Política y sociedad

Dirección:

Elena Hernández Sandoica

Política y sociedad

Juan Francisco Fuentes

1. El reinado de Fernando VII (1808-1833)

1.1. La Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz

1.1.1. El colapso de la Monarquía tradicional

1.1.2. El levantamiento contra los franceses

1.1.3. Los afrancesados y la Monarquía josefina

1.1.4. El proceso revolucionario

1.1.5. Un liberalismo de guerra: las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

1.1.6. Fin de la guerra y golpe de Estado absolutista

1.2. La restauración absolutista (1814-1820)

1.2.1. Un falso retorno al pasado

1.2.2. La insurrección americana

1.2.3. Los problemas financieros de la Monarquía

1.2.4. Las conspiraciones liberales

1.3. El Trienio liberal (1820-1823)

1.3.1. La puesta en marcha del régimen y el desarrollo de una cultura política liberal

1.3.2. Las divisiones del liberalismo

1.3.3. Los problemas del régimen liberal: la amenaza interior y la política económica

1.3.4. La Santa Alianza y la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis

1.4. La Década Ominosa (1823-1833)

1.4.1. Involución, represión y exilio

1.4.2. Las reformas absolutistas

1.4.3. Las divisiones internas del absolutismo: el primer carlismo

1.4.4. Agonía del régimen y muerte del rey

2. La regencia de María Cristina (1833-1840)

2.1. Transición política y guerra civil

2.2. De la transición ala revolución: tensiones políticas y violencia social (1834-1835)

2.3. El gobierno Mendizábal (septiembre de 1835-mayo de 1836)

2.4. Entre el final del régimen del Estatuto y la Constitución de 1837

2.5. La primera guerra carlista

2.6. Cambios sociales y económicos y nuevas ideologías en presencia

2.7. Los progresistas, los moderados y la regente María Cristina: una convivencia imposible (1837-1840)

3. Progresistas y moderados en el poder (1840-1856)

3.1. El Trienio esparterista (1840-1843)

3.1.1. Espartero, "el general del pueblo"

3.1.2. La oposición a Espartero

3.1.3. El problema militar durante la regencia de Espartero

3.1.4. La obra legislativa de la regencia y la crisis final del régimen

3.2. La Década Moderada (1844-1854)

3.2.1. La rápida transición hacia el régimen moderado (1843-1844)

3.2.2. El primer gobierno de Narváez, la nueva Constitución y la reforma fiscal de 1845

3.2.3. De Narváez a Narváez (1846-1851)

3.2.4. Prensa, lecturas y lectores a mediados del siglo XIX

3.2.5. El moderantismo civil y el final de la Década Moderada: entre la modernización y el autoritarismo

3.2.6. La Vicalvarada

3.3. El Bienio progresista (1854-1856)

3.3.1. La "Revolución de la moralidad" y la Constitución non nata

3.3.2. Las reformas económicas del Bienio y los orígenes del capitalismo financiero español

3.3.3. Conflictividad social y crisis política

4. El final del reinado de Isabel II (1856-1868)

4.1. La vuelta al moderantismo (1856-1858)

4.2. Los orígenes de la Unión Liberal

4.3. El "gobierno largo" de O'Donnell (1858-1863)

4.3.1. Líneas generales de su actuación

4.3.2. Economía y sociedad a mediados del siglo XIX

4.3.3. La política exterior y las aventuras coloniales

4.4. Una transición a ninguna parte: de la caída del "gobierno largo" de O'Donnell a la vuelta de Narváez

4.5. La crisis irreversible del régimen isabelino

4.6. Crisis económica y hundimiento de la Monarquía

4.7. Epílogo: la Revolución de Septiembre

5. Estado de la cuestión

5.1. Viejos y nuevos paradigmas para una interpretación de1 siglo XIX español

5.2. Principales aportaciones historiográficas sobre la España liberal

5.2.1. De la historia económica a la historia política

5.2.2. Una visión horizontal: los grandes temas de estudio

5.3. Entre la historia política y la historia cultural: pueblo y público

5.3.1. El público lector

5.3.2. El pueblo soberano

5.4. Obras generales, de consulta y de referencia

Apéndice documental

Bibliografía

1.1. La Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz

1.1.1. El colapso de la Monarquía tradicional

Hay amplio acuerdo entre los historiadores en hacer del año 1808 la fecha inaugural de nuestra historia contemporánea, marcando así un claro deslinde entre la España del Antiguo Régimen y el proceso revolucionario, iniciado aquel mismo año, que con el tiempo desembocó en el triunfo del liberalismo. La magnitud del cambio histórico desencadenado por la Guerra de la Independencia se explica por el arraigo que las ideas ilustradas, semilla del pensamiento liberal, habían alcanzado en España, pero también, y tal vez sobre todo, por la profundidad de la crisis que venía arrastrando el Antiguo Régimen, y con él la Monarquía absoluta como forma de gobierno. El desprestigio sin precedentes de las personas que encarnaban el poder real - el rey Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma - tiene mucho que ver con una crisis general del sistema que la sociedad de la época prefirió personalizar en Carlos IV y especialmente en su valido y hombre fuerte Manuel Godoy, al que el rey había otorgado los títulos de Generalísimo y Príncipe de la Paz. Si a los ojos de una buena parte de la sociedad española Carlos IV, María Luisa de Parma y Manuel Godoy eran la verdadera causa de los males del país, el futuro Fernando VII, que ostentaba como primogénito el título de príncipe de Asturias, fue considerado por esos mismos sectores la principal esperanza de una regeneración nacional.

La propia palabra regeneración formaba parte esencial del vocabulario político de la época. Era tal el ansia de regeneración y tal la fuerza de este concepto como talismán de la historia de España, que cuando en junio de 1808 Napoleón Bonaparte se dirigió a los españoles anunciando la convocatoria de la Asamblea de Bayona, confesó su deseo de que algún día pudieran decir de él: "Es el regenerador de nuestra patria' (Aymes, 1974: 126). En realidad, durante todo el siglo XIX no dejaría de figurar entre los conceptos clave de la vida política española, aunque su significado pudiera variar ampliamente desde un registro conservador, que veía en la regeneración la vuelta a un orden tradicional socavado por las reformas ilustradas y luego liberales, hasta una concepción liberal y democrática, según la cual los poderes tradicionales - la Iglesia, la aristocracia e incluso la Monarquía - eran los únicos causantes de una crisis nacional que venía de tiempos muy lejanos. Sólo extirpando o limitando al máximo el poder de esas fuerzas tradicionales se podría llevar a cabo la ansiada regeneración. Por el contrario, para los sectores más conservadores la causa de la decadencia había que buscarla, junto a la hostilidad de algunas naciones europeas, en el debilitamiento de aquellas instituciones - la Inquisición, por ejemplo - sobre las que se habían edificado la Monarquía católica y su imperio ultramarino. Según los partidarios del orden tradicional, la Ilustración y luego la Revolución liberal no hicieron más que ahondar una crisis que sólo beneficiaba a los enemigos tradicionales de España. El punto de intersección de estas dos visiones contrapuestas era la común interpretación de la disyuntiva histórica del año 1808 en términos de decadencia y regeneración.

Más allá del viejo tema de la decadencia nacional, que venía coleando desde el siglo XVII, España se encontraba a principios del siglo XIX ante la tesitura de una crisis estructural del sistema. Las reformas introducidas en el siglo anterior por el Despotismo ilustrado habían agotado ya sus efectos beneficiosos del primer momento, y la gran crisis internacional de finales del XVIII desencadenada por la Revolución francesa agravó todos los problemas de la Monarquía española. Si, en palabras de Pierre Vilar, España era en 1780 "uno de los países mejor encarrilados por la vía del capitalismo naciente y de la unidad de las naciones en vía de aburguesamiento" (Vilar, 1982: 204), algo debió de torcerse desde entonces para que a comienzos del nuevo siglo el panorama hubiera cambiado por completo. Primero fue la crisis financiera provocada ya en tiempos de Carlos III por una política exterior muy costosa, cuyos gastos fueron sufragados en parte con la emisión de vales reales. El estallido de la Revolución francesa en 1789 puso fin a las reformas ilustradas e hizo de la lucha contra la Francia revolucionaria el principal objetivo de la política nacional e internacional, sobre todo tras la ejecución en Francia del rey Luis XVI (1793) y el estallido de la guerra entre España y la Convención francesa. Las nuevas necesidades militares de la Monarquía ahondaron la crisis económica y financiera, mientras en el horizonte asomaba el peligro de que la independencia de las 13 colonias inglesas en América del Norte pusiera en marcha un fenómeno similar entre las colonias españolas, cuya importancia para el sostenimiento de la Monarquía y, en general, para la viabilidad de los sectores punteros de la economía española no escapaba a nadie. La necesidad de defender las colonias americanas ante el riesgo de emancipación y las continuas injerencias británicas hizo de América un problema de muy difícil solución, porque si las finanzas de la Monarquía dependían en parte del Imperio colonial, la defensa de este último añadía nuevas y gravosas cargas sobre una Hacienda en crisis. Hacia 1790, antes por tanto de las guerras que marcaron el tránsito de uno a otro siglo, los presupuestos de Guerra y Marina representaban el 65 por ciento del gasto total de la Hacienda española.

El giro de la política española hacia una alianza con Francia a partir de 1795, cuando la Paz de Basilea puso fin a la llamada Guerra de la Convención (1793-1795), trajo consigo un estado de guerra intermitente con Inglaterra, enemigo común de los dos países. Esta circunstancia marcó la política exterior española hasta 1808 y tuvo de nuevo consecuencias muy negativas para las arcas del Estado. La crisis financiera llevó a Manuel Godoy a buscar una solución desesperada en una medida que anticipa la política económica del liberalismo en el siglo XIX: la enajenación y venta de bienes en manos muertas, propiedad de la Iglesia o de los municipios, es decir, la desamortización. Aunque de alcance muy limitado, la desamortización de obras pías autorizada por Godoy en 1798 suponía traspasar una línea - el carácter intangible del patrimonio de la Iglesia - que hasta entonces había respetado la política reformista del Despotismo ilustrado. Pero, más allá de su indudable simbolismo, la medida resultaba insuficiente ante la gravedad de la crisis financiera: las nuevas emisiones de deuda durante la Guerra de la Convención habían depreciado los vales reales en un 60 por ciento. En 1808, se habían vendido bienes de la Iglesia por valor de 1.653 millones de reales. Era tan sólo el importe de la sexta o séptima parte de las propiedades teóricamente afectadas por la desamortización, pero, aún así, a la Iglesia le había tocado soportar lo peor de la crisis del Estado. Y es que al déficit heredado de tiempos de Carlos III se sumó el coste de una política exterior y militar que suponía unir la suerte de España a la del Imperio francés proclamado en 1801 y encarnado en la figura de Napoleón Bonaparte. Pese al carácter errático y oportunista de toda su política y a cometer algún grave error de cálculo, como cuando en 1806 firmó una proclama de tintes antinapoleónicos, Godoy jugó muy fuerte la carta de una alianza con el país que parecía llamado a dominar Europa. La derrota francoespañola en Trafalgar (1805) marcó los límites de esa alianza y del propio poderío francés, condenado a estrellarse en la indiscutible hegemonía naval británica, un hecho especialmente preocupante para los intereses de la Monarquía española en Ultramar. La firma del Tratado de Fontainebleau entre España y Francia (1807) supuso un cambio de estrategia en la alianza antibritánica: al planificar una invasión conjunta de Portugal - una campaña por tierra que parecía relativamente sencilla - se pretendía dejar a Gran Bretaña sin su principal aliado en Europa.

Los reveses cosechados por Godoy fueron dando argumentos a quienes interpretaban la crisis nacional como consecuencia de la nefasta política del valido y de la dejación por el rey Carlos IV de sus obligaciones y prerrogativas. Pero las causas iban más allá de los errores que sin duda cometió el Príncipe de la Paz en el ejercicio de un poder casi ilimitado. Tras un siglo de relativa prosperidad y de fuerte crecimiento demográfico, en los últimos tiempos habían reaparecido las crisis de subsistencias - como la de 1803-, el comercio colonial se resentía gravemente del conflicto con Inglaterra y se había quebrado o por lo menos estancado la evolución positiva de la población. España entraba en el siglo XIX con algo más de diez millones de habitantes, un dato puramente estimativo, toda vez que el último censo fiable, el llamado Censo de Floridablanca, se había realizado entre 1786 y 1787. La existencia de un partido - léase facción o camarilla - de oposición a la figura de Godoy se remontaba a sus primeros tiempos como gobernante, pero el descontento general hizo que el rechazo a su figura fuera ganando adeptos. Ese partido, que - conviene insistir en ello - en nada se parecía a un moderno partido político, ha sido conocido como partido aristocrático o fernandino, nombres que revelan a las claras sus motivaciones y sus posibles integrantes: un grupo de miembros de la alta nobleza y de clérigos palatinos descontentos con la política de Godoy, al que consideraban no sólo un advenedizo, sino el usurpador de un poder que en rigor correspondía a las viejas élites estamentales. Por razones políticas y personales, el príncipe de Asturias, futuro Fernando VII, se colocó, o se dejó colocar, al frente de una facción que pretendía acabar con el poder del usurpador. El resultado de todo ello fue el llamado Proceso de El Escorial (1807), fruto del descubrimiento de papeles comprometedores en los aposentos del príncipe de Asturias, entre ellos una representación dirigida a Carlos IV en la que el propio príncipe, que la había redactado de su puño y letra, criticaba duramente a Godoy (La Parra, 2002: 367). De todos aquellos papeles se deducía fácilmente la existencia de una conspiración y la implicación en ella del príncipe Fernando. Aquel primer asalto - llamémoslo así - contra el poder del valido se saldó con el castigo de algunos de los implicados, miembros del partido aristocrático o fernandino, y con una carta del propio Fernando a su padre Carlos IV reconociendo su culpa y pidiendo perdón: "Señor, Papá mío: he delinquido, he faltado a V. M. como rey y como padre". Para hacer más creíble su arrepentimiento, Fernando denunció a algunos de sus cómplices. Seis años después, la reina María Luisa le confesó a Lord Holland haberse "estremecido ante la insensible bajeza" con que se comportó su hijo en aquella ocasión (Fraser, 2006: 37). Las medidas represivas adoptadas por Godoy le hicieron aún más impopular. Mientras tanto, la impunidad del príncipe de Asturias le dio a este último nuevas alas para seguir conspirando contra el valido y en última instancia contra su padre.

El asalto definitivo se produjo unos meses después, en marzo de 1808, en otro escenario palatino: el Real Sitio de Aranjuez. Los hechos conocidos como el motín de Aranjuez se iniciaron en la noche del 17 al 18 de marzo, cuando una multitud enfurecida asaltó la casa de Godoy, que permaneció oculto hasta el día 19, en que, al salir de su escondite, fue descubierto por los amotinados. Para aplacar los ánimos, Carlos IV decidió abdicar en su hijo Fernando, que comenzó de esta forma, por lo menos nominalmente, su largo y controvertido reinado. La noticia motivó una nueva oleada de violencia por parte de aquellos que se consideraban los grandes triunfadores del motín y que dieron rienda suelta a su odio a Godoy destruyendo los retratos y símbolos del valido. Sus colaboradores más significados sufrieron todo tipo de atropellos, mientras se paseaba por las calles la imagen del nuevo rey, Fernando VII, acogido con verdadero júbilo por la población en diversas partes de España. La actuación del efímero gobierno nombrado por Fernando no tuvo otro objeto que deshacer la obra política de Godoy (La Parra, 2002: 397). En el origen del motín, que tuvo una apariencia popular y espontánea, figuraron miembros de la alta nobleza vinculados al partido fernandino, como el conde del Montijo, al que numerosas fuentes señalan como uno de los instigadores del tumulto (Morange, 1990: 27).

La caída de Godoy y la abdicación de Carlos IV no acabaron, sino que más bien aceleraron la crisis de la Monarquía española en un momento sumamente delicado. Las tropas francesas que habían entrado en España en cumplimiento del Tratado de Fontainebleau habían dado lugar ya a incidentes de cierta gravedad con la población, que veía en los franceses a los enemigos tradicionales de España y en los soldados de Napoleón a los representantes de la Francia revolucionaria contra la que España había luchado en la década anterior. No es que el nuevo rey, Fernando VII, pretendiera romper la alianza con Francia; más bien todo lo contrario: una de las opciones que había barajado recientemente para privar del trono a su padre era casarse con una princesa designada por Napoleón. El deterioro de la situación continuó en las semanas siguientes hasta llegar a un punto sin retorno. Tan sólo dos días después de renunciar al trono, Carlos IV declaraba nula su abdicación, que le había sido impuesta por la fuerza. En vista de ello, el emperador optó por intervenir directamente en busca de una solución a la crisis de la Monarquía española, cuya estabilidad le resultaba vital para el desarrollo de su política en la Península. A tal fin, consiguió que los miembros de la familia real española acudieran a su encuentro en Bayona, en el País Vasco francés, para comunicarles sus planes y obtener su colaboración. Fernando llegó el 20 de abril, Godoy, que era como de la familia, el 26 y Carlos IV y su esposa el 30. El resto debía partir de Madrid el 2 de mayo.

