© Juan Hdez. Vigueras, 2012

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ISBN: 978-84-945281-2-5

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Índice

Portadilla

Créditos

Índice

Dedicatoria

Cita

INTRODUCCIÓN

Después de cuatro años de crisis, mandan los mercados

De la resolución política se ha pasado al miedo

Casino, jugadores y juegos autorregulados

La ampliación del casino

Los reguladores del casino en la sombra

Parte I. CASINOS, JUGADORES Y JUEGOS

Capítulo 1. La alta velocidad de las bolsas

1. La reactivación del juego mundial del dinero

2. Estrategias y algoritmos de alto riesgo

Una infraestructura tecnológica compleja

Plataformas mercantiles y el trading de alta frecuencia

Estrategias especulativas en las nubes

3. El negocio de la gestión de las bolsas y mercados

Las bolsas, reguladores privados

Mercados y plataformas extrabursátiles y opacas

¿Hacia una bolsa mundial integrada?

La inhibición de los gobernantes

Capítulo 2. Los juegos de la banca financiera

1. Las jugadas bancarias de bolsa

La expansión de la banca financiera

Las operaciones de bolsa por cuenta propia

2. Los juegos con las deudas ajenas

La multiplicación de panes y peces financieros

El IKB y el Northern Rock, dos modelos opacos

La burbuja inmobiliaria española

3. El juego de los repos

Los negocios bancarios con el BCE

La especulación y las trampas de Lehman Brothers

4. Las jugadas con divisas

Los bancos hundieron Islandia

La especulación con divisas, un juego de casino

5. Los juegos ocultos de la banca

La banca en la sombra

Abusos y riesgos descontrolados por la dirección

El riesgo sistémico de la banca

Capítulo 3. Juegue con los fondos de alto riesgo

1. Los especuladores institucionales y los minoristas

El acceso del ahorro particular a la especulación

El auge de los fondos cotizados ETF

Las inversiones confidenciales españolas

2. La capacidad especulativa de los hedge funds

Reactivados tras la crisis financiera

Apostando por las diferencias y a la baja

El rumor es la espoleta

La información confidencial, fuente de ganancias

3. Por qué los hedge funds deben regularse

Capítulo 4. Las apuestas mutuas de los derivados

1. La opacidad y el descontrol billonario

Los derivados, ¿una historia de misterio?

Un gigantesco mercado descontrolado

2. La especulación con falsos seguros de crédito

Derivados de la catástrofe ecológica del Exxon Valdez

Un mercado especulativo mundial

El riesgo sistémico de los derivados de AIG

3. Los Swaps de Toyota, de la crisis griega y de Milán

Toyota logra beneficios con derivados

Derivados a la griega y otros

Derivados a la italiana

4. Los riesgos de la autorregulación bancaria

Parte II. LA AMPLIACIÓN DEL CASINO

Capítulo 1. La especulación con alimentos básicos

Las amenazas de crisis alimentaria

La banca juega con los alimentos básicos

Mercados dominados por la especulación financiera

Bolsas, mercados extrabursátiles e índices

Desregulación financiera y la transparencia

Capítulo 2. El juego financiero del petróleo

El predominio del «barril de papel»

Los financieros fijan los precios del petróleo

La especulación sobre el barril

El negocio oscuro del petróleo

La deficiente regulación de la energía

Capítulo 3. Juegos financieros con las armas y las guerras

¿Rescatada Grecia o la venta europea de armas?

La carrera armamentista mundial

Por qué los EEUU deben reducir el gasto militar

El complejo entramado financiero-militar

Las armas y las guerras cotizan en bolsa

La innovación financiera específica

Las grandes corporaciones y los inversores institucionales

Capítulo 4. Los juegos financieros con el cambio climático

Derivados del derecho europeo a contaminar

Los negocios bancarios con el CO2

Un negocio emergente en los EEUU

Otra nueva línea de negocio bancario

El debate político en el Congreso

Una próxima burbuja o una solución alternativa

Capítulo 5. Los juegos privados con deuda pública

1. La dependencia financiera de los gobiernos europeos

2. Las políticas se juegan en las bolsas

Los especuladores al acecho

Los análisis financieros valoran la política

La especulación con los CDS soberanos

Índices bursátiles, instrumentos y productos

3. Ganan las agencias y los grandes inversores

Los gobiernos, juzgados por las agencias

La presión de los vigilantes

4. La vulnerabilidad del Eurogrupo

Parte III. LOS REGULADORES DEL CASINO EN LA SOMBRA

Capítulo 1. Los gobiernos pierden la partida

1. El juego de los lobbys

2. El G-20 mantiene el consenso neoliberal

Los paraísos fiscales, los bonus y la tasa Tobin, cortinas de humo

Los bancos demasiado grandes para quebrar

Los derivados, apuestas garantizadas

3. Wall Street, Complacido con la reforma de Obama

El intento de limitar las operaciones bancarias en bolsa

La ley Dodd-Frank de reforma financiera

El difícil desarrollo reglamentario

4. La City acepta la supervisión financiera europea

La regulación europea de los hedge funds y la venta en corto

La Comisión Europea defiende la especulación

El largo programa europeo «reformista» en curso

Capítulo 2. Las agencias reguladoras del casino

1. Calificaciones crediticias muy dudosas

Fábricas de triple A

Modelos matemáticos y calificaciones al gusto

Intereses en conflicto

2. Las agencias insertas en el sistema

El BCE depende de las agencias

Piezas clave en los juegos financieros

Los mercados necesitan a las agencias

3. Las agencias, reguladores privados en la sombra

Las agencias dominantes, un oligopolio mundial

Un negocio político

Las reformas legislativas tras la crisis

Capítulo 3. La contabilidad falaz de los jugadores

1. Informes bancarios deficientes

2. La pretendida neutralidad de la contabilidad

¿Qué valen los activos tóxicos?

¿Quién audita a los auditores?

3. EL IASB, Un legislador global en la sombra

Un legislador privado mundial

Globalización de la información contable

Desglose por países, una reivindicación

Capítulo 4. Basilea (Suiza) Fija las reglas del juego bancario

1. La deficiente regulación bancaria internacional

Lagunas y fallos graves de Basilea

Daños más que colaterales del BIS

2. Basilea III, aprobado por los mercados

La solución salomónica

Lo que no se ha regulado

3. El BIS, el poder bancario en la sombra

La Torre de Basilea para los bancos centrales

El amparo de la opacidad del sistema

La clave histórica

Unas reflexiones finales

Notas

A Chechu y Marga

«Detrás de cada cínico (o, simplemente, incompetente) ejecutivo bancario o inversor hay un economista que le asegura (a él y a nosotros), desde una posición de autoridad intelectual indiscutida, que sus actos son útiles socialmente y que, en todo caso, no deben ser sometidos al escrutinio público»

TONY JUDT, historiador y pensador (1948-2010) en su último libro Algo va mal

INTRODUCCIÓN

Al comenzar noviembre de 2011, el mero anuncio por el primer ministro griego de un referéndum sobre un nuevo plan europeo de rescate de las finanzas griegas, «desataba el pánico en la UE» según titulaba la noticia un periódico relevante. Las acciones de los bancos bajaban súbitamente y se disparaba hasta cotas desconocidas la llamada prima de riesgo, el sobrecoste de la deuda soberana de países solventes como Francia, Italia, Bélgica o España, acrecentando la presión pública del directorio germano-francés que lograba la suspensión del referéndum anunciado, la dimisión del primer ministro y la formación de un nuevo gobierno en Grecia bajo una personalidad tecnócrata sin pasar por las urnas. E igualmente sin elecciones, casi en paralelo, el encarecimiento de la financiación pública desencadenaba la dimisión del primer ministro italiano y la constitución de un nuevo gobierno bajo otro prestigioso tecnócrata, designado senador el día anterior por el presidente de la República, para ejecutar un plan de reducción del gasto público con idéntico objetivo de lograr la estabilidad de los mercados. En ambos casos con la aprobación formal de los parlamentos. Son recientes ejemplos significativos de la presión política que la dinámica especulativa de los mercados financieros globales ejercen sobre los gobiernos democráticos para que ejecuten políticas ajenas a los deseos expresos de sus electores. Y en el plano comunitario, tras 18 meses de crisis, con carácter marcadamente defensivo frente a los mercados, se producía un acuerdo político en el Consejo Europeo para un posible tratado abarcando únicamente un pacto presupuestario, la coordinación económica reforzada de los gobiernos y el refuerzo adelantado del fondo de estabilización previsto, según prevé la Declaración de los Jefes de Estado y de gobierno de la zona del euro del 9 de diciembre de 2011, que ha contado con la oposición y la exclusión voluntaria del Reino Unido que se mostraba más interesado en la defensa a ultranza de los intereses financieros de la City que en la integración europea.

Este libro intenta analizar el tema del porqué mandan los mercados después de cuatro años desde el inicio de la crisis y tras el fracaso de los gobernantes, que pasaron de la resolución política al sometimiento a «los mercados» aplicando políticas que sus ciudadanos rechazan. Descifrando el argot financiero al uso, en lenguaje asequible y sobre documentos y casos significativos, algunos difundidos por la prensa, examinamos con una visión crítica, pero rigurosa, el entramado financiero mundial, que escapa al control de los gobiernos y termina imponiéndose también sobre los proyectos democráticos en los países desarrollados. Y los interrogantes que van surgiendo tocará responderlos a la política.

DESPUÉS DE CUATRO AÑOS DE CRISIS, MANDAN LOS MERCADOS

Han pasado cuatro años desde el estallido de la crisis financiera en Wall Street y los bancos (y los banqueros) aún nos gobiernan. Mientras, los gobernantes electos muestran su impotencia frente a los mercados financieros globales; y en ambas orillas del Atlántico los ciudadanos asisten a su empobrecimiento. Para la pervivencia del sistema financiero sin reformas, en Europa se apunta nuevamente la necesidad de que la ayuda financiera de los contribuyentes prevenga el riesgo sistémico. Entre tanto, en España las orgías de la especulación inmobiliaria provocadas por las finanzas sin control, se han mutado en recortes a un Estado de bienestar que creíamos consolidado.

Si echamos una mirada atrás, recordaremos aquellas grandilocuentes declaraciones realizadas por los líderes políticos del G-20 reunidos para afrontar la nueva situación, cuando el sistema financiero mundial se tambaleaba al borde de su autodestrucción. Los compromisos y las promesas brotaron de la derecha, del centro y de la izquierda, desde Gordon Brown a Barack Obama, desde Angela Merkel a Nicolas Sarkozy, de los Bancos centrales y del Fondo Monetario Internacional. Por entonces nos aseguraban que en adelante las finanzas serían transparentes y estarían supervisadas, al servicio de la economía productiva. Y los intereses de la gente de la calle (Main Street era la metáfora de Obama en su campaña electoral) se impondrían sobre Wall Street y sus bancos asociados. El capitalismo del laissez faire promovido por el Consenso de Washington tenía sus días contados. Las economías más ricas del mundo atenderían la economía real, la que crea riqueza y empleo, en oposición a la ingeniería financiera.

Y desde luego, un gran cambio real tuvo lugar. Y cientos de miles de millones de dólares en activos tóxicos que antes figuraban en las cuentas de los bancos, se acumularon a los déficits generados por la recesión económica inducida por el crac y al endeudamiento de los gobiernos. Los Estados, en particular los europeos, se han endeudado con emisiones de bonos soberanos que algunos en la eurozona no podrían pagar; mientras algunos bancos europeos, atiborradas sus carteras con bonos soberanos, son los realmente rescatados por los préstamos y ayudas de los rescates oficiales de Grecia, Irlanda o Portugal. Y hasta, lo nunca visto, una agencia de calificación crediticia se atreve a considerar que los bonos del Tesoro estadounidense no tienen ya la solvencia de antaño. «Los mercados» es el eufemismo con el que los gobernantes y medios esconden la realidad del poder incontrolado del entramado de los grandes bancos y fondos especulativos que operan en el casino financiero mundial.

Entre tanto, una gran mayoría de ciudadanos de ambas orillas del Atlántico se empobrece. El presidente de los EEUU asiste a su pérdida de popularidad por su impotencia frente a un nivel de desempleo históricamente alto. Y los gobernantes europeos vacilan y demoran las soluciones transitorias sin atreverse a cambios radicales; la Unión Europea y el Eurogrupo revelan sus deficiencias institucionales porque se concibe como un simple «espacio financiero europeo», donde el capital entra y sale cuando quiere sin control alguno. Y frente a esas carencias de las instituciones públicas europeas, los especuladores de toda ralea vienen haciendo grandes negocios periódicamente. Y los hogares están pagando las facturas de los banqueros con servicios públicos degradados, elevado desempleo en algunos países como España, recortes del gasto público y social y miedo en los ciudadanos. Mandan los mercados.

DE LA RESOLUCIÓN POLÍTICA SE HA PASADO AL MIEDO

Con el grito «¡Los mercados financieros no nos pueden gobernar!» comenzaba la Carta que el 19 de mayo de 2008 dirigían al presidente de la Comisión Europea los ex presidentes de ese órgano ejecutivo de la UE, Jacques Delors y Jacques Santer, y hasta doce conocidos líderes de la socialdemocracia europea, como Helmut Schmidt, Lionel Jospin, Michel Rocard, Göran Persson, Massimo D´Alema, Poul Nyrup Rasmussen, Paavo Lipponen, Otto Graft Lambsdorf, Pär Nuder, Hans Eichel, Daniel Daianu, Ruairi Quinn. Y suscribían párrafos inequívocos de un claro diagnóstico con la autoridad moral de los firmantes, todos ellos ex jefes de gobierno o ministros de Hacienda en sus respectivos países, que tuvieron su cuota de responsabilidad en momentos históricamente no lejanos sobre la liberalización y desregulación de los mercados financieros en la Unión Europea. Rectificar es de sabios, dice el refrán castellano; y en unos párrafos dejaban clara una situación que hoy, tres años más tarde, podemos suscribir:

«La actual crisis financiera no es un accidente... –decían– Esta crisis es un fracaso de los mercados sin regulación o deficientemente regulados; y nos demuestra, una vez más, que el mercado financiero no es capaz de autorregularse. (…) El mundo financiero ha acumulado una cantidad masiva de capital ficticio, con muy pocos beneficios para la humanidad y para el medioambiente. Esta crisis financiera ha arrojado alguna luz sobre las alarmantes diferencias de rentas que se han incrementado en las décadas recientes. Irónicamente, los bonus y los sueldos alcanzaron niveles increíbles para muchos presidentes y consejeros delegados mientras se estancaba la rentabilidad de sus empresas o incluso descendía». Y pedían a quienes deciden la política europea, en el plano nacional y en el de la Unión, que tenían que dar una respuesta firme a la actual crisis financiera. Pero a estas alturas aún no la han dado.

Y meses después de la referida Carta, Nicolas Sarkozy, que en el verano de 2008 comenzaba a ejercer de presidente semestral de la UE, describía con mayor elocuencia que cualquier otro gobernante las iniquidades de los mercados del dinero liberalizados. Fue aquel momento en que el presidente francés nos dijo que había que refundar el capitalismo y embridarlo para reavivar la economía social de mercado. Pero eso no ha sucedido. Luego vino la crisis de la deuda soberana de Grecia, cocinada entre Goldman Sachs, los gobiernos conservadores y Bruselas, y el endeudamiento privado y público puso cerco a la eurozona; y monsieur Sarkozy –decían– comenzó a desvelarse por las noches, preocupado porque Francia pudiera perder la calificación crediticia de la triple A al descubrir que los mercados se habían recuperado.

Y no era ni es el único que descubría la dura realidad. Mientras se esfuerzan por reducir los enormes déficits presupuestarios, los políticos occidentales optaron por presentarse más como agentes de «los mercados» y de sus demandas que como representantes de sus electores. David Cameron no tuvo pelos en la lengua al decir, como primer ministro del Reino Unido, que iba a recortar el gasto sobre el Estado de bienestar y reducir el papel global de la nación, porque el Banco de Inglaterra le había dicho que las agencias de calificación crediticia no se contentarían con menos. Zapatero congeló las pensiones de los jubilados y bajó los sueldos de los funcionarios; y se reunió en Wall Street para explicar sus medidas de ajuste a un distinguido grupo de tiburones financieros. Y Alemania ha impuesto el rigor mortis a los países más débiles de la eurozona. «Los mercados» es el argumento supremo e indiscutible para los gobernantes europeos de la derecha y de la izquierda.

Desde el inicio en 2007, la crisis financiera reveló algunas ironías. Las explicaciones iniciales eran simples. Lo que había sucedido no era más que resultado de la abundancia de ingentes cantidades de dinero, que daban vueltas por el sistema global y eran prestadas a hogares estadounidenses que nunca podrían devolverlas. Y, más tarde, descubrimos que España con el desmadre del endeudamiento bancario y sus orgías inmobiliarias era otro típico ejemplo. Cuando comenzó a llegar el contagio a Europa, la mayoría de los europeos echaban la culpa del crac al capitalismo angloamericano desbocado, pero luego descubrieron que sus propias entidades habían sido totalmente cómplices (BNP, Dexia, etc.). Incluso, mientras la señora Merkel despotricaba en el G-8 de junio de 2008 en Heilinguedan contra los fondos especulativos de alto riesgo, resultaba que los bancos públicos regionales propiedad de Alemania habían estado entre los más ávidos jugadores del casino, como el IKB, Sachsen, etc. Y aquella abundancia de dinero barato, que entraba sin control por las fronteras, había construido viviendas en sitios inhabitables de la península, sin que se cumpliera aquel derecho a una vivienda digna.

Ante la catástrofe, los gobiernos se apresuraron a rescatar a los bancos para salvar el sistema, que se suponía que se autorregulaba sin necesidad de interferencia estatal. Y con subvenciones, préstamos y avales, los bancos remontaron y se recompuso el sistema financiero global, como vemos en los datos aportados en este libro. Y los mercados financieros muestran su pujanza frente a los atribulados gobiernos que, en particular, en Europa se muestran incapaces de adoptar medidas que rompan la lógica de los mercados. Ahora, los bancos y entidades financieras están extrayendo grandes beneficios de las operaciones financieras que lord Turner, el jefe de la autoridad de servicios financieros del Reino Unido, ha calificado como intrínsecamente inútiles; sin embargo, lord Turner ha sido casi la única voz en el sistema en sugerir un repensar los fundamentos. Las decisiones políticas que se adoptan se justifican –nos explican– para remediar los errores del pasado, pero esas medidas regulatorias menores adoptadas son juguetes frente a la capacidad de los mercados financieros para causar estragos en cualquier economía. La crisis en la eurozona muestra cómo los instintos gregarios de los mercados financieros son capaces de desestabilizar un continente entero. Y la consecuencia ha sido empujar a los gobiernos europeos hacia una prematura y desenfrenada carrera para reducir los déficits fiscales antes de que la recuperación estuviera garantizada.

Con una poca ayuda de los organismos reguladores, los grandes bancos podrán ahora declarar que su solvencia ha sido debidamente probada, pero resulta que hay que repetir las pruebas de solvencia bancaria y los desequilibrios sistémicos permanecen. Los mercados financieros internacionales van muy por delante de la capacidad de los líderes políticos para entenderlos, para supervisarlos y menos aún para controlarlos. De modo que, cuatro años después, las cosas están prácticamente como estaban, salvo que para la mayoría de nosotros ha bajado el nivel de vida y se afianzan quienes intentan convencernos de que no hay alternativa.

Para entender por qué estamos así hemos escrito este libro, dividido en tres partes, destinado a desmitificar «los mercados», llamando la atención sobre las causas de los problemas que acucian a los ciudadanos y mostrando la realidad de este casino financiero que se impone directa o indirectamente a los gobiernos, mientras no sea regulado y sometido al poder político de la democracia.

CASINO, JUGADORES Y JUEGOS AUTORREGULADOS

Comenzamos con un vistazo en la parte I, a los circuitos de los mercados financieros globales, que han aumentado tanto en volumen como en movilidad, y que han asentado su predominio y autonomía sobre la economía productiva. Nuevas estrategias basadas en innovaciones tecnológicas utilizan redes de ordenadores programadas para la especulación acelerada. Y las grandes firmas, que gestionan las antiguas bolsas ahora como negocios privados en expansión, organizan nuevos mercados y plataformas negociadoras encaminándose hacia su integración mundial. Todo ello, gracias a la consolidación del principio de la libertad de movilidad internacional del capital y a la desregulación y opacidad de los mercados financieros.

Los grandes bancos internacionales contribuyen a esa dinámica financiera. Después de un año durante el cual estuvieron desendeudándose, en 2010 el grupo de los 1.000 primeros bancos del mundo (Santander y BBVA, entre los veinte primeros) creció y obtuvo unos beneficios próximos al 77% por encima del año anterior, según fuentes solventes. La banca financiera, que se esconde como banca de depósito tradicional, explota las bolsas y los mercados privados extrabursátiles para desarrollar e idear nuevas operaciones, alejadas de las necesidades de la economía real. Así, los propios créditos concedidos por los bancos son paralelamente una fuente de obtención de liquidez y de negocio financiero, convertidos en títulos bursátiles que se venden a inversores y especuladores. La titulización fabrica productos financieros desligados de la realidad económica. Y amplía la financiación bancaria para extender el negocio multiplicando panes y peces, creando burbujas y desequilibrios que incentivan el endeudamiento. Asimismo, los bancos especulan con los repos, préstamos con garantías que obtienen de los Bancos centrales y se transforman en productos comercializables, etc. Esta actividad bancaria transnacional, que se ha incrementado, carece del control que las autoridades ejercen sobre la banca tradicional, como muestra la disponibilidad de la banca a la sombra de los llamados paraísos fiscales. Y los frecuentes escándalos revelan el descontrol de alta dirección de los bancos sobre los traders o agentes comisionistas y la utilización de los depósitos de los ahorradores para la especulación en bolsas.

Igualmente, al predominio de las finanzas contribuye una gama de instrumentos y productos como los fondos cotizados que atraen al pequeño ahorro hacia la especulación, mientras las grandes fortunas utilizan los hedge funds o fondos de alto riesgo, promocionados por los bancos más importantes para lograr ganancias fáciles como rentistas. Con prácticas como la venta en corto, el negocio financiero se convierte en un fin en sí mismo, un comercio con humo que consigue altas rentabilidades con graves riesgos y perjuicios para la economía real. Los llamados inversores institucionales promocionan modalidades especulativas como los derivados, que son ante todo un mercado financiero gigantesco de unos 600 billones (trillion) y descontrolado en su mayor parte; apuestas que apenas se entienden. De ahí los abusos y engaños que generan incluso para entidades públicas que entran en ese juego, como en hechos que referimos. Uno de tantos interrogantes que plantean los derivados es si los bancos y los grandes fondos especulativos, que hacen estas grandes apuestas, disponen de los activos que les sirven de garantía o aval para afrontar las pérdidas, dadas las variaciones de los precios de esos activos en que se apoyan.

LA AMPLIACIÓN DEL CASINO

En esta segunda parte, apuntamos la expansión del dominio financiero sobre los precios de los alimentos básicos, del petróleo, de la fabricación y producción de armamento o incluso sobre los programas de lucha contra el cambio climático, que, junto a los valores respaldados por activos financieros, integran los megamercados mundiales, un mundo opaco y autónomo que se entrelaza y se superpone con los mercados físicos, reales, de la economía productiva, incidiendo negativamente sobre su funcionamiento.

En la medida en que lo permite el marco escasamente regulado y la libertad de innovación, los grandes bancos han ido expandiendo sus intereses de mero lucro sin añadir valor alguno, mediante la invención de nuevos productos y vehículos financieros destinados a disponer de más liquidez y acrecentar las comisiones que perciben y el negocio especulativo, convirtiendo en activos financieros los contratos comerciales empleados en los grandes mercados físicos. Actualmente, la especulación financiera se desarrolla sobre el comercio mundial de materias primas agrícolas, afectando al comercio internacional de los alimentos básicos, provocando injustificados encarecimientos y escasez de los suministros y hambre en los países más pobres el mundo, como demuestra la documentación que referimos. En estos mercados mundiales de la alimentación, los grandes bancos internacionales han irrumpido hace años como nuevos especuladores junto a los especuladores tradicionales del acaparamiento. Asimismo, esta especulación financiera encarece el precio del barril de petróleo. Estos precios no son determinados por la producción y la demanda de consumo, por el mercado físico del barril, sino que son fijados por las gigantescas entidades bancarias de Wall Street, como Goldman Sachs, o europeas, como el Deutsche Bank y otros bancos. Y de manera similar se han desarrollado los intereses de las firmas financieras que pesan fuertemente sobre en el comercio internacional de armamento, encarnados por grandes bancos y fondos especulativos que acumulan amplias carteras de títulos valores sobre «la defensa» y obtienen rentabilidades sobre las vicisitudes bélicas. Aún más, está por demostrar que el comercio sobre los créditos para emisiones de CO2 favorezca la lucha contra el cambio climático, puesto que al final queda subordinado al lucro bancario.

Sobre el endeudamiento de los gobiernos se han montado unos mercados abiertos a los inversores y especuladores de cualquier parte del mundo; y hasta el juego de las finanzas ha llegado incluso a impregnar la gestión de gobiernos y administraciones públicas, que acuden a los mecanismos de la especulación para allegar recursos. La deuda soberana es un activo más de mercados específicos globales, objeto de casi todo tipo de transacciones en negocios donde se cotizan las decisiones de los gobiernos, con transacciones que evolucionan según las expectativas de rentabilidad que tienen los inversores y especuladores; las cuales en definitiva implican un enjuiciamiento influyente, condicionante o decisivo sobre los gobiernos democráticos por parte de quienes no son sus votantes. Aquellos gobiernos más endeudados ven sometidas sus actuaciones a los juicios y valoraciones de la «comunidad financiera», que como tal tiene un modelo propio de economía como referencia. Esta penetración de las finanzas sobre los distintos territorios de la economía productiva constituye el fenómeno de la financiarización, la lógica del puro beneficio financiero y el predominio creciente de los bancos, ajena a las necesidades de inversiones productivas que tienen la economía real; una situación en la cual el dominio de los mercados financieros globales, sin fronteras, deja sentir su peso sobre el funcionamiento de las economías nacionales e internacionales, que crean empleo y riqueza para los países.

LOS REGULADORES DEL CASINO EN LA SOMBRA

¿Alguien confiaría en los casinos si únicamente estuvieran regulados por sus normas internas? Si los casinos –como sucede en gran medida con los actuales mercados financieros– establecieran sus propias reglas y si la Administración pública nunca comprobara su aplicación correcta para ver si hacían trampas, está claro que solo acudirían a ellos todos los tahúres del planeta. Pues bien, a estas alturas todo indica que los gobiernos democráticos han renunciado a regular el gran casino financiero, como podemos comprobar en la tercera parte del libro. Desde luego, resulta evidente el fracaso de los gobiernos del G-20 y de la UE en conseguir la reforma del sistema financiero globalizado, algo que nunca pretendieron a pesar de los comunicados y las altisonantes declaraciones. ¿Y se acuerdan de las agencias de calificación? Los políticos decían que iban a recortarles las alas, pero nunca lo hicieron. Al contrario, las mantienen como parte del sistema y ahora son árbitros, jueces y verdugos de los gobiernos. Ni los gobernantes han establecido una regulación seria de las finanzas, ni las han dotado de organismos públicos supervisores para controlar de verdad las operaciones transnacionales de la banca, que siguen estando descontroladas; y que carecen de la seguridad jurídica que demandan ahorradores y ciudadanos en general. Hoy siguen siendo reales los riesgos que supone la existencia de grandes bancos internacionales demasiado grandes para dejarlos quebrar ¿Podría el gobierno español rescatar al Santander y al BBVA?

Los gigantescos mercados de derivados financieros continúan funcionando sin control público alguno como los centros financieros offshore, los llamados paraísos fiscales, que perjudican seriamente la recaudación tributaria de los Estados agobiados por los déficits. Y lo que es peor aún y la ciudadanía desconoce, es que tras la crisis han salido fortalecidos los reguladores privados en la sombra que mantienen el sistema que nos condujo a la crisis, como son las agencias privadas de calificación de riesgos crediticios; el IASB, una entidad privada domiciliada en Delaware que legisla las normas internacionales de la contabilidad financiera; y el Comité de supervisores bancarios que es un órgano del Banco de Pagos Internacionales de Basilea (Suiza) (BIS), que han instrumentado los viejos y nuevos acuerdos entre bastidores sobre la solvencia de la banca. El BIS es un verdadero poder en la sombra ignorado por los medios. Y el G-20 encargó las reformas proclamadas a esta tecnocracia internacional que carece de mandato democrático y sirve intereses espurios, que no responde ante ningún parlamento; y es la que ha logrado pretendidas reformas para que todo siga igual de amenazante para las economías productivas, la democracia y para los ciudadanos.

Frente a este entorno financiero, nuestro convencimiento, que resumimos en unas reflexiones finales, es que todas las políticas de los gobiernos deberían tener como hilo conductor la salvación de la democracia mediante medidas reguladoras apropiadas sobre las finanzas en el plano del Estado, de la Unión Europea y de la ONU y de los organismos internacionales dominados por la tecnocracia política. Si tenemos un sistema aéreo internacional con estrictas regulaciones, seguro y eficiente al servicio de los ciudadanos, ¿por qué no podemos tener un sistema financiero global regulado para que sirva a la economía real y respete la soberanía y la democracia de los países?

PARTE I

CASINO, JUGADORES Y JUEGOS

Capítulo 1

LA ALTA VELOCIDAD DE LAS BOLSAS

En cuatro segundos se pueden invertir 1.000 millones de euros en cualquier parte del mundo. «Es algo que sucede tan rápido en el ordenador que se pierde el sentido de las cantidades manejadas. El mercado internacional es tan grande que absorbe cualquier orden en cuestión de segundos», confesaba Jerôme Kerviel, un experimentado agente de bolsa condenado por un tribunal de París porque hizo perder casi 5.000 millones de euros a su empresa, el banco francés Societé Générale[1]. Es el resultado de la alta velocidad que ha llegado a las bolsas y mercados con megaordenadores que se sitúan «en las nubes» o en la opacidad; y que facilitan las oleadas especulativas que desequilibran las bolsas y mercados, y provocan los altibajos repetidos durante la larga crisis de la deuda soberana del euro.

Frente a este entorno global escasamente controlado, los gobiernos del G-20 reunidos en Cannes a principios de noviembre de 2011, reiteraban en el comunicado su compromiso de reforma del sistema financiero, habiendo acordado «principios y acciones que ayudarán a recoger los beneficios de la integración financiera y a incrementar la resistencia contra los flujos volátiles de capital», pretendiendo impedir «una vuelta a los comportamientos previos a la crisis»[2]; aunque ya ha tenido lugar como documentamos en este libro. La realidad hoy es que gracias al principio intocable de la libertad de movimientos de fondos entre países, se ha consolidado la globalización de los mercados, recuperados como demuestran los datos. Mientras los países, en particular los europeos, sufren la crisis de sus economías, los gobiernos que han contribuido a restablecer la banca con avales y ayudas multimillonarias a costa de los contribuyentes, ahora se ven sometidos al dictado de los mercados y de los especuladores para obtener la financiación exterior de su deuda soberana acumulada. Y, entretanto, se han reactivado los mercados financieros globales y han aumentado en volumen, liderados por la banca transnacional que al mismo tiempo ha hecho crecer la movilidad internacional del capital.

Dejando para los académicos las explicaciones más complejas desde la ortodoxia, veremos en este primer capítulo que los grandes grupos bancarios impulsan una infraestructura tecnológico-financiera que reafirma la autonomía de las finanzas globales frente a la economía real y en ausencia de autoridades supervisoras, con estrategias cada vez más asociadas a las fusiones e integración del negocio privado de las bolsas, plantean retos políticos soterrados de gran alcance. Y está claro que acrecientan la independencia y la influencia de quienes gestionan grandes bancos y fondos de inversiones sobre los gobiernos democráticos inmersos en las mallas de los poderes del casino financiero, reactivado tras la fase álgida de la crisis.

1. LA REACTIVACIÓN DEL JUEGO MUNDIAL DEL DINERO

En 2009, el McKinsey Global Institute (MGI), el instituto investigador de la consultora McKinsey de rango internacional, reconocía que durante los dos años anteriores (2007 y 2008) «la globalización financiera había retrocedido y no estaba claro con qué rapidez se reavivarían los flujos financieros o si los mercados financieros estarían menos integrados globalmente»[3]. Pero, por contraste, desde la perspectiva de la investigación cerrada dos años después, en 2011, el MGI subraya que actualmente la cuestión es si, tras las recesiones más recientes, el volumen de los flujos financieros mundiales superará próximamente los niveles anteriores al comienzo de la crisis. Dicho de otro modo, los datos aportados por esta fuente solvente confirman que los mercados financieros globales se han recuperado plenamente de la crisis abierta en 2007, tanto en los flujos entre países como en el volumen de los mercados de acciones y bonos como derivados y otros productos financieros.

Para entender esta recuperación, hay que recordar que uno de los efectos generalizados más evidentes de la crisis financiera fue la acentuada caída de los flujos internacionales de capitales durante 2008, incluyendo las inversiones directas extranjeras, la compraventa de valores extranjeros y los depósitos y préstamos transnacionales, con cifras globales registradas de doce ceros (billones, en castellano; trillion, en inglés).

Durante la fase aguda de la crisis, estos movimientos internacionales de fondos cayeron en torno a un 85% del volumen, desde los 10,9 billones de dólares en 2007 hasta los 1,9 en 2008 y los 1,6 billones en 2009. Estos datos reflejaban el derrumbe en la demanda de inversiones (y de la especulación) extranjeras de bancos, compañías y fondos durante toda la llamada tormenta financiera global. Por el contrario, en 2010 remontaron notablemente los movimientos internacionales de capitales, alcanzando los 4,4 billones de dólares, aunque se mantienen en su nivel más bajo en relación con el PIB desde 1998, según los datos del estudio sobre mercados financieros globales del McKinsey Global Institute[4]. Hay que subrayar el contraste de estas cifras con los datos poco alentadores de las economías reales en Europa y en los EEUU que no parecen perturbar al negocio financiero global cuyas perspectivas, según las observaciones del estudio, son la pronta superación de los niveles de movilidad anteriores a la crisis, porque en cuanto a volumen esos niveles ya han sido sobrepasados. Por otro lado, esas cifras son también muy significativas porque recuerdan una característica fundamental de los mercados financieros integrados globalmente, que es su volatilidad y la inestabilidad inherentes. Como muestra la información cotidiana sobre la evolución de las bolsas, con las alzas y bajas de los índices, las finanzas ofrecen un equilibrio precario desde los años noventa, consecuencia de la liberalización y la desregulación de las economías nacionales como un hecho generalizado.

En 2010, la recuperación de la expansión financiera ha sido un hecho, según las mismas fuentes, que muestran que se ha reanudado la expansión de estos mercados internacionales en los dos últimos años hasta sobrepasar los niveles previos a la crisis. Durante los últimos treinta años, el rápido crecimiento de los valores bursátiles y la deuda privada en los mercados maduros impulsaron gran parte del incremento de la profundización financiera, medido por el ratio de activos respecto al PIB. Pero la crisis financiera y el inicio de la recesión económica detuvieron la expansión de los mercados globales interbancarios y de capital que había durado casi tres décadas. Con anterioridad a ese frenazo, hacia 2007, el valor total de los activos financieros mundiales había alcanzado el pico de los 194 billones de dólares, equivalente al 343% del PIB mundial. Pero esta tendencia se rompió por las perturbaciones posteriores a la quiebra del banco de inversiones Lehman Brothers a mediados de septiembre de 2008, que fueron los momentos más agudos con una caída de 16 billones de dólares en los mercados financieros, un valor aproximadamente equivalente al de las economías de los EEUU y España juntas, según los datos disponibles del Banco Mundial (que registraba un PIB de 14,11 billones para EEUU y de 1,46 billones para España en 2009).

Está comprobado, según esta investigación, que los mercados de activos financieros se han repuesto prácticamente en el transcurso del último año. El valor total de los valores bursátiles, comprendiendo la capitalización del mercado de acciones y los préstamos y bonos en circulación, ha dado un salto importante desde los 175 billones de dólares en 2008 hasta los 212 billones de dólares en 2010, superando el pico que se había alcanzado en 2007. Dicho de otro modo, en 2010 el volumen mundial de los mercados financieros superó más de tres veces y media el PIB mundial, es decir, representaron una cifra del 265% por encima del valor del PIB mundial. Según los datos del MGI, la mayor parte de este crecimiento global del último año proviene de un rebrote en la capitalización de los mercados de valores (stock) y del significativo aumento de los títulos de deuda soberana, es decir, de las subidas de la Bolsa y el endeudamiento de los Estados y las grandes empresas (MGI, Mapping…, opus cit.). Esta recuperación de la actividad financiera internacional sigue siendo desigual en cuanto a las zonas geográficas y en los tipos de activos financieros. En su mayor parte el aumento del conjunto de los mercados del crédito corresponde a la deuda de los gobiernos y a los préstamos de China, que quizás no todo el mundo tiene en cuenta que es el acreedor de los EEUU, que es el primer deudor mundial; pero estos mercados del crédito a nivel internacional continúan siendo frágiles en muchas partes del mundo.

Dejemos para publicaciones especializadas cualquier análisis más a fondo de esta información solvente, cuyas cifras sobre los distintos mercados hacen pensar que la globalización se ha hecho cualitativamente más importante y es mayor su integración, como también se refleja en la fusiones de las empresas gestoras de bolsas. Sin embargo, comparando estas cifras de las dos investigaciones citadas del MGI con las que se publican sobre la economía real, se revela la disociación de las transacciones financieras respecto de la realidad económica, puesto que son el resultado de los intereses especulativos del negocio bancario, muy ajenos a las necesidades de pagos del comercio internacional y de los movimientos de las inversiones productivas directas que crean empresas e industrias. Si tenemos presente que esa masa financiera se mueve libremente por el planeta y que parte de la misma se mueve a alta velocidad como veremos, entenderemos el poder fáctico que representa frente a cualquier Estado por muchos y abundantes que sean los recursos de que disponga. Solo dos datos cuantitativos de los que encontraremos en los próximos capítulos: el volumen de los derivados negociados se cifra en torno a los 600 billones de dólares, comprendidas la mayoría de las modalidades relevantes de estas apuestas, según los datos que periódicamente publica la ISDA, la asociación gremial. Y de ese importe total, el Banco de Pagos Internacionales (BIS) cifra en 403 billones de dólares las apuestas relacionadas con la especulación sobre los tipos de interés de las principales monedas (dólares, euro, yen, libra esterlina y otras). Unas magnitudes que solamente dan idea de las milmillonadas que mueven los diferentes mercados internacionales del dinero; que, asociados a la alta velocidad computerizada de las transacciones, facilitan las oleadas especulativas, como las que han creado apuros a la deuda soberana en euros.

2. ESTRATEGIAS Y ALGORITMOS DE ALTO RIESGO

Las gigantescas cifras financieras referidas entran y salen de las bolsas y mercados privados con celeridad. Las transacciones bancarias internacionales, facilitadas por sistemas electrónicos automatizados conectados en red, comparan precios y cierran operaciones en milésimas de segundos, reduciendo los costes operativos e incrementando la velocidad. Como estos instrumentos de alta tecnología responden a los planes de grandes bancos y firmas financieras de alcance mundial, los riesgos de la complejidad de las innovaciones no son un obstáculo para su desarrollo.

En la mañana del martes 2 de noviembre de 2010, las operaciones de compraventa del proceso electrónico continuo de la Bolsa de Londres se detuvieron durante dos horas a causa de un segundo pinchazo en las últimas cinco semanas; consecuencia de la migración del nuevo software en la plataforma electrónica de comercio financiero Turquoise, propiedad de la empresa que gestiona la Bolsa londinense[5] sin que la prensa especializada informara de los perjuicios ocasionados por las repercusiones y sin mayor alcance mediático. En cambio, tuvo gran eco mediático, el desplome relámpago de la bolsa neoyorquina, catalogado como el Wall Street plunge o el Flash crash en el mundo anglofinanciero, que hizo esfumarse la liquidez en la bolsa neoyorquina durante unos minutos.

Una infraestructura tecnológica compleja

El jueves 6 de mayo de 2010, el índice Dow Jones perdía casi 1.000 puntos en cinco minutos recuperándolos en otros quince; y la fuerte inestabilidad siguió al día siguiente en medio de la inquietud general por la inexplicable caída en picado, mientras en Europa brotaba la inquietante crisis de la deuda soberana. En una clara muestra de cómo pueden reaccionar los ordenadores en un contexto de caos, la firma operadora de alta frecuencia Tradervox llegó a vender acciones del gigante de la consultoría Accenture por un centavo de dólar, a pesar de que poco antes cotizaba a cuarenta dólares, fue como si el mercado, literalmente, se volviera loco. Algunos otros títulos llegaron a caer hasta cero durante breves momentos en una caótica sesión. Pero lo grave es que tardaran cinco meses en encontrar una explicación oficial de las causas.

Dos meses más tarde, ni Wall Street ni las autoridades habían encontrado una explicación razonada de las causas, ofreciendo la inquietante hipótesis del error de un trader que al procesar el número de acciones de una orden, quizás escribió «billion» (mil/miles de millones) en lugar de «million» (millón/millones), desencadenando el pánico en todo el mercado, con miles de operaciones que fueron anuladas por considerarse que habían sido «claramente erróneas»[6]. Dada la complejidad del caso, cinco meses más tarde y tras analizar 17 millones de transacciones, la dos agencias gubernamentales, la SEC y la CFTC, hicieron público en septiembre 2010 un informe de 104 páginas[7] del cual se deduce que el desencadenante del desaguisado había sido un algoritmo mal programado. Un algoritmo es, según el DRAE, «un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema» o «un método y notación en las distintas formas del cálculo», pero en el lenguaje de la informática puede definirse como cualquier secuencia de pasos que conducen a la realización de una tarea dentro de un programa. De acuerdo con este informe oficial (Flash Crash Report), ese día de autos una firma de inversiones de Kansas escasamente conocida, llamada Waddell & Reed Financial, ordenó la venta de 75.000 contratos de futuros sobre el índice S&P 500, y para poner la orden en el mercado electrónico utilizó algoritmos computerizados. Lamentablemente, el algoritmo fue programado omitiendo la hora y el precio de los contratos, así que lo que podría ser una orden que entrase en el mercado durante varias horas o días, se coló en sólo veinte minutos; tensionando la entrada de esta orden el mercado de futuros y finalmente se trasladó al mercado spot o al contado. Lo demás lo hizo la inquietud en el entorno por la crisis de la deuda soberana europea y los programas de alta frecuencia, que provocaron la espiral bajista. Por aquella vez, finalmente se exoneraba al comercio de alta frecuencia o alta velocidad de cualquier responsabilidad como había aparecido al inicio de la investigación oficial; y se culpabilizaba definitivamente a la orden de ejecución mediante el algoritmo incompleto[8].

Durante ese mismo año, otro algoritmo revelaba hasta donde está llegando la competencia entre bancos y firmas ligadas a las finanzas por avanzar en sus planes de expansión en los mercados globales, con el caso de mayor resonancia después del desplome relámpago de Wall Street. En diciembre de 2010, era declarado culpable y condenado un antiguo empleado programador del banco de negocios Goldman Sachs en Nueva York, por haber robado un algoritmo, una herramienta matemática básica para el negocio de bancario. El mencionado programador (que no era un trader de Goldman Sachs) se había llevado consigo ese algoritmo a la nueva empresa Teza Technologies en Chicago que le había fichado, transfiriéndolo a un servidor en Alemania, según los hechos probados que le llevaron a la cárcel[9]. Con esta querella de Goldman Sachs se demuestra la importancia de las innovaciones tecnológicas –y también la vulnerabilidad del negocio financiero globalizado– que incrementan extraordinariamente la velocidad de las transacciones con la perfección de la conectividad de las redes, al permitir consolidar las operaciones instantáneas de un rincón a otro del planeta.

Son muestras de la complejidad de la infraestructura tecnológico-financiera que se está creando para sustentar los mercados globales, al mismo tiempo que se descubren los importantes riesgos técnicos con repercusiones impredecibles por el modo como se están produciendo, incluidas la feroz competencia entre los grupos empresariales que dominan este sector y los posibles fallos imprevisibles que generan tremendas consecuencias económicas y sociales que terminan pagando los contribuyentes, como nos ha enseñado la crisis del sistema.

Plataformas mercantiles y el trading de alta frecuencia

Según el informe oficial, la referida firma Teza Technologies contratante del informático neoyorquino, estaba interesada en el algoritmo de Goldman Sachs porque llevaba a cabo ordinariamente operaciones bursátiles de alta frecuencia, que en la terminología de Wall Street se conoce como High Frequency Trading (HFT en siglas inglesas), una nueva estrategia basada en el uso de redes de ordenadores programadas para la compra y venta automáticamente de todo tipo de activos financieros en alta velocidad, literalmente en milisegundos. Con la estrategia operativa llamada trading de alta frecuencia o comercio financiero de alta velocidad, un título bursátil puede cotizar durante unos segundos un céntimo más caro en Frankfurt que en Singapur o Nueva York. El ordenador de los inversores-especuladores compra esos títulos en Londres y los vende en Nueva York o viceversa; o puede estar lanzando constantemente órdenes de compra y venta, buscando infinitesimales diferencias de precios sobre las que obtener beneficios; se trata de la práctica comercial secular de comprar barato y vender caro, pero con márgenes de ganancia en decimales y en tiempos inferiores a milésimas de segundos. Con esta estrategia operativa acelerada, los bancos y firmas financieras sacan provecho de las diferencias coyunturales de cotizaciones con frecuentes y pequeñas operaciones. Las transacciones se realizan con unos márgenes minúsculos, pero al final la actividad financiera aumenta haciendo que sea inmenso el volumen de operaciones.

Según los periodistas especializados de The New York Times, la volatilidad de las bolsas en agosto y septiembre de 2011, se vio facilitada por los nuevos tipos de operaciones computerizadas; y los análisis de la agencia estadounidense para el mercado de valores (SEC) concluyen que la alta velocidad, el HFT, supone el 60% del volumen diario de contrataciones y que el mercado ya no se basa en una sola bolsa sino que se fracciona a través de las grandes bolsas y la intervención de varios foros menores[10]. En un volumen similar cifran su incidencia algunos expertos, según la revista digital Institutional Investor, que calculan que entre el 50% y el 70% de todas las transacciones en todos los mercados bursátiles de Estados Unidos, son realizadas por medio del trading de alta frecuencia, a pesar de que esta técnica sólo empezó a difundirse a partir de 2004[11]. Otros analistas sitúan en casi el 70% el volumen de las transacciones mediante el HFT[12]. Este trading de alta velocidad ha facilitado las oleadas especulativas que en los últimos años agobian los mercados de la deuda soberana en euros.

Es, pues, una modalidad operativa muy extendida y cuya utilización ha crecido vertiginosamente en los últimos años, aunque sea prácticamente desconocida por la mayoría de los ciudadanos. Quedan muy lejos aquellos «corros» y el «parquet» en las bolsas tradicionales, sustituidos por ordenadores situados en cualquier parte del mundo, programados y almacenados en edificios ad hoc o en nuevos parqués plagados de pantallas y potentes ordenadores con sofisticados programas conectados a redes telemáticas; esas máquinas en red rastrean permanentemente los mercados, analizando las diferentes plataformas electrónicas de contratación dentro de las redes previamente definidas, sean éstas bolsas reguladas o mercados privados, de renta fija o de materias primas, prácticamente a la velocidad de la luz, con el objetivo de casar operaciones que se cierran conforme a los parámetros de precios predefinidos.

Curiosamente, durante los últimos años de crisis han avanzado de modo importante las nuevas operativas, conocidas como «comercio algorítmico o automático» (algorithmic trading / automated trading), que utilizan fuertemente sistemas telemáticos para ejecutar las órdenes decidiendo el ordenador aspectos como el momento, el precio o la cantidad o en muchos casos iniciando la orden sin intervención humana, basados en modelos matemáticos, un modelo que ha demostrado sus errores de bulto. La base son las conocidas como plataformas de negociación financiera (trading platfom), plataformas electrónicas que incorporan una aplicación informática mediante la cual los inversores y especuladores inician, gestionan y cierran posiciones de mercado, permitiendo la realización de operaciones y el mantenimiento de cuentas. E incluso, pueden incluir también aplicaciones telemáticas de análisis del mercado permitiendo a los operadores e inversores examinar los gráficos en pantalla con los resultados y las variaciones de los mercados en los que operan. Hasta hace apenas tres o cuatro años, la mayor parte de las operaciones de cambio de divisas se hacían por teléfono; ahora, cada día se utilizan más los ordenadores y el HTF. Y se asegura que los bancos están reemplazando a las personas que realizaban estas operaciones por ordenadores. La consecuencia, según el Banco de Pagos Internacionales (BIS), es que el volumen del mercado de divisas ha crecido un 20% en solo tres años, hasta rozar los 4 billones de dólares diarios (unos 3 billones de euros), que es el promedio diario del volumen del mercado mundial; y ya supone el 25% del mercado spot (al contado) de divisas. A este aumento del comercio financiero electrónico ha contribuido como instrumento el trading algorítmico, concepto que cubre cualquier operación automática donde un algoritmo del ordenador determina la estrategia de la propuesta previa a la orden. Por ejemplo, los gestores de fondos de alto riesgo y los departamentos bancarios para las operaciones bursátiles efectúan comparaciones estadísticas y los detalles técnicos que les ofrecen los sistemas telemáticos antes de comprometerse en las apuestas macro. Como destaca el BIS, todas estas actividades han contribuido al aumento del volumen de los mercados de divisas, al facilitar el sistema automatizado o algorítmico el manejo de una cantidad enorme de información ya elaborada para tomar las decisiones sobre las operaciones concretas, haciendo posible que bancos e inversores institucionales operen conforme a una estrategia especulativa definida; lo que supone mayor poder y autonomía para esas organizaciones y las personas que las dirigen. Aunque la llegada de la alta velocidad financiera es reciente, los siete países con mercados de divisas más activos son, por orden decreciente de volumen, el Reino Unido, EEUU, Japón, Singapur, Suiza, Hong Kong y Australia. Y un 85% de la creciente actividad se ha debido a los operadores especializados en la alta frecuencia de los bancos como clientes de los mayores promotores o dealers (los principales son Barclays, Deutsche y UBS); y a las operaciones online de los inversores minoristas (BIS, Quarterly review, diciembre, 2010).

Los analistas financieros señalan que esta estrategia beneficia a los mercados porque aporta más liquidez (el mantra del fundamentalismo del libre mercado financiero) puesto que –argumentan– al reducir las diferencias entre precios de compra propuestos y precios de venta obtenidos genera menos costes para las transacciones, objetivo perseguido por otras innovaciones estratégicas de las grandes firmas de las finanzas. La realidad es que el HTF ofrece enormes posibilidades para la especulación y como apuntan sus detractores permite peligrosamente la manipulación del mercado y desde luego convierte en irrealizable la supervisión de las autoridades públicas. Sin adoptar medidas reguladoras concretas, el communiqué de la cumbre del G-20 en Cannes (ítem 14), se limita a destacar la necesidad de abordar los riesgos financieros que presenta el trading de alta frecuencia y la dark liquidity (la liquidez sin trasparencia), en referencia a las plataformas negociadoras opacas que pueden ocultar manipulaciones de cotizaciones, como veremos en las páginas siguientes. Y últimamente, se ha señalado que esta operativa de la alta velocidad supone un serio obstáculo para la aplicación de cualquier modalidad de impuesto sobre las transacciones financieras, tipo tasa Tobin[13].

Estrategias especulativas en las nubes

A la alta velocidad financiera se suma el uso potencial en tiempo compartido de los potentes ordenadores, una estrategia de gestión para los inversores y especuladores institucionales sofisticados e incluso para quienes nunca han utilizado los servidores basados en Internet. El grupo financiero que gestiona las bolsas de Londres y de Nueva York, NYSE-Euronext, promociona la utilización de la llamada cloud computing o computación en las nubes, como una ventaja competitiva de esta bolsa transatlántica. Una innovación que consiste en la utilización de servicios y herramientas en plataformas informáticas virtuales de Internet (de ahí el término cloud, nube) y de acceso rápido, una infraestructura de autoservicio, donde se paga por tiempo de uso contratado y se usa según necesidades. Según los expertos, por la experiencia habida, otro avance dará como resultado una negociación bursátil rápida y con una notable disminución de los costes para operadores finales; y además se facilitará el acceso a los ordenadores de gran capacidad que se necesitan para desarrollar complejas estrategias algorítmicas de negociación, como el HFT comentado.

Las grandes firmas gestoras de bolsas y mercados impulsan el uso de la llamada cloud computing pretendiendo que los grandes bancos y compañías multinacionales superen los problemas de los entornos de servidores tradicionales, que requieren cuantiosas inversiones de capital y costes de mano de obra elevados, con ciclos prolongados de desarrollo y riesgos de calidad asociados a procesos en gran medida manuales. El mayor atractivo para los inversores institucionales de la computación en las nubes es que les evita enterrar grandes sumas en potentes equipos informáticos y telemáticos que además requieren costosos mantenimientos. En cambio el usuario final puede «alquilar» tiempo de ordenador de organizaciones con gran capacidad y fiabilidad demostradas como servidores, como es el caso de Google, IBM, Amazon Elascti Compute Cloud (Amazon EC2) y muchos otros, que cada vez más se ofrecen para vender esos servicios. Como la negociación de alta frecuencia requiere el análisis de una cantidad enorme de datos, quienes conocen este tipo de infraestructura, aseguran que permiten construir y mantener unas bases de datos propias con un coste reducido que cubran los dos o tres mercados más frecuentados. Según estas informaciones, se están trasfiriendo al campo financiero las experiencias adquiridas con la gestión de las redes sociales, aunque el asunto parece que está todavía en sus comienzos[14].

Es obvio que estas estrategias financieras de la alta velocidad y de la subcontratación de grandes equipos experimentados, no buscan facilitar y agilizar el crédito a las empresas ni los pagos internacionales de la economía real sino que alimentan el negocio puramente financiero y autónomo, desligado de la economía real. Por tanto, frente a estas nuevas realidades tecnológicas de la innovación financiera al servicio de la especulación a nivel global, son múltiples las graves cuestiones que los ciudadanos y los gobernantes tendrían que plantearse, como por ejemplo:

¿Benefician a la economía productiva la alta velocidad y demás avances tecnológicos-financieros? ¿Tienen los gobiernos recursos materiales y personal experto para seguir el ritmo de la innovación bancaria? ¿Cómo puede lograrse la supervisión por las autoridades de estas operaciones bancarias transnacionales ultrarrápidas? ¿Cómo inciden estas operativas en la fiscalidad de los países y en la prevención del blanqueo de dinero sucio?

Las posibles respuestas resultan complicadas, especialmente si sumamos estos avances tecnológicos y de estrategia inversora a los procesos de integración global de las empresas privadas que gestionan las bolsas y las plataformas electrónicas de los mercados, que se han reactivado con la recuperación de la gran banca tras la crisis, gracias al dinero de los contribuyentes. A lo que tendríamos que añadir como reto político, la barrera difusa residual entre bolsas sometidas a una cierta regulación y los mercados privados que escapan a cualquier control público, siquiera sea para obtener datos sobre su alcance.

3. EL NEGOCIO DE LA GESTIÓN DE LAS BOLSAS Y MERCADOS

Las antiguas bolsas de valores o de comercio son actualmente grandes negocios privados en expansión que organizan los mercados mundiales del dinero y se integran en los mercados financieros. Los avances tecnológicos en el campo financiero reseñados. no se comprenden si no se tiene presente la mutación de la gestión de las bolsas. Hace años que éstas dejaron de ser aquellas lonjas en las que los ofertantes y demandantes se encontraban y contrataban a voces. Hoy para hablar de bolsas y de mercados financieros es preciso hablar de las plataformas electrónicas referidas, visualizadas por pequeñas y grandes pantallas de terminales de ordenadores. Pero también hablar de bolsas es hablar de grandes grupos financieros que gestionan, encauzan y a su vez regulan las operativas de los mercados de capitales y de divisas interconectados globalmente, que sustituyeron hace tiempo a las entidades públicas que gestionaban estos mercados. La típica bolsa nacional de valores, administrada como organismo público, ha dejado paso a las bolsas y mercados gestionados por poderosos grupos financieros, grandes empresas privadas que cotizan y que buscan el lucro; y que por lo general operan a nivel internacional con una oferta amplia de servicios para los mercados. Esta transformación ha ido acompañada de un aumento extraordinario en la cooperación y la integración de las bolsas de diversos países, lo que ha supuesto la utilización de sistemas conjuntos de negociación y la armonización de las reglamentaciones mediante las macro organizaciones que han surgido y buscan una única identidad. Y al mismo tiempo estas empresas gestoras compiten actualmente por atraer las transacciones que son la fuente de sus ingresos mediante las comisiones que perciben; de ahí que sean defensoras de la mayor desregulación de los mercados financieros buscando la ampliación indefinida del negocio.

Bolsas y mercados

En esta transformación histórica aparece como un hito aquel cambio profundo de la Bolsa de Londres en los años ochenta, que se conoce con la denominación mediática de Big Bang, cuya oleada de supresión de normas y prácticas reguladora sirvió para dinamizar el centro financiero de la City londinense que aumentó su peso internacional; y al mismo tiempo marcó la ola de desregulación financiera en toda Europa y el mayor dominio de las finanzas sobre las economías. Asimismo conviene aclarar el equivoco frecuente en el lenguaje corriente, que no distingue entre bolsa y mercado. En lenguaje corriente, con el término bolsa (Stock Exchange) designamos el mercado de valores que solía gestionarse por una entidad pública; pero hoy el término designa también a las empresas privadas que se han responsabilizado de esos mercados de valores. Desde que los agentes de cambio y bolsa desaparecieron en España durante los años noventa, una bolsa es una sociedad anónima, una empresa privada de servicios financieros que, entre otras funciones, tiene la responsabilidad de gestionar uno o varios mercados, dependiendo de las estructuras de cada país. Mientras que, hablando con propiedad, un mercado financiero designa las transacciones y las operativas de un conjunto de agentes que las realizan, como son los bancos y empresas, los inversores y especuladores, los brokers o corredores y demás intermediarios financieros y el Gobierno y el Estado que establece el marco institucional.

La integración de las empresas gestoras de bolsas comporta una mayor integración internacional de los mercados al facilitar y abaratar las operativas de corredores, inversores y especuladores que las innovaciones tecnológicas estimulan. Aunque el impacto de todas estas fusiones de las empresas gestoras en las cotizaciones, en la liquidez y en el funcionamiento de las propias bolsas sigue siendo en gran medida desconocido, según apunta el profesor de la Universidad de Columbia, Ulf Nielsson[15].

Las bolsas, reguladores privados

Con los procesos privatizadores iniciados en los años ochenta, las bolsas dejaron de ser instituciones públicas para convertirse en entidades privadas, produciéndose enormes cambios en su funcionamiento; pero hasta la fecha han continuado desempeñando un papel clave como reguladores en la sombra del funcionamiento de los mercados por su responsabilidad en la aplicación de las normativas en vigor y en la organización de las compraventas de valores y productos financieros. Conviene recordar que su principal función es la de facilitar la negociación de títulos valores a empresas, entidades e individuos, permitiendo el acceso al mercado de inversores y especuladores y ejecutando sus órdenes de compra y de venta sin dilación, contribuyendo así a la reducción de los costes de las transacciones al mismo tiempo que las bolsas como mercados se abrían a un mayor número de participantes. Al mismo tiempo que facilitan la casación de órdenes de compra con órdenes de venta, ofrecen la garantía de la solvencia en la compensación, liquidación y pago de esas órdenes.

Las bolsas por si mismas no compran ni venden valores ni fijan las cotizaciones; sino que colaboran, regulan y controlan el desarrollo de los negocios de compraventa de títulos. La participación de las entidades en las bolsas ha de ser autorizada y se realiza a través de corredores autorizados o brokers que toman las órdenes de compra o venta del participante y conciertan precios con otro intermediario que representa la contraparte de la transacción. Como responsables de la aplicación de la legislación bursátil, las bolsas cumplen un papel muy relevante en particular en la transparencia del mercado, exigiendo la publicación de la información legalmente exigible a las empresas financieras que cotizan en estos mercados. Hasta el punto de tener capacidad para impedir que un determinado valor bursátil deje de cotizar conforme a esa legislación. Generalmente no se tiene presente que las empresas gestoras de bolsa tienen una particular responsabilidad en la forma en que pueda aplicarse la legislación vigente y sobre todo un papel relevante en la protección de los consumidores, de los pequeños inversores que acuden a estos mercados.

Sin embargo, este papel regulador de las bolsas presenta lagunas importantes en relación con la protección de los inversores, la efectividad del cumplimiento de la legislación y la posibilidad de atraer operaciones al amparo de normativas más benévolas (el llamado regulatory arbitrage); al mismo tiempo, las firmas gestoras operan también con plataformas y mercados extrabursátiles como parte de su negocio. Además, las empresas gestoras de las bolsas crean indirectamente productos financieros como son los índices bursátiles que, aunque ofrecidos como información cualificada de la evolución de los precios, también son utilizados como referencia o activos subyacentes de productos financieros derivados. Porque, aunque tienen la responsabilidad de la aplicación de las normativas públicas, son ante todo empresas privadas cuyas acciones cotizan en las propias bolsas. Y como tales empresas cotizadas están movidas por el afán de lucro y logro de la llamada creación de valor, es decir, el alza de sus acciones como cualquier otra empresa cotizada. Es obvio que la motivación de las fusiones y adquisiciones entre los grandes grupos empresariales que gestionan bolsas es la ampliación del negocio, la reducción de los costes y la mayor autonomía en su funcionamiento respecto a cualquier control público, adquiriendo con su dimensión internacional mayor peso e influencia sobre gobiernos y organismos internacionales.

Mercados y plataformas extrabursátiles y opacas

La opacidad es una ventaja operativa para los grupos empresariales que gestionan los mercados financieros de hoy, que resultan más atractivos cuanta mayor libertad de acción ofrecen con menores restricciones públicas. De ahí que gran parte de las operaciones financieras nacionales o internacionales tengan lugar fuera de las tradicionales bolsas de comercio, en mercados privados desregulados y sin supervisión de las autoridades; como ocurre con multitud de instrumentos empezando por los derivados, en un campo situado fuera de las regulaciones nacionales e internacionales aunque se sucedan las propuestas para restringir su ámbito. Y asimismo las bolsas establecen unas plataformas opacas para la negociación de valores.

Mercados OTC

En los mercados denominados OTC (Over The Counter, en el mostrador o ventanilla) o mercados extrabursátiles, se negocian instrumentos financieros diversos (acciones, bonos, derivados, etc.) en cuantías muy relevantes y cuyas negociaciones se realizan fuera del ámbito de las bolsas de valores reguladas. Las negociaciones se realizan mediante firmas profesionales que poseen los activos financieros que se intercambian en ese mercado informal y establecen el precio de salida y el precio concertado. Tradicionalmente este tipo de mercado informal ha sido un mercado de promotores o dealers, que ofrecen cotizaciones posibles a los participantes, los llamadores creadores de mercado (market makers) puesto que abren e inician las posibilidades de compra y venta. En un mercado extrabursátil u OTC el intercambio se realiza de modo privado entre dos partes que generan un contrato bilateral.

Es un campo en plena evolución que cada vez más se confunde con las bolsas al estar gestionado por los mismos grandes grupos. En su origen, la negociación se conducía por teléfono, apoyado luego por la telemática; de ahí que se calificara como negociación bilateral porque solo podían participar dos interlocutores que disponían de líneas telefónicas directas y conocían los precios o el acuerdo. Con la aparición de las plataformas electrónicas adquirieron un carácter multilateral como cualquier mercado, similar al que se desarrolla en las bolsas de comercio. Esta plataforma electrónica media en el cruce y ajuste de las ofertas y demandas y la firma que opera la plataforma actúa como broker o intermediario, sin adoptar una posición en la negociación ni tampoco asumir por lo general el papel de contraparte. Aunque la firma que gestiona la plataforma puede adoptar asimismo la posición de cámara de compensación (clearing house), en cuyo caso asume todos los riesgos del crédito de las negociaciones que se realizan vía plataforma y de las cuales se le informa. En los mercados de derivados, que en su mayor parte son extrabursátiles, algunos promotores o dealers ofrecen sus propias plataformas electrónicas con su marca (proprietary), que ya no funcionan como un intermediario neutral sino como agente. Las cotizaciones ofertadas y acordadas son presentadas exclusivamente por el promotor para que los restantes participantes observen esos precios ofrecidos y los acepten si lo desean; es un entorno que podría denominarse multilateral en un solo sentido. En esta modalidad la propia plataforma asume el papel de contraparte en el contrato de derivado o de cada negociación de manera que el promotor garantiza el riesgo del crédito en ese mercado[16]. Son modalidades de la especulación financiera.

Las plataformas negociadoras opacas

En todo sector privado, la competencia es la regla y la opacidad es una ventaja competitiva. Para incrementar el negocio, las grandes empresas gestoras de las bolsas y mercados pretenden incrementar la opacidad cuando no la manipulación de las cotizaciones mediante sistemas alternativos de negociación basados en la innovación. Es el caso de las plataformas de negociación reservada, opacas u oscuras, conocidas en la prensa anglófona como «dark pools» (dark pool trading platforms), que permiten a las empresas realizar transacciones de gran cuantía sin el riesgo de que una gran operación haga subir la cotización del mercado, alejándola del precio deseado. Estas plataformas opacas no están disponibles para los pequeños inversores sino que el volumen negociado se crea por las órdenes de determinadas entidades. El grueso de la liquidez de estas plataformas «ocultas» está representado por «transacciones en bloque» facilitadas fuera de las bolsas centrales; en ciertos casos, negociaciones que se han realizado de manera bilateral fuera de la bolsa se declararán inmediatamente a la bolsa para limitar la pérdida de transparencia. Estos segmentos oscuros de los mercados bursátiles son propiedad de las propias firmas gestoras de bolsas reguladas, de corredores de bolsa o de empresas independientes; que utilizan un soporte electrónico de negociación más eficiente para la compraventa de grandes cantidades de valores, sin la exigencia de que una firma comunique su identidad o los precios a los que está dispuesta a negociar.

Entre los grupos financieros impulsores de estas plataformas tecnológicas opacas destaca Turquoise Global Holdings Limited, que es una firma de inversiones británica dependiente de la empresa gestora de la Bolsa de Londres, The London Stock Exchange Group, que en Europa facilita la negociación de valores y de derivados. Y también destaca la marca Chi-X Global, dependiente de Nomura Holdings, un potente grupo financiero japonés que gestiona plataformas electrónicas de negociación bursátil en Asia, Australia y otras partes del mundo. Ambas firmas están presentes en España; con la liberalización europea de las bolsas promovidas por la directiva europea MiFid, se produjo en España, como en Italia, la entrada en escena de los dark pools puesto que esta directiva abría el camino para que las nuevas plataformas de negociación rompieran el monopolio de las bolsas tradicionales. Sin apenas repercusión en los medios, en diciembre de 2008 aterrizaba también en España la firma Chi-X con una plataforma alternativa creada en abril de 2007 por Instinet, la conocida ECN que actualmente es propiedad de Nomura Holdings, que ofrece la posibilidad de operar sobre los valores que integran el Ibex 35. Y meses más tarde, en competencia con los gestores de Bolsas y Mercados Españoles, en febrero de 2009 desembarcaba con bastante éxito en la península Turquoise, con una plataforma reservada creada por nueve bancos de inversión principales (BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Société Générale y UBS). Ambas plataformas opacas ofrecen la posibilidad de acceder a la negociación de los valores de las empresas del Ibex 35, además de otros negociados en el Mercado Continuo Español, con el atractivo de menores comisiones además de la opacidad circunstancial[17]. Ambos ejemplos muestran la fuerte competencia que reina en el sector de las entidades gestoras de bolsas y mercados financieros para repartirse el negocio de estos servicios.

Manipulaciones del mercado homologadas

Las transacciones realizadas a través de estas plataformas opacas se registran como transacciones extrabursátiles; y el volumen, el precio y tiempo de ejecución no se divulgan para los demás operadores del mercado[18]. Es decir, se ocultan al público los detalles de las operaciones para que estas no aparezcan en los paneles informativos. Algunos operadores que utilizan una estrategia basada en la consecución de liquidez consideran que estos dark pools deberían hacer pública la liquidez con el fin de que la negociación comercial fuera más «justa» para todas las partes implicadas. En realidad estas prácticas representan una forma de manipulación de precios homologada por las propias bolsas que gestionan estas plataformas oscuras. En el mercado abierto, las empresas transmiten sus órdenes, es decir, las divulgan al público que pueden visualizarse a través de las bolsas. De modo que cuando se divulgan las órdenes importantes, los participantes en el mercado pueden reaccionar haciendo subir o bajar sus ofertas. Estas modalidades innovadoras son utilizadas por corredores de bolsa, entidades financieras y fondos de alto riego para negociar grandes cantidades de acciones y demás valores sin estar sujetos a las reglas operativas de las bolsas tradicionales, como, por ejemplo, las que exigen que las órdenes de compra y de venta se comuniquen a todo el mercado.

A este respecto tengamos en cuenta que la negociación electrónica de alta frecuencia (el HFT) de la que hemos hablado, ha acelerado la velocidad a la que la cotización en el mercado responde a las nuevas órdenes; y asimismo estas plataformas opacas también plantean muchas cuestiones de interés público. Una de ellas es que el volumen de negociación, así como la divulgación de las órdenes de compra y de venta, se ocultan excluyéndose del tan reclamado proceso de descubrimiento de precios que se produce en las bolsas y mercados; además de que también fragmenta el mercado, con la falta de transparencia, creando diferencias en el acceso a la información. Además, la negociación en los dark pools no está sujeta a la supervisión de las autoridades que monitorean la actividad bursátil. De ahí que las autoridades estadounidenses responsables de mercados de valores, que celebraron estas innovaciones hace unos años, intentan ahora supervisar estas plataformas electrónicas. La SEC, la comisión del mercado de valores, ha propuesto diversas normas para prohibir las operaciones relámpago y exigir a los dark pools que divulguen más información. Y asimismo, la CFTC, la agencia gubernamental para los mercados de futuros, ha declarado que seguirá analizando la evolución de estas actividades y estudiando la respuesta regulatoria adecuada para garantizar la estabilidad y el acceso equitativo de todos los inversionistas a los mercados. Y la prensa especializada ha planteado la necesidad de hacer públicos los precios y de rediseñar estas plataformas, a partir de la aplicación de la ley Dodd-Frank, que como suele suceder ha hecho que la Comisión Europea se plantee la revisión de la directiva Midfid[19]. Todas estas innovaciones técnicas pueden generar mecanismos potentes para aumentar la rentabilidad de las empresas gestoras; pero los cambios que se derivan también contribuyen a que los reglamentos y mecanismos institucionales queden obsoletos, generando una mayor desregulación de facto. Asimismo, estas nuevas modalidades de negociación alteran profundamente el equilibrio de poder y las reglas del juego en el mercado.

¿Hacia una bolsa mundial integrada?

La realidad es que mientras los Estados se achican y ven reducidas sus competencias y su capacidad para resolver problemas de la ciudadanía, como la protección de los ahorradores que invierten y la financiación de las pequeñas y medianas empresas, los grandes grupos bancarios y financieros dotan a las bolsas y mercados de mayor potencial y autonomía no solamente mediante las innovaciones tecnológicas sino mediante los procesos de integración transatlántica y mundial. La reducción de costes operativos que significan las nuevas tecnologías y las necesidades de grandes inversiones para aplicar estos avances junto con la libertad de innovación y movilidad internacional del capital, son incentivos poderosos para que las grandes firmas que gestionan las bolsas y los mercados aceleren su integración.

Hasta la fecha se han registrado dos oleadas importantes de fusiones y adquisiciones en este sector de las finanzas, subsiguientes a dos crisis. La primera oleada ocurrió una vez superada la crisis de las empresas de innovación informática, las conocidas como punto.com, acelerándose los procesos de fusión e integración de las gestoras de bolsas, por las mismas motivaciones que han provocado estos procesos en las empresas de otros sectores económicos, como son la búsqueda de mayor negocio, la reducción de costes y el aumento de poder económico y social. Así, en 2000 surgía la firma Euronext que agrupa las bolsas de Ámsterdam, Bruselas, París y Lisboa y en 2006, NYSE-Euronext, añadiéndose la Bolsa de Nueva York. Y, cuatro años más tarde, remontada la fase aguda de la gran crisis, en 2011, se reactivan de nuevo las fusiones de las empresas gestoras de bolsas, una vez que la banca y los mercados mundiales se han recuperado.

La integración fracasada de las bolsas europeas

Desde el momento en que la Unión Europea, como consta en los documentos de la Comisión, se definió como «un espacio financiero», la realidad es que no ha tenido una política clara y decidida en favor de la integración efectiva de los mercados financieros en su ámbito, una integración donde realmente las empresas y el pequeño ahorrador pudieran beneficiarse. En 2006, en lugar de proponer una legislación comunitaria, la Comisión apelaba a la «industria», al sector privado, para avanzar hacia una dimensión europea[20]; y en consecuencia la integración ha tenido lugar en mayor medida e intensidad a nivel transatlántico para las operaciones transfronterizas que ofrecía un mayor mercado y menos controles.

En 2000 el sector privado europeo fue el integrador en Euronext de las gestoras de las bolsas de Ámsterdam, Bruselas, París y Lisboa junto al mercado de derivados de Liffe en Londres; una operación empresarial que parecía que iba a contribuir a la integración financiera del mercado comunitario; y así fue resaltada la fusión por la prensa. Aunque el presidente francés Jacques Chirac mostró públicamente su preferencia por una fusión de la Bolsa de Francfort, la Deustche Börse y Euronext, no pudo impedir que en junio de 2006 se produjera la adquisición de Euronext por la empresa gestora de la Bolsa de Nueva York, NYSE, surgiendo NYSE- Euronext. Aunque un año más tarde, la Bolsa de Londres (LSE) adquiría la Bolsa italiana, la Bolsa de Milán, privatizada diez años antes siendo gobernador del Banco Central Mario Draghi, ex vicepresidente de Goldman Sachs y gobernador del BCE desde noviembre de 2011. Pero la bolsa nórdica OMX, surgida en los primeros años 2000 para englobar las bolsas de siete países del norte europeo (Helsinki, Copenhague, Estocolmo, Islandia, Tallin, Riga y Vilnius), era adquirida en 2007 por los estadounidenses, surgiendo NASDAQ OMX Group, que se autocalifica como la compañía de bolsas mayor del mundo que ofrece plataforma de negociación, tecnología ad hoc y demás servicios, en todos los continentes con más de 3.600 compañías cotizadas[21]. Y en paralelo a los procesos de fusiones internacionales, justo durante el año anterior al desencadenamiento de la crisis, tenía lugar la creación en España de la sociedad holding de Bolsas y Mercados Españoles (BME) que agrupa tanto a las cuatro bolsas españolas como al mercado de derivados MEFF y a Iberclear, una sociedad dedicada a la compensación y liquidación de operaciones bursátiles.

Desde luego, en el campo financiero, la desregulación europea ha sido una política contraria a los intereses de la Unión, pero favorable a la gran banca internacional y a la élite financiera mundial. Desde una perspectiva europea este es el sentido de los procesos de fusiones y adquisiciones de las empresas que gestionan las bolsas y plataformas, que tuvo su momento álgido en 2006 y se ha reactivado al comenzar 2011, recuperada la banca tras la crisis financiera gracias al apoyo de la gestión de los gobiernos democráticos a cargo de los contribuyentes.

Fusiones globales

Es sabido que los intereses en juego y las presiones de los lobbys bancarios hicieron fracasar la integración de las bolsas nacionales en Europa. El predominio del impulso y el interés privado en este campo inclinó la balanza a favor de la integración transatlántica. En los ámbitos profesionales se alega que las fusiones extracomunitarias han resuelto los problemas que planteaban «las cañerías», la compensación y liquidación de los pagos en las transacciones y que son fundamentales como hemos referido. La necesaria homogeneidad previa de las legislaciones y las prácticas nacionales para la integración, ha resultado más fácil mediante las grandes empresas gestoras de bolsas y plataformas que mediante la vía de los gobiernos europeos. En este campo se ha dejado hacer al sector privado con mayor éxito; la intervención de la directiva europea de servicios financieros, Midfid, en vigor desde noviembre de 2007, con su acusado sesgo liberalizador y desregulador despejó el camino a las grandes firmas gestoras de bolsa y plataformas electrónicas, que han considerado más rentable económicamente el plano transatlántico que el comunitario.

Fracasados los intentos integradores en la UE, en junio de 2006 Euronext era adquirida por la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange/NYSE), surgiendo una nueva empresa NYSE-Euronext, como primera Bolsa transatlántica que gestiona la NYSE y todas las dependientes de Euronext, al mismo tiempo que tenían lugar una serie de procesos de fusión de bolsas en los EEUU. La nueva compañía holding, creada con la combinación de NYSE Group Inc. y Euronext NV, se considera la principal en el mundo por su mayor liquidez como bolsa de valores bursátiles y de derivados para los EEUU y Europa; negociando acciones, futuros, opciones, títulos de renta fija y demás productos cotizados, que en total superan los 8.000[22]. Al año siguiente, se establecía un acuerdo de vinculación entre NYSE y la Bolsa de Tokio con un intercambio de acciones en el año 2009. Y cinco años más tarde de la creación de Euronext, al comenzar 2011, la Bolsa de Londres anunciaba la adquisición de la Bolsa de Toronto; y en julio los accionistas de la empresa de la Bolsa de Francfort, Deutsche Börse, respaldaban la adquisición de NYSE-Euronext, situándose como la primera bolsa mundial por delante de Hong Kong y Singapur. La combinación del mercado Liffe de Londres y la plataforma de derivados Eurex, propiedad de Deutsche Börse, dará a la pareja más del 90 % de mercado de derivados.

Recuperados los bancos y superada la fase aguda de la crisis, se interpreta la fiebre por las fusiones en este negocio de la gestión de las bolsas y mercados, como una reanudación de la carrera por posicionarse los grandes grupos empresariales cuando las grandes bolsas de valores intentan transformarse ensanchando sus mercados y aprovechando la reactivación de los mercados financieros que veíamos al principio del capítulo. Esta movida se explica, según los expertos, en que los mercados cotizan la escala y la distribución, la racionalización tecnológica, el desarrollo de productos y el posicionamiento de estos grupos frente a los cambios estructurales[23]. Es el caso del Grupo empresarial de la bolsa londinense (LSE), una sociedad holding, que se adueña de la Bolsa de Toronto, TMX, del mismo modo que se hizo con la Bolsa de Milán hace años, esperando una importante reducción de costes. Por encima de la fusión de las bolsas de Australia y Singapur y el anuncio de la disposición de Hong Kong a unirse a la fusión aparece la cuestión clave de la reducción de costes, aunque parece que influyen también las rivalidades entre las plazas financieras y el reparto de los puestos directivos. Frente a la avalancha de fusiones, las legislaciones nacionales aparecen como un obstáculo, que termina resolviéndose con la benevolencia con que las autoridades aceptan el fenómeno; y en la UE la realidad es la carencia de gobierno y de políticas que controlen y encaucen estos avances hacia los intereses generales de las economías. Algunos analistas anglosajones estiman que estos procesos de integración de las bolsas del mundo son solo el comienzo de la constitución de una inmensa bolsa mundial. Pero ciertamente nada nos hace pensar que esa integración global vaya a servir para expandir los mercados de capitales, donde las empresas productivas encuentren financiación abundante y barata, sino para expandir la especulación con derivados y demás productos financieros innovadores, acrecentando los riesgos para las economías y el poder de las firmas financieras sobre los gobiernos y las organismos internacionales.

La inhibición de los gobernantes

Es obvio que los avances tecnológicos-financieros reseñados y los procesos de fusión de las grandes empresas gestoras de la bolsas y mercados configuran un marco ajeno a la autoridad de los gobiernos democráticos. E inexplicable sin la inhibición de los gobiernos y la inoperancia de las instituciones europeas. La ola de fusiones de las empresas gestoras de bolsas con sus plataformas de negociación global presenta numerosas cuestiones que los gobernantes y los políticos deberían atender, respondiendo a interrogantes como los ya insinuados. Los analistas ortodoxos consideran que ha aumentado ya la competencia y que se ha fortalecido la regulación; aunque admiten que los reguladores deberían escrudiñar cómo se producen estas fusiones e incluso deberían gestionar –que no resistir– la fuerza del mercado. Argumentan que las bolsas están concebidas según la imagen de los mercados a los que sirven y que, como ahora el capital es global, las fusiones se han producido a escala internacional. Y hace tiempo que se ha abandonado la idea de que las bolsas deban ser entidades nacionales. Quienes en los EEUU objetan que la bolsa alemana gestione NYSE Euronext deberían recordar que la Bolsa de Nueva York gestiona la Bolsa de París. Y apuntan que la verdadera preocupación que suscitan las fusiones es «la amenaza de que un proveedor más grande abuse de sus dominios», como decía un editorial del Financial Times, y que en lugar de combatir la formación de un gigante global, los gobernantes deberían garantizar que no abuse de su poder. Y aún admitiendo que son pocas las ventajas, consideraba que los grandes actores ofrecen algunas como son que la cotización es más transparente y que se facilita el seguimiento de la negociación[24]. En el pasado los reguladores estadounidenses y europeos rompieron los monopolios negociadores de las bolsas y la subsiguiente fragmentación ha funcionado bien para la negociación de acciones, añadía este medio. En el Reino Unido, la Bolsa de Londres maneja menos del 60% de las cotizaciones del FTSE 100. Del resto se ocupan las menores plataformas en dark pools y mediante facilidades ofrecidas por bancos y corredores, según esa fuente. Pero, sin entrar a debatir esta visión funcional –e ideológica– del asunto, podríamos solamente afirmar que el fracaso en la integración de las bolsas europeas es una de tantas causas de la integración real de las economías europeas y de la lamentable situación de la UE y el Eurogrupo en 2011.

Y siguiendo esos razonamientos, ese mismo periódico británico reconocía la necesidad de alguna intervención de los gobiernos si las fusiones seguían adelante, porque «los reguladores» disponen de instrumentos y voluntad política para hacerles que rindan cuentas, teniendo presente que «esta ola de fusiones de bolsas es solo el comienzo». Sin embargo, pensamos que este planteamiento, conservador a fin de cuentas, apunta la necesidad de que los Estados, por si o por áreas geográficas, intervengan en estos procesos de fusiones de empresas gestoras de bolsas y mercados y de desarrollo tecnológico para que los mercados financieros, al menos, ajusten sus dimensiones y sus prestaciones a las necesidades reales de las economías y su funcionamiento al interés general. Tras las dolorosas experiencias de la gran crisis bancaria y financiera y la gran recesión económica, cuyas dolorosas consecuencias sociales persisten, resulta preocupante que el impulso de estos avances tecnológicos y los procesos de integración en la gestión de bolsas responda únicamente al interés de las grandes firmas. Es una situación mundial que suscita muchos interrogantes, porque contribuye a dotar a las bolsas y mercados financieros de una autonomía propia, en virtud de decisiones privadas alejadas de las necesidades reales de pago y de crédito propias de las economías productivas nacionales.

¿A quién beneficia el incremento de la volatilidad de las bolsas? ¿Qué beneficios se derivan de esos avances para los ciudadanos y para la economía productiva que crea riqueza y empleo? ¿Quién supervisa los riesgos económicos añadidos a la movilidad de los fondos enormes que se desplazan en milisegundos de un país a otro? ¿Cómo inciden estas operativas en la fiscalidad de los países y la movilidad del dinero sucio? ¿Tienen nuestros legisladores conciencia de las implicaciones de estos avances tecnológicos? ¿Hasta dónde va a llegar la libertad de los mercados financieros?

Capítulo 2

LOS JUEGOS DE LA BANCA FINANCIERA

Podemos afirmar que la estructura bancaria mundial se ha reforzado puesto que en los mismos EEUU «el sistema financiero está ahora más concentrado que nunca en manos de unas cuantas grandes entidades sistémicamente significativas», según concluye el informe oficial del Congreso estadounidense sobre la crisis financiera, publicado en enero de 2011[25]. Todas las fuentes solventes indican que los bancos se han recuperado de la crisis y son el núcleo del sistema financiero global. En 2010, los beneficios de la banca mundial se aproximaron a los niveles anteriores a la crisis con un aumento del 77% respecto al año anterior para los 1.000 bancos más importantes del mundo, según los datos del estudio sobre los Top 1000 World Banks 2011 de la revista de inteligencia financiera The Banker (del grupo empresarial del periódico Financial Times), que sitúa a los dos bancos españoles de alcance global entre los 20 primeros bancos del mundo por beneficios. El Banco Santander, en noveno puesto, se sitúa inmediatamente detrás del BNP Paribas, octavo, y delante del Goldman Sachs, décimo; y el BBVA, decimonoveno, está por delante del suizo UBS, que está en el puesto veinte. La relación de los diez mayores bancos por beneficios brutos está encabezada por cuatro bancos chinos (Industrial Commercial Bank of China y China Construction Bank Corporation, primero y segundo; y Bank of China y Agricultural Bank of China, en cuarto y séptimo puestos); e incluye tres bancos estadounidenses (JP Morgan Chase Co, tercero, Wells Fargo & Co, sexto, y Goldman Sachs, décimo); el francés BNP Paribas, octavo; el español Santander en noveno lugar, además del asiático-global HSBC Holdings, undécimo. La cifra total de beneficios del grupo de los 1.000 bancos alcanza los 709.000 millones de dólares, una cifra próxima a la de 2007, año del comienzo de la crisis financiera (789.000)[26].

Después de un año durante el cual han estado desendeudándose, por primera vez el total de activos de este grupo de primeros bancos ha crecido un 6,4% en un año, superando este crecimiento total el listón de los 100 billones (trillion) de dólares; y una muestra clara de la recuperación de su solvencia como conjunto es que los fondos propios, el capital básico (tier one capital) ha crecido el 10,5 % hasta los 5,4 billones (trillion) de dólares, Según el análisis del periódico económico francés Les Echo[27], estas cifras globales esconden evidentemente grandes diferencias entre bancos y entre regiones, con una ampliación de la fosa que separa los mercados asiáticos y sudamericanos por un lado y los occidentales por otro, que tienen mayor peso en los mercados financieros globales, aunque los bancos europeos acusan en su valoración la devaluación de la deuda griega acumulada en sus carteras.

En resumen, son cifras respetables que contrastan con los datos económicos pesimistas de estos últimos años. Porque las disparidades entre regiones mundiales y entre bancos europeos, no ocultan el hecho de que la banca ha obtenido sustanciosos beneficios en unos años de escaso crecimiento económico, con niveles muy bajos de concesión de créditos a la economía productiva. Lo que muestra el grado de autonomía alcanzado por los negocios bancarios respecto de la economía real. Mientras, tanto en EEUU como en Europa, la banca ha salido reforzada de la crisis, con mayor peso sobre la economía y sobre la política; y los Estados y los gobiernos, fragilizados. Una mayoría de ciudadanos se ha empobrecido con la crisis del sistema financiero transformada en gran recesión para muchas economías occidentales. Por tanto, para comprender esta situación hemos de aproximarnos al entramado sobre el que se sustenta hoy el negocio de los bancos, que les dota de cierto dominio sobre las empresas y los consumidores con tendencia a expandirse. Y es que el núcleo central del negocio bancario sigue siendo hoy el negocio financiero globalizado sin control, que es mucho más rentable que la banca tradicional; mientras la escasa fluidez del crédito local sigue siendo una de las causas inmediatas de la recesión económica estadounidense y europea. Porque en las economías desarrolladas el crédito es la base del consumo, particularmente, de bienes duraderos como electrodomésticos, automóviles o viviendas; y de la industria, desde la construcción a la fabricación de bienes de equipo o vehículos; o de la gran empresa de servicios. El problema de fondo olvidado es que esa mayor rentabilidad de la banca financiera implica mayores riesgos para la economía y la sociedad, porque los bancos siguen siendo el centro del sistema de pagos y créditos y cualquier perturbación grave del sistema bancario se convierte en problema político.

1. LAS JUGADAS BANCARIAS DE BOLSA

Los tres principales bancos de Islandia: Landsbanki, Glitnir y Kaupthing, quebraron en la misma semana de octubre de 2008, en gran parte por la especulación de divisas como veremos en otro apartado; y una legislación de urgencia transfirió los activos y pasivos internos de los bancos quebrados a tres nuevos bancos, Landsbankinn, Islandbanki y Arion Bank. Los dos primeros Landsbankinn y Islandsbanki aparecen en la referida lista de los 1.000 bancos (nº 409 y nº 522) que obtuvieron más beneficios brutos durante 2010, mientras Islandia se debate en una maraña de litigios frente a los inversores y acreedores extranjeros de los bancos fallidos. Las arriesgadas operaciones transnacionales se transformaron en una crisis económica nacional y la legislación y los tribunales de este pequeño país se enfrentan a complejos problemas jurídicos de alcance internacional[28].

Es una realidad que el lenguaje tradicional esconde cuando se habla de depósitos y de préstamos bancarios, puesto que hace años que la banca abandonó su papel de intermediación en la economía productiva para convertirse en el gran operador de los mercados globalizados del dinero; una mutación que ha permanecido escondida para la ciudadanía, hasta que la gran crisis está poniendo de manifiesto sus consecuencias sociales y económicas. Para entender la banca contemporánea hay que tener presente que los bancos negocian en dos áreas de actividad diferenciadas como son, por un lado, la función tradicional de intermediación supervisada por los Bancos centrales, de recibir depósitos de particulares y empresas y de invertir esos depósitos en préstamos a la economía productiva al mismo tiempo que son el centro del sistema de pagos; y por otro lado, las actividades bursátiles y demás negocios puramente financieros. Y esa confusión de la actividad puramente financiera y especulativa con la banca tradicional se difundió en los años noventa, cuando la Administración del presidente Clinton derogó la ley Glass-Seagall que establecía la separación entre banca de inversión o de negocios y banca comercial, una ley que ahora se echa de menos. Con esta innovación legal copiada en Europa, la expansión del negocio bancario quedó consagrada con la aparición de los grandes bancos que buscan continuamente liquidez a través de diversas operaciones para realizar grandes transacciones o intermediar en los mercados, percibiendo sustanciosas comisiones; mediante la invención y comercialización de productos financieros que los ahorradores, inversores y especuladores pueden adquirir. La actividad de la banca actual se centra prioritariamente en las bolsas y demás mercados financieros incluidos los monetarios, dedicando a estos negocios la mayor parte de la liquidez que consigue con los depósitos, la titulización de los créditos, los repos, la venta de activos y cualesquiera otro tipo de operaciones. Y en los últimos tiempos la banca ha expandido sus actividades puramente especulativas e incluso está detrás de los grupos financieros que gestionan las bolsas y las plataformas de los mercados y de sus procesos de integración mundial, que hemos analizado. La banca es un agente promotor de la financiarización de la economía que convierte cualquier bien o servicio en activo financiero que pasa a integrarse en los mercados financieros cada vez más potentes y más desarrollados.

La expansión de la banca financiera

En la medida en que lo permite el marco regulador y la libertad de innovación, los bancos han ido expandiendo sus negocios mediante la invención de nuevos productos e instrumentos destinados a disponer de más liquidez y aumentar el negocio, como veremos, convirtiendo en activos financieros los instrumentos comerciales empleados en los distintos mercados. Los derivados son su gran campo de acción; y en la parte II de este libro veremos que los bancos han ido invadiendo distintos territorios de la economía productiva mediante la financiarización, un fenómeno que significa el dominio de estas actividades económicas por las finanzas y que abarca desde el mercado mundial del petróleo, las materias primas agrícolas, los mercados de armas y hasta la conversión en títulos financieros de los instrumentos comerciales ideados para desarrollar la lucha contra el cambio climático. Para precisar el concepto, «financiarización significa el creciente papel de los motivos financieros, los mercados financieros, los actores financieros y las entidades financieras en el funcionamiento de las economías nacional e internacional», según la definición del profesor de la Universidad de Massachusetts, Gerald A. Epstein, que suscribimos[29].

Actualmente, al contrario de lo que ocurría hasta mediados de los ochenta, la realidad es que el precio del petróleo no lo determina el mercado físico, la producción y la demanda de consumo, sino que viene determinado por las gigantescas entidades bancarias como Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank o UBS y los bancos colaboradores en el mundo; atentas siempre a las distintas vicisitudes mundiales que puedan incidir o provocar alteraciones futuras en la producción o los suministros de crudo, como demostró la investigación del Senado estadounidense. Y el comercio real viene condicionado por los intercambios de instrumentos financieros en los mercados opacos del NYMEX en Nueva York y en particular en el London ICE Futures Exchange. Y una actividad financiera similar a la que se realiza sobre los suministros del petróleo, se desarrolla sobre el comercio mundial de materias primas agrícolas, que afectan al comercio de los alimentos provocando encarecimientos y escasez de los suministros por razones de especulación financiera, donde los grandes bancos han irrumpido hace años como nuevos especuladores junto a los especuladores tradicionales. Así encontramos que los tres mayores promotores o dealers en derivados agrícolas son también los bancos de Wall Street, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of América, Citigroup y Morgan Stanley; a los que se suman los bancos europeos, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Rabobank y UBS, según muestran los datos. Todos estos bancos eran parte del 96% de las operaciones con títulos bursátiles basados en materias primas alimenticias, a finales de 2009. Y estos especuladores nuevos, que no se interesan por los productos alimenticios por sí mismos, han logrado que aumente la interdependencia entre las materias primas y los mercados financieros.

Y de manera similar se ha desarrollado la especulación financiera basada en el comercio internacional de armamento. Pese a que los grupos bancarios y financieros dicen evitar que sus políticas inversoras incentiven la fabricación y el comercio de armas, la realidad es que ciertas firmas financieras orientan específicamente sus carteras de valores hacia «la defensa», títulos bursátiles relacionados con las políticas de seguridad y de reforzamiento de la defensa que se ven incentivadas por esos intereses de mero lucro financiero. Hasta el punto que las participaciones accionariales más importantes de las diez primeras corporaciones cotizadas relacionadas con la defensa en los EEUU, pertenecen a inversores institucionales como bancos, aseguradoras y sociedades de gestión de inversiones. Más aún, la innovación financiera ha llegado a la lucha contra el cambo climático. Con motivo de la cumbre de la ONU de Copenhague, el canal multimedia de información financiera Bloomberg destacaba el interés para los bancos del nuevo mercado de productos financieros ligados a los derechos de emisión de CO2, algo en lo que la Unión Europea ha sido pionera; donde actualmente este mercado de derechos de emisión de dióxido de carbono, está copado por bancos, inversores, intermediarios y especuladores que han generado títulos basados en los instrumentos ideados para incentivar la lucha contra la contaminación medioambiental y el cambio climático, como analizaremos en el capítulo correspondiente.

