesidades informativas del presidente en ambientes políticos y económicos; describo su actuación en estos campos y también cito la estrecha relación entre el director del Servicio, comandante San Martín, y el almirante Carrero Blanco, vicepresidente y después presidente, hasta el magnicidio del 20 de noviembre de 1973. Como final del libro, relato la actuación del SECED en los días posteriores al asesinato del presidente Carrero, con mi opinión sobre las interpretaciones dadas a la autoría del magnicidio por distintos autores, y, por último, hago una valoración de la labor de aquellos servicios en esta etapa, tan vilmente truncada.

Todo este contenido histórico está basado en documentos reales escritos en aquellas mismas fechas, sin que sus protagonistas ni redactores tuvieran el menor barrunto de que sus palabras y argumentos podrían salir un día a la luz para explicar con rigor el pasado reciente. La afanosa y exigente labor de investigación llevada a cabo durante diez años para la elaboración de la tesis me permitió reunir (de fuentes variopintas, a veces insospechadas) un enorme caudal de documentos, parte de los cuales ha dado origen a estas páginas. Cito de vez en cuando datos y reflexiones que han aparecido en otras publicaciones, bien por el crédito que me merecen sus autores —que vienen a apoyar el discurso de aquellos años que podríamos denominar de «pre-transición»—, bien porque se trata de informaciones muy alejadas de lo que, a mi juicio, fue la realidad de aquellos seis años, repletos de no pocas dificultades y también de esperanzadas ilusiones.

He tratado de circunscribirme a escribir la historia con escrupulosidad; ya vendrán estudiosos que ofrezcan sus interpretaciones de cada acontecimiento, aprovechando quizás aportaciones documentales a las que yo no he tenido acceso para construir un núcleo narrativo más amplio y profundo de aquellos años tan poco conocidos y tal vez necesitados de mayor reflexión. Repito que solo trato de dejar testimonio de lo que ocurrió entre nosotros, según tuve la fortuna de conocer de primera mano.

Aunque inicialmente este libro estaba orientado a quienes formaron parte de aquellos servicios de inteligencia y a los que hoy les suceden con similar dedicación y espíritu, me ha parecido conveniente acomodar su extensión y léxico a lectores no especializados que se interesen por las interioridades de los servicios secretos como fuente menos conocida —pero nada desdeñable— para descifrar pasajes de la historia de España de este último medio siglo. Ese es, pues, mi propósito: aportar datos de rigor y testimonios personales que apenas han trascendido y que corren el riesgo de perderse en el olvido o en el inexorable expurgo de los archivos. Caben pocas dudas de que la aportación del Servicio de Presidencia, instrumento extraordinario en el que se apoyó la puesta en marcha y —más adelante— el desarrollo de la compleja operación de la Transición política, y que fue determinante en la consolidación —en fechas más recientes— de un órgano de Inteligencia de primer rango, resultó fundamental. Se estaba haciendo historia.

Hoy el lector podrá sorprenderse al comprobar cuántos de aquellos asuntos nacionales siguen aún latentes en nuestra querida España tras cuarenta años de distintos Gobiernos y gobernantes, y qué escaso provecho se ha sacado de las experiencias y enseñanzas de esos días, algunas bien dolorosas. Algo cuenta este libro de corruptelas políticas y administrativas, de nacionalismos rupturistas, de terrorismos sangrientos, de luchas intestinas, de insidias envidiosas y exclusivistas…, temas aún de triste actualidad por el exiguo sentido patriótico y moral que se descubre en parte de nuestra clase dirigente. Pero esto no es más que una perspectiva personal tras el paso de los años.

Por último, mi gratitud a cuantos amigos y compañeros me facilitaron la recogida de datos y documentos para elaborar esta obra; militares profesionales que se incorporaron en plena juventud a la tarea nacional, quizás con ingenuidad e ignorando el trasfondo de la vida del país, pero con ilimitada entrega al servicio de España. Ese fue el acierto. Algunos aparecen en estas páginas con sus nombres; muchos más han quedado relegados tras la penosa tarea de reducir el texto a la medida deseable. Siempre recordaré a quienes me ayudaron, además, a ver los acontecimientos con sabiduría; las vicisitudes de sus vidas les hicieron intérpretes privilegiados, depositarios, de algún modo, de la memoria colectiva. Eran, según el decir de aquellos mandos militares, «los chicos de Carrero». También mi expresa gratitud a Luis Vázquez Ochoa, extraordinario amigo y colaborador, con mi profundo agradecimiento. Sin su paciente y generosa dedicación a la composición y revisión del texto, este libro no hubiera llegado a ver la luz. Así que ya no me considero dueño de esta obra, pues lo es de tantos como me ayudaron y me animaron a hacerla realidad.

1
LOS PROLEGÓMENOS

EL ALMIRANTE CARRERO BLANCO

Luis Carrero Blanco era natural de Santoña (Cantabria), donde nació el día 4 de marzo de 1904 en el seno de una familia militar. Su padre, de origen ferrolano, era teniente coronel de Estado Mayor, y uno de sus hermanos, capitán de Artillería, fue fusilado por milicianos republicanos en 1936. A los 38 años de edad, en mayo de 1941, fue nombrado subsecretario de la Presidencia del Gobierno, cargo que ejerció como ministro desde el 19 de julio de 1951. Ascendió a almirante el 26 de febrero de 1966, siendo designado vicepresidente del Gobierno el 21 de septiembre de 1967 y presidente el 9 de junio de 1973. El 20 de diciembre de ese mismo año fue asesinado por la banda terrorista ETA. Fechas después el jefe del Estado le otorgaría, a título póstumo, el ducado de Carrero Blanco con grandeza de España.

En relación con los altos puestos que desempeñó el almirante Carrero en algo más de treinta años, los juicios de quienes le conocieron en despacho recuerdan que no era sutil en la política menor, pero que tenía intuición para la mayor, en la que sabía ver más lejos que muchos de sus colaboradores. Era plenamente leal a Franco, sin servilismo, y creía en un Estado social y progresivo, sin aventuras demagógicas. Pero Luis Carrero tenía grandes recelos ante el asociacionismo político; no encontró la vía libre adecuada. Era conocido su rechazo a la masonería y al marxismo, y en política exterior solo se interesaba por los Estados Unidos, como potencia más estable que la propia Europa. Se le presentó en algunos medios de comunicación social como un hombre impenetrable, sordo a los argumentos, cerrado a la crítica, valladar de cualquier idea renovadora.

En cuanto hace a la política, la Revista General de Marina de diciembre de 1976 ofrecía un artículo de Luis Carrero-Blanco Pichot, hijo mayor del almirante, del que extraigo el párrafo siguiente: «Recién nombrado Presidente del Gobierno decía a uno de sus colaboradores: “En este mismo despacho he sido subsecretario, ministro, vicepresidente y ahora presidente… y sin gustarme la política”». Nunca se le conocieron vinculaciones con grupos políticos o económicos. Hombre aparentemente tranquilo, de buena fe y poco partidario de la vida de sociedad, centraba sus aficiones en su familia, en la lectura y la pintura. Otro de los rasgos esenciales del almirante era su profunda religiosidad. Lo reconocería así el cardenal Enrique y Tarancón durante la homilía pronunciada en el solemne funeral que por el alma de Carrero se celebraría en San Francisco el Grande el 24 de diciembre de 1973: «No creo revelar ningún secreto si digo que hace menos de un año, en una de las cartas que tuve la fortuna de cruzarme con el almirante Carrero Blanco, él escribió una frase que estimo que es hoy su mejor elogio: “Ha de saber, señor cardenal —me dice— que para mí es más importante ser hijo de la Iglesia que vicepresidente del Gobierno”».

El presidente Carrero avanzó en las relaciones con la Iglesia, trazó un programa riguroso sobre Gibraltar, mejoró las relaciones Gobierno-Consejo Nacional del Movimiento, progresó en la elaboración de una Ley de Defensa Nacional e intentó el arbitraje en las cuestiones económicas. Pero no tuvo tiempo para encarar seriamente el problema del País Vasco y dejó otras cuestiones sobre el tapete. Hizo lo que pudo, si bien no contó con la ayuda que se le debía. Así lo dejó escrito años después el coronel San Martín.

EL ORIGEN DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA: LA TERCERA SECCIÓN DEL ALTO ESTADO MAYOR

En el Decreto de 30 de agosto de 1939 (BOE núm. 243), por el que se creaba el Alto Estado Mayor (AEM), se otorgaba a su Tercera Sección el cometido de «facilitar al Mando Supremo la información necesaria para la más exacta apreciación del potencial militar y económico de otros países», cometido ratificado por una orden reservada de la Presidencia del Gobierno simultánea al mencionado decreto. Años después, el 5 de febrero de 1944, el jefe del Estado firmaba otra orden reservada en la que se completaban las misiones de la Tercera Sección, incluyendo entre ellas la de «enfrentarse dentro y fuera de España a los complejos servicios de espionaje extranjeros […] y coordinar la acción de los diversos organismos encargados de reprimirlos».

La amplitud de dichos cometidos suscitaría pronto problemas de competencia con el Ministerio de la Gobernación, por lo que una nueva orden reservada, de 20 de diciembre de 1945, tuvo que precisar con mayor detalle el reparto de atribuciones. De ahí que el subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Carrero Blanco, suscribiese «de Orden de SE el Jefe del Estado» el correspondiente escrito, dirigido individualmente a los ministros del Ejército, Marina, Aire, Gobernación y Justicia, y al general jefe del AEM, con un preámbulo que recogía disposiciones del siguiente tenor:

Al Alto Estado Mayor corresponde la alta dirección de los servicios de información de tipo militar, coordinando las acciones de los específicos de los tres Ejércitos […]. Al Ministerio de la Gobernación, con su órgano específico la Dirección General de Seguridad, corresponde la plena responsabilidad y competencia en cuanto a los servicios de información general relacionados con el orden público y la seguridad interior del Estado […]. Por la Presidencia del Gobierno se resolverán las cuestiones de competencia planteadas.

Promovido a capitán general el 26 de febrero de 1957, Agustín Muñoz Grandes accedió a la vicepresidencia del Gobierno —cargo político de carácter general sin competencia especial sobre el ámbito militar— el 10 de julio de 1962, sin dejar de ostentar la jefatura del AEM. Cinco años después, el 22 de julio de 1967, cesó como vicepresidente (el 21 de septiembre fue relevado por el almirante Carrero Blanco), pero continuó al frente del Alto Estado Mayor hasta su fallecimiento en Madrid el 17 de julio de 1970.

La Tercera Sección mantuvo su esfuerzo informativo sobre aquellas áreas nacionales donde la acción subversiva pudiera estar presente. Pero el hecho de quedar el Alto más alejado de las esferas de poder —por el cese de su vinculación a la Vicepresidencia— produciría en la Tercera recortes en sus tareas de información y crecientes dificultades para hacerse oír y para acceder a los indispensables recursos humanos y económicos con los que atender sus cometidos.

A comienzos de 1968, la Tercera Sección estaba articulada —aparte de las oficinas administrativas y técnicas— en Negociado de Estudios e Informes (03), Negociado de Operaciones (04), con los subnegociados de Exterior e Interior, y Negociado Técnico (05), con las competencias de cifra, descriptación, transmisiones, escuchas y otras especialidades tecnológicas, indispensables en cualquier servicio de información.

El Subnegociado de Operaciones-Interior, mandado por el teniente coronel Luis Enríquez, se valía de un puñado de oficiales jóvenes, algunos de los cuales pronto constituirían el meollo de un nuevo «servicio de inteligencia». Con sede en la calle Menéndez y Pelayo n.º 49, repartía su trabajo en cuatro grupos, de los cuales el tercero estaba dedicado al ámbito laboral/sindical y el cuarto al estudiantil; mientras que en la oficina de la calle Casado del Alisal se hacía el seguimiento de grupos comunistas y anti-Régimen, entre otras misiones.

Pero también la actividad exterior de la Tercera Sección, continuadora de los acuerdos logrados en décadas anteriores con servicios de información extranjeros, era importante, lo cual iba a facilitar en los años setenta contactos de interés para la Transición política, al enlazar «bajo cuerda» con todo el mundo occidental en conversaciones sinceras y amistosas con naciones con las que entonces no era fácil ni cómoda la vía diplomática. Se trataba de un canal privilegiado, casi único.

En los últimos años de su vida pude mantener largas conversaciones con el teniente general Ricardo Arozarena Girón[1], quien me transmitió recuerdos diversos de su larga etapa en la Tercera Sección. A su juicio, y en relación con la cooperación de aquellos servicios amigos, la calidad de los apoyos recibidos podía ordenarse, por sus frutos, del modo siguiente: en primer lugar, el MOSSAD israelí, pese a ser el último servicio con el que el AEM abriera relaciones; después, el alemán BND (Bundes Narrichten Dienst), literalmente Servicio Federal de Noticias; en tercer lugar, la CIA norteamericana (Central Intelligence Agency); luego, el francés SDECE (Service de Documentation et Contre-Espionnage) y el SID italiano (Servizio de Informazione della Difesa), y, por último, los servicios de algunos países hispanoamericanos.

A título de ejemplo, Arozarena me iba desgranando anécdotas vividas por él en aquellos contactos con el mundo de la inteligencia. Recordaba la visita clandestina a Madrid del director del MOSSAD, en habitual invitación oficial del AEM; de regreso a su país, casi se muere en el aeropuerto de Barajas. Del BND tuvo Arozarena la feliz oportunidad de conocer a su director, el general Gehlen, figura histórica, casi mítica, que pudo transformar los servicios durante largos años y lograr una enorme capacidad de medios e importantes éxitos para la República Federal. Entre las operaciones ejecutadas con la participación del BND me daba cuenta, como curiosidad, de la caza de un espía ruso, un anciano pescador, junto a las aguas del Tajo en Aranjuez, en el momento en que un súbdito norteamericano aparcaba su automóvil junto a él y le entregaba, bien empaquetado, el sofisticado equipo tecnológico de un caza de la USAF.

Por lo que a la CIA se refiere, se rumoreaba entonces que financiaba las operaciones del AEM, apoyo económico que Arozarena rechazaba de plano. Aún hoy sigue circulando esa especie en algunas publicaciones que presumen de fuentes fidedignas. Pero me relató un caso que bien pudo alimentar aquel rumor. Arozarena había contactado en París con «un intermediario de inteligencia, un gran señor de pelo cano, muy elegante», con quien se veía en ocasiones en el Lido. Este caballero tenía un amigo ruso que disponía de información sensible sobre agentes soviéticos y la ofrecía por una elevada cantidad, en ningún caso disponible en Madrid. Se le hizo saber el asunto a la CIA, que se interesó vivamente por el ofrecimiento, apoyando al Alto Estado Mayor con los dólares necesarios. Hubo contactos posteriores con el informador en Bruselas y todo resultó a satisfacción de las partes.

Del SDECE francés los recuerdos de Arozarena se remontaban a su primera etapa como «vicecónsul» del AEM en París (denominación que se aplicaba entonces a los delegados de la Tercera Sección en el extranjero). Mantendría años después estrecha relación con el conde de Marenches, director del SDECE y vieja gloria de este servicio, al que Arozarena calificaba de «caballero muy inteligente y hombre fundamental durante muchos años». De París también recordaba el general los contactos personales con don Enrique —apelativo del que no me dio la filiación real— en un convento de monjas a las afueras de la capital, donde almorzaban y charlaban en solitario. Me decía Arozarena que se trataba de un gran informador del Vaticano que disponía de amplísima información; y añadía, refiriéndose a la Cittá, que allí residía el mejor servicio de información europeo.

El AEM llevó a cabo diversas operaciones con el SID italiano, pero mi anfitrión recordaba particularmente una que duró bastante tiempo. Este era su relato, que podría satisfacer a quien busque en estas páginas episodios novelescos. Un día recibió Arozarena una llamada telefónica del coronel jefe de la Base Aérea de Torrejón para decirle que un subteniente paracaidista del Ejército del Aire quería hablar de un tema secreto con algún mando del AEM. En breve plazo el suboficial se presentaría en su despacho para informarle de que otro «paraca» amigo, italiano, le había propuesto trabajar para el servicio soviético KGB (Komitet Gosudárstvennoi Bezopásnosti). Arozarena le animó a dar una respuesta afirmativa al italiano. Así, tiempo después este extranjero entregaría a nuestro suboficial un paquetito para que lo depositase en el buzón n.º 3 en las tapias de la Casa de Campo, a las afueras de Madrid; y allí lo colocó, comunicándoselo a Arozarena. El entonces coronel jefe de Operaciones de la Tercera consiguió de la CIA una máquina fotográfica automática que tomaba instantáneas periódicamente y cuando alguien se aproximaba. Se organizó la correspondiente vigilancia, pero trascurrieron dos meses sin la menor noticia y hubo que recoger el paquete, pues nadie se acercaba a retirarlo. Arozarena había dudado mucho acerca de la conveniencia de abrirlo o dejarlo intacto, y decidió finalmente no tocarlo. El subteniente se lo devolvió al paracaidista italiano en Roma, y fue felicitado por haber salido airoso de la prueba: no había evidencia de que hubieran intervenido los servicios españoles, en contra de la previsión soviética de que el paquete sería abierto de inmediato en Madrid.

Comunicada la operación a Moscú, el KGB dispuso que nuestro suboficial iniciase el periodo de formación. El primer contacto se establecería en París, desde donde agentes rusos se lo llevaron a la capital de la URSS en Aeroflot; allí recibió instrucción durante su mes oficial de permiso, conviviendo con dos camaradas que no se separaban de él y que le instruirían en transmisiones y procedimientos criptográficos. Volvió finalmente el suboficial a España y entregó en la Tercera Sección una lista de comunicaciones y horarios de enlace que utilizaba la delegación comercial soviética —entonces en la calle Maestro Ripoll, inmediata a Vitruvio— para conectar con Moscú y viceversa. A partir de ese momento el Centro de Escucha-Radio y el Gabinete de Descriptación de la Tercera harían el resto. El general recordaba con sano orgullo este episodio en nuestra charla del 18 de julio de 2005: «Al fin y al cabo, habíamos logrado infiltrar un espía ¡en el KGB!».

Casi dos años antes, en la mañana del sábado 11 de octubre de 2003, el coronel Eduardo Fuentes Gómez de Salazar hilvanaba sus recuerdos de aquella Tercera Sección en una dilatada y distendida conversación en su domicilio. Hablamos en particular del Subnegociado de Operaciones-Interior, en el que llevaba «Comunismo» y en el que coincidió con los comandantes Ramón Valverde y José Ignacio San Martín, y con otros oficiales que tendrían después su propio protagonismo en el mundo de la Inteligencia. Pero recordaba con precisión cómo se había sentido en aquella Sección la necesidad de organizar cursos sobre inteligencia, contrainteligencia, guerra subversiva, etc., para formar agentes que pudiesen atender después tales servicios, pues desde tiempo atrás nuestros oficiales, a falta de una escuela española de inteligencia —cuya posibilidad de creación aún se vislumbraba lejana pese a resultar perentoria—, se venían formando en el extranjero. La organización de los primeros cursos recayó sobre el capitán Fuentes, con la colaboración inmediata del teniente José Luis Cortina, al que calificaba de oficial brillante, de gran iniciativa e impulso, y de especial aptitud y habilidad para la acción clandestina.

Por fin, en 1968 el Subnegociado de Operaciones-Interior de la Tercera Sección organizó —a título experimental— el I Curso de Inteligencia y Contrainteligencia, al que concurrieron el coronel Arozarena, el teniente coronel Enríquez y otros destinados con él, como el comandante San Martín, los capitanes Ferrer y Tejedor y los tenientes Sarmiento, Marquina y Cortina, así como diversos oficiales invitados, todos con alguna experiencia en tales materias. Una de las asignaturas cursadas era Subversión y Terrorismo. En enero de 1969 se elaboraba la primera edición de un Manual de Inteligencia que sería de uso habitual en la formación de tales especialistas. En él se definía el Servicio de Inteligencia como aquel que «planea, dirige, realiza y controla todas las actividades que afectan a la Seguridad del Estado y/o a la Defensa Nacional, encaminadas a conocer lo que es, hace o pretende el enemigo real o potencial (espionaje), a influir sobre un país para alterar su orden interno (subversión) o a privarle de algún medio material (sabotaje)». El término «inteligencia» tardaría aún casi ocho años en aplicarse a la Tercera Sección del Alto Estado Mayor, cuando en la reorganización de 1976 pasó a denominarse Segunda División, Inteligencia. La Armada lo había adoptado tiempo antes en su Servicio de Inteligencia Naval (SEIN). Pero merece recordarse que en el siglo XVI Felipe II ya denominaba a sus espías «mis reales inteligencias». El manual explicaba el proceso informativo, y en idéntica línea se trataba el servicio de contrainteligencia. En 1969 se celebró el segundo curso con un alumnado de diecisiete jefes y oficiales, y en 1971 el tercero, con una asistencia de veinte alumnos, entre los que me encontraba yo por mi destino en el Negociado Técnico de la Tercera Sección. También se llevaron a cabo sucesivos cursos de Lucha contra la Subversión dentro de las Fuerzas Armadas. El primero se desarrolló en el Alto Estado Mayor en 1969 con la asistencia de 56 jefes y oficiales. En 1970 se convocaba el segundo, y el tercero, al que también me correspondió asistir, se celebró en 1972.

En aquellos cursos resultaba siempre destacada y espectacular la participación teórica y práctica de los miembros de los Equipos de Vigilancia, después denominados Unidad Operativa de Misiones Especiales (UOME). Por entonces el teniente Cortina disponía de personal de la Guardia Civil para desarrollar tales actividades.

Todas estas referencias de las tareas que llevaba a cabo la Tercera Sección esbozan un retrato de las actividades y del prestigio de que gozaba el Alto Estado Mayor en los años sesenta, lo que explica que el Gobierno de Franco acudiese en situaciones excepcionales a sus expertos en información y que aquella Tercera Sección fuese el embrión de los futuros servicios de Inteligencia.

2
LA ORGANIZACIÓN CONDE

LA SUBVERSIÓN EN LA UNIVERSIDAD

En la primavera de 1968, los acontecimientos en la capital francesa iban a sobrepasar todo lo imaginable: entre el 2 de mayo y el 30 de junio los estudiantes parisinos protagonizaban una revuelta que conmocionó al mundo. El primer ministro, Pompidou, explicaría a su regreso de Irán la grave situación creada por decenas de miles de estudiantes, obreros y agricultores que ocupaban el Barrio Latino, La Sorbona, la fábrica Renault y otros centros de trabajo. La sangrienta noche del 10 de mayo sería la más inesperada y dramática de la V República. En la población se mezclaba el asombro con el miedo: ya no se trataba de una anécdota estudiantil ni de la desmesurada proyección del líder de extrema izquierda Daniel Cohn-Bendit encabezando el Movimiento del 22 de Marzo, sino de la explosión de un problema nacional. En pocos días un pequeño foco en una facultad de Nanterre, que tomaba como precedente los disturbios en la Universidad de Berkeley (California), había expandido vertiginosamente la revolución contracultural hasta forzar la huelga general de cientos de miles de participantes, procedentes de sectores inicialmente ajenos a la polémica universitaria. En semanas sucesivas el presidente de la República, el general De Gaulle, regresaba de Rumanía, recurría en último término al Ejército francés y el 18 de mayo disolvía la Asamblea Nacional. El Gobierno acababa con los grupos de extrema izquierda y se convocaban unas elecciones generales que se saldarían con un triunfo gaullista aplastante.

En resumen, una situación insólita en Francia que sobrevolaba sobre las cabezas de los gobernantes europeos, y naturalmente sobre la de José Luis Villar Palasí[2], responsable español de la cartera de Educación y Ciencia, que no consentía una revuelta similar en Madrid. En 1968 la subversión irrumpía en España como una amenaza interior claramente definida que generaba gran inseguridad ciudadana y que podía poner en peligro la propia seguridad del Estado. Las revueltas ideológicas aparecidas en la Universidad se suponían alentadas por servicios de información del bloque oriental europeo, por lo que resultaba adecuado que aquella incipiente amenaza interior fuera sometida a tratamiento por especialistas de Inteligencia.

No está de más aquí una reflexión sobre el concepto subversión, que tenía distintos matices en los países ricos y democráticos: guerra fría, agresión indirecta, amenaza interior, etc. El adjetivo subversivo se aplicaba a grupos reducidos y radicales de ambos extremos del arco político que no tenían peso para provocar el cambio del orden democrático. En España se dio ese calificativo a cualquier grupo de ideología marxista y a otros liberales o discrepantes con la democracia orgánica vigente o con el sistema de valores del régimen de Franco. A todo ello se añadían las amenazas del terrorismo y el separatismo, lo que provocaría la tentación oficial de aplicar soluciones castrenses, en consonancia con el papel asignado al Ejército como custodio, garante y último depositario de la continuidad política del Estado.

Precedentes históricos nacionales

Para buscar los orígenes de los problemas en las universidades españolas hay que retroceder a 1943, cuando una ley orgánica obligaría a los estudiantes a inscribirse en el Sindicato Español Universitario (SEU). Ya a partir de 1951 la agitación adquiriría las formas de un movimiento estudiantil, y el nuevo ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz-Giménez, intentaría una tímida renovación de la vida universitaria. Tras la creación en 1953 del Frente de Liberación Popular (FLP), conocido como FELIPE, habían ido tomando cuerpo paulatinamente determinados movimientos que se agrupaban en organizaciones estudiantiles anti-Régimen, en las que aparecían jóvenes que veinte años más tarde estarían inmersos en los grupos más activos de la Transición (Gabriel Elorriaga, José Pedro Pérez-Llorca, Narcís Serra, Enrique Múgica, Joan Raventós…). Pronto empezarían a surgir, como contrapunto, grupos de respuesta activa, tales como Guerrilleros de Cristo Rey, Defensa Universitaria, Fuerza Nueva, etc.

En noviembre de 1955 se organizaba en el Paraninfo de San Bernardo (Madrid), como homenaje al recientemente desaparecido Ortega y Gasset, un Congreso de Jóvenes Estudiantes Universitarios, en el que surgieron las primeras críticas al poder y, en consecuencia, la reacción oficial de suspender revistas culturales universitarias como Alcalá, Ateneo, Índice o Ínsula. El viejo falangista Dionisio Ridruejo solicitaba en enero siguiente al Ministerio de Educación Nacional permiso para celebrar un Congreso Nacional de Estudiantes como alternativa al SEU, sindicato que se desacreditaba entre los progresistas de izquierda. En las elecciones de delegados de curso de febrero, ganaría la candidatura no oficial, así que las autoridades anularon la votación, lo cual originaría una manifestación en la Gran Vía madrileña que fue disuelta por la Policía.

Dos días después, el 9 de febrero (Día del Estudiante Caído), se repetía la manifestación, que en esta ocasión tuvo la réplica de un grupo de estudiantes falangistas. Resultado: un herido muy grave, detención de Ridruejo, Tamames, Ruiz Gallardón, Múgica, Elorriaga, Sánchez Dragó y varios más, declaración del estado de excepción y destitución del ministro de Educación Nacional y del rector de la Universidad de Madrid el día 25. Franco nombró ministro al subsecretario Rubio García-Mina, pero la demora de las reformas hizo inevitable la aparición de pequeñas organizaciones universitarias e intelectuales como la Agrupación Socialista Universitaria (ASU) y el citado FELIPE.

Las ideologías anti-Régimen maduraban en algunas cátedras y en 1962 se creaba la Federación Universitaria de Estudiantes (FUDE), de clara orientación marxista. Se iniciaba una etapa de creciente inquietud universitaria, más politizada. El 29 de enero se concentraba una manifestación frente al ministerio pidiendo la disolución del SEU. El 22 de febrero se organizaban asambleas de estudiantes en varias facultades de Madrid, que serían desalojadas por la Policía a petición del rector. Dos días después los profesores Aranguren y García Calvo se unían a otra manifestación y eran detenidos; pese a su puesta en libertad ese mismo 24, creció la espiral de solidaridades entre alumnos y profesores, y, en respuesta, la intervención de la fuerza pública. El Ministerio de Educación Nacional abrió expedientes académicos de separación de cátedra a varios profesores, lo que acrecentó la contestación estudiantil en varias universidades. Era el año del notorio Contubernio de Munich[3], y en julio se produjo una nueva crisis ministerial que, entre otros nombramientos, daba entrada al general Muñoz Grandes como vicepresidente del Gobierno, al profesor Lora Tamayo como ministro de Educación Nacional y a Fraga Iribarne como sucesor de Arias-Salgado al frente de Información y Turismo.

La inquietud seguía en 1963, y en 1964 se constituía una Conferencia Universitaria para coordinar el movimiento estudiantil, que se veía favorecido por demandas insatisfechas y por el activismo de ideologías anti-Régimen. En 1965 el Gobierno, en vez de acometer las necesarias reformas del sistema educativo, maniobraría transformando el SEU en Asociaciones Profesionales de Estudiantes (APE); llegaba tarde, y la Ley Orgánica del Estado iba a obstaculizar el asociacionismo en general. Las medidas políticas se habían demorado en beneficio de las económicas y la prevista reforma del sistema educativo no se hizo acompañar de otras decisiones gubernamentales necesarias. Entre tanto, en Barcelona se creaba el Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios (SDEU), se detenía a numerosos alumnos y se expulsaba a cerca de un centenar de profesores no numerarios (penenes, en el argot estudiantil). En 1966 se extendían las revueltas a las principales universidades españolas y en enero de 1967 se reunía en Valencia, por primera vez, la coordinadora del Congreso Democrático de Estudiantes de España, que sería desarticulado, provocando la huelga general en todos los centros universitarios. Debido a la denominada «crisis universitaria», el 16 de abril de 1968 se producía el relevo de Lora Tamayo por Villar Palasí al frente del recién estrenado Ministerio de Educación y Ciencia.

Si el nuevo ministro debía hacer frente a una situación complicada, en otros ámbitos la situación nacional atravesaba también tiempos difíciles: en 1968 se cerraban las fronteras con Gibraltar, la antigua Guinea Ecuatorial Española se independizaba y el terrorismo hacía acto de presencia colocando una bomba el 9 de mayo en la Vuelta Ciclista a España, asesinando el 7 de junio en Villabona (Guipúzcoa) al guardia civil José Antonio Pardines Arcay y el 2 de agosto al jefe de la Policía de San Sebastián, el comisario Melitón Manzanas, por lo cual el Gobierno decretaba por tres meses el estado de excepción en Guipúzcoa (fue levantado el 25 de octubre). En enero siguiente, don Carlos Hugo de Borbón Parma y su familia eran expulsados de España[4].

Ya a partir de 1965 las protestas estudiantiles habían sido objeto de estudio en el Subnegociado de Operaciones-Interior de la Tercera Sección del AEM, que había recibido como misión secundaria la lucha contra la subversión, si bien exclusivamente desde el punto de vista del seguimiento informativo. Según Ricardo de la Cierva[5], cabía atribuir al Grupo IV (ámbito estudiantil) de aquel subnegociado la paternidad de los informes militares que llegaron al Generalísimo sobre los sucesos universitarios de febrero de 1965. El jefe del Estado seguiría recibiendo del AEM evaluaciones puntuales sobre la provocadora actitud de los grupos más radicales, que aprovechaban con algún éxito las insuficiencias del sistema universitario español.

EL PLAN CANADÁ

Así llegamos al verano de 1968, en que el nuevo ministro, Villar Palasí, toma conciencia de las dificultades de llevar a cabo la reforma educativa, mediatizada tanto por las presiones universitarias como por las preocupaciones políticas en relación con el orden público; Villar necesitaba tiempo y dinero, y ambas cosas se le regateaban. Mientras, Franco veía con reticencia las reformas programadas y seguía con preocupación los desórdenes universitarios. Es posible que algún funcionario que asistiera a seminarios del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) hablara al ministro de Educación y Ciencia de los informes que redactaba la Tercera Sección sobre la conflictividad universitaria, e incluso de los procedimientos contrasubversivos que se explicaban en los cursos que impartía dicha sección. El hecho es que, en un Consejo de Ministros celebrado en el Pazo de Meirás, Villar Palasí informó con preocupación sobre los movimientos que se estaban generando en el ámbito universitario, con la fundada sospecha de que los hilos que movían a nuestros alumnos conectaban con grupos políticos clandestinos, probablemente impulsados y financiados por organizaciones internacionales anti-Régimen, pero hizo notar, a la vez, que su ministerio carecía absolutamente de instrumentos para informarse puntualmente y en profundidad de cuanto estaba ocurriendo o gestándose, y, más aún, adolecía de falta de medios para hacer frente a esa incipiente marea subversiva.

El jefe del Estado canalizó la angustiosa preocupación del ministro hacia el general Muñoz Grandes, jefe del Alto Estado Mayor. Todo hacía presumir que especialistas de su Tercera Sección podrían prestar asesoramiento al ministro sobre la referida protesta estudiantil. Como consecuencia de ello, el día 26 de septiembre de 1968 Muñoz Grandes recibió en su despacho al subsecretario de Educación, Alberto Monreal Luque, quien solicitaba en nombre de su ministro, con la aprobación del Generalísimo, apoyo técnico para evitar que la subversión en los medios universitarios colocara al Régimen en una situación similar a la surgida en Francia durante la primavera. A la reunión se incorporó el general Luis Martos Lalanne[6], jefe de la Tercera Sección del AEM, quien estudiaría la modalidad de ayuda más oportuna ante la inminente apertura del curso.

Al día siguiente el citado general convocaba a los responsables de los subnegociados de Operaciones-Exterior, Operaciones-Interior y Técnico, los tenientes coroneles Carlos Cortezo, Luis Enríquez y Antonio Ruiz Sánchez, respectivamente, a quienes acompañaban el comandante José Ignacio San Martín[7], jefe del Grupo II (subversión), y el capitán Agustín Tejedor, del equipo de trabajo U (universidad) del Grupo IV, para la realización práctica de la misión encomendada.

Para impartir las instrucciones necesarias a quienes habían de ser los ejecutores materiales de la ayuda al ministro de Educación y Ciencia, el general Martos explicó en su despacho a San Martín y Tejedor los términos en que se había desarrollado la víspera la reunión con el subsecretario Monreal, y calificó el asunto de «máximo secreto». Su misión consistiría en asesorar técnicamente al ministro de Educación y Ciencia (MEC) en materia subversiva, actuando como su «Estado Mayor» en dicho campo; pero se les exigía evitar cualquier tipo de implicación del AEM en la operación, ardua limitación a la hora de cumplir una misión tan delicada, pues al equipo que formarían San Martín y Tejedor le resultaban indispensables el apoyo inmediato y la protección de ese centro militar.

Las relaciones del MEC con el Alto Estado Mayor se llevarían a cabo a través del nuevo jefe de Operaciones de la Tercera Sección, el coronel Arozarena, y se apoyarían documentalmente en el Subnegociado de Operaciones-Interior. La obtención de información se haría por medio de la captación de informadores y de la infiltración de agentes propios, coordinando a su vez los elementos dependientes de Educación que tuvieran funciones análogas. Al «equipo San Martín» se le encomendaba buscar un local propio, aislado; y ello con independencia de las facilidades que pudiera recibir en el MEC, en el que se establecería inmediatamente una singular Oficina de Enlace. Igualmente el equipo tendría que adquirir el material electrónico que considerase preciso. Desde un punto de vista profesional, San Martín y Tejedor quedarían adscritos, en principio, al Ministerio de Educación y Ciencia junto con otro militar del Negociado Técnico de la Tercera Sección que les apoyaría en calidad de especialista.

El 28 de septiembre de 1968 se celebraba en el ministerio la primera entrevista con el ministro Villar Palasí y el subsecretario Monreal, a la que acompañaron al general Martos los tres militares que formaron el equipo inicial. Confesó entonces el ministro que venían a ayudarle a resolver el problema número uno del país y les ofreció todo su apoyo personal para actuar con contundencia contra los activistas que alteraban el orden, no solo con información, sino con respuestas contrasubversivas directas; en resumen, organizar células informativas y, como complemento, utilizar el apoyo de guardias civiles, para lo cual Villar Palasí haría la pertinente solicitud a la Benemérita, que poco después puso a su disposición un reducido grupo. Las relaciones administrativas y ejecutivas se desarrollarían bajo la dirección de Monreal, al que visitarían días después. Había que preparar con la mayor urgencia la incorporación de nuevos oficiales al equipo y organizar su ubicación en la sede del MEC, donde previamente se procedió al correspondiente barrido electrónico de los locales.

Por la urgencia que exigía el inicio del curso académico, el último día de septiembre de 1968 el «equipo San Martín» inició el montaje de la denominada Central Informativa del Ministerio de Educación y Ciencia (CIMEC) en la propia sede ministerial, simple pantalla de la estructura oculta acordada con el subsecretario Monreal, que fue el interlocutor habitual de San Martín. Como el Ministerio de Educación y Ciencia no disponía de espacio para la implantación física del equipo, hubo que alquilar un chalé amueblado y con teléfono en la calle Primera de la colonia Ciudad Jardín (Polígono Santamarca), cuyo primer pago tuvo que suscribir personalmente el capitán Tejedor, bajo la razón social Agustín Tejedor, S. A. de Construcciones (después TESAM, S. L.). Se empezaba así a cumplir a rajatabla la orden de no implicar al AEM en las actividades del nuevo equipo, si bien al día siguiente en Vitruvio se les facilitaban a cuenta las primeras 200.000 pesetas para realizar los gastos iniciales de mobiliario. Pronto se encontraría la fórmula administrativa en el Ministerio de Educación y Ciencia para, sin levantar sospechas, dotarlos de una asignación, que se pondría a disposición del AEM a nombre del habilitado de la Tercera Sección, el comandante Guerra, al que San Martín tendría que rendir cuentas mensualmente. La instalación se llevó a cabo con la mayor rapidez, con apoyo de personal auxiliar especialista del Negociado Técnico del AEM en el acondicionamiento telefónico, radio-escuchas, sistemas de alarma y seguridad y detección de incendios, como correspondía al secreto de la futura oficina y de la documentación y actividades que había que proteger.

De acuerdo con lo sugerido por San Martín en la primera reunión con el general Martos, se consideró conveniente recabar información del servicio francés SDECE y el Ministerio de Educación de aquel país sobre los grupos radicales que respaldaron la revuelta de Nanterre. El AEM y el MEC autorizarían un viaje a París del teniente coronel Cortezo[8] y el comandante San Martín para entrevistarse con las autoridades francesas, apoyados con carta de presentación de Monreal a Edgar Faure. El programa proponía el intercambio de información sobre temas universitarios y la colaboración operativa entre servicios para infiltrar agentes propios en medios subversivos españoles residentes en París, y viceversa, así como el conocimiento de las experiencias y métodos franceses tras los sucesos de mayo. Las entrevistas tuvieron lugar el 14 de octubre en la sede del SDECE. La inteligencia francesa escucharía con atención el proyecto español de cooperación, pero tal actividad se salía de su marco de responsabilidad por ser competencia de la Dirección General de Renseignements Generaux, dependiente de la Sureté Nationale. En cambio, Mr. Joncret, jefe del Gabinete del Secretario de Estado para la Educación, parecía el interlocutor apropiado por su calidad de cerebro gris del movimiento contrasubversivo en la Universidad y por gozar de la confianza del SDECE.

Así que es imaginable que San Martín tratase de seguir luego en Madrid las pautas de Mr. Joncret, pues, a su regreso a España, en la Tercera Sección se debatió el papel que podría corresponderle en los temas de interior, a la vista de la posición del SDECE francés. El 17 de octubre se organizó una sesión de trabajo presidida por el coronel Arozarena, con la asistencia de los tenientes coroneles Cortezo y Enríquez, el comandante San Martín y el capitán Tejedor. Al día siguiente, estos dos últimos entregarían un «Plan de acción para la Operación» a Arozarena, quien el miércoles 23, tras dar forma a la propuesta, la despacharía con el general Martos para su elevación al teniente general jefe del AEM y al ministro de Educación y Ciencia. El general Martos aprobaría el 25 de octubre de 1968 el plan de acción, que se puso en marcha con el mayor sigilo bajo el nombre interno de Plan Canadá (recuerdo fonético del subsecretario Monreal). El ejemplar para el MEC, que prescindía de detalles técnicos, fue entregado al subsecretario por Arozarena y San Martín el mismo día 25. El Plan Canadá requería apoyos de cuatro tipos: documentales (proporcionados por el archivo del Subnegociado de Operaciones-Interior), operativos (sus Grupos de Misiones Especiales), técnicos (equipamiento electrónico sofisticado) y económicos (que aportaría el Ministerio de Educación).

La obligada máxima discreción se convertía en grave dificultad para el funcionamiento diario del «equipo», pues los contactos quedaban limitados en Educación y Ciencia al ministro y al subsecretario, con lo cual los «pequeños» problemas de personal, material y recursos económicos permanecían sin resolver o no se agilizaban con la rapidez deseable.

NACE LA ORGANIZACIÓN CONDE

Las relaciones diarias del comandante San Martín con el Subnegociado de Interior del AEM se materializarían estrictamente a través del contacto telefónico con su jefe, el teniente coronel Enríquez, quien asignó el código telegráfico DUQUE al coronel Arozarena y aplicó a San Martín el de CONDE como «oficial de caso» para el Plan Canadá. El hecho de que los mensajes llevasen siempre tales indicativos acabó por consolidar el apelativo de Organización CONDE para el servicio que empezaba a desarrollar San Martín. Aún años después seguía citándose así en el ámbito de los servicios militares de información, a pesar de tener ya otra denominación oficial: el Servicio Central de Documentación (SECED), al que me referiré más adelante.

San Martín comenzaría enseguida a poner en ejecución la coordinación de las fuentes del propio Ministerio de Educación y Ciencia para que la información de superficie pudiese llegar en tiempo útil al ministro y al subsecretario. La obtención de esa información no tuvo dificultad, pues el MEC contaba con un programa en su Servicio de Régimen Interior, que se potenciaría con la puesta en marcha de otros canales, como las escuchas-radio. Además crecería el caudal de noticias gracias al apoyo del Gabinete de Enlace en el Ministerio de Información y Turismo, del cual era miembro el teniente coronel Joaquín Sánchez Gabriel, destinado en la Tercera Sección del AEM.

Como empezaban a detectarse los primeros síntomas de actividad subversiva entre los estudiantes más radicales, el 5 de noviembre de 1968 el subsecretario del MEC, Alberto Monreal, pidió a San Martín un informe razonado, convocándole para el día siguiente a una reunión con el ministro. A lo largo de esta extensa entrevista con Villar Palasí, este se impacientaba por el inicio de las acciones psicológicas (pese a que los objetivos del Plan Canadá se habían diseñado para el medio plazo), deseando ver resuelto cuanto antes el activismo universitario. Contaba San Martín que el ministro le titulaba afectuosamente «delegado de follones del ministerio» y deseaba que tomase la dirección de las acciones, a lo que se negaba el comandante por entender —en línea con el Alto Estado Mayor— que podría resultar contraproducente involucrar en tales cometidos a miembros de las Fuerzas Armadas. Villar lo entendió bien y decidió encomendarlos al jefe de los Servicios Informativos del MEC (Izquierdo) y al director de Asociaciones y Colegios Mayores (Ansuátegui) —a los que hizo llamar a su despacho con gran secreto, presentando a San Martín como «José Luis Cortés López[9], nuevo miembro del Gabinete»—, nombrando al primero enlace con la recién estrenada Central de Información del MEC (CIMEC).

Para llevar la administración y la documentación del incipiente servicio se incorporaron en octubre un capitán de Oficinas Militares, un archivero y cuatro guardias civiles. La compleja y enorme actividad de la Organización CONDE en aquellas primeras semanas febriles de funcionamiento desbordaría las posibilidades del equipo de San Martín. El mando militar admitió pronto que la Organización CONDE fuera ampliada con más oficiales del Ejército, consciente de que para ejecutar el Plan Canadáno se encontraría personal tan idóneo en otras instituciones o cuerpos del Estado. De este modo, CONDE empezó a incrementar su exigua plantilla en el chalé de Ciudad Jardín, que vino en conocerse como «Rancho». El general Martos aprobaría el 11 de noviembre, «por necesidades del servicio», la designación del capitán José Peñas Pérez[10], destinado en el Subnegociado de Estudios y Análisis de la Tercera Sección del AEM desde mayo de 1966 y que se incorporaría provisionalmente al equipo dos días después para hacerse cargo de la documentación, como secretario de la CIMEC.

San Martín había elevado fechas antes al general Martos un informe sobre las tareas que ya se estaban realizando, entre ellas el enlace permanente con DUQUE y el Ministerio de Educación, la relación de notas de servicio e informes que le solicitaban ambas autoridades, el contacto con agentes e informadores, la puesta en funcionamiento de la oficina y la propia atención al ministerio, al que San Martín acudía a diario. La corriente documental fue abundante desde los primeros momentos y enseguida fue preciso sistematizar su tráfico con el AEM, con el MEC e incluso con el servicio francés SDECE. Los informes coyunturales se fueron transformando en información evaluada y ordenada, redactándose ya desde mediados de octubre un parte diario sobre la Universidad Complutense que pronto se ampliaría a otros distritos. A partir del 18 de noviembre se inició la difusión periódica de un boletín de prensa que fue muy bien acogido por el ministro y el subsecretario, boletín que evaluaba las noticias recogidas, añadiendo un pronóstico cuando procedía.

Por aquel otoño de 1968 se integraron también en la Organización CONDE el comandante Quintero[11] (para atender las relaciones con asociaciones positivas y la formación, propaganda y dirección de grupos de acción clandestina) y el capitán Pardo de Santayana[12] (para desarrollar las funciones de «Estado Mayor», las relaciones abiertas con los ministerios y coordinar las redes de información de superficie y profundidad). Ambos pasarían, como San Martín, en comisión de servicio al MEC, según se les comunicó por escrito «secreto» del Estado Mayor Central: «S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos ha dispuesto que […] pase a prestar sus servicios al Ministerio de Educación y Ciencia».

EL GABINETE DE ENLACE DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

La coordinación institucional de la lucha contra la subversión resultaba, a juicio del equipo directivo de la Organización CONDE, indispensable y urgente, pues ya se percibía que una de las bazas principales del activismo subversivo era la inoperancia del aparato político-burocrático del Estado. La exigencia de respuestas inmediatas de varios departamentos ministeriales no surtía el efecto deseado. El 26 de noviembre de 1968 San Martín había entregado a Monreal una nota informativa con una somera impresión sobre la situación. La víspera habían comentado ambos la descoordinación que se advertía en distintos niveles de la acción contrasubversiva, con problemas complejos que precisaban de medidas enérgicas de armonización entre los diferentes ministerios implicados e incluso entre los propios organismos de Educación y Ciencia.

El informe de CONDE aludía igualmente a cierto deseo preconcebido entre colaboradores de algunos ministros de hacer fracasar la reforma de Villar Palasí. Hoy podría parecer que el contenido del informe sobrepasa los límites del debido asesoramiento técnico y alcanza niveles de interpretación política, pues San Martín acababa sugiriendo que el MEC organizase un gabinete similar al visitado en París para la coordinación de la acción de los servicios informativos del ministerio, de la propia Central Informativa del MEC (CIMEC), de la Dirección de Asociaciones y Colegios Mayores, etc.

El lunes día 2 de diciembre San Martín quedaba a las órdenes inmediatas de Villar Palasí «en comisión de servicio». El general Martos había dado su visto bueno a ese procedimiento administrativo, que en cierto modo distanciaba del Alto Estado Mayor el Plan Canadá y daba a San Martín mayor autonomía. Aquel lunes Villar Palasí y Monreal Luque giraron una primera visita a la oficina central de la Organización CONDE, ubicada en Rancho, haciendo el ministro mención expresa del interés del Generalísimo por ese nuevo servicio, interés que fue puesto enseguida en conocimiento de los mandos del AEM y del Ministerio del Ejército.

Villar remitió una carta de petición al ministro del Ejército, el teniente general Menéndez Tolosa, para la tramitación de las comisiones de servicio. En su texto decía que el Generalísimo seguía atentamente los acontecimientos y que el miércoles siguiente, como de costumbre, iba a convocar en El Pardo al vicepresidente Carrero y a los ministros de la Gobernación, el Ejército y el Movimiento, además de a él mismo, para advertirlos de que había «una decisión firme de acabar con este estado de cosas, hasta el punto de que, si fuera preciso, declararía el estado de excepción». El día 13 de diciembre San Martín despachó con el general Menéndez Tolosa, y las incorporaciones al MEC tendrían lugar aquella misma tarde, acondicionándose un despacho contiguo al del ministro Villar para uso del comandante San Martín, como órgano coordinador de toda la información que tenía entrada en el ministerio. De ese modo, el 16 de diciembre de 1968 se constituyó el Gabinete de Enlace del Ministro de Educación y Ciencia (a las órdenes directas del ministro, si bien dependiente de facto del subsecretario Monreal), en el que junto con San Martín trabajarían Quintero, Pardo de Santayana y un sargento de la Guardia Civil. Este nuevo órgano informativo venía a suceder a la CIMEC, y a partir de ese momento el Plan Canadá prácticamente quedaba transferido al MEC, recayendo la responsabilidad de su dirección en el comandante San Martín. Las facultades del Alto Estado Mayor quedaban circunscritas a facilitar los apoyos informativos y técnicos.

San Martín había sugerido al ministro Villar el reparto de competencias, que quedaría plasmado del modo siguiente: al Gabinete de Enlace se le asignaba el impulso, asesoramiento y promoción de actividades encubiertas, y a la Secretaría General del Movimiento (SGM) la acción psicológica y la propaganda, la preparación de cuadros, las acciones contrasubversivas, etc. Con tal motivo CONDE preparó a mediados de diciembre el programa de actividades de cada organismo para elevárselo al ministro-secretario José Solís. Pero empezaba una etapa de obstáculos y recelos entre el Gabinete de Enlace y algunos órganos del Movimiento que deseaban tener su propio protagonismo en el asunto.

En una nueva reunión con el ministro Villar el 9 de enero, este insistió en la necesidad de acelerar el Plan Canadá, que había merecido la víspera la aprobación del jefe del Estado. Al día siguiente, en nota que le remitía el Gabinete de Enlace, se recababa la dirección de los grupos de contrasubversión, la formación de cuadros y el asesoramiento de grupos especiales para la acción, si bien la Secretaría General del Movimiento debía fomentar el asociacionismo estudiantil. El ministro de Educación y Ciencia animó a San Martín el 14 de enero a solicitar audiencia al jefe del Estado. A los pocos días se producían diversos disturbios en la Universidad de Barcelona y el ministro se sintió tremendamente preocupado, quizá deseando descargar en el vicepresidente del Gobierno la responsabilidad del plan de acción.

Quienes integraban el Gabinete de Enlace del MEC detectaron pronto que la inmensa mayoría de los problemas universitarios eran, más que subversión, disfunciones en la Administración del Estado, por lo que el Plan Canadá tenía que entrar en la vital acción psicológica, la faceta más importante y trascendente de un auténtico plan de contrainformación. El almirante Carrero lo aceptó con conocimiento del Alto Estado Mayor y de los tres ministros militares y sus respectivos Estados Mayores. De ese modo la acción psicológica en el sector educativo se organizó en un triple frente: el impulso de movimientos adictos entre asociaciones de estudiantes y mixtas con posgraduados, la orientación de la opinión pública y la creación de un ambiente favorable para la coordinación de esfuerzos en los departamentos ministeriales.

Posteriores ampliaciones de personal hicieron necesaria a mediados de febrero de 1969 la mudanza del cuartel general de la organización a un chalé en la calle Guadalquivir, de la colonia del Viso, que fue apodado «Rancho Grande» (quedando la oficina de la calle Primera como «Rancho Chico»). Poco a poco, y para mantener la necesaria clandestinidad de algunas actividades, hubo que propiciar montajes en locales diferentes, llegando a ocupar en Madrid media docena de inmuebles para trabajo y como pisos francos. Por otra parte, la escueta financiación de las actividades de la Organización CONDE se resolvió inicialmente a través de los presupuestos de los ministerios afectados[13].

El estado de excepción del 24 de enero de 1969

Uno de los sucesos más graves, que alcanzaría el grado de insolencia, tuvo lugar en la Universidad de Barcelona durante la revuelta del 17 de enero, al llevar en volandas los estudiantes al rector, Manuel Albadalejo, hasta el borde de la ventana en simulacro de defenestración. Después arrojarían a la calle un crucifijo, todo tipo de muebles y el retrato del jefe del Estado, encendiendo con ellos una hoguera. Ese fin de semana se propagaba la subversión a otros distritos universitarios como un eco, y el día 24 el Consejo de Ministros aprobaba en un decreto ley el estado de excepción en todo el territorio nacional, medida que ya había sido contemplada por Franco el mes anterior.

El ministro Villar Palasí había solicitado el día 18 de enero a su Gabinete de Enlace información sobre los activistas más significados, pero las limitaciones del Plan Canadá eran patentes: para aquello que ocurría fuera de Madrid la Organización CONDE dependía de la información que le facilitaba la Dirección General de Seguridad. Dos días después volvían a reunirse con el ministro los tres dirigentes del plan para analizar la situación y exponerle la necesidad imprescindible de que la Universidad de Barcelona fuera abierta de nuevo cuanto antes, ya que los alumnos no culpables —la gran mayoría— tenían derecho a no ver perjudicados sus estudios.

Era patente que las alteraciones crecientes del orden académico no habían podido ser atajadas con las medidas adoptadas; el rápido incremento de la conflictividad universitaria era muy superior a la capacidad del Gabinete de Enlace del MEC para establecer la barrera contrasubversiva que se pretendía. Los efectivos humanos del Plan Canadá eran verdaderamente insuficientes, como ya apreciara el Generalísimo el 9 de enero en audiencia concedida a Villar Palasí en la que este le expuso el plan. Franco no regateaba felicitaciones para el «equipo», pero consideró corto el número de los dedicados a esa lucha y dio al ministro la consigna de reclutar más gente para la acción.

A instancias de Villar, la víspera de la declaración del estado de excepción el vicepresidente del Gobierno recibía por primera vez a San Martín y Quintero. Carrero les preguntó si no era mejor declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional, no solo en los campus universitarios (como defendía el fiscal del Tribunal Supremo, Herrero Tejedor), y les anticipó su intención de llevar la declaración al próximo Consejo de Ministros. Su promulgación tuvo diverso grado de aceptación entre los ministros: mientras unos querían prolongarlo durante seis meses, otros lograban que se acortase, y se levantó, en efecto, el 23 de marzo, un mes antes de expirar el plazo dispuesto. López Rodó lo explica con detalle en La larga marcha hacia la monarquía:

Otros miembros nos opusimos a una medida que considerábamos excesiva y que sin duda paralizaría o retardaría la evolución política española y, sobre todo, haría imposible durante su vigencia la designación de sucesor en la Jefatura del Estado. Pero la mayoría del Gobierno se inclinó a favor del estado de excepción […]. A las gentes más sensatas de la clase política les pareció desorbitada la medida, y a mí, que conocía la decisión de Franco, comunicada a Carrero el 24 de octubre, de designar sucesor, me contrarió profundamente[14].

A pesar del recorte del plazo, el ministro de la Gobernación —el general Alonso Vega— desmontó la mayor parte del aparato de los grupos radicales en la Universidad. Hay que reconocer que la medida gubernamental no fue alentada por el Gabinete de Enlace del MEC: no entraba en el diseño de la respuesta contrasubversiva de CONDE. Pero, al menos, supuso un respiro para preparar sus planes de asociacionismo y formación, y extender su influencia a todos los campus universitarios, y sobre todo para reforzar la estructura central de la Organización CONDE e iniciar su implantación en otras capitales.

La coordinación interministerial de la información contrasubversiva

Fraga Iribarne puede ser considerado como el precursor de los enlaces informativos interministeriales. Al acceder al Ministerio de Información y Turismo (MIT) constituyó, por Orden de 26 de noviembre de 1962 (BOE n.º 292), una oficina «destinada a coordinar aspectos concretos de la información política, y de la que dependerá directamente su departamento de investigación sobre el comunismo y otras actividades subversivas». El método se consolidó como eficaz y vino a proporcionar una vía urgente y fiable de comunicación personal, que facilitaba la fluidez del intercambio informativo entre ministerios. Todas las semanas se reunía en el MIT la Junta de Enlaces Interministeriales, a la que se fueron incorporando sucesivamente representantes de diversos organismos (Asuntos Exteriores, Gobernación, Organización Sindical, los tres ministerios militares, Justicia, Trabajo, Secretaría General del Movimiento, Casa Militar del Generalísimo y Alto Estado Mayor). Aquella Oficina de Enlace proporcionaba boletines de prensa nacional y extranjera y de escuchas-radio.

El 21 de enero de 1969 San Martín dirigía una nota operativa a Villar Palasí para el Consejo de Ministros del día 22, según norma habitual, en la que apuntaba «la creación de un Gabinete de Enlace en la Presidencia del Gobierno […] en vista de la necesidad de una coordinación estrecha entre todos los Departamentos Ministeriales para luchar contra la subversión estudiantil […] tanto en información como en la acción dirigida a este fin». Días después, San Martín proponía al vicepresidente, en nota de 28 de enero, la creación de un comité restringido a nivel operativo durante el estado de excepción.

El almirante volvió a recibir al «equipo San Martín» el 4 de febrero, fecha en que se le entregaría una propuesta de «Coordinación del plan de contrasubversión», con las correspondientes soluciones según las fases sucesivas: durante el estado de excepción y tras la recuperación de la normalidad académica. El texto concluía así:

A partir de la operación existente y funcionando como un todo, se propone lo siguiente:

— Mantenimiento del Gabinete de Enlace del Ministerio de Educación y Ciencia en misión exclusiva de informar y asesorar al titular del Departamento.

— Centralizar la Organización contrasubversiva en todas sus vertientes y enlaces en la Vicepresidencia del Gobierno, creando […] un Gabinete u Oficina de Enlace para las actuaciones oficiales y clandestinas que requieran el apoyo de la autoridad competente […].

— Dependiente de lo anterior, creación de un Comité restringido y secreto para la desarticulación, integrado por el Director General de Seguridad, el Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia y el representante de la Vicepresidencia del Gobierno.

Tan ambiciosa propuesta hubiera supuesto un gran salto de calidad en el nivel de dependencia de la Organización CONDE, pero solo fue aprobada parcialmente por Carrero, si bien autorizando que se actuase en nombre de la Vicepresidencia. En posterior audiencia en el palacete de la Castellana, el triunvirato de CONDE habló a Carrero de la conveniencia de modificar la Orden Reservada de 20 de diciembre de 1945 sobre el ámbito de competencia de los diferentes servicios de información; y le entregó un informe[15] —por si el vicepresidente consideraba pertinente llevárselo al Caudillo— en el que se exponía que el fenómeno subversivo no constituía un problema meramente técnico, sino de política general y permanente. El almirante propuso dar por extinguida aquella orden sin necesidad de redactar una nueva.

A partir de 1969 se estableció un plan de enlaces de CONDE con otros organismos, autorizándose el 2 de enero el contacto directo con el director general de Seguridad, el coronel Eduardo Blanco[16], que organizó un Servicio de Coordinación (SERCO). Las oficinas de enlace de los Ministerios de Educación y Ciencia, y de Información y Turismo, ya citadas, fueron de algún modo origen y modelo de las creadas en años sucesivos en otros departamentos ministeriales.

En el Ministerio de Trabajo la correspondiente Oficina de Enlace mantuvo relaciones con el propio ministro Licinio de la Fuente y con los sucesivos directores del Instituto Español de Emigración, con los que se trazaron líneas de colaboración para evitar la captación de nuestros emigrantes por los movimientos de oposición en el exilio. En la Organización Sindical, CONDE tenía implantados en profundidad enlaces y órganos informativos, y contaba con la magnífica colaboración del ministro García del Ramal y de sus secretarios generales. En la Secretaría General del Movimiento se montó otra Oficina de Enlace que permitió una excelente colaboración con las delegaciones nacionales de Provincias y de la Juventud, no así con el ministro secretario Fernández-Miranda, quien con San Martín tuvo alguna discrepancia.

También se creó un enlace con el Ministerio de Justicia, aunque, como en los inicios de otras oficinas ministeriales, no tenía instalación permanente. En Asuntos Exteriores no llegó a organizarse una oficina de enlace, pues el ministro López-Bravo explicaría al teniente general Díez-Alegría (jefe del Alto Estado Mayor desde el 23 de julio de 1970) que la correspondencia con el campo exterior debía seguir siendo competencia del AEM. Por ello, las relaciones con CONDE se llevaron a través de Vitruvio y en ocasiones directamente por el subsecretario de Exteriores. Con las Fuerzas Armadas las conversaciones se mantenían por vía personal con los jefes de los servicios de información, sin necesidad de crear una estructura permanente. Pero se seguía echando en falta un nivel coordinador superior, por lo que en octubre de 1970 San Martín se dirigía así al vicepresidente:

Aunque de forma compartimentada se va logrando que unos y otros se apoyen recíprocamente, es absolutamente imprescindible que, sin desmontar nada de lo creado, exista un canal en esa Presidencia que permita mantener constantemente informado a VE. acerca de las actividades de dichas organizaciones, para que, trasladando a los Departamentos anteriormente citados sus órdenes, vigile su cumplimiento y establezca aquellos otros enlaces que VE. juzgue oportunos.

Como audaz propuesta —ya intentada con parcial éxito en otras ocasiones—, se le sugería al vicepresidente esa primera fase a título experimental. Entendía San Martín que había llegado el momento de una mayor coordinación interministerial y de plantear el problema subversivo en toda su magnitud, tratando de evitar duplicidades y de obtener el máximo rendimiento de los recursos puestos en juego. Ya lo había hecho saber al general jefe del AEM:

La subversión es un fenómeno general y permanente. Por tanto, la Organización no puede circunscribirse a un solo ámbito ni tener una estructura convencional. La subversión es un problema fundamentalmente político que debe tratarse de resolver a través de medidas políticas coordinadas al máximo nivel: en la Presidencia del Gobierno.

San Martín despachaba con Carrero el 9 de noviembre de 1970: el almirante seguía considerando innecesario establecer una Oficina de Enlace en la Vicepresidencia. En cuanto a la coordinación contrasubversiva, San Martín le llevó una nueva propuesta el 12 de diciembre de 1970, en la que exponía:

Se está agudizando cada vez más la disparidad de criterios [entre ministerios] respecto al concepto de la lucha contra la subversión y forma de desarrollarla […]. Esta diferencia de criterios impide el cumplimiento de la misión de la citada Organización que, subordinada al ministerio de Educación y Ciencia, se ve obligada a cumplimentar sus órdenes […]. El ministro solo desea que la Organización actúe sobre los efectos aparentes de la subversión […] mientras que la Organización Contrasubversiva considera que el problema en la universidad no puede resolverse independientemente del problema general y de la subversión en el orden laboral, religioso, intelectual y político y [en cambio] puede superarse con una acción permanente, coherente y coordinada en todas las acciones.

Ante tan preocupante pronóstico, San Martín proponía al vicepresidente aceptar el reto de «enfrentarse con la subversión en forma global», acometiendo las acciones siguientes:

— Fijar las colaboraciones precisas entre personas y organizaciones, cualquiera que sea su posición respecto al Gobierno, que acepten plenamente la continuidad del Régimen, según lo previsto en las Leyes Fundamentales.

— Encomendar la lucha contrasubversiva a escala general y nacional a un organismo contrasubversivo integrado fundamentalmente por miembros de las Fuerzas Armadas, con responsabilidad única y dependencia de la Presidencia del Gobierno. Dicha organización actuaría en función de la misión encomendada en la Ley Orgánica del Estado a las Fuerzas Armadas.

— Coordinar las acciones contrasubversivas de los ministerios más afectados y coordinar a todos los Servicios de Información en lo referente a la lucha contrasubversiva.

— Identificar los objetivos a largo plazo —políticos y contrasubversivos— marcados por la Presidencia del Gobierno a los responsables de los ministerios y coordinar sus actuaciones.

Como paso previo se consideraba que tal organización contrasubversiva pasase a «depender, a todos los efectos, del vicepresidente del Gobierno, con lo que se superarían las dificultades por las que atravesaba en aquel momento a consecuencia de la subordinación expresa al titular del citado departamento ministerial (MEC)». Este documento, elevado a Carrero Blanco, significaba una nueva interpretación de la misión encomendada al Plan Canadá y un anuncio de la proyección futura que San Martín buscaba para su organización.

Por su parte, el Alto Estado Mayor trató de impulsar la coordinación informativa sobre la subversión en las Fuerzas Armadas, labor que recayó, lógicamente, en la Tercera Sección, que organizó en 1971 la Oficina de Coordinación Informativa de las FAS (CIFAS), eligiendo al coronel Sánchez-Gabriel para hacerse cargo de ella el 14 de junio y asignándome a mí las funciones de secretario, hasta que se me concedió la comisión en la Presidencia del Gobierno en la primavera del año siguiente. Esta CIFAS se transformaría en un área del Subnegociado de Operaciones-Interior, y su labor no pasó del rutinario intercambio de noticias e informes.

ACTUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN CONDE EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO

En la memoria de actividades (27-9-68/31-3-69) del Gabinete de Enlace del MEC se describía el pensamiento de San Martín sobre la efectividad del Plan Canadá, reflejo de la situación observada durante ese semestre:

De poco servirán las medidas de desarticulación de grupos hostiles, ni la creación de grupos antagónicos, si no se gana a la opinión estudiantil general a favor de la reforma universitaria ya en marcha, y se crea un núcleo de organizaciones estudiantiles adictas o neutrales que contrarresten la acción de los primeros […]. La conquista de la opinión estudiantil solo puede hacerse por los propios estudiantes. Toda acción no estudiantil está condenada al fracaso. Asimismo toda acción política sobre los estudiantes ha de hacerse en forma indirecta y tomando como bandera la libertad y la participación activa […]. Hay que tener en cuenta que existen motivos justos de protesta estudiantil (dificultades de estudio, falta de medios de enseñanza, injusticias del profesorado, falta de empleo para posgraduados […] y que se debe conceder a los estudiantes un cauce legal para que los expongan a la Administración y propongan soluciones.

Tales párrafos dan la medida del tipo de asesoramiento que CONDE proporcionaba como consecuencia de la información recogida, que naturalmente no resultaría del agrado de las autoridades responsables. Sin embargo, en mayo de 1969 el MEC prometió dar repuesta a algunas reivindicaciones estudiantiles y abrir una oficina de reclamaciones. Describamos algunas de las actuaciones que promovió la Organización CONDE.

En la prensa y publicaciones

San Martín pensaba encomendar al equipo inicial cometidos de análisis y evaluación del fenómeno subversivo, pero, dadas las urgencias del MEC ante el creciente activismo estudiantil en plenas elecciones de delegados de curso, hubo que dedicar el esfuerzo principal a la función pedagógica, encaminada a orientar la respuesta de los propios universitarios a través de personas y órganos interpuestos.

Ya en enero de ese año 1969 el Gabinete de Enlace del MEC había iniciado la divulgación de artículos en la prensa de Madrid contra la violencia estudiantil, el cierre injustificado de la Facultad de Derecho y otros asuntos conexos. Igualmente, pensó organizar un acto de afirmación universitaria en reparación por la quema de locales en la Central de San Bernardo, y para decir «¡basta!» al clima de agitación imperante en la Universidad; pero fue suspendido por el rector, por considerarlo inoportuno. Otros catedráticos que alardeaban de altísimo patriotismo se sumaban a la idea con la misma facilidad que se retiraban, lo cual defraudaba profundamente a quienes trataban de sacar adelante tales iniciativas en el ámbito universitario. No obstante, el gabinete continuaba en ese esfuerzo, con el pleno convencimiento de que intentar detener la creciente ola subversiva solo a base de medios represivos conduciría al fracaso. Era preciso organizar una campaña orientadora de la opinión pública dirigida fundamentalmente a la masa estudiantil, combinando esfuerzos en los ministerios de Educación y Ciencia y de Información, pero en Presidencia se veía con cierto recelo cuanto provenía del MEC.

Se pensó en hacer uso de las publicaciones de la Editora Nacional y de Ediciones del Movimiento, impulsando lo que resultase más positivo para la juventud, y el vicepresidente Carrero aceptó el 12 de mayo de 1969 hablar de ello con el vicesecretario general Rodríguez de Valcárcel. Pero el Movimiento se encontraba con falta de medios y su área de Cultura, que regentaba Torcuato Fernández-Miranda, no estaba por la labor.

Pese a todo, los intentos de San Martín para lograr una eficaz actuación en la orientación de la opinión pública continuaron a lo largo de los años siguientes. Se pensó en la creación de un «gabinete de pensamiento» para apoyar la labor a través de los medios de comunicación social, y finalmente el nuevo ministro de Información y Turismo, Alfredo Sánchez Bella (nombrado en octubre de 1969), dio su total conformidad a integrar dicho gabinete en la Oficina de Enlace de su propio ministerio, en estrecha relación con el Ministerio de la Gobernación. En el año 1970 se multiplicaron los contactos con los medios de comunicación social (ABC, Ya, Cifra, PYRESA, Alcázar, Nuevo Diario…) y con la Dirección General de Prensa, a quienes se ofrecían artículos y noticias rápidas sobre incidentes con el fin de adelantarse a la oposición en su explicación. El propio San Martín escribió, con el seudónimo «Iñigo de Zabaleta», algún artículo sobre la subversión en la Universidad y no regateó al recurrir a firmas y personas influyentes. Pero notaba que se iba perdiendo la fe en el Régimen.

Impulso al asociacionismo estudiantil

A estas y tantas otras iniciativas, el Plan Canadá añadió el fomento del asociacionismo como vía frente al extremismo y para despertar en la sociedad un estado de conciencia que permitiera ir solventando la crisis universitaria. Para organizar grupos adictos había que promover asociaciones positivas que dieran cauce a las inquietudes de los estudiantes neutros —la gran mayoría—, desviándolos de la tentación del activismo ideológico. La promoción del asociacionismo universitario se demoraría largo tiempo, pues tropezaba con retrasos en la Secretaría General del Movimiento. Para impulsarlo, CONDE contó con la colaboración de Manuel Valentín-Gamazo de Cárdenas[17], joven universitario que cooperaba con las Asociaciones Profesionales de Estudiantes (APE) tras la desaparición del Sindicato Español Universitario (SEU).

La labor de promoción quedó a cargo de Pardo de Santayana, quien el 2 de enero de 1969 entraría en contacto con Javier Ansuátegui, jefe entonces de la Oficina Nacional del Registro de Asociaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. Por aquellas fechas se estaban transformando las APE en dos tipos de asociaciones más acordes con el decreto sobre asociacionismo: unas con fines generales y otras con fines concretos —culturales o deportivos—, aunque ninguna parecía reunir condiciones para desarrollar el plan previsto. Así, se estimó más oportuno crear una específica para fomento del asociacionismo independiente. Se denominaría Asociación Nacional de Universitarios Españoles (ANUE) y su lanzamiento fundacional se haría coincidir con un acto de Afirmación Universitaria. Se contaba con el delegado nacional de Asociaciones, Cruz Martínez Esteruelas, con quien San Martín celebraría varias entrevistas y un almuerzo el día 20 de enero de 1969, al que asistiría también Joaquín Gutiérrez Cano, elegido presidente ejecutivo de la futura comisión promotora.

El 1 de abril de 1969 aparecerían en el Boletín Oficial del Movimiento los estatutos de ANUE, que quedó incorporada al Registro de Asociaciones del Movimiento con la aprobación conjunta de los ministros secretario general y de Educación y Ciencia. En junio ANUE lanzaba su primer boletín, con tirada de 10.000 ejemplares (en febrero de 1970 se ampliaría la tirada hasta 15.000), en el que se ofrecían campos de trabajo, residencias, etc. Al tratar solo temas universitarios recibió buena acogida y logró desbancar a otras revistas de la especialidad. ANUE convocaba a estudiantes y graduados a participar en la Universidad y servir de cauce de representación de las aspiraciones de reformas, pero crecían los recelos en el MEC y en los rectorados por el peligro que entrañaba la constitución de una asociación vigorosa que pudiera controlarlos.

En julio de 1969 la I Reunión de Presidentes de Asociaciones marcaría un hito importante en su potenciación; tanto es así que al cabo de un año ya se habían aprobado 132 asociaciones con unos 25.000 afiliados en conjunto. El 3 de julio de 1971 tendría lugar en Santiago de Compostela la clausura de la Asamblea Consultiva Nacional de Asociaciones de Estudiantes, cuyas conclusiones fueron presentadas días después al Caudillo y a S. A. R. el Príncipe de España, con alguna resistencia por parte del Ministerio de Educación y Ciencia y con gran desinterés de la mayoría de las autoridades académicas.

Obtención de la información en superficie y en profundidad

La información en superficie se organizó en la Universidad de Madrid con bedeles de absoluta confianza que constituyeron sus propias redes. Como el subsecretario Monreal Luque urgía a San Martín la puesta en ejecución de los diversos tipos de actividades previstas en el plan de acción, el 14 de octubre se inició un curso para bedeles en la antigua Universidad Central de San Bernardo, que serían reforzados con guardias civiles retirados que se distribuirían por las facultades para vigilancia e información y para prevenir altercados, cortándolos en su inicio.

En el caso de la información en profundidad era preciso establecer contactos y montar mallas de informadores. Se partía de cero y las posibilidades del equipo U (universidad) del Subnegociado Operaciones-Interior del AEM eran muy limitadas: la documentación existente (fichas de profesores y alumnos) era escasa, de modo que durante la festividad del Pilar se obtendría una copia de la totalidad del fichero universitario. Después había que identificar a los grupos e individuos más significativos que se movían en la clandestinidad, para lo cual había que reclutar estudiantes. Esta actuación requirió obtener un apartado de correos y la autorización para dos casas seguras contiguas, alquiladas a finales de octubre en Ciudad Jardín.

En lo referente a redes clandestinas, en los últimos días de diciembre de 1968 se proyectó en una residencia de religiosos en Pozuelo un cursillo de monitores para una docena de universitarios de los últimos cursos de las facultades más conflictivas. Durante aquellos días de concentración, con un intenso programa de charlas a cargo de San Martín, Quintero y Valentín-Gamazo, se estudiaron las características de cada alumno. Dos de ellos resultaron idóneos para las tareas de infiltración y otros cuatro para formar parte de los grupos de choque, pero ninguno para las funciones de docencia en cursos sucesivos.

A primeros de enero de 1969 se constituyeron con ellos las primeras redes clandestinas, proyectándose tres equipos para la información en profundidad y otros tres para la acción directa y la contrapropaganda, que teóricamente cubrirían en Madrid los ámbitos de PREU, facultades de Ciencias Políticas y Económicas, Medicina y Ciencias, escuelas de Montes, Graduados Sociales y Periodismo, así como el mundo estudiantil hispanoamericano. Todos ellos se integraron en el grupo Antonio; además, se dieron los primeros pasos para montar una red en Barcelona. Poco después entraría en acción el grupo Berta para la labor contrasubversiva de agitación y propaganda, recopilando y analizando la difundida por los grupos radicales, preparando la réplica correspondiente y, en ocasiones, actuando en asambleas. Más adelante se organizaría con otros diez estudiantes el tercer grupo: Carlos.

Diseño de acciones contrasubversivas

En lo relativo a posibles acciones contrasubversivas —más comprometidas—, a juicio del ministro de Educación y Ciencia debían centrarse en la organización de movimientos adictos, la promoción de acciones psicológicas positivas y la creación de masas de choque «rompehuelgas» para hacer respetar el orden académico. San Martín demoró la puesta en marcha de tales acciones, pues la Tercera Sección del AEM se mostraba renuente a que tal responsabilidad recayese en CONDE, prefiriendo que fuese el propio ministro quien asumiera su ejecución y que San Martín se limitase a asesorarle sobre el modus operandi.

También se proyectaron cursos básicos para formación de agentes, con la esperanza de alcanzar en breve plazo la cifra de cuarenta. Por el momento se preparaban otros diez jóvenes para la acción directa (retirada de carteles y banderas), a los que se limitaba su autonomía de modo que no pudiesen actuar por propia iniciativa en el restablecimiento del orden académico. El 9 de enero de 1969 se consolidó el propósito de organizar en Barcelona un curso orientado a las escuelas técnicas, asunto que se encomendaría a Valentín-Gamazo, bajo la dirección de Federico Quintero y Luis del Pozo. El Plan Canadá desarrollaría dos operaciones informativas propias (Pastel y Bocadillo) que permitieron desmontar dos redes clandestinas. Más adelante, y a la vista de que la Secretaría General del Movimiento se veía incapaz de encauzar las demandas sociales y políticas, se decidió que su Delegación Nacional de Provincias convocase en verano una reunión en Jaca para estudiar la creación de un posible cuerpo de contrasubversión y grupos de choque civiles asesorados por algún militar.

En cuanto a las acciones psicológicas, se desarrollaron, con ayuda del MEC y de la Secretaría General del Movimiento (SGM), conferencias, encuestas, campañas de opinión favorables a la política del ministerio y siembras de propaganda positiva («blanca») y contrasubversiva («negra»). Además de la cooperación de los Servicios Informativos y la Dirección de Asociaciones, se contó con un grupo de profesionales de los medios de comunicación seleccionados por el Gabinete de Enlace del Ministerio de Información y Turismo para apoyar las campañas.

En noviembre de 1969 el ministro y el subsecretario querían completar todas esas actividades con otras de efectos más inmediatos sobre los activistas, movilizando grupos de estudiantes capaces de enfrentarse a los revoltosos cuando se quebrara el orden académico. Esperaban que la SGM aportara esas masas de choque, pero como no llegaba la respuesta y las autoridades universitarias se impacientaban, hubo que decidir el empleo de un reducido grupo de jóvenes impetuosos que se ofrecían, pese a los efectos contraproducentes que podían crear los más exaltados. De modo que con cargo al Plan Canadá se aceptó la colaboración de algunos profesores de judo para dar clases de defensa personal a tal grupo en las instalaciones de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. Todo quedaría en agua de borrajas. Solo llegaría a crearse el primero de los grupos, denominado Estrella, a finales de noviembre, y su actuación debía limitarse a respuestas verbales o a actuaciones para boicotear los mítines y las asambleas. Los más agresivos renunciaron y se unieron a grupos de extrema derecha, por lo que pronto hubo que prescindir de ellos. Los miembros de la Organización CONDE que acudían a actos promovidos por grupos de extrema derecha, como los Guerrilleros de Cristo Rey o Fuerza Nueva, para informar verazmente sobre su desarrollo, número de asistentes, oradores y consignas impartidas, corrían el riesgo de ser agredidos por los miembros más exaltados de estos grupos, deseosos de dar su merecido a «ese grupo de rojos espías».

EXPANSIÓN ORGÁNICA DE LA ORGANIZACIÓN CONDE

A partir de febrero de 1969 el montaje del Plan Canadá entraría en periodo de expansión orgánica y de replanteamiento de actividades, pero pronto se comprobaría que la realidad del problema universitario era bien distinta de la que exponían los primeros colaboradores espontáneos que se ofrecieron a CONDE desde mentalidades próximas a la extrema derecha política.

Las iniciativas desarrolladas por el Gabinete de Enlace del MEC fueron, como he expuesto, numerosas, y, en buena medida, colmadas de éxito pese a la escasa ayuda recibida del ministerio. Con periodicidad mensual San Martín mantenía reuniones con las primeras autoridades de Educación y Ciencia y de la Secretaría General del Movimiento (SGM), quienes proclamaban su objetivo de que «no hubiera follones», pero apenas facilitaban apoyo para ello. No se podían resolver los problemas técnicos mientras subyaciesen las causas políticas, que eran las profundas, las verdaderas. Al MEC le provocaba pavor un sindicalismo unitario, pero tampoco deseaba potenciar un movimiento estudiantil que tuviese representación en los órganos de gobierno de universidades y facultades. Por su parte, la SGM no rechazaba la aspiración de un SEU de encuadramiento voluntario, pero no impulsaba las asociaciones políticas previstas para «el contraste de pareceres».

El Plan Azul

Ya desde el comienzo de 1969 se había iniciado una relación con el Ministerio del Ejército, a partir de una visita del comandante Quintero al secretario militar del ministro, el coronel interventor Sabino Fernández Campo, en la que se trató de un denominado Plan Azul que se pensaba poner en marcha en breve. En audiencia al «equipo San Martín», el 23 de enero de 1969, el almirante Carrero «se interesaba por el Plan Azul, ordenando a sus disciplinados visitantes entrar en contacto enseguida con los ministros militares para ponerlo en marcha cuanto antes».

En los servicios de información militares se apreciaba preocupación por el desarrollo de cuanto acontecía en la Universidad: convocatoria de manifestaciones, algaradas, panfletos y todo tipo de agitación en las aulas y en la calle, con tintes marxistas en la mayor parte de los casos. Así que las segundas secciones de los Estados Mayores de los Ejércitos tuvieron que dedicar hombres y tiempo al seguimiento continuado de tales hechos y de la prensa que los jaleaba, lo cual se traducía después en informes y documentos que se difundían a los mandos militares y que llegaban hasta CONDE.

En aquellos años pudieron circular en toda España centenares de notas informativas, recortes de prensa y estudios de situación en el ámbito de la enseñanza, cuyo contenido esencial terminaba siendo reelaborado en la Organización CONDE, con comentarios y propuestas que eran elevados al ministro de Educación y Ciencia e, incluso, al vicepresidente del Gobierno, siempre desde el punto de vista exclusivo de la lucha contra la subversión.

El 30 de junio de 1969 el comandante San Martín fue recibido por el almirante Carrero para tratar en profundidad los asuntos contenidos en un informe extenso que le había elevado el 31 de marzo sobre la situación subversiva y que también fue elevado a los ministros militares. Un primer punto era la implicación del Ejército en la lucha contrasubversiva y el riesgo existente de que panfletos del enemigo delatasen la actuación de miembros de las Fuerzas Armadas y que ello se tradujera en su divulgación en prensa extranjera. En la nota-recordatorio de aquella audiencia, San Martín reproducía estas palabras de Carrero:

No me importa la implicación de las Fuerzas Armadas, pues para eso están. Lo dice claramente el artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado. Lo que no se dice es que haya que combatir a la subversión de uniforme y con los soldados en la calle. Vds. no se preocupen y sigan trabajando; y si necesitan más personal militar, pídanlo.

De ese informe se dio cuenta al teniente general jefe del Estado Mayor Central el 17 de octubre.

Los directivos del Gabinete de Enlace del MEC venían intercambiando impresiones con sus compañeros de armas en el Estado Mayor Central del Ejército (EMC) sobre la conveniencia de apoyar la tarea informativa encomendada a CONDE en las universidades con oficiales profesionales que cursaban carreras civiles o ejercían el profesorado en facultades o escuelas técnicas. Así, el 19 de mayo de 1970 la Organización CONDE ponía en circulación una nota operativa sobre «Subversión en la Universidad» en la que explicaba que la acción encomendada requería, como base de partida esencial, una información objetiva y completa de la situación real y de los sucesos que ocurrían en los campus. Explicaba San Martín que para ello se había hecho una encuesta a través del Servicio de Estadística Militar entre los jefes y oficiales vinculados a la Universidad, bien por ejercer funciones docentes o por cursar estudios en sus centros. La nota iba acompañada de un cuadro de situación en los quince distritos universitarios y sugería que la 2.ª Sección del EMC estudiase la forma más conveniente de utilización de dichos jefes y oficiales para los fines indicados.

El día 10 de julio de 1970 esa 2.ª Sección despachaba una cuenta sobre la colaboración que se solicitaba. Consideraba previa la selección de centros universitarios de interés informativo, el establecimiento de contactos con los profesores y alumnos militares que acudían a tales centros y la petición de su posible colaboración, fundamentándola en la necesidad de conocer el ambiente general de los centros en los que cursaban sus estudios. Y se sugería al ministro, el teniente general Castañón de Mena, que fuera el propio vicepresidente del Gobierno quien, con su aprobación expresa, hiciese la propuesta de colaboración. En esa línea, el teniente general González-Camino, jefe del EMC, despachó el asunto el 16 de julio con su ministro, aportándole una nota informativa a la que pertenecen los siguientes párrafos:

La Organización antisubversiva dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno, que actúa en el Ministerio de Educación y Ciencia, se ha dirigido a este Ministerio solicitando colaboración informativa de los jefes y oficiales del Ejército que se encuentran en diversos centros universitarios como profesores o alumnos, a título personal […]. Aunque es evidente que dichos jefes y oficiales pueden prestar una colaboración muy importante a la indicada Organización, es también evidente que, en el caso de que se autorice la misma, debe hacerse con la máxima discreción y partiendo de la base de una absoluta voluntariedad de los interesados […]. Por todo ello, parece conveniente que la iniciativa para poner en marcha los contactos necesarios, si se estima conveniente, parta de la propia Vicepresidencia del Gobierno de forma que será una iniciativa autónoma de ese Ministerio [de la Presidencia].

San Martín informó de ello el día 3 de agosto de 1970 al almirante Carrero, quien, absolutamente de acuerdo con la propuesta, el 3 de septiembre se dirigía al ministro del Ejército en estos términos:

El comandante San Martín que, como sabes, dirige el Grupo que trabaja en Educación y Ciencia para neutralizar los intentos subversivos en la Universidad, me dice que entre todas las universidades de España hay unos 501 militares (131 profesores y 370 alumnos) cuya discreta colaboración entiende sería muy eficaz para el mejor éxito de la misión que tienen encomendada. Ha hablado de este asunto con el Jefe del Estado Mayor Central, que al parecer acogió la propuesta favorablemente; pero necesitan naturalmente tu autorización para entrar en contacto con la 2.ª Sección del EMC a fin de concretar los términos en que habría de desarrollarse dicha colaboración. Te ruego me des tu parecer sobre este asunto, que juzgo importante y conveniente.

