Muy pocos saben cuál fue el papel real desempeñado por los Servicios Secretos en España desde la muerte de Franco hasta el 23-F. Su actividad fue crucial en acontecimientos clave de nuestra historia reciente. Solo algunos de quienes fueron actores principales en La Casa durante esos años pueden contarlo. El general Peñaranda es uno de ellos. Hoy, con el mayor rigor documental e histórico, nos ofrece la verdad que ha permanecido callada durante años. Sin retoques.

Como destacado miembro de La Casa, el autor nos desvela información de primera mano e inédita sobre episodios tan relevantes como el ascenso al poder de Adolfo Suárez, el referéndum para la Reforma Política, la legalización del Partido Comunista, la creación del CESID, la elaboración de la Constitución de 1978 o los procesos de negociación con ETA. Una obra necesaria para todos los que quieren saber.

Juan María De Peñaranda

Desde el corazón del CESID

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Titivillus 07.01.2019

Título original: Desde el corazón del CESID

Juan María De Peñaranda, 2012

Ilustraciones interiores proporcionadas por el autor

Diseño de cubierta: más!gráfica, 2012

Editor digital: Titivillus

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A tantos compañeros que en aquellos años dedicaron lo mejor de su juventud a los afanes de la información en los servicios de la Presidencia del Gobierno.

Y a quienes les siguieron después con idéntico espíritu, ilusión y entrega en esa ignorada labor indispensable de apoyo a los órganos superiores del Estado, sin otra intención que contribuir al bien de España.

EL AUTOR

PRÓLOGO

Tu libro, Juan, me aviva el recuerdo. Una tarde, a finales de 1968, me llamó mi amigo Quintero y me dijo: «¿Quieres hacer algo por España?». Dije que sí, sin saber de qué se trataba, y de este modo me incorporé a la Organización Contrasubversiva Nacional (OCN), recién creada, para verme envuelto en las tareas que tú relatas.

1968 fue un año difícil. Al Mayo francés hay que añadir el trágico final de la «Primavera de Praga» que relatara Delibes y, en España, el primer asesinato de un guardia civil (Pardines) por la banda terrorista ETA. Había de saberse el «qué», «quién» y «por qué». Llegar a conocer los hechos, sus autores y las razones ocultas que motivaron o hicieron posible esos hechos.

Como en un Jano bifronte para mirar hacia afuera, a la imagen del «perturbador externo», que aparece agigantado en el Manifiesto de Marx, y a las razones internas, a las disfunciones del sistema político en el que estábamos insertados, nos pesaba el «Qué Hacer» de Lenin al análisis de las condiciones objetivas y subjetivas de cualquier pretendida revolución o revuelta: la existencia del grupo decidido a acometerla y la de una situación general que la propiciara.

Éramos testigos de la descomposición creciente del régimen de Franco. Leales a su Gobierno, aunque discrepáramos de muchas de sus decisiones y nos azorara la distancia entre lo que se enunciaba y la realidad que palpábamos. También deseosos de otro horizonte y a la vez conscientes de que a nosotros no nos correspondía promover el cambio que intuíamos.

Seguíamos con la tesis del «perturbador»: el conjunto de comunistas, separatistas y terroristas, objeto de nuestras investigaciones, cuya huella era visible en todas las alteraciones de la pacífica convivencia en las áreas laboral, estudiantil e incluso eclesiástica.

Me fui distanciando poco a poco de las ideas de mi jefe del Servicio Central de Documentación (SECED), el organismo en que se había transformado la OCN, y acabé rompiendo por un tema menor. Me marché al Centro de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), a su Instituto de Estudios Estratégicos. Allí, año y medio de lectura reposada de los unos y los otros, hasta que llegó a mis manos un viejo libro de Cambó, escrito por él cuando preveía la caída de Primo de Rivera y la necesidad de reconstruir el orden constitucional. Su idea era que ese cambio debería acometerse desde el poder, fuera de nuevos levantamientos o revoluciones.

Tras el asesinato de Carrero Blanco y la designación del Gobierno de Arias Navarro, me llamó mi amigo Juan Valverde. Condicioné mi vuelta al SECED a la aceptación de un documento, por mí elaborado, titulado «Ante el cambio», en el que adaptaba a la situación de entonces las ideas de Cambó. Ahora, ese documento me parece ingenuo, pero por aquel entonces no dejaría de considerarlo audaz. Valverde lo aceptó, como también lo aprobaría el general Gutiérrez Mellado, con quien sostuve una entrevista de varias horas en su despacho del Alto Estado Mayor.

Adolfo Suárez me nombró Jefe del SECED. Fui testigo privilegiado de su empeño y, muchas veces, de su soledad. Con él compartí alegrías, desgracias, incomprensiones y la difícil satisfacción del deber cumplido. En mi mando estuve siempre asistido por un plantel de brillantes subordinados, entre ellos el autor de este libro, jefe del Sector Político, encargado de los contactos abiertos con las facciones políticas que aspiraban al poder y con las personas que las dirigían, con los que formaban la opinión de los españoles y con los que desempeñaban un papel importante en nuestra sociedad.

Los últimos capítulos constituyen un relato desgarrado de la descomposición del poder político; de las luchas cainitas en el interior de la cada vez más caótica Unión de Centro Democrático que había sostenido el empeño de la Transición; del desgaste de Adolfo Suárez, de su aislamiento creciente y del hundimiento de Gutiérrez Mellado, acosado de manera implacable por El Alcázar y El Imparcial y roto anímicamente por la incomprensión de una parte importante del Ejército. El espectáculo previo al pretendido «golpe de timón», del que acabaría hablando hasta Tarradellas. Un ambiente desquiciado en el que entran políticos y periodistas insignes, mientras la Constitución se aprueba en las Cortes, pese a los testimonios en su contra, recogidos previamente de los mismos diputados que acabarán dando el «sí» en la votación de la misma.

Los aprendices de brujo siempre desatan tempestades más allá de sus propósitos, y para mí es indudable que esos conciliábulos, rumores e ideas insensatamente sostenidos llevaron, poco más tarde, a los urdidores de la trama del 23 de Febrero a la idea de que sus actos serían recibidos con un aplauso generalizado.

Dios nos libre de los aprendices de brujo.

ANDRÉS CASSINELLO

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la Transición suele presentarse como obra de grandes hombres (don Juan Carlos, Adolfo Suárez, Torcuato Fernández-Miranda, etcétera), como un proceso impulsado por la «oposición democrática», en gran parte en el exilio, o bien como una transformación lenta, abierta y plural, con participación de todos y con iniciativa de las jerarquías del régimen, desarrollada en medio de continuas cesiones, incomprensiones, momentos críticos… Algún autor ha querido ver en la Transición una reforma promovida por la nueva burguesía surgida del desarrollo capitalista del segundo franquismo, distanciada ya de la vieja oligarquía; otros han hablado de una carrera de galgos en pos del triunfo de su apuesta particular por el futuro político. Pero casi todos destacan la peculiaridad del caso español: el singular camino transitado entre el inmovilismo y la ruptura, es decir, la reforma ab intra. En cualquier caso, no parece que la Transición fuera el resultado de la predestinación o del azar; pero tampoco solo el fruto de la alquimia de unos determinados personajes. Bien podría responsabilizarse de los logros a una generación, la de la concordia, la de los hijos de la guerra, que no la vivieron, aunque tuvieran muy presentes sus ecos, a su espíritu comprensivo y de superación de viejos fantasmas y demonios.

La transición política se logró con el esfuerzo de muchos: podríamos decir que de todo el pueblo español. Primeras figuras del Estado y de la política han visto ampliamente reconocida su labor, meritoria y fundamental: la conducción de la nación con mano firme por nuevas sendas hacia la democracia plena. Otras muchas instituciones y organizaciones económicas, sociales y culturales pusieron también su grano de arena en ese empeño, y ese hecho ha sido agradecido en numerosas ocasiones en los medios de comunicación y en recientes publicaciones. Pero poco o nada se ha dicho del influjo beneficioso y de las aportaciones sustanciales de los servicios de inteligencia, tanto en la orientación general del proceso como en las medidas concretas que gobernantes y políticos de diverso signo fueron aplicando para que la Transición resultase como tantos deseaban. Intentar poner de manifiesto parte de esta labor es, precisamente, el objetivo de esta obra.

Dejo patente mi profundo agradecimiento a cuantos compañeros y amigos hicieron posible la compleja tarea de investigación sobre los hechos y circunstancias que tuvieron lugar en aquellos años de la Transición, facilitándome un cúmulo de documentos y valoraciones del mayor rigor e interés. Lamento no haber dispuesto de tiempo hábil para escuchar a muchos más que me ofrecieron su generosa colaboración, lo que me hubiera permitido recoger otros testimonios, sin duda interesantes para la tesis que fue origen de este libro. Expresa gratitud debo a Edelmira Casado Estupiñán, funcionaria del Museo del Ejército y del Instituto de Historia y Cultura Militar, quien, con gran paciencia y perseverancia, me fue transcribiendo durante una década miles de folios, su actualización y sus anexos, con dedicación y profesionalidad dignas del mayor elogio. Igualmente, dejo constancia de mi agradecimiento al coronel Luis Vázquez Ochoa, sin cuya laboriosa tarea de asesoramiento, revisión de textos e informatización final yo no hubiera sido capaz de dar solidez, armonía y medida al contenido de la tesis y del presente libro. Y, naturalmente, mi cariñoso recuerdo a mi mujer y a mis hijos, a los que en estos años privé de tantísimas horas de atención y dedicación por culpa de esta fantástica aventura.

PRIMERA PARTE
LA PRIMERA ANDADURA
DE LA MONARQUÍA

1
LOS ORÍGENES DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA

El camino hasta el nacimiento del Servicio Central de Documentación (SECED), adscrito a la Presidencia del Gobierno, fue arduo. Su aprobación se llevó a cabo el 21 de marzo de 1972. Los antecedentes hay que buscarlos en la creación, en Consejo de Ministros, de diversos gabinetes que analizaron, sucesivamente, movimientos hasta entonces desconocidos que iban surgiendo en el ámbito universitario y que desde mediados de la década de 1950 habían ido tomando cuerpo en organizaciones antirrégimen. El Gobierno de Francisco Franco buscaba el medio para obtener información de aquellos incipientes movimientos subversivos que agitaban la Universidad. Pero también de los que amenazaban la tranquilidad laboral en las empresas, fomentando ya un sindicalismo paralelo. El trabajo se encomendó a un núcleo reducido de oficiales del Alto Estado Mayor (AEM), dirigidos por el comandante José Ignacio San Martín.

El rápido desarrollo de aquel equipo encargado del seguimiento de los variados brotes de desafección al régimen culminó en su institucionalización como Organización Contrasubversiva Nacional (OCN), y sus misiones y estructura interna fueron aprobadas por las autoridades competentes con el mayor secreto. La OCN mantenía una relación próxima y reservada con el Alto Estado Mayor y con los ministerios militares, conectando con sus máximos jefes y con los servicios de información que de ellos dependían.

Parecía evidente que la labor de aquella OCN debía ser incardinada en la Presidencia del Gobierno. Finalmente, el propio Carrero Blanco decidió la creación del SECED como parte visible del iceberg que era la OCN. El nuevo Servicio tenía como objetivo proporcionar a la OCN un instrumento oficial, a través del cual pudiera atender adecuadamente las necesidades informativas de carácter abierto, no clandestinas aunque sí reservadas. El SECED fue organizando delegaciones regionales y oficinas de enlace en varios ministerios para agilizar la recepción de datos y hacer más eficaz la difusión de noticias y mensajes. Ello obligó a ampliar plantillas, duplicando en poco tiempo su personal directivo, administrativo y auxiliar. Se iba creando una verdadera red informativa con la que alimentar los gabinetes de estudio. Los acontecimientos políticos que iban jalonando el espacio nacional en vida de Franco hacían difícil imaginar que por conductos reservados y difusos se estuviese impulsando el análisis y la organización de la transición política; pero quedan personas y referencias que pueden atestiguar lo que el SECED aportó en todo aquel proceso.

Su dirección fomentaría desde el primer momento los contactos con instituciones, entidades y personas de criterios solventes para recabar información sobre aquellos asuntos que pudieran resultar de interés —o despertar la preocupación— del presidente del Gobierno. Este medio de adquisición de información privilegiada, que se mantuvo con actividad creciente durante toda la Transición, permitió al presidente acceder a una variadísima gama de opiniones y enfoques, con el fin de tomar conciencia de las verdaderas preocupaciones de la sociedad. San Martín[1] hace una clara descripción del objetivo que perseguíamos:

Cuando, en una ocasión, despaché con el almirante la necesidad de ampliar el espectro informativo, él se resistía al principio, pero yo le convencí de que no perdíamos nada manteniendo conversaciones con personas situadas extramuros del régimen: en primer lugar, porque nosotros no íbamos a entrar en su «juego»; en segundo lugar, porque las conocíamos mejor a ellas que ellas a nosotros (en base a nuestros archivos); y en tercer lugar, porque recibiríamos una información de la que se carecía en los demás organismos del Estado y a la que teníamos que ir en su búsqueda si se quería cubrir ese vacío. Luego, había algo más: algunas eran mucho más provechosas para combatir la ideología marxista que otras muy vinculadas al régimen.

Además de la eficaz e insustituible actividad personal del director, fue el Sector Político (SP), fundamentalmente, el que sirvió de instrumento en la adquisición diaria de noticias, datos y opiniones de utilidad para los órganos de evaluación que habrían de preparar estudios e informes para el presidente. En la corta vida del SECED —algo más de un lustro—, sus directivos llevamos a cabo varios millares de entrevistas a personalidades nacionales de todo tipo.

Pero vayamos por partes. No había cumplido el Servicio dos años de andadura oficial cuando el asesinato del presidente Carrero conmocionó a España. Las repercusiones políticas del magnicidio ejecutado por ETA no iban a tardar en ponerse de manifiesto, con claros síntomas de que se estaba iniciando una verdadera transición, pese a la agitación que se apreciaba en los extremos del arco político nacional.

El nombramiento de Carlos Arias Navarro en enero de 1974 como nuevo presidente del Gobierno y el relevo de San Martín en la dirección de SECED por el comandante Juan Valverde tuvieron como consecuencia inmediata el fortalecimiento de las relaciones del Servicio con la Presidencia y varios departamentos ministeriales. La política gubernamental del nuevo Gabinete se orientaba en una dirección distinta, resumida en el «espíritu del 12 de febrero», el programa tímidamente reformista expuesto por el presidente Arias ante las Cortes Españolas en aquella fecha y que hacía particular hincapié en el asociacionismo político y una mayor participación ciudadana. Pero las reacciones del sector más inmovilista del franquismo no se hicieron esperar, y un artículo de Girón defendiendo las esencias del régimen provocó la destitución de Pío Cabanillas, ministro de Información y Turismo. Las posteriores dimisiones del ministro de Hacienda, Barrera de Irimo, y de Francisco Fernández Ordóñez y otros altos cargos de la Administración parecían alejar a los reformistas del Gobierno Arias.

2
20-N, ¿Y AHORA QUÉ?

El fallecimiento del jefe del Estado el jueves 20 de noviembre de 1975 desencadenó preocupaciones y temores a nivel oficial y particular. Las instituciones y la sociedad entera dudaban de la respuesta social ante tal acontecimiento, recelando de posibles reacciones revanchistas de sectores marginados por el régimen. Se confiaba, no obstante, en las Fuerzas de Orden Público —y en última instancia en las Fuerzas Armadas— para evitar que se quebrara la paz social en tan difícil circunstancia. Esa sensación generalizada alcanzaba también a los grupos políticos, en los que ya se apreciaban luchas intestinas.

Surgía en el panorama político español una amplia gama de propuestas para abordar la reforma del régimen desde dentro, con importantes vacilaciones sobre el programa y los límites. Las tendencias abarcaban desde la tentación continuista del decreciente inmovilismo integrista hasta la ruptura defendida por quienes se situaban al margen del sistema. Aunque no organizados en grupos homogéneos, todos se presentaban con ofertas políticas —en muchos casos no bien definidas— ante una sociedad expectante y esperanzada.

La oposición había llegado al fin del régimen profundamente dividida por sus enfrentamientos en la Guerra Civil, por diversos acontecimientos de la posguerra y sucesivas peripecias vividas en el exilio, por la negativa de Indalecio Prieto a operar con el Partido Comunista, por la corriente anticomunista generada por la Guerra Fría… Los grupos ubicados en la ilegalidad compartían la ruptura política como punto de partida hacia metas distintas y mediante diferentes procedimientos. Hasta los más moderados se distanciaban de los reformistas, pese a la legalidad tolerante ejercida desde el poder. Más allá, los protagonistas de la violencia callejera y el terrorismo pretendían recuperar la legalidad previa a la Guerra Civil o bien persistían en una ruptura radical y revolucionaria. No obstante, era creciente el peso de los grupos clandestinos que deseaban desempeñar un papel político más definido: tenían que responder a las señales aperturistas del «espíritu del 12 de febrero» de Arias Navarro y a la situación de incertidumbre creada tras la flebitis de Franco en el verano de ese mismo año 1974, ocasión que se consideraba propicia para unir a la oposición. Tales grupos se polarizaban en torno a dos líderes: el incombustible Santiago Carrillo, secretario general del PCE, y el jovencísimo Felipe González, secretario general del PSOE tras el Congreso de Suresnes celebrado en aquel mes de octubre.

En palabras de Carrillo, había una oposición radical (el PCE) que se proponía «el derrumbamiento de la dictadura por la lucha» y otra moderada que esperaba suceder en el poder al general Franco gracias al apoyo de Occidente. Según esta apreciación, el PCE se distinguiría por su activismo en el campo político, en el laboral y en el social-profesional, mientras que el PSOE se marcaba unos objetivos mucho más moderados y de menos base popular. En todo caso, Carrillo persistía en su antiguo esfuerzo por agrupar a la oposición al régimen bajo la renovada imagen del eurocomunismo, para negociar un pacto de «reconciliación nacional» del que curiosamente excluía a los que desde el poder se esforzaban por arbitrar una evolución controlada del sistema. Había logrado reunir en París a un variopinto grupo de políticos —que daría en denominarse Junta Democrática de España—, entre los que destacaban el socialista-popular Tierno Galván, el nacionalista andaluz Rojas Marcos, líder de la Alianza Social Andaluza, el social-carlista Carlos Hugo de Borbón, el monárquico liberal Calvo Serer, el polémico abogado García Trevijano… La Junta exigía un Gobierno provisional, la amnistía, la consulta popular sobre la forma de Estado, etcétera. Es decir, volver a empezar desde el principio.

Quedaban al margen otros socialistas, socialdemócratas y democristianos que desconfiaban del protagonismo de Carrillo. Estos grupos marginados, que apostaban más por suceder al franquismo que por derrocarlo, crearían, en junio de 1975, la Plataforma de Convergencia Democrática, con la significativa y fundamental participación del PSOE, acompañado de la Unión Social Demócrata Española (USDE) de García López, la Izquierda Democrática de Ruiz-Giménez, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el partido Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya (RSDC) de Pallach, la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) y el Movimiento Comunista (MC), una especie de «junta» socialista que excluía a los comunistas de Carrillo. Sus objetivos tenían semejanzas con los de la Junta Democrática, y reclamaba la adopción de una estructura federal del Estado a través de nacionalidades y regiones con personalidad étnica, histórica y cultural propia, con derecho a la autodeterminación, en cuanto se produjera la ruptura democrática. Tanto la Junta como la Plataforma se oponían radicalmente a una reforma política desde dentro del sistema: la Junta movilizando masas y la Plataforma negociando con sus contactos en el poder.

Por su parte, los grupos reformistas del régimen aparecían como un conjunto sensiblemente difuso: la transición política les había cogido sin concretar la meta y los plazos de la reforma. Algunos de ellos pasaron del desencanto al fundado temor de que la situación se perpetuara más allá de la muerte de Franco, por lo que se fueron autoexcluyendo de toda actividad política y, tras una etapa de semiclandestinidad, acabarían pactando con la Junta o con la Plataforma.

Frente a esos minoritarios exreformistas —ya rupturistas—, un amplio conjunto de personalidades mantenía sus actividades en la legalidad, colaborando con los continuistas e incluso disputándoles el poder. Es cierto que parte de ellos seguía pensando en un franquismo sin Franco, bajo la estructura de la nueva monarquía; pero otros se manifestaban dispuestos a introducir en el régimen cambios sustanciales. En cualquier caso, la solución reformista iba a sufrir un retraso, justificable por las viejas confrontaciones internas y por el extraordinario aumento de la presión callejera ejercida por partidarios de un impaciente rupturismo, alentado radicalmente por el PCE mediante la instrumentalización del tolerado sindicalismo de Comisiones Obreras.

El cuadro de la lucha política se complicaba sobremanera, con batallas en doble frente: en el interior de las instituciones y en la oposición ilegal. Las élites políticas libraban un sutil pulso en el intrarreformismo, mientras que la sociedad presenciaba —como testigo mudo— el combate que el poder mantenía en la calle y en los medios de comunicación contra el rupturismo, que se había agrupado el 26 de marzo de 1976 en la denominada Platajunta, que fusionaba en un solo órgano la Junta y la Plataforma bajo el nombre de Coordinación Democrática (CD). Esta consideraba perturbadora la política reformista de Arias y rechazaba los proyectos de ley remitidos a las Cortes, exigiendo la apertura de un periodo constituyente.

Habría que esperar al relevo del presidente del Gobierno, en julio de ese mismo año, para que los reformistas democráticos recuperaran la iniciativa con Adolfo Suárez, aunque sin haber abordado la decisión pendiente. Los pactos no estaban a la vista, los mensajes seguían siendo maximalistas.

LAS OPERACIONES LUCERO Y ALBORADA

Al inicio del primer Gobierno Arias el presidente decidió la preparación de la Operación Lucero, cuyo plan general se aprobó en julio de 1975. Tenía como objetivo estudiar y poner en marcha las medidas necesarias para mantener la paz nacional en el momento en que ocurriese el óbito del jefe del Estado, planificando igualmente todos los actos oficiales que hubieran de celebrarse con ese motivo, tales como el homenaje popular, las honras fúnebres y el entierro.

Tras la inhumación del cadáver del general Franco el 24 de noviembre, el protagonista de las restantes ceremonias iba a ser don Juan Carlos de Borbón. En el plan general de la operación figuraban ya con detalle los actos que habrían de organizarse para dejar manifestación pública y patente del inicio de su reinado. Pero, para completar el dispositivo, en el mismo mes de noviembre comenzó a prepararse una nueva operación que regulaba los actos iniciales de la nueva monarquía: la jura de don Juan Carlos y su proclamación como rey. Se llamaría Operación Alborada, nombre elegido personalmente por el general Alfonso Armada, quien, según me dijo, lo consideraba agradable y gallego, «comienzo de un nuevo día entre luces, poético amanecer». También sería él el encargado de firmar la orden que incluía las disposiciones necesarias para aquella época de transmisión de poderes y para devolver al país a un régimen de normalidad, y, el 25 de noviembre, ya como general secretario de la Casa de Su Majestad el Rey, los ejemplares de la operación, desarrollada por un grupo de oficiales de la Presidencia del Gobierno bajo la dirección del director del SECED, el comandante Valverde. El contenido y estilo del texto recuerdan mucho a lo dispuesto para el día D + 7 en la Operación Lucero. No podía ser de otra forma.

Estas dos operaciones harían posible —junto a otras instancias— un tránsito sin ruptura del régimen a la monarquía, en un momento particularmente crítico. La decena de páginas de los ejemplares de la Operación Alborada, que se enfundaban en una sencilla carpetilla blanca oficial de Presidencia del Gobierno sellada como secreta, ofrecían normas generales, algunas ya conocidas por la Operación Lucero: declaración del jueves 27 como fiesta oficial en todo el territorio nacional por el Ministerio de la Presidencia y de la mañana inhábil a todos los efectos por el Ministerio de Trabajo; levantamiento del luto nacional desde el toque de diana hasta las seis de la tarde, y reapertura de actividades académicas y docentes a partir del viernes 28.

La primera de aquellas solemnes ceremonias del día 27 de noviembre de 1975 fue una misa en la iglesia de San Jerónimo el Real. El templo, además de tener una tradicional vinculación a la Corona, quedaba distante del área en que previamente se habían celebrado las exequias del Generalísimo, y ello permitía combinar dicho acto con un recorrido triunfal de los reyes por el centro de Madrid.

El oficiante de la ceremonia fue el cardenal Enrique y Tarancón. La homilía trató sobre el tránsito que se abría y el futuro que esperaba a la nación, así como sobre la renuncia de la Iglesia a cualquier privilegio; el arzobispo de Madrid pedía en ella al monarca acierto y dirección para abrir caminos de futuro. A algunos de los presentes nos pareció que podía haber dedicado una mención al general Franco; además, las palabras que dirigió al monarca dejaban entrever un afán aleccionador, lo que tampoco cayó bien en determinados sectores.

Después de la ceremonia religiosa tuvieron lugar los actos en el Palacio de Oriente, que se iniciaron con una revista, seguida de un desfile ante el nuevo rey. Aunque tal hecho pudiera considerarse una presentación de las Fuerzas Armadas, Su Majestad se había dirigido a ellas con fecha de 22 de noviembre, es decir, el mismo día en que fue proclamado rey tras jurar las Leyes Fundamentales ante el Consejo de Regencia y las Cortes Españolas. Su mensaje recogía conceptos que se identificaban con el ideario de la institución militar:

En estos momentos en que asumo la jefatura de las Fuerzas Armadas, me dirijo a todos vosotros con profunda ilusión y fundadas esperanzas.

Sois los depositarios de los más altos ideales de la patria y la salvaguardia y garantía del cumplimiento de cuanto está establecido en nuestras Leyes Fundamentales, fiel reflejo de la voluntad de nuestro pueblo.

Expreso mi reconocimiento y gratitud a nuestro Generalísimo Franco, que con tanta dedicación y entrega os ha mandado hasta ahora, dándonos un ejemplo único de amor a España y sentido de la responsabilidad. Mi recuerdo emocionado se dirige hoy a las fuerzas destinadas en África, las que por su patriotismo, disciplina y entrega están haciéndose acreedoras del agradecimiento de todos los españoles.

Debemos mirar el futuro con serena tranquilidad, pues hemos adquirido un alto grado de madurez política que ha cumplido lo que nuestro pueblo y solo él desea.

España confía plenamente en sus Fuerzas Armadas. Sé que tenéis un alto concepto de amor a la patria y que no escatimaréis vuestro esfuerzo para lograr una España cada vez mejor.

Quiero renovar hoy el juramento de fidelidad a nuestra bandera, símbolo de nuestras virtudes y de nuestra raza, y prometeros, una vez más, servirlas y defenderlas, a cualquier precio, de los enemigos de la patria.

Mandar es servir y quiero estar en el mando muy unido a vosotros. Sé que cumpliréis con vuestro deber como siempre lo habéis hecho. Como español, como soldado y como rey, me siento orgulloso de contar con vuestra adhesión y lealtad. Estoy seguro de que, trabajando todos unidos, alcanzaremos lo que España se merece por imperativo de la historia y su papel en el mundo de hoy. ¡Viva España!

Este mensaje, igual que el testamento de Franco dispuesto el 18 de octubre anterior, fue reproducido por el Servicio Geográfico del Ejército y distribuido a todas las unidades, donde ambos quedaron expuestos en lugares de honor. En la conferencia que el teniente general Gutiérrez Mellado iba a pronunciar antes de su accidente mortal en 1995, hacía referencia a ese mensaje real y al testamento de Franco. Opina Miguel Platón[2] que «el texto […] muestra una exacta coincidencia de planteamiento con los mensajes de Franco y el rey, incluso en la selección de frases, lo que indica una comunión de sensaciones, en cuanto a la percepción de aquellas jornadas históricas».

Pero volvamos al ceremonial del día 27. A la parada militar siguió una recepción oficial en el Salón del Trono y un almuerzo de gala para los jefes de misión extranjeros. En estos actos tuvo una actividad destacada la Casa Civil, aunque un breve y contundente párrafo de la Operación Alborada no deja dudas acerca de la labor que correspondió al SECED en aquella jornada: «La coordinación de los organismos que intervienen en los diferentes actos de esta operación quedará a cargo del Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno».

Por último, se llevó a cabo ante el pueblo de Madrid, que había sido convocado en un bando del alcalde, el desfile militar en la plaza de Oriente. En medio de un respetable frío, el público llenaba la plaza en espera de ver aparecer a los nuevos reyes en el balcón principal de palacio. Como la salida de Sus Majestades se demoraba, los oficiales de la Operación Lucero trasladaron al capitán Rafael Valenzuela, ayudante del rey, la impaciencia popular, al tiempo que el director del SECED ordenaba al comandante Atienza hacer algo inmediatamente para distraer a la gente en la espera. Había, al pie del balcón principal, un furgón de Radio Televisión Española, desde el cual se iban retransmitiendo las actividades programadas. Atienza hizo entonces uso del micrófono y fue dando a conocer nombres y pormenores de las unidades que participaban (que eran aplaudidas y coreadas por el público presente); y en el momento en que Sus Majestades aparecían en el balcón, le salió del alma un fuerte «¡Viva el rey!» que resonó y fue respondido por los millares de concentrados. La anécdota me la recordaba el propio Emilio Atienza Vega durante el verano de 2005.

Puede llamar la atención el hecho de que en la cronología de la Operación Alborada no se incluyera el acto de jura del monarca en el Palacio de las Cortes Españolas. La verdad es que figuraba en todos los documentos de la Operación Lucero, pero, acaso por tratarse de un acto oficial que quedaba a cargo de las Cortes, no se insertaron sus detalles de organización y protocolo en el documento que suscribiera el general secretario de la Casa de Su Majestad.

Valgan estas líneas como breve resumen de aquel momento histórico, que tuvo lugar la mañana del día 22 de noviembre de 1975. La llegada de los príncipes de España a las Cortes, acompañados de los infantes, fue recibida con clamorosos y prolongados aplausos por todos los presentes puestos en pie. El presidente Rodríguez de Valcárcel dedicó entonces unas breves palabras y tomó juramento a don Juan Carlos, quien leyó del modo siguiente: «Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional». Seguidamente, el presidente del Consejo de Regencia le dio por proclamado rey de España, cerrando con las palabras siguientes: «Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco: ¡Viva el rey! ¡Viva España!». A los acordes del himno nacional, todos en pie prorrumpieron en vivas y prolongados aplausos. A continuación, el rey dirigió un mensaje a la nación, difundido en todos los medios de comunicación.

Balance de las operaciones

Días después de aquellos acontecimientos, en el SECED se hizo un rápido balance de la contribución del Servicio al buen control y a la coordinación de las distintas ceremonias que conformaban las operaciones Lucero y Alborada. La conclusión no pudo ser más positiva. Visto con perspectiva, el SECED actuó como herramienta útil en el proceso preconstitucional dirigido por el Gobierno; fue, de hecho, un eficaz instrumento de inteligencia que contribuyó a facilitar el tránsito político entre el antiguo régimen autocrático y el nuevo predemocrático, el histórico proceso general de cambio sin ruptura producido en España con no poca sorpresa y admiración de muchos. Tengo que expresar mis dudas acerca de que el éxito con el que finalmente se llevó a cabo se hubiera podido alcanzar sin la cooperante y puntual gestión de los hombres del SECED.

En conversación que mantuve en julio de 1998 con el general Alfonso Armada en su pazo gallego de Santa Cruz de Rivadulla tras un almuerzo familiar, este alabaría el desarrollo de la Operación Alborada y me comentaría lo rápidamente que hubo que prepararla y las reuniones que mantuvo para ello con el presidente Arias y otras autoridades. Armada me repetiría idéntico recuerdo en conversación de septiembre de 2005, añadiendo entonces: «Todo lo hicisteis en Castellana 5», la sede, en efecto, del SECED.

También el rey expresó su reconocimiento a la actuación del Servicio, concediéndonos a quienes habíamos participado más directamente en las operaciones una audiencia especial el martes 3 de febrero de 1976. Me acompañaron el comandante Atienza Vega y los capitanes González Soler y Hernández Rovira, todos ellos del Sector Político del SECED. En el encuentro, que se prolongaría durante 45 minutos, el monarca nos felicitó y nos aseguró que fue él mismo quien habló dos años antes a Arias de montar una operación similar, pues no había plan alguno para la ocasión del fallecimiento del Caudillo, y Su Majestad era consciente de que la organización del entierro del almirante Carrero había sido muy deficiente.

El rey, muy receptivo y comunicativo, se interesó por nuestra labor y se manifestó partidario de una evolución tan grande como se quisiera, pero siempre desde la legalidad y desde el interior: había que cumplir y hacer cumplir cuantas leyes estuvieran en vigor, cambiándolas si había que cambiarlas, pero exigiendo mientras tanto su escrupuloso cumplimiento. Añadió que había que ir despacio y saber muy bien lo que se quería, y nos pareció entender que ya había dicho al presidente Arias que el Gobierno debía anticiparse a los acontecimientos, hacer el máximo esfuerzo por mantener la iniciativa.

Naturalmente, el rey dedicó un buen rato a hablar de las Fuerzas Armadas: de la Unión Militar Democrática (UMD)[3], de los generales Díez-Alegría, Gutiérrez Mellado y Santiago y del servicio militar. Cerró la audiencia dándonos recuerdos para el director del SECED y para todos los miembros del Servicio, tras una sesión en la que obtuvimos la clara impresión de que Su Majestad se nos había adelantado en muchas opiniones. Salimos verdaderamente reconfortados.

3
ARIAS NAVARRO, PRIMER PRESIDENTE DE LA MONARQUÍA

Las críticas jornadas en las que el rey decidió la continuidad del presidente Arias son descritas en su inédita Ópera prima por el embajador Antonio Oyarzábal —que trabajó en el gabinete de Presidencia entre 1974 y 1976— con curiosas e interesantes pinceladas que nos ponen en conocimiento de las tensiones políticas de aquellos días.

Concluido todo este largo proceso fúnebre y el simultáneo organizado para solemnizar la llegada del rey a la jefatura del Estado, […] la vida política vuelve al primer plano de la actualidad. Y tiene lugar el primer despacho del presidente del Gobierno con el rey. Es preciso subrayar que las relaciones entre ambos habían sufrido meses antes un grave deterioro tras la prohibición dictada por Arias de que el conde de Barcelona recalase en ningún puerto de la costa española, en típica represalia del presidente por unas declaraciones de don Juan sobre algún aspecto de la situación interna del país. Por otra parte, Arias alimentaba ilusiones de encarnar de hecho ese mismo poder ejecutivo que tan remiso se mostraba a ejercitar en tiempos de Franco. Desaparecido su admirado Caudillo […], Arias considera que él representa la única garantía de continuidad viable frente a las tendencias neoliberales de los peligrosos monárquicos de don Juan y, como tal, no le cabe en la cabeza que el «chiquillo» de la Zarzuela ose encararse a la maquinaria administrativa-política que, bajo la impronta del «atado y bien atado», había dejado el Generalísimo al morir.

Por ello la sorpresa del presidente debió de ser mayúscula cuando, en ese primer despacho con el rey, al presentarle a este una dimisión puramente «pro-forma», el joven monarca se la aceptara de inmediato […]. Arias, repuesto de la impresión, recuerda a don Juan Carlos que es preceptivo escuchar al Consejo del Reino, y como este se reunía precisamente el lunes de la semana entrante para elegir a su propio presidente, tras haber agotado Alejandro Rodríguez de Valcárcel su mandato […], parecía oportuno cumplir antes este trámite que tenía que ir acompañado, en todo caso, de la terna de posibles sucesores. El rey se resigna y el presidente regresa a su despacho, donde, con medias palabras, nos habla de un eventual «abandono del barco», para lo cual se empieza una modesta —estamos a sábado por la mañana— limpieza de cajones.

Oyarzábal recuerda así los acontecimientos posteriores:

El lunes 1 de diciembre, en efecto, se reúne el Consejo del Reino […]. Se entra acto seguido en la elección del presidente del Consejo, o mejor dicho, de la terna para someter al rey los candidatos posibles y, frente a algunos comentarios posteriores, la inclusión en la misma de Torcuato Fernández-Miranda no ofrece mayor problema tras ciertas gestiones que el rey en persona había previamente realizado con los consejeros más próximos a su persona. La tormenta estalla cuando, quizá por alguna filtración de la posible sustitución inmediata de Arias, el Consejo pasa a discutir el cómo de la elaboración misma de las ternas futuras, pues ciertamente este órgano carece de reglamento interno […] precisamente porque su labor «se la daba hecha» en cada ocasión la correspondiente indicación de Franco. La cuestión, lejos de ser académica, tenía una importancia vital. Cuando de madrugada Enrique de la Mata despierta a don Juan Carlos para darle cuenta del resultado de la reunión, este comprende enseguida que, de momento, «ha pinchado en hueso» en su intento de renovar la cúpula del poder ejecutivo […]; a la mañana siguiente, martes, el rey telefonea a su presidente del Gobierno y le dice que respecto a lo dicho en la última entrevista de ambos, «vamos a pensárnoslo». Inmediatamente en Presidencia se interrumpe la quema de papeles y todo queda en suspenso.

Tres días después, el 5 de diciembre, Arias sería confirmado como cabeza del primer Gobierno de la monarquía, una vez aceptada formulariamente su dimisión y la de sus ministros. En mi conversación con el general Alfonso Armada de septiembre de 2005, este me haría la confidencia de que el nombramiento de Arias, pese a no ser la mejor alternativa real como primer jefe de Gobierno de la monarquía, vino bien como colchón entre dos situaciones radicalmente distintas, cuyo tránsito hubiera sido complejo. Según me explicaba el marqués de Santa Cruz de Rivadulla, aquel breve Gabinete de seis meses cumplió una función muy conveniente, pero nunca hubiera podido continuar, por las fuertes discrepancias entre los más viejos (Areilza, Garrigues…) y los más jóvenes (Suárez, Osorio, Martín Villa…). No se entendían entre ellos.

La realidad es que tan pronto como el rey decidió la continuidad de Carlos Arias, el SECED empezó a preparar listas y currículos de personalidades de primer nivel nacional para proponerle al presidente. En paralelo, se llevó a cabo una serie de consultas con el fin de conocer la opinión de algunos de los pesos pesados de la vida pública nacional; por razones obvias, el proceso se hizo de forma acelerada, y se centró en aquellas personalidades de más fácil acceso para el Servicio: Suárez, Calvo-Sotelo, Villar Mir, Carvajal Urquijo, Valls Taberner.

A quienes trabajábamos en el SECED en el campo de la política abierta nos agradaba comprobar que la práctica totalidad de los candidatos que se nos ofrecían formaban parte de las listas A y B que incluían a los cincuenta «números uno» y doscientos cincuenta «números dos» del archivo JANO, donde se guardaban extensos currículos de todos ellos, generalmente facilitados por los propios interesados. Esta iniciativa de San Martín constituía una extraordinaria herramienta para el asesoramiento del presidente del Gobierno.

El 7 de diciembre de 1975, el director del SECED le hizo llegar a Arias algunos documentos de trabajo con las correspondientes notas manuales[4]. Valverde facilitó al presidente un cuadro de un centenar de nombres, agrupados en columnas según la adscripción que se les daba comúnmente: Movimiento (18), asociaciones (7), Unión Democrática Española (UDE)-Acción Católica de Propagandistas (ACP) (8), técnicos (36), monárquico-liberales (15), democristianos de izquierda (14) y socialdemócratas (3). De 43 de ellos se acompañaba ficha (probablemente extraída de los datos del archivo JANO). Buena parte de los que accederían a altos cargos del Gobierno y de la Administración estaban en aquel cuadro. Además, remitía Juan Valverde una relación de personalidades de interés político, otra exclusiva de catalanes y una nota informativa sobre la Unión Militar Democrática, documentos con los que se quedó Arias Navarro —además de las fichas—, devolviendo el resto.

Al día siguiente, lunes de la Inmaculada, patrona de la Infantería y de Estado Mayor, tendría tiempo el comandante Valverde para enviarle por la mañana a Carlos Arias un tarjetón con este texto manuscrito:

Querido Presidente: si me atrevo a decir tanto es por lo claro que se ven muchas cosas de este Servicio.

—Las «Últimas impresiones» son muy a tener en cuenta.

—Te recomiendo leer el editorial de Ya de ayer, antes del despacho de esta tarde.

—Por supuesto, las notas encargadas de Fernando Santiago y Víctor Castro, a las que uno la de Álvaro de Lacalle, que me parece de gran interés.

—Que todo te sea útil y que Dios te ayude, como se lo pido. A tus órdenes.

Las «Últimas impresiones» hacían referencia a las posibles incorporaciones al Gabinete, según le eran sugeridas a Valverde desde variadas instancias y personalidades.

EL NUEVO GOBIERNO

La constitución del nuevo Gobierno Arias[5], ya primero de la monarquía de don Juan Carlos, llegaba el día 11 de diciembre, después de un par de semanas de gestación difícil. Con el fin de poder conformar un Gobierno creíble de cara a los nuevos tiempos, Su Majestad había recordado al nuevo presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Torcuato Fernández-Miranda, su deseo de mantener la prerrogativa de nombrar a los ministros (los anteriores presidentes —Carrero y el propio Arias— no elegían directamente su Gobierno, sino que lo proponían al jefe del Estado). Historiadores y comentaristas han volcado su interés por conocer a fondo aquel proceso en el que podrían estar insertas las claves de la reforma que seis meses después conduciría definitivamente a la llamada Transición.

Respecto a la formación del Gabinete, Miguel Ángel Ximénez de Embún[6] dice lo siguiente:

La formación de este primer Gobierno [de la monarquía] debió de constituir una delicada operación, dirigida por Carlos Arias, tal vez inspirada por Torcuato Fernández-Miranda […]. Había que cambiar casi todo, sin que la baraja se rompiera por parte alguna. Debían intervenir personalidades acreditadas en el pasado, y constructores de los esquemas de futuro […]. Es posible que no pueda decirse que el rey eligió cada uno de sus componentes, pero todos debieron contar con su explícita aprobación.

La peculiar estructura del nuevo Gobierno, formado por ministros de fuerte personalidad y características muy diferentes, hacía difícil para el presidente diseñar un programa claro de acción política; resultaba, en palabras de De la Cierva[7], un «Gobierno inviable», en el que ministros reformistas de varias tendencias se enfrentarían a la actitud simplemente evolucionista de Arias. Pronto se constataría que Arias, anclado en su «12 de febrero», atendía con más fidelidad al pasado que al presente. La falta de sintonía entre él y algunos de sus ministros era total.

El espectro general del Gabinete mostraba dos ministros, Fraga y Areilza, de talante reformista e imagen democrática, que iban a llevar el peso de la política inmediata, interior y exterior, pero que se quemarían prematuramente. Otros dos, Osorio y Suárez, menos conocidos por el gran público, estaban abocados a sentar las bases de la reforma política futura. El tiempo los haría relevantes, pese a su presencia inicial más bien discreta en los grandes temas que dividían al Consejo de Ministros. En particular, sobre la elección de Adolfo Suárez como ministro secretario general del Movimiento, Pérez Escolar[8] apostilla lo siguiente:

Así se iba escribiendo derechamente su candidatura, con renglones descabalados más que torcidos, para acceder un día a la Presidencia del Gobierno, como querían los americanos, puesto que se ajustaba en todo a la descripción de la persona que, precisamente por su inocuidad y simpleza, podía ser aceptada por unos y otros sin que nadie opusiera mayores reparos.

Miguel Platón (pág. 380), por su parte, refleja su opinión respecto a la elección de un militar como vicepresidente primero:

… semejante composición del Gabinete fue por entero una decisión política […]; esa preeminencia formal de lo militar constituyó uno de los rasgos característicos de los primeros Gabinetes de la nueva monarquía. […]; el principal efecto político […] no fue otro que favorecer el proceso de reforma […]. El papel del vicepresidente primero y los tres ministros militares fue siempre marginal.

El Servicio mantuvo con Antonio Herrero Losada, director de la agencia Europa Press, frecuentes cambios de impresiones sobre noticias que iban a saltar a los teletipos acerca de los nuevos nombramientos. En esas fechas nos informaba sobre el «asunto Silva Muñoz», su ausencia en el Gobierno, poco inteligible en aquellos días para la clase política mejor informada. Parece ser que don Federico mantuvo el día 9 de diciembre una entrevista con el presidente, quien le comunicó que los puntales del nuevo Gobierno serían —además de él mismo— Areilza y Fraga, proponiéndole entonces Silva una reunión con los otros dos para acordar un programa previo que sirviera de base a la declaración del nuevo Gabinete, ya que el «espíritu del 12 de febrero» había quedado obsoleto tras el fallecimiento de Franco y la muerte de dieciocho agentes del orden público en atentados desde aquella fecha. Silva daba por entendido que él sería el jefe del grupo; lo mismo que Fraga cuando le convocó Arias. Con Areilza no había problema de liderazgo, pues, al carecer de grupo político, se conformaba con la cartera de Asuntos Exteriores. Parece que Arias prometió hacer él mismo tal convocatoria, pero Silva ya no recibió la menor comunicación; ni siquiera logró hablar con el presidente pese a telefonearlo repetidas veces la mañana del día 11. Cuando lo logró, a las cuatro de la tarde, todo estaba ya resuelto sin él. Silva pensó siempre que el boicot provino de Fraga.

El viernes 12 de diciembre el Sector Político del SECED entregó al director unas «Consideraciones sobre el nuevo Gobierno», de cinco folios de extensión, que presumiblemente tenían al menos un destinatario: Carlos Arias Navarro. Empezaban exponiendo que durante los días previos a su nombramiento había circulado la noticia de que la nueva etapa traería consigo una amplia reestructuración ministerial, pero que la prudencia política y la eficacia necesaria de los primeros momentos habían aconsejado evitar complicar la propia crisis ministerial con una reorganización general. Respecto a la Vicepresidencia para Asuntos de Defensa, se resaltaba que hubiera quedado fuera de sus obligaciones la coordinación directa de los tres ministros militares y del jefe del Alto Estado Mayor, y se le presuponía una amplia gama de actividades de representación pública y de asesoramiento, incluso de moderación de tensiones en el seno del Gabinete.

Las «Consideraciones» hacían también hincapié en la imperiosa necesidad de lograr la total compenetración, coordinación y unidad de mando de los departamentos económicos (Industria, Vivienda, Obras Públicas, Comercio, Trabajo y Agricultura, además de Hacienda), hecho que había aconsejado al presidente del Gobierno mantener una vicepresidencia económica, poniendo en manos de Villar Mir «un poder extraordinario que puede influir decisivamente en las grandes opciones políticas del Gobierno». Y continuaban analizando cuestiones de índole más puramente política:

… las opiniones que se recogen [respecto al nuevo vicepresidente para Asuntos del Interior y ministro de Gobernación] son que cuenta con gran aceptación, pero también con gran prevención en algunos sectores […]. Teniendo en cuenta la fuerte personalidad y ambición política de Fraga, su peso en las decisiones del Gobierno se hará notar. En el tema de los gobernadores civiles […] puede imponer excesivamente sus criterios sobre la Secretaría General del Movimiento, cuyo titular, más en línea con la tradición de esa casa, tiene menos experiencia y talla política. No obstante, la juventud y las cualidades personales de Adolfo Suárez pueden contrarrestar en parte el empuje de Fraga […]. El tercer elemento político que entra en juego es […] la particular personalidad de Areilza […]; algunos sectores tradicionalmente afectos al régimen se sentirán dolidos por este nombramiento […]. Pero en la balanza de ventajas e inconvenientes el saldo es positivo […]. Sin embargo, puede tratar de jugar en el seno del Gobierno una baza política […] aparte de su objetivo primordial de la total integración de España en Europa […]. Es muy probable que Areilza cuente, para cubrir los altos cargos de su departamento, con personalidades no precisamente conocidas por su afección al régimen. Pero ello, lejos de perjudicar al equipo, puede beneficiarlo, aportando elementos de talante más liberal y aperturista.

La nota citaba a los cinco ministros restantes (Presidencia, Justicia, Relaciones Sindicales, Información y Turismo y Educación y Ciencia), que reflejaban el «deseo del presidente del Gobierno de incluir miembros de las distintas tendencias, de entre las que hoy día pueden integrarse en la política nacional». Y pasaba a hacer, con nombres y apellidos, el recuento siguiente de los miembros del Gobierno: cuatro militares, cuatro técnicos prorrégimen, dos miembros de Unión del Pueblo Español (UDPE), dos de Unión Democrática Española (UDE), dos monárquicos, dos franquistas, un sindicalista, uno de la Federación de Estudios Independientes (FEDISA) y uno de derecha liberal, con lo que las nuevas tendencias tenían una representación de una tercera parte del conjunto, no excesivamente alejada de los principios del régimen. «Se trata, por tanto, de un Gobierno de centro-derecha». La nota apreciaba la falta de algún elemento de ideología falangista y tradicionalista, e incluso tecnócrata; y acusaba dos ausencias dignas de mención: la de Silva Muñoz, quien se suponía que prefería dedicarse a organizar la democracia cristiana, y Cantarero del Castillo, de inferior nivel, pero que representaba una importante opción de futuro en la creación de un socialismo nacional. Y concluía:

A este nuevo equipo le cae de lleno la verdadera transición y […] la tarea de renovar la legislación fundamental de la nación […] así como la reestructuración de la Administración central […]. La personalidad de Fraga, Areilza y Villar tendrá una influencia decisiva en las orientaciones políticas y será preciso que Arias, secundado por el apoyo que pueda prestarle el general Santiago, sea capaz de conducir el Gobierno por la línea de la evolución que el momento actual exige, sin pérdida de la indispensable estabilidad y de atemperar las tensiones que inevitablemente se van a producir como lógica consecuencia de haber integrado en su equipo a un elenco de personalidades fuertes, preparadas e inteligentes. Si ello no se consiguiera, es previsible que en plazo inferior a un año el propio presidente se vea forzado a aceptar alguna dimisión o a disponer algún cese.

A partir de la elección de ministros, las cábalas se volcaron sobre los cargos inmediatamente subordinados. Como siempre. Se hablaba de ello como de la «pedrea de la lotería». Por cierto, que Fraga ya estaba buscando a San Martín (a quien siempre agradecería su acercamiento a Carrero Blanco y su nombramiento como embajador en Londres) para el equipo de Gobernación.

4
EL SECED ANTE EL MOMENTO HISTÓRICO

Como cabe deducir de lo ya apuntado, tras la muerte de Franco no se produciría en el seno del SECED la menor regresión en la orientación reformista de sus actividades, orientación que había recibido especial impulso desde el otoño del año anterior, aunque el relevo en la jefatura del Estado representara la entrada simbólica en una nueva época. Aún persiste la discusión académica sobre si nuestra sorprendente Transición se inició antes o después de tal acontecimiento.

El perfecto funcionamiento de las disposiciones tomadas en cumplimiento de la Operación Lucero permitió que el centro de operaciones montado por el SECED un mes antes en Castellana 5 disminuyera al mínimo su actividad el mismo 24 de noviembre de 1975, al día siguiente del entierro del general Franco. En fechas posteriores se fue recuperando el ritmo interrumpido a mediados de octubre por el deterioro de la salud del jefe del Estado. Particular relevancia tuvo la reunión general de los días 4 y 5 de diciembre, en la que se trató el nuevo marco de la política nacional. Tras unas palabras de Valverde acerca de la Operación Lucero, el jefe de la División de Operaciones (DOP), el comandante Andrés Cassinello, expondría la posición del Servicio ante el momento histórico; después, los sectores explicaron sus planteamientos «reversivos».

Pero entremos en el contenido de la exposición de Cassinello, reflejo del espíritu y la conciencia con que el Servicio afrontaba la situación política nacional. Me atrevo a decir que nos encontramos ante un documento único en su especie al inicio de la Transición; fue denominado «Ante el cambio». Merece la pena detenerse en la extensa «Introducción», subrayando buena parte de su contenido.

El difícil paso de Franco al rey ha transcurrido en un clima de normalidad y aceptación general difícilmente previsible […]. El paso más difícil y peligroso ha sido superado con increíble éxito […] hay un nuevo marco institucional, la Corona, que ha pasado de futuro incierto a realidad presente. Es una base sólida para un optimismo racional y una guía fundamental para nuestros planteamientos. Por otro lado, separar política de subversión es empeño difícil, ya que cualquier cambio de orientación de la primera introduce variaciones fundamentales en las posibilidades de la segunda; por eso, no podemos permanecer insensibles a las consecuencias —en nuestro campo— de los posibles cambios que se introduzcan, aunque no nos sea lícito incidir en ello con nuestro protagonismo y menos aún con nuestras preferencias por unas y otras personas […]; no cabe más que la neutralidad más estricta.

Y continuaba Cassinello:

Cabe también una última consideración previa: de nada sirve un Servicio que solo sea capaz de dar una explicación perfecta del porqué de los fenómenos ya producidos. Si de este Servicio se espera algo es de su capacidad para prever cuáles son las áreas sensibles que van a determinar el próximo futuro; cuáles son las tensiones y cuáles las vulnerabilidades de nuestra sociedad, para que, utilizados estos datos por el gobernante, se pueda llegar a una sociedad más perfecta, más justa y más libremente aceptada, que constituya un obstáculo invulnerable frente al comunismo, el separatismo y la corrupción.

Resultaba positiva la pretensión del jefe de la División de Operaciones de distanciarse de los matices ideológicos subjetivos para encuadrar la necesaria previsión en el marco más objetivo del análisis sociológico. La percepción —muy de su tiempo— de que el comunismo era el primer obstáculo no debe extrañar si se tiene en cuenta su presencia en la bipolaridad mundial y su protagonismo interior entre los rupturistas. De ahí que Cassinello insistiese en su conocida doctrina sobre el control del cambio:

El periodo que se inicia […], probable periodo de tiempo en el que el orden institucional, sin ruptura sustancial, se adapte progresivamente al cambio de situación introducido, […] volverá a ser un periodo difícil en el que las tensiones políticas se interferirán con las acciones de la subversión y en el que la necesaria adaptación de nuestros métodos de lucha a las condiciones del momento nos obligará a frecuentes cambios de nuestra línea táctica de acción. Va a ser tiempo de prudencia y de audiencia, de necesaria frialdad y de fuertes y encontradas emociones […]. El periodo se va a mover entre la pretendida ruptura democrática de la oposición, ya imposible, y el inviable mantenimiento de la situación heredada.

Eran tan grandes las dudas y las inercias como los obstáculos, por lo que resultaba necesario marcar unas «guías orientadoras», reales, aunque no fueran explícitas: el mensaje coloquialmente conocido como «testamento del Caudillo» y los mensajes del rey a las Cortes Españolas y a las Fuerzas Armadas. Por muy limitados que quedaran sus poderes en el futuro, en aquel momento la definición de la reforma política estaba en manos de don Juan Carlos, por lo que era imprescindible analizar su pensamiento. Se admitía implícitamente la reforma a partir del orden institucional vigente, sin ruptura. Cassinello estudiaba así el mensaje de Su Majestad:

El rey, que se define como guardián del sistema constitucional, nos habla de una nueva etapa de esta hora dinámica y cambiante, de que la situación alcanzada pide perfeccionamientos profundos que escuchará, canalizará y estimulará. Es una actitud de marcha, no una meta. Si el rey no decide la meta final, ¿vamos a hacerlo nosotros? El Servicio tiene la solera y la experiencia acumulada necesarias para saber que nos movemos en ambientes de incertidumbre sin guía mesiánica y definitiva […]. Tenemos que seguir luchando en este ambiente que es el de nuestro tiempo.

Debió de parecerle conveniente a Cassinello, con la previa autorización del jefe del Servicio, hacer a delegados y directivos unas sucintas y claras hipótesis sobre el futuro inmediato, que agrupo del siguiente modo:

Participación creciente de los españoles en las tareas de gobierno.

Revisión del cuadro de lealtades institucionales, con cambios políticos periódicos.

Creciente exigencia de justicia social (o satisfacción o revolución).

Descentralización regional con nuevas formas de tensión y canalización de los problemas.

Libertad creciente de opinión, que se basará más en la responsabilidad que en la censura.

Disminución de las posibilidades policiales y de la aplicación de la fuerza desde el Gobierno.

Crecimiento de la influencia política de la Iglesia, y posterior descenso a su verdadero valor cualitativo (20% de la población).

Se remataba esta parte de la exposición con una referencia a un tema particularmente querido por Cassinello, la «reversión»[9], que para él era una empresa creadora, muy por encima de las posibilidades coercitivas de la ley.

La verdadera dimensión del Servicio no puede ni debe suplir —sino apoyar— al aparato político-administrativo del Estado. Parte fundamental del esfuerzo reversivo se ejerce a través de la información y el asesoramiento; la necesaria credibilidad va unida al rigor del proceso informativo, a la imparcialidad de la exposición, a la asepsia política en la motivación y al indiscutible carácter técnico de nuestras manifestaciones.

Prosiguió Cassinello con referencias a las áreas específicas que cubrían los sectores; quizá la más importante en aquella hora era la del Sector Político, del que diría:

Dedicará atención preferente a los grupos políticos capaces de una integración voluntaria en el orden institucional […]. Deberá promover la adhesión amplia de esos grupos utilizando los procedimientos viables en cada caso […]. De momento, aunque es inviable la legalización del PCE, no debe darse un carácter eterno a estas palabras […]. El Sector Político considerará permanentemente su misión tanto si prospera el movimiento asociativo como si llegara un reconocimiento de partidos políticos.

Cassinello completaba su exposición con una expresa referencia al Gabinete de Acción Psicológica (GAP), como primordial instrumento «reversivo» de la División de Operaciones, para lo cual habría que articular una respuesta inmediata y agresiva en los medios de comunicación social mediante procedimientos técnico-operativos con un doble objetivo: lograr la adhesión masiva al orden institucional y conseguir la división de los grupos subversivos, y profundizar en las causas y aspiraciones de los separatismos.

Tras Cassinello se manifestaron los sectores. El Sector Religioso-Intelectual presentó sus nuevos criterios, que empezaban a dar frutos considerables. Había que transformar en colaboración la confrontación sistemática entre los poderes político y religioso. Aún existía en el Gobierno un clima antivaticanista, impulsado por las homilías que clérigos comprometidos políticamente pronunciaban contra el régimen.

La tolerancia gubernativa inicial es premisa para una situación nueva mucho menos vulnerable para el Estado. La tolerancia es rentable porque genera adhesión o al menos neutralidad; la intransigencia y la susceptibilidad generan enemistad operativa contra el poder […]. Una Iglesia que se siente libre en su expresión y no se ve presionada por el Gobierno es una Iglesia difícilmente manejable por el Partido Comunista y a la que se le han quitado las razones para la mayor parte de las críticas […]. Se trata de separar tajantemente el problema político del religioso. La independencia de ambos poderes está por estrenar.

A los planteamientos operativos del Gabinete de Acción Psicológica pertenece el siguiente párrafo: «Nuestra labor es el no a la ruptura. Es necesario un esfuerzo grande de automentalización para digerir los cambios que van a producirse». Y consideraba dos blancos principales de su actividad psicológica: los organismos unitarios («organizaciones de frente») y los separatismos. Sobre los primeros afirmaba:

… serán los más afectados en un futuro inmediato. La misma existencia de la Plataforma de Convergencia Democrática y la Junta Democrática Española está ahora muy condicionada a la actitud que el nuevo Gobierno adopte. El ritmo y los límites que se fijen a la evolución política van a determinar las reacciones de los grupos subversivos. Descartadas las actitudes extremas —acentuación del inmovilismo y liberalización absoluta—, parece imprescindible que las opciones inmediatas se reduzcan a mantener la línea evolutiva, algo acelerada, buscando la integración en el régimen de una parte importante de las fuerzas en la oposición ilegal.

Se extendía también el documento del GAP en el separatismo, que se consideraba el problema de más difícil solución: «A su favor juega la corriente universal descentralizadora y la desafección de grandes sectores de población en esas regiones. Es posible una actuación política más profunda. No es tiempo de soluciones tímidas». El jefe del GAP, el comandante Faura, se reunía periódicamente a cenar con los directores de los periódicos de Madrid de entonces (Ya, ABC, Pueblo, Nuevo Diario, Informaciones, etcétera) y buscaba, con éxito, colaboraciones de firmas prestigiosas que escribieran para aquellos, firmas que ejercieran influencia sobre la opinión pública.

Por último, el Sector Político ofrecía también su contribución, que debía encaminarse fundamentalmente hacia dos objetivos. El primero, el impulso al desarrollo de la participación política: había que ampliar el estrecho cauce del asociacionismo político vigente, con escasísima capacidad de convocatoria; el segundo, la disminución de la corrupción económica y administrativa.

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN POR EL SECED

En el SECED, al igual que en el resto de la Administración del Estado, las expectativas del tránsito no se cerraron con las ceremonias públicas de finales de noviembre de 1975, ni siquiera con la formación del nuevo Gobierno; y no por indefinición de lo que cabía entender por reforma o evolución del marco político nacional, sino por ausencia de directrices gubernamentales que se derivaran de un adecuado programa de Gobierno. Ni el presidente Arias formuló planteamiento alguno al ser confirmado en el cargo, ni desde el Gobierno se daría a conocer una declaración definitoria en las primeras reuniones del Ejecutivo. Al respecto, merece la pena citar a Martín Villa[10]:

… la poca claridad, la incertidumbre y las cautelas entre las que Arias se movía surgían como consecuencia de sus propias convicciones y de las presiones de los «ortodoxos». La forma de su discurso ante las Cortes era reveladora de una sustancial ambigüedad. La cabeza del presidente Arias comprendía la necesidad de la reforma, pero probablemente a su corazón le costaba aceptarla.

En estas circunstancias, el Servicio desarrollaría un nuevo esfuerzo por anticiparse a los acontecimientos, intentando deducir los límites de sus actividades contrasubversivas para definir los objetivos propios. Y mientras los movimientos políticos agudizaban su acción y sus líderes se esforzaban por tomar parte en el nuevo panorama que se abría, el SECED aprovechaba ese tiempo muerto para fortalecer su espíritu y su estructura interna. Como el Gobierno seguía en su absoluta indefinición y trascendían a los medios de comunicación social las diferencias inquietantes en el seno del Consejo de Ministros, Valverde acentuó su prudencia y cautela, centrándose en la defensa del orden institucional frente a las arremetidas de quienes patrocinaban soluciones de ruptura o de mero continuismo.

El lunes 15 de diciembre de 1975 se celebraba en el Palacio de la Zarzuela el primer Consejo de Ministros de la monarquía, poniendo punto final al tránsito a la etapa predemocrática que comenzaba. La vida política y social volvía a la rutina cotidiana y el SECED recuperaba su ritmo habitual, redactando su periódica valoración mensual de la situación, que había quedado en el aire desde la primavera. Tal documento venía resultando un medio esencial en las relaciones institucionales con los principales clientes informativos: en primer lugar el presidente del Gobierno y el teniente general jefe del Alto Estado Mayor, pero también otros ministros y primeras autoridades. Pues bien, tan solo dos días después de aquella reunión del Gabinete en la Zarzuela, Valverde pudo remitir al presidente Arias una significativa «Valoración de la situación».

Ya se advertía en la «Introducción» que «una visión exclusiva a través del prisma de la subversión sería abrumadoramente pesimista, pero otra que eludiera el estudio de la subversión y su incidencia sobre la sociedad sería incompleta». Hay que tener en cuenta que el estrecho marco político desviaba hacia la ilegalidad a importantes sectores de la vida nacional.

El documento del SECED hacía balance en seis apartados: las instituciones, las relaciones con la Iglesia, los ambientes profesionales, el sector educativo, el mundo del trabajo y los grupos clandestinos; más o menos, la distribución sectorial del Servicio. El primero y el último de dichos apartados empezaban por analizar el respaldo que había de recibir el monarca: se daba por hecho que parte importante de la sociedad le apoyaría por tendencia natural a la estabilidad; otros sectores, por considerarle heredero de Franco y por acatamiento de su testamento; algunos, por el talante conciliador del mensaje de la Corona, y los menos, por puro sentimiento monárquico. La «Valoración» hablaba de ensanchar la base de aceptación de la monarquía, para lo cual la prudencia probada del rey constituía una base firme, aunque no resultaba conveniente que se desgastase en funciones más propias del Gobierno. Consideraba el texto que la mayoría del país era partidaria de una evolución «prudente y progresiva, frente a la ruptura o al inmovilismo […]. Es necesario conciliar generosidad en la definición de límites […] con energía en su mantenimiento. Otra cosa no sería evolución sino rendición incondicional ante los propósitos de ruptura». Y se daba un toque de atención a los poderes públicos:

Sobre el Gobierno pesa la necesidad de dar […] soluciones concretas a problemas pendientes, dentro de unos plazos razonables. Urge resolver el problema legislativo para generar deseos de participación y urge el problema del regionalismo […] en el conjunto de la necesaria unidad de la patria […]. Es imprescindible dar buena imagen de las personas que se incorporan al nuevo Gobierno.

Respecto de la articulación de una fórmula institucional, se decía que estaba «pendiente una gran maniobra política para hacer realidad la idea de un rey de todos los españoles»; y se hablaba de la «necesaria permisividad para la creación de una oposición organizada que reste a los grupos clandestinos el mayor número de miembros». De ahí que se considerase necesario vertebrar las fuerzas políticas del país para lograr el éxito frente a la subversión. Según el enfoque del Servicio, todo debería desembocar en una regulación distinta de los derechos de asociación, reunión y expresión: cambio difícil y crítico, pero necesario.

La «Valoración de la situación» también planteaba críticas contundentes a las Cortes y al Consejo Nacional, instituciones muy desprestigiadas ante el país y que, según expresaba abiertamente el documento, necesitaban dar verdadero valor a su representatividad:

Las primeras han ofrecido frecuentes ejemplos de desidia con reuniones de comisiones sin quorum y con votaciones incomprensibles; el segundo es inédito como cámara de las ideas y tendrá que resolver el difícil tema de los consejeros vitalicios, la mayoría de ellos muy mediocres y con pocas ideas […]. Las próximas elecciones ofrecen la posibilidad de renovación, que habría de cuidarse para que no acabe en ingobernable.

En cuanto a las asociaciones, se argüía que debían empezar a pesar como medio de canalización de opiniones y como sistema de vertebración política, «con independencia de la posible modificación del estatuto que haga su régimen más apetecible». Se consideraba, además, necesaria su presencia en televisión, en la cadena de prensa del Movimiento y otros medios públicos. Por otra parte, se afirmaba que era necesario un mayor control de los grupos económicos: «precisan de una vigilancia estrecha en beneficio del bien común […]. Una reforma fiscal, capaz de controlar los beneficios, se hace urgente».

En el ámbito educativo, el texto era tajante al afirmar la existencia de un problema docente:

En la Universidad, la autoridad académica no impone su propio orden, produciéndose así una desproporcionada injerencia de las Fuerzas de Orden Público, con demasiadas intervenciones. El catedrático ha perdido su influencia sobre la masa estudiantil, de la que se halla separado por un ejército de auxiliares y PNN insatisfechos e inmaduros. Hay politización agresiva de minorías radicalizadas y pasividad conformista de la masa invertebrada. Se ha probado todo y no ha resultado nada […]. También ocurre en países con partidos políticos (Nanterre), pero al menos el desgaste del Gobierno es menor […]. En la Educación General Básica existe el problema de la gratuidad, que tendrá que ligarse a la necesaria reforma fiscal. Su cuerpo docente se ve agitado por problemas económicos y de estabilidad en sus puestos […]. La Enseñanza Profesional requiere un impulso nuevo. Paradójicamente es la que ofrece menos problema desde el punto de vista de la subversión.

No olvidaba la «Valoración» a los grupos clandestinos, que «son conscientes de que viven horas decisivas, de que lo que no logren ahora no lo lograrán nunca». Y se consideraba enemigo principal al comunismo, a cuyo alrededor giraba el resto de la oposición no asimilable. Por ello, debía ser objeto de atención específica, pues sería el principal beneficiario y valedor de la ruptura. Pero el PCE tenía factores de debilidad:

… necesita objetivos políticos, cuando sus masas han sido acostumbradas a perseguir tan solo reivindicaciones salariales. Quiere menos huelgas y más salidas a pedir amnistía o simplemente a manifestarse. No quiere ocupar fábricas, y salir a la calle supone un riesgo que cohíbe a muchos. Necesita la unidad con organizaciones y hombres burgueses, tiene que aparecer democrático y respetable para no ahuyentar a los aliados. Pero no puede dejar de ser revolucionario para no defraudar a la clientela tradicional. Ha encuadrado más masa neutra que la que puede dirigir. Las Comisiones Obreras se agitan por otras motivaciones distintas de las del partido […]. Pesa Portugal y su ejemplo. Tienen una prisa enorme.

También había que considerar determinados «factores de superioridad», en particular su organización y sus medios económicos, así como la presencia de «dirigentes preparados y dispuestos a todo sacrificio». Así que, a la vista de ambos factores, el documento del SECED proponía romper la solidaridad del frente clandestino y captar a sus seguidores asimilables.

Tal «Valoración de la situación» no pretendía ser un programa de gobierno, aunque sí una llamada de atención sobre las posibilidades del Servicio y la conveniencia de que fuera oído antes de tomar cualquier decisión. Llama la atención releer 35 años después este tipo de documentos reservados. Son —a mi juicio— la mejor expresión de confianza y lealtad del Servicio, y en particular de su director, con el presidente del Gobierno, a quien se deseaba mantener informado de cuanto parecía de trascendencia para la gobernación del país. Algunas de las observaciones de aquella «Valoración» fueron consideradas por Arias Navarro particularmente duras, pero siempre las agradeció y entendió los ideales que movían a aquel equipo significativo de oficiales de los Ejércitos a redactar textos tan poco gratos. A ello les obligaba su «comisión de servicio» en Presidencia.

5
APUNTES SOBRE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL

SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

El nuevo Gabinete incluía por vez primera un vicepresidente del Gobierno para un área concreta: la de seguridad y defensa nacional. Su titular era el teniente general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil[11]. Según explica Miguel Platón, «nunca había existido un vicepresidente que tuviese competencias militares específicas […] y al ser titular de la primera vicepresidencia se le concedía —en principio— prioridad sobre el resto». Platón añade que Arias había llamado en primer lugar al general Manuel Gutiérrez Mellado, a quien había ofrecido la cartera de Gobernación, que llevaba aparejada la condición de vicepresidente. Gutiérrez Mellado habría rehusado la oferta, manifestando al presidente su interés por seguir la carrera militar hasta lograr el ascenso a teniente general. Según Platón, el «nombre del teniente general Fernando de Santiago […] lo sugirió el propio general Gutiérrez Mellado, con quien le unía una relación de amistad».

Areilza confirma[12] que se había pensado en Gutiérrez Mellado, ya que, junto a Díez-Alegría en el Alto Estado Mayor, fue siempre el valedor más ardiente de la reforma de la superestructura de la defensa. Sin embargo, el conde de Motrico relata (págs. 76 y 77) cómo Gutiérrez Mellado, por entonces comandante general de Ceuta, le detalló la manera en que «fue eliminado por el búnker de la combinación ministerial», con el argumento principal de su «actitud racional y moderada en el delicado tema del procesamiento de los oficiales de la UMD». Con tal motivo, se montó una campaña para acusarle de «ser el jefe espiritual de la secta democrática y evidenciar la imposibilidad de que su nombre figurara en el Gabinete». El dossier se hizo llegar al rey.

Por su parte, Fraga Iribarne[13] recuerda que el lunes 8 de diciembre recibió la visita de Gutiérrez Mellado, a quien preguntó «si estaba en sus planes acceder a un puesto de gobierno»; la respuesta del general habría sido «que prefería servir dentro de su carrera militar». Mellado le sugirió —a petición de Fraga— los nombres de los generales Santiago y Olivares. Pero no sabía Fraga que en ese momento Arias ofrecía la cartera de Gobernación al general Castro Sanmartín, quien también declinó el nombramiento, como relata Platón (pág. 382). Tal rechazo terminaría por situar a Fraga en Gobernación.

Era evidente que, con el nombramiento de Santiago, se quería dar importancia al papel de las Fuerzas Armadas en el Gabinete, pero a muchos observadores políticos y a no pocos militares sorprendía el apelativo de la vicepresidencia, que dejaba en el aire cierta confusión sobre las intenciones de Arias: unos interpretaban que buscaba el respaldo militar a la naciente monarquía, la tutela del más fuerte de los poderes fácticos; otros, que orientaba su Gobierno a resolver los problemas estructurales de la defensa nacional, deseo militar largamente argumentado desde el Alto Estado Mayor. Por tales razones los observadores se mantuvieron atentos a los primeros pasos del teniente general Santiago; y la primera oportunidad surgió el 13 de diciembre, en la toma de posesión de los ministros. Cuenta José María de Areilza (pág. 19) que, tras un discurso en el que Arias habló con serenidad, dominio y buen lenguaje, el general leyó, superado por la emoción y temblándole las manos, un texto tradicional y conservador.

Con el paso de las primeras semanas el vicepresidente Santiago debió asumir que su función en el Gobierno era la vigilancia de la ortodoxia de los principios fundamentales cuando se aplicara la reforma prevista. Arias no tardaría en darse cuenta del error cometido con su designación. Según relata Areilza (pág. 81), el presidente llegó a reconvenir personalmente a Santiago por alguno de los «fichajes» —vinculados a los sectores más inmovilistas— que pretendía hacer. Desde el SECED, en nota de 14 de enero de 1976, se le hicieron llegar a Arias los comentarios que corrían en relación con el nombramiento de Santiago, de reconocida tendencia conservadora.

Para unos es una especie de censor, capaz de garantizar la ortodoxia frente a los intentos liquidadores de algunos ministros; para otros constituye un obstáculo a la liberalización. Es decir, es considerado más por su supuesta actuación en el marco político que por su función en el campo especial para el que fue creado:

Y seguía informando aquella nota de Valverde:

… la noticia de su asistencia con Girón e Iniesta, acompañado por el ministro del Ejército, el teniente general Álvarez Arenas, tiene un indudable valor político […]. Por eso la difunden todos: los «ultras» por considerar que ya cuentan con un futuro apoyo; también los que piensan con desagrado que esa no es la función que debe desarrollar el teniente general […]. De él se espera fundamentalmente que ponga orden en nuestra caótica organización de la defensa; que vertebre esta definitivamente en el correspondiente ministerio; y que una política militar juiciosamente conducida devuelva a nuestros ejércitos la eficacia y el peso específico que nunca debieron haber perdido.

En áreas políticas no relacionadas con lo castrense se opinaba que la credibilidad de Santiago se incrementaría si este se limitaba a los asuntos de la reforma militar. Del mismo modo, entre determinados jefes y oficiales de la Primera Sección del Alto Estado Mayor —la militar— con los que el SECED había establecido contacto, se observaba con la mayor preocupación profesional la inequívoca postura adoptada por Santiago[14].

Pocos días después de recibir el presidente del Gobierno aquella nota informativa le llegaba otra, con fecha 19 de enero. En ella se afirmaba lo siguiente:

… se ha sacado la impresión de una clara unanimidad al juzgar la recién creada vicepresidencia […]. Se estima que si se le dan misiones de importancia a esa vicepresidencia y el teniente general se rodea de un equipo de militares con empuje y talante político, capaces de desarrollar una verdadera política de defensa, este órgano puede resultar de la mayor importancia en la vida de la nación en los próximos años […]. Se da por supuesto que el primer objetivo de esa vicepresidencia ha de ser la elaboración de una Ley Orgánica de la Defensa y el estudio del posible departamento que agrupe a los tres ministerios militares […]. Para poner en marcha semejante reorganización de la política de defensa se considera indispensable […] la vinculación directa del AEM a la vicepresidencia, convirtiéndolo en su órgano fundamental de trabajo. A partir de ese momento, el esfuerzo principal recaería en el AEM […] mientras la orientación de aquel esfuerzo y la coordinación de la política a seguir en Ejército, Marina y Aire serían las misiones principales de la citada vicepresidencia […]. En el AEM se extrañan —y en cierto modo se quejan— de que nadie les exija un trabajo excepcional, temiendo que en realidad no se esté «cociendo» nada […]. Eso supondría un nuevo desgaste de la imagen de las Fuerzas Armadas, con la creación de un alto organismo militar innecesario o desaprovechado […] que haya tenido como único objeto acallar algunos sectores de la derecha y respaldar militarmente la acción del nuevo Gobierno […]; prefieren pensar que la aparente inoperancia encubre una maniobra de espera hasta el 15 de marzo en que ascenderá a teniente general Gutiérrez Mellado, y sería designado jefe del AEM.

En fechas anteriores, el 16 de diciembre de 1975, el día en que cumplía 42 años, había disfrutado de una larga conversación privada con Manuel-Díez Alegría. Estos serían algunos de sus comentarios, prácticamente textuales:

Hemos perdido una vez más el autobús. No le damos importancia al tiempo. El tiempo no arregla nada. Y así ha pasado con el Sahara, el búnker, la situación económica… todo. Arias es un hombre bien intencionado. Pero le falta carácter. Yo siempre lo he dicho. Y puede perder la iniciativa. El búnker ocupa puestos muy clave para hacer las cosas a su estilo. Yo estoy de acuerdo en que hay que ir con prudencia, sin revoluciones. Pero se están haciendo demasiadas concesiones (…). Se crea una comisión para estudiar la reforma y allí van Solís, Girón… ¡Pues no! Hay que ser un poco más valientes.

El teniente general Manuel Díez-Alegría me comentaría extensamente su opinión sobre la nueva Vicepresidencia para Asuntos de la Defensa, en una conversación que tuvo lugar en su domicilio en la mañana del 16 de febrero de 1976, poco después de que fuera nombrado embajador de España en El Cairo:

Lo de la Vicepresidencia es solo para presumir de que se ha hecho algo, porque en realidad no sirve absolutamente para nada. Hay que crear un Ministerio de Defensa […]. Mientras duró Carrero, que lo entendía y estaba convencido de ello, no se lo podían cargar. Pero vino Arias y no estaba tan convencido. Por cierto, que él mismo me contó que metió la pata al decirle a Franco que lo que pretendía Díez-Alegría no era nada tan extraordinario: crear el Ministerio de Defensa, como lo hay en todas partes. Pero Franco le interrumpió diciéndole: «Eso de ninguna manera, eso no puede ser». Y la verdad es que la Ley Orgánica del Estado no hablaba en ningún momento de la creación del Ministerio de Defensa. Además, yo se lo había preguntado antes al Caudillo y sabía que no lo quería […]. La Vicepresidencia de Defensa solo funcionaría imponiéndose a los ministros militares. Y eso es imposible, porque ya se encargan ellos de que no se les impongan […]. A todos los militares que han querido hacer reformas en el Ejército […] se los han cargado. Por eso creo que no cabe pensar más que en los civiles.

Del nuevo vicepresidente opinaría: «Santiago no tiene garra. Es un inmovilista total […]. A Santiago le ha llevado a la vicepresidencia el rey, y al rey se lo ha impuesto su distinguido secretario militar [Armada]».

El hecho es que se había creado la figura del vicepresidente para Asuntos de la Defensa, con nivel superior a los ministros militares, que estaban ya abocados a desaparecer, pues no solo no encajaban en la nueva Administración, sino que desde mucho tiempo antes habían impedido una adecuada coordinación en los planteamientos de la defensa nacional. Al menos, ese era el enfoque del SECED, y su director, Valverde, con intención de ayudar al vicepresidente militar y de orientarle en los temas de política de defensa, no dudó en invitarlo a una presentación del Servicio —como haría posteriormente con los ministros militares— el día 17 de diciembre de 1975. El teniente general Santiago no disponía más que de hora y media, y el programa previsto no pudo desarrollarse por completo; pero se manifestó muy satisfecho y pidió al SECED apoyo provisional, en tanto entraba en rodaje su gabinete. Valverde se ofreció para preparar algunos puntos para el discurso que debía pronunciar semanas después en el CESEDEN[15].

El general Santiago aceptó gustoso y no tuvo inconveniente en incorporar a su conferencia un párrafo sobre «los retos» y otro párrafo del SECED sobre política y defensa nacional cuyos términos contrastaban notablemente con la actitud que había mantenido hasta el momento. Decía así:

No hay posible confusión. La defensa nacional y su columna vertebral, las Fuerzas Armadas, tienen un indudable valor político, pero […] dejadme establecer que no nos corresponde ser valedores de ninguna opción posible […]. Por último, quiero decir que esa garantía de lo permanente la alcanzaremos con mayor facilidad si nos mantenemos corporativamente alejados del juego menor y contingente de la política y nos hacemos merecedores del general respeto y afecto por nuestra dedicación exclusiva a lo que nos es propio.

La parte más importante del proyecto de discurso elaborado en el SECED sobre «La orgánica de la defensa» decía, entre otras cosas:

… es perceptible una cierta confusión en las funciones asignadas a cada órgano existente […]. Parece necesario que la Junta de Defensa Nacional disponga de un órgano permanente capaz de desarrollar las decisiones. También se precisa la separación de los órganos de mando, los componentes operativos y las cabezas administrativas […]. Posiblemente la solución óptima pueda ser en el futuro un ministro de Defensa y tal vez tres ministros al frente de cada uno de los actuales departamentos.

En el texto el Servicio esbozaba las claves para resolver los viejos y numerosos problemas personales y estructurales de las Fuerzas Armadas. Es fácil descubrir que su posición en el tema de la reforma militar estaba en plena sintonía con los aspectos clave que el Alto Estado Mayor había defendido en la etapa del teniente general Díez-Alegría. El Servicio impulsaba así, a través de la cúpula del Ejecutivo, las orientaciones indispensables para remover las estructuras y la filosofía de la defensa, en línea con lo que se venía observando desde hacía lustros en los países de nuestro entorno[16].

En la conversación que mantuve con Díez-Alegría con motivo de su nombramiento como embajador en la entonces República Árabe Unida (RAU), hoy Egipto, el 16 de febrero, hablamos «a tumba abierta» sobre otros temas nacionales de actualidad. Las palabras del teniente general estaban cargadas de sinceridad y, por qué no decirlo, también de cierta amargura. Se extendió sobre el tema de las Fuerzas Armadas:

El Gobierno corre ahora el peligro de que, cuando quiera llevar adelante medidas aperturistas, no pueda hacerlo porque no le dejan esos generales del reducto del diario Alcázar. Para mí es lo peor que puede pasar: que el Gobierno encuentre el cómodo respaldo de decir que es el Ejército el que no le deja. Yo no creo que esos dieciocho señores del Consejo Superior representen hoy al Ejército. El propio Fernández Vallespín me dijo que quería dejar el Alto Estado Mayor; pero ahora teme que vaya a sustituirlo Mellado. Pero el Guti no quiere ir al Alto; prefiere ir al Central (EMC).

Me dedicó un afectuoso recuerdo al general Gutiérrez Mellado. Después añadió que, para esos generales «ultras», el rey había sido el inspirador de la Unión Militar Democrática (UMD) y Gutiérrez Mellado su padre espiritual. En palabras del propio don Juan Carlos: «Según ellos, yo soy el Espíritu Santo y el Guti el padre de la criatura». Y explicaba que el ministro del Ejército, Álvarez-Arenas, en su etapa de capitán general de Madrid, no veía con buenos ojos a Gutiérrez Mellado por esa presunta relación con los oficiales de la UMD. Al citarlos, Díez-Alegría me hizo esta breve alusión: «Saldrán condenados del consejo de guerra con toda seguridad y me parece muy bien. Pero esto va a traer cola, a pesar de que ellos son unos mentecatos». En el Servicio habíamos tenido la oportunidad de recabar poco antes la opinión del propio ministro del Ejército al respecto de los militares de la UMD. Nos dijo que el rey estaba «muy preocupado con el tema», pero que estaba alejada de su mente «la idea de que no había culpa», por lo que no cabía la posibilidad de incidir en tal sumario.

En aquellos días, la UMD y Gutiérrez Mellado estaban en boca de todo el estamento militar y también el rey nos habló del general a principios de febrero. El monarca veía aún difícil su ascenso, tema que le preocupaba desde su etapa de príncipe, por suponerlo el Consejo Superior del Ejército en una línea liberal y democrática discrepante con el pensamiento de los tenientes generales consejeros. No obstante, la ansiada promoción de Mellado no tardaría en producirse, gracias al mensaje previo de Su Majestad al teniente general Coloma —por entonces todavía ministro del Ejército— para que saltase en el escalafón al general Valenzuela, que no tenía problemas de edad y que lo aceptaba caballerosamente. En marzo, un documento difundido por la Dirección General de Coordinación del Ministerio de Información y Turismo decía lo siguiente, bajo el epígrafe «Cambios entre los generales»:

El último Consejo de Ministros ha aprovechado en este sentido la vacante producida por la muerte del último capitán general de Barcelona para ascender al general Gutiérrez Mellado y nombrar al general Vega Rodríguez comandante de la Primera Región Militar. En diciembre, cuando se formó el nuevo Gobierno, los reformistas habían querido tener a Gutiérrez como jefe del Estado Mayor o ministro del Ejército. Sin embargo el generalato se opuso con el argumento de que no había alcanzado aún el grado debido y que por ello no podía ser puesto al frente de generales de más alto rango. Y así tuvo que quedar en su puesto de comandante de Ceuta hasta que ahora ha recibido el más alto grado de general y el mando de la Séptima Región Militar.

El periodista Luis Méndez me comentaría el 12 de febrero que su buen amigo «Guti» era desde siempre un hombre modesto y que ahora rehusaba ser nombrado por el rey jefe de su Cuarto Militar por requerir mucha «vida de etiqueta».

Pese a todo lo anteriormente expuesto, el ámbito militar quedaba fuera de la responsabilidad informativa del SECED, según orden secreta de Presidencia. Fue la instrumentalización política a la que se estaba sometiendo a las Fuerzas Armadas la que hizo necesaria, desde el momento inicial de la monarquía, la observación de aquellas circunstancias que pudieran alterar el deseable comportamiento de la oficialidad de los tres Ejércitos. Por el extremo derecho del arco ideológico, no bastaba conocer la actitud de militares como el vicepresidente, remisos ante la reforma, sino que era importante estar al tanto de las reacciones de aquellos procuradores en Cortes y consejeros nacionales que mantenían públicamente posiciones inmovilistas. Por el otro extremo, era preciso obtener información sobre aquellos oficiales simpatizantes de la UMD. Pero al mismo tiempo, resultaba aconsejable informar al presidente sobre otros aspectos del ámbito militar, por su indudable repercusión política. Los militares podían convertirse en el objetivo más vulnerable de los enemigos —de uno y otro signo— de la reforma e, incluso, de la monarquía.

POLÍTICA ECONÓMICA

También era la primera vez que un Gobierno de la nación incluía una tercera vicepresidencia para dirigir la política económica, competencia que iba a recaer sobre el nuevo ministro de Hacienda, Juan Miguel Villar Mir. Según afirma Miguel Ángel Ximénez de Embún en su ya citada biografía sobre este hombre de negocios, Villar Mir, entonces presidente de Altos Hornos de Vizcaya, rehusó la invitación para entrar como ministro de Industria en el primer Gobierno presidido por Arias, en diciembre de 1973. Un año después Arias habría vuelto a tantearlo con idéntico resultado, en esta ocasión para sustituir a Antonio Barrera de Irimo al frente del Ministerio de Hacienda:

La tercera vez que se le propuso a Juan Miguel su integración en el Gobierno lo llevó a cabo de nuevo Carlos Arias Navarro, y fue para la formación del equipo que, tras la muerte de Franco y la proclamación de SAR don Juan Carlos I como rey de España, a finales de 1975, debía preparar los pasos de la plena transición política. A Juan Miguel la propuesta le resultó extremadamente ilusionante. Y, por supuesto, irrenunciable.

Mi amistad personal desde años atrás con Villar debió aconsejar a la jefatura del SECED encomendarme la gestión de sondeo sobre su posible participación en el segundo Gobierno Arias. Recuerdo muy bien las dos o tres conversaciones telefónicas que mantuvimos aquellas noches. Le ofrecimos sucesivamente la cartera de Comercio, la de Industria…, que no parecían colmar sus aspiraciones. Se me autorizó entonces a elevar el listón de la oferta hasta la cartera de Hacienda, pero tampoco conseguí su aceptación. Me insistía Villar en que la política económica no residía exclusivamente en ese ministerio, sino en una acción coordinada de todos los departamentos económicos (Obras Públicas, Industria, Agricultura, Comercio y Vivienda), lo que exigía un poder explícito sobre los ministros de tales ramos: en otras palabras, una vicepresidencia del Gobierno.

La larga conversación telefónica del día 9 de diciembre fue concluyente. Villar Mir no estaba dispuesto a abandonar Altos Hornos en ese momento por un departamento ministerial, y solo la responsabilidad de la economía en su conjunto —que finalmente acabaría entregándole Arias— justificaría un cambio de actitud. Cuenta el autor de su biografía que la condición esencial para Villar Mir era que los ministros económicos comulgaran con él «en la decisión de establecer una política de austeridad que recondujera el comportamiento de los ciudadanos a los parámetros de la situación real de España, en un contexto de productividad y competencia creciente en el espacio internacional». Los elegidos fueron Virgilio Oñate (Agricultura), Carlos Pérez de Bricio (Industria), Francisco Lozano (Vivienda), Leopoldo Calvo-Sotelo (Comercio) y Antonio Valdés (Obras Públicas), dando primacía al criterio de la confianza y a su competencia técnica.

