Juan Luis Cebrián, fundador y presidente de honor del periódico El País, asegura que estamos ante un orden internacional inestable; el más inestable desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En este breve pero profundo ensayo tratará de explicar por qué, y lo hará desde varias perspectivas: el futuro de la democracia, el calentamiento global, el auge de los nacionalismos, las nuevas formas de empleo, el desplazamiento del poder y la riqueza hacia Asia o la crisis del capitalismo. Todo ello sin obviar los temas que más nos preocupan como españoles, a saber, la corona, Cataluña o la «nueva normalidad».

Juan Luis Cebrián

Caos.
El poder de los idiotas

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Titivillus 11.09.2021

Título original: Caos. El poder de los idiotas

Juan Luis Cebrián, 2020

Editor digital: Titivillus

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Para Mihaela, junto a mí siempre.

El propósito de este ensayo es alertar a la ciudadanía sobre las amenazas actuales contra la democracia y la libertad en un mundo cada vez más atribulado y caótico que se muestra incapaz de gestionar su destino.

Escrito de un tirón durante los días del confinamiento, he utilizado en su redacción ideas, párrafos y resúmenes de escritos por mí publicados en varios periódicos, singularmente El País de Madrid y La Stampa de Turín.

No se trata de una recopilación, sino de una obra original en la que encuentran refugio algunas reflexiones anteriores y anécdotas por mí vividas, como si de bocetos o apuntes previos se trataran. Es una meditación personal, atribulada por los acontecimientos. No aspira a convertirse en un texto académico ni en un relato. Solo son las reflexiones de un ciudadano más que, como tantos otros, añora un futuro mejor para la Humanidad.

Prólogo
Como si el mundo perdiera el resplandor

Al principio casi nadie lo creía y desde el poder se agitaba esa incredulidad. La Organización Mundial de la Salud había avisado de que se avecinaba una potencial pandemia y en China, en Corea, en otros lugares de Asia, la gente era confinada en sus casas. Los europeos pensaban que eso era cosa de civilizaciones lejanas cuyos habitantes comían alimentos extraños. ¿A quién se le ocurre cocinar un murciélago? Ya teníamos bastante con los erizos, los percebes, los chapulines y los caracoles.

En España la cosa empezó a preocupar un poco más con las noticias que llegaban de Italia, pero seguro que allí se habían equivocado en algo, estaban exagerando, no podía ser para tanto. Cada mañana, en las pantallas de televisión aparecía el responsable científico del gobierno experto en epidemias, un tonto ilustrado que se comportaba como si todo lo supiera. En su opinión no convenía alarmarse más de lo debido: los síntomas eran parecidos a los de la gripe y no resultaba previsible que hubiera muchos infectados. Uno o dos a lo sumo. Ningún riesgo poblacional. El presidente del gobierno, un gabinete progresista y feminista según insistían sus miembros, explicó que el país tenía uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Ningún pánico entonces. Convenía, eso sí, lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día. Las televisiones emitieron reportajes sobre la manera adecuada de abrir el grifo y frotarse los dedos durante un minuto al menos.

Se anularon algunos eventos, privadamente hubo quien canceló sus viajes previstos, pero la vida normal seguía. Valencia se preparaba para las Fallas. Una comunicación del Ministerio de Trabajo a las empresas sobre medidas de precaución, fechada el 4 de marzo, fue retirada de manera urgente por las autoridades sanitarias. No se puede alarmar a la gente, aquí mando yo, diría quizás el tonto ilustrado. También algún que otro tonto. El 6 de marzo asistí en Madrid a una comida de cientos de comensales en la que había un nutrido grupo de políticos de la derecha. Algunos se saludaban entre risas chocando los codos. Otros más expresivos estrechaban los abrazos y hasta vi a uno que se comía a besos a una diputada. Los comentarios versaban sobre la gran manifestación por la igualdad de género convocada para el día 8 de marzo. El gobierno feminista y progresista de Pedro Sánchez y las gentes que lo arropaban habían previsto una demostración de fuerza en las calles. ¿Era prudente mantenerla ante la amenaza de la epidemia? ¿Se podía ir a la manifestación sin riesgos de contagio? El idiota oficial volvió a tranquilizar las conciencias: que cada cual hiciera lo que le viniera en gana. Ese domingo miles de españolas y españoles, con el gobierno casi en pleno al frente, llenaron las calles. El mismo día que Italia ponía en cuarentena la Lombardía y otras provincias adyacentes. Dieciséis millones de personas atrapadas. ¡Caray!, decían los españoles, no puede ser para tanto.

En la conferencia de prensa del lunes 9 la sonrisa del tonto se congeló. Mil doscientos casos positivos de coronavirus en España y veintiocho muertos. La Comunidad de Madrid cerró de urgencia todos los centros educativos. Los periodistas preguntaron al gobierno feminista y progresista cómo permitieron y alentaron las manifestaciones del día anterior en semejante situación. El ministro de Sanidad dio una respuesta explícita: los datos solo se habían conocido en la tarde del domingo, justo horas después de la concentración. Además del coronavirus, una nueva epidemia comenzó a extenderse: la de la mentira.

Cundió un pánico moderado, en ningún momento fuera de control. El partido de fútbol Valencia-Atalanta se pudo jugar a puerta cerrada, sin espectadores ni prensa, porque el visitante viajaba desde Italia, pero no convenía exagerar. Cientos, quizá miles de seguidores del equipo español acudieron a las inmediaciones del estadio. La Policía no hizo nada para dispersarlos. Enfrentarse a una hinchada es siempre peligroso para la estabilidad de cualquier gobierno. Muchos pensaron después que aquella concentración humana se encontraba en el epicentro de la explosión de la pandemia.

Los Reyes viajaron a París para comer con Macron y asistir a un acto con más de mil personas en homenaje a las víctimas del terrorismo. Se saludaron sonrientes con el presidente francés y su mujer sin darse la mano. Por su expresión, ese movimiento de hombros y codos parecía más un divertido juego social que una seria prevención clínica. Antes dar codazos era una forma de violencia, ahora es un acto de educación.

El pánico comienza con las noticias sobre nuevos contagios y la imposición de algunas cuarentenas menores en pueblos y hoteles determinados, aunque el gobierno duda todavía sobre qué medidas adoptar para atajar el virus. Los supermercados son tomados casi al asalto por los clientes que arramplan con lo que pueden y acaban con las existencias de papel higiénico. ¿Será que el virus provoca cagaleras? Pedro Sánchez anuncia el día 13 que piensa convocar el estado de alarma, pero todavía tarda veinticuatro horas en hacerlo. No habrá Fallas, ni Semana Santa, ni Feria de Sevilla… Gran preocupación por las pérdidas. Los cadáveres no merecen todavía muchos comentarios. Más muertos causa la gripe.

Surgen diferencias en el seno del gabinete entre socialistas y los ministros de Podemos. Los líderes independentistas catalanes protestan porque el Estado trata de arrebatarles competencias aprovechando la invasión del virus. El nombramiento de un mando único suena como una advertencia. Durante un par de días los políticos siguen más empeñados en discutir sobre sus cosas que en proteger a la gente.

Comienza por fin el confinamiento y la respuesta de los ciudadanos es mayoritariamente tranquila y ejemplar, como dicen los códigos de buena conducta. O quizá no tanto, porque les mueve el miedo. Frente al desconcierto del poder, la ansiedad y la reflexión, tan contradictorias entre sí, se convierten en virtudes cívicas. La inmensa mayoría se queda en casa; solidaridad con los mayores, los débiles, los desfavorecidos. Los hospitales se colapsan, el Ejército construye instalaciones de urgencia, los sanitarios no dan abasto, demandan mascarillas, batas, protección. Las residencias de ancianos se han convertido ya en vulgares morideros.

En las redes, para olvidar la angustia, triunfan el humor, los memes y los chascarrillos. Los españoles aprenden de la soledad y el sufrimiento de Italia. Esto ha de durar muchas más de dos semanas, quizá más de dos meses, los más realistas predicen un par de años. Comienzan a asombrarse de que en Francia, en Inglaterra, en los Estados Unidos se cometan los mismos errores en que incurrimos nosotros. La experiencia ajena no sirve nunca para nada.

Las televisiones emiten imágenes de una nave en Bérgamo en la que se amontonan féretros de las víctimas de la enfermedad. Camiones del Ejército transportan cajas mortuorias a otras provincias, ante la imposibilidad de incinerarlas allí. Ya con más de cien mil infectados y diez mil muertos por la epidemia, en España ni siquiera se ha publicado una fotografía de algo semejante. El mando único no quiere imágenes de muerte, solo estadísticas y cifras. Prohibido organizar velatorios de los familiares fallecidos. Prohibido acudir a despedirles en su último adiós. En el Palacio de Hielo de Madrid, sobre la pista de patinaje en la que hasta hacía nada discurrían rítmicamente las piernas de jóvenes adolescentes, se amontonan centenares de cadáveres envueltos en bolsas de plástico del Ejército. El gobierno busca desesperadamente aprovisionarse de féretros. Que no se sepa porque los especuladores están siempre al acecho.

Con dos semanas de retraso respecto a Italia en el inicio de la crisis, las autoridades españolas no han aprendido mucho de la tragedia allí vivida. Una de sus principales preocupaciones es el control de la información. El tonto oficial sigue diciendo tonterías, aunque muchos se las creen. Como además le gusta salir en la tele, al paso que lleva algún día caerán sobre él todas las culpas. ¿O no ha habido culpa de nadie? Un par de fechas antes de que se encendieran oficialmente las alarmas no cesaba de repetir que en España apenas habría algunos contagios. Luego él mismo se contaminó, igual que el general jefe de operaciones de la Guardia Civil y el jefe superior de la Policía. Tres de los cinco responsables directos de las actividades para contener el virus sucumbieron a él. Nos anunciaron, uniformados y condecorados con kilos de medallas, que la guerra contra el virus la íbamos a ganar. ¿Qué guerra? ¿No éramos víctimas de una epidemia?

Además de feminista el gobierno es oscurantista. Parece un patriarcado. Las ruedas de prensa se celebran telemáticamente sin la presencia siquiera virtual de los periodistas, quienes han de enviar sus preguntas por escrito. El funcionario de turno selecciona las cuestiones que él mismo plantea de viva voz, redactándolas a su gusto. No hay repreguntas tras las contestaciones generalmente irrelevantes y evasivas del poder. La ignorancia y el pasmo de quienes lo ejercen son lo único transparente. Alguien inquiere a Pedro Sánchez si, además de su mujer, hay otros miembros de su familia contagiados. «Ninguna familia española está fuera de peligro», responde. Calla que su madre y su suegro han sido también presas del virus.

Las autoridades van de forma permanente por detrás de los acontecimientos, maniatado el poder político por su debilidad parlamentaria. Se escuda en que nadie en ninguna parte fue capaz de prever la catástrofe, y enfatiza que lo sucedido en la mayoría de Europa y los Estados Unidos viene a darle la razón. Frente al desconcierto oficial la respuesta popular y de los profesionales de la sanidad es nuestro único consuelo. El confinamiento de las familias funciona de manera muy eficaz, sin disturbios ni apenas resistencias. Españoles e italianos confraternizan desde los balcones, cantando y riendo para darse ánimos. Los psicólogos sociales y no pocos historiadores nos acusan de ser en extremo individualistas, generosos desde luego, pero también muy envidiosos. A juzgar por la reacción frente a la catástrofe, en España existe una sociedad civil madura y responsable, más disciplinada y solidaria que las de otros países desarrollados. El virus asesino ha puesto a prueba nuestra civilización.

El pueblo reaccionó con moderación y disciplina, pero cunde la impresión de que el sistema no funciona, ni nacional ni internacionalmente. Existe una gran descoordinación, ausencia de criterios y de medidas comunes y homogéneas para los países de la Unión Europea, mientras se levantan fronteras y se expulsa al extranjero. Las Naciones Unidas y el Banco Mundial habían alertado en septiembre de 2019 de que una catástrofe de esta naturaleza constituía ya por entonces una amenaza absolutamente realista. La Europa del bienestar hizo caso omiso y se encontró de repente con que no tenía camas de hospital, ni personal médico, ni respiradores, ni investigación suficiente para pelear contra un germen patógeno de naturaleza desconocida. Tampoco un liderazgo capaz de aunar esfuerzos, iluminar voluntades y diseñar el día de después. Frente a la eficiencia asiática, la eficacia de las democracias está en entredicho. Pagaremos un alto precio por nuestra arrogancia e improvisación. Por la avaricia de los mercados también. Vendrán malos tiempos para la libertad.

Cuando empezó a doblarse, a normalizarse al menos, la curva de la pandemia, comenzamos a sentir en toda su dureza la crisis económica y social. En solo catorce días de marzo, desde el inicio del estado de alarma, se destruyeron en España 800.000 puestos de trabajo y las previsiones más prudentes apuntan a que las cifras aumentarán por encima del millón. Y eso que el gobierno ha puesto en marcha un plan de emergencia para suspender de empleo temporalmente a muchos otros cientos de miles a los que el Estado pagará un alto porcentaje de su sueldo. Este contingente no entra en las estadísticas del paro. Desde el 30 de marzo se paraliza por completo la producción salvo en aquellos servicios considerados esenciales. El gobierno tomó la decisión sin negociarla con los empresarios, los partidos de la oposición, ni las Comunidades Autónomas. La abundancia de normas improvisadas, a veces poco entendibles, cuyo cumplimiento es además sometido a trámites burocráticos interminables, genera considerable descontento en la ciudadanía que, según las encuestas, desaprueba la gestión de la crisis. La prensa y la oposición recuerdan al presidente que la lealtad que demanda en la lucha contra el virus no equivale a un cheque en blanco para que tome decisiones sin ni siquiera establecer un diálogo previo.

El personal sanitario sigue solicitando equipos de protección para su trabajo y más de diez mil de sus integrantes han sido contagiados por el virus. Después de casi tres semanas de confinamiento se perciben los primeros destellos de cansancio y depresión. Las familias, privadas del último adiós a sus seres queridos, aguardan con tristeza infinita el momento en que poder exteriorizar el duelo. La muerte sigue siendo un guarismo en las declaraciones de los políticos y en las noticias de la televisión, pero los españoles mantienen de antaño una especial relación con ella. Los místicos como Teresa de Ávila o Juan de la Cruz la consideraban una liberación y un descanso, siendo la vida «una mala noche en una mala posada». Las noticias sobre la pandemia recuerdan los versos memorables de Manrique: «Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar/ que es el morir…/ allegados son iguales,/ los que viven por sus manos y los ricos». El mar es hoy una pista de hielo llena de cadáveres, las calles vacías, negocios cerrados, enmascarado el rostro de las gentes. Como si el mundo hubiera perdido el resplandor.

Extractos de un
Diario del confinamiento

El poder de los idiotas

I

Escribo estas líneas abochornado por el deleznable espectáculo que los responsables de la gobernación del mundo nos regalan a diario, con desprecio a la incalculable pérdida de vidas humanas y al sufrimiento de una sociedad perpleja y aturdida, víctima de sus errores. La desaparición del antiguo orden mundial que emergió en los años cuarenta ha dado lugar a lo que podríamos denominar un nuevo e imprevisible desorden. En casi cualquier lugar de la Tierra las protestas contra el poder establecido, sea cual sea su naturaleza, han crecido de manera fulgurante, alimentadas por la publicidad de las redes sociales a través de las que se convocan. La mediocridad de gran parte de la clase política, elevada mediante el ejercicio del sufragio a las más altas magistraturas en muchas democracias occidentales, es a la vez causa y consecuencia de la situación.

Hay quien se pregunta cómo es posible que tantos países, y tan importantes, estén gobernados por auténticos idiotas. Olvidan que las instituciones de la democracia se basan a fin de cuentas en la gestión de la ignorancia. El sistema, lejos de aportar por sí mismo soluciones a los conflictos, es un método bastante elemental: se limita al hecho de que los gobernantes sean elegidos y destituidos por la voluntad ciudadana mediante elecciones periódicas, libres y secretas. No garantiza la solución de los problemas, antes bien constituye uno de ellos, y de los más grandes, pues pretende establecer procedimientos y normas que promuevan la igualdad de los ciudadanos en la toma de decisiones, especialmente en la designación de sus representantes. En realidad, la democracia no es la solución a nada, pero debe ser en cambio la condición de todo en un país que aspire a gobernarse en libertad.

¡Libertad! Esta es a la vez meta y sustento de toda democracia. ¿Libertad para qué?, se preguntó Lenin. Libertad para ser libres, le contestó un intelectual español socialista. Se trata de un bien siempre escaso, siempre amenazado, cuyo disfrute reclama una vigilancia constante y una defensa rompedora de prudencias y convencionalismos. A veces pareciera como si las nuevas generaciones no fueran suficientemente conscientes de este hecho, acostumbradas como están en los países democráticos a nacer y vivir libres, pese a todas las cortapisas, limitaciones y miserias evidentes. Estas no hacen sino recordarnos que no existe ningún derecho ni bien absoluto en la Tierra, por lo que es preciso valorar los que tenemos y luchar por ellos.

En gran parte del mundo, allí donde la población puede expresar libremente sus opiniones, es general el menosprecio hacia la clase política, la mediocridad recurrente de su liderazgo y su apropiación indebida de las instituciones, cuya independencia se ve seriamente vulnerada. ¿Cómo se explica —⁠⁠nos preguntamos⁠⁠— que gente de esa calaña sea la que determine nuestro futuro individual y colectivo? Cuando digo que muchos son idiotas no empleo el término con ánimo ofensivo o de insulto, pese a que algunos lo merezcan, sino en la segunda acepción que registra el diccionario de la Real Academia Española: «Engreído sin fundamento para ello». No es difícil atribuir dicha condición a personajes tan pintorescos como funestos. Hablo por ejemplo de Donald Trump, Boris Johnson, Jair Bolsonaro o Quim Torra. Pero hay otros menos evidentes que no les van a la zaga en méritos para el calificativo, pues en semejante concurso no existe distinción de géneros ni ideologías. Me vienen a la mente algunas féminas, como la vicepresidenta española Carmen Calvo, o la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, que bien podrían sumarse a tan deplorable formación. Y otros menos obvios, pero igual de perniciosos, al estilo de Tony Blair o Rodríguez Zapatero. En cualquier caso, idiotas o no, fueron elegidos por sus conciudadanos, de modo que en última instancia no son la causa, sino más bien la consecuencia de lo que sucede en nuestro entorno: serios desajustes en los mecanismos democráticos que, de no atajarse a tiempo, pueden acabar gripándolos.

La aspiración platónica a que nos gobiernen los mejores o los más ilustrados está completamente fuera de lugar. En un célebre artículo sobre la joven acosada sexualmente por el presidente Clinton, Norman Mailer explicaba que, al fin y caso Lewinsky, al cabo, entre los deberes de los políticos se encuentra el de entretener a la gente. Parece que Trump hubiera aprendido mejor que ningún otro la lección. Su promesa fue que no aburriría, y la ha cumplido con creces.

Basta echar una mirada al comportamiento de muchos dirigentes de países emblemáticos para darse cabal cuenta de las debilidades humanas de los poderosos. Nixon era un felón que grababa a ocultadillas las conversaciones con sus visitantes; Lyndon B. Johnson defecaba ante los ojos asombrados de algunos de ellos para demostrarles su poder, aunque en realidad era una costumbre en él despachar sentado en el retrete; Reagan, pese a su experiencia para memorizar los diálogos de las películas que interpretó, rogaba que no le pasaran informes de extensión superior a un folio, cualquiera que fuese el asunto a tratar; Clinton estuvo a punto de ser expulsado de la Presidencia después de que una joven becaria le chupara la polla en el mismísimo Despacho Oval; Mitterrand simuló un atentado contra sí mismo para promover una imagen suya orlada de heroísmo; Andreotti mantuvo oscuras relaciones con la Mafia… Y así podríamos continuar con innumerables ejemplos de personajes cuyo comportamiento moral censurable o su afasia intelectual no impidieron que tomaran a veces decisiones beneficiosas para la comunidad que gobernaban.

Esto funciona así no solo si nos referimos a políticos democráticos. Entre los dictadores podemos citar al de Corea del Norte, ahora desahuciado, Kim Jong-un, o al tirano de Venezuela, Nicolás Maduro, que tratan de compensar su pobreza intelectual y sus tórpidos modales con su saña autoritaria, gracias a la cual pueden mantenerse en el poder e incluso gozar de popularidad entre sus paniaguados seguidores. El terror que despliegan a su alrededor, las torturas a los disidentes, la arbitrariedad de sus decisiones, son métodos comunes no solo destinados a afianzarse en el cargo, sino también a ocultar las insuficiencias de su carácter. Por lo demás también ha habido y hay gobernantes ilustrados y no corruptos, admirados en ocasiones por sus ciudadanos, incomprendidos y vapuleados por ellos en las urnas otras veces. Por desgracia no son ni los más numerosos ni los más reconocidos.

Estas circunstancias sugieren la interrogante de si no será que el pueblo se equivoca con frecuencia a la hora de votar. En la reiteración de la permanente campaña electoral española, donde cada pocos meses hemos tenido que acudir a las urnas en años recientes, la apelación a los votantes para que eligieran bien fue frecuente por parte de los candidatos. Votar bien, según cada cual, era por supuesto votarle a él.

Semejante suposición de que el error o la falta corresponde al comportamiento de los electores y no al de los elegidos no es muy novedosa. En los segundos comicios democráticos de la Transición española, que dieron la victoria a la UCD frente a las expectativas triunfalistas del PSOE, el que luego fuera vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, declaró que el pueblo español se había equivocado. Por no haber votado a los socialistas, se entendía. Como si las votaciones fueran un concurso televisivo, doble o nada, en el que hay que dar las respuestas correctas, en vez de expresar la libre voluntad de cada quien. La conclusión es que, lejos de asumir sus responsabilidades y de analizar sus fracasos, los idiotas que gobiernan el mundo rara vez son capaces de admitirlos. Si las cosas no salen como desean, la culpa es siempre de los demás.

Dado que la democracia es un régimen basado en la opinión pública, la cuestión se complica además con las distorsiones que producen las redes sociales y la eclosión de las nuevas tecnologías. Tertulianos y tuiteros de lo más extravagante se han convertido en oráculos de sabiduría, influencers (influyentes) halagados por los aspirantes al poder, aunque a veces el origen de su prestigio no sea otro que el tamaño de su culo, del que personajes como Kim Kardashian han logrado hacer magnífico negocio. Esta situación es caldo de cultivo predilecto de los enemigos de la democracia. Abrumados como estamos por la vulgaridad de semejantes individuos, no faltan salvadores que pretenden combatirla, y aun censurarla, en nombre de la excelencia. Habida cuenta además del destrozo que generan las redes sociales, el pánico desatado por el ecosistema de Internet entre los guardianes de la ortodoxia analógica es muy parecido al que recorrió Europa tras la invención de la imprenta. Esta fue una auténtica revolución libertaria para su época, que permitió la libre interpretación de la Biblia, aunque también propició catástrofes gigantescas como las guerras de religión, y un desorden geopolítico, por utilizar la nomenclatura actual, que tardó siglos en normalizarse. La reacción contra las innovaciones tecnológicas de nuestros días está bien definida por las políticas educativas que pretenden prohibir el uso de teléfonos inteligentes a los menores como única respuesta a los problemas que su difusión masiva genera. Los idiotas de turno no entienden que lejos de prohibir los cacharros a los jóvenes estudiantes lo que procede es obligarles a usarlos y enseñarles a hacerlo. También se quemaron libros después de Gutenberg y pasaron cientos de años, plagados de sufrimientos padecidos por intelectuales y hombres de ciencia, hasta que se puso en pie un sistema que estableciera una jerarquía de valores, lo que tenemos que agradecer a la Ilustración.

Demasiadas veces he insistido en el hecho de que la sociedad digital representa un cambio de civilización revolucionario. Afecta entre otras cosas al funcionamiento de la democracia representativa, al comportamiento de la economía mundial y a la pervivencia del Estado-nación tal y como lo entendemos desde hace más de doscientos años. Los medios de comunicación en general, y la prensa en particular, forman parte de la estructura de ese sistema que hoy se siente amenazado y que algunos pretenden sustituir por ensoñaciones utópicas, basadas en ideologías periclitadas. Sus voces encuentran, no obstante, justificado eco en las clases medias, acosadas como están por los efectos de la crisis, y en los jóvenes, y no tan jóvenes, preocupados por su futuro personal. En cualquier caso la existencia misma de los periódicos y otros medios de comunicación, tal y como los conocíamos, se encuentra en entredicho. Con ello la formación de la opinión pública, clave para el funcionamiento de la democracia, padece distorsiones considerables. Ante tales amenazas emerge la resistencia al cambio por parte de quienes advierten que se puede cambiar a peor. Pero no existe nada peor que no cambiar.

Los ciudadanos nunca se equivocan cuando votan. Son los líderes quienes anteponen muchas veces su mezquindad y endiosamiento pueril a la interpretación de los deseos y las aspiraciones de los electores, confundiendo con descaro el interés general con sus particulares ambiciones. Ahí reside el motivo fundamental del desapego que siente el electorado hacia la clase política, incapaz como esta es de hacer autocrítica y sustituir a sus demediados dirigentes. La expulsión de los disidentes de los partidos, la tendencia al autoritarismo interno, los rencores ideológicos y personales, la búsqueda de la confrontación en vez del acuerdo, y la apropiación partidista y estúpida del significado de la democracia, cuyas reglas de juego exigen una interpretación común, son signos recurrentes de las patologías que aquejan al sistema.

Nada de esto sería sin embargo tan grave en la democracia de los ignorantes, como la definió Daniel Innerarity, o la democracia de los peores, para utilizar la expresión de Félix Ovejero, si no estuviéramos ante un desafío formidable a nivel global. El desorden creciente de las relaciones internacionales, el penoso comportamiento de los organismos multilaterales, el aumento del autoritarismo y la tendencia popular a renunciar a muchas libertades a cambio de mayor seguridad, ya existían antes de la aparición de la pandemia del coronavirus, pero esta ha impulsado aún más dichas derivas en las sociedades desarrolladas.

Las enfermedades de la globalización afectan a todo el orbe y es inútil querer sanarlas a base de remedios locales. El barullo universal en que nos hallamos, precisamente en una época en la que nuestro mundo podría presumir de ser el mejor de todos los hasta ahora conocidos, no tendrá un final feliz si los poderosos de la Tierra, los sagaces y los estúpidos, no son capaces de encontrar respuestas que satisfagan los anhelos de una población de casi ocho mil millones de almas. Para descubrir las soluciones es preciso antes enunciar los problemas. Como sugirió Octavio Paz en su discurso de recepción del premio Nobel de Literatura, no es que hayamos equivocado las respuestas, sino más bien que las preguntas no eran las pertinentes. Pretendo por mi parte ayudar a formularlas con acierto, destapar mendacidades y provocar la indignación necesaria que nos devuelva la fe en nosotros mismos, nos reconcilie con lo que fuimos y nos anime a construir lo que seremos.

La pandemia ha acelerado corrientes que venían de antaño. El desorden global comenzó a fraguarse inmediatamente después del derribo del muro de Berlín en 1989, pero las revueltas juveniles de Mayo del 68 habían sido ya premonitorias de la fatiga del sistema. En España, el esfuerzo democrático posterior a la muerte del dictador Franco ocultó las deficiencias de la propia Transición, empeñados como estábamos todos en el único proyecto de recuperar la libertad. Los estragos de la Guerra Civil, el aislamiento internacional del franquismo y el peso de tradiciones seculares indignas de perdurar, habían conspirado durante décadas contra el progreso y la creatividad de nuestros ciudadanos. Las políticas desreguladoras de Reagan y Thatcher, que promovieron el triunfo de un neoliberalismo salvaje, desembocaron en la crisis financiera de 2008 de la que el mundo salió trastabillado y que desencadenó políticas de austeridad y recortes en numerosos países. El deterioro de la capacidad adquisitiva de las clases medias, que constituyen la base fundamental de todo régimen democrático, galvanizó los sentimientos contrarios al sistema, alentó los temores antiglobalización e impulsó los movimientos populistas, caldo de cultivo del nacionalismo. Frente a la igualdad de los ciudadanos predicada por las revoluciones burguesas, surgió el reclamo del derecho a la diferencia. Todo se producía además en un ambiente vapuleado por la aparición de las nuevas tecnologías y el desarrollo de Internet, cuya influencia se sintió de manera más inmediata en las generaciones jóvenes, descreídas como ya estaban de la virtualidad de la democracia para satisfacer sus aspiraciones. En ese escenario la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales americanas de 2016 se convirtió de inmediato en el símbolo de los nuevos tiempos. Fue cuando comprendimos con mayor claridad que los idiotas se estaban adueñando de la situación.

Trump llegó a la Casa Blanca con su política del America First, que encandiló a los electores del Medio Oeste de su país. La industria americana era ya víctima de la competencia global, fundamentalmente debido al despertar de China. El país más poblado de la Tierra, a base de mantener una política de salarios bajos y vulneración de la propiedad intelectual, había inundado desde hacía tiempo los mercados internacionales, generando desempleo y frustración en las clases trabajadoras de países acomodados. Pero una sabia política educativa y una notable dedicación al trabajo consiguieron hace más de una década que sus productos pudieran competir en excelencia, además de en precio, con los occidentales. China se convirtió en pocos años en la segunda potencia económica mundial, a punto de ocupar el lugar más alto del podio, y acaricia el liderazgo en el desarrollo de la innovación tecnológica y la construcción de la sociedad digital.