Unos días después el ministro Castañón respondía al almirante «no tener ningún inconveniente en que se realicen los contactos necesarios […] para llegar a conclusiones de eficacia en el posible desarrollo de aquella colaboración» y añadía que había «dado instrucciones al jefe del Estado Mayor Central para la puesta en marcha de la Operación». Enseguida se determinarían en el Ejército los términos adecuados de tal cooperación informativa. Así se lo expondrían el coronel jefe de la Segunda Sección del EMC y el comandante Marchante, de la misma, al comandante San Martín en visita del día 9 de septiembre.

La Organización CONDE determinaría los centros de interés prioritario, los posibles colaboradores en cada uno de ellos, el tipo de información precisada y los canales de circulación de las noticias; la información quedaba centrada en los aspectos que requería la lucha contra la subversión. Con tal fin se redactaron, el 16 de septiembre, en unas breves sugerencias para la Segunda Sección del EMC, los objetivos de la información:

— Fallos y deficiencias del sistema educativo que pudieran servir de pretexto para el desencadenamiento de acciones subversivas.

— Reivindicaciones académicas justificadas.

— Indicios de brotes subversivos en los distritos o centros respectivos.

— Comportamiento de activistas o colaboradores de la subversión en los estamentos docentes y discentes.

El contenido de tales sugerencias sería elevado al vicepresidente del Gobierno el 22 de septiembre. La propuesta fue aceptada y la organización logró apoyos sustanciales para sus redes informativas. Ese mismo día, el general González Camino, jefe del EMC, daba su conformidad a la cuenta que le presentaba el coronel Alfonso Martín de Pozuelo, jefe de su Segunda Sección, sobre «Colaboración informativa de oficiales en la Universidad». El texto de la cuenta representaba el resumen y orientación final de un tema que quedaba ya visto para sentencia. La colaboración informativa pretendida había de llevarse a cabo de acuerdo con los citados criterios. Pero el Plan Azul inicial se fue demorando, pese a la urgencia que ponía San Martín en su puesta en marcha, y solo el 14 de octubre de 1971 arrancaría finalmente, si bien con modificaciones sobre lo proyectado.

La expansión a otros distritos universitarios

Uno de los objetivos prioritarios en aquellas primeras semanas de 1969 era acelerar la implantación de una respuesta contrasubversiva en Barcelona, primer núcleo al que debía seguir otro en Valencia. Esa pretendida expansión territorial ya había sido anticipada por el Gabinete de Enlace del MEC en informe para el Consejo de Ministros de finales de enero de 1969, en el que se trataba la conveniencia de organizar cuanto antes órganos similares al de Madrid en otras capitales y de dotarlos de los necesarios directivos. De este modo, a mediados de febrero de 1969 se alquiló un piso del paseo de Gracia en el que pronto se abrió la delegación de Barcelona con el apoyo personal del general Martos, quien se desplazó a la Ciudad Condal para lograr la colaboración del teniente coronel jefe del sector del AEM en Cataluña.

El 21 de febrero San Martín había expuesto al general jefe del EMC la conveniencia de formar un grupo de quince oficiales como instructores de Contrasubversión, entre los que se seleccionarían —a modo de cantera— los futuros directivos de la incipiente Organización CONDE. El cursillo se celebró en un aula del Regimiento de Infantería Inmemorial n.º 1 de Madrid entre los días 17 y 26 de marzo de 1969, dirigido por el comandante Quintero y con el apoyo de los conferenciantes San Martín, Pardo de Santayana, Arnaiz y Peñas Varela[18], más tres especialistas del Alto Estado Mayor. Entre los alumnos figuraban el capitán Andrés Cassinello Pérez[19], de Capitanía General, especialista en guerra subversiva y ponente del reglamento, y el capitán Ricardo Pardo Zancada, de la Subsecretaría del Ejército. Terminado el cursillo, el vicepresidente Carrero dio conformidad a la inmediata incorporación de cuatro oficiales para la oficina central de Madrid y de uno para la de Barcelona; los demás «delegados» trabajarían en régimen de colaboración a media jornada sin abandonar sus destinos. De este modo, en todos los distritos universitarios quedó abierta la puerta a nuevas colaboraciones, aunque la plantilla de personal estuviese congelada.

El Gabinete de Enlace del MEC preparó al general jefe del Estado Mayor Central un boceto de carta para los capitanes generales en el que se señalaba la «utilización en fases sucesivas de los referidos oficiales así como la colaboración eventual de alguno de ellos en el escalón central, en caso necesario». Nota similar se le haría llegar al director general de Instrucción y Enseñanza Militar del Ejército, con una relación nominal de una decena de capitanes que iban a iniciar su precaria actividad de media jornada en diversas capitales. El 18 de abril de 1969 San Martín y Tejedor visitaron al general Martos (jefe de la Tercera del AEM), quien prometería acudir a Rancho a última hora de la tarde del lunes siguiente en compañía del coronel Arozarena, jefe del Negociado de Operaciones. Allí fueron recibidos en su primera visita de inspección, en la que Martos haría elogios del trabajo realizado en tan escaso tiempo desde la puesta en marcha del Plan Canadá.

Ya a finales de mayo quedarían activadas las Delegaciones de Valencia y Zaragoza, reforzadas en jornada de tarde con oficiales destinados en las cabeceras de los distritos de la Instrucción Premilitar Superior (IPS), estableciéndose en esas capitales una colaboración directa y cordial con los denominados «sectores» del Alto Estado Mayor. El montaje de la estructura periférica se inició con tal ilusión y esfuerzo que al cumplirse el año de la puesta en funcionamiento de la Organización CONDE ya estaban activadas doce Delegaciones (La Coruña, Oviedo, Salamanca, Valladolid, Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Murcia, Granada, Sevilla y Tenerife), a cuyo frente figuraba un capitán con plena dedicación. Empezaba así a cubrirse el mapa nacional con equipos muy valiosos en lo personal, que desarrollarían una función informativa indispensable.

Pero la realidad es que entre septiembre de 1969 y junio de 1970 solo se había logrado destinar a la Organización CONDE a la mitad de los oficiales necesarios en la periferia. De ahí que San Martín propusiese al vicepresidente en mayo de este último año acelerar la tramitación de integraciones a jornada completa para el curso siguiente, aspiración que no sería aprobada hasta el despacho del 17 de agosto de 1970.

Con los cabezas de fila regionales se convocó la primera reunión de delegados de la historia del Servicio el día 23 de abril de 1970, que serviría para impulsar la activación del resto de la red periférica. En otoño, a los dos años de constituido el Plan Canadá, en el conjunto de las siete Delegaciones activadas se disponía ya de ocho directivos full time, más otros cinco a media jornada. La segunda reunión de delegados se organizó en Madrid el 8 de octubre de 1970 con asistencia de diez representantes, alguno pendiente de activación. Años después llamaba la atención de Javier Tusell[20] que la composición de la organización de San Martín «fuera estrictamente militar, lo que testimonia en dónde ponían la máxima confianza los principales dirigentes del Régimen». Me gustaría entenderlo como una galantería a las Fuerzas Armadas, aunque por otra parte es un hecho habitual en las etapas de creación de la inmensa mayoría de los servicios de Información del mundo entero.

3
ACONTECIMIENTOS RELEVANTES EN LOS AÑOS 1969 Y 1970

DON JUAN CARLOS, PRÍNCIPE DE ESPAÑA, HEREDERO DE LA JEFATURA DEL ESTADO

Me parece de todo punto inexcusable dedicar entre estos acontecimientos relevantes un apartado a la decisión del jefe del Estado sobre el futuro que había de corresponder a S. A. R. don Juan Carlos de Borbón. Empecemos recordando que el día 7 de enero de 1969 aparecieron en la prensa nacional unas declaraciones de Su Alteza (en contraposición a las fábulas divulgadas por la revista francesa Point de Vue) que causaron una excelente impresión entre las personalidades del Régimen, favorables a la solución juancarlista para la sucesión, decisión esta que el Generalísimo tenía ya madurada en aquellos comienzos del año.

En relación con tales declaraciones de don Juan Carlos, el general Armada cuenta lo siguiente:

Según nos dijeron en el Consejo Privado del Conde de Barcelona, se les había quitado importancia, «dado que tenían el convencimiento de que Franco no daría ningún paso hacia la sucesión en vida»; y por ello, a la muerte del Generalísimo la persona con más derecho sería el llamado a «restaurar» la Monarquía en España […]. En Estoril falló la información sobre la verdadera fuerza que detentaba Franco en aquellos momentos. Tampoco querían admitir la realidad, quizá porque el poder de Franco les pareciese solo un poder personal, y supondrían que al faltar el titular se hundiría un entramado construido con más fragilidad de la que pudiera pensarse. El hecho innegable es que el Generalísimo había establecido un sistema con una serie de resortes que le proporcionaba la fuerza necesaria para pilotar la sucesión de forma indiscutible[21].

Curiosamente, poco después, el 1 de abril de ese año, el Boletín Oficial disponía en su artículo primero lo siguiente: «se declaran prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad al uno de abril de mil novecientos treinta y nueve. Esta prescripción […] surtirá efecto respecto a toda clase de delitos, cualesquiera que sean sus autores, su gravedad o sus consecuencias, con independencia de su clasificación y penas presuntas». Este decreto-ley se promulgaba no por casualidad; parece evidente que se buscaban formas para pasar la página de nuestra guerra civil antes de que don Juan Carlos fuese proclamado sucesor a título de rey.

Merece también ser trascrito el siguiente testimonio que el general Armada nos ofrece (pág. 128):

Al final de mayo [29 de mayo], don Camilo Alonso Vega cumplió 80 años. Con motivo de este aniversario, visitó a Franco y […] le pidió como regalo de cumpleaños —sutil manera de hacer de don Camilo— que nombrase sucesor al Príncipe. Franco no le contestó, pero le impresionaron los razonamientos […]. Meditó largamente la «propuesta-petición» de su ministro de la Gobernación y decidió poner en marcha el mecanismo previsto por la Ley sucesoria […]. Creo que se lo comunicó así a Carrero el jueves [día 26] (día de despacho en El Pardo) de la última semana de junio. […] El título que el Príncipe quería adoptar al ser nombrado surgió en una conversación por la noche en su despacho, creo que la antevíspera del nombramiento. Al decidir su alteza real, por sugerencia de la Princesa, que fuese «Príncipe de España», José María Gamazo llamó al Escorial y se lo comunicó a Carrero, que estaba allí veraneando. Carrero, al día siguiente, se lo propuso al Caudillo y a este le pareció muy bien. […]. Creo que en este tema hubo coincidencia con otras personas […]. También parece que Laureano López Rodó habría pensado en el mismo título para el príncipe. Tales coincidencias confirman que el nombre de «Príncipe de España» estuvo bien elegido.

Pues bien, el día 17 de julio de 1969 se hacía pública la convocatoria, para el día 22, del Pleno extraordinario de las Cortes Españolas, en que Francisco Franco designaría a don Juan Carlos como sucesor, en su día, en la jefatura del Estado, a título de rey. El general Alfonso Armada lo puntualiza así:

El último jueves de junio, día 26, de 1969, Franco comunicó su decisión al almirante Carrero. El Príncipe no supo nada oficialmente hasta el día 15, fecha en que fue citado por el Generalísimo en El Pardo para anunciárselo […]. Le preguntó si en la sesión del juramento quería decir unas palabras a las Cortes, lo cual le parecería muy adecuado. El príncipe llevó el día 19 a El Pardo el discurso que pensaba pronunciar en las Cortes. Franco no quería leerlo, tenía seguridad; pero convencido ante la insistencia, solo aconsejó que se cambiasen dos palabras. En el discurso primitivo se decía «como soldado al servicio de mi Patria…». Le parecía al Generalísimo que era mejor quitar las palabras «como soldado».

En mi conversación con el general Armada en la tarde del 19 de septiembre de 2005 me ampliaba tal consideración de Franco, recordando que había dicho algo así como «Vuestra Alteza es mucho más» y que al Príncipe le gustó más la nueva y definitiva redacción: «Desde que comencé el aprendizaje al servicio de mi Patria…».

El día 22 de julio Francisco Franco dirigía un mensaje a las Cortes Españolas sobre el proyecto de ley que iba a someter a votación, en relación con el artículo sexto de la Ley de Sucesión. El resultado del escrutinio no pudo ser más favorable: de los 519 procuradores presentes solo se abstuvieron 9 y otros 19 votaron en contra, entre ellos el general García Valiño, reconocido monárquico y distanciado entonces —según se decía— del Generalísimo. El texto de la ley aparecería en el BOE n.º 175 del día 23. Ese día, a las once de la mañana, tendría lugar la firma del acta de aceptación del Príncipe de España en el palacio de la Zarzuela ante los miembros de la Mesa de las Cortes.

A este respecto, el profesor Luis Suárez, insigne académico de la Real de la Historia, comenta en su artículo «La Transición»[22] lo siguiente: «Un día clave en la historia de España […]. De ahí la conciencia que teníamos quienes votamos a favor expresamente de que se estaba poniendo el primer ladrillo del edificio de la libertad. Y esto, ahora, ha sido reconocido como cierto». Luis Suárez era entonces procurador en las viejas Cortes.

Por otra parte, parece muy significativo que el Generalísimo decidiera recoger en su automóvil al Príncipe para acudir a las Cortes aquel memorable 23 de julio de 1969. Su Alteza iba a jurar ante la Cámara lealtad al jefe del Estado, a los Principios del Movimiento y demás Leyes Fundamentales del Reino, y a dirigir un importante discurso en una jornada decisiva para el porvenir de nuestra patria, su estabilidad política y su evolución democrática. Comenta el general Armada en su libro que «el éxito de las palabras del Príncipe fue apoteósico; cuatro minutos de discurso y doce de aplausos». Y continúa (pág. 133): «En resumen, el camino a la Monarquía estaba abierto. La incógnita, despejada. La esperanza de futuro, sin traumas para alcanzar cotas de prosperidad, se había logrado. Aquella noche muchos españoles dormimos tranquilos».

Se garantizaba así la continuidad en la voluntad de avance, progreso y libertad como cimientos para el futuro. Según afirma el propio general Armada (pág. 121):

… aquella fase se hizo bien, con prudencia y paciencia, midiéndose todos los pasos y con sentido histórico. Repito: la «transición» la preparó Franco y la dejó encauzada. La etapa posterior es una «evolución» que nada tiene que ver con la etapa anterior. […] Franco desarrolló su pensamiento sobre su sucesión con mucha calma, pero sin variar un ápice de la línea que se había trazado […]. Franco deja al tiempo que «trabaje». Sabe que juega a su favor y no tiene prisa.

El «equipo San Martín» recibió con profunda satisfacción la designación de don Juan Carlos, pues venía a clarificar el futuro, despejando muchas incógnitas sobre todo entre quienes pretendían desempeñar un papel importante en la Transición, abriendo una nueva etapa de la vida política española y evitando el trauma que podría sobrevenir, y comenzó —por indicación superior— el contacto oficioso con Su Alteza, que se incrementaría en frecuencia y profundidad en años sucesivos[23]. El conde de Barcelona cedería finalmente sus derechos dinásticos el 14 de mayo de 1977.

FRANCO CAMBIA DE GOBIERNO

Carrero venía apuntando al Generalísimo la conveniencia de provocar una crisis, pues crecían las dificultades de entendimiento entre varios miembros del Gabinete. El escándalo de Maquinaria Textil del Norte, S. A. (MATESA)[24], larvado durante largo tiempo, no surgiría hasta el Consejo de Ministros del verano de 1969 en el Pazo de Meirás, sesión en la que Fraga Iribarne lo sacó a discusión contra el parecer de Franco. Esta divulgación del caso de corrupción, que evidenciaba —según algún comentarista político— el comienzo del declive del Régimen, provocaría el enfrentamiento entre sus grupos más significativos: por una parte, los «azules» de matiz reformista, como Fraga y Solís; por otra, los llamados «tecnócratas». El 16 de octubre de 1969 el vicepresidente Carrero enviaba a Franco una nota titulada «Consideraciones sobre la conveniencia de proceder a un reajuste ministerial». La reacción del jefe del Estado se demoraría hasta el 29 de ese mes con un inesperado cambio de Gobierno en el que cesaban no solo los ministros más afectados por el caso MATESA, como Navarro Rubio, de Hacienda, y Espinosa San Martín, de Comercio, sino también los que se habían significado más en su escandalosa politización, como los citados de Información y Turismo y del Movimiento, Fraga y Solís. Dice De la Cierva (tomo VII, pág. 147) que «Franco cumplió en sus propios términos el consejo […] de Carrero», aprovechando para «castigar las desmedidas ambiciones de concentración de poder por parte de Solís» y simultáneamente «encubrir torpemente el asunto Matesa». A partir de aquella crisis las funciones de la Secretaría General del Movimiento y las de la Delegación de Sindicatos quedaron separadas.

El contaminado montaje de filiales en todo el mundo para distribuir el telar sin lanzadera IWER produjo el procesamiento del industrial Juan Vilá Reyes por delitos confirmados de estafa y falsedad, y el deterioro político de los tecnócratas, que tan merecido prestigio habían recogido en años anteriores. Vicente Roa les dedica un capítulo, del que extracto estos párrafos[25]:

En la crisis de febrero de 1957 aparece en la escena española un nuevo tipo de personajes, una auténtica novedad en el Sistema […]. La situación económica era insostenible […]. Agotadas las posibilidades de la utopía autárquica […] solo un enfoque realista de la situación podría salvar al Sistema de la quiebra […]. Su misión era salvar al enfermo […] en un estilo que de alguna manera disuena de los estilos tradicionales de Régimen.

Contaba Laureano López Rodó[26] que Alberto Ullastres manifestó lo siguiente: «Habíamos sido llamados porque los políticos no entendían de economía, que entonces era una ciencia prácticamente nueva en España, y nos llamaron a los técnicos. A algunos políticos les molestó bastante». Roa hace el siguiente juicio sobre la figura de don Laureano: «Quizá el último tecnócrata, resulta que no es un tecnócrata sino un auténtico político». Y cita alguna de sus criaturas: la Reforma Administrativa, la Comisaría del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica del Estado, la salida del estado de excepción, el nombramiento del vicepresidente Carrero, la designación del Príncipe de España como sucesor de Franco, la crisis de MATESA, el nombramiento del presidente Carrero… y la promoción de una camada de hombres públicos.

Volvamos a la crisis ministerial de 1969 —publicada en el BOE el 29 de octubre—, en la que solo conservarían sus carteras el vicepresidente Carrero (subsecretario de la Presidencia) y cinco ministros: el teniente general Castañón de Mena en Ejército, Silva en Obras Públicas, Oriol en Justicia, López Rodó en Desarrollo y Villar Palasí en Educación (como significativo respaldo a la política de reforma de la enseñanza ya emprendida y —por qué no añadirlo— a las actividades contrasubversivas dirigidas desde su Gabinete de Enlace por el comandante San Martín). El subsecretario del MEC, Alberto Monreal, era nombrado ministro de Hacienda, así que habría que exponer el Plan Canadá a los nuevos equipos ministeriales; y en la Secretaría General del Movimiento, Torcuato Fernández-Miranda hacía desaparecer, en su reestructuración, la Delegación Nacional de Asociaciones.

No obstante, la Organización CONDE recibía esperanzada el cambio de Gobierno imaginando que los nuevos ministros resolverían gran parte de las dificultades que se advertían en el aparato burocrático administrativo, que provenían de la inercia política del Régimen, de la tibieza de sus interlocutores e incluso de las reservas mentales de alguno de ellos ante la actividad de los directivos de la organización. El nuevo Gobierno hacía presagiar una ralentización en las gestiones de colaboración iniciadas con los ministerios. Así, en diciembre de 1969 el balance de las relaciones con las primeras autoridades no era muy satisfactorio: el ministro secretario general del Movimiento marcaba un compás de espera hasta que quedase reestructurada su secretaría; el ministro de Información y Turismo, Sánchez Bella, acogía favorablemente la creación de un Gabinete de Acción Psicológica (GAP), pero estimaba que su actividad debería ser orientada a objetivos de comunicación social no oficiales; el de Hacienda reducía en una cuarta parte el crédito que se le solicitaba, y el de Gobernación, Garicano Goñi, mostraba su preocupación ante la estructura de la Organización CONDE[27].

En resumen, San Martín tenía que emprender de nuevo su paciente actividad persuasiva a lo largo de aquel curso académico 1969-1970, que afortunadamente iba a ser menos conflictivo, acaso porque las medidas contrasubversivas empezaban a dar su fruto. Las dificultades procederían de la renuencia de varios interlocutores ministeriales al sospechar que algunos de los ámbitos de interés de la organización iban a entrar en colisión con sus respectivas competencias.

EL PROCESO DE BURGOS

En Burgos —cabecera de la Sexta Región Militar, que integraba las provincias vascongadas— un tribunal militar se había hecho cargo de la causa abierta (Consejo de Guerra Sumarísimo 31/69) a dieciséis miembros de ETA por el asesinato, el 2 de agosto de 1968, del inspector Melitón Manzanas, jefe de la Brigada de Investigación Político-Social de Guipúzcoa, en atentado cometido en la puerta de su casa, en Irún. De acuerdo con la Ley de Bandidaje y Terrorismo, correspondía a la jurisdicción militar entender sobre estos delitos, que debían instruirse mediante procedimiento sumarísimo.

Dentro y fuera de la sala se producirían numerosos incidentes a lo largo del otoño de 1970, originando una indudable alarma social. La actitud de una parte del pueblo vasco se radicalizaba, y grupos de amigos y compañeros de los procesados se echaban a la calle para reclamar su libertad provocando graves altercados, convencidos de que Franco no podría soportar las críticas y presiones internacionales y acabaría cediendo. También fuera de España, particularmente en Francia, Bélgica e Italia, surgirían multitud de manifestaciones contra el Proceso de Burgos. En algunos ambientes politizados se produjo una actividad febril frente al Consejo de Guerra, que el Gobierno intentó combatir con gestiones torpes dentro y fuera de nuestras fronteras. Hubo, además, acciones violentas en la Universidad y amenazas a familiares de los miembros del tribunal militar que presidía el coronel Manuel Ordovás, jefe del Regimiento de Caballería España n.º 5 y destacado jinete internacional.

El día 21 de noviembre la jerarquía de la Iglesia católica en Vascongadas pedía clemencia para los encausados (dos de ellos —Calzada y Echave— religiosos) y redactaba una pastoral conjunta alusiva al Consejo de Guerra que sería leída en los templos al día siguiente, domingo de Cristo Rey. La suscribían el obispo de San Sebastián, monseñor Jacinto Argaya, y el administrador apostólico de la diócesis de Bilbao, monseñor José M.ª Cirarda, que era obispo de Santander. Según Javier Tusell (pág. 383): «Para los medios oficiales resultó de especial gravedad la carta conjunta publicada […], criticada en una nota interna por hacer uso de un lenguaje no solo religioso sino también jurídico, por atacar la independencia de los tribunales militares y por poner en el mismo plano la violencia subversiva con la estructural y represiva».

El día 26 de aquel mes Ruiz-Giménez y Tierno Galván pedirían clemencia ante la embajada norteamericana; y el 28 el cardenal Marcelo González solicitaba en carta al teniente general García Rebull, capitán general de Burgos, benevolencia con los procesados.

San Martín, en despacho con el vicepresidente el día 24 de noviembre, aprovechó para tratar el problema de la familia de Javier Izco de la Iglesia, al que se atribuía el asesinato del inspector Manzanas. Carrero consideraba que no había pruebas suficientes para condenarlo a muerte. Se decidió pasar sus datos familiares al comandante Cassinello para que buscase el contacto con uno de los hermanos. Por esta vía se supo que un tío del procesado era carlista, como el padre, y había muerto durante la Guerra Civil siendo guardia civil en las Brigadas Navarras; igualmente se pudo conectar con la madre de Javier Izco, que buscaba la posibilidad de canalizar una petición de indulto ante la pena capital que barajaba la prensa.

Dos días después San Martín informaba personalmente al ministro del Ejército de la intervención de su equipo en las conversaciones con la familia Izco, así como de la preparación de una petición de indulto que los familiares elevarían al jefe del Estado a través del vicepresidente del Gobierno. De ese modo se ofrecería al Generalísimo la posibilidad de conceder esa gracia sin desdoro y sin la sensación de presión externa. Pero el Gobierno había decretado el estado de excepción a causa de los graves incidentes ocurridos en Guipúzcoa al iniciarse la vista de la causa y ello colocaba a Franco en una difícil disyuntiva. Había que proporcionar al vicepresidente una base que hiciera posible la tramitación de la solicitud del derecho de gracia y encontrar la oportunidad sociopolítica para decidirlo con suficiente libertad de acción.

El viernes 27 de noviembre, en la reunión semanal del Gabinete de Enlace del MIT, al tratar —como era habitual— de las actividades subversivas ocurridas, se aludió a dos hechos muy diferentes pero igualmente comprometidos. El primero, el posible aplazamiento del Proceso de Burgos como consecuencia del recurso presentado en el Tribunal Supremo para que la causa pasase a la jurisdicción ordinaria. Surgía además el dilema de si se firmarían sentencias de muerte o se indultaría a los condenados, teniendo en cuenta que la decisión podría ser interpretada por los radicales de derecha e izquierda como una debilidad del poder. El segundo, el rumor —al parecer difundido por Gil Robles, que actuaba de defensor— de que se quería terminar con el asunto Matesa de forma rápida.

En protesta por el Proceso de Burgos, el martes 1 de diciembre de 1970 era secuestrado Eugenio Beihl, cónsul honorario alemán en San Sebastián, motivo por el que el dirigente federal Oskar Ulrich dirigía el día 5 al Cuartel General del Ejército una carta a favor del mantenimiento de la autoridad: «¡No se dejen engañar! Ni siquiera mediante el rapto del cónsul alemán […]. La clemencia sería equivocada». Beihl sería puesto en libertad el día de Navidad.

El día 3 de diciembre la causa quedaba lista y el 9, en la última sesión, fue fallada y ratificada la solicitud de seis penas de muerte para los miembros de ETA Izco de la Iglesia, Uriarte, Onaindía, Larena, Dorronsoro y Gorostidi. Para el resto de los encausados se solicitaban quinientos años de cárcel. El juez lo notificó a los abogados defensores, entre ellos Peces Barba, Solé Barberá y Bandrés, que tiempo después serían, respectivamente, diputados del PSOE, PSUC y Euskadiko Ezkerra. El ambiente se hacía más tenso y, de hecho, el Gobierno había decretado el 4 de diciembre la suspensión de varios artículos del Fuero de los Españoles durante tres meses en la provincia de Guipúzcoa. Las deliberaciones del tribunal se prolongarían inusualmente, hasta el 26 de diciembre.

Tan pronto se divulgó la solicitud de las penas de muerte, arreciaron los paros laborales en Vizcaya y Guipúzcoa. Pero también se produjeron comunicaciones de indignación contra ETA y a favor de la causa abierta a los terroristas en numerosos ayuntamientos y consejos provinciales del Movimiento, y hermandades de excombatientes y de alféreces provisionales enviaron numerosos telegramas de afirmación patriótica. En la reunión semanal de enlaces en el Ministerio de Información y Turismo del 12 de diciembre se hizo patente el malestar del país ante la ineficacia del Gobierno por la falta de autoridad, el desorden público y el deterioro de la situación económica; se echaba de menos, además, una declaración oficial en los medios de comunicación que aludiese a la debida independencia de la justicia militar y al necesario respaldo gubernamental a su actuación en Burgos.

En la Escuela de Aplicación y Equitación de Caballería, ubicada en el cantón militar de Campamento (Madrid), un grupo de capitanes decidía redactar una nota el sábado 12 para elevarla el lunes 14 a su general director, en respetuoso pero enérgico rechazo a la situación originada por focos de oposición al Régimen, que aprovechaban la debilidad del Gobierno. Los oficiales enviaron enlaces informativos a otras unidades de Caballería de diversas guarniciones, extendiendo así las protestas en las salas de banderas hasta límites que el mando consideró preocupantes. En Madrid los capitanes más antiguos fueron comisionados para exponer a sus respectivos coroneles la inquietud y malestar de los cuadros. Los jefes de unidad —que pensaban de idéntico modo— lo evacuaron en los correspondientes «estados de opinión», que entonces redactaban los OSIBE (oficiales del Servicio de Información Bis del Ejército) y que fueron inmediatamente elevados al capitán general de la Primera Región Militar para su conocimiento. Tan generalizada protesta alarmó al teniente general Joaquín Fernández de Córdoba y Ziburu, que estuvo a punto de arrestar a algún oficial demasiado vehemente. De ahí que varios directivos de la Organización CONDE tomasen contacto con los capitanes más antiguos de la Escuela de Equitación para que cesasen en su radical actitud. La acción de aquellos oficiales sería paralizada gracias a la intervención de San Martín sobre Carrero Blanco y a la contribución del coronel Sáenz de Tejada, recién incorporado al mando de la Segunda Sección-Bis del EMC, que ayudó a calmar los ánimos.

El día 14 de diciembre los oficiales destinados en el Alto Estado Mayor preparamos en el Negociado Técnico una carta de adhesión a otras iniciativas similares a favor del tribunal militar, «expresando la repulsa e indignación por tan lamentables acontecimientos» y rogando que tal estado de cosas fuera «rotundamente cortado con rapidez y energía para bien de España». El escrito era entregado esa mañana al teniente general Díez-Alegría por el capitán Ángel Sarmiento Farinós, el de mayor antigüedad, acompañado por mí y otros dos oficiales de la Tercera Sección, en representación del resto de los destinados en el AEM, iniciativa que no complacería a otros militares de mayor empleo, pues se consideraron omitidos en la presentación de una queja con la que también se sentían identificados. Sorprendentemente, días después el diario parisino Le Monde transcribía textualmente en francés el texto de la misiva elevada al general jefe del AEM. Aquel mismo lunes 14 el Consejo de Ministros decidiría extender la suspensión del artículo 18 del Fuero de los Españoles a todo el territorio nacional durante seis meses.

El 16 de diciembre San Martín dirigió una nota al ministro del Ejército ante el temor de que la autoridad militar competente tomase medidas disciplinarias contra algunos oficiales, y proponía la adopción de disposiciones discretas y acciones psicológicas coordinadas y por los cauces reglamentarios. Aprovechaba San Martín para adjuntar un borrador «por si pudiera ser tenido en cuenta», quizá con la velada intención de que llegase a conocimiento del Ejecutivo, que tanta debilidad había demostrado ante los acontecimientos. Tal borrador incluía estos tres conceptos:

Es sentir general entre los jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas que la solución de los problemas planteados por la subversión no radica solamente en la adopción de medidas excepcionales, sino en la firme voluntad de los Poderes Públicos de hacer cumplir la legislación vigente y en la culminación del ordenamiento institucional, de conformidad con la Ley Orgánica del Estado, y muy especialmente la apertura de cauces para el contraste de pareceres y la participación de la juventud en las tareas comunitarias.

La fuerza que ha adquirido en los últimos tiempos la subversión se debe fundamentalmente a la inhibición de la sociedad que no se siente suficientemente estimulada por el Gobierno ni por el Movimiento, y a los fallos y deficiencias del Régimen, que no ha alcanzado las cotas señaladas en los Principios del Movimiento y algunas de las demás Leyes Fundamentales del Reino.

Cierta falta de ejemplaridad política y administrativa contribuye a distanciar, aún más, del orden constitucional a la juventud española, elemento humano de los Ejércitos.

Con aquellas actuaciones se consiguió canalizar la protesta de los oficiales, transformando la crítica al Gobierno en apoyo a la figura del Generalísimo, al tiempo que se devolvía la tranquilidad a los cuartos de banderas, con gran satisfacción del capitán general de Madrid. En otras regiones militares aún seguirían produciéndose, por inercia, reuniones de oficiales durante las Navidades, hasta que antes de la Pascua Militar surtió efecto la coordinación entre los órganos periféricos de la OCN y las respectivas autoridades militares. El extendido rumor de que podría concederse a los procesados algún indulto avivaría el debate entre los más proclives a la dureza ejemplarizante y los más favorables a la clemencia (dentro del ámbito militar destacaban entre los primeros los generales García Rebull, Iniesta y Coloma, y entre los segundos, los generales Castañón, Vega y Díez-Alegría). El 17 de marzo de 1971 el Consejo Superior del Ejército proponía la concesión de la Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, pensionada, al personal que actuó en el Consejo de Guerra de Burgos.

La concentración en la plaza de Oriente

El Proceso de Burgos, con su enorme trascendencia política, vino a interrumpir un breve periodo de relativa tranquilidad nacional, marcado por la llegada de un nuevo Gobierno y la situación de cierta calma en la Universidad. En la Organización CONDE se notaba en aquellas semanas insatisfacción por la gran campaña orquestada en Europa, que tenía como objetivo obtener el indulto para los procesados como medio de acoso político al régimen español. Esta situación ocasionaba desazón en ámbitos adictos al Régimen y, por supuesto, una manifiesta indignación en las Fuerzas Armadas por los continuos ataques al proceso, lo que induciría al estamento militar a una fuerte reacción de apoyo al tribunal y a un rotundo rechazo a cualquier actuación que pudiera ser interpretada como debilidad de la autoridad. San Martín entendió que tal situación abría a la Organización CONDE la oportunidad de un nuevo reto a su indudable e imaginativo activismo, lanzando la idea de organizar una manifestación popular de rechazo al terrorismo de ETA.

Sin embargo, al elevarla a la comisión interministerial, el subsecretario de Gobernación, Santiago Cruylles, no la apoyó, pues desconfiaba de la capacidad de improvisación del Gabinete de Enlace del MEC en una operación a tan corto plazo, sobre todo si faltaban los medios de la Secretaría General del Movimiento. La comisión temía, en último término, que un fracaso en el intento de concentración derivase en una grave alteración del orden público; por su parte, la SGM recelaba de la simplicidad del planteamiento, acostumbrada a la complejidad logística de las manifestaciones organizadas por ella. El objetivo del Gabinete de Enlace era hacerse eco de la gran corriente de indignación de la inmensa mayoría nacional ante el descarado reto terrorista y del sentimiento xenófobo surgido como reacción a las presiones de la prensa extranjera, circunstancias que Televisión Española presentaba hábilmente. Solo faltaba encontrar la fórmula para que la convocatoria aparentase espontaneidad y que alguien asumiese el riesgo del éxito o del fracaso.

El tiempo urgía y ninguna autoridad aclaraba su compromiso, por lo que CONDE, pisando el acelerador, puso en marcha una acción masiva bajo el lema «Unidad nacional» y organizó con entusiasmo una manifestación ante la sede de Capitanía General, en la calle Mayor, como desagravio al Ejército. Para ello, preparó una cantidad extraordinaria de panfletos de todo tipo, según los blancos a los que se dirigía, y montó cinco equipos de propaganda desde vehículos y otros cuatro en el metro, llegando a repartir medio millón de octavillas. Se trabajó con tal denuedo y a tal ritmo que finalmente se consideró más fácil mantener la concentración ante Capitanía que suspenderla.

El mismo miércoles 16 de diciembre de 1970 San Martín despachaba en el Alto Estado Mayor con el coronel Arozarena la explicación del reparto de octavillas por la Organización CONDE. Poco después era llamado a despacho por el subsecretario de Gobernación, con el mismo tema; Cruylles rechazaba la iniciativa por considerarla un riesgo tremendo, una locura. Por la tarde San Martín explicó al vicepresidente del Gobierno cómo tal actuación entraba dentro del campo de las indefinidas competencias de la Organización. El almirante Carrero alabó los sentimientos de aquellos oficiales que se habían dirigido a sus jefes demandando firmeza contra la subversión y quedó convencido de la necesidad de una concentración popular, desautorizada fechas antes por el Gobierno. San Martín aprovechó para pedirle un mínimo apoyo oficial: que el telediario de las nueve de la noche de ese día anunciase la manifestación prevista para el día siguiente, a la que se esperaba concurrieran 100.000 personas. El vicepresidente dio su conformidad al arriesgado proyecto en el que Franco se vería apoyado por el pueblo de Madrid y la opinión pública, y ordenó expresamente a San Martín ponerse en contacto con el ministro de la Gobernación, Garicano Goñi, quien estaba asustado con aquella «locura».

Así, en la mañana del 17 de diciembre los hombres de CONDE se trasladaron al convento de la Encarnación para asistir al funeral por las víctimas de ETA, ceremonia que resultaría muy concurrida. A su término todos ellos ocuparon sus puestos para desarrollar las tareas de agitación, propaganda y seguridad previstas en la operación, que se iniciaba precisamente en ese templo. Allí terminarían de distribuirse las misiones para desencadenar la convocatoria. Cuenta San Martín que el acto estaba orientado en principio a rendir un homenaje de reparación y desagravio al Ejército, pero que, desbordadas todas las previsiones más optimistas, sus organizadores no dudaron en conducir la manifestación hasta la plaza de Oriente, que se abarrotó como nunca en un ambiente de fervor patriótico. La noticia de la espontánea concentración que llenó la plaza animó al jefe del Estado a trasladarse al Palacio de Oriente, donde escuchó las palabras de un estudiante, que habían sido preparadas para el acto ante Capitanía General. La manifestación, a la que había sido autorizado a asistir todo el personal militar, se desplazó después hasta el Ministerio del Ejército, en la Cibeles, con entusiasmo.

Sin embargo, esa jornada de exaltación nacional no fue debidamente explotada por el Gobierno, como reflejó el teniente general Cassinello años después en su conferencia de 2 de octubre de 1986 en la Fundación Ortega y Gasset:

Después vinieron las «manifestaciones patrióticas». Fui gestor de la de Madrid y también tengo que decir que no la entendieron. Desde arriba parecía que la presencia de la gente aprobaba toda la gestión del Gobierno, y no era eso. Felicité las Pascuas con una tarjeta en la que el pueblo gritaba: «¡Queremos turrón!». Mientras, desde arriba, el Gobierno es el que elegía el Antiu Xixona. No era verdad la adhesión pretendida; dentro había más lealtad a lo que se intuía como superior y muy poca sintonía con lo inmediato que representaba el Gobierno. Después, año tras año, se repitieron esas manifestaciones.

Ramón Garriga[28] afirma que algunos interpretaron la gigantesca concentración de la plaza de Oriente como una aprobación de la clemencia de Franco, cuando la realidad es que el decreto de indulto fue sancionado el 30 de diciembre y la manifestación se había celebrado dos semanas antes. Por su parte, Vicente Roa (pág. 224) considera que la manifestación no fue «ni tan espontánea como se apresurarían a vocear sus organizadores —su miajilla de organización hubo— ni tan organizada como se quejarían sus detractores, porque en honor a la verdad hay que confesar que al pueblo le sobraba irritación como para acudir a expresarla donde se le citase». Y calculaba la concentración en 250.000 o 300.000 personas, «dependiendo de las cuentas de unos y otros». Javier Tusell (pág. 382) añadiría el siguiente comentario: «Fue, además, en medios de la oficialidad joven donde surgió la primera iniciativa para realizar la manifestación de la Plaza de Oriente en diciembre de 1970, que luego fue patrocinada por el propio Carrero concediendo permiso de asistencia (y en realidad bastante más que eso) a los organizadores». Al referirse a aquella oficialidad el escritor no dice que fuera la de la Organización CONDE ni aclara a qué apoyo del almirante se refiere. Pero sigue así: «Tras el inesperado éxito de la manifestación madrileña fueron las capitanías generales las principales incitadoras de las manifestaciones en provincias».

El almirante Carrero recibió a San Martín el martes 22 de diciembre y le felicitó por el gran poder de agitación política y capacidad de movilización de la Organización CONDE, hablándole además de la necesidad de ejemplaridad en la Administración y la coordinación de la acción contrasubversiva de las instituciones políticas, en clara alusión a su incapacidad recientemente demostrada. La víspera el vicepresidente del Gobierno se había dirigido a las Cortes Españolas reafirmando la idoneidad de la jurisdicción militar en la causa judicial abierta a los terroristas de ETA, al tiempo que mostraba al pueblo español la entereza del Régimen:

Todos estén seguros de que cualquier foco de subversión será totalmente desarticulado. Nada que atente contra la paz pública quedará impune, quien dude de esta realidad y la desafíe no espere otra cosa que el peso de la autoridad y de la Ley […]. Los Ejércitos de España tienen asignada en nuestra Ley Orgánica del Estado una trascendental misión: garantizar la independencia de la Patria y defender el orden institucional. No son atributos de privilegio: son carga gloriosa y exigencia de servicio gozosamente aceptada.

La conmutación de las penas de muerte a los terroristas

El Consejo de Guerra dictaba sentencia el lunes 28 de diciembre: de sus deliberaciones surgían nueve penas de muerte y 519 años de cárcel. Ese mismo día se comunicaba al Gobierno, pero para su ejecución se precisaba el refrendo del jefe del Estado, que se esperaba con expectación. Al día siguiente el Consejo del Reino, convocado específicamente para esa cuestión, se manifestó unánime a favor de una medida de gracia. Finalmente, el día 30 el Consejo de Ministros, reunido en el Palacio del Pardo con ese exclusivo objeto, conoció la decisión del Generalísimo, quien después, en su mensaje de fin de año, «quitó un enorme peso de encima a los españoles y les comunicó el indulto, al tiempo que se leyeron por televisión cartas de los familiares de los condenados que expresaban así su adhesión antigua al Movimiento en tiempos de la Guerra Civil», según recoge Ricardo de la Cierva en La Historia se confiesa (tomo VII, pág. 151). Del mensaje del Generalísimo son estas frases:

El inmenso plebiscito de adhesión en la plaza de Oriente de Madrid y en toda España que habéis rendido en los últimos días no solamente a mi persona, sino al Ejército español y a nuestras instituciones, ha reforzado nuestra autoridad en tal modo que nos facilita, de acuerdo con el Consejo del Reino, el hacer uso de la prerrogativa de la gracia de indulto de la última pena, pese a la gravedad de los delitos que el Consejo de Guerra de Burgos, con alto patriotismo, juzgó.

La nota oficial diría que el Gobierno había decidido por unanimidad conceder el indulto de todas las penas capitales, conmutándolas por cadena perpetua. Pilar Urbano, en su libro El precio del trono[29] (pág. 437), asevera rotunda que Carrero «fue el inductor de las penas capitales y el que aconsejó a Franco […] que, presione quien presione, el Gobierno debe mantenerse duro». Pero según refiere Laureano López Rodó en La larga marcha hacia la monarquía (pág. 406) y en sus Memorias (volumen III, págs. 123-29), la opinión de Carrero fue siempre taxativamente partidaria del indulto: ni creía que pudiera existir ningún peligro de protesta por parte de elementos militares ni tampoco quería dar un argumento a la organización terrorista para obtener mayores apoyos. López Rodó había visitado a Carrero en su casa a última hora de la tarde del martes 29 de diciembre y el almirante le habría dicho: «Pedir que se ejecuten las penas de muerte sería caer en una trampa. Porque ¿qué es lo que pretende el adversario? Que se cumplan las penas capitales para “hacer mártires”. Entonces ¿qué debemos hacer nosotros? Pedir el indulto». Ante ese razonamiento de aplastante lógica, López Rodó diría al vicepresidente que «además de no cometer un error político […] no debemos ensombrecer la imagen de Franco […] como un hombre duro e implacable […]. Por su gran prestigio y autoridad moral, puede como nadie tener el gesto magnánimo de conmutar esas penas».

En relación con las opiniones vertidas por Ramón Garriga en su obra Los validos de Franco, comenta San Martín que Carrero no estaba en la «línea dura», sino en una posición intermedia, pues habría sido partidario de un indulto amplio aunque no generalizado. Probablemente la postura de Carrero trascendió al resto del Consejo de Ministros, lo que contribuye a explicar la unanimidad existente en la decisión. Según Javier Tusell:

De la reunión celebrada el 30 de diciembre se conserva en la Presidencia del Gobierno un borrador muy extenso, en el que se expresan las posturas de los distintos ministros. El del Ejército presentó la sentencia […] y Oriol leyó la carta de la madre de Izco de la Iglesia pidiendo clemencia […]. Se pidió la opinión al Consejo del Reino, que la emitió en idéntico sentido a la de los ministros. Sin duda la gran manifestación celebrada dos semanas antes en la Plaza de Oriente […] creó la suficiente confianza en los dirigentes del Régimen como para que el indulto fuera posible […]. Carrero tuvo una prudencia mucho mayor que la de Arias Navarro en 1975.

Pero lo cierto es que la justicia militar actuaba con las competencias que le otorgaba la legislación vigente; las Fuerzas Armadas eran, en este caso, sujeto pasivo de los ataques de la oposición más violenta y, desde luego, de los sectores que coreaban al terrorismo. Los miembros de la institución castrense levantaban la voz para que desde el poder se defendiera el buen nombre de quienes habían sido nombrados legalmente para llevar adelante aquel juicio.

Francisco Medina[30] hace su propia valoración y trata de demostrar lo engañoso de la unanimidad en el Consejo de Ministros, según deduce del borrador de acta preparado por el secretario general del Movimiento. Y comenta:

En la medida de gracia decidida por Franco y aconsejada por el Gobierno ha jugado un papel decisivo la multitudinaria manifestación que, contra la voluntad incluso de quienes rodean al Jefe del Estado, ha montado el entonces comandante San Martín. Apenas a dos semanas de haber sido aclamado por cientos de miles de personas, el general Franco no tiene que preocuparse, y así lo ratifica el Consejo de Ministros.

Añade Medina que en lo tachado del acta figuraban unas frases del ministro de Justicia sobre el principal de los encartados, Izco de la Iglesia, apoyándose en el historial del padre, combatiente durante la guerra en un tercio de requetés, y en el del hermano, miembro activo del SEU y de las «Vanguardias Universitarias». Ello llevaría a aconsejar al jefe del Estado el ejercicio de su prerrogativa de gracia. Lo describía así:

Tras la presentación de la solicitud de clemencia están las manos de San Martín y sus hombres. En este caso concreto, las del capitán Andrés Cassinello, quien más tarde, ya con Suárez en el Poder, se hará con el mando del Servicio. Los miembros de la ONC [quiere decir OCN], convencidos de que siete ejecuciones no harían sino radicalizar aún más la situación en el País Vasco y, al tiempo, fortalecer el movimiento de oposición al Régimen fuera y dentro de España, buscan «facilitar» todo lo posible la conmutación de las penas capitales.

En palabras de San Martín, los hechos se desarrollaron así:

Resulta que en el colegio de El Pardo […] estaba de profesor, me parece que era psicólogo, un hermano de Izco de la Iglesia. No recuerdo con exactitud por qué Cassinello lo conocía, pero el caso es que entró en contacto con él y le explicó nuestra idea de que alguien, un pariente directo, ya que no los condenados, solicitara los indultos.

Cuentan Manuel Cerdán y Antonio Rubio en su libro Lobo: un topo en las entrañas de ETA[31] que el comandante Cassinello ideó un plan para que Franco pudiera conmutar las penas de muerte decretadas en el Proceso de Burgos, quedase bien ante la opinión internacional y su imagen no se deteriorara en el interior. Cassinello convenció a la madre de Izco de la Iglesia de que escribiese una carta al Caudillo para solicitar clemencia para su hijo. La carta surtió su efecto y el Generalísimo, en un acto presentado como de buena cristiandad, concedió el derecho de gracia para Izco y otros cinco condenados. Casi veinte años después, el propio teniente general Cassinello describía en la Fundación Ortega y Gasset algunos aspectos del Proceso de Burgos:

Por azar conocí al hermano de Izco de la Iglesia, incluso discutí con él la redacción de su patética petición de indulto. Después fui yo quien presentó al Ministro de Justicia el documento y quien acompañó a Izco en varias entrevistas. Me parece que aquel Gobierno recibió su petición con extremada alegría, como el mejor pretexto para indultar sin tener que ceder ante Pablo VI o el resto de los gobernantes del mundo.

El jefe del Estado tuvo así la oportunidad de justificar sobradamente la medida de gracia ante los integristas más radicales y ante quienes la apoyaban desde el extranjero. El éxito de la operación no pasó desapercibido al vicepresidente Carrero, y serviría para el relanzamiento de la Organización CONDE. Días después, tanto la BBC como el Financial Times hablarían de un «Franco, tan seguro como siempre». En todo caso, tras la conmutación de penas llegaría la reacción generalizada de alivio entre la clase dirigente y entre los ciudadanos en general, y también una clara calma en los grupos de oposición clandestina. Pero el Proceso de Burgos dejaría como secuela la consolidación de dos posturas antagónicas e irreconciliables, el radicalismo vasco y el ultranacionalismo español, que se alimentarían y potenciarían recíprocamente. Y el separatismo vasco prestaría al terrorismo el imprescindible apoyo social como pretendido movimiento vasco de liberación nacional.

Las valoraciones posteriores

El historiador Juan Pablo Fusi[32] nos ha dejado su pensamiento sobre el juicio de Burgos, que puede resumirse en estas frases: «constituyó un revulsivo de la conciencia nacionalista vasca […], fue un verdadero punto de inflexión histórica […] que acabaría por alienar del régimen de Franco a amplios sectores de la opinión vasca […] y terminaría por generar un sentimiento amplio de enconamiento y crispación contra la idea misma de España en aquella sociedad». También Ricardo de la Cierva (tomo II, pág. 338) hacía su propia valoración en esta rotunda afirmación: «El Régimen había querido rematar a ETA pero, con el puntillazo, la había levantado». Javier Tusell diría que «en el exterior la cuestión del juicio de Burgos se convirtió en detonante de la potencial protesta contra el régimen político español, siempre pronta a estallar […]. Se era consciente de la posición de un partido como el PNV, perteneciente a la Internacional Demócrata-Cristiana, que presentó el juicio como una continuación de la guerra civil de 1936».

El general Alfonso Armada, por su parte, hace el siguiente comentario (pág. 135): «El juicio militar de Burgos (o juicio a la ETA) tuvo un error de planteamiento. Debió dividirse, nunca hacerlo global, como se realizó». Lo mismo apunta Miguel Platón[33]: «El agrupamiento de varios delitos en una sola causa fue un error que acarrearía graves consecuencias». Este agrupamiento había sido decidido por la autoridad militar de la Sexta Región a instancias del auditor, «convirtiendo el proceso en un juicio global contra la banda terrorista». Y continúa explicando que el Ejército acató por disciplina ser el instrumento legal del proceso, pero no aprobaba la intervención por ley en asuntos de terrorismo, tras la experiencia negativa del caso del dirigente comunista Julián Grimau en 1963. Asumir el proceso significaba una innegable incomodidad para las Fuerzas Armadas, casi una irritación profunda.

Muchos años después, el teniente general Andrés Cassinello redactaría unas largas consideraciones personales para un libro de Manuel Ortiz sobre la figura de Adolfo Suárez. El punto 2 se refería a las conmutaciones de las penas de muerte:

El Consejo de Guerra de Burgos constituye un hecho de extraordinaria importancia […]. El Consejo tuvo lugar en Diciembre de 1970, cuando ETA, en tres años, ha realizado tan solo tres asesinatos: el guardia civil Pardines el 7-06-68; el comisario Manzanas el 2-08-68 y el taxista Monasterio el 9-04-69. En el mismo periodo, ETA había sufrido tres bajas: Echevarría, el 7-06-68, en enfrentamiento con la Guardia Civil, y Artajo y Azumendi el 6-04-69, al hacerse explosión un artefacto. Es inútil juzgar los hechos de ayer con la experiencia y los criterios de hoy. Lo indudable es que los juzgados eran culpables del asesinato de Manzanas y así lo dejaron bien claro tan pronto como llegaron extrañados a Dinamarca, Francia…, etc.; pero, tan indudable como eso es que el Consejo de Guerra de Burgos supuso la aparición espectacular de un grupo terrorista incipiente y que el componente psicológico cobró inusitada fuerza por primera vez.

Burgos fue el escaparate mundial, más caja de resonancia que traducción fiel de lo que se trataba. Además, Burgos contribuyó a formar la imagen de que aquellos muchachos eran solo luchadores contra el franquismo, con lo que lograron un apoyo desmesurado dentro y fuera de nuestras fronteras. Condenas a muerte, reacción exterior y manifestaciones patrióticas contribuyeron a crear un clima de excitación que agigantó más aún el componente psicológico del terrorismo, su indiscutible alma […]. El 28 de Diciembre se firmó la sentencia y el 31 se publicó el Decreto de concesión del indulto. Atrás quedan las presiones diplomáticas y las de Pablo VI y, como coartada, la petición de gracia presentada por la madre y el hermano de Izco de la Iglesia que yo había entregado a través de la Organización CONDE al Ministro de Justicia Oriol […]. Salvar las vidas era lo importante. Aquel paso pudo haber sido empleado como camino de pacificación, pero no fue así: el ruido del Consejo de Guerra ahogó el gesto de clemencia y en lugar de caminar un paso adelante se saltó al aire para volver a caer de nuevo en el mismo punto. Algunos años más tarde, cuando la pacificación de Rosón y los poli-milis, hablé de todo esto con Mario Onaindía: no sabía nada.

La Organización CONDE saldría prestigiada y fortalecida de esta intervención, emergiendo del estancamiento momentáneo en que se encontraba su proceso de crecimiento. Pero estos acontecimientos iban a traer otras consecuencias para ella. Ahora se hacía más patente el deseo del subsecretario Cruylles de tutelarla, objetivo que ya se insinuaba en los meses anteriores. Por su parte, el Alto Estado Mayor veía con gusto esos contactos del «equipo San Martín» con Gobernación; incluso asistiría a varias de las sesiones el jefe de la Tercera Sección, el general Dolz de Espejo, pues deseaba crear un órgano colegiado consultivo interministerial para examinar los problemas de la lucha contrasubversiva dentro y fuera de nuestras fronteras, pretendiendo quizá resucitar la anterior comisión interministerial creada años antes por Fraga a nivel de subsecretarios y que suprimió el ministro Sánchez Bella. En ese ambiente, continuaba la sutil polémica sobre dónde debía radicar la Organización CONDE y quién habría de manejarla, ya que era disputada por tres ministerios (Educación y Ciencia, Información y Turismo y Gobernación), además del AEM. La manifestación del 17 de diciembre de 1970, desarrollada con sorprendente éxito, había provocado que determinadas autoridades quisieran atar más corto a la Organización y uncirla a su carro.

4
LA ORGANIZACIÓN CONTRASUBVERSIVA NACIONAL (OCN)

Ya me he referido a que el caballo de batalla era la coordinación de esfuerzos en la lucha contra la subversión y a que la insistencia de CONDE ante las autoridades gubernamentales ya había dado su fruto: casi todos los miércoles del curso 69-70 se reunieron con el almirante Carrero los ministros del Ejército, Justicia, Gobernación, Educación y Ciencia, el secretario general del Movimiento y, esporádicamente, alguna otra autoridad, como el capitán general de Madrid, el fiscal del Tribunal Supremo (Herrero Tejedor), etc.[34]

Ahora, tras la exitosa concentración del 17 de diciembre en la plaza de Oriente, las expectativas de la Organización CONDE iban a evolucionar rápida y positivamente. Hasta ese acontecimiento, se limitaba a desarrollar acciones contrasubversivas en un único ámbito —el de la enseñanza—; a partir de entonces la dinámica de la subversión iba a provocar en los directivos del Gabinete de Enlace del MEC la permanente necesidad de abordar los problemas en su totalidad, reclamando del vicepresidente un planteamiento global en la lucha contra la subversión.

En vísperas de las fiestas de Navidad de 1970, el día 22, el almirante solicitaba a San Martín un bosquejo de organización contrasubversiva de nivel nacional. El día de fin de año el comandante despachaba ya un primer boceto, al que Carrero dio su consentimiento. Aprovechó San Martín para informarle de que, entretanto, Garicano Goñi había encargado un estudio similar a su Gabinete de Acción Psicológica, conocido como «gabinete de pensamiento» o «gabinete azul», impulsado por el subsecretario Cruylles, con el objetivo de ampliar el campo de acción ministerial a otros ámbitos, si bien el vicepresidente del Gobierno no se resignaría a prescindir del despacho directo con el «equipo San Martín».

El día 12 de enero de 1971 San Martín, Quintero y Pardo de Santayana, en audiencia con el almirante Carrero, volvieron a recibir de él la petición de un proyecto concreto sobre aquella imaginaria organización contrasubversiva. Inmediatamente se redactaron las «Bases de reestructuración del Servicio», en las que, además de tratar los niveles de responsabilidad y los órganos de coordinación, se describía la ampliación de los campos de actividad a nuevos sectores nacionales.

El primero era el mundo laboral y sindical, que requería un plan de acción especializado, un servicio de información y acciones como la revitalización de los centros sindicales de barrio, que deberían relacionarse con los teleclubs urbanos del Ministerio de Información y Turismo. Las bases iniciales de trabajo se decidieron en una reunión de Gobernación y Relaciones Sindicales a la que asistían ambos ministros (Garicano y García del Ramal), acompañados por sus segundos, respectivamente, Cruylles y Martín Villa, y, naturalmente, San Martín, muñidor de la reunión. El otro nuevo sector en el que profundizar era el denominado religioso-intelectual, para el que se precisaba una red de periodistas y el apoyo de publicaciones favorables a las orientaciones de CONDE.

El 19 de enero, San Martín estaba ya en condiciones de ofrecer al almirante un boceto completo del nuevo servicio y una nota sobre posibles normas para el desarrollo de la acción contrasubversiva:

Como VE. puede observar, se trata de una Orden que presenta las siguientes características: 1.ª El preámbulo es una síntesis del discurso pronunciado por VE. el 22 de diciembre último ante las Cortes Españolas en lo referente a la subversión. 2.ª El articulado es muy breve para evitar inútiles recelos. En realidad la responsabilidad de la acción contrasubversiva recae en la Presidencia del Gobierno a través de un órgano cívico-militar y del Alto Estado Mayor. A este Alto Centro se le responsabiliza de la contrasubversión en las Fuerzas Armadas, lo que cae en el ámbito de su competencia, extendiendo su influencia sobre el exterior en virtud de las conexiones entre contrasubversión y contraespionaje. El órgano cívico-militar (Gabinete de Enlace), prácticamente a través del personal militar, estará tutelado por el Alto Estado Mayor, con lo cual será este organismo el que en realidad dirija la acción contrasubversiva, sin verse implicadas en ella las Fuerzas Armadas.

En esa nota se sugería al vicepresidente despachar el proyecto con el jefe del Estado, previa consulta o no con el ministro de la Gobernación y el teniente general jefe del AEM, como organismos a los que más afectaba en tiempo de paz el asunto de referencia. Y se concluía solicitando duplicar los medios disponibles para «llevar a ejecución cuanto se especifica en el artículo 1.º del proyecto de Orden que se acompañaba», que decía así:

Se crea en la Presidencia del Gobierno, con dependencia del Ministro Subsecretario, el Gabinete de Enlace, órgano de dirección técnica de la lucha contrasubversiva, con las misiones siguientes: Localizar y combatir la subversión en todas las áreas de la vida nacional, con dedicación primordial a los sectores educativos, laborales, religiosos y artístico-intelectuales, y coordinar las acciones contrasubversivas de los distintos departamentos ministeriales en las esferas de su competencia y prestarles asesoramiento técnico en su planteamiento.

En los cinco artículos siguientes se exponía el ámbito específico de competencia del AEM, la organización del Gabinete, el destino administrativo del personal y la financiación. En resumen, las necesidades de la Organización CONDE para ampliar su espectro de cometidos y elevar su vinculación al más alto nivel.

El domingo 24 de enero el vicepresidente pidió a San Martín que se le completase la propuesta con un estudio sobre posibles modalidades del órgano contrasubversivo. Dos días después San Martín y Pardo de Santayana acudieron al despacho del almirante para comentarle el trabajo realizado, y el día 4 de febrero le presentaron las «Bases para la nueva estructura», doce artículos que tenían por objeto dar permanencia y efectividad a la futura Organización Contrasubversiva Nacional (OCN).

Como modelo inicial se tomaría la Organización CONDE, que se reorganizaría antes del 1 de octubre de 1971 (base 2.ª). Salvo casos muy excepcionales en que se utilizasen colaboradores a media jornada, los miembros de la OCN deberían tener dedicación exclusiva (base 3.ª) y los de nueva incorporación asumirían un compromiso mínimo de permanencia de dos años (base 4.ª). Se consideraba absolutamente imprescindible lograr una situación unificada para todo el personal militar, tanto en baremos como en devengos (base 5.ª), con idénticas gratificaciones que las que se concedían a los funcionarios de la Presidencia del Gobierno (base 7.ª). El presupuesto de Hacienda para el primer año se fijaba en 20 millones de pesetas, sin contar los gastos operativos que quedaban a cargo de la Organización Sindical (base 8.ª). Sobre el diseño orgánico, se completaban los ámbitos sociales objeto de investigación e información, creando los nuevos sectores sindical y religioso-intelectual (base 9.ª). Se agilizaría la selección e incorporación de personal, a base de visitas a los ministerios militares y a la dirección general de la Guardia Civil (base 10.ª). Se preveía poner en conocimiento de los ministerios con los que se mantenían relaciones las nuevas misiones de la organización (base 11.ª). Y, por último, como premisa muy importante, se solicitaba que el AEM pusiese a disposición de la OCN los ficheros y archivos de información policial y laboral, como antes hiciera con los del ámbito universitario (base 12.ª).

El vicepresidente quedó plenamente convencido de la necesidad de crear tal Organización Contrasubversiva Nacional, al margen de los órganos existentes de responsabilidad de Gobernación. Solo quedaba pendiente la aprobación por el generalísimo Franco. A su regreso al despacho, San Martín, con las buenas impresiones recogidas en la visita al almirante Carrero, hizo enviar una nota informativa a los delegados convocándoles a una reunión en la semana siguiente para tratar de debatir el montaje regional.

Pero el pronóstico resultó poco optimista. Carrero convocaba a San Martín al día siguiente, 5 de febrero, para hacerle saber la decisión de Franco respecto a la prevista OCN: era conforme con todas las bases y su redacción, pero ordenaba redactar un nuevo texto de orden secreta en el que se modificase el encuadramiento general de la organización: no en Presidencia, sino en Gobernación, sin perjuicio de que San Martín pudiera despachar semanalmente con el vicepresidente, como vía directa de información. La modificación afectaba fundamentalmente al artículo 1.º de la orden prevista, cuyo nuevo párrafo inicial había sido escrito de puño y letra por el propio almirante: «Se crea en el ministerio de la Gobernación». CONDE corregiría el texto para elevarlo inmediatamente al vicepresidente, añadiendo ligeras modificaciones de orden técnico-administrativo.

Al fin el día 9 de febrero de 1971 el vicepresidente del Gobierno firmaba, de orden de S. E. el jefe del Estado, una disposición dirigida a los ministros de Asuntos Exteriores, Justicia, Ejército, Marina, Educación y Ciencia, Trabajo, Aire, Información y Turismo, el secretario general del Movimiento, el delegado nacional de Sindicatos y el general jefe del Alto Estado Mayor. Transcribo íntegro su texto por tratarse del primero de los que se sucederían para explicar clara y terminantemente lo que fue la Organización Contrasubversiva Nacional (OCN).

Excmo. Sr.:

Nuestro país, inserto en el área del mundo occidental, está siendo víctima de una progresiva escalada de la acción subversiva del comunismo, que desea abrir paso a una situación revolucionaria o, cuando menos, crear un ambiente político propicio que haga posible un cambio radical de nuestro orden institucional.

La subversión, que es y será un problema permanente, trata de destruir los valores espirituales en los que radica la fortaleza de nuestra sociedad y para ello fomenta la disolución de los hábitos morales, atenta contra las creencias religiosas, las tradiciones y la conciencia nacional, el sentimiento de Patria y de independencia y el principio de autoridad. Para minar moral y económicamente el país, la subversión actúa principalmente sobre los establecimientos docentes, especialmente los universitarios, organizaciones apostólicas, medios artístico-culturales y centros de producción, sin excluir otros campos de actuación tales como las Fuerzas Armadas y naturalmente los medios de comunicación social.

De cuanto antecede se deduce que la acción contrasubversiva no es un mero problema de orden público o de seguridad interior del Estado sino un problema que afecta a toda la sociedad, con el que deben enfrentarse todas las instituciones nacionales y muy especialmente el Gobierno de la Nación y las Fuerzas Armadas, a tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Estado. Si bien en el plano político la lucha contra la subversión exige una colaboración estrecha en los distintos departamentos ministeriales, en el aspecto técnico requiere una Organización altamente especializada que dé la máxima eficacia a la acción contrasubversiva.

Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer:

1.º Se crea en el Ministerio de la Gobernación, con carácter secreto y con dependencia directa del Ministro, el Gabinete de Enlace, órgano de dirección técnica y coordinación de la lucha contrasubversiva, con las siguientes misiones:

— Localizar y combatir la subversión en todas las áreas de la vida nacional, con dedicación primordial a los sectores educativos, laborales, religiosos y artístico-intelectuales.

— Coordinar las acciones contra subversivas de los distintos departamentos ministeriales en las esferas de su competencia y presentarles asesoramiento técnico en su planteamiento.

2.º Al Alto Estado Mayor, como órgano técnico de la Defensa Nacional, le corresponde la acción contrasubversiva en el seno de las Fuerzas Armadas y en aquellos ámbitos nacionales y extranjeros que se le encomienden expresamente.

3.º El Gabinete de Enlace estará constituido por una Oficina Central, unos enlaces permanentes en los Ministerios no militares y el Alto Estado Mayor y unas Delegaciones que se establecerán en aquellas capitales de provincia que requieran mayor atención desde el punto de vista contrasubversivo.

4.º Las Delegaciones prestarán su colaboración a las primeras autoridades civiles y militares en aquellas cuestiones de índole contrasubversiva que les afecten por razón de las esferas de sus respectivas competencias.

5.º El personal militar que preste sus servicios en el Gabinete de Enlace será destinado al Alto Estado Mayor, quedando en «comisión de servicio en otros Organismos». El personal civil seguirá destinado en sus respectivos Ministerios, pudiendo pasar también, si se estimase conveniente, en comisión de servicio.

6.º El Ministerio de Hacienda proveerá los créditos reservados necesarios para el cumplimiento de los fines de esta Orden, créditos que serán asignados al Ministerio de la Gobernación, bajo el epígrafe más conveniente para que, dentro de la mayor agilidad, no se trasluzca la existencia del Servicio.

Lo que, de orden de S. E. el Jefe del Estado, comunico a V. E. para su cumplimiento y efectos.

Dios guarde a V. E.

Madrid, 9 de febrero de 1971

(Firmado: Luis Carrero Blanco)

El vicepresidente recibiría ese mismo día a última hora de la mañana al comandante San Martín para darle alientos y, de algún modo, para consolarle. Le autorizaba a visitar al ministro de la Gobernación para poner en marcha la orden secreta y a despedirse del de Educación y Ciencia. Dos días más tarde San Martín despachaba por última vez con Villar Palasí, quien le felicitaba por el objetivo alcanzado, pero quedaba preocupado por verse, en el futuro, desatendido en la lucha contra la subversión en el ámbito universitario. San Martín rechazaba tal suposición, asegurándole que todo apoyo que el MEC necesitase seguirían prestándoselo día a día Pardo de Santayana, como jefe de su Gabinete de Enlace, y Avia, como adjunto —ambos acompañaban a San Martín en aquella despedida—. La red periférica continuaría colaborando con los rectores de las universidades como hasta entonces, ofrecimiento aceptado gustosamente por el ministro, que pidió que en aquel fin de semana le visitasen los delegados regionales, como así ocurrió, con asistencia también al encuentro del subsecretario del MEC, Díez-Hochleitner.

De este modo concluía una etapa de dos años de esfuerzos, útil en la tarea de lanzamiento, pero insatisfactoria en conjunto por los obstáculos surgidos en la necesaria labor de coordinación de la lucha contrasubversiva. A partir de ese momento el control de la antigua Organización CONDE, ahora Organización Contrasubversiva Nacional, pasaba a Gobernación —cuyo gabinete de pensamiento quedaba incorporado a la OCN por orden del vicepresidente—, en una nueva fase que se inauguraba con la audiencia del ministro Garicano a San Martín el 15 de febrero por la mañana, decidiéndose entonces encomendar la tutela de la OCN al subsecretario Santiago Cruylles. Ambos expresaron su conformidad con el organigrama y las bases aprobadas, animando al comandante a preparar un presupuesto amplio que diera satisfacción a tantas necesidades.

San Martín se entendía bien con Cruylles, al que visitó de nuevo el miércoles 27 para llevarle el presupuesto anual, el sistema de funcionamiento de despacho, la relación y cometidos de los órganos colegiados de la OCN y, naturalmente, el proyecto de nombramiento del jefe de la organización, de tal modo que el día 28 el vicepresidente del Gobierno encargaba a Garicano Goñi transmitir a los ministros interesados la siguiente orden secreta: «A tenor de lo dispuesto en el artículo 1.º de la Orden Secreta de esta Presidencia de 9 de febrero de 1971, y a propuesta del Ministro de la Gobernación, vengo en nombrar jefe del Gabinete de Enlace del ministro a Don José Ignacio San Martín López. Lo que de orden de S. E. el Jefe del Estado, comunico a VV. EE. para su conocimiento». Años después San Martín escribiría no ser cierto que su nombramiento procediera de una propuesta del ministro de la Gobernación[35].

Pronto se vio la conveniencia de revisar el artículo 5.º de la orden secreta. El Alto Estado Mayor había convencido al vicepresidente de la necesidad de buscar otro destino militar para los jefes y oficiales de la OCN, pues eran demasiados para integrarlos en aquel alto centro. Así que con fecha 29 de marzo el almirante modificó —de orden de S. E. el jefe del Estado, como era de rigor— dicho artículo, aprobando esta nueva redacción: «El personal militar que presta sus servicios en el Gabinete de Enlace será destinado al Estado Mayor Central del Ejército, al Estado Mayor de la Armada o al Estado Mayor del Aire, quedando en “comisión de servicio en otros Organismos”. El personal civil seguirá destinado en sus respectivos ministerios, pudiendo pasar también, si se estimase conveniente, en comisión de servicio».

Se calculaba entonces que la nueva aportación del Ejército a los fines informativos de la OCN afectaría directamente a las 11 regiones militares y a un centenar de jefes y oficiales, además, naturalmente, de los 56 que ya trabajaban a plena dedicación en la anterior Organización CONDE y de otros 13 que lo hacían a media jornada.

A partir de la creación de la Organización Contrasubversiva Nacional, aquellos tres cometidos teóricos del AEM quedaron reducidos, como indica un comunicado reservado de la Tercera Sección del AEM que se transcribe en la memoria doctoral de Antonio Díaz Fernández[36]: «Dada la reciente creación en el ministerio de la Gobernación de un organismo encargado de la acción contrasubversiva en general, se propone reducir al mínimo las actividades de información general del Negociado (Operaciones-Interior), manteniendo un número reducido de oficiales especializado en este campo a disposición del mando». En otro documento coetáneo y del mismo origen se recordaba que «recientemente la Superioridad ha dispuesto que el Negociado se dedique íntegramente a su misión esencial de contraespionaje, abandonando la labor de información que en su día le fue encomendada».

Aunque de palabra y por escrito se seguía utilizando la denominación de Organización CONDE atribuida al comandante San Martín y su equipo, fue abriéndose camino la sigla OCN para representar a la Organización Contrasubversiva Nacional, compendio de todas las actividades relacionadas con el seguimiento y lucha frente a los grupos terroristas y de oposición al Régimen. Sus misiones y estructura fueron aprobadas y difundidas a las autoridades competentes dentro del mayor secreto.

ESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DE LA NUEVA ORGANIZACIÓN

Si con anterioridad las reuniones con el vicepresidente solían ser colegiadas y con ritmo mensual, desde febrero de 1971 las audiencias de Carrero Blanco fueron para San Martín semanales y en solitario, aparte de sus frecuentes comunicaciones escritas y telefónicas. Se iba a iniciar así una etapa nueva y fructífera en esa relación de primer nivel.

La articulación de la OCN traía algunas peculiaridades: la dirección se apoyaría en un Comité Ejecutivo, cuyos integrantes eran los tres directivos ya citados más Marchante, Cassinello y Leandro Peñas. En esta nueva etapa se organizó una Secretaría General (SEGRAL) con creciente peso y proyección, que desarrollaba un papel dinamizador en el servicio, coordinando el sistema operativo de los sectores con las oficinas de enlace. Al frente de ella, San Martín situó al capitán Leandro Peñas Varela. También se situaron bajo la dependencia de la SEGRAL los equipos especiales VENCOSA y un equipo de relaciones públicas, dirigido por el capitán José Faura Martín, procedente del Gabinete de Lectura (que elaboraba la recensión de un gran número de artículos y publicaciones de interés contrasubversivo). Para información de las distintas autoridades, la OCN comenzó a distribuir semanalmente un boletín confidencial sobre información político-subversiva, conocido como el «boletín verde» por el color de sus primeras páginas, en las que se volcaba el resumen de todo su contenido sectorial. Fue muy codiciado en altos niveles de la Administración y de las empresas que tuvieron noticia de él.

La nueva estructura de la OCN dio también vida a una Asesoría General dirigida por el teniente coronel Federico Quintero Morente, con competencias relacionadas —casi en exclusiva— con los temas de enseñanza y cursos de técnicas contrasubversivas, el asesoramiento general a los directivos, la elaboración de doctrina y la dirección de la formación del nuevo personal.

El Sector Educativo (SED)

Tras dos años de experiencia en el seguimiento y reducción de la subversión universitaria, la Organización Contrasubversiva Nacional actualizaba la estructura de su Sector Educativo, cuya jefatura recaía en Pardo de Santayana, quien simultaneaba esa función con la de jefe del Gabinete de Enlace del MEC y despachaba casi semanalmente con el subsecretario Ricardo Díez-Hochleitner y, de modo esporádico, con el ministro Villar Palasí, cada vez más ocupado con su ambiciosa Ley de Reforma de la Enseñanza, estancada por falta de recursos económicos. El sector mantenía una relación ocasional con el ministerio de Información y Turismo y también se relacionaba con la Secretaría General del Movimiento. Se articulaba en torno a tres actividades: la coordinación de delegados regionales (SECOR), la orientación de la opinión en su faceta de promoción de asociaciones de estudiantes (SEPRI) y la acción, información y dirección de masas (SEDIR). Su método de trabajo en el ámbito universitario no varió sustancialmente con respecto a lo ya relatado anteriormente sobre la Organización CONDE.

El Sector Laboral (SL)

Al transferirse la dependencia de CONDE desde el Ministerio de Educación y Ciencia al de Gobernación hubo que constituir un nuevo sector que atendiese a la problemática subversiva en el mundo del trabajo; surgió así el Sector Laboral (SL). A comienzos de 1971 se temía que un nuevo proceso electoral sindical produjera la reactivación de desórdenes laborales y abriera la brecha de la subversión en el seno de la Organización Sindical, que aún era ajena a tales contagios. Según San Martín (Servicio especial, página 155): «La oposición sindical estaba prácticamente asumida por Comisiones Obreras. Aunque su fuerza numérica no era excesiva, constituían un foco subversivo con más peligro potencial que real. Era preciso arrebatarles la iniciativa contraponiendo a sus reivindicaciones auténticas soluciones reales, arrinconando la rutina y permitiendo que las representaciones de la vertiente social u obrera lucharan contra situaciones inmovilistas, algunas de ellas injustas».

Por aquellas fechas no había buenas impresiones sobre los futuros resultados electorales, habida cuenta de que CC. OO. y otros elementos comunistas estaban obteniendo proporciones mayoritarias en las grandes empresas radicadas en Madrid, precisamente las más conflictivas. La controvertida nueva Ley Sindical no satisfacía a los extremistas del sindicalismo libre ni a los reformistas del estatal. De ahí la urgencia de que este nuevo sector de la OCN iniciase su andadura inmediatamente; lo hizo bajo la jefatura de Andrés Cassinello, quien ya el 10 de marzo consideraría como proyectos más urgentes:

— Realizar cursos de capacitación del personal de la OCN en la nueva misión.

— Crear una red de apoyo informativo adaptada al ámbito laboral.

— Tomar contacto con personalidades de la Organización Sindical.

— Establecer una filosofía de actuación que orientase a los directivos del SL.

Con estas intenciones, San Martín, acompañado por Cassinello, visitó al secretario general de la Organización Sindical, Rodolfo Martín Villa, y al vicesecretario de Obras Asistenciales, Alberto García Ortiz, designado por el ministro de Relaciones Sindicales, García Ramal, para la puesta en marcha de los asuntos prioritarios:

— Establecimiento de una red informativa reservada, la Red Complementaria Sindical, apéndice del Servicio de Información Sindical (SIS).

— Planteamiento de futuros enlaces en la periferia.

— Formación de dirigentes de la OS en técnicas informativas.

Como consecuencia de ello, se haría llegar a los delegados regionales el 20 de abril de 1971 un documento sobre las «Bases provisionales para la acción sindical» que dejaba patente el papel asesor de la OCN en la lucha contra la subversión dentro de ese ámbito, con dos niveles de colaboración —nacional y provincial— en los que desarrollar acciones específicas de información, formación de la opinión y técnica de dirigentes.

Con las propuestas expuestas a Martín Villa el día 24 de junio, y con la conformidad del ministro de Relaciones Sindicales, dada a mediados de agosto, se elaboró en la OCN un Plan Sindical que contenía una programación estudiada conjuntamente por Cassinello y García Ortiz, acordándose las bases para un servicio de información sindical paralelo al SIS oficial, que funcionaba deficientemente. Tomaría el nombre de Servicio de Información en Profundidad (SIP), tendría carácter reservado y sería gestionado por el Sector Laboral con apoyos de la OS. La plantilla estaría integrada por directivos y auxiliares de la OCN, que establecerían relaciones con los jefes de personal y de seguridad de las principales empresas de los distintos sectores (metal, construcción, transporte, banca, etc.) para obtener información sobre las causas reales y posibles soluciones de los conflictos, contrastándola después con la obtenida de los trabajadores asistentes a los cursos de mandos intermedios sindicales y charlas que se impartían. Los correspondientes informes se elevaban a los ministros de Relaciones Sindicales y de Trabajo.

En lo referente a formación, en junio de 1971 se impartía, con intención de impulsar el SIP, el primer Curso Básico Laboral (CBL), al que asistieron representantes de cinco delegaciones regionales, que se convertirían en los primeros directivos laborales de la periferia. Simultáneamente se organizaba un primer ciclo de charlas de formación sindical —rotando por todas las delegaciones—, impartidas por directivos del sector los fines de semana a personal de las empresas locales para instruir a futuros mandos intermedios en el ámbito de las fábricas. Asimismo se realizaban visitas a centros sindicales de barriada, se montaban centros de estudios para propagandistas sindicales y se visitaban los teleclubs en los barrios, todo lo cual propiciaría la creación de redes informativas propias que permitirían adquirir información para asesorar en la solución de los conflictos e influir en las elecciones pendientes. Se confiaba en tener tal estructura a pleno rendimiento en octubre. Los miembros de la OCN disponían de un DNI falso, con el «nombre de guerra», para casos necesarios. Ese apodo comenzaba habitualmente con la misma letra que el verdadero apellido por si en la ropa o en cualquier otro sitio llevábamos esa inicial, y era usado siempre en el trato diario entre los directivos, de forma que muchos desconocían el nombre verdadero de los otros si no los habían conocido con anterioridad. También se disponía de una tarjeta de identidad que acreditaba que el portador pertenecía al servicio de Presidencia, con la recomendación de usarla solo en casos extremos.

La vertiente de propaganda del Sector Laboral se amplió con la creación en septiembre de un negociado de acción psicológica, que editaba y distribuía propaganda, tanto «blanca» como «negra», cuando las circunstancias lo aconsejaban; en la negra se cambiaban fechas y lugares de asambleas o de huelgas y se fomentaban dudas sobre los principales activistas, sobre todo en lo referente a presuntas disposiciones particulares del dinero de subvenciones procedentes de otros países o partidos comunistas. Asimismo cada delegación imprimía y distribuía mensualmente un boletín de información laboral local; el de Madrid se llamaba Cauce Obrero, que se repartía de noche, de forma clandestina, en los aparcamientos de las grandes empresas (CASA, Pegaso, Marconi, Standard, Metro, EMT…). Los equipos que distribuían propaganda «negra» eran a veces detenidos por la Policía y llevados a comisaría o a cuartelillos de la Guardia Civil, de donde salían después de haber conseguido que los responsables llamaran a un teléfono determinado de Gobernación o de la OCN.

El Sector Religioso-Intelectual (REI)

Los restantes ámbitos potencialmente subversivos se agruparon inicialmente como Sector Político-Intelectual-Religioso bajo la dirección del comandante Marchante[37], si bien su incorporación oficial no se produjo hasta abril de 1972. La misión del Sector REI era atender a grupos de carácter elitista en un campo en el que era posible la fractura por colisión ideológica dentro de las familias del Régimen y entre estas y la oposición al sistema. El objetivo era fortalecer la ortodoxia, evitando así deserciones e impidiendo la infiltración de ideas disolventes a través de los medios de comunicación. Con anterioridad ya se había venido fomentando en la Organización CONDE la creación de un Gabinete de Pensamiento en el Ministerio de Información y Turismo (MIT), centrado en el acopio de información y documentación básica sobre los ámbitos de su responsabilidad, su elaboración y difusión, las actividades de influencia sobre los medios de comunicación y, naturalmente, las relaciones con las autoridades de los ministerios de Justicia, Información y Turismo y Movimiento. Pronto se pudo difundir un boletín de información para altos cargos y se efectuaron las correspondientes rondas de visitas a muchos de los relacionados con aquellas misiones.

Marchante, como jefe del Sector REI, fue recibido varias veces a lo largo de 1971 por el ministro de Justicia, Antonio Oriol Urquijo, por su jurisdicción institucional sobre asuntos religiosos, despachando los relacionados con el clero progresista, el clero vasco, el Sínodo de Roma (Plan Adriano), Justicia y Paz, la campaña contra las torturas, el Comité de Trabajo Antiprogresista, el Grupo Roma, la Operación Dámaso, el Plan Prometeo, etc.

En el campo cultural y editorial, el Sector REI se relacionó con los colegios profesionales y los ateneos, así como con la dirección general de Cultura Popular y Espectáculos, etapa en la que San Martín influiría a favor del nombramiento de Ricardo de la Cierva como director de la Editora Nacional. Pronto pondría en circulación la publicación ETA y el Proceso de Burgos. En cuanto a comunicación, en mayo de 1971 se barajó la posibilidad de diseñar un club de periodistas y una agencia de colaboradores. Fueron entonces muy numerosos los encuentros con directivos de EFE, ABC, Nuevo Diario Agencia CIO de colaboraciones religiosas y PYRESA. Puede uno imaginar el interés de la información facilitada por tantos directores y escritores de prestigio en aquellos años, información que, una vez analizada y evaluada en el Sector REI, sería elevada hasta alcanzar el despacho del vicepresidente Carrero.

Al Sector REI le correspondería el seguimiento próximo de los nuevos fenómenos en la Iglesia, para lo cual sus directivos entrarían en contacto con la Hermandad Sacerdotal, que proporcionaba versiones —a veces poco objetivas— de la evolución eclesiástica en España como consecuencia de la aplicación de la doctrina y enseñanzas del Concilio Vaticano II. El sector utilizó, por otra parte, como vehículo e instrumento en ese mundo religioso la publicación Iglesia-Mundo, que adquiriría gran difusión y permitiría contrarrestar las opiniones de Vida Nueva. Se promocionó además al obispo de Cuenca, monseñor Guerra Campos, para la diócesis de Santiago de Compostela, facilitándole la tribuna de Televisión Española para que expusiera su pensamiento y el de la Conferencia Episcopal, de la que era secretario.

En larga entrevista en su casa el 26 de mayo de 2004, el general Marchante me hablaría de sus dos años al frente del Sector REI y de su anterior estancia en Roma como secretario técnico de la Agregaduría Militar, que le había permitido alcanzar un notable conocimiento de los ambientes vaticanos. La verdad es que, iniciado el periodo posconciliar, afloraron aquí y allá algunos desconciertos doctrinales y desórdenes litúrgicos y disciplinares, que tuvieron indudable repercusión en España. Marchante traía a la memoria unas jornadas en Salamanca en las que conoció al teólogo Olegario González de Cardedal y al obispo Antonio María Rouco Varela, decano y rector, respectivamente, de aquella universidad pontificia, con quienes mantuvo alguna relación. También estaba allí monseñor Setién, que ya manifestaba poco afecto por el clero castrense y el Ejército, desde posiciones muy críticas con la cooperación de la Iglesia con el Régimen. El entonces comandante se apoyaba mucho en informaciones que le facilitaba Antonio Herrero, director de Europa Press. No debe olvidarse que la actitud adoptada por la mayoría de obispos españoles a partir de 1971 apuntaba ya al principal objetivo de dejar clara la independencia del episcopado respecto al Gobierno de Franco. Tras el verano de 1973, el ministro de Asuntos Exteriores, López Rodó, y monseñor Casaroli acordaron una visita a Madrid de este último en la que quedaría determinado el modus operandi de la negociación para la revisión del Concordato.

El despliegue periférico

La importante reestructuración planificada por la oficina central de la OCN no pudo implantarse en provincias tan rápidamente como hubiese sido deseable; no se contaba aún con plantillas suficientes de personal. Así que se continuaría con el modelo inicial en función de los distritos universitarios. La Delegación Vasco-Navarra fue un caso muy particular. San Martín elevó al vicepresidente del Gobierno el 14 de junio de 1971 una propuesta, en la que exponía lo siguiente:

Las especiales características de la región vasco-navarra y la complejidad de la acción subversiva desarrollada en ella aconsejan el montaje de una delegación regional que, respondiendo a un planteamiento coordinado y de conjunto, permita pasar de la actitud preventiva y defensiva mantenida hasta el presente, a tomar la iniciativa en el plano ideológico de la acción.