1.1.2. El levantamiento contra los franceses

Aunque antes de partir para Francia Fernando había nombrado una junta de Gobierno que debía ejercer el poder en su nombre, la situación del país aquel 2 de mayo estaba presidida por el caos y el vacío de poder. Si la legitimidad de las autoridades españolas parecía muy cuestionada por la confusión reinante, la sensación de que los franceses pretendían manejar la situación en su provecho encendió los ánimos de amplias capas de la población, convencidas además de que los ocupantes trabajaban por la vuelta de Godoy al poder y de que el antiguo valido había llegado a un acuerdo con las autoridades militares francesas. La noticia que corrió por Madrid la mañana del 2 de mayo de que los franceses pretendían llevarse a Francia a los restantes miembros de la familia real fue el detonante de una insurrección popular que contó con el apoyo -y tal vez con la dirección - de unos pocos militares, nobles y clérigos. Pero los 30.000 hombres que el general Murat, jefe de las tropas francesas en la Península, tenía acantonados en Madrid eran una fuerza incontestable, sobre todo teniendo en cuenta que la guarnición del ejército español en la capital, compuesta por unos tres mil hombres, permaneció en su mayor parte acuartelada por orden de sus superiores. La insurrección acabó, pues, en un baño de sangre, que el escritor Ramón Mesonero Romanos, testigo de aquellos sucesos, recordaría con horror muchos años después al escribir sus memorias (véase Apéndice, documento 1). El pintor Francisco de Goya inmortalizó las jornadas del 2 y 3 de mayo en Madrid en dos grandes lienzos titulados La carga de los mamelucos y Los fusilamientos del 3 de mayo. Hay que recordar, no obstante, que estos cuadros fueron pintados después de la derrota francesa y que durante la Guerra de la Independencia Goya fue uno de los muchos intelectuales y artistas que apoyaron a la Monarquía bonapartista instaurada por Napoleón.

Pese a los esfuerzos de Murat por evitar la propagación de la revuelta, la insurrección se extendió por buena parte del territorio nacional, con un desenlace muy diverso según los casos. El famoso bando del alcalde de Móstoles del propio 2 de mayo llamando a un alzamiento general contra los franceses le dio un sentido épico a un movimiento que en realidad se desarrolló de forma bastante anárquica y con una casuística muy variada en cuanto a la forma de actuación, a sus integrantes y a las motivaciones políticas subyacentes a la insurrección. "Es necesario que muramos por el rey y por la patria', rezaba el bando del alcalde de Móstoles. Pronto surgió entre los franceses y sus aliados españoles - llamados afrancesados o josefinos - una interpretación que la historiografía posterior ha asumido por lo menos en parte: la existencia de un hilo conductor entre el motín de Aranjuez en el mes de marzo y los hechos del 2 de mayo. La intervención en ambos acontecimientos de figuras destacadas de la élite nobiliaria y eclesiástica serviría para establecer una continuidad histórica e ideológica entre la lucha contra Godoy y el levantamiento contra los franceses. Se explicaría así el papel catalizador que en uno y otro caso desempeñó Fernando VII como contrafigura de Godoy y, muy pronto, de Napoleón Bonaparte. Todo ello obligaría a revisar el carácter espontáneo de la insurrección popular. Ciñéndonos a esta versión de los hechos, queda la duda de cómo un movimiento de tal naturaleza, instigado con una intención involucionista por algunos miembros de la nobleza y el clero, pudo desembocar en un proceso revolucionario coronado por la promulgación de la Constitución gaditana de 1812.

Hay otra interpretación, que cuenta con un respaldo abrumador en las fuentes de la época, según la cual las clases populares, predispuestas a la acción por el estado de crisis en que vivía el país, tomaron la iniciativa ante el desmoronamiento de las instituciones y el desconcierto de las élites tradicionales, recelosas del protagonismo histórico adquirido por la plebe desde el motín de Aranjuez. Es la idea que encontramos, por ejemplo, en una carta particular escrita en agosto de 1808 por un miembro de las clases acomodadas: los motines del mes de marzo, con epicentro en Aranjuez, fueron "el origen de todo lo sucedido posteriormente, porque desde entonces la plebe manda y las autoridades obedecen por temor". Años después, el marqués de Ayerbe recogía en sus memorias una versión parecida de aquellos hechos, aunque cargando las tintas en la complicidad o, como mínimo, la pasividad de las clases privilegiadas: tras señalar el comportamiento vacilante de muchos oficiales del ejército, añade que "fueron escasísimos asimismo los grandes, palaciegos y cortesanos, ministros y togados que tomaron parte activa en el movimiento nacional, limitándose sólo su intervención a procurar aplacar al pueblo" (Fontana, 1979: 59-60). Personajes emblemáticos de la España patriota y liberal, como Alcalá Galiano, el periodista Fernández Sardinó o el bibliotecario de las Cortes de Cádiz, Bartolomé José Gallardo, coinciden en destacar el papel determinante del pueblo en el levantamiento contra los franceses y la actitud vacilante y temerosa de las clases dirigentes. Con matices, es el testimonio que aportará años después el escritor Ramón Mesonero Romanos en sus Memorias de un setentón al evocar la jornada del 2 de mayo de 1808 en Madrid y al destacar el papel apaciguador desempeñado por las autoridades nombradas por Fernando VII antes de partir hacia Bayona.

La generalización del movimiento provocó el desconcierto de los franceses. Se trató de un alzamiento eminentemente urbano, con la excepción de Cataluña, donde prendió con fuerza en el campo. Oviedo, Valencia, Zaragoza, Sevilla, La Coruña, Badajoz, Valladolid y Cartagena son, con Madrid, las principales ciudades que protagonizaron la reacción antifrancesa, núcleos urbanos de la periferia caracterizados por su importancia administrativa y militar como sede de las audiencias o de las capitanías generales. Asimismo, en la mayoría de los casos las ciudades sublevadas se encontraban en aquel momento libres de tropas francesas. La generalización del movimiento y una reacción fulgurante, aunque engañosa, de lo que quedaba del ejército borbónico español, reforzado por milicias organizadas por los primeros núcleos de resistencia, como las juntas de Sevilla y Granada, dieron pie al optimismo de los sublevados. El principal fruto de esta reacción fue el fracaso de los franceses en su intento de tomar Gerona, Zaragoza y Valencia y, muy especialmente, la victoria de las tropas españolas dirigidas por el general Castaños en Bailén (Jaén) el 19 de julio de 1808 sobre el ejército francés comandado por el general Dupont. El efecto de la victoria española en Bailén fue espectacular. La noticia recorrió enseguida toda Europa y puso en entredicho el mito del carácter invencible del ejército napoleónico. Así lo reconoció años después el propio Napoleón al calificar la Guerra de la Independencia española como "una verdadera plaga" y "la primera causa de los infortunios de Francia". Los franceses se vieron obligados a abandonar Madrid y a replegarse al norte del Ebro, a la espera de refuerzos, que no tardaron en llegar. La España patriota, representada por los restos del naufragio del Estado borbónico y sobre todo por la nueva y abigarrada realidad de la resistencia antinapoleónica, vio en Bailén la señal de una rápida victoria sobre el enemigo. Pero pronto se pudo comprobar que aquello había sido un espejismo.

1.1.3. Los afrancesados y la Monarquía josefina

Mientras tanto, la crisis política iniciada con el motín de Aranjuez seguía su curso. Los hechos de mayo dieron lugar a un desdoblamiento de la historia de España en los dos bandos que se enfrentaron durante la Guerra de la Independencia: de un lado, la España patriota, con sus nuevas y revolucionarias instituciones (juntas, guerrilla y, a partir de 1810, Cortes Generales), y, del otro, una Monarquía bonapartista encarnada en José 1 y apoyada por el ejército napoleónico y por un sector de las clases dirigentes españolas, que vieron en la alianza con los franceses la mejor garantía para el mantenimiento de un orden social muy maltrecho con los últimos acontecimientos. Así pues, además de su carácter fundamental de lucha contra el ejército francés, la Guerra de la Independencia fue también una guerra entre españoles.

La Monarquía bonapartista que rigió hasta la derrota francesa los destinos de la España ocupada nació en Bayona. Queda dicho que en esta ciudad del País Vasco francés se produjo el encuentro entre Napoleón y los Borbones, que dio lugar muy pronto a la reunión de una Asamblea de Notables españoles - un centenar escaso - convocados a la usanza de las antiguas Cortes para revalidar las decisiones adoptadas por Napoleón. En mayo de 1808, el emperador había conseguido que Carlos IV le reconociera la potestad de disponer de la corona de España, con la anuencia del resto de la familia real española, allí presente. Esta circunstancia dejaba las manos libres a Napoleón para resolver la crisis española de la forma más conveniente a sus intereses, que no fue otra que designar a su hermano José Bonaparte nuevo rey de España mediante un decreto del 4 de junio de 1808. Para dar visos de legalidad al nombramiento de José 1 y en cierta forma españolizar el origen de la nueva dinastía, el emperador convocó también en Bayona una Asamblea de Notables, en representación de los estamentos privilegiados de la España del Antiguo Régimen y del llamado estado llano - las ciudades, las universidades, los gremios, etc.-, que habrían de sancionar las decisiones adoptadas en Bayona y promulgar una Constitución que sirviera de norma fundamental a la nueva Monarquía.

Napoleón puso mucho empeño en respetar la cadena de mando prevista por la legalidad tradicional española y establecer una continuidad histórica sustancial entre la vieja y la nueva dinastía. La propia convocatoria de la Asamblea de Notables contó con el respaldo del Consejo de Castilla, lo que avala nuevamente la sensación de que en la disyuntiva entre apoyar a los insurgentes o a los franceses, los sectores representativos de la España tradicional optaron más bien por esto último. El 29 de mayo, el Consejo de Castilla aprobó asimismo, esta vez bajo presión de Murat, el proyecto de Constitución que habría de ser refrendado en Bayona, adonde, mientras tanto, iban llegando los componentes de la Asamblea de Notables en medio de las tremendas dificultades derivadas de la situación de caos y de violencia que imperaba en España desde el 2 de mayo. El 7 de julio, tres semanas después de su inauguración, se disolvía la Asamblea de Bayona tras reconocer a José 1 como nuevo rey de España y promulgar la nueva Constitución. Se trataba de un texto híbrido, de 147 artículos, en el que resultaba evidente la influencia del constitucionalismo napoleónico, pero también el intento de preservar aspectos considerados incuestionables de la España del Antiguo Régimen, como la unidad religiosa o el protagonismo de la nobleza y el clero en la vida nacional. Lejos, pues, de ser una constitución liberal, el Estatuto de Bayona viene a ser una carta otorgada, con tímidas reformas sociales y polí ticas, con la que se pretendía atraer a los sectores más conservadores de la sociedad española a un pacto político con las fuerzas ocupantes. La influencia del modelo francés se manifiesta sobre todo en el entramado institucional del Estado: el Senado, que no era propiamente un órgano legislativo, el Consejo de Estado - pieza esencial en la estructura de la nueva Monarquía- y el sistema judicial. Se reconocían algunos derechos individuales, como la libertad de imprenta y el habeas corpus, se marcaban ciertas pautas para la liberalización económica de las colonias americanas - artículos 88, 89 y 90 sobre libertad de cultivo, comercio e industria - y, como principal concesión a los sectores más tradicionales, se instauraban unas Cortes de clara raigambre estamental, en las que clero, nobleza y "pueblo" tenían representación separada. La importancia concedida al factor religioso salta a la vista en las primeras palabras del preámbulo - "En el nombre de Dios todopoderoso"- y en el artículo 1.0 del texto constitucional: "La religión católica, apostólica y romana, en España y en todas las posesiones españolas, será la religión del Rey y la Nación y no se permitirá ninguna otra".

Junto al Estatuto o Constitución de Bayona, el nuevo rey, José 1, hombre conciliador y bienintencionado, debía ser la clave de bóveda de un proyecto que muchos españoles de las clases medias y altas consideraron sugestivo: la posibilidad de regenerar un país sumido en una profunda crisis histórica, sin romper definitivamente amarras con el pasado, pero introduciendo algunas reformas que muchos consideraban inaplazables. El papel de los franceses como salvaguardas de la paz y el orden era un motivo más para abrazar un proyecto que combinaba el viejo espíritu ilustrado y reformista del siglo anterior con altas dosis de pragmatismo y moderación. Todo ello explica el elevado número de afrancesados o josefinos que encontramos entre los sectores más directamente relacionados con el poder y el saber: nobleza, alto clero, militares, funcionarios de la vieja Monarquía, escritores, científicos, artistas... (López Tabar, 2001: 80-102). Fue tal la presencia de científicos y hombres de letras - poetas, ingenieros, botánicos, artistas, dramaturgos, físicos, economistas, etc. - en puestos clave de la administración josefina e incluso de la policía, que no es exagerado decir que aquella fue una Monarquía de intelectuales. Sobre la base relativamente optimista de su aceptación por los sectores más influyentes de la sociedad española, el 9 de julio José 1 entraba en España para dirigirse a Madrid a tomar posesión de su trono.

Pero la evolución de los acontecimientos alteró muy pronto algunos de los supuestos en que debía basarse el nuevo Estado instaurado en Bayona. En efecto, la inesperada derrota francesa en Bailén sembró de dudas el campo afrancesado, en el que se había instalado hasta entonces la certeza de que la opción francesa era la más segura en términos políticos y militares. La sensación de haber cometido un error de cálculo llevó a los más oportunistas a abandonar las filas afrancesadas para cambiar de bando. Esta reacción, que se repetiría en ocasiones posteriores, obliga a distinguir entre los josefinos por convicción, continuadores de la tradición ilustrada, que veían en la nueva dinastía la posibilidad de un cambio prudente y realista, y los simples colaboracionistas que apostaron por la causa que les parecía más a propósito para la defensa de sus propios intereses y cuyo apoyo a José 1 estuvo en función de la marcha de la guerra. Esta dosis de ventajismo que, en mayor o menor medida, hubo en el afrancesamiento contribuyó poderosamente a forjar el mito del afrancesado como un espécimen político que actuaba por puro cálculo. Como "animales anfibios", capaces de adaptarse a medios muy distintos según su conveniencia, los definió, efectivamente, un periódico patriota publicado en Cádiz durante la Guerra de la Independencia (Fontana, 1979: 97). No es de extrañar, pues, su capacidad de supervivencia histórica y su protagonismo en las décadas siguientes como una élite profesional de la que el Estado, cualquiera que fuera su naturaleza política, difícilmente podía prescindir.

Tras el grave revés sufrido en Bailén, Napoleón modificó parcialmente sus planes iniciales. Decidido a imponer sus designios, reforzó sus tropas en España enviando un ejército de 150.000 hombres, organizado en siete cuerpos de ejército comandados por otros tantos mariscales. Las consecuencias militares no se hicieron esperar. Tras una campaña arrolladora, el 2 de diciembre el propio emperador entraba en Madrid al frente de su ejército y preparaba el terreno para el regreso de su hermano José Bonaparte a la capital de España, que había tenido que abandonar apresuradamente en el mes de julio tras la batalla de Bailén. Bien es cierto que la forma de recuperar su trono demostraba una peligrosa dependencia de la voluntad del emperador y de la fuerza militar francesa, y por consiguiente de los generales al mando. Pronto se pudo ver cómo en la España josefina se iba desarrollando una dualidad de poderes que habría de convertirse en un semillero de conflictos: por un lado, una administración civil, formada exclusivamente por españoles, que actuaba con arreglo a los principios reformistas del Estatuto de Bayona y que contaba con el respaldo de un monarca prudente y conciliador, pero extremadamente débil; por otro, un régimen militar de facto, representado por los generales napoleónicos que, con el beneplácito de Napoleón, gobernaban con mano de hierro la zona bajo su mando. Mientras José 1 intentaba hacer honor a su condición de rey de España, los generales se sentían en tierra conquistada y actuaban sin contemplaciones ante una población mayoritariamente hostil.

Pero la intervención directa de Napoleón en los asuntos españoles tras la batalla de Bailén tuvo también consecuencias políticas. Irritado por la traición de algunos sectores conservadores de la sociedad española, decidió impri mir un giro más radical a las reformas previstas en el Estatuto de Bayona. El 4 de diciembre de 1808, Napoleón firmaba los llamados decretos de Chamartín en virtud de los cuales se suprimía la Inquisición, se abolía el régimen señorial y se reducía drásticamente el número de conventos. Era el acta de defunción del feudalismo y de las instituciones más representativas del Antiguo Régimen español. Posteriormente, se suprimieron asimismo tanto el Consejo de Castilla como los Consejos sectoriales - Hacienda, Guerra, Marina, etc.-, verdaderas piezas maestras del organigrama institucional de la Monarquía absoluta española, que quedaba así virtualmente desmantelada. Aunque las medidas adoptadas tuvieron mucho de represalia contra los sectores tradicionales que habían abandonado a José 1, los decretos de Chamartín revestían, por lo menos sobre el papel, un alcance revolucionario, que se entiende mejor si se recuerda que la España patriota no se atrevió a derogar el feudalismo y la Inquisición hasta que las Cortes aprobaron los decretos correspondientes en 1811 y 1813, respectivamente.