Con Trump en la Casa Blanca, el proteccionismo comercial se convirtió en objetivo prioritario de la Administración estadounidense y desató una auténtica guerra en este terreno no solo contra Beijing, sino también contra Europa. No es esta la única amenaza para el desarrollo de Occidente y la construcción de un universo geopolítico equilibrado que permita gobernar la globalización. Alentado inicialmente por viejos tiburones del ala derecha del partido republicano, el presidente americano impulsó el retorno a la Guerra Fría, en su más clásica definición, con la denuncia del tratado de seguridad nuclear con Irán.

Los males venían de lejos, pero este fue el signo más evidente de que el mundo estaba cambiando nuevamente para peor. Al mismo tiempo puso de relieve, una vez más, la debilidad institucional y el deterioro de los organismos multilaterales encargados de velar por el mantenimiento de la paz y la mejora de las relaciones entre los diferentes países. Aunque el presidente francés y la canciller alemana reaccionaron ofreciendo seguridades al régimen de Teherán respecto al cumplimiento por su parte de los términos del acuerdo, la decisión de los Estados Unidos hubiera necesitado una respuesta más sólida por parte de la Unión Europea y el Consejo de Seguridad de la ONU. A partir de entonces corremos el riesgo de que el Tratado de No Proliferación no sea respetado, con la consiguiente amenaza de una nueva carrera internacional por la obtención del poder atómico. Además, una eventual ruptura del equilibrio interno del régimen iraní, país clave para la estabilidad en Asia Central y el Cercano Oriente, podría y puede aún afectar a la seguridad de los europeos, de manera especial en el sur del continente.

Las dificultades para elaborar y llevar a cabo una política de seguridad y defensa en Europa son coherentes con el deterioro institucional de la propia Unión, asediada por el crecimiento de los nacionalismos y movimientos xenófobos en buena parte de las naciones que la integran. El aumento del populismo y las manifestaciones contra el sistema en nuestras democracias tienen sus causas inmediatas en el empobrecimiento de las clases medias, con el consiguiente aumento de las desigualdades y el quebranto del modelo tradicional de la sociedad del bienestar. La descomposición a la que asistimos se refleja en las cada vez más frecuentes crisis internas en los países miembros (desde el Brexit hasta el descalabro y desaparición de los partidos políticos centrales en Francia, Italia o España). Al tiempo que el bipartidismo se ve contestado por doquier en la estructura de los Parlamentos democráticos, los viejos imperios y los emergentes encuentran enormes dificultades para organizar con coherencia y normalidad un marco estable de relaciones internacionales. El actual está perturbado por la fragilidad europea, apenas encubierta por sus recientes esfuerzos en la lucha contra la crisis económica generada por el coronavirus.

Diversos Estados de mediano y aun pequeño tamaño toman decisiones que afectan a la paz mundial, o a la de extensas áreas geopolíticas, sin ningún tipo de caución por parte de quienes todavía se creen los amos del planeta y están dispuestos a comportarse como tales. Arabia Saudí, el Irán de los ayatolas, que se siente amenazado, la Turquía de Erdogan, la Rusia de Putin, o el Israel de Netanyahu, contribuyen entre otros a generar esa fragmentación del poder en un escenario en el que resplandece el creciente dominio de los mercados financieros sobre las decisiones políticas de los gobiernos.

En tales circunstancias, el silencio y el pasmo de la Unión Europea frente a la frecuente vulneración de los derechos humanos en su propio territorio comienzan a ser preocupantes. Las generaciones que no vivieron la guerra ni la posguerra mundial se ven tan frustradas en sus expectativas como sorprendidas por el aparente éxito del capitalismo no democrático en China y los países de su entorno. En el seno de lo que fuera el anterior imperio soviético, la falta de tradiciones democráticas, la corrupción y el fanatismo ideológico, avivado por la irritación popular, están llevando a naciones como Hungría o Polonia a situaciones casi prefascistas, mientras se observan tendencias autoritarias en algunos de sus vecinos. Los eventos recientes en Bielorrusia ponen de relieve que el antiguo sistema de poder comunista no acaba de morir en lo que fueran los predios del Kremlin. Pero también en la Europa democrática crecen la vulneración de derechos fundamentales, los ataques y las amenazas a la libertad de expresión, la persecución y la exclusión de inmigrantes y refugiados que huyen de las hambrunas africanas o de la destrucción de sus países asolados por la guerra. La OTAN, por su parte, se muestra más efectiva a la hora de reprimir la migración ilegal en el Mediterráneo que en su respuesta a los problemas creados por la anexión rusa de Crimea.

Javier Solana, uno de los iniciales negociadores del tratado con Irán roto por el histriónico presidente americano, ha insistido repetidamente en la necesidad de privilegiar las relaciones trasatlánticas de Europa. El atlantismo fue una prioridad para garantizar la paz en nuestro continente tras el cataclismo de la Segunda Guerra Mundial y frente a la amenaza del expansionismo soviético. Pero sus bases y filosofía solo seguirán teniendo sentido en tanto en cuanto nuestros aliados de la otra orilla no identifiquen como enemigos de la democracia a todos aquellos que lo son únicamente de sus intereses particulares. Y no les hostiguen.

Ver al presidente de los Estados Unidos envuelto en secretos trapicheos con la Rusia de Putin para lograr su victoria electoral y alinearse entusiasta con el régimen despótico de Arabia Saudí fueron desde un principio serios motivos de preocupación para cuantos creían en el futuro de la democracia representativa y la defensa de los derechos humanos. Valores ambos que constituyen fundamentos esenciales del Tratado de la Unión. De todas maneras, el explicable entusiasmo de Solana por la OTAN puede y debe ser puesto entre corchetes, entre otras cosas, habida cuenta de la política llevada a cabo por el presidente turco. Este se encuentra cada vez más cerca de convertirse en un dictador iluminado con la única misión de recuperar en lo que pueda la existencia de un nuevo imperio otomano, por pequeño que sea. La emergencia de Turquía como potencia internacional en la política de Oriente Próximo, en Libia, e incluso en América Latina, lo mismo que los problemas que genera en el Mediterráneo oriental, son muchas veces contrarios a los intereses de los países con los que permanece formalmente aliada. Sus reiteradas amenazas a Grecia, en disputa ahora por unas aguas territoriales que cubren ingentes reservas de petróleo, así lo ponen de relieve.

Pero no es Turquía el principal problema. Angela Merkel declaró hace años que Europa no puede confiar ya en los Estados Unidos. De confirmarse, nos encontramos ante una quiebra definitiva del orden mundial establecido tras la victoria sobre el terror nazi. Cuestión añadida es averiguar si Europa puede confiar en sí misma y si será capaz de emprender las reformas ineludibles que garanticen su supervivencia. La hoja de ruta propuesta por el presidente francés ha pasado al olvido tras la reciente decisión de poner en marcha un plan europeo de reconstrucción y resiliencia como consecuencia de la pandemia. Este ha sido un alivio para las economías castigadas por los efectos sociales de la extensión del virus, pero falta por ver si los egoísmos nacionales no acabarán frustrando el empeño. Y si las derivas autoritarias de Polonia y Hungría no terminarán por generar una ruptura añadida a la fuga precipitada de los ingleses.

El plan fue presentado a la opinión pública por el gobierno español como un triunfo de su presidente. No se le puede negar a Sánchez su insistencia, aunque discreta en las formas, para obtener un acuerdo. Pero él y sus portavoces han sido poco transparentes a la hora de explicar sus condicionamientos, todavía en tiempo de negociación durante el otoño de este año, y su efecto real sobre la economía de nuestro país. Es un proyecto a siete años vista y el primer dinero que llegará a los países no será antes de abril de 2021, en forma de anticipos, sobre los planes de inversión que sean aprobados oficialmente por el Consejo. Cabe preguntarse por lo que sucederá con los problemas de liquidez de pequeñas y medianas empresas que hayan acudido a los primeros créditos avalados por el ICO, puestos en marcha al comenzar el estado de alarma, y que deben reembolsar en marzo de 2021. Otras muchas interrogantes se yerguen sobre los condicionamientos reales que se impondrán a España antes y después de recibir los fondos, la vigilancia a la que vaya a ser sometida en el manejo de las cuentas del Estado, y la capacidad del gobierno de combinar el cumplimiento de su programa, al menos en parte, con la sujeción a las normas europeas.

Hay quien todavía protesta del protagonismo germano-francés a la hora de establecer el nuevo rumbo de la Europa unida, pero en realidad «todo empezó con la reconciliación francoalemana». Así lo escuché muchas veces a François Mitterrand y otros dirigentes de la UE. En tiempos de la memoria histórica las actuales generaciones no han de olvidar que la Europa democrática de hoy, como la España democrática, son fruto de la reconciliación entre enemigos tras terribles guerras fratricidas que causaron cerca de cien millones de muertos en la primera mitad del siglo XX. Me sorprenden por eso las reticencias frecuentes de sectores de la izquierda y el escaso valor que tantos comentaristas atribuyen al hecho de que el futuro del continente se base en un entendimiento explícito entre París y Berlín. Esa fue la semilla de la construcción de Europa y es todavía el vínculo esencial, cuando se trata de defender el futuro en uno de los momentos más difíciles de su historia, caracterizado por el abandono del Reino Unido y la eclosión de nacionalismos de todo tipo.

Las acusaciones de traición al Parlamento europeo que se escucharon desde sedicentes sectores progresistas cuando el candidato socialista a presidir la Comisión fue derrotado en el Consejo por la actual presidenta no tenían ningún sentido y la realidad posterior se ha encargado de demostrarlo. En el ambiente de desconcierto que comenzaba a reinar, frente a la división entre países del norte y de la periferia, puesta luego de relieve con motivo de los planes de reconstrucción, se precisaba un liderazgo estable y claro para los próximos cuatro años. Algo absolutamente necesario a fin de hacer frente a las veleidades de los euroescépticos, las tendencias autoritarias del grupo de Visegrado y la exaltación nacionalista de la extrema derecha en Francia, Italia, España, y aún en la propia Alemania.

Valéry Giscard d’Estaing, uno de los impulsores más cualificados del proyecto, advertía en su libro Europa. La última oportunidad de que el empuje de las identidades nacionales amenaza con desnaturalizar la Unión. Incluso antes de que se produjera la aventura del Brexit, avisaba de la existencia de dos modelos diferentes: el liderado por el Reino Unido que no era y es sino el de una zona de libre comercio con libertad de circulación e intercambios de capital; y el de los fundadores Schuman y Monnet, que avizoraban la construcción de un conjunto económico absolutamente integrado, capaz de competir con el superliderazgo de los Estados Unidos u otras grandes potencias (la Unión Soviética entonces y ahora China). La obra de Giscard acabó de imprimirse coincidiendo con la celebración del referéndum sobre la independencia de Escocia y Cameron no había convocado todavía el que habría de dar lugar a la escisión británica, pero el viejo político francés ya sabía de lo que hablaba.

Los desafíos a los que se enfrenta la Unión vienen pues de antaño. Mucho tienen que ver con la insatisfacción social de los ciudadanos dada la escuálida respuesta de las instituciones a sus demandas. El miedo a la globalización, la crecida del populismo y la demagogia al uso en prácticamente todos los países miembros están dando paso a la democracia de la indignación. En las últimas elecciones europeas las encuestas arrojaban negras previsiones sobre el aumento de la ultraderecha en el continente. Como la crecida fue en cierta forma limitada, asistimos después de los comicios a la expresión de un optimismo voluntarista por parte de los medios de opinión pública y de los líderes proeuropeos. Conviene poner sordina a su entusiasmo. Que el neofascismo no viera confirmadas sus expectativas no quiere decir que fracasara. Una cuarta parte de los escaños del Parlamento están ocupados hoy por diputados de la ultraderecha, mayoritariamente xenófoba, nacionalista y en cierta medida neofascista; y hasta más de un tercio pueden considerarse afectos a la derecha reaccionaria, dependiendo de cómo se lleven a cabo las sumas y restas de los distintos grupos. Particularmente preocupante es lo que sucede en dos países centrales, fundadores del Tratado de Roma, como son Francia e Italia; en otros de importancia nada desdeñable, antiguos inquilinos del imperio soviético, los partidos gobernantes se han distinguido por su deriva antidemocrática y su falta de respeto a la separación de poderes; por no hablar del triunfo incontestable que obtuvo Nigel Farage en el Reino Unido, aunque la consumación del Brexit y lo sucedido tras el ascenso al poder de Boris Johnson enmarcan la situación británica en una perspectiva diferente. Los intentos del italiano Salvini por aglutinar un movimiento de extrema derecha europea en torno a las diversas formaciones que obtuvieron el triunfo en sus respectivas circunscripciones no fueron coronados por el éxito porque muchas de ellas, a comenzar por la propia Lega, ahondan sus raíces en un nacionalismo radical, lo que genera diferencias sustanciales. Pero no deben menospreciarse los lazos ideológicos que les unen y que van desde un rechazo frontal a la inmigración hasta un considerable desprecio por los problemas emanados del cambio climático, junto a una cierta resistencia pasiva frente al euro. Si en esto último no van más lejos es porque comprenden las dificultades que supondría el abandono del mismo. Nadie se va impunemente de un sistema de pagos.

En las elecciones europeas los votantes suelen ir a las urnas en clave nacional, sin atender a las necesidades de la Europa unida sino a sus problemas en casa. No existe hoy por hoy un demos europeo como tal, una ciudadanía reconocible capaz de protagonizar ese proyecto unitario que es político además de económico, y que exige dosis masivas de solidaridad entre los Estados. Los estereotipos proclamados por los países del norte desarrollado, en el sentido de que sus ciudadanos ahorran para que su dinero lo malgasten los indolentes pueblos del sur, no han dejado de hacer mella en la opinión pública desde la crisis de 2008 y el salvamento de las finanzas griegas. La arrogancia de quienes así piensan se vuelca sobre todo contra los inmigrantes, necesarios por otra parte para poder financiar el Estado de bienestar en una Europa envejecida y acostumbrada a ser beneficiaria de un gasto social cada vez más difícil de atender por los gobiernos.

El reclamo a potenciales salvadores de la patria, se llamen como se llamen, para que aporten soluciones simples a problemas complejos no es por lo demás una característica exclusiva de nuestro entorno. Trump en los Estados Unidos, Putin en Rusia, Xi en China, Modi en India, Erdogan en Turquía, son otros tantos ejemplos de un nacionalismo rampante y un culto al autoritarismo político como fórmula que se debe explotar para movilizar en los comicios el corazón de las gentes. Es urgente que la Europa democrática, todavía una potencia económica pero ausente de cualquier liderazgo en la batalla tecnológica o en la defensa común, se organice en consonancia con los valores que la alumbraron y que están en riesgo de perecer. Aquellos que defienden la regla de la mayoría con absoluto respeto al pluralismo y a los derechos de las minorías, hoy segregadas, anuladas y repudiadas por un sectarismo nacionalista que conduce a la confrontación.

En ocasión de la renovación de cargos directivos del proceso europeo después de las últimas elecciones, se escucharon toda clase de descalificaciones de las candidatas femeninas que acabaron triunfando. Ursula von der Leyen fue acusada de inexperta y Christine Lagarde de ignorante, cuando menos a efectos de la política monetaria. Coincidí con ellas durante años en multitud de foros internacionales, públicos y privados, y al margen de mis diferencias con opiniones o decisiones suyas nunca aprecié las flaquezas y debilidades que se les atribuían con objeto de impedir su ascenso a las responsabilidades que hoy ocupan.

Von der Leyen tenía un currículo considerable como ministra de Trabajo, de Asuntos Sociales y Defensa en Alemania, una experiencia internacional de primer orden y, a pesar de su acendrada fe católica, un abultado expediente a favor del movimiento LGTBI, el matrimonio homosexual y las políticas de género. Nada que la identificara como reaccionaria. La presencia en el Banco Central Europeo de Christine Lagarde, estrecha colaboradora de Chirac y Sarkozy, encumbrada luego por Emmanuel Macron, permitía sospechar, como así se ha producido, una continuidad en las decisiones de Draghi que ha de facilitar la recuperación económica, lejos del fanatismo germánico a favor de la consolidación fiscal. Pero al margen la presencia de estas dos mujeres al frente de los destinos del continente, conviene insistir en la buena noticia del retorno a los fundamentos, puesta de relieve en las decisiones tomadas para la recuperación tras la pandemia y el anuncio de Von der Leyen de promover una transición ecológica más acelerada y eficaz.

Europa solo es posible si se mantiene la hermandad de actuaciones entre los dos colosos cuyo enfrentamiento la arrojó tantas veces al desastre. Del mismo modo, la democracia española perecerá si los herederos de quienes restañaron en la Transición las heridas de la Guerra Civil se empeñan en agitar la confrontación en nombre de sus ideologías y a favor de sus ambiciones. Nos encontramos ante el ejercicio del poder político fundacional frente a la confusión, el fulanismo y el oportunismo de otros agentes menores. Por lo mismo, pese a los avances reseñados, conviene no perder de vista los desafíos. El destrozo de la pandemia ha relegado la atención sobre las cuestiones relativas a la inmigración y los refugiados, las más lacerantes desde el punto de vista de los derechos humanos y el sentido real de la democracia. Aunque haya otras cuestiones muy importantes en el corto plazo, la Comisión no puede seguir mirando para otra parte, como tantas veces ha hecho, mientras los campos de los sin papeles den testimonio de la vulneración de derechos que nuestros dirigentes perpetran. Lo sucedido en Moria (Lesbos) es solo un ejemplo más de una política inmoral y culpable.

Las veleidades antidemocráticas de los gobiernos polaco y húngaro; las debilidades institucionales de los antiguos países del bloque soviético incorporados a las libertades tras la caída del muro de Berlín; la definición de las relaciones con Moscú, deteriorada tras los sucesos de Ucrania y Bielorrusia; la incapacidad para hacer frente al histrionismo de Trump y sus dañinas ocurrencias para el desarrollo del comercio mundial, o el posicionamiento en la nueva geopolítica global son asuntos pendientes para la Bruselas comunitaria. No me cabe duda de que el equipo al cargo, si exceptuamos al presidente del Consejo, un apocado liberal belga tan acomodaticio que bien podría figurar en la lista con que abríamos este escrito, está más capacitado, es más relevante, más coincidente con la expresión de los ciudadanos en las elecciones y más capaz de resolver los retos de futuro que el que le precedió. Pero veremos también si es capaz de promover un sentido visionario y menos burocrático del que hasta ahora ha reinado en Bruselas. Además, sobre todo tras las elecciones municipales francesas, que supusieron un descomunal descalabro para Macron, se echa a faltar una presencia adecuada de los verdes, en momentos en que el calentamiento global es una amenaza sentida por la población y despreciada por la ideología reaccionaria y el primo de Rajoy.

Potenciar al Parlamento Europeo como cámara legislativa es una necesidad urgente. El intento de que el Consejo pueda funcionar como segunda cámara de representación territorial es toda una pantomima, más aún mientras siga funcionando el derecho de veto. Tras años de una acelerada ampliación, insuficientemente debatida, Europa necesita hoy un esfuerzo de profundización. La política de inmigración no puede rendirse a las veleidades xenófobas del populismo nacionalista. La independencia de los tribunales no puede ser boicoteada y burlada por el autoritarismo creciente en algunas capitales, ni limitada la libertad de expresión en nombre de la corrección política. Si existe ya la Europa a dos velocidades, básicamente las de quienes están dentro y fuera del euro, no es admisible que aquellos que avanzan más despacio o dan marcha atrás en función de sus particulares intereses continúen entorpeciendo el progreso del conjunto.

La eurozona tiene que abordar sin complejos los vacíos y contradicciones que afectan a las políticas económicas y fiscales tan divergentes entre muchos de sus miembros. La unión monetaria fue contemplada desde un comienzo como cimiento fundamental para la cohesión política, pero no se logrará si no se dan pasos decisivos en la fiscalidad y la economía. Ha habido cesiones y pasos atrás en las decisiones que comentamos, pero felizmente han prevalecido las necesidades del pragmatismo y la defensa del proyecto. Una lección que deberían aprender los líderes españoles: dejarse de personalismos, abandonar las fanfarronadas y mirar a la cara a sus electores. Si conservadores, socialdemócratas y liberales son capaces de sellar pactos en el continente, aunque susciten críticas y rechazo en sus propias filas, ¿por qué no hacerlo en nuestro país mientras continúan sonando los timbres de alarma?

Un siglo después de la primera Gran Guerra, Europa sigue siendo el problema en muchos aspectos, pero es también, e inevitablemente, la solución. A cada crisis emergente no es difícil escuchar a los dirigentes de Bruselas que la respuesta a las amenazas es más Europa. Quizás necesitemos más, pero sobre todo es preciso que sea mejor. La decisión del endeudamiento común tomada para hacer frente a la recesión que ha provocado el virus marca, como todo el mundo ha señalado, un hito histórico, aunque tampoco conviene exagerar. No se trata de mutualizar el crédito ni el fondo de recuperación y resiliencia equivale a la emisión de eurobonos, como algunos pretenden. Constituye un acuerdo impulsado por la urgencia de salvar las economías del continente, en gran medida destruidas por la lucha contra la Covid. Debería suponer, empero, un empujón a la búsqueda de la unidad fiscal y la elaboración de una política económica común. Pero es imposible no reparar en las enormes diferencias internas que todavía anidan en la Unión y en los desequilibrios generados como consecuencia de la ampliación que incorporó apresuradamente a muchos de los antiguos miembros del pacto de Varsovia. La fragmentación es una amenaza creciente para el proyecto europeo. Fragmentación entre el norte y el sur (los llamados países frugales frente al sol del Mediterráneo); entre los grandes y los pequeños, varios de estos con poblaciones inferiores al millón de habitantes; entre el este y el oeste, o por mejor decir entre los miembros de la unión monetaria y los ajenos al euro. Los problemas de la gobernanza de la Unión no pueden ser aplazados por más tiempo, las reglas de unanimidad y del veto no pueden prolongarse de forma indefinida y los diferentes Estados-nación tienen que decidirse sobre qué cesiones de soberanía estén dispuestos a hacer para compartirla con los demás. Algo inevitable si se quiere avanzar en la armonización fiscal.

Por último, Europa necesita poner al día su misión a largo plazo. El Green Deal, la Nueva Frontera Verde, parece ahora el empeño común, pero su formulación es aún demasiado vaga e inconsistente. Si no hay un objetivo que fortalezca la unión política y la creación de un sistema de seguridad y defensa común, los Estados Unidos de Europa, la Europa federal como algunos la soñaron, seguirán siendo un sueño imposible y a ratos parecerá casi una pesadilla.

De modo que pese al esfuerzo financiero para combatir los efectos de la pandemia, el futuro de Europa y su eventual papel en el nuevo desorden mundial sigue comprometido. El eurocentrismo que durante siglos, y hasta la Segunda Guerra Mundial, protagonizó la escena internacional es hoy una pieza de museo. En el siglo XVI, España fue la referencia; la sucedieron a lo largo del tiempo los Países Bajos, Francia e Inglaterra. Con toda legitimidad puede decirse que, en la moderna civilización del mundo, el siglo XIX fue el siglo de Europa: desde principios del mismo hasta 1918 los países del continente pasaron de dominar algo menos de la mitad del territorio mundial hasta casi el 80 por ciento. A partir de entonces emergió el poder imperial americano, y ahora nos anuncian que el XXI será el siglo de Asia, particularmente el de China, aunque los dados están todavía por jugarse.

Tras la invasión mundial del coronavirus y la acusada reacción nacionalista a la hora de combatirlo, muchos anunciaron el fin de la globalización, para remachar de nuevo el papel insustituible de los Estados-nación. Aunque a corto plazo el diagnóstico parece acertado, no será sostenible en un futuro. Incluso se equivocan quienes piensan que por lo menos la nueva globalización, como la estúpida nueva normalidad que los gobiernos predican, será esencialmente diferente a la incoada hasta ahora. Antes bien, los perfiles que observábamos se han visto confirmados por los comportamientos durante la pandemia. Aunque los países cierren sus fronteras y las autoridades prediquen el distanciamiento social (curiosa denominación para sugerir la ausencia de contacto físico, al tiempo que paradójicamente se insiste en la solidaridad entre las gentes), el ciberespacio ha multiplicado su crecimiento de manera casi exponencial. La civilización digital, hasta ahora en estado casi infantil, se ha hecho adolescente en poco tiempo y no le queda mucho, en términos históricos, para acceder a la madurez.

Los modernos chovinistas, muchos de ellos aspirantes a pequeños sátrapas de sus países, aprenderán pronto que es imposible gobernar el cambio climático, luchar contra el calentamiento global, responder a las amenazas contra la salud pública (esta pandemia y otras nuevas que llegarán), y progresar en el control y disfrute de las nuevas tecnologías sin soluciones globales a los problemas planteados, también globales.

En un artículo publicado en el verano de 2020 el historiador y politólogo Joseph Nye se preguntaba si una eventual victoria de Biden sobre Trump en las elecciones norteamericanas de noviembre permitiría restaurar el orden democrático liberal ahora en declive. Escribo este ensayo antes de la celebración de esos comicios, sin duda cruciales para el devenir no solo de los Estados Unidos sino del mundo en general. Pero sea cual sea su resultado el llamado orden liberal no ha de volver tal y como lo conocíamos. Pertenece al pasado, a la construcción de la sociedad industrial, el Estado-nación y la democracia representativa. Nada de esto va a desaparecer de inmediato, pero todo está siendo seriamente transformado en un proceso disruptivo cada vez más obvio. La industria pesada de los átomos ha sido sustituida por la virtualidad de los bits. Los Estados ven difuminadas sus fronteras y atribuciones pese a la eclosión de los nacionalismos y la aspiración, precisamente europea, de construir estaditos-nacioncitas, como en su día los llamó Eduardo Haro Tecglen. La economía, la cultura, la tecnología y el ocio son fenómenos globales y lo seguirán siendo por largo que sea el paréntesis impuesto por la epidemia. Pero la democracia representativa sufre el asalto y la descalificación de la directa, que está convirtiéndose de hecho en asamblearia. Si somos capaces de sostener espacios en los que pervivan valores esenciales que tienen que ver con la declaración universal de derechos humanos, no tendrán en ningún caso los perfiles que hemos conocido. Las herramientas de que ya hacemos uso para el desarrollo del conocimiento y la organización de la vida en comunidad son del todo rupturistas respecto al pasado. No sabemos por eso todavía de nuestra capacidad para defender la supervivencia de principios esenciales del liberalismo clásico, cada día más contestados por corrientes políticas e ideológicas de diferente signo.

La cultura occidental de los últimos siglos ha sido escenario de un permanente conflicto entre ilustrados y románticos. En dicha batalla la madre Identidad se ha venido afirmando en las recientes décadas en detrimento de la vieja Ilustración. Frente a los reclamos de igualdad y fraternidad de las revoluciones burguesas, el derecho a la diferencia, sea política, de género, de etnia o de cualquier otra especie, marca ahora la tónica imperante. Convive, sin embargo, y de manera asombrosa, con un rasero casi universal en el empleo de las nuevas tecnologías, en el que solo China se ha mostrado capaz de ofrecer un mundo alternativo al creado por los algoritmos de Silicon Valley. En la civilización digital la Identidad parece asegurada hasta el extremo gracias a la personalización, customización como ahora se dice, de nuestras actividades en la Red. Pero eso no desmerece el triunfo de la Ilustración, puesto que todo el conocimiento humano se encuentra también depositado en ella, en principio al alcance de cualquier mortal.

En este escenario la política de Trump no es solo consecuencia de su parvedad intelectual. Responde a intereses y pulsiones puestas de relieve incluso durante el mandato de Obama, tendentes a configurar un mundo unipolar bajo la dirección de los Estados Unidos. Las torpezas y zafiedades del todavía primer mandatario americano (al que veremos o no repetir en noviembre) irritan a sus propios correligionarios muchas veces más por los modos que por los contenidos. La intervención en Afganistán y la invasión de Irak después de los atentados contra las Torres Gemelas así lo demuestran. La inexistencia de armas de destrucción masiva en Bagdad puso de manifiesto las mentiras de los gobiernos, incluido el español, que propiciaron la intervención armada. De los tres integrantes del trío de las Azores, José María Aznar es el único responsable de aquella miserable decisión que aún no ha presentado excusas públicas, pese a que en su intervención en Cortes para defender la participación en la guerra aseguró que tenía pruebas concluyentes de que Irak se aprestaba a convertirse en potencia nuclear.

Las relaciones internacionales se han deteriorado extraordinariamente desde aquellas fechas. Pese a que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice felicitara a su presidente, tras el cese de las hostilidades en el país árabe, por el nacimiento de una nueva democracia, a partir de entonces la situación en Oriente Próximo se ha hecho más inestable y peligrosa. Por una parte la guerra de Siria, que dura ya casi una década y ha generado cientos de miles de muertos y millones de refugiados, ha alimentado la antigua confrontación con Rusia. Putin ha comenzado a rearmarse a nivel nuclear, anexionó Crimea ante la pasividad de la Alianza Atlántica y los países europeos, y desde entonces trata de compensar con sus decisiones geoestratégicas el pobre comportamiento interno (económico y político) de su régimen. Su intervención en Venezuela, su intromisión cibernética en las elecciones americanas o británicas y en el referéndum ilegal en Cataluña, su renovado apoyo a Cuba y su activa presencia en Oriente Próximo han contribuido a aumentar la tensión con Occidente, lejos ya las ilusiones de normalización de sus relaciones con Europa.

Las primaveras árabes, que tantas esperanzas despertaron, han desembocado, con la única excepción de Túnez, en regímenes dictatoriales y oprobiosos; Arabia Saudí se permite asesinar disidentes fuera de sus fronteras, como en el caso del periodista Khashoggi; y Libia es un país destruido por el tribalismo y la violencia que amparan diversas potencias internacionales, frente a la impotencia de los países europeos, por lo general favorables al gobierno de transición que amparan las Naciones Unidas, pese al escaso control que ejerce sobre el territorio.