Dos días después de jurar sus cargos los nuevos ministros en el Palacio de la Zarzuela, el 15 de diciembre, se hizo pública una declaración programática del Gobierno, sobre un borrador quizá elaborado por Fraga con la intervención de otros compañeros de Gabinete. En lo referente al área económica no era difícil advertir la pluma de Villar Mir:

Consciente de las profundas dificultades que afectan a la economía nacional y cuya solución requiere austeridad y trabajo, el Gobierno dirigirá su política hacia los grandes objetivos sociales y económicos […], todo ello en un marco de economía de mercado, hacia una creciente cooperación e integración en las comunidades europea y mundial, acorde con el interés nacional y tendiendo a una auténtica transformación de las estructuras económicas, sociales y culturales, consecuencia ineludible de la justicia social, que la monarquía ha proclamado como su principio rector.

Villar tuvo que presentar a las Cortes el 29 de diciembre los Presupuestos Generales del Estado para 1976, preparados por su antecesor, Cabello de Alba, dejando bien sentado que «el país vive y ha estado viviendo estos últimos años por encima de nuestras posibilidades». (Tras la brutal crisis del petróleo en octubre de 1973, el incremento salarial había alcanzado el 28 %, con una inflación media superior al 20 %). ABC definiría aquella sesión de las Cortes como «el más crudo y riguroso análisis de la situación económica». Aunque se confiaba en la experiencia empresarial de Villar Mir —no era un utópico, un demagogo, un político idealista—, había sonado la voz de alarma.

Se aplaudía a Villar por su sinceridad y valentía, pero algún editorialista hubiese deseado que estas virtudes se conciliasen con la prudencia[17]. No obstante, y pese a que resultara, evidentemente, impopular, al vicepresidente para Asuntos Económicos no le quedó más remedio que decir al país que la situación económica era mala; que todos teníamos que contribuir para corregir la inflación, moderando nuestras pretensiones, y que había que devaluar la peseta para ser realistas. Sin duda le iba a tocar remar contra corriente: en los primeros meses de 1976 crecían las protestas sociales, con aquel lema: «Villar Mir, te tienes que ir». El Partido Comunista, a través de Comisiones Obreras, promovía una cadena de movilizaciones en forma de huelga, echando un pulso al Gobierno. Los conflictos de Madrid (Metro, Correos, RENFE…) se extendieron a otras capitales. Pese a ello los ministerios económicos seguían su tarea de planificación, en tanto que los departamentos políticos continuaban envueltos en la reforma y en el forcejeo por avanzar estadios de la Transición, sin prestar particular atención a la evolución de la parcela económica.

Sin embargo, el presidente Arias comenzaba a estar preocupado con el nivel alcanzado por la campaña de prensa contra Villar Mir, que ya sobrepasaba los límites aceptables y parecía apuntar al Gobierno en su conjunto e incluso a la Corona, con algunos tintes subversivos. Así que el director del SECED me encomendó pedir audiencia al ministro de Hacienda para escuchar su punto de vista, encargo que cumplí en la mañana del 7 de marzo en la sede del Ministerio.

Respecto a la citada campaña de prensa, Villar Mir me dijo que había decidido no replicar a diario, con la esperanza de que tras alguna de sus intervenciones públicas se produjera un cambio de actitud. Había hablado varias veces de este asunto con el presidente, al que veía seriamente disgustado por la pasividad del ministro de Información y Turismo, Martín Gamero, frente a posturas socialistas o comunistas. Después pasó a exponerme el clima interno en el Ministerio de Hacienda, se extendió en conceptos de política económica y me resumió un reciente despacho con Arias sobre los cinco ministerios que le estaban subordinados. Dos de ellos funcionaban muy bien: Obras Públicas e Industria; en Vivienda, Francisco Lozano llevaba «camino de ser un excelente ministro, aunque de carácter algo vehemente»; Virgilio Oñate, en Agricultura, y Leopoldo Calvo-Sotelo, en Comercio, andaban aún algo descentrados.

En cualquier caso, el proyecto estrella de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos era la Ley de Actuación Económica, cuya aprobación estaba en el aire. Sobre ello me habló el procurador en Cortes por Logroño y abogado del Estado Álvaro Lapuerta, quien me aseguró que el Gobierno debería retirarlo antes de que fuese rechazado en la Cámara, pues ya existía un compromiso de setenta procuradores de Acción Institucional, de todos los generales (García Rebull, Galera Paniagua, Iniesta Cano…), así como de treinta de Unión Democrática Española (UDE) y otros tantos del Grupo Parlamentario Independiente, y setenta más de la Unión del Pueblo Español (UDPE). Los procuradores «sociales» ya habían anunciado una enmienda a la totalidad.

Precisamente sobre las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios y por procuradores individuales nos daba su opinión el 16 de marzo el director general de Relaciones Institucionales de la Presidencia del Gobierno, Luis Jáudenes. Pensaba que el Gobierno podría negociar algunos aspectos del proyecto de ley, pero no consideraba prudente volcarse a fondo, teniendo por delante otros más políticos y polémicos. Las alternativas eran la retirada del proyecto, sin que fuera necesario razonar la decisión, o su devolución por las Cortes, acto que a juicio de Jáudenes no supondría la dimisión de Villar Mir, pero sí la salida del presidente Arias.

En estas circunstancias, con la Ley de Actuación Económica debatiéndose en las Cortes, la dirección del SECED se dispuso a indagar las actitudes de procuradores y grupos parlamentarios para completar con ellas un informe para el presidente. Las entrevistas llevadas a cabo con personalidades muy variadas (Palomares, Gías Jové, Asís Garrote, Álvarez Romero, Valls Taberner, Franco Pascual de Pobil, etcétera) dejaban constancia de las opiniones contradictorias existentes respecto al proyecto gubernamental, aunque era mayoritaria la corriente que abogaba por pactar la modificación de la ley.

Meses después, el 12 de junio, acudí al despacho de Villar, que iba a seguir al rey en su visita oficial a Estados Unidos. El vicepresidente estaba seguro de dejar en buen camino la Ley de Actuación Económica, que pensaba saldría de las Cortes pronto y sin problemas. Se trataba de ir sacando disposiciones poco a poco, a medida que la sociedad y la economía nacional pudieran digerirlas. Villar se consideraba satisfecho de las decisiones monetarias y aseguraba que las fiscales iban a tener mayor trascendencia.

Al despedirnos, le sugerí la posibilidad de que almorzase un día en el SECED para hablarnos de su ministerio. Le satisfizo mucho y propuso la fecha del viernes 25 de junio. La comida se llevó a cabo el día acordado, con presencia de Valverde, Cassinello y yo mismo. Villar Mir nos deleitó con una detallada exposición de las líneas de su política económica durante el primer semestre de su gestión. Aseguraba que, a raíz de la crisis del petróleo, la mayoría de los países occidentales habían reaccionado reduciendo lujos, gastos, consumos. Barrera de Irimo, en cambio, había creído que se trataba de una crisis profunda pero breve, que podía salvarse echando mano de los 6.000 millones de dólares de nuestras reservas, y, por no tomar medidas entonces, se cerró el año 1974 con 3.300 millones de deuda exterior. Después Cabello de Alba iniciaría en el verano de 1975 algunas medidas correctoras con miedo y sin profundidad, y la deuda aumentó. De ahí que la primera medida de política monetaria de Villar Mir fuera devaluar la peseta, con la aprobación del Banco de España, pues su cambio era absolutamente irreal. La medida fue reconocida ampliamente como un éxito.

Problema importante era la inflación, que en 1976 aún sería similar a la de 1975 (el 15 %). Había que reducir precios, «que es lo mismo que reducir consumos y, en definitiva, circulación fiduciaria», medida que, según el ministro, acarrearía suspensiones de pagos a partir del otoño, sobre todo en empresas mal estudiadas y mal gestionadas, inestables desde el punto de vista de Hacienda, consiguiéndose así una saludable limpieza en el sector. Las perspectivas de crecimiento del Producto Nacional Bruto apuntaban a casi el 4 %, y el déficit de la balanza exterior empezaba a disminuir, de modo que a fines de 1976 se llegaría a menos de 3.000 millones de dólares de deuda, cifra que se reduciría en 1978 a unos 1.500 millones, nivel normal que podría contrarrestarse con créditos renovables.

Sacó también a relucir el ministro la evasión de capitales, que no consideraba tan importante como se comentaba. Pero sí le preocupaba el problema de los precios y la carestía de la vida: «es grave que no se le meta el diente seriamente». Por otra parte, lamentó que el cálculo de estadísticas no reflejase bien la realidad. Había que decir la verdad, toda la verdad. Había que desestacionalizar los cálculos y suprimir las subidas especiales, para obtener índices bianuales serios. En resumen, la actuación de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos estaba encaminada a reducir el déficit exterior, mantener el consumo ordinario con ligero aumento y tender al incremento del consumo de materias básicas y de solicitudes de inversión por parte de las empresas. En cuanto al libro blanco de la reforma fiscal, Villar esperaba que se transformase en ley en la primavera de 1977.

La despedida del director del SECED al ministro de Hacienda no pudo ser más sincera y afectuosa. No podíamos sospechar entonces que el cambio de Gobierno iba a saltar a primera página en breve plazo. Respecto al proyecto de Ley de Actuación Económica, fue finalmente aprobado, aunque era evidente el ambiente general de contestación. Su publicación en el Boletín de las Cortes Españolas tuvo lugar el 2 de julio; el 26 de ese mismo mes, el recién incorporado Gobierno Suárez decidiría retirarlo.

CUESTIONES DE POLÍTICA INTERIOR

La máxima responsabilidad en la parcela de interior en el Gobierno Arias recayó en Manuel Fraga Iribarne, vicepresidente segundo y titular del Ministerio de Gobernación. El presidente había decidido designar a Fraga para aquella cartera no sin antes haber tanteado otras alternativas, sugeridas, con presión, desde ámbitos diversos. Relataba Fraga (pág. 30) años después que aceptó el cargo con la condición de que su gestión no quedara circunscrita al orden público, sino también al diseño de la reforma, y que el primer ofrecimiento que se le hizo, la cartera de Educación, no le interesaba porque solo estaba dispuesto a aceptar una cartera con implicación y responsabilidad directas en el cambio político. Hay que suponer que ese forcejeo inicial bien pudo deberse a cierta desconfianza por parte del presidente ante la nada oculta intención de Fraga de protagonizar el proceso de reforma.

A este respecto, recordemos la conversación que mantuvieron Fraga y Rafael Pérez Escolar antes de que se hiciera público su nombramiento:

Le expuse por derecho mi opinión contraria a que entrase en el Gabinete. Yo creía que […] era un error mayúsculo que solo podía cometer quien olvidaba su condición de figura principal de un reformismo basado en el centro político. Debatimos largamente […]; él no podía renunciar, según me dijo, «a coger el tren cuando pasa por la puerta».

Fraga impulsaba un ritmo trepidante a su departamento y las relaciones del SECED con el Ministerio de la Gobernación se ampliaron y profundizaron inmediatamente, con numerosas reuniones de alto nivel en los primeros meses de 1976. Don Manuel quiso —por propia iniciativa— entrevistarse con Valverde lo antes posible. La reunión se produjo en la sede de Castellana 5, el 22 de diciembre del año anterior, y los miembros del SECED que acompañaron al director apreciaron en el vicepresidente una gran coincidencia de puntos de vista con los que sustentaba el Servicio sobre los problemas generales del país. No obstante, Valverde recordaría después a sus directivos que el presidente Arias le había dado la consigna de que a Fraga había que «pedirle mucho… y darle poco», sin abrirle la totalidad del SECED.

En los días siguientes, Valverde se encontraría con el que había de convertirse en el nuevo director general de Seguridad, el coronel Víctor Castro Sanmartín, y con el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el coronel Sáenz de Santamaría. Era asunto prioritario la coordinación del Plan Udaberri —que regía la coordinación de acción política y policial en la región vasco-navarra—, en el que el SECED y Gobernación compartían responsabilidades. Mientras se producía este acercamiento a Gobernación, el día de fin de año el presidente Arias pidió a Valverde ideas para la redacción del discurso que quería dirigir a las Cortes Españolas de un modo personal, no colegiado, como Fraga le demandaba. Este le había sugerido que el texto se viera previamente en Consejo de Ministros y revistiera el carácter de programa de Gobierno, pues entendía los asuntos políticos nacionales como una de las competencias de su vicepresidencia. A Arias Navarro le preocupaban además los inmediatos nombramientos de gobernadores civiles y el desmedido interés de Fraga por la coordinación de los servicios de información, tanto que tuvo que puntualizarle a Valverde en ese despacho que el tema de la coordinación de la información debía ser llevado a cabo por el SECED «por las buenas o por las malas» y con su orden expresa si hiciera falta. De forma recíproca, el Servicio preparó para el presidente, a modo de recordatorio, un listado de asuntos que podrían servirle de guía para la primera conversación con Fraga. De esas notas cabe destacar una sugerencia: el mantenimiento de la dependencia directa de Presidencia del Gobierno, aunque se organizase un despacho periódico del jefe del SECED con el vicepresidente.

El 26 de diciembre Arias Navarro había sugerido a Valverde requerir a los delegados regionales una encuesta valorada de las cualidades y defectos de los gobernadores. El Servicio llevaba tiempo pidiendo que se apartase de sus cargos a quienes estaban relacionados con alguna corruptela administrativa. Así que oficiosamente había emprendido la búsqueda de personas idóneas para cubrir un buen número de gobiernos civiles.

No sobra en este punto alguna reflexión sobre la nueva relación entre Fraga y el teniente coronel San Martín, anterior director del SECED. Parece que San Martín ofreció a Fraga la posibilidad de confeccionar un fichero de altos cargos similar al JANO, que él mismo había creado años antes. El caso es que el 21 de enero, cuando Presidencia tuvo que mandar a Gobernación la lista de los gobernadores civiles que debían ser relevados —confeccionada por el SECED—, se hizo llegar a San Martín, al parecer por orden directa del presidente.

Al día siguiente Valverde y yo visitamos a San Martín para contrastar opiniones sobre los gobernadores «cesables, trasladables y designables», como era deseo de Fraga. En la conversación, San Martín pidió la relación de los nuevos candidatos, a fin de encajarlos en el fichero de Fraga, a lo que no accedió Valverde. En el SECED se empezaban a percibir indicios de que San Martín estaba organizando en Gobernación un servicio paralelo. Valverde decidió visitar de nuevo a San Martín el 23 de febrero para expresarle que las actividades que se le estaban atribuyendo podrían considerarse como interferencias en las propias del Servicio. San Martín lo negó todo y aprovechó para informar, en su descargo, sobre el carácter moderador de sus relaciones con Fraga, a quien según el teniente coronel había que frenar con frecuencia.

Pero dejemos de lado las relaciones del SECED y Gobernación, y del presidente con el vicepresidente segundo, para centrarnos en los grandes problemas de índole política que suscitaban entonces el interés de los medios de comunicación y de la mayor parte de los españoles. En este sentido, el Sector Político del SECED llevó a cabo en aquellos intensos meses numerosas visitas a personalidades que pudieran ofrecernos puntos de vista diferentes sobre la situación nacional y el ambiente que reinaba en las instituciones del Estado, desde la preocupante corrupción administrativa y el oscuro panorama económico hasta la conveniente suspensión del Movimiento, la Organización Sindical y el Ministerio de Información y Turismo. Me limito a recordar aquí un reducido número de temas y entrevistas.

La Ley de Reforma Política

Durante las primeras semanas de 1976 el Servicio esperaba impaciente la resolución definitiva de aquel juego de posibilidades políticas contrapuestas que se había desarrollado a lo largo del año anterior, mientras se hacía cada vez más necesaria y urgente una clara definición presidencial de su proyecto de reforma. El SECED estuvo particularmente atento a las actividades rupturistas, amenaza de mayor peso que la meramente continuista. Pero, como se demostraría después, el Servicio tenía más posibilidades de neutralizar las maniobras antirreformistas que de enfrentarse, por ejemplo, a la hábil instrumentalización que el PCE hacía de Comisiones Obreras desde la clandestinidad semitolerada.

La verdad es que no resultaba nada fácil dar con la fórmula adecuada para transformar el régimen, por la dificultad de definir una meta final que debía ser aceptada por todos y de encontrar las vías oportunas para llegar a ella partiendo de la legalidad vigente. Era indispensable que quienes militaban dentro del sistema comprendiesen que la reforma habría de conducir al cambio de régimen y que los que se movían fuera de aquel admitiesen llegar al final sin romper la legalidad. Para ninguna de las dos partes resultaba fácil aceptarlo de entrada y sin reservas; les era más sencillo mantenerse a favor del continuismo o de la ruptura. Lo conveniente era empezar cuanto antes para que la transición fuese lo más breve posible, sin los costes sociales y económicos que comportaría una demora excesiva.

En cualquier caso parecía vital que el Gobierno (en el que el rey había delegado la formulación concreta del planteamiento reformista) tomase la iniciativa como signo más evidente de que las cosas empezaban a cambiar ya desde la misma cúpula del poder constituido. Pero, lamentablemente, superado el paréntesis del tránsito, se iba a iniciar un periodo de indecisiones y reservas que demoró excesivamente el debate institucional sobre la esperada reforma. Las élites reformistas arbitraron una suerte de maniobra política de contención, acaso sin proponérselo, para limitar las ofensivas continuistas y rupturistas que empezaban a desencadenarse. Se pondría pronto al descubierto una gran contradicción: el conjunto de los planteamientos se apoyaba en la controvertida limitación del campo de juego político, lo cual era muy discutible desde la pura ortodoxia democrática, aunque esta sutileza no fuera percibida entonces con tanta claridad desde la legalidad. En esas circunstancias los reformistas más timoratos no querían asustar a los integristas del sistema aún recuperables. Pero lo cierto es que el simple anuncio de cualquier limitación invalidaba de alguna manera la acción de los reformistas más audaces, que buscaban atraerse a quienes militaban en los sectores más moderados del campo socialista.

Martín Villa (pág. 18) analiza la intervención del presidente Arias en las Cortes a fines de enero, que había sido esperada con expectación, y califica su discurso de «farragoso en la forma, concreto en lo fundamental, impreciso en los objetivos últimos y, en el terreno de lo sindical, decepcionante», y comenta que Arias sacrificó la claridad a la retórica. En cambio, aquella intervención —confusa— era puesta en claro por el propio presidente en Newsweek[18]: regulación de los derechos de reunión, manifestación y asociación política; establecimiento de dos Cámaras colegisladoras, una de las cuales sustituiría al Consejo Nacional; referencias a la amnistía y a una posible desaparición del Tribunal de Orden Público, así como una oferta imprecisa de prestar atención a problemas de la autonomía regional. Según el propio Martín Villa, por «presiones de los “ortodoxos” no dijo que ambas cámaras serían elegidas por sufragio universal, ni anunció una cierta revisión de las Leyes Fundamentales».

El día 5 de febrero de 1976 Adolfo Suárez, por entonces ministro secretario general del Movimiento, nos recibía a los comandantes Atienza, González Soler y a mí, como directivos del Sector Político del SECED y amigos de etapas anteriores. Después de una larga espera, nos atendió durante una hora, exponiéndonos con la confianza y cordialidad de siempre los objetivos prioritarios que pretendía impulsar desde su nuevo puesto: en primer lugar, la consolidación de la monarquía, tratando de mejorar en los medios de comunicación la imagen del rey; en segundo, el estudio de la reforma constitucional, «de una sola vez, seriamente y sin prisas, para no tener que rehacerla dentro de dos años, con el consiguiente desgaste para las instituciones». Y continuaba afirmando que la prensa y la oposición habían apoyado la prórroga de la legislatura por entender que aquellas Cortes serían incapaces de hacer la menor reforma, pero con la publicación del decreto de constitución de la Comisión Mixta Gobierno-Consejo Nacional empezaban a constatar que podrían afrontar el reto, por lo cual exigirían pronto que se acortase la prórroga prevista.

También opinaba el ministro-secretario que en el Gobierno había demasiado «solista»: varias primeras figuras que sabían bien su papel y lo defendían a conciencia, pero cada cual a su aire en su parcela. Había que apoyar al presidente Arias y hacerle aparecer con alguna frecuencia en las pantallas de televisión. Como el Movimiento estaba parado, desconcertado y expectante, intranquilo ante el futuro papel que pudiera tocarle jugar, Suárez trataba de sembrar moderación, explicando a sus gentes que él no iba a ser el enterrador de la institución y que a esta aún le quedaba mucho por hacer en defensa de España.

Entre tanto, la citada Comisión Mixta para la Reforma Política, constituida por el presidente Arias con ministros y consejeros nacionales (viejas glorias del régimen, como Girón, López-Bravo y Primo de Rivera, entre otros), daba un nuevo bandazo al someter a las Cortes la modificación de determinados artículos del Código Penal, que presentaba Antonio Garrigues como ministro de Justicia. Cuenta Fraga (pág. 49) que «la reunión en el despacho del presidente de las Cortes fue decepcionante», pues —contra el criterio de Arias— se dispuso el aplazamiento de la votación. «Bien pronto se sabría que aquello fue el final de muchas cosas».

Oyarzábal explica en su Ópera prima los resultados de las deliberaciones de aquella Comisión Mixta:

… dos son los cambios fundamentales que esta comisión acaba esgrimiendo, en su objetivo imposible de liberalizar un régimen pensado para una dictadura: de una parte, modificar unos artículos de la Ley de Sucesión, que devuelven al sistema monárquico sus normas propias de herencia; de otra, introducir el voto directo universal para elegir parcialmente unas Cortes que dejarían de ser así totalmente orgánicas. Naturalmente las reformas no complacieron a nadie. En aquella infeliz sesión solo Adolfo Suárez consigue allí un importante triunfo personal con el discurso que pronuncia en apoyo de su proyecto parcial, triunfo que redondea además con la elección a consejero nacional frente a la candidatura del marqués de Villaverde […]. Así vemos cómo, primero en el Consejo Nacional y después en las Cortes, sendas propuestas legales que forman parte del plan Arias son —cosa inaudita— rechazadas y devueltas al Gobierno.

Martín Villa (pág. 35) tercia en este tema y cuenta que la Comisión Mixta no aceptó las cláusulas propuestas sobre reforma sindical, en lo que atañía a las Leyes Fundamentales. «Era el fracaso de mi gestión y de mis compromisos». Pero explica que su posible dimisión hubiera podido tener efectos desestabilizadores en el proceso político que vivía el país y beneficiar la ruptura. Los ministros Suárez y Osorio le disuadieron de hacerlo, optando entonces Martín Villa por impulsar sus tesis por otra vía: una audiencia real al Comité Ejecutivo Sindical, que resultó favorable, y el envío al monarca de un informe detallado. Los ministros antes citados analizaban con lucidez la evolución política —según Martín Villa— y veían la posibilidad de introducir temas sindicales en la Ley de Reforma de la Constitutiva de las Cortes y de otras Fundamentales. Pero en la Casa Sindical se barruntaba el fin de la organización. La reforma había caído en un estancamiento tal que se hacía difícil no prever una crisis, si no se remediaba la situación en breve. El orden público parecía asegurado por la energía demostrada por Fraga y por el convencimiento de una parte de los rupturistas de que no se podía ganar en la calle sin caer en la anarquía, algo que sería rechazado ampliamente por la sociedad. El rey tenía que recuperar la iniciativa que había delegado, reemplazando al presidente del Gobierno. En frase de Oyarzábal: «Quienes más cercanos se hallan del rey en aquellos días no dejan de recoger su gran preocupación ante este giro de los acontecimientos».

Acerca de la reforma política escucharíamos en aquellos meses de mayo y junio a Manuel Cantarero (Reforma Social Española), sobre la arcaica estructura de las Cortes y el Consejo Nacional; a Álvaro Lapuerta (Unión Democrática Española), sobre la necesidad de suprimir «los cuarenta de Ayete» y modificar algún principio fundamental; a Landelino Lavilla, sobre el referéndum, las cámaras legislativas, los procuradores por los tercios sindical y local, etcétera.

El asociacionismo político

En la citada reunión del día 5 de febrero de 1976 con Adolfo Suárez, este nos aseguraba que había que apoyar más a las asociaciones políticas: «Se sienten traicionadas y tienen razón; así que el estatuto será ampliamente reformado en breve plazo». No le importaba que las asociaciones pasasen a inscribirse en Gobernación, ni tampoco que terminasen llamándose partidos, aunque sin convertirse en cauce único de representación. Rechazaba, además, su organización por decreto-ley; prefería que la nueva ley fuese discutida en las Cortes para su aprobación, de modo que todos quedasen responsabilizados. Nos contaba también, muy confidencialmente, estar montando una operación para «poner en común» a las fuerzas del régimen, para lo cual mantenía contactos con personalidades políticas y bancarias, ofreciéndonos, de paso, opiniones sobre muchos de ellos[19]. En esas reuniones secretas pretendía Suárez unificar criterios, para lo cual estaba organizando un gabinete de estudios que defendiera estos cinco postulados: la consolidación de la Corona, el fomento de la iniciativa privada, la máxima socialización de los beneficios, el pluralismo político y las buenas costumbres. Pensaba promover un programa en Televisión Española sobre asociacionismo, en el que fueran apareciendo los líderes y sus actividades, «tan desconocidos».

El día 6 de febrero el comandante Fernández-Monzón, del Alto Estado Mayor, nos hacía algún comentario sobre la Comisión Mixta, probablemente siguiendo la pauta de las opiniones de José María de Areilza, recogidas fechas antes. Y afirmaba que ese nuevo órgano de trabajo era un engendro, que sus componentes eran tan dispares que no cabía imaginar el menor acuerdo. Las sesiones iban a ser presididas por Adolfo Suárez para no quemar a Carlos Arias, pero, al final, llegaría Fraga, que estaba «mandón», y con su propio estudio terminado se encerraría con Fernández-Miranda y Fueyo.

El vicepresidente Santiago no pudo asistir a la sesión del 25 de febrero en la que iba a discutirse el proyecto de Ley de Asociación Política. Este excluía extremismos de cualquier signo, así como a los grupos terroristas y a los separatistas. Areilza lo consideraba un texto defendible, pero Girón se negaba a aceptar que no quedara excluido todo grupo de ideología marxista, razón por la que el veterano líder falangista se proponía dimitir irrevocablemente. Entre tanto, el presidente del Gobierno estaba condicionado por la enorme carga del pasado y por la influencia de algunos sectores, que le impedían actuar. Areilza esperaba un reajuste para antes de verano.

En fechas posteriores seguiríamos recibiendo opiniones sobre el tema, y el consejero nacional Gías Jové (Frente Nacional Español) me criticaría que la Ley de Asociación Política no hubiera pasado por el Consejo.

El también consejero Nicolás Franco me habló de la vacante en liza entre las candidaturas de Adolfo Suárez y el marqués de Villaverde; y también sobre los grupos políticos que bullían en aquellas semanas, ofreciéndome un curioso esquema que había hecho llegar al príncipe el otoño anterior. Fernández de la Mora se quejó de problemas en la concentración de Montejurra y de la entrega de medios de comunicación a la oposición. Me expresaba un firme deseo de dar a la política nacional un giro de ciento ochenta grados, con un Ejecutivo más duro.

El 13 de mayo, Nicolás Franco Pascual de Pobil, sobrino del Generalísimo y consejero nacional, acudió a visitarme al SECED para hablarme de varios asuntos políticos de actualidad. Nos informaba de que el Grupo Parlamentario Regionalista había elaborado un boceto de Ley Electoral muy interesante, del que nos prometía copia. Era la ley de mayor trascendencia: «De ella puede salir el exilio de Arias y todo el régimen o que Arias pueda seguir mandando en este país». Y afirmaba que en España no era aplicable el sistema anglosajón, pues no contábamos con partidos organizados y sí con una docena de grupos menores, con lo cual desaparecería la necesaria moderación del centro o centro-derecha. Así que patrocinaba la idea de ir al sistema francés o italiano.

El comandante Atienza, directivo del Sector Político, nos comentaba el 8 de junio el pleno de las Cortes al que había asistido como simple invitado. Su impresión general era favorable, aunque era lógico imaginar alguna resistencia natural a la aprobación del proyecto de ley. Supimos el día 15 que el conde de Motrico estaba disgustado por el voto negativo de los generales y la ausencia de los ministros militares, hechos que, a su juicio, iban a ser interpretados muy desfavorablemente. Antonio Herrero, director de la Agencia Europa Press, me daría el mismo día algunas pistas sobre la sesión del Consejo Nacional, donde el clima estaba muy cargado y el estudio llevado a cabo por la ponencia había puesto en el disparadero a la Sección. «El follón lo ha organizado Emilio Romero, secundado por Fueyo; los tiros iban en realidad contra Adolfo Suárez».

El sindicalismo y la conflictividad laboral

La creciente inestabilidad social en 1975, como consecuencia de la convocatoria y celebración de elecciones en la organización sindical oficial, contribuyó poco al pacífico clima que convenía a esos meses fundamentales para la Transición. La élite aperturista sindical propició la revitalización del mortecino sindicalismo vertical organizando por vez primera unas elecciones de la base laboral en los centros de trabajo. Pero el movimiento clandestino optó por participar masivamente forzando una afluencia de votantes extraordinaria. Tal oportunidad sería aprovechada por Comisiones Obreras (CC. OO.) para lograr la mayor parte de los puestos de enlace y jurado de empresa en los grandes complejos industriales[20]. Las listas de Comisiones se presentaron bajo la denominación Candidaturas Obreras y Democráticas, que estaban pobladas de comunistas. Martín Villa (pág. 16) lo explica así:

… en esa fase éramos conscientes de que además de los problemas y tensiones políticas que plantearía el proceso [la Transición] habría que considerar las dificultades objetivas inherentes a la complejidad del organismo [la Organización Sindical], que habría de ser reformado […] ni siquiera en el seno de las organizaciones obreras clandestinas había acuerdo acerca de lo que debería hacerse con la Organización Sindical.

En mayo los medios de comunicación divulgarían la estrategia oficial para restablecer la libertad sindical, para crear las propias organizaciones y, según la recomendación 113 de la Organización Internacional del Trabajo, dotar de estructura y de total autonomía a las instituciones obreras y empresariales; pero el Estado recuperaría las funciones que tenía delegadas en la Organización Sindical, integrando en el Ministerio de Trabajo las competencias del de Relaciones Sindicales. Otras cuestiones polémicas eran la solución al abultado funcionariado sindical —alrededor de 20.000 funcionarios—, las cuotas, el cuantioso patrimonio, la regulación de la huelga, etcétera.

En el primer trimestre de 1976 comenzaron las conversaciones para los convenios colectivos en muchas empresas —por ser año par—, circunstancia «objetiva» que sería aprovechada por el Partido Comunista para desatar una serie de huelgas, a las que ya hemos aludido, en los servicios públicos, entre ellos el Metro de Madrid el Día de Reyes. El Gobierno no quiso militarizar el suburbano, pero el Ejército se tuvo que hacer cargo del servicio. Después le seguirían RENFE y Correos. La izquierda presionaba para forzar la ruptura. El Sector Laboral del SECED tuvo que aplicarse a fondo, ante el grave eco social que producían esas huelgas incontroladas y la tentación gubernamental de hacerles frente mediante el recurso a la militarización de determinadas empresas. Así que, desde el primer momento, el Servicio tuvo que ponerse de nuevo en contacto con las autoridades del Gobierno más directamente afectadas por la situación.

La presión de múltiples algaradas callejeras derivadas de las huelgas fue grande y el punto crítico de la confrontación de las Fuerzas de Orden Público con los piquetes huelguistas tuvo lugar el mes de marzo en diversos escenarios. Narra Martín Villa (pág. 26) el episodio de los acontecimientos de Vitoria: «En Vitoria se venía produciendo, desde primeros de año, una situación muy seria de desobediencia civil generalizada y de fervor casi prerrevolucionario, en medio de la inhibición de la autoridad gubernativa». Efectivamente, los activistas del sindicalismo clandestino sacaron de contexto el problema laboral de varias empresas del Polígono Industrial de Vitoria[21] para llevarlo al campo de la confrontación política, incluyendo la exigencia de amnistía general, de tan controvertida actualidad, con la reivindicación maximalista del «todo o nada». Durante semanas aumentó el conflicto generalizado, que calificaría Martín Villa de «podrido, correoso, abiertamente politizado y asambleario». Tenía la rabiosa sensación de impotencia.

El día 3 de marzo la situación degeneró en un movimiento insurreccional que se saldaría con cuatro muertos y sesenta heridos, tras el encierro de cinco mil trabajadores en la iglesia de San Francisco, y el poco afortunado cerco policial, que acabó con lanzamiento de botes de humo en el interior. Ambas partes habían sido desbordadas por los acontecimientos. Relata Martín Villa que ese día Fraga se iba a Alemania:

… no se sentía acuciado por un verdadero problema de orden público […], algunos colaboradores de Fraga vivían en el mejor de los mundos por lo que a Vitoria se refiere. Después […], piquetes, barricadas, cierre de comercios, manifestación de ciento veinte mil trabajadores […] y el día 8, un paro laboral de cuatrocientos mil en todo el País Vasco.

El Consejo de Ministros del viernes 5 de marzo no decretó el estado de excepción, y al día siguiente Fraga y Martín Villa se trasladaron a Vitoria. Había que recuperar la autoridad perdida. Arias encomendó la situación a Adolfo Suárez, al que, a juicio de Martín Villa, «siempre le había gustado el Ministerio de la Gobernación. Lo hizo muy bien. Todo lo bien que entonces era posible. Tuvo una ejemplar actuación en aquellos días».

En aquellos meses de tránsito, lo político y lo sindical venían unidos en cualquier acontecimiento. Entre los días 15 y 18 de abril iba a celebrarse el XXX Congreso de UGT, que, aunque ilegal entonces, había solicitado permiso en el Ministerio de la Gobernación para llevar a cabo el acto como reunión sindical (si bien, a todas luces, política y de envergadura). El Gobierno consideró que, con el proyecto de Asociación Política circulando, el mayor riesgo era no autorizar aquel congreso. Fraga estaba a favor de la autorización, pero Arias aludiría después públicamente a la «ingenuidad política» con que se había actuado. La Unión General de Trabajadores reunió seiscientos delegados que representaban el sindicalismo internacional[22], ilusionados por lo que sería un último mitin antifranquista, con canto de la Internacional puño en alto.

Tras la experiencia de Vitoria, lo que más preocupaba en el Servicio era que la celebración del Primero de Mayo sirviera para generalizar el conflicto. Se temía una contrarreacción de los grupos más integristas del régimen, que respondiera a la violencia con más violencia. Ya el 12 de enero el SECED había advertido al coronel Castro Sanmartín, director general de Seguridad, sobre los contactos detectados entre inspectores de policía y guerrilleros de Cristo Rey. Pues bien, tres meses más tarde, el 23 de abril, se le volvió a advertir en nota informativa —que se extendería al jefe del Alto Estado Mayor y al ministro secretario general del Movimiento— de lo siguiente:

Se ha tenido conocimiento de que algunos elementos, procedentes en su mayoría de la Guardia de Franco, pretenden organizar comandos contrasubversivos de cara al Primero de Mayo. En círculos allegados a dichos grupos se ha comentado la necesidad de ir armados y se sabe que algunos ya se han provisto de armas cortas […]. Por otra parte, se sabe que el conocido guerrillero de Cristo Rey Ángel Sierra ha intentado reclutar algunos elementos entre los integrantes arriba citados para actuar en el Norte, ofreciéndoles la cantidad de 50.000 pesetas. Se ignora quién corre con los gastos de esos grupos.

La División de Operaciones del SECED había actualizado su plan con la Operación Primavera, en cuya «Valoración de las intenciones del enemigo» se anticipaba la importancia de la fecha, con texto que se trasladaría al presidente del Gobierno el 1 de abril. En este se decía:

Desde la formulación del plan hasta esta fecha han transcurrido quince días. En ellos se ha plasmado el frente unido de Coordinación Democrática; las Comisiones Obreras han anunciado ya la huelga general de la construcción para finales de abril y ha vuelto a detenerse la producción de HUNOSA; en la Universidad ha saltado el tema de las cuatro convocatorias; se han programado manifestaciones masivas en Madrid y en Barcelona; se han vuelto a endurecer Vitoria y Vizcaya; y el PSOE ha esbozado un plan completo y encadenado para alterar completamente la normalidad en Cataluña. En resumen: se confirman las hipótesis y las presiones. La iniciativa del enemigo no ha sido interferida y la situación se ha deteriorado.

El Servicio lo achacaba a la propia incapacidad gubernamental y advertía al presidente de que desde el poder no se estaba haciendo uso de todos los recursos políticos disponibles:

Se insiste en que la reforma puede ser vendida, pero no se presenta en forma sugerente ni se cuenta con la prensa ni con la televisión. El Gobierno ha de tomar la ofensiva […]. Además hay prisa; de aquí a junio nos jugamos demasiado para esperar que las vacaciones serenen los ánimos.

El Primero de Mayo de 1976, sin embargo, transcurrió sin demasiados sobresaltos: prevaleció el criterio moderado de los socialistas. La víspera de aquella fecha el vicepresidente segundo y Felipe González se habían entrevistado por primera vez, como recoge el propio Fraga (págs. 44-46). González obtuvo autorización para celebrar un acto ante la tumba de Pablo Iglesias, lo que sirvió de coartada al PSOE ante el PCE para no enredar demasiado en la calle. Tampoco actuó la extrema derecha, aunque sí lo hizo dos semanas después en Montejurra, provocando el enfrentamiento entre los hermanos carlistas don Sixto y don Hugo, que se saldaría con un muerto y varios heridos. Fraga había salido de viaje a Venezuela cuando ya comenzaban a surgir incidentes; Suárez ejercía de ministro de Gobernación en funciones.

Según deducía el Servicio, varias fueron las causas para que el Primero de Mayo no hubiera resultado tan caliente como auguraban los medios de comunicación: el cansancio de la masa laboral, la circunstancia de haber quitado a los radicales las banderas esgrimidas en la construcción y en la Universidad, el discurso del presidente Arias y el cambio de estrategia del PCE, con aplazamiento a octubre para boicotear el referéndum o propiciar una abstención mayoritaria. Así se lo contábamos a Valls Taberner el 7 de junio en almuerzo en el Banco Popular.

A los grandes grupos industriales les preocupaba la desestabilización del clima laboral y acudían a consultar al Servicio. Así, por ejemplo, el 19 de mayo el SECED recibió a Claudio Boada Vilallonga, presidente de Ford España. Quería pedirnos apoyo en la tarea de mantener en las factorías de Almusafes (Valencia) un servicio de información en profundidad para atajar y corregir los intentos de subversión y evitar el deterioro en cadena que se produciría en la provincia si fallase Ford[23]. Se le facilitó una nota con relación de activistas infiltrados en puestos de representación sindical. Al cabo de un mes, el 18 de junio, le recibía en su despacho el director Juan Valverde, en un encuentro en el que me encontraba presente. Se le hizo ver a Boada que el SECED ya tenía informadores dentro de la fábrica. Poco después se organizaría otra reunión para cambiar impresiones y tomar decisiones estratégicas.

Recuerdo otro ejemplo similar: un almuerzo al que me invitó a fines de abril el consejero delegado de Altos Hornos de Vizcaya, Guillermo Visedo, y que tuvo continuación en reuniones posteriores, para tratar de los movimientos laborales en las provincias de Valencia y Vizcaya. El intercambio de información y criterios resultó muy positivo y aconsejó, como en el caso anterior, contactos con carácter periódico.

En todo caso, la conflictividad laboral parecía remitir y la presión de la calle no era ya insoportable, pero el presidente del Gobierno y parte de su Gabinete actuaban con morosidad acerca del tema sindical, y esta desembocaría en la sorprendente conclusión de que la reforma sindical podía esperar hasta la reforma política. Por su parte, Fernández-Miranda comentaría a primeros de marzo que el proyecto implicaba liquidar desde la raíz la Organización Sindical: «No quedará piedra sobre piedra».

6
EL ESPECTRO POLÍTICO Y LA PRENSA

LOS GRUPOS POLÍTICOS: PANORAMA GENERAL

De la citada obra de Antonio de Oyarzábal es la siguiente apreciación:

El presidente intenta recomponer unas estructuras de poder que llevasen la ansiada democracia al límite de lo permisible por el régimen. Ante la disyuntiva de pactar fórmulas de apertura al menos con algunos de los partidos y grupos en la oposición clandestina, como muchos le aconsejábamos, o intentar ganarse a los guardianes de la fe franquista asentados en los órganos políticos del sistema aún vigente, Arias opta por esta segunda alternativa, que contempla como más viable y próxima a sus pensamientos. Para ello no duda en romper los mínimos puentes que aún mantenía con tecnócratas cristianos, socialistas y liberales y, en un discurso a dedo alzado y oratoria agresiva, proclama en las Cortes que «las fuerzas del mal no pasarán».

En estas circunstancias, el día 29 de abril de 1976 se redactó en el SECED una nota informativa, con destino a la Secretaría Técnica del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey; llevaba por título «Esquema de situación», contenía un análisis de los diferentes sectores nacionales (educativo, laboral, profesional, eclesiástico…) y sería despachada por Valverde con Su Majestad al día siguiente. Respecto a los grupos clandestinos, la nota decía:

La reciente constitución de Coordinación Democrática [CD] ha integrado en un solo organismo unitario a trece de los principales grupos de oposición al régimen, entre los que destacan el PCE, el PSOE, el PSP y el Partido Carlista, junto a grupos sindicales como CC OO. y UGT. No obstante, el acuerdo logrado, que niega la viabilidad de la política reformista del Gobierno y que preconiza una ruptura negociada con elementos reformistas, las Fuerzas Armadas y la Iglesia, encuentra serias dificultades para su efectividad práctica, que hasta ahora se traduce principalmente en el beneficio obtenido por el PCE al unir a los demás grupos en su defensa contra la prevista exclusión a la que se le quería someter desde la legalidad del futuro inmediato. Se estima que la actitud de los grupos más moderados componentes de CD (socialdemócratas, liberales, democristianos, etcétera) dependerá mucho de las medidas que el poder vaya tomando. Las previstas elecciones municipales del otoño próximo pueden ser el punto crítico que defina su posterior actitud acerca de una posible integración en la legalidad de dichos grupos moderados.

El SECED insistía en la posibilidad de escindir de nuevo el frente rupturista, pues al parecer aumentaban los signos de moderación del conjunto. Pero había otros grupos violentos y separatistas, más allá de la Platajunta —como era conocida CD—, sobre los cuales la nota informativa se expresaba así:

Al margen de Coordinación Democrática (CD) quedan en general los grupos que siguen una estrategia violenta de pureza revolucionaria, junto a organismos unitarios (Asamblea de Cataluña, Asamblea Democrática de Euskadi…) y grupos de ámbito regional cuya vinculación con CD no ha sido articulada todavía. Entre los grupos violentos destacan los trotskistas (LC, LCR, ETA VI Asamblea…) y los maoístas (PCE-r. ORT, MC, PCE-ml, PTE…)[24], aunque algunos de estos, como el PTE y MC, hayan aceptado momentáneamente la táctica pacifista de CD. El regionalismo ha cobrado especial incremento en los últimos meses, oscilando en general las actitudes de los grupos clandestinos entre el federalismo y la autonomía. Los grupos separatistas en sentido estricto son muy pocos: la UPG gallega, ETA en Vascongadas y el PSAN y FAC en Cataluña.

Otra bandera enarbolada por los rupturistas era el cuestionamiento de la forma del Estado, aunque con indicios de moderación. Sobre ello decía la nota:

En relación con la forma del Estado, casi todos los grupos clandestinos se muestran republicanos —en sus diferentes variantes—, si bien algunos, entre ellos el PCE y el PSOE, estarían dispuestos a aceptar transitoriamente la monarquía, siempre que contara con un previo refrendo popular. Por lo que respecta a importancia relativa puede afirmarse que el PCE y sus filiales son tan poderosos como todos los demás grupos juntos, tanto por su militancia como por su extensión geográfica y sectorial. No obstante, en cada ámbito localizado, su influencia se ve disputada y compartida por otros grupos.

Pero al mismo tiempo que se atendía a la evolución de las organizaciones clandestinas —con las que habría algún acercamiento—, en el Sector Político del SECED se consideraba objetivo informativo prioritario el pensamiento y los propósitos de cada uno de los grupos que se aprestaban a tomar posiciones en el todavía no definido escenario político de la monarquía. En ese sentido, las entrevistas con dirigentes de diversas formaciones fueron abundantes en aquel primer semestre de 1976.

Por ello visitamos Atienza y yo a Luis Jáudenes García de Sola, director general de Relaciones Institucionales en Presidencia del Gobierno, en la tarde del 16 de marzo. Deseábamos profundizar en los grupos parlamentarios, cuya regulación había sido publicada en el Boletín de las Cortes. Pero Jáudenes consideraba prudente esperar a la constitución de las nuevas cámaras para valorarlos adecuadamente. Y descendía a los grupos políticos que respaldaban a aquellos órganos parlamentarios, siguiendo su ubicación en el espectro nacional del momento.

Comenzando por la derecha, Luis Jáudenes nos manifestaba su convicción de que Fuerza Nueva (FN), el Frente Nacional Español (FNE) y la Unión Nacional Española (UNE) tenían como motor común a Blas Piñar, propagandista de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP)[25] hasta cuatro años antes. Después se situaban Unión del Pueblo Español (UDPE) y la Asociación Nacional de Estudios de Problemas Actuales (ANEPA), que suponía se unirían en breve, si bien perdiendo parte de sus gentes a favor de fuerzas democristianas. La Unión Democrática Española (UDE), según Jáudenes, iba a dominar ampliamente el centro, aglutinando grupos diversos y atrayendo elementos de centro-izquierda. El montaje de Reforma Democrática (RD) lo consideraba aún poco consistente; el carácter personalista y excluyente de Manuel Fraga le hacía difícilmente capaz de organizar un partido político, aunque fuese un buen candidato a la presidencia del Gobierno. Jáudenes le imaginaba entrando en una amplia democracia cristiana, e intentando la «gran alianza» con Silva y Areilza. Pensaba también que la considerada socialdemocracia se desplazaría hacia el centro, moderando sus postulados: la Unión Social Demócrata Española (USDE), Reforma Social Española (RSE), Diego Márquez Horrillo con su propia Falange, la Acción Social Popular (ASP) de Barcelona, e incluso los liberales de Ignacio Camuñas.

El franquismo sociológico

Por las informaciones que llegaban hasta el Servicio, durante el segundo Gobierno de Arias se estaba gestando una federación de asociaciones encabezadas por figuras conocidas del régimen, en la que se inscribirían FNE, UNE, ANEPA y UDPE con vistas a las futuras elecciones. Objetivo expreso de su ideario era perfeccionar España siguiendo la herencia del Caudillo, aunque se proclamara fidelidad al rey. Los puntos del acuerdo de esta federación ocupaban un único folio de muy laboriosa gestación, pues los respectivos líderes no estaban dispuestos a ceder un ápice. De hecho, nuestros informadores aseguraban que era casi imposible que pudiera fraguar un partido.

Los más radicales eran los dirigentes de FNE, encabezados por Raimundo Fernández Cuesta, que llevaban su ortodoxia hasta el punto de no mover una coma, leales a la figura del Caudillo, pretendiendo que todo continuara como si Franco viviera. La UNE, que hundía sus raíces en el tradicionalismo, era una asociación muy peculiar, con base popular muy característica y una cúspide capitalista incapaz de admitir la mínima evolución socioeconómica en las empresas. Su líder era Fernández de la Mora, aunque detrás de la organización estaba el clan Oriol.

Menos radicales eran ANEPA y UDPE, muy cercanas ideológicamente. El ideario de UDPE, según nos comentaba su coordinador general, Javier Carvajal Ferrer, en la sede del SECED el 19 de mayo, había sido estudiado siguiendo los deseos del 90 % de los españoles, que querían «continuidad en el cambio, paz y orden, responsabilidad política y económica». ANEPA era más liberal en las formas, pero más conservadora en lo social. El objetivo de estas asociaciones era crear un gran partido capaz de atraer el franquismo sociológico. Como líderes de esa gran formación se pensaba en Rodríguez de Valcárcel, Licinio de la Fuente, López-Bravo y Ortí Bordás, pero ninguno acababa de dar un paso al frente. A Arias Navarro se le consideraba un patriota, pero gastado y sin ilusiones.

Sectores de «centro»

En aquellos primeros meses de 1976 formalizamos numerosas entrevistas con buena parte de quienes lideraban entonces el centro político: Silva, Monreal, Lapuerta, Fraga, Garrigues, Areilza, Álvarez de Miranda, Lavilla, Osorio, etc.

El grupo ideológicamente más poderoso del centro político —al menos así se pensaba— era la democracia cristiana, penalizada por su atomización y las luchas de liderazgo. Dentro de este ámbito, la UDE de Silva Muñoz, hombre de fuerte personalidad, representaba al sector más conservador. Apoyado por el diario Ya, se manifestaba abiertamente opuesto a los comunistas y renegaba del federalismo. Estos dos principios lo enfrentaban a los «santones» Gil Robles y Ruiz-Giménez, líderes de los grupos cristianodemócratas de izquierda y partidarios de la ruptura. Desde UDE se aspiraba a crear una confederación democristiana prescindiendo de estos últimos. Se contaba, en cambio, con Fernando Álvarez de Miranda —vinculado también a los sectores cristianodemócratas de izquierda— y se urgía al SECED para que actuara como intermediario. Figura señera de la democracia cristiana era también Osorio, que por entonces aspiraba a crear un gran partido de centro-derecha, capaz de cubrir el amplio espectro sociológico existente entre el franquismo a ultranza y el socialismo.

En el polo opuesto se situaba, como ya he apuntado, la Izquierda Democrática (ID) de Ruiz-Giménez, cada vez más condescendiente con el PCE por los problemas sociales que le transmitían Marcelino Camacho, Sánchez Montero y otros. Su incorporación a la Plataforma de Convergencia Democrática con otros grupos rupturistas provocó fuertes tensiones en el partido. Álvarez de Miranda encabezó la definitiva escisión y la formación de Izquierda Democrática Cristiana (IDC). Por lo que respecta a la Federación Demócrata Popular (FDP), giraba en torno a la figura de Gil Robles.

El panorama del liberalismo español, minoritario y siempre limitado a grupos reducidos de intelectuales y financieros, se caracterizaba también por su fragmentación, aunque por encima de cualquier otra figura destacara Joaquín Garrigues Walker, fundador del Partido Demócrata (PD). En el ámbito meramente centrista o conservador, Fraga era el líder con mayor tirón popular, con manifiestas discrepancias —por su marcado personalismo— con Areilza y Cabanillas. Para los gabinetes de estudio GODSA[26] y FEDISA[27], el objetivo era agruparse en torno a Reforma Democrática (RD), partido sin ideología definida que incluso podría, en un futuro, entrar a formar parte de una amplia democracia cristiana.

En el mes de junio de 1976 se estaba gestando el Partido Popular (PP), cuya idea originaria procedía del grupo TÁCITO[28]. Vinculado en principio a la democracia cristiana, el inicial liderazgo de personalidades como Cabanillas —cuya imagen no se correspondía con el concepto cristianodemócrata— despertaba ciertas reticencias. En realidad, la intención del PP era agrupar sin prisa al gran centro español, con un objetivo a medio plazo. Querían prescindir del calificativo «cristiano», siguiendo la tendencia europea tras las nuevas orientaciones de la Santa Sede, y de ese modo incorporar tendencias liberales y socialdemócratas. Se pensaba en el hombre adecuado para dirigir semejante proyecto, y sonaba el nombre de Landelino Lavilla.

La socialdemocracia

Manuel Cantarero del Castillo era el promotor de Reforma Social Española (RSE), cuyas líneas fundamentales y su línea sindical coincidían con las del PSOE-Histórico. Es más, aspiraba a la unión con esta fracción del PSOE de cara a su entronque con la Internacional Socialista y a su introducción en el ámbito laboral a través de la sección histórica de UGT. El propio Cantarero ampliaría estos conceptos en mayo al director Valverde.

Por su parte, el PSOE, liderado por Felipe González, se iba transformando paulatinamente en una socialdemocracia —aunque hubiera que esperar todavía tres años largos para que renunciara expresamente al marxismo—. Contaba ya con 60.000 afiliados. La mayor parte de los personajes públicos con los que hablamos consideraban que Felipe González no tenía talla política, pero todos coincidían en que conseguiría buenos resultados electorales. Era prioridad del SECED entrar en contacto con el PSOE, mientras se consideraba al Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván más radical ideológicamente.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Periódicamente el SECED escuchaba también lo que dirigentes de los medios de comunicación social querían poner en nuestro conocimiento, aportando así conscientemente nuevas pinceladas de información que nos servían de contraste y complemento a la hora de redactar las valoraciones de situación y las notas informativas para el presidente del Gobierno.

El día 9 de enero almorcé con el director de la Agencia Europa Press. Estaba preocupado Antonio Herrero Losada por la sospecha de que nuestros gobernantes pretendieran hacer «borrón y cuenta nueva» de todo lo anterior para entregar el poder a quienes habían perdido la guerra cuarenta años atrás: mientras los grupos ilegales inundaban de notas y noticias todas las redacciones, la Administración parecía ausente de los acontecimientos nacionales. Se quejaba Herrero de la absoluta falta de información oficial y daba recientes ejemplos de la huelga del Metro de Madrid. Unos días más tarde, el 14 de enero, me relataría la penosa reunión de directores de medios de comunicación con el ministro Martín Gamero, «quien no podía hablar en nombre del Gobierno, sino solo a título personal, al no haber sido divulgada aún la esperada declaración programática». Así que la desinformación continuaba, motivando la queja de los convocados.

Al tratar de los medios de comunicación con Adolfo Suárez el 5 de febrero, nos contó cómo había tenido que destituir a Emilio Romero, quien decía contemporizar con los marxistas de su plantilla pensando en el futuro, razonamiento que Suárez no estaba dispuesto a consentir. El director del diario Pueblo le respondería que no iba a atreverse él a hacer lo que no habían hecho los cuatro ministros-secretarios anteriores. El presidente Arias y Areilza habían intercedido en favor de Romero, si la decisión no fuese firme, pues este afamado periodista podía resultar un mal enemigo. Tras estos comentarios personales, Suárez nos leyó artículos de algunos jefes de redacción en provincias que se confesaban «rojos». De ahí que estuviera tan convencido de que el mayor enemigo del sistema estaba entonces en la prensa.

Entre las últimas noticias sobre el ambiente en la prensa, El País arrancaba su marcha con Jesús Polanco como consejero-delegado y Juan Luis Cebrián como director; la inmensa mayoría de sus doscientos accionistas formaban parte de los grupos parapolíticos TÁCITO, FEDISA y GODSA, por lo que se suponía que vendría a convertirse en el órgano de difusión de Reforma Democrática, el grupo de Fraga[29].

Luis María Ansón, con quien almorcé el 22 de abril, dedicó una parte importante de aquellas dos horas y media a ponerme al corriente de la situación en diversos medios de comunicación y a hablarme de su actividad periodística. Después de haber logrado un fuerte incremento de tirada en Blanco y Negro, el Grupo Godó le había cursado una oferta para ocupar la vacante de Manuel Aznar, propuesta que aceptó inmediatamente porque suponía mucho en su vida profesional. Así, se hizo cargo de Gaceta Ilustrada y se lanzó por el camino fácil del rumor y de la noticia escandalosa y en cierto modo demagógica, que soportaba bien la revista porque contaba además con muy buenas colaboraciones. Pero me confesaba Ansón que se había quemado en el intento y que abandonaría la Gaceta para pasar a La Vanguardia, diario que iba a imprimirse en Madrid y, por teleproceso, remitiría su composición a varias capitales, con su estilo «ansoniano».

De ABC opinaba que su línea de entonces tenía menos garra e impacto nacional, quizá por el aumento de publicaciones. El País le daba mucho miedo, como a sus propietarios, pues al menos en la primera etapa iban a perder mucho dinero; además, el equipo de redacción era muy joven, marxista y conflictivo, con poco entendimiento entre ellos mismos. Nuevo Diario, creación de López Rodó, había sido otro desastre, infiltrado ya por grupos de izquierda. En general, observaba Ansón que la prensa semanal y parte de la diaria no seguía una línea de apoyo a la institución monárquica; la mayoría de los periodistas de la Asociación de la Prensa no estaban por la labor o eran ya muy mayores y de escaso empuje. La excepción estaba en medio centenar —entre los que se incluía él—, que «por fortuna son los mejores», y con ellos deseaba hacer una labor positiva a favor de la Corona y de España.

De Televisión Española no podía decirme otra cosa salvo que su situación interna era desastrosa, por falta de orientación política y técnica y por la elevada corrupción. Su director general, Gabriel Peña, hacía lo que podía, pero no conocía la profesión. Ansón había hecho estudios e informes para que aquel medio de difusión fundamental corrigiese su rumbo. Consideraba urgente constituir RTVE como organismo autónomo de la Presidencia del Gobierno, sujeto a un patronato cuyo presidente fuera designado por el rey; los patronos representarían a las Fuerzas Armadas, la Universidad, la Iglesia, el Instituto de España, los padres de familia…, evitando que pudiera convertirse en un órgano gubernamental, en vez de en un servicio nacional.

En aquella comida, entre otros temas, Ansón pasó a tratar de una posible renuncia de don Juan de Borbón en favor del rey. Al parecer, fechas antes del fallecimiento del Caudillo, el conde de Barcelona había preparado un borrador de abdicación de derechos. Pemán, Ansón y Sainz Rodríguez se habían trasladado a Lausana con ese fin; los dos primeros apoyaron la idea, pero el tercero se opuso. Como las razones de don Pedro parecieron lógicas, los tres acordaron no tomar decisión alguna. Don Juan pretendía que su hijo recibiera simultáneamente la legalidad del régimen y la legitimidad histórica de la monarquía. Pero podían surgir problemas de protocolo si asistía a los actos que se preparaban para aquellas fechas, y decidió retrasar la cesión de derechos.

A primeros de febrero se daba por hecho que don Juan iba a abdicar en fecha próxima, y pretendía hacerlo público ante las cámaras de Televisión Española, aun sin consentimiento del rey. El conde de Barcelona lo tenía todo preparado para abril, antes de pasar por el quirófano. Por lo pronto, se había desprendido del grupo «republicano» que le visitaba con el único objeto de apoyarse en él para luchar contra el régimen. El nombramiento de don Felipe como heredero sería —según Ansón— simultáneo a la cesión de derechos, y recibiría el tradicional título de Príncipe de Asturias. Ansón daba por sentado que «ya no hay más lealtades que para don Juan Carlos».

Era lógico que mi interlocutor hiciese algún comentario del entorno de Zarzuela. Conocía desde hacía muchos años al general Armada, con el que le unía cierto grado de parentesco. La maquinaria de palacio era excesivamente reducida y en los temas políticos no tenía apenas influencia; esta era ejercida por quince o veinte personas ajenas a Zarzuela. El rey tenía ya «muchas conchas y la piel muy fina para los asuntos fundamentales».

7
LA DIMISIÓN DE ARIAS NAVARRO

Como ha quedado de manifiesto, la situación nacional en el ámbito político era extremadamente difícil. Según diversos testimonios, la preocupación alcanzó al propio monarca, cuya desazón ante los vaivenes sufridos por el proyecto de reforma y la sospechosa actitud del presidente Arias aumentaba a medida que transcurría la primavera. José María de Areilza (pág. 97) remonta la intranquilidad del rey al mes de febrero, anotando el día 26 que «le preocupa la falta de iniciativa política del Gobierno». Por su parte, Charles T. Powell[30] transmite el comentario del periodista Arnauld de Borchgrave, que había entrevistado al rey para Newsweek en aquel mes de abril: «Preocupaba a Su Majestad el hecho de que la política de Arias estaba polarizando la vida política española, volviendo contra el Gobierno tanto a la izquierda como a la derecha». Y Oyarzábal recoge en su inédita Ópera prima una frase lapidaria del monarca al propio Borchgrave: «Tengo un presidente de Gobierno que es un desastre».

Rafael Pérez Escolar (pág. 194) interpreta de forma diferente ese encuentro:

Se presentó en Madrid el subdirector de Newsweek, el órgano oficioso de la CIA […]. Arnauld de Borchgrave vino sobre todo a trasladar a don Juan Carlos el mensaje de que no debía mantener por más tiempo a Carlos Arias en la Presidencia del Gobierno, ni a cualquier otra persona del mismo estilo […]. Esto ocurría en diciembre de 1975, y Adolfo Suárez fue nombrado presidente del Gobierno muy poco después, el 3 de julio de 1976, conforme al retrato robot que los americanos habían pintado.

Dice Manuel Ortiz[31] que el monarca insinuó en la entrevista con el semanario estadounidense que su candidato para sustituir a Arias era Suárez.

El relevo de Arias era por entonces la comidilla en todos los cenáculos políticos. En el citado almuerzo con Luis María Ansón del 22 de abril, este ya dedicó unas palabras al todavía presidente del Gobierno: «Hombre honesto y útil pero absolutamente quemado y superado para esta etapa. Sé muy bien lo que digo». Y, para mi sorpresa, me aseguró que estaban en marcha gestiones al más alto nivel para acordar el nombre de la persona que iba a sustituirle. Según Ansón, ante la demostrada incapacidad del equipo Arias para sacar adelante la reforma en tiempo útil y rescatar a la nación del bache económico y social en que se hallaba metida, se precisaba un Gobierno de concentración de los grupos políticos más identificados con el nuevo régimen: monárquicos históricos, tecnócratas, democristianos leales y gentes del Movimiento; los demás pretendían derribarlo todo, incluso la monarquía. El plan —ya en marcha— pretendía reunir a líderes válidos de esos cuatro grupos para encontrar un presidente al que apoyar sin reservas, sacar adelante la monarquía en un tiempo breve y dar paso a un Gobierno con orientaciones a largo plazo, «hasta unos quince años».

Y pasó revista a los posibles líderes presidenciables. En primer lugar, Areilza —considerado monárquico histórico, aunque no lo fuera—, quien, sin embargo, suscitaba el rechazo de militares y «azules»; en el ámbito de la democracia cristiana, Osorio, que, a diferencia de Silva, contaba con bastante respaldo entre grupos y personalidades ideológicamente afines; entre los tecnócratas, Laureano López Rodó, y entre los procedentes del Movimiento, Licinio de la Fuente o Rodríguez de Valcárcel.

Terminaba Ansón este tramo de la conversación hablándome de esta nueva Operación Tránsito, que —según él— se encontraba muy avanzada; el problema residía en la dificultad de reunir a esos líderes para elegir entre ellos al que más apoyos pudiera tener. En cuanto esto ocurriera, el rey «no tardaría diez minutos en iniciar el procedimiento de sustitución». Pero para todo ello había que contar con las Fuerzas Armadas, que seguramente apoyarían a los candidatos de la democracia cristiana o del Movimiento. Y seguía Ansón: «De todos modos ha surgido una nueva posibilidad: un primer ministro militar: Gutiérrez Mellado; no con intención de hacer un Gobierno militarista, pero sí de imponer orden y autoridad en esa transición: un buen medio para aprobar la reforma en las Cortes». Yo recogería en mis notas aquella tarde cómo me impresionó la facilidad de Luis María para organizar el país a su manera, y cómo me preocupó que todo el planteamiento extragubernamental pudiera ser realidad, dada la especial seguridad con que me lo transmitía, acaso dando por supuesto que el Servicio estaba al corriente de ello, o, si no, con la intención de que yo hiciese llegar esta operación a otros niveles superiores.

Las prevenciones de don Juan Carlos aumentarían el 28 de abril, cuando Arias presentó en televisión los proyectos de la Comisión Mixta. En esta ocasión el disgusto regio —«indignación», lo denomina Areilza— tenía su origen no tanto en la indelicadeza por no haberle enviado antes el texto de su intervención en TVE como en la poco afortunada presentación del proyecto de reforma ante el gran público, de modo muy poco atractivo y restando realce a la futura legalización de los partidos políticos, que era cuestión principal del proceso. A partir de entonces, ya era previsible el relevo del presidente del Gobierno, aunque Su Majestad dudase sobre el momento más oportuno para plantear la crisis.

Probablemente el rey decidió el relevo antes de su viaje a los Estados Unidos, a primeros de ese mes de junio. En Washington había de pronunciar un discurso ante las dos cámaras reunidas sobre el objetivo español de hacer posible la pacífica alternancia democrática en el ejercicio del poder. Cuenta el embajador Oyarzábal que «el ceño fruncido del presidente Arias mientras oía en nuestro despacho las palabras del rey nos demostró, por si aún teníamos dudas, el divorcio en la actuación de ambos, el desacuerdo de Arias con ese liberalismo que enarbolaba don Juan Carlos». El rey, a su regreso de América, concretaría con Fernández-Miranda el calendario de las sesiones del Consejo del Reino en el mes de julio.

De aquel primer viaje oficial de los reyes a Estados Unidos recogeríamos impresiones favorables en nuestras entrevistas. El coronel David Sincox, director de Asuntos Políticos de la embajada norteamericana en Madrid (y, como tal, presunto miembro de la CIA), aseguraba al comandante Fernández-Monzón, del Alto Estado Mayor, que don Juan Carlos había dedicado un largo rato a exponer sus proyectos políticos a Kissinger, quien enseguida comprendió que la firme decisión de Su Majestad merecía el total apoyo diplomático y económico para que España estuviera protegida en la etapa inmediata de la Transición. Según me expondría el 30 de septiembre el corresponsal norteamericano Miguel Acoca, Kissinger había oído personalmente al rey la meditada decisión de relevar a Carlos Arias por Adolfo Suárez, ofreciéndose el secretario estadounidense a «cargar con la factura del tránsito». En el pensamiento político de Kissinger figuraría la necesidad urgente de que se organizase en España un centro-derecha ajeno al Movimiento y que se atendiese al problema más grave: Vascongadas y Cataluña.

El relevo en la Presidencia del Gobierno, sin embargo, no era sencillo. Había que prever con tiempo suficiente que el elegido pudiera figurar en la terna del Consejo del Reino, si bien manteniendo en la reserva hasta el último momento la personalidad del candidato, para evitar presiones de grupos interesados sobre Zarzuela. Lógicamente el rey no deseaba tener que rechazar una propuesta de terna ajena a sus deseos. Por indicios de algunos historiadores, se deduce que el monarca contó siempre con el consejo del presidente de las Cortes, Fernández-Miranda, tanto para la selección de la persona como para la elección del momento. Así lo cita, por ejemplo, el conde de Motrico (pág. 214): «Don Torcuato empezó a convocar el Consejo del Reino cada quince días (y no de tarde en tarde, como venía siendo habitual y siempre con síntoma de algún suceso extraordinario); así se evitaba o disminuía la consiguiente alarma social».

Según relata Manuel Ortiz (pág. 81), el día primero de julio el rey tuvo un discreto aparte con Areilza en la presentación de credenciales en el Palacio de Oriente. Estas serían algunas de las frases del monarca:

Esto no puede seguir así so pena de perderlo todo. El oficio de rey es a veces incómodo. Yo tenía que tomar una decisión difícil, pero ya la he tomado. La pondré en ejecución de golpe, sorprendiendo a todos; ya estás advertido, te callas y esperas. Será antes de lo que se piensa. ¡No hay más remedio!

Areilza quiso interpretar en estas palabras una promesa y esperó en vano ser nombrado sucesor de Arias en la Presidencia del Gobierno. Sigue el relato Oyarzábal:

Por fin llega el día clave. […] Esa mañana, uno de julio, una ceremonia de presentación de cartas credenciales había llevado al rey al Palacio de Oriente, y allí cita este al presidente a la una de la tarde[32]. Acude don Carlos Arias con todos los papeles de un despacho normal (que en todo caso iba a tener lugar aquella misma tarde) y sospechando solo algún tipo de problema familiar con relación al conde de Barcelona. Según nos relataría el propio Arias aquella misma tarde, el rey le recibió vestido de uniforme de gala en el pequeño despacho de Alfonso XIII y, ante un cierto nerviosismo confesado, el presidente le sugiere hacer de «comadrona del parto» y le pregunta si lo que quiere decirle es «ese recado de su abuelo a don Antonio Maura» en circunstancias similares del que habían hablado en alguna ocasión previa. El rey asiente, le pregunta si está conforme y, al decirle Arias que «por supuesto», don Juan Carlos le despide con un gran abrazo que hace saltar las lágrimas al presidente.

La versión de Ortiz es algo diferente:

… la entrevista dura veinticinco minutos y en ella el rey, tras agradecer formalmente los servicios prestados por el presidente del Gobierno, le hace patente su descontento. En realidad, el rey recibe a Carlos Arias con expresión seria y permanece casi dos minutos en silencio. Le cuesta mucho empezar, pero, en cualquier caso, la decisión ya está tomada. La situación económica es grave, afirma el rey, y lo que es aún peor, la reforma política se ha atascado irreversiblemente. Arias comprende […], pronuncia las palabras necesarias […] reacciona con dignidad y presenta inmediatamente su dimisión, que el rey acepta sin vacilar. Al despedirle, el rey le anuncia que le otorga el título de marqués de Arias Navarro, con grandeza de España.

Arias contaría después a sus compañeros de Gabinete cómo él mismo había ofrecido su dimisión incondicional, anticipándose a lo que indefectiblemente Su Majestad le iba a pedir. Tras ese poco cómodo encuentro, el presidente volvió a Castellana a las dos de la tarde, ordenó con toda urgencia convocar una reunión especial del Consejo de Ministros, lo que provocaría en estos una sorpresa imponente, pues ya estaban convocados para una sesión extraordinaria a las diez de la mañana del día siguiente, y almorzó en Jockey con dos de sus íntimos (García Hernández y Luis Valero) para comunicarles de primera mano el cese. Respecto a la reunión en ese afamado restaurante, puntualiza Oyarzábal que «el presidente, apuntando con el dedo al ultraderechista Valero, dice quizá la frase más reveladora de toda su permanencia al frente del Ejecutivo: “A mí no me echa ese niñato; me echáis vosotros”».

La agencia Europa Press, que dirigía Antonio Herrero, fue la primera en difundir la noticia de la caída del Ejecutivo. En entrevista con Pilar Cambra[33], Herrero afirmaba:

Llamé por tercera vez a la fuente gubernamental y le dije: «Voy a transmitir la noticia del cese de Arias […]». Me contestó: «Haz lo que quieras, pero te expones mucho». La dimos —a las 18.21 h— dos horas antes que la competencia y era verdad. […] A ciertos ministros del Gabinete les dimos nosotros la noticia y alguno reaccionó diciendo que ya estaba la prensa con sus cosas.

Según afirma Pérez Escolar (pág. 201),

… la caída de Arias Navarro por decisión inapelable del monarca […] le cogió a Fraga con el culo al aire y sin que tuviera la menor noción de lo que se venía fraguando […]. El mismo día en que Arias estaba despachando por última vez con el rey, el ministro de la Gobernación almorzaba en mi casa con el cardenal Antonio Javierre […]. Fue a la hora del café cuando llamaron a Fraga del ministerio para anunciarle la dimisión de Arias Navarro. Aunque parezca mentira, el ministro de la Gobernación estaba por completo en la higuera mientras se producían aquellos acontecimientos tan extraordinarios. Se fue precipitadamente con la desorientación pintada en el rostro.

Importa dejar constancia del hecho de que lo primero que hizo el presidente Arias fue llamar a Valverde, darle cuenta del cese y autorizarle a que fuera precisamente el SECED quien comunicara la primicia a las autoridades regionales y provinciales, con las que el Servicio mantenía enlace fluido e inmediato a través del privilegiado canal de las delegaciones y subdelegaciones. A Arias no le había sorprendido la decisión del rey; a Valverde, tampoco, pues sabía que el presidente le había ofrecido su dimisión hacía tiempo. El director del SECED remitió un télex urgente a los órganos periféricos, convocó en una reunión general a los directivos de los órganos centrales y dispuso que el Servicio mantuviera una «postura profesional, esperando el nombramiento del nuevo presidente» y que se siguiese informando a la superioridad como hasta entonces, tratando de evitar especulaciones y comentarios sobre los inminentes cambios.

Pero volvamos al relato de Antonio Oyarzábal:

Aquella tarde convocamos a toda prisa un Consejo de Ministros que aparentemente sorprende a todos los miembros del Gabinete. A todos menos a uno: al conde de Motrico, que acoge la noticia con la mayor naturalidad del mundo. Cuando le comentamos esta particularidad a Arias, este no duda en acusar a Areilza de instigador de su caída y ve detrás de la cortina el brazo del conde de Barcelona, empujado a su vez por los odiados monárquicos-liberales de Estoril. Su irritación no se limita a las palabras; cuando al fin van llegando los ministros para la urgente convocatoria (el único que no llegó a tiempo fue Alfonso Osorio, que asistía a una boda en Algeciras), Arias saluda afectuosamente a todos salvo a Motrico, a quien le dice que «no necesita de explicaciones porque lo sabe todo». No sé si por este comentario o por otros datos, el propio Areilza parece que estuvo convencido de que iba a ser en efecto el sustituto de Arias. Nada más ajeno a la realidad.

Dice Ortiz (pág. 83) que «Arias se despide de los ministros no sin dirigir una mirada de velado reproche a Areilza y Fraga, a los que imagina sus sucesores […]. Pero de sus labios no sale un palabra de queja». Durante el Consejo, el presidente explicó las razones de su dimisión y su entrevista con el rey, y el vicepresidente Santiago le agradeció lacónicamente la confianza depositada en todos y cada uno de los miembros del Gobierno. Al regresar esa noche, Osorio visitó a Suárez en su domicilio de San Martín de Porres para pasar revista a los acontecimientos de la jornada en una larga y amistosa conversación, dada la privilegiada relación que existía entre ellos. A última hora de la tarde se difundió la siguiente nota oficial: «En el día de hoy SM el Rey, oído el Consejo del Reino, ha tenido a bien aceptar la dimisión que, a petición propia, le ha solicitado el presidente del Gobierno, Carlos Arias».

El mismo jueves 1 de julio se habían reunido en las Cortes Españolas los dieciséis miembros del Consejo del Reino para una sesión quincenal ordinaria que su presidente, Torcuato Fernández-Miranda, aprovecharía para pedirles dictamen no vinculante sobre la dimisión de Arias Navarro, noticia que les sorprendió en ese momento. El Consejo quedó convocado para las cinco de la tarde del día siguiente, y esa reunión continuaría en la mañana del sábado 3. Fernández-Miranda se había impuesto no trasladar a los consejeros ninguna consigna regia y les propuso elaborar un retrato robot del candidato ideal para presidir el Ejecutivo, pidiendo que cada uno eligiese tres nombres en función de su adscripción a las tres grandes familias del régimen (Movimiento, tecnocracia y democracia cristiana). Con la ayuda de Miguel Primo de Rivera, Íñigo Oriol e Ibarra y Antonio María Oriol Urquijo, Suárez fue superando las sucesivas votaciones; el resultado de la última fue el siguiente: Silva, quince votos; López-Bravo, catorce, y Suárez, doce. Don Torcuato declararía a la prensa: «Hemos terminado la tarea encomendada y hay terna para elevarla a SM el Rey. El clima de los trabajos ha sido de cordialidad y de respeto mutuo. Estoy en condiciones de ofrecer al rey lo que me ha pedido». La agencia Cifra transmitía a las 16.50 h la terna Areilza-Silva-Suárez; poco después, Europa Press la rectificaba y daba los nombres exactos, generando sorpresa y enfado en los entornos de Areilza y Fraga.

Tras una llamada del rey, Adolfo Suárez acudió al Palacio de la Zarzuela a las seis de la tarde desde su casa en Puerta de Hierro, conduciendo su Seat 127 azul claro. Don Juan Carlos le comunicó el nombramiento y Suárez lo aceptó inmediatamente. La conversación se alargó y el nominado presidente planteó al monarca la necesidad de limitar, tras el periodo constituyente, las facultades de la Corona, a lo cual asintió el rey sin la menor sorpresa.

Entretanto, el SECED continuó con sus actividades con aparente normalidad. El viernes 2 de julio, en que de nuevo se celebraba Consejo de Ministros, Valverde se presentó ante Santiago, que ejercía de presidente del Gobierno en funciones, y le comunicó las novedades como había venido haciendo con Arias: todo el país estaba en absoluta calma en espera del nuevo presidente. Y acto seguido se hizo circular en el Servicio una nota interior en la que, junto a lacónicas instrucciones sobre el régimen de trabajo, se daba cuenta de que se debía «informar sobre las reacciones sucesivas de los distintos grupos políticos, abiertos y clandestinos».

El día siguiente Valverde volvió a despachar a primera hora con Santiago para entregarle dos ejemplares de la «Valoración de la situación» del mes de junio: uno para él como presidente en funciones, el otro —como de costumbre— para el rey. El general lo leyó, elogió su contenido y le devolvió el ejemplar de Su Majestad para que se le remitiese directamente desde el Servicio: intuía que él ya no tendría oportunidad de hacerlo. Esa misma tarde circularía la noticia del sorprendente nombramiento de Suárez, contra todo pronóstico.

El martes 6 de julio, al mediodía, quiso Arias Navarro despedirse personalmente de los miembros del SECED, en un acto sencillo y emotivo. Valverde le agradeció su presencia en Castellana 5 y el hecho —siempre reconocido— de que el Servicio hubiera alcanzado en su etapa de gobierno un alto grado de desarrollo en personal, instalaciones y medios económicos, disculpándose y disculpando a los directivos por la dureza de algunas valoraciones e informes, redactados en tales términos por lealtad. Arias dedicó una alocución patriótica a «esa pléyade de colaboradores anónimos que sin cálculos ni exigencias vinieron solo ante la llamada de España». Y continuó:

Cuando yo era ministro de la Gobernación, he de ser sincero, recelaba del SECED porque pensaba que podría interferir con los cuerpos de seguridad que tenían tradicionalmente misiones parecidas. Sin embargo, fui conociendo mejor el Servicio a través de los informes y valoraciones, que siempre fueron profundos, objetivos, exactos y con visión clara de la situación. Aunque a veces podían dolerme (…) entendía que no podían mutilarse porque sería una traición a la Patria. Cuando se serene el horizonte nacional vendrá la reforma administrativa que ya tenemos programada, en la que el Servicio tendrá unas misiones, una estructura y un encaje que lo haga aparecer sin tapujos (…). El SECED pruede llegar a ser un laboratorio en que se analice no solo la situación, sino el futuro. El Servicio cuenta con un buen número de individualidades excepcionales (…). Los esfuerzos y sacrificios de una o varias generaciones no pueden quedar estériles, sino que han de dar una espléndida cosecha (…). Yo sigo conservando la fe y por ella sigo siendo optimista sobre el futuro de España.

Meses después, en una cena celebrada el 23 de diciembre de 1976, Ansón nos hacía la confidencia retrospectiva a Cassinello, ya director del SECED, a Faura y a mí, de que el cese de Arias había sido motivado por el convencimiento del rey de que aquel Gobierno no se aplicaba seria y formalmente al apoyo a la Corona ni a las directrices de don Juan Carlos. Y nos aseguraba que la elección de Adolfo Suárez había sido idea exclusiva de Su Majestad.

CONSECUENCIAS EN EL SECED: FIN DE LA ETAPA VALVERDE

El 12 de julio Valverde se reunió con directivos, ayudantes y una comisión de auxiliares, a modo de despedida, y les anunció la designación de Cassinello como nuevo director del SECED. El relevo se produciría una semana después en la sede del Servicio, con un acto en el que el entrante haría el elogio del saliente, como la mejor síntesis de una etapa del SECED que concluía:

Tu mando ha sido el afianzamiento: se han multiplicado por dos los efectivos y por tres el presupuesto. Hemos tenido los éxitos más espectaculares de nuestra historia […]. El Servicio se ha robustecido y ha ganado la creciente credibilidad que ya le imprimió tu antecesor José Ignacio [San Martín] […]. De ti he aprendido […] la difícil elección de la prudencia, el tacto, la habilidad negociadora, la sencillez.

Ese savoir faire permitió a Valverde y al propio SECED sobreponerse a la situación de creciente tensión entre el rey y el presidente, y, aunque indirectamente, la complejidad del momento favoreció la profesionalidad que los nuevos tiempos exigían a tan singular Servicio. Durante el mandato de Juan Valverde se alcanzó la culminación orgánica del SECED, gracias a su labor continua junto a Arias, acaso el fruto más importante de su gestión. Se logró la cifra máxima de directivos del Servicio[34] y se procedió a una revisión de su estructura interna para adaptarla a los cometidos reales que ya desempeñaban —o iban a desempeñar— algunos órganos subordinados.

En la División de Operaciones se produjeron iniciativas de alguna trascendencia. Cabe reseñar la plena asunción de competencias en el Plan Udaberri, cuyos jefes y oficiales dependían hasta entonces del Ministerio de la Gobernación y de la Dirección General de la Guardia Civil.

En la División de Información acaso lo más reseñable fuera la creación de una Sección de Seguridad Inmediata, además de la Sección de Coordinación y Archivo, el Departamento de Investigación, con sus redes informativas y el Servicio de Información en Profundidad, y el Grupo de Apoyo Técnico. Desde el punto de vista operativo, fue notable el incremento del Grupo de Operaciones de Misiones Especiales, con un balance que podría calificarse de extraordinario[35].

También comenzó a desarrollarse el Servicio Exterior, donde la acción precedió a la organización. El despliegue, aún incipiente, consistía en una reducidísima Plana Mayor en Madrid, la Base en París (con dos jefes y un auxiliar) y unos cuantos colaboradores permanentes en Bélgica y Suiza, aunque pronto se ampliaría también a Roma y Múnich. Este exiguo equipo daba soporte a dos grandes tipos de actividades: las informativas y las reversivas[36].

En definitiva, puede decirse que, con carácter general, bajo la dirección de Valverde se institucionalizó en el SECED el proceso de la información en los diferentes ámbitos del Servicio, así como los canales de relación con las autoridades civiles y militares. Se logró implantar un procedimiento uniforme tanto para la adquisición de las noticias, su evaluación y contraste, como para la elaboración de «inteligencia» y su conveniente difusión, con una considerable ampliación de las fuentes.

El 16 de julio el teniente coronel Valverde Díaz escribiría una carta personal a cada uno de los directivos del SECED. Decía esquemáticamente lo siguiente:

Ten la seguridad de que nuestros trabajos y desvelos han servido a España de manera muy importante, decisiva alguna vez (…) El Servicio tiene ya una vitalidad y una eficacia tales que (…) siempre en el futuro habrá que tenerle muy en cuenta (…). Que mantengáis el espíritu de servicio que nos anima, la unidad que tantos ataques sufre, y la alegría y el compañerismo, como únicos bálsamos ante tanto trabajo y especialmente ante tanta basura como estamos obligados a descubrir y observar (…) Gracias por tu colaboración, por tantos ejemplos de espíritu militar y por tantas muestras de afecto.

Finalmente, el Gobierno le concedería la Gran Cruz de la Orden de Cisneros, en 1976.

Según consta en su expediente militar, sus jefes en el Ejército siempre informaron de él como oficial inteligente, de gran capacidad de trabajo y eficacia en el desempeño de sus obligaciones, que frecuentemente fueron nada sencillas; hombre discreto, disciplinado y buen colaborador, con gran sentido de la responsabilidad y la lealtad, con don de gentes y trato muy agradable que inspiraba confianza. Y recalcaban que Valverde daba gran valor a la amistad, la sinceridad y la honradez, y mantenía un sentido estricto de la justicia, defendiendo sus opiniones con claridad y firmeza. Su familia conserva una carta del teniente general Gutiérrez Mellado de 13 de septiembre de 1976 en términos encomiásticos, con la que despedía al teniente coronel Valverde al cesar en la dirección del SECED.

Pero, cuando Valverde se fue, la inmensa mayoría de la oficialidad que trabajaba en comisión de servicio en la Presidencia del Gobierno continuó allí, y la vida en el SECED siguió adelante, luchando por cumplir lo mejor posible con la misión que el Servicio tenía encomendada y que, naturalmente, ya no era idéntica a la de cinco años antes. Como muchas otras instituciones de la vida nacional, el SECED se fue adaptando a esta evolución —aun cuando los profesionales de las Fuerzas Armadas allí destinados pudiéramos discrepar personalmente en asuntos concretos y puntuales— bajo la dirección de Cassinello: la política de la Transición entraba en nuevos cauces.

SEGUNDA PARTE
EL IMPULSO REAL HACIA
LA DEMOCRACIA

8
SUÁREZ, PRESIDENTE

Para sorpresa general —el 90 % de las fuentes daba a Areilza como candidato—, el día 3 de julio de 1976 el segundo Gobierno de la monarquía fue encomendado por el rey a Adolfo Suárez, hasta esa fecha ministro secretario general del Movimiento, real decisión que impulsaría cambios políticos trascendentales de nivel nacional, permitiendo salvar iniciales reticencias, obstáculos y resistencias continuistas y abriendo insospechadas puertas a la democracia.

Jaime Lamo de Espinosa[37], catedrático y exministro de Unión de Centro Democrático (UCD), lo relataba así muchos años después:

… tras la deliberación preceptiva del Consejo del Reino […] el rey dispuso de la terna y halló en ella el nombre deseado: Adolfo Suárez. A partir de aquí solo quedaba la designación. Adolfo esperó la llamada del rey, algo inquieto a medida que pasaban los minutos. Cuando por fin se produjo, acudió a la Zarzuela […]. Escuchó de don Juan Carlos las palabras esperadas, dijo el famoso «ya era hora» y preguntó si tenía alguna instrucción. El rey sacó una nota manuscrita, fechada en Segovia en 1969, en la que parece que ambos habían escrito lo que hoy llamaríamos una «hoja de ruta» hacia la democracia. «¿Recuerdas este papel? Pues ese es tu trabajo».

Rafael Pérez Escolar (pág. 196) nos transmitió otra visión sobre aquella tarde:

A la caída de Arias Navarro, y aunque había muchos aspirantes a la mano de doña Leonor, José María de Areilza, con su aura sempiterna de brillantez y buenas maneras, ya se veía investido de antemano con la púrpura presidencial […]. Mientras tenía lugar la reunión del Consejo del Reino en aquella tarde calurosa, el conde estaba celebrando por anticipado en su casa de Aravaca, con gran número de gentes selectas en derredor, su designación para el cargo. Entonces alguien bien informado llega de improviso a la exultante reunión […] y le espeta: «José María, lamento decirte que no vas a ser elegido, ni siquiera figurabas en la terna». «¿Pero qué me estás diciendo?, ¿cómo puede ser eso posible? Sin duda estás equivocado». «No, no estoy equivocado, la terna está compuesta por Federico Silva, Gregorio López-Bravo y Adolfo Suárez, y, además, me dicen que es el último, Adolfo Suárez, el que va a resultar elegido». «Pero ¿quién es ese?, ¿qué disparate me estás contando?».

No cabe duda de que el conde de Motrico —así como los numerosos amigos con él reunidos— pensaba que iba a ser el elegido por el rey. Pero la realidad era otra muy distinta. En palabras del citado Pérez Escolar:

Se trataba de un secreto admirablemente guardado entre el monarca y Fernández-Miranda hasta el último minuto […]. Este le había puesto en bandeja el nombre del elegido «in pectore», al que acompañaban dos simples figurantes […]. Con la elección de Adolfo Suárez […] don Juan Carlos había dado una sonora bofetada a toda la oposición de signo liberal, al inclinarse a favor de un hombre insignificante[38].

Este hombre «insignificante», Adolfo Suárez González, había nacido en Cebreros (Ávila) el 25 de septiembre de 1932. Acabó la carrera de Derecho en 1955 y trabajó después como secretario de Fernando Herrero Tejedor, gobernador civil de Ávila. Su carrera política dio comienzo en 1967, cuando resultó elegido procurador en Cortes por el tercio familiar de Ávila. Nombrado gobernador civil de Segovia al año siguiente, en noviembre de 1969 asumió la dirección general de RTVE, cargo en que se mantuvo hasta junio de 1973, cuando cesó, para ser nombrado presidente de la Empresa Nacional de Turismo (ENTURSA). Durante aquel cuatrienio en RTVE, Suárez tuvo una importante relación con el príncipe, ganándose su confianza y popularizando su figura en la medida de lo posible, sin despertar envidias ni recelos. En el verano de 1975, a propuesta de José Solís, ministro secretario general del Movimiento, fue designado presidente de la Unión del Pueblo Español (UDPE) y, una semana después, delegado del Gobierno en Telefónica.