La presencia de Napoleón en la Península entre noviembre de 1808 y enero de 1809 tuvo, pues, importantes consecuencias en lo militar y en lo político. Sin embargo, la situación bélica se mantuvo todavía muy incierta, más allá del espectacular triunfo que supuso la conquista de Madrid. Tras el desembarco en agosto de 1808 de un cuerpo expedicionario británico en Portugal, dirigido por Wellesley (futuro vizconde de Wellington), las principales operaciones militares tuvieron por escenario el noroeste de la Península, con alternancia de victorias y derrotas francesas en Galicia y el norte de Portugal. No fue hasta finales del año siguiente, tras su victoria en Ocaña (octubre de 1809), y sobre todo a lo largo de 1810 cuando los franceses consiguieron ocupar casi toda Andalucía y controlar la mayor parte del territorio español. A principios de 1810 las fuerzas imperiales contaban en la Península con 360.000 hombres, divididos en ocho cuerpos de ejército a las órdenes de algunos de los más prestigiosos mariscales del Imperio (Fraser, 2006: 599). El bienio 1810-1812 marcó el apogeo del dominio francés en la Península y el esplendor del Estado josefino fundado en 1808. Pero esta circunstancia puso también de manifiesto la dualidad de poderes existente en la España josefina, con graves enfrentamientos entre los principales mandos franceses y los funcionarios de José 1. Napoleón creó además un régimen de excepción para las regiones pirenaicas españolas en virtud de un decreto del 8 de febrero de 1810 que las colocaba bajo la jurisdicción directa y exclusiva de los generales franceses. Los abusos cometidos por los generales y algunos conatos de insubordinación por su parte forzaron a José Bonaparte a recabar de su hermano un gesto de apoyo que le permitiera restablecer su precaria autoridad ante el generalato. Lejos de eso, el emperador respaldó siempre la actitud de sus generales, lo que en más de una ocasión llevó a José 1 a amenazar con dejar el trono de España: "Cuando un mariscal no me obedece", le dice a Napoleón en agosto de 1809, "no me queda otra solución que atacarle con las tropas que quieran obedecerme" o suplicar "a V. M. que acepte una renuncia formal al trono de España' (Artola, 1976: 156). En marzo de 1811 volvió a rondarle la idea de la abdicación: "Mi presencia aquí", decía en una carta al emperador, "es hoy en día completamente inútil" (Fraser, 2006: 625). Resulta inevitable comparar éstas y otras cartas del mismo tenor con las que por aquel entonces dirigía Fernando VII al propio emperador desde su dorado retiro en el palacio de Valencay. En una de ellas, se refería al "placer que he tenido viendo en los papeles públicos las victorias con que la providencia corona la augusta frente de V. M. I. y R. [Vuestra Majestad Imperial y Real]"; en otra, escrita durante la victoriosa campaña francesa en Andalucía, confesaba abiertamente su "gran deseo de ser hijo adoptivo de S. M. el Emperador, nuestro augusto soberano" (Fontana, 1979: 56-57). Es inevitable preguntarse, como haría más de un siglo después un político y escritor español, Manuel Azaña, qué llevó a los españoles a luchar por los derechos al trono de semejante personaje.

1.1.4. El proceso revolucionario

Mientras tanto, en la llamada España patriota alzada contra los franceses habían surgido formas de lucha y de organización hasta entonces inéditas, fruto de la necesidad de llenar el vacío de poder dejado por el colapso de las instituciones del Antiguo Régimen. La guerrilla - término que rebasa su significado tradicional como "guerra pequeña' - sirvió para canalizar la participación popular en la lucha contra los franceses y para complementar y a veces sustituir al ejército regular, que, como otras instituciones del pasado, sobrevivió a duras penas a la gran crisis de mayo de 1808. Podría decirse que las partidas guerrilleras - "cuadrillas", las llamaban los franceses - que empezaron a formarse tras el alzamiento fueron el embrión de un ejército popular de nuevo cuño que en nada se parecía al viejo ejército borbónico. Frente al origen aristocrático de la oficialidad tradicional, la guerrilla creó una nueva estructura de mando abierta a los más valientes y los más audaces, aquellos que, cualquiera que fuera su origen social, tras echarse al monte mostraban mayor capacidad de liderazgo y de organización: el cura Merino, Espoz y Mina, "el Empecinado", "el Pastor", "el Estudiante", "el Médico", "Chaleco", "el Fraile", "el Trapense"... A veces, los nombres son reveladores del humilde origen de muchos de estos hombres, pero también de su singular carisma, identificado con un arquetipo psicológico - el Empecinado - o social que trasciende el nombre real del personaje. Fenómeno mayoritariamente rural y campesino, la guerrilla evolucionó rápidamente a lo largo del conflicto, desde su carácter espontáneo y anárquico del principio hasta constituir por sus dimensiones un verdadero ejército, con partidas que encuadraban a miles de combatientes - Espoz y Mina, por ejemplo, llegó a tener 13.000 hombres a su mando-. Pero en general, la guerrilla fue siempre fiel a la forma de combate que le era propia: el ataque sobre las líneas de aprovisionamiento y comunicación, la actuación en la retaguardia enemiga, la utilización del factor sorpresa, la mejor adaptación al medio - conocimiento del terreno, apoyo de la población... - y la búsqueda del desgaste logístico y psicológico del adversario, convencido de luchar contra un enemigo invisible y en cierta forma imbatible. Su momento álgido fueron los años 1811-1812, cuando llegaron a contabilizarse 16 grandes partidas, con un total de unos cuarenta y seis mil hombres. Si a esta cifra se le añade la fuerza correspondiente a las partidas medianas y pequeñas, el total de componentes de la guerrilla estaría en torno a los cincuenta y cinco mil quinientos, un número notable si se tiene en cuenta que en el verano de 1811 el ejército regular español contaba con unos setenta mil efectivos.

Por su carácter campesino se le suele atribuir un significado político tradicional, que explica la evolución de algunas de estas partidas y de sus cabecillas, en años posteriores, hacia la lucha antiliberal (1820-1823), ultraabsolutista (1823-1833) y finalmente carlista (1833-1840). El caso del cura Merino sería el más representativo de este perfil ideológico de combatientes por la religión y por el rey, pero algunos otros famosos líderes guerrilleros comprometidos con el liberalismo, como Espoz y Mina, Porlier y el Empecinado, dieron un contrapunto revolucionario al cliché de la guerrilla como un ejército de la fe al servicio de la contrarrevolución. En todo caso, según cálculos realizados sobre una pequeña muestra estadística, el número de jefes de partidas que se decantaron por el absolutismo duplica al de aquellos que se alinearon con los constitucionales (Fraser, 2006: 679). No debe olvidarse tampoco lo que las partidas guerrilleras tuvieron desde entonces de forma de vida al margen de la legalidad, entroncando con viejas tradiciones españolas como el bandolerismo, que gozó siempre de un gran arraigo en algunas regiones y de la simpatía o comprensión de ciertos sectores sociales. Sea como fuere, la guerrilla fue durante la Guerra de la Independencia una de las principales manifestaciones de la gran ruptura con el pasado que supuso el levantamiento popular de mayo de 1808 y de la dimensión revolucionaria y que, más allá de la conciencia de sus protagonistas, revistió su papel durante el conflicto (García Cárcel, 2007: 136-143; Esdaile, 2006 y 2004: 295-326).

La otra gran expresión de la lucha contra los franceses fueron las juntas, formadas allí donde el alzamiento popular permitía disponer de un centro de dirección del movimiento, cosa no sólo necesaria para la buena marcha de la insurrección, sino inevitable ante el derrumbe o la parálisis de las institu ciones locales, como de todo el aparato del Estado borbónico en general. Las juntas fueron creando una estructura piramidal de poder, de abajo arriba, compuesta, en la base, de juntas locales, organizadas en el siguiente nivel territorial en juntas provinciales - léase regionales - hasta desembocar, en septiembre de 1808, en la formación de la Junta Central (Junta Central Suprema Gubernativa del Reino), que habría de funcionar como una suerte de gobierno provisional de la nación en lucha y cuya decisión más trascendental fue la convocatoria en enero de 1810 de elecciones a Cortes.

Es difícil caracterizar en unos pocos rasgos la naturaleza y composición de las juntas, porque por su origen espontáneo y por la singularidad de las circunstancias de aquel momento reflejan realidades muy diversas y cambiantes. Lo primero que se puede afirmar, no obstante, es que fueron la expresión de la voluntad popular de luchar contra los franceses, y si popular fue el impulso que dio origen a su existencia, popular fue también la legitimidad en que se basaron desde su aparición. En tal sentido, y al margen de su composición social y de las decisiones políticas que adoptaran, las juntas representan el embrión de un Estado reconstruido desde abajo a partir de la práctica objetiva del principio de la soberanía popular. No es de extrañar, pues, que el proceso desencadenado en mayo de 1808 por la formación de las primeras juntas acabara teniendo un carácter revolucionario, de ruptura con el pasado, que se formalizó en las Cortes de Cádiz, expresión última de la soberanía popular ejercida de facto por las juntas. De ahí también el significado liberal y revolucionario que las juntas tuvieron en la historia de España entre 1808 y 1873. Se comprende así lo que, andando el tiempo, escribió en una carta particular el poeta Manuel José Quintana, que tan importante papel tuvo en la Junta Central y en el origen de las Cortes de Cádiz: las juntas son "el método que tenemos en España para hacer las revoluciones" (Moreno Alonso, 1989: 118).

¿Cómo se formaron las juntas y quiénes las componían? Sus miembros solían ser elegidos por aclamación en el fragor de la victoria, a veces efímera, que suponía expulsar a los franceses de una población o de una provincia. En otras ocasiones, las juntas se formaban en lugares en que no había llegado a haber tropas francesas: simplemente, los habitantes de tal o cual localidad, informados de lo sucedido desde el 2 de mayo, se declaraban en contra del invasor y, a través de las juntas elegidas a tal efecto, llevaban a cabo el reclutamiento de fuerzas voluntarias para luchar contra los franceses. Reunidos los vecinos en un lugar público, se iban proponiendo nombres para representar al pueblo en la junta y los concurrentes daban, o no, su aprobación a las propuestas que se le hacían. El resultado en cuanto a los integrantes del nuevo organismo venía a ser un híbrido entre los viejos representantes de la autoridad - el capitán general, el obispo, el presidente de la Audiencia... y algunas figuras representativas, por su valor y su determinación en la lucha, de una realidad emergente: escritores, periodistas, oficiales del ejército, abogados, incluso artesanos, como el sillero Sinforiano López, miembro de la junta local de La Coruña elegida a finales de mayo. Como consecuencia de este proceso, la presidencia de las juntas recaía a menudo en un miembro del poder tradicional, pero este factor de orden y continuidad solía verse contrarrestado por el empuje de los miembros con mayor arraigo popular, personajes como el economista Álvaro Flórez Estrada, en Asturias, que abogó desde el principio por dar un sentido revolucionario a la lucha contra los franceses (Varela Suanzes-Carpegna, 2004). La misma significación tuvo la presencia en la junta de Extremadura de José María Calatrava, futuro prohombre del partido progresista en los años treinta, o de Calvo de Rozas en la de Aragón. La propia Junta Central, constituida en septiembre de 1808, muestra la misma diversidad contradictoria entre sus componentes: viejos representantes, muy pronto fallecidos, del Despotismo borbónico, como el conde de Floridablanca, ministro de Carlos III y Carlos IV, y del reformismo ilustrado, como Jovellanos, junto a figuras representativas de la nueva situación, como el intendente Lorenzo Calvo de Rozas, procedente de la Junta de Aragón, o el escritor Manuel José Quintana. Así pues, se aprecia en general una presencia destacada de las viejas autoridades locales, de los militares - una quinta parte de los miembros de las primeras juntas lo eran-, del clero - casi una cuarta parte - y de las élites sociales y económicas, especialmente la nobleza - un diez por ciento-, hasta el punto de que podría decirse que la nobleza titulada había recuperado, gracias a las juntas, parte del poder institucional que había perdido desde los tiempos del Despotismo ilustrado (véase un cuadro estadístico sobre la composición de las juntas en Fraser, 2006: 776-777). Esta aproximación cuantitativa al fenómeno puede resultar, sin embargo, un poco engañosa, porque muchos miembros de las juntas se sintieron desbordados por el significado histórico de las juntas y no tardaron en ceder la iniciativa a los elementos más audaces y dinámicos. Tampoco conviene olvidar que la actuación de estos organismos se veía muy condicionada por una fuerte presión ambiental. Así, la junta formada en Manresa (Barcelona) al principio de la revuelta fue depuesta dos meses después por un motín popular, concluido con la formación de una nueva junta en la que uno de sus promotores, erigiéndose en portavoz del pueblo amotinado, llegó a afirmar que allí mandaba el pueblo bajo ("Mana lo Poble baix"). Poco antes, la impopularidad de las medidas adoptadas por la junta depuesta había llevado a los ricos a huir del lugar, ante la sensación general de los vecinos, según una fuente de la época, de que "los ricos dejaban las penas para los pobres" (Fraser, 2006: 226-227; véase también Moliner, 1997: 35-89).

Las clases medias reformistas y pronto liberales tuvieron un protagonismo político superior a su peso numérico, en parte por tener una capacidad de iniciativa de la que carecían otros grupos sociales. Este espíritu reformista habría de verse reflejado en la determinación de algunas juntas de aprovechar la lucha contra el invasor para acometer la inaplazable reforma de un Estado en crisis: "Nuestra Monarquía es un cuerpo plagado de achaques inveterados", se lee, por ejemplo, en una proclama de la junta de Cataluña de diciembre de 1809. Poco después, en el manifiesto de la Junta Central convocando elecciones a Cortes, su autor, Manuel José Quintana, expresaba elocuentemente la transformación de aquel movimiento espontáneo de resistencia contra los franceses iniciado en mayo de 1808 en un proceso político con claros visos revolucionarios: "Españoles, por una combinación de sucesos tan singular como feliz, la Providencia ha querido que en esta crisis terrible no pudieseis dar un paso hacia la independencia sin darlo también hacia la libertad". Quedaban lejos los tiempos, apenas un año antes, en que la junta Central se dirigía a los españoles en su primer manifiesto otorgándoles la condición de vasallos.

Diríase -y así lo sugería el elocuente texto de Quintana - que las circunstancias del país, entre ellas las necesidades de la guerra, empujaban en la dirección de un cambio revolucionario, a menudo con independencia de las intenciones políticas de muchos de los protagonistas de aquel proceso. La falta de precedentes de una situación semejante y las dudas sobre el camino que se debía seguir llevaron a la Central a lanzar su consulta al país (1809), una encuesta dirigida a las autoridades eclesiásticas, judiciales, provinciales y municipales y a las propias juntas en torno a las cuestiones más candentes del momento, desde el problema de la soberanía hasta la situación de la Hacienda. Las respuestas fueron sumamente prolijas y apuntaron en todas las direcciones imaginables, con planteamientos que iban desde el absolutismo más integrista hasta un reformismo con tintes de ruptura histórica (un análisis exhaustivo de las respuestas en Artola, 2000: 1, 287-369). Mientras tanto, la Junta Central debía adoptar una decisión sobre la naturaleza de las futuras Cortes y la forma de elección, cuestiones ambas resueltas en un sentido democrático: frente al deseo de los más inmovilistas de convocar una Cortes estamentales a la antigua usanza - una institución que la propia Monarquía absoluta había hecho caer en desuso-, se impuso la opción defendida por los sectores reformistas, partidarios de elegir unas Cortes generales, por sufragio universal masculino indirecto, en las que la nación estuviera representada sin las concesiones al pasado y a los privilegiados que hubiera supuesto preservar la representación de los tres estamentos: clero, nobleza y estado llano.

El 1 de enero de 1810, la junta publicaba la convocatoria a Cortes y las normas que debían regir la elección de los diputados. Poco después, ante el avance incontenible de las tropas francesas, la Junta Central se veía obligada a abandonar Sevilla y refugiarse en Cádiz, convertida a partir de entonces en epicentro de la resistencia contra el invasor y muy pronto en símbolo de la soberanía nacional representada en las Cortes. Aquel mismo mes de enero, la junta, considerando cumplido su cometido, decidía disolverse, no sin antes nombrar una Regencia, que gobernaría en nombre de Fernando VII mientras durara su ausencia del territorio nacional. La Regencia tuvo como presidentes, primero, al general Castaños y, a continuación, al obispo de Orense. Otros miembros de este organismo tuvieron la misma significación conservadora que sus dos presidentes. De ahí los intentos de la Regencia a lo largo de los meses siguientes de obstaculizar el proceso revolucionario en su fase decisiva: la elección de diputados a Cortes con arreglo a lo establecido por la Junta Central. Pero, una vez más, la determinación de los reformistas - todavía no se les puede llamar liberales - y la complicada situación del país favorecieron el desarrollo del proceso hasta sus consecuencias más revolucionarias. Así, por ejemplo, la elección de Cortes por estamentos, como hubiera deseado la Regencia, resultaba mucho más complicada que el sistema de elección apoyado por los reformistas, en el que todos los vecinos con derecho a voto elegían a sus representantes provinciales sin distinción de estamentos. Por otro lado, la imposibilidad de que en las provincias ocupadas y en los territorios de Ultramar pudieran celebrarse elecciones, llevó a arbitrar un sistema provisional que seguramente contribuyó a dar un sesgo más liberal a las futuras Cortes: sus representantes serían elegidos en calidad de diputados suplentes por los naturales de tales provincias avecindados en Cádiz, muchos de ellos comerciantes o miembros de las clases medias identificados con un proyecto político contrario a la pervivencia del Antiguo Régimen.