La invasión de Irak y la ruptura del tratado antinuclear con Irán, que Europa trata de evitar en última instancia, constituyeron dos agresiones directas a la estabilidad mundial y han contribuido más que ningún otro evento a boicotear los intentos de que prospere el multilateralismo en las relaciones internacionales. Ambos hechos responden a decisiones tomadas por dos presidentes americanos que desmerecen del respeto y la imagen que deberían orlar la figura del político más poderoso de la Tierra.

El primer testigo de la pobreza cognitiva de George W. Bush fue su vicepresidente, Dick Cheney, que aprovechó la debilidad anímica de su jefe para ejercer un poder de decisión que nunca antes tuvo ninguno de sus predecesores en el cargo. La película Vice, todavía en las plataformas televisivas de medio mundo, relata mejor que ninguna otra obra sus abusos en el desempeño de sus tareas, su aspiración a constituir una Presidencia en la sombra, y los daños colaterales por él generados para la sociedad americana. La creación de un ambicionado nuevo orden mundial más igualitario y próspero para todos los habitantes de la Tierra fue boicoteada directamente por él, cabe preguntarse si por ignorancia o por exceso de confianza en la fortaleza de su país.

El ataque a las Torres Gemelas fue un acto de terrorismo irracional y cruel, una especie de nuevo Pearl Harbour que suscitó la solidaridad de las democracias contra el agresor, la compasión de millones de personas y la empatía con la que todavía era considerada por muchos la nación más libre de cuantas existían, en la que los sueños se convertían en realidad. América había sufrido un criminal asalto y tenía derecho a defenderse. El posterior bombardeo de Afganistán como represalia tras el derrumbe de la zona cero buscaba destruir las bases operativas de Al Qaeda y obtuvo el apoyo de los aliados de la Casa Blanca. Supuso el comienzo de otro conflicto armado que dura desde entonces y para el que no habrá salida sin un acuerdo entre los Estados Unidos y los talibanes. Pero la invasión de Irak fue un acto de guerra injustificable, basado tanto en mentiras como en la ignorancia pueril de unos asesores presidenciales y con la complicidad entre otros del presidente del gobierno español. El que era ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país, Josep Piqué, persona a la que respeto personal e intelectualmente, debería ilustrarnos sobre los detalles y características de aquella decisión. Hace varios años reconoció en público que se cometieron grandes errores al respecto y repetidas veces él mismo ha explicado que a partir de entonces la supremacía americana se ha visto debilitada mundialmente al tiempo que China fortalecía sus posiciones. Pero los españoles aguardamos todavía una explicación sobre el envío de fuerzas militares y apoyo logístico, en lo que fue una abierta confabulación de nuestro gobierno para desatar aquella guerra ilegal. El Partido Popular, contra lo que hicieran los laboristas ingleses con el famoso informe Chilcot, no abrió ninguna investigación sobre sus responsabilidades al respecto, negando incluso muchos de sus dirigentes que España participara en los hechos.

La guerra de Irak marcó el comienzo del fin de la unipolaridad mundial que los Estados Unidos habían tratado de establecer tras la caída del muro de Berlín y el anunciado fin de la Historia. Ni la masacre que se produjo en Bagdad ni las funestas consecuencias para la inestabilidad política y social en el Oriente Próximo, una de las zonas de mayor conflictividad, han pasado factura a sus instigadores. La guerra de Siria y la creación del Estado Islámico, la fragmentación de la causa árabe y la confrontación creciente entre Irán y Arabia Saudí han ido derivando hacia escenarios que hacen cada vez más difícil predecir una solución justa y perdurable al conflicto entre Israel y Palestina. Por su parte Turquía ha retomado un protagonismo esencial en el reparto de fuerzas en la zona. Es aliada de una de las partes contendientes en Libia, aliada de Qatar frente al boicot saudí-emiratí, aliada de Venezuela junto a Rusia e Irán, sus enemigos en el solar sirio. Orgulloso de ese nuevo papel que rememora el prestigio perdido del imperio otomano, Erdogan se ha convertido en un enemigo de la democracia. En el interior ha encarcelado a cientos de periodistas, disidentes y militares contrarios a sus políticas, emprendiendo el camino hacia la creación de una república identitaria islámica. Pretende jugar un papel más que relevante en el Oriente Cercano y cuenta para ello con el segundo Ejército convencional más poderoso de la Alianza Atlántica después del de los Estados Unidos. Su decisión de recuperar Santa Sofía como mezquita dedicada al culto islámico es todo un símbolo de su falta de fe en la ensoñada Alianza de Civilizaciones, fundada por él y el presidente español Rodríguez Zapatero, que financió generosamente sus actividades y con el que ha permanecido en contacto desde entonces. Las noticias sobre Santa Sofía no merecieron gran atención por parte del entramado mediático español, centrado desde hace meses casi exclusivamente en los asuntos del coronavirus y los crímenes de la violencia de género, pero su renovada condición como lugar de culto mahometano evoca la violación inversa que en su día sufrió la mezquita de Córdoba para convertirse en catedral católica.

Otro evento de significado probablemente histórico es el reconocimiento diplomático entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Baréin. Frente a las esperanzas expresadas por algunos, lo más probable es que esa decisión, anunciada de manera impropia como un acuerdo de paz, dificulte aún más en el futuro la resolución del conflicto palestino-israelí. No es un acuerdo de paz porque las monarquías del golfo nunca han estado en guerra con Israel. Constituye más bien un regalo casi personal del príncipe heredero de Abu Dabi y virtual presidente de la federación de los Emiratos, tanto a Netanyahu como a Trump. El primero ha visto reforzada su imagen y confirmada su teoría de que es posible para Israel establecer lazos diplomáticos con países árabes sin necesidad de que estén condicionados por la resolución del problema palestino. El segundo, cuyo yerno es el gran hacedor de la política americana en la zona, disfrutó de un viento favorable cara a las elecciones de noviembre en un momento en que todas las encuestas anunciaban su debacle. Los palestinos recibieron como jarro de agua fría la noticia, que supuso de manera indirecta el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. En el corto plazo es probable que otros países del golfo, como Omán, sigan el ejemplo emiratí, e incluso Jared Kushner ha llegado a asegurar que el establecimiento de embajadas entre Israel y lo saudíes es inevitable. La brutalidad del príncipe heredero de Arabia no presenta, en definitiva, ninguna objeción moral ni política a juicio de las potencias occidentales para establecer lazos privilegiados con su régimen.

Un aspecto sobre el que se ha reflexionado poco es el relevo generacional producido en el escenario de este conflicto, equivalente a parecidos fenómenos en otras áreas del globo. Nuevos liderazgos en la mayoría de los países explican el cambio de un relato casi inalterado desde hace más de medio siglo y que no responde a las expectativas de los jóvenes. Pero no es descartable que al hilo de la vulneración de la hoja de ruta en su día establecida para obtener una solución que pase por el reconocimiento formal de los Estados israelí y palestino, en un futuro no lejano la indignación de los oprimidos genere un resucitar de la violencia.

Donald Trump ha anunciado repetidas veces su decisión de retirar o reducir las tropas de Siria y Afganistán, insistiendo en la tesis de que el conflicto árabe-israelí, desde el punto de vista geopolítico, es más una cuestión europea que global. Los Estados Unidos dudan respecto a su papel como policía universal en un momento en el que desaparece su liderazgo como primera potencia económica y tecnológica mundial. Se sienten asediados por China, pero no solo por ella. En el terreno de la iniciativa e innovación digital otras naciones como Israel o Rusia le disputan también su antiguo reinado. La única y absoluta primacía que siguen ostentando es la militar. Los americanos tienen hoy entre setecientas y ochocientas bases militares en más de sesenta países. La indefinición de estas cifras se debe a la falta de transparencia del Pentágono pero también a un cierto barullo organizativo en su burocracia interna. China apenas posee instalaciones de este género (la primera oficialmente así considerada se abrió en Djibouti, el cuerno de África, en 2017). Pero mantiene la fuerza armada interna más numerosa del mundo, con dos millones trescientos mil soldados y ha multiplicado sus ensayos con armas de tecnología avanzada y gran capacidad nuclear.

Si existe una nueva guerra fría, con perfiles comerciales y tecnológicos antes que disuasorios militarmente, se viene fraguando prioritariamente entre los gobiernos de Beijing y Washington, antes que con Rusia o cualquier otro país. La carrera armamentística no se ha terminado de todas formas y en ella ocupa lugar destacado Putin. Hay quien teme que, frente al expansionismo americano desplegado desde la posguerra mundial a nuestros días, China se apreste a organizar un nuevo imperio extrafronterizo al que es preciso hacer frente desde los países democráticos. Si esto fuera cierto estaríamos ante un cambio copernicano en la trayectoria histórica del país más antiguo y poblado de la Tierra.

La propaganda anticomunista al uso lleva a combatir al régimen de Beijing como si se tratara únicamente de un heredero de las prácticas soviéticas y el socialismo real. Sin embargo su cultura prevalente sigue siendo deudora del confucianismo, entendido como un conjunto de comportamientos sociales y personales que garantizan la armonía con la entera comunidad y de esta con el universo. Frente a la experiencia occidental que se basa en la defensa del individuo, sus libertades y derechos, su identidad personal y la búsqueda de su propia salvación, las religiones e ideologías de las sociedades orientales, influidas desde mucho antes de la era cristiana por la doctrina de los discípulos de Confucio, predican la obediencia de los ciudadanos a su gobierno siempre y cuando este vele por su bienestar. Este sentimiento de pertenencia a un colectivo cuyo interés común es preponderante sobre el lucro o la ambición personal ha permanecido a lo largo de los siglos y sigue de algún modo presente en el contrato social implícito de los habitantes del oriente asiático, independientemente de si viven o no en países democráticos. China, que siempre se consideró a sí misma como el Imperio del Centro, se autodefinió también como el vértice de la civilización. Su visión geoestratégica, bien representada por la famosa muralla, ha sido la de la defensa de su reino frente a las agresiones extranjeras. Durante siglos, salvo en el caso de la ocupación del Tíbet en 1950, no ha practicado políticas expansionistas y fue en cambio víctima del dominio colonial europeo, primero, y la invasión japonesa después. Pero es un país de comerciantes ambiciosos que aspira a recuperar la ya mítica Ruta de la Seda como método de garantizar su influencia internacional y obtener los recursos necesarios para el desarrollo de su casi innumerable población. Este denominado imperialismo comercial, basado en ayudas más que generosas a muchas naciones africanas y en abundantes compras de materias primas y recursos naturales a América del Sur, tiene también un oscuro lado financiero al convertirle en acreedor de la gigantesca deuda en la que incurren países en vías de desarrollo, con ingentes necesidades de infraestructuras. John Bolton, quien fuera consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, antes de ser despedido por este y de escribir las corrosivas memorias contra su exjefe que acaba de publicar, acusó a Beijing de «prácticas depredadoras» tendentes a hacerse con el control de los países africanos. ¿Nos hallamos ante una nueva forma de colonialismo o ante una consistente búsqueda de la armonía universal? ¿Tienen los chinos un proyecto de nuevo imperialismo basado en la extensión del comercio global y el liderazgo tecnológico? Al fin y al cabo, aun reconociendo la pervivencia del pensamiento confuciano en la China de nuestros días, es imposible desconocer el control férreo de la población por parte de un partido comunista con más de noventa millones de militantes. Este es en verdad el último referente del poder. Quien controla el partido, controla el país.

En 1977, a sugerencia del hoy tan vituperado rey Juan Carlos, varios directores de periódicos le acompañamos en su viaje oficial a China, el primero que nunca en la Historia había hecho un jefe del Estado de España. Aquella ocasión única nos permitió conocer personalmente a Deng Xiaoping y departir con él sobre su visión del futuro. Ese hombrecillo de talla minúscula y gestos afables iba a cambiar en pocos años la historia de su país y a establecer las bases de un nuevo orden mundial. Ni siquiera había sido aprobado todavía el primero de los planes quinquenales que acabarían por edificar el capitalismo bajo la autoridad, paradójica e indiscutible, del régimen comunista, pero era fácil comprender ya entonces el pragmatismo de su política tantas veces evocado por su famosa frase: «gato negro o gato blanco no importa, lo que importa es que cace ratones».

Frente a la estupidez y torpeza de muchos dirigentes aludidos en este ensayo, se puede criticar a los líderes chinos por muy fundadas razones, pero de ninguno podría afirmarse que es un idiota. En Beijing, la meritocracia ha sido desde antiguo una norma de funcionamiento interno del politburó y ha determinado la formación de los diversos gobiernos, contorneada como es obvio por las conspiraciones y peleas intestinas, una forma de selección natural también, si bien se mira. Tras la experiencia del maoísmo, la revolución cultural de la que fue víctima el propio Deng, y la truculenta banda de los cuatro, hubo acuerdo para que en adelante se procediera a la renovación periódica de los máximos gobernantes mediante un sistema de selección de un secretismo y opacidad absolutos a los ojos occidentales. Cuando se les critica a los gobernantes chinos por la ausencia de democracia ellos suelen argüir que el debate interno en el partido y el sistema de filtros y comisiones del mismo garantizan un cierto pluralismo y una toma de decisiones con amplio apoyo de las bases. El propio Deng Xiaoping ejerció el poder desde el puesto subalterno de presidente de la Comisión Consultiva Central del Partido Comunista, aunque sus decisiones eran ley; se comportó un poco a la moda de Castro en Cuba y Chávez en Venezuela, que huyeron de estúpidas hipérboles como la de denominarse a sí mismos Generalísimos. El empeño de Deng, que no dudó en aplicar mano de hierro en la represión de la revuelta de Tiananmén, parecía nuevamente inspirado por la tradición confuciana: la aceptación de que a todo ser humano le corresponde un papel determinado en la vida por referencia a la comunidad en que se integra. El cumplimiento de su cometido es la única manera de conseguir la anhelada armonía.

La etapa de Xi Jinping ha marcado un punto de inflexión en esta política de bajo perfil propio y comienza a recordar en cierta medida el culto a la personalidad que se practicó con Mao. El presidente ha ido acaparando poder y apartando a cuantos pudieran hacerle sombra. Utilizando repetidas veces las leyes anticorrupción, ha mandado a la cárcel y arruinado las carreras y aspiraciones políticas de sus principales opositores. Desde la muerte del Gran Timonel ningún presidente ha estado más de dos periodos en el cargo (diez años), plazo que finalmente fue establecido por ley en la década de los noventa. En ocasión de la reelección de Xi para su segundo mandato, que acabará en 2023, la Asamblea Legislativa decidió eliminar dicho límite, de modo que tiene el camino despejado si quiere prolongarse en el poder. La votación que le renovó fue acordada por unanimidad de los 2.790 compromisarios con derecho a voto, sin ninguna abstención ni papeleta en contra. Resultados de ese tipo son increíbles para la mentalidad occidental y se consideran o manipulados por el miedo o fruto de un respeto reverencial al poder a cambio de los favores que dispensa. Se denominan jocosamente entre nosotros una elección a la búlgara. Me pregunto si no sería más correcto hoy denominarlos votación a la china.

El país se ha afanado en los años recientes en edificar un poder de influencia internacional en Asia a través de diversas asociaciones regionales, y ha impulsado la penetración comercial y de ayuda al desarrollo en África y América Latina. Ha creado un Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB), competidor y colaborador a un tiempo del Banco Mundial, gobernado por los Estados Unidos, y del Banco Asiático de Desarrollo, de influencia nipona. Capaz de medir fuerzas con el Fondo Monetario Internacional, el AIIB pretende ejercer un paternalismo financiero en los países de su entorno, que recelan del proyecto One Belt, One Road, presentado a veces por las autoridades chinas como el intento de crear una comunidad de naciones al estilo de la Commonwealth. Las aspiraciones de soberanía sobre el mar del Sur generan incomodidad y recelo entre los competidores asiáticos pese a que al tiempo aspiran a ser sus socios. Las cancillerías occidentales tratan de sugerir que India, el otro gran superestado asiático, debería constituir el freno a eventuales aspiraciones expansionistas de Beijing. Al margen de la benevolencia con que se suele definir al Estado hindú como la democracia más poblada de la Tierra, pese a que el sistema de castas sigue vigente y las desigualdades son pavorosas, el nuevo nacionalismo liderado por Modi lejos de convertir al país en un elemento moderador lo está transformando en un agente de inestabilidad. Su política en Cachemira, inspirada por un fundamentalismo religioso antiislámico, ha vuelto a generar tensiones serias con Pakistán. En cualquier caso, es más que difícil sugerir que una sociedad tan desigual y dispar como la india pueda contribuir al equilibrio internacional. Pero la comprensión del futuro del mundo obliga a reflexionar sobre el hecho de que más de un 40 por ciento de la humanidad se encuentra hoy bajo las decisiones de solo dos gobiernos. Democrático el indio, según una laxa concepción del término, comunista el chino, pero de un comunismo capitalista, para desesperación de la Historia.

En África, el continente se rige de acuerdo con los designios de Beijing. América Latina, y especialmente la costa del Pacífico, es el otro gran territorio en el que los chinos han invertido tiempo y dinero, con emprendimientos y préstamos por valor de muchos cientos de miles de millones de dólares. Angola y Níger en el continente africano y Venezuela y Ecuador en Latinoamérica son los principales receptores de esos créditos. China no es solo el primer acreedor de muchos países que fueron colonias europeas sino su socio más importante; controla más de la mitad de los flujos comerciales del continente africano y pretende construir gran parte de sus infraestructuras. Durante la pandemia ha provisto de ayuda sanitaria a la mayoría de sus naciones, enviando millones de mascarillas, respiradores y equipos para realizar test. La influencia de los antiguos imperios coloniales es cada vez menor, lo mismo que la de los Estados Unidos, que nunca tuvieron una estrategia global para el continente, pese a los lazos históricos de sus poblaciones con los afroamericanos. Los gobernantes chinos viven obsesionados, y con razón, con tener que alimentar al país más poblado de la Tierra, y su producción interior no alcanza a proveerles de los bienes necesarios. Eso explica también su osada política comercial en dichos parajes.

Una inicial política de bajos salarios y trabajo a destajo, junto con una clase profesional joven, educada en las mejores universidades de América y Europa, y alineada como un cuerpo de Ejército con las decisiones gubernamentales, han logrado que el país sea hoy un gigante económico y tecnológico. La combinación de la armonía confuciana junto con la férrea dirección del partido comunista y la inobservancia durante décadas de las leyes y normas del comercio internacional, le han convertido en una sociedad poderosa, turgente, sin cuya contribución industrial y comercial el bienestar europeo es difícil que se mantenga en los próximos años. Muchas de las cosas que consumimos, a precios que parecen irrisorios comparados con un pasado relativamente reciente, se producen gracias al talento, el esfuerzo y la decisión de los habitantes de aquel país. Desde las medicinas hasta los coches, pasando por los trajes de última moda o los teléfonos inteligentes que configuran el comportamiento de medio mundo, gran parte de lo que adquirimos los occidentales se fabrica allí. Y una sabia política de ayuda al desarrollo, tanto por parte de los fondos públicos como de empresas privadas, ha convertido a China en el amigo de África. El magnate Jack Ma, fundador de Alibaba, es un héroe aclamado en gran parte de dicho continente gracias al apoyo de su fundación a la lucha contra la Covid-19.

Todo ello explica la frustración americana al comprobar que le ha nacido un competidor más eficaz y temible que la antigua Unión Soviética. Las relaciones con aquella se establecieron mediante el sistema de la destrucción mutua asegurada. Las tensiones con China no se producen en cambio, al menos de momento, en el terreno militar, salvadas pequeñas escaramuzas en el mar del Sur. Pese a los sucesos de Hong Kong, y a las advertencias al respecto de la CIA, tampoco es previsible por el momento una escalada a fin de recuperar Taiwán y, teóricamente al menos, el eslogan de «un país dos sistemas», que ha regido el proceso de integración de la antigua colonia británica, sigue vigente.

De todas formas no son pocos los que piensan que puesto que la Segunda Guerra Fría ya ha empezado, el que ardan las hogueras será solo cuestión de tiempo. Quizás no mucho. La pandemia ha exacerbado la xenofobia occidental contra los chinos, no solo en los Estados Unidos, sino también en Europa. Criticamos con razón a Trump por sus excesos verbales cuando les acusa de ser responsables del virus chino, sugiere prohibir el uso de TikTok y trata de expulsar las operaciones de telecomunicación de Huawei de todo el territorio de la Alianza Atlántica. También le hacemos responsable de la guerra comercial con Beijing que afecta a los intereses de la Unión Europea y, de continuar como ha empezado, castigará los índices de crecimiento del gigante asiático, pero también los nuestros. En lo que se refiere al proteccionismo y el retorno de la política americana a un nacionalismo imperial trasnochado e imposible, Trump no es sin embargo tanto la causa como más bien la consecuencia. Otra cosa es advertir que el partido republicano y gran parte de sus votantes no habían pensado nunca que su presidente sería capaz de tomar tantas decisiones estúpidas y parlotear con la zafiedad que lo hace. De cualquier manera, el sentimiento estadounidense de pérdida del protagonismo, de no ser ya los dueños del mundo pese al inmenso poderío militar que poseen, es muy anterior, y afecta también a las conciencias de los votantes demócratas.

El reverdecer mundial del nacionalismo, incluido el americano, había comenzado antes de que el virus asolara el planeta. Venía impulsado, como repetidamente he dicho, por el miedo a la globalización, a la que se hacía directamente culpable de la crisis financiera de 2008, que acarreó las políticas de austeridad en el mundo desarrollado. El empobrecimiento de las poblaciones afectó a la conciencia democrática y nacional de los ciudadanos y ese miedo cundió con mayor rapidez y extensión que la actual epidemia. Es abundante la literatura política, económica y social de la época, advirtiendo de que otra globalización era posible y poniendo énfasis en los desajustes generados por el excesivo crecimiento de la economía financiera. Las desigualdades sociales aumentaron en todo Occidente hasta el punto de que algunos informes contables señalaban que el uno por ciento de la población detentaba (y utilizo bien el término) más del 80 por ciento de toda la riqueza mundial. En pocos años las empresas tecnológicas americanas que contaban apenas con dos o tres lustros de vida se convirtieron en las más capitalizadas del planeta. Por si fuera poco, su actividad, como la de los flujos financieros internacionales, es casi imposible que la regulen los gobiernos. Muchos piensan que ni siquiera lo podrán hacer las personas. Los avances de la inteligencia artificial nos avisan de la inminencia de un universo gobernado en gran medida por robots y Hollywood no cesa de producir películas y series sobre las revoluciones del futuro: las de los humanos esclavizados por sus propios inventos, máquinas infernales cuya eficiencia productiva y organizacional no responde a ninguna caución ética.

A raíz del confinamiento contra el virus, establecido en todas partes como la medida más eficaz y menos imaginativa de cuantas han tomado las autoridades en su lucha contra la enfermedad, mejoró la calidad del medio ambiente y el clima. Desapareció la polución de las grandes ciudades, se purificó la calidad de las aguas; la fauna, la marina y la terrestre, invadió antiguas moradas de las que había sido desalojada por la civilización humana. Aunque el largo periodo de encierro familiar impulsó un aumento de los divorcios, alentó en muchos casos la violencia de género y provocó un aumento espectacular de las enfermedades del alma, en ocasiones sirvió también para una reconciliación de las personas consigo mismas, el redescubrimiento de la espiritualidad y la conexión con la naturaleza. Germinaba así una especie de nueva cultura hippie acomodada a los tiempos.

Han florecido las críticas a un crecimiento económico basado en el consumo excesivo e innecesario, mientras se incrementa el éxodo de las clases medias desde las grandes urbes al campo, o cuando menos la periferia, en busca de hogares más adecuados para el caso de que la población padezca nuevos confinamientos en el futuro próximo. A nivel político se recuperan los sueños autárquicos, tras comprobar que el comercio internacional no fue capaz en una primera instancia de proveernos de los medicamentos y herramientas necesarios para luchar contra el virus. Enseguida se decretó el fin de la globalización, o cuando menos una transformación profunda de la misma tal y como la habíamos previsto. Sus enemigos tenían ahora buenas razones para demostrar que el miedo de antaño respondía a amenazas reales. El perdedor en ese proceso sería China, al fin y al cabo el país más beneficiado por la extensión del comercio internacional, y en opinión de no pocos occidentales responsable del virus letal que amenazaba acabar con vidas y haciendas.

No es necesario suscribir las teorías paranoicas de la conspiración que alientan la estupidez de que el virus forma parte de un ataque biológico para destruir las formas de vida europeas y americanas y garantizar la primacía asiática. Basta con insistir en la opacidad oficial sobre el origen de la pandemia; la ausencia de identificación de un paciente 0, porque probablemente fueron muchos los candidatos a ese siniestro galardón; o la existencia de laboratorios de alta tecnología en Wuhan, financiados generosamente por fondos estadounidenses, para que cunda la especie de que en cualquier caso China es culpable y aumenten las tendencias antiglobalizadoras. Inicialmente y en el corto plazo los que las predican saldrán vencedores. La globalización es no obstante como la ley de la gravedad: se puede discutir su fuerza e incluso desafiarla, pero no se la puede destruir. Se la debe gobernar, pero no será posible hacerlo sin el concurso chino.

La política de confrontación alentada por Washington no desagrada del todo a Beijing. El orgullo nacional chino se siente halagado por medirse con la que todavía es casi universalmente considerada primera potencia mundial. En cualquier caso, habida cuenta de la experiencia vivida, no es pensable que el mundo pueda defenderse de nuevas pandemias sin su colaboración. Mucho menos seremos capaces de combatir el calentamiento global y gobernar la transición ecológica, y tampoco es imaginable prescindir de sus aportaciones a la construcción de la civilización digital. Estos tres rubros, sanidad pública, cambio climático y progreso tecnológico son por su propia naturaleza desafíos globales para los que es preciso organizar respuestas y programas también globales. Cualquier dilación en ello podrá satisfacer los egos maníacos de los nuevos nacionalistas, pero no hará sino aplazar medidas y soluciones que necesitan la colaboración y el consenso de todos los países, independientemente de sus regímenes políticos y formas de vida.

La influencia china seguirá fortaleciéndose en África y América Central y del Sur, donde se ubican las poblaciones más pobres del planeta. El continente americano ha sido el más golpeado por la pandemia, en momentos en los que ya enfrentaba un conjunto de crisis muy preocupantes. Los disturbios habidos en 2019 en Ecuador, Chile y Colombia; la crisis boliviana, el enfrentamiento entre legislativo y ejecutivo en Perú, el estancamiento de la situación en Venezuela, la derrota del Frente Amplio en Uruguay, y las tendencias neofascistas en Brasil, junto a la recesión económica en México, habían puesto de relieve la inestabilidad endógena de los regímenes de la región, un área vital para el futuro de España. No obstante, nuestro país continúa perdiendo protagonismo allí debido a políticas ignorantes de los últimos gobiernos, tanto del PP como socialistas.

Aunque dichas crisis, que afectaban al continente antes de la catástrofe sanitaria, tenían características propias según fuera su residencia concreta, se inscribían también en el malestar global, la revuelta de las clases medias y el trastorno de las democracias. América Latina es una de las regiones más desiguales que existen y los esfuerzos por modernizar sus instituciones han chocado históricamente con el comportamiento de un capitalismo verdaderamente salvaje y el recurrente fracaso —⁠⁠desde el castrismo a la debacle bolivariana⁠⁠— de las revoluciones que prometieron en su día la recuperación de la dignidad y la libertad de sus pueblos. Entre las peculiaridades nacionales más evidentes resalta el peronismo argentino, movimiento que constituye una auténtica amalgama de ideologías e intereses en la que históricamente se han podido ver representadas desde posiciones más o menos fascistas hasta abiertos promotores del socialismo real. Educado como fui durante la dictadura, todavía resuenan en mis oídos las aleluyas franquistas a Evita, cuando la generosidad porteña ayudó a combatir la hambruna española en los años cuarenta.

Para los españoles de mi generación, incapaces de hablar inglés, Argentina y México representaban en cierto modo el sueño americano, al que se sumaba una conexión sentimental expresada en el tango y la ranchera. Aníbal Troilo fue el bandoneonista más notable de la historia del tango milonguero, a un tiempo popular y sinfónico, ajeno a los excesos gimnásticos que se exhiben para el turismo. Aproveché un viaje al Río de la Plata en la primavera de 2019 para hacer escala en el Marabú, un viejo cabaret donde Troilo triunfó durante años. Proyectaron en la antigua sala de baile un documental sobre su historia y al mostrar algunas imágenes del general Perón gran parte de la audiencia prorrumpió en aplausos. No eran antiguos montoneros ni militantes justicialistas sino ciudadanos más bien provectos, cantantes, músicos y bailarines que un día brillaron bajo los focos del local. Celebraban los días de una Argentina mejor que recordaban con nostalgia en medio de la depresión económica y anímica que el país padece desde hace años.

Conocí a Perón cuando vivía exiliado en el Madrid de los sesenta. Cuantas veces conversé con él me pareció un pragmático sin principios ni ideología, con un instinto casi animal sobre los requerimientos del poder, pero también una persona amable y hasta cálida en su relación con los demás. Hablaba sin premura y escuchaba con atención. Nada denotaba en él la violenta pasión que le había llevado a dirigir los destinos de su país y a fundar un movimiento que ha condicionado durante casi tres cuartos de siglo toda la política del mismo. Nada de eso me impidió participar también del estupor de mis amigos de la oposición a la dictadura cuando sus colegas de la izquierda argentina y suramericana simpatizaron con los seguidores de Héctor Cámpora. Aunque el Caudillo español desconfiaba del exiliado del Río de la Plata, el movimiento peronista despertaba no pocas simpatías entre los integrantes de la Falange. Y de repente, un día, entre los comunistas también.