El documento describía la organización de la nueva Delegación, cuya jefatura regional tendría su base en Pamplona, con subdelegaciones en Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Sus campos de actividad serían los de la central de Madrid y sus funciones se estructurarían por departamentos, con jefaturas específicas, y con criterios de seguridad, funcionalidad y flexibilidad. Entre las disposiciones figuraban la asunción de las funciones del departamento político por parte del propio delegado regional, con el apoyo de un adjunto, que actuaba aparentemente como jefe de la oficina de Pamplona; el subdelegado provincial de Navarra llevaría la propaganda regional; el de Vizcaya, la información regional; y el de Guipúzcoa, la acción directa, que constituía el punto más delicado.

Al fin, el 4 de septiembre la Delegación Vasco-Navarra entró en fase de funcionamiento con sus tres subdelegaciones provinciales. El delegado regional, capitán Luis García Mauriño[38], mantendría un largo despacho con San Martín y el día 10 ambos se entrevistaban con el subsecretario Cruylles, al que ofrecieron una personal valoración de la situación en el País Vasco. Se convino divulgarla a los miembros del Gobierno, con las observaciones siguientes: que se incluyesen referencias al sector religioso del País Vasco, un informe sobre la moral de las fuerzas de orden público y las soluciones concretas que habrían de tomar los ministerios afectados para atender a posibles eventualidades, en función de la posterior decisión del vicepresidente del Gobierno.

EL PERSONAL

A los pocos meses de rodaje de la Organización CONDE empezaron a manifestarse los problemas que, para su buen funcionamiento y continuidad, podía ocasionar el ascenso de sus miembros y, en tal caso, su cambio de destino. De ahí que el comandante San Martín pusiera en marcha unas notas informativas con las que concienciar a las primeras autoridades. Una del 22 de mayo de 1969 relacionaba a los cuatro capitanes más antiguos, cuyo ascenso a comandante tendría lugar entre los siguientes meses de junio y octubre, pero el tema se complicaría cuando los miembros de la OCN se contaran ya por decenas. Otro problema relacionado con el personal era la ausencia de oficiales de la Armada y del Ejército del Aire. Se logró en primer lugar, en diciembre de aquel año, el destino del capitán de tropas de aviación Ramón del Valle; en cambio, hasta noviembre de 1970 no se incorporaría el primer oficial de la Armada: el capitán de infantería de marina Ángel Abia.

Por indicación del ministro Villar Palasí y con el apoyo del vicepresidente Carrero, San Martín había sido recibido por el jefe del Estado el 24 de febrero de 1970. Tuvo entonces oportunidad de explicar al Generalísimo el funcionamiento de la Organización CONDE, integrada ya por una treintena de jefes y oficiales y otros tantos auxiliares, todos ellos repartidos por delegaciones establecidas en prácticamente todos los distritos universitarios. Se trataba de una plantilla escasa para los cometidos que aquel Gabinete de Enlace del MEC venía desarrollando, y más aún con la imagen de actividad y eficacia que la Organización CONDE estaba adquiriendo entre la alta clase política. De ahí que Franco dijera al comandante: «Verdaderamente son Vds. muy pocos para la labor que están realizando». Además, el propio vicepresidente ya pensaba extender el campo de acción de la Organización CONDE a otros ámbitos, particularmente el sindical. Así se lo haría saber San Martín al jefe del Estado en aquella audiencia.

El 15 de marzo de 1971 San Martín propuso al vicepresidente la ampliación de vacantes para los futuros directivos de la OCN. El general Díez-Alegría manifestó su disconformidad al almirante Carrero y le expuso su deseo de que solo quedasen destinados en el Alto Estado Mayor aquellos jefes y oficiales sobre los que él tuviera jurisdicción. No se trataba de justificaciones evasivas, ya que, como jefe del AEM, no quería desentenderse de la misión de la OCN, que consideraba de vanguardia y muy bien llevada. Pues bien, como consecuencia del impulso recibido del jefe del Estado, el ministro del Ejército, teniente general Castañón de Mena, tomaría disposiciones muy positivas en lo referente a la adjudicación de destinos al personal de la Organización.

Transcurridos dos años desde la creación de la Organización CONDE, esta disponía de una cincuentena de jefes y oficiales de los tres Ejércitos, en su mayoría diplomados de Estado Mayor[39], en plena dedicación, un grupo de profesionales bien elegidos y sin limitación en su entrega y esfuerzo. La selección era meticulosa, tras ser estudiada la personalidad de cada uno para un trabajo determinado dentro de un servicio secreto que para el candidato era casi siempre desconocido. Si asentía, se celebraba una entrevista con el jefe del departamento donde iba a prestar su servicio.

La Organización, como tal, carecía de ideología política, lo que no quiere decir que cada uno de sus componentes no tuviera su propia forma de pensar. Se nos llamaba para combatir una agresión al Régimen que buscaba la ruptura; el objetivo era su continuidad, que ya vislumbrábamos de apertura política, objetivo que fue variando con la transición a la democracia, pero siempre con la defensa del Estado como fundamento.

El horario normal de trabajo era de jornada completa, y se ampliaba con el fin de acudir a actividades para fomentar el asociacionismo universitario, participar en tareas formativas, desplazarse a conferencias políticas o realizar contactos de investigación. El servicio en todos los locales de la OCN permanecía en actividad las veinticuatro horas del día, incluidos sábados y domingos. Esto a veces delataba un piso franco usado (siempre puesto bajo una cobertura ficticia), ya que el vecindario recelaba de un grupo de personas que entraban y salían a todas horas de un piso sin actividad exterior aparente. Más de una vez hubo que cambiar la situación de la oficina por este motivo.

Frente a los nuevos problemas subversivos que parecían amenazar a España, se entendía aquella plena dedicación como una «comisión de servicio» del mayor riesgo y fatiga. Tarea incomprendida —por inexplicable o inexplicada— por políticos en activo e incluso por algunos mandos militares, la envidia, la precaución o el despecho iban cundiendo en algunos de ellos a medida que la Organización lograba éxitos, audiencia y prestigio. A primeros de noviembre de 1971 la Organización Contrasubversiva Nacional ya contaba con 81 directivos en plena dedicación, más otros 7 a media jornada, lo que representaba una cifra superior a la plantilla prevista.

Los cursos de formación en la OCN

Tras la orden secreta del 9 de febrero de 1971, CONDE proyectó inmediatamente en Madrid dos cursos de formación de quince días, con siete horas diarias de clases eminentemente prácticas, con el objeto de enseñar a los concurrentes las técnicas de contrasubversión en los diferentes campos, además de explicarles el fundamento del servicio que la OCN prestaba a las instituciones del Estado.

De acuerdo con ello, el 25 de febrero San Martín presentaba al vicepresidente una propuesta de incorporaciones urgentes a la OCN, y un boceto de carta que se remitió al ministro del Ejército al día siguiente:

En relación con la Orden Secreta de esta Presidencia […] te comunico que para la selección y preparación previa del personal que debe incorporarse a la Organización […] se proyecta organizar en Madrid dos cursos cuya celebración se prevé en marzo y junio […]. A cada uno de estos cursos serán convocados, entre los tres Ejércitos, treinta jefes y oficiales para seleccionar del total la mitad aproximada, que […] se irán integrando escalonadamente en la Organización.

Los cursos generales, que se iniciaban con una fase por correspondencia, fueron denominados ÍMPETU por el carácter práctico y dinámico con que iba a orientarse la formación. De manera complementaria, cada miembro del servicio debía antes adquirir y leer una biblioteca básica, de eminente contenido marxista y revolucionario. Parecía necesario; este enemigo era totalmente desconocido. El primer curso tuvo lugar entre el 8 y el 26 de marzo; de él guarda un claro recuerdo el general José Ángel Armada Sarria. En conversación distendida del 21 de marzo de 2005 en su despacho de director del Centro de Publicaciones del EME, traía a la memoria su participación como alumno, para la cual había recibido en febrero un oficio secreto por el que se le ordenaba presentarse urgentemente al jefe de servicio del EMC para recibir instrucciones. La noticia causaría particular sorpresa en el Cuarto Tercio de la Legión, con acuartelamiento en Villa Cisneros, donde estaba destinado el teniente Armada desde hacía tres años. El origen de tal invitación al curso estaba en una charla suya con Leandro Peñas, en Madrid, durante el permiso de verano de 1970.

Del segundo curso, desarrollado en junio de 1971, tengo yo un recuerdo personal similar y conservo además un test que el Gabinete de Acción Psicológica (GAP) nos hacía a los concurrentes, formulario que más adelante habrían de rellenar todos los miembros del Servicio, tanto los integrados a plena dedicación como los colaboradores a media jornada. Un equipo de psicólogos sacaba punta a las valoraciones psicosométricas (perfil axiológico y perfil de adaptación).

Dentro de esta labor pedagógica se organizaron en la OCN, además, otros dos tipos de cursos: Básicos, con régimen externo, y Especiales, en régimen de internado. Para ampliar aquellas tareas de formación, mantener los contactos y la motivación inicial, se organizaban periódicamente jornadas de convivencia para grupos reducidos y afines que resultaron de gran utilidad para la necesaria cohesión y disciplina del grupo. Había jornadas específicas para los responsables de cada sector en las que se marcaban objetivos y procedimientos y se los informaba de la problemática de su ámbito. También había jornadas para delegados, en las que se les ponía al corriente sobre la situación subversiva y la política nacional, de modo que al regreso mantuvieran informados a los otros componentes de su delegación.

La Red Complementaria de Información

En aquel otoño de 1971 —ya en vigor la orden secreta de 9 de febrero por la que se creaba la OCN— San Martín exponía a la 2.ª Sección del EMC las dificultades que encontraba la organización para disponer de colaboraciones informativas en otros ámbitos (laboral, económico, político, religioso, intelectual etc.), en los que, por disposición superior, debía detectar y contrarrestar la subversión. Así que, para salvar tal deficiencia, proponía San Martín establecer una red complementaria (similar al Plan Azul diseñado para el campo universitario) con jefes y oficiales del Ejército que trabajasen en dichas áreas (con la excepción del mundo militar) y que voluntariamente quisieran colaborar con la OCN.

Con objeto de responder a esa idea, el 14 de octubre de 1971 se creaba el despacho central de la Red Complementaria de Información, que quedaba integrado en la Secretaría General de la OCN como Departamento D-5. Aquel día San Martín difundía una nota interna para conocimiento de los directivos de la organización: la finalidad principal de la red era la obtención de una información seria y responsable que confirmara y completara la obtenida por otras redes. Esa red complementaria tendría carácter regional, de modo que en cada región militar un jefe cooperaría con la OCN en jornada de tarde para llevar las relaciones con ella. Para la puesta en ejecución del plan, se contaba con el Servicio de Información-Bis del Ejército a través de sus respectivos jefes regionales, quienes formalizarían los primeros contactos.

A finales de octubre de aquel año 1971 la OCN enviaba a sus delegados una nota (con copia a la 2.ª Sección del EMC) en la que se exponían las normas para los encuentros con tales jefes y oficiales colaboradores. Y, finalmente, el 13 de diciembre el ministro del Ejército autorizaba a San Martín el establecimiento de la Red Complementaria de Información en todo el territorio nacional, a partir de personal militar que ejerciese una actividad extraprofesional como ingeniero, médico, abogado, economista, etc., en línea con el citado Plan Azul.

La Academia FORJA

No puedo cerrar este apartado sin dedicar unos párrafos a la Academia FORJA, centro de preparación para el ingreso en las academias militares que ejerció gran influencia en sus alumnos, algunos de los cuales llegaron a formar parte de los servicios de información.

El Colegio Preparativo Militar del Frente de Juventudes fue fundado en Madrid hacia 1948 por el capitán de infantería Luis Pinilla Soliveres[40]. La faceta espiritual del colegio era atendida por el sacerdote jesuita José M.ª Llanos, figura admirada en aquellos años por su influencia en la juventud y su acendrado falangismo; su fuerte conciencia social le marcaría después la trayectoria de los llamados «curas obreros» y su afiliación a Comisiones Obreras, organización por entonces clandestina y de clara ideología comunista.

Para mantener la independencia y pureza de sus conceptos fundamentalmente religiosos, Pinilla abandonó en 1951 su relación con el Frente de Juventudes y creó la Academia FORJA. La formación espiritual y política que este centro preparatorio añadía a la puramente profesional tenía como objetivo forjar en los aspirantes la vieja tradición de los monjes-soldados. Ello produjo lo que podríamos denominar el «espíritu de FORJA», que pervivió en muchos de sus alumnos. Por aquel entonces se les consideraba católicos practicantes con indudable espíritu militar, interés por la lectura y la cultura, orientación política joseantoniana, antimonárquicos y fuertemente comprometidos con cuanto les indicaba la propia ética de FORJA, semilla que condicionó a ese grupo minoritario a lo largo de su carrera militar. Sus inquietudes y su afán por estar en primera fila, disponibles para cualquier misión a favor de España, les hacía presentes en los destinos que en cada momento parecían más difíciles y de mayor trascendencia.

En aquellos años cincuenta, los fundadores y algunos exalumnos de tan singular academia impulsaban el ideal del caballero cristiano como medio de callado apostolado personal; eran una suerte de cruzados modernos respaldados por el Vicariato General Castrense. Pero el carácter reservado de FORJA acabó atrayendo las sospechas del Estado Mayor Central del Ejército, y en 1958 aquella peculiar asociación religioso-militar era disuelta por el ministro teniente general Antonio Barroso, originando un contencioso de cierta importancia, que no afectó a la inquietud de muchos de sus integrantes, quienes continuaron organizando reuniones hasta mediada la década de los sesenta.

Desde el punto de vista puramente sociológico, sería curioso hacer el seguimiento de los avatares profesionales de aquellos miembros de FORJA: unos alcanzaron los máximos rangos militares, otros dejaron la carrera a medio camino; unos formaron parte de la extrema derecha política, otros se acercaron a posiciones de izquierda. Algunos de ellos entraron a formar parte de los servicios de Información, en proporción superior —se decía— a la que les correspondía en el conjunto del Cuerpo de Oficiales.

El 9 de julio de 1996 me comentaba el teniente general Javier Calderón la fiesta que días antes se había celebrado para conmemorar el 75.º cumpleaños del general Pinilla, con asistencia de más de un centenar de antiguos compañeros y simpatizantes de FORJA. Conservaba un interesante documento con comentarios de cada antiguo alumno, y me añadía: «Nosotros queríamos cerrar brecha y olvidar la guerra; Dios nos dio los ojos para mirar hacia delante, no para atrás». Entendía que el cambio generacional no era solo cuestión de edades, sino de carecer de vivencias directas de la Guerra Civil, de haber salido al extranjero de jóvenes y de haber tomado contacto con la Universidad y el mundo empresarial. En declaraciones a Miguel González aparecidas en El País de 15 de junio de 2002, el ya exdirector del CESID respondía que «la inquietud me venía de FORJA, la asociación religioso-profesional del capitán Pinilla y el padre Llanos, que tenía un fuerte contenido social y fomentaba la pasión por la lectura. Aunque teníamos permiso del Arzobispado Castrense, la Autoridad militar estimó que era incompatible con la disciplina, y mandó disolverla. Pero su semilla quedó».

Francisco Medina dedica en su libro Memoria oculta del Ejército varias páginas a FORJA, en las que transcribe una conversación con el teniente general Calderón. Me permito seleccionar algunos párrafos representativos de su pensamiento:

Forja pretendió un cambio del Ejército, no del Régimen […]. El mejor servicio a España es a través de un mejor Ejército; un mejor Ejército a través de un mejor militar y un mejor militar a través de un hombre mejor […]. Elaboramos incluso un libro de Teórica para la Tropa, que dimos a todos los tenientes, lo que produjo un primer conato de enfrentamiento en las páginas de la revista Reconquista. […] Aquello exigía ejercicios espirituales en vacaciones con el P. Llanos, que fundó la Milicia de Cristo y exigía votos religiosos. La inmensa mayoría dijeron que no. Pero la gente de Forja éramos como una piña […], gente que ha pasado por el “Grupo” […], y que acabó siendo muy variopinta en sus tendencias políticas […]. El jefe del Estado Mayor Central, teniente general Antonio Alcubilla, y el ministro teniente general Antonio Barroso nos cerraron, aunque contábamos con la aprobación del arzobispo castrense […]. Lo que pasaba es que éramos críticos con la palabrería hueca del Régimen al no ver cómo se concretaban tantas promesas […]. Los de Forja seguíamos viéndonos en verano esos quince días. Y recibíamos informes y seguíamos un plan de formación escrito.

Aportación más reciente sobre la Academia FORJA es la que me facilitaba el teniente general José Ramón Pardo de Santayana el 29 de septiembre de 2003. Siendo teniente conoció al capitán Pinilla y al padre Llanos, creadores de una especie de instituto secular que le atrajo espiritualmente y al que se apuntó. Y me confiaba su impresión de que el espíritu de FORJA tuvo alguna incidencia en la organización CONDE. Por su parte, el teniente general Cassinello me había negado diez días antes, el 19 de septiembre, que los miembros de FORJA hubiesen sido mayoritarios en ninguna etapa del servicio, ni siquiera que dieran su impronta a la casa, como se rumoreaba en ámbitos castrenses.

Dos meses después —el 24 de noviembre— me hablaba de sus recuerdos el coronel de infantería Emilio Atienza Vega, con el que tuve estrecha y amistosa relación en el SECED y el CESID: «Aún siguen reuniéndose mensualmente algunos alumnos de las “escuadras” de aquella academia preparatoria, instalada en el barrio Las Cuarenta Fanegas de Chamartín. Buena parte de ellos tenía un claro componente falangista; algunos creían que era imposible salvarse sin serlo». Durante su primer curso en la Academia General Militar, Atienza daba charlas a cadetes de segundo sobre la necesidad del estudio, la obediencia, el espíritu militar, el compañerismo… como aspectos en los que fundar y cumplir las virtudes cristianas. Me aseguraba también Atienza que varios de los miembros de FORJA se incorporaron años después a la Organización CONDE y al SECED, y que habían podido influir en el espíritu militar y patriótico que entonces impregnaba y movía al Servicio.

Por último, me hablaría de FORJA el general Fernández-Monzón el 11 de mayo de 2004, trayendo a su prodigiosa memoria sus primeros contactos con el colegio en unas jornadas de concentración en el castillo de Belmonte (Cuenca), con sorprendentes actos religioso-político-militares. Por aquellos años, tanto en la Academia de Infantería de Toledo como en la General de Zaragoza funcionaban sendas «centurias» de cadetes muy «promos» (cumplidores muy estrictos del deber) y algunos profesores que seguían el ideario de FORJA. El coronel Otaolaurruchi, director de la Academia de Infantería, tuvo que prohibirles el uso de las flechas de la Falange sobre el uniforme. Calculaba Monzón que más de cincuenta excolegiales de FORJA se incorporaron con el tiempo a diversos servicios de información, y consideraba que tal colegio era uno de los hechos más importantes y graves surgidos en las filas de los Ejércitos en aquellos años. También el escritor Francisco Medina hacía algunas alusiones a FORJA describiendo cómo parte de sus miembros acabaron situándose en todos los servicios de información: la Bis del Ejército, el Alto Estado Mayor, el SECED…; y, luego, durante la Transición, en lugares claves para vivir en primera línea los acontecimientos. Yo nunca tuve la impresión de que los pocos exmiembros de FORJA que trabajaban en el SECED/CESID lo hicieran movidos por consignas externas ni como núcleo compacto[41].

5
APOYO DE LA OCN A LA POLÍTICA NACIONAL

LA IMPRESIÓN DE LA OCN SOBRE EL MOMENTO POLÍTICO

Destaco aquí que ya el 7 de mayo de 1969 el almirante elevaba al jefe del Estado una nota titulada «Consideraciones sobre la situación política» en la que decía:

En los momentos actuales hay una serie de aspectos de nuestra política que entiendo que no van bien y que requieren atención y rápido remedio. Estos problemas son: la Ley Sindical, nuestras relaciones con la Iglesia, nuestra política exterior, la subversión de ETA y la preocupación e incertidumbre de la gran masa de españoles ante el futuro.

El 17 de marzo de 1970 el vicepresidente enviaba a sus compañeros de Gabinete una «Introducción al estudio de una planificación de acción de Gobierno» en la que él mismo discurría, en casi un centenar de folios, sobre los asuntos principales que habría que acometer y los problemas a los que dar solución. Consideraba completado el proceso del sistema institucional español con la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967 tras el abrumador referéndum del 14 de diciembre anterior. Pero entendía que aún quedaba mucho por hacer y había que consolidar lo logrado, pues los tradicionales enemigos del Régimen, «fuerzas en modo alguno despreciables», seguían al acecho. Se refería expresamente al comunismo, la masonería, la democracia cristiana, el liberalismo y los agentes subversivos que operaban en las masas estudiantil y laboral.

La OCN redactaría un voluminoso informe sobre la subversión en España, esfuerzo colectivo desarrollado en los primeros meses de 1971 bajo el título de «Libro rojo de la subversión», por el color de sus tapas, en el que se relataban experiencias propias y los efectos sobre la sociedad española de entonces. El «Libro rojo» acarreó no pocos problemas porque estudiaba los avances de la subversión, analizando en profundidad sus causas —entre ellas, los fallos y deficiencias del sistema— y recomendando las medidas políticas adecuadas. San Martín entregó el volumen a Carrero junto con un grueso informe de situación, bajo el título de «La subversión en España», que el almirante consideró acertado por la gran honestidad con que había sido preparado. Devolvió el informe con anotaciones personales de gran valor y fue distribuido a los destinatarios autorizados por el jefe del Estado. Cuenta San Martín que Antonio María Oriol, ministro de Justicia, exclamó: «Esto es una realidad: constituye la conciencia del Gobierno y del Régimen. Para enderezar la situación deberíamos dimitir todos los ministros».

El coronel San Martín (pág. 199) dejó este relato: «Ricardo de la Cierva nos prologó el libro que se hizo en el Servicio, titulado Subversión y reversión en la España actual, bajo el seudónimo Carlos I Yuste y cuyo autor fue esencialmente Andrés Cassinello, que cesaría en el Servicio por diferencias personales conmigo y luego regresaría al mismo con Juan Valverde, para pasar a mandarlo al acceder Adolfo Suárez a la presidencia del Gobierno». Merecen ser recogidos algunos de los párrafos de De la Cierva sobre esa edición de casi trescientas páginas, de similar contenido al «Libro rojo». No han perdido actualidad sus consideraciones sobre las fases de la subversión, su estrategia, su táctica e infiltración y sus métodos de actuación (huelga, manifestación, guerrilla urbana). Lo mismo ocurre con su síntesis histórica a nivel mundial y los conceptos de la reversión, tales como la reafirmación de los principios, el robustecimiento de las instituciones, la propaganda, etc.:

Aparece este libro en momentos trágicos para España; la pérdida en acto de servicio del Presidente del Gobierno, almirante Carrero Blanco […]. He accedido con respeto y gratitud a la invitación de prologar este libro. Es un estudio profundo y sincero […] sobre los peligros de la subversión en la España de hoy. Es obra de un equipo de personas que son, a la vez, jóvenes y maduras, vinculadas individualmente […] a las instituciones civiles y militares de España. Se trata de un equipo capaz de comprender hasta el fondo toda la problemática de la subversión en nuestro país; capaz de proponer lúcidamente las vías para el remedio […]. Es un análisis de los hechos, entramados con clarividencia a través de una impresionante masa de información […] un inteligente equilibrio entre la exigencia de la autoridad y la defensa legal y legítima de la libertad […]. El equipo que ha elaborado este libro corregía sus pruebas […] días antes del asesinato del Duque de Carrero Blanco.

El día 28 de octubre de 1971 San Martín había despachado con el vicepresidente un análisis sobre la situación, con el título «Impresión sobre el momento político», que suponía un salto de nivel en sus valoraciones periódicas. Merece la pena la trascripción del documento, pues refleja bien lo que se consideraba el pensamiento de la OCN, su discurso ideológico:

A) Rasgos fundamentales de la situación:

En superficie, el grupo de intransigentes es superior al de años anteriores. La agitación universitaria es pequeña y dentro del ámbito laboral, aunque se plantean problemas agudos de cierta envergadura, estos no han degenerado en movimientos de solidaridad generalizados todavía.

En profundidad, se aprecia un notable divorcio entre el equipo gubernamental y las minorías politizadas del país, lo que produce en las masas populares una honda sensación de confusionismo e intranquilidad. Influyen decisivamente en este aspecto la actitud de la Iglesia, la atomización y progresiva deserción de las fuerzas adictas al Régimen, la sistemática campaña psicológica montada por la oposición, y muy especialmente cierta pasividad en el propio Régimen, que no reacciona sino esporádicamente ante los ataques. La peligrosa desconfianza del hombre de la calle y de los círculos políticos no procede de un crecimiento de las organizaciones subversivas, ayunas todavía de poder de convocatoria, sino de su demoledora acción propagandística, insuficientemente contrarrestada.

Las características antes apuntadas de normalidad externa y de un subterráneo deterioro de la situación se agudizan particularmente en la Zona Vasco-Navarra, dentro de ella en la provincia de Guipúzcoa, así como en la capital de España y en la Ciudad Condal, esta última con brotes de agitación.

B) Análisis sectorial:

Sector universitario. Demoledora actuación de parte del profesorado sobre la juventud universitaria española. Por el contrario, apenas existen miembros del estamento docente que defiendan en sus cátedras al Régimen.

Sector religioso-intelectual. Politización negativa de la mayor parte de la Jerarquía y una fracción importante del clero joven, con influencia sobre las capas sociales populares del país. Descoordinación de una gran masa positiva de sacerdotes y religiosos. Descontrol de los medios de comunicación social y culturales que, o son nocivos o crean un ambiente de pesimismo respecto al futuro del Régimen.

Sector laboral. Politización de conflictos importantes que serían perjudiciales para la subversión si no mediara una atonía política en el país cuando no el pesimismo a que antes se alude.

Sector político. A excepción del PCE, la oposición al Régimen no tiene gran vigor, pero cuenta con la ventaja de que las fuerzas políticas adictas están atomizadas, prevaleciendo en ellas el resentimiento o el oportunismo.

Resultando

Queda a salvo la adhesión popular al Caudillo, no tanto a las Instituciones. De no actuar con firmeza en unos frentes y con generosidad en otros, va siendo cada vez más fuerte la desvinculación de sectores importantes del Régimen, con lo cual el PCE está consiguiendo, más que por sus méritos por los deméritos propios, que se esté entrando en la segunda fase del primer periodo de subversión (periodo insurreccional).

Conclusiones

No se puede demorar una acción conciliadora entre las fuerzas adictas al Régimen. Parece aconsejable dar entrada en el Gobierno a personas de alto sentido político no erosionadas ante la opinión pública. Es decir, UNION.

Logrado el reagrupamiento interno, es imprescindible serenar los espíritus para que renazca la CONFIANZA EN EL FUTURO. A ello puede contribuir la designación de un Presidente del Gobierno y la revitalización del Movimiento con la enunciación de un programa político de asociaciones diversas.

Frente al desconcierto creado por la subversión no cabe otro recurso que el ejercicio pleno de la AUTORIDAD, haciendo patente que no se está dispuesto a ceder en los logros alcanzados por la aplicación de los Principios y Leyes Fundamentales ni a regatear esfuerzos para alcanzar las metas en ellas señaladas y todavía no logradas.

Tal «Impresión» parecía ajustada a la realidad, aunque su brevedad pudiera parecer simplista y algunos comentarios teñidos del estilo personal de quienes, bajo la dirección de San Martín, tuvieron que expresar el punto de vista de la OCN. Pero sí resulta claro, al releer el texto cuarenta años después, que su contenido tenía indiscutibles tonos políticos, coincidentes lógicamente con la principal preocupación de Carrero Blanco sobre la transición al posfranquismo, «cada vez más inminente», como señala Fusi[42].

ACTUACIÓN DE LA OCN EN EL PAÍS VASCO. EL PLAN UDABERRI

En la citada nota de 7 de mayo de 1969, «Consideraciones sobre la situación política», figuraba una referida a la «Situación subversiva de ETA», de la que merece destacarse este párrafo que bien pudiera haber sido redactado por el vicepresidente bajo el influjo de los informes de CONDE:

Otro problema que se está enconando es el de las provincias vascongadas. Es asunto que todavía no ha adquirido toda la virulencia a que puede llegar, pero que anda por el camino de crear graves complicaciones a la unidad de la Patria y a las relaciones con la Iglesia […]. Esta situación hay que afrontarla con serenidad y firmeza a la vez que con prudencia, para no agravar los problemas con la Iglesia. La acción policial compete al Ministerio de la Gobernación, la judicial, por tratarse de delitos de bandidaje y terrorismo, al ministro del Ejército y la acción sobre la prensa al ministro de Información y Turismo. Estos, con el de Justicia, deben actuar coordinadamente, con tenacidad y sensibilidad exquisita […]. La extirpación de ETA no puede ser ocasión para un enfrentamiento con el Pueblo Vasco ni con la Iglesia. Este es asunto muy delicado que hay que llevar con extraordinario tacto[43].

En su libro Servicio especial dedica San Martín el punto 10.2 al separatismo; su profundo examen de la situación es de obligada lectura para quien desee conocer algo de la verdad que se escondía tras las criminales acciones terroristas. Destaco algunos mensajes de su comienzo:

Los progresos de ETA y sus apoyos eran indicios evidentes de […] un proceso peligrosamente secesionista. Si preocupante era en el País Vasco el terrorismo de ETA, también lo era el comportamiento de la Iglesia y de otros sectores de la sociedad de quienes la organización terrorista recibía, por lo menos, simpatía y apoyo. Se pretendía no solo recobrar fueros y concierto económico en Vizcaya y Guipúzcoa sino ir minando los recursos de la administración central utilizándolos en provecho propio para caminar hacia la independencia que llegaría —según ellos— cuando, a la muerte de Franco, se implantase un régimen parlamentario propicio a la componenda para la aprobación de un Estatuto más avanzado que el de 1936.

La OCN ya trataba desde su creación la problemática del terrorismo y el separatismo vascos. El subsecretario Cruylles ordenó estudiar a fondo el nacionalismo vasco, que activaba sus fuerzas al aproximarse cada Domingo de Resurrección, festividad en la que celebraba el Día de la Patria Vasca o Aberri Eguna. En reunión de San Martín con Cruylles y con el subsecretario de Información y Turismo el 26 de octubre de 1970 se decidió que el comandante Marchante y el capitán Fuentes dieran vida a un Gabinete de Estudios (integrado por ambos departamentos, Gobernación e Información y Turismo, más la Secretaría General del Movimiento y la Organización Sindical) que comenzaría su andadura el martes 6 de noviembre y que se empezó a denominar Gabinete Azul para diferenciarlo del Verde de Educación y Ciencia. Este Gabinete Azul comenzaría enseguida la confección de un plan de acción psicológica que fue titulado Plan Udaberri, es decir, «Primavera». Transcribiré alguno de sus párrafos:

La importancia del problema vasco y el convencimiento de que existe, por parte de las fuerzas que impulsan la subversión, un plan conjuntado […] llevan implícitamente a la necesidad de establecer de forma coordinada y global un Plan de Acción Psicológica para combatir la subversión. Ni con acciones aisladas ni con fórmulas mágicas se puede eliminar la acción subversiva. Solo pueden ser eficaces las acciones realizadas con método, decisión y paciencia […]. No puede reducirse a una mera acción de propaganda […]. Se hace imprescindible una coordinación y sincronización en su desarrollo que precisa de un control conjunto y constante a nivel ejecutivo de las distintas acciones que debían realizar los diversos organismos.

Tal documento trataba el planteamiento del problema vasco y las bases fundamentales del plan. La finalidad era «combatir la subversión en la zona vasco-navarra en todos los planos en que esta se produce, utilizando al máximo las posibilidades de todos los medios estatales en forma armónica y convergente […]. En la lucha a emprender no se renunciará a ningún medio al alcance del Gobierno». En cuanto a organización, se determinaba «un mando único de máxima jerarquía» y, a menor nivel, «un órgano de mando, integrado por representantes de los Ministerios más directamente interesados en el problema a resolver: el de Gobernación, responsable del orden público, y el de Información y Turismo, responsable de la información pública y los medios de difusión». Y además, «un órgano técnico de trabajo», siendo apropiado el Gabinete de Acción Psicológica (GAP) de la Oficina de Enlace del MIT.

Ese Plan Udaberri trataba de coordinar la acción conjunta de los departamentos ministeriales en las cuatro provincias en los aspectos políticos, sociales, económicos, informativos, policiales y psicológicos, acercando al mismo tiempo los organismos centrales a las autoridades provinciales mediante unos canales de rápida comunicación. Tal coordinación tuvo un elevado rendimiento. Entretanto el jefe de la Delegación Vasco-Navarra de la OCN, el capitán García Mauriño, iba a centrar toda su actividad e imprimir su carácter al cumplimiento de la misión recibida: el seguimiento del terrorismo etarra. Cuando García Mauriño se incorporó a Pamplona vio la necesidad de organizar además una central clandestina de propaganda, operación que se llevó a término a primeros de diciembre de 1971 y recibió el nombre de Pekín. La Jefatura de Policía de Bilbao montó su propio plan sobre la cuestión vasca, plan que la OCN consideró poco viable (como le haría saber San Martín al almirante meses después en despacho del 2 de marzo de 1972).

Al comienzo del año 1972 San Martín ordenó la revisión del plan y, al tratar el esquema con el vicepresidente el 22 de enero, este le ordenaría ponerlo en conocimiento y a disposición del ministro de la Gobernación. Una semana después San Martín le insistiría en que este segundo Plan Udaberri rebasaba con mucho el ámbito de Gobernación; pero el almirante Carrero mantuvo su criterio de subordinarlo a ese ministerio. El plan se demoraba y San Martín recurriría al apoyo del ministro de Justicia para que el asunto se tomase en consideración. Finalmente, el almirante Carrero Blanco aprobó por orden del jefe del Estado, con fecha de 27 de abril de 1972, el nuevo Plan Udaberri.

Ese mismo día el vicepresidente del Gobierno dirigía un escrito de carácter secreto, para conocimiento y cumplimiento de los ministros militares, de Gobernación, Información y Turismo, Justicia, Relaciones Sindicales, Trabajo, la Secretaría General del Movimiento y del teniente general jefe del Alto Estado Mayor, en el que se exponía la acción sistemática de fuerzas disolventes a la que se encontraba sometida la región vasco-navarra y la necesidad de devolver a la plena normalidad esa parte del pueblo español como tarea política urgente e insoslayable que competía al Gobierno. Consideraba el escrito que en aquel momento no se estimaban precisas medidas excepcionales, ya que los órganos naturales de la estructura estatal poseían medios sobrados para superar favorablemente la situación. Se hacía responsable al ministro de la Gobernación del desarrollo del plan y de la ejecución de cuantas medidas complementarias fueran precisas, y se ordenaba a los departamentos ministeriales la cooperación, en el ámbito de sus respectivas competencias, en cuantas iniciativas hubieran de adoptarse como consecuencia del plan.

Este nuevo plan para la región vasco-navarra quedaba descrito en una docena de páginas, distribuidas en tres grandes apartados. El primero hacía referencia al planteamiento del problema y datos fundamentales, tales como fuerzas políticas existentes en la región, tanto de carácter positivo como subversivo; los efectos resultantes de la actividad política en la región y la posible evolución de los acontecimientos. El segundo apartado recogía el plan general de acción; es decir, su finalidad, los principios fundamentales de actuación, la idea general de intervención y el desarrollo y organización del plan, y concretaba que el órgano delegado de dirección era el ministro de la Gobernación, asistido por un órgano de trabajo especializado que no era otro que el SECED, organismo que asumía los cometidos de la OCN. Y, por último, en el tercer apartado se especificaban las medidas iniciales por departamentos ministeriales. Se añadían cuatro anexos sobre el sistema informativo y sus órganos de trabajo.

El ministro de la Gobernación dirigió, con fecha 31 de mayo de 1972, una orden secreta a sus autoridades subordinadas: subsecretario, directores generales de Seguridad y de la Guardia Civil y gobernadores civiles de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra. El texto comenzaba así: «Excmo. Sr.: La Presidencia del Gobierno por Orden Secreta de fecha 27 de abril de 1972 ha ordenado la puesta en práctica de un “Plan para la Región Vasco-Navarra” cuyo desarrollo general ha encomendado a este Ministerio. El citado Plan pretende coordinar la actuación […] para neutralizar la acción de las fuerzas subversivas clandestinas y elevar el grado de cohesión ciudadana».

El plan se puso en marcha con excesiva lentitud; tanto es así que el capitán Fuentes, en la reunión de las oficinas de enlace del día 28 de septiembre de 1972, tuvo que informar que el éxito obtenido en el País Vasco era ficticio, ya que solo se estaban tomando medidas represivas y no medidas políticas, quejándose, fechas después, de la delicada situación en la que se hallaba el Plan Udaberri por el poco entusiasmo de algún gobernador civil y el desinterés del propio ministro, en contraste con el celo y actividad que demostraban los órganos de trabajo. San Martín no pudo hacer mucho por evitarlo, pero dejó escrito en su libro (pág. 46) que «dicho Plan saldría adelante el 27 de abril, aunque la falta de interés, por un lado, del ministro de la Gobernación y por otro lado, del secretario general del Movimiento, hacía que naciese prácticamente muerto».

No obstante, el proceso administrativo seguía su curso y la selección del personal fue hecha por el equipo de San Martín, que se encargó también de elaborar toda la documentación y correspondencia relacionada con el Plan Udaberri.

El caso Añoveros

Monseñor Añoveros, obispo de Bilbao, escribió al almirante Carrero el 12 de diciembre de 1972 para comentarle el discurso que había pronunciado ante el Consejo de Ministros como felicitación al Generalísimo en su 80.º cumpleaños. Monseñor Añoveros decía, entre otras cosas, que se había hecho «un análisis no del todo objetivo y por lo tanto no del todo verdadero […]. Las palabras de VE estimo que no han contribuido a sembrar la paz y evitar enfrentamientos entre los distintos grupos del pueblo cristiano […]. Y en verdad no creo que ese sea el camino de fomentar la pacífica convivencia entre los españoles, entre los cristianos». También el cardenal Enrique y Tarancón escribiría el día 19 de diciembre una carta al vicepresidente del Gobierno sobre el mismo tema, de la que enviaría fotocopia al jefe del Estado.

A este respecto el exministro de Asuntos Exteriores Laureano López Rodó dejó en sus Memorias un capítulo dedicado a «El principio del fin» del que merecen extraerse estos párrafos:

Este incidente es indicativo del creciente deterioro de las relaciones entre un sector de la Jerarquía eclesiástica española y el Estado. De una postura de progresivo distanciamiento iniciada con el cambio de signo de la Conferencia Episcopal a consecuencia del nombramiento de un buen número de Obispos Auxiliares al margen del derecho de presentación, y del acceso del Cardenal Tarancón a la presidencia de la Conferencia, se estaba llegando a una situación de tensión. Ello motivó que el Jefe del Estado se dirigiera al Papa en carta fechada el 29 de diciembre 1972, que iba a entregarle en mano al día siguiente el Ministro de Asuntos Exteriores López-Bravo. Pero la audiencia fue aplazada por motivos de salud de Pablo VI. No fue una «enfermedad diplomática» […]: el Papa estaba con gripe. La audiencia y la entrega de la carta, junto con un grueso dossier de documentación, tuvo lugar el 12 de enero de 1973 […]. Los párrafos más significativos decían: «Desearía confiar a Vuestra Santidad ciertas graves preocupaciones […] que se refieren a la situación espiritual del pueblo español y las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España. Me refiero al afán de algunos eclesiásticos y de ciertas organizaciones que se llaman apostólicas, de convertir a la Iglesia en instrumento de acción política. Preocupados con objetivos temporales creen poder conseguirlos entrando en franca hostilidad con el Estado; esta tendencia se agrava a menudo por la fascinación de la violencia, característica de nuestros días, que llega a hacerlos participar en acciones subversivas o a tomar público partido a favor de los que vulneran el orden público y la integridad de la sociedad y del Estado, como si este fuera un enemigo».

Hay que recordar que tres meses antes —el 18 de septiembre— monseñor José María Setién Alberro, natural de Hernani, había sido nombrado obispo auxiliar de San Sebastián, recibiendo el orden episcopal el día 23. La designación se había basado en una propuesta del nuncio de Su Santidad, monseñor Dadaglio, al margen del derecho de presentación que correspondía al jefe del Estado español, que solo se aplicaba para el nombramiento de obispos residenciales, titulares de una diócesis vacante. Aquella designación había sido recibida con alborozo por los separatistas vascos, como expresaba este manifiesto de la “Iglesia comunitaria de Euzkadi”:

Por una vez hemos podido burlar la opresión fascista del Concordato y el maquiavelismo romano […] (con) un hombre de base, profundamente popular y progresista […]. Es necesario borrar la carcoma aburguesada y cavernícola del clero integrista que frena el sano impulso hacia la total realización del hombre vasco, y Setién viene ya comprometido para luchar sin descanso en el proceso revolucionario que nos tiene que llevar a la liberación, tanto de los imperialismo francés y español, como de las constantes intromisiones del Vaticano. […]. Saludamos el día como una brava esperanza hacia la meta con que soñamos en las cárceles, en los conventos, en las fábricas […] Contra la represión…, ¡Con Setién! Por la revolución…, ¡Con Setién! ¡Hacia la meta de la Iglesia Libre de Euzkadi!

En el epílogo del libro antes citado (pág. 542), López Rodó aseguraba que «el Almirante jamás habría dictado la orden de expulsión de un Obispo […]. Nunca se hubiera enfrentado a la Iglesia».

Cooperación del SECED en la seguridad industrial

Dentro del contexto del Plan Udaberri, el SECED aprovechó los contactos abiertos con dirigentes del mundo financiero e industrial. Así, en nuestra visita a Ignacio Urquijo y Jaime Carvajal el 5 de marzo de 1972, fuimos presentados a Leopoldo Calvo-Sotelo, quien nos mostró su preocupación por la información interior y la seguridad de las instalaciones y transportes de explosivos en Vizcaya, por lo cual pretendía crear en su empresa un servicio que previniese atentados. En su etapa de Renfe había recurrido a su amigo el comandante Emilio Alonso Manglano para que montase un «tinglao» que sustituyese al viejo grupo de guardias civiles de paisano, que se dedicaba a la lucha antirrobo exclusivamente. Pero nada se logró, por el traslado de Manglano a otro destino y por el poco interés que tal sugerencia despertaba en Renfe. Ahora, con la actividad terrorista de ETA y con el 94 % de la producción de explosivos en aquella región, y en otras, a cargo de su empresa ERT, estaba decidido Calvo-Sotelo a crear tal estructura, aprovechando la feliz circunstancia de este primer encuentro con el SECED; comprendía que esa actividad exigía sus propias técnicas y prefería que le sugiriéramos un oficial del Ejército que tuviera posibilidades de llevarla a cabo.

Nos reunimos de nuevo el 22 de marzo para informarle de que habíamos encontrado un candidato para aquella responsabilidad: un capitán de Artillería de 42 años de edad, de padres vascos y al que el SECED consideraba de confianza. Para una cobertura más eficaz se podría hacer uso de su especialidad en explosivos y también de su diploma de Educación Física. Los cometidos que le ofrecía Calvo-Sotelo eran la seguridad industrial, la seguridad física o interior y la información para prevenir atentados, sabotajes y secuestros, aunque el SECED no asumía responsabilidad alguna respecto a la tarea laboral que desarrollase el oficial. El encuentro definitivo con Leopoldo Calvo-Sotelo y el director de Galdácano se produjo el 4 de abril en las oficinas centrales de ERT en Madrid. Acompañaba a nuestro capitán De la Pascua el capitán de Artillería en expectativa de pase a la situación de destinos civiles. Se fijó entonces la fecha de incorporación oficial el 1 de mayo, y se le concedió al seleccionado un periodo de prueba de seis meses (en el entendimiento de que la empresa lo daba ya por garantizado).

Tras las vacaciones, el martes 4 de septiembre, acompañé al comandante González Torres y al capitán De la Pascua a visitar de nuevo a Leopoldo Calvo-Sotelo para intercambiar impresiones sobre la seguridad en la factoría de Galdácano. De la Pascua la consideraba satisfactoria, ofreciendo detalles de su puesta en marcha; González Torres hacía previsiones de un otoño laboral caliente, apoyado en el Proceso 1001, que tendría lugar a caballo de septiembre y octubre, en combinación con los astilleros, el sector eléctrico y Altos Hornos. Casi dos meses después, el 23 de noviembre, volvimos a la sede de ERT en la Castellana para continuar la conversación con Calvo-Sotelo: en Galdácano todo funcionaba de conformidad y con éxito.

Cambiando de decoración, en el almuerzo del 9 de marzo de 1972, el presidente de PETRONOR, Enrique Sendagorta, nos relató una reciente audiencia con el jefe del Estado. Había acudido Sendagorta al Palacio del Pardo para invitar al Generalísimo a la inauguración de la refinería de PETRONOR en la siguiente primavera, junto con otros actos en el puerto de Bilbao. Y nos habló de la seguridad de la refinería, para la que tenía un concierto con la Guardia Civil, con cuartelillo para patrullas y vigilancia. Quería, no obstante, que el jefe de relaciones industriales, el señor San Sebastián, profesional de toda su confianza, entrase en contacto con algún directivo de nuestro Sector Laboral. Era el procedimiento consabido.

Asimismo, en la tarde del martes 3 de julio Manuel Valentín-Gamazo y yo visitamos a José Ignacio Cangas Herrero, presidente de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S. A. (CAF), comisionados por el Sector Laboral y la Delegación Vasco-Navarra del SECED, para tratar de los conflictos laborales surgidos en la factoría de Beasaín, con infiltración de elementos subversivos, y de la prevista visita del Príncipe de España a aquella población de Guipúzcoa. Dos días después el presidente Cangas nos presentó al director general Pedro Ardaiz, quien durante más de dos horas trató de la última huelga, de las elecciones en las factorías de Irún y Beasaín, y de la Escuela de Formación Profesional El Goyerri, organizada por CAF, financiada por José María Aristrain y de la que había sido fundador Gastesi, hombre muy vasco que apoyaba las ikastolas, pero preocupado por que no se politizaran. Ardaiz nos despedía pidiendo que apoyásemos la instalación de una comisaría de Policía en la zona.

En otro ámbito industrial también relacionado con el Plan Udaberri, Juan Miguel Villar Mir, presidente de Altos Hornos, nos invitó a almorzar el 15 de diciembre de 1972 al director del SECED, a Eduardo Fuentes y a mí; quería presentarnos a su director de Ingeniería y Construcción, Juan José Alzugaray, como hombre impuesto en el ambiente y situación de Vascongadas, para profundizar en la política regional. El ingeniero vasco nos expuso los cuatro factores que generaban un ambiente negativo en Vascongadas. En primer lugar, los «separatistas», englobados en el PNV, de influencia creciente en los últimos años, hasta penetrar ampliamente en Navarra. Sus seguidores eran numerosos, pero aún más significativa resultaba la escasez de contrarios a ese sentimiento. Grandes sectores pacifistas veían con simpatía el afán separatista del PNV, partido que ponía sus ilusiones en las corrientes de la Europa de las regiones y las etnias. Después venían los «separadores»: las medidas y actitudes imprudentes e inoportunas que irritaban la sensibilidad vasca, en las que incluía desde errores históricos, como los famosos decretos o la supresión de los fueros, hasta la inadecuada designación de autoridades provinciales y locales a favor de personas mediocres e incompetentes; según Alzugaray, habían disminuido en los últimos diez años, pero su poso era enorme.

Otro grupo generador del ambiente negativo eran los «clericales». Desde 1930 el seminario de Vitoria había sido una auténtica cámara de adoctrinamiento ideológica que llegó a fanatizar a gran parte del clero vasco, sin réplica adecuada. «Los estratos eclesiásticos que perviven están irreversiblemente intoxicados y solo moderan su acción ante la energía de los poderes civiles». Y, por último, ETA, grupo minoritario radicalizado que desarrollaba con gran eficacia las técnicas revolucionarias. Nuestro interlocutor consideraba que este factor podría convertirse en el peligro más temible de cara al futuro, prendiendo su violento marxismo en las áreas juveniles y laborales.

Con este planteamiento, el ingeniero Alzugaray ofrecía las siguientes líneas de actuación: revitalización del sentimiento nacional de modo atractivo para la juventud; atención preferente al elemento femenino, de gran influencia en la sociedad vasca; impulso al distanciamiento entre las masas nacionalistas y ETA mediante un acercamiento inteligente al PNV; publicación de un libro blanco que descubriese las concomitancias reales de un sector del clero con ETA; selección cuidada de las autoridades provinciales; aumento de la colaboración con Francia, presionándola, y actuación beligerante y enérgica de nuestras embajadas en Venezuela, Argentina y Chile para influir en las colonias vascas y tratar de cortar su apoyo económico al separatismo.

Según escribiría años después San Martín (pág. 59):

El año y medio del funcionamiento del Plan Udaberri lo único que tuvo un rendimiento algo elevado fue la coordinación informativa. En líneas generales, el Plan fracasaría porque había una obsesión por el mantenimiento o restablecimiento del orden, así a secas, sin preocuparse del problema político. Habría que haber dialogado, tratando de atender las justas reivindicaciones y no centrar el problema en la lucha antiterrorista, con lo cual las fuerzas de orden público se convertirían en unas «fuerzas de ocupación», en una región cada vez más desgajada del resto de España.

Y añade San Martín que el 20 de marzo de 1973 hacía llegar a manos del almirante el siguiente informe:

Los éxitos que se habían logrado con la detención reciente de activistas de ETA y la recuperación de gran parte de los explosivos sustraídos, en su día, en la zona de Hernani, pudieran inducir a mostrarse optimistas respecto a la evolución de los acontecimientos en la región norteña. Hay que salir al paso de cualquier versión triunfalista, no ya sobre la situación del momento sino sobre el futuro, máxime si hay factores técnicos y morales que inciden negativamente sobre la eficacia en la lucha contra el terrorismo y separatismo.

Y seguía el informe con los robos de explosivos, las detenciones, el nulo intercambio de información y fotografías, la falta de medios, etc. Y en cuanto a la coordinación de las fuerzas de orden público, San Martín llegaba a decir (pág. 62) lo siguiente:

… a pesar de que había sinceros deseos de colaboración y coordinación, la realidad demostró que las mentalidades particulares de uno y otro cuerpo y la peculiar y tradicional forma de actuación habían contribuido a que aumentaran las reservas y se agudizara el espíritu de cuerpo […]. Lamento decirlo: gran parte de las cosas que hoy nos sorprenden han ocurrido o están ocurriendo porque allí en Vascongadas el Estado se fue quedando solo […]. Y no se encaró con los problemas.

Por último, explica San Martín que el SECED presentó al almirante Carrero, el 4 de julio de 1973, un informe técnico-jurídico relativo a las posibilidades de indulto a determinados grupos de refugiados vascos en el extranjero, de los cuales hacía un estudio, valoración y cuantificación, analizando además las consecuencias negativas y positivas que podrían tener tales medidas de retorno en el orden familiar, social, político e incluso internacional, y fijando unas condiciones previas para concretarlo.

En resumen, la actividad del Plan Udaberri para la región vasco-navarra fue intensa y larga, y sus conceptos esenciales, con un tratamiento más profundo de la lucha contra el terrorismo, serían asumidos en adelante como fundamentales, sentando las bases de numerosos éxitos para el bien de España, en una trayectoria muy eficaz que, por fortuna, no ha decaído con los Servicios que sucedieron al SECED.

COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES MILITARES

La nueva situación en el AEM

Tras la incorporación del teniente general Díez-Alegría, el Alto Estado Mayor —organismo vinculado a la Vicepresidencia del Gobierno— alentó los trabajos para revitalizar la coordinación de los Ejércitos, que le correspondía, pero que le resultaba de casi imposible ejecución. En el otoño de 1970 se producía también el relevo en la jefatura de la Tercera Sección: el veterano e inteligente general Martos entregaba el mando al general de aviación Carlos Dolz de Espejo y González de la Riva, barón de la Doya, que aterrizaba en Vitruvio sin anterior experiencia en el mundo de la información. Pues bien, el primer encuentro del comandante San Martín con el general Dolz de Espejo se producía en la sede de la Organización en la tarde del 22 de octubre; en las tres horas largas de visita se le informó de las actividades desempeñadas, comentando el general que «la OCN estaba en vanguardia de la defensa de la nación, de su peligro actual». Veinte días más tarde Dolz recibía en su despacho a San Martín, acompañado de los comandantes Quintero y Pardo de Santayana.

En la siguiente primavera Dolz de Espejo y San Martín acordaron un programa de colaboración, redactado por la OCN, que recibiría la denominación de Plan DUCO (DUQUE-CONDE), en el que se incluían ayudas en equipos de vigilancia y en información sobre exiliados españoles y grupos de oposición al Régimen que recibían apoyos desde el exterior.

El día 2 de junio de 1971 se celebraba al fin un encuentro en el AEM, propiciado por San Martín, al que concurrieron el ministro Garicano Goñi y el director general de Seguridad, coronel Blanco, y el 16 de julio Garicano reunió al subsecretario de Educación, los directores generales de la Guardia Civil y de Seguridad, el general jefe de la Tercera Sección (AEM) y el comandante San Martín, y se aprobó el montaje por el Alto de bases de información en Roma, Múnich y Lisboa, el apoyo de un centenar de guardias y policías a disposición del AEM, la asignación de miembros del Cuerpo General de Policía para el enlace con las Policías de aquellos países y el estudio de otras ayudas a la base de Lisboa para seguir la evolución de los síntomas subversivos que se apreciaban ya en Portugal. A finales de octubre se resolvió el envío a aquellas tres bases de sus primeros jefes[44].

Curiosamente, una vez transcurrida mi ya citada audiencia con el teniente general Díez-Alegría el 14 de diciembre de 1970, en apoyo al tribunal militar de Burgos, uno de los directivos de CONDE, el capitán Leandro Peñas, me propondría en tonos altamente patrióticos incorporarme a la Organización. Dos meses más tarde, el viernes 19 de febrero, bajé al despacho del teniente general para contarle que el comandante San Martín me había ofrecido formalmente trabajar con un grupo suyo en una misión secreta en Presidencia del Gobierno, sin especificarme mucho más. Yo no tenía apenas noticia entonces de CONDE. El general me dijo con firmeza y reiteración que yo debía aceptar lo que se me había ofrecido y me insistió en que sería su enlace personal con la Organización, y no al revés, como proponía San Martín.

Por fin, el 22 de febrero de 1971 el teniente general Díez-Alegría recibía en audiencia a San Martín. La entrevista no resultaría nada fácil para el comandante, al menos por lo que se deduce de una nota que este pasó al almirante Carrero al día siguiente sobre las impresiones del teniente general en relación con la orden secreta del 9 de febrero. Las discrepancias de Díez-Alegría con la orden sobre la OCN parecían reunir aspectos de tres tipos: en primer lugar, las derivadas del mayor distanciamiento entre el Alto y los ministerios militares, que impedía al AEM contar con una plantilla adecuada de personal; en segundo, las reticencias de la Tercera Sección ante la creciente autonomía de San Martín, que se sumaban a la celotipia de algunos de sus jefes por el aumento de responsabilidades otorgadas al comandante y por el temor a cierta politización de CONDE; y, en tercer lugar, por discrepancias de apariencia administrativa, técnica o presupuestaria.

El 4 de marzo el teniente general recibía de nuevo al comandante San Martín, quien le manifestaría su deseo de llevarme con él a la Organización Contrasubversiva Nacional. El general me hacía partícipe de su opinión sobre la OCN en posterior audiencia: no le gustaba la idea de que le metieran en el AEM cuarenta jefes y oficiales más en sus plantillas, ni quería que un posible fallo o intromisión de uno de ellos comprometiera al Alto; confiaba en que la fórmula futura fuera destinarlos al Ejército, la Marina y el Aire, y a la Guardia Civil. Aproveché para poner en su conocimiento que el almirante Carrero le enviaba una carta solicitando para la Organización Contrasubversiva a varios oficiales que nos encontrábamos destinados en el AEM. En ella citaba en primer lugar al capitán Eduardo Fuentes, «que formaba parte, en régimen de media jornada, de un Gabinete de Acción Psicológica». El segundo oficial era yo mismo: «según me informan, cuenta ya con tu beneplácito para incorporarse al nuevo Servicio»; «se le pensaba confiar la misión de mantener el enlace en ese Alto Centro; pero no hay el menor inconveniente de que sea a la inversa, es decir, el enlace del Alto Estado Mayor en el Gabinete recientemente creado, lo que justifica igualmente que su vacante se cubra con la debida prontitud»[45].

A don Manuel le parecía bien que yo representara también al Alto Estado Mayor en el Ministerio de Asuntos Exteriores, propuesta que debió circular como posible en aquellas fechas: le gustaba pensar en el enorme caudal informativo que él recibiría. Acabó la grata conversación insistiendo en lograr la colaboración y coordinación entre las dos instituciones (AEM y OCN). Cumpliendo el deseo del general Díez-Alegría, empecé a trabajar inmediatamente en la OCN en jornada de tarde, en las oficinas de la calle Guadalquivir (colonia del Viso), manteniendo mi destino en la Tercera Sección, lo que facilitaría el enlace y el intercambio de información entre ambos organismos.

El 24 de marzo acudí al domicilio del general Carlos Dolz de Espejo, en la calle Juan Bravo. La conversación ocuparía tres horas de esa tarde sobre temas relacionados casi en exclusiva con la Organización Contrasubversiva Nacional. Tuvo Dolz la deferencia de contarme su visita a la OCN y su charla con San Martín, de quien hizo grandes elogios.

Las relaciones con el Ejército de Tierra

En relación con el concepto institucional sobre la labor de CONDE, en octubre de 1969 el teniente general jefe del Estado Mayor Central del Ejército (EMC) comenzó a dirigir cartas a cada uno de los capitanes generales, cuyo contenido tiene interés para la mejor comprensión de las relaciones entre la Organización y el Ejército de Tierra. En una remitida en enero de 1970, a la que tuve acceso, lo explicaba así:

Con fecha 27 del pasado octubre y por orden expresa del Ministro, dirigí una carta a los Capitanes Generales de las nueve Regiones Militares y Canarias, en la que les exponía la existencia de unas actividades que deben permanecer rodeadas del mayor secreto. Hace poco más de un año S. E. el Generalísimo decidió que un reducido número de jefes y oficiales especialistas en técnicas de información y contrasubversión pasaran destinados en comisión a otros Ministerios para combatir la subversión en el ámbito estudiantil, la cual había alcanzado durante el curso precedente serias proporciones en determinados distritos universitarios, como posteriormente quedó corroborado en el ámbito del Ejército.

En sus actividades tratan de conciliar la deseable seguridad con la eficacia, pero en todo caso deben eludir las relaciones con las autoridades militares, pues estas relaciones pueden ser indicio de la existencia de tal operación y, lo que es aún peor, de la implicación del Ejército, aunque sabemos no lo haga como tal institución. Ya se ha levantado el pico de todo ello. Como sabes, afortunadamente la subversión no exige una participación declarada del Ejército; mas ello no debe excluir que por las autoridades militares regionales se les presten las facilidades que en contadas ocasiones soliciten, a las que se hacen acreedores, dadas las enormes dificultades que tienen que vencer para cumplir las misiones que les han sido impuestas.

Finalmente me parece oportuno resaltar que tales jefes y oficiales constituyen en estos momentos la punta de vanguardia de la lucha contrasubversiva, altísima misión que al Ejército le asigna la Ley Orgánica del Estado. Te encarezco me acuses recibo de la presente carta, que deberás destruir una vez enterado de su contenido.

Cartas similares serían remitidas por el general jefe del EMC a los nuevos capitanes generales que se fueron incorporando en las distintas regiones militares en los años siguientes, con expresa referencia a que «con este fin se creó bajo la directa dependencia de la Presidencia del Gobierno la Organización Contrasubversiva Nacional».

Otra manifestación del buen entendimiento de CONDE con Ejército son las felicitaciones oficiales a sus directivos. El ministro de Educación y Ciencia, Villar Palasí, quiso dar testimonio de la labor que desarrollaban los militares que trabajaban con él y así lo hizo saber al ministro del Ejército, Castañón de Mena, en carta de 7 de febrero de 1970, con su «satisfacción por el magnífico trabajo que están llevando a cabo los Jefes y Oficiales»: «No quiero que su labor callada, por razón de sus específicas situaciones, dejara de reflejarse en sus respectivas Hojas de Servicio y por ello te ruego encarecidamente que consideres la conveniencia de que se les haga en ellas la oportuna anotación ampliatoria». Aquella petición de Villar Palasí fue atendida por el Ejército en breve plazo.

La OCN colaboraba además en la labor formativa contrasubversiva de las segundas secciones de los Estados Mayores de los Ejércitos. Con Tierra se comenzó en mayo de 1971 a base de ciclos de carácter regional (en Zaragoza, Melilla, Madrid y Granada) y nacional. El Servicio de Inteligencia de la Armada (SEIN) se interesó también por la colaboración de la OCN en sus ciclos de charlas en los departamentos marítimos de Cádiz y El Ferrol.

INTENTO DE DESCABEZAMIENTO DE LA OCN

El día 1 de octubre de 1971 se cumplía el 35.º aniversario de la exaltación de Francisco Franco a la jefatura del Estado. El Generalísimo decrecía en sus facultades físicas e intelectuales como consecuencia de su avanzada edad (78 años); ya a mediados del año anterior, San Martín (pág. 66) le encontraría actuando casi exclusivamente como jefe del Estado y cediendo a Carrero Blanco los asuntos de Gobierno. Le apreciaba un declive sin recuperación desde dos años antes, cuando se producía la crisis por el escándalo MATESA.

Pues bien, para concentrar el apoyo popular al Caudillo con ocasión de aquel aniversario, Carrero Blanco confió en el ministro de la Gobernación y en el secretario general del Movimiento la consabida manifestación en la plaza de Oriente, como acto previo a las posibles medidas de gracia que Franco podría conceder si se promulgaba un indulto general. De tal proyecto no tuvo noticia San Martín hasta que el 20 de septiembre el vicepresidente le pidió la colaboración de la OCN con aquellos ministros y con el de Relaciones Sindicales, para el mayor éxito de la manifestación, recomendándole de paso evitar las acciones de grupos exaltados que pudieran «dar la nota». San Martín cumplió la orden, y la víspera del acto se concretó el uso de los equipos del Sector Educativo de Madrid, que quedaron implicados en la operación de propaganda previa.

El ministro de Información y Turismo, Sánchez Bella, para no restar adhesiones a la convocatoria de la manifestación, había frenado la publicación del indulto en el Boletín Oficial del Estado y silenciado unas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Gregorio López-Bravo, sobre el futuro reconocimiento diplomático de la República Popular China.

CONDE se vio impulsado una semana después a circular en las delegaciones regionales sus impresiones sobre el homenaje a Franco: «el Caudillo era él y solo él, el aglutinante de las fuerzas políticas del Régimen […]; el pueblo se siente satisfecho por el periodo de paz que ha presidido el país». Y se preguntaba, como todo el mundo: «Después de Franco, ¿qué?», en clara referencia a los Principios y Leyes Fundamentales y a la necesidad de que el respaldo personal a Franco fuera heredado por las instituciones. Entendía San Martín que para alcanzar esa meta era preciso luchar contra los enemigos básicos y contra quienes «se encasillan en posiciones de privilegio, estén o no en el poder, pensando más en ellos mismos que en el país». La misiva terminaba con una apretada síntesis de ideas que debían quedar grabadas a fuego: la misión esencial de la OCN era luchar contra los agentes subversivos, especialmente los comunistas y los separatistas, auténticos enemigos, y combatir también a quienes contribuían a debilitar el Régimen (los incapaces, corruptos, sectarios, etc.). Curiosamente algún ministro afectado por la crítica consideraría después que CONDE se entrometía en sus exclusivas competencias y contraatacaría pronto para alejar a San Martín de la OCN.

Sin embargo, el 14 de octubre el almirante le comentaría a San Martín su satisfacción por el homenaje al Generalísimo. La buena relación y entendimiento de San Martín con el almirante Carrero levantaba suspicacias, envidias y polémica en torno a la previsible vinculación de la organización a Presidencia, lo cual desató el enfrentamiento de sectores políticos dentro del Gobierno para separar de la OCN al «señor CONDE» e impedir su liderazgo. Alguien debió pensar en el pasaje bíblico: «Hiere al pastor y se dispersará el rebaño» (Zac. 1.3.7).

Ya desde mediados de octubre de 1971, los ministros Fernández-Miranda y Garicano habían acordado una Operación Gobernador —como la titula San Martín— que tenía toda la apariencia de una maniobra sigilosa urdida para alejarle de Madrid y del ámbito de influencia del vicepresidente. Ninguno de los dos tenía simpatía hacia el comandante, a quien achacaban excesivos deseos de protagonismo. Así que, para quitar de en medio al «molesto» San Martín, se decidía, sin previa consulta, otorgarle un «puesto de honor» como el Gobierno Civil de Guipúzcoa, que llevaba aneja la jefatura provincial del Movimiento. Cuenta el interesado (pág. 38) que el martes 30 de noviembre de 1971 el ministro de Información y Turismo, Sánchez Bella, le anticipó la noticia confidencialmente al término de una reunión vespertina, creyéndolo conocedor del nombramiento: «Yo quería que fuese usted a Asturias, pero han decidido que vaya a San Sebastián», a lo que el comandante respondió lamentarlo por considerar que hacía mejor servicio donde estaba, en la OCN.

San Martín comprendía que se trataba de una hábil intriga política fraguada en áreas gubernamentales y que —por otra parte— no resultaba fácil ni cómodo renunciar al cargo que se le iba a ofrecer; pero lo interpretaba como un ataque encubierto a la organización que dirigía. La mañana del día 1 de diciembre le recibió el ministro Garicano, confirmándole que tanto el almirante Carrero como el secretario general del Movimiento, Fernández-Miranda, estaban de acuerdo en el nombramiento: «Promeveatur ut amoveatur» (sentencia latina para referirse a la británica «patada hacia arriba»).

El capitán Eduardo Fuentes y yo mismo fuimos comisionados al AEM para exponerle inmediatamente al general Dolz de Espejo la sorprendente situación en que se hallaba la Organización Contrasubversiva, manifestándose él verdaderamente perplejo y preocupado por el tema. San Martín hablaría también con personas de su confianza instaladas entonces en puestos relevantes (Cruylles, Rodríguez de Valcárcel, los coroneles Sáenz de Tejada, Alfonso Armada y Esquivias, y el capitán de fragata Urcelay, estos últimos ayudantes del Generalísimo, etc.). Ninguno de ellos veía inconveniente en que rechazara el cargo.

Muchos años después, el lunes 29 de septiembre de 2003, el teniente general José Ramón Pardo de Santayana me haría unas breves consideraciones sobre aquel acontecimiento que también vivió personalmente. Como más antiguo entre los directivos presentes, haría saber al «jefe» la conveniencia de abandonar cualquier ambición política, por sana que fuera, y continuar al frente de una organización aún de corta vida que podría sucumbir sin su presencia y en la que todos hacían piña con él. Entendió San Martín el sacrificio que se le pedía y se pusieron en marcha todos los resortes para que el acuerdo de nombramiento, ya suscrito por los ministros de la Gobernación y el del Movimiento, fuese retirado de los asuntos a tratar por el inminente Consejo de Ministros.

El entonces comandante José Peñas escribiría en 1976 su reflexión sobre aquel episodio: «Decidimos oponernos con todas nuestras fuerzas a la maniobra, estando dispuestos a negarnos a continuar en el Servicio y a incorporarnos al día siguiente a nuestras respectivas Unidades de destino, si se llevaba a efecto la defenestración de nuestro jefe». Con toda urgencia la Junta Operativa del Gabinete de Enlace redactó una nota ese mismo día de diciembre para conocimiento del vicepresidente del Gobierno y del general jefe del AEM, habituales destinatarios de la información y preocupaciones de la organización. El texto decía así:

Informes procedentes de fuentes fidedignas dan como seguro el próximo nombramiento, como Gobernador Civil de Guipúzcoa, del Comandante de Artillería, SEM. D. José Ignacio San Martín López, actual Jefe del Gabinete de Enlace de Gobernación. Dicho Gabinete de Enlace constituye en realidad una organización contrasubversiva a escala nacional con acción en los campos educativo, laboral, religioso e intelectual. Están integrados en dicha Organización 60 jefes y oficiales de los tres Ejércitos. Aunque aparentemente dicho nombramiento suponga otorgar al Comandante San Martín el puesto de máxima confianza en la provincia que tiene mayor problema subversivo, profundizando más en la cuestión se llega a la consecuencia de que la separación del citado Comandante de la Jefatura de la Organización contrasubversiva producirá los siguientes problemas:

Para la Organización Contrasubversiva. Grave crisis a menos de dos meses de su funcionamiento en los campos laboral y religioso-intelectual, que ha comenzado en 1.º de octubre, y en un momento en que la agitación subversiva va aumentando. Los componentes de esta Organización interpretan que el cese de su Jefe en estas circunstancias se debe a haber hecho denuncias concretas de autoridades que, con su acción u omisión, favorecen la subversión. Al mismo tiempo entienden que no les será posible cumplir su misión si se les limita a la acción represiva sin tomar las necesarias medidas administrativas y políticas.

Para las Fuerzas Armadas. No se puede suponer que la subversión desaparezca por sí sola, sino que aprovechará cuantas oportunidades le ofrezca la situación política española. Por lo tanto, un debilitamiento de la acción contrasubversiva que se realiza actualmente, obligará a un mayor desgaste de las Fuerzas de Orden Público y a tener que emplear las Unidades del Ejército en acciones de fuerza, si la situación sigue empeorando. Una organización contrasubversiva con personal de las Fuerzas Armadas, aunque sea a título individual, no puede mantenerse si dicha organización no cuenta con el completo y eficaz apoyo de todos los órganos del Gobierno. En otro caso, se deteriorará ante el país la imagen de las Fuerzas Armadas, que deben ser siempre la última garantía en defensa del orden institucional.

Algunos mandos del Ejército interpretaron esa postura de los miembros de la OCN como rayana en la indisciplina, aunque pudo ser aclarada en breve; el propio general Gutiérrez Mellado juzgaba que se había producido un acto colectivo lindante con la insubordinación, preocupándole que el servicio pudiera desmadrarse. El comandante Pardo de Santayana mantiene el recuerdo de su visita del día 2 de diciembre al teniente general Díez-Alegría para ponerle en antecedentes de la situación que podría abrirse en la OCN con la marcha de San Martín. Aquel mismo jueves el almirante Carrero recibió a San Martín, quien sin más preámbulo le leyó la carta que portaba por si no lograba verle. Casi sin dejarle terminar, el vicepresidente le quitó la preocupación del descabezamiento, confirmándole como jefe de la OCN y ordenando suspender el nombramiento, que ya estaba suscrito para su publicación en el Boletín Oficial tras el Consejo de Ministros del día siguiente.

El ministro del Ejército se había identificado con la postura de CONDE, según comentó a San Martín el almirante Carrero en posterior despacho. En cambio, en el AEM sorprendió la noticia de la anulación del nombramiento, pues se daba por definitivo desde veinte días antes, cuando le llegó el rumor al coronel Arozarena. No comprendían que San Martín hubiera ganado la partida, pero había pesado mucho la solidaridad corporativa de la OCN. El Príncipe de España había sido informado de la «operación» a través del coronel Armada. En todo caso, es muy probable que el almirante recibiese también alguna indicación externa sobre el desafortunado descabezamiento que se pretendía.

El problema de la dependencia orgánica de la OCN

Todas las autoridades consideraban necesaria la pervivencia de la OCN y sus misiones nacionales, pero nadie la deseaba para sí tal cual era. El Alto Estado Mayor quería eludir la vinculación por temor a verse implicado en actividades clandestinas e incluso abiertas, a pesar de que la OCN —y sus primeros componentes— partía de aquella casa. Pese a las ayudas y consideraciones de todo tipo, y el sólido respaldo del almirante, la propia Presidencia del Gobierno tampoco deseaba ofrecer una dependencia administrativa a la Organización CONDE, en buena medida por no despertar recelos en otros ministerios, fundamentalmente en la Secretaría General del Movimiento y en el de la Gobernación, que tanto interés tenía en fagocitar la OCN.

El día 2 de diciembre de 1971, CONDE había elaborado para la superioridad un nuevo documento con el título «Informe sobre la situación de la Organización Contrasubversiva Nacional», en el que explicaba que había quedado bien patente la imposibilidad de cumplimiento de su misión debido a dos causas fundamentales: el encuadramiento en Gobernación, que no proporcionaba el nivel suficiente para la coordinación de la lucha contrasubversiva, y las innumerables complicaciones que habían surgido en los diversos departamentos militares sobre el destino del personal. Y concluía así:

… la Organización Contrasubversiva Nacional requiere un replanteamiento completo que afronte el problema en toda su dimensión, sin soluciones parciales o de compromiso. Todos los Oficiales integrados en la Organización creen estar cumpliendo una misión de alto interés para la Defensa Nacional que se les ha encomendado precisamente por su condición de militares, viéndose obligados a informar lealmente al Mando que, si se mantiene la Organización Contrasubversiva Nacional en su actual estructura y dependencia, puede resultar preferible proceder a su disolución.

En consecuencia, se estimaba que la Organización Contrasubversiva Nacional debía depender de la Presidencia del Gobierno, a través del ministro subsecretario; que el jefe debía ser un militar con categoría y atribuciones de director general, para hacer posibles sus relaciones oficiales, y que el personal integrado en la organización debía estar destinado en el Alto Estado Mayor, a efectos de disciplina y administrativos.

Acababa el Informe sugiriendo al vicepresidente que esta estructura modificada de la Organización Contrasubversiva Nacional fuera recogida en una nueva orden secreta y sometida a la aprobación del Jefe del Estado, oído el parecer de los tres ministros militares y del teniente general jefe del Alto Estado Mayor. El Informe se acompañaba de un «Anteproyecto de bases para reforzar la acción contrasubversiva», con la finalidad de dar un nuevo enfoque a la acción desarrollada por los organismos a que se refería la orden secreta de 9 de febrero. El comandante San Martín respondía así con enérgica resolución a la Operación Gobernador.

Días después, el lunes 6 de diciembre presentó un replanteamiento de la Organización en la Junta Operativa, del que elaboraría un esquema de estructura y dependencia para abandonar la tutela que le proporcionaba Gobernación y retomar la idea de engancharse al máximo nivel político-administrativo. Inmediatamente visitó a los coroneles Martín de Pozuelo, jefe de la Segunda Sección de EMC; Sáenz de Tejada, jefe de la Segunda Bis, y Arozarena, de la Tercera Sección del AEM. Y el día 9 se entrevistó con Sabino Fernández Campo, coronel secretario militar del ministro, quien manifestó su conformidad con el plan; y regresó a la Castellana para acudir a la audiencia con Carrero Blanco.

El viernes 10 San Martín era recibido por el ministro del Ejército, teniente general Castañón de Mena, quien se mostró comprensivo, como siempre, y escuchó con pausa las razones por las que el comandante no había aceptado el Gobierno Civil de Guipúzcoa. San Martín le hablaría de las reticencias y discrepancias sobre la situación del personal militar de la OCN y la paralización del proyecto de Red Complementaria en ámbitos no universitarios; y recogería el convencimiento del ministro de que una vinculación directa al vicepresidente Carrero sería preferible por suponer una visión de conjunto de la acción política antisubversiva. El general Castañón prometería a San Martín hacer llegar al almirante un informe apoyando la necesidad de que en el futuro el director de la OCN contase con el respaldo de los ministros militares y del jefe del AEM.

El día siguiente, 11 de diciembre de 1971, el general jefe del AEM concedía audiencia al comandante San Martín para escuchar las razones de su renuncia al cargo que se le había ofrecido y su preocupación por los destinos y vinculación del personal de la OCN. Díez-Alegría prestó atención a las explicaciones de San Martín, pero el tema de las gratificaciones del personal de CONDE producía agravios comparativos con los restantes destinados en el Alto. San Martín le haría saber que en la OCN se trabajaba a plena jornada —no hasta la hora del almuerzo, como en el AEM y otros destinos— y en dedicación exclusiva, lo que obligaba a renunciar a otras ocupaciones civiles de tarde, el tan extendido «pluriempleo» de entonces. El general Díez-Alegría lo entendió y dio su conformidad al encaje general de los asuntos de personal, lo cual hizo que el comandante saliera de la audiencia gratamente impresionado.

San Martín despachaba un posible esquema orgánico con el vicepresidente el 18 de diciembre, y este le aseguraba que el jefe del Estado estaba convencido desde meses antes de que el mejor encaje de la OCN era en Gobernación, lo que hacía presagiar un largo paréntesis navideño a cualquier decisión de futuro. Pero San Martín no dejaría pasar las fechas en balde. Dos días más tarde visitaba al ministro secretario general del Movimiento, que le recibió con mayor cordialidad; incluso el propio Fernández-Miranda abogaba por la vinculación de la OCN a la Presidencia del Gobierno y por que su jefe dependiera directamente del almirante Carrero.

De este modo la insospechada Operación Gobernador venía a cerrar una primera fase de la Organización Contrasubversiva Nacional y a convertirse en antecedente inmediato de la creación del Servicio Central de Documentación (SECED), que iba a suponer la consolidación de las aspiraciones del «equipo San Martín» en un contexto histórico aparentemente tranquilo. Pero aún quedaban dos largos meses llenos de incertidumbres y sobresaltos hasta que aquel proyecto fuera una realidad.

Antes de pasar a ello, y en relación con la crítica de distintas autoridades al personalismo de San Martín —que había puesto su cargo a disposición de Carrero Blanco— y la orientación política que se decía imprimía a la OCN (motivos que habían provocado el intento de descabezamiento de la organización), querría dedicar unas líneas a una “Carta a los Reyes Magos” que aquel divulgó entre sus subordinados en las Navidades de 1971. Me hablaría de ella hace años el general Sáenz de Tejada, a quien se la había mostrado entonces Cruylles. Yo no recordaba la carta ni aparecía entre los numerosos documentos y referencias que reuní en mi larga y laboriosa tarea de investigación. Pero inopinadamente, durante las Navidades de 2005, Manuel Valentín-Gamazo (primer directivo no militar de la OCN) me haría llegar una copia; releyéndola, le había parecido impresionante siendo San Martín un simple comandante sin cargo público alguno. Quien fuera un día joven universitario colaborador de CONDE en la primera hora me comentaba: «Éramos unos ingenuos, pero eran verdades como puños».

Aquella carta del 20 de diciembre de 1971 (dos años antes del asesinato del almirante Carrero) constituye un resumen personalísimo de cómo veía San Martín la situación de España y de qué forma trataba de contagiarnos sus aspiraciones a cuantos trabajábamos con él en la OCN. Algo así como el «concepto ideológico» de la organización, según pretende algún escritor. Me parece interesante transcribir algunos párrafos de aquellos tres folios, que, pese a ser de difusión interna, debieron tener entonces extraordinaria divulgación en el ámbito de los servicios de información.

Tras unas frases dirigidas a las primeras autoridades de la nación, en las que se hacían votos por la ejemplaridad, el espíritu de servicio, la autoridad, la lealtad al Régimen, la dedicación, etc., San Martín hacía referencia expresa a los que hicieron la guerra, a los que no la hicimos y a nuestros compañeros de armas. Y añadía:

A nosotros: PACIENCIA no reñida con la TENACIDAD, OPTIMISMO, lo que estamos haciendo tendrá sus frutos; el futuro nos lo tenemos que ganar día a día […]. Estamos echando los cimientos de una nueva estructura más clara, más al servicio de la Patria y del Estado, con mayor independencia. […] Contagiemos nuestro ENTUSIASMO, avivando la reacción ante los desmanes de los extremistas irreconciliables y sacudiendo la conciencia de los inmovilistas conservadores, de las masas aborregadas y cobardes, de los egoístas recalcitrantes y de los triunfalistas despegados del pueblo […]. Que estudiemos profundamente la viabilidad de las posibles soluciones […]. Lo importante es que la Constitución la acatemos tal cual es y la defendamos con el mismo ahínco como si la hubiésemos redactado nosotros realmente […], pero con visión de futuro […].

Que sigamos siendo un poco la conciencia de quienes nos rigen y ayudémoslos, aunque algunos no se lo merezcan, a que lo hagan mejor […]. No hemos perdido el tiempo. Puede que la salud. Seguro que la tranquilidad, pero no el tiempo… pues aquí además de defender a la Patria tenemos la oportunidad de estar al corriente de los peligros que amenazan los valores permanentes de una sociedad, que quisiéramos más justa […]. Somos los protagonistas activos de una época crucial de la vida del país […]. Y por último: el canto de siempre a la esperanza […]. Seguir trabajando ilusionadamente sin volver la cabeza atrás y pensando en que no podemos desperdiciar la oportunidad que se nos ha brindado de servir a nuestro país.

6
EL SERVICIO CENTRAL DE DOCUMENTACIÓN (SECED)

Como consecuencia de la necesidad de obtener información por procedimientos no clandestinos en diversos ámbitos, sobre todo políticos y económicos, la OCN comenzó el estudio de una reorganización sobre la base de crear una estructura abierta, similar a la existente en otras naciones, con dependencia directa de la Presidencia del Gobierno. Pues bien, el día 8 de enero de 1972 San Martín, en despacho con el vicepresidente, le entregó el boceto de un nuevo órgano y una minuta de orden secreta para la OCN. Carrero prometería hablar con el jefe del Estado, por si aceptaba modificar su decisión inicial sobre la vinculación de la nueva estructura a Gobernación.

Don Juan Carlos recibía el 11 de enero al comandante San Martín, quien expuso a Su Alteza el proceso de la subversión, la falta de eficaz colaboración oficial en esa lucha y el desinterés de la sociedad en general, añadiendo que el remedio bien podía ser el nombramiento de un presidente del Gobierno, a la vista de que los poderes depositados en la figura del vicepresidente parecían a todas luces insuficientes. Las dificultades sufridas por San Martín provenían de determinados informes de la OCN que levantaban ampollas en diversos ministerios y en el AEM.

San Martín despachó dos días después con Carrero, al que relató la audiencia en la Zarzuela y entregó una propuesta alternativa: mantener en Gobernación la parte oculta (la OCN) y crear en Presidencia la parte abierta, ambas bajo un mismo mando. Bastaría para ello con anular una de las dos órdenes secretas que regulaban hasta ese momento la actuación de la Organización. El almirante Carrero, tras despachar con el jefe del Estado el día 22 de enero, decidió la creación —en Presidencia del Gobierno— de una Central de Información y Documentación Clasificada (CIDOC) que cumpliese misiones abiertas y encubriese además las actividades restantes de la OCN, con los enlaces necesarios en los ámbitos ministerial, sectorial y geográfico, y, naturalmente, bajo la jefatura de San Martín. Pero aún el día 28 el vicepresidente le comentaría que Franco andaba dubitativo sobre la necesidad de instituir oficialmente tal CIDOC.

Dos semanas más tarde, el 5 de febrero, San Martín concretó al almirante la configuración del nuevo Servicio, añadiendo a los tres sectores de la OCN ya comentados (SED, SL y REI) otros dos departamentos: uno de Información y otro de Operaciones. La jefatura de la Organización debía recaer en un militar con categoría y recibir atribuciones de dirección general. Con la nueva estructura y vinculación se esperaba acabar con el hostigamiento de propios y extraños, la incomprensión y desconfianza de quienes precisamente estaban recibiendo más información y debían dar el mayor apoyo.

El almirante Carrero dio su acuerdo y ordenó preparar una «cuenta a S. E.», que elaborarían San Martín y José María Gamazo, director general de Servicios de la Presidencia. El día 7 de febrero ambos redactaban tres documentos: cuenta, decreto y orden secreta. El jueves 10 San Martín entregó el dosier al vicepresidente, al que no acababa de satisfacer la denominación CIDOC. Carrero decidió llevar la propuesta directamente a Franco ese mismo día, y aquella tarde le haría saber a San Martín que el Caudillo había dado al fin luz verde para la reorganización del servicio, que se llevaría a Consejo de Ministros el día 18; solo con dos días de antelación, para que no se filtrase prematuramente la noticia. Sin embargo, el jueves 17 por la noche José María Gamazo advertía a San Martín que el decreto, finalmente, no se incluía en el orden del día del Consejo, pues el secretario general de Presidencia, José Luis Meilán Gil, no consideraba prudente la creación de una nueva dirección general y estimaba más conveniente montar un Servicio Nacional cuyo jefe ostentase, no obstante, esa categoría pública.

Casi un cuarto de siglo después, el día 3 de septiembre de 1996, siendo Meilán rector magnífico de la Universidad de La Coruña, me recordaba cómo desaconsejó al almirante Carrero la creación del SECED: le parecía una actividad más que debería haberse encomendado a algunos de los servicios de información existentes, preferentemente al Alto Estado Mayor. Se arrogaba la paternidad de la nueva denominación, Servicio Central de Documentación; él, al menos, la orientó, por la posible relación que debería tener con los Servicios Documentales de Presidencia, que dirigía el almirante Fontán Lobé. Pensaba Meilán que el proyectado CIDOC podría suponer una duplicidad de cometidos que convenía evitar. Quizá desconocía en aquel año 1972 el contenido real de la OCN y su nula similitud con aquel organismo de la Presidencia.