1.1.5. Un liberalismo de guerra: las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

El rumbo político que tomaron las "Cortes generales y extraordinarias" pudo percibirse claramente nada más celebrarse su apertura solemne el 24 de septiembre de 1810 en la Isla de León (Cádiz), de donde, en el mes de febrero siguiente, pasaron a su emplazamiento definitivo en la iglesia de San Felipe Neri, en la capital gaditana. El mismo día de su inauguración, las Cortes aprobaban un decreto en el que dejaban rotundamente establecido el principio revolucionario de que en ellas residía "la soberanía nacional'. Esta declaración marcaría la pauta de su trayectoria hasta su disolución tres años después y da una idea de la orientación mayoritariamente reformista y liberal de aquellos primeros 300 diputados de la historia del parlamentarismo espa ñol. El grupo socioprofesional más numeroso fue el clero, con 97 diputados, seguido de los abogados (60 diputados), los funcionarios públicos (55), los militares (37), los catedráticos (16), los propietarios (15), los marinos (9), los títulos del reino (8), los comerciantes (5), los escritores (4) y los médicos (2) (Fernández Almagro, 1928: 82). Es aventurado determinar la filiación ideológica de sus integrantes, dada la ausencia de partidos políticos como tales, de grupos parlamentarios formalmente constituidos o de un comportamiento lineal de los diputados en el desarrollo de los debates y de las votaciones. Tampoco hay que pensar en una correlación simplista entre su origen socioprofesional y su posición política. El fabricante catalán Salvador Vinyals se alineó con la reacción y un aristócrata como Toreno militó en el liberalismo (García Cárcel, 2007: 287). Hubo diputados que en 1812 votaron a favor de la Constitución y un año después se opusieron al decreto que suprimía la Inquisición. Lo que se puede afirmar es que, en conjunto, los debates y las votaciones que tuvieron lugar en las Cortes durante sus tres años de existencia indican el predominio de la voluntad de cambio sobre la resistencia al mismo. A la predisposición ideológica, favorable o contraria a las reformas, habría que añadir la procedencia territorial como una línea divisoria secundaria, pero no desdeñable, que explicaría el comportamiento de unos y otros diputados, entre los cuales pronto se pudo reconocer la existencia de un bloque relativamente homogéneo formado por los diputados americanos procedentes de Ultramar, propensos por lo general a votar con los liberales, más sensibles a las reivindicaciones de las antiguas colonias.

La composición social de las Cortes resulta el dato objetivo más seguro para formular algunas reflexiones sobre la realidad sociopolítica que reflejaban, y lo primero que muestra es una mezcla abigarrada de miembros de los viejos estamentos privilegiados, con el clero a la cabeza, y de las emergentes clases medias urbanas, además de una nutrida representación de los grupos socioprofesionales vinculados al Estado: militares, funcionarios, magistrados... Sería un error atribuir a las clases medias urbanas, y mucho más a la burguesía - palabra que tardaría todavía medio siglo en existir-, el monopolio del proyecto liberal, lo mismo que identificar al clero y a los servidores del viejo Estado borbónico, en bloque, con la oposición a las reformas. Entre el casi centenar de clérigos que tomaron asiento en aquellas Cortes, hubo algunos que tuvieron una inequívoca ejecutoria liberal, como Diego Muñoz Torrero, que fue presidente de las Cortes, o Joaquín Lorenzo Villanueva, que, como el anterior, no tardó en conocer los rigores del exilio por su liberalismo militante. Por no hablar de Francisco Martínez Marina, autor de una obra esencial titulada Teoría de las Cortes (1813). Estos y otros ilustres clérigos reformistas representaban la continuidad de la tradición ilustrada de los sectores más cultos del alto clero español. Tampoco la vinculación profesional de muchos diputados con la vieja Monarquía absoluta debe interpretarse como origen de una voluntad conservadora, más bien al contrario, pues precisamente estos sectores tenían una percepción especialmente nítida de la crisis irreversible de la vieja Monarquía, razón por la cual muchos de ellos habían luchado por su reforma y modernización en los tiempos del Despotismo ilustrado. De ahí la caracterización, que formuló hace años el historiador italiano Franco Venturi, de la Ilustración española como una "Ilustración de funcionarios". El malestar que la crisis de la Monarquía absoluta - por ejemplo, su crisis financiera - provocaba en los grupos profesionales dependientes de ella explica la participación de muchos funcionarios y, sobre todo, de muchos militares en los intentos de sustituir una Monarquía en quiebra por un Estado moderno y eficiente, que sólo podría alcanzarse mediante un cambio político general. Por esta grieta de un Estado en ruinas asoma ya el extraordinario protagonismo que los militares tuvieron desde entonces en el largo ciclo de la Revolución liberal española.

Para comprender el alcance de la labor emprendida por las Cortes se hace necesario recordar el contexto singular y contradictorio en que hubieron de actuar. En primer lugar, la mayor parte de su existencia coincidió con la etapa más adversa de la Guerra de la Independencia, patente en el hecho de que las propias Cortes tuvieran su sede en una ciudad asediada por el enemigo. Esta circunstancia añadió un punto de dramatismo a su labor, pero contribuyó también a inflamar los ánimos de los diputados de un espíritu patriótico que, en una situación como aquélla, de verdadera emergencia nacional, favorecía las opciones más audaces y radicales. El propio clima social y político que vivía la capital gaditana, atestada de refugiados y de combatientes, actuó como un elemento de presión sobre las Cortes, desde cuyas tribunas un público enfervorizado daba rienda suelta al sentir de los sectores más apasionados y políticamente radicales de la opinión pública. A esa presión ambiental contribuía también poderosamente la existencia de multitud de cafés y periódicos, incansables en la creación de un estado de agitación que resultó decisivo en la transformación de la vieja cultura política ilustrada en un espacio público moderno (Solís, 1969; Morange, 1989). En él se contraponían, a veces con gran virulencia verbal, las opiniones de aquellos que en los cafés y en los periódicos empezaban a conocerse como liberales y serviles, que fue la denominación peyorativa que los primeros dieron entonces a los enemigos de las reformas. Estaba naciendo de esta forma no sólo la cultura política característica del siglo XIX, basada en la práctica de la libertad de reunión y de expresión, sino también el lenguaje que habría de darle cauce. Fruto de esa revolución en la terminología política de la época sería la aparición en 1811, en los periódicos gadi tanos y en los debates de las Cortes, del término liberalismo, que de la lengua española pasó enseguida a otras lenguas occidentales.

Las primeras decisiones importantes adoptadas por las Cortes, tras el decreto de septiembre de 1810 en el que invocaban la soberanía nacional como fuente de su legitimidad, fueron el establecimiento de la igualdad ante la ley entre los españoles peninsulares y americanos (15 de octubre), la aprobación del decreto "de libertad política de la imprenta' (10 de noviembre) y la creación de una comisión encargada de redactar un proyecto de constitución (23 de diciembre). La primera de estas disposiciones pretendía dar respuesta al grave problema planteado por las colonias españolas en América, donde aquel mismo año se había iniciado un movimiento insurgente con visos secesionistas que de Caracas, que fue su epicentro inicial, no tardó en extenderse a otras partes del continente. Pronto se pondría de manifiesto la incapacidad de la metrópoli para poner fin a la lucha por la independencia de las colonias americanas, ya fuera mediante la represión o mediante medidas, como la aprobada por las Cortes en octubre, que suavizaran las relaciones entre España y sus colonias. El statu quo colonial se había deteriorado ya notablemente a finales del siglo XVIII y la situación en que se encontraba la Península desde mayo de 1808 había mermado notablemente la capacidad de respuesta, de por sí limitada, de la Monarquía española ante tal desafío.

El decreto de libertad de imprenta de noviembre de 1810 tuvo una importancia capital, al crear las condiciones legales que permitían el desarrollo de un debate político en libertad que apriori favorecía los propósitos de cambio de las propias Cortes. Incluso el hecho de que la prensa absolutista utilizara el nuevo marco legal para combatir a las Cortes puede considerarse inseparable de una pedagogía de la libertad que se hacía muy necesaria para la marcha de la revolución liberal. Por otra parte, el decreto venía a legalizar una libertad de facto que, con todas sus limitaciones, existía desde el comienzo de la guerra y que era bien patente en el clima de discusión y controversia propiciado en Cádiz por la proliferación de periódicos - se han llegado a contabilizar 60 - de las más diversas tendencias. Este fenómeno dio lugar a una publicación de título bien elocuente: La Diarrea de las imprentas, periódico antiliberal, del que salieron tres números, que llevaba por subtítulo Memoria sobre la epidemia de este nombre que reina actualmente en Cádiz. El resultado de este fenómeno fue que en los años que duró la Guerra de la Independencia se publicaron más periódicos que en todo el siglo XVIII, con una distribución en las dos zonas en que quedó dividido el país que no deja lugar a dudas sobre el grado de libertad y de agitación política existente en una y otra zona: según el inventario realizado por Claude Morange, en la España patriota se editaron 279 periódicos - de ellos 68 en Cádiz - y en la zona josefina tan sólo 25 (Morange, 1989: 79-82). El amplio espectro ideológico de la prensa gaditana abarcaba desde órganos del absolutismo más intransigente (El Sol de Cádiz, El Censor general o El Procurador General de la Nación y del Rey), hasta portavoces de un naciente liberalismo de corte oficialista (El Semanario patriótico) o de un liberalismo más independiente y radical, como La Abeja española, El Tribuno del Pueblo español o el titulado, de forma elocuente, El Robespierre español, expresión de un jacobinismo a la española, bastante contradictorio, capaz de exaltar la violencia de la plebe como verdadero sujeto histórico de la guerra y la revolución y al mismo tiempo de publicar una encendida loa al rey ausente, Fernando VII, motejado, sin asomo de ironía, de "héroe rey". Y es que los liberales, incluso los más revolucionarios, eran conscientes de la fuerza que había cobrado en la España patriota el mito de Fernando VII, supuestamente secuestrado por los franceses y, como tal, encarnación del sufrimiento de todo el país.

Precisamente, el papel central de la Monarquía en el futuro Estado constitucional y la preservación de la unidad religiosa serán las principales concesiones al pasado que hicieron los autores de la Constitución, en su afán de desmentir las críticas de los más inmovilistas, que descalificaban la obra de las Cortes por su carácter revolucionario y extranjerizante. Los artífices de la Constitución de 1812 pusieron especial empeño en entroncar el espíritu y la letra del texto gaditano en viejas tradiciones nacionales de sabor democrático, por completo ajenas a otros modelos foráneos, como la Constitución francesa de 1791, con la que la comparaban los absolutistas. "La ignorancia, el error y la malicia alzarán el grito contra este proyecto. Le calificarán de novador, de peligroso, de contrario a los intereses de la nación y derechos del Rey. Mas sus esfuerzos serán inútiles", porque "las bases de este proyecto han sido para nuestros mayores verdades prácticas, axiomas reconocidos y santificados por la costumbre de muchos siglos", durante los cuales "la nación elegía sus reyes, otorgaba libremente contribuciones, sancionaba leyes, levantaba tropas [...]; era, en fin, soberana". Así lo afirmaba el diputado Agustín de Argüelles en el vibrante discurso con el que el proyecto constitucional fue presentado a las Cortes, que reciben el tratamiento de Señor y Majestad, como depositarias que eran de la soberanía nacional (véase Apéndice, documento 3). Por ello, el articulado del texto constitucional alterna las concesiones a la realidad histórica del país (como el art. 12: "La Religión de la Nación española es la católica, apostólica, romana, única verdadera"), con preceptos claramente revolucionarios, que implican una ruptura abierta con el absolutismo y el Antiguo Régimen. Conviene destacar, en esta línea reformista y liberal, la reafirmación del principio de soberanía nacional (art. 2: "La Nación española es libre e independiente y no es ni pue de ser patrimonio de ninguna familia ni persona"; art. 3: "La soberanía reside esencialmente en la nación"), la libertad de imprenta, ya regulada por decreto (art. 371: "Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia"), el sistema de elección por sufragio universal masculino en tercer grado, que fue el mismo que se empleó para elegir las Cortes de Cádiz (caps. 1 al 5 del título III), la creación de una milicia nacional complementaria del ejército regular (título VIII), el establecimiento de un sistema de instrucción pública "uniforme en todo el reino" (arts. 366-371) y el carácter igualitario, universal y proporcional del sistema tributario (art. 339).

La corona conservaba amplias prerrogativas, entre ellas un poder de veto temporal sobre las resoluciones de las Cortes o la condición de "sagrada e inviolable" y no "sujeta a responsabilidad" de la persona del rey (art. 168), pero al mismo tiempo la Constitución fijaba una serie de mecanismos que prevenían el abuso por la corona de sus poderes constitucionales (art. 172). La consagración del modelo parlamentario representado por las propias Cortes de Cádiz - un parlamento unicameral, integrado por los diputados de las provincias, sin cámara alta o Senado - puede considerarse uno de los aspectos más progresistas del naciente régimen liberal, toda vez que suponía dejar a las clases privilegiadas sin el plus de representación que, en otros sistemas parlamentarios, obtenían a través del Senado. En resumen, se trata de un texto largo y prolijo, dividido en diez títulos o bloques temáticos, que consta de 384 artículos - lo que la convierte en la Constitución más larga, en número de artículos, de la historia de España - y que, con todas sus ambigüedades y contradicciones, establecía una Monarquía constitucional muy avanzada para la época. Esta circunstancia explica la influencia que la Constitución de Cádiz ejerció en el constitucionalismo europeo y americano en los años siguientes, convirtiéndose en un mito para el liberalismo universal y en modelo para las revoluciones liberales ensayadas en Nápoles, Piamonte, Portugal y algunas jóvenes repúblicas americanas, que en algunos casos adoptaron literalmente su articulado.

La solemne promulgación por las Cortes de la Constitución política de la Monarquía española el 19 de marzo de 1812, coincidiendo con el cuarto aniversario de la subida al trono de Fernando VII, puso fin al largo proceso de discusión y debate que durante meses acaparó buena parte de la actuación de los diputados. Pero con ser la más importante, la Constitución no fue la única realización de aquellas Cortes generales y extraordinarias. Entre su inauguración en septiembre de 1810 y su disolución tres años después, las Cortes aprobaron también, entre otros decretos - algunos ya comentados-, la abolición de la tortura (abril de 1811), la supresión de los señoríos jurisdiccionales (agosto de 1811) y de los consejos del Antiguo Régimen (abril de 1812), la normativa sobre ayuntamientos y diputaciones provinciales (mayo de 1812), la abolición de la Inquisición (febrero de 1813) y la "clasificación y pago de la deuda nacional" (septiembre de 1813), que, en palabras de Tomás y Valiente, constituyó "la primera norma legal desamortizadora del siglo XIX". Dejó también un marco conceptual revolucionario, del que durante mucho tiempo se alimentó la cultura política del liberalismo español. Esta revolución terminológica, en unos casos por la creación de nuevas voces y en otros por la transformación semántica de viejos términos, explica el alcance de las famosas palabras con las que Agustín de Argüelles glosó el significado de la nueva Constitución: "Españoles, ¡ya tenéis patria!". Mucho menos famoso que el divino Argüelles, un diputado de nombre Dueñas dejó en el Diario de Sesiones (7 de abril de 1811) una pertinente observación sobre las consecuencias políticas y simbólicas de aquella revolución conceptual: "El orden de las palabras regularmente manifiesta el que tienen las ideas en la cabeza o en el corazón, y yo aquí he oído en arengas y escritos invertir el orden diciendo el rey y la nación, cuando se debía decir la nación y el rey, porque la nación es primero que el rey". Era un caso práctico, modesto, pero cargado de simbolismo, de los efectos que el principio de soberanía nacional debía tener en el nuevo lenguaje político, incompatible, según el diputado Dueñas, con la "rutina antigua' del lenguaje absolutista.

Patria, nación y pueblo constituirán en estos años la tríada sagrada del liberalismo combatiente, que hará de estos tres conceptos complementarios, y a menudo intercambiables, un poderoso elemento de movilización al mismo tiempo contra los franceses y contra el Antiguo Régimen, de la misma forma que el absolutismo hizo de la religión y del rey la principal bandera de su doble lucha contra el invasor y contra los liberales. Cierto que las tres palabras anteriores figuran también en la publicística absolutista de la época, pero en un segundo plano y acompañadas de términos que sirven para neutralizar la capacidad de evocación revolucionaria de los conceptos de nación y pueblo. Nada más producirse el alzamiento contra los franceses, el obispo Menéndez de Luarca publicará una proclama llamando a la lucha "por la religión, por Dios, por Jesucristo, por el rey, por la patria, por el pueblo, por la justicia y nuestra seguridad" (Aymes, 1974: 24). Otro clérigo absolutista escribirá años después unas palabras de cuya sinceridad no cabe dudar: "No fue cuanto hicimos en favor de nuestra patria. Obramos porque la religión exigía de nosotros que obráramos de ese modo" (Álvarez Junco, 2001: 305).

Mucho se ha discutido sobre el alcance real de las reformas realizadas por las Cortes y de la propia Constitución. La situación del país, en plena guerra y parcialmente ocupado por un ejército enemigo, no favorecía la puesta en práctica de muchas de ellas, que apenas pasaron, de esta forma, de una volun tariosa declaración de intenciones. Pero junto a las condiciones objetivas que dificultaban su aplicación, queda la duda de que tal programa de reformas se acomodara a la realidad histórica de un pueblo que pasaba por ser de los más atrasados de Europa. Autores tan distintos como Karl Marx, en sus artículos sobre la España liberal, y Menéndez Pelayo, en su obra clásica Historia de los heterodoxos españoles, sostienen que las Cortes de Cádiz actuaron de espaldas a la realidad nacional y que el pueblo en armas que protagonizó la lucha contra el invasor no llegó a conectar con aquella revolución legal. Marx definió esta desconexión entre combatientes y legisladores con una fórmula que se haría famosa: "En Cádiz, ideas sin actos; en el resto de España, actos sin ideas". Más recientemente, la historiografía de obediencia marxista ha señalado el desfase existente entre la revolución política alumbrada en Cádiz, muy avanzada para la época, pese a algunas concesiones a la Iglesia y a la corona, y la timidez e inoperancia de las reformas sociales emprendidas por las Cortes, sustituyendo el viejo régimen de propiedad señorial por un nuevo marco legal que favorecía más a las clases propietarias - aristocracia territorial y burguesía rural - que a los campesinos que trabajaban las tierras. De todas formas, la rápida restauración del absolutismo tras el fin de la guerra apenas dio ocasión, de momento, para calibrar los problemas del modelo liberal instaurado por las Cortes de Cádiz.