En medio de la plaga populista que amenaza la continuidad de la democracia en tantas latitudes, el reencuentro actual con el fantasma del peronismo permite analizar los efectos a largo plazo de las políticas basadas en la demagogia y el despilfarro del dinero público. Este se produce bajo la suposición de que puede gastarse impunemente porque al fin y al cabo «no es de nadie», según dijo en su día nada menos que la vicepresidenta del gobierno de Sánchez. En el caso argentino la consecuencia durante décadas ha sido mantener un modelo económico y social basado en los subsidios, un sistema que además de impagable es cada vez más insuficiente.

Aproveché mi viaje para hablar con el entonces presidente Macri, acusado por tirios y troyanos de no haber hecho las reformas estructurales que prometió. Él creía aún que podía repetir su triunfo en las elecciones que se avecinaban, y aseguraba que lo importante era dar tiempo al tiempo pues los problemas del país duran ya más de setenta años y no podían ni pueden resolverse en una legislatura. Desde fecha tan lejana el ensoñamiento peronista, fruto de un ideario típicamente neofascista, ha sido el principal obstáculo para la modernización y democratización del Estado. En esto apenas se diferencia del franquismo y su Movimiento Nacional Sindicalista. Con el transcurso del tiempo sus líderes han procurado mantener una cierta unidad de acción en medio de la fragmentación casi esquizofrénica del partido, potenciada por ambiciones personales y divisiones ideológicas entre las que reluce la arrogancia injustificada de nuevos intérpretes del pensamiento marxista.

Si Macri no fue capaz de implementar sus promesas se debió a su endeblez, pero también a sus deseos de cumplirlas de manera gradual, método que no logró complacer a nadie. Consecuentemente cosechó una considerable derrota en los comicios que dieron de nuevo el poder al justicialismo. En su haber deben reconocérsele empero contribuciones notables al proceso de institucionalización de la democracia: promovió la independencia de los tribunales y amparó la lucha contra la corrupción; abrió la Argentina al mundo tras un largo periodo de sueños de autosuficiencia y trató de organizar una alianza regional que evitara el contagio de las políticas bolivarianas. Pero su política económica no logró detener la inflación ni generar confianza en los inversores. La población se mostró desencantada tras el descenso del producto nacional y el aumento de la pobreza. La inflación se disparó y la devaluación de la moneda volvió a batir récords. El gradualismo del gobierno a la hora de implementar los cambios en el sistema de protección social generó tanto la animadversión de los peronistas como de importantes sectores del empresariado, prisioneros de un sentimiento corporativista y con lazos de adhesión al poder solo en tanto este les favorezca. Pensaban que un peronismo suave, como el que a sus ojos representaba el casi octogenario Roberto Lavagna, exministro de Economía con Néstor Kirchner, podría servir para obtener cierta estabilidad manteniendo los privilegios de los que disfrutaban. Finalmente el sucesor de Macri no fue él sino Alberto Fernández, antiguo jefe de gabinete de Kichner, con quien acabó distanciándose.

Fernández, un pragmático y un moderado, tiene ante sí la difícil tarea de convivir con el ala más demagógica del justicialismo. La cuestión esencial es demostrar que puede haber moderación en una alianza con quienes juzgan que el fin justifica los medios o quienes reclaman justicia contra lo que consideran la opresión del Estado de derecho. El movimiento de Podemos, hoy socio de gobierno con los socialistas españoles, padece idénticas contradicciones y en ocasiones recuerda demasiado los aspectos más folclóricos e insustanciales del peronismo. Los problemas de Argentina tienen mucho que ver con políticas populistas como las que ahora están en boga, pues desprecian y destruyen las instituciones apelando a la supuesta voluntad del pueblo. Aquel es un país con enormes diferencias sociales, y sus inmensas riquezas naturales no parecen suficientes para contrarrestar el clientelismo de la clase política, cuya rapiña rara vez ha sido perseguida. Los repetidos intentos de modernización protagonizados por la Unión Cívica Radical, el partido más respetable desde el punto de vista de la defensa de la institucionalidad democrática y las libertades individuales, se estrellaron contra el fenómeno de la hiperinflación que ha acabado por ser rutina. La resistencia a tomar decisiones que permitan una estabilidad cambiaria no ha hecho sino empeorar las consecuencias de que el ajuste, al no ser controlado por el poder político, llegue al fin brutalmente de la mano de la inflación y la devaluación cambiaria, con efectos desastrosos para los ciudadanos.

Aproveché mi visita para dar un paseo por las calles de Buenos Aires fuera del entorno privilegiado de los barrios pudientes, y fue suficiente para comprender el drama humano que la fría narración de este fenómeno esconde. Se acentúa aún más en las ciudades del interior y conmueve las conciencias, incluidas las más impermeables al dolor ajeno. También, claro está, la del sucesor de la silla de Pedro, el papa Francisco, antiguo arzobispo de Buenos Aires y motejado de peronista no sin motivo.

En medio de sus proclamas demagógicas, el populismo, a lo largo ya de décadas, ha logrado convertir uno de los países más ricos de América, con altos niveles de educación y una capacidad creativa de sus ciudadanos fuera de lo normal, en uno de los más atrasados y antiguos desde el punto de vista de sus estructuras sociales. En ocasiones oí al expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, que en el mundo hay países desarrollados y subdesarrollados, y que luego están Japón, que nadie sabe por qué es un país desarrollado, y la Argentina que nadie sabe por qué es subdesarrollado. No es justo este calificativo, sino en todo caso el de país en vías de desarrollo. Y tampoco resulta difícil describir las causas de su penuria: el populismo peronista que pretende convertirse falazmente en seña de identidad de todo un pueblo.

A pesar de lo dicho, tardamos un tiempo en comprender que el peronismo no solo tiene muchas caras y facetas, sino también muchas vidas. En las elecciones de 2019 experimentó una nueva resurrección de la mano del actual presidente, que logró unificar sus facciones. Frente a los recelos que su figura suscitaba en lo que habitualmente se llama los mercados el nuevo mandatario es un posibilista y un intelectual, condiciones ambas no tan frecuentes en la gente de su especie. Su ejecutoria reciente ha estado marcada intempestivamente por la respuesta a la pandemia, inicialmente de las menos mal evaluadas en la región, y que acabó por ser tan desastrosa como la mayoría.

Poco antes de su triunfo, que ya era previsible e indudable, asistí a un encuentro del todavía candidato con varios presidentes de empresas del Ibex 35 a los que prometió juego limpio y de los que recabó colaboración. El comportamiento de las multinacionales españolas en la región no ha sido siempre ejemplar. Acusadas en varias ocasiones de corrupción y con frecuencia de practicar políticas extractivas sin un compromiso real con los países en que operan, han sido víctimas también de la inseguridad jurídica, el proteccionismo y el nacionalismo, así como de prejuicios ideológicos y agravios históricos muchas veces inconsistentes. La inversión española en Argentina no ha gozado de especialidades facilidades ni aprecio en los últimos años, pero es un símbolo de la política transnacional de nuestras empresas. El país enfrenta en cualquier caso una situación de auténtica bancarrota y, aunque Fernández ha logrado renegociar su ingente deuda, la triste esperanza es que en el pandemónium causado por el virus las singularidades nacionales no lo sean tanto y pueda beneficiarse de la solidaridad y el apoyo externo. El español incluido.

Desde la crisis de los años treinta y el famoso Cambalache, el mundo del tango no ha cesado de protestar por la situación de la sociedad que le rodea. Entre las muchas canciones que Troilo no pudo interpretar por culpa de la censura de los militares hubo una firmada por Roberto Díaz cuya estrofa final parece escrita para momentos como el actual: País, es hora de entender que un pueblo sin crecer no puede ser feliz. Argentina tiene derecho y necesidad de seguir abriéndose al mundo y el mundo debe aprender a confiar en el futuro de Argentina. De otro modo, en la patria de Sarmiento y Borges, la de Sábato y Cortázar, la retórica pueril del elogio a Evita y a sus descamisados, tan refulgente para los espectáculos musicales, acabará por corroer una vez más las instituciones democráticas y la limpieza de la Administración.

En el otro gran referente de la política latinoamericana para España, aunque en realidad todos los países lo son sin distinción de tamaño ni riqueza, «te ponen en el pecho la banda tricolor, te sientas en la Silla del Águila y ¡vámonos! Es como si te hubieras subido a la montaña rusa, te sueltan[…] y con la cara que uno pone cuando lo sueltan cuesta abajo, con esa cara se queda uno para siempre». Así describe Carlos Fuentes en qué consiste el mandato presidencial en México desde por lo menos hace casi un siglo. La llegada de Andrés Manuel López Obrador al trono del Águila tampoco auguraba que el suyo pudiera convertirse en un país más previsible de lo que era con anterioridad. Antes bien esperábamos verle sometido a las arritmias que proporcionan las atracciones de un parque temático. El peje, como popularmente se le llama, comparándolo con el pejelagarto, un reptil abundante en la fauna de su tierra natal, no ha decepcionado. Su victoria se enmarcó en la corriente ya casi universal de desprestigio de los partidos tradicionales en las democracias representativas. La corrupción, la endogamia y el alejamiento de las preocupaciones y anhelos de los electores han propiciado el ascenso de los populismos que en ocasiones tienden hacia formas de un autoritarismo aparentemente benévolo, pero con derivas casi dictatoriales.

El triunfo de Amlo (acrónimo de las iniciales del nombre del presidente) supuso el cambio político más importante en México desde que se fundara el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ha enseñoreado la vida del país, de una forma u otra, por más de noventa años. López Obrador comenzó en él su vida política, para alistarse después en el PRD, una escisión de este por la izquierda, de modo que muchos ven en él la herencia no dilapidada del espíritu revolucionario que dio origen al actual sistema, ahora sentenciado a muerte. Ocupó la regencia del Distrito Federal de México a principios de este siglo y, aunque ya entonces su gestión fue muy controvertida, incluso sus detractores más conspicuos reconocen que fue un buen regidor. Político de largo recorrido, resistente al descrédito de las derrotas electorales y formado en la escuela tradicional, no se reconoce a sí mismo como un demagogo, aunque sus declaraciones y lo peculiar de su personalidad permiten con toda evidencia calificarle así. Su radicalismo inicial espantó a los sectores empresariales que, en la buena tradición del país, no tardaron en pactar con él, aunque las relaciones entre su gobierno y las poderosas elites económicas padezcan intermitentes altibajos. La inquina reaccionaria contra Amlo fue enorme desde un principio y llevó a especular en algunas tertulias privadas, y aun públicas, sobre la eventualidad de un atentado que acabara con su vida. Los estudiosos de la política mexicana deben tener en cuenta que, durante los últimos noventa años, el debate intelectual no es lo que prima entre las estrategias para conseguir el poder.

Por lo demás, su victoria se basó sobre todo en el apoyo otrora impensable de las clases medias, hartas de la corrupción de sus gobernantes, la extensión de la violencia a manos del narcotráfico y las enormes desigualdades sociales. Su discurso no era nuevo, pero sí la esperanza de sus electores de que por fin las promesas de un político se convirtieran en realidad. Su predecesor, Peña Nieto, también había llegado al poder anunciando un programa de reformas que deberían haber producido efectos similares; abandonó el puesto en medio de escándalos de corrupción y con el país en unos niveles de violencia casi desconocidos hasta entonces. Para desgracia de Amlo, estos han batido nuevos récords en los últimos años.

Su llegada a lo más alto constituyó un parteaguas en la historia del país. Es improbable que el PRI siga siendo el centro neurálgico del sistema, y no es imposible incluso que desaparezca, fagocitado por la nueva situación. No conviene menospreciar sin embargo las fortalezas de la estructura política mexicana que nació de la revolución de octubre y plasmó su identidad en la Constitución de 1917. Hace décadas, en ocasión de severas críticas que yo hice sobre las carencias democráticas del PRI, el profesor francés Maurice Duverger, respetado intelectual de la época y experto analista de los sistemas constitucionales, me hizo una observación que permitía contemplar el escenario desde otro punto de vista. «En México no hay auténtica democracia —⁠⁠me señaló⁠⁠— como prácticamente en casi ninguna de las repúblicas de América Latina. Pero es preciso reconocer el valor de la estabilidad de su régimen, el único de toda la región que en más de sesenta años no ha padecido un solo golpe de Estado». El precio de esa estabilidad fue la ausencia de libertad en un sistema con aparentes formalidades democráticas pero que fue definido por Mario Vargas Llosa como una dictadura perfecta. Por lo demás, aunque Duverger simulara no saberlo, el poder en la sombra del Ejército mexicano ha sido y es inmenso y en ocasiones ha llevado a varios de sus miembros relevantes a colaborar con el narcotráfico. Tras la aventura del comandante Marcos en Chiapas hubo un paso adelante encabezado por el presidente Zedillo, al que su partido nunca perdonó que convocara elecciones auténticamente limpias al final de su mandato. Permitió así que el principal partido de la oposición llegara al poder. Después fracasaron todos los intentos de incorporación del sistema a la democracia del siglo XXI. Corrupción y violencia han mancillado el desempeño de una nación que en muchos aspectos es una potencia mundial y cuyas virtudes y éxitos contrastan con la desigualdad social y la exclusión que padecen millones de ciudadanos.

Con Amlo, como sin él, las interrogantes sobre los problemas reales siguen siendo las mismas. La lucha contra el narcotráfico no constituye tarea fácil: sus tentáculos se han adueñado de posiciones cruciales en las fuerzas de seguridad, en sectores de la judicatura y en el poder municipal. Las mafias son tan poderosas que el propio presidente tuvo que intervenir para ordenar la liberación del hijo del chapo Guzmán, heredero de su padre, preso en los Estados Unidos, al frente del criminal cartel de Sinaloa. De no haberlo hecho, explicaría más tarde, se habría producido una brutal matanza de los militares de una base que había sido rodeada y asaltada por la banda. En otro terreno de cosas la elaboración de una política fiscal que modernice las estructuras económicas y fortalezca el Estado seguirá contando con la animadversión activa del empresariado, acostumbrado en muchos casos a enriquecerse gracias a la complicidad activa de quienes ostentan el gobierno. Por último, seis años no son periodo suficiente para obtener triunfos seguros en la lucha contra la desigualdad, aunque un cambio en el sistema político podría abrir ventanas de esperanza.

Cuando América Latina experimentaba una deriva hacia la derecha (Chile, Perú, Colombia, Brasil, más tarde Uruguay, Bolivia y República Dominicana), México y Argentina se decantaron en el pasado reciente en sentido contrario. En el caso de López Obrador gran parte de la campaña se la hizo paradójicamente Donald Trump, con sus diatribas de odio hacia los mexicanos y sus bravuconadas en torno al muro, que estimularon el ya de por sí exacerbado sentimiento patriótico y nacionalista del país. Las relaciones de Trump con la vecina nación han seguido un guion elaborado en la sombra por su yerno Jared Kushner y el excanciller mexicano Luis Videgaray, amigos de juventud. Videgaray, hoy acusado de prácticas corruptas como muchos otros colaboradores de Peña Nieto, invitó al candidato Trump a visitar el país cuando todavía no era clara su victoria, lo que le valió severas críticas. México mantiene una frontera de más de tres mil kilómetros con su vecino del norte, más de cinco millones de mexicanos indocumentados se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos y treinta y cinco millones son ciudadanos americanos con orígenes en el país azteca. Su presidente no está muy interesado en la política internacional, pero consciente de esa realidad se ha esforzado con éxito en mantener buenas relaciones con la Casa Blanca. Testigos presenciales dan fe de la empatía entre él y el presidente americano. De ideologías absolutamente contrapuestas, la tendencia de ambos a hacer lo que les viene en gana, sin reparar demasiado en los límites institucionales, les hace sentirse cómodos en el diálogo, que evidencia una aceptación quizá excesiva de los dictados de Washington.

Lo sorprendente es que eso no le pase factura al mexicano en su continua y elevada popularidad. Su sonrisa pícara le confiere un cierto aire de ingenuidad, incluso un deje de dulzura, y hace de él una persona cercana en los encuentros privados. El último al que asistí duró casi dos horas en la antesala de su despacho, el mismo que ocupara Benito Juárez, pues en un gesto nada inocente había decidido trasladar la residencia presidencial de la sede de Los Pinos al Palacio Nacional, en pleno centro histórico de la ciudad. Estábamos un grupo de juristas y analistas políticos involucrados en la defensa del Estado de derecho como pilar fundamental de la democracia; entre ellos no faltaban los escépticos de que el proyecto de López Obrador acabara con éxito. Pero la transparencia de su discurso, su concreción y la seguridad con que lo pronunciaba terminó por convencer, y aun encandilar, a los más reacios.

—¿Comunista yo? —respondió a la pregunta de uno de los asistentes que alguien consideró poco oportuna⁠⁠—. El comunismo es algo muy antiguo. Yo soy un liberal. Desde que la democracia existe las adscripciones políticas, los principios y las ideologías se resumen en esos dos grandes bloques: liberales y conservadores. Y yo soy un liberal.

Lo que es en realidad, pensé entonces, es todo un encantador de serpientes. Al margen de los asuntos económicos, delegados en los tecnócratas, y de la política exterior, sobre la que confiesa no es ningún especialista, sus esfuerzos se concentran prioritariamente en dos objetivos: la lucha contra la corrupción y contra la oleada de violencia que desde hace sexenios no ha hecho sino crecer en el país. Dos cuestiones que no han de resolverse de la noche a la mañana y que demandan una convicción y un coraje en la acción política de primer orden. López Obrador es el presidente que más poder ha acumulado a lo largo de la historia de México, con la sola excepción de Porfirio Díaz. Pero este terminó sus días en el exilio, mientras que la reforma que persigue el actual ocupante de la Silla del Águila encarna los deseos y las aspiraciones de una enorme multitud de ciudadanos mexicanos por encima de ideologías y aun de clases sociales. Abandera las promesas de construir una democracia social avanzada. Su práctica política está teñida de populismo y la verbosidad de que hace gala linda con la demagogia. Sin embargo no es un advenedizo en el poder ni un revolucionario al uso. Como alcalde del distrito federal ensayó algunas fórmulas que utiliza en la actualidad, entre ellas, las famosas ruedas de prensa mañaneras, desde las que trata con éxito de condicionar la agenda política del día. Correoso candidato a la Presidencia en repetidas ocasiones, podría escribir su manual de resistencia mejor que Pedro Sánchez, que al fin y al cabo ni siquiera lo redactó él mismo. Por lo demás hasta sus más fieros enemigos reconocen que es honesto a carta cabal, lo que de por sí es una cualidad no tan frecuente en la azarosa clase política mexicana.

La regeneración que persigue cuenta con la ventaja de que las Cámaras están controladas mayoritariamente por el movimiento que le ha llevado a presidir el ejecutivo. Su propósito confesado es que la lucha sin cuartel contra la corrupción no se convierta en una vendetta contra sus predecesores en el cargo, a ninguno de los cuales quiere ver tras los barrotes, sino en un punto final que permita mirar adelante. No obstante, ha preparado una consulta popular al respecto. Su afición a los referéndums y a la democracia directa desdice de sus protestas de liberal.

Para que surta efecto la regeneración es preciso antes conocer la verdad de lo sucedido. La memoria histórica en el México de hoy concierne sobre todo a la aclaración de homicidios que en el pasado reciente fueron permitidos o incluso promovidos por determinados poderes públicos; también saldrán a la luz coimas y sobornos que algunas empresas realizaron a cambio de concesiones del poder. Eso justifica el miedo de quienes pretenden argumentar con ideologías la simple y llana vulneración de la ley.

En mis viajes al país azteca he comprobado la preocupación del empresariado ante la posibilidad de que reformas constitucionales que se anunciaron, aunque no parecen progresar, y la campaña contra la pobreza que el presidente lidera puedan derivar en un proceso de inspiración bolivariana. Es una aprensión infundada. Con sus muchos errores y sus no frecuentes aciertos, Amlo se presenta ante quien le quiera oír como un patriota que quiere ser presidente de todos los mexicanos y no solo de quienes le votaron. Y aspira a que su ley de punto final, se llame como se llame, suponga la reconciliación del país consigo mismo y con su historia. En su visión, las cartas al rey Felipe VI y al papa Francisco reclamando el reconocimiento de los excesos cometidos por los conquistadores tras la llegada de Hernán Cortés se inscriben en esa senda: pretenden abrir primero un debate sobre los crímenes de la antigua metrópoli y de las repúblicas independientes contra los pueblos originarios, para llegar después a una reconciliación que afecta desde luego a la historia de México, pero también a la de España.

En este mundo descabezado de ilusiones Andrés Manuel López Obrador podría haber tratado de reemplazar el liderazgo de una esperanza para América Latina que en su día ejerció Lula, pero nada hay ya que lo haga posible. Sería preciso que las fuerzas tradicionales del sistema comprendieran la necesidad del cambio y se mostraran dispuestas a colaborar. También que la eficiencia prometida por el presidente se convirtiera en realidad, lo que cada vez resulta más improbable. La gestión de la pandemia ha sido de las peores que se conocen y la actitud de Amlo en su comportamiento personal, mantenimiento de las distancias, uso de mascarillas, etcétera, se ha aproximado demasiado a las histriónicas imágenes protagonizadas por Bolsonaro y Trump.

Cada vez es más difícil de predecir si el actual proceso desembocará en un periodo constituyente que incorpore nuevas leyes para limitar los excesos del poder, en colusión frecuente y a veces delictiva con los que se ufanan de ser los dueños del país. Resulta esencial garantizar la independencia de los tribunales y la seguridad en el ejercicio de su función, permanentemente amenazados como están por los sicarios del narcotráfico, que se han cobrado la vida de varios magistrados. No pocas veces la elección es dramática: o se corrompen o los matan. La tarea no será fácil pero la oportunidad sigue ahí.

Un sector no desdeñable del empresariado local e inversores extranjeros, españoles incluidos, conspiró activamente antes de las elecciones contra la candidatura de López Obrador. Este ha incurrido en errores de bulto que trata de justificar con una voluntad decidida de hacer honor a sus promesas electorales, pero el tiempo se le está agotando. También a quienes le critican. Los conjurados en su contra se dieron cuenta pronto de que el presidente lo va a seguir siendo hasta el final del sexenio y piensan que más vale ayudar a que le vaya bien al país, aunque quien lo gobierne no sea de su agrado.

Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador son la imagen de una izquierda posible que trata de reorganizarse en el subcontinente americano y que durante un tiempo eligió el Foro de São Paulo como sede de sus reuniones. Canibalizado este primero por La Habana y más tarde por Caracas, un conjunto de exdirigentes políticos creó en 2019 el Grupo de Puebla, que se reunió en dicha ciudad mexicana a mediados del año y posteriormente en Buenos Aires. Organizado por quien fuera candidato a la Presidencia chilena Marcos Enríquez-Ominami, muy cercano al primer mandatario de Argentina, este último es de hecho el principal valedor del movimiento, que cuenta entre sus filas como fundadores a la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff y a expresidentes de Colombia, Uruguay y Ecuador. Por parte de España se han incorporado Baltasar Garzón, Rodríguez Zapatero y la ministra de igualdad, Irene Montero, diputada por Podemos y consorte de su líder, Pablo Iglesias. Llama la atención que mientras el propio López Obrador y su canciller no son miembros del grupo y ni siquiera hicieron acto de presencia en la reunión fundacional de México, una representante del gobierno español se haya adherido a él, en un acto de dudosa conveniencia para los intereses generales de nuestro país. La ideología identitaria e indigenista que Podemos ha patrocinado en el subcontinente americano desdice de la antigua tradición revolucionaria marxista de los años sesenta, y no ayudará a los inversores españoles en el área. El pasado idilio entre estos y América Latina está periclitando y existe una seria amenaza de divorcio. Como en todo acto trufado de romanticismo, el amor y el dinero se sobreponen en la reyerta. La errática política exterior española, que durante las etapas de Rodríguez Zapatero y Rajoy perdió considerable peso en Iberoamérica, se ha consumado con la llegada al Palacio de Santa Cruz de una antigua funcionaria de la Organización Mundial del Comercio cuyo voluntarismo no basta para compensar su falta de comprensión de los problemas geoestratégicos, su ausencia de contactos de calidad y lo inoportuno de muchos de sus encuentros bilaterales. De ellos alardea constantemente en Twitter sin ninguna transparencia sobre el contenido de las conversaciones ni las metas perseguidas.

Aunque no hay futuro para nuestro país sin Iberoamérica, la relación política institucional ha empeorado en los últimos años y son las empresas privadas y las iniciativas culturales las que a duras penas tratan de defender la pervivencia de un territorio político, económico y sentimental que en muchos aspectos sigue siendo una patria común para millones de latinoamericanos y europeos. La polarización política interna de los países se ha convertido también en continental, cuya línea divisoria varía según los tiempos. Durante unos años pensábamos que la quiebra más fuerte se produciría entre las naciones de la orilla atlántica y las de la América del Pacífico. Ahora por desgracia se han vuelto mucho más ideológicas y a la vez estúpidas. Los extremos de la confrontación están representados por el poder de dos auténticos idiotas, Maduro en Venezuela y Bolsonaro en Brasil, epítomes de la ignorancia y la vesania que están conduciendo a América Latina a la confrontación y la falta de relevancia.

El caso de Brasil es desolador. Los presidentes Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva, ambos con irreprochable currículo de oposición a la dictadura, lograron convertir el país en lo más parecido a una potencia con importancia decisiva para todo el continente. Aun con apoyos diferentes y guardando sus considerables distancias políticas y personales, el Brasil de Lula continuó la senda de desarrollo y modernización iniciada por Cardoso, que incluía una creciente apertura al exterior en una sociedad acostumbrada como pocas a mirarse al ombligo y cuyos poderes económicos se han enriquecido secularmente mediante prácticas proteccionistas y oligárquicas. Cardoso es un intelectual, profesor y ensayista de fuste. Lula un sindicalista forjado en el trabajo manual y las protestas sociales. Pese a que entre ellos han mantenido relaciones no muy cordiales, a ambos les hermanaba su sentido de la realidad y su búsqueda de los consensos. El primero liberalizó la economía y contuvo la inflación; el segundo impulsó considerablemente las políticas sociales. Entre ambos gobernaron dieciséis años seguidos y lograron colocar a Brasil como una de las grandes economías mundiales.

Había muchas cosas en el comportamiento de Lula que hubieran podido evocar los orígenes de algunos de nuestros actuales gobernantes populistas, comenzando por la informalidad en el vestir. Pero aunque los líderes de Podemos hablaran con insistencia de la gente para denominar al pueblo es difícil suponer que la clase trabajadora brasileña se sintiera de inmediato solidaria con un movimiento encabezado y promovido por jóvenes profesores universitarios, que en vez de buscar la excelencia académica se dedicaron a la prédica revolucionaria y a ensayar peinados rompedores. En el caso de Lula su relación con los electores fue siempre en cambio de camaradería. «Yo soy uno de ellos, uno como ellos», decía, y hasta que llegó al poder vistió como ellos vestían, pero al entrar en palacio «aunque trabajé durante veintisiete años usando un overol no tuve dificultad en acostumbrarme a la corbata». Ya Miguel de Cervantes había previsto una escena parecida cuando Sancho Panza antes de ser gobernador de la ínsula Barataria gritaba a quienes le encumbraron: «vístanme como quisieren, que de cualquier manera que vaya vestido seré Sancho Panza». También Lula fue Lula con cualquier atuendo, aunque en cierta ocasión estableció algunas líneas rojas. Le comunicaron que tenía que enfundarse en un frac para asistir a una cena en palacio con el Rey de España. Mandó entonces a decir al monarca que él no usaba eso y en Brasil muchos le criticaron por lo que consideraron una falta de elegancia, una incapacidad para ejercer la Presidencia, hasta que el Rey le respondió: venga como quiera. Pues de traje y corbata, contestó él, no quiero ser visto como un extraño en mi pueblo. Años después de aquella anécdota me confesó que la liturgia oficial de la Presidencia de la República estaba preparada para alejarle precisamente de las clases populares. «Cuando eres candidato vas a cielo descubierto, saludando, pero una vez llegas a presidente te montan en un coche blindado y nunca más ves el rostro de los ciudadanos». Es prácticamente igual en todas partes, y quizá tenga que ver con la creciente separación de la dirigencia política del resto de la ciudadanía. El famoso «no nos representan».