Quienes más le conocieron y trataron en aquellos años apuntan en el libro de Manuel Ortiz Adolfo Suárez y el bienio prodigioso similares características de su personalidad: una intuición extraordinaria para tomar decisiones adecuadas en momentos de dificultad, una excepcional simpatía personal que le permitía cautivar a sus interlocutores y una gran confianza en sí mismo. Y lo catalogan como un líder nato e indiscutible. El propio Ortiz (pág. 271) añade que Suárez «tenía una cualidad rara (…), sabía escuchar» y destaca su «capacidad ilimitada para afrontar problemas con serenidad, con espíritu analítico y con una sorprendente capacidad de autocrítica». Ignacio García López, ministro en su primer Gobierno, resalta en ese mismo libro (pág. 252) su capacidad «de ver a lo lejos, trazar un programa, fijar un objetivo y cumplirlo. Es posible que suene a heterodoxo; pero en cuanto a pilotaje de la Transición, no cedió ante nadie». Eduardo Navarro completa ese boceto con otras pinceladas y, tras señalar su «extraordinaria simpatía y don de gentes», afirma que políticamente no era fácil de clasificar: «desde luego no era falangista (…). Parecía abierto, pero no estaba dispuesto a pasar desapercibido y menos aún [a ser] menospreciado»[39].

Veinte años después, el teniente general Faura[40], por entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, expondría su consideración sobre el presidente Suárez con este párrafo:

El nombramiento de Suárez como presidente del Gobierno es recibido entre los militares con dudosa expectación. Se hubiera preferido a cualquiera de los otros dos de la terna que Fernández-Miranda le presenta a SM el Rey. Pero es hombre del sistema y, por lo tanto, se espera que, aun jugando a progresista, no rompa totalmente con el pasado inmediato. Pronto se desvanece este sentimiento. El presidente aparece como un osado […]. Sorprendía su altanería, la desenvoltura con que manejaba no solo a los miembros del Gobierno, sino a personalidades con un reconocido prestigio, el dinamismo que imprimía a sus gestiones y, sobre todo, su capacidad para generar consenso entre políticos de partidos diferentes, muchas veces con planteamientos claramente opuestos. Este conjunto de características levanta ciertos recelos en el seno de las Fuerzas Armadas, porque se interpretan como signos inequívocos de pequeñas traiciones que puedan conducir a otras mayores.

PRIMEROS PASOS DEL GOBIERNO DE SUÁREZ

Para sacar adelante los cambios políticos que el rey y el país consideraban necesarios tras la languidez, insuficiencia y falta de credibilidad del presidente Arias, apareció en escena el primer Gobierno Suárez. Se ha escrito mucho sobre el cambio de Gabinete del verano de 1976, profundizando en infinidad de matices. Pero ¿en qué medida el SECED participó en aquella gestación, ofreciendo al presidente Suárez los indispensables apoyos documentales y de asesoramiento para mantener el rumbo de la Transición?

La incógnita sobre quién había de pilotar el proceso estaba ya despejada. Las candidaturas de Areilza, Fraga, Silva y otras personalidades políticas del momento se habían diluido. Trascenderían las llamadas del rey a López-Bravo y Silva Muñoz, acompañantes de Suárez en la terna presentada por Torcuato Fernández-Miranda; ambos parecían tener grandes posibilidades tras un Gabinete al que no se auguraba una duración superior a un año. Pero ahora la atención de los círculos dirigentes y de los medios de comunicación se volcaba en la composición del inmediato Gobierno.

Todos negociaban sus condiciones y aceleraban las gestiones para crear partidos políticos o reforzarlos, tratando de colocar en aquel primer Gobierno de Adolfo Suárez alguna figura política afín. Entretanto, la atención de los directivos del Sector Político del SECED se concentraba en el seguimiento de movimientos y rumores de última hora, tarea que se veía facilitada por la avidez de numerosos personajes por mantener una conversación orientadora con el Servicio.

El 6 de julio de 1976 el SECED elevó nota informativa a Suárez con los comentarios recogidos en prensa y círculos políticos autorizados ese día y la víspera sobre la formación del nuevo Ejecutivo. En aquella nota se prevenía al presidente sobre una campaña de grupos de oposición radical contra el Gobierno, indirectamente encaminada a dañar la imagen del rey. Además se sugería la conveniencia de que el nuevo Gabinete abarcase un amplio espectro: desde asociaciones procedentes del Movimiento hasta la socialdemocracia no marxista. Se consideraba, por último, beneficioso y orientativo cualquier contacto del presidente Suárez con los líderes de las asociaciones políticas legales y los grupos de oposición moderada.

El día 8 el nuevo Ejecutivo[41] juraba ante el rey y, con posterioridad, sus distintos miembros tomaban posesión de sus cargos, sin acto formal alguno, en Presidencia. La prensa calificaría al nuevo equipo como «Gobierno de subsecretarios», ya que varios de los ministros acababan de serlo, y también de «penenes», por la edad media de sus integrantes (44 años, exceptuados los militares). Ricardo de la Cierva publicó en El País el artículo «¡Qué error, qué inmenso error!», que alcanzaría enorme difusión. Al día siguiente comenzaba la andadura del nuevo Gabinete con la sesión del primer Consejo de Ministros, en la Zarzuela y presidido por el rey.

El 16 de julio, el Consejo de Ministros decretaba tres nombramientos en el entorno inmediato del presidente: el subsecretario de despacho Manuel Ortiz, el subsecretario técnico José Manuel Otero y el director general del SECED, Cassinello. Además acabaría el texto de su Declaración Programática, que difundiría el ministro Reguera a los medios de comunicación pasadas las dos de la madrugada. Comenzaba así:

El Gobierno expresa claramente su convicción de que la soberanía reside en el pueblo y proclama su propósito de trabajar colegiadamente en la instauración de un sistema político democrático, en base a la garantía de los derechos y libertades cívicas, en la igualdad de oportunidades políticas para todos los grupos democráticos y en la aceptación del pluralismo real.

La declaración se comprometía también con el hecho regional y con una amplia amnistía de los delitos y faltas de motivación política o de opinión. De hecho, en el Pleno del Congreso de los Diputados celebrado dos días antes, se había aprobado la modificación del artículo 172 del Código Penal en relación con la ilicitud de los partidos políticos «sometidos a disciplina internacional y que propugnan un régimen totalitario»[42].

Sin embargo, la respuesta de Coordinación Democrática no sería transigente. El 21 de julio haría público un documento en el que exigía la ruptura pactada como único camino viable para la democracia, calificando al Gobierno de reaccionario y franquista. Seis días más tarde aparecería otro documento, conocido como «el de los cuarenta y seis», que hacía una valoración crítica de la Declaración Programática, y que era suscrito por hombres notables y algunos grupos de oposición, como Izquierda Demócrata Cristiana, Federación Popular Democrática, Federación Social Demócrata, Federación de Partidos Socialistas, Partido Demócrata Popular, PSOE-renovado, PCE, Partido Demócrata y grupos liberales.

En el Consejo de La Coruña del día 30, presidido por el rey, el Ejecutivo aprobó la amnistía para los delitos y faltas de intencionalidad política y de opinión citados en el Código Penal y en las leyes penales especiales, así como para las infracciones administrativas del mismo tipo, y para los delitos de rebelión y sedición militar y otros tipificados en el Código de Justicia Militar, entre ellos el de objeción de conciencia. La amnistía no se extendía a quienes habían lesionado o puesto en peligro la vida e integridad de las personas (unos cien condenados por delitos de sangre de ETA, el FRAP y otros grupos)[43].

Aunque dentro y fuera de las cárceles surgían protestas por las limitaciones de la amnistía, la oposición moderada quedaba satisfecha por la decisión del Gobierno, como prueba sintomática de que deseaba implantar la democracia en España y como gran paso hacia la reconciliación y el restablecimiento de un clima de convivencia y diálogo. Felipe González, Tierno Galván, Sánchez Montero y otros líderes resaltarían sus aspectos positivos en los medios de comunicación, aunque la atribuyeran a la presión popular de los meses previos sobre el Ejecutivo.

Si bien el primer Gobierno de la monarquía, bajo la presidencia de Arias Navarro, había dado tres pasos importantes (como la aprobación de las leyes de Reunión y de Asociación Política y la reforma del Código Penal), fue Suárez —que ejerció su autoridad de presidente con gran desenvoltura y eficacia, sin tener que compartir el protagonismo con ninguna otra personalidad— el verdadero encargado de acabar con las veleidades inmovilistas. En la Declaración Programática de su primer Gobierno, como ha quedado dicho, ya se afirmaba el propósito de realizar la reforma política con toda celeridad. Y no tardaron en establecerse numerosos contactos con la clase política, sobre todo con los grupos opositores. Resultaba curioso advertir cómo todos los prohombres de la oposición se prestaban de buen grado al diálogo.

En general, las encuestas urgentes publicadas en la prensa recogían la aprobación mayoritaria de las medidas de amnistía, aunque algunos políticos de izquierdas las considerasen insuficientes. Pero ahora tocaba el turno de las reformas de la Administración: había que iniciar la «transición administrativa». La reforma de López Rodó, dispuesta veinte años antes, ya no era suficiente para un Estado diferente, ni siquiera lo era el mecanismo del Consejo de Ministros, que exigía ya poner en marcha un protocolo y la creación inmediata de la Comisión de Subsecretarios.

9
CASSINELLO, NUEVO DIRECTOR DEL SECED

El segundo Gobierno de la monarquía tuvo como consecuencia inmediata el relevo del director del SECED. El hecho de que tal responsabilidad recayera en Cassinello, que ya contaba con un importante bagaje personal y experiencia, permitió dar continuidad a la acción de los años anteriores, consolidando lo fundamental y abriendo aún más el Servicio a nuevas iniciativas.

A Suárez le llegaron ofrecimientos sugerentes y, naturalmente, presiones contradictorias sobre distintos candidatos; pero finalmente se decidió por el comandante de Infantería, diplomado de Estado Mayor, Andrés Cassinello Pérez, que venía desempeñando la jefatura de la División de Operaciones del SECED con Valverde y, anteriormente, otros puestos de responsabilidad en la Organización Contrasubversiva Nacional (OCN) de San Martín. Las reconocidas dotes intelectuales y la capacidad de mando de Cassinello debieron influir en Suárez, que le consideró el hombre idóneo para gobernar la nave del Servicio en una fase crucial en la que habría de materializarse la transición política española[44].

Suárez convocó a Cassinello la mañana del día 20 de julio, después de su habitual audiencia en la Zarzuela, y le hizo saber que en lo sucesivo el despacho sería diario, no semanal como le proponía el nuevo director del SECED; y, además, el primero de la mañana, aspecto que demostraba el interés y aprecio del presidente por la evaluación de la situación que podía proporcionarle el Servicio. Aquella misma tarde Cassinello fue recibido por el rey durante noventa minutos, en un ambiente de extraordinaria naturalidad y cordialidad, como nos transmitiría a su regreso.

Al igual que los dos directores que le precedieron, Cassinello supo infundir al SECED —que se hallaba en plena consolidación— su estilo personal. Además, Suárez, que concentró su atención de forma continuada y exhaustiva en los problemas que implicaba el cambio político, le proporcionó la suficiente libertad como para continuar con el desarrollo de los planes de transformación del Servicio, aplicando nuevos recursos humanos y financieros.

El real decreto 2213 del día 16 septiembre disponía que el SECED estuviera «inmediatamente adscrito al presidente del Gobierno». A medida que la vía democrática se iba abriendo paso en las instituciones, se ensanchaba la banda de necesidades de «inteligencia» a requerimiento de Presidencia y perdían peso algunas facetas contrasubversivas de la OCN. Por otra parte, la confección de planes de información y de programas de investigación se convirtió por entonces en una práctica habitual en el SECED, como norma orientadora de la actividad profesional del Servicio.

La tensa y acelerada situación nacional por cuanto suponía la reforma política y la aprobación de asociaciones y partidos haría conveniente la profundización por parte del SECED en el conocimiento de los grupos que iban a saltar a la arena democrática, así como en el asesoramiento leal, basado en cuanta información se recogía en numerosísimas entrevistas concertadas por directivos del Servicio con personalidades de todos los sectores de la vida nacional.

REUNIÓN GENERAL EN EL SERVICIO

Al inicio de la etapa Suárez, el día 8 de septiembre de 1976, se celebró una sesión informativa vespertina para preparar otra reunión general con los delegados regionales allá por la segunda mitad del mes. En ella, el director hizo alusión a las dificultades del momento y a la necesidad de información para atender a las más altas esferas del Gobierno y del Estado: «Nos encontramos en progresión hacia un objetivo: la base de partida fue la situación pasada y el objetivo que se presume es el propósito del rey de transformar el viejo régimen en una democracia de corte occidental».

El 24 de septiembre se celebró la reunión general, que incluiría una presentación del Servicio al presidente del Gobierno —referida en detalle más adelante— y una audiencia con el rey. Al comienzo de la esperada sesión el director expuso los criterios generales, entre ellos los siguientes:

Detrás del rey, el presidente es la figura física en que se encarna ante nosotros ese Estado sobre el que centramos nuestra lealtad en su grado máximo […]. El presidente es el jefe de los ministros militares, manda sobre el Alto Estado Mayor y juega un papel fundamental en la definición de la política militar. Servirle, como se serviría a otro, supone el ejercicio de una función que es propia de todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Es además el mando institucional del Servicio y la cabeza del Ejecutivo […].

Continuó Cassinello asumiendo su papel orientador con la lectura de un nuevo documento doctrinal titulado «El Servicio ante el momento actual». Comenzaba el documento enmarcando la situación: «Estamos mal y sería ingenuo presentar ante vosotros una impresión distinta». Y hacía referencia a las difíciles condiciones políticas, económicas y sociales, agravadas por el «feroz individualismo de los políticos del régimen, paralelo con la insolidaridad de la oposición». Pero apuntaba como circunstancias positivas el sentimiento de moderación mayoritario en la sociedad y la presencia de la Corona, «pieza fundamental del futuro ordenamiento legal».

En vocabulario castrense describía después «el enemigo»: es decir, los rupturistas a ultranza. Y afirmaba que algunos habían sufrido transformaciones; que grupos comunistas y separatistas significativos evolucionaban hacia comportamientos distintos de los que tenían cuando el Servicio inició su andadura: «El PCE, sin renunciar al objetivo final de implantar su propia dictadura, se ha adaptado a los deseos de la no violencia […]. Nos ha vencido en la batalla de la aparición pública y aspira a conseguir la aceptación de su imagen». Sobre el separatismo, aseguraba que había alcanzado las cotas más altas y desvergonzadas, pero admitía que «la ruptura total podría no ser viable». Y hablaba el documento de un tercer enemigo, la corrupción, que consideraba difícil de combatir, y frente a la cual se hacía necesario el rigor del análisis.

Cassinello trató también las «líneas estratégicas del poder» y empezó con una seria advertencia: «¡Ojo con responder con la implantación de una dictadura de distinto signo para aplastar potenciales amenazas totalitarias de signo comunista!». Y afirmó que era necesario revisar la acción en el campo táctico: frente al uso exclusivo de la represión policial, acción política: «En esencia, se trata más de hacer deseable una meta que de oponerse solamente a otra».

Siguió el director del SECED hablando sobre las «acciones inmediatas del poder» y aseguró que la definición clara de la meta, «la democracia sin más adjetivos, llamada demoliberal, occidental, es un paso adelante […], aunque sea lícito disentir». Y pidió la confianza vigilante ante las decisiones gubernamentales, apoyadas por unas Fuerzas Armadas subordinadas a la Corona y reservadas para intervenir en caso de ruptura de la unidad de la patria o graves alteraciones de orden público que destruyeran la pacífica convivencia de los españoles. Respecto al rey, aseguró tener «la certeza moral de que la opción política elegida entra en el marco general de sus deseos».

Posteriormente se refirió al «campo específico del Servicio» y en particular a la vinculación de este a las Fuerzas Armadas. Nos anunció que iba a abordarse seriamente, pese a las reticencias lógicas de cualquier presidente ante la posibilidad de modificar la dependencia directa del SECED[45], y que para estudiar detenidamente el tema y llegar a una solución definitiva en breve tiempo se había constituido un Gabinete de Estudios.

Finalmente, Cassinello nos hizo, a modo de arenga, una encendida «consideración final» con la que intentaba recuperar el ánimo sorprendido o renuente de una gran parte de los directivos, aún no repuestos del vertiginoso giro imprimido por el Gobierno Suárez a las expectativas políticas del país. Era conveniente prepararse cuanto antes para las previsibles circunstancias de la inmediata Transición y, en ese sentido, no existía la menor duda sobre la temprana asunción por parte del jefe del SECED de las líneas y etapas fundamentales de la reforma política que acababa de diseñar el presidente.

De ahí que Cassinello empezara a disponer los primeros cambios funcionales y orgánicos. En el documento lanzaba ya algunos mensajes:

Para el Sector Político la primera consecuencia ha sido suprimir las diferencias entre lo abierto y lo clandestino […] analizar y conocer a todos es el problema nuestro […]. Junto con la función informadora es necesario un asesoramiento que favorezca la unión de los grupos afines [a la Transición] y la división de los contrarios.

También se hacía referencia a la todavía incipiente División de Exterior: «Centrará su atención en Gibraltar, Francia, Portugal y Centroeuropa […] dedicará especial atención a la prensa extranjera y a sus corresponsales en Madrid».

El encuentro con Suárez

El presidente del Gobierno se presentó en Castellana 5 cuando concluía el debate de los directivos del SECED sobre el documento. La sala de reuniones de la Casa, en forma de anfiteatro, saludaba repleta a Suárez, que fue recibido con una breve introducción del director en lenguaje sencillo y amistoso. Suárez se manifestó en idéntico tono coloquial y confidencial, tan propio de él, y su derroche de cordialidad surtiría un inmediato efecto positivo en el auditorio.

Inició su parlamento presentándonos la situación política al acceder en julio a la Presidencia y describió las carencias existentes en el contexto inmediato al cargo y su gran decepción al comprobar algo bien conocido por algunos de los presentes: «Hace años que no existe en este país ningún tipo de política de Estado». Y nos refirió que, al abrir la famosa caja fuerte donde en teoría se guardaban los documentos secretos más importantes, comprobó con desilusión y desánimo que allí solo había polvo, telarañas y algunos sobres y papeles sin importancia. Suárez elevaba la anécdota de la caja vacía a la categoría de símbolo. Ninguno de los presentes nos sorprendimos; todos éramos testigos privilegiados de algunas de las imprevisiones aludidas por el presidente y de la calificada por él como «notable e impresionante» falta de coordinación. Al llegar a este punto hizo una elogiosa referencia al caso insólito de los planes preparados por el SECED en previsión del fallecimiento del Generalísimo, y en particular a la Operación Lucero.

Sobre la política laboral afirmó que la realidad social acabaría imponiéndose y que había que ser excepcionalmente pragmáticos y realistas. Suárez hizo después una puntual referencia al Instituto de la Opinión Pública (IOP), que le facilitaba —como único destinatario— informes semanales reservados sobre encuestas, y añadió que para sustituir el centralismo actual por la participación ciudadana era necesario conocer «cuáles son de verdad las fuerzas que juegan positivamente las cartas de España para distinguirlas de aquellas otras que lo hacen para disgregarla», en directa referencia a los nacionalismos centrífugos.

Con ello se dio paso a un turno de preguntas que se prolongó durante una hora larga, para tratar sobre varios temas: dos (la reforma y los grupos políticos) concentraban las cuestiones más interesantes para la audiencia; los otros cuatro, de menor interés (situación económica, Fuerzas Armadas, asuntos exteriores y regionalismo), apenas pudieron tocarse.

La primera pregunta versó sobre las posibilidades de participación de la oposición democrática en la futura Ley para la Reforma Política, tras las entrevistas que había mantenido el presidente con varios de sus líderes. Suárez respondió que esos grupos eran significativos y que habría que contar con ellos. Aquellas conversaciones le habían permitido conocer de primera mano sus posiciones y diferencias, pero en ningún caso podían interpretarse como acuerdos para un futuro Gobierno de coalición. La siguiente intervención hizo mención al referéndum y la Ley Electoral. Respecto a la posible consulta popular, explicaba Suárez que la pregunta estaba aún sin redactar, pues esperaba sugerencias del Consejo Nacional antes de remitirla a las Cortes. De todos modos, los sondeos del IOP calculaban un apoyo del 87 % del contingente nacional, que, en lo referente a una fórmula electoral, se inclinaba por la participación directa con criterios de proporcionalidad, pero respetando a las minorías.

La tercera pregunta se refería a la posición del Estado o del Gobierno respecto a la financiación de los grupos políticos, sobre todo a partir de las elecciones. Describía el presidente que el grupo de oposición clandestina con mayor dinero era el PCE, a considerable distancia de los demás; pero se trataba de una economía alimentada desde la URSS, dentro de los planes desestabilizadores de la guerra fría. El PSOE contaba con muchos menos medios, procedentes de Venezuela y Alemania. El PSP de Tierno Galván, según Suárez, andaba muy mal de dinero. Los grupos de la derecha habían recibido hasta entonces pequeñas cantidades del Consejo Nacional del Movimiento. Consideraba el presidente que no se podía contar con la Banca hasta que no se empezaran a aglutinar las fuerzas políticas.

La siguiente intervención trataba del alcance de la reforma sindical. Acababa de saltar a conocimiento público la posible legalización de los sindicatos clandestinos, decisión que traería cola con la dimisión del vicepresidente Santiago. La pregunta se refería a la tolerancia gubernamental respecto a los grupos sindicales aún ilegales. Respondió el presidente que, al igual que en los demás ámbitos, la realidad imponía unos cambios sustanciales, y se inclinaba por consentir el registro legal de todos ellos mediante una progresiva libertad sindical. Según Suárez, este planteamiento estaba pendiente de estudio por el Gobierno, pero la libertad sindical era una de las exigencias del sistema democrático pluripartidista.

En la quinta pregunta, sobre la imagen de limpieza de las elecciones generales de cara a la oposición y a Europa, manifestó que era condición necesaria, para que nadie intentara desfigurar la voluntad del pueblo español, establecer de antemano el adecuado control en el censo, en el acto del voto y en el recuento y transmisión de los datos de las urnas. Pero aún no estaba decidido cómo afrontar el problema para que no fuese necesario ceder a controles internacionales, sugeridos por algún grupo ilegal.

Y se pasó a la sexta intervención, con la pregunta quizá más delicada y personal: el interés del presidente por formar su propio grupo político, pues daba la sensación de que el poder estaba negociando la reforma solo con la oposición ilegal. Con un punto de enfado contenido, Suárez respondió que de ninguna manera admitía que nadie pudiera decir que el poder negaba una oportunidad a los grupos procedentes del sistema. Y, recuperando el desenfado coloquial, dijo tener en las manos los instrumentos para poder formar el grupo más poderoso, entre otras cosas porque sabía cómo era el país sociológicamente. Aseguraba, no obstante, que creía que su obligación era desarrollar una política de Estado que propiciase la salida de los diversos grupos políticos a la palestra, y que únicamente en el caso de que solo hubiese derecha e izquierda se sentiría obligado a crear su propio grupo, que indudablemente tendría que ser de centro, en coincidencia con las encuestas del IOP. Y, después de muchos circunloquios, Suárez se refirió a Fraga y a Felipe González, supeditando su valoración a su actuación política, en la medida que de verdad colaborasen a los objetivos del Estado español; por ejemplo, condenando a los nacionalistas y a los comunistas.

La inmediata pregunta versó sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado, tratando de confirmar los favorables resultados de la comida de Suárez con los cardenales, según versión recogida en la Iglesia. El presidente afirmó que no deseaba mezclar los asuntos políticos con los religiosos; pretendía más bien acentuar la mutua independencia de la Iglesia y el Estado, informándonos de que, efectivamente, se había entrado en el camino del entendimiento.

La penúltima intervención versaba sobre la tolerancia demostrada por el poder ante la creciente salida a la superficie del Partido Comunista. Y se planteaba si esta era signo de una posible legalización a corto plazo o si se esperaría a que las Cortes que salieran de la consulta popular decidiesen sobre el tema. Adolfo Suárez respondió de forma tan ambigua como días antes lo había hecho a los capitanes generales —hecho que acabaría generando una de las más graves crisis de la Transición—. De su evanescente referencia a la imposibilidad legal de aceptar la doctrina del PCE, los presentes pudimos inferir que el Gobierno no pensaba legalizarlo «por ahora», pues el presidente terminó diciendo que en el futuro ya se vería. Y añadió que durante muchos años se habían llevado a cabo condenas espectaculares sobre el PCE y sin embargo sus miembros habían penetrado en todos los ámbitos de la vida nacional. Suárez intentaría combatirlo con sus mismas técnicas: actuar con liberados, con dinero, enfrentándoles, encizañándoles.

La última cuestión hacía referencia a la actitud del Gobierno ante las dos tendencias del Partido Socialista Obrero Español de cara a las elecciones. No tuvo empacho Suárez en confesar que el Gobierno estaba retrasando la legalización solicitada por el sector histórico del PSOE, como baza para obligar al sector renovado de Felipe González a considerar las ventajas de pedir a su vez una legalización a la que —tal y como le había confesado González— se resistían sus bases. El Comité Ejecutivo y el Comité Nacional ya la habían aprobado con un solo voto en contra y una abstención. Por ello Suárez estaba dispuesto a autorizar el congreso que Felipe González quería organizar por primera vez en el interior, con el argumento de que prestigiaría el carácter democrático del Gobierno.

Suárez convenció más por el atractivo con que expuso los grandes objetivos que por el detalle de su explicación. Tampoco tendría en aquellas fechas muy claro cómo despejar muchas de las incógnitas de aquel cambiante panorama. Además consideraba más urgente la preparación de la reforma como instrumento básico de la futura «improvisación» política de un pacto para la Transición. Con independencia de juicios personales, hubo coincidencia unánime en el realismo con que el presidente del Gobierno —que tan solo llevaba en ejercicio dos meses y medio de verano— había abordado cuestiones del mayor interés.

Han transcurrido treinta y cinco años y es necesario retroceder mentalmente a aquella difícil etapa nacional para dar a esta visita del presidente del Gobierno al SECED el verdadero valor que merece. Las confidencias de Suárez a aquellos militares hubieran sido ambicionadas por cualquier dirigente político de entonces. Iban a ser la base de los inminentes proyectos de su reforma. Después de aquella visita, en el SECED se vio más claro que en aquellas fechas lo más importante era la adecuación funcional y orgánica a los nuevos tiempos, para que el Servicio fuera el instrumento eficaz que el Estado necesitaba para contribuir al objetivo democratizador pretendido por la Corona.

CAMBIOS INTERNOS EN EL SECED

Según ha quedado dicho, uno de los objetivos de Cassinello era la vinculación del SECED a las Fuerzas Armadas, para lo cual, en la reunión general de 24 de septiembre, mencionaba una fecha: junio de 1977, momento en que «debiera estar ya arbitrada la solución definitiva».

Entretanto, convenía adecuar la organización del Servicio al nuevo ambiente de la Transición, y Cassinello fue anunciando algunas transformaciones internas. El primer paso, el 7 de septiembre, había sido la creación del Gabinete de Estudios, que empezaría a preparar los estudios, análisis, soluciones y formulaciones para diseñar el futuro Servicio de Información de la Defensa (SID). Bajo el mando del teniente coronel Santos Bobo, intervino también en la confección de varios «libros rojos», como se llamaba entonces —por el color de sus tapas— a los resúmenes sobre los grupos extremistas e ilegales. En esa misma fecha se llevaron a cabo diversos cambios en el personal directivo, y el comandante Faura asumió la jefatura de la División de Operaciones.

A finales de mes, se publicó una nueva directiva sobre la División de Exterior (DEX), que no había llegado a consolidarse previamente. El objetivo era su afianzamiento en dos fases: una primera, limitada en medios y objetivos (sobre la base del Sector de Información Exterior y recurriendo a las posibilidades ofrecidas por el Alto Estado Mayor), y una segunda, de pleno desarrollo, con el despliegue total de la estructura prevista. Su jefatura recayó en el teniente coronel Uxó, quien pronto impulsó un buen número de operaciones. Por ejemplo, a finales de 1976 la DEX llevaría a cabo la Operación Gordon’s. Se trataba de apoyar la celebración de un contacto del comandante Ángel Ugarte con miembros de la fracción político-militar de ETA en Ginebra, y su ejecución —que requirió de la intervención de una decena de especialistas del Servicio— resultó perfecta.

Por lo que a la División de Operaciones respecta, mantuvo su estructura anterior hasta el 8 de febrero de 1977, en que el Sector Religioso-Intelectual fue disuelto y dedicado a la problemática regionalista, como resultado del creciente auge de los nacionalismos periféricos.

Por otra parte, daba inicio la progresiva desactivación de las oficinas de enlace existentes en diversos departamentos ministeriales. El SECED, por tanto, empezó a aplicar desde el primer momento su adecuación a la nueva realidad, llevando a cabo modificaciones orgánicas significativas que no se completarían hasta finales de febrero de 1977. La plantilla definitivamente asignada al Servicio iniciaba su nivel de saturación; casi se cubría al completo, con una cifra máxima de 140 personas, si bien el incremento de ayudantes y auxiliares hizo que la dotación total pasase de unos 400 a más de 450.

Aparte de los seminarios y conferencias que el Servicio impartía para completar la formación de sus directivos, el SECED siguió ofreciendo ciclos de información para especialistas de la Inspección General de la Policía Armada, la Academia de la Guardia Civil, el Servicio de Información del Ejército, etc.

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CESE DEL VICEPRESIDENTE MILITAR SANTIAGO
Y LLEGADA DE GUTIÉRREZ MELLADO

Pese a que su actividad política durante el Gobierno Arias había resultado poco afortunada, desentonando incluso en un Gabinete tan poco reformador, Adolfo Suárez —de forma un tanto desconcertante— decidió mantener al teniente general Santiago en la vicepresidencia en julio de 1976. Sería interesante analizar las razones por las que el presidente quiso retener en su Gabinete a los cuatro militares de Arias, mientras todos los civiles eran relevados de sus cargos, y el difícil encaje de estos militares, «mayores» no por razón de edad, sino por su diferente actitud ante algunas exigencias de la reforma política.

Como ya he apuntado, en el Consejo de Ministros que se celebró ese verano en Galicia se planteó el tema de una conveniente amnistía, a la que el vicepresidente Santiago opuso sus reservas personales. Tuvo Suárez que imponer su propia autoridad para que el teniente general no se pronunciase en contra de la medida que iba a aprobar el Gobierno.

Pronto quedaría demostrada la profunda incompatibilidad del vicepresidente con los propósitos reformistas explícitos de Suárez. Como los ministros militares habían manifestado privadamente al presidente del Gobierno cierta inquietud por el proyecto de Ley para la Reforma Política, Suárez aprovechó la presentación de la redacción definitiva al Consejo de Ministros, el 6 de septiembre, para sentarse con ellos en el almuerzo y tranquilizarles. Les aseguró que «en ningún momento se trataba de hacer tabla rasa, sino de actualizar las Leyes Fundamentales para adaptarlas al nuevo régimen»[46]. El más inquieto era Santiago, que se debatía entre la obligación de compartir las decisiones del Gabinete y su criterio personal, ya que se consideraba representante de la institución militar ante el Gobierno.

Según Powell, el teniente general Santiago trató de convocar una reunión de altos mandos para estudiar la situación política, pero cuando Suárez supo de ese propósito a mediados de agosto neutralizó cualquier posibilidad de presión militar presidiendo la reunión, no prohibiéndola. En efecto, Suárez se reunió con los tres ministros militares y los capitanes generales de las regiones militares en la mañana del día 8; durante tres horas, y utilizando sus mejores dotes de persuasión, les explicó el proyecto de Ley para la Reforma Política y contestó a las preguntas de los generales; la principal objeción que estos le hacían era la posible legalización del PCE. Según varios de los presentes, Suárez aludió explícitamente a la imposibilidad de la legalización, refiriéndose hábilmente a sus «estatutos actuales», estatutos inevitablemente temporales.

Semanas más tarde Santiago supo del proyecto de Ley de Libertad Sindical elaborado por Enrique de la Mata, ministro de Relaciones Sindicales, y manifestó su desacuerdo con el excesivo alcance de la reforma política en curso, pues no podía aceptar la legalización de Comisiones Obreras, simple apéndice del Partido Comunista. El SECED envió un informe al vicepresidente exponiéndole el origen, la composición y las luchas internas del movimiento obrero clandestino y la conveniencia del proyecto para impedir la ilegítima utilización que hacía de él el PCE; pero Santiago no lo tuvo en consideración. Así que Suárez hubo de sugerirle una honorable salida en forma de dimisión. El 22 de septiembre de 1976 se producía el cese del teniente general como vicepresidente primero del Gobierno, lo que abría la puerta a Gutiérrez Mellado, quien estaba conforme con la necesidad de la reforma política y tenía claro el papel modernizador que le correspondería al encargado de los asuntos de la seguridad y la defensa nacional.

El nuevo vicepresidente acudió el 30 de septiembre de 1976 al Consejo Superior del Ejército para informar de las circunstancias que habían concurrido en el reciente cese del teniente general Fernando de Santiago, así como de la delicada situación que había venido a plantear la carta que, en explicación de su dimisión, había dirigido el propio Santiago a todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas (salvo a su sucesor y a los tres ministros militares). Igualmente, Gutiérrez Mellado trataría de la carta abierta que el teniente general Iniesta Cano había publicado tres días antes en el diario El Alcázar, en la que alababa la postura de Santiago, solidarizándose con él. En un clima de cierta tensión, coincidieron todos los consejeros en la necesidad de salvaguardar por encima de todo la unidad y disciplina de las Fuerzas Armadas, dejando al criterio del ministro del Ejército la actuación más conveniente. El Consejo de Ministros del 1 de octubre tomaría la decisión de incoar expediente a los generales Santiago e Iniesta para su pase anticipado a la situación de reserva.

No tardaría mucho en evidenciarse la incomodidad de cada uno de los ministros militares del Gabinete ante la progresiva ampliación del horizonte reformista. Las tensiones se repetirían hasta desembocar en el más grave enfrentamiento, allá por la Semana Santa de 1977, originado por la legalización del Partido Comunista. Sin embargo, pronto quedarían en el recuerdo la dimisión de Santiago y la posterior del almirante Pita da Veiga, jalones netamente políticos que definieron aquel semestre a caballo de 1976 y 1977. Aunque en ambos casos se discutía el límite de la pluralidad, en particular en lo referente a la ideología comunista, lo que verdaderamente se planteaba en el fondo de la cuestión era el nuevo papel que correspondía a la institución militar en el conjunto del Estado.

Sobre el encuentro de Suárez con la cúpula militar, Cassinello comentaría años después: «No está claro qué palabras empleó Suárez para referirse al Partido Comunista, pero los asistentes sacaron la conclusión de que su legalización no se produciría nunca… Los tenientes generales salieron alborozados y es sabido que el teniente general Prada Canillas le gritó: “¡Viva la madre que te parió!”». Acerca de esa reunión, dice igualmente Martín Villa: «Parece que el presidente del Gobierno se comprometió a no dar cabida al PCE. El contenido no fue hecho público, pero trascendió a la clase política la decisión de no permitir la presencia comunista en la España democrática». Y sigue contando Martín Villa que él mismo se había reunido a primeros de septiembre con los gobernadores civiles «para explicarles con claridad y minuciosidad […] los partidos legalizables e ilegalizables. Mi explicación satisfizo incluso a los militares». Manuel Ortiz (pág. 170), por su parte, describe aquel encuentro en los siguientes términos:

… se le pregunta si va a legalizar al PCE. Suárez contesta que la legalización de los comunistas en aquellos momentos no era posible porque los estatutos del partido eran incompatibles con la legalidad vigente. No dijo —aunque parezca por obvio innecesario— que una posible modificación de los estatutos eliminaría el principal obstáculo; tampoco dijo que José Mario Armero estaba ya negociando con Carrillo esa modificación.

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LA LEY PARA LA REFORMA POLÍTICA

Fernández-Miranda había puesto los ojos en Suárez como el mejor antídoto de la vitalidad y capacidad política de Manuel Fraga. Pero el presidente había dejado atrás a don Torcuato en esa carrera y ahora tenía prevista ya su propia y verdadera maniobra. Esta realidad hacía necesario aprovechar hasta el final su encantadora magia, su carismática capacidad de maniobra y su ambición y audacia, extraordinarias. Apunta Manuel Ortiz (pág. 272) este pensamiento sobre don Torcuato:

¡Qué duda cabe de que sin el rey y Fernández-Miranda la Transición no hubiera sido posible o, al menos, hubiera sido diferente! Pero la realidad es que, en julio de 1976, Adolfo Suárez tuvo que enfrentarse con una misión casi imposible, en un ambiente enrarecido, tras el fracaso en la urgente tarea de devolver la soberanía al pueblo español.

En el primer tramo de la Transición los numerosos contactos del Servicio con la oposición ilegal para contener la amenaza rupturista se complementaban con los desarrollados con un grupo importante y heterogéneo de políticos instalados en las instituciones aún vigentes, quienes ponían serias objeciones a la reforma por razones ideológicas o, simplemente, por ver amenazados sus privilegios.

Pero el proceso de preparación de la Ley para la Reforma Política era imparable. Ya el 10 de agosto el Consejo de Ministros conocería el proyecto de Suárez y su finalidad. Había que utilizar los poderes que las Leyes Fundamentales —entonces vigentes— atribuían al rey. Pero, además, los proyectos de ley destinados a terminar con el régimen tendrían que ser tramitados y aprobados por las Cortes orgánicas, contar con el informe preceptivo del Consejo Nacional del Movimiento y ser ratificados por referéndum. La idea de Suárez y Fernández-Miranda era llegar a la legalidad democrática desde la legalidad franquista, empleando para ello una ley puente breve, clara y sencilla. Fernández-Miranda fue el encargado de redactar, en Navacerrada y con toda urgencia, un primer borrador, que entregó al presidente el 23 de agosto. Al día siguiente Suárez lo presentaba en Consejo de Ministros sin dar indicios de su autoría.

El 7 de septiembre de 1976 el Gobierno acordó retirar del Consejo Nacional los asuntos pendientes, remitiendo en cambio el proyecto definitivo de Ley para la Reforma Política. El dictamen de este organismo —no vinculante— era obligado al tratarse de una modificación de las Leyes Fundamentales. Al fin el Consejo de Ministros aprobaría el proyecto de ley el 10 de septiembre, un mes después de iniciadas las deliberaciones. Se había incorporado un preámbulo elaborado por Alfonso Osorio y Landelino Lavilla. El Consejo Nacional rechazaría después íntegramente tal preámbulo, y el Gobierno —que no aceptó ninguna de sus enmiendas— prefirió suprimirlo. Posteriormente, el 15 de octubre, se envió el texto a las Cortes. Esa tarde, el presidente apareció en Televisión Española desde su despacho, en Castellana 3, para explicar a los españoles el significado y la trascendencia de la Ley para la Reforma Política. Suárez anunció que sería el nuevo Congreso de los Diputados el competente para abordar la reforma constitucional.

En las semanas previas se habían producido contactos y entrevistas con un número muy considerable de procuradores de las diversas corrientes del régimen; los directivos del Servicio no daban abasto. La labor del SECED se inscribía en una operación de mayor amplitud desarrollada por el Gobierno. Charles T. Powell (pág. 199) recoge las palabras del propio Suárez sobre aquella maniobra: «Se trataba de llegar a aquellos que tenían más relación o más influencia sobre los demás procuradores». Según lo explica Martín Villa: «El Gobierno y personalidades afines habíamos tenido buen cuidado en los días anteriores de “convencer personalmente a un buen número de procuradores”»[47]. Y añade que la actuación resultó «muy trabajosa, muy detallista y muy eficaz, […] supervisada por Otero Novas, que contó con la colaboración del jefe del Servicio de Información de la Presidencia del Gobierno, teniente coronel Cassinello». Peculiar manera de dejar constancia del enorme esfuerzo de los hombres del SECED, que realmente llevaron el peso de la operación ordenada por el presidente. No cabe la menor duda de que gran parte de aquellos políticos —igual que los de la oposición ilegal—, conociendo la condición castrense de los miembros del Servicio, asignaban al SECED el papel de portavoz del indefinido y supuesto poder militar que históricamente había gravitado sobre la política española. De ahí que recibieran con tanto interés las periódicas «Valoraciones de la situación» que confeccionaba y que escucharan con atención los argumentos y opiniones que sus directivos les hacían llegar en vísperas de la votación de la Ley para la Reforma Política.

El día 18 de ese mes de octubre de 1976 se produjo en la Cortes Españolas una votación histórica: 425 votos a favor, 59 en contra[48] y 13 abstenciones, lo que superaba las previsiones más optimistas. Era el éxito necesario para despejar definitivamente el panorama político. El presidente de las Cortes, Torcuato Fernández-Miranda, diría a las 21.28 horas: «Queda aprobado el proyecto de Ley para la Reforma Política». El milagro se había consumado; la legalidad del régimen concluía y comenzaba la democracia[49].

Tras su aprobación en Cortes, la ley necesitaba pasar el requisito institucional del referéndum popular para adquirir el rango de Ley Fundamental. Su simple convocatoria oficial proporcionaría ya al Ejecutivo un alto grado de credibilidad y apoyo social (que, por cierto, le regateaba la oposición de uno y otro extremo), con un doble efecto: alejar tentaciones continuistas y dejar a los rupturistas en la difícil necesidad de replantearse su actitud.

La oposición de izquierda, tanto el PCE como el PSOE, se había opuesto frontalmente al proyecto preparado por el Gobierno, si bien los socialistas lo manifestaban en términos menos radicales. Felipe González condicionaba su postura a la formación de un Gobierno provisional, aunque estaba dispuesto a negociar. También el Comité Ejecutivo de Coordinación Democrática difundió una nota de prensa el 18 de septiembre rechazando la convocatoria del referéndum y de las elecciones anunciadas. Pedía antes devolver al pueblo el ejercicio de sus libertades, resolver los problemas políticos y económicos y la profunda crisis del Estado autoritario mediante un proceso constituyente. No solo la izquierda apoyaba la abstención en el referéndum, sino también el PNV y los nacionalistas catalanes y gallegos.

Cuenta Martín Villa que a las pintadas callejeras de «No votes» añadían ellos un «No», «con lo que la pintada quedaba en un “No votes No”». Fue esa una acción ideada por el SECED y llevada a cabo por jóvenes que controlaba el Sector Educativo de la Delegación Regional de Madrid, tal como me relataría años después el coronel Vázquez Ochoa, recordando aquel episodio y tantas salidas nocturnas para lanzar octavillas y propaganda negra, y pegar carteles. También el teniente general Cassinello guarda clara memoria de ello.

No faltaron acusaciones descalificando la consulta por manipulación, como las del PSOE ante el Parlamento Europeo para deslegitimar a Suárez, aunque serían rechazadas. El Gobierno se propuso, por ello, informar a la opinión pública internacional por medio de una eficaz operación que encomendó a una agencia de relaciones públicas con sede en París, ACTIS, y que coordinó desde Madrid Rafael Ansón. El balance fue notable: cientos de periodistas se desplazaron hasta España para seguir el referéndum, inundando los medios de comunicación social con la noticia de que el pueblo español había votado en libertad.

La participación en el referéndum, que se celebró el miércoles 15 de diciembre de 1976, se elevó hasta el 77,47 % del censo electoral, y la ley fue refrendada por el 94,2 % de los votos válidos emitidos. El pueblo español optaba por la reforma sin ruptura, con abrumadora ratificación del trabajo del Gobierno. A partir de entonces empezaría la gran etapa de Suárez; había ganado credibilidad y podía ahora dedicarse a las funciones de Gobierno.

Era el triunfo de una nueva generación del régimen que tomó conciencia sobre la auténtica situación del país, de un clima de opinión más libre y próximo a la realidad, que encaminaría la nación hacia una democratización completa y homologable. Así lo explica Rodolfo Martín Villa en un extenso apartado titulado «Los reformistas» (pág. 46):

«El factor generacional fue un componente decididamente importante del aperturismo»[50]. Se trataba de jóvenes procedentes del falangismo universitario o de la ACNP o del monarquismo, nacidos hacia 1930-40 […] generación mayoritariamente liberal, dialogante y europeísta […]. Creían en la reforma desde dentro, no en la revolución desde fuera.

12
EL MUNDO POLÍTICO SE MUEVE

Tan pronto como comenzó la vida política oficial tras el verano de 1976, el SECED empezó a recoger noticias sobre muy diferentes intentos de crear grupos y partidos nuevos o de agrupar a los incipientes. La sensación de reforma que generaba el acceso de Adolfo Suárez a la Presidencia del Gobierno fue acicate para que quienes ansiaban hacerse hueco en la carrera política nacional movieran sus peones para poner en ejecución sus proyectos de asociación.

El Sector Político del SECED observaba los movimientos de los diferentes grupos y tomaba contacto con sus dirigentes para obtener información directa y puntual. A ese interés del SECED se unía la avidez de aquellos por hacer saber al Servicio sus proyectos, ilusiones y quejas, con la presunción de que todo ello llegaría, en breve y sin adulterar, a conocimiento del presidente Suárez. De ahí que merezca la pena reseñar parte de las conversaciones que mantuvimos algunos directivos, pues su conjunto refleja mejor que ningún otro documento el clima de incertidumbre y de luchas intestinas entre tantos grupos aspirantes a participar en las futuras decisiones políticas, una vez aprobada en referéndum la Ley para la Reforma Política. Asimismo, aquellas tensiones ponen de manifiesto el tesón y la habilidad de Suárez para llevar el timón en medio de tanta borrasca, de tanta sigla, de tanto preboste dispuesto a hacerse con una parcela de poder.

Comencemos por los sectores más inmovilistas. A Blas Piñar, presidente de Fuerza Nueva, le visitamos el viernes 17 de septiembre en su notaría, donde a lo largo de dos horas nos expuso su filosofía política, que no se desviaba de los «principios del 18 de Julio», por lo que la relación con otros grupos procedentes del régimen era imposible. Sus críticas eran contundentes sobre las figuras del presidente Suárez, del rey e, incluso, de Franco en su última década, y también sobre la jerarquía eclesiástica y los mandos militares, que habían abandonado los ideales de la «guerra de liberación». De las críticas no se libraba el SECED: tenía del Servicio un recuerdo deformado.

El día 20 acudimos a la sede del Frente Nacional Español (FNE). Fernández Cuesta nos explicó que el nombre de Falange Española y de las JONS se lo adjudicaban ellos y, en consecuencia, buscaban la unificación de muy diversos grupos que militaban bajo ese ideario. Sus mayores preocupaciones eran Vascongadas, Cataluña e incluso Galicia, donde se estaban radicalizando las posturas. Terminó nuestra visita haciendo un elogio de la reunión del presidente Suárez con los generales y de su compromiso frente al comunismo y al separatismo.

Pero la verdadera lucha de poder se estaba dilucidando en otra zona del espectro político. La comisión gestora de la Unión Democrática Española (UDE), bajo el liderazgo de Silva Muñoz, empezó a trabajar a fondo tan pronto como se conoció el nombramiento de Adolfo Suárez: esperaban una convocatoria del presidente para recabar apoyos políticos. El objetivo era crear un gran partido democristiano ensanchando el campo con grupos de ideología afín, pero prescindiendo de Gil Robles y Ruiz-Giménez.

En paralelo se estaba gestando el proyecto de una alianza de derechas integrada por la Reforma Democrática de Fraga, la Unión del Pueblo Español (UDPE) de Martínez Esteruelas, la Unión Nacional Española (UNE) de Fernández de la Mora y la propia UDE. Tal alianza, a la que se intentaría incorporar después a López Rodó y Areilza, quedaría bajo la previsible jefatura de Fraga, y no contaba con el beneplácito del Gobierno, que la observaba como fuerte competidora a la hora de atraer bases sociales.

En varias reuniones con Álvaro Lapuerta —cuñado de Federico Silva— nos informó de que la situación de UDE era desorientadora. Culpaba a Osorio de perder un tiempo precioso para crear un gran partido junto a otras fuerzas representadas en el Gobierno Suárez. Mientras la oposición se organizaba, el centro y la derecha se combatían. En esas circunstancias, tuve una charla con José Jiménez Mellado, director del CEU y dirigente de UDE. Iba a asistir ese lunes 30 de agosto a un almuerzo que tenía como meta la creación de un gran partido democristiano. Al parecer, Osorio había entendido el mensaje del rey de organizar cuanto antes tres partidos: una democracia cristiana, un grupo posfranquista fuerte y una socialdemocracia no marxista, dejando fuera de juego al comunismo y a la ultraderecha intransigente.

A mediados de septiembre de 1976, Fraga gestionó la constitución de Alianza Popular (AP) con López Rodó, Silva Muñoz, Fernández de la Mora, Licinio de la Fuente, Martínez Esteruelas y Thomas de Carranza, quienes serían apodados los «siete magníficos». Representaban el franquismo sociológico, pero aceptaban los principios democráticos. La creación de AP tuvo inmediatas consecuencias. El 29 de septiembre me atendía José Luis Meilán Gil. Quería hacer llegar al Servicio la idea de crear un centro político que diera estabilidad y moderación al país, en vista de que los grupos controlados por Fraga y Silva se aliaban con fuerzas de derecha. Meilán pasaba a explicar la tercera vía que estaba estudiando desde hacía meses un grupo de jóvenes reformistas[51]. A principios de mes se habían reunido para estudiar la posibilidad de convertir en partido el Grupo Parlamentario Independiente (GPI). Contaban con el apoyo de Suárez y Martín Villa en el Gobierno.

Ya en octubre, Lapuerta se acercó a la sede del SECED para relatar la incertidumbre y las desavenencias de las últimas reuniones de UDE, ante la incorporación de Silva a AP. A pesar de semejante ruido, el día 21 de octubre Alianza Popular se presentaba en el hotel Mindanao de Madrid. Días después, Jiménez Mellado me hablaría de la confusión reinante en el variopinto mundo democristiano. El director del CEU me aseguraba que la jerarquía católica no deseaba la aparición de un partido confesional, aunque sí el mantenimiento de la ideología democristiana en uno o varios partidos, como el Partido Popular, cuyos dirigentes[52] rechazaban el acercamiento a liberales y socialdemócratas.

Con José María de Areilza seguía el SECED manteniendo contactos directos e indirectos desde hacía años. En almuerzo con Cassinello el martes 28 de octubre, el conde de Motrico nos anticipaba sus planes políticos, consistentes en lograr una importante alianza de centro, que incluiría desde algunos grupos de Alianza Popular hasta algunos socialistas. Tenía como objetivo atraerse el voto liberal-conservador de cuantos discrepaban con un gran frente nacional. Areilza se separaba definitivamente de Fraga y Cabanillas. El conde de Motrico se mostraba muy confiado en sacar a la luz pública el partido en Navidades, una vez pasado el referéndum. Por otra parte, le resultaba evidente que el presidente Suárez estaba intentando desde el regreso del verano la creación de un centro político que lideraría personalmente.

En efecto, el Gobierno Suárez estaba promoviendo una federación de grupos políticos afines que podría incluir desde democristianos vinculados a Osorio en la derecha hasta demócratas independientes y socialdemócratas como Barrera de Irimo, Fernández Ordóñez y González Seara en la izquierda, quedando en el centro el sector de Martín Villa, al que se consideraba uno de los cerebros de la operación. Así lo había reflejado El País el día 23 de aquel mes. En esa misma fecha Diario 16 explicitaría que el Gabinete buscaba su sitio entre Alianza Popular (AP) y las organizaciones de izquierda, con intención de presentarse a las elecciones bajo la capitanía de Suárez, en una operación de largo alcance. También aquel día terciaría Informaciones asegurando que empezaba a tomar cuerpo la posibilidad de una gran alianza de centro promovida desde el Gobierno y aledaños como réplica poderosa a AP, conformando sus núcleos iniciales el Partido Popular (PP) de Pío Cabanillas, el Grupo Parlamentario Independiente (GPI), la democracia cristiana no homologada y los sindicalistas y «seuistas» encabezados por Martín Villa. Según tal diario, los socialdemócratas habían rechazado la oferta.

Solo tres días después El País negaba que Suárez planease presentarse a las elecciones. Los medios de comunicación, siempre de fuentes seguras, iban dando noticias a veces contradictorias, tal como era la realidad política del momento, plagada de intentos de pacto y agrupación de esfuerzos, siempre subordinados a pequeñas soberbias personales más o menos exteriorizadas. Pero lo cierto es que la operación de reunir gentes del centro y la derecha para impedir la victoria de AP por mayoría absoluta ya estaba en marcha al comienzo de noviembre de 1976; el objetivo era obtener el compromiso de unas docenas de personalidades para dedicarse en exclusiva a contactar con veinte mil directivos de primera y segunda fila en muy diversas actividades públicas y privadas.

El Sector Político del Servicio también tuvo que moverse en el territorio de la socialdemocracia. En los primeros días de septiembre almorzábamos con Antonio Cantarero del Castillo, presidente de Reforma Social Española (RSE), y manteníamos una larga sesión de tarde con Antonio García López, secretario general del Partido Socialista Democrático Español (PSDE), acompañado por dirigentes del PSOE-histórico. García López se proponía constituir una Alianza Social Demócrata (ASD) en la que se integrasen esos grupos y otros próximos, así como los socialismos catalán, vasco y gallego. La estrategia de aquella alianza electoral sería el ataque a Felipe González, que había pactado con los enemigos tradicionales del socialismo: los comunistas. García López despreciaría también a la Federación Social Demócrata, constituida por Lasuén, Fernández Ordóñez, González Seara y otros.

En diciembre mantendríamos contactos con el secretario general del Partido Laborista (PL), Higinio Pérez Arce, que estaba deseoso de entablar una conversación con directivos del SECED para explicar el proyecto político que al día siguiente suscribiría en alianza con el RSE y con el PSOE-histórico.

Por lo referente al PSOE-renovado, el 23 de noviembre nos reuníamos con Luis Solana, que veía difíciles los pactos con la Federación Socialista, la Federación Social Demócrata e incluso con el Partido Socialista Popular (PSP), por incompatibilidades de Tierno y Morodo con Felipe González; y apreciaba dramática la situación del PCE, que necesitaba sustituir a sus viejos líderes, Carrillo y la Pasionaria, por otros más jóvenes, como Sánchez Montero, Sartorius y Tamames. Un día después, Solana me llamaba transmitiéndome la intranquilidad reinante en el partido por la noticia aparecida en el diario Ya sobre la aprobación de las siglas del PSOE(h)[53] que iba a decretar el Consejo de Ministros. Pensaba Solana si no sería solo un globo sonda para presionar al PSOE(r) y que decidiera su paso a la legalidad. Felipe González quería hablar con el presidente Suárez antes de «pasar por ventanilla»; pero en aquellos «momentos en que todo iba bien, la decisión de dar las siglas a los históricos entorpecía mucho las cosas», añadía Solana.

A comienzos de 1977 un nuevo elemento venía a enmarañar aún más el ya complejo panorama de la izquierda moderada española: Adolfo Suárez pretendía crear una suerte de socialdemocracia, aglutinando fuerzas dispersas del Movimiento e independientes, como ala izquierda de un amplio centro político. El fundamento de tal propósito era el programa que Fernando Herrero Tejedor, como secretario general del Movimiento, presentara al príncipe de España para conducir la Transición, y en el que se preveía contar con el PSOE como límite del espectro político por la izquierda.

13
GOBERNACIÓN Y EL SECED

Suárez estaba decidido a que el Gobierno recuperara enseguida la iniciativa política, por lo que Cassinello tenía que tomar contacto cuanto antes con el nuevo mundo oficial. Al parecer, la maquinaria gubernativa había dado ya las primeras señales de desacoplamiento en el Consejo de Ministros celebrado en Santiago de Compostela bajo la presidencia del rey. Dentro de la Administración del Estado, resultaban de importancia las relaciones funcionales con el Ministerio de la Gobernación, donde Rodolfo Martín Villa pretendía implantar ideas modernizadoras. Su primera preocupación era la estructura de su propio departamento: «Traté de conseguir una mejor configuración del ministerio, liberándolo de funciones y competencias que no le eran propias»; la segunda, ir «separando a los militares de responsabilidades policiales y a las autoridades policiales de las decisiones políticas». Martín Villa creó una Subsecretaría de Orden Público, con el fiscal del Tribunal Supremo, Hernández Gil, al frente, con lo que pretendía dar un toque de legalidad jurídica a las relaciones que se establecieran a partir de las nuevas libertades de reunión y asociación. Entre los organismos subordinados a dicha subsecretaría quedaba la Dirección General de Seguridad, cuyo director, el coronel Castro Sanmartín, planteó pronto a Martín Villa su deseo de abandonar tal responsabilidad[54].

Por aquellos días el ministro de la Gobernación estaba ocupado y preocupado por las consecuencias de la huelga de ferrocarriles proyectada por Comisiones Obreras para el otoño y trataba de abortarla recurriendo a la militarización de RENFE, solución extrema no aconsejada por el SECED, como pudo advertir Cassinello al ministro del Ejército, después de que el presidente Suárez encomendara al Servicio, a mediados de agosto, confeccionar un plan de prevención para hacer frente a esa previsible emergencia nacional. En tal difícil situación se produjo un malentendido que pudo dar al traste con las relaciones entre el SECED y Gobernación. En el último fin de semana de agosto se encontraban fuera de Madrid el presidente Suárez y Martín Villa, por lo que Cassinello decidió entrevistarse con Osorio, como vicepresidente del Gobierno y ministro de la Presidencia, con el fin de solicitar autorización para contactar con los gobernadores civiles, licencia que no cayó bien en Gobernación, como Martín Villa pudo hacerle saber días después al director del SECED.

Las aguas volvieron a su cauce cuando el ministro convocó una reunión de gobernadores con el Consejo Nacional del Movimiento para fortalecer las principales líneas de actuación en el ejercicio de la función gubernativa, sesión a la que fue invitado Cassinello para explicar el papel y alcance del Servicio. A la hora del almuerzo apareció el propio presidente, quien pronunciaría a los postres una alocución sobre la reforma política que se estaba proyectando. Suárez fue tajante:

La meta de la reforma es la democracia sin adjetivos […] que ya está programada […] y que dentro de unos días se hará pública […]. Todo el proceso queda dentro de la ley y pasará por las Cortes; pero si fuera frenado por los procuradores más reacios a admitirlo, están estudiados otros caminos para sacarlo de un eventual atolladero.

También aludió a su origen franquista, que le permitía conocer la endémica ineficacia de las instituciones del régimen, añadiendo que, desaparecido su creador, correspondía al pueblo decidir su futuro. Lo primero era implantar la democracia, que él mismo decidiría «de acuerdo con los deseos de la mayoría».

La intervención de Martín Villa fue de alabanza a la preparación y eficacia del SECED, pese a su «inicial y pasada desconfianza». Destacó después su labor en relación con la previsión de conflictos, y ordenó a los gobernadores presentes entrar en contacto con los delegados provinciales del SECED. Por su parte Cassinello aclaró que el Servicio no trataba de sustituir en ningún caso a los servicios de información del Ministerio de la Gobernación, porque sus campos eran distintos. Y añadió que, no obstante, esperaba que se le proporcionara la ocasión de aportar sus capacidades específicas, teniendo presente que, sobre la validez final de las informaciones aportadas, «es a vosotros y no a nosotros a quienes corresponde decidir».

El nuevo año 1977 amanecía con negros nubarrones para el orden público y la seguridad ciudadana. ETA renovaba sus atentados, mientras frecuentes manifestaciones en favor de la amnistía total hacían crecer la intranquilidad social en el País Vasco. Menudeaban, además, los incidentes con los consistorios municipales, crecientemente influidos por el entorno nacionalista. Provocación insidiosa era el uso de la ikurriña en fachadas de ayuntamientos, por lo que el Consejo de Ministros del día 13 de enero se planteó dar solución al asunto, de modo que la Guardia Civil —cuya ineficaz distribución territorial y escasa dotación material había sido advertida por el SECED— no se viera en la necesidad de intervenir en acciones tan comprometidas e impopulares. Alfonso Osorio[55] propuso la legalización y regulación del uso de las banderas regionales y locales, pero Martín Villa prefirió tolerarlo sin más y organizó una visita a Pamplona y Vitoria para contactar con los alcaldes, comprobando que aquella solución de urgencia era a todas luces insuficiente ante las demandas más radicales. Al poco tiempo tendría que prohibir la convocatoria de una manifestación proamnistía en Echarri-Aranaz. Creció la tensión y los gobernadores civiles de Guipúzcoa y Vizcaya presentaron la dimisión de sus cargos, lo que suponía un nuevo apuro para el ministro de la Gobernación.

Al día siguiente de aquel Consejo de Ministros, la delegación regional del SECED dirigía a la División de Operaciones una nota de queja por la marginación en que las autoridades gubernamentales tenían al Servicio en sus actuaciones en el País Vasco. No dudaba en culpar en parte al propio equipo de Gobierno por el deterioro que sufría en la región vasco-navarra la situación política, achacando al director general de Política Interior un profundo desconocimiento del asunto y de los reiterados informes elaborados por aquella delegación. Así que, en el despacho diario con el presidente Suárez, Cassinello le leyó una nota verbal sobre la marginación citada y sobre pequeños contenciosos surgidos en las relaciones entre el SECED y el equipo dirigente del Ministerio de la Gobernación. Reproduzco parte del texto:

Las relaciones del SECED con el Ministerio de la Gobernación […] han entrado en una fase difícil […]. Se mantiene como tema polémico la responsabilidad de la seguridad del presidente, repartida entre el Gobierno Civil de Madrid, la Dirección General de Seguridad, el subsecretario de Orden Público y el SECED […]. Otro tema es la necesidad que tiene el Servicio de conocer de antemano los proyectos de ley o de decretos que inciden en su área. Una información previa permitirá un asesoramiento al presidente […]. En fechas próximas pueden producirse también decisiones importantes en relación con el País Vasco, tales como el reconocimiento de la ikurriña, etc. Se señala que ninguna de las autoridades de Gobernación a quienes corresponderán las decisiones pertinentes tiene el conocimiento detallado de estos temas y que solo pedimos ser oídos.

Este nuevo brote de discrepancia entre el Servicio y Gobernación reflejaba la persistente dificultad de delimitar las respectivas áreas de responsabilidad, residuo de recelos heredados y de la tradicional —acaso interesada— falta de coordinación en el antiguo régimen. De ahí que el subsecretario técnico del presidente, José Manuel Otero Novas, se apresurase a remediar esos defectos de coordinación, ordenando trasladar al SECED todos los proyectos de decretos y leyes que fuesen a ser examinados en Consejo de Ministros. Con intención de reducir obstáculos, Cassinello, acompañado por el delegado de la región vasco-navarra, visitó el 18 de enero al ministro Martín Villa, al que expuso su punto de vista sobre los problemas que dificultaban la convivencia en aquellas provincias y que hacían inoperantes las medidas adoptadas para la transición política. Como reacción a la tolerancia de Martín Villa frente a la presión radical nacionalista había corrido el rumor de la dimisión en cadena de los alcaldes no nacionalistas. Tanto que, en despacho de Cassinello con el presidente Suárez el día 20, se llegó a hablar de resolver la crisis con el cese de Martín Villa.

14
LA ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS TERRORISTAS

Pronto quedó demostrada la necesidad de reducir la espiral de violencia que aparecería inoportunamente durante todas las crisis de la Transición. Para Suárez estaba muy claro que el poder no podía limitarse a mantener el orden público mediante la represión, indiscriminada y poco inteligente, de las manifestaciones y actos de grupos ilegales. Por el contrario, para que estos se acogieran a las ofertas de participación en la reforma de las instituciones, convenía reforzar la posición de aquellos líderes con mayores garantías de moderación, ofreciéndoles la oportunidad de canalizar sus discrepancias políticas y anticipándoles el uso de los cauces legales. En teoría, cuantos más se acogieran a la legalidad reformista más se reduciría el campo de la ilegalidad radical y violenta. La Transición fue demostrando que la fórmula del contacto directo era suficiente para incorporar a quienes estaban conformes con ir pactando el futuro democrático.

Pero el problema subsistiría inevitablemente con quienes incidían en la ruptura violenta, con quienes urgían cambios drásticos inmediatos, con el peligro de alimentar expectativas golpistas de sus opuestos. Cuando parecía que la maniobra reformista estaba a punto de vencer las reservas de los continuistas y los obstáculos internos del régimen, aparecían en el escenario grupos terroristas para prender la mecha de una reacción en espiral.

Aunque las posibilidades gubernamentales de relación con todos esos grupos eran muy reducidas, no se renunciaría en ningún momento a conseguir que se produjera al menos una tregua en sus actividades violentas durante el tiempo que durase la transición a la democracia. En este terreno, el SECED aparecía ante los grupos de la extrema izquierda en general, y en particular los extremistas vascos, revestido —por su dependencia del presidente y por su origen militar— con el supuesto carácter de una doble delegación de poder: el político y el fáctico, doble delegación que no le era atribuida en cambio a las direcciones generales del Ministerio de la Gobernación, que tenían marcado carácter policial o no participaban en el nivel político adecuado a sus exigencias.

LOS SECUESTROS DEL GRAPO Y LA MATANZA DE ATOCHA

El día 11 de diciembre de 1976, poco antes del mediodía, mientras los grupos más importantes de la oposición ilegal trataban de llegar a un acuerdo sobre la postura que se debía tomar frente al referéndum, y el Partido Comunista de España Reconstituido [PCE(r)] celebraba su primer congreso, los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) irrumpían en el número 14 de la calle Montalbán, sede de la Fundación Oriol, y secuestraban a Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado. Cuatro terroristas violentaron su despacho y, tras varios forcejeos, le introdujeron en un Seat de color blanco, le colocaron unas gafas oscuras, un abrigo verde y un bastón, y le condujeron después a un piso de la calle San Fidel. Aquella tarde de sábado los GRAPO enviaban un comunicado al diario El País reivindicando el secuestro y exigiendo «la excarcelación y el traslado a Argelia de quince prisioneros patriotas antifascistas». La Operación Cromo (según la denominación de los GRAPO) suponía un dilema de difícil resolución para el Gobierno Suárez: la familia Oriol presionaba para que se cediera, pero la mayoría de los ministros apoyaban a Martín Villa, firmemente opuesto a tal pretensión por fundadas razones políticas. Al día siguiente y en fechas posteriores se sucederían las amenazas de otros comunicados, en una ocasión incluso con un mensaje del secuestrado. El profesor Tierno Galván, líder del Partido Socialista Popular (PSP), hacía unas declaraciones al respecto: «Este secuestro me resulta difícil atribuirlo a una izquierda responsable e impregnada de convicciones»[56].

El ministro de la Gobernación apremió la investigación urgente por los Cuerpos de Seguridad del Estado y sugirió la colaboración del SECED. En esas circunstancias se me encomendó visitar a Joaquín Ruiz-Giménez, presidente de Izquierda Democrática. El exministro, que se hacía acompañar por Fernando Álvarez de Miranda, pensaba que ese atentado y la rueda de prensa de Carrillo podrían dificultar la entrada electoral de la izquierda política e incluso repercutir en el inmediato referéndum. Había oído que los GRAPO tenían una vinculación internacional, y no descartaba la intervención de algún poder extranjero que buscara el fracaso político de España.

Muchos, empezando por Suárez y Gutiérrez Mellado, estaban empeñados en que los GRAPO eran una creación de la extrema derecha, por aquello de «a quién favorece». Pero, como atestiguaba el teniente general Cassinello años después, la trayectoria de este grupo terrorista a partir del PCE(ml) era perfectamente conocida por el SECED.

Llegó así el día del referéndum, 15 de diciembre, sin avances sustanciales en la investigación, pero el claro triunfo de la consulta popular concedió al Gobierno —que tenía sobre la mesa un ultimátum del GRAPO— un mayor margen de actuación. El día 17 los secuestradores amenazaron de nuevo con dar muerte a Oriol si no se cumplían sus peticiones, por lo que Martín Villa emitió un ambiguo comunicado por TVE en el que se decía que el Gobierno no podía aceptar el chantaje o la coacción, pero que su propósito era «llegar a un uso generalizado de la clemencia». Tal anuncio sirvió para salvar de momento la tensa situación, mientras algunos familiares de Oriol, fiados de falsos rumores, promovían diversas acciones paralelas para intentar liberarle por su cuenta.

Años después, Alfonso Osorio (pág. 259) comentaría este hecho en forma un tanto dramática:

En una de aquellas noches tensas, la propia familia de Antonio Oriol decidió pasar a la acción directa organizando una auténtica expedición de coches y personas, que partió de la calle Montalbán, para ir a rescatarle de su supuesto lugar de encierro, en una casa de la carretera de Valencia. Aquella noche, determinadas fuentes de información transmitieron a Adolfo Suárez —que se encontraba reunido con Manuel Gutiérrez Mellado y conmigo— la peregrina idea de que aquella acción se había montado para asaltar la Presidencia del Gobierno. Andrés Cassinello y sus hombres, pocos por cierto, empuñaron sus pistolas y cerraron las puertas del edificio. Pero nadie vino y todo quedó en una fantasía de opereta.

Mera literatura: el palacete de Presidencia, en Castellana 3, contaba con sus propios efectivos de seguridad (Guardia Civil y Policía Armada) y su entorno estaba suficientemente apoyado por el despliegue de fuerza que protegía el edificio del Ministerio de la Gobernación, en Castellana 5, al otro lado de la calle Alcalá Galiano; aunque sí eran ciertos, e innumerables, los rumores de todo tipo sobre acciones imaginarias de aquella índole. Puede que todo esto influyese en la inmediata decisión de trasladar la sede de la Presidencia del Gobierno al palacio de la Moncloa, entre otras razones, para aumentar su seguridad exterior.

Al respecto, relata Manuel Ortiz (pág. 93) que un día recibió noticia, como subsecretario de despacho del presidente, de un oficial del SECED que manifestaba gran interés en verle. El jefe de su Secretaría supuso que llevaba alguna información sobre una serie de explosiones que el PCE(r) había provocado la víspera y le hizo pasar inmediatamente. El militar le mostraría un álbum con una veintena de fotografías del presidente sentado en el asiento posterior del coche oficial, tomadas al entrar o salir de su domicilio particular y enmarcadas por una diana cuyo centro era siempre la cabeza de Adolfo Suárez. El oficial explicó al subsecretario que el equipo había utilizado cámaras y vehículos normales, y que sus integrantes carecían de cualquier signo externo de identificación cuando hicieron su trabajo. Cualquier otra persona hubiera podido hacer lo mismo con un arma de fuego. Aquella semana Suárez se mostraría de acuerdo con la propuesta de revisar su seguridad y el 28 de diciembre comenzaba el traslado de la Presidencia del Gobierno a la nueva sede del palacio de la Moncloa.

Pero retomemos el asunto que aquí nos atañe: el secuestro de Oriol, en el que no hubo novedades significativas hasta mediados de enero. Según me transmitió Álvaro Lapuerta, en ese tiempo se llevó a cabo una operación con Argelia para lograr el canje del presidente del Consejo de Estado, pero esta habría fracasado —así se lo comunicó Suárez a Silva, López Rodó y otros dirigentes de Alianza Popular—.

En pocos días, habría de complicarse aún más la ya incierta y dramática situación de Oriol. El 23 de enero de 1977, pistoleros de extrema derecha abatían en Madrid a un joven en el curso de una manifestación proamnistía. Y al día siguiente un comando de los GRAPO secuestraba al teniente general Emilio Villaescusa Quilis, presidente del Consejo Superior de Justicia Militar, acción terrorista que provocó en la clase política enorme conmoción por el supuesto desencadenamiento de una dura y fulminante reacción militar. El SECED pasó un análisis de urgencia al presidente del Gobierno:

Las Fuerzas Armadas son el elemento estabilizador más importante en el proceso de evolución política; pero son también el único que tiene capacidad para interrumpirlo bruscamente si se consigue excitar, hasta un punto crítico, los posibles sentimientos contrarios a tal evolución existentes en su seno. Es en este marco en el que cabe enfocar la interpretación del secuestro del teniente general Villaescusa. Se tratará entonces de un intento desesperado de frenar (o provocar) la violenta interrupción de dicha evolución, asestando un golpe a una institución tan importante y sensible como las Fuerzas Armadas en la vida nacional. […] «Ahora o nunca» parece resumir la urgencia del método empleado. Por todo ello son probables, o al menos posibles, nuevos secuestros, atentados contra instalaciones, etc.; es decir, cualquier acción que irrite a las Fuerzas Armadas hasta el punto que las mueva a una intervención.

En la tarde del 24 de enero, unos pistoleros vinculados al sindicalismo ultraderechista asaltaban un despacho laboralista de CC OO en la calle de Atocha, asesinando a cuatro abogados y un empleado que participaban en una reunión sobre la huelga de transporte, y dejando malheridas a varias personas más. Este episodio obligó a Cassinello a ordenar una nueva nota para varios destinatarios de primer nivel, en la que se advertía de la trampa tendida contra la Transición por ambos extremismos ideológicos:

Dado el carácter de las acciones recientes, carece de importancia achacar su responsabilidad a uno u otro grupo clandestino; lo verdaderamente importante es no caer en el cepo […] controlar las emociones, dominar los nervios, analizar con mente serena y fría la situación y actuar en consecuencia para impedir que se produzcan las condiciones buscadas por los extremistas asesinos.

La situación era crítica, de modo que, al día siguiente, Cassinello ofreció al presidente Suárez el apoyo del SECED en la búsqueda de contactos y de información sobre los secuestradores, así como sobre los asesinos de Atocha, sin comprometer al Ejecutivo más allá de lo razonable y con ciertas garantías de éxito y reserva. El presidente derivó hacia el SECED las ofertas de contacto con los GRAPO que había recibido el Gobierno, recogiendo así el Servicio el encargo formal de intentar la liberación de las personalidades secuestradas. Aquella tarde Cassinello se entrevistó con José Mario Armero, abogado y hábil negociador político, que tenía el encargo de Osorio de contactar con los GRAPO a través de intermediarios, para tratar de resolver el secuestro de Oriol. Armero había contactado con Eliseo Bayo, marido de Lidia Falcón (abogada feminista relacionada con los miembros de ETA que asesinaron al presidente Carrero y con los responsables del atentado en la calle del Correo), quien tenía acceso a radicales en el exilio y le debía favores periodísticos y monetarios. Bayo había empezado achacando los secuestros a la extrema derecha, pero terminó confesando que habían sido obra de marxistas-leninistas furibundos. El contacto Armero-Bayo era conocido por el Ministerio de la Gobernación y en particular por el director general de Seguridad, Mariano Nicolás, quien desconfiaba de Bayo. Este detectó la vigilancia policial, lo cual indujo a Suárez a traspasar al SECED la total responsabilidad sobre el asunto, pidiéndole a Cassinello que hablase con Nicolás para que retirara el seguimiento a Bayo antes de contactar con él. Las instrucciones que habían de trasladarse a Bayo eran en concreto las siguientes: el Gobierno aplicaría con los GRAPO el mismo planteamiento que con ETA, es decir, revisión de juicios, interpretación más flexible del indulto y, para los sentenciados tras la revisión, la opción entre el extrañamiento o treinta años de cárcel. Nicolás se resistió a cumplir la orden y Cassinello tuvo que dirigirse a Martín Villa, quien solicitó también la intervención del SECED en la investigación del atentado.

El día 26 de enero se reunió el Consejo de Ministros para tratar la compleja situación terrorista, en vivo debate que pudo originar una crisis. Según cuenta Martín Villa (pág. 162), esta fue la única ocasión en la que vio en peligro la Transición política. Se planteaban diversas respuestas al acoso extremista y se discrepaba sobre la verdadera identidad del GRAPO y la procedencia de declarar el estado de excepción, pese a sus consecuencias negativas para la evolución de la Transición. Adolfo Suárez, anteponiendo razones políticas a las de orden público, decidió que bastaba con suspender el habeas corpus, llegando a pensar, como último cartucho, en cesar a Martín Villa para evitar que la imagen pública de su ministerio afectase a todo el Gobierno. Para ello pidió parecer al SECED, que le hizo entrega al día siguiente de un informe en el que, tras analizar pros y contras, se concluía que no se consideraba conveniente en aquellas circunstancias. El presidente Suárez manifestó al director del SECED su acuerdo básico con el contenido de la nota, por lo que decidió mantener a Martín Villa al frente de Gobernación. Lamentablemente, ese mismo viernes 28 el GRAPO asesinaba a las afueras de Madrid a cuatro miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, renovándose las tensiones en la Guardia Civil y la Policía. No parecía, en verdad, el momento más oportuno para relevos, y menos en Gobernación.

El Gobierno, fuertemente afectado por la situación, estaba tanteando todas las posibilidades: policía, servicios de inteligencia, colaboración ciudadana, negociación…, y, en esas circunstancias, el general Gutiérrez Mellado consideró conveniente reforzar las medidas de seguridad en Presidencia (Moncloa). A finales de enero, además, se crearía en la Dirección General de Seguridad un grupo de trabajo especializado, a cargo del jefe superior de Policía de Valencia, Roberto Conesa. Así lo cuenta Manuel Ortiz (pág. 149), quien completa la información con la siguiente cita:

En plena crisis, el sábado 29 de enero, Suárez se enfrenta a los acontecimientos y comparece ante los españoles en TVE con un discurso responsable, medido y sereno. El mensaje es claro, el proceso de reforma elegido por el pueblo en el referéndum de diciembre seguirá adelante a pesar del terrorismo. En medio de esas circunstancias trágicas se promulga el decreto-ley que suprime el Tribunal de Orden Público (4 de enero de 1977), se crea la Audiencia Nacional y se deroga el decreto-ley sobre Terrorismo.

Una semana después el Servicio difundía la siguiente nota interior:

Las especiales circunstancias del momento actual obligan […] a una mayor cautela […]. Se han de evitar […] aquellas otras acciones que puedan estimarse no aconsejables, tales como extender a otros grupos el tratamiento debido a los terroristas, con lo que se facilitaría la formación de un frente más amplio alrededor de los GRAPO […]. Especial atención a la derecha, teniendo en cuenta que cualquier defensa de alguno de los extremistas de este signo se interpretaría como complicidad.

El 8 de febrero empezaría a verse la luz al final del túnel gracias a la detención de uno de los participantes en la Operación Cromo, el vigilante de los secuestrados. A partir de entonces se sucedieron los acontecimientos, con la captura de otros dos miembros de los GRAPO y la liberación, el viernes 11, de Oriol y Villaescusa. Todos los secuestradores fueron detenidos por la Policía, haciéndose famoso el inspector Pacheco, apodado Billy el Niño, agente decisivo en la liberación[57].

La resolución de la matanza de Atocha no tuvo el eco de la liberación de los secuestros, pero sí un enorme valor simbólico por la temida espiral de violencia en aquellos meses. Fue resuelta por la Guardia Civil gracias a una investigación previa del SECED, circunstancia que permitió una aproximación del Servicio a aquella dirección, cuyo jefe de Estado Mayor era entonces Sáenz de Santamaría. Esta relación venía a compensar el distanciamiento por parte de la Dirección General de Seguridad. Cassinello había propuesto al presidente Suárez el 6 de febrero trasvasar a la Guardia Civil una operación avanzada del Servicio sobre la existencia de un posible taller de montaje y almacén de metralletas, en manos de la extrema derecha. A partir de este cabo, el martes 22 de febrero se detuvo a Mariano Sánchez Covisa como máximo responsable de los asesinatos. Sobre tal acontecimiento, Cassinello haría décadas después su personal consideración: «Tuvieron más trascendencia […]. Los asesinatos los vivimos como una gran derrota, porque robustecieron la imagen de seriedad del PCE».

En una cena celebrada el 24 de febrero, Cassinello y Felipe González abordaron el tema GRAPO. El director del SECED le haría saber al secretario general del PSOE que había vivido unas jornadas muy preocupantes, pues si el Gobierno hubiera perdido la serenidad y declarado el estado de excepción en todo el territorio nacional, la situación política habría retrocedido cuatro o cinco años.

PRIMERAS NEGOCIACIONES CON ETA

El rincón vasco era otro problema. La paz ansiada no llegaba. Aquel año 1977 caerían asesinados un centenar largo de ciudadanos. A los tres meses de iniciado el primer Gobierno Suárez, el día 4 de octubre de 1976, ETA llevaba a cabo un atentado en San Sebastián contra Juan María de Araluce y Villar, presidente de la Diputación de Guipúzcoa y consejero del Reino. En el mismo atentado fueron asesinados también tres escoltas y el chófer. Algunos transeúntes resultaron heridos de diversa consideración. Suárez convocaría esa misma tarde una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros y se opondría —no obstante la gravedad del hecho— a la declaración del estado de excepción. Lo que sí hizo el Gobierno español fue llevar a cabo una serie de gestiones ante su homólogo francés. Nueve días después del brutal atentado, se produjo una reacción positiva por parte del ministro galo de Interior[58].

Para asistir al entierro iban a concentrarse 50.000 excombatientes y el PNV se había ofrecido a movilizar a medio millón de personas, si el rey presidía el funeral. Pero pese a este apoyo —que pretendía dejar bien sentado que la oposición vasca lo era solo al Gobierno—, el ministro de la Gobernación lo desaconsejó rotundamente y Suárez transmitió a Su Majestad la inconveniencia de asistir. El rey escuchaba muchos consejos en Zarzuela, pero hacía lo que le indicaba Suárez.

Por desgracia el radicalismo de los grupos nacionalistas vascos se fue recrudeciendo en competencia mutua por la futura clientela política. La Delegación Vasco-Navarra del SECED temía que la asamblea del PNV que se proyectaba para fines de febrero de 1977 rebasara todos los límites de la permisividad otorgada por el Gobierno y preparó en la primera semana de ese mes una denominada Operación Maitechu, que enfocaba así el problema:

La autorización de la ikurriña, unida a la exhibición de la misma en gran número de ayuntamientos, determina el signo sensible de un cambio de situación profundo en la región vasco-navarra […]. El impacto emocional ha sido muy grande […]. La autorización de la ikurriña la ha potenciado como bandera vasca. Este hecho, considerado como una victoria por la oposición, ha agravado las tensiones existentes dentro de las corporaciones y del pueblo. […] Por otra parte la autorización ha significado la desaparición de un motivo de fricción permanente y de actuación ingrata de las Fuerzas de Orden Público.

Y seguía la nota con esta interpretación del marco en que se producía el hecho:

El Gobierno […] se ve sometido a la presión incesante de una escalada por la amenaza permanente de ETA. La coacción ha alcanzado a todos los sectores del País Vasco. Solo una política de matiz independentista y marxista cuenta con las garantías precisas para su desenvolvimiento sin presión tumultuaria en contra. […] En este contexto es difícil lograr entre sectores e instituciones el apoyo eficaz a una política antiseparatista. […] Sin embargo, los resultados del pasado referéndum demuestran la existencia de una masa mayoritaria que no desea caer en extremismos. […] Es preciso organizar esta masa invertebrada.

Otro tema de fricción era la amnistía, que en el País Vasco era aglutinante del radicalismo. Como ya se ha señalado, el Consejo de Ministros celebrado en La Coruña el 28 de julio de 1976 bajo la presidencia del rey había promulgado una amnistía que excluía a los terroristas directamente implicados en delitos de sangre y aquellos que hubiesen puesto en peligro la vida de otros por razones políticas. Pues bien, el Gobierno Suárez la retomaría para adaptarla al País Vasco, manejándola como instrumento de negociación y para abrir brecha en el bloque nacionalista. Mientras tanto, en los servicios de información se hacía un reparto tácito: la represión para Gobernación y los contactos de negociación para el SECED. Así, el presidente encomendaba al Servicio el 26 de febrero de 1977 mensajes para ETA militar [ETA(m)] sobre amnistía total, y en Consejo de Ministros se adelantaba la posibilidad de una amnistía progresiva cuyos frutos se irían viendo, en tanto que se pedía a los terroristas que se estuvieran quietos y en paz, sin necesidad de llevar a cabo un encuentro. (El 14 de marzo se publicaba un real decreto sobre medidas de gracia). Pero veamos cuál era la posición de ETA.

El 21 de marzo de 1977 Adolfo Suárez recibía una larga nota de Cassinello sobre los contactos con la banda terrorista. En ella se ponía de manifiesto que ETA político-militar [ETA(p-m)] había aceptado inicialmente alguna conversación con miembros del Servicio, al contrario que ETA(m), que se manifestaba poco dispuesta. El día 20 de noviembre se pudo concretar una reunión en Ginebra y diez días después dos directivos se entrevistaban con Garrayalde y Muñoa Galarraga. Estos rehusaron adoptar compromisos concretos, pero mostraron un claro interés en las negociaciones, incidiendo en que antes de abandonar las armas querían comprobar cómo evolucionaba la política española. El 20 de diciembre se celebró un nuevo encuentro en Ginebra, al que acudieron además dos «milis» (Ansola Larrañaga y Pagoaga Gallastegui, alias Peixoto) y otro «poli-mili» (Echegaray Gasterina). No se alcanzó ningún acuerdo concreto, pero se pudo constatar que ETA(p-m) aceptaba implícitamente la tregua. Los «milis» exigían la amnistía total y futuros contactos con la Coordinadora Socialista Patriótica (KAS), con la que se llegaría a concertar una entrevista en Bilbao a mediados de enero, sin indicios de acuerdo. Los contactos se interrumpieron al agotarse el límite concedido a su respuesta.

Como se había llegado a un punto muerto en las negociaciones, se pensó en otra vía de acercamiento, implicando al entorno más amplio de la banda, no solo a los comités ejecutivos. Así se le había explicado al presidente del Gobierno en una nota previa de 25 de febrero:

Se trata de lograr un revulsivo público, sonoro y flexible, actuando inicialmente a través de la prensa. Al mismo tiempo se trata también de conseguir el interlocutor válido que pueda surgir de esa operación inicial de prensa, el cual habría de tener posibilidad de entrada y ascendencia con ETA.

Se seleccionaría al periodista José María Portell, con el que se celebró una amplia entrevista, presentándole el tema de la operación en el ámbito general de la problemática vasca. Se mostró muy interesado y su artículo acabó publicándose en el diario ABC, con un efecto espectacular. Las presiones de su círculo ideológico condicionaron a ETA, de modo que Portell fue invitado a una entrevista en Francia con Juan José Echave. Este, ejerciendo como portavoz del comité ejecutivo de la organización terrorista, hizo llegar al SECED, a través de Portell[59], la confianza de ETA en la política del presidente del Gobierno y la promesa de tres o cuatro meses de inactividad directa, salvo para reaccionar «ante las agresiones de la extrema derecha».

Todo se vino abajo el día 8 de marzo: en un control rutinario de la Guardia Civil en el cruce de Ichaso, un comando etarra abrió fuego contra los guardias que le daban el alto, y en la refriega murieron dos de los tres terroristas. El comando iba a secuestrar a Orbegozo para presionar sobre la concesión de la amnistía. La Delegación Vasco-Navarra intentó salvar tan desafortunada contrariedad recurriendo a un nuevo contacto, pero ETA emitió un comunicado sobre la «matanza premeditada» de la Guardia Civil, y ese mismo día se produjeron incidentes en toda Guipúzcoa en solidaridad con la organización terrorista.

Mientras exigía la amnistía total y la retirada de las Fuerzas de Orden Público del País Vasco, ETA asesinaba el día 13 a un guardia y una muchacha en Mondragón. Pese a ello, el Gobierno decidió ampliar las medidas de gracia, y el día siguiente se aprobaba el real decreto-ley que extendía la amnistía a cualquier acto de intencionalidad política que no hubiera afectado a la vida o integridad física de las personas.

El presidente Suárez dispuso entonces que se distinguiera entre los detenidos de ETA(m) y los de ETA(p-m), creando listas diferenciadas, y pidió al SECED un informe que le sería entregado el 30 de marzo de 1977. En sus preliminares se mencionaba el clima de excitación colectiva, especialmente preocupante en Guipúzcoa, pero se hacía notar que «contactos posteriores con ambas fracciones de ETA permiten asegurar su disposición a una tregua hasta el comienzo de la campaña electoral, susceptible de prórroga siempre que se cumplieran determinadas condiciones, que pueden sintetizarse en la “puesta en libertad de todos los presos políticos” y la “legalización de todos los partidos políticos”».

La nota analizaba los objetivos y posibilidades de ETA, comparándolos con los del Gobierno, y concluía así:

A la vista de lo anterior, aparece como más conveniente mantener los contactos con ETA en busca de una solución de compromiso que permita llegar a una pacificación de la región. Ello exige con urgencia la previa y exacta determinación, a nivel Gobierno, de los objetivos perseguidos, temas negociables y sus límites, etapas y plazos, extremos todos que deben ser conocidos por los negociadores propios a fin de que, superada ya la fase de contactos indirectos, se alcance la de una negociación directa, seria y efectiva […]. Simultáneamente […] se considera necesario el desarrollo de la acción política regional, compatible con la situación general de la nación, limitándose al mínimo posible la acción policial.