Quiero hacer constar que en diversas ocasiones hubo cierta confusión entre el SECED (Servicio Central de Documentación) y esos Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno. El escritor Ramón Garriga divulgó en el libro ya citado algunas habladurías sobre «los Servicios secretos de Carrero, que competían con los del Alto Estado Mayor […] y que se hicieron célebres en poco tiempo de actuación debido a las revelaciones, falsas en muchos casos, sobre los contactos de muchos personajes extranjeros y nacionales con la masonería internacional». Y añadía el autor que esa red de agentes se pagó con fondos extraídos de las especulaciones en Guinea (lo que demostraba falta de rigor en la identificación de los organismos y mucho «chismorreo» sin la menor base). Por su parte, Javier Tusell (pág. 124) alude a una antigua Subsecretaría de Educación Popular y cuenta que Carrero consideraba que era «preciso organizar una Oficina de Información, adscrita a la Presidencia del Gobierno, cuya función había de ser la propaganda, aunque en absoluto se utilizara ese término para referirse a ella. Lo interesante de este proyecto es, en primer lugar, que constituye, en algún sentido, un precedente remoto de lo que en los años setenta fue la sección de documentación que en Presidencia llevó el coronel San Martín». Me resulta difícil encontrar parecido alguno entre aquella oficina de los años cuarenta y la Organización CONDE, la OCN o el SECED.

Asimismo, la denominación SECED ha dado lugar a errores frecuentes en algunos especialistas e historiadores. Por ejemplo, en la memoria doctoral de Antonio Manuel Díaz Fernández[46] se cita el «Servicio de Documentación de la Presidencia del Gobierno (SDPG)», creado en 1944 con las funciones de coordinar todos los servicios de información y seguridad, y controlar las actividades de los exiliados republicanos. El autor, no obstante, se cura en salud dos páginas más adelante y manifiesta sus dudas sobre la veracidad de su existencia, por más que lo citaran Pastor Petit (en 1977 y 1984) y Ballesteros (en 1983), que lo daban por creado en 1951. Y nada digamos de la descomunal cifra presupuestaria de 734 millones de pesetas con que se decía inició su vida oficial. Tengo que suponer que los tres autores se confunden con los Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno, sin la menor relación de identidad con el SECED.

El caso es que al fin el almirante aprobó las líneas maestras definitivas el día 2 de marzo de 1972, de modo que al día siguiente el Consejo de Ministros pudo aprobar la creación del SECED (que aparecería en el epígrafe del BOE «Disposiciones generales») y el nombramiento de San Martín (en «Autoridades y personal»), regulando por orden reservada de esa misma fecha las situaciones del personal militar. La decisión causó sorpresa en algunos ámbitos de las Fuerzas Armadas, en los que no se esperaba la integración del Servicio en la Presidencia, ni mucho menos el nombramiento de un comandante como su primer director general.

De ese modo, después de dos años y medio de perseverantes trabajos, la OCN encontraba al fin un cobijo estable en la Presidencia del Gobierno, tras recorrer un tortuoso camino por el Alto Estado Mayor y los ministerios de Educación y Ciencia y de la Gobernación. Se lograba el reconocimiento de un órgano público que iría ampliando su primigenia misión puramente contrasubversiva con otra de alcance igualmente nacional de asesoramiento al Gobierno y al Estado en una etapa en que todas las ayudas serían escasas para hacer frente a un tránsito político irreversible, en el que las estructuras del poder tenían que acomodarse a las nuevas realidades de la España de los años setenta.

EL SECED INICIA SU ANDADURA

Por Decreto de la Presidencia del Gobierno 511/1972 de 3 de marzo, firmado por Francisco Franco y publicado en el BOE núm. 60 de 10 de marzo, se reorganizaba la Presidencia, dando nueva redacción al apartado 2 del artículo 2.º del Decreto 245/1968 de 15 de febrero, y se creaba, dentro de ella, el Servicio Central de Documentación (SECED) con el siguiente texto:

Dependerán directamente del Ministro Subsecretario el Servicio Central de Documentación, la Sección de Servicios Documentales, la Asesoría Jurídica y la Asesoría Económica […]. El jefe del SECED será designado por Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno.

En aquella misma fecha y boletín se nombraba por Decreto 512/1972 al comandante José Ignacio San Martín López jefe del Servicio con categoría de director general, nivel que le facilitaría el trato habitual con otras autoridades. Además, su dependencia del vicepresidente del Gobierno —un año más tarde presidente— imprimiría al SECED un carácter peculiar que aseguraba la estrecha vinculación de CONDE con Carrero Blanco y la efectiva y leal fluidez de sus relaciones oficiales.

El almirante había firmado y circulado a las primeras autoridades unos días antes (8 de marzo) una orden comunicada secreta que definía los cometidos y actividades que correspondían al SECED, lo cual venía a dar carta oficial de naturaleza a la Organización Contrasubversiva Nacional como parte encubierta del mismo Servicio. El preámbulo de aquella orden comunicada ya ha sido citado en páginas anteriores.

Este sería el extracto de la orden por la que se creaba la OCN en la Presidencia del Gobierno bajo la dependencia del Ministro Subsecretario como «órgano de asesoramiento técnico y coordinación de la lucha contra la subversión en todos los sectores de la vida nacional […]. De su ámbito de actuación quedan excluidas las Fuerzas Armadas»:

La contrasubversión en el seno de las Fuerzas Armadas correrá a cargo de los Ministerios Militares, con la coordinación de los Estados Mayores por el Alto Estado Mayor, como prevé el art.º 39 de la Ley Orgánica del Estado.

La Organización Contrasubversiva Nacional estará constituida por: Dirección, Oficina Central, Enlaces permanentes con los ministerios y el Alto Estado Mayor, y Delegaciones que se establecerán en aquellas ciudades que requieran mayor atención desde el punto de vista contrasubversivo.

La Dirección de la Organización Contrasubversiva Nacional corresponderá a la Jefatura del SECED de la Presidencia del Gobierno.

Los puntos 4, 5 y 6, relativos a las Delegaciones, a los destinos del personal y a los créditos de Hacienda mantenían el contenido de la orden secreta de 9 de febrero de 1971 de creación del Gabinete de Enlace en Gobernación; el punto 7 la derogaba junto con la de 29 de marzo de 1971.

Tras su nombramiento, el comandante San Martín llevó a cabo el día 10 de marzo una visita de cortesía al general jefe del AEM para explicarle el proceso de creación del SECED y el alcance de la orden comunicada secreta (que lamentablemente el general Díez-Alegría no había recibido aún de Presidencia). Al jefe del Alto Estado Mayor (y por delegación, al jefe de la Tercera Sección) se le atribuyó una función inspectora sobre el SECED que en la práctica no ejerció, si bien facilitó la autorización, acuerdo y coordinación de las acciones realizadas en el extranjero.

San Martín, poco después de su nombramiento, fue recibido en audiencia por el jefe del Estado. En esta tercera visita, San Martín le transmitió su parecer de que el Régimen del 18 de julio estaba más amenazado desde dentro que desde fuera, por entender que «las medidas técnicas, por sí solas, no resuelven los problemas, como tampoco resuelve nada la información en sí, por elaborada que esté, si no es explotada por aquellos a quienes va dirigida y tienen poder de decisión»[47]. El Generalísimo escuchaba con afecto al comandante, cuyo padre, militar y jurista, había sido profesor de Franco en la Academia de Infantería de Toledo, y del que guardaba un grato recuerdo. El director del SECED fue recibido después en otras audiencias por el jefe del Estado en 1973 y 1974; especialmente significativa fue la del 14 de febrero de 1973, sobre la situación del Movimiento y el clima en la región vasco-navarra.

San Martín se reservaba las relaciones con las primeras autoridades nacionales. Particular aumento se notó en sus contactos periódicos con el vicepresidente del Gobierno: en el primer semestre de 1973 se llegaron a contabilizar trece sesiones de despacho, en ambiente de progresiva influencia del servicio. Cuenta San Martín (pag. 52) que sus despachos con el almirante se mantenían habitualmente los jueves:

… hacia las diez de la mañana, antes de que fuera a El Pardo a despachar con el Jefe del Estado […]. Duraban alrededor de tres cuartos de hora o una hora. En ellos le entregaba algunas notas informativas, breves informes o estudios, y comentábamos la situación de España, fundamentalmente desde el punto de vista subversivo o político.

Siendo Carrero ya presidente, los despachos habituales se desplazarían a los sábados.

El 19 de julio de 1972 San Martín sería recibido de nuevo en audiencia por S. A. R. el Príncipe de España para poner en su conocimiento la nueva estructura del SECED y su finalidad de mejorar la información y asesoramiento de los órganos políticos y administrativos del Estado (el almirante Carrero había advertido a San Martín: «Al Príncipe, cuéntele todo, absolutamente todo, infórmele de todo. Háblele como lo hace conmigo»). Le transmitía don Juan Carlos su satisfacción por el entusiasmo con el que el grupo de oficiales a sus órdenes estaba trabajando, pese al deterioro de la vida universitaria. En una amplia vuelta al horizonte nacional, la conversación discurrió por las áreas de actuación del SECED: el ámbito eclesiástico, los colegios profesionales, la conflictividad laboral y la gravedad de las ikastolas vascas. No faltaría un tiempo para tratar de las Fuerzas Armadas y la necesidad de aumentar y mejorar la dedicación profesional de sus miembros.

San Martín había iniciado las visitas al Palacio de la Zarzuela en enero de 1971, de la mano de amigos y compañeros como el coronel Armada Comyn y el teniente coronel Dávila Jalón, a través de los cuales mantenía al Príncipe al corriente de las actividades de la Organización CONDE. San Martín tenía la impresión de que en la Zarzuela contaban con mucha información, pero con escaso tiempo y personal para evaluarla y explotarla. Su Alteza sentía entonces preocupación por el lento proceso de designación de un presidente del Gobierno y por otros asuntos pendientes que deberían resolverse en vida de Franco. El comandante, que veía en el Príncipe interés por estar informado, se esforzaba por mantenerle al día de diversos asuntos nacionales, para lo cual ofreció a Su Alteza sucesivas visitas de algunos de los directivos de la organización. A mí me correspondió esa extraordinaria oportunidad en 1973, en una audiencia muy cordial en la que, en un clima distendido, tuve ocasión de hablar, entre otros temas, de los generales Díez-Alegría y Gutiérrez Mellado, a quienes yo tenía afecto en razón de los lazos familiares y de amistad que me unían a ellos.

En relación con el SECED, muchos años después, en el libro de Antonio M. Díaz Fernández Los servicios de inteligencia españoles desde la Guerra Civil hasta el 11-M[48], aparecía una fotocopia de un informe secreto del Departamento de Estado, firmado por el embajador norteamericano en Madrid, Rivero, el 26 de agosto de 1973 y confeccionado dos días antes por su asesor político R. N. Allen a partir —eso se afirma en el documento— de conversaciones mantenidas con personas bien informadas de dentro y fuera del Gobierno. Bajo el título «Brazo propio de inteligencia del Presidente Carrero», describe su historia remontándose a 1967, y luego sigue así:

Cuando en 1971 el almirante Carrero Blanco decidió crear un especial Servicio de Inteligencia, responsable ante su cargo en la Presidencia, para dar cuenta de la confianza política de funcionarios en varios ministerios del Gobierno […], San Martín reunió un equipo, sacado de antiguos miembros del equipo de agentes de Muñoz Grandes en las Embajadas españolas en el extranjero [¡pura imaginación americana!]. Como principal ayudante, seleccionó al Capitán Peña Aranda [sic]. El grupo San Martín, con despachos en la Presidencia, en Castellana, 3 [era aún Alcalá Galiano, 8] está dividido en tres secciones: una que se ocupa de los altos cargos españoles, incluido los ministros; otra, de los cargos de nivel medio; y una unidad administrativa [¡sorprendente invención!]. […] San Martín, tanto él como sus agentes, se ha introducido con éxito en el Ministerio de Información y Turismo, el Movimiento Nacional y el Ministerio de Educación, entre otros. El anterior Ministro de Asuntos Exteriores, López-Bravo, rechazó con acierto el intento de San Martín de infiltrarse en el Ministerio. También la Guardia Civil resistió con éxito los esfuerzos de San Martín por meterse allí [nunca oí semejantes logros de ambas instituciones]. […] El Servicio Central de Documentación, como se denomina el despacho de San Martín en la Presidencia, no tiene poder para meter en la cárcel a nadie por traición o por pretendida deslealtad al régimen (no como el GPU soviético o la GESTAPO nazi). Su función es asegurar la continuidad del sistema constitucional establecido por Franco, tal como se expresa en las Leyes Fundamentales de España. A este propósito, detecta a los funcionarios totalmente leales al concepto de Estado y democracia orgánica, contenido en las Leyes Fundamentales, a la sucesión del Príncipe Juan Carlos tal como estaba ordenada por Franco, y —en pocas palabras— a la continuidad de la constitución como se mantiene hoy o como puede ser modificada por Franco antes de su fallecimiento. También detecta a los funcionarios y candidatos no considerados partidarios de estos conceptos. Su promoción en el escalafón administrativo es retrasada habitualmente [!!!].

Tras hacer una comparación entre los tres «investigadores-jefes» del Gobierno español (Blanco, Iniesta y San Martín), el informe secreto norteamericano hace de este último el siguiente comentario:

También San Martín es conocido por su ambición política. Su actividad en los últimos dos o tres años le ha merecido fama nacional e internacional y, a sus 42 años, es posible que su servicio continuado, leal y eficaz a Carrero Blanco pueda dar por resultado incluso mayores recompensas que el nivel que ha alcanzado ya. Sin embargo, por muchas ambiciones que alcance, quedará ligado casi exclusivamente al continuo ascenso de Carrero Blanco. San Martín no goza de extensa consideración en el Alto Estado Mayor, la DGS, la Guardia Civil, o en varios ministerios del Gobierno, o incluso entre muchos funcionarios de la propia Presidencia.

No sé si los errores del texto son achacables a las fuentes «bien informadas» o a su interpretación por el asesor Allen; pero esta no resulta precisamente una página brillante, del nivel que cabe suponer en los servicios norteamericanos. Quizás apoyado en este informe, supuestamente de la CIA, Díaz Fernández comenta (pág. 241) lo siguiente: «El hecho es que en pocos meses el SECED se había hecho acreedor de un enorme prestigio e influencia […]. San Martín se convirtió en un hombre poderoso e influyente». Dedicó Antonio Díaz varias páginas de su tesis a relatar sus investigaciones y valoración sobre la OCN; pero, según los testimonios recogidos, el tratamiento que da a esta Organización dista sobremanera de la realidad que muchos vivimos en aquella época.

Cometidos y organización interna

Finalmente, una orden de Presidencia de 16 de marzo (BOE núm. 68 de 29 de marzo) estructuraba el SECED, desarrollando el decreto de creación. La orden disponía lo siguiente:

Primero.— El Servicio Central de Documentación será el órgano encargado de realizar y difundir informes y estudios, prestar asistencia técnica y coordinar la documentación en relación con la protección de materias clasificadas, así como de cuantas funciones asesoras le encomiende expresamente el Ministro Subsecretario.

Segundo.— El Jefe del Servicio Central de Documentación estará asistido por un Adjunto que le sustituirá en caso de ausencia o enfermedad.

Tercero.— El Servicio Central de Documentación se estructura en las siguientes unidades:

— Sección de Régimen Interior. Tendrá como funciones, además de la gestión administrativa del Servicio, la coordinación de los servicios de protección de materias clasificadas de los distintos Departamentos civiles.

— Sección de Estudios e Informes. Se encargará de la adquisición, estudio y explotación de cuanta documentación e información sea de interés para la Presidencia del Gobierno[49].

— Sección de Coordinación y Enlace. Tendrá como funciones la relación permanente con las Delegaciones Regionales y las Oficinas de enlace de los Departamentos ministeriales civiles para la difusión y coordinación de la documentación.

Cuarto.— Podrán crearse Delegaciones Regionales del Servicio Central de Documentación con el ámbito territorial que expresamente se determine, para el ejercicio de las funciones encomendadas al mismo en una circunscripción determinada.

Quinto.— Para el mejor desarrollo de las funciones encomendadas al Servicio Central de Documentación podrán constituirse Oficinas de enlace en los distintos Departamentos ministeriales civiles.

Resulta lógico leer en esa orden el término documentación de forma reiterada. Quizá había que justificar el nombre dado al servicio, aunque sus misiones reales quedan solo reflejadas en cuanto Organización Contrasubversiva Nacional (OCN). El SECED recibía una articulación orgánica abierta y pública con la que atender a las necesidades administrativas y políticas de la OCN, así como a la adecuada coordinación de sus propios órganos centrales y regionales, que conservaban en plenitud sus misiones secretas y sus actividades clandestinas para hacer frente a la lucha contra la subversión.

A esas unidades administrativas del SECED creadas por Boletín Oficial pronto hubo que añadir la División de Información (DINF), que tenía como misión la obtención y el tratamiento de noticias, y la adecuada interpretación que la distinguiera de la generada por el resto de los servicios de información del Estado. Se articulaba así un sistema informativo propio que orientaba la actividad investigadora y favorecía la labor de los analistas, y se programaba el flujo informativo con verdaderos planes de información. Dispuso del Archivo JANO y de todos los ficheros que quedarían centralizados en el Departamento de Documentación, para cuya mecanización el SECED recabaría el 18 de septiembre de 1972 la colaboración del Centro de Proceso de Datos (CPD) del AEM. Igualmente se confió a este departamento el Gabinete de Lectura, que se encargaba del seguimiento detallado de unas trescientas publicaciones periódicas al año y la confección del Boletín de Situación y Previsiones, así como de los estudios sistemáticos sobre grupos y organizaciones clandestinas, su evolución y doctrina.

Esta división contaba además con un Departamento de Investigación que manejaba los Equipos Especiales (VENCOSA), que tomaron meses después el apelativo de Grupo Operativo de Misiones Especiales (GOME). También era de su responsabilidad el despliegue del Servicio de Información en Profundidad (SIP). Por último, la DINF contaba con un Gabinete de Apoyo Técnico (GAT) que llevaba a cabo la investigación y adquisición del material más adecuado para atender a las actividades informativas. La división organizó la confección de los «Criterios y normas para la seguridad de la documentación», que venían a sistematizar por vez primera tal materia.

También se instituyó una División de Operaciones (DOP). Sus misiones estaban repartidas entre los sectores que ya funcionaban anteriormente en la OCN. Su Sector Educativo (SED), en aquel otoño de 1972, se vería afectado por la profunda crisis ministerial, la falta de energía de las autoridades académicas y ministeriales, y el bajo nivel de colaboración de los miembros afectados de los claustros. El Sector Laboral (SL) siguió prestando asesoramiento al Ministerio de Trabajo y a la Organización Sindical para evitar o paliar situaciones conflictivas, y continuó organizando cursos para dirigentes sindicales, mandos intermedios y vocales juveniles de jurados de empresa e impartiendo conferencias y clases a emigrantes españoles en el extranjero, donde ejercían fuerte presión e influencia activistas de izquierdas. El Sector Religioso-Intelectual (REI) se mantuvo orientado fundamentalmente a la Iglesia y a algunos colegios profesionales. Continuó con la labor encomendada de elaboración y difusión de notas y de influencia sobre los medios de comunicación. Pronto pudo difundir un Boletín de Información para altos cargos.

El Gabinete de Acción Psicológica (GAP) aparece como sutil evolución de los modos de formular las actividades contrasubversivas. Ya desde meses antes se discutía la conveniencia de abandonar la acción directa (reparto de propaganda, pegatinas, agitación, reacción de grupos positivos afines…) en favor de otras fórmulas más rentables y de mayor influencia sobre la Administración, los ámbitos políticos y profesionales y la sociedad en general. Llevaba la Operación Criterio —de formación permanente de todos los miembros del servicio—, utilizaba la psicotecnia para la selección del personal y se ocupaba de las colaboraciones con los medios de comunicación social.

En la periferia, la creación de Delegaciones regionales se fue poniendo en marcha progresivamente en aquellas ciudades con necesidades más apremiantes. Con particular satisfacción, San Martín comentaría (pág. 57) «el acierto que tuvimos en la designación de sus jefes, realmente una labor impresionante […]. Estos hombres tenían que entender de casi todo, conocer a casi todo el mundo, realizar desplazamientos de centenares de kilómetros, multiplicarse por cien; no vivir, en suma». Estos directivos del SECED mantenían contactos fluidos con las autoridades de sus propias áreas geográficas.

EL PERSONAL

La revista de pensamiento Arbor[50]me publicó un artículo sobre «Los servicios de inteligencia en la Transición», del que reproduzco el siguiente párrafo:

La mayor generosidad con que se ponían a disposición del SECED los recursos de todo tipo produjo pronto un incremento sustancial de la plantilla de personal, aún constituida casi en su totalidad por miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad del Estado, y recurriendo a la fórmula de jornada de tarde cuando resultaba ya imposible incorporar personal fijo. Pero ese aumento de plantilla en la que se apoyaba la creciente labor en la OCN chocaba con los organismos que tenían que facilitar el personal.

San Martín preparó al vicepresidente un boceto de escrito para su posible remisión a los tres ministros militares y al general jefe del Alto Estado Mayor sobre la necesidad de unificar la situación de aquel grupo de jefes y oficiales de los tres Ejércitos que estaban cumpliendo una misión de Estado. El 29 de abril de 1972 el vicepresidente Carrero escribía al jefe del AEM, teniente general Díez-Alegría, para comunicarle que se había «dirigido en esta misma fecha al ministro del Ejército solicitando la incorporación de seis oficiales a la Organización que se refiere la Orden Secreta de 8 de marzo último […]. Tres de ellos son para reforzar la Delegación de la Organización en la región vasco-navarra, hoy especialmente sensible y necesitada de atención; y los otros tres cubrirán parcialmente las vacantes producidas como consecuencia de la creación, en esta Presidencia, del Servicio Central de Documentación […]. Serán destinados a ese Alto Estado Mayor y simultáneamente pasarán en Comisión a Presidencia». Entre estos últimos figuraba mi nombre, empleo y destino, junto a los de Conde Monge y Pérez Díez.

El Negociado de Personal del AEM me trasladaría el 14 de junio de 1972 la orden del general subsecretario del Ejército de fecha 9 de mayo, que era del tenor siguiente:

Con el escrito n.º 2331 de fecha 5 del actual, de la Secretaría Militar del Sr. Ministro, se comunica a esta Subsecretaría que según manifiesta la Vicepresidencia del Gobierno, S. E. el Jefe del Estado ha resuelto que el Oficial que a continuación se relaciona, destinado en ese Alto Centro, pase en Comisión Especial a la Presidencia del Gobierno, por Orden comunicada de carácter secreto. Este Oficial, a pesar de no publicarse dicha Comisión Especial en el Diario Oficial de este Ministerio y dadas las circunstancias excepcionales de su misión, percibirá todas las retribuciones militares que por razón de aquel le correspondan.

Ese texto se repetía en los escritos de incorporación al SECED de todos los directivos de aquella época.

San Martín haría diez años más tarde esta reflexión (pág. 41)

Nuestro servicio presentaba la particularidad de […] estar integrado por un grupo de jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas, en situaciones diversas, sin que estas pasaran inadvertidas para un cierto número de autoridades y de jefes y oficiales militares, en quienes, precisamente por las condiciones en que se producían las agregaciones y comisiones de servicios, despertaban aún más la curiosidad. ¿Podríamos haber acudido a elementos ajenos a la oficialidad de los ejércitos para ampliar y desarrollar el servicio? No, porque desde el Jefe del Estado a los ministros más interesados por el tema, pasando por el almirante Carrero Blanco, confiaban más en miembros de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de las misiones que nos habían sido encomendadas.

Las necesidades de personal auxiliar también crecían con la incorporación de nuevos directivos, lo que obligaría al SECED a solicitar a fines de marzo de 1972 a la Guardia Civil los apoyos urgentes que requería el servicio. En la nota operativa que se remitía a esa dirección general se incluía un estadillo de la situación en aquella primavera de 1972: hasta el 1 de febrero el total de directivos era de 65, y el de auxiliares, de 58 en los órganos centrales y otros 21 en los equipos operativos (en los que la presencia de guardias civiles era elevada).

Ricardo de la Cierva hace en su Historia del franquismo una valoración muy favorable del servicio, «integrado por personas que poseían una excelente información sobre los grupos y personalidades políticas y demostraban una enorme discreción y sentido político abierto». A este respecto el propio jefe del SECED añadía (págs. 103 y 104) «que todos éramos militares sin adscripción política alguna y que el Gobierno nunca se inmiscuyó en el reclutamiento, la selección y formación de los miembros del servicio». Y concluía así: «Como yo no conocía personalmente a la mayoría de los[51] candidatos, estos eran propuestos por sus eventuales jefes; luego eran entrevistados y, si había acuerdo, se hacía la oportuna propuesta al almirante Carrero Blanco, quien los reclamaba al ministro militar correspondiente».

Distanciamiento de algunos directivos

No obstante, hay que reconocer que, como en todo organismo vivo, surgieron problemas entre sus componentes, lo que dio lugar a bajas importantes. El comandante San Martín era un líder inteligente y apasionado, con una voluntad decidida e inflexible dirigida hacia su propia idea del servicio. Los componentes de la extinguida Organización CONDE estaban de acuerdo con ello; pero un matiz personal hizo que algunos de los oficiales más antiguos se fueran distanciando progresivamente de él, aspecto que los más modernos no apreciábamos entonces. Se trataba de un problema de confianza. En el otoño de 1971, en cierta reunión interna en Rancho Grande, San Martín había pedido a todos los integrantes de la OCN que mantuvieran permanentemente la lealtad al servicio a lo largo de la carrera, exigencia que algunos consideraban chocaba abiertamente con el tradicional concepto de lealtad al jefe. El teniente coronel Quintero y el comandante Cassinello pondrían de manifiesto su discrepancia con aquella proposición en un momento en que se hacía evidente el fin del sistema y comenzaba a preverse inevitable la crisis nacional, lo que inquietaba a todos y para lo cual había que prepararse. Surgieron también algunas discrepancias anteriores por la conducción de las actividades contrasubversivas e incluso por las gratificaciones que comenzaron a distribuirse, pese a que la intencionalidad de CONDE era reclutar gente de valía, evitándoles problemas económicos al tener que abandonar pluriempleos necesarios.

Meses después una orden de Presidencia del Gobierno (BOE núm. 68 de 29 de marzo) nombraba al capitán Leandro Peñas Varela adjunto al director del SECED, otorgándole la categoría de subdirector general. Este nombramiento produjo alguna polémica interna, pues Peñas era más moderno en el escalafón militar que otros directivos. Pero San Martín entendía que la parte abierta del Servicio requería una persona que desarrollase un buen número de funciones de dirección y coordinación, y además Peñas ejercía desde los comienzos como secretario general y se había convertido en el hombre de confianza de San Martín. Entre sus funciones se incluía la de sustituir al director general del SECED en casos de ausencia o enfermedad, lo que no podía interpretarse como aplicable al funcionamiento de la OCN, que continuaba con su estructura jerárquica militar. Únicamente había que resolver el caso particular del teniente coronel Quintero, haciéndole regresar a su destino en el AEM, fórmula que se había puesto en marcha en la segunda quincena de enero de 1972 junto con la recomendación de San Martín de que fuese nombrado jefe superior de Policía de Madrid, como así fue.

Para cubrir la segunda jefatura de la OCN, el vicepresidente firmó el 21 de marzo un escrito nombrando a José Ramón Pardo de Santayana y Coloma. Pero el día 5 de abril este comandante, San Martín y Leandro Peñas visitaron al vicepresidente para cumplimentarle por sus respectivos nombramientos, ocasión en que Pardo de Santayana anunció a Carrero que solicitaba el Curso de Guerra Naval que iba a iniciarse en octubre de aquel año 1972, por lo que en tales fechas abandonaría definitivamente su comisión de servicio en la Presidencia.

El general Armando Marchante, en larga y distendida conversación el 26 de mayo de 2004, me relataba que ya avanzada la primavera de 1972 se había reunido en la cafetería Riofrío de la plaza de Colón con los comandantes Cassinello y Villalba[52] para preparar una queja seria a San Martín. Después, regresaron los tres a Alcalá Galiano para exponerle sus puntos de vista. Al director aquella postura le sonó a «sublevación» —según cuenta Marchante—, por lo cual reuniría a todos los directivos de la sede central con el fin de explicarles la nueva estructura y requerirles a formalizar una votación en 48 horas. Marchante me insistía en que Leandro Peñas, al que calificaba de «ninfa Egeria», proyectaba una mala influencia sobre San Martín y que muchos directivos del SECED pensaban que el puesto de adjunto le hubiera correspondido mejor a él por su antigüedad y conocimientos, incluso como lógico sucesor de San Martín al frente del servicio.

Yo no recuerdo en qué tesitura se llevó a cabo aquella reunión de directivos ni la subsiguiente votación. Pero entiendo, a distancia de más de un tercio de siglo, que quienes pudieran tener apetencias de mando o simplemente un concepto orgánico militar más estricto discrepasen con ver «encumbrado» a un oficial de empleo inferior. En otro caso, el mando militar del Servicio —de no ostentarlo el comandante San Martín— hubiera recaído pronto automáticamente en el más antiguo (Marchante), una vez que Quintero y Pardo de Santayana abandonaban su comisión de servicio.

El coronel San Martín me relataría con algún detenimiento el 19 de abril de 2004 su decisión de nombrar adjunto del SECED a Leandro Peñas pese a ser más moderno que otros directivos. Le calificaba de muy inteligente y vivo, con gran visión de los asuntos públicos; pero, sobre todo, lo consideraba el hombre ideal, pues «en aquella casa hacía falta un hombre con perfil más civil que militar» (su formación profesional como diplomado de Estado Mayor se completaba con las licenciaturas de Derecho y Ciencias Políticas). San Martín quería dar solución al problema con un segundo jefe único para ambas partes, la abierta y la clandestina. La duda estaba en dar preferencia a la antigüedad o a la idoneidad.

San Martín debió reflexionar a lo largo del verano de 1972, consciente de la crisis interna que suscitaban algunos cambios orgánicos y la designación de Leandro Peñas como adjunto del SECED y segundo de la OCN, y reunió al Comité Ejecutivo el 30 de octubre. En dicha sesión el comandante de aviación Ramón del Valle, asesor general, expondría que tal puesto debía recaer en un oficial que conociera perfectamente el pensamiento y las tareas del director, siendo Leandro Peñas quien mejor se ajustaba al perfil deseable. El comandante Andrés Cassinello, entonces jefe del Sector Educativo, recordaría el origen y el carácter militar del Servicio, características que entendía debían ser conservadas, por lo que consideraba preferible para la organización aplicar el principio de antigüedad; Leandro Peñas podía desempeñar una función similar a la de un jefe de Estado Mayor, prestando su apoyo y asesoramiento al director y a su segundo. Terció el comandante de aviación Eutimio Hernández, ya jefe de la División de Información, en fase experimental, quien argüiría que el SECED era entonces un organismo civil entroncado en la Presidencia del Gobierno y que por ello resultaba conveniente dar prioridad en ese puesto al principio de eficacia sobre el de antigüedad. El comandante Marchante, por entonces jefe del Sector Religioso-Intelectual, opinó que en aquellos momentos no se podía ya eludir el hecho de que Peñas hubiese sido nombrado adjunto con rango administrativo de subdirector general, y el comandante Villalba, nuevo jefe del Sector Laboral en relevo de Cassinello, apoyó asimismo esa postura. De este modo San Martín dio por concluido el debate sobre la solución orgánica.

El 7 de noviembre San Martín dirigió una nota a los miembros del Comité, explicando la reunión del 30 de octubre y su decisión de que la segunda jefatura recayera sobre el adjunto del SECED, tras escuchar observaciones individuales y respetuosas los días 2 y 6 de noviembre. Sin embargo, la directiva del SECED de 27 de noviembre no ratificaría el nombramiento de Peñas, como se preveía. El 7 de diciembre San Martín presentaba la reorganización del Servicio, aprovechando para relevar del compromiso de mínima permanencia a quien lo deseara. A comienzos de 1973, Leandro Peñas solicitaba el Curso de Estadística Superior, que le sería concedido a mediados de mayo, y al que se incorporó al mes siguiente, aunque continuó acudiendo por las tardes al SECED hasta el 16 de octubre, en que cesó en su comisión de servicio en la Presidencia. Con este motivo San Martín aprovechó la reunión de oficinas de enlace del 13 de septiembre para anunciar que la Secretaría General quedaría bajo la dirección del capitán José Peñas Pérez y la segunda jefatura OCN/SECED quedaría reservada para el futuro jefe de la División de Operaciones cuando San Martín decidiese ceder tal atribución, que había asumido personal y provisionalmente.

Pronto Marchante pasaría destinado a la Escuela de Estado Mayor y el 15 de diciembre de 1972 Cassinello había decidido solicitar una vacante del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) anunciada en el BOE a comienzos de noviembre. Se interesaba mucho San Martín, en mi visita del 10 de abril de 2004, por saber cómo le había ido a Cassinello en la casa, donde «tuvo varios enemigos entre sus compañeros». Como no podía ser de otro modo, le alegró saber de su muy favorable gestión en la segunda y tercera etapas del SECED.

Así, en unos meses el Servicio Central de Documentación fue despidiendo a parte de quienes constituyeron el grupo fundador de la Organización CONDE, cerrándose el periodo de crisis en las relaciones de primer nivel. En los puestos de mayor responsabilidad otros tomaron el relevo para hacer funcionar con fluidez y buen entendimiento el nuevo Servicio.

San Martín busca su relevo

Ya he referido que, incluso antes de crearse el SECED, el almirante Carrero había escuchado a San Martín su deseo de abandonar el servicio y volver al Ejército para ejercer el mando de unidades, iniciándose la búsqueda de candidatos para relevarle. El propio interesado deja el siguiente testimonio (pág. 50) en relación con un despacho de 30 de abril de 1973 con el almirante Carrero: «Yo le prometí que antes de marcharme —quería el relevo para proseguir mi carrera, a ser posible en una unidad— dejaríamos hecha una buena obra, aunque él tenía que resolver el problema de la coordinación de la información. Los “amigos” comentaban que lo que me ocurría era que “estaba cansado y fracasado” […] ¡Qué simpáticos!». Pero a Carrero no le gustaba imaginar que el recién ascendido a teniente coronel (16 de enero) pudiera abandonar la jefatura del SECED para seguir las vicisitudes de la milicia. Y sigue San Martín: «Un problema importante era el de mi sustitución. Los posibles candidatos de cierta antigüedad temían el fracaso o preferían cuidar su carrera militar». Francisco Medina, en Memoria oculta del Ejército (pág. 198), pone en boca de José Ignacio San Martín este aserto: «¿Que si había pensado en mi sucesor? Sí que lo hice. Yo pensé para mí que el mejor era Miguel Íñiguez del Moral[53]. Pero me dio calabazas, porque no pensaba igual que yo».

En varias conversaciones mantenidas con este general de Ejército en estos últimos años, me hizo algunas confidencias iluminadoras de aquel firme deseo de San Martín de ser relevado al frente del Servicio. Me mostraba en distendidas charlas en su casa la correspondencia cruzada sobre este asunto en los primeros años setenta con el director del SECED, compañero suyo de la 1.ª promoción de la Academia General Militar. Casi dos años antes (el 4 de junio de 1971) recomendaba a Íñiguez quedarse en Madrid, «donde había mucho que hacer en destinos de trascendencia nacional», en vez de trasladarse al Estado Mayor del Sector del Sáhara en vacante de segundo jefe. Le respondía Íñiguez el día 8 pidiéndole que fuese a visitarle a El Aaiún, adonde había llegado destinado desde la Jefatura de Planificación del EMC, tras no pocas dificultades.

San Martín lanzaba nueva carga a Íñiguez el 30 de diciembre de 1972 asegurándole que necesitaban su acuerdo, que se lo pedía un buen número de oficiales. Por su parte, el capitán Joaquín Villalba, amigo y subordinado del comandante Íñiguez en la Brigada Paracaidista, le exponía en carta de 10 de enero la intención de San Martín y le explicaba que el SECED había aumentado sus posibilidades en comparación con lo que le habían contado en anterior reunión: «Ahora las condiciones son muy favorables».

Nueva andanada de San Martín el 12 de enero de 1973, a la que contestaba Íñiguez (enviaría copia a Villalba) haciéndole constar que apoyaría cualquier iniciativa si se trataba de luchar contra el comunismo y el separatismo, pero no para defender a personas concretas. También Pardo Zancada le escribió el día 17 en tono muy pesimista sobre la realidad nacional, hablando de incuria, pasotismo, malversación o términos parecidos. Y el día 23 Villalba enviaba nueva correspondencia al comandante Íñiguez e insistía en que en Madrid había batallas más importantes que en el Sáhara para llevar a cabo algo de trascendencia; y le explicaba que, pese al distanciamiento surgido tras la crisis de primeros de noviembre anterior, había decidido quedarse de momento en el SECED. En esa línea le pedía que aceptara la propuesta de San Martín por espíritu de servicio y por la insistencia de muchos compañeros, que reconocían su talento y valía personal.

El día 29 de enero de 1973 San Martín retomaba su ofrecimiento, «de orden superior», y terminaba con un «¡ganaremos la partida!». Tras la respuesta de Íñiguez el 8 de febrero, el director del SECED le haría la oferta definitiva el 15 de febrero con la exposición de su plan. El comandante de Ingenieros le enviaría desde el Sáhara la debida contestación el día 22; reconocía en ella la situación, la confianza en la organización y otros conceptos descritos por San Martín muy reservados entonces; hablaba de su gratitud por el ofrecimiento, su estima por la labor que desarrollaba el servicio, se confesaba cristiano, antimaterialista, creyente y de tradiciones, y se declaraba en contra de una desmembración nacional de cualquier signo. Pero confesaba sus reticencias a cambiar de orientación su vida profesional, y hacía saber a San Martín que rechazaba rotundamente el ofrecimiento para dirigir el SECED de la Presidencia del Gobierno, pese a las fuertes presiones recibidas. No compartía la filosofía descrita en algún documento que se le hizo llegar; no era su estilo.

No he tenido noticia posterior de que San Martín tuviese otro candidato alternativo. Pronto se produciría el nombramiento de Carrero Blanco como presidente, y acaso ello aplazó su deseo de abandonar el Servicio; después, el asesinato del almirante a manos de ETA traería la consecuencia irremediable del cese del director general del SECED.

NUEVOS PLANTEAMIENTOS PARA EL SECED

José Ignacio San Martín llevaba desde antes del verano de 1972 madurando la idea de reorganizar el SECED; de modo que reunió el 11 de septiembre al Comité Ejecutivo y a continuación al resto de los directivos de Madrid para leer y comentar unas «Bases para una primera reorganización del Servicio». La experiencia acumulada hacía aconsejable marcar unas pautas —once bases— para profundizar en su futuro funcionamiento y acomodarlo a las circunstancias, si bien resultaba necesario mantener la unidad de mando y la autoridad, tanto en la central como en las delegaciones.

San Martín firmó el 27 de noviembre la «Directiva sobre organización del Servicio», que presentó en la oficina central el día 7 de diciembre y circuló para conocimiento y cumplimiento el día 11. Se iniciaba así una nueva fase de perfeccionamiento del SECED como instrumento de información y asesoramiento, que algunos medios calificarían de presión, pues con frecuencia el servicio estimulaba a la Administración a desarrollar respuestas positivas y represivas contra quienes trataban de derribar el Régimen, ante la falta de eficacia que se detectaba.

El 24 de septiembre, en un momento en que se consideraba a punto de consolidarse el SECED, se difundían en el seno del servicio unas «Orientaciones de actuación» en las que se exponían las líneas generales para desarrollar durante un plazo prudencial de un año, «a reservas naturalmente de que una situación inesperada nos obligara a cambiar de rumbo». Nada podía hacerle imaginar a San Martín que tal evento iba a ser el asesinato del presidente Carrero antes de tres meses. En las referidas «Orientaciones» se vislumbraba ya un mayor protagonismo a cargo de la parte abierta, a costa de la reducción de las actividades clandestinas de la OCN. La labor del servicio se orientaba cada vez más a disponer de la mejor información posible y a asesorar adecuadamente a los órganos del Estado y del Movimiento, tratando de influir para que fuesen ellos los que se implicasen en las acciones directas, salvo en casos muy especiales que exigieran una preparación técnica específica. Aseguraba San Martín en aquellas «Orientaciones» que al servicio se le iban a confiar nuevas e importantes misiones —que no se explicitaban— gracias al crédito que se le había concedido, y afirmaba que de la eficacia en el cumplimiento de nuestros cometidos dependían grandes cosas en la vida nacional. Se trataba, sin duda, de estimular el esfuerzo y la ilusión de aquel grupo de jóvenes jefes y oficiales.

La nueva sede

El SECED se creaba para dar a la OCN la cobertura oficial y estable que necesitaba, lo cual aconsejaba su incardinación en Presidencia con una nueva fachada al exterior. Las numerosas relaciones institucionales iniciadas por el servicio debían consolidarse y multiplicarse, lo que exigía una nueva vía de encuentro totalmente abierta, no imaginable —por innecesaria— en los primeros tiempos de la OCN. Para ello se decidió instalar la sede central en el número 8 de la calle Alcalá Galiano, inmediata a la Presidencia del Gobierno, al tiempo que se ampliaban y reforzaban las oficinas de los sectores de la OCN en otros inmuebles de Madrid, en los que se mantenía de algún modo su carácter clandestino.

Pero la creciente complejidad de las actividades del servicio y la obligada dispersión que empezaba a tener la OCN —una vez institucionalizado el SECED— habían llevado a San Martín a la idea de agrupar en un solo edificio todos los órganos de dirección, reconociendo la insuficiencia de aquel piso y la escasa justificación de mantener fragmentadas las labores en múltiples domicilios de Madrid, aunque hubiera motivos iniciales para la dispersión por razones de discreción y seguridad. Desde un principio atrajo la atención de la Secretaría General del SECED un nuevo edificio en ele que ocupaban la Dirección General del Sáhara y Provincias Africanas y alguna otra dependencia de la Presidencia del Gobierno, en Castellana 5, detrás del palacete conocido como «del Jalifa». Contaba con la particular ventaja de un acceso secundario —muy discreto— por Amador de los Ríos. San Martín hizo gestiones con Carrero y Gamazo, quienes prometieron estudiarlo; pero el tema se aparcó por otras prioridades y situaciones y no pudo quedar resuelto durante su etapa. Así que hubo que mantener la actividad del inmueble Rancho Grande de la calle Guadalquivir, en la colonia del Viso, y el piso de Alcalá Galiano donde radicaba la plana mayor. El traslado a Castellana 5 se llevaría a cabo bajo la presidencia de Arias Navarro.

Los enlaces ministeriales

Haciendo uso de lo estipulado en la referida orden comunicada secreta de Presidencia, se constituyeron oficialmente las «oficinas de enlace» en diversos departamentos ministeriales civiles para el mejor desarrollo de las funciones encomendadas al servicio. El SECED continuó utilizando las oficinas que se habían creado durante los años precedentes, ampliando su cobertura y la dotación de personal y medios en cada una de ellas, a fin de mejorar las relaciones humanas y profesionales con aquellos organismos. Con tal objeto, la directiva de 7 de abril dispuso en su artículo 26 que dichas oficinas de enlace dependieran en el plano político-administrativo del respectivo ministerio y funcionalmente del SECED. Para homogeneizar el sistema de enlaces, el día 13 de abril el vicepresidente firmó los escritos de creación y funciones de tales oficinas, que el comandante San Martín entregaría personalmente en días sucesivos a los ministros afectados. El nombramiento del titular de cada oficina se haría a propuesta del director del SECED, previa aprobación de cada ministro. Las oficinas de enlace se reunían casi todos los jueves a primera hora de la mañana con el secretario general del SECED: cada enlace aportaba sus informaciones y recogía las instrucciones que impartía la dirección del servicio.

En Gobernación, la Oficina de Enlace se vinculó a la Dirección General de Seguridad. El día 6 de ese mes, en el Comité Ejecutivo que aún presidía el subsecretario Cruylles, este propuso montar una oficina similar en la Dirección General de la Guardia Civil, para lo que San Martín escribiría al teniente general director el día 26. La propuesta fue aprobada el 27 de abril por el jefe de su Estado Mayor. En Información y Turismo, de entramado difícil, además del Gabinete de Enlace del MIT propio del ministro funcionaba una Oficina de Enlace del SECED, que materializaba el contacto permanente con ese Gabinete.

En Educación y Ciencia se asistía a una profunda crisis que acabaría con los ceses de tres magníficos directores generales. En la Organización Sindical se logró su aceptación y colaboración en muchos frentes, singularmente en el terreno de la «información en profundidad»; raro era el tema conflictivo que escapaba del alcance del SECED. En Trabajo se mejoró la relación, sin demasiada devoción por parte de sus autoridades.

En la Secretaría General del Movimiento la constitución de la Oficina de Enlace fue más complicada, dadas las tensas relaciones entre el ministro Fernández-Miranda y San Martín. En audiencia del 23 de marzo aprovecharía el director del SECED para hablarle de las asociaciones ANUE y AUN, con intención de que pasasen al Movimiento. El ministro secretario escucharía esta fórmula con escepticismo; sin embargo, el día 19 el director del SECED recibía luz verde para la integración de AUN como una asociación más de la Delegación de la Juventud, con Valentín-Gamazo como presidente. En el Ministerio de Justicia el enlace era gestionado desde el Sector Religioso-Intelectual. También se pensó en la creación de otras oficinas en Asuntos Exteriores y en el Alto Estado Mayor, como ya he citado más arriba. Entre tanto, San Martín se reservó personalmente esos contactos de primer nivel.

LAS RELACIONES DEL SECED CON EL ALTO ESTADO MAYOR

En la primavera de 1972, el Alto Estado Mayor aceleró los deseos de fijar límites de competencia entre su Tercera Sección y el Servicio Central de Documentación de Presidencia en lo referente a la lucha contra la subversión y a los apoyos informativos en el extranjero. Con el SECED oficialmente constituido y con una nueva orden secreta para la OCN, se iniciaba una inflexión positiva en las relaciones entre ambos servicios. Por entonces la Tercera Sección del AEM emitiría un documento en el que se señalaba que serán «misiones generales del servicio del AEM […] todas las relacionadas con el contraespionaje, información sobre separatismo en los Sectores a los que este afecta, información sobre la situación en el seno de las FAS desde el punto de vista subversivo de ambiente general […] quedando suprimida la misión de carácter informativo en lo que se refiere a la subversión en todos sus ambientes, político, laboral, universitario, etc., así como de situación sobre la política general interna del país»[54].

El 18 de abril tuve despacho con el teniente general Díez-Alegría, jefe del Alto Estado Mayor; él veía con agrado las nuevas variaciones en el Servicio (el contenido informativo y la ubicación en la Presidencia del Gobierno), apoyaba al SECED, convencido de su necesidad, y me añadía que un día irían entrando también civiles y que habría que ir poco a poco desvinculándolo de las Fuerzas Armadas. Reconocía, no obstante, la deficiente información que sobre el SECED tenían aún determinadas altas esferas, incluso él mismo.

Interesa destacar aquí que la creación del SECED trajo como consecuencia la redistribución de tareas en la Tercera Sección del AEM. Así, en documento del Negociado de Interior de noviembre de 1972 se lee lo siguiente: «Recientemente, al crearse un Órgano Nacional con la misión específica de luchar contra la subversión, la misión del Negociado queda circunscrita en este aspecto a las repercusiones que la subversión puede tener en las Fuerzas Armadas y a coordinar la lucha contra la subversión en el seno de las mismas».

A los nueve meses de la creación del SECED, el sábado 18 de noviembre, el general Díez-Alegría me recibía de nuevo en su despacho para escuchar las novedades del Servicio y puntos de vista sobre la situación nacional. Le satisfacía oír el extenso horario de trabajo en el SECED y comprendía que la dedicación exclusiva era el ideal futuro para el personal de las Fuerzas Armadas. No había alternativa. Un día habría que acabar con el pluriempleo, tan necesario entonces para mantener un nivel económico familiar casi de mínimos, pero nefasto para la concentración en los asuntos oficiales de cada día. Sobre el SECED sacó a relucir los artículos de prensa extranjera, destacando entre ellos el publicado por The New York Times meses antes. Expresé el disgusto del Servicio por aquellas informaciones, que demostraban un total desconocimiento de la realidad, y puse en su conocimiento la próxima confección de unas notas informativas del servicio. El general me apuntaba el consejo de no editarlas con periodicidad fija, ya que terminarían por no leerse, pero lo agradecía mucho, pues, como jefe del AEM y como miembro de otros altos organismos de la nación, de esos temas nadie le informaba. Reconoció que tanto en el ámbito económico como en el político se apreciaba un deterioro en la honestidad pública a nivel nacional, regional y local en los últimos años, manifestando abiertamente su apoyo al propósito del SECED, impulsado por Carrero, de profundizar en la información de tales asuntos de corrupción para promover su rectificación y escarmiento en bien de la ejemplaridad que el país pedía.

El 28 de marzo de 1973 almorzaron el teniente general Díez-Alegría, el general Gutiérrez Mellado y el teniente coronel San Martín en el Club de Campo para tratar de engarzar el SECED en las Fuerzas Armadas y liberarlo de una dependencia demasiado política. Durante tres horas convinieron en una serie de actuaciones, entre ellas la celebración de una sesión informativa de los máximos responsables del servicio ante todos los oficiales generales destinados en el Alto Estado Mayor.

De las habituales entrevistas del director del SECED con el general Gutiérrez Mellado, del Alto Estado Mayor, cuenta San Martín (pág. 224):

… era entonces uno de nuestros mayores detractores […]. Como me interesaba poner las cosas en su sitio solicité verle y me recibió enseguida. Le di puntual referencia del origen y de la marcha del Servicio […]. A partir de ahí nos veríamos con mucha frecuencia y debo decir, en honor a la verdad, que Gutiérrez Mellado tenía una capacidad intelectual extraordinaria y era de conducta humana ejemplar […]. Nos entendíamos muy bien.

San Martín visitó de nuevo a Gutiérrez Mellado el 24 de abril para concretar la celebración de la sesión informativa: el teniente general Díez-Alegría invitaba al director del SECED a exponer en el AEM, en la tarde del 26, una panorámica de la misión que tenía encomendada el servicio y las actividades que desarrollaba[55]. Así tuvo lugar. Tras una breve presentación a cargo de San Martín, intervinieron los primeros directivos durante una hora. Se llevó cabo a continuación un descanso en el que se facilitaron a los mandos del Alto Estado Mayor resúmenes de las exposiciones y documentación complementaria de interés sobre cada órgano del servicio comentado, manifestando estos su grata sorpresa por la amplitud y profundidad de los conocimientos demostrados por los conferenciantes. La segunda parte se dedicó al separatismo en Vascongadas y la actuación del Gobierno, con extensas explicaciones del Plan Udaberri. Y siguió un vivo coloquio.

El general Gutiérrez Mellado se interesó por el grado de penetración informativa en cada uno de los sectores tratados, destacando entre las respuestas el hecho de que la infiltración en ETA era «nula por parte de todos los servicios del Estado», por lo que se estaba preparando un plan, que no tendría efecto hasta pasados dos años. Quería saber también si el SECED informaba al vicepresidente con la claridad con que se habían manifestado allí sus jefes y oficiales, a lo que respondió San Martín que «incluso más, por recto sentido de lealtad al mando». Asimismo preguntaba qué desgaste habían sufrido los directivos en sus actuaciones, contestando el teniente coronel que «algunos se queman por la dificultad de su labor en primera línea, lo que aconseja fijar un plazo de máxima permanencia de cuatro años y otro más de desenganche». No complació este criterio al general por entender que se prescindiría de la gente precisamente cuando empezaba a rendir; si un oficial se quemaba en un puesto era preferible trasvasarlo a otro sector de información. Estimaba que los plazos mínimos y máximos deberían extenderse unos años más.

El general Dolz de Espejo aludió al artículo de Il Tempo en el que se atribuía al SECED tratar de mantener las Leyes Fundamentales, sostener al Gobierno y vigilar las actividades de la clase política. Preguntaba también por las razones de fijar plazos de permanencia; los argumentos de San Martín iban en la línea de dar libertad para que el personal militar siguiera su profesión en las unidades armadas.

Finalmente, el general jefe del AEM dedicó palabras de afecto en relación con «la exposición completa, competente y brillante» felicitándonos por el entusiasmo volcado en la misión. Recordaba que en 1900 Silvela había escrito el célebre artículo «España sin pulso» y que en ese momento se notaba un vacío, una falta de médula nacional; el Movimiento había sido un esfuerzo heroico, y después parecía que no había más que hacer. «Es posible luchar contra esa atonía, como lo demostró Maeztu en su revista Acción Española, que consiguió un impacto indudable», afirmó Díez-Alegría. Y se preguntaba qué hacíamos los militares entonces, refiriéndose a la formación de los más jóvenes: «Después del periodo de campamento, en los cuarteles, nada […]; aunque sus cuadros de oficiales tienen voluntad de entrega y conservan su entusiasmo y dedicación». El general, con clara visión, aludió a la guerra subversiva «que existe y es la única que cabe esperar en el futuro en países como el nuestro». Por otra parte, le parecía necesario crear un estatuto del personal de información, pues era de justicia que los destinados en el servicio gozasen de todas las peculiaridades y disfrutasen de todos los beneficios, así como de la estima de sus compañeros. Consideraba indispensable la permanencia; no comprendía que un especialista en información estuviese preocupado por tener que cumplir el día de mañana las condiciones de mando. «Yo no soy hombre de información —añadió—, pero aseguro que en la guerra actual la información es tanto o más importante que los tiros».

Así lo relataba San Martín años después en su libro (pág. 204):

El teniente general [Díez-Alegría] habló durante quince minutos diciendo cosas tan sustanciales como que el Servicio era del máximo interés nacional […], que a su juicio el Servicio debería estar en otras manos de la Administración, pero que ante la inexistencia de personal cualificado fuera de las fuerzas armadas, éstas deberían prestar las personas y los apoyos […] y que se felicitaba del plantel de jefes y oficiales de que disponía el Servicio, todos ellos tan consagrados al cumplimiento de sus misiones […]. Se había producido en el teniente general un giro de ciento ochenta grados. En los primeros tiempos se «rebelaba» […] hasta el punto de que trató de echarnos a todos del alto centro, lo que no se llevó plenamente a efecto, gracias a la intervención directa del príncipe de España.

Al día siguiente recogí en Vitruvio impresiones muy positivas de la sesión. El general Gutiérrez Mellado me diría, por ejemplo, que había sido «un acto estupendo, de elevado interés; un paso importante que hay que continuar con otras reuniones conjuntas para terminar de mentalizar al teniente general». Suponía que también para nosotros habría sido útil el encuentro, al tener la oportunidad de cambiar impresiones con los altos mandos del AEM. Consideraba que la alocución del teniente general Díez-Alegría tenía gran enjundia, y que su contenido venía a trazar una nueva línea de actuación. Por su parte, el general Arozarena me insistía en la urgencia del Estatuto del Oficial de Inteligencia, para evitar problemas de situaciones militares. El capitán de navío Rubalcaba, secretario general del AEM, calificó de gran acierto la reunión de la víspera; quedó entusiasmado, ponderándome calurosamente el interés de los temas y la extraordinaria cualificación de los ponentes. Había pasado la noche leyendo la documentación y el libro que le facilitamos y me solicitaba dos ejemplares de todos los libros que figuraban en la lista de formación del personal del SECED para nutrir la biblioteca del AEM. Me hacía saber, además, que todos los comentarios escuchados por él a los asistentes eran igualmente laudatorios. El capitán Armiño, secretario particular de Díez-Alegría, me transmitió también la satisfacción de su jefe por la reunión de la víspera.

Continuando con el buen clima de relaciones bilaterales, San Martín acudió el día 8 de mayo de 1973 a una reunión con el general jefe de la Tercera Sección y los jefes de las segundas secciones bis de los tres Ejércitos, en la que se comprometió a enviarles copia de las «Previsiones» (que se redactaban en exclusiva para el jefe del Estado a través del vicepresidente del Gobierno) y el Boletín Político-Subversivo de carácter interno semanal; también ofrecía el apoyo del servicio para futuras charlas, conferencias y artículos de prensa. San Martín apreció en aquellos Servicios una mayor concienciación sobre el problema subversivo, pero también una reacción desfavorable contra el Gobierno, que no ponía los medios para resolverlo. Por su parte, el general Dolz de Espejo intentaba coordinar a las secciones bis de los Ejércitos por medio de un organismo recién creado para ello: el Centro de Información de las Fuerzas Armadas (CIFAS).

En la mañana del jueves 10 llevé al general Arozarena el borrador del acta de la sesión conjunta del 26 de abril, que no le pareció que necesitase ampliaciones ni modificaciones. Aprovechó para hablarme de un tema desconocido por mí hasta entonces: la prevista formación sobre guerrilla urbana de un oficial de la OCN en Uruguay, asunto que originaba problemas en Asuntos Exteriores, pues nuestro embajador en Montevideo lo desaconsejaba por escrito. Así que el general Arozarena deducía del texto la ineficacia de esas gestiones por vía diplomática: «A través de los servicios lo hubiéramos resuelto en horas».

El jueves 17 de mayo volví al despacho del general Arozarena para continuar con el «tema Uruguay»: San Martín esperaba que el general jefe del AEM diese una respuesta adecuada al ministro López-Bravo, aceptando gustoso Arozarena el ofrecimiento de una nota que pudiera adjuntarse a la carta de respuesta, por si el ministro reconsideraba su postura. Según dejó constancia San Martín (pág. 50), el día 23 «el Almirante deseaba que se impartiese un curso sobre la “guerrilla urbana”, para todos los organismos afectados, para lo cual desplacé a Montevideo a uno de mis colaboradores directos [se trataba del capitán Eduardo Fuentes], saltándome, por orden suya, las observaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero informando puntualmente al Alto Estado Mayor».

Un nuevo servicio de información en el horizonte

Resulta de interés para el estudio de los servicios de inteligencia comprobar cómo en pleno 1972 —cinco años antes de la creación del CESID— el director del SECED ya buscaba criterios para orientar el futuro, que aún deberían pasar necesariamente por el tamiz del jefe del Alto Estado Mayor y del vicepresidente del Gobierno. Veamos.

El viernes 20 de octubre de 1972 tuve oportunidad de despachar con el general Dolz de Espejo y con varios mandos de la Tercera Sección: estaban muy contentos porque el vicepresidente había dado luz verde al teniente general Díez-Alegría para estudiar la creación de un nuevo Servicio de información en el AEM y dotarlo de personal y medios económicos suficientes para su buen funcionamiento. En cena de trabajo del 7 de noviembre, Arozarena informaría a San Martín de que Díez-Alegría ya había autorizado redactar el primer esquema de un posible Servicio Nacional de Inteligencia. En despacho mío del 18 con el general Díez-Alegría hablamos de ese nuevo Servicio que el AEM quería organizar en su seno y que podría ser una iniciativa de enorme transcendencia; el teniente general me manifestó su idea de que dependiese de la Tercera Sección.

Finalmente, San Martín fue recibido en audiencia por el teniente general el 21 de noviembre de 1972, en un ambiente de sorprendente entendimiento. Díez-Alegría se mostraba preocupado por la situación de estancamiento del país, por el crepúsculo del asociacionismo y por la insuficiente representatividad de las Cortes, muchos de cuyos procuradores apenas tenían categoría personal para el puesto que ocupaban. Contaba que el vicepresidente Carrero le había pedido opinión sobre la integración del AEM en un presunto Ministerio de Defensa Nacional. El jefe del AEM prefería que su alto centro se mantuviese incardinado en la Presidencia, con misiones de coordinación de las Fuerzas Armadas. Ambos interlocutores dialogaron sobre el posible servicio de inteligencia de la Tercera Sección, para el cual no se había buscado aún denominación y al que ahora sigo denominando —como circuló en algún documento interno— con las lógicas siglas SIAEM. Una semana después San Martín informó de ello al almirante Carrero, quien le confirmaría haber dado su aprobación de principio a la creación de aquel servicio, dejando por sentado que se refería al campo de la información militar y haciendo saber a San Martín que el texto que se preparase habría de ser estudiado y comentado por él, como jefe del SECED, y por José M.ª Gamazo, director general de Servicios en Presidencia.

Para hablar del futuro Servicio de Información del AEM, el día 5 de diciembre el SECED organizó un almuerzo al que invitó a quienes hacían cabeza en la Tercera Sección: el general Dolz de Espejo y los coroneles Ricardo Arozarena y Raimundo del Valle. A San Martín le acompañamos el comandante Eutimio Hernández y los capitanes Leandro Peñas y yo. En un ambiente cordial y amistoso el general expuso sus criterios sobre diversos aspectos del nuevo Servicio de información, cuya denominación se decidiría en función del nivel de las misiones que se le asignasen (bien de Defensa o Nacional), y que incluían espionaje, contraespionaje y la coordinación de las segundas secciones bis de los Ejércitos, cometido este último aún no desarrollado ni fácil de ejecutar. En la citada reunión se dedicó un tiempo a las bases en el extranjero, entendiendo Dolz de Espejo que había que atender mejor al Sáhara y los países limítrofes, y en Europa, a Portugal, Francia, Italia y Alemania. Añadía San Martín la conveniencia de organizar, además, bases en la frontera francesa, tanto en sus extremos oriental y occidental como en Andorra.

Por encargo del general Dolz, el primer encuentro entre oficiales de la Tercera Sección y del SECED tendría lugar la mañana del 13 de diciembre en las oficinas del Servicio, en Alcalá Galiano 8, para concretar el modus operandi de la creación del nuevo SIAEM. Por el Alto Estado Mayor asistían el comandante José M.ª Valdés González-Roldán (de Operaciones-Exterior) y el capitán Juan Ortuño Such[56] (de Operaciones-Interior); por el SECED, el capitán Leandro Peñas, adjunto al director, y yo mismo. La colaboración entre los dos servicios se ceñía a la selección y formación conjunta de especialistas en una escuela de ámbito nacional y al estudio de un estatus único para el personal. El SECED patrocinaba, al menos para su gente, la dedicación exclusiva, la igualdad de retribuciones y el compromiso de no sujetarse en el funcionamiento interno al rango militar, y que la permanencia en el servicio no fuera en detrimento de la carrera militar de cada cual. Y en cuanto al material, se concluía la ventajosa homogeneización de equipos y repuestos y la existencia de un parque de medios técnicos sofisticados para utilización por ambos servicios.

En nueva sesión de trabajo, el viernes 15 se reiteró la necesidad de que el AEM acelerase el proceso de creación de su nuevo Servicio. Al día siguiente la Tercera Sección elevó una «cuenta a S. E.» con un anteproyecto sobre la creación de un servicio de información para el Alto Estado Mayor, que constaba de trece apartados. La «Justificación» argumentaba sobre la inaplazable necesidad nacional de desarrollar tres tipos de acciones defensivas: contraespionaje, contrasubversión y contrasabotaje. Con tales supuestos pudo organizarse el 19 de diciembre la constitución de una comisión superior que decidiese sobre la coordinación entre la Tercera Sección y el SECED.

El día 15 de marzo de 1973 San Martín se entrevistó de nuevo con el general Arozarena, acordando impulsar al máximo la coordinación estructural y funcional entre sus respectivos órganos de información, incluso la fusión de ambos servicios si fuera preciso; y el 23 de marzo San Martín —según relata él mismo en las págs. 49 y 50— entró en contacto directo con el ya general de división Gutiérrez Mellado para poner jalones a un definitivo entendimiento con el AEM:

Las negociaciones las íbamos llevando con cierta parsimonia toda vez que la información en el Alto Estado Mayor estaba en vías de reestructuración […]. El general Díez-Alegría parecía dispuesto a que la contrainformación interior y exterior dependiera de nosotros, para lo que podríamos valernos de «organizaciones pantalla»; mientras el Alto Estado Mayor se encargaría de la información exterior de carácter militar o relacionada específicamente con la defensa.

De ello surgiría un «Estudio de la organización del Servicio», fechado en 3 de abril, con criterios previos para el reparto de las funciones informativas y contrainformativas de las dos ramas del futuro servicio; y se redactaría otro documento titulado «Funcionamiento de los órganos del Servicio» con propuesta de estructura orgánica. En despacho del teniente coronel San Martín con el almirante Carrero el día 7, el vicepresidente del Gobierno le comentaría haber observado en Díez-Alegría una disposición muy favorable respecto al enfoque dado al tema y le estimuló a continuar los estudios con el Alto Estado Mayor. Resulta remarcable lo que cuenta San Martín en la página 224 de su libro para detectar orientaciones de una posible integración futura de ambos servicios vinculados a la Presidencia del Gobierno:

El 24 de abril de 1973 almorcé de nuevo con el general [Gutiérrez Mellado], con el que llegué a un pleno acuerdo de deslindar campos en los servicios de información. Él personalmente se encargaría de mantener las relaciones con nuestro servicio, que dependería del vicepresidente del Gobierno, a través del jefe del Alto Estado Mayor. Se iría paulatinamente a la fusión de los servicios de contrainformación.

San Martín se reuniría de nuevo con Gutiérrez Mellado el 8 de mayo y el 5 de junio para hablar de la reestructuración de los servicios de información, con perspectivas optimistas. Poco después, el nombramiento del almirante como presidente de Gobierno aplazaría la decisión, como relata San Martín:

El 20 de dicho mes [junio] cené con el general Gutiérrez Mellado […]. Su «timing» era el siguiente: reorganización del Alto Estado Mayor y de los servicios de información antes del 20 de julio, para empezar a andar el 1 de septiembre. A mí me pareció demasiada celeridad, no porque no abundara en la idea de urgencia sino porque sabía que la máquina administrativa no iba a ser capaz de asimilar tal calendario. Por eso en mi diario escribiría: ¡Ya veremos!

San Martín presentó al almirante el 7 de julio de 1973 un estudio sobre el posible Servicio Nacional de Información y la distribución de responsabilidades informativas. Carrero daría su beneplácito; pero, antes de despacharlo con el jefe del Estado, prefirió esperar la propuesta del teniente general Díez-Alegría, que le llegó el 13 de ese mes. El estudio del SECED comenzaba así:

La trascendencia, cada día mayor, que tiene para el Estado contar con la más completa información en las materias que conciernen o afectan a la Defensa y la ineludible necesidad de protegerse de las actividades que, dirigidas desde el exterior, ponen en peligro su seguridad, aconsejan la constitución de un organismo, a escala nacional, al que encomendar ambos objetivos, por resultar insuficientes los elementos con que se cuenta en la actualidad. Por su ámbito y naturaleza parece más conveniente que este se lleve a efecto mediante la creación de un Servicio de la Presidencia con dependencia directa del Jefe del Alto Estado Mayor, como órgano técnico de la Defensa Nacional.

Seguía un escueto articulado que empezaba aludiendo a la creación de ese Servicio Nacional de Información y Contraespionaje de la Defensa. Pero el presidente Carrero, interesado fundamentalmente en la información política del momento, no parecía tener prisa en abordar la reorganización del AEM, pese a que se vislumbrara un acuerdo cercano. No obstante, el almirante dispuso el mismo día 13 de julio la creación de una comisión de trabajo para la elaboración de un proyecto definitivo, con el fin de presentárselo al jefe del Estado si procedía. El ministro subsecretario Gamazo entregaría en septiembre al presidente otro anteproyecto de decreto que aún recibiría una segunda redacción. Después continuarían las conversaciones entre el director del SECED y el general Gutiérrez Mellado para intentar cerrar un plan en el último trimestre de aquel año 1973. Al parecer el teniente general jefe del AEM insistía en la fusión de los servicios del Alto Estado Mayor y de Presidencia, fórmula que el almirante no descartaba. Pero el asesinato del presidente Carrero dejó en el aire muchos asuntos; entre otros, la creación del quimérico SIAEM y, por supuesto, su posible fusión con el SECED.

La inexcusable coordinación nacional

Aquellos impulsos en favor de un futuro Servicio Nacional de Inteligencia no distrajeron la atención necesaria a la coordinación del AEM con el SECED y otros servicios, para la que, desde tiempo atrás, se fijaron dos metas concretas: una junta de información de alto nivel y la redistribución de misiones y campos a escala nacional. En esa presunta Junta Nacional de Información la Tercera Sección del AEM representaría a las tres bises, el SECED a los servicios de ministerios civiles, y Seguridad y Guardia Civil enviarían un solo representante si, como se rumoreaba, se creaba un órgano superior de orden público.

El director del SECED se reunió el 22 de enero de 1973 con el teniente general Iniesta Cano, director general de la Guardia Civil, los generales Dolz de Espejo y Arozarena (AEM), y los coroneles Blanco (DGS) y Sáenz de Santamaría (EMGC), para crear un grupo de trabajo. El vicepresidente se mostraba el 30 de abril muy satisfecho de cómo se estaban llevando las conversaciones, y el 23 de mayo de 1973 Carrero diría que prefería que el SECED dependiera directamente de él y que el AEM se dedicara a la información militar en su doble vertiente de información y contrainformación. El Grupo de trabajo redactó un anteproyecto reclamando la creación de una Comisión de Coordinación de la Información Especial y fijando con claridad su orientación y composición, integrada fundamentalmente por los cuatro miembros de derecho, representantes de los servicios citados. De hecho, llegó a proyectarse un decreto de Presidencia para la creación de una Comisión Interministerial para la Seguridad del Estado, cuyo borrador, encomendado al SECED, era trasunto de otro elaborado en la primavera de 1972.

Pero al regreso de las vacaciones estivales de 1973 el ministro de la Gobernación Arias Navarro discrepaba de la delimitación de competencias entre servicios y, en particular, de la posibilidad de que el SECED recibiera la responsabilidad de la información interior. Muy probablemente el teniente general Díez-Alegría presionó para la reanudación de las conversaciones en línea con el anteproyecto del Grupo de trabajo, pero tropezó con viejas desconfianzas que derivaban de la falta de atención a la seguridad interior a nivel nacional —la División de Información del SECED ya la había hecho patente al ocuparse de las comunicaciones con los corresponsales oficiales del servicio, apreciando una gran despreocupación en el uso de los medios, especialmente de los telefónicos—. Fechas después el presidente Carrero ordenaría al SECED estudiar la protección y utilización de las comunicaciones oficiales.

Al fin, tras múltiples conversaciones, se llegó el 26 de septiembre de 1973 a configurar una Comisión Nacional de Coordinación de la Información para la Seguridad del Estado[57], presidida por el presidente del Gobierno e integrada por el vicepresidente, los ministros de Gobernación e Información y Turismo, el subsecretario de la Presidencia y el teniente general jefe del AEM, con la presencia de los ministros militares cuando así se requiriera. El texto del decreto sobre la comisión no estuvo listo para Consejo de Ministros hasta final del mes de octubre.

Al presidente Carrero también le pareció bien el borrador de orden secreta, pero prefirió comunicárselo antes a los ministros en carta del 17 de ese mes. Pese a todo, seguían las tensiones y las reservas de Carlos Arias, quien pedía un tiempo de estudio para los servicios involucrados. El 10 de noviembre San Martín fue recibido por el ministro Arias, pues el proyecto de Gobernación resultaba inviable. Se concedió un plazo prudente de reflexión para el estudio por los interesados, pero el decreto regulador no salía por las reticencias de Liñán, ministro de Información y Turismo, y Arias Navarro, que seguían en sus trece. El 21 de noviembre el ministro Arias aún ponía reparos a Gamazo. El día 27 seguía sin haber acuerdo y el 1 de diciembre San Martín se lo hizo saber al almirante, quien prefería dejar pasar el tiempo para que madurase el tema, y en cambio preparar una instrucción para el SECED y el SIAEM.

Tras el asesinato del almirante, San Martín se apresuraría, a las nueve de la noche de aquella negra jornada, a presentar un informe al jefe del AEM en su domicilio titulado «La OCN ante la situación actual», que concluiría así: «En consecuencia, se propone la modificación de la estructura de la OCN, integrándola, en la forma que el Mando estime conveniente, en el seno del Alto Estado Mayor». Las tres propuestas —sendos servicios nacionales y la comisión de coordinación—, largamente debatidas, se quedarían en simples proyectos, aunque con un mejor entendimiento entre el Alto Estado Mayor y el SECED. La integración entre estos dos servicios no llegaría hasta 1977 con la creación del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID); pero la coordinación a nivel nacional con los restantes aún tardaría unos años más en materializarse.

7
LA ACTIVIDAD ABIERTA DEL SECED

LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Con la creación del SECED terminaba una fase en la consolidación institucional de las actividades contrasubversivas. Se iba a atravesar un umbral en medio de un sórdido panorama nacional: grotescas intrigas en torno al noviazgo de don Alfonso de Borbón que pretendían posibilidades sucesorias; cierto alejamiento institucional de la Iglesia en España, con creciente influencia del cardenal Tarancón y cese de monseñor Guerra Campos como secretario de la Conferencia Episcopal; los congresos del PSOE (XII) en Suresnes y del PCE (VIII) también en el exilio; el escándalo del aceite de REACE en Redondela; el tristemente célebre Proceso 1001 contra dirigentes de Comisiones Obreras, ya mediado el año 1972, y otros muchos episodios de los que hace valoración Ricardo de la Cierva en La Historia se confiesa (tomo II). En aquellos meses de entrada en funcionamiento del SECED las expectativas políticas evidenciaban una unánime convicción de que las previsiones institucionales difícilmente llenarían el vacío que dejase el Generalísimo cuando le llegase un día la muerte. Pero algunos ya intuían que el talón de Aquiles del Régimen no estaba en su estructura legal, sino en la falta de arraigo convencido de la clase política del sistema.

Pues bien, para atender a esos y a otros muchos asuntos, fue preciso ampliar la información propia completando las fuentes disponibles en el SECED con otras vías de obtención, fundamentalmente a través de las que denominábamos «actividades abiertas».

La dirección del SECED impulsaría desde el primer momento la posibilidad de establecer contactos con instituciones, entidades y personas para recabar opiniones solventes sobre asuntos de interés —y hasta de preocupación— del vicepresidente del Gobierno. Pero las necesidades informativas y de asesoramiento obligaron a incrementar e institucionalizar la ejecución de numerosas entrevistas con una variadísima gama de personas, con el fin de perfeccionar la toma de decisiones sobre los verdaderos problemas que incidían en la sociedad, poniendo a disposición del almirante Carrero Blanco una novedosa y ágil vía de conocimiento de distintos aspectos y enfoques, tanto del estado de la nación como de los miembros más relevantes de cada sector social de influencia.

Tal procedimiento se extendió con gran rendimiento informativo a las delegaciones y subdelegaciones que se iban abriendo, e igualmente a las oficinas de enlace establecidas en un buen número de ministerios civiles. Este hábito continuó de modo creciente durante toda la Transición; se trataba de una formidable vía de contraste de opiniones. Con quienes podían darlas, claro. Es probable que en la corta vida del SECED —algo más de un lustro— el número de entrevistas realizadas por sus directivos alcanzase varios millares. En aquellas etapas del SECED era un hábito no impuesto redactar resúmenes de las entrevistas inmediatamente después de celebrarlas. Era la mejor demostración de lealtad y transparencia con el mando, dándole cuenta de lo que durante tantas y tantas horas hacíamos en la calle.

San Martín (pág. 102) hace una clara descripción del objetivo que perseguíamos con aquellas numerosísimas entrevistas a personalidades del mundo social, político y económico, y añade la siguiente consideración:

Cuando en una ocasión despaché con el Almirante la necesidad de ampliar el espectro político informativo, él se resistía al principio, pero yo le convencí de que no perdíamos nada manteniendo conversaciones con personas situadas extramuros del régimen: en primer lugar porque nosotros no íbamos a entrar en su «juego»; en segundo lugar porque las conocíamos mejor a ellas que ellas a nosotros (en base a nuestros archivos); y en tercer lugar porque recibiríamos una información de la que se carecía en los demás organismos del Estado y a la que teníamos que ir en su búsqueda, si se quería cubrir ese vacío.

El archivo JANO

Para que aquellas actividades dieran su máximo fruto resultaba evidente que el SECED debía crear un archivo propio de información, pues, de cara a la irremediable transición que se avecinaba a pasos crecientes, parecía indispensable saber «quién era quién» en la vida nacional. Ese es el origen del archivo JANO, creado por orden de San Martín y cuyo nombre proviene de una deidad romana representada por una cabeza con dos rostros opuestos. En nota remitida a las delegaciones regionales el 3 de junio de 1972, se les recordaba el cumplimiento de los formularios enviados un mes antes para «recopilar datos, en el ámbito de la Delegación, relativos a personas que por sus circunstancias políticas, intelectuales, artísticas, económicas, sociales o de cualquier otra índole» pudieran revestir interés, tanto en orden a actuaciones subversivas como para su utilización en sentido positivo. La selección de personas debía efectuarse «siguiendo el criterio fundamental de su actuación política presente o futura, positiva o de oposición».

Se pretendía entonces lograr un mínimo de cien personalidades por provincia, en el más breve plazo posible, tarea que podría desarrollarse a lo largo del verano. (Ya en octubre de 1971 se habían integrado en el archivo de la OCN las fichas obtenidas en los gobiernos civiles a través de la Dirección General de Política Interior). El cálculo inicial del SECED estimaba alcanzar un volumen máximo de 10.000 personas sobre las que recoger información. A fines de los años setenta aún no se había agotado la capacidad del archivo; creo recordar que apenas se llegaba a 8.500 registros. Y pese a comentarios torcidos más recientes, la izquierda más radical, revolucionaria, terrorista, etc., solo ocupaba unos pocos cientos de expedientes personales; el resto eran gentes de futuro, fundamentalmente individuos que, por sus profesiones, interés por la política, relaciones sociales… parecían idóneos para sustentar algunas bases de cara a la evolución política que se intuía.

Durante toda la Transición el archivo JANO rindió numerosos servicios a las diferentes áreas de trabajo del servicio y de otros departamentos y entidades públicas, sin que en ningún momento resultase despreciable su utilidad en la selección de nuevos cargos públicos y en el seguimiento de la gestión del cambio político a través de personalidades muy diversas. En el libro Servicio especial de San Martín leemos la siguiente consideración: «Muchos de los que están en el poder o en las instituciones [en 1983] estaban en una famosa “lista de los cien” que tenía en su poder el almirante Carrero Blanco. Era una lista en la que figuraban los posibles candidatos a altos cargos. Y cada una de esas personalidades tenía un buen expediente con datos personales y sus circunstancias». En la tercera parte del libro, titulada «Galería de personajes», cita 32 de ellos con algunos comentarios de interés nada despreciables para los estudiosos de la vida política de aquellos años. San Martín termina lamentando: «Muchos de ellos nos han defraudado».

Recuerdo bien que el SECED mantenía abierta y activada una lista de cincuenta personalidades que constituían el grupo A para cubrir opciones de primer nivel nacional (ministros, presidentes de grandes instituciones, etc.); igualmente se recopilaba un grupo B con 250 candidatos para altos cargos de rango inmediatamente inferior. La utilidad de tales listas y fichas de la crème de la crème era grande, pues el Régimen estaba agotando rápidamente su propia cantera, en buena parte ya envejecida. Numerosos altos cargos del último Gobierno de Franco y de los primeros de la monarquía fueron extraídos de aquellas relaciones y expedientes; puede asegurarse que el SECED tuvo una destacada influencia en la búsqueda y selección de hombres públicos. Son casi excepción los que, al incorporarse en aquella década al Gobierno y a las instituciones, no habían tenido antes contacto alguno con el SECED. La elección final era naturalmente decisión exclusiva del presidente del Gobierno, pero trascendía en los ambientes políticos la sensación —bastante justificada— de que el servicio tenía capacidad para catapultar candidatos hasta la mesa presidencial, lo cual facilitaba mucho el acceso de los oficiales directivos del SECED encargados de esta misión a buena parte de quienes aspiraban a hacer de la política su propia carrera. Más de una vez los elegidos nos aseguraron tener el convencimiento de que su candidatura había sido propugnada por el Servicio, cosa que no era cierta en ocasiones.

Para materializar el JANO se procedió a la instalación del equipamiento más moderno: entonces los novedosos armarios metálicos compactos, que permitían albergar cantidades importantes de documentos y fichas sin ocupar el enorme espacio de las tradicionales estanterías o taquillas. Un ordenador electrónico del AEM completaría la labor para la rápida explotación de la información almacenada. Así, entrando con los indicadores de edad, profesión y cargos públicos o privados, población de residencia, etc., en cuestión de segundos aparecían los nombres de quienes los cumplían a satisfacción.

La sección del archivo sobre terrorismo llegó a ser única por el volumen, organización e interés de sus datos, tanto que la Guardia Civil, al recibir la misión de perseguir a ETA y otros grupos, solicitó el apoyo del SECED para crear un archivo similar al JANO; se le facilitó cuanto podía resultar de su interés, generoso apoyo que recibió con enorme gratitud la Benemérita. Por otra parte, la cooperación de las direcciones generales de Seguridad y de Política Interior simplificaría la recopilación de un gran número de expedientes, con una destacada riqueza de información. En este archivo se integrarían también numerosos datos recogidos de declaraciones de terroristas y de publicaciones clandestinas de los grupos afines (Zutabe, Zutik, etc.).

Al referirnos al archivo JANO, del que tanto se hablaría años después, resulta conveniente explicar las sesiones de trabajo que se desarrollaron en el Alto Estado Mayor para modernizar los bancos de datos a través de los nuevos sistemas informáticos. A tales reuniones precedieron otras sobre «Ordenadores para la Defensa» que acabarían determinando la elección del equipo electrónico de la sede de Vitruvio para dar servicio a la Tercera Sección y al SECED. Ya en diciembre de 1970 habían comenzado a elaborarse en el Quinto Negociado (Técnico) de la Tercera Sección las primeras «Bases para la organización del archivo de documentación». Se esperaba microfilmar unos 300.000 documentos, aunque los ya archivados triplicaban esa cifra. Se trataba del Plan DUCO —ya citado— para que el AEM intercambiara con la Organización CONDE todo tipo de datos, de forma precisa, constante y prácticamente automática. A lo largo de mayo y junio de 1971 se sucedieron las reuniones del denominado Comité de Mecanización de Archivos de Documentación, que estudió el nomenclátor y evaluó la labor de definir el tipo de datos que habían de incluirse, los modelos de fichas, los documentos que debían microfilmarse para ser conservados muchos años. El referido comité había tenido como antecedente inmediato el denominado Grupo de Expertos en Ordenadores para la Defensa, constituido en el AEM a finales de 1969.

La creación posterior, dentro de la Secretaría General del SECED, del Departamento de Documentación y Enlace resultó indispensable por el enorme crecimiento de la correspondencia postal y telegráfica del servicio, secreta en buena parte, y la correspondiente labor de despacho y distribución. Me contaba el general Antonio Alonso Molinero[58] el 10 de julio de 2003 que siendo allí capitán le resultaba insólita la rapidez con que se despachaba sobre cualquier asunto de interés.

El ya citado libro de Díaz Fernández (pág. 156) dice del afamado JANO: «Este archivo era producto de una operación conocida como PROMESA que estuvo permanentemente abierta y que pretendía tener detectados a los miembros menos leales al régimen, a aquellos ciudadanos que desde diferentes ámbitos podían desafiarlo y a los que en él podían llegar a tener alguna relevancia». No es cierto que el JANO se derivara de PROMESA; otra cosa es que esta operación —que relataré más adelante—, como tantas otras, permitiera en alguna medida el enriquecimiento de aquel archivo y al propio tiempo se beneficiara de él.

A propósito del archivo JANO, Joaquín Bardavío escribía en El Mundo (8 de junio de 2004), en el obituario de San Martín, que al difunto coronel «le preocupaba obsesivamente la corrupción y especialmente la existente en los ayuntamientos, donde opinaba que era la más purulenta. De ahí que ideara el “Plan Jano”, un fichero para reflejar las dos caras de quienes podían ocupar cargos públicos. Para ello tendría que hacer exhaustivas investigaciones que fueron consideradas incluso entonces abusivas contra la intimidad, razón por la que el Plan fue relegado». Discrepo en eso de la preocupación obsesiva y de las investigaciones exhaustivas contra la intimidad: la inmensa mayoría de la documentación personal de cada cual era suministrada por los propios interesados, a quienes convenía que sus extensos currículums figurasen en el archivo del presidente del Gobierno. La adquisición u obtención de esta información se basaba sobre todo en reseñas de entrevistas, de noticias de fuentes propias y ajenas al Servicio, y en el examen detenido de la prensa y toda suerte de anuarios, labor esta que desarrollaba el Gabinete de Lectura ya aludido. Y desde luego JANO siguió funcionando y dando sus frutos, como es lógico.

En los últimos años se han reiterado, en algunos libros de escritores tenidos por «especialistas» en la materia, referencias al archivo JANO que me resultan sorprendentes. Pilar Urbano describió en Yo entré en el CESID[59] diversos aspectos de la «muy reservada y desconocida Operación Jano, de vigencia continua […]. Juan Peñaranda Algar era el hombre que tenía en orden y al día ese archivo. Y no solo de políticos: también de abogados, magistrados, financieros, diplomáticos, obispos, sacerdotes, profesores universitarios». Debo decir que jamás se me encomendó esa función, que era tarea que desempeñaban a la perfección auxiliares de la Secretaría General del SECED y después del CESID, lo que no quiere decir que el JANO no se alimentara con los datos de mis entrevistas. Curiosamente ni siquiera tengo conciencia de haber conocido físicamente la ubicación de tal archivo.