1.1.6. Fin de la guerra y golpe de Estado absolutista

Poco después de la aprobación de la Constitución de Cádiz, la guerra cambió de signo. El punto de inflexión fue la batalla de los Arapiles (Salamanca), librada el 22 de julio de 1812 entre las tropas francesas del mariscal Mar- mont y las tropas angloespañolas dirigidas por el duque de Wellington, que a raíz de aquella decisiva victoria fue nombrado por las Cortes "general en jefe de todas las tropas españolas de la Península'. La derrota en los Arapiles obligó a los franceses a evacuar Madrid y a emprender, con José 1 a la cabeza, un penoso éxodo hacia Valencia, donde, durante algunos meses, residió el aparato de poder del Estado josefino. Su fugaz regreso a Madrid a finales de año fue un acontecimiento engañoso. La suerte de los ejércitos napoleónicos había cambiado definitivamente en España y en el resto de Europa. En octubre de 1812, Napoleón en persona dirigía la retirada de la Grande Armée francesa del frente ruso. Un nuevo triunfo de Wellington sobre los franceses (batalla de Vitoria, junio de 1813) supuso el principio del fin de la presencia francesa en la Península. El 29 de junio, José Bonaparte abandonaba para siempre el territorio español. Por entonces, y ante las urgencias de otros escenarios de la guerra en Europa, los 360.000 hombres que Napoleón había lle gado a tener en la Península habían quedado reducidos a menos de la mitad. En julio, los franceses evacuaban Valencia y en octubre las tropas de Wellington, tras una nueva victoria sobre el enemigo (batalla de San Marcial, San Sebastián), cruzaban el Bidasoa para proseguir la guerra en territorio francés. Poco después (diciembre de 1813), el ejército prusiano rebasaba el Rin e iniciaba la invasión de Francia. El derrumbe de su Imperio llevó a Napoleón a firmar con Fernando VII el tratado de Valencay (diciembre de 1813), que teóricamente ponía fin a las hostilidades entre los dos países y restituía a Fernando la corona de España. Terminaba así la Guerra de la Independencia o, como habría de llamarla Napoleón, "la maldita guerra de España'. De todas formas, la presencia francesa en la Península no desaparecería totalmente hasta la retirada en junio de 1814 de la guarnición que los franceses habían dejado en Figueras (Gerona).

La negativa de las autoridades españolas a reconocer el tratado de Valencay dejó sin efecto sus disposiciones y abrió un conflicto con el rey de graves consecuencias. El inminente regreso de Fernando VII a España plantearía un problema que su ausencia había dejado aplazado: su disposición o no a someterse al poder de las Cortes y a aceptar el nuevo marco constitucional. Por otro lado, en los meses anteriores se habían producido cambios de cierta importancia en las instituciones que venían rigiendo la vida política en la España patriota. La mejora de la situación militar planteó la posibilidad de trasladar las Cortes a Madrid, una opción acariciada por los más conservadores, convencidos de que el ambiente político en Cádiz favorecía la causa liberal. La disolución de las Cortes extraordinarias, la elección de unas Cortes ordinarias, en las que los absolutistas contaron con mayor presencia de diputados afines, y su traslado a Madrid, acordado el 29 de noviembre de 1813 y forzado finalmente por la epidemia de cólera que asolaba Cádiz, otorgaron una cierta ventaja al partido absolutista, que trabajaba ya abiertamente por la restauración de la Monarquía absoluta.

Instaladas las Cortes en la capital desde enero de 1814, la presión absolutista fue en aumento en los meses siguientes, ya fuera desde la prensa hostil a la Constitución, como El Procurador general de la nación y del rey, desde el púlpito, dominado con pocas excepciones por el clero antiliberal, o desde un sector de las propias Cortes. Un grupo de 69 diputados difundió en abril de 1814 un manifiesto absolutista que sería conocido como el Manifiesto de los persas, por empezar con unas exóticas palabras que no tardarían en hacerse famosas: "Era costumbre de los antiguos persas...... En paralelo a esta campaña de agitación, se puso en marcha un plan de golpe de Estado que contó con la participación entusiasta de Fernando VII, que dejó entrever sus intenciones al hacer caso omiso del recorrido que las Cortes le habían trazado para su regreso a España. El 16 de abril llegó a Valencia y el 4 de mayo firmó, en la misma ciudad, el decreto por el que se derogaba la Constitución de Cádiz, se disolvían las Cortes y se restablecía el absolutismo. El general Elío, capitán general de Valencia, aportó la fuerza militar necesaria para la ejecución del golpe, que se benefició asimismo de la complicidad o, como mínimo, de la pasividad del ejército británico en la Península, con Wellington a la cabeza. Pero, por razones tácticas, aquellas disposiciones se mantuvieron en secreto hasta el 11 de mayo, dos días antes de la entrada de Fernando VII en Madrid. En la ejecución del golpe de Estado tuvo un especial protagonismo el capitán general de Castilla la Nueva, general Eguía, quien, tras la publicación del decreto, ordenó la detención de los liberales más notorios y el cierre de las Cortes. Nada parecía, pues, oponerse al deseo de Fernando de reinar como rey absoluto, pero la realidad demostraría muy pronto la dificultad de llevar a cabo el gran designio del monarca y del partido absolutista: hacer tabla rasa de lo sucedido en España en los seis años anteriores y volver a 1808 como si nada hubiera ocurrido desde entonces.

1.2. La restauración absolutista (1814-1820)

1.2.1. Un falso retorno al pasado

La experiencia demostró muy pronto que era mucho más fácil abolir de un plumazo la labor de las Cortes de Cádiz, "como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo", según rezaba el decreto del 4 de mayo, que restablecer la Monarquía absoluta y el Antiguo Régimen en toda su plenitud. El afán de borrar de la memoria aquellos seis años de historia llegó al extremo de que un decreto de 1816 ordenara que "desaparezcan del uso común" las voces de liberales y serviles, que es como los partidarios de la Constitución de Cádiz llamaban a los absolutistas. En apariencia, la situación en Europa, presidida por el fin de la era revolucionaria y napoleónica y la vuelta al orden tradicional, favorecía la política auspiciada por Fernando VII. Pero una cosa era que la debilidad social del liberalismo español y el contexto internacional hicieran inviable la revolución emprendida por las Cortes y otra muy distinta que las instituciones tradicionales, cuya fragilidad había quedado de manifiesto en 1808, pudieran restablecerse como si tal cosa, por el mero hecho de que un monarca absoluto así lo decretara. En una palabra: la facilidad con que se había consumado el golpe de Estado de mayo de 1814 respondía más a la debilidad del liberalismo que a la viabilidad de la Monarquía absoluta a esas alturas de la historia. Por otro lado, las secuelas de la Guerra de la Independencia, el caos económico en que quedó sumido el país, los acuciantes problemas de la Hacienda pública, la precariedad y el descontento del ejército y la continuación de la guerra de emancipación en las colonias americanas iban a poner muy pronto a prueba la capacidad de la Monarquía absoluta para gestionar una situación de crisis extrema.

Ni siquiera se puede decir que la situación internacional, a pesar de las apariencias, fuera del todo propicia a los designios de Fernando VII. Cierto que la Santa Alianza creada en 1815 por las potencias que habían derrotado a Napoleón era una firme garantía del nuevo orden europeo frente a la revolución y al liberalismo. Sin embargo, la política interior de las principales potencias - salvo Rusia - había incorporado algunas modificaciones al orden político prerrevolucionario como tributo inevitable a los nuevos tiempos. Desde la óptica conservadora de los fundadores de la Santa Alianza, como su principal impulsor, el austríaco Metternich, parecía aconsejable una dosis de pragmatismo político que pusiera mínimamente al día a las viejas monarquías europeas. La Carta Otorgada en Francia por Luis XVIII en 1815 significaba el reconocimiento de un hecho que Fernando VII, en cambio, nunca aceptó de buen grado: que el tiempo del viejo absolutismo había pasado para siempre y que el siglo XIX exigía, como mínimo, introducir algunas reformas en el funcionamiento de las monarquías. Ésta es una circunstancia que explica en parte los desencuentros entre la España de Fernando VII y la Santa Alianza. La otra tiene que ver con la precaria posición española en el concierto de las naciones, en razón de problemas heredados del pasado, pero también de un planteamiento muy poco realista de nuestra política exterior, basada en unos delirios de grandeza que nadie en Europa se tomaba en serio. La consecuencia de todo ello fue que España tardó un año en integrarse en la Santa Alianza y que ni siquiera entonces pudo salir de la marginalidad en que había quedado en el nuevo orden internacional instaurado tras el fin de las guerras napoleónicas.

En todo caso, el plan contenido en el decreto golpista del 4 de mayo de 1814 se fue aplicando sin ningún miramiento hacia la realidad histórica del país. A finales de aquel mes se restableció el Consejo de Castilla, pieza clave en el entramado institucional del Antiguo Régimen, y en las semanas siguientes se hizo lo propio con los demás Consejos: el de Indias, el de Hacienda, el de Guerra y el de órdenes Militares. Se restableció también el tribunal de la Inquisición, para escándalo de algunos gobiernos europeos nada revolucionarios, que consideraban a la Inquisición española una muestra de barbarie impropia de los tiempos modernos y un síntoma muy peligroso de la falta de sentido de la realidad de Fernando VII. La involución afectó igualmente a las instituciones sociales y económicas del Antiguo Régimen, puestas nuevamente en vigor a pesar del manifiesto anacronismo de muchas de ellas: la Mesta, los gremios, las vinculaciones y mayorazgos, el régimen seño rial, las prácticas económicas y simbólicas del vasallaje y la propiedad en manos muertas, es decir, el carácter inalienable del patrimonio de la Iglesia y de los ayuntamientos, objetivo de las desamortizaciones liberales. Por un decreto del 23 de junio de 1814, se volvió al sistema tributario vigente hasta 1808, derogando la contribución única establecida por las Cortes de Cádiz. Un documento oficial fechado en 1819, dirigido al propio rey, cifrará en "diez mil reales escasos" la liquidez de la tesorería general en 1814, al tiempo que las tesorerías provinciales se encontraban "vacías casi todas" (Fontana, 1974: 88). Era una situación insostenible que a medio plazo haría inevitable la vuelta, por lo menos en parte, al modelo fiscal introducido por los liberales.

Los componentes del gobierno absolutista - como el nombrado por Fernando el mismo 4 de mayo - recibirían el nombre tradicional de secretarios del Despacho, en lugar de ministros, fórmula esta última más moderna y con mayor significado político. A finales de mayo de 1814, apenas dos semanas después del restablecimiento del absolutismo, se producía la primera crisis parcial de gobierno, que afectó a las carteras de Guerra y Hacienda. La inestabilidad se convirtió en un factor recurrente en la vida de los gobiernos de Fernando VII durante aquellos seis años de Monarquía absoluta. Un cronista excepcional de la España de la época, el escritor costumbrista Ramón Mesonero Romanos, calculó que la afición de Fernando VII a modificar su gobierno hizo que al final de este período se consumieran "seis juegos completos" de ministros. Unos, añade este autor, perdieron la confianza del rey por ser "cortos de vista' o "largos de manos", otro por "inepto" e incluso hubo quien cayó en desgracia por ser "demasiado entendido" (Mesonero Romanos, 1975: 162). Con unos pocos, como el ministro de Hacienda Luis María Salazar y su sucesor Juan Pérez Villamil, se adujo el piadoso motivo de "su quebrantada salud". La corta duración en el cargo de la mayoría de ellos era consecuencia de la enorme, por no decir insalvable, dificultad que presidía su tarea: gobernar su departamento con arreglo a una política trasnochada e inviable. Si se mantenía fiel a los principios inmovilistas del régimen, la gestión del Ministerio se estrellaba en la cruda realidad y acababa en el desastre más absoluto. La reacción del rey solía ser destituirle y, por lo general, desterrarle de la corte por incompetente. Si, por el contrario, un ministro emprendía alguna tímida reforma, se encontraba con la oposición del propio monarca y de su círculo de confianza - la famosa camarilla-, que tomaban como una claudicación, o simplemente como traición, cualquier novedad o cambio en la gobernación del país. En cuanto a la solución de recambio arbitrada para sustituir al ministro saliente, "el criterio seguido por Fernando VII", afirma Miguel Artola, "en la designación de sus equipos ministeriales nos resulta, en la mayoría de los casos, totalmente desconocido" (Artola, 1999: 431).

No era, pues - o no sólo-, la incompetencia de los ministros lo que provocaba el fracaso de su gestión y el enojo del rey, sino la imposibilidad de llegar a una transacción razonable entre la realidad histórica y el espíritu inmovilista del régimen. De ahí la fuerza que fue cobrando ese gobierno en la sombra en que se convirtió la camarilla de Fernando VII, una voz nueva que, como otras de aquella época - liberalismo, pronunciamiento, guerrilla-, no tardó en pasar a otras lenguas. La camarilla estaba formada por un grupo de personajes que "en placentero corrillo junto a la chimenea y alrededor de nuestro rey', dice Galdós por boca de un imaginario miembro de la camarilla, departía con Fernando VII en sus dependencias personales sobre los más diversos temas, desde los más frívolos, como la vida privada de los ministros, hasta los más graves e intrincados, como la situación en las colonias americanas. Es posible que las evocaciones de la camarilla que debemos a autores como Pérez Galdós, en sus divertidísimas Memorias de un cortesano de 1815, o Mesonero Romanos - que es una de las fuentes habituales del propio Galdós - exageren la influencia que aquella especie de tertulia de amigos y compinches del monarca tenía en las grandes decisiones políticas del momento. La verdad es que el perfil personal de la mayoría de sus miembros da en qué pensar sobre la red de complicidades e influencias que tejió Fernando VII a su alrededor: Pedro Collado, alias Chamorro, antiguo aguador y bailarín; el deán Blas de Ostolaza, uno de los diputados absolutistas más significados en las Cortes de Cádiz, posteriormente procesado por estupro por la Inquisición; Antonio Ugarte, que pasó de ejercer el humilde oficio esportillero a desempeñar el cargo de cónsul de España en Génova, y otros buscavidas, como el duque de Alagón, de parecida catadura. Pero la camarilla tenía algo también de grupo de presión que trabajaba a favor de intereses muy particulares, por ejemplo, los que representaba el embajador ruso en Madrid, Tatischeff, un asiduo de aquellas reuniones. A partir del papel desempeñado por Tatischeff en el círculo íntimo de Fernando VII se entiende lo que el diplomático e historiador marqués de Villaurrutia llamó la "doble diplomacia de Fernando VII": la que en teoría correspondía al ministro de Estado y la que, en la práctica, se llevaba a cabo por deseo del rey y a instancias del embajador ruso, que movía los hilos de la política exterior española en función de los intereses de su propio país, como ocurrió cuando Fernando VII firmó en 1816 el tratado de la Santa Alianza sin conocimiento del ministro del ramo. Al menos en este punto, es indudable, según Artola, que "la influencia de la camarilla' desplazó "a la diplomacia oficial" (Artola, 1999: 454).

Tatischeff fue pieza clave asimismo en un gran escándalo político-financiero de aquella época: la compra por España de una flota rusa que debía utilizarse para conseguir la ansiada victoria española sobre los insurgentes americanos. En agosto de 1817, el embajador ruso y el ministro de la Guerra, general Eguía, firmaban un contrato por el que España compraba a Rusia ocho buques de guerra - luego fueron 11-, completamente equipados y artillados, por 68 millones de reales. Los barcos llegaron a Cádiz en febrero del año siguiente y fueron sometidos a un reconocimiento que puso de manifiesto las deficiencias de algunos de ellos, deficiencias que al parecer fueron magnificadas por el ministro de Marina, Vázquez Figueroa, mantenido hasta entonces al margen de la operación: "Todos y cada uno de ellos", llegará a decir, "estaban totalmente inútiles, más o menos podridos en sus cascos, con necesidad de jarcias, etc." (Fontana, 1974: 289). El plan de utilizar aquella flota para enviar una gran expedición a Buenos Aires tuvo que ser aplazado. Poco importa quién tuviera razón en el affaire de los barcos rusos. Para el ministro Vázquez Figueroa, la compra de aquellos buques de guerra supuestamente inservibles demostraba la influencia que destacados miembros de la camarilla, como Tatischeff y Ugarte, ejercían sobre Fernando VII. Para "Ugarte y su pandilla", como los llama Vázquez Figueroa, la inoperancia de los barcos rusos se debió al obstruccionismo del ministro de Marina por inconfesables motivos políticos y personales. El hecho es que fue pasando el tiempo, y al final, en febrero de 1821, ya bajo el régimen constitucional del Trienio, se tomó la decisión de vender en subasta el casco de los famosos barcos rusos.