Dos días más tarde, la dirección del SECED ordenaba al delegado de la región vasco-navarra poner en contacto al comisario Andrés Gómez Margarida con los representantes de ETA(p-m), Francisco Garrayalde, alias Erreka, y Muñoa. La entrevista se celebró poco después, y continuó en fechas posteriores —11 y 14 de abril— solo con Garrayalde.

El día 13 de abril Cassinello despachaba el asunto con el presidente del Gobierno en estos términos:

Aceptan el hecho realista de no lograr la amnistía total antes de las elecciones. Admitirían que para entonces quedara en prisión el «núcleo duro» […]. Están conformes con que el acto final de la amnistía corra a cargo de un futuro Gobierno y unas futuras Cortes con diputados vascos elegidos. […]. Gracias a su supuesta influencia, esperan que ETA(m) se vea forzada a seguir sus directrices.

La nota al presidente incluía un apartado dedicado a las elecciones, con el siguiente texto:

Partidarios totales de una concurrencia general […]. En esta línea gestionarán con urgencia que los partidos afines (KAS, EHAS, EIA) hagan planteamientos electorales admisibles, que incluso les permitan aspirar a la legalización, marginando el tema independentista y planteando más racionalmente el de la disolución de los «cuerpos represivos». En su lugar pedirían Estatuto de Autonomía y Fuerzas de Orden Público dependientes de las instituciones vascas.

Otro aspecto recogido en la nota informativa era la actividad armada, que venía a decir:

Garantizan una tregua total actual y prolongación indefinida si se van admitiendo sus propuestas, incluyendo en esta garantía a ETA(m). Los militantes tienen orden de moverse sin armas, aunque no puede garantizarse su cumplimiento por algún irresponsable. Se considera conveniente la reducción de los controles de las Fuerzas de Orden Público a lo imprescindible, pero solo como reacción ante hechos delictivos.

Este encuentro fue sin duda el principio del fin de ETA(p-m); así lo atestiguaría el extrañamiento a Bélgica de Lereña, Gorostidi, Dorronsoro y Onaindía. Pero no pudo obtenerse de ETA(m) la renuncia a la actividad terrorista, con lo que siguió gravitando sobre la Transición la amenaza de los atentados. Salieron todos y ETA continuó asesinando, incluso a un ritmo creciente, hasta llegar a cerca de un centenar de víctimas en 1980, mientras seguían las «marchas proamnistía» como si no hubiera sucedido nada.

15
HACIA LA NORMALIZACIÓN EMOCRÁTICA

LAS RELACIONES CON EL PSOE

En una entrevista mantenida con él, me aseguraba Cassinello que, durante todo este periodo, Adolfo Suárez y Felipe González querían encontrarse, pero siempre que la iniciativa partiese del otro. Así que antes de concluir el primer trimestre del mandato del presidente Suárez, el SECED tuvo que entrar en juego para facilitar el dialogo sobre diversos aspectos.

A instancias de Cassinello, el lunes 19 de octubre de 1976 telefoneé desde el SECED, preguntando por Felipe, a la pequeña oficina que el secretario general del PSOE-renovado había instalado en el segundo piso de Joaquín García Morato 165, aprovechando la creciente tolerancia política. Teniendo en cuenta el amplio clima de relaciones reservadas abierto por el nuevo Gobierno desde agosto, nada de extraño tiene que Felipe González accediera inmediatamente al requerimiento de entrevista que se le hacía, y no dudara en citarme a las 9.30 h del día siguiente en su propio despacho. La visita duró apenas cinco minutos. Felipe González vestía su habitual atuendo en aquellos tiempos de contestación antirrégimen, sin corbata y con una cazadora fina. El día 21 regresé a García Morato, encontrándome ya un González sonriente, amable, distendido, lo que me permitió forzar el tuteo. A mi regreso a la sede central del SECED montamos unas discretas gestiones para reservar una suite adecuada en el hotel Princesa Plaza, comunicando posteriormente al secretario general del PSOE la hora y el lugar del encuentro, que tendría lugar dos días después. Acordamos también que yo pasaría a recogerle por la sede socialista en mi vehículo particular.

Llegado el día, conduje a Felipe González[60], al que acompañaba Alfonso Guerra, a la suite del Princesa Plaza, donde nos esperaban los comandantes Cassinello y Faura. La conversación en el coche fue distendida, y Felipe haría un comentario sobre el hecho de que «en realidad, todos somos de algún modo franquistas», al haber vivido tanto tiempo sin conocer otro régimen. La entrevista, para la que no habíamos prefijado tema alguno, duró tres horas largas en un ambiente de extrema cordialidad (particularmente después de que, al despojarnos de las chaquetas, el director del Servicio lo hiciera también del pistolón que llevaba en bandolera, con el inmediato susto de los dos invitados). La conversación entre Cassinello y González avanzó con fluidez; Alfonso Guerra se limitaba a llamar la atención a Felipe de vez en cuando para que recortase su locuacidad; Faura interrumpía esporádicamente para pedir detalles y completar informaciones, facilitando así que el jefe llevara la iniciativa de la conversación.

Tras una primera intervención de Cassinello relacionada con las funciones del SECED, Felipe González empezó por definir la actitud de su partido ante la vida política del país, y nos tranquilizó al afirmar que, aunque no pretendían renunciar a los principios del socialismo, tampoco querían «ninguna forma de autoritarismo, pues ni creemos en el modelo socialista soviético ni en ningún otro que se le parezca». Explicaba que el PSOE era un partido ponderado o moderado en el sentido más serio de la expresión: «Creo que en nosotros se ha producido un proceso de maduración política a marchas forzadas. La clandestinidad ha templado mucho el ánimo del partido en general». Comentaba también Felipe González con sus interlocutores que el relevo generacional podía facilitar el diálogo, hasta entonces imposible, aunque todos eran conscientes de que habría obstáculos y mutuas desconfianzas.

Cassinello tenía especial interés en averiguar si existía posibilidad de acuerdo en temas básicos, como la concepción del Estado. Y Felipe González nos aseguraba que con el que menos problemas habría sería con él, aunque ellos —los socialistas— seguían teniendo «una mentalidad, en cierta medida, de clandestinidad». Entendía que, como base de partida, el punto fundamental de encuentro tenía que ser un Estado que, a medio o largo plazo, persiguiese objetivos básicos comunes, por encima de las ideologías. Y añadía: «Para nosotros España es España y está ahí. […] Yo me granjeo antipatías frecuentemente en algunas áreas por afirmar que este Estado se llama España […]; para nosotros es claro que tanto España como el concepto de patria no es atributo exclusivo de la derecha, ¡ni de broma!». Los representantes del SECED nos sentimos reconfortados con tan patriótico e inesperado lenguaje.

Cassinello pasó así al debate sobre las dificultades de la transición a la democracia, y el secretario general del PSOE manifestó, sin ningún tipo de reservas, su convicción de que para alcanzar una solución democrática había que hacerlo desde la autoridad. Pero entendía que se había jugado demasiado con las palabras «ruptura», «democracia», «reforma democrática», «inmovilismo», sin haber ido al fondo del problema para disipar los recelos. En el proyecto del Gobierno apreciaba un intento de conservar residuos autocráticos; Suárez se lo había explicado —creyéndolo justificativo— diciendo que «el Poder Ejecutivo en una época de crisis económica y política tiene que ser lo suficientemente fuerte como para no estar sometido a los vaivenes de las discusiones ideológicas de partido». Para Felipe González, ese planteamiento era falso, porque en aquel momento el Gobierno tenía suficiente fortaleza para imponerse a unas Cortes no representativas. Cassinello hizo entonces un llamamiento al pragmatismo y advirtió:

En el ánimo de los que se suceden en el poder, desde Arias a Suárez, está el tremendo peligro, del que tú a lo mejor no eres consciente, de que una marcha desproporcionada o una acción demasiado sensible, o una manifestación, o unos puños en alto o el canto de La Internacional pueden desatar una reacción que desbarate fundamentalmente esa difícil maniobra.

Se discutiría después sobre la celebración del congreso del PSOE en el interior, que podía tener efectos positivos o negativos. Felipe concedió que quizá fuera inevitable alguna salida de tono, pero confiaba en convencer a su auditorio de la necesidad de moderación.

Había fundados indicios en el SECED de que, ante la posibilidad de un otoño caliente, los grupos más radicales de la oposición pudieran intentar desencadenar una huelga; y también de que, como reacción, los grupos inmovilistas pudieran tratar de frustrar la Transición. Así se le hizo saber a Felipe González, quien, por su parte, hizo un pronóstico electoral: si en el plazo de seis meses, con libertad para hacer la campaña electoral, hubiera unas elecciones limpias, solo habría dos alternativas: la moderadamente progresista y la moderadamente conservadora. «Pese a que en la oposición ilegal hay trescientas siglas, solo tres o cuatro fuerzas representativas y responsables van a marcar la pauta, pues el radicalismo verbal no se corresponde con la actitud social del país». Apuntaba González que Carrillo soñaba con representar el papel de un Berlinguer español «porque es un tipo astuto que quiere robarle el espacio político moderado a los socialistas».

Se habló después del nacionalismo. Felipe González admitió que ellos querían afrontar con valentía y sensatez una solución plurinacional o regional, rechazando, eso sí, cualquier autodeterminación unilateral. Había que llegar, por consiguiente, a un planteamiento autonómico serio, pero defendiendo el concepto de España como un concepto histórico, social, económico y político que estaba ahí y que no se podía intentar inventar de otra forma. «Yo cuando voy a Cataluña lo noto muy bien: los catalanes, aunque desde luego no son andaluces, sí son españoles». Era un lenguaje inequívoco que tocaba la fibra sensible de sus interlocutores. Y seguía González:

La burguesía nacionalista pretende algo que es un problema básico porque afecta a todos los demás objetivos: el régimen de conciertos económicos, lo cual es destruir las posibilidades de desarrollo nacional. ¡Nosotros no vamos a pasar por ahí en la vida! Detrás está en realidad la defensa de los intereses económicos de la alta burguesía catalana.

Pensaba que el problema era que en Cataluña, al contrario de lo que ocurría en el resto de España, el Partido Comunista tenía mayor implantación que el PSOE en la base obrera inmigrada, base que habría que conquistar con un entendimiento con los grupos socialistas catalanes, pero sin que ello supusiera un partido socialista catalán independiente: «¡Esto ni hablar!».

Se trataron muchos otros temas. Como posteriormente tuvimos que preparar unas breves notas para un despacho de Cassinello con el rey, recojo de ellas algunos puntos que me parecen significativos: el PSOE, según su secretario general, era el único partido socialista serio; su mayor enemigo era el PCE; Felipe González se entendía mejor con Suárez y Martín Villa que con Fraga; el PSOE defendía la república pero aceptaba la Corona como mal menor… Respecto a las elecciones, auguraba un triunfo de la derecha.

Menciono también aquí, muy brevemente, un almuerzo de 23 de noviembre con Luis Solana, responsable de defensa en el PSOE. Quería llevarnos al convencimiento de la importancia de que su partido pudiera explicar su filosofía política en España a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y discutir con ellos puntos clave de la defensa nacional. Le expliqué que mientras Felipe González siguiera afirmándose marxista y yendo de la mano del PCE —como se decía— no había la menor posibilidad de acceso del PSOE a los centros militares.

Una semana más tarde (el día primero de diciembre) volvíamos a vernos. Solana quería entregarnos un ejemplar de la ponencia de defensa que iba a presentar en el congreso del PSOE para que el SECED diera su impresión sobre los puntos más «gruesos» que convendría suavizar o suprimir. Llegaba la ocasión, según nuestro interlocutor, de ir introduciendo en el PSOE, cuyas bases habían sido tradicionalmente antimilitaristas, nuevas ideas sobre las Fuerzas Armadas. El tema de las Fuerzas de Orden Público, sin embargo, ni siquiera se podía tocar: aún eran consideradas cuerpos represivos, contrarios al pueblo. El PSOE, según Solana, estaba todavía muy radicalizado en esta cuestión.

El director del SECED aceptó celebrar una segunda reunión con Felipe González y Alfonso Guerra, esta vez en el hotel Meliá Castilla, el 24 de febrero de 1977, una vez legalizado el partido. Como en la ocasión anterior, Faura y yo acompañamos al ya teniente coronel Cassinello para escuchar durante unas horas las preocupaciones y proyectos de los dirigentes del PSOE-renovado. En la conversación se abordó el tema de los GRAPO, y González nos hizo una pormenorizada relación de sus gestiones con Argelia para sacar a Oriol de su secuestro. Pero fue la legalización del PSOE-histórico la que protagonizó buena parte de aquel encuentro. El secretario socialista comunicó al director del SECED que iban a emprender acciones legales y confesó haber pecado de ingenuo al creer que había un fondo de sinceridad en las palabras del presidente del Gobierno: «Desde ayer, ya sé en el terreno que juego con Adolfo Suárez».

Entendía que se trataba de una operación para radicalizar al PSOE(r), pero nos informaba de que el partido no iba a caer en la trampa. Y pedía a Cassinello que transmitiera al presidente que la decisión no solo perjudicaba al socialismo sino a la Corona y al país. Desde un punto de vista objetivo, pensaba González en la confusión que produciría en el electorado ver a dos personas distintas protagonizando unas mismas siglas. Pero no le preocupaba la existencia del grupo «histórico»: Murillo no tenía peso alguno y el presidente, José Prat, hombre honesto, llevaba cuarenta años fuera de España. En el caso de la legalización había terciado Tierno Galván, con unas declaraciones que a Felipe González le parecían lamentables, al quitar importancia al asunto y considerar que la decisión oficial favorecía la unidad socialista y que había que hacer abstracción de las siglas PSOE.

Lamentaba también González la pretensión del Gobierno de condenar a la izquierda a un gueto, operación que podía dar a Suárez un buen resultado electoral, pero que tendría efectos muy negativos a medio plazo. Según el secretario general del PSOE, el presidente se empeñaba en una operación al estilo del PRI mexicano, prescindiendo de derechas e izquierdas y absorbiendo todos los sectores moderados: no solo del centro democrático, sino incluso de Alianza Popular y la socialdemocracia, lo cual calificaba de grave error, pues dañaría sobre todo a la Corona. «¿Cuánto va a durar eso?», se preguntaba Felipe González. Observaba, además, que el presidente del Gobierno había cambiado de opinión varias veces, que estaba jugando con todos, porque su idea era hacer política sin partido. De ahí que sorprendiesen al dirigente socialista los rumores de que Suárez intentaba organizar un partido. En todo caso, afirmaba González, nos encontrábamos ante unas elecciones personalistas; no existía más que la figura del presidente, su equipo estaba absolutamente oscurecido.

El dirigente socialista pasaría después a comentarnos cómo había reunido a su Comité Federal dos días después de tomar la decisión de legalizar su partido. Era un reto, pero todos sus miembros lo habían aceptado como natural y lógico. El dirigente socialista insistía en que el PSOE era la formación política que tenía más porvenir y nos informaba de que los sondeos que manejaba otorgaban a su partido los mejores resultados: podían recoger hasta un tercio del voto del electorado. Su objetivo era transformar el país utilizando la vía democrática; a su juicio, el PSOE era una alternativa de izquierda ponderada y no había socialdemocracia sincera fuera del socialismo.

González aprovecharía para dedicar un buen rato al PCE, partido que, según aseguraba, tenía un techo escandalosamente bajo y escasas posibilidades. La alternativa de poder comunista era en nuestra sociedad mucho más difícil de aceptar que la socialista. Afirmaba, además, que los millares de asistentes al entierro de los abogados de Atocha no eran precisamente del PCE. Y resaltaba la estructura de poder personalista de este partido, en el que Carrillo, pese a las crisis internas, mandaba radicalmente.

Hizo también el secretario general del PSOE algunos comentarios sobre la amnistía total, a la que él se venía oponiendo rotundamente. Y afirmó que el asesinato de un guardia civil o de un laboralista hacía daño al Gobierno, a la oposición y al país entero, por lo que había que marcar unos límites.

La conversación acabaría con un repaso a otros grupos políticos. Felipe González pensaba que el centro democrático y la democracia cristiana estaban condenados a entenderse por compartir clientela electoral, y que se repartirían algo más de un tercio de los votos. Alianza Popular, por el contrario, iba hacia el desastre. Los demás grupos no merecían su consideración. Y terminarían González y Guerra haciendo valoraciones de Silva, Martínez Esteruelas, Fernández Ordóñez…, y del lamentable espectáculo de sus enfrentamientos internos, tras etapas de lunas de miel.

XVII Congreso del PSOE

Como relata extensamente Manuel Ortiz (pág. 131), a finales de noviembre de 1976 llegaba a Madrid, desde Ginebra, Felipe González. Unos días antes las Cortes orgánicas habían aprobado el proyecto de Ley para la Reforma Política, y el Gobierno preparaba el correspondiente referéndum y estudiaba la incorporación del PSOE a la arena política democrática, aunque este partido no se inscribiría en el Registro de Asociaciones Políticas hasta el 17 de febrero de 1977. Pero antes los socialistas organizarían su primer congreso en el interior, que habría de celebrarse en el hotel Meliá Castilla, con el visto bueno del Gobierno, entre los días 5 y 8 de diciembre. Se trataba del XVII Congreso del PSOE. El domingo día 5 cerca de dos mil congresistas recibían puño en alto a Felipe González, a quien acompañaban otros líderes extranjeros[61].

El discurso de Felipe González duró hora y media y en él ratificó su defensa de la ruptura democrática y el compromiso del partido en la liquidación de los residuos autocráticos del franquismo. El congreso aprobaría un «programa de la Transición» con cinco bloques de resoluciones. En ellas se afirmaba la aspiración del PSOE a la toma del poder político y económico, y se defendía la socialización de los medios de producción y distribución, la sociedad socialista autogestionaria, el partido de clases, el Estado federal, el cierre de las bases militares americanas en España, la escuela pública, el neutralismo internacional…, conceptos, algunos de ellos, que —con perspectiva de hoy— parecían ya desfasados con la realidad.

El congreso se clausuraba con la elección de Felipe González como secretario general del PSOE, entre gritos de «España, mañana, será republicana» y al son de La Internacional. Comenta Manuel Ortiz (pág. 135) que «a Felipe González le costó mucho esfuerzo, muchos sinsabores y una dimisión espectacular desandar aquel camino para llegar al socialismo comprometido con la libertad».

EL REGRESO DEL PRESIDENT TARRADELLAS

Resulta absolutamente sustancial dar cuenta de los contactos del director del SECED con Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat de Catalunya en el exilio, encuentros que iban a propiciar su regreso a la actividad política en el interior y a la participación en el juego democrático. Pienso que el Gobierno no disponía en aquellos años de otra vía de aproximación —reservada y discreta— a personajes de tal nivel que la que ofrecía el SECED, su estructura, sus hombres, su estilo.

Según Alfonso Osorio (pág. 319), fue el abogado Manuel Ortínez Mur, intermediario de la confianza de Tarradellas, quien le propuso un plan para «avanzar en flecha hacia el restablecimiento de la antigua institución de la Generalitat». Hay que recordar que Osorio era uno de los cuatro ministros civiles del anterior Gobierno Arias y el único que repetía cartera, ahora con nivel de vicepresidente segundo. Ortínez había visitado al ministro de la Presidencia el miércoles 3 de noviembre de 1976, y cautivó a su anfitrión con su clara y brillante propuesta, que el propio Osorio resume así: «restablecer la Generalidad, invitar a Tarradellas a Madrid, visitar al rey, aceptar la monarquía y la unidad de España, nombrarle president». La respuesta del ministro fue inmediata: «Vete a ver a Tarradellas, sondéale en esta línea y, si tenemos base, hablaremos con Adolfo Suárez»[62].

Ortínez se trasladó a Saint Martin-le-Beau y al cabo de una semana volvió explicando que, en líneas generales, Tarradellas aceptaba el planteamiento de Suárez; este, por su parte, aceptó recibir a Ortínez. La conversación, según Osorio, fue distendida y fácil:

Adolfo Suárez preguntó si para todo esto no era mejor Jordi Pujol, a lo que Ortínez contestó que no, porque Tarradellas era un catalán universal, un «todo terreno», fue la expresión, y Pujol un catalán de partido. […] Después discutimos sobre el mensajero: «Como todo esto va a quedar entre nosotros tres y el rey —dijo Suárez—, tiene que ser alguien muy próximo a mí».

Y el presidente del Gobierno propuso a Andrés Cassinello para contactar y conocer las posiciones políticas de Tarradellas. Nadie lo discutió.

Sea como fuere, Cassinello viajó a Barcelona en la tarde del 25 de noviembre de 1976 para entrevistarse allí con Manuel Ortínez de la mano del teniente coronel Del Pozo, delegado regional del SECED en Cataluña. Convinieron en ir los tres a París esa misma tarde y de allí a Tours en tren. Pero Tarradellas vetó la asistencia de cualquier otro que no fuera el director del Servicio. Ofrecía un coche para recogerles en la estación y un almuerzo al día siguiente.

Los objetivos de Cassinello, que se desplazó a Saint Martin-le-Beau, como emisario de Adolfo Suárez, «con la misión de elaborar un informe sobre la personalidad del presidente en el exilio»[63], eran tres: conocer al personaje que encarnaba la legitimidad histórica, establecer comunicación directa con él sin intermediación de políticos catalanes y estudiar alternativas posibles que pudieran ser tenidas en cuenta durante el proceso de reforma institucional.

El director del SECED tomaría inmediatamente después del encuentro las notas necesarias para confeccionar su informe al regreso a Madrid. Algunos párrafos conocidos son verdaderamente significativos:

El ambiente y el trato durante la reunión fueron muy amistosos, ofreciendo un almuerzo en su casa. Tono afectuoso, sencillo, directo. Hay que resaltar, dentro de la sencillez, una gran dignidad […]. Había en él una gran emoción, muy poco contenida en su mujer. Aquel hombre vivía la historia y ese día era para él una página importante. Charla de contacto, comida amable y después hora y media de conversación sobre el tema. Cuidado exquisito en no herir. La cárcel y el exilio no se exhibían como reto, sino como recuerdo desvaído. […] Buscaba incesantemente una coincidencia afectiva. Era catalán y era español. Parecía querer rodear todo de la mayor paz y de la mayor belleza posible; y siempre la dignidad, no dicha, del que ha rechazado el dinero y del que no quiere el enfrentamiento […] empeñado en un imposible, ante la amenaza de desbordamiento de los grupos políticos catalanes y sin camino ante el Gobierno.

Seguía Cassinello su testimonio, asegurando que el viejo president se mostraba con gran transparencia, sin dobleces:

Hay que meterse en su casa, donde todo es pobreza, para entender su dignidad. La banca catalana le mantiene un palacio, pero él vive en una llanura fría del centro de Francia, con una calefacción tibia, sin baño, con muebles viejos y solo el lujo de una biblioteca y un tocadiscos. Únase una hija subnormal y una esposa callada […]. A ese hombre lo nombran (un día) presidente en el exilio y durante veinte años nadie le hace caso. Pero ahora van los arzobispos, los banqueros, los políticos de todas clases a saludarle y a llamarle «presidente». Posiblemente pocos quieren obedecerle, aunque todos busquen su refrendo. Así es, un hombre viejo, como un viejo rey, que centra su problema en cómo conseguir el acatamiento de todos. Tampoco debe de estar bien informado. Cuarenta años fuera deforman cualquier imagen; y ahora aparecen todas juntas, discordantes por los intereses opuestos de quienes las presentan. Conmueve verle, oírle o discutir con él. Vale para una tragedia. Al final lo que desea es entrar en Barcelona y que los mozos de escuadra le rindan honores. Después querrá morirse. Es como un rey destronado hablando de la dinastía y de la corona.

Antes de acabar la comida, Cassinello era consciente de haber alcanzado el primer objetivo: conocer al personaje humano. A los postres quedaron ambos frente a frente dispuestos para establecer la comunicación directa. Una de las primeras y significativas afirmaciones de Tarradellas fue su claro y rotundo pronunciamiento sobre el referéndum para la reforma política: no pensaba intervenir. Escribiría después Cassinello que «dada la posición diversa de los grupos catalanes, considera que él no debe pronunciarse, pues sería contraproducente para su imagen personal. Íntimamente opina que debería votarse afirmativamente». Tarradellas le decía a Cassinello que en la oposición catalana el Gobierno debía considerar importante exclusivamente la institución de la Generalidad que él representaba. Y, para sorpresa del director del SECED, no se definía como federalista y aseguraba que los problemas de otras regiones (País Vasco, Galicia…) no le afectaban en absoluto y que quedaría siempre al margen de los planteamientos valencianistas y mallorquines. Añadía Tarradellas que Cataluña no debía ser «incordiante en el conjunto político español, sino […] colaborar para resolver los problemas nacionales». Se consideraba además «un español más, dispuesto a colaborar con el Gobierno en […] los problemas de la Transición». Confesaba su admiración por Suárez y su equipo, y se manifestaba «anticomunista profundo».

Cassinello le pidió una simple manifestación de acatamiento del futuro régimen democrático que surgiría tras la reforma, ofreciéndole trasladar al Gobierno una propuesta para acometer, antes del fin del siguiente mes de enero, el arreglo jurídico-administrativo necesario para iniciar la Transición en el ámbito catalán.

En el informe al presidente Suárez, publicado varias veces desde que Osorio lo resumiera en sus memorias, se incluía una valoración sobre la exposición hecha por Tarradellas, del tenor siguiente:

Tarradellas quiere la institución, la Generalitat. No ofrece ahora nada; ni recomendar el «sí» en el referéndum ni hacer un acto de apoyo a la monarquía ni a favor del Ejército. No quiere quedarse solo ni tomar partido en una situación en que cada grupo quiere una cosa distinta. Es decir, tiene concepción de hombre de Estado; o eso quiere al menos. […] Tampoco habla contra el referéndum o contra el rey o contra el Ejército, aunque esta postura choque con la de sus visitantes.

[…] También se niega a constituir un Gobierno en el exilio. No quiere que el Gobierno pacte con los grupos. Quiere ser el intermediario, el protagonista. Piensa que su autoridad moderará las posturas, que su institución salvará el enfrentamiento entre Cataluña y el resto de España. Tampoco pacta con la Platajunta. Sabe que los pactos anteriores fueron más nefastos a Cataluña que sus pactos con el poder […].

Ofrece solo un camino: después del referéndum, intercambiar programas, recoger los puntos de vista del Gobierno sobre Cataluña y exponer él su idea de lo catalán en el marco de lo español para alcanzar el entendimiento en el punto medio. Quiere seguir hablando, negociando, pero con el Gobierno. […] Siempre respetuoso con el Gobierno y con el rey, me despidió deseando otra entrevista en diciembre, en la que podrían verse propuestas de cada parte.

A ese informe se añadían unas notas de síntesis. Según el director del SECED, el informe que remitió al presidente Suárez terminaba con una propuesta de solución político-administrativa, fruto de la conversación mantenida, que alguna vez ha visto adjudicada a Ortínez. La propuesta incluía los aspectos siguientes:

a) Derogación del decreto por el cual se abolió en 1938 el régimen autónomo de Cataluña, con el objeto de «reunir en torno a la Corona a todos los pueblos que constituyen la realidad nacional, respetando sus características particulares e instituciones históricas y tradicionales».

b) De acuerdo con la Ley de Régimen Local, se constituiría la mancomunidad de las cuatro diputaciones catalanas, que en atención a los ya citados antecedentes históricos y tradiciones pasaría a llamarse Generalitat; con ello se lograría la transformación institucional precisa para iniciar la transición política en Cataluña.

c) A propuesta de las diputaciones, el Gobierno nombraría un presidente provisional de la Generalitat, sin poderes ejecutivos expresos, pero con autoridad para actuar en las funciones representativas permitidas por las leyes en vigor.

d) En el futuro las Cortes fijarían las instituciones, estructura y alcance de la autonomía de Cataluña, por el procedimiento legal que ellas mismas pudieran determinar.

Lamentablemente —según Powell (pág. 224)— «el president pareció perder interés por esta maniobra ante el favorable resultado que el referéndum obtendría en Cataluña». Ni las advertencias de Ortínez ni las posteriores gestiones de Cassinello lograrían que se reanudaran los contactos hasta mucho después. El director del SECED apostillaba así su participación en aquellos históricos episodios:

Aquí acabó mi intervención en la Operación Tarradellas. Adolfo Suárez, acosado por la necesidad de la aprobación del referéndum, pospuso la solución. Osorio y Ortínez presionaron en la línea marcada por mi propuesta […]. Después entraron en escena Manuel Ortiz, Martín Villa y Carlos Sentís. Aunque el camino estaba abierto, la deseada meta quedaría aún muy lejos y no se alcanzaría hasta el 23 de octubre de 1977, en que Tarradellas regresó a Barcelona triunfalmente en el marco de la transición a la democracia.

Con anterioridad, el 27 de junio de 1977, Tarradellas, acompañado por Ortínez, se había desplazado a la capital de España para entrevistarse con el presidente del Gobierno. Ese mismo día, a media tarde, fue recibido por Suárez en la Moncloa. Después de hora y media de conversación, Ortiz pudo preguntar al jefe del Ejecutivo cómo había ido todo, a lo que Suárez respondió: «Ha sido un desastre. Él ha terminado llamándome niñato centralista y no he tenido más remedio que decirle que es un anciano gagá». Tarradellas diría a la prensa que la entrevista había resultado cordial y muy agradable. Suárez informó enseguida a don Juan Carlos. El vetusto político catalán se entrevistaría al día siguiente con el ministro de la Gobernación y el 29 sería recibido en audiencia por el rey, antes de partir hacia París con la vía de regreso a Barcelona abierta.

Salvador Sánchez Terán, designado negociador oficial por el Gobierno, y Tarradellas se reunirían en el hotel Crillon de París los días 10 y 11 de agosto, para discutir los términos del restablecimiento de la Generalitat; días después se repetiría la reunión en Saint Martin-le-Beau, con miembros de la comisión negociadora, en la que figuraba el parlamentario Jordi Pujol. Hubo nuevas reuniones en Lérida, el día 23, y en París, el 26, cuando ya Sánchez Terán presentó a Tarradellas un borrador de real decreto-ley. El acuerdo tácito llegaría el 11 de septiembre, fecha simbólica de la Diada, en cuya manifestación se reclamó la vuelta del president, la amnistía y el estatuto de Cataluña.

Finalmente, el 28 de septiembre, bajo la presidencia de Tarradellas y Sánchez Terán, se suscribían los Acuerdos de Perpiñán en la Cámara de Comercio. Allí estaban Rahola, Maciá Alavedra, Cañellas, Güell, López Raimundo, Jordi Pujol, Raventós, Sentís, Triginier y Verde Aldea, representando a los principales partidos de Cataluña. Con posterioridad se promulgarían los decretos que restablecían la Generalitat (BOE de 5 de octubre), se nombraría a Tarradellas presidente (BOE de 18 de octubre) y se crearían dos comisiones mixtas para regular el traspaso de competencias del Estado y las diputaciones provinciales a la Generalitat. Días después, llegaba Tarradellas a Barcelona tras laboriosas negociaciones.

Cassinello completaba sus reflexiones en el libro de Ortiz (pág. 222):

El 1 de octubre de 1977, me dirigió un cariñoso telegrama. Me decía: «Recuerdo decisiva reunión y su contribución personal con profundo agradecimiento y afecto. Josep Tarradellas» (…). Diez años más tarde, el 23 de octubre de 1987, volvía a manifestarse, esta vez por carta, cuyo último párrafo decía literalmente: «Estoy convencido de que, sin la participación de todos los partidos políticos y de personalidades como la suya, la Transición política no hubiera llegado a buen fin (…)».

16
LA LEGALIZACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA

Numerosos pasajes y acontecimientos relacionados con el Partido Comunista complicaron el desarrollo de la gestión política que Suárez se había impuesto. Intentaré dar algunos puntos de luz que ayuden a entender mejor aquella etapa de la Transición y algunas de las medidas que tuvo que tomar el Gobierno, con repercusiones profundas en las Fuerzas Armadas y en los ambientes políticos más conservadores. En cierta forma, correspondió también al SECED asesorar al presidente del Gobierno y prestarle apoyo en determinadas acciones sobre el PCE.

SUÁREZ, EXPECTANTE ANTE LOS MOVIMIENTOS DE CARRILLO

Según escribiría Osorio (pág. 162), «con los de la izquierda era preciso el entendimiento para que la monarquía restaurada fuese de todos». Había que convencer a la oposición legal y obtener la comprensión de la ilegal clandestina. La dificultad mayor estaba en la denominada Platajunta, por los obstáculos de los más intransigentes y la desconfianza mutua entre los distintos grupos y con respecto al poder. La sospecha de que Suárez podía intentar una transición manipulada, en la que al final del proceso solo se les ofreciera un papel secundario en un futuro sistema escasamente democrático, estaba ampliamente extendida. De ahí que la estrategia política del presidente al dar trato desigual a los grupos de oposición ilegal, y en particular la preferencia mostrada hacia los socialistas, fuera recibida con recelo y provocara diferentes reacciones de recuerdo histórico, muy viscerales, entre quienes se oponían a la reforma.

El secretario general del PCE, sorprendido por los planteamientos del presidente Suárez, que amenazaban su liderazgo rupturista, se apresuró a dotar de credibilidad sus intenciones democratizadoras. Así que, en julio de 1976, al conocer la predisposición del Gobierno a facilitar el regreso de los exiliados políticos mediante la concesión de algún tipo de amnistía, se apresuró a convocar en Roma una rueda de prensa para dar a conocer su pretensión de volver a España, acogiéndose a presumibles medidas legales que pudieran dictarse.

El Servicio sabía ya por entonces que en Comisiones Obreras se preparaban convocatorias de huelga en ferrocarriles y servicios públicos esenciales, como detonante de un otoño laboral caliente, amenazas que formaban parte de la respuesta de Carrillo a la intención del Gobierno de aislarle a él y al PCE. Suárez temía el pulso rupturista del PCE y, para tomar decisiones oportunas y contramedidas adecuadas, era necesario seguir la evolución de sus acciones. Así, el 3 de agosto de 1976 el equipo de evaluación del SECED que permaneció durante las vacaciones de verano junto al director redactó una nota para el presidente del Gobierno y para el ministro de la Gobernación, con los pros y contras de las posibles decisiones. Uno de los primeros párrafos decía lo siguiente:

… al no conocerse todavía el texto del decreto-ley sobre amnistía, no puede determinarse con exactitud su posible aplicación a los dirigentes comunistas citados, siendo necesario observar la aparente dificultad de incluir al PCE entre las asociaciones ilícitas definidas en el Código Penal, a la vista de sus declaraciones de profesión democrática y de independencia respecto de los demás partidos comunistas.

Con todo, el artículo primero de sus estatutos, cuya copia se adjuntaba, podía ser vulnerable a estos efectos.

En cuanto a la futura actividad del PCE, el informe afirmaba que las posibilidades inmediatas pasaban por la autorización del partido al amparo de la Ley de Asociaciones Políticas, su salida a la luz sin pasar por «ventanilla» o el mantenimiento de la semiclandestinidad. Y daba como más probable un intento de salida a la luz sin previa legalización, hipótesis que se valoraba como peligrosa desde un punto de vista contrasubversivo. Se hacía notar que si bien la autorización legal parecía la solución más ventajosa, se consideraba determinante la oposición de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Por todo ello parecía más conveniente y viable el mantenimiento de la prohibición del PCE, y compaginar esta con una tolerancia negociada. El aplazamiento de la legalización hasta que unas elecciones generales otorgaran al Gobierno las necesarias condiciones de representatividad popular facilitaría —a juicio del SECED— su aceptación por el Ejército y las Fuerzas de Orden Público, y daría tiempo a la vertebración política de la sociedad y a la consolidación de otros grupos políticos. Por lo que respecta al regreso de Carrillo —y de Dolores Ibárruri, previsto para septiembre—, vinculado de hecho a la futura actuación del PCE, se consideraba más conveniente, desde un punto de vista técnico-contrasubversivo, la prohibición de su entrada, recurriendo en caso necesario a la expulsión del territorio nacional, sobre la base de los problemas de seguridad personal que crearía su presencia.

La realidad es que, aunque Santiago Carrillo reclamaba al Gobierno un trato similar al que se daba a otros líderes de la Platajunta, Suárez siempre lo soslayó para evitar las objeciones militares, que tenían su base más firme en el recuerdo histórico de la Guerra Civil. Carrillo, que hacía lo posible por no quedar marginado, recordaba así sus intentos de contacto con el Gobierno durante aquel agosto de 1976[64]:

Los partidos de la oposición, prácticamente todos, tienen sus canales de comunicación con el Gobierno Suárez; nosotros no. Meses atrás, cuando Fraga era todavía embajador en Londres, Teodulfo Lagunero[65] había intentado un contacto indirecto, pero Fernando Morán le disuadió de hacerlo. En este mes de agosto surge una posibilidad: en el Gobierno Suárez, figura como ministro de Educación Aurelio Menéndez —también mercantilista— al que une a Lagunero una amistad desde los tiempos de juventud. Por otra parte está José Mario Armero, abogado famoso que fue introductor de Nicolás Franco Pascual de Pobil en la conversación mantenida en París el año anterior. Lagunero, haciendo una pausa en sus vacaciones, ha volado a Madrid el 25 de agosto. Su entrevista con Menéndez no es alentadora, considera prematuro plantear el problema […] cualquier precipitación puede incitar a un golpe militar. Una vez más aconseja esperar y tener paciencia, ¡lo de siempre! José Mario Armero […] va a intentar contactar con el Gobierno.

Armero fue a Cannes a entrevistarse con Carrillo, cuyos argumentos le despertaron el mayor interés, y en Madrid buscó la aquiescencia inicial del presidente Suárez. Con esta baza volvería a París para establecer una conexión. Anota Carrillo:

Viene Armero; el día 8 me encuentro con él y su esposa en un hotel de los bulevares. Adolfo Suárez está de acuerdo en que mantengamos un contacto con personas interpuestas. […] Designo como intermediario de mi parte a Jaime Ballesteros. Supongo que de parte de Suárez llevará el contacto el mismo Armero.

En la contrapropuesta de Armero a Carrillo, el presidente del Gobierno sugería que interviniera Cassinello como enlace reservado, pero Carrillo rechazó tal posibilidad (pág. 62). Tras conseguir ver a Suárez, Armero accedería a relacionarse indirectamente con el SECED.

Carrillo empezaba a pensar que había llegado el momento de demostrar al Gobierno el ascendiente del PCE sobre CC OO y su propio liderazgo en el partido, a pesar de la crisis interna por la que atravesaba. El otoño había ido agravando su posición, sobre todo después de la aprobación de la Ley para la Reforma Política. Seguía sin lograr un contacto personal con Suárez, al contrario que otros líderes políticos ilegales; mientras estos se beneficiaban de una creciente tolerancia gubernamental, los comunistas tenían que recurrir a sus «pantallas» sindicales y al recurso a la huelga. En efecto, la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS) —que era fundamentalmente CC OO— ejercía las mismas funciones que la Platajunta en el campo político. Ello justificaba la decisión de ir a la huelga política general el 12 de noviembre de 1976 para desautorizar la reforma. Relata Martín Villa (pág. 54) que, tan pronto tuvo noticias de la convocatoria de la huelga general (por medio del director del SECED), se dio cuenta de la gravedad del tema: «La huelga podía constituir un serio ataque contra la reforma política y a la vez un fuerte pulso de la oposición al Gobierno».

Gobernación articuló en veinticuatro horas un eficaz dispositivo de respuesta, sobre la base de un gabinete de análisis que tenía como finalidad contrarrestar la propaganda de los huelguistas, planificar y coordinar acciones y dar instrucciones a los gobernadores civiles. Presidido por el subsecretario Ortí Bordás, se reunió a diario durante más de quince días antes de la huelga con todos los altos cargos interesados[66]. Sigue contando Martín Villa (pág. 56) que su «máximo objetivo fue que no dejaran de funcionar los servicios públicos y se mantuviera el orden en toda España. También se tuvo especial interés en proporcionar a la opinión pública una información puntual y veraz de la realidad de lo que aconteciese». Había que ganar sobre todo en las grandes capitales, con atención preferente al Metro de Madrid.

El día de la huelga pudo comprobarse el éxito de las disposiciones adoptadas. «A las nueve de la mañana —asegura Martín Villa— ya supimos que la oposición, salvo circunstancias imprevistas, había perdido la batalla de la huelga general […]. El Gobierno había demostrado que la ruptura era una quimera».

LA APARICIÓN PÚBLICA DE SANTIAGO CARRILLO

Cuenta Manuel Ortiz (pág. 157):

Suárez tenía una idea meridianamente clara de lo que había que hacer […] y aceptó un riesgo necesario […]. Aunque asumió personalmente la decisión, Suárez […] lo habló cien veces con el rey, con Torcuato Fernández-Miranda, con Alfonso Osorio, con Manuel Gutiérrez Mellado; preguntó su opinión a sus colaboradores inmediatos y muy especialmente a Andrés Cassinello.

Ya en enero de 1976 el Comité del PCE había acordado que Santiago Carrillo se trasladase a España. El 7 de febrero cruzó la frontera y pasó a Madrid, donde se instaló en un chalé de El Viso, con recorridos clandestinos por la Península, por donde se movía con alguna facilidad. Pero, tras el no reconocido fracaso de la huelga general, el PCE creyó llegado el momento de hacer un nuevo movimiento que forzase su legalización: Carrillo iba a provocar su detención.

En la primera quincena de noviembre de 1976 surgieron en los aledaños del poder las primeras informaciones de que el secretario general del PCE estaba en Madrid, pero Martín Villa no le dio importancia: «La presencia de Santiago Carrillo en España únicamente constituiría un verdadero problema para el Gobierno cuando fuese pública». A fines de noviembre Carrillo apareció en una cadena de televisión francesa recorriendo Madrid en automóvil. La publicidad de su presencia en España no solo era un desafío en toda regla a la legalidad, sino que ponía en ridículo a la Policía en una etapa delicada. Martín Villa ordenó entonces el seguimiento de los miembros del Comité Central del PCE.

Manuel Ortiz (pág. 137) relata cómo el 10 de diciembre, a las doce y cuarto del mediodía, Santiago Carrillo convocaba una rueda de prensa clandestina en un piso de la calle Alameda, 5 de Madrid, de tamaño insuficiente para acoger al más de medio centenar de informadores que habían sido citados y transportados hasta allí por militantes del partido desde primeras horas de la mañana, para impedir su localización por las fuerzas de seguridad. Carrillo posaría ante los fotógrafos antes de iniciar su proclama, y una vez despojado de su famosa peluca. Faltaban cinco días para la celebración del referéndum sobre la Ley para la Reforma Política y el secretario general del PCE tenía que ser crítico, pues había sido ignorado en ese proceso democrático. Manifestaba, no obstante, su intención de presentarse a las elecciones, haciendo gala de sus deseos de reconciliación nacional y de su disposición para entrevistarse con el rey. La rueda de prensa tenía una triple finalidad: potenciar la imagen de Carrillo y la de su partido, desprestigiar al Gobierno y poner ladrillos para la legalización. No parecía que el PCE siguiera pensando en la vía rupturista.

La comparecencia pública del líder comunista sería tratada por el director del SECED en una nota informativa que remitiría a los delegados regionales el día 14 de diciembre. En ella explicaba que Carrillo tenía prescritos todos sus delitos, por lo que, en caso de detención, con una fianza estaría rápidamente en la calle. Era un problema jurídico de difícil solución. Más aún cuando el Gobierno había decidido aplazar el problema de la legalización del PCE. Entendía Cassinello que, de las dos estrategias de actuación frente al comunismo —libertad y autoridad—, la primera era la más viable en aquellos tiempos, en particular una vez que el pueblo se manifestase a favor de la Ley para Reforma Política.

El 22 de diciembre por la tarde la policía descubría una reunión de destacados dirigentes del Comité Central del PCE en un piso de la calle Padre Jesús Ordóñez, 14. A las 17.40 h salía del inmueble una persona no conocida a la que los inspectores pidieron la documentación; tras quitarse la peluca, se identificó: era Santiago Carrillo, que fue detenido —con más carga política que judicial— y trasladado a la Dirección General de Seguridad, y desde allí a la comisaría de la calle Luna, más discreta.

Explica Manuel Ortiz (pág. 140) que Suárez —y también Gutiérrez Mellado— se inclinaba por el extrañamiento a Francia, pero, vistas las dudas de Martín Villa y algunos dictámenes jurídicos contrarios a la expulsión, el presidente ordenó «preguntar a Carrillo su preferencia entre el Tribunal de Orden Público y la deportación a Francia. El dirigente comunista optaría por el TOP, según respondió al comisario Pastor. Este le espetaría: “Acaba usted de legalizar su situación en España”».

El secretario general del PCE sería trasladado a la enfermería de la cárcel de Carabanchel. Carteles y miles de firmas pedirían de inmediato su libertad. Las leyes del régimen, los indultos promulgados por Franco, generosamente aplicados, bastaban para liberarle; así que el Consejo de Ministros dispuso su libertad provisional en la mañana del día 30. En palabras de Osorio (pág. 254), Carrillo «había jugado con audacia y había ganado. A partir de ese momento ser o declararse comunista podría conducir al procesamiento, pero no a la prisión sin previa sentencia; y el hecho tenía una gran trascendencia política». La legalización del PCE se hacía ya inevitable.

LOS CONTACTOS DE SUÁREZ CON CARRILLO

Tras la puesta en libertad de Carrillo, este pretendió formalizar algún tipo de relación con Suárez, quien siempre sugería canalizar la intermediación a través del director del SECED[67]. Pero, involuntariamente, el acoso de los extremistas en enero de 1977 facilitó la flexibilización de las respectivas estrategias políticas para abrir el camino a la moderación, y Suárez tomó la iniciativa de tener un encuentro personal con Carrillo a fines de febrero.

Jaime Ballesteros, el intermediario elegido por el secretario general del PCE, había planteado a José Mario Armero el tema de la presencia de los comunistas en las elecciones para su traslado al presidente del Gobierno. Ambos creyeron conveniente organizar una discreta entrevista entre Suárez y Carrillo. Parece que llegaron a pensar en Damasco —donde Suárez tenía previsto acudir en viaje oficial— como punto de encuentro, pero la visita del jefe del Ejecutivo fue cancelada por razones de política interna. Unos días después, el 31 de enero, Carmen Díez de Rivera, jefa del Gabinete Técnico de la Presidencia del Gobierno, conversaría con Carrillo en Barcelona con ocasión de la entrega de los Premios Planeta y, a mediados de febrero, ambos se encontraron de nuevo en Madrid, en casa de un amigo común; de inmediato le hablaría ella a Suárez de la conveniencia de la legalización del PCE antes de las elecciones, a lo que el presidente reaccionó con frialdad. Carrillo (pág. 146) lo cuenta así:

Carmen Díez de Rivera me ha dado muy interesantes claves sobre la situación y me promete tratar una entrevista con Suárez, aunque sus opiniones avanzadas y sus preferencias por la izquierda hacen muy precaria su situación en el puesto que ocupa, que, por otra parte, está deseando abandonar.

No sería esta la vía elegida por el presidente del Gobierno para encontrarse con Carrillo, sino la de José Mario Armero, quien, a juicio de Martín Villa, era un «profesional mediador neutral», que había llegado a «transformarse en entusiasta y eficientísimo ponente de la legalización del Partido Comunista». Manuel Ortiz (pág. 154) relata así la toma de decisión de Suárez:

… el 25 de febrero Suárez habla con Osorio y le comenta su decisión. A Osorio le parece mal, porque cree que la legalización del PCE debe hacerse después de las elecciones […]. El sábado 26 Osorio vuelve a hablar con Suárez del tema. Ese día, Suárez había tomado ya la decisión de encontrarse con Carrillo. Suárez confía en que puede arrancarle a Carrillo el reconocimiento de la monarquía, de la bandera roja y gualda y, por supuesto, su aceptación explícita de la unidad de España. El presidente Suárez comunica también su decisión a Torcuato Fernández-Miranda […]. Ni este ni Osorio logran disuadirlo de su propósito.

El domingo 27 de febrero, Armero salió de su casa de Alfonso XII en su coche, conducido por su hijo, y se trasladó al palacio de la Moncloa, donde recogió a Adolfo Suárez. Entretanto, Ana, su mujer, recogía a Carrillo en la calle Seco, 12. El encuentro se produciría en un chalé de Majadahonda, propiedad del mismo Armero, a quien el presidente rogaría una breve introducción y que permaneciera allí el resto de la entrevista. El secretario general del PCE la describe así:

La ida al encuentro es un poco espectacular […]. Ignoro dónde vamos a encontrarnos. Suárez viene un rato más tarde, aparentemente solo […] se presenta cordial y simpático, como si fuéramos viejos amigos […].

[…] La primera parte la dedicamos a la crisis económica […]. Luego entramos en el tema decisivo. Yo explico por qué es indispensable la legalización del Partido Comunista, si se va realmente a un sistema democrático. Suárez está de acuerdo, pero insiste en que hay serios obstáculos en lo inmediato y me sugiere que participemos en las elecciones como «independientes». Rechazo esta solución y le hago ver que nunca la aceptaremos […]. La impresión que tengo es que él ya viene convencido de ello […]. En definitiva, llegamos a la conclusión de que va a legalizarnos antes de las elecciones, insistiendo mucho en que no depende de él ni del rey solamente, sino de otros poderes que son muy hostiles.

En resumen, una reunión extraordinariamente larga —seis horas—, en la que se fue creando cierta sintonía sobre la necesidad de moderar las respectivas exigencias en beneficio de la rápida transición a la democracia. Carrillo terminaba así su relato: «Cuando cerca de las doce de la noche nos separamos, considero que hemos dado un paso decisivo para el restablecimiento de las libertades democráticas. […] La conversación con Suárez […] es la más clara que he tenido en ese periodo».

En los apuntes que el teniente general Cassinello redactó para el libro que preparaba Manuel Ortiz, se decía:

En aquella primera entrevista, Carrillo reitera la aceptación de la monarquía y la bandera bicolor, e insiste en que no se ha de temer nada de su partido, que sería minoritario en las futuras Cortes […]. ¿Pero alguien se puede creer que el PC, por esas fechas, era un partido ilegal y perseguido como tal? ¡Pero si sus líderes se identificaban como tales ante la policía sin ninguna consecuencia; si su sede estaba protegida (que no vigilada) por la Policía; si su herramienta más poderosa, las CC OO, estaban legalizadas desde… no sé la fecha! ¿Se podía detener a sus estimados 10.000 militantes, dispuestos a reconocerse como tales?

Hay que recordar la singular reacción del presidente tras los asesinatos de Atocha del 25 de enero: las rígidas posiciones empezaban a flexibilizarse. Fue, en opinión de Osorio (pág. 276), cuando Suárez decidió legalizar a los comunistas y, a juicio de los historiadores, el origen de la progresiva convergencia posterior para encarar la Transición.

Desde el momento de la entrevista Suárez-Carrillo hasta la legalización, en abril de 1977, se llevaron a cabo contactos diversos entre representantes del SECED y del PCE. El primero se celebró tras la cumbre eurocomunista que tuvo lugar en Madrid el 2 y 3 de marzo, con presencia de Berlinguer y Marchais. Pero a la cita, establecida en una suite del hotel Eurobuilding, asistió el profesor Ramón Tamames en representación de Carrillo. Yo mismo se lo presenté a Cassinello y al capitan Rodríguez Topete, que acompañaba al director del Servicio como directivo especializado en el PCE.

La finalidad del encuentro era que Carrillo designase un representante para desarrollar contactos periódicos con Rodríguez Topete y que sirviera de canal informativo directo. Tamames telefonearía poco después: el elegido era Juan Francisco Pla, exmiembro del Comité Central del PCE. Topete se vería frecuentemente con él y cuando creció la tensión inmovilista pudo recoger la versión del PCE sobre los militares de la Unión Militar Democrática (UMD) que solicitaron relacionarse con el partido.

VALORACIÓN DEL SECED SOBRE LA LEGALIZACIÓN DEL PCE

Antes de la entrevista entre Carrillo y Suárez, el 11 de febrero, el PCE había presentado sus estatutos en el Registro de Asociaciones Políticas —el Gobierno, cediendo a una exigencia del PSOE, había sustituido la inscripción «por ventanilla» por una simple solicitud de registro con la presentación de los estatutos—. Martín Villa señala que «todas las piezas de esta estrategia comenzaron a encajar perfectamente», pero, como ministro de la Gobernación, el día 20 tuvo que comunicar a los medios —con el revuelo consiguiente— que se había suspendido la inscripción oficial del PCE por informes negativos de organismos asesores de la Presidencia del Gobierno. Pensaba, seguramente, en el SECED, además de en otros órganos propios de su ministerio.

Efectivamente, el 15 de febrero el Servicio elaboró un estudio sobre la solicitud de inscripción del PCE, en el que se llegaba a una serie de conclusiones. En primer lugar, se hacía hincapié en que se trataba del reconocimiento de una asociación ya constituida, y no de una nueva asociación, y en que existían evidencias —puestas de manifiesto por los propios legisladores— de que no reunía las condiciones exigidas para su registro como asociación política por la legislación vigente. Se añadía que los estatutos presentados no eran los propios del PCE, sino un «arreglo» realizado a espaldas de las bases, para el que no se había contado con su congreso. Se insistía en la naturaleza esencialmente revolucionaria del PCE y en su estrecha relación con el movimiento comunista internacional de inspiración soviética. Y, sobre su programa, se destacaba el reconocimiento del derecho de autodeterminación para Cataluña, Galicia y el País Vasco, y la pretensión de entregar a Marruecos las plazas de soberanía española en el norte de África, hechos que atentaban contra la unidad nacional; también, la ambigüedad de sus planteamientos políticos —pese a su renuncia formal a la dictadura del proletariado—, que, en caso de llegar al poder, hacía pensar en el establecimiento de un sistema totalitario análogo al de los países comunistas.

Tres días después Cassinello elevaba una nota al presidente del Gobierno en estos términos:

La legalización del PCE, junto con un problema jurídico, constituye un problema político de gran trascendencia. Legalizarlo supone introducir una cuña entre él y su izquierda, de imposible legalización por su evidente imagen actual de radicalismo. Dejarlo entre un PSOE que le dispute las bases laborales desde el mismo campo de la legalidad, mientras el Partido del Trabajo lo erosiona desde la clandestinidad no parece mala situación. Como inconveniente se radicalizará la derecha y aumentarán las posibilidades de Alianza Popular ante un temor irracional, pero que es inútil negar. También crecerá el malestar entre las Fuerzas Armadas hasta extremos conflictivos. Por contra, mantenerlo ilegal empujaría al PCE hacia su izquierda, recuperando el liderazgo sobre los radicales del PT, LCR, ORT, etcétera, conformándose así un frente peligroso y potente. De mantenerlo ilegal, crecen las posibilidades del Centro Democrático y las de todos los elementos evolucionistas, pero es una incógnita qué actitud adoptarían los socialistas ante las elecciones.

Lo deseable sería retrasar las decisiones hasta las Constituyentes. ¿Es posible? Tampoco parece aconsejable ceder sin resistencia. De todas formas su legalización no es beatificación; el PCE no engaña a nadie; puede aceptárselo como un riesgo calculado o como un mal inevitable. Debe pesar la política sindical. ¿Sería conveniente cerrar el paso al PCE y abrirlo a CC OO? Por eso el Consejo de Ministros debe decidir, aunque sea decidir que decida el Tribunal Supremo.

Un mes más tarde, el director del SECED, en nota interior del 23 de marzo, dispuso que se rectificaran aspectos sustanciales del seguimiento de la información sobre actividades del Partido Comunista, preparando el ánimo de los directivos del Servicio:

La opinión pública, en general, acepta la legalización, aun cuando se muestra asustada ante las posibles repercusiones de tal medida y la acepta como mal menor […]. El PCE, a partir del entierro de los abogados laboralistas, puede decirse que prácticamente está legalizado. […] Los últimos datos estadísticos señalan que un 54 % [de la población] se resigna a su legalización.

La decisión del Tribunal Supremo va a producirse en estos días y todo parece indicar que será a favor de la legalización […]. Esta es la situación y de ella hay que partir para afrontar el problema con un sentido pragmático. […] Su nueva situación creará vulnerabilidad al PCE, que conviene tener en cuenta […]. Son las más importantes: su necesidad de tender a la moderación, lo que incrementará las tensiones internas y se traducirá en el trasvase a grupos maoístas de la base más radical del PCE; las publicaciones del PCE estarán controladas y sujetas a las leyes; Carrillo tendrá que cumplir sus promesas de revisión orgánica interna y conseguir que todos los cargos sean elegidos, y tendrá que prescindir, al menos de momento, de acciones insidiosas importantes para no ser acusado ante los tribunales. No podrá atacar con fuerza el proceso democrático ni tampoco la limpieza de las elecciones, por intervenir en la inspección de las mismas: se verá obligado a renunciar a las convocatorias de masas; y será atacado por el socialismo, que le considera su enemigo número uno.

Dos semanas más tarde, el Gabinete de Estudios del SECED, sobre la base de un trabajo del Grupo de Evaluación del Sector Político, redactaría un «Estudio sobre las ventajas e inconvenientes de la legalización del PCE y su incidencia en las Fuerzas Armadas», que el 6 de abril sería presentado por Cassinello al presidente del Gobierno. A Suárez debieron de parecerle tan acertadas las argumentaciones que preguntó a su interlocutor sobre la conveniencia de divulgarlo entre el personal de los Ejércitos. El director del SECED creyó que, en todo caso, lo procedente sería hacerlo por vía de mando, por lo que Suárez lo trasladaría al teniente general Gutiérrez Mellado para que su gabinete preparase a su vez una nota informativa a los ministros militares, con orden de proceder a su distribución.

Pues bien, el primer documento de aquel estudio comenzaba con una introducción justificativa que decía así:

El tema de la legalización del PCE es acogido por las Fuerzas Armadas con una especial sensibilidad. Los sondeos de opinión ofrecen una actitud de rechazo casi general, más basado en los recuerdos y las emociones del próximo pasado que en una interpretación racional de los datos objetivos de la situación actualmente vivida. El rechazo emocional induce a una situación de despego y crítica al Gobierno, basada en una pretendida promesa del presidente a los capitanes generales de que nunca sería legalizado el PCE, y, en menor cuantía, pero preocupante por significativa, a SM el Rey. Hay una actitud distinta en cada nivel generacional que ya se ha señalado en anteriores informes. Simultáneamente, está el convencimiento de que el despego emocional no lleva consigo el germen de una actitud de rebeldía.

Posteriormente, el documento incidía en particular en los aspectos positivos de la legalización y en las debilidades que podía generar en el PCE —ya apuntadas en el documento interno de Cassinello—, antes de llegar a una conclusión:

Es evidente que [con la legalización] no se renuncia a una oposición frente al comunismo, pero que se trata de llevarla a cabo en forma distinta a como se ha venido ejerciendo hasta ahora. […] Lo difícil es conseguir ese cambio de mentalidad que implica la toma de partido dentro de una dialéctica de razón política y no gubernativa ni policial. Los miembros de las Fuerzas Armadas están habituados a un razonamiento maximalista del todo o nada; y no se trata de eso. […] Por eso la probable y próxima legalización del PCE, así como la de otros grupos «autonomistas» catalanes, vascos, gallegos y hasta canarios, introduce un cambio fundamental en la situación. Urge una readaptación de los procedimientos.

[…] La beligerancia en estos temas debe ser irrenunciable; pero es inviable el esfuerzo exclusivo y preferente en lo policial y en lo penal, aunque no deba renunciarse a él, de ninguna forma, cuando las acciones de estos grupos traspasen el marco legal que se les fije. Si sobre los criterios represivos han de prevalecer los reversivos, el planteamiento adquiere aún mayor vigencia cuando disminuyen las posibilidades del ejercicio de las acciones del primer tipo. Se hace entonces necesario un reforzamiento de los procedimientos reversivos o, lo que es lo mismo, una intensificación de la acción política.

[…] Hacer verdad la libertad y la justicia frente a la utopía de las tesis comunistas, así como robustecer los lazos cohesivos entre todos los españoles, puede parecer un planteamiento excesivamente general o teórico, pero esa debe ser la meta estratégica de la acción política en que se centre el futuro anticomunismo y antiseparatismo. Impedir el establecimiento de una dictadura totalitaria roja así como defender la unidad de la patria son actitudes permanentes. Lo necesario es acomodar el cumplimiento de esa misión a los medios disponibles y a las posibilidades de cada momento.

Por si fuera poco explícito aquel primer documento, se acompañaba de otro sobre la situación del PCE, elaborado también por el Grupo de Evaluación. El estudio, en el que se hacían nuevas consideraciones sobre los efectos de la legalización, comenzaba exponiendo las condiciones internas del Partido Comunista:

Se encuentra inmerso en una trayectoria hacia la moderación para afianzar su imagen democrática en la población. Esta trayectoria admite un margen de tolerancia […], pero el proceso es irreversible a corto plazo. De forma secundaria, desarrolla una acción insidiosa, generalmente oculta, para presionar al Gobierno. La situación de Carrillo en el partido está notablemente fortalecida. Sin embargo, ha ido demasiado lejos en su distanciamiento de Moscú; su posición es delicada y necesita conseguir con urgencia un éxito indiscutible. Para ello está dispuesto a forzar la situación al límite.

Concluía este segundo documento con unas observaciones sobre el impacto popular de su posible legalización, e incidiendo en las vulnerabilidades del PCE:

Para valorar el impacto emocional que puede producirse en la población fuera de las Fuerzas Armadas, es preciso tener en cuenta que la campaña de salida a la superficie, que ha desarrollado magistralmente el partido con la aquiescencia directa o indirecta del Gobierno, ha logrado disminuir e incluso anular la repulsa que sentían amplios sectores de la población. Las estadísticas realizadas ponen de manifiesto el notable incremento de españoles partidarios de la legalización, que han pasado, en escasos meses, de ser minoría a mayoría. Los núcleos de población que aún se manifiestan contrarios a la legalización del partido han sido sometidos a una preparación psicológica que les sitúa en condiciones de aceptar la legalización con menos carga emocional […].

El refuerzo de la posición de Carrillo constituye un importante elemento desestabilizador en el partido, pues el secretario general es tan personalista en su manera de actuar que nunca se sabe dónde termina el interés del partido y dónde comienza el suyo. El PCE presenta tantas vulnerabilidades como Carrillo. Entonces resulta posible aprovechar el reforzamiento de su posición para comprometerlo cada vez más […] hasta que se produzca su descrédito a nivel nacional. Esa maniobra debe realizarse paralelamente a una operación de apoyo y potenciación al socialismo, que por la proximidad ideológica recogería gran parte de los efectivos procomunistas […]. Si se mantiene al PCE en la ilegalidad resultará imposible meter en la cárcel a más de 30.000 militantes, por lo que continuará la actuación pública del mismo manteniendo la situación de tolerancia actual, en contra de todo principio racional. Evitar esta actuación pública decididamente produciría un serio enfrentamiento con amplios sectores de la población. El PCE renunciará a una actuación violenta, al menos de manera ostensible, para no deteriorar su imagen democrática, pero en el caso de no ser legalizado favorecerá las acciones violentas de los grupos de su izquierda al mismo tiempo que reducirá la marcha hacia la moderación e incrementará las huelgas pacíficas. Por otra parte, la posición de Carrillo se debilitará. La prensa del partido no estará controlada por la ley, aunque continuará difundiéndose, y montará fuertes ataques contra el Gobierno y la credibilidad democrática de las elecciones.

La frase final no deja lugar a dudas sobre la posición del Servicio: «En consecuencia, desde el punto de vista del SECED y con una finalidad contrasubversiva, resulta evidente por todos los conceptos la conveniencia de legalizarlo».

Se añadían al estudio dos anexos en los que se recogían —como era costumbre en los informes del Servicio— las posibles ventajas que podrían derivarse de la legalización del PCE y de su mantenimiento en la clandestinidad. Entre las ventajas de la legalización se aducían las siguientes:

– No aumentarían las tensiones ya existentes en los sectores más opuestos a su legalización.

– La credibilidad de la reforma política sería mucho mayor, tanto en el interior como en el exterior, ya que ciertos sectores, precisamente los más escépticos, eran partidarios de la legalización.

– El PCE se vería obligado a actuar con moderación para no perder su nuevo estilo democrático ni incurrir en delito que pudiera llevar a una sentencia condenatoria.

– La figura de Carrillo se consolidaría, y un PCE dirigido por Carrillo se consideraba mucho más vulnerable y menos atractivo para el electorado que uno liderado por otro dirigente más «limpio». Además, el PCE perdería la aureola que le había proporcionado la clandestinidad.

– El periodo preelectoral discurriría, en general, de forma más pacífica, dada la gran capacidad de movilización del PCE.

– Algunos de los grupos situados a la izquierda del partido, sobre todo el Partido del Trabajo (PTE) y la Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT), tratarían de seguir la trayectoria del PCE; gran parte del espectro político de la izquierda evolucionaría hacia una mayor moderación.

– Dado el nivel de actividad que ya había alcanzado, su legalización no produciría un notable incremento en la que venía desarrollando hasta entonces.

– La prensa oficial del partido sería legalizada, y aunque ello pudiera aumentar su difusión, se vería sometida a las leyes vigentes, por lo que tendría que reducir su virulencia.

En cuanto a las ventajas derivadas de su no legalización, el estudio resaltaba las siguientes:

– Prestigiaría al Gobierno y al rey ante los grupos y ciudadanos visceralmente anticomunistas: frenaría las críticas de la extrema derecha al Ejecutivo que, de ser legalizado, extenderían a la Corona; calmaría tensiones dentro de las Fuerzas de Orden Público, incrementando su moral, y reforzaría la adhesión a la Corona de los miembros de las Fuerzas Armadas, que recuperarían, al menos parcialmente, su confianza en el Ejecutivo.

– Evitaría su presencia en las Cortes como partido.

– Supondría un desprestigio para Santiago Carrillo y los mandos intermedios del PCE ante sus bases más radicales, por no haber conseguido la legalización a pesar de su «táctica pactista»; crearía tensiones en su seno provocando quizá la escisión de algunos grupos.

– Desmoralizaría a los grupos de extrema izquierda que han pretendido la legalización, provocando igualmente tensiones y escisiones; propiciaría la deserción de un electorado potencial, que votaría a partidos legales.

Esta relación de ventajas e inconvenientes sería utilizada por el SECED para argumentar numerosos informes y para exponer su posición ante la Segunda Sección Bis del Ejército de Tierra, originando una fuerte polémica.

LA LEGALIZACIÓN

Cuenta Alfonso Osorio (pág. 284) que «todo empezó […] al atardecer del 28 de enero de 1977, cuando Adolfo Suárez reflexionó sobre la gigantesca manifestación de duelo que, partiendo del Colegio de Abogados, inundó las calles de Madrid». Osorio recuerda que el entierro de las víctimas de la matanza de Atocha «afectó seriamente a los planteamientos políticos de Adolfo Suárez, que empezó a pensar si era posible llegar a las elecciones generales con el Partido Comunista fuera de la ley». Y añade que oyó en varias ocasiones a Suárez como interrogándose a sí mismo en voz alta: «Y si los comunistas ocupan un día la calle, no pacíficamente como en el entierro de Atocha, ¿qué hacemos?, ¿les devolvemos la violencia? Y si insisten, ¿les ametrallamos? Y si se presentan masivamente en las comisarías alardeando de su militancia, ¿les detenemos a todos?».

Las dudas de Suárez coincidieron en el tiempo con un descenso de la oposición de la opinión pública a la legalización del PCE, como advertía una encuesta del Instituto de la Opinión Pública (IOP), según la cual un 40 % de la población era favorable a la legalización, mientras un 25 % se oponía a la misma. También la gran mayoría de las formaciones políticas de la oposición se mostraba favorable a la legalización del PCE en los primeros meses de 1977, tal y como tuvo ocasión de comprobar el SECED en diversos encuentros con personalidades de primer nivel, ya fuera por convencimiento ideológico o por intereses estratégicos. Muy distinta era la opinión de la clase política del régimen, que mostraba una oposición rotunda; la derecha española en conjunto era partidaria de la exclusión del PCE, y también, como ha quedado dicho, las Fuerzas Armadas, en las que la indignación inicial había dejado paso a una actitud de inhibición que podía considerarse aún más preocupante.

Y es que, como afirma Ortiz (pág. 153), una cosa «era legalizar la pléyade de nuevos partidos que habían irrumpido en la escena política española […] y otra, muy distinta, legalizar el Partido Comunista de Santiago Carrillo […]. El Partido Comunista había sido la verdadera oposición al régimen del general Franco». Aun así, según el político centrista, Suárez tenía claro que «o bien se legalizaba el Partido Comunista con todas sus consecuencias o aquí no podrían convocarse elecciones libres».

En realidad, Suárez tenía preparada una compleja maniobra política para abordar el problema de la legalización del PCE en el momento más oportuno de la Transición; para llegar a la «reforma pactada», la primera meta era obtener bases de acuerdo sobre las que celebrar las primeras elecciones libres, que deberían conducir al pacto constitucional.

Carrillo facilitó mucho las cosas: criticaba abiertamente a los países del Este y había afirmado que su partido estaba dispuesto a admitir el mantenimiento de las bases americanas en España. Sus palabras eran la formulación misma de los principios del eurocomunismo, el diálogo, el pacto…, y los estatutos que el PCE había presentado para solicitar su legalización seguían una línea semejante. Claro, que, como afirma Ortiz, eran «unos estatutos hechos a la medida para la ocasión», que modificaban los aprobados en su VIII Congreso. En ellos se afirmaba, por ejemplo, que su objetivo principal era «la contribución democrática a la determinación de la política española con objeto de conseguir la plena democratización del sistema político» y se señalaba como meta inmediata «la reconciliación nacional». Pues bien, esos estatutos —y sigo aquí también la obra de Ortiz— fueron modificados de nuevo en abril de 1978, cuando el IX Congreso dio marcha atrás y el PCE reconoció como modelo «el marxismo revolucionario» y se definió como «una organización política de vanguardia de la clase obrera y las fuerzas progresistas de los pueblos de España, cuyo objetivo es la consolidación de la democracia y la transformación socialista de la sociedad española para llegar a la sociedad comunista».

Pero retomemos el hilo de los acontecimientos. El ministro de la Gobernación, tras suspender la inscripción del PCE el día 22 de febrero, elevó el asunto a la Sala IV del Tribunal Supremo, remitiendo la documentación entregada por el partido junto con un durísimo informe con las razones por las que se denegaba el registro. El Gobierno temía que, una vez presentado el recurso pertinente por el PCE, la Sala IV, que estaba sin presidente, se inhibiera, dejando el problema en las manos del Ejecutivo. Para evitar tal posibilidad, el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, nombró para ese cargo a Juan Becerril, prestigioso magistrado de espíritu liberal. Pero la maniobra gubernamental, que tenía como objetivo facilitar la legalización, se vino abajo cuando el Pleno del Tribunal denegó el plácet al candidato del Gobierno. En ese momento, Suárez comprendió que tendría que afrontar la espinosa cuestión por su cuenta. Y, efectivamente, el día 30 de marzo, la Sala IV se declararía incompetente, devolviendo la patata caliente a Gobernación. En opinión de los magistrados, se trataba de un asunto de naturaleza política, no jurídica.

El presidente convocó el día 4 de abril, Lunes Santo, a los dos vicepresidentes (Gutiérrez Mellado y Osorio), al ministro secretario del Gobierno (Ignacio García López) y a los ministros de Justicia (Landelino Lavilla) y Gobernación (Martín Villa) para tratar el tema. Ante ellos, Suárez consideró imprescindible la legalización inmediata del PCE por razones de credibilidad democrática de la reforma. Solo el vicepresidente Osorio manifestaría reservas, pidiendo serenidad y cautela en el debate en el Consejo de Ministros y planteando escrúpulos jurídicos, que exigían dictamen, y políticos, referidos a la actitud de los mandos militares. Osorio temía la acusación de una laxa interpretación del Código Penal y que las Fuerzas Armadas se sintieran engañadas. Gutiérrez Mellado le respondió que no se preocupase tanto del Ejército, que ese «era su tema y que podían estar tranquilos». Los reunidos en ese mini-Gabinete decidirían presentar la legalización del PCE «como decisión unilateral del ministro de la Gobernación, para no involucrar en ella a todo el Gobierno».

¿Cómo dar forma legal a todo aquello? Cassinello nos explica que, para ello, «se recurre a la Fiscalía General del Estado, quien el 6 de abril emite un informe favorable. Unido ese informe a un nuevo dictamen del ministerio, hecho por los mismos que antes habían dicho que no, más algún que otro asesor, llegan a la elaboración de un dictamen favorable». Suárez había buscado un soporte jurídico dentro de una estrategia —según Martín Villa— típicamente franquista: actuar por sorpresa y en vacaciones, aprovechando la oportunidad que le ofrecía la dispersión del Gobierno y de la clase política durante la Semana Santa, para mitigar los efectos del posterior anuncio. La discreción se haría extensible a la mayoría del Gobierno, que no tuvo conocimiento de la legalización hasta que fue un hecho consumado.

El fiscal del Reino convocó a la Junta de Fiscales Generales para el día 9 de abril, Sábado Santo, a las doce de la mañana. El dictamen fue favorable a la tesis de la legalización del PCE, al no encontrarse hechos que determinasen su incriminación en cualquiera de las formas de asociación ilícita definidas en el artículo 172 del Código Penal. Martín Villa recibió el informe y lo trasladó al presidente. La puerta había sido definitivamente abierta, no quedaba sino resolver. De este modo, el PCE quedaba inscrito con el n.º 126 en el folio 156 del libro I del Registro de Asociaciones del Ministerio de la Gobernación. Dice Miguel Platón (pág. 130) que «la comunicación formal fue remitida esa misma tarde a Ramón Tamames, ya que era este quien había encabezado el recurso. A Carrillo le coge la noticia en Cannes; a la Pasionaria, en Moscú».

El Domingo de Resurrección, 10 de abril, se prepararon el comunicado oficial y las notas de prensa. Durante el fin de semana siguiente, el PCE celebró sus primeros actos públicos legales, y en ellos Carrillo se presentó con una gran bandera nacional en el estrado. Dos días antes, en el aniversario de la Segunda República, el Comité Central, a propuesta del secretario general del partido, había aprobado la bandera, renunciado a cuestionar la monarquía y defendido la unidad nacional. Fue una petición expresa de Suárez, quien casi veinte años después declararía[68] que «estaba dispuesto a no legalizarlos si no cumplían con esas condiciones; y es que no lo hubiese hecho, ni hubiera podido hacerlo».

Con la legalización del PCE se eliminaba un foco desestabilizador, ilegal y clandestino en la difícil primera etapa democrática. El hecho sorprendió con el paso cambiado a la opinión pública, en general, y a la gran mayoría de los componentes de las Fuerzas Armadas, en particular. Pero el ministro de la Gobernación tenía entonces la seguridad de que las Fuerzas Armadas actuarían disciplinadamente, del modo como habían aceptado la reforma política. Uno de sus miembros, el teniente general Cassinello, hacía su particular análisis muchos años después:

Aquella legalización, de la que racionalmente me mostré partidario, aunque me rasgara el alma hundida en los recuerdos de mi niñez, me produjo heridas e incidentes que no vale la pena consignar. Tantos gritos, tantos puños en alto, tantas llamadas a la acción revolucionaria… ¿para acabar sacando apenas una veintena de diputados en las primeras elecciones y caer cuesta abajo desde entonces, aunque se busque la alianza de verdes y republicanos nostálgicos? Me reitero en la audacia emocional y en la racionalidad de la decisión de entonces.

LA REPERCUSIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS

El mismo Cassinello resumía así el sentir del estamento militar ante la legalización del PCE:

Ya he indicado anteriormente que el problema de la legalización del PCE era, fundamentalmente, un problema emocional. Pesaba la machacona propaganda franquista de los años anteriores, pero pesaba, también, el recuerdo de su actitud durante la Guerra Civil, de las checas y los asesinatos cometidos, que ahora parecen haber desaparecido. […] Del colectivo emocionalmente enfrentado al comunismo, destacaba el estamento militar. Cuando se produce su legalización, todos los generales y almirantes, como la inmensa mayoría de los coroneles y capitanes de navío, habían luchado en la Guerra Civil como oficiales subalternos (tenientes y capitanes). A partir de esos empleos, los cuadros de mando, con alguna excepción poco significativa, procedían de los ingresados en las academias militares después de terminada esa guerra. Ya habían desaparecido los gestores del alzamiento. Pero los ejércitos son instituciones fuertemente jerarquizadas, en las que es insólito disentir con opiniones del mando. Lo que opina ese mando tiene una trascendencia enorme en un colectivo habituado a la disciplina. De todas formas es importante señalar esa fractura generacional, que puede llevar a pensar de distinta manera, pero nunca a romper la disciplina.

En el capítulo «El disgusto de los militares», de la obra colectiva Historia de la Democracia (pág. 362), Miguel Platón da cuenta de la sorpresa con que Sabino Fernández Campo, quien, como subsecretario de Información y Turismo, colaboró con Martín Villa en la elaboración del comunicado oficial y las notas de prensa, recibió la noticia. El general «recordó que después de la reunión de septiembre los ministros militares y jefes de Estado Mayor habían enviado circulares a las unidades, en las que se daba cuenta del compromiso presidencial de no legalizar el PCE». Le preocupaba que los mandos de las Fuerzas Armadas no hubieran sido informados e insistió sobre el tema ante el ministro de la Gobernación: «Si no se le ha dicho a la cúpula militar, ¿será procedente que se enteren por los medios de comunicación? ¿No es grave que llegue a su conocimiento como un hecho consumado?». Pasados los años, en una conversación mantenida con él en 2005, Fernández Campo me recordaba que abandonó el despacho de Martín Villa «con gran enfado militar».

El Lunes de Pascua, día 11 de abril, empezaron a llegar al SECED las primeras impresiones sobre la reacción producida por la noticia del Sábado Santo. Procedían del Alto Estado Mayor, y con ellas se preparó una nota para que el presidente Suárez tuviera una primera información sobre el ambiente generado por la legalización del PCE. Sus párrafos iniciales decían:

En el AEM se han observado esta mañana reacciones coincidentes con las de cualquier organismo militar. Los que participaron o conocieron la Guerra Civil acusan al poder de alta traición; los más jóvenes o más moderados se limitan a decir que no entienden nada de lo que está ocurriendo, que se trata de un mal menor; y hay opiniones que se acercan más a la creencia de que el pueblo y, desde luego, las Fuerzas Armadas han sido engañados o al menos ignorados. Se ha apreciado una mayor radicalización en las conversaciones con los más «ortodoxos», que critican abiertamente a todo el mando militar, incluido el propio jefe del AEM y el ministro y lanzan las peores diatribas contra el teniente general Gutiérrez Mellado, contra el presidente e incluso contra el rey, a quien acusan de ser responsable de golpe de Estado por la política de los últimos meses. No ha sido —dicen— el estabilizador de las instituciones, sino su enterrador, por lo cual […] debe abandonar el poder y España cuanto antes.

Entre los comentarios de los más radicales era lugar común la reunión que Suárez había mantenido meses atrás con los tenientes generales. Mientras, los más moderados suponían que había habido «razones de praxis política que aconsejaron la legalización», pero no comprendían por qué no se les habían expuesto.

En la referida nota se recogía también la reacción de la Armada, haciendo hincapié en la unanimidad de la crítica, que se identificaba con la de los sectores más radicales del Alto Estado Mayor. Estas noticias coincidían con la información que ese mismo día se nos transmitía desde fuentes navales en Vitruvio. Según estas, la carta de dimisión del almirante Pita da Veiga estaba sobre la mesa del presidente del Gobierno. Dos semanas antes, el 29 de marzo, el ministro de Marina ya había reunido al Consejo Superior de la Armada para solicitar su opinión sobre el tema. Y, como seguramente esperaba, los almirantes se habían manifestado en contra de la posible legalización del PCE. La radical postura de la Armada quedaría nuevamente de manifiesto en una posterior Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM). De ahí que no pudiera sorprender que el ministro de Marina montara en cólera al enterarse de la legalización por televisión. Más aún si, como afirma Miguel Platón (pág. 431), Suárez se había comprometido personalmente con él a no tomar «decisión alguna sobre este asunto sin someterlo antes a debate en Consejo de Ministros».

Por su parte, Gutiérrez Mellado —criticado con particular dureza en el escrito de dimisión de Pita da Veiga— afirmó al periodista Jesús Picatoste[69] que él personalmente había llamado «a los ministros militares por encargo del presidente Suárez, anunciándoles la inmediata posibilidad de la legalización del Partido Comunista si el informe judicial que se había solicitado era positivo». Suárez, en despacho del día 12 de abril, confirmaría a Cassinello que los ministros militares conocían la decisión de la legalización, pues él mismo se la había comunicado al ministro del Aire, en el supuesto de que este informaría a sus compañeros; además, aseguraba con toda firmeza que el vicepresidente se lo había notificado a los ministros del Ejército y la Marina.

Hubo dificultades serias para nombrar al sucesor de Pita da Veiga, después de que el almirante Buhigas no aceptase la cartera, ni tampoco ninguno de sus compañeros en activo. Finalmente, Gutiérrez Mellado propuso al almirante Pascual Pery Junquera, que se hallaba ya en la situación de reserva y que, en palabras del vicepresidente primero, «aceptó por patriotismo».

Pero en aquellos momentos de crisis la clave estaba en la decisión que tomase el ministro del Ejército, pues, si seguía la línea de Pita da Veiga, Suárez y su reforma podían irse al traste, por lo cual era importante sujetar al teniente general Álvarez-Arenas. Su silencio diluyó la posibilidad de una renuncia colectiva de los ministros militares, que hubiera tenido los graves matices de un pronunciamiento. Su hija —basándose en documentos del archivo particular de su padre— aseguraría años después que Álvarez-Arenas no había sido informado previamente por Gutiérrez Mellado y que se había enterado por la televisión a las nueve de la noche del Sábado Santo. Según este testimonio, el ministro del Ejército habría contactado con Suárez de inmediato para presentar su dimisión, y solo la disciplina militar y, en especial, una llamada de Zarzuela lo habrían evitado.

Este hecho, en todo caso, no trascendió, y el ministro se limitó a convocar una reunión urgente del Consejo Superior del Ejército para el día 12 por la tarde, reunión a la que no pudo asistir por encontrarse enfermo. La tensión presidió los compases iniciales de este consejo extraordinario, con manifestaciones abiertamente antigubernamentales de los tenientes generales más radicales, que redactaron un acta poco respetuosa con el Ejecutivo. Tras casi seis horas de debate, en ocasiones crispado, los más moderados consiguieron la modificación del acta, contentando a los demás con una declaración de matiz anticomunista en la que, no obstante, se acataba el hecho consumado por disciplina incondicional a las órdenes del rey.

Dos días después, se envió desde el ministerio una nota a todos los generales, jefes, oficiales y suboficiales, que llegó a las unidades el día 15 y cuyo texto era el siguiente:

En la tarde del pasado 12 de abril, el Consejo Superior del Ejército […] se reunió a efectos de considerar la legalización del Partido Comunista de España y el procedimiento administrativo seguido al efecto por el Ministerio de Gobernación, según el cual se mantuvo sin información y marginado al ministro del Ejército. El Consejo Superior del Ejército consideró que la legalización del Partido Comunista de España es un hecho consumado que admite disciplinadamente; pero, consciente de su responsabilidad y sujeto al mandato de las leyes, expresa la profunda y unánime repulsa del Ejército ante dicha legalización y acto administrativo llevado a efecto unilateralmente, dada la gran trascendencia política de tal decisión. La legalización del Partido Comunista de España por sí misma, y las circunstancias políticas del momento, determinan la profunda preocupación del Consejo Superior, con relación a instancias tan fundamentales cuales son la unidad de la patria, el honor y respeto a su bandera, la solidez y permanencia de la Corona y el prestigio y dignidad de las Fuerzas Armadas. En este orden, el Consejo Superior exige que el Gobierno adopte, con firmeza y energía, todas cuantas disposiciones y medidas sean necesarias para garantizar los principios reseñados. Vinculado a cualquier decisión que se adopte, en defensa de los valores trascendentes ya expuestos, el Ejército se compromete con todos los medios a su alcance a cumplir ardorosamente con sus deberes para con la patria y la Corona.

Como afirmaba Cassinello años después, en una conferencia celebrada en la Fundación Ortega y Gasset en octubre de 1986, «la nota fue rápidamente desmentida y retirada. La verdad es que la primera nota fue cierta y que, solo después de fuertes presiones, se dio otra versión más dulcificada de lo tratado». La rectificación posterior no impidió que se especulara acerca de las consecuencias que se derivaban del primer escrito, hasta que, finalmente, el día 18 la Secretaría Militar del ministerio emitió una nueva nota de prensa, en la que se afirmaba que el documento anterior no había obtenido la aprobación del ministro ni del jefe del Estado Mayor del Ejército. El texto concluía con el siguiente párrafo:

… quiero expresar mi seguridad de que todos cuantos orgullosamente pertenecemos al Ejército español sabremos cumplir con nuestro deber de mantenernos disciplinadamente unidos, confiando plenamente en nuestros mandos, a las incondicionales órdenes de nuestro rey y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, así como al servicio de España, dentro del mayor respeto y acatamiento a las decisiones de nuestro Gobierno, que no tiene otra mira que laborar incansablemente por el bien de la patria y con la más absoluta lealtad a la Corona, al tiempo que con la mayor consideración y afecto para las Fuerzas Armadas.

Un día después, el director del SECED preparaba una nota informativa para el vicepresidente Gutiérrez Mellado, en la que se hacía una valoración de la situación de las Fuerzas Armadas. Destaco aquí uno de sus párrafos:

El natural desasosiego existente en el personal de las Fuerzas Armadas en relación con los acontecimientos en torno al PCE alcanzó su punto culminante cuando se hizo pública la legalización de este. Los tres párrafos principales del acta de la reunión del Consejo Superior del Ejército a que se dio amplia publicidad tuvieron la virtud de calmar algo los ánimos. Pero las sucesivas notas y contranotas que de una u otra forma han sido difundidas han añadido a la situación un estado de desconcierto que amenaza gravemente la disciplina y unidad del Ejército.

En opinión de los generales y almirantes que colaboraron en la obra de Platón (págs. 426 y 442),

… la crisis que se produjo en abril de 1977, a causa de la legalización del PCE, fue la más grave del periodo histórico que recoge esta obra (1939-1996), debido a que hubo un rechazo de la institución militar a la política del Gobierno, lo que no ocurrió en un episodio tan crítico como el golpe de Estado de 1981, respaldado solo por una minoría.

La falta de explicación política a los mandos de los Ejércitos fue la principal crítica que los militares españoles hicieron a Suárez. Si se hubiera producido esa información descendente se podría haber eliminado el choque de la sorpresa, aunque es dudoso sostener que el rechazo hubiera sido menor. En todo caso, el resultado de esta crisis fue una falta de adhesión a la política gubernamental y de confianza en el presidente Adolfo Suárez. Ambas se mantendrían durante todo su mandato, con inevitables repercusiones para el vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado.

También repercutió en el SECED. En determinados ámbitos del Alto Estado Mayor se vertieron críticas acerca de la acentuada orientación reformista del Servicio y su intervención en la legalización del PCE. La noticia llegó hasta Cassinello, que, tras informar a Suárez, se trasladó a despachar con el segundo jefe del Alto Estado Mayor, almirante Romero, entregándole un parte en el que se señalaba que en una reunión celebrada en sus instalaciones se «expusieron las acusaciones y amenazas de formación de tribunal de honor contra él [Cassinello]». La noticia había trascendido a la prensa, y solo la retractación pública de los implicados permitió al director del SECED retirar el parte y dar por zanjado el incidente. También en el interior del Servicio hubo resistencias a la legalización, y uno de los miembros más renuentes —el teniente coronel Beneyto—, sintiéndose engañado por el presidente del Gobierno, le trasladó una carta a través de Cassinello. Beneyto pediría la baja en el SECED poco después.

17
LAS ELECCIONES GENERALES

Una vez superada la difícil prueba de la legalización del Partido Comunista, resuelta la crisis militar y lograda la aceptación de la monarquía por la oposición recién legalizada, el presidente Suárez, radiante y desprendiendo un optimismo contagioso, convocó el 15 de abril las primeras elecciones generales para formar las nuevas Cortes. Valga reseñar que, como hecho simbólico, unos días antes, el 1 de abril (curioso aniversario), se había suprimido la Secretaría General del Movimiento. Poco después se eliminaban, por orden del Gobierno, todos los símbolos y emblemas que se exhibían en edificaciones e instalaciones públicas de toda España, incluido el gigantesco del yugo y las flechas de la calle Alcalá de Madrid. Tras cuarenta años desaparecía el partido único sin grandes traumas.