Las operaciones de bolsa por cuenta propia

Para entender la expansión de los mercados financieros sobre diversas áreas de la economía productiva, hay que tener en cuenta la transformación profunda sufrida por el negocio bancario. Recordemos que en otros tiempos los bancos recibían en depósito el ahorro de las familias y de las otras empresas; y su negocio propio consistía en prestar ese dinero con un interés que era el precio por su servicio. Era el negocio del 3-6-3, según un dicho popular en los EEUU de los años cincuenta, porque la banca comercial tradicional pagaba los depósitos al 3%, prestaba al 6% y los banqueros estaban a las 3 de la tarde jugando al golf, una manera de decir que obtenían un 3% de beneficio limpio. Pero ese dicho reflejaba en gran medida la realidad de la banca tradicional, muy distinta de su dimensión actual que logra sus mayores ganancias en servicios financieros, bolsas y mercados, donde corre con los mayores riesgos, que a menudo suelen ser desorbitados dada la deficiente regulación y supervisión en la práctica, como la crisis ha revelado.

Lo cierto es que sobre esa función básica de la banca de depósito se fueron añadiendo y desarrollando otras funciones que englobamos en el concepto de banca financiera. Además de receptor del ahorro particular, los bancos asesoran a empresas y particulares en sus inversiones, productivas o especulativas, así como en los procesos de fusiones y adquisiciones; ofrecen seguros y otros productos financieros y gestionan activos que significan la inversión del dinero de sus clientes; también colaboran con las empresas para que obtengan fondos en los mercados de capitales. Los bancos prestan una serie de servicios diferenciados, por los que obtienen unos ingresos sustanciosos que son las comisiones que cobran. Como ha destacado Joseph Stiglitz, hay una gran diferencia entre los mejores tiempos pasados y la banca moderna que está en la forma en que los bancos generan sus beneficios. En los viejos tiempos, la mayor parte de sus ingresos se obtenían por la diferencia entre los tipos de interés que recibían de los prestatarios y el interés que pagaban a los depositantes. El margen no solía ser muy elevado y hacía que la actividad bancaria fuera un negocio desahogado pero no «salvajemente lucrativo». Pero a medida que se relajó la normativa y fue cambiando la cultura de la banca, los bancos empezaron a buscar nuevas formas de generar beneficios, encontrando la respuesta en la palabra comisiones. El secreto de la renegociación reiterada de las hipotecas incobrables subprime, estaba precisamente en las comisiones. En cada refinanciación, el prestatario tenía que hacer frente al pago de nuevas comisiones que eran una fuente de beneficios para el originador o concesionario primero de la hipoteca[30].

Los bancos actuales son ante todo banca financiera que, además, busca recaudar dinero para operar en las bolsas y en los diversos mercados del dinero de todo el planeta, bien directamente o como intermediarios, corredores o brokers; entrecruzando grandes préstamos y realizando adquisiciones y fusiones con otros bancos o comprando y vendiendo participaciones accionariales en empresas en cualquier lugar del mundo, etc. Y para recaudar dinero o especular y conseguir liquidez, venden sus productos financieros «fabricados» a los otros bancos, a las corporaciones o a los particulares, como analizaremos. El meollo del negocio bancario actual son las operaciones bancarias en bolsa y en los mercados financieros desregulados a través de diferentes prácticas que ha tratado de recortar la reforma de la legislación en los EEUU. En el discurso en la Casa Blanca del 21 de enero de 2010, el presidente Obama planteaba la mayor revisión legislativa sobre Wall Street desde que en los años treinta se promulgó la llamada ley Glass-Steagall, que obligó a separar la banca comercial tradicional de la banca de negocios o de inversión, una ley derogada durante la Administración Clinton. Mientras en el Congreso se debatía la reforma legislativa, el presidente pedía la prohibición de las operaciones financieras por cuenta propia de las entidades bancarias y una limitación cuantitativa para esta actividad de las entidades financieras, unas medidas que apenas se han reflejado en la moderada reforma legislativa aprobada en junio de 2010, que ha venido a fortalecer la dimensión financiera de la banca tras la crisis.

Actualmente, mediante fondos de inversiones que gestionan en nombre de sus clientes y utilizando sus propios fondos o directamente con el dinero depositado por los ahorradores, los bancos realizan elevadas apuestas bursátiles mediante las prácticas conocidas en inglés como proprietary trading, que en castellano pueden denominarse operaciones bursátiles por cuenta propia del banco. Esta expresión acuñada en el mundo anglosajón describe la actividad negociadora o especulativa de los operadores o comisionistas internos del banco que juegan en el casino financiero con fondos de la propia empresa bancaria y también con el dinero de sus clientes o depositantes. Como puso de manifiesto a mediados de 2010, la sanción de la Autoridad financiera británica al banco JP Morgan Chase por incumplir el deber de protección del dinero de miles de depositarios. En el momento álgido de la crisis, el negocio de futuros y opciones de este banco mantenía hasta 23.000 millones de dólares de clientes institucionales mezclados con sus propios fondos en una cuenta no separada, gestionada por la división de valores bursátiles de la banca matriz. Y si el banco hubiera tenido problemas financieros más graves, sus clientes habrían corrido el riesgo de perder el dinero entregado al banco como fondos de pensiones y fondos de inversiones[31]. Para JP Morgan, como para cualquier banco, prima la necesidad de liquidez y el interés por los negocios arriesgados cuando el banco juega a la bolsa para beneficio de la entidad y corriendo los riesgos por cuenta de los clientes; e incumpliendo el deber legal de protección de los intereses del cliente.

En el Reino Unido, donde la crisis financiera se dejó sentir de modo particular, se ha planteado la reforma de la banca, partiendo de las recomendaciones del informe de una comisión de expertos (conocido como The Vickers Report) para prevenir los riesgos de la actividad financiera de la banca. Con las reformas bancarias propuestas, muy moderadas según los expertos, se pretende separar las actividades tradicionales de depósito de la banca inversora que especula con derivados y otros negocios, aislando la banca tradicional de la banca de negocios financieros; pero su aplicación puede demorarse hasta 2019, cuando entre en vigor el acuerdo llamado Basilea III. Y es que para mantener el sistema bancario británico ante la crisis, en 2008 el gobierno laborista de entonces, además de nacionalizar el banco Northern Rock, forzó la absorción del HBOS por Lloyds, que luego nacionalizó parcialmente; y tomó el control del Royal Bank of Scotland, del que el Estado posee más del 80%.

Negocios bursátiles de riesgo específico

Las actividades especulativas son un aspecto muy importante del funcionamiento de la banca que genera los mayores riesgos económicos y sociales. De hecho, en los grandes bancos, el departamento correspondiente –la «prop desk» en la terminología de la City y de Wall Street– dedicado a tales actividades financieras actúa no solo como un fondo de inversiones de alto riesgo de carácter interno que compra y vende acciones, bonos o divisas sino que asimismo puede estar jugando con inmuebles, con complejos productos derivados, materias primas o con cualquier otro activo. Esta importante actividad bancaria se ha ido incrementando en las últimas décadas y es una de las claves del riesgo sistémico que presenta hoy la banca para la economía y la sociedad con las diversas operativas de las que daremos cuenta. En la medida en que todos estos tipos de transacciones financieras fueron desarrollándose y creciendo, los bancos comenzaron a emplear traders u operadores a comisión o agentes de bolsa propios que diseñan diferentes estrategias propias de cada nicho de mercado con la finalidad de incrementar sus propios ingresos. Este es uno de los mecanismos que ha traído la especulación desaforada en las bolsas y demás mercados financieros. En estos casos, surgen también las firmas de valores denominadas en inglés broker-dealers, comerciantes-corredores, que actúan de dos maneras, como corredor intermedian comprando o vendiendo por cuenta de otro y como comerciante compran y venden por su propia cuenta.

En este campo la innovación bancaria es inagotable, buscando nichos de mercado. En septiembre de 2011, el caso del operador del banco suizo UBS, que le ocasionó 2.000 millones de dólares de pérdidas según hizo público el propio banco, revelaba un negocio bursátil supuestamente seguro, denominado Delta One, que era de alto volumen y de márgenes bajos, donde el dinero se gana con el diferencial entre el precio de comprador y de vendedor sobre las operaciones de los clientes, a menudo sobre fondos cotizados de inversiones, los ETF. Según los análisis del Financial Times, estas prácticas comerciales se sitúan entre las operaciones por cuenta del cliente y el mencionado proprietary trading u operaciones bursátiles por cuenta del banco. Y las predicciones de JP Morgan aseguraban que Delta One sería una fuente principal de ingresos para los bancos de inversión globales[32].

Especuladores con licencia

En los últimos años, la banca vive un proceso de expansión de sus actividades puramente financieras como promotor o como intermediario; y uno de los puntos de partida para ese desarrollo han sido las demandas de las propias empresas, que reclaman a menudo la intervención de los bancos para que les faciliten la comercialización de títulos, bonos y empréstitos en la recaudación de fondos, buscando su colaboración como promotora o creadora de mercado. En estas situaciones, como empresas de servicios los bancos facilitan ese servicio para la emisión y comercialización de esos títulos o prestándoles su aval. Es la actividad que se denomina de creación de mercado para los nuevos títulos para los que se buscan compradores; que es un punto de partida para la especulación financiera. Cuando cualquier empresa, que necesita más capital y en lugar de buscar un préstamo, opta por acudir al mercado de capitales y vender una emisión de nuevos títulos o acciones, la colaboración de un gran banco le facilita la colocación de esos nuevas acciones o bonos, de lo contrario les resultará difícil vendérselas a otros inversores a no ser que les resulte conocida esa empresa. En estos casos, el banco de inversión es el primer comprador de las acciones en venta y avala la entrada de otros compradores, posibilitando la compraventa de esos títulos recién emitidos y puestos en circulación. Es la realidad que implica la expresión «suscripción» de las nuevas emisiones de acciones de una compañía, con las que se forma el denominado mercado primario de los nuevos valores puestos a la venta, un mercado diferenciado del mercado secundario que se genera posteriormente con la compraventa de títulos o valores ya emitidos en momentos anteriores. En estos casos al banco normalmente no le preocupa mucho el valor real intrínseco de las acciones, difícil o imposible de predeterminar sino que su incentivo es la posibilidad de venderla a un precio algo superior que el que pagó por su compra. Se trata de la creación de un mercado nuevo; y es una actividad imposible de deslindar de la especulación pura y dura, porque siempre tendrá una base para la posibilidad de especular con esos valores.

Esta operativa bancaria en la práctica resulta alejada de la economía real, pese a su aparente carácter instrumental para la recaudación de fondos para una empresa. En realidad es una modalidad de especulación financiera oficialmente autorizada porque el creador de mercado hace dinero comprando títulos a un precio inferior al que vende o su motivación es puramente financiera de lucro que no contribuye directamente al funcionamiento de la economía. Téngase en cuenta que puede asumir posiciones cortas (sin tener en su poder los títulos), comprando y vendiendo alternativamente puesto que puede comprar valores y luego venderlos otra vez a un precio inferior. Por tanto, un creador de mercado hará dinero haciendo subir y bajar los mercados en tanto que correctamente sea capaz y acierte en la predicción sobre en qué sentido se moverá el precio del título bursátil. Sin embargo, la creación de mercado es solo una de la gama variada de actividades que engloba la dimensión financiera y especulativa de la banca, de la que analizaremos las más significativas.

2. LOS JUEGOS CON LAS DEUDAS AJENAS

Con la intervención de la banca, los derechos de David Bowie como autor sobre 287 canciones fueron convertidos en bonos que se vendían a inversores, que de este modo participaban en los éxitos de este cantante británico de rock. Fue una operación financiera de unos millones de libras que duró varios años desde finales de los noventa, con la colaboración de financieros y bancos de inversiones pocos conocidos, como el banco Fahnestock & Co, que obtuvieron pingües comisiones además de negociar con los bonos Bowie. A comienzos de 2009, la BBC y la prensa británica[33] airearon esta operación del famoso cantante, al parecer no muy exitosa, para presentarle como pionero del camino nefasto seguido por la banca con las hipotecas subprime que provocaron la crisis. Este un ejemplo de los recursos que aplica la banca en su búsqueda de liquidez, demandando cantidades ingentes de dinero para sus operaciones en las bolsas y mercados financieros.

La liquidez es una necesidad vital de la banca financiera que no puede ser satisfecha con los depósitos de los ahorradores; y al mismo tiempo la búsqueda de liquidez es fuente de nuevas líneas de negocio. Es el alimento cotidiano para la actividad incesante de la banca, que se caracteriza por instrumentar la cualidad de ciertos activos financieros para ser convertidos en dinero efectivo de forma inmediata. De tal manera que cuanto más fácil sea convertir un activo en dinero, será más líquido; por ejemplo, un activo muy líquido es un depósito en un banco que su titular en cualquier momento puede retirar directamente e incluso a través de un cajero automático. Por el contrario, un bien o activo poco líquido puede ser un inmueble, como han aprendido los bancos y cajas españoles tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, que en el mejor de los casos para su venta requerirá un tiempo, quizás prolongado. Un activo es considerado líquido cuando puede ser vendido rápidamente, en cualquier momento o con una mínima pérdida de valor. De ahí que, por definición, el activo con mayor liquidez es el dinero, es decir los billetes y monedas; pero el dinero es una cantidad finita controlada por los Estados a través de los bancos centrales que con sus operaciones de mercado abierto, compras o ventas, regulan esa cantidad en circulación en una economía nacional. De ahí que la banca financiera haya desarrollado fórmulas y mecanismos para allegar recursos, utilizando el entorno desregulado en el que actúa, en la medida en que se ha desinteresado de la banca tradicional de depósito, Como analizamos en este capítulo, los propios créditos concedidos por los bancos son paralelamente una fuente de obtención de liquidez al transformarse en títulos bursátiles negociables que se venden a inversores y especuladores; con el doble objetivo de conseguir liquidez y transferir riesgos. Riesgos económicos y sociales que se incrementan con esta actividad bancaria, porque, de hecho, carece del control que las autoridades ejercían sobre la banca tradicional. Así se gestó la burbuja inmobiliaria en España, donde bancos y cajas convertían las deudas hipotecarias en títulos que se vendían en las bolsas y mercados, según el estudio del profesor Santiago Carbó y otros académicos, que veremos.

La multiplicación de panes y peces financieros

De nuevo en 2011, algunos bancos en los EEUU volvían a conceder préstamos hipotecarios a personas sin capacidad para devolverlos y con formas «alternativas» de documentación, es decir, se reactivaba la operativa de las hipotecas subprime, según las informaciones de The Wall Street Journal[34]. Sin duda una muestra más de la vuelta de la banca a la normalidad de sus negocios. Porque el gran negocio de las hipotecas sin garantías hasta 2007 no residía en la facilidad para su concesión ni en los altos intereses crecientes que cobraban los bancos sino en su conversión en títulos bursátiles que se vendían en todo el mundo. Hasta el punto que en algunos momentos previos a la crisis, la misma concesión de las hipotecas estaba estimulada por el propio negocio de la denominada titulización (securitisation en inglés), una «técnica» bancaria consistente en la conversión los créditos de bancos (las deudas de sus clientes) en títulos bursátiles admitiéndose que diferentes activos financieros (por ejemplo, hipotecas, cobros pendientes de tarjetas crédito, préstamos concedidos, etc.) se transformen en valores vendibles para la recaudación de fondos. Precisamente cuando comenzó a fallar este negocio financiero, apoyado en unos mecanismos diseñados para la recaudación de fondos junto al endeudamiento desmesurado, la primera consecuencia fue la desaparición de la confianza entre los propios bancos y la consiguiente restricción de créditos en el mercado interbancario global. Pero recuperadas las finanzas, la titulización es una técnica que sigue funcionando con escasas limitaciones, aparte de las que imponen los propios mercados.

El objetivo es doble: recaudar fondos para el banco y difusión de los riesgos del crédito mediante la comercialización de las deudas. Con dinero barato y abundante, la titulización de las deudas hipotecarias en los EEUU fue la versión Wall Street de la parábola evangélica de la multiplicación de los panes y los peces, que se ocultó a los fieles tras una jerga de tripletes de letras, que para muchas gentes se tradujo en expoliación de los ahorros invertidos en bolsa, gracias a los bancos que originaban y distribuían esas deudas de gentes insolventes y a otros bancos que vendían esos «valores» a sus clientes e hicieron perder las inversiones a sus accionistas. Unos procedimientos de los cuales algunas respetadas instituciones como el Banco de España[35] patrocinan explicaciones «técnicas» con un sentido reverencial hacia el intocable sistema, sugiriendo la teoría de la explicación de la crisis como abusos de unos cuantos para triste consuelo de quienes no han recuperado sus ahorros perdidos o sus empleos. Pero fueron los grandes bancos los que estimulaban la concesión de créditos hipotecarios, como reitera el informe sobre la crisis del Congreso estadounidense. Los agentes y corredores obtenían su remuneración mediante una comisión que cargaban directamente a la familia o individuo que contrata la hipoteca o al banco al que colocaban la hipoteca o ambos. Dado que la misión era lograr colocar una hipoteca y obtener una comisión, hacían todo lo posible para que la familia o la persona firmara el contrato hipotecario, sin preocuparse en absoluto de si dicha persona o familia iba a poder pagarla o no, exactamente como nos han descrito varios videos humorísticos en Internet.

Tras la firma de la hipoteca, en los EEUU el agente o corredor la llevaba a un banco o a una caja de ahorros para el cual unas veces hacía de comisionista y otras no, y a su vez, con la intención de titulizarla, dicho banco la sacaba de su balance trasladándola a un vehículo especial de inversión (SIV) o un vehículo de propósito especial (SPV), generalmente una sociedad instrumental en algún paraíso fiscal. Al final, con este sistema de titulización el riesgo se trasladaba del banco a la entidad virtual y después, desde esta a los compradores de los títulos emitidos, como fueron en particular los bancos europeos; a estas prácticas la llaman en el argot bancario finanzas estructuradas (structured finance). Los títulos que se emitían según este modelo de negocio bancario, no se basaban en un tipo de crédito hipotecario o un valor determinado sino en un totum revolutum de varias deudas de carácter diverso, porque estaba estructurada en tramos que se calificaban de acuerdo con sus prioridades de cobro de los retornos de las hipotecas y otros créditos garantizados; y era tan fácil que rápidamente alcanzó gran envergadura dado que el dinero era abundante, y fácil endeudarse por la libertad de estos mercados[36].

El mayor incentivo del negocio consistía en pasar la pelota del riesgo de impago al siguiente, de manera que perdieron aquellos que se encontraron al final de la cadena cuando el sistema explotó. La ganancia inmediata iba acompañada de la difusión de los riesgos de la especulación financiera, empleando entidades legales y empresariales complejas a menudo localizadas fuera del territorio nacional y de la contabilidad oficial para evitar los controles de los bancos centrales, como vemos en las operativas de dos bancos europeos.

El IKB y el Northern Rock, dos modelos opacos

En el entorno estadounidense descrito, el mecanismo descontrolado de la titulización se empleaba como una fuente de financiación del negocio que condujo a la quiebra a muchos bancos, en particular de aquellos que además de adquirir valores hipotecarios subprime, aplicaron un modelo similar al estadounidense como demuestran los modelos europeos alemán y británico y el de la burbuja inmobiliaria española

El pequeño banco alemán IKB se servía de la titulización de los préstamos obtenidos, para recaudar dinero que invertía en los valores respaldados por hipotecas subprime; y luego, tras el fracaso de las sucesivos ayudas y su rescate por el gobierno alemán, tuvo que ser vendido a un fondo de inversión estadounidense. El IKB Deutsche Industriebank AG, una antigua caja de ahorros privatizada con sede en Düsseldorf que cotizaba en bolsa, se había lanzado al negocio financiero recaudando fondos mediante la venta de efectos comerciales a corto plazo o pagarés de empresa renovables (Asset Backed Commercial Paper o ABCP, en siglas inglesas), amparados por los valores que adquiría a través de otra sociedad instrumental en la Isla de Jersey; e invirtiendo ese dinero recaudado en instrumentos a largo plazo, en valores respaldados por activos (Asset Backed Securities/ABS), que en su mayor parte eran títulos estadounidenses respaldados a su vez por préstamos hipotecarios subprime. De este modo, con un capital social de 500 millones de dólares, el IKB logró en dos años que su sociedad filial instrumental Rhineland Funding Capital Corporation, con sede en el Estado de Delaware, se expandiera hasta los 20.000 millones de euros en julio de 2007, aunque la posterior restricción de créditos provocada por la crisis paralizó el negocio[37]. El negocio especulativo estaba basado en la opacidad porque, además, estos mecanismos quedaban fuera de la contabilidad del banco eludiendo las normas legales de solvencia, incumpliendo los niveles de reservas de capital requeridos; por tanto, al no tener que aumentar su capital mantenía bajos sus costes de financiación aunque hubiera aumentado el riesgo del negocio. Era toda una actividad altamente rentable pero puramente especulativa, que era ocultada a los accionistas por sus gestores en las muchas páginas sobre política de riesgos del informe financiero del IKB para 2005-2006, como hemos contado en otro lugar.

El caso del banco británico Northern Rock es otro ejemplo de negocio financiero opaco y descontrolado mediante la titulización de deudas ajenas que le llevó al borde de la quiebra, teniendo que ser nacionalizado por el Gobierno británico ante el escándalo de las colas de los pequeños ahorradores delante las puertas del banco en febrero de 2008. La antigua cooperativa Northern Rock Building Society, transformada en el Banco Northern Rock plc, que cotizaba en bolsa, inició tal expansión que en 2006 solamente el 22% de sus fondos provenían de los depósitos de particulares y por lo menos un 46% provenía de los bonos emitidos por una entidad denominada Granite Master Issuers plc., ligada al banco y domiciliada en el paraíso fiscal de la Isla de Jersey. Granite se utilizaba para la titulización de las hipotecas concedidas por el banco mediante emisiones de bonos respaldados por paquetes de esos créditos hipotecarios, vendidos en los mercados financieros. El Northern Rock Bank era «como un elemento de una complicada cadena de técnicas de titulización» que comercializaba globalmente las hipotecas subprime estadounidenses. A medida que el negocio originario se detuvo en el verano de 2007, se demostró que las prácticas de titulización no habían realmente descubierto nuevos modos de gestionar u optimizar los riesgos sino que simplemente los ocultaban, como subraya el Memorándum de los profesores Ronen Palan y Anastasia Nesvetailova de la Universidad de Birmingham, aportado a la investigación abierta por el Parlamento británico sobre el papel de los centros financieros extraterritoriales en la crisis financiera

La burbuja inmobiliaria española

La experiencia de los bancos y cajas de ahorro españolas demuestra que han incorporado asimismo la conversión de deudas en productos financieros con los que concurrir a los mercados. Aunque la crisis financiera ha golpeado a una variedad de países asimétricamente, de modo desigual, la gravedad de la crisis financiera resulta particularmente ilustrativa en el caso de la burbuja inmobiliaria experimentada en España, según documenta el estudio académico de tres profesores españoles publicado por el BCE[38]. Este estudio demuestra que los bancos y cajas de ahorros disponían de liquidez para los préstamos hipotecarios convirtiendo esas deudas ajenas en títulos que se vendían en el mercado financiero; y recuperando así el dinero para seguir prestándolo. La pronunciada burbuja inmobiliaria financiada tuvo lugar mediante el espectacular desarrollo de los mercados de titulización que condujeron a que se suavizaran las condiciones exigidas para los préstamos y a los subsiguientes problemas de estabilidad financiera. Una de las consecuencias de la burbuja fue el incremento del precio de la vivienda en un 180% de 1997 a 2007 en España, según los datos del citado estudio; como también sufrieron fuertes incrementos en anteriores años algunos otros países europeos como Reino Unido e Irlanda. Y los autores recogen la conclusión de que el impulso principal para la titulización de los préstamos fueron las necesidades de liquidez de la banca española, que como venimos apuntando es una necesidad vital para la banca financiera.

De modo similar a los casos de los bancos alemán IKB y el británico Northern Rock, la modalidad de títulos bursátiles respaldados por hipotecas y otros créditos (ABS, en la terminología financiera) implica corrientemente la venta de una gran cartera de préstamos (incluyendo hipotecas, préstamos al consumo o préstamos a las PYMES) a un vehículo especial (SPV), que en el caso español es el denominado fondo de titulización, y que emite a su vez valores respaldados por esos activos que se llaman bonos de titulización para financiar la transacción. Esos bonos los compran a su vez los inversores, bien directamente o bien mediante una sociedad virtual denominada «vehiculo con fines específicos» (SIV, Special Investment Vehicle). En España el banco originario también actúa como servidor de la cartera de préstamos, por ejemplo, recibiendo los pagos mensuales, afrontando los atrasos, etc., mientras los prestatarios o tomadores del préstamo ordinariamente ignoran si sus préstamos han sido o no titularizados. Mediante este procedimiento los bancos transfieren el riesgo fuera de su balance a sus inversores externos, sostienen estos autores en el citado estudio académico.

Aunque estos instrumentos de titulización se autorizaron en España en los primeros años noventa, la autorización legal para el establecimiento de los SPVs como instrumento para la titulización de activos distintos de las hipotecas se estableció por Real Decreto 926/1998, realmente la titulización empezó a ser relevante a partir de 2001 y en particular desde 2005, en que los precios de las viviendas se dispararon. De modo importante, tuvo lugar un crecimiento muy significativo de los préstamos en los años precedentes y en particular durante 2006, antes que se produjera la subida de las tasas de impagos de los hipotecados. Mientras la tasa de impagos de los préstamos antes de 2007 (cuarto trimestre) estaba alrededor del 1%, se incrementó hasta el 5,65% en 2010 (primer trimestre). Los autores destacan que la subida de la tasa de impagos estuvo precedida de un crecimiento significativo de los préstamos en los años precedentes, durante el año 2006 el crecimiento de los préstamos estuvo por encima del 25% de promedio.

Los tres modelos esbozados sobre el banco alemán IKB, el banco británico Northern Rock así como este estudio sobre la burbuja inmobiliaria española, ilustran una de las conclusiones sobre la crisis financiera del referido documento del Banco de España[39] cuando afirma que «en muchos casos, las entidades de crédito infravaloraron sus exposiciones a productos financieros estructurados y a vehículos “fuera de balance” específicos que desempeñan un destacado papel en este tipo de financiación». En otras palabras, el deficiente control bancario vigente (que también ha practicado el Banco de España) permite a todos los bancos asumir unos riesgos que después trasladan a aquellos que invierten sus ahorros en títulos bursátiles respaldados por hipotecas u otros créditos concedidos por quienes emiten esos títulos; es decir, los bancos fabrican «productos financieros» con la materia prima del pequeño ahorro y trasladan los riesgos de los impagos primeramente a los ahorradores-inversores; o a los contribuyentes si el fracaso bancario es generalizado.

Como ha destacado el profesor de la Universidad de Leuven (Bélgica), Paul De Grauwe, con la titulización que se extendió en los años ochenta, se creía que se iba a reducir el riesgo bancario concentrado en un solo banco al extenderlo sobre muchos más bancos; pero los hechos han demostrado que sucede todo lo contrario porque incrementa el riesgo que afecta a todo el sistema bancario, como así ha ocurrido. La titulización amplifica el problema inherente del sistema bancario de manera que los shocks que ocurren en un lugar retransmiten rápidamente al resto de los bancos del sistema y cómo el sistema actual es global, la titulización aumenta la fragilidad del sistema bancario[40] como ilustran en particular los dos casos del banco alemán IKB y del británico Northern Rock.-

3. EL JUEGO DE LOS REPOS

Uno de los mecanismos más utilizados por los bancos para obtener liquidez son las operaciones de recompra, repos, por las cuales un banco obtiene fondos prestados entregando activos en garantía. Gracias a los repos, los bancos han logrado del BCE unos préstamos al 1% que, en lugar de aplicarlos en préstamos a empresas para activar la economía productiva, se invierten en negocios financieros más rentables, como puede ser la adquisición de otro banco.

Según el informe de la investigación del Congreso estadounidense sobre la crisis financiera, los repos fueron una de las fuentes del exceso de liquidez de que disfrutaban bancos y entidades financieras y que condujo a la especulación desenfrenada y a la crisis financiera[41]. Mediante operaciones de repo los bancos y entidades financiaban la compra de títulos hipotecarios de ínfima calidad, como hacían los dos hedge funds domiciliados en las islas Caimán cuyo fracaso llevaron al borde de la quiebra a su propietario el Bear Stearns, el menor de los cinco grandes bancos de inversiones, que fue adquirido luego por JP Morgan. Precisamente, los autores del citado informe subrayan los riesgos de los repo porque la facilidad que ofrecían para conseguir liquidez para los bancos creaba un apalancamiento significativo y alimentaba un sistema de préstamos que tenían que ser renovados frecuentemente[42]. La elaboración de títulos respaldados por hipotecas subprime dependía de una compleja cadena de suministros, financiada ampliamente por los mercados de repo y de préstamos a corto plazo (papel comercial).Estos préstamos tenían cada vez más la garantía no de los bonos del Tesoro estadounidense y de las grandes agencias hipotecarias patrocinadas por el Estado sino por títulos hipotecarios de alta calificación crediticia respaldados por préstamos cada vez más arriesgados. Las masivas líneas de crédito abiertas por los bancos se nutrían con dinero obtenido por pagarés o tomado prestado en el mercado de repo. El mercado de repo en los EEUU creció con los cambios legislativos introducidos en el Congreso en 2005, que autorizaron que cualquier título hipotecario con alta calificación sirviera de garantía de un repo y no solamente los bonos del Tesoro o de las agencias gubernamentales[43].

Los negocios bancarios con el BCE

Además de los depósitos y las emisiones de títulos, los bancos tienen como fuente de financiación de sus actividades el dinero público procedente de los bancos centrales y del Banco Central Europeo mediante las operaciones de repo, logrando liquidez no para ofrecer créditos para las empresas sino para proseguir sus operaciones especulativas. Los repos son un instrumento de la política monetaria de los bancos centrales y al mismo tiempo son una fuente importante de negocio financiero para la banca e incluso cumplen un papel importante en la financiación de grandes empresas, al mismo tiempo que destacan como mercado especulativo. El término repo, apócope de la expresión en inglés repurchase agreement o pacto de recompra, es de uso generalizado mundialmente como una modalidad de préstamo a corto plazo con la garantía de los valores entregados con el compromiso de recomprarlos; es una operación que se asemeja a un préstamo con garantía, pero con la diferencia en el repo de que el título legal del valor se transfiere claramente del vendedor (prestatario) al comprador (prestamista), que puede venderlo a su vez. Casi cualquier título de valor puede utilizarse en un repo (letras del Tesoro o bonos del Estado, obligaciones de empresa y acciones), aunque en la práctica se prefieren los valores altamente líquidos o vendibles porque son más fáciles de disponer ante la eventualidad de un impago; por la misma razón, se descartan los valores no líquidos, que no tengan fácil venta.

El rescate oculto de bancos españoles

Algunas fuentes estadounidenses destacaban desde diciembre de 2007 que los bancos españoles habrían pedido prestados varios miles de millones de euros al BCE a través de los mecanismos de repo como inyecciones de liquidez, que por entonces equivaldrían al 12,1% del total de las inyecciones del BCE en la zona del euro. Mientras Alemania, que es dos veces el tamaño de España, apenas habría superado la cantidad de millones de euros recibidos por los bancos españoles[44]. Según esta fuente, por esas mismas fechas y posteriormente, los bancos españoles crearon masivamente valores bursátiles que tenían difícil mercado entonces, con el único fin de depositarlos en el Banco de Francfort, después de que este hiciera públicas las nuevas facilidades para conceder liquidez bancaria vía repos. Todo un rescate del sector bancario español orquestado por el BCE, sin autorización de ningún gobierno y con la complicidad del Banco de España, puesto que los estatutos de aquel no se lo exigen. Lo curioso es que esa información coincide con la información más aséptica del Boletín de febrero de 2010 del Banco Central Europeo.

Los repos son una herramienta financiera importante dentro del Eurosistema (conjunto de bancos centrales que encabeza el BCE), que gestionan los distintos bancos centrales bajo la égida del Banco de Francfort. Y esto ha sido aprovechado por los bancos europeos para superar las restricciones del crédito interbancario generadas en la fase aguda de la crisis financiera, conservando niveles de beneficios que no han mantenido el resto del sector privado. Más aún, al superarse los momentos más graves, el dinero público del BCE ha venido siendo fuente de sustanciosos negocios para la banca europea. Para comenzar, recordemos que el BCE es el Banco central más independiente del mundo, asentado sobre un tratado internacional y prácticamente responsable si acaso ante Dios y ante la historia. De ahí que se le culpe por muchos de su contribución a esta preocupante situación europea, que arranca de su propio funcionamiento, incluyendo la presión que hizo sobre los gobiernos del Eurogrupo para que rescataran y avalaran a los bancos europeos, tras el estallido de la crisis financiera en 2007, como apuntan dos reputados analistas de The New York Times[45].

Negocios bancarios con dinero público

En el citado documento (Boletín BCE, febrero de 2010), el BCE subraya que las operaciones de política monetaria del Eurosistema han desempeñado un destacado papel en los mercados de repo durante la inestabilidad o «las turbulencias», eufemismo para referirse a la crisis del sistema financiero. El aumento de la liquidez suministrada a la banca –incluida la liquidez a plazos más largos– ha sido fundamental para proporcionar al sistema bancario del euro un seguro de liquidez, pero lo que el Banco de Francfort no menciona en este informe es que estos instrumentos han sido utilizados por los bancos para hacer negocios y aprovecharse del dinero barato y abundante en beneficio propio, gracias a esa política generosa aplicada de manera laxa y sin condiciones ni exigencias para que redundara en beneficio de empresas y particulares buscando la fluidez del crédito.

Esto no trajo consigo más créditos en la economía real porque los bancos empleaban esa liquidez en sus propios negocios financieros y/o comprando deuda pública. Así, mientras el BCE les cargaba un 1% de interés desde mayo de 2009 (en 2011, 1,25% de abril a junio y 1,5% de julio a noviembre) por los euros frescos, podían sacar un rendimiento del 5% o más, como muestran las cotizaciones alcanzadas en las subastas de la deuda pública de Grecia, Irlanda, Portugal o España, reflejadas en la prensa diaria. Esta facilidad para prestarles dinero se ha convertido en un modo de proveerse de un dinero barato, que los bancos suelen utilizar para la especulación en los mercados bursátiles tan reverenciados o para tapar las pérdidas masivas sufridas por el estallido de la burbuja inmobiliaria en España. Para disponer de liquidez mediante operaciones de repo, los bancos utilizan esa deuda soberana como garantía para obtener préstamos de euros con entrega de un paquete que el banco se compromete a recomprar. Por otro lado, este funcionamiento del banco emisor del euro dificulta la financiación de los gobiernos, al convertir los bonos del Tesoro público que adquieren los bancos del área en un mecanismo para que estos puedan obtener dinero del BCE sin comprometerse a facilitar créditos a las economías y adquirir deuda pública de su país. Sin embargo, esta práctica se ha llevado a cabo por el BCE que en diciembre de 2011 prestó una cifra de casi medio billón de euros a plazo de tres años y al 1% a más de 500 bancos europeos para paliar la persistente crisis de la deuda soberana del euro.

La especulación y las trampas de Lehman Brothers

Si las operaciones de repo son un elemento básico para la banca financiera debido a su inagotable necesidad de dinero en efectivo y/o activos líquidos, con la crisis del sistema financiero los repos aparecieron como la clave de muchos dramas; por ejemplo, se asegura que el colapso de Lehman Brothers se debió en gran parte a que sus inversores se negaban a entrar en ese juego; y dos años después, el informe judicial sobre la quiebra ha demostrado que hacía trampas contables para endeudarse a tope.

Las trampas del banco de inversiones Lehman Brothers (LB) es uno de los aspectos más interesantes del Informe de 2.200 páginas que resume su situación y las operativas reseñadas por la investigación autorizada por el juez sobre la quiebra en septiembre de 2008, con datos muy significativos sobre el funcionamiento bancario. Para empezar, tengamos presente que, cuando Lehman Brothers se derrumbó, soportaba un volumen financiero de 700.000 millones de dólares con 25.000 millones de capital; es decir, un ratio de apalancamiento de 28 a uno. Dicho más claramente: con un dólar propio, el banco obtenía hasta 28 dólares en préstamos. Pero los informes trimestrales del banco publicados con el aval de la auditora Ernst & Young, llegaron a reseñar un ratio de endeudamiento mucho más bajo (12/1). Uno de sus instrumentos utilizados para conseguir liquidez eran los repos, que los trucaba contablemente disfrazando así al muñeco de su endeudamiento y logrando sacar fuera del balance hasta 50.000 millones de dólares del inventario de activos. Era, pues, un banco descapitalizado, una situación ocultada gracias a las operaciones de repo. Como suelen hacer otros bancos ordinariamente, LB utilizaba la liquidez procedente de las operaciones de repo para compensar otros pasivos, reduciendo por tanto el total de activos contabilizados y el total del endeudamiento, ofreciendo públicamente un menor nivel de apalancamiento del que realmente tenía[46].

La incesante búsqueda de liquidez por bancos y grandes empresas para su financiación convierten estas operaciones de repo en un mercado especulativo. Como señalábamos, a diferencia de un préstamo con garantía o avalado, en esta operativa repo la propiedad del título legal del valor se transfiere claramente del vendedor (el tomador de préstamo ) al comprador (el prestamista); de ahí que las operaciones bilaterales de repo generen un mercado específico en el variado mundo de los mercados financieros. De ahí que, por un lado, sean una de las técnicas que vienen empleando los Bancos centrales en sus operaciones de mercado abierto, con operaciones de venta y de compra de títulos de deuda pública en poder de la banca, con el fin de desarrollar su política monetaria; es decir, con el fin de aumentar o disminuir la masa monetaria en circulación e influir en el nivel de los precios controlando los niveles de inflación. Pero, por otro lado, son también operaciones monetarias que los bancos y entidades realizan entre sí para abastecerse de dinero líquido con la garantía de activos tenidos por la contraparte. De hecho, según los expertos del BCE, los préstamos de dinero público han sustituido a los préstamos entre los propios bancos; o dicho de otro modo, la política del BCE vía repos ha sustituido en gran parte a la financiación de la liquidez que los bancos disponen mediante el propio mercado interbancario, sin que mejore la concesión de créditos a empresas. Por tanto, con menos participación privada, el mercado de repo ha mejorado con el hecho de que el BCE acepte una amplia gama de activos como garantía en sus operaciones. Por ello, parece que esta información oficial indirectamente corrobora la denuncia reseñada de fuente anglosajona y comentada más arriba; es decir, las operaciones de repo se han utilizado para rescatar bancos de modo encubierto en el Eurogrupo, puesto que el BCE recibía valores de dudoso mercado en un momento delicado de congelación del mercado del crédito interbancario con la finalidad de dotar de dinero, de liquidez, al sistema aunque con el compromiso de devolver esos activos recibidos como garantía del préstamo. Y este mercado ha seguido creciendo en los últimos años tras la pérdida de confianza en los mercados interbancarios que trajo la crisis en 2008, que congeló el mercado en los EEUU y también en menor grado en Europa. Pero desde entonces este mercado de los repo se ha reactivado; y en Europa es ahora más grande que antes de ese año[47], algo que no se tiene en cuenta porque se tiende a olvidar el origen financiero de la crisis económica actual.

4. LAS JUGADAS CON DIVISAS

La fuerte dimensión especulativa de la banca actual se revela en el campo de las distintas divisas, en particular, aprovechando los flujos internacionales con monedas que representan diferentes tipos de interés y por tanto diferentes rentabilidades. Más de un año antes de que se hiciera visible la crisis del sistema global, un comentario titulado «Se seca el océano del crédito mundial» del periódico británico Daily Telegraph[48] pronosticaba que el desplome de los negocios especulativos basados en las diferentes rentabilidades de las divisas iba a hacer estallar el sistema financiero. Y avisaba de que todo el sistema estaría en peligro si Japón decidía elevar los tipos de interés, poniendo fin a la obtención por los bancos de préstamos en yenes a interés de casi cero para prestarlos a su vez en cualquier parte del mundo, ya fueran certificados argentinos o valores hipotecarios en los EEUU. Como apuntaba el citado diario londinense, el carry trade –como se conoce a la especulación con las rentabilidades de las divisas– es una máquina de dinero casi sin límites para la banca y los fondos de alto riesgo. Y tan arriesgado como recoger monedas delante de una apisonadora, dicen en la City. El caso de Islandia ha sido muy ilustrativo.

Los bancos hundieron Islandia

Islandia (300.000 habitantes) era un país modelo de economía liberalizada y bancos desregulados, cuando súbitamente sorprendió con el mayor colapso bancario de la historia teniendo en cuenta las dimensiones del país, como afirmaba The Economist (11/12/2010); y del cual no se ha repuesto aún plenamente. Robert Peston, un reputado economista de la BBC[49], explicaba la súbita prosperidad bancaria islandesa como un fenómeno económico creado en gran parte por los bancos con las operaciones especulativas con divisas conocidas como carry trade, mediante las cuales los bancos tomaban prestadas sumas colosales de dinero en plazas como Tokio, en yenes con tipos efectivos de interés a casi cero, para prestarlas a entidades en economías que pagaban altos intereses como era la propia Islandia, reciclando luego ese dinero en inversiones en el Reino Unido, Holanda y otros países de la Europa del Norte. Es una operativa de uso corriente en el mundo bancario, que busca beneficiarse de las diferencias entre los tipos de interés que fija cada Banco central (o el gobierno) para cada divisa; y que sin ningún añadido se refiere al currency carry trade, traducible como «el comercio o especulación sobre rentabilidades de divisas».

Tras la quiebra de Lehman Brothers en 2008, Islandia ofrecía unas estadísticas tremendas. Mientras el valor de su producción económica, el PIB, estaba en torno a 20.000 millones de dólares por entonces, sus bancos locales habían obtenido préstamos en divisas por valor de unos 120.000 millones de dólares, seis veces más que su PIB. Era un típico ejemplo de lo que se llama apalancamiento de los bancos comerciales, pero únicamente hacia el exterior sin que su pasivo contara hacia el interior, donde también empresas y ciudadanos estaban endeudados de modo desproporcionado. En palabras simples, Islandia carecía de producción interior con ingresos suficientes para que sus bancos atendieran los servicios de este tipo de deudas; es decir para la amortización de capital recibido más el pago de los intereses. Como ya referimos, la crisis se llevó por delante a los tres principales bancos de Islandia, Glitnir, Landsbanki y Kaupthing, que fueron nacionalizados o intervenidos por las autoridades; y las medidas de emergencia llevaron al Estado a la casi bancarrota porque el Banco central carecía de reservas para hacer efectiva la garantía de los depósitos.

El resto de la película de la crisis en Islandia es más conocido: el gobierno asumió en parte las deudas bancarias; un déficit público muy grave y la necesaria ayuda del FMI y el grave empobrecimiento del país. La moneda nacional fue devaluada y suspendidas durante semanas las transacciones monetarias internacionales; y la Bolsa islandesa llegó a perder más del 90% de su valor. En consecuencia, el país entró en una fuerte recesión económica; que se llegó a cifrar en el 75% del PIB de 2007. De la cual en 2010, según la prensa económica internacional, parecía haber alcanzado una cierta recuperación, a la que no era ajena el hecho de que hubieran sido los accionistas de los bancos quienes habían tenido que asumir gran parte del fracaso del negocio especulador[50]. En medio de escándalos, polémicas y dimisiones, las elecciones de la primavera de 2009 trajeron un nuevo gobierno de coalición; luego, en marzo 2010, un referéndum anuló el acuerdo alcanzado por el nuevo gobierno islandés con los gobiernos de Reino Unido y Holanda para abonarles los casi 4.000 millones de dólares adeudados por los bancos islandeses, que estos habían adelantado a sus ciudadanos clientes de bancos islandeses. Sin embargo, el país se enfrenta a un futuro problemático tras la negativa de los islandeses en un segundo referéndum de abril 2011, para asumir ese compromiso, aunque la movilización de los ciudadanos apunta hacia una salida más equitativa que en otros países europeos[51]. Actualmente, como indicábamos, Islandia padece una maraña de litigios frente a los inversores y acreedores extranjeros de los bancos fallidos. Y las arriesgadas operaciones transnacionales de los bancos, incluido el carry trade, han generado complejos problemas jurídicos de alcance internacional que ahogan a sus tribunales.

La especulación con divisas, un juego de casino

El caso de Islandia es un ejemplo de los nefastos resultados de la especulación bancaria con yenes; que también alcanzó a muchos otros países. Incluso en España durante los años del boom inmobiliario, cuando aún circulaba la peseta, se practicaba una particular forma de carry trade por algunos bancos que ofrecían créditos hipotecarios multidivisa denominados en yenes, que suponían unos tipos de interés inferiores a los que eran corrientes en pesetas. En este caso, el endeudamiento en yenes no era para comprar bonos en euros sino para evitar endeudarse en euros; en este particular caso, el diferencial de interés no se cobraba sino que se ahorraba. El caso es que aquel largo período se prolongó hasta que el comienzo de la crisis financiera global dio la vuelta a la situación, reduciéndose los diferenciales entre los tipos de interés en todo el mundo, haciendo que el yen se recuperara contra divisas como los dólares australianos.

Las divisas, un negocio en alza

La actividad de la gran banca y de otras entidades como la pequeña banca, los fondos de alto riesgo y en general de los fondos de inversiones, las compañías de seguros y hasta de los bancos centrales, han elevado el volumen de intercambio de divisas, según un estudio del Banco de Pagos Internacionales de Basilea de 2010. El comercio con divisas ha crecido más en los últimos años que la actividad económica subyacente medida por el PIB, los flujos del comercio internacional o las operaciones con valores bursátiles. De 2004 a 2007 «los mercados de derivados y de intercambio de divisas» aumentaron en un 72%, lo que muestra la desaforada actividad financiera internacional; un ritmo de crecimiento que ha disminuido para situarse en los siguientes tres últimos años en un 20% con un volumen promedio diario de 4 billones (trillion) de dólares. Y desde el punto de vista del negocio especulativo, se considera al carry trade como una alternativa de segundo orden a la especulación pura y dura con divisas como parte de unos mercados que los últimos tiempos han visto incrementarse su volumen e importancia[52].

El estudio del BIS considera que este aumento viene impulsado por los traders de alta frecuencia (que vimos en el capítulo anterior) y la mayor participación de los pequeños bancos, aunque los mayores bancos promotores como Barclays, Deutsche Bank y UBS, han ganado cuota en este mercado. Los siete países que se registran como los más activos en los mercados de divisas son el Reino Unido, los EEUU, Japón, Singapur, Suiza, Hong Kong y Australia; un dato que demuestra que la compraventa de divisas se genera más por operaciones financieras internacionales que por transacciones vinculadas al comercio internacional de bienes y servicios, que son las dos causas de este mercado, según el citado estudio. Hasta el extremo que en muchos países el volumen del intercambio de divisas ha crecido más que el PIB; de modo que si se contempla la evolución desde 1992 está claro que el volumen de intercambio de divisas ha crecido más que la actividad económica subyacente medida por el PIB, los flujos de comercio internacional o las operaciones con valores bursátiles. Y así sucede sobre todo con la especulación sobre las rentabilidades de las divisas que hemos referido, ajena a los acuerdos que se incluyen en los contratos internacionales de suministro de energía y otros que prevén variaciones acusadas en los tipos de cambio.

El riesgo frecuente de la volatilidad

El estudio citado destaca que otro factor que incide actualmente en el aumento del intercambio de divisas son las transacciones electrónicas de alta frecuencia, la alta velocidad que ha traído una cierta volatilidad en estos mercados de divisas. Una volatilidad que junto con la menor disposición hacia el riesgo por parte de inversores ha conducido a que se liquiden rápidamente las posiciones de carry trade porque al apreciarse fuertemente las divisas que aportaban financiación han ocasionado grandes pérdidas a muchos especuladores. Obviamente la especulación sobre la rentabilidad de las divisas se apoya en las expectativas de estabilidad de los tipos de interés futuros en las distintas monedas nacionales o regionales; por lo que a su vez las variaciones imprevisibles representan su mayor riesgo. Asimismo, estas operaciones con divisas intrínsecamente especulativas se realizan generalmente con un elevado grado de endeudamiento o apalancamiento de los jugadores, de manera que basta un pequeño movimiento en los tipos de interés para que se produzcan pérdidas enormes a menos que la posición sea protegida adecuadamente mediante otras operaciones, por lo general también especulativas de signo contrario.

Precisamente, esta estrategia especulativa se apoya en la relativa estabilidad de las cotizaciones de los activos financieros y de las bolsas, puesto que un movimiento adverso del tipo de cambio fácilmente borrará los beneficios del diferencial de los tipos de interés. Durante los primeros meses del año 2010 y hasta mayo, los fondos de inversión de alto riesgo jugaron a tomar préstamos en euros a corto plazo y hacer apuestas largas contra las divisas y valores asiáticos y latinoamericanos de rentas variables. Pero a partir de mayo de ese año, muchas de esas apuestas comenzaron a salir mal, a medida que las inquietudes de los inversores sobre la deuda soberana de los países de la eurozona se extendían por el mundo tumbando los mercados de valores de renta variable y las divisas de países en crecimiento como el dólar australiano. Para esas fechas, las ganancias que habían logrado muchos fondos especulativos vendiendo euros se anulaban con las enormes pérdidas que se producían a medida que algunos fondos de inversiones se apresuraban a deshacer posiciones en divisas tales como el yen japonés, el dólar australiano y el franco suizo; según informaba el Financial Times[53]. De ahí que en la City de Londres se diga que el carry trade equivale a la recogida de monedas delante de una apisonadora, es decir, arriesgado aunque esta especulación sobre rentabilidades de las divisas suele ser a su vez un negocio muy rentable, según apuntan algunos índices específicos en medio de una etapa de fuerte caída de la actividad económica en muchos países y de recesión económica mundial[54].

Una actividad parasitaria

El llamado carry trade implica los activos financieros de varios países y se produce con las monedas fuertes. Mientras se mantienen los diferenciales en los tipos de interés, resulta altamente rentable conseguir préstamos en una divisa con tipos de interés bajos e invertir en activos denominados en otra divisa con tipos de interés más elevados. Estas estrategias especulativas de bancos y fondos, que se aprovechan de las diferencias en tipos de interés más que apostar por variaciones en tipos de cambio, socavaron el desafío que el euro representaba para el dólar a finales de los años noventa. Al mismo tiempo suponen un intercambio de divisas que deprime el tipo de cambio en un país o bloque de países de donde toman los préstamos, y eleva el tipo en el país donde se producen las inversiones[55].

La especulación financiera de bancos y grandes fondos que busca rentabilidad entre las divisas más fuertes se ha visto favorecida, como han señalado diversas informaciones, por la abundancia de dinero disponible; y como consecuencia de esas actividades aumentaban los precios de los activos –financieros y físicos– con una mayor rentabilidad esperada. Si hasta 2007 eran muy frecuentes los préstamos en yenes japoneses por sus tipos de interés bajos, también ofrecían esa ventaja los préstamos en francos suizos, que se utilizaban para tomar posiciones largas (adquisiciones de activos para vender en un momento futuro) con alta rentabilidad en los EEUU y en otras divisas amparadas por altos tipos de interés, como era el caso de los dólares de Australia y Nueva Zelanda y del rand de Sudáfrica. A comienzos de 2007, se estimaba que podría estar en juego un billón (trillion) de dólares estadounidenses en el carry trade sobre el yen, según The Economist (1/2/2007). Y hasta 2010, la cotización del franco suizo se alzaba contra el euro a un nivel récord a medida que los especuladores testaban la tolerancia del Banco Nacional suizo en su pretensión de reforzar su moneda, según los análisis de los expertos. El franco suizo había venido subiendo constantemente contra el euro hasta esas fechas porque el dinero mundial afluía hacia los Alpes en mayor medida; el franco suizo estaba cumpliendo una función de moneda refugio alcanzando otro pico como había sucedido tras la caída de Lehman Brothers dos años antes. Aunque alguno de sus grandes bancos se haya visto en dificultades, el paraíso fiscal de Suiza se ha beneficiado de la crisis financiera, en particular por su atractivo de centro financiero opaco, offshore o para no residentes. Y a pesar de la política defensiva contra esa tendencia alcista del franco suizo, el Banco central helvético intentaba contrarrestar «la excesiva apreciación de su moneda». La atmósfera de incertidumbre que por esas fechas rodeaba al euro desde la perspectiva de los inversores globales, había hecho bajar su cotización contra el franco suizo provocando medidas defensivas[56]. Suiza vivía la misma experiencia con la crisis de la deuda soberana de la zona euro en 2011. Estas y muchas otras experiencias demuestran cómo este negocio bancario sobre las rentabilidades entre divisas es una actividad parasitaria que pesa sobre la política de tipos de interés. Pero sobre todo condiciona fuertemente la función monetaria de los bancos centrales y de los gobiernos, porque esta modalidad especulativa se confunde con los flujos dinerarios ordinarios en esta etapa de globalización de los mercados financieros donde las divisas se intercambian libremente y los tipos de cambio fluctúan libremente, salvo que haya intervención gubernamental como en China.

5. LOS JUEGOS OCULTOS DE LA BANCA

El referido informe del Congreso estadounidense sobre la crisis concluye que «la combinación del excesivo endeudamiento, las inversiones de riesgo y la falta de transparencia pusieron al sistema financiero rumbo a la crisis.» Y cita como ejemplo que hacia 2007 operaban con escaso capital los cinco principales bancos de inversiones (Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch y Morgan Stanley). Para utilizar solamente una medida, su ratio de apalancamiento (endeudamiento excesivo) se elevaba a 40-1, lo que quiere decir que por cada 40 dólares en activos, tenían solo 1 dólar de capital para cubrir las pérdidas; con al menos una bajada del 3% en el valor de los activos podía quedar borrada la firma. Peor aún, la mayor parte de sus empréstitos era a corto plazo, incluso overnight (por una noche), lo que significaba que cada uno de los préstamos tomados tenía que renovarse cada día. Y a menudo el endeudamiento estaba oculto en posiciones en derivados y cuentas extracontables en el llamado sistema de banca en la sombra, cargado de deudas a corto plazo[57]. Son operativas bancarias que siguen practicándose por los grandes bancos globales. ¿Qué banco central puede disponer de inspectores mundiales y con autoridad mundial? La banca financiera podemos caracterizarla por la fuerte opacidad; porque, por un lado, la actividad bancaria transnacional impide que los bancos centrales nacionales alcancen a supervisar en la práctica a los grandes bancos (el BCE carece de competencias para la supervisión; es solamente emisor del euro) y, por otro, la dimensión y complejidad de la actividad bancaria, además de situaciones de abuso frente a los clientes, produce su descontrol por la alta dirección de las entidades bancarias o los grupos. En resumen, la banca financiera presenta un riesgo para todo el sistema y, en particular, para el país de la sede central.

La banca en la sombra

La existencia de una banca en la sombra ha quedado oficialmente reconocida por documentos internacionales. En 2011, la declaración final del G-20 en Cannes ha asumido esta realidad bancaria y ha reconocido el riesgo sistémico inherente a estas prácticas bancarias en la sombra al quedar fuera del alcance de la regulación establecida para el sistema bancario; y con su retórica ya tradicional ha acordado reforzar su regulación y supervisión, suscribiendo las recomendaciones producidas al respecto por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB en siglas en inglés) con un plan a desarrollar durante 2012[58]. Los casos comentados de los bancos IKB y Northern Rock ilustran el funcionamiento opaco de la banca financiera. Cuando aún no había llegado lo peor de la crisis, durante la XLV reunión de gobernadores de bancos centrales en Mayo 2008 en Otawa, Hervé Hannoun, el subdirector del Banco de Pagos Internacionales de Basilea (BIS) presentaba un informe denunciando la existencia de una «banca en la sombra», fuera del alcance de los bancos centrales, que les había impedido controlar la solvencia de los bancos y, por tanto, prevenir la crisis. Esta denominación comprende las actividades de las filiales o entidades instrumentales y fondos de alto riesgo (generalmente domiciliados en paraísos fiscales) creados por grandes grupos bancarios como matriz para recaudar dinero emitiendo productos complejos novedosos e incentivando vías para la evasión de impuestos en el país de origen o para el lavado de dinero procedente de negocios ilegales o de la corrupción[59].

La expresión ya generalizada de shadow banking system abarca las actividades bancarias opacas de los derivados, los mercados de repo, la titulización con valores respaldados por activos, que crecieron mucho en vísperas de la crisis, gran parte registradas en cuentas extracontables; y que en los EEUU alcanzaron un pasivo de 20 billones (trillion) de dólares según la Reserva Federal de Nueva York. Aunque este sector se ha reducido con la disminución del apalancamiento, aún sigue siendo mayor que la actividad bancaria sobre la que se centran los reguladores; y su opacidad impedía estimar en agosto de 2011 los efectos prácticos que tendría la pérdida de la triple A en la calificación crediticia de los bonos del Tesoro estadounidense sobre todos los activos en que se apoyan esas actividades bancarias ocultas, según el análisis del Financial Times[60]. El referido informe del Congreso estadounidense sobre la crisis, emplea esta expresión para incluir una serie de entidades y prácticas bancarias que desarrollan una actividad paralela a la banca controlada por la Reserva Federal, que considera un resultado del proceso histórico de desregulación, el cual creó una serie de lagunas en la supervisión de áreas críticas con billones de dólares en riesgo. Precisamente, este informe registra el crecimiento significativo del mercado de los repos mencionados que, junto con la emisión de papel comercial, servía para que esas entidades recaudaran fondos sin la supervisión del banco central, apalancándose con tal finalidad[61]. Paradójicamente este informe estadounidense ignora los conocidos como paraísos fiscales o centros financieros offshore que forman parte del sistema de banca en la sombra, como refiere el citado informe del BIS y hemos documentado en otro lugar. En la etapa anterior a la crisis, estos mecanismos permitieron ocultar el desarrollo de un endeudamiento desmesurado, que luego se tradujo en pérdidas contables importantes que, al aflorar en la contabilidad del banco matriz, llevaron a los rescates bancarios como ocurrió en los casos relatados del banco alemán IKB o del británico Northern Rock, e incluso a la quiebra de los bancos de inversiones Bear Stearns y Lehman Brothers, tras la quiebra de sus dos hedge funds domiciliados en las Caimán. Está demostrado que, mediante las sociedades instrumentales en los centros offshore, los llamados paraísos fiscales, los grandes bancos logran sustraerse al control de sus cuentas por los Bancos centrales, realizando operaciones que quedan fuera de la contabilidad oficial (offsheet). Mediante esas entidades virtuales opacas consiguen desvincular la propiedad de esos activos financieros de la banca matriz, apoyadas en los resquicios de una regulación deficiente y en la benevolencia intencionada de los supervisores impregnados de la doctrina neoliberal, como sucedió durante años. Como no ha habido una reforma sustancial del sistema financiero, estas prácticas siguen existiendo aunque en menor cuantía.

Este funcionamiento descontrolado explica en gran medida la amplitud de la crisis gestada por el sistema centrado en la gran banca de Wall Street. Este modelo de negocio bancario fue replicado en particular por los bancos británicos y alemanes. Y sobre todo, dada la interconexión y la globalización de los mercados financieros en todo el mundo, la operativa esbozada permitía la diseminación de los riesgos de pérdidas por todo el sistema financiero mundial. Y esta dispersión mundial de los riesgos del negocio financiero ha sido posible porque la red mundial de los centros offshore contribuye decisivamente a ocultar parte de los flujos de dinero que se encadenan gracias a los sistemas telemáticos y electrónicos desde hace años. Las raíces de estos tinglados mundiales están en la transformación reseñada de los propios bancos convertidos en banca financiera, para la cual la opacidad frente a las autoridades les permite burlar las normas en vigor y les dota de una ventaja competitiva frente a los competidores. Y este sistema sigue prácticamente intacto según ha reconocido el G-20 en 2011 que se ha limitado a suscribir las recomendaciones del FSB para su control.

Abusos y riesgos descontrolados por la dirección

De la continua necesidad de liquidez que alimenta el negocio financiero, derivan ciertos abusos de la banca que llega a hacer uso para sus arriesgadas operaciones especulativas de los ahorros que tiene en depósito. Como ya apuntamos, en 2010, el banco JP Morgan tuvo que pagar más de 33 millones de libras como multa por incumplir el deber de protección del dinero de miles de depositarios; era la mayor sanción aplicada hasta ese momento por la Autoridad británica para los servicios financieros (FSA). En el momento álgido de la crisis, el negocio de futuros y opciones de este banco mezclaba los millones de dólares de clientes institucionales con sus propios fondos en una cuenta no separada, de modo que cualquier fracaso inversor o especulativo habría significado serias pérdidas para sus clientes. Por una gestión bancaria similar, los administradores judiciales del banco quebrado Lehman Brothers aún siguen intentando desentrañar sus libros y sus cuentas. Aunque desde años atrás, la FSA requería que las firmas mantuvieran separado el dinero de los clientes del dinero propio del banco, hasta los años de la crisis los supervisores dejaban el asunto en manos de los auditores, que apenas controlaban la aplicación de estas normas y certificaban siempre una gestión correcta. De hecho, fue el propio banco quien había comunicado directamente a las autoridades los hechos unos meses antes, como un error cometido en las cuentas, con el fin de obtener una bonificación en la multa y evitar sanciones penales[62].

Del relato sobre JP Morgan se deduce que para el banco prima el interés por los negocios de riesgo opuesto a los intereses de sus clientes, que no depositan su dinero para que el banco juegue en beneficio de la entidad y con el riesgo a cargo de los clientes; e incumpliendo el deber legal de protección de los intereses del cliente. Este potencial conflicto de intereses entre los del banco y los de sus clientes que implican las apuestas bursátiles, ha sido puesto de relieve en toda su crudeza con las revelaciones del comportamiento de Goldman Sachs durante los años de auge; que al mismo tiempo que fabricaba unos productos, apostaba por la bajada de la cotización de los mismos. A estas inmoralidades se refería Obama en el citado discurso de enero 2010, cuando dijo que «no podemos aceptar un sistema en el que los accionistas hacen dinero con las operaciones (financieras) si el banco gana, pero pagan los contribuyentes si el banco pierde». Hoy sabemos cuáles son las consecuencias para los ciudadanos de este negocio bancario.

¿Quién es el responsable?

Sin prestar atención al funcionamiento interno de la banca de hoy, políticos, jueces o periodistas están lejos de entender ciertos episodios que abordan y que suelen convertirse en grandes titulares de prensa como los referidos. Para empezar, desde la teoría de la dirección eficaz de empresas (Management), habría que cuestionarse la libertad de acción de los gestores bancarios, a nivel directivo o de base; por ejemplo, el término trader dentro de una empresa bancaria se aplica a un agente u operador que, como empleado, percibe una parte de sus retribuciones en forma de comisiones sustanciosas, según las ganancias que aporta al banco con sus apuestas en los mercados mediante las decisiones personales ante pantallas electrónicas, que gestionan las apuestas del banco en bolsas y mercados. Teniendo esto en cuenta, se entienden mejor los escándalos conocidos desde los años noventa.

A mediados de septiembre de 2011, el banco suizo UBS registraba pérdidas por valor de 2.000 millones de dólares debidas a operaciones bursátiles que alegaba no habían sido autorizadas, acusando de fraude a un operador, Kweku Adoboli, 31 años, de la oficina de Londres, que era detenido y procesado. Según las informaciones de prensa, este operador gestionaba desde años atrás un negocio bursátil considerado seguro y de bajo riesgo denominado Delta One, al que nos hemos referido en este capítulo[63]. Y este caso suscitaba el recuerdo del caso de Jerôme Kerviel, otro operador bancario de 31 años, que a comienzos de 2008 protagonizaba lo que la prensa llamó «el mayor fraude financiero». El banco de Paris donde trabajaba, la Société Générale, el segundo mayor de Francia por capitalización, reconocía que este trader había provocado pérdidas a la entidad de 4.900 millones de euros. Tras su detención, el juez declaró el procesamiento del joven operador por abuso de confianza, falsificación y violación de la seguridad de los sistemas de tratamiento de datos informáticos, pero no por fraude. Y en junio 2010, era juzgado ante el Tribunal correccional de París, pero la sentencia quedaba aplazada. Aquel escándalo en París, fue el colofón a una semana de pánico inversor y fuerte volatilidad en las bolsas de Europa y de los EEUU. Y en medio del alboroto mediático, la gran pregunta en la prensa francesa era ¿cómo un simple empleado ante una pantalla de ordenador podía haber perdido tan enorme suma? Pero entonces como ahora nadie cuestiona esas noticias, sabidas las sumas que suele manejar la banca y el consenso establecido para no profundizar en el funcionamiento bancario. Aquel mismo día, la Société Générale reconocía también haber perdido 2.050 millones de euros como resultado de su exposición a las subprime estadounidenses[64].

En el caso del operador británico como en el caso del operador francés, el gran interrogante es el mismo: ¿La pérdida de los casi 5.000 millones de euros para el banco de París o de 2.000 millones de dólares para el banco suizo fueron causados por los excesos de un operador o por el deficiente control bancario? En el caso francés, el tribunal declaro culpable al trader de todas las acusaciones y le condenó a cinco años de prisión y a la imposible devolución de la cantidad reseñada por operar a espaldas de sus jefes, sin permiso para correr los riesgos que corrió el banco mediante el uso de claves fraudulentas y datos falsos; pero se reconocía que su objetivo no había sido el robo sino hacer ganar al banco más dinero y cobrar él más comisiones.

Lo cierto es que los dos casos reseñados se suman a una larga lista de escándalos bancarios relacionados con la globalización de los mercados del dinero, desde que en febrero de 1995 un operador, Nick Leeson, llevó a la bancarrota al banco británico Barings, el más antiguo del Reino Unido, con unas pérdidas millonarias mediante unas supuestas cuentas secretas en Singapur. Poco antes, Joseph Jett, otro trader del KIdder Peabody en Nueva York ocultó 74 millones de dólares en pérdidas cuando simulaba haber obtenido un beneficio de varios cientos de millones en bonos. Luego vino otro trader, Toshihidi Iguchi, que acumuló pérdidas superiores a mil millones de dólares en el trading de bonos en el Daiwa Bank en Nueva York, hasta que lo confesó en septiembre de 1995. Después, Yaso Hamanaka, que fue descubierto por haber perdido 2.600 millones de dólares de Sumitono Corporation, haciendo negocios en el mercado del cobre en Londres. Y en lo que se considera otra segunda ola, se produjo la detención en 2002 de John Rusnak, un trader de Allied Irish Banks en Baltimore; en 2004, el caso de cuatro operadores de opciones en divisas en el National Australia Bank en Melbourne; y en 2008, tenía lugar el caso de mayor cuantía de todos los conocidos, el referido del francés Kerviel.

Son demasiados casos y demasiado parecidos para que pueda aceptarse la simple tesis de comportamientos de granujas (rogue), como viene a sostener un comentarista del Financial Times que ha estudiado todos los mencionados en un reciente libro[65]. Y, dejando a un lado el contexto judicial, habría que analizar el argumento de la defensa de Kerviel –que anunció el recurso contra la sentencia– basado en que el operador se sentía espoleado por los responsables del banco para realizar operaciones arriesgadas y que tenían conocimiento en todo momento de esas operaciones, que fallaron con el cambio brusco de los mercados, por lo que el banco tuvo que afrontar las pérdidas. Lo que sin duda en todos estos casos hay que cuestionar es el funcionamiento interno de la banca financiera.

El fracaso del control interno de riesgos

A este respecto, resulta esclarecedor el relato del periodista financiero Ross Sorkin de The New York Times[66], sobre el desconcierto y las inquietudes del consejero delegado Richard Fuld y la alta dirección de Lehman Brothers Holdings Incorporated, en los meses previos a la declaración de quiebra del banco el lunes 15 de septiembre de 2008, que mostraban el descontrol de la situación del banco. Y resulta tremendamente desmitificador de la banca de inversiones de Wall Street, la simple ojeada de la versión digital del informe técnico de 29 enero 2009 de la firma Álvarez & Marshall, encargada de clarificar las cuentas de ese banco por el juez neoyorquino responsable de la quiebra de Lehman Brothers. El resumen de la presentación (executive summary) lleva el rótulo expresivo de «caos al 15/9/2008», que incluye frases tajantes como «pérdida de todos los sistemas contables» y «no inventario de activos»[67]. Y nos referimos al que era el cuarto banco de negocios del mundo. Una consecuencia son los procesos judiciales abiertos aún en curso.

El escaso control interno por la dirección de los grandes bancos se ha ocultado en los informes y análisis tras expresiones eufemísticas como «insuficiente o deficiente gestión de riesgos» o similares. Según diversas informaciones, los altos directivos de Merrill Lynch y del Citigroup permanecían alejados de las operaciones cotidianas, impopulares internamente entre los operadores porque existían problemas específicos de liderazgo, que condujeron a estos bancos hacia riesgos innecesarios y escasamente explicados. Por entonces, era conocido que el banco suizo USB, que se lanzó al negocio de los créditos estructurados en su empeño por emular a los bancos de Wall Street, carecía de una gestión de riesgos rigurosa y de un suficiente control sobre los mismos. Y recientemente, antes del caso Adoboli referido, las autoridades británicas ya habían impuesto una multa de 8 millones de libras a UBS por la fragilidad de sus sistemas de control de riesgos. Y pese a los apoyos que parecía contar, días más tarde del caso referido dimitía el consejero delegado de UBS[68]. En general, la crisis está revelando que la actividad especulativa carece a menudo de control efectivo por parte de los máximos responsables del banco, demostrando la ineficacia de los servicios internos de control de riesgos para prevenir las situaciones de cuasi quiebra o quiebra.

Además del informe técnico citado, que sostiene que en Lehman Brothers reinaba el «caos» contable el lunes de la quiebra, a menor escala financiera es también significativo el caso del banco alemán Sachsen LB, propiedad del Estado de Sajonia, que tuvo que ser rescatado con dinero del contribuyente por su fracaso en el negocio global. Según declaraba en el verano de 2007 el ministro de finanzas de la región, «había dos problemas en el banco: la gestión de riesgos no funcionaba y el banco estaba implicado en un volumen financiero que excedía todos los límites»[69], gracias a sus tres sociedades instrumentales para tales negocios, como hemos relatado en otro lugar. El consejo de administración del banco había ignorado el informe de 200 páginas de la auditora Ernst & Young que había advertido de los riesgos de las operaciones de compraventa con valores subprime que realizaba desde el paraíso fiscal irlandés[70]. La actuación de las autoridades supervisoras alemanas tampoco brillaron en la prevención de esta quiebra de hecho, para perjuicio de los contribuyentes que pagaron su rescate. De todas estas experiencias recientes, algunos análisis ortodoxos solventes reconocen que por lo menos resulta problemático el giro de la industria bancaria hacia la especulación y la toma de riesgos globales que amenazan al sistema.

El riesgo sistémico de la banca

¿Cómo puede garantizar un Estado los depósitos de los ahorradores si el banco practica la especulación en los mercados financieros? Es una pregunta de imposible respuesta. Para entender el significado de este punto conviene recordar que la banca tradicional es ya de por sí un modelo de negocio arriesgado y frágil, porque el dinero depositado puede ser retirado por los depositantes en cualquier momento y quienes reciben los préstamos los devolverán a largo plazo; y con este papel de intermediario, el banco transforma los vencimientos, convirtiendo en largo el corto plazo. Por tanto, no puede prestar todo el dinero recibido en depósito a corto plazo. Y en el pasado al guardarse –supongamos– un 10%, distribuía el otro 90% en préstamos a empresas y particulares que a su vez lo depositaban en otros bancos parcialmente y lo invertían en negocios, creando así crédito para la economía el conjunto de los bancos. Entonces y ahora, un primer riesgo de la banca tradicional es que los depositantes, inquietos por algún evento o noticia muy relevantes, pueden acudir en masa a retirar sus depósitos, por lo cual el Estado establece una red de seguridad garantizando los depósitos porque el banco por sí solo no podría afrontar esa situación[71]. Ese es un riesgo típico de liquidez que, como analiza el profesor Paul De Grauwe de la Universidad belga de Leuven, deriva de que el banco obtiene préstamos a corto plazo como son los depósitos y las cuentas corrientes y concede préstamos a largo plazo; y es un riesgo especial porque cuando ocurre tiene efectos devastadores y es de imposible cuantificación porque responde a movimientos colectivos de desconfianza y de pánico, sin que tengamos un modelo fiable de predicción de pánicos bancarios.

Pero a esa primera característica especial de transformación de los vencimientos, el modelo de negocio bancario tradicional conserva otra segunda característica relacionada con los pagos en la economía. Y la segunda característica consiste en que los bancos son el centro del sistema de pagos, lo que crea una red de toma y concesión de préstamos por los bancos y entre los propios bancos. Este mercado interbancario tiene como efecto la creación de un riesgo interconectado; por ejemplo, cuando un banco quiebra, los otros bancos se encuentran en apuros. Cuando aparece un problema en un banco se propaga por el sistema bancario como una enfermedad infecciosa. De este modo, los riesgos dentro del sistema bancario están interconectados, correlacionados. Es algo que contrasta con lo que sucede en los otros sectores económicos no bancarios, porque, por ejemplo, cuando una empresa automovilística cierra es una buena noticia para las demás, que podrán expandir su producción y sus ventas, aumentando sus beneficios[72].

He ahí el problema de fondo de las consecuencias de la deficiente regulación y globalización del negocio bancario, que sigue sin resolverse por los gobiernos del G-20, que ni siquiera han dado una solución al problema del riesgo sistémico de los grandes bancos, que asumen todos los riesgos contando con que si se equivocan los gobiernos acudirán en su ayuda para evitar los imprevisibles perjuicios que generarían para todo el sistema financiero y económico; es la cuestión irresuelta de los «bancos demasiado grandes para quebrar» (too big to fail). La idea implícita de estos megabancos es que, dada sus grandes dimensiones financieras y su inserción en el sistema, tienen la certeza de que los gobiernos acudirán en su rescate; lo que les incita a asumir riesgos económicos que con unas menores dimensiones no se atreverían a correr. Sin embargo, las experiencias recientes también demuestran ante todo otra versión de ese problema y es que, además, se trata de bancos demasiados grandes para ser gestionados, porque sus dimensiones globales hacen muy complicado y difícil coordinar todas las decisiones que afectan al conjunto, de modo que los errores de la dirección los pagan los contribuyentes. Podemos imaginar la dimensión del problema contemplando el elevado número de filiales de los grandes grupos bancarios globales, distribuidos por todo el planeta. Según los datos del manual de banca de Oxford, en 2010 el CitiGroup tenía un total de 2.435 filiales que incluían 101 bancos; en el ranking le seguía el Deutsche Bank con 1.954 filiales, incluyendo 54 bancos; y en tercer lugar aparece HSBC Holdings Plc con 1.234, comprendidos los 85 bancos del grupo. Y con más de 1.000 filiales encontramos a los bancos conocidos: Barclays, BNParibas, Morgan Stanley y el Royal Bank of Scotland. Todas esas filiales están sometidas a diferentes legislaciones, jurisdicciones y culturas[73]. A esta dispersión geográfica y operativa, etc., tenemos que añadir la realidad del funcionamiento bancario que crea una interconexión extrema en sus relaciones financieras, que sobrepasa las fronteras. Una crisis de confianza en un gran banco puede generar una oleada de desconfianza con consecuencias nefastas de proporciones sistémicas, más allá del país donde radique la sede central. Porque los bancos tienen significativas exposiciones respecto a otros bancos, con deudas y créditos entre sí; participan en los mismos mercados financieros y siguen teniendo importantes fondos de los clientes; de manera que esa desconfianza respecto a un banco puede provocar un grave riesgo para todo el sistema como revelaron los hechos ya históricos de la quiebra de Lehman Brothers. Y ese riesgo sistémico engendra nefastas consecuencias económicas y sociales locales que desbordan las capacidades individuales de los Estados. Mientras no se adopten medidas reguladoras eficaces, ante cualquier crisis bancaria los gobiernos son rehenes, obligados a rescatar a los bancos porque está en juego no solamente el crédito sino el sistema de pagos de la economía.

Capítulo 3

JUEGUE CON LOS FONDOS DE ALTO RIESGO

Todo indica que los mercados financieros están dominados por la especulación; se evidencia en los altibajos de los índices bursátiles que nos cuentan los informativos de la televisión, como si la rentabilidad económica y los dividendos de las empresas cotizadas variaran a cada rato. Y a la especulación financiera acude el pequeño y el gran ahorro. Una gama de instrumentos y productos financieros atrae al pequeño ahorro hacia los mercados financieros, mientras las grandes fortunas canalizan sus afanes de ganancias fáciles a través de hedge funds o fondos de inversiones de alto riesgo promocionados por los bancos más importantes. Los bancos y todos los llamados inversores institucionales facilitan el acceso de las pequeñas fortunas y los inversores minoristas a los mercados financieros globales, promocionando los instrumentos y las modalidades especulativas. En 2011 tenía lugar en Madrid una nueva edición de Bolsalia, la feria de la bolsa y los mercados financieros que con sus vistosos pabellones y sus charlas informativas de los expertos de bancos y firmas financieras, era un exponente del peso que ha adquirido lo financiero en nuestra sociedad. Pero, sobre todo, constituía un ejemplo palpable de la promoción y difusión de la creencia en las finanzas como fuente de riqueza y de progreso económico; mientras, los grandes bancos, cajas de ahorro y demás entidades financieras promocionan la participación minorista de las clases medias en bolsas y mercados en su afán por captar el ahorro. Y es que el mayor atractivo de los mercados financieros es la especulación, es decir, la búsqueda de unas ganancias inmediatas a corto plazo apostando por un acontecimiento futuro reflejado en una subida, como si realmente el futuro fuera el verdadero activo financiero que contiene la propia transacción. De ahí que una característica fundamental de los mercados financieros integrados mundialmente sea el desencadenamiento frecuente de movimientos de entrada y salida de las bolsas, movidos por el rumor o la noticia y provocando flujos financieros volátiles entre mercados, países o regiones y resaltando la inestabilidad propia del sistema globalizado. El insaciable afán de liquidez para alimentar el negocio especulativo es protagonizado por los conocidos como inversores institucionales, encabezados por los grandes bancos y los fondos de alto riesgo, que por sí mismos o mediante una serie de intermediarios, canalizan la participación minorista del ahorro que busca rentabilidad. Una de las dimensiones del caso Madof, la única gran estafa de la crisis penada en Wall Street, fue desvelar las numerosas fortunas españolas que gestionaba este agente de bolsa por la mediación del Banco Santander, demostrando que los fondos especulativos y de alto riesgo canalizan también ingentes cantidades de dinero desde todos los países del mundo, junto a otros tipos de fondos de inversión, como los fondos cotizados, para generar unos mercados inestables y volátiles, que benefician a aquellos operadores que disponen de información confidencial o privilegiada por sus relaciones sociales o profesionales.

1. LOS ESPECULADORES INSTITUCIONALES Y LOS MINORISTAS

En el panorama contemporáneo, los protagonistas de «los mercados» y de la especulación son siempre los denominados inversores institucionales que encabezan además de los bancos, los fondos de alto riesgo junto a los fondos colectivos o mutuos de inversiones, los fondos cotizados o ETF, los fondos de pensiones, las grandes compañías de seguros, las firmas de capital riesgo, las grandes fundaciones estadounidenses, los fondos para operar en mercados monetarios (money market funds) y hasta los holdings o sociedades de cartera de grandes grupos empresariales, que dedican grandes sumas a la obtención de rentabilidades en valores y productos financieros. Estas entidades inversoras se diferencian de los inversores individuales o minoristas por su enorme capacidad financiera y sus operativas refinadas; la mayoría de esos entes están dedicados a la especulación mediante inversiones arriesgadas a corto plazo; por lo que podemos catalogarlos como especuladores profesionales, agentes de los mercados financieros que como tales entidades encauzan al mismo tiempo las apetencias de los inversores individuales y del pequeño ahorro hacia la ganancia fácil y arriesgada del corto plazo; con la adquisición de un título de esos fondos, un particular accede a una cesta diversificada de valores mobiliarios (acciones, bonos, derivados, etc.) que puede incluir productos especulativos. Mientras, las grandes fortunas promocionan o intervienen detrás de los hedge funds o fondos de alto riesgo directamente o con la intermediación de bancos y brokers, como veremos.

El acceso del ahorro particular a la especulación

Los llamados inversores institucionales cumplen un importante papel en la promoción de las modalidades especulativas con sus propios fondos de inversión y facilitando el acceso a los mercados financieros globales de las pequeñas fortunas y las participaciones minoristas, difundiendo la cultura reverencial de lo financiero como fuente de riqueza y de progreso económico. Los grandes bancos, las cajas de ahorro y demás entidades financieras promocionan la participación minorista de las clases medias en las bolsas y mercados en su afán por captar el ahorro. Y en esta labor se promociona sin distinción la inversión de cartera en las grandes sociedades anónimas industriales o de servicios, mediante la compra de acciones u obligaciones o bonos, y simultáneamente la venta de productos e instrumentos puramente especulativos, que ofrecen el acceso de millones de ciudadanos a la especulación financiera más o menos conscientemente, dado el lenguaje alambicado aplicado.

Este hecho quedaba muy bien reflejado en las charlas y en la presentación de la guía del visitante de Bolsalia, la feria de la bolsa y los mercados financieros celebrada en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid a principios de mayo de 2011. Frente al entorno económico resumido en las cifras del paro y la falta de crédito para las empresas productivas, el folleto de esta XII edición la presentaba como un escenario «más optimista y más prometedor que el del pasado año, pese a que todavía persistan algunas incertidumbres. La alta volatilidad existente en los mercados (financieros) en los últimos meses, no solo como consecuencia de acontecimientos económicos, ha ofrecido y ofrece importantes oportunidades a los inversores que deciden asumir un mínimo de riesgo» Es decir, el mensaje se dirige a los especuladores potenciales. Allí no había ninguna promoción de inversiones en proyectos de desarrollo tecnológico o industrial o comercial con ofertas de rentabilidad a largo plazo.

La presencia de un millar de expertos en «mercados» ofrecía al pequeño inversor el contacto directo con las sociedades cotizadas, las instituciones reguladoras, los intermediarios, los analistas promotores de negocios, etc. para informales de los productos para invertir, desde acciones en grandes empresas productivas hasta productos innovadores complejos para el trading –el vocablo más reiterado en los folletos– es decir, la compraventa especulativa. Así encontramos abundancia de productos derivados que siguen gozando de la desregulación vigente desde antes de la crisis. Por ejemplo, se ofertaba un producto nuevo promocionado como CFD o contrato por diferencia que permite beneficiarse de las fluctuaciones de los precios de los activos subyacentes (divisas, materias primas, etc.) sin necesidad de ser titular de los mismos; como se trata de apuestas sobre las variaciones el «inversor» puede obtener beneficios en mercados tanto alcistas como bajistas; y también los warrants que permiten invertir apostando por el alza o caída de los mercados de forma apalancada. Y el BNP Paribas, entre otros, ofrecía una amplia gama de productos cotizados de apalancamiento con denominaciones para descifrar, como el turbo call o el bonus cap y otros. Sin embargo, el instrumento más promocionado en Bolsalia 2011 por grandes bancos y entidades ligadas a estos son los fondos cotizados o ETF, una modalidad de fondos especulativos en auge.

El auge de los fondos cotizados ETF

Uno de los instrumentos financieros más promocionados entre los pequeños inversores por los grandes bancos en la referida exposición madrileña de Bolsalia son los fondos cotizados, conocidos como ETF por sus siglas en inglés (exchange traded funds); uno de los sectores que más rápido está creciendo con inversiones sobre materias primas (petróleo, oro, alimentos...) y que se considera que tienen un papel tan importante como los hedge funds en el alza de los precios de estas materias primas. El hecho es que el crecimiento de este sector de los ETF está en auge, según los análisis del Financial Times[74]. Los fondos de inversión cotizados que no paran de crecer, se están difundiendo en España promocionados por la prensa económica. Como típico instrumento para la especulación al alcance de las pequeñas fortunas, se presenta como un medio de ahorro híbrido entre los fondos de inversión tradicionales y las acciones, como una cesta de valores al igual que los fondos de inversión pero que cotiza en bolsa como las acciones. Son fondos de inversión indexados –su política consiste en replicar el comportamiento de un determinado índice bursátil de referencia– pero con mayor liquidez, ya que sus participaciones se negocian y liquidan igual que las acciones; cada participación representa una cartera de valores que reproduce la composición del índice al que hace referencia. Al igual que las acciones cotizan durante toda la sesión bursátil y tienen un valor liquidativo que se publica al cierre de la sesión; esto incentiva al dinero especulativo. Los inversores-especuladores pueden comprar la participación en el ETF en tiempo real al precio que fije el mercado en cada momento, un precio que va a estar en línea con el valor liquidativo. Como este valor no se conoce hasta el término de la jornada, durante la sesión se va estimando y aplicando al valor liquidativo anterior de las variaciones del índice subyacente a lo largo de la sesión. Una operativa que se asemeja a las apuestas de casino.

Actualmente son un instrumento de alcance mundial en alza. En el último trimestre de 2010, los activos de los ETF habían alcanzado 1,2 billones (trillion) de dólares, después de haber crecido a un promedio del 40% en la pasada década, según los cálculos del Consejo de Estabilidad Financiera, un foro oficial con sede en el Banco de Pagos Internacionales. Aunque el crecimiento ha sido mucho menor que los fondos de alto riesgo, no obstante ha sido importante. Y en la medida en que el auge se ha acelerado, ha habido un giro sutil recientemente y los bancos se han hecho más creativos en la estructuración de los ETF en un esfuerzo desesperado para proporcionar mayores retornos a los inversores[75]. Algunos analistas consideran que el auge de los productos cotizados sobre las materias primas (commodities) podría estar detrás del encarecimiento de determinadas materias primas, aunque nieguen este hecho los agentes de este sector, alegando que en general los ETF invierten sobre índices y no sobre el subyacente. Lo cierto es que las cifras hablan por sí solas del éxito de este producto y los expertos prevén tasas de crecimiento para este negocio de entre el 20% y el 30% anual durante los próximos tres años, lo que llevaría a los ETF a los dos billones en activos en 2012. «La demanda ha subido tanto porque tanto los inversores institucionales como los minoristas han descubierto su combinación única de beneficios, como su versatilidad, transparencia y significativas ventajas en costes», explican fuentes del sector, según el citado análisis del periódico británico. En España, este sector también da muestras de crecimiento desde que en julio de 2006 se inauguró el nuevo segmento de ETF en la Bolsa española, porque cuatro años después ya se cotizan cerca de 70 fondos de inversión cotizados. Aunque a pesar de este aumento, tanto en patrimonio como en productos, las cifras del mercado español aún están bastante lejos de las que se manejan en otros países. En España hay tres emisores principales de fondos cotizados: BBVA, Lyxor (de Société Générale) y Deutsche Bank. Y recientes cambios legislativos facilitan su promoción, dando luz verde a la posibilidad de utilizar, además de la renta fija y la renta variable, cualquier otro subyacente que la CNMV autorice expresamente[76]. De lo que no hacía mención este amplio reportaje sobre los ETF, es de los riesgos que acechan a este instrumento especulativo, que se reflejan en los índices de volatilidad de las cotizaciones, según el citado análisis del Financial Times.

Las inversiones confidenciales españolas

Gracias a las investigaciones periodísticas suscitadas por la crisis financiera hemos podido comprobar que los hedge funds o fondos especulativos milmillonarios generalmente anglosajones, canalizan ingentes cantidades de dinero desde todos los países del mundo, incluida España, como demostraron las informaciones sobre la única gran estafa de la crisis juzgada y condenada en Wall Street. Así pudimos conocer quiénes eran los inversores cuyas fortunas gestionaba el broker Bernard Madoff, relacionado estrechamente con la elite neoyorquina como dueño de la firma Madoff Investment Securities; y con la cooperación de reputados bancos internacionales y sus departamentos de asesoramiento y gestión de grandes patrimonios o fondos, la llamada banca privada o personalizada (private banking). Algunas investigaciones y relatos periodísticos solventes nos han dado pistas de que en los hedge funds se invierten las grandes fortunas españolas que gestionan las Sicavs, las sociedades españolas de inversión mobiliaria, con la compañía de los llamados «mariachis» (familiares o paniaguados para completar el número de cien inversores requerido por la legislación a fin de beneficiarse de la tributación del 1%)[77].

Las informaciones acerca de la estafa monumental de Madoff revelaron las ramificaciones complejas de la procedencia que los fondos que recaudaba Madoff Segurities como promotor e intermediario (broker-dealer) autorizado por los supervisores estadounidenses. Las inversiones reales o supuestas que se encauzaban a determinados fondos de alto riesgo en los que intervenía, procedían de otros fondos ordinarios de inversiones, de clientes de grandes bancos europeos como el Banco Santander, BNP Paribas o el Banco Médicis de Austria, etc., que para reducir las dimensiones del escándalo llegaron a acuerdos individuales con sus propios clientes afectados, asumiendo gran parte de las pérdidas y huyendo de la publicidad mediática mundial del caso. Fue el caso del Banco Santander que compensó parcialmente a sus inversores, asumiendo algunas pérdidas que había contribuido a generar[78].

Pero los datos quedaron registrados en las informaciones de prensa. A través de Banif, filial de «banca privada» del Grupo del Banco Santander, fortunas de multimillonarios españoles se invertían en los fondos de alto riesgo ligados a la firma de correduría financiera de Madoff. Según documentos de los tribunales de Nueva York que enjuiciaron el caso, en la lista de inversores aparecían nombres españoles de grandes fortunas y de Sicavs españolas (por ejemplo, SICAV Oyster Invenciones de los hermanos Almodóvar); de Liliane Bettencourt, dueña del imperio industrial y financiero L´Oreal; del director de cine Steven Spielberg y de muchas otros personajes relevantes. Asimismo, en los hedge funds de Madoff participaban grandes fondos de pensiones, aseguradoras y otros bancos españoles como el BBVA, Caja Madrid, etc. además del Banco Santander[79]. Según la lista publicada por la CNMV en junio de 2008, 35 fondos de inversiones españoles de diversas gestoras sufrieron la estafa del hasta entonces prestigioso financiero neoyorquino; es decir habían confiado su dinero en los fondos de alto riesgo que ofrecían una alta rentabilidad. Igualmente, muchos otros bancos y entidades financieras europeas, como el Banco Médicis de Austria o el BNP Paribas, se vieron afectados por la gestión fraudulenta del referido financiero[80]. Todos esos fondos de grandes fortunas españolas se invertían, gracias a la intermediación de la firma del agente de bolsa Madoff en fondos de alto riesgo radicados en paraísos fiscales, según informaba The New York Times en un artículo firmado por Lynnley Browning, señalando ya entonces que «el foco sobre Madoff gira hacia el papel de los fondos offshore»[81]. Los datos de las primeras investigaciones oficiales apuntaban que por lo menos una docena de entidades en los llamados paraísos fiscales estaban implicadas en la firma Madoff Investment Securities; en unos casos eran hedge funds ligados a Fairfield Greenwich Group, que operaban desde filiales en las islas Caimán y las Bermudas; y en otros, se trataba de filiales offshore de Tremont Group Holdings y de varios bancos suizos. Era un modo de asegurar la opacidad de las operaciones.

En resumen, las grandes fortunas y el dinero bancario ya no suelen ser primordialmente un medio para financiar las grandes aventuras empresariales de las fases anteriores del capitalismo, para financiar inversiones en el desarrollo económico-tecnológico sino que las grandes inversiones y operaciones financieras internacionales se han convertido en una búsqueda permanente y continua de más y más beneficio, de más y más dinero, generando mercados autónomos respecto de la economía real. La función básica del dinero como instrumento de medición del valor para facilitar los intercambios en la economía, se ve sobrepasada por su condición de depósito de valor, y por tanto, de poder que se impone sobre la economía real de un modo desmesurado. En esta situación de dependencia de los capitales especulativos o nómadas por parte cualquier economía, nacional o internacional, la propia liberalización de las operaciones financieras ha consolidado una situación de equilibrio precario e inestabilidad permanente, que sirve de acicate para la creatividad e innovación con nuevos productos, nuevos instrumentos, nuevas formas de dinero bancario y de las modalidades operativas y nuevos conceptos; ajenos a las necesidades crediticias de la economía real. Los activos financieros y los instrumentos aparecen dotados de una enorme capacidad de multiplicación y diversificación, capacidad muy superior al potencial de las inversiones industriales y a la comercialización de las mercancías. Y ahí encontramos la especulación como expresión del dominio financiero sobre la economía real, ya que el negocio se alimenta de los beneficios que se obtienen del intercambio de un activo financiero por otro. Los hedge funds son el ejemplo más significativo, que destacan entre el enjambre de fondos y firmas de inversiones millonarias, los fondos cotizados o ETF y tantos otros actores en el casino mundial.

2. LA CAPACIDAD ESPECULATIVA DE LOS HEDGE FUNDS

Desde luego, las mayores oleadas especulativas en los diversos mercados financieros están asociadas a los conocidos fondos de inversiones de alto riesgo, muchos de ellos promocionados por los grandes bancos. A juicio de un analista del Financial Times, agosto de 2011 fue el mes más brutal para los hedge funds desde el colapso de Lehman Brothers. Muchos de los mayores fondos de alto riesgo del mundo perdieron miles de millones de dólares, con unas pérdidas del 4,1% para un hedge fund promedio. Las fuertes caídas de las bolsas de valores habían pillado desprevenidos a los gestores[82]. Esto forma parte de las situaciones desconcertantes que ofrece la inacabable crisis financiera; pero los fondos de alto riesgo están para ganar mucho dinero. Es casi una leyenda en los círculos financieros, la actividad especulativa del Quantum Investment Fund del conocido magnate George Soros, el más famoso de todos los fondos de alto riesgo operativos, participado por multimillonarios de los estados del Centro y Sur de los EEUU, que se gestiona desde Nueva York aunque está registrado en las Antillas Holandesas, un notorio paraíso fiscal. Es ya historia que un miércoles negro de 1992 Soros apostó 1.000 millones de dólares en los mercados internacionales por la bajada de la libra, aunque no disponía de tal cantidad de moneda británica, provocando su devaluación y su retirada del sistema europeo de tipos cambios vinculados, pese al apoyo sostenido del Banco de Inglaterra y demás bancos centrales. Esa jugada, que convirtió a Soros en un personaje famoso por la fortuna amasada, demostró que siempre que reina la incertidumbre sobre alzas o bajas de las cotizaciones en mercados monetarios o de capitales, aparecen los fondos de inversión de alto riesgo con oleadas de compras o ventas especulativas que dislocan las bolsas, como ha venido sucediendo durante la llamada crisis del euro desde la primavera de 2010.