Lula fraguó su carrera política en las movilizaciones, en la agitación callejera y en la lucha a pie de obra en defensa de los derechos de los trabajadores. Treinta y dos millones de obreros fueron a la huelga, capitaneados por él, durante el año 1979 y a partir de esa fecha el correoso dirigente sindical emprendió una carrera política llena de altibajos que le llevaría un cuarto de siglo más tarde a la Presidencia de la República. Comprobó que las cosas no serían tan fáciles de hacer como las había imaginado. Como sindicalista ninguna ideología alimentaba sus acciones, que estuvieron apoyadas sin embargo por los movimientos de base católicos. «El PT no hubiese existido sin la ayuda de millares de curas progresistas y comunidades cristianas de Brasil —⁠⁠me confesaría en uno de nuestros varios encuentros⁠⁠—, le debe mucho al trabajo de la Iglesia católica, a la teología de la liberación». Su acendrada fe cristiana le llevó a tener que superar una seria contradicción interna respecto al cambio de la restrictiva legislación sobre el aborto, contra el que personalmente estaba, «igual que no creo que haya muchas mujeres que se muestren favorables a él porque genera mucho sufrimiento a quien lo practica. Pero como jefe del Estado pienso que se trata de una cuestión de salud pública. Debemos proteger a las chicas que tratan de abortar ellas mismas metiéndose agujas en el útero y cosas así. El Estado tiene la obligación de atender a esas personas». Para la izquierda europea, que adoraba a Lula, una declaración de este género resultó decepcionante, tanto como la que muchas veces hizo en el sentido de que en verdad él no se consideraba de izquierdas, equivalente al rechazo del comunismo que escuché de boca de López Obrador. «Mi trayectoria —⁠⁠explicaba⁠⁠—, mi perfil político, mi vida en el sindicato, la creación del PT, me caracterizan como un hombre de izquierdas. Pero el propio PT es una novedad en la izquierda mundial. Nació contra todos los dogmas de los partidos marxistas-leninistas, que obedecían fielmente a Rusia o China. Al principio era algo parecido a una hinchada de fútbol, un grupo de obreros que, junto con el movimiento social, la Iglesia católica y algunos intelectuales que habían creído y participado en la lucha armada decidieron crear un partido político. No teníamos un programa definido y a mí nunca me gustó que me encasillaran y menos aún al asumir la Presidencia. Un jefe del Estado no es una persona, es una institución, no tiene voluntad propia todo el santo día, sino que tiene que llevar a cabo los acuerdos que sean posibles. He aprendido eso en el poder y creo que ha sido bueno para Brasil. No puede ser que me guste un presidente porque es de izquierdas y otro no por ser derechista. Quiero relacionarme con todo el mundo. En el ejercicio del poder soy un ciudadano multinacional, multi-ideológico». Siempre me pareció admirable el sentido de la realidad de Lula, alguien con los pies apegados a la tierra y con la responsabilidad de gobernar bien asumida, frente a los numerosos títeres que pululan por ahí. Su gobierno tuvo el coraje de enfrentarse a la crisis en vez de quejarse, hizo inversiones, desgravó fiscalmente la actividad en sectores clave para la economía, llevó a cabo muchas obras públicas. Parecía que Brasil lo tenía todo para transformarse en una potencia respetada en el mundo, con un crecimiento acumulativo de entre el 4,5 y el 5,5 por ciento anual. Los analistas aseguraban que llegaría a ser en 2016 la quinta economía mundial.

La historia de éxito escrita por Cardoso y Lula continuó durante un tiempo durante la Presidencia de Dilma Rousseff, pero quebró estrepitosamente nada más comenzar el segundo periodo de la misma. Dilma ganó por dos veces las elecciones, contra los pronósticos que auguraban una victoria de la oposición. Tras su triunfo en el segundo término comenzó a declinar su estrella a la vez que el producto interior bruto brasileño. Curtida en los días de la guerrilla contra la dictadura militar, que la encarceló y torturó, era y es una gestora eficaz, pero su timidez, lindando con la frialdad, y una cierta rigidez intelectual le impidieron establecer con la clase empresarial una relación de entendimiento como la que tuvo su antecesor. La prolongación del PT irritaba a las fuerzas económicas, al tiempo que propició la corrupción de muchos de sus cuadros. La especial configuración del Parlamento brasileño, en el que conviven una generosa cantidad de partidos menores, propicia la compraventa de votos de los diputados a fin de obtener las mayorías necesarias para aprobar las leyes. El sistema electoral y sus resultados han potenciado esas prácticas no tan extrañas en otros países latinoamericanos, como demuestran recientes revelaciones sobre lo sucedido en México.

Las perspectivas de que Rousseff acabara su mandato y diera paso a una elección en la que nuevamente aparecía como favorito Lula encrespó los ánimos de la burguesía paulista y las fuerzas conservadoras. El descontento ciudadano por el empeoramiento de la situación económica fue agitado por los medios de comunicación dominantes, afines a la derecha. Comenzó a ponerse en marcha una cacería política para acabar con la presidenta. Desvelados lo primeros casos de corruptelas en el partido del gobierno los estrategas de la oposición indagaron con insistencia la posibilidad de involucrar a Rousseff, como luego hicieron con Lula, en dichas prácticas corruptas. El famoso caso Lava Jato, que involucraba primordialmente a la constructora Odebrecht, se había puesto en marcha por diversas denuncias que habían movilizado la acción de la Fiscalía. Inútilmente se trató de buscar pruebas que incriminaran a la presidenta para poder acusarla de recibir coimas o sobornos. Pero el presidente de la Cámara de Diputados, él mismo acusado de serios delitos que acabaron por enviarle quince años a la cárcel, puso en marcha un procedimiento de impeachment o juicio político contra Rousseff. El Parlamento la destituyó por manipular la contabilidad del Estado para mejorar el superávit primario de los presupuestos. Después de un largo periodo de discusiones y argumentos cruzados que paralizaron la acción de gobierno, acabó siendo apartada de su cargo y sustituida por su vicepresidente, líder del PMDB, el conservador partido con el que gobernaba en coalición. Muchos observadores internacionales estimaron ya entonces que la acusación de irregularidades contables, de las que en ningún caso se benefició personalmente, era un pretexto banal para destituirla. Se la acusaba de prácticas relativamente comunes llevadas a cabo por gobiernos de muchos países democráticos. Maniobras que, siendo recusables, no necesariamente constituyen delito. Por eso surgió la especie, bien fundada, de que lo que se había llevado a cabo fue un golpe de Estado blanco a fin de devolver el poder a la derecha, incapaz esta de aceptar por más tiempo la gobernación del Partido del Trabajo. Eso no exculpa en absoluto la corrupción que en gran medida contaminó a dicha formación, pero explica entre otras cosas la persecución judicial contra Lula da Silva, que acabó con sus huesos en prisión víctima de una causa política en la que su presunción de inocencia y sus derechos procesales no fueron respetados. Se abusó de la prisión preventiva y se denigró la figura del presidente brasileño que más trabajó por el desarrollo económico y la igualdad de su país en las últimas décadas.

Los procesos contra Dilma y Lula fueron semilla y abono de la polarización creciente de la sociedad brasileña y causa inicial del posterior ascenso al poder de Jair Bolsonaro. Nada justifica por supuesto la trama de corrupción organizada por la constructora Odebrecht, que se extendió prácticamente por todos los países de América Latina, ni se trata de negar las implicaciones políticas del partido de Lula y algunos de sus notables en determinados episodios delictivos. Pero soy testigo de los esfuerzos que él mismo hizo por limitar la influencia de Chávez en el continente, tanto disuadiendo a candidatos a gobernantes de otros países de que aceptaran la financiación del caudillo bolivariano como promoviendo y animando la creación de sistemas privados de información que combatieran la penetración ideológica propiciada por Telesur. Su papel asesorando y apadrinando a Ollanta Humala en Perú fue crucial para que aquel país no cayera en la órbita chavista.

Tras un paréntesis de dos años, la victoria de Bolsonaro ilustra mejor que nada la degradación moral y estética de la política brasileña demostrada en la conspiración contra Lula. Aunque al inicio del mandato su alianza con sectores liberales despertó en algunos cierta esperanza de moderación en el pedestre comportamiento del nuevo presidente, ya es más que evidente su deriva hacia un autoritarismo tan procaz como estúpido, bien ilustrado por su personal lucha contra la mascarilla durante la pandemia y sus afinidades histriónicas con Donald Trump. Tras ingresar en el Ejército, donde protagonizó un episodio de rebeldía por solicitar mayor salario para los suboficiales, se licenció con el grado de capitán y comenzó su carrera política. La afición a las armas no le abandonó nunca y durante la campaña electoral apareció incluso blandiendo una metralleta. Escena en cierta medida que evoca los ejercicios de tiro protagonizados y filmados por el dirigente de Vox Ortega Smith.

Defensor de la dictadura militar, justamente acusado de homofobia y machismo, Bolsonaro tuvo un éxito arrollador en la segunda vuelta de las elecciones que le encumbraron al poder. Pese a que puso al frente de la política económica a un liberal con prestigio en los mercados, las promesas de recuperación no se confirmaron en su primer año de gobernación, en el que el país creció oficialmente un 1,1 por ciento (la mitad de lo proyectado oficialmente) e incluso hay observadores internacionales que estiman que el índice fue negativo. Unas declaraciones del ministro de Hacienda, Paulo Guedes, contra los modelos socialdemócratas y el Mercosur, por las que tuvo que disculparse inmediatamente después de pronunciarlas, y la admiración sin complejos que profesa por las políticas de los Chicago Boys ejecutadas en Chile bajo el patrocinio de Pinochet, fueron enseguida indicadores fiables del retroceso democrático que se iniciaba. Algo consentido e incluso amparado por los agentes financieros internacionales mientras la política económica no se aparte de la ortodoxia ultraliberal. La lucha contra la desigualdad ha perdido prestigio entre los capitalistas, lo mismo que la defensa de los derechos humanos por parte de los gobiernos occidentales tiene su límite en la geopolítica.

La desastrosa gestión del coronavirus, la arrogancia pueril del presidente, su enfrentamiento con los medios de comunicación, justifican su comparación con el inquilino de la Casa Blanca. La mala noticia es que nada de eso parece perjudicarle en las encuestas. Pese a que a ratos más parece un vendedor ambulante de gangas imposibles que un conductor de gentes, su popularidad subió desde que prometiera nuevos subsidios para ayudar a combatir la penuria económica causada por la pandemia. Ni las ingentes cifras de muertes y contagios han podido con su espectacular demagogia, que recuerda demasiado al proceder de un chuleta de barrio.

Quizás por eso no es de extrañar que los imitadores de Jair Bolsonaro crezcan por doquier. Un ejemplo declinante pero aún vigente, que conmueve el panorama latinoamericano, lo encontraremos en Bolivia. Todo el mundo está de acuerdo en que con motivo de las últimas elecciones hubo un golpe de Estado, aunque continúan las discrepancias sobre quién lo dio. El expresidente Morales organizó un pucherazo electoral de descomunales dimensiones no solo durante los comicios, sino antes, pues se presentó como candidato pese a haber perdido el referéndum que convocó para consultar si podía hacerlo, frente al límite temporal impuesto por la Constitución. Cuando pretendió tomar nuevamente posesión del cargo, dimitió acosado por las protestas de la calle y la oposición. Ayudó también para que lo hiciera una sugerencia en ese sentido del jefe del Ejército, que sin embargo no tomó el poder. Por el contrario, el Parlamento en pleno, con el voto del partido del propio Morales, se pronunció a favor de la convocatoria de nuevos comicios, convocados para meses después y aplazados repetidas veces debido al coronavirus. Finalmente se celebrarán en octubre de este mismo año. Hasta entonces habrá gobernado el país un gabinete provisional, de discutible legitimidad y crecientes tendencias autoritarias.

Una singularidad de Bolivia es su componente étnico, tal y como se encargó de poner de relieve en su día el fundador de Podemos Íñigo Errejón, consultor del régimen durante varios años y ayudante en la redacción de la Constitución violada por Evo. En aquella época el hoy demediado líder de Más País era un seguidor entusiasta del marxismo, y tenía conexión privilegiada con el vicepresidente boliviano García Linera, verdadero poder detrás del trono. Morales fue un presidente aupado por el movimiento indigenista y apoyado por la izquierda radical. Gobernó con algún acierto en la economía, pese a su alianza con el chavismo. Su derrota plausible en las urnas, que trató de evitar mediante el fraude, se debió a su desfachatez, pues invadió e instrumentalizó todas las instituciones del Estado, desde el Tribunal Constitucional al Electoral.

El corolario de la crisis fue de todas maneras poco esperanzador y la pandemia ha ayudado a desdibujarlo aún más. La emergencia inmediata de un líder populista de la extrema derecha como Luis Fernando Camacho, el Bolsonaro boliviano, empañó desde el primer momento las perspectivas de la democracia, aunque las encuestas no le conceden grandes expectativas y al parecer se trata de un fenómeno ya en retirada.

El Macho Camacho, apelativo que rememora el título de un mítico libro del excelente escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez, enarboló la Biblia como programa electoral. El fundamentalismo cristiano, católico o evangélico le apoya con fervor. Reverdece así, no solo en el Oriente Cercano, la tendencia de las iglesias y las religiones organizadas a inmiscuirse en los asuntos temporales, demostrando que además de cuidar de la salud espiritual de los fieles se comportan como verdaderos centros de poder. Repito que no se puede descartar que el propio papa Francisco, que tuvo un papel esencial en el acercamiento a Cuba por parte de Obama, haya influido en la reunificación peronista encabezada por Alberto Fernández, por muchos mentís que haga el Vaticano. También el obispo de Solsona, y casi toda la jerarquía católica de Cataluña o el País Vasco, no cejan a la hora de justificar y promover el separatismo. Los líderes religiosos toman semejantes posiciones en nombre de su pretendida cercanía al pueblo, aunque lo único que logran es propiciar la confrontación entre la ciudadanía. En el caso boliviano, el Bolsonaro local, en cierta medida reemplazado ya por el equipo gobernante provisional, constituye un peligro equiparable al de la ultraderecha europea, incluida Vox. La democracia puede perecer si los moderados, conservadores o progresistas no logran implementar una política transversal que incorpore las diferencias étnicas, pero también las regionales y las de clase, y vigorice unas instituciones destruidas por el clientelismo y la corrupción.

Los polvorines de Suramérica en peligro de ignición se venían multiplicando ya antes de la pandemia y habrá que ver si su frágil seguridad no se ve desbordada por los acontecimientos desatados por el coronavirus. Independientemente del desastre de las políticas sanitarias para contener este —⁠⁠panorama en el que solo puede ser absuelto Uruguay⁠⁠—, las consecuencias sociales y económicas serán devastadoras. Cálculos oficiales aseguran que por lo menos ha de perderse el 15 por ciento de los empleos formales y más de la mitad de los informales, que sostienen las rentas de al menos cien millones de trabajadores. Habida cuenta de la falta de transparencia en las estadísticas, algunos creen que en realidad el impacto sobre los negocios de la economía sumergida, que pese a su nombre flota en las calles de todas las grandes ciudades, puede afectar al 74 por ciento de quienes los ejercen. Cerrarán más de tres millones de pequeñas y medianas empresas y al menos cuarenta y cinco millones de personas quedarán bajo el umbral de la pobreza, veintiséis millones de ellas en lo que se considera pobreza extrema, es decir, hambre. Se espera un declive generalizado del poder adquisitivo de las clases medias y los gobiernos tendrán que enfrentar protestas sociales más amplias, ojalá no más violentas, que las que antes de la epidemia ya tenían lugar.

Haciendo de la necesidad virtud, el nuevo desorden mundial podría convertir, sin embargo, la crisis de América en verdadera oportunidad, siempre con China en el centro del huracán. En el caso de México la confrontación entre Beijing y Washington puede ayudarle a estrechar lazos y relaciones de todo tipo con los Estados Unidos y sustituir al país asiático como proveedor de productos manufacturados. Así parece haberlo entendido López Obrador que, contra la retórica oficial, ha practicado una política de pactos y entendimiento con su vecino del norte en lo que se refiere a la inmigración. Paradójicamente, en el resto de los países latinos, la verbosidad agresiva de Trump contra los hispanos facilita la extensión de la influencia y las inversiones chinas, que pueden ayudarles a salir del agujero. Beijing ha alentado las relaciones con los países del área del Pacífico, pero también se convirtió en el principal financiador de la Venezuela chavista. Mientras otros, como Rusia e Irán, se han convertido en valedores de Maduro como amenaza estratégica contra Washington en su propia retaguardia, las preocupaciones chinas son fundamentalmente económicas. Para continuar con las contradicciones es de señalar nuevamente la creciente alianza entre los regímenes de Maduro y Recep Tayyip Erdogan. El presidente venezolano ha visitado varias veces Ankara y el de Turquía fue condecorado por aquel en un viaje a Caracas en diciembre de 2019. Durante su visita firmaron un acuerdo que establece una hoja de ruta común para el futuro desarrollo de sus relaciones hasta 2030. Las inversiones turcas en petróleo e infraestructura son un alivio para el régimen de Caracas frente a las sanciones internacionales que soporta. En Turquía se refina además gran parte del oro extraído en el país caribeño y ha habido acusaciones de que se utilizan los servicios del gobierno turco para vehicular financiación a las sedes diplomáticas del régimen de Maduro.

Con ocasión de la visita ilegal de la vicepresidenta venezolana a España, en enero de 2020, cuando fue recibida en Barajas por el ministro socialista José Luis Ábalos, Delcy Rodríguez partió esa misma noche para Qatar y posteriormente visitó Ankara. La actividad del régimen venezolano en los países del golfo Pérsico ha sido siempre muy intensa, motivada sobre todo por su presencia en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero también en demanda de apoyo para que los Estados Unidos levanten las sanciones económicas. De todas formas la presencia gubernamental turca, rusa e iraní en Caracas no deja de ser llamativa. Sus países se encuentran enfrentados en las guerras de Siria y Libia, pero hasta ahora han superado sus serias desavenencias, ilustradas por diversos incidentes militares, y aseguran estar dispuestos a lograr una paz consensuada en el Oriente Próximo. Putin y Erdogan se están convirtiendo en modelos a seguir en el subcontinente americano. Por su parte Irán no limita su acción en Latinoamérica a la República bolivariana. A través sobre todo de organizaciones no gubernamentales de ayuda humanitaria, apadrinadas y financiadas por Teherán y Hezbolá, está penetrando también en países como Colombia y Perú.

El desprecio a los valores democráticos se basa en la suposición frecuente, a izquierda y derecha, de que el fin justifica los medios, máxima que representa la negación absoluta de los principios de la sociedad abierta. Amparándose en ella la corrupción se escuda no pocas veces en el destino de fondos públicos o privados desviados ilegalmente hacia programas supuestamente valiosos para la comunidad, incluida la ayuda asistencial a los necesitados que el Estado no ampara, pero también la propaganda electoral. Desde el punto de vista moral puede no ser igual de rechazable que alguien incurra en esos procedimientos para su beneficio personal o su medro político que si lo hace persiguiendo un bien social. Pero la imagen de la Justicia se representa de ordinario con un pañuelo que ciega sus ojos, a fin de que en un Estado de derecho la única norma ética aplicable por los tribunales sea la ley. En América Latina no conviene despreciar la existencia del llamado gobierno de los jueces, allí donde estos y los fiscales asumen poderes exagerados que tratan de sustituir o condicionar al ejecutivo ejerciendo acusaciones infundadas que sirven de pretexto para anular a quienes no son de su agrado. Cuando se judicializan los procesos políticos, irremediablemente la Justicia acaba politizándose. Semejante aserto evoca necesariamente, por ejemplo, los sucesos de Cataluña. Naturalmente la situación brasileña y la catalana nada tienen que ver entre sí, pero persiste la coincidencia de que funcionarios que imparten Justicia, no diputados y gobernantes, hayan asumido el protagonismo en litigios que originariamente eran estrictamente políticos. En cualquier circunstancia, la legislación penal es el último recurso al que acogerse para defender la legalidad, no el primero, como sucedió en el procés catalán. De las inevitables consecuencias de su aplicación pueden derivarse situaciones todavía más complejas de las que ya padecemos.

La politización de la Justicia no se produce por la acción de los tribunales, sino por la omisión de los políticos y la tendencia del ejecutivo a interferir en las decisiones judiciales. A quienes desde el poder traten de perpetrar la muerte de Montesquieu habrá que recordarles que esta equivale al fin de las libertades. Por lo demás, los casos de Rousseff y Lula no son los únicos. Todos los expresidentes vivos de Perú, salvo los huidos de la Justicia, o están o han estado en la cárcel y uno de ellos, Alan García, se suicidó de un tiro ante los policías que acudieron a su domicilio para detenerle. Siendo este país andino el que encabeza la lista de los políticos perseguidos por los tribunales, Ecuador no le va a la zaga y la nutren también mandatarios colombianos, argentinos, panameños, mexicanos o paraguayos.

La corrupción política es un mal endémico latinoamericano, pero resulta injusto estigmatizar por ello únicamente a aquellos países. En Europa, singularmente en Francia, España, Portugal o Italia, pero también en Alemania, y más aún en los países recientemente incorporados a la Unión provenientes del antiguo imperio soviético, sobran ejemplos de conductas similares.

Corrupciones aparte, en medio de estos movimientos que pueden convertirse en telúricos si no se toman las medidas adecuadas, es cada vez más lacerante el deterioro de la influencia española. Mucho tiene que ver con la retirada emocional y diplomática de aquella región por parte de los últimos gobiernos. En ese marco sorprendió el anuncio de que Telefónica tenía intención de abandonar las inversiones en el área, con excepción de Brasil. Si se confirmara la decisión, en cierto modo paralizada por culpa de la pandemia, estaríamos ante un hecho más que preocupante. La presencia de la compañía en América, y la de otras multinacionales españolas, fue impulsada por González y Aznar como una política de Estado. España ha funcionado y funciona de vínculo entre Europa y América Latina gracias entre otras cosas a que nuestro país es el segundo inversor directo en la región. Para incitar y apoyar las iniciativas de las empresas se aprobó además una legislación fiscal muy favorable que acabó por generar sanciones económicas de la Comisión por considerar que se trataba de ayudas de Estado. Subvenciones de ese género están prohibidas por los reglamentos de la UE y solo han sido levantadas en razón del impacto de la Covid-19 que afectaba a la viabilidad de muchas grandes compañías. Dado que nuestra pérdida de relevancia en Bruselas ha sido constante en los últimos años, si la decisión de la antigua compañía de bandera de nuestras telecomunicaciones se confirma, corremos peligro de un contagio hacia otras empresas de naturaleza estratégica, cuya presencia en Iberoamérica ha comenzado a ser contestada tanto por las autoridades como por las opiniones públicas. Estas son recurrentemente agitadas contra la invasión del extranjero. En el caso de la herencia española en América, pese a la admiración que todavía tienen algunos sectores por la llamada Madre Patria, la vindicación contra los errores y crímenes de los colonizadores es una forma más de tratar de ganarse el favor popular. La crecida del nacionalismo populista en México y Brasil supone un riesgo cierto para las multinacionales españolas allí radicadas.

II

Las políticas identitarias son las principales responsables de la fragmentación política y la polarización tanto a nivel local como global. Sus apóstoles siguen ganando terreno y han visto acelerado su crecimiento. El término nación ha sido pasto de la ambigüedad a través de la Historia, no por voluntad de los hablantes sino por avaricia de quienes les gobiernan o aspiran a hacerlo. El Diccionario de Autoridades, primero de los dictados por la Real Academia Española, definía nación como el hecho de nacer, es decir, nacimiento, aunque recogía un segundo significado: «la colección de los habitadores en alguna provincia, país o reino». Así reza la primera acepción del diccionario actual, según la cual nación es «el conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno». Son pues los ciudadanos antes que el territorio los que configuran la existencia de una nación, concepto prioritariamente cultural y no político.

La eclosión del nacionalismo populista, del que el America First de Trump es paradigma, no es un fenómeno solo occidental. Los sucesos en India, Egipto o Turquía ponen de relieve de qué forma un impostado sentimiento patriótico puede convertirse en el inicio de un camino que conduce al autoritarismo, vergonzante umbral de la dictadura si no hay quien lo impida. Los nacionalismos identitarios, basados en etnia, lengua o religión, derivan con frecuencia en una especie de fascismo de baja intensidad que se afirma a derecha e izquierda usurpando el nombre de la democracia. Es de nuevo, en gran parte, la consecuencia del miedo a la globalización y de los destrozos generados por el neocapitalismo salvaje, principal culpable de la crisis mundial financiera de 2008.

El populismo nacionalista tiene su caldo de cultivo en la desesperación de las clases medias, los recortes en los servicios públicos, la falta de perspectiva de los jóvenes, el caos en la opinión generado por las redes sociales, la ceguera de los mercados y la impericia de los políticos, que se muestran incapaces de someterlos al interés general. Su triunfo responde también al esfuerzo por impulsar una épica tan falsaria como atractiva, frente al pasmo o la incapacidad de quienes en nombre del diálogo con los disidentes debilitan la fortaleza de las instituciones. Constituye por todo ello una seria amenaza al sostenimiento de las democracias, particularmente en algunas regiones de Europa.

Pese a los intentos secesionistas de Escocia y Cataluña, que por otra parte guardan distancias siderales entre sí, no es creíble, aunque teóricamente se muestre como posible, que Estados con la tradición unitaria del Reino Unido o España se balcanicen en un futuro próximo. Pero el triunfo de la pasión identitaria sobre el diálogo ilustrado a la hora de elegir a los gobernantes ha comenzado a hacer serios estragos. El provincianismo cultural, la demonización del otro, la fractura de la convivencia, se extienden por doquier. En nombre de la libertad se vulneran las leyes que la garantizan y se desprecian las instituciones que la protegen.

El nacimiento de los Estados-nación surgió al calor de la exuberancia del romanticismo, y su apelativo hace que algunos interpreten errónea o interesadamente que a cada nación debe corresponder un Estado, pero hay más de cinco mil naciones en el mundo y solo menos de doscientos Estados integran las Naciones Unidas. Al margen las emociones e identidades plurales, da lo mismo cuantas naciones existan o no en el seno de un Estado entendido como un espacio político compartido por un conjunto de ciudadanos. Lo importante es que garantice la igualdad de estos ante la ley, sin privilegios para nadie ni exclusiones de ningún tipo. Por eso es un riesgo cierto para la democracia que los nacionalismos recurran a la identidad cultural, lingüística, religiosa, histórica o lo que sea para reclamar el derecho a constituir un Estado a partir de la misma. Supone el germen de la división entre los habitantes de un mismo país, condenando a la exclusión a aquellos que no participen de ese movimiento identitario.

Al calor de la crecida independentista en Cataluña, y definida España por la progresía imperante como «nación de naciones» hay dificultades para contestar con acierto a la insidiosa y poco imaginativa pregunta de cuántas hay en ella, aunque el secretario general de los socialistas catalanes, señor Iceta, decidió en su día por su cuenta y riesgo que son nueve. Exhibió como prueba de su aserto una según él irrefutable: las había contado. A lo peor habría que suspenderle en aritmética. De acuerdo a esa estadística, el Reino Unido tendría menos naciones que nosotros, quizás porque Iceta no ha ido a contarlas, pero compensa el hecho de que por su escenario se pasean en cambio más nacionalismos. Podemos enumerar cuando menos un nacionalismo escocés, otro irlandés, uno galés, otro inglés y el más fuerte hoy de todos: el nacionalismo del Brexit, que reivindica, aun sin saberlo, las glorias del pasado imperio. El triunfo del partido conservador en las últimas elecciones fue también un triunfo de ese nacionalismo británico, ahora liderado por Boris Johnson para desesperación de quienes creían en la seriedad del antiguo reino. La derrota de los laboristas se debió, como tantas veces le pasa a la izquierda, a su ambigüedad respecto al tema. No es difícil encontrar paralelismos de lo sucedido en la antigua Albión con el calentón españolista que avivan Vox y el Partido Popular acerca de la España profunda frente a la inconsistencia del PSOE, incapaz de poner sobre la mesa un proyecto para España, y para Cataluña dentro de España, por el que puedan trabajar tanto progresistas como conservadores.

Hablando de Cataluña, lo que se debate desde hace al menos un siglo es su hecho diferencial, como históricamente se le ha venido llamando. Se trata de algo que inevitablemente encuentra límites en el ejercicio del poder político por parte de quien legítimamente lo ostenta, y seguirá siendo así mientras no naufrague el Estado español, algo que desde luego sería un episodio de consecuencias mundiales. Pedro Sánchez se encuentra desde su atribulada investidura ante la necesidad de un pacto que logre el desbloqueo del proceso catalán. Cuando pase, si pasa, aunque no se resuelva, el larguísimo paréntesis de la pandemia, la cuestión seguirá vigente. Como Sánchez tuvo que encaramarse al cargo gracias a una conjunción de apoyos extravagantes que conforman casi una mayoría antisistema, sus reacciones y declaraciones respecto al hecho diferencial y a la interpretación del vocablo nación, tan preñado de ambigüedades, no hicieron en el pasado reciente sino acumular confusión y caos a la hora de interpretar cuál es el proyecto socialista, si es que definitivamente existe.

La voluntad de autogobierno de los ciudadanos catalanes no es una impostación ni un invento ideológico. Responde a una tradición que echa raíces en una cultura centenaria y que, entre otras cosas, alumbró los primeros brotes federalistas con Pi i Margall primero y Prat de la Riba más tarde. Este dirigente histórico de la Lliga fue citado en su día por Artur Mas como principal inspirador de su programa, al alimón con Francesc Macià, primer presidente de la Generalitat que proclamó de forma unilateral el 14 de abril de 1931 la «República catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica». El gobierno provisional de la Segunda República Española se apresuró a cortar el conato independentista y lo recondujo hacia la aprobación de un Estatuto de Autonomía que suscitó entonces los recelos de los militares y de los portavoces de la España profunda. Tres años más tarde, Lluís Companys, sucesor de Macià en el Palau Sant Jaume, viéndose casi arrollado por una insurrección popular de izquierdas, volvió a proclamar «el Estado catalán dentro de la República Federal Española». Su gesta duró apenas unas horas. El Ejército ocupó los edificios oficiales de Barcelona, al tiempo que las autoridades de Madrid suspendían la autonomía y encarcelaban a Companys y a todo su gabinete. La anulación del Estatut duró dieciocho meses, hasta la victoria electoral del Frente Popular.