Pero volvamos a las elecciones. Aunque la «comisión de los nueve», que integraba a la oposición moderada, quería participar en la redacción de la normativa electoral, Suárez aprovechó el abandono del PSOE-renovado en protesta por la legalización del PSOE-histórico para, sin más trámites, promulgar un decreto-ley con la ansiada normativa. La publicación del calendario electoral supuso para los líderes políticos el inicio de una frenética actividad organizativa a fin de improvisar rápidamente la maquinaria electoral. Era importante ocupar antes del histórico 15 de junio de 1977 la mejor posición relativa en la línea de salida, para disputar el voto de un electorado muy poco definido aún ideológicamente, pero que se inclinaba mayoritariamente por la moderación, tal como indicaban las encuestas de opinión. En contraste, la actividad de las bases de las formaciones de ideología más marcada, que se polarizaban a derecha e izquierda del espectro político, venía a demostrar un paradójico desfase entre militantes y votantes.

Al mismo tiempo, fueron surgiendo de forma progresiva un abundante número de pequeños grupos políticos moderados de escasa o nula militancia. Todas las formaciones aspiraban legítimamente a beneficiarse del nuevo panorama político, pero la mayoría compartía dos inconvenientes: su dispersión y su fraccionamiento, y por tanto su insuficiente implantación territorial, lo que beneficiaba a las opciones más definidas de la derecha y de la izquierda. De ahí la conveniencia de aclarar cuanto antes el confuso panorama preelectoral: los gobernantes intuían que si no se concentraba el voto del centro, el resultado final podría verse falseado. Sin embargo, a la hora de diseñar la mejor solución, aparecían las diferencias.

INFORME DEL SECED ANTE LAS ELECCIONES GENERALES

La posible celebración de las primeras elecciones generales de la nueva democracia acaparaba buena parte de la atención ya a principios del año 1977. Pero los interrogantes eran más que las certezas, tal y como se palpaba en los círculos políticos y medios de comunicación, De ahí que el SECED mostrara su preocupación ante Cassinello e intentara adelantarse a los acontecimientos elaborando —tan temprano como el 14 de enero— un informe de la situación:

No es necesario insistir en la importancia y trascendencia de los próximos comicios para el futuro inmediato de la vida política, social y económica de España. Pero sí parece aconsejable recalcar una vez más el hecho de la falta de madurez y preparación que se observa en los partidos políticos que van a acudir a las elecciones; lo cual puede resultar extremadamente grave. Al día de hoy solamente dos grupos se hallan preparados para afrontar esa etapa: el PCE y la Alianza Popular. El primero, con una organización eficiente y dotado de medios económicos, pudiera ser considerado ilegal a efectos de participar en las elecciones; la segunda, que cuenta con el núcleo más amplio de figuras de prestigio, no dispone de apoyo financiero y tiene el rechazo de los restantes grupos políticos e incluso del propio Gobierno. Podría añadirse el PSOE(r), cuyos medios y organización superan también a los demás partidos políticos. En el resto del espectro político español, puede decirse que en la actualidad no hay más que unas pocas personalidades sueltas, incapaces de coordinar sus esfuerzos y de atraer a las masas de electores. El panorama es en este aspecto desolador: ni los nacionalistas, ni los democristianos, ni los liberales ni los socialdemócratas son capaces de aunar seriamente sus esfuerzos para lograr alianzas que determinen la clasificación de posturas y programas políticos […].

El Gobierno parece prodigar la especie de su independencia, cuando al menos debiera ser claramente beligerante en el fomento y apoyo de agrupaciones más fuertes y extensas, sean de la ideología que fuere. Ese mismo objetivo de reducir el actual centenar de siglas a una docena, como máximo, debería ser también misión fundamental para el Servicio en los próximos meses, pues el buen desarrollo y éxito de las elecciones depende en gran parte de la concentración de grupos. Otra cosa sería inviable; demostraría al pueblo español la incapacidad de los políticos y en último término produciría unas Cortes ingobernables […].

Ahora bien, se viene insistiendo desde hace meses en los indicios de organización de una alianza independiente promovida, o al menos sugerida, desde el poder. La idea que marcó ese proyecto fue, al parecer, encontrar una alternativa a AP, con un talante más joven, más democrático y social y de apoyo indiscutible a D. Juan Carlos. Cubriría un amplio sector de centro y centro-izquierda, abriendo un nuevo cauce a los ideales sociales no alcanzados por el régimen. Es difícil pensar que esa alianza independiente se apoye en los grupúsculos democristianos, liberales y socialdemócratas que tanto suenan en la España de papel. En primer lugar, porque sería un descrédito para esa nueva vía; en segundo, porque su coordinación será probablemente inviable. De donde se deduce que, de ser cierta esa presunta idea de gobierno, habría de apoyarse en personas y masas aún vírgenes. La idea es sugestiva y puede ser, desde un punto vista de política nacional, muy conveniente. Pero ¿hay tiempo para ponerla en marcha en cinco meses?

De toda esta maniobra no hemos tenido la menor confidencia descendente […] pedimos información o criterios de primera mano sobre ese tema tan urgente y trascendental como serán las próximas elecciones. […] No estamos aquí para ser meros espectadores. Seguramente se nos pide algo más: difundir el espíritu de unión, el de patria, el de generosidad y el de sinceridad y claridad con el pueblo.

LA FRENÉTICA ACTIVIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Durante los meses previos a la celebración de los comicios, buena parte de los directivos del SECED volcaron su esfuerzo y su dedicación en la obtención y evaluación de informaciones que pudieran ser de alguna utilidad al presidente del Gobierno. Centenares de conversaciones dieron como resultado numerosas reseñas, notas y otros documentos que resulta imposible siquiera mencionar. De modo que, aunque en los primeros meses del nuevo año 1977 las mutaciones de pactos y agrupaciones fueron casi continuas, parece más sensato llevar a cabo una vuelta al horizonte político, de derecha a izquierda —con la socialdemocracia como límite—, siguiendo el posicionamiento ideológico de los partidos más relevantes. Más allá de los ámbitos meramente partidistas, la sensación general —hasta la creación de UCD— era que Alianza Popular y el PSOE-renovado (aliado o no con otros grupos socialistas) eran los partidos con más posibilidades. A ambos se les atribuía alrededor del 30 % de los votos.

Los grupos formalmente vinculados al pensamiento joseantoniano trataban de encontrar una vía de unión entre Falange Española de las JONS, Fuerza Nueva y otras formaciones más o menos afines. Alianza Popular (AP), como es sabido, congregaba diversas agrupaciones[70]. Sus hombres más representativos habían desempeñado puestos de responsabilidad durante el régimen anterior y ahora se veían supeditados al indiscutible liderazgo de Fraga. En la segunda quincena de enero, el comandante Atienza y yo visitamos en varias ocasiones al consejero del Reino Álvaro Lapuerta, quien criticaba la presión del Gobierno sobre AP y, en particular, sobre la persona de Manuel Fraga. Según nos confesaría un mes después, la parcialidad política del Gobierno hacía pensar a AP en la posibilidad de no participar en las elecciones, tal como Fraga había anunciado a Suárez en protesta formal. Alianza Popular no deseaba un trato especial, pero sí el mismo que Moncloa estaba dando al PSOE; y, sobre todo, que el Gobierno no fuera beligerante con ella.

Existían algunas tensiones internas, o al menos eso nos sugería a finales de enero Julio Nieves; el presidente de la Diputación de Segovia nos manifestó que veía ya en AP dos facciones: una encabezada por Fraga, Esteruelas y De la Fuente, y otra por Silva, López Rodó… Otros observadores nos indicaban que AP estaba perdiendo a algunos colaboradores próximos a Fraga, como Cabanillas o Cisneros, que aterrizaban en el Partido Popular. Sin embargo, la coalición parecía estar asentando su posición entre el electorado, aumentando sus perspectivas de voto al conocerse la implicación de miembros de la extrema derecha en los funestos sucesos de la calle de Atocha. Fraga seguía presentándose como verdadero conductor, capaz —como Suárez— de atraer masas de votantes.

Con Federico Silva tuve oportunidad de hablar el 17 de marzo. Se le veía satisfecho con la marcha de AP, si bien no esperaba de ningún modo que el partido pudiera lograr una mayoría absoluta. Le parecía increíble que Suárez fuese a lanzar su propio partido, como extendían los rumores. Pedía al SECED que informase con insistencia al presidente de la buena disposición de AP a darle su apoyo; no en vano, las grandes líneas de acción, la formación y la procedencia de sus respectivos seguidores eran análogas.

Y pasemos al centro, donde numerosos y variopintos partidos políticos e ideologías se disputaban una posición equidistante de Alianza Popular y el socialismo. A Joaquín Garrigues Walker le encontré eufórico en enero; estaba rematando una operación política y confiaba en la pronta incorporación de Fernández Ordóñez e incluso de Álvarez de Miranda a su Partido Popular Demócrata Cristiano (PPDC). Garrigues, que se ubicaba en el centro-derecha del espacio electoral, me anunciaba próximos contactos con el Grupo Parlamentario Independiente (GPI) y con Ruiz-Giménez, que también se interesaba por la formación de un nuevo centro liberal al que Garrigues ya denominaba Centro Democrático (CD).

Efectivamente, a comienzos de 1977 empezaba a gestarse el Centro Democrático, cuyo núcleo más importante sería el Partido Popular (PP), de mayoría democristiana, bajo la batuta de Ortega Díaz-Ambrona, alrededor del cual se irían agrupando partidos y personas de orígenes y planteamientos políticos muy diversos. Se afirmaba que la operación estaba conducida por Osorio y apoyada por los otros ministros democristianos, y tenía como finalidad deshacer Alianza Popular y aprovechar sus mejores activos para incorporarlos al PP.

Convocado por el conde de Motrico —suegro de Joaquín Garrigues—, acudí a su despacho en la plaza de la Lealtad a principios de marzo. Allí me explicó el esfuerzo con el que habían levantado de la nada el Partido Popular, y me informó de que su vocación era ampliar el partido con la fundación del Centro Democrático, que agruparía a todos los grupos liberales. Luego invitarían a Fernando Álvarez de Miranda y también a la UDE, con todas las dificultades que ello conllevaba. Me contaba Areilza haber recibido un Boletín de Opinión (que se achacaba a los servicios de Presidencia) del que se desprendía una subida en flecha del PP y del Centro Democrático, incremento que había engendrado el recelo del Gobierno. Areilza había almorzado tres semanas antes con Martín Villa, a quien expuso el deseo firme del PP de mantenerse al margen del Gobierno, aunque sus líneas fueran paralelas en muchos aspectos. Sorprendía a mi interlocutor que a partir de aquel almuerzo se había desatado una ofensiva total contra el partido, entorpeciendo lo suficiente para que el Centro Democrático no siguiera adelante. Me comentaba, además, que Torcuato Fernández-Miranda prevenía al rey sobre las elecciones, pretendiendo algo así como impedir que un grupo político llegase a representar más del 20 % del electorado, para que el conjunto pudiese manejarse con facilidad.

La víspera se había celebrado una reunión de los dirigentes del PP, y Areilza había dicho a Cabanillas que el partido tenía que seguir adelante sin aceptar que el grupo democristiano, teledirigido por Landelino Lavilla, Leopoldo Calvo-Sotelo y otros, quisiera mandar en todo. El entorno del conde de Motrico daba por hecho un pacto con Fraga para entrar en un nuevo Gobierno presidido por Adolfo Suárez, en el que Areilza ejercería de vicepresidente, Cabanillas de ministro de la Presidencia y Fraga de Exteriores o Defensa. Por su parte los «Tácitos» del PP trataban de conservar férreamente el control del partido marginando a los sectores liberal y socialdemócrata. Se hablaba de luchas provocadas desde fuera por Osorio y Álvarez de Miranda contra Areilza y Cabanillas, todo lo cual originaba una preocupante inestabilidad en el PP y, por ende, en el Centro Democrático.

Álvarez de Miranda me convocaba en su despacho para ofrecerme su versión sobre las tensiones surgidas en el seno del PP a causa de la línea política que propugnaban los «Tácitos» y otros dirigentes democristianos propensos a seguir el camino progubernamental. Areilza y Cabanillas buscaban una vía independiente de la patrocinada por Suárez, torpedeando cualquier intento colaboracionista del PP y acaso esperando una oportunidad que surgiese en el futuro inmediato para alzarse con el Gobierno.

Al fin, el 16 de marzo, a primera hora, recibimos la noticia de que Adolfo Suárez iba a presidir el Centro Democrático, presentándose a las elecciones sin abandonar la presidencia del Gobierno, incompatibilidad que sí se aplicaría a varios de sus ministros, que iban a abandonar el Ejecutivo para presentarse a las elecciones por el CD, con la esperanza de alcanzar el 60 % del voto nacional. La operación consistía en crear una gran alianza de centro con pacto previo para gobernar, de la cual serían excluidos Areilza y Cabanillas, que serían recompensados respectivamente con una senaduría real y una embajada.

En la tercera semana de aquel mes de marzo, Areilza estaba muy molesto con los democristianos, pues veía ya con claridad que la remodelación del CD iba a llevarse a cabo a costa suya y de Pío Cabanillas. Fechas después, desde el entorno de Areilza se nos ofrecía una explicación a su definitiva dimisión del jueves 24 de marzo, decisión que habría acarreado numerosas bajas en el PP, ya que parte de sus militantes se habrían trasvasado a Alianza Popular.

Ya he hecho referencia al Grupo Parlamentario Independiente (GPI), que pretendía constituirse en Federación Social Independiente (FSI), como ala izquierda del CD. En enero de 1977 era conocido el interés gubernamental de que aquel GPI se convirtiese en una especie de socialdemocracia azul heterogénea impulsada por altos cargos como Martín Villa, Sánchez de León, Navarro, Meilán… Algunos especialistas políticos trataban de identificar ese proyecto con el partido institucional, aún en la sombra, dadas las buenas relaciones personales de muchos de sus componentes con Adolfo Suárez y su Gobierno, con dos tendencias claras: una propopular y otra seuista.

Continuando nuestro desplazamiento hacia la izquierda política, numerosos grupos de tinte socialdemócrata trataban también de hacerse un hueco en el terreno de juego electoral, y formar agrupaciones más fuertes. Varios de aquellos grupos —entre otros, los de Chueca, Fernández Ordóñez, Clavero Arévalo y González Seara— se integraron en la Federación Social Demócrata (FSD), de la que era secretario de Acción Política Arturo Moya. La FSD había rechazado la invitación de Areilza y Cabanillas para incorporarse al Centro Democrático, se declaraba en contra de la democracia cristiana confesional y se pronunciaba abiertamente opuesta al PSOE(r). Días después, Moya se esforzaba en explicarnos las tensiones aparecidas en su seno: presentía que algunos partidos socialdemócratas estaban próximos a entrar en el Centro Democrático. Pensaba también que los grupos socialistas democráticos terminarían entregándose al PSOE(r). En marzo, Lasuén, secretario de la FSD, cenaba con Alfonso Osorio para discutir la integración de esa federación en el gran bloque de centro que podría resultar la todavía no desvelada opción política de Adolfo Suárez.

En el mes de marzo tomamos también contacto con Manuel Murillo, secretario general del PSOE(h), que quería hablarnos de la Unión Electoral del Centro Izquierda (UECI), en la que su partido era el de mayor relevancia. La línea política era de un socialismo de corte europeo, de amplio espectro, que abarcaba desde una socialdemocracia reformista hasta un marxismo minoritario no radical, y pretendía ocupar buena parte del espacio del PSOE(r), que, según Murillo, estaba en franca crisis por su extremismo. Dedicó un buen rato a la Federación Social Independiente (FSI); había conocido a miembros del Grupo Parlamentario Independiente (GPI) y no hacía ascos a formar bloque con ella siempre que se desprendiese de la imagen de partido gubernamental. Veía a Fernando Suárez como el líder adecuado para dirigir todo ese futuro conglomerado. En realidad, la situación del PSOE(h) era crítica, como también —según nos detalló su líder, Manuel Cantarero— la de Reforma Social Española (RSE), integrada asimismo en la UECI.

LA CREACIÓN DE UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO (UCD)

Era prioritario definir el papel que había de jugar Adolfo Suárez. Muchos —en particular los políticos reformistas alejados entonces del poder ejecutivo— pensaban que, tras la convocatoria electoral, Suárez debía dejar paso a otros líderes que clarificasen el centro político. Sin embargo, desde Moncloa se entendía que la reforma consensuada no debía derivar hacia una ruptura pactada, acaso encabezada por José María de Areilza, ni hacia un reformismo conservador, capitaneado quizá por Manuel Fraga. Martín Villa cuenta así cómo Suárez tomó la decisión de liderar el proyecto de Unión de Centro Democrático (UCD):

El presidente Suárez decidió presentarse a las elecciones al frente de esta coalición a la que, por supuesto, había que reforzar en todos los órdenes para incrementar su aceptación popular. Estaba claro que Suárez no se alinearía nunca con Alianza Popular, no solo por razones de índole personal, pues de todos eran conocidas sus incompatibilidades con Manuel Fraga y algunos de los compañeros de este, sino porque su proyecto político hubiera sido limitado y revisado por los aliancistas.

Según el propio presidente del Gobierno, el rey y Fernández-Miranda le urgieron a encabezar un partido de amplio espectro. El objetivo era evitar el triunfo de la izquierda, que en esos momentos hubiese provocado una intervención militar. Es difícil matizar cuándo empezó el presidente a tener una idea definida sobre el alcance de su papel en la nueva etapa estratégica del proceso político: la de la consolidación, pero es evidente que su demostrada vocación política le hubiera impedido quedarse al margen.

Cuenta Rafael Ansón[71] que cuando estaba decidida la fecha de las elecciones todavía no existía el partido político que debía capitanear el presidente del Gobierno y que UCD «se constituyó gracias, en buena medida, a las gestiones y a la intervención de Leopoldo Calvo-Sotelo». El propio Manuel Ortiz ofrece algunas pinceladas interesantes sobre aquella etapa preelectoral. Al parecer, el día de San José, José María Ruiz Navarro invitaba a cenar en su casa a los ministros democristianos Osorio y Lavilla, a directivos del Partido Popular como Cabanillas, Pérez-Llorca y Guerra Zunzunegui y a los denominados «democristianos incorruptos», Cavero y Álvarez de Miranda. A los postres aparecería Calvo-Sotelo, que —tras dimitir como ministro— sería después, por delegación de Suárez, administrador general del invento centrista. Se planteaba la disyuntiva Suárez-Areilza, que no se resolvería hasta que el presidente del Gobierno sondeara, la semana siguiente, a todos y cada uno de los líderes de aquellas formaciones moderadas. Pero el tiempo del conde de Motrico había pasado, y el presidente convenció: solo podía alcanzarse el triunfo con él. A partir de entonces Suárez planeó cuidadosamente su estrategia, y el 3 de mayo, fecha en que acababa el plazo de inscripción electoral, el presidente anunció una intervención en RTVE a las diez de la noche.

La coalición Unión de Centro Democrático fue firmada por los representantes de una docena de partidos[72]. El documento programático decía:

La UCD se propone ofrecer a los electores una posición moderada, como la que representan los partidos no marxistas preponderantes en Europa, de filiación demócrata-cristiana, liberal y socialdemócrata, para apoyar en las próximas elecciones y en las Cortes la política del presidente Suárez, en la consolidación definitiva y pacífica de una democracia estable en España.

Las posiciones se iban aclarando definitivamente de cara a las elecciones. El franquismo sociológico se integraba de forma paulatina en la federación de partidos de Alianza Popular, que, junto a Fraga, encabezaba —en un discreto segundo término— Arias Navarro. Por su parte, el PSOE-renovado hacía suyos los ideales de la socialdemocracia alemana bajo el liderazgo de un joven moderado que no producía rechazo, Felipe González; y los socialistas no integrados en este PSOE formaban grupos como la Unión Socialista (en la que se integraba el PSP de Tierno Galván). El PCE, con Carrillo y la Pasionaria a la cabeza, hacía una campaña suave y habilidosa: «Votar comunista es votar democracia».

NEUTRALIDAD DEL SECED ANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL

La decisión del presidente del Gobierno de encabezar una nueva formación política y la posibilidad de que permaneciera al frente del Ejecutivo tras la constitución de las futuras Cortes pusieron a la dirección del SECED en la situación de reconsiderar la función informativa del Servicio ante la lucha multipartidista que se avecinaba, y de comunicar a Suárez el deseo de La Casa de mantener su apuesta por la neutralidad política, con cierta urgencia y de forma muy explícita. Noticia que, naturalmente, no resultó del agrado del presidente del Gobierno.

Cassinello redactó un documento doctrinal, «El Servicio ante las elecciones», en el que anticipaba la deseable desaparición de un organismo de información cuyas características y actividades no se ajustaban ya al pluripartidismo que estaba a punto de iniciarse. En la Reunión General de Delegados de mayo de 1977 Cassinello decía a los convocados:

Para nosotros la presentación de Suárez suscita un grave problema de conciencia. Tenemos que ser neutrales en todo el proceso electoral y ante todos los grupos legales […]. Creo que esa postura neutral del Servicio supone una idea clara de cuál es nuestra misión y cuál es nuestra función. Pero al mismo tiempo supone un riesgo que vamos a tener que pagar, porque lo fácil hubiera sido uncirse al carro del Gobierno, lo fácil para el Servicio hubiera sido desempeñar las mismas funciones que desempeñamos frente al referéndum: pero es lo que no debíamos hacer y es lo que no haremos de ninguna de las formas.

Eran notables las diferencias existentes entre ambas convocatorias electorales: en el referéndum no se ponía aún en juego el carácter autocrático de la designación del presidente del Gobierno; pero a partir de las elecciones multipartidistas el nombramiento del presidente correspondería a la mayoría parlamentaria, vinculada a una de las formaciones o coaliciones políticas triunfadoras. De aquí que la posición del Servicio tuviera que empezar a cambiar. No debía parecer que estaba a las órdenes de uno de los contendientes, y había que orientar toda su labor de información hacia los grupos extremistas que seguían intentando boicotear la Transición.

Por el contrario, Martín Villa sustentaba en su ministerio un punto de vista opuesto: a partir de ese momento, la información preferente sería la electoral, tanto a nivel nacional (a través de la Dirección General de Política Interior) como provincial (por medio de los gobernadores civiles), orientación que obligó a la División de Operaciones del SECED a difundir el 10 de mayo el criterio siguiente:

Una vez iniciada prácticamente la campaña electoral, y habiendo decidido el presidente del Gobierno presentarse a ella […], el Servicio debe extremar su actitud de modo que quede perfectamente clara, a todos los efectos, la más absoluta carencia de apoyos a cada una de las diferentes opciones, ya sean gubernamentales o no. Ningún tipo de preferencia personal, por muy razonable que aparezca en criterios contrasubversivos, podrá justificar su incumplimiento, ya sea en forma de asesoramientos generales, entrega de datos, nombres, informes, apoyo en la confección o difusión de propaganda o cualquier otro tipo de acción.

Esta precisa aclaración hacía referencia a no pocas ni pequeñas presiones que se ejercían sobre el director del SECED desde muy diversas esferas políticas gubernamentales. Autoridades que durante muchos años habían disfrutado de una información privilegiada desde el núcleo central y desde las delegaciones del Servicio pretendían seguir obteniendo facilidades para eleborar las listas electorales en las diversas circunscripciones, anticipándose y aventajando a otras formaciones políticas en la selección de candidatos y en la proyección de dirigentes nacionales, provinciales y locales.

Este alejamiento del Servicio de la implicación electoral del Gobierno no debe interpretarse como falta de colaboración en el proceso de la Transición, sino todo lo contrario. El SECED siguió despachando con el presidente Suárez y enviándole información política general, compatible con la neutralidad expuesta. Buen ejemplo de ello es el informe de 21 de abril, días después de la convocatoria electoral, sobre el carácter de las futuras Cortes. Ante las tres opciones posibles: Cortes constituyentes, Cortes legislativas o Cortes legislativas-constituyentes, sin plazo definido, se decía: «La primera opción significa la ruptura, la segunda el inmovilismo, y la última la reforma. Interesa destacar que lo que el pueblo español aprobó en el referéndum es precisamente la tercera opción».

Cassinello también ofreció al presidente colaboración informativa para el dispositivo organizado con el fin de asegurar la tranquilidad en el proceso electoral. Las previsiones apuntaban a alteraciones intencionadas del orden público, provocaciones a las Fuerzas Armadas y, en consecuencia, reacciones desproporcionadas de algún mando; igualmente se temían provocaciones contra la Policía gubernativa, y contra la Transición, si triunfaba alguna opción rupturista.

El director del SECED fue recibido por el rey el 14 de junio; Cassinello le entregó la valoración mensual del Servicio y don Juan Carlos se interesó por la jornada electoral del día siguiente, transmitiendo con firmeza una idea central: no había otra solución para el país que seguir el camino emprendido; la moderación de la izquierda, claramente contrastada, era muy positiva para las fechas inmediatas. Tras hablar de la práctica autodisolución del Servicio mediante la reintegración al Alto Estado Mayor, Su Majestad pidió a Cassinello que le visitase de nuevo tras las elecciones para tratar de ese proyecto.

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES Y SUS CONSECUENCIAS

Las elecciones respondieron ampliamente a las expectativas que habían creado. Se constató el gran éxito de participación popular: votó un 79 % del censo, casi diecinueve millones de españoles, que otorgaron su confianza a Suárez, pero con escaso margen sobre el PSOE. Los partidos más votados fueron UCD (34,74 %), PSOE (29,21 %), PCE/PSUC (9,2 %) y AP (8,21 %).

Como estaba dispuesto, se introdujo el principio de proporcionalidad en el Congreso de los Diputados, aplicando la ley D’Hont para la distribución de escaños, con intención de ayudar a la formación de grupos políticos estables, en un sistema bicameral imperfecto (por no ser equiparables las competencias del Congreso y del Senado). En la Cámara Baja, UCD logró 165 escaños, y los socialistas, 128; en el Senado —donde se optó por un sistema mayoritario—, la diferencia fue mayor: 106 escaños frente a 47. Un buen número de votos fue destinado a formaciones de escasa relevancia política (finalmente habían sido 160 las inscritas), pero hay que destacar la fuerte irrupción de los grupos nacionalistas y regionalistas, que, con sus reivindicaciones autonomistas estatutarias, se sumaban con vigor a la dialéctica antifranquista. Para sorpresa de algunos, los cristianodemócratas puros de Ruiz-Giménez y Gil Robles desaparecían del mapa político; igual suerte correrían las derechas de Alianza Nacional del 18 de Julio y Falange Española Auténtica, y grupos de izquierda revolucionaria como la Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT).

Para completar la Cámara Alta, el mismo 15 de junio el rey designó 41 senadores reales, tal como establecía la Ley para la Reforma Política («en número no superior a la quinta parte de los elegidos»), entre banqueros, empresarios, juristas, políticos, hombres de la cultura y de la prensa, y también prestigiosos militares, uno de cada Ejército.

De ese modo, tras las elecciones generales del 15 de junio de 1977 se hacía efectiva la composición pluripartidista de las cámaras legislativas, lo que suponía el cambio más significativo en el proceso de la Transición, al abandonarse el modelo corporativo de las Cortes Españolas. Quedaba por dilucidar si la legislatura sería o no constituyente, calificación que se intuía no era del agrado del rey ni del Gobierno, ni de los grupos que habían de apoyarla, tanto UCD como AP; era claro que quería evitarse la ruptura con la legislación fundamental del régimen anterior y la repetición de un periodo electoral a seis o nueve meses vista. Pero ese no era el pensamiento de las izquierdas.

Un mes después de las elecciones, el 22 de julio, el monarca procedía a la apertura de la primera legislatura de la nueva democracia con un discurso ante las Cortes, en el que haría alusión a la necesidad de consolidar la Transición mediante una Constitución. El hecho constituía un eslabón más dentro del plan que se estaba llevando a cabo desde las más altas instancias del poder, haciendo gala del pragmatismo político que empezó a ponerse en práctica con la Ley para la Reforma Política. Y el espíritu de esta ley impedía la continuidad de Fernández-Miranda al frente de las Cortes. Este había presentado su dimisión al rey antes de las elecciones, el día 30 de mayo, evitando así la impresión de que las Cortes se sucedían a sí mismas. Tras un periodo de interinidad, fue elegido como sucesor Hernández Gil.

Con la apertura del primer curso legislativo en las Cortes Españolas se proporcionó a los partidos legales campo de juego donde dirimir y resolver democráticamente sus particulares puntos de vista sobre la Transición. Todos los grupos comprendieron enseguida las ventajas de alcanzar algún tipo de acuerdo moderador en lo fundamental, antes de poner en marcha el debate parlamentario, tomándose un tiempo para cubrir vacíos normativos y subsanar la lógica inexperiencia de diputados y senadores. En estas circunstancias, Suárez, con su peculiar talante negociador, tomó de nuevo la iniciativa, recordando los buenos resultados obtenidos en el semestre precedente.

Una vez celebradas las elecciones recogimos en distintos ámbitos la opinión sobre los resultados: UCD se había comido el voto de AP, y el PSOE el de los grupos de centro-izquierda. Los datos finales de los comicios no se ajustaban a los planes previstos y el Gobierno dispondría tan solo de una exigua mayoría de escaños para abordar el programa de reformas, restablecer el orden público, combatir la crisis económica y corregir los separatismos. El otoño se presentaba duro, pero se confiaba en la habilidad y capacidad de maniobra de Adolfo Suárez, quien estaba centrado en sacar adelante la Constitución.

18
EL SEGUNDO GOBIERNO DE ADOLFO SUÁREZ

El escrutinio oficial de las elecciones mostraba que las izquierdas habían obtenido un millón de votos más que las derechas en el Congreso y cuatro más en el Senado, con preocupante proyección para las siguientes elecciones municipales. Aun así, la mayoría relativa de UCD permitía al presidente Suárez seguir marcando las líneas generales de la inacabada reforma política, aunque su gestión quedara condicionada por los eventuales acuerdos que se viera obligado a alcanzar con otros partidos representados en las cámaras. Es probable que esta fuera la causa de la actitud timorata seguida en este periodo por el Ejecutivo, con medidas de parcheo que no serían válidas para afrontar los graves problemas que tenía planteados España.

Dos fueron las novedades más llamativas en la composición del nuevo Gabinete[73], que tomó posesión el 4 de julio: el nombramiento de un vicepresidente segundo económico (Enrique Fuentes Quintana) para hacer frente a la crisis inflacionista heredada, y la unificación de los tres ministerios militares en un único Ministerio de la Defensa, dirigido por el teniente general Gutiérrez Mellado. El SECED elevó inmediatamente al presidente un resumen de las primeras impresiones de comentaristas políticos y personalidades de ámbitos diversos. Para varios de ellos resultaba paradójica la lista de los designados, teniendo en cuenta la política de centro-izquierda anunciada por el presidente (y vinculada, según se decía, a Abril Martorell, Martín Villa, Jiménez de Parga y Sánchez de León). Se apoyaban tales opiniones en que el núcleo principal del Gobierno lo constituían liberales (Lladó, Garrigues, Camuñas, Clavero) e independientes (Fuentes Quintana, Oliart, Martínez de Genique), en que se había gratificado a los democristianos (Otero, Oreja, Lavilla, Cavero) y al Partido Popular (Cabanillas), y en que los dos ministros socialdemócratas (Fernández Ordóñez y García Díez) no tendrían tiempo para hacer política. En general, se consideraba desafortunada la continuidad de Martín Villa, mientras se echaba de menos al vicepresidente Osorio, quien, según comentaría él mismo años después[74], no deseaba continuar en un Ejecutivo que Suárez abría al centro-izquierda.

En resumen, un Gobierno de compromiso en el que persistía la interrogante de quiénes serían los encargados de hacer «política». Parecía que Suárez quedaba «liberado» gracias a sus amigos superministros, y que el vicepresidente 3.º Abril Martorell dirigiría la política del Gabinete y, por ende, la municipal, que era la más preocupante a corto plazo. Entretanto, se abría un nuevo juego: preparar una alternativa real frente al PSOE. Todo eran elucubraciones, pero obtenidas a partir de realidades incontestables: los socialistas estaban muy contentos con un Gobierno a su juicio muy de derechas, que «podría haber nombrado el mismo Franco», y la Federación Social Demócrata se reunía la víspera en Torres Blancas para discutir la creación de un partido socialdemócrata ajeno al Gobierno, con personalidades políticas como Satrústegui, Tierno, Ruiz-Giménez, Cantarero…, a la espera de que Suárez perdiese las municipales.

Sin embargo, no todo eran críticas: Villar Mir me transmitía su valoración sobre el programa económico del Gobierno diseñado por Fuentes Quintana, que, en conjunto, le parecía riguroso y serio. Consideraba la prevista devaluación de la peseta como la constatación de una realidad y señalaba como especialmente acertado el plan fiscal, si verdaderamente el Gobierno lo acometía en serio. La opinión de Rafael Termes, consejero delegado del Banco Popular, no difería demasiado de la de Villar: las líneas generales expuestas por Fuentes Quintana eran medicinas amargas que había que tomar cuanto antes. No había otro camino.

LOS NACIONALISMOS PERIFÉRICOS: NUEVOS CONTACTOS CON ETA

El segundo Gobierno de Suárez detectaría pronto que los partidos de ámbito estatal tenían un orden de prioridades distinto de los periféricos: mientras aquellos subordinaban sus demandas ideológicas a los acuerdos fundamentales sobre la Transición, los segundos condicionaban su participación en esta a la urgente solución de dos problemas políticos que consideraban ineludibles: la promulgación de una amnistía total y el restablecimiento de las antiguas instituciones regionales de autogobierno. Antes de acabar el verano de 1977 se puso de manifiesto el diferente talante de las reivindicaciones vascas y catalanas, tanto en prioridad como en intensidad: mientras en el País Vasco tenían lugar las manifestaciones del 8 y 17 de septiembre en San Sebastián y Pamplona, en demanda de la amnistía, en Cataluña el objetivo nacionalista se concretaba en el «Volem estatut» de la primera Diada (11 de septiembre). Esta presión de los nacionalismos influyó en los partidos estatales, cuyas fracciones regionales empezaron a exigir lo mismo al Gobierno central.

Tal situación estrechaba tanto el margen de maniobra de Suárez que no dudaría en darles satisfacción a la hora de intentar el consenso. Así, para responder al envite catalán, el presidente restauró provisionalmente —como ya he adelantado— la Generalitat el 29 de septiembre, y para hacer frente al reto vasco, promulgó la amnistía total el 15 de octubre. Debió de considerar Suárez que los beneficiosos efectos de un futuro acuerdo constitucional justificaban a la larga los indudables riesgos políticos que asumía al enfrentarse a quienes se oponían a tales concesiones. No es casual que, al acercarse el otoño, tuviera lugar en Barcelona el primer atentado mortal de la extrema derecha tras las elecciones[75], en respuesta a los excesos independentistas de la Diada celebrada fechas antes. Casi simultáneamente, el 8 de octubre, ETA asesinaba a Araluce, presidente de la Diputación de Guipúzcoa.

Suárez había culminado el pacto nacional aceptando las reivindicaciones nacionalistas, pese a las protestas de muchos ciudadanos, las amenazas de grupos radicales de extrema derecha y las reticencias de sectores relacionados con las Fuerzas Armadas y de Orden Público. Pero, si en buena parte de la población podía reconocerse el acierto de restablecer la Generalidad de Cataluña como institución, la inmensa mayoría discrepaba de la amnistía total. Con la primera decisión, Suárez lograría neutralizar los brotes independentistas catalanes y reducir su radicalización. Contó para ello con Tarradellas, que siempre estuvo dispuesto a asumir con dignidad una doble continuidad histórica (el origen monárquico medieval y la legitimidad instaurada por la Segunda República), y no tuvo inconveniente en reconocer la monarquía de don Juan Carlos, sin renunciar a sus íntimas convicciones republicanas. Suárez supo aprovechar el espíritu pactista del líder catalán, logrando así que los dirigentes de la ilegal Asamblea de Cataluña aceptasen los Pactos de la Moncloa firmados el 28 de octubre entre el Gobierno y la oposición —con la aquiescencia de CC OO y el rechazo de UGT—, y que tenían como objetivo hacer frente a la acuciante crisis económica y reducir la conflictividad social y política.

Lamentablemente, el presidente del Gobierno no encontró análoga disposición en el País Vasco. Sin entrar en razones históricas, políticas y etnológicas que pudieran influir en la diferente actitud de ambas regiones españolas, la crispación social era allí mayor, y el nacionalismo, más dogmático e intransigente. A pesar de ello, Suárez no dudó en buscar el entendimiento con los nacionalistas vascos, pues no consideraba factible conseguir el concurso de la oposición sin resolver antes el espinoso tema de la amnistía total, aunque es probable que superara con creces el nivel de riesgo asumible al ofrecer una medida apaciguadora de semejante calado.

Sin embargo, puede admitirse que la decisión de Suárez contribuyó a tender puentes de entendimiento con la oposición rupturista en general, y con los líderes vascos en particular. El presidente había ordenado al SECED en el mes de abril traspasar al Ministerio de la Gobernación la gestión de los contactos con los «poli-milis» de ETA, tras los acuerdos tácitos iniciales logrados por el Servicio con ese grupo terrorista. Se abría así una negociación reservada entre los representantes ministeriales y cabecillas de ETA (p-m) sobre el modo de aplicar la amnistía parcial decretada en marzo, a cambio del deseado cese de la violencia. Como muestra de buena voluntad, el Gobierno inició el 20 de mayo el extrañamiento a Bélgica de activistas no implicados directamente en delitos de sangre. Pero ETA (p-m), al no lograr la aplicación inmediata de la amnistía, ofreció solamente un periodo de tregua preelectoral, en espera de que el Ejecutivo que saliera de los comicios de junio promulgase la amnistía total que posibilitase la excarcelación del resto de los terroristas.

Ahora, una vez constituido el segundo Gobierno de Adolfo Suárez, los citados «poli-milis» esperaban con impaciencia el cumplimiento del «compromiso» alcanzado con el Gobierno. Pero el presidente andaba entonces absorbido por otras urgencias políticas, necesitado como estaba del apoyo de otros grupos parlamentarios para abordar cuestiones controvertidas. En ETA (p-m) crecía la impaciencia entre quienes daban primacía a la acción política sobre la acción armada; en julio y agosto aparecían ya síntomas de ruptura de las conversaciones, y en septiembre, nuevos indicios de radicalización en la sociedad vasca, que temía una ofensiva terrorista.

Pese a todo, el SECED había dejado abierto un canal de comunicación con algunos dirigentes de ETA (p-m) y no tardaron en recibirse los primeros mensajes de que los extrañados en Bruselas querían reanudar contactos con el Servicio. En una nota interior, la jefatura daba algunas instrucciones a la Delegación Vasco-Navarra para el desarrollo de posibles contactos. Debía prevalecer la seguridad. El objetivo no era suplir los encuentros anteriores de ETA con Gobernación ni neutralizarlos, sino aconsejar su reiteración; y se recordaba la necesidad de una entrega previa de las armas, si ETA pretendía la mediación del Servicio para lograr la extensión de la amnistía. Por supuesto, se insistía en la necesidad imperiosa de guardar un secreto absoluto. (Casi 35 años después estas indicaciones suenan muy actuales, por desgracia).

El 10 de septiembre, el delegado vasco-navarro sería convocado a una entrevista en Vitoria en el domicilio de uno de los intermediarios, donde le esperaban Telesforo Monzón (político nacionalista radical) y los «extrañados» Múgica Arregui y Mario Onaindía. La conversación se prolongó durante tres horas y media en tono comedido y moderado: los etarras esperaban la amnistía total, seguida de la libertad inmediata de los detenidos, y, aunque hablaban en calidad de representantes de los «poli-milis» extrañados, admitían su capacidad de influencia en los otros sectores de ETA, para que aceptasen también el compromiso; no obstante, mostraban una gran desconfianza hacia Suárez y Martín Villa, a quienes responsabilizaban de las demoras de las excarcelaciones.

Dos semanas más tarde, a medianoche del lunes 20 de septiembre, se repetía la cita, ahora en Fuenterrabía y con Múgica y Muñoa Galarraga, miembro del Comité Ejecutivo de ETA (p-m). El delegado del SECED percibió en aquella reunión una mayor dificultad para el entendimiento y el compromiso; pero en el manifiesto del grupo terrorista se aludiría ya a que había llegado la hora de la política. Eran los preliminares del cese de la violencia; el tema «autonomía» resultaba atractivo para los «poli-milis», y no querían dejar en manos del PNV su negociación. La amnistía total del día 15 de octubre fue acogida con satisfacción por la mayoría de ETA (p-m); solo algunos de sus miembros la rechazaron y se pasaron a la rama militar para continuar la lucha armada.

En el mes de noviembre de 1977 aún se continuaban planteando nuevos contactos en Ginebra con los extrañados de ETA (p-m). Y en su último despacho con el presidente Suárez, celebrado el 22 de noviembre, Cassinello le informaría de las gestiones realizadas y de los proyectos de entrevistas con dirigentes del grupo radical vasco para tratar de lograr su disolución. El presidente dio su beneplácito, pero ordenó al director saliente del SECED que lo despachase también con el ministro del Interior, para que tomase de nuevo la dirección del asunto. Cassinello cumplió la orden y entregó a Martín Villa los informes correspondientes a los contactos con ETA. El hecho de que hubiera que trasladar a Interior, por segunda vez, la responsabilidad del seguimiento de la banda terrorista hacía pensar que en el futuro el CESID —heredero del Servicio— dejaría de atender a tan grave amenaza subversiva, aunque tal suposición, afortunadamente, no llegó a cumplirse.

LA REACTIVACIÓN DE LA INQUIETUD MILITAR

La política gubernamental provocaba inquietud en diversos ambientes militares y, desde medios económicos, políticos y de comunicación próximos a la derecha continuista, se ejercían también sobre el presidente presiones más sutiles, pero no menos graves, con el fin de que modificara el derrotero de su política, renunciando a los equilibrios de consenso para encauzar la Transición, problema que se agravaría hasta acabar con la dimisión de Fuentes Quintana en febrero de 1978. Pero también desde el centro y la derecha moderada se contemplaba la situación política con indisimulado recelo y preocupación, y sus interlocutores se interesaban por establecer contactos con jefes militares, alarmados por la posibilidad de que la monarquía fuera ahogada por una doble tenaza, definida —un tanto elementalmente— por la conjunción republicano-socialista de la izquierda y la connivencia del nacionalismo periférico con el terrorismo. Antes de acabar el verano de 1977, en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas eran evidentes las discrepancias con las excesivas concesiones gubernamentales.

Hecho significativo fue el relevo del general Alfonso Armada y Comyn, secretario general de la Casa de SM el Rey, que fue sustituido por el general Sabino Fernández Campo. Armada aludió a razones de índole militar relacionadas con su ascenso; pero Fraga (pág. 95) afirmaría que hubo discrepancias políticas con Suárez que el general Armada no ocultó, dentro de su discreción. El propio presidente dejaría su testimonio en una entrevista en Toledo con ocasión de un seminario de la Fundación Ortega y Gasset sobre la Transición. Así lo recoge Charles T. Powell (págs. 11 y 240), que asegura que fue Suárez «quien obtuvo el cese de Armada debido a la hostilidad que demostraba hacia el proceso democratizador». De otras fuentes bien acreditadas, el SECED supo el día 6 de septiembre de 1977 que Armada venía informando «con machaconería» al rey contra Suárez y su política. Parece ser que en una de estas ocasiones, antes del verano, el monarca preguntó al marqués de Santa Cruz de Rivadulla si sería capaz de repetir todo aquello en presencia del propio presidente. Fechas después, don Juan Carlos se reunía con ambos en larga conversación; esa misma noche, Su Majestad invitaría a Suárez a cenar y después decidiría el relevo de Armada. Se nos hizo saber entonces que el secretario general saliente había demostrado gran lealtad al rey, haciéndole ver la orientación de la derecha tradicional frente a la política gubernamental.

La realidad es que la situación general del país era complicada. Según The New York Times, el presidente había ido demasiado lejos; el equilibrio nacional podía reventar, el tema autonómico se había desbordado y el rey podría verse forzado a declarar el estado de excepción para hacer frente al separatismo. Pero el malestar en el seno de las Fuerzas Armadas no era nuevo. En la semana previa a las elecciones, el gabinete del vicepresidente primero había empezado a recibir alarmantes noticias sobre la difusión, en unidades de guarnición de Cataluña, de un documento en el que, con notoria desproporción, se parangonaban las situaciones electorales de 1936 y 1977. El Servicio exploró indicios de inquietud en determinados sectores de las Fuerzas Armadas, y Cassinello, en despacho con Guitérrez Mellado el 13 de junio, recibió la orden de estar muy atento a cualquier indicio sospechoso en aquella IV Región Militar. El director del SECED requirió información a la Delegación de Barcelona, que el día 14 remitía a la sede central un informe haciendo saber que «el disgusto en determinados círculos de aquella región militar no era mayor que en cualquier otra». Tras las averiguaciones pertinentes, Cassinello pudo informar aquel mismo día al vicepresidente de que podían descartarse intentonas golpistas en Barcelona, aunque sí era previsible algún intento de altercado en caso de triunfo catalanista. Como contrapunto, la nota aludía a las desorbitadas expectativas electorales nacionalistas:

Existe un desmesurado optimismo en cuanto al resultado de las elecciones, llegándose a decir que alcanzarán el 80 % de los votos […]. Se piensa que el día 16 va a haber una explosión de júbilo imparable. Parece que los dirigentes de formaciones socialistas y comunistas podrían conseguir el comportamiento moderado de sus militantes. No ocurre lo mismo con la extrema izquierda y con los grupos catalanistas marxistas, en donde no hay disciplina de partido.

Afortunadamente, la jornada del 15 de junio transcurrió sin sobresaltos y no se cumplieron los presagios que llegaban al gabinete de vicepresidencia; pero las vísperas fueron de alerta informativa para todo el SECED.

Los rumores continuaron durante todo el verano. A la vista de aquel clima enrarecido, el presidente del Gobierno requirió información al Servicio, que hubo de montar la Operación Naranja. El 17 de septiembre, Cassinello entregaba una nota informativa a Suárez. Al parecer, se había reunido en Játiva un grupo reducido de altos mandos para deliberar sobre noticias que reflejaban malestar en unidades de su jurisdicción, por la creciente erosión política y económica del país. Los concentrados coincidían en la necesidad de exponer cuanto antes al rey la preocupación militar por varios asuntos que desbordaban el panorama nacional, y pretendían trasladar a Su Majestad de forma clara, firme y sin ambages la necesidad de contener los excesos apreciados. El teniente general Gutiérrez Mellado había comunicado a Cassinello a finales de agosto que fuentes de la Unión Militar Democrática (UMD) señalaban a Miláns del Bosch y Coloma Gallego, capitán general de Cataluña, entre los asistentes, noticia que se demostró falsa.

Dos días después de la entrega de este primer informe, el director del SECED despachaba con el vicepresidente primero y le daba cuenta de las gestiones para confirmar aquellos indicios. En el Alto Estado Mayor, diversos jefes y oficiales se hacían eco de que Suárez había ido demasiado lejos en el tema de la Generalidad de Cataluña y comentaban que, si seguía en esa línea, «se jugaba el sillón». Aseguraban que entre algunos mandos militares se manejaba la posibilidad de forzar una alternativa política al Gobierno, añadiendo —sin el menor fundamento— que tal alternativa habría de ser apoyada por el SECED en nombre de las Fuerzas Armadas. Tan disparatada elucubración solo era concebible si se tiene en cuenta el aún imperfecto esquema democrático en aquella fase de la Transición.

El Servicio confeccionó el 20 de septiembre una nueva nota informativa en la que se especificaba que, según datos de la Guardia Civil, la reunión se había celebrado en realidad en Jávea y los temas tratados se habían ceñido a la organización de las Fuerzas Armadas. Se aludía también al temor de la izquierda a un golpe militar, al desagrado existente en los Ejércitos y a la conjunción de intereses financieros y de sectores políticos minoritarios que deseaban la involución.

Un día después se redactaría una nueva nota para Suárez y Gutiérrez Mellado en la que se informaba de un generalizado sentimiento de disgusto, frustración e inseguridad entre los cuadros de mando profesionales. También se recogía el creciente eco del deterioro de la imagen pública de Gutiérrez Mellado, al que se achacaba su paulatino aislamiento del Ejército, si bien los consultados reconocían en el vicepresidente un militar honrado, inteligente y capaz.

Pero era evidente que la figura del teniente general protagonizaba conversaciones y conciliábulos. Así que el SECED abrió una línea de investigación que recibió el nombre de Operación Limón y propuso al vicepresidente primero convocar una reunión en su despacho con los responsables de los servicios del Alto Estado Mayor, del Ejército y del SECED. Así, el día primero de octubre se llevó a cabo una larga sesión de cuatro horas con presencia de los generales Vallespín González-Valdés y Castro San Martín, y el teniente coronel Cassinello. En la reunión, Gutiérrez Mellado aprovechó para llamar la atención a los dos generales, pues parecía evidente la ausencia de medidas para atajar el desprestigio de la figura del rey y los insultos que se aplicaban a él en círculos castrenses. Mellado les acusaba de no informar, de no mandar y de no aclararle quiénes eran los militares que colaboraban con el diario El Alcázar en sus furibundos ataques con fines desestabilizadores. El vicepresidente estaba convencido de que este diario y Fuerza Nueva estaban instigando a la rebelión.

Contaría Cassinello el 4 de octubre de 1977, a su regreso de la que sería su última audiencia con el rey, que observó en él una especial preocupación por los indicios de desasosiego en las Fuerzas Armadas. Los rumores —vinculados a la actitud del Gobierno ante los nacionalismos periféricos— eran insistentes, y se hablaba de la renuncia de los tenientes generales Coloma Gallego, Vega y Prada. Cuando, unos días después, fueron «amnistiados todos los actos de intencionalidad política» y «excarcelados incluso aquellos terroristas convictos de delitos de sangre»[76], el clima antigubernamental creció tan considerablemente que puso en serios aprietos la reforma militar preparada por Gutiérrez Mellado.

El deterioro de la imagen del vicepresidente se consideraba ya irreversible. Pero la animadversión del Ejército hacia su figura no era más que reflejo de su directa y personal subordinación a las medidas políticas que Adolfo Suárez estaba introduciendo en la vida nacional.

En tan graves circunstancias, el SECED —pese a encontrarse en pleno proceso de disolución— se vio en la necesidad de mantener operativas algunas líneas de investigación, con el fin de analizar el riesgo de una manipulación de los Ejércitos por parte de facciones de la extrema derecha. La información no fluía: los propios mandos superiores empezaban a tener la fundada sospecha de que, tras las elecciones generales de junio, se estaban tergiversando de forma intencionada los «estados de opinión» que habitualmente confeccionaban las unidades. El jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Vega, llegaría a decir en Sevilla que sus servicios de información no le servían, por la falta de objetividad al recoger la auténtica opinión de las unidades.

19
DISOLUCIÓN DEL SECED Y CREACIÓN DEL CESID

La Transición fue acompañada de cambios sustanciales en la superestructura militar de la defensa y en los servicios de información relacionados con ella. Bien podría hablarse de dos transiciones, la militar y la de los servicios, complementarias del proceso estrictamente político. Pero los cambios más significativos en la organización militar se fueron produciendo con cierto retraso sobre los cambios políticos.

En lo que afecta a los asuntos más importantes de la defensa nacional, se venía percibiendo una constante marginación del Alto Estado Mayor (AEM), durante muchos años el principal órgano asesor del Generalísimo en estas cuestiones, y un lamentable retraso estructural. Fuere por la propia evolución política española o por la falta de entendimiento mutuo de los tres ministerios militares, el hecho es que el AEM quedó apartado de tareas ejecutivas y abandonado a su propia inercia, con un progresivo deslizamiento hacia planteamientos teóricos y especulativos.

Por Real Decreto de abril de 1976 el AEM modificaba «su estructura para adaptarla de una manera más eficaz a las misiones de la defensa nacional». Entre las razones próximas que aconsejaban su reorganización, estaba el preámbulo del acta secreta de la Junta de Defensa Nacional de 5 de febrero de 1975 para crear la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM). Inexplicablemente, esta acta reservada no fue trasladada a disposición oficial alguna hasta dos años después.

También en el área de información se estaban produciendo movimientos significativos. Ya he señalado el interés del SECED —y de su director— por encontrar una fórmula por la cual el Servicio dependiera de las Fuerzas Armadas, evitando las contingencias de una excesiva vinculación futura al presidente del Gobierno. Pero en el ámbito de la remodelación general impulsada por el vicepresidente Gutiérrez Mellado se estaban diseñando las líneas generales de los servicios de información. Según el Informe General de 1977, un aspecto clave era la disociación de «las áreas informativas que afectan, en su conjunto, a la defensa, de aquellas que son propias y específicas de los Ejércitos». Con la creación del Ministerio de Defensa aparecería el CESID, que integraría en él el servicio de información del AEM en las facetas no operacionales. El campo de actuación de los Ejércitos se concentraría en la coordinación de sus servicios de información en el Estado Mayor Conjunto de la JUJEM (EMACON), con integración de las Secciones Bis, el servicio del AEM en su parte operacional y el Centro de Información de las Fuerzas Armadas (CINFAS).

EL NACIMIENTO DEL CESID

Ya se ha apuntado en diversos momentos que el proceso de convergencia entre los servicios de información era una vieja aspiración, aunque los intentos de crear un Servicio Nacional de Inteligencia (o de Información) no habían llegado a fructificar. También se ha dicho que el SECED —ya con Cassinello como director— seguía trabajando en pro de la reforma de los servicios y a tal efecto había creado un Gabinete de Estudios que, entre otros asuntos, debía estudiar la inserción orgánica del Servicio de Presidencia en la futura superestructura de la Defensa.

En ese sentido, en octubre de 1976 se llevaron a cabo diversos encuentros al máximo nivel entre representantes de los servicios (la Segunda División, dependiente del AEM, y el SECED). Por fin, el 8 de noviembre la Comisión Conjunta elaboraría un documento en el que se hacía la siguiente observación previa:

Al realizar los estudios necesarios para satisfacer el deseo de SM el Rey de que el servicio conocido como Servicio Central de Documentación se vincule íntegramente a las Fuerzas Armadas, institución a la que pertenece la casi totalidad de sus miembros, se ha llegado a la conclusión de que la mejor forma de lograrlo es haciendo depender dicho organismo del Alto Estado Mayor y creando, con el conjunto formado por la Segunda División (Inteligencia) y el SECED, un Servicio de Información de la Defensa Nacional.

Más adelante se aludía a las formas de agresión previsibles y las acciones «defensivas y ofensivas», desvinculando estas últimas del futuro servicio, al ser el AEM «un órgano de planeamiento, de dirección y no de ejecución». Y el texto continuaba:

Pero si el Alto Estado Mayor, por imperativo de la ley, es el órgano técnico de la defensa nacional, a él le corresponde la dirección técnica de esta, por lo tanto será su misión asesorar al Gobierno, en la persona de su presidente, de cuantos temas afecten a la defensa nacional y proponer las acciones que estime más convenientes para anular las enemigas, sean del orden que sean, que incidan en el concepto reglamentario de la subversión. Las misiones que en este orden de ideas desempeña y debe seguir desempeñando el SECED, tras su desaparición e incorporación al Servicio de Información de la Defensa Nacional, son las siguientes: investigar sobre el desarrollo de la acción subversiva; analizar los métodos y procedimientos para combatirla; asesorar técnicamente al Gobierno en su conjunto y a los departamentos ministeriales en la parte que les afecte, proponiéndoles planes y medidas a desarrollar, y colaborando, en su caso, en su realización; y poner en práctica todas las acciones que faciliten el cumplimiento de las anteriores.

Días después se reunía de nuevo la Comisión Conjunta para pulir el documento anterior y darle un carácter definitivo. Llevaba por título «Servicio de Información de la Defensa» y, como de costumbre, se iniciaba el texto con una breve justificación sobre la creación del servicio, que decía así:

La complejidad de un Estado moderno, unida a las permanentes amenazas que para su seguridad suponen las agresiones externas de carácter secreto, así como la creciente vulnerabilidad derivada de las acciones terroristas y de aquellas otras de naturaleza insidiosa que se desarrollan fuera de su marco constitucional, obligan a prestar una atención creciente a las tareas de defensa […]. A esta necesidad compartida por todos los Estados responde la presencia en ellos de unos servicios de seguridad o de información cuya solución orgánica, si bien es distinta en cada país, aparece con el denominador común de su vinculación a los órganos superiores del Estado, su carácter secreto y su independencia respecto a los partidos que turnan en el ejercicio del poder […].

[…] En nuestra patria esas funciones de seguridad y de información se han caracterizado por la dispersión, la multiplicidad y la superposición de funciones, así como por la existencia de grandes y graves lagunas. […] Arbitrar una solución general a este problema, adaptada a las exigencias de nuestros tiempos, lleva a la necesaria creación de un potente servicio de información y seguridad dependiente de los órganos permanentes de la defensa nacional.

La propuesta de vinculación al AEM, «el único órgano militar permanente que asume funciones globales de defensa, […] el que desarrolla acciones de inteligencia y contrainteligencia y, por el papel de su jefe en la Juntas de Defensa Nacional y de Jefes de Estado Mayor, el único en directa relación con todas las Fuerzas Armadas», se contemplaba como solución transitoria hasta la creación del Ministerio de Defensa, pues dicho ministerio quedaría subordinado directamente al poder político del Gobierno, como el AEM a la Jefatura del Estado.

Cassinello despachó a finales de noviembre de 1976 con el presidente del Gobierno, quien delegó en el vicepresidente primero. La propuesta, por tanto, pasó a manos de Gutiérrez Mellado, inmerso de lleno en la reforma militar. Cuatro meses después, en marzo, persistía el estancamiento de la cuestión, pese al empeño del SECED y, en particular, de su director. Finalmente, el teniente general Gutiérrez Mellado reunió en la Moncloa el día 29 de marzo de 1977 a varias autoridades para constituir una «comisión de primer nivel»[77] en la que se fueron poniendo de manifiesto las viejas discrepancias entre los servicios. El vicepresidente del Gobierno ordenó entonces crear una «comisión de expertos», de segundo nivel, con representantes técnicos de los mandos allí reunidos[78], para acometer a la mayor brevedad los trabajos previos: delimitar campos de actuación y clarificar la situación de los servicios ante la evolución política de la Transición.

La convergencia de los servicios de información ya estaba en marcha; con antelación, el 28 de enero de 1977, se había celebrado en el SECED una reunión en la que debía tratarse la remodelación del Servicio. La sesión se abrió con la lectura de un documento de una decena de folios, titulado «El SECED ante el futuro», en el que Cassinello esbozó de forma sucinta la situación político-social y, tras referirse brevemente a los orígenes del Servicio, trazó las grandes líneas del futuro inmediato: «Marchamos hacia una monarquía constitucional dentro de un régimen democrático y occidental, caracterizado por la existencia de partidos. La paz será la dialéctica pacífica de los grupos, sometido todo al criterio mayoritario de los españoles». Y no rehuyó una referencia a los grupos más inmovilistas, ni a los nacionalismos, ni a los grupos marxistas, reclamando concordia: «La paz la hacemos todos o ninguno y esa es la necesidad urgente de nuestra generación». Para terminar, el director insistió en el tema más viejo del Servicio, de plena actualidad en aquellos días, la añorada dependencia militar.

Somos una fracción de las Fuerzas Armadas. Nada debe separarnos de ellas ni de su servicio. Como tales, ponemos nuestra lealtad al servicio de la patria y del rey. Nuestra fidelidad al Gobierno ha de entenderse como procedimiento o instrumentalización de las otras lealtades programadas; es un medio de servir a España y no un fin. El Servicio ha de desvincularse de la política, aunque esta sea la herramienta de su acción.

Ese día hubo atentados terroristas del GRAPO en la carretera de Andalucía, en Madrid, lo que obligó a Cassinello a suspender el coloquio. El lunes siguiente, el jefe del Gabinete de Estudios procedería a explicar a los directivos y ayudantes del núcleo central del SECED las directrices de la reorganización del Servicio y los criterios de actuación futura. La transitoriedad de la situación quedaba de manifiesto:

Hay que reducir la necesidad de readaptación orgánica a una estructura mínima por las razones siguientes: perturbar lo menos posible la funcionalidad y eficacia operativa durante la fase de adaptación; y evitar que se produzcan dos reestructuraciones importantes muy cercanas en el tiempo: la actual, absolutamente necesaria, y la que indudablemente requerirá la integración definitiva del Servicio en las Fuerzas Armadas, que se prevé no lejana.

El 4 de mayo Gutiérrez Mellado convocó a Cassinello para que le expusiera el anteproyecto del futuro Servicio de Información de la Defensa (SID), con los cuadros y esquemas generales elaborados por la comisión de expertos. El general quedó satisfecho, asegurando que el nuevo servicio se instalaría en edificios de la Moncloa, y que, en tanto se creaba el Ministerio de Defensa, el SID dependería provisionalmente de él, pese a que anteriormente venía resistiéndose a aceptarlo.

Ya no había marcha atrás, y el vicepresidente convocó para el 27 de mayo una nueva sesión de la comisión de primer nivel en la que fue aprobada la organización del SID en lo que atañía a su composición, pero no en lo referente a su dependencia inicial, asunto que quedó pendiente de la decisión del presidente del Gobierno. Entretanto, el jefe de la Segunda División del AEM elevaba un documento al presidente Suárez, que estamparía su conformidad el 30 de mayo sin consultarlo con Gutiérrez Mellado: el nuevo SID pasaba a depender del AEM provisionalmente, hasta la creación del Ministerio de Defensa.

La Jefatura del SECED redactó en junio de 1977 un documento para la comisión de expertos que anticipaba ya que el SID —que por expreso deseo de Suárez pasaría a denominarse CESID— se articularía en tres divisiones: Exterior (DEX), Contra Agresión Indirecta (DAI) y Apoyo Técnico (DAT). Durante la fase de transición, y sin perjuicio de las reformas posteriores que aconsejara la nueva estructura, la adaptación se llevaría a cabo del siguiente modo: el Departamento de Exterior del SECED, junto a la mayor parte de la rama de Exterior del AEM, constituiría la nueva DEX; el Departamento de Información y el Departamento de Operaciones (DO) del SECED, con la rama de Contraespionaje del AEM, se integrarían en la DAI, división de la que —según se anunciaba vagamente— pasarían a depender también delegaciones y subdelegaciones del SECED; el Departamento de Apoyo Técnico del SECED entraría a formar parte de la DAT; la Secretaría General del SECED se encuadraría en el órgano de apoyo administrativo del nuevo servicio, y el Gabinete de Estudios, en su Plana Mayor.

Era evidente que el SECED debería reajustar sus futuras misiones. De ello también trataba el documento de Cassinello:

La integración en el nuevo servicio de inteligencia, que comporta innegables ventajas y ha sido vieja aspiración del SECED, supone también un precio considerable que, posiblemente, se refleje en la oportunidad y en la eficacia de su trabajo. La primera diferencia está en la propia definición del servicio, que deja de ser «órgano de ejecución de la lucha contra la subversión en todos los sectores de la vida nacional, excluidas las FAS», para convertirse en un servicio de inteligencia cuyo ámbito se ceñirá a los intereses de la defensa nacional dentro del campo de responsabilidad del Ministerio de Defensa.

Tras el triunfo relativo en las elecciones del 15 de junio de 1977 y tras recibir del rey el encargo de formar Gobierno, Adolfo Suárez se aprestó a reanudar la reforma política. Uno de los aspectos más significativos del nuevo Gabinete fue la fusión de los ministerios militares del Ejército, Marina y Aire, creándose un Ministerio de Defensa del que sería primer titular Gutiérrez Mellado. Su currículo era sin duda el más idóneo, no solo por su inmediato cargo de vicepresidente del Gobierno, sino por los planes de reforma concebidos en su etapa de jefe de la Primera Sección (Militar) del Alto Estado Mayor, bajo el mando del teniente general Díez-Alegría. Se iniciaba una profunda reforma en la administración militar —largamente esperada— y otra paralela de los servicios de información.

El 4 de julio se aprobaba el Real Decreto 1558/77. En su preámbulo se destacaba que la creación del Ministerio de Defensa venía exigida por una doble necesidad: la modernización de las Fuerzas Armadas y la unificación de la política de defensa nacional. En el artículo 2.º, apartado 5, se disponía que «Bajo la dependencia del titular del departamento se crea el Centro Superior de Información de la Defensa [CESID], al que se incorporarán las funciones y organismos de la Administración que se determinen», sin aludir aún a la futura estructura. El Boletín Oficial del Estado solventaba definitivamente la debatida cuestión de la dependencia del nuevo servicio. Pero quedaba aún por determinar el arduo proceso de convergencia entre el AEM y el SECED.

Casi inmediatamente después empezaron a recibirse peregrinas interpretaciones de miembros del AEM y de Interior que anunciaban el desguace del SECED —las direcciones generales del Ministerio del Interior pretendían retirar policías, guardias civiles y policías armados, y proceder al reparto de despachos e infraestructuras—; pero, pese a ello, la actividad del Servicio no sufrió merma. Cassinello, eso sí, activó el proceso interno hacia la desaparición del SECED, para lo cual se celebraría, el día 12 de julio, una reunión general en la que se daría a conocer a los directivos un documento base que llevaba el significativo título de «El SECED ante su integración en el SID». El director del Servicio diría en esta reunión general:

Se han producido cambios fundamentales en la situación general; se han roto esquemas y planteamientos con los que nos sentíamos plenamente identificados y nada o casi nada perdura del esquema del Estado en que nacimos […]. Con todo, como hemos dicho machaconamente antes, los pasos han sido difíciles […]. Tampoco hemos recibido la comprensión de nuestros compañeros. Ha habido ataques importantes y persistentes, que partían de una concepción política determinada que no quiero explicar. […] Desde que nació el SECED todos hemos batallado incansablemente para lograr su integración en las Fuerzas Armadas […]. Todos sabéis que si se ha logrado ha sido por la comprensión del teniente general Gutiérrez Mellado. Aparte de él, en cualquier otro ambiente militar se han encontrado más resistencias que apoyos […]. Desde nuestro punto de vista, se ha decidido lo mejor para el conjunto […].

No es difícil imaginar la atención y el silencio profundo de los directivos mientras escuchábamos estas consideraciones de nuestro jefe, que reflejaban exactamente la sensación que todos teníamos de cuanto estaba pasando. Pero el objetivo de aquella reunión era también acomodar las previsiones de integración a un calendario-guía elaborado por el Gabinete de Estudios, y eso hicimos. Poco después Gutiérrez Mellado daría el visto bueno. Sin embargo, aún no tenía claro el nombre del nuevo director del CESID: estaba descartado el general Vallespín, del AEM, y también Cassinello. El propio Suárez ofreció el cargo al teniente coronel, que se apresuró a rechazarlo para evitar que «pudiera interpretarse como una prolongación del SECED, es decir, como una continuidad tal vez no conveniente». Gutiérrez Mellado desaconsejó el nombramiento de Cassinello por idénticos motivos. Es muy probable que Suárez pensara en mantener así el constante y cercano apoyo informativo que le hacía llegar el director del Servicio, ya que la prevista inclusión de un escalón intermedio —el Ministerio de Defensa— produciría inevitablemente cierto distanciamiento y un vacío de información desacostumbrado en la Presidencia del Gobierno.

A primeros de agosto, el presidente Suárez aún estaba indeciso respecto a la figura de Cassinello; incluso pensó en nombrarle gobernador civil de Barcelona, no solo como recompensa, sino para mantener su colaboración en los puentes con Tarradellas, que se había trasladado a aquella capital. Pero para ello tenía que renunciar Cassinello a su carrera militar, y eso no entraba en sus cálculos. (Años más tarde alcanzaría en la profesión el máximo empleo como capitán general de la VI Región Militar).

Los preparativos del gabinete del Ministerio de Defensa y del equipo del AEM se desarrollaron más lentamente de lo esperado, generando cierta desaceleración del proceso general de integración —ya suficientemente complejo por las discrepancias entre el SECED y el AEM— y desánimo entre los directivos del Servicio. Los factores que contribuyeron a ello fueron varios. Por una parte, la propia dificultad del planeamiento del nuevo Ministerio de Defensa, amplificada por el rechazo de los cuarteles generales a reducir sus estructuras en beneficio de las ministeriales. Por otra, las renuencias de parte de los mandos del Alto Estado Mayor ante el nuevo servicio de inteligencia, y el nombramiento, el 23 de julio, de un nuevo jefe del AEM, el teniente general Felipe Galarza, del Ejército del Aire, que venía a cubrir la vacante por fallecimiento de su predecesor, Fernández Vallespín. Galarza dio su propia interpretación a la dependencia tradicional del presidente del Gobierno, manteniendo unas difíciles relaciones personales con el vicepresidente primero, acaso apoyado en su mayor antigüedad militar.

Siguiendo instrucciones de Gutiérrez Mellado, el plan de integración dio comienzo el 8 de agosto de 1977 y debía estar concluido antes de las Navidades. La programación se recogía en la Operación Amalgama, diseñada por el SECED. En septiembre, el Servicio preparó un dossier para el futuro general director, en el que se exponía con gran detalle la solución recomendada por Gutiérrez Mellado. Allí se afirmaba:

… la creación del SID a partir del AEM y del SECED supone una solución superior a la que pudiera alcanzarse por la simple yuxtaposición de las misiones y de los medios de los componentes. Se trata de la creación de un órgano nuevo y distinto que necesita adaptar las misiones permanentes propias de los servicios de esta naturaleza a los profundos cambios de situación introducidos en nuestra patria.

Ya en la segunda quincena de octubre, el Ministerio de la Presidencia se adelantaría al de Defensa en la reestructuración departamental, llevando el subsecretario a la reunión un real decreto que suprimía varios organismos, entre ellos el SECED. Alertado con antelación por Cassinello, el ministro de Defensa ordenó a su subsecretario gestionar el aplazamiento del real decreto de Presidencia hasta que el asunto fuera discutido en Consejo de Ministros. De ese modo, la disposición oficial se publicó dos semanas más tarde, dando así tiempo a la celebración de la Junta de Defensa Nacional del 31 de octubre, de la cual saldría la redacción definitiva sobre la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, en la que el novedoso CESID figuraba ya como organismo directamente dependiente del ministro. No se aprobaría, sin embargo, la creación del Consejo Nacional de Información y su Comisión Ejecutiva, para la coordinación de los diversos organismos. El presidente y el vicepresidente del Gobierno dejaron aparcado el eterno tema de la coordinación informativa al más alto nivel del Estado: quizá por la complejidad del previsible pacto constitucional.

El SECED sería disuelto finalmente el 28 de octubre por Real Decreto 2761/77 de la Presidencia de Gobierno. Días después el Real Decreto 2723/77 de 2 de noviembre estructuraba orgánica y funcionalmente el Ministerio de Defensa y el nuevo Centro Superior de Información asumía las competencias «que, siendo propias de la defensa, venían siendo ejercidas por el Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno».

En el Boletín Oficial del Estado del 10 de noviembre se publicaría el cese de Cassinello, que pasaba destinado al gabinete del vicepresidente, aunque continuaría aún un tiempo al frente de Castellana 5 preparando la entrega de mando. Ya había sido nombrado el primer director del CESID: el general de brigada José María Bourgón López-Dóriga, que hasta entonces ejercía el mando de Artillería de la VI Región Militar. El nuevo general director tomaría posesión de la jefatura el 25 de noviembre en un acto íntimo celebrado por la tarde en aquella sede. Cassinello le recibiría con unas breves palabras: «Con la presencia del general Bourgón se cierra el SECED y se abre el CESID. Ha sido una meta largamente perseguida y pocas veces comprendida. Se abren unas posibilidades y se cierran otras; pero permanece el servicio a España, que es lo único que importa».

Se iniciaba un nuevo capítulo en la historia de los servicios de inteligencia españoles, como muchos años después, en 2004, atestiguaba un texto de divulgación pública del Centro Nacional de Inteligencia:

Los nuevos tiempos exigían, sobre todo, que se acabaran las interferencias de los servicios de inteligencia en la política nacional. El nuevo sistema democrático, con la legalización de los diferentes partidos, implicaba el fin de las actividades contra los grupos de oposición al régimen de Franco que se habían llevado a cabo hasta entonces[79]. […] Esta nueva situación no significó tanto un cambio en los servicios de inteligencia, como un cambio en sus objetivos. La esencia de la inteligencia ha sido, es y será siempre la misma: servir de apoyo a las autoridades en la toma de decisiones relativas a la seguridad y defensa del Estado.

En el número de enero de 2005 de la revista Arbor, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dedicado a la historia de los servicios de información nacionales, Rafael Jiménez Villalonga incluía este párrafo, que bien puede servir de resumen para este epígrafe:

En cuanto a su procedencia, el CESID se organizó mediante la integración de funciones y cometidos del servicio de inteligencia que constituía la Tercera Sección del Alto Estado Mayor (últimamente convertida en Segunda División) y del Servicio Central de Documentación (SECED). La primera de ellas desarrollaba las tareas correspondientes a un servicio de inteligencia exterior, mientras que el SECED aportaba responsabilidades en materia de servicio de inteligencia interior, siendo su finalidad el mantenimiento del orden institucional y la evolución ordenada del nuevo sistema democrático después de la muerte del general Franco […]. Aunque el SECED dependía de la Presidencia del Gobierno, la conveniencia de separarlo [el CESID] del máximo representante del Ejecutivo —para protegerle de implicaciones no convenientes del Servicio— y el origen militar de la mayoría de sus miembros aconsejó que su unión a la Tercera Sección del AEM se produjera bajo la dependencia administrativa del ministro de Defensa […].

PRIMERAS REACCIONES EXTERNAS

Desde que saltó a los corrillos militares y políticos el rumor del inminente cierre del SECED y la creación de otro servicio de inteligencia en el Ministerio de Defensa, el asunto era de consulta obligada por nuestros habituales contactos y salió a colación en el centenar de entrevistas que los directivos mantuvimos para tratar cuestiones distintas a lo largo de aquellos meses de octubre y noviembre. Había comentarios y reacciones sintomáticas para todos los gustos —sorpresa, curiosidad, desconfianza— y nuestras respuestas eran tenidas, con frecuencia, por divagaciones que ocultaban otras realidades.

Los capitanes generales habían sido informados, como de costumbre, directamente por los delegados regionales del SECED —ya interinos—, quienes les comunicaron a grandes rasgos lo ocurrido, insistiendo en la consigna recibida desde la sede central, de que se trataba de un servicio nuevo y no una ampliación del anterior. Algún delegado, tras la correspondiente audiencia, advirtió a Castellana sobre el enrarecido ambiente surgido contra el ministro Gutiérrez Mellado en sectores radicales de las distintas guarniciones, descontento militar atribuible en buena parte a la escasa o mala información descendente que recibían las unidades a través de la cadena de mando.

Pero la mala información, la curiosidad o las reservas ante el nuevo Centro Superior de Información no eran exclusivas del mundo castrense. También el ministro del Interior se quejaría a Cassinello de «no saber nada del CESID», cuando el 25 de noviembre este le visitaba para despedirse. La realidad era otra. Aunque las renuencias de Martín Villa ya venían de atrás, los servicios de información de Interior —hay que valorar que el 70 % de la información básica que empleaba el SECED en sus posteriores trabajos de análisis, evaluación, predicción y asesoramiento procedía de la Dirección General de Seguridad— habían cortado automáticamente el flujo informativo con el SECED tan pronto como apareció en el BOE su disolución.

También en los servicios de información extranjeros hubo reacciones inmediatas a la incipiente puesta en marcha del CESID, mostrándose expectantes y deseosos de recibir noticias sobre cambios en las funciones del Centro Superior de Inteligencia y sus primeros pasos en los medios políticos nacionales. Todos movilizaban sus antiguos contactos con el SECED para lograr referencias fiables sobre la transición política.

DESPEDIDA DE CASSINELLO

El 14 de diciembre de 1977 se celebraría una cena-homenaje a Cassinello en el Club de Campo de Madrid. El teniente coronel Uxó, como más antiguo de los directivos del SECED, le dirigió unas palabras, destacando que al director saliente le había tocado «dirigirnos quizá en la época más contestada y difícil del Servicio».

Cassinello estuvo dieciocho meses al frente del SECED, y lideró la tercera y última fase del Servicio. Su trabajo meditado y exhaustivo hizo posible la aparición del primer servicio de inteligencia nacional con todos los elementos indispensables para ser considerado como tal en las primeras naciones de corte occidental, aunque no cabe duda de que la operación de fusión que dio pie al CESID se vio facilitada por la dependencia de la Segunda División del AEM y del SECED, de la Presidencia del Gobierno y por el hecho de que ambos organismos estuviesen servidos por profesionales de las Fuerzas Armadas.

Habría que destacar también en aquella última etapa de la vida del SECED el proceso de legalización de los partidos de la oposición semiclandestina, los contactos con sus líderes y con otros dirigentes para abrir relaciones con quienes se oponían a los planteamientos del Gobierno para la Transición. Y desde luego, la postura firme de Cassinello frente a los deseos del presidente Suárez de utilizar los servicios del SECED en apoyo de su partido político, la UCD.

La activa y positiva postura de Cassinello en pro de cuanto significaba la Transición no fue nada fácil: él mismo —como sus directivos— se veía presionado, de una parte, por los secuestros y atentados de grupos extremistas y, de otra, por la correspondiente sensibilización de las Fuerzas Armadas ante los excesos de quienes desde una y otra banda las escogieron como blanco instrumental de sus intenciones rupturistas o continuistas.

Atienza y yo tendríamos la oportunidad de compartir con el ya exdirector del SECED algunas confidencias tiempo después. Fue el último día de enero de 1978, en la cafetería Mirasierra. Allí nos explicó cómo intentó —y consiguió— salvar lo más posible de las estructuras y cometidos del Servicio, con la inapreciable ayuda de Gutiérrez Mellado. Y cómo se enfrentó a este cuando pretendió «limpiar» a algunos miembros calificados como «ultras», alegando Cassinello la conveniencia de que el SECED fuera un reflejo cierto de lo que realmente eran las Fuerzas Armadas.

20
RUMORES DE CRISIS

Atienza y yo recibimos en el SECED a Arturo Moya, dirigente del sector socialdemócrata de UCD y asesor presidencial, en septiembre de 1977. Había tenido la semana anterior una dura conversación con el presidente y pensaba que Suárez empezaba a estar aislado, tenía ya clara desconfianza en muchos de los que le rodeaban, cada vez delegaba menos y hacía un uso menor de sus asesores. En cuanto a UCD, nos confirmaba el comentario de los últimos tiempos: la existencia de una crisis de fondo, al pretender abandonar la idea de coalición electoral y organizar un partido de ideología propia de cara a las próximas elecciones municipales. Era palpable el recelo de Camuñas, Álvarez de Miranda, Fernández Ordóñez, Garrigues…, que iban a lo suyo, guiándose por su tendencia política de origen. Solo la soberanía de Suárez era aceptada por todos.

Dejando de lado el posible malestar personal de Moya, la realidad es que en aquel otoño la imagen de UCD se deterioraba. A fines de septiembre el SECED elaboró una «Síntesis valorada de la situación» relativa a las fuerzas políticas, y en particular a UCD. Algunos de sus parlamentarios nos confesaban ser conscientes de la falta de cohesión del partido, que no existía como tal, ni tenía estructura ni siquiera ideología matriz; por otra parte, cada ministro había incorporado a su departamento a sus propios compañeros de facción política.

El SECED, tras estudiar informaciones de muy distinta índole, llegaba a la conclusión de que el carácter absorbente de Abril Martorell y la total ausencia de una labor de equipo estaban conduciendo a UCD a un evidente desconcierto interno: cada grupo se reunía por separado a nivel regional y central, originando un importante problema ideológico. Por otra parte, se calificaba de desbarajuste la lamentable situación en niveles ministeriales medios y altos, particularmente en Cultura, Vivienda, Trabajo y Agricultura, y el tratamiento totalmente politizado que los grupos integrados en UCD estaban dando a varios departamentos, alejándolos de la actividad administrativa que les correspondía.

La posibilidad de una escisión de las ramas socialdemócrata y liberal surgía casi permanentemente. De ahí que la prensa nacional destacase los rumores de crisis y la inestabilidad del Gobierno Suárez. Y aunque el origen de tales noticias parecía estar en la oposición parlamentaria, determinadas figuras notorias de UCD, como Álvarez de Miranda, Fernández Ordóñez, Moya, Pérez Puga, Lasuén, López de Pablo o Sainz, sorprendían con declaraciones a favor de un Gobierno de concentración. Una nota del Sector Político del SECED de fecha 3 de octubre añadiría esta consideración:

Sería gravísimo confirmar un total desconocimiento en los segundos niveles de lo que se hace más arriba; significaría una falta de delegación de información descendente o, lo que es peor, un claro indicio de que el propio presidente del Gobierno no se fía de ellos. Alguien tiene que tomar cartas en el asunto para corregir este juego intencionado de rumores que no hacen más que aumentar la intranquilidad, y nadie mejor que el presidente Suárez en persona.

Notas posteriores seguirían recogiendo de fuentes muy diversas la impopularidad que estaba cosechando el partido gobernante por falta de atención a los problemas serios con que se enfrentaba la nación. La prensa se haría eco en octubre de una discutida convocatoria del presidente a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso en vez de a los líderes de los partidos. Suárez prefería no invitar a los grupos minoritarios de izquierda, con los que la discusión podría radicalizarse, y al propio tiempo convocaba a UCD como un partido más, situándose en una presumible posición de mayor independencia. Al respecto, un informe del SECED aseguraba:

… [la convocatoria] debe entenderse como positiva y tendente a encontrar un mínimo de consenso en las medidas económicas y políticas a tomar en los próximos meses. Suárez, que conoce la gravedad de la situación, confía en sus facultades personales y en el deseo de otros líderes de dar una imagen de colaboración nacional que les beneficie. Por otra parte el presidente del Gobierno habrá calculado el riesgo que encierran los lógicos acuerdos a que haya tenido que llegar. Esos posibles acuerdos no deben interpretarse como un primer paso para un Gobierno de concentración.

La nota se completaba con una alusión a las fuertes tensiones existentes en los cuadros directivos de UCD, que podrían conducir a una inminente disgregación, y con una crítica a la escasa atención de Suárez al partido, al que no consultaba las decisiones importantes.

En otra «Síntesis valorada de la situación», emitida por el Sector Político del SECED el 13 de octubre de 1977, se hablaba del intento de UCD de reconsiderar su posición ideológica de cara a las elecciones municipales, y se planteaba como primera incógnita la propia unidad del partido, ya que su consolidación presentaba dificultades casi insalvables por culpa de las contrapuestas ideologías de sus grupos componentes. La oposición más fuerte era la de los liberales, que se consideraban desplazados y desatendidos, y la de los socialdemócratas, por su desmembración; la línea democristiana tampoco aceptaba de buen grado un partido unitario; solo eran propensos a esta solución los miembros del Partido Popular. La nota del Servicio terminaba así:

… la importancia de este tema [un partido único] de cara a los próximos comicios debería forzar al Comité Político de UCD y al propio Gobierno a acelerar el estudio y la decisión que marcase el rumbo […]. Naturalmente que el personalismo y distanciamiento de los líderes […] impiden llegar a compromisos que una buena parte de la base vería con satisfacción.

Puede imaginar el lector que este tipo de observaciones, que se trasladaban puntualmente al presidente, no le hacían muy feliz. Pero noblesse oblige. El problema de Suárez a la hora de decidir la crisis estribaba en la dichosa aritmética parlamentaria y en el clamor sobre el escaso nivel político, técnico y representativo de buena parte del Gabinete para encauzar debidamente las medidas gubernamentales. Como señalaba uno de aquellos informes del otoño de 1977: «No estará de más que el Gobierno dé con fórmulas que zanjen el odio que resurge a pasos agigantados en buena parte de la sociedad española».

TERCERA PARTE
TIEMPO DE TURBULENCIAS

21
PRIMEROS PASOS DEL CESID

La toma de posesión del general José María Bourgón López-Dóriga tuvo lugar el 25 de noviembre de 1977. Nacido en Santander (1917), estaba al mando del Regimiento Mixto de Artillería del Sahara (1971) y el Estado Mayor de aquel sector (1973) cuando se llevó a cabo la evacuación de nuestras tropas en 1975-1976. Su nombramiento marca el punto de inflexión de los servicios de información españoles, pues realmente con su incorporación comienza el funcionamiento del CESID. Aquel día, durante cuatro horas, despachó con el ministro vicepresidente, cuyo catálogo de preocupaciones incluía la necesidad de conceder máxima atención al espionaje y contraespionaje y soslayaba en parte los temas de defensa interna. El director del CESID le propuso a continuación una nueva articulación funcional del Servicio y un órgano para la coordinación de la información a nivel nacional.

La aparición del nuevo Centro en la escena nacional viene a coincidir con una etapa esencial de la Transición y su despegue se vería sometido a los avatares de las tensiones políticas derivadas de los complejos debates sobre la Constitución. En tantas entrevistas realizadas por miembros del CESID observamos el interés de nuestros interlocutores por conocer la orientación del nuevo Servicio. Personalidades como Calvo-Sotelo y Villar Mir nos mostrarían su preocupación por la desaparición del SECED y la consiguiente reducción de la corriente informativa directa al rey y al presidente del Gobierno, quienes necesitaban nueva valoración de las noticias y acontecimientos nacionales con la independencia y lealtad que eran habituales. Los mandos militares se felicitaban por el acierto en la elección del nuevo director, de gran valía y calidad humana. No iban a ser tiempos fáciles, pero eso mismo permitiría acelerar la transformación interna que exigía aquella organización de inteligencia para adecuarse a los conceptos de la naciente democracia parlamentaria y al desarrollo de las leyes y normas jurídicas en marcha.

Aunque pudiera haberse supuesto que al irse estabilizando y alcanzar un mayor grado de consolidación las instituciones del Estado democrático disminuirían los riesgos atribuibles a las amenazas internas, pronto se constataría que las confabulaciones extraparlamentarias, las amenazas involucionistas, los radicalismos políticos y la actividad terrorista no cesaban; más bien se iba entrando en una fase peligrosa de creciente inestabilidad interna que enturbiaría la última etapa política de Adolfo Suárez.

La Revista Española de Defensa[80] publicaba años después un relato histórico del CESID. A él corresponde este párrafo ilustrativo:

El comienzo de su andadura no fue fácil. A las dificultades de infraestructura […] se añadían las amenazas a las que debía hacer frente el nuevo Centro: el terrorismo y la involución. En el primer caso, el CESID contaba con la valiosa experiencia acumulada durante los años precedentes, pero en el segundo se enfrentaba a un riesgo inédito hasta entonces […]. El CESID, cuya aportación había sido vital para reorientar la política antiterrorista, reveló sus carencias para combatir el involucionismo porque no poseía competencias para obtener información de todos los ámbitos implicados en las diversas tramas contra la joven democracia española.

Pese a esos inesperados síntomas de amenaza interior, el CESID aumentó sobre todo su dedicación al flanco exterior, orientando la capacidad informativa de que disponía a incrementar la cobertura sobre los asuntos y problemas derivados de una mayor presencia española en la política internacional. De hecho, en el primer despacho del general Bourgón con el ministro de Defensa, este centró su atención en el espionaje y contraespionaje, soslayando en buena parte los temas de defensa interna.

El problema más inmediato del Servicio, sin embargo, fue otro: la delimitación de competencias y el destino del personal procedente del Ministerio del Interior. El director general de la Guardia Civil, el teniente general Ibáñez Freire, no tardaría en manifestar a Bourgón su deseo de recuperar a todos los guardias civiles que prestaban servicio en el CESID y el propio Martín Villa —que no dudó en hacer referencia a las difíciles relaciones anteriores entre Interior y el SECED— reclamó la reincorporación paulatina de los policías armados destinados en el Centro.

La comunicación de la Dirección General de Seguridad con las delegaciones del CESID era inexistente por orden superior de Interior, con prohibición de acceso a las comisarías de policía por los directivos del Centro. Solo tras la visita de Bourgón al director general de Seguridad, Mariano Nicolás, a mediados de enero de 1978, se logró restablecer la corriente informativa entre ambos organismos. Sin embargo, las relaciones con Martín Villa y su equipo continuaron deteriorándose, y no tanto por cuestiones de personal como de límites en las áreas de responsabilidad. La situación se agravaría al incrementarse los riesgos de involución. Cuando el ministro del Interior comunicaba a Gutiérrez Mellado cualquier indicio de implicación de militares en actividades «ultras», el teniente general lo trasladaba al CESID, ordenando la inmediata investigación, pese a que al Centro le estaba vedado por orden secreta el ámbito militar y habitualmente rechazaba tales indicios por infundados, lo cual aumentaba los recelos recíprocos.