Los hedge funds se caracterizan por ser un vehiculo de inversión cuasi exento de regulación y de supervisión, por lo general abierto solamente a la participación de las grandes fortunas, como reconoce el informe del Congreso estadounidense[83]; son considerados intermediarios financieros que gestionan activos de las grandes fortunas y otros inversores institucionales como fondos de pensiones, fundaciones, compañías de seguros. En realidad, el término cubre un conjunto de vehículos para la especulación con distintos niveles de apalancamiento; las diferencias básicas con los fondos de inversión ordinarios son el endeudamiento desmesurado y su escasa regulación que no les exige información pública sobre sus actividades. Un hecho reconocido públicamente por lord Turner, el presidente de la Autoridad financiera británica (FSA), es que una mayoría de los gestores de los activos de los fondos de alto riesgo están presentes en la City de Londres, «aunque los fondos realmente legales están ordinariamente registrados en offshore y no están sometidos a la regulación prudencial», a las normas de solvencia bancaria[84]. Según los expertos del FMI, de los miles de fondos de inversión domiciliados en las Caimán, territorio británico asociado a la UE, el 90 por ciento son fondos de alto riesgo que disponen de capacidad para el apalancamiento o sobreendeudamiento, es decir, instrumentos para la pura especulación financiera; en general, la participación mínima en estos fondos es una cifra elevada, siendo sus componentes en su mayoría participantes sofisticados de EEUU, Reino Unido, Hong Kong , Japón y Europa incluida España[85]. Gracias a su domiciliación legal en centros financieros offshore disponen de gran libertad de acción para lanzarse a operaciones multimillonarias de largo alcance, económicamente arriesgadas mediante el desarrollo de practicas y técnicas sofisticadas diseñadas para la pura especulación.

Reactivados tras la crisis financiera

Un análisis de The Economist en su anuario de 2011, señalaba que a los inversores en los fondos de alto riesgo les afectó el caso de Madoff y el fracaso del año 2008 en que perdieron en general un 19%, menos que el porcentaje registrado por la consultora McKinley (27%). E informaba que para restablecer esa confianza, han intentado quitarse la mala fama de hacer operaciones improvisadas de la noche a la mañana e informar a sus participantes de sus rentabilidades y estrategias, rompiendo algo su opacidad. En general, a comienzos de 2011, ya los análisis más solventes anunciaban la recuperación de los hedge funds, que se vieron seriamente afectados por los efectos de la crisis financiera provocada por el cuasi colapso de Wall Street.

Entre los primeros eventos de la crisis financiera derivada de las hipotecas estadounidenses subprime dados a conocer por la prensa estadounidense en julio y agosto de 2007, se relacionaban con el Bear Stearns, uno de los primeros bancos de inversiones que se veía obligado a liquidar sus dos fondos de alto riesgo declarados en bancarrota y que estaban registrados en las islas Caimán, aunque sus activos se encontraban en Nueva York; toda una complicación e incertidumbre añadida para acreedores e inversores afectados. Y ante las acusaciones de fraudes perpetrados por estas entidades domiciliadas en las Caimán, un comentarista insular señalaba que en los próximos años un gran número de inversores iba a perder millones de dólares nominalmente invertidos en fondos de alto riesgo de estas islas, como así sucedió; y en defensa de las islas abogaba irónicamente por una mayor responsabilidad y rendición de cuentas por parte del sector financiero y sus reguladores. Aquella no es la única historia conocida, porque la intervención de estos grandes fondos especulativos en el desencadenamiento de la crisis financiera está fuera de toda duda. Y de ahí que los activos gestionados por los fondos de alto riesgo sufrieran un duro golpe con la crisis financiera cayendo un 27% durante el año 2008, según los datos del estudio del McKinsey Global Institute; lo que reflejaba tanto las pérdidas sufridas como las retiradas de participaciones inversoras. Aunque a largo plazo estos fondos de alto riesgo han producido más beneficios que cualesquiera otro tipo de fondos. Desde 2000 fueron creciendo continuamente hasta alcanzar el pico del volumen de activos gestionados por estos fondos con los 1,9 billones (trillion) de dólares en la primera mitad de 2008, para descender hasta los 1,4 billones (trillion) al terminar ese año en que la crisis financiera se dejó sentir con mayor virulencia. Sin embargo, muchos de estos fondos, casi el 40% de los controlados en este estudio, ofrecieron rentabilidades significativas ese mismo año. Además, la investigación de la consultora McKinsey muestra que una porción significativa de fondos de alto riesgo ha abonado rentabilidades más altas y con menos volatilidad que las inversiones en bonos y en valores cotizados de renta variable. Y aunque los activos hubieran descendido, este estudio preveía en el escenario más probable que su crecimiento se reanudaría, alcanzando estos activos los 1,5 billones de dólares (trillion) para 2013. En todo caso, la consultora admitía que este sector se caracteriza por su opacidad, que hace difícil disponer de datos precisos. Según las estimaciones de MGI, el sector comprende más de 7.500 hedge funds en su mejor momento, aunque los 200 mayores controlan más del 70% de los activos gestionados[86].

Superados los momentos más agudos de la crisis financiera global y a pesar de la recesión económica en EEUU y Europa, los fondos de alto riesgo han recuperado los volúmenes de capital anteriores, aunque las cifras conocidas varíen según las fuentes no siempre solventes; y dado su elevado número y las grandes diferencias entre los fondos gigantescos y los chiringuitos surgidos en los años de bonanza económica. Según una investigación realizada por expertos europeos encabezados por el profesor de la Universidad de Paris X, Michel Aglietta, en 2007 existían unos 6.900 fondos de alto riesgo en el mundo, que gestionaban unos 1,7 billones de dólares (trillion), en su mayor parte capital estadounidense. Como son una creación anglosajona, los principales brokers o corredores de este tipo de fondos son un reducido grupo de bancos estadounidenses de inversiones; y en Europa la gestión de las operaciones se concentra en Londres. Desde el punto de vista de su influencia, desde la ortodoxia económica el principal reproche que se le hacen es su dedicación a las inversiones a corto plazo, es decir, a la especulación que les hace altamente improductivos para el desarrollo tecnológico y económico en general, necesitado de inversiones a largo plazo[87].

Apostando por las diferencias y a la baja

Los fondos de alto riesgo aprovechan todos los momentos de incertidumbre que se presentan en los mercados. Según informaba el Financial Times[88], en los primeros meses de 2010, otra de las modalidades de especulación mas extendidas y provechosas entre los fondos de inversión de alto riesgo, se basaba en tomar préstamos en euros a corto plazo y hacer apuestas largas contra las divisas y valores asiáticos y latinoamericanos de rentas variables; era la práctica especulativa del carry trade, sobre las rentabilidades de las divisas, una modalidad más propia de la gran banca, como hemos analizado. Pero, según esta información, desde primeros de mayo de ese año, muchas de esas apuestas comenzaron a salir mal a medida que las inquietudes de los inversores sobre la deuda soberana de los países de la eurozona se extendían por el mundo, provocando bajadas en los mercados de valores de renta variable y, para esas fechas, las ganancias que habían logrado muchos fondos especulativos vendiendo euros se anulaban con las enormes pérdidas que se producían a medida que algunos fondos de inversiones se apresuraban a deshacer posiciones en divisas tales como el yen japonés, el dólar australiano y el franco suizo.

Las inversiones de los hedge funds como las del referido fondo de George Soros, buscan abiertamente alta rentabilidad inmediata aun con el mayor riesgo –de ahí la denominación en castellano de fondos de alto riesgo– que se materializan en la adquisición ocasional de acciones, divisas, bonos o derivados sobre productos básicos o sobre créditos, como veremos más adelante en este libro; un potencial financiero próximo a los dos billones de dólares con la suma de participaciones de otros fondos de inversión o de pensiones, de bancos o multimillonarios y apoyada en altos niveles de apalancamiento para lograr obtener con frecuencia grandes rentabilidades mediante prácticas de arbitraje y de venta en corto.

Jugando con los mercados financieros

Una de las estrategias inversoras de los fondos especulativos es el llamado arbitraje que consiste en el aprovechamiento de las diferencias de precios entre mercados, para compras de bonos o de acciones de sociedades infravaloradas, poco conocidas o en reorganización, «tomas cortas o largas» en empresas y demás modalidades ingeniosas de la llamada ingeniería financiera. El famoso Long Term Capital Management (LTCM) estaba especializado en la negociación con bonos mediante el «arbitraje» o la compraventa cruzada simultáneamente de los mismos valores, títulos o divisas en mercados diferentes para beneficiarse de la diferencia de precios; todo ello mediante intervención de modelos matemáticos computerizados sobre la base de precios de compra y venta prefijados de modo que las órdenes dadas se ejecutaban cuando se observaba una diferencia entre el valor técnico prefijado y el de los mercados de un determinado «producto» financiero. Este caso ya histórico del LTCM, registrado en las islas Caimán, cuando quebró a finales de 1998 alcanzaba un nivel de endeudamiento más de treinta veces superior a su patrimonio, puesto que con un capital de 4.000 millones de dólares aportado por sus participantes, se había apalancado, endeudado, en 130.000 millones de dólares por la reputación de sus socios fundadores. El fondo, que había sido fundado cuatro años antes por dos economistas galardonados con el premio Nobel, tuvo que ser rescatado por los bancos de Wall Street con apoyo de la Reserva Federal, debido al riesgo que representaba para el sistema financiero, demostrando ya entonces que en un mundo nuevo, globalizado, el contagio desde lejanos mercados emergentes como los del sudeste asiático podía extenderse hasta los EEUU, como subraya el profesor del MIT, Simon Johnson[89]. Tras la suspensión de pagos de Rusia en el verano de 1998, el gobernador de la Reserva Federal, Alan Greenspan, gestionó su rescate por Wall Street, en un caso histórico de capitalismo de compinches, crony capitallism[90].

Los fondos de inversiones de alto riesgo utilizan como una de sus herramientas otra modalidad especulativa como son las operaciones de «venta en corto» (venta de acciones, opciones y otros derivados que toman prestados), en jugadas que buscan o promueven la bajada de la cotización en espera de próximas subidas guiados por información confidencial, privilegiada, rumores o expectativas. En la vida económica ordinaria está claro que no podemos vender un coche o una vivienda si no la tenemos; de hacerlo probablemente el autor correría el riesgo de ir a la cárcel por estafa; pero tales prácticas tienen lugar en los mercados financieros. Los profesionales de la especulación saben bien que en los años de crisis dejan mayores espacios para las trampas en un casino financiero que se autorregula y que carece de la supervisión efectiva de las autoridades públicas. Dos relatos de estos tiempos ponen de manifiesto el modus operandi de los fondos de alto riesgo, a menudo al borde de la legalidad aunque sea laxa y les deje un amplio campo de actuación. El primero se refiere a los ataques iniciales al euro en 2010; y el otro ejemplifica cómo ganar dinero con los valores respaldados por hipotecas sin garantías.

Conciliábulo en Manhattan

En los últimos meses de 2009, los periodistas especializados advertían de los riesgos de las burbujas sobre la deuda soberana, el elevado volumen de títulos de deuda pública generados para pagar rescates y ayudas a la banca con cargo al contribuyente; y se estimaba en un billón de euros lo que por entonces necesitaba el Eurogrupo para cubrir el déficit público, derivado de la recesión económica en Europa; una situación que evidenciaba grandes oportunidades para los especuladores. Y ante las vacilaciones y desacuerdos entre los gobiernos e instituciones europeas, los grandes fondos de alto riesgo se aprestaban para la acción desde el santuario neoyorquino, practicando una de sus especialidades como es la técnica de la venta en corto. Los ataques al euro se planificaron inicialmente en febrero de 2010, según los hechos revelados por The New York Times[91], que informaba de un conciliábulo en Manhattan so capa de una cena de colegas en un conocido restaurante con la asistencia de unos veinte personajes de las finanzas, y que algunos comensales catalogaron como «un intercambio de ideas en torno a una mesa», en la cual los reunidos acordaron apostar masivamente por la bajada de valores denominados en euros, mediante la venta en corto (short selling) o sin disponer de los activos vendidos, la misma técnica especulativa que contribuyó a la quiebra de Lehman Brothers y que sigue sin prohibirse o regularse a nivel europeo o global. La venta en corto o en falso de un título bursátil es una apuesta por la bajada de la cotización de un activo en la bolsa mediante un compromiso firme de venta con precio y plazo de entrega del título identificado del que no se dispone. Esta modalidad de especulación financiera implica que el vendedor A obtiene de una entidad B en préstamo un activo, sea acción, bono u otro título, y lo vende a otra entidad C con el compromiso de que en un futuro previsto tiene que adquirir ese activo de alguien con el fin de devolvérselo a la entidad B, que continúa siendo la verdadera propietaria. Y esa adquisición posteriormente se hace efectiva a un precio inferior al que se hizo la venta en corto, porque tiene lugar cuando ya la bajada provocada o esperada se ha producido, generando una ganancia o pérdida en ese corto plazo para el especulador, la entidad A. Es decir, el negocio se completa cuando se cierra esa venta con la entrega del título. Si las expectativas de bajada de la cotización desaparecen se anticipara el cierre de la posición para evitar o reducir la pérdida de la apuesta. Los fondos de alto riesgo son las entidades que más practican esta operativa, apostando a la baja de un valor al mismo tiempo que se está forzando su bajada. Cuando la venta de activos en corto tiene lugar en plan masivo, la experiencia demuestra que bajará, convirtiéndose en una profecía autocumplida.

Según la prensa estadounidense, después de aquella cena donde se acordaron operaciones de venta en corto de valores sobre deuda en euros, se pasó a la acción ejecutada sobre todo por cuatro fondos de inversiones de alto riesgo como Greenlight Capital, SAC Capitol Advisors, Paulson & Company y el fondo de George Soros, todos ellos nombres muy destacados por su potencial milmillonario y con historiales de juego no siempre limpio; a los cuales posteriormente el Departamento de Justicia de los EEUU (Administración Obama) abría expediente solicitándoles que presentaran sus registros de operaciones comerciales, acusados entre otros cargos de apostar contra los valores del euro. El problema de la investigación a posteriori es probar que coordinaron sus apuestas para hacer caer al euro; siendo difícil de demostrar la intención de actuar conjuntamente, como subrayaba The Wall Street Journal del mismo día 3 de marzo.

Ganaba dinero con las hipotecas subprime

Otro relato, del que la prensa económica ofreció muchos detalles, ilustra cómo uno de los hedge funds de la historia anterior, el fondo de Paulson & Company, ganó mucho dinero apostando a la baja. Cuando los productos exóticos apoyados en hipotecas sin garantías se compraban y vendían como títulos muy apreciados en Wall Street, un gestor de fondos, John Paulson, creía que la burbuja financiera estallaría en algún momento y arrastraría a todos los valores bursátiles; y gracias a sus apuestas arriesgadas en medio de la crisis ganó 8.000 millones de dólares durante los años 2007, 2008 y 2009, alcanzando en este último la cifra de otros 2.300 millones. Y haciendo todas las operaciones con la colaboración de la banca de inversiones. Este fondo de Paulson & Co colaboró con Goldman Sachs para la «fabricación» de un producto financiero conocido como Abacus basado en un paquete seleccionado de hipotecas subprime, que ofrecían ambas entidades a sus clientes como una buena inversión. El secreto estaba en la falsificación de ese producto complejo aunque de moda, convirtiendo un título respaldado por hipotecas de difícil cobro en instrumento especulativo corriente. Para la elaboración del Abacus, el prestigioso banco permitía a Paulson que escogiera los valores respaldados por hipotecas que iban a perder valor por su mayor probabilidad de impago; y Goldman ayudaba después a este hedge fund para que apostara a la baja contra esa cesta mediante la operativa llamada venta en corto o short selling. Era como vender un coche sabiendo que tendría un accidente, porque sus frenos estaban rotos y, para colmo, el fondo se aseguraba en Goldman Sachs con un CDS, un pretendido seguro sobre el crédito[92]. Según los datos de esta denuncia oficial, Paulson & Co, que vendía como bueno el Abacus, se anotó unas ganancias millonarias y Goldman ingresó 15 millones por comisiones. Pero la realidad es que este hedge fund que jugaba a la baja conchabado con Goldman Sachs, no hacía nada ilegal, porque no hay ninguna obligación legal de hacer público ante los inversores el conflicto de interés oculto entre el «fabricante del producto Abacus» (Goldman) y el «comprador-vendedor» (Paulson)[93].

El rumor es la espoleta

La especulación financiera se nutre de noticias reales o falsas. La alta velocidad que alcanzan los mercados financieros, como ya analizamos en el capítulo 1, demandan y promocionan la información directa e inmediata sobre los movimientos de bolsas; por eso, la carencia de información inherente al mundo financiero se cubre con el rumor. El papel del rumor en vísperas de la quiebra de Lehman Brothers ha sido descrito con detalle en un libro sobre el desarrollo de la crisis en Wall Street del periodista Ross Sorkin de The New York Times[94]. Meses antes de que se produjera tal quiebra, los directivos tenían la convicción de la situación saneada de este banco de inversiones; pero se mostraban inquietos y nerviosos ante las informaciones que les daban cuenta de la caída casi diaria de la cotización de las acciones del banco en las bolsas; e intentaban encontrar una explicación para la situación culpando a los vendedores en corto de sus desgracia. Según se relata, en un día de marzo de 2008, al contemplar en las pantallas electrónicas del despacho del consejero delegado Richard Fuld, la imparable caída de las acciones de LB hasta un 48% menos, los tres altos directivos reunidos exclamaban «The shorts!» (¡son los vendedores en corto!). «Eso es lo que está pasando». Y a modo de explicación uno de los ejecutivos presentes se refirió al último rumor que circulaba por los parqués sobre un grupo de hedgies, apodo de los gestores de fondos de alto riesgo, que se habían cargado sistemáticamente al banco Bear Stearns vendiendo acciones en corto; presumiendo que ese mismo grupo estaba actuando contra LB, que se había reunido luego en un desayuno en un conocido hotel de Manhattan para celebrar su logro, etc., etc. Y ¿quién sabe si era verdad?, se pregunta el periodista en su libro.

Lo que testimonia este reportaje es que los ejecutivos planificaron su contraataque frente a los rumores, comenzando por una reunión matutina al día siguiente con los altos gestores para intentar cambiar el tema de las conversaciones que circulaban por Wall Street, en las que se empezaba hablando de Bear Stearns y se terminaba hablando de la mala situación de Lehman Brothers. Además, como otros rumores aseguraban que Deutsche Bank y HSBC ya no hacían negocios con Lehman, el consejero delegado del Banco, Richard Fuld, en conversaciones telefónicas con los consejeros delegados amigos de Morgan Stanley y de otros bancos, les aseguraba que «tenían montones de liquidez, que ese no era el problema». Sin embargo, meses más tarde, el lunes 15 de septiembre Lehman Brothers tenía que declararse oficialmente en quiebra. A los short-sellers en este caso se les había caído el casino encima y a mucha gente más. De ahí que el escándalo de esta quiebra presionara a los gobiernos para medidas contra la venta en corto aunque fueran temporales. Pero si el precio de las acciones de Lehman Brothers hubiera subido, los especuladores con apuestas a la baja habrían perdido dinero.

Y es que estos fondos especulativos juegan con la incertidumbre del momento. Estas situaciones últimas abundan principalmente cuando en un mercado se ha estado produciendo una bajada durante algún tiempo y de pronto suben esas cotizaciones, presionando por tanto a los vendedores en corto que no han «cerrado sus posiciones» (cerrado la venta comprometida y abierta), teniendo que adquirir activos ya vendidos pendientes de entrega para apresurarse a reducir sus posibles pérdidas y encareciendo las operaciones «en corto». De ahí la imperiosa necesidad de información instantánea que demanda la especulación financiera y que al mismo tiempo la alimenta y favorece; y ante la imposibilidad de datos fiables y significativos sobre la coyuntura del mercado, el rumor tenga un peso enorme en el desencadenamiento de oleadas especulativas.

La información política o económica instantánea y el rumor juegan un papel decisivo en las oleadas especulativas; el rumor es la espoleta para la explosión especulativa. Los fondos de alto riesgo son conocidos por la opacidad de sus estrategias inversoras y especuladoras, y por carencias de fundamentos racionales para sus operaciones desde que el mencionado LTCM fracasó con sus modelos matemáticos elaborados por sus dos conspicuos gestores, economistas que habían obtenido el premio Nobel. De ahí que las operaciones especulativas de venta en corto, que suelen desencadenar estos fondos, por lo general no se fundamentan en concienzudas decisiones empresariales y en serios análisis previos del mercado sino que a menudo responden a sencillas expectativas cuando no a simples rumores o explotación de coyunturas particulares, como se demuestra durante toda la crisis de la deuda pública de los países del euro.

El éxito de las operaciones especulativas depende del tiempo y de la oportunidad; de ahí la imperiosa necesidad de información instantánea, que simultáneamente la alimenta y estimula. La fiebre y la algarabía que en otros tiempos ofrecían las imágenes de los parqués de las antiguas bolsas en vivo, se viven ahora ante los paneles electrónicos donde se van sucediendo las apariciones de las nuevas cotizaciones sobre las cuales los operadores han de tomar decisiones inmediatas, basadas en informaciones del momento. Y la tecnología informática aporta la operativa de la trastienda para ofrecer esa imagen de modernidad y de ritmo acelerado durante la jornada bursátil. Pero la rumorología se ve propagada por los medios especializados menos rigurosos y a veces por el propio consumo informativo que obliga a los reporteros a difundir como noticias «sin confirmar, de fuentes autorizadas, expertos etc.,» algo que en muchos casos son meras elucubraciones personales o hipótesis de trabajo periodístico; en otros casos, los medios amplifican noticias triviales convirtiéndolas en primicias informativas e incitando siempre a los comportamientos gregarios propios de la masa de «inversores». Esta información instantánea y el rumor como sucedáneo han venido jugando también un papel decisivo en el caso de la presión generalizada en la crisis del euro y de la deuda soberana europea desde la primavera de 2010. Y esa demanda acuciante de información para operar y negociar en bolsas y mercados conduce a la utilización fraudulenta de información obtenida por medios ilegales, a la utilización de información privilegiada (insider trading).

La información confidencial, fuente de ganancias

De la opacidad con que funcionan los bancos y demás especuladores institucionales y los propios mercados, deriva el riesgo de los abusos de la utilización de información privilegiada por los competidores. En mayo de 2011, el gran jurado del bajo Manhattan en Nueva York declaraba culpable de insider trading, de los delitos de utilización de información confidencial o reservada, al milmillonario Raj Rajaratnam, estadounidense de origen ceilandés y fundador del Galleon Group, un hedge fund que opera con activos de más de mil millones de dólares. En el juicio quedó demostrado que había ganado 63 millones de dólares en operaciones bursátiles fraudulentas mediante la utilización ilegal de información para las adquisiciones o ventas de valores de compañías tecnológicas como Google, eBay, IBM y ATI Technology. Una condena (confirmada con sentencia posterior de cárcel) que se ha considerado la mayor victoria en una generación para el gobierno estadounidense, empeñado en erradicar la corrupción en Wall Street[95]. A propósito de este caso sentenciado, los medios informativos estadounidenses recordaban que en el escándalo de Enron Corporation –la compañía que mentía sobre sus deudas y pérdidas para cubrir su mala situación económica–, los culpables fueron acusados del uso de información confidencial o privilegiada, pero la dificultad de demostrar los hechos hizo que fueran absueltos de estos delitos, aunque fueron condenados por otros que pudieron ser probados. Y en años posteriores, los diversos casos de ejecutivos de firmas financieras y brokers aireados por la prensa y relacionados con este tipo de delitos no llegaron a convertirse en sentencias condenatorias por la imposibilidad de demostrar los hechos ante los tribunales[96].

La difícil prueba

Recientemente, en un debate del Financial Times[97] se relacionaba la gravedad del problema que han alcanzado los delitos de información confidencial en los mercados financieros con la piratería en el océano Índico, que surge en el siglo XXI desde las costas africanas de Somalia, considerado un típico estado fallido sin autoridad pública efectiva. Y que se ha ido extendiendo por el Índico hasta representar un sobrecoste importante para las navieras y las compañías de seguros por las interrupciones y los desvíos de los buques de carga, aparte de la amenaza continua para los marineros y patrones de los grandes pesqueros; hasta el punto de perturbar seriamente no solo el transporte marítimo sino el comercio internacional. Y en uno y otro caso, las autoridades han aplicado medidas experimentadas en la lucha contra las mafias, unas medidas represoras que resultan insuficientes e ineficaces porque, conseguidos los apresamientos de los piratas y procesados ante los tribunales los supuestos culpables, difícilmente logran ser condenados por la dificultad de aportar pruebas convincentes de los delitos cometidos. Los analistas participantes en el debate referido, coincidían en que la persecución de los abundantes casos de delitos del uso de información confidencial en los negocios bursátiles se plantean dificultades similares a las de la persecución de la piratería en alta mar, como demuestra el hecho del bajo porcentaje de delincuentes sentenciados en comparación con los numerosos casos detectados y conocidos. Y es que resulta muy difícil de aportar pruebas fehacientes ante los tribunales demostrando que las ganancias exorbitantes de una determinada entidad o gestores de fondos se han debido a la información previa, que obtuvo de amigos o familiares con puestos relevantes en una compañía o entidad financiera, precisamente por las características propias de los mercados bursátiles acentuadas por los desarrollos de los últimos tiempos. El hecho preocupa, tras la gran crisis financiera, a altos responsables del mundo financiero que han visto en los EEUU y en otros países cómo el ahorro de los hogares se alejaba de la inversión en bolsa a la vista de las experiencias sufridas en los últimos años. Gran número de pequeños ahorradores habían llegado a la conclusión de que las inversiones financieras son cosas de unos cuantos y que el pequeño ahorrador carece de acceso a la información de que dispone un cierto número de operadores privilegiados que son realmente los que participan en el gran casino financiero.

Las dificultades de la regulación penal

En la sociedad avanzada, las relaciones profesionales y sociales son fuente de datos y noticias que pueden traducirse en lucrativas operaciones financieras. Y lo cierto es que identificar el conjunto de unas operaciones que se hayan producido en los mercados como consecuencia de la disponibilidad y uso de esa información privilegiada es, sin duda, una tarea imposible de realizar, señalan quienes han estudiado este asunto con el fin de intentar aplicar una regulación que penalice eficazmente tales conductas profesionales. De aquí que, de forma general, se considere que las operaciones realizadas por agentes económicos que ocupan puestos de responsabilidad en el interior de la empresa, puedan ser consideradas una evidencia prima facie de uso abusivo de información privada, entendiendo que persiguen la consecución de un beneficio superior al que obtendrían si no dispusieran de información confidencial. El estudio sobre el fenómeno en el mercado de valores español realizado por Del Brío y otros[98], demuestra que directivos y consejeros empresariales, así como grandes accionistas, obtienen rentabilidades superiores a la media del mercado a través de operaciones bursátiles. Sabiendo que la rentabilidad de estos agentes es efectivamente superior a la media del mercado, cabe plantearse en qué ocasiones se puede decir que efectivamente una operación realizada por un interno, o iniciado, es un caso de información privilegiada, es decir, cuándo constituye efectivamente un uso ilegal o indebido de la información privada o confidencial a la que se tiene acceso en virtud del alto cargo ocupado en la empresa.

Estos análisis subrayan que el insider trading constituye una de las representaciones más claras del reparto asimétrico de la información para operar en mercados tan complejos como los financieros. Entre otras cosas porque una misma información tiene un valor diferente según el receptor. Y esta forma de asimetría afecta muy directamente a dos aspectos distintos de la actividad económica, como son el ámbito de la inversión financiera, dada la competencia en el mercado de valores en condiciones de desigualdad entre los distintos agentes; y en el ámbito de la gestión empresarial, debido al elevado número de comportamientos oportunistas que pueden producirse con la consecuente transferencia de riqueza en favor de la parte mejor informada, que en el seno de la empresa no son otros que los gestores.

El primer aspecto, más relacionado con el mercado de valores y conceptos como el equilibrio y la eficiencia, da lugar a comportamientos oportunistas cuando los inversores informados aprovechan su acceso monopolístico a la información para tomar posiciones inversoras en el mercado, pudiendo obtener un beneficio extraordinario a expensas de los accionistas externos. También pueden negociar directamente sobre la información o falsearla enviando rumores al mercado que hagan variar la cotización de los títulos. Por otra parte, en el proceso de transmisión de la información privada al mercado, se produce el fenómeno de la señalización, por el cual los directivos empresariales envían señales al mercado que pueden ayudarle a percibir la calidad de la gestión empresarial y a revisar sus expectativas sobre el futuro de la empresa; pero la señalización tiene también su anverso, ya que puede dar lugar a que mediante una señalización adecuada un directivo logre que sus títulos sean sobrevalorados por el mercado, permitiendo que se dé el mismo valor a títulos de distinta calidad.

El segundo aspecto, referente a la gestión empresarial, se refiere a los conflictos derivados de las discrepancias en los objetivos empresariales entre accionistas y directivos: los accionistas persiguen la maximización del valor de mercado de la empresa, en tanto que los directivos pueden sustituir este objetivo por otros como crecimiento de las ventas, creación de imperios, su propio bienestar o el de los trabajadores. Estas divergencias se derivan, en general, de la falta de control de los accionistas externos y accionistas minoritarios sobre la actuación de la gerencia, falta de control que se produce por las carencias informativas de los accionistas propietarios frente a los directivos, quienes poseen información privilegiada sobre las perspectivas futuras de la empresa.

Estos estudios académicos muestran cuán lejos están los mercados financieros de la pretendida competencia equilibrada, la fair competition, en materias de tanta trascendencia económica y social como demuestran las experiencias recientes que demandan normas y control público nacional e internacional sobre los agentes y sobre cuestiones básicas.

3. POR QUÉ LOS HEDGE FUNDS DEBEN REGULARSE

Tienen gran importancia las operaciones de ventas en corto, que caracterizan la actividad de los fondos de alto riesgo, más que por su volumen financiero por sus implicaciones en la distorsión de los mercados que, como se evidencia constantemente, son incapaces de autorregularse por más que los doctrinarios neoliberales nos quieran convencer. Como resultado de sus investigaciones previas a la propuesta de regulación europea, la Comisión subrayaba que resulta difícil obtener datos fiables sobre la amplitud de la venta en corto de acciones en Europa, dada la ausencia de registros contables de las transacciones o de información pública. La mayoría de los organismos reguladores nacionales consultados –dice en su memoria– fueron incapaces de proporcionar datos sobre el volumen de las operaciones de ventas en corto en sus demarcaciones; sin embargo, considera que se puede utilizar como método indirecto el volumen de títulos prestados. Y según estos datos, la venta en corto en Europa podría estimarse que representa entre el uno y el 3% de la capitalización del mercado. Conforme a los datos obtenidos por algunos miembros de la UE, como el Reino Unido y España, podría estimarse que las posiciones netas de ventas en corto son menos del uno por ciento del capital accionarial del emisor[99].

El informe crítico de expertos europeos citado, subraya las implicaciones negativas para la economía real de estas modalidades de fondos de inversión, gestionados casi siempre desde las Caimán, Jersey y otros centros offshore. «En nuestras sociedades europeas modernas, esta falta de transparencia de hedge funds y private equity funds está en directa contradicción con el estado global y general de la economía real, como base para la participación y la responsabilidad de nuestros pueblos. El profesor J. Stiglitz, premio Nobel de Economía, ha demostrado cómo la información asimétrica hace que la economía funcione de modo ineficiente y ciertamente no óptimo. Los fondos de inversión de alto riesgo y los fondos de capital riesgo crean implicaciones negativas y sistémicas, moviendo a las empresas desde la transparencia y la información pública de las sociedades cotizadas en los mercados de valores hacia la opacidad y la falta de transparencia en el sector privado de la economía de mercado»[100]. La inestabilidad bursátil surgida en agosto de 2007 como derivación de la crisis de las hipotecas subprime o sin garantías en los EEUU, ponía de manifiesto la opacidad con que operan las entidades financieras globales como los fondos de alto riesgo que, junto con los fondos de capital riesgo (private equity funds), reclaman una regulación trasnacional.

Pero las demandas de regulación internacional contra la opacidad de los fondos de alto riesgo se han diluido a medida que las inquietudes sobre la crisis financiera han sido reemplazadas por la recesión económica. A pesar de que estos fondos especulativos son fuente de riesgos para los mercados y las economías. En 2009, lord Turner, discurso citado de enero 2009, resumía las razones básicas por las cuales estos fondos especulativos tendrían que estar sometidos a una seria regulación y supervisión. Para empezar, señalaba que, aunque los principales gestores de hedge funds se encuentren en el Reino Unido, al estar legalmente registrados en centros offshore, no están sometidos a unas normas sobre solvencia, pudiéndose endeudar y actuar como grandes bancos. Y según este responsable, en diversos foros como el Consejo de Estabilidad Financiera se estaba considerando su regulación y que estuvieran sometidos a límites prudenciales en cuanto endeudamiento y liquidez.

La oposición a cualquier regulación, aparte de los intereses en el juego especulativo, se apoya en que no son bancos, no tienen relación directa con la población en general sino con inversores profesionales sofisticados; en general, salvo excepciones, sus niveles de endeudamiento suelen ser más bajos que los de los bancos y no llevan a cabo transformaciones contractuales de vencimientos puesto que disponen de la capacidad de limitar la velocidad de los reembolsos. Es decir, no convierten el vencimiento de los depósitos bancarios en préstamos de devolución a largo plazo. En general, salvo excepciones, ni tienen la escala ni las características que requeriría un hedge fund concreto para ser tratado como sistémicamente importante y por tanto, demasiado grande para dejarle quebrar. Pero agregados, probablemente desempeñen un papel con efectos sistémicos que los bancos centrales y los reguladores necesitan entender, aunque actualmente les faltan datos para analizarlos con efectividad, afirmaba la referida autoridad británica. Este reconocido experto sugería que los reguladores deben tener competencias para recolectar información detallada de modo que los bancos centrales y reguladores tengan más capacidad de juzgar la posible importancia sistémica, recomendando que para los fondos superiores a la dimensión considerada potencial y sistémicamente significativa, el regulador prudencial disponga de la autoridad para establecer apropiados estándares de capital, liquidez y gestión de riesgos. La regulación de la información y la capacidad de responder a su futuro desarrollo en dimensión, concentración, niveles de endeudamiento y prácticas deberían ser acordes con el principio de la sustancia económica y no la forma legal, sostiene lord Turner.

Aunque en los EEUU siempre hubo una fuerte oposición a cualquier control de los hedge funds, la nueva ley Dodd-Frank de 2010 prevé que todos aquellos que gestionen por encima de 150 millones de dólares, que es un volumen pequeño para el sector, tendrán que registrarse en la Agencia supervisora del mercado de valores, la SEC, mantener archivos de sus operaciones y someterse a algunos otros controles, a partir de julio 2011. En este análisis se anuncia un desplazamiento de los activos hacia los fondos gigantes de alto riesgo que crecerán, aunque las rentabilidades no se prevé que vuelvan a alcanzar los niveles de los años anteriores a la crisis[101].

En los países de la Unión Europea, en la segunda década del siglo XXI tal vez vea la luz alguna legislación que enmarque al menos la actividad de los fondos de alto riesgo. En un proceso inacabado e iniciado con consultas y estudios en 2005, la UE prosigue su proceloso camino legislativo una vez alcanzado el acuerdo político entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros sobre el texto del proyecto de directiva sobre gestión de los denominados «fondos alternativos de inversión», que engloba a los fondos de alto riesgo junto con las firmas de capital riesgo, que adquieren compañías en apuros para revenderlas una vez reorganizadas con reducción de plantilla. Dentro de este inacabable proceso, en diciembre de 2010, la Comisión solicitaba un dictamen «técnico» del Comité Europeo del Organismo Regulador del mercado de valores (CESR, en siglas inglesas) sobre las medidas referentes a la futura directiva, que obviamente no pretende la regulación seria de la actividad en Europa de los fondos de alto riesgo[102].

Por su parte, al plantear la supervisión y niveles de solvencia de «las entidades financieras sistémicamente importantes», el comunicado del G-20 en Cannes alude a los hedge funds sin mencionarlos expresamente, declarando su disposición para «identificar a las entidades financieras no bancarias sistémicamente importantes» (îtem 13). Por consiguiente, la carencia de reglas eficaces y la doctrina de la autorregulación seguirán generando operativas y prácticas que acrecientan los riesgos del casino financiero desregulado, que se perciben con más fuerza sobre todo al contemplar el peso que tienen los derivados financieros que analizaremos por su condición de grandes apuestas realizadas a través de bolsas y mercados computerizados.

Capítulo 4

LAS APUESTAS MUTUAS DE LOS DERIVADOS

«Hace pocos años, Wall Street creó unas cosas que se llamaban derivados. No eran nada más que apuestas. Como en un casino. Apuestas sobre el precio del petróleo o sobre el valor de tu casa. Que subían y bajaban. Apostaban sobre el valor de las apuestas y sobre las apuestas de las apuestas. Construyeron un castillo de naipes que al final se derrumbó. Y su temeridad causó una catástrofe económica que costó sus puestos de trabajo a siete millones de americanos. Ahora los especuladores de derivados han vuelto de nuevo».

Son hechos denunciados en 2009 por el grupo de ciudadanos «Americanos unidos por el cambio»[103]para la defensa de la reforma que proponía el presidente Obama, que han sido corroborados en 2011 por el Informe de la comisión designada por el Congreso estadounidense que ha investigado durante dos años las causas de la crisis financiera; y que destaca que los productos derivados tuvieron una contribución decisiva para el colapso financiero, subrayando su dimensión especulativa[104]. Sin embargo, ese «castillo de naipes» ha sido reconstruido por los grandes bancos de Wall Street, rescatados con el dinero de los contribuyentes, que influyeron fuertemente en la nueva legislación y sortean las livianas regulaciones introducidas por el Congreso de mayoría demócrata; y sobre todo tienen activada la defensa de sus intereses plutocráticos para continuar la expansión de los opacos mercados de derivados descontrolados, el mayor de los negocios financieros y el más lucrativo de alcance mundial, con las consecuencias económicas y sociales que ya conocemos por su capacidad de diseminar por el mundo riesgos imprevisibles.

En los mercados gigantescos de los derivados participan los bancos internacionales y las corporaciones globales que especulan no solo con activos financieros sino con los precios del petróleo, de los alimentos básicos o los programas de lucha contra el cambio climático, como veremos en la Parte II de este libro. Pero, sobre todo, permiten a la gran banca dispersar los riesgos de sus innovadores negocios, como muestra el caso que comentamos de JP Morgan, que aprovechó la catástrofe del petrolero Exxon Valdés para poner en circulación los derivados del crédito, que convirtieron al gigante asegurador de AIG en una amenaza para el sistema financiero global. Al mismo tiempo, los derivados son una lucrativa línea de negocio de corporaciones mundiales como Toyota; mientras que algunos gobiernos griegos, ayuntamientos como el de Milán y otras administraciones públicas los han utilizado como nuevas herramientas para tomar parte también en el casino financiero.

1. LA OPACIDAD Y EL DESCONTROL BILLONARIO

Los derivados eran calificados como «un océano tenebroso» por el presidente de la agencia gubernamental Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Gary Gensler, máximo responsable de la Administración Obama en la materia, cuando intentaba explicar su complejidad ante el Parlamento europeo. Con ocasión de los problemas iniciales de la deuda pública de Grecia en marzo de 2010 y respondiendo a preguntas de los europarlamentarios, señalaba como una de las dificultades técnicas de cualquier regulación establecer la distinción entre especuladores y la «auténtica actividad de protección» de los agentes financieros frente a los riesgos de las variaciones de los precios o de los impagos; y añadía que «creía que los especuladores eran una parte legítima del mercado en su conjunto», aún reconociendo la necesidad imperiosa de poner coto a los abusos reales y potenciales en materia de derivados como los CDS, dotando de mayores competencias a los organismos reguladores. Y pensaba que las prohibiciones no eran una solución como apuntaban algunos eurodiputados, porque los especuladores se marcharían a hacer negocios al otro lado del Atlántico[105]. Era el argumento ideológico repetido de que la globalización de los mercados justifica la desregulación, en este caso presentado por un cualificado técnico de la nueva Presidencia estadounidense que había anunciado interesantes proyectos reformistas.

Los derivados, ¿una historia de misterio?

Por raro que parezca, una antropóloga de formación y licenciada por la Universidad de Cambridge, Gillian Tett, es una relevante especialista en mercados financieros en el periódico británico Financial Times y está considerada como la mayor conocedora del mundo de los derivados, como demuestra en su libro de referencia sobre la crisis, El oro de los idiotas: Cómo el sueño atrevido de una reducida tribu en JP Morgan se corrompió por la codicia de Wall Street y desencadenó una catástrofe[106], siguiendo el planteamiento ortodoxo predominante de que todo fue el resultado de los abusos de unos cuantos.

Y desde ese planteamiento, parece que los estudios de campo de esta autora sobre los ritos matrimoniales en un pueblo de las montañas de Tajikistán le ayudaron, años más tarde, a comprender la difusión de los derivados de alto riesgo entre «las tribus» de Wall Street, al decir de otra antropóloga y periodista estadounidense[107]. En un artículo de una revista especializada[108] Gillian Tett comparaba a los banqueros con la gente de la región de Tajik en Asia Central, porque operan como un grupo definido y muy cohesionado, con patrones culturales y una jerga propia. Desde una perspectiva antropológica, pensaba que de un modo similar a las gentes de Tajik, los banqueros tienen una formación en general que les predispone para pensar en compartimentos estancos, como «silos» rígidos, por lo que les resulta difícil ver y reflexionar sobre cómo funciona el sistema económico y social en su conjunto o percibir las contradicciones entre su propia retórica y la práctica de las propias empresas para las que trabajan. Desde fuera, con la crisis hemos visto esas contradicciones; por ejemplo, cómo se mostraban incapaces de salir de los embrollos que ellos mismos habían creado y recurrían a los gobiernos para que salvaran el sistema al que venían considerando que era capaz de autorregularse. Dentro de esa cultura cerrada, estas gentes aseguran defender los ideales del libre mercado pero no los mantienen cuando se encuentran en apuros como la experiencia ha demostrado. Así explica esta autora que hayan florecido en la sombra y no a la luz del día de los mercados abiertos, esas exóticas creaciones llamadas derivados que tanto dinero han dado al negocio bancario. Envueltos en la aureola de una incomparable complejidad, la cambiante tecnología y la imparable innovación, alcanzaron un espléndido florecimiento durante una era en que la desregulación y el descontrol se habían convertido en la norma. Como apunta Tett, estos banqueros utilizaban su jerga propia como arma defensiva para hacer casi incomprensible la información publicada, haciendo muy difícil la supervisión de su funcionamiento; y en el libro citado relata cómo en medio de las guerras entre las «tribus» de Wall Street y dentro de la misma firma, alcanzaron su predominio las tribus de especialistas en derivados. Algunos grupos como el Citigroup o Merril Lynch parecían haber desarrollado un modelo más jerarquizado, en el que las diferentes líneas de negocio existían como tribus guerreras que respondían solo ante el jefe. Además, la tribu de mayor rentabilidad manejaba mayor poder y, por consiguiente, era intocable e inescrutable para todos los demás. De ahí que, de hecho, en esta cultura tribal cerrada nadie frenara los excesos, porque nadie los frenó ni dentro de las firmas, ni lo hicieron las agencias de calificación crediticia ni el mismo Washington.

En los años anteriores a la crisis, la autora referida cita a otro antropólogo de las finanzas que le explicaba la «compleja» narrativa que trataba de potenciar a los banqueros y a sus lobbistas, diciéndole al Congreso: «Escuchad, políticos, somos los únicos que sabemos lo que esta pasando. Apartaos de estos temas. ¡No vais a entender esto si no tenéis un título en matemáticas avanzadas o en ciencias físicas.» Luego hemos sabido el fracaso de los modelos matemáticos aplicados a las innovaciones financieras, pero en aquellos años eran un recurso más para la arrogancia y la prepotencia (que volvemos a encontrar en 2011). Como muestra de la prepotencia de las gentes de Wall Street, se suele citar el testimonio ante el Congreso en 1998 del entonces vicesecretario del Tesoro, Lawrence Summers (y hasta 2010 presidente del consejo de asesores económicos de Obama), precisamente cuando el detonante de los derivados pudo haber sido explosionado, dando a entender la idea claramente internalizada de que todo lo sabían mejor los prebostes de Wall Street, cuando afirmaba arrogante ante los congresistas: «Las partes de este tipo de contratos (de derivados) son entidades financieras altamente sofisticadas que se mostrarían sobradamente capaces de protegerse a si mismas frente al fraude y a la insolvencia de la contraparte». Luego, la experiencia ha demostrado la falacia de ese argumento de la autorregulación de las apuestas que luego buscaron el dinero público para su salvación.

Como algún otro colega anglosajón de formación similar, la referida especialista del Financial Times subrayaba el silencio de los periodistas especializados, criticando con dureza como profesional al periodismo económico, el propio campo donde trabaja intentando explicar (y quizás justificar) por qué los medios no prestaron la atención debida al fenómeno de los derivados, incluida su creciente amenaza para el sistema financiero, cuando crecían minuto a minuto y operación tras operación. Y en el referido artículo cuenta que un discurso similar se iba apoderando de las salas de redacción, alegando que resultaba difícil informar sobre los derivados y asimismo resultaba aburrida la lectura sobre estos asuntos. E incluso sostiene que «en el mundo de la deuda y los derivados, los banqueros generalmente aborrecían la publicidad y rara vez admitían que se les citara en los reportajes. Además, era difícil obtener los precios y datos de las transacciones dado que corrientemente los acuerdos tenían lugar en privado y no en las bolsas públicas: y aparecían pocos hechos reseñables y distanciados entre sí». Porque –afirma– estos mercados no generan «historias», al menos como se entienden en la prensa occidental. Es un punto que apoyaba otra antropóloga y periodista, que trabajó como reportera financiera de TV en los primeros años de los derivados, aportando asimismo un argumento adicional. Y es que en la televisión había una dificultad añadida como es la necesidad de imágenes. ¿Cómo se consigue una imagen de derivados?

Y el caso es que, cuatro años más tarde, las aguas financieras corren por los cauces de una recuperada banca y de los mercados reactivados, y estos periodistas anglosajones especializados en el análisis solvente han abandonado sus sutiles visiones críticas dentro de la ortodoxia para regresar de nuevo a la rutina de sus reportajes, análisis y comentarios como antaño, perfectamente aceptables para la «comunidad financiera» donde siguen teniendo sus lectores. Y los derivados siguen siendo productos básicos para este sistema reactivado.

Un gigantesco mercado descontrolado

Los derivados son ante todo un mercado financiero gigantesco y descontrolado en su mayor parte, empezando por la dudosa contabilidad de los miles de estos millones de activos manejados por bancos y fondos de inversiones, que hace tan poco fiables a los «stress tests» o pruebas de resistencia bancaria. Desde una perspectiva meramente funcional, el gran interrogante que plantean los derivados es si los bancos y los grandes fondos especulativos, que hacen las grandes apuestas y operaciones de unos contra otros, disponen de los activos de referencia que les sirven de garantía o aval y que son necesarios para afrontar las variaciones del precio del activo subyacente y que serían precisos para pagar esas apuestas, si al final resulta que las han perdido. Un columnista del periódico digital The Huffington Post, se preguntaba si el fondo de inversiones Berkshire Hathaway de Warren Buffet tendría activos suficientes para hacer frente a sus 63.000 millones de dólares en derivados, y qué valdrían esos derivados; porque si Warren Buffet carecía de esas garantías o respaldo, habría que imaginar que sería probable que ningún otro banco supiera lo que valían los suyos. Y exponía su temor de que si se obligara a los bancos a que sacaran a cotización todas sus apuestas de derivados, el mercado entero se revelaría como un fraude peligroso con capital insuficiente para sostener la magnitud de las apuestas. Por tanto, mientras los derivados no se coticen públicamente, serán cada vez mayores los riesgos de que vuelva a pincharse la burbuja, causando otro colapso mundial; por lo que el articulista apuntaba como conclusión que hay otra catástrofe esperando[109].

Y la conclusión del columnista referido constituye la tesis documentada por Simon Johnson, profesor del MIT y ex economista jefe del FMI, argumentada en un libro que subtitula El próximo colapso financiero, donde subraya que al no estar clara la contabilización bancaria de los derivados, la cuantía del capital que se reservan los bancos para avalar sus posiciones en derivados es por lo general desproporcionadamente baja en comparación con el importe del riesgo que asumen; y al mismo tiempo, esa es una explicación de los altos beneficios de la banca financiera en relación al capital social realmente contabilizado[110].

Los derivados, productos virtuales

Como señala el referido informe del Congreso estadounidense, «los derivados no se utilizan para la inversión en la economía productiva o en la formación de capital», como sucede con los valores bursátiles sino que son instrumentos para la cobertura de los riesgos de los negocios o para especular con las variaciones de los precios o cotizaciones, de los tipos de interés y de otros referentes económicos[111]. Constituyen un mercado que, mientras funciona, es ajeno a la economía real que crea riqueza y empleo, aunque le afecta cuando no funciona. Los derivados no son títulos bursátiles propiamente dichos, respaldados por unos bienes físicos, derechos o servicios sino que se trata de contratos bilaterales (una parte y la contraparte) que paralelamente se consideran productos financieros que cotizan en los mercados desregulados o en bolsas; y su precio de compraventa depende o, mejor dicho, deriva (y de ahí su denominación) de los movimientos del precio futuro del activo sobre el que se apuesta, bien sea una acción, un bono de empresa o de un Estado, una divisa, un índice bursátil, los precios de materias primas como petróleo, trigo, café o maíz, los altibajos de los mercados de armamento y muchos otros que pueda incorporar la innovación sin límites legales. Es un concepto financiero que designa una variedad tan infinita de transacciones como puedan ser las necesidades de los especuladores; o las variaciones de los activos subyacentes que se toman como base.

Por ejemplo, en 2002 el Deutsche Bank y Goldman Sachs introdujeron un nuevo tipo de derivado, un contrato de opción en el mercado extrabursátil que permite a los operadores o negociantes «tomar posiciones», es decir, comprar y vender «opciones» a modo de apuestas sobre las variaciones de datos macroeconómicos de los EE.UU., como nivel de empleo, índice de manufacturación ISM, índice de precios al productor y ventas al pormenor y otros, según los rigurosos comunicados oficiales; que por la disponibilidad de una programación muy fiable con fecha y hora predeterminada para su publicación, hace que esos datos sirvan como base para esas apuestas sobre estos comunicados macroeconómicos que se incluyen entre los eventos informativos más importantes para los mercados financieros. Por su aleatoriedad, los derivados constituyen el instrumento especulativo más significativo, puesto que se trata de una apuesta del comprador del contrato de derivados frente a la contraparte sobre el precio futuro del activo de referencia, de modo que llegada esa fecha de liquidación, este contrato-producto financiero solo da derecho a la adquisición del titulo subyacente en poder de la contraparte, sin obligación de ejercitar la «apuesta» contraída para comprarlo o para venderlo en la modalidad denominada «opción», suponiendo que la ejecutemos por resultar favorable; y en el caso de «futuros», se impone la obligación de adquirir el titulo subyacente al precio que sea.

Cierto tipo de derivados se cotizan en bolsas reguladas como la Chicago Mercantile Exchange (CME), pero la mayor parte son derivados que cotizan en mercados extrabursátiles privados, no regulados, denominados OTC (over the counter o fuera de la ventanilla o del mostrador) a los que nos referimos en el capítulo I.1, sin cámaras de compensación que aporten seguridad al propio mercado y a las transacciones, guardando los activos en garantía y liquidando los saldos de los pagos que hayan de cruzarse. El rasgo fundamental de estos mercados privados es que publican mucha menos información que las bolsas de futuros y opciones. Como la experiencia de la crisis ha puesto de relieve, una de las consecuencias de esta falta de transparencia es la incapacidad de los gobiernos y autoridades para prevenir manipulaciones, anticiparse a las presiones o adoptar medidas contra colapsos del mercado.

Aunque actualmente, como señala el BIS[112], las avanzadas plataformas electrónicas para el comercio de derivados borran en la práctica la distinción entre bolsas y mercados OTC. Y es que, en general, los derivados integran la gran masa de activos financieros de los mercados.

Cifras astronómicas

Los derivados son la mayor parcela de los mercados financieros, que exceden con mucho el volumen de los valores, seguros y préstamos. A nivel global, los derivados representan una cifra astronómica para un mercado financiero con un volumen que gira en torno a los 600 billones de dólares actualmente; muy superior a los 212 billones de dólares del mercado mundial de valores y préstamos registrados por MCKinley Global Institute comentado al comienzo de este libro. Según el Banco de Pagos Internacionales (BIS), que registra únicamente los datos de los principales centros financieros, desde los primeros años 2000 tuvo lugar un aumento creciente de las operaciones con derivados, de modo que a finales de junio 2008 el importe nocional del mercado de derivados OTC era de 673 billones (trillion) de dólares y de 20 billones el valor bruto del mercado. Tras la crisis, a finales de junio 2010 ese valor nocional total de los contratos de derivados estaba en 513 billones de dólares y el valor bruto del mercado se situaba en 21 billones, según los datos del BIS[113]. En realidad son cifras incompletas por las razones funcionales apuntadas.

Para entender esas cifras, hemos de precisar que el denominado valor nocional o de referencia (face value/notional) se basa en la cuantía de los activos de referencia subyacentes sobre los cuales se efectúa la apuesta y es una medida del importe pendiente de los contratos vigentes (posiciones) de derivados extrabursátiles; por lo que el volumen financiero del mercado de derivados está fuera de toda lógica económica. La diferencia con el valor del mercado registrado, se explica porque el valor nominal o de referencia de un derivado es la base sobre la que se calcula el valor de la transacción; por ejemplo, en los derivados de tipos de interés, el pago que hace cualquiera de las dos partes se calcula como un tipo de interés, es decir, un porcentaje sobre el valor nominal o nocional; y el importe del valor del dinero que cambia de manos es mucho menor que el del valor nominal como vemos en la cuantía del mercado extrabursátil. El Banco de Basilea calcula el valor de mercado de un contrato de derivado como un valor actual del contrato para la parte que lo tiene en sus manos, en otras palabras el importe de dinero que cambiaría de manos para poder cerrar el contrato en aquel momento[114]. Pero, como la crisis financiera ha mostrado, el alcance financiero de los derivados se cifra en el importe de las cotizaciones de los activos subyacentes que les sirven de base, y que se toman como referencia para determinar si han de aumentarse o no los activos aportados como garantía de la apuesta.

Un mercado muy privado

La carencia de normas y de controles públicos sobre este mercado global explica que las innovaciones le hayan dado las dimensiones que nos cuentan. Según el citado informe estadounidense sobre la crisis «ni los participantes ni los reguladores gubernamentales como la Reserva Federal disponían de adecuada información sobre los riesgos en este mercado»; dado que la legislación del año 2000 eximía a los participantes de las obligaciones de informar o de publicar datos, ninguna agencia gubernamental tenía responsabilidades para su supervisión. De ahí que un análisis objetivo de los derivados lleva ciertamente a la conclusión de que nadie conoce la verdadera cifra, porque la mayor parte de las transacciones se hacen privadamente entre grandes bancos y firmas financieras. De modo que, sin duda alguna, se trata de la mayor magnitud del casino financiero mundial, con la diferencia de que en su mayor parte funciona sin supervisión ni control público alguno y sin ninguna reglamentación gubernamental, puesto que la mayoría de las operaciones tienen lugar a puerta cerrada, como si dijéramos. Más de 800 firmas de 56 países realizan operaciones con derivados y están asociadas en una organización gremial privada y potente denominada The International Swaps and Derivatives Association (ISDA), cuya actividad básica es defender el sector, homogeneizando prácticas y contratos y facilitando estudios e información estadística parcial. Aunque controlada por los grandes bancos neoyorquinos, está integrada por bancos regionales y globales, gestores de patrimonios, firmas del sector energético y de materias primas, entidades gubernamentales, gabinetes jurídicos, bolsas y cámaras de compensación y otros proveedores de servicios financieros.

Digamos que el concepto de derivado financiero es un tanto impreciso puesto que sirve para denominar una serie de transacciones financieras arriesgadas montadas sobre intercambios reales de la economía productiva. Como iremos analizando, los activos financieros catalogados como derivados han ido surgiendo sobre los cambios de divisas, el crédito, los contratos de suministro de materias primas agrícolas o de petróleo y de cualesquiera otros sobre los que la gran banca, los grandes fondos de inversiones y demás operadores deciden «invertir», es decir, apostar sobre las variaciones de precios buscando el negocio basado en la lógica del mero lucro desligado de esa economía real, que es la característica que define un casino, o la financiarización de la economía real dominada por las motivaciones y los agentes financieros. Ese es el sentido que tienen los swaps, los CDS o la especulación sobre las materias primas, como veremos, que además revelan la incorporación no solamente de los bancos y los grandes fondos de inversiones sino de las grandes corporaciones e incluso de las administraciones públicas a la especulación financiera.

2. LA ESPECULACIÓN CON FALSOS SEGUROS DE CRÉDITO

Los crédit default swaps (permuta del impago de crédito), conocidos por las siglas CDS, fueron un elemento clave en la crisis financiera, sostiene el Informe del Congreso estadounidense sobre la crisis[115]. La gestación de los derivados del crédito responde a la necesidad de la banca internacional de expandir el negocio financiero, buscando un instrumento para transferir los grandes riesgos a todos los demás intervinientes diseminándolos por todo el sistema financiero global, como ha demostrado la crisis. Aunque con transacciones de menor volumen que los derivados de tipos de interés que analizaremos después, los CDS o permutas de impago de créditos son una modalidad cualitativamente muy importante de derivados extrabursátiles. Para tener una idea clara de este producto financiero y sus implicaciones, imaginemos que las pólizas de seguros contra incendios se compraran y se vendieran libremente por personas ajenas al dueño de la vivienda asegurada; y que en paralelo al mercado de las viviendas aseguradas, se generara otro mercado distinto de pólizas de seguros contra incendios de viviendas. Tendríamos que cuanto más cara hubiera costado la reventa de cada una de esas pólizas, es decir, cuanto mayor «inversión» hubieran hecho otros compradores en tales activos financieros, mayor seria la inclinación del comprador de la póliza en favor del incendio, con el fin de cobrar la correspondiente indemnización por la pérdida de una propiedad que no pertenece al tenedor de la póliza. Desde luego, cualquier previsible variación del riesgo de incendio de las viviendas aseguradas, sería una incidencia en el precio de la vivienda en el mercado real junto con otras repercusiones económicas posibles. Estos falsos seguros de impago de crédito, que no están sujetos a la legislación y supervisión de seguros, son un típico producto derivado del crédito que le sirve de base o de referencia como valor subyacente, que será un bono o cualquier título de renta fija. Aunque los CDS son unos contratos similares a los seguros en muchos aspectos ni están regulados como seguros ni gozan de las garantías públicas de estos; son activos financieros comercializados libremente y que pueden ser adquiridos por compradores sean o no los titulares del crédito «asegurado» sino simples tenedores de los mismos por haberlos adquirido en los mercados extrabursátiles

Derivados de la catástrofe ecológica del Exxon Valdez

La libertad de acción de la banca buscando siempre la expansión del negocio financiero, condujo a la innovación financiera de los CDS con la intención de transferir los grandes riesgos de pérdidas a los participantes en el sistema. Esos propósitos se evidencia en el relato documentado de la periodista Gillian Tett[116] sobre cómo el hundimiento del petrolero Exxon Valdez en las costas de Alaska ofreció una oportunidad al banco de negocios JP Morgan para sacar provecho de los apuros económicos de la compañía petrolera y diseñar la línea de negocio de los derivados conocidos como CDS. Tras el mayor derramamiento de petróleo hasta entonces producido por el buque hundido en marzo 1989, la compañía propietaria Exxon tuvo que afrontar el pago de una multa de 5.000 millones de dólares que ponía en peligro sus finanzas. Y muy pronto comprobó que se habían agotado los 4.800 millones de la línea de crédito que tenía concertada con los bancos JP Morgan y Barclays, es decir, el compromiso adquirido con el banco se acababa en la cifra prevista. Y ante la nueva situación, la dirección de JP Morgan no estaba dispuesta a concederle a la petrolera una nueva línea de crédito, pero tampoco podía negarle tal petición porque se trataba de un viejo cliente de solvencia acreditada. Por lo que, según el citado relato, un brillante equipo de economistas encontró la solución que descargaba al banco estadounidense del riesgo del crédito concedido a Exxon pero sin tener que transferir tal préstamo para que siguiera teniendo liquidez; y todo eso gracias a la disponibilidad del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) que asumió el riesgo del impago de la deuda, manteniendo formalmente el crédito en el banco estadounidense frente el cliente que no se vería implicado.

Un banco público como contraparte

Como un contrato siempre necesita una parte y una contraparte, JP Morgan logró un acuerdo con el BERD, que tenía fondos disponibles para créditos a compañías con altas calificaciones de riesgo crediticio y que también buscaba nuevos negocios para conseguir mayores beneficios con sus inversiones, y este banco público encontró con ese acuerdo la vía de eludir las restricciones rigurosas a que estaba sometido y que le impedían una actividad de alto riesgo limitando sus rentabilidades. El banco JP Morgan se comprometió con el BERD a pagarle una comisión cada año por asumir el riesgo que comportaba una nueva línea de crédito a la petrolera Exxon, a cambio de prestarle al banco público una especie de seguro frente al impago de esos préstamos. Si Exxon fallaba en el pago de los préstamos, el BERD estaría obligado a compensar a JP Morgan por la pérdida. Desde luego, que una compañía de las dimensiones de Exxon dejara de devolver sus préstamos, era algo con escasas probabilidades de que ocurriera; pero en el caso de que sucediera, el banco público habría logrado un sustancial beneficio neto con las comisiones percibidas. Además, conforme a la complicada fórmula contable de los derivados financieros, los préstamos no se transferirían al BERD sino que seguían figurando en las cuentas del banco. Por tanto, formalmente se continuarían respetando las relaciones de JP Morgan con el cliente sin que este se comiera la línea de crédito, que resultaría inagotable con el plan trazado. Y para el BERD las comisiones significaban unos ingresos continuados y seguros porque Exxon tenía pocas probabilidades de incurrir en impagos. Era una situación de la que ambas partes saldrían ganando y el banco estadounidense resolvía un doble problema que limitaba su expansión.

El doble problema del banco

Con el invento de los falsos seguros de los CDS se resolvía un doble problema que tenía JP Morgan con sus altos empleados y con la autoridad supervisora. Por un lado, con los derivados del crédito el banco conseguía que sus operadores pudieran seguir percibiendo ingresos sin limitaciones mediante los bonus. Precisamente el desarrollo adquirido hasta entonces por el negocio financiero había obligado, paradójicamente, a poner límites a esas retribuciones variables que los traders perciben ligadas a los beneficios del banco; porque los límites legales de solvencia habían obligado a JP Morgan a contener los créditos. Y con los CDS podían eludir y superar esos obstáculos haciendo negocios el banco con los productos de mayor riesgo, eliminando los frenos a la actividad de los operadores y al crecimiento del negocio. Por otro lado, mediante esta modalidad de derivados se trasladaban los riesgos del impago de los créditos fuera de la cartera del banco; porque mediante el «invento» que pusieron en práctica de establecer entidades ficticias u sociedades instrumentales (denominadas SIV, SPV, etc.) registradas en centros offshore, se sacaban las operaciones arriesgadas fuera de la contabilidad del banco; una práctica luego denominada de banca en la sombra que, aun dependiente del gran banco matriz, quedaba fuera del control de los bancos centrales. Con el nuevo producto financiero, los derivados de crédito conocidos como CDS, JP Morgan lograba una solución brillante para el doble problema de mantener las altísimas retribuciones y saltándose los requerimientos legales de nivel mínimo de capital; una innovación que la referida autora atribuye a Blythe Masters, una economista licenciada de Cambridge, madre de familia, todo un personaje en Wall Street, cuya semblanza un periódico británico[117] titulaba «la mujer que construyó un arma financiera de destrucción masiva» aludiendo al calificativo que el magnate Warren Buffet dio a los derivados como «armas de destrucción masiva».

La comercialización del nuevo producto

Naturalmente, una vez ideado el mecanismo financiero y definido en términos matemáticos por los economistas, los abogados y funcionarios completaron la labor de darle forma legal a los acuerdos alcanzados entre ambos bancos estadounidense y europeo. Como no había reglas que lo cubrieran, se improvisaron criterios y cálculos para fijar la cuantía de las comisiones que JP Morgan tendría que pagar al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo; y definir qué sería considerado un «producto financiero» a comercializar, surgiendo así, según la citada autora, el término crédit default swap (permuta de impago de crédito) que en el lenguaje financiero se difundió bajo las siglas CDS. Y el siguiente paso una vez asegurada su legalidad, sería la fabricación en serie del producto recién inventado, creándose todo un mercado nuevo global con la intervención de la aseguradora gigante AIG, a la que años después los derivados del crédito llevaron de la quiebra de hecho.

Un mercado especulativo mundial

La difusión y el crecimiento del mercado de los CDS tuvo lugar gracias a la estandarización de estos contratos que fue la labor de la ISDA, la International Swaps and Derivatives Association, la entidad gremial controlada por los grandes bancos neoyorquinos, a la que ya hemos mencionado. De unos 12 billones de dólares (trillion) para los CDS de los primeros años, una suma equivalente al tamaño de toda la economía de los EEUU, su velocidad de expansión fue tal que para 2007 había más de 60 billones de dólares en contratos CDS vivos. Y a finales de junio de 2010, superada la fase álgida de la crisis, el volumen del mercado mundial de CDS alcanzaba más de 30 billones, según las cifras registradas por el Banco de Basilea[118]. Como ya indicamos, esa cifra se refiere al valor nocional o nominal bruto del valor de las deudas «aseguradas» que sirven de base a este derivado; mientras que el valor del mercado que era de más de 1,6 billones (trillion) sería la estimación de la cifra neta resultante de contraponer las transacciones que se compensan porque van en direcciones opuestas, puesto que o son de compra o son de venta. En teoría, con los CDS lo que se compra y se vende teóricamente es protección frente al impago de bonos emitidos por compañías (bonos corporativos) o por Estados (bonos soberanos) con un coste para el comprador o «asegurado». Lo que se comercializa es el seudo aseguramiento, la supuesta póliza de seguro contra «el incendio» del impago del crédito o los derechos económicos a la compensación del impago de la renta fija. Es la esencia del CDS como falso seguro crediticio cuyo comercio, además, tiene lugar en mercados OTC, sin regulación ni control, ajenos a las bolsas; esto es, se negocian de forma bilateral y en mercados no «organizados», lo cual es una fuente importante de riesgos adicionales, incluso operativos por el grado de confianza mutua que supone entre las entidades implicadas sin garantías de organismos externos. Y curiosamente la mayor parte de estos mercados extrabursátiles de derivados se desarrollan en Europa, aunque estén controlados por los bancos de Wall Street.

Los especuladores principales de derivados

La clave del negocio de los CDS está en la abundancia de dinero disponible y la especulación en los mercados financieros, recuperada en la medida en que se ha recuperado la banca y sus instrumentos como los fondos de alto riesgo, gracias a las generosas inyecciones de liquidez de dinero público o incluso con las adquisiciones de participaciones mayoritarias de los gobiernos sin modificación del modelo privado de gestión ni los gestores. La vertiente especuladora de los derivados queda evidente en un estudio de la Asociación Americana de Contabilidad[119], que profundiza en distintos rasgos de las operaciones con estos derivados, asociados al extraordinario crecimiento de todos los demás derivados de crédito, que han incrementado el número de los participantes, encuadrados en tres grupos de entidades perfectamente definidas por su disponibilidad de liquidez.

El mayor grupo comprende los grandes bancos que compran y venden pero al final son compradores («asegurados») netos de protección vía derivados de crédito, porque les permiten transferir y diversificar los riesgos de su cartera de préstamos sin tener que borrarlos de su balance y sin implicar directamente a los prestatarios o tomadores de los préstamos, como hemos visto en el caso de JP Morgan y de la petrolera Exxon. El siguiente grupo son las compañías de seguros que también negocian extensamente con CDS, porque son vendedores netos («aseguradores») de derivados de crédito ya que intentan mejorar los rendimientos de sus inversiones, diversificando su exposición a los riesgos que no tengan correlación con el negocio asegurador propiamente. Las aseguradoras siguen siendo participantes activos en los mercados de derivados del crédito, pero han aprendido la lección del auge y la caída de la AIG. Y por último, los hedge funds o fondos de alto riesgo de alcance global han venido siendo grandes jugadores también por su condición intrínseca de fondos para la especulación, que operan tanto como compradores de protección como vendedores con el objetivo de llevar a cabo complicadas estrategias de compensación de riesgos a través de mercados distintos; es decir, de búsqueda de negocio basado en las ventajas comparativas en precios y normativas entre países y mercados; de ahí su ligazón con los centros offshore, los llamados paraísos fiscales. A estos se añaden otros participantes como los grandes fondos de pensiones anglosajones que son especuladores menos organizados. Por supuesto que la intervención de todos ellos en el negocio de los CDS no responde a la necesidad de asegurar el funcionamiento correcto de los mercados del crédito tan fundamentales en las economías modernas sino a meros afanes lucrativos sin relación alguna con las necesidades de la economía productiva.

La volatilidad y la prima de riesgo

La realidad muestra que estos derivados no se usan como un tipo de seguro sino para especular, para su compra o venta con fines exclusivamente lucrativos; es decir, el comprador del CDS apuesta sobre la posibilidad de impago del préstamo subyacente que no es suyo, como destaca el informe del Congreso estadounidense[120]. De ahí que la volatilidad del precio del CDS sea consustancial a estos mercados, puesto que lo que se cotiza es el riesgo, que se valora en función de noticias, informaciones confidenciales, rumores o suposiciones políticas o económicas o las meras declaraciones de los portavoces de las reverenciadas agencias privadas que califican el riesgo de impago, con variaciones anunciadas e inexplicadas que alimentan la volatilidad. La cotización del CDS refleja su variabilidad en función de las expectativas que se presenten sobre el cumplimiento o incumplimiento de la rentabilidad o reembolso del crédito asegurado. Cuanto peores sean las expectativas respecto a la solvencia del deudor, por razones económicas generales o especificas, mayor será el coste del CDS en el mercado global libre y sin control. Y mayor será el margen diferencial (denominado «prima de riesgo») respecto al valor que en cada mercado sirve de referencia dentro de la oscilación ordinaria del precio del título CDS.

En los últimos tiempos, los CDS se han ganado muchos detractores en el propio mundo financiero, porque responden más a oleadas especulativas que a la búsqueda de seguridad por parte de acreedores frente a los deudores. Con frecuencia quien compra protección (un CDS) tiende a ser propietario de los bonos o títulos de renta fija «asegurados», mientras que el que vende tiende a no ser propietario de dichos activos. Es decir, no es realmente un mercado de seguro ordinario, garantizado por la legislación y las autoridades públicas, sino que la inversión es una apuesta sobre lo que ocurrirá o no ocurrirá, sobre el impago de los intereses del crédito o sobre su reembolso, contra los cuales intenta asegurarse quien compra esa protección y el vendedor del CDS le asegura; por lo que este vendedor de protección o «asegurador» no necesita requisitos de capital como un asegurador en la economía real; y por tanto, resulta difícil para el comprador del CDS («asegurado») conocer el riesgo de contrapartida, es decir, la capacidad de responder al compromiso de quien le vende ese pretendido seguro. La quiebra de AIG aumentó la conciencia de la importancia de ese riesgo de contrapartida, de la probabilidad de que los que emiten el pretendido seguro no paguen. Precisamente eso da una gran ventaja a los grandes bancos, entre otras razones porque todo el mundo sabe que en última instancia les rescatará el gobierno[121].

En la experiencia reciente, ese riesgo fue creciendo a medida que los CDS fueron comercializados mediante entidades virtuales o vehículos de inversión en centros offshore y productos financieros estructurados sobre los cuales la información disponible era mucho menos cierta que la de los créditos comerciales o los bonos corporativos o municipales que se «aseguraban». Y se agravó la situación cuando llegó el momento en el que ni el comprador ni el vendedor de protección que vendía y compraba los CDS, eran propietarios del activo subyacente o titulares del crédito «asegurado» sino que solo hacían apuestas que se casaban, haciendo todavía más incierto el riesgo de quien respondía del falso seguro. Además, la especulación hace que las posiciones de CDS sean a veces diez veces mayores que el valor facial o nominal de la deuda asegurada, puesto que una gran mayoría de los que participan no tienen una deuda que asegurar. Algunos expertos afirman que desde la caída de Lehman Brothers se ha hecho un gran esfuerzo de «comprensión del mercado» (sic), ya que una buena parte de las operaciones son complejas y otras son de encargo que se valoran alto[122]. La quiebra de LB lanzó una señal de alerta sobre este mercado cuando se demostró que no se conocía la cuantía total de contratos de CDS sobre sus bonos y que la situación se complicaba todavía más porque LB era también un importante contratante de CDS, es decir, era asimismo una «aseguradora» que buscaba protección frente al impago de otros, surgiendo dudas sobre su propio riesgo de contrapartida y su capacidad de compensación y liquidación de los pagos. Fue una situación similar a la que se encontró el conglomerado asegurador de AIG.

El riesgo sistémico de los derivados de AIG

En 2008, cuando Lehman Brothers quebró, la alarma de la «comunidad financiera» surgía principalmente de las imprevisibles repercusiones que podrían tener mundialmente los 900.000 contratos de derivados que tenía concertados con una miríada de contrapartes en todo el mundo; y días después, la crisis del grupo asegurador estadounidense American International Group (AIG) se asociaba a los 2,7 billones (trillion) de dólares de su cartera de derivados OTC, extrabursátiles, de los cuales más de un billón se concentraba en 12 grandes entidades como contrapartes, según las cifras conocidas posteriormente[123], entre esos derivados una parte muy importante eran CDS.

Dada la exposición a los CDS ligados en su mayor parte al sector inmobiliario estadounidense, el estallido de la crisis afectó profundamente al grupo AIG por la subsiguiente restricción del crédito que se produjo en los mercados interbancarios mundiales; y su incapacidad de afrontar los impagados como se había comprometido. La pérdida generalizada de la confianza en el sistema paralizó los mercados situando a AIG al borde la quiebra, aunque haya subsistido gracias al dinero de los contribuyentes. El negocio asegurador ordinario de este enorme grupo empresarial, se había ido ampliando al pretendido aseguramiento de las entidades que negociaban los valores respaldados por las hipotecas subprime, diseminando los riesgos del impago de esas deudas con escasas garantías. Para proteger a los inversores, AIG les vendía esos falsos seguros sobre los bonos, participando en la creación y difusión de los derivados de crédito, de modo que cuando se paralizó su mercado se transformaron en activos tóxicos, sin mercado, escondidos en las carteras de los bancos.

El rescate de los bancos europeos y del sistema

Como recoge el referido informe estadounidense, en los análisis previos a la decisión de mantener a flote a AIG quedó claro que, si este conglomerado quebraba, tendría un efecto contagio en otras firmas que realizaban actividades similares, como era el caso de la financiera de la General Electric, GE Finance, y conduciría a un incremento de 18.000 millones de dólares en las necesidades legales de capital de los bancos europeos. En otras palabras, si les fallaba la protección de esta aseguradora, habrían quebrado los bancos europeos que mediante las compras de los CDS de AIG habían disminuido sus niveles de riesgos en los créditos y, como resultado, tenían menores niveles de capital. La posible quiebra de AIG también afectaría a otras compañías «a causa de su cartera de derivados exóticos no-triviales» de 2,7 billones (trillion) de dólares en derivados extrabursátiles, de los cuales 1 billón se concentraba en 12 grandes contrapartes[124].

Esos datos permiten entender que el presidente Bush decidiera salvar a AIG olvidando el fundamentalismo del mercado que profesaba para «limitar los daños» sobre la economía, según dijo la portavoz de la Casa Blanca, el 17 de septiembre de 2008; y la Reserva Federal de los EEUU anunciaba un multimillonario préstamo de emergencia, en una particular intervención que tenía lugar poco después de haber dejado caer al cuarto banco de inversiones del mundo, Lehman Brothers; creándose una situación mundial de casi colapso de los pagos internacionales. No hay duda de que la decisión del rescate fue tomada por el temor a que la quiebra de AIG provocara una cadena de graves riesgos para sus contrapartes en la malla de CDS que tenía suscritos dentro de los EEUU y comercializados por todo el mundo; era como un previsible Apocalipsis financiero, según afirmaron entonces expertos solventes como Willhem Buiter, profesor de la London School of Economics y ex economista jefe del BCE[125]. Porque, cuando un día antes Lehman se había declarado en quiebra, era prácticamente imposible saber quién debía qué a quién; y la situación era igual de incierta para los falsos seguros conocidos como CDS. Como no eran seguros reglamentados, los supervisores de cada país no tenían una idea exacta de la dimensión, los niveles de actividad y de riesgo que había en el mercado de derivados OTC o extrabursátiles, de los que no se guarda registro público alguno. Aunque el rescate no evitó situaciones de pánico en bancos que tenían un cierto volumen de CDS con un valor indeterminable.

Un gigantesco grupo asegurador de alcance mundial

En 2004, el American International Group (AIG) era el mayor grupo asegurador del mundo por capitalización bursátil, por el valor de sus acciones en bolsa, constituyendo un masivo conglomerado con 850.000 millones de dólares de activos, 116.000 empleados en 130 países y 233 filiales. Aunque para Wall Street, el activo más valioso era su calificación crediticia; porque el hecho de que esa calificación del riesgo fuera la más alta posible desde hacía años, era un dato decisivo que le permitía obtener préstamos baratos para desplegar dinero en negocios lucrativos, explica el referido Informe del Congreso sobre la crisis, que analiza el progreso, caída y rescate de este conglomerado empresarial. Apoyada en la entidad matriz, una unidad con base en Connecticut que realizaba sus principales operaciones en Londres, AIG Financial Products, se convirtió en el principal promotor o dealer de derivados extrabursátiles llegando a alcanzar un importe de referencia o nocional de 2,7 billones (trillion) de dólares. Entre otras actividades, esta unidad concertaba CDS garantizando las obligaciones derivadas de deudas contraídas por entidades financieras y otros inversores, comprometiéndose a reembolsar esas obligaciones en caso de impago. Pero sabemos que, aun cuando se compare los CDS con los seguros, la realidad es que cuando una compañía de seguros vende una póliza, las regulaciones requieren que aparte un fondo de reserva para el caso de pérdida; y los CDS no estaban sometidos a esa regulación porque no son un contrato de seguro regulado. Sin embargo, para este supuesto de impagos, esta unidad de AIG preveía, con un 99,85% de confianza, que no tendría que enfrentarse a pérdidas en los valores respaldados por hipotecas estadounidenses que AIG había «asegurado» y, en consecuencia, no hacía provisiones de ningún tipo para el caso de que se produjeran pérdidas o declinara su valor en el mercado; una decisión que resultaría fatal para AIG en 2008.

La unidad AIG Financial Products desarrolló un gran negocio vendiendo CDS a los bancos europeos para una variedad de activos, incluidos bonos, valores respaldados por hipotecas (CDOs y otros títulos de deudas). Los ingresos que dimanaban de la venta de protección vía swaps parecía que le compensaban los riesgos en que iba incurriendo. AIG no asignaba ningún colateral o valores en garantía cuando suscribía estos contratos; pero si lo hacía cuando decaía el valor de los activos subyacentes o era rebajado por las agencias de calificación crediticia. Para los bancos que compraban la pretendida protección, los CDS les capacitaban para neutralizar el riesgo del crédito y en consecuencia reducían sustancialmente el capital contra esos activos, pudiendo reducirse las necesidades de capital regulado contra un activo de un 8% a un 1,6 %. En este negocio, señala el referido informe que el mayor cliente fue siempre Goldman Sachs[126].

Lo que el informe del Congreso estadounidense no menciona, es que el conglomerado asegurador AIG, que actualmente sigue teniendo como máximo accionista al gobierno de EEUU, era un ejemplo claro de la opacidad consustancial de los mercados financieros, como hemos reseñado en otra publicación[127]. Una mirada a la estructura del Grupo en 2008 según el gráfico elaborado entonces por el Financial Times, bastaba para comprender por qué era mucho más que una enorme aseguradora. El American International Group, Inc. (AIG), era una gigantesca organización internacional de seguros mediante multitud de grandes empresas, filiales y sucursales; y cuyas acciones del Grupo cotizaban en las bolsas de Nueva York, Tokio, Londres y muchos otros mercados, ya que el grupo operaba –y opera– en más de 130 países jurisdicciones del mundo, con ramificaciones en una multitud de centros financieros offshore o paraísos fiscales que facilitan la opacidad de sus transacciones internacionales, aunque en los últimos tiempos se haya desprendido de alguna sociedad vinculada. Actualmente, aunque sigue siendo una gran empresa, AIG Corporation ha reducido su dimensión financiera cotizando únicamente en las bolsas de Nueva York, Irlanda y Tokio; priorizando el pago de sus deudas al Estado, según dice su presidente; deshaciendo posiciones y reduciendo riesgos «significativamente» en la cartera de derivados y reforzando su imagen de aseguradora solvente con 96.000 empleados (de los cuales 35.000 en los EEUU)[128].

En resumen, la especulación con los CDS por un gigante financiero como el grupo AIG era, pues, un problema sistémico en un asunto tan sensible y de tanta repercusión como los seguros, incluidos los falsos. Solamente si tenemos presente la dimensión global de este conglomerado asegurador y el incierto y volátil valor de los CDS en mercados no regulados, se comprende por qué su rescate por el gobierno estadounidense significó el mantenimiento del actual sistema financiero global, como así se deduce del referido informe oficial. De hecho, las informaciones confidenciales filtradas a la prensa internacional señalaron que el presidente francés Sarkozy y otros gobernantes europeos, agradecieron en privado al presidente Bush tales decisiones porque la quiebra de este grupo asegurador habría hecho quebrar todo el sistema internacional de pago y crédito entre entidades y países.

3. LOS SWAPS DE TOYOTA, DE LA CRISIS GRIEGA Y DE MILÁN

Los CDS son una modalidad de derivados cualitativamente muy importante, pero los derivados de tipos de interés alcanza cuantitativamente una mayor importancia financiera como negocio más allá de las entidades bancarias. En 2010, con los derivados ganó más dinero la corporación japonesa Toyota que con los motores y los vehículos; se descubrió que Grecia le había hecho trampas con las cuentas a Bruselas gracias a los swaps de tipos de interés con grandes bancos; y Milán y otros ayuntamientos italianos se encontraron entrampados con ese tipo de derivados que les habían vendido grandes bancos globales. Y es que, con la crisis de las finanzas mundiales, se destapaban los desaguisados de los años de esplendor reflejados en los derivados y, en particular, en la extensión de una de sus modalidades más difundidas que son los denominados swaps (permutas financieras), básicamente un acuerdo formalizado entre dos partes para intercambiar diversas cantidades de dinero en diferentes fechas futuras, generadas por la otra operación financiera que viene a ser el activo subyacente y que genera aquellos pagos de referencia; unas operaciones muy corrientes y variadas. Dentro de los swaps, la modalidad cuantitativamente más importante son los derivados de tipos de interés, los interest rate swaps (IRS), conocidos como los swaps o permutas de tipos de interés, que son la base de los beneficios de grandes multinacionales y de la banca; fue la banca financiera estadounidense la que introdujo esta moderna innovación a comienzos de los ochenta, según reseña el profesor del MIT, Simon Johnson. Tanto los bancos de inversiones como los bancos comerciales, que son promotores o partes en el negocio con los derivados, como ya hemos visto, se llevan un buen pellizco en concepto de comisiones por cada contrato de swap de tipos de interés. Más rentable aún les resulta ordinariamente la protección de sus descubiertos creados por los pagos continuos que entraña esta permuta financiera; por tanto, ordinariamente para cada swap con un cliente se suele concertar otro swap en sentido opuesto con otro cliente, de modo que las dos operaciones se compensen o se salden, obteniendo en este caso nada más que comisiones de ambos clientes, que es ya por sí misma una rentable fuente de ingresos de la gran banca[129]. De ahí que se multipliquen las operaciones financieras desligadas del comercio y de la actividad económica real como una modalidad más de actividad meramente especulativa.

Toyota logra beneficios con derivados

La corporación japonesa Toyota ganó más dinero con operaciones de derivados en 2010 que con la producción y comercialización de sus productos motores y vehículos. De modo similar a los bancos, las grandes compañías industriales o comerciales de alcance internacional utilizan los swaps o permutas de divisas para intercambiar los riesgos de las variaciones en los tipos de cambio como parte de las operaciones internacionales que en principio son la base de su actividad internacional. En un mundo de crecientes intercambios comerciales internacionales, fueron las corporaciones estadounidenses las que comenzaron a utilizar estos derivados para gestionar los riesgos financieros u operativos globales, es decir, para compensar pérdidas producidas por las variaciones en los tipos de cambio. Como muestra, tenemos el caso de la corporación japonesa, porque para los grupos empresariales la participación en los mercados financieros globales les puede resultar tan rentable como la fabricación de las manufacturas o servicios que le dan nombre y son su primera razón de ser.

Según Market Watch, la revista digital de The Wall Street Journal, al término del año fiscal en marzo de 2010, el informe publicado por el gigante japonés del automóvil Toyota Motor Corporation con sus resultados corporativos demostraba su capacidad, no solamente para gestionar el grupo empresarial con ganancias frente a las pérdidas del año anterior sino que también mostraba su capacidad para gestionar financieramente su cartera de valores en los EEUU mediante operaciones de derivados de tipos de interés. De los ingresos operativos en Norteamérica, que habían aumentado en 85.400 millones de yenes, casi un tercio correspondían a beneficios obtenidos en operaciones con swaps de tipos de interés[130]. Como aclaraba esta revista especializada, es práctica corriente que las empresas internacionales utilicen este tipo de derivados para limitar la exposición al riesgo de pérdidas debida a las fluctuaciones del mercado por variaciones en los tipos de interés en los diferentes países. Con el swap de tipos de interés de variable por fijo, dos compañías multinacionales intercambian pagos a tipo fijo por pagos a tipo variable o viceversa, es decir, «permutan» los riesgos del tipo de interés entre las dos partes contratantes. En esta transacción de derivados, una compañía A paga intereses con un tipo fijo a otra compañía B; y esta segunda compañía, que es generalmente un gran banco, paga intereses a un tipo flotante a la primera. El caso de Toyota ejemplifica este tipo de transacción que consiste básicamente en la permuta o intercambio de los pagos basados en dos tipos de interés diferentes, variable o fijo, derivados de otras operaciones internacionales, permitiendo que dos compañías intercambien los pagos generados por esas operaciones en la que una prevé un tipo fijo de interés y la otra prevé un tipo variable o viceversa, es decir, permutan los riesgos de las variaciones del tipo de interés entre las dos partes para cubrirse de posibles pérdidas en las operaciones de referencia que se transfieren a la contraparte.

La doctrina vigente afirma que las empresas solamente buscan protección frente a los grandes riesgos de pérdidas por variaciones en los tipos de interés cuando efectúan suministros a mercados nacionales diversos y dispersos. Como sería el caso de una compañía gigante como Toyota con factorías y operaciones en múltiples regiones y expuesta continuamente a unas condiciones económicas muy diversas. Este argumento retórico se traduce en la práctica de transferir a otra compañía o banco apostante, las pérdidas de la primera operación que es la base; y difundiendo los riesgos de los grandes negocios por todo el sistema como ha demostrado la experiencia reciente. Pero, precisamente por ese hecho, los derivados de tipos de interés son productos comunes utilizados por entidades y grandes corporaciones para «gestionar» (lenguaje ortodoxo) sus exposiciones a los riesgos de pérdidas debidas a las fluctuaciones de los tipos de interés; aunque hay que subrayar que la magnitud del beneficio alcanzado revela que las operaciones con este tipo de derivados han buscado mejorar sus cuentas de resultados; o como apunta la revista citada, incluso al haberse aprovechado del amplio diferencial en los tipos de interés, Toyota se habría mostrado alejada del núcleo de su negocio principal con un ejemplo de gestión financiera exitosa. Dicho de otro modo, además de producir motores para el mercado mundial, Toyota –como otras grandes multinacionales– parece que juega normalmente a la especulación financiera, porque hemos de tener presente que, una vez suscrito este contrato de swap, se convierte en un producto financiero que se comercializa en los mercados. Según los datos aportados, por primera vez desde la segunda guerra mundial, Toyota obtenía beneficios considerables, mientras en el año precedente le habían fallado los cálculos y había obtenido tales pérdidas con esta modalidad de derivados, que contribuyeron a las pérdidas globales en el año fiscal cerrado en marzo de 2009; como en cualquier casino, se gana y se pierde.

Derivados a la griega y otros

Pero los derivados constituyen un concepto financiero adaptable a las necesidades de cada operador o especulador. Por tanto, las distintas modalidades de los derivados y de su aplicación cubren un amplio espectro de entidades y de activos subyacentes que se toman como base de la apuesta, como ponen de manifiesto las noticias financieras. Así hemos podido saber que mediante estas apuestas y artilugios tramposos la gran banca ayudaba a los gobiernos de Grecia a engañar a la Comisión Europea y complicaba los apuros del Ayuntamiento de Milán y otras municipalidades italianas; o lo que es lo mismo, se demostraba el fenómeno de la financiarización, cómo la lógica del puro beneficio financiero impregna la gestión de gobiernos y administraciones públicas, que acuden a los mecanismos de la especulación para allegar recursos.

Cuando en la prensa anglosajona se hicieron públicas las dificultades financieras de los municipios italianos, los informadores se apresuraron a destacar que en el Reino Unido ya estaba clausurado para las autoridades locales el mercado de productos derivados complejos desde principios de los años noventa, porque la Cámara de los Lores había declarado nulos y sin efectos jurídicos los contratos de swaps de tipos de interés que había concertado la entidad municipal de Hammersmith y Fulham en Londres. Sin embargo, la banca global siguió penetrando en el sector público con el nuevo negocio de consecuencias desastrosas para las arcas públicas y la democracia. En 2007, cuatro ciudades noruegas perdieron grandes cantidades de dinero en complejos productos diseñados por Citigroup. Y en 2008, el Condado de Jefferson en Alabama, EEUU, estuvo al borde de la bancarrota debido a los crecientes costes de un empréstito de 1.300 millones de dólares para la renovación del alcantarillado y que se basaba fuertemente en derivados de tipos de interés; y ese mismo año el Condado de Orange en California perdió 15.000 millones de dólares en contratos apalancados apostando por los tipos de interés.

Las trampas europeas con swaps de tipos de interés

Durante los años noventa los bancos de inversiones también vendieron complejos derivados a gobiernos de la Unión Europea como Austria, Bélgica y Portugal, bien con la promesa de altos retornos o con la finalidad de embellecer sus balances. Y, entre esos casos, en marzo de 2010 se conocía públicamente que la venta de contratos de derivados a los gobiernos de Grecia les habían ayudado a mejorar su imagen como país deudor. Porque entre 2001 y 2008, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank y otros bancos de negocios acordaron complejas transacciones financieras con los gobiernos griegos, permitiéndole recaudar dinero para gastos presupuestados sin tener que catalogar los ingresos como deuda pública[131].

Hasta la llegada del nuevo gobierno en noviembre de 2009, durante los ocho años precedentes, los gobiernos griegos negociaron con Goldman Sachs y JP Morgan la creación de «instrumentos financieros» para recaudar fondos al mismo tiempo que les ayudaban a hacerle trampas a Bruselas, camuflando como operaciones con divisas lo que eran simples préstamos, según el relato de un equipo de reporteros de The New York Times, basado en investigaciones del Senado. Al parecer, los griegos nunca cumplieron el límite del 60% del PIB para la deuda pública que requerían las reglas acordadas en Maastricht; y para cumplir el tope del déficit fiscal del 3% venían haciendo trampas contables gracias a la colaboración «técnica» de los ingeniosos banqueros de Wall Street que, mediante derivados y contabilidad creativa, ayudaron a desplazar el endeudamiento hacia el futuro. Una colaboración que reportó pingües comisiones a los prestigiosos bancos citados, agentes propagadores de una lógica financiera que incluye el fraude a las reglas como negocio[132].

En este caso, el mecanismo utilizado fueron los derivados de tipos de interés, que se esconden bajo la expresión interest rate swaps (en siglas IRS) o permuta de tipos de interés, la variedad más utilizada por multinacionales como hemos visto; y también por entidades públicas, bancos y grandes fondos como un instrumento para cubrirse o protegerse frente al riesgo de pérdidas como consecuencia de la variabilidad de los tipos de interés; pero asimismo como un potente instrumento financiero para la especulación. Esta modalidad de derivados de crédito, que sigue sin tener regulación, es la parte más importante del mercado global de los derivados extrabursátiles; que en junio de 2010 representaban 403 billones de dólares según el BIS[133] y que ofrecen una elevada concentración en las cinco principales divisas del mundo (el dólar, el euro, el yen japonés, la libra esterlina y en menor cuantía el franco suizo) y que suponen casi el 90% de las operaciones de IRS. Como es un instrumento extrabursátil puede adoptar una infinidad de variedades y se puede estructurar para responder a necesidades específicas de las partes.

Los riesgos de la dependencia de las finanzas especulativas

Desde luego la dependencia de los mercados financieros parece aceptada como procedimiento ordinario de obtención de recursos públicos mediante transacciones normales para la financiación de políticas gubernamentales. Los riesgos que aparecen luego son complejos; entre otras razones porque, aunque los gobiernos europeos consiguen fondos de los inversores y de los especuladores de todo el mundo emitiendo bonos en dólares, yenes, libras o francos suizos, más tarde los pagos de las facturas han de hacerse en euros porque la recaudación se produce en esa moneda del país. En el caso griego concretamente, los swaps de tipos de interés se vendían junto a la suscripción por esos bancos de la emisión de deuda griega en dólares y yenes que se permutaba por deuda en euros durante un periodo, para ser intercambiada de nuevo en una fecha posterior a las divisas originales. Unas operaciones que los gobiernos griegos contabilizaban como ventas en divisas cuando en realidad eran préstamos bancarios encubiertos. Aunque ese dinero recaudado ha de convertirse más tarde en la divisa original en que se emitieron los bonos para el pago de intereses o su amortización.