Aquel escándalo, que tanto contribuyó a desacreditar al régimen fernandino, demuestra en primer lugar el grado de descomposición interna al que había llegado la Monarquía absoluta como consecuencia del doble poder representado por el gobierno y la camarilla, cuya fuerza quedó patente una vez más con la destitución del ministro Vázquez Figueroa. Otro ministro de aquella época, García Pizarro, identificado en este asunto con el ministro de Marina, definirá en sus Memorias a los dos bandos en litigio como el "partido ruso" - es decir, la camarilla y su factótum, el embajador ruso - y el "partido nacional", denominación tan interesada como engañosa de la facción gubernamental a la que pertenecían los ministros Pizarro y Figueroa. Pero el escándalo de los barcos rusos ilustra sobre todo la importancia que en la política de Fernando VII tenía la recuperación de las colonias americanas, un objetivo del que, en gran parte, dependía la estabilidad de la Monarquía absoluta y al que se subordinó cualquier otra consideración política o económica.

1.2.2. La insurrección americana

La lucha por la independencia de las colonias españolas en América se inició en 1810 y concluyó en 1824 con la derrota española en Ayacucho (Perú), que puso fin a la guerra y consumó la independencia de aquellos territorios. Varios son los factores que desencadenaron la revuelta americana contra la metrópoli. Resulta patente, por ejemplo, la influencia que ejercieron en la América española la emancipación de las colonias británicas en América del Norte, que dio lugar a la fundación de Estados Unidos en 1776, y la Revolución francesa de 1789, que no dejó de tener un notable impacto en las colonias francesas en América, sobre todo en las Antillas. Uno de los próceres de la independencia de las colonias españolas, Simón Bolívar, pudo conocer sobre el terreno el legado histórico de la Revolución de 1789 durante su estancia en Francia entre 1804 y 1806. La influencia fue mayor aún en el caso de Francisco Miranda - compañero y rival de Bolívar en la guerra contra España-, que tuvo una participación directa en la Revolución francesa y que llegó a ser nombrado general del ejército francés en la etapa álgida de la Revolución. Como factores decisivos cabe considerar asimismo la penetración de Gran Bretaña en el espacio colonial español, contribuyendo a orientar en su propio provecho la actividad comercial y productiva de aquellos territorios, y, especialmente, la crisis que desde finales del siglo XVIII podía apreciarse en las relaciones entre las colonias americanas y la metrópoli peninsular. Una crisis favorecida por las guerras en que estuvo implicada España en la segunda mitad del siglo XVIII, principalmente contra Inglaterra, y que tuvo múltiples consecuencias para el statu quo colonial: crisis del comercio ultramarino, muy afectado por la situación bélica en el Atlántico, caída de las remesas de metales preciosos enviadas a la Península y descontento de las élites criollas - es decir, de los blancos de posición acomodada nacidos en las colonias - por el escaso papel que la Monarquía española les concedía en la gobernación de aquellos territorios. De esas élites surgirían buena parte de los próceres de la independencia americana.

Las reformas políticas y económicas de la segunda mitad del siglo XVIII incidieron de forma desigual sobre ese marco complejo y variopinto, compuesto de realidades regionales muy distintas, que iban desde México en el norte hasta el Río de la Plata al sur, con Buenos Aires como principal núcleo urbano. Precisamente, la creación en 1739 de los nuevos virreinatos del Río de la Plata y Nueva Granada, que abarcaba los actuales estados de Venezuela, Colombia y Ecuador, mostraba la voluntad de la corona española de imponer una administración más eficaz sobre territorios que estaban experimentando una rápida revalorización de su papel económico en sus relaciones con la metrópoli. Unos años después, el decreto de libertad de comercio de 1778 abría algunos puertos de las Antillas a la actividad de compañías comerciales extranjeras y abolía el monopolio comercial que venía disfrutando Cádiz como cabecera del comercio peninsular con América. Por el contrario, la introducción del sistema de "estancos", o monopolios oficiales, en el comercio de algunos productos de consumo muestra la vertiente intervencionista y la obsesión recaudatoria de la política de la Monarquía en las colonias. Algunos disturbios de aquella época son similares a los que precedieron a la independencia de las colonias británicas en América del Norte: oposición popular a los estancos, motines contra el régimen fiscal en Nueva Granada en los años setenta y enfrentamientos en Venezuela entre los terratenientes locales y la Compañía Guipuzcoana de Nueva Granada (Bahamonde y Martín, 1994: 106-107).

La situación se hizo insostenible cuando en mayo de 1808 se desencadenó en la Península la crisis que dio origen a la Guerra de la Independencia. La América española vivió entonces un proceso parecido al que sufría la metrópoli. El vacío de poder y la crisis de legitimidad ocasionados por la marcha a Francia de la familia real y la actitud dubitativa de las instituciones tradicionales dieron lugar, también en América, a la formación de juntas que debían ejercer un poder provisional en tanto la situación se regularizara. Estas juntas tuvieron en principio un carácter oficialista, pero, según avanzó la crisis, algunas de ellas no tardaron en evolucionar hacia posiciones de ruptura con el orden establecido, y aunque las Cortes de Cádiz, en las que estaban representadas las "provincias" - que no colonias - americanas, intentaron reconducir la crisis mediante una política reformista y generosa, el conflicto degeneró en una insurrección armada que parecía condenar al fracaso las buenas intenciones del liberalismo peninsular. Todo empezó en 1810 con la proclamación de juntas independentistas en Caracas (abril) y Buenos Aires (mayo) y el estallido de revueltas antiespañolas en Bogotá (julio) y México (septiembre). Frente al tono más ambiguo o conservador empleado por algunos de los promotores de estos movimientos, el lenguaje de la junta establecida en agosto en Santafé de Bogotá recuerda de manera inequívoca el vocabulario de la Revolución francesa ("nueva república', "vínculos de amor y fraternidad", "comités", etc.).

Pese a la diversa suerte de estos primeros movimientos, pronto se hizo patente que un imparable efecto dominó se había puesto en marcha por todo el continente, con nuevas revueltas en 1811 en Uruguay (febrero) y Paraguay (mayo), formación de un gobierno independiente tanto en este último país como en Venezuela y nuevos brotes insurreccionales en América Central. En febrero de 1812, un mes antes de la promulgación de la Constitución de Cádiz, se aprobaba al otro lado del Atlántico la Constitución del Estado libre de Quito. Como símbolo de las contradicciones, pero también del paralelismo, que preside la crisis de la Monarquía española a uno y otro lado del Atlántico se puede considerar el papel desempeñado en ella por José de San Martín, militar argentino, hijo de españoles, con una brillante hoja de servicios en las filas del ejército español (fue ascendido por su participación en la batalla de Bai lén en 1808), que tras regresar a Buenos Aires en 1812 se convirtió en uno de los jefes militares de la insurrección y prócer de la independencia argentina. Como muestra de la complejidad de aquellos movimientos, merece la pena señalar, igualmente, que la revuelta protagonizada en México por el cura Hidalgo en 1810 tuvo como símbolos la imagen de la Virgen de Guadalupe y el retrato de Fernando VII, lo que no impidió que, una vez aplastado aquel levantamiento, sus cabecillas fueran pasados por las armas.

Pero el proceso, más allá del común objetivo de la independencia, registra situaciones muy dispares, marcadas por realidades económicas, sociales y étnicas completamente distintas, que explican el componente indigenista de la insurrección en algunos territorios - América central, por ejemplo - y el peso de las minorías criollas en otros escenarios, como el Río de la Plata. Estas circunstancias, más el personalismo o caudillismo que tiñe a menudo la lucha por la emancipación, explican las guerras civiles en que, sobre todo tras la independencia, degeneró este complicado proceso. Algunos de estos enfrentamientos se polarizaron en torno a la figura de Simón Bolívar, principal artífice de la proclamación de la independencia de Venezuela en julio de 1811, protagonista de un sinfín de luchas militares y políticas en los años siguientes, ideólogo de una suerte de caudillismo panamericano y fundador, ya en 1819, de la República de Colombia (la Gran Colombia), que abarcaba en realidad los estados independientes de Venezuela, Nueva Granada y Quito. Mientras tanto, la posición española en aquellas latitudes no dejaba de deteriorarse. En 1815, Perú se incorpora a la lucha por la emancipación, convirtiéndose en los años siguientes en escenario fundamental para el desenlace de la guerra. Si las disensiones internas de los insurgentes dieron un cierto margen de maniobra a la causa realista - la de los defensores de la permanencia en la Monarquía española-, la distancia de la Península, la escasez de medios, la inestabilidad política en España y el fracaso de la gran expedición proyectada por el gobierno fernandino - recuérdese el affaire de los barcos rusos - hicieron insostenible la posición española en América. La derrota en Ayacucho (Perú) en 1824 puso fin a la guerra y, con ella, a más de tres siglos de dominación colonial en el continente americano. Hasta su liquidación final en 1898, el Imperio de España en Ultramar quedó reducido desde entonces a Cuba, Puerto Rico, Filipinas y algunas islas del Pacífico.

1.2.3. Los problemas financieros de la Monarquía

La grave situación de las arcas de la Monarquía era a la vez causa y consecuencia de la crisis del Imperio colonial. Si la guerra en América privaba a la Hacienda pública de una parte sustancial de sus ingresos - las remesas de metales preciosos procedentes de Ultramar-, la crisis financiera de la Monarquía limitaba al máximo los recursos disponibles para combatir la insurrección. Todo ello provocaba un problema de muy difícil solución para el funcionamiento de un Estado que se veía privado de lo más elemental, con el consiguiente riesgo para su estabilidad. La gravedad de la situación era tal que, según se dice en un escrito del Consejo de Estado dirigido al rey en agosto de 1815, el embajador de España en Londres mandó aviso de que no había podido retirar de correos varias cartas oficiales "por falta de dinero para pagar sus portes". La falta de liquidez afectaba, al decir de los consejeros de Estado, a todos los sectores de la administración: "El ejército, la marina, los empleados en los demás ramos, las viudas", todos clamaban por "el pago de lo que se les debe de rigurosa justicia para salir de la pobreza" (véase Apéndice, documento 4). Un consejero de Estado y hombre de confianza de Fernando VII, el canónigo Escoiquiz, presentó una memoria en la que se estimaba en 1.500 millones de reales el déficit global de la Real Hacienda. A ello se añadía, según un informe del propio Ministerio de Hacienda fechado en 1817, una deuda acumulada superior a los once mil millones de reales, cuyos intereses habían dejado de pagarse hacía años. Como la falta de solvencia de la Monarquía española hacía muy difícil la obtención de créditos en el extranjero, hubo un consejero que propuso que España se dirigiera a Inglaterra, ya que no en demanda de dinero, al menos "de carnes saladas, harinas y algún otro comestible". Otro miembro del Consejo de Estado llegó a sugerir que fueran el clero y la nobleza quienes proporcionaran los medios económicos que permitieran paliar una situación tan desesperada, pero era difícil que los estamentos privilegiados accedieran voluntariamente a desprenderse de una parte sustancial de sus recursos, y forzarles a hacerlo mediante una reforma fiscal iría en contra de la lógica misma del Antiguo Régimen (Fontana, 1974: 95-97).

Éste era el callejón sin salida en el que se encontraba la Monarquía absoluta y la razón de su quiebra financiera y, en última instancia, política. El gobierno de Fernando VII no podía, sin contradecir la naturaleza histórica del régimen, tomar las medidas necesarias para sacar al Estado de la ruina. Pero, al mismo tiempo, ese Estado en quiebra, del que (mal)vivían miles de funcionarios y militares, se convertía en el peor enemigo del absolutismo fernandino. Resolver esta especie de cuadratura del círculo fue lo que en 1816 se propuso Martín de Garay, séptimo ministro de Hacienda desde la restauración del absolutismo en mayo de 1814. Martín de Garay fue la apuesta más seria del régimen absolutista en su intento por racionalizar la situación de la Hacienda pública y sacarla del marasmo y, a ser posible, de la ruina en que se encontraba. De ahí, la larga duración de su mandato como ministro: casi dos años, hasta que la crisis de gobierno de 1818 puso fin a su gestión. Ello da idea del respaldo que Martín de Garay encontró en el propio Fernando VII, convencido en su fuero interno de que la situación requería hombres competentes, aunque tal vez no tan comprometidos con el absolutismo como otros ministros. No hace falta recordar el estrecho margen de maniobra en que debía moverse la política ministerial de Martín de Garay, del que se esperaba que mejorara las cuentas del Estado sin recurrir a reformas sustanciales. En estas condiciones, y apoyándose en el trabajo de funcionarios altamente capacitados, el ministro hizo lo que razonablemente pudo, lo cual ha bastado para que, de todos los nombrados por Fernando VII entre 1814 y 1820, haya sido, en palabras de Josep Fontana, el ministro "que ha tenido una fama más unánimemente favorable" (Fontana, 1974: 152).

La política desarrollada por Martín de Garay en el Ministerio de Hacienda quedó formulada en una Memoria presentada ante el Consejo de Estado a principios de 1817 y plasmada en un decreto del 30 de mayo de aquel año. La Memoria constaba de tres ejes fundamentales: fijación de los gastos de cada Ministerio, aprobación de una contribución extraordinaria para cubrir el déficit - un plan que, en realidad, había elaborado el anterior equipo ministerial - y sustitución de las antiguas rentas provinciales por una contribución general. Esta última medida, también conocida como contribución única, entroncaba con proyectos anteriores de inequívoco sabor reformista, como el que habían patrocinado en su día las Cortes de Cádiz. Tenía la ventaja de su mayor racionalidad frente al carácter obsoleto del tradicional modelo fiscal, por lo que puede decirse que la filosofía en que se basó la contribución única fue la que inspiró, con matices y vaivenes, el sistema tributario español a lo largo del siglo XIX, un sistema dual que, como el de Martín de Garay, suponía establecer una contribución directa sobre la España rural y una contribución indirecta, es decir, sobre el consumo, en la España urbana. Que la reforma fuera en la buena dirección no significa que su aplicación en tales condiciones diera el resultado apetecido en el corto plazo en que el régimen lo necesitaba. El carácter directo, sobre la propiedad rústica, de una parte de la contribución planteaba, por lo pronto, un doble problema de difícil solución: un problema técnico derivado de una información catastral llena de carencias y el previsible obstruccionismo, o por ignorancia o por mala fa, que practicarían los grandes propietarios y notables locales encargados del reparto y ejecución, a escala local, de la contribución única.

El propio ministro era consciente de que los efectos de la reforma fiscal tardarían tiempo en hacerse notar y de que las urgencias financieras de la Monarquía no admitían demora. De ahí una especie de "plan de choque" que, como complemento a la contribución única, presentó el Ministerio al Consejo de Estado: la venta de bienes amortizados - de las órdenes militares, del patrimonio real, incluso de la Iglesia - con cuyos ingresos se podría afron tar a corto plazo el pago de la deuda, ya fuera en efectivo o en "papel de crédito". Al final, pues, lo que proponía el ministro no era otra cosa que la política iniciada ya por las Cortes de Cádiz, previamente ensayada, aunque muy a pequeña escala, por Godoy y desarrollada por el liberalismo español en las décadas siguientes, esto es, una desamortización en toda regla. La jugada no escapó al fino olfato reaccionario del Consejo de Estado, que obstruyó todo lo que pudo la tramitación del plan. El rey - afectado en sus intereses por la venta de propiedades del patrimonio real - pensó que el ministro había ido demasiado lejos en su afán por arreglar la situación de la Real Hacienda. Perdida la confianza del monarca, Martín de Garay tenía los días contados. El 14 de septiembre de 1818 era cesado en el cargo. Hasta la caída del régimen, un año y medio después, hubo dos nuevos ministros del ramo, Imaz y González Salmón, políticamente más complacientes, pero, por ello mismo, incapaces de afrontar la situación con mínimas probabilidades de éxito.

1.2.4. Las conspiraciones liberales

La restauración del absolutismo en 1814 desencadenó, como era de temer, una oleada represiva que llevó a la cárcel o al exilio a los liberales que más se habían significado por sus ideas políticas. Fue la primera gran emigración política - la palabra exilio apenas se usaba entonces - de la España contemporánea y en tal sentido inauguró uno de los fenómenos recurrentes de nuestros siglos XIX y XX. Si en otros aspectos el exilio de 1814 tiene rasgos comunes a otros posteriores, ofrece, por el contrario, una circunstancia singular: el régimen fernandino igualó a liberales y afrancesados en la represión y los llevó a compartir su suerte en el exilio, lo que, salvo excepciones, no propició ni mucho menos la reconciliación de aquellos que habían sido enemigos durante la Guerra de la Independencia, y que como tales se consideraban todavía. Los principales destinos elegidos por los liberales fueron Gran Bretaña y Francia; el primero por razones evidentes - tenía el régimen político más afín a los ideales de nuestros exiliados-, y Francia, por proximidad, por la lengua - mucho más conocida por los españoles cultos que el inglés - y por los vínculos personales y políticos que algunos de ellos tenían en el país vecino. Francia fue, además, el lugar de residencia de la inmensa mayoría de los afrancesados, que obtuvieron subsidios y ayudas oficiales del Estado francés, incluso después de la caída del Imperio. En estos dos países, los exiliados españoles políticamente más activos llevaron a cabo una intensa labor conspirativa encaminada a preparar el cambio político en España, mediante planes militares, publicación de prensa y pasquines revolucionarios y captación de nuevos adeptos a la causa y de fondos para su financiación. Fueron muy pocos los antiguos servidores de José 1, famosos por su actitud acomodaticia, que participaron en estas tareas conspirativas, lo que contribuyó a ahondar más el abismo entre liberales y josefinos y a hacer si cabe más impopulares a estos últimos.