Por su parte, Alfredo Grimaldos reiteraba años después esa implicación en La CIA en España[60]:

Un archivo verdaderamente curioso y eficaz. El capitán Juan Peñaranda Algar es quien se encarga de mantenerlo actualizado. En él no figura nada inventado, ni imaginario, ni ningún análisis, solo datos de las diez mil personas punteras de este país, de todas las profesiones […]. Al cabo de unos años de trabajo, la fuerza de Jano es demoledora, y de ello serán conscientes la mayoría de los miembros de las últimas Cortes franquistas.

Y más recientemente Vicente Almenara, en Los servicios de inteligencia en España[61], reproduce el texto de Pilar Urbano como fuente fidedigna.

Cito, por último, el libro de Ernesto Villar Todos quieren matar a Carrero:

San Martín […] lo bautizó como Archivo Jano, un gigantesco fichero de más de 15.000 nombres (aunque no se sabe su volumen real) que se actualizaba cada día, trabajando incluso en horario nocturno con un ordenador IBM [era Siemens] que debía ser lo último de lo último, mientras en la DGS «continuaban buscando datos moviendo a mano fichas y expedientes», se jacta San Martín. La inmensa mayoría de los expedientes correspondían a candidatos a altos cargos y solo una mínima parte, apenas unos centenares, a opositores, sindicalistas o terroristas. El capitán Peñaranda [era] uno de los encargados de mantenerlo actualizado[62].

Más adelante (pág. 154), el propio Villar apuntaba lo siguiente:

Lo más importante de todo: siguiendo órdenes directas del comandante San Martín, Peñaranda era el encargado de elaborar, con la tenacidad de una hormiga, un temido y misterioso archivo conocido como Jano (en honor al Dios griego de las dos caras capaz de vigilar tanto lo que ocurre de frente como lo que ocurre detrás). En él estaban incluidas miles de fichas independientes y «vivas», es decir que se iban actualizando sobre la marcha, referentes a todos aquellos personajes a los que Presidencia quería tener controlados. Muchos de ellos eran comunistas, opositores o subversivos en general. Perdido entre ellos, algún etarra. Pero la mayoría eran candidatos a rejuvenecer el Régimen y ocupar puestos en la Administración […]. De ahí que se dijera, con justicia, que el SECED «ponía y quitaba ministros». Era verdad.

Y aún va más alla en la página 170:

… el escritor Grimaldos sostiene que todas estas operaciones, incluidas el Archivo JANO y «Promesa», se hicieron mano a mano con la CIA, porque era la forma de garantizar que la Dictadura se suicidaba, tal y como habían planeado los americanos. Todas ellas están consideradas secretos de Estado y demostraban que, en algunos aspectos, detrás de cada político hay un agente secreto, y que los servicios de inteligencia fueron fundamentales para que ese edificio con pies de barro no se viniese abajo. Realmente tenían un asombroso poder.

Pues ahí quedan esas fantasías, filtradas sin duda como auténticas realidades por algún buen «conocedor» del SECED.

CUESTIONES POLÍTICAS DE URGENCIA

La sorprendente «ley del vicepresidente»

La creciente incertidumbre sobre el futuro político nacional no empieza a tantear soluciones hasta que el 18 de julio de 1972 aparece publicada la Ley 28/1972, de 14 de julio, «por la que se dictan normas de aplicación a las previsiones sucesorias», eufemismo que solía utilizarse para referirse al futuro e irremediable fallecimiento del Generalísimo. En su artículo tercero se disponía lo siguiente: «el vicepresidente del Gobierno quedará investido […] del cargo de presidente del Gobierno hasta que el Rey haga uso de la potestad que le otorga el artículo quince de la Ley Orgánica del Estado».

Al día siguiente The New York Times publicaba, bajo el título Franco aclara el proceso de la sucesión, un artículo del comentarista Henry Ginigers fechado el 18 en Madrid. Informaba que el Generalísimo pretendía asegurar la continuidad de su sistema haciendo posible que el vicepresidente Carrero pudiera ser jefe del Gobierno a su muerte, resultando así altamente improbable que el Rey le desechase cuando ya ocupara el trono. Anotaba Ginigers comentarios persistentes de que el general Franco nombraría un presidente de Gobierno, «pero tales rumores, al menos implícitamente, han sido puestos hoy a descansar». Según opinión de expertos observadores políticos en Madrid, se colocaba al almirante Carrero en una posición fuerte para hacerse cargo del control efectivo de España tras el óbito del Generalísimo.

El 25 de septiembre de 1972, en reunión del director del SECED, su adjunto y yo mismo con el presidente de Altos Hornos de Vizcaya, Villar Mir afirmaba que la ley sobre el vicepresidente le había parecido una medida muy prudente y adecuada, habiendo detectado esa misma opinión en diversos círculos. Una semana antes, en entrevista con el director de Europa Press, Antonio Herrero creía que aquella ley influiría en un abandono de la política por parte de profesionales de centro-derecha, que ya no verían posibilidades inmediatas para su actividad en ese campo, pasándose, en cambio, al mundo de los negocios (Areilza, Silva, Fraga, Girón, etc.), y calificó la disposición legal de tranquilizante. En cambio, el 25 de octubre Álvaro Lapuerta, abogado del Estado y procurador familiar por Logroño, consideraba inconstitucional la ley por entrar en contrafuero. Como la inmensa mayoría de los procuradores en Cortes, Esperabé de Arteaga decía días antes que esa ley se había cargado el Consejo de Regencia.

La revista norteamericana Times dedicaba el 11 de diciembre de 1972 un duro y desabrido artículo a España, denominado «Los irresueltos problemas sucesorios», aprovechando el ochenta cumpleaños del jefe del Estado. Afirmaba que nada había preparado Franco para después de su muerte, a no ser su tumba en el Valle de los Caídos [lo que no era cierto], y que el Generalísimo había fallado notablemente en preparar «hombres públicos» para el embrollo que podría sobrevenir tras más de tres décadas de gobierno personalista; además, la Ley de Sucesión era simple y tristemente inadecuada para afrontar el shock político, social y económico del «después de». Se refería igualmente a que la sucesión estaba en el aire porque don Juan Carlos era demasiado liberal para los conservadores del Movimiento Nacional, que estaban considerando la alternativa de don Alfonso de Borbón Dampierre. Comentaba Times que «algunos españoles educados» pensaban en el establecimiento de partidos políticos, «aunque muy pocos creen que sea posible».

Años después, el 17 de octubre de 1977, también Luis María Anson, presidente de EFE, nos explicaría extensamente su punto de vista sobre los nombramientos de vicepresidente y presidente del Gobierno a favor de Carrero Blanco. Anson ligaba dos hechos que consideraba muy importantes en la vida nacional: el decreto-ley de prerrogativa de Franco por el que el vicepresidente del Gobierno (Carrero) habría de ser presidente automáticamente al cumplirse las previsiones sucesorias; y el decreto-ley posterior por el que nombró a Carrero presidente. «Es difícil comprender cómo el Caudillo se saltó la Ley Orgánica para asegurar la continuidad a su muerte; y meses más tarde nombra directamente a Carrero jefe de Gobierno. Algo había cambiado en las previsiones de Franco». Anson llegaba a la conclusión de que el jefe del Estado había paralizado definitivamente las intrigas a favor de la candidatura de don Alfonso de Borbón-Dampierre.

En efecto, se esfumaba así la intención del sector más inmovilista del Régimen de convencer al Generalísimo a favor de don Alfonso como futuro rey de España, opción que se impulsaba por la oportunidad de su boda con la nieta mayor de Franco en marzo de aquel año de 1972. Incluso el ministro de Información y Turismo, Sánchez Bella, había llegado a dar instrucciones al director de RTVE, Adolfo Suárez, para que los programas informativos dieran tratamiento de Alteza Real a don Alfonso, y para que la ceremonia religiosa fuera retransmitida en directo. Suárez, que seguía la pauta personal del jefe del Estado, incumplió tales instrucciones. Y las aguas volvieron a su cauce.

Inquietud por el asociacionismo político

Ya en audiencia con el ministro López Rodó el 8 de mayo de 1971, San Martín veía preocupante la demora del asociacionismo político como vía complementaria al sistema de la democracia orgánica. López Rodó esperaba, sin embargo, que eso quedase resuelto en «un par de meses»: «Guárdeme el secreto: una ponencia gubernamental trata de resolver el problema: dos o tres asociaciones, sin máquina electoral, que lleven las corrientes de opinión al Consejo Nacional para que este recomiende medidas al Gobierno». San Martín le replicaba que eso era volver, en cierto modo, a las asociaciones de opinión política, pero López Rodó entendía que no había otra solución.

En aquellos años el asociacionismo centraba todas las conversaciones de quienes pretendían formar parte de la clase política del posfranquismo. Asegura San Martín (pág. 82) que «el Almirante creyó que el Movimiento sería capaz de servir de catalizador de las tendencias ideológicas, pero no encontró la forma de dar vía libre al asociacionismo político, quizá porque no encontró a nadie que le convenciera, ni que convenciera al Caudillo». Comenta San Martín extensamente en su libro cómo los dos intentos de asociaciones de opinión, previstas en el ordenamiento institucional para el «contraste de pareceres», habían fracasado prácticamente. Para autentificar la representación en la vida política había que admitir en el juego a determinadas familias ideológicas; pero ni Franco ni Carrero estaban convencidos de la necesidad de tales asociaciones, pues temían su posterior transformación en partidos políticos. El SECED pensaba que el tema de la participación era la última oportunidad del Régimen; el Movimiento no había estado nunca más vacío, el Gobierno carecía de respaldo y, entre tanto, se iban politizando contra el Régimen sectores sociales concretos. El aparato gubernamental tenía el poder, la información, los técnicos…, pero carecía del concurso ciudadano. El Consejo Nacional tampoco se caracterizaba por su dinamismo ni por su eficacia.

En noviembre de 1972 la prensa del Movimiento daba un respiro de alivio por considerar definitivamente aparcado el tema del asociacionismo, pues la realidad era que los llamados «azules» no parecían capaces de agruparse. Por una parte, estaba el aparato oficial, constituido por Girón y la vieja guardia; por otra, Cantarero y sus socialistas Círculos José Antonio; por otra, la joven guardia de Cisneros y Ortí Bordás, en coqueteo con la oposición ideológica moderada, y por fin, los «sindicalistas» Martín Villa, García Ramal, etc. Había temor a que el asociacionismo propiciase la aparición del PSOE en la escena política nacional, partido que trataría de ser no la oposición al Gobierno, sino al Régimen. Recientes declaraciones oficiosas parecían cerrar el camino a los deseos de canalizar el afán de participación en la cosa pública y ampliar su base; pero la clase política y dirigente consideraba insuficientes los cauces de representación que se traslucían.

El 12 de abril de 1973 San Martín pasó al almirante una nota de Martínez Esteruelas: un borrador de ideas para el Consejo Nacional del Movimiento (CNM) en el que abogaba por las asociaciones para la promoción de hombres políticos y para la programación de la acción pública, como modo de canalizar una pluralidad de opiniones cuya legitimidad estaba reconocida por la propia Ley Orgánica del Estado.

La sociedad había alcanzado niveles insospechados de prosperidad, pero se iba desvinculando del aparato institucional. Entre tanto, las ideologías derrotadas en la Guerra Civil iban ganando adeptos. Se pensaba que la masa de la población estaba con el Régimen, pero más bien lo estaba con la persona de Franco, y este agotaba su existencia terrena. El asociacionismo producía entonces enormes recelos entre los políticos del Régimen, que veían en los nuevos cauces la pérdida del «espíritu del 18 de julio» o, al menos, una competencia desleal de hombres procedentes de otras formaciones políticas. Carrero creyó de buena fe que el Movimiento sería capaz de servir de catalizador de las tendencias ideológicas, pero la Secretaría General no le ayudó suficientemente a encontrar la forma de dar vía libre al asociacionismo político, tan ansiado por unos y tan denostado por otros.

Entre tanto, una vertiente del asociacionismo nada menor ni aplazable sobre la que presionaba el servicio al vicepresidente era la relativa a la vertebración de la juventud. Los estados modernos se preocupaban de entretenerla con deportes o de reprimirla cuando resultaba incómoda, pero había que educarla, buscar minorías que hicieran cantera. San Martín escribía el 21 de febrero de 1973 al vicepresidente del Gobierno que la situación era seria y grave; aunque veía a la juventud perdida para el Régimen y para España, tal desgajamiento era aún reversible si se le proporcionaban cauces de formación y expresión. Por ello, una de las iniciativas del SECED fue potenciar la Delegación Nacional de la Juventud. Así que, con el formar minorías, finalmente fue nombrado delegado el joven Manuel Valentín-Gamazo, civil que inspiraba gran confianza en todos los aspectos y al que se prestó todo el apoyo del servicio. Se pretendió sacar partido a la formación prevista en el Reglamento de la Ley del Servicio Militar y se llegó a elaborar un ciclo en el campamento de Covaleda (Soria), como experiencia piloto, aunque el asesinato de Carrero truncó el proyecto. En los grupos universitarios adictos se hacía crítica moderada, reclamando mayor participación en las tareas comunitarias, sindicales y políticas. Al fin Fernández-Miranda recibió a San Martín el 28 de abril para hablar de la formación premilitar, las asociaciones pantalla universitarias ANUE y AUN, etc., aunque don Torcuato mantenía serias reservas para con el servicio y su propio jefe.

La necesaria reforma de la Administración

El vicepresidente Carrero tenía in mente culminar la reforma de la Administración, incluso la de la Defensa Nacional, para lo cual los directivos del SECED recogían opiniones y sugerencias de quienes regían diversos ámbitos de la vida nacional y que se manifestaban preocupados por particularidades a introducir en un previsible reajuste administrativo. De modo inmediato el director del servicio iba haciendo llegar al vicepresidente las recomendaciones que se recibían. Era una vía sencilla y rápida para facilitar al almirante ese «oxigenamiento» que tanto nos pedía la clase dirigente, con independencia de su posicionamiento político.

En la referida audiencia que el teniente general Díez-Alegría me concedió el 18 de noviembre de 1972 consideraba disparatada, por ejemplo, la creación de un Ministerio de Orden Público, pues aumentaría el concepto de estado policiaco que algunos países tenían de España. Los rumores citaban la supresión de la Secretaría General del Movimiento, propuesta de la que Díez-Alegría se mostraba partidario, y, al citarle yo que acaso sus funciones podrían pasar al Consejo Nacional, me espetó despectivamente que este órgano no servía para nada. Calificaba a los gobernadores civiles de flojísimos en general y sugería copiar la legislación francesa sobre sus prefectos; la posible vinculación de los gobernadores a Presidencia le parecía lógica y una buena vía para elegir mejores candidatos.

El subsecretario de Hacienda, Rovira, aconsejaba a San Martín el 23 de noviembre un Gabinete más reducido que el actual, algo así como diez ministros principales a los que complementasen otros tantos en temas sectoriales. Barrera de Irimo había coincidido también en esa teoría de no sobrepasar la docena de ministros. San Martín defendía la conveniencia de que el titular de Hacienda fuese además vicepresidente para Asuntos Económicos, al estilo francés, con lo cual acabarían las interferencias de la Comisaría del Plan de Desarrollo y otros ministerios en las decisiones económicas del Gobierno. Añadía Rovira la necesidad de fijar incompatibilidades entre los puestos de la Administración y las cámaras legislativas. Como nos refería en entrevista del 6 de diciembre de 1972, el propio Juan Rovira Tarazona formaba parte de un grupo de personalidades que trabajaba en el asesoramiento a la «superioridad» sobre una posible reforma de la Administración, trabajo que se desarrollaba, con la máxima discreción, bajo la dirección de Rodríguez de Valcárcel.

Girón de Velasco aseguraba a San Martín el 9 de diciembre de 1972 que la reforma administrativa tomaría cuerpo en febrero de 1973. Consideraba más importante cambiar personas que cambiar la organización, pero había que ayudar al vicepresidente asesorándole en la reforma que se cocía, facilitándole un trabajo extenso y completo, por escrito, tal como prefería el almirante. La reforma administrativa también surgió en la entrevista a Julio Calleja[63] el 20 de diciembre: veía la necesidad de la creación de una especie de órgano central de formulación de política energética, ya experimentado en casi todos los países occidentales; lo imaginaba incrustado en la Presidencia del Gobierno para la mejor coordinación y colaboración entre los diversos ministerios implicados y acabar así con la guerra entre Industria y Hacienda, departamentos que consideraban el petróleo solo como un recurso industrial primario o como una fuente de renta.

Ese mismo día 20 en el Banco Urquijo se nos recomendaba acudir a Leopoldo Calvo-Sotelo, hombre de su grupo, con gran afición a los temas políticos, que no tendría inconveniente en dialogar con nosotros sobre la reforma de la Administración del Estado a principios de 1973. Días después Mario Álvarez-Garcillán[64] se reunía con San Martín, al que acompañábamos Leandro Peñas y yo. Apoyaba la creación de un órgano que asumiera la dirección política de las fuentes de energía, un centro de decisión que consideraba debía vincularse a la Presidencia del Gobierno. El nuevo Ministerio de Participaciones que venía sugiriendo Ramón Tamames tenía —a juicio de Garcillán— la dificultad de la enorme variedad de participaciones y propietarios. Consideraba un error serio haber sacado del ámbito de Presidencia el Instituto Nacional de Industria. Estimaba urgente, además, la creación de un Ministerio de Economía y otro de Energía y Recursos Naturales.

Abríamos el año 1973 con la difusa noticia de una reforma de la Administración del Estado y seguimos contrastando conocimientos y opiniones en buena parte de nuestras entrevistas. El día 3 de enero Enrique Sendagorta, presidente de PETRONOR, imaginaba que tal proyecto de reforma podría demorar su entrada en eficacia, teniendo en cuenta la personalidad de Franco y de Carrero. Pero sobre la creación de un órgano central de formulación de la política energética, llegaba a la conclusión de que quizá fuera mejor dejar todo como estaba, con la implicación de los dos ministerios enfrentados —Hacienda e Industria—, pues la centralización en un solo organismo podía desembocar en una excesiva intervención estatal. «Es preferible dejar funcionar a la iniciativa privada allí donde pueda acudir». La permanencia de CAMPSA le parecía absurda; había otras vías de recaudar la fiscalidad del petróleo.

Irremediablemente, las conversaciones sobre la reforma de la Administración del Estado venían apareadas con los pronósticos de qué personalidades eran las aconsejables para llevarla a cabo. Era un ejercicio diario en quienes teníamos dentro del Servicio ese cometido abierto de relaciones con dirigentes de sectores públicos y privados, ya que estos nos hacían partícipes de los insistentes rumores de relevos ministeriales, que causaban el consabido nerviosismo. En la entrevista de 9 de diciembre de San Martín con José Antonio Girón este consideraba probable candidato para Gobernación a Arias Navarro, y apuntaba a Herrero Tejedor para la Secretaría General del Movimiento. Para un Gobierno de concentración «no monocolor como el actual» citaba a Cabanillas, Mendizábal, Suárez, Barrera, Rovira, Ullastres, Silva, Fraga, etc.

Se cerraba el año 1972 con una sensación o deseo de crisis gubernamental que trascendía a la prensa por la pluma de los más reconocidos comentaristas políticos, adscritos a las galaxias de «los López» (L. Rodó, L. Bravo y L. de Letona) y de «los Fernández» (F. de la Mora y F. Miranda), corrientes gubernamentales que se decían enfrentadas y que pretendían lograr en exclusiva el asesoramiento del almirante Carrero y la colocación de peones en el próximo Gobierno y en la alta Administración. En círculos políticos se seguía la pista al nuevo seudónimo, Politicón, que venía tratando la pretendida reforma administrativa en ABC, y que se intuía saldría en el BOE en los albores de 1973; Emilio Romero adjudicaba tal alias a un personaje de las más altas esferas gubernamentales, voz de la «constelación de los López» (se trataba de Enrique Dupuy de Lôme).

El 5 de enero de 1973 Juan Miguel Villar, presidente de Hidro Nitro Española, también se mostraba predispuesto para prepararnos en un par de semanas su lista de personas de «nivel uno» y, en efecto, así lo hizo el día 17: una relación de doce nombres, a los que añadía tres más como mejores cualificados en el marco de Vizcaya[65]. Me explicaba que los seleccionados reunían unas «condiciones de técnica, organización, claridad de ideas, empuje, dotes de mando e imaginación». Del estudio de los historiales que constaban en nuestro archivo JANO dedujimos que los candidatos que nos ofrecía Villar Mir eran profesionales, fundamentalmente técnicos, varios de ellos con el complemento de la carrera de Derecho; la gran mayoría tenían edades comprendidas entre cuarenta y cincuenta años, y aunque todos menos dos habían ocupado altos cargos en la Administración o el Estado, y muchos estaban relacionados con ponencias o comisiones del Plan de Desarrollo, casi todos conocían la empresa privada como altos ejecutivos, etc., circunstancias que curiosamente cumplía también Villar Mir. El lunes 22 me daría de palabra sus opiniones sobre los integrantes de su lista de «nivel uno», con pinceladas del mayor interés. En principio Villar no creía urgente ni indispensable una crisis de Gobierno; tenía la sensación de que estábamos bien administrados, «como nunca».

Ese mismo lunes Ignacio Urquijo y Jaime Carvajal nos avanzarían sus opiniones sobre una posible lista de personalidades de primer nivel, dado el insistente rumor de una crisis gubernamental. Entendían el apoyo que con ello podríamos ofrecer al vicepresidente Carrero —y en último término a Franco—, facilitándole información sobre personas veinte y treinta años más jóvenes que ellos, a las que ambos gobernantes podían desconocer. Al día siguiente el presidente de PETRONOR, Sendagorta, nos daba también alguna pincelada personal sobre el tema «lista de nivel uno». Estaba de acuerdo en la presencia mayoritaria de lo que llamábamos «los empresarios al poder» sin extrañarle nada. Nos hizo alguna mención a unas pocas personas: Boada, López-Bravo, Basabe, Castro Sanmartín, Herrero Tejedor, Sánchez Asiaín y Villar Mir entre otros.

El jueves 25 de enero Carlos Pinilla nos apuntaría el nombre de Pío Cabanillas, «hombre muy útil, extraordinariamente hábil, cada cosa que dice puede tener cinco significados diferentes». Y citó el manoseado «documento de los 39», que le parecía «una cuchufleta»; celebraba el «palo» que Emilio Romero había dado en el diario Pueblo a sus redactores, jóvenes abogados en plena adhesión al discurso de fin de año del jefe del Estado y que se decían «generación azul del Príncipe». (Ese documento, remitido al Caudillo en forma de carta, iba a ser suscrito por cuarenta firmas, evocando «los cuarenta de Ayete», integrados entonces por consejeros nacionales de libre designación de Franco. Se trataba ahora de un grupo de consejeros nacionales, procuradores en Cortes y otras jerarquías que, aprovechando la apertura política que se anunciaba, defendían las posibilidades democratizadoras de las Leyes Fundamentales y la conveniencia de aplicarlas cuanto antes. A Ortí Bordás se unían Cisneros, Rosón, Sánchez de León, Sancho Rof, Zapico y otros, pero faltó la firma de Martín Villa).

En la tarde del martes 30 de enero, consideraba Rovira que existía una auténtica legión de políticos, agazapados en el mundo empresarial, dispuestos a saltar al poder en cualquier momento. En almuerzo del 6 de febrero Urquijo y Carvajal nos facilitaban ya sus listas: una primera de «mayores» muy utilizables, como Garrigues (padre), De la Quintana, Gamero del Castillo… y Díez-Alegría, al que reconocían prestigio nacional y del que tenían la mejor impresión; una segunda que incluía a los políticos puros, como Silva, Fraga, López-Bravo…, y una tercera que relacionaba a empresarios a los que tildaban de auténticos políticos (Barrera de Irimo, Villar Mir, Calvo-Sotelo, Benjumea, etc.).

El 13 de marzo de 1973 José Mario Armero, presidente de Europa Press, nos aceptaba la democracia orgánica, si bien él esperaba que, antes o después, desembocase en los partidos políticos. Creía en la continuidad del Régimen, reformando las Leyes Fundamentales, y aludía al acierto de la designación de don Juan Carlos. Veía posible remover al Generalísimo de la jefatura del Estado por la vía de la incapacitación, para lo cual había que poner de acuerdo a cincuenta personas, entre ellas Antonio Garrigues Díaz-Cañabete y el cardenal Enrique y Tarancón. Y terminaba reconociéndonos que lo mejor de los políticos de la época estaba en el Gobierno; la gente de la oposición era mucho peor.

El jueves 22 de marzo, en reunión de trabajo con Leopoldo Calvo-Sotelo, se suscitaron temas de pura política, a los que tenía una innata tendencia. Nos relató también la notoria «cena de los nueve» a la que había asistido el día 5 de ese mes, para hablar de la actualidad nacional. El grupo inicial estaba constituido por antiguos miembros de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP): Osorio, Silva, Ruiz Gallardón y el propio Calvo-Sotelo, que tiraría después de su amigo de la juventud y de aficiones musicales, Gonzalo Fernández de la Mora. Para ampliar el grupo con personas de otras tendencias, atraerían luego a Pueyo, Luca de Tena, Pérez Embid y Alonso García (este, por su traslado de cátedra a Barcelona, fue sustituido en la cena por Jaime de Foxá). Al hilo de este relato, Calvo-Sotelo nos enjuició el comportamiento de algunos de los reunidos y las votaciones para una imaginaria terna de «primer ministro». El mayor beneplácito lo lograron Silva, Fraga y Rodríguez de Valcárcel.

En la entrevista que hicimos al subsecretario de Hacienda el 24 de abril, nos dedicó un extenso comentario sobre Gregorio López-Bravo, personaje que salía en todas las conversaciones de aquellos meses: «Estoy seguro de que jamás se ha manchado, por la sencilla razón de que sus ambiciones y metas apuntan bastante más alto y más lejos». La predilección que el Caudillo tenía por él se debía a la tremenda dosis de audacia del ministro de Asuntos Exteriores, que, en los tiempos que corrían, era un arma de primer orden. A Rovira le decepcionaban tantos cenáculos políticos: «¡Hay que trabajar más y hablar menos!».

Con ocasión de la pretendida reforma de la Administración, el SECED venía detectando corrupciones, fallos y deficiencias administrativas que hacían perder autenticidad y credibilidad al Régimen. El vicepresidente, pese a su gran autoridad moral, no se hacía imponer suficientemente sobre instituciones y organismos, con lo que la labor del SECED resultaba estéril, en ocasiones, por aquellos defectos públicos que quedaban sin corregir. Luis Valls Taberner nos decía el 2 de enero: «Es indispensable esforzarse por vigilar y sanear la Administración, aunque algunas corruptelas ocurrirán siempre». En ese sentido las preocupaciones que el Servicio elevaba al almirante se concentraban en los aspectos siguientes:

— Acumulación de cargos remunerados, o con determinadas ventajas, en la Administración central del Estado, así como vinculaciones financieras y empresariales por parte de algunos altos cargos.

— Corrupción en sectores de la Administración local y caciquismo en municipios.

— Dificultades por las que atravesaban algunas asociaciones familiares, a las que nada se hacía por promocionarlas, con lo cual quedaban desvirtuadas las elecciones por el tercio familiar.

— Falta de programas en relación con los colegios profesionales.

— Aprovechamiento de los conflictos laborales para que las empresas descargasen sus plantillas y justificasen retrasos en las entregas, y falta de observancia de normas laborales por empresas de capital extranjero.

— Flaqueza en la aplicación de medidas efectivas al «problema del Norte».

Entendía San Martín que, mientras no se avanzase en la corrección de tales lacras, el SECED carecería de las bazas indispensables para contribuir a la defensa del orden institucional. Cuando fue asesinado, el almirante Carrero estaba en esa línea de sanear la Administración y reducir los focos de corrupción. Ya había encargado la elaboración de un Plan IRA para combatir las irregularidades administrativas, iniciaba conversaciones para establecer una amplia legislación sobre incompatibilidades y pensaba en la creación de la figura del defensor del pueblo.

El caso particular del Instituto Nacional de Industria (INI)

El director del SECED había recibido alguna indicación del vicepresidente Carrero para sondear en nuestros habituales contactos las opiniones de la clase dirigente sobre la vinculación más conveniente del INI e incluso de otras entidades públicas; parecía evidente que en el Consejo de Ministros los criterios no eran ni mucho menos unánimes. Sintetizo a continuación las consideraciones recogidas entre el verano de 1972 y el otoño de 1973 en reiteradas visitas a diversos altos cargos y personalidades con experiencia acreditada[66].

La dependencia del INI, encuadrado en el Ministerio de Industria, hacía que las decisiones de este departamento no fueran tan vinculantes para otros ministerios como cuando, en la fase de creación, el instituto dependía de la Presidencia del Gobierno, como herramienta indispensable por razones de poder, control y gestión política. Volver a esa solución parecía lógico, pero podría producir efectos catastróficos si no quedaba bien plasmada la nueva dependencia y la relación con los ministerios involucrados. La adscripción del INI al Ministerio de Industria se había decidido en la etapa de López-Bravo por iniciativa del vicepresidente Carrero Blanco, que no sabía bien cómo manejar el instituto desde la Presidencia. Intentar sacar ahora el INI del ámbito de Industria suponía dejar por sentado que ese ministerio tenía la misión de formular la política industrial y controlarla, pero no la de llevarla a cabo. Por otra parte, quitárselo a Industria era como dejar a ese ministerio desnudo, sin su mayor fuente de actividad.

Quedaba claro que había que reordenar las empresas del Estado sin distinción de su dependencia ministerial, integrándolas en una sola entidad que algunos identificaban como Ministerio de la Empresa Pública y Participaciones Estatales, al estilo del ENI italiano, que había concentrado todas las actividades económico-financieras nacionales.

En cualquier caso el INI debería seguir siendo un auténtico instrumento político y económico en sectores primarios o estratégicos y abordar ámbitos tecnológicos en los que la empresa privada carecía aún de incentivos. Se recogían quejas contra el intervencionismo oficial masivo en áreas que no eran de competencia del Estado y en las que su presencia era innecesaria y a veces perjudicial. Por otra parte, surgía la discrepancia entre los entrevistados sobre si el INI debería gestionarse con idénticos criterios de rentabilidad que las empresas privadas, persiguiendo sin más el éxito de la gestión, cuando de hecho el instituto se había creado fundamentalmente como instrumento para impulsar el desarrollo industrial español. Pero ahora resultaba muy cómodo operar con empresas estatales que afrontaban pérdidas todos los años, sabiendo que el Estado estaba detrás para enjugarlas, actitud muy diferente a la seguida por las privadas, que además corrían el riesgo de ser fagocitadas por el INI o por alguna de sus filiales. Nos citaban ejemplos concretos, como Santa Bárbara, Bazán, Construcciones Aeronáuticas, HUNOSA, FOSBUCRAA, ENSIDESA y otras tantas.

En resumen, una variedad de criterios contrapuestos, de cuyos innumerables testimonios se prepararía la conveniente síntesis para el almirante Carrero. Antes de dos meses se produciría su magnicidio, y la reorganización prevista quedó aparcada un par de decenios por otras prioridades gubernamentales.

En paralelo con las consultas sobre la reforma del INI preguntamos sobre otro asunto espinoso que el vicepresidente del Gobierno había encomendado estudiar al SECED: la asignación de puestos de consejo en el INI y en sus empresas filiales y participadas, investigación que extendió el Servicio a otras entidades del Estado, de modo particular a las vinculadas al Ministerio de Hacienda, aunque genéricamente las denominábamos «consejerías INI».

Se carecía de una normativa legal y común para la provisión de esos puestos de consejo en las empresas públicas o semipúblicas (unas ochocientas). El procedimiento habitual se había venido deteriorando por dejadez o por bondad de las autoridades. No había tampoco reserva expresa alguna para asignar los puestos a cargos específicos de la Administración, aunque se seguían ciertas costumbres. Existía, en cambio, una norma interna sobre el número máximo de consejos por persona: un puesto de presidente y otro de vicepresidente, en un total de cuatro consejerías. Pero el cómputo se aplicaba sin rigidez, según la capacidad y honestidad de cada cual. Puede decirse que la distribución era muy irregular en cantidad y calidad. En cuanto a los límites de edad: 65 años para consejeros-delegados, 70 para presidentes, 75 para los consejeros. Tampoco había nada previsto sobre su permanencia, que podía prorrogarse si eran «elementos valiosos» o si «se morían de hambre». Se nos hacía saber que un aluvión de consejeros se resistían al cese cuando les llegaba el final de su mandato y continuaban adheridos a sus sillones de consejo, mientras en la dirección del INI se seguía la fórmula del laissez faire, laissez passer.

Aspecto importante y discutido era fijar qué autoridad debería designar a los ocupantes de esos puestos. Parecía que aquellos con responsabilidad ejecutiva de las empresas filiales o participadas del INI habrían de ser propuestos por el instituto; los aplicables a altos cargos de la Administración, por el ministro responsable del sector de actividad, y los de consejeros sin responsabilidad directa, por libre designación del presidente del Gobierno. Entre los consultados, algunos consideraban muy perjudicial la colocación de cargos de la Administración en puestos empresariales del INI, pues surgían peligrosas vinculaciones y presiones desde determinados grupos de poder. Pero era frecuente que los cesantes buscasen apoyos políticos para situarse en posiciones relevantes en las empresas. Por otra parte, no parecía conveniente ni ético que dirigentes del INI o altos funcionarios de la Administración entrasen de consejeros en empresas de su mismo ámbito de actividad y responsabilidad, pues podrían coartar la acción y decisión de su respectivo presidente.

Un último punto de debate era la asignación económica correspondiente a las consejerías, que eran consideradas como un importante instrumento en manos del «repartidor» de turno. De hecho, con ellas se premiaba a determinados funcionarios o se complementaba sus sueldos a quienes se incorporaban a altas responsabilidades públicas procedentes de ámbitos privados en los que sus devengos eran cinco o seis veces superiores. En cualquier caso, la fórmula en uso era discriminatoria e ineficaz. Curiosamente el importe de las dietas de asistencia a los consejos era inversamente proporcional al trabajo desarrollado: en empresas rentables apenas había que intervenir en la gestión, en cambio en las ruinosas el trabajo era más duro, frecuente y de posible mayor desprestigio profesional. Pero además era evidente que los cargos ejecutivos en las filiales del INI deberían estar mejor retribuidos que los de los restantes consejeros; no era justo equiparar unas horas de sesiones mensuales en los consejos con la tarea diaria de gestión durante todo el año; los de dedicación full time tenían que estar muy bien remunerados. En todo caso, había que acabar con la idea y la práctica de que las consejerías oficiales fueran un medio habitual de complementar las retribuciones presupuestarias, algo que debería ser solo una excepción. En la futura normativa que se decretase habría que evitar citarlo siquiera como finalidad subsidiaria, y buscar otras fórmulas para mejorar los sueldos.

Las cifras que recogimos de varias empresas filiales eran de 2.000 a 3.000 pesetas fijas al mes por consejero, si bien en algunas de ellas se repartían además participaciones anuales que oscilaban entre 150.000 y 600.000 pesetas. (En los monopolios de Hacienda regían otros parámetros muy superiores). Muchas empresas estatales perdían dinero, por lo que distribuían dietas muy escasas, aunque al finalizar cada ejercicio el presidente del INI autorizaba «atenciones» más sustanciosas. De todo ello se deducía que las designaciones de consejeros representaban una baza formidable en manos del presidente del INI o del ministro del ramo, un poder de vinculación que debería quedar a disposición del presidente del Gobierno. Además, aunque las consejerías no tuviesen gran significado económico, siempre lo tenían político, por su representación y contactos.

En el otoño de 1973 recogimos de algunos de nuestros «asesores» notas con las que completar el estudio. Cuando más tarde les mostramos el borrador del SECED con destino al almirante Carrero, prestaron su plena conformidad al contenido y texto de esa iniciativa presidencial. Entendían que había que extender el estudio a las empresas estatales vinculadas a Hacienda y a otros ministerios, que suponían otro medio centenar y de volumen económico elevado.

Me satisface reproducir la alusión que García Chamorro, exgerente del INI y hombre de confianza de Juan Antonio Suanzes, me hizo de INVECOSA (Industrias Vegetales y Conserveras, S. A.) el 21 de mayo, poniendo por las nubes al general Gutiérrez Mellado, quien, como director, había demostrado un gran sentido en los asuntos económicos, colocando a dicha empresa del INI en franca rentabilidad. Cuando cesó a petición propia, le quisieron nombrar presidente, e incluso ofrecerle otras empresas del instituto, con una fuerte presión e insistencia. Sin embargo el general se disculpó por carta con razonamientos tan extraordinarios que el presidente del INI la leyó en el primer Consejo de Administración, como ejemplo de gran militar, caballero y patriota que dejaba un recuerdo imborrable en el instituto. Meses antes García-Lomas me había hecho también similar comentario sobre el general Gutiérrez Mellado: «un tipo fenómeno, que hizo una gestión muy eficaz en una empresa nacional de conservas en Extremadura: entró con pérdidas y la dejó ganando dinero y bien organizada. Ahora le iría bien la presidencia de la EN Santa Bárbara».

ALGUNAS PREOCUPACIONES ECONÓMICAS

El SECED se vio obligado a abrir el abanico de sus relaciones, pues el almirante Carrero también se interesaba por determinados asuntos económicos y sus protagonistas. De ese modo los contactos con dirigentes de las entidades financieras, industriales y comerciales de nivel nacional proporcionaron frecuente orientación al Servicio en sus informes a la superioridad.

El nivel de divisas

A mediados de 1972 el vicepresidente del Gobierno debió manifestar a San Martín su preocupación por el nivel de divisas que mantenía el Instituto Español de Moneda Extranjera (asunto que ya había saltado a los medios de comunicación), pues a finales de aquel año y principios de 1973 desplegamos una inusual actividad para recoger criterios de personalidades impuestas en la materia. El propio subsecretario de Hacienda nos aseguraría el 23 de noviembre que el volumen de reservas era algo excesivo, pero que se trataba de una responsabilidad de la autoridad monetaria. No obstante, le parecía aconsejable invertir una parte para combatir las tensiones de precios, manteniendo una cifra adecuada de unos 2.000 millones de dólares.

En el Banco Urquijo eran partidarios de esa misma línea: en dos o tres años aún seguiría aumentando el nivel de reservas y la regla de oro de los países más industrializados consistía en mantener reservas para poder afrontar seis meses de importaciones en condiciones desfavorables. Dado el ritmo acelerado de desarrollo de España, que tenía entonces una tasa de crecimiento del 9 %, con tremendas tensiones en los precios, la acumulación de reservas monetarias sin límite era un grave error. Nos comportábamos a nivel nacional como nuevos ricos, proyectando en círculos financieros extranjeros la imagen de tener miedo al futuro. Álvarez Garcillán patrocinaba ese mismo día 28 de noviembre la utilización del exceso de divisas en inversiones en el tercer mundo, siguiendo la idea que predicaba el Banco Mundial.

Contrastaban estas sugerencias con lo que nos comentaba en aquella jornada José M.ª González Valles, director del IEME, firme partidario de mantener un alto nivel de reservas para poder salvar la crisis económica que podría desatarse el día en que se cumpliesen las «previsiones sucesorias», psicosis que se resolvería con una situación monetaria fuerte. Recordaba hasta qué punto habían descendido las divisas en los días en que el jefe del Estado había sufrido una infección bucal, y se quejaba de que muchos de los que protestaban ahora por el exceso de reservas se lamentaban, dos años antes, de su escasez. El 2 de enero de 1973, en el Banco Popular Español dedicaron un buen rato a informarnos sobre el nivel nacional de divisas: era difícil marcar un nivel de conveniencia, pero, en cualquier caso, abogaban por utilizar el exceso en necesarias inversiones en el extranjero.

El 13 de febrero los dirigentes del INI García-Lomas y Foncillas nos hablaban de la noticia conocida esa mañana, la devaluación del dólar en un 10 %, y las posibles repercusiones en el instituto; quizás el Banco de España tendría que devaluar la peseta en un 5 %. En la visita que hicimos al subsecretario Rovira el día primero de marzo nos habló de la pujanza real de la economía española y nos negó cualquier intención de devaluar la moneda, decisión que hubiera sido catastrófica para España. Ahora el abaratamiento de las importaciones iba a repercutir favorablemente en los precios del interior. De todo ello se elevaría al vicepresidente el informe pertinente.

Información sobre la banca

El SECED consideraba de gran importancia poder llegar a conocer la fuente de cada noticia y contrastar opiniones para deducir la verdad de cada asunto, cosa bastante difícil y lenta, pero tarea pura de Inteligencia. Había que fijarse en las personalidades que pertenecían simultáneamente a los mundos político y económico —según nos decía Valls Taberner el 4 de julio—, pues los que solo eran políticos carecían de apoyos y una base de conocimientos indispensable para un líder eficaz, y los que solo eran empresarios, sin inquietudes políticas, no merecían la atención de nuestro servicio.

Por indicación de la Delegación del SECED en Valencia visité el viernes 3 de noviembre de 1972 a José M.ª Ramírez de la Fuente, consejero-delegado del Banco Atlántico, quien me facilitó numerosos datos que necesitábamos. El miércoles 11 de abril de 1973 acudí de nuevo a su despacho para escuchar su versión sobre el asalto a su oficina central de Madrid. Se me quejaba del artículo de prensa de Semprún, y también de ABC y Ya, con versiones politizadas y subversivas, y de reiteradas amenazas telefónicas sobre colocación de bombas y nuevos atracos en sucursales de la Costa del Sol por parte del grupo fanático Defensa del Pensamiento Hispánico.

El 17 de noviembre de 1972 me reuní con el consejero nacional por Huelva Manuel Motero Valle, a quien conocía desde hacía años. Pasó a exponerme la situación del Banco Rural y Mediterráneo, de cuyas acciones el 48 % estaban en manos de la Organización Sindical y el 7 % pertenecían a la Secretaría General del Movimiento; el banco iba perdiendo puestos en el ranking nacional sin la menor política de desarrollo bancario. Bancos de primer orden habían querido comprar esos paquetes accionariales oficiales con ofertas sustanciosas, pero ninguno de los dos organismos públicos quería venderlos.

Estos y otros contactos tenían también como objetivo conocer algo más del mundo bancario para poder orientar la investigación sobre la apertura de nuevos bancos, investigación realizada por expresa indicación del vicepresidente del Gobierno y cuyo trasfondo eran los expedientes que se iniciaban para su posible autorización por el Ministerio de Hacienda. Iniciamos los contactos en el Banco de España, informándonos sobre el sistema y criterios de selección de propuestas de creación de nuevos bancos, y los continuamos en el Consejo Superior Bancario. Este CSB tenía la inveterada costumbre de negar la creación de nuevos bancos; de hecho, al anterior ministro Espinosa le habían rechazado dieciocho expedientes. En el momento actual las nuevas propuestas estaban siendo examinadas con lupa, en especial la garantía moral y política de cada solicitante. Se intuía que el Gobierno deseaba, con tales autorizaciones, agradecer servicios prestados en apoyo a su política financiera.

El director del SECED debió pedir al coronel Lacalle recomendación para que me atendiese su hermano Gonzalo, director del Consejo Superior Bancario. El lunes 16 de octubre me recibía en su despacho, ofreciéndome su pleno apoyo informativo a Presidencia[67]. Comenzó por hacerme historia de la Ley de Ordenación Bancaria y me confesó que últimamente aumentaban las presiones sobre Hacienda para que considerase de nuevo la creación de más bancos, criterio que no compartían ni el ministerio, ni el Banco de España, ni el Consejo Superior Bancario por entender que el país estaba suficientemente atendido y que la autorización de nuevas entidades podría hacer peligrar la bien acreditada solvencia de nuestra banca si se produjese algún fallo en el funcionamiento de los nuevos. Pese a todo, Hacienda publicó el 13 de enero de 1972 un decreto para impulsar la creación de nuevos bancos, si bien limitando la presentación de propuestas en aspectos como el capital social, su desembolso, la participación extranjera, la operación en divisas, el número de oficinas, etc. En el ministerio se esperaba que la concurrencia fuera prácticamente nula, pero no fue así; se recibieron enseguida más de una docena de peticiones con el correspondiente respaldo de fuertes cantidades de dinero, lo cual, a juicio de Lacalle, significaba que los promotores estaban convencidos de que el mero hecho de fundar un banco era ya un negocio muy rentable, sin entrar en las dificultades que entrañaba.

El director del CSB justificaba la costumbre de su consejo de rechazar la creación de nuevas entidades bancarias por el temor a la entrada de incompetentes y desaprensivos que pudieran empañar el buen nombre de la institución, pero no por la competencia que pudiesen hacer a los bancos establecidos, que era mínima en el conjunto nacional. Me fue hablando de los datos disponibles sobre once solicitudes[68], presentadas por variopintos peticionarios: unos médicos catalanes, un valenciano conocido por sus deudas bancarias, otro personaje relacionado con el fraude de MATESA, discutidos economistas y arquitectos, notarios y registradores, etc. Algún grupo estaba liderado por banqueros, otros por políticos, e incluso en un consejo de administración figuraban altos mandos militares, cuyo expediente de solicitud demostraba el absoluto desconocimiento de la técnica y gestión bancaria.

El 4 de noviembre Lacalle quería prestarme un completo dosier original con los datos de las solicitudes y el dictamen preceptivo del CSB, preparado para el gobernador del Banco de España, ampliándome la lista de solicitudes: Banco Industrial de Gerona, Banco de Europa y Banco de Descuento. Me aconsejó poner atención en Banca Catalana, y del Grupo RUMASA me hizo sabrosas reflexiones, confidencias que elevamos al almirante. Años después se confirmarían, lamentablemente, sus presagios.

Gonzalo Lacalle quiso invitar al director del SECED a comer el miércoles 7 de febrero de 1973. Le acompañamos Leandro Peñas y yo. Enseguida entró en el asunto que nos reunía, la creación de nuevos bancos, explicándonos que convenía abrir la puerta, cerrada hacía años, «para que entrara aire fresco» con servicios nuevos y un impulso a la sana competencia. Pasó después Lacalle a describir los motivos de descalificación de peticiones, pensando que el fallo o quiebra de una entidad bancaria repercutía inmediatamente en el desprestigio de la institución «en forma similar a lo que ocurre en las Fuerzas Armadas o en la Iglesia». Ya se habían presentado dieciséis expedientes, de los cuales cinco estaban aprobados y siete habían sido denegados. Le parecía a Gonzalo Lacalle que eran más que suficientes y que había llegado el momento de «cerrar la ventanilla», pues las necesidades quedaban cubiertas: «¡El mercado no es infinito!». Veía cada vez más necesarias las fusiones de bancos españoles para lograr entidades de nivel europeo, con mayor peso para ayudar eficazmente a nuestros negocios en el exterior. Era, en cambio, opuesto a la nacionalización de la banca, fórmula que ni siquiera aplicaban los países socialistas escandinavos.

En la visita que hicimos el primero de marzo de 1973 al subsecretario de Hacienda nos daría un toque de atención sobre la Caja Laboral Popular en Vascongadas, cuyo control correspondía al Ministerio de Trabajo y al Banco de España. Dos semanas después consulté a Gonzalo Lacalle, por indicación del SECED, sobre un pretendido Banco Industrial de Guipúzcoa (BIG), por si tuviera como objetivo el apoyo financiero a ETA, como algunas fuentes suponían, algo que me negó.

Para cerrar este apartado dedicado a instituciones financieras procede hacer memoria del Investors Overseas Service, Ltd. (IOS). El vicepresidente Carrero requería información cualificada sobre este asunto, pues tres años antes algunos representantes del IOS en España habían sido encarcelados y, en otros países, varios de sus aristocráticos inversores habían sido arruinados (como el rey Pedro de Yugoslavia, en el exilio), estando relacionado tal organismo en España con la familia Martínez-Bordiú y Borbón-Dampierre. La actividad del IOS en el ámbito comercial resultaba positiva, pero no así en el financiero, algunos de cuyos fondos de inversión eran considerados rechazables por los expertos. Ello llevaría a desaconsejar que los dirigentes mundiales del IOS fueran recibidos en El Pardo.

Pues bien, en mi citada visita del 4 de noviembre de 1972 al Consejo Superior Bancario, su director, Gonzalo Lacalle, me sacó este tema, al que «el SECED debería seguirle la pista». En recientes viajes a Bruselas y Roma con la Corporación Financiera Internacional, que presidía el príncipe Bernardo de Holanda, le habían puesto sobre aviso de la recepción desde España de más de 3.000 millones de pesetas a través del IOS. Gonzalo de Borbón-Dampierre estaba metido en varios asuntos con el barón de Gotor, hermano del marqués de Villaverde, y ostentaba una especie de presidencia delegada del IOS para España, en actividades poco claras, según se rumoreaba.

Con las pistas que me facilitó, tuve una larga conversación con Richard Max Mayer Morgenthau[69] y Richard Bagney[70] el día 10 sobre el IOS, que Bagney pronunciaba jocosamente como «el lío ese». Explicaban que esa empresa había sido fundada en EE. UU. pocos años atrás con el objetivo de buscar dinero para invertirlo en los negocios más especulativos y de mayor riesgo. Su presidente, Bernie Cornfeld, no inspiraba confianza por su tren de vida; «no vivía como un banquero»: se dedicaba a comprar palacios, dar fiestas y hacer gala de las mejores acompañantes. Pero eso al inversor no le importaba, porque los beneficios seguían aumentando. El IOS llegó a alcanzar entonces una cifra de depósitos de 2.500 millones de dólares, siempre a través de procedimientos heterodoxos. Fueron presidentes un hijo de Roosevelt, el líder liberal alemán Mende y otras figuras con atractivo o renombre para el gran público; hasta que se inició la caída de la Bolsa de Nueva York dos años atrás y se produjo una oferta enorme de acciones del IOS. Y lo que pareció ser un extraordinario negocio demostró ser un castillo de arena: la sociedad quebró con un vertiginoso descrédito hasta producir la bancarrota de la empresa. El IOS tenía establecidas sus centrales en Canadá y Bermudas, pues la SEC[71] norteamericana había prohibido su funcionamiento en EE. UU.

Se nombró otro presidente (Mr. White) y se hizo con el control el americano Robert Vesco sin llegar a despejar el panorama. En los ambientes financieros en que Mayer y Bagney se movían había extrañado mucho la entrada del equipo hispano-cubano al frente del IOS, en el que figuraban dos miembros relacionados con la familia política del Generalísimo. Pero información más reciente habría que buscarla en la banca suiza. Mayer prometía preguntar datos en su viaje a Ginebra el jueves 16.

También el director de Europa Press, Antonio Herrero, me hablaría del tema el sábado 11 de noviembre. Le había pedido poco antes Nicolás Franco Pascual de Pobil información sobre IOS y sus entresijos, haciéndole la confidencia de que, en conversación reciente con el príncipe Juan Carlos, Su Alteza le había manifestado su preocupación por el asunto.

El capitán Pérez Sánchez y yo visitamos el lunes 20 al director general del Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME) para obtener alguna información complementaria de garantía, como correspondía a la franca amistad de este con nuestro capitán de intendencia y técnico comercial del Estado. José M.ª González Valles prometió hacernos llegar fotocopia de la escritura de constitución de CEFASA (varios de cuyos miembros estaban relacionados con el IOS), más una nota sobre ella y documentos procedentes del Servicio de Represión de Delitos Monetarios; su jefe, un comisario del CGP, opinaba que el IOS terminaría cayendo en un error por vanidad u ostentación de alguno de sus miembros, pero que la escritura de constitución no incurría en el menor desliz profesional, como trabajo confeccionado por especialistas de talla. En la escritura aparecían otras personas, a una de las cuales debía prestar cierta atención el SECED, organismo cuyos medios de información —según suponía Valles— eran muy superiores a los del IEME. Figuraban en CEFASA Tomás Martínez Bordiú, barón de Illueca, y Gonzalo de Borbón-Dampierre, con pasaporte diplomático (acaso expedido por la Orden de Malta, de la que era caballero). Don Gonzalo había visitado hacía poco al director del IEME, y muy recientemente el jefe del Estado le había recibido en audiencia acompañado del señor Vesco, último presidente del IOS, «cuyos antecedentes dejan mucho que desear». Nos animaba el director a comprobar los viajes de ambos a las islas Bahamas y otros puntos del extranjero, aunque desenmascarar tal asunto iba a sernos dificultoso por la posibilidad de que se tratase de un holding de empresas en cadena.

El día 21 de noviembre Antonio Herrero me mostró en Europa Press unas notas que estaba preparando sobre el tema, entre ellas la composición del Consejo de Administración de Investors Iberia, S. A., que parecía la filial española del IOS, con detalle incluso de los abogados que habían dado su dictamen para la creación.

Cuestiones preocupantes sobre el mundo del petróleo

El sector de la energía —en particular el petróleo— resultaba de alto interés para la Sección de Estudios e Informes del SECED por sus concomitancias con las esferas de la banca, la industria, el comercio y hasta la misma política. Sus asuntos, sus protagonistas, surgían con frecuencia en las entrevistas con las que tratábamos de abrir cauces de comunicación. Por su parte, la Segunda Sección (Económica) del Alto Estado Mayor dedicaba un notable esfuerzo a los temas energéticos por su estrecha relación con la Defensa Nacional[72]. En dicha Sección tenía un puesto destacado en el estudio del petróleo y sus facetas el capitán Fernández-Monzón[73], quien facilitaba al SECED durante aquellos meses decenas de informes y documentos con los que elaborar notas para el vicepresidente Carrero cuando era preciso.

El meollo de nuestras reflexiones partía del enfrentamiento entre los ministerios de Industria y Hacienda: el primero, apoyado en el INI, perseguía la apertura a empresas extranjeras —fundamentalmente norteamericanas— que buscaban colocar parte de sus crudos en nuestro país, para que participasen en España; Hacienda defendía todo lo contrario. Tan diferente filosofía nacional derivaba en una dura confrontación política entre los dos grupos que patrocinaban cada teoría. De una parte estaban el ministro de Industria, López-Bravo, el presidente del INI, Boada, el director general de la Energía, Calleja, y los dirigentes de las refinerías privadas y de los grupos financieros que las respaldaban. En la banda contraria se situaban el ministro de Hacienda, Monreal, y el subsecretario, Rovira, Silva Muñoz, presidente de CAMPSA, Pinilla Turiño, delegado del Gobierno en CAMPSA, y quienes regentaban los destinos de las empresas públicas.

A las complicaciones del tema del petróleo se unían las del gas natural, que tenía un especial régimen fiscal por su elevado coste de operaciones y transporte. Curiosamente CAMPSA no controlaba las actividades de BUTANO, S. A., y la Empresa Nacional del Gas (ENAGAS), vinculada al INI, no tenía relación con el Monopolio de Petróleos del Ministerio de Hacienda; la exploración era llevada a cabo por HISPANOIL en diversas concesiones extranjeras y la distribución era responsabilidad de CAMPSA como compañía administradora de índole privada, si bien el Estado se reservaba el 33 % de las acciones.

Así que el martes 30 de mayo de 1972 acudí al vicepresidente de la Empresa Nacional Calvo Sotelo, Álvaro Lacalle Leloup, artillero amigo de San Martín, para que me hiciese una amplia panorámica del mundo petrolero a nivel nacional y sus relaciones con el Estado, la banca y las empresas españolas y extranjeras. Se mostraba partidario de que se continuase con la política de intervención estatal y la permanencia de CAMPSA, aunque las potencias petroleras extranjeras deseasen su desaparición. El objetivo del INI en este campo era concentrar todas las participaciones del Estado en un solo ente. Me contaba Lacalle que muchas operaciones internacionales habían sido llevadas a cabo por los servicios de inteligencia de los países interesados, dándome a entender el cuidado que ponían las naciones en ese tipo de contratos y su dificultad de llevarlos a término.

El viernes 30 de junio recurrí a Luis Gutiérrez Blasco, economista en HISPANOIL, hijo del general Gutiérrez Mellado. Me explicaba que el equipo directivo era «gregorista» (en referencia a López-Bravo) y que en los consejos los únicos que intervenían eran los vocales representantes del capital privado, especialmente los de CAMPSA y CEPSA. La empresa PETROLIBER, que poseía el 30 % de HISPANOIL, pertenecía mayoritariamente a Hacienda, a través del Patrimonio del Estado. Le parecía que HISPANOIL empezaba a tener un buen nombre comercial en el mercado internacional. Por el contrario, CAMPSA estaba desprestigiada en el extranjero, como empresa decimonónica típica del monopolio dictatorial, y difícilmente superaría el ingreso en la CEE. Solo servía a efectos de recaudación fiscal, actividad que podría hacerse por otras vías, pero era baza que no quería perder Hacienda. Me apuntó las fricciones entre Hacienda, Comercio e Industria, lo que justificaba que Presidencia desease poner orden, centralizando tantos organismos dispersos del petróleo en un solo ente público; por su parte, el INI ya estaba estudiando concentrar sus participaciones en un holding. Al regreso del verano, el miércoles 30 de agosto, Luis Guriérrez me hizo una extensa y clara exposición que resultaría beneficiosa a la hora de interpretar posteriores entrevistas con dirigentes de aquel sector energético.

El lunes 18 de septiembre de 1972 en el SECED recogíamos de ESSO (Refinería de Castellón) el rumor extendido en medios petroleros americanos sobre posibles atentados de extremistas árabes en el área mediterránea contra las instalaciones, con participación estadounidense. Con tal motivo visité en la mañana del 21 a Emilio Antón Miranda[74], director general de la Empresa Nacional Calatrava, filial de la Calvo Sotelo. Las fuerzas de seguridad del Estado habían montado puestos de vigilancia en sus factorías y en las oficinas centrales de Madrid. Aprovechó Antón para confirmarme las gestiones del INI encaminadas a la integración de los intereses petrolíferos estatales en una sola entidad, proyecto interminable si se pretendía incorporar también los activos de Hacienda. Por otra parte, opinaba que el Gobierno no había estado acertado en la concesión de las refinerías de Huelva, Castellón y La Coruña, pues en aquellas fechas el Estado disponía de dinero suficiente para evitar la entrada masiva de capital extranjero en el sector.

El 25 de octubre Álvaro de Lapuerta y Quintero, secretario general de REPESA, era partidario de la creación de la Empresa Nacional del Refino, por concentración de ENCASO, ENTASA Y REPESA, en la que más adelante debería integrarse también PETROLIBER, cuando desaparecieran las celotipias entre Industria y Hacienda. Estimaba que tal agrupación de refinerías abarataría las compras de crudo y los fletes y permitiría al Estado tener bajo control un sector energético fundamental.

Invitado por el SECED, acudió a nuestra sede central el miércoles 20 de diciembre de 1972 Álvarez Garcillán para informarnos sobre el tema de la energía. De HISPANOIL, de la que había sido representante hasta meses antes, nos hizo historia de las concesiones logradas en Dubái, y nos ilustró sobre la Ley de Hidrocarburos, el Instituto de Petróleo, y la prevista Empresa Nacional del Refino, que, a su juicio, debería ser totalmente estatal. Profundizó en la necesaria creación de un órgano que asumiese la dirección política de todas las fuentes de energía y que debería ubicarse en la Presidencia del Gobierno.

El subsecretario de Comercio, Nemesio Fernández-Cuesta, deseaba recibir la visita de algún miembro del SECED para ponernos al corriente de un delicado asunto petrolero, por lo cual nos presentamos el capitán Pérez Sánchez y yo en su despacho el 31 de enero de 1973. El tema era un acuerdo con Irak para la compra de seis millones de toneladas de crudo en tres años, en régimen de comercio de Estado, que se cerraría a un precio inferior al normal de venta iraquí, aunque, dada la coyuntura alcista, tan preocupante, superior al de la cotización internacional. En tales circunstancias el vicepresidente del Gobierno había solicitado a Comercio un informe-propuesta a la vista de los dispares criterios de Hacienda e Industria. Fernández-Cuesta tenía que despachar este asunto con el almirante Carrero, en ausencia de su ministro, Fontana Codina, y nos añadía haber recibido una preocupante nota manuscrita, al parecer de López Rodó, sobre una fuerte comisión por tal operación de crudos, operación que hubiera deseado realizar el sector privado petrolero. Nos aseguraba el subsecretario que en compras de Estado no había comisiones y que la gestión con Irak era muy interesante para España, por contrapartidas de exportación.

El 2 de febrero volvimos al despacho de Fernández-Cuesta para entregarle las notas sobre la Operación Irak que nos había pedido. Las leyó en nuestra presencia con verdadero asombro por los profundos conocimientos que reflejaban, lo cual venía a deshacer —según él— cierto desconocimiento reinante en algunos ámbitos de la Administración sobre el grado y extensión de la información que manejaba el SECED. La víspera había despachado sobre Irak con el vicepresidente, quien le había pedido preparar una nota informativa para aportarla aquel mismo día a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Nos prometía el subsecretario hacer llegar al servicio copia de tal nota, de los informes de Hacienda e Industria y del resumen hecho por Comercio. Hacienda se mostraba disconforme con la Operación Irak por considerarla cara y exigir cláusulas de revisión de precios.

La víspera de esa segunda visita a Comercio tuve una detenida conversación por la tarde con Álvaro Lacalle Leloup[75], en la que me confirmaba la escasez de crudo en el mercado internacional, situación que iba a empeorar, por lo cual resultaba necesario comprometer partidas cuanto antes. El precio del momento, 2,71 dólares por barril, era caro en comparación con otras adquisiciones anteriores, pero no cabía pensar en volver a los precios establecidos en los contratos de 1969; eso era ya historia. Subirían mucho, por lo que asegurar operaciones como la de Irak era medida aconsejable. Lacalle me confesaba que en la mecánica de compras de crudos «hay que prestar particular atención al criterio de Industria, pues Hacienda, que conoce muy bien la distribución, aplicación de precios, estadísticas, previsiones, etc., no sabe de la mecánica de precios en origen».

Álvaro Lacalle me dio una extensa teórica sobre las comentadas comisiones, práctica habitual en todo tipo de operaciones entre compañías en cifras de verdadera importancia (millones de dólares). «A nivel mundial todo el mundo sabe la comisión que el productor de turno aplica a cada grupo o empresa gestora, cantidades que se abonan en dólares a través de cuentas numeradas, normalmente en un banco en Suiza. Las empresas productoras no dan el menor documento o recibo, pues existe un severo control mundial de precios en origen, que todos procuran mantener, al menos en apariencia. Luego se los saltan a la torera con tal habilidad y discreción que resultaría prácticamente imposible que un tercero demostrase la entrega de una comisión». Esto lo decía respecto al comercio entre empresas, aunque no era de aplicación en el caso de Estados soberanos. Pero «en el negocio del petróleo lo menos sucio es el crudo; y cuando intervienen profesionales del oficio hay que asegurar que alguien recibe la comisión de rigor». Era frecuente que los dineros quedasen en niveles secundarios. Y me hacía la observación de que el único modo de demostrar el pago de unas comisiones era dar con la persona que hubiera presenciado las conversaciones o conocido tal información de forma directa; si no, habría que lograrlo de contactos iraquíes que estuvieran dispuestos a hablar.

Contaba que en la Empresa Nacional Calvo-Sotelo sus últimos presidentes habían recibido fuertes comisiones de crudos, y que se trataba de personas de absoluta garantía moral, honradez y auténtico patriotismo que no habían querido desperdiciar esas ventajas que les ofrecían, aceptándolas en beneficio exclusivo de la nación. Los dólares se ingresaban en Suiza y, lamentablemente, luego venían las dificultades administrativas para introducirlos en España y después los problemas de contabilización, por lo cual aquellas reservas «particulares» de divisas se utilizaban para hacer pagos en el extranjero por conceptos de asesoramiento, investigación e incluso comisiones. Siendo Lacalle subsecretario del Tesoro[76], tuvo que autorizar y firmar en más de una ocasión la entrega de fuertes cantidades a políticos de otros países involucrados en determinadas operaciones, decisiones que siempre venían impuestas «desde arriba». «Así que, si nosotros lo hemos hecho con políticos extranjeros, es lógico pensar que otros Gobiernos hayan pretendido hacerlo con alguno de los nuestros. Pero esto no se puede asegurar de ningún modo». Más adelante, el 6 de abril de 1973, nos hablaría Álvaro Lacalle del petróleo como subsector energético de gran importancia para la seguridad nacional, y del organismo que hubiera de centralizar la formulación de la política energética como elemento coordinador de los ministerios implicados, pues Hacienda no soltaría jamás el monopolio, Industria no se dejaría arrebatar el INI ni Comercio su influencia. Echaba en falta un auténtico gabinete de estudios que asesorase a Carrero Blanco, como vicepresidente del Gobierno, sobre tema tan fundamental.

En la visita a Rovira Tarazona el día 1 de marzo de 1973, este nos animaba a seguir adelante con el estudio de un posible órgano de formulación de política energética; preparaba el SECED un trabajo sobre un comité para la adquisición de crudos en el que participarían los ministerios de Hacienda, Comercio, Industria, Asuntos Exteriores, etc., y cuyo objetivo habría de ser repartir la responsabilidad contractual, evitar comisiones, reducir las discrepancias entre ministerios y definir una coherente política petrolera de adquisición de crudos.

El jueves 29 de marzo el subdelegado del Gobierno en CAMPSA, Emilio Sanz Hurtado[77], nos invitaba a almorzar con el director general de la Energía y Combustibles, José Luis Díaz Fernández, último de los expertos con que deseábamos contactar para evitar errores de planteamiento en la redacción del informe sobre el mundo del petróleo. Díaz Fernández encontraba muy positivo nuestro canal, pues «nadie que conozca la función del SECED puede desperdiciar la vía para hacer llegar inquietudes “arriba”». Nos anticipaba algunas impresiones: la ordenación actual del sector energético era insuficiente y conflictiva por la dispersión de actividades y responsabilidades, como se había puesto de manifiesto en el contrato de crudos con Irak. Él mismo había informado desfavorablemente sobre la pretensión de aceptar precios más altos so pretexto de contratar a medio o largo plazo, con la condición de repercutir precios en los productos derivados. En todo caso, se mostraba muy de acuerdo con que el SECED hiciese llegar al vicepresidente Carrero la inquietud razonada de ordenar y centralizar la formulación de la política energética.

El 21 de mayo de 1973 el antiguo dirigente del INI Joaquín García Chamorro me expuso la génesis de PETROLIBER, refinería en la que el INI tenía una participación mayoritaria. Juan Antonio Suanzes, primer presidente del instituto, se había comprometido a conceder tanto a SHELL como a CALTEX un 20 % en la primera refinería que se instalase en la costa (después de la de Escombreras, en Cartagena) para compensar a esas firmas los servicios y ventajas prestados a REPESA y ENCASO años atrás. Cuando el Gobierno pensó en montar una en La Coruña, el INI informó que no era conveniente para España en aquel momento y lugar, y según las participaciones que se preveían. Explicaba Chamorro que, si los dirigentes del instituto no hubiesen sido honestos, habrían aceptado el propósito gubernamental con tal de incrementar el patrimonio y las actividades del INI. También me contó que en 1965, siendo ministro Navarro Rubio, trascendió que el INI recibía unos descuentos por compras de crudos que representaban unos 800 millones de pesetas, que pasaban a incrementar el patrimonio, no el beneficio. «Pero el Gobierno tomó la decisión de que no se percibieran aquellas comisiones, sino que su cuantía fuera aplicada a los precios de los productos, idea que no compartía el INI, pero que aceptó… aunque no la cumplió».

Recuerdo con satisfacción y orgullo el buen trato que los directivos del SECED recibíamos de tantas personalidades deseosas de aportar a la Presidencia del Gobierno sus expertas recomendaciones sobre temas técnicos de especial delicadeza y trascendencia para la nación, sobre los que el conocimiento del servicio era aún lógicamente muy insuficiente.

OTROS FOCOS DE INFLUENCIA

Se nos venía advirtiendo que un buen número de empresas industriales debían ser controladas mejor, pues sus actuaciones vulneraban en ocasiones la legalidad y la debida honradez pública, así como que algunos grupos económicos ejercían una poderosa influencia en la política y la Administración, incluyendo en esa posible relación a olivareros, papeleros, cementeros, farmacéuticos, petroleros, siderúrgicos, algunos armadores de buques y, naturalmente, algún banco. El 13 de junio de 1972, el diplomático Joaquín Gutiérrez Cano mencionaba al Banco Urquijo como seguramente el más poderoso en la faceta contemplada, por contar con la gente más capacitada: un equipo de «pensadores» que trabajaba en y para la Casa de las Siete Chimeneas. Y citaba también a la Banca March, al Banco Ibérico y al Popular Español. Álvarez Garcillán nos diría el 26 de diciembre de 1972 que el Urquijo contaba con gente de gran valía, muchos de ellos incorporados de la alta Administración del Estado.

Al hablar del asunto en cuestión el 2 de enero de 1973, Valls Taberner, presidente del Banco Popular Español, nos citaba también expresamente al Banco Urquijo, «diferente de los demás, que dedica parte de su actividad a labores no puramente bancarias […] Está a la caza de “niños bien” graduados, a los que va colocando en sus negocios con vistas a utilizarlos en el futuro en el campo político más conveniente […]. Crea empresas, pues necesita puestos donde situar a los de cierta talla». Consideraba Valls la preocupación enorme de los altos cargos por encontrar una colocación airosa al cesar en la Administración; creía interesante contabilizar el número de autoridades que procedían de este grupo bancario. Y me explicaba el funcionamiento de la famosa Casa de las Siete Chimeneas, en la plaza del Rey, con toda clase de instalaciones para facilitar la labor de su plana mayor política-financiera y la labor de formación de sus dirigentes.

Sobre los grupos de presión la jefatura del SECED fijaría como finalidad que el esfuerzo no se limitase a la búsqueda de datos, sino que se enfocase más bien a la previsión de las presiones que en cada caso recibirán los poderes políticos de esos grupos de interés; las estructuras del Estado tenían en su mano suficientes medios para protegerse de la presión. Pero aparte de la actividad de esos grupos, se imaginaban otros focos de atracción política, con los que entramos en contacto en los últimos meses de 1973, siendo ya presidente del Gobierno el almirante Carrero.

El lunes 17 de septiembre de 1973 visité a Andrés Reguera Guajardo en su despacho de secretario general de CAMPSA[78]. El encuentro estaba justificado por su condición de miembro activo desde 1947 de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), influyente institución en la que queríamos profundizar. Me describió el grupo de pensamiento que firmaba artículos en el diario Ya bajo el seudónimo de Tácito[79], que, según rumores tendenciosos, se había comprometido a no colaborar con el Régimen ni aceptar cargo alguno, lo que Reguera me desmintió. En cambio estaba sorprendido por la exclusión total de propagandistas en el reciente Gobierno Carrero, algo que atribuía a la merma de influencia de la ACNP tras la desaparición del mando único que ejercieran Herrera Oria y Martín-Sánchez Juliá. Nuestro interlocutor mantenía su lealtad a Federico Silva, actual cabeza de quienes en la asociación tenían un sentido más activo de la política; ello le dio pie a Reguera para describir la gran capacidad política de Silva y el cambio tan ostensible en su imagen externa (lentillas, pelo largo, cupé 1800 rojo…) y su nueva actitud ante la vida.

El día 4 de octubre Reguera nos proponía una cena para la siguiente semana a la que convocaría a Oreja, Osorio y Lavilla, con el propósito claro de «poner las cartas bocarriba de cara a la configuración de la actividad política dentro del sistema». Ese grupo de propagandistas quería lanzar un ultimátum a Federico Silva para que recuperase su imagen y liderazgo, pues en caso contrario tendrían que pensar en otro cabeza de filas. Por su parte, Silva se hallaba bien dispuesto a reunirse con nosotros e incluso pedir audiencia al presidente Carrero para contarle sus proyectos políticos.

Al día siguiente el capitán del SECED Martínez Teixidó y yo hicimos una entrevista al coronel jurídico Algora[80], de la Secretaría Técnica del general jefe del Estado Mayor Central, para profundizar en la historia de la ACNP y en las actividades políticas de algunos de sus socios. Ya estaba en antecedentes de las pretensiones informativas del servicio y se ofreció gustoso a disipar brumas que pudiéramos ver aún en la Asociación de Propagandistas, cuyos fines eran exclusivamente espirituales, aunque algunos de sus miembros, individualmente o en grupo, dedicasen esfuerzos a la política nacional, sin implicar en ningún caso a la ACNP. Nos recordaba cómo en la segunda mitad de los años cuarenta surgieron los Círculos de Jóvenes, presididos por Silva y en los que se integraron, entre otros, Calvo-Sotelo, Ruiz Gallardón, Osorio, Reguera… En la década siguiente Silva continuó revaluando su papel de líder, alcanzando la presidencia de los patronatos del CEU, el Colegio Mayor San Pablo, etc., y la vicepresidencia de la asociación. Y en 1965 era nombrado por Franco ministro de Obras Públicas, cargo que ocupó hasta 1969.

Explicaba el coronel Algora que comenzaron entonces las pequeñas escisiones de propagandistas «políticos». Un primer grupo, dentro del sistema, estaba capitaneado por Marcelino Oreja, «ministrable pero sin capacidad de liderazgo», y Landelino Lavilla, «la mente más clara de todos los propagandistas». El segundo grupo, también pro-Régimen, lo manejaba Alfonso Osorio, «hombre brillantísimo y de gran imaginación». Un tercer grupo, encabezado por Álvarez de Miranda y Cavero, aglutinaba a los participantes en el Contubernio de Múnich en 1962, que estaban regresando al sistema y aceptando sus Leyes Fundamentales, pero «siguen siendo unos soñadores con pujos de democracia inorgánica». Por último, surgía un cuarto grupo que atraía a los jóvenes expectantes partidarios del orden y dispuestos a un desarrollo progresivo hacia una democracia de corte europeo; su representante más cualificado era el notario José Luis Álvarez, hombre sin ambiciones políticas. Algora había reunido a todos los «personajes y personajillos» de esas tendencias para que intentasen el diálogo y el acuerdo. Hasta aquel momento lo único alcanzado había sido la creación del grupo Tácito, que incluso andaba ya en trance de desaparición. Naturalmente, Algora nos sacó a colación la figura de Joaquín Ruiz-Giménez, que estaba en la ACNP en una situación peculiar, parecida a la de Cruz Martínez Esteruelas, y al que ya no consideraba representativo de la galaxia propagandista.

El 10 de octubre acompañé al director del SECED a una comida en Jockey con Alfonso Osorio, Marcelino Oreja, Andrés Reguera y José Luis Álvarez, cualificados propagandistas que desarrollaban alguna función pública. San Martín hizo una exposición del planteamiento del servicio, les habló de la necesidad de cohesionar el grupo para reforzar su capacidad potencial de convocatoria a escala nacional y les conminó a participar en política, haciéndoles ver su elevado estatus profesional y social y reprochándoles su cómodo alejamiento de la dura lidia en el ruedo español, que sí afrontaban en cambio Blas Piñar (expulsado de la ACNP en la última Asamblea General de septiembre) y su grupo. El director del SECED les incitaba a poner en órbita una publicación de suficiente nivel intelectual para enfrentarse, desde las coordenadas del sistema, a revistas como Cuadernos para el diálogo[81]. Nuestros interlocutores declararon tener en elaboración varios «números cero» de publicaciones de ese tipo. Oreja y Osorio evaluaron el componente ideológico de sus miembros: tres cuartas partes estaban a favor del Régimen; la otra, muy activa últimamente, se situaba en la democracia inorgánica europea, pero era una facción controlable y neutralizable.

De nuevo el jueves 8 de noviembre por la tarde acompañamos a San Martín, en la notaría de José Luis Álvarez, en la calle José Ortega y Gasset, a un encuentro de dos horas y media con un grupo selecto de propagandistas. Además del notario acudieron Oreja, Osorio, Reguera, Landelino Lavilla y Eduardo Carriles. El objeto de la reunión era otra vez empujarles a intervenir en la vida pública por medio de la creación de una revista positiva que viniese a neutralizar la nociva influencia intelectual y universitaria de publicaciones filomarxistas; valía la pena intentarlo, dada la experiencia, formación e instrumentos de los que ellos disponían. A los concurrentes les convenció el planteamiento del director del SECED, que les pedía abandonar posturas recelosas respecto a otras personas como Gabriel Cisneros, Ortí Bordás, Pío Cabanillas e incluso Fraga y sus centristas, y mostrarse entusiastas en la ampliación del abanico de colaboraciones.

Naturalmente, se abordó la temática política en relación con la «ofensiva institucional» de Fernández-Miranda, que producía absoluto escepticismo en los presentes y en otros círculos de diferente colorido. Lavilla dudaba que existiera el pretendido proyecto de participación política; tan solo acaso exposiciones verbales de don Torcuato sobre sus intenciones. Oreja, consejero nacional, manifestó que el famoso discurso de Carrero Blanco en abril y su encargo de estudio de siete puntos no habían sido traducidos en nada concreto. El documento elaborado en su día por Martínez Esteruelas constituía más bien una mera base de partida. Ni siquiera lo poco que tenía escrito el vicepresidente Fernández-Miranda era conocido aún por la mayoría de los ministros.

Aseguraba Osorio que la ley se denominaría «electoral» y «de participación política», y que pretendía desarrollar un sistema de asociaciones locales, convertibles en provinciales, lo cual configuraba —a su juicio— el viejo caciquismo de Cánovas, sistema que sería ahora desastroso. También Lavilla y Carriles se refirieron al desarrollo de las Leyes Fundamentales, consideradas inamovibles, pero sobre las que cabía abordar una necesaria interpretación, asunto que debería ser materia de inclusión en la revista, aunque acaso no resultase del agrado del presidente Carrero. Echaba de menos Lavilla en nuestras Leyes Fundamentales un sistema corrector como el introducido por De Gaulle en Francia.

Terminó San Martín asegurando que la deseable revista tenía un objetivo claro: venderse, y que, si debía publicarse algo que no fuera del total agrado del almirante, era un riesgo que tenían que afrontar, pues, si no, nadie la leería. No debían temer hacer crítica gubernamental, aunque ello originase la indignación de algunos ministros. Aseguró que él colaboraría, en la medida de sus fuerzas, a evitar que esa posible indignación pudiese afectar a la pervivencia de la revista. Ellos se mostraron bien dispuestos a colaborar activamente con el sistema y pronto entrarían a formar parte de los Gobiernos de la Transición (Adolfo Suárez incluyó a seis «tácitos» en 1976).

Buscando otros focos de atracción política, visitamos el 16 de octubre de 1973 a Antonio Herrero en su sede de Europa Press, reunión amistosa a la que se incorporaría más tarde Asís Martín Fernández-Heredia[82], presidente de la Junta de Propietarios de la agencia. La conversación se centró en la identificación de miembros del Opus Dei que seguían personalmente tendencias políticas, como fenómeno nacional extendido, no bien conocido y peor interpretado. Herrero empezó por aclararnos que no nos encontrábamos ante algo parecido a la ACNP, como grupo católico con actuación en esferas políticas: la intervención de socios de la Obra en los Gobiernos de Franco y en muchas instituciones oficiales era algo de absoluta responsabilidad individual; de hecho, otros miembros militaban en campos enfrentados al Régimen, sin que la dirección del Opus Dei pudiera objetarlo o hacerles la menor recomendación en uno u otro sentido. A este respecto nos relataban una entrevista de don Juan de Borbón y Areilza con monseñor Escrivá de Balaguer y don Álvaro del Portillo en Roma para que la Obra se desenganchase del régimen del general Franco, en la que no lograron de estos más que se reafirmasen en que su institución católica estaba, como tal, completamente al margen de toda actividad política. Nos aconsejaron conectar con Javier Ayesta, jefe de prensa y portavoz del Opus Dei, y nos ofrecieron propiciar una conversación con Gregorio López-Bravo, que, según nos aseguraba Asís Martín, nos recibiría encantado.

Con aquellas indicaciones, el martes 20 de noviembre Martínez Teixidó y yo visitamos a Ayesta[83]; queríamos desgranar el llamado «fenómeno político». En la comparación con la ACNP, nos desveló que la auténtica espiritualidad laical del Opus Dei tenía absoluto respeto a la libertad individual en todo cuanto la Iglesia admitía como opinable. Suponía Ayesta habernos «colocado la cantinela de siempre, pero no hay otra: el Opus Dei no es un partido político ni lo será nunca». Nos sugería hablar con César Ortiz de Echagüe, un segundo de a bordo del consiliario regional para España, don Florencio Sánchez Bella. Así que el miércoles 28 le visitamos en su casa de Diego de León. Era arquitecto, llevaba casi treinta años en la Obra y estaba bien dispuesto a explicarnos la organización de la estructura en España. Nos recordó que el Opus Dei no había intervenido, como grupo, en la vida pública española, y que quienes ostentaban responsabilidades políticas no tenían la menor competencia en el gobierno de la institución apostólica. La pertenencia de un político a la Obra no suponía el apoyo de un aparato coherente que hubiera conducido a sus miembros a puestos de la Administración o de la política.

Fechas después Francisco de Asís Martín nos hizo la gestión de transmitir a López-Bravo el interés del SECED en hablar con él. Contacté por teléfono con el exministro el viernes 7 de diciembre de 1973 y le expliqué el estudio que, por directiva superior, estábamos haciendo de los grupos nacionales más influyentes. Nos citó a las diez de la mañana del lunes 10 en ENSIDESA. La entrevista fue muy cordial y duró tres horas, lo que da idea del mutuo interés en los temas de conversación que expongo más adelante. En cuanto a la influencia política del Opus Dei, se reafirmó en los conceptos que habíamos escuchado a Ayesta y Ortiz de Echagüe.

El seguimiento de la masonería

Franco y Carrero, como tantos de su generación, sentían desde antaño preocupación por las actividades de la masonería, por lo que durante años impulsaron el estudio y el seguimiento de esa sociedad secreta y de sus miembros por medio de una oficina de la Presidencia del Gobierno creada por Decreto Reservado n.º 52, firmado por Franco el 30 de septiembre de 1944, y que recibió el título inocuo de Delegación Nacional de Servicios Documentales. Muchos años después, por Decreto de 21 de enero de 1971, dichos servicios asumirían el archivo y las competencias informativas del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (1940-1963). Entre los años 1964 y 1976 fue responsable de su dirección, como subdelegado nacional, el vicealmirante Jesús Fontán Lobé[84], que sucedía al coronel Francisco Javier Planas de Tovar, quien lo había dirigido desde su fundación.

Pues bien, el 17 de octubre de 1972 el director del SECED y yo acompañamos al almirante Fontán a Salamanca para conocer y comprobar el contenido de las dependencias de dichos Servicios Documentales, pues tenía previsto el almirante Carrero que, al término del mandato de Fontán, todos los fondos históricos (ficheros de masones, rotarios, protestantes, evangélicos, teósofos y cientos de legajos de documentos) y otras pertenencias pasasen a integrarse en el SECED, intención que nunca se llevaría a efecto; quiero suponer que aquel conjunto desbordaba entonces la capacidad de gestión del servicio e incluso los cometidos de información que tenía fijados. Aquel edificio —antiguo Hospicio de San José— albergaba una biblioteca con 5.000 ejemplares, además de un archivo que agrupaba documentos relacionados con la masonería: expedientes personales, logias y otros asuntos.

Me recordaría el teniente general Cassinello el 25 de noviembre de 2000 que el almirante Fontán Lobé tenía enorme interés en que aquel archivo pasase a integrarse en el SECED. Cassinello, siendo ya jefe del Servicio, pudo comprobar que se trataba de fichas muy antiguas sin provecho aparente para la casa, por lo que también declinó el ofrecimiento. El almirante le facilitó en aquella ocasión un expediente de Gutiérrez Mellado, que quedaría en el archivo del SECED[85]. El catedrático e historiador Ángel Bahamonde Magro, que estudió la documentación masónica de Salamanca, declaraba a la revista Interviú el 9 de septiembre de 2004 que «estos papeles hace 25 años eran trilita pura».

En la primavera de 2005 saltó a la opinión pública la existencia del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, cuyos fondos documentales se habían incorporado —tras la reorganización del Ministerio de Defensa en 1977— al Archivo Histórico Nacional por orden del Ministerio de Cultura de 7 de mayo de 1979. Finalmente, el Gobierno acabaría ordenando el traslado de parte de sus fondos históricos a la Generalitat de Cataluña, asunto que a final de 2011 desataría la polémica entre historiadores, archiveros, organizaciones sindicales, etc., que denunciaban irregularidades y ciertas dudas jurídicas. Ya en junio de 2010 había estallado la controversia en torno a la promesa del Gobierno de traspasar documentación del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca al PNV. No guardo recuerdo de que en aquel viaje de 1972 con el almirante Fontán nos hablase de tal archivo, pero sí se me quedó grabada la imagen de una reproducción de logia, verdaderamente tenebrosa, organizada a partir de los abundantes materiales incautados en las sedes masónicas. Treinta y tres años después pude contemplar en la prensa diversas fotografías de aquella sala, aunque me pareció más adecentada y amplia que cuando la visité. Pensé que otro hubiera sido el destino de todas aquellas pertenencias si hubiesen sido trasvasadas al SECED, como era el designio de Carrero Blanco.

Han pasado los años y el tema de la masonería vuelve a tener nuevos ecos en los medios de comunicación. A finales de 2012 aparecía en las librerías el libro Masonería, religión y política, de Manuel Guerra, presbítero y profesor de la Facultad de Teología de Burgos, cuyas citas sobre posibles masones españoles de la actualidad producirían cierto escándalo y sorpresa. Por su parte, Antonio González Quintana, archivero e investigador, ha desentrañado el contenido de la documentación masónica en el Archivo Histórico Nacional.