El director del CESID acostumbraba a despachar con el teniente general Gutiérrez Mellado una vez a la semana —inicialmente los miércoles, después los jueves— y, en cualquier caso, en la víspera de Consejo de Ministros si este no se celebraba en viernes. Eran temas habituales la organización del Servicio y la tramitación de los destinos de personal, tan frecuente en el primer semestre de 1978. Sin embargo se abordarían también temas relacionados con la reforma militar que desarrollaba el ministerio y con la soberanía nacional. Preocupaban el terrorismo internacional y las actividades extranjeras de apoyo al independentismo nacionalista de algunas regiones españolas. Así, se tratarían informaciones sobre la OLP, el Frente Polisario, la flota pesquera rusa, las escuchas telefónicas a ciudadanos de países del Este, el seguimiento y expulsión de espías del ámbito soviético, los problemas planteados en Guinea Ecuatorial, Marruecos y Argelia, y la situación política en Portugal.

Pero junto a estos temas ya aparecían —y no con menor intensidad ni frecuencia— los asuntos sobre la actualidad nacional, reflejados en resumen en el Boletín Verde de edición semanal que el CESID seguía elaborando, como herencia del SECED, por expresa demanda de sus privilegiados destinatarios. El vicepresidente se interesaba cada vez más por todo cuanto afectaba a la política de la transición y a las Fuerzas Armadas. Su inicial planteamiento teórico, que consistía en alejar al CESID del acontecer político inmediato orientando su actividad informativa hacia la amenaza exterior, fue cambiando. Entre las prioridades —a pesar de que, como ya he señalado, el CESID tenía oficialmente vedada la información sobre las Fuerzas Armadas— ganaba de nuevo enteros la amenaza interna al sistema, al aumentar la actividad terrorista y la importancia de los grupos que pretendían manipular a los Ejércitos, enfrentándolos a la transición política en marcha. El vicepresidente captaba ya los envites desestabilizadores que se impulsaban desde círculos ultraderechistas. Tanto es así que en marzo de 1978 autorizaría a Bourgón a que algunos de sus subordinados retomasen los contactos personales con dirigentes políticos de uno y otro signo: Blas Piñar, Luis Solana, Enrique Múgica, Ramón Tamames…, que atendían, dentro de sus partidos, a la política de defensa.

El director del CESID fue recibido por primera vez por el presidente del Gobierno el 28 de abril. Una semana después Bourgón volvía a Moncloa a despacho con Suárez, quien quería visitar la sede del Centro, tras la grata impresión recogida por Gutiérrez Mellado en la presentación de la víspera, 3 de mayo. El presidente visitaría la Agrupación Operativa de Misiones Especiales el 9 de octubre. En audiencia real de 26 de mayo de 1978 don Juan Carlos manifestó a Bourgón su deseo de conocer también esa AOME, visita que se realizó el 8 de enero de 1979 a plena satisfacción.

Durante el verano no se suspendieron los despachos de Bourgón con el ministro. La tensión permanecía y la demanda militar de eficacia en la lucha antiterrorista iba en aumento. Los primeros en acusar este clima fueron los mandos de las Fuerzas de Orden Público en el País Vasco, que se consideraban primera barrera contra la desestabilización interior, respaldada, en última instancia, por las Fuerzas Armadas. La enorme sensibilidad de los Ejércitos ante la creciente presión terrorista y la supuesta incapacidad policial y represiva del Estado para contenerla motivó que Gutiérrez Mellado y Bourgón decidieran organizar unas sesiones monográficas sobre el tema, celebradas el 5 y 6 de septiembre de 1978 en la sede del CESID.

Bourgón recordaría en ellas cómo había fracasado un viejo proyecto del SECED para la articulación conjunta de un mecanismo coordinador de la lucha antiterrorista. De inmediato, el ministro solicitó al Centro un estudio actualizado, que recibió la conformidad de Gutiérrez Mellado, y Adolfo Suárez se manifestó dispuesto a establecer un Mando Unificado Antiterrorista en Vascongadas y Navarra. De hecho, el presidente del Gobierno mostraría su preocupación por la descoordinación entre la Guardia Civil, la Policía y el CESID en materia terrorista durante su visita a la AOME el 9 de octubre. En ella, los directivos de la agrupación explicaron cómo afrontar la lucha antiterrorista, y Suárez sugirió infiltrar agentes del CESID en las bases de ETA en el sur de Francia, además de asegurar la profesionalización y permanencia del personal.

LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SERVICIO

El primer periodo del general Bourgón estuvo dedicado a las tareas de organización del CESID. Quiso el general director dar cierta solemnidad a la puesta en marcha del Centro con la presentación del segundo jefe y jefe de la División Exterior, el general de brigada Manuel Vallespín, el 1 de febrero de 1978. La presentación se hizo coincidir con la divulgación en el CESID del documento de su nueva estructura definitiva, elaborado durante los dos meses precedentes y ahora aprobado por el ministro.

La directiva reflejaba una significativa insistencia en que el Centro atendiera prioritariamente las necesidades de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM). A partir de febrero de 1978 se fue acoplando la plantilla conforme a lo dispuesto en ella sobre estructura orgánica, y ya en el segundo semestre de dicho año —una vez subsanadas las dificultades administrativas— pudo completarse el destino formal de la gran mayoría de profesionales del CESID. El personal directivo procedente del SECED conservó su seudónimo, y al del Alto Estado Mayor se aplicó uno nuevo, pues en la Segunda División no se seguía tal costumbre, que resultaría de obligado cumplimiento en el CESID.

Parece oportuno dedicar unas líneas a la evaluación numérica del personal integrado en el CESID: dos centenares largos de militares (de ellos, 82 de Estado Mayor), insuficientes para alcanzar los niveles de eficacia que se perseguían; pero los Ejércitos eran renuentes a aceptar cualquier incremento de dotación al Centro. En diversos cuadros se exponía la situación del personal militar. La mayoría procedía del Ejército de Tierra; los contingentes de la Armada y del Aire resultaban casi simbólicos[81].

El CESID iba a quedar estructurado en una Jefatura, una Secretaría General Técnica, un Gabinete de Estudios y dos divisiones. A la Secretaría General le correspondían asuntos de carácter administrativo, orgánico y de personal, como a cualquier otra similar en cualquier institución. Pero, además, llevó a cabo en esa etapa tareas peculiares, como la sistematización del proceso de elaboración y evaluación de la información, puso en marcha el primer nomenclátor de archivo, definió el emblema del CESID con la divisa «Saber para vencer» y el diseño de una tarjeta de identidad, que solo podía ser utilizada en caso de necesidad. Este documento indicaba en su anverso que prestábamos servicio en el CESID; en el reverso se informaba de que el titular estaba facultado para mantener reserva de sus actividades ante autoridades civiles y militares de todo orden, y solicitar su colaboración para el desempeño de su misión. Se trataba de una tarjeta muy similar a la expedida por el extinto SECED.

El general Bourgón decidió entregar la jefatura del Gabinete de Estudios al coronel Del Valle, procedente del Alto Estado Mayor, quien tenía próximo su ascenso a general tras una larga experiencia en información interior y contraespionaje. A lo largo de 1978 el Gabinete de Estudios desarrolló múltiples actividades, de las que cabe destacar, por su trascendencia, el Plan General de Formación. La doctrina fue considerada tema urgente a lo largo de la primera mitad de 1978, y pronto se constituyó el embrión de la futura Escuela de Inteligencia, dedicando su actividad al reciclaje del personal del Centro y a la formación del que iba incorporándose. También la elaboración de la Ley de Secretos Oficiales en el Congreso de los Diputados ocuparía gran parte del trabajo del Gabinete durante la primavera de 1978, esfuerzo que se traduciría en una propuesta de clasificación, como secretos, de los temas relacionados con el CESID. Sin embargo, el nuevo proyecto solo facultaba para la clasificación al Consejo de Ministros y la Junta de Jefes de Estado Mayor. El problema quedó pendiente de estudio en un nivel interministerial más amplio: la Vicepresidencia de Asuntos de la Seguridad y Defensa. El tercero de los temas trascendentes atendidos por el Gabinete de Estudios del CESID fue la coordinación informativa en las Fuerzas Armadas, siempre postergada.

Por lo que respecta a la División de Exterior (DEX), asumió su jefatura, como se ha dicho, el general Vallespín. El despliegue exterior, heredado de la Segunda División del AEM, se estructuraba en bases divididas en tres grupos bien diferenciados. En primer lugar, las denominadas «oficiales», cuyo cometido era mantener la relación fundamental con los servicios del país en que estaban acreditadas, generalmente con carácter diplomático. Otras bases eran «legales», no oficialmente acreditadas pero sí con cobertura diplomática que encubría su verdadera labor informativa. El tercer grupo estaba formado por las bases «clandestinas», que recibían instrucciones especiales en cada caso, con la rigurosa condición de no tomar contacto con las representaciones oficiales españolas en ese determinado país. Al crearse el CESID, el Alto Estado Mayor solo contaba con cuatro bases oficiales (París, Bruselas, Roma y Múnich) y una clandestina (Lisboa).

El CESID reafirmó los contactos con servicios extranjeros. A lo largo de 1978 y 1979 el general director viajaría a Italia, Arabia Saudita, Estados Unidos, Israel, Francia, Marruecos, Alemania y Benelux para impulsar —y conocer mejor— las relaciones con los servicios amigos. En las «inteligencias» occidentales existía un interés patente en comprobar si España había mantenido intacta su irreducible posición antisoviética, y en particular se valoraba la cooperación española en tareas de contrainformación y en el despliegue de medios sofisticados para el control de tráfico de la flota soviética en aguas del Mediterráneo occidental y el estrecho de Gibraltar. Las visitas de Bourgón resultaron de alto interés para nuestras primeras autoridades, de las que procedían las demandas prioritarias de información reservada.

En aquellos meses surgirían amenazas a intereses españoles desde el Magreb y un singular protagonismo de Suárez en las buenas amistades con el bloque tercermundista (Cuba, Argelia y otros países vinculados a la URSS), con intención de proteger mejor otros intereses españoles. Estas iniciativas ocasionaban impacto y preocupación en los servicios norteamericanos e israelíes, y así se lo transmitía Bourgón al presidente Suárez, quien estaba disgustado porque nos trataban como potencia de segunda categoría pese a nuestra capacidad de penetración en Hispanoamérica y África. A la vista del desinterés occidental por España, Suárez decidió jugar la carta argelina. Esta creciente vocación internacional del presidente y del vicepresidente sería aprovechada por Bourgón para proponer en Moncloa una sustancial ampliación de los contactos con México, Brasil, Perú, Irán, Irak y Argelia.

La División de Interior (DIN) estaba dirigida desde el 8 de marzo por el coronel José Manuel Ollero, de Infantería de Marina, pronto ascendido a general de brigada. El 28 de septiembre de 1978, día del acto de imposición del fajín a Ollero, se cursaba con carácter interno la orden de prioridad de los asuntos de la división: terrorismo de ETA, contraespionaje en general, seguridad de objetivos y organizaciones extremistas de izquierda y derecha nacionales. En una conversación posterior con Ollero, este «presumía» de haber expulsado a algún agente soviético y haber abortado el asesinato de un primer mandatario egipcio en España, gracias a la intervención telefónica a que estaba sometida la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

En la DIN se incluían un Departamento de Contraespionaje, un Departamento de Investigación y el Departamento de Defensa Interna (DDI), donde el mando del comadante Faura daba continuidad a la División de Operaciones del SECED, aunque con significativos matices, para adaptarla a la situación política imperante. En documento de 18 de marzo de 1978 se especificaban sus funciones. Lo más novedoso era el establecimiento como referencia de un «módulo de estabilidad», que se calculaba trimestralmente. Así se justificaba: «La determinación del nivel de estabilidad es […] un dato del mayor interés para la defensa, toda vez que es indicativo de la proximidad o lejanía en la que un país se encuentra en relación con una situación que amenace sus estructuras».

El documento del DDI terminaba con referencias a la sistematización de los trabajos y una alusión a la evaluación y control de resultados por áreas de trabajo. El Área 1, dedicada a la «Problemática general», era la más importante y compleja, heredera del antiguo Sector Político, y disponía de dos subnegociados: uno para el seguimiento de la amenaza revolucionaria y otro para la amenaza involutiva. El documento decía:

El Ministerio de Defensa se responsabiliza directamente de impedir en su momento que el poder sea conquistado por medio de una revolución de masas o por medio de un golpe de Estado por sorpresa. Para facilitar la información adecuada sobre estas hipótesis, el Área 1 debe conocer en profundidad los grupos marxistas, los extremistas violentos y los terroristas […]. En este sentido se mantiene una atención máxima sobre los grupos radicales que utilizan sistemáticamente la violencia armada como medio de acción política y sobre los grupos revolucionarios más radicales que preconizan la violencia de masas como medio de conquistar el poder […] De modo decreciente en intensidad se mantiene un seguimiento sobre la evolución de aquellos que sean potencialmente revolucionarios o posibles gestores de un golpe de Estado, aunque su táctica y su ejecutoria actual sea de un mayor o menor respeto a la Constitución vigente.

Visto con perspectiva, se echa de menos una referencia más explícita a la instrumentalización que grupos de extrema derecha podían hacer de las Fuerzas Armadas para el aludido golpe de Estado. No se cita expresamente en este documento, aunque su seguimiento entraba dentro de las tareas de dicha Área 1. Quizá estaba aún reciente la prohibición que se hizo al SECED de intervenir en el ámbito militar, que quedaba estrictamente reservado a las Segundas Secciones-Bis de los Ejércitos.

Tanto el Área 2, que se ocupaba de la conflictividad social, como el Área 3, que correspondía a Cultura y Educación, habían visto disminuir sus competencias con respecto a los sectores correspondientes del SECED. El Área 4 estaba enfocada hacia el regionalismo y el separatismo. Al respecto son significativas estas líneas:

La secesión de un territorio no se produce si antes no se ha logrado inculcar en la población el separatismo de índole moral […]. La lucha contra este separatismo moral ha de basarse en medidas políticas, sociales y psicológicas, y motivaciones que tiendan a fortalecer los lazos materiales y sentimentales que unen las distintas comunidades entre sí y con el Estado.

El Área 5, por último, se correspondía con el Gabinete de Acción Psicológica (GAP), encargado de contrarrestar «la acción psicológica dentro del campo de la guerra revolucionaria y de la guerra subversiva».

En lo referente a la estructura regional, el CESID integró, en el interior, los órganos dependientes del SECED, especializados en la subversión y la conflictividad interna, y los del Alto Estado Mayor, centrados en el contraespionaje. Para ello se establecerían diez sedes periféricas, subdivididas en veintiocho subsectores.

A pesar del empeño del general Bourgón por equilibrar la procedencia de los directivos de los distintos departamentos, transcurrido un año desde la creación del CESID, persistía vigorosa la tendencia a mantener una simple yuxtaposición entre los servicios precedentes —el SECED y la Segunda División del AEM—, así que se decidió llevar a cabo una reorganización del Centro. Era preciso que este apareciese como un servicio único, homogéneo, para lo cual resultaba indispensable fomentar el espíritu conjunto, como bloque orgánico.

Por distintos motivos, el proceso se alargaría, no sin fricciones, hasta entrada la primavera de 1979, con el nombramiento de un nuevo ministro de Defensa, cuando el director accedió a materializar significativos ajustes en la División de Interior (DIN). La Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) —asignada inicialmente al Departamento de Investigación— pasaría a depender directamente del jefe de la división, y el Departamento de Defensa Interna (DDI) sería reestructurado ampliamente. En el Área 1, los negociados de Revolución e Involución se transformarían en áreas 2 y 3, respectivamente; y, por su difícil encaje tras la aprobación de la Constitución, se suprimirían los cometidos anteriores de estas áreas.

Al general Bourgón le correspondió desde el primer momento la búsqueda de una nueva sede para el CESID, en la que concentrar tantas oficinas dispersas por Madrid. Se contemplaban hasta seis posibles ubicaciones. La decisión fue aplazada en diversas ocasiones; hasta 1989 no se establecería la sede definitiva, en el kilómetro 8,8 de la carretera de La Coruña.

22
EL INTRANQUILO AMBIENTE MILITAR

En la víspera de Reyes del año 1978 se presentaba en el Congreso de los Diputados el primer anteproyecto de la Constitución redactado por la ponencia y el 10 de abril se consensuaba el borrador, tras un vivo debate que los medios de comunicación se encargaron de difundir ampliamente. Las polémicas más agrias habían surgido al discutir la futura forma del Estado (monarquía o república) y la estructura política territorial (centralismo o federalismo). Tales asuntos habían afectado al sentir de los oficiales de las Fuerzas Armadas, quienes se alarmaban ante el singular artificio político del término «nacionalidades», que seguía produciendo discusiones semánticas entre los congresistas. Por otra parte, el enfrentamiento dialéctico entre los grupos políticos acerca del papel de la Corona y sus prerrogativas continuaría en los meses siguientes, mientras los miembros de la institución militar deseaban mantener una vinculación directa al rey, incluso con cierta autonomía.

En ambos casos, los políticos más sensatos lograron consensuar una sutil redacción de los artículos más polémicos, de modo que fueran aceptables por el estamento militar, neutralizando así los efectos indeseables que empezaban a percibirse entre sus componentes. Había que otorgar a Su Majestad el mando supremo de las Fuerzas Armadas e incluir entre las misiones de los Ejércitos el ser garantes de la unidad política de todo el territorio español, obviando cualquier modificación que pudiera alterar el estatus de la institución en tan delicado momento de la Transición.

Tras el verano siguió el debate en la Comisión Constitucional del Senado y meses después en la Comisión Mixta Congreso-Senado, de modo que el 10 de octubre las dos cámaras legislativas ratificarían por separado el texto definitivo de la Constitución por amplísima mayoría, aunque con alguna abstención significativa. Entretanto, militares radicales y nostálgicos, alentados por la prensa ultraconservadora, empezaron a considerar la posibilidad de abortar el proceso constituyente. Civiles desencantados con el rumbo que tomaba la transición política menudeaban sus encuentros para valorar el peligro que se avecinaba en el panorama nacional por las decisiones y consensos de los políticos; en sus reuniones reservadas proponían presionar a las Fuerzas Armadas, para que reaccionasen en la línea que ellos predicaban. Los más sutiles consideraban a Su Majestad un rehén de los gobernantes, al que había que devolver la libertad, fortaleciendo los lazos entre la Corona y los Ejércitos para condicionar el proceso constituyente, que deseaban reconducir concediendo a la institución militar ese estatus al que parecía aspirar la gran mayoría de sus mandos y cuadros. En este tiempo fructificarían algunas acciones que pretendían interrumpir el proceso constituyente, con una persistente campaña de críticas contra el teniente general Gutiérrez Mellado, que alcazaba también a los altos mandos militares.

El coronel San Martín[82] transcribe parte del texto de un informe que cayó en sus manos en 1978:

Si el Ejército rehúsa ser uno de los factores de equilibrio de la vida nacional, se habrán creado las condiciones objetivas para que en España vivamos en zozobra permanente. Y la unidad de la patria puede quedar gravemente amenazada. ¿No hay posibilidad de que haya un amplio acuerdo nacional entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas políticas? El Ejército no quiere el poder. El Ejército quiere lo mejor para España y, como institución, tiene la obligación de hacerse oír.

Muchos años después, en 2005, y en conversación con el general Fernández-Monzón, este haría referencia a lo que en la Transición él mismo denominaba SAM, es decir, Supuesto Anticonstitucional Máximo, que consistiría en una decisión parlamentaria que aceptara la secesión o independencia de una parte de España (el País Vasco) en contra de lo dispuesto en la Constitución y del sentir de una gran mayoría de los ciudadanos españoles. ¿Qué medios tenía el Estado para impedirlo? ¿Cuál sería la postura de las Fuerzas Armadas frente a los parlamentarios? Pues bien, me explicaba Fernández-Monzón que, a finales de 1978, con ocasión de la redacción del primer Plan Estratégico Conjunto en el Alto Estado Mayor, el presidente de Junta de Jefes de Estado Mayor, el teniente general Alfaro Arregui, le solicitó unas notas sobre tan peculiar y preocupante supuesto. Allí quedaba demostrado que la futura Constitución no decía apenas nada: el artículo 8 era muy simple y solo podía ponerse en marcha por una expresa decisión gubernamental[83]. Y si no, por el rey o por el general más antiguo, o por el oficial de turno más audaz.

El texto del entonces comandante Fernández-Monzón podría conservarse en algún archivo de Defensa. En la primavera de 1979 preparó también un artículo sobre el SAM, pero el teniente general no le autorizó a publicarlo en prensa abierta, por lo que decidió incluirlo en su personal boletín confidencial. De ahí lo copiaría Europa Press, manteniendo el título original pero tergiversando la interpetación del texto, que poco tenía que ver con el planteamiento de Monzón. El tema SAM volvería a surgir en conversaciones de altos mandos en Vitruvio, sede del Alto Estado Mayor[84].

El incipiente deterioro de la imagen pública del Gobierno de Adolfo Suárez alcanzó pronto a varios de sus miembros y a los denominados «barones» de la Unión de Centro Democrático, que promovían actividades subterráneas para reducir la fuerte autoridad del presidente, reorientar su política e incluso hacerle dimitir a medio plazo. De algunas de aquellas confabulaciones tuvo noticia el CESID, lo que le permitía entender con mayor claridad la atípica situación en la que se encontraba el Ejecutivo para poner en marcha sus proyectos democratizadores. Del mismo modo eran crecientes las dificultades que encontraba Gutiérrez Mellado para llevar a cabo su gestión pública, dada la fuerte contestación que recibía de un amplio sector de las Fuerzas Armadas que abarcaba desde algunos tenientes generales hasta jóvenes oficiales de guarnición.

Pero para entender mejor la intranquilidad que se apreciaba en el ámbito militar, nada tan esclarecedor como el pensamiento personal y oficial del propio teniente general Gutiérrez Mellado. En octubre de 1978 se hizo difusión amplia del Informe General 1/78 del ministro de Defensa, que hacía balance de su primer año de gestión y reflejaba el estado de ánimo de las Fuerzas Armadas.

Merece la pena transcibir las «Consideraciones finales» de aquel documento para comprender mejor el talante con el que el vicepresidente afrontaba su segundo y último año de mandato:

Si analizamos el espectro sociológico español, podremos apreciar cómo cada día es mayor el puente tendido entre todos los españoles. […] Grupos minoritarios que quieren hundir el puente […] representan un peligro para la paz y tranquilidad de los españoles y la unidad de la patria […]. Es necesario salir al paso de los mismos […] contra los métodos y las tácticas del confusionismo; el estilo catastrofista de cuanto sucede; la apelación insistente a nobles sentimientos para hacer frente a traiciones inventadas y perjurios sin cuento; el recetario de admoniciones; los símbolos y signos que siendo patrimonio común a todos los españoles pretenden monopolizar en exclusiva, a pretexto de aisladas vejaciones y ultrajes […] la excitación constante de nuestros ánimos presentándonos deformados los hechos, tergiversando las intenciones, acudiendo incluso a la maledicencia, la calumnia y la mentira, actuando siempre en la intransigencia y hasta la violencia para imponer sus ideas y opiniones; otros actos más en los que se busca insistentemente descabalar a los Ejércitos, sacarles de sus cuarteles, romper […] su cohesión y disciplina […]. Incitación constante que se hace por grupos políticos muy radicalizados y sobre todo por algunos medios de comunicación social que se han ganado limpiamente, en grandes sectores de opinión, el título de «libelos» […]. Al mismo tiempo produce verdadero sentimiento de pena contemplar cómo algunos de nuestros compañeros caen en situaciones y adoptan actitudes permisivas respecto a actos presididos por histerismos inconcebibles.

En las Fuerzas Armadas y en las de Orden Público (cuyos mandos eran por entonces militares) crecía el sentimiento de irritación ante la divulgación que los medios de comunicación hacían de hechos, comportamientos o disposiciones de sus miembros, lo cual afectaba a la imagen de la institución militar ante la opinión pública. La prensa aireaba las «polémicas» alocuciones de los capitanes generales de Aragón y de Canarias o el discurso del general Prieto, jefe de la IV Zona de la Guardia Civil. Pero también preocupaban en las Fuerzas Armadas otros asuntos internos que no habían trascendido: el ascenso del general Miláns del Bosch, que había sido designado jefe de la III Región Militar; los artículos del coronel Cano Hevia a favor de la reforma y los de los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD) en contra del inmovilismo militar; la circular del jefe del Estado Mayor del Ejército sobre la politización sufrida en los funerales del comandante Imaz, asesinado por ETA, y, sobre todo, las repetidas agresiones a militares y policías en el País Vasco.

El Departamento de Defensa Interna del CESID estaba atento a cuanto ocurría en aquellos ambientes militares, aunque sin interferir en lo que correspondía investigar a los servicios de información de cada Ejército, que por entonces se limitaban a elevar, desde los primeros escalones, «estados de opinión» muy negativos sobre el enrarecimiento del clima de los cuarteles, lo que de algún modo venía a potenciar el rumor o la insatisfacción.

EL CESE DEL TENIENTE GENERAL VEGA RODRÍGUEZ:
EL AMBIENTE SE CALDEA

Desde Moncloa nos llegaba, el 12 de mayo de 1978, la noticia de un enfrentamiento violento entre los tenientes generales Gutiérrez Mellado y Vega Rodríguez, jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), ocurrido un par de días antes en el despacho del vicepresidente, y que continuaría durante dos horas más en su pabellón. El asunto que lo motivaba era que Gutiérrez Mellado había decidido considerar —probablemente a petición del CESID— la muerte del comandante Ignacio Ruiz de Lopetedi, directivo del Centro en San Sebastián, como ocurrida «en acto de servicio». Al teniente general Vega aquel reconocimiento le parecía una arbitrariedad más de las que se venían haciendo en el ministerio, por tratarse en este caso de un jefe dependiente de Defensa, no de Ejército, y por no haber quedado demostrado que su accidente de circulación tuviera relación directa con el terrorismo etarra. El vicepresidente comentaría ante los suyos que Vega solo buscaba llevar a Felipe González a la Moncloa.

A última hora de la tarde del 18 de mayo de 1978 se reunía el Consejo Superior del Ejército para deliberar sobre el nuevo JEME —el teniente general Tomás de Liniers y Pidal, propuesto por el propio Gutiérrez Mellado, hecho que se consideró entre los consejeros como no acorde con la habitual formulación de candidatos a altos mandos en las Fuerzas Armadas—, tras el cese de Vega Rodríguez. Dos días antes este había solicitado al ministro el relevo de su cargo. La dimisión parecía sustentarse en su manifiesta disconformidad con la situación del País Vasco y la actitud gubernamental en relación con los asesinatos de miembros de la Guardia Civil, instituto al que el teniente general Vega había pertenecido al inicio de su carrera militar y que había llegado a dirigir recientemente. La impresión generalizada de los cuadros de mando era que se trataba simplemente del resultado de su rivalidad con Gutiérrez Mellado, aunque no se descartaba que respondiera a criterios políticos, de acercamiento a una posible alternativa de poder socialista, que incluiría a Vega en la presidencia de un Gobierno de transición posconstitucional, hecho que habría desagradado no solo al ministro de Defensa, sino también a otras instancias superiores a la suya.

En junio de 1978 en el Alto Estado Mayor circularon dos panfletos: uno titulado «Después de la Constitución será tarde» y otro relacionado con el presunto decreto de modificación de las edades de retiro y pase al grupo B, del que la prensa se había hecho eco. Se suponía que el objetivo de ambos libelos era perseguir el cese del ministro de Defensa. En esas fechas la banda ETA asesinaba en Madrid al general de Artillería Juan Manuel Sánchez Ramos-Izquierdo y al teniente coronel Juan Antonio Pérez Rodríguez para cebar la espiral de violencia, tomando a las Fuerzas Armadas como blanco instrumental, y, de paso, capitalizar las discrepancias surgidas en la Comisión Constitucional y protagonizadas por el PNV, que pretendía un pacto especial entre el pueblo vasco y la Corona. El asesinato venía a complicar más el escenario político nacional, con una explicable indignación de los militares ante la agresión etarra.

Tras dicho asesinato, grupos discrepantes con el rumbo que tomaba la Transición arreciaron sus actividades conspirativas, con pretensión de instrumentalizar las Fuerzas Armadas y cambiar el proceso político. Los más radicales pedían la interrupción inmediata de tal proceso, incluso —si fuera preciso— con un golpe militar contra la monarquía. Se incluían en esta línea desde la Confederación Nacional de Excombatientes, capitaneada por Girón de Velasco, hasta formaciones escindidas de Fuerza Nueva; desde el semanario FN al diario El Alcázar, pasando por El Imparcial, en el que se ridiculizaba y denigraba descaradamente a Gutiérrez Mellado y se instigaba a los Ejércitos a actuar frente a lo que suponían traiciones a la patria. Pretensión diferente en fórmula y plazos era la preconizada por el teniente coronel retirado Enrique Herrera Marín, secretario de la Hermandad Nacional de Legionarios, quien logró reunir a algunos jefes y oficiales, e incluso generales en la reserva, con civiles conspiradores, sin que llegase a fraguar plan alguno, aunque sí circulase entre la colectividad militar propaganda de multicopista, que era buzoneada a un gran número de miembros de los tres Ejércitos. Otros grupos que se decían «moderados», discrepantes también con los derroteros de la Transición, promovían la intervención solapada y conjunta de la institución militar en el proceso político, con el fin de introducir en la Constitución determinadas prerrogativas que consideraban necesarias los profesionales de las armas, para lo cual montaban reuniones muy selectivas con mandos cualificados de los Estados Mayores.

La responsabilidad informativa sobre tales discretas actividades era confusa, al menos en teoría. Las Segundas Secciones-Bis de los Ejércitos la reclamaban para sí, pero o bien no se ocupaban de su investigación o carecían de medios para ello o la información no llegaba al Ministerio de Defensa. Por otra parte, el CESID —como su predecesor, el SECED— tenía vedado el ámbito militar, limitándose a investigar el componente civil de la actividad involutiva y a elevar a la superioridad valoraciones de la prensa y propaganda ultraconservadoras. Esta propaganda era difundida por grupos políticos minoritarios interesados en la toma del poder por el Ejército, entre ellos las Juntas Militares Españolas (JUME), que abundaban en críticas acerbas al ministro de Defensa, al presidente del Gobierno y al rey, en tonos siempre catastrofistas. Curiosamente en aquellos panfletos se solía atacar al CESID; nunca a las Secciones-Bis.

LA OPERACIÓN GALAXIA

Los miembros de los Ejércitos consideraban injustas las insinuaciones, cuando no acusaciones, de un supuesto «ruido de sables» que empezaba a convertirse en un tópico manido, claramente manipulado por determinados grupos políticos y mediáticos. Esa era la irritante realidad, según queda descrita en Hablan los militares (pág. 562), cuando se produjo la Operación Galaxia. Tal como la describe Platón, la preparación del golpe bien podría quedar resumida en los cuatro párrafos que siguen:

El 11 de noviembre de 1978, el teniente coronel Antonio Tejero Molina, destinado en la Dirección General de la Guardia Civil, y el capitán Ricardo Sáenz de Ynestrillas y Martínez, de la Academia Especial de la Policía Armada, convocaron a una reunión en la cafetería Galaxia de Madrid a dos comandantes y a un capitán. Los primeros eran Manuel Vidal Francés —destinado también en la Academia Especial de la Policía— y Joaquín Rodríguez Solano, del Estado Mayor del Ejército, que había estado destinado algún tiempo atrás en la Policía Armada. El tercero era el capitán de la Policía Armada José Alemán Artiles.

Tejero y Sáenz de Ynestrillas, que llevaban reuniéndose a solas desde el mes anterior, informaron a sus compañeros de que, «profundamente preocupados por los progresivos ataques a los componentes de las Fuerzas Armadas y de Orden Público perpetrados principalmente en las provincias del norte», pensaban en la posibilidad de poner fin a tal estado de cosas mediante un golpe de mano con el que ocuparían el palacio de la Moncloa durante una reunión del Consejo de Ministros. El objetivo declarado era «posteriormente someter la nueva situación a SM el Rey». […].

Para llevar a cabo esa acción, el teniente coronel Tejero pensaba aprovechar los ejercicios de tiro, programados para la Agrupación de Destinos de la Dirección General de la Guardia Civil, […] que coincidían con las reuniones del Consejo de Ministros. Su idea era desviar un centenar de hombres de la Agrupación para apoderarse del palacio de la Moncloa por sorpresa, sometiendo o desarmando a las fuerzas de seguridad que encontrasen, para luego tomar como rehenes a los miembros del Gobierno. Tejero llegó a invitar al comandante Vidal a que, llegado el momento, tomase el mando de la Academia Especial de la Policía Armada, destituyendo al teniente coronel García Polavieja. Solicitó asimismo el apoyo del comandante Rodríguez Solano y el capitán Alemán Artiles, en forma no concretada.

El comandante Rodríguez Solano estimó que el plan era disparatado y aconsejó a Tejero que estableciera contacto con el teniente coronel Federico Quintero Morente, destinado en el Estado Mayor del Ejército (División de Operaciones) y experto en temas de subversión e inteligencia. Solano informó de inmediato a su superior. Federico Quintero intentó disuadir a Tejero y puso en conocimiento del general jefe de la División de Inteligencia del EME el contenido de la conversación. Por su parte, el comandante Vidal Francés dio parte por escrito al general subinspector de la Policía Armada, quien dio cuenta al director del CESID, general Bourgón, que movilizó a los distintos servicios de información.

El lunes 13 de noviembre de 1978 a última hora de la mañana el general Bourgón recibía una llamada urgente del general Timón de Lara, subinspector de la Policía Armada, rogándole que fuera a verle a su despacho para tratar una cuestión muy reservada que no quería desvelar por teléfono. El director del CESID se trasladaría inmediatamente a la sede de la inspección acompañado del general Ollero, jefe de la División de Interior. Allí, el teniente coronel Manuel García Polavieja, director accidental de la Academia Especial, refirió la confidencia del comandante profesor Vidal Francés sobre los preparativos de un golpe de mano en el palacio de la Moncloa; este había asistido a unas reuniones en la cafetería Galaxia, y en ellas se le había encomendado neutralizar a su jefe en la Academia Especial cuando llegara el momento. El general Timón, que confiaba en el criterio personal del director del CESID, deseaba contrastar el asunto con Bourgón para coordinar la investigación y abortar la intentona sin escándalo, antes de ponerlo en conocimiento del ministro del Interior. En el Centro no se tenía la menor información sobre el presunto golpe de mano, por lo que el general director prefirió tomarse un tiempo para completar la investigación antes de elevar el asunto a los ministerios de Defensa e Interior.

El día siguiente, al final de la mañana, el general Timón de Lara se presentaba en el CESID, acompañado del comandante Company de su Estado Mayor, a quien había encomendado el inicio de la investigación. Los nuevos datos eran más alarmantes: tres coroneles (el del Centro de Instrucción de Reclutas de Colmenar Viejo, uno de la Brigada Acorazada de El Goloso y dos de la Brigada Paracaidista de Alcalá de Henares) «dejarían hacer» para que sus unidades fueran neutralizadas. Se aludía por primera vez a la intervención del teniente coronel Tejero, el capitán Sáenz de Ynestrillas y otros conocidos oficiales tenidos por ultras y proclives, en alguna medida, a tan arriesgada y disparatada aventura. A la vista de cuanto se iba conociendo, Bourgón ordenó a Ollero completar la información con la mayor urgencia y telefoneó a los jefes de las secciones de inteligencia del Ejército y de la Guardia Civil para que estuvieran atentos, porque se desconocía la fecha en que pudiera ejecutarse el sugerido golpe de mano.

A primera hora del miércoles 15 de noviembre el director del CESID convocaba en su despacho al general Morillo, jefe de Información del Ejército de Tierra, al que pondría al corriente de los datos recogidos, para que los anticipase al jefe accidental del Estado Mayor del Ejército, el teniente general González del Yerro. Morillo confirmaría que Tejero había iniciado contactos, aunque sin resultado alguno, según le había confesado uno de los coroneles «tocados». Esa misma mañana Bourgón reclamaba la presencia del teniente coronel Cassinello, jefe de la Sección de Información de la Guardia Civil, para que alertase a su superior, el general Sáenz de Santamaría, e iniciase una información urgente sobre Tejero. Bourgón consideró llegado el momento de informar a los ministros de Defensa e Interior, pero Gutiérrez Mellado se encontraba de gira oficial por la III Región Militar, por lo que se decidió a contactar directamente con el presidente del Gobierno. Inmediatamente después, Suárez ordenaba regresar a Madrid al ministro de Defensa y convocaba una reunión con los dos ministros citados, los directores de la Guardia Civil (teniente general Oliete), Seguridad (Mariano Nicolás) y CESID, y el teniente coronel Cassinello (sin duda por su nueva función, pero también por la confianza que Suárez tenía en su asesoramiento).

El día 16 Tejero fue trasladado al cuartel de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo acompañado por el coronel jurídico de la dirección y Cassinello, pero de madrugada regresaría a Madrid para asistir a un careo con Quintero en Capitanía General. Aquella noche se completaron los interrogatorios a los presuntos golpistas, todos los cuales confirmaron la información recogida, excepto Tejero e Ynestrillas, que se negaron a hacerlo. A las cinco de la mañana se autorizó a los implicados a irse a su casa, con las excepciones de Tejero, que pasó al II Tercio de la Guardia Civil en la calle Guzmán el Bueno, e Ynestrillas, que fue internado en el Cuartel de Pontejos, de la Policía Armada.

En la mañana del viernes 17 se definieron las responsabilidades de cada uno de los interrogados, y Bourgón acudió a una reunión informativa con el capitán general. Esa misma tarde, a la vista de toda la información disponible, el CESID distribuía una nota interna sobre «una posible acción subversiva», en la que se hacía una síntesis de los hechos conocidos. De ella son estos párrafos:

A principios de semana llegan noticias al Servicio relativas a una posible acción protagonizada por un reducido grupo de jefes y oficiales de la Policía Armada y de la Guardia Civil. Las informaciones eran poco concretas y de muy difícil explotación, ya que una investigación a fondo podría crear un clima de tensión en donde realmente no existía nada […]. La mayor dificultad estribaba en que la fecha señalada para la posible acción era la del 17 de los corrientes, en la que coincidían las siguientes circunstancias:

— El rey salía ese mismo día para América.

— El ministro de Defensa se encontraba fuera de Madrid y los componentes de la JUJEM también estaban ausentes.

— Los generales del Curso de Mandos Superiores iniciaban el viaje de prácticas; entre ellos se encontraban el director del CESID, el subinspector de la Policía Armada, el jefe de EM de la Guardia Civil y el jefe de la Brigada Acorazada XII.

— Para el sábado 18 se esperaba una afluencia grande de personas que venían a Madrid para unirse a la manifestación convocada por Fuerza Nueva con motivo del tercer aniversario de la muerte del Generalísimo.

— Y por último, la acción coincidía con un fin de semana en que prácticamente los organismos oficiales quedan con una actividad mínima.

Por otra parte, era necesario concretar el alcance real de la acción prevista […]. Los criterios mantenidos en todo momento han sido: impedir que la posible acción se desarrollara el día previsto y limitar al máximo que trascendiera a la opinión pública […]. Se puede afirmar categóricamente que esta acción no ha tenido la trascendencia que han querido reflejar algunos medios de comunicación social, y que en ningún momento se han visto «implicados mandos y unidades de las Fuerzas Armadas».

Parece claro que se trataba de un pequeño grupo de militares radicales e irreflexivos, que fiaban más su éxito a la audaz sorpresa de su precipitado proyecto de golpe de mano que a un plan secreto suficientemente elaborado. Por otra parte, no parecen quedar muchas dudas de que en los servicios de información responsables hubo falta de prevención, pues de no haber sido por la aludida delación o deserción de quien conocía parte de la trama aquellas actividades clandestinas hubieran pasado inadvertidas. Cuesta trabajo pensar que algún mando de los servicios militares pudiera haber recibido información de alguno de los convocados a la cafetería Galaxia y no le concediera importancia o que premeditadamente prefiriera mirar a otra parte para no verse forzado a actuar sobre sus compañeros, que en amplios ambientes eran valorados con benevolencia por su postura firme y valiente contra el terrorismo y el nacionalismo radical.

La investigación daría pie a una nueva operación que, bajo el nombre de OVNI, seguiría pistas nacidas en la propia Operación Galaxia. El desenlace de esta queda reflejado así por Platón (pág. 564):

Año y medio después, el 6 de mayo de 1980, se celebró el correspondiente Consejo de Guerra, presidido por el general jefe de la División Acorazada, José Juste Fernández. El fiscal militar acusó a los dos procesados de un delito de conspiración y proposición para la rebelión […] y solicitó la pena de seis años de prisión para el teniente coronel Tejero y cinco para el capitán Sáenz de Ynestrillas […].

El Consejo de Guerra […] condenó a siete meses de prisión a Tejero y a seis meses y un día a Sáenz de Ynestrillas, con las accesorias de suspensión de empleo y cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio. El capitán general de la I Región Militar, Guillermo Quintana Lacaci, disintió de la sentencia […] elevó los autos al Consejo Superior de Justicia Militar y solicitó las penas de un año y ocho meses de prisión (Tejero) y un año y siete meses (Sáenz de Ynestrillas). Vista la causa en Sala de Justicia, esta ratificó las penas impuestas por el Consejo de Guerra a los dos acusados, «como autores responsables de un delito de proposición para la rebelión».

Días después de la Operación Galaxia, el general Bourgón me transmitía, en conversación particular, su disgusto por las críticas desfavorables de la prensa y por el modo en que se había desmadrado la información. Creía que en el fondo había interés en dividir a las Fuerzas Armadas y deteriorar su imagen pública. Pensaba, además, que la actuación oficial había sido lamentable. No culpaba directamente a nadie, pero creí entender que se estaba refiriendo al vicepresidente de Defensa y al propio presidente del Gobierno. Me aseguraba, «sin presunción ni rubor», que nadie sabía más que él de la Operación Galaxia, y que algún día nos la contaría con detalle. Lo hacía con pesadumbre, como si hubiera tenido que luchar con todos los de «arriba», sin ver en ellos el menor atisbo de espíritu de servicio, de patriotismo. Sobre Suárez, el presidente del Senado, Antonio Fontán, me diría que no había estado a la altura de las circunstancias: aquella noche no quería ni ponerse al teléfono y recorría los puestos de guardia del palacete de la Moncloa con la pistola al cinto. También Joaquín Garrigues le encontró preocupado y tenso.

A finales de noviembre las tertulias de jefes y oficiales del AEM hablaban de la Operación Galaxia con la sospecha de que detrás había bastantes más implicados que los encausados, y que el intento de golpe podría reaparecer en cualquier momento para forzar la caída del Gobierno y la congelación de la Constitución, haciendo regresar de América al rey para jurarle fidelidad, con un Gobierno independiente de transición. En aquellas tertulias se daba al teniente general Gutiérrez Mellado por absolutamente quemado. Su intervención en la Comisión de Defensa del Congreso (21 de noviembre), que había comenzado en línea puramente militar, digna de aplauso, fue bajando de nivel a medida que se adentraba en aspectos políticos. La Comisión esperaba más explicaciones, más calidad en el informe. Así nos lo harían saber fechas después los diputados Pérez-Llorca, Lorens, Guerra, Busquets, Sanjuán, Carrillo, etc. El 19 de diciembre el CESID organizó una cena en el hotel Meliá Princesa para complacer a varios directores del mundo de la prensa (Morcillo, Luca de Tena, Alonso, Herrero, González Barandiarán, La Serna…) que deseaban obtener información de rigor sobre la «Galaxia», en ambiente discreto y de franca expectación.

EL DESPLANTE DEL GENERAL ATARÉS EN CARTAGENA

El mismo 17 de noviembre, fecha en que Tejero tenía previsto tomar la Moncloa, el ministro de Defensa intentaba explicar la reforma militar a un buen número de miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden Público de la guarnición de Cartagena, acto oficial en el que el general Atarés, jefe de la Guardia Civil en Levante, increparía a Gutiérrez Mellado en un airado desplante público, situándose así a medio camino entre los oficiales radicales que pretendían interrumpir el proceso político con un golpe de mano y los que simplemente aspiraban a condicionar el espíritu y contenido de la Constitución que se iba pactando.

La Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) lo relataba así dos días más tarde para conocimiento de todos los cuadros de mando:

Pidió la palabra en cuarto lugar el capitán de corbeta Gonzalo Casado de la Puerta, que, a diferencia de los anteriores participantes, dio lectura a un escrito en el que preguntaba al Gobierno si este creía que la Constitución, a la que calificó de laica y liberal, iba a proporcionar la paz y el bienestar a la nación, cuando desde 1812 principios análogos solo habían ocasionado desgracias […]. Terminada su lectura, le dio contestación el ministro significándole que, más que una pregunta, había leído una arenga y que su presencia y ofrecimiento no tenían como fin escuchar arengas. Por otra parte, dijo el ministro que la Constitución será lo que la nación decida.

En este momento, inopinadamente y sin previa autorización para hacer uso de la palabra, el general de brigada de la Guardia Civil don Juan Atarés Peña […] se levantó de su asiento manifestando, con gritos destemplados y desabridos, ser mentira lo que el ministro afirmaba, que el pueblo no quiere eso, y otras frases que no pudieron oírse claramente dado que la actuación de dicho general fue aplaudida y coreada con gritos de adhesión por un grupo reducido de asistentes[85]. Dada esta actitud, inadmisible y de clara insubordinación, se le conminó a que se callara; pero al continuar el general Atarés en su postura indisciplinada y descompuesta, se le ordenó que abandonara la sala. Llegado a la puerta de salida, volvió sobre sus pasos, ante lo cual el ministro le mandó cuadrarse, comunicándole que quedaba arrestado. El general Atarés salió de la sala acompañado por dos oficiales generales (los gobernadores militares de Murcia y Cartagena), profiriendo, en su salida, insultos y palabras indignas de la conducta que debe observar todo militar, reproduciéndose nuevamente algunos aplausos. Ante esta situación violenta el ministro ordenó ¡firmes! a los asistentes, a quienes se dirigió diciéndoles «sentir vergüenza por el espectáculo bochornoso que hemos protagonizado todos».

El ministro invitó a abandonar el local a cuantos estuvieron de acuerdo con los discrepantes, sin que nadie lo hiciera, y dispuso que el capitán general de la III Región Militar iniciara el oportuno expediente judicial. Acto seguido, el teniente general Miláns del Bosch salió para cumplimentar lo ordenado.

EL TENSO FUNERAL POR EL GENERAL ORTÍN

A principios del año siguiente, el 2 de enero de 1979, la banda terrorista ETA asesinaba en el País Vasco al comandante de Infantería José María Herrero y a un cabo de la Policía Armada, y un día después acababa con la vida del gobernador militar de Madrid, el general Constantino Ortín. El día 4 se oficiaron las exequias en el Cuartel General del Ejército, a las que acudieron centenares de cuadros de mando para rendir el último homenaje a las víctimas. Al final de la misa se produjeron manifestaciones de protesta por parte de grupos minoritarios de oficiales y un alboroto importante en el túnel sur del patio de armas. El cadáver iba a salir por Cibeles para ser transportado hasta el cementerio en un furgón, pero a los acompañantes se les obligaba a abandonar el Cuartel General por la calle Prim, lo que crispó más los ánimos. Súbitamente, los compañeros de promoción de Estado Mayor del asesinado tomaron el féretro y lo sacaron a hombros a la calle de Alcalá[86].

El general Ollero, jefe de la División de Interior del CESID, recordaría aquella triste mañana en una larga entrevista que me concedió años después. Esperaba complicaciones, y así se lo dijo al vicepresidente, quien le habría respondido: «No, el Ejército es disciplinado. Me gustaría que te equivocaras». El director de la Oficina de Información, Difusión y Relaciones Públicas (OIDREP), el coronel González de Suso (que más adelante también sería víctima de un atentado mortal), vino después al CESID de parte del ministro para que se identificase en unas fotos a quienes estaban implicados en el alboroto. Bourgón le respondió: «Mira, nosotros no sabemos nada; pídeselo mejor al juez que lo lleva».

Aquel funeral vendría a ser el detonante de la soterrada crisis entre Gutiérrez Mellado y Bourgón que más adelante relato. Los denominados «ultras» habían caído en la provocación de ETA, desatando una desafortunada e indisciplinada bronca como respuesta a la presencia del ministro, que fue gravemente insultado, a pesar de que el jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Liniers, tratara de poner orden en el ominoso barullo que siguió y en el que Gutiérrez Mellado estuvo a punto de ser vapuleado. La dirección del CESID difundiría con carácter interno una nota, que entre otras cosas decía:

Se inició el acto con la salida del féretro y los honores que le correspondían […]. A continuación se interpretó el himno nacional para trasladar la bandera ante el altar. Silencio absoluto y actitud de respeto. La ausencia de homilía por parte del vicario general castrense ha caído mal, como ya ocurrió en el funeral del general Sánchez Ramos y su ayudante. Una vez terminada la misa, se devolvió la bandera a la formación y al finalizar el himno nacional se oyó un grito de «¡Viva el honor!», escasamente coreado. Tras la interpretación del toque de oración y el himno de Infantería, comenzaron a oírse voces de «¡Viva España!», seguidas pronto por un mezcla confusa de gritos de «¡Dimisión!», «¡Traidores!», «¡Abajo los traidores!», «¡Muera ETA!», etc., hasta que predominó claramente el estribillo «¡Dimisión!», que fue coreado durante unos segundos por una parte de los asistentes. Esta situación fue cortada por la interpretación de la Marcha de Infantes al retirarse el féretro.

Terminado el acto, la gran mayoría se ha disuelto con normalidad obedeciendo la instrucción de salir por la puerta Norte. […] El ministro de Defensa fue conducido a su coche escoltado por sus ayudantes, seguido por un numeroso grupo de generales, jefes y oficiales en actitud hostil e insultante […]. Las personas que llevaban el féretro y acompañantes se negaron a que fuera introducido en el coche fúnebre, a pesar de las repetidas advertencias y ruegos para llevar a cabo el programa previsto. Forzaron las puertas desplazando al centinela que las custodiaba y salieron en tumulto con el féretro a hombros por la calle Alcalá en dirección al cementerio de la Almudena[87].

El comandante Ricardo Pardo Zancada ofrece en 23-F. La pieza que falta su personal testimonio:

Se desarrollaba el acto castrense en un ambiente tenso. Solo rompían el espeso silencio la voz del oficiante de la santa misa, monseñor Emilio Benavent, y algún que otro grito de «¡asesinos!» […]. Pronto se inició una sutil maniobra. El féretro se trasladaba a un furgón previamente preparado en la puerta sur del patio […] para mayor disimulo […] sin cubrir con la bandera nacional […]. Hasta ese momento no se había proferido grito o insulto alguno contra el Gobierno o contra quien presidía el acto, pero al ver el ataúd desnudo grité con toda la potencia de mi garganta: «¡Con bandera!». No fui en modo alguno el único […]. Fue un clamor, pero el mando quiso seguir su plan y se equivocó. Vi claramente cómo un grupo de oficiales, entre ellos algún general, zarandeaba a Gutiérrez Mellado. Voces estentóreas gritaban —¡¡Traidor!! ¡¡Asesino!! ¡¡Masón!!— […]. La plaza estaba repleta de gente […]. No es cierto, como se ha afirmado, que el duelo fuese organizado por la extrema derecha. Rigurosamente falso. Aquello fue una reacción militar espontánea producida por el disgusto que estaba creando […] la marcha de los acontecimientos […]. Sí fue, en cambio, la primera vez que en público y de forma colectiva se faltaba a la disciplina […].

Naturalmente, el teniente general Gutiérrez Mellado se retiró indignado y confuso, y, ya en su despacho, se lamentaría de no haber podido enderezar el acto como había hecho en Cartagena. Casi en vísperas de la celebración de la Pascua Militar, tampoco tenía tiempo de adoptar ningún tipo de medida ante la lenidad de los organizadores del acto oficial en la prevención del alboroto. Mientras él se concentraba en la preparación de tan solemne fecha conmemorativa, sus adversarios se aprestaban a intentar su caída. La figura del teniente general estaba en entredicho y, según su principal biógrafo, Fernando Puell de la Villa, el desgaste del vicepresidente estaba afectando incluso a su carácter[88]. Este hecho lo corroborarían Julio Calleja, pariente de Gutiérrez Mellado, y Mario Álvarez Garcillán, amigo de la infancia y con el que mantenía contacto frecuente. Al parecer, a raíz de los sucesos del entierro del general Ortín el vicepresidente le había hecho a este último la confidencia de estar pensando pegarse un tiro. Hasta a los militares próximos al teniente general les parecía inminente e imprescindible su relevo en el Ministerio de Defensa.

Secuelas de aquel lamentable episodio

En la tarde del 5 de enero nos recibía el presidente de EFE para hablar de asuntos de actualidad política-militar. Naturalmente se trató el episodio del funeral del general Ortín, que Ansón valoraba como una manifestación de rechazo de la institución militar hacia el desastroso tratamiento que se había venido dando desde el Gobierno a dos principios básicos como la unidad de la patria y el orden interior. Comprendía que se habían cometido graves actos de indisciplina por buena parte de los asistentes, pero, a su juicio, bastaba difundir una enérgica nota de condena del mando militar por aquel desacato generalizado y que el presidente del Gobierno anunciara el cese —o dimisión pactada— de los primeros responsables, que no supieron prevenir o cortar el acto: el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Liniers.

Pero, aunque aquel mismo día circularon fuertes rumores de dimisión del vicepresidente Gutiérrez Mellado, esta no se produjo. Adolfo Suárez —que, según Ansón, había engañado al monarca restando importancia al incidente— respaldaba su gestión y quería mantenerlo en el Gobierno. El Día de Reyes, don Juan Carlos, en su discurso en el palacio de Oriente con motivo de la Pascua Militar, introducía una clara referencia a los alborotadores del entierro de Ortín, calificaba el incidente como «francamente bochornoso» y hacía una seria llamada a la disciplina. De este modo Gutiérrez Mellado quedaba reforzado, y de inmediato empezaría a exigir responsabilidades por la falta de colaboración de los servicios de información militares, de los que ya desconfiaba abiertamente; desconfianza que, en grado menor, hacía también extensible al CESID.

Un día después el vicepresidente recibía en su despacho a Bourgón. Quienes se encontraban en el antedespacho escucharon grandes voces de Gutiérrez Mellado. En relación con el triste episodio, me contaba el general Ollero que el ministro les había llamado a Bourgón y a él en dos ocasiones, que calificaría de «nefastas». En una de ellas les «montó el número a grito limpio: tomaba varios cafés seguidos, fumaba sin parar y lo alternaba con pastillas de Optalidón». No aceptaba que el director del CESID no supiera nada del asunto y se dirigía a Ollero espetándole: «¿Y tu gente? ¿Tampoco sabe nada?». Pedía el vicepresidente al CESID datos de los asistentes al funeral del general Ortín y los nombres de los que aparecían en las fotografías que les mostraba. Bourgón seguía negándose a ello, aunque con gran corrección, como era su estilo.

El vicepresidente culpaba de los incidentes al Cuartel General del Ejército, al teniente general Liniers y a su servicio de información. Se quejaba con pena de que le hubieran fallado todos sus colaboradores directos, en referencia no solo a los miembros de la Junta de Jefes de Estado Mayor, sino a los jefes de las regiones militares: de los once capitanes generales, solo dos le habían escrito tras el incidente. Pero, pese a este clima de falta de colaboración, Gutiérrez Mellado insistía enfáticamente en su determinación de seguir adelante con la reforma emprendida de la superestructura de los órganos de la Defensa. Además, manifestaba abiertamente su obsesión por los diarios El Alcázar y El Imparcial, que, según el teniente general, tenían entrada «en todos los cuarteles generales, incluso en las salas de banderas», donde llegaban tras ser «subrayados por los coroneles».

Pocas fechas después el teniente general Gutiérrez Mellado habló por teléfono a Ollero en estos duros términos: «Oye, a ver si te enteras de quiénes estaban brindando con champán en tu destino, muertos de risa por los hechos del Cuartel General del Ejército […]. ¿Cómo te vas a enterar de lo que pasa en ETA, si no te enteras de lo que ocurre a cuatro metros de tu despacho?». El ministro disparataba, estaba descompuesto, me diría el general Ollero tiempo después.

Conviene señalar que, tras aprobarse la Constitución, los grupos de la derecha ideológica moderada defraudados por el texto fundamental no renunciaban a plantear a medio plazo un reajuste del rumbo político, aunque hay que diferenciar claramente este deseo de las actividades extremistas de quienes aspiraban a una involución que restaurase la continuidad perdida con el cambio de régimen. Ambos grupos trataban por distintos procedimientos de influir sobre el cuerpo de oficiales, cada vez más sensibilizado por los continuos atentados terroristas. De ahí que los más radicales aprovechasen el asesinato del general Ortín, mientras los moderados mostraban su temor a que se produjera un pronunciamiento contra la monarquía. En este sentido, la facción más activa tras el entierro fue la integrada por los monárquicos renuentes con la Constitución, partidarios de que el rey retuviera prerrogativas del anterior jefe del Estado, tales como la jefatura efectiva sobre las Fuerzas Armadas, concepto que tenía fuerte tradición ideológica entre los militares españoles, que siempre abogaron por una amplia autonomía respecto del poder político. Representantes de esa fracción maniobraban para que el presidente del Gobierno e incluso el propio rey sugirieran a Gutiérrez Mellado la conveniencia de dimitir, pues, si se mantenía en su cargo, los radicales terminarían por lograr su propósito de enfrentar las Fuerzas Armadas a la Corona.

Ya en la segunda quincena de enero de 1979, se seguía especulando con la sustitución de Gutiérrez Mellado en Defensa. Se pensaba en un civil, barajándose el nombre de Gregorio López-Bravo, así como también la posibilidad de que Adolfo Suárez asumiera personalmente esa cartera. Gutiérrez Mellado, sin embargo, aseguró al general Bourgón no haberse planteado la dimisión, si bien afirmaba que se iría contento ante cualquier indicación que le hiciera el rey. Según Antonio Fontán, presidente del Senado, tanto Gutiérrez Mellado como Suárez —cuyo despacho frecuentaba el vicepresidente primero para ponerse inyecciones de «moralina»— habían perdido en parte la perspectiva; ambos habían sido elegidos personalmente por el rey «para hacer una determinada cosa» y debían actuar sin perjudicar a la Corona. «El rey tiene en esto las ideas muy claras, pero estos dos, no», me decía.

Para ahondar más en el problema, el 5 de marzo de 1979 ETA asesinaba en Madrid al general de Intendencia Agustín Muñoz Vázquez. En esta ocasión, por indicación del jefe del Estado Mayor del Ejército, los funerales se celebraron en el tanatorio del Hospital Militar Gómez Ulla. Pese a todo, un grupo de mujeres que asistían a la vela del cadáver lanzó gritos y frases hirientes contra Gutiérrez Mellado y otras autoridades militares presentes. Los asistentes exigían justicia, y el vicepresidente intentó acallar sus voces con una apelación a la disciplina. El subdirector de la Escuela de Guerra Naval, el capitán de navío Camilo Menéndez, gritó entonces: «¡Es antes el honor que la disciplina!».

El director del CESID me relataría el viernes 16 de marzo su larga audiencia con el rey de unos días antes. Nadie sabía nada firme sobre el futuro de Gutiérrez Mellado salvo Suárez, quien al parecer quería alguien nuevo en Defensa. A finales de mes, Bourgón, tras otra audiencia real, me aseguraba que el teniente general seguramente no seguiría al frente del ministerio: tenía el rechazo total del Ejército y el presidente se daba cuenta de ello, por lo que no podía uncirlo de nuevo a su carro. Prometía contarme «algo» cuando apareciese la lista del nuevo gobierno.

¿UN MINISTRO CIVIL PARA DEFENSA?

Nada más comenzar 1979 las consideraciones sobre tal posibilidad y conveniencia surgirían casi en todas las conversaciones con nuestros contactos. Por ejemplo, el diputado de UCD y abogado del Estado Santiago Rodríguez Miranda ya nos hablaría a principios de año de la conveniencia de un ministro civil para que tomase medidas urgentes en las que era preferible no involucrar a un militar; además, le parecía una decisión que caería muy bien en ambientes políticos. Eran sus candidatos Calvo-Sotelo, Rovira Tarazona o un abogado del Estado con amplio conocimiento de la Administración.

Luis María Ansón nos desarrollaría su propio planteamiento con una justificación para él fundamental: sería una alternativa al presidente del Gobierno en caso de que el deterioro de la situación nacional fuera muy grave, hipótesis no probable, pero sí muy peligrosa, que había que tener prevista. Una figura civil siempre sería mejor acogida en España y fuera de nuestras fronteras que un militar. Razonaba su apoyo a López-Bravo, Pérez Bricio y Villar Mir como impuestos en las áreas económico-financieras. Por su parte, Lapuerta nos añadiría los nombres de Barrera de Irimo, López de Letona, Monreal…

En general, era opinón extendida en los cenáculos políticos que no resultaba aconsejable que un militar profesional tuviera que obedecer a un partido y su política. Pero, a la vista de la situación de tensión reinante en las Fuerzas Armadas, el ambiente del Alto Estado Mayor no parecía orientarse hacia el nombramiento de un ministro civil, pues se consideraba que tal posibilidad era solo recomendable en etapas tranquilas, para impulsar la organización y dotación de material de los Ejércitos, así como su financiación, administración y funcionamiento.

A finales de enero acudí al domicilio del general Lacalle Leloup para hablar del tema. Pensaba que había que dar a la cadena de mando los derechos y deberes que tenía y evitar que un militar fuera «partidista» y pretendiera imponer su doctrina política a la institución. En la vigente situación política cualquier ministro tendría que vincularse a un partido o a su tendencia, y, por tanto, era preferible que el titular de Defensa no fuera militar. Ahora bien, el ministro civil que se designase tendría que saber elevar al Gobierno los problemas y deseos de la familia militar y al mismo tiempo difundir en los Ejércitos el criterio gubernamental. Tras pasar revista a posibles candidatos, militares y civiles, entre estos, Álvarez Álvarez, López-Bravo, López de Letona, Monreal, Pérez de Bricio y Villar Mir, el general Lacalle me haría una última confidencia: la víspera había recibido audiencia del rey; Gutiérrez Mellado estaba ya aparcado en Moncloa, esperando abandonar Defensa en marzo, sin pena ni gloria.

También el coronel José Ignacio San Martín, exdirector del SECED, me descartaba la posibilidad de un nuevo ministro militar: solo consideraba idóneo al general Ibáñez Freire. Entendía que el nombramiento debería recaer en un hombre de UCD y con condición de parlamentario, importante para defender los presupuestos; y, naturalmente, no estar «politizado». Afirmaba además que la ilusión del presidente y de su partido era lograr un Ejército operativo que no interviniese en nada, y un Alto Estado Mayor lo menos activo posible. Y no era demasiado optimista: pensaba que tarde o temprano se produciría una intervención militar. A su juicio, Gutiérrez Mellado —al que alababa por su capacidad y honestidad— había rendido un gran servicio al Gobierno Suárez, pero había hecho un gran daño a la institución militar de cara al futuro. San Martín pensaba que el teniente general hubiera estado mejor de jefe del Alto Estado Mayor.

La cuestión del relevo en Defensa y la conveniencia de que su nuevo titular no perteneciera al ámbito castrense estaba en la calle, y, en esas circunstancias, unas declaraciones a la prensa de López-Bravo, que figuraba en todas las quinielas, tendrían amplio eco entre la clase dirigente y política. Efectivamente, el día 24 de enero se publicaba en ABC una entrevista de Pedro J. Ramírez a López-Bravo, de la que el propio periodista nos había avanzado los aspectos más significativos: una calurosa loa de las Fuerzas Armadas, el gran honor que representaría para él ser elegido para dirigirlas y su definición como abierto partidario del rápido ingreso de España en la OTAN. Las once características que Pedro J. citaba para un futuro ministro de Defensa habían sido supuestamente establecidas en el CESID. Por su parte, Areilza comentaba en su entorno su máxima ilusión: ser ministro de Defensa e implantar en los Ejércitos tecnologías avanzadas. Pero se le acosaba para liquidar su carrera política.

Ese mismo día hablaba yo telefónicamente con María Mérida, redactora de La Vanguardia, quien también había entrevistado al teórico candidato a la cartera de Defensa. La periodista no tenía dudas de que había una operación montada por Ansón —que se había reunido poco antes con López-Bravo, según él mismo me confesaría—, consistente en la salida de Alianza Popular del exministro para, como independiente, mantenerse disponible de cara a un posible nombramiento. No tardé en notificar esta supuesta Operación López-Bravo al general Bourgón, pero el director me indicó que don Gregorio tenía fuertes enemigos y que acaso fuera preferible otro candidato menos brillante. María Mérida nos había recomendado la figura del almirante Liberal para dirigir la Defensa, dada su formación militar y política y su talante ecuánime. Ella esperaba un próximo Gobierno de militares que sacase a España del atasco. Por aquellas fechas preparaba un libro de entrevistas con una serie de generales, sobre el que pedía algún consejo.

En todo caso, el director del CESID se decantaba también por un ministro civil: Gutiérrez Mellado estaba y deshaciendo las responsabilidades de los tres jefes de Estado Mayor, inmiscuyéndose continua y flagrantemente en sus campos castrenses. Al parecer, los JEME ya no obedecían una sola orden que les llegase del vicepresidente primero.

El asunto de López-Bravo siguió dando que hablar. Era evidente la participación de Ansón, pero no la aquiescencia de la Zarzuela y menos aún de la Moncloa. Arturo Moya nos reveló que había presentado a Adolfo Suárez una terna supuestamente atribuida al CESID y encabezada por López-Bravo —quien había sido la principal atracción de las recientes sesiones de la OTAN en Estrasburgo[89]—, y que al presidente se le ponían los pelos de punta imaginando que el exministro pudiese convertirse en alternativa para la jefatura del Gobierno. Por otra parte, el comandante Monzón nos daría noticia de una conversación de López-Bravo con el banquero Fierro, en la que aquel admitía visitar con alguna frecuencia el palacio de la Zarzuela y gozar de la confianza del rey, si bien descartaba una eventual participación del monarca en una eventual campaña de promoción de su figura.

Finalmente, a finales de febrero, Pedro J. nos confesaría que el asunto lo había puesto en marcha Ansón, y que habían confluido en el tiempo dos operaciones de alto nivel: calentar el ambiente para un ministro civil de Defensa y sacar a la palestra a López-Bravo.

CRISIS DE CONFIANZA ENTRE GÚTIERREZ MELLADO Y EL GENERAL BOURGÓN

En tal situación en las Fuerzas Armadas, surgiría pronto un desajuste en las relaciones entre el vicepresidente de Defensa y el director del CESID, que lamentablemente iría en aumento por la distinta apreciación sobre el papel que correspondía al Centro ante los nuevos derroteros del cambio político. Los indicios de conspiración y las abiertas incitaciones a los militares desde determinados sectores civiles disconformes con el sesgo que tomaba la Transición contribuirían a agudizar este distanciamiento. El ministro demandaba al CESID con urgencia, y hasta con vehemencia, información y seguimiento sobre el ambiente en las Fuerzas Armadas; pero Bourgón se resistía, por su interpretación de los límites de responsabilidad que tradicionalmente se le habían fijado al Centro en diversas órdenes secretas presidenciales que lo excluían de intervenir en tareas informativas en relación con las Fuerzas Armadas. A ello contribuía el sentir de los cuarteles generales y de la cúpula militar, que aspiraban a conservar su propia responsabilidad en ese campo. La desconfianza y falta de sintonía entre ambos generales acabaría determinando la salida de Bourgón de su cargo el 1 de julio de 1979, tras más de un año y medio al frente del CESID.

Al hacerse cargo del Centro, el general Bourgón había asumido plenamente el planteamiento del vicepresidente de Defensa de alejar el recién creado CESID del acontecer interno inmediato, orientándolo fundamentalmente hacia los temas informativos relacionados con la amenaza exterior. Sin embargo —como ya he señalado—, el teniente general Gutiérrez Mellado no tardaría en percibir la importancia de los envites desestabilizadores internos como obstáculo para los proyectos políticos inmediatos del Gobierno, por lo que su actitud respecto a las tareas informativas del Centro experimentó un cambio radical. Con fecha 25 de noviembre de 1978 convocaría al general Bourgón para estudiar en qué medida el CESID podría investigar las actividades ultraderechistas en el seno de los Ejércitos. (Sorprendentemente también había sido convocado a esa reunión el comandante Calderón, directivo del Departamento de Contraespionaje, que no parecía tener función alguna relacionada con el asunto). El general director se resistió al requerimiento del ministro de Defensa de vigilar a los «oficiales conspiradores», alegando que las disposiciones oficiales reservaban el ámbito de las Fuerzas Armadas a los servicios de información de cada Ejército. Ante las renuencias y argumentos de Bourgón, Gutiérrez Mellado debió de crispar su actitud, según se desprendía de los comentarios que el director nos hizo al regresar a su despacho. El vicepresidente insistía en su manía persecutoria sobre la actuación de las Secciones-Bis, pidiendo al CESID entrar en ese campo informativo, con la dedicación de todos los efectivos disponibles. Tales deseos del vicepresidente no resultaban fáciles de satisfacer en aquellos momentos por la conocida oposición de los servicios de información militares a cualquier intromisión en un terreno que consideraban exclusivo.

La consecuencia de esta lamentable situación fue el nacimiento de cierta discordancia entre el vicepresidente y el director, que se iría incrementando con el paso del tiempo hasta alcanzar cotas de soterrado enfrentamiento. Bourgón se iría alejando cada vez más de los planteamientos del vicepresidente de Defensa, mostrando su desacuerdo con las decisiones y resoluciones que en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de las misiones del CESID tomaba Gutiérrez Mellado, disconformidad que en ocasiones el general director no se privaba de exponer en algunos de sus despachos con las primeras autoridades del Estado, llegando a manifestar que «la continuidad del teniente general como ministro de Defensa sería una catástrofe para la patria, la Corona y las Fuerzas Armadas». Es más que probable que alguno de los interlocutores aludidos hiciera llegar al vicepresidente al menos parte de las opiniones de Bourgón y que este hecho contribuyese al incremento del antagonismo entre ambos.

Tiempo después algún directivo del Centro calificaría de «dudosas renuencias» las del director al negarse a investigar sobre determinados ámbitos de las Fuerzas Armadas, e incluso de «incomprensibles» algunas apreciaciones que aparecían en las valoraciones periódicas del CESID. Pero la verdad es que el sentir de la gran mayoría de los miembros del Centro y de un importante sector de las Fuerzas Armadas estaba entonces en línea con la actitud ponderada y prudente del general Bourgón, en favor de que los Ejércitos mantuviesen en exclusiva aquellas responsabilidades informativas. El propio presidente del Gobierno era poco propicio a retirar a los jefes de Estado Mayor del Ejército tales competencias.

También es verdad que el vicepresidente se hallaba en una posición delicada. En el primer Gobierno de la monarquía, bajo la dirección de Arias Navarro, el teniente general Santiago coordinaba los tres ministerios militares y representaba a las instituciones castrenses en las decisiones políticas nacionales. Gutiérrez Mellado heredó, sin proponérselo, esa doble función, pero centraría su actividad en la reforma militar, que se inició con la supresión de los ministerios de los Ejércitos, y, sobre todo, tendría que compartir con el Gobierno el proceso de la Transición sin intentar condicionar las decisiones del presidente Suárez (como pretendió en su mandato el teniente general Santiago). Y ahí es precisamente donde debe hacerse radicar el comienzo de la ruptura entre el equipo director de la reforma militar y quienes, desde dentro del Ejército, abogaban por alguna autonomía respecto del poder político. Este es el motivo que explica la insistencia de los grupos ultraderechistas en deteriorar la imagen del teniente general Gutiérrez Mellado para restarle autoridad ante sus compañeros de armas.

Así que, aunque el vicepresidente quiso centrarse en los aspectos más profesionales de su cargo, pronto sería consciente de que no podía sustraerse a la creciente tensión a la que iba a ser sometido por dichos grupos; de ahí que intentase explicar personalmente las razones de su gestión en diversos viajes a las guarniciones. Creyó que bastarían sus razonamientos, pero el rechazo ya había prendido en los más radicales. En Cartagena tuvo Gutiérrez Mellado la impresión de que en la periferia las renuencias eran superiores a las colaboraciones; él y sus acompañantes volvieron de aquel viaje convencidos de que la sensibilidad de las Fuerzas Armadas frente a la Transición crecía y amenazaba con extenderse, pese a la mayoritaria reacción de sorpresa y desagrado por aquel reprochable incidente. Por otra parte, el ministro del Interior, Martín Villa, le facilitaba con frecuencia indicios sobre actividades conspirativas de militares, indicios que eran habitualmente rechazados por las Bises, de modo que el vicepresidente trataría de actuar sobre el general Morillo, jefe de Información del Ejército, pese a la intervención del director del CESID.

Quince días antes de las elecciones generales de marzo de 1979, el vicepresidente del Gobierno se reunió con los directivos del CESID. Comenzó centrando su atención en el terrorismo, asegurando que ETA iba a impedir, a la desesperada, la celebración de los comicios. Después habló del golpismo como faceta de la guerra subversiva, y animó al Centro a localizar los peligros donde pudiera producirse una reacción a las provocaciones de terroristas y marxistas, neutralizando su efecto. Aseguró que había oficiales que, con la mejor intención y el mayor idealismo, podían meternos en otra guerra civil, y que él trataba de evitarlo por todos los medios. Y nos pedía una colaboración entusiasta y decidida hasta el 1 de marzo. El CESID debía investigar los centros inductores, los focos de excitación. «¿Quién mueve esos hilos?», se preguntaba. «Quizá no desde círculos militares, sino desde medios de comunicación, desde personajes del mundo político y del económico. Hay mucho miedo y mucha política por medio». Cuando se despidió el ministro de Defensa, el director del CESID matizó a los reunidos que sería él quien diera personalmente las órdenes para actuar; entretanto «nadie del servicio debe salirse de la misión asignada». No explicó más, pero era mayoritario el criterio de que el general Bourgón no estaba dispuesto a perseguir a compañeros de armas, en tanto no se modificase la orden secreta por la que se regía el Centro.

El sábado 17 de febrero de 1979 tuve la oportunidad de visitar en la Moncloa, con la amistad y confianza de siempre, a Gutiérrez Mellado. Transcribo textualmente algunas de mis notas manuales, escritas inmediatamente después, como era mi costumbre:

Cada vez que empiezo a contarle el tema [el estudio de las vías de cumplimiento de su solicitud al CESID], me interrumpe y se lía a hablar. Me pide disculpas, pero vuelta a lo mismo. No quiere más que saber dónde actúan esos focos «ultras». Menciona el reparto de propaganda en casas militares y que eso podríamos detectarlo […]. Él no quiere dar palos; como mucho, «peinar» a alguno. No concibe cómo aún no se sabe quién dijo «¡Viva el honor!» en el Cuartel General del Ejército en el funeral del general Ortín. Se lo pidió a Bourgón y aún no sabe nada. También le previno lo de las esposas de militares y tampoco se hizo nada. Le pregunto abiertamente si es que no se fía de las Bises y me dice que no, que por eso nos lo encomienda a nosotros. Que nos volquemos en eso y nos olvidemos de los «vorochiloff», que son peligrosos pero actúan a diez años y a través de pantallas que irán saliendo […]. Sigue con su «rollo»: con los que desestabilizan y nos pueden traer una nueva guerra civil […]. Me insiste en localizar a los «cuatro tíos» que mueven dos periódicos. Cree que hay oficiales que pasan noticias y documentos. Y saca el tema de que puedan cargárselo[90]. Obsesión con su tema. Saco la impresión de que no escucha, porque yo he sido muy claro y no me ha seguido el hilo. Yo llevaba lista larga de temas (CESID, mi actividad, la imagen del rey, del presidente y la suya propia, etc.), pero inútil.

Pues bien, como Gutiérrez Mellado persistía en su idea de que algún órgano que no fueran las Bises se ocupara de informarle de las posibles actividades golpistas en las Fuerzas Armadas, Bourgón ofreció como alternativa indirecta elaborar un plan de acción psicológica en el CESID y ejecutarlo con la colaboración de la Oficina de Información, Difusión y Relaciones Públicas (OIDREP) del ministerio. De ese modo se evitaba la intervención del Centro, en tanto no se modificasen sus límites de responsabilidad respecto a los Ejércitos, y se obviaba así el efecto negativo que la supresión de aquella cláusula secreta del CESID hubiera producido en los Ejércitos, como agravio a sus servicios de información, hecho fácilmente transformable en ofensa a los militares, según parecer de los componentes más «ultras». Al vicepresidente le preocupaba sobre todo la Sección Bis del Ejército de Tierra, por su magnitud e importancia; además, sabía que los órganos regionales RESIBE gozaban de cierta autonomía para despachar directamente con el general Morillo Galcerán, obviando a los capitanes generales, lo cual en ocasiones servía a estos de excusa para limitar su control sobre las Bises. Así que Gutiérrez Mellado ordenaría al jefe del Estado Mayor del Ejército una reestructuración general de aquel servicio de información, devolviendo a la cadena de mando regional toda la responsabilidad.

23
LA CONSTITUCIÓN DE 1978

LA DISCUSIÓN DEL PROYECTO

A principios de 1978 dos asuntos fundamentales estaban en la cabeza y en las manos del presidente del Gobierno: el proyecto de la Constitución y las fechas electorales. Por entonces Arturo Moya nos aseguraba que Suárez quería someter la Constitución a referéndum el 15 de junio y, tras el éxito de su aprobación, celebrar elecciones generales en menos de dos meses, con la esperanza de alcanzar la mayoría absoluta en las Cortes. Pero, a corto plazo, UCD tenía que enmendar el borrador de la Constitución, que había ido demasiado lejos en el planteamiento de las autonomías territoriales.

El proyecto constitucional seguía siendo piedra de toque para valorar la acción del Gobierno: una tarea ardua que debía aunar voluntades de sectores muy dispares ideológicamente. Desde la oposición de derechas, el portavoz de AP y consejero del Reino Álvaro de Lapuerta me explicaba el 15 de marzo que dentro de la Constitución había tres aspectos que no debían dejarse pasar tal como se estaban redactando: las nacionalidades, la Iglesia y la enseñanza. Particularmente espinosa resultaba la primera de estas cuestiones. De hecho, algún miembro destacado de UCD, como el propio Pérez-Llorca, le había confesado sus problemas de conciencia: dudaba si permanecer en el partido en caso de que se mantuviera así el texto constitucional. El también centrista Meilán Gil, por su parte, pensaba que el asunto iba a explotarle en las manos al Gobierno, porque su posición no era compartida por el grupo parlamentario. Arturo Moya me haría idéntica consideración: «el tema autonómico está muy complicado». Martín Villa le había comentado que esperaba que —con motivo de esta cuestión— se produjesen deserciones en UCD y la ruptura de la disciplina de voto, por lo que habría que retrasar la fecha del referéndum. Suárez apelaba a que el texto constitucional reconocía España como única e indisoluble nación, al tiempo que confesaba que Cataluña, País Vasco y Galicia tenían peculiaridades que las diferenciaban de las restantes regiones.

Herrero Rodríguez de Miñón nos diría tiempo después que el culpable del tema autonómico había sido Clavero, al que juzgaba ideólogo de una serie de «preautonomías» inexistentes y no deseadas por sus pueblos. El término «nacionalidades», según Herrero, pudo haberse evitado; Jordi Pujol y Miguel Roca habían aceptado el nombre de Principado de Cataluña, y los vascos igual, con otra denominación histórica; todo a cambio de ventajas económicas o forales. Sin embargo, cuando estaba estudiándose el tema a fondo, Herrero fue retirado de la mesa negociadora «desde arriba».

Transcurrido un mes largo tras el parón parlamentario de Semana Santa, el proyecto de Constitución continuaba en el centro del debate político. A principios de mayo el portavoz de AP me aseguraba que las palabras de Jordi Pujol en televisión («Mi nación es Cataluña, y cuando digo nación hablo de soberanía total») eran inadmisibles y afirmaba que el término «nacionalidades» incluido en el articulado de la Carta Magna iba a ser siempre mal interpretado. Fraga quería que se votase nominalmente para que la historia pudiese juzgar a los responsables. El diputado de UCD Rodríguez Miranda, por el contrario, pensaba que el separatismo quedaría conjurado mediante el consenso constitucional y que el problema vasco sería resuelto lentamente. Calculaba que, tras quince años, debía ser expurgada de términos que nunca debieron haber formado parte de ella. Pero era consciente de la politización y del «desmadre» de la Ley Fundamental, y nos detallaba algunos aspectos de su negociación a espaldas de los parlamentarios.

Unos días después dos miembros centristas de la Comisión de Defensa, Camuñas y Pérez-Llorca, nos confesaron tener instrucciones de Suárez para ralentizar la elaboración de la Carta Magna. En esas fechas empezaba a ganar adeptos la idea de que existía un pacto UCD-PSOE, mientras algunos diputados centristas criticaban los acuerdos «subterráneos» entre estas formaciones. Uno de los prohombres de UCD, Julio Nieves Borrego, presidente del Banco Rural y Mediterráneo, nos comentaba que comprendía la necesidad de un amplio consenso, pero pensaba que la Constitución estaba saliendo como hubiesen deseado los socialistas, que seguirían chantajeando a Suárez hasta que no se cerrase la última disposición transitoria. Según Nieves, los máximos dirigentes del partido se autojustificaban recurriendo para ello a una frase manida: «Todo sea por la Corona».

Lo mismo se pensaba en AP, donde, según Lapuerta, estaban absolutamente convencidos de que la táctica de Suárez era continuar en la Moncloa mediante un viraje a la izquierda, organizando una coalición UCD-PSOE. De otra forma no entendían las continuas y profundas concesiones a las tesis del PSOE: «Va a salir una Constitución socialista», me decía el consejero del Reino. Tampoco entendían en Alianza Popular cómo las Fuerzas Armadas transigían con el asunto de las «nacionalidades»; los generales deberían advertirlo con tiempo.

Por fin, el 20 de junio, se dio por terminada la discusión del articulado, lo que satisfizo visiblemente al presidente, que al enterarse presidía una reunión de la Ejecutiva de UCD. En ella comentaría que aún quedaban dos pasos en los que esperaba que se corrigieran importantes matices. Fernández-Ordóñez, por su parte, le haría saber que las autonomías serían muy gravosas para la Hacienda Pública; estaba muy preocupado por la situación, y pensaba que quizá fuera ya tarde para rectificar.

Pese a las críticas, desavenencias, intereses particulares y de grupo, el proyecto constitucional continuó su proceso y, al regreso del verano de 1978, las Cortes Españolas se afanaban en sus últimas modificaciones, discutiendo —y hasta chalaneando— puntualizaciones que los partidos políticos deseaban introducir con intención de situarse mejor en la etapa nacional que pronto se abriría.

VASCONGADAS Y CATALUÑA

A principios de septiembre acudí a Moncloa a saludar al general Gutiérrez Mellado para escuchar de él alguna orientación que nos ayudase a entender cómo afrontar los últimos meses del año, que se presumían densos y complicados, con la sencillez y el afecto de siempre. Me habló el teniente general de un nuevo servicio de información en el Ministerio del Interior para todo lo relacionado con el País Vasco. «Lo de ETA es una guerra, antes que la de verdad; es el problema más grave de España», me dijo, y se extendió sobre la necesidad de organizar equipos especiales para atrapar con paciencia a los diez máximos cabecillas de la banda. En relación con esa lucha, había que dotar urgentemente al CESID de medios y coordinación, y desarrollar acciones psicológicas para divulgar que Suárez estaba dando la batalla en «veinte frentes antiguos y veinte nuevos» y que teníamos «un rey fenomenal al que no se trataba bien». Daba al Servicio mes y medio para elaborar un trabajo sobre el País Vasco.

La cuestión vasca ocupaba un lugar preeminente en las precupaciones políticas nacionales. Incluso el Pentágono la consideraba una prioridad. Antes del verano, Moya personalmente había oído al ministro Martín Villa decir que solo podría resolverse por la vía política, ganándose al PNV; pero que a ETA había que liquidarla con un batallón que se estaba preparando para esa lucha. Al ministro del Interior se lo había contado el propio presidente Suárez.

De fuente militar segura se me transmitía para conocimiento del Centro, y como respuesta al desmadre nacionalista, algún dato de una posible Operación Hércules. Al parecer la operación consistía en encontrar un hombre fuerte que manejase un hidroavión desde el que bombardear las Cortes, para amerizar luego en el pantano de Buendía, explosionar el aparato y hundirlo. Algo verdaderamente rocambolesco. El conde de Motrico también había oído hablar de dicha operación y, aunque no la vinculaba a Luis María Ansón, sí comentaría que Suárez pensaba cesarlo en la presidencia de la Agencia EFE, acusándole de conspirar con militares y dándole la suficiente publicidad para que se enterasen «quienes debían enterarse».

La inquietud por la evolución de la Constitución y los estatutos era generalizada. La idea más extendida entre mis interlocutores era que España iba a la deriva, y que se estaba dejando al mando militar al margen de la cuestión autonómica. Incluso me contaba Federico Silva que Roca i Junyent había afirmado que iban directamente hacia la nación catalana, que comprendería Cataluña, el País Valenciano y el archipiélago Balear. Osorio y Lavilla me harían referencias semejantes. A través de Arturo Moya conoceríamos la enorme preocupación del presidente por el desarrollo de la Constitución: consideraba perdido el tema vasco, sin arreglo; la actitud del PNV era intolerable. También me confesó que los dirigentes de UCD estaban hartos de Suárez, aunque luego votaran siempre sus propuestas.

El terrorismo etarra golpeaba inmisericorde, y —según algunos de mis interlocutores— la situación se deterioraba por días sin que las autoridades actuaran de forma efectiva. Era opinión generalizada que el presidente del Gobierno había perdido el norte y su debilidad le hacía ceder en exceso ante la izquierda y los nacionalismos. Informaciones del Alto Estado Mayor hacían pensar que el tema vasco podía reventar. El propio general Prieto había comentado coloquialmente que, o se arreglaban las Vascongadas, o el Ejército las planchaba.

Un informe de Juan Miguel Villar Mir destinado al rey —para cuya elaboración trataría directamente con el CESID— resume acertadamente lo repetido tantas veces en aquellos días. El texto, del que tuve conocimiento en el despacho del exministro, transmitía la creciente preocupación de determinados sectores por el problema de las nacionalidades. Sobre el problema catalán, se cuestionaba el estatuto de autonomía, que otorgaba a Cataluña atribuciones superiores a las de un estado federal. Más complejo era el tema de las Vascongadas, donde se apreciaba un fuerte sentimiento separatista relativamente generalizado. La fiscalidad injusta, sancionada por el concierto, y la creación de una policía autónoma eran temas cruciales en aquellos días, aunque, por supuesto, lo más urgente era combatir con eficacia al terrorismo de ETA con todos los medios de que disponía el Estado. Villar quiso escuchar el punto de vista del CESID antes de retornar a Zarzuela con la nota que le pedía Su Majestad, razón por la que acudimos a su casa —por indicación del general Bourgón— el coronel Del Pozo, los comandantes Faura y Ugarte, y yo mismo. Fechas después me comentaría nuestro anfitrión sus «Consideraciones sobre los problemas más graves que afectan actualmente al Estado», que iban a preocupar no poco a don Juan Carlos. En otras conversaciones con Lasuán, García-Lomas y Valls Taberner recogimos opiniones semejantes: Suárez había perdido el norte; no paraba de ceder ante la izquierda y de llevarnos de cabeza al federalismo; el contenido del Estatut resultaba de «broma», pero el problema serio era el vasco.

El 31 de octubre se aprobaba la Constitución en el Congreso de los Diputados por 325 votos a favor, 6 en contra y 14 abstenciones (cabe resaltar la abstención de los diputados del PNV, así como la división del voto de AP), mientras los resultados en el Senado arrojaban proporciones similares, con 226 votos a favor, 5 en contra y 18 abstenciones.

En noviembre, el comandante Faura y yo fuimos invitados a cenar por Luis María Ansón en la Agencia EFE. A lo largo de dos horas y media nos haría su propia valoración de la situación nacional. Ansón era siempre sorprendente en detalles e impresiones: un fondo inagotable de información provechosa para el Centro, sobre todo después de someterla a una prudente evaluación.

Sobre las Vascongadas, nos habló de un campaña insidiosa contra las Fuerzas de Orden Público para sustituirlas por una policía autónoma. «Pronto se hablará de la Guardia Civil como agente provocador, para eliminarla del País Vasco; y cuando aquello empiece a llenarse de “gudaris” de origen etarra, Rusia meterá una cuña prosoviética en Europa Occidental y entonces habrá que montar una guerra». Y nos hizo Ansón sus propias previsiones políticas, si la situación de terrorismo y orden público se agravaba. Preveía tres variantes: la primera, una solución militar en que la gente eligiera el general X, «aunque mejor no llegar a ello»; otra, constitucional, con un militar al frente del Gobierno, complicada de arbitrar, decretando el estado de excepción para pacificar y ordenar el país en dos o cuatro años; y, la tercera, una simple presión militar al presidente del Gobierno, encomendando la nueva cartera de Orden Público a un general que aplicase a ETA las tácticas de guerra antisubversiva. Pero había que esperar al creciente deterioro nacional y al resultado del referéndum.