La reivindicación de la independencia, hasta la famosa declaración de Puigdemont en octubre de 2017, había sido tradicional patrimonio de la izquierda, frente a la exigencia de la potente burguesía local, representada por Convergència i Unió, de que se reconociera la singularidad nacional catalana dentro del Estado español. Es la visión particular de España y no la de la propia Cataluña lo que ha distinguido históricamente al catalanismo, ahora echado al monte. Esa perspectiva, imposible de vertebrar políticamente si no es en un Estado federal, no puede desconocer ingenuamente la intensidad de las aspiraciones centralistas que ha impregnado la construcción de España desde la llegada de los Borbones y bajo el auspicio de las fuerzas liberales y progresistas.

El nacionalismo es el hambre de poder alimentada por el autoengaño. Esta frase, atribuida a George Orwell, ayuda a explicar los sucesos que han vivido los catalanes en los últimos tres años, incluidas las protestas, barricadas y hogueras en las calles de Barcelona que dejaron atónitos a muchos de los ocho millones de turistas que visitaban cada año la región. Orwell estuvo allí durante la Guerra Civil española, alistado como voluntario para luchar contra el fascismo. Herido en combate, tuvo tiempo de escribir sus impresiones sobre la contienda y la vida de la retaguardia en la ciudad condal, a la que describe como poseedora de un largo historial de algaradas urbanas. Las fogatas que iluminaron su cielo hace no tanto tiempo hubieran admirado a este anarquista sentimental, que acabaría siendo uno de los autores más leídos e influyentes de todo el mundo.

Patria chica de Salvador Dalí, no extraña tampoco que el surrealismo forme parte de la identidad colectiva catalana. Surrealista es que su fiesta nacional no conmemore un fasto victorioso sino la derrota de sus tropas en la guerra de Sucesión, que enfrentó a las casas de Habsburgo y de Borbón. Acabó en 1714 con la victoria de esta última y la asunción del trono de España por Felipe V, primer monarca de la dinastía todavía hoy reinante en el país, pese a sus muchas interrupciones en la ocupación del trono. Surrealista es la desfiguración histórica que el independentismo actual ha producido al describir aquella derrota como la pérdida de un Estado nacional, que nunca existió, frente a las tropas castellanas. Pero el colmo del surrealismo viene dado por el hecho de que el presidente de la Generalitat sea a la vez el primer representante del Estado en ella y el primer activista contra su permanencia en dicho Estado. Hasta el punto de que, al tiempo que arengaba a los agitadores que pusieron patas arriba las calles, tuvo que mandar a detenerlos.

Desde hace mucho tiempo, amplios sectores de la sociedad catalana han tendido a mostrarse agraviados por los comportamientos del poder central. Dicho sentimiento dio paso a finales del XIX a un movimiento nacionalista que desde entonces no ha dejado de quejarse por lo que sus miembros consideran falta de reconocimiento del importante protagonismo de Cataluña en el devenir económico y cultural del país. En los años sesenta del pasado siglo experimentó un serio impulso en su desarrollo gracias entre otras cosas a la inmigración interior que acudió en masa desde Andalucía, Murcia y otras regiones de la España del subdesarrollo, con lo que aumentó considerablemente el porcentaje de población no catalanoparlante. Gracias al régimen del 78 goza hoy de un sistema de autogobierno superior al de cualquier otra región de cualquiera de los países europeos. Pero el sentimiento de agravio, por impostado que sea, se mantiene y fomenta de manera artificial, educando en él a las nuevas generaciones. La manipulación interesada de la Historia y la elaboración de un mito nacional han hecho que millones de habitantes reclamen su derecho a decidir sobre seguir formando o no parte de España, aunque un referéndum de ese tipo está prohibido por las leyes, como lo está en la mayoría de las democracias europeas.

El actual separatismo se queja de que con el transcurso del tiempo los poderes centrales han traicionado el espíritu federal que alumbró el nacimiento de la España de las Autonomías. Durante décadas se ha instruido a la población sobre las supuestas afrentas recibidas («Madrid nos roba»). La debilidad y el estupor de Mariano Rajoy, que nunca comprendió el deterioro de la situación, y el hecho de que Pedro Sánchez llegara a la Presidencia con el apoyo necesario de los votos independentistas en el Congreso han enturbiado el debate, repleto de callejones sin salida.

Ortega y Gasset pronunció en 1932 un memorable discurso con motivo de la aprobación en el Parlamento del Estatuto otorgado por la República. «El problema catalán
—⁠⁠dijo⁠⁠— no se puede resolver, solo se puede conllevar; es un problema perpetuo, que ha sido siempre, antes de que existiese la unidad peninsular y seguirá siendo mientras España subsista». Cien años después, pese a los avances indudables de la sociedad española, el dictamen conserva su vigencia. La tendencia sentimental a vivir aparte, como la definió Ortega, sigue siendo una de las señas de identidad de un amplio sector de la sociedad catalana, que mantiene una mayoría exigua en el Parlamento catalán, pero no en la sociedad. Lo peor es que sus excesos avivan el fanatismo de los ultranacionalistas españoles, todavía presos del ensueño de la España imperial y centralista.

Cataluña no ha tenido ni tiene poder político suficiente para separarse de España, y no lo hará. Lo que no significa que no tenga ningún poder. Más de cuatro décadas después de aprobada la Constitución habría que insistir en que esta puede y debe mejorarse no solo porque lo pida Merkel, como en ocasión de la precipitada reforma pactada por Zapatero y Rajoy, sino también porque lo piden los españoles. Un pacto de Estado es necesario si queremos afrontar debidamente las varias crisis que padecemos: la económica y sanitaria causadas por la pandemia, la institucional, incluido el papel de la Corona y el conflicto territorial, y la de la construcción de Europa tras el Brexit y los recientes acontecimientos. La única propuesta viable que puede suscitar el consenso es una España federal, lo que no quiere decir que el proyecto no esté lleno de dificultades.

Cataluña no puede acceder a una independencia unilateral porque no cuenta con la mayoría de los catalanes para semejante proyecto, no tiene poder económico ni militar, y no recibe reconocimiento ni apoyo internacional. Si se consumara una separación de España no pactada, como increíblemente amagó con poner en práctica el Parlament, por simbólico que fuera el acuerdo que suscribió, supondría su inmediata ausencia de la Europa unida. Por más que sus dirigentes trataran de abrir largas y tediosas negociaciones para su incorporación a la UE, tendría asegurado el veto de no pocos países centrales, incluido el nuestro. En definitiva, afrontaríamos una decadencia galopante y duradera de lo que serían los Estados catalán y español. Todo eso naturalmente en el impensable caso de que las instituciones españolas no hicieran nada por impedir el proceso. Tampoco puede aspirar a una independencia negociada bilateralmente porque no existe ni existirá en Madrid un poder ejecutivo presto a semejante despropósito, al margen su ideología. Cualquiera que sea el origen y la naturaleza del Estado, el deber inexcusable de quienes lo rigen es garantizar la unidad de su territorio y el mantenimiento de la cohesión social y el orden público. Con este panorama la única solución democrática viable y duradera, por difícil que parezca, es un pacto. Un acuerdo que permita eliminar la incomodidad de la convivencia actual, perniciosa sobre todo para los intereses de los ciudadanos catalanes, y garantizar el futuro solidario, común y sostenible, que los españoles merecemos.

Hace tiempo que vengo denunciando la crisis sistémica por la que atraviesa nuestra estructura política, el deterioro creciente de las instituciones y la necesidad urgente de implementar reformas que garanticen su supervivencia. Solo el neofranquismo redivivo y el pueblerino independentismo, que encima osa dar lecciones de modernidad, parecen tener respuesta mediante el expeditivo e inaceptable método de acabar con el propio Estado democrático. Ambos nacionalismos exaltados invocan emociones patrióticas y ensueños imposibles, con lo que se necesitan mutuamente para sobrevivir. Pero ninguno de los llamados partidos constitucionalistas, ni tampoco el semiconstitucional o semiconstituyente Podemos, ha puesto sobre la mesa un propósito concreto que ayude a resolver el caso. Dialogar a secas, como pretende el gobierno de coalición, no es un proyecto sino solo la expresión de buenas intenciones. El diálogo no servirá para nada si no persigue desde su inicio un pacto que renueve lo que casi milagrosamente se logró en el vilipendiado régimen del 78: el reconocimiento del hecho diferencial catalán sin menoscabar la sustancial igualdad entre los españoles, vulnerada hoy por el independentismo y amenazada por la ultraderecha. No estamos solo ni principalmente ante un problema de convivencia entre catalanes, sino ante una verdadera crisis del Estado, apremiada por la hostilidad de los dirigentes de una de las más importantes Comunidades Autónomas. Por eso hay que dialogar con todos y entre todos, pero primero es necesario llegar a acuerdos transparentes entre las fuerzas políticas leales al régimen democrático, y ni Vox ni el independentismo lo son, por más que representen a buen número de sufragios. Esta no es una tarea exclusiva del gobierno, quien quiera que lo encabece. Culpables de la situación ya lo son todos, y mucho más han de serlo quienes persistan en la estúpida tradición del no es no.

En definitiva, son necesarias reformas urgentes encaminadas a restaurar la solvencia y eficacia de la monarquía parlamentaria, víctima de la centrifugación del poder, por la insurrección civil que alimenta la Generalitat catalana y comienza a contagiarse a otras autonomías, y por la incapacidad de los responsables políticos. Tres cuestiones parecen cruciales: la consideración del carácter federal del Estado de las Autonomías, instituyendo al Senado como cámara efectivamente territorial; la reforma de la ley electoral, eliminando tanto las circunscripciones provinciales como las listas cerradas y bloqueadas; y la elaboración de un estatuto de la Corona, que clarifique las funciones y capacidades de la Jefatura del Estado. Recientes acontecimientos relacionados con el Rey emérito y la campaña de desprestigio contra la institución, instrumentada por quienes facilitaron la investidura de Sánchez, así lo ponen de relieve.

La lucha contra la pandemia ha tenido y tendrá efectos contradictorios al respecto. La existencia de un mando único centralizado fue contestada repetidas veces por los independentistas, que creían violadas sus competencias en las autonomías, en un intento añadido de culpar a Madrid del desastre, aunque a la vez tuvieron que recabar el apoyo del gobierno central. Por otro lado ha crecido preocupantemente el escepticismo popular respecto a la funcionalidad del Estado de las Autonomías tal y como ahora está diseñado. Pese a que en su conjunto ha sido una historia de éxito, ha nivelado desigualdades territoriales y ha potenciado el desarrollo de las regiones más atrasadas, sus enemigos resaltan la descoordinación en la lucha contra la epidemia, debida a la incompetencia del Ministerio de Sanidad, a su falta de recursos y lo atribulado e incomprensible de muchas de sus decisiones.

Decía el gran escritor mexicano Carlos Monsiváis que «si nadie te garantiza el mañana el presente se vuelve inmenso». Durante los meses del confinamiento el miedo de las gentes al virus se fundió con el que ya muchos experimentaban frente al futuro de la globalización. Aunque todavía nuestras vidas están puestas como entre corchetes, la magnitud del momento que vivimos es la del universo: demasiado grande para las mentes pequeñas. Según Pío Baroja el nacionalismo (o el carlismo, ¿qué más da?) es una enfermedad que se cura viajando y leyendo. En la época de los grandes jets y la movilidad absoluta nuestros gobernantes, y quienes apetecen serlo, podrían aprovechar la paralización del transporte y la inmovilidad que de un modo u otro padecemos para emprender un viaje interior. Ya que no pueden hacer turismo electoral yo los animaría a leer más filosofía y redactar menos tuits.

Meses antes de que el mundo decretara una especie de toque de queda universal contra los virus tuvimos ocasión de asistir a dos espectáculos televisivos de primer orden, que amenazaban con arruinar la audiencia de las plataformas cinematográficas y hasta la de los programas dedicados a noticias de la entrepierna. Me refiero al debate en los Comunes del Reino Unido sobre el Brexit y la retransmisión del juicio contra los independentistas catalanes. Fueron sendos relatos sobre cómo abordar el divorcio entre los pueblos en perjuicio de sus habitantes y a beneficio de quienes les mandan. Desde Shakespeare no se habían escrito guiones tan capaces de expresar las pasiones de la especie humana, vigorosamente exhibidas en sus declaraciones por los acusados y testigos de la insurrección separatista: la traición, la mentira, la ambición, la cobardía, el miedo, la soberbia, el desdén y el ensueño protagonizaron aquella sucesión de confesiones y silencios, de arrogancias y dubitaciones que permitían mantener la tensión de la obra incluso si la mayoría de los espectadores presumía de antemano conocer más o menos el final. Por su parte, el cinismo exquisito de los diputados británicos apenas permitía descubrir del todo el desenlace del drama representado en el Parlamento, que se anunciaba como una auténtica tragedia griega. Cuando los oradores enfatizaban no tener ni idea de lo que pasaría tras su abandono de Europa, parecía que estuvieran discutiendo sobre los efectos de un terremoto ajeno a su voluntad. Como si el atropellado rosario de decisiones que tomaron previamente, destinado a hacer imposible cualquier solución, se debiera no a su petulancia, sino a las peleas e infortunios de los dioses.

Aunque muchos no lo perciban, Brexit y Catalexit son dos de los problemas más acuciantes para la inmensidad del presente que encaramos. En no pocas cosas ambos procesos se parecen como un huevo a otro. Por cierto, el presidente Sánchez describió con acierto lo sucedido en el Reino Unido: «una respuesta sencilla —⁠⁠sí o no⁠⁠— a preguntas complejas que tienen consecuencias trascendentales… En la campaña [por el Brexit] sirvieron todo tipo de exageraciones y mentiras». A lo mejor, más astuto que audaz, pretendía evocar la cuestión catalana, pero por desgracia, y para su vergüenza, no recuerdo haberle oído nunca nada parecido a ese respecto.

Todo ello pone de relieve que las deficiencias de nuestra gobernación, tan proclive a la inestabilidad, no son peculiares de la raza ibérica, y que nuestro caso no es excepción sino norma. Lo mismo podría decirse respecto a la oleada de impertinencias que a diario tienen que soportar los ciudadanos de muchos países a cargo de las decisiones de lo que los dirigentes de Podemos denominaron desde un principio como la casta. Fue contra la casta como el despertar de la nueva política comenzó a instrumentarse, lo que pudo animar las esperanzas de los más desprotegidos. La experiencia del gobierno de coalición español, un verdadero equipo del Jovencito Frankenstein, personaje que hizo famoso Mel Brooks en su inolvidable película, demuestra que esa nueva política, como la vieja, se reduce al egotismo de quienes ambicionan el poder. Semejante escenario de confusión y agobio, por donde se pasea la facundia de los de arriba y la rabia de quienes aspiran a derribarlos, no es exclusivo patrimonio de ningún país. Vimos a Trump enredarse en la construcción del muro con México tanto como Sánchez en la exhumación de Franco. Mientras el sino de Macron se estrellaba contra los chalecos amarillos, Italia entraba en recesión de la mano del neofascismo, y proliferaban la xenofobia y el nacionalismo en una Europa atomizada sobre la que de improviso la enfermedad se abatió como un castigo bíblico. A quienes se quejan de lo imprevisible del porvenir, de las manifestaciones populares y el ruido ambiente, que se multiplicará cuando el bicho asesino haya sido más o menos controlado, habrá que recordarles que la democracia también era y es esto: un régimen de libertades individuales cuyo único límite permisible es la libertad de los demás. De ahí que procure reglamentar conductas sin castigar pasiones.

Frente a la deriva neofascista de quienes quieren conquistar el Estado en nombre de la Cataluña o la España profundas es preciso correr a defenderlo. No es posible que un partido de la izquierda más que centenario como el PSOE se rinda ante la carcundia nacionalista y la fatuidad supuestamente heroica de quienes una y otra vez a lo largo de la Historia han propiciado la demolición de nuestro sistema de libertades. Ni tampoco que una derecha democrática y liberal capitule de nuevo ante una idea de España reaccionaria y cavernícola que abomina de todo el que no piense igual que ella. El PP y el PSOE están moralmente obligados a recuperar el espíritu que hizo posible la Transición democrática, a defender el interés general de los españoles y la Constitución de 1978 en vez de servir solo a las mezquinas aspiraciones que parecen mover a sus jactanciosos líderes. Engreídos hasta en el porte de su andar, disfrutan solo del reconocimiento de los suyos, sin más merecimiento que los favores otorgados.

Dados a buscar beneficios indirectos de la tragedia del coronavirus, puede señalarse la solidaridad ciudadana y la voluntad de unión para tratar de minimizar los efectos de la pandemia. Ojalá se hubiera podido decir lo mismo de sus representantes políticos. Durante al menos los primeros seis meses del horror, las falencias que arrastrábamos se vieron incrementadas no solo por los efectos de la enfermedad, sino por el oportunismo de los dirigentes, atentos con un ojo a cómo combatirla y con el otro a cómo derivar de ese combate réditos electorales. La extrema derecha, nostálgica del nacional-sindicalismo, con la muda complicidad de la derecha no tan extrema, se apresuró a pedir la destitución de un presidente recién investido que a su vez recababa la unión de todos y el apoyo a su gobierno a cambio de nada. No se debe convocar a la solidaridad cuando lo que se practica es la sumisión o la negación del otro.

Para complicar más las cosas, en el inicio del confinamiento la Casa Real hizo público un comunicado sobre el Rey emérito y sus eventuales responsabilidades fiscales, que llevaron al actual monarca a renunciar a la herencia de su padre y apartarle de la escena pública. A partir de entonces el acoso y derribo a nuestra monarquía parlamentaria por parte del populismo nacionalista y de izquierdas no ha cesado. La falta de reconocimiento de la Corona, y de la monarquía como forma de Estado, por parte de quienes apoyaron el asalto al poder del presidente Sánchez venía debilitando la sostenibilidad del modelo desde hacía varios años. La desmemoria histórica, sectariamente activada desde los tiempos de Rodríguez Zapatero, había cebado una falsa interpretación de nuestro actual sistema, al que no pocos jóvenes tildan de ser un simple heredero del franquismo. La monarquía española de 1976, dañada inicialmente por su ilegitimidad de origen, consagró su legitimidad de ejercicio con la instauración del régimen democrático de 1978: la devolución de la soberanía al pueblo español en su conjunto y un notable reconocimiento del país por parte de las potencias extranjeras. En sus años de vigencia el PIB per cápita se ha multiplicado por diez, la esperanza media de vida ha aumentado más de diez años, la asistencia sanitaria se ha convertido en universal, todos los indicadores educativos señalan mejoras sustanciales, cosechamos éxitos en innovación y ciencia; ha crecido sustancialmente el papel de España en el exterior, nos hemos convertido en la primera o segunda potencia turística del mundo, nuestra cultura se ha desarrollado en un mercado de cuatrocientos cincuenta millones de hispanohablantes, y se cuentan por decenas las multinacionales españolas, cuando antes nuestras empresas constituían casi un homenaje a la autarquía soñada por el franquismo. Muchas de estas cosas están siendo puestas seriamente a prueba por culpa de la pandemia criminal, y si hay un momento inoportuno para poner en cuestión la forma de Estado es sin duda este. Sobre todo porque la monarquía ha sido útil y debe seguir siéndolo cuando vivimos la asechanza, coyuntural pero inmensa, de la expansión del virus y un fundamental desafío en la Cataluña soliviantada y dividida por el fanatismo de políticos ignaros.

El debate sobre la forma de Estado se planteó de forma temprana al comienzo de la Transición. La monarquía no gozaba de especial aprecio entre la ciudadanía, independientemente de la adscripción ideológica de cada cual. Los herederos directos del franquismo, y de manera singular los falangistas, se habían hartado de cantar a voz en grito en los fuegos de campamento juveniles «que no queremos, ¡no!, reyes idiotas, ¡no! que nos quieran gobernar», para concluir el estribillo: «implantaremos, ¡sí!, por las pelotas, ¡sí!, el estado sindical». La derecha española, salvo un puñado de leales a la Corona pertenecientes al ocaso de la nobleza, como arrancados de la serie británica Downton Abbey, se hallaba dividida sobre la cuestión. Casi nadie participaba de las emociones monárquicas que, en puridad, eran del todo inservibles para perseguir la reconciliación entre españoles. Sobre los sentimientos prevalecieron los hechos: la existencia de un Rey que había heredado todos los poderes del dictador y que libremente renunció a ellos para devolver la soberanía a los ciudadanos. Y su actitud decidida, repetidas veces demostrada, de defensa de la democracia frente a las tentativas golpistas y las militaradas. Así nació el juancarlismo, sometido hoy a un proceso revisionista que nada tiene que ver con la innegable contribución de Juan Carlos I a la recuperación de nuestras libertades.

Decía Isaiah Berlin que en el ámbito de la acción política las normas son escasas y remotas; en cambio «las habilidades lo son todo». Es la comprensión de la vida pública lo que define el éxito o el fracaso de los gobernantes, no el bagaje ideológico de sus propuestas. El olvido de algo tan sencillo induce a muchos líderes, para no hablar de tertulianos, blogueros, tuiteros y demás familia, a teorizar sobre la Transición sometiendo su cuerpo ya esquelético a una especie de autopsia histórica, lo que les permite llegar a la ufana conclusión de que nuestra democracia padece un cáncer terminal desde su origen que amenaza con producir metástasis tardías. El argumento, nada nuevo, viene a denunciar que no hubo una ruptura. El proceso se hizo de la ley a la ley, para evitar que el jefe del Estado fuera acusado de perjurio o traición a los principios del Movimiento. La fuente última del poder seguía manando de la dictadura, cuyas leyes habían designado a don Juan Carlos de Borbón como sucesor en la Jefatura del Estado a título de Rey. Por lo tanto no pudo abordarse un periodo constituyente clásico que alumbrara el nuevo régimen.

Semejante argumentación es impecable, pero frente a la supuesta brillantez de los análisis se echa de menos la síntesis de lo sucedido. Sin ella es imposible hacer un relato honesto y veraz de la historia de la Transición, lo que engendra la ausencia de compromiso por parte de quienes no la vivieron. Comprensión y compromiso constituyen la base del consenso constitucional y, en definitiva, del ejercicio de la democracia. La peculiaridad del procedimiento consistió en alumbrar un nuevo régimen sin provocar una ruptura traumática en la convivencia, utilizando vías reformistas muy alejadas de la revolución. Nada menos que veinte años antes de la muerte de Franco el Partido Comunista de España, por entonces la única fuerza sobreviviente de la República que se hallaba verdaderamente organizada, había hecho un manifiesto en favor de la reconciliación nacional y demandado «una solución democrática y pacífica al problema español». Aunque se retrasara dos décadas, eso es lo que sucedió exactamente a la muerte del dictador: el alumbramiento de una Constitución democrática sin las formalidades de un periodo constituyente. A ello contribuyeron representantes de la dictadura en trance de desaparición y líderes de la oposición en busca de un objetivo común: la recuperación de las libertades.

Cuantas críticas y análisis se publican sobre el tema eluden con frecuencia dos hechos significativos: el primero que se trató de una auténtica reconciliación entre españoles después del desastre de la Guerra Civil y de una dictadura que mantuvo vivo el espíritu de la misma durante cuatro décadas; el segundo, que hubo que esperar a la muerte natural del dictador para que eso se produjera y que ninguna fuerza de oposición política o sindical ni ninguna potencia extranjera fueron capaces de cambiar el signo del régimen mientras Franco estuvo vivo. En esa reconciliación participaron como es obvio vencedores y vencidos, o por mejor decir sus hijos. No se trató de una vuelta de la tortilla, no hubo un reclamo de responsabilidades jurídicas ni políticas y, aunque no existiera una ley de punto final como tal, las dos leyes de amnistía que se promulgaron beneficiaron a todos, incluidos los asesinos del almirante Carrero, pero también los asesinos del franquismo que habían perpetrado un auténtico genocidio tras la victoria del general en la guerra. La Transición fue posible porque hubo un acuerdo generalizado en busca de la instauración de una democracia homologable con la de nuestros vecinos europeos. Los jóvenes de hoy no pueden apreciarlo porque nacieron y se educaron en libertad y la democracia es su ambiente natural, en el que han crecido sin necesidad de reivindicarla ni defenderla. Debemos preguntarnos, eso sí, por nuestro fracaso a la hora de enseñarles las raíces y el origen de nuestra actual convivencia. Puede reclamarse a la derecha española sus responsabilidades cuando se ha negado persistentemente a condenar en el Parlamento a la dictadura o cuando recurrentemente mira hacia otro lado ante la aparición ocasional de símbolos fascistas en sus filas. Y a todos los gobiernos que permitieron y permiten la existencia de miles de enterramientos ilegales de las víctimas de la represión de la dictadura. Al fin y al cabo, José María Aznar acostumbraba a inaugurar el curso político con una partida de dominó y un discurso en un pueblo llamado Quintanilla de Onésimo, en honor de un afamado pistolero, fundador del fascismo español en su versión de partido de la porra. Pero en cambio los socialistas renunciaron al marxismo, ellos y los comunistas arriaron sus banderas republicanas y Manuel Fraga, líder de la derecha directamente heredera de la dictadura a cuyo gobierno sirvió, fue el introductor de Santiago Carrillo en su presentación pública, pese a que los voceros de la reacción le increparan con el sobrenombre del Asesino de Paracuellos.

El éxito de experimento tan singular animó a los demócratas de otros países a imaginar proyectos semejantes. Muchos de quienes vivimos aquella experiencia viajamos a la Argentina y a Chile, países gobernados entonces por los militares, explicando que no se trataba de aplicar ninguna fórmula, pues el invento fue fruto de la improvisación. Nunca hubo una hoja de ruta, sino solo la expresión de un deseo compartido. ¡Oh, paradojas! Ese método que nunca existió como tal resultó en cierta medida exportable al Chile de Pinochet e inspiró las políticas de Alfonsín en Argentina. En el este de Europa, derrumbado el muro de Berlín, algunos se fijaron también en él. Mi amigo Adam Michnik, fundador de Solidaridad en Polonia y del periódico Gazeta Wyborcza, convocó un encuentro sobre transiciones pacíficas a la democracia al que pude asistir en compañía de Carrillo y Leopoldo Calvo-Sotelo, representantes de las antiguas dos Españas que hoy pugnan por resucitar. En un descanso de las sesiones, Adam se presentó del brazo del general Jaruzelski, que le había enviado a la cárcel durante varios años. La escena me recordó la imagen de Dolores Ibárruri, Pasionaria, presidiendo la mesa de edad del Congreso de los Diputados después de las primeras elecciones democráticas. Se lo comenté al polaco, en presencia del propio general, y me respondió de inmediato:

—Sí, pero nosotros echamos a faltar la figura del Rey que, en vuestro caso, ha jugado un papel fundamental. Habríamos necesitado alguien así.

Sobre el rol del monarca podemos testificar todavía quienes, fieles a nuestro ADN republicano, apoyamos y defendimos la monarquía parlamentaria, eje central de la Constitución del 78, en la que el Rey carece de todo poder político y está sometido por completo a la soberanía popular. Los ataques a la institución encabezados por los independentistas, Podemos y el batiburrillo de siglas de la izquierda cuasiextraparlamentaria, no se justifican porque haya vulnerado los principios democráticos, antes bien todo lo contrario. Sus embates no son solo contra la monarquía, sino contra todo el orden constitucional, al que pretenden derribar rompiendo el eslabón hoy por hoy más débil, que sin embargo es la piedra del arco que sujeta todo el sistema.

En la comisión de Cortes que estudió cuál habría de ser la forma de gobierno en la nueva democracia, el representante socialista, Luis Gómez Llorente, se abstuvo de votar a favor de la monarquía. No obstante, dejó la puerta abierta al futuro cuando declaró que si se estableciera democráticamente «en tanto sea constitucional, nos consideramos compatibles con ella». Sin duda fue por indicación de Felipe González, sabedor y partícipe del corazón republicano de las bases del partido, pero impulsor a un tiempo del pragmatismo necesario para la construcción del nuevo régimen. Se inspiraba en el diálogo, no sé si verdadero pero en todo caso verídico, entre el rey de Suecia y los dirigentes del partido socialista cuando este ganó la elecciones con un programa republicano. «Déjenme unos meses de prueba —⁠⁠habría dicho el monarca⁠⁠— y yo les demostraré que es mucho más barato para el país un rey que un presidente». De hecho existen similitudes notables en lo que respecta a la primera magistratura del Estado entre la Constitución sueca de 1975 y la española de 1978. Esta tuvo el apoyo irrestricto de los nacionalistas catalanes y vascos, amén del muy explícito del partido comunista. Su representante y padre del texto constitucional, Jordi Solé Tura, explicó nítidamente que «si queremos que funcione esta democracia deben adherirse a ella fuerzas institucionales a través de la monarquía». Meses más tarde, durante idéntica discusión en el pleno del Parlamento, Carrillo se mostró como uno de sus más fervientes partidarios.

Solé Tura, Carrillo, Tarradellas pertenecían a la estirpe cada vez menos numerosa de los políticos capaces de ejercitar el sentido de la realidad frente a construcciones ideológicas tan respetables como discutibles. A veces tan perniciosas también. Su actitud era la de muchos otros perdedores de la guerra que reconocieron las equivocaciones cometidas por ellos también al frente de la República. La monarquía española no es fruto de ninguna construcción teórica sino en gran medida del doble fracaso de los intentos republicanos a través de nuestra historia. Habida cuenta de la creciente brutalidad verbal de que ahora hacen gala muchos políticos, del aumento de la demagogia y el recurso a la ignorancia que tantos de ellos practican, no está de más pensar que en semejantes circunstancias es mejor tener un jefe del Estado absolutamente neutral, huérfano de poder y por lo tanto ajeno a las intrigas partidarias, que desempeñe el papel representativo y moderador que le corresponde.