Más recientemente, en diciembre de 2012 y en enero siguiente, la familia Fontán me consultó sobre la colección privada del almirante con el fin de intentar su donación a un archivo histórico militar, de modo que se atendiese a su conservación y fuera puesta a disposición de investigadores y estudiosos. Finalmente se optó por cederla al Museo Naval. También en ese mismo año el veterano coronel Fernando Sancho me recordaba la existencia en el Estado Mayor del Ejército, aún a fines de los años setenta, de una importante colección documental sobre la masonería que dependía de él y era custodiada por un teniente de la Guardia Civil con su escuadra, con gran secreto y cierto pánico entre los mandos superiores, según Sancho. No he tenido noticias de su paradero.

El SECED y el mundo de la prensa

La creación del SECED, y sobre todo su actividad abierta, no pasó desapercibida a los medios de comunicación. The New York Times (NYT) hizo unos comentarios poco afortunados y desfavorables, que recomendaron al comandante San Martín actuar a través de órganos de difusión de noticias. A la vista de la nota interna «Comentarios sobre el SECED», me ordenó acudir a Europa Press, el día 10 de julio de 1972, para desmentir la información que había divulgado esta agencia de noticias. Al parecer, el presidente de su Consejo de Administración, José Mario Armero Alcántara[86], había comentado reiteradamente y de forma tendenciosa la creación del SECED, en línea con el tratamiento dado a la noticia por Radio España Independiente y por publicaciones clandestinas comunistas. Por lo visto, días antes había llegado a decir que el NYT iba a publicar un reportaje sensacionalista sobre las funciones represivas del servicio, con fotografías de San Martín y de su sede; así que resultaba urgente evitar su publicación —si se llegaba a tiempo— o al menos que el artículo se redactase correctamente, en consonancia con la orden de creación del SECED, que daba a este Servicio un carácter coordinador, nunca ejecutivo.

La entrevista con Asís Martín Fernández-Heredia la celebré el día siguiente en ambiente cordial, favorecido por el hecho de haber conocido yo a cuatro de sus hermanos que trabajaban —o habían trabajado— en el Alto Estado Mayor. Durante la conversación me aseguraba Martín que la información aparecida en el NYT no había salido de Europa Press, aunque así se lo achacasen en el mundillo de las noticias y la política. Enterado ahora de la información que yo le transmitía sobre la creación y misiones del SECED, se ofreció a trasladarla a Armero y Herrero, presidente y director, respectivamente, de Europa Press.

De la mano de Asís Martín entrevisté una semana después a Antonio Herrero Losada[87] para tratar a fondo del artículo de marras (del que aporté una traducción al castellano) y para transmitirle el desagrado con que había sido leído en Presidencia. Le sorprendía que los términos de la noticia pudieran haber sido facilitados por Armero, pese a tratarse de un fácil comunicador y buen relaciones públicas. Herrero, hombre de gran vivacidad y apertura, se congratulaba de la creación del SECED, «organismo que quizá debiera haber estado organizado desde hacía lustros, y que será especialmente útil en estos años y en los próximos», y se identificaba con los criterios que habían llevado a ello. Concluía que «poder informar al máximo nivel sobre lo que pasa de verdad en el país es una baza importante que debe aprovecharse».

Como resultaba de interés para el servicio incrementar los contactos personales con Europa Press, después del verano —el 20 de septiembre— repetí la reunión con Herrero, acompañando al comandante Marchante, para profundizar en otros temas, como los boletines confidenciales, el sector religioso y la actualidad política. De las tres horas de conversación dedujimos identidad de criterios de la agencia con el servicio en los asuntos del sector religioso y de la política nacional. Abogaba Herrero por un mayor esfuerzo por limpiar el país de los abusos y fraudes económicos que se observaban de modo creciente en los negocios y en la Administración local, y se mostraba partidario de una mayor apertura en la información. Consideraba que resultaría interesante para nosotros conocer a su presidente Armero.

En esa nueva reunión[88] con Marchante, Armero y Herrero el lunes día 25 de septiembre de 1972, el objeto fundamental del encuentro era hablar del SECED, ofreciendo Armero la versión que había recogido en altos círculos económicos y políticos, en los que se desenvolvía con soltura, para recibir nuestra confirmación o rectificación. Así resumió lo que se pensaba sobre el servicio: «Mientras la Dirección General de Seguridad se dedica a vigilar a la izquierda, el SECED ha sido creado para controlar a la derecha». Según datos que había recogido Armero, el servicio tenía fichadas a 6.000 personas de la oposición, a las que se encarcelaría en el momento de cumplirse las previsiones sucesorias; le parecía lógico, además, que se tuviese pensada semejante prevención. También les desmontamos la idea de que se tratase de un servicio personal del vicepresidente; era, indudablemente, mucho más. Armero nos consultaba si todos éramos militares, si teníamos enlaces en todos los ministerios, si confeccionábamos un boletín que recibían los ministros, si controlábamos las conversaciones telefónicas, si hablar mal de un ministro o un gobernador era tenido como punto desfavorable, etc., etc., a todo lo cual Marchante y yo respondíamos con la verdad escueta en clave galaica y sin salirnos del contexto del BOE, pues Armero tenía fama ganada de «gran divulgador sin reparos».

En cuanto al artículo del NYT, que fue referencia inicial, nos aseguró Armero no haber difundido aquellas noticias sobre el servicio, pues él lo desconocía por completo; en cambio, las agencias extranjeras en España le habían facilitado muchas otras. «De haber conocido entonces lo que he aprendido hoy, el famoso artículo hubiera tenido otro sesgo», añadía Armero. Recientemente había hecho unas declaraciones a la revista Mundo en las cuales daba su opinión sobre las grandes figuras de la política (López Bravo, Monreal, Carrero, Rodríguez de Valcárcel, Silva, Sánchez Bella, etc.), asegurando que el Gabinete en su conjunto estaba desprestigiado y resultaba impopular en muchos ambientes. Armero estaba arrepentido de sus declaraciones y le desaconsejamos la publicación de esa entrevista, que habría de causarle algún problema, aparte de ser opiniones acaso poco meditadas.

Europa Press ofrecía su mejor disposición a colaborar con el servicio en alguna forma, y deseaba al menos un contacto personal, de carácter periódico e informal, con nuestros directivos, de modo que Asís Martín y Antonio Herrero solicitaron ser recibidos por el comandante San Martín. La audiencia tuvo lugar en el despacho del director a última hora de la tarde del 26 de octubre. Me correspondió asistir a la conversación, en la que los ejecutivos de la agencia recibieron una clara explicación sobre la esencia y el espíritu del servicio. Al finalizar la reunión, de dos horas, San Martín les entregó una nota que resumía la vinculación del SECED al actual Gobierno y a los futuros, su total aceptación de las Leyes Fundamentales y de las modificaciones que se hiciesen por vía legal, la amplitud de horizontes respecto a los criterios de los diversos grupos o tendencias de acción política, la lucha permanente contra la corrupción administrativa, etc.

Volví a Europa Press el 11 de noviembre y me contó Herrero su interesante viaje a Estados Unidos, donde comprobó el buen ambiente que tenía España y el reconocimiento de su despegue económico. El vicepresidente Agnew era buen amigo del almirante Carrero, con el que se había reunido en nuestro país varias veces. Además tratamos de un acuerdo de suministro de fotografías tamaño octavilla para el archivo JANO. A última hora de la tarde del miércoles 10 de enero de 1973 acudí de nuevo a la agencia acompañado por el capitán Álvaro Guitián, que trabajaba en el Gabinete de Acción Psicológica (GAP) del SECED, estudiando un plan para atenuar la leyenda negra que circulaba sobre el «servicio de Presidencia». Herrero y Martín nos aconsejaban seguir manteniendo en la bruma nuestra existencia y nuestra fuerza: en estos servicios el anonimato era más favorable.

Siguiendo con los medios de comunicación social, en el almuerzo que nos dieron Ignacio Urquijo y Jaime Carvajal el 6 de febrero de 1973 nos hablaron de la futura salida a la calle del diario de Madrid El País, patrocinado por Areilza y cuyos socios no podrían poseer individualmente más del 5 % del capital social. Sería un asunto recurrente en los meses siguientes. En aquella comida sorprendían muy satisfactoriamente a nuestros anfitriones los retazos que Leandro Peñas ofrecía de la actividad abierta del SECED.

Asimismo, en almuerzo con Gonzalo Lacalle el 7 de febrero, dedicamos un tiempo a la prensa, sobre la que la banca —afirmaba nuestro interlocutor— «sí tiene poder, a través del capital social o de los créditos, aunque los banqueros se desligan bastante de la línea intelectual de cada publicación». Consideraba a Emilio Botín persona con mano en Informaciones, diario reconocido como el mejor hecho y el de mayor influencia en la mesocracia. San Martín sugirió a Lacalle insinuar a Botín que cediese al SECED un espacio en ese diario desde el que difundir valores de los que el país andaba necesitado y añadió que el Servicio podría facilitar a su director artículos y/o documentación. El día 15 de marzo puse en conocimiento de Gonzalo Lacalle que el director del SECED recibía a media mañana del día siguiente a Jesús de la Serna, sobre lo que me hacía la siguiente reflexión: «Me agradará que cualquier periódico colabore con vosotros, pero en especial ese que tiene aspectos que me son poco gratos». La mediación había funcionado y pude darle cuenta a Lacalle, al día siguiente, de la grata conversación de San Martín con los hermanos De la Serna, relación amistosa que se mantuvo durante años.

Al almuerzo del 13 de marzo con José Mario Armero Alcántara me acompañó el capitán Fernández-Monzón, que entonces escribía habitualmente en el diario Arriba. El tema estrella fue la mala imagen del SECED en los círculos en que él se movía: nos tildaban de servicio policiaco, responsable de confeccionar listas negras y de ejercer un poder represivo directo, acusándonos de intervenir en todos los «líos» de la Universidad y en los relevos de gobernadores civiles, así como de otras especies más o menos falsas ya relatadas en su primera entrevista. También se nos acusaba de colaborar estrechamente con el Ministerio de Información y Turismo, departamento que impedía el sano intercambio de opiniones políticas. Todo ello había sido tema de conversación en una cena del día 10 (que sería conocida como la «reunión de los once») en casa de García Trevijano, a la que asistieron los componentes de la completa «candidatura liberal, de amplio espectro democrático» para la Junta del Colegio de Abogados, todos ellos «aperturistas» de clara oposición al Gobierno. En ella figuraban, junto con el anfitrión, Antonio Garrigues Walker, Tierno Galván, Pablo Castellanos… y el propio Armero. Dos de los asistentes habían citado el carácter aperturista del teniente coronel San Martín, produciendo la hilaridad de los restantes. Tuve que aclarar una vez más a Armero la verdad del SECED, para tratar de desmontar los prejuicios puestos de manifiesto en aquella reunión. Nos reconocía después Armero que aquellos «liberales» no hacían la menor profesión de fe para implicarse en el futuro y en la continuidad del Régimen, lo que originaba confusión entre oposición gubernamental y enfrentamiento al Estado.

En abril de 1973 apareció en Il Tempo un artículo fantasmagórico sobre el SECED, calificándolo como el «servicio secreto gubernamental más eficaz de Europa», afirmación gratuita que hacía daño al servicio, pues, como diría San Martín (pág. 49), no faltarían quienes atribuyeran la fabulosa historia a indiscreciones de la casa, no siempre con buena intención. Dicho órgano sensacionalista calificaba a San Martín de hombre de ideas arcaicas, milenarias y ultras, inteligente, brillante, ambicioso, fascista, que habría elaborado un plan similar al Solo italiano y al Prometeo griego para hacerse con el poder. Según Il Tempo los financiadores del Servicio serían la CIA y Carrero. E incluía otras referencias reales o imaginarias, en una espantosa confusión de ideas, entre las que no faltaba que todas las decisiones políticas eran consultadas al SECED por el Gobierno y que el teniente general Díez-Alegría, pese a ciertas desavenencias, estaba de acuerdo en sostener una situación acorde con los deseos del Servicio y de la CIA.

A partir de la constitución del SECED se multiplicarían las versiones de la prensa extranjera y de la propaganda subversiva sobre la organización que dirigía el comandante San Martín desde la Presidencia del Gobierno. El servicio recibió la atención —en una decena de ocasiones— de Radio España Independiente, el Boletín de Información de Oficiales y Suboficiales (clandestino y bastante bien hecho, en el que colaboraban oficiales de complemento y algún profesional que no fue detectado), el Frente Libertario, El Socialista en el Interior, The International Herald Tribune, Die Welt, etc. También Le Monde le dedicó un artículo, suscrito por José Antonio Novais, falangista (hijo de anarquista portugués) que se movía con soltura en ambientes políticos nacionales. Pero, en palabras de San Martín, «una vez pasada la fiebre de lo “novedoso”, nos dejaron tranquilos hasta el asesinato del almirante Carrero Blanco […], tales afirmaciones no comprometieron en nada nuestra actuación».

8
CARRERO BLANCO, PRESIDENTE DEL GOBIERNO

CARRERO ASUME LA PRESIDENCIA

El 4 de enero del año 1973 el capitán de navío Guillermo Carrero del Carre, hermanastro del vicepresidente, me trasladaba una confidencia sobre don Luis:

Franco le ofreció hace unos pocos años la presidencia del Gobierno para desligarse él de ella, y el almirante le convenció de que no debería hacerlo nunca. Luis es incapaz de crearle ni plantearle al Caudillo un problema aunque tenga que hacer de chivo expiatorio; le es absolutamente leal […]. Luis se encuentra en una campana de cristal en Presidencia, donde dispone de pocos asesores.

Desde meses atrás, el director del SECED había venido insinuando al almirante Carrero la conveniencia de descargar al jefe del Estado de las funciones de gobierno. La clase política temía que Franco pudiera fallecer antes de resolver las discrepancias dentro del Movimiento sobre la deseable apertura al asociacionismo y de zanjar la lucha por el control del aparato administrativo del Estado entre las variadas familias del Régimen. Aunque el Generalísimo había delegado parte de sus funciones en el vicepresidente del Gobierno, seguía presidiendo el Consejo de Ministros y conservaba la jefatura del Consejo Nacional del Movimiento, cámara ideológica en la que Torcuato Fernández-Miranda se debatía entre aperturistas e inmovilistas para orientar el proceso político que habría de llegar tras la muerte de Franco.

Quienes rodeaban al almirante trataban de convencerle de que despachara con el Caudillo el nombramiento de un presidente del Gobierno; pero Carrero se negaba persistentemente a tal iniciativa, pues pensaba que no habría presidente mejor que Franco. Y si en alguna ocasión el Generalísimo se lo insinuaba al almirante, este se resistía por la repulsión a asumir mayores responsabilidades. Aparte del Príncipe de España, influyó en la decisión del Caudillo el ministro Antonio M.ª Oriol, a quien San Martín ya le cursó nota el 21 de octubre de 1969 sobre las ventajas que traería tal nombramiento, desvaneciendo así riesgos e incertidumbres en el momento en que se cumpliesen las previsiones sucesorias.

Asegura Ricardo de la Cierva que Franco reveló a Carrero su nombramiento el lunes 7 de mayo de 1973, aunque faltaba aún un mes para hacerlo oficial. El Caudillo se trasladaba a pescar en Asturias sin que trascendiese la menor noticia. Todavía a primeros de junio San Martín insistiría al almirante sobre la perentoria necesidad de un presidente de Gobierno, sin conocer que la decisión estaba ya tomada por el jefe del Estado. El jueves 7 de junio reinaba aún la incertidumbre incluso en órganos habitualmente bien informados. Pero al día siguiente el Generalísimo firmaba dos importantes disposiciones que aparecerían en el BOE el sábado día 9. La primera era una ley cuyo artículo único decía: «Queda en suspenso la aplicación del párrafo primero del artículo dieciséis de la Ley de 30 de enero de 1938 por la que se establece la vinculación de la Presidencia del Gobierno a la Jefatura del Estado». La segunda era el decreto del nombramiento de Carrero Blanco.

El almirante explicaría ante las Cortes el 20 de julio de 1973 que con la designación como presidente del Gobierno no se le confería un privilegio, sino que se le pedía un servicio a España que no podía rehuir; Carrero se identificaba con la obra política del Caudillo y declaraba igualmente su lealtad al Príncipe de España. El nuevo presidente no ocultó a San Martín su satisfacción por la designación de que le había hecho objeto el Caudillo, pero también le hizo patente su preocupación, aunque estaba decidido a mandar, a exigir unidad y lealtad en el Gabinete en los meses siguientes. La realidad es que ejerció con toda dignidad su función, variando muy poco los modos con que desempeñó su puesto de vicepresidente. El Consejo de Ministros siguió celebrándose en El Pardo, multiplicándose las sesiones preparatorias. Aunque Carrero tuvo que disminuir los contactos directos con sus colaboradores más próximos, San Martín entre ellos, mantenían la relación inmediata por teléfono o a través de notas informativas o de despacho y cartas personales.

Se le presentó en los medios de comunicación social como un hombre impenetrable, sordo a los argumentos, cerrado a la crítica, valladar frente a cualquier idea renovadora. Sin embargo, San Martín tiene numerosos testimonios de lo contrario: lo que ocurría es que se negaba a admitir corrientes que disgregasen cuando era necesario unir. Así, cita en su libro (pág. 88) esta frase del almirante: «Estoy dispuesto a dejarme convencer de todo intento renovador que redunde en beneficio del bien común, pero desoiré los cantos de sirena inspirados en aires foráneos, o simplemente por ansias homologadoras. Los anhelos del cambio por el cambio no son argumentos».

José María de Areilza nos diría en entrevista de 13 de julio de 1973 que el nombramiento de Carrero como presidente del Gobierno le había parecido muy positivo, sin que tuviera demasiada importancia la designación de Fernández-Miranda como vicepresidente, «que no tendrá trascendencia». Gregorio López-Bravo, en entrevista el día 10 de diciembre de 1973, nos haría también un juicio político de Carrero Blanco: había insistido muchas veces a Franco a favor de su designación como presidente. Recordaba haberle dicho en una ocasión: «Mi general, va usted en un coche a toda velocidad y está usted confiando en una pieza de recambio que ni siquiera sabemos si es de este coche», metáfora con la que pretendía justificar la conveniencia de probar al almirante, nombrándole ya presidente, lo cual constituiría en sí mismo un gran servicio a España, lo mismo si servía como si no. López-Bravo estaba convencido de que Carrero no servía para político, pero, pese a sus discrepancias, no guardaba hacia él el menor resentimiento.

Muchos años después el teniente general Cassinello haría otras apreciaciones, según su propia memoria, de aquella etapa:

El Almirante reforzó el papel de don Juan Carlos, colocó a Fraga —entonces monstruo del aperturismo— en la embajada de Londres y oyó al SECED, empeñado en la apertura y que había diseñado una tenue operación PROMESA […]. Sobre Carrero pesaban las discusiones de abril de ese mismo año sobre la nueva configuración del asociacionismo político […]. Poco tiempo hay de julio a diciembre, desde su designación a su asesinato, para poder hacer un juicio crítico de su mandato. Antes no tuvo potestad, ahora no tenía tiempo. Quizás se preparaba para asumir el papel que años más tarde desempeñara su sucesor Arias Navarro; pero es curioso constatar que los grupos «ultras» que más le exaltaban a su muerte, eran los más críticos con él durante su vida. Dudo que hayamos entendido al hombre honesto que siempre fue Carrero y hasta qué punto sacrificó su clara inteligencia a la lealtad debida.

El nuevo Gobierno del presidente Carrero

En la mañana de aquel viernes 8 de junio de 1973, comentaba yo con el teniente general Díez-Alegría la lista más actualizada de posibles ministros en el próximo Gobierno de Carrero. Fuimos punteando por teléfono los nombres, de los que iba haciéndome los comentarios siguientes: Exteriores: «Me alegra el nombramiento de López Rodó: es un hombre serio en el que tengo confianza. Siento la salida de López-Bravo. Yo tenía miedo de que fuera a Exteriores el de Obras Públicas [Fernández de la Mora]»; Justicia: «Esto también me lo suponía [Ruiz Jarabo], aunque sonaba Herrero Tejedor[89]»; Ejército: «Coloma, el de Sevilla [le rectifico: el subsecretario]»; Marina: «Ya lo sabía. Carrero me había dicho que Pita sería un ministro excelente y me lo apunté»; Aire: «No me choca que vaya Salvador; es muy paniaguado de Su Excelencia; no hay mucho donde elegir»; Gobernación: «Ya sé lo de Arias[90]»; Hacienda: «Barrera lo hará bien. Yo creo que Monreal lo hizo muy bien, lo que pasa es que le tienen mucha fila los demás miembros del Gobierno y eso ha podido influir en Carrero; es un hombre difícil que daría lugar a conflictos; esa puede ser la razón». Le comenté al teniente general el rumor de hacer presidente de las Cortes a López-Bravo, aunque nos lo desmentían fuentes seguras, y me hizo la reflexión siguiente: «Tiene muy mal público. Personalmente creo que es una injusticia; es un hombre muy aprovechable y de los pocos que tienen sentido político […]. Aquí, en general, la gente es muy simplista, no ve las consecuencias. Pero López-Bravo tiene muchos enemigos y fuertes».

El lunes 11 de junio me reuní con el coronel Lacalle Leloup para conocer su opinión sobre el nuevo Gabinete. Le satisfacía mucho la designación de Carrero, hombre indiscutible e indiscutido. Pero le sorprendió el nombramiento de Fernández-Miranda como vicepresidente: los anteriores en el cargo (Muñoz Grandes y Carrero Blanco) habían reunido méritos y circunstancias que Lacalle no reconocía en don Torcuato. Había oído que iba a ocupar la vicepresidencia Rodríguez de Valcárcel ante su próximo cese en las Cortes; pero su grupo «azul» temía que esta vacante fuese ocupada por López-Bravo y que este acabase con la política que ellos patrocinaban.

El martes 12 se hizo público el Gobierno de Carrero Blanco. Al menos Arias Navarro fue designado personalmente por Franco para Gobernación; alguno más también pasó el filtro del jefe del Estado. Ese mismo día visité a Rovira Tarazona: le encontré muy pesimista sobre el nuevo equipo de Gobierno; todo el mundo comprendía que la designación de Carrero como presidente era un precio que había que pagar en vida de Franco, pero no así la designación de Fernández-Miranda. Para Juan Rovira los únicos ministros que valían la pena eran Barrera de Irimo y Martínez Esteruelas, llevados al Gobierno «para dar algo de calor al ritmo de los tiempos». Eran, según los medios de comunicación, los nombramientos más audaces, alejados de la devoción de López Rodó.

Las ceremonias de toma de posesión tuvieron lugar el día 13 de junio, y San Martín acudió a Presidencia, convocado con los demás directores generales, para el breve acto del ministro Gamazo. A su término, el presidente quiso despachar durante un buen rato con el director del Servicio, contándole personalmente la decisión de Franco. San Martín expuso una vez más a Carrero su deseo de dejar el Servicio para seguir su carrera militar, pero el almirante prefería continuar contando con él; le comunicaba, además, que en ambientes políticos se hablaba del SECED como de un grupo de hombres limpios y honrados, y que su creación había sido un acierto.

Pasada la primera oleada de la crisis y con un panorama más sosegado, Max Mazin, personalidad de la comunidad judía con altos niveles de información, me invitó a almorzar el miércoles 27 de junio. Estaba exultante con la decisión de Franco, que «asegura tranquilidad al menos durante cinco años». Me contaba que el martes día 5 por la noche un buen amigo —resultó ser Arespacochaga— le mostró la lista del nuevo Gabinete, con todos los nombres acertados, y me hacía saber que la posibilidad de que Rodríguez de Valcárcel fuera vicepresidente nunca había pasado por la mente del Caudillo. Añadía que Sánchez Bella había sido el ministro más afectado por el cese, pues hasta el último momento había apostado por su propia continuidad. A López-Bravo le habían comunicado el cese oficialmente estando en París, en la tarde del jueves 7. Y terminaba, al igual que otros entrevistados, dándome su punto de vista sobre cada ministro y citándome varios premios de la «pedrea» de altos cargos ya próximos a publicarse.

El conocido grupo democristiano Tácito declaraba en el diario Ya el día 19 de junio que la designación de Carrero había sido, evidentemente, bien acogida en medios politizados y que la declaración política del nuevo Gabinete había despertado interés por cuanto dejaba patente la intención de poner en rodaje los mecanismos previstos para la sucesión. En la audiencia que le concedió Fernández-Miranda a San Martín —con la que acababan los recelos y los equívocos entre ambos—, el jefe del Servicio le felicitaba por la integración de la Secretaría General del Movimiento y la Vicepresidencia de Gobierno bajo una sola persona, y le hacía ofrecimiento de total colaboración y de futuros contactos semanales.

El director del SECED invitó a Juan Miguel Villar a comer el martes 3 de julio de 1973; asistí gustoso a este encuentro. El presidente de Altos Hornos se congratulaba por el acierto en la decisión del jefe del Estado de nombrar un presidente de Gobierno; ni dentro ni fuera de España podía preverse unos meses antes que tal decisión llegara a ser realidad en vida de Franco. Y añadía que el nuevo Gabinete era «muy bueno en su conjunto y más valioso, ponderado y abierto que el anterior, y en el que caben muchas esperanzas[91]». A López Rodó le dedicaba unas cálidas palabras recalcando su magnífica gestión, como motor del desarrollo económico y social y de una nueva mentalidad en el país. En cuanto a López-Bravo, sentía su salida, pero «las cosas no le habían ido bien; había querido torear en demasiadas plazas al mismo tiempo». Nos ofrecía el nombre de Calvo-Sotelo, por su apellido, edad y preparación técnica, intelectual y financiera; hombre fundamentalmente político.

El subsecretario saliente de Hacienda, Juan Rovira, quiso invitar el 9 de julio a San Martín para agradecerle las atenciones que había tenido con él en la etapa que concluía. En el inevitable repaso a la situación, ambos contertulios apreciaban la esperanza con que se veía el futuro de España. Respecto a las causas del nombramiento de don Torcuato Fernández-Miranda, adujo el director del SECED el agradecimiento de Franco y de Carrero por los buenos servicios prestados, «haciendo juegos malabares para no hacer nada». De algún modo —añadiría Rovira— se daba al traste con la influencia de José Antonio Girón en el Movimiento.

Ya al regreso de las vacaciones de verano, el 4 de septiembre 1973, Juan Miguel Villar invitaba a San Martín. Me correspondió acompañarles. Comentó Villar Mir lo bien que había caído el Gobierno Carrero, confirmando su popularidad y confianza. El equipo daba imagen de sensatez, lo que facilitaría el desarrollo y la inversión, que podrían llevar a doblar el producto industrial en cuatro o cinco años. Sin embargo, no veía al Gobierno capaz de evitar la inflación, que aquel año podría superar el 10 %. Sobre los asuntos puramente políticos no le parecía fácil avanzar (apertura, asociacionismo, etc.), y nos reiteraba su falta de confianza en que las jerarquías del Movimiento pudieran imprimir el espíritu nacional de que el país estaba tan necesitado.

El martes 11 de septiembre de 1973 me acompañaba Fernández-Monzón a un almuerzo que nos ofrecían Ignacio Urquijo Eulate (director general del Banco Urquijo) y Jaime Carvajal Urquijo (director general del Servicio Exterior del Banco Hispano Americano y del Banco Urquijo). Allí nos presentarían a Alberto Oliart (director general del Hispano Americano), que concurría con los banqueros Fierro, March… Mostraron nuestros anfitriones su desacuerdo con opiniones vertidas en la prensa, según las cuales el nuevo Gobierno había obtenido el consenso popular. Entendían, además, como actitud desfavorable que el Consejo de Ministros siguiera siendo presidido por el jefe del Estado, eventualidad justificable tan solo en las primeras sesiones de rodaje del presidente Carrero. Descalificaban al ministro de Educación y Ciencia, Julio Rodríguez, por anunciar medidas de reestructuración de las facultades de Ciencias Económicas y Comerciales sin haber tenido tiempo para estudiarlas y, asimismo, se quejaban de las disposiciones del nuevo ministro de Hacienda para equiparar determinados tipos de interés en la banca y las cajas de ahorros.

Pasados unos meses, el 7 de noviembre, me reuní de nuevo con el coronel Álvaro Lacalle para escuchar su ponderada opinión sobre el nuevo Gobierno. Él entendía que había entrado con un gran crédito, pero que estaba demorando excesivamente decisiones en el campo económico. Cada ministro trataba de hacer su papel sin preocuparse del colega, como si los problemas fundamentales no tuvieran una clarísima interdependencia, por lo cual cada día se sentía más la necesidad de contar con un vicepresidente económico, pues tal campo no era el fuerte del almirante, quien, además, no tenía el carácter suficiente para imponer criterios y soluciones que llevasen a una coordinación económica. Para ese cargo le parecía necesario alguien que hubiera pasado ya por las realidades de la gestión gubernamental; no valía un catedrático, pues «no es lo mismo criticar un cuadro que pintarlo». Las medidas parciales y no resolutorias que se venían aplicando demostraban fehacientemente que el Ejecutivo no sabía qué hacer. El fuerte incremento del índice de precios no era ya de índole económica, sino también política.

El 27 de noviembre San Martín devolvía la invitación a Villar Mir, quien insistía en que la mayor baza y única importante del Gobierno había sido la designación de un presidente; menos trascendencia otorgaba a la figura del vicepresidente y de los ministros sin cartera. La situación económica era contemplada por Villar con prudente optimismo, convencido de que el bache sería corto. A nivel mundial preveía una estabilización del crecimiento durante un año, aunque España podría crecer aún por encima del 5 %; la política salarial era elevada (subidas del 17 al 20 %), pero España tenía capacidad para producir mucho. En ámbitos financieros se temía la inflación y los bancos hacían malos presagios; el Ejecutivo no podía esperar demasiado a tomar medidas, no podía pecar de indeciso so capa de prudencia: tenía que decidir una eficaz política de rentas, salarios, precios, etc. Pese a todo, Villar mantenía la esperanza en el Gobierno.

Significativo despacho de San Martín con el presidente Carrero

El almirante había reducido la duración y frecuencia de sus despachos con el director del SECED —tenía ahora a José María Gamazo, ministro de la Presidencia, como principal interlocutor—, aunque mantenía con San Martín el buen clima de familiaridad y continuaba recibiendo sus notas informativas personales. Los últimos encuentros de octubre habían ocurrido los sábados 6 y 20, y el 10 de noviembre se producía un nuevo despacho de especial interés. Dos días más tarde se confeccionaba una nota interior que fue entregada personalmente por San Martín a los jefes de las Divisiones y al secretario general para su difusión al resto de los directivos del Servicio. Se trataba de la conversación mantenida con el presidente Carrero, durante casi una hora, sobre coordinación informativa a nivel nacional y sobre la participación política del pueblo español a través de algún tipo de asociaciones dentro de los límites del Movimiento, asuntos ya reiterados en los últimos meses. Me parece un buen ejemplo de la claridad y confianza con que se desarrollaban aquellos despachos periódicos personales.

En cuanto a coordinación, habló San Martín de su entrevista con los directores generales, Carro y Del Valle, y pedía al almirante instrucciones para tratar de ella el lunes próximo con el ministro de la Gobernación, Arias Navarro. El presidente consideraba «Servicios mayores» a los del Alto Estado Mayor, Guardia Civil y SECED, y «Servicios menores» a los del Movimiento, Sindicatos y Asuntos Exteriores. Pero el problema, ya recurrente, residía en qué autoridad debía coordinarlos, si el ministerio de la Presidencia o el de Gobernación, pugna que seguía en suspenso.

Carrero aprovechaba para preguntar al teniente coronel San Martín por las relaciones con los ministros. La respuesta del director del SECED podría sintetizarse en los términos siguientes. Con Educación y Ciencia los asuntos marchaban francamente bien. En Información y Turismo los temas no rodaban, salvo con Ricardo de la Cierva. Carrero consultaba a San Martín sobre Francisco Castrillo Mazeres[92], Carlos E. Rodríguez y otros, que le solicitaban audiencia para exponerle un proyecto de revista semanal, a lo que el director del SECED respondía que le parecían «demasiado pro-Régimen, de modo que la revista no se leería. Hay que utilizar gente que no esté con el Gobierno, que ejerza una crítica constructiva y que, a la vez, ataque los planteamientos marxistas». De Gobernación el presidente Carrero se interesaba por el subsecretario Rodríguez de Miguel. Entendía San Martín que era «viejo para su edad», lo que lamentaba Carrero, aceptando la aseveración de que el complemento del ministro Arias Navarro hubiera sido un hombre joven. Con la Secretaría General del Movimiento las cosas iban mucho mejor, a lo que añadía Carrero que el nuevo delegado de la Juventud había causado allí buena impresión. «¡Pero arrópenlo!».

Sin embargo, preocupaba a San Martín que el Movimiento estaba más parado y vacío que nunca, justamente cuando era más necesario, lo que el almirante remataría con un «¡Eso es una gran verdad! Hay que revitalizarlo, pero ¿cómo?». El director del SECED le espetaba con sinceridad y lealtad: «Usted no quiere asociaciones por temor a que se conviertan en partidos políticos, pero yo pienso que no son tan peligrosas». «¿Asociaciones de opinión?», le preguntaba Carrero. «Sí, por supuesto, y con fines electorales para los Consejos del Movimiento». «Pero ¿qué son las asociaciones de opinión?, porque no van a opinar sobre la reforma agraria o las relaciones Iglesia-Estado». A lo que respondería San Martín: «¿Y por qué no?».

El presidente del Gobierno confirmaba su actitud autocrítica y sus grandes reservas mentales para arbitrar una mayor participación política, y seguía su conversación con San Martín en los siguientes términos: «Eso de las asociaciones es tremendo, porque imaginemos la asociación A, la B, la C… ¿Qué pasará si la A agrupa a cuatro millones de españoles?». «Me niego a creer que surgirán tantos adheridos —respondía el teniente coronel—, pues las asociaciones serán minoritarias. Pero, aún en ese supuesto, el Movimiento contaría con cuatro millones de miembros; y eso no es malo». A lo que añadía el almirante: «Sí, pero intervendrán en todo y no dejarán en paz al Gobierno». Y replicaba San Martín: «Almirante, el Gobierno tiene medios para no temer a nadie, y en cambio podría contar, en casos graves, con su respaldo».

San Martín se extendía en consideraciones sobre la insuficiente representatividad de la democracia orgánica y Carrero le preguntaba: «¿Por qué no concentramos todos nuestros esfuerzos en perfeccionar los cauces básicos: familia, municipio, sindicato?». A ello respondía de inmediato San Martín: «Totalmente de acuerdo; pero eso no excluye que las personas con preocupación política, y no afanes egoístas, tengan alguna posibilidad para hacer más efectivos los orígenes colegiados del Movimiento. Hoy los Consejos son una birria, incluido el Consejo Nacional. ¿Cómo mejorarlo? Haciendo que los cincuenta y dos elegidos lo sean no entre setenta, sino entre quinientos. ¿Y quién lanza esos quinientos? Unas asociaciones, aunque sean de ámbito provincial». Aducía el presidente que lo malo era que luego influyeran en las elecciones; y dibujaba sobre un papel cómo lo veía él en el ámbito municipal, resumiéndolo así: «Todos los vecinos eligen compromisarios y estos a los candidatos a concejales». Respondía San Martín que en la práctica serían unos pocos los que se llevaran el gato al agua, que era lo que estaba ocurriendo en los comités de barrios organizados por el Partido Comunista: «Ahí tiene usted el Plan Barrios». Y le entregaba la gráfica del auge del asociacionismo clandestino. El almirante ordenaba a San Martín dar copia de todo ello al ministro de la Gobernación.

Ampliaba sus consideraciones el director del SECED sobre el asociacionismo, a lo cual Carrero sentenciaba: «Es un asunto muy complicado que tengo que estudiar a fondo, porque eso no puede acabar en partidos». Admitía San Martín que el principal problema era la elección de las personas necesarias, adecuadas para dar vida al Movimiento; el aparato gubernamental contaba con el poder, la información, los técnicos…, pero necesitaba el concurso ciudadano, a través del Movimiento, que había perdido el contacto con las bases: «Hay que llenarlo con un vicesecretario general con garra y un delegado de acción política potable… Pero don Torcuato ha preferido rodearse de hombres grises, salvo el Delegado Nacional de la Juventud, que no lo ha seleccionado él». Vencido prácticamente Carrero por las razones del director del SECED, preguntaba qué otro vicesecretario podría nombrarse; y, al recibir como respuesta «Alejandro Fernández Sordo», añadió: «¡Pues tiene usted razón!». Y es que Torcuato Fernández-Miranda se aislaba cada vez más de los españoles que deseaban ser convocados a las tareas colectivas.

La conversación se hacía más viva: «Hay que estudiar el asunto. Es muy difícil, muy difícil», decía el presidente, a lo que San Martín añadiría: «Por supuesto, pero no admite demora: o se robustece el Movimiento o el Gobierno se queda solo. La gente, de estar con algo, está con el Régimen, pero sin ideales. En situaciones difíciles no contaremos con nadie. Se necesita de la clase política; es imprescindible hacer algo». Terminó el tiempo de despacho hablando ambos del trabajo del equipo del propio presidente, que estaba funcionando muy bien, aunque comentaría el almirante: «cuando haya que hacer un reajuste se hará, ¡por supuesto!».

La nota interna de San Martín acababa diciendo: «El Almirante me acompaña —cosa insólita según su ayudante— hasta la puerta […], dándome una palmadita en la espalda como habitualmente, diciéndome: “Hasta otra ocasión, San Martín”» (que sería el primero de diciembre). El director del SECED le aseguraba en la despedida que sus subordinados en el Servicio seguían dando la cara y trabajando como legionarios, a pecho descubierto.

OPINIONES DE PERSONALIDADES RELEVANTES SOBRE LA SITUACIÓN NACIONAL

De vez en cuando el director del SECED se reunía con personalidades de su confianza con las que se desahogaba, recibiendo a cambio consejos, apoyo moral, criterios que nunca echaba en saco roto. No podía limitar su información a la que habitualmente recibía de tantos orígenes oficiales y fuentes propias del servicio. En aquel año de 1973 decidió escuchar a muchas otras personas relevantes, pero merecen reseñarse, a título de ejemplo, las siguientes entrevistas con tres personalidades de primer nivel nacional.

Álvaro Lacalle Leloup

San Martín tenía cierta predilección por la figura del coronel Álvaro Lacalle Leloup, a quien conocía desde hacía años y cuya opinión respetaba siempre, tanto en temas profesionales como nacionales, de modo que el contacto personal con él —como se habrá podido comprobar— no era infrecuente. Una de aquellas entrevistas se celebró en la sede del SECED el 9 de febrero de 1973. En ella, el ya teniente coronel San Martín se hizo acompañar del capitán Peñas Varela como adjunto y de mí, que me ocupaba de las relaciones abiertas con el mundo político y económico, áreas en las que Lacalle gozaba de gran prestigio por sus dotes intelectuales, cualidades humanas y preparación profesional.

El director del SECED entró a describir la situación actual española: la juventud, cada vez más perdida para el Régimen; los medios de comunicación social del Movimiento, sin la menor fuerza ni garra; la proliferación de ikastolas como centros de formación ideológica separatista vasca, etc.

Uno de los temas que inquietaban en aquellos meses era la salida del Régimen por la vía de las asociaciones políticas, sobre las que el coronel Lacalle daba su punto de vista: «El Movimiento ha ido languideciendo y nadie ha ofrecido soluciones a los crecientes problemas que se iban planteando. Se ha estado toreando sin hincar el estoque. Luego se ha querido entrar a matar deprisa y corriendo y las soluciones no le han gustado al Caudillo». Lacalle veía lógico que en este ambiente de confusión surgiera la idea de los partidos como la panacea de nuestros problemas. Pero la defensa de ese sistema en España tenía mucho de sectaria: ya cuando se intentaban potenciar los cauces de representación del Régimen, esa llamada oposición se oponía casi siempre; quería el sistema electoral para las cosas grandes y, sin embargo, se negaba a que se aplicara de forma fragmentaria para la elección de concejales o de alcaldes, por ejemplo. Otro sector creía de buena fe en el sistema de partidos o en el aperturismo por esa vía.

Lacalle nos decía que habría que hacer algo: aún había posibilidades de salvar al Movimiento, evitando que se convirtiera en algo sin futuro alguno, para impedir precisamente el retorno de los partidos, siempre manejados por grupos de dentro o de fuera. El Caudillo aceptaría cambiar si se le ofreciera una idea clara; algo vivo que sirviera después a don Juan Carlos. Lacalle no veía el camino para conseguir que el asociacionismo cuajase.

San Martín preguntaba cómo «poner el cascabel al gato» y su interlocutor aseguraba:

… en teoría, las Fuerzas Armadas pueden hacer de árbitro, fundamentalmente porque el pueblo español las considera capaces de sacarle de todas las dificultades; pero si se encuentran con la balanza muy desnivelada, no hay nada que hacer en labor de arbitraje. Las FAS efectivamente deben prevenir antes que curar, para evitar tener que llegar a asumir el poder, por dejación del poder civil [posibilidad que consideraba simplemente demencial]. Por otra parte ¿en qué debería hacer el Ejército de equilibrador? En conseguir la garantía absoluta de la unidad territorial de la Patria y evitar la discriminación en el trato otorgado a las distintas regiones de España; por misión y por obligación, pero no a cañonazos […]. El Ejército es esencialmente disciplina y su misión ha de ser interpretada por sus jefes; la realidad actual es que el Ministro es hoy miembro del Gobierno y Comandante del Ejército y, como tal, es él quien debe tomar las decisiones.

Lacalle continuaba explicando que en el Ejército había toda clase de normas para la instrucción técnica militar, pero ni una cochina hojita para la formación ideológica de nuestra gente. Debería existir un órgano militar que preparase planes de formación ideológica a largo plazo, capaces de evitar llegar a los cañonazos: «La Segunda Bis no sirve actualmente para este propósito porque sigue siendo un instrumento meramente ejecutivo; pero la Escuela de Estado Mayor hoy sí podría crear en su seno ese órgano pensante».

Hablando de las negligencias y fallos del propio sistema el coronel Lacalle respondería que los años enseñan que no existe régimen que no tenga esa pega de la corrupción, el nepotismo, etc. «Precisamente este Gobierno es bastante más puro que muchos de los que hay en Europa. No creo que la corrupción sea hoy ni mayor que en otras épocas ni mayor que en otros países desarrollados. Lo que es preciso evitar es llegar al caso de tener que afrontar una auténtica revolución civil». Sobre desarrollo político replicaba una vez más Lacalle: «El Ejército no puede ser el médico de esos problemas tan gordos, porque a veces, muchas veces, sus altos mandos no saben nada. El Consejo Superior del Ejército, cuando se plantean problemas o temas políticos, no sabe qué decir; pero en los problemas de fondo, en los graves, sí encontraréis en ellos unanimidad».

José María de Areilza y Martínez de Rodas

El teniente coronel San Martín había despachado con el presidente del Gobierno la posibilidad de entrar en contacto con el conde de Motrico, del que el servicio venía recibiendo impresiones favorables sobre su participación en los proyectos de apertura del Régimen. No pareció Carrero muy propicio a tal propuesta, pero debió dejar en manos de San Martín cualquier iniciativa, pues a su regreso al SECED nos ordenó establecer cuanto antes la relación con Areilza. Ya sabíamos que este exembajador de Franco se interesaba vivamente por conocer a San Martín y su organización, así que telefoneé de inmediato al conde, solicitándole una visita, a la que accedió encantado.

Acudí con Fernández-Monzón en la tarde del 13 de julio de 1973 a su domicilio del paseo de la Castellana, donde nos recibió con afecto y cierta expectación, haciéndome —como muestra de confianza y afabilidad— laudatorias y emotivas referencias a mi difundo padre, al que había conocido mucho en la posguerra y con quien había mantenido un extenso epistolario (que yo desconocía). Tras nuestra breve explicación del motivo de la visita escuchamos durante casi tres horas una magistral exposición de la historia de España a lo largo del siglo, como preámbulo para justificar su situación personal de «burgués liberal». Una veintena de folios apretados preparamos para San Martín sobre aquella entrevista tan sorprendente como inesperada, pero me limitaré a reproducir algo de lo más esencial por su innegable interés para entender mejor la personalidad de Areilza y este tipo de actividades confidenciales llevadas a cabo por el SECED.

Areilza trató de la implantación de la primera república socialista —la URSS— y de la gran virulencia que empezó a adquirir en España el socialismo, incapaz de incorporarse al ritmo europeo:

En esta tesitura, nada de particular tiene que llegara el fenómeno de la dictadura de Primo de Rivera, […] que arregló el problema de Marruecos, el del orden público y consiguió un rápido progreso material, pero no fue capaz de abordar el tema de la integración de la clase trabajadora. La república hubiera podido y debido ser la gran oportunidad […], pero solo constituyó un gran fracaso: no dio satisfacción a la clase trabajadora, no supo tranquilizar al capital, arremetió contra el Ejército, y, por último, culminó sus errores con el mayor de todos ellos: arremeter contra la Iglesia. De esta forma llegó la Guerra Civil, la mayor catástrofe que se pueda imaginar.

Surgió la figura histórica de Franco, que prestó a España el gran servicio de ganar una guerra que, sin la intervención extranjera, jamás hubiera durado tanto […]. Al término de la guerra, Franco se encontró con una España deshecha y solo tres meses después se produjo el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En tal tesitura Franco volvió a prestar a España el impresionante servicio de mantenerla al margen de la conflagración mundial […].

Terminada la guerra mundial, llegó la etapa del cerco diplomático. Franco supo juzgar este cerco en su justa medida, adivinando que más o menos inmediatamente la URSS y los aliados occidentales se enfrentarían en lo que había de llamarse «guerra fría». Franco, desde siempre, con una gran tenacidad monárquica, afirmó que la sucesión en España se haría de acuerdo con el testamento de Alfonso XIII, lo que no dejaba más alternativa que la de don Juan o la de don Juanito.

Respecto del Manifiesto de Lausana, puedo decirles que Franco me llamó y me preguntó si estaba dispuesto a llevarle una carta personal a Lausana a don Juan. Al mismo tiempo me dijo que don Juan, de cuyo patriotismo no dudaba Franco, se equivocaba al presentarse como alternativa, creyendo que el Régimen estaba perdido por el cerco diplomático y para evitar que regresaran la república y la extrema izquierda. Me explicó que pronto se enfrentarían rusos y democracias y que a pesar de sus declaraciones nada harían en forma político-militar contra España. Además, me recomendó que me entrevistara, antes de salir para Lausana, con los encargados de negocios de EE. UU., Francia e Inglaterra. Así lo hice y efectivamente todos ellos me ratificaron que sus países hablarían, pero que no harían nada. Con tal bagaje me presenté en Lausana y se lo conté a Su Majestad, que se mostró muy impresionado y de acuerdo con Franco. Me dijo que iba a ir a explicárselo a su madre, la reina Victoria Eugenia. Lo hizo así y la Reina quedó igualmente conmovida y convencida.

Y pasó el conde de Motrico a describirnos sus actividades diplomáticas. En aquellos años fue encargado de negociar el Protocolo Franco-Perón, «que aseguraba la supervivencia de España, a pesar del cerco diplomático, durante cuatro años. Y Franco esperó y el tiempo le dio la razón. Los embajadores volvieron». Después Areilza fue nombrado embajador en Estados Unidos y negoció el primero de los convenios entre España y EE. UU., «lo que permitió a España “gatear” durante la década de los cincuenta sin hundirse ni claudicar. Franco empezaba a darse cuenta de que la supervivencia del Régimen era posible y comenzó su lento proceso institucional. Yo traté en algunas ocasiones con él de esto y siempre me hablaba del referéndum positivo del 47, pero diciendo siempre “que no había prisa”». Areilza seguía recordándonos su historia:

Al llegar al Gobierno los «muchachos de Laureano» [López Rodó] al término de la década de los cincuenta, vinieron a verme a Washington y les puse en contacto con la alta finanza internacional, propiciando el ingreso de España en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esto hizo posible la estabilización y el comienzo del despegue español en lo económico, que había de desembocar en la etapa de prosperidad que vivimos hoy. Posteriormente fui trasladado a la embajada en París entre los años 60 y 65, porque a Franco y a Carrero les preocupaba grandemente De Gaulle, hombre muy atractivo para ambos por su calidad de militar. Yo me entendí muy bien con él. Quería España unirse a la Europa de los Seis, y De Gaulle y su primer ministro Pompidou me aseguraron el apoyo francés […]. Ello determinó el que Castiella en 1962 solicitara la asociación a la Comunidad Económica Europea. En lo comercial, los técnicos se entenderían; pero era necesario que España adoptara una estructura política abierta, aceptable para sus países. Así se lo hice saber a Castiella y a Franco, pero a este no le interesaba mucho el tema por entonces.

Tras este largo preámbulo histórico, el conde de Motrico nos hizo un esbozo sobre la subversión y la política en España:

En España existen unos «gauchistas divinos» que son unos estúpidos. El llamado Frente Revolucionario Antifascista Patriótico (FRAP) está compuesto por cuatro gatos, infiltrados por todas partes y que no saben ni lo que quieren ni lo que hacen. A maoístas y demás grupos y grupúsculos les ocurre igual. El PC es algo distinto, más serio y más peligroso; pero, de todas formas, el verdadero número de sus activistas es fácil no pase en toda España de 2.500 a 3.000. Lo único que estos querrían es poderse integrar legalmente en una izquierda organizada y poder dar la lata, aparte de que están soñando, pues los partidos comunistas europeos a lo que realmente aspiran es a vivir integrados en sus sistemas.

Los pobres socialistas de Llopis no son nada, dos docenas de políticos infiltrados y poco más. Solo tienen, como dicen los mejicanos, los «cuños» o los sellos del PSOE. Pablo Castellanos es quien más me preocupa, porque nunca sabe nadie lo que va a hacer. Tierno Galván es un idealista y un soñador solitario. Siguiendo nuestra vuelta al horizonte aparecen los liberales del centro entre los que me cuento, burgueses e inofensivos. Luego surge lo que pudiéramos llamar democracia-cristiana, que el Vaticano jamás les ha dado luz verde para organizarse como tal. En ella, tenemos al grupo de Ruiz-Giménez. Este, que es una bellísima e intachable persona por quien yo haría cualquier cosa, tiene el terrible inconveniente de que no sabe decir que no. Los de Gil Robles están en completa disolución y nada significan. Ninguna trascendencia tienen tampoco ni los ultras de Blas Piñar ni los esfuerzos de los grupos de acción carlistas por integrarse en las actividades separatistas, pues no es eso lo que quiere Navarra.

ETA es un grupo pequeñísimo de fanáticos compuesto por algún centenar de locos que, si hubiera unas elecciones, solamente sacarían unos pocos miles de votos y algún concejal que otro, sin significado tampoco. Su origen es el PNV, que es una forma de actuar, más que de ser. Si bien es cierto que ETA es algo muy pequeño, no lo es menos que cuenta con algún apoyo socarrón de todo el pueblo vasco o gran parte de él, enfadado por el malísimo tratamiento político que se ha dado a sus provincias vascongadas.

La Iglesia, como componente subversivo, no es problema. Lo único que quiere es no dar su caución como confesional, para que en el extranjero no se saque la directa consecuencia de que con el apoyo de la Iglesia nacen dictaduras autoritarias. Por lo demás, yo trato personalmente a algunos obispos como Tarancón y Jubany, fuertemente conservadores, aunque etiquetados como pertenecientes al ala progresista de la Conferencia Episcopal; están literalmente hartos de sus curas progresistas, que solo les crean problemas con sus células de base y demás. En este aspecto, no les quepa duda, la Iglesia española vería con absoluto agrado que desapareciera el privilegio concordatario y que esos pudieran ser detenidos como el resto de los ciudadanos, mientras que ahora se ven obligados a defenderlos y propiciar su no detención. De todas formas, creo que esos curas son los menos.

Sobre la evolución institucional, Areilza nos decía:

Miren, la realidad es que todo tiene solución y buena solución, si se hace con sinceridad, dentro de la legalidad y dentro del Movimiento. Hay que evolucionar para conseguir esa integración de las clases trabajadoras, cosa inalcanzada en España y que ahora tiene oportunidad en la prosperidad innegable del país, servicio este gigantesco de Franco que ha conseguido cambiar la piel de la nación. ¿Cómo lo haría? Empezando por elegir de verdad a todos los delegados del Movimiento desde los escalones más bajos, hasta conseguir realizar en el Palacio de los Deportes un gigantesco congreso de delegados, opinando con libertad y sin trabas, lo que no se ha hecho desde 1939. Después haría lo mismo con los concejales de los ayuntamientos, empezando por los pequeños, que fueran eligiendo a sus alcaldes, hasta terminar por tener una estructura municipal auténtica. Por último, abordaría la misma cuestión en los sindicatos y los tendría vigilados, y ¡santas pascuas! De esa manera, el Movimiento, que tiene vocación y realidad mayoritaria, vería surgir en su seno pluralidad de tendencias, sin necesidad ninguna de llegar a los partidos políticos, de los que no soy partidario.

Sobre don Juan de Borbón nos dijo lo siguiente:

En una visita a Estoril, a mi regreso a Madrid, don Juan me dijo que su Consejo Privado no funcionaba y que lo consideraba muy importante ahora que —creía él— se avecinaba la decisión de Franco sobre la sucesión, pues ya no podía demorarla mucho más. Acepté colaborar. Parece ser que tal decisión no fue en absoluto del agrado de Carrero. Nadie podrá sin embargo negar que durante mi etapa —entre 1966 y 1969— al frente de la Secretaría del Consejo de don Juan, las relaciones epistolares entre Franco y el conde de Barcelona fueron más cordiales y moderadas que nunca, porque yo suavicé los prontos y las indignaciones espontáneas de don Juan. No obstante, antes de hacerme cargo del puesto tuve ocasión de cambiar impresiones con don Juan Carlos, quien me recomendó que se lo escribiera a Franco, lo que hice.

En este estado de cosas, llegamos a diciembre de 1966, con la publicación de la Ley Orgánica del Estado. Don Juan me dijo que la ley le parecía estupendamente, pero que él era el único español que por razones de legitimidad dinástica no podía estar de acuerdo con ella, al decirse en su texto que el sucesor a título de rey podía ser cualquier príncipe de sangre real. Yo le aconsejé que no hiciera nada y que después podría hacer una declaración, felicitando a Franco por su seguro triunfo plebiscitario y haciendo constar tal extremo. Se hizo así y Carrero prohibió tajantemente que tal cosa se hiciera pública.

En julio de 1969 llegó, por decirlo así, la hora de la verdad: la designación de Juan Carlos como sucesor del Régimen, a título de rey. Soy testigo de excepción de que don Juan no fue consultado para nada y que la misma mañana del nombramiento recibió, simultáneamente, dos cartas, una de Franco y otra de su hijo. La de Franco, fría, diciendo: «Alteza, en virtud de los poderes que me han sido conferidos… vengo a nombrar… Espero que S. A. R. comprenderá que es la mejor solución, etc.». La de Juan Carlos, mucho más cálida, diciendo a su padre que había aceptado por el bien de España, que esperaba lo comprendiera y que asimismo esperaba que alguna vez le perdonaría. En ese momento, le dije a don Juan que tenía tres alternativas: levantar bandera contra su hijo, hacer una declaración a favor de la designación de Juan Carlos o no hacer ni decir nada. Don Juan me contestó que jamás levantaría bandera contra su hijo y que iba a hacer una declaración en la que se viera bien claro que asentía a la designación de Juan Carlos, aunque dejando claros también sus derechos dinásticos […]. Antes de hacerlo público yo me trasladé a Madrid y hablé con Oriol para decírselo; le pareció muy bien e intentó concertarme una entrevista con Carrero, que se negó a recibirme y a que en la prensa se publicase la nota de don Juan. En aquel momento le aconsejé a don Juan que disolviera de inmediato el Consejo Privado, pues ya no tenía sentido, lo que se llevó a efecto inmediatamente. Y yo regresé a Madrid. Desde la disolución del Consejo Privado no le he visto más que en dos ocasiones y no me siento ligado a su opción […]. Con Juan Carlos me une una estrecha amistad.

José María de Areilza pasó a exponernos sus relaciones con Carrero Blanco:

En esta etapa y en las anteriores, puedo afirmar que me unía una relación cordial con Carrero Blanco […]. El año 1965 le dije a Castiella que tras más de quince años de servicio exterior quería ya regresar a España, y a los tres meses cesé como embajador. Entonces comenzaron mis males […].

Pero realmente las dificultades empezaron con la Dirección General de Seguridad con motivo de una cena organizada por monárquicos […]. A fines del 71 o principios del 72, hice un viaje a París y allí Palewsky, Couve de Mourville y otros muchos amigos míos de la política francesa me dieron una comida, en la que para nada se habló de España. Inmediatamente, a mi regreso a Madrid me fue retirado el pasaporte diplomático e impuesta una multa de 100.000 pesetas. Escribí una carta a López-Bravo, haciéndole constar la irregularidad de que un pasaporte diplomático me fuera retirado por Gobernación. Se me acusaba de haber hecho un «viaje secreto» a Francia, para «hacer oposición al Régimen», extremos que me fueron comunicados personalmente por el coronel Blanco (DGS). Poco tiempo después, a principios de este año [1973] fui requerido nuevamente por Blanco para devolverme mi pasaporte diplomático, quitándole importancia al asunto.

A veces pienso que la retirada en su día del pasaporte se debió a que en el año 1970, cuando habían de renovarse los convenios España-EE. UU., algunas personas norteamericanas me indicaron la conveniencia de que le hablase a Rogers, en su entonces inmediata visita a España, sobre los convenios. Le escribí una carta que intenté cursar a través de Exteriores, pero el embajador en Washington se negó a darle curso, por lo que la entregué personalmente a un funcionario norteamericano amigo. Esto fue el colmo de la indignación de Carrero. Desde entonces todo ha ido a peor en mis relaciones con él. Estoy seguro que las manos negras que movían los hilos han sido protagonizadas por Fernández de la Mora, un envidioso terrible, y por Sánchez Bella, un individuo sin categoría alguna y muy peligroso.

En cuanto a su actividad diaria, nos especificó que escribía algún «librillo» y un artículo alternativo semanal para ABC sobre temas generales y otro para La Vanguardia de Barcelona, normalmente, más político. Entre sus últimos trabajos figuraba la preparación de un libro, que probablemente editaría ARIEL, sobre una veintena de personalidades tal como las había conocido.

En aquella entrevista del 3 de julio de 1973, José María de Areilza se manifestó en estos términos sobre el SECED:

Ustedes pueden ser importantísimos: esos modernos portavoces de las Fuerzas Armadas y de su actual concepto de lo que ellas deben ser. Pueden llegar a tener una gran importancia y mucha más si dan el paso de llegar a constituirse en un servicio único, lo más lejos posible de esos indocumentados a que me refería antes, causantes de tanta estupidez, haciendo figurar en sus expedientes bobadas que tanto daño han hecho al propio Régimen; en una ocasión, me fue mostrado un grueso legajo en el que se afirmaba que yo era masón y comunista […]. Es preciso que su servicio se muestre siempre al servicio de la nación y nunca al de un grupo o tendencia individual. Me quedo con más confianza en la extraordinaria tarea que están abordando ustedes con indudable patriotismo. La actividad que ustedes realizan se hace en todos los países de Europa, pues de lo que se trata precisamente es de establecer unas reglas del juego, con limitaciones que nadie pueda ni tenga derecho a saltarse. También les ofrezco mi posible colaboración en periódicos extranjeros de punta, empezando por The New York Times, pasando por el Financial Times, la revista Time y algunas francesas y alemanas que tantas veces me han ofrecido sus columnas. Jamás nadie me ha pedido nada desde el Régimen, pero estoy plenamente dispuesto, cuando se me pida, a servir con mayúsculas.

En las consideraciones personales sobre la entrevista, redactadas para el director del SECED, reconocíamos, en primer lugar, la extraordinaria impresión que nos había producido este primer contacto con Areilza, de quien más bien esperábamos escuchar otras cosas y con otros modos. La reseña decía así:

Ha demostrado un conocimiento cualificado de la situación, lo que nos hace pensar que está interesado en la marcha de los acontecimientos políticos del país. Nos ha sorprendido su postura respecto al Movimiento y los partidos políticos, al manifestarse partidario de aquel, abriéndose por los cauces representativos previstos en las leyes […]. Pero resulta fuera de toda duda el interés para el Servicio de mantener el contacto con él […]. El mejor procedimiento de contrastar su buen espíritu a favor del Régimen, sería utilizar su ofrecimiento concreto de su firma en prensa extranjera sobre un tema de enfoque positivo, como el desarrollo político y contenido de nuestras instituciones y Leyes Fundamentales.

San Martín hacía al pie del informe las observaciones siguientes: «Se puede hacer una nota con sus opiniones sobre el Movimiento y Área Local. Escribir carta a CARRERO exponiendo sus puntos de vista (Carrero “lee”)». Enseguida se logró el apoyo a sus artículos, autorización que sorprendió muy gratamente a Areilza. El conde de Motrico nos concedió de nuevo una cordial y sustanciosa entrevista el 18 de octubre en su casa, en la que empezaríamos por recordar con satisfacción los ecos favorables de la primera visita en julio y nuestro sorprendente encuentro en Lloret de Mar en septiembre. Areilza se había propuesto dar imagen de derecha civilizada, a la que se consideraba capaz de aglutinar, liderando a hombres de todas las edades y profesiones. En sus recorridos provinciales le instaban a constituirse en grupo de estudios o sociedad anónima; defendía una posible «Alianza constitucional» con las siguientes reglas de juego: respetar hoy la persona, y mañana la memoria, del Generalísimo, todas las Leyes Fundamentales y la solución del Príncipe. Suponía que los grupos así aglutinados constituirían más del 60 % de la oposición; muchas personas, marginadas entonces, estaban deseando volver. Todos estaban esperando a que diese la voz de «¡ya!». Y hablamos de sus declaraciones recientes a la revistas Cambio 16 y Mundo. En la primera se pronunciaba sobre Cataluña y ello le había proporcionado llamadas y cartas destempladas; en la segunda había situado al Ejército «muy lejos de esquemas sociopolíticos al estilo de los coroneles griegos, chilenos o brasileños».

Nos aseguraba Areilza que era fundamental cualquier iniciativa para proporcionar buena información procesada a Su Alteza Real, pues disponía de escasa plantilla asesora en palacio. Entendía que, en esa línea, la tarea del SECED era importantísima, sirviendo además de enlace y de amortiguador entre el Príncipe y el presidente del Gobierno, ya que era natural que el joven don Juan Carlos no encajase demasiado bien con Carrero y que este, a su vez, tuviera recelos sobre la posible actitud futura de Su Alteza Real cuando fuera rey. Pero el conde de Motrico recomendaría, no obstante, al Príncipe mantener al almirante en el Gobierno el tiempo necesario tras su elevación al trono; era la mejor solución posible.

Areilza se mostraba conforme con el acercamiento de España a la Comunidad Europea, donde tan solo nos exigían gestos, actitudes: los socialistas de Brandt se conformarían con que nuestras elecciones municipales fueran libres, que era en lo que descansaba la democracia alemana; y los británicos se sentirían más impactados por la adhesión de España a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vigente en la CEE. Así nos fue concretando lo que podríamos llamar su «operación Europa». Estaba rotundamente dispuesto a prestar este nuevo servicio a España y servir de punto de apoyo a esa hipotética palanca capaz de presionar a los «irreductibles del interior». Él mismo se ofrecía sin compromisos para llevar a cabo en Europa el sondeo reseñado, durante no más de dos semanas, dado su fácil acceso a los ministros de Asuntos Exteriores de al menos ocho naciones de la Comunidad Europea, en la seguridad de regresar con una respuesta concreta si no existía en el Ejecutivo una firme decisión de negociar de verdad la entrada de España.

Terminó la visita refiriéndose Areilza al almirante Carrero en términos encomiásticos, mostrándose partidario de su persona como la idónea para perfilar el destino de España. Con tal ocasión, nos preguntó por la salud del Caudillo. Se interesó también el conde de Motrico por la influencia real del SECED sobre el presidente del Gobierno, y por las actividades del Servicio.

Gregorio López-Bravo de Castro

En entrevista que nos concedió el 10 de diciembre de 1973 en su despacho de ENSIDESA, López-Bravo nos hizo numerosas alusiones al excepcional trato que recibía del Generalísimo, del que se tenía por enfant gâté (‘niño mimado’). Asimismo nos declaraba su gratitud a los almirantes Carrero Blanco y Nieto Antúnez, y a los «magos de las finanzas» Emilio Botín e Ignacio Villalonga, presidentes del Banco Santander y del Central, respectivamente. En la actualidad se encontraba en situación de «ambición política pasiva», pues tenía a su familia en cierto abandono (durante catorce años); estaba harto de las calumnias que se vertían sobre su persona y de las muchas cornadas, envidias e ingratitudes y sinsabores. En cuanto a su experiencia política, nos contaba que cuando los Gobiernos no sabían cómo resolver una situación «gobernando», trataban de hacerlo «interviniendo». Y comentaba:

Hacer un Gobierno es una cosa muy complicada, sobre todo con las precauciones del Caudillo, que tiene la teoría de que estando cómodo con unos zapatos viejos, para qué cambiarlos. Le da pereza sustituir a los ministros, aunque se diera cuenta de que alguno le había salido un petardo.

Resumía toda su relación con Francisco Franco en una profunda lealtad. Recordaba multitud de discrepancias en el seno del Gobierno, pero él jamás actuaba sin consultarle antes. Citaba como ejemplo el Consejo de Ministros del 13 de octubre de 1972, «en cuya acta figura el encargo expreso del Jefe del Estado de entablar negociaciones para el establecimiento de relaciones diplomáticas con la China Popular, pese a lo cual algún ministro se permitió decir que se había enterado por la prensa». También actuó con gestiones duras en favor de la devolución de Gibraltar, aunque se le tachaba de abandonista; pero no había querido quitarse el sambenito que le colgaban. El Generalísimo le había llamado un par de veces la atención para que no se tomase tan a pecho la cuestión gibraltareña, que «no se va a resolver en mi vida ni probablemente en la suya. Haga usted lo que quiera, pero tenga cuidado». Palabras de Franco que López-Bravo repetía como teniéndolas muy frescas en el recuerdo.

El Caudillo había sido siempre excepcionalmente cariñoso con él: «así que le seré leal siempre, aunque ello me suponga una tara para muchas cosas. Ya puede pasar en este país lo que sea, que yo no formaré parte de ningún grupo o tendencia que roce con sus gustos conocidos». Nos explicaba la confianza que le demostraba Franco al pedirle con frecuencia opinión sobre determinados nombramientos, de modo que pudo participar activamente en las crisis de 1965 y 1969, proponiendo a un buen número de personajes sin que ellos mismos lo supieran. En cambio, no guardaba tan buen recuerdo de la «familia de El Pardo», por un asunto tan demencial como haber negado al duque de Cádiz un pasaporte diplomático y la embajada en Roma.

Nuestro anfitrión nos comentó también el documento sobre «Participación política» elaborado por la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Movimiento, más fuerte en la argumentación de la participación en sí que en el tema electoral, que no debería mezclarse en esa ley. Preveía que sería muy debatida y con pocas posibilidades de llegar a ver la luz; el Gobierno no parecía tener claro por dónde moverse en materia de tendencias. De la mano de la participación política nos habló del vicepresidente Fernández-Miranda, responsable de la mezcla de la Ley Electoral. Nos hacía la confidencia de haberle propuesto a Franco que entrara en el Gobierno; en la ponencia del CNM sobre el Libro Blanco de la Educación había trabajado con él «como un jabalí» y creyó López-Bravo que don Torcuato iniciaba una etapa más operativa y práctica, sin dejar de ser un brillante polemista. Pero se equivocó: Fernández-Miranda era el menos idóneo para ayudar a Carrero Blanco: «hacía lo que le convenía para permanecer a toda costa en el Gobierno; con enorme habilidad se trabajaba al Príncipe y al presidente y gracias a ser el único ministro del Gobierno anterior que no dio golpe, ha sido recompensado con una vicepresidencia». De igual modo trataba de granjearse adhesiones en el Consejo del Reino para garantizarse suceder a Carrero. Y nos confesaba López-Bravo: «me horroriza la posibilidad de que dentro de cinco años, o antes si muere Franco, Torcuato encarne la continuidad sin respaldo popular».

Le resultaría dramática la falta de regulación del Consejo del Reino. Pero Fernández-Miranda contaba con el carisma de la Secretaría General del Movimiento y su designación por el Caudillo, «lo que determina que los azules, buenos e ingenuos por naturales, se agrupen a su alrededor; y llegada la hora el CNM le otorgue sin duda el voto mayoritario». Era lástima, ya que Fernández-Miranda —según don Gregorio— se había dedicado a desmontar el Movimiento sin sustituirlo por nada. El principal error de Carrero consistía en no haber sabido buscar un vicepresidente «como Dios manda» para coordinar los aspectos socioeconómicos, pues Fernández-Miranda no servía para tal cosa «ni de lejos».

Laureano López Rodó le parecía una excelentísima persona, pero en la actual crisis energética debía haberse desplazado personalmente al golfo Pérsico en vez de enviar al director general Cerón, al que ni siquiera iban a recibir los ministros. Pensaba López-Bravo que en su propia etapa eso se hubiera resuelto con «un Mystère» y cuatro cartas del Caudillo al sah de Persia, al presidente de Irak, al emir de Kuwait y al rey Feisal, a quienes don Gregorio conocía muy bien. Aun sin necesidad de ser ministro, él se consideraba capaz de haberlo solucionado, pero en España era inconcebible esa costumbre, tan frecuente en el exterior, de utilizar «líberos». En cambio, lamentaba López-Bravo que la ostpolitik hubiera sufrido un frenazo desde su salida del Gobierno, como detectaba en conversaciones con dirigentes de la Europa del Este.

Le preocupaba la ausencia de la juventud, sin la que no podía hacerse el porvenir. A López-Bravo le dolía el tema por España y por sus hijos; creía que había que desarrollar la participación, asunto que el Caudillo nunca había visto claro, aunque comprendía que algo había que hacer. Pero el Gobierno no sabía planteárselo con mente política. Nos comentó López-Bravo una reciente conferencia de Federico Silva, importuna en el momento político, aunque su autor manejara como nadie las relaciones públicas. A aquella conferencia del 27 de noviembre en el Club Siglo XXI sobre «Participación política» había asistido yo, y reconocíamos la brillantez de Silva en su exposición, lanzando a la arena política su proyecto, abiertamente partidario del asociacionismo como único camino para organizar el contraste de pareceres, y reiterando su adhesión y admiración por el Movimiento, el Régimen, sus instituciones, el Caudillo, el Príncipe y el presidente. La prensa dio mucho eco a la conferencia, pero más como acto social que otra cosa. El ambiente fue, en efecto, exquisito, pero con total ausencia de la clase política activa.

Naturalmente, no faltaron en aquella larga entrevista con López-Bravo los comentarios en torno al SECED, declarándose convencido de la importancia de su misión y dispuesto a ayudar «sin servirse de él, como puede que ya esté haciendo más de uno». El juicio sobre San Martín extendido entre la clase dirigente le calificaba de hombre honesto, inteligente y ambicioso, aspecto este que a López-Bravo le parecía «muy lícito, si fuese cierto». Esperábamos que pudieran acordar ambos un próximo encuentro. López-Bravo sabía que mucha gente halagaba y adulaba al director del SECED por propio interés y por ser el hombre más cercano al presidente, por lo que aconsejaba a San Martín protegerse de «esos cuervos del alma de los vivos». Estaba convencido de que el servicio sobreviviría ya siempre: «Se podrá, en el futuro, decapitar a San Martín y a ustedes mismos, pero el Servicio perdurará; nadie va a ser tan estúpido de prescindir de semejante instrumento».

9
EL ASESINATO DEL PRESIDENTE CARRERO BLANCO

LA INESPERADA IRRUPCIÓN TERRORISTA EN MADRID

En otoño de 1973 se deseaba la dinamización política, pero era evidente la incapacidad del Régimen para conectar con la sociedad dentro del ordenamiento institucional vigente. Las indecisiones del Gobierno ante las convenientes reformas políticas eran manifiestas. Además, tras el ininterrumpido crecimiento económico de los años anteriores, el bienestar social empezaba a cuestionarse. Del inicio de la crisis mundial del petróleo, de la guerra del Yom Kipur, etc., no se hizo suficiente advertencia al presidente Carrero desde los diversos organismos nacionales: nadie se ocupó de alertar sobre las previsibles consecuencias. El SECED no contaba con un órgano de análisis para ello, ni el tema era siquiera de su competencia.

Así, en vísperas de las Navidades de 1973 las preocupaciones del SECED se centraban en dos sectores: en el religioso-intelectual, las elecciones en el Colegio de Abogados, y en el laboral, el Proceso 1001 contra los dirigentes de las Comisiones Obreras. En la vida pública primaban las relaciones con el exterior, fundamentalmente la visita del secretario de Estado norteamericano, Kissinger; los proyectos internos del Gobierno se veían afectados por el parón administrativo y escolar navideño. Entre tanto, el Grupo de Información Política del SECED intensificaba sus relaciones aprovechando la mayor disponibilidad de personal, previamente seleccionado por San Martín en el marco de la Operación PROMESA: perspectivas de futuro ante el incuestionado agotamiento del Régimen y la previsible desaparición de su creador. El SECED se preocupaba de alertar sobre los riesgos más inmediatos (según sus propios analistas), lo que culminaba en la redacción de los «boletines verdes», tan apreciados por sus exclusivos destinatarios. La Sección de Estudios e Informes (cobertura oficial del Grupo de Información Política de la Secretaría General) hacía el seguimiento de los hechos que más podrían influir en ese futuro cada vez más cercano, marcado por la inevitable muerte del Generalísimo.

Lo que menos podía imaginar la élite oficial —de la que formaba parte San Martín— era que un grupo de terroristas de ETA ultimaba los preparativos para actuar contra la vida del presidente del Gobierno. No existe, lamentablemente, en los fondos documentales referencia alguna que añadir a los relatos publicados en diversos libros. Pero la realidad es que los servicios estadounidenses de protección del vicepresidente Spiro Agnew ya habían tenido ocasión de comprobar en su visita oficial a Madrid en 1972 las elementales medidas de seguridad de Carrero. El jefe de prensa del Ministerio de Presidencia, Joaquín Bardavío, fue testigo de excepción del contraste entre los dispositivos de seguridad personal de uno y otro vicepresidente, así como de la despectiva actitud de los funcionarios españoles, que contemplaban con sorna la excesiva preocupación de sus colegas americanos. Recuerda Bardavío[93] la visita a Presidencia el 17 de diciembre de 1972 del «jefe de escolta» de Estados Unidos:

Mr. Soliman, subdirector del FBI, me llamó en su calidad de subsecretario de prensa de la Casa […]. Tenía que estar dispuesta una zona desde la entrada hasta el despacho de Carrero Blanco por la que no podía transitar absolutamente nadie, excepto los policías americanos y españoles […]. Fue minucioso. Se recorrió dos veces el camino. Preguntó por los efectivos humanos para la seguridad del Vicepresidente español. Acevedo (secretario particular) le miró incrédulo: la guardia exterior y la escolta de cada día (en la que alternaban el comisario Herrero y el inspector Bueno) […]. Tanta seguridad y luego les asesinan al Presidente Kennedy. Aquí treinta años lleva el Vicepresidente con una escolta y a veces viene andando por la calle.

Al ser nombrado Carrero presidente del Gobierno, la escolta personal se completó con un coche oficial de protección que le seguía. No fue suficiente. El jueves 20 de diciembre de 1973 ETA asesinaba en Madrid al almirante, «el mismísimo delfín de Franco», según algunos. El magnicidio atentaba contra la estabilidad del Estado en un momento crítico, al ponerse a prueba todo el equilibrio institucional. El presidente del Gobierno era un objetivo terrorista cualificado, como depositario de las esencias y continuidad del Régimen[94]. Un comando de la organización terrorista colocó bajo la calle Claudio Coello, a la altura del n.º 104, una trampa mortal con una fuerte carga explosiva de Goma-2. Era la primera vez que los terroristas usaban este explosivo demoledor, compuesto en su mayor parte por nitroglicerina, nitrocelulosa y nitrato amónico, a sabiendas de que sus efectos serían devastadores. La descripción que Cerdán y Rubio hacen en su libro (pág. 28) es la siguiente:

Carrero había oído misa en la Iglesia de San Francisco de Borja, de los PP. Jesuitas, y se dirigía a su despacho en Castellana 3, con una breve escala en su domicilio familiar de Hermanos Bécquer 6, donde solía desayunar a diario. La carga explosiva estalla a las 9,28 horas al paso del vehículo, un Dodge Dart modelo 3700 de color negro y matrícula PMM. La potente explosión provoca un socavón de 8 metros de diámetro y 3 de profundidad, y la onda expansiva lanza el vehículo hasta la azotea de la iglesia.

Dice Ramón Garriga en la obra citada que esa mañana Carrero iba a recibir a un teniente coronel a quien había encargado investigar sobre un asunto importante relacionado con los manejos de la masonería, y que estuvo en contacto con un alto militar francés que había tenido una destacada actuación en Argelia y se ofreció al presidente del Gobierno para activar la supresión de ETA. Ninguna de las dos noticias demostró ser cierta, aunque hubo ofertas no hechas directamente al almirante ni al SECED. El planteamiento de la posible acción contraterrorista se llevaba en otras direcciones, sobre la base de organizar, como paso previo, una infraestructura informativa a ambos lados de la frontera pirenaica. San Martín (pág. 88) detalla algunas consideraciones. Precisamente la víspera Carrero había expuesto al secretario de Estado de los EE. UU., Henry Kissinger, su teoría sobre la guerra subversiva, base esencial de la estrategia soviética, y se habían aprobado las líneas generales del desarrollo de una declaración conjunta hispano-norteamericana (que se firmaría el 15 de julio de 1975 entre el presidente Nixon y el Príncipe de España, en funciones de jefe del Estado). En esa breve visita de Kissinger a Madrid saludó también a don Juan Carlos el 19 de diciembre. En aquellas semanas el SECED, como se ha dicho, dedicaba su atención al Proceso 1001 contra diez dirigentes de Comisiones Obreras, sobre el que el presidente había dado instrucciones al fiscal general del Reino, en el sentido de que se rebajasen las peticiones de penas, modificando las conclusiones provisionales. El día 12 anterior había habido jornada de lucha, con rotundo fracaso. Como al almirante le preocupaba el asunto, el ministro de la Gobernación le había confirmado haber tomado sus medidas. El servicio no había descartado una acción sangrienta a cargo del FRAP (brazo armado del PCE-ml), pero no pensaba que ETA hubiera llegado a instalarse en la capital de España[95].

No sobra recordar que la investigación sobre los asesinos y las circunstancias del magnicidio correspondían a los órganos de la seguridad del Estado. En aquella etapa inicial, el SECED tenía como misión esencial el análisis de las causas y consecuencias de determinados hechos, pero con escasas funciones investigadoras, para las que aún carecía de medios.

El almirante Carrero fallecía a los setenta años de edad y el Generalísimo le otorgaba el rango de capitán general de la Armada a título póstumo.

La actuación del SECED

El día 10 de enero de 1974 el teniente coronel San Martín, aún director del Servicio Central de Documentación, quiso dejarnos por escrito su recuerdo de aquellas penosas semanas anteriores tal como él las había vivido. Contaba que a las 9.28 h del 20 de diciembre era asesinado el presidente del Gobierno por la explosión simultánea de dos cargas subterráneas de 50 kg de trilita, no llegando a activarse otra similar depositada en un automóvil Morris 1300 aparcado junto a la acera, casi en el cruce de las calles Claudio Coello y Maldonado. El conductor del vehículo oficial y el policía de escolta fallecían en el acto; el almirante Carrero ingresaba clínicamente muerto en la Residencia Sanitaria Francisco Franco, en la calle O’Donnell.

A primera hora de aquella mañana el teniente coronel San Martín y el comandante José Peñas acudían a renovar su documento nacional de identidad, sorprendiéndoles la noticia al llegar al despacho. Tan pronto como el gabinete telegráfico comunicó a San Martín el fallecimiento del presidente, el director del SECED se trasladó a la Residencia Sanitaria Francisco Franco, donde «oyó verdaderos disparates […]. La gente se calentaba».

El SECED montó de inmediato un servicio permanente de enlace con las delegaciones y las numerosas personalidades que recababan información, transmitiéndoles desde el primer momento consignas de calma y serenidad: se trataba de un magnicidio, no de una revolución. A las 10.30 h San Martín comunicaba la noticia al teniente general jefe del AEM —que aún la desconocía— y al Estado Mayor de Capitanía General, y se reunía con el general Arozarena. El vicepresidente del Gobierno, Torcuato Fernández-Miranda, se hacía cargo —en funciones— de la Presidencia, como dictaba la Ley Orgánica del Estado, y se desplazaba al palacio de El Pardo junto con el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, con objeto de evacuar consulta con el Caudillo, quien les ordenaría mantener la tranquilidad, domeñando cualquier exceso extremista del color que fuera. El jefe del Estado decidió que se celebrase el Consejo de Ministros previsto para el día siguiente y se mantuviese asimismo el programa de la jura de tres consejeros del Reino (García-Lomas, Fernández Sordo y Jover) para el sábado 22 a las doce.

Entre tanto, San Martín convocó a su Comité Ejecutivo y ordenó enlazar con los delegados regionales para que se pusieran a las órdenes de los capitanes generales y apoyaran a las primeras autoridades civiles de su entorno territorial, oportuna disposición en unos momentos en que se producía saturación y corte de comunicaciones entre los ministerios y sus organismos provinciales. A las 12.00 h San Martín se incorporó a la reunión con los jefes más caracterizados del servicio para informarles y darles las instrucciones precisas para lograr la mayor normalidad posible a nivel nacional, evitando que la tremenda sorpresa e indignación que se había producido en autoridades y algunos sectores de la sociedad se tradujese en cualquier desmán o represalia que en nada beneficiaría la imagen del Régimen. En la periferia, el flujo informativo que partía de las delegaciones del SECED infundió tranquilidad, mientras que el largo silencio y la falta de transparencia informativa oficial daban pábulo a rumores peregrinos.

San Martín insistió al ministro de Información y Turismo para que diese un comunicado oficial más claro que el difundido a las 12.30 h. Aquel día todo el mundo se aferraba a la posibilidad de un accidente fortuito; se resistía a admitir que el terrorismo tuviera la audaz pretensión de actuar fuera del País Vasco y contra el presidente del Gobierno. Se rumoreaba también que la víctima era el vicepresidente Fernández-Miranda, que vivía por la zona de la explosión. Finalmente, a las 15.30 h, después de haberse limitado a notificar la muerte del presidente «como consecuencia de una explosión por causas desconocidas» —que la gente del barrio de Salamanca achacaba a un escape de gas—, Televisión Española anunciaba la presencia ante las cámaras del ministro de Información y Turismo, cuya esperada aparición no esclareció nada ni aportó la menor referencia al asesinato, lo cual produjo enojo, ya que desde primeras horas de la mañana las emisoras europeas venían dando noticias del atentado. Ante tal actitud, el SECED hizo saber a los medios de comunicación el estado de ánimo de la población y otras indicaciones que produjeron un inmediato cambio de actitud. Así, a las siete de la tarde Radio Nacional de España daba por primera vez la noticia del magnicidio, que se retransmitiría a otros boletines de radio y televisión.

Aquella mañana había comenzado el Proceso 1001, que no se interrumpió, aunque las Fuerzas de Orden Público hubieron de disolver dos manifestaciones extremistas de signo contrario. En las Fuerzas Armadas quedaron suprimidos los permisos de Navidad y se ordenó el acuartelamiento del 75 % de los efectivos de las unidades. Aún a última hora de la mañana los mandos del AEM temían que el atentado fuera el inicio de una cadena de ellos. En la Guardia Civil el teniente general director dio curso a las órdenes oportunas para ocupar los lugares más peligrosos y hacer uso de las armas de fuego si fuera preciso, decisión esta que quedaría virtualmente anulada por el ministro de la Gobernación al recordar a los gobernadores civiles las atribuciones que les confería la Ley de Orden Público. La situación a nivel nacional era de tranquilidad absoluta, aunque presidida por la mayor consternación e indignación. A las 16.30 h el cadáver del presidente del Gobierno había sido trasladado al palacete de Castellana 3, donde quedó establecida la capilla ardiente, con turnos de vela de ministros y subsecretarios, jefes y oficiales de los tres Ejércitos y soldados de los batallones de los tres ministerios militares. El Generalísimo y su esposa no pudieron desplazarse a este acto fúnebre por encontrarse aquejados de gripe; sí lo hicieron aquella tarde los Príncipes de España. A las siete de la tarde el arzobispo de Sión, vicario general castrense, celebró la primera misa con emotiva y patriótica homilía; en aquel acto el ministro Liñán sería increpado por el marqués de Villaverde y el doctor Vicente Pozuelo, por su inhibición ante los medios de comunicación.

Aparte del contenido de la citada reseña personal de San Martín, a última hora de la noche el director del SECED elevó carta de su puño y letra al presidente del Gobierno en funciones con un informe exclusivo sobre el ambiente nacional en relación con el asesinato del almirante Carrero Blanco, en el que se reconocía «la indignación, anonadamiento y hasta incredulidad por la barbarie del atentado y la calma tensa, con gran ansiedad y expectación por el posible desarrollo ulterior de los acontecimientos». Se hacía eco de «la repulsa general ante la deficiente información facilitada por los servicios nacionales de noticias», y aludía también a cierta psicosis en círculos de izquierdas ante el posible desencadenamiento de reacciones desde el poder y sus grupos más activos, por lo que se habían suspendido huelgas y manifestaciones organizadas en apoyo a los encausados en el Proceso1001.