EL REFERÉNDUM SOBRE LA CONSTITUCIÓN

En los días previos a la definitiva aprobación de la Carta Magna el asunto preocupante era el refrendo que los ciudadanos españoles habrían de dar en las urnas y cuál sería el nivel de abstención. A pesar de que la gran mayoría de las fuerzas políticas se mostraba conformes con la nueva Constitución, una significativa minoría de la derecha nacional continuista y el centro-derecha nacionalista periférico se sumaron a la abstención, y quienes mantenían expectativas de impedir la consolidación del nuevo régimen —aunque su número en proporción fuera casi insignificante— manifestaron su rechazo explícito al texto.

El referéndum se celebró el 6 de diciembre de 1978 y el «sí» obtuvo el 88 % de los votos, si bien la abstención fue mayor que la habida en los comicios del año anterior, en particular en el País Vasco, donde llegó hasta el 53 % del electorado. Aquella fecha resultaría emblemática, a pesar de que la consolidación democrática estaba aún lejos y quedaba por delante un largo camino lleno de obstáculos y amenazas.

El tema de la abstención en el referéndum traía de cabeza a todos los líderes y partidos, y también a los analistas políticos de los medios de comunicación. Cada cual aportaba una interpretación de las cifras ofrecidas por la Junta Electoral en comparación con las expectativas previas. La valoración que nos hacía Pedro J. Ramírez era que el gran perdedor del referéndum había sido el rey; para el joven periodista no se habían cumplido las expectativas del Gobierno, que había apostado por un amplio consenso nacional. Apuntaba además que no debía echarse en el olvido la circunstancia de que los electores que se habían quedado en casa eran mayoritariamente votantes de UCD y AP, según sus datos y estimaciones.

Otros se planteaban un posible falseamiento de los datos finales del referéndum. Desde Acción Democrática Española, la formación de Silva Muñoz, nos dijeron que estaban contrastando votaciones en algunas localidades, en las que sus propios datos no casaban con los oficiales. Y, aunque indirectamente, también llegó hasta el CESID la preocupación de los socialistas por una posible manipulación de los resultados del referéndum en provincias como Barcelona y Zaragoza, donde el nivel de votantes habría sido muy inferior al dado en los medios oficiales. Pero aún más duro era escuchar similares temores en personas muy cualificadas del partido gobernante. Rafael Arias-Salgado, secretario general de UCD, aludiría a que buena parte de la abstención era voto socialista; y llegaría a afirmar off the record que el referéndum se había falseado porque se estaba sobrepasando la «línea leopoldina», en referencia al 50 % de votos no favorables, incluyendo abstenciones. También Rodríguez Miranda —que legitimaba la intervención del Gobierno— tenía la impresión de que se habían retocado las cifras a nivel nacional. Y, poco después, Herrero Rodríguez de Miñón nos aseguró que el voto afirmativo en el referéndum no había alcanzado la mitad del censo electoral. Y llegaría a espetarnos: «Supongo que eso lo sabéis vosotros igual que yo». También Rodríguez Miranda tenía la impresión de que se habían retocado las cifras del referéndum a nivel nacional, intervención gubernamental que entonces le parecía legítima, pues aprobar una Constitución sin alcanzar el 50 % del voto no era bueno para el país ni para el rey. Pero el poder debería tener en cuenta los datos reales recogidos en las urnas. Antonio Fontán —que no creía que se hubieran manipulado «mucho» los resultados— me explicaba la renombrada «línea leopoldina», referida al escaso margen del referéndum sobre el retorno de aquel rey de Bélgica.

Arturo Moya, por su parte, afirmaba que en ambientes políticos se decía que el referéndum había salido adelante por el 60 %; pero él —que había sido secretario electoral de UCD— no lo consideraba cierto: se había aprobado por el 42,8 %. Los que llevaban los cálculos ya veían que las desviaciones se les iban más allá de lo tolerable y, con las precauciones necesarias, fueron amoldando como pudieron los resultados a su maqueta de trabajo. Aquella madrugada Moya había descubierto el «truco de los dos millones». A nuestro interlocutor le parecía un juego peligroso, pues la izquierda podría sacarlo a la luz cualquier día, y asegurar, por tanto, que la Constitución no era válida. Como no había capacidad de denuncia, se pudo hacer trampas sin problemas; por otra parte, la prensa estaba convenientemente amordazada. Y nos insistía en que el Centro tuviera la certeza de que se habían manipulado los resultados. Al final se había refrendado una Constitución que no tenía atractivo para nadie y que estaba apoyada en la izquierda.

También algunos directores de periódicos, reunidos con el CESID en un reservado del hotel Meliá Princesa, hablarían de una posible manipulación del referéndum, especialmente en cuanto hacía referencia a datos del censo y abstenciones, así como al voto de los más jóvenes. Hasta el CESID llegaron los ecos de algunos casos «raros»: ciudadanos que al ir a ejercer su derecho al voto en localidades rurales descubrieron que, según los datos de la mesa electoral, ya habían votado.

Fuere como fuere, la Junta Electoral Central ratificaba los datos del referéndum en el Boletín Oficial del Estado del 22 de diciembre y el día 27 se proclamaba en las Cortes la Constitución como indiscutido triunfo personal del rey en el complejo camino de la Transición. Los congresistas, puestos en pie, tributaron un clamoroso aplauso de reconocimiento a su creciente autoridad real. A partir de entonces, el Gobierno disponía de una interinidad de treinta días. Pero Suárez mantenía aún una duda filosófica. Como me diría José Luis Álvarez, «ahora empieza lo peor, lo verdaderamente duro: la lucha política».

24
LAS ELECCIONES DE 1979

¿INVESTIDURA O ELECCIONES?

Concluida la votación nacional del referéndum sobre la Constitución, surgiría con fuerza el debate acerca de qué paso debería dar el presidente Suárez. Las alternativas eran dos: presentarse a la investidura en las Cortes o convocar nuevamente elecciones generales. Los partidos políticos apoyaban lo que más convenía a sus propios intereses; incluso dentro de UCD y del Gobierno algunas posturas resultaban antagónicas. Tuvimos ocasión de recoger en el CESID muchos de esos planteamientos, que demostraban de modo rotundo el desconocimiento de lo que se fraguaba en el ámbito más recóndito de la Moncloa. Había soluciones para todos los gustos y todas ellas se apoyaban en criterios bien fundados. Sin embargo, solo Suárez tenía en su mano la decisión.

A mediados de mes, el presidente del Gobierno se reunió con Abril Martorell y Pérez-Llorca, y los tres se trasladaron a la Zarzuela para poner sus planes en conocimiento del rey. Convocar o no elecciones generales a corto plazo era tema de disenso. No había urgencia: faltaban dos años para el fin de la legislatura, y UCD tenía pocas posibilidades de lograr la mayoría absoluta. Sin embargo, los resultados de las elecciones municipales podían forzar la celebración de las generales. Los sondeos de opinión más recientes —que tanto seguía Suárez— concretaban que la intención de voto de UCD y del PSOE rondaba el 25 % para cada partido, con una merma respectiva de ocho y cuatro puntos en relación a encuestas anteriores. Había que pensar en coaliciones parlamentarias y electorales. Dentro de UCD los líderes se repartían entre dos tendencias: los partidarios de un guiño a la derecha y los que preferían no contemporizar con ella; tendencias que lideraban, respectivamente, Pérez-Llorca y Arias-Salgado.

El Alcalde de Madrid, José Luis Álvarez, entendía que Suárez debería presentarse a la investidura con mayoría absoluta, con la ayuda de Alianza Popular y el Partido Comunista; por sorprendente que fuera imaginarlo, ambos extremos del abanico parlamentario aceptarían bien la propuesta. La otra alternativa era montar elecciones generales «cuanto antes y para ganarlas». Pero Suárez no reunía al comité de UCD ni consultaba al Consejo de Ministros. Parecía bastarle Abril Martorell, «imagen del valido, del barullo, del nacional-socialismo». Sobre el lamentable término «nacionalidades», me aseguraba que había sido «cosa de Abril y Suárez en un pacto por un ocasional voto catalán; no lo perdonaré nunca».

El comandante Fernández-Monzón nos trasladó días después algunos comentarios de Pérez-Llorca, portavoz de UCD en el Congreso de los Diputados, quien, al parecer, veía al presidente del Gobierno muy cansado, nervioso y preocupado por la situación nacional y por las decisiones que había de tomar. La estrella de Suárez se estaba apagando y con ella la del general Gutiérrez Mellado, a quien también encontraba muy desmejorado y como desentendido. El propio Pérez-Llorca nos comunicó en aquellas fechas su tristeza y preocupación por el futuro político; no veía la menor posibilidad de acuerdos con las fuerzas de la derecha, pues Suárez y su Gabinete —cuyos miembros se encontraban divididos sobre cuál era la alternativa más conveniente, como había quedado de manifiesto en el Consejo de Ministros del día 15— no querían poner en práctica una política dura que crispase demasiado el panorama. Por el contrario, desde las formaciones de Fraga, Osorio y Areilza nos llegaban «seguridades» de que Suárez iba a la investidura y nos aseguraban que el rey había pedido apoyo a sus líderes, quienes, a cambio, exigirían no celebrar elecciones generales antes de junio.

El 15 de diciembre el Consejo de Ministros deliberó sobre ambas alternativas, alcanzándose un empate entre los ministros, noticia que saltaría inmediatamente a la prensa con gran indignación del presidente por la indiscreción de uno de los asistentes. El subsecretario de Presidencia, Arturo Moya, nos aseguraba que la estructura mental de Adolfo Suárez le impulsaría a ir a la investidura, de la que pensaba salir airoso comprando con moneda política unos cuantos votos de grupos parlamentarios. Lo mismo nos diría Herrero Rodríguez de Miñón, quien añadía que el presidente se fiaba en exclusiva de las encuestas del IOP, instituto que acomodaba la realidad a los deseos de Moncloa.

Nada más alejado de la realidad. El miércoles 27 de diciembre, Arturo Moya nos daba la noticia de la inmediata celebración de elecciones generales, conocida por él al término del solemne acto de la sanción de la Constitución por el rey. Aquella primicia permitía abandonar ya cualquier idea de investidura previa, como todavía se insistía en círculos bien informados. Nos proporcionó incluso las fechas (1 de marzo para las legislativas y 3 de abril para las municipales), lo que no dejaba lugar a dudas acerca de la decisión presidencial. En plena reunión de UCD en Granada, Moya llamó por teléfono a Fernández Ordóñez, sacándole materialmente de la cama. El ministro de Hacienda no daba crédito a la noticia, no podía aceptar que le hubiesen dejado al margen de aquella decisión. Sobre la marcha, telefonearía a Rafael Arias-Salgado. Era la una menos cuarto de la noche y el secretario general de UCD tampoco sabía nada; lo consideraba «un bulo más». Todavía en la mañana del viernes 29 Arias llamaba a los secretarios provinciales de UCD para desmentir el rumor. Esa misma noche, Suárez hacía pública la noticia en TVE. Rafael Arias, portavoz y teórica cara pública de UCD, había sido marginado del asunto. Las cuestiones trascendentes no salían del triunvirato Adolfo-Fernando-Rodolfo. De ahí para abajo, nadie en el Gobierno ni en el partido «se comía una rosca».

A Antonio Fontán, presidente del Senado, la decisión de Suárez de ir a las generales le parecía un error; igual que al presidente de las Cortes, Álvarez de Miranda, al vicepresidente del Gobierno, Abril, y a Garrigues, quienes preferían la fórmula de la investidura. Sobre el tema autonómico Fontán me exponía un criterio peculiar: él comprendía la reacción de amplísimos sectores nacionales contra los estatutos, pero afirmaba que solo deberían suscribirse el catalán y el vasco; los círculos politizados y los medios de comunicación estaban mezclando conceptos de muy diverso sentido, como conciertos, privilegios, regímenes económicos especiales, fueros, etc.

LAS ELECCIONES GENERALES

Aunque buena parte de los pesos pesados de UCD estuvieran en contra de la decisión presidencial, incluido Abril Martorell, solo cabía mirar hacia delante. Por tanto, al comenzar el año 1979 los grupos políticos calentaban motores de cara a las inmediatas elecciones generales y municipales, y hacían cálculos sobre pronósticos basados en sus propias estimaciones y en encuestas ajenas, en función de los acuerdos que pudieran sustanciarse en las semanas posteriores. Las oficinas de UCD rebosaban de informes muy optimistas, a la espera del verdadero enfrentamiento entre Adolfo Suárez y Felipe González, considerado clave en los comicios, pues para los dirigentes centristas no parecían contar los restantes partidos de ámbito nacional, aunque se mantuviera el eslogan «Negociar con la derecha o destruirla».

A finales de enero me preguntó el general director por las posibilidades políticas tras las inmediatas elecciones, y yo desarrollé el planteamiento del Sector Político: «Lo más probable es que siga mandando Suárez, con algún apoyo de la Confederación Democrática Española (CDE)[91], aunque ya no se puede descartar que el rey le busque un sustituto». Me sacó entonces un papel del teniente coronel Santillán, jefe del Centro de Comunicaciones del presidente del Gobierno, sobre previsiones electorales. Como poco después iba a ver al general Sabino Fernández Campo, me preguntó también si Fernández Ordóñez tenía alguna posibilidad de llegar a ser presidente del Gobierno, opción muy poco probable, según las informaciones de que disponía el CESID.

El último día del mes el corresponsal norteamericano Miguel Acoca nos trasladó las proyecciones elaboradas por un equipo de políticos y expertos electorales estadounidenses: los niveles máximos alcanzables eran, para UCD, 160 diputados; para el PSOE, 150; para el PCE, 20; para el PNV, 10, y para CDE, 7; la extrema izquierda y la extrema derecha obtendrían un diputado cada una. Les parecía claro que el PSOE ganaría a UCD en votos, pero no en escaños, y que, en cambio, en las elecciones municipales barrería la izquierda. Pero, curiosamente, Acoca afirmaba rotundo que a los socialistas les aterraba la idea de una victoria en las legislativas.

El presidente del Senado, el alcalde de Madrid y otras figuras políticas relevantes me pronosticaban para UCD una mayoría insuficiente y para Coalición Democrática una treintena de escaños en el Congreso, lo que podría facilitar un acuerdo legislativo entre ambos para gobernar. Pedro J. Ramírez me repetía los conceptos de su conferencia de diciembre en el Club Siglo XXI, añadiéndome que los problemas de terrorismo, autonomías e indisciplina de UCD obligarían a clausurar las Cortes en 1981. (Así fue, en efecto, aunque por vía no imaginable entonces).

En el interior del país había opiniones para todos los gustos. La corriente dominante imaginaba que no habría variaciones importantes respecto a las elecciones de junio de 1977, aunque era previsible un Gobierno de coalición, que aún estaba sin definir. Febrero iba a ser un mes muy largo en el que cabía esperar toda suerte de sorpresas. La lucha partidista se orientaba a ocupar el centro electoral, en el que se acumulaba gran parte del voto del pueblo español. El carisma de Suárez ya no convocaba tantas adhesiones como dos años antes. Pero en UCD no había más valor real que la figura del presidente.

Al fin el día primero de marzo tuvieron lugar las elecciones generales. El partido del Gobierno solo pudo alcanzar el 34 % de los votos emitidos para cubrir los escaños del Congreso; escasa mayoría minoritaria que obligaba a mantener una heterogénea alianza política, siempre al borde de la fractura. El PSOE se consolidaba con un 30 %, mientras el PCE obtenía un porcentaje de un 10 %, y Coalición Democrática, un 5 %. El hemiciclo estaba equilibrado a derecha e izquierda, y la posible reedición de un frente popular creaba desasosiego, aunque los tiempos fueran distintos a los previos a la Guerra Civil, de infausta memoria. En este sentido, Adolfo Suárez se beneficiaría de que las estrategias de Felipe González y Santiago Carrillo fueran por distintos derroteros.

Según supimos después desde la Moncloa, la noche electoral el presidente del Gobierno permaneció levantado, conversando sobre la jornada con Graullera, anterior secretario de Estado, al que habría transmitido con detalle las líneas directrices que habrían de regir su política: reconducir las autonomías y terminar con los separatismos (ya fuera indirectamente o a través de la guerra), y mantener en su sitio, con autoridad y energía, a las Fuerzas Armadas y de Orden Público. En círculos presidenciales se daba por hecho que el nuevo Gobierno iba a reunir a un equipo de personas capaces de contribuir a una próxima «metamorfosis», palabra que empleara Suárez aquella noche con alguna reiteración.

De acuerdo con la nueva Carta Magna, el rey debía consultar a los líderes de las formaciones políticas presentes en el Congreso de los Diputados, con intención de determinar una nueva coalición parlamentaria que fuera capaz de formar Gobierno. Hubo entonces diferentes interpretaciones del texto constitucional sobre el procedimiento de elección, y la investidura tuvo que ser demorada hasta el 28 de marzo. Por otra parte, el PSOE pretendía posponer esta hasta la celebración de las elecciones municipales del 3 de abril; este hecho complicaría el acuerdo para fechar la inauguración de la primera legislatura constitucional de la Transición, que no se produciría hasta el 10 de mayo, dos meses largos después de las elecciones generales. Un bimestre lleno de tensiones políticas que se traducían en sensacionales titulares de prensa y explosivos editoriales, generadores de un clima social enrarecido que fue aprovechado por grupos anticonstitucionales para provocar presiones desestabilizadoras, en funesta coincidencia con nuevos atentados terroristas y virulentas manifestaciones independentistas en el País Vasco y, en general, con un acoso creciente a las Fuerzas Armadas y de Orden Público.

LAS ELECCIONES MUNICIPALES

Pese a lo que pudiera esperarse, la campaña de las municipales fue fría, desdramatizada, insípida; no intervinieron en ella la gran mayoría de los líderes nacionales, y se notaba que la selección de candidatos había seguido más la tónica de la recompensa política que la de la idoneidad. El pacto municipal entre Unión de Centro Democrático y Coalición Democrática acordado por Pérez-Llorca y Arias-Salgado para repartirse municipios y sumar votos no pudo llevarse a cabo, pues los comités provinciales de UCD no lo admitieron. Aun así, UCD abandonó la marca centrista para presentarse como única opción de la derecha —en Madrid, CD llegó a retirar su candidatura para favorecer a José Luis Álvarez, y el conde de Motrico y, en cierto modo, Osorio, intentaron inútilmente que retirase todas las candidaturas municipales de España— con gran satisfacción del PSOE y otros partidos regionales, que tomaron al asalto el centro político. Para colmo, el acto de investidura de Suárez tuvo un impacto desfavorable sobre la opinión pública, al concentrar UCD los ataques del resto de las fuerzas políticas. El famoso consenso había acabado en el momento más inoportuno.

Finalmente las elecciones municipales, celebradas el 3 de abril, acabarían otorgando a la izquierda parlamentaria (PSOE más PCE) más ayuntamientos que a UCD. Los medios de comunicación evaluaban en un 77 % las grandes ciudades españolas —incluida Madrid— que quedaban en manos de partidos marxistas o nacionalistas.

25
EL NUEVO GOBIERNO DE ADOLFO SUÁREZ

Los días comprendidos entre el 30 de marzo y el 6 de abril —fecha en que aparecieron en el Boletín Oficial del Estado los nombramientos de los nuevos vicepresidentes y ministros, así como el cese de cuantos formaban el Gabinete anterior— resultaron muy largos e intensos para quienes seguíamos en el CESID el pulso de la Moncloa en el complicado parto de un nuevo Gobierno. Los rumores sobre posibles candidatos a los diferentes departamentos ministeriales se producían constantemente, sucediéndose los cambios y confirmaciones de modo tan vertiginoso que cada noticia debía ir acompañada de su fecha y hora de origen, pues su vigencia era muy breve. Naturalmente tuvimos que concentrarnos en las fuentes de aguas más claras: casi en exclusiva, el director, Moncloa, EFE y Europa Press. El Centro tenía interés preferente por los nombramientos que afectasen a la presidencia, las vicepresidencias, Defensa e Interior, pues de ellos podrían derivarse orientaciones diferentes para nuestra «casa».

Finalmente se mantuvieron dos vicepresidentes y seis ministros; otros cuatro cambiaron de ministerio y once más se estrenaron en el Gobierno de la nación. Así pues, el Consejo de Ministros quedaba integrado por veintitrés miembros[92], cifra que sorprendía por lo abultada cuando se hacía necesario un drástico recorte del gasto público. Atraían la atención, tanto o más que los nuevos nombramientos, los ceses de Gutiérrez Mellado en Defensa, Martín Villa en Interior, Abril en Economía, Sánchez de León en Sanidad y Seguridad Social, y Cabanillas en Cultura. Comentarios de todo tipo asaltarían las páginas de la prensa de aquellos días, acentuando el hecho de que los tres principales colaboradores de Suárez perdiesen su cartera ministerial, aunque Gutiérrez Mellado y Abril permanecieran como vicepresidentes.

La periodista María Mérida nos dedicaba el 2 de febrero un largo rato a hablar del teniente general Gutiérrez Mellado, al que visitaba con alguna frecuencia. Le había encontrado obsesionado con los «ultras», lo estaba pasando muy mal, quería evitar por encima de todo una nueva guerra civil; había entrado como cerebro salvador y ahora estaba hundido y absolutamente solo. No le gustaba escuchar que estaba acabado, pero se le veía claramente enfermo. Aún el 14 de marzo, «Mary» volvió a Moncloa para hablar con el vicepresidente durante cinco horas. El general, que le tenía especial afecto, le mencionaría con insistencia a los diarios El Imparcial y El Alcázar. Los «ultras» seguían siendo su obsesión compulsiva. Así nos lo refería al día siguiente. Idéntica impresión sacaría el teniente general Arozarena en su visita de presentación a Gutiérrez Mellado por su reciente ascenso.

Al revisar la multitud de pronósticos que en los meses anteriores nos habían proporcionado tantas autoridades y amigos, comprobamos que pocos se habían cumplido y, en algunos casos, por pura casualidad. Una vez más se demostraba quién llevaba el timón de los asuntos públicos en España.

RODRIGUEZ SAHAGÚN, PRIMER CIVIL AL FRENTE DE DEFENSA

Pese a las tensiones vividas en los meses previos —o precisamente por ello—, no pasó desapercibida la sustitución de Gutiérrez Mellado al frente de Defensa. Entendían los analistas que Suárez deseaba evitar así el creciente desgaste político y militar del teniente general, manteniendo este, como vicepresidente primero, la potestad orientadora y el control difuso del departamento. De paso, al ser elegido un titular civil por primera vez desde la Segunda República, se facilitaba la homologación de ese ministerio con los existentes en tantas democracias occidentales. Se comentaba también la notable curiosidad de un enroque en Defensa e Interior. Quizá pensase el presidente que un general (Ibáñez Freire) haría frente mejor y con mayor energía a la exaltación y los desórdenes que se extendían por todo el territorio nacional.

La mañana del 5 de abril Gutiérrez Mellado, con gran serenidad no exenta de cierta apatía, comunicó personalmente al general Bourgón que iba a ser relevado como ministro de Defensa. Al parecer, no quería continuar en el Gobierno por encontrarse muy cansado, pero Suárez había insistido en retenerle como vicepresidente primero para la Seguridad y Defensa Nacional, y no había tenido más remedio que aceptar. E informó al director del CESID de que le sustituiría Rodríguez Sahagún —el general director ya lo sabía, nos lo había adelantado Ansón—, que se haría cargo de la política de detalle, lo cual le permitiría a él dedicar su tiempo al planteamiento de las grandes directrices de la reforma de la superestructura de Defensa.

A pesar de esta información, la lista del nuevo Gobierno no se cerraba definitivamente, y todavía aquella tarde me diría Luis María Ansón que peligraba el nombre de Sahagún, pues altos mandos militares habían presionado al rey para impedir su nombramiento, que, al parecer, caía mal en las Fuerzas Armadas. Las dudas no se disiparon hasta el día siguiente, y a media mañana aún estaban sin cubrir los ministerios de Interior, Obras Públicas y Educación.

El hecho es que finalmente Agustín Rodríguez Sahagún se incorporó al nuevo Gobierno de Suárez como ministro de Defensa. Era conocida su amistad con el presidente y la lealtad que le profesaba, lo que garantizaba, de alguna forma, que pudiera aceptar la subordinación respecto a Gutiérrez Mellado en la gestión del ministerio.

El primer despacho del general director del CESID con el nuevo ministro se produjo el lunes 16 de abril. Bourgón, que sacaría una impresión favorable, le expuso las enormes posibilidades del Centro, tanto en asuntos de interior como de exterior. Y terminó dando cuenta a Sahagún de los despachos habituales que mantenía con el rey y el presidente. El ministro mostró gran interés por conocer la situación en Vascongadas, a la que pensaba prestar atención preferente, pero que no creía tan grave.

A lo largo del mes de mayo se fue produciendo el aterrizaje de Sahagún en el complejo ámbito militar, ámbito que desconocía y en el que deseaba introducir cambios cuanto antes, en particular entre los mandos superiores de los Ejércitos. Y ello en unas fechas en que el terrorismo no disminuía su presión criminal. ETA, que ya había cometido otros dos asesinatos en abril, segaba la vida de dos guardias civiles en Ordicia y atentaba poco después contra el ex director general de Seguridad, Rodríguez Román. Por otra parte, Fuerza Nueva organizaba una manifestación que fue aprovechada por algunos militares para calificar de «gran traición a las Fuerzas Armadas» las medidas reformadoras de Gutiérrez Mellado, tal como expone Fraga (pág. 160).

A mediados de mes, al comandante Faura le haría algunas confidencias el director del Centro: Suárez no le llamaba, no mostraba el menor interés. Bourgón parecía pesimista, acaso por sus recientes contactos con los altos mandos; el presidente estaba como desentendido del CESID y el ministro de Defensa, eminentemente «presidencialista», lo mismo.

Tras el pase al grupo B del teniente general Tomás Liniers —cuya elección había tenido una fuerte contestación interna un año antes—, quedaba pendiente el nombramiento del nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército. El Consejo Superior del Ejército (CSE) se reunió el 16 de mayo en sesión extraordinaria, reclamando la potestad de realizar una relación y propuesta previas, sobre las que debería deliberar posteriormente el ministro. Pero Rodríguez Sahagún no tomó en consideración las recomendaciones escritas del CSE y decidió ascender al general de división Gabeiras —considerado no apto por el Consejo para acceder a dicho cargo—, saltándose la regla no escrita de la antigüedad y el prestigio, con gran malestar de muchos generales. Al jefe del Alto Estado Mayor, el teniente general Alfaro, le parecía inconcebible el nombramiento —indudablemente político—, y consideraba que sería difícilmente aceptable por la colectividad militar y aumentaría el rechazo de los más radicalizados frente al Gobierno. El 19 de mayo, el director del CESID —que había sido ascendido a divisionario el día antes, coincidiendo con el nombramiento de Gabeiras— me daba su opinión sobre el tema: Bourgón pensaba que se había actuado pensando en la prensa y en las Cortes, y se mostró preocupado por la gestión del Gobierno en un momento especialmente delicado para España.

El martes 22 de mayo nos relataba José Luis Graullera que el domingo anterior, en amistosa tertulia con Suárez y Gutiérrez Mellado, preguntó al general por el nombramiento del JEME, lo cual le enfadó súbitamente; le excitaba mucho ese asunto. El 25 ETA asesinaba en Madrid al teniente general Gómez Hortiguela y al coronel Laso y Ábalos, y el entierro hubo de organizarse, por orden superior, del modo más sencillo y privado posible. Nos pedía ese día Pedro J. Ramírez un contacto con nuestros especialistas en terrorismo, para difundir ideas en ABC, y nos informaba de rumores de levantamiento del general Miláns del Bosch, en abierta desobediencia de órdenes superiores. El cronista asistió a la rueda de prensa de los ministros de Interior y Defensa; le causó buena impresión el general Ibáñez Freire y muy pobre Rodríguez Sahagún.

Rodríguez Sahagún tampoco se ganó el inmediato aprecio del CESID. A finales de mayo visitaba oficialmente los grupos VENCOSA de la Agrupación Operativa, acompañado por el general Bourgón y otros altos directivos del Centro. Pronunció unas palabras de reconocimiento a las tareas que allí se realizaban y consideró necesaria la potenciación del CESID como exigencia del delicado proceso político de la transición y de los graves acontecimientos recientes. Hacía tres semanas que no recibía al general director. Durante los dos meses que llevaba como ministro de Defensa, solo había despachado con su director de inteligencia en dos ocasiones. En un momento de distensión en la copa que cerraba la visita, el ministro diría al general Bourgón: «Los del servicio ese de Castellana ya se han ido de allí, ¿no?, porque le he prometido a Ibáñez [ministro del Interior] que se iban en veinticuatro horas». Silencio sepulcral entre los asistentes. Bourgón le respondió: «Esos somos nosotros». Después, el comentario general era de enfado y menosprecio hacia el ministro. Al día siguiente se desahogaba conmigo el secretario general, el teniente coronel Peñas, dándome una penosa valoración de Sahagún: «Un ministro no de Segunda División, sino de Tercera Regional». El ministro había estado desagradable, demostrando en varias ocasiones no tener idea de lo que era el CESID ni para qué servía.

26
LOS NACIONALISMOS, PRIORIDAD ABSOLUTA

Las Fuerzas Armadas veían con preocupación la interpretación que determinados grupos nacionalistas hacían de la Constitución, con gestos desafiantes […]. Los anteproyectos de los estatutos catalán y vasco —reconducidos parcialmente durante su trámite parlamentario— contenían a su vez aspectos separatistas, incluida la proclamación de soberanía. Estos hechos aumentaron la expectación preocupada del conjunto de las Fuerzas Armadas, que percibían un cambio a peor respecto del buen sentido de la legislatura constituyente. Los diversos grupos terroristas, a su vez, causaron 118 muertos en 1979 y 124 en 1980 […] sin que parecieran surtir efecto las medidas políticas y policiales […]. Todo ello causaba enojo en las filas castrenses, que rechazaban con igual firmeza expresiones o incitaciones extemporáneas, como las de «¡Ejército al poder!», que estaban en las antípodas del sentir de unas Fuerzas Armadas deseosas de mantenerse al margen de las luchas políticas, y cuya única aspiración era que ejerciese el poder quien estaba obligado a hacerlo. El tópico del «ruido de sables» se acabó transformando en la «amenaza del golpe de los coroneles», que se utilizó hasta el paroxismo […]. En las salas de banderas se escuchaban opiniones contundentes y parte de la prensa no contribuía, precisamente, a apaciguar los ánimos, haciéndose eco de toda clase de rumores.

Este párrafo de Miguel Platón (pág. 567) explica bien a las claras el malestar de las Fuerzas Armadas con la evolución de la política nacional, y en particular con la cuestión de los nacionalismos. Y no era una inquietud exclusiva de los Ejércitos: en abril de 1979 el comandante Martínez Teixidó y yo almorzamos con el mayor García, oficial de la CIA en la embajada de los Estados Unidos, quien nos comentaría que la máxima preocupación norteamericana con respecto a nuestro país era el problema vasco.

En el interior, los cenáculos políticos retornaron a hablar de la grave situación en Vascongadas, con comentarios de todo tipo. En esas mismas fechas, y a través del diputado de UCD por Navarra Jesús Aizpún —informado a su vez por Gonzalo Fernández de la Mora—, nos llegaron noticias de un supuesto informe de Torcuato Fernández-Miranda, que este habría elevado al rey. En él se abogaba por considerar al PNV interlocutor único, prescindiendo de UCD y otras fuerzas políticas, y por aprobar el estatuto con la cláusula de autodeterminación. Así, el PNV podría reunir a Herri Batasuna y ETA y forzarles a un pacto de tres años aceptando el estatuto de autonomía. Luego ya se vería; en tres años podían ocurrir muchas cosas. Y si entonces no había más remedio, se concedía la independencia con una suerte de unión a la Corona de España. Sobre Navarra, Fernández-Miranda respondería algo así: «Ya veremos si decide o no unirse a Euskadi. ¡Y si lo exige Euskadi…!». El diputado navarro desconocía si el plan había sido aprobado por el rey.

Como consecuencia de las sorprendentes informaciones que nos transmitió Jesús Aizpún, el comandante Ugarte preparó unas notas para el director del CESID con sus consideraciones como experto en los asuntos que concernían al País Vasco. Ugarte pensaba que el pacto entre Gobierno y PNV, según lo había descrito Fernández de la Mora, era un tanto inverosímil. No era lógico que el rey o el presidente del Gobierno estuviesen en condiciones de garantizar algo que habría de ser discutido y aprobado por las Cortes Españolas, como era el reconocimiento del derecho de autodeterminación y la posibilidad de que Euskadi se constituyera, en un futuro próximo, en Estado independiente, ligado a España únicamente por la Corona. Por otra parte, no era imaginable un acuerdo de tal envergadura sin contar con el PSOE, el PCE, CD e, incluso, amplios sectores de UCD que podrían hacer fracasar el intento. Pero es que tampoco el PNV estaba en condiciones de imponer y garantizar acuerdos de semejante naturaleza. Todo ello sin contar las inmediatas exigencias del resto de los entes autonómicos, que pedirían un tratamiento similar, con gravísimo peligro para la unidad nacional.

La nota para el general director hacía además otras valoraciones: era preocupante la débil y confusa reacción de la UCD vasca ante el proyecto de estatuto, así como el hecho de que el nuevo ministro de Administración Territorial, cargo recién creado, nunca hubiera mostrado conocimiento ni criterios sobre el tratamiento del problema autonómico y que el Gobierno anterior en ningún momento hubiese estado dispuesto a escuchar el asesoramiento de los servicios especializados, rehuyéndolos sistemáticamente, acaso porque las soluciones habían sido diseñadas de antemano. Las sospechas de concesiones o de inaceptables promesas a los grupos abertzales eran cada vez más fuertes, y las consecuencias de la divulgación del estudio que se achacaba a Fernández-Miranda serían muy graves para la Corona. El escándalo que podía producirse a nivel nacional era de considerable magnitud. Tales presuntos pactos ignoraban además, deliberadamente, la realidad social del País Vasco, donde una gran parte de la población estaba alejada de opciones independentistas. En cualquier caso, rebasar el marco de la Constitución era incitar a un estado permanente de ilegalidad en todos los ámbitos, lo que provocaría una peligrosa reacción de las Fuerzas Armadas, con actitudes imprevisibles y, desde luego, con un aumento gravísimo de la división interna y del rechazo a la figura y persona del rey.

Poco después, López-Bravo me trasladaba su extrañeza sobre el planteamiento que se atribuía a Fernández-Miranda, pues, en días previos al cambio de Gobierno, Martín Villa se manifestaba de acuerdo con Suárez en no aprobar ni el estatuto vasco ni el catalán. Esa era la verdad oficial, firme al menos hasta unas fechas antes. De hecho, y como sabíamos por conversaciones con Sabino Fernández Campo, Torcuato Fernández-Miranda estaba políticamente quemado y «en abierto enfrentamiento con Suárez». En otro orden de cosas, López-Bravo me calificaba de increíble que TVE diera la noticia de la celebración del Aberri Eguna como una reunión sin incidentes, cuando la realidad era que cien mil manifestantes habían pedido la independencia y quemado la bandera nacional.

Ansón, que aseguraba ser objetivo de ETA, estaba convencido de que el proceso revolucionario en España no había quien lo parara, especialmente en Vascongadas. El director de EFE era partidario de que centristas, socialistas y comunistas votaran en el Parlamento una vía de excepción. Suárez tendría que exponérsela al rey con la mayor sinceridad y de modo que hiciese el menor daño posible al cuerpo social español, sin que pareciese un golpe de Estado. Le parecía necesario a Ansón que quien tuviera que decidir estuviese absolutamente convencido de que ya no cabían más cataplasmas; ahora había que emplear el bisturí. Y aseguraba que en quince días esperaba tener lista la «receta», el documento-base: había que dar un golpe de timón sin que oliera a cuartelazo; con una buena cobertura, como las Fuerzas de Orden Público, que eran potentes. Este era, a grandes rasgos, el Plan A, cuyo desarrollo detallo más adelante.

El desánimo y el desasosiego ante la situación se extendían sin descanso, y así nos lo trasmitían personajes de la talla de Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores, y el conde de Motrico, quien habría tenido acceso al estudio de Fernández-Miranda sobre el futuro de Vascongadas. A finales de mayo el comandante Ángel Ugarte y yo nos reunimos de nuevo con Aizpún. Este nos amplió cuanto conocía sobre las conversaciones entre Fernández-Miranda y Fernández de la Mora, y nos informó sobre unas hipotéticas palabras del rey en Baqueira acerca de una supuesta solución «muy independentista» para el País Vasco.

Fechas después nos llegaban noticias —nunca confirmadas— de que también se estaba fraguando un proyecto sobre el País Vasco a cargo de Fontán, ministro de Administración Territorial: según el mismo, en las primeras semanas del verano el rey juraría en Guernica los fueros, una vez aprobado un estatuto de autonomía similar al de 1936, con una cláusula de autodeterminación. Como contrapartida, se pensaba organizar una manifestación masiva de apoyo fervoroso a los reyes de España en Euskadi. El plan sería aprobado hasta por Euskadiko Ezkerra, y el PNV se convertiría en una especie de longa manus del Gobierno, algo así como una UCD vasca. Al parecer, tal proyecto de visita real se venía estudiando desde hacía tiempo, pero se temía que tanta concesión al País Vasco obtuviera el rechazo de las Fuerzas Armadas.

Ya el primero de junio, el periodista Pedro J. Ramírez nos mostraba un trabajo sobre el País Vasco confeccionado por un directivo de UCD cuyo nombre prefirió no desvelar. Pedro J. estaba convencido de la necesidad de emplear también el método sucio contra ETA y nos consultaba si el Centro disponía de especialistas para tales tareas. Responderíamos lisa y llanamente que no, que buscasen mercenarios quienes pretendieran tales procedimientos. Volvimos a charlar el día 22. La víspera había acudido a la Moncloa, donde el ministro Pérez-Llorca le confió su opinión sobre la situación: según este, no cabía otra solución que la intervención militar, pese a gustarle poco tal fórmula. A Pedro J. le incomodaba que el presidente —al que ya no consideraba válido para el cargo— se apoyase tanto en las Fuerzas Armadas para asustar a la izquierda y a los nacionalistas, y que en cambio fuera partidario de dar la máxima flexibilidad al estatuto, salvo en tres artículos seriamente anticonstitucionales: la soberanía, la hacienda y las relaciones exteriores. Según el periodista, el rey debería jurar los fueros en Guernica y después esperar; la mayor parte de los vascos no eran independentistas.

Entre estas dos conversaciones, el día 12, y a través del teniente coronel Santillán, jefe del Centro de Comunicaciones del presidente del Gobierno, recogeríamos el parecer de Pérez-Llorca. El ministro de Presidencia se mostraba intransigente en exigir el acatamiento de la Constitución, en el espíritu y en la letra. Y entraba a valorar los sucesos de la víspera en Rentería, que le parecían asambleas tumultuarias absolutamente revolucionarias. El Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, había decidido la huelga general por la actuación de la Policía Nacional, postura a la que se unía la «asamblea del pueblo», con extensión a todos los municipios del País Vasco. Pensaba Pérez-Llorca —todavía no tan convencido como en su entrevista con Pedro J. días después— que no estaba lejos el día en que iba a producirse la intervención militar en Vascongadas; y le preguntaba a Santillán si existía un plan ad hoc, con la preocupación de que el propio presidente del Gobierno pudiera no saber de su existencia. Aseguraba que existían dos posturas extremas: aceptar el estatuto vasco sin discusión o entrar en Vascongadas a cañonazos; pero Suárez tomaría la vía intermedia. Había cuatro borradores de enmiendas al estatuto y la negociación se presentaba muy difícil, pues los partidos nacionalistas no estaban dispuestos a cambiar una sola coma.

Esa misma jornada visitaría a Pérez-Llorca el comandante Monzón, quien vio al ministro desfondado y convencido de que empezaba a urgir la intervención del Ejército, aunque aún mantenía la esperanza de que el Gobierno diese la vuelta al estatuto de Guernica en la Comisión de Defensa o en el Congreso de los Diputados. También los mandos militares se planteaban la cuestión. En la mañana del día siguiente —según el propio Monzón— el jefe del Alto Estado Mayor, el teniente general Alfaro, había reunido a los generales del Estado Mayor Conjunto de la Defensa y al coronel jurídico para tratar del tema vasco y de la inevitable participación de las Fuerzas Armadas en un plazo inmediato, llegando a estudiarse el mecanismo constitucional para intervenir. Monzón —que, al parecer, asistió a la reunión— tuvo la sensación de que existía un plan ya preparado y controlado por un Estado Mayor «en la sombra», con una operación denominada algo así como «Y». Una de las ideas era cubrir el territorio vasco con unidades especiales profesionales (paracaidistas, guerrilleros, legionarios, infantes de marina…), ocupándolo para impedir el apoyo popular al terrorismo, de forma similar a como se hiciera décadas atrás con el maquis. Esta operación debería durar años. Se preveía marcar un horario de toque de queda, imponer una vigilancia intensiva y recuperar la censura en la región. Los reunidos estimaban muy importante prepararlo todo con el mayor detalle y buscar la vía constitucional, promulgando con urgencia un decreto-ley sobre situaciones especiales (estado de guerra, de sitio…) y declarando inmediatamente el grado que correspondiera. Tras redactar un primer documento con las sugerencias de los convocados, el teniente general Ignacio Alfaro salió para despachar con el presidente del Gobierno, pues prefería no tratar este asunto con Gutiérrez Mellado, al que consideraba agotado. Una solución complementaria a ese plan era el envío a Vascongadas de batallones ubicados en aquellas fechas en Badajoz, Cáceres, Alcoy, Cartagena, Alicante…, que estaban casi al completo de sus plantillas y desarrollaban ya planes especiales.

Cuando esa misma tarde despaché con el general director del CESID, Bourgón —que previamente había acudido a presentarse a las autoridades del ámbito de la Defensa por su ascenso— me dijo que había encontrado a Gutiérrez Mellado hundido como nunca. También había encontrado muy preocupado al jefe del Estado Mayor del Ejército, Gabeiras, y lo mismo al del Aire, el teniente general Emiliano Alfaro. Así que no le sorprendió lo referido por el comandante Monzón sobre un posible estado de sitio en Vascongadas.

A través de Plácido Vázquez, dirigente de UCD, me informé del contenido de las «reuniones de los once», que sobre proyectos autonómicos se celebraban en Moncloa. Participaban en ellas ministros y altos dirigentes de UCD, sin la presencia de Fernando Abril, y, al parecer, había halcones y palomas. El más duro era Pérez-Llorca, que consideraba necesaria la inmediata incorporación de España a la OTAN y planteaba la posibilidad de envíar fuerzas militares al País Vasco para distanciar a ETA de la población. También Martín Villa estaba en una línea similar, aunque con expresiones menos radicales. Fontán quería estirar las posibilidades de diálogo con los partidos vascos, siguiendo —según se decía— la pauta del rey. Fernández Ordóñez pedía un acuerdo total sobre el estatuto, aceptando cuanto exigiera la oposición, y que fuera el Tribunal Constitucional el que rechazara después el proyecto. Los demás no veían posible esta solución, pues el tribunal ni siquiera estaba creado, aparte de que resultaba inviable que un tribunal repleto de hombres de UCD se enfrentase a una decisión del Parlamento: la izquierda no lo admitiría. Los «once» se quejaban ahora de haber aceptado en la Constitución determinadas disposiciones. Me contaba también Plácido Vázquez que estaba redactándose, o ya redactado, un plan de actuación en el País Vasco con intervención de las Fuerzas Armadas. Parece ser que Estados Unidos deseaba la «higienización» de la región, como colchón entre España y Francia, y como medida previa a la posterior solución del problema terrorista.

UCD discrepaba sobre los estatutos, y en particular consideraba que admitir una Policía, una Hacienda y una Justicia independientes de las respectivas instituciones estatales implicaba un régimen confederal. Pero necesitaba al PNV y a Convergencia de Cataluña, sin saber qué precio máximo podría ofrecer por sus apoyos. Garaicoechea exigía Navarra, cesión que algunos dirigentes centristas estaban dispuestos a aceptar. A finales de junio, Suárez, en reunión con los parlamentarios de UCD, fijó dos barreras infranqueables: la concordancia con la Constitución y la viabilidad del nuevo Estado para funcionar como tal; y sacó a colación el papel de las Fuerzas Armadas, en las que se amparaba, asegurando que no iban a aceptar la menor transgresión a lo dispuesto en la Carta Magna. Pero en UCD, según me aseguraba José Luis Álvarez, estaban acostumbrados a las buenas palabras y engaños de Suárez.

Plácido Vázquez volvería a proporcionarme información sobre la negociación de los estatutos de autonomía. El presidente deseaba acelerar el borrador del estatuto de Galicia para que fuera tenido como modelo, marcando como techo constitucional la unidad de España y la solidaridad entre regiones. En la cuestión navarra se optaba por una postura ecléctica, aceptando en principio la integración de Navarra en el País Vasco, si bien con el compromiso del PNV de respetar los conciertos con el Estado y cierto grado de autonomía dentro de Vascongadas. Según Vázquez, Suárez tenía intención de ralentizar el estudio de los estatutos en julio y clausurar las Cortes en agosto, en espera del Congreso Extraordinario del PSOE, ya que pensaba contar con el apoyo de Felipe González. Al parecer, el presidente temía el otoño. Y había pactado ya con la cúpula militar la actuación en el País Vasco, metiéndose en el bolsillo a los altos mandos tras exponerles su proyecto y las medidas políticas que habrían de ponerse en ejecución antes de la intervención de las Fuerzas Armadas. A este respecto, el 21 de junio Gutiérrez Mellado reunió en la Moncloa a los ministros de Defensa e Interior, a los cuatro jefes de Estado Mayor y a los directores generales de la Guardia Civil y de Seguridad Ciudadana para estudiar un plan conjunto de actuación en el País Vasco. Algunos rumores malintencionados la relacionaban con una operación ultrasecreta dirigida por el PREJUJEM en Vitruvio sobre transporte de grupos especiales para actuar en el norte; la sesión trató, en realidad, de la organización de unas maniobras.

José Luis Álvarez —muy sensibilizado por el tema autonómico— nos comentaba el 11 de julio que el presidente estaba pactando cuestiones del estatuto vasco a espaldas del Gobierno y del partido. Según nos decía, otros destacados dirigentes de UCD, como Miguel Herrero, Joaquín Garrigues, Pérez-Llorca, Fontán y Martín Villa, tenían la impresión de que ya se habían sobrepasados los límites, y hasta los ministros más aperturistas veían sus propias soluciones totalmente desbordadas. Días después Suárez aseguraba ante el grupo parlamentario de UCD que no iba a transigir en tres aspectos: los conciertos económicos, la justicia y la educación. Pero, a juicio de Vázquez, ya había transigido excesivamente con el PNV en estos temas; y nada digamos en los demás asuntos. Por entonces se producía en Zaragoza el incendio del hotel Corona de Aragón, atribuido por muchos a ETA.

Sin embargo, a finales del mes, en UCD se hablaba con satisfacción de la marcha del tema vasco y así nos lo manifestaba el diputado García-Romanillos. La aprobación del texto del estatuto se consideraba un éxito y un respiro para el presidente Suárez. Se había logrado el pacto —el acuerdo había sido dramático y de última hora—, limando los aspectos más conflictivos, aunque aún quedara algún interrogante. La verdad es que el texto final no era el que pronosticara el presidente quince días antes ante los parlamentarios del partido, pero, según el diputado granadino, «la política es transacción». Un especialista sobre el tema me daría también su parecer sobre el estatuto, que valoraba positivamente comparado con el proyecto de Guernica; al menos habían desaparecido todos los puntos conflictivos, lo que atribuía al talante embaucador del presidente Suárez. Pero el hecho de que los abertzales estuvieran tan satisfechos hacía pensar que el Gobierno había cedido demasiado.

27
EL PLAN A

Dediquemos ahora unas líneas a esbozar lo que se escondía detrás del denominado Plan A, imaginado y relatado por Luis María Ansón. Para ello hemos de remontarnos al mes de octubre de 1977. Por entonces Antonio Herrero, director de Europa Press, nos relataba al comandante Atienza y a mí una reciente conversación con el presidente de EFE, en la que este exponía su teoría de un golpe interior incruento, necesario a la vista del deterioro de la situación en el País Vasco: el rey haría declarar el estado de excepción y relevaría a Adolfo Suárez con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Aseguraba Ansón que el presidente del Gobierno estaba acabado, después de un primer gabinete de gestión muy eficaz. Herrero despreció entonces tal teoría de golpe militar; no le parecía que el ambiente general del Ejército fuera entonces nada propicio al intervencionismo. Era consciente de lo delicado de la situación, pero optimista si al fin el presidente Suárez salía airoso de la amnistía y de las medidas económicas que exigía la abultada inflación.

Según explicaría también Ansón a algunos jefes destinados en el Alto Estado Mayor, aunque nadie deseaba un golpe de Estado, y menos el Ejército, sí parecía evidente que había que buscar una solución que permitiera a España salir de la grave crisis en la que se encontraba; era necesario imaginar soluciones viables a partir de la legalidad vigente, atendiendo a la cual, el único que podía tomar las medidas necesarias para evitar el caos era el rey, con el apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas. Le parecía al presidente de EFE que había que proponer a don Juan Carlos una solución razonable por conducto del mando o bien de sus compañeros de promoción, operación que habría que preparar con la minuciosidad de un plan de Estado Mayor. La fórmula preveía que un domingo el monarca convocara en la Zarzuela al presidente Suárez para que preparase su dimisión y, a continuación, el Consejo del Reino propusiera un nuevo jefe de Gobierno, que habría de ser un técnico sin compromiso político alguno. Tras los nombramientos del presidente entrante y de su equipo, sería declarado el estado de excepción —que se mantendría durante un par de años, hasta convocar nuevas elecciones—, con la finalidad fundamental de salir del marasmo político, restablecer la autoridad y resolver la crisis económica. Se suspenderían tan solo aquellas libertades que impidieran al Gobierno el cumplimiento de los fines que le venían impuestos. La fecha más adecuada para llevar a cabo tal operación, según Ansón, serían las Navidades de 1977.

Para justificar todo lo anterior, el presidente de EFE argumentaba que el deterioro progresivo de la situación podría llegar, presumiblemente, a un punto de convulsión. Tres factores determinaban la gravedad de la situación: el País Vasco y Cataluña, la crisis económica y la monarquía. En Vascongadas, las Fuerzas de Orden Público estaban totalmente rebasadas y los grupos separatistas se adueñaban de la calle, por lo que el Ejército tendría que intervenir en breve. A más largo plazo habría que añadir —según Ansón— el problema catalán, cuando tras un año de funcionamiento de la Generalidad empezasen a surgir problemas de competencias que muy bien podrían conducir a una situación de abierta independencia, propugnada desde la misma institución. Por otra parte, la crisis económica era cada día más aguda: sin contención salarial era imposible salir de ella; contención que, en tal circunstancia, no había que pactar, sino imponer. En cuanto a la monarquía, a Luis María Ansón le resultaba evidente que estaba en peligro, a pesar de que era la única institución capaz de garantizar un futuro estable en España. La izquierda hacía ostentación de su republicanismo, y, por otra parte, promover un plebiscito monárquico era una soberana tontería. Había que evitar a toda costa volver a 1931.

Poco después Ansón invitó a la agencia EFE a varios miembros del SECED, entre los que yo me incluía. Nuestro anfitrión desgranó de nuevo la solución de futuro que patrocinaba, pero reservándola para el caso de que la operación iniciada por Suárez para el establecimiento de la democracia no llegara a buen fin, de modo que se hiciese necesario salvaguardar principios irrenunciables como la unidad e integridad de la patria, la monarquía y la religión católica. «Si se ve que la cosa no tiene remedio, antes de que las izquierdas pongan en grave situación al país sería preciso tomar medidas excepcionales». Ansón prometía enviar unas notas con información sobre el plan a Aurelio Delgado para que lo hiciera llegar al presidente Suárez[93] y nos aventuraba los nombres de algunos de los posibles candidatos para ese Gobierno de emergencia: el monárquico liberal Antonio Fontán, el incombustible Pío Cabanillas, el diplomático José María de Areilza como aglutinador de tendencias, los banqueros Alfonso Escámez y Jaime Carvajal, además de Gamero del Castillo y algún otro. Todos los que conocían el planteamiento de Luis María Ansón sobre la salida a la situación política española —y la tesis había tenido amplia difusión entre la clase dirigente, pues había sido expuesta en ocasiones diversas a grupos de militares y a directores de agencias— parecían convencidos de que la idea inicial no había partido de él, sino de instancias superiores; él estaría sirviendo de vehículo difusor del proyecto.

El Plan A tomaría en el CESID el nombre de Operación Golpe de Timón, y a ella se dedicarían constantes esfuerzos, con el fin de obtener información entre las personalidades que se suponía podían tener alguna implicación. A finales de noviembre de 1977 Luis María Ansón contactó conmigo con cierta urgencia. Estaba muy preocupado porque el presidente del Gobierno —según le había informado Arturo Moya— había montado en cólera con motivo de un informe del Centro que, según él, no reflejaba con exactitud nuestra conversación en EFE. La información que le había llegado al presidente era parcial, en el sentido de que en España ya no había nada que hacer sino declarar el estado de excepción o preparar un golpe de Estado. Tras explicarle que el CESID no había sido el origen de tal comentario, le hice saber a Ansón que, no obstante, su teoría había sido tramitada hacia arriba íntegramente y sin citar fuentes. Al respecto, el comandante Faura me haría esa tarde, por escrito, la reflexión siguiente:

Ansón tiene que comprender que, por nuestra «profesión», la historia tan bonita que nos contó se la teníamos que contar a alguien. Es difícil convencerle de lo contrario. Pero de lo que sí hay que convencerle es de que nuestra versión es la correcta. A nosotros no se nos escapa una cosa «gorda». De paso, decirle que nosotros hemos constatado que lo ha contado en ocho o diez ocasiones diferentes. ¿Son todos discretos y desinteresados? La versión nuestra, si le ha llegado al presidente, es la correcta. Puede que se haya apoyado en la nuestra para darle fuerza, pero la versión que cuenta él (Ansón) es de una persona interesada. Que analice quién puede ser: a nosotros no nos interesa que le quiten de EFE.

A lo largo del mes de diciembre, quienes teníamos en el CESID el cometido del seguimiento de los ámbitos político y económico desplegamos un programa intenso de entrevistas, con el propósito de lograr antes de fin de año nuevas pistas sobre el desarrollo del «golpe de timón». Por lo que pudimos deducir, los conocedores de la operación eran ya batallón. Castañé calificaba la operación de delicadísima, aunque recibiera después la adhesión del pueblo y las Fuerzas Armadas; Villar compartía la sensación de deterioro creciente que podría llevar al rey a una decisión difícil en la primavera; Lacalle veía preciso enderezar el rumbo de la política nacional, pero consideraba que el papel que se quería asignar a Su Majestad era peligrosísimo para la Corona y para España, dificultad y riesgo que también advertía Valls.

El 22 de diciembre de 1977 Ansón organizó una cena en la Agencia EFE para un grupo importante de personalidades. El desarrollo de las conversaciones pondría de manifiesto la preocupación de los asistentes por la pérdida de autoridad que se apreciaba en las últimas semanas. Algunos de los invitados ya se habían reunido en fechas anteriores buscando una salida a la situación política de España «para cuando sea». Villar Mir me había comentado que dos meses antes le habían pedido meditar sobre ello, y que en alguna de tales sesiones se había llegado a la conclusión de que no había más camino que actuar antes de que se discutiera la Constitución en el Pleno del Congreso, y en la línea del necesario «golpe de timón» que habría que impulsar. El propio Ansón, el mismo día de la cena, me aseguró que esperaba grandes acontecimientos políticos para el siguiente mes de enero.

A pesar de todo, el Plan A no era la única operación que circulaba entre personas consideradas bien informadas. Estaba también muy extendida la fábula de que el rey estaba considerando con políticos de su confianza la posibilidad de una alternativa socialista próxima, basada en un plan de la Zarzuela, aún sin detallar, de muy difícil aplicación. Al parecer tal operación habría sido consultada por Felipe González en Estados Unidos, donde habría encontrado el beneplácito a la estrategia, cuyo objetivo sería estabilizar la democracia en España. No estaba claro cómo llevar adelante tal traspaso; quizá aprovechando una victoria socialista en las elecciones municipales, con un PSOE moderado. Otras fuentes interpretaban aquello como una jugada de Suárez, producto de su habilidad y con el visto bueno del rey. El estudio de la llamada Operación Paso de Línea estaba aún en mantillas, pero se alertaba al CESID para que profundizase con frialdad en ella. La realidad es que semejante maquinación resultaba poco creíble y lo más probable es que, como me diría Jaime Carvajal, se hubiera interpretado mal a Su Majestad, que habría querido hacer entender que el día en que el PSOE alcanzara el Gobierno de España la monarquía se habría consolidado como institución; y eso pensando en un plazo de diez, veinte o treinta años. Igualmente, Calvo-Sotelo y Mayor Zaragoza estimaban muy grave aquella falsa interpretación del sentir de la Corona; Jiménez de Parga daba al Paso de Línea un plazo de veinte años.

Pero regresemos al Plan A. Concluidas las fiestas navideñas, el general Bourgón me ordenó continuar el programa de investigación, exigiéndome una estricta reserva. Debía de parecerle un asunto suficientemente delicado —por las personas— y peligroso —por su contenido—, pues deseaba ser el único destinatario en el CESID de cuanta información recogiera en mis entrevistas sobre el particular, acuciándome para que buscara referencias solventes en plazo breve. Así lo hice, y el 23 de enero de 1978, tras entrevistarme varias veces con personajes como Villar Mir, Alfonso Escámez, Luis Valls Taberner, Max Mazin, Jaime Carvajal, Federico Silva Muñoz o el propio Ansón, terminábamos el comandante Atienza y yo un informe de cuanto sabíamos y entendíamos sobre la Operación Golpe de Timón. El director del CESID lo haría llegar al presidente y, con posterioridad, al ministro de Defensa.

Daba comienzo con un preámbulo en el que se informaba sobre las características de la operación: «En general se recoge la sensación de que se trata del estudio de una hipótesis límite, para el caso de que fracase la gestión del presidente Suárez; pero patrocinando siempre la conveniencia de apoyarle al máximo, dada la enorme dificultad y riesgo que comportaría la implicación directa del rey en una decisión que afecte a la marcha constitucional de España». A continuación se describían las primeras noticias:

En el pasado mes de agosto un colaborador obtiene de Luis María Ansón la primicia de una operación a nivel Estado que habría de llevarse a cabo si la situación en Vascongadas alcanzase un grado de deterioro inaceptable, momento que sería aprovechado para decidir un cambio de rumbo en las grandes decisiones nacionales, entre ellas la nueva Constitución […]. Durante el mes de septiembre se celebran diversos almuerzos y reuniones en los que se hace exposición detallada del planteamiento de una posible declaración de «estado de excepción», como única salida de la actual situación que se agrava progresivamente.

El esquema considerado era, en síntesis, el que ya he relatado en páginas anteriores. El tercer punto, denominado «Deterioro de la situación», se iniciaba así:

La decidida tendencia del Gobierno a seguir una política de centro-izquierda y la agravación de la situación económica provocan en amplios sectores de la población una sensación de descontento y desesperanza en relación con la política del Gabinete Suárez. Se obtiene información directa de personalidades políticas y económicas a lo largo de octubre y noviembre que permite detectar una preocupación unánime y creciente por la situación, temiendo no contar con una alternativa preparada no marxista en caso de tener que relevar a Suárez […]. Entre tanto, en el seno de UCD se suceden fuertes tensiones entre los máximos dirigentes del partido y entre los miembros del Gabinete […] las ideologías integradas en UCD luchaban por su hegemonía […] se abría una crisis interna de confianza […] los propios cuadros de UCD y los parlamentarios se quejaban del abuso de autoridad con que se les imponen las decisiones, y de la muralla que Abril constituye para llegar al presidente. Cuando parecía que esta situación era irreversible, Suárez sorprende a la opinión pública con dos rápidas decisiones. Una de carácter interno —unificación de UCD— y otra de ámbito nacional —el Pacto de la Moncloa— con las que, en cierta medida, parece alejarse la perentoriedad de un «golpe de timón». La popularidad del presidente se recupera y desaparecen los rumores de nuevos gobiernos con o sin Suárez.

Conocedor el presidente de la operación que se viene exponiendo, propuso al ministro de Cultura el cese de Ansón como presidente de EFE, lo que le fue transmitido por Pío Cabanillas al interesado bajo la fórmula de una dimisión, que no fue aceptada por Ansón. El hecho de que no se haya producido aún esa sustitución en EFE hace pensar, en algunos círculos políticos, que Ansón cuenta con fuerzas extragubernamentales, nada despreciables, o que simplemente haya servido de aviso desde Moncloa para cortar la difusión de aquellas maniobras.

En el punto siguiente, «Nueva versión», se explicaba que en diciembre se había recibido una nueva versión, que trataba de deducir «lo que pudiera ser el pensamiento de Su Majestad». Según tal versión, «el rey se fijaría un margen de dos o tres meses para tomar la decisión más difícil y de hondas repercusiones de todo su reinado […], decidiría suspender temporalmente las instituciones, dar un plazo de dos años para resolver la economía, el orden público y la seguridad ciudadana, y preparar una Constitución más acorde con el sentir popular». Nuestra fuente «considera delicadísima la operación; pero espera que el prestigio adquirido por el rey a nivel internacional, como “motor del cambio”, haga viable un “golpe de timón”, si llega el caso. Suárez prestaría su apoyo al rey en una operación como esta, incluso dimitiendo como presidente, para facilitar al rey decisiones posteriores». La mayor dificultad residiría en acertar con una figura y un equipo de gobierno lo suficientemente atractivos y esperanzadores para el país, y con capacidad para soportar las duras críticas que habrían de surgir en los meses siguientes.

Más adelante, el informe describía la cena del 22 de diciembre en la agencia EFE y en apartado siguiente se trataba «El borrador de la Constitución», que era uno de los elementos desencadenantes de lo que los implicados consideraban debía ser una acción urgente, a llevar a cabo no más tarde de marzo:

El planteamiento que el borrador hace sobre las autonomías es para todos ellos el tema más grave, ya que daría lugar a una intervención radical desde el poder para corregirlas […]. En las últimas fechas la propia prensa y los círculos políticos discuten el borrador con enorme preocupación. Hay práctica unanimidad en el criterio de que el Gobierno ha ido demasiado lejos en el empleo del término «nacionalidades» y en la negociación de las autonomías, que puede agudizarse en Vascongadas, Canarias y Andalucía; y en Cataluña, en caso de desaparición de Tarradellas. Se empieza a dudar si el Gobierno y UCD cuentan todavía con apoyos y recursos políticos para reconducir las autonomías.

Después se daba cuenta de la «Conjunción de operaciones» que intentaban encauzar la política gubernamental hacia posiciones más conservadoras. Como «Conclusiones», terminaba el informe con los conceptos siguientes:

El hecho de que diversas personalidades […] se hayan planteado la necesidad de tener prevista semejante operación, hasta el punto de haber pensado en la formación del Gabinete y en fechas probables, obliga a pensar que no se trata de una lucubración de política de salón. Por otra parte, tanto los creadores de la operación como los que están al margen de la misma son conscientes de la gravedad y dificultad de su puesta en marcha, por entender que se pone al rey en una situación límite y que se atenta contra las líneas que definen formalmente la democracia. No deja de ser sorprendente que los políticos a quienes la maniobra ha parecido rechazable como procedimiento terminan considerando que los próximos acontecimientos, como Constitución, autonomías, terrorismo, situación económica, etc., nos llevarán indefectiblemente en breve plazo a la alternativa italiana o al golpe de Estado, aunque este sea incruento. En cuanto a las personalidades que hoy día se mueven en torno a la descrita maniobra de Estado […] se identifican con la necesidad de que las cosas vuelvan a su cauce, por no satisfacerles el tipo de sociedad que pretende ser impuesta en España […]. Consideran la operación como posible alternativa a poner a disposición del rey, aun en la duda de que tales opciones puedan responder a los deseos de la Corona.

TRASCIENDE EL INFORME SOBRE LA OPERACIÓN GOLPE DE TIMÓN

A finales de enero de 1978, dos días después de entregar el informe, visitábamos Atienza y yo a Luis María Ansón. El presidente de la agencia EFE remontaba su relato a septiembre de 1977, cuando don Juan Carlos se daba cuenta de que Suárez no conseguía gobernar ni resolver los problemas autonomistas y de orden público, y decidía sustituirle a su regreso de Venezuela. Así se lo expuso el rey al presidente del Gobierno, que ofreció —como contrapropuesta— el Pacto de la Moncloa. Según Ansón, el 22 de diciembre último, el monarca habría indicado a Suárez la necesidad de un cambio en la orientación del programa de Gobierno, particularmente en el texto que se iba proyectando para la Constitución. Pero el presidente no consideró oportuno hacer una crisis de Gabinete hasta que no se aprobase la Carta Magna, tratando de acelerar su tramitación en las Cortes, de modo que el monarca perdiera su capacidad de decisión en el nombramiento y cese del jefe de Gobierno. Suárez maduraría el asunto con su vicepresidente Abril Martorell a lo largo de las Navidades, y el rey entendió que tenía que apoyarse en el presidente para lograr una Constitución monárquica en la que pudiera conservar algunos poderes.

Con tan extenso preámbulo, Ansón entraba a fondo en la Operación Golpe de Timón, y nos concretaba la baraja de nombres para relevar a Suárez (Pérez de Bricio, Villar Mir, Escámez, López de Letona…). Aseguraba estar preparando un laborioso documento que haría llegar a Su Majestad, a quien encontraba «completamente solo», apoyado casi en exclusiva por las Fuerzas Armadas, aunque la oficialidad ya no le respetara tanto como parecía.

Días después, y ya en febrero, el teniente coronel Eutimio Hernández, ayudante del rey, visitaba al general Bourgón. Al parecer el monarca estaba ya en conocimiento de la nota interna del CESID sobre el «golpe de timón», asunto que, naturalmente, le parecía una barbaridad. Sin embargo, Su Majestad no dio más importancia a la cuestión, aunque se interesara por los nombres de posibles integrantes militares. El teniente coronel Hernández comentaría al general director que estaba aumentando el nivel de rechazo al rey en las Fuerzas Armadas, y que crecía la animadversión hacia el vicepresidente y su gabinete militar.

Villar Mir no tardaría en comunicarme también que el rey tenía un documento extenso de lo que habíamos dado en llamar Operación Golpe de Timón y que estaba ya en conocimiento del mismo el propio Adolfo Suárez, incluida una lista del hipotético Gobierno (algo que no figuraba en el informe del CESID), que encabezaban, como presidente y vicepresidente, Villar y Pérez de Bricio. Se lo había hecho saber Luis María Ansón, quien citaba como posible origen de la lista al tándem Osorio-Fernández Campo. Villar pensaba que el rey deseaba un viraje a la derecha, con medidas económicas acertadas y con talante exigente en el Gobierno de la nación, pero, en lo personal, no le complacía la posibilidad de entrar en la Moncloa en un momento de tantas dificultades e incertidumbres, por mucho que pudiera entusiasmarle el proyecto de Ansón, que, por otra parte, tenía pocos visos de convertirse en realidad.

En abril, el día 11, dos meses después de que en Moncloa se conociese el documento sobre la Operación Golpe de Timón, almorcé con el secretario general de la Casa de SM el Rey, el general Sabino Fernández Campo, quien me haría algunas consideraciones sobre Adolfo Suárez. El modo en que estaba enfocando el asunto de las «nacionalidades» le parecía a Sabino inconcebible, por contradictorio con la unidad de la patria; pero mi interlocutor aseguraba que el presidente del Gobierno se lo había vendido muy bien a don Juan Carlos, y no sería fácil cambiarlo. Suárez tenía un extraordinario poder de convicción sobre Su Majestad, más que nadie, y siempre se escudaba en el monarca y en las Fuerzas Armadas, pese a que en privado hablara con cierto desprecio de los mandos militares. Tras hablarme de la Ley de Defensa, que consideraba un engendro confuso e incongruente, dejó para el final el asunto CESID, extendiéndose con calma en los temas hacia los que —desde su punto de vista— el Centro debería enfocar su actividad: las Fuerzas Armadas (nadie se atrevía a informar al rey con claridad y lealtad de lo que los militares pensaban del teniente general Gutiérrez Mellado y del propio monarca), la independencia de la Corona respecto del Gobierno, y el entorno de la Zarzuela (los «amigos» de don Juan Carlos, que, según Fernández Campo, cualquier día podían hundirle con sus «maravillosos» asuntos económicos: había que indicarle a Su Majestad que el rey no podía tener amigos). E insistía en que el monarca echaba de menos valoraciones más frecuentes del CESID, porque Suárez y Gutiérrez Mellado le filtraban la información.

Tras esta larga conversación y después de comentar también la existencia de una operación sobre la formación de una gran derecha, cuya paternidad se adjudicaba a Osorio, hablamos indirectamente de la Operación Golpe de Timón. El general me comentó que Ansón tenía «buenas ideas pero malísimas soluciones. No ve más que el golpe de derechas, aunque su visión de la situación es muy real». Fernández Campo terminó rogándome que le preparase una sínteses de lo tratado y que no hiciera mención inmediata de nuestro encuentro en el Centro, que esperase unos días. Su excelente relación personal e institucional con el general Bourgón me permitía confiar en la conveniencia de las razones de la reserva que me exigía. El 12 de abril de 1978 el vicepresidente acudió a un almuerzo en el Club de Campo con Bourgón y Ollero, durante el cual le expusieron el «Plan A» auspiciado por Luis María Ansón en octubre anterior y del que, en su momento, se había elevado informe al presidente Suárez. Gutiérrez Mellado solicitaba copia del mismo. Pero aún deseaba que se prestase la mayor dedicación a los temas de espionaje y contraespionaje.

Sorprendentemente, al día siguiente me buscaban desde la Zarzuela: el general Sabino había comentado al rey el intento de formación de una gran derecha —que se adjudicaba a Osorio, como he dicho— y Su Majestad había telefoneado inmediatamente al presidente del Gobierno y al teniente general Gutiérrez Mellado. Al parecer, mi almuerzo con el secretario general de la Casa de Su Majestad había reactivado las alarmas sobre la hipotética Operación Golpe de Timón, y a mí se me vinculaba con ella.

El general Bourgón despachó la mañana del día 13 con el ministro de Defensa y, a su regreso, me llamó a su despacho para hablar de la «operación de las derechas» que tanto había incomodado en la Zarzuela y la Moncloa. A su juicio —desconocía todavía mi encuentro con Sabino Fernández Campo— lo que podía haber desatado las iras de la superioridad era mi entrevista del 31 de marzo con el apodado «colaborador 007» (pantalla que cubría a Luis María Ansón). No me parecía posible que tal nota informativa hubiera podido circular hasta la Zarzuela y de allí al presidente del Gobierno, y, además, la noticia que le llegaba a Gutiérrez Mellado era de una operación de la «gran derecha» en la que pudiera estar implicado el CESID. En cualquier caso, el director se había visto forzado a enviar al teniente general Gutiérrez Mellado una fotocopia «recompuesta» del desgraciado papel sobre 007 (incluso la reseña del almuerzo con el presidente del Senado y la nota sobre mis conversaciones en el Pleno del Congreso, donde tuve ocasión de hablar con el propio vicepresidente del Gobierno), reconociendo que ello cegaba las fuentes del Centro y el juego reservado con nuestros colaboradores habituales[94].

Justamente dos semanas después de mi encuentro con el general Sabino Fernández Campo, consideré llegado el momento de liberarme de mi compromiso con él y pude contar a Bourgón nuestro almuerzo. Y, naturalmente, expliqué al director cómo se me había exigido reserva absoluta durante un tiempo prudencial. Me sentí internamente avergonzado, dado el especial afecto con que me venía tratando en los últimos meses. Pese a recriminarme inicialmente que no se lo hubiera contado antes, el director quedó satisfecho con mi aclaración y me solicitó total confianza. Hablamos también de los telefonazos de don Juan Carlos al presidente y al vicepresidente primero sobre la «maniobra Osorio», y Bourgón me comentó con cierta pesadumbre que en adelante no se fiaría de nadie, ni de Suárez ni de Mellado; «tan solo del rey, y por ser el rey». Me preguntó mi impresión más reciente sobre el presidente del Gobierno y compartió plenamente las breves alusiones que le hice, tal como las recogíamos de fuentes serias: tenía aislado a don Juan Carlos, iba cuesta abajo políticamente, abusaba de UCD, era un pactista nato, no hablaba bien de los mandos militares, se apoyaba excesivamente en Gutiérrez Mellado… A renglón seguido el director haría referencia al presumible deseo del presidente y del vicepresidente de congelar actuaciones del CESID si suponían que apoyábamos al rey a espaldas del Gobierno, fuera de la vía jerárquica, pues de algún modo ellos pretendían controlar la Zarzuela en exclusiva.

A mediados de julio de 1978 tuve un largo despacho con el general director para hablar del reiterado deseo de Luis María Ansón de convidarle a un almuerzo en EFE. Insistió Bourgón en conocer el interés del periodista y los temas a tratar, y me instó a ir con pies de plomo, pues, al parecer, en las alturas se sabía todo lo que yo hacía. Quise entender que había una filtración. Por fin, el director aceptó almorzar —en mi compañía— con el presidente de la agencia EFE. Era el jueves 20 de julio.

Luis María Ansón quería exponer personalmente al general Bourgón su visión de la situación y el preocupante desarrollo de los asuntos nacionales. Percibía todos los síntomas de una revolución en marcha. «Vamos entre todos a arreglarlo antes para que no ocurra así, y tratemos de salvar la Corona», afirmaba. Según Ansón, la operación correspondía a las Fuerzas Armadas, siguiendo quizá el camino de De Gaulle cuando exigió a la Asamblea Nacional votar el cambio de la Constitución. Aún veía margen para evitarlo si se mejoraba la Constitución, se convocaban unas elecciones generales, se enderezaban las cosas y el país salía milagrosamente de la situación en la que lo habían metido. «Pero si no es así, las Fuerzas Armadas tienen que tomar una actitud; con un militar salvador de la patria o mediante presión para el nombramiento de un equipo civil que gobierne España en condiciones de excepción durante un par de años».

En cuanto al nuevo jefe de Gobierno, Ansón se preguntaba: «¿Quién es el hombre?». Y hacía su retrato robot: un hombre de la generación del rey, que haya demostrado energía y gran sentido empresarial, con profundo conocimiento de la economía para cambiar el panorama laboral e industrial. Si tuviera experiencia administrativa, mejor; aunque hubiera sido durante el régimen de Franco. Informaba Ansón al general Bourgón de que en España había unos pocos hombres que respondían a aquel retrato robot y que «lo harían divinamente»: Carlos Pérez de Bricio, Villar Mir, López-Bravo… De Alfonso Osorio tenía una opinión positiva, pero le parecía que no era el indicado.

Además, una maniobra así requeriría —siempre según Ansón— una intervención del rey, nada fácil: tendría que llamar a Felipe González, a Carrillo y a otros líderes y hacerles entrar en la operación, «de buen grado, o con el palo». Y añadía que si «hubiese que llegar a una situación de emergencia, habría que caldear la conciencia nacional, justificando la operación desde algunos medios de comunicación». Pero había que actuar con la cabeza muy fría y con inmensa serenidad, ayudando al presidente del Gobierno a sacar las cosas adelante «durante el tiempo que haya, quizá hasta septiembre, y si no, pegarle un hachazo al proceso revolucionario cuanto antes. Las Fuerzas Armadas se lo tienen que contar al rey, que en este momento responderá bien».

Con la mayor reserva y tacto, Ansón ofrecía también al general Bourgón su pensamiento sobre el modo de dominar el terrorismo, aunque fuera enormemente duro. «Creo que vamos a una operación parecida a la de Argentina, soltando unos comandos paralelos que limpien la podredumbre que se ha metido en el país. Yo personalmente sospecho que no sería capaz de firmar nada así; pero creo que es clave». El presidente de EFE había recibido poco antes una visita del almirante Masera, quien le puso al corriente, con pelos y señales, de la operación que desarrollaba la Junta argentina.

En la exposición al director del CESID haría Ansón algunos escarceos por el tema de los medios de comunicación social. Pensaba que estaban infiltrados por el marxismo y aseguraba que los conservadores españoles tenían que poner en marcha una contraoperación a quince años vista, empezando desde las facultades de Ciencias de la Información. Había que defender cuatro valores fundamentales: la religión, la patria, el rey y las Fuerzas Armadas; todo lo demás vendría por añadidura. «Y en España eso solo lo pueden hacer ustedes —decía al general Bourgón—, porque aquí no hay más servicios de inteligencia que los gestionados por militares».

Aunque sé que el general quedó satisfecho con el encuentro —así me lo comentó aquel mismo día en su domicilio—, allí me explicaría que quería saberlo todo. Pero de momento le urgía la reseña del almuerzo con Ansón, que ocuparía una treintena de folios. No tengo constancia de que Bourgón, al que aquello debió de parecerle un simple intento de presión sobre la política gubernamental, pusiera esta entrevista en conocimiento de Gutiérrez Mellado en aquellas tardías fechas de verano. Después se le achacaría haber asumido una posición ambigua con el ministro. Nada más falso.

En enero de 1979, la preocupación era de mayor envergadura, y el presidente de EFE insistía en lograr indirectamente la dimisión de Gutiérrez Mellado con el objetivo de evitar un creciente deterioro de la imagen de Su Majestad en la colectividad militar. Ahora Bourgón parecía más dispuesto a escuchar las sugerencias de Ansón y a participar en la maniobra. Casi en vísperas electorales, el lunes 26 de febrero, se llevó a cabo una nueva entrevista —a la que asistimos también Faura y yo— del presidente de la agencia EFE con el general director. Ansón reiteró en ella muchos de sus presagios, en un tono si cabe aún más duro, y justificó su planteamiento en la creencia de que había unas verdades superiores por encima del gobernante y del gobernado, y que la mayoría popular no podía decidir determinados criterios —pensaba que el sufragio universal iba a dar la victoria al marxismo en nuestro país—. Era necesario preparar una estrategia para el otoño, con un clima ya insostenible en el País Vasco, momento en que habría que decidir la declaración del estado de excepción por la vía constitucional. La posible escisión de algunas provincias españolas era inadmisible para la inmensa mayoría de ciudadanos, que justificarían cualquier acción. Entretanto, los capitanes generales informarían al rey de que se estaba llegando a una situación que no se podía consentir y Su Majestad llamaría a los líderes políticos, a los que diría: «Señores, o aceptan ustedes esta solución o ahí tienen a los generales reunidos en Colmenar Viejo». Y, según Ansón, echarían todos a correr —incluidos los señores Carrillo y González— para dar su aprobación en el Parlamento a un Gobierno provisional que en dos años habría reconducido la situación política desde la legalidad. Y a continuación nos hacía una revelación sensacional: como la Constitución se había aprobado por menos del 50 % del voto, habría que redactar una nueva que hiciera viable gobernar. La operación terminaría con la liquidación de los focos más peligrosos.

El presidente de EFE finalizó su argumentación asegurándonos que no se podía esperar que la sugerencia de la referida operación partiera de don Juan Carlos, porque Su Majestad vería un abismo en una actuación tan fuera de lo habitual. «Si las Fuerzas Armadas le ponen en bandeja la decisión, la tomará; pero nunca solo, por su cuenta». La estrategia debería proceder de un órgano militar español que Ansón prefería no identificar. El general Bourgón escuchó al presidente de EFE con atención y cortesía, y al llegar al CESID elaboramos una nota informativa que ocupó unas doce páginas, pero el director esperaría prudentemente a los resultados electorales antes de elevar el contenido de esta entrevista a las primeras autoridades nacionales, como era deseo de Ansón.

Tras las elecciones legislativas y el asesinato por parte de ETA del general de Intendencia Agustín Muñoz Vázquez —en cuyo honor se llevó cabo un sencillo y triste funeral en el Hospital Gómez Ulla— Ansón solicitó a Bourgón una nueva audiencia que se celebraría finalmente el 21 de marzo; quería saber la actitud de los grupos de presión ante la inminente formación de un nuevo Gobierno y la celebración de elecciones municipales. Una vez más el presidente de la agencia EFE reiteraría sus planteamientos: la debilidad de Suárez ante las exigencias de la oposición parlamentaria y el acoso terrorista, y la creciente alarma ante posibles reacciones ultraderechistas, todo lo cual exigía tener preparado un plan para suspender las garantías constitucionales. No conservo referencias de mi asistencia a aquel almuerzo, pero las respuestas del general Bourgón debieron de ser evasivas.

Aún mantendría yo el 31 de marzo otra conversación sobre el tema con Ansón, quien días después se mostraba indignado con la celebración del Aberri Eguna. Me explicaba el presidente de EFE que el aguante de las Fuerzas Armadas tenía un límite: la pretendida autodeterminación de algunas de las provincias españolas. No podía consentirse que un tercio de los manifestantes pidiera abiertamente la independencia, con pancartas de ETA, exigiendo un plebiscito de autodeterminación. «Ya está ahí la amenaza […]. Pero ¿a qué esperamos? Yo apelaría a la conciencia de las Fuerzas Armadas […]. Hay que actuar; queda poco tiempo».

Terminaba Luis María Ansón haciendo referencia a un documento de seis u ocho folios que estaba preparando para el rey, con el que pretendía no solo informarle, sino que no dijera «no» al asunto, sin necesidad de comprometerle con una afirmación; bastaba que no se opusiera. Se iba a reunir antes con Ferrer Salat y Mazin, de la CEOE, para contar con su acuerdo y su financiación. Seguía pensando Ansón que la alternativa a Suárez era Villar Mir, un recambio necesario para unos meses de transición, al frente de un Gobierno neutral que aplicase la Constitución y controlase las elecciones generales. Y cerró Ansón su planteamiento asegurándome que la vía normal de penetración en la Zarzuela para una operación como la descrita era Alfonso Osorio (o Sabino Fernández Campo, en su defecto), quien presentaría a Su Majestad un esquema, dorándole la píldora con la conveniencia de que Suárez se dedicase a fondo a UCD para ganar las elecciones, que en las actuales circunstancias iban a perderse. Argumento falaz, que diría Ansón.

SE MULTIPLICAN LOS CENÁCULOS: NUEVAS NOTICIAS DEL PLAN A

En mayo y junio de 1979 proliferaron las reuniones reservadas de grupos de dirigentes de muy diversos sectores. Salvo a las que organizaba Luis María Ansón, el CESID no envió «observadores». Puede que los reunidos en aquellos conciliábulos ya no consideraran necesaria nuestra presencia: el juego político evolucionaba.

Destacados miembros de UCD nos hicieron saber su punto de vista personal sobre la difícil crisis por la que atravesaba el presidente Suárez. Por ejemplo, Plácido Vázquez, director del Gabinete Político y vicesecretario de Organización de UCD, quien nos confirmó que el presidente estaba cada vez más encerrado en su caparazón, recluido con los más íntimos o leales de la Moncloa, utilizando en todas sus acciones y maniobras a Abril Martorell, que tampoco tenía programa ni línea de acción. Todo apuntaba a un Gobierno de corta duración, hasta final de año, y Suárez no disponía de alternativa, salvo Fernández-Ordóñez o Martín Villa, que no eran del gusto del partido. Los militantes de UCD se sentían incómodos por la falta de información descendente y el exceso de decisiones «digitales» desde el poder. Suárez buscaba con afán hacerse con la mayoría parlamentaria a cualquier precio, y en UCD seguía el clima de abandonismo ante los rumores de posible sustitución. Vázquez nos informó de que el miércoles 30 de mayo fue considerado un día negro por los parlamentarios de UCD: el discurso del presidente en el Congreso les dejó insatisfechos y preocupados. La antevíspera de la sesión parlamentaria el presidente había estado en la Zarzuela y poco después recibía en la Moncloa a Felipe González, decidiéndose un acuerdo-cumbre entre UCD y PSOE, con un planteamiento que desconcertaba y disgustaba a los dirigentes centristas.

Reverdecían los grupos originarios de UCD, lo cual presagiaba la desaparición del partido. La situación económica tampoco era muy halagüeña. La única fuente de financiación era la Fundación Konrad Adenauer y los fondos recibidos eran manejados por Arias-Salgado estrictamente. A Antonio Fontán le estaban haciendo feos políticos en los temas autonómicos, presupuestarios y de nombramiento de gobernadores civiles; estaba pagando cara su independencia respecto a Suárez. En el equipo económico, los ministros Leal y Bustelo no ocultaban ya su rechazo y enemistad hacia el vicepresidente Abril Martorell. Y Vázquez sabía de la intención presidencial de cesar a Fernández-Ordóñez desde hacía meses, por su juego a caballo entre UCD y PSOE. Suárez iba perdiendo apoyos aceleradamente, estaba agotando el capital político logrado en el primer año de Gobierno y que había sabido mantener en el segundo.

De hecho, Fernández-Ordóñez hablaba en público de dos UCD distintas y se quejaba de que el Gobierno no tenía programa alguno, ni político ni económico, improvisando nuevas decisiones cada día; la alta clase gubernamental confesaba sin tapujos que la situación nacional iba «en picado», sin medidas económicas y sin que el Gobierno supiera qué hacer con las autonomías. Se extendía en los cenáculos la idea de que las acciones erróneas y las omisiones del Gobierno ponían en serio peligro a la Corona, por lo que resultaba preciso dar a Suárez un serio toque de atención y hacer llegar a don Juan Carlos la sugerencia de ir pensando en una iniciativa de Estado para acelerar el relevo en la Moncloa antes de que fuera demasiado tarde. Políticos bajo el manto de Hernández Gil, expresidente de las Cortes, coincidían en que Suárez estaba quemado políticamente y muy agotado física y psíquicamente, y que acaso no se daba cuenta real de hacia dónde estaba conduciendo a España; su optimismo crónico, rayano en la ingenuidad, le llevaba a no escuchar lo que no le gustaba. La idea era que el nuevo presidente del Ejecutivo fuera ajeno a UCD, y los futuros ministros, personalidades independientes y prestigiosas, capaces de superar el creciente deterioro de la situación, recuperar el orden ciudadano y reactivar la economía, para convocar elecciones generales en un plazo inferior al año.

Los dirigentes políticos de UCD se reunían a espaldas de Suárez para encontrar una alternativa de gobierno. La cuestión espinosa era cómo forzar el relevo, pues constitucionalmente no cabía la destitución del presidente del Gobierno por el rey, que ya era competencia de las Cortes, a través del voto de censura. Se multiplicaban también los encuentros entre banqueros, empresarios y representantes del mundo financiero. Todos aquellos cenáculos reservados, de tinte profundamente político, iban aumentando de nivel, volumen y agresividad, si bien no cabía sospechar que hubiese detrás de todos ellos una mano coordinadora.

El último día del mes de mayo asistí —debidamente autorizado por el director— a una cena en el domicilio de Carlos March Delgado. Allí se encontraban Luis María Ansón, Carlos Ferrer Salat, José Joaquín Puig de la Bellacasa y Arturo Moya; fallaron Carlos Pérez de Bricio, Manuel Prado Colón de Carvajal, Jaime Carvajal, Alfonso Escámez y Rafael Orbe. Yo me quedé con enormes dudas al constatar que faltaban a la cena los personajes más influyentes. Pero, por los comentarios que allí hicieron Ansón y Ferrer, no cabía duda de que se debía a una mala interpretación de calendario. La mayor preocupación de los presentes era que el hundimiento del Gobierno Suárez pudiera arrastrar a la Corona a problemas irreversibles. De ahí que considerasen sobradamente justificado trasladar a las más altas instancias fórmulas de solución. El presidente de EFE incidiría en que el pueblo solo podía recuperar la confianza con un equipo de primera fila; no le gustaba a Ansón hablar de un Gobierno de notables, sino de expertos (Escámez como vicepresidente económico, Carvajal como ministro de Hacienda, López-Bravo en Exteriores…), con directrices y programas concretos y medidas llenas de sentido común. Se pasaría después a discutir cómo debería ejercer «el equipo» su influencia ante el rey y el presidente; era unánime el criterio de que fuera indirectamente, transmitiendo las inquietudes a terceras personas para que por sus propios cauces las hicieran llegar «arriba», con la esperanza de que ambos dignatarios se vieran impelidos a pensar en ello y tomaran medidas correctoras del rumbo nacional.

A la salida de la sesión, comenté a Luis María que, como era mi obligación, había puesto a Bourgón en antecedentes de la cena. Ansón me confesó entonces que mi inclusión había sido decidida, entre otras razones, para que el director de inteligencia estuviera puntual y constantemente informado de los planteamientos y acciones que se decidieran en aquellas reuniones. Es decir, más o menos lo que Bourgón me había dicho tiempo atrás, con ocasión de las primeras cenas de ese jaez organizadas por Ansón: que se me utilizaba como paraguas o pararrayos, de modo que nadie pudiera calificar de clandestinos aquellos encuentros, si a ellos asistía un miembro autorizado del servicio de Presidencia.