Los dirigentes de la Transición coincidieron desde un primer momento en que lo que en realidad estaba en juego era la democracia. Que se lograra a través de una monarquía parlamentaria o de una república al uso resultaba accesorio. Lo importante era recuperar los valores republicanos dinamitados por el franquismo y la devolución de las libertades a los españoles. Representantes históricos de la izquierda y el republicanismo liberal, derrotados décadas atrás en una cruenta Guerra Civil, consideraron que era útil mantener una institución de la que se distanciaban intelectual y anímicamente. Hay nueve monarquías en la Unión Europea (algunas de países tan pequeños como Mónaco o Liechtenstein) a las que cabría añadir la noruega, que no forma parte de la Unión, aunque incorpore las directrices que de ella emanan. Prestigiosas organizaciones no gubernamentales, como Polity o Freedom House, la Universidad de Gotemburgo y el semanario The Economist han realizado repetidas encuestas para testar la opinión pública sobre la calidad de la democracia en el mundo. Para asombro de los fanáticos de la guillotina, el resultado asevera reiteradamente que es mayor en los países con monarquías parlamentarias que en las repúblicas. Y mucho mejor resulta aún el funcionamiento de sus gobiernos y la proximidad de los mismos a sus electores en países en los que, paradójicamente, el jefe del Estado no es votado democráticamente.

El objetivo declarado de quienes, más fieles a sus legítimas pasiones ideológicas que a la contemplación de la realidad, animan a la revuelta contra el mantenimiento de nuestra forma de Estado no es otro que destruir el régimen del 78, incompatible con el independentismo unilateral. Al margen cuáles sean los sentimientos que despierte, la figura del Rey es pieza clave en la arquitectura constitucional de nuestra democracia y lo podría ser aún más si al final se lograra una reforma que reconociera el federalismo en ella latente, víctima de un desorden y una anomia originados por la animadversión de la derecha a utilizar ese término. El papel de Felipe VI no puede ser por eso el de un simple jefe de relaciones públicas. Se trata del más alto representante del Estado y posee un poder de arbitraje, que debe emplear cuando las circunstancias lo requieran, para ayudar al normal funcionamiento de las instituciones, hoy en peligro de descarrilar. Eso, independientemente de los errores de bulto y los delitos que algunos miembros de la familia hayan cometido o cometan en el futuro.

A la luz de los sucesos recientes que atañen a la Familia Real, es del todo necesaria la elaboración de una ley que determine el estatuto del monarca, sus deberes y obligaciones, los medios a su alcance y los límites a la inviolabilidad que la ley le reconoce. La tarea corresponde primordialmente al gobierno y a la Casa Real, pero ha de involucrar a toda la representación en Cortes. El entusiasmo de Sánchez para emprender trabajo semejante es por lo demás escaso. Quizá no entienda que la destrucción del régimen del 78 se lo llevaría también a él por delante.

Por lo demás, se olvida con frecuencia que las familias reales, además de reales, son precisamente familias, sometidas a los vaivenes, reyertas, amores y desamores similares a los de cualquier otra. En el Reino Unido lo comprendieron bien hace tiempo. Sus integrantes se han convertido en intérpretes ficticios de una saga histórica que, lejos de ocultar sus vicios y defectos, se apoya en ellos para demostrar la validez de la institución, por encima de cualquier pecado o error que sus miembros cometan. Nuevamente ha sido Shakespeare el modelo a seguir. En la estela de su obra, la prensa popular y las series televisadas han logrado contar las vidas de la corte como si pertenecieran a la especie privilegiada y maldita de los dioses de la mitología. Un terreno en el que incluso los malvados, y sobre todo ellos, deben ser protegidos para que el argumento funcione. Hasta el punto de que cuando decidieron destronar a Eduardo VIII, acusado con razón de tendencias pronazis, aprovecharon una disputa gentil sobre sus relaciones amorosas, cuestiones estas que tantas veces causaron guerras en el Olimpo. No estoy seguro de que ese punto de vista haya sido bien comprendido por los agentes políticos españoles, demasiado preocupados por su pequeña ambición y la pasión juvenil de los fuegos de campamento.

La tentación dinástica es además de tal fortaleza que, al margen las disputas cortesanas, se ha apoderado igualmente de los sentimientos presuntamente más republicanos. Son conocidas las sagas familiares en la evolución de muchos países revolucionarios adorados por el comunismo. En China, Rumania, Corea del Norte o Cuba, los lazos de sangre pretendieron anudar la supervivencia en el poder tanto o más que los proyectos legales. Otros países democráticos no les van a la zaga, y el proceso se ha acelerado en las últimas décadas. Los Kennedy, los Clinton, los Bush y ahora, ¡carajo!, los Trump son un buen ejemplo. Colombia o Argentina han sido escenario de similares experiencias. En España el experimento es un poco más cutre pero igualmente revelador. Durante el primer periodo socialista de la nueva era se hablaba del ascenso de las «cuñaditas», como machista y popularmente se conocía a la parentela ministerial que encontraba fácil acomodo en el sector público. Fuera por defensa de los derechos de la mujer o por el hecho de que las militantes de izquierda estaban más emancipadas que las de la oposición conservadora, llama la atención las muchas parejas, de hecho o de derecho, cuyos dos miembros encontraron empleo público remunerado cuando uno de ambos gobernaba. Acentuada la costumbre con el tiempo, pasados los años quedará para la literatura romántica el hábito de un sedicente líder revolucionario, iluminado por sus afectos tanto o más que por sus ideas, siempre dispuesto a hacer reina por un día a su compañera. Eso no quiere decir que la derecha haya estado ausente de similares prácticas, pero tradicionalmente hubo entre sus filas mayor número de marujas, de profesión sus labores, sin más aspiraciones que la de ser el puntal de la familia. En cuanto a los consortes masculinos, numerosos en las filas de los conservadores, parecen más atraídos por la presencia en los negocios que en el servicio público. Favores recibidos desde el poder son otra forma de nepotismo mejor remunerado.

Estos defectos estructurales de la democracia española son menores que los detectados en otras latitudes que también experimentaron transiciones desde regímenes dictatoriales. Hasta el punto de que durante años el proceso español fue estudiado y puesto de ejemplo en multitud de ambientes académicos y políticos. Ya he explicado que ilustres protagonistas de la experiencia contribuyeron a difundir personalmente la historia y explicar las condiciones en que se llevó a cabo. Viajé con el general Gutiérrez Mellado a Argentina y Chile, todavía en el ocaso de sus Juntas Militares, para explicarlo a la oposición democrática y apoyarla públicamente. Viajé con Carrillo y Calvo-Sotelo a Varsovia, también en compañía de Patricio Aylwin, que había desplazado a Pinochet en el referéndum perdido por el general golpista y encabezó la transición democrática. Viajamos, yo y muchos como yo, a universidades de todo el mundo, donde académicos y políticos en activo elogiaban el ejemplo hispano, que simbolizaba la reconciliación entre vencedores y vencidos en la Guerra Civil. Se trataba de una historia de éxito de la que nos sentíamos orgullosos.

Pero no todo se hizo bien. El frustrado golpe de Estado de 1981 nos alertó de los peligros interiores, y también de la reacción externa respecto a los acontecimientos en casa. Mientras el secretario de Estado americano declaró que se trataba de un problema interno español, los gobiernos europeos, singularmente Francia y Alemania, consideraron que era un caso que atañía a todo el viejo continente. Ante la pasividad de los Estados Unidos, apoyaron y apadrinaron el desarrollo de la democracia en España. Enseguida fue evidente que, al margen del sostén exterior, consolidado con la entrada en la Comunidad Europea y en la Alianza Atlántica, precisábamos reformas internas, especialmente en lo que se refiere al título VIII de la Constitución, asediado en la época por la disidencia terrorista vasca y más recientemente por la disidencia independentista catalana. La desidia, el miedo, la arrogancia y la estupidez se fueron turnando para impedir los cambios constitucionales que la cuestión territorial demandaba. Luego llegaron los idiotas o los aprovechados, que en nombre de la memoria histórica y mancillando tan respetable enunciado, propagaron la desmemoria absoluta. De ahí al «no nos representan» quedaba un corto viaje.

Las manifestaciones de los indignados que en España germinaron en el movimiento del 15-M respondían también a un referente global. El cansancio de las poblaciones, la frustración tras la crisis económica, la indefinición del futuro de los jóvenes surgieron en gran medida como consecuencia de la depresión económica generada por los sucesos de 2008. Se hizo patente el distanciamiento entre la clase política y los ciudadanos, no solo en los regímenes dictatoriales o autoritarios, sino en democracias más o menos consolidadas. Y no solo eran los políticos, sino el establishment en general, el objeto de las denuncias. Los acampados en las plazas de muchas ciudades protestaban contra el sistema por haber sido excluidos de él. Estaban contra los partidos, los sindicatos, los banqueros y los periódicos, o los medios de comunicación en general. A todos se les mide aún por el mismo rasero, como integrantes de esa casta reacia a propiciar los cambios que la gente demanda.

Los movimientos antisistema, en Italia como en España, a derecha e izquierda, nacieron al calor de dichas circunstancias. Los chalecos amarillos en París y el Occupy Wall Street en Nueva York respondían a parecidas pulsiones. La acusación general era, y sigue siendo, que la democracia representativa lo es solo de nombre, pues no obedece a los intereses, deseos y sueños de los ciudadanos, sino a los de una casta dirigente. El sistema político y su entramado económico y social se sintieron desde el primer momento en peligro. Además, la fragmentación parlamentaria impedía en los casos italiano y español, también en Grecia, la formación de gobiernos monocolor. Tsipras, un comunista joven cortado a la antigua, se hizo con el poder en Atenas gracias al apoyo de la extrema derecha y se vio obligado a despedir a su ministro estrella de Economía para recabar la credibilidad que le negaban los mercados. En Italia los dos movimientos populistas de ideología contrapuesta se aliaron para hacerse cargo de la gobernación. En España, Sánchez acabó aliándose con los de Podemos, pese a la hostilidad primera que les demostró. Y eso que para la historia del PSOE un pacto de gobierno con los comunistas era algo todavía más difícil de imaginar que la aceptación de la monarquía.

En circunstancias semejantes, no pocos se preguntaban cómo podría ser la coexistencia en el poder entre los que ansiaban derrocar el sistema y los que presumían de protegerlo. Se mostraban temerosos de que el experimento sirviera para dar a luz un monstruo de dos cabezas, dos gobiernos en uno, o sea, lo contrario a cualquier estabilidad, como se vio enseguida en el caso italiano. Di Maio-Salvini era un matrimonio que no podía durar. Hoy en nuestro país es también notoria la fractura entre los dos partidos integrantes del llamado gobierno Frankenstein que integra la coalición de Unidas Podemos y los socialistas. Por eso merece la pena una reflexión sobre si es lícito o conveniente que los partidos democráticos que han vertebrado la gobernación durante las últimas décadas cohabiten en el poder con los populismos, nacidos al calor de la protesta contra esos mismos partidos. En mi opinión sí lo es, en contra de los que piensan que supone meter al zorro en el gallinero. Entre otras cosas es preciso definir quién es el verdadero zorro en este cuento.

La democracia supone antes que nada la regla de la mayoría, junto con el respeto a los derechos de las minorías y la separación de poderes. Quienes reclaman la democracia asamblearia, signo de identidad de los populismos de cualquier ralea, olvidan demasiadas veces estas dos últimas condiciones. Pero quienes se presentan a sí mismos como guardianes del Grial del régimen de libertades no pueden seguir ignorando que la eclosión de nuevos partidos, causa y efecto de la fragmentación parlamentaria, se debe en gran medida a la corrupción, el clientelismo y aun el bandidaje de los dirigentes de las formaciones tradicionales.

El modelo europeo tras el final de la Segunda Gran Guerra se construyó mediante una alianza entre la democracia cristiana y la socialdemocracia, abiertamente contraria a los postulados marxistas. Si ambas formaciones están en decadencia en la mayoría de Europa, cuando no han desaparecido por completo en determinados lugares, es porque con el paso del tiempo han logrado pervertir su función y desfigurar el mandato popular, alejándose de los problemas reales y cotidianos de los ciudadanos en un momento de grandes cambios civilizatorios, aumento de las desigualdades e incertidumbre ante el futuro. Paradójicamente, ellos mismos se han convertido en un verdadero peligro para la supervivencia del sistema que dicen defender.

Los populismos de izquierda crecieron al grito de «no nos representan». Alborotaron no poco en sus comienzos pero los populistas reaccionarios, agazapados a veces en las formaciones históricas, se muestran tan agresivos o más que los nuevos anarquistas, pese a que no cesan de reclamar la ley y el orden. No han sido los partidos tradicionales, sino la fortaleza institucional en cada caso, lo que ha permitido que Italia haya sobrevivido a Berlusconi, primero, y más tarde a Salvini, y lo que permitirá que el Reino Unido sobreviva a Boris Johnson o los Estados Unidos a Trump, lo mismo que España habrá de hacerlo al jovencito Frankenstein y a los cruzados de la fe que siguen a Abascal.

Hace más de un siglo Robert Michels definió la ley de hierro de los partidos, que tiende a convertir la poliarquía democrática (gobierno de muchos) en una oligarquía encarnada por los líderes. También Giovanni Sartori estableció las diferencias entre las democracias de pluralismo moderado y lo que llamaba el pluralismo polarizado, que es lo que ahora estamos viviendo. En ese modelo triunfan las ideologías frente a la aportación de soluciones y el antiguo bipartidismo más o menos mitigado es sustituido por una confrontación entre bloques. Solo una alianza entre representantes de uno y otro mundo (el institucional y el de la emergencia) puede ayudar a la regeneración que tantos predican, a condición, todavía no visible en España, de que los integrantes de la nueva casta reconozcan sus contradicciones y angustias ideológicas, y no pretendan el doble juego de estar en el poder y la oposición a un tiempo. Sus electores no se lo perdonarían. A los timoratos conservadores habrá que explicarles por lo demás que es preferible tener al oponente dentro de la tienda meando para fuera, que fuera ciscándose en los de dentro.

No voy a negar las dificultades y peligros de un proceso así. Al fin y al cabo los antisistema, aunque no lo confiesen o incluso no lo sepan, necesitan destruir el viejo edificio para construir un nuevo orden que establezca sus propias reglas. Nos encontramos ante una insurrección casi mundial contra los efectos de la globalización y el abuso de los poderosos, aunque las revoluciones no acaban con las elites, solo las sustituyen. Para evitar que deriven en situaciones odiosas como las de Venezuela, es imperativo el cumplimiento de la ley y el respeto a la Constitución, pero no solo eso. Hay que reivindicar la autonomía de la política y recabar de sus agentes el pragmatismo de la solidaridad. El no nos representan no es solo una denuncia de determinados males o defectos del sistema, sino del sistema mismo, traicionada su estirpe por la cultura del poder. Edward Said nos advirtió de que «el acto de representar a los demás implica siempre cierta violencia hacia el sujeto representado […] implica control, implica acumulación, implica confinamiento, implica cierto grado de distanciamiento por parte del que representa». Pero admitía que las representaciones son necesarias para la vida en sociedad, de manera que en su opinión no es posible prescindir de ellas, aunque sí eliminar los modelos en los que la autoridad es tan represiva «que no permite ni deja sitio para que los representados intervengan». Las quejas de estos, generalmente bien fundadas, merecen respuestas válidas y analizar imparcialmente sus causas. Un entramado de equilibrios y vigilancias, check and balances, como dicen los americanos, ayudaría a mitigarlas. Para ello es preciso garantizar la independencia de la sociedad civil, promover un orden no basado tanto en la autoridad como en la cooperación, y un aumento de la participación ciudadana que permita poner freno al imperio del poder. No solo mediante la aplicación del imperio de la ley, pues el judicial es también un poder de características a veces dudosamente democráticas, sino sobre todo con el ejercicio de las libertades públicas y privadas por parte de los ciudadanos.

Las protestas masivas se han generalizado, independientemente de la geografía y la geopolítica en la que se producen, y no es previsible que se apacigüe en el corto plazo el ánimo de los manifestantes. Ni siquiera el coronavirus ha sido capaz de hacerlo. Antes bien la propia enfermedad, o por mejor decir la atribulada gestión que las autoridades han hecho de ella, genera nuevas explosiones de rabia e impotencia. El verano de la pandemia quedará para la Historia como el de la revuelta de los afroamericanos contra la brutalidad policial, black lives matter, el racismo y la xenofobia, mientras en Hong Kong o Bielorrusia el poder popular pugnaba inútilmente por abrirse paso contra dictaduras de viejo y nuevo cuño. Un año antes habían estallado los disturbios en América Latina y no hace tanto tiempo del fracaso de la primavera árabe. Movilizar a los Ejércitos, o a policías armados y pertrechados como militares, para reprimir demostraciones pacíficas, aunque algunas no lo sean tanto, no es ya una característica exclusiva de los regímenes autoritarios. Lo hacen lo mismo Trump que Lukashenko. El uso de la fuerza es una constante de los procesos históricos y asombra con qué facilidad los jóvenes airados olvidan que a cada revolución corresponde una contrarrevolución. En consecuencia, los abusos policiales han terminado por ser moneda corriente en muchos países democráticos; la vida privada y la intimidad son invadidas también constantemente en nombre del interés general; derechos pisoteados y voces silenciadas no son rasgos exclusivos de las dictaduras.

Hay que insistir en que nuestro orden social, vapuleado hoy por la Covid, ya había sido puesto en cuestión por el impacto de las tecnologías de vanguardia. Desde hace un par de décadas asistimos al despertar de una nueva civilización que ni comprendemos ni controlamos bien, porque aunque parezca muy desarrollada está todavía en su edad del hierro. Cuando Internet irrumpió en nuestras vidas sus primeros apóstoles predicaban la buena nueva de que se trataba de entregar el poder al pueblo, empowering people. En realidad cada gran invención o aportación científica o tecnológica que ha conocido la humanidad se inscribe bajo el común denominador de la democratización del poder. El poder para el pueblo, el ensanchamiento de sus libertades fue lo que significó el ferrocarril, gracias a la máquina de vapor. Lo mismo puede decirse de la multiplicación de las comunicaciones, gracias al telégrafo y a los estudios sobre electromagnetismo, la generalización del uso de la energía y/o la construcción de los medios de comunicación de masas, una vez que supimos cómo utilizar las ondas hertzianas. De cada uno de esos inventos se derivaron transformaciones profundas del comportamiento humano, tanto individual como colectivamente. Y en cada una de esas ocasiones la autoridad competente y la sociedad biempensante se sintieron amenazadas en sus privilegios, sus capacidades de coacción y manipulación. Inicialmente se resistieron al cambio, muchas veces hasta patas arriba, como hacen los insectos temerosos de sufrir un aplastamiento.

Queda dicho que la aparición de Internet y la extensión de la cultura digital sugieren consecuencias para nuestras vidas de igual o mayor tamaño que las derivadas del desarrollo de la imprenta. Los desafíos y las amenazas que para el futuro de los medios de comunicación constituyen son solo un aspecto de los cambios estructurales que el mundo ha comenzado a experimentar. Desde la articulación de la economía financiera hasta el desarrollo de la investigación científica no hay actividad humana que no se vea afectada en sus cimientos por lo que podríamos llamar la dictadura de los algoritmos. Vivimos desde principios de este siglo una revolución permanente que, como todas las revoluciones, comenzó a plagar de víctimas el paisaje de nuestras sociedades y ha engendrado una nueva clase política y económica, una nueva elite, destinada a liderar el cambio, a asumir y controlar el poder en nombre de los ciudadanos. Pero es verdad también que una gran parte del poder mismo parece haberse depositado de manera directa en manos de las gentes, pues la sociedad digital es más participativa e igualitaria que la que denominamos analógica.

La literatura sobre el poder podría llenar varios recintos del tamaño de la biblioteca de Alejandría. Max Weber lo definía como «la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia» y Georges Burdeau calificaba por su parte dicha posibilidad: «El poder es una fuerza al servicio de una idea». Duverger, menos optimista, entendía que como hecho social el poder se refiere a la dominación de unos hombres sobre otros y Wright Mills asegura que su forma última es la de la manipulación y la coacción. Lo definen también su estructura interna, jerarquización y organización, y la influencia de los diferentes estamentos sociales, lobbies y grupos de presión. Entre ellos, sin duda alguna, destacan los medios de comunicación, que recibieron el calificativo de cuarto estamento durante la Revolución francesa, y pasaron a la Historia, sobre todo en lo que se refiere a la prensa, precisamente con el apelativo de cuarto poder. Hoy ya no lo merecen, por más que los gobernantes quejicas de turno denuncien con saña su actividad.

Los periódicos, y el resto de los medios por extensión, forman parte de la institucionalidad que la democracia representativa alumbró en los albores del siglo XIX. A quienes están acostumbrados a mirar los diarios como un «antipoder», en expresión de Valéry Giscard d’Estaing, les provoca no poca confusión y desasosiego comprobar que las grandes empresas de medios forman parte de una realidad institucional que facilita el consenso sobre el que se edifica el poder democrático. Dicho acuerdo se elabora a través de la opinión pública, y el papel singular que los diarios y más tarde las radios y las televisiones han jugado en la formación de la misma ha hecho que, durante siglos, los periodistas viviéramos la esquizofrenia de pertenecer a la institucionalidad del poder al tiempo que frecuentemente provocábamos su fractura. Presumíamos de estar fuera de palacio cuando en realidad formábamos parte de la corte. Todo esto ha funcionado así más o menos durante doscientos años. Quienes nos dedicamos a hacer diarios nos convertimos en mediadores sociales entre la realidad y nuestros lectores, igual que los diputados lo son entre la autoridad y quienes los eligen. Pero la sociedad digital ha puesto en evidencia las carencias no solo de nuestra industria, sino de la arquitectura política que contribuye a sustentar y que se resiente cada vez más, hasta el punto de que si no se refuerza acabará en ruinas.

El arrogante cuarto poder, espina dorsal de las democracias, lucha hoy por su supervivencia. En gran medida ya ha perdido la batalla. Nos encontramos ante un cambio de paradigma que ha trastocado el orden de los valores y el entendimiento de la realidad. Tras la invención de la imprenta la cultura salió de los monasterios; se liberalizó el pensamiento (el mejor ejemplo de ello fue la libre interpretación de los libros sagrados); se extendió la enseñanza; se potenció el comercio, ayudado por los descubrimientos de nuevos territorios, y cambió la naturaleza del poder y su distribución. Hoy vivimos un terremoto parecido, pero de tamaño y consecuencias más gigantescas.

La sociedad digital es el primer responsable del nuevo desorden mundial. Nada es igual ya en las finanzas, en el comercio, en la distribución del trabajo, en la ciencia y la educación, en el entretenimiento y las relaciones entre las personas. Estamos al principio de un camino que nos adentrará en territorios aún desconocidos mediante el desarrollo de la inteligencia artificial, las redes 5G y la computación cuántica. Acostumbrados a que sean las leyes quienes rigen y ordenan la convivencia, no acabamos de asumir que en el nuevo mundo la norma fundamental la definirá —⁠⁠ya lo está haciendo⁠⁠— el software. Un mundo que elimina antiguas jerarquías, intermediaciones pesadas y onerosas, representaciones falaces y comisiones abusivas: el mundo en red.

Al margen de consideraciones culturales y económicas la complejidad fundamental de la situación para el ejercicio de la democracia es la formación de la opinión pública. Ya no es la prensa (en su sentido lato, que incorpora también radio y televisión) la principal inspiradora. Naturalmente sigue teniendo un papel relevante pero cada día lo es menos frente a la actividad continuada y esquizofrénica de las redes sociales, donde la verdad y la mentira, la calumnia y la injuria, la realidad y la fantasía conviven en un totum revolutum de difícil discernimiento. Los maestros de nuestro tiempo, para millones de gentes, no se llaman Jean-Paul Sartre ni Ortega y Gasset, sino influencers. La mayoría tiene menos de treinta años, cuerpos esbeltos y sonrisas de plástico. Los candidatos a las elecciones les cortejan y posan con ellos, los directores comerciales pelean por sus favores y los adolescentes no se cortan el pelo ni se visten a lo Beatle o lady Di, sino de acuerdo con la estética del rap, que ha hecho del desarraigo callejero una máquina de fabricar dólares.

La pregunta pertinente es si sobrevivirá la democracia a las redes sociales. Aunque no se ponen en duda los beneficios de Internet y su carácter inicialmente democrático, muchos creen que la democracia misma está amenazada por las nuevas tecnologías debido a que su propia estructura responde a la del mundo analógico y el sunami digital ha de llevársela por delante, como a tantas otras cosas. La sociedad en red circula además a velocidad vertiginosa, que se ha de multiplicar exponencialmente en un futuro no lejano. Los ritmos, esquemas y normas de comportamiento en Internet casan mal con los hábitos reflexivos y deliberativos de la Ilustración, cuyos principios inspiran el sistema democrático. Y aunque la Red sea la consecuencia de una construcción lógica sus efectos se incrustan en el universo de los sentimientos. De modo que la verdad se ve combatida por la posverdad, las noticias por los hechos alternativos y el razonamiento por la expresión de las emociones.

Vistas así las cosas parece que las redes sociales son una provocación contra la convivencia pese a que prediquen la conversación. Más aún cuando los servicios de inteligencia de medio mundo se dedican a violarlas, manipularlas y utilizarlas en beneficio de sus gobiernos o del mejor postor. Cuando Mark Zuckerberg reconoció la responsabilidad de Facebook por las fugas masivas de datos propiedad de millones de clientes de su compañía, el New York Times, tras una espectacular cobertura de investigación, concluyó que la compañía es una estructura incapaz de autorregularse, de modo que alguien ajeno a la organización tendría que hacerlo. La cuestión es quién y cómo.

Mientras se encuentra la piedra filosofal que resuelva el caso, conviene no perder de vista que, amenazas digitales aparte, la democracia está a punto de perecer en varios países por culpa no solo de eso, sino de la democracia misma: su corrupción, el deterioro de sus instituciones, la mediocridad de sus líderes, el cortoplacismo impuesto por los objetivos electorales y el creciente menosprecio de los derechos y libertades individuales como clave de arco del sistema en beneficio de los llamados derechos colectivos. La sociedad liberal, que encumbra sobre todo los derechos de la persona, no sobrevivirá si quienes gobiernan persisten en tratar a sus administrados como miembros de una tribu antes que como ciudadanos.

En política, la desintermediación parece confundirse con la democracia directa. Esta es en realidad la primera forma democrática que recuerda la Historia, pues la asamblea ateniense equivalía a un hombre, un voto. Y digo bien, ya que en ella no tenían cabida ni las mujeres, ni los niños, ni los esclavos, que carecían de la condición de ciudadanos. Salvo en el peculiar caso de la Confederación Helvética, la democracia directa se ha deslizado siempre peligrosamente hacia el populismo y ha sido un instrumento frecuentemente utilizado por dictadores y regímenes totalitarios. El deseo de los líderes por comunicarse de tú a tú con las gentes es inevitable y va en aumento. Recuerdo la frase de Felipe González, pronunciada cuando ocupaba la jefatura del gobierno, en el sentido de que hay que distinguir entre la opinión pública y la publicada. Respondía a la constatación de que mientras la mayoría de los medios se mostraba crítica respecto a su tarea, cuando no de forma abiertamente hostil, él ganaba repetidas mayorías absolutas en las elecciones. Aunque la verdad es que la opinión publicada, si es insistente y tiene fundamento, acaba por convertirse en pública. Esta especie de desconfianza respecto a los sistemas de mediación en la creación de las opiniones ciudadanas tiene su réplica en las frecuentes críticas que los propios medios y muchos periodistas hacen del sistema de representación política. Trump ha escenificado mejor que nadie el conflicto entre prensa y poder, acusando a los periódicos más respetables de propagar políticas de odio contra el gobierno federal. Como dijo en su día lord McGregor of Durris, que fue presidente de la comisión británica de quejas sobre la prensa, los conflictos entre periodistas y gobernantes son un buen termómetro del ejercicio de la libertad de expresión, porque los gobiernos, también los democráticos, encabezan la lista de los enemigos de la prensa libre. A mayores conflictos, más libertad. Pero a la postre, aunque nos resistamos a reconocerlo, partidos políticos y periódicos, o medios de comunicación, son facetas de un único mecanismo de funcionamiento del Estado y de articulación del poder, que ha pervivido en las democracias por más de doscientos años. Es este sistema lo que ha entrado en crisis a partir de la revolución digital. En ella, resulta clave la interacción instantánea, el conocimiento es colectivo y, en principio, no hay un liderazgo visible o demostrable al que atribuir la responsabilidad del rigor intelectual. Lo que se gana en participación se pierde en garantía de la calidad del producto. Pero eso no parece preocupar al usuario, antes bien sería un aliciente añadido. Creer que a base de tuits uno es capaz de influir a su antojo y hasta ese extremo en la vertebración de la opinión pública global puede ser, quizás, un espejismo, pero al fin y al cabo constituye solo uno más de los muchos mitos y ensoñaciones que alimentan los deseos de felicidad de los humanos. Entre ellos sobresale el que el profesor Ruiz Soroa define como el de la existencia «de un pueblo que toma decisiones en la plaza pública». Sin embargo, «el pueblo, él solo, no puede formar una voluntad, no puede tomar una decisión, porque le falta el indispensable polo de alteridad». Sin los elementos de representación política el poder del pueblo queda reducido a expresar su opinión. Cuando se multiplica el número de los que lo hacen, amparados a veces en el anonimato, que facilita el ser suplantados por máquinas, tenemos un problema mayor: más de la mitad de los tuits que se generan a diario en las redes proceden de robots.