En el caso griego, los bancos estadounidenses idearon un tipo especial de permuta con tipos ficticios de cambio porque los derivados se suelen fabricar a medida del comprador. Grecia recibía una suma mucho mayor que el valor que tenían los bonos en el mercado del euro. Por ejemplo, con 10.000 millones de dólares o yenes, gracias a Goldman Sachs los griegos camuflaban un crédito adicional de hasta 1.000 millones. Y ese crédito disfrazado de swap de tipos de interés no aparecía en las estadísticas. ¿Por qué? Porque la idea vigente en la UE de no interferir en los mercados financieros hace que no se controlen estos instrumentos y que todo lo que sean derivados de crédito no se tengan en cuenta para las estadísticas de Eurostat, la Oficina de estadísticas europeas, según la fuente citada

Derivados a la italiana

Al tratarse de prácticas comerciales nacidas de la desregulación financiera, las variedades de derivados se multiplican como hongos. Para Italia los derivados diseñados por los bancos globales respondían a un modelo distinto a los vendidos a Grecia, porque la gran demanda por las autoridades locales respondía a otras necesidades. Esa demanda era tan fuerte que el ministro de finanzas italiano, Domenico Siniscalco, advertía en 2004 a las autoridades locales que estaban utilizando los derivados como drogas duras. Según las informaciones del Financial Times, entre 2001 y 2008, 525 autoridades locales concertaron 1.000 contratos de derivados de tipo de interés por un valor equivalente a un tercio de toda la deuda de las regiones, provincias y municipalidades italianas. Al decir de un destacado experto nacional, la principal diferencia por entonces en la situación italiana respecto a la griega, era que el endeudamiento estaba disperso por todo el país dificultando tener una visión clara del conjunto. Para gestionar la deuda municipal, los grandes bancos ofrecían a las autoridades locales planes e incentivos acordes con cada caso; y estas se sintieron atraídas por estos swaps porque vieron la oportunidad de obtener préstamos a tipos inferiores que los que prevalecían en el mercado. Primero fueron los propios bancos italianos como el romano BNL (comprado luego por BNP Paribas). Y más tarde, las delegaciones londinenses de los principales bancos internacionales de negocios saltaron al ruedo atraídos por una fuerte demanda de derivados que les producían sustanciosas comisiones, incluyendo la lista de los implicados a JP Morgan, Merrill Lynch, Deutsche Bank, UBS, Nomura International y el Dexia de Bélgica.

Los bancos captaban a las autoridades locales

Los bancos italianos e internacionales estructuraron una variedad de derivados para las autoridades locales, pero la más común fue el swap de tipos de interés, asociado con la emisión de bonos municipales cuando se trataba de los ayuntamientos más grandes. El ayuntamiento pagaba, mensual o trimestralmente, el importe de los intereses devengados sobre un tipo fijo o sobre un tipo variable. Porque en esta modalidad de derivados, cada parte acuerda pagar a la otra parte bien un tipo de interés fijo o un determinado tipo flotante denominado en una divisa determinada; y este tipo de interés se multiplica por un capital principal nocional o de referencia, que se utiliza como base para los cálculos. Y normalmente las partes no intercambian los pagos directamente sino a través de un banco que recibe una comisión por su intermediación. A cambio, ese ayuntamiento recibía los importes a tipo fijo o variable acordados que, si dejaban margen, podían emplearse para pagar los intereses de los bonos emitidos con la cooperación del mismo banco. Con este sistema, el ayuntamiento esperaba obtener tipos de interés inferiores y reducir los costes de sus empréstitos. Todo dependería de la evolución de los tipos de interés que fijara para el euro el BCE.

En resumidas cuentas, con los contratos de derivados de tipos de interés las entidades locales italianas permutaban con los bancos el tipo fijo de los préstamos concertados por un tipo variable durante el período de tiempo acordado. Y en un período de bajos tipos de interés que era el del momento en que se concertaron la mayoría de los acuerdos, esto significaba que estas municipalidades con préstamos de tipos variables podían encontrarse a coste decreciente para el endeudamiento, suponiendo que los tipos hubieran seguido bajando. Sin embargo, al subir los tipos de interés se encontraron en el lado perdedor de sus apuestas contra los bancos a medida que sus deudas aumentaban. Y decenas de demandas llevaron ante los tribunales al BNL y a los bancos globales por estos contratos financieros de complicada interpretación. De estas demandas se deduce claramente que estos clientes del sector público no entendían muy bien las fórmulas matemáticas en que se basan los swaps concertados. Y es que a medida que se extendían las ventas, la estructura de estos acuerdos se fue haciendo crecientemente compleja[134].

Como ocurrió en otros municipios italianos, los gestores del Ayuntamiento de Milán participaban de la creencia que con este tipo de acuerdos las arcas municipales se beneficiarían de las bajadas de los tipos de interés durante el período de tiempo acordado; pero casi desde el comienzo, los tipos de interés en la zona euro evolucionaron en contra. Cuando se emitieron los bonos de Milán en 2005, el BCE ofrecía un tipo de interés variable del 2%; y luego, subió al 4% y posteriormente hasta el 4,25% con la política del BCE en los primeros momentos de la crisis en Wall Street. Dada la dimensión del problema, en 2008 el Estado italiano optó por prohibir a las autoridades locales la participación en transacciones con derivados, pero los contratos concertados con anterioridad siguieron en vigor.

Todo hace pensar que la subida de los tipos de interés del euro de aquellos momentos junto a las dudas sobre la seriedad del contenido de los acuerdos, llevaron al Ayuntamiento de Milán, el segundo mayor municipio de Italia, a presentar ante los tribunales una acusación de fraude contra los bancos JP Morgan, UBS, Deutsch Bank y Depfa (integrado en el banco alemán nacionalizado Hypo Real Estate). Los hechos de la demanda judicial se referían al papel desempeñado por esos bancos en relación con la emisión de bonos de la ciudad de Milán por valor de 1.700 millones de euros; porque junto al acuerdo de emisión se había formalizado otro acuerdo de swaps de tipos de interés que había resultado perjudicial para las arcas públicas por las razones fraudulentas recogidas en la demanda. Y el caso es que el juez admitía la demanda porque consideraba que había pruebas y razones suficientes para la acusación penal de fraude, agravado por el asesoramiento técnico prestado para el diseño del contrato de derivados que acompañaba a la emisión de deuda municipal. Como suele ocurrir, estos bancos negaban cualquier imputación basada en el coste generado por sus acuerdos relacionados con esa emisión de bonos con el segundo mayor municipio de Italia cinco años antes[135].

Lo cierto es que las reseñas de la prensa financiera internacional sobre esas demandas han permitido conocer los interesantes detalles de estas operaciones de la gran banca con entidades públicas, basadas en una pretendida superioridad de los conocimientos del negocio financiero. Las acusaciones principales contra los bancos y las personas procesadas nos han permitido asimismo conocer la operación financiera con algún detalle interesante sobre la actuación bancaria. En primer lugar, la acusación es que los bancos presentaron de modo engañoso a los gestores municipales los beneficios que iba a suponer para la ciudad esta modalidad de «reestructuración de la deuda», que asociaba la emisión de bonos, por un lado, y el acuerdo sobre derivados de los tipos de interés, por otro. Y la segunda acusación es que los bancos no fueron claros y transparentes en la explicación de las condiciones de los contratos de swaps, los cuales habían encubierto unos costes de 56 millones de euros para Milán como resultado de esa operación, además del coste ordinario de las comisiones percibidas por los bancos intervinientes, que algunos estimaban en otros 50 millones de euros. Milán reclamaba pérdidas por valor de más de 100 millones de euros cuando ya el tipo de interés en la eurozona había vuelto a bajar a casi cero. Pero algunos expertos conocedores de los documentos del caso consideraban que los argumentos del municipio eran muy flojos, porque no había nada raro ni heterodoxo en la suscripción de ese tipo de derivados, según las prácticas establecidas internacionalmente. El contrato firmado por el Ayuntamiento de Milán se ajustaba a un modelo convencional establecido por la ISDA, la Asociación Internacional de Derivados y Swaps; y como plaza financiera de Italia, Milán es conocido en los mercados de bonos como emisor sofisticado.

4. LOS RIESGOS DE LA AUTORREGULACIÓN BANCARIA

Algunos pasajes del referido Informe del Congreso estadounidense sobre la crisis financiera descubren las grandes lagunas de este negocio para los propios bancos y entidades que intervienen. Pero con anterioridad a estas «revelaciones» de la crisis sobre los derivados, un sector crítico en los EEUU había analizado en estudios académicos solventes[136] la vulnerabilidad que ofrecían para el sector financiero, analizando la serie de riesgos como los fraudes que había demostrado el escándalo de la Enron Corporation; la manipulación de los mercados financieros por la influencia de los derivados sobre los precios de los activos subyacentes; los escasos requisitos de capital en relación con los compromisos asumidos por los bancos que operaban con derivados, y muchos otros. Y desde esa perspectiva crítica y sin cuestionar la existencia de los derivados, el estudio citado apuntaba un plan de normativas que supondrían regular la información y registro de los derivados OTC; y principalmente la regulación del capital y de los activos de garantía (collateral) implicados en derivados, en los que se puede tomar posiciones, vender derivados, comprometiendo un importe reducido de capital.

En el referido informe oficial se demuestran la existencia de riesgos que desencadenaron y agravaron la crisis del sistema financiero global. Al reseñar la enorme dimensión del mercado global de derivados, que alcanzaba en junio de 2008 un volumen nocional o referencia de 673 billones (trillion) de dólares, el informe añade que ni los participantes en este mercado, los apostantes, ni los organismos reguladores como la Reserva Federal disponían de «información adecuada sobre los riesgos en el mercado»; y explica que desde la desregulación implantada en 2000, los participantes no estaban obligados a requerimientos de información o publicación de información ni los organismos reguladores tenían competencias para la supervisión. Aunque la Office of the Comptroller of the Currency (un organismo supervisor bancario autónomo dentro del Departamento del Tesoro) recogía y daba información sobre las posiciones en derivados de los bancos comerciales y las sociedades de cartera, no recogía ninguna información de los principales promotores de derivados que eran los bancos de inversiones y las compañías aseguradoras como AIG. De ahí que durante la crisis la carencia de esa información básica creara altísima incertidumbre. Y en los meses previos a la quiebra de Lehman Brothers, los reguladores estadounidenses comenzaron a darse cuenta de las relaciones entrecruzadas que los derivados crean entre el pequeño número de grandes firmas financieras que actúan como promotores (dealers). Porque «las grandes posiciones en derivados y los consiguientes riesgos operacionales y crediticios para la contraparte, estaban concentrados en unas pocas firmas».

Explica el referido informe del Congreso un punto que es clave para comprender los riesgos entrecruzados que dimanan de este negocio especulativo de los derivados. «Un contrato de derivados crea una relación de crédito entre las partes, de modo que es posible que una parte tenga que hacer pagos grandes e inesperados a la otra basados en las repentinas variaciones de la cotización o del tipo (a causa de la devaluación de los valores o colateral aportados en garantía de la apuesta) o por impagos del préstamo. Si una parte es incapaz de hacer esos pagos cuando han de tener lugar, ese incumplimiento puede causar perjuicios financieros significativos a su contraparte, que tendrá que compensar las obligaciones con terceras partes y depende del pago inmediato. La realidad es que la mayoría de los promotores de derivados OTC cubren sus contratos con otros contratos compensatorios; de manera que si les deben pagos en un contrato, lo más probable es que deban importes similares por un contrato de compensación, creando la potencial cadena de una serie de pérdidas o impagos. Comoquiera que estos contratos se contaban por millones y permitían a una parte tener un apalancamiento ilimitado, la posibilidad de pérdidas enormes y devastadoras en este mercado podía plantear un peligro significativo para los participantes del mercado y para el sistema financiero en su conjunto…»[137].

En general, la «comunidad financiera» admite que los riesgos sistémicos y la opacidad del negocio de los derivados nacen de la carencia en la mayoría de los mercados extrabursátiles de unas entidades centrales y de sistemas de compensación de las operaciones cerradas, que crucen las compras y ventas y mantengan el seguimiento de las transacciones garantizándolas con el depósito de los activos que respalden las apuestas. Y que, además de avalar las operaciones, compensen y faciliten la liquidación de los pagos cruzados entre las partes. Desde los propios participantes en este mercado se considera que la compensación reduce los riesgos y aporta seguridad al propio mercado. Y por razones funcionales similares, sin cuestionar la existencia del casino, muchos expertos defienden la idea de la ordenación del mercado que significan las cámaras de compensación. Sin embargo, en la práctica los grandes bancos y entidades financieras se han venido oponiendo eficazmente no solamente a una regulación en serio sino a las propuestas de crear bolsas centralizadas o cámaras de compensación y liquidación de las transacciones, porque en el consenso dominante se considera que la autodisciplina de cada parte basta para dar seguridad al sistema; por lo cual nos encontramos con la inexistencia de supervisión y de controles sobre estos mercados carentes de regulación que aseguren las inversiones.

A finales de 2010, una especialista en periodismo financiero de The New York Times[138] revelaba ampliamente las artimañas de la elite bancaria de Wall Street para impedir la aplicación práctica de la nueva ley Frank-Dodd, resultado de la reforma propuesta por Obama, que pretende como objetivo limitado que los derivados sean negociados en cámaras de compensación y liquidación. Los bancos, que lograron suavizar la ley presionando fuertemente a los congresistas y a la Casa Blanca para limitar la regulación de los derivados, están logrando que sean pocos los tipos de derivados que pasen por las cámaras de compensación, manteniendo fuera el mayor número de tipos de derivados puesto que consideran que un mayor control reduciría sus beneficios; y prefieren que pasen por cámaras controladas por los principales bancos. Es evidente que los bancos solamente buscan potenciar sus intereses con la autorregulación que se establece en la ley, viene a decir la periodista, destacando que los ingresos bancarios procedentes de los derivados son muy elevados aunque se ignoran las cuantías. De ahí el interés que tienen en proteger esos ingresos porque, como señalan los críticos, «a los promotores les resulta difícil mantener la cuota de mercado si a cualquiera, que puede demostrar sus solvencia, se le permite entrar en las cámaras de compensación». Es decir, estas son salas de apuestas para clientes distinguidos.

PARTE II

LA AMPLIACIÓN DEL CASINO

Capítulo 1

LA ESPECULACIÓN CON ALIMENTOS BÁSICOS

Los mercados de maíz habían sobrepasado en abril de 2011 los niveles de precios alcanzados durante la crisis alimentaria de 2008, porque los traders se preparaban para la escasez que preveían para este año[139]. Y es que cuando las bolsas de valores se hunden, los inversores privados y los especuladores acuden a los mercados de materias primas blandas y duras con el fin de diversificar sus carteras de valores mejorando sus retornos, aseguran los expertos. Es su lógica guiada por su interés crematístico que conduce a las burbujas en los mercados por la afluencia de dinero. Esta afluencia ha hecho que en la última década los mercados de materias primas en su conjunto hayan superado la rentabilidad de la mayoría de otros activos, incluyendo los valores bursátiles, los bonos corporativos y la propiedad inmobiliaria. Por ejemplo, el índice de precios Standard & Poor´s para el mercado spot o al contado de materias primas, casi ha triplicado el retorno ofrecido por el índice bursátil FTSE 250 de los últimos diez años, con un incremento del 146% frente al 52% para cotizaciones de las compañías medianas del Reino Unido[140]. Aunque a corto plazo apenas resultan significativas las variaciones de los mercados de materias primas, en los precios sí se producen con frecuencia variaciones considerables durante períodos de mayor duración. Así tenemos que durante el verano de 2010, los precios mundiales del trigo, el maíz y la cebada experimentaban incrementos tremendos del 50%, en los que los observadores detectaban signos similares a los de la crisis alimentaria de 2008, que trajo hambrunas y motines desde Bangladesh hasta Haití pasando por África.

Son resultados de las transformaciones ocurridas en este campo de la producción y comercio de las materias primas agrícolas como consecuencia de la financiarización de la economía productiva, del dominio de los grandes bancos e inversores institucionales; reactivados los mercados financieros con las ayudas de los contribuyentes. En una comunicación de la propia Comisión Europea de febrero de 2011[141] se reconoce explícitamente que los mercados de materias primas agrícolas sufren el impacto de las finanzas, refiriendo el papel de los derivados como instrumento, por lo cual cada vez están más entrelazados los mercados de materias primas y los mercados financieros al compartir participantes.

De ahí que a la especulación tradicional se haya sumado la actividad de los especuladores financieros, los denominados «inversores» que, después de haber apostado por un cierto precio en contratos de derivados, deciden trasladar el riesgo a otros, como vimos en el capítulo I.4. Es decir, convierten los contratos de suministro futuro de una materia prima agrícola en derivados cuya cotización en los mercados financieros deriva del precio del trigo, cebada, maíz u otro producto que le sirve de referencia. De este modo, este producto que le sirve de base se convierte en activo financiero con el cual especular y trasladar a otros participantes el riesgo del suministro y de los precios futuros. Esta especulación ajena a los mercados reales, desestabiliza los precios de las materias primas agrícolas. Son los nuevos especuladores que entran en el juego de casino financiero como ya se evidenciaron en la crisis alimentaria de 2008.

Las amenazas de crisis alimentaria

Nadie discute hoy que la crisis alimentaria de 2008 fue una derivación más de la crisis financiera en su momento álgido, cuando el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera en los EEUU y su contagio a otras economías avanzadas, generaba incertidumbre entre los bancos y operadores en bolsas motivando una transferencia masiva de liquidez hacia los mercados de productos y activos financieros respaldados por contratos de suministros de materias primas, índices de precios de esos mercados de mercancías, valores de empresas comerciales del ramo, etc.; es decir, el dinero buscaba rentabilidad en ese sector de los mercados financieros globales. Y durante el verano de 2010, en el tremendo incremento de los precios mundiales del trigo y de la cebada, muchos observadores detectaban los signos tempranos de otra crisis alimentaria global como la de 2007-2008, cuando los precios de las principales materias primas agrícolas como el arroz alcanzaron niveles récord, provocando hambrunas en el África subsahariana, Bangladesh o Haití. Ciertamente había fuertes señales de la peligrosa situación del mercado de los alimentos, que se han traducido en escasez de alimentos y aumentos de precios entre los países más pobres, sin alcanzar el eco que tuvieron en la crisis anterior[142]. Sin embargo, las amenazas de crisis alimentarias persisten.

Porque a pesar de las lecciones aprendidas en los tres últimos años, se ha hecho muy poco para prevenir nuevas crisis, como subrayaba el director del Centro de investigación del Desarrollo de la Universidad de Berlín, Joaquín von Braun[143]. En opinión de este experto sigue sin abordarse el mal funcionamiento de los mercados del grano y eso es un fracaso que ronda los mercados mundiales. De tal manera que considera que actualmente los países de baja renta y los pobres son realmente más vulnerables que eran antes de la crisis de 2008; y la explicación la encuentra este profesor alemán en que, entre las tres fuerzas que concurren en la fijación de los precios de los alimentos, sobresale el creciente papel de los especuladores financieros en la fijación de los precios de los alimentos, a lo que se añade el elemento de las expectativas sobre las previsiones de las futuras oferta y demanda y otro elemento que es la importancia de estos precios para la estabilidad de muchos países como Egipto. En esa línea de análisis, los datos publicados sobre los contratos de futuros del trigo para septiembre 2010 mostraban un mayor y más rápido incremento en los precios desde dos años antes. En el trigo como en otras materias primas alimenticias, la explicación la encontraban dos especialistas del Financial Times, en los comportamientos de las grandes corporaciones de la alimentación que procuran asegurarse precios futuros ante la incertidumbre de estos mercados agrícolas mundiales[144].

Por un lado, esta vez el detonante de ese alza de los precios de materias primas alimenticias habían sido las reducidas expectativas de las cosechas en Rusia, Ucrania y algunas zonas de Europa occidental; y particularmente, la prohibición rusa de exportación de trigo, que había acelerado el riesgo de un pico en los precios, socavando la confianza mundial en la estabilidad de precios y suministros del comercio de alimentos. Pero también –aseguraban estos periodistas económicos– las multinacionales de la alimentación se habían apresurado a incrementar los contratos que garantizaran sus suministros ante el temor de ver desabastecidos los escaparates de los supermercados. Es decir, se adelantan los contratos llamados de futuro (commodity futures) que fijan cantidades y precios para fechas anticipadas; son los también llamados «futuros», unos contratos estandarizados que especifican la cantidad y la calidad del activo subyacente (trigo, café, maíz, etc.), la fecha de entrega y si la entrega es en especie o en dinero; y que se compran y venden en Bolsas específicas. Y de este modo, en esos mercados a gran escala, habían irrumpido las grandes multinacionales fabricantes mundiales de alimentos como Tyson Foods, Anheuser-Busch InBev, General Mills, Kellogg y Kraft, como cooperadores necesarios en la especulación financiera que convierte las materias primas alimenticias en una gama de derivados financieros con el fin de trasladar el riesgo del suministro y los precios futuros a otros participantes, obteniendo un beneficio fácil.

El problema está en los duros efectos sociales de esas transacciones. A propósito de la amenaza de nueva crisis alimentaria en agosto de 2010, un analista del periódico económico citado antes decía que cuando están en juego los alimentos se torna serio el papel de los especuladores[145]. Como suele suceder, el alza aguda de los precios mundiales de los cereales suscitaba quejas generalizadas contra los especuladores; pero está claro que a estos no les preocupa si un precio sube o baja con tal de que eso suceda de verdad y que el especulador se encuentre en el lado de la operación que le dará beneficios. En opinión de este analista, la cuestión clave es la volatilidad, el grado en que se muevan los precios en un sentido u otro; porque resulta claro que la volatilidad de los precios de los cereales a quienes más daña es a los pobres. La gente en los países más pobres gasta una mayor parte de sus ingresos en alimentos, de manera que los precios caros les dejan menos dinero relativamente para cualquier otra necesidad vital. Y cuando caen los precios, son también los más pobres y los agricultores o granjeros más marginales los que se ven más afectados; si los precios bajan a la mitad y luego se doblan, tienen una gran probabilidad de que pierdan su granja o tierras.

El Banco Mundial revelaba en abril de 2011 unos datos demostrando que el alza de los precios de los alimentos era mayor en países de renta media y baja; y que esas subidas habían contribuido a las revueltas sociales del Norte de África[146]. Recientemente, en una comunicación al Consejo y al Parlamento europeo la Comisión reconocía la creciente volatilidad de los precios de las materias primas en años recientes, que se dispararon de 2007 hasta que en los últimos meses de 2008 comenzaron a declinar fuertemente y vienen subiendo desde mediados de 2009; y estas oscilaciones se han reflejado en los precios al consumo y en ocasiones han conducido a escasez alimenticia y revueltas sociales[147].

Sin embargo, la Comisión admite solamente la interacción entre los mercados de materias primas y los financieros. Y es que la visión ortodoxa de la economía pretende ignorar que esa volatilidad de los precios en los mercados al por mayor y en los mercados minoristas locales de alimentos tiene su origen en las oleadas especulativas de los mercados financieros.

La banca juega con los alimentos básicos

Desde luego los efectos siniestros de la volatilidad de los precios también funcionan con los mercados financieros. Que la especulación financiera genera volatilidad es algo que algunos niegan para los mercados de materias primas, citando estudios que sostienen, por ejemplo, que los precios de los derivados siguen a los precios de los mercados de materias primas más que al revés. El problema es que las operaciones especulativas, las que hacen quienes no son productores ni usuarios ni consumidores, tienen mucho mayor peso en los mercados del que solían tener. Y eso es una cuestión más bien polémica, pero es una de las conclusiones que compartimos del documentado estudio de la ONG holandesa SOMO sobre «La burbuja de las materias primas; la financiación de la alimentación; la financiarización y los actores financieros en los mercados de materias primas agrícolas»[148].

En este campo se distinguen los industriales consumidores de materias primas agrícolas y los meros especuladores de activos financieros basados en derivados, que no se interesan por los productos alimenticios por sí mismos, pero que han incrementado la interdependencia entre las materias primas y los mercados financieros Por un lado, frente a los riesgos de las variaciones de precios de las materias primas agrícolas, aparecen quienes buscan protección (los llamados hedgers) que pueden ser las multinacionales de la alimentación, con los objetivos de garantizar los suministros que necesitan y de estabilizar los precios; y por otro lado, los especuladores, generalmente los grandes bancos, que utilizan todas las modalidades de contratos de derivados con la pretensión únicamente de asumir riesgos mediante acuerdos actuando de contrapartes en las transacciones. Como tienen que pagar el precio definido en el contrato de derivado, que es una apuesta sobre su variación futura, el especulador financiero busca aprovecharse de las diferencias de precios que se produzcan entre el precio previsto y el precio real siempre que esa diferencia le beneficie; intenta lograr ganancias aunque también pueda perder como apostador. Por tanto, vende el derivado antes de que llegue el momento de la entrega de la materia prima sobre la que se basa, pudiendo hacerlo en cualquier momento en que el precio en el mercado spot, físico o real, sea superior al fijado para el producto en el contrato, porque se supone que el trigo o café o lo que sea podrá venderse con beneficio en el mercado spot o real.

Los nuevos especuladores sobre los alimentos básicos

La especulación sobre las materias primas a que nos referimos no tiene que ver con el modelo de acaparamiento posible en muchos otros mercados. De entrada digamos que los principales operadores de los derivados sobre materias agrícolas, no son ahora los grandes terratenientes como eran antaño sino la gran banca financiera, según se percibe en la información económica. Actualmente, los grandes negociantes de derivados de materias primas forman parte de los grandes bancos que están muy activos en muchos mercados financieros; porque disponen de mayor capitalización y solvencia para ser la contraparte en esos contratos de derivados, gracias a las ayudas financieras que han recibido de los contribuyentes en los últimos años. Por supuesto, son ellos quienes saben del negocio disponiendo de equipos propios de especialistas que acopian y analizan información actualizada sobre los diferentes mercados de commodities.

Según los datos recopilados en el estudio citado de SOMO, se trata sobre todo de un pequeño número de conglomerados financieros que dominan el negocio de los derivados agrícolas y servicios conexos; y están fuertemente interconectados por las relaciones comerciales que mantienen entre ellos. Los tres mayores promotores (dealers) de derivados en Wall Street son Goldman Sachs, JP Morgan y Bank of América (que ahora es propietario de Merrill Lynch), Citigroup y Morgan Stanley. Y entre los europeos, los mayores actores en los mercados de derivados son Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Rabobank y UBS; unos y otros son marcas dominantes en las finanzas mundiales. A finales de 2009, todos estos bancos eran parte del 96% de las operaciones de derivados extrabursátiles realizadas a través de los holdings de 25 bancos estadounidenses y que se valoraban en 293 billones (trillion). La continuación de la crisis durante ese año, no fue obstáculo para que los bancos estadounidenses siguieran ganando millones de dólares en el negocio de los derivados.

Principales modalidades de productos financieros

Las ganancias de los grupos financieros mencionados salen de los derivados de las materias primas de maneras muy variadas, entre otras, de la especulación como promotores de swaps por su propia cuenta. La permuta de materias primas agrícolas conocida como commodity swap es un tipo de contrato de derivado por el cual una parte se compromete a realizar un pago por un producto agrícola subyacente (café, trigo, cebada, etc.) a un precio prefijado, a cambio de que la otra parte pague el precio fluctuante del mercado spot de ese producto (o mercado al contado, que es de entrega inmediata y con pagos en efectivo) en los días acordados para ese pago y, por ejemplo, al precio del producto real en ese mercado spot en esos días. Dado que es probable que el precio fijado en el swap sea superior o inferior al precio fluctuante del trigo, maíz o cualquier otro producto subyacente, una parte se verá beneficiada. Generalmente el promotor de este tipo de operaciones es a menudo un servicio prestado por algún gran banco que obtiene una comisión por haber ofrecido ese contrato de permuta y suele ser una contraparte del mismo.

Asimismo estos bancos diseñan contratos de derivados particulares, para atender los deseos o especiales necesidades del comprador o inversor o especulador; y actúan como corredores que perciben una comisión; prestan asesoramiento por una comisión; operan en bolsas y cámaras de compensación y ofrecen servicios relacionados con índices bursátiles por una comisión, obviamente. Como contrapartes en todos estos contratos siempre ganan; y además, sacan provecho de los intereses de los préstamos que conceden a otros, a los especuladores que intervienen. Los enormes beneficios que obtienen de estos negocios de derivados les llevan a promover este comercio financiero así como a pagar elevadas retribuciones variables (bonus) a sus directivos y a sus traders u operadores de plantilla.

A menudo estos grandes especuladores utilizan otro instrumento como la opción, que es un contrato otorgando al comprador de esa opción el derecho pero no la obligación de comprar (call) o vender (put) el activo subyacente (una cantidad de café, trigo, etc.) en un momento determinado y a un precio prefijado. Por descontado que el especulador que adquiere ese derecho (de comprar o vender) tiene que pagar una comisión al banco que le vende el contrato. Cada una de las variadas modalidades de derivado conlleva unos cálculos matemáticos complejos basados en las diversas variables implicadas en el negocio (fecha, precio, moneda, producto, etc.) que aumenta su aleatoriedad; y, por tanto, el riesgo y consecuentemente aumenta el posible beneficio o pérdida de los especuladores, al margen del intercambio comercial real de la cantidad acordada del producto subyacente sea trigo, café, etc., cuyos precios en los mercados reales se verán afectados por estos mercados virtuales. Y la especulación se ve favorecida cuando la entrega ha de hacerse en efectivo y no con el producto real.

Estos especuladores nuevos, que no se interesan por los productos alimenticios por sí mismos, han logrado que aumente la interdependencia entre las materias primas y los mercados financieros, como reconoce el documento citado de la Comisión Europea. Precisamente muchos expertos en estos mercados, consideran que la creciente demanda, y la súbita desaparición de esa demanda de estos nuevos especuladores, está teniendo en los mercados de futuros de las materias primas agrícolas una fuerte influencia en la oferta y demanda básicas, contribuyendo de este modo a las subidas y bajadas del precio de los alimentos básicos. Asimismo, estas actuaciones de los especuladores, que no son los tradicionales, contribuyen a distorsionar la función tradicional que, según los economistas, venían desempeñando los mercados de futuros de materias agrícolas para descubrir precios en los mercados físicos (spot), y convertirse en una referencia para los precios de los contratos de futuros mediante los cuales los productores y particularmente los consumidores finales se protegerán a sí mismos contra riesgos.

Mercados dominados por la especulación financiera

Los nuevos especuladores tienen un peso real sobre las variaciones de los precios de los productos agrícolas básicos. Desde la perspectiva del puro mercado son muchos los factores que pueden determinar los precios de los productos alimenticios primarios, que van desde el aumento de la población a alimentar, a la renta disponible o al aumento de la demanda de bio-fuel, por el lado de la demanda; y las malas cosechas, los precios de los fertilizantes y las reservas acumuladas, por el lado de la oferta. Pero también son muchas la modalidades de la manipulación de estos datos básicos; y la forma más corriente es, por ejemplo, el acaparamiento que hace escasear los productos incrementando los precios; es un tipo de especulación posible en cualquier mercado mediante la gestión de los precios. E igualmente pueden jugar un papel clave en los mercados mundiales de materias primas, otros factores como son aquellos que inciden en el valor del dólar que es la moneda en la que se fijan los precios.

La financiarización de las materias primas

Las materias primas (commodities) no son valores ni productos financieros virtuales sino que se definen como «bienes que se pueden entregar, incluidos metales, productos agrícolas y productos de energía como petróleo y gas»; es decir, bienes físicos que se entregan y que se comercian físicamente en el propio mercado físico, llamado spot o al contado; desde el petróleo al trigo pasando por el cobre. Sin embargo, el comercio internacional de materias primas ha ido progresivamente sometiéndose a la financiarización, entendida como el predominio creciente de los motivos financieros, de los mercados financieros, los actores y las entidades financieras[149], como asimismo documenta el referido estudio de SOMO al subrayar el papel de los mercados financieros sobre las materias primas agrícolas. Aparte de otros factores intervinientes, el documento citado de la Comisión Europea constata que recientemente los mercados de materias primas están experimentando un creciente impacto de las finanzas, con un aumento significativo de los flujos de «inversiones financieras» en los mercados de derivados. Entre 2003 y 2008, por ejemplo, los inversores institucionales incrementaron sus «inversiones» en los mercados de materias primas desde 15.000 millones de dólares hasta los 250-300.000 en 2008. Aunque la crisis financiera interrumpió esta tendencia alcista, las posiciones financieras se aproximaron o superaron los picos de 2008 en muchos mercados en 2010 y según los índices bursátiles específicos han aumentado fuertemente las «inversiones». Lo que ese documento de Bruselas no reconoce es el carácter puramente especulativo de lo que denomina «inversiones».

Desde luego, la invasión de las finanzas en diversos campos de la producción y el comercio de bienes y servicios, como sucede con el petróleo y algunos metales, es un fenómeno contemporáneo; y en cada caso los mercados financieros cumplen una función ligeramente diferente que responde a sus particularidades como ocurre en el caso de las materias primas alimenticias. En los mercados financieros se comercializan el trigo, el maíz, azúcar, algodón y la soja (aceite); pero mientras el café y el cacao son objeto de transacciones de derivados, no sucede lo mismo con el té debido a sus características específicas y a la menor duración de su vida útil. En principio un producto agrícola en ningún caso podría comercializarse si antes no ha sido producido; pero en cualquier caso este comercio financiero termina en el momento en que se entrega realmente, conforme al contrato original de suministro futuro entre el agricultor o granjero y el usuario (no consumidor) del producto agrícola. El referido informe de SOMO, que aporta fuentes y datos muy significativos, apunta que la financiarización de los mercados de materias agrícolas es el resultado del aumento de los flujos de capital provenientes de los nuevos especuladores o inversores (que denomina «no-tradicionales») en productos derivados, especialmente en los contratos de futuros de materias agrícolas y en los instrumentos afines para inversiones que ofrecen grandes fondos de inversiones de alto riesgo y grandes bancos a los que nos hemos referido antes.

De los contratos de suministros a los derivados

En el pasado los acuerdos comerciales de suministro suscritos por cooperativas y organizaciones comerciales, contrarrestaban el riesgo de volatilidad en precios; pero en las grandes regiones productoras, a medida que se han ido eliminado esas organizaciones que protegían sobre todo a los pequeños agricultores, los grandes productores y cooperativas de pequeños agricultores cada vez más se han ido inclinando por los contratos a plazo con los consumidores finales, que son compañías multinacionales que comercian, almacenan y procesan alimentos como Cargill y Unilever y cuyos productos terminan siendo vendidos a los consumidores al precio que ellos mismos fijan.

Mediante un contrato a plazo o forward, un productor o granjero se compromete a vender y el consumidor final a comprar una cantidad determinada de un producto agrícola (café, por ejemplo) en una fecha prevista y a un precio determinado que se decide en el momento de la formalización del contrato. Aunque estos acuerdos se asemejan a los contratos de futuro, se diferencian en que no están normalizados ni se negocian en bolsas como aquellos; por tanto, están sujetos a más riesgos para ambos contratantes, como son el posible impago o la no entrega. Al no estar estandarizados no se compran ni se venden, no tienen mercado secundario y cada parte asume su riesgo. De modo que para protegerse de los riesgos de un contrato forward se acude al contrato de futuro que da una cierta garantía de disponibilidad de la materia prima comprometida; creando la maraña comercial que caracteriza a cualquier mercado financiero.

Estas modalidades de contratos proporcionan a los productores primarios, como los granjeros, las garantías de obtener efectivo por sus cosechas mientras proporcionan a los comerciantes y a la industria transformadora un suministro predecible de materias primas. Obviamente el precio de estos productos depende de muchos factores, entre ellos, del poder negociador de cada parte que en algunos casos puede ser mucho como es el caso de las poderosas multinacionales estadounidenses; como la compañía Cargill Aghorizons que se define como un proveedor internacional de productos y servicios de la alimentación, la agricultura y la gestión de riesgos en 66 países con una facturación de 107.900 millones de dólares para el año fiscal de 2010[150].

En la evolución que ha tenido lugar en años recientes, han ido adquiriendo un gran peso los mercados financieros sobre la comercialización de estos productos agrícolas; y en este proceso cabe destacar dos aspectos. Por un lado, para superar los riesgos mencionados de las variaciones en los precios y los fallos en la entrega acordada, las compañías transformadoras, agrocomerciantes y demás usuarios finales comenzaron a protegerse buscando únicamente estabilizar sus ingresos, trasladando a otros el riesgo de las variaciones de precios (eran lo que se llama hedgers que buscaban protegerse solamente). Era una modalidad claramente defensiva pero que daba origen a una variedad tradicional de especulación por parte de aquellos que jugaban a ser contrapartes asumiendo esos riesgos; estos últimos incluso buscaban protegerse en los contratos a plazo o forward, como relata el informe de SOMO.

Por otra parte, para transferir riesgos a estos especuladores comenzaron a utilizarse contratos de derivados de productos agrícolas (futuros y swaps principalmente) que, como hemos expuesto, son una apuesta entre dos partes sobre el precio futuro, que dependerá del precio del producto agrícola subyacente al que hace referencia. Estas prácticas condujeron a la financiarización de los mercados de materias primas agrícolas, que están dominados en gran medida por la especulación y los grandes bancos. En general, en esta fase pocos agricultores individuales juegan ya directamente en estos mercados de derivados porque es un negocio aventurado y caro; en todo caso, si un agricultor decide participar en este casino financiero, generalmente lo hace a través de intermedios como asociaciones de agricultores, compañías procesadoras de alimentos, corredores, operadores-comisionistas y bolsas de materias primas que acuden a los mercados regulados o no regulados.

Bolsas, mercados extrabursátiles e índices

La relevancia financiera de estos mercados montados sobre los intercambios comerciales con las materias primas agrícolas, se evidencia cuando contemplamos la disponibilidad de plazas especializadas como Chicago, para su negociación bursátil y extrabursátil y la disponibilidad de una amplia gama de instrumentos especulativos. El negocio de los contratos de derivados sobre materias primas agrícolas se lleva a cabo tanto en bolsas específicas, dedicadas especialmente a la compra y venta de futuros, como en mercados OTC o informales mediante operaciones bilaterales. Como ya contamos, una Bolsa es un mercado con una cierta regulación gestionado por una empresa privada que facilita la operativa, controla la solvencia de los operadores y registra los precios y de las posiciones de riesgo. En las bolsas específicas para los derivados sobre materias primas agrícolas, grupos de operadores negocian y acuerdan los contratos, teniendo garantizados los pagos. Estas bolsas efectúan las compensaciones y liquidaciones entre los contratos celebrados mediante una entidad central que se convierte en el comprador en toda venta y el vendedor para toda compra; al final de cada contrato se efectúan los pagos y se reciben los anticipos o garantías de compradores y vendedores. Por lo general es un departamento de la propia bolsa o entidad de compensación que estará gestionada por un gran banco. Los principales mercados de futuros para las materias primas agrícolas son gestionados por grandes compañías privadas localizadas en los EEUU, destacando la Bolsa de Chicago, The Chicago Mercantile Exchange (CME), que como compañía privada cotiza en Bolsa. Esta Bolsa sirve de referencia para el precio de los derivados de muchas materias primas como el trigo, la soja y el maíz. En la UE las bolsas para derivados de materias primas agrícolas son menos activas y los mercados de futuros tienen una historia más corta y reciente que en los EEUU. En el ámbito europeo, los contratos de derivados agrícolas se comercializan en las bolsas de materias primas de Euronext que hace pocos años se fusionó con la Bolsa de Nueva York y también cotiza como empresa privada, como vimos. En Euronext de Londres se comercializa cacao, café, azúcar, trigo para la alimentación; y en París, el trigo para molienda, maíz, semilla de colza.

Pero una gran parte de los mercados financieros sobre materias agrícolas se desarrollan en mercados extrabursátiles o no regulados, conocidos como mercados OTC (over the counter). Esto significa que tienen lugar de manera informal, privadamente entre las propias partes, que generalmente son inversores institucionales o especuladores o entre especuladores e intermediarios que mantienen entre sí relaciones comerciales. Los intermediarios suelen ser un promotor que ofrece y vende derivados, es decir ofrece la apuesta, a cambio de una comisión y es al mismo tiempo la contraparte o apostador en sentido opuesto en el derivado, por su propia cuenta o por cuenta de un gran banco. Como estas operaciones no pasan por una bolsa regulada no se compensan ni se liquidan en una cámara de compensación donde previamente se ha depositado unos activos como garantía (collateral). Por lo que en estas apuestas financieras sin control de terceros existe siempre un mayor riesgo de impagos, como ilustró la quiebra de Lehman Brothers, cuyos miles de contratos de derivados de diverso tipo carecían de suficientes activos en garantía.

Índices bursátiles de materias primas agrícolas

El volumen de las transacciones sobre productos agrícolas básicos ha determinado asimismo el desarrollo de instrumentos específicos de medida de la evolución de sus cotizaciones, que a su vez son instrumentos sobre los que especular. Los grandes grupos financieros como Deutsche Bank, Goldman Sachs, el conglomerado holandés Rabobank y muchas otras firmas intermediarias ofrecen inversiones e instrumentos especulativos basados en índices bursátiles sobre materias primas (commodity indexes) que reúnen ciertas particularidades. Un índice de materias primas es un valor calculado matemáticamente basado casi siempre en los retornos de los contratos de futuros de una gama de materias primas que se comercializan en bolsas y que se reflejan en ese índice (aunque algunos índices se basan en el precio de las materias físicas o en los retornos de los swaps). El valor de los contratos de futuros de diferentes tipos de materias primas se combinan con diferentes pesos y ponderaciones, es decir, distintos porcentajes, para formar el valor total del índice. La cesta de varias materias primas que se usan para cada índice se compone de compañías financieras como Deutsche Bank. PIMCO, Goldman Sachs y otras; por ejemplo, el valor del índice Standard & Poor –Goldman Sachs Commodity Index (S&P GSCI) se basa en diferentes futuros de materias primas de los cuales las agrícolas representan el 12% del total las incluidas y la energía, un 71%. Los tres índices de commodities más utilizados e integrados de modo diferente, son el S&P GSCI citado, el Dow Jones–UBS Commodity Index y el Thomson Reuters Jefferies CRB Index; en los últimos años han ganado popularidad otros índices como el Rogers International Commodity Index (RICI) y el Deutsche Bank Liquid. Asimismo en el Parlamento Europeo y la Comisión se han planteado propuestas legislativas para identificar y limitar las actividades especulativas sobre el Commodity Index (DBLCI). Todos ellos ponen de manifiesto la importancia de los mercados globales de la alimentación y de la especulación financiera que pesa sobre esos mercados.

A estos índices se añaden instrumentos de inversiones en índices de commodities como los commodity index funds, commodity exchange traded funds (ETFs) y commodity index swaps, que se usan por diferentes instrumentos de inversión ofrecidos por quienes los han introducido y por diversos grupos de firmas financieras-comerciales. Y asimismo permiten a los especuladores obtener beneficios o pérdidas, respecto al valor del índice de materias primas; es decir, el valor previsto para los índices es la base para las apuestas. Son las firmas financieras, aseguradoras, fondos de pensiones, fundaciones, fondos de altos riesgo, multimillonarios y gobiernos los que adquieren estos instrumentos de especulación. El valor de estas inversiones ha crecido más de diez veces en cinco años; desde 15.000 millones de dólares estimados para 2003 hasta al menos 200.000 millones de dólares a mediados 2008, según los datos del citado informe.

Desregulación financiera y la transparencia

La especulación con las materias primas agrícolas es una de tantas consecuencias nocivas de la desregulación y el descontrol que impera en los mercados financieros globales. Después de cuatro años desde el estallido de la crisis financiera global y la consiguiente recesión, los intentos de regulación de los mercados financieros apenas se han materializado y estos siguen dejando sentir su peso particularmente sobre la alimentación de los países del Sur, como ya denunció UBUNTU. En mayo de 2008, bajo el título La crisis alimentaria global urge la puesta en práctica de un sistema de gobernanza democrática mundial, un documento publicado por UBUNTU (Foro mundial de redes de la sociedad civil) y suscrito por un buen número personalidades relevantes del activismo crítico mundial como Federico Mayor Zaragoza, Adolfo Pérez Esquivel, Mario Soares, Susan George, Noam Chomsky, Desmond Tutu y otras, denunciaba la crisis alimentaria en los países del Sur de aquellos meses. Ante todo se subrayaba que «los precios de los productos agrícolas habían sufrido, sobre todo en estos dos últimos años, un crecimiento espectacular que ha contribuido a empeorar la situación», mostrando su «profunda preocupación y más enérgica protesta por haber llegado a una situación tan grave como previsible en un tema crítico como es el de la alimentación de la población mundial». Y al mismo tiempo se apuntaba que «como efecto colateral, la crisis financiera atrae a los inversores hacia los mercados agrícolas, de mayor estabilidad, obteniendo beneficios gracias a la compra especulativa de contratos de futuro que venden después a precios más caros ante el incremento de la demanda. Dado el encarecimiento actual y futuro de la oferta agrícola, esto genera más hambre en el mundo. Es evidente que, al igual que con la crisis financiera la regulación política mundial de los mercados globales se hace indispensable»[151].

Evidentemente, las razones para una seria regulación de los mercados financieros globales no son solamente técnicas ni funcionales sino que tienen un fundamento político, como es hacer viable el funcionamiento de un mundo globalizado con un mínimo de equidad. La experiencia de muchos años ya ha demostrado la falacia del argumento de que la industria financiera contribuye a una mayor eficiencia y progreso en los países en desarrollo, porque sus prácticas han resultado cuestionadas debido a la mala asignación de recursos que implican y a la inestabilidad financiera puesta de relieve por la crisis que aún persiste. Con el oportunismo que le caracteriza, el presidente Sarkozy lanzaba su petición de que las principales economías acordaran una regulación de los mercados globales de materias primas agrícolas para impedir las alzas de precios que desestabilizan la situación como ha sucedido en Túnez y Egipto. Era la presentación de la presidencia rotatoria francesa de la agenda del G-8 y del G-20 para 2011. Pero ya sabemos el escaso éxito que el G-20 ha tenido hasta ahora en materia de regulación financiera y su incapacidad para impedir la crisis alimentaria de 2008.

Intentos de regulación

El desarrollo de los productos financieros derivados de las materias primas agrícolas es el resultado de las políticas neoliberales al ultranza de los últimos años. La expansión de la especulación financiera sobre las materias primas agrícolas no habría sido posible si hubiera existido una sólida regulación y supervisión de los mercados y los movimientos internacionales de fondos.

En los EEUU, a partir del año 2000 la autoridad reguladora, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), fue gradualmente disminuyendo las medidas de control sobre las bolsas de materias primas (commodity exchanges) mientras se expandían en paralelo los mercados. Atendiendo a las peticiones y las presiones de la industria financiera, se fueron debilitando los límites que pesaban acerca de cómo muchos contratos de derivados podían realizarse por parte de los operadores especuladores de los mercados de materias primas. Así, se eximió a los promotores de swaps de esos límites, alegando que estos negociantes buscaban simplemente protección frente a la variaciones en los precios; unas medidas que facilitaron el tirón de las inversiones en estos mercados, según los analistas[152]. Además, se permitió la apertura de nuevas bolsas de materias primas que se autorregulaban y en las que compraban y vendían contratos de futuro sobre materias agrícolas sobre los que especulaban los fondos de pensiones, los fondos de inversiones de alto riesgo y los bancos de inversiones sin limitaciones para sus posiciones. Asimismo hay que subrayar que el enorme mercado extrabursátil de materias primas quedaba fuera del ámbito de esta agencia gubernamental, la CTFC, que supervisa los contratos de futuros.

Aunque estos mercados financieros han tenido un desarrollo más lento en la Unión Europea, en los últimos años se ha aprobado un intento de regulación básica de los derivados agrícolas mediante algunas directivas sobre mercados e instrumentos financieros. Y desde 2009 ha habido una serie de iniciativas para una regulación en serio de los derivados, de modo que identifiquen a los especuladores «no tradicionales» e impongan límites en el número de contratos de futuros y otros derivados de que pueden disponer los especuladores, aunque admitiendo excepciones en casos destinados a la protección frente a los riesgos de la variaciones de precios. El objetivo central es reducir la capacidad de que un solo participante pueda influir en el mercado, reduciendo el número de especuladores en las bolsas de futuros sobre materias primas que son la referencia para los índices para los usuarios finales y sobre los cuales se apoyan las decisiones de inversión. Durante el primer semestre de 2010 tuvo lugar un duro debate sobre estas cuestiones en el Senado estadounidense sobre las propuestas para introducir límites mediante legislación. Y asimismo en el Parlamento Europeo y la Comisión se han planteado propuestas legislativas para identificar y limitar las actividades especulativas.

La falta de transparencia

Aunque no se haya traducido en medidas concretas, hemos de destacar la importancia de que la comunicación de la Comisión Europea referida de febrero de 2011, dedique dos apartados sobre «la creciente interdependencia de las materias primas y los mercados financieros asociados» e «interacción de los mercados físicos y financieros de las materias primas», que supone admitir el fenómeno de la financiarización de los mercados de materias primas, aunque sea desde su notorio sesgo neoliberal. En primer lugar, registra, como ya hemos reseñado, el incremento de la «inversión financiera» durante los últimos años en los mercados de derivados respaldados por materias primas, subrayando la búsqueda de protección frente a los riesgos asociados a la producción física y a la incertidumbre sobre los precios. Pero en este documento se ignora la dimensión puramente especulativa de una gran parte de ese dinero invertido, aunque admite que esos derivados sean considerados puramente como activos financieros. En segundo lugar, reconoce que las materias primas y los mercados financieros están cada vez más entrelazados y comparten un número creciente de participantes en busca de «gestión del riesgo y de oportunidades de inversión», es decir, está admitiendo el hecho de la especulación. Aunque considera que el buen funcionamiento de los mercados de derivados reforzaría la liquidez, eficiencia y acceso a los mercados spot o al contado, que es el mantra conocido del fundamentalismo del mercado libre. Por tanto, la propuesta de regulación se reduce a defender la necesidad de información adecuada y fiable sobre los datos básicos de estos mercados y reitera en el texto la necesidad de transparencia para enumerar las livianas y añejas propuestas de revisión de directivas que no llegan a término

Con la retórica habitual en el ámbito europeo, el comisario para los asuntos del mercado interior, que se ocupa también de los servicios financieros, se lamentaba de que «la especulación sobre las materias básicas es un escándalo cuando hay mil personas que se mueren de hambre en el mundo» y que hay que asegurar que los mercados contribuyen al desarrollo, expresando su deseo de que Europa se adelante en este asunto[153].

Muchos de los debates y decisiones políticas tanto en los EEUU como en la Unión Europea sobre la regulación de los derivados se frustran por la fuerte oposición y manejos de los poderosos grupos de interés (lobbys) del sector financiero que representan a los propios especuladores, a la gran banca sobre todo. En otras palabras hay una carencia de voluntad política que se oculta tras el pretendido temor de los gobiernos de que una legislación más restrictiva en un país tenga como resultado un desplazamiento de los negocios financieros a los demás países, dada la libertad irrestricta de movimientos de fondos entre países que nadie se atreve a cuestionar en Europa. Es el reiterado argumento de que la globalización requiere desregulación e inhibición de los gobiernos.

Capítulo 2

EL JUEGO FINANCIERO DEL PETRÓLEO

En la prensa diaria una veces se culpa a la rápida industrialización de China, a las tensiones políticas o sociales en Oriente Medio y en el Norte de África o a cualquier otra causa, para explicar el súbito incremento de los precios del crudo y, por tanto, de la gasolina en la estación de servicio. Sin embargo, existe una razón probada hace años pero menos difundida; y es que los mercados mundiales de la energía han sido meticulosamente diseñados para sacar provecho de la menor alteración, incluso aunque solamente haya apenas pruebas reales de escasez, como sostiene una profesora de la Universidad de Colorado en un artículo del Financial Times titulado «El casino global del petróleo beneficia únicamente a sus jugadores»[154]. El mercado del petróleo es vulnerable a las oscilaciones de los precios porque la demanda siempre amenaza con incrementarse más rápidamente que la producción. Pero hay algo más, según la citada profesora, y es que en este moderno mercado, surgido de los años ochenta, han brotado como setas los contratos de futuros, de opciones y de swaps comercializados en unas cuantas bolsas y en un pujante mercado privado informal, denominado OTC, tras los cuales se intercambia el barril físico. Un mercado mundial de petróleo que actualmente alcanza un valor diario de unos 600.000 millones de dólares, aunque no se conocen las cifras exactas; es opaco.

Que el petróleo es objeto periódicamente de especulación financiera, a través de los derivados mencionados, como sucede con muchas otras materias primas, quedó ya demostrado por las investigaciones del Senado estadounidense en 2006. Los documentos registrados probaban que la especulación explica el 30% del precio del crudo; y el 60% según algunos expertos participantes en esas sesiones. Y hoy nadie se atreve a negar la intervención de la especulación financiera en el comercio mundial del petróleo. En los momentos álgidos de la crisis financiera, cuando el precio del barril alcanzaba los 147 dólares en junio de 2008, los gobiernos del G-8 admitían en la cumbre de Osaka (Japón) que la duplicación que se había producido recientemente en el precio del petróleo podía esconder «movimientos especulativos»; y por aquellas fechas, los ministros de Economía y Finanzas reconocían que la elevación de los precios del petróleo como los de los alimentos básicos y las materias primas, era una seria amenaza para el crecimiento mundial. Y también por esas mismas fechas, la Comisión Europea reconocía que, aparte de los cambios en la producción y el consumo, «otros factores» habían acentuado la tendencia (alcista) de los precios; y se apresuraba a pedir más transparencia y datos fiables sobre los stocks de crudo para evitar que la especulación generara un mayor encarecimiento[155], sin proponer medidas efectivas para combatirla. La misma petición se reitera en otro comunicado de febrero de 2011 dirigido al Consejo y al Parlamento europeos sobre los problemas de los mercados de materias primas[156]; pero en esta ocasión el documento apunta a la financiarización de los mercados de materias primas y, sin renunciar a su descarada línea neoliberal, los expertos de Bruselas reseñan el incremento de la «inversión financiera» durante los últimos años en los mercados de derivados respaldados por materias primas, aunque ignora la dimensión puramente especulativa de una gran parte de ese dinero que acude a las materias primas, como hemos comentado en el capítulo precedente.

El predominio del «barril de papel»

Y es que hace ya algunos años que está demostrado que los mercados del barril físico de petróleo aparecen dominados por el mercado del «barril de papel», cuyo peso ha crecido según se deduce de los nuevos datos. Desde la Segunda Guerra Mundial, el valor del instrumento especulativo de los futuros de petróleo se ha multiplicado por más de tres veces; y al mismo tiempo, no ha aumentado ni siquiera aproximadamente la cantidad de petróleo producida; y para 2011 los especuladores pronosticaban alzas futuras en los precios del orden de 3 a 1, según datos del gobierno estadounidense, como subraya la profesora McGragh Goodman en el artículo citado antes. Y añade esta analista que esto sucede mientras la producción global alcanzaba en febrero de 2011 niveles más altos que nunca y el comercio del petróleo se ha asociado a la alta velocidad financiera, la HFT o High-frecuency Trading que analizamos en el primer capítulo. Más aún, denuncia que los especuladores pueden comerciar casi sin dinero en la mesa, permitiéndoles que influyan en los precios del crudo por medio de grandes apuestas, arriesgando a menudo solamente un 5 o un 10% del valor total negociado.

Según esos datos apuntados, se habría acentuado la financiarización del mercado mundial del petróleo, que era la conclusión básica que se deduce del Informe técnico sobre «El papel de la especulación del mercado en la subida de los precios del petróleo y del gas» (The Role Of Market Speculation In Rising Oil And Gas Prices) de junio de 2006 avalado por demócratas y republicanos del Subcomité permanente de investigaciones del Senado de los EEUU[157], una conclusión ratificada años más tarde por otras investigaciones y sesiones del Congreso. Merece destacarse una sesión conjunta de los Subcomités sobre Investigaciones y sobre Energía del Senado del 11 de diciembre de 2007 acerca de la especulación en el mercado del crudo de petróleo; el proyecto de ley sobre transparencia en el mercado del petróleo (Oil Transparency Act) presentado el 8 Mayo 2008 por los senadores demócratas Carl Levin y Dianne Feinstein; y la sesión del 20 de mayo de 2008 en el Comité de Seguridad interior y Asuntos gubernamentales, presidido por el congresista Josep Lieberman, celebrada bajo el expresivo título «La especulación financiera en los mercados de materias primas. ¿Están contribuyendo los inversores institucionales y los hedge funds a la inflación de los precios de los alimentos y de la energía?» Asimismo, otra fuente de información es una larga sesión del Subcomité de Supervisión e Investigaciones del Comité sobre Energía y Recursos naturales en la Cámara de representantes del 23 de junio de ese mismo año, bajo el título «Los mercados financieros sobre energía y la burbuja en los precios de la energía: ¿Afecta a los precios de la energía el aumento del comercio financiero de los hedge funds y los fondos indexados?»

Toda la documentación acumulada y los testimonios aportados al Congreso de los EEUU demuestran el predominio de los intereses financieros sobre la economía de la producción y el consumo de petróleo, con unas conclusiones ratificadas por muchos otros expertos, que podemos sintetizar en cuatro afirmaciones que analizaremos:

a) Los precios del petróleo vienen determinados por los operadores financieros.

b) La especulación financiera incide fuertemente sobre los precios.

c) El negocio petrolero adolece de falta de transparencia, como se dice en el lenguaje políticamente correcto.

d) Persiste la desregulación de los mercados financieros de la energía.

Los financieros fijan los precios del petróleo

Uno de los expertos convocados en dos ocasiones a esas sesiones del Senado de 2006 a 2008, estimaba que se podía calificar como «un misterio, más que como un simple rompecabezas (puzzle)» determinar si el aumento en el volumen de los mercados financieros conectados con el petróleo y el gas tiene un impacto significativo en los precios de sus productos físicos en los EEUU y en el mundo, que fue la cuestión que básicamente exploraron los comités del Congreso estadounidense[158]. Porque –subrayaba– los economistas están preparados para abordar los problemas como puzzles que se plantean para su análisis racional, pero que en este asunto faltan datos estadísticos necesarios para ese estudio; por lo que –afirmaba otro experto– el negocio petrolero se asemeja al negocio del narcotráfico por su opacidad. Por tanto, resulta muy difícil precisar las relaciones precisas entre los mercados del barril físico de petróleo y del barril de papel, el comercio global de los productos e instrumentos financieros asociados a aquel mercado real.

Para explicar esas relaciones, algunos expertos acuden en sus testimonios en el Congreso al concepto de financiarización de los mercados del petróleo, del predominio de los bancos y del lucro puramente financiero; es decir, son las transformaciones sufridas en el mundo económico que han ocurrido en los últimos años, las que han traído el dominio de los intereses financieros sobre este mercado[159]. Durante muchos años, cualquiera que fuese el precio del barril de petróleo a corto plazo, las expectativas a largo plazo señalaban siempre la estabilidad de los precios. Actualmente, esta financiarización explica que el precio se doblara casi en el transcurso de un año, concretamente de agosto 2007 hasta junio 2008, aunque en ese lapso de tiempo los datos de producción y consumo apenas cambiaron en su conjunto; del mismo modo que explica las variaciones de precios desde la segunda mitad de 2010 y comienzos de 2011.

Los derivados del petróleo

Según la agencia Reuters, en una conferencia del sector petrolero en marzo de 2010 dos conspicuos representantes de los mercados de la energía defendieron a los especuladores frente a las inquietudes porque las revueltas en Oriente Medio impulsaran al alza a los precios. Eran ambos los primeros ejecutivos del grupo CME, compañía matriz del NYMEX, y del ICE, y sus argumentos fueron tan simples como que los especuladores están en ambos lados del mercado; y que temían que las apelaciones contra la especulación contribuyeran a reforzar la pretensión de poner límites a las posiciones de «los inversores»[160]. Pero para valorar la relevancia de esta defensa pública de la especulación, hemos de tener presente que los precios de referencia en el comercio internacional son determinados por esos dos mercados de futuros de Nueva York (New York Mercantile Exchange; en siglas, NYMEX) y de Londres (Intercontinental Exchange) mediante la plataforma electrónica de contratación denominada ICE Futures Europe, gestionados por los dos grandes grupos empresariales referidos y donde se negocian la inmensa mayoría de estos instrumentos especulativos que generan los movimientos de los precios del crudo.

En sí mismo, el «contrato de futuros de petróleo» es un contrato normalizado que establece una obligación para el titular de adquirir o vender un producto determinado, en este caso el barril de petróleo, a precio determinado en una localidad determinada y en una fecha determinada. En su origen tenía una función de reducir riesgos frente a las variaciones de los precios en el futuro, puesto que el contratante se aseguraba un suministro en condiciones acordadas con mucha antelación; y esa función la sigue desempeñando en cierta medida. Pero la comercialización de estos contratos los ha convertido en un producto financiero que adquieren entidades ajenas al comercio directo de productos petrolíferos. Son un producto financiero derivado junto con opciones, swaps, etc.

De ahí que el petróleo sea uno más de los productos sobre los que se negocia en los mercados de futuros, ya que, convertido en mercado del dinero, su rentabilidad a corto plazo se alcanza por variaciones en los precios y no por la productividad de las empresas productoras. Y esta atribución a los mercados de un papel decisivo en la determinación del precio, se remonta a la llamada revolución conservadora que lideraron el presidente Ronald Reagan y la primera ministra británica Margaret Thatcher, que suprimieron regulaciones y controles estatales sobre los mercados reduciendo el papel del Estado; es uno de tantos cambios de la reciente historia de los últimos veinte años que todavía mucha gente ignora y, por tanto, sigue creyendo que la OPEC establece los precios como lo solía hacer en los años setenta y primeros años ochenta.

Actualmente, aquellos que compran o venden un contrato de futuros no buscan (excepto en raras ocasiones y solamente en Nueva York) suministrar u obtener un barril físico de petróleo sino que son inversores y especuladores que acuden a estos mercados de futuros con la expectativa de lograr beneficios de la compra y venta posterior a un precio más alto que el previsto en el contrato. De ninguna manera están interesados en el precio del petróleo sino en las diferencias entre precios en distintos momentos; para lo cual siguen los avatares y las noticias de otros mercados financieros tales como las otras materias primas, acciones, bonos, divisas. Si los esperados beneficios para su dinero invertido son más elevados en otros mercados financieros que invirtiendo en petróleo, pues mueven su dinero hacia esos mercados. Y viceversa, moverán su dinero hacia el petróleo si las perspectivas son menos atractivas en aquellos. Los mercados de futuros del petróleo están dominados por instituciones financieras, bancos y hedge funds o fondos de alto riesgo[161].

El dominio financiero del mercado petrolero

Contrariamente a lo que sucedía hasta mediados de los ochenta, el precio del petróleo se determina en nuestros días a puerta cerrada en los parqués electrónicos o las salas de terminales de ordenadores de las gigantescas entidades financieras como Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank o UBS; y en los mencionados mercados del NYMEX y en particular en el London ICE Futures Exchange (antes International Petroleum Exchange), que es un elemento clave para la opacidad del negocio. La plataforma electrónica de contratación ICE Futures de Londres es una filial propiedad totalmente de la Atlanta Georgia International Commodities Exchange (ICE Atlanta) que fue fundada en parte por la banca de inversiones Goldman Sachs que también gestiona casualmente el índice de precios de materias primas más utilizado del mundo, el GSCI, en el que los precios del crudo tienen un peso desproporcionado, según un experto de Global Research[162].

Como apunta el reconocido experto británico citado, Robert Mabro, el problema es que los negociantes (traders) no tienen el tiempo necesario para analizar las tendencias, verificar la solvencia de la información e interpretar correctamente la errónea sabiduría convencional; sino que la mayoría se deja llevar por titulares de las noticias, los puntos de vista y los pronósticos de los «líderes» financieros. Y todos ellos comparten la teoría del oil peak, que predice un insostenible crecimiento porque tras la cima que se alcanza en la producción global de petróleo, viene de modo irreversible la caída de la producción. Todos parecen creer que los suministros serán cada vez más ajustados mientras la demanda se va a mantener robusta, como si estas dos tendencias fuesen recíprocamente coherentes. Y así se llega a la creencia consolidada de que los precios del petróleo deben continuar subiendo. Tal expectativa es como una profecía que se autocumple (una predicción que se convierte a sí misma directa o indirectamente en realidad precisamente por su mera formulación). Si una mayoría cree que en el comercio se juega con una apuesta en una sola dirección (digamos, una subida inevitable), se concretará con éxito la apuesta. Es lo que llamamos especulación; o, si se prefiere, una burbuja. La cuestión apunta a la dinámica de las expectativas, que conduce a los mercados financieros a pasarse o a quedarse cortos. Y este experto británico sostiene que el mercado de futuros del petróleo está hoy claramente salido de madre y nadie sabe hasta cuándo[163].

El caso es que, según los datos recopilados en los referidos comités del Congreso estadounidense, los incrementos del barril de Brent o del Texas no se justifican por los datos de la demanda y de la oferta de petróleo en el mundo. A pesar de la crisis económica en los EEUU y en las economías europeas, la demanda global de crudo ha seguido siendo robusta gracias al crecimiento en China y en el Medio Oriente, según los expertos. Y, sobre todo, no ha habido cambios en la oferta de los países de la OPEC pese a los pronósticos de fuerte aumento; y la producción de Rusia y México y demás países había alcanzado su techo. Sin embargo, ha tenido lugar la financiarización del mercado del petróleo desde que durante los años anteriores a la crisis se produjo un creciente flujo de dinero hacia los mercados de futuros, que se convirtieron en el elemento clave de la predicción de precios.

Otro factor de esta financiarización de los mercados del petróleo que subrayan los analistas, fue el aumento de la cuota de los inversores no ligados al comercio petrolero (non-comercial trading) que se elevó con el lanzamiento del Intercontinental Exchange (ICE) en Londres, que no publica datos sobre las actividades de las diferentes categorías de inversores. Una tendencia que refleja el incremento de la actividad especuladora puramente financiera, porque esa bolsa incentivaba el llamado arbitraje legislativo, optando los inversores por la legislación que les resulta más favorable comparativamente, ya que la ICE permite a los operadores financieros mantener estrategias comerciales ocultas para la autoridad estadounidense (la CFTC) que no les puede requerir la información que se exige a los operadores en Nueva York (el llamado London loophole o agujero londinense).

La especulación sobre el barril

En junio de 2006, el referido informe técnico sobre el papel de la especulación en la subida del precio del petróleo[164] del subcomité que presidía el senador demócrata Carl Levin, suscrito también por la entonces minoría republicana, revelaba que la compraventa de contratos de futuro del petróleo por los especuladores había aumentado la demanda de esos futuros, que suponía una demanda adicional de 20 dólares en el precio del barril en unos momentos en que este precio estaba en torno a los 70 dólares, es decir, cerca de un 30% del incremento era imputable a la especulación. Por tanto, según esta investigación del Senado la especulación resultaba ser el principal factor del incremento disparatado de los precios del crudo, recomendando una mayor transparencia y una regulación más severa para reducir los efectos de la especulación[165]. Y unos cálculos conservadores del experto de Global Research citado antes, concluyen que por lo menos el 60% del precio actual del petróleo proviene de la especulación con futuros en los mercados no regulados por parte de los fondos de inversión de alto riesgo, los bancos de inversiones y los grupos financieros que operan privadamente (OTC) con futuros para evitar la supervisión en los dos mercados de Londres (ICE Futures) y en el de Nueva York (NYMEX).

Los datos aportados por el entonces presidente de la agencia reguladora sobre ciertos futuros, la CFTC[166] muestran que la proporción de los «operadores no-comerciales» en el NYMEX creció desde el año 2000 (eran un 37%) a 2008 (71%). Es decir, casi se duplicaron los especuladores como hedge funds y otros fondos de inversión, que no se abastecen de petróleo ni financian su producción o su consumo sino que adquieren y venden contratos de futuro sobre el barril del Texas con la expectativa de las subidas futuras; mientras que había disminuido notablemente el número de otras entidades empresariales ligadas al petróleo que suscriben contratos de futuros o los adquieren para cubrir sus suministros frente a futuras subidas de los precios del mercado; son las entidades físicas (Physical Hedgers) que buscan protegerse frente a las subidas de precios.

Además, la agencia gubernamental CFTC había reducido los márgenes de garantía permitiendo que los operadores en los EEUU (NYMEX) adquirieran contratos de futuros sobre el crudo de petróleo teniendo que pagar solamente un 6% del valor del contrato; para un precio de 128 dólares, el negociante de futuros solamente tenía que poner sobre la mesa 8 dólares por cada barril y obtener prestado los otros 120 dólares restantes. Mientras el dinero fue barato, este endeudamiento desmesurado o apalancamiento de 16 a 1, contribuía a presionar al alza los precios hasta niveles irreales y compensar las pérdidas bancarias de los productos hipotecarios subprime que ya se registraban y otros desastres, a costa de los ciudadanos en general[167].

Como ya hemos aludido, un nuevo tipo de operadores financieros no ligados al petróleo son los denominados fondos de inversión «indexados» (index traders), asociados a la evolución de los índices de los precios de las materias primas, que se han multiplicado en los últimos años y esa multiplicación coincide con el espectacular aumento de las posiciones especulativas. En algunos sectores, existe inquietud por el elevado volumen de dinero de estos nuevos fondos de inversiones especulativas que fluyen a los mercados de futuros, que al contrario de los hedge funds, son ordinariamente entidades no apalancadas que utilizan estrategias a largo plazo de compra y retención de contratos y títulos; un comercio que se lleva acabo a través de las principales entidades de Wall Street en operaciones financieras informales y sin control (los llamados mercados extrabursátiles u OTC). En años pasados este tipo de fondos han brotado como hongos, en particular en el sector de la energía. Según el Energy Hedge Fund Center, en 2004 existían 180 energy funds y en 2008 había contabilizados 630[168]. Como no guardan ninguna relación con el abastecimiento y consumo de barriles de petróleo, se limitan a especular con los precios esperando las subidas para vender los contratos comprados a menor precio, como sucede con cualquier inversión financiera, son apuestas meramente especulativas. Y siempre que hay margen para la especulación aparecen los hedge funds que son instrumentos financieros especulativos con comportamientos financieros característicos, como ya vimos.

El negocio oscuro del petróleo

La opacidad resulta ser consustancial a los mercados de futuros sobre el petróleo que, además, se ve amparada por la flexibilidad, la libertad y las lagunas en las legislaciones sobre las transacciones que se realizan a menudo en nombre de sociedades y entidades de los grandes grupos financieros domiciliadas en los centros financieros offshore, los llamados paraísos fiscales.

El mercado del «barril de papel», el mercado virtual del petróleo con efectos reales sobre los precios, se compone de operaciones con productos financieros derivados sobre los contratos de suministro futuro de petróleo que, como hemos analizado e indica su denominación, su valor deriva de los movimientos del precio del activo subyacente, le sirve de referencia, que en este caso es el precio del barril de petróleo, siempre referido a una fecha futura prevista. Por tanto los especuladores con futuros del petróleo no esperan al vencimiento de la apuesta para vender.

En la documentación de las sesiones del Senado y de la Cámara de representantes estadounidenses aparece a menudo la referencia a la modalidad de derivados extrabursátiles (OTC/ over-the-counter derivative) que tienen lugar en los mercados financieros sobre crudo; y las transacciones se conciertan en unas plazas, como Nueva York o Londres, y buscando ventajas fiscales, normas más «liberales» o menor control público se contabilizan en determinados países o territorios considerados paraísos fiscales, donde resultan más provechosas y rentables. En 2006, el entonces presidente de Reserva Federal, el Banco central de los EEUU, Alan Greenspan aseguraba ante el Congreso que en los años anteriores había habido un enorme recrudecimiento en el comercio de los futuros del petróleo y otros productos derivados; que los hedge funds y otros inversores institucionales habían acumulado sustanciales posiciones largas (de compras) netas en los futuros del petróleo, en gran medida en el mercado informal, creando con estas posiciones sobre futuros una demanda adicional de petróleo para futuras entregas y los precios se habían elevado más pronto que lo habrían hecho en otro caso[169]. Y en el referido informe sobre el papel del mercado especulativo en los precios crecientes del petróleo y del gas, del subcomité citado, se señala que «hay pruebas sustanciales que apoyan la conclusión de que la gran cantidad de especulación en el mercado ha aumentado considerablemente los precios» y que «hasta hace poco los futuros de energía estadounidenses se negociaban exclusivamente sobre mercados regulados dentro de Estados Unidos como el Nymex, supervisado por la CFTC (...). Sin embargo, en los años recientes ha habido un enorme crecimiento del comercio de contratos que parecen estructurados y están estructurados como contratos de futuros, pero que se negocian en mercados electrónicos no regulados de tipo OTC». Está, pues, más que documentada la existencia de una parte del mercado financiero del petróleo que nadie controla porque no se informa de los contratos extrabursátiles; que son similares a los contratos de futuros propiamente dichos por lo que se denominan «futuros asimilados» (en inglés futures look-alikes) pero totalmente opacos para la competencia y para las autoridades.

En todo negocio se impone el logro de los mayores márgenes de seguridad ante la incertidumbre de las operaciones con fines especulativos. Y en los mercados financieros relacionados con el petróleo ha estado siempre homologada la intervención de centros financieros extraterritoriales u offshore para las operaciones que pasan por el mercado electrónico ICE con base en Londres; como ilustra un documento propio de esta entidad de libre acceso en Internet (en diciembre de 2010)[170], que relaciona las jurisdicciones ICE desde las que se puede operar en ese mercado privado, que comprende, además de los EEUU, Canadá y otros países desarrollados, a notorios paraísos fiscales y financieros como Suiza, Luxemburgo, Chipre, Malta, Mónaco, Bermudas, las islas Caimán, las Antillas Holandesas y otros centros de las finanzas mundiales como Singapur, Dubai y los Emiratos Árabes Unidos. Un reconocimiento expreso del papel relevante de los centros offshore en la opacidad de las finanzas del petróleo que obstaculiza cualquier supervisión de estas transacciones internacionales.

La deficiente regulación de la energía

En los EEUU, dada la importancia de los mercados de suministros futuros de trigo u otras materias primas, surgió una regulación para dar seguridad a estos contratos, evitando los abusos, creándose una agencia estatal reguladora para estos mercados, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), que tiene como misión básica velar por el cumplimiento de la legislación específica (The Commodity Exchange Act ) que, por ejemplo, prohíbe las conductas fraudulentas en la comercialización de los mismos, protegiendo a los operadores del mercado. Aunque en los setenta, el Congreso amplió la autoridad de esta agencia, desde entonces la innovación financiera trajo un tremendo crecimiento de los nuevos y complejos instrumentos como las mencionadas operaciones directas informales, que suelen ocurrir fuera de las bolsas, planteándose en las sesiones senatoriales graves dudas sobre eficacia de las limitaciones legales pretendidamente antiespeculativas[171]. Pero, tras las decisiones de los noventa suprimiendo las «interferencias» gubernamentales en los mercados, se evidenció que la CFTC se había quedado en un organismo menor que hacía un trabajo extraordinario, según la declaración de su entonces presidente ante el Senado en 2008, con una plantilla y un presupuesto muy reducidos frente a unos mercados que manejaban aproximadamente 5 billones de dólares en esas fechas[172].

Una vez más, las investigaciones del Senado reseñadas ponen de relieve los efectos nocivos de la desregulación en los mercados de la energía. Entre otras, el Senado identificó dos lagunas importantes en la legislación vigente, denominadas el «agujero Enron» (ENRON loophole) y el «agujero de Londres» (LONDON loophole). La primera laguna legislativa generada a instancias de la famosa Corporación Enron logró que la legislación estadounidense sobre futuros en 2000 de signo neoliberal (Commodity Futures Modernization Act) eximiera de la supervisión de la CFTC a las grandes empresas dedicadas al comercio de materias primas energéticas en mercados extrabursátiles; una reforma legislativa para favorecer a Enron como quedó patente en los juicios que condenaron a prisión a los responsables del escándalo posterior. A principios de 2008, los senadores demócratas Levin y Feinstein y el republicano Olimpia Snowe, introdujeron unas medidas en la legislación agrícola que eliminaban aquella laguna.

La segunda laguna subsiste aún. En su afán desregulador, en enero de 2006 la Administración de Bush autorizó al principal mercado electrónico de la energía, el Intercontinental Exchange (ICE), que usara sus terminales de comercio en EE UU para operar en el mercado de Londres (ICE Futures) con futuros del petróleo estadounidense. El resultado fue que los operadores financieros que querían negociar con petróleo, gasolinas, etc., de EE UU podían eludir los requerimientos y controles de la autoridad estadounidense, realizando las contrataciones en Londres en vez de hacerlo en Nueva York. Esta medida importante de desregulación resultaba incluso discriminatoria, entre otras cosas, porque a los que negocian en Nueva York se les exige que conserven los registros de todas las negociaciones y que informen de los grandes contratos a la CFTC, mientras que quienes operan en mercados «extrabursátiles» quedan exentos del deber de informar; es decir, se buscaba favorecer la opacidad de grandes negocios financieros sobre el petróleo. Y tengamos en cuenta que cuando se aprobó esa modalidad de desregulación parcial del mercado del petróleo rondaba los 60 dólares por barril.

Los senadores demócratas Levin y Feinstein pretendieron con otro proyecto de ley en 2008 (Oil Trading transparency Act), que se eliminará este agujero legal aplicando la misma legislación a toda la plataforma electrónica Intercontinental Exchange, que opera con futuros sobre energía en Londres, ( ICE Futures Europe) y en los EEUU, lo que permite que se negocien en Londres operaciones sobre el barril de petróleo de Texas (West Texas Intermediate), un producto que es generado y consumido en los EEUU, de donde no sale. Pero el proyecto quedó olvidado entre los diversos comités senatoriales. Como apunta la profesora McGrath de la Universidad de Colorado citada al principio del capítulo, de vez en cuando el Congreso de los EEUU reprende a los «grandes del petróleo» (big oil) en sesiones públicas, pero ni siquiera intenta limitar la tremenda utilización del apalancamiento, la excesiva disponibilidad de dinero, por parte de los negociantes para las operaciones especulativas con el crudo.

Con la llegada de la mayoría demócrata tampoco el impulso regulador que proclamó la Administración Obama, ha llegado más allá de los nombramientos en 2009 de nuevos presidentes de las dos agencias gubernamentales con competencias reguladoras en materia de energía, la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), cuyos nuevos talantes aportarían un cierto mejor control del mercado. Al final, la pretendida reforma de Wall Street que se concretó en la ley Frank-Dodd de 2010, dotó a la CFTC de competencias para fijar límites a las posiciones de los negociantes que pretenden una «excesiva especulación» en los mercados del petróleo y de otras materias primas. Y esta agencia ha propuesto unos límites para la energía, metales y otros mercados de materias primas sin que hasta la fecha (mediados de 2011) se haya puesto fin a la controversia. Dada la oposición de los operadores, a comienzos de 2011 la CFTC decidía el aplazamiento de los llamados «límites de la posición» hasta el año 2012[173], tomándose esta agencia por lo menos un año más para cumplir los requerimiento de la citada ley que pretendía poner algunos modestos límites a la capacidad de los especuladores para empujar los precios hacia arriba. La continua subida de precios del petróleo en los primeros meses de 2011, convocaba un coro de voces en torno a Washington reclamando medidas. Y algunos medios digitales, como la revista digital Daily Finance, apuntaban directamente hacia los especuladores, pidiendo que se les recortara la disponibilidad de dinero barato obtenido en préstamos para apuestas especulativas[174]. Porque el carburante que mantiene la especulación es el dinero barato que suministra la propia Reserva Federal, por lo que resultaría fácil parar la especulación en el mercado y aliviar el sufrimiento de los consumidores en las estaciones de servicio, aumentando los depósitos en garantía requeridos a los negociantes de futuros como habían decidido exigir los dos mercados electrónicos de futuros del petróleo, NYMEX e ICE, reduciéndoles así la liquidez para operar, según informaba Bloomberg, aunque estos lo hubieran hecho simplemente para seguridad de los vendedores.

Capítulo 3

JUEGOS FINANCIEROS CON LAS ARMAS Y LAS GUERRAS

Con la finalidad loable de conseguir un planeta más justo y habitable para la humanidad, la campaña pro Banco Santander sin armas, impulsada por el Centro de Estudios para la Paz de Cataluña, pretende crear una opinión pública que favorezca un cambio en las entidades financieras y, en particular, en el grupo del Banco Santander para que cancele sus inversiones en empresas de armamento y anule la financiación de empresas altamente contaminantes. Pero tales esfuerzos de la sociedad civil tendrían que sumarse a la demanda de regulación seria de los mercados financieros globales porque la banca y las entidades financieras tienen fuertes intereses en los actuales mercados de armamento y sus derivaciones especulativas financieras, donde también juegan.

Ciertamente, la vieja idea de la búsqueda de lucro mediante las guerras se diluyó durante el pasado siglo en que la carrera armamentística y las flotas navales todavía fueron el apoyo de los imperios británico y francés y sostenían las aspiraciones imperiales alemanas que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial. La idea central era que un país debía crear y mantener disponibles unas fuerzas armadas para defender su independencia y soberanía y sobre todo para ser una potencia en el mundo conocido, como piensan ahora los líderes de algunos países emergentes. Porque durante siglos se ha considerado que había que mantener un ejército o una armada para protegerse de la agresión de las naciones vecinas. Sin embargo, la idea de la guerra, las invasiones y otros conceptos afines hace tiempo que han perdido sentido para la inmensa mayoría de la gente que quiere ser gobernada en paz y en democracia. Y en particular aparecen como arcaicas frente a la interdependencia global de los países y a la capacidad autodestructiva desarrollada por los humanos. Lamentablemente, otras ideas, otras fuerzas sociales y otros intereses siguen cultivando soterradamente aquella vieja idea bélica mediante el creciente papel de influyentes entidades, de los mercados financieros movidos por su lógica propia para alcanzar el máximo lucro sin valor añadido alguno. De ahí que los mercados de armas se entrelacen con estos intereses claramente financieros como apunta el caso de la quiebra financiera de Grecia y su particular carrera armamentística con Turquía, aliados ambos en la OTAN. Y este predominio de los intereses financieros ha dado un nuevo sesgo al complejo industrial militar en los EEUU y ha desarrollado productos e instrumentos bursátiles que convierten las guerras en grandes negocios ligados más a la especulación que al comercio de armas tradicional.

¿Rescatada Grecia o la venta europea de armas?

En una intervención en el Parlamento Europeo durante el verano de 2010, Daniel Cohn Bendit, líder del grupo de los verdes, pedía el desarme de Grecia y Turquía y denunciaba la venta de armas de Alemania a Grecia mientras la UE le estaba obligando a duros recortes presupuestarios que afectaban al bienestar de la población. Desde marzo de ese año, las informaciones de prensa recogían comentarios en privado de funcionarios griegos sobre la presión de Berlín y París, que estaban utilizando la crisis como palanca para avanzar en las negociaciones sobre la venta de armas o los pagos pendientes[175]. Estas negociaciones sobre venta de armas de Alemania a Grecia se desarrollaban al mismo tiempo que Alemania, tras las primeras vacilaciones, optaba por aprobar su cuota de millones dentro del plan europeo acordado para el rescate de las finanzas del Estado griego; unas negociaciones que habían dado lugar a investigaciones de la Fiscalía de Múnich por la posible corrupción de políticos griegos y gestores de empresas alemanas, según el relato del canal de la RTV alemana Deustche Welle[176]. Y los datos aportados son un ejemplo de la imbricación del negocio internacional del armamento con la vieja rivalidad entre dos socios de la OTAN y el actual predominio de los intereses financieros en las relaciones internacionales.

Submarinos por rescate

Dentro de un largo proceso, altos cargos de la Marina, expertos y funcionarios griegos negociaron con directivos de la constructora alemana de submarinos Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) y sus socios de Abu Dhabi Mar, el cuándo y el cómo pagaría Grecia los millones de euros adeudados por la compra de unos submarinos, además de decidir el futuro del astillero griego de Skaramanga; asimismo se negoció para que Atenas firmara un nuevo contrato para la compra de nuevos submarinos alemanes. Estas negociaciones se sucedían mientras el gobierno griego aprobaba medidas que trasladaban a sus ciudadanos el pago de la peor crisis económica de su historia. Los detalles de estas negociaciones germano-griegas que duraban ya varios años, llegaron a la opinión pública alemana mientras el Gobierno de Ángela Merkel aprobaba la ayuda de 22.400 millones de euros para contribuir al rescate de Grecia; y los fiscales de Múnich comenzaban a investigar a intermediarios alemanes que habrían pagado millones de euros a políticos griegos para asegurarse la venta de submarinos.

Todo indicaba que Alemania y Francia querían seguir vendiéndole armamento a Grecia, el mayor comprador en armas per cápita de Europa que, además de tener el mayor ejército de los países de la OTAN en proporción a sus habitantes, en la década última había gastado 50.000 millones de euros en Defensa, traducidos en sustanciosas ganancias para las empresas alemanas, francesas y estadounidenses suministradoras; mientras los helenos sufrían la presión de «los mercados», de los prestamistas internacionales, sometidos a planes de austeridad para saldar el déficit presupuestario acumulado por los gobiernos. Y a su vez, los gobiernos alemán y francés se veían presionados por sus propios bancos, compradores de deuda pública griega, para alcanzar un acuerdo europeo que impidiera la suspensión de pagos, argumentando que «Grecia tiene que ahorrar todo lo posible». Como han demostrado los datos publicados en 2011 por la prensa económica, los bancos alemanes y franceses son los principales acreedores de Grecia, aunque antes del segundo rescate se fueron desprendiendo de los bonos griegos en sus carteras[177].

Carrera armamentista y endeudamiento

Según el Centro de Información Berlinés de Seguridad Transatlántica (BITS), diversas razones «técnicas» explicarían que Grecia necesitara seguir comprando armas, en este caso submarinos, pese a la crisis de la deuda soberana. Por razones históricas derivadas del período de la Guerra Fría se mantuvieron las tensiones entre Turquía y Grecia, obteniendo ambos el armamento como parte de la ayuda militar o gracias a préstamos a largo plazo con intereses ventajosos. Porque tras la caída del muro de Berlín, Grecia y Turquía –a pesar de ser socios como miembros de la OTAN– han cultivado una especie de versión propia de la Guerra Fría, al mismo tiempo que los intereses bancarios en juego ocultaban que Grecia corría en exclusiva con el pago de todo el gasto militar. Y resulta que la agencia estadística Eurostat informó a la Comisión Europea que Atenas había enmascarado durante años su déficit, en particular, ocultando que entre 1997 y 2003 el país se había endeudado por la compra de armamento por valor de 9.000 millones de euros más que anteriormente, gracias a créditos internacionales. Durante las publicitadas negociaciones europeas sobre el rescate griego, los negocios sobre armamento continuaron sin verse afectados; y finalmente, el rescate acordado entrañaba la curiosa paradoja de que obligaba a Grecia a ahorrar en Defensa, pero al mismo tiempo le exigía respetar los contratos con las empresas suministradoras de armamento, cuyos contratos millonarios dejaban amplio margen a la corrupción política[178].

Para satisfacción de los socios europeos y para ultimar el segundo rescate con la aquiescencia de Alemania, en junio de 2011 el primer ministro griego Yorgos Papandreu designaba nuevo ministro de Finanzas y viceprimer ministro al que hasta ese momento era ministro de Defensa, Evangelos Venizelos, conocedor a fondo de los contratos de compras de armamento; un reajuste ministerial que oficialmente tenía como objetivo diseñar y aprobar nuevos recortes del gasto público y negociar con Bruselas y en Washington con el FMI; objetivo logrado. Y es que la cuestión de fondo va más allá de la corrupción y del «tradicional» negocio de las armas para poner de manifiesto la imbricación de las finanzas en esta carrera armamentista tan peculiar entre dos socios militares y políticos; una variante de la carrera armamentista global.

La carrera armamentista mundial

Como los hechos revelados por la crisis de la deuda griega, los mercados financieros globales y la especulación no son ajenos a la carrera armamentista mundial. Actualmente nos enfrentamos a la inquietante proliferación de las armas en el mundo en general, aunque la atención de la política internacional y mediática se centre solamente en las armas de destrucción masiva. E incluso sabemos con certeza que el supuesto combate contra este tipo de armas mortíferas fue un falso pretexto para la invasión de Irak en 2003 y, más recientemente lo ha sido para que el Consejo de Seguridad de la ONU impusiera sanciones a Irán. Del mismo modo, las iniciales e inexplicadas vacilaciones políticas y bélicas de los aliados para una defensa rápida y efectiva del pueblo libio frente al poder militar acumulado por el dictador Gadafi, podrían explicarse por la influencia de los mismos oscuros intereses de la industria financiero-armamentista que le nutrieron durante años.

En todo caso, lo que es evidente es que el planteamiento del problema de la carrera armamentista en el plano político y mediático internacional, es ambiguo y confuso porque mete en el mismo saco las armas totalmente prohibidas, otras que tienen solamente unos pocos países, como es el caso de las armas nucleares, y los misiles y el armamento convencional. Esta confusión es más inquietante porque pretende ignorar la proliferación de las armas tradicionales y ligeras que asesinan a los africanos; y sobre todo menosprecia el peso sobre el bolsillo de los contribuyentes del aumento creciente del gasto militar de los países que dicen combatir esa proliferación, en particular los EEUU y los países europeos. Es sabido el crecimiento del presupuesto militar de los EEUU, que por sí solo equivale al total acumulado de los siguientes 23 países que más gastan. Y en los últimos años hemos visto la vuelta de Rusia al rearme y el avance de nuevos productores como Japón, Israel, India o Corea del Sur. Un gasto público que se traduce en un desarrollo de la industria armamentística, que a su vez demuestra el crecimiento de las capacidades tecnológicas y productivas de las grandes empresas mundiales, receptoras de grandes inversiones y base de un sector floreciente de las finanzas internacionales estimulado por la opacidad y la especulación. Y con la crisis financiera y económica, los gobiernos se enfrentan a déficits fiscales abultados generados por los rescates y las ayudas a la banca, la recesión junto con los programas de recuperación de la actividad económica. Unos déficits que, paradójicamente, les obligan a endeudarse y recabar préstamos de la misma banca, sometiéndose a las exigencias de unos mercados financieros alimentados a su vez por el creciente gasto público en armas y pertrechos militares que debilitan la posición de esos gobiernos frente a los mismos. De ahí que, desde el análisis crítico que planteamos en este libro, frente a esta realidad contemporánea cabe plantear una serie de interrogantes:

¿Puede haber un control de la carrera de los armamentos sin controlar los cauces que facilitan su financiación? ¿Hasta qué punto el negocio de las armas está incentivado por los flujos de dinero que se invierten en valores bursátiles relacionados con la producción de armamento? ¿Está el negocio financiero impulsando las inversiones en la industria armamentista? ¿Contribuye la especulación financiera a la aceleración de esa carrera armamentista? Con la limitada información aportada en este capítulo, intentamos introducirnos en el camino de la búsqueda de respuestas a esos interrogantes, al mismo tiempo que exponemos otra dimensión del predominio de lo financiero y de la especulación financiera global en este campo. Para empezar, veamos el problema del gasto militar en el país que hoy por hoy lidera el mundo.

Por qué los EEUU deben reducir el gasto militar

De entrada digamos que son muchos los datos que asocian la expansión de los mercados financieros al gasto que implica el potencial militar y armamentístico único alcanzado por los EEUU y su despliegue global, que comienza a ser cuestionado dentro del propio país. En julio 2010, dos congresistas republicanos Barney Frank y Ron Paul exponían conjuntamente una serie de consideraciones por las cuales los EEUU deberían reducir el gasto militar en un artículo del prestigioso periódico digital The Huffington Post[179].

Estos dos miembros de la que se considera derecha política, compartiendo la opinión crítica mundial, sostenían sin eufemismos que había llegado el momento de una retirada efectiva más rápida de Irak que la propuesta por el presidente. Comenzaban por confesar que ambos votaron contra la guerra, pero ahora consideraban que «incluso para aquellos que la votaron no puede haber justificación para gastar más de 700.000 millones de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses en gasto militar directo en Irak desde que comenzó la guerra, sin incluir su masivo coste estimado a largo plazo». Y sus argumentos merecen ser considerados, al margen del oportunismo político que los pudiera motivar, tratándose de congresistas que se opusieron a la invasión de Irak y miembros del Partido Republicano que promovió esa guerra y que en 2011 tiene mayoría en la Cámara de representantes del Congreso.

Entre sus iniciativas parlamentarias más importantes como miembros de la oposición política al presidente, pretendían que se incluyeran reducciones sustanciales en las previsiones de gastos militares como parte de los planes de reducción futura del déficit público planteados por la Administración Obama, alegando que durante años el tema de los gastos militares ha estado claramente ausente del debate público. Según el citado artículo, el presupuesto del Pentágono para 2010 era de 693.000 millones de dólares; una cifra superior a la suma de todos los otros gastos discrecionales. Incluso, después de restar el coste de las guerras de Irak y Afganistán, el gasto militar ascendía a más del 42% del gasto total. Resulta interesante que ambos sostengan la tesis que si no se aplican recortes sustanciales en los niveles del gasto militar previsto, se vería dañada seriamente la economía estadounidense y reducida gravemente la calidad de vida. Desde ese planteamiento, reconocían que en los sesenta y cinco años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los EEUU habían seguido jugando el mismo papel que anteriormente «sin que hubiera ninguna justificación para ello» representando el actual gasto militar estadounidense aproximadamente el 44% de todo el gasto mundial. Más aún, estos dos congresistas consideraban profundamente errónea la noción de que los contribuyentes estadounidenses obtienen algún beneficio de la extensión del poder militar por todo el mundo, afirmando que «la idea de que es nuestro deber como superpoder, mantener la estabilidad interviniendo en desórdenes civiles virtualmente en cualquier parte del mundo, a menudo genera odio hacia nosotros y quizás al final nos haga más daño que bien».

Desde luego, admitían que en el corto plazo recomponer la economía y la creación de empleos seguiría siendo la primera prioridad de la nación; pero estimaban esencial que se comenzara a plantear la cuestión del gasto militar con el fin de asegurar la prosperidad en el futuro. Para entonces, el «Grupo de trabajo para una defensa sostenible» compuesto de expertos en gastos militares, que abarca todo el arco ideológico que habían promovido en el Congreso, ya había producido un informe detallado con recomendaciones específicas que supondrían unos recortes en los gastos del Pentágono de aproximadamente 1 billón (trillion) durante un período superior a diez años. Reclamaban la eliminación de «ciertas armas de la guerra fría» y el desenganche paulatino de los compromisos exteriores en ultramar.