A finales de junio se celebró otra cena en casa de Carlos March, con idénticos comensales, más Pérez de Bricio y Rafael Orbe. Se habló mucho de Suárez, al que March encontraba muy bajo de forma, hundido y sin reflejos. Ferrer nos contaría la visita de Segurado a la Moncloa, en la que Suárez se había anticipado exponiéndole la situación de soledad en que se encontraba y las traiciones que recibía de amigos y colaboradores. También Moya le encontraba hundido, crispado, nervioso, capaz de cualquier pacto aunque acabase deshaciendo España. Me impresionó. Quedaron comprometidos en aportar para la siguiente reunión una treintena de nombres, de entre los cuales podrían salir los componentes del futuro Gobierno. Sobre las posibilidades de éxito de tal operación, recordó el presidente de EFE que no era la primera vez que se hacía algo similar. Todos entendimos que se refería a la sustitución de Carlos Arias por Adolfo Suárez. Alguno apostilló algo así: «¡La verdad es que, a medio plazo, nos lucimos!».

Los cenáculos de dirigentes de UCD proliferaban, pero organizados por grupos políticos: Ordóñez y Álvarez de Miranda encabezaban sendas corrientes. Garrigues mantenía una posición liberal testimonial, aunque parecía evidente que ni él ni Fontán permanecerían en el Gobierno que se preparaba para el otoño. Incluso se planteaban abandonar el Ejecutivo; el segundo llevaba más de un mes sin despachar con Suárez. Según opinión de dos importantes líderes de UCD y miembros del Gabinete, en la política nacional crecían los personalismos, con desprecio a los propios partidos. En el caso de UCD, su congreso había venido a fortalecer aún más al presidente. Suárez y Abril, con su particular idiosincrasia, formaban un tándem falto de convicciones y de ideología, pero flexible y maleable ante cualquier circunstancia. Los triunfos que se obtenían siempre eran del presidente, que no toleraba la más mínima oposición dentro de UCD. Además, casi todos los miembros del partido buscaban el cargo y olvidaban su condición de militantes; todos querían ser algo, no importaba qué, primero diputados, si no, senadores, o gobernadores o incluso secretarios de consejería.

A principios de septiembre de 1979, a la vuelta de las vacaciones estivales, se celebró una nueva sesión del «equipo», esta vez en los locales de la agencia EFE. Además del anfitrión, asistimos Pérez de Bricio, March, Moya, Orbe, Ferrer y yo mismo. Abrió la sesión Ansón, felicitándose por el éxito de las actuaciones de algunos de los presentes, pues tanto en la Zarzuela como en la Moncloa había calado la necesidad ineludible de formar un nuevo Gobierno de calidad, con acuerdo firme entre el rey y el presidente. Se daba por alcanzada la primera fase de la operación. Concluida la cena dio comienzo la confección de las listas, en la que se barajaron hasta un centenar de nombres. Acordamos reunirnos de nuevo a mediados de septiembre, pero yo ya no asistí, porque había cesado en mi comisión de servicio en el CESID.

28
DEFENSA DESCABEZA EL CESID

Varios meses antes de que el ministro de Defensa, Rodríguez Sahagún, cesase al general Bourgón, se produjo un episodio relevante que no debe ser omitido. Me encontraba yo despachando con el general director el miércoles 24 de enero de 1979 cuando nos interrumpió el comandante Faura, quien traía la evidencia de que el entonces ministro-vicepresidente Gutiérrez Mellado iba a cesar a Bourgón dos días después en Consejo de Ministros. Nuestro director nos informaría de que el ministro quería «cargarse» el CESID porque no solo pensaba que no colaboraba, sino que lo consideraba instigador de desestabilizaciones y conciliábulos.

Enseguida entramos en la discusión de lo que convenía hacer y barajamos maniobras alternativas. La primera, unánime, era la vía del rey a través de Sabino Fernández Campo, con el inconveniente de que, si Suárez seguía apoyando a Gutiérrez Mellado, convencería al monarca dialécticamente; la segunda, hablar al presidente del Gobierno, se consideraba difícil, aparte de que, lógicamente, el presidente apoyaría la petición que le hiciera su vicepresidente primero; y la tercera, la del teniente general Liniers, fue descartada inmediatamente por Bourgón, pues tenía noticia de que había pedido la dimisión muy recientemente y, además, a los jefes de Estado Mayor no se les hacía caso en la Moncloa. Así que el mismo director propuso salir a la prensa con un artículo o editorial muy favorable a los servicios de información —en concreto al CESID—, en el que se resaltara su profesionalidad, apoyo al Estado, apoliticismo… Tenía que ser en un buen periódico, como ABC o Ya, y con una buena firma, quizá la de Luca de Tena. Habría que comentarlo con Luis María Ansón esa misma tarde, pues si se actuaba antes del viernes quizá Suárez o Gutiérrez Mellado cambiasen de opinión.

Después de comer, Faura y yo visitamos al presidente de EFE, quien no consideró oportuno ni eficaz una maniobra en prensa: los servicios estaban mejor callados y funcionando por vías indirectas. Proponía actuar sobre quien podía dar la vuelta al estado de la cuestión, el rey, utilizando la vía del doctor Zurita, «la persona de más y mejor audiencia de Su Majestad», don Juan de Borbón, el general Fernández Campo o bien alguno de los militares del entorno de la Zarzuela.

En la tarde siguiente el general director nos reunió a Faura y a mí para que paralizásemos las actuaciones que hubiera iniciado Ansón, pues ya no eran necesarias. Bourgón había tenido un largo y distendido despacho con Sabino en la Zarzuela la tarde anterior. El rey había bajado a saludarle muy cariñosamente, alargándose la sesión casi tres horas. El general director había abandonado el palacio con una grata impresión. Tiempo después supimos que aquella súbita aparición de don Juan Carlos en el despacho de Sabino estaba programada y que en aquel prolongado encuentro se resolvería abortar el cese de Bourgón.

Un día después, el director del CESID fue recibido por el teniente general Gutiérrez Mellado, al que encontraría desconocido, muy tranquilo y sin la menor mención al lamentable incidente del Cuartel General del Ejército con motivo del funeral del general Ortín. Bourgón sacó el tema de un posible relevo en Defensa y el vicepresidente se manifestó propicio al nombramiento de un civil. Planteamos entonces al director general elaborar un estudio serio de candidatos, ofrecimiento que aprobaría sobre la marcha. Faura le confesó, con visible fruición, que la maniobra de un ministro civil la habíamos organizado nosotros dos con Ansón a principios de enero.

El 24 de abril Bourgón nos hacía la confidencia de su estado de ánimo e impresiones: una mala racha en Moncloa, con despachos largos y tensos, compensada con el trato muy afectuoso del rey, al que tenía por su gran valedor; una mayor colaboración con Interior; mejoría de relaciones con Exteriores y los cuarteles generales, así como un amplio abanico de grandes proyectos. Eran unánimes los elogios a su prestigio profesional y buen hacer.

RODRÍGUEZ SAHAGÚN CESA AL GENERAL BOURGÓN

En la última semana de mayo del año 1979, el director del CESID, ya general de división, almorzaba con el coronel D’limi, jefe de los servicios marroquíes, cuando recibió una llamada telefónica. El directivo que le acompañaba en función de intérprete le retransmitió el mensaje de la central: estaba en marcha su inmediato cese. La notificación oficial se nos comunicaba el 1 de junio, con la consiguiente sorpresa de todos los que componíamos el CESID.

Transmití enseguida la noticia a algunas amistades y colaboradores del Centro, que quedaron perplejos. Ansón quería hablarme más despacio sobre el cese del general Bourgón y tuvimos una conversación distendida. El presidente de EFE se lo venía temiendo. Suponía que se lo había «cargado» el presidente del Gobierno, quien se habría ido dando cuenta de lo peligroso que le resultaba el general por las verdades que iba metiéndole al rey en la cabeza, con frecuencia discrepantes con las que procedían de la Moncloa. Ansón añadía que ocurría lo mismo siempre que una persona llegaba a gozar de la confianza regia hasta el grado de criticar al jefe de Gobierno. Así se habían «cargado» al general Armada, a Puig de la Bellacasa y a otros, y ahora trataban de terminar con Sabino Fernández Campo con el señuelo de nombrarle ministro del Interior.

El cese del general Bourgón, presuntamente a instancias del vicepresidente primero, pudo parecer sorprendente, pero para algunos de nosotros no lo fue. Basta recordar las tensas relaciones entre el general director y Gutiérrrez Mellado al resistirse Bourgón a informar sobre las actividades políticas que pudieran desarrollar miembros de los Ejércitos. Incluso el propio ascenso al empleo superior decretado con escasa anterioridad tenía todo el presagio de un gesto político para apartar a Bourgón de la dirección del CESID, bajo la apariencia pública de un agradecimiento por los servicios prestados e intentando evitar toda imagen de destitución. Rodríguez Sahagún llegó a ofrecerle la secretaría general de Política de Defensa, pero en el Centro se intuía que se le daba una puñalada trapera so capa de concederle un mando militar tan preciado como la Comandancia General de Melilla.

El día 11 de junio de 1979 se organizaba en la Sala de Operaciones del CESID la despedida del general director. Acababa así oficialmente otra etapa histórica de nuestra inteligencia, de modo menos digno que en anteriores tránsitos. La despedida iba a tener consecuencias inmediatas para un número significativo de directivos próximos a Bourgón, a quienes debió de considerarse en el entorno del vicepresidente y del ministro de Defensa como responsables solidarios de la filosofía y actuaciones que se habían venido aplicando en la conducción del CESID, y muy en particular del tratamiento del tema de la involución en las Fuerzas Armadas. En breve tiempo abandonarían el Servicio los tres directivos de mayor rango: los dos jefes de las divisiones de Interior y de Exterior (generales Vallespín y Ollero) y el secretario general, el teniente coronel Peñas. Enseguida seguirían el mismo camino el jefe del Departamento de Defensa Interna, el teniente coronel Faura, y otros más.

Parecía evidente que a los nuevos mentores de la política en Defensa no les resultaba grata la continuidad en el CESID de quienes habían seguido dando su impronta personal a la primera etapa del nuevo Centro, con el estilo que aprendieran del SECED. Desde el exterior, sin embargo, era difícil de explicar. En la embajada estadounidense, por ejemplo, se calificaba de triste error el cese de Bourgón, y no se comprendía la salida simultánea de los directivos de mayor rango.

UNA ETAPA GRIS

El general de división Gerardo Mariñas Romero, gobernador militar de La Coruña, sería nombrado director general por Real Decreto 1934/79 de 4 de agosto y tomaría posesión en el Ministerio de Defensa el 27 de ese mes. La presentación en el CESID tuvo lugar dos días después. Tomó la palabra el general Vallespín —que había ocupado interinamente la jefatura del Servicio— y, tras él, el ministro dirigió unas palabras de adiós agradecido a los generales Bourgón, Vallespín y Ollero y a cuantos «por una razón u otra nos han dejado o nos dejan», y dio su bienvenida al general Mariñas. Se extendería después Sahagún sobre la labor que le esperaba al CESID en una coyuntura internacional cada vez más fluida, más compleja, y también frente a los extremismos, que no querían participar en la evolución política. Aseguraría que «el disponer de una información suficiente, objetiva, oportuna en el tiempo y en el contenido, anticipada a las necesidades, es evidente que constituye un requisito fundamental de toda sociedad moderna». Pidió un nuevo esfuerzo de entrega, de ilusión, de moral: «el CESID tendrá que adecuarse […]. El Gobierno establecerá unas prioridades a atender». Comenzaban tiempos nuevos, y darían comienzo con una etapa gris que se prolongaría durante un año y medio.

El 15 de septiembre, el general Mariñas despachaba con el ministro, quien le comunicó los objetivos informativos prioritarios del Gobierno: el despliegue militar de Marruecos, los propósitos de la monarquía alauita y las infiltraciones en Ceuta y Melilla; el espionaje realizado desde países del Este, preferentemente por los servicios soviéticos; el terrorismo, en especial las acciones de ETA contra el Ejército, y la involución política. Además, Rodríguez Sahagún fijó sus despachos con el director del CESID los jueves a las 10,30 h de la mañana. No parecía mucho, en comparación con la frecuencia de contactos en etapas anteriores del Centro.

También en aquel mes de septiembre de 1979, tras varios años de sucesivos estudios sobre la necesidad de coordinar la información a nivel nacional, se rematarían los trabajos sobre el proyecto de organización de la Comunidad de Inteligencia, que sería elevado al ministro de Defensa y se reactivarían los destinos de personal. En febrero de 1980, el vicepresidente para Asuntos de Seguridad y Defensa Nacional aprobaba la Directiva para la Coordinación de la Inteligencia para la Seguridad Nacional, que instauraba una Junta de Coordinación (JUCOSEN) y un Comité de Inteligencia para la Seguridad del Estado (CISE).

La estancia del general Mariñas al frente del CESID fue breve: el 19 de septiembre de 1980 era destinado a Ceuta como comandante general. Quedó al frente del Centro con carácter interino el coronel Carreras. Esta interinidad se prolongó hasta el 22 de mayo de 1981, cuando se produjo la incorporación del teniente coronel Emilio Alonso Manglano (Real Decreto 922/81). Manglano, que inició una significativa reestructuración, conseguiría que el CESID recobrara el pulso y elevaría la actividad del Centro a los niveles que se soñaban cuando un lustro antes se pergeñaba su creación.

FINAL DE MI COMISIÓN DE SERVICIO

En agosto de 1979, durante mi permiso de verano, recibí en Cabañas (La Coruña) una llamada del CESID. Se me avisaba de que el ministro de Defensa quería hablar conmigo. Debía permanecer localizable por si tenía que regresar con urgencia a Madrid. Traté de informarme del motivo de aquella «alerta en vuelo», pero nadie me supo ayudar. El día siguiente tuve noticia de que el general Vallespín había solicitado al Gabinete de Estudios el resumen de mis conferencias en la Escuela del CESID, de las que no existían textos escritos por mi costumbre de hablar sobre breves notas manuales. Al parecer, Rodríguez Sahagún estaba enfadado por algún chisme sobre una de ellas.

En vista de la situación, a las ocho de la tarde telefoneé directamente a su casa al general Vallespín, quien se limitó a decirme que no me preocupara, porque el ministro se iba de vacaciones y que al menos en una semana o diez días no habría nuevas llamadas. Me atreví a solicitarle alguna pista sobre el motivo de aquel revuelo y me dijo extraoficialmente que había tenido una fuerte discusión con Rodríguez Sahagún sobre mi conferencia, de la que el titular de Defensa había recibido alguna queja. Vallespín creía haberle dejado satisfecho.

Tras el fin del periodo estival, el día 13 de septiembre, tuve oportunidad de despedirme del general Bourgón. En nuestro último almuerzo me insistió en que me cuidara del «poder». Me dijo que me estaban siguiendo la pista y en tres ocasiones habían estado a punto de darme un serio disgusto. No me explicó más. Se alegraba Bourgón de mi marcha al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN)[95], «porque cualquier día te hubieran echado del Servicio; ya lo han pretendido varias veces». Y me aconsejaba abandonar todos mis contactos anteriores, pues «estaban encima de mí». De todo ello tenía datos y pruebas más que suficientes.

Me habló en esos días en Madrid de mil cosas, las que quiso. «Tú no me preguntes», me repetía. Supe que estaba escribiendo «cosas» de su vida y milagros en el CESID. Nunca tuve noticia del paradero de aquellos escritos, pero esa joya desvelaría puntos de gran valor histórico para entender bien aquellos años de 1977 a 1979. Mi exdirector del CESID me dio sus últimas pinceladas: siempre hablaría bien del rey; defendía a Suárez, no así a sus colaboradores; consideraba a Gutiérrez Mellado muy humano. Y, en lo personal, añadía que me tenía mucho cariño.

Seis días después bajé al despacho del nuevo general director, que me reclamaba. Me hizo sentar un rato y me sacó a relucir el curso de Estados Mayores Conjuntos (EMACON) que yo había solicitado y me habían concedido. Y siguió la conversación con esta sorprendente frase: «Yo estoy en off-side aún en la casa. ¿Tú has tenido algún problema? Me han dicho que tienes que cesar en el Servicio». Por la tarde se me comunicaba mi urgente traslado a la Subsecretaría de Defensa. Al parecer, Mariñas había intercedido por mí ante el ministro, pero este se negó a cualquier rectificación o demora insistiendo en que cesase de inmediato, pues «la cosa venía de más arriba».

Al día siguiente, 20 de septiembre, acudí temprano a mi nuevo destino, donde me presenté personalmente al subsecretario, el almirante Ángel Liberal. Después, regresé al CESID para comunicar al director que había dado cumplimiento a la orden recibida del ministro. Pasé a explicarle que disponía de una semana hasta mi incorporación a la Escuela de EMACON, tiempo que podía dedicar a traspasar a otro directivo todos los asuntos que yo llevaba directamente. Mariñas me dijo, con cierto gesto de vergüenza: «No, mejor que no vengas más; entrega las llaves a otro». Me retuvo unos minutos más, mostrándome con creciente enfado un par de cosas que pensaba decirle al ministro, y me relató su triste incorporación al CESID.

Una llamada urgente de Luis María Ansón me hizo acudir a la agencia EFE el 2 de octubre. Quería trasladarme su preocupación y enfado por una grave indiscreción cometida, con falsedad, por el CESID, al referir por escrito al presidente del Gobierno el almuerzo celebrado con el general Bourgón, el comandante Faura y conmigo el 20 de abril[96]. Suárez lo había considerado como un intento claro de golpe de Estado, relacionándolo en aquel momento con Miláns del Bosch. La queja se la había dado el presidente, a través de Alberto Aza, quien le había mostrado en la Moncloa un informe de varios folios en el que se citaba aquel almuerzo con referencia a la involución. Ansón me advertía que Aza nos iba a llamar a cada uno de nosotros y que incluso podría convocarnos el presidente para someternos a una especie de careo. Estaba muy molesto, asegurándome que se interpretaron mal sus palabras en aquella reunión con el director del CESID. Me sentí pesaroso yo también. Efectivamente se habría hecho una reseña de aquella conversación, como era costumbre, pero con la máxima clasificación interna. Además, me explicaba Ansón que parecía tratarse de una nota reciente sobre involución, más que de una fotocopia de una reseña del almuerzo. Luis María se despidió con el afecto de siempre, pero indignado. Prometía no volver a tener el menor contacto con nadie del Centro: «¡Que me olviden!».

Media hora más tarde me reunía en el hotel Luz Palacio con el teniente coronel de Aviación Eutimio Hernández, ayudante del rey, que quería hablarme del mismo asunto: el informe remitido desde el CESID al presidente del Gobierno sobre indicios de golpe o de maniobras involucionistas. El dossier había llegado al palacio de la Moncloa diez o doce días antes, y en el contenido sobre «involución» se había mezclado con «lo de Miláns»[97]. Me dijo mi interlocutor que yo tenía «enemigos muy gordos: el propio presidente y otros». También me contó que Suárez, hablando del expediente de marras, había calificado al general Bourgón de traidor. Terminó suponiendo Eutimio que el origen del documento sobre «involución» habría sido el nuevo equipo de la Secretaría General del CESID. Y me añadió que el teniente general Gutiérrez Mellado estaba muy enfermo, con una úlcera sangrante o similar, lo que le hacía pensar que el vicepresidente era ajeno al expediente en cuestión.

Al día siguiente puse al corriente al teniente coronel Faura del dossier que había elaborado el CESID sobre nuestros «almuerzos involucionistas». Se quedó lógicamente preocupado por poder ser tachado de traidor o de ultra, y decidió hacérselo saber a Andrés Cassinello, por si podía pedir alguna explicación al presidente Suárez. También me haría Faura la confidencia de que la víspera el teniente coronel Santos Bobo le había confesado saber desde antes de las vacaciones de verano que tanto Faura como yo íbamos a ser cesados.

29
CONSIDERACIONES FINALES

La inestabilidad del inicio formal de la democracia aplazó más de lo esperado la deseable normalización y vinculación orgánica del Servicio. Durante aquel periodo la relación entre información y política, entre servicios de inteligencia y poder, fue íntima y permanente, aunque la influencia recíproca no siempre produjera los beneficios apetecidos por ambas partes. Pero, en cualquier caso, abrió el camino a mejores soluciones en pro de una España en renovación.

Fueron tiempos difíciles en los que la labor del Servicio se mantenía gracias al tesón, profesionalidad y abnegación de sus directivos. Paulatinamente la estructura del CESID fue aumentando, y lo mismo su plantilla y los fondos económicos para financiar su gestión. Se amplió la incorporación de personal civil universitario, que fue dando a la «casa» un nuevo estilo de organismo público altamente especializado. El CESID se afianzó y los sucesivos Gobiernos ejercieron su misión con el apoyo directo y constante de las informaciones valoradas que les llegaban del Centro. La Transición política había concluido y el servicio de inteligencia ponía broche de oro a sus actuaciones, volcándose en el ejercicio de sus competencias profesionales, tal como ocurría en los restantes países occidentales.

Los cometidos de la antigua Tercera Sección del AEM, relacionados con el espionaje y contraespionaje, se cumplimentarían con un insospechado desarrollo tecnológico y en colaboración con otras naciones. También la desconocida Organización Contrasubversiva Nacional del SECED, reabsorbida en el CESID, volcaría buena parte de sus esfuerzos informativos y operativos en la lucha contra ETA y el GRAPO, logrando con sus gestiones y estudios ofrecer a las Fuerzas de Seguridad del Estado pistas necesarias para la desarticulación de las bandas terroristas.

Pero la lucha política interna cobró en aquellos años nuevos bríos y produjo la desintegración progresiva de las tendencias que se amparaban bajo las siglas de UCD. El suarismo se debilitó, los democristianos abandonaban el barco, los socialdemócratas se guarecían en el PSOE, los liberales desaparecían, los antiguos miembros del Movimiento también, y surgían nuevas fuerzas políticas. Aún seguirían resonando rumores de operaciones a lo De Gaulle, golpes de timón para hacer frente al temporal hasta que llegase la calma, y conspiraciones militares multicéfalas que tenían como objetivo —por la indignación que producían los graves atentados terroristas— la ruptura democrática. Las insidias contra Suárez provocaron finalmente su dimisión y la propuesta de relevo por Calvo-Sotelo sería aprovechada para provocar el lamentable suceso del 23 de febrero de 1981 en las Cortes. Apenas un mes después, eran afianzadas las competencias del CESID:

El presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, aprobó el Real Decreto 726/1981 de 27 de marzo, que redefinió las misiones del Centro, señalando que este habría de ser el órgano encargado de obtener, evaluar, interpretar y facilitar al titular del departamento de Defensa cuanta información fuera necesaria o interesara a la Defensa Nacional y al cumplimiento de las misiones que a las Fuerzas Armadas encomienda el artículo octavo de la Constitución, atendiendo prioritariamente a las necesidades de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Esto significaba que se asignaba al CESID la misión de prevenir informativamente cualquier comportamiento de las FAS que se saliera del marco constitucional. Se le legitimaba así para actuar en la detección de los intentos involucionistas, tanto en el ámbito militar como en el civil, misiones que hasta entonces había tenido excluidas […]. La Orden Ministerial 135/1982 pasaba a hacer depender el CESID funcionalmente del presidente del Gobierno y orgánicamente del ministro de Defensa, debiendo atender informativamente a ambos[98].

Veinte años más tarde el CESID dejaba de existir para dar paso al nuevo Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La Ley 11/2002 de 6 de mayo, diría en su artículo primero:

El Centro Nacional de Inteligencia es el organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones.

Sobre todo ello escribiría Rafael Jiménez Villalonga en la revista Arbor del CSIC de enero de 2005 lo siguiente:

El primer rasgo que caracteriza al CNI y lo distingue de otros servicios departamentales y operativos es su dependencia del presidente del Gobierno en particular y del Gobierno en general. Aunque su adscripción orgánica se mantiene al Ministerio de Defensa, la ley otorga al presidente del Gobierno la facultad de modificar dicha adscripción mediante un real decreto. Ello confirma su dependencia del jefe del poder ejecutivo y desmiente la naturaleza militar del Centro, cualidad que frecuentemente se ha utilizado para descalificar a su antecesor, el CESID, y tratar de limitar o encasillar sus funciones (…). CNI, un nuevo nombre que, acertadamente, simplifica y determina con exactitud su verdadera esencia, al tiempo que elimina las connotaciones negativas que se habían manifestado en el del CESID.

Habría que escribir la historia de otros dos decenios para explicar tan rotundas afirmaciones.

EPÍLOGO

EL 23-F EN EL HORIZONTE

El origen de las páginas que preceden a este epílogo está en mi tesis doctoral Los Servicios de Inteligencia y la transición política española (1968-1979), presentada en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid el 12 de julio de 2010. Aunque dicha tesis abarcaba la organización y actuación de los sucesivos servicios entre esas fechas, Espasa me pidió un libro que se circunscribiese al periodo comprendido entre el fallecimiento del general Franco y mi salida del CESID, con un capítulo final que sirviera para concatenar los conciliábulos de los círculos dirigentes de 1978 y 1979 con el golpe de mano del teniente coronel Tejero en las Cortes el 23 de febrero de 1981. La editorial consideraba que la operación denominada Plan A o Golpe de Timón aportaba circunstancias indicativas que apuntaban al estallido del 23-F un par de años más tarde. Yo no veía más relación entre tales supuestos que el continuado clima de intranquilidad generalizada que había en el mundo político por el rechazo a la gestión del Gobierno Suárez. Además, ya no trabajaba en el CESID desde septiembre de 1979 y, por supuesto, no había tenido la menor implicación ni en la organización ni en la ejecución del 23-F, y ni siquiera contaba con la posibilidad de acceder a personas o documentos que no hubiesen sido ya mencionados o utilizados en publicaciones anteriores. Sin embargo, entendí que podría ser una buena ocasión para refutar algunas alusiones recientes a mi supuesta intervención en aquellas operaciones y, específicamente, en la preparación del golpe. Como consecuencia de ello, me puse una vez más a rebuscar datos en mis habituales agendas y memorias personales para escribir unas páginas y rematar el libro como se me solicitaba.

En efecto, al inicio del año 2011, los medios de comunicación se hacían eco de un libro más que añadir a la larga serie de los publicados sobre el 23-F: el escrito por Jesús Palacios para Libros-Libres con el título 23-F. El Rey y su secreto, al que se añadía como reclamo comercial: «Treinta años después se desvela la llamada “Operación De Gaulle”». En él se hacían citas sobre mi persona, sobre mi intervención en aquellas operaciones y, concretamente, en la preparación del 23-F, citas que en poco o, más bien, en nada se corresponden con la realidad. Creo que en el presente libro dejo suficientemente explicado el origen de aquella Operación Golpe de Timón (o De Gaulle), como la denominábamos los investigadores que teníamos conocimiento de ella.

Es preciso comenzar diciendo que no existió en el CESID documento alguno que hiciera mención a la supuesta Operación De Gaulle, aunque internamente y de modo coloquial aludiéramos al general francés cuando tratábamos de la Operación Golpe de Timón. También habría que puntualizar que quienes teníamos el cometido y la responsabilidad de recoger en ámbitos abiertos el pensamiento de dirigentes políticos, económicos y sociales elaborábamos inmediatamente notas e informes para el director que este utilizaba en sus despachos habituales con el presidente y el vicepresidente primero de Gobierno.

Me permito, a modo de recordatorio, hacer una sucinta sinopsis de aquellos años previos. Tras el verano de 1977, en algunos corrillos politizados se venía hablando de «ruido de sables» en relación con las quejas del mundo castrense por los derroteros que seguía el Gobierno de Adolfo Suárez. El SECED tuvo noticias probadas de diversas reuniones en las que el presidente de la agencia EFE exponía a directores y corresponsales de prensa y a miembros de los servicios militares de información la profunda crisis por la que atravesaba España y la posibilidad de que se produjese un golpe incruento que provocara el estado de excepción y el relevo del presidente, lo que parecía podría acontecer en las Navidades de ese año. El Servicio de Presidencia quiso informarse de primera mano de tan preocupantes rumores y escuchó el 17 de octubre a Luis María Ansón. De cuanto nos manifestó se redactó una nota que hacía referencia a un denominado Plan A, cuyo resumen apuntaba al deseo de que todas las fuerzas sociales prestasen su apoyo al presidente del Gobierno para corregir el rumbo, de modo que la deseada evolución política llegase a buen fin. Un mes después supimos, en nueva entrevista con Ansón, que Suárez había recibido con disgusto las notas que el SECED le hizo llegar en su momento sobre tales planes.

El Servicio dedicó constantes esfuerzos a la obtención de informaciones complementarias sobre aquellos planteamientos ilusorios. Así que Faura y yo volvimos el 14 de diciembre a EFE, donde su presidente nos haría una larga y precisa exposición del clima enrarecido que observaba en todos los sectores y a todos los niveles, cuya resolución consideraba impensable con simples actuaciones políticas de la «línea Suárez». El día 22 de aquel mes Ansón organizaba en la agencia una cena para un grupo de personalidades destacadas, en la que —según supimos después— se trataron asuntos como la pérdida de autoridad del presidente del Gobierno y la necesidad imperiosa de rectificar el rumbo antes de que se discutiera el proyecto de Constitución en el pleno del Congreso de los Diputados. El Gobierno y su partido tenían que recuperar su imagen pública, y se esperaba un pronto relevo en el Ejecutivo y un urgente congreso de UCD. A aquella suma de conjeturas empezamos a denominarla a comienzos de 1978 Operación Golpe de Timón (OGT).

A caballo entre 1977 y 1978 surgió otra maniobra política —igualmente ajena al CESID— que titularíamos Paso de Línea y que perseguía facilitar la alternativa socialista de modo inmediato para favorecer la consolidación de la monarquía y la democracia. A diversos observadores y analistas les resultaba inconcebible que Adolfo Suárez se sometiera voluntariamente a tal sacrificio. Personalidades conocedoras de aquellos planes consideraban absurdas las conjeturas en que se sustentaban esas operaciones: tanto en lo referente a los pasos para desplazar a Suárez como en la intención de implicar en ellas al rey.

Como explico en este libro, el 23 de enero de 1978 terminamos de redactar en el CESID un informe sobre la Operación Golpe de Timón, que el general director Bourgón elevó a las primeras autoridades. El informe hablaba de la conjunción de varias acciones y llegaba a la conclusión de que no se trataba solo de una lucubración de política de salón, y que incluso los más opuestos a aplicar procedimientos excepcionales confesaban que asuntos como la Constitución, las autonomías, el terrorismo, la situación económica, etc., llevarían irremisiblemente a un golpe de Estado, aunque incruento. Aquel informe llegó en breves fechas a conocimiento del monarca, lo que dio lugar a posteriores aclaraciones a Su Majestad y a profundizar en la información con otras entrevistas.

En las páginas del libro de Palacios se expresa que

[…] la elaboración y redacción de un plan de actuación denominado Operación De Gaulle estaba firmado por los oficiales José María Peñaranda y José Faura Martín, con el visto bueno y aprobación del director del centro, el general José María Bourgón. Los agentes del CESID y su director general lo hicieron suyo. Y así se redactaría; como una operación especial del servicio de inteligencia, es decir, que la Operación De Gaulle no fue redactada por una sugerencia externa al servicio, sino por una decisión interna del propio CESID.

Tras la lectura de mi libro creo que queda bien patente que solo a partir de 1978 puede encontrarse alguna alusión documental a la Operación De Gaulle y que el CESID no redactó ningún plan de actuación, sino un informe sobre lo escuchado, que fue remitido a las más altas autoridades de la nación. Además, debo atestiguar aquí que las notas informativas que elevaba el CESID a dichas autoridades jamás iban firmadas por el director y menos aún por directivos; eran siempre informes o cuentas de despacho sin más referencias que el asunto y su fecha de edición. Otro yerro no menor en la investigación del autor, y muy fácilmente evitable, es rebautizarme como José María o Jesús María y citarme como capitán cuando yo ya era comandante desde mayo de 1974.

Más adelante relata el libro de Palacios que en 1980 «la dirección del CESID decidió desempolvar la Operación De Gaulle […]. Había permanecido en estado latente desde hacía un año y en aquel momento se presentaba como […] la solución más adecuada para tan crítica situación». Operación «sobre la que responsables del CESID pondrían en antecedentes al rey Juan Carlos en la primavera de 1980, y con todo detalle durante el verano de dicho año». Quiero que quede bien sentado que lo que entonces se entendía como Operación De Gaulle —es decir, la Operación Golpe de Timón— era conocida documentalmente por el rey, por el presidente Suárez y por el vicepresidente Gutiérrez Mellado desde comienzos de 1978 a través de despachos personales del general Bourgón y de las correspondientes notas informativas. El autor asegura también que, en aquel otoño-invierno de 1980, «la forma de sacar adelante el Gobierno de concentración mediante la aplicación de la Operación De Gaulle era algo completamente decidido». Sin embargo, añade que «para los instigadores en el CESID de la Operación De Gaulle esta vía —una segunda moción de censura contra Adolfo Suárez, basada en un informe elaborado por López Rodó en 1979— no resultaba convincente y rápidamente quedó desechada».

Y sin extenderme más, quiero añadir que el autor del libro concreta que «la Operación De Gaulle, que desde la dirección del CESID se puso en marcha el 23 de febrero de 1981, estaba estructurada en dos fases […]. La primera fase fue la ejecución del SAM». Otra noticia mal recogida y peor interpretada. El «supuesto anticonstitucional máximo» salió, como he detallado en este libro, de la pluma del entonces comandante Fernández-Monzón, del Alto Estado Mayor, en el otoño de 1978, en un informe —en el marco del estudio del primer Plan Estratégico Conjunto (PEC)— cuyo destinatario exclusivo era su jefe, el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, teniente general Ignacio Alfaro Arregui, y cuyo objetivo era poner de manifiesto una grave situación imaginaria en la que el Congreso de los Diputados y el Gobierno de turno tomasen una decisión evidentemente incompatible con la Constitución y los intereses patrios, como era abrir la puerta a la independencia de alguna parte del territorio nacional. En ningún caso aludía el SAM a una acción de fuerza en el Congreso de los Diputados. Pero el libro insiste con contumacia en que «la ejecución del SAM era el asalto al Congreso interrumpiendo la votación de investidura del candidato Leopoldo Calvo-Sotelo». Se llega incluso a explicar que Tejero «fue la persona seleccionada y captada por la dirección del CESID para ejecutar el SAM».

Todos hemos oído y leído diversas interpretaciones de lo que fue o quiso ser el golpe de mano del teniente coronel Tejero. Probablemente esté ya escrita la inmensa mayoría de las circunstancias que llevaron a esa desdichada acción, aunque haya que desgranarlas de muy diversos libros y publicaciones. Es una pena que muchas de las informaciones estén trufadas de aspectos interesados que los protagonistas o testigos más inmediatos, serios y veraces no reconocen en absoluto. No descarto que algún entrevistado haya podido dejarse arrastrar por filias y fobias personales a la hora de enjuiciar algún pasaje. Siempre resulta recomendable conocer bien las fuentes antes de beber de ellas.

Por último, dos aspectos son del todo rechazables. El primero, que el CESID fuese el organizador de la operación: en los meses previos al 23-F, el Centro estaba bajo el mando interino del coronel de Infantería de Marina Narciso Carreras, tras el cese del general Mariñas. Ninguno de los dos disponía del conocimiento profundo de aquel órgano fundamental del Estado, ni del carácter y estilo personal para implicar al CESID en semejante disparate. Por otra parte, el secretario general, teniente coronel Calderón, era bien conocido como militar afecto al vicepresidente Gutiérrez Mellado y al ministro de Defensa, Rodríguez Sahagún; así que resulta inconcebible pretender involucrarle en un golpe contra ellos. El segundo aspecto —más grave aún— es la consideración de que don Juan Carlos llevaba las riendas de cuanto había de ser el 23-F. La información ascendente seguiría circulando en 1980 y 1981 como en años anteriores, y Su Majestad recibiría periódicamente el estado de opinión de la familia militar y de la variopinta clase dirigente, incluso de las investigaciones que pudiera estar realizando el Centro sobre la involución: tanta información como fuera posible obtener, que era mucha, pues el CESID disponía de medios para adquirirla. Pero el hecho concreto del asalto al Congreso de los Diputados sorprendió en modo y fecha a los más conspicuos investigadores, quizá por la esperanza de que tal locura no llegase a ponerse en marcha a la vista de la escasísima preparación que detectaban.

Creo que debo añadir algunos aspectos vistos por mí ya desde fuera del CESID tras acabar mi comisión de servicio. En el otoño de 1979 supe que el ambiente en la «casa» era de mucha burocracia y poco estímulo, escasa orientación y bastante pesimismo. En el entorno de la Moncloa se calificaba pobremente a los nuevos patronos del Centro por su desconocimiento y actitudes; y además se les habían prohibido los contactos con embajadas y servicios extranjeros, y parecían andar a ciegas en el ámbito interno nacional.

Aún continué recibiendo invitaciones a las cenas de EFE: asistí a dos en noviembre y a otra más en diciembre de ese año junto a otros personajes ya habituales en aquellas tertulias relacionadas con el «golpe de timón». Observé en la clase política cierta incertidumbre por el futuro del CESID; recogían rumores de luchas internas en el Centro y de cierto grado de politización en perjuicio del deseable equilibrio de los informes que elevaba a la superioridad. Preocupaban las noticias del secuestro de Rupérez, la excarcelación de cinco etarras, el saldo tenebroso de los atentados terroristas y, en general, todo cuanto se relacionaba con los temas vasco y catalán. Por aquellos meses se hablaba de crisis de Gobierno y se hacían cábalas sobre candidatos para el futuro Gabinete. Por cierto, que supe que en aquel otoño de 1979 el presidente Suárez había ofrecido a Cassinello, por medio de Rodríguez Sahagún, la dirección del CESID, pues necesitaba hombres de confianza a su lado. El exdirector del SECED, tras consultar con Gutiérrez Mellado, declinó el ofrecimiento presidencial. En Navidades escuché la preocupación de mi antiguo y querido jefe por la decisión tomada, acertada o no, en aquella difícil oportunidad que se ponía en sus manos.

El día 7 de enero de 1980 el coronel San Martín quería conocer mi punto de vista sobre la situación nacional; iba a entrevistarse con Pérez de Bricio y, dos días después, con Fraga. A su juicio, no había salida pacífica ni democrática; la política gubernamental sobre Vascongadas no resolvía el problema y las Fuerzas de Orden Público podrían enrarecerlo aún más. No dudaba de que al final el Gobierno echaría mano de las Fuerzas Armadas «con carros o sin ellos», y terminarían por gobernar en la sombra con un Ejecutivo civil que dispusiese la suspensión constitucional y la reforma por referéndum. En ese caso límite había que saber a quién encomendar el Gobierno, y creía San Martín que el mando militar no tenía de ello ni la menor idea; él mismo confesaba que casi tampoco. Pero era urgente buscar nombres para que les fueran sonando a los miembros de la cúpula militar para cuando el rey les consultase. Me tocó días después hacer un listado con breves currículos («Una docena para la Moncloa») y otro sobre «Personalidades que pueden aportar criterios para la configuración de un nuevo Gobierno».

A primeros de julio de 1980 preocupaba en ambientes castrenses la amnistía a los componentes de la Unión Militar Democrática (UMD), y los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos elevaron un escrito al presidente del Gobierno para que se les impidiese la incorporación al servicio activo. El día 3 el coronel San Martín me definía la situación política como «mucho peor de lo que te puedas imaginar; al final tendremos que salir a la calle». (Creí entender que por el clima en el País Vasco). Adolfo Suárez decidía el 8 de septiembre su quinto Gobierno, en el que entraban siete ministros nuevos (Fernández-Ordóñez en Justicia, Oliart Saussol en Sanidad, Martín Villa en Administración Territorial, Pío Cabanillas como adjunto al presidente, Juan Antonio García Díez en Economía y Comercio, Félix Pérez Miyares en Trabajo y Eduardo Punset como adjunto para las relaciones con la CEE).

Con motivo de mi interés por la vacante de jefe de Estado Mayor de la Brigada Mecanizada XI, volví a visitar al coronel San Martín el 22 de diciembre, y nuevamente me comentó: «Esto no aguanta, está a punto de estallar». Me aseguraba que él mismo podría movilizar en Madrid tres regimientos y que el resto de la guarnición le seguiría. Me hablaba con el aplomo de quien tenía bien meditada la cuestión; pero a mí me pareció una ensoñación —dramática, es verdad— con el estilo imaginativo y convincente que yo recordaba de mi antiguo jefe. Él me precisaba que ni era un ultra ni un carca, pero que no había más remedio que «tirar p’alante». Naturalmente no me hizo la menor confidencia de planes concretos, aunque sí de la filosofía que los sustentaba. Me invitó a charlar más despacio otro día en su casa. Todo me encajaba en las líneas trazadas por quienes conocían y divulgaban el «golpe de timón», aunque ninguno me lo llegaría a explicar en 1980 con tal claridad de ideas y matices. Con ocasión de presentarme al general jefe por mi petición de destino, volví a entrevistarme con él el día 15 de enero en su despacho de la División Acorazada. Dedicó algo más de una hora a reiterarme lo que ya me anticipara en la entrevista anterior. Me entretenía aquella amena disertación, aquella clase de política, aunque me siguiesen pareciendo futuribles nada probables y, como he dicho, algo me encajara en el tan manido «golpe de timón». ¡Así de despistado andaba yo tras año y medio de estar desenganchado de mis actividades abiertas en el CESID!

A lo largo de enero de 1981 continué mis contactos con mandos militares, conversaciones que siempre se cerraban con las mismas cuestiones: la penosa obsesión de Gutiérrez Mellado con los ultras, la tarea del equipo de involución del CESID, la nula gobernación de Suárez, el rechazo del vicepresidente primero al posible nombramiento del general Armada como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, y una posible marcha blanca sobre Euskadi en verano, organizada por una fundación Ciudadano Libre, que se atribuía a Alfonso Osorio. Ya el día 29 el teniente coronel Calderón me informó sobre la dimisión de Suárez como presidente del Gobierno y el 6 de febrero hablé de nuevo con él sobre un proyecto de la Junta de Jefes de Estado Mayor: el Servicio Criptográfico Nacional. Enseguida entraríamos en la política actual. Javier Calderón lamentaba la salida de Rodríguez Sahagún y se preguntaba por posibles candidatos a esa cartera. Y a lo largo de febrero, más de lo mismo: listas de candidatos a la cartera de Defensa y sus deseables características; temor en el CESID a que la incertidumbre y desidia se prolongasen; escaso funcionamiento y provecho de los servicios de información militares; toma de posesión del general Armada como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército el día 12; espectáculo indigno e inaceptable en Guernica en presencia del rey…

En el ámbito civil, la urgente llamada de José Luis Álvarez para que fuera a visitarle y cambiáramos impresiones sobre posibles ministros de Defensa. Encajaba bien con su personalidad y aspiraciones el retrato robot previsto. Me dijo que esa noche invitaba a cenar en su casa a Alberto Oliart, a la sazón ministro de Sanidad, y al día siguiente vería al general Armada en Barajas con ocasión de la despedida de los restos mortales de la reina Federica de Grecia. Sabía Álvarez que Gutiérrez Mellado cesaba y que no se cubriría su vicepresidencia.

El mismo lunes 23 de febrero me reunía yo con el teniente coronel Fernández-Monzón, jefe de la Oficina de Información, Difusión y Relaciones Públicas del Ministerio de Defensa (OIDREP), quien estaba preparando un informe para Calvo-Sotelo sobre reorganización del CESID y reestructuración de la defensa del Estado, documento en el que incluía un Consejo Nacional de Seguridad y una Dirección de Coordinación de Información y Seguridad del Estado, órganos que decidirían sobre los cometidos y actividades de todos los servicios.

Así que ya se ve por dónde iban las preocupaciones de unos y otros en aquellas memorables fechas de febrero de 1981. A nadie escuché nada que apuntase al episodio concreto de la tarde del 23-F en el Congreso de los Diputados, aquella tarde en que yo acudía al notario a las cinco, y una hora después a un consejo de empresa familiar, en cuyo desarrollo nos sorprendería el notición.

El 24 de febrero, tras la sorpresa y el desconcierto por lo sucedido, nos reunimos Valverde, Peñas, Faura y yo para hacer una evaluación de urgencia. Andrés Cassinello había redactado para el rey un informe de primera mano sobre la verdad pura y simple, tal como la había conocido desde el Estado Mayor de la Guardia Civil. Nos lo iba a contar el día siguiente. Parte de dicho informe aparecería en Diario 16, por alguna filtración interesada. Comentaban mis antiguos jefes del SECED que la actuación de la Junta de Jefes de Estado Mayor y del Estado Mayor del Ejército había sido pobre, lenta y blanda, y sospechaban que algunos de sus mandos conocían algo del asunto con antelación. En el CESID se respiraba desorden, cierto pánico y dudas sobre qué hacer. Mis contertulios sabían que Ricardo Pardo Zancada había visitado al teniente general Miláns durante el fin de semana anterior y que, pese a los inconvenientes que le puso de manifiesto para la fecha elegida (Día D, lunes 23), el general no aceptó modificarla. Consideraba Juan Valverde que un eficaz servicio de inteligencia, aunque no hubiese detectado el golpe de mano, al menos habría facilitado rápidamente soluciones a las autoridades. En nuestra conversación no se entendía la postura del general Armada. Tuvimos ocasión de reunirnos esa tarde con Ferrer Salat y Cuevas, dirigentes de la CEOE, con quienes manteníamos relación amistosa desde años anteriores; no creían la versión que les ofrecíamos de lo sucedido. ¡Ese era el sentir generalizado!

También el general Lacalle Leloup me transmitía el día 26 de febrero su desconcierto sobre su amigo y compañero Alfonso Armada, al que acababan de cesar como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército sin mediar arresto. Se quejaba asimismo del deficiente funcionamiento de los servicios de información en los dos años anteriores y de que la Junta de Jefes de Estado Mayor no hubiera difundido una nota oportuna sobre los ceses de Armada y Miláns. Le parecía preciso desarrollar las prerrogativas de la Corona en situaciones límite, tal como se contemplaba en otras legislaciones; también, buscar con la mayor urgencia nombres para la dirección del CESID y actualizar la lista de posibles ministros de Defensa. Ese mismo día Calvo-Sotelo nombraría su primer Gobierno, en el que entraron tres ministros nuevos (Pío Cabanillas entre ellos) y Oliart pasó a ejercer las responsabilidades de Defensa. Visité al coronel San Martín, arrestado en la Escuela de Aplicación de Artillería en Fuencarral, el día siguiente; estaba escribiendo sobre lo sucedido y me pedía que hiciese llegar a Calvo-Sotelo y a José Luis Álvarez su consejo de que si empezaban a meterse con el Ejército podría ser peor.

Durante el mes de marzo de 1981 fueron numerosos los contactos que se me ofrecieron para oír interpretaciones sobre el 23-F. El general Sáenz de Tejada no sabía la verdad de lo ocurrido, pero tenía su propia versión; Armada le había expuesto a primeros de año un plan concreto que incluía la salida de Adolfo Suárez y la constitución de un Gobierno de coalición. El proyecto de Miláns era más bravo, inspirado en De Gaulle, con sistema presidencialista; incluso había hablado con él en dos o tres ocasiones el mismo 23 de febrero. Se presumía que una serie de asesinatos terroristas o una grave afrenta a la bandera nacional actuarían como desencadenantes, y que el rey podría haber recibido información previa de alguna posible acción. La decisión sobre la fecha elegida se tomó al parecer el sábado anterior, día 21. Por entonces en el CESID no había la menor noticia. Tuve conocimiento de que el nuevo ministro de Defensa había estado un par de veces en el Centro, muy insatisfecho por la ridícula versión que el director interino le ofrecía sobre los episodios del 23-F. Esta misma fuente se quejaba de la penosa rueda de prensa de los Jefes de Estado Mayor del Ejército y del ministro Rodríguez Sahagún, así como de la mediocre nota del Estado Mayor del Ejército.

Cené con el general Bourgón el miércoles 11 de marzo. Había tenido audiencia con el rey y con el ministro de Defensa y una reunión de gobernadores con el presidente Suárez. Su Majestad le echaba de menos al frente del CESID y lamentaba el deterioro del Centro en la última etapa; parecía decidido el nombre del nuevo director. Tenía Bourgón la sensación de que el mando no había funcionado adecuadamente el 23-F, y que la nota del Estado Mayor del Ejército resultaba confusa y daba lugar a grandes dudas y diversas interpretaciones. Se había perdido la ocasión de hacer las cosas bien y dar la relevancia debida a la Junta de Jefes de Estado Mayor. Al día siguiente iba a saludar al general Sabino en la Zarzuela con intención de hacerle saber su indignación y firme rechazo por el rumor de que don Juan Carlos había sido el cerebro del golpe; consideraba, en cambio, la conveniencia de ampliar el desarrollo de la Constitución para prever actuaciones extraordinarias del monarca. Por otra parte, Bourgón no acababa de entender qué le imputaban a Armada.

Mayo fue para mí un mes cargado de visitas y encuentros. El CESID seguía paralizado por las presiones externas sobre quién ejercería la dirección y su control superior. El ministro Oliart había vuelto por la «casa» un par de veces, pero los directivos no recuperaban el espíritu ni el ritmo, ni les habían convencido las explicaciones que a fines de abril se les dieran sobre la salida del comandante Cortina. Desde Moncloa se me filtraba que el rey estaba descontento con la escasa y pobre información que se le facilitaba; el nuevo decreto sobre funciones del CESID se estaba discutiendo con la Junta de Jefes de Estado Mayor, particularmente en lo tocante a la observación de la involución militar; circulaban recuerdos funestos de la etapa Mariñas, y se dudaba de la participación del general Armada, tal como se le achacaba. Rumores interesados pronosticaban una dura campaña contra las Fuerzas Armadas y la Corona, así como una reorganización del «tinglao», nombre que se aplicaba a quienes se movían en torno a la operación Golpe de Timón. Las noticias del acuartelamiento de unidades el miércoles 6 de mayo provocaban el nerviosismo en el mundo oficial.

Para tratar de un plan de acción psicológica sobre la deseada incorporación de España a la OTAN acompañé el 9 de mayo al secretario general técnico de Defensa a la sede de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Apenas hubo tiempo de tratar de las campañas antimilitaristas que se iniciaban. El ministro parecía más preocupado por el terrorismo y la involución: la situación militar era tensa y circulaban numerosos panfletos contra el Gobierno y el rey, y a favor de un cambio radical en las instituciones. Tuve ese día oportunidad de hablar con Oliart, quien recordaba con afecto otras épocas de colaboración con el SECED, allá por 1975. Al día siguiente el general Sáenz de Tejada me haría algunas puntualizaciones sobre la reunión de la víspera en Vitruvio: la mejor y más positiva acción psicológica sobre los ejércitos era lograr que los medios de comunicación divulgasen la verdad sobre el pensamiento y estilo militares. Veía que las cosas no marchaban bien y que el Gobierno reconocía su preocupación. El reciente atentado contra el teniente general Valenzuela, jefe del Cuarto Militar de SM el Rey, era un triste ejemplo más. Y entre los civiles que participaban en la «campaña OTAN», varios me reconocían su pavor ante un nuevo intento de involución política.

El jueves 21 de mayo el director interino del CESID, el coronel Narciso Carreras, se despedía —desfondado— del ministro de Defensa, quien le anticipó el nombramiento del teniente coronel Alonso Manglano. Carreras prefería no continuar en el Centro bajo el mando de un militar de empleo inferior; además, la estrecha relación diaria del ministro Sahagún con el secretario general del CESID había interferido en su labor al frente de La Casa. En el acto de jura de Emilio Alonso Manglano el ministro aludiría a la dependencia directa de su figura. Se supo que Oliart había sondeado un mes antes al nuevo director y que su candidatura gozaba, además, del apoyo del rey y del presidente, quienes conocían y estimaban a Manglano desde hacía años.

A comienzos de junio volvían las informaciones de operaciones «tipo De Gaulle», incluso se citaba el miércoles 10 como fecha clave, surgiendo además intoxicaciones sobre una absurda Galaxia II, y sobre un millar de teléfonos intervenidos, un centenar de micrófonos instalados en casas militares…, rumores falsos que alimentaban la especie de un inminente y definitivo 23-F Bis. Pero los cambios en el CESID acarreaban esperanzas de una pronta recuperación en las tareas internas y producían satisfacción entre los mandos superiores del Ejército. El general Lacalle Leloup se felicitaba por el nombramiento de Alonso Manglano: «Otro nivel, otro enganche, otra etapa». Antiguos directivos de La Casa habían ofrecido su asesoramiento a Manglano, quien había comenzado a despachar individualmente con los miembros más destacados.

El domingo 28 de junio visité de nuevo al coronel José Ignacio San Martín, que se manifestaba con buena moral. Aunque culpable de falta grave por haber demorado la comunicación de la información de que disponía, esperaba ser absuelto del delito que se le achacaba. Ricardo Pardo Zancada le había referido la noche del domingo 22 de febrero, tras su regreso de Valencia, todo lo decidido por el teniente general Miláns. El plan había disgustado a San Martín, quien, por otra parte, pensaba que el golpe podía haberse evitado horas antes de su puesta en marcha, tras informar él mismo al general Juste, una vez confirmado que la operación iba en serio; nunca pudo imaginar que se llevase a cabo una acción de tales características. Nos añadía rotundamente que el rey no sabía nada. Por su parte Pardo Zancada escribía su versión y confesaba no saber aún qué pasó ni entender la intervención del general Armada, que suponía respondía a otra operación distinta.

Tuve después sucesivas reuniones con el ministro, en las que tratamos especialmente sobre la preparación de la campaña en favor de la OTAN, aunque también surgirían comentarios acerca de los consejos de guerra del 23-F, el ambiente militar general y su tratamiento en los medios de comunicación, así como de la desintegración de UCD, las autonomías y el posible golpe del que se hablaba como próximo.

El mes de diciembre traería profusión de comentarios sobre el Manifiesto de los Cien (oficiales y suboficiales), en el que se denunciaban las vejaciones de que era objeto en la prensa el colectivo militar, lo que preocupaba en las alturas gubernamentales por su trascendencia golpista, no así en los mandos del Ejército. Se hablaba de recogida de firmas de adhesión al escrito, información que resultó absolutamente falsa. Manglano me explicaba que tales afirmaciones no eran más que pura intoxicación interesada procedente de algunos medios, y que era preferible no dar pie a una mayor difusión, objetivo de los promotores. El director del CESID estaba muy incómodo con la insistencia de alguna prensa en el asunto, pese a haber quedado demostrada la falsedad de las noticias divulgadas. En mi reunión con el ministro Oliart el día 14, me consultó sobre tal manifiesto, que se mostraba favorable a los implicados en el 23-F, así como a la autonomía militar al margen del poder político. Me citó nuevamente para el 4 de enero, pero mi vida profesional iba a variar mucho de orientación en 1982, año en que me fue concedido el mando del Batallón Mixto de Ingenieros XII en El Goloso. Mis preocupaciones y ocupaciones iban a estar en otros asuntos también muy apetecidos, pero distanciados del mundo político y empresarial. Volver a las unidades era para mí un fenomenal balón de oxígeno. El año del 23-F quedaba ya en el baúl de los recuerdos.

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La Actualidad Española n.º 1312, 21 de febrero de 1977.

ÍNDICE DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ACNP: Asociación Católica Nacional de Propagandistas

AEM: Alto Estado Mayor

ANEPA: Asociación Nacional de Estudios de Problemas Actuales

AOME: Agrupación Operativa de Misiones Especiales

AP: Alianza Popular

AR: Acción Regionalista

ASD: Agrupación Socialista Democrática

CD: Coordinación Democrática

CDE: Confederación Demócrata Española

CDS: Centro Democrático y Social

CESEDEN: Centro de Estudios de la Defensa Nacional

CESID: Centro Superior de Información de la Defensa

COS: Coordinadora de Organizaciones Sindicales

CSE: Consejo Superior del Ejército

CTE: Comandante

DC: Democracia Cristiana

DOP: División de Operaciones del SECED

DS: Democracia Social

EMC: Estado Mayor Central del Ejército

ETA: Euskadi Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad)

FAC: Fuerzas Armadas de Cataluña

FEDISA: Federación de Estudios Independientes, S. A.

FNE: Frente Nacional Español

FSD: Federación Social Demócrata

FSI: Federación Social Independiente

GAP: Gabinete de Acción Psicológica

GODSA: Gabinete de Orientación y Documentación, S. A.

GOME: Grupo Operativo de Misiones Especiales

GPI: Grupo Parlamentario Independiente

GRAPO: Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre

HUNOSA: Hulleras del Norte, S.A.

ID: Izquierda Democrática

IDC: Izquierda Demócrata Cristiana

IOP: Instituto de Opinión Pública

JUJEM: Junta de Jefes de Estado Mayor

JUME: Juntas Militares Españolas

LC: Liga Comunista

LCR: Liga Comunista Revolucionaria

MC: Movimiento Comunista

OCN: Organización Contrasubversiva Nacional

OIDREP: Oficina de Información, Difusión y de Relaciones Públicas

ORT: Organización Revolucionaria de Trabajadores

PCE: Partido Comunista de España

PCE (m-l): Partido Comunista Marxista Leninista

PCE (r): Partido Comunista Reconstituido

PDP: Partido Democrático Popular

PNV: Partido Nacionalista Vasco

PPDC: Partido Popular Demócrata Cristiano

PRISA: Promotora de Informaciones, S.A.

PSAN: Partido Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans

PSOE: Partido Socialista Obrero Español

PSOE (h): Partido Socialista Obrero Español (Histórico)

PSOE (r): Partido Socialista Obrero Español (Renovado)

PSUC: Partido Socialista Unificado de Cataluña

PTE: Partido de los Trabajadores de España

RSDC: Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya

RSE: Reforma Social Española

SAM: Supuesto Anticonstitucional Máximo

SECED: Servicio Central de Documentación

SID: Servicio de Información de la Defensa

SP: Sector Político (SECED)

TOP: Tribunal de Orden Público

UCD: Unión de Centro Democrático

UDC: Unión Demócrata Cristiana

UDE: Unión Democrática Española

UDPE: Unión del Pueblo Español

UECI: Unión Española de Centro Izquierda

UL: Unión Liberal

UMD: Unión Militar Democrática

UNE: Unión Nacional Española

UPG: Unión do Pobo Galego

USDE: Unión Social Demócrata Española

Palacio de Oriente. Audiencia de Su Majestad el Rey al equipo gestor de la Operación Lucero, el 8 de febrero de 1976. De izquierda a derecha, los comandantes González Soler y Peñaranda, don Juan Carlos, el comandante Atienza y el capitán Hernández Rovira.

Palacete de la Presidencia del Gobierno, en Castellana 3. Arias Navarro se despide de su Gabinete y del SECED, el domingo 5 de julio de 1976.

De izquierda a derecha: el comandante Peñaranda, Juan Antonio Andreu (jefe de Gabinete), Carlos Álvarez Romero (subsecretario de Despacho del presidente), el teniente coronel Valverde (director SECED, casi oculto), Carlos Sentís Anfruns, Lucila Gómez-Baeza, Antonio de Oyarzábal (detrás de Arias Navarro), los comandantes Cassinello, Peñas, González Torres y Faura, y el comisario Herrero.

Visita del rey a la sede de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID, en Peña Grande (Madrid), el 8 de enero de 1979.

En la fotografía superior, a la izquierda de don Juan Carlos, los generales Vallespín y Bourgón (en primer plano) y los tenientes coroneles Peñas y González Torres.

En la fotografía inferior, a la derecha del monarca, el general Bourgón; a su izquierda, el general Vallespín. A continuación, el general Ollero y el comandante Cortina.

Despedida del general Bourgón en la sede del CESID, en Castellana 5, el 11 de julio de 1979. De izquierda a derecha, los tenientes coroneles Santillán y Uxó, y el general Bourgón; en segundo plano, a la derecha, el comandante Peñaranda.

Toma de posesión del general Mariñas como director general del CESID (agosto 1979). De izquierda a derecha: Gerardo Mariñas, el ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún (de pie), el general Vallespín y los tenientes coroneles Calderón y Uxó.

Palacio de Oriente. Audiencia de Su Majestad el Rey a la 9.ª Promoción del Arma de Ingenieros en sus bodas de plata de tenientes, el 5 de diciembre de 1979. En primer plano, saludo del rey al comandante Peñaranda.

Sede del CESID, junio de 1981. Incorporación del teniente coronel Alonso Manglano (primero por la derecha) como director general. De izquierda a derecha: el coronel Ruiz Sánchez, el teniente coronel Calderón y los coroneles Uxó y Carreras.

Inmuebles de los equipos operativos del CESID en el madrileño barrio de la Prosperidad.

Notas

[1] José Ignacio San Martín, Servicio especial. A las órdenes de Carrero Blanco, pág. 102. <<

[2] Miguel Platón, Hablan los militares, pág. 364. <<

[3] Organización clandestina que se había desarrollado en el seno del Ejército; algunos de sus miembros habían sido detenidos en el verano de 1975. <<

[4] Conviene no olvidar que el régimen cerraba su ciclo histórico con una exigua estructura de la Presidencia del Gobierno: unas decenas de funcionarios que llenaban el palacete de Castellana. Supongo que esto justificaría el apoyo que el Servicio prestaba en labores de un cuasi gabinete presidencial, que hoy, a más de tres decenios de distancia, resulta inconcebible a la vista del cuantioso personal que se concentra en La Moncloa. <<

[5] El Gabinete estaba integrado por Fernando de Santiago (vicepresidente primero para Asuntos de la Defensa), Manuel Fraga (ministro de Gobernación y vicepresidente segundo para Asuntos del Interior), Juan Miguel Villar Mir (ministro de Hacienda y vicepresidente tercero para Asuntos Económicos), José María de Areilza (Asuntos Exteriores), Antonio Garrigues (Justicia), Félix Álvarez-Arenas (Ejército), Gabriel Pita da Veiga (Marina), Carlos Franco (Aire), Carlos Pérez de Bricio (Industria), Leopoldo Calvo-Sotelo (Comercio), Virgilio Oñate (Agricultura), José Solís (Trabajo), Carlos Robles Piquer (Educación), Antonio Valdés (Obras Públicas), Rodolfo Martín Villa (Relaciones Sindicales), Adolfo Suárez (ministro secretario del Movimiento), Adolfo Martín Gamero (Información y Turismo), Francisco Lozano (Vivienda) y Alfonso Osorio (Presidencia). <<

[6] Miguel Ángel Ximénez de Embún, Juan Miguel Villar Mir: rigor y audacia en los negocios, págs. 108 y 109. <<

[7] Ricardo de la Cierva, Crónicas de la transición, pág. 61. <<

[8] Rafael Pérez Escolar, Memorias, pág. 195. <<

[9] El término sería definido por el SECED en un texto doctrinal sobre «Subversión y reversión» como «la reafirmación y relanzamiento de los principios en que se basa la sociedad, el saneamiento de las instituciones y personas, y la destrucción de grupos e ideas que tratan de subvertirla». <<

[10] Rodolfo Martín Villa, Al servicio del Estado, pág. 20. <<

[11] Hasta ese momento director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), número uno de su promoción, militar de prestigio y anterior gobernador general del Sahara. <<

[12] José María de Areilza, Diario de un ministro de la monarquía, pág. 18. <<

[13] Manuel Fraga Iribarne, En busca del tiempo perdido, pág. 21. <<

[14] En aquella sección se había analizado en profundidad —en la etapa de Díez-Alegría y Gutiérrez Mellado— el planteamiento de la política de defensa nacional; y ahora el equipo militar escogido por el vicepresidente era de reconocida mentalidad conservadora, nada propicio a la reforma. <<

[15] Acto académico sobre las líneas generales del planteamiento global de tan ansiada política general de la defensa nacional, que tendría lugar el 23 de febrero de 1976, con ocasión del XII aniversario de la creación del centro. Fue presidido por Arias Navarro, a quien acompañaron el vicepresidente segundo del Gobierno y los tres ministros militares. <<

[16] El Boletín de Información del CESEDEN recogería al mes siguiente el texto completo en su número 99 X. Cabe pensar que los redactores del Servicio recibieron el apoyo de jefes de la Primera Sección del AEM para la elaboración del texto, en el que se estudiaba no solo la reestructuración de la defensa sino la del propio Alto Estado Mayor, señalando las líneas generales que debían orientar ambas reorganizaciones. <<

[17] Rodolfo Martín Villa, en sus Memorias (pág. 16), da su propia versión de aquella sesión de Cortes: «Villar Mir, al presentar los presupuestos del Estado para el año 76 ante las Cortes, y en un alarde de honradez analítica que se juzgó imprudente, le puso la espoleta a la situación declarando que los salarios eran culpables de la etapa crítica en que se encontraba nuestra economía por haber ganado la batalla a la inflación». <<

[18] El semanario había publicado el Día de Reyes de 1976 unas extensas declaraciones de Arias Navarro sobre el futuro inmediato de lo que ya se llamaba «la nueva democracia española». En ellas Arias defendía el funcionamiento de cuatro o cinco partidos políticos a partir de 1977 —se mantendría proscrito al PCE— y el ingreso de España en el Mercado Común Europeo y en la Alianza Atlántica. <<

[19] Adolfo Suárez nos contaba que López-Bravo estaba apagado por el asunto MATESA, pero resurgiría; que Silva Muñoz no se «mojaba» en espera del estatuto y por problemas internos en UDE derivados de su personalismo; que Rodríguez de Valcárcel se incorporaba a la Asociación Nacional de Estudios de Problemas Actuales (ANEPA) como presidente; que Licinio de la Fuente iba a encabezar la UDPE; que Fernández de la Mora era un mal fichaje para la presidencia de Unión Nacional Española (UNE); que el Frente Nacional tenía hombres representativos, pero pocas bases… <<

[20] Hay que recordar que la estrategia sindical del PCE, a través de Comisiones Obreras, era participar en el proceso electoral; lo contrario que dispondría la UGT. <<

[21] Forjas Alavesas, MEVOSA o Aranzábal son los primeros ejemplos de una serie de empresas de diversos sectores. <<

[22] Mes y medio después, en la reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2 de junio en Ginebra, el SECED pudo apreciar la tremenda expectación que despertaba el proceso político español fuera de España. Los contactos allí establecidos resultaron positivos. <<

[23] Ya en épocas anteriores, en sus destinos de presidente de Altos Hornos de Vizcaya y del INI, Boada había tenido conversaciones con el almirante Carrero y con el comandante San Martín, así que esperaba lograr una vez más una colaboración fructífera del SECED. <<

[24] Liga Comunista (LC), Liga Comunista Revolucionaria (LCR), Partido Comunista de España Reconstituido (PCE-r), Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT), Partido de los Trabajadores de España (PTE), Movimiento Comunista (MC), Partido Comunista de España marxista-lenilista (PCE-ml). <<

[25] La Asociación Católica Nacional de Propagandistas fue creada en 1909 por el padre Ayala y por Ángel Herrera. Promovió instituciones políticas (CEDA), culturales (La Editorial Católica) y educativas (San Pablo-CEU). <<

[26] Gabinete de Orientación y Documentación, S. A. Sociedad de estudios promovida por los hermanos Cortina Prieto, Javier Calderón y otros, y ofrecida a Fraga Iribarne en 1973 para apoyarle en su actividad política y en la posterior creación de Reforma Democrática. <<

[27] Federación de Estudios Independientes, S. A. Fue promovida en 1975, aprovechando el Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política, por un numeroso grupo de personajes de variadas procedencias, con aficiones políticas y esquemas aperturistas de centro (Areilza, Cabanillas, Calvo-Sotelo, Fraga…). Impulsó la creación de PRISA (Promotora de Informaciones, S. A.). <<

[28] Grupo intelectual constituido en 1973 por relevantes jóvenes democristianos, para influir en la política nacional a través de artículos en prensa y revistas. Fueron miembros destacados Álvarez, Alzaga, Lavilla, Oreja, Osorio, Reguera… y otros miembros no propagandistas. <<

[29] Este nuevo Grupo PRISA había tenido su origen en la Operación Promesa que años atrás alentara el SECED. De todos aquellos integrantes, Ramón Tamames se había pasado de forma irreversible al PCE, alejándose de Cabanillas, Pérez Escolar, Polanco, Terceiro… <<

[30] Charles T. Powell, El piloto del cambio. El rey, la monarquía y la transición a la democracia, pág. 168. <<

[31] Manuel Ortiz, Adolfo Suárez y el bienio prodigioso (1975-1977), pág. 86. <<

[32] La tarde anterior el rey había dispuesto que se convocara al presidente Arias a un despacho a última hora de la mañana. <<

[33] La Actualidad Española, n.º 1312, 21 de febrero de 1977. <<

[34] En total casi 400 componentes: 142 jefes y oficiales de los tres Ejércitos (124 de Tierra, 10 de la Armada y 8 del Aire), apoyados por 195 auxiliares (7 suboficiales, 135 guardias civiles y 53 miembros de la Policía Armada), a los que habría que añadir 53 funcionarios del Cuerpo General de Policía que atendían a funciones técnicas en todos los órganos operativos de la OCN. El SECED contaba además con unos 3.000 colaboradores externos. <<

[35] Cabe destacar las operaciones que permitieron descabezar las estructuras de ETA-V Asamblea y del Frente Político-Militar y anular sus comandos operativos en el verano de 1975. Asimismo, durante los quince días siguientes al fallecimiento del Generalísimo, los equipos de la División de Información controlaron al Comité Central del PCE. <<

[36] Objetivos preferentes de las informativas serían la actitud de los gobiernos y partidos políticos de cada país en relación con el sistema institucional español; los organismos internacionales políticos, económicos y sindicales; publicaciones de carácter subversivo, editadas o difundidas en el extranjero; actitud de los medios de comunicación social en relación con el sistema o con los acontecimientos políticos españoles, con intención de dar una imagen más objetiva de España, en lugar de la distorsionada que circulaba desde hacía muchos años por Europa. <<

[37] Jaime Lamo de Espinosa, «Adolfo Suárez, hace 30 años». <<

[38] El general Fernández-Monzón me relató en parecidos términos su repentina aparición en casa de Areilza aquella tarde y su inmediata conversación con doña Mercedes Churruca, condesa de Motrico, sobre el desilusionante notición. Era él el anónimo personaje «bien informado» del relato de Pérez Escolar, que enseguida se encerraría con Areilza en su despacho. <<

[39] Navarro hace referencia a un episodio curioso del que fue testigo de excepción en el Colegio Mayor Francisco Franco, del que era rector cuando ingresó Adolfo Suárez en el curso 1958-1959. Ethel, mujer del periodista argentino Víctor Hugo Bruni, que presumía de vidente, haría sobre Suárez esta predicción: «Ese colegial tan guapo […] va a mandar en España tanto como Franco […]. Tiene un destino importantísimo y hasta grandioso […]. Va a ser más que ministro y tú vas a colaborar con él». <<

[40] José Faura, «Las Fuerzas Armadas. Veinte años de democracia». <<

[41] La composición del Ejecutivo era la siguiente: Fernando Santiago (vicepresidente 1.º para Asuntos de la Defensa), Alfonso Osorio (vicepresidente 2.º y ministro de la Presidencia), Fernando Abril Martorell (Agricultura), Félix Álvarez-Arenas (Ejército), Leopoldo Calvo-Sotelo (Obras Públicas), Eduardo Carriles (Hacienda), Carlos Franco (Aire), Ignacio García López (Movimiento), Landelino Lavilla (Justicia), José Lladó (Comercio), Francisco Lozano (Vivienda), Rodolfo Martín Villa (Gobernación), Enrique de la Mata (Relaciones Sindicales), Aurelio Menéndez (Educación y Ciencia), Marcelino Oreja (Asuntos Exteriores), Gabriel Pita da Veiga (Marina), Andrés Reguera (Información y Turismo), Álvaro Rengifo (Trabajo). <<

[42] El proyecto sería aprobado con dificultad, por 249 votos a favor, 174 en contra (entre ellos el del vicepresidente Santiago) y 57 abstenciones. <<

[43] El 4 de agosto de 1976 el BOE publicaba el Decreto-ley de Amnistía, y el mismo día salían de la cárcel de Carabanchel los primeros amnistiados: nueve comunistas condenados por asociación ilícita y propaganda ilegal (entre ellos Simón Sánchez Montero), cinco miembros de ETA-V Asamblea y uno de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). Tres conocidos catedráticos (Aranguren, Tierno y García Calvo), expulsados de la Universidad en 1965, recuperaban sus cátedras sin necesidad de acogerse a la amnistía: el Gobierno anulaba el decreto por el que se les privara de ellas. <<

[44] El teniente general Andrés Cassinello nos deja el siguiente testimonio: «Cuando le visité por primera vez, Adolfo era ministro secretario general del Movimiento y yo era jefe de la División de Operaciones del SECED […]. Pasaron los meses y, cuando le nombraron presidente del Gobierno, me nombró director general del SECED. Era evidente ya para mí la coincidencia de mis pensamientos con sus apenas esbozados planteamientos ante el cambio que se avecinaba y se deseaba». <<

[45] Suárez ya había anticipado que quería conservarlo, y dos días antes aparecía en el BOE del 22 de septiembre la «inmediata adscripción al presidente del Gobierno, del Servicio Central de Documentación». (RD 2213/76). <<

[46] Testimonio del ministro del Ejército, Álvarez Arenas, recogido por Charles T. Powell (pág. 191). <<

[47] El comandante Atienza y otros directivos del SECED asistieron a todos aquellos debates, como «periodistas», apoyando la labor de los procuradores que trataban de convencer de votar «sí». <<

[48] Entre los votos, expresados por orden alfabético y de viva voz, destacaron los negativos de los generales Castañón de Mena, Lacalle Larraga, Pérez Viñeta y Salvador, así como de los políticos Girón, Fernández Cuesta, Martín Sanz, Oriol, Piñar, Utrera y el del obispo Guerra Campos. <<

[49] Años después, el 25 de julio de 2003, me aseguraría, rotundo, el teniente general Cassinello, que la Transición la hizo el Movimiento Nacional con la Ley de Reforma Política de Suárez, aceptando su haraquiri. <<

[50] Raymond Carr y Juan Pablo Fusi, España: de la dictadura a la democracia. <<

[51] Entre ellos Martín Villa, Navarro, Pérez Puga, Ortiz, Sánchez de León, Álvarez Rendueles, los hermanos Ansón, Ortí Bordás, Cisneros…, además de dirigentes de hermandades agrarias y de organizaciones populares. <<

[52] Ortega Díaz-Ambrona y otros eran amigos personales y de trabajo de Oreja, Lavilla, Osorio, Algora, Carriles y otros miembros de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, con los que se reunían cada martes desde 1970. <<

[53] La escisión del PSOE se remonta al XXV Congreso, celebrado en Toulouse en 1972, momento en que el sector histórico, encabezado desde el exilio por el entonces secretario general Rodolfo Llopis, no acepta el cambio de liderazgo promovido por un grupo de jóvenes socialistas del interior, entre ellos Felipe González, Pablo Castellano y Nicolás Redondo, ya por entonces secretario general de UGT. <<

[54] Su salida de la Dirección General de Seguridad se debió a una bronca del ministro Martín Villa. Inmediatamente el coronel notificó al ministro del Ejército, Álvarez-Arenas, que no estaba dispuesto a recibir otra reprimenda en tales términos, y este le hizo un hueco en el Cuartel General: la Jefatura de Información del Estado Mayor Central. <<

[55] Alfonso Osorio, Trayectoria de un ministro de la Corona (págs. 264 y sigs.). <<

[56] Manuel Cerdán y Antonio Rubio, Lobo. Un topo en las entrañas de ETA, pág. 143. <<

[57] En entrevista publicada en La Actualidad Española, Antonio Herrero, director de Europa Press, recordaba lo siguiente: «El secuestro de Oriol lo supimos un minuto después de que se hubiera realizado. Nos llamó un testigo presencial. En cuanto a la liberación, Europa Press sabía a las 14.25 h del viernes que Villaescusa había sido encontrado, pero no dio la noticia para no perjudicar las operaciones de rescate de Oriol. Esperaron, retuvieron la información hasta las 16.30 h, cuando se tuvo la seguridad en la Agencia de que había un 90 % de posibilidades de que el presidente del Consejo de Estado estuviese libre también». <<

[58] El diario ABC publicó el día 14 una crónica de su corresponsal en París donde se informaba de las instrucciones del ministerio francés para que se controlaran y vigilaran en su territorio los movimientos de los refugiados españoles pertenecientes a ETA. <<

[59] Portell no tardaría en ser asesinado (28 de junio de 1978) por ETA militar. <<

[60] Años después, y en circunstancias totalmente diferentes (su visita oficial como presidente del Gobierno al acuartelamiento de El Goloso, en diciembre de 1982, siendo yo teniente coronel jefe del Batallón Mixto de Ingenieros XII), recordaríamos bromeando aquella tarde-noche en la que me correspondió ser su primer «chófer oficial». <<

[61] Willy Brandt (presidente de la Internacional Socialista y excanciller de la República Federal Alemana), el sueco Olof Palme, el italiano Pietro Nenni, Anroch Hare (vicecanciller austriaco), Michel Foot (ministro de Finanzas británico) y otras delegaciones israelíes, cubanas, yugoslavas, argelinas, palestinas, rumanas, etcétera. <<

[62] El 19 de septiembre de 2003, pregunté a Cassinello su opinión sobre el libro de Alfonso Osorio en el que se describía con algún detalle aquella operación tan trascendental. Me aseguró el protagonista que «estaba muy bien tratada». <<

[63] Josep Tarradellas, Ja soc aquí. Record d’un retorn, pág. 63. <<

[64] Santiago Carrillo, El año de la peluca, pág 53. <<

[65] Teodulfo Lagunero, miembro del PCE, catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de La Laguna y hombre de negocios, se encargó de introducir numerosas veces en España a Carrillo disfrazado. <<

[66] El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, Sáenz de Santamaría; el inspector general de la Policía Armada, Aguilar; el director de Televisión Española, Rafael Ansón; el director general de Coordinación Informativa del Ministerio de Información y Turismo, Rodríguez del Castillo; representantes de diversos ministerios y, naturalmente, el director del SECED, Cassinello, con el comandante Bernabéu, directivo del Sector Laboral. <<

[67] Santiago Carrillo, pág. 62. <<

[68] Julia Navarro, Nosotros, la Transición, pág. 85. <<

[69] Manuel Gutiérrez Mellado y Jesús Picatoste, Un soldado de España: conversaciones con Jesús Picatoste, pág. 150. <<

[70] Unión Nacional Española (UNE), Asociación Nacional de Estudios de Problemas Actuales (ANEPA), Unión del Pueblo Español (UDPE), Unión Democrática Española (UDE), Reforma Democrática (RD), Acción Regionalista (AR), Democracia Social (DS) y otras facciones que seguían una doctrina política general muy similar, pero que gozaban de cierta independencia. <<

[71] Manuel Ortiz, op. cit. pág. 235. <<

[72] Fernando Álvarez de Miranda por el Partido Cristiano Demócrata, Pío Cabanillas por el Partido Popular, Gonzalo Casado por el Partido Socialista Independiente, Claudio Fernández Arévalo por el Partido Social Liberal Andaluz, Francisco Fernández Ordóñez por el Partido Social Demócrata, García Madariaga por el Partido Popular Liberal, Joaquín Garrigues por la Federación de Partidos Demócratas Liberales, Enrique Larroque por el Partido Liberal, José Luis Meilán por el Partido Gallego Independiente, Lorenzo Olarte por la Unión Canaria, Eurico de la Peña por la Unión Social-Demócrata Española, Pérez Crespo por la UDM y Sánchez de León por la Agrupación Regional Extremeña. <<

[73] Integraban el Gobierno Manuel Gutiérrez Mellado (vicepresidente 1.º y ministro de Defensa), Enrique Fuentes Quintana (vicepresidente 2.º y ministro de Economía), Fernando Abril Martorell (vicepresidente 3.º), Martín Villa (Interior), Marcelino Oreja (Asuntos Exteriores), Landelino Lavilla (Justicia), Manuel Jiménez de Parga (Trabajo), Enrique Sánchez de León (Sanidad y Seguridad Social), Joaquín Garrigues Walker (Obras Públicas y Urbanismo), Ignacio Camuñas (Relaciones con las Cortes), Manuel Clavero Arévalo (Regiones), Alberto Oliart (Industria y Energía), José Enrique Martínez de Genique (Agricultura), José Manuel Otero Novas (Presidencia), Íñigo Cavero (Educación), Pío Cabanillas (Cultura), Francisco Fernández Ordóñez (Hacienda), José Antonio García-Díez (Comercio y Turismo) y José Lladó (Transportes y Comunicaciones). <<

[74] En su libro Trayectoria política de un ministro de la Corona, Planeta, Barcelona, 1980. <<

[75] La conocida como Triple A atentaba contra la publicación satírica El Papus. <<

[76] Rodolfo Martín Villa, op. cit., pág 164. <<

[77] Integrada por el ministro Martín Villa con los directores generales de Política Interior, Seguridad y de la Guardia Civil (este último —teniente general Iniesta— representado por el jefe de Estado Mayor, general Sáenz de Santamaría); el vicealmirante Romero Moreno, jefe interino del AEM por la extrema gravedad del teniente general Fernández Vallespín, y el director general del SECED, teniente coronel Cassinello. <<

[78] Los coroneles De Benito y Del Valle, jefes de Información Exterior e Interior, respectivamente, del Alto Estado Mayor; el jefe de Información de la Dirección General de Seguridad, comandante García Campos, y el comisario Pastor (posterior jefe superior de Policía de Madrid); el teniente coronel Santos Bobo y yo mismo por el SECED; un coronel de la Guardia Civil, y además otros representantes de los Ejércitos que fueron variando en sucesivas reuniones, y el teniente coronel Lossada, del gabinete del vicepresidente, encargado de reunir para Gutiérrez Mellado lo más sobresaliente de los informes que cada servicio hacía llegar. <<

[79] Aunque cabe entender lo que pudo querer explicar el redactor de turno, no es muy afortunado hablar de interferencias en la política nacional (pues todo lo que hizo —o intentó hacer— el SECED lo era en apoyo del Estado y del Gobierno, con Carrero, con Arias o con Suárez), ni de las actividades contra la oposición, ya que era lo que demandaba la legalidad vigente. <<

[80] Artículo firmado por Raúl Díez, número de octubre de 1997. <<

[81] No se incluían los ayudantes y auxiliares procedentes de otros cuerpos, tales como 4 funcionarios civiles de la administración militar, 14 miembros de la Policía Armada y 90 guardias civiles. Por lo que se refiere a los «técnicos de investigación», los funcionarios del Cuerpo General de Policía sumaban 12 subcomisarios y 58 inspectores, algunos de los cuales llevaban muchos años ligados al Alto Estado Mayor o al SECED. <<

[82] Epígrafe «5. Reflexiones» del capítulo VI de Servicio especial, op. cit. (pág. 117). <<

[83] Art. 8.1.: «Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». <<

[84] Pasados los años Monzón citaría en algunas de sus confidenciales «Cartas del General» el peligroso SAM. Precisamente en una de principios de 2005 (o finales de 2004), año de nuestra conversación, se exponían términos —no fáciles de compartir— sobre la posible implicación de las Fuerzas Armadas y del propio rey, de modo inmediato y directo, en la solución del conflicto vasco. Cabe pensar que al redactar aquella «carta» tuviese in mente a Jon Imaz, con el que tenía comprometido un almuerzo para el 9 de febrero de 2005, con asistencia de un reducido grupo de miembros destacados de los medios de comunicación. Quizá pretendiese «asustar» un tanto al presidente del PNV, en aquellos días de tanta especulación nacional sobre la presentación del Plan Ibarreche en las Cortes Españolas. <<

[85] En el informe elaborado por el CESID se consignaba que el general Atarés «se puso en pie y dirigiéndose al ministro gritó: “Mentira, el pueblo no sabe nada”, siendo coreado con aplausos por unas 25 o 30 personas, también gritó: “¡Traidor!, ¡cobarde!”». <<

[86] Algunos de los presentes se dieron cuenta de la maniobra así como de que se había retirado la bandera nacional que cubría el ataúd, con la irritación consiguiente (Platón, pág. 467). <<

[87] Continúa Platón (pág. 467): «Algunos jefes y paisanos se hicieron con el féretro y lo trasladaron a hombros hasta el cementerio de la Almudena, en un recorrido de unos seis kilómetros. La comitiva fue recibida en el camposanto por el JEME teniente general Tomás Liniers, acompañado por un nutrido grupo de generales, jefes y oficiales que se habían adelantado». <<

[88] Fernando Puell de la Villa, Gutiérrez Mellado, Biblioteca Nueva, 1997, pág. 201: «Cuantos le habían conocido en etapas anteriores quedaban sorprendidos al observar la crispación que se apoderaba del vicepresidente si se le ponían objeciones o se disentía de su forma de enfocar determinados asuntos. Un hombre que se había caracterizado, a lo largo de su carrera, por aceptar e incluso favorecer actitudes críticas en sus subordinados se transformó en un ser desconfiado, quisquilloso, casi violento en ocasiones; relajado y abierto únicamente en los círculos más íntimos». <<

[89] En relación con el apetecido ingreso en la OTAN, era frecuente en aquellas fechas que personalidades políticas españolas fueran invitadas a foros internacionales. Todas las naciones y sus servicios de información se interesaban por el desarrollo de la situación interna de España y las ventajas que aportaría su estabilidad a la seguridad del flanco sur europeo. <<

[90] En otra visita anterior intenté abrir las contraventanas para que entrase más luz en el despacho y no me lo consintió, pues temía que desde el otro lado de la carretera de La Coruña le disparasen un tiro. <<

[91] Primer nombre que recibió Coalición Democrática, formación que agruparía varios partidos de derecha, entre ellos la Alianza Popular de Manuel Fraga, la Acción Ciudadana Liberal de José María Areilza y el Partido Democrático Progresista de Alfonso Osorio. <<

[92] Gutiérrez Mellado (vicepresidente primero de Asuntos de Defensa y Seguridad Nacional), Abril Martorell (vicepresidente segundo y coordinador de Asuntos Económicos), Oreja (Asuntos Exteriores), Calvo-Sotelo (Relaciones con las Comunidades Europeas), Lamo de Espinosa (Agricultura), Calvo Ortega (Trabajo), Sánchez-Terán (Transportes y Comunicaciones), Garrigues Walker (adjunto a Presidencia), Cavero (Justicia), Clavero Arévalo (Cultura), Otero Novas (Educación), Rodríguez Sahagún (Defensa), García Añoveros (Hacienda), Ibáñez Freire (Interior), Sancho Rof (Obras Públicas y Urbanismo), Bustelo (Industria y Energía), García Díez (Comercio y Turismo), Pérez-Llorca (Presidencia), Leal (Economía), Rovira (Sanidad y Seguridad Social), Arias-Salgado (Relaciones con las Cortes), Fontán (Administración Territorial) y González Seara (Universidades e Investigación). <<

[93] En los archivos de la Presidencia del Gobierno se conserva correspondencia del presidente de EFE de aquel noviembre de 1977 (Legajo 15, n.º 15. Ansón). <<

[94] Aquel asunto me molestó sobremanera y le indique a Bourgón mi deseo de abandonar el Centro, sin la menor aceptación por su parte. El affaire de los papeles de la OGT puestos en conocimiento del rey pudo haber terminado con un arresto serio que presuntamente me impondría el ministro de Defensa, de orden del presidente del Gobierno. Según me contaron de Zarzuela por aquellas fechas, todo quedó «en agua de borrajas» gracias a una inmediata y oportuna intervención personal de Su Majestad. Se lo hice saber enseguida al general Bourgón. Aún recuerdo su consternación y su consejo previsor: «¡Cuídate, no vayan a perjudicar tu carrera!». <<

[95] Yo había solicitado ser incorporado al XII Curso de Estados Mayores Conjuntos. <<

[96] La reseña tenía una extensión de trece páginas que se repartían en diez temas, de los cuales solo el «3. La operación», se dedicaba al «golpe de timón»; comenzaba con la premisa siguiente: «La operación hay que hacerla contando con el Gobierno». La operación pasaba por que el rey convocase a los dirigentes de los partidos para que votasen en el Parlamento una «situación de excepción», sin que pareciera un golpe de Estado. Igual que De Gaulle lo logró en 1958 en Francia. A juicio de Ansón el 50 % de la batalla era convencer a la «primera persona» (Su Majestad). <<

[97] Según me había dicho Pedro J. Ramírez, circulaban rumores de que el general Miláns del Bosch se había levantado en armas o desobedecido abiertamente órdenes superiores. <<

[98] De una página web de divulgación del Centro Nacional de Inteligencia (17-11-2004). <<