Aunque estas circunstancias son bien conocidas, muchos ciudadanos otorgan una credibilidad inaudita a las mentiras, rumores, calumnias y disparates de los confidenciales, blogueros y tuiteros, que desdicen del rigor periodístico de los medios tradicionales y promueven y acentúan la polarización política y social. Además, importa saber cómo la eliminación de los elementos tiempo y espacio en el universo digital va a influir en la construcción de la convivencia y en el método de conocimiento y comunicación entre los ciudadanos. Esto tiene que ver no solo con la narración de los hechos, sino con el contexto en que se producen. El contexto lo es todo para entender la verdad, que no es tal hasta que no se explica.

Al desdén de los políticos por sus votantes y al correspondiente desapego de estos respecto a los líderes habría que añadir el desprecio a la verdad practicado hoy no solo por las mentiras de quienes mandan, pues ya estábamos acostumbrados, sino por numerosos medios que han abandonado las más elementales técnicas profesionales que garanticen el rigor de las informaciones, la veracidad de los datos y el respeto a los discrepantes. Este proceso infeccioso comenzó en las redes sociales, los blogs y los confidenciales, contagió rápidamente a los medios audiovisuales y se ha extendido por la prensa impresa, al hilo de la debilidad de su modelo de negocio en las actuales circunstancias. Algunos diarios parecen hoy más gacetillas de partido que voceros independientes y suman a sus particulares fantasías y pesadillas ideológicas, obsesiones derivadas de la competencia comercial o la llamada guerra de medios. Deformaciones no tan nuevas, pero sí lo es su extensión y la profundidad del daño generado. Sin un periodismo profesional e independiente, cada vez más escaso, será imposible que las democracias sobrevivan. Y qué decir del bien intencionado empeño en que estas se conviertan en más participativas cuando la demagogia, la calumnia, la mentira y el aspaviento, el desprecio al otro y la intolerancia se adueñan de las calles ante la pasividad, o incluso con la complicidad, de quienes están obligados a garantizar que el espacio público sea de todos.

Algo parecido podríamos decir de las encuestas, generadoras también de grandes corrientes de opinión. En palabras de Sartori la gente «no entiende ni conoce las cuestiones sobre las que se les pide que manifieste su criterio». Sondeos y predicciones electorales contribuyen a la inflación emocional que degrada la calidad de la democracia. Los anhelos por construir un sistema más participativo como respuesta a la oligarquía de los partidos están dando a luz lo que más parece la democracia de los cabreados, los ignorantes o los crédulos. Los populismos responden a un mismo parámetro en todas partes: animan la indignación de los gregarios y prometen sanarla con soluciones simples. Pero no hay respuestas sencillas a problemas complejos. De modo que para desconcierto de muchos el activismo social puede servir a la hora de conquistar el poder, pero no a la de ejercerlo. Quizá esto es lo que quiso decir Fernando Savater cuando llamó tontos a los votantes de Podemos, en una provocación tan excesiva que acabó por volverse contra él, siendo como es uno de nuestros pensadores más dignos de admiración. En definitiva, los tontos y los idiotas no son los electores, sino los elegidos, incompatibles tantas veces con una democracia que es hija de la duda, del esfuerzo y del respeto.

Uno de los fenómenos más notables del nuevo entorno en el que se manifiesta la opinión pública es la aparición de la posverdad. Resulta frecuente escuchar que en definitiva una posverdad no es sino una mentira, y que mentiras y mentirosos ha habido siempre, singularmente entre políticos y periodistas. No es exactamente así. Una posverdad no es tanto una mentira como una verdad emocional, que no se atiene a la descripción ni a la objetividad de los hechos. El catecismo del padre Ripalda, que durante generaciones sirvió para educar en la fe católica a millones de españolitos, definía con acierto que mentir es decir lo contrario de lo que uno piensa. El que transmite una posverdad sí dice en cambio lo que piensa y en ese sentido no es un mentiroso, sino alguien que cree que la verdad es una realidad subjetiva; si los hechos la desmienten es porque no se repara en la existencia de otros que se denominan precisamente alternativos. La fuerza del populismo no radica tanto en engañar a la gente como en seducirla al transmitir una versión de las cosas acorde con lo que la misma gente está deseando oír. La indefensión ante fenómenos que los ciudadanos no controlan y decisiones en las que no participan los lleva a anhelar relatos que no acaben por completo con la esperanza. Es célebre la anécdota atribuida al presidente mexicano De la Madrid. Cuando en un discurso popular quiso ser honesto con los que le escuchaban y transmitirles las dificultades y problemas que vivía el país, le abucheó un coro de descontentos que le increpaba: «¡No queremos realidades, necesitamos promesas!». Indignados como estaban, no aspiraban ya a salir de la miseria, solo a que no se les echara en cara.

Junto a la posverdad otro término que triunfa es el de fake news, noticias falsas o inventadas destinadas a confundir y manipular el conocimiento de los hechos. Estas sí son mentiras al uso y siempre las ha empleado el poder, cualquier poder, para conseguir sus fines. La novedad es que los medios de comunicación se creían poseedores de la encomiable misión de desvelarlas y combatirlas desde el ejercicio de un oficio como el periodismo, que a lo largo de siglos había logrado establecer unos estándares de rigor profesional que lo garantizaran. Comprobación de hechos y de fuentes, derecho a proteger a estas guardando secreto sobre su identidad, pluralidad de versiones cuando se trate de conflictos entre dos o más partes, cláusula de conciencia que defienda a los profesionales de las veleidades de las empresas… Existe, en fin, un abultado código deontológico sin otro destino que el de garantizar a lectores y usuarios la independencia y el rigor de las informaciones. Todo eso sobrevive a duras penas tras haber sido hecho añicos por una miríada de confidenciales, boletines, plataformas informativas y cosas así que ante las dificultades financieras y el descenso de las audiencias cayeron en la tentación temprana de la publicidad encubierta, la parcialidad pagada y cosas de ese género. Sobresale el desarrollo de las branded news, noticias o reportajes patrocinados que en la dictadura franquista recibían el apelativo de publicidad redaccional. El periodismo independiente que los grandes medios han protagonizado durante más de un siglo está en trance de perecer. La aparición de Internet facilita, empero, teóricamente, la independencia total, puesto que decaen las barreras para abordar cualquier tipo de emprendimiento informativo. Es por desgracia la misma razón por la que en la Red proliferan el chantaje y el soborno, y por la que gobiernos, grandes empresas, compañías de seguridad o de relaciones públicas han puesto en marcha colosales organizaciones cuya única misión es difundir mentiras. Como además el hambre no perdona, son ya muchos más los periodistas dedicados a impedir que algo se publique o a que se publique enfatizando unos aspectos y silenciando otros, que los que llevan a cabo operaciones informativas o de investigación pensando en el exclusivo interés de sus lectores o usuarios. La verdad les hará libres, pero también pobres. A veces también los llevará a la tumba.

Desde que la libertad de prensa existe ha habido siempre sitio en ella no solo para la honestidad y el debate racional, también para los desalmados y los tontos, con los que debemos aprender a convivir, pues son los tribunales y los lectores quienes finalmente dictarán el veredicto adecuado acerca de sus desvaríos. Toda esa palabrería, maledicencia y confusionismo que azota el debate político, en España y fuera de ella, merece una expresión en inglés bien expresiva: bullshit, mierda de toro. El profesor de Princeton Harry. G. Frankfurt, que se ha dedicado a analizar grandes cantidades de esa boñiga intelectual, hace una distinción memorable entre el mierdoso del bullshit y el simple mentiroso. A aquel «… no le importa si las cosas que dice describen correctamente la realidad. Simplemente las extrae de aquí y de allá y las manipula para que se adapten a sus fines». El mentiroso tiene noción de lo que es verdad y lo que no lo es. El charlatán de mierda (bullshit) «no está del lado de la verdad ni de lo falso… puede que no nos engañe, o que ni siquiera lo intente, acerca de los hechos o de lo que él toma por hechos. Sobre lo que sí intenta engañarnos deliberadamente es sobre su propósito». El bullshit, las fake news y la posverdad constituyen enfermedades crecientes en las opiniones públicas de las democracias. Debemos aprender a sufrirlas tanto como a combatirlas, habida cuenta de las toneladas de estiércol que derraman a diario sobre nosotros.

El desdén por la verdad, cuando no gusta o no conviene a quien debe transmitirla, no es empero exclusivo de los comportamientos de políticos y periodistas. Se ha apoderado también preocupantemente de las aulas, en las que no pocos se aprestan en nombre de la libertad de cátedra a sustituir el conocimiento por las doctrinas. Si para muestra basta un botón, el falseamiento de la verdad histórica en los planes de estudio de Cataluña y la conversión de la televisión pública de aquella autonomía en un aparato de propaganda al servicio del poder han logrado desfigurar la propia identidad catalana y convertido peligrosamente la legítima rebeldía de los ciudadanos en lo que Ortega dio en llamar la rebelión de las masas.

No existe, por lo demás, político en el mundo, tanto en democracia como en dictadura, que no proclame que la educación es un elemento esencial para resolver los problemas que afectan al desarrollo de los pueblos. La realización personal de los ciudadanos, el crecimiento económico de los países, la lucha contra las desigualdades, el funcionamiento de las instituciones, la innovación tecnológica, el porvenir de la ciencia, el establecimiento de un sistema de valores y el ejercicio de la libertad están intrínsecamente ligados al sistema educativo. Es por lo mismo todo un escándalo que, en más de cuarenta años de democracia, nuestros representantes hayan sido incapaces de llegar a acuerdos que permitan y garanticen un funcionamiento estable y progresivo de la escuela. La alternancia en el poder de socialistas y conservadores se convirtió en un tira y afloja ideológico sobre los planes de formación de nuestra juventud, en el que sectores integristas del catolicismo pugnaron por evitar la obligada laicidad de los lugares de enseñanza públicos. La parcialidad de la Iglesia en este terreno desdice de la tarea de modernización que ha emprendido en otras áreas. El aumento de la injerencia en la educación de las religiones organizadas en general, y especialmente las llamadas religiones del Libro, su parcialidad interpretativa de la Historia solo tienen parangón con la obsesión anticlerical de sedicentes sectores progresistas. Libertad de religión y libertad de culto forman parte de los derechos inalienables de la democracia. Además es imposible negar la importancia cultural y social del fenómeno religioso, expulsando de las aulas un conocimiento indispensable para comprender el devenir de los pueblos. Pero por lo mismo debe reivindicarse también el derecho a la blasfemia, perseguido en los tribunales por el integrismo católico y acribillado a balazos por el fundamentalismo islámico. Frente al absurdo y frustrado intento, que encabezó el propio Juan Pablo II, de que la religión católica apareciera mencionada en la Constitución europea como parte integrante de la identidad del continente, no se puede enarbolar tampoco un laicismo beligerante que impida la comprensión de nuestra propia historia y oculte los orígenes genuinos de nuestra cultura.

Las iglesias son también estructuras de poder y en general han desarrollado siempre un activismo político nocivo para los valores democráticos que protegen paradójicamente su propia existencia. Católicos, evangelistas, mahometanos y judíos, en sus más variadas expresiones que van desde el integrismo procaz a un liberalismo tolerante, no cesan de protagonizar intromisiones inoportunas, cuando no ilegítimas, en detrimento de la estabilidad en la gobernanza. La publicación hace ya muchos años de una caricatura de Mahoma en un periódico danés desató una crisis singular en las relaciones de los Estados laicos con la noción de la divinidad. El escándalo, producido en gran parte debido a la agitación instrumentada por algunos imanes y la explosiva situación del Cercano Oriente, fue el caldo de cultivo en el que los líderes europeos, espantados ante las eventuales consecuencias del caso, comenzaron a tratar de convertir el vino en agua, contrariamente al milagro de las bodas de Caná. Connotados miembros del establishment europeo recabaron medidas legislativas que eliminaran o evitaran los excesos de los medios de comunicación que faltaban el respeto a las creencias ajenas y hubo incluso quien se atrevió a solicitar que fuera prohibida la blasfemia. En mis años de infancia era posible ver en las villas de España, y aun en los suburbios de muchas capitales, carteles adosados a los muros que declaraban la evicción de dicho pecado. En determinadas ocasiones se acompañaba de otras obligaciones que trataban de hacer frente a desviaciones del comportamiento de diferente género. «Prohibido blasfemar y escupir, bajo multa de cinco pesetas», podía leerse en las paredes de muchos edificios. Sesenta años después se ha venido abajo el mercado de escupideras hasta en la China, pero los españoles seguimos haciendo gala de un hablar provocativo, plagado de altisonantes protestas contra la divinidad y toda su corte celestial.

La blasfemia ha sido utilizada en la Historia para justificar toda clase de desmanes contra quienes eran acusados de proferirla. Las víctimas de la Inquisición dan buen testimonio de ello, aunque quienes les aplicaban los fierros de la tortura no cayeran en la cuenta de que el más famoso de todos los blasfemos ajusticiados fue precisamente Jesús de Nazaret. En los tiempos recientes, el incidente más notorio fue la apelación que hizo Jomeini al asesinato de Salman Rushdie, acusado de blasfemo por su libro Los versos satánicos. Llama la atención la desigual reacción de los gobiernos europeos, protegiendo a Rushdie en su día y protegiéndose ellos mismos —⁠⁠aunque no sus embajadas⁠⁠— en el caso de las caricaturas. El último de los episodios fue el ataque asesino a la revista francesa satírica Charlie Hebdo por parte de terroristas de la yihad que acabaron con la vida de varios de sus redactores, nuevamente tras haber publicado caricaturas del profeta.

Debemos reivindicar el derecho a la blasfemia, independientemente de su oportunidad o corrección política. En la legislación de un Estado laico, Dios no puede ser sujeto de derechos individuales y los creyentes no pueden atribuirse como personales las ofensas que se profieren contra él, por mucho que le veneren. La blasfemia puede ser inoportuna o de mal gusto, pero nunca un delito. La zafiedad no está condenada por las leyes democráticas en tanto no vulneren derechos ajenos, y establecer una limitación legal a la blasfemia, amén de ser una estupidez, responde a una pulsión totalitaria, quizás fruto, como tantas otras cosas, del espanto provocado en nuestras autoridades por los ataques del terrorismo fundamentalista.

El verdadero problema es la manipulación que desde los diversos poderes se hace de los sentimientos y la fe religiosa. Las Torres Gemelas fueron derribadas invocando los asesinos al mismo Dios en cuyo nombre el presidente americano decidió la invasión de Irak. Cuando se nos habla de conflicto y diálogo de civilizaciones, olvidamos el significado de las palabras. Es improbable que las civilizaciones entren en conflicto por sí mismas, y los pueblos creyentes han dado numerosas muestras en la historia de su capacidad de ecumenismo. Estamos más bien ante un conflicto de poderes, a escala global, que utiliza y manipula las identidades culturales y los sentimientos religiosos, en criminal alianza con algunos sectarios predicadores de las diferentes confesiones. Frente a los universales deseos de paz de esos creyentes, muchos gobernantes y líderes sociales parecen sentirse extraordinariamente ofendidos por las críticas y ofensas a la fe, pero menos preocupados por el sacrificio de miles de vidas de inocentes, inmolados en el nombre de Dios sin que este pueda detener en nuestros días el brazo ejecutor, como hiciera con Abraham.

Los límites que quieren imponerse a la libertad de expresión en nombre del lenguaje políticamente correcto vienen motivados no solo por cuestiones de creencias o identidades religiosas. Movimientos inicialmente progresistas y el feminismo en boga reclaman a menudo coerciones semejantes. En octubre de 2017, Alyssa Milano, una actriz de Hollywood acosada por las deudas, decidió colgar en las redes el hashtag Me Too para protestar por otro acoso más preocupante del que se sentía víctima: el sexual. De entonces acá, después de que millones de mujeres de todo el mundo contribuyeran a convertir en viral la denuncia, la cuarta ola del movimiento feminista ha cobrado una fuerza excepcional. No se trata solo de reivindicar igualdad de derechos entre géneros; estamos ante una auténtica lucha por el poder que, en línea con lo que reclamara Simone de Beauvoir, se propone acabar con el patriarcado.

Hace cincuenta años las reivindicaciones feministas formaban parte de la revolución sexual de los jóvenes, en medio de una ola libertaria cuyo icono más famoso fue Mayo del 68. La apelación a derribar prohibiciones llegó hasta el punto de que en la década de los sesenta connotados intelectuales de izquierdas protestaban incluso por la dureza de las leyes contra la pederastia. En 1977, Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Michel Foucault y Jacques Derrida, entre otros, hicieron una petición formal para eliminar de la ley diversos artículos que criminalizaban las relaciones sexuales con menores. Frente a aquellos excesos de permisividad, hay ahora una ola de puritanismo que cabalga también en ocasiones a lomos del Me Too. Siempre es Francia el escenario principal. Cien artistas e intelectuales francesas publicaron un artículo en Le Monde donde reclamaban la necesidad de diferenciar entre la seducción y el acoso, y defendían «el derecho de los hombres a importunar». Fueron duramente increpadas por las jóvenes feministas, que oponen serios reparos a esta manera de ver las cosas. Hasta el punto de que algunas son contrarias a difundir novelas como la Lolita de Nabokov a causa, según dicen, de los perjuicios sociales y morales que de su lectura pueden derivarse en la lucha por la igualdad.

La discusión no es solo intelectual: afecta a las consideraciones penales sobre la actividad sexual no consentida y al significado mismo de la palabra consentimiento. A raíz de una polémica sentencia sobre la agresión a una joven por parte de un grupo de hombres apodados como La Manada, miles de adolescentes salieron en España a la calle para manifestarse contra la resolución judicial que evitaba calificar los hechos de violación, y aplicaba penas de cárcel inferiores a las correspondientes a dicho delito. Proliferaron las críticas, incluso de miembros del gobierno, contra los magistrados que firmaron el fallo, lo que algunos consideraron como una vulneración del ejecutivo respecto a la separación de poderes. Setecientos cincuenta jueces españoles elevaron una queja al Consejo Consultivo de Jueces Europeos denunciando la «gravísima amenaza» contra la independencia judicial por el «linchamiento público» del tribunal, «con la complicidad y el aliento de los políticos». Pero finalmente la sentencia fue revisada y ampliadas las penas, sin duda debido a la presión social.

Tales conflictos se desarrollan en medio de una preocupación justificada y creciente por los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Mientras la violencia en general, según estadísticas de las Naciones Unidas, ha disminuido en los últimos años, no es ese el caso de la violencia machista, que se mantiene en niveles estables y muy elevados. Hay consenso en que, al margen la persecución del delito, la lucha por la igualdad de derechos y contra el patriarcado pasa por un cambio estructural en el sistema que incluya una nueva distribución del poder político sin discriminación de géneros. «El feminismo —⁠⁠dicen las líderes del movimiento⁠⁠— ofrece una visión del mundo para el conjunto de la sociedad, no solo para las mujeres». Pero en este terreno existen contradicciones complejas que afectan desde la legalización de los llamados vientres de alquiler a la reglamentación o tolerancia de la prostitución que la izquierda equipara sin distinciones ni matices de ningún género a la trata humana. La consecuencia es que cientos, quizá miles, de jóvenes víctimas de la pobreza, muchas de ellas inmigrantes ilegales en la Europa del bienestar cuya necesidad de subsistir las lleva a practicar el comercio sexual, son abusadas a la vez por los proxenetas, por los clientes y por el propio sistema que en nombre de su protección las priva de todo derecho.

Como sucede también en los casos de discriminación racial, las causas identitarias entran muchas veces en conflicto con las declaraciones de igualdad. La tendencia de algunos partidos y líderes de izquierda a teñir ideológicamente estos debates, arrogándose un sentimiento de superioridad moral injustificado las más de las veces, no favorece la consecución de sus objetivos. La vicepresidenta Carmen Calvo declaró en su día, contra cualquier evidencia histórica, que el feminismo «no es de todas [las mujeres] porque nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento socialista». Desconocía quizá que Clara Campoamor, que fue quien presentó en las Cortes de la Segunda República el proyecto de ley por el que se aprobó el derecho al voto de las mujeres, fue abandonada en su empeño por los partidos de izquierda, que consideraron que reconocer el sufragio femenino era una amenaza para la República misma. La ley salió gracias a los votos de la derecha liberal y agraria. En los escritos desde su exilio de la España franquista Campoamor comentó que en aquella ocasión había sentido penosamente en torno suyo «el palpitar del rencor». Lo atribuía a las acusaciones de que el voto femenino «habría herido de muerte a la República; la mujer, entregada al confesionario, votaría a favor de las derechas jesuíticas y monárquicas». Anécdotas como esta resaltan la considerable ausencia de un pensamiento liberal entre muchos progresistas españoles, que se apoderan sin ninguna razón objetiva de la titularidad exclusiva de la lucha contra el patriarcado lo mismo que de la construcción y defensa del Estado de bienestar.

Cuando advertimos que la democracia puede colapsar, que es un régimen todavía inestable y débil y desde luego inmaduro en nuestro país, debemos recordar entre otras cosas que hace solo cien años que las mujeres obtuvieron el derecho al voto. Hablamos además de un régimen cuyas otras características fundamentales apenas cuentan dos siglos de vida. La lucha feminista, el combate por la no discriminación sexual, contra la homofobia como contra el machismo, tiene que ocupar un lugar central en los esfuerzos por el mantenimiento de la sociedad abierta y libre que representan las democracias liberales. Contra todo puritanismo y toda forzada expresión de corrección política. Es de derechos civiles de lo que hablamos. Los excesos en nombre de la afirmación de identidades personales y colectivas, los cometa quien los cometa, no son justificables moralmente cuando se vulneran esos derechos.

De igual modo la lucha contra el calentamiento climático y el esfuerzo por crear estructuras que garanticen la extensión de unos servicios de salud y educativos prácticamente universales son cuestiones pendientes que requieren el concurso de todos los países, ahora crecientemente enfrentados por las ambiciones de poder. La mediocridad de muchos dirigentes, la avaricia y la corrupción no mejoran las perspectivas. Las consecuencias de la actual pandemia irán mucho más allá de las cuestiones relacionadas con la salud. El comportamiento personal, las relaciones humanas, la organización de las ciudades, el papel de los Estados, el sistema de trabajo, el cambio climático, la revolución tecnológica, las relaciones internacionales, el futuro de la democracia y los conflictos entre generaciones, entre otros muchos asuntos, se van a ver sometidos a fuertes tensiones de cambio. La paralización de la producción originó una crisis de oferta en los países industrializados. Se corresponde con la crisis de demanda, a consecuencia del aumento del desempleo, que los gobiernos se esfuerzan en paliar mediante emisiones de moneda y distribución de créditos y subvenciones. Hablamos de cientos de millones de parados nuevos, muchos de los cuales provienen de la economía informal y no tienen protección social alguna. Las ayudas a empresas en quiebra y a las clases más desfavorecidas acabarán además impulsando el endeudamiento global a límites hasta ahora desconocidos, equivalentes al 300 por cien de la producción mundial. La disminución del comercio y el turismo internacional está afectando severamente a toda la cadena de valor, incluidas las exportaciones de materias primas. El mundo ha entrado en recesión y pasarán años antes de que se recuperen los niveles de crecimiento y bienestar social. Cuando apenas acabábamos de recuperarnos de la crisis financiera provocada por la burbuja inmobiliaria, esta nueva catástrofe amenaza el futuro de los sistemas de gobernación política y de crecimiento económico.

A raíz del estallido financiero de 2008 los líderes mundiales reunidos en Londres y Pittsburgh en el seno del G-20 escucharon a titulares de ideologías tan diferentes como Gordon Brown o Nicolas Sarkozy la necesidad de emprender una reforma en profundidad del capitalismo. Se tomaron resoluciones sobre la lucha contra los paraísos fiscales, la reforma del sistema de las agencias calificadoras, o la sostenibilidad del sistema financiero y bancario. Salvo en lo que se refiere a este último, cuya transformación no ha sido del todo consumada, aquellas declaraciones yacen ahora en el cementerio de las buenas intenciones. El crecimiento del capitalismo financiero, impulsado por la revolución tecnológica en detrimento de lo que algunos llaman la economía real, contribuyó a aumentar las diferencias sociales, mientras las políticas de consolidación fiscal y austeridad erosionaron las economías de las clases medias. Al amparo de la protesta social que la situación propició, antes de que el virus se expandiese se habían diseminado ya diversos patógenos políticos como el nacionalismo y el populismo. Alimentaron la polarización y enfatizaron el conflicto como método de acceder al poder. Donald Trump, un representante típico del capitalismo especulativo, se encaramó al poder con el apoyo del americano medio, ofendido este por el hecho de que su capacidad adquisitiva no hubiera mejorado nada en los últimos cuarenta años mientras unos pocos acumulaban un alto porcentaje de la riqueza nacional. En un mundo en el que tras el fracaso del socialismo real el modelo de crecimiento es universalmente capitalista, el descontento viene creciendo desde hace años ante la pasividad de los dirigentes a la hora de buscar un equilibrio social.

El deterioro progresivo del sistema, después de que la caída del muro de Berlín suscitara una explosión de esperanzas, se debe al abandono de las políticas socialdemócratas que las formaciones centrales de la mayoría de los países democráticos han venido practicando durante décadas, con periodos de alternancia entre el centro derecha y el centro izquierda. En la Europa de posguerra, el acuerdo y la colaboración entre los partidos socialistas y demócrata-cristianos, junto con el apoyo financiero de los Estados Unidos, favoreció la construcción del Estado de bienestar, generador de la estabilidad política que hemos disfrutado durante décadas. Este modelo, que Obama trató de imitar en parte con sus proyectos para el sistema nacional de salud, había sido dinamitado por las políticas ultraliberales que Thatcher y Reagan pusieron en práctica. También por la pérdida de identidad de la socialdemocracia, cuyos postulados básicos fueron incorporados por los partidos moderados de la derecha. La revolución digital y la globalización configuraron más tarde las bases de una nueva realidad. En los países democráticos más avanzados, incapaces los gobiernos de regular los mercados, ausente también una autoridad global que lo hiciera, son precisamente los mercados los que han terminado por controlar y organizar los procesos políticos. La no existencia de una autoridad global reguladora de la economía es lo que hace ahora que a los ojos de muchos ciudadanos aparezcan las dictaduras, como la de China, más eficientes que nuestras democracias para enfrentarse a las crisis. Es además la demostración palpable de que aunque no pueda existir democracia sin mercado libre este por sí solo no supone el triunfo de la primera.

El futuro del capitalismo pasa por recuperar sus valores iniciales, anclados no solo en el afán individual de lucro y mejora personal, sino en la necesidad de su regulación, que ya preconizara el propio Adam Smith. En los tiempos de la globalización es preciso reinventar una moral del capitalismo.

El desorden mundial, acrecentado en los últimos meses, tardará en mitigarse y es probable que empeore en el corto plazo. En este clima de inseguridad y falta de perspectivas, la clase política tiende a ser considerada una lacra o un peso para el funcionamiento de los países, cuya economía muchos piensan que puede crecer y desarrollarse al margen de la existencia o la estabilidad de los gobiernos. Se extiende la idea de que los políticos son generalmente ineptos o corruptos. Desgraciadamente abundan también los vagos y los bobos. Las movilizaciones populares, espontáneas o inducidas, los reclamos churriguerescos de una democracia directa frente a la ineficacia de la representativa, la desesperación justificada de mucha gente y la impostada de los pescadores de aguas turbias, han derivado en una opinión pública cada vez más polarizada entre quienes reclaman el fin del sistema que nos rige y los que pretenden defenderlo a cualquier precio. En ambos casos es común el vilipendio de la política.

Pero, a pesar de todo lo dicho, solo la política, y por tanto los políticos, serán capaces de sacarnos de esta situación. Es necesario para ello recuperar su prestigio y funcionalidad, descubrir valores jóvenes y acudir a la experiencia de los mayores en busca del liderazgo que acabe con los oportunistas. Porque no saldremos de donde estamos sin reformas estructurales que necesitan el consenso de todos.

El nuevo orden no podrá parecerse al ya periclitado. Tardará en producirse y tendremos que aprender a convivir con lo impredecible. La cooperación le comerá terreno a las jerarquías y el tiempo y las distancias desaparecerán en muchas manifestaciones de nuestras vidas. Pero el futuro nunca está escrito, depende de nosotros, por lo que no podemos dejarnos arrastrar por la depresión ni la fatiga. Este es mi manifiesto final sobre cómo resolver el formidable caos en el que andamos metidos por culpa, entre otras cosas, de un buen puñado de idiotas.

JUAN LUIS CEBRIÁN (Madrid, 1944). Periodista, fue miembro del equipo fundacional de la revista Cuadernos para el Diálogo y trabajó, entre otros medios, en las redacciones de Pueblo e Informaciones, diario del que fue subdirector. Fue también director de los Servicios Informativos de TVE. A partir de 1976 fue director-fundador de El País, del que durante más de cuarenta años estuvo al frente, primero como director y luego como consejero delegado y presidente, tanto del diario como de su empresa editora, Prisa.

Cincuenta años de carrera en la prensa le han hecho merecedor de numerosas distinciones y reconocimientos a la independencia, el rigor y la libertad de expresión, como el Premio Nacional de Periodismo de España (1983), la medalla a la libertad de expresión de la F. D. Roosevelt Four Freedoms Foundation (1986) y el Premio Internacional de Trento de Periodismo y Comunicación (1987). Cebrián ha desarrollado a lo largo de su vida una intensa actividad como articulista y conferenciante, y es autor de varios libros de ensayo, entre los que cabe citar La prensa en la calle (1980), La España que bosteza (1981), Crónicas de mi país (1985), Retrato de Gabriel García Márquez (1989), Cartas a un joven periodista (1997), La red (1998), El fundamentalismo democrático (2004) y El pianista en el burdel (2009). Ha cultivado asimismo la narrativa con títulos como La rusa (1987), La isla del viento (1990), La agonía del dragón (2000) y Francomoribundia (2003).