Aun lograda la mayoría en la Cámara por el partido republicano, está por ver hasta donde pueden llegar en la práctica los referidos planteamientos, teniendo en cuenta el peso y la influencia política del entramado financiero-militar en los EEUU y las estrechas vinculaciones entre Washington y las grandes corporaciones que se nutren del presupuesto de gastos de la Defensa, como han denunciado centros de estudios críticos como el Institute for Policy Studies.

El complejo entramado financiero-militar

Que el actual presidente de los EEUU practica de hecho la continuidad sustancial de la política militar de la Administración republicana precedente, es una evidencia resumida en el hecho de la continuidad del secretario de Defensa Robert Gate, designado por el presidente Bush, con la guerra de Afganistán y con la instalación en Polonia de una base y artilugios supuestamente defensivos frente a Irán, pero a ochenta kilómetros de la frontera rusa. Y, en paralelo, las cotizaciones en las bolsas han venido registrando la continuidad en el crecimiento del gasto militar. La versión digital de la revista Foreign Policy del 10 de mayo de 2010, se hacía eco de la satisfacción del denominado complejo industrial-militar estadounidense porque el gasto militar significaba inversiones rentables en valores bursátiles. Y subrayaba claramente que, si en la semana anterior la regulación financiera se había planteado en modo que parecía contraria a los intereses de Wall Street, aquella semana, el secretario de Defensa Robert Gates en su discurso en el museo Eisenhower había tenido una acogida calurosa por parte del conjunto de los contratistas de Defensa y de las fuerzas armadas.

Las inversiones en Defensa

Aún admitiendo que en ocasiones las variaciones bursátiles responden a la histeria colectiva y a la especulación, en los primeros meses de 2010 los medios informativos del mundo financiero daban explicaciones razonadas del alcance de las subidas de ciertas cotizaciones. Antes de hacerse público el presupuesto militar para el año 2011, muchos inversores estaban convencidos de que el presidente Obama recortaría el gasto militar. Sin embargo, para su sorpresa, se encontraron con que llegado el momento, el nuevo presidente expresaba su deseo de que el gasto para 2011 fuera superior al realizado en 2010, una vez comprobado que este había sido a su vez superior al del año anterior, decidido por el anterior presidente. Lo que se interpretaba como una buena noticia para las empresas contratistas del Ministerio de Defensa, porque dado que el consumo no acababa de remontar, ese gasto militar significaba inversiones atractivas en valores bursátiles relacionados con la industria de la Defensa. Y los comentaristas subrayaban que, aun cuando las circunstancias condujeran a una contracción futura de ese gasto, la inversión en las compañías contratistas seguiría siendo más rentable que en otros valores[180].

Y así se comprende que lo que se ha seguido denominando en los EEUU como the war on terror con la expresión acuñada por la Administración Bush para la invasión de Irak, sirviera para justificar la guerra en Afganistán, la tensión bélica con Irán y en otras áreas, porque ha tenido como resultado un mayor gasto por las fuerzas armadas en armas ofensivas, sistema de defensa, equipos de comunicaciones, vigilancia, protección blindada y material de uso militar, como señalaba un observatorio crítico independiente sobre la seguridad militar en los EEUU[181]. En la lista de corporaciones estadounidenses (Military Defense Watch list) beneficiadas por esta política de gasto militar, se incluyen junto a nombres conocidos en todo el mundo como Boeing o General Dynamics, otros que solamente se conocen en el ámbito estadounidense como Alliant Technologies, Allied Defense, Applied Signal Technology, CACI, Ceradyne, Cubic, Curtiss-Wright, DRS, EDO, FLIR Systems, Harris, KVH, L-3 Communications, Lockheed Martin, Mantech, Mercury Computer Systems, Northrop Grumman, Orbital Sciences, Raytheon, and Teledyne[182].

La dimensión mundial

Y hay que tener presente que todas estas grandes corporaciones referidas se alimentan a su vez de materiales y componentes suministrados desde las plantas e instalaciones de empresas especializadas de muchos otros países, del mismo modo que sucede con la dispersión geográfica de los procesos de fabricación y suministro de piezas en la fabricación de automóviles; y todas esas plantas participan directa o indirectamente en los procesos de producción de aviones de combate, armas ligeras, sistemas electrónicos muy sofisticados y demás productos finales, que luego son vendidos desde de los EEUU o desde otros países. Por lo cual, junto a la imbricación de los elementos industriales dispersos geográficamente, se establecen vinculaciones financieras significativas, incluso fuera de los EEUU, que pesan de modo soterrado sobre la política interna de los países donde se ubican esas compañías filiales y/o asociadas. Al mismo tiempo, la complejidad de esos productos de alta tecnología y sus elementos hacen que aparezcan agrupadas industrias de seguridad, armamento, transporte aéreo, electrónica, etc., que paralelamente sirven para la fabricación de elementos y productos consumidos en la vida ordinaria de los ciudadanos. Y esta simbiosis industrial favorece la financiarización de este sector y la creación de productos financieros para atraer dinero y destinarlos a la especulación; un resultado favorecido por el incremento del consumo de armamento que generan las guerras sofisticadas con avanzada tecnología de nuestro tiempo. Igualmente, la opacidad intencionada y el aparente distanciamiento entre esas actividades productivas y esos productos financieros, contribuye a paliar los escrúpulos morales que pudieran plantearse ciertos inversores.

Además de la dispersión geográfica de filiales y entidades asociadas a los conglomerados empresariales, la globalización de los mercados financieros se traduce en que a estas corporaciones estadounidenses, y a los productos bursátiles respaldados por la industria bélica, acuden potentes inversores de muchos países con la cooperación de los grandes bancos globales. Como dato podemos citar la campaña del Centro de Estudios para la Paz de la ONG catalana Justicia y Paz a favor de un «Banco Santander sin armas», que acusaba al primer banco europeo de invertir en compañías que producen armas nucleares y bombas de racimo. El 11 de junio de 2010, un miembro de esta ONG denunciaba en la asamblea de accionistas que el Banco Santander financia o ha financiado el sector armamentístico principalmente a través de la participación accionarial en empresas que fabrican armas; mediante la concesión de créditos a empresas fabricantes de armas; y mediante la financiación de exportaciones de armas. Asimismo, el Banco Santander participa con el 22,6% en la empresa de armas MaxamCorp Holding, a través de su sociedad de capital riesgo Vista Desarrollo; un holding que cuenta entre sus empresas con Explosivos Alaveses (Expal), empresa que se dedica íntegramente a la producción de bombas y explosivos y que, hasta que fue prohibida por ley, fabricaba minas antipersona y bombas de racimo[183].

La simbiosis de la industria militar y financiera

Esta situación de simbiosis de la industria bélica que abarca al sector financiero y a las fuerzas armadas, solamente puede entenderse desde el concepto del complejo militar-industrial, cuya profundización durante las últimas décadas se ha convertido ahora en complejo financiero militar en el marco de la integración mundial de los mercados. Es una realidad sociológica y económica a la que en los círculos críticos estadounidenses se ha venido haciendo referencia con la expresión «the Military-Industrial Complex», que significa la relación cómoda entre las partes que gestionan las guerras de los EEUU (las fuerzas armadas, la Administración presidencial y el Congreso) más las compañías fabricantes de armas y equipos de utilidad bélica, según se analizó en un estudio del Institute for Policy Studies[184]. Para decirlo de modo sencillo, se refiere a la relación extremadamente fluida y amistosa entre contratistas y gobernantes, en la que ambos lados están asociados para el logro de éxitos para los planificadores de las guerras y de beneficios financieros para aquellos que integran los consejos de administración de las grandes corporaciones. Algo que podría ser la versión actualizada de la teoría de «la guerra por el beneficio».

A este respecto, conviene recordar que la expresión Military-Industrial Complex quedó consagrada con el discurso de despedida (Farewell Address to the Nation) del presidente Eisenhower, que había sido un laureado general durante la Segunda Guerra Mundial que contribuyó a la derrota militar del nazismo en Europa. En su discurso del 17 de enero de 1961denunció ese entramado político-industrial, advirtiendo al pueblo americano de la amenaza que suponía ese conglomerado para la acción del gobierno democrático:

«En las sesiones del gobierno, debemos guardarnos contra la adquisición de una injustificada influencia, buscada o no, del complejo militar industrial. Existe y persistirá el potencial para la ascensión desastrosa de un poder inapropiado. No debemos nunca permitir que el peso de este conglomerado haga peligrar nuestras libertades o los procesos democráticos. No demos nada por descontado. Únicamente una ciudadanía informada y alerta podrá imponer el apropiado entramado de la enorme maquinaria industrial y militar de defensa con nuestros objetivos y métodos pacíficos, de modo que la libertad y la seguridad prosperen juntas»[185].

Este conglomerado industrial y militar sobrevivió al presidente, que tras sus éxitos en la Segunda Guerra Mundial había sido escogido por el Partido Republicano como candidato. Y este complejo de organizaciones y personajes estadounidenses creció en su dimensión económica, hasta el extremo que nos dice Joseph Stiglizt que «en el último medio siglo ese complejo se ha extendido: los grupos de presión que determinan las finanzas, la industria farmacéutica, el petróleo y el dióxido de carbono»[186]. Y se ha afianzado alcanzando la proyección internacional debido al peso de los EEUU en la economía mundial; y, en particular, porque son el centro de un sistema financiero internacional, donde los eventos estadounidenses repercuten en todo el planeta, como nos ha demostrado la crisis provocada por las hipotecas subprime[187].

Las armas y las guerras cotizan en bolsa

Hace unos años, el Grupo bancario ING, declaraba que había revisado su política de inversiones en «la industria de la Defensa». Este importante grupo financiero de origen holandés, vinculado al paraíso fiscal de la Isla de Aruba, centra su actividad en torno a cuatro grandes áreas de negocio de banca, firma de inversiones, seguros de vida y pensiones; ocupa un puesto destacado en el ranking mundial de las instituciones financieras y opera en más de 40 países. En el verano de 2005, en un clima de abierta condena ciudadana mundial de la invasión de Irak por los EEUU, proclamaba públicamente que sus operaciones e inversiones en valores de empresas de fabricación, mantenimiento y comercio de armamento estarían sometidas en adelante a estrictos criterios como a las regulaciones de la OTAN, excluyendo aquellas empresas directamente asociadas con minas antipersona, bombas de racimo u otras armas controvertidas. Con ello pretendía dar una respuesta creíble solo para quienes ponen su fe en la ética de las finanzas y en la responsabilidad social de las empresas; pero la verdad es que esta declaración tan matizada ponía de manifiesto la importancia de estos valores bursátiles de «la Defensa» para las corporaciones financieras, una realidad escasamente conocida debido a las estrategias de los entramados de filiales y sociedades offshore. El caso del Banco Santander al que nos hemos referido es un ejemplo de la deriva de la banca hacia la industria militar.

Los índices bursátiles del sector de la Defensa

Desde que estalló en 2000 la burbuja bursátil de la «nueva economía» con la caída de las nuevas empresas tecnológicas denominadas las punto.com y especialmente tras los ataques terroristas del 11 septiembre de 2001, la pasión por rentabilidades financieras sin creación de riqueza ni empleo, alcanzaba un considerable volumen inversor en el sector del armamento, que tiene una identidad definida por índices bursátiles específicos.

Como es sabido, un índice bursátil se corresponde con un registro estadístico o número que refleja las variaciones de las cotizaciones promedio de las acciones que lo componen. Generalmente, las acciones que componen el índice tienen características comunes tales como la pertenencia a un mismo sector industrial o a una misma bolsa de valores o una capitalización bursátil similar. Estos índices, además de orientar a los inversores, sirven a la gran banca como activos subyacentes para toda clase de derivados.

En los EEUU se dispone de índices bursátiles específicos sobre el sector de la Defensa, que miden estadísticamente las variaciones en las cotizaciones bursátiles de acciones y otros títulos de las compañías privadas relacionadas con la Defensa. Como más significativos tenemos que incluir el Amex Defense Index (DFI) que representa a un sector importante de las compañías altamente capitalizadas, con elevada cotización en bolsas, implicadas en la provisión de servicios, equipos y sistemas para la Administración de EEUU y sus aliados con el propósito de apoyar las actividades de inteligencia, defensa y fuerzas armadas. Abarca desde la fabricación de aviones militares, buques, vehículos de transporte terrestre, instrumentos aeroespaciales y tecnología, hasta la comunicación especializada y sistemas de radar, sistemas de armamento y munición. Y es un índice donde las acciones integrantes se ponderan por el mismo importe en dólares; ponderación que se revisa al trimestre, semestre o anualmente.

La Bolsa de Filadelfia tiene el PHLX Defense Sector (The Philadelphia Stock Exchange) que es un índice también ponderado por el mismo importe de dólares para las acciones que lo componen, que pertenecen a 18 empresas como Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics, Raytheon y otras que son las más altamente capitalizadas relacionadas con los sectores aeroespacial y de la Defensa. Y con el mismo nombre que una de las tres agencias de calificación de riesgos crediticios más importantes, tenemos el índice de bolsa Standard & Poor´s 500 para Defensa y Aeroespacial, que es un índice ponderado por la capitalización, es decir, cuyo valor lo determinan las diferentes cotizaciones. Y para más de cincuenta compañías, el SPADE Defense Index es un índice modificado y ponderado por la capitalización del mercado y que ha sido desarrollado para proporcionar una referencia financiera para la actuación de las compañías implicadas en la defensa, la seguridad interior y espacial.

Desde luego, cada uno de los índices varía según las contrataciones y perspectivas de las empresas de la industria militar que lo integran, como puede observarse en las informaciones cotidianas de bolsa. Dado el peso financiero del sector en los EEUU, las informaciones de bolsa en medios especializados dedican una atención particular a las noticias relacionadas con el sector de la defensa militar. En julio de 2010, las informaciones de la bolsa neoyorquina (Nasdaq.com) indicaban el liderazgo de la industria de la defensa y aeroespacial, que es el mayor componente del índice Dow Jones, debido a que los inversores tenían una visión optimista de las inversiones relacionados con ese sector. Asimismo, el índice de Standard & Poor´s sobre Defensa & Aeroespacial había subido el día 8 julio al nivel más alto del último año, dado que el fabricante de aviones Boeing Co. parecía haberse recuperado. Asimismo, junto a noticias sobre las compañías de vuelos comerciales que estaban ganando fuerza con el aumento del tráfico aéreo, también indicaban que las acciones de la compañía líder entre las dedicadas a material de defensa, Lockheed Martin Corporation, habían subido un 14% junto con otras compañías de defensa como el proveedor Goodrich Corp. En general, las compañías dedicadas a la Defensa se habían visto aliviadas con las noticias de que los EEUU no iban a recortar seriamente los gastos este año, ya que necesitan mejorar los equipos militares en el exterior, de modo que por el momento los gastos en Defensa se mantendrían en niveles «saludables».

La guerra de Irak cotizaba en bolsa

La experiencia de la invasión de Irak ilustra el proceso de financiarización de la guerra, manifestado en la creación de algunos de los referidos índices bursátiles. Desde el mismo mes de los atentados del 11 septiembre en Nueva York, la Bolsa American Stock Exchange estableció el mencionado índice DFI (Amex Defense Index) con una muestra de 15 títulos de las corporaciones con mayor capitalización en el sector del armamento, que incluyen a los cinco primeros contratistas del Departamento de Defensa de EEUU, como son Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman y General Dynamics que por sí solos se reparten un 50% de los gastos de suministro armamentístico. Y antes de acabar 2001, la Bolsa de Filadelfia establecía también su propio índice que hemos referido, el DFX, entonces integrado por 17 valores de empresas del armamento. Ciertamente, el interés de los mercados financieros por la industria armamentista estadounidense no comenzó tras los atentados de Nueva York, pero sí se aceleró este interés de los operadores financieros tras la invasión de Irak en 2003, como muestra el crecimiento continuado del índice DFI durante los años siguientes. Recordemos que por entonces el economista jefe del FMI aseguraba que una guerra corta contra Irak «podría tener un efecto positivo (sobre la economía mundial)»[188].

El hecho es que tras el hundimiento de los valores tecnológicos en las bolsas, que significó el final del referente de Internet, los analistas se plantearon como el nuevo referente para los mercados financieros la guerra ilimitada, proyección práctica de los planes de la Administración Bush que pretendía el relanzamiento de la economía estadounidense mediante una serie de medidas como los recortes fiscales masivos para las rentas altas, un aumento espectacular de los gastos militares y los gigantescos déficits presupuestario y exterior, unido a la creación del Departamento de Seguridad Interior (Homeland Security Department) con 1.700.000 empleados, más las fuerzas militares y la doctrina de la seguridad nacional basada en la guerra preventiva o al margen de la ONU. Todo ello en un nuevo entorno económico y geopolítico internacional que, tras la desaparición de la URSS, tenía a los EEUU como única superpotencia y centro del sistema financiero mundial como emisor de dólares y avanzadilla de la innovación financiera; en un marco de relaciones internacionales que desde una década antes se caracterizaba por la globalización dominada por la banca de Wall Street. Por eso no resulta descabellado que los analistas comenzaran por entonces a considerar sotto voce las guerras de EEUU como un nueva fuente de negocios financieros[189].

La innovación financiera específica

Además de reflejar las cotizaciones de las acciones de empresas de armamento como sucede con cualquier otro tipo de títulos bursátiles, los índices bursátiles específicos referidos sirven como base o activos subyacentes para todo tipo de productos derivados, así como de guía para las inversiones de bancos y de grandes fondos de inversiones. Las raíces de la prosperidad de este sector industrial y financiero y de sus instrumentos bursátiles, las sintetizaba Scott Sacknoff, presidente del Spade Defense Index, en declaraciones a una revista digital especializada[190] en valores bursátiles relacionados con la defensa, al asegurar que: “el impulso clave para las compañías del Index es el presupuesto asignado al Departamento de Defensa de los EEUU. Aunque se espera que los presupuestos anuales para el Departamento de Interior (Homeland) y la NASA crezcan en unos cuantos miles de millones de dólares en los próximos años, se prevé que el presupuesto de Defensa aumente en 102.000 millones de dólares de aquí a 2011. Son números reales que proceden del año fiscal 2006 presentado por el presidente Bush. Tenga presente que aunque probablemente oiga hablar sobre un descenso en el gasto de Defensa en los próximos años, será solo un descenso en el crecimiento real. Es la manera en que los gobiernos manejan las matemáticas.»

Como antecedente, este financiero aludía al índice bursátil SPADE Defense Index (ISBC), lanzado en junio de 2004 y desarrollado por la organización International Space Business Council, con la asistencia de la bolsa American Stock Exchange y con la finalidad de producir una nueva referencia financiera para los inversores y analistas en los mercados de la defensa, seguridad interior y espacial. Haciendo comparaciones con ese referente, se pretendía que se pudiera hacer el seguimiento de la rentabilidad de sus inversiones con retornos que generalmente han duplicado un índice del sector, según las declaraciones del distinguido financiero, que consideraba «extraño que no se dispusiera de un índice de referencia de los mercados de la defensa, la seguridad interior y espacial que representa uno de los más importantes sectores de la economía de los EEUU y que en conjunto genera más de un billón (trillion) de dólares en actividad directa.» Y añadía este máximo responsable del índice Spade, que se estaban negociando productos como opciones basadas en el índice en la American Stock Exchange; y que estaban en discusiones comerciales con algunas firmas financieras para el lanzamiento de un Exchange Traded Fund, conocidos como ETF; que como vimos en el capítulo I.3, presentan características particulares como instrumento puramente especulativo, porque es un producto híbrido entre los fondos de inversión y las acciones, compuesto de una cesta de valores al igual que los fondos de inversión tradicionales y cotizan durante toda la sesión bursátil al igual que las acciones; además, su operativa, fiscalidad y comisiones son iguales; pero ofrecen la ventaja para los inversores de que tienen un valor liquidativo que se publica al cierre de cada sesión y con un mercado secundario que permite el acceso a la especulación al pequeño ahorrador.

Las grandes corporaciones y los inversores institucionales

Pese a las proclamas para la galería sobre políticas inversoras de base ética por parte de los grupos bancarios y financieros, la realidad es que existe una corriente generalizada que lleva últimamente a ciertos fondos de inversión a orientar específicamente sus carteras de valores hacia «la Defensa»; otra de tantas desviaciones de las políticas de seguridad y de reforzamiento de la Defensa incentivadas por los intereses puramente financieros. Así, en los 10 primeros valores cotizados de las corporaciones estadounidenses de la Defensa encontramos un accionariado compuesto por inversores institucionales como bancos, aseguradoras y sociedades de gestión de inversiones que suelen detentar en torno al 5% del capital, es decir, la participación más importante; y, con otra menor, están los fondos de inversión gestionados por aquellos, incluidos los fondos de pensiones que tienen participaciones muy inferiores, según un análisis sectorial que hacía el economista francés François Chesnais[191]. Y observamos en el mercado financiero del armamento otra manifestación de esta mutación de la propiedad y la financiación de las grandes empresas. Y es que los fondos de inversión de alto riesgo y los fondos de pensiones anglosajones se han convertido en los accionistas principales de los grupos industriales y de servicios relacionados con la Defensa.

Durante las dos últimas décadas, estos potentes agentes financieros posibilitaron y se beneficiaron de las reestructuraciones de la industria estadounidense de armamento, apoyados por el Pentágono, el Congreso y las distintas Administraciones demócratas o republicanas, como revela un estudio del Institute for Policy Studies (IPS, Military-Industrial Complex Revisited); y actualmente disponen de una presencia masiva como accionistas de los grupos contratistas de primer rango (prime contractors) del Departamento de Defensa estadounidense. Estos accionistas institucionales y la comunidad financiera han desempeñado un papel activo no solo en las fusiones y adquisiciones sino en las estrategias de los grandes grupos industriales del armamento, donde ejercen hoy un control muy mayoritario, contribuyendo a la profunda transformación del referido complejo militar-industrial estadounidense, junto con las instituciones políticas y la interrelación de las tecnologías de la información y de la comunicación que ofrecen nuevas oportunidades de negocio a las corporaciones industrial-militares[192].

Un ejemplo lo tenemos en la Lockheed Martin Corporation, primer productor mundial de armamento, en la que los inversores institucionales tienen una participación de hasta el 95%; mientras que el primer grupo empresarial estadounidense, la cadena de hipermercados Wall-Mart, solo llega al 37,42%. Generada por la fusión de Lockheed con Martin Marietta, General Dynamics y varias otras compañías, facturó unos 45.200 millones de dólares en 2009, casi el 80% con cargo al Department of Defense y a las agencias federales por adquisiciones de aviones tácticos e investigación aeronáutica, satélites, misiles e Integrated Systems & Solutions, entre otros ítems de los cuales es el mayor proveedor, según informa en su sitio web. Este megagrupo con sede en Maryland ejemplifica también la transformación del sector de la industria militar, cuya sofisticación genera monopolios bilaterales, un solo grupo empresarial frente al único cliente, el Departamento de Defensa estadounidense.

Dado el tremendo peso político de los conglomerados militares, nadie cree que pueda predicarse de Lockheed Martin aquello que en los cincuenta se decía de «lo que es bueno para General Motors es bueno para América», porque aquella y otras corporaciones del armamento han venido presionando agresivamente a las distintas Administraciones para obtener ventajas y subvenciones, contratos lucrativos y elevadas facturaciones de compras autorizadas por el Congreso, por ejemplo, un mayor número de aviones que los previstos inicialmente por el Pentágono, como recoge el referido estudio del IPS. Por el contrario, la gran banca y los fondos milmillonarios contribuyen a potenciar estos megagrupos de fabricantes de armamento como fuente de sustanciosos negocios financieros.

Capítulo 4

LOS JUEGOS FINANCIEROS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO

Algunos sectores del movimiento ecologista son cada vez más conscientes de que las inversiones en nuevas tecnologías medioambientales están siendo condicionadas o frenadas por el peso de los negocios financieros montados sobre el comercio del CO2, donde puede estar la clave de la ralentización de la lucha contra la contaminación atmosférica. «A nosotros los ecologistas quizás los árboles nos impidan ver el bosque. Estamos bastante seguros de que tenemos que sumar cada compra que hacemos y de que el conjunto de todas nuestras decisiones de consumo componen un “bosque” de decisiones ecológicamente decisivas. Sin embargo, no vemos un bosque aún mayor que se esconde en las páginas interiores de la prensa financiera». Así comienza la carta abierta de un destacado ecologista californiano de Davenport, CA, que tiene sus granjas hortícolas cerca de San Francisco[193], en la que sugiere que los ecologistas tendrían que interesarse un poco sobre los planes de reducción del dióxido de carbono y los derechos de emisión de este gas nocivo. Porque el ecologismo no puede vivir alejado del mundo de los magos de Wall Street, que encarnan un bosque gigantesco al que hay que prestarle atención. A juicio de este ecologista, nadie parece entender que hay una relación entre la aceleración del consumo de recursos energéticos y los mercados financieros; que para entender esa relación hay que enterarse de lo que son y representan los derivados, que muchos economistas siguen considerando como innovaciones positivas. Y, entre otros argumentos, denuncia las operativas bancarias que solamente buscan el negocio cobrando unas comisiones y moviendo el dinero en forma de compraventa de toda clase de productos financieros, mediante unas transacciones carentes de regulación y de supervisión.

Desde luego, algunos de esos productos financieros comercializados, como analizamos en este capítulo, tienen su origen en la lucha contra la contaminación medioambiental. Ciertamente, cada vez es mayor la preocupación por implantar políticas eficaces contra la contaminación atmosférica, contra la generación de gases de efecto invernadero y la contención de la producción y consumo de energías sucias que acarrean la emisión de gases nocivos para los seres vivos y para el clima. Pero generalmente se reconoce que esas políticas avanzan lentamente en el logro de sus objetivos, mientras emergen negocios puramente financieros como ha sucedido en la Unión Europea, como una deriva de la política comunitaria contra el cambio climático. Y, asimismo, se apunta un nuevo mercado emergente en los EEUU y a escala mundial de productos financieros derivados, CDS y otros, ligados a las políticas medioambientales, que son otro amplio campo de especulación para la banca global y los fondos de inversión de alto riesgo.

Derivados del derecho europeo a contaminar

Generalmente se ignora que la lucha contra la contaminación atmosférica se ha convertido en una actividad comercial y se está transformando en negocio bancario. Aunque todo el mundo sabe que el Protocolo de Kyoto, en vigor desde el año 2005, tiene como objetivo limitar las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, evitando así que el llamado efecto invernadero repercuta en el cambio climático; un tratado que obliga a los 150 países que lo firmaron hace diez años y lo han ratificado, incluidos los países europeos. Pero es menos conocido que sobre el tratado de Kyoto, en la Unión Europea se ha creado todo un mercado común donde las empresas europeas pueden comprar y vender derechos de emisión de CO2. Y apenas se ha prestado atención a que sobre ese mercado real se está montando un mercado financiero emergente con sus contratos de futuro y demás derivados, siguiendo el modelo montado sobre el petróleo y las materias primas, que supone el predominio de los intereses financieros sobre las políticas de lucha contra la contaminación. Actualmente el 80% de este mercado está copado por bancos, intermediarios y especuladores sin una mayor inquietud por este problema que afecta a la humanidad.

Hasta el momento el marco jurídico global sigue siendo el Protocolo de Kyoto. A la fallida cumbre de Copenhague de 2009 para intentar un nuevo acuerdo de reducción de emisiones y medidas de aplicación, siguió la fracasada Conferencia de la ONU sobre el Cambio climático del año siguiente en Cancún, aunque se aseguró un cierto compromiso político con los objetivos de reducción de emisiones por parte los EEUU y China, principales contaminadores, prorrogándose el Protocolo citado hasta la conclusión de un nuevo tratado. En diciembre de 2011, la nueva edición de la Conferencia en Durban ha alcanzado un polémico compromiso de mantener el tratado de Kyoto hasta 2015, negociándose entre tanto un nuevo marco legal para la reducción de emisiones de gases contaminantes, que entraría en vigor en 2020 para incluir a China, los EEUU e India, principales emisores de CO2. En resumen, Kyoto sigue vinculando a alrededor de 40 países ricos además de la UE y a naciones más vulnerables al impacto del cambio climático[194] para los se ha acordado un fondo que atienda esos efectos climáticos. Lo que significa, particularmente en Europa, que los gobiernos han de exigir a las empresas o plantas emisoras como centrales eléctricas, fábricas de cemento, siderúrgicas, refinerías, papeleras, vidrieras y otras manufacturas, que sean mucho más eficientes (es decir, que emitan menos toneladas de CO2) y se vean obligadas a adquirir derechos de emisión o invertir en proyectos de energías renovables en países industrializados o en vías de desarrollo. De esta manera, con los mecanismos establecidos, un problema medioambiental se transforma en económico que a su vez se transforma en negocio financiero. Y los observadores de la comunidad financiera, que han visto con satisfacción los resultados de las conversaciones en Durban, los consideran como un avance para sus intereses aunque les quedan dudas por despejar, según informa la revista digital londinense Environment Finance, especializada en este campo financiero.[195]

Un nuevo mercado económico europeo

El nuevo comercio sobre el dióxido de carbono ha surgido en Europa. La UE ha sido pionera en la organización desde 2005 de un comercio sobre las autorizaciones o cuotas de emisión de CO2 de que disponen las empresas propietarias de las instalaciones industriales registradas y controladas en la Unión. En principio, el modelo europeo para combatir la emisión de gases de efecto invernadero, aunque imperfecto, tiene un objetivo razonable como es la reducción de gases nocivos para el clima, fijando topes de contaminación por países y por empresa. Así, conforme a la directiva europea correspondiente, cada Estado miembro fija un plan con unos límites para las emisiones potenciales de sus industrias generadoras de dióxido de carbono, que al ser en principio superiores a las emisiones reales, se convierten en una autorización, un derecho o un crédito transferible, comerciable entre quienes prevén la superación de ese tope o prevén que no llegarán.

Sin embargo, al margen de los detalles técnicos, este Esquema de Comercio de Derechos de Emisión (European Trading System o ETS en siglas inglesas), denominación de la regulación oficial[196], ha creado todo un mercado comunitario donde las empresas europeas pueden indistintamente comprar y vender derechos en cualquiera de los 27 países de la UE más los tres asociados del Espacio Económico Europeo que incluye a Islandia, Noruega y Liechtenstein; bien mediante intercambios bilaterales bien acudiendo a un corredor o a una bolsa especifica donde se determina un precio variable constantemente, según las disponibilidades de vendedores y las demandas de compradores y otros factores macroeconómicos. Al final de cada año, las empresas emisoras pasan una auditoría para calcular el volumen de toneladas de dióxido de carbono que han emitido; y por cada tonelada métrica de CO2 emitida en exceso tienen que abonar una multa. Para España, la asignación total en el período 2008-2012 es ahora de 152 millones de toneladas métricas/año, con una reducción del 19%. Estos derechos, que tienen un precio fijado por tonelada métrica, se distribuyen entre las empresas emisoras, que son quienes los administran y gestionan según sus necesidades, de manera que se convierten en mercancías equiparables a materias primas con demanda global y negociable en los mercados especializados. Surge así un comercio entre quienes contaminan más y quienes contaminan menos, que pone el precio al derecho de emisión de dióxido de carbono.

La deriva financiera del CO2

A comienzos de 2008, el banco suizo USB lanzaba el primer «índice bursátil sobre derivados del calentamiento global» para hacer posible que los «inversores» apostaran sobre el efecto combinado de las emisiones de CO2 y la temperatura global en alza. Y meses antes, Barclays Capital lanzaba otro índice sobre emisiones globales de estos gases contaminantes[197]. Son muestras de que sobre este mercado real de los créditos de emisión de dióxido de carbono, se está montando un mercado financiero emergente con productos financieros innovadores, transacciones informales y contratos de futuro, siguiendo el modelo montado sobre el petróleo y las materias primas, con los mismos posibles efectos de distorsionar los precios del intercambio. Igual que sucede de modo opaco con la especulación sobre el precio del petróleo a través de los llamados mercados de futuros, dominados por entidades financieras, bancos y fondos de alto riesgo, según hemos analizado y documentado en otro capítulo. En este nuevo mercado centrado por el momento en Europa, la rentabilidad se apoya en que es muy volátil el valor del derecho de emisión de dióxido de carbono, determinado por factores como las variaciones del clima, las situaciones político-económicas y el volumen de asignaciones en el ámbito europeo, factores que dejan un amplio margen para la especulación, generando junto al mercado real otro mercado virtual de carácter financiero; es decir, la financiarización ha penetrado en la lucha contra el cambio climático. Así, mientras el mercado real de derechos de emisión de CO2 ya alcanza los 78.000 millones de dólares al año, el comercio de sus productos financieros derivados ofrece un crecimiento de dos dígitos cada año.

Este mercado de compraventa de tales derechos es particularmente activo en Europa donde la mayoría de los países han suscrito el Protocolo de Kyoto. La realidad es que «los créditos del carbono» (carbon crédit, en el argot anglófono internacional), es básicamente «un derecho a contaminar» que venden aquellas empresas menos contaminadoras a las que lo son más, es decir, que por alguna razón propia aplazan por ahora su obligación legal de reducir sus emisiones de dióxido de carbono. El mercado, pues, se basa en los planes gubernamentales y los precios de estos derechos o créditos, que probablemente dependen más de la legislación aprobada en los parlamentos respectivos que del valor neto de sus empresas o en ratios técnicos tradicionales o en los tipos de interés. Considerados desde el rigor técnico, los «créditos del carbono» no son verdaderos productos financieros derivados, puesto que no derivan de un activo subyacente, de otro valor bursátil; son nada más que la posibilidad que tiene una empresa de emitir gases de carbón hasta la cuota que le corresponda, pudiendo vender ese derecho a contaminar sin sobrepasar su cuota. Pero por su propia lógica, la dinámica comercial actual se ha adueñado del mercado de CO2, resultando un mercado financiero respaldado por la compraventa de los créditos de emisión de CO2 dentro de la UE, en el que ya han desembarcado los grandes bancos de inversiones como Morgan Stanley, Barclays y otros para ofrecer derivados, contratos de futuro y demás innovaciones financieras junto con los inevitables agentes intermediarios.

La irrupción de la especulación financiera en los planes de lucha contra la contaminación ha distorsionado su desarrollo y sus resultados porque la banca intenta marcar sus objetivos. Con el mercado de dióxido de carbono se pretendía que fuera una herramienta europea para primar a las empresas que redujeran esas emisiones, asignando los gobiernos una cantidad a cada industria en función de su producción. De modo que previsiblemente tendrían un excedente de CO2 aquellas que hubieran invertido en tecnología limpia y podrían recuperar sus inversiones vendiendo esos derechos a las industrias más sucias. Con el paso de los años se suponía que cada vez habría menos derechos asignados, subiría el precio de la tonelada de dióxido de carbono y este comercio intraeuropeo de derechos de emisión, incentivaría las inversiones directas para la disminución del consumo de energía; pero el mercado ha ido por otros derroteros sometiéndolo a los intereses financieros.

La recesión económica gestada por la crisis financiera habría podido desestabilizar este mercado, presagiando una venta masiva de créditos de emisión de CO2 de las 11.000 empresas europeas registradas como participantes. Pero aunque ha habido una baja significativa de las emisiones de CO2 ligadas a la bajada general de actividad del año 2009, el precio de la tonelada de carbono apenas ha variado y se considera que, a pesar de algunos fraudes, el mercado sigue muy activo, según informaciones del periódico económico francés L’Expansion[198]. Y en enero 2010, el Financial Times refería el éxito desde el punto de vista financiero del sistema europeo sobre las emisiones de gases, comentando la inquietud entre los agentes del mercado por los posibles efectos de su suspensión temporal decretada por la Comisión, debida al robo cibernético del que había sido objeto una cuenta en la República Checa[199]; una muestra más de su conversión en un negocio financiero corriente.

Y en 2011, según un informe especializado, una de las áreas de desarrollo de productos financieros que utilizan los datos de la evolución del CO2, ha significado la emergencia de una gama de fondos de inversiones y de índices bursátiles vinculados a las emisiones de dióxido de carbono o relacionados con la lucha contra el cambio climático. Los más difundidos son las variantes encaminadas hacia industrias emisoras de CO2 que sirven de base a los proveedores de fondos de inversión cotizados (los EFTs, que vimos en el capítulo I.3) y a otras modalidades de fondos especulativos; que permiten desplegar estrategias de búsqueda de rentabilidad financiera con empresas asociadas a la reducción de la contaminación. Un ejemplo de estos índices es el FTSE CDP Carbon Strategy Index, un índice bursátil que es una versión del índice general consolidado, el FTSE All-Share Index, y que se toma como referencia para investigar los riesgos delos negocios basados en el dióxido de carbono (FTSE, pronunciado «futsi», es un acrónimo de Financial Times Stock Exchange, índice publicado por el periódico Financial Times y referido a la Bolsa de Londres). En resumen, este informe especializado subraya que las inversiones en carteras de valores vinculados a la reducción de la contaminación en las empresas «no impiden los retornos financieros»; traducido: son un negocio prometedor[200].

Los negocios bancarios con el CO2

La realidad de estos nuevos negocios montados sobre los planes europeos contra al contaminación, es bastante más compleja de lo previsto por la Unión, según apunta el informe anual de SendeCO2 para 2009, una de las firmas que más volumen de derechos gestiona en la bolsa española de dióxido de carbono[201]. El documento sostiene que actualmente este mercado está copado por bancos, inversores, intermediarios y especuladores que supusieron un 80% del volumen negociado durante ese año en el mercado europeo; según explicaciones del propio sector, esto supone que los «sectores no activos» (los no relacionados directamente con las emisiones de gases) negociaron unos 350 millones de euros diarios en Europa. Y subrayan que el funcionamiento del mercado está ayudando a reducir emisiones al mismo tiempo que permite obtener financiación para proyectos limpios en países en desarrollo, donde su menor desarrollo les permite vender esos derechos. Pero se reconoce que han aparecido efectos adversos y distorsionantes y que las operaciones han ido adquiriendo, cada vez más, un componente de búsqueda del puro lucro financiero impulsado especialmente por parte de los bancos, que ha llevado a crear «productos financieros estructurados» para los inversores[202]. Dicho de otro modo, dominan los agentes y las motivaciones financieras, es decir, se ha producido la financiarización del comercio creado por los planes oficiales contra la contaminación atmosférica, que implica un papel importante para la banca y para las motivaciones meramente financieras (búsqueda de liquidez, especulación sobre precios, beneficio inmediato, etc.).

Una fuente solvente pone el ejemplo de España, donde la industria pesada que recibió gratis del Gobierno los derechos de emisión, los ha vendido en los últimos tres años para acrecentar su liquidez, pero la salida de la crisis le plantea el problema de tener que recomprarlos, según los analistas. Como si fuese un recurso de tesorería, las empresas liquidaron su margen disponible de unos 15 millones de toneladas de CO2, equivalentes a 180 millones de euros, que eran los derechos de emisión que –salvo las eléctricas– recibieron gratis del Gobierno y que se han convertido en un buen negocio. Ante las dificultades de liquidez, pensando en el corto plazo, las ventas de CO2 han sido un remedio contra la crisis en muchos casos, pero al recuperarse la actividad productiva de esta industria contaminante, tendrá que encaminarse hacia la recompra de derechos de emisión más que a la inversión en proyectos limpios o en nueva tecnología[203]. De lo que se deduce que no es previsible que en los próximos años mejoren nuestros niveles de contaminación generados por la industria.

Entidades financieras especializadas en CO2

El componente financiero es evidente en las dos firmas que se reparten prácticamente el mercado europeo de CO2, como son la británica Carbon Capital Markets y la española Sende CO2. Carbon Capital Markets es una entidad autorizada y supervisada por la Autoridad Financiera Británica (FSA) en todas las actividades reguladas, que en 2009 fue adquirida por el fondo de inversiones Trading Emissions PLC, creado y registrado desde 2005 en el conocido paraíso fiscal de la Isla de Man y cotiza en la Bolsa de Londres; y según su propio sitio web, opera a través de los bancos Royal Bank of Scotland y Barclays. Es decir, no es una firma particularmente interesada en la lucha contra la contaminación sino que se trata de una entidad financiera que además gestiona fondos de inversiones.

Y la sociedad mercantil SendeCO2, gestora del sistema electrónico español de comercialización de derechos de emisión de dióxido de carbono y créditos vinculados, está participada desde diciembre 2007 por el Banco Sabadell, mediante su filial de capital riesgo Banco Sabadell Inversión y Desarrollo, S.A. (BIDSA). SendeCO2 fue creada en 2004 en Barcelona al amparo del plan de asignación de emisiones de dióxido de carbono aprobado por el Gobierno español con el objetivo de facilitar el comercio por Internet de los derechos de emisión entre las empresas emisoras españolas –1.100 en todo el Estado– y las del resto de Europa. Esta bolsa electrónica es la referencia para el Sur del viejo continente en el mercado mundial de los derechos de emisión y facilita así un intercambio seguro y eficiente de estos activos medioambientales. Y forma parte de la alianza europea Climex, que reúne a las bolsas de los países escandinavos, Benelux, Reino Unido y de la Europa del Este (Polonia, Hungría, República Checa), y tiene formalizados acuerdos también con diferentes instituciones empresariales, que agrupan a más de 350 plantas emisoras, y con AENOR, la entidad de certificación responsable de la verificación de las emisiones en más de 500 plantas.

La contratación electrónica de CO2

El nuevo negocio financiero montado sobre la lucha contra el cambio climático se instrumenta básicamente en dos plataformas electrónicas de contratación paneuropea. La empresa holandesa European Climate Exchange gestiona un mercado electrónico que supone el 85% del total de millones que se negocian en Bolsa anualmente en Europa, aprovechando los sistemas telemáticos de la Intercontinental Exchange con base en Atlanta que controla el ICE de Londres, el mercado de futuros del petróleo. El ICE Future Europe ofrece en la actualidad una gama de productos derivados, futuros y opciones, sobre diversos tipos de «carbon crédit», es decir, la posibilidad de apuestas sobre las variaciones de los precios del derecho a contaminar[204]. Y la NYSE Euronext, la empresa fusionada de la Bolsa de Nueva York y Euronext (París, Ámsterdam, Bruselas y Lisboa), en asociación con la banca francesa Caisse de Dépôts dispone de la plataforma Bluenext desde enero 2008, que ya comercializa contratos de futuros sobre los derechos de emisión de los gases de efecto invernadero.

Dada la incertidumbre inherente al producto base comercializado y financiarizado, como es la reducción de la emisión de CO2, y teniendo en cuenta que legalmente son parte de este mercado relevantes centros offshore considerados paraísos fiscales como Luxemburgo, Chipre, Malta y Liechtenstein, está asegurado el desarrollo de este mercado financiero emergente, lo que como mínimo distorsionará el combate legal contra el cambio climático. Aunque, recuperada la liquidez disponible por los bancos para estos nuevos negocios, algunos analistas anglosajones apuntaban la probabilidad de una nueva burbuja financiera sobre el mercado del dióxido de carbono en Europa, que a mediados de 2011 parecen haber detenido su crecimiento, aunque su futuro dependerá de lo que ocurra en los EEUU con estos negocios.

Un negocio emergente en los EEUU

Los grandes bancos, los fondos especulativos y demás actores del mundo financiero estadounidense, consideran que es inevitable a medio plazo la introducción de un sistema similar al europeo a nivel federal, pero el asunto es objeto de amplio debate político. Lo cierto es que sobre este referente europeo, actualmente se imponen varios sistemas de mercado para el dióxido de carbono, según el citado artículo de L’Expansión. Desde 2009 se ha lanzado un mercado de cuotas entre 13 Estados norteamericanos incluidos los canadienses, el RGGI (Regional Greenhouse Gas Initiative). Y el Estado de California, que es la octava economía del mundo, ha sido el origen del Western Climate Initiative para agrupar en otro mercado las cuotas de emisión de otros 11 Estados norteamericanos hacia el año 2012, que sería el mayor del mundo. Asimismo, Japón y China proyectan la creación de mercados similares basados en el comercio de los derechos de emisión de dióxido de carbono.

El modelo financiero-comercial europeo sobre el dióxido de carbono se intenta que sea reproducido en los EEUU, donde según las estimaciones, se calcula que el mercado potencial de CO2 oscilará entre los 300.000 millones y los dos billones de dólares anuales, según Bloomberg. Y los grandes bancos presionaban para lograrlo en el Senado durante el debate de un proyecto legal sobre energía limpia que introducirá un modelo de comercio sobre las emisiones de gases nocivos, conocido como U.S. Cap and Trade; y en la Cámara de Representantes, otro proyecto similar fue aprobado en junio de 2010. De salir adelante ambos proyectos, este plan transformará la industria estadounidense forzando a las grandes compañías petroleras, gasísticas, cementeras, eléctricas y de otros servicios públicos a calcular los volúmenes que emitan de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero y a pagar por los mismos; algo que en sí mismo es un objetivo loable. Y el mayor incentivo para mover a Washington en esa dirección sería el lanzamiento pronto de una bolsa de derechos de emisiones en Pekín –que igual que los EEUU aún no es parte de Kyoto–, dando nacimiento a un flamante sector comercial financiero, según apunta el prestigioso medio informativo especializado citado antes.

Los financieros calientan el medioambiente

A propósito de la cumbre de la ONU de Copenhague en diciembre de 2009, el canal multimedia de información financiera Bloomberg analizaba las perspectivas del mercado de dióxido de carbono en los EEUU según los proyectos de ley en el Congreso estadounidense, bajo el sugerente título de «los capitalistas calientan el mercado del clima utilizando derivados»[205]. Y destacaba el interés que suscita este nuevo mercado entre los bancos de inversiones y demás entidades financieras con vistas a desarrollar productos ligados a los derechos de emisión de CO2.

Para su análisis, el citado medio tomaba como fuente informativa las opiniones de la experta en finanzas Blythe Masters, responsable de los negocios medioambientales del banco neoyorquino JP Morgan Chase & Co. Y refería que, con la intermediación de este banco de inversiones, en 2007 la firma Land Rover logró el acuerdo de adquisición de ClimateCare, una firma inglesa que forma parte de un grupo que desarrolla proyectos de eficiencia energética en todo el mundo. Actualmente, Land Rover, ahora propiedad de la japonesa Tata Motors Ltd., compra derechos de emisión de CO2 en países con excedentes, generalmente los menos desarrollados, para compensar la emisión de gases que generan la fabricación de sus vehículos. Y para Wall Street, según Bloomberg, estos acuerdos voluntarios sobre compraventa de dióxido de carbono son un ensayo para cuando se introduzca en los EEUU un programa obligatorio de comercialización de emisiones de gases de efecto invernadero. De ahí, la gran atención que, según estas informaciones, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley y otros grandes bancos estaban prestando a las negociaciones de los países de la ONU en Copenhague, donde fracasó el logro de un posible nuevo tratado contra el cambio climático, que por vez primera habría incluido a EEUU y China. Y en esa dirección hacia un mercado de cuotas de emisión de gases, se encamina el acuerdo de Cancún que compromete a estos dos grandes países en la fijación de objetivos de reducción de emisiones.

Como es sabido, aunque el presidente Clinton firmó el Protocolo de Kyoto, los EEUU no lo han ratificado todavía. Por tanto, para la comercialización de esos derechos las compañías han de registrar sus proyectos de reducción de emisiones de gases y de ahorro de energía en la ONU, que les expide una certificación, según cuenta Bloomberg. Por tanto, las compañías estadounidenses todavía no pueden operar plenamente en ese mercado; de ahí que ya ahora Londres sea el centro más vivo para los 25.000 millones de dólares del mercado de derechos de emisión de CO2, donde tienen lugar el 60% de las transacciones, mientras que en suelo estadounidense solo se efectúa un 10%. Sin embargo, los inversores y especuladores estadounidenses ya participan en este atractivo mercado a través de varios fondos de alto riesgo que intervienen en la nueva Bolsa de Chicago Climate Exchange, Inc., que cuenta con 200 miembros y que es el mayor sistema voluntario en los EEUU sobre comercio sobre emisiones de gases de efecto invernadero.

Otra nueva línea de negocio bancario

Como se apunta en el extenso reportaje de Bloomberg, en un futuro mercado de topes de emisiones de gases, el gobierno estadounidense asignaría permisos de contaminación comercializables, es decir, unas cuotas autorizadas para los emisores de CO2 y de otros gases nocivos que podrían comprarse y venderse. Y previsiblemente el mercado ofrecería compensaciones, créditos generados por las compañías como eco-valores (Eco-Securities) que tendrían que demostrar ante las agencias gubernamentales que gestionan el programa, que de ese modo se mitiga la contaminación por carbón. Para el año 2020, el mercado de dióxido de carbono en los EEUU podría superar los 300.000 millones de dólares según estimaciones de la firma Point Carbon, una consultora global sobre energías con sede en Oslo que analiza los mercados medioambientales; otros expertos aseguran que podría crecer hasta los dos billones de dólares.

Y mientras esperan a la apertura oficial de ese nuevo mercado de topes de emisión, los bancos se están preparando y organizando. Por ejemplo, Goldman Sachs dispone ya de un equipo de agentes dedicados a explorar este asunto en todo el mundo con el fin de conocer clientes potenciales, las expectativas y los riesgos previsibles, según afirma el citado responsable de ese banco que, como otros, contemplan esperanzados las negociaciones en el Congreso estadounidense, que ha sido renovado en las elecciones de noviembre de 2010. Con la anticipación que les caracteriza, los bancos pretenden convertirse en agentes intermediarios en este mercado financiero emergente. Aunque se decía que la legislación aún tardaría años, Wall Street ya había gastado cientos de millones de dólares contratando lobbistas y efectuando acuerdos con compañías que puede aportar las «compensaciones de dióxido de carbono» para venderlas a sus clientes. A comienzos de 2008 el banco de inversiones JP Morgan adquirió ClimateCare, un grupo británico con sede en Oxford, que desarrolla proyectos de eficiencia energética en todo el mundo y que, como parte del área de «mercados medioambientales» de este banco, le asesora en los cálculos sobre emisiones de CO2 y en la compra de derechos de emisión. Y este banco ha encargado tal responsabilidad a la citada economista Blythe Masters, que formó parte del equipo que inventó los derivados de crédito como los CDS y que hemos reseñado en el capítulo I.4; y que desde una firme posición más ideológica e interesada, asegura que este negocio exige «una redirección masiva de capital. No se puede tener una política exitosa sobre el clima sin una fuerte implicación de las instituciones financieras». Argumenta esta experta que, como el keroseno para los aviones o el trigo, en el mercado del CO2 los derivados, como futuros, opciones y swaps, ya analizados en capítulos anteriores, permitirían a una compañía cerrar un precio para el CO2 como si fuera otro producto relacionado con su negocio. Tales derivados se negocian cada día por las aerolíneas tratando de garantizar precios futuros del keroseno y los granjeros establecen un precio futuro para sus cosechas de trigo.

El debate político en el Congreso

El Congreso estadounidense de mayoría demócrata se debatía entre dudas y recelos. Después del papel jugado por los bancos en lo que empezó como una crisis del crédito interbancario, las discusiones se centraban en la cuestión de la comercialización de las cuotas de emisión. Y eran muchos los legisladores que recelaban de la entrega a Wall Street de un nuevo negocio porque aún perduraba el amargo sabor de la debacle ocurrida y su coste para los contribuyentes; el foco estaba en los derivados que se aseguraban y se vendían a inversores y especuladores. Con el temor al daño ciudadano de los «los futuros de CO2» y sus problemas, la senadora demócrata María Cantwell, propuso que se concediera a los gobiernos de los estados el derecho a prohibir los productos financieros no regulados porque «el mercado de los derivados ha hecho mucho daño a nuestra economía ya que no son más que caras apuestas de casino».

El presidente Obama y su equipo económico han venido apoyando el comercio sobre los topes de emisiones de gases nocivos, pero el debate es confuso, tanto dentro del campo demócrata como en el republicano. En junio de 2010 la Cámara baja del Congreso aprobó un proyecto de ley sobre este asunto por solo siete votos de diferencia y a los senadores de ambos partidos les preocupa que la imposición de topes a la contaminación en la industria pesada traiga como resultado una factura de la energía más cara para los consumidores en unos momentos en que se mantiene un alto nivel de desempleo. El correspondiente proyecto de ley sufrió un boicoteo en el comité del Senado en noviembre de 2009 y en ese mismo mes, el senador de la mayoría demócrata Harry Reid anunció el aplazamiento de los debates sobre la legislación del cambio climático, dando a entender que no sería aprobada antes de las elecciones al Congreso de 2010. Después, con la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes, al final el Congreso no solamente no ha logrado pasar la legislación sobre cuotas de emisión de gases nocivos sino que la nueva mayoría está intentando suprimir competencias a las agencias gubernamentales para limitar las emisiones de gases[206]. Los fracasados proyectos de ley de ambas cámaras del Congreso configuraban un mercado para las emisiones de dióxido de carbono y otros gases nocivos similar al europeo en el cual los derechos acumulados podrían ser objeto de compraventa desde cualquier parte del mundo. Sin embargo, la «comunidad financiera» ha consolidado este sector denominado environmental finance, que designa su desarrollo y las posibilidades inversoras; aunque en 2011, las incertidumbres sobre el marco legal futuro habían provocado una cierta paralización de su crecimiento[207].

Una próxima burbuja o una solución alternativa

Aparte de algunas protestas públicas con cierto eco mediático, algunos otros grupos ecologistas como Amigos de la Tierra (Friends of the Earth) vienen realizando una campaña contra el comercio de las emisiones de CO2. Una veterana analista de este grupo en San Francisco, Michelle Chan, mostraba su oposición y su escepticismo sobre los planes para introducir este sistema en los EEUU, sosteniendo que, dada la reciente historia, se tiene que frenar la posibilidad de que los bancos conviertan el cambio climático en nuevos productos financieros. Como advertía en declaraciones ante el Senado, «Wall Street no se limitará a intermediar con simples derivados de CO2 sino que serán creativos», inventarán muchos otros productos financieros. Esta ONG está trabajando para impedir que los bancos incluyan al mercado de gases nocivos entre su repertorio. Así lo expone con detalle en un informe titulado Subprime carbon?[208].

Incluso, desde otro ángulo, el financiero multimillonario George Soros, que opera con un importante hedge fund, dice que los gestores de fondos encontrarán modos de manipular los mercados de topes de emisiones que se quiere introducir en los EEUU. Y en el reportaje referido de Bloomberg se cita a muchos otros financieros que dicen que los especuladores terminarán controlando el mercado estadounidense de CO2 y podrían desencadenar el mismo esquema de auge y quiebra que se ha dado con otras materias. Los bancos intentarán inflar este mercado reclutando inversores entre los fondos de pensiones y los hedge funds, vendiendo productos a gente que no tiene nada que ver con el dióxido de carbono. Y también se han dejado oír voces de muchos otros economistas que muestra su disconformidad con un modelo de mercado de CO2 que consideran que no resuelve el problema de fondo que es la lucha contra la contaminación del medio ambiente.

¿Una nueva burbuja financiera?

Uno de los destacados analistas económicos del Reino Unido, Jeremy Warner, director adjunto del The Daily Telegraph, señalaba en un artículo que los bancos de inversiones se están moviendo hacia el campo de valores bursátiles que es potencialmente incluso más lucrativo; y que, más aún, tienen un valor social como es la salvación del planeta. Contrariamente a los mercados tradicionales que al final suponen la entrega a alguien de un objeto físico, el mercado de gases nocivos se basa en la entrega de una sustancia invisible. La base del nuevo negocio financiero es que el mercado gira en torno a algo tan intangible como la creación de derechos de emisión o encontrar proyectos de reducción de CO2 cuyos beneficios puedan venderse a quienes tienen un exceso de emisiones[209].

En ese artículo, se hace referencia a la tesis de una nueva burbuja, que considera confirmada por un experto solvente como Mark Schapiro en un brillante ensayo de la revista Harper de febrero 2010 (Conning the climate. Inside the carbón-trade shell game, que podemos traducir por «La estafa del clima. El falso juego del comercio sobre el carbono por dentro»). Según este autor de varias publicaciones y perteneciente al Center for Investigative Reporting de la Universidad de Berkeley, California, el comercio de gases nocivos es ahora el mercado de mayor crecimiento en el planeta. Desde que en 2005 los firmantes del Protocolo de Kyoto aceptaron el concepto del comercio de topes de emisión, han crecido las transacciones y varios grandes bancos como Goldman Sachs y Barclays han creado su propio departamento para los negocios con CO2; que viajan por todo el mundo en busca de proyecto de reducción de emisiones para vender, mientras unas firmas auditoras del CO2 verifican en nombre de la ONU que esa reducciones son reales. Aunque bien intencionado, el comercio está abierto a los abusos y a las estafas, afirma Mark Schapiro en el estudio mencionado, obviamente muy escéptico sobre sus resultados porque todo el asunto terminará siendo una burbuja gigante de activos ya que es absurdo considerar la no generación de CO2 como un activo financiero.

Una propuesta alternativa al nuevo negocio

Otras voces solventes proponen alternativas. A comienzos de 2010, James Hansen, el científico climatólogo de la NASA que lidera campañas contra el calentamiento global, declaraba a una cadena de televisión independiente (Democracy Now de la periodista Amy Goodman) que el comercio de topes no solo no reducirá las emisiones sino que probablemente las incremente. El problema –decía– es que las emisiones se trasladan a otro lugar porque, mientras el combustible fósil sea el más barato, se quemará en algún lugar. Como hemos visto, los europeos pensaron que iban a reducir realmente sus emisiones después de Kyoto, pero lo que sucedió es que los productos que se habían fabricado en sus países comenzaron a fabricarse en otros países, que quemaban la forma más barata de combustible fósil, de ahí que en realidad se incrementen el total de las emisiones. En un acto de amplia repercusión mediática en Nueva York[210], acompañado de otros líderes ecologistas y de cientos de activistas, este científico hizo pública una carta abierta a los actores de este comercio (que por esas fechas convocaba una conferencia sobre el tema) en la que abogaba por la aplicación del «impuesto y dividendo», un impuesto sobre la contaminación en lugar del comercio de topes sobre las emisiones de gases nocivos; proponiendo la imposición de un tributo en la venta inicial de combustible fósil cuya recaudación luego beneficiaría el interés público. Porque considera que con este comercio actual se aumenta el coste de la energía para el público; y a medida que las empresas suministradoras de energía y otras industrias compran el derecho de contaminar, con una mano lo suman a los precios del combustible y con la otra mano recuperan la mayor parte de los ingresos derivados de las autorizaciones del Gobierno. Con el comercio de topes, los costes y beneficios de esa infraestructura se añaden también a la factura de la energía para el público. Mientras que con el sistema que propone de «impuesto y dividendo», James Hansen piensa que se frena el negocio de la contaminación.

Capítulo 5

LOS JUEGOS PRIVADOS CON DEUDA PÚBLICA

Cuando Clinton llegó a la Casa Blanca, la cuestión clave era si se incrementaba el gasto público en programas sociales y si se continuaba con la promesa electoral de recortes de impuestos para las clases medias o se equilibraba el presupuesto con el fin de mantener bajos los tipos de interés. A pesar de que la campaña demócrata se había centrado en el aquel eslogan de «¡La economía, estúpido!, cuentan que el nuevo presidente no tenia una posición definida sobre el importante peso que ya había adquirido la gran banca de inversiones durante la etapa del presidente Reagan. Y al nuevo equipo en Washington se incorporó un hombre de Wall Street, Robert Rubin, como director del recién creado Consejo de asesores económicos y que había sido el más importante recaudador de fondos durante la campaña. Como firme creyente en el equilibrio presupuestario, defendía la importancia de unas buenas relaciones con el «mercado de los bonos»; y de unas bases sólidas para el crecimiento a largo plazo. Sostenía la teoría de que el mercado de los bonos del Tesoro solía desconfiar de los presidentes demócratas, y si ese mercado sospechaba que Clinton iba a caer en la «irresponsabilidad fiscal» (en el déficit persistente), exigiría mayores rentabilidades para comprar deuda del gobierno estadounidense, empujando al alza los tipos de interés en la economía ahogando el crecimiento económico; lo cuenta Simon Johnson, profesor del MIT, y James Kwat, consultor de McKinsey en su libro citado[211]. En consecuencia, al comenzar 1993 se dejó sentir la influencia de Rubin –que luego fue secretario del Tesoro– en la primera reunión del equipo de Clinton donde se acordó que la reducción del déficit debía ser la primera prioridad con el objetivo de lograr credibilidad ante Wall Street. Y tras esa reunión en que se adoptó esa decisión política, uno de los asesores del presidente, James Carville comentó: «Yo solía pensar que si hubiera reencarnación, me gustaría regresar de Presidente o de Papa o de estrella del béisbol. Pero ahora pienso que me gustaría volver como “mercado de bonos” porque puedes intimidar a todo quisque». Desde entonces, esta anécdota es una cita frecuente en «la comunidad financiera estadounidense» para recordar el peso actual que inversores y especuladores tienen en los mercados de la deuda pública.

Y ese peso de «los mercados» en la financiación de las políticas de los gobiernos, es una dimensión más del fenómeno contemporáneo de la financiarización, es decir, del dominio de las finanzas sobre el precio del petróleo, los precios de las materias primas agrícolas, los mercados de armas y la lucha contra la polución, como hemos visto, y alcanza también a los empréstitos públicos, al endeudamiento público sobre el cual se han montado unos mercados globales específicos que condicionan, cuando no determinan, la acción de los gobiernos democráticos, particularmente vulnerables en la Unión Europea. A esta realidad, intentamos aproximarnos aquí, más allá de las vicisitudes y los debates europeos de estos años, apuntando hacia las raíces y la complejidad del problema de la dependencia de los gobiernos de los mercados de la deuda soberana, donde se juegan sus políticas.

1. LA DEPENDENCIA FINANCIERA DE LOS GOBIERNOS EUROPEOS

El 21 de septiembre de 2010, ante el creciente deterioro de la situación económica y de la finanzas públicas, el presidente del Gobierno español celebraba una reunión en Wall Street con un selecto grupo de destacados representantes de la gran banca neoyorquina como Goldman Sachs, Citigroup o Morgan Stanley; de magnates y gestores de hedge funds (como George Soros); y de grandes aseguradoras y gestoras de fondos de pensiones como Prudential o Metlife y de varias otras firmas de relevancia global, al decir de la prensa eran «los más reputados tiburones financieros»[212]En dicha reunión de alto nivel, el Gobierno español intentaba persuadir a los «potenciales prestamistas» de la solvencia actual del país, detallándoles las políticas y los planes gubernamentales para garantizar la solvencia futura de las finanzas públicas españolas. Al margen de cualquier juicio político sobre esa convocatoria del Gobierno español, aunque fuera de un modo más publicitado que el que han hecho en ocasiones otros gobernantes, se estaba reconociendo expresamente que actualmente de facto las políticas de los gobiernos democráticos dependen de los mercados financieros. Más aún, las dudas que algún ciudadano pudiera conservar al respecto, debieron quedar disipadas por los hechos dramáticos ocurridos en el Eurogrupo durante el mes de noviembre de 2011. El simple anuncio por el primer ministro Yorgos Papandreu de someter a referéndum la aprobación del nuevo plan de rescate de las finanzas griegas acordado en Bruselas «desataba el pánico en la UE», según resumía el titular de El País del día 2 de ese mes. Las acciones de los bancos más o menos acreedores de Grecia caían en picado y se disparaba hasta cotas desconocidas la llamada prima de riesgo, el sobrecoste de la deuda soberana de Francia, Italia, Bélgica, España y de otros países, elevando la presión del directorio germano francés sobre el Gobierno griego, que finalmente decidía suspender el referéndum proyectado; días más tarde dimitió el primer ministro griego, que era sustituido por un gobierno tecnócrata, legitimado con urgencia por el Parlamento, ofreciendo a Bruselas mayores garantías para llevar a cabo los nuevos recortes del gasto público exigidos por la política de la UE para calmar a los «inversores». Casi en paralelo, el encarecimiento de la financiación pública de Italia en los mercados de la deuda soberana, obligaba al primer ministro italiano Silvio Berlusconi a ceder su puesto a un prestigioso tecnócrata, que era designado senador el día anterior por el presidente de la República italiana, con el objetivo de diseñar y ejecutar un plan de reducción del gasto público que, con la conformidad del directorio europeo, trajera la tranquilidad a los mercados, una vez ratificado por el Parlamento nacional. Unos planes exigidos por Bruselas, contrarios a los intereses de la ciudadanía expresados en violentas protestas callejeras, y que realmente respondían a la presión de los especuladores e inversores en bonos soberanos dispuestos a encarecer al máximo la financiación de los déficits de esos países, dada la vulnerabilidad externa con que se han encontrado los países del Eurogrupo, una área monetaria dentro de un mercado abierto sin fronteras financieras y sin gobierno común.

Una situación generada por la política europea

Desde luego, la actual situación de crisis europea es, sin duda, una realidad compleja que ha sido generada durante las últimas décadas en la UE por las políticas desreguladoras compartidas; y que se ha agudizado por la crisis global en perjuicio de los países miembros, en mayor o menor grado. Y aunque la causa específica e inmediata de la crisis de las finanzas públicas en Europa haya que buscarla en cada país, no deja de ser el resultado histórico de las políticas aplicadas por la Unión y el Eurogrupo, porque los eventos del último año han mostrado al desnudo la vulnerabilidad de los Estados miembros de una estructura comunitaria deficiente frente a los retos del presente.

En primer lugar, resulta indiscutible que la recesión económica derivada de la crisis financiera, ha mermado los ingresos públicos en Europa como recogen los datos de Eurostat, repercutiendo directamente en los déficits de los presupuestos públicos; una consecuencia directa de las políticas acordadas y supervisadas por la Comisión desde hace años que, entre otros efectos, redujeron las fuentes de financiación del Estado a los impuestos. Los datos de la oficina de estadísticas europeas indican que los ingresos fiscales de los gobiernos en general, incluyendo las contribuciones sociales, cubren más del 90% del total de ingresos ordinarios gubernamentales; es decir, la financiación de los Estados europeos se basa prácticamente en los impuestos junto con el endeudamiento público para afrontar los déficits recaudatorios. Y la disminución de la actividad económica desde 2008 ha generado una bajada de los ingresos fiscales. Sin mayores profundidades que habría que investigar en cada caso, se afirma que en general, además de la disminución de la actividad económica como la causa principal, otro factor de la reducción de ingresos han sido las políticas fiscales practicadas de disminución de los tipos y de las bases impositivas, de los umbrales de tributación, con exenciones, etc.; es decir las sucesivas bajadas de impuestos[213]; factores a los que hay que sumar los costes de los recientes avales y las ayudas prestadas a la banca y al sector privado.

Por otro lado, sobre la recaudación fiscal ha tenido un impacto negativo la liberalización de los movimientos de capitales incontrolados, que ha acentuado la competencia fiscal entre los propios socios europeos, creando una dinámica en los países de la UE para dar respuestas fiscales que disminuyen los ingresos tributarios sobre el capital con el fin de evitar su fuga hacia otros países, un hecho favorecido por la política comunitaria de asociación comercial con Suiza, Lichtenstein y demás centros financieros offshore, los paraísos fiscales, a la UE junto a la renuncia a combatir la evasión y el fraude fiscal[214].

Y en la medida en que los Estados europeos, mediante las privatizaciones del sector público, han ido desprendiéndose asimismo de sus ingresos patrimoniales y de su banca pública, se ha acrecentado su dependencia del endeudamiento exterior, al mismo tiempo que, como efecto de la crisis económica, aumentaban los costes de los servicios públicos, la protección social y otras necesidades del hasta ahora modelo social europeo. Y ese proceso, junto a la deficiente institucionalización y gobernabilidad del Eurogrupo, ha desembocado al final en una fuerte dependencia de los gobiernos de la financiación exterior para poder superar sus desequilibrios presupuestarios coyunturales o persistentes, obligados a someterse a los dictados de los mercados financieros globales y, dada la orientación neoliberal prevalente, a la reducción de gastos sociales.

Así, nos encontramos que la complementariedad que en otros tiempos tenía la deuda pública, destinada a cubrir un déficit presupuestario ocasional o para que el Estado llevara a cabo los grandes proyectos de obras públicas, es ahora un recurso ordinario obligado y problemático para los gobiernos; que se instrumenta de modo regular mediante la planificación de emisiones de títulos de deuda pública, bonos o algún otro tipo de títulos bursátiles para equilibrar las finanzas públicas, aparte de las necesidades normales de tesorería para cubrir el desfase entre gasto público y recaudación tributaria. Por tanto, cuando las necesidades de financiación de los gobiernos se disparan como en la crisis actual, los gobiernos quedan a expensas del entramado de los poderes financieros mundiales que fijan sus condiciones.

La vulnerabilidad del «espacio financiero europeo»

Más aún, en Europa, en tales situaciones de crisis profunda como la actual, la experiencia de estos años muestra que la vulnerabilidad frente a los mercados es mayor porque los Estados miembros de la zona euro carecen de política monetaria y comercial propia y de recursos legales para actuar sobre el tipo de cambio y el tipo de interés del euro. Como es sabido, los Estados han cedido al BCE su políticas monetarias y de cambio, careciendo de competencias para operaciones de devaluación de la moneda, que es común, o regular el comercio exterior que compete a la Comisión. Y, además, al definirse la Unión en los documentos de la Comisión como un «espacio financiero europeo», sin una regulación financiera seria y homogénea del conjunto, los Estados miembros tienen que enfrentarse directamente a los mercados financieros globales. Porque el pretendido mercado único europeo se ve diluido en los mercados mundiales del dinero, puesto que la integración financiera se ha dejado para que sea impulsada «primero y ante todo» por el propio mercado, según señalaba el presidente del BCE[215], que ha optado por la opción globalizadora. En este marco, se explica la crisis y la zozobra en que se vive en la UE, carente de instituciones de gobierno político que suplan la vulnerabilidad de sus miembros. De ahí que sea una amenaza para los gobiernos europeos la financiarización de la deuda pública, su conversión en activos financieros negociables en los mercados que a su vez sirven de referencia de otros productos financieros cuyas cotizaciones variables condicionan las políticas de los gobiernos. Y es que a la referida necesidad permanente de los Estados, sea el gobierno central o los gobiernos regionales y locales, de proveerse de liquidez y de financiación privada, ha contribuido el desarrollo de unos mercados específicos, donde se juegan las políticas de los gobiernos.

2. LAS POLÍTICAS SE JUEGAN EN LAS BOLSAS

Desde luego la dependencia de los mercados financieros parece aceptada por los gobiernos nacionales y las autoridades locales como procedimiento ordinario de obtención de recursos públicos mediante transacciones normales. Y asimismo gobiernos y autoridades locales se han convertido en operadores ordinarios de los mercados. E incluso, gracias a la crisis global, hemos podido saber que los bancos internacionales estructuraron una variedad de derivados para las autoridades de algunos países, asociados con la emisión de bonos municipales cuando se trataba de los ayuntamientos más grandes, como hemos analizado al hablar de los swaps en el capítulo I.4. Y así, como hemos visto antes, algunas ciudades noruegas perdieron grandes cantidades de dinero en complejos productos diseñados por Citigroup; el Condado de Jefferson en Alabama, EEUU, estuvo al borde de la bancarrota por los crecientes costes de un empréstito millonario para la renovación del alcantarillado; y el Condado de Orange en California perdió miles de millones de dólares en contratos apalancados apostando por los tipos de interés. Asimismo, hoy sabemos que la gran banca ayudaba con derivados de la deuda pública a los gobiernos de Grecia para engañar a la Comisión Europea y también acrecentaba los apuros del Ayuntamiento de Milán y otras municipalidades italianas; o lo que es lo mismo, se demostraba que el fenómeno de la financiarización, la lógica del puro beneficio financiero ha llegado a impregnar la gestión de gobiernos y administraciones públicas, que acuden a los mecanismos de la especulación para allegar recursos.

En todo caso, aparte de esas experiencias especulativas de las entidades públicas que la crisis ha frenado, es un hecho corriente que los propios Estados son actores de esos mercados a través del organismo competente no solamente emitiendo títulos sino adquiriendo los vendidos antes de su vencimiento con el fin de amortizar la deuda pendiente, adaptando o subordinando su programa de gobierno a esos mercados. En septiembre de 2011, el banco central de los EEUU (la Reserva Federal) lanzaba una operación singular de refinanciación de la deuda pública (denominada operación twist) destinada a reactivar la economía impulsando la bajada de los tipos de interés a largo plazo. El plan era adquirir 400.000 millones de dólares en bonos del Tesoro, financiando la venta de un importe igual de bonos a tres o menos años[216]. Es un ejemplo de las actividades financieras de los Estados que les convierte en operadores de las bolsas y mercados.

La negociación y cotización de los diversos títulos de deuda pública, a corto o a largo plazo, tiene lugar en los mercados globales, donde los potenciales prestamistas son compradores-acreedores y los gobiernos son vendedores-deudores; y aquellos compradores o acreedores e inversores se convierten a su vez en operadores o agentes que venden y compran o especulan con títulos de la deuda pública. Pero sobre la base real de la demanda de los bonos de los gobiernos para cubrir sus déficits presupuestarios que dan origen a esos mercados secundarios, se generan otros negocios con derivados financieros sobre la deuda pública que la realidad nos ha demostrado que condicionan, o determinan, las políticas gubernamentales no solo respecto a la política de ingresos fiscales y a los empréstitos sino a todas las restantes políticas. De modo que en fases de tensiones financieras, la administración competente del Estado se convierte en un área central de la acción de gobierno, y los intereses de los financiadores terminan situándose por encima de los intereses ciudadanos, acomodando aquel su planificación de emisiones de deuda a la coyuntura del mercado y a la imprevisible especulación. Durante 2010, la deuda emitida por el Tesoro español se reducía cerca del 20% sobre las previsiones al comienzo del año, reduciéndose el importe de la deuda pública en circulación para acomodarse a la menor demanda o eludir la exigencia de mayor rentabilidad[217].

En este punto, aunque en la práctica vayan entrelazados, hay que distinguir los diversos mercados; por un lado, las subasta de títulos de deuda pública que crea el mercado primario de los diversos instrumentos y, por otro, los mercados secundarios de esos títulos emitidos por los Estados y los otros donde tiene lugar la comercialización de derivados financieros respaldados por los anteriores, como es el caso de los conocidos como CDS. Por tanto, contrariamente a las simplificaciones de cierta visión mediática sesgada, las oscilaciones de las cotizaciones en los mercados de los bonos soberanos (expresadas en la llamada prima de riesgo o sobrecoste porcentual en relación con el bono alemán, en Europa) y demás títulos de la deuda pública son constantes y se agudizan en determinadas coyunturas en función de la demanda y de la oferta, incentivada o no por factores circunstanciales como en cualquier otro mercado; pero dependiendo fuertemente de muchos elementos complejos, desde la fortaleza económica del país a las perspectivas a medio o largo plazo y las opciones políticas en el gobierno como de las oleadas especulativas que esbozaremos. El primer factor de peso es la globalización de estos mercados sobre bonos soberanos; es decir, el hecho de que quienes disponen de capital financiero (que no cumplen solamente la función de prestamistas) acudan a comprar deuda pública cuando se producen las subastas sino que luego pueden comprar o vender los títulos emitidos y en circulación, dónde o cuándo consideren que les resulta más lucrativo a corto o a largo plazo, puesto que las fronteras han desaparecido para los bancos y fondos de inversiones; y negocian con los activos financieros relacionados con la deuda pública. Y en todos los casos, estos mercados están sometidos al potencial milmillonario de los grandes inversores y especuladores.

Los especuladores al acecho

La especulación es consustancial y domina los mercados financieros, como vimos; y desde luego, se deja sentir más en los mercados de la deuda soberana en los períodos de crisis, tensiones económicas o fragilidades políticas. De ahí que los primeros en percatarse de la delicada situación europea a comienzos de 2010, fueran los grandes fondos de inversiones de alto riesgo, los especuladores institucionales. Desde hacía meses, los especialistas alertaban de los riesgos de las «burbujas sobre la deuda soberana», y sobre el billón de euros que se decía que necesitarían los países del Eurogrupo para cubrir el déficit y refinanciar el endeudamiento, agudizado por la propia crisis económica de raíz financiera. En otras palabras, se evidenciaban grandes oportunidades aprovechadas por unos cuantos poderosos financieros que se concitaban para especular con la deuda europea. Según desvelaba The New York Times[218], en febrero de 2010, tenía lugar en Manhattan un conciliábulo de especuladores so capa de una cena de colegas en un restaurante, unos veinte personajes de las finanzas y que tuvieron «un intercambio de ideas en torno a una mesa», en la que hablaron de apostar masivamente por la bajada del euro mediante la práctica de ventas en corto o en falso, que como vimos consiste en vender activos de los que no se dispone pero que se toman prestados de un tercero, después se adquieren para entregarlos y cubrir esas ventas cuando ya se ha producido la bajada esperada o buscada. Y días después, el Departamento de Justicia de los EEUU abría expediente a cuatro hedge funds o fondos de inversiones de alto riesgo, Greenlight Capital, SAC Capitol Advisors, Paulson & Company y el Soros Fund Management, todos ellos nombres muy destacados por su potencial milmillonario y con historiales de dudosa legalidad. Una investigación que habrá seguido su curso, pero el problema jurídico de este tipo de especulación es probar la coordinación de las apuestas con la misma finalidad de hacer caer al euro; siendo difícil de demostrar la intención de actuar conjuntamente, como decía The Wall Street Journal del mismo día mencionado. En este como en otros casos, las evidencias conocidas a través de la prensa muestran que las oleadas especuladoras de compra o de venta responden a estrategias deliberadas de quienes tienen capacidad financiera para poner en jaque a los Estados, porque lo permite el modelo de mercado financiero global.

Si sumamos la capacidad financiera e inversora de los megafondos referidos junto a otros grandes fondos como Blackrock, Hawthrone de Warren Buffet más los fondos de pensiones anglosajones con gestores ávidos de lograr la máxima rentabilidad, tendremos el potencial especulativo-inversor al que se enfrentan los Estados europeos endeudados. Pensemos que ese potencial «inversor» para los hedge funds puede situarse en torno a los dos billones de dólares, según vimos; un potencial equivalente más o menos a la suma del valor de los PIB de España, Portugal e Irlanda. Además, a la enorme capacidad especulativa de los inversores institucionales, tendríamos que añadir el elemento de la celeridad a la que pueden desarrollarse las oleadas especulativas mediante las estrategias del trading de la alta velocidad, la HFT, que acortan tremendamente la distancia entre el punto de decisión de las órdenes de compra o de venta y el lugar del planeta donde se ejecutan. Más los diseños muy elaborados de sus estrategias específicas.

A mediados de 2011, año y medio más tarde de aquellos ataques referidos de fondos estadounidenses, los mercados internacionales de la deuda pública europea seguían siendo fuente de grandes negocios. En la revista financiera de referencia Market Watch (vinculada a The Wall Street Journal), un análisis desde Londres sugería cinco operaciones especulativas para aprovecharse de la crisis griega reactivada y las dilaciones europeas para acordar un segundo rescate[219]. Tras la bajada por la agencia Standard & Poor´s de la calificación de Grecia a la mínima de cualquier país en el mundo (CCC) y dados sus datos negativos (disminución de la producción industrial, desempleo), el especialista consideraba que la cuestión no era ya controlar el déficit sino cuando sería el default, la suspensión de pagos. Por tanto, añadiendo otras consideraciones, este experto aconsejaba a los inversores para que planificaran una serie de operaciones, que justificaba con detallados razonamientos apoyados en sus hipótesis que orientan a especuladores.

Primera operación: «vender bonos alemanes y vender el DXM», el índice bursátil de Francfort, porque surgiría –decía– un nuevo marco alemán como la moneda más fuerte del mundo, etc. (en la hipótesis de abandono del euro por Alemania) Segundo: vender francos suizos que se hubieran amontonado porque ya no tenían la seguridad del marco alemán de antes; y rechazaba el shekel israelí propuesto por otros por inseguro. Ahora el franco suizo tiene todo el mercado para sí mismo, pero con el futuro nuevo marco perdería su atractivo. Tercero: vender el índice bursátil belga porque Bélgica dejará su estatus actual, etc. Cuarto: compra de compañías de viajes por el aumento que preveía de recuperación del turismo del Norte de Europa a Grecia, España y Portugal, etc. Y quinto: vender bancos estadounidenses y comprar dólares. Los alemanes y franceses no deseaban la refinanciación de la deuda griega hasta que sus bancos hubieran liquidado sus carteras de deuda griega y de CDS griegos; y no estaban dispuestos a hacer saltar sus propios sistemas financieros. Aunque el problema que se planteaba era quien los compraría porque los bancos estadounidenses también tenían activos griegos, etc.; sin embargo, el dólar ganaría fuerza, etc.

Sin duda, los datos de partida de este analista eran ciertos, pero sus planteamientos de futuro eran tan discutibles como todas las proyecciones económicas. Pero, el caso es que viniendo de una fuente solvente, de un analista vinculado a The Wall Street Journal, es evidente que muchos megarricos o gestores de fondos lo tomarían como una orientación; y algunas operaciones especulativas como las propuestas habrán tenido lugar porque existen unos mercados vivos de bonos y CDS soberanos.

Los análisis financieros valoran la política

Los mercados de la deuda pública, abiertos a los inversores y especuladores desde cualquier parte del mundo, sufren con frecuencia alteraciones motivadas por hipótesis o elucubraciones en torno a las vicisitudes económicas y políticas o a las expectativas positivas o negativas fundadas en la información relevante difundida; en cualquier caso, este hecho contrastado supone que aquellos gobiernos más endeudados vean sometida sus actuaciones a los juicios y valoraciones de la «comunidad financiera», que como tal tiene un modelo económico neoliberal como referencia. Asimismo, las noticias o rumores así como los anuncios de las agencias de rating que encuentran eco en los canales de comunicación especializados, bastan para desencadenar oleadas especulativas, que cuando menos coartan las actuaciones de los gobiernos democráticos. Durante el último año, la crisis de la deuda soberana europea ha dejado claro las repercusiones de las noticias económicas.

El impacto de la información convencional

Desde luego, la información convencional sobre ciertos parámetros económicos tiene un impacto particular sobre los mercados de deuda pública, que reflejan determinadas valoraciones de los inversores, como demuestra el documentado estudio comparativo sobre los efectos de las noticias económicas sobre rentabilidad de los bonos alemanes y estadounidenses, publicado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York[220]. La publicación de noticias sobre salarios, índice de desempleo y demandas de primer empleo, así como los avances sobre el PIB y los informes sobre el consumo, explican los mayores movimientos de alzas y bajas tanto en los mercados de bonos del Tesoro de los EEUU como de los bonos soberanos de Alemania. Sin embargo, los efectos de esta información no son idénticos a lo largo de la curva de rendimientos o sobrecostes de los bonos ni a través de los activos internacionales, según el citado estudio que abarca el período de 2000- 2003. Por ejemplo, las noticias económicas de EEUU tienen un efecto significativo en el rendimiento de los mercados de bonos de Alemania y del Tesoro estadounidense, lo que sugiere la alta valoración de la economía estadounidense.

Las conclusiones de este estudio sostienen que los efectos más fuertes en estas variaciones en la rentabilidad de los bonos soberanos son generados por noticias sobre las condiciones del mercado de trabajo, productividad y confianza del consumidor; en cambio las noticias sobre precios de productos y de consumo, aunque son significativas, tienen efectos menores; específicamente se producen alzas tras anuncios de subidas del PIB con cifras superiores a las anticipadas y de índices de costes salariales y empleo. Algo que indica que la atención de los inversores se centra en factores que estiman que pueden incidir en la rentabilidad de sus inversiones. De ahí que los mayores efectos tanto en los bonos estadounidenses como en los alemanes se asocien con las noticias sobre el mercado de trabajo, lecturas adelantadas del PIB y los informes sobre previsiones del consumo. Y las noticias económicas sobre los EEUU afectan a los bonos en la hora siguiente a su publicación. Asimismo, la inflación esperada sigue siendo un punto clave central para los inversores de renta fija como las noticias asociadas con los indicadores de nivel de precios afectan significativamente a las variaciones de rentabilidad en ambos mercados.

Mercados entrelazados

Para un comportamiento racional, los inversores requieren información y datos no fáciles de obtener, únicamente al alcance de los grandes bancos y fondos de inversiones, de ahí las entidades especializadas en comercializar esa información que implica juicios sobre la situación política de los países y las actuaciones de sus gobiernos. Ante todo estos mercados de la deuda pública son complejos y están entrelazados; y tienen una profunda dimensión política global al mismo tiempo que su carácter global contribuye a dotarles de mayor peso político, de ahí la importancia del seguimiento de la localización de los acreedores. En abril de 2011, en la distribución geográfica por países del endeudamiento de España ocupaba el primer lugar Francia (27%), seguida por el grupo de países de Asia y África (23%), Benelux (18%) y en cuarto lugar con menor porcentaje Alemania (7%); la información de la DG del Tesoro subrayaba que esa distribución geográfica de los bonos soberanos había permanecido estable durante los dos últimos años; sin embargo, la realidad es que se desconoce este dato respecto a los CDS, los derivados sobre los bonos soberanos. Cuando aparecieron los primeros signos palpables de la crisis de la deuda en euros, The New York Times apuntaba los temores de la Administración de Obama de que el problema pudiera rebotar hacia los EEUU; y que esos temores hubieran llevado a la Reserva Federal a reestablecer las líneas de crédito al BCE y a otros bancos centrales paralelamente al paquete de rescate griego, porque aunque fuera «mínima la exposición directa de los bancos estadounidenses, las entidades financieras estadounidenses estaban estrechamente entrelazadas con muchos grandes bancos europeos, que a su vez tienen considerables inversiones en los países europeos más débiles»[221]. Posteriormente, diversas declaraciones de gobernantes estadounidenses han ratificado la preocupación por la crisis en Europa.

Esta dimensión política global se refleja en los análisis profesionales y las informaciones específicas para inversores que suponen una valoración política como base del negocio, como dejaba ver claramente un análisis sobre el «riesgo-país» de la revista digital especializada Euromoney Magazine en febrero de 2011. Afirmaba que «el mundo» (es decir, los mercados de deuda pública) se ha hecho aún más impredecible en los doce meses anteriores por una serie de hechos que refería, como las protestas populares en Egipto y Túnez, que habían derribado regimenes fuertes y habían recordado a los inversores la naturaleza intrínsecamente arriesgada del negocio en los mercados emergentes; asimismo, planteaba dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento de China y las presiones inflacionarias en Asia. Y resaltaba que los gobiernos y los bancos centrales en la Eurozona se esforzaban por combatir los altos niveles de endeudamiento del sector público y del sector privado, enfrentados al crecimiento anémico en otros lugares del mundo desarrollado, destacando que muchos inversores, «hambrientos de altas rentabilidades», buscaban incrementar su exposición en mercados ricos en recursos y fronterizos del África subsahariana (Nigeria y Ghana) y Asia Central. El analista señalaba que la recuperación de la crisis financiera global continuaba cogiendo ritmo pero el mundo seguía lleno de riesgos financieros, como en los casos de Portugal, Irlanda y Grecia y las dudas sobre las finanzas de España, Bélgica e incluso de Francia; e incluso Alemania, el Reino Unido o los EEUU inquietaban por sus niveles de endeudamiento público y de sus bancos, mientras que los países nórdicos destacaban como los más seguros del mundo[222]. Desde luego, son innegables los fines comerciales de la información ofrecida por esta firma a los inversores potenciales para guiarles a través de la política, partiendo de valores y principios que se sobreentienden cuando el dinero está en juego.

De modo más preciso, la citada firma Euromoney, como muchas otras fuentes especializadas, informa sobre los mercados de capitales del mundo y, particularmente, sobre los riesgos que presentan las inversiones en los diversos países, que implican enjuiciar la política local. Esto es evidente en la encuesta sobre el riesgo de país de esta misma firma (Euromoney country risk survey) que pretende monitorizar la estabilidad política y económica de los países del mundo, evaluando los riesgos de las inversiones de un país, tales como el riesgo de impago de bonos, el riesgo de pérdida de las inversiones directas, etc., mediante un modelo cualitativo que recoge las opiniones de expertos sobre una serie de variables dentro del país combinadas con valores cuantitativos, con el consiguiente ranking de países según factores como el riesgo político, las previsiones económicas, los indicadores de deuda, las evaluaciones de riesgo crediticio de las agencias, el acceso a la financiación bancaria y a los mercados de capitales[223].

La especulación con los CDS soberanos

Las políticas de los gobiernos y de las entidades públicas también contribuyen a veces al juego de la especulación financiera. Durante los años noventa los bancos de inversiones también vendieron complejos derivados basados en las emisiones de bonos soberanos a los gobiernos de Austria, Bélgica y Portugal; y Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank y otros bancos de negocios acordaron complejas transacciones financieras de swaps de derivados con los gobiernos griegos, permitiéndoles recaudar dinero con emisiones de deuda pública para gastos presupuestados sin tener que catalogar los ingresos como deuda pública[224]; como hemos visto en el capítulo correspondiente. Y es que la deuda soberana es un activo más de los mercados globales, objeto de casi todo tipo de transacciones donde se cotizan las decisiones económicas de los gobiernos así como los datos disponibles y las previsiones sobre la situación económica y/o política del país, las tendencias futuras, etc. Y esas transacciones evolucionan según las expectativas de rentabilidad que tienen los inversores y especuladores; las cuales en definitiva implican un enjuiciamiento influyente, condicionante o decisivo sobre los gobiernos democráticos por parte de quienes no son sus votantes. Más aún, estos juicios no siempre representan la opinión lícita del prestamista sobre la solvencia de quien le ha solicitado el préstamo sino que se expresan de modo impersonal y anónimo como resultado de unos mecanismos o instrumentos de comercialización de los productos creados para montar negocios sobre el intercambio prestamista primigenio.

A diferencia de las anteriores crisis financieras, un estudio de tres expertos de la firma Barclays Capital sostiene que la actual crisis en los países del euro y en los demás miembros de la OCDE presenta tres dimensiones particulares, como son la sincronización en todos los países del incremento masivo de las finanzas públicas, los niveles de endeudamiento alcanzados y la existencia de los CDS, crédit default swaps, el pretendido seguro contra el impago del crédito (pretendido según hemos visto en el capitulo de los derivados)[225]. A las dos primeras sobre el endeudamiento de los gobiernos europeos ya nos hemos referido antes; y para entender la incidencia de estos derivados de las deudas soberanas, con los CDS soberanos en teoría lo que se compra y se vende es protección frente al impago de bonos emitidos por Estados en moneda internacional como el euro (bonos soberanos) con un coste para el comprador o «asegurado», que puede no ser tenedor del bono sino mero especulador. Los bonos y otros títulos de deuda pública, una vez emitidos por las autoridades públicas, son objeto de compraventa en el mercado secundario como cualquier acción de una sociedad anónima. Y las variaciones de la demanda o de las ventas determinan la cotización de la deuda pública, que se interpreta como una mayor o menor confianza en la solvencia de quien lo emitió, que tiene que pagar los intereses y debe reembolsar su importe. Por tanto determina la mayor o menor demanda de «protección», de asegurarse frente a la eventualidad del impago, supuesta o real que reflejan las alzas o bajas de la cotización de los bonos manifestada en el spread o diferencial respecto a la cotización de referencia, que en el caso de los bonos soberanos en euros es el bono alemán. Y de rebote, esas variaciones en la cotización de los bonos soberanos inciden sobre el afán de «asegurar» los riesgos de impago que se manifiesta en las variaciones del mercado de los CDS, del pretendido seguro, generando un comercio que tiene lugar en mercados OTC, privados y sin control público, ajenos a las bolsas. Y por tanto, como en los restantes mercados de CDS, la información se reserva a los especuladores de esos mercados y públicamente apenas se dispone de datos sobre los flujos de compras, ventas, volúmenes de contratación, etc.; según el estudio citado de Barclays, la fuente más útil proviene de Depository Trust Clearing Corporation (DTCC) que compensa y liquida entre el 90 y el 95% de todas las negociaciones de CDS, incluidos los soberanos[226].

Durante estos últimos años, la prensa nos ha dado cuenta de los altibajos de las variaciones de las cotizaciones de la deuda soberana europea en los mercados secundarios; es decir, sobre el diferencial de la rentabilidad exigida por encima de la del bono alemán, la conocida prima de riesgo o sobrecoste expresado en un interés superior al ofrecido en la emisión, que los compradores-inversores-especuladores exigen del vendedor para adquirir los bonos en circulación. Pero hay que tener en cuenta que esos mercados están estrechamente entrelazados con los mercados de derivados, concretamente con los CDS, con los que los inversores «aseguran» sus bonos soberanos adquiridos. Y la realidad muestra que estos derivados no se usan como un tipo de seguro sino para especular, es decir, el comprador del CDS apuesta sobre la posibilidad de impago del préstamo subyacente (de la suspensión de pagos del Estado emisor) que no es suyo sino que lo compró, como destaca el informe del Congreso estadounidense[227]. De ahí que la volatilidad del precio del CDS sea consustancial a estos mercados especulativos, puesto que lo que se cotiza es el riesgo, real o hipotético, que se valora en función de noticias, informaciones confidenciales, rumores o suposiciones políticas o económicas o las meras declaraciones de los portavoces de las reverenciadas agencias privadas que califican el riesgo de impago, con variaciones anunciadas e inexplicadas que alimentan la volatilidad. La cotización del CDS refleja su variabilidad en función de las expectativas de rentabilidad de quienes compran o venden bonos soberanos. Cuanto peores sean las expectativas respecto a la solvencia del país emisor del bono, sean cuáles sean las causas reales o hipotéticas, mayor será el coste del CDS soberano en el mercado global libre y sin control. Y mayor será el margen diferencial respecto al valor que en cada mercado sirve de referencia dentro de la oscilación ordinaria del precio del valor CDS. Pero son un factor político externo al país afectado, porque este margen de riesgo aumenta o disminuye conforme al riesgo de impago percibido para la deuda soberana, sea la posibilidad o probabilidad de impago, la tasa de recuperación, políticas económicas, etc.; factores todos que influyen en los mercados de CDS y viceversa. Ante una situación de incertidumbre económica o política de un país se produce una mayor demanda de protección por parte de los tenedores de los bonos de ese país, que incrementará la compra y la cotización de los CDS ligados a esos bonos. Por tanto, la cotización se puede contemplar como una medida directa de la opinión del inversor hacia el crédito soberano[228], opinión que no tiene que ser razonada sino que puede ser una intuición.