En general, la oposición recibió las noticias con preocupación; incluso difundió erróneamente la suspensión de la vista oral del proceso. Carrillo advertía desde Radio España Independiente del peligro de represión durante las siguientes veinticuatro horas; los movimientos anti-Régimen estaban ciertamente aterrorizados. En las Fuerzas Armadas reinaba absoluta tranquilidad con tensa indignación; no eran ciertos los rumores de presiones a favor de la proclamación del estado de guerra, y mucho menos para forzar a los mandos militares a que se hicieran cargo del poder y decretasen el estado de excepción. El propio general Gutiérrez Mellado propondría esa tarde a San Martín en la sede del SECED la conveniencia de que las Fuerzas Armadas tutelasen ese tránsito nombrando un vicepresidente militar: a su juicio, el teniente general Díez-Alegría.

Los directivos del SECED mantuvieron a lo largo del día numerosas conversaciones con personalidades de todo signo y sector, tranquilizando el ambiente en la medida de lo posible. Años después me recordaba el coronel Juan Hernández García, en conversación el 15 de enero de 2004, que el día del asesinato del almirante Carrero acompañó al comandante Hebrero, jefe del Sector Laboral del SECED, a ver al ministro de Relaciones Sindicales, García Ramal, quien los había convocado para saber qué actitud quería el servicio que se tomase ante tal magnicidio, «si muy dura, dura o de tranquilidad», siendo precisamente esta última la que prudentemente aconsejaba el SECED.

Hubo incluso contacto con el padre Martín Patino (que ejercía de una suerte de «jefe de Estado Mayor» del cardenal Enrique y Tarancón) para la preparación del preceptivo funeral. San Martín, en su libro (pág. 96), hace varias referencias:

El padre Martín Patino me llamó para preguntarme sobre la conveniencia de que la Conferencia Episcopal diera una nota oficial sobre el asesinato del Almirante. Como el Gobierno no se había pronunciado sobre las causas de la muerte le aconsejé que esperasen a la información oficial. Respecto al deseo del cardenal Enrique y Tarancón de celebrar una misa por el alma de Carrero Blanco le indiqué que el cardenal se pusiera al habla con el ministro subsecretario de la Presidencia.

Cuenta también San Martín que el día del entierro del almirante contactó con Quintero, a la sazón jefe superior de Policía de Madrid, quien le tranquilizó en relación con una imaginaria trama contra el cardenal Tarancón.

Al día siguiente, viernes 21, el arzobispo de Madrid celebró a las diez de la mañana una misa corpore insepulto con la presencia del Príncipe de España, el Gobierno en pleno y el cuerpo diplomático. A la salida del palacete de Castellana 3 el cardenal, en compañía del nuncio de Su Santidad, era abucheado e insultado por un grupo minoritario radical.

En audiencia de aquel mismo día, el ministro del Ejército, el general Coloma, comentaría a San Martín: «Ya ve usted, todo el mundo pensaba que tras el atentado se iban a conmover los cimientos del Régimen y se ha puesto más de manifiesto que el pueblo español le ha otorgado su confianza». Como nos indicaba después San Martín, circulaba demasiado optimismo por parte de muchos de los jerarcas del Régimen; el respaldo popular era personal a Franco.

A las cuatro de la tarde se inició el cortejo fúnebre, presidido en solitario por el Príncipe de España y con la asistencia del vicepresidente de los Estados Unidos, el presidente del Gobierno francés y ministros de los Gobiernos alemán, británico, francés y marroquí. Les seguían unas 40.000 personas: «poca asistencia —diría San Martín— ante la ineficacia de los servicios informativos». Hubo varios intentos de manifestación de grupos ultraderechistas, que no prosperaron. En el SECED se hizo lo que se pudo para aumentar la concurrencia al entierro como testimonio de condolencia. San Martín habló con autoridades del Ministerio de Información para que los medios públicos de comunicación difundiesen ampliamente la hora, lugar e itinerario del cortejo, pero no se hizo casi nada y el entierro adoleció de deficiente organización; no parecía haber el menor interés en hacerlo en toda regla, como merecía el almirante Carrero. San Martín volvió a su despacho desolado. Como escribió diez años después, entristecido por aquella clase política: «Salvo excepciones, el Gobierno no nos comprendía. Nuestra apreciación de la situación no coincidía con la de la mayoría de los ministros». Y explicaba que con el asesinato del presidente desaparecería el respaldo al SECED: «No es sorprendente la creciente hostilidad, culpando al Servicio de todo lo ocurrido, desde los ámbitos responsables de la seguridad del Presidente». Pero era necesario seguir trabajando, obtener información sobre la oposición moderada, controlar la abundante rumorología y transmitir actitudes de seguridad y confianza.

El sábado 22, una vez enterrado el almirante Carrero en el cementerio de El Pardo, el país fue recuperando el pulso y la calma. Las Fuerzas Armadas levantaron por completo los retenes de tropa, reanudándose con normalidad los turnos de Navidad. Y comenzaron las especulaciones sobre una inminente sesión del Consejo del Reino, órgano que debería ofrecer al jefe del Estado la terna de la que elegir el nuevo presidente del Gobierno. En los círculos políticos y gubernamentales se daba por seguro el nombramiento de Fernández-Miranda, creyendo interpretar el ánimo del Caudillo a favor de la más estricta continuidad; pero también sonaban los nombres de López Rodó, Fraga y Rodríguez de Valcárcel. En los días siguientes continuaron las especulaciones sobre el futuro presidente del Gobierno, descartando ya —como disponía la LOE— a quienes formaban parte del Consejo del Reino. La sesión tendría lugar el 28 de diciembre.

Entre tanto, el funeral oficial se celebraría en San Francisco el Grande el día 24 de diciembre, oficiado por el cardenal Tarancón tras rumores insistentes de que se estaba tramando algo contra Su Eminencia. Sobre ello escribe San Martín: «Hablé […] con el padre Martín Patino, quien estaba preocupado por el tema. Le dije que manifestara al cardenal que no ocurría nada y que estuviera tranquilo». Después circuló la noticia de que el servicio envió jóvenes de confianza para acallar cualquier brote de hostilidad hacia el cardenal de Madrid. El entonces ministro de Educación y Ciencia, Julio Rodríguez, se negó a dar la mano a monseñor Tarancón, lo que sería motivo de amonestación severa por el ya presidente Carlos Arias, que le rogó se excusase con Su Eminencia, como en efecto haría después por teléfono. La Jefatura Superior de Policía facilitó al cardenal medios de escolta hasta Villarreal, su ciudad natal, donde pasaría las Navidades con doloroso recuerdo de esas últimas jornadas en Madrid.

Cuenta San Martín (pág. 104) que le hubiera gustado haber escrito algo sobre la vida del almirante:

No lo hice porque creía que cualquier manifestación mía sería mal interpretada. Me serví de Fernández-Monzón, que tenía acceso a las páginas de huecograbado de ABC, para, en forma de comunicante anónimo, contestar a unas preguntas que me formuló. El día 20 de enero de 1974 salió en ese diario madrileño un artículo, firmado por Manuel Monzón, cuyo título era Confesiones de un colaborador de Carrero. Ese colaborador era yo[96].

Y en relación con la situación nacional del momento, añade:

Cuando en el acto de toma de posesión del nuevo Gobierno Arias Navarro, celebrado en Presidencia del Gobierno el día 4 de enero de 1974, se pronunciaron los discursos de rigor, sonaba todo a circunspección e insinceridad […]. En tono protocolario, Arias Navarro diría que el ejemplo de Carrero Blanco quedaba en la historia y que «su vida fue una permanente lección al altruismo, independencia, honestidad y eficacia» […]. La fortaleza del sistema radicaba en el propio Jefe del Estado, a pesar de su vejez y la fragilidad de su salud.

Otros aspectos de la noticia

ETA se atribuyó la autoría del atentado ante los medios de comunicación, según informó a las 23.00 h Radio París. Poco antes, Radio España Independiente lo había adjudicado a la OSO (Organización Sindical Obrera); incluso, en corrillos madrileños, se llegó a achacar a grupos de extrema derecha como Círculos José Antonio y FSR. A medianoche el presidente en funciones difundió en TVE su mensaje al pueblo español. Don Torcuato había ejercido su provisional función con firmeza y serenidad, sin adoptar medidas excepcionales. Acertó, y parecía ganarse a pulso la Presidencia del Gobierno, pero quedó claro que no gozaba de simpatías en el entorno de El Pardo.

En mi visita la tarde de Navidad al general Díez-Alegría, este recordó al almirante, con el que había despachado el lunes 17; hablaron del estado de inseguridad e indefensión personal en que se hallaban los altos cargos de la nación, y Carrero le comentó que en cualquier momento podrían matarle desde la acera de enfrente (Hotel Fénix) con un rifle, tan solo con apuntar a la lámpara de mesa que tenía delante. (El propio teniente general Díez-Alegría estaba completamente solo en su casa cuando salió a abrirme la puerta esa tarde). Otro tema de aquella última conversación con el presidente del Gobierno había sido el rumoreado deseo de nombrarle embajador en Marruecos; el ministro del Ejército le había citado como origen del bulo el entorno del teniente general Iniesta, quien, «ante su próximo paso a la situación B, anda sumido en una especie de menopausia política, ansiando ocupar la jefatura del AEM. El almirante me desmintió el nombramiento diplomático y lanzó un juicio poco favorable a este director de la Guardia Civil».

El jueves 27 de diciembre Miguel Acoca, corresponsal en Madrid de The Washington Post y de The International Herald Tribune, hacía público un artículo reproducido por casi toda la prensa nacional y regional. Los titulares ya eran algo sorprendentes, absolutamente exagerados: «Según se afirma en España, oficiales bloquearon a los derechistas tras el asesinato. Las fuentes dicen que los moderados ganaron en minutos el control de una matanza». En ese artículo se decía que «los oficiales del Coronel San Martín se habían comunicado por teléfono con cinco líderes de la oposición y sacerdotes liberales, buscando garantías de que en aquellas horas ningún irresponsable se aprovechara de la situación». Y se podía leer también este párrafo: «Estos oficiales de “inteligencia política”, según las citadas fuentes, habían sobreentendido que Carrero Blanco, un firme conservador, estaba preparando la legalización de asociaciones políticas —partidos políticos limitados— que darían a la sociedad española diversidad y una salida controlada». De tal referencia, San Martín comentaría (pág. 103):

En el Servicio siempre recomendamos la constitución de asociaciones políticas porque pensábamos que había que aceptar cierto pluralismo, máxime cuando el Movimiento-Organización, que debía contener el núcleo ideológico del régimen, era una especie de cascarón vacío. Comprendíamos las dificultades de establecer unas buenas reglas de juego, pero había que incorporar, de cara a la transición, gente nueva a través de un movimiento asociativo. Esos mismos contactos podrían traducirse en informaciones válidas para la adopción de una decisión a ese respecto.

Le Figaro se hacía eco de los contactos de directivos del SECED con personalidades de distintas tendencias políticas y citaba algún encuentro con Tierno Galván. El director del servicio —que negaría esa entrevista— explicaba en su libro que esa actuación tenía como objetivo «expresarles la convicción de que no se produciría ningún desbordamiento de la indignación reinante en algunos sectores del Régimen […]. Mantuvimos relaciones porque nuestra obligación era obtener información cualificada que pudiera ser de interés al presidente del Gobierno; no rehusamos establecer contactos diferentes».

El viernes 28 de diciembre Luis Apostua en su columna «Jornada española» del Ya, bajo el título «Los moderados», se expresaba de este modo:

La situación provocada por el asesinato de don Luis Carrero Blanco recibe en el The Washington Post un tratamiento informativo muy interesante […]. El corresponsal atribuye al coronel San Martín, director general del Servicio de Documentación en la Presidencia del Gobierno, un gran papel en esos críticos minutos. Cuenta que funcionarios[97] a su servicio recibieron el encargo de comunicarse con personalidades de la oposición moderada para transmitirles las noticias. Recuérdese que el día era particularmente tenso, porque se iniciaba la vista oral del llamado «Proceso 1001» contra don Marcelino Camacho y otros presuntos líderes de sindicatos ilegales. Por eso fue de evidente acierto evitar que se mezclasen cosas tan distintas como la agitación obrera que se movía en torno al proceso y los designios de los extremistas.

San Martín asegura que el hecho de que se ensalzase en demasía en los medios de comunicación social la actuación del servicio significó un contratiempo. Se pensaba que el SECED había alcanzado demasiado peso específico, y en determinados medios militares se temía que un grupo de oficiales jóvenes y modernos en antigüedad «empezasen a salirse del tiesto». Se toleraba mal que lo que normalmente debería permanecer en la penumbra saliese en letras de molde.

Tiempo adelante, Ricardo de la Cierva, en su Historia del franquismo, relataría cómo los hombres de San Martín tranquilizaron a los miembros de la oposición que temían una matanza organizada por la extrema derecha, aseveración exagerada también. El diario ABC del 25 de enero reproduciría —con sorpresa de no pocos— el testimonio de Solzhenitsyn: «El Presidente del Gobierno de España fue asesinado y toda Europa está encantada».

En medios políticos el SECED fue discutido y llegó a culpársele de no haber evitado el asesinato del almirante. Cuenta San Martín que en Gobernación llegaron a decirle que «más le valía dedicarse a buscar a los de la ETA que a espiar a los ministros». Nos explicaba que parecía que teníamos obligación de saberlo todo, cuando nuestro trabajo era más de estudio, análisis y elaboración de síntesis de información que de investigación, terreno en el que no podíamos competir con los medios de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero además crecía la hostilidad hacia el servicio: no se veía bien en determinadas esferas que el SECED estuviera atento a que no se produjeran incidentes tras el magnicidio. Efectivamente, había movilizado guardias civiles jóvenes adscritos al servicio, así como grupos de estudiantes para tratar de enmudecer a quienes increpaban e insultaban al cardenal de Madrid. No lo lograron y la impresión fue penosa.

FANTASÍAS POSTERIORES

Aproveché el verano de 2012 para profundizar en la lectura de media docena de libros recientes que informaban sobre el asesinato del presidente Carrero Blanco en términos jamás escuchados por mí a quienes tuvieron en el SECED responsabilidades relacionadas con el seguimiento del terrorismo. Nunca en mis largos años en servicios de información me correspondió trabajar sobre esa lacra nacional, pero sí tuve noticias próximas de la actividad de ese submundo y de la tarea que desarrollaban con la máxima reserva aquellos especialistas a quienes se había encomendado acaso la más difícil y arriesgada labor de inteligencia. Así que me propuse añadir a mi ya abocetado libro este epígrafe expresamente dedicado a puntualizar aspectos del asesinato del almirante, con el único objeto de dejar constancia de errores persistentes que podrían seguir equivocando en el futuro a historiadores y estudiosos de nuestra transición política.

Alfredo Grimaldos Feito

Este autor lanzó en enero de 2006 su libro La CIA en España, ya citado, en el que —según reseña su contraportada— se describen «operaciones secretas dictadas desde la sede de la Agencia en Langley (Estados Unidos). Cada vez resulta más claro el papel que la CIA ha desempeñado en la reciente historia de España […]; intrigas políticas mientras Franco agonizaba con el fin de encarrilar la Transición o su implicación —directa o indirecta— en el golpe de estado de 1981 […]. Documentado de forma irrefutable y escrito como un “thriller” político, provocará escalofríos […] a quien se atreva a sumergirse en sus páginas». La síntesis no podía ser más chocante.

No voy a entrar en numerosos relatos que me parecen de ciencia ficción ni en otros que me resultan desconocidos, pero sí me voy a centrar en su capítulo 7, que describe —entre varios pormenores— la implicación de la CIA en el asesinato del presidente Carrero Blanco. Comienza tal capítulo con un fragmento del discurso de fin de año pronunciado por Franco en 1973: «Es virtud del hombre político la de convertir los males en bienes. No en vano reza el adagio popular: “no hay mal que por bien no venga”, de ahí la necesidad de reforzar nuestras estructuras políticas», lo que —a juicio de Grimaldos— continúa siendo objeto de mil cábalas y cuya verdadera historia se ha intentado ocultar. Y sigue el autor: «De la misma opinión es el general Manuel Fernández-Monzón, que formó parte del Servicio Central de Presidencia del Gobierno». En entrevista personal Monzón le manifiesta que «resulta pintoresco que los norteamericanos no se enteraran con detectores de todas clases […] y que el día anterior Carrero había estado seis horas reunido con Kissinger. Nadie sabe de qué hablaron […]. Que los norteamericanos propiciaran aquel asesinato o que lo permitieran o que lo sabían […], esas casualidades las dejo ahí». Manifestaciones categóricas, pero bien alejadas de la realidad.

Grimaldos cita también al periodista Manuel Cerdán, «que ha investigado a fondo el atentado contra Carrero» y que hace esta referencia a San Martín, quien —según Cerdán— «también tiene sus dudas de que solo ETA estuviera detrás del atentado […]. La organización todavía no tenía gran preparación técnica, pero el atentado tuvo éxito más por negligencia de los servicios de seguridad que por extrañas complicidades». Añade Grimaldos que, al contrario que otros de sus antiguos colegas, San Martín se muestra categórico a la hora de rechazar la participación de los servicios de inteligencia estadounidenses en el atentado: «A la CIA, como a la Administración norteamericana, no le gustaba el régimen, pero también era consciente de que ese régimen era una garantía de la presencia estadounidense en España. Un atentado de esa naturaleza podría traducirse en un golpe para el propio régimen y preludio, por lo tanto, de no pocas incógnitas».

Asimismo cita Alfredo Grimaldos que «en 2003 […] los redactores del programa de TV3 “30 minutos” consiguen ponerse en contacto con un portavoz de la CIA que […] replica que la CIA no tiene nada que ver en eso. Por otra parte todos los documentos desclasificados de la CIA y del Departamento de Estado que tienen que ver con el asunto no aportan ninguna luz: la mayor parte de los párrafos están tachados». Yo mismo también he tenido muy recientemente la oportunidad de hablar de ello con un empleado responsable de la embajada en Madrid, que me reiteró la respuesta contundente de aquel portavoz oficial.

Del encuentro de Henry Kissinger con el presidente Carrero Blanco la víspera del atentado, cree saber Grimaldos que ambos «pactaron previamente que su contenido lo mantendrían en secreto, incluso entre los altos cargos de sus respectivas administraciones». (Es difícil creer en tal pacto, pues pronto trascendieron en Castellana 3 diversos aspectos de esa breve entrevista, de una hora escasa de duración). El mismo día 20 de diciembre, Kissinger comunica lo sucedido al presidente Nixon en el Memorándum Secreto 6720, en el que se dice, según un artículo de Eduardo Martín de Pozuelo en La Vanguardia de 26 de agosto de 2005:

… la muerte del presidente Carrero Blanco esta mañana elimina la mitad de la doble sucesión que Franco había organizado para sustituirle. Si el incidente de hoy diera como resultado una actividad terrorista, Franco podría inclinarse por mirar hacia los militares en busca del siguiente Primer Ministro. En estas circunstancias, el general Díez-Alegría, el actual jefe del Estado Mayor, sería el candidato posible. Él es el favorito entre los militares y cuenta con una apariencia paneuropea.

De ser cierto ese informe secreto, la desorientación en el vaticinio fue manifiesta: fechas después Franco elegía al civil Arias Navarro. Nunca tuvo in mente al citado general para ese puesto.

Continúa Grimaldos con otro artículo de Martín de Pozuelo, Lo mejor es que Carrero desaparezca (La Vanguardia, 24 de agosto de 2005), en el que exponía su teoría de que los analistas norteamericanos consideraban a Carrero un gris reaccionario amargado, más franquista que Franco: «Los informes de inteligencia […] dibujaban a Carrero […], más bien como un estorbo para el desarrollo de los intereses americanos en España». Añade Grimaldos que ya en el «telegrama confidencial 700», enviado a principios de enero de 1971 desde la embajada norteamericana en Madrid al secretario de Estado Williams P. Rogers, se señalaba que «el mejor resultado que puede surgir de esta situación sería que Carrero desaparezca de la escena, con posible sustitución por el general Díez-Alegría o Castañón, ministro del Ejército». (A Carrero le faltaban aún más de dos años para ser nombrado presidente y no había indicios de que Franco lo tuviera así previsto).

También aporta Grimaldos un artículo del periodista Enrique Barrueco en Interviú, del 28 de marzo de 1984, titulado La CIA sabía que iban a matar a Carrero, en el que se alude a Luis de la Torre Arredondo, juez especial para investigar el atentado, quien «introduce nuevos elementos que hacen dudar de que el caso esté resuelto únicamente con la reivindicación del atentado por parte de ETA». Según el periodista, De la Torre entendía que todas las autoridades intervinientes contribuyeron a echar tierra sobre el asunto, y cita esta frase del propio juez: «Me llegaron rumores de que el atentado había sido organizado por otros y que los de ETA habían actuado como mano material de ellos, de la CIA […] Le planteé a Gutiérrez Mellado la posible complicidad de la CIA y me dijo: “El rumor también me ha llegado a mí; ahora, te puedo asegurar que yo no sé nada. Chico, hay aquí tantos que querían quitarse de en medio a Carrero”». (Estoy seguro de que este comentario de Gutiérrez Mellado hecho al juez Luis de la Torre, compañero y buen amigo suyo y al que conocí bien, tiene otras lecturas).

También cita Grimaldos este párrafo de San Martín: «Del sumario abierto con ocasión del asesinato del Almirante[98] […] no hubo demasiado interés en profundizar en la investigación, para remover los fallos que todos tuvimos en aquella ocasión». Asimismo habla Grimaldos de «un informe confidencial sobre el atentado y su investigación que remite el fiscal del Tribunal Supremo, Fernando Herrero Tejedor, a Francisco Franco. No ha quedado resto de él. En algún momento se ha llegado a dudar de su existencia».

Nuestro escritor aporta nuevos datos: «Años después, coincidiendo con la discusión previa a la entrada de España en la OTAN, una noticia de la Agencia TASS acusa a la CIA de haber colaborado con ETA para la eliminación de Carrero Blanco “porque se oponía a la entrada de España en el organismo de defensa atlántico”, tal como cita Manuel Campo Vidal en su Información y servicios secretos en el atentado al presidente Carrero Blanco (Argos & Vergara. 1983)».

Atribuye a Carrero la desilusión ante los pactos de Madrid de 1953 —por los que se establecieron las bases norteamericanas en España—, dadas las escasas contrapartidas militares y económicas que España recibe; esta desilusión se sintetiza en una frase: «los americanos han resuelto su problema, pero nosotros no». (Estas desavenencias, a mi juicio, nunca justificarían la planificación del magnicidio desde Estados Unidos veinte años después). Y añade que la ayuda recibida por los Ejércitos españoles como compensación por los acuerdos no llega al mínimo imprescindible; por esa razón, a principios de 1958, Carrero se manifiesta a favor de una modificación sustancial de los convenios, algo que nunca llegará a producirse, según Ángel Viñas (En las garras del águila, Crítica, 2003).

Tras esta breve referencia al libro de Alfredo Grimaldos, aprovecho para rectificar la reiterada cita al capitán Fernández-Monzón como miembro del SECED. Nunca lo fue, aunque San Martín lo utilizara en ocasiones para organizar algún encuentro con posibles interlocutores de ámbitos políticos y económicos[99]. Por ello, resulta irreal su viaje «a Washington, como enlace entre el organismo dirigido por el futuro golpista San Martín y los cerebros —norteamericanos, por supuesto— de la operación (previsiones ante el eventual fallecimiento del Caudillo y operaciones que desembocaron en la Transición)». Cita incluso Grimaldos que «Carrero encarga a los miembros de este equipo de la parte abierta (Peñas Pérez, Peñas Valera, Peñaranda y Monzón) […] trabajar en coordinación con los servicios de información norteamericanos y desarrollar las líneas de acción diseñadas en Langley para tener controlada la situación cuando muera Franco». ¡Verdaderamente demencial![100].

Grimaldos describe más adelante (págs. 71-72) un pasaje de la vida profesional del capitán Fernández-Monzón, tras ser destinado en 1966 al AEM, que supera la imaginación más calenturienta. Transcribo un párrafo:

Es seleccionado para recibir adiestramiento especial en el castillo de Wildenrath, en Escocia, con el fin de participar en una red que saca a disidentes y sus familiares de la URSS. Bajo las órdenes de Mc Kenan llega a participar en cinco operaciones. Gracias al origen germano de una de sus abuelas, su educación ha sido bilingüe y habla perfectamente alemán. Durante la quinta incursión en suelo soviético, haciéndose pasar por ciudadano de la RDA, en compañía de los agentes germano-occidentales, es detenido nada más llegar al puesto de Leningrado. «Estuvimos dos años allí, hasta que nos pusieron en libertad gracias a las gestiones de la Cruz Roja. Un barco nos llevó hasta Génova y allí nos soltaron. Aquí ya habían salido esquelas en los periódicos, pues al año de desaparecer, como no tenían noticias mías, me dieron por muerto».

(Texto que produce la mayor hilaridad y no menor indignación a familiares, amigos y compañeros militares).

Siempre pensé que esa aventura novelada era fruto de erróneas interpretaciones de Grimaldos sobre cuanto Monzón le hubiera podido transmitir. Pero hete aquí que un lustro más tarde el propio general sacaba a la luz pública unas pretendidas memorias de su peripecia profesional: Una vida revuelta. Vivencias de un general singular. En ellas explica aquella operación secreta en territorio soviético, ampliada con datos igualmente novelescos, junto con otros pasajes quiméricos de su carrera militar, entre ellos su pertenencia al SECED de Presidencia del Gobierno y su capítulo 7 sobre «La muerte de Carrero y el acoso del búnker». Curiosamente, en el prólogo de este libro, Grimaldos advierte que «un par de anécdotas no las protagonizó estrictamente Manolo, pero para mantener el tono y la unidad de la obra, se decidió que también quedaran narradas en primera persona». ¡Las anécdotas ficción superan con mucho el par! A mí, al menos, se me hace muy difícil reconocer como reales incluso muchas de las historietas que me eran desconocidas. Lamentablemente, una de las aventuras de ciencia ficción me la atribuye en su compañía en Barcelona, fantasía que se sale de lo pintoresco para entrar en lo gravemente falso. Fernández-Monzón ha publicado recientemente un nuevo libro (El sueño de la Transición. Los militares y los servicios de inteligencia que la hicieron posible) en el que la reiteración de su pertenencia al SECED es tan persistente como imaginaria.

Manuel Fernández-Monzón me contaría, en 2006, que estaba escribiendo sus recuerdos «en clave de humor» de la mano de un joven periodista bien dispuesto para la tarea: se trataba de Alfredo Grimaldos. Así que no tengo duda de que La CIA en España fue una obra intelectual de Monzón, quien, junto a una memoria prodigiosa, podría haber contado para ello con una extensa colección de papeles y boletines off the record personales de aquellos años. El 5 de julio de 2005 pronunció Monzón una conferencia en la Casa de Galicia en Madrid bajo el título «La verdadera Transición», en la que describió las ya repetidas e imaginarias implicaciones norteamericanas en la política nacional española.

En resumen, Grimaldos tiene la fijación de que la CIA cumplía en España dos misiones por encima del resto: tutelar y controlar los embrionarios servicios secretos y tantear a jóvenes socialistas como permanente fuente de información, sobre todo de las actividades marxistas. Para él «los hombres de la CIA financian sin ningún recato a los propios servicios de información de Franco para tenerlos completamente a sus órdenes. Los espías norteamericanos se apropian de un organismo clave: Contrainteligencia». Lógicamente, la especie procede de la misma fuente.

Vicente Almenara

Otra obra de la que debo hacer alguna consideración es la titulada Los servicios de inteligencia en España. De Carrero Blanco a Manglano, en cuya portada se anuncia que es «el primer libro que indaga con rigor y a partir de testimonios inéditos los entresijos de los servicios secretos españoles». Me ha llamado la atención que los temas y la secuencia del capítulo III de Almenara tenían gran parecido con los de la «Segunda etapa» de mi tesis doctoral. No debería extrañarme: puede ser un reflejo de la pura historia. A lo largo de sus casi seiscientas páginas —bien estructuradas y trabajadas—, hace un recuento cronológico con aportaciones, en efecto, inéditas, como las entrevistas a miembros del SECED y del CESID (Eduardo Fuentes, Santiago Bastos, Ricardo Pardo…, además de Diego Camacho o Amadeo Martínez Inglés, con los que no coincidí, y otros agentes de los que no facilita su identidad, por lo que sus opiniones me merecen menor credibilidad). También aporta numerosas transcripciones de libros de conocidos periodistas, como Pilar Urbano, Jesús Palacios, Victoria Prego, Manuel Campo Vidal, Javier Tusell, Fernando Rueda, Francisco Medina, Joaquín Bardavío, Pilar Cernuda y Fernando Jáuregui, a algunos de los cuales facilitó el CESID documentación en los años ochenta y noventa, según Almenara; y de otros tantos escritores a los que suelen referirse quienes han intentado profundizar en la inteligencia española.

Este libro de Almenara ofrece así abundante información, pero a mi juicio adolece de cierta falta de rigor al citar datos de personas, empleos, destinos, órganos, fechas, circunstancias… Fuera de lo que es producto directo de entrevistas personales y recortes de libros —algunos muy poco fiables, incluso con cierto tufo tóxico—, abunda, quizás sin pretenderlo, en comentarios laterales novelescos con gran imaginación, aspecto que detecto sobre todo en los primeros capítulos, en los que la mezcolanza entre Servicios es sorprendente para quienes tuvimos la suerte de trabajar en ellos durante tantos años. El lector de estas páginas mías podrá descubrir con facilidad diferencias con algunas apreciaciones de Almenara; sin embargo, no es objeto de mi libro salvar esas deficiencias, quizá de índole menor para un profesional del periodismo, pero inaceptables para cualquier historiador. Yo he pretendido limitarme a escribir —como hice en la tesis doctoral— sobre hechos contrastados en documentos fehacientes de la época, que llegaron a mi mesa a lo largo de los catorce años de tarea de doctorando.

Voy a centrarme en algunos comentarios en relación con el apartado II.5, «El atentado a Carrero». Al tratar de la «hipótesis de un magnicidio» transcribe Almenara (pág. 86) un párrafo del libro de San Martín (pág. 88), en el que el coronel explica que «España era una amenaza para el comunismo y sus compañeros de viaje. Carrero les estorbaba […] ETA recibió la inspiración y la ayuda de algunos […] Son los hombres del Kremlin, cualquiera que sea su ropaje». También el excapitán Gil Manuel Sánchez Valiente ofreció a Interviú (22-28 de diciembre de 1982) su personal explicación del atentado: «No sé si la embajada americana sabía algo, pero la rusa seguro que sí, porque la muerte de Carrero es de inspiración absolutamente comunista». Y aporta el dato de que el libro Operación Ogro[101]empezó a escribirse antes del magnicidio.

Del «espía» José Luis Espinosa Pardo, infiltrado en el FRAP, el GRAPO, el MPAIAC y UGT, recoge Almenara (pág. 89) su declaración en 1982 a la prensa española de haber avisado a los servicios de Presidencia del Gobierno, mediante telegrama: «Protejan a Carrero. ETA prepara un atentado contra su vida». Al parecer nadie lo atendió. Campo Vidal opina en su libro ya citado (pág. 26) que Espinosa «es un personaje deseoso de celebridad a cualquier precio» y que el asunto del telegrama fue el «viejo truco al alcance de cualquier aficionado en la falsificación de fechas […] por un personaje de credibilidad cuestionada». En el diario Ya (30 de abril de 1981) San Martín lo rectificó desde su confinamiento en Campamento: «Como jefe del Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno en aquella época estoy en condiciones de negar todo contacto con Espinosa y de manifestar que en dicho Servicio no se recibió ningún telegrama relativo a tales propósitos de ETA». Y sigue San Martín:

Unas semanas antes del atentado […] el director general de la Guardia Civil, teniente general Carlos Iniesta Cano, me visitó expresamente para que pusiera en conocimiento del Almirante una posible acción contra él, cosa que hice inmediatamente. Se trataba de un intento de secuestro del Presidente del Gobierno y su esposa. El Almirante, sin dar demasiado crédito a la información, me ordenó que pasase la noticia al ministro de la Gobernación, Carlos Arias Navarro.

Javier Tusell, en su extenso y ponderado libro Carrero (pág. 204), plantea —como nos recuerda Almenara— la hipótesis de la participación de la CIA en el atentado por las declaraciones de Santiago Carrillo y la Agencia TASS: «Pero ambas interpretaciones no son otra cosa que la prueba del juicio que esos medios tenían acerca de la agencia norteamericana como organismo omnipotente y diabólico. No tiene el menor sentido que un pro-norteamericano como Carrero fuera eliminado por la CIA y menos aún que el hecho tuviera un efecto previsible sobre la política española».

En esa misma página Almenara recoge de Victoria Prego una referencia de Carrillo a la llamada que le hiciera Antonio García López en nombre del jefe del Alto Estado Mayor; la escritora apuntaba que este líder socialdemócrata mantenía excelentes relaciones con los servicios de información españoles y norteamericanos, y que el teniente general Díez-Alegría negó en varias ocasiones estar personalmente detrás de aquella llamada telefónica al secretario general del PCE. De ahí que Victoria considerase que lo más probable era que el inspirador de García López fuera un alto responsable de los servicios de información perteneciente al AEM. (Este político trabajaba en su despacho del Viso junto a un hijo de Díez-Alegría, militante de su partido, según se decía). Hace también alusión Victoria Prego al capitán Fernández-Monzón como uno de los oficiales subordinados de San Martín, aseveración que ya he desmentido en páginas anteriores: destinado en el Alto Estado Mayor, nunca tuvo comisión de servicio en la Presidencia del Gobierno.

Del referido libro de Campo Vidal (pág. 55) entresaca Almenara esta sentencia del teniente coronel Fernández-Monzón referida al 20 de diciembre: «Trabajamos todo el día manteniendo contactos con unos y otros para controlar la situación, pero a las nueve de la noche del mismo día ya estábamos disueltos. Torcuato Fernández-Miranda no esperó al día siguiente». Como ha quedado expuesto en capítulos anteriores, nunca en aquellas fechas pensó autoridad alguna disolver el SECED, decisión que llegaría casi dos años más tarde, en el momento de poner en marcha el nuevo CESID. Por otra parte, resulta improcedente que Monzón hiciese esa afirmación en primera persona del plural. Según recorta Almenara del libro de Francisco Medina (pág. 37), tras el magnicidio «San Martín fue expulsado inmediatamente del escenario»; aunque poco más adelante afirma que el 2 de enero de 1974 se le indicó de parte del presidente Arias que quería que siguiese al frente del servicio y que este se potenciaría. Al día siguiente, Carro —que poco después sería nombrado ministro de la Presidencia— también le transmitió que el presidente del Gobierno quería contar con él.

Entre las transcripciones que hace Vicente Almenara destaco por último una de Estévez y Mármol en Carrero, las razones ocultas de un asesinato[102]. Estos periodistas hicieron una entrevista a un agente al que apodaron Tormes, de los servicios de información de la Guardia Civil. El supuesto agente cuenta su actuación en Francia tras el secuestro de Huarte en enero de 1973 y cómo remitió al general Iniesta noticia de tres comandos de ETA que entraron en España con destino a Madrid; esta noticia, al parecer, costó al agente la persecución de los mandos de la Guardia Civil —llegaron a acusarle después de apropiación de fondos reservados del Ministerio de la Gobernación— y la posterior orden de separación del servicio. Los periodistas recibieron del ex director general de Seguridad la respuesta a estos temas: «Eso es una estupidez, un absurdo sin sentido», y admiten (pág. 123) que no tienen prueba de la veracidad de lo dicho por aquel agente. ¡El lamentable problema de la deficiente selección de las fuentes de información!

Ernesto Villar

Este escritor y periodista me telefoneaba a Galicia en julio de 2011, orientado por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, para consultarme algunas cuestiones sobre el almirante Carrero Blanco y los servicios de información que de él dependieron en la Presidencia del Gobierno. Hablamos dos días sucesivos y le ofrecí una conversación más reposada en septiembre en Madrid. Villar había tenido acceso a mi tesis doctoral, defendida precisamente en aquella facultad, y deseaba numerosas aclaraciones. Pero no volví a recibir más llamadas en los meses siguientes, y sí, en cambio, un ejemplar del libro que acababa de publicar: Todos quieren matar a Carrero. La conspiración dentro del Régimen. Me impresionó la rapidez para lanzar una obra tan compleja, así como su título, tan sorprendente; y me conformé con echar una ojeada al contenido, pues yo estaba ya inmerso en la publicación por Espasa de mi libro Desde el corazón del CESID, que saldría a la luz a comienzos de 2012.

Más adelante, el 22 de junio de ese año, nos reunimos durante un par de horas, pues Villar, que preparaba su propia tesis sobre los años setenta, deseaba consultarme datos puntuales de mi paso por el SECED y el posible paradero de determinados documentos. Después tuve tiempo para enfrascarme en la lectura de su libro y sorprenderme de tantos hechos, circunstancias y personas aludidas que me resultan pura fantasía. Citaba con frecuencia a exespías y agentes sin especificar a qué servicios pertenecían, dejando al lector la duda de si eran miembros de los cuerpos de Gobernación (Guardia Civil, Seguridad, Policía…) o bien de la Presidencia del Gobierno (AEM y SECED) o incluso de los servicios de información de los Ejércitos. El hecho de que en todos esos organismos trabajasen componentes de las Fuerzas Armadas y de las de seguridad del Estado pudo dar lugar a tales confusiones. De los que en el libro de Villar se citan como antiguos miembros del SECED solo reconozco a Andrés Cassinello, Leandro Peñas y Ángel Ugarte; los tres ocuparon puestos de relevancia con destacada personalidad. Los demás no me suenan ni por sus nombres, ni por sus alias, ni por sus siglas. A Luis González-Mata, apodado el Cisne, lo cita el autor en el apartado III.7:

… famoso espía, escritor e inconformista […] autor de controvertidas denuncias […], hijo de comisario político republicano […] persona brillantísima que tenía la confianza plena de Carrero Blanco […], entraba en su despacho cuando quería […]. Llegó a probar las celdas de Carabanchel […]. A partir de los años setenta se dedicó a escribir tres libros […] sobre «Terrorismo Internacional» […]. Ha sido tachado de «peliculero» y poco riguroso y es cierto que el tono de algunas de sus descripciones invita a ponerlas en cuarentena […]. Las acusaciones del espía de Franco […] para unos son mera fantasía, para otros un cruel ajuste de cuentas.

(Campo Vidal tilda a este agente Cisne de personaje de exiguo crédito entre especialistas). Y remata con sorna Villar que el relato es un guion de Hollywood con agentes de EE. UU. dentro del túnel de Claudio Coello la noche anterior al magnicidio. Extravagante versión.

Algo similar podríamos decir de los «expertos» en información de cuyas investigaciones deja expresa constancia Ernesto Villar. No me cabe duda de que tanto este como aquellos «peritos» recogieron testimonios de terceros con el mejor deseo de dejar constancia de numerosos pormenores. El propio Villar cita varias referencias a mis escritos y conversaciones con fidelidad, aunque añade a veces afirmaciones que no se corresponden con la realidad, que yo pretendí transmitirle con absoluto rigor. Pero otra cosa es la valoración que merecen determinadas fuentes, de cuya veracidad cabría dudar por insuficiente conocimiento del tema o acaso por motivaciones menos éticas, como la envidia, el rencor, la frustración profesional o el simple deseo de ostentación. Ernesto Villar insiste, ya desde el prólogo, en que no se conoce la historia del asesinato del almirante «porque hay muchas incógnitas por aclarar»; y se pregunta, como otros escritores anteriores, «cómo es posible que nadie se diera cuenta de la preparación de un atentado tan complejo, cometido a unos cuantos metros de la embajada norteamericana y un día después de la visita del secretario de Estado, Henry Kissinger […]. Hubo mucho más que despistes […] y al menos una veintena de indicios que no se quisieron escuchar […]. Alguien pudo evitar el magnicidio y no lo hizo […] Carrero era un estorbo para muchos». Al menos reconoce el escritor que su libro «no es una obra para historiadores sino una crónica que pretende ser ágil, vibrante […], un “thriller”, en definitiva».

En el epílogo, titulado Qué a gusto nos hemos quedado sin él, Villar resume veinte indicios de que el asesinato se pudo evitar, de que ETA no actuó sola, sospechas de diverso signo, recogidas de muy variados orígenes. Así, tilda a José Mario Armero de «uno de los habituales en las comidas secretas con el SECED» (que no fueron ni habituales ni secretas), y el entonces presidente de Europa Press asegura que «hay indicios de que pudiera ser la extrema derecha la que manipuló a ETA». Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, «no se explica cómo “unos vascos que siempre tienen cara de vascos y que generalmente llevan una boina vasca” no fueron detenidos en ningún momento por la inefable policía franquista. Por eso estoy convencido de que les dejaron hacer e incluso les ayudaron». Y concluye Carrillo que «es indudable que […] los protectores de ETA, por llamarlos de otra manera, eran otros». A su vez, el citado «espía Cisne» resume que «aquellos desgraciados de ETA fueron manipulados. Carrero era un estorbo para algunas personas que podrían haber evitado su muerte. Se le suprimió […] bajo la mirada vigilante de la CIA-DIA que preparaba, a su manera, el relevo de Franco».

El que fuera jefe superior de Policía de Bilbao en los primeros años setenta, José Sainz González, asegura que «los servicios de información e investigación policiales de Guardia Civil y militares de Madrid dormían el sueño de los justos, como si el problema vasco separatista no les afectara a ellos». Pero Villar (pág. 174) amplía esta opinión con esta cita de Golpe mortal (García y Prieto, PRISA, 1983): «Curiosamente tres días antes del atentado […] Blanco y San Martín hablaron de la falta de colaboración del jefe policial de Bilbao y del Gobierno en general para poner en marcha el único intento serio de frenar a ETA, un plan del SECED bautizado Udaberri», del que he tratado en capítulo precedente.

El excapitán de la Guardia Civil Sánchez Valiente, que había seguido muy de cerca las investigaciones por el asesinato de Carrero como agente de los servicios secretos de la Benemérita, un año y medio después del 23-F se despachó a gusto desde su exilio en Miami en una entrevista triple en la revista Interviú en la que aseguró literalmente que «la muerte de Carrero es una conspiración como la copa de un pino […] Y de ETA solo, nada […]; por lo menos hay elementos comunistas detrás e inspiradores […] los refugios no son de ETA, son del Partido Comunista». Asegura Villar (pág. 203) que «siempre que ha podido, Carrillo ha negado cualquier relación con este atentado […]. Nadie, salvo posiblemente ETA, tenía más interés en eliminar a Carrero Blanco que el PCE […] y según algunas fuentes, con la inestimable ayuda del KGB […] pista a la que se han suscrito historiadores como Ricardo de la Cierva y buena parte de los ministros de Carrero». Y continúa: «Pocos años después un teletipo de la Agencia TASS lanzaba esta sorprendente noticia: la CIA había colaborado con ETA en la eliminación de Carrero porque se oponía a la entrada de España en la OTAN. Moscú echaba balones fuera, pero metía el dedo en la llaga».

Asimismo relata nuestro autor (apartado VII.4) que el diario ABC de 17 de septiembre de 1974 recogía la declaración más destacada de Fernando Herrero Tejedor, fiscal del Tribunal Supremo, en su discurso de apertura del año judicial: «No solo ETA es responsable de la muerte de Carrero […]. No se descarta la participación de organizaciones distintas a ETA en el asesinato». Villar habla además de un supuesto informe de Herrero a Franco, del que nadie ha encontrado referencia alguna, como tampoco de otro que don Juan Carlos pidió supuestamente meses después a Arias Navarro y en el que al parecer el atentado se achacaba a un fallo de los servicios de información del SECED y de la Guardia Civil en el sur de Francia y en el País Vasco. Meras suposiciones sin el menor fundamento.

En cuanto al hecho concreto del asesinato del presidente, el entonces ministro de Educación, Julio Rodríguez, habló (según Villar) en 1974 de una reunión celebrada en el Hotel Maurice de París para asesinar a Carrero; uno de los asistentes, Álvarez del Vayo, exministro de la República, fundador del FRAP y masón, expuso que los comunistas no tenían buena infraestructura, tampoco los socialistas; pero «pongan Vds. sobre la mesa mil millones de pesetas. Nosotros sabemos quién puede matar a Carrero». Rodríguez «sospechó siempre de la masonería, aunque con el paso de los años afinó más. La figura de Carrero Blanco había sido truncada desde dentro […]. ¿Por qué Arias no pulsó “el botón rojo de alerta”? […]. ¿Por qué se obligó a Iniesta a envainarse el telegrama[103]? ¿Por qué se ascendió a presidente al ministro de la Gobernación?».

San Martín dejó escrito —como recoge el propio Villar— que «a Carrero lo mataron los hombres del Kremlin […] cualquiera que sea su ropaje […], por inspiración de gente cercana al KGB y al PCUS […] ETA fue el instrumento […]. A quien señaló el objetivo, quien inspiró el crimen, hay que buscarlo bastante lejos de España». En cuanto a las medidas de seguridad y una inexplicable indolencia, el director del SECED responde años después: «No intervine porque no era de mi competencia, era un tema privativo del ministerio de la Gobernación. Pensé que estaría bien montado». Más adelante, Villar nos dice (pág. 94) que, con pasmosa resignación y un punto de autocrítica, San Martín escribió: «Respecto al asesinato del almirante Carrero Blanco solo me resta comentar el exceso de confianza y falta de coordinación de que, desgraciadamente, dimos prueba tanto los servicios de seguridad como los de información del Estado».

Ernesto Villar pone en candelero muchos interrogantes de todo tipo, entresacados de informaciones recogidas en fuentes de muy diverso grado de fiabilidad, cuya respuesta requeriría mucho más espacio. Son las dudas que se plantean otros escritores desde las lejanas fechas del magnicidio. No todas pueden solventarse con unas líneas, pero en cualquier caso no parece de recibo achacar formalmente el atentado —demostrado y juzgado como de ETA— a la CIA norteamericana, y aún menos subtitular el libro La conspiración dentro del Régimen, por mucho «morbo» que ello aporte para un sector determinado de lectores.

En el capítulo IV Villar afirma lo siguiente:

… en aquellos tiempos había más de una docena de servicios de inteligencia que habían merodeado en torno a los terroristas, pero sin ponerles un dedo encima […]. Se les acusará de quemar documentos, de obstaculizar la investigación y de borrar huellas. El Régimen minusvaloró el poder asesino de ETA y tardó mucho tiempo en darse cuenta […]. Cuando lo hizo ya era demasiado tarde […]. Había demasiadas agencias de inteligencia pero estaban mal avenidas. Fueron constantes las intoxicaciones y los ocultamientos de datos en ambas direcciones [entre los servicios], lo que a su vez creaba un absoluto desconcierto en torno a los fines informativos sobre los denominados grupos subversivos y terroristas que operaban entonces.

(Me pregunto yo cuáles serían esa docena de «inteligencias» siguiendo terroristas y ocultando información). Y resume:

Había demasiada gente interesada en que muriera Carrero. No pertenecía a ninguna familia política, no tenía aliados […]. Todos salieron ganando con su marcha […]. Tenía enemigos entre sus propios compañeros de Gabinete, que no le perdonaban que volcara su confianza en los tecnócratas del Opus Dei o en los monárquicos; pero —según cita de López Rodó— le tenían sin cuidado las maniobras que se urdían contra él.

Me parece grave exageración hablar de esos enemigos dentro del Consejo de Ministros y más aún que de ello pudiera desprenderse un interés en la muerte del almirante.

Cuenta Villar que el juez de guardia planteó que, por tratarse de un delito de terrorismo, la competencia correspondía a la jurisdicción militar. Al ver que la investigación no avanzaba fue designado juez especial Luis de la Torre, que dictó la búsqueda y captura de los seis etarras y pidió a Francia la extradición de los terroristas. Tampoco hubo avances en la justicia ordinaria, que meses después aplicaría la Ley de Amnistía. El propio De la Torre declarará en Interviú en 1983: «A mí me emplearon de pantalla para ver si los franceses nos concedían la extradición. Después quisieron que les pasase el paquete a los militares y me negué […]. A mí me llegaron rumores de que el atentado había sido organizado por otros y que ETA había actuado como mano material de la CIA». También dice De La Torre, según Villar, que los directores generales de Seguridad y del SECED no le prestaron ningún apoyo, y que «el Almirante había sido víctima de la lucha interna del franquismo, de la que me han llegado relatos confidencialmente; su desaparición beneficiaba a todos los que querían evitar que la dictadura de Franco se prolongase».

Pilar Urbano

Escritora consagrada, publicó en noviembre de 2011 una obra importante —ya citada—, con mil páginas de asuntos muy diversos que agrupa caprichosamente bajo el título El precio del trono. La buena dotación de fotografías y el largo índice onomástico, con un millar de citas, completan el interés del libro, que se caracteriza por sus numerosas noticias, fruto de un increíble esfuerzo investigador. En él, y fiel a su lema «informar con rigor, sin favor y sin temor», como reza la contraportada, la autora va desgranando los distintos temas con habilidad periodística que hace entretenidas las descripciones de cualquier evento, por insignificante que sea, y consigue en ocasiones dejar al lector sorprendido, cuando no confundido.

Me cuesta tener que dedicarle tan solo unos párrafos, pues mi intención y compromiso es ceñirme al asesinato del almirante Carrero Blanco; por eso me limito a unas observaciones sobre su capítulo 4, Alguien voló sobre el nido de ETA, que ocupa casi doscientas páginas. La periodista recurre a fuentes de información ya citadas en los libros previamente comentados, pero añade novedosas entrevistas con personajes que se supone conocedores de los episodios que se tratan y, sobre todo, documentos norteamericanos de varios orígenes. A lo largo de ese capítulo Pilar Urbano se ve arrastrada sin remedio por la teoría de que el magnicidio tuvo una estrecha relación con los órganos de poder e inteligencia de los Estados Unidos, aunque a veces las justificaciones estén tomadas por los pelos. Mis comentarios a otros libros tratados más arriba valen también para este. Pero deseo destacar ahora algunos datos y valoraciones relativos al SECED y a sus miembros, que se alejan sustancialmente de lo que yo viví en aquel servicio a lo largo de toda su existencia.

En la página 597, Urbano deja esta perla periodística: «los militronches de los servicios de inteligencia […], disfrazados de gente, la mano derecha en el bolsillo de la gabardina delatando el peso de la pistola. La crema de los espías de San Martín, con nóminas de protegidos “full-times”, medio sueldo en pesetas y el otro medio en dólares. Por la mañana con guerrera y por la noche con esmoquin […]. A fin de mes el Banco Hispano Americano abonaba sus talones». Está fuera de toda realidad que, con carácter general, los directivos del SECED portásemos armas nunca, lo mismo que ese vestuario inusual de mañana y noche: yo, desde luego, jamás; ni ninguno de cuantos amigos y compañeros puedo hacer memoria. Pero queda bien para quienes se deleitan con esas fábulas.

Y del tema del sueldo, ¿qué decir? Idéntica fantasía. Pilar transmite y hace suya una cita de Antonio Díaz Fernández en su libro sobre los servicios de inteligencia (2005): «Colaboración retribuida [por la CIA], concretada en la contrainteligencia del SECED. Oficiales seleccionados del SECED percibían una gratificación mensual […] por la dedicación y flexibilidad horaria. Fue la CIA la que sugirió los pagos». Vuelvo a recordar que entre las misiones que se asignaron al Servicio Central de Documentación jamás figuró la contrainteligencia y que no existía relación profesional ni institucional ninguna entre los miembros del SECED y los agentes de la referida agencia norteamericana. Ya sé que también Alfredo Grimaldos recoge en su libro La CIA en España (pág. 39) un testimonio similar del general Fernández-Monzón (coincidente con lo relatado por Pérez Escobar en mayo de 2005 a nuestra periodista): «La tarea extra de las tardes nos la pagaba la CIA. No hacíamos mucho, pero les interesaba tenernos como colaboradores». Ni siquiera creo que fuese real que esos complementos de sueldo en dólares se estilasen en aquellos años en el Subnegociado de Contraespionaje del Alto Estado Mayor, en el que trabajó Monzón.

Pero volvamos al persistente error de varios escritores. La propia Pilar Urbano, en nota de la página 922, sentencia: «El general Manuel Fernández-Monzón, que como oficial del SECED vivió toda la épica anterior y posterior al atentado contra Carrero, señalaba años después esa doble conexión PNV/CIA, PNV/ETA, y su posible incidencia en el asesinato de Carrero», como comentario extraído de las Memorias de Rafael Pérez Escolar[104] (pág. 184). También en el índice onomástico, Pilar identifica a Fernández-Monzón como «miembro del SECED y del CESID», aseveración rotundamente falsa en ambos casos.

Parecido error comete nuestra escritora al citar (pág. 894) como jefe del Servicio de Operaciones Especiales del SECED al comandante José Luis Cortina Prieto, quien en entrevista de un cuarto de siglo después le comentó: «Entre los oficiales y mandos del SECED y la II Sección del Alto Estado Mayor era voz común la cooperación material necesaria prestada por la CIA a ETA o por sus ayudantes contratados». Tampoco existió ese servicio en el SECED; difícilmente pudo decirlo Cortina ni hablar de la Segunda Sección, dada su larga experiencia en la Tercera. Nadie puede recordar aquella «voz común», y menos yo, que tenía entonces el cometido de enlace entre ambos Servicios. El coronel Cortina me ha descalificado recientemente esa aseveración de la periodista.

Sigue Pilar interpretando a Cortina (pág. 919): «El mismo 20 de diciembre el director del SECED, José Ignacio San Martín, pidió a los mandos de la Agrupación Operativa, José Luis Cortina y Florentino Ruiz Platero, un informe de los hechos observados y les ordenó que ninguno de sus agentes volviese a poner los pies en la zona del siniestro». Me pregunto cómo podía el teniente coronel San Martín dar tales órdenes a oficiales que dependían del Alto Estado Mayor y no tenían comisión alguna en Presidencia. Pilar Urbano adjudica también al comandante Cortina (pág. 921) el cargo de «jefe, entonces, de los servicios operativos del SECED», así como la siguiente afirmación: «unos marinos (dos) de los servicios de inteligencia, entraron en la casa de Carrero el día de su muerte y se llevaron documentación sobre la masonería y sobre algunos masones. Carrero estaba obsesionado con investigar ese tema y tenía un buen material». (Nunca supe que el Estado Mayor de la Armada hiciese el seguimiento de la masonería y que precisamente aquel luctuoso día enviase a sus oficiales a apoderarse de tales documentos en su propio domicilio).

Otros episodios referidos al SECED resultan, a mi juicio, pura ciencia ficción: «Los agentes de la estación CIA-Madrid […] día sí y día también, tomaban café con los oficiales del Servicio Central de Documentación» (pág. 439). Insisto en que este Servicio de Presidencia no tuvo jamás relaciones oficiales ni oficiosas con la CIA ni otras agencias extranjeras de inteligencia. Pero esos son los ecos contumaces de algunas fuentes consultadas. Yo inicié los contactos con un distinguido militar, agente de la embajada en Madrid, en la primavera de 1979, cuando el CESID ya estaba en pleno funcionamiento, y tenía competencias en el exterior.

En relación con la apresurada salida de Madrid del secretario Kissinger tras sus visitas oficiales al presidente del Gobierno y al ministro de Asuntos Exteriores, relata Pilar Urbano (pág. 559) lo siguiente:

… transcurrido algún tiempo, no mucho, el SECED —los servicios de Carrero ya bajo otros mandos— tuvo noticia de aquella comunicación CIA-Langley a CIA-Madrid […]. En un principio el SECED la puso en cuarentena por su procedencia: el informante era un agente del KGB y del GRU […]. Mihail Sameliuk […] consiguió copia del mensaje el mismo 19 de diciembre de 1973 […]. El SECED chequeó esta información con otro miembro de la representación comercial de la URSS en Madrid, el comunista chileno Fernando Vázquez de Arancibia.

(Actividades del SECED absolutamente imaginarias; y sorprendente la facilidad de un agente soviético para hacerse con un telegrama secreto de la CIA en el mismo momento de recibirse desde los Estados Unidos). Y sigue la descripción:

Algo después, el oficial del SECED Fernando Dueñas [capitán de infantería de marina, alias Bastarreche, según detalla la periodista] recibía la misma información, para él inédita, por una vía indubitable, el abogado William H. Webster, miembro entonces del FBI, quien a su vez lo había sabido por el adjunto de Néstor Sánchez en la estación CIA-Madrid […]. Dueñas intentó contrastar el informe […]. Pasaron varios años hasta que se produjo una filtración desde la propia embajada americana por Richard Kinsman, destinado como nuevo jefe de la estación CIA-Madrid en 1982.

El coronel Dueñas, buen amigo y compañero de fatigas en aquella etapa del SECED, me desmiente rotundamente todo ello en el otoño de 2012.

También se relata en el libro que comento (pág. 598) que «el general Gutiérrez Mellado acudió al despacho del teniente coronel San Martín en el “chalé”, una base secreta del SECED camuflada en la calle Primera […]. San Martín le entregó una batería de informes y estados de opinión recolectados durante la jornada». Sugirió entonces «el Guti»: «Convendrá que en el Gobierno haya un vicepresidente militar aperturista, un teniente general respetado dentro y prestigiado fuera. Y en mi opinión ese militar no es otro que Díez-Alegría». El coronel San Martín lo explica en su Servicio especial (págs. 95 y 98) en otros términos menos políticos y recuerda que le rogó al general que fuera a su despacho, toda vez que, dadas las circunstancias, no podía moverse de allí. Se trata, naturalmente, de su oficina de la calle Alcalá Galiano, aunque resulte más novelesco situarlo en un «piso franco» que San Martín no utilizaba. También dudo mucho que en aquella luctuosa jornada hubiera habido tiempo hábil para redactar esa batería de informes que cita la periodista.

Al episodio de la Causa 142/73 y del juez instructor De la Torre, sobre el asesinato del almirante, dedica la autora una treintena de páginas con copiosos recursos periodísticos, que, a mi juicio, merecerían unas consideraciones censurables que no proceden en este lugar. Por último, en el índice onomástico se califica de «miembros del SECED» a más de un oficial que nunca tuvo esa comisión de servicio: así, el comandante Francisco Ferrer estaba en la Tercera Sección del AEM; el teniente coronel Fernando Soteras, en la Agregaduría Militar en Bonn; el teniente coronel Federico Quintero solo participó en los prolegómenos del SECED (las Organizaciones CONDE y OCN), y así otros varios.

Pilar Urbano, a lo largo de diversas páginas, cita también datos de entrevistas que hizo a Luis Guillermo de Perinat y Elío, responsable en aquellos años del seguimiento de la política exterior en relación con los Estados Unidos. He tenido ocasión reciente (el 1 de octubre de 2012) de conversar con este diplomático, marqués de Campo Real, y de que me confiara sus impresiones sobre su encuentro con la periodista Urbano. Recordaba con nitidez la insistencia de Pilar en demostrar desde el primer momento la implicación de la CIA en el magnicidio de Carrero Blanco, pese a tener Perinat una impresión diametralmente contraria, «pero no hubo modo de convencerla. No entendía que los americanos tenían confianza en el almirante y se apoyaban en él». Por su cargo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Perinat mantenía una relación asidua y muy cordial con la embajada y con altos cargos dignatarios de la Secretaría de Estado en Washington.

Me he permitido alargarme en unas cuantas citas irrefutables, que por sí solas desvirtúan el rigor que Pilar Urbano ha pretendido imprimir a su libro. Han sido numerosos los comentarios que he recibido y las recensiones que he leído sobre dicha obra. El diario ABC del jueves 15 de diciembre de 2011 publicaba una estupenda tercera de José María Carrascal, titulada La CIA y Carrero, de la que me complace transcribir este párrafo: «El poner a la CIA tras el asesinato de Carrero, con Kissinger directamente implicado en el atentado, puede aceptarse como reportaje de un joven periodista que intenta abrirse paso en nuestra dura tarea, pero no en libro de una profesional prestigiosa». ¡Pues eso!

Otras publicaciones

Siguen editándose libros sobre el asesinato del presidente, de los que entresaco El magnicidio de Carrero Blanco (Akron, 2010), del coronel José María Manrique y el policía Matías Ros, quienes se apoyan en numerosas publicaciones, algunas de las cuales ya he citado. Se ve que la investigación actual continúa concentrándose en una decena de libros. Por su parte, Televisión Española (La 1) sacó a la pantalla en diciembre del año 2012 una miniserie con el título El asesinato de Carrero Blanco (producción de Boca Boca, dirigida por Miguel Bardem) que parece resultó del gusto y curiosidad de una elevada cuota de espectadores. Las fuentes de elaboración del guion habían sido, en buena parte, las mismas antes referidas; de modo que la ciencia ficción sigue estando presente incluso en estas películas que pretenden esclarecer pasajes de nuestra historia reciente.

Y, por último, una referencia en clave de humor. En 2007 Luis Herrero-Tejedor hizo públicos numerosos e interesantes testimonios personales en su libro Los que le llamábamos Adolfo (La Esfera de los Libros). Entre sus vivencias nos describe una larga conversación «a magnetófono abierto», en enero de 1995, con Ángel Alcázar de Velasco (1909-2001), considerado por algunos como el espía más importante del franquismo, en la que este personaje adjudicaba la autoría del atentado de Carrero Blanco a la CIA. Había tenido acceso a determinados informes que hablaban de la llegada a la Base Aérea de Torrejón, procedentes de Fort Bliss, de diez minas terrestres antitanque que, según el servicio de inteligencia francés SDECE, iban a ser utilizadas para acabar con la vida del Príncipe. Añadía que, tras el atentado contra Carrero, los agentes del SDECE destacados en Madrid establecieron que las cargas no fueron detonadas mediante cables, sino a través de células «electroolorizantes»; bastó con impregnar a la víctima de una minúscula gota de perfume para activar el detonador. Según Alcázar, las bombas del atentado contra Carrero no las produjo ETA; esta organización terrorista se limitó a cobrar 50 millones de pesetas por decir que mató al almirante. Y seguía describiendo cómo él era el enlace entre España y Francia y cómo tuvo que ver en todo, incluso en la muerte de Kennedy. Otros pasajes de su alucinante conversación se referían al impulso de la CIA para convertir a Fraga en presidente de la Tercera República Española, a cómo Franco murió seis meses antes y se utilizó un doble o cómo Adolfo Suárez fue miembro de la CIA. Luis Herrero llegaba a la conclusión siguiente: o Alcázar de Velasco estaba loco de remate o el mundo corría serio peligro.

Muy recientemente la corresponsal de ABC en Nueva York, Ana Grau, desmontaba en ese diario (15 de diciembre de 2013) —tras años de investigación en la CIA y la Secretaría de Estado— varios de los tópicos falsos que han circulado en los últimos decenios: «no solo no encontré ninguna prueba de que la Casa Blanca quisiera librarse de Carrero, sino que encontré abundantes pruebas de lo contrario». Las describió en su libro, titulado irónicamente De cómo la CIA eliminó a Carrero Blanco y nos metió en Irak (Destino, 2011).

Por su parte, Manuel Cerdán repite en Matar a Carrero. La conspiración (Plaza & Janés, 2013) algunas de las falsedades apuntadas más arriba y, en particular, secuencias de Fernández-Monzón ya calificadas en este subcapítulo como graves fantasías.

LA OPERACIÓN PROMESA

La víspera del asesinato del almirante Carrero un reducido grupo de civiles y militares celebrábamos una cena de trabajo para tratar de la transición que se avecinaba y para constituir el futuro tejido político nacional, al tiempo que se promovían vocaciones políticas en el seno de una generación que aún no había tenido oportunidad de desarrollar su propia actividad pública. Tal iniciativa había surgido en el seno del SECED, bajo la denominación Operación PROMESA, como resultado de conversaciones mantenidas con los economistas Tamames y Terceiro, quienes, con una finalidad similar, inspiraban la Promotora de Estudios Sociales, S. A., que sería inscrita en el Registro Mercantil por Terceiro el 5 de diciembre.

Hagamos historia del nacimiento de PROMESA. Entre los días 17 y 20 de septiembre de 1973 se celebraba en Lloret de Mar, organizada y presidida por Sebastián Auger, la IV Semana Económica Internacional, que servía de foro a altos cargos de la Administración y a personalidades conocidas de la oposición moderada al sistema. Allí me desplacé, comisionado por el director del SECED, pues este tipo de encuentros proporcionaban numerosas y fáciles oportunidades para conectar con individuos que en Madrid no resultaban tan asequibles, lo cual abría nuevas vías de acceso a fuentes de información privilegiada, fuera del ámbito estricto de las gubernamentales. El servicio tenía bien asumido que había que ampliar tales cauces para estar en mejores condiciones de facilitar al presidente del Gobierno opiniones distintas de las propias y de las de personas afines al Régimen y, al mismo tiempo, para entrar en conocimiento de personas que, lógicamente, podrían resultar provechosas para nuevas etapas de la transición que se estaba fraguando lenta y soterradamente.

Por aquella Semana Económica —que mejor podríamos tildar de «política»— pasarían los Garrigues (padre e hijo), Areilza, Reguera, Cerón, Lladó, Camuñas, Tamames, Amusátegui, Foncillas, Abenza, Kindelán, Lasuén, Funes, Castañé, Oreja, Esteruelas, Pujol, Armet, López de Letona…, unos del campo gubernamental, otros ajenos, aunque quizá deseosos de pertenecer a él un día no lejano. Sus conferencias versaron sobre los sectores público y privado, las multinacionales, la integración en la CEE, las relaciones internacionales, etc. También se movía por aquellas jornadas el jefe superior de Policía de Barcelona, el coronel Sergio Gómez-Alba, que sentía preocupación por el desarrollo de aquellas conferencias y cenas-coloquio, por si tuviera que verse forzado a desautorizarlas o suspenderlas. Mi presencia por el SECED de Presidencia y la de Fernández-Monzón por el Alto Estado Mayor le daban al coronel cierta garantía de que aquello no era un acto rechazable por las instancias gubernamentales. También le sosegó el hecho de que me acompañara el comandante Luis del Pozo, delegado regional del SECED en Barcelona y hombre de gran prestigio profesional y social en Cataluña. Igualmente aparecerían por las jornadas tres miembros del Estado Mayor Central del Ejército.

Pues bien, uno de los concurrentes a la IV Semana Económica era el joven economista José Buenaventura Terceiro, consejero delegado de IBERPLAN, sociedad de consulting —presidida por Barrera de Irimo y de la que era director técnico Ramón Tamames— que había elaborado estudios para la Presidencia del Gobierno. Su interés en incrementar su relación con nosotros propició que Terceiro nos arrastrase materialmente a almorzar con él el jueves día 20. Nos hablaría de un proyecto suyo, puesto en marcha la primavera anterior, para constituir un grupo de estudios políticos, en el que intervendrían figuras nacionales como Fraga Iribarne, Barrera de Irimo y Fuentes Quintana, con el fin de recuperar e integrar personas de alto nivel profesional en la ilusionante tarea de hacer algo por la política nacional. Tal «grupo de estudios» solo había llegado a reunirse una vez —en abril—, pues tanto Fuentes como Barrera se mostraron poco audaces y entusiastas con el futuro del proyecto, y Fraga se iba de jefe de misión a la embajada de Londres. Así que la iniciativa quedó abortada.

De esta conversación en Lloret de Mar se derivaría el primer encuentro en Madrid, con él y con Ramón Tamames, que resultaría el paso inicial para la creación de PROMESA. El 4 de octubre Terceiro nos invitaba a almorzar a tres capitanes, de los que solo yo tenía entonces comisión de servicio en el SECED, pues Leandro Peñas había dejado poco antes el servicio para cursar Estadística, y Monzón, como he reiterado, solo colaboraba en algunas actividades abiertas en aquellos meses. El tema primordial de la reunión era acordar el triunvirato que debería presidir la futura sociedad de estudios PROMESA. El primer seleccionado fue Enrique Fuentes Quintana; el segundo, Pío Cabanillas, y la tercera presidencia (aún más difícil de determinar entre una docena de nombres: Calvo-Sotelo, Pérez Escolar, Monreal, Oliart, Villar Mir…) fue para Carvajal Urquijo. Pero era preciso enriquecer el grupo con otras personalidades que prestasen su cooperación. Al hilo de la conversación diría Tamames que la honradez a prueba de bomba y el patriotismo del almirante Carrero eran caso único en el extenso desierto nacional, y se terminaría hablando de la imperiosa necesidad de buscar hombres válidos para cubrir puestos en la Administración. Ese mismo día se concretó una nueva cena con Matías Cortés, Tamames y Terceiro (secretarios del montaje anterior). El 19 de octubre nos reuníamos a cenar con los tres para hablar del proyecto PROMESA, con vistas a una sesión general con los restantes componentes del grupo inicial. Este largo encuentro tenía una finalidad esencial: aclarar las posturas e intenciones de ambas partes. Entendieron que nosotros nos esforzábamos en conseguir avances del presidente del Gobierno en esa apertura al futuro, convencidos de la eficacia del Servicio en proveer al almirante información crítica y diversificada, con afán constructivo. Con valor, veracidad y perseverancia el SECED daba pasos y se iban consiguiendo metas impensables poco tiempo atrás, pese a cierta impopularidad que se achacaba a los «chicos de Carrero» en determinadas tertulias.

En esa misma fecha, habíamos visitado a Jaime Carvajal, director general del Servicio Exterior de los Bancos Urquijo e Hispano Americano, para tratar, entre otros asuntos, de su posible incorporación a la presidencia colegiada de PROMESA y de socios a quienes integrar en el proyecto. La conversación se orientó hacia el nivel de información de que disponía el Príncipe, que nos parecía insuficiente: resultaba recomendable que a don Juan Carlos se le proporcionase información ya procesada y evaluada, dada la inexistencia en la Zarzuela de un órgano que tratase y valorase el enorme volumen de papeles que llegaba a diario a palacio. Nos aseguraba Carvajal que Su Alteza había pensado muchas veces en tal cuestión, pero que había renunciado por las presiones de personas y grupos que pretendían colocarle gente de su propia confianza.

En la noche del 5 de noviembre los tres capitanes acudimos a cenar con Cabanillas, Fuentes Quintana, Pérez Escolar, Cortés, Polanco, Tamames y Terceiro. Se distribuyó un documento que trataba sobre «Doce áreas de estudio y seguimiento»: toda una serie de actividades de reflexión e información, con enunciación de las personas que en principio se consideraban idóneas para promover la sociedad y desempeñar determinadas funciones[105]. Asimismo se repartiría otro documento titulado «Bases para el reglamento de orden interno», en el que se preveía un número de socios no superior a cincuenta, un capital social de 2,5 millones de pesetas y unos órganos de gestión y seguimiento. Entramos después en la exposición del proyecto, en el que se rechazaba explícitamente formar un grupo político. Leandro Peñas me facilitaría, como recordatorio, unas notas de la reunión con unas breves líneas sobre aspectos de la personalidad de los asistentes, de las que destaco algunas:

Cabanillas, tomando el mando, muy realista y sensato; sin embargo su planteamiento me parece más oportunista y «político». Enrique Fuentes se mostró desconfiado e inseguro; no ve clara la finalidad. Pérez Escolar, simpático e ingenioso […] excesivamente hablador y poco interesante. Polanco, ponderado, inteligente e interesado en que se trabaje en serio. Matías Cortés, ingenioso y suelto, parece un poco «contreras». Tamames, tirando siempre a lo suyo, pero motor de la reunión. Terceiro, muy inteligente, discreto; es posible que sea el inventor y el «alma» del asunto.

El acta levantada de aquella tercera cena, como Documento n.º 1 de PROMESA, era breve, conciliadora, transparente, casi insípida. Otra cosa eran los bocetos y notas que habíamos tomado los militares, quienes —supongo yo— nos fijábamos en otros detalles. Al fin y al cabo para nosotros el grupo era una buena pantalla de conocimiento de nuevas personalidades nada próximas a los entornos políticos del Régimen, de las que, con certeza, obtendríamos informaciones y criterios sobre aspectos del futuro nacional, aún sin amanecer.

Me tomo la licencia de entresacar algunos pasajes de aquellas notas personales que dan más idea de la vivacidad de la larga cena:

Tamames, economista, técnico comercial del Estado y catedrático de Estructura Económica de la Complutense, hizo la exposición de la idea «Promesa» y después apuntó machaconamente trabajar sobre la «situación económica», pero se encontró con una negativa generalizada. Fuentes Quintana, economista y a la sazón director general del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, preguntaría con sorna si estaba prevista la promoción a «las alturas» de los miembros del grupo, tal y como había ocurrido con los nombres que componían el grupo preconizado en anterior ocasión. Tenía dudas de que fuéramos capaces de arrancar el proyecto, dadas las múltiples ocupaciones de todos […]. También Matías Cortés, abogado y catedrático de Derecho Financiero de la Universidad Autónoma de Madrid, abundaría en la idea de que pudiéramos ser considerados asesores de un determinado ministerio. «Eso es horrible. ¡Y encima sin cobrar!», diría con su habitual tono jocoso. Jesús Polanco, presidente de la Editorial Santillana, se mantuvo con cierta expectación de qué hacíamos allí reunidos y cuál era la razón de la presencia de tres capitanes. Pero estuvo firme al proponer el tema «Regionalismo» que logró enseguida el aglutinamiento de los presentes en torno a ese asunto.

[…] Cabanillas repitió que una sociedad anónima era el único sistema viable de funcionamiento y que el asunto no nacía como grupo político, pero sí con filosofía integradora y de difusión de ideas de concentración, aportando alternativas constructivas para la solución satisfactoria de las incertidumbres en el país. Parecía que la actividad del grupo había de basarse en la independencia respecto del Poder, para no convertirse en meros asesores de la Administración. En los acuerdos se insistía en el mantenimiento de una «reserva de tipo medio» sobre el nacimiento del grupo de estudios, sin negar su existencia ni propalarla innecesariamente a los cuatro vientos. La impresión general, recogida al final por Cabanillas, era que la reunión había sido muy positiva, con los máximos niveles de preparación, inteligencia y agudeza de todos aquellos «listos, inquietos por la política».

El viernes 16 de noviembre el capitán Fernández-Monzón tuvo una larga conversación con Jesús Polanco, presidente de Santillana de Ediciones, S. A., para hablarle de los primeros pasos del grupo promotor de PROMESA, cuyos miembros eran accionistas de PRISA, como él mismo. Le parecía «de perlas» la iniciativa. Había detectado en el AEM celos enormes del Servicio de Presidencia, lo que le dio idea de su segura eficacia, pues «no se critica tan acerbamente lo que es inútil». Jesús Polanco recordó muchos aspectos de su historia personal[106]. El objetivo era lanzar un diario, independiente de todo grupo de presión; sabía que al almirante la idea del periódico El País le producía auténtico estremecimiento. «Pero se equivocaba, pues detrás había gente muy positiva, con Fraga como motor del asunto». Polanco repudiaba el marxismo y admiraba a José Antonio Primo de Rivera. Hizo por último alguna alusión a Chile, donde trabajó algunos años. Allende había llevado al país a límites de desgobierno increíbles; un iluminado que pretendió ser el Lenin de Sudamérica.

A la reunión del 20 de noviembre asistieron Cabanillas, Pérez Escolar, Cortés, Polanco, Tamames, Terceiro y los tres capitanes integrados en la Operación PROMESA; justificaron su ausencia Fuentes Quintana y Carvajal Urquijo. El ambiente era de entusiasmo. Cabanillas intervino magistralmente en el planteamiento de la situación política nacional y su futuro previsible, recogiendo el convencimiento unánime de la necesidad de abordar ese tema directamente; creía que no contábamos con demasiado tiempo. Arremetía contra la clase política e intelectual por inútil, pretenciosa y nefasta, y rechazaba la idea de que el Patrón (como llamaba a Franco) se hubiese negado en redondo al desarrollo político; nos recordaba que, siendo ya exsubsecretario de Información y Turismo, visitó a Carrero con el fin de exponerle la fórmula para poner en marcha el asociacionismo político y su representatividad en las Cortes, ideas que habían sido recibidas muy favorablemente por el almirante, quien le dijo que fuese a contárselo al jefe del Estado. Así lo hizo; Franco le escuchó impertérrito durante más de media hora, diciéndole, al final de la audiencia, que coincidía con su idea y que se la transmitiese a Carrero Blanco para que, desde Presidencia, se remitiese a la Secretaría General del Movimiento, a la que correspondía la instrumentación del asunto. Cabanillas fue a ver a Fernández-Miranda, que rechazó la propuesta.

Se acordó con prudencia y sensatez mirar al futuro y preparar un tránsito limpio para el Príncipe; el Régimen disponía de los resortes para lograrlo. La conclusión de la velada fue que había que preparar en los próximos días una especie de «declaración» para ofrecérsela al presidente, y acaso al Príncipe y al Generalísimo, como cooperación imaginable de políticos e intelectuales de buena voluntad para iniciar el tránsito en paz y tranquilidad, aun conscientes de la dificultad que entrañaba lograr un generoso pacto de honor entre los hombres punteros de las más diversas procedencias.

El 22 de noviembre Monzón y yo visitamos en el Banco Urquijo a Jaime Carvajal, con quien intercambiamos unas palabras sobre PROMESA. Hizo también alguna referencia a la nueva Promotora de Informaciones S. A. (PRISA), como parecida —en lo público— a la idea que —en lo privado— presidía la creación de PROMESA. Iba a lanzar un diario verdaderamente independiente y ya tenía cubierto prácticamente el capital social (150 millones de pesetas) exigido por el MIT. Hombres como Fraga y otros socios nada sospechosos constituían, a juicio del marqués de Isasi, una garantía de la línea sana de El País, diario que suponía pronto entraría en competencia con Ya y sobre todo con ABC.

El sábado 24 de noviembre Tamames y Terceiro prepararon un documento para someterlo a la corrección individual posterior: no era una declaración programática de PROMESA, sino una auténtica declaración de gobierno, en términos aprovechables y prudentes. Nos entregaron otros dos estudios: uno de ellos «Puntos a discutir», texto personal de Terceiro muy aprovechable; el otro, de léxico puramente marxista, era de Tamames, algo así como un «pacto de la libertad», que rechazamos. Así que había que reelaborar el discurso de PROMESA con lo utilizable. Se sucedieron nuevos documentos. El Documento n.º 2, fechado el 27 de noviembre, hablaba de la necesidad de un plan político, y trataba del papel de las Fuerzas Armadas y de orden público (punto 4.2) y de la separación Iglesia-Estado (punto 4.3), entre otros de interés nacional. Ese Documento n.º 2 fue revisado oportunamente el día 28 por San Martín. El viernes 30 Terceiro nos remitiría el texto definitivo, en el que aún aparecían conceptos poco aceptables en los «Propósitos», que le daban el tono de un libelo crítico marxista. San Martín volvió a indicar que fuéramos intransigentes en todo cuanto resultase inconveniente y ajeno a nuestros pensamientos sobre PROMESA. Así que el Documento n.º 3 supondría una fuerte revisión del anterior.

La cena de ese 30 de noviembre en Lhardy reunió a Pérez Escolar, Tamames, Terceiro, Cortés, Polanco y Carvajal, junto a los tres capitanes referidos, disculpando su asistencia Cabanillas y Fuentes Quintana. Se trabajó a fondo y se hicieron numerosas correcciones para ser sometidas a la aprobación general en una junta prevista para el 19 de diciembre. Aún el siguiente lunes 3 de diciembre hubo que perfilar el documento con las correcciones aconsejadas por San Martín, para lo que contamos con la total cooperación de Tamames y Terceiro ante la posibilidad de que el SECED «hundiera el barco antes de salir de puerto».

El abogado Rafael Pérez Escolar da cuenta en sus Memorias (pág. 107) de la que sería la última cena de PROMESA:

Sin embargo, como prueba de la fragilidad de tan vana experiencia para-política diré que la última reunión de los componentes de PROMESA tuvo lugar el 19 de diciembre de 1973, víspera de la mañana en que salieron volando por los aires tanto Carrero Blanco como el propio SECED a consecuencia del certero atentado que acabó con la vida del alto personaje político y de su servicio de inteligencia. Porque el SECED, el mismo día 21, pasó a depender del ministro del Ejército al ordenarlo así el almirante Pita da Veiga […], ya que el servicio estaba constituido exclusivamente por militares […]. La gastronomía española evolucionó considerablemente a cuenta de los propósitos conspiratorios de quienes asegurábamos estar en la oposición al Régimen. Pero lo cierto es que nunca salían a la luz los anunciados manifiestos o las cartas de protesta arduamente discutidas por los conmilitones, de lo cual, era fácil suponerlo, estarían enterados de pe a pa los gerifaltes del Régimen, muertos de risa ante unos esfuerzos tan denodados. […] Los de PROMESA, precisamente la víspera de la muerte de Carrero, cenando aceptablemente en Lhardy, el histórico lugar de los buenos conspiradores (entonces allí se comía y se conspiraba mejor que ahora), aportamos cada uno veinticinco nombres, los doscientos cincuenta más o menos que luego constituyeron en la práctica la representación parlamentaria de la UCD. La verdad es que, poco antes del advenimiento de la democracia, a todos nos encantaba meternos en cualquier enredo que tuviese un cierto tufo de maquinación subrepticia, y hacerlo así mientras dábamos cuenta de un ágape bien dispuesto. Se trataba de permanecer inmersos en una conspiración ininterrumpida aunque apasionadamente pacífica, porque aquellos confabulados de salón ya éramos conscientes de que no corríamos excesivos riesgos.

[…] Al hablar de estas cosas produce una incomodidad inevitable reconocer la extraordinaria influencia de los servicios secretos en las vicisitudes políticas de cualquier país que se tenga por democrático. No solo a los hombres de derecho, naturalmente propicios a que las actividades públicas se desarrollen con luz y taquígrafos bajo el imperio de la ley, sino a cualquier ciudadano con una mínima sensibilidad, esas maniobras subterráneas, que en principio se antojan difícilmente subsumibles en el ordenamiento, suscitan un instintivo recelo que no es sencillo reprimir. Aunque, reconozcámoslo, resulte cada vez más cierto que los gobiernos han de contar con la mejor información posible sobre una realidad multiforme que exige tomar decisiones, a veces sumamente delicadas, con suficiente conocimiento de causa […]. El Estado de Derecho ha de propiciar la articulación de los adecuados mecanismos que prevengan sobre las mil oscuras amenazas que cualquier gobierno se ve obligado a afrontar cada día en defensa de los ciudadanos y de la sociedad […]. Porque es inexcusable que un país, especialmente cuando en él se ha consolidado el sistema democrático, cuente con una fuerte organización de inteligencia para llegar a conocer todo lo que se desconoce en principio por procedimientos normales.

No pudo expresarlo más claramente Pérez Escolar; aunque quepa sospechar que en su extensa descripción interviniera la mano de un «negro» amigo. Por su parte, también San Martín en la «Galería de personajes» de su libro Servicio especial especifica que:

PROMESA tenía por finalidad la realización de estudios sobre el desarrollo político […]. Por nuestra parte, se trataba de contrastar opiniones y de profundizar en el conocimiento de la sociedad y de las perspectivas que ofrecían políticos e intelectuales. Ello nos proporcionaría el conocimiento de distintas posiciones respecto a la problemática del país en diversos campos […]. Yo autoricé tales contactos, dando cuenta al almirante Carrero Blanco que nos dio «luz verde» a tales encuentros. Tamames entró en relación con el servicio pura y simplemente como miembro integrante de los equipos de estudios creados por Fraga, Fuentes Quintana y Barrera de Irimo, a los que se unirían Cabanillas, Pérez Escolar, Matías Cortés, Polanco y Terceiro. Para la realización de tales estudios se pensó en la constitución de una sociedad PROMESA (Promotora de Estudios Sociales) que, presidida por los tres primeros, estuviera integrada por las personas apuntadas y se fueran adhiriendo otras como Anson, Calvo Sotelo, Javier Carvajal, Carro, Díez Hochleitner, Díaz Picazo, Martín Villa, De la Mata, Mendoza Oliver, Félix Pareja, Fernando Suárez, Villar Mir, y un largo etcétera.

En noviembre de aquel año el Servicio preparó un listado de ordenador con cien nombres de los posibles socios de PROMESA y datos personales de su expediente JANO, comenzando alfabéticamente por Álvarez de Miranda y terminando por Villar Mir. En la larga relación aparecían Anson, Calvo-Sotelo, Lavilla, Narciso Serra y otros personajes, entre ellos los militares Álvaro Lacalle Leloup y José Ramón Pardo de Santayana. Muchos años después, Antonio Díaz Fernández defendería en su tesis doctoral sobre los servicios de inteligencia españoles (pág. 246) que la Operación PROMESA tenía como objetivo «detectar a los miembros menos leales del Régimen, así como a aquellos ciudadanos que lo desafiaban». Como hemos visto antes, poco se parece esa consideración a la verdadera finalidad que el SECED perseguía con aquel montaje externo.

El contenido de aquella operación se tergiversa

Pues bien, aquellos encuentros de PROMESA llegaron a conocimiento del Alto Estado Mayor. No era sencillo que los contertulios mantuviesen una mínima reserva; al fin y al cabo, se consideraban protagonistas de un hecho novedoso: el contacto directo con los servicios de información para discurrir e intercambiar criterios de naturaleza política con vistas a un futuro no muy lejano.