En efecto, durante estos años se sucedieron los intentos del liberalismo español de derrocar a la Monarquía absoluta y restablecer la Constitución de Cádiz. Existió asimismo el proyecto de trabajar en favor de un plan - el llamado "plan Beitia" - basado en un nuevo texto constitucional, elaborado en el exilio, más moderado y realista que la Constitución de 1812 (Morange, 2006). El primero de esos intentos tuvo lugar ya en 1814, meses después de la restauración absolutista, y el último, y a la postre victorioso, fue el que protagonizó el teniente coronel Rafael del Riego en enero de 1820. Dentro de la variada tipología de estas intentonas, cabe establecer algunos rasgos comunes, que pasarían a formar parte desde entonces de un cierto modus operandi del liberalismo español en su lucha por alcanzar el poder: el protagonismo de un sector del ejército, el papel clave que en ocasiones tuvieron las sociedades secretas - es decir, la masonería-, la existencia de tramas civiles instaladas en la España urbana que dieron aliento y financiación a los planes liberales y la técnica del pronunciamiento como forma de provocar la caída de un régimen considerado ilegítimo.

Tanto el verbo pronunciarse como el sustantivo pronunciamiento empezaron a utilizarse por entonces en lengua española con un significado específico, con el que pronto se convirtieron en términos insustituibles en el vocabulario político de la España contemporánea. "Aquellos que voluntariamente han tenido el heroico pensamiento de pronunciarse por la justa causa'..., leemos, por ejemplo, en una de las proclamas firmadas por Riego a principios de 1820. Tanto el verbo como el sustantivo aparecen también en proclamas y manifiestos de la insurrección americana contra la Monarquía, lo que demuestra una vez más el paralelismo entre la lucha a uno y otro lado del Atlántico contra el viejo orden establecido. Pronunciarse tiene, por lo pronto, un sentido retórico, hermanado con la voz grito que se utiliza también en la época, sobre todo en América, para significar el acto de sublevarse contra el poder establecido. Dicho de otra forma, estos movimientos arrancan de una declaración pública, normalmente una arenga, mediante la cual un personaje de cierta significación social o institucional, a menudo un militar, convoca a los hombres a su mando y a la ciudadanía en general a poner fin a un estado de cosas considerado inadmisible. Pronunciarse era, pues, una forma de tomar partido a favor de unos ideales - la libertad, la patria, los derechos de la nación, la Constitución... - incompatibles con el orden vigente, y el pronunciamiento el acto mediante el cual se anunciaba la intención de pronunciarse, como cuando el 1 de enero de 1820 el teniente coronel Riego reunió a los soldados de su regimiento, a punto de ser trasladado a América, y, evocando el famoso escándalo de los barcos rusos, se dirigió a ellos en estos términos: "Soldados, mi amor hacia vosotros es grande. Por lo mismo, yo no podía consentir, como jefe vuestro, que se os alejase de vuestra patria, en unos barcos podridos, para llevaros a hacer una guerra injusta al nuevo mundo. [...] La Constitución, sí, la Constitución, basta para apaciguar a nuestros hermanos de América" (Gil Novales, 1976: 34-35).

Junto a esta dimensión retórica, y hasta podría decirse litúrgica, del pronunciamiento - se convoca a la tropa, se la pone en formación y se lanza una arenga política cargada de emotividad en contra de un poder ilegítimo-, el episodio protagonizado por el entonces teniente coronel Rafael del Riego puede tomarse como paradigma del fenómeno también por otra circunstancia: a diferencia del golpe de Estado - diferencia sutil y no siempre tenida en cuenta-, el pronunciamiento no actúa sobre el centro geográfico y neurálgico del poder, sino desde la periferia, a veces desde la más lejana al centro geográfico y político, esperando provocar un efecto dominó en ciudades y guarniciones que acabe forzando a un cambio de régimen. Ejemplo de los - escasos - golpes de Estado que registra la España del siglo XIX es el que protagonizó en 1874 el general Pavía, capitán general de Madrid, cuando ordenó el asalto armado al Congreso de los Diputados como forma de derrocar al régimen republicano-federal entonces vigente. El espacio natural del pronunciamiento será, por el contrario, la periferia peninsular o, en todo caso, nunca la capital. Allí, en la periferia, los partidarios de un cambio de régimen - casi siempre en un sentido liberal o progresista - contarán con el respaldo que la población de las ciudades comerciales del litoral prestaba a la causa del liberalismo y con las dificultades que la lejanía creará al poder central para reprimir el movimiento.

De otra naturaleza fue el primero de los movimientos insurreccionales ensayados por los liberales en 1814: la expedición militar acaudillada en septiembre de 1814 por Espoz y Mina, uno de los héroes de la Guerra de la Independencia. Organizado por el exilio liberal en Francia, el intento de Mina de tomar Pamplona, proclamar la Constitución y provocar la adhesión de otras guarniciones se vio rápidamente frustrado por la falta de apoyo y la pronta reacción de las autoridades. El siguiente episodio tuvo lugar en La Coruña en septiembre de 1815. El jefe de la sublevación fue un oficial de la guarnición, Juan Díaz Porlier - otro héroe guerrillero de la Guerra de la Independencia-, que consiguió proclamar la Constitución, nombrar una junta revolucionaria y extender el movimiento al Ferrol. Pero el fracaso de su intentona le llevó a ser ejecutado una semana después de alzarse contra la Monarquía absoluta. Mucho más confusa fue la llamada conspiración de Richart o conspiración del triángulo descubierta en Madrid en 1816, que se saldó con la ejecución de dos de los encartados - uno de ellos el tal Richarty en la que es patente la influencia y el método de las sociedades secretas - apenas incipientes en la España de la época - como caldo de cultivo de una concepción conspirativa de la Revolución liberal. Ese carácter secreto tiene mucho que ver con la confusión que rodea a aquel misterioso episodio, que parece haber respondido al propósito de acabar con la vida del rey.

Por el contrario, los intentos liberales que se sucedieron en Barcelona y Valencia en los años siguientes muestran una forma de actuar y una composición socioprofesional - militares, comerciantes, clases medias - muy representativas de lo que una historiadora ha llamado la "utopía insurreccional" del liberalismo español (Castells, 1989). En abril de 1817, se sublevó en Barcelona el general Luis Lacy, que contó con ramificaciones en otras guarniciones catalanas y con el apoyo de un sector de la burguesía local muy afectado por la crisis del Imperio colonial español, fuente de su prosperidad en el pasado, y por las consecuencias económicas de la crisis del Antiguo Régimen. Ese mismo apoyo civil, de origen burgués o mesocrático, se registró en la intentona liberal que estalló en Valencia en enero de 1819 acaudillada por el teniente coronel Joaquín Vidal, pero organizada y financiada por una saga de comerciantes locales llamada a tener una larga y destacada intervención en la historia del liberalismo español, como conspiradores, políticos y hombres de negocios vinculados, en el futuro, al Estado liberal: los Bertrán de Lis. Y es que, como ocurre con el general Milans del Bosch - uno de los compañeros de Lacy en su pronunciamiento de 1817-, en los albores del liberalismo español empiezan a manifestarse no sólo ideas y prácticas políticas que llegarían a hacerse familiares con el paso del tiempo, sino también nombres que habrían de figurar, de generación en generación, en los anales de la España contemporánea. Ambos intentos acabaron con la muerte de sus principales promotores, Lacy y Vidal, convertidos en mártires y héroes - sobre todo el primero - del liberalismo español y símbolos de la barbarie absolutista.

Tras este paisaje de pronunciamientos liberales, ya con una relativa coherencia estratégica y social, se vislumbra la actuación de grupos conspirativos, vinculados al exilio y más o menos directamente a la masonería, que trabajan en secreto por el derrocamiento del régimen, a veces dando aliento a las propias intentonas armadas. La reserva con que pretendían actuar no impidió el descubrimiento de algunos de estos círculos, como los que las autoridades desarticularon en estos años en Madrid, Granada y Murcia - ciudades estas últimas en las que el liberalismo habría de tener gran arraigo y tradición-. Algo parecido sucedió con la llamada sorpresa del Palmar, que llevó a la detención en julio de 1819 de un grupo de conspiradores liberales en Cádiz y en otros puntos de Andalucía, abortándose de esta forma un rompimiento revolucionario, previsto para el 15 de julio, en el que estaba implicado el general Enrique O'Donnell, cuya traición fue decisiva en el fracaso del levantamiento. Pero la represión afectó sólo a una parte de los comprometidos, y la trama siguió activa en sus preparativos de una insurrección liberal en una zona muy propicia a un movimiento de esa naturaleza. Era una red más amplia de lo que durante mucho tiempo se ha creído, y sus conexiones últimas llegaban al exilio liberal en Francia. Allí - parece que concretamente en Bayona - se encontraban los autores del llamado "plan Beitia", cuya doble vertiente estratégica y programática figura en un corpus documental recientemente descubierto. Si, por un lado, el plan diseña un minucioso modus operandi para un rompimiento liberal en España, por otro incluye un Acta constitucional de los españoles de ambos hemisferios, de 206 artículos, que suponía rebajar sensiblemente el techo revolucionario de la Constitución gaditana, restringiendo el sufragio e introduciendo una segunda cámara parlamentaria. Que los autores de este plan reconocieran en 1819 los "vicios y peligros" de la Constitución de Cádiz y abogaran por un cambio político más ajustado a la realidad del país, obliga a revisar ciertas ideas establecidas sobre el primer liberalismo español. Entre ellas, el editor de estos documentos, Claude Morange, considera necesario matizar el carácter unívoco del liberalismo de esta época, mucho más plural de lo que se venía creyendo. Conviene destacar asimismo el énfasis que estos documentos - por ejemplo, la llamada Proclama conciliatoria - ponen en la búsqueda de una sincera reconciliación nacional como único medio de que el restablecimiento de las libertades tuviera una base sólida y duradera (Morange, 2006; véase también Fernández Sarasola, 2004).

Los planes de insurrección estaban, pues, muy maduros, tanto desde el punto de vista operativo como doctrinal. Faltaban un marco propicio para su aplicación y la suerte necesaria para que ningún contratiempo los frustrara, como ocurrió con los sucesos del Palmar en julio de 1819. La presencia en los alrededores de Cádiz de un ejército expedicionario a la espera de ser embarcado para América - unas tropas especialmente descontentas por su situación y, por tanto, altamente receptivas a la promesa de un cambio político - convertía el eje Cádiz-Sevilla en un polvorín que podía explotar en cualquier momento. La chispa del alzamiento de 1820 fue la decisión del teniente coronel Riego, al mando de un regimiento acantonado en Cabezas de San Juan (Cádiz) a la espera de su embarque, de poner en marcha un movimiento insurreccional encaminado al restablecimiento de la Constitución de Cádiz. El 1 de enero de 1820 reunió a sus oficiales y les comunicó su intención de sublevarse para, según sus palabras, "reponer a la nación en sus antiguos derechos" (Gil Novales, 1976: 34). Después hizo lo propio con la tropa y a continuación emprendió, al frente de su regimiento, marcha hacia Cádiz, donde esperaba encontrar los apoyos necesarios para restablecer el régimen liberal. El fracaso de su intento de tomar la ciudad le llevó a peregrinar durante varias semanas por diversas poblaciones de Andalucía occidental, proclamando la Constitución, dictando bandos, restableciendo a las autoridades constitucionales depuestas en 1814 y adoptando medidas provisionales para garantizar el nuevo orden liberal precariamente instaurado por él a su paso. Las tropas enviadas por el gobierno para desbaratar su expedición no consiguieron acabar con su columna, sino, como mucho, mermar sus efectivos en una serie de escaramuzas de escasa trascendencia. Sin embargo, transcurridas varias semanas desde su pronunciamiento en Cabezas de San Juan, Riego tuvo la sensación de que el alzamiento liberal que debía secundar su gesto no había llegado a producirse o había sido abortado por las autoridades. A principios de marzo de 1820, el militar sublevado se encontraba al frente de una pequeña columna - 300 hombres, de los 1.500 que salieron con él de Cabezas de San Juan - que buscaba desesperadamente la frontera con Portugal como vía de escape a una aventura fracasada. Pero la realidad era muy otra. El 21 de febrero, un levantamiento militar en La Coruña había dejado la ciudad en poder de los liberales, que se apresuraron a nombrar una junta provisional. A principios de marzo, la insurrección se extendió por Zaragoza, Barcelona, Pamplona, Murcia, Cádiz y otras ciudades de la periferia. Uno de los generales mandados por Fernando VII en persecución de Riego, el general O'Donnell, prefirió cambiar de bando y proclamar la Constitución en Ocaña (Toledo). El efecto dominó del pronunciamiento de Riego tuvo finalmente las consecuencias deseadas: el 10 de marzo, temeroso de llevar la resistencia más allá de lo razonable, Fernando VII anunciaba en un famoso manifiesto su deseo de marchar "por la senda constitucional". Dos días antes (8 de marzo de 1820), la Gaceta de Madrid había publicado ya el real decreto restableciendo la Constitución de Cádiz.

1.3. El Trienio liberal (1820-1823)

1.3.1. La puesta en marcha del régimen y el desarrollo de una cultura política liberal

El restablecimiento de la Constitución de Cádiz el 7 de marzo de 1820 vino acompañado de una larga serie de disposiciones - algunas contradictorias entre sí - que, en todo caso, apuntaban en la misma dirección: el fin de la Monarquía absoluta y la instauración de un régimen liberal. Fernando VII nombró un gobierno acorde con la nueva situación, formado por hombres de clara significación liberal; tanto es así, que algunos se encontraban encarcelados en presidios del norte de África y tardaron semanas en poder incor porarse a sus puestos. Ésta es la razón por la que el primer gabinete del Trienio fue conocido como "el gobierno de los presidiarios". Miembros destacados del mismo fueron liberales de tanto renombre como los ministros de Gobernación, Agustín de Argüelles - uno de los padres de la Constitución de Cádiz y probablemente el ministro de mayor peso político en aquel gobierno-, y Hacienda, José Canga Argüelles, asturiano, como el anterior y como el general Riego, héroe del levantamiento del mes de enero en Cabezas de San Juan. Asturias empezaba a actuar ya como una de las grandes canteras de cargos públicos y dirigentes políticos del liberalismo español (Fuentes, 2002; Varela Suanzes-Carpegna, 2006). El único ministro que se apartaba del perfil inequívocamente liberal de aquel gobierno era el responsable de la cartera de Guerra, el marqués de las Amarillas, cuya lealtad al régimen constitucional no tardó en ser cuestionada por los liberales más suspicaces.

Otras disposiciones de aquellos días fueron la liberación de todos los presos políticos, la supresión de la Inquisición, la reposición de las autoridades constitucionales - por ejemplo, en los ayuntamientos - destituidas en 1814 y el nombramiento de una Junta provisional consultiva, de composición muy dudosa - estaba presidida por el cardenal de Toledo y primo del rey, Luis de Borbón-, que debía llevar las riendas del Estado hasta que los nuevos ministros pudieran tomar posesión de sus cargos, aunque en realidad la Junta permaneció en sus funciones hasta el mes de julio, cuando se reunieron las primeras Cortes del Trienio. Precisamente, la convocatoria de elecciones a Cortes fue otra de las grandes decisiones adoptadas aquellos días (22 de marzo de 1820). Ya en el mes de abril, se aprobó un decreto creando la Milicia Nacional (24 de abril de 1820), cuerpo armado de voluntarios, procedentes de las clases medias y populares urbanas, previsto por la Constitución de Cádiz y que habría de convertirse desde entonces en uno de los baluartes del régimen constitucional y uno de los principales símbolos del liberalismo español.

Como en otras circunstancias similares, muchas veces repetidas a lo largo del siglo XIX, de triunfo revolucionario y cambio de régimen, la nueva situación estaba presidida por una confusa dualidad de poderes, pues el triunfo del alzamiento dio lugar a la formación de juntas locales cuyas pretensiones de cambio iban más allá, en algunos casos, de lo que representaba el nuevo poder constituido. Este hecho puso en marcha un fenómeno que, de una u otra forma, se prolongó durante todo el Trienio: un conflicto entre un liberalismo de base, con una fuerte implantación en la España urbana, sobre todo entre los sectores más radicales de las clases medias y populares y del propio ejército, y un liberalismo institucional, que podríamos denominar oficialista, partidario de administrar con moderación el poder recibido del rey en marzo de 1820. Simplificando un poco las cosas, se podría identificar al primero con el partido exaltado del que se empezó a hablar en periódicos y reu niones públicas a lo largo ya de 1820 y al segundo con el nuevo partido moderado que la opinión general identificaba con aquel primer gobierno. La división del liberalismo español, sólo vagamente perceptible hasta entonces, sería uno de los hechos de mayor trascendencia del Trienio liberal, de forma que la lucha política que marcó la historia de este período no se comprendería sin el enfrentamiento entre moderados y exaltados, representantes del ala más conservadora y más progresista, respectivamente, del liberalismo español. De todas formas, como vimos al tratar el "plan Beitia" de 1819, ya en la época anterior son reconocibles posturas diversas dentro del campo liberal, por ejemplo, en relación con la vigencia de la Constitución gaditana, aunque las urgencias de la lucha contra el absolutismo habían amortiguado las posibles tensiones entre esas corrientes en ciernes (Morange, 2006). Persistía, además, como era lógico, la férrea línea divisoria que separaba a liberales y absolutistas. Incluso cabe hablar de otro importante sector político - más parecido a un grupo de opinión y de presión que a un partido - formado por los antiguos afrancesados o josefinos, a los que el régimen liberal perdonó sólo a medias con una polémica amnistía aprobada por las Cortes en septiembre de 1820. Aunque propensos al juego político en la sombra y relegados por el régimen a una situación marginal, la mayoría de los afrancesados se sintieron especialmente cómodos en el campo de un liberalismo muy conservador, razón por la cual, tanto en este período como, sobre todo, en los años siguientes, los antiguos josefinos tendieron a hacer causa común con el partido moderado. Buena prueba de esa alianza estratégica fue la postura adoptada por el periódico afrancesado El Censor (1820-1822), uno de los principales títulos de la prensa española del momento, cualificado defensor de un liberalismo muy moderado, introductor en España del pensamiento doctrinario europeo y, como tal, partidario de una amplia reforma constitucional en sentido conservador.