De ahí que en situaciones de crisis resulta difícil interpretar los movimientos de las cotizaciones de los bonos soberanos porque, además, se interrelacionan con los mercados de CDS soberanos. En tanto que los CDS se comercializan como «seguros» sobre los riesgos del impago de los bonos soberanos, sus movimientos al alza o a la baja guardan lógicamente una estrecha relación con esos movimientos de los mercados de bonos soberanos. Con cierta frecuencia las informaciones de prensa confunden los mercados secundarios de bonos soberanos con los mercados paralelos de los CDS, «los seguros», sobre bonos soberanos, dos mercados financieros que se interrelacionan aunque ofrecen diferencias claras conceptualmente y difieren en su magnitud. Está demostrado en un estudio del Banco de Pagos Internacionales[229] que el mercado de CDS soberanos lleva ordinariamente al mercado de bonos, en particular durante las situaciones de crisis; es decir, que la especulación que se realiza con este pretendido seguro termina afectando a la cotización de los bonos soberanos, en la mayoría de los casos incrementando el coste del endeudamiento público. Como prueba este estudio, en esta situación de crisis, por un lado, la liquidez del mercado de bonos se seca, no hay dinero para comprar bonos emitidos (el Estado tiene que pagar más por sus préstamos); y por otro, aumenta la demanda de CDS (la protección contra la posible insolvencia del Estado) si las emisiones de títulos soberanos experimentan tensiones financieras, es decir, si los compradores no acuden a las subastas o exigen mayores rentabilidades para comprar los títulos. De ahí que se considere que el margen de riesgo o diferencial de los mercados de CDS soberanos tiende a ser más fiable durante la crisis de deuda soberana como información de los problemas de financiación de los gobiernos en «los mercados». Es decir, el mayor o menor coste del «seguro» de la deuda pública refleja mejor la percepción de «los inversores» sobre la solvencia de los gobiernos que los propios mercados de la deuda pública.

Índices bursátiles, instrumentos y productos

Los mercados de la deuda pública y sus derivados se van haciendo más complejos y diversificados. Convertidas las deudas de los Estados en productos financieros, para una mayor comercialización de los mismos y para orientación de los inversores, han surgido índices bursátiles específicos que, a su vez, son otro instrumento financiero sobre el que negociar, una muestra más del grado alcanzado por la financiarización de estos mercados que abastecen de fondos a los gobiernos. En la prensa internacional especializada se toma frecuentemente como referencia los índices bursátiles de Markit, otra firma reconocida de información financiera. Desde comienzos de los años 2000, la firma Mark i Traxx SovX, con sede en Londres (2.200 empleados y 16 oficinas en el mundo) elabora una serie de índices globales por grupos de países acerca de los CDS sobre deuda soberana. Al decir de los profesionales, el índice de esta firma para Europa occidental (Markit i Traxx Sovxx Western Europe index) alumbra «la naturaleza dinámica» (volátil) de los mercados de los derivados CDS soberanos. Toma para su cálculo los CDS soberanos de 15 países europeos, incluyendo a los once mayores de la Eurozona (España inclusive) más Reino Unido, Noruega, Suecia y Dinamarca; y es una medida de la especulación de los mercados de CDS soberanos. Recientemente esta firma ha lanzado un nuevo índice dedicado a un grupo de 37 países con mercados emergentes que proporcionan a los inversores, el acceso a los mercados de deuda denominada en dólares[230].

Asimismo, el grupo bancario Barclays ofrece otra serie de índices que abarcan, entre otros, los referidos a países emergentes como el Barclays Capital Emerging Markets Tradable USD Sovereign Bond Index, que se basa en una cesta diversificada de deuda soberana denominada en dólares. Además, ofrece a los inversores participaciones en fondos de inversiones en deuda soberana, como es el fondo cotizado (ETF) denominado iShares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bond, domiciliado en Irlanda; que pretende replicar, en la máxima medida posible, el rendimiento del índice Barclays Capital Euro Government Inflation-Linked Bond. Este fondo especulativo, como todos los ETF, invierte en valores físicos del índice mencionado. Y otro índice, el Barclays Capital Euro Government Inflation-Linked Bond, ofrece la exposición en bonos estatales que se asocia a la inflación de la zona euro; es decir, sólo incluye bonos denominados en euros que están indexados al capital y vinculados a un índice de inflación apto, que tienen un periodo de vencimiento restante mínimo de un año y un importe mínimo pendiente de 500.000 millones. Los ETF de iShares son fondos gestionados por BlackRock (el mayor gestor estadounidense de fondos del mundo), que cotizan en las bolsas como los títulos bursátiles convencionales, ofreciéndose como un acceso sencillo y flexible a una gran variedad de mercados y de categorías de activos. Según la información disponible, las inversiones se distribuían entre tres países al 10 de junio de 2011, que eran Francia (51,78%) Italia (33,33%) y Alemania (4,90%)[231]

Todos estos índices enlazan inversiones y especulación como expresiones significativas del negocio financiero de que es objeto el endeudamiento de los Estados; y al decir negocio financiero nos referimos a que todos estos instrumentos se utilizan únicamente con fines puramente financieros (búsqueda de rentabilidad inmediata, liquidez, compensaciones con otros negocios bursátiles, etc.) que al final tienen como resultado el encarecimiento del coste de los empréstitos, al mismo tiempo que contribuyen a generar un entorno de dependencia política con consecuencias evidentes para los objetivos de cualquier programa reformista de un gobierno democrático.

3. GANAN LAS AGENCIAS Y LOS GRANDES INVERSORES

En el entorno actual, a través de la información especializada y los instrumentos reseñados, los inversores potenciales y especuladores en deuda pública y la comunidad financiera de banqueros y brokers juzgan la situación coyuntural de un país, aprueban o desaprueban las actuaciones de los gobiernos y les marcan los objetivos de sus políticas, puesto que están continuamente sometidos al juicio público de «los mercados», es decir, de las cotizaciones de sus bonos y de los instrumentos financieros derivados de esos bonos y, asimismo, de los anuncios mediáticos de las modificaciones de las calificaciones de las agencias o de sus sentencias inapelables acatadas por todos. Difícilmente pueden distinguirse los movimientos bursátiles sobre deuda pública, debidos a motivaciones económicas por las mejores o peores perspectivas para un país, de aquellos que se derivan de los rumores o interpretaciones interesadas de la situación política y el estado de sus cuentas públicas o la capacidad futura del país para afrontar el reembolso de sus deudas e incluso el pago de los intereses. Dos elementos merecen destacarse, que son las calificaciones crediticias de las tres agencias del oligopolio mundial y la presión de los sectores más activos de los grandes bancos y fondos de inversión.

Los gobiernos, juzgados por las agencias

Observando la realidad contemporánea concluimos que los gobiernos democráticos son juzgados hoy por las agencias de calificación crediticia más que por sus ciudadanos. Con el objetivo de acomodar el enjuiciamiento a las exigencias de la coyuntura, las agencias modifican y adaptan sus criterios operativos. Ante la creciente cifra de la deuda soberana tras la crisis sistémica, un experto del banco Morgan Stanley aseguraba que estas agencias habían modificado ciertos criterios en sus modelos matemáticos, considerando que una variable que resultaba cada vez más decisiva era la capacidad de ingresos del país a largo plazo para satisfacer las obligaciones de los bonos emitidos, por lo que los ratios deuda/PIB o déficit presupuestario/PIB no eran ya suficientes sino que el ratio deuda/ingresos sería cada vez más el dato predominante[232].

Y es que, apoyadas sobre sus análisis estadísticos y el historial de los títulos calificados, las agencias de evaluación de riesgos crediticios, desempeñan un papel político con valoraciones de la coyuntura y los planes económicos de los gobiernos y sus resultados; y esto se evidencia más claramente cuando explotan las circunstancias de la coyuntura con sus anuncios oportunistas o inoportunos de las modificaciones en sus calificaciones anteriores sobre bonos soberanos. Como analizamos en el capítulo III.2, las calificaciones de los riesgos son una mezcla de análisis estadístico y opiniones subjetivas sobre el futuro, que permiten a las agencias bajar la valoración del endeudamiento de los países, incluso aunque se hallen en un proceso de mejora de su situación financiera, contribuyendo a empeorar las dificultades que pueden ser coyunturales y haciendo realidad su pronóstico; al mismo tiempo que, si no actúan como esperan los inversores, las agencias se exponen a la crítica de estos. De ahí el elevado grado de subjetividad y flexibilidad de los procesos de calificación de los títulos de deuda publica, que supongan un enjuiciamiento de la solvencia de un país. Al mismo tiempo que reflejan las presiones de grupos de inversores poderosos, los vigilantes de los bonos, para que sirvan con sus calificaciones sus objetivos de máxima rentabilidad con la deuda de un país.

Como una parte del sistema, en muchos casos los engarces de los distintos instrumentos financieros con las calificaciones de las agencias crean un impacto singular definido como el bucle de retroalimentación entre los mercados y las calificaciones previstas para que la deuda de un país sea incluida en determinados índices bursátiles; paralelamente esos índices son tomados como referencia por ciertos fondos de inversiones para que una determinada deuda sea incluida en sus carteras. Como fue el caso de la deuda griega que estuvo representada en el índice de bonos soberanos en euros de Barclays (the Barclays Euro Government Bond Index) mientras tuvo una buena calificación. Asimismo, la bajada de la calificación puede producir ventas de paquetes de activos por parte de los actuales inversores, con lo cual crean un círculo vicioso que puede aumentar la probabilidad de impagos (default). De ahí que la bajada de la calificación crediticia refleje la opinión de la agencia sobre los resultados, pero también se convierte en un factor causal en la determinación de esos resultados. En el sistema vigente, el hecho es que la opinión de las tres agencias privadas del oligopolio existente se convierte en elemento causal para que esa opinión se haga realidad en complicidad con los grandes intereses financieros en juego.

Desde la primavera de 2010, sin haber resuelto la amenaza que las agencias representan para la estabilidad financiera y la soberanía de los Estados miembros, la UE se ha mostrado incapaz de independizarse de las tres agencias privadas dominantes, limitándose a las periódicas denuncias y manifestaciones críticas de los gobernantes por alimentar y empeorar los apuros de los gobiernos con mayor fragilidad financiera.

La presión de los vigilantes

Además de los factores que inciden en los mercados de la deuda soberana, como es el caso de la opinión de las agencias, a menudo la oferta y la demanda en estos mercados responde a corrientes de opinión, más o menos fabricadas dadas los elevados intereses económicos en juego. Como en todo mercado, las variaciones en los precios de los bonos reflejan la valoración que los inversores tienen sobre estos activos, pero al mismo tiempo expresan su disposición a invertir o especular, su «apetito de riesgo» según el lenguaje del mundo financiero. Los tenedores de deuda pública pueden vender los títulos en un momento dado y pueden provocar lo que se ha llamado «huelga de inversores», es decir, su ausencia de las subastas de las nuevas emisiones de títulos que convocan las autoridades de un país con la periodicidad establecida. Y determinadas oscilaciones de las cotizaciones reflejan el juicio de «la comunidad financiera» sobre las políticas económicas y/o la situación política del país emisor de la deuda, proyectando asimismo la concepción política subyacente en los inversores institucionales, es decir, el consenso neoliberal que hace que sus juicios resulten inapelables, al apoyarse en el enorme potencial inversor o desinversor, en la disponibilidad de grandes fondos para comprar o vender deuda pública. Y frente a ese potencial, se hace evidente la carencia de regulaciones y de instituciones capaces de afrontar esa presión en defensa de los gobiernos en apuros; porque las instituciones defensivas posibles están dominadas por la misma doctrina de la «disciplina fiscal» que mueve a los inversores, cuando no comparten los mismos intereses lucrativos.

Los bonos del Tesoro estadounidense bajo vigilancia

Los EEUU, el Estado más poderoso de la tierra, sufren la presión de los acreedores reales o potenciales, que son designados con la expresión anglosajona bond vigilantes. Los llamados «vigilantes de los bonos» son los fondos de inversiones de alto riesgo, los grandes fondos de inversiones ordinarios, los fondos anglosajones de pensiones y otros inversores institucionales, que constituyen una multitud amenazante global dispuesta a «colgar en la picota a los políticos derrochadores» y a los banqueros centrales que hacen la vista gorda, aclaraba un analista de la revista financiera de referencia Market Watch, las páginas digitales de The Wall Street Journal.

Esta es una expresión corriente hoy en la prensa financiera, acuñada a principios de los ochenta por Ed Yardeni, cuando los tenedores de bonos del Tesoro estadounidense ya afrentaban a los EEUU por su alto déficit. Como presidente de una firma relevante de asesoramiento bursátil, Yardeni Associates, este experto suele ser citado como un referente por los informadores especializados en el mercado de los bonos soberanos. En una entrevista del Financial Times de enero de 2010, el citado Ed Yardeni sostenía que el mayor riesgo entonces para una recuperación sostenible de la economía estadounidense, era que los inversores en bonos perdieran la confianza en las autoridades monetarias y fiscales, lo que podría elevar los tipos de interés y desacelerar la economía de modo apreciable. Y subrayaba la presión que ejercen los inversores sobre los mercados de bonos corporativos y soberanos, considerando que ya no se trata de un grupo estadounidense de inversores sino global en la medida en que los países han aumentado su endeudamiento sistemático[233].

Un año después, desde Nueva York, el reportero del mismo periódico decía que los famosos «vigilantes» de los mercados de bonos habían decidido dejar sentir su presión sobre el creciente déficit fiscal en los EEUU, confiando en que aumentara la rentabilidad de los bonos a diez años. Y citaba a otro referente de este mercado, Bill Gross, máximo ejecutivo de la poderosa firma gestora del mayor fondo de inversiones en bonos, Pimco Total Return, que había hecho sonar la voz de alarma, advirtiendo a los inversores de los riesgos del aumento de un gasto público que era el responsable de la mayor parte del déficit, según su opinión; porque consideraba que las causas primarias eran la mayor inflación, un dólar débil y la eventual pérdida de la tiple A en calificación crediticia de la deuda estadounidense[234]. Ocho meses más tarde de esas manifestaciones, en agosto de 2011 los bonos del Tesoro estadounidense a diez años perdían esa máxima calificación para Standard & Poor´s.

«Los vigilantes de los bonos soberanos hacen que pague Europa»

La intencionalidad política de los grandes inversores globales en deuda pública no se oculta en las informaciones y comentarios de la prensa especializada; porque en realidad son una fuerza política de facto. En la primavera de 2010, desde San Francisco, con un lenguaje descarnado la citada revista digital Market Watch, subrayaba que los «vigilantes de los bonos» estaban dispuestos al ataque y que Grecia quizás fuera solamente la primera victima, hechos y opiniones a considerar por el común de los inversores.

«Los más poderosos inversores de bonos del mundo han perdido la paciencia con los gobiernos (europeos) que lanzan una fiesta en el sector público con el dinero barato que toman prestado y ahora intentan zafarse del pago de las deudas y abastecer a sus ciudadanos. Grecia, con sus libros cocinados y modos derrochadores, fue un blanco fácil para las armas de los vigilantes; pero Portugal y España están asimismo bajo el fuego y los amos del mercado de bonos tienen clavados los ojos en cómo el Reino Unido maneja sus finanzas. De hecho, ningún gobierno parece seguro, ni siquiera los EEUU»[235].

Con importantes matices distintos de los percibidos entonces a través de los medios de información general, este analista especializado relataba que en la primavera de 2010 la crisis financiera se presentaba como una crisis de la deuda pública; es decir, una acumulación de deuda por la que los gobiernos se veían obligados a pagar fuertes primas de riesgo, con el encarecimiento de los intereses requeridos por los prestamistas y los especuladores. Los mercados –decía– habían entrado en una segunda fase que enfrentaba a los «vigilantes de los bonos» y los gobiernos acusados de temerarios y derrochadores. Y apelaba al referido presidente de Yardeni Research, que afirmaba que «los vigilantes de los bonos están intentando poner orden y ley en materia fiscal y monetaria. Si las autoridades monetarias y fiscales no regulan la economía, lo harán los inversores. La economía será regida por los vigilantes en el mercado del crédito.» Evidentemente al hablar de economía se estaba refiriendo a hechos del ámbito financiero y al mismo tiempo es evidente la doctrina política sustentada para interpretar los hechos. El analista de Market Watch recordaba un hecho real: que la crisis financiera había trasladado la carga de las deudas de los bancos a los gobiernos y que esto había alarmado a los inversores de todo el planeta. De ahí que hubiera cogido el timón un nuevo tipo de vigilantes para afrontar la nueva situación. Mediante la utilización del apalancamiento y de las veloces plataformas electrónicas de negociación, estos compradores y vendedores de bonos, «disparan primero, cabalgan y no miran atrás», decía, con un mensaje tajante para los gobiernos: «limpia tu casa fiscal o paga más a los tenedores de bonos por el dinero que necesitas, si es que lo puedes encontrar». Toda una estrategia de acoso financiero contra el endeudamiento de los gobiernos europeos.

Además de meterse con los gobiernos «negligentes», los vigilantes presionan con críticas a las agencias de calificación crediticia por no haber hecho bien su trabajo al evaluar la calidad y el riesgo de los bonos soberanos. Y el citado analista recogía también las criticas entonces del otro referente del mercado citado, Bill Gross, citado anteriormente, dirigidas al servicio de calificación de las agencias, burlándose con sarcasmos de Standard & Poor´s por haber bajado solamente dos niveles la calificación de la deuda pública española en mayo; y a Moody´s y a Fitch por mantener todavía la triple A, máxima calificación.

Los líderes europeos, decía, habían intentado minimizar estos ataques de los mercados de bonos. Pero después de las muestras desdeñosas del BCE y de la UE (por aquellas fechas), «los vigilantes habían hecho restallar su látigo», atacando ferozmente a la deuda gubernamental de Grecia, España y Portugal, acosando al euro, que por entonces estaba bajo presión. Y observaba en este análisis, ante la situación financiera de Europa en mayo de 2010, que los políticos y las instituciones europeas temiendo que los vigilantes pudieran provocar el colapso de las bolsas y del crédito, se habían apresurado a elaborar con la ayuda del FMI un paquete de rescate de «un millón de dólares», al que en los medios estadounidense se le llamaba «Euro-TARP», asociando la palabra euro con las siglas del plan estadounidense de 2008 para prevenir el colapso de Wall Street. Y se preguntaba, si ese «Euro-TARP» aplacaría a los vigilantes, respondiéndose que tal vez por el momento pero no por mucho tiempo. Desde luego los hechos han demostrado que este análisis no andaba equivocado.

Un año después, en mayo de 2011, bajo el título de «Los vigilantes de los bonos han reanudado su ataque invisible», en una breve columna de The New York Times, Paul Krugman mostraba su asombro porque en los debates en Washington dominara el temor al mercado de bonos. Y añadía que también era asombroso que nadie sugiriera que un gobierno con capacidad de endeudarse a largo plazo con un interés real del 0,7% no se estuviera realmente aprovechando de esos bajos tipos de interés para financiar las inversiones en infraestructuras tan necesarias[236].

4. LA VULNERABILIDAD DEL EUROGRUPO

En definitiva, el crecimiento de la deuda pública en la Unión Europea muestra que, cualquiera que sea el sesgo político de los gobiernos, la gran crisis económica derivada de la crisis financiera abierta en 2007 ha agravado los déficits públicos nacionales; y a finales de 2011 era evidente la vulnerabilidad de los países del Eurogrupo frente al acoso de la especulación financiera y de los mercados, que amenazaban la propia existencia del euro como moneda internacional.

Para los Estados miembros de la eurozona con menor potencial económico, al incrementarse la dependencia financiera de sus gobiernos respecto a los mercados mundiales de bonos, la clara consecuencia política ha sido descubrir con dramatismo la incapacidad por sí solos para enfrentarse al potencial especulativo de los inversores institucionales. La crisis financiera y la consiguiente gran recesión global han revelado con toda su crudeza la carencia de recursos defensivos de los Estados miembros frente a los mercados financieros, consecuencia de la deficiente institucionalización de la Unión, de su carácter de mercado abierto sin Estado ni gobierno común, que en relación con la opacidad inherente a las transacciones transnacionales, a la evasión y el fraude fiscal y a la delincuencia económica organizada, ya habíamos denunciado hace años en otro lugar[237].

A mediados de marzo 2010, los países de la UE habían ya doblado el importe de su deuda pública a corto plazo desde 2007, que representaba en torno al 11% del total de deuda pendiente. Ante tal volumen de deuda pública a corto plazo, en aquellos momentos los países más vulnerables no eran los más sospechosos, como refería el Financial Times. Según los analistas de este periódico económico, el Reino Unido tenía que refinanciar deuda por un importe superior al 5 % de su PIB; muy por debajo de Italia (20%) e Irlanda (18%), España (12%) y Grecia (13%) estaban en la mitad de la escala; pero Italia y Bélgica, que con una deuda del 20% del PIB entonces, también aparecían como vulnerables. Y se apuntaba que llegado el caso extremo, esto podría traducirse en una crisis de liquidez o de «huelga de inversores», que significaba que su deuda no encontraría compradores porque nadie querría prestarles dinero[238]. Y razones no faltaban para que eso pudiera suceder, porque –se apuntaba en este análisis– los países de la Eurozona no emiten deuda en una moneda fuerte externa sino que sus deudas están en euros que por sí mismos no pueden imprimir; y por tanto, su deuda pública se califica de deuda soberana puesto que está en una moneda internacional. Aunque por entonces en ese periódico especializado se consideraba que era alta la disponibilidad para pagar por parte de los gobiernos, «pese a esporádicas huelgas», lo cierto es que, con el transcurso de los meses, los problemas de financiación de algunos de los gobiernos empeoraron más seriamente que otros y la UE hubo de acudir a los préstamos intergubernamentales de los socios para el rescate financiero de los países en mayores dificultades; y luego, hubo de crear un fondo de estabilización propio y complementarlo con apoyo del FMI, el mismo recurso de intervención exterior aplicado en años pasados a otros países en desarrollo fuera de Europa.

Y es que la actual crisis de las finanzas publicas en Europa únicamente puede entenderse teniendo presente la excesiva dependencia de los gobiernos respecto de los mercados de bonos y su potencial latente, tanto para endeudarse cuando abunda la oferta de liquidez como cuando el dinero se encarece en los mercados, dado el consenso político predominante. Durante la crisis, la experiencia está demostrando que en la zona euro, la vulnerabilidad del Eurogrupo es mayor que en otras áreas del mundo, porque los Estados miembros no pueden abaratar el dinero ni incentivar las exportaciones; es decir, los Estados miembros carecen de política monetaria y comercial y de recursos propios para actuar sobre los tipos de interés y de cambio. Desde luego, como es sabido, se desprendieron de las competencias que tenían para devaluar la moneda propia, sin que hubiera previstos procedimientos para que pudiera suplirles el BCE directamente; ni dispusieran de un gobierno supranacional políticamente responsable que marcara las directrices económicas para el conjunto.

Por consiguiente, representa una amenaza para los gobiernos democráticos europeos el fenómeno de la financiarización de la deuda pública, del sometimiento del endeudamiento soberano a los mercados globales del dinero, con la conversión de sus bonos y demás títulos en activos financieros negociables que a su vez sirven de referencia de otros productos financieros como los derivados del crédito, cuyas cotizaciones variables condicionan las políticas económicas nacionales encareciendo al final el endeudamiento público. Y en esta situación de crisis europea, financiera e institucional durante el último año, la experiencia ha demostrado que los procedimientos intergubernamentales para las decisiones del Eurogrupo y de la UE han mostrado las dificultades para la adopción de un bazooka –la metáfora mediática del lanzacohetes antitanques aplicada a la decisión de Washington de dotarse de un enorme fondo para salvar a la banca en 2008– para la defensa propia del conjunto del Eurogrupo frente al potencial especulativo de los mercados, que hemos ido analizando en los capítulos anteriores.

Más aún, hay signos claros de que la crisis de la deuda soberana del euro ha demostrado prácticamente la inviabilidad de la política de equilibrio presupuestario impuesta por el Eurogrupo sobre el «espacio financiero europeo», un mercado abierto sin fronteras para los movimientos internacionales de fondos y sin autoridad democrática responsable ante los ciudadanos, que ordene el mercado financiero interior y controle las entradas y salidas extracomunitarias. Dado que esa libertad de circulación extracomunitaria del capital, genera competencia fiscal entre los socios coartando el recurso a la política de la tributación directa, resulta tentadora para los gobiernos la propensión hacia las políticas de reducción indiscriminada del gasto público y del bienestar de los ciudadanos para superar el agravamiento de los déficits públicos, que ha sido la salida neoliberal adoptada por el conjunto con las graves consecuencias sociales y económicas para la población. Pero sobre todo, la paradoja de la situación del Eurogrupo es que, al no poder pervivir sin la solidaridad financiera del conjunto, se ha optado por la solución de un fondo común de estabilización, mediante una sociedad instrumental radicada en Luxemburgo, que significa el recurso colectivo a los mercados financieros de los que se alimenta, intentando reemplazar el endeudamiento de cada uno de los Estados por el endeudamiento conjunto a través de los bonos de esa firma; que al final tampoco ha resuelto el problema.

La experiencia está demostrando que, en una «comunidad europea» que no es un Estado federal como los EEUU aunque tenga un potencial equivalente, cualquier solución no elimina para todos los países miembros los riesgos que presenta la globalización de los mercados financieros; porque, entre otros, los gobiernos de la UE se enfrentan al «riesgo soberano», identificado por los académicos años antes de la actual crisis financiera. En 2001, la profesora de la Universidad de Denver Ilene Grabel definía el riesgo soberano como «el riesgo de que un gobierno se enfrente a limitaciones en su capacidad para llevar a cabo políticas económicas y sociales independientes cuando se enfrente a una crisis financiera»[239]. Por tanto, entendemos como muchos otros analistas críticos que, salvada la coyuntura actual, la solución de los problemas actuales en Europa pasa por la regulación en serio de los mercados financieros y sus agentes. Y esta regulación solamente será efectiva y posible mediante la constitución de algún tipo de gobierno federal responsable ante el Parlamento europeo sobre aquellas competencias económicas y políticas que se asuman a nivel europeo.

Sin embargo, para salvar la situación europea actual y superar los sobresaltos de los gobiernos frente a los ataques de la especulación financiera durante los 18 meses de crisis transcurridos, se han gestado unas medidas concretadas finalmente en un acuerdo político de signo marcadamente defensivo frente la presión de los mercados («medidas de respuesta a la crisis de la deuda», dice el documento oficial) que prevé la firma en marzo de 2012 de un nuevo tratado del que se ha excluido voluntariamente el Reino Unido, argumentado como defensa de sus intereses nacionales los perjuicios que le ocasionaría a los intereses financieros de la City; un dato que podría ser considerado positivo tras la oposición histórica del Reino Unido a una auténtica unión política de Europa. Esta Declaración de los Jefes de Estado y de gobierno de la zona del euro del 9 de diciembre de 2011 que contiene ese acuerdo político, aunque en principio parece que cuenta con la conformidad por otros 10 miembros de la EU, prevé la formalización jurídica posterior del pacto presupuestario alcanzado junto con la coordinación de las políticas económicas y el desarrollo de «herramientas de estabilización», un fondo permanente de ayuda financiera para los Estados miembros con mayores dificultades. Sin embargo, hoy por hoy este acuerdo europeo carece de mayor alcance político que no sea otro que asegurar el pago de la deuda soberana en euros como medio de tranquilizar a los inversores institucionales, con pretensiones de desalentar la especulación en los mercados pero sin prever regulación alguna de los mismos.

PARTE III

LOS REGULADORES DEL CASINO EN LA SOMBRA

Capítulo 1

LOS GOBIERNOS PIERDEN LA PARTIDA

“Los centinelas no estaban en sus puestos, en gran parte debido a la fe ampliamente aceptada en la naturaleza autocorrectiva de los mercados y en la capacidad de las entidades financieras para vigilarse a sí mismas con efectividad»[240]. Es una acusación sin paliativos del trasfondo ideológico abstencionista que rige en las finanzas como causa de la crisis, sostenida por el informe final de la Comisión investigadora del Congreso estadounidense. Este informe, publicado en enero de 2011, sostiene que la catástrofe podría haberse evitado si no se hubiesen eliminado las salvaguardas jurídicas en los EEUU durante el transcurso de los treinta años de desregulación y confianza en la autorregulación de las entidades financieras liderados por el anterior presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan (al que cita por su nombre) y otros, con el apoyo de las sucesivas Administraciones y Congresos; y empujados activamente por la poderosa industria financiera en cada esquina. Los autores hacen constar que la Comisión no tenía el encargo de presentar recomendaciones políticas y se limitan a expresar su confianza en que la información recopilada contribuya a un nuevo rumbo. Sin embargo, resulta paradójico que este informe fuera entregado a un nuevo Congreso con mayoría republicana, cuando en el verano precedente se había ya aprobado una nueva legislación insuficiente al respecto.

En Europa, donde no ha habido investigación comunitaria ni informe oficial alguno sobre las causas originarias de la crisis, la desregulación comunitaria persiste tres años después de enunciar Nicolas Sarkozy, como presidente semestral de la Unión Europea, aquellos propósitos reformistas en 2008, cuando proclamaba que «le laissez faire, c’est fini»; incluyendo frases que tendrían mucho eco mediático como aquella de que había que «refundar el capitalismo». Y en el programa llevado al nuevo G-20 convocado por el presidente Bush, sostenía que «la crisis había demostrado la urgencia de definir un cuadro reglamentario nuevo que previera las futuras derivas y recentrara el sistema financiero sobre su verdadera función, que es la de financiar la economía»[241].

Sin embargo, en 2011, al asumir Francia la doble presidencia del G-8 y del G-20, estaba casi olvidado el programa de reformas del sistema financiero acordado en la primera cumbre en Washington; y que se había ido diluyendo a medida que el sistema se había ido recuperando con las aportaciones de los gobiernos para salvar a la banca privada mediante el dinero de los contribuyentes; y la coordinación de los bancos centrales para suministrar liquidez a la banca cuando ha sido necesario sin que se activaran los créditos a la economía productiva. Las ideas proclamadas de lograr la transparencia financiera y establecer una auténtica regulación y supervisión de los bancos, los fondos especulativos y los flujos financieros trasnacionales se fueron olvidando por todos, en particular en la UE, incluidos los medios de comunicación.

Para todo el que haya seguido los eventos financieros en la prensa, resulta obvio el escandaloso fracaso de los gobiernos democráticos frente a los bancos reflotados y al casino financiero reactivado. Mientras en Europa y en los EEUU, los gobiernos optan por aplicar recortes injustos del gasto público y las prestaciones sociales para paliar el endeudamiento público generado, precisamente, por esa misma crisis del sistema financiero globalizado. Y entre tanto, la desregulación financiera impone sobre las democracias el poder soterrado de los bancos y sus grupos de presión, desde los EEUU hasta Grecia, pasando por los demás Estados miembros de la UE, aunque en distinto grado y visibilidad. Los gobiernos del G-20 no han acabado con los llamados paraísos fiscales como anunciaron; ni han limitado las retribuciones variables excesivas de los altos directivos de la banca financiera que incentivan el riesgo; ni han eliminado el riesgo sistémico de los grandes bancos globales; ni han limitado el endeudamiento excesivo de la banca; ni se ha avanzado en la supervisión de las operaciones bancarias transnacionales; ni han prohibido los derivados financieros más nocivos ni las prácticas bancarias que llevaron a la crisis que ha empobrecido a una parte importante del mundo. Y esa desregulación financiera representa el fracaso político de los gobiernos democráticos presionados por los activos y poderosos lobbys bancarios en Washington, Bruselas y otras capitales relevantes.

1. EL JUEGO DE LOS LOBBYS

El informe citado del Congreso sobre la crisis financiera en los EEUU, además de apuntar al trasfondo ideológico abstencionista como causa fundamental de la crisis, destaca que «la propia industria financiera, los grandes bancos, jugaron un papel clave en la debilitación de las restricciones normativas sobre las entidades, los mercados y los productos». Y aporta datos acerca de cómo los banqueros y firmas financieras actúan sobre la política en Washington; mencionando concretamente que, según la información federal, de 1999 a 2008 el sector financiero dedicó 2.700 millones de dólares a gastos de grupos de presión o lobbys; los individuos y los comités de acción política en el sector aportaron más de 1.000 millones de dólares en contribuciones a las campañas electorales[242].

Otro ejemplo lo aporta la misma tramitación de la nueva legislación reformista en el Congreso. Una vez aprobado en enero 2010 un proyecto legal en el Senado y otro paralelamente en la Cámara de representantes, correspondía a una comisión interpartidaria del Congreso refundir ambos textos que, según fuentes solventes, en cualquier caso se pensaba que se alejarían mucho de las ideas de reforma expuestas en las declaraciones del presidente, como así sucedió. Por entonces, la gran banca no mostraba mucha inquietud porque su influencia sobre Washington es sólida. Para su campaña electoral, el senador demócrata Christopher Dodd, presidente del comité de banca del Senado, recibió legalmente 2,9 millones de dólares de la industria financiera en 2007-2008, menos que el candidato Obama pero más que cualquier otro senador. Y esa misma industria fue el primer donante para el congresista Barney Frank, presidente del comité de servicios financieros de la Cámara. Son ejemplos concretos de los instrumentos sobre los que se asienta la gran influencia política de Wall Street sobre Washington, que se desarrolló y afianzó durante la etapa de la presidencia de Clinton; al imprimir un giro histórico al Partido Demócrata que lo alejaba de los sindicatos y lo aproximaba a la gran banca, como sostiene el profesor Simon Johnson, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y ex economista jefe del FMI[243]. Y con frecuencia encontramos referencias en la prensa financiera a la presión de los lobbys de Wall Street sobre el Congreso.

El presidente Obama, orgulloso, calificó la nueva legislación de 2010 como «la más dura reforma financiera» desde la Gran Depresión, aunque se habían quedado en el camino muchas de las propuestas defendidas en sus discursos que su propio equipo abandonó en las negociaciones con los congresistas; y lo que no dijo es que, al día siguiente, subieron las acciones de los grandes bancos. Las firmas más grandes sabían que lo que sus poderosos lobbistas no habían conseguido bloquear o aguar en el proyecto, podrían hacerlo más adelante, e influir en el vasto conjunto de normas sobre capital, apalancamiento y otras cuestiones financieras que se escribirían en los reglamentos.

En la Unión Europea se carece de cifras sobre las «inversiones» de bancos y multinacionales en la labor de presión política sobre Bruselas, pero abundan los datos sobre la práctica de estas actividades. En mayo de 2010, el periódico alemán Spiegel alertaba de que los lobbistas de la City de Londres se aprestaban a contraatacar las propuestas de reformas europeas sobre los hedge funds o fondos especulativos, la regulación bancaria y demás[244]. Como, además de los bancos, los grandes grupos empresariales utilizan derivados extrabursátiles para gestionar ciertos riesgos del negocio corriente como hemos analizado en capítulos anteriores, durante el otoño de 2010 las grandes compañías industriales europeas presionaban en Bruselas y hacían lobby sobre la Comisión Europea para que no se les forzara a utilizar cámaras de compensación para las transacciones con derivados, según información del Financial Times. Las multinacionales Siemens, Eon, Lufthansa, Rolls Royce y otras intentaban influir en las propuestas de regulación que buscan una mayor transparencia financiera, argumentando que si se les obligaba a procesar sus operaciones con derivados extrabursátiles (OTC) vía cámaras de compensación, sería un fuerte drenaje de liquidez, afectando posiblemente a las perspectivas de crecimiento europeo[245].

Si tenemos en cuenta que cerca del 90% de las decisiones del Consejo de Ministros de la UE se toman antes de que los ministros lleguen a la reunión en Bruselas[246], queda gran margen para influir sobre la tecnocracia bruselense. Las ayudas al lobby es uno de los servicios que ofrece el sector de las relaciones públicas a sus clientes, con cientos de agencias radicadas en la «capital» de Europa; por ejemplo, mediante el seguimiento del rastro de la legislación proyectada que circula continuamente entre la Comisión, el Parlamento, el Consejo y los diversos comités[247]. Bruselas dispone de miles de comités y grupos de expertos que apoyan a la Comisión Europea, elaborando los borradores de informes y proyectos que luego se aprueban como normas europeas y que, cuando procede, los Parlamentos de los países miembros como España, convierten en legislación. El secretismo en que se escudan esos organismos internos, es tan riguroso que a los profesionales de gabinetes y despachos de abogados que llevan el seguimiento de las decisiones europeas, les resulta difícil conocer lo que pasa y lo que está en juego en cada momento. Es una maraña que se designa con la denominación de comitología y que es un elemento indispensable para el ejercicio de la profesión de lobbista o conseguidor; «para un profesional lobbista es inconcebible ignorar la comitología», decía la presentación de uno de tantos seminarios de los que se ofrecen en Bruselas anualmente, con amplios programas de contenidos para una buena comprensión de las interioridades de la tecnocracia; incluso se ofertan cursos a medida por las entidades particulares, en los que se estudia la gestión pública y los mecanismos internos de las instituciones europeas así como «los mejores modos de influir en sus políticas» (sic)[248]. Hace años que la fundación Corporate Europe Observatory de Amsterdam[249] viene denunciando este entramado y el incremento continuo del número de grupos de expertos europeos, porque la Comisión ha intensificado este procedimiento de la comitología para la toma de decisiones, manteniendo el carácter confidencial de la identidad de los miembros de estos grupos de trabajo.

Al nivel político de quienes deciden o preparan las decisiones, el lobbysmo alcanza mayor altura y sutileza. Los proyectos de reforma financiera que se cocían en el seno del Comité de supervisores bancarios en Basilea, en el Consejo de Estabilidad Financiera y en los demás comités patrocinados por el G-20, formaron parte de la agenda del Foro Económico de Davos en enero de 2010. Con tal ocasión, la élite de la banca tuvo oportunidades para mostrar su oposición a las propuestas contrarias a sus intereses. Los banqueros participantes en el Foro dejaron sentir su presión política sobre la alta tecnocracia y los gobernantes con el fin de moderar los contenidos de una amplia gama de propuestas incluidas en los borradores en circulación y que podrían suponer un mayor control sobre la actividad financiera. Por ejemplo, los debates, privados en su mayoría, se centraron en las ideas relativas «a las operaciones en bolsa de los bancos por cuenta propia» (una actividad central conocida como proprietary trading) y en los documentos sobre requisitos de capital para los bancos, entonces en negociaciones reservadas a los gobernadores de los bancos centrales del BIS[250]. Y a finales de enero de 2011, en un hotel de la estación de esquí de Davos tenía lugar una reunión privada de Tim Geithner, secretario del Tesoro de los EEUU, con 14 altos ejecutivos de los más importantes grupos financieros mundiales, entre ellos el británico Barclays, el holandés ING y el Credit Suisse. Entre otras cuestiones, los financieros presionaban al representante del gobierno estadounidense, quejándose por las propuestas de regulación financiera de la Comisión Europea, que supondrían diferencias importantes según los banqueros con la legislación estadounidense y que eran contrarias al objetivo establecido de una reglas comunes para el juego financiero global, «un terreno de juego nivelado» (a level playing field ), según contaban los reporteros del Financial Times; que en la misma información se referían de pasada a «la feroz labor de lobbying de los grupos financieros» ejercida sobre las autoridades nacionales[251].

2. EL G-20 MANTIENE EL CONSENSO NEOLIBERAL

La frase tan mediática de Sarkozy de «refundar el capitalismo» (transformada luego en «reforma del sistema financiero internacional») alimentó la confusión en su momento sobre el alcance de la primera cumbre del G-20 acerca de los efectos económicos de la gran crisis global que llevó lo financiero a la agenda política global. Bajo un lenguaje poco inteligible para muchos ciudadanos, el documento aprobado el 15 de noviembre de 2008 en el National Building Museum de Washington se resumía en tres enunciados que fueron la regulación, la supervisión y la transparencia de los mercados financieros. De hecho esos enunciados estaban en el programa de la presidencia francesa para la UE de ese semestre: «Las turbulencias actuales, que comenzaron en el verano de 2007, –decía el documento francés de julio de ese año– han puesto de relieve la imperiosa necesidad de reforzar la estabilidad y la transparencia del sistema financiero y corregir sus disfuncionamientos (...), y la instauración de una supervisión adecuada de los grupos financieros transeuropeos»; aunque cada gobierno europeo los interpretaba de una manera distinta.

Pero en el fondo estaba claro que había un acuerdo político soterrado entre los gobiernos del G-20 con la intención sólida de mantener el consenso neoliberal en que se apoya la globalización, encubierto bajo el discurso público compartido de hacer el sistema financiero más seguro y más transparente. Hoy es obvio que los gobiernos de los países más desarrollados y con mayor proyección mundial, pretenden mantener la globalidad del sistema con el objetivo de lograr unas reglas iguales en todo el mundo, «un terreno de juego nivelado», a level playing field, según el lenguaje de la tecnocracia financiera; con pretensiones de evitar significativas desventajas competitivas para las transacciones mundiales en las nuevas reglas, sea en Nueva York, Londres, París o Francfort. En otras palabras, un sistema financiero donde los grandes bancos compiten con los pequeños por los recursos en los mercados globales, mientras los gobiernos son cada vez más impotentes frente a las disfunciones del sistema. Por tanto, en el G-20 se acordaron planes de actuación, que fueron delegados a los banqueros centrales y a los organismos reguladores, bajo la batuta del Comité de supervisores bancarios de Basilea, es decir del Banco de Pagos Internacionales de Basilea (BIS) del que hablamos más adelante, y del Consejo de Estabilidad Financiera junto con organismos intergubernamentales ad hoc[252], ocupados por tecnócratas de acreditada trayectoria neoliberal, generalmente ligados al sector privado.

Para empezar, con los acuerdos del G-20 de abril de 2009 en Londres, se abrió un proceso para reforzar políticamente todas las organizaciones financieras internacionales que, como el FMI, habían fracasado en la definición del marco del sistema financiero internacional y en la prevención de su inestabilidad; es decir, se ha reforzado la estructura institucional global del sistema financiero, incluido el BIS, el regulador bancario en la sombra. Entre las innovaciones introducidas en Londres para superar la crisis, destaca la reactivación del Foro de Estabilidad Financiera creado a finales de los noventa tras la anterior crisis asiática y rusa (que había brillado por su inoperancia), que pasaba a denominarse Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, en siglas inglesas), con sede en en Basilea. El FSB ha desarrollado un programa de informes siguiendo el mandato de reformar el sector bancario que le asignó el G-20 en su cumbre de Pittsburgh en 2009; y cuyo resultado concreto han sido los Acuerdos de regulación bancaria denominados Basilea III, que comentamos en el capitulo III.4.

Tras los acuerdos sobre los llamados paraísos fiscales y sobre el capital básico de los bancos, desde comienzos de 2011, la prensa financiera especializada apreciaba indicios de ruptura del consenso inicial entre «las dos mayores jurisdicciones para los servicios financieros», los EEUU y la UE. En la Administración estadounidense, voces de los altos funcionarios están pidiendo un mayor control político del largo proceso de negociaciones internacionales en curso. Y en los países de la UE, salvo el Reino Unido que ha adoptado decisiones internas, en general los países han quedado a la espera de las decisiones compartidas, con diferencias que se pusieron de manifiesto desde el otoño de 2008. Mientras tanto, la atención de los gobiernos europeos se ha centrado por lo general en afrontar el endeudamiento y el saneamiento de las finanzas públicas a costa del Estado de bienestar. Por su parte, la «comunidad financiera» de grandes bancos, firmas financieras, brokers, consultoras, agencias, etc., se centraba para la prensa en el debate de tres asuntos: el capital de los bancos, los bonus de los ejecutivos y los derivados financieros[253] que veremos. Asimismo, para salvar su pretendida imagen pública de gobierno global, el G-20 se ha escudado en las cortinas mediáticas creadas por las declaraciones oportunistas de gobernantes para responder a reivindicaciones de movimientos sociales y ONGs, como la supresión de los paraísos fiscales, la contención de los megasueldos bancarios, la tributación de las transacciones financieras, conocida originariamente como tasa Tobin, y remedios contra la pobreza en el mundo. Con la crisis europea del euro, la cumbre del G-20 de noviembre de 2011 en Cannes ocultó su inanidad.

Los paraísos fiscales, los bonus y la tasa Tobin, cortinas de humo

En lugar de una revisión a fondo de las bases del sistema financiero internacional, en el G-20 ha predominado el sesgo conservador que ya se advertía tras la retórica de los primeros comunicados. Y los puntos dispersos abordados han respondido más al deseo de proyectar una imagen reformista frente a las opiniones críticas en este campo, que habían logrado mayor impacto en amplios sectores de la sociedad con cierto reflejo en los medios de comunicación; en algunos casos han sido medidas cosméticas que no atendían a suprimir las deficiencias que la crisis ponía de manifiesto ni alteraban el consenso neoliberal del sistema establecido. De este modo, los antes denominados oficialmente paraísos fiscales pasaban a ser «jurisdicciones no cooperantes» desde la gran reunión cumbre de Londres en abril de 2009, en que la OCDE obtenía así la ratificación del abandono del proyecto contra la competencia fiscal perjudicial del año 2000, que había fundamentando la lucha oficial contra los paraísos fiscales hasta ese momento. Y en paralelo resucitaba el Foro Global sobre Tributación, que reúne a países miembros de la OCDE junto a territorios considerados paraísos fiscales, donde alcanzaron un acuerdo para un level playing field, un terreno de juego nivelado, es decir unas reglas de juego compartidas sobre las cuales funciona la libertad internacional de movimientos de capitales y la competencia fiscal entre países, es decir, para proseguir las continuadas rebajas en la tributación del capital que se mueve por el mundo y el incremento de los impuestos al consumo y sobre las rentas del trabajo, las nóminas. El G-20 en Londres acordó un cambio de estrategia, olvidando el principio de la «fair competition», la competencia leal entre países y sus sistemas fiscales.

¿Se acabaron los paraísos fiscales?

En el documento aprobado en Londres, se decía que «se acabó el secreto bancario», una mera declaración sin más, que autorizó a nuestros gobernantes europeos a ocupar los titulares de los informativos televisivos y de la prensa escrita en los días siguientes con declaraciones altisonantes, afirmando que se habían acabado los paraísos fiscales. Y la realidad es que se había cambiado la norma de referencia, considerándose a partir de 2009 como «jurisdicciones no cooperantes» a aquellos países y territorios que no cumplen el referido «estándar fiscal internacional», porque no aceptan la entrega de información fiscal a petición de alguno de los doce Estados con los que cada uno ha suscrito el convenio internacional según el modelo de la OCDE, que no obliga a modificar la legislación interna, pudiendo mantener el secreto bancario como sucede con Suiza, las Caimán y otros países o territorios autónomos que han dejado de ser considerados tales paraísos fiscales, denominación que solo conservaban tres jurisdicciones recalcitrantes (Montserrat, Nauru y Niue a fecha 14 de septiembre de 2011)[254]. Fue un simple acuerdo político como sucedáneo de un acuerdo multilateral contra esos países y territorios que practican la opacidad financiera y las prácticas fiscales dañinas para los demás países y condenables como formas de competencia desleal. En aquellos momentos de gran inquietud y confusión sobre el alcance que tendría la crisis financiera, tal acuerdo fue sobrevalorado por los medios de comunicación comentando las cuatro listas de colores de la OCDE para banalizar el asunto, creándose una cortina de humo para cubrir la vacuidad de los documentos del G-20 y su ineficacia, como denunciamos en algunas publicaciones y medios. Pero, años después, en ningún parlamento se han pedido cuentas sobre los resultados prácticos ni se ha solicitado información sobre qué ha pasado con los acuerdos de Londres; aunque la prensa nos ha ido dando cuenta de hechos que demostraban la incesante actividad de Suiza y demás países y territorios famosos por la atracción que ejercen sobre el dinero sucio.

Asimismo, como tampoco se ha logrado el objetivo mínimo global de un «terreno de juego nivelado» para la fiscalidad y para la transparencia de los mercados financieros, un informe publicado en mayo de 2011 por un organismo dependiente directamente del primer ministro francés (Centre d’analyse stratégique) se olvidaba del cambio político introducido por el G-20 en Londres y denunciaba la relevancia financiera de los antes llamados oficialmente paraísos fiscales. Este informe titulado Centres financiers offshore et système bancaire «fantôme» (traducción francesa de la expresión shadow banking, sistema bancario en la sombra) proponía una serie de medidas técnicas en contra, considerando que «la crisis financiera ha puesto de relieve el papel decisivo desempeñado por el sistema bancario “fantasma” –expresión que cubre la mayoría de los actores financieros no regulados– en la propagación del riesgo sistémico, con entidades que se han aprovechado de los posibles recovecos de la regulación, domiciliándose en los centros financieros offshore, que representan “fallas geológicas” de la supervisión macroprudencial necesaria para la estabilidad del sistema financiero»[255]. Y, quizás debido a la influencia de la presidencia francesa, en Cannes el 3 y 4 de noviembre de 2011, el G-20 reactivaba el asunto aunque esta vez apenas ha tenido reflejo en la prensa, centrada en el problema de la deuda soberana europea. Sin embargo, la Declaración final dedica un capítulo para «abordar los paraísos fiscales y las jurisdicciones no-cooperantes» (ítems nº 35 y 36), recuperando así oficialmente la expresión paraísos fiscales (tax havens), abandonada tras Londres, junto a la de jurisdicciones no cooperantes. Si no conociéramos el fracaso ya histórico del proyecto planteado por la OCDE desde 1998, podríamos tomar en serio el compromiso expresado en el «Comunicado de los líderes» en Cannes cuando dice: «apremiamos a todas las jurisdicciones para que se adhieran a los estándares internacionales en las áreas de la fiscalidad, prudencial (solvencia bancaria) y del antiblanqueo de dinero sucio y del combate contra la financiación del terrorismo» (nº 17). Y el apartado citado de la Declaración final que resume los tres procesos que se han desarrollado entre bastidores por la tecnocracia internacional, aunque con el objetivo soterrado de mantener intactos los supuestos ideológicos del sistema financiero global.

Por el lado de la fiscalidad, de las 59 jurisdicciones examinadas plenamente por el Foro Global de Tributación (un organismo de la OCDE), en el informe publicado se identifican 11 jurisdicciones con serias deficiencias, casi todas de escasa relevancia financiera internacional como Antigua y Barbuda, Barbados, Botswana, Brunei, Panamá, Seychelles, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Vanuatu; pero asombrosamente aparecen Suiza y Luxemburgo como legislaciones deficientes identificadas por el citado Foro; es decir, se les reconoce la condición de notorio paraíso fiscal que siempre tuvieron. Y en materia de regulación y supervisión financiera (bancos, aseguradoras y mercados financieros), otro organismo reactivado por el G-20 como es el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB en siglas en inglés) ha evaluado el cumplimiento de los estándares internacionales sobre cooperación y el intercambio de información entre organismos supervisores. De los 61 países financieramente importantes, incluidos los miembros del G-20, 41 cumplen satisfactoriamente, otros 18 tienen deficiencias que tienen que ser corregidas o no ha terminado aún la evaluación, e irónicamente solamente dos países, Libia (bajo el anterior gobierno del coronel Gadafi) y Venezuela, se han negado a hablar con el FSB siendo consideradas no-cooperantes y son los únicos nombrados; de los restantes se desconocen sus nombres. Y resultados con también escasa seriedad, se ofrecen en materia de antiblanqueo de dinero sucio y de combate de la financiación del terrorismo, del informe del GAFI, Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales (FATF en siglas en inglés; otro organismo intergubernamental con sede en París), al que se remite la Declaración, que identifica 12 jurisdicciones con graves deficiencias estratégicas que constituyen una amenaza para el sistema financiero internacional que los gobiernos tienen que tener en cuenta.

Lo más lamentable es que en todos los casos el G-20 apela a los gobiernos para que adopten medidas contra aquellas jurisdicciones denunciadas como incumplidoras de normativas internacionales; pero no plantea sanciones internacionales en ningún caso. Con todo, la clara influencia de la presidencia francesa del G-20, ha logrado que se reactualice el asunto de los llamados paraísos fiscales sobre el papel, lo que es un mínimo reflejo de la acumulación de informes que denuncian la influencia de los centros offshore en la persistente crisis financiera. ¿Cómo puede tenerse una idea clara de quién debe y a quién, mientras cierto número de potentes fondos de inversiones de alto riesgo realice operaciones multimillonarias opacas desde Suiza y otros paraísos fiscales en los mercados de los bonos soberanos y sus derivados?

Siguen los bonus o retribuciones variables de ejecutivos

Durante algún tiempo las declaraciones de gobernantes y las propuestas para el G-20 alimentaron otra cortina de humo para ocultar la inoperancia, anunciando la supresión de los «bonus» o retribuciones variables desmesuradas que perciben los ejecutivos de los grandes bancos, incentivando la asunción de riesgos descontrolados, como los que condujeron a la crisis financiera. Lejos de la eliminación de los megasueldos de los altos directivos bancarios anunciada por algunos titulares de prensa, lo cierto es que la declaración sobre «el reforzamiento del sistema financiero» de los ministros del G-20 tras la reunión preparatoria para Pittsburgh (septiembre de 2009), se limitaba a pedir que el Consejo de Estabilidad Financiera presentara propuestas para que los estándares globales sobre compensaciones y bonus «se alinearan con la creación de valor a largo plazo (el aumento del valor de las acciones del banco) y la estabilidad financiera». Todo apuntaba, como se ha demostrado posteriormente, que con este asunto se estaba creando una nueva cortina de humo, que ocultaba el acuerdo político de los gobiernos para no interferir en el funcionamiento de la gran banca, pese a las evidencias acumuladas de los abusos cometidos por las entidades, alentados por las retribuciones desmesuradas incluso de los directivos de los bancos fracasados.

Debido a la gran banca global, reforzada cuatro años después de iniciada la crisis, este sistema retributivo se mantiene y la inquietud del mundo financiero, según la prensa especializada, es la influencia que las variaciones en las retribuciones variables puedan tener en la disponibilidad de grandes «talentos». Los bancos europeos se quejan de que están sufriendo la hemorragia de los ejecutivos con retribuciones más elevadas que se marchan a Hong Kong, Singapur, Suiza y Nueva York para evitar las normas sobre bonus, que en algunos casos obligan a las compañías al pago distribuido en varios años sin concreciones. El nuevo código de retribuciones de la autoridad británica sobre servicios financieros, la FSA, que establece que los altos ejecutivos de los bancos solamente podrán percibir el 20% de sus bonus anticipadamente en efectivo y el resto en acciones repartidas en varios años; en el Reino Unido se prohibieron los «bonus garantizados» que se percibían hubiera o no beneficios, aunque se permiten en determinadas circunstancias. En Europa ha persistido el clamor contra las altas retribuciones de los ejecutivos bancarios, pero en los EEUU el clima cambió. En 2009 parecía que los bonuses de Wall Street iban a recortarse. La Cámara de representantes de los EEUU aprobó un impuesto del 90% sobre los bonus destinado a los ejecutivos de AIG, el grupo asegurador rescatado y Obama advertía de la animadversión de la gente contra los banqueros; pero esa animadversión se disipó y el impuesto draconiano se estancó en el Senado[256]. El documento de la declaración final del G-20 en Cannes se limitaba a confirmar la supuesta coordinación del Consejo de Estabilidad Financiera para la monitorización de lo que considera «áreas claves» de la regulación financiera, entre otras, las «practicas retributivas», una mera alusión a las retribuciones variables de ejecutivos, los conocidos bonus (item nº27). Y es que este asunto va ligado a la operativa interna de la banca financiera y, como hemos analizado en el capítulo I.2, sirve a los intereses de la gestión puramente financiera de la banca basada en la asunción de riesgos desmesurados, estimulada por ese sistema retributivo injusto.

La inacabable discusión sobre la tasa Tobin

Como novedad, en septiembre de 2011 el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, planteaba de nuevo un impuesto sobre las transacciones financieras, a sabiendas de la oposición del Reino Unido y los EEUU y contra la opinión de su propia comisión reflejada en un estudio donde alegaba que tal impuesto dañaría el crecimiento de las economías de la UE[257]. Tal propuesta únicamente podía interpretarse como una reedición de otra cortina de humo de cara a la próxima cumbre del G-20 en Cannes para esconder los problemas del dominio de las finanzas sobre la Unión y sobre el mundo. Porque otro de los asuntos proyectados en los medios por algunos gobiernos del G-20, ha sido la tributación de las transacciones financieras, la llamada «tasa Tobin» reivindicación popularizada por el movimiento Attac (Asociación para la Tributación de las Transacciones financieras para ayuda de los Ciudadanos), que se incorporaba a la agenda política en «un momento crítico de la recuperación de la crisis» –según la expresión del propio comunicado oficial– en la reunión de noviembre de 2009 en Escocia (St. Andrews) de los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del grupo. Como anfitrión, el entonces primer ministro laborista Brown aprovechó la reunión para aparecer en titulares de prensa, lanzando la idea de un impuesto sobre las transacciones financieras globales; una idea que no fue aceptada entre los reunidos, como asimismo había sido rechazada rotundamente por los banqueros de la City cuando fue lanzada la misma idea por lord Turner, el presidente de la Autoridad británica de servicios financieros (Comisión Nacional del Mercado de Valores Británica); una operación mediática de los funcionarios del gabinete del primer ministro que «vendieron» a la prensa esa idea de un cambio en la política del Reino Unido en este punto. Aunque el propio Brown fue muy cauteloso y hasta no mostró gran convencimiento personal sobre su idea, admitiendo la necesidad de que fuera global, su complejidad y la dificultad técnica para su implantación. Sin embargo, horas después, la idea de Brown era abortada por el secretario del Tesoro estadounidense, Tim Geithner, en declaraciones a la cadena Sky News: «Un impuesto sobre las transacciones financieras diarias no es algo que estemos preparados para soportar»; posición que los EEUU siguen manteniendo. Desde entonces, sin lograr ningún acuerdo, para atraer la atención de ONGs y sectores sociales críticos, los gobernantes europeos han mareado la perdiz hasta 2011 presentando con fines recaudatorios modalidades espurias de la idea primigenia de instrumento tributario para contener la especulación financiera. Y, aunque el comunicado del G-20 en Cannes (item nº 28) reconoce las iniciativas en algunos países para hacer tributar al sector financiero con varias finalidades, incluyendo un impuesto sobre las transacciones financieras, es sabido que los innovadores productos financieros opacos y las operativas como la de la alta velocidad, suponen serios obstáculos para la aplicación efectiva de cualquier modalidad de impuesto sobre las transacciones financieras transnacionales.

Los bancos demasiado grandes para quebrar

Una acusación de los sectores críticos estadounidenses contra la política de Obama y el Congreso demócrata, es que ha consolidado a la élite de Wall Street; y una prueba la encuentran en que no se ha resuelto el problema de los grandes bancos, la cuestión del «too big to fail» (demasiado grandes para dejarles quebrar) porque su caída arrastraría todo el sistema financiero, de modo que los gobiernos se ven obligados a acudir en su rescate; todo un riesgo sistémico para la banca, como vimos en el último apartado del capítulo I.2. Esta cuestión fue planteada ante los ministros de finanzas y los gobernadores de bancos centrales en la reunión del G-20 de noviembre de 2009 en Escocia (St. Andrews), como una iniciativa del anfitrión, el primer ministro laborista Gordon Brown. La pretensión era conseguir un acuerdo global para que se obligara a los grandes bancos transnacionales a que dispusieran de un plan de disolución o «testamento vital» (sic) ante las repercusiones del posible fracaso futuro, dado el riesgo sistémico que generan. Proponía una norma común que obligara a los grandes bancos globales a prever cómo llevar a cabo su disolución en caso de quiebra; una cuestión muy importante que sigue acaparando la preocupación de los expertos gubernamentales anglosajones que controlan las reuniones entre bastidores del G-20; y entre bastidores ha continuado el debate.

Parece ser que el fondo de la cuestión, según un informe del Comité de supervisores bancarios de Basilea de julio de 2011, apunta a la idea de que los bancos demasiados grandes son también demasiado grandes y globales para ser salvados (Too big to fail; too global to save); por tanto, los funcionarios nacionales deberían «hacer más» para que ninguna firma financiera sea demasiado grande para fracasar. En realidad admiten que el asunto de los bancos con operaciones alrededor del mundo está «ampliamente sin resolver», sin acuerdo global; y que en caso de dificultades financieras el grueso de la información y la regulación financiera radica en el ámbito nacional. Por tanto, se siguen debatiendo propuestas sobre la disolución (resolution) de los bancos sistemáticamente importantes, pero a tales efectos el poder real sigue estando en manos de las autoridades nacionales[258]. Y la experiencia de los bancos islandeses quebrados ha revelado la complejidad de la quiebra de un banco con operaciones transnacionales para el país donde tiene su sede central, donde llegado el caso se concentran reclamaciones y procesos de alcance internacional. El comunicado del G-20 en Cannes asegura que se han acordado medidas de manera que «ninguna firma financiera pueda ser considerada demasiado grande para quebrar y proteger a los contribuyentes de los costes de su disolución» (item 13). Asimismo, ratifica la lista definida por el Consejo de Estabilidad Financiera como «entidades financieras globales sistemáticamente importantes» (Global systemically important financial institutions / SIFI en siglas inglesas) que «serán» sometidas a una supervisión reforzada, al requerimiento de un plan de disolución o testamento vital y a partir de 2016, a unas exigencias adicionales de capital propio. Esta primera relación comprende 29 bancos, encabezados por el británico HSBC, JP Morgan Chase y Citigroup, incluyendo también al Banco Santander, según el informe del citado Consejo. Al parecer, se ha comenzado a abordar a nivel global la regulación de esta «cuestión clave».

Los derivados, apuestas garantizadas

En los documentos del G-20 en Cannes abundan las menciones, más bien sin contenido concreto, sobre los derivados como una de las «áreas clave», aludiendo a la necesidad de su regulación y supervisión en los mercados de petróleo y otras materias primas o sobre los CDS; y en concreto, sobre los derivados extrabursátiles (OTC) se establece que antes de finalizar 2012 sean comercializados en bolsas o plataformas electrónicas negociadoras y compensados de modo centralizado, «donde sea apropiado», al mismo tiempo que estos contratos debieran ser objeto de registro, según la Declaración final (item 24). Y es que frente a las reiteradas declaraciones del G-20 y de Obama, los derivados han sido la prueba de fuego de las ideas de reforma financiera, porque son una parte muy importante de los actuales mercados financieros globalizados cifrada en unos 600 billones (con doce ceros), negociados en mercados desregulados; y que, como hemos ya analizado, han sido una de las causas directas de la crisis. Las voces que reclamaron la urgencia de ordenar estos mercados ni siquiera han logrado que al menos se implantaran registros y cámaras de compensación de los pagos entre los apostantes, de modo que hubiera un cierto control público sobre este sector. En este campo ni en los EEUU ni en la Unión Europea apenas ha cambiado el funcionamiento existente con anterioridad a la crisis; y el asunto sigue abierto.

Hasta el conocido especulador convertido en magnate, George Soros, defiende la necesidad de que se regulen los derivados, considerando que todos los valores bursátiles deberían registrarse en la SEC, la CNMV estadounidense, antes de comercializarse y en el caso de los valores sintéticos (creados sobre otros que su vez tienen su activo subyacente) o que se registraran en una agencia gubernamental estadounidense como la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Pero reconoce que eso tendría la oposición de los cinco grandes bancos que sirven como creadores de esos mercados, ya que esos mismos bancos abarcan el 92% de las operaciones extrabursátiles vivas o pendientes en los EEUU; y también se oponen algunas multinacionales. Porque la única explicación, afirma Soros, es que los derivados a medida facilitan la evasión fiscal y la manipulación de las ganancias, aunque estas consideraciones no deberían tenerse en cuenta por los legisladores, piensa[259].

La contraofensiva antirreguladora

Desde el lado bancario, tras la crisis del sistema, la oposición a la regulación es evidente, aunque se esconda en expresiones eufemísticas. Ante le creciente presión ambiental, la Asociación Gremial de Promotores de Derivados (ISDA) optó por su labor soterrada de defensa del sector frente al impulso regulador, aunque en general la banca más global adoptara la estrategia de la colaboración con las autoridades para frenar y aguar tales impulsos[260]. Sin embargo, algunos aceptan regulaciones que racionalicen las transacciones y aseguren el mejor funcionamiento de los mercados de derivados mediante la normalización de los contratos, de modo que resulten más comprensibles para los inversores-especuladores. De hecho, en 2009, el G-20 adoptó el acuerdo para que se impulsara el negocio extrabursátil, informal, con derivados pero con contratos normalizados y a través de cámaras de compensación y liquidación con la finalidad de pasar de las transacciones bilaterales privadas a plataformas de negociación más transparentes. Una solución que simplemente otorga mayor seguridad a las apuestas y mayores garantías al cumplimiento de los compromisos; por otra parte, el objetivo era hacer esos mercados más accesibles a entidades financieras de menor cuantía.

Pero, aun así, entre los EEUU y la UE surgen diferencias técnicas, dicen, en cuestiones como la definición de las plataformas negociadoras, la propiedad de las cámaras de compensación y quién tiene que aportar el colateral, los activos en garantía del pago de las apuestas; y las diferencias de planteamientos crean inquietud entre bancos, brokers, bolsas y cámaras de compensación[261] La cuestión de fondo es si se reservan o no estos negocios para los grandes bancos. Por ejemplo, los reguladores de uno y otro lado del Atlántico discrepan en torno a los requisitos de capital de los miembros de la plataforma negociadora. El organismo regulador estadounidense, la CFTC, propone que las cámaras de compensación exijan a los nuevos miembros una cifra máxima de 5.000 millones; pero en la UE, aunque está pendiente la fijación de los niveles de capital requeridos, la LCH Clearnet, la mayor cámara de compensación de derivados del continente, impone un umbral mínimo 100 veces superior, es decir, 500.000 millones, medio billón de dólares. Y algunos ejecutivos de grandes bancos como Jamie Dimon del JPMorgan han advertido a los reguladores que corren el riesgo de que su banco, igual que harían otros, trasladen sus operaciones de derivados a jurisdicciones «más avanzadas», como Singapur, que ofrecen normativas más laxas; aunque otros consideran que se ha exagerado al hablar de éxodo del negocio fuera de los lugares establecidos de EEUU y Europa. De hecho, los nueve grandes banqueros de Wall Street intentan mantener el monopolio de estos negocios con su propia cámara de compensación que excluye al resto, reservándose los grandes beneficios de las comisiones sobre las corporaciones que utilizan derivados; y oponiéndose a la regulación oficial de cámaras de compensación[262]. Resumiendo, la cuestión en discusión es si la regulación sería para hacer accesible este mercado, las apuestas, al mayor número de participantes o que siga siendo el coto cerrado de negocios de los más potentes que juegan entre sí, aunque si se complica el juego paguen todos los ciudadanos del planeta.

La pasividad de la Comisión Europea

La cuestión de los derivados está planteada en la Comisión Europea desde que en octubre de 2008, el comisario del mercado interior McCreevy convocó a una reunión en Bruselas a los reguladores europeos y a la propia industria para un debate sobre propuestas concretas con el fin de reducir el riesgo de los derivados del crédito y, en particular, introducir cámaras de compensación para los CDS, los pretendidos seguros contra el impago; y «de modo general analizar sistemáticamente los mercados de derivados tras las lecciones aprendidas de la crisis». Desde entonces se han sucedido las declaraciones al socaire de los eventos; y se han producido documentos en la línea apuntada de esconder la inacción europea para la regulación efectiva de los derivados y mercados financieros en general. Ya mencionamos en páginas anteriores, la labor de los lobbys de las corporaciones industriales multinacionales como Siemens, Rolls Royce y otras sobre la Comisión para que no se les obligue a utilizar cámaras de compensación (clearing houses) para las transacciones con derivados, con el argumento de que se les privaría de liquidez. Casi tres años más tarde del comienzo, la Comisión hacía pública una propuesta legislativa sobre derivados que abría una consulta abierta a todos los ciudadanos, etc., solicitando información y cerrada el 10 de julio de 2010. Los objetivos son meramente funcionales para facilitar el desarrollo de estos mercados internacionales bajo la supervisión de las autoridades; pero no se planteaba la prohibición de ninguna modalidad[263]. Al parecer, Francia y Alemania han presionado más a favor de una regulación europea, pero sin ponerse de acuerdo ni siquiera cuando Alemania prohibió las operaciones de ventas en corto al descubierto, es decir en vacío y sin tener los títulos. En general, las declaraciones contra la especulación financiera no han pasado de las meras palabras, que generan pretendidas noticias sobre una regulación inminente para desinformación general; como sucede en la generalidad de los asuntos europeos.

3. WALL STREET, COMPLACIDO CON LA REFORMA DE OBAMA

La ley Dodd-Frank aprobada en julio de 2010 en los EEUU sobre la reforma financiera incluye medidas para regular el mercado de derivados que, además de muy tímidas, aún tardarán en convertirse en normas concretas. En general, se trata de una serie de medidas moderadas que mantienen el peso de Wall Street sobre la economía y la política estadounidense. Aunque el presidente calificó orgullosamente la reforma como «la más dura reforma financiera desde la que se creó esta legislación como consecuencia de la Gran Depresión»; y a la reunión del G-20 de Toronto llegó casi arrogante, tras al acuerdo alcanzado el día anterior en el Congreso sobre el proyecto. Los grandes financieros recibieron con tranquilidad la nueva legislación al comprobar que sus beneficios se mantendrían; y Wall Street contemplaba complacido al día siguiente que en la Bolsa neoyorkina subían las cotizaciones de Goldman Sachs (3,5%), JP Morgan (3,7%), Bank of America (2,7%), Citigroup (4,2%) y otros bancos; al mismo tiempo que se producía una bajada de los valores industriales del Dow Jones[264]. Las firmas más grandes sabían que lo que sus poderosos lobbistas no habían conseguido bloquear o aguar en el proyecto, podrían conseguirlo más adelante durante el año siguiente en que se acordaría el desarrollo normativo de la Ley Dodd-Frank; aún tendrían posibilidades de influir en el vasto conjunto de normas que se concretarían en los reglamentos.

Un especialista del Financial Times señalaba que «Wall Street respira aliviado» y un editorial de ese periódico destacaba que no se hubiera tocado el tema crítico del apalancamiento, del endeudamiento desmesurado (leverage), que ha sido uno de los factores desencadenantes de la crisis mundial. Desde luego ha quedado fuera la parte más seria de las propuestas presidenciales. Aparte de crearse una oficina para supervisar las hipotecas y las tarjetas de crédito, las normas que se impondrán sobre las apuestas de casino denominadas productos financieros derivados no son nada estrictas, limitándose a requerir a los grandes bancos para que segreguen esas operaciones especulativas en filiales, aunque seguirán respondiendo de los riesgos de sus apuestas de casino.

El intento de limitar las operaciones bancarias en bolsa

Aprobada la ley sobre la reforma financiera, la gran banca financiera ha seguido gozando de gran libertad en los EEUU y en Europa u otros lugares del mundo, con sus grandes negocios especulativos de alto riesgo. En el Foro Económico de Davos de enero de 2010, ya mencionamos que el lobby bancario hacía frente contra lo que consideraban la ola de control en las áreas de los bonus, los derivados y las operaciones de bolsa por cuenta del banco. Este último punto, la prohibición del llamado proprietary trading, las operaciones de los bancos en bolsa por su cuenta, como planteaba Obama, fue uno de los asuntos que dominaron los debates del Foro. Y los reporteros especializados se planteaban que no estaba por entonces claro si las finanzas ganarían la batalla en los EEUU[265]. Por esas fechas, en un discurso en la Casa Blanca de gran eco mediático, el 21 de enero de 2010 el presidente planteaba la mayor revisión legislativa sobre Wall Street desde que en los años treinta se promulgó la llamada ley Glass-Steagall, que obligaba a separar la banca de depósitos o comercial tradicional de la banca de negocios o de inversión, una ley derogada durante la Administración Clinton. En ese discurso se pedía la prohibición de las «operaciones financieras por cuenta propia» de las entidades bancarias (proprietary trading) y una limitación cuantitativa para esta actividad de las entidades financieras, unas medidas que han tenido reflejo en el texto de la moderada reforma legislativa aprobada por el Congreso, pendiente del desarrollo normativo de detalle para su aplicación.

Eran las propuestas sugeridas por Paul Volcker, asesor en algunos momentos y una leyenda viva por haber aplastado la inflación como presidente de la Reserva Federal treinta años antes; que sostenía que los principales bancos estadounidenses, que disfrutan de las garantías federales de sus depósitos de ahorros de los ciudadanos, tenían que dejar de poner en riesgo el dinero del contribuyente actuando como si fueran hedge funds, los fondos especulativos. En el discurso citado, aludiendo al origen bancario de la prolongada recesión económica, Obama recordaba en el discurso que «la crisis económica empezó como una crisis financiera, cuando bancos y entidades financieras corrieron enormes riesgos con despreocupación, persiguiendo beneficios rápidos y bonus masivos; y que en los dos últimos años, más de 7 millones de americanos habían perdido sus empleos en la recesión más profunda que los EEUU han conocido en generaciones». Sin embargo, hasta la fecha este discurso ha quedado como ejemplo de retórica presidencial pendiente de las medidas concretas que controlen los excesos especulativos del sistema financiero.

La ley Dodd-Frank de reforma financiera

Las ideas de Volcker, asumidas aparentemente por Obama en el citado discurso, no impidieron que en el proceso legislativo predominaran los planteamientos conservadores del secretario del Tesoro, Tim Geithner y del principal asesor entonces del presidente en política económica y de reforma financiera, Larry Summers, aceptando la tesis de quienes, pese a las negras perspectivas de recesión, consideraban a Wall Street como el motor económico y evitaban cualquier cambio en serio. Y decididamente, siguiendo parcialmente los consejos de ambos miembros relevantes del Gobierno, el presidente optó explícitamente por no romper las grandes entidades estadounidenses, según confidencias de altos asesores económicos, que comentaron algunos medios informativos. Bajo la guía de Summers y Geitner, el equipo económico de Obama resistió a cualquier modificación estructural de Wall Street, en particular al plan inicial de Volcker y de la senadora demócrata por Arkansas Blanche Lincoln, que planteaba la prohibición a los bancos para que negociaran con swaps financieros (permutas). Al decir de algunos altos funcionarios veteranos, la reforma no fue impulsada por la Casa Blanca. Aunque los ayudantes de Obama alegaron que tuvieron que llegar a muchos compromisos con los republicanos y demócratas, cuyos votos necesitaban, y se enorgullecían de haber dado a luz a una sólida Oficina de protección financiera del consumidor.

Hacia mediados del verano de 2010, la norma de Volcker, a la que finalmente Obama había dado su apoyo, estaba tan repleta de exenciones que permite a los bancos invertir sustanciosas cantidades de dólares en fondos especulativos y de capital riesgo, hasta el extremo que incluso Volcker se mostró desanimado. La estructura fundamental de Wall Street apenas ha sido tocada y las firmas principales han logrado mantener la mayor parte de sus negocios con derivados en tipos de interés y swaps de divisas; un mercado controlado por JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America y Morgan Stanley. De ahí que en círculos críticos en los EEUU se afirme que han sido los bancos los grandes ganadores. Y desde luego, la gran banca no ha mostrado gran inquietud porque su influencia sobre Washington es sólida; como hemos referido al comienzo de este capítulo, los principales actores del acuerdo en el Congreso tuvieron apoyo financiero de Wall Street en la campaña electoral 2007-2008. A la Administración Obama se la acusa de que tampoco el Departamento de Justicia haya interpuesto hasta la fecha acciones judiciales como se hizo en los ochenta en la crisis de las S&L, las cajas de ahorro estadounidenses, o de los escándalos de información privilegiada. Aunque últimamente se han planteado algunas demandas contra grandes bancos con gran eco mediático.

Otra cuestión, ni siquiera abordada, han sido los riesgos de los repos, unas operaciones similares a los préstamos con garantías, que, como es sabido, no solamente contribuyeron a la caída de Lehman Brothers sino que su funcionamiento descontrolado desencadenó la desconfianza entre los grandes bancos de modo que paralizó los mercados interbancarios y difundió la crisis. En los debates del Congreso sobre la ley Dodd-Frank de reforma financiera ni siquiera fueron mencionados dos informes publicados sobre estos contratos a principios de 2010, uno de ellos producido por los banqueros de Nueva York apelando a la necesidad de la reforma del mercado de los repos para evitar los fallos habidos; y sobre lo mismo, otro documento de la Reserva Federal de Nueva York, no la Reserva Federal o central de Washington[266]. Pero ambos informes inmediatamente se desvanecieron de la vista pública y curiosamente tampoco motivaron menciones con ocasión del segundo aniversario de la quiebra de Lehman Brothers, una de cuya causas fue la utilización de este instrumento[267].

El difícil desarrollo reglamentario

Para antes del 15 de julio de 2011 la ley preveía el desarrollo reglamentario de unas treinta grupos de normas legales complejas, una tarea a llevar a cabo sobre todo por la CFTC, la agencia gubernamental sobre futuros y opciones. Y desde el momento de su aprobación, las agencias gubernamentales competentes trabajaron esforzadamente para traducir los principios establecidos en la ley en normas concretas dentro del el plazo establecido, aunque los republicanos les recortaran los presupuestos. Para mediado de septiembre de 2011, los reporteros del Financial Times[268] comprobaban que había disponible un borrador de 174 páginas elaborado por las agencias para regular diversas prácticas bancarias –a las que nos hemos referido en la Parte I del libro– relativas a repos, operaciones a corto plazo en efectivo y en materias primas, etc. El reto es traducir en normas de detalle efectivas, la llamada norma Volcker (el ex presidente de la Reserva Federal que le ha dado su nombre) recogida por la ley Dodd-Frank, que pretendía teóricamente una reforma en profundidad del sistema financiero estadounidense para combatir las actividades «de casino» de los bancos, al decir de periodistas solventes. Y las agencias gubernamentales, lideradas por la Reserva Federal, intentaron trasladar esta norma básica a las reglamentaciones. Pero, según están informaciones, la regla se aplicará con importantes excepciones como la autorización de la titulización y otras prácticas, que se consideran necesarias para que no se vea perjudicado el funcionamiento de los mercados con prohibiciones sobre la seguridad de las transacciones.

Parece ser que algunos bancos han desligado del banco las actividades de proprietary trading que estarían prohibidas por las nuevas normas, pero quienes elaboran estas normas encuentran serias dificultades para establecer la distinción entre operaciones de corto plazo por cuenta del banco y las de creación de mercado por cuenta de los clientes. De ahí las excepciones que se han introducido y, por tanto, la eficacia práctica en el futuro de la nueva legislación está por demostrar dada la complejidad de las operativas bancarias; y «la ingeniería financiera» continuará sorteando las medidas reguladoras; aparte de que la vigilancia para su aplicación requerirá una ampliación de las plantillas con aumento sustancial de los presupuestos de las agencias de difícil aprobación por el Congreso republicano. Añadamos únicamente tres datos de un breve informe sobre la reforma financiera estadounidense del Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences de noviembre de 2011, con ocasión de la presidencia semestral de la UE por parte de Hungria. Primero, la nueva regulación en los EEUU deja en manos de los bancos el 80% del negocio de los swaps (permutas de divisas, tipos de interés o entre oro y plata, etc.); en segundo lugar, sigue aún pendiente el desarrollo reglamentario para la protección de los consumidores frente a los abusos de asesores de inversiones, tarjetas de crédito, hipotecas y demás productos bancarios; y sobre todo, transcurrido más de un año desde la promulgación de la citada Ley solamente se han concluido 38 normas reglamentarias de unas nuevas 400 normas previstas, una consecuencia clara de la dura oposición del sector financiero frente a los objetivos reformistas[269].

4. LA CITY ACEPTA LA SUPERVISIÓN FINANCIERA EUROPEA

La crisis financiera global en 2008 y la crisis del endeudamiento de los países de la UE han puesto de relieve en toda su crudeza la carencia de un gobierno democrático europeo con competencias definidas frente a la banca transnacional y frente a los mercados financieros. En ningún momento, desde el comienzo de la crisis, los líderes europeos se han inclinado realmente por la opción de más Europa, por superar la desregulación y el desgobierno de la banca y las finanzas que reducen la UE a un simple espacio geográfico, «el espacio financiero europeo» según la concepción oficial. La Unión Europea carece de fronteras extracomunitarias para los movimientos de capitales; y en sus tratados establece la prohibición a los gobiernos de restringir los movimientos de fondos incluso fuera de la frontera exterior común, no únicamente entre los socios. De manera que los bancos centrales no pueden supervisar las operaciones transnacionales de los bancos ni la actividad exterior de filiales y sociedades instrumentales en paraísos fiscales, como he reiterado. Más aún, los procedimientos intergubernamentales para las interminables negociaciones en cada asunto se convirtieron en incomprensibles para los ciudadanos desde que la UE pasó a tener 27 gobiernos tan dispares en dimensiones y culturas políticas. De ahí que el camino haya sido incrementar la tecnocracia europea del complejo de organismos paneuropeos, con vida propia o más bien ligados a los grandes bancos y corporaciones globales, respetando el funcionamiento de la globalización financiera.

En esa ruta escogida, la City de Londres ha sido un obstáculo para unas reformas financieras europeas de calado. Los banqueros londinenses se opusieron siempre a los intentos de contener la especulación financiera, como ha sucedido con los proyectos de regulación de los fondos especulativos o hedge funds, a la idea de un impuesto europeo sobre la banca lanzada por Merkel y la prohibición alemana de la venta en corto al descubierto (naked short selling), como comentaba el periódico alemán Spiegel en mayo de 2010. El citado periódico alertaba de que los lobbistas de Londres se aprestaban a contraatacar las propuestas de reforma de la UE sobre los hedge funds, la regulación bancaria y demás[270].

La regulación europea de los hedge funds y la venta en corto

A pesar de las objeciones británicas, el Parlamento europeo votó un proyecto de regulación de los hedge funds que era más duro que el presentado por los ministros de finanzas, levantando críticas ácidas en Londres, donde residen el 80% de los gestores de estos fondos de alto riesgo, argumentando que, dada su importancia para los británicos, era algo así como si Bruselas decidiese reducir la industria alemana del automóvil. Más aún, la mitad de este sector de los hedge funds en Reino Unido son sucursales de las compañías estadounidenses; y la defensa del sector también incluía el argumento de su traslado a Suiza, que les recibiría con los brazos abiertos. Y desde luego, se preveía que al final se fundirían en un solo proyecto rebajado, tras negociaciones de Bruselas con los lobbys financieros, según el citado periódico alemán.

Desde comienzos de la llamada crisis del euro, en que la UE afrontaba una situación inédita en su historia, tras la reunión del ECOFIN, en mayo de 2010, sin contar con sus socios europeos, la autoridad reguladora alemana, el Bafin, decretaba la prohibición de la modalidad especulativa conocida como venta al descubierto (naked short selling), venta en falso o simulada de valores de los que no se dispone ni siquiera en préstamo; prohibición que afectaba a ciertas acciones de bancos y aseguradoras y de bonos soberanos. Era una decisión clara contra las apuestas a la baja que buscan beneficios limpios, provocando la bajada de los bonos de los Estados del euro y de valores en euros antes de entregarlos, como explicamos en otro capítulo; la finalidad era la contención de la oleada especulativa. La autoridad alemana, el Bafin, explicaba que la prohibición era necesaria debido a la «excepcional volatilidad» en los bonos soberanos de la eurozona y los considerables diferenciales de los CDS, el pretendido seguro contra deudas de crédito; porque, de lo contrario, la venta en corto podría haber puesto «en peligro la estabilidad del entero sistema financiero»[271], como posteriormente ha sucedido. Esta decisión alemana de prohibición parcial y temporal (hasta el 31 de marzo de 2011) de la venta en corto no era una novedad, porque en EE UU la SEC las había restringido en febrero de 2010 y anteriormente en 2008, en ambos casos con la misma pusilanimidad política que las posteriores medidas. Y tras la conmoción política financiera provocada por la caída del banco Lehman Brothers, en medio de la incertidumbre generada por tal quiebra de repercusión impredecible, también las autoridades británicas había aplicado una prohibición temporal de la venta en corto para acciones de 29 bancos[272], que en realidad fue una moratoria hasta enero de 2009.

La Comisión Europea defiende la especulación

La venta en corto muestra la capacidad especulativa de los hedge funds como hemos analizado en el capítulo I.3, con sus consecuencias nefastas. Sin embargo, desde mayo de 2010, la Comisión Europea se alineó con los defensores de estas prácticas de venta en corto o en falso (short selling) basándose en dos falaces argumentos. El de que sirven para el denominado descubrimiento del precio; es decir, cuando se especula en el caso de los bonos soberanos se estaría descubriendo la solvencia real de una entidad pública e incluso de un Estado. Y en el otro argumento sostenido por conocidos grandes inversores-especuladores como Warren Buffet, que consideran que los vendedores en corto ayudan a los mercados, porque –dicen– son un contrapeso útil frente a la tendencia alcista de Wall Street; y que son útiles para el descubrimiento de la falsedad contable y otros problemas de las corporaciones (sin duda hay delincuentes que saben más que la policía aunque esta no sea tonta). En el documento de propuesta de regulación de esta modalidad especulativa en la UE, la Comisión considera que tiene riesgos aunque «reconoce que el short selling tiene beneficios económicos y contribuye a la eficiencia de los mercados de la UE, principalmente en términos de incremento de la liquidez del mercado, descubrimiento de precio más eficiente y ayuda a contribuir a mitigar el sobreprecio de los valores» Una vez más pone de manifiesto que Bruselas se inspira y defiende la doctrina del fundamentalismo del mercado. De ahí que la regulación que propone solamente tenga como objetivos aumentar la transparencia de las posiciones cortas de los inversores en ciertos títulos europeos; asegurar que los Estados miembros disponen de competencias para intervenir en situaciones excepcionales de riesgos sistémicos para estabilidad y confianza en el mercado; y garantizar la coordinación dentro de la UE[273].

El largo programa europeo «reformista» en curso

La retórica de la tecnocracia de Bruselas esconde los desacuerdos intraeuropeos. En junio de 2011 aún no se había completado el programa de reformas que la presidencia francesa del Consejo de la UE había presentado en julio de 2008 para reforzar la estabilidad financiera; mejorar el sistema de supervisión europeo, una mayor transparencia de los mercados, etc., etc.[274].

Las fechas nos indican el anquilosamiento de las instituciones europeas frente a la tremenda dinámica de unas finanzas mundializadas. En febrero de 2009, entregaba el informe pertinente, el grupo ad hoc de alto nivel designado bajo el mando del antiguo director gerente del FMI Jacques de Larosière[275], con propuestas para una supervisión financiera a nivel europeo; y más de un año más tarde, en septiembre de 2010, el Parlamento Europeo aprobaba por unanimidad los reglamentos del nuevo cuadro de organismos de supervisión financiera propuestos por la Comisión y ratificados por el Consejo del ECOFIN. Es decir, tres años después de las iniciativas de la presidencia francesa, en enero de 2011 se establecía una supervisión financiera conjunta integrada por un Consejo de riesgo sistémico con una Autoridad bancaria europea; una Autoridad europea de valores mobiliarios y una Autoridad europea para los seguros y las pensiones profesionales, con la finalidad de conformar un conjunto único de reglas, resolver los problemas ligados a las empresas transnacionales y prevenir la acumulación de riesgos que amenazaran la estabilidad del sistema financiero global[276]. La realidad es que se trata de organismos tecnocráticos de mera coordinación con las autoridades de los Estados miembros.

En este punto también, las informaciones coinciden en que la City de Londres se ha mostrado siempre reacia a perder el papel dominante que desempeña en materia de servicios financieros, de cuyos intereses se hacen siempre portavoces los gobiernos británicos laboristas y conservadores; y las negociaciones han sido complicadas so capa de la defensa de la soberanía nacional por parte de los gobiernos, recelosos de que se interfiriera la actividad de las autoridades nacionales pero sin que nadie planteara la creación un cierto gobierno europeo democrático. De modo que la UE se ha complicado, sin ganar en eficacia, con tres organismos comunitarios con sedes en las tres principales capitales de las finanzas europeas, Londres para la autoridad bancaria, París para los mercados de valores y Francfort para los seguros. Básicamente tienen como objetivo la coordinación de las actuaciones de las autoridades nacionales; y funcionan bajo un complicado sistema de votaciones y recursos de apelación. El máximo responsable de la Comisión Nacional de Valores de Holanda, Hans Hoogervorst apuntaba ya que resultaba improbable que estas nuevas instituciones resolvieran los problemas con que afrontan las diversas autoridades de los países ante los abusos de los mercados financieros, que, como a menudo se pretende ignorar, sobrepasan las fronteras comunitarias aunque se hayan generado en un país miembro[277].

En resumen, resulta evidente que los gobiernos democráticos y de la UE han fracasado en la reforma del sistema que llevó a la gran crisis; y de nuevo los mercados financieros globales muestran su pujanza sin interferencias de los Estados, a los que imponen sus criterios, y amparados por los entes que denominamos los reguladores privados en la sombra reforzados después de la gran crisis, como son las agencias privadas de calificación de riesgos crediticios; el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB en siglas inglesas), el legislador mundial de la contabilidad financiera; y el BIS, el Banco de Pagos Internacionales de Basilea (Suiza) que fija las normas bancarias. En los capítulos siguientes analizaremos su peso e influencia en el sistema financiero y sobre los gobiernos democráticos.

Capítulo 2

LAS AGENCIAS REGULADORAS DEL CASINO

Por primera vez en la historia, el viernes 5 de agosto de 2011 la agencia de calificación de riesgos crediticios Standard & Poor´s despojaba a los bonos a diez años del Tesoro estadounidense de la tradicional máxima nota, la triple A, provocando una conmoción bursátil, políticamente mayor quizás en Europa que en los EEUU. Entre los primeros análisis sobre las consecuencias y las incertidumbres planteadas, sobre todo, a medio plazo, Mohamed El-Erian, el consejero delegado (CEO) de PIMCO, una de las mayores gestoras de fondos de inversiones del mundo, subrayaba que «a partir de ahora el papel futuro de las agencias de rating será objeto de un estrecho escrutinio, suscitando la cuestión de quien califica a las agencias de calificación»; y por su parte veía probable la unión de los gobiernos de EEUU y de Europa para conseguir erosionar el poder monopolístico y la influencia operativa de las agencias; y entendía que los inversores tendrían que hacer lo que debían haber hecho años antes, que es su propia verificación de la calificación crediticia en lugar de dejarla en manos ajenas[278]. La realidad es que hasta la fecha no habido voluntad política en los EEUU ni en la UE para desmontar el poder enorme de las agencia de rating, insertas en el sistema financiero global. Y los gobiernos del G-20 en Cannes se han limitado en su declaración final a reafirmar su «compromiso para que las autoridades y entidades financieras disminuyan su dependencia de las calificaciones externas del crédito», es decir, refiriéndose a las agencias privadas de rating, apelan a los organismos internacionales públicos y privados, autoridades supervisoras, bancos centrales y operadores financieros para que apliquen los principios acordados por el Consejo de Estabilidad Financiera, acabando con las prácticas que mecánicamente se apoyan en las calificaciones crediticias (item 26). Con tal declaración conjunta parece deducirse que el problema ha quedado resuelto para ese foro mundial.

Una paradoja del sistema financiero global es que habiendo sido estas agencias privadas una de las causas que trajeron su crisis, sigan siendo un pilar del funcionamiento insertas en el sistema financiero; y otra paradoja es que, para colmo, en el último año se han erigido en los juzgadores de la solvencia de los endeudados gobiernos europeos y, al mismo, tiempo los fiadores de la recaudación del Fondo europeo creado para su eventual rescate. A pesar de que sus juicios sumarísimos pesan sobre muchos de los gobiernos que se han endeudado para sacar o prevenir la bancarrota de sus bancos y salvar sus economías; y obligados a vender sus bonos soberanos en los mercados globalizados, se han encontrado otra vez con las agencias que establecen calificaciones del riesgo crediticio de esos bonos, encareciendo el coste de los fondos recaudados; y con frecuencia anuncian la amenaza de bajada de esas calificaciones mostrando poder e influencia.

Las conclusiones del informe del Congreso estadounidense sobre la crisis publicado en 2011 son tajantes, afirmando que «los fallos de las agencias de rating fueron dientes esenciales en la rueda de la destrucción financiera. Las tres agencias de rating fueron elementos claves para el colapso financiero. Los títulos vinculados con hipotecas que estuvieron en el corazón de la crisis, no podrían haber sido comercializados y vendidos sin su sello de aprobación, que servía de apoyo para los inversores, estaban compelidos a utilizarlas o determinaban los niveles de capital requeridos. La crisis no habría ocurrido sin las agencias de calificación crediticia»[279]. Y, sin embargo, sigue intacto su papel como un elemento del sistema financiero mundial. Lo escandaloso es que, a pesar de que los propios testimonios de sus ex empleados muestran públicamente las grandes deficiencias funcionales de estas empresas privadas y graves fallos, continúen insertas en el sistema financiero actual como reguladores en la sombra.

1. CALIFICACIONES CREDITICIAS MUY DUDOSAS

La experiencia reciente de la titulización, la conversión de las hipotecas en títulos bursátiles, ilustra muy bien el papel que desempeñan las agencias en los mercados financieros globalizados tanto en los EEUU como en España. Desde luego, tendría que haber resultado muy sospechoso que pudiera otorgarse una calificación del riesgo de impago de un título estructurado (una deuda emitida por una entidad virtual ligada a un banco matriz), que estaba garantizado por una hipoteca sin garantías y que no cotizaba en bolsas o mercados organizados y regulados, con precio y liquidez diarias como un bono corporativo, sino que en su mayor parte se comercializaban en un mercado privado e informal, en un mercado opaco. Pero «los mercados» aceptaban –y aceptan– los dictámenes de estas agencias de rating o calificación de riesgos crediticios que, como empresas privadas que son, responden en su funcionamiento interno a la lógica propia de la conquista del mercado, como han puesto al descubierto las investigaciones oficiales en el Congreso de los EEUU.

Fábricas de triple A

Ante la Comisión investigadora del Congreso sobre la crisis, las declaraciones de los ex empleados de Moody´s dejaron claro que el interés empresarial de estas sociedades anónimas por mantener sus propias cuotas de mercado, predominaba sobre la calidad de sus dictámenes acerca de la solvencia de los créditos y condicionaba la labor de los profesionales expertos, a quienes desde luego se les obligaba a abandonar la ética en su labor. De 2000 a 2007, Moody´s calificó como triple A casi 45.000 títulos vinculados con hipotecas sin garantías, igual nota que las seis primeras compañías del sector privado en los EEUU que tenían esta codiciada alta calificación a principios de 2010, según destaca el referido informe oficial[280].