El viernes 21 llamaba el ministro Coloma —recién llegado de EE. UU.— a San Martín a las 12.00 h para decirle que, mientras durasen las circunstancias actuales de interinidad, Fernández-Miranda, presidente del Gobierno en funciones, había ordenado que el SECED se entendiese con el ministro del Ejército y que se dedicase solo a los asuntos del sector educativo, abandonando los correspondientes al laboral y al religioso-intelectual. El sábado 22 el teniente coronel San Martín acudió a despachar con el teniente general Coloma a las once. Quedó a sus órdenes, pero le hizo la observación de que el SECED dependía orgánicamente del ministro subsecretario de la Presidencia, lo que sorprendió a Coloma.

El lunes 24 consulté personalmente a San Martín sobre los asuntos que yo debía comentar al teniente general Díez-Alegría en visita que había de hacerle en la tarde de Navidad, y me aclaró —en presencia de Leandro Peñas— que el interés del ministro Coloma estaba en dos oficiales del AEM, no del Servicio, que habían hecho algo que no gustó. José Ignacio San Martín llamó el día de Navidad a las dos de la tarde a José M.ª Gamazo; sobre ello hace estas referencias en su obra Servicio especial (pág. 106):

Hablé de ello con Gamazo […]. Lo único que había pasado era que se había producido un malentendido sobre la actuación de dos oficiales que se creía que pertenecían al Servicio, pero que en realidad estaban destinados en el Alto Estado Mayor. Luego me enteraría que se trataba de dos oficiales, uno que acababa de dejar el Servicio y otro que, destinado en el Alto Estado Mayor, colaboraba con nosotros. Se les achacaba que habían tomado contacto con miembros de la oposición, cuando realmente ellos y algún otro oficial, que se ocupaban de la información política abierta, intervenían en lo que se llamaba Operación «Promesa», con conocimiento y autorización del Almirante […]. Ese mismo día me enteraría que en el Estado Mayor Central del Ejército se nos quería «recortar las alas», limitándonos el campo de actuación.

Gamazo había hablado con el ministro del Ejército y también con el presidente en funciones; lo de los dos oficiales les había alarmado. Ese mismo día fui yo a casa de Díez-Alegría después de comer. Le di cuenta, muy reservadamente y a título estrictamente particular, de la conversación Gamazo-San Martín sobre dos oficiales del Alto Estado Mayor que al parecer habían «metido la pata», y que en un primer momento fueron adscritos al SECED. Repetí que el asunto de los capitanes no tenía importancia, a lo que Díez-Alegría me indicaría: «¡A mí sí me importa, porque me gustaría saber qué es lo que ha pasado!». Le expliqué lo que yo sabía, quedó satisfecho y preparamos la audiencia que le concedería a San Martín al día siguiente, y que el coronel relata así (pág. 106) en su libro:

El día 26 vi al teniente general Díez-Alegría, jefe del Alto Estado Mayor, en presencia del general Gutiérrez Mellado. Hablamos de la situación política, de los rumores existentes, de la conveniencia apuntada por Gutiérrez Mellado de que se crease una vicepresidencia del Gobierno encargada de las fuerzas armadas […]. Salió a relucir incidentalmente el caso del malentendido con los oficiales que, según Gamazo, pertenecían al Alto Estado Mayor, lo que preocupó al teniente general, que inquiriría más detalles.

El jueves 27, festividad de San Juan Evangelista, iba a estallar el asunto PROMESA. Monzón recibía noticias confusas en Vitruvio de que «iban a por él»; los jurídicos rastreaban disposiciones que sancionasen las «manifestaciones políticas por parte de oficiales del Ejército». Había habido una llamada del secretario del ministro al teniente general Díez-Alegría. Hacia las 11.00 h, San Martín —en mi presencia— pudo contactar con el almirante Moreno, jefe de la Segunda Sección (Económica) del AEM y jefe, por lo tanto, del capitán Monzón, que acababa de despachar con el teniente general. El propio San Martín describe así en su libro cómo transcurrió aquella agitada mañana:

El día 27, cuando ya creía que el asunto de los dos oficiales había quedado totalmente zanjado, me enteré de que se les quería imponer un correctivo. Llamé inmediatamente al general Gutiérrez Mellado, a quien anuncié que le enviaba con un motorista una declaración jurada de que dichos oficiales, a quienes se les acusaba de haber mantenido conversaciones con políticos de la oposición, lo venían haciendo no solo con estos sino con personalidades afectas al régimen, por orden mía y conocimiento del fallecido presidente del Gobierno […]. Mi declaración jurada, escrita de mi puño y letra, fue llevada por el general Gutiérrez Mellado al jefe del Alto Estado Mayor, que quedó satisfecho por mi explicación, con lo cual se dio por terminado el asunto.

Me fui inmediatamente al Alto Estado Mayor a hablar con los tres generales (Díez-Alegría, Gutiérrez Mellado y Arozarena) por orden de San Martín. Gutiérrez Mellado me comentó que el asunto nada tenía que ver con el artículo de Monzón en el diario ABC de la víspera, titulado «Chacales», y me contó lo de los «dos oficiales» (los capitanes Peñas Varela y Fernández-Monzón), a los que se acusaba de haber ido diciendo en algunas conversaciones que «los generales estaban viejos», que «hacía falta utilizar más a los jóvenes», etc. Le aseguré que toda esa Operación PROMESA se había venido desarrollando con conocimiento del servicio y del propio presidente del Gobierno, explicación que le dejaba más tranquilo. Y le añadí que precisamente la tarde anterior habíamos tomado café con aquellas personas de PROMESA los tres capitanes, oficiales de inteligencia, a lo que el general acabaría por responderme: «Mira, me estás diciendo dos cosas importantísimas: primera, que San Martín no sabía nada de los nombres de los oficiales y, segundo, que tú también asistías con ellos a varias reuniones y que incluso tuvisteis otra ayer». Gutiérrez Mellado se disponía a bajar al despacho de Díez-Alegría y transmitirle esta historia, que suponía sería para él tranquilizadora. Por alguna razón, me pidió que no contase nada de lo tratado; no quería que trascendiese dentro de la casa.

Subí a ver al general Arozarena y le entregué el documento, acompañado de una tarjeta personal —no oficial— de San Martín. El pliego iba dirigido al teniente general jefe del AEM, con la calificación de «personal» y «secreto». Ya ante el general Dolz de Espejo me limité a leerlo de viva voz como me indicó. Me dijo que ya lo sabía. El papel de San Martín del que yo era portador comenzaba así: «Explicación del asunto de los dos oficiales. Muy reservado. Un ministro me dijo que le habían informado que dos oficiales del Servicio habían metido la pata, pero que habían confirmado que no eran del Servicio sino del AEM. No me han dado más explicaciones y además el ministro dijo que el tema no tenía importancia…». Quería Dolz hablarme de la coordinación y la unión de los Servicios. Así agotamos casi tres horas en las que salieron a colación otros temas relacionados con el reciente asesinato de Carrero y la imprevisión de los servicios de seguridad. Por su parte, Gutiérrez Mellado llamaría a San Martín a las 13.50 h para decirle que el papel que le había enviado para el teniente general Díez-Alegría había surtido efecto y el asunto quedaba totalmente cancelado.

San Martín, a la vista de las indiscreciones habidas, daba ya por finiquitada la Operación PROMESA. El director del SECED redactó un resumen de aquel episodio, que calificaba como el primer zarpazo que recibía el Servicio tras la desaparición de nuestro valedor, el almirante Carrero Blanco, y nos pedía prudencia, paciencia y esperar acontecimientos. Seguía así su relato:

El día 28 volví a ver al ministro del Ejército, quien me llamó para decirme que ya había hablado con el teniente general jefe del Alto Estado Mayor, pero que quería que le aclarase todo el relato del comportamiento del Servicio, aparecido fundamentalmente en la prensa internacional. Se lo expliqué todo […]. Le desmentí la nota aparecida, según me dijo, en Le Figaro[107], de que habíamos estado con Tierno Galván y le hablé de nuestras relaciones con el grupo de personas integrantes en la Operación Promesa […].

Fernández-Monzón me recordaría en diversas conversaciones posteriores cómo supo por Leandro Peñas que estuvimos a punto de ser arrestados los tres por nuestra relación con aquellos hombres de la oposición al Régimen, que entonces debían parecer peligrosos a determinadas autoridades políticas o mandos militares. Siempre me decía que nos salvó in extremis el teniente general Díez-Alegría gracias a la carta de San Martín, y que montajes como aquel de PROMESA impidieron en buena medida la ruptura política que patrocinaría la Platajunta, forzando, en cambio, a una buena parte de sus impulsores a seguir la vía de la reforma democrática. Hoy, a tantos años de distancia de aquel desafortunado episodio, sigue resultando un tanto ridículo semejante revuelo porque unos oficiales de los servicios de información participaran en un encuentro con personalidades tan «peligrosas» como las reseñadas, que formarían parte de futuros Gobiernos nacionales.

Un cuarto de siglo después de la Operación PROMESA, algunos escritores volvieron sobre ella aportando informaciones recogidas de fuentes, sin duda, poco fiables. Así, Francisco Medina, en Las sombras del poder (Espasa Calpe, 1995), nos dice, al tratar del asesinato de Carrero (pág. 35):

Decenas de oficiales del SECED […] debían dedicarse a lo largo de aquel día a localizar a los políticos y líderes sindicales de la oposición clandestina. La idea era trasmitirles que no tenían ningún motivo para intentar huir del país. Los oficiales cumplieron con esta misión en pocas horas gracias a la existencia anterior de una operación. Se había catalogado de máximo secreto y recibió el nombre de Operación Promesa. Ni siquiera Carrero Blanco sabía de su existencia […]. La finalidad […] era conseguir canales de comunicación entre diversos políticos […] en encuentros siempre clandestinos de oficiales del servicio y de algunos políticos.

Mezcla de datos según la imaginación del narrador o del cronista.

Años más tarde, Ernesto Villar sacaba también sus propias conclusiones de lo ocurrido en los últimos meses de vida del almirante en Todos quieren matar a Carrero, libro ya citado con anterioridad. Cuenta Villar en la página 146: «Operación Promesa, un plan del SECED, el servicio secreto de Carrero, para preparar la cantera política que deberá demoler la Dictadura. Pero con la muerte del Presidente del Gobierno, lo que se demolerá será el edificio que ha levantado el comandante San Martín. Y con él, las cenas de sus agentes de confianza con la oposición». Aseveraciones simplistas, falsas en todos sus términos. Más adelante (pág. 155), citándome como uno de los asistentes al cenáculo, concluye: «Su testimonio sirve además para desentrañar a qué se dedicó aquellos años el edificio del espionaje creado por Carrero, que le sirvió de todo menos para salvar la vida». Tengo que reiterar que el centenar de hombres que entonces trabajábamos en el SECED atendía a muchos otros asuntos que esos protagonizados por uno de sus oficiales. Remarca Villar (pág. 167) que «la cena fue el abrupto final de la que pudo ser una de las operaciones más fascinantes del SECED, conocida genéricamente como Operación Promesa. Entre otras cosas demuestra que los propios servicios secretos maniobraron para proceder al derribo controlado de la Dictadura una vez muerto Franco, sin el conocimiento de la mayor parte de sus jerarcas». Interpretación en nada coincidente con la realidad histórica que yo relaté en mi extensa tesis doctoral, a la que Villar tuvo acceso.

A propósito de los oficiales presentes en la cena de Lhardy, sigue Ernesto Villar (pág. 169): «Se les acusaba, ni más ni menos, de estar conspirando con el enemigo para derribar el Régimen […]. El problema era, precisamente, que únicamente Carrero y los interesados estaban al corriente. Nadie más del Régimen, ni por arriba ni por abajo. Los espías del Almirante habían llegado mucho más lejos de lo que algunos podían soportar». Y en la página siguiente añade otro fantástico comentario:

El escritor Alfredo Grimaldos sostiene que todas esas operaciones [Lucero, Alborada, Diana, Suresnes…], incluidas el archivo Jano y Promesa, se hicieron mano a mano con la CIA, porque era la forma de garantizar que la Dictadura se suicidaba, tal y como habían planeado los americanos. Todas ellas están consideradas como secreto de Estado y demuestran que, en algunos aspectos de la Transición española […], los servicios de inteligencia fueron fundamentales para que ese edificio con los pies de barro no se viniera abajo. Realmente tenían un asombroso poder, tanto si era bien utilizado como si no.

Espero que el lector haya comprendido el objetivo que se marcó el SECED al organizar la Operación PROMESA: buscar el contacto con personas y grupos que, desde posiciones políticas distantes de las sustentadas por el Régimen, pudieran incorporarse al proyecto difuso de la Transición cuando se cumpliesen las «previsiones sucesorias». El día 1 de febrero de 2013, con estas páginas ya listas para su definitiva mecanización, me comentaba José Buenaventura Terceiro (ya académico de la RAE y premio Rey Juan Carlos de Economía) su plena conformidad e identificación con lo aquí escrito sobre PROMESA, operación de la que aún conservaba él amplia documentación y muy grato recuerdo. También tuve varias conversaciones con Ramón Tamames por esas fechas, en que tomaba posesión como académico de la Real de Ciencias Morales y Políticas. Traía a la memoria, con fruición, la breve pero ilusionante vida de PROMESA; claro antecedente de la Transición que se aproximaba.

10
EL FIN DE UNA ETAPA

LA INCIERTA DEPENDENCIA DEL SECED

La propia existencia del Servicio Central de Documentación tenía un carácter instrumental, como pantalla de la OCN que no dependía del ministro de la Presidencia, sino del propio presidente del Gobierno, o al menos así lo entendíamos sus componentes. Conviene recordar que cuando se creó el SECED (marzo 1972), siendo Carrero vicepresidente del Gobierno, bastó dar una nueva redacción al Decreto 245/68 que reorganizaba la Presidencia del Gobierno, disponiendo que el recién creado servicio dependiera del ministro subsecretario, figura que encarnaba entonces el almirante. Tras el asesinato de Carrero se deseó clarificar la situación de dependencia, nada problemática con el almirante, pero que parecía poderlo ser con el presidente Arias. Después del magnicidio terrorista existía una actitud negativa hacia el servicio por parte de algunos políticos, que mantenían la histórica duda filosófica sobre las relaciones que deberían existir entre un poder civil constituido y un indefinido y subliminal «poder militar» que sesgadamente imaginaban dotado de cierta autonomía para interpretar las desviaciones políticas de la Administración del Estado.

Tras la desaparición de Carrero Blanco, algunos políticos empezaron a considerar que no solo debía modificarse la relación y apoyo directo del SECED a la clase rectora del país, que hasta entonces había llevado a cabo la OCN, sino que el servicio debería integrarse en el Alto Estado Mayor, de modo que tal colaboración se realizase en el marco de las Fuerzas Armadas y a través de ellas, solución ya apuntada por San Martín desde meses atrás. El teniente general Coloma, durante el interregno, había exigido nada menos que la integración del Servicio en su Ministerio del Ejército, ante las sospechas de excesivo personalismo y protagonismo de San Martín. Ahora se barruntaba que el servicio podría tomar otro rumbo, encargando el gobierno de la nave a otro capitán. Ya el día 26 de diciembre de 1973 Antonio del Valle, director general de Política Interior del Ministerio de la Gobernación y cuñado de Arias Navarro, citó a San Martín para transmitirle que prosiguiera con sus cometidos, aunque no estaba de acuerdo con el enfoque que se había dado al SECED.

Pues bien, en la tarde del 28 de diciembre el SECED redactaba un documento sobre el estado de la situación nacional que desechaba la optimista versión de los medios gubernamentales tras el asesinato del almirante y pedía una nueva orientación y dependencia para el servicio. San Martín lo llevó por la noche al general Díez-Alegría, quien lo leyó y le autorizó a entregar copias a los ministros militares. Según afirma San Martín en su obra (pág. 108): «Comentamos brevemente la designación de Arias Navarro […], interrogándonos [sobre] si sería capaz de facilitar una salida viable al régimen, toda vez que entendíamos que sería el último presidente del Gobierno en vida del Caudillo». Así que al día siguiente San Martín se lo entregó personalmente al ministro del Ejército, quien le atendió con distinto talante y que, tras leerlo, se ofreció para pedir a Arias Navarro que recibiera a San Martín y resolver cuanto antes la orientación y encaje del SECED. A los jefes de Estado Mayor de la Armada y del Aire les llegaría el documento por emisario cualificado. Al día siguiente San Martín enviaba carta al presidente Arias con el «Informe de situación», en la que le solicitaba audiencia.

San Martín dedica en su libro tres páginas a dos columnas para relatar «Un informe que hizo mella», en el que su principal protagonista hace balance rápido del contenido de la tarea que le fuera encomendada en el otoño de 1968 bajo el nombre de guerra CONDE. Me tomo la libertad de hacer una breve reducción de su contenido con el deseo de no tergiversar una sola idea. En el «Preámbulo» se relataban las vicisitudes orgánicas de los cinco años de existencia del Servicio —con el respaldo del mando—, en los que un reducido número de jefes y oficiales de los tres Ejércitos habían tratado de cumplir «las misiones que se le habían encomendado con la idea fundamental de actuar como punta de vanguardia en la lucha contra la subversión, según expresión de los más altos mandos militares». Los «criterios de actuación» se concentraban en tres enunciados básicos: España era víctima de la agresión del comunismo internacional, que pretendía un cambio radical en nuestro orden institucional, agresión que afectaba directamente a valores esenciales de la nación, cuya defensa el servicio había de apoyar mediante el asesoramiento, la información y la realización de acciones técnicas. Su función era, en definitiva, cerrar el paso a una situación que pudiera desembocar en la intervención directa de las Fuerzas Armadas.

Señalaba el informe que el SECED se había venido desenvolviendo en condiciones difíciles por el recelo de ciertos sectores dirigentes, la falta de apoyo de los organismos y servicios que más obligados estaban a prestarlo, la indiscreción de órganos cualificados de la Administración e incluso la incomprensión de un elevado número de compañeros de las Fuerzas Armadas. Pero se había conseguido una apreciación fundada de la situación nacional y de su progresiva evolución (facilitada constantemente a las autoridades responsables), así como la adhesión de gran número de personas cualificadas, cuya desinteresada colaboración se había basado fundamentalmente en la condición militar de los componentes del servicio. Asimismo se había constituido un fondo documental del máximo interés para la dirección política de la nación y se había formado un núcleo de jefes y oficiales con un aceptable grado de especialización en la información y la acción psicológica.

La situación nacional, tras la engañosa apariencia de calma y serenidad, dejaba traslucir el debilitamiento paulatino de las estructuras al Estado, la pérdida del sentido de autoridad, la carencia de ideales y el abandono de la recta formación de la juventud. Citaba también San Martín la excesiva tolerancia de ideologías incompatibles con los Principios Fundamentales y, en cambio, la intransigencia para la crítica a los fallos de la propia acción política; la pérdida del control de los órganos de comunicación oficial; el enfrentamiento de sectores de la Iglesia y de la intelectualidad con el Estado; el deterioro del sentido de la justicia social y la regresión hacia planteamientos que propiciaban la lucha de clases. En resumen, factores que convertirían al pueblo en fácil presa para los movimientos revolucionarios. Al propio tiempo la oposición clandestina había aumentado su potencia: el PCE contaba con una fuerte organización y mayor moral combativa, y los separatismos proliferaban, creando una situación realmente crítica en la región vasco-navarra.

Explicaba San Martín que el ambiente que se palpaba era de gran desconfianza en el normal funcionamiento de las instituciones sin un respaldo activo y directo de las Fuerzas Armadas. De ahí que el informe del director del SECED concluyese con una petición de que la futura colaboración del servicio se realizase en el marco de los Ejércitos y a través de ellos, no como hasta entonces en apoyo directo del poder. La propuesta apuntaba a una integración de la estructura del SECED en el seno del Alto Estado Mayor, de donde se había desgajado cinco años antes. San Martín veía acercarse el momento de su cese y es comprensible que pidiese casi a gritos la integración del servicio en el Alto Estado Mayor, buscando la tutela real de las más altas instituciones militares. Quizá su inminente salida ensombreciera un tanto ese su último «Informe de situación», nublando el claro optimismo inasequible al desaliento que fuera su señal de identidad personal en muchos años. A pesar de ello, de parte de Carlos Arias se le anunciaba al teniente coronel, el día 2, que seguiría al frente del servicio, que se potenciaría y se le buscaría otro encaje y dependencia, como pedía San Martín con urgencia.

El lunes 7 fue muy movido para San Martín. Despachó por primera vez con Antonio Carro, ministro de la Presidencia, en encuentro muy cordial. El director del SECED le entregó una propuesta de esquema de funcionamiento del servicio, mientras el ministro se interesaba por disponer del mismo nivel de información que se facilitaba al almirante Carrero. Después era llamado San Martín por el teniente general Coloma para que le viese en el palacete de la Presidencia en Castellana; le reiteraba que continuaba a sus órdenes directas y que, hasta nueva orden, el SECED debía abandonar todas sus actividades excepto las del Sector Educativo. El teniente coronel pidió al ministro del Ejército que se definiesen con la mayor urgencia la dependencia jerárquica y los campos de actuación del servicio, y le comentó haberlo despachado antes con el ministro de la Presidencia, noticia que contrarió mucho al general Coloma. Tras este despacho poco confortable, el director del SECED volvería a hablar con Carro, quien le ordenó que todo siguiera igual. No entendía San Martín actitudes tan contradictorias entre dos ministros; le producía cierta indignación lo que empezaba a perfilarse como una muestra de desconfianza hacia el servicio.

Al parecer —según Carro—, la orden de que el Servicio limitara sus campos de acción al ámbito educativo procedía de El Pardo, preguntándose San Martín qué le habría contado Torcuato Fernández-Miranda al jefe del Estado. Tenía noticia el teniente coronel de que el presidente interino incluso había denunciado, ante el propio Caudillo, algunas de las actividades políticas del SECED, obteniendo su anuencia para trasvasar el Servicio al Ejército. También se escuchaba en medios políticos que, en aquellas fechas de «interregno», el SECED corrió peligro de exterminio, en el caso de haber accedido a la presidencia don Torcuato.

El día 8 de enero, de conversaciones con Pinilla, Girón y otros falangistas, deducía San Martín que Torcuato Fernández-Miranda había llegado a pedir arrestos en el Servicio. Y esa noche Carro le transmitió que cumpliese lo ordenado por el ministro del Ejército, pero haciéndole llegar al presidente Arias y a él mismo toda la información de que fuera disponiendo el SECED.

Aquel martes 8 tuve yo audiencia con el teniente general Díez-Alegría para darle cuenta de las conversaciones de San Martín con los ministros Carro y Coloma sobre el futuro del SECED. El general jefe del AEM me hizo las consideraciones siguientes:

— Había despachado ya con el presidente Arias sobre el servicio y sobre la reorganización del Alto Estado Mayor; pero habían dejado ex profeso sin especificar la plantilla y las misiones de los negociados de la Tercera Sección, a la espera de las modificaciones que surgiesen al reordenar las actividades del SECED.

— Aceptaba de buen grado la integración en el AEM de las tareas contrasubversivas del SECED, pues la lucha contra la subversión era indispensable. Ahora bien, procuraría evitar que endosasen al AEM otras actividades como las políticas, etc.

— No comprendía la interferencia del ministro del Ejército para tomar el control de la Organización Contrasubversiva Nacional, y pensaba volver a hablar con Arias Navarro para aclarar la situación del SECED y conocer sus criterios sobre el servicio.

Al día siguiente el subsecretario técnico del presidente, Antonio del Valle, visitó a San Martín en el SECED para tranquilizarle por los acontecimientos que rodeaban al Servicio, informándole de que su confirmación seguía sin solucionarse por la actitud del ministro del Ejército y de su jefe de Estado Mayor. Aquella misma tarde del día 9 Luis María Anson llamaba desde ABC para decir que de altas fuentes militares acababa de saber que el Servicio iba a continuar «viento en popa».

El lunes 14 de enero el director del SECED se encontró con Del Valle y Carlos Álvarez Romero, subsecretario de despacho, a quienes escuchó que los ministros militares no estaban conformes con el Servicio, quizá ratificando en Consejo lo sustentado por el general Coloma.

La realidad es que, aunque el SECED fuera una dirección general del Ministerio de la Presidencia, Arias estaba dispuesto a cambiar los efectos administrativos y hacer que la dependencia fuera total del presidente del Gobierno, si fuera preciso. Así se lo diría personalmente al ministro Carro. De modo que, a partir de aquel momento, la vinculación quedaba clara y manifiesta, aunque el Decreto de 3 de marzo de 1972 de creación del SECED (que disponía la dependencia del ministro subsecretario de la Presidencia) nunca se modificó. Arias pareció entender bien la importancia y la trascendencia de contar personalmente con aquel instrumento.

El cese de San Martín

El martes 15 San Martín convocó a sus colaboradores más directos para darles cuenta de que las actividades del Servicio estaban prácticamente suspendidas y anunciarles la despedida. Algunos de ellos estimaron que el «jefe» debía tener una salida airosa tanto a nivel civil como militar, concediéndosele un destino honroso y una condecoración que recompensase su dura labor de cinco años. Unas fechas antes del cese oficial, que ya se intuía, dos de los directivos pudimos ser recibidos por el teniente general Díez-Alegría para exponerle los deseos de los miembros del SECED y rogarle que San Martín no tuviera que salir del Servicio por la puerta falsa, vergonzantemente, tras el asesinato de Carrero Blanco. El jefe del AEM estuvo especialmente afectuoso y muy en línea con la demanda que se le exponía.

San Martín, cumpliendo lo prometido dos días antes, ofreció el 16 de enero por la mañana una larga presentación a los subsecretarios Del Valle y Álvarez Romero sobre las misiones, actividades y relaciones del servicio. Intervinieron con San Martín el secretario general y los jefes de las divisiones, los tres sectores, el Gabinete de Acción Psicológica y Asuntos Especiales; asistimos además otros cuatro directivos en calidad de observadores. Del Valle agradeció la sesión informativa y calificó los cometidos del servicio del máximo interés. Por su parte, Álvarez Romero preguntó si el SECED había crecido por propia iniciativa o a requerimiento superior, a lo que San Martín contestó relatando la reunión del ministro de Educación y Ciencia con el general Muñoz Grandes en 1968 por orden de Franco y los pasos siguientes dados hasta la actualidad. Se preguntaba también Álvarez Romero de dónde nos venía el motor y el espíritu que observaba. Explicó San Martín que era sencillamente la propia vocación personal, la unidad de doctrina y la conciencia de ser punta de vanguardia de las Fuerzas Armadas en defensa del orden institucional, como disponía el artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado.

Ese mismo miércoles 16 por la tarde Del Valle informaría en el Alto Estado Mayor a los generales Díez-Alegría y Gutiérrez Mellado de los criterios del presidente Arias respecto al SECED, satisfecho con él y con sus actividades, y del previsto relevo de San Martín por el comandante de infantería Juan Valverde Díaz. Con gran cordialidad los generales le pidieron que se pensase sin precipitación la reorganización del Servicio y el modo de llevar a cabo la salida de San Martín, evitando dar la sensación de cese, de barrido. Debía considerarse como un relevo. El teniente general pidió tiempo hasta el lunes siguiente para preparar un par de cuartillas, creyendo Díez-Alegría que se le había concedido ese aplazamiento. Pero no fue así. El ministro Carro citó a San Martín el jueves 17 a las seis de la tarde: el Consejo de Ministros de esa mañana había decidido su cese, los ministros militares habían estimado que debía reintegrarse al Ejército.

El nombramiento de Valverde aparecía el viernes 18 en reseñas de prensa. El teniente general jefe del AEM me manifestaría esa mañana su disgusto por no haber sido consultado antes, dada su fuerte relación de mando sobre el SECED, y me autorizaba a divulgar el contenido de nuestra conversación a San Martín y a los primeros dirigentes del servicio. Visité inmediatamente después al general Dolz de Espejo, jefe de la Tercera Sección, a quien sorprendieron las noticias que yo llevaba. Entonces me aportó sus criterios: el SECED era necesario; sin embargo, velar por la integridad del Régimen no debería corresponder a la Fuerzas Armadas; contrasubversión e información podrían ser absorbidas por el Alto Estado Mayor; San Martín y ahora Valverde debían actuar como civiles, no como militares, aunque las características y virtudes que se precisaban solo se encontraban en la Fuerzas Armadas; el SECED se inmiscuía en política y actuaba en misiones no informativas como la estrecha vigilancia del Gobierno, etc. Quedó reflejado en la reseña de esta entrevista que me despedí del general Dolz «visiblemente molesto» por la desacertada valoración que él hacía del SECED, disculpándome por tener que bajar a ver al general Gutiérrez Mellado.

Así lo hice y tuve oportunidad de recoger una serie de espléndidos comentarios y recuerdos del general sobre experiencias vividas tiempo atrás en los servicios de información:

Es de broma todo lo que me dices de San Martín comparado con aquello […]. Lo vuestro es de guante blanco […]. A San Martín le han dado una buena salida, le han hecho un favor del que no se da cuenta todavía […]. En España no se perdona que eso funcione. De Cassinello hay una buena información […][108]. Dadme un papel, dime algo. Y ahora, tranquilidad; vosotros habéis hecho lo que habéis podido. ¿Ha sido perjudicial al Servicio? Ah ¡no, no! Si se va San Martín, ¿os vais? Pues no, vosotros no podéis dar la sensación de espantada. Tranquilidad. Comprendo la situación de San Martín […]. Yo le tengo mucho cariño […]. Pero ¡eso es la vida! Hay que seguir trabajando y luchando, pese a todas esas rencillas. Hay que hacer mucho por la Patria. Pero San Martín ha salido por la puerta grande.

El teniente coronel San Martín recibió numerosas muestras de afecto de sus subordinados, que atestaron un álbum de firmas, y también gran cantidad de correspondencia en la que buenos —y no tan buenos— amigos de la política y de la milicia reconocían la labor desarrollada con tanto entusiasmo en medio de tantas incomprensiones y zancadillas. Su figura era entonces tan conocida en los ámbitos más politizados que surgieron decenas de comentarios en los medios de comunicación social sobre el sorprendente y al mismo tiempo esperado cese. A partir del mismo día 19 de enero la prensa nacional y los cronistas extranjeros en Madrid difundieron diversos artículos, y también se hizo eco Radio España Independiente, que entonces seguía muy de cerca los episodios del Régimen.

El 21 de enero de 1974 el teniente coronel San Martín firmaba su despedida con unas consideraciones dirigidas a toda la OCN, que comenzaban así:

En el momento en que se produce mi relevo al frente de este Servicio, deseo haceros presente que siento la inmensa satisfacción del deber cumplido. He tenido el gran privilegio de haber mandado a un núcleo de hombres excepcionales, a quienes volvería a elegir para que me ayudaran en el cumplimiento de cualquier otra misión, por delicada y difícil que ella fuera. Por encima de las incomprensiones con que hemos tropezado, la condecoración que me ha sido concedida [Gran Cruz de Isabel la Católica] es un público reconocimiento a nuestra labor callada, abnegada y eficaz. Tenemos que estar dispuestos a aceptar mayores sacrificios, si queremos que el país recupere el tono moral indispensable para que se asiente un futuro prometedor para nuestra querida España.

Y nos rogaba el apoyo generoso «al Comandante Valverde, que asume la Jefatura del Servicio por un altísimo concepto del deber y un compromiso de honor».

Así informaba el Diario de Mallorca de 21 de enero de 1974, trasladando en «Opiniones ajenas» lo que Segundo Arteche escribía días antes en Vida Nueva:

Hace unos días cesó el Teniente Coronel San Martín como Director General Jefe del Servicio de Documentación de la Presidencia del Gobierno […]. Puede que la leyenda y la verdad se entrecrucen en las actividades que se atribuyen al Servicio de San Martín. Pero ahora que está cesado no permitirá que se estropee un bastante eficaz servicio de información que montó para uso de la Presidencia […]. Empero, este servicio de Documentación no desaparece con su fundador. El cargo pasa a ocuparlo otro militar de Estado Mayor.

Incorporado a la jefatura del SECED, el comandante Valverde elevó un escrito al presidente Arias el 23 de enero de 1974 a favor de una salida digna y honrosa de San Martín. Arias presionó entonces al ministro del Ejército para evitar que el cese pudiera interpretarse como desconsideración a su persona o al servicio desempeñado. Días después (31 de enero), San Martín sería nombrado jefe del Grupo de Artillería Autopropulsado XII, con base en El Goloso. Reconoció el teniente coronel que Díez-Alegría se había interesado por que le dieran un mando de postín; algunas dificultades surgidas fueron resueltas por el general Villaescusa, jefe del Estado Mayor Central, a solicitud del propio presidente Arias. Las autoridades deseaban cerrar ese capítulo de la forma más noble posible y dar una satisfacción a un numeroso grupo de jefes y oficiales del SECED que de algún modo perdían a su más valioso protector, al creador de un órgano vital del Estado[109].

Valoración de una etapa

Carlos Pinilla había demostrado en entrevista de 30 de noviembre anterior su buen conocimiento de la existencia del SECED, y manifestaba su acuerdo y satisfacción por que tan peculiar órgano estuviese en manos de militares, lo que constituía —según él— una garantía de honestidad en la labor.

En la revista Arbor[110] se incluía, en un artículo mío sobre «Los servicios de inteligencia en la Transición», la siguiente apreciación personal:

La época «San Martín» concluiría […], terminando así cinco años de absoluta e intensa dedicación personal, suya y de sus colaboradores, a la creación de una máquina informativa, básica en el intento de apoyar eficazmente al Estado. A su tesón se debe la puesta en marcha de unos equipos, un estilo y empuje que poco tenían que envidiar a los Servicios precedentes. Pero los medios de que dispuso, las facilidades de acceso a la clase dirigente y no pocos éxitos, produjeron todo tipo de celotipias y envidias entre quienes veían que el SECED y su control se les escapaba definitivamente de las manos, en un despegue que se presumía acelerado […].

A la OCN se le achacó insidiosamente no haber detectado la preparación del atentado terrorista contra el Presidente Carrero, pues ya correspondía a la Organización el estudio y seguimiento de la subversión, que incluía obviamente a las bandas terroristas. El Servicio había dado pasos firmes en la evaluación de esa amenaza interior e incluso en la infiltración de sus estructuras; pero se trataba de una tarea recientemente asumida que requería de muchos años para alcanzar el ambicionado nivel de eficacia. Por el contrario, en algunos sectores sorprendería el acceso a la Presidencia del Gobierno de quien fuera ministro de la Gobernación en el momento del magnicidio. Tampoco sus órganos de información y seguridad habían podido evitarlo […].

Terminaba así el primer bienio del SECED, lleno de ilusión y aventura, rompiendo moldes, soñando un futuro mejor, pero —es verdad— con un crecimiento desigual en sus articulaciones y extremidades, como ocurre en todo cuerpo humano en el paso desde la niñez a la adolescencia. El Servicio entraba en otra etapa.

Con todo lo que se ha descrito hasta aquí es fácil concluir que José Ignacio San Martín resultó un hombre providencial en aquel escenario. Desde la jefatura del Estado se le llamó para una tarea nueva, compleja, arriesgada: estudiar la subversión en España y proponer remedios que no se encontraban en los departamentos ministeriales. Y al menos dar la imagen, desde el poder, de que se intentaba hacer frente a una seria amenaza al Régimen. Es cierto que se trataba tan solo de un comandante del Ejército, pero de un empuje extraordinario, de un anhelo sin medida, de un patriotismo y sentido político como pocos. Un verdadero líder de personalidad atrayente por su capacidad de superar dificultades y de contagiar entusiasmo por el porvenir. Con el apoyo de Carrero —y en último término, de Franco—, San Martín había ido logrando metas, pequeñas si se quiere, pero sucesivas y en la misma dirección, lo que empezó pronto a producir maledicencias y zancadillas, no de los enemigos del Régimen, sino de quienes ocupaban importantes responsabilidades de gobierno y de mando. La contradicción de los buenos; lo de siempre.

Qué duda cabe de que en esa etapa quinquenal de San Martín se pudieron cometer entuertos, errores, deficiencias; pero el saldo no puede ser más positivo. Se consiguió dar carácter público y oficial a una organización secreta creada para luchar contra la subversión, reorientando sus cometidos informativos a medida que iban quedando claros los objetivos de esa lucha, ya que muchas de las acciones subversivas en los campos universitarios, laboral, etc., no eran más que reivindicaciones naturales ante la inoperancia de la Administración. Así el SECED trajo aires nuevos, herramientas nuevas, posibilidades mayores de personal y material, conformando un instrumento de primera magnitud en la resolución de los asuntos más graves con que había de enfrentarse la maquinaria del Estado. Se logró un equipo compacto, sólido, movido por el mismo espíritu militar y patriótico, como requería la situación; gente de alto nivel intelectual y preparación que supo dar contenido a ese embrión de lo que acabaría siendo más adelante un sólido servicio de inteligencia de carácter nacional. San Martín dejó una estructura y un desarrollo territorial impresionantes y unas líneas de acción que no podrían abandonarse, aun con la lógica evolución posterior que requería la nueva situación nacional. Pero, a pesar de ello, la Organización CONDE, la OCN y el SECED estuvieron en trance de desaparecer a manos de quienes nunca entendieron la necesidad de tal servicio ni su vinculación directa a la cabeza del Ejecutivo.

El 10 de junio de 2004, tras la muerte del coronel José Ignacio San Martín[111], su pariente Eduardo San Martín, periodista, escribiría una necrológica en ABC que ponía de manifiesto su buen conocimiento del personaje. Merecen destacarse algunos párrafos de aquella nota, que reflejaba con exactitud la imagen que muchos conservamos de aquel «militar atípico, en muchos aspectos adelantado a lo que constituía el modelo del militar de su época […]. Hombre inteligente y con suficiente perspicacia política». Diría la necrológica de ABC que San Martín «tenía una hoja de servicios sin tacha». Y era verdad; el concepto que de él suscribían sus mandos militares no podía ser mejor: «cultura amplia, muy inteligente, acusada personalidad; jefe sobresaliente, con grandes dotes de organización y discreción, con fuerte y honrada ambición, carácter independiente, gran capacidad de iniciativa; trabajador incansable, útil para cualquier puesto por difícil y delicado que sea, cumplidor y eficaz, en quien el mando puede confiar; muy positivo, infunde siempre moral y optimismo en sus subordinados». Por su parte, Joaquín Bardavío, en el «Obituario» del diario El Mundo de 8 de junio, le calificaría de «militar honesto y severo […], inteligente y de gran capacidad organizadora, a contracorriente de la Historia y por eso arrojado a sus orillas. De honda resignación cristiana […] ha muerto en la paz que da la ausencia de rencor».

El escritor Javier Tusell nos legó estos párrafos en su libro Carrero Blanco: eminencia gris del régimen de Franco:

Es obvio que un Servicio como este le prestó una ayuda importante a Carrero desde el punto de vista informativo e incluso político […]. Los medios de oposición en general le atribuyeron un poder y un peligro considerable a este Servicio […]. Es cierto que sirvió para mantener un contacto indirecto, y mediante personas interpuestas, con la oposición moderada […]. Por otro lado, no se le puede desvincular, por supuesto, de la política general de orden público seguida en estos momentos[112].

Completa Javier Tusell ese estudio sobre el SECED añadiendo que «para el objeto del presente libro lo que nos interesa es, sin duda, el modelo de instrumento para luchar contra la subversión política que utilizó Carrero, aunque no hubiera surgido de una iniciativa suya. No solo no era un instrumento del partido único […], sino que estaba vinculado al Ejército, del que se fiaba principalmente, incluso desde el punto de vista moral». Aunque no se entiende ese «incluso», el párrafo responde a la más pura verdad, reconocida por cuantos lo vivieron.

EPÍLOGO

Hasta aquí la síntesis de lo que fue la «Primera etapa» de los servicios de inteligencia, tal como quedó titulada en el primer volumen («San Martín-Carrero») de mi tesis doctoral, defendida en 2010. Se trataba de una etapa de creación, llena de dificultades de todo tipo, que se fueron resolviendo con la ilusión propia de oficiales jóvenes, dispuestos a una entrega absoluta con tal de aportar algo más al servicio de España.

Tras la toma de posesión del nuevo presidente y su Gobierno, Carlos Arias Navarro encomendó la dirección del SECED al comandante de Infantería, diplomado de Estado Mayor, Juan Valverde Díaz, persona de su confianza en la precedente etapa en el Ayuntamiento de Madrid, que llegaba sin experiencia en los servicios de información, pero bien dotado de cualidades profesionales y morales nada comunes para enfrentarse a ese nuevo reto de su carrera. Su mandato iba a transformar el Servicio Central de Documentación, ampliándolo en recursos humanos, materiales y presupuestarios con los que resultó fácil y rápida la instalación de una nueva sede en Castellana 5, así como la necesaria expansión de sus órganos de información por todo el territorio nacional. Al mismo tiempo iría transformando la organización interna del SECED para adecuarla en lo posible a los cometidos que exigían los nuevos tiempos. Consecuencia inmediata sería el fortalecimiento de las relaciones habituales del servicio con la Presidencia y con varios departamentos ministeriales.

Por fortuna la experiencia adquirida por el SECED como formidable e indispensable instrumento del Estado permitiría en todo momento elevar al presidente Arias la información y las valoraciones de la situación que necesitaba para gobernar, aunque en ocasiones no resultasen de su complacencia. Los cinco años anteriores, de los que dejo memoria en este libro, son testimonio de lo que el SECED podía seguir aportando a la nación, a través de sus más cualificados representantes.

Junto al mantenimiento de la línea profesional informativa de la etapa anterior, al comandante Valverde iban a corresponderle otros afanes y problemas, entre ellos el estudio, la organización y la coordinación de cuanto había de conllevar, durante la presidencia de Arias Navarro, el «cumplimiento de las previsiones sucesorias», eufemismo referido a la futura muerte del jefe de Estado, Francisco Franco. Otros episodios aparecerán en los años 1974 y 1975, como los primeros intentos de reforma política con el «espíritu del 12 de febrero», la revolución de los Claveles en Portugal, la aparición pública de la clandestina Unión Militar Democrática (UMD), el cese fulminante del teniente general Díez-Alegría como jefe de Alto Estado Mayor, las enfermedades de Franco y el relevo provisional del Príncipe de España como Jefe de Estado, la Marcha Verde en el Sáhara y el fallecimiento del Generalísimo.

Después llegaría el primer Gobierno de nuestra monarquía, encomendado de nuevo a Carlos Arias, con Valverde al frente del Servicio, periodo que quedó ya recogido en mi libro anterior, Desde el corazón del CESID, editado también por Espasa-Libros en 2012.

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SIGLAS Y ABREVIATURAS

ACNP: Asociación Católica Nacional de Propagandistas

AEM: Alto Estado Mayor

AGM: Academia General Militar de Zaragoza

ANUE: Asociación Nacional de Universitarios Españoles

AOME: Agrupación Operativa de Misiones Especiales

APE: Asociaciones Profesionales de Estudiantes

ASTANO: Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.

ASU: Agrupación Socialista Universitaria

AUN: Asociación Universitaria Nacional

BBC: British Broadcasting Corporation

BFV: Servicio de Defensa de la Constitución de la República Federal Alemana

BND: Servicio Federal de Noticias de la República Federal Alemana

BOE: Boletín Oficial del Estado

CC. OO. : Comisiones Obreras

CAF: Compañía Auxiliar de Ferrocarriles

CAMPSA: Compañía Administradora del Monopolio del Petróleo, S. A.

CSB: Consejo Superior Bancario

CEE: Comunidad Económica Europea

CEPSA: Compañía Española de Petróleos, S. A.

CESEDEN: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional

CGP: Cuerpo General de Policía

CIA: Agencia Central de Inteligencia (EE. UU.)

CIDOC: Central de Información y Documentación Clasificada

CIFAS: Oficina de Coordinación Informativa de las FAS

CIMEC: Central Informativa del Ministerio de Educación y Ciencia

CNM: Consejo Nacional del Movimiento

CONDE: Sobrenombre del director de la OCN

CPD: Centro de Proceso de Datos del AEM

CRO: Centro Regional de Operaciones del Plan Udaberri

DAT: División de Apoyo Técnico

DEM: Diplomado de Estado Mayor

DGGC: Dirección General de la Guardia Civil

DGS: Dirección General de Seguridad

DINF: División de Información (SECED)

DOP: División de Operaciones (SECED)

DST: Direction de la Surveillance du Territoire

DSO: Departamento de Seguridad de Objetivos (SECED)

EA: Ejército del Aire

EMC: Estado Mayor Central (Ejército de Tierra)

EMGC: Estado Mayor de la Guardia Civil

ENAGAS: Empresa Nacional del Gas

ENCASO: Empresa Nacional Calvo-Sotelo

ENDASA: Empresa Nacional del Aluminio, S. A.

ENPETROL: Empresa Nacional del Petróleo

ENSIDESA: Empresa Nacional Siderúrgica, S. A.

ENTASA: Empresa Nacional Tarragona, S. A.

ENTURSA: Empresa Nacional de Turismo, S. A.

ERT: Explosivos Río Tinto

ETA: Euskadi Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad)

FAS: Fuerzas Armadas

FET de las JONS: Falange Española Tradicionalista

FEDISA: Federación de Estudios Independientes

FELIPE: Frente de Liberación Popular

FENOSA: Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.

FISCAT: Financiera SEAT

FLP: Frente de Liberación Popular

FNE: Frente Nacional Español

FOSBUCRAA: Fosfatos del Bu-Cráa, S. A.

FRAP: Frente Revolucionario Antifascista y Patriota

FUDE: Federación Universitaria de Estudiantes

GAP: Gabinete de Acción Psicológica

GAT: Grupo de Apoyo Técnico (SECED)

GODSA: Gabinete de Orientación y Documentación, S. A.

GOME: Grupo Operativo de Misiones Especiales

GRAPO: Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre

HUNOSA: Hulleras del Norte, S. A.

IEME: Instituto Español de Moneda Extranjera

INI: Instituto Nacional de Industria

INVECOSA: Industrias Vegetales y de Conservas, S. A.

IOS: Investors Overseas Service, Ltd

IPS: Instrucción Premilitar Superior

IRYDA: Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario

KGB: Servicio de Inteligencia del Estado (URSS)

LOE: Ley Orgánica del Estado

MATESA: Maquinaria Textil del Norte, S. A.

MEC: Ministerio de Educación y Ciencia

MIT: Ministerio de Información y Turismo

MOSSAD: Servicio de Inteligencia de Israel

NATO: Organización del Tratado del Atlántico Norte

NKVD: Narodnyi Komissariat Vnutrennik Del (URSS)

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo

OCN: Organización Contrasubversiva Nacional

OS: Organización Sindical

OSIBE: Oficina del Servicio de Información Bis del Ejército

PCE: Partido Comunista de España

PNV: Partido Nacionalista Vasco

PETRONOR: Refinería de Petróleos del Norte

PRISA: Promotora de Informaciones, S. A.

PSOE: Partido Socialista Obrero Español

PSUC: Partido Socialista Unificado de Cataluña

RCS: Red Complementaria Sindical

REPESA: Refinería de Petróleos de Escombreras, S. A.

RESIBE: Oficina Regional del Servicio de Información Bis del Ejército

REI: Sector Religioso-Intelectual (SECED)

RTVE: Radio Televisión Española

RUMASA: Empresa Ruiz Mateos, S. A.

SDECE: Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage (Francia)

SDEU: Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios

SE: Su Excelencia

SEAT: Sociedad Española de Automóviles de Turismo, S. A.

SEC: Security Exchange Commision (EE. UU.)

SECED: Servicio Central de Documentación

SED: Sector Educativo del SECED

SEIN: Servicio de Inteligencia Naval (Armada)

SEMAD: Sector Educativo de Madrid (SECED)

SERCO: Servicio de Coordinación del Ministerio de la Gobernación

SEU: Sindicato Español Universitario

SGM: Secretaría General del Movimiento

SIAEM: Servicio de Información del AEM

SID: Servizio di Informazioni del Difesa de Italia

SIP: Servicio de Información en Profundidad (SECED)

SIS: Servicio de Información Sindical

SISDE: Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica (Italia)

SISMI: Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare (Italia)

SL: Sector Laboral del SECED

TACITO: Grupo de pensamiento político

TESAM, S. L.: Tejedor/San Martín

UERT: Unión de Explosivos de Río Tinto

UGT: Unión General de Trabajadores

UOME: Unidad Operativa de Misiones Especiales

URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

USDE: Unión Social Demócrata Española

USAF: US Air Forces

VENCOSA: Equipos operativos (SECED)

ILUSTRACIONES

«A José Ignacio San Martín López con el recuerdo de su padre, a quien me ligan lazos de reconocimiento como profesor. 14 de febrero de 1963. Francisco Franco».

Dedicatoria del por entonces Príncipe de España, don Juan Carlos, a San Martín: «Para el Equipo San Martín con afecto. 1971».

Dedicatoria del almirante Carrero Blanco a José Ignacio San Martín: «Al Teniente Coronel San Martín y a su equipo con todo afecto. 9 de junio de 1973».

Imagen en la que se encuentran el comandante San Martín (derecha), que fue el primer director general del Servicio Central de Documentación (SECED), y el capitán Valverde (izquierda), que le relevaría como jefe del SECED años después.

Entrega de diplomas del Curso de Descriptación en el Alto Estado Mayor (AEM). San Martín aparece en la segunda fila, el segundo por la izquierda; Valverde está en la primera fila, el segundo por la izquierda, y el autor es el primero de pie por la izquierda. Diciembre de 1961.

Jura del vicepresidente del Gobierno, capitán general Muñoz Grandes (jefe del AEM), en presencia del jefe del Estado, generalísimo Franco, y del ministro subsecretario de la Presidencia, almirante Carrero Blanco. También se ve al ministro Lora Tamayo. 10 de julio de 1962.

Muñoz Grandes, jefe del AEM, es recibido en Barajas, a su regreso de Lisboa, por el general Díez-Alegría, jefe de la Primera Sección del AEM. Primavera de 1964.

Entierro del general Muñoz Grandes. Fue presidido por Su Alteza Real el Príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón. En el primer plano de la imagen, el capitán Peñaranda. Domingo 19 de julio de 1970.

Otra imagen del entierro. En el centro, en segundo término, el teniente general Díez-Alegría, director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN); en primer término, el vicealmirante Cervera Cabello, segundo jefe del AEM, el general Luis Martos Lalanne, jefe de la Tercera Sección del AEM, y el general de brigada Santiago y Díez de Mendívil.

Dos imágenes del teniente general Díez-Alegría, que ya era jefe del AEM, jurando su cargo como consejero del Reino en el Palacio de El Pardo (29 de julio de 1970).

Firma de ratificación de los acuerdos con Estados Unidos entre el teniente general Díez-Alegría y el general Usaf Moats en presencia del ministro de Asuntos Exteriores, López-Bravo, y el embajador norteamericano en Madrid, Robert Hill. Alto Estado Mayor, 25 de septiembre de 1970.

Convivencia de la Organización Conde. Entre otros directivos aparecen en la imagen los capitanes Pardo Zancada y Faura (de pie, cuarto y sexto por la izquierda), y Peñas Varela y Peñas Pérez (de rodillas, segundo y tercero por la izquierda). (CIEF de la Armada, domingo 13 de noviembre de 1971).

El profesor García Carbonel entrega al capitán Peñaranda el certificado del curso de Lectura Rápida en el AEM. Abril de 1972.

Tercer curso de «Lucha contra la Subversión dentro de las Fuerzas Armadas» en el AEM (mayo de 1972). El autor aparece el primero por la izquierda de rodillas junto a otros conocidos miembros de los servicios.

El teniente coronel San Martín saluda al teniente general Ricardo Arozarena en presencia del comandante Peñas Varela. Detrás, el comandante Marchante (julio de 1976).

Esta es la dedicatoria que el teniente coronel San Martín escribió en un ejemplar de su libro: «A Juan Peñaranda, con gran cariño y en recuerdo de unos años trascendentales para España, y en los que su colaboración fue “number one”, como corresponde a sus cualidades intelectuales y morales y sobre todo una forma moderna de entender la milicia.
Con un fuerte abrazo.
19 de abril de 2004».

Notas

[1] Ingresó en la Academia General Militar con la 1.ª promoción de antiguos cadetes. En 1948 se diplomó de Estado Mayor, fue destinado a la Tercera Sección del Alto Estado Mayor, de la que llegó a ser general jefe. Alcanzó el empleo de teniente general y fue director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). <<

[2] Villar Palasí nació en Valencia en 1922 y murió en Madrid en 2012. Letrado del Consejo de Estado, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense y subsecretario de Comercio con el ministro Ullastres, en su etapa de Educación y Ciencia impulsó la Ley General de Educación y Funcionamiento de la Reforma Educativa y creó la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). En 1971 unió a su cargo ministerial el de presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). <<

[3] Los días 5 y 6 de junio de 1962 la capital bávara acogió el IV Congreso del Movimiento Europeo, al que acudieron 118 políticos españoles de casi todas las organizaciones de oposición al franquismo, tanto del interior como del exterior: monárquicos, republicanos, liberales, democristianos, socialdemócratas, socialistas y nacionalistas vascos y catalanes, entre ellos Álvarez de Miranda, Cavero, Gil Robles, Llopis, Miralles, Ridruejo, Satrústegui, Vidal Beneyto, etc. A la mayoría se les hizo elegir, a su regreso a España, entre el exilio y el confinamiento. <<

[4] Había nacido en París en 1930 y se casó con la princesa Irene de Holanda. <<

[5] Ricardo de la Cierva, La Historia se confiesa, tomo VII, pág. 26. <<

[6] Personaje de gran inteligencia y extraordinario olfato en asuntos de información, fue el octavo jefe de la Tercera Sección y el que se mantuvo al frente de ella por más tiempo: once años, desde 1959 —siendo todavía coronel— hasta octubre de 1970, momento en que cesó, ya como general de división, al tomar el teniente general Díez-Alegría el mando del AEM. <<

[7] José Ignacio San Martín, hijo de coronel de infantería, nació en San Sebastián el 26 de junio de 1924. Fue número dos (artillería) de la 1.ª promoción de la Academia General Militar. Profesor mercantil, obtuvo la licenciatura en Ciencias Económicas en Madrid y en Políticas en París; era, además, diplomado de Estado Mayor del Ejército, de Guerra Naval y de la Escuela de Guerra francesa. <<

[8] Carlos Cortezo Martínez-Junquera llegó a ser jefe de los servicios de información del Ejército. Siendo general de división (Artillería, DEM), murió en accidente de carretera en las proximidades de Alcalá de Henares el 2 de septiembre de 1991. <<

[9] Nombre completo del guardia civil que ejercía como conductor de San Martín y que continuó en esa función con los sucesivos directores del Servicio. <<

[10] Número uno de la 8.ª promoción de Caballería, diplomado de Estado Mayor y economista por la Universidad de Madrid, pronto aceptaría el puesto de secretario general en el futuro SECED e incluso en la primera fase del CESID, junto al general Bourgón. Acabaría su vida militar activa, ya general de división, como director de Abastecimiento y Mantenimiento, y posteriormente como teniente general jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército. <<

[11] Federico Quintero Morente, comandante de Caballería, era diplomado de Estado Mayor y graduado en Fort Bragg (Carolina del Norte) en Operaciones contra Insurgencia en 1963 y Operaciones Psicológicas en 1966. Tras los años de su comisión de servicio en el Gabinete de Enlace del MEC, volvió en abril de 1971 al EMC del Ejército, y pasó después a la Secretaría Militar y Técnica del ministro. El 14 de enero de 1972 fue nombrado jefe superior de Policía de Madrid, cargo que ocupó hasta septiembre de 1976. Años más tarde fue agregado militar y de defensa en las embajadas de España en Turquía, Irán y Pakistán. <<

[12] José Ramón Pardo de Santayana y Coloma era capitán de Artillería, DEM y estaba destinado en la Segunda Sección del EMC, que mandaba entonces el teniente coronel José M.ª Sáenz de Tejada (años después JEME) y en la que trabajaban varios capitanes, (entre ellos Emilio Alonso Manglano, que llegaría a ser director del CESID más adelante). Fue general jefe del Estado Mayor Conjunto y acabó su carrera militar como teniente general representante militar español en la OTAN. <<

[13] El 15 de enero de 1969 se aprobó la constitución de un fondo de 10 millones de pesetas para atender a las necesidades de la organización. Al año siguiente se lograrían 15 millones con mayor normalidad, y en 1971, 24 millones, aunque distribuidos en diferentes partidas presupuestarias. En este ejercicio ya se iniciaría la regulación financiera de la organización a través de un suplemento de crédito con cargo a Gobernación. En el año 1973, la cifra presupuestaria alcanzaba los 70 millones de pesetas, sin contar sueldos de personal. Como se ve, cantidades muy superiores a las del inicio de la Organización CONDE, pero en cualquier caso ridículas recordadas hoy, lo que da idea de la estrechez y austeridad con la que se movía el servicio en aquella época. Afortunadamente, después se regularía la financiación en Presidencia del Gobierno y desaparecería el angustioso problema de los años del despegue. <<

[14] Laureano López Rodó, La larga marcha hacia la monarquía, Noguer, Barcelona, 1977, págs. 303-305. <<

[15] Cita el profesor y miembro de la Real Academia de la Historia Luis Suárez que Carrero entregó al Generalísimo en enero de 1969 un texto en el que se atribuía a tres causas la subversión existente: «la inmoralidad en los medios de comunicación, el cambio en la Iglesia y la infiltración marxista en la Universidad». Caben pocas dudas de que parte de aquel texto se basara en el informe del «equipo San Martín». <<

[16] Sería ascendido a general de brigada honorífico el 26 de junio de 1977. <<

[17] Se le encomendó la colaboración con el diplomático Joaquín Gutiérrez Cano, quien más adelante sería embajador en Japón y ministro de Planificación del Desarrollo. Valentín-Gamazo sería pronto uno de los primeros directivos civiles de la Organización CONDE y, después, delegado nacional de la Juventud. <<

[18] El capitán de Artillería DEM, Leandro Peñas Varela, era licenciado en Derecho y se encontraba a punto de obtener la licenciatura de Ciencias Políticas. Hombre de permanente iniciativa y gran capacidad para la organización y las relaciones, poseía, además, amplios conocimientos de idiomas. Fue pronto secretario general y adjunto al director San Martín en el SECED. Más adelante fue nombrado secretario general técnico del Ministerio de Planificación. Murió en 1987 como consecuencia de un accidente de automóvil ocurrido el 1 de agosto de 1985, al regreso de su destino en Londres como coronel agregado militar. <<

[19] Fue jefe del Sector Laboral de la División de Operaciones y director del SECED. Acabó su vida militar activa como capitán general de la Cuarta Región Militar. Después dedicó años a escribir sobre la Guerra de la Independencia y a pronunciar conferencias de Historia en diversos foros. <<

[20] Javier Tusell Gómez, Carrero Blanco: eminencia gris del régimen de Franco, Temas de Hoy, Madrid, 1993, pág. 77. <<

[21] Alfonso Armada Comyn, Al servicio de la Corona, Planeta, Barcelona, 1983, pág. 127. <<

[22] La Razón, 12 de marzo de 2014. <<

[23] López Rodó dedicó casi setecientas páginas a recoger infinidad de testimonios sobre la cuestión en La larga marcha hacia la monarquía, uno de los libros indispensables para conocer con rigor y veracidad los innumerables obstáculos salvados hasta llegar al verano de 1969. José M.ª García Escudero, general auditor del Ejército del Aire, letrado de las Cortes, periodista y escritor, aporta también innumerables documentos. <<

[24] El caso MATESA sería explicado en detalle por Mariano Navarro Rubio en las páginas de ABC en 1988 (25 y 28 de marzo y 4 de abril). Laureano López Rodó cuenta en su libro La larga marcha hacia la monarquía (págs. 403-04) que el día 30 de junio se leyó a puerta cerrada, ante el Pleno de las Cortes, el informe de la comisión sobre el asunto MATESA: «Es quizá el momento de máxima presión por parte de diversos grupos políticos para desmontar el Gobierno. […] La politización extremada desagradó al Jefe del Estado y de ahí que Franco resistiese impertérrito a cuantas presiones se hicieron contra el nuevo Gobierno, que apenas tenía ocho meses de vida». <<

[25] Vicente Roa, Apoteosis y ocaso del franquismo, Sedmay Ediciones, Madrid, 1976. <<

[26] Laureano López Rodó, Memorias, Plaza y Janés, Barcelona, 1990, tomo I, pág. 91. <<

[27] Completaban el Gobierno: Allende en Agricultura, Salvador en Aire, López-Bravo en Asuntos Exteriores, Fontana en Comercio, López de Letona en Industria, Baturone en Marina, De la Fuente en Trabajo, García Ramal en Sindicatos y Mortes en Vivienda. <<

[28] Ramón Garriga, Los validos de Franco, Planeta, Barcelona, 1981. <<

[29] Pilar Urbano, El precio del trono, Planeta, Barcelona, 2011. <<

[30] Francisco Medina, Memoria oculta del Ejército, Espasa Calpe, Madrid, 2005, pág. 44. <<

[31] Manuel Cerdán y Antonio Rubio, Lobo: un topo en las entrañas de ETA, Plaza & Janés, Barcelona, 2003. <<

[32] Juan Pablo Fusi, Franco, autoritarismo y poder personal, El País, Madrid, 1985, pág. 199. <<

[33] Miguel Platón, Hablan los militares, Planeta, Barcelona, 2001, pág. 542. <<

[34] Varios de ellos se habían reunido por primera vez el 20 de noviembre de 1968 para tratar de asuntos relacionados con la Universidad y el orden público. <<

[35] José Ignacio San Martín, Servicio especial. A las órdenes de Carrero Blanco, Planeta, Barcelona, 1983, pág. 38. <<

[36] Origen, función y control de los servicios de inteligencia en España, pág. 235. <<

[37] Armando Marchante Gil había trabajado como capitán con el comandante Eduardo Blanco en la Dirección General de Seguridad en asuntos de información, y fue después, entre 1966 y 1969, secretario técnico de la Agregaduría Militar en Roma. Se incorporó a la Organización CONDE, a media jornada, en la primavera de 1971, con autorización del jefe del Negociado de Agregados de aquella Segunda Sección, el teniente coronel Sáenz de Tejada. Pertenece a la 3.ª promoción de la AGM, que dio a ese desconocido mundo de la inteligencia otros ilustres miembros, como los tenientes generales José Ramón Pardo de Santayana y Emilio Alonso Manglano, y el general Juan Valverde Díaz. <<

[38] De él me confesaba San Martín años después que era merecedor de la laureada que mencionaba en su Servicio especial, un gran directivo que hacía «conducción valiente y arriesgada» en Vascongadas y que allí se jugó el tipo. <<

[39] En el Ejército de Tierra el diploma de Estado Mayor, cuyo exponente más visible era la faja de color azul, se obtenía con el empleo de capitán como mínimo, tras un examen de oposición, tres cursos lectivos de un año cada uno y un año de prácticas en los tres Ejércitos. <<

[40] Hijo del coronel defensor del cuartel de Simancas (Gijón) durante la Guerra Civil. En los años ochenta fue general director de la Academia General Militar de Zaragoza y al ascender a divisionario se le encomendó el Gobierno Militar de Vizcaya, pasando después voluntariamente a la situación de reserva para dedicarse a tareas apostólicas y a la formación integral y desarrollo cultural de los jóvenes. <<

[41] El libro Militares contra Franco, de Javier Fernández López, proporciona numerosos nombres de antiguos componentes de FORJA. <<

[42] Juan Pablo Fusi y Raymond Carr, España: de la dictadura a la democracia, Planeta, Barcelona, 1983, págs. 194 y sig. <<

[43] Laureano López Rodó, La larga marcha hacia la Monarquía, anexo 70, pág. 652. <<

[44] A Roma fue comisionado el teniente coronel de Ingenieros DEM Fernando Gautier; a Múnich, el teniente coronel de Infantería DEM Manuel Vallespín (ambos con la cobertura de agregados de Documentación y Estadística), y, a Lisboa, el capitán de Infantería DEM Luis Oliver Buhigas, inicialmente por vía clandestina. (Los dos primeros llegaron a ser capitanes generales de Sevilla y Valencia, respectivamente; el tercero, general jefe de la División Mecanizada Maestrazgo n.º 3). <<

[45] Yo estaba destinado en el Negociado Técnico de la Tercera Sección desde nueve años antes, según la orden ministerial siguiente: «Por necesidades del servicio y dada su especialidad en criptografía, pasa destinado al Alto Estado Mayor, para continuar sus prácticas reglamentarias, el capitán de Ingenieros, del Servicio de Estado Mayor […]. Madrid, 19 de enero de 1962. Barroso. (D. O. n.º 16 de 21 de enero). <<

[46] Origen, función y control de los servicios de inteligencia en España, propuesta en 2003 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, pág. 224. <<

[47] José Ignacio San Martín, op. cit., pág. 66. <<

[48] Antonio M. Díaz, Los servicios de inteligencia españoles desde la Guerra Civil hasta el 11-M, Alianza, Madrid, 2005, págs. 500 y sigs., anexo 8. <<

[49] Al final de aquella primavera de 1972 se me encomendaría hacerme cargo de esta Sección. <<

[50] Consejo Superior de Investigaciones Científicas, enero de 2005. <<

[51] Ricardo de la Cierva, La historia del franquismo. Aislamiento, transformación, agonía, Planeta, 1978. <<

[52] Marchante era de la 3.ª promoción de la Academia General Militar, los otros dos de la 4.ª y Peñas de la 8.ª. <<

[53] Fue JEME en los últimos años ochenta. <<

[54] Joaquín Bardavío, Pilar Cernuda y Fernando Jáuregui, Servicios secretos, Plaza & Janés, Barcelona, 2000, pág. 97. <<

[55] Acompañaban al teniente general jefe el segundo jefe, general de división del Ejército del Aire Martínez Vara del Rey; el jefe de la Primera Sección, general de división Gutiérrez Mellado; el de la Tercera, general del Ejército del Aire Dolz de Espejo; el de la Sección de Movilización, general Tafur; el de la Sección de Personal, coronel Rupérez, y el secretario general, capitán de navío Rubalcaba. Había excusado su asistencia el jefe de la Segunda Sección, contraalmirante Golmayo, por fallecimiento de un familiar. Acompañaba al director general del SECED el equipo de directivos que habría de intervenir, todos diplomados de Estado Mayor: los comandantes Eutimio Hernández, Ramón del Valle, Francisco González Torres, Armando Marchante y Joaquín Villalba, los capitanes Eduardo Fuentes, Leandro Peñas y yo como oficial de enlace con el AEM. <<

[56] De la 16.º promoción (Ingenieros), paracaidista, diplomado en Operaciones Especiales y de Estado Mayor en España y en EE. UU. Fue coronel agregado militar en Londres, general jefe del EUROFOR (Florencia), del Eurogrupo (Estrasburgo), y teniente general jefe de la Fuerza de Maniobra (Valencia). <<

[57] La portada del libro de San Martín, Servicio especial, ofrece la fotografía de un documento del 23 de septiembre de 1973 sobre este asunto, si bien el sello rojo de «reservado» no se corresponde con los que usaba el SECED. <<

[58] Era subdirector de Patrimonio en el Instituto de Historia y Cultura Militar, tras terminar su vida activa como general director de la Academia de Artillería. <<

[59] Pilar Urbano, Yo entré en el CESID, Plaza & Janés, Barcelona, 1997, pág. 134. <<

[60] Alfredo Grimaldos, La CIA en España, Debate, Barcelona, 2006, pág. 27. <<

[61] Vicente Almenara, Los servicios de inteligencia en España, Arcopress, Córdoba, 2010, pág. 84. <<

[62] Ernesto Villar, Todos quieren matar a Carrero, Libros Libres, Madrid, 2011, pág. 64. <<

[63] Doctor ingeniero industrial, director general de Energía y Combustibles, y presidente del INI en la etapa de López-Bravo. Era considerado una de las cabezas «energéticas» más claras de Europa y la primera autoridad española en ese campo. <<

[64] Anterior director general de Industrias Químicas, director del CEPSA y presidente de Hispanoil, hombre de profunda formación petrolera y de gran valía en las relaciones internacionales. <<

[65] Antonio Barrera de Irimo (presidente de Telefónica), Javier Benjumea (consejero del Banco Urquijo), Leopoldo Calvo-Sotelo (consejero-director general de Explosivos Río Tinto), Julio Calleja (presidente de Liga Financiera), Francisco José Fernández Ordóñez (secretario general técnico de Hacienda), Francisco Lozano (presidente de Renfe), José Lladó (director general de Industrias Químicas y de la Construcción), Carlos Mendoza (presidente de la Compañía Sevillana de Electricidad), Virgilio Oñate (subsecretario de Agricultura), Carlos Pérez Bricio (director general de Industrias Siderometalúrgicas y Navales), Miguel Salís (comisario adjunto del Plan de Desarrollo) y Juan Ignacio Trillo (consejero-director general de Altos Hornos del Mediterráneo). Los tres vizcaínos eran Pedro Arístegui (presidente de la Diputación de Vizcaya), Álvaro Delclaux (presidente de la Junta del Puerto de Bilbao) y Fernando de Ibarra (director general de Administración Local). <<

[66] José Ignacio García-Lomas, Juan Miguel Villar Mir, Antonio Basagoiti, Gregorio López-Bravo, Augusto Gutiérrez Robles, Antonio Martínez Cattáneo, Juan Rovira Tarazona, Joaquín García Chamorro, Ignacio Urquijo, Álvaro Muñoz, Julio Calleja, Santiago Foncillas, etc. <<

[67] Gonzalo Lacalle Leloup había combatido en la Guerra Civil, como requeté, en la IV Brigada Navarra; después fue alcalde de Vitoria y subgobernador del Banco de España (dos años como titular, por no haberse cubierto tal vacante) y en esas fechas era consejero de Iberduero, Sarrió-Papelera de Leiza y otras empresas. Era abogado del Estado. <<

[68] Banco Industrial del Mediterráneo, Banco de Promoción Industrial (PROMOBANC), Banco de Expansión Industrial (BANCODEX), Banco de Financiación del Desarrollo, Banco Comercial Español, Banco Financiero, Banco Industrial de Tarragona, Banco Provincial Español, Banco del Trabajo, Liga-Banco Industrial y Nuevo Banco. <<

[69] Súbdito francés, de origen alemán, residente en España desde hacía más de quince años. Era sobrino carnal del secretario del Tesoro con Eisenhower; judío de religión y financiero de profesión. <<

[70] Súbdito norteamericano de origen polaco, residente en España desde hacía unos diez años y dedicado a negocios internacionales junto con Mayer, Max Mazin y otros miembros de la comunidad judía madrileña. <<

[71] Security Exchange Commission, organismo federal que regula la actividad de las Bolsas y negocios monetarios de los Estados Unidos. <<

[72] En 1969 el AEM había elevado un estudio sobre la fusión de todos los intereses y participaciones nacionales en los negocios petroleros en forma de una Dirección General de Organismos del Petróleo, incardinada en la Presidencia del Gobierno, desde la que impartir directrices al sector. Ahora el INI perseguía un fin parecido, aunque buscando integrarlo todo en el instituto. <<

[73] Era miembro de la ponencia interministerial sobre el petróleo. Ocupaba las tardes en colaborar con el Gabinete de Estudios Económicos de CAMPSA, lo que le permitía ampliar sus contactos oficiales y entrar en conocimiento de detalle del mundo petrolero. <<

[74] Ingeniero de la Armada, retirado voluntariamente desde hacía quince o veinte años para trabajar en el ámbito del INI. Era yerno del exministro Suanzes. <<

[75] Nació en Haro (Logroño), en 1918. Requeté voluntario en 1937; en la campaña de Rusia, oficial provisional y teniente de artillería. Licenciado en Derecho (1952), director general del Tesoro, Deuda y Clases Pasivas (1958) y subsecretario del Tesoro y Gastos Públicos en el Ministerio de Hacienda (1959-1963). Presidente del Banco de Crédito a la Construcción hasta su destino al EMC en 1968. Presidió la EN Calatrava y fue general jefe de Artillería de Canarias (1975), jefe de Logística de la Dirección de Organización y Campaña del EMC (1976), jefe de la División de Montaña Navarra y del Gobierno Militar de Pamplona (1978), secretario general de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa (1980-1981) y capitán general de la Séptima Región Militar (Valladolid). Su último destino en activo fue el de presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, desde enero de 1982 hasta su pase al Segundo Grupo dos años después. <<

[76] Mariano Navarro Rubio (Mis memorias, Plaza & Janés, Barcelona, 1991) hace una docena de referencias a Álvaro Lacalle, al que nombró presidente del Banco de Crédito a la Construcción y propuso a Franco que le relevara al frente del Ministerio de Hacienda. <<

[77] Ligado a actividades comunistas, había sido encarcelado cinco años por el director general de Seguridad, Arias Navarro. Luego trabajó en CEPSA y entonces dirigía el magnífico Servicio de Estudios Económicos de CAMPSA. <<

[78] Era abogado del Estado y procurador familiar por Segovia; había sido secretario general técnico en Obras Públicas bajo el mandato de Silva Muñoz, con quien seguía colaborando. Años después ocuparía con Arias Navarro la Subsecretaría de Comercio y, más adelante, sería ministro de Información y Turismo en un Gobierno de Adolfo Suárez. <<

[79] «Tácito» hacía referencia al historiador latino Publio Cornelio Tácito. Se trataba de un grupo heterogéneo de personas con vocación política de servicio, que, en su presentación en Madrid, divulgó un famoso manifiesto de doce puntos en los que fundamentaría su ideario político. Era la última hornada de la ACNP. El primer artículo apareció el 23 de junio de 1973 en el Ya bajo el título «Declaraciones-Propósitos-Realizaciones» y fue difundido en diversos periódicos provinciales de la Editorial Católica. Aparecieron otros todos los viernes a lo largo de tres años. <<

[80] Abelardo Algora Marco presidió la ACNP entre los años 1965 y 1985. Fue promotor del grupo Tácito, con reconocida clarividencia y capacidad de convocatoria. <<

[81] Revista mensual aparecida en octubre de 1963, promovida y auspiciada por Joaquín Ruiz Giménez, junto con algunos de sus seguidores y discípulos (Peces Barba, Camuñas, Rupérez, Juan Luis Cebrián…), a los que pronto se sumaría Pedro Altares, columna vertebral de la publicación. Con una tirada de unos 20.000 ejemplares, resultó más política que cultural y poco complaciente con el Régimen, lidiando con la censura sin desánimo. Paradójicamente, desapareció en octubre de 1978, en vísperas de la aprobación de la Constitución. <<

[82] Por aquellas fechas, ingeniero-director de Talgo, S. A. y dueño de la mayoría de las acciones de Europa Press. <<

[83] Asturiano, educado en Cataluña, brillante alumno de los jesuitas, abogado y periodista. Su abuelo había sido asesinado en Asturias al inicio de la Guerra Civil. <<

[84] Ferrolano (1901). Se incorporó durante la Guerra Civil al Cuartel General en Burgos; después presentaría a Franco al capitán de corbeta Luis Carrero Blanco. Fue ayudante de S. E. el Generalísimo, presidente-delegado del Instituto Social de la Marina, director de la Escuela Naval Militar, agregado naval a la Embajada de España en Londres (1953-56), jefe del Estado Mayor de la Flota y segundo jefe de la Casa Militar (1962). <<

[85] Ya el 18 de enero de 1974 el propio general me daría copia de la causa que se le abrió en la Escuela de Estado Mayor en 1941 por su supuesta relación con la masonería, y que fue sobreseída por orden de Franco. En octubre de 1977 el almirante Fontán me facilitó el dosier Gabaldón y otros documentos originales del mayor interés, de los que firmé el preceptivo recibo hasta proceder a su fotocopia en el SECED. El coronel Fernando Puell de la Villa, doctor en Historia, aportó en su libro Gutiérrez Mellado algunos documentos que le facilité para su trabajo biográfico. <<

[86] Abogado con buen bufete en Madrid, dedicaba su mayor tiempo y atención a fomentar relaciones sociales de alto nivel. Ya estaba en la agencia antes de la incorporación de Asís Martín cuatro años antes. En su entorno se le consideraba agnóstico. <<

[87] Era el director profesional de la agencia. Mantenía contacto diario con los directores de los periódicos y con altos cargos de la Administración. Asís Martín decía que Fraga, que no hacía buenas migas con Herrero, le consideraba el mejor del gremio y uno de los más selectos del periodismo. Antes había trabajado en EFE durante veinte años. <<

[88] El general Marchante, en la revista Razón Española (n.º 174, julio-agosto 2012), nos deja su recuerdo de este almuerzo, que cree se celebró en José Luis, aunque fue en Nuevo Valentín, según consta en la reseña de varios folios que hicimos a continuación, como estaba ordenado. No cita que hablásemos de otro tema que el eurocomunismo y comenta en sus páginas 55 y 56 lo siguiente: «Tuve la ocasión de protagonizar uno de aquellos almuerzos […]. Cuando la conversación estaba en el momento que más me interesaba, Armero abordó la cuestión de nuestras delegaciones en el exterior y, ante mi asombro, Peñaranda empezó a desgranar una relación de las existentes, a pesar de los pisotones que yo le propinaba bajo la mesa […]. Al regresar di cuenta a San Martín de todo lo tratado […], y le rogué que, si me volvía a encomendar una cuestión parecida, lo hiciese sin añadirme compañía alguna. No hubo más». Jamás hubo en aquella etapa delegaciones del servicio en el exterior, pero así se escribe la historia. Por otra parte, en tanto no se organizase en el servicio una oficina de relaciones con los medios de comunicación, el enlace con Europa Press continuaría estableciéndose a través de Marchante y de mí mismo. <<

[89] Herrero era el candidato de Carrero, pero Girón había exigido una cartera para Ruiz Jarabo. <<

[90] Impuesto por Franco frente a Liñán, candidato del almirante. <<

[91] Además de los miembros ya citados del nuevo Gobierno, se incorporaron Cotorruelo (Comercio), García del Ramal (Sindicatos) y Utrera Molina (Vivienda), preservando sus cargos Allende (Agricultura), López de Letona (Industria), Fernández de la Mora (Obras Públicas) y De la Fuente (Trabajo). <<

[92] Comisionado en el SECED, fue jefe del Gabinete de Enlace en el Ministerio de Información y Turismo. En agosto de 1973 abandonó el Servicio por discrepancias con San Martín. Más adelante fue coronel agregado militar en Bonn y acabaría su carrera como general director del Servicio Histórico Militar y Museo del Ejército. <<

[93] Joaquín Bardavío, La crisis. Historia de quince días, Sedmay, Madrid, 1974, págs. 19 y sigs. <<

[94] El general de Infantería DEM José Armada Sarria me hacía saber el primero de abril de 2008 que, tiempo antes del asesinato del almirante, San Martín había encargado a los equipos especialistas de VENCOSA protegerle en sus movimientos, por sospecharse que algunos etarras intentaban atentar contra él en Madrid. Algunos de los componentes de ese grupo operativo le acompañaron un día a misa en los Jesuitas de Serrano, pero se les ordenó concluir el servicio de protección. Armada era por entonces uno de sus directivos. Después se consideró que San Martín sería un próximo objetivo de la banda terrorista y aquellos equipos extremaron su contravigilancia. <<

[95] El general Armando Marchante relata en Razón Española (n.º 174, julio-agosto de 2012, pág. 57) que «hacia febrero de 1973 llegó a mi poder una noticia de fuente absolutamente segura, según la cual ETA había solicitado al Comité Central del PCE apoyo logístico para un atentado en Madrid contra una alta personalidad del Estado […]. Pues bien, nunca he sabido el destino de mi nota». No cita a quién la elevó, aunque estaba destinado en la Segunda Sección del Estado Mayor del Ejército. Sin embargo, me haría saber el 26 de mayo de 2004 que meses antes del asesinato del almirante Carrero cursó aviso al SECED sobre un posible atentado de ETA en Madrid contra una primera autoridad. Y me añadía: «por ahí andará el escrito que envié. ¡Búscalo!». No apareció. <<

[96] San Martín haría un comentario personal, ya en 1983: «En fin, Dios quiso llevarse a un caballero sin miedo y sin tacha y a un patriota ejemplar, a quien no se le ha rendido justicia. Carrero Blanco ha sido el gran olvidado de la reciente historia de España». <<

[97] En el original de la crónica de Madrid, redactada el día 26, los «funcionarios» que cita Apostua eran «Junior officers of Col. San Martín». <<

[98] En 2003 el sumario por la muerte de Carrero dejó de ser secreto. Son 3.000 páginas en cinco tomos, con declaraciones de 162 personas. <<

[99] Monzón había estado destinado con San Martín años antes en el Subnegociado de Contraespionaje de la Tercera Sección (Información) del Alto Estado Mayor, hasta que en 1969 fue trasladado a la Segunda (Económica), donde trabajó en asuntos del petróleo, fundamentalmente. <<

[100] Esas operaciones se diseñaron bajo la presidencia de Arias Navarro, sin que existiera el menor esbozo anterior y mucho menos de la mano de la CIA, el Pentágono o la Secretaría de Estado norteamericana, organismos con los que el SECED no tuvo el menor contacto. Así que resulta igualmente descabellada la alusión (pág. 24) de que «la transición se maneja en todo momento desde Washington […] para que la actualización del franquismo no se desborde». <<

[101] Unos meses después del magnicidio, Ruedo Ibérico publicaba la Operación Ogro. Cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco, libro en el que Julen Aguirre describe numerosos detalles de la preparación y ejecución del asesinato. Inicia el prefacio diciendo que: «Lo que sigue es un documento verdaderamente excepcional». Y no le faltaba razón, tristemente. <<

[102] Carlos Estévez y Francisco Mármol, Carrero, las razones ocultas de un asesinato, Temas de Hoy, Madrid, 1998. <<

[103] Telegrama circular a jefes de zonas, tercios, comandancias territoriales y móviles, Agrupación de Tráfico…: «Extremen al máximo la vigilancia […]. Caso de existir choque o tener que realizar acción contra cualquier elemento subversivo o alterador del orden, deberá actuarse enérgicamente sin restringir ni en lo más mínimo el empleo de sus armas». Una hora después Arias (ministro de la Gobernación) y Pita da Veiga (ministro de Marina) le conminaban a Iniesta en Presidencia del Gobierno, junto al velatorio de Carrero Blanco, a que anulara inmediatamente la circular, con el argumento de que se había excedido en sus funciones. Sorprendentemente —según Villar— el telegrama no había llegado a entrar en vigor; el general Sáez de Santamaría (jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil) lo había guardado (como declaró dos décadas después a El Periódico de Catalunya). <<

[104] Rafael Pérez Escolar, Memorias, Foca, Madrid, 2005. <<

[105] Cito algunas de las que hoy me atraen más la atención y que dan la medida de las personas con las que se pretendía contar: 1. Defensa: Alonso Baquer. 2. Asuntos Exteriores: Robles Piquer, Fernando Morán, Gabriel Cañadas, Puente Ojea, Muñoz Peirat. 3. Ordenamiento jurídico: Martínez Esteruelas, García Enterría, Rodrigo Uría. 4. Administración nacional: Antonio Carro, José Manuel Beiras. 5. Medio ambiente y ordenación del territorio: Lasuén, Romay Beccaría, Javier Carvajal. 6. Educación, cultura y comunicación: Carlos Mendo, Carlos Otero. 7. Sistema laboral: González Seara, González Páramo, Fernando Suárez. 8. Sanidad y Seguridad Social: Rof Carballo, Primitivo de la Quintana, Andrés Suárez. 9. Economía y finanzas: García Añoveros, Fernández Ordóñez, Martínez Cortiña. 10. Desarrollo agrario: Ballarín Marcial, Martín Sanz. 11. Desarrollo industrial: Boyer, Castañé, Amusategui. 12. Desarrollo turístico: Arespacochaga, Meliá, Aguinaga. <<

[106] Décimo hermano de una familia militar, monárquica, norteña, austera; su padre fue asesinado en zona roja durante la guerra; un hermano teniente murió en Ifni en 1957; era sobrino del teniente general Sáenz de Buruaga y fue miembro del Frente de Juventudes hasta los dieciocho años. Después empezó a trabajar en el Instituto de Cultura Hispánica bajo la dirección de Ruiz-Giménez y Sánchez Bella. Pérez Embid le llevó al Ministerio de Información, donde conoció a Fraga, Cabanillas y Robles Piquer, hasta que, con veinticinco años, se lanzó al sector privado con Pemán en la editorial Escelicer. Años después se estableció por su cuenta en el negocio de los libros de texto. <<

[107] Le Figaro se hacía eco de los contactos de directivos del SECED con personalidades de distintas tendencias políticas y citaba algún encuentro con Tierno Galván. <<

[108] Gutiérrez Mellado había convocado fechas antes al comandante Cassinello, destinado en el CESEDEN. La larga duración del encuentro —casi tres horas— dio lugar en el AEM a muchas cábalas, entre ellas su nombramiento como director del SECED. <<

[109] Entre las numerosas condecoraciones de San Martín figuran la Gran Cruz de Isabel la Católica, la Cruz con Placa de San Hermenegildo, las encomiendas de Cisneros y del Yugo y las Flechas, y la Legión de Honor francesa. <<

[110] Consejo Superior de Investigaciones Científicas, enero de 2005. <<

[111] Falleció el 6 de junio de 2004. <<

[112] Una suposición gratuita, pues tales cometidos eran de la exclusiva competencia del Ministerio de la Gobernación. Acaso le llevara a error a Tusell el hecho de que la Organización Contrasubversiva Nacional estuviese incardinada en este departamento durante dos años bajo el denominado Gabinete de Enlace del Ministerio de la Gobernación, y que desde él se llevasen operaciones como el Plan Udaberri para el País Vasco. <<