Las manifestaciones de antiguos empleados de la agencia Moody´s Investors Service ante la referida Comisión, permitieron confirmar el funcionamiento poco respetable de esas entidades como pretendido servicio neutro e independiente, porque anteponían siempre sus intereses particulares como empresas privadas en este mercado de servicios financieros, con escasas limitaciones desde la ética profesional. Para empezar ningún representante de las otras dos más importantes agencias, Standard & Poor´s y Fitch, quiso atender la invitación de participar en esta comisión de expertos independientes creada en mayo de 2009. El antiguo director del departamento de derivados y vicepresidente de Moody´s, Mark Froeba Eric, declaraba que, cuando abandonó la empresa en 2008, el peor temor de un analista era que fuera señalado por haber contribuido con algo que pudiera haber hecho peligrar la cuota de mercado de la empresa, perjudicando su volumen de facturación o degradando las relaciones con los clientes, hechos penalizados con la pérdida del empleo. Al contrario de lo que ocurría cuando ingresó en la empresa a finales de los noventa, en que todos los analistas temían poner en riesgo su trabajo dando una calificación que fuese falsa o causara daños a la reputación de precisión de Moody´s. Y en su declaración escrita, este ex director denunciaba que la obsesión de la dirección por la cuota de mercado, había tenido como consecuencia que los analistas se sometieran de hecho a la autoridad de los banqueros de negocios, lo que les conducía a elevar indebidamente las calificaciones de ciertos productos; e inevitablemente había conducido a «la incapacidad de decir no a los contratos» propuestos por los bancos, como declaraba otro antiguo director del equipo de analistas del departamento de derivados. De modo que se sobrentendía que si una agencia decía no, el banquero podría fácilmente dar el contrato a otra agencia. Y afirmaciones similares fueron expresadas por un tercer ex empleado declarante.

Durante la misma sesión, el presidente de la Comisión investigadora, Phil Angelides, llegó a afirmar que Moody´s se había convertido en «una fábrica de triple A», aludiendo a la facilidad con que concedía el máximo nivel en la escala de calificación del riesgo de los créditos; y que se habían equivocado como las otras agencias en las calificaciones dadas a los títulos respaldados por deudas hipotecarias subprime, durante la burbuja especulativa anterior a la crisis que estalló en 2007 en los EEUU; y después, la misma agencia había bajado la calificación de más del 80% de los valores hipotecarios que tenían esa triple A[281]. Asimismo, la citada investigación oficial recoge en el informe final, otros testimonios que ratifican la carencia de ética de estas empresas; como el de uno de los directores de Moody´s para la unidad de CDOs, que afirmaba que carecían de una base estadística empírica fiable sobre los impagos de hipotecas y, por tanto, las agencias «fabricaban» el modelo matemático aplicado[282]; y así lo corroboran otras fuentes. La aprobación de las agencias de esos títulos con el sello de triple A, la máxima nota, garantizaba teóricamente la máxima garantía del crédito y su venta a los inversores recaudando ingresos para el banco emisor; aunque cuando estalló la burbuja inmobiliaria se convirtieron en valores tóxicos, sin mercado, inmerecedores de esas calificaciones que las propias agencias rebajaron.

Modelos matemáticos y calificaciones al gusto

La crisis financiera ha permitido conocer el trasfondo del negocio de las agencias. La realidad es que, durante la fase de auge de nuevos productos donde invertir, a la mayoría de los financieros les faltaban conocimientos matemáticos para entender de verdad las conexiones en este nuevo mundo de la innovación financiera, porque los nuevos y complejos productos no se podían analizar con un bolígrafo y un papel, ni siquiera utilizando manualmente uno o dos ordenadores. La deuda hipotecaria que se vendía se estaba troceando y agrupando en paquetes tantas veces que solamente se podía calcular su riesgo con modelos matemáticos muy complicados, aunque la mayoría de los inversores no tenia idea sobre cómo elaboraban los bancos esos modelos matemáticos. Precisamente, la complejidad del sistema transformó a las tres principales agencias de rating en actores clave del proceso, que evaluaban a las entidades emisoras de los títulos para los inversores, afirma el citado informe del Congreso[283]. «Por lo general, para guiarse a través de ese extraño y nuevo territorio, las entidades financieras y los grandes inversores se apoyaban en las agencias de rating; porque les parecía la solución más fácil y lógica para enfrentarse a la complejidad», explica la experta del Financial Times, Gillian Tett en su libro ya citado. En aquellos años como ahora, entender la escala de calificaciones crediticias resultaba y resulta muy simple: si algo se califica de triple A, se supone que casi nunca fallará, nunca dejará de pagarse; y si se le califica de triple B o triple C ofrece muchos más riesgos. En un mundo en que tantas cosas se amplifican y difunden, resultan muy cómodas esas denominaciones tan claras y simples. Mejor aún, muchos respetados estudios han venido respaldando a las agencias, que son el elemento clave del sesgo comercial con que se presentan.

El relato de la citada periodista nos cuenta que para disipar los temores de que sus cálculos pudieran tener alguna laguna, también intentaban mostrar a los inversores con exactitud cómo funcionaban estos sistemas, asegurando sus representantes que toda su labor era transparente. En 2004, Moody´s colgó en Internet los detalles de su propio modelo de cálculo denominado CDOROM, que consideraba que era como una plantilla o patrón para el mercado y que había servido para el diseño de algunos productos derivados. Con esta exposición pública de los modelos matemáticos utilizados por las agencias, lo que ocurría era que algunos expertos de los bancos las analizaban para descubrir sus puntos débiles y sus lagunas y aprovecharlas para buscar los resquicios que explotar. De modo que, cuando algún banco tenía alguna idea para crear algún nuevo producto, generalmente comenzaba por examinar con minuciosidad los modelos de las agencias para anticipar la calificación que le podrían dar a su nuevo producto; estrujándose el cerebro sus expertos para la confección del nuevo producto hasta que daban con aquel diseño que iba a obtener la máxima calificación de solvencia. El objetivo perseguido era conseguir la calificación más alta posible aunque tuviera un altísimo nivel de riesgo de impago, de tal manera que el producto generara los mayores ingresos para el especulador que los compraba y vendía. En los círculos bancarios, a esta modalidad de juego se le denominaba a rating arbitrage[284], expresión que podríamos traducir por una «calificación optativa». Y es que, contradictoriamente, cuanto mayor eran los riesgos escondidos tras la calificación más alta, mayor era la rentabilidad previsible a través de operaciones comerciales especulativas en el caso del valor derivado del crédito; y, por tanto, mayores eran los ingresos y beneficios mediante una comercialización que tenía alcance mundial sin restricciones.

La aprobación de las agencias de esos títulos con el sello de triple A, la máxima nota, garantizaba teóricamente la máxima garantía del crédito y su venta a los inversores recaudando ingresos para el banco emisor; aunque cuando estalló la burbuja inmobiliaria se convirtieron en valores tóxicos, que nadie compraba ni podía vender, por tanto, sin la valoración otorgada.

A pesar de todas las críticas tras la crisis, las tres agencias Moody´s, Standard & Poor´s y Fitch siguen pretendiendo que disponen de unos sistemas perfilados matemáticamente para la calificación de títulos bursátiles y de las entidades, modelando ahora como en esos años los riesgos de toda la gama de productos convertidos luego en tóxicos. El gran problema de fondo era y sigue siendo que en el mundo innovador del crédito apenas se disponía de datos históricos para evaluar los productos derivados y las restantes innovaciones, como tampoco los tienen actualmente para evaluar los novedosos productos que nos ofrece continuamente el sistema financiero global; y mucho menos para predecir con certeza la solvencia futura de muchos países. Estas objeciones se subsanan con anticipación en ciertos casos mediante las negociaciones confidenciales y/o la presentación previa de borradores a las entidades emisoras de los títulos; como decía un senador estadounidense, en estos supuestos las agencias actúan como entrenadores y árbitros. Así, en junio de 2010, la Comisión Europea negoció y pactó con las tres agencias principales con el fin de que dieran la triple A famosa a los títulos que habrían de financiar el recién creado Fondo Europeo de Estabilización; y en 2011, ante la problemática que planteaba el segundo rescate de Grecia, la Comisión volvió a pactar con las agencias para que no perturbaran el proceso negociador intraeuropeo con nuevas devaluaciones de la calificación de la deuda griega[285]. Por el contrario, la degradación de la calificación máxima tradicional de los bonos del Tesoro estadounidense no debió de lograr el acuerdo previo con el gobierno, porque posteriormente se supo del reproche de la Secretaría del Tesoro a S&P alegando que esta agencia había cometido un error en los datos de más de 2,1 billones (trillion) de dólares, de lo cual había tenido conocimiento anticipadamente por el borrador presentado; aunque esta agencia se mantuvo en sus trece como muestra de su autonomía e independencia; motivando un furibundo ataque contra la «credibilidad e integridad» de la agencia por parte de las autoridades estadounidenses[286], en lo que otros medios afines a los demócratas veían la mano escondida de la oposición del Partido Republicano. Lo cierto es que este último hecho no parece haber tenido la relevancia que le dieron los medios en el momento de su publicación.

Un hecho comprobado es que las agencias validaron un vasto sistema de banca en la sombra con cuentas fuera de control de los bancos centrales, que no alcanzaban a supervisar las emisiones de títulos estructurados producidos por entidades recaudadoras de los grandes bancos, registradas casi siempre en paraísos fiscales offshore y cuyas operaciones no figuraban en las cuentas del banco matriz; dando cobertura al excesivo endeudamiento bancario, como se analiza en el estudio ya referido del profesor Ronen Palan de la Universidad de Birmingham sobre el Banco Northern Rock y su filial Granite de la Isla de Jersey. Y, asimismo, esto es examinado minuciosamente en un reciente informe de la Reserva Federal publicado en julio de 2010[287]. Primero, otorgaban erróneas evaluaciones y, luego, provocaron la crisis devaluando los productos financieros devenidos tóxicos, cuando surgieron las dudas respecto a su solidez, de modo similar a lo que habían hecho ya anteriormente durante la crisis asiática y en el caso de Enron Corporation. Aunque con el agravante esta vez de que estas agencias tan reverenciadas han revelado una contradicción con el mismo principio del libre mercado, porque representan por sí mismas un oligopolio para la prestación del servicio y la realidad muestra que no existe un mercado competitivo para estas empresas privadas dedicadas a valorar los riesgos de los créditos[288].

Intereses en conflicto

Precisamente, la citada autora Gillian Tett subraya que, en relación con los valores respaldados por hipotecas subprime, que eran generados por un reducido número de grandes bancos, de vez en cuando las agencias se mantenían firmes para dejar ver moderadamente que no se dejaban manejar ante estos bancos, que constantemente amenazaban con boicotearlas si no les daban las calificaciones crediticias deseadas; lo cual ponía en peligro el volumen sustancioso de las comisiones percibidas, los ingresos por sus servicios prestados. Según los datos del informe del Congreso citado, esas comisiones oscilaban entre 250.000 y 500.000 dólares para un CDO, uno de esos títulos respaldados por un paquete de hipotecas sin garantías[289]. Y, hacia 2005, el negocio crecía tan rápidamente que Moody´s sacaba casi la mitad de sus ingresos del sector de las finanzas estructuradas, cuando años antes la proporción era modesta.

Ese es el llamado conflicto de intereses entre demandantes y ofertantes que sigue vivo. Realmente se considera que el principal problema de las agencias es que están pagadas por la entidad emisora del título bursátil o vendedor y no por el comprador o inversor, de modo que tienen mayor interés en atender los deseos o las presiones de su cliente que vende el título, porque si no queda satisfecho puede acudir a otra agencia; es un aspecto significativo de la inserción de las agencias en el sistema financiero. La labor de las agencias de calificación de riesgos crediticios se concibe como un servicio privado que prestan a bancos, fondos de inversión, corporaciones e incluso a los Estados, un servicio que se plantea y factura de modo similar a como sucede con las firmas consultoras y auditoras. Igual que si fueran una agencia de tasación de pisos, son retribuidas por el cliente que les pide una valoración de un piso o una calificación de la solvencia de un título bursátil que pretende vender en los mercados. Y lo mismo que en el caso de la evaluación de una vivienda, es preciso mostrársela primero a los peritos para obtener una certificación de la evaluación del riesgo del crédito para el cliente o emisor del título o producto bursátil, que ha de proveerles primero de la información pertinente; y luego, antes de hacer pública la calificación, la agencia les informa del juicio provisional que les merece el producto evaluado.

Sin embargo, a diferencia de la vivienda tasada, en el caso del crédito que representa el título, no puede pedirle al constructor que cambie la estructura de aquella, modifique el baño o la cocina, pero sí lo hacen las agencias con los productos financieros que les someten a su consideración. Y durante ese intercambio de informaciones y opiniones nada impide que surjan ideas para modificaciones que salven lagunas legales o que suplan deficiencias que permitan conseguir una mejor calificación. El interés del cliente de la entidad que «fabrica» el producto bursátil, se impone sobre el interés del inversor. Existe, pues, un conflicto de intereses entre cliente y proveedor del servicio frente al comprador o inversor; que afecta a la misma razón de ser de ese servicio pero que se presenta como inherente a este modelo de economía de mercado en vigor. Más aún, la labor de calificación de riesgos crediticios de las agencias se confunde con la labor de asesoramiento que a veces se les demanda y que llega a los extremos que ya hemos visto. Pero, sobre todo, al estar las principales agencias integradas en grupos financieros relevantes que son los propietarios de otros diversos servicios que demanda el sector financiero, ese conflicto entre los intereses de una parte y de otra queda soterrado; algo que podría explicar su comportamiento errático o incomprensible en ciertos casos pero que se asocia a su supuesta independencia.

En los años previos a la crisis, estas agencias hicieron el gran negocio obteniendo grandes beneficios con la apresurada aprobación de activos tóxicos. Según el fiscal general de Ohio, los ingresos generados por los productos financieros estructurados oscilaron entre el 50 y el 75% del total en 2006; por ejemplo, para Moody´s más de la mitad de sus ingresos. Y en Ohio las agencias han sido objeto de demandas millonarias por las cifras que alegan haber perdido los fondos de pensiones que se guiaron por sus calificaciones. El problema es que las agencias siempre han ganando este tipo de casos ante los tribunales porque consideran que se limitan a escribir una opinión y están protegidas en los EEUU por la primera enmienda. Además, los demandantes tienen que demostrar que se equivocaron al determinar una calificación del crédito, de modo que se considere en términos judiciales «una malicia real», algo que resulta ser un listón demasiado alto para saltarlo ante los tribunales[290].

Recientemente, en relación con las rebajas de calificaciones aplicadas a la deuda soberana española en los últimos años, la Audiencia Nacional rechazaba una querella contra las agencias de calificación considerando que sus informes no constituían delito ni se podía inferir de ellos el uso de información privilegiada[291]. Y es que, irónicamente, las agencias son consideradas exclusivamente periodistas financieros, protegidos por la libertad de expresión y que viven exclusivamente de su «capital» reputacional[292]. Últimamente, para curarse en salud, al mismo tiempo que promociona sus productos, Standard & Poor’s advierte destacadamente en su página web que los credit ratings son opiniones relativas al riesgo de un crédito; que no son un consejo ni recomendaciones para invertir; que son únicamente un factor que los inversores pueden considerar al adoptar decisiones inversoras. Pero la realidad nos muestra que estas agencias son un elemento integrante del sistema financiero mundial.

2. LAS AGENCIAS INSERTAS EN EL SISTEMA

A pesar de esa dura realidad de empresa poco ética que esconden, numerosas instancias públicas nacionales o internacionales otorgan su reconocimiento a las agencias de calificación crediticia como árbitros de la solvencia de los bancos y de los países, admitiendo como incontrovertibles sus evaluaciones. El Banco de Pagos Internacionales de Basilea (BIS) concede a las agencias una credibilidad, independencia, objetividad y transparencia que la realidad de la crisis ha desvelado que no existía cuando calificaban los riesgos de los productos estructurados y respaldados por hipotecas de nula o escasa garantía, los créditos al consumo y las tarjetas de crédito, al mismo tiempo que les fallaban los modelos matemáticos para la valoración de la improbabilidad de impagos[293].

El BCE depende de las agencias

Aunque ningún país entregaría los controles de un ingenio nuclear propio a un tercer país, eso es realmente lo que viene haciendo el Banco Central Europeo al tomar como referencia la valoración otorgada por las agencias de rating para aceptar la deuda pública de los países miembros como garantía de los préstamos de euros a los bancos de la eurozona en las operaciones de repo, como subrayaba el economista jefe para Europa del banco Goldman Sachs. Porque en el caso de los problemas financieros de Grecia, se comprobó que las amenazas de degradación de la deuda pública podía llevar al colapso de todo un país, al excluir el BCE a los bonos griegos como garantía de los préstamos de liquidez a los bancos[294].

El Banco Central Europeo practica operaciones de repo o pactos de recompra, una modalidad de préstamos bancarios con entrega de activos como garantía, que hemos abordado en el capítulo I.2. Es una facilidad que los analistas consideran que se ha demostrado como altamente efectiva para afrontar las crisis en la Unión Europea. Pero la política del BCE de dejar exclusivamente a las agencias privadas la decisión de la selección de esos activos entregados por los bancos en garantía en esas operaciones, ha sido una fuente de incertidumbre y de inseguridad que se puso de manifiesto desde que comenzó la llamada crisis del euro. Y la política de Francfort de imponer el mismo recorte o descuento en función de las decisiones de las agencias y para todas las deudas públicas, ha generado casi con certeza incentivos para la especulación. Una política que, además de ser técnicamente deficiente, al decir de los analistas independientes, somete la política de los gobiernos del Eurogrupo a la eventualidad del juicio de las agencias privadas.

Hasta finales de 2010, el BCE tenía previsto que la deuda soberana de la eurozona fuera considerada apta para las operaciones de repo en tanto tuviera una determinada calificación por parte de las tres principales agencias; concretamente tenía que estar calificada en el nivel de triple B, tanto por la agencia S&P como por Fitch y al menos un nivel Baa3 por Moody´s; y tenía previsto que, a partir de 2011, requeriría tres escalones más arriba por parte de las tres agencias. Pues bien, el citado experto de Goldman Sachs, sostiene que ese criterio del Banco tuvo graves consecuencia para Grecia porque la bajada de las calificaciones de sus bonos impedía que fueran utilizados por los bancos con el fin de obtener liquidez en euros. Hasta el extremo que, dada la agudización de la crisis, en mayo de 2010 el BCE tuvo que cambiar esos criterios para admitir la deuda griega en las operaciones de repo, cualquiera que fuera la calificación que le hubieran dado las agencias, con el fin de aumentar la liquidez bancaria. Pero sin variar su referencia oficial a las valoraciones de las agencias de rating, sino como una excepción a la regla general del sometimiento del BCE al dictamen de estas empresas privadas. Al decir de los especialistas, fue como un salvavidas lanzado a Grecia en aquellos momentos, nada más. Pero las agencias siguen siendo el referente para el BCE a pesar del consenso generalizado sobre su contribución al desencadenamiento de la crisis financiera global.

Piezas clave en los juegos financieros

En el sistema vigente, la opinión de las agencias puede convertirse en elemento causal para que esa opinión se haga realidad. Una y otra vez, para los productos estructurados y en otros activos, ha quedado claro que las agencias no eran infalibles en sus juicios y que carecían de poderes especiales para predecir el futuro; como muestran los tremendos fracasos de las agencias en la predicción de las rentabilidades de las hipotecas subprime. Pero incluso si examinamos las predicciones de impagos en bonos corporativos, veremos que no se ajustan a los resultados y que esas predicciones han ido cambiando con el tiempo, como tenían que hacerlo. De modo que, mientras las calificaciones crediticias resultan imprescindibles para el sistema, las agencias no son más inteligentes que cualquier otra entidad especializada ni tienen especiales facultades de predecir el futuro. ¿Por qué se concede a sus opiniones subjetivas tanta importancia y una influencia extraordinaria?

Insertas en el marco institucional

Una de las razones por las que resulta muy difícil introducir cambios en los procesos de calificación de riesgos crediticios radica en que las calificaciones se insertan sólidamente en casi cualquier parte del sistema financiero mundial, y esa inserción de las calificaciones de riesgos crediticios en el sistema financiero, y la confianza que tantos participantes y entidades públicas y privadas les concede a estas empresas de evaluación estadística, les otorga un tremendo poder en la medida en que las modificaciones de las calificaciones tienen un impacto significativo sobre las compañías y sobre los países, como hemos reseñado. Y es que atienden a una exigencia del propio sistema financiero globalizado, complejo y sin controles, sin regulaciones públicas más allá de las fronteras. No todo el mundo tiene los conocimientos expertos y los recursos precisos para analizar cada título con detalle. La disponibilidad de agencias de calificación de riesgos ofrece a los pequeños inversores un punto de partida para el análisis que no tendrían si no existieran; por tanto, los juicios de las agencias aparecen en los gráficos informativos para que los inversores definan en lo que quieren invertir. Además, estas organizaciones privadas más destacadas están reconocidas oficialmente en los EEUU (en el registro NRSRO) y, de hecho, por todos los gobiernos. Por tanto, se utilizan para el cálculo del capital que necesitan los bancos, las compañías de seguros y otras entidades financieras, se utilizan en las cláusulas de los convenios de préstamos y deuda corporativa; se utilizan para el cálculo de la quita o recorte en la valoración de activos en las operaciones de los repos (el caso del BCE, por ejemplo), junto con muchas otras aplicaciones. De ahí que, a pesar de los clamorosos fallos recientes, las calificaciones sirvan a las necesidades de un sistema financiero global y desregulado.

Las agencias son a fin de cuentas las que determinan la solvencia de un banco. Un punto a subrayar es que, tras la crisis y los escándalos financieros, las oportunistas manifestaciones críticas de los dirigentes y tecnócratas europeos contra las agencias, esconde la realidad de la inserción en el sistema porque se ha huido de la intervención de agencias públicas. Así, tenemos que las agencias de calificación de riesgos crediticios aparecen insertas en el nuevo acuerdo conocido como Basilea III (que comentamos en un próximo capítulo), para regular la solvencia bancaria junto con la necesidad de ponderar los riesgos de los activos en poder de los bancos para evaluar el capital de que realmente disponen como capital básico. Para los anteriores acuerdos internacionales Basilea I y II, la necesidad de una medida pública llevó a introducir la necesidad de que los bancos ponderaran estos riesgos basándose en primer lugar en las calificaciones dadas por las agencias, pero los bancos hicieron trampas por ejemplo con las prácticas de la llamada banca en la sombra. Pero Basilea III se apoya fuertemente en la ponderación de riesgos partiendo de las agencias de calificación, aunque como alternativa autoriza el uso por los bancos de sus propios modelos internos de evaluar los riesgos crediticios, pero deja abierta la posibilidad del verdadero riesgo como es que el banco haga trampas con su propio modelo.

Los mercados necesitan a las agencias

La homologación de facto de las agencias de rating por las instituciones públicas aparece como garantía de fiabilidad para los inversores. Los grandes bancos, empresas y negocios del mundo necesitan capital y a menudo han de obtenerlo mediante la emisión de deuda; y aquellos bancos y firmas financieras que han de adquirir esos títulos de deuda se apoyan en opiniones consideradas solventes y fiables para apreciar el riesgo que asumen y cuál pueda ser el tipo de interés razonable y exigible. De ahí que el desarrollo y la innovación de los mercados financieros hayan incrementado la importancia de las agencias de calificación crediticia para el sistema. De hecho, el aumento de la actividad de la agencia Standard &Poor´s, filial de McGraw-Hill, muestra su correlación con el crecimiento de la emisión global de títulos de deuda calificada, que ha crecido al 23% al año aproximadamente desde 2002[295]. Asimismo, a medida que los mercados de capitales se han hecho más complejos y cambiantes, han surgido mayores oportunidades de negocio para las agencias, aunque se haya hecho más difícil ofrecer evaluaciones congruentes y fiables, al mismo tiempo que se enfrentaban a una creciente demanda de este servicio por parte de los inversores y tenían que afrontar la tarea complicada de analizar obligaciones y valores cada vez más complejos.

3. LAS AGENCIAS, REGULADORES PRIVADOS EN LA SOMBRA

Hace ya más de una década, el profesor Manuel Castells de las Universidades de Berkeley y de la Autónoma de Barcelona, estudió la irrupción de las agencias de calificación de riesgos en el plano internacional, destacando cómo Standard & Poor´s o Moody´s, representan unos elementos poderosos e influyentes para la interconexión global de los mercados financieros[296]; y, por tanto, influyen en su desgobierno. Mediante la calificación de títulos bursátiles y a menudo de las economías nacionales o de países, apoyadas en unas evaluaciones de fundamentos desconocidos pero aceptadas comúnmente, las agencias de mayor relevancia se configuran como referentes para los operadores y los mercados mundiales, que en la práctica representan el ejercicio de un poder por encima de los Estados. Por entonces se evidenciaba ya que, en ocasiones, la publicación de esas valoraciones o calificaciones desencadenan oleadas de compras o ventas y de idas o venidas internacionales de cuantiosos fondos que condicionan el rumbo de los mercados de capitales e incluso el crédito de la economía real y la capacidad de endeudamiento de los países. Como hemos analizado, estas empresas integradas en influyentes grupos financieros que cotizan en bolsas, se erigen en suprapoderes sobre los Estados, aún carentes de una legitimación democrática. Y la práctica conocida muestra que la labor de estos organismos privados con funciones públicas, se asocia a intereses particulares y a la labor compartida con el BIS, el BCE, el FMI y demás organizaciones financieras internacionales que enmarcan las finanzas mundiales al servicio del principio intocable la libertad de los mercados financieros, excluyendo la intervención de los Estados o de la ONU.

Las agencias dominantes, un oligopolio mundial

Ante todo, conviene aclarar que la denominación de agencia puede resultar engañosa al ocultar el hecho de que estas entidades son meras empresas privadas integradas en grandes grupos financieros que cotizan en bolsas; y que venden un servicio aceptado por la «comunidad financiera», de bancos, corporaciones empresariales y demás operadores, incluidos los gobiernos. En este sector de los servicios financieros, proliferan las agencias de mucha menor relevancia, que una investigación periodística solvente cifraba en torno a cien, incluyendo algunas que operan en países tan poco relevantes financieramente como Bangladesh; pero de las 64 registradas, 16 aparecen vinculadas a las tres grandes[297]. En 2011 solamente las tres principales más siete, diez en total, están en el registro nacional de los EEUU y son denominadas nationally recognized statistical rating organizations (NRSRO).

Y es que planteada como mercado esta actividad de evaluación de los riesgos de los títulos bursátiles, una de las cuestiones de fondo es que no existe un mercado competitivo para las agencias de rating, de las cuales las tres más relevantes, Standard & Poor’s (S&P), Moody’s y Fitch, se reparten ese mercado que constituye un oligopolio de hecho, abarcando el 90% de los servicios de calificación de riesgos crediticios, a las que el referido informe del Congreso califica de «dominantes»[298]. Hasta ahora la Unión Europea no dispone de ninguna agencia de este tipo y la realidad, pues, es la de un oligopolio mundial que expresa el poder global de Wall Street, que deja a las entidades privadas la supervisión y regulación en los mercados financieros sin fronteras, en los que los propios participantes se autorregulan. Por tanto, dada esta concepción subyacente, importa destacar la carencia de la independencia exigible a cualquier árbitro o regulador y que las tres agencias principales se integren en grupos empresariales potentes como uno de sus negocios, repartiéndose el mercado de los servicios de la evaluación o calificación de los riesgos de impago de un crédito o título emitido por un banco, empresa o Estado. Resulta difícil aceptar que el papel que desempeñan no se vea interferido en la práctica cotidiana por los intereses económicos diversos y complejos de los grupos matrices (software e información financiera, editoriales, índices bursátiles, medios de comunicación, etc.) como puede comprobarse en las respectivas webs cuyos datos básicos comentamos brevemente.

La agencia Standard & Poor’s es propiedad de McGraw Hill Companies, Inc., una corporación multinacional y conocida editorial, además de proveedor de servicios financieros y de información económica con intereses en los mercados de la energía, automóviles, construcción, aeroespacial y defensa. La denominación S&P es también conocida mundialmente por sus índices bursátiles como el S&P 500 en los EEUU y el global S&P 1200, que sirven de referencia para más de 5 billones (trillion) de dólares de activos en el mundo[299]. La agencia S&P se define a sí misma, en su página oficial en Internet, como «una parte esencial de la infraestructura financiera del mundo» y «uno de los principales proveedores de inteligencia sobre mercados financieros» con más de 150 años prestando tal servicio. Y se considera que es «la fuente mundial predominante de calificación crediticia independiente, índices, evaluación de riesgos, investigación y datos de inversiones», con presencia en 25 países del mundo y una cuota de mercado cifrada en el 40%. Según fuentes especializadas, McGraw-Hill Companies, Inc., como proveedor global de servicios de información, dispone de varias marcas comerciales consolidadas en los tres segmentos de negocios diferenciados como son «servicios financieros» (44% de los ingresos), «educación» (40%) y «medios de comunicación» (16%). Esta corporación empresarial alcanzó unos ingresos de 6.100 millones de dólares en 2010[300].

Por su parte la agencia Moody´s Investors Service tiene como compañía matriz a Moody´s Corporation, que en su sitio web (junio de 2010) se presenta como «un componente esencial de los mercados globales de capital, proporcionando rating, investigación, instrumentos y análisis que contribuyen a los mercados financieros integrados y transparentes»; como si la crisis financiera no hubiera desmentido esa pretendida transparencia a la que dicen contribuir. Junto a la filial de «servicios a los inversores», se incluye a Moody’s Analytics, «que engloba la creciente gama de los negocios distintos del rating, incluyendo software de gestión de riesgos para entidades financieras, instrumentos de análisis cuantitativo del crédito, investigación económica y servicios de datos, instrumentos analíticos para mercados de finanzas estructuradas y servicios de formación y profesionales». La Corporación de Moody ingresó 1.800 millones de dólares en 2009 y emplea unas 4.000 personas en los 27 países del mundo donde tiene presencia[301]. Según registra el citado informe del Congreso, cuando Moody´s Corporation se convirtió en empresa cotizada en bolsa, el fondo de inversiones Berkshire Hathaway del magnate Warren Buffet disponía del 15% de la compañía; hacia 2010 este fondo más tres otros inversores tenían el 50,5% de Moody´s. En su declaración ante la Comisión del Congreso, Warren Buffet manifestó que nunca se interesó por la gestión de esta compañía y que había invertido en ella porque «el negocio de las agencias de rating» era un «duopolio natural» que le daba un increíble poder de fijar cotizaciones (pricing power)[302].

La agencia Fitch Ratings pertenece a la compañía Fitch Group, que a su vez tiene como accionista mayoritario a la financiera Fimalac S.A, con sede en París; un holding o sociedad de cartera que negocia, compra y vende participaciones de empresas, presente en numerosos consejos de administración como Crèdit Lyonnais, France Telécom. Air France o Canal +; está presente también en el sector inmobiliario a través de la sociedad North Colonne Ltd., con oficina en Londres[303]. Según se lee en esta fuente, en estos últimos años se ha ido desprendiendo de algunas empresas para centrarse en la agencia de calificación crediticia. A 30 septiembre de 2009, el 73,6% del capital de Fimalac pertenecía a Marc Ladreit de Lacharrière, que dispone del 87% de votos en esta sociedad anónima cotizada. Este financiero, editor y hombre de negocios francés, además de fundador y presidente-ejecutivo (PDG) de Fimalac (acrónimo de «Financière Marc Ladreit de Lacharrière») conserva, entre muchas otras propiedades, una participación en Le Monde (participada por el Grupo Prisa)[304].

Para 2011, como filial del Grupo Marc de Lacharrière, Fimalac S.A., opera principalmente en los EEUU, Canadá, el Reino Unido, Francia y otros países de la UE, Asia y Sudamérica; con dos segmentos de negocios, los de la calificación de riesgos crediticios y los negocios de gestión de riesgos, sus servicios incluyen software, analítica, datos y asesoramiento[305]. En informaciones de bolsa se apuntaban movimientos inusuales en Europa de las acciones de una serie de bancos y financieras, como Dexia, Fimalac, Deutsche Bank, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, destacando que Fitch Ratings había aumentado sus ingresos y su cotización considerablemente en los últimos nueve meses[306].

En este complejo empresarial tenemos que encuadrar a Fitch Ratings que es un ejemplo de la imbricación de las finanzas europeas y estadounidenses, que se define como «una agencia global de rating comprometida con los mercados mundiales del crédito para proporcionales datos, investigación y opiniones prospectivas e independientes»… interviniendo en más de 150 mercados de capitales y considerándose que goza de amplio reconocimiento de inversores, entidades emisoras y banqueros «por su cobertura creíble, transparente y oportuna». Es considerada la tercera agencia del mundo con una facturación de 457 millones de dólares (2006); con sede central en Nueva York y Londres y forma parte del Grupo Fitch que también comprende Fitch Solutions, «un canal de distribución de productos de Fitch Ratings y un proveedor de datos, análisis y servicios afines»; y Algorithmics, «líder mundial en la provisión de soluciones a la gestión de riesgos de empresa», según se definen en sus webs.

Resulta, pues, asombroso que a pesar de estas informaciones disponibles en Internet se acepten las valoraciones de estas agencias como independientes por los inversores particulares y por los bancos centrales; y que estas empresas privadas con fuertes intereses en diversos mercados gocen de una relevancia social y pública que condiciona la política económica de los gobiernos democráticos, como vemos diariamente en las noticias. Pero, sobre todo, resulta incomprensible el papel que desempeñan como reguladores en la sombra determinando el precio en los mercados financieros y la solvencia de los bancos.

Un negocio político

Las agencias de evaluación de riesgos crediticios combinan dos funciones, digamos técnicas, que se resumen en una función política dentro del sistema financiero global. Por un lado, su primera función consiste en proporcionar una valoración basada en el análisis estadístico y en la rentabilidad pasada de los activos. Recordemos que las letras SR de las siglas del organismo estadounidense que registra su actividad, el NRSRO, significa Valoraciones (Ratings) Estadísticas (Statistical). Y por otro, realizan un segundo papel como investigador que ofrece una opinión sobre lo que pudiera ocurrir en el futuro[307]. Pero sobre esas bases técnicas desempeñan un papel político que se evidencia más cuando explotan las circunstancias de la coyuntura con sus anuncios oportunistas o inoportunos de las modificaciones en sus calificaciones anteriores, como hemos visto en tantos casos. En realidad, las calificaciones de los riesgos de impago son una mezcla de análisis estadístico y opiniones subjetivas sobre el futuro. Esto permite a las agencias bajar la valoración de las compañías o de los países, incluso aunque se hallen en proceso de mejorar su situación financiera, contribuyendo a empeorar esas dificultades que pueden ser coyunturales. Al mismo tiempo, este modo de actuar deja a las agencias expuestas a la crítica de los inversores si no actúan y se hace realidad el temido empeoramiento de los resultados antes de su bajada de la calificación. Asimismo, esto permite la subjetividad y la flexibilidad en el proceso de calificación que crea el mencionado conflicto de intereses que se hace visible cuando los inversores sufren las bajadas de las calificaciones.

Abundan en estos últimos tiempos en Europa, los ejemplos del impacto que pueden tener las modificaciones de las calificaciones de riesgos. A comienzos de la crisis de la deuda soberana europea en 2010, la bajada de la calificación de la deuda griega en tres escalones, del nivel inversor del BBB+ hasta el nivel de bonos basura de BB+, jugó claramente un papel de desencadenante de la crisis europea; porque esto sucedía unos minutos después de que S&P degradara a Portugal en dos escalones, del A+ hasta el A-. Y el anuncio tenía lugar en unos momentos sensibles en los que los dirigentes de la UE y del FMI estaban intentando ponerse de acuerdo sobre las medidas para combatir el pánico bursátil frente a los déficits crecientes, definiendo un paquete financiero para el rescate a Grecia. Desde aquellos días hasta la actualidad, las agencias han sido parte de la mencionada crisis, fuesen cuales fueran los datos objetivos de la situación europea. Por ejemplo, en una semana que había comenzado el lunes con una jornada de euforia en las bolsas, el martes 6 de diciembre de 2011 la agencia S&P anunciaba una «posición negativa» para la deuda de la eurozona, una amenaza de rebajas generalizadas de las calificaciones crediticias que afectaría al hasta entonces intocable club de la triple A, encabezado por Alemania, con Francia, Holanda, Austria, etc.; noticia adelantada a los medios especializados de Bloomberg y Financial Times, que tuvo impacto en los mercados[308].

En otros casos, el impacto resulta menos publicitado porque se proyecta indirectamente en los propios mecanismos desarrollados por las finanzas, como es el caso del llamado bucle de retroalimentación (the feedback loop) entre los propios mercados y las calificaciones crediticias. Sucede cuando estas son tenidas en cuenta en la composición de algunos índices bursátiles y en las carteras de algunos holdings. Por ejemplo, ocurrió cuando la deuda griega, que representaba el 4% de un índice bursátil Barclays (the Barclays Euro Government Bond Index), fue excluida de ese índice debido a la bajada de su calificación por S&P, provocando la venta de deuda griega por parte de los inversores que se guiaban por ese índice; y empeorando los apuros financieros del Gobierno griego, enfrentado a la carga pesada del fuerte endeudamiento. En muchos otros ejemplos, la bajada de la calificación de las acciones de una empresa incrementa el coste de su financiación, puesto que los inversores exigen mayor rentabilidad ante calificaciones menores. Asimismo la bajada de la calificación puede producir la venta de paquetes de activos por parte de los actuales inversores, con crecientes rentabilidades futuras para otros en los mercados. Con lo cual se crea un círculo vicioso que aumenta la probabilidad de impagos. De ahí que, como sostenemos, la bajada de la calificación crediticia refleja la opinión de la agencia sobre los resultados, pero también se convierte en un factor causal en la determinación de esos resultados. En realidad, las agencias de calificación de riesgos crediticios se convierten en jurado, juez y verdugo de la compañía.

Las reformas legislativas tras la crisis

Tanto la nueva legislación financiera en los EEUU como las escasas innovaciones y propuestas en la UE, han respetado la doctrina neoliberal en vigor en que se basan las funciones reguladoras que desempeñan las agencias, limitándose a abordar aspectos menores y cosméticos de su funcionamiento sin plantear su condición de servicio público a los inversores.

En los EEUU, tras las grandilocuentes apelaciones a la reforma financiera y a la supervisión estricta, la ley firmada por el presidente Obama en julio de 2010 apunta con mucha modestia contra las agencias, limitándose a exigirles que divulguen los métodos que aplican en sus calificaciones crediticias para calcular el riesgo potencial de los productos financieros evaluados. Además, a la autoridad competente en materia bursátil (la SEC) se le otorga un plazo de dos años para encontrar un método que acabe con el escandaloso conflicto de intereses que significa el hecho de que sean la propias empresas calificadas quienes contraten y paguen a estas agencias para que evalúen sus propios títulos que sacan al mercado y cuyos beneficios dependen de esas calificaciones, como sabemos[309].

Sin duda, hay que valorar el aspecto positivo que significa el hecho que la Administración Obama y el Congreso abordaran la regulación de «este mercado» rompiendo con la tradición desreguladora frente a estas empresas privadas de servicios financieros. De la refundición de los dos proyectos legales que confluyeron en la conocida como ley Dodd-Frank, el del Senado y el del Congreso, salió la creación de una Oficina de Calificación de Riesgos dentro la SEC para vigilar las agencias y con autoridad para cerrar aquellas que prosigan con sus desmanes. Asimismo, se ha abierto un portillo para que los inversores puedan demandar a las agencias demostrando solamente «gross negligence» más que la «actual malice» que resultaba más difícil de demostrar. Sin embargo, ninguno de los proyectos legislativos modificaba el modelo de retribución de las agencias, que está plagado de conflictos de intereses, como tampoco afrontaban el problema de la inexistente competencia, dado el oligopolio que representan las tres agencias. Y lo más preocupante es que no se incluyen medidas para regular la evaluación de la deuda pública en los EEUU y en los demás Estados. Los gobiernos extranjeros que suspenden el pago de sus deudas y derivan en crisis profundas, se encuentran deslegitimados para demandar a las agencias en los EEUU de modo que compensen a los trabajadores que pierden sus empleos como consecuencia de esas crisis de la deuda pública. Sin embargo, los pretendidos avances de la legislación estadounidense aprobada no incluyen medidas para la liberación de la tiranía de los mercados de bonos, como podría haber supuesto la creación de una agencia pública para la evaluación de los bonos corporativos. Actualmente, hay propuestas para que se estudie el establecimiento de una agencia independiente en el seno de la ONU para la evaluación de la deuda gubernamental[310].

La paradoja de la tímida regulación europea

En la UE, en octubre de 2008, el ECOFIN aprobaba una «hoja de ruta sobre la crisis» (Ecofin roadmap) que incluía propuestas sobre el papel que debían cumplir la agencias; pero hasta septiembre de 2009 no fue aprobado el Reglamente que regula su actividad en el ámbito europeo, de modo claramente liviano. Partiendo del reconocimiento de que la mayoría de los Estados europeos no regulan estas actividades y que las agencias de calificación crediticia tienen su sede fuera de la Unión, su regulación se limita a prohibirles desarrollar actividades complementarias de asesoramiento, exigiéndoles una serie de requisitos formales como la publicación de sus modelos matemáticos y su metodología, el establecimiento de un registro y la publicación de un informe anual, etc. Sin embargo, no entra en la cuestión de fondo del conflicto de intereses que hemos referido; y en opinión de quienes han analizado esta normativa jurídica, no está claro que pueda tomarse como base para futuras demandas judiciales frente a errores de bulto o irregularidades. De ahí que en junio de 2010 la Comisión anunciara una nueva propuesta para centralizar y reforzar el supuesto control de estas agencias, porque el reglamento vigente no había impedido la contribución de estas entidades a la crisis de la deuda soberana del euro, en la que las calificaciones han sido un factor perturbador que incita a la especulación contra los bonos de los Estados de la llamada periferia.

Y para colmo, recientemente la UE ha renovado su dependencia y confianza en los mercados financieros con el llamado Fondo Europeo de Estabilización Financiera de mayo de 2010, que es en realidad un mecanismo de recaudación de fondos con el aval de las agencias de calificación crediticia. Dos meses después del acuerdo intergubernamental, este Fondo europeo se instrumentó mediante una sociedad anónima con sede en Luxemburgo que emite unos títulos con la finalidad de recaudar hasta 440.000 millones de euros autorizados si fuera necesario. Y a dichos títulos, el 20 septiembre de 2010, las tres principales agencias (S&P, Moody´s y Fitch) le otorgaban la máxima confianza que supone la calificación de la triple A, lo que implica encontrar financiación en las mejores condiciones de mercado[311], previa negociación de la Comisión con las agencias como reconocimiento de su poder e influencia para regular este mercado de bonos paneuropeos.

Y casi un año más tarde, a principios de agosto de 2011, el hecho de que por primera vez en la historia la agencia S&P bajara la calificación máxima de los bonos del Tesoro estadounidense podemos interpretarlo como una demostración de la capacidad de las agencias de rating para regular no únicamente el mercado global de la deuda soberana sino para reafirmar unas líneas de acción política presupuestaria y económica de raíz neoliberal sobre los gobiernos democráticos, sean los EEUU o la UE, moviendo asimismo a la acción al BCE (que se vio compelido a comprar bonos soberanos de los países más frágiles o más endeudados del Eurogrupo para estabilizar las bolsas de valores) y, particularmente, provocando reuniones extraordinarias de gabinetes y equipos económicos de los gobiernos, con la participación de los independientes bancos centrales para acelerar los planes de reducción del déficit fiscal y de recortes sociales, siguiendo el consenso no escrito sobre la sumisión a la dirección marcada por los mercados globales.

Capítulo 3

LA CONTABILIDAD FALAZ DE LOS JUGADORES

Desde finales de 2010 era un secreto a voces que las cuentas de la banca española no estaban claras, porque al pasarse de un mercado inmobiliario alcista a otro bajista, ¿qué valor contable puede darse a los miles de pisos invendibles que pasaron a ser propiedad de los bancos españoles o de sus sociedades filiales creadas para sanear su balances? Meses después, las dudas se confirmaron, poniendo de relieve una vez más cómo la crisis del sistema financiero cuestiona las reglas de la contabilidad bancaria; problema que se acentúa y agrava mundialmente, sobre todo, en relación a la valoración de activos financieros sin mercado, los llamados valores tóxicos. Porque la base del negocio bancario y financiero es la solvencia. «La solvencia debería ser un concepto financiero simple: si tu activo vale más que tu pasivo, eres solvente; si no, estás amenazado de bancarrota», escriben los autores del referido informe del Congreso estadounidense sobre la crisis al comienzo del capítulo dedicado a la bancarrota de Lehman Brothers, añadiendo seguidamente que «en la tarde del viernes 12 de septiembre de 2008 (es decir, el día laborable que precedió al lunes en que se declaró en quiebra), los expertos de los mayores bancos de inversiones y comerciales del país se reunieron en las oficinas de la Reserva Federal en Wall Street para reflexionar sobre el destino de Lehman Brothers y no se pusieron de acuerdo sobre si era o no solvente esta firma con 157 años». Porque la solvencia y la liquidez están esencialmente relacionadas en un mercado financiero tan entrelazado por operaciones especulativas a corto plazo que según la valoración que se otorgara a los activos de este banco de negocios en apuros, el banco en apuros dispondría o no de liquidez para hacer frente a los compromisos pendientes frente a las demás entidades financieras[312].

La contabilización de los nuevos productos financieros como los derivados, planteaba problemas años antes del estallido de la crisis; y después también. Las autoridades neoyorquinas andaban ya preocupadas por la situación de la gestión administrativa-contable de los contratos de falsos seguros del crédito conocidos como CDS. Si un banco A hacía un contrato CDS con el banco B, por ejemplo, y luego podía vendérselo como un producto al banco C sin informar al banco B, se dejaba en un limbo legal a una cantidad enorme de contratos suscritos que funcionaban –y funcionan– como activos financieros. Para confirmar esas masivas operaciones, los bancos utilizaban faxes, lo cual al principio del invento no planteaba mayores problemas, pero a medida que el negocio de los CDS se disparaba, se iba ralentizando y demorando el procesamiento de ese papeleo que se iba acumulando en la trastienda administrativa de los bancos. Para entonces estaba claro que era ya una falacia hablar de la eficiencia de esta banca financiera «virtual». El mercado de los CDS se había convertido en una tela de araña gigante y opaca de cientos de miles de contratos que ligaban a bancos, a la banca en la sombra y a los intermediarios por igual, peligrosamente entrelazados y atrapados todos. Algo similar ocurría con otros derivados y con la creciente variedad de instrumentos y productos financieros que dejaban pingües comisiones a la banca. En resumen, la libre innovación financiera ha sumido en una profunda crisis a la contabilidad de los bancos y firmas que gestionan los millones en juego, aunque los intereses soterrados solo permiten que estas cuestiones afloren indirectamente ante la opinión pública bajo la fórmula edulcorada de las reiteradas «pruebas de resistencia» bancaria (stress tests) y los debates entre instituciones públicas sobre la capitalización de los bancos europeos. Por tanto, las dudas brotan: ¿Podemos confiar en la solvencia de los bancos? ¿Están seguros nuestros ahorros en inversiones o depósitos bancarios? ¿Sabemos de dónde obtienen los bancos sus beneficios y si son reales?

1. INFORMES BANCARIOS DEFICIENTES

El informe del Congreso estadounidense sobre la crisis sostiene en sus conclusiones que el apalancamiento, el endeudamiento desmesurado, estaba a menudo oculto en los informes financieros maquillados ofrecidos a los inversores, en posiciones de derivados y en off-balance sheet, en operaciones fuera de balance, no contabilizadas. Más que otros bancos, Citigroup mantenía activos fuera de balance para mantener bajos los requerimientos de capital. A finales de 2007,cuando Citigroup pasó a su balance las operaciones «fuera de balance», se disparó su apalancamiento de 18:1 hasta 32:1; es decir, con un dólar propio aparecía endeudado hasta 18 y después de incorporar «las operaciones no contabilizadas», llegaba hasta 32. Y algo similar puede decirse de las posiciones en derivados por parte de AIG[313]. Años antes, los fraudes contables de Enron Corporation se escondían con ese tipo de operaciones extracontables.

Las normas estadounidenses y las internacionales permiten o toleran las operaciones fuera de balance, dejando de reconocerse determinados riesgos financieros en los informes contables de los bancos y firmas financieras. Son las llamadas operaciones fuera de balance, una serie de transacciones que no implican un movimiento inmediato de efectivo, por lo que no se contabilizan en cuentas patrimoniales; sin embargo plantean un riesgo claro para la entidad, como son los avales, garantías, operaciones a plazo, derivados financieros como futuros y opciones entre otros. Como indica claramente la denominación corriente en inglés, off-balance sheet se trata generalmente de aquellos activos o deudas o actividades financieras que no figuran en el balance del banco o entidad financiera, legal o ilegalmente. Estas operaciones constituyen un riesgo no cuantificado en el balance, por ende, creando posibles distorsiones en la valoración del banco o entidad financiera e induciendo a analistas e intermediarios financieros a posibles errores que generan quebrantos o fraudes. Algunas nuevas legislaciones y regulaciones como la ley Sarbanes-Oxley, tras el escándalo de Enron, para los mercados de valores estadounidenses adoptaron medidas para asegurarse y certificar que no hay operaciones importantes fuera de balance como para afectar los informes financieros al mercado, pero sin mayores éxitos como confirma el referido informe sobre la crisis. He ahí uno de tantos riesgos que ofrece hoy la contabilidad financiera y la deficiente información a los inversores.

La crisis financiera ha puesto de manifiesto que es insuficiente o falsa la contabilidad financiera, como también lo es la información que se ofrece a depositantes e inversores. A este respecto, el sistema de información bancaria-financiera es como mínimo confusa, porque resulta difícil conocer la situación bancaria real desde fuera; y no es cierta la afirmación de que la información pública disponible responda a las necesidades de información de los inversores y los acreedores, como denunciaba Prem Sikka, profesor de Auditoría contable de la Universidad de Essex, en el informe presentado ante la Comisión del Tesoro del Parlamento británico como parte de la investigación abierta sobre el papel de la banca en la crisis financiera[314]. Este experto acreditado afirma que los informes sobre los resultados del banco no tienen realmente en cuenta las necesidades de información a los inversores, a los depositantes y a los accionistas u otros interesados. Porque quienes depositan sus ahorros en cuentas o productos financieros suelen ignorar, antes y después de tomar esas decisiones, en qué negocios o actividades va a invertir el banco sus ahorros y desconocen si va a correr riesgos que pueden considerar excesivos o si la rentabilidad ofrecida se deriva del incumplimiento de la legislación fiscal o del falseamiento contable. Más aún, considera que los contribuyentes tienen derecho a conocer en qué país o jurisdicción se han obtenido los beneficios así como las fuentes o de donde se han obtenido; mucho más cuando esos bancos o empresas reciben ayudas o avales del gobierno.

Una tesis de este experto reconocido es que la regulación de la contabilidad y la información bancarias han quedado bajo el dominio de profesionales y expertos, olvidándose de su repercusión directa en el gobierno de la sociedad y de la economía; y de la desprotección resultante de los ciudadanos frente a la banca. Porque los ahorradores que entregan su dinero a un banco carecen de información acerca de dónde son invertidos sus ahorros y de los excesivos riesgos que pueda correr la entidad a la que han otorgado esa confianza. E, igualmente, tendrían que saber por los informes bancarios de dónde han salido los beneficios, porque sus ingresos proceden de muy variadas fuentes o inversiones y con diversos tipos de riesgos. Y para que eso sea posible se requiere una contabilidad rigurosa y detallada, porque sabemos que las deficiencias en las normas contables fueron una de las múltiples causas que contribuyeron a generar la crisis financiera, cuyas consecuencias económicas sufrimos en forma de recesión económica con cierres de empresas, pérdidas de empleos y empobrecimiento. Como se ha venido revelando, las informaciones de que se disponía eran deficientes, cuando no falsas.

Por consiguiente, tenemos dos problemas que están imbricados: uno es el problema de contabilidad bancaria, sobre cómo se valoran los múltiples activos financieros; y el otro es el de información pública para quienes invierten o depositan sus ahorros, sobre la veracidad de lo que se cuenta, quién efectúa la inversión o quién responde de esos ahorros recibidos y/o especula con los mismos o con los valores bursátiles. Ahora sabemos todos que en los últimos años las firmas de Wall Street crearon complejos instrumentos financieros basados en las hipotecas sin garantías que se vendían empaquetadas en atractivos productos de inversión y que esos valores de diseño tenían solo por objetivo obtener altos rendimientos avalados por una calificación alta de solvencia crediticia. Cuando explotó la burbuja inmobiliaria en los EEUU y luego en otros países como Irlanda o España, «los mercados» dudaron sobre la bondad de tales productos y los compradores desaparecieron súbitamente, surgiendo dudas fundadas sobre su valor real. Y, súbitamente, el sistema contable internacional de valoración financiera quedó cuestionado y tiene que seguir siendo cuestionado porque aún no ha tenido ningún cambio sustancial. Es público y notorio que definir la cuantía de las pérdidas es un problema mal resuelto para los bancos de Irlanda, Grecia o España[315] y los europeos en general; como se deduce del cruce de valoraciones contradictorias sobre las necesidades de recapitalización de los bancos europeos entre la directora gerente del FMI y posteriormente las instituciones europeas en septiembre de 2011[316].

De ahí que, tras los costes sociales y económicos que ha generado la crisis financiera y los abusos y engaños de la contabilidad bancaria que vimos en el capítulo I.2, haya que cuestionar el modo de funcionamiento interno de la banca y el modo de llevar sus cuentas, denunciando la pretendida neutralidad de la contabilidad, el papel de las auditorías, cómo se valoran los activos financieros que determinan la solvencia del banco; y, sobre todo, hay que cuestionar el hecho de que las normas de la contabilidad financiera que se aplican sean generadas por una entidad estadounidense que no rinde cuentas ante la ciudadanía.

2. LA PRETENDIDA NEUTRALIDAD DE LA CONTABILIDAD

Las deficiencias contables las resumía agudamente el gestor de una agencia anglosajona de inversiones, afirmando que las reglas aplicadas han permitido que se contabilizara una actividad financiera del tipo Ponzi (la típica estafa piramidal donde las nuevas aportaciones van pagando los abonos comprometidos pendientes), legitimándola mediante las auditorías bancarias, según refiere el citado informe del profesor Prem Sikka. Y añadía que la valoración de los activos bancarios se hacía a la manera de un «agente inmobiliario que valora una casa pasando en coche por la puerta y equiparándola al precio de la casa de al lado, pero que seguramente tendría un valor inferior si realmente se le exigiera que observara el interior donde ya se ha hundido una parte de la casa». En términos similares se expresaban unos técnicos de firmas españolas de tasación de pisos, confesando que antes de la crisis en 2007 todo se vendía y el trabajo desbordaba las oficinas, quienes valoraban las viviendas reconocen que «todo valía» y que se tasaba «casi con apenas medir los metros cuadrados»; «antes valía con que la vivienda en cuestión se comparara con otras similares en tamaño y en ubicación«; mientras que en 2010 empleaban el doble de tiempo en realizar un informe de valoración de una casa[317].

Hasta que se suscitaron dudas y surgió la desconfianza sobre los complejos instrumentos financieros diseñados por las entidades de Wall Street, las halagüeñas cifras de activos en los balances llevaron a los bancos a endeudarse sin mesura, incrementando su vulnerabilidad económica porque las ganancias se incrementaban invirtiendo con dinero prestado, subraya el informe estadounidense citado[318]. En la Cámara de Representantes de los EEUU, un experto relataba que Lehman Brothers se había apalancado (endeudado excesivamente) en más de 30 a 1; es decir, con un dólar de capital propio obtenía 30 dólares en préstamos. Y argumentaba que con este apalancamiento, una simple caída del 3,3% en el valor de los activos habría borrado todo el valor de su capital social y habría dejado a la compañía insolvente. Y procesos similares de endeudamiento han ocurrido en España. Y, sin embargo, quienes elaboran las normas contables y quienes supervisan su aplicación, no tienen en cuenta las consecuencias probables de las políticas bancarias. Así lo vemos en la transcripción de las sesiones del Comité del Tesoro de la Cámara británica de los Comunes sobre el papel de la contabilidad en la crisis bancaria, que muestran a una gran parte de la literatura especializada y de quienes establecen las normas, dedicados a vendernos la historia desacreditada de que la contabilidad es neutral, que no interfiere en la actividad económica, y que es independiente de la política. Algo que carece de base teórica o fáctica y que ha sido desmentido por los hechos que conocemos ahora. Nada es neutral en las normas de contabilidad sino que son determinadas por criterios políticos, como sucede con otras prácticas sociales, subraya el citado experto de la Universidad de Essex. Todas las normas contables son el resultado de largas negociaciones y componendas entre las élites económicas en distintos niveles, reflejando ante todo los intereses económicos de quienes participan en su elaboración. Las normas internacionales de contabilidad, producidas por una entidad privada residente en Delaware, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), se tradujeron al reglamento de la UE que conformó sin debate público el Plan General de Contabilidad para España.

Y quienes financian y controlan las organizaciones internacionales privadas que generan las normas contables nacionales, siempre están en posición de modelar los resultados. Esto les ha permitido generar principios, normas y prácticas que dejan al margen la agenda política y sobre los cuales no tienen el menor control nuestros representantes democráticos. Por ejemplo, no existen normas contables que requieran a los bancos para que informen sobre cómo reducen sus «costes fiscales» o evaden impuestos u organizan sus políticas de transferencia de precios y costes entre oficinas y países para desviar los beneficios hacia las filiales en los paraísos fiscales offshore, donde son nulos o casi los «costes fiscales» y la supervisión. De ahí que concluya el referido informe, que la contabilidad ha hecho un daño grave a demasiados ciudadanos inocentes y está en el centro de la actual crisis financiera y bancaria.

En las memorias anuales, todos los bancos alegan siempre que cumplen las normas contables vigentes en cada país, pero la realidad muestra que las cuentas que publican resultan opacas para sus accionistas y sus depositantes. Las reglas contables y los auditores han permitido a los bancos que registren valores tóxicos (carentes de mercado) como valores inflados y que mantuvieran un pasivo fuera de su contabilidad valorado en billones de dólares (trillion). En la era de los bancos globales con oficinas y filiales en decenas de países, ningún banco ha publicado cifras sobre sus activos, sus pasivos, sus beneficios o sus pérdidas desglosadas por filiales y sociedades domiciliadas en un país determinado, o en cualquier otra jurisdicción geográfica determinada, sino que siempre aparecen consolidadas en grandes cifras del conjunto. En el Reino Unido, el contribuyente ha rescatado bancos sin conocer los importes y los riesgos que le correspondían a este país, asegura Prem Sikka. Y en noviembre de 2010 supimos que el rescate europeo de Irlanda era inevitable debido a la insolvencia de sus bancos, a pesar de que meses antes habían superado las pruebas de resistencia o solvencia, supervisadas por la Comisión Europea. Y en España, son sabidas las dudas que suscitan las cuentas de los bancos y cajas de ahorro a causa de las dificultades de fijar el valor contable de sus abultadas carteras de viviendas sin compradores. El caso de las 45 Cajas de ahorro españolas y su «reestructuración», reduciéndolas a 15 en 2011, ilustra cómo la contabilidad deficiente ocultó la gravedad de sus situación financiera durante años.

¿Qué valen los activos tóxicos?

¿Con qué valor contable figuran en las cuentas de los bancos y las cajas de ahorro españolas sus miles de viviendas invendibles? Es una pregunta cuya respuesta sigue pendiente; pero en todo caso, como bienes físicos, existen realmente aunque sea discutible el valor contable atribuido. Pero, ¿qué valen los derivados y demás complejos productos bancarios cuando no tienen mercado? Porque estas realidades virtuales, que nadie compra ni demanda, se quedan en simples anotaciones electrónicas incorpóreas; de ahí que alguien las denominara valores tóxicos. ¿Por qué no darles cero valor? Y es que su valoración contable es una cuestión irresuelta desde el comienzo de la crisis; la valoración de activos financieros es una cuestión abierta que forma parte de la misma crisis. En noviembre de 2010, cuando la UE aprobaba el rescate financiero del Gobierno de Irlanda, agobiado por los apuros de sus bancos, se estaba reconociendo la inutilidad de los resultados de las pruebas de resistencia o solvencia (los stress tests) sobre los bancos europeos efectuados bajo supervisión de la Comisión Europea y publicados cuatro meses antes, puesto que según tales pruebas los tres bancos irlandeses tenían unas cuentas saneadas y resistentes. Era una manifestación más de los fallos de la contabilidad bancaria y de la carencia de una supervisión europea responsable. En las economías avanzadas y dominadas por las finanzas, los expertos señalan que la valoración de activos es la clave para determinar la solvencia bancaria, los procesos de titulización de créditos, la valoración de activos en garantía (por ejemplo hipotecas), los derivados, las ofertas públicas de acciones de empresas y, como es sabido, en las transacciones inmobiliarias y muchas otras. Y la búsqueda de salidas a la crisis financiera prolongada, ha dejado abierto el replanteamiento de los instrumentos contables hasta ahora considerados válidos. Pero lo impiden los fuertes intereses en juego que tienen su peso sobre los organismos llamados independientes que han configurado los mercados financieros globales.

La falacia contable de los derivados de crédito

Está demostrado que la contabilización de los innovadores productos financieros cuestiona en la práctica la solvencia bancaria. En el caso de los derivados de crédito, su registro contable es cuando menos un modo corriente de esconder la verdad de las cuentas ofrecidas al público, como pone de relieve el caso de la deuda soberana del euro en poder de los bancos. En 2011, teniendo en cuenta el elevado endeudamiento de Italia y en previsión de una posible devaluación de sus bonos soberanos en el mercado secundario, a principios de año el Deutsche Bank decidía reducir su exposición a los bonos italianos en euros. Pero no lo hizo vendiendo los que tenía en su cartera sino trasladando a otros el riesgo de esa devaluación o, dicho en lenguaje financiero, comprando protección mediante CDS soberanos, el pretendido seguro de impago del crédito. Esta operación le permitió informar públicamente que su exposición a los bonos soberanos de Italia había disminuido en un impresionante 88% durante el primer semestre de 2011, reduciendo estos bonos en su cartera de 8.000 millones de euros a menos de 1.000; claro está, midiendo la exposición en términos netos, es decir, contables; sin tener en cuenta la cuantía bruta o real de la valoración de los bonos italianos en su poder. Como hemos analizado en el capítulo I.4, mediante los derivados de crédito como los CDS, se considera que el riesgo de impago se traslada al asegurador, al banco de negocios o firma que le «vende» ese falso seguro para quien «compra» la protección frente al riesgo. Aunque toda la comunidad financiera sabe que los CDS no son un seguro porque ni están sometidos a la legislación de seguros ni a la supervisión por las autoridades públicas, se acepta que la banca excluya de su contabilidad aquellos valores de renta fija «asegurados» por los CDS. Así se entienden los altibajos de las cotizaciones de las acciones de los bancos europeos en el otoño de 2011 y que las pruebas de solvencia no aportaran tranquilidad a la eurozona[319].

El intento de cambio de reglas

Dadas estas prácticas contables bancarias, en plena ola de zozobra tras la quiebra de Lehman Brothers en otoño de 2008, los banqueros de Wall Street y las autoridades estadounidenses intentaron superar la crisis financiera, escondiéndola debajo de la alfombra mediante el cambio de las reglas de juego que se venían aplicando, como denunciaba Juan Miguel del Cid, catedrático de la Universidad de Granada[320]. El sistema de poner en las cuentas todos los activos a precios de mercado se había generalizado en los años noventa en EEUU y estaba basado en la idea de que los mercados son eficientes y que, por tanto, son los que proveen de recursos. Algunos gestores bancarios de EEUU consideraban que el principio contable del valor razonable o «fair value» (conocido como mark-to-market), que requiere la valoración de los activos conforme al valor de mercado en cada momento, estaba colapsando el sistema financiero, obligando a las entidades a valorar los títulos respaldados por hipotecas subprime por su valor de mercado cuando realmente ya no tenían compradores. Y argumentaban que al igual que Abraham Lincoln suspendió el habeas corpus en periodos de guerra, los reguladores debían suspender la aplicación de este «dañino» principio contable en estos tiempos de crisis financiera, permitiendo superar la situación, atribuyéndoles un feliz valor imaginario muy alejado de la realidad hasta que las aguas volvieran a su cauce. Evidentemente, el argumento contrario no se había utilizado cuando los mercados eran irracionalmente alcistas; y ningún gestor de bancos de inversión o de hedge funds había pedido públicamente que no se le permitiera ganar tanto dinero porque el precio de los instrumentos financieros que estaba vendiendo, era el resultado de un injustificado optimismo, y que su valor estuviera claramente inflado. Ninguno de ellos se había quejado cuando los beneficios eran espectaculares, gracias en buena medida a que los activos estaban sobrevalorados en esos mercados alcistas.

Esta presión de Wall Street tuvo su reflejo en el plan de estabilización financiera (conocido por las siglas TARP) aprobado por el Congreso de los EEUU y firmado por el presidente Bush que, en aras de una supuesta protección del interés público y de los inversores, incluía medidas que concedían a la agencia gubernamental para materia de valores, la SEC (Securities and Exchange Commission) la capacidad legal para suspender la aplicación del principio contable del mark-to-market (traducido «valórese según el mercado» y conocido también como fair value o valor razonable, recogido en el Statement núm. 157 del «código» del IASB) En aquel primer plan de rescate masivo de la gran banca, se trataba de dotar de un gran fondo de cientos de miles de millones de dólares para la adquisición por la Administración de valores «dañados» o invendibles en poder de los bancos, que estaban contribuyendo a la paralización de los mercados del crédito interbancario. Los legisladores estadounidenses intentaban circunstancialmente suspender la aplicación del principio contable referido en la valoración de los instrumentos financieros deteriorados que desencadenaron la actual crisis bancaria y financiera. Pero surgían cuestiones muy difíciles de responder por las autoridades responsables, tales como qué activos tóxicos serían aptos para su venta; cómo se determinaría el fair value de un mercado paralizado; si aceptarían las firmas la venta de sus activos tóxicos al valor razonable de mercado, probablemente casi cero, cuando al hacerlo les supondría tener que contabilizar pérdidas; y, al contrario, cómo evitar que las autoridades pagaran por encima del precio de mercado[321]. Finalmente, este planteamiento hubo de modificarse y tuvieron que adoptarse otras soluciones porque nadie era capaz de determinar el precio de tales activos que ni se compraban ni se podían vender.

Un principio contable de complicada aplicación

Las normas contables vigentes requieren que los bancos y las principales empresas adopten en su contabilidad los precios de mercado para valorar los activos. En los momentos de precios de activos en alza ese método conviene a las corporaciones porque respaldados por esas alzas pueden justificarse mayores precios y contabilizar mayores ingresos, repartiendo por tanto sustanciosas comisiones a sus operadores; asimismo, unos mayores beneficios aseguran unas remuneraciones complementarias más elevadas para los ejecutivos. Pero en 2008, la dificultad estribaba en que muchos mercados apenas registraban compraventas, eran estrechos y limitados y sencillamente no permitían determinar cuál es el precio adecuado.

Es el caso de los operadores bancarios que han estado utilizando estos modelos para valorar sus posiciones en opciones, señala Guillermo de la Dehesa[322]. El valor de las opciones depende fundamentalmente de los valores de las volatilidades imputadas en sus registros ad hoc y estos permiten que dichos operadores (traders) inflen sus estimaciones de las volatilidades para incrementar los valores basados en las opciones, de forma que se puedan esconder pérdidas e incrementar sus comisiones. Aunque asegura este reputado economista que la volatilidad de los valores de las opciones respecto a las variaciones de precio del activo subyacente, es legendaria y esas volatilidades son muy difíciles de estimar. Pero estas dificultades podemos deducirlas en los breves análisis expuestos en la Parte I sobre productos y técnicas especulativas financieras.

Lo cierto es que en los EEUU, el Consejo para Normas Financieras, the U.S. Financial Accounting Standards Board (FASB), suavizó la norma del mark to market a la que se culpó de la paralización del crédito. Una norma que había funcionado en una etapa alcista de los mercados se convertía en un problema en la etapa de crisis. Y los bancos prestamistas, que se consideraban bien capitalizados para seguir prestando, se encontraban de pronto que eran insolventes[323].

De ahí que quienes establecen las normas contables permitieran la otra variante mencionada y conocida como mark-to-model, la posibilidad de valorar los activos financieros propios conforme a un modelo matemático interno que buscaba un determinado resultado en cuanto al riesgo previsto. Lo que permitía a los bancos estimar los valores de mercado para los instrumentos financieros como derivados mediante la aplicación de complejos modelos matemáticos, que siguen la lógica del casino. Y para ello, estos modelos matemáticos ad libitum, al gusto personal o caseros partían de supuestos sobre eventos futuros inciertos y carentes de antecedentes históricos y que ya fueron parte del encubrimiento de cuentas en el escándalo de Enron. Asimismo, fallaron en el famoso caso del Long Term Capital Management (LTCM), un fondo de alto riesgo que había sido fundado y estaba gestionado por economistas galardonados con el premio Nobel; y que como afectaba a Wall Street fue rescatado con el apoyo de la Reserva Federal.

En suma, actualmente está claro que a los excesos en la concesión de crédito de los bancos en la última década, ha contribuido la utilización del nuevo sistema contable de valoración a precios de mercado, que infla los balances en un período de abundancia de dinero y de crecimiento económico; y que ha permitido todavía una valoración exagerada de los activos financieros de dudoso valor, cuando menos, en las carteras de los bancos, porque realmente se trata de una amplia gama de activos tóxicos, de valor indeterminable, según analiza De la Dehesa. Ello explicaría la falta de confianza en los resultados de las pruebas de solvencia bancaria a los pocos meses de su publicación en julio 2010 y su repetición en 2011. La cruda realidad hoy es que el actual sistema de contabilización de los activos financieros está sumido en una profunda crisis que requiere una profunda revisión a la que se oponen los intereses en juego. Y esta crisis se refleja en los informes de las auditorías de cuentas.

¿Quién audita a los auditores?

Hasta el jueves 30 de septiembre de 2011, el NCG Banco (luego Novagalicia Banco/NGB) disponía de un capital básico de 1.714 millones de euros, aportado por la fusión de las dos cajas de ahorro gallegas, Caixa Galicia y Nova Caixa, conforme a la valoración y las previsiones del informe de auditoría realizado por KPMG. Al día siguiente, cuando ya se habían revisado las cuentas consolidadas, tras los ajustes contables y la nueva valoración oficial, el Banco de España dejaba reducido ese capital a solo 181 millones; para mantener a flote al nuevo banco, el Estado aportaba 2.465 millones de euros (93%) de dinero público. Aparte de otras consideraciones políticas importantes del proceso, como el escándalo de las «indemnizaciones» millonarias abonadas a los directivos prejubilados, a los efectos del asunto de este capítulo digamos que los datos conocidos dejaban en entredicho la solvencia técnica de la famosa auditora global. Dentro del proceso planteado por el Gobierno español de convertir las cajas de ahorros españolas en bancos, para tapar la pésima gestión casi generalizada y como solución de la crisis propia del sector, la Junta de Galicia había encargado a la consultora KPMG una revisión de las cuentas de las dos cajas gallegas para llevar adelante el proyecto político de un banco regional. Y el informe de la auditora publicado en enero de 2010, avalaba la fusión con datos y plazos, asegurando que, además de ser «solvente y viable», la unión de las dos cajas gallegas iba a generar un beneficio bruto de 2.671 millones entre 2010 y 2015; cifras que los datos posteriores han desmentido de modo rotundo[324].

Muchos otros casos de la experiencia española, ignorados por la opinión publicada y por las entidades académicas, podrían ilustrarnos sobre la escasa fiabilidad de las auditorías. Corrientemente se sostiene que los requisitos legales para la elaboración de las cuentas anuales de grandes bancos y empresas son cada vez más exigentes; y que una auditoría seria y de calidad permite obtener información relevante para accionistas y administradores de las compañías, porque mediante la utilización de determinadas técnicas de auditoria se obtiene un informe acerca de la fiabilidad de los documentos contables. Pero también se apunta desde ámbitos profesionales que, en algunos casos, los informes de auditorías presentan una versión dulcificada de la realidad, al no profundizar en el análisis crítico de las distintas partidas del balance; y eso explicaría las dudas que a menudo plantean los números de un buen número de entidades, e incluso hay expertos españoles que admiten el deterioro de la calidad del control de auditoría[325].

Y la verdad es que «el deterioro de la calidad» de las auditorias ha alcanzado niveles escandalosos en casos, como el reseñado, protagonizados por las cuatro grandes firmas globales (the big four) de la auditoria Deloitte & Touche; Pricewaterhouse; Ernst & Young y KPMG, que controlan este mercado mundial; y que en España examinan las cuentas de todos los bancos y demás empresas del IBEX 35, acaparando Deloitte el 48,4% de las auditorías de dichas empresas de la Bolsa española[326]. Desde el caso de Enron Corporation que, con deudas millonarias encubiertas llevó a la desaparición de la firma Arthur Andersen por su complicidad con el magno fraude financiero, esas cuatro auditoras son responsables de muchos desastres bancarios. Como analizamos en otro apartado, la investigación ordenada por el juez neoyorquino sobre la quiebra de Lehman Brothers reveló que los informes trimestrales del banco publicados con el aval de una de las más famosas firmas auditoras, Ernst & Young, registraban un endeudamiento mucho más bajo que el real para 2008, el año de la quiebra, mediante la contabilización trucada de las operaciones de repo, un tipo de préstamos con garantías, sin que la auditora reseñara esas falacias auditadas[327]. Y otros dos casos de gran repercusión en el ámbito anglófono que conciernen a Pricewaterhouse y KPMG, permiten cuestionar la fiabilidad de los informes de auditoria sobre las cuentas de bancos y entidades financieras.

El caso del fondo Carlyle Capital

Cuando todavía la crisis financiera no había alcanzado los momentos más álgidos, el fondo de alto riesgo Carlyle Capital (del Carlyle Group con fuertes intereses en España), registrado en el paraíso fiscal de Guernesey, revelaba dificultades financieras menos de quince días después de que un informe de la firma auditora Pricewaterhouse Coopers garantizara sus cuentas. El 27 febrero de 2008, el hedge found Carlyle Capital Corporation publicaba el estado de sus cuentas anuales al 31 de diciembre de 2007, auditadas por la oficina en Guernesey de Pricewaterhouse Coopers, que mostraba en su informe que estaban satisfechos de la situación financiera de este fondo y le daban una clara garantía de solvencia. Y menos de dos semanas después, Carlyle anunciaba que estaba estudiando con sus acreedores su precaria posición financiera, revelando unas deudas de 11.000 millones de libras esterlinas no detectadas por la «prestigiosa» firma auditora, como consecuencia de la contracción del crédito en el plano internacional y de la crisis que se extendía por el mundo. En un lapso de tiempo tan corto, se desvanecía el espejismo de la garantía ofrecida por los auditores. El profesor Prem Sikka, que aportaba todos estos datos en un artículo en el periódico británico The Guardian, añadía que había que plantearse serios interrogantes sobre los auditores, que son los ojos y los oídos de los reguladores de los mercados; porque nuevamente este episodio subrayaba la inutilidad de muchos de sus informes de auditoría[328].

El caso de la hipotecaria Thornburg

Más aún, el citado experto de la Universidad de Essex reseñaba otro caso, el de Thornburg Mortgage, el segundo mayor proveedor independiente de hipotecas de los EEUU, cuyas cuentas hasta el 31 de diciembre de 2007 habían sido auditadas por KPMG, otra firma gigante de la auditoría, que en febrero de 2008 daba a la entidad hipotecaria una garantía de que sus cuentas estaban saneadas; pero apenas seis días más tarde, la compañía explicaba que estaba experimentando una turbulencia y estaba renegociando su posición financiera con sus acreedores. En este caso, los auditores decidieron retractarse de su dictamen mediante un comunicado de prensa, diciendo que la hipotecaria Thornburg había «recibido una carta fechada el 4 de marzo de su auditor independiente, KPMG LL, exponiendo que no se podía ya tener en cuenta su informe de auditoría fechado el 27 de febrero, sobre los estados financieros consolidados de la compañía referidos al 31 de diciembre de 2007 y de 2006, y por el período de dos años finalizado el 31 de diciembre de 2007, que se incluyen en el Informe Anual de la compañía Form 10-K para 2007»″.

Estos episodios, como muchos otros de repercusión más local que se han sucedido, plantean serias cuestiones acerca de la calidad de los trabajos de auditoría a menudo presentados como pruebas irrefutables ante los tribunales. ¿Por qué se pagan a los auditores millones en honorarios, especialmente cuando los informes de auditoría parecen tener una validez de semanas y cuando hasta los propios auditores parece que no tienen confianza en su propio trabajo? A pesar de los crecientes malos augurios financieros, los auditores se mantuvieron en silencio desde el inicio de la crisis de las hipotecas subprime; y cuando se agudizó la restricción del crédito interbancario, resultó que los informes de auditoría emitidos apenas tenían valor.

La irresponsabilidad de las grandes auditoras

Con anterioridad al estallido de la crisis financiera, dos diputados laboristas y el citado profesor de la Universidad de Essex, autores de una monografía publicada por AABA, una asociación británica de auditores, demostraban que las principales firmas auditoras tienen poco respeto por su responsabilidad pública, los derechos de accionistas y ciudadanos, las normas de la independencia de la función auditora, la profesionalidad y la ética. Y estaban a la cabeza en la carrera por reducir los derechos de los inversores, participantes en planes de pensiones, empleados, consumidores y ciudadanos. Asimismo, estas firmas estaban inmersas en una lucha tremenda por rebajar el abanico de las responsabilidades exigibles legalmente al auditor, a pesar de que los reguladores estadounidenses y de algunos otros países desarrollados como el Reino Unido, habían acumulado casos en los cuales las auditoras habían ignorado las normas legales y habían amparado planes de evasión fiscal, desviando la carga fiscal de las compañías hacia las personas. Más aún, no satisfechas con lograr sus objetivos mediante lobbys y la financiación de partidos políticos, las firmas auditoras ponían sus conocimientos y su reputación al servicio de gobiernos que pretendían la opacidad de los negocios financieros e incentivar la evasión fiscal en terceros países, es decir, la competencia fiscal dañina frente los demás países denunciada por la OCDE. Analizaban el caso de las auditoras Price Waterhouse (luego integrada en PricewaterhouseCoopers) y de Ernst & Young cuyos servicios fueron contratados por el gobierno autónomo de la isla de Jersey para hacer el borrador de una ley (LLP BILL ) que durante años protegía a las compañías domiciliadas en ese notorio paraíso fiscal frente a exigencias de responsabilidad; e incluso les otorgaba protección legal a las filiales de las citadas auditoras frente a querellas de entidades de fuera de ese territorio a las que hubiesen prestado sus servicios de auditoría[329].

La realidad es que, a pesar de la escasa fiabilidad de tantos informes de auditoría como la experiencia ha descubierto, estas firmas tan reverenciadas obtienen millones de dólares, euros o libras mediante los honorarios que les pagan las entidades y corporaciones auditadas. Y, al mismo tiempo, sus auditorías suelen ser utilizadas para conseguir fácil acceso a la alta dirección de los bancos y corporaciones auditadas y venderles una variedad de servicios complementarios de consultoría y asesoría de todo tipo. En España, la facturación de servicios ajenos a la auditoría por las cuatro firmas referidas (como valoración de activos deteriorados o el impacto de un expediente de regulación de empleo) está aumentando, habiendo alcanzado casi el 34% del total facturado en 2010 por auditorías a las empresas del IBEX 35[330] Naturalmente, la dependencia de los honorarios, la imprecisión, las lagunas y la ambigüedad de las leyes que regulan esta materia y su inevitable protección de determinados intereses económicos, impiden que sus profesionales puedan realizar auditorías profundas, limitándose a seguir las directrices de la dirección. De ahí que los resultados sean informes con escaso o nulo valor y desde luego con pocas garantías para los accionistas y para los ahorradores e inversores. Los fallos del sector de la auditoría vienen siendo escandalosos, como revelan numerosos casos en diversos países, incluida España, sin que se deteriore su imagen pública de garantía frente a las finanzas opacas. Y desde luego, como subrayan las fuentes referidas, en particular el informe citado, los escándalos mediáticos consuelan poco a las gentes que pierden ahorros, empleos, pensiones e incluso inversiones como consecuencia de negocios de alto riesgo bancario descontrolado, que amparan las grandes auditoras. Y esto también es responsabilidad de los legisladores. Sin embargo, el Libro Verde de la Comisión Europea sobre la función del auditor apenas plantea la responsabilidad de los auditores, aunque menciona el hecho de que los informes de auditoría debieron ignorar los datos que trajeron las cuantiosas pérdidas de los bancos entre los años 2007 y 2009.

3. EL IASB, UN LEGISLADOR GLOBAL EN LA SOMBRA

En agosto de 2011, el IASB, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, remitía una carta a la Autoridad financiera europea llamando la atención sobre las diferentes pérdidas contables (writedowns) registradas por los bancos europeos a causa de la deuda soberana griega devaluada en los mercados[331]. Era la primera vez en la historia que esta organización privada hacía tal exhibición pública como supremo supervisor de la contabilidad financiera; una muestra de la relevancia adquirida como regulador financiero hasta ahora en la sombra. Las normas internacionales sobre la contabilidad y sobre los informes financieros de las empresas son elaboradas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el International Accounting Standards Board, conocido por las siglas IASB, que, aunque se presenta como un organismo internacional, se trata de una organización privada financiada y dominada por las élites de las corporaciones multinacionales.

Esta internacionalización se ha llevado a cabo en función de los intereses particulares de quienes tienen intereses globales y definen mundialmente esas normas contables; de donde arranca el principal problema de la contabilidad financiera que, tras la crisis, demanda un serio proceso de revisión. Aunque una gran mayoría de los profesionales de la contabilidad lo ignoran, se asegura que los problemas prácticos y éticos de la contabilidad financiera provienen casi siempre de las normas internacionales acordadas que se convierten en disposiciones legales nacionales. Con la internacionalización de la contabilidad se pretende lograr la uniformidad en la terminología y en las prácticas de cada país, con el fin de permitir la comparación transparente de las cuentas, dentro de un mismo periodo de tiempo, entre compañías que desarrollen la misma actividad. Y facilitar la competitividad mundial y la gestión de las corporaciones globales. Es el punto por el que se ha interesado el G-20 que, en la declaración de la cumbre de Seúl de noviembre de 2010, reafirmaba su apoyo en favor de «un único código de normas contables como medio para reforzar la infraestructura del mercado financiero global», apelando al IASB y al FASB, el Financial Accounting Standards Board de los EEUU, para completar su proyecto de convergencia para finales de 2011. Y como ese objetivo no se ha cumplido, en la declaración de noviembre de 2011 en Cannes, se reafirmaba en conseguir «un único código de normas contables de alta calidad en relación con la mejora de las normas para la valoración de instrumentos financieros», apelando al IASB y al FASB para que completen su proyecto de convergencia y presenten un informe de progreso a los ministros de finanzas del G-20 para abril de 2012. Lo curioso es que, en esos dos documentos, estas dos entidades privadas globales aparecen como organismos públicos internacionales dependientes del G-20 o como una contrata privada suya ad hoc.

Un legislador privado mundial

Aunque la entidad conocida por las siglas IASB se presenta como un organismo internacional, se trata de una organización privada que, de entrada, carece de mandato legal para elaborar normas contables, como nos hace ver el profesor Sikka en su documentado informe presentado ante el Parlamento británico. Ya desde su nacimiento tenía como fuente de inspiración para sus operaciones la evasión de impuestos y, por tanto, la negación de la contabilidad. La historia oficial de su origen destaca que la Fundación que controla el AISB «debería organizarse de modo que los participantes obtuvieran desgravaciones fiscales (tax relief) en sus aportaciones y que la Fundación no tributara por las aportaciones recibidas cualquiera que fuera el interés o rentas de inversiones que recibiera»[332].

La organización matriz, la Fundación para las normas internacionales de los informes financieros, la International Financial Report Standard Foundation, citada por las siglas IFRS, se autodefine como «una organización del sector privado no lucrativa e independiente que trabaja por un interés público» y que tiene entre sus principales objetivos el desarrollo de unos únicos estándares de información financiera de alta calidad y aceptados globalmente a través del IASB, su entidad para la normalización (standard-setting body); de lo que no informa en su sitio web[333] es que la entidad instrumental conocida por sus siglas IASB así como la Fundación matriz están registradas en el estado de Delaware, EEUU, un lugar muy conocido por su secretismo, con delegación en Londres, en la que está representada la Comisión Europea. Y este llamado Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad o IASB tiene entre sus objetivos la aplicación global de Normas Internacionales de Contabilidad (NIF) y de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF en siglas castellanas o IFRS, en inglés) El complejo entramado del aparato del IASB, es un regulador financiero en la sombra que decide las políticas, pero disponible para su contratación por el mejor postor, subrayaba el profesor Sikka en un articulo en The Guardian, en el que destacaba el sesgo de la financiación y de las políticas del IASB tal y como revelaron las investigaciones sobre el escándalo de Enron Corporation[334].

Esta entidad singular, que formula pautas sobre la contabilidad y la información financieras de todas las compañías que cotizan en las bolsas, es un buen ejemplo de la privatización de la elaboración de las políticas públicas. La entidad IASB se atribuye la promoción de la transparencia en la contabilidad empresarial, pero es en sí misma una organización altamente secretista que está financiada por las cuatro grandes firmas de la auditoría global como son PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte & Touche and Ernst & Young, unas corporaciones cuyos intereses predominan en todos sus comités y estructuras y a las que están integradas también muchas asociaciones privadas de auditores y contables profesionales para intentar todos juntos promover sus intereses particulares y mantener a raya las exigencias públicas en esta importante materia.

Globalización de la información contable

Paradójicamente, los auditores proclaman la aplicación independiente de las normas contables, pero los hechos demuestran su subordinación a los intereses de las corporaciones globales, que son las que controlan la producción de los mismos estándares; una prueba adicional de que no pueden ofrecer auditorías independientes. El análisis de Prem Sikka señala que es un mito que los estándares contables internacionales del IASB se basen en principios más que en normas detalladas, puesto que su conjunto abarca más de 3.000 páginas; considerándose que incluso para los Kremlinólogos de otros tiempos les habría resultado difícil encontrar en este juego principios de honestidad y de responsabilidad social. Y está demostrado que son el resultado de políticas y negociaciones entre las élites que giran por el entramado de el IASB, aunque se describe rutinariamente como «neutral» y «objetivo»; con conceptos sesgados en alto grado que, sin embargo, continúan desarmando a críticos y periodistas críticos.

Generalmente se pasa por alto que las normas contables internacionales (NIC) afectan a la distribución de dividendos, de salarios, de rentas, de la riqueza, de los riesgos, de los impuestos y del bienestar social. Y que la función de establecer estándares contables internacionales es una función per se cuasi legal, que luego se traduce en una legislación nacional deficiente y sesgada, pero que sirve a los tribunales para atender demandas frente al comportamiento inadecuado de ejecutivos y de empresas en perjuicio de accionistas, acreedores y trabajadores. Sin embargo, la entidad «técnica» inspiradora de esa legislación, el IASB, no rinde cuentas ante los Parlamentos democráticos, ni sus miembros son elegidos por los interesados o por organizaciones representativas, ni siquiera su idoneidad es examinada por algún comité parlamentario u organización pública internacional. Es uno de tantos temas relativos a la globalización financiera, del cual la Unión Europea es también responsable al asumir como un simple servicio «técnico» el papel del mencionado regulador contable mundial.

Al principio, los EEUU se resistieron frente a esa normativa internacional porque no deseaban comprometer su soberanía y ceder la elaboración de su política interna a una organización extranjera, pero bajo las presiones de las corporaciones se han ido incorporando a cambio de tener una voz dominante en las cuestiones, estando avanzado un proceso de convergencia para la formalización de un único código normativo mundial, por el que presiona el G-20 en interés de las multinacionales. Y la Unión Europea ha armonizado la información financiera de las empresas que cotizan en bolsa, con el fin de garantizar la protección de los inversores –afirma la doctrina oficial– al tiempo que se facilita la negociación transfronteriza de activos financieros, incluidos valores, es decir, la globalización de los mercados financieros, porque hace tiempo la UE optó por la supresión de las fronteras para la banca transnacional. Con tal propósito adoptó los estándares del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) para todas las empresas que cotizan en bolsas[335], que en los países de la Unión Europea estarían obligadas para 2005 a elaborar sus cuentas consolidadas de conformidad con dichas normas internacionales, trasladadas en España al texto legal conocido como Plan General de Contabilidad[336] que regula la contabilidad de las empresas para que muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y sus resultados.

Desglose por países, una reivindicación

Después de la crisis, para lograr su legitimidad, la entidad AISB ha intentado cubrirse con una imagen de pluralismo en un proceso de consultas invitando a las partes interesadas para que presentaran comentarios a sus propuestas, proceso que otorga ventaja a los intereses de las grandes corporaciones empresariales que disponen de recursos para conformar políticas, porque las empresas y la gente corriente que sufre la dudosa contabilidad y pierde sus empleos e inversiones, no está en posición de conformar los estándares contables internacionales. Un ejemplo de la defensa que hace el AISB de los intereses de las grandes multinacionales, lo encontramos en el asunto de la reivindicación del desglose contable por países.

El planteamiento del proceso abierto de revisión de las normas contables internacionales, buscando alternativas frente a las escandalosas deficiencias reveladas por la crisis, está destinado a las élites económicas y difícilmente deja margen para la presentación de alternativas, como ha ilustrado la situación creada al suscitarse cuestiones relacionadas con la norma de información financiera catalogada como IFRS 8. Desde fuera del entorno de las grandes multinacionales, se intenta resolver el problema de los grupos empresariales o corporaciones globales que utilizan sus filiales para desviar beneficios y riesgos entre diferentes jurisdicciones, casi siempre contabilizando los beneficios en aquellos países y territorios considerados paraísos fiscales o donde les resulta más beneficioso desde el punto de vista legal y económico, como es el caso de Google. Dado que las actuales normas internacionales no exigen un desglose de sus cuentas a las corporaciones multinacionales o grupos empresariales, se intenta que se exija que los informes anuales que publican recojan la información especifica relevante desglosada país por país; con datos sobre los ingresos corporativos, beneficios, impuestos pagados, inversiones realizadas, activo y pasivo y obligaciones medioambientales, por ejemplo sobre emisiones de dióxido de carbono. De este modo se lograría modificar las normas contables definidas por el IASB, que autorizan a consolidar los resultados empresariales de los diferentes países en una cifra global o regional, de manera que resulta imposible conocer los números que corresponden a cada país con la información publicada. Y, por tanto, a un banco o empresa no se le puede exigir responsabilidades por los incumplimientos tributarios, principalmente debido a que la estructura de los informes financieros consolidados autoriza a que más del 60% del comercio internacional se oculte a la vista como si fuera emprendido dentro de un grupo empresarial, como apunta el documento de la organización Tax Justice Network entregado en la consulta abierta por el IASB[337].

El asunto parte de que la mayoría de los grupos empresariales y la banca multinacional publican informes financieros consolidados, es decir, agrupando las cuentas y resultados de sus múltiples filiales y sociedades vinculadas, que se complementan con informes adicionales y parciales en torno a secciones clave. Y el principal problema es que esta norma IFRS 8 no precisa ninguna referencia y deja este aspecto a la elección de la dirección del grupo empresarial. Por lo cual esa información, generalmente, resulta inadecuada e insuficiente para inversores, acreedores, organismos reguladores, empleados, gobierno o cualquier interesado en sus actividades, como acreditan las referencias del informe parlamentario del profesor Sikka. Y para la modificación de dicha norma ha sido presentada y defendida en diversos foros una alternativa avalada por diversas ONGs y agrupaciones de expertos y movimientos sociales internacionales como Tax Justice Network y la Association for Accountancy and Business Affairs (AABA) del Reino Unido, que demanda un planteamiento contable de país por país (the Country-by-Country-Approach).

Entre muchas razones contra esa política contable de información consolidada, pero inaceptable, está el hecho que los bancos que han recibido o están recibiendo sumas ingentes de dinero público, han desempeñado –y siguen desempeñando– un papel clave en los negocios sucios del blanqueo de capitales y de facilitación del fraude y la evasión fiscal, no solamente por su propias prácticas empresariales sino porque ayudan a sus clientes a planificar y practicar la evasión de impuestos, cuando no el mismo fraude. La información desglosada país por país reivindicada, permitiría arrojar luz sobre esas actividades globales de los bancos y grupos empresariales que actualmente disfrutan de gran opacidad como organizaciones que escapan al control público. Este asunto fue debatido el 23 de septiembre de 2008 en el Parlamento Europeo, que expresó su queja de que la Comisión no prestara más recursos internos en favor de la financiación de los países en desarrollo, etc., e hizo un llamamiento a la Comisión Europea para que pidiera al IASB que incluyera como una de las normas contables internacionales, unos requisitos de información sobre las actividades de las compañías multinacionales en todos los sectores económicos. Pero hasta el momento, la Comisión Europea ha mostrado su apoyo al IASB sin haber dado la oportunidad de presentar sus razonamientos a los defensores del planteamiento informativo de país por país.

Esta es solamente de un pequeña muestra de las dificultades que supone persuadir a esta potente entidad privada llamada IASB para que amplíe sus horizonte más allá de los intereses privados que encarna; al mismo tiempo que se revela su verdadera condición de poder en la sombra.

Capítulo 4

BASILEA (SUIZA) FIJA LAS REGLAS DEL JUEGO BANCARIO

«El fallo en identificar que todo el sistema estaba plagado de un riesgo sistémico, que alcanzaba a todos los mercados, fue el mayor fallo compartido por los bancos centrales, los ministros de finanzas, los organismos reguladores, la banca y los expertos académicos de todo el mundo», afirmaba lord Turner, la máxima autoridad de los servicios financieros del Reino Unido (la FSA) a comienzos de 2009[338], en un discurso que tuvo amplia repercusión porque denunciaba el riesgo que alcanzaba a todo el sistema financiero. Y destacaba como ejemplo que el problema clave no fue la deficiente supervisión del Northern Rock (el banco que acumuló colas de depositantes en su puerta y fue nacionalizado para evitar su quiebra), sino que se fracasó en reunir todas las piezas del rompecabezas: un gran déficit por cuenta corriente; una extensión rápida del crédito y el alza de los precios o la adquisición de valores respaldados por créditos hipotecarios, etc. Las autoridades y los bancos centrales ignoraron que había un aumento del riesgo total del sistema al que tenían que haber dado respuesta; pero los bancos centrales estaban demasiado centrados en la política monetaria estricta y en conseguir los objetivos de inflación. Una responsabilidad que recae en gran medida en los llamados Acuerdos de Basilea, que habían fijado las bases de solvencia para unos bancos cada vez más centrados en las finanzas internacionales.

El problema de hoy es que, desde que la crisis financiera internacional alcanzase su punto crítico tras la quiebra de Lehman Brothers en 2008, las pretendidas reformas del G-20 mantienen prácticamente intacta la desregulación bancaria internacional; porque los objetivos estuvieron siempre limitados por el respeto al consenso neoliberal soterrado que rige la globalización financiera y que otorga la primacía a los mercados y a la banca transnacional. Los gobiernos han estado más interesados en evitar que los negocios de la especulación y la opacidad financiera se vieran dañados por endurecimientos excesivos en las nuevas normas sobre solvencia y liquidez. Y en ese empeño ha estado el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, verdadero poder en la sombra como veremos, sin el cual no se explica el actual sistema bancario mundial. Al final, podemos afirmar que la estructura bancaria mundial se ha reforzado puesto que en los mismos EEUU «el sistema financiero está ahora más concentrado que nunca en manos de unas cuantas grandes entidades sistémicamente significativas», concluye el informe oficial del Congreso estadounidense sobre la crisis[339].

1. LA DEFICIENTE REGULACIÓN BANCARIA INTERNACIONAL

A la recuperación del papel de la banca internacional ha contribuido la labor soterrada del Banco de Pagos Internacionales con sede en Basilea (Suiza), conocido por sus siglas en ingles BIS (Bank of International Settlements), reforzado con las decisiones de los gobiernos del G-20 desde 2008 y con la conclusión del acuerdo sobre nuevas normas bancarias conocido como Basilea III. El instrumento ha sido el Comité de Supervisión bancaria, uno de sus órganos con mayor proyección pública (dirigido actualmente por el ex gobernador del Banco de España en la etapa del gobierno Aznar, Jaime Caruana), que coordina a los gobernadores de los bancos centrales y elabora las normas bancarias que permiten supervisar la solvencia y, asimismo, la estabilidad de la actividad bancaria internacional. Y en ese sanedrín se concertaron los dos sucesivos acuerdos precedentes de Basilea I y II.[340]La nueva regulación bancaria internacional de Basilea III se ha gestado también al amparo de ese viejo poder bancario mundial, siguiendo así el mandato para la reforma del sector bancario que le asignó el G-20, que lo ratificaba en la cumbre de Seúl. Continuando la tradición propia, sin información pública, se han debatido y consensuado estos acuerdos bancarios que establecen un largo período de transición para su aplicación por gobiernos y parlamentos, convertidos en legislación nacional homologada internacionalmente. Sin tener esa ratificación global, en este mismo organismo del BIS se consensuaron las dos versiones precedentes sobre solvencia bancaria de Basilea I en 1988 y su revisión Basilea II en 2004, cuyas deficiencias han contribuido a la gran crisis actual.

Lagunas y fallos graves de Basilea

A medida que la crisis de los bancos y las entidades financieras en Wall Street se fue extendiendo a los demás países, se fueron poniendo de manifiesto las serias lagunas y fallos graves de estas regulaciones que pretendían controlar los riesgos del negocio bancario, dejando fuera los grandes fondos, los bancos offshore, etc.; porque su interés se centraba en el desarrollo del negocio bancario global sin interferencias públicas. Sin cuestionar los supuestos de que parten estos acuerdos de Basilea, un reputado economista como Guillermo de la Dehesa destaca las deficiencias funcionales de esta regulación bancaria internacional, demostradas con la crisis del sistema; en especial señala tres fallos graves como son el desarrollo de la banca en la sombra; el papel de las agencias de rating y el fracaso de la gestión de riesgos por los propios bancos, fallos que, como hemos reseñado, puede decirse que no han sido corregidos.

La aplicación de la regulación de Basilea hizo posible que los bancos centrales en general no controlaran los riesgos generados por la banca en la sombra o paralela, fuera del alcance de los bancos centrales y parte de sus cuentas fuera de la contabilidad bancaria, mediante operaciones fuera de balance y entidades virtuales ligadas al banco matriz registradas en centros offshore, que recaudaban fondos a corto plazo para financiar operaciones de préstamos o posiciones a largo plazo. Otro fallo es que Basilea II concede a las agencias de calificación de riesgos crediticios una credibilidad, independencia, objetividad y transparencia que la realidad de la crisis ha desmentido, como hemos también analizado, unas calidades a las que se creía que respondían cuando ponderaban los riesgos de los productos estructurados y respaldados por hipotecas de escasa o nula garantía, créditos al consumo y tarjetas de crédito; al mismo tiempo que fallaban los modelos matemáticos para la valoración de la probabilidad futura de impagos. Y, como tercer punto más relevante, aparece el fracaso de la gestión bancaria de control interno de los riesgos, que una vez más ha puesto al descubierto el caso del supuesto fraude del empleado del banco suizo USB en septiembre de 2011. Como señala De la Dehesa, los propios sistemas de retribución variable de sus operadores incentivaba la asunción de riesgos no controlados, en particular, los llamados riesgos de cola (tail risks) o residuales de las operaciones realizadas que aparecen a medio plazo; al mismo tiempo que en el interior de los bancos, los comerciales y operadores-comisionistas (traders) se imponían frente a los altos ejecutivos responsables de la pretendida gestión de los riesgos, con la anuencia o el desconocimiento de los consejos de administración[341].

Con la autoridad de su experiencia como alto directivo bancario, el economista citado describe además otros fallos más técnicos de Basilea II aún existentes, que afectan a la ponderación de los riesgos de los activos bancarios, a la ausencia de medición del riesgo de liquidez, cuya importancia para un banco ha demostrado la crisis; y además, de su carácter procíclico, puesto que estas normas favorecen la fase alcista y empeoran en la fase bajista del ciclo económico. Mención particular merece el fallo de la multiplicidad de métodos de ponderación de los riesgos bancarios según qué país y qué mercado, puesto que al aceptar Basilea II esas diferencias entre países y mercados incentiva la localización de un banco en el país donde le resultara más favorable la aplicación de las normas para su tipo de operaciones y, por tanto, le exigirán menos capital; de ahí el interés de los bancos por establecer filiales en países donde, aunque no ejercen actividad bancaria local alguna o apenas, se requiere menos capital para operar internacionalmente como ocurre en los países y territorios conocidos como paraísos fiscales.

La visión crítica de los acuerdos de Basilea muestra que, desde su origen, esas deficiencias, algunas de gran alcance, generaron importantes daños colaterales. La revisión de las reglas del primer acuerdo fue acordada en 2004, pero realmente no se aplicaron a los bancos estadounidenses hasta noviembre de 2007, el mes en que Dow Jones alcanzó su cúspide de los 14.000 puntos, de la que ha ido bajando desde entonces. Y algún analista sostiene que Basilea II tuvo sobre los bancos estadounidenses el mismo efecto que Basilea I había tenido sobre los bancos japoneses que desde entonces vienen luchando por sobrevivir[342]. Porque también desde el BIS se dirige el mundo y Basilea I perjudicaba a Japón y a otros países.

Daños más que colaterales del BIS

Muchos de los fallos en las normas bancarias que causaron la crisis actual procedían ya del primer Acuerdo de Capital de Basilea de 1988, al amparo del BIS, diseñado para conseguir una convergencia bancaria internacional, estableciendo unas exigencias mínimas de capital; es decir, unos requisitos de capital homologados internacionalmente para que los bancos afrontaran los riesgos de su negocio. Este primer acuerdo comenzó a ser aplicado en los años noventa en la mayoría de los países, aunque pronto se consideró que se había quedado anticuado para afrontar los nuevos riesgos bancarios que estaba generando la liberalización de los movimientos internacionales de capitales y las operaciones transnacionales.

Por aquellos años ochenta, cuando se concertó el primer acuerdo de Basilea, los ratios inadecuados de capital, la disponibilidad de un nivel menor de capital necesario frente al volumen de activos, se veían como una fuente de costes competitivos, cuanto menos capital sin utilizar se exigiera, menos coste; por lo cual los EEUU percibían como una amenaza a los bancos japoneses por su menor capitalización, como ha analizado el profesor de la Universidad de Sydney, Leonard Seabrook en un interesante estudio académico. Por tanto, la Reserva Federal, el banco central estadounidense, planteó la elaboración de un plan para reducir los riesgos del capital bancario, creando un comité con los británicos en el seno del BIS que concluyó en julio de 1988 en el «International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard», conocido como el Acuerdo de Basilea o Basilea I. Los activos del banco se dividían en capital básico (core capital), incluyendo el capital social y las reservas declaradas del banco que tenían que alcanzar al menos un 4%, más otro 4% de «capital suplementario» para absorber cuentas intermediarias de pérdidas y ganancias; es decir, la solvencia de un banco requería disponer de un 8% de capital y reservas más capital suplementario. Y la laboriosa negociación política tuvo como resultado beneficiar a los bancos estadounidenses y británicos que, aunque disponían de menos capital básico, tenían valores en cuentas extracontables y otras sin necesidad de tener que recurrir al mercado de capitales. Por entonces, únicamente el banco británico Lloyds necesitó elevar su ratio de capital; los alemanes apenas se vieron afectados; y en cambio los japoneses se vieron muy afectados, porque tuvieron que recaudar 21.800 millones de dólares precisamente en bonos del Tesoro estadounidense, que eran valores que se ajustaban a los criterios de ponderación acordados para cumplir el ratio total.

Un episodio de los que han ido construyendo la red financiera que concede gran poder a la banca de Wall Street, que es la tesis mantenido por el citado profesor[343].

De ahí que al BIS se le haya acusado de haber contribuido a la recesión del Japón en los años noventa, que sería el primer daño colateral de Basilea. En opinión de un experto, cuando en 1988 se alcanzó el acuerdo de Basilea que elevaba los requisitos de capital de los bancos (del 6% al 8%), el Banco de Basilea dejó patente una muestra de su poder para hacer o deshacer economías. Por entonces, Japón se había convertido en el mayor acreedor del mundo, pero sus bancos estaban menos capitalizados que los otros grandes bancos internacionales. La elevación de los requisitos de capital les forzó a recortar sus préstamos, creando una recesión económica en Japón como la que sufren hoy los EEUU. Los precios de los activos inmobiliarios cayeron y los préstamos dejaron de devolverse mientras se esfumaba la seguridad de su cobro. Siguió una espiral bajista que terminó con la bancarrota generalizada de la banca japonesa. Los bancos tuvieron que ser nacionalizados, aunque esa expresión no fue utilizada para eludir las críticas[344].

Y otro daño colateral del acuerdo de Basilea I se derivó de la adecuación de capital del banco con relación a los riesgos de impago de los créditos concedidos, que tenían que ser ponderados para cada préstamo por las agencias privadas de calificación de riesgos crediticios. En mayo de 2002, el economista Henry CK Liu observaba que estos acuerdos habían forzado a los sistemas bancarios nacionales para seguir los mismos pasos, obligándoles a servir las necesidades de los mercados financieros globales altamente sofisticados, sin ninguna consideración a las necesidades de desarrollo de sus propias economías nacionales[345]. Súbitamente, a los sistemas bancarios nacionales se les sometió a los rígidos moldes del Basel Capital Accord patrocinado por el BIS; o a tener que enfrentarse a la penalización de las primas de riesgo usureras para proteger los préstamos interbancarios internacionales. De repente, las políticas nacionales se vieron sometidas a una presión para que se incrementaran los beneficios de las entidades financieras privadas internacionales, todas ellas entonces encuadradas en un sistema jerarquizado controlado y dirigido desde Nueva York por el dinero de los bancos de Wall Street. El resultado fue forzar la privatización del sistema bancario del país con el fin de competir por recaudar fondos en los mercados interbancarios. Según el análisis del economista referido, las normas del BIS solamente tienen como finalidad reforzar el sistema bancario internacional, incluso con peligro de las economías nacionales. «El FMI y el BIS con sus regulaciones forman un equipo, dejando que los bancos internacionales concedan préstamos sin miramientos a los prestatarios de las economías emergentes para crear una crisis de endeudamiento en divisas; el FMI llega como portador del virus monetario en nombre de la política monetaria sana y luego llegan los bancos internacionales como buitres inversores en nombre del rescate financiero para adquirir los bancos nacionales considerados insolventes y con inadecuado capital por el BIS.» (Aunque referido a los países asiáticos y escrito en 2002, este economista nos recuerda la experiencia de Grecia y otros países en 2010-2011).

Según algunos otros analistas, las normas bancarias de Basilea, del BIS, activaron a las agencias de calificación crediticia que condujeron a la «exclusión financiera». La exigencia de la ponderación de los riesgos crediticios debía ser realizada por las agencias de calificación; y por tanto, privaba a los agricultores de la India de obtener préstamos bancarios porque no podían afrontar con sus pequeños negocios el pago de las comisiones exigidas por estas agencias para que calificaran el riesgo de sus préstamos. Los bancos asignaban el 100% de riesgo a los préstamos solicitados por los agricultores, negando su concesión a los que consideraban prestatarios de alto riesgo, alegando que al final la suma de esos préstamos les iba a obligar a disponer de mayor capital para cubrir esos riesgos. La intervención del gobierno para acabar con lo que llamaba la «exclusión financiera» apenas tuvo efectos reales sobre los préstamos y, en consecuencia, se acusaba a los requisitos bancarios exigidos por el BIS[346]. Lamentos y críticas similares las encontramos en otros países asiáticos como Corea del Sur en el momento álgido de 2008 en la actual crisis. En un artículo del Korea Times se describía cómo a los empresarios coreanos se les impedía conseguir préstamos corrientes de los bancos coreanos en unos momentos en que el bajón económico requería mayores facilidades de crédito y un aumento de las inversiones[347].

Y, entre tanto, mientras los bancos en los países en desarrollo estaban siendo penalizados por incumplir los requisitos de capital de Basilea, los grandes bancos internacionales se las arreglaban para escapar a esas reglas, aunque aumentaran desmesuradamente sus riesgos con sus negocios con derivados y con un sistema de banca en la sombra. Poco después de que comenzara la aplicación de Basilea I, se disparó el volumen de los derivados extrabursátiles (OTC). Los bancos acudieron a las apuestas de los derivados como un modo de apalancamiento de su capital, de endeudamiento desmesurado para grandes operaciones, obteniendo pingües comisiones sin tener que registrar en sus balances activos adicionales[348]. Los megabancos lograban eludir las normas de Basilea segregando el riesgo de impago fuera de la contabilidad oficial y al margen de los préstamos, para transferirlos a los inversores de todo el mundo mediante las ventas de los derivados conocidos como CDS.

2. BASILEA III, APROBADO POR LOS MERCADOS

Desde que se hizo público en septiembre de 2010, el acuerdo en el Comité de Basilea que aprobaba el documento con las nuevas normas de capital para los bancos conocidas como Basilea III, resultó evidente que eran del agrado de los inversores de los grandes bancos, que con sus operativas innovadoras habían llevado al colapso de los mercados. Y al día siguiente subían las cotizaciones de las acciones de los mayores bancos del Reino Unido como Barclays (5%) y el Royal Bank of Scotland (9%). Asimismo, la noticia de los nuevos acuerdos globales sobre la banca tuvo su reflejo en EEUU con alzas de las acciones bancarias de Goldman Sachs (2,5%), JP Morgan (3,7%), Bank of America (3,1%) y el Citigroup (2,3%). Y el índice financiero S&P 500 lideró las subidas con un 2,1% tan pronto se conoció el nuevo acuerdo de Basilea III (Financial Times, 13/9/2010). Y el presidente del Grupo Banco Santander, Emilio Botín, mostraba en el Financial Times su satisfacción por el acuerdo, esperando que se mejoraran los detalles de la regulación acordada[349].

Quedaba claro que se confirmaba el consenso alcanzado entre bastidores sobre los niveles obligatorios de solvencia bancaria; y los altos ejecutivos bancarios comprobaban complacidos que se habían excluido mayores exigencias de transparencia bancaria, fiscal, contable y de información para los accionistas, inversores o depositantes. La gran banca global mantenía su status quo y su actual libertad de acción porque estas reformas técnicas mantenían las bases de la globalización de los mercados bancarios y financieros sin interferencias públicas, ignorando la posibilidad de control o limitaciones de los movimientos de fondos o el establecimiento de un organismo público internacional que supervisara la actividad transnacional de los bancos; como tampoco perturbaría a los centros financieros offshore, extraterritoriales, que privilegian la actividad financiera sin vinculación con la actividad económica local.

Y es que todos los proyectos de reformas bancaria y financiera promovidos por el G-20 han ignorado el carácter estructural, que no coyuntural, de la crisis, como han subrayado expertos y analistas críticos solventes. Todo indica que se ha excluido la opción de una reforma a fondo de los supuestos doctrinales neoliberales, que conceden la prevalencia al mercado global sobre el interés de los países. Aunque voces muy autorizadas y solventes apuntan que nadie descarta nuevas crisis a plazo medio o corto que podrían obligar a reconsiderar las reformas aplicadas o en curso, como los hechos están demostrando durante este año de 2011. Lo cierto es que con esta reforma bancaria la banca alcanzaba su propio acuerdo en el marco inigualable del Banco de Pagos Internacionales (BIS) de Basilea, aunque sin efectos previsibles en la economía productiva.

La solución salomónica

La negociación internacional en el ámbito del Comité de supervisores bancarios de Basilea se caracterizó por la carencia de información pública hasta mediados de 2009 en que aparecieron «píldoras informativas» y comentarios sobre un primer borrador, sometido a consulta de los distintos agentes del sector. El dilema planteado era –y ha seguido siendo– que tras las devaluaciones sucesivas de los activos financieros por la crisis, muchos bancos carecen de liquidez o de capital suficiente para el volumen de activos que manejan, es decir, son insolventes de hecho si la contabilidad de las valoraciones aplicadas fuera más rigurosa; sin embargo, aumentar las exigencias de solvencia conllevaría incrementar sus dificultades en momentos de escasez del dinero. De hecho, ese fue el principal argumento presentado en las negociaciones para Basilea III por parte de los bancos, que sostenían que un mayor nivel de exigencias de solvencia afectaría no solamente a su futuro sino también al de la economía en general por el aumento de los costes de la financiación, con una mayor reducción de los créditos a la economía real, etc. De ahí que el resultado fuera, primero, la demora en las negociaciones y después el largo periodo de transición previsto hasta 2019, para la aplicación de la nueva normativa, como si el asunto no corriera prisa.

El analista de economía de la BBC, Robert Preston se preguntaba con ironía si se podría considerar que los nuevos ratios de solvencia significaban que las inversiones en bancos tenían menos riesgos, respondiéndose que el problema es que los accionistas de los bancos se aferran a la doctrina de que la primera medida del éxito de un banco no es que sea una sólida roca sino que estén creciendo sus resultados y sus dividendos. Es lo que piensan la mayoría de los altos ejecutivos bancarios y traders, porque también les permite extraer sustanciosas retribuciones. Y concluía que el nuevo código sobre el capital necesario para operar los bancos, su liquidez y evaluación de riesgos no representa más que un fútil intento de reforzar el sistema actual, antes que comprometerse en reformas mas radicales y efectivas[350].

El principal argumento contra el Comité de Basilea son todas esas advertencias de los bancos de que si se veían forzados a elevar demasiado, y demasiado rápidamente sus reservas de capital, se reduciría su capacidad para proporcionar préstamos que son vitales para la economía, lo que podría hacer retroceder a la economía mundial hacia la recesión, etc. Y el argumento en contra del Comité de Basilea y el Consejo de Estabilidad Financiera, órganos del BIS, expresado en sendos documentos es que eran exagerados los temores de algunos banqueros de que una exigencia de mayor capital significa empobrecimiento. Sin embargo, muchos banqueros de Suiza, donde el UBS, el mayor banco, hubo de ser salvado en extremis durante la crisis, consideraban que seguía siendo demasiado bajo el nivel de fondos propios acordado[351]. Y es que los negocios financieros internacionales de la gran banca requerirían un mayor capital del que ordinariamente disponen, después de las vicisitudes de la crisis. De hecho, los deseos mayoritarios de la banca fueron tenidos en cuenta y la entrada en vigor del Basilea III se ralentizó en cualquier caso hasta el año 2019, sin que se prevean medidas contra la posibilidad de crisis, entretanto. Este periodo de ocho años concedido a los bancos para que alcancen el capital requerido, han permitido que continuaran las amenazas de nuevas crisis bancarias. Por lo que también se apuntaba el riesgo de la apertura de una competición interbancaria y entre países por mejorar los niveles de solvencia frente a la actividad financiera internacional, en perjuicio de la restricción de créditos a la economía real de muchos países.

Si entrar en mayores detalles técnicos que no es el objetivo de este libro, digamos que el punto a destacar de la nueva normativa bancaria internacional, que ha gustado a los inversores de los grandes bancos como hemos señalado, es que las normas de capital fijan el nuevo ratio de capital social más reservas legales que significa para la mayoría de los bancos un sello oficial de aprobación de sus reservas de capital, reconstruidas y aumentadas en el último par de años, en parte gracias a la generosidad de los contribuyentes.

Para decirlo claramente, los reguladores y los bancos centrales de los EEUU, Reino Unido y Suiza, los centros financieros con predominio de los bancos de inversiones, no estaban lejos de la opinión de que, llegados los buenos tiempos, la norma debería ser cerca del 12%; y presionaron por ratios de mayor capital pero no pudieron persuadir a los alemanes, franceses y japoneses. En lo fundamental, la troika reguladora angloamericana y suiza no se rindió completamente, logrando un acuerdo de principio de que los grandes bancos, cuyo fracaso pondría en peligro la salud del sistema financiero, se verían forzados a mantener unos ratios de capital mayores del acordado, pero no se ha precisado todavía el incremento preciso para los riesgos que corresponden a los gigantes, los bancos que plantean riesgos para el sistema.

Las interpretaciones de los expertos dijeron que el acuerdo alcanzado en Basilea representa un ejercicio de equilibrio entre los intereses contrapuestos de la gran banca financiera global, principalmente anglosajona, y la banca comercial menos financiarizada, principalmente continental europea. Aunque se apresuraron a advertir que no tendría repercusiones inmediatas en la recuperación económica; y los hechos posteriores les han dado la razón. Los nuevos requisitos de solvencia que se establecen suponen una solución salomónica, porque se incrementan las exigencias de capital (mucho más en calidad que en cantidad), pero con un calendario de implantación ciertamente dilatado y con unas contingencias que permitirán grados de flexibilidad en función de la evolución económica en cada país. En primer lugar, el coeficiente de solvencia tradicional, a través del cual se establecen los requisitos de recursos propios mínimos de las entidades bancarias, no varía –sigue siendo el 8% de los activos ponderados por riesgo–, pero sí lo hace su composición, en el sentido de exigir una mayor calidad a dichos recursos en términos de su capacidad de aplicarlos a las posibles pérdidas de una entidad.

La nueva normativa unifica los criterios aplicados en los diferentes países y fija –grosso modo– dos grandes categorías de capital, según su capacidad de absorción de pérdidas. La primera –formada básicamente por acciones, primas de emisión y reservas resultantes de la aplicación de beneficios– permitiría que la entidad continúe con sus actividades, ayudándola a prevenir su insolvencia. Este es el considerado capital de la máxima calidad. La segunda clase sirve para garantizar los depósitos en el caso de que la entidad sea liquidada y se considera como capital de segunda categoría[352]. Como es sabido, el capital tiene como propósito absorber las pérdidas inesperadas que surgen en el curso normal de la actividad de una entidad de crédito. En España, para reforzar la solvencia en particular de las Cajas de ahorro que no coticen en bolsa, el gobierno se apresuró en febrero de 2011 a elevar el nivel mínimo de «capital principal» de las entidades de crédito al 10%, definido como el capital, las reservas, las primas de emisión, los ajustes positivos por valoración, los intereses minoritarios; y, adicionalmente, los instrumentos suscritos por el fondo estatal a disposición de aquellas (FROB)[353].

La nueva normativa internacional establece también unos mayores requisitos de capital con la pretensión de cubrir una serie de operaciones que realizan los bancos y que llevan asociado un riesgo de mercado. Es el caso de los derivados, los repos –operaciones con pacto de recompra– y de la financiación de valores, cuyo tratamiento ha presentado unos fallos que se pusieron especialmente de manifiesto durante la crisis, como hemos examinado en capítulos anteriores.

Lo que no se ha regulado

Bastantes comentaristas y análisis técnicos olvidan que los ratios de capital bancario carecen de significación si los activos están sobrevalorados; y eso no lo garantiza Basilea III. Porque, a pesar de los graves fallos y las críticas, son las agencias quienes determinan la solvencia de un banco. Las agencias de calificación de riesgos crediticios continuarán siendo los árbitros o jueces de la solvencia bancaria y de la calidad de los activos durante el período de transición, igual que tras la entrada en vigor de Basilea III. Las agencias continúan jugando un papel fundamental para la valoración del ratio de capital básico (el llamado tier one capital), que es el cociente de dividir el capital social y las reservas legales por los activos del banco y la ponderación de los riesgos de estos activos financieros, que dependerá de las agencias. Y en esta lista de asuntos omitidos en la nueva regulación bancaria de Basilea III destaca la desregulación de la intervención de las agencias de calificación crediticia, que son un riesgo para el sistema; porque los ratios de capital significan poco si los activos están supervalorados, como ya ha sucedido[354].

Basilea III no ha resuelto el gran riesgo para el sistema que representan los grandes bancos globales, con sucursales y negocios en diversos países. No ha tenido en cuenta los casos de los bancos de Islandia y de Lehman Brothers, que han puesto de relieve que los mercados financieros y los bancos actúan globalmente; pero resulta que, cuando ocurre el desastre de una quiebra bancaria, los procedimientos legales y judiciales y el apoyo fiscal son nacionales. Y además, ninguna disposición de Basilea III apunta a los grandes bancos cuya dimensión sistémica les garantiza que no se les dejará caer, dejando sin resolver la tan comentada cuestión del demasiado grande para dejarle quebrar (too big to fail). Y persiste el riesgo sistémico de los grandes bancos globales que hacen banca tradicional (depósitos, concesión de préstamos y servicios de pagos), al mismo tiempo que realizan grandes y complejas operaciones de tesorería y bolsa (banca financiera). Por mera búsqueda de la racionalidad del sistema, el británico lord Turner en el discurso citado apoyándose en el informe de un grupo de expertos y banqueros, el Grupo 30, planteaba que las entidades bancarias de dimensiones importantes vieran restringidas sus actividades de bolsa por cuenta propia (propietary trading) que generan riesgos para el sistema.

Asimismo, Basilea III tampoco ha resuelto una de las lagunas de la legislación bancaria en vigor que, como hemos visto, permite eludir la supervisión de los bancos centrales mediante las cuentas extracontables y la banca en la sombra, que, como sabemos, transforma los vencimientos de los préstamos, obteniendo mediante entidades virtuales en centros offshore préstamos a corto plazo como instrumento de recaudación para la banca matriz y convirtiéndolos luego en inversiones o préstamos a largo plazo. Como tampoco las nuevas normas bancarias amparadas por el BIS han resuelto los problemas que plantea hoy la contabilidad financiera, en particular la armonización de las prácticas contables permitidas a la banca en la sombra y las analizadas en el capítulo anterior. Más aún, sabemos que el endeudamiento excesivo ha sido la tumba de muchos bancos durante la crisis. Pero por el camino de la negociación, en el Comité de Basilea se abandonó la idea de establecer un ratio para el apalancamiento que limitara la posibilidad de endeudamiento desmesurado de los grandes bancos; así como tampoco hubo acuerdo sobre el tan traído y llevado asunto de los bonus o retribuciones variables que incentivan la asunción de grandes riesgos financieros; ni se han regulado aquellas entidades como los hedge funds que actúan como banca financiera pero no son bancos y, por tanto, quedan fuera del área de supervisión de los bancos centrales. Con sus lagunas y la demora de ocho años para su aplicación, solo se puede entender esos acuerdos alcanzados y «sus limitaciones», tras «la crisis más grande desde hacía un siglo» y los proyectos de reformas del G-20, teniendo en cuenta el poder de control soterrado que ejerce el BIS sobre el sistema financiero global, que esconde las decisiones compartidas de los gobernadores de los bancos centrales de gran parte del mundo.

3. EL BIS, EL PODER BANCARIO EN LA SOMBRA

El Banco de Pagos Internacionales (BIS), es un auténtico poder en el sistema financiero actual, como aglutinador de los bancos centrales, que en general se han convertido en entidades independientes de los gobiernos democráticos y ajenos a sus políticas; y que paradójicamente, tras su fracaso como vigilantes de los bancos, se han reafirmado con la crisis del sistema del que son elemento clave. La verdad de ese resurgir se encuadra quizás en la política marcada por los acuerdos del G-20 en Londres, que vinieron a reforzarle políticamente y han mejorado la imagen mediática de todas las organizaciones financieras internacionales que, como el FMI, habían fracasado en la prevención de la inestabilidad del sistema financiero internacional. Dicho de otro modo, los gobiernos de este directorio mundial han reforzado la estructura institucional global del sistema financiero, a la que ningún gobierno democrático ha exigido responsabilidades.

Entre las innovaciones introducidas en Londres para superar la crisis destaca la reactivación del Foro de Estabilidad Financiera creado a finales de los noventa tras la anterior crisis asiática y rusa que ha pasado a denominarse Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, en siglas inglesas), radicado también en la sede del BIS en Basilea. Y estrechamente ligado a este particular banco, ha adquirido mayor relevancia internacional el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y su órgano de vigilancia, el Grupo de Gobernadores y Jefes de Supervisión, que ha desarrollado un programa de reformas del sector bancario, siguiendo así el mandato que le asignó el G-20 en su cumbre de Pittsburgh en 2009, que acordó el aumento del número de miembros hasta 27, contándose entre ellos, EEUU, España y países económicamente más importantes junto a Suiza, Luxemburgo, Hong Kong y Singapur, notables centros financieros offshore y paraísos fiscales, que han sido los negociadores de los Acuerdos de regulación bancaria denominados Basilea III[355].

En general todo indica que se ha reactivado el papel del Banco de Pagos Internacionales o Banco de Basilea, que ha logrado actuar siempre con escasa proyección mediática aunque, con una clara influencia entre bastidores como banco de bancos centrales que controla el sistema monetario. Como se reseña en la información oficial[356], en el BIS tienen su secretaría numerosos comités, como el Comité sobre el Sistema Financiero Global o el Comité de Sistemas de Pago y Liquidación, y demás organizaciones dedicadas a la estabilidad monetaria y al sistema financiero internacional, que, por otra parte, fueron incapaces de impedir la crisis del sistema pero fijan la doctrina común neoliberal que orienta todas las normativas. Precisamente, nos ha parecido oportuno dedicar una mayor atención en este libro al Banco de Basilea, dado el desconocimiento público del papel clave y soterrado que desempeña en las finanzas mundiales; aunque no sea una organización de la ONU ni es propiamente un organismo intergubernamental sino sui géneris, algo muy específico. Desde su creación tras la Primera Guerra Mundial y tras la Segunda, con los años este superbanco se insertó en un marco de interoperatividad con el FMI y el Banco Mundial, confusa para la mayoría de los observadores. Mientras el Banco Mundial realiza préstamos para proyectos de desarrollo económico, el FMI atiende a las finanzas de los gobiernos concediéndoles préstamos condicionados a aquellos en apuros fiscales, para que sigan las recetas neoliberales de recortes de gastos e impuestos y de liberalización económica. Y el BIS mantiene estrechas relaciones con los bancos centrales de los países, algunos de los cuales son privados, con unas funciones técnicas sobre las cuales se asienta una orientación política clara. Para empezar, algunos analistas consideran que el BIS está por encima de la ley, porque goza de la inmunidad propia de un gobierno, no paga impuestos y dispone de su propia policía privada[357].

La Torre de Basilea para los bancos centrales

Las raíces del poder internacional del Banco de Pagos Internacionales nacen de la recaudación y organización de los pagos por las indemnizaciones (de ahí su nombre) por los daños bélicos impuestos a la Alemania vencida tras la Primera Guerra Mundial. Durante muchos años este Banco sui géneris mantuvo un perfil muy bajo, operando entre bastidores desde el Grand Savoy Hotel Universe, un hotel abandonado de la ciudad suiza de Basilea, donde durante décadas se tomaban las decisiones de devaluar o defender una moneda, fijar el precio del oro, dejar libertad a la banca offshore y subir o bajar los tipos de interés. Hasta que en 1977 decidió mostrar su importancia, mudándose a un nuevo edificio en forma de rascacielos de dieciocho plantas, que se alza sobre la ciudad medieval como un reactor nuclear desplazado de su sitio, conocido enseguida como la «Torre de Basilea». Es toda una historia de supervivencia desde su creación plagada de hechos escandalosos; en la Conferencia de Bretton Woods de 1944, una vez creado el FMI y el Banco Mundial, se consideró que se podía prescindir de esta entidad todavía entonces privada, pero se acomodó a la nueva situación. Y su poder e influencia no solo se ha mantenido muy activa sino que se ha visto reforzada recientemente tras la crisis financiera. Aunque se organizó como un banco comercial con capital social repartido en acciones, su inmunidad frente a la intervención de los gobiernos, incluso exento de tributación, quedó garantizada nada menos que por un tratado internacional firmado en La Haya en 1930.

Una coordinación bancaria «indispensable»

Es un banco central indispensable para coordinar los demás bancos centrales. Precisamente durante la crisis de los años treinta, dado que los gobernadores de los bancos centrales europeos temían un colapso bancario si no se coordinaban estrechamente sus acciones de rescate del sistema, comenzaron las reuniones de coordinación en el BIS, donde se acordaban los intercambios de oro entre países y luego los pagos por los daños de la guerra. Y los EEUU, con su Congreso aislacionista, oficialmente se negaron a que la Reserva Federal participara en el BIS o a aceptar acciones en el mismo, pero los diferentes presidentes de la Reserva Federal silenciosamente fueron acudiendo a reuniones decisivas en Basilea. Evidentemente, la política monetaria del mundo era demasiado importante para dejársela a los gobiernos. Y eso permitió que siguiera funcionando durante la Segunda Guerra Mundial; porque consideraban que las naciones eran beligerantes pero no lo eran los bancos centrales, aunque hubieron de ser suspendidas las habituales reuniones semanales. En 1944, como consecuencia de las acusaciones checas de blanqueo del dinero que los nazis habían robado en la Europa ocupada, el gobierno de los EEUU respaldó una resolución en la conferencia de Bretton Woods a favor de la liquidación del BIS, considerando que sus funciones serían asumidas por el FMI. Pero tras la guerra, resurgió como la principal cámara de compensación y liquidación de divisas europeas y como lugar de encuentro de los banqueros centrales entre bastidores, que no estaban dispuestos a perder su club. Hasta el punto que, cuando en los años sesenta el dólar sufrió fuertes ataques, el BIS coordinó masivos intercambios de oro para la defensa de la moneda estadounidense; por eso el entonces presidente del BIS decía con ironía que «los EEUU que habían querido cargarse al BIS, de repente le encontraban indispensable».

Aunque los depositantes son los bancos centrales, el Banco de Basilea obtiene beneficios de cada transacción y, como es altamente rentable, nunca ha requerido subvenciones ni ayuda de ningún gobierno. De ahí que pronto se convirtiera en el banco de los bancos centrales, a los que proveía de un depósito seguro y necesario para sus reservas de oro. El periodista de investigación Edward Jay Epstein, que en los años ochenta indagó en el funcionamiento interno, afirma que las decisiones del BIS se tomaban en una «especie de club interior compuesto por media docena de los poderosos banqueros centrales que se consideran a si mismos más o menos en el mismo barco monetario»; y que entonces eran los de Alemania, EEUU, Suiza, Italia, Japón y el Reino Unido. Y añadía que el «principal valor que también parecía separar este club interno de los restantes miembros del BIS era la firme creencia de que los bancos centrales debían actuar independientemente de los gobiernos nacionales… Una segunda creencia de este club interior, estrechamente relacionada con la anterior, es que a los políticos no se les debería confiar la decisión del destino del sistema monetario internacional»[358]. Afirmaciones que de algún modo confirman otras investigaciones y hasta la observación crítica, que nos lleva a pensar que quienes idearon la eurozona debieron inspirarse en tales creencias.

Política sobre funciones técnicas

Actualmente, el capital del Banco se encuentra exclusivamente en manos de los 56 bancos centrales miembros con derecho de voto y representación en las Asambleas Generales, entre ellos el Banco Central Europeo junto con los bancos centrales de los grandes países desarrollados, incluido el Banco de España; y en los últimos años se han incorporado China y Rusia y también Hong Kong y Singapur además de Suiza; pero el club director es un grupo más pequeño. Tras una Asamblea General Extraordinaria celebrada en enero de 2001, se modificaron los Estatutos, con el fin de restringir el derecho de propiedad de las acciones del BIS exclusivamente a los bancos centrales, y las acciones que continuaban en manos de particulares fueron recuperadas mediante el pago de una indemnización. El Banco de Basilea no acepta depósitos de personas individuales o empresas ni les presta servicios; tampoco le está permitido dar anticipos a los gobiernos o abrir cuentas a su nombre. Por lo demás, hay pocas cosas que el BIS no pueda realizar en su condición de banco central que dispone de facultades decisorias para hacer algo por su cuenta o por cuenta de los bancos centrales miembros. Como un abogado, puede actuar como agente de una u otra parte, puesto que el art. 21 de sus estatutos le autoriza a llevar a cabo diariamente operaciones de venta de lingotes o monedas de oro por su cuenta, y también por cuenta de los bancos centrales. Es decir, el BIS puede actuar como agente o corresponsal de cualquier banco central. Una actividad esta última muy importante porque de este modo cualquier miembro de la red puede realizar operaciones alejadas de la curiosidad pública. Por ejemplo, se cuenta que el banco estadounidense Brown Brothers deseaba transferir dinero a una empresa de la Alemania nazi durante la guerra, algo que no era «políticamente correcto» en aquellos momentos, para lo cual primero transfería los fondos al BIS colocándolos bajo el manto del secretismo y la inmunidad de Banco de Basilea, pero no a aquella banca; una modalidad de blanqueo de dinero sucio de Wall Street que ha sido denunciada por investigadores.

Como decíamos, los bancos centrales miembros del BIS son sus depositantes, obteniendo beneficios de cada transacción, que financian su autonomía y su independencia. Conforme a sus estatutos este superbanco central desempeña unas funciones consideradas técnicas que esconden en realidad decisiones clave de política monetaria y financiera globales, que van desde préstamos monetarios a corto plazo entre bancos centrales hasta impartir doctrina neoliberal, pasando por operaciones secretas. El BIS concede préstamos a corto plazo de divisas a los bancos centrales merced a su funcionamiento como enlace técnico entre bancos centrales (incluido el BCE). Este y otros servicios financieros los presta a través de dos salas de contratación interconectadas, una situada en su sede en Basilea y otra en su Oficina de Representación para Asia y el Pacífico ubicada en Hong Kong (RAE). El ordenador del BIS está directamente conectado a los ordenadores de los bancos centrales miembros y permite el acceso instantáneo a los datos sobre la situación monetaria global, donde los operadores renuevan continuamente esos préstamos a corto plazo en los mercados del eurodólar y se resguardan de pérdidas en divisas, vendiendo simultáneamente divisas donde corresponde el préstamo. Y una operativa similar se desarrolla con el oro. Es una tarea rutinaria y sin riesgos, pero que le reporta ingresos sustanciosos, en opinión del citado periodista investigador.

El citado investigador, Edward Epstein, se interrogaba por qué el Bundesbank, el banco central de Alemania, teniendo expertos capacitados para hacer productivas inversiones con sus depósitos, acudía al BIS para realizar algunas operaciones que al final suponen un coste para el banco alemán y unos ingresos importantes para el Banco de Basilea. Y la respuesta era, por supuesto, su capacidad de secretismo. Con la mezcla de parte de sus reservas en lo que alcanza a ser un gran fondo de inversiones a corto plazo, los bancos centrales crean una oportuna pantalla tras la cual ocultan sus propios depósitos y retiradas de fondos de los centros financieros en todo el mundo; por lo que un banco central está dispuesto a pagar altas comisiones para cubrirse con la manta del BIS. En los tres artículos que recogen la referida investigación se describe la capacidad funcional de este superbanco central para realizar operaciones secretas entre países que posiblemente se haya incrementado en tiempos recientes[359]. Hay otras razones por las que los bancos centrales regularmente transfieren depósitos al BIS, y es que buscan dotarle de unos beneficios amplios para pagarle otros servicios que presta; aparte de los puramente bancarios están las reuniones de coordinación, información estadística, etc. A pesar de su nombre, Epstein considera que es mucho más que un banco, debajo del caparazón de banco internacional esconde ingeniosamente una serie de grupos y servicios que los banqueros centrales necesitan y pagan para mantenerlos. Podría ser el caso del Comité de supervisores bancarios y del Foro de Estabilidad Financiera, etc.

En resumen, un analista crítico estadounidense que ha estudiado el BIS llegaba en 2005 a las siguientes conclusiones sobre el Banco de Pagos Internacionales de Basilea[360]:

• El BIS fue fundado en circunstancias cuestionables por gentes cuestionables.

• Es el banco central de los principales bancos centrales del mundo.

• Es una propiedad privada de los propios bancos centrales, la mayoría de los cuales son asimismo privados.

• No rinde cuentas ante nadie, especialmente ante ningún organismo gubernamental.

• Opera de modo completamente secreto y es inviolable. Los movimientos de dinero son oscuros y ocultos cuando pasan por el BIS.

• Tiene como objetivo crear los bloques de monedas regionales y en los últimos tiempos, una moneda global.

• Ha sido altamente exitoso en la construcción del Nuevo Orden Económico Internacional junto con las iniciativas asociadas a la llamada «gobernanza» global.

El amparo de la opacidad del sistema

Amparar la opacidad es una labor del BIS que merece unas líneas. Para estudiar y acordar las nueva normas bancarias internacionales se incrementó el numero de miembros del Comité de Supervisores bancarios de Basilea hasta 27, incluyendo, además de Suiza como miembro histórico, a los países financieramente más importantes del mundo como Luxemburgo, Hong Kong y Singapur, notables centros offshore y paraísos fiscales, que contabilizan unos depósitos bancarios de inversiones y ahorros generados en otros países y operaciones financieras desligadas de sus muy limitadas economías productivas. Y estos países de reducida geografía y economías reales han participado en las negociaciones y en los acuerdos de regulación bancaria denominados Basilea III, ratificados por la cumbre del G-20 de 2010 en Seúl[361].

Asimismo, de la lectura de los estudios e informes que ofrece el BIS en su sitio web se deduce su carácter de promotor y difusor del consenso neoliberal dominante, que asume la opacidad consustancial a los mercados financieros globales. Para la elaboración de algunos documentos «técnicos» ha contado incluso con la colaboración de un importante grupo de presión de centros financieros offshore. Una dimensión ignorada por la información mediática es la vinculación del BIS con los «paraísos fiscales» del grupo de presión OGBS, como reseñamos en nuestro primer libro sobre el tema[362]. Al Comité de Basilea, se asocian desde su origen el Grupo Extraterritorial de Supervisores Bancarios u Offshore Group of Banking Supervisors (OGBS) que agrupa a un buen número de principales centros financieros offshore, identificados como paraísos fiscales por la OCDE hasta su reciente cambio de criterio en los acuerdos del G-20 de Londres en abril de 2009. De la información publicada por el BIS, se deduce que la mayor influencia de este grupo se ha ejercido siempre en el diseño de las normas y documentos.

La importancia de este grupo de presión bancaria queda demostrada por el hecho de que en junio de 2008, en plena crisis financiera, el presidente (chairman) del OGBS presentara un informe ante el Comité del Tesoro de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico dentro de la investigación abierta para determinar el rol de los centros offshore en la crisis[363]. En ese documento, además de defender su causa remitiéndose a la definición del FMI como «centros de servicios financieros para no residentes» como lo son los EEUU o el Reino Unido, se sostiene que los centros offshore representados «habían desempeñado un papel particularmente activo en la labor del Comité de Supervisores Bancarios de Basilea y en el GAFI, después de reseñar su compromiso con la mejora de la transparencia y la estabilidad financiera». Y añadía que el OGBS es un organismo establecido en 1980 por instigación del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, con el que colabora desde su origen en la elaboración sobre documentos sobre el funcionamiento de la banca; y haciendo constar sus actuales miembros que son Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, las Caimán, Man, Jersey y otros notorios paraísos fiscales menos relevantes financieramente[364]. Y el conocido Comité de Basilea, del que son colaboradores estos paraísos fiscales, ha sido el órgano que ha elaborado esa nueva normativa bancaria mundial referida.

La clave histórica

Hemos de reconocer que el poder del BIS como pilar del sistema financiero está anclado en la historia europea del siglo XX. La abogada y escritora estadounidense Ellen Brown apunta que su independencia de los gobiernos como banco central de bancos centrales, y su papel clave entre bastidores sobre las finanzas globales, se comprende mejor con las revelaciones del libro Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time de Carroll Quigley, profesor de Historia en la Universidad de Georgetown, donde tuvo cierta influencia sobre quien sería después el presidente Bill Clinton; con experiencia en diversos organismos públicos importantes, y también confidente del núcleo poderoso de los llamados «banqueros internacionales»[365].

Este historiador presumía de conocer bien las operaciones de la red bancaria internacional, porque la había estudiado durante veinte años y porque se le había permitido examinar durante dos años los documentos de sus archivos secretos; compartiendo la mayoría de sus objetivos y habiéndose sentido próximo a sus instrumentos durante gran parte de su vida, aunque su principal diferencia de opinión es que esa red deseaba permanecer desconocida y por su parte creía que su papel en la historia es lo bastante significativa para que deba ser conocida. El profesor Quigley asegura en su libro publicado en 1966 que «los poderes del capitalismo financiero tienen otro objetivo de largo alcance, nada menos que crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía mundial como un todo. Este sistema tenía que ser controlado de un modo feudal por los bancos centrales del mundo actuando de consuno, mediante acuerdos secretos alcanzados en frecuentes reuniones y conferencias privadas. El vértice del sistema tenía que ser el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, un banco de propiedad privada y controlado por los bancos centrales del mundo que fueran por sí mismos corporaciones privadas». La clave de su éxito estaba en que «los banqueros internacionales controlaran y manipularan el sistema monetario de un país mientras se dejara que apareciera controlado por el gobierno».

Esta doctrina, que revela el profesor Quigley, se hacía eco de otra elaborada en el siglo XVIII por el patriarca de la que luego devendría la más poderosas dinastía de banqueros; y recuerda esta autora citada, la famosa frase que dijo en 1791 Mayer Armschel Rothschild: «Dejadme que emita y controle la moneda de una nación y no me importará quién haga las leyes». Los cinco hijos de Mayer, de este primer Rothschild, fueron enviados a las principales capitales de la Europa de entonces –Londres, París, Viena, Berlín y Nápoles– con la misión de establecer un sistema bancario que estuviese fuera del control del gobierno. Los sistemas políticos y económicos de las naciones serían controlados no por los ciudadanos sino por los banqueros y para su beneficio. Finalmente, un «banco central» de propiedad privada (era otra época), se estableció en casi todos los países; y este sistema de bancos centrales ha logrado actualmente el control sobre las economías del mundo. Los bancos centrales tienen autoridad para imprimir dinero en sus respectivos países y de estos bancos es de los que los gobiernos toman dinero prestado para pagar sus deudas y financiar sus operaciones, escribía este historiador en los años sesenta. El resultado es una economía global en la que no solamente la industria sino los gobiernos mismos funcionan sobre el «crédito» (o las deudas) creado por un monopolio bancario encabezado por una red de bancos centrales privados; y en la cumbre de esta red está el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, el «banco central de los bancos centrales».

Desde luego, este relato del profesor Quigley podría ayudar a entender en bastante grado la compleja realidad actual del poder financiero, aunque los mecanismos se hayan vuelto más sutiles; y ni el BIS ni los bancos centrales son ya propiedad del sector privado ni en la zona del euro los bancos centrales emiten moneda, puesto que compete al BCE en Fráncfort. Pero se ha impuesto en las últimas décadas la doctrina de la independencia legal de los bancos centrales de los gobiernos respectivos, mientras sus gobernadores mantienen estrechos vínculos profesionales e ideológicos con el sector bancario privado de donde proceden o a donde terminan su carrera profesional. Y la experiencia de los últimos años ha mostrado que las políticas de los bancos centrales durante la crisis financiera han estado en realidad al servicio de las necesidades del negocio financiero de los bancos privados, aun cuando estos no facilitaran crédito a la economía productiva. Y, ciertamente, el BIS es un regulador en la sombra de las políticas de una red de bancos centrales de países principales. Y si a esa red de bancos centrales sumamos los grandes bancos privados globales, que crean otras formas de dinero para operar entre ellos, las reflexiones históricas mencionadas ayudan a entender por qué las últimas cumbres de los gobiernos del G-20 han reforzado estos poderes establecidos en la sombra, ya sea el BIS, las agencias de rating o el IASB, para modelar el sistema bancario internacional, que enmarca y alimenta los mercados financieros globales que ahogan las economías nacionales.

UNAS REFLEXIONES FINALES

Resulta muy ilustrativa la comparación entre el sistema financiero mundial y el sistema aéreo internacional. El sistema financiero internacional ha globalizado la actividad de la banca y las grandes firmas, mediante libres transacciones gestionadas por una élite que sirve a sus intereses propios, desligados de las necesidades de la economía productiva y privando a los gobiernos de su autoridad sobre la economía nacional e incluso limitando su soberanía. Mientras que el sistema aéreo globalizó los vuelos transnacionales, atendiendo la demanda de viajeros y el desarrollo de las economías y respetando la soberanía de los Estados sobre su territorio y su espacio aéreo.

Diariamente millones de pasajeros y toneladas de mercancías selectas se desplazan entre países o de un continente a otro con un alto grado de seguridad, de eficiencia y rapidez. Los vuelos internacionales son accesibles a un número cada vez mayor de ciudadanos que ven cumplido su derecho a viajar. Gracias a la fluidez de los vuelos interconectados en todo el planeta, y bajo una estricta regulación internacional que ha demostrado su eficiencia, los vuelos internacionales resultan cada vez menos costosos. Todo ello mediante una malla planetaria de vuelos internacionales servida por grandes compañías aéreas, estatales o privadas, que comunican los diversos rincones del mundo pero sometidas a normas y reglamentos estrictos, internacionales y nacionales. Los acuerdos internacionales definen las rutas y los pasillos aéreos y los países se responsabilizan del control de las salidas y entradas de los aviones y de sus rutas aéreas, cumpliendo las normas internacionales convenidas. Y las organizaciones internacionales, la agencia de la ONU para la navegación aérea OACI (ICAO en siglas inglesas) y la asociación internacional de las compañías aéreas, IATA, han establecido planes, códigos y protocolos de funcionamiento que afectan a Estados, compañías, aeronaves, pilotos y pasajeros; unas reglamentaciones internacionales complejas prevén sanciones para los incumplimientos de gobiernos, compañías y pilotos. Las líneas de vuelos de entrada y salida de un país han de ajustarse a las normativas y han de disponer de las correspondientes autorizaciones de los gobiernos. Todos los vuelos dejan su huella en los registros oficiales; aeronaves y pasajeros están sometidos al riguroso control del país de salida y de entrada. Los distintos países gestionan de modo integrado este sistema aéreo mundial, asumiendo la responsabilidad sobre su funcionamiento, ordenado en la parte que les concierne, con el doble objetivo de lograr la máxima seguridad y libertad de los vuelos.

En definitiva, el sistema aéreo mundial se caracteriza fundamentalmente por la alta seguridad que ofrece para los pasajeros y para los países, sujeto a normas internacionales coactivas y protocolos de funcionamiento; y también por su tendencia globalizadora para facilitar el acceso de las personas entre puntos alejados del planeta. Y al mismo tiempo, los Estados se integran como parte del sistema aéreo internacional y se benefician del mismo, conservando cada Estado su soberanía y su capacidad legislativa y ejecutiva sobre la parte que les concierne que puede llegar a decretar incluso la suspensión de vuelos y el cierre del espacio aéreo en caso de emergencia nacional.

Nada equivalente sucede con el sistema financiero internacional como hemos analizado de modo documentado en este libro.

Para empezar, en el sistema aéreo internacional, las compañías atienden a las demandas de los ciudadanos y de los países para el establecimiento de líneas y vuelos. Pero en el sistema financiero global, las transacciones y los movimientos de fondos no responden necesariamente a necesidades de pagos y créditos de la economía real sino que la mayoría de la veces se deben a motivaciones del negocio financiero, especulativas o ilícitas, que no aportan valor añadido alguno para las economías productivas salvo para los bolsillos de los inversores institucionales o particulares más avezados. Como hemos analizado sobre datos de la realidad, impulsado por los intereses propios de quienes son agentes principales, el sistema financiero internacional tiende a expandirse geográficamente y tecnológicamente mediante la integración de bolsas y mercados, nuevos productos y operativas, ajeno a las necesidades de los países y las economías a las que se dice que sirven.

El sistema aéreo internacional ha garantizado el desarrollo tecnológico, la seguridad y la libertad de vuelos conforme al orden internacional establecido y facilita el ejercicio del derecho a viajar de los ciudadanos del mundo; y tendría que afrontar el problema de los efectos medioambientales nocivos de la utilización creciente del transporte aéreo. Pero el sistema financiero global está diseñado para generar una dinámica mediante la cual una élite impone su control y su dominio sobre las economías productivas, los gobiernos democráticos y los ciudadanos. Más aún, esa élite propugna un modelo de gobierno que responda a los intereses del modelo implantado, vaciando de contenido el propio sistema político democrático, que tiene como objetivo que el gobierno sea ejercido por los propios ciudadanos y en su interés.

Pero, mientras el transporte aéreo es una parte accidental de la economía, el sistema financiero, que gestiona el dinero, los pagos y el crédito, es el núcleo central de la economía. Y, por tanto, los bancos transnacionales y el sistema financiero global por sí mismos crean riesgos incalculables sin que ningún país ni ningún gobierno pueda garantizar y prevenir los fallos, como las recientes experiencias nos demuestran. Por el contrario, los distintos mercados que integran el sistema financiero mundial son fuente de fraudes, resultan inseguros y son fuente de inestabilidad para las economías abiertas y más integradas. Más aún, crean riesgos sistémicos con efectos nefastos para la ciudadanía; sumado a que ni los países ni los ciudadanos obtienen beneficios directos ni indirectos de este sistema financiero que, en fase de auge, guarda para sus operadores los altos beneficios y, en fase de crisis o de colapso, requiere dinero público para evitar el derrumbe del sistema de pagos y de crédito del que los bancos siguen siendo el agente principal. Cada vez menos, ni siquiera los gobiernos de los países más potentes económicamente, disponen de recursos para ejercer un control sobre el funcionamiento de ese sistema financiero globalizado, dejado al albur de los operadores, grandes bancos y entidades financieras con transacciones de alta velocidad, el trading de alta frecuencia; cual compañías aéreas no solo escogen libremente los aviones que utilizan y los países de partida y de destino, sino que establecen libremente sus rutas, sus pasajeros honrados o delincuentes, sus modos de operar y los destinos para sus fondos en ausencia de estrictas normativas internacionales y de controles y garantías efectivas por parte de los gobiernos.

El sistema aéreo internacional responde al principio de un mercado regulado, mientras que el sistema financiero mundial encarna la idea de un mercado sin estado, sin regulación ni control. Por tanto, a semejanza del sistema aéreo internacional, frente a un sistema financiero creado por las decisiones políticas desreguladoras de las últimas décadas, la prevención de los riesgos solamente puede conseguirse mediante medidas políticas reguladoras y el reforzamiento de los Estados frente a la globalización financiera, junto con la democratización y regulación financiera en la Unión Europea y de una revisión crítica de la actividad de las organizaciones internacionales especializadas. La cuestión básica a resolver, pues, es imponer unas regulaciones en el plano nacional, europeo e internacional, cómo limitar y controlar la globalización de los mercados para preservar la democracia en los países.

Reducir la dependencia de las economías nacionales y de los gobiernos de los mercados financieros debe ser un objetivo de país, pero este planteamiento choca con el consenso neoliberal vigente que impregna los informes y análisis «técnicos» sobre las economías abiertas, que parten de la pretendida capacidad autorreguladora del mercado. Porque a estas alturas, ya sabemos que la investigación más seria sobre las causas de la crisis financiera, revela el trasfondo ideológico abstencionista que rige las finanzas, porque domina la creencia de que el sistema es capaz de autorregularse. «Los centinelas no estaban en sus puestos, en gran parte debido a la fe ampliamente aceptada en la naturaleza autocorrectiva de los mercados y en la capacidad de las entidades financieras para vigilarse a si mismas con efectividad», sostiene el informe final de la Comisión Investigadora del Congreso estadounidense sobre la crisis, que ha hecho aflorar el sesgo ideológico soterrado. Aunque hasta la fecha ningún gobernante occidental se haya planteado la renuncia al abstencionismo del Estado en materia financiera pero comprometido con el mantenimiento de la banca financiera y del sistema actual. Así se explica que los gobiernos democráticos, y en particular en la Unión Europea, hayan fracasado en la reforma del sistema que llevó a la gran crisis; y como resultado, de nuevo los mercados financieros globales muestran su pujanza e imponen sus criterios sobre tecnócratas y gobernantes. Y esta revisión de los supuestos ideológicos del sistema financiero global es el punto de partida para la adopción de medidas concretas enunciadas, proyectadas o necesarias y que hemos mencionado en cada uno de los capítulos, que tengan como objetivo situar al sistema financiero al servicio de la economía productiva y bajo la autoridad de las democracias.

Notas

PARTE I

CASINO, JUGADORES Y JUEGO

Capítulo 1

LA ALTA VELOCIDAD DE LAS BOLSAS

[1] Entrevista en El País, 12/1/2011.

[2] Communiqué G20 Leaders Summit (Cannes) 3-4, noviembre de 2011, items 12, 8 y 15 en http://www.g20.utoronto.ca/

[3] Global Capital Markets: Entering a new era. McKinsey Global Institute, julio de 2009.

[4] Mckinsey Global Institute. Mapping global capital markets 2011. La investigación abarca 75 países del mundo.

[5] Financial Times, 2/11/2010.

[6] Stevenson Jacobs y Bernard Condon, «Wall Street Plunge: Cause Still Unclear To Regulators, Computer Trading Eyed» en The Huffington Post, 05/7/10.

[7] Findings regarding the market events of may 6, 2010 disponible en http:// online.wsj.com/public/resources/documents/WSJ-flashreport10012010.pdf

[8] BIS Quarterly Review, diciembre de 2010.

[9] «Indictment on trade secrets», Financial Times, 12/2/2010.

[10] Louise Story y Graham Bowley, «Markets are becoming New Standard», en The New York Times, 11/9/2011.

[11] Rishi K. Naranq,The truth about High-Frecuency Trading, 14/9/2009 en http://www.institutionalinvestor.com/Article.aspx?ArticleID=2294885

[12]What Percentage of U.S. Equity Trades Are High Frequency Trades? En http://www.georgewashington2.blogspot.com/2010/10/yes-70-of-us-equity-trades-are-high.html.

[13] J.Plender, «Long-term investor benefit from TobinTax», en Financial Times, 27/9/2011.

[14] Eric Laursen, High-End Trading Strategists See Cost Savings in Cloud Computing. 14/1/2011; y Jeffrey Kutler, The Cloud: Latest Rage In Computing Deserves Reflection, 19/4/2011, en http://www.iimagazine.com/exchanges_and_trading

[15] Ulf Nielsson, «Stock Exchange Merger and Liquidity» Columbia University, Journal of Financial Markets, 2006.

[16] Randall Dodd, The Structure of OTC Derivatives Markets. The Financier, vol. 9, nos. 1-4, 2002 en http://www.the-financier.com

[17] Revista digital X-Trader, Dark Pools en España en http://www.x-trader.net/articulos/mercados-financieros/dark-pools-en-espana.html

[18] www.Labolsaendirecto.com,7/9/2010.

[19] Financial Times, 2/12/2010.

[20] CE, Documento de trabajo 6/11/2006.

[21] www.nasdaqomx.com

[22] www.nyse.com

[23] James Quinn, «Stock exchange mergers: the fight for global dominante» en The Telegraph en http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/8320352/Stock-exchange-mergers-the-fight-for-global-dominance.html

[24] «The challenge of great exchanges to policy makers». Financial Times, 13/2/2011.

Capítulo 2

LOS JUEGOS DE LA BANCA FINANCIERA

[25] Financial Crisis Inquiry Report, Authorized Edition, PublicAffaires, New York, enero de 2011, pág. xxvii. En adelante, FCI Report.

[26] http://www.thebanker.com

[27] Les Echo, 8/7/2010.

[28] Philip Alexander, Icelandic banks still waiting for the thaw. The Banker. The Global financial intelligence, 1/8/2011.

[29] Gerald A. Epstein, Financialization and the World Economy. Edward Elgar Publishing, 2005; págs. 3-5.

[30] Joseph Stiglitz, Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de la economía mundial. Taurus, 2010, Págs. 121-122.

[31] Financial Times, 3/6/10.

[32] «Delta One», Financial Times, 15/9/2011.

[33] The Guardian, 14/1/2009.

[34] The Huffington Post, 12/7/2011.

[35] Banco de España, La financiación estructurada y las turbulencias financieras de 2007-2008. Documentos Ocasionales Nº 0808, 2008.

[36] Juan Torres y Alberto Garzón, Las hipotecas basura. Ediciones Sequitur, Madrid, 2010; Guillermo de la Dehesa, La primera gran crisis financiera del siglo XXI. Alianza Editorial, 2009, pág. 341.

[37] Financial Times, 12/8/2007.

[38] Santiago Carbó-Valverde, David Marqués-Ibáñez y Francisco Rodríguez Fernández, Securitization, bank lending and credit quality The case of Spain. ECB working paper series. Nº 1329 / abril de 2011.

[39] Banco de España, La financiación estructurada, opus cit.

[40] Paul De Grauwe, The future of banking apud After the crisis. Towards a sustainable growth model. Friedrich Ebert Sitftung-ETUI, Bruselas, 2010, pág. 26.

[41] FCI Report págs. 31 y otras.

[42] FCI Report, págs. 134-135.

[43] FCI Report, págs. 113-114.

[44] http://spanish.larouchepac.com/news/2010/02/05/los-fondos-del-banco-central-europeo-para-santander-ayudaron.html

[45] «Can Europe Save Itself?» en The New York Times, 29/4/2010.

[46] FCI Report, pág.177.

[47] Financial Times, 23/9/2010.

[48] Comment, «Global Credit Ocean Dries Up», Daily Telegraph, 24/2/2006.

[49] Robert Preston, Markets call time on Iceland , en www.bbc.co.uk, 4/10/2008.

[50] Bloomberg, 8/12/2010.

[51] El País, 3/4/2011 y 10/4/2011.

[52] BIS, Quaterly Review. Diciembre de 2010.

[53] Financial Times, 3/6/2010.

[54] Steve Johnson, «Indices to track carry trade en Financial Times», 20/9/2009.

[55] Gerald A. Epstein, Financialization…, opus cit.; págs. 230-231.

[56] Peter Garnham, «Swiss franc surges to record against euro» en Financial Times, 23/3/2010.

[57] FCI Report, pág. XIX.

[58] Cannes Summit Final Declarations 4 de noviembre de, ítem 30, en http://www.g20.utoronto.ca/

[59] Hervé Hannoun, Policy Lessons from the Recent Financial Market Turmoil. XLV Meeting of Central banks Governors of the American Continent, Ottawa, 8-9 May. A BIS document.

[60] «Effect on shadow banking system unclear» en Financial Times 7/8/2011.

[61] FCI Report, pág. XVIII de las conclusiones y el capítulo 2.

[62] Financial Times, 3/6/10.

[63] Margaret Doyle, «Desprotección hasta en Suiza», Reuters-El País 18/9/2011 y fechas anteriores.

[64]Cinco días, 25/1/2008.

[65] John Gapper, «What makes a rogue trader?» en Financial Times, 2/12/2011; un resumen de su libro electrónico How to be a Rogue Trader, Penguin Portfolio, 2011.

[66] Ross Sorkin, Too Big to Fail. Inside the battle to save Wall Street. Allen Lane-Penguin Books, 2009; págs. 10 y siguientes.

[67] Lehman Brothers. General Information. Presentation: The State of The State. 14 de enero de 2009; en http://chapter11.epiqsystems.com/LBH/Project/default.aspx

[68] El País, 18/9/2011.

[69] Financial Times, 18/8/2007.

[70] The Irish Times, 13/3/2008.

[71] Sony Kapoor, The Financial Crisis, crisis and cures, Friedrich Ebert Sitftung-ETUI, Bruselas, 2010, págs. 22-25.

[72] Paul De Grauwe, The future of banking…opus cit.; págs.25-27.

[73] Berger Allen N., Molyneux Philip, Wilson, John (eds.), The Oxford Handbook of Banking, Oxford University Press 2010; apud Sony Kapoor, The financial crisis.., opus cit., pág.108.

Capítulo 3

JUEGUE CON LOS FONDOS DE ALTO RIESGO

[74] Gillian Tett, «Why ETFs give an uneasy sense of déjà vu. Financial Times», 5/5/2011.

[75] Financial Stability Board, ETF Report, abril de 2011.

[76] El País, 06/2/2011.

[77] El País, 28/1/2009.

[78] El País, 25/3/2009.

[79] El País, 26/2/2008 y 6/2/2009.

[80] El País, 3/1/2009.

[81] The New York Times, 31/12/2008.

[82] Sam Jones, «Hedge funds burned by August market heat», en Financial Times, 29/8/2011.

[83] FCI Report, pág.453.

[84] FSA, discurso de lord Turner del 21 enero de 2009 en http://www.fsa.gov.uk/pages/Library/Communication/Speeches/2009/0121_at.shtml

[85] Véase el capítulo sobre las islas Caimán en Juan Hdez. Vigueras, La Europa opaca de las finanzas. Icaria, 2008, págs. 347-364.

[86] McKinsey GIobal Institute, The new power brokers: How oil, Asia, hedge funds and private equity are faring in the financial crisis, julio de 2009.

[87] PSE Grupo socialista del Parlamento Europeo. Hedge Funds and Private Equity. A Critical Analysis, 2007.

[88]Financial Times, 3/6/2010.

[89] Simon Johnson-James Kwak, [13 Bankers. The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown. Pantheon Books, Nueva York. 2010, pág.54.

[90] Gerald A. Epstein, Financialization…, opus cit., pág. 405.

[91] The New York Times, 3/3/2010.

[92] Financial Times, 16/4/2010; El País, 18 /4/2010.

[93] Financial Times, 16/4/2010.

[94] Ross Sorkin,Too Big to Fail…opus cit.; págs. 14-15.

[95] Financial Times, 11/5/2011.

[96] Alexandra Gekas, Look back at some of the biggest stock exchange dramas in U.S. history, en la revista digital WomansDay.com, 20/9/2011.

[97] Debate: Insider trading and piracy, video en Ft.com, marzo de 2011.

[98] Esther B. del Brío, «Medición del insider trading en el mercado de valores español». Revista española de financiación y contabilidad, enero-marzo de 2006, págs. 115-136.

[99] Comisión europea. MEMO/10/409. Bruselas, 15/9/ 2010.

[100] PSE, Grupo socialista del Parlamento europeo. Hedge Funds and Private Equity; opus cit.

[101] Alexandra Suich, «Let be a Light».The Economist. The World in 2011, p. 139.

[102] http://ec.europa.eu/internal_market/investment/alternative_investments_en.htm

Capítulo 4

LAS APUESTAS MUTUAS DE LOS DERIVADOS

[103] Texto traducido del video www.AmericansUnitedforChange.org, The New Yorker, 10/12/2009

[104] FCI Report cit., págs. xxiv-xxv.

[105]Financial Times, 16/3/2010.

[106] Gillian Tett, Fool’s Gold: How the Bold Dream of a Small Tribe at J.P. Morgan Was Corrupted by Wall Street Greed and Unleashed a Catastrophe Free Press, Nueva York, 2009.

[107] Janine R. Wedel. autora del libro titulado Shadow Elite, en The Huffington Post, 20/5/ 2010.

[108] Anthropology News, otoño de 2009.

[109] Cenk Uygur, «It´s derivatives, stupid» en The Huffington Post, 28/4/ 2010.

[110] Simon Johnson y James Kwak, [13 Bankers…; opus cit.; pág. 8.

[111] FCI Report cit., pág. 46.

[112] BIS, Quaterly review, diciembre de 2010.

[113] BIS. Quaterly Review, marzo de 2011.

[114] Simon Johnson-J Watt, [13 Bankers, opus cit.; pág. 8.

[115] FCI Report cit., pág. 50.

[116] Gillian Tett, Fool´s gold, opus cit.; págs 46-49.

[117]The Guardian, 20/9/2008.

[118] BIS. Quaterly Review, marzo de 2011.

[119] II. «The CDS market. The Impact of Earnings on the Pricing of Credit Default Swaps». The Accounting Review. American Accounting Association. Vol. 84, No. 5 DOI: 10.2308/accr.2009.84.5.1363 2009.pp. 1363–1394.

[120] FCI Report cit., pág. 50.

[121] Joseph Stiglitz, Caída..., opus cit.; pág. 210.

[122] Guillermo de la Dehesa, La primera gran crisis…; opus cit.; págs. 358-361.

[123] FCI Report cit., págs 344 y 348.

[124] FCI Report cit.; pág. 348.

[125] Willhem Buiter, The end of American capitalism as we knew it, en Financial Times, 17/9/2008.

[126] FCI Report cit., págs. 139-141 y otras.

[127] Juan Hdez. Vigueras. El rescate de los paraísos fiscales. La cortina de humo del G-20. Icaria, 2008, págs. 81-86.

[128] http://www.aigcorporate.com/index.html

[129] Simon Johnson-J Watt, [13 Bankers…, opus cit.; págs. 79-80.

[130] Market Watch, 12/5/2010.

[131] Vicent Boland, Gillian Tett y R.Sanderson, An exposed position on IRS, en Financial Times, 9/3/2010.

[132] The New York Times, 14/2/2010.

[133] BIS, Quaterly Review, marzo de 2010.

[134] Financial Times, 9/3/2010.

[135] Financial Times, 18/3/2010.

[136] Randall Dodd, Derivatives markets: sources of vulnerability in the U S Financial Markets apud Gerald E. Epstein, Financialization… , opus cit., págs. 149-179.

[137] FCI Report cit., págs. 299-300.

[138] Louise Story, «A Secretive Banking Elite Rules Trading in Derivatives» en The New York Times, 11/12/2010.

PARTE II

LA AMPLIACIÓN DEL CASINO

Capítulo 1

LA ESPECULACIÓN CON ALIMENTOS BÁSICOS

[139] Financial Times, 5/4/2011.

[140] Ellen Kelleher, «Investors turn to commodities when other markets fail to deliver» en Financial Times, 17/10/2010.

[141] Communication from the Commission to the EP, the Council, the EESC and the Committee of the regions. Tackling the challenges in commodity markets and on raw materials. 2/2/2011.

[142] Juan Hdez. Vigueras, «La actual especulación sobre la alimentación mundial», en revista La Gaceta del Empresista. Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Cantabria, octubre de 2010, pág. 37. En el concurso anual de esta entidad de profesionales economistas, este artículo fue galardonado con el primer premio como mejor artículo de opinión el 11 de noviembre de 2010.

[143] Financial Times, 9/8/2010.

[144] «Hedging helps foodmakers through uncertainty in august 2010» en Financial Times, 12/8/2010.

[145] Tony Jackson, «Speculators’ role turns serious when food is envolved» en Financial Times, 15/8/2010.

[146] Financial Times, 4/4/2011.

[147] Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Tackling the challenges in commodity markets and on raw materials. Bruselas, COM (2011).

[148] The commodity bubble. Financing Food Financialisation and Financial Actors in Agriculture Commodity Markets. SOMO paper, abril de 2010.

[149] Gerald E. Epstein, Financialisation opus cit., págs 3-4.

[150] http://www.cargill.com/company/glance/index.jsp

[151] Véase documento digital de UBUNTU en http://www.ubuntu.upc.edu/index.php?lg=esp

[152] J. Ghosh, The Commodity Price Roller Coaster, agosto de 2008, en http://www.networkideas.org/news/aug2008/Roller_Coaster.pdf

[153] European Parliament, News, 12/1/2010, http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-67167-012-01-03-901-20100112IPR67166-12-01-2010-2010-false/default_en.html;

Capítulo 2

EL JUEGO FINANCIERO DEL PETRÓLEO

[154] Leah McGrath Goodman, «The global oil casino benefits only its players» en Financial Times, 6/4/2011. Es autora del libro The Asylum: The Renegades Who Hijacked The World’s Oil Market y pertenece al Center for Environmental Journalism de la Universidad de Colorado.

[155] El País, 15/6/2008.

[156] Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Tackling the challenges in commodity markets and on raw materials. Bruselas, COM (2011).

[157] Véase más información y detalles sobres los informes del Senado de EEUU citados en Juan Hdez. Vigueras, Los precios del petróleo en mercados, globales, financiarizados y opacos. Attac, revista digital de julio y agosto 2008 y http://www.rebelion.org/ docs/69940.pdf.

[158] Edward N. Krapels (Special Advisor Financial Energy Markets Energy Security Analysis, Inc. Wakfield Massachussets) en su testimonio ante el Senado, el 23 de junio de 2008.

[159] Testimonio de Roger Diwan, Partner at PFC Energy, Washington, ante el Subcomité de Supervisión e Investigaciones de la Comité de Energía y Comercio de la Cámara de representantes, el 23 de junio de 2008.

[160] Jonathan Spicer, Exchanges defend speculation amid oil price surge. Reuters, 11/3/2011.

[161] Robert Mabro, presidente y ex director del Oxford Institute of Energy Studies (Reino Unido) en «La mano segura que empuja los precios al alza», en diario Público, 30/5/2008.

[162] William Engdahl, More on the real reason behind high oil prices. Part II. Global Research, 21 de mayo de 2008.

[163] Robert Mabro, articulo cit.

[164] nforme técnico, The Role of Market Speculation in Rising Oil and Gas Prices, pág.2.

[165] Declaración del Senador Carl Levin (Demócrata-Michigan), presidente del subcomité permanente sobre investigaciones ante la sesión conjunta con el subcomité sobre energía sobre «especulación en el mercado de crudo del petróleo», 11 de diciembre de 2007.

[166] Testimonio escrito del presidente Walter Lukken ante el subcomité de supervisión e investigaciones del Comité sobre energía y comercio, el 23 de junio de 2008.

[167] William Engdahl, artículo cit.

[168] El País, 29/6/2008.

[169] Declaración de Alan Greenspan ante el Comité de relaciones exteriores del Senado de EEUU el 7 de junio de 2006; citado en el informe cit. The Role of Market Speculation, pág.3.

[170] https://www.theice.com/publicdocs/futures_jurisdiction.pdf

[171] Declaración de apertura de la sesión por J. Lieberman, independiente de Connecticut, en el Comité de Seguridad Interior y Asuntos Gubernamentales del Senado, bajo el título «Especulación financiera en los mercados de materias primas (commodities): ¿Están contribuyendo los inversores institucionales y los hedge funds a la inflación de precios de la energía y los alimentos?.

[172] Testimonio del presidente de la CFTC, Walter Lukken, ante el subcomité de Supervisión e Investigaciones del Comité sobre Energía y Comercio de la Cámara de representantes, el 23 de junio de 2008.

[173] www.heatingoil.com

[174] Peter Cohan, «The Fix for High Oil Prices? Regulate the Speculators» en Revista digital Daily Finance 3/04/11 en http://www.dailyfinance.com/2011/03/04/high-oil-prices-regulate-speculators-spr/

Capítulo 3

JUEGOS FINANCIEROS CON LAS ARMAS Y LAS GUERRAS

[175] Agencia Reuters en www.ekathimerini.com

[176] Probe into German-Greek arms deals reveals murky side of defense sales, 12/8/2010 en www.dw-world.de

[177] El País, 9/6/2011.

[178] El País, 6/9/2010.

[179] «Why We Must Reduce Military Spending». Rep. Barney Frank y Rep. Ron Paul en The Huffington Post, 6/7/2010.

[180] http://freetradepicks.com/02-2010/chart-of-the-day-defense-stocks-winning-the-war-again

[181] Security Watch, 9/7/2010.

[182] Military Defense Solutions en http://www.securitystockwatch.com/MilitaryDefense/

[183] http://www.justiciaipau.org/campanyes.ca.shtml?x=10591

[184] IPS, Military-Industrial Complex Revisited, 2005 en http://www.ips-dc.org

[185] Véase video y transcripción en inglés en http://www.militaryindustrialcomplex.com/

[186] Joseph Stiglitz, Caída libre, opus cit.; p. 340.

[187] ¿Existe un complejo industrial-militar español? El 26 de febrero de 2009 se creaba en Madrid, la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) que representa a empresas que emplean en total a más de 40.000 personas y generan un volumen de negocio de 8.000 millones de euros, fundamentalmente de exportación y el 12% se dedica a actividades de I+D, investigación y desarrollo. La TEDAE promociona la imagen de los sectores de la seguridad, la defensa y aeroespacial y representa los intereses de estas industrias tanto en el plano nacional como en el internacional, registrando como socios promotores a las empresas EADS-CASA, General Dynamics Santa Bárbara Sistemas e Indra y, al menos por el momento, no especifica otras empresas asociadas. Meses después de la creación de dicho grupo de presión, la asamblea general de la Asociación Española de Constructores de Material Aeroespacial (ATECMA) decidió disolver esta entidad, con el fin de que sus empresas –52 actualmente– se incorporaran a la nueva Asociación TEDAE el 30 de junio del mismo año (http://www.tedae.org/. En la coyuntura de crisis de la deuda soberana del euro a finales de 2011, el nuevo gobierno del PP ha incorporado como ministro de la Defensa a Pedro Morenés, hasta ese momento representante en España de la firma MBDA, un consorcio franco-británico-alemán, uno de los principales fabricantes de misiles del mundo.

[188] International Herald Tribune, 20/11/2002.

[189] Véase Juan Hdez. Vigueras, «Las guerras de EEUU ya son un producto financiero», en Cuadernos para el Diálogo, febrero de 2006.

[190] securitystockwatch.com, 9/7/2010.

[191] Luc Mampaes y Claude Sefati, Les groups de l´armement: vers une convention «guerre sans limites»? apud François Chesnais, La finance mondialisée. La Decouverte, 2004: págs.223-251.

[192] http://www.militaryindustrialcomplex.com/

Capítulo 4

LOS JUEGOS FINANCIEROS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO

[193] http://www.columbia.org/pdf_files/rocfund14.pdf

[194] Financial Times, 11/12/2011 y The Guardian, 11/12/2011.

[195] «Environment Finance. Latest news», 13/12/2011, en http://www.environmental-finance.com/contact-us

[196] http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

[197] Financial Times, 9/1/2008.

[198] Gérald Maradan, director general d’EcoAct, «Le marché européen du CO2 se porte bien, merci!» L’Expansion, 14/4/ 2010.

[199] Financial Times, 20/11/2010.

[200] Will Oulton, Carbon risk, performance and returns. Special Report Environmental Finance, octubre de 2011.

[201] http://www.sendeco2.com

[202] El País, 13/3/2010.

[203] El País, 11/6/2010.

[204] https://www.theice.com/productguide/ProductGroupHierarchy.shtml?group Detail=&group.groupId=19

[205] Carbon Capitalists Warming to Climate Market Using Derivatives, 4/12/2009 en www.bloomberg.com

[206] Financial Times, 21/3/2011.

[207] ABC Barcelona, 4/7/2011.

[208] http://www.foe.org/subprimecarbon

[209] The Daily Telegraph, 19/2/2010.

[210] The Guardian, 12/1/2010.

Capítulo 5

LOS JUEGOS PRIVADOS CON DEUDA PÚBLICA

[211] Simon Johnson y James Kwat, [13 Banquers…, opus cit.; pág. 98.

[212] El País, 22 /9/2010.

[213] Eurostat,Tax revenue in the European Union, 2/3/2010 y 28/5/2010.

[214] Véase Juan Hdez. Vigueras, La Europa opaca…opus cit:; parte primera.

[215] Conferencia de Jean-Claude Trichet, presidente del BCE.«The process of European financial integration». Mais Lecture, Cass Business School. Londres, 11/5/ 2006.

[216] Financial Times, 12/10/2011.

[217] El País, 30/12/2010.

[218] The New York Times, 3/3/2010.

[219] Matthew Lynn, «How to profit from the coming Greek default». Market Watch, 14/6/2011.

[220] Linda Goldberg And Deborah Leonard, What Moves Sovereign Bond Markets? The Effects of Economic News on U.S. and German Yields. Current issues in economics and finance. Vol. 9, nº 9; septiembre de 2003. Federal Reserve bank of New York en www.newyorkfed.org/rmaghome/curr_iss

[221] The New York Times, 17/5/2010.

[222] Andrew Mortimer, Country risk Marcha 2011: Middle East props., sub-Saharan Africa rises en www.euromoneycountryrisk.com, 23/2/2011.

[223] www.euromoney.com

[224] Vicent Boland, Gillian Tett y R.Sanderson, «An exposed position on IRS», en Financial Times, 9/3/2010.

[225] Barclays Capital, «Euro public debt and the markets: sovereign Fundamentals and CDS market dynamics». Banque de France, Financial Stability Review, nº 14, julio de 2010.

[226] http://www.dtcc.com/products/derivserv/data/index.php

[227] FCI Report cit., pág. 50.

[228] Credit Default Swaps on Sovereign debts. Cairness Business School National University of Ireland, febrero de 2009.

[229] BIS Working paper. nº 160. «An empirical comparison of credit spreads between the bond market and the crédit default swap market». Agosto de 2004.

[230] www.markit.com/en/

[231] https://ecommerce.barcap.com/indices/index.dxml

[232] Arnaud Mares, «Ask Not Whether Governments Will Default, but How», London, Morgan Stanley, 26/8/2010.

[233] Financial Times, «View from the Markets», 8/1/2010.

[234] Michael Mackenzie, «Bond vigilantes keep close watch on US deficit». Financial Times, 7/1/2011.

[235] Jonathan Burton, «Sovereign debt ‘vigilantes’ make Europe pay». MarketWatch -The Wall Street Journal, San Francisco, 17/5/2010.

[236] Paul Krugman, «The Invisible Bond Vigilantes Have Resumed Their Invisible At.tack». The New York Times, 8/5/2011.

[237] Juan Hdez. Vigueras, La Europa opaca…opus cit.; págs. 109-150.

[238] Financial Times, 18/3/2010.

[239] Gerald A.Epstein, editor, opus cit., pág. 359.

[240] FCI Report cit., p. xviii. De este informe oficial de enero de 2011 disienten cuatro de los diez miembros de la Comisión en algunos puntos; y estuvo asesorada por 87 expertos, de los cuales cuatro eran directores.

PARTE III

CASINO, JUGADORES Y JUEGO

Capítulo 1

LOS GOBIERNOS PIERDEN LA PARTIDA

[241] Discurso de Nicolas Sarkozy en World Policy Conference, Évian, octubre de 2008; y otros en www.elysee.fr/president/accueil.1.html

[242] FCI Report, p. xviii.

[243] Simon Johnson, [13 Bankers..., opus cit.; pág. 91.

[244] Europe’s Finance Industry Regulations. London’s Lobbyists Prepare to Return Fire, Spiegel-on-line, 05/20/2010.

[245] Financial Times, 1/9/2010.

[246] The Economist, 8/3/1997.

[247] CEO-Corporate European Observatory, Europa S.A. La influencia de las multinacionales en la construcción de la UE, Icaria, 2002, págs. 34 y siguientes.

[248] Un ejemplo es el Instituto de Formación Europea en http://www.e-t-i.be/

[249] http://www.corporateeurope.org/

[250] «Banking try to fight off wafe of controls» en Financial Times, 31/1/2010.

[251] «Financial regulation: A shield asunder» en Financial Times,19/5/2011.

[252] Véanse datos y análisis en «Financial regulation: A Shield asunder», Financial Times, 19/5/2011.

[253] Financial Times, 19/5/2011, artículo cit.

[254] http://www.oecd.org/dataoecd/50/0/43606256.pdf

[255] http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/2011-05-10_-_offshore_-_NA222_-_OK.pdf

[256] Financial Times, 19/5/2011.

[257] Financial Times, 28 /9/2011.

[258] Financial Times, 8/7/2011.

[259] Financial Times, 22/4/2010.

[260] Gillian Tett, «Derivative thinking». Financial Times, 30/5/2010.

[261] Financial Times, 19/5/2011.

[262] Louise Story, «A Secretive Banking Elite Rules Trading in Derivatives» en The New York Times, 11/12/2010.

[263] http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/derivatives/100614_derivatives.pdf

[264] «Bank Stocks rise on financial reform news», The Huffington Post, 26/6/2010.

[265] Financial Times, 31/1/2010.

[266] Tri-party Repo Infrastructure Reform; The Federal Bank of New York, 17 de mayo de 2010; Task Force on Tri-Party Repo Infrastructure; 17 de mayo de 2010.

[267] Financial Times, 23/9/2010.

[268] Financial Times, 18/9/2011.

[269] Zsuzsánna Biederman, Change we can believe in? American financial regulation after the crisis. Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences. Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences. Hungary´s EU Presidency Series. IWE Short Notice–nº 40. 17 de noviembre de 2011.

[270] Europe’s Finance Industry Regulations. London’s Lobbyists Prepare to Return Fire, Spiegel-on-line, 20/5/2010.

[271] Financial Times, 18/5/2010; El País, 19/5/2010.

[272] G.Tett, Fool´s gold … opus cit., pág. 240.

[273] CE. MEMO/10/409, 15/9/2010.

[274] http://www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/ProgrammePFUE/Programme_ES.pdf

[275] EurActiv 23/10/08.

[276] http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_fr.htm

[277] «EU sets up trio of financial watchdogs» en Financial Times, 2/12/2010.

Capítulo 2

LAS AGENCIAS REGULADORAS DEL CASINO

[278] Mohamed El-Erian, «US downgrade heralds a new financial era» en Financial Times, 6/8/2011.

[279] FCI Report, pág.xxv.

[280] FCI Report, pág.xxv.

[281] «L’agence de notation Moody’s épinglée par des ex-salariés» en Le Monde, 2/6/2010.

[282] FCI Report, pág. 147.

[283] FCI Report, pág.43.

[284] Gillian Tett, Fool´s gold…opus cit.; págs. 98-100.

[285] El País, 19/6/2011.

[286] Richard Adams´ blog Sunday, US attacks S&P’s ‘credibility and integrity’ over debt downgrade, 7/8/2011 en www.guardian.co.uk

[287] Board of Governors of the Federal Reserves System, Report to the Congress on Credit Ratings, julio de 2011 en http://www.federalreserve.gov/

[288] Kevin Gallagher, «The tyranny of bond markets» en The Guardian, 9/4/2010.

[289] FCI Report, pág.132.

[290] David Segal, «Ohio sues rating firms for losses in Funds» en The New York Times, 21/11/2009.

[291] El País, 3/9/2011.

[292] Guillermo de la Dehesa, La primera gran crisis…opus cit., p. 343.

[293] Guillermo de la Dehesa, La primera gran crisis…, opus cit. págs. 400-401.

[294] Erik Nielsen, «ECB must re-examine its dependence on rating agencies» en Financial Times, 25/3/2010.

[295] http://www.wikinvest.com/stock/McGraw-Hill_Companies_(MHP

[296] Manuel Castells, La era de la información. Volumen 1. La sociedad en red. Alianza Editorial, 2ª edición, pág. 141.

[297] El País,4/7/2010.

[298] FCI Report, pág. 206.

[299] http://www.mcgraw-hill.com/

[300] http://www.wikinvest.com/stock/McGraw-Hill_Companies_(MHP)

[301] http://v3.moodys.com/Pages/atc.aspx

[302] FCI Report, págs. 206-207.

[303] http://www.fitchratings.com/jsp/creditdesk/AboutFitch.faces?context=1&detail=1

[304] Noël Blandin, Biographie: Qui est Marc Ladreit de Lacharrière en www.republique-des-lettres.fr

[305] http://investing.businessweek.com/research/stocks/snapshot/snapshot.asp?ticker=FIM:FP

[306] Victoria Taylor, Dexia, Fimalac, Deutsche Bank: European Equity Preview, Reuters, 25/7/2011.

[307] Malay Bansal, «Rating Agency Reform: The Real Problem That Has Not Been Recognized», en revista de inversiones Seeking Alpha, 28/6/2010, págs.13-17.

[308] El País, 6/12/2011.

[309] http://www.sec.gov/spotlight/dodd-frank/creditratingagencies.shtml

[310] Kevin Gallagher, «The tyranny of bond markets» en The Guardian, 9/4/2010; y Thomas O. Gorman, Dodd-Frank Impact on Credit Rating Agencies en http://www.lexisnexis.com/community/corpsec/blogs/corporateandsecuritieslawblog/archive/2010/08/24/dodd-frank-impact-on-credit-rating-agencies.aspx

[311] Le Monde, 25/11/2010.

Capítulo 3

LA CONTABILIDAD FALAZ DE LOS JUGADORES

[312] FCI Report, págs. 324 y 326.

[313] FCI Report, págs. XX, 65, 230 y otras.

[314] Prem Sikka, Accountancy and the Banking Crisis: Some comments on the Treasury , documento disponible en http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmtreasy/144/144ii.pdf

[315] Adam Jones, «Accountaccy: Legger domain» en Financial Times, 26/6/2011.

[316] El País, 6/9/2011 y siguientes fechas.

[317] «La crisis cambia las reglas de juego de los tasadores» en El Mundo, 26/06/2010.

[318] FCI Report, pág. 134.

[319] Gillian Tett, «Greek bond losses put role of CDS in doubt» en Financial Times, 17/11/2011.

[320] Juan Miguel del Cid Gómez, «Del mark-to-market al valor imaginario de los activos: no hay que matar al mensajero». http://www.eleconomista.es/12/10/08.

[321] FCI Report, pág. 373.

[322] Guillermo de la Dehesa, La primera gran crisis…, opus cit.; págs. 353-355.

[323] Ellen Brown, Credit Where Credit Is Due, en www.webofdebt.com/articles/ creditcrunch.php, 11/1/2011.

[324] El País, 1/10/2010 y La Voz de Galicia 25/8/2011 y fechas anteriores.

[325] José Gómez. El discreto encanto de las auditorías bancarias en http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-de-opinion/El-discreto-encanto-de-las-auditorias-bancarias.html

[326] Auditoras, ¿juez y parte? en El País, 2/10/2011.

[327] FCI Report, pág. 177.

[328] The Guardian 14/03/2008.

[329] Jim Cousin, Austin Mitchell y Prem Sikka, Race to the bottom: The case of the acountancy firms. Association for Accountancy & Business Affairs, Essex, UK, 2004; capítulos 2 y 4 de la monografía

[330] El País, 2/10/2011.

[331] Financial Times, 30/8/2011.

[332] Camfferman, K. and Zeff, S.A. (2007). Financial Reporting and Global Capital Markets: A History of the International Accounting Standards Committee, 1973-2000. (Oxford University Press); citado en el informe P. Sikka, p. 240.

[333] http://www.ifrs.org/The+organisation/IASCF+and+IASB.htm

[334] Prem Sikka, «There’s no accounting for accountants». The Guardian, 29/8/ 2007.

[335] Reglamento 1606/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo.

[336] RD 1514/2007.

[337] www.taxresearch.org

Capítulo 4

BASILEA (SUIZA) FIJA LAS REGLAS DEL JUEGO BANCARIO

[338] http://www.fsa.gov.uk/pages/Library/Communication/Speeches/2009/0121_at.shtml

[339] FCI Report, pág. xxvii.

[340] http://www.bis.org/about/profile_es.pdf

[341] Guillermo de la Dehesa, La primera gran crisis…, opus cit.; págs. 395-401.

[342] Bruce Wiseman, «The Financial Crisis: A look Behind the Wizard’s Curtain,» Canada Free Press (19 de marzo de 2009).

[343] Leonard Seabrook, US Power in International Finance. The Victory of Dividends. Palgrave (2001), páginas 136-138.

[344] Peter Myers, The 1988 Basle Accord-Destroyer of Japan’s Finance System en http://www.mailstar.net/basle.html actualizado al 9/9/2008.

[345] Henry CK Lu, «Global Economy: The BIS versus National Banks», The Asian Times, 5/5/2002.

[346] Nirmal Chandra, Is Inclusive Growth Feasible in Neoliberal India? en www.networkideas.org; septiembre de 2008.

[347] «BIS Calls Trigger Vicious Cycle» en Korea Times, 12/12/2008.

[348] Gerald A.Epstein, Financialisation…, opus cit.; pág. 404.

[349] Financial Times, 15/9/2010.

[350] Robert Preston, Basel III: A missed oportunitiy, 14/9/2010, en www.bbc.co.uk

[351] André Lehman, «Bâle III n’évitera pas de nouvelles crises bancaires». Agencia France Press, Zúrich, 16/9/2009.

[352] Ángel Berges y Francisco Valero, «Basilea III aprieta, pero no ahoga», El País 19/09/2010.

[353] R.D. Ley, 2/2011.

[354] This is Basel III??, 13/9/ 2010 en www.nakedcapitalism.com

[355] http://www.bis.org/publ/bcbs179_es.pdf

[356] www.bis.org

[357] «BIS-Bank of International Settlement: The Mother of All Central Banks», hubpages.com, 2009; citado en Ellen Brown, The Tower of Basel: Secretive Plans for the Issuing of a Global Currency. Global Research, 18/4/2009 en http://www.newswithviews.com/Veon/joan30.htm

[358] Edward Jay Epstein, Ruling The World of Money HARPER, Noviembre 1983 en http://www.edwardjayepstein.com/archived/moneyclub.htm

[359] Edward Jay Epstein, The Money Club, HARPER, noviembre de 1983 en http://www.edwardjayepstein.com/archived/moneyclub2.htm

[360] Patrick Wood Global banking: the bank for international settlements, 19/10/ 2005 en http://www.newswithviews.com/Wood/patrick4.htm

[361] http://www.bis.org/publ/bcbs179_es.pdf

[362] Juan Hdez. Vigueras, Los paraísos fiscales. Cómo los centros offshore socavan las democracias. Akal, 2005; págs. 356-357.

[363] Disponible en Internet: OGBS House of Commons Treasury Committee, june 2008. pdf. House of Commons Treasury Select Committee Financial Stability And Transparency The Role Of Offshore Financial Centres (Ofcs)1 Submission On Behalf Of The Offshore Group Of Banking Supervisors (Ogbs).

[364] www.ogbs.net

[365] Las referencias que hacemos al profesor Carroll Quigley están tomadas de Ellen Brown, The Tower of Basel: The Secretive Plans…; opus cit.