Los primeros meses del régimen estuvieron presididos todavía por el entusiasmo de los liberales de toda condición y por la explosión de libertad que supuso el retorno al orden constitucional. Como en la época de las Cortes de Cádiz, el nuevo marco de libertades dio lugar a la proliferación de periódicos de todo tipo, de forma que de la media docena de títulos que se publicaban en España antes del cambio de régimen, se pasó en pocos días a cerca de cuarenta. La creación de nuevos periódicos continuó en las semanas siguientes: unos sesenta títulos llegaron a contabilizarse en el mes de abril y casi ochenta en mayo. A partir de aquí, y una vez superada la euforia política y periodística de los primeros momentos, el número de periódicos inicia un suave descenso que se mantendrá hasta el final del régimen, salvo un pasajero repunte a mediados de 1822 - 63 títulos en mayo-, coincidiendo con acontecimientos políticos de gran trascendencia (Fuentes, 1994: 189). La pren sa es, sin duda, un excelente indicador del pulso político del país durante estos años. Fue también uno de los grandes espacios de libertad y pluralidad creados al amparo de la legislación liberal y, por tanto, un medio fundamental para difundir los valores del régimen entre una población que iniciaba entonces el difícil aprendizaje de vivir en libertad. Como en la etapa gaditana, el hecho de que algunos de estos títulos fueran enemigos declarados de la Constitución o partidarios de su reforma no debe verse como un síntoma de la debilidad del régimen constitucional, sino más bien de su capacidad para representar a una opinión pública emergente en todo su amplio espectro ideológico.

El otro gran cauce para el debate en la España del Trienio fueron las llamadas sociedades patrióticas, clubes abiertos a la discusión y a la participación ciudadana - similares en esto a los existentes en Gran Bretaña o a los que proliferaron en Francia durante la Revolución-, provistos normalmente de una tribuna y de un espacio de lectura donde leer la prensa del día. Además de entroncar con una tradición liberal ya muy arraigada en otros países, las sociedades patrióticas fueron en muchos casos cafés reconvertidos con una finalidad política. Recogen también y amplían en un sentido abiertamente político y liberal la tradición inaugurada por las sociedades económicas de amigos del país en la segunda mitad del siglo XVIII, aunque una y otra institución - que coexisten durante el Trienio - representan realidades históricas distintas: las sociedades económicas contienen todo el sabor reformista y elitista de la ilustración, mientras que las sociedades patrióticas señalan ya el tránsito a una cultura política liberal, con amplia participación de las clases medias urbanas y una modesta, pero ya significativa, incorporación del pueblo urbano a la revolución liberal. Sin ser, como se ve, un fenómeno del todo nuevo, estos organismos van a cobrar una dimensión insospechada, hasta convertir el derecho de reunión, junto a la libertad de imprenta, en uno de los bienes más preciados del nuevo régimen. Señalemos, entre las más conocidas, los nombres de la Sociedad Patriótica de la Fontana de Oro - a la que Galdós dedicó una novela histórica-, la del Café de Lorencini, la Cruz de Malta o, ya en 1822, la Landaburiana, todas ellas en Madrid, pero las hubo en todo el territorio nacional, hasta el punto de que 164 poblaciones llegaron a disponer de, al menos, una sociedad patriótica, lo que da idea de su capacidad para irradiar las ideas, los valores y los mitos asociados a la experiencia de la revolución liberal (Gil Novales, 1975: 13). De ese centenar largo que se creó fuera de Madrid, en una tupida red de sociedades liberales que apenas deja resquicios, por lo menos en la España urbana, destacaremos sólo la Tertulia de Virtuosos Descamisados Hijos de Riego, con sede en Cartagena, por simbolizar las proporciones míticas que alcanzó la figura del general Riego y la búsqueda por los liberales radicales de una comunión, siquiera simbólica, con los más humildes, con los descamisados. Ejemplifica, además, la importancia que algunas ciudades de la periferia - Cartagena, en este caso - empezaban a adquirir como bastión del liberalismo español. Resumiendo en unas pocas palabras su significado, las sociedades patrióticas fueron, ha dicho Gil Novales - el historiador que mejor las ha estudiado-, "cajas de resonancia de la vida pública nacional, en donde todo se habla y todo se discute" (Gil Novales, 1975 y 1980: 11-12).

Por lo demás, periódicos y sociedades patrióticas funcionaron durante estos años como vasos comunicantes. Una de las finalidades de estas últimas, como lo venía siendo ya de los cafés, era la lectura de la prensa del día a menudo como una práctica colectiva, pues aparte de que en ocasiones pudieran leerse en voz alta para información de los presentes - lo que hacía a la prensa accesible a los analfabetos-, el comentario, la crítica y la discusión de la actualidad política recogida en los periódicos solía ser el detonante de la actividad primordial de las sociedades, esto es, la discusión abierta, con intervenciones desde la tribuna y réplicas del público y nuevas intervenciones de oradores improvisados, sobre la marcha de los acontecimientos y del propio régimen. Pero, al mismo tiempo, la prensa de la época hará de la actividad de las sociedades patrióticas una de sus principales fuentes de información y tema de un gran debate general sobre el momento político del país, que, de esta forma, pasará de las sociedades patrióticas a los periódicos y viceversa. Como en el caso de la prensa, los clubes liberales se fueron creando en las primeras semanas del Trienio con un entusiasmo frenético, y, también como la prensa, tuvieron a veces un carácter oficialista. Así, ocurrió a menudo, sobre todo al principio del Trienio, que un cargo público liberal, por ejemplo la autoridad militar del lugar, se sintiera obligado a patrocinar un periódico o una sociedad patriótica. De todas formas, la mayoría no tardó en perder ese carácter oficialista, pues el liberalismo más moderado empezó muy pronto a considerar su existencia más como un peligro para el orden público que como un aliado en la defensa del régimen constitucional. Por último, el nombre mismo de las sociedades patrióticas y el título de algunos periódicos - como El Patriota español, uno de los más radicales entre la prensa constitucional - coinciden en recordarnos el significado liberal que los términos patria, patriota y patriotismo tienen en la época como elementos centrales del lenguaje de la revolución.

1.3.2. Las divisiones del liberalismo

Pese al ambiente de euforia y al clima de concordia nacional que pudo percibirse los primeros meses del Trienio, los graves conflictos que iban a con dicionar su historia hicieron muy pronto acto de presencia, desmintiendo con ello las candorosas palabras, muy representativas de aquel estado de opinión, que publicaba por entonces un periódico barcelonés: de los enemigos naturales de la Constitución, "quedan ya muy pocos que dejen de conocer las innumerables ventajas que derramará al fin sobre todos la sagrada constitución que juramos" (Fontana, 1979: 31). Esta ingenua percepción, compartida al principio por muchos liberales, iba a chocar, sin embargo, con el sinfín de dificultades que tendría que afrontar el liberalismo español. Entre ellas, suele señalarse, con razón, la presión internacional sufrida por el régimen liberal en una Europa gobernada por la Santa Alianza, la capacidad de reacción del absolutismo interior, que no cejaría hasta acabar con la Constitución, y la actitud obstruccionista de Fernando VII, aunque de momento prefiriera mantenerse prudentemente dentro de los márgenes que la Constitución le marcaba, a la espera de tiempos mejores. El 9 de julio, el rey inauguraba la primera legislatura de las Cortes del Trienio y juraba ante ellas la Constitución según la fórmula que el gobierno había redactado: "Al establecimiento y conservación entera e inviolable de la Constitución, consagraré las facultades que la misma Constitución señala a la autoridad real, y en ello cifraré mi poder, mi complacencia y mi gloria" (Artola, 1999: 535).

El carácter mayoritariamente liberal de los diputados elegidos por el pueblo no hacía prever las profundas tensiones que muy pronto afloraron en aquellas Cortes. Conviene recordar que el sistema de elección, utilizado ya para elegir a las Cortes de Cádiz en 1810 e incorporado luego a la Constitución, concedía el derecho a voto a todos los vecinos varones mayores de edad, lo que equivalía a un sufragio universal masculino indirecto en tercer grado que, con todas sus limitaciones, representaba lo más parecido a un sistema electoral democrático en el estrecho panorama del liberalismo internacional. A lo largo del verano de 1820, se puso de manifiesto uno de los problemas que, junto a los ya indicados, más contribuyeron a la inestabilidad del régimen constitucional y tal vez a su fracaso: las divisiones internas del liberalismo español, polarizado en las dos grandes corrientes o partidos referidos más arriba. El partido moderado, que, pese a esta denominación, no existía como tal partido, sino como una difusa corriente de opinión y de poder, controlaba las instituciones y tenía, por consiguiente, la iniciativa política y legislativa. Aquel primer "gobierno de los presidiarios", nombrado por Fernando VII en marzo de 1820, se puede considerar un gobierno moderado, lo mismo que a la inmensa mayoría de los diputados de la legislatura de 1820. Moderados eran también, como es lógico, los altos cargos de confianza nombrados por el gobierno, como los jefes políticos provinciales - la mayoría, mandos militares - encargados de velar por el orden público en sus respectivas provincias y, por tanto, pieza clave en la estructura de poder del régimen constitucional. A esa función, digamos, policial, se añadían ciertas atribuciones de orden administrativo a partir de las cuales la figura del jefe político - como la de su sucesor, el gobernador civil, a partir de mediados del siglo XIX - se fue deslizando hacia una intervención decisiva en la organización de los procesos electorales. De ese fenómeno fundamental en la historia contemporánea de España que es la conexión entre el Ministerio de Gobernación - del que dependían los jefes políticos y luego los gobernadores civiles - y el fraude electoral hay algún testimonio ya en el Trienio, como es la advertencia lanzada en octubre de 1820 por un periódico exaltado sobre el riesgo de que el gobierno pudiera "amañar en las elecciones de diputados una mayoría dócil y complaciente" (Gil Novales, 1975: 555), amén de otras informaciones que circularon en este período sobre la existencia de instrucciones gubernamentales precisas para evitar que exaltados y afrancesados obtuvieran actas de diputados.

Los desencuentros entre moderados y exaltados no dejaron de sucederse a partir del verano de 1820. El primer punto de fricción fue el papel institucional y simbólico que Rafael del Riego, ascendido a general tras su pronunciamiento, debía desempeñar en el nuevo régimen. Mientras los exaltados hicieron de Riego el símbolo de la revolución de 1820 y de los valores del orden constitucional, la política del gobierno y, en particular, del ministro de la Guerra, marqués de las Amarillas, dejó entrever muy pronto la incomodidad que al liberalismo gobernante le producía la figura del "héroe de las Cabezas" (de San Juan), como era aclamado por los exaltados, y el temor a que en torno a él se articulara un amplio frente de oposición a la política moderada. Primero fue la orden ministerial de disolución del llamado "Ejército de la Isla", es decir, de las tropas que se sublevaron con Riego a favor de la Constitución. El propio general y otros mandos militares se dirigieron al gobierno y al rey solicitando la revocación de una orden que consideraban incomprensible y contraproducente, pues podía indicar - así interpretó el partido exaltado ésta y otras decisiones del gobierno - que el régimen constitucional se desprendía de sus mejores bazas para defenderse de sus enemigos.

La destitución del marqués de las Amarillas a principios de agosto no zanjó el conflicto. Los exaltados empezaron a prodigar los homenajes a Riego, en un intento de desagraviarle por lo que empezaban a considerar una persecución a su persona. Alguno de aquellos homenajes derivó en incidentes de alguna importancia, en los que, tal vez contra su voluntad, se vio implicado el propio general. El gobierno reaccionó ordenándole marchar a Oviedo y permanecer allí hasta nueva orden, intentando sofocar así, con una medida que tenía mucho de castigo, la polémica que se iba encendiendo a su paso. Los exaltados lo tomaron como una nueva muestra de la persecución perpetrada contra él por unos ministros que debían sus cargos a la valen tía y al heroísmo del general que el 1 de enero se había sublevado a favor de la Constitución. Otros oficiales próximos al partido exaltado sufrieron una suerte parecida, y todo ello alimentó las dudas de los liberales más radicales sobre las intenciones del gobierno. Éste contraatacó en las Cortes por boca del ministro Agustín de Argüelles, quien, en la sesión del? de septiembre de 1820, hizo alusión a ciertas páginas de la historia que habrían de hacerse famosas, creando así un clima de suspense y sospecha en torno al verdadero papel que estaba desempañando por aquellos días el general Riego. Tras aquella críptica referencia a esas supuestas páginas había una insinuación muy velada, pero que todo el mundo pudo entender, sobre la implicación de Riego en una conspiración contra el gobierno de signo republicano. La gravedad de la acusación y la falta absoluta de pruebas hicieron que el divino Argüelles, como era conocido desde las Cortes de Cádiz, utilizara la fórmula retórica de aquellas páginas, nunca reveladas por él, que contenían la historia de los manejos conspirativos en que Riego se había visto mezclado.

El enfrentamiento entre moderados y exaltados tuvo por entonces un nuevo episodio en el debate parlamentario sobre las sociedades patrióticas, que el gobierno pretendía disolver mediante una ley ad hoc. Los Diarios de Sesiones de Cortes recogen puntualmente los argumentos utilizados por unos y otros en aquella cuestión clave. Para el gobierno moderado y la mayoría parlamentaria que lo apoyaba, las sociedades patrióticas se estaban convirtiendo en un problema de orden público y en una especie de contrapoder ilegítimo que los exaltados utilizaban para contrarrestar su escasa representación en el parlamento. Para estos últimos, el gobierno pretendía dar un paso más en su propósito de dejar al régimen constitucional inerme ante sus enemigos. Primero fue el Ejército de la Isla, luego el propio Riego y algunos de sus compañeros, finalmente las sociedades patrióticas: todo aquél o todo aquello que se significaba por su compromiso con la revolución parecía convertirse en el principal enemigo de las autoridades moderadas. Pero había más. La postura de unos y otros ante las sociedades patrióticas era coherente con la diferente concepción que moderados y exaltados tenían de la base social sobre la que debía descansar el liberalismo español. Para los primeros, la solidez del régimen dependía del apoyo que tuviera entre las clases propietarias y medias: burguesía, aristocracia terrateniente, clases medias profesionales... Bien es cierto que los moderados eran tan conscientes como los exaltados de la necesidad de neutralizar el poder de la Iglesia y de incorporar su inmenso patrimonio, vía desamortización, a un mercado nacional abierto y dinámico, condición sine qua non para que se produjera el tránsito del Antiguo Régimen al capitalismo. Pero, a diferencia del partido exaltado, el moderantismo consideraba que la participación del pueblo en el régimen constitucional, por ejemplo, a través del sufragio, estaba llena de inconvenientes y de peligros. Para los moderados, las sociedades patrióticas podían ser, por su carácter abierto y participativo, una vía de entrada de las clases populares en la vida política. "El proyecto de crear un pueblo de filósofos es el proyecto de un loco", afirmó en nombre de la mayoría moderada el diputado Garelli. "La Constitución protege la libertad individual y los derechos de todo español; pero la igualdad de fortuna y de luces sería un delirio."

Para los diputados exaltados, por el contrario, las sociedades patrióticas eran un instrumento fundamental para crear en España una verdadera opinión pública, "la reina de las naciones", como la calificó el diputado aragonés Romero Alpuente. Como "cátedra universal abierta a todas las clases del pueblo, a todos los sexos y a todas las edades", las definió el propio diputado, seguramente el de mayor renombre de los que representaban en las Cortes al partido exaltado. Otro diputado de la misma significación afirmó en su intervención en el debate que "el pueblo español ha menester, para andar por la senda de la libertad, más espuela que freno", es decir, que el régimen liberal debía fomentar la participación popular en la vida pública, en vez de impedirla o frenarla (Gil Novales, 1975: 542-545). En suma, a juicio de los exaltados, el régimen no podía renunciar a las sociedades patrióticas si quería acercar el espíritu de la Constitución a las clases populares como forma de integrarlas en una gran alianza con las clases medias y el ejército constitucional, que debía hacer posible el definitivo triunfo de una revolución seriamente amenazada por sus enemigos interiores y exteriores. La aprobación del artículo 1.0 de la Ley de sociedades patrióticas, con 100 votos a favor y 43 en contra, marcó la pauta de las votaciones siguientes, siempre en un sentido favorable a la mayoría gubernamental, si bien el proyecto original sufrió alguna leve modificación a propuesta de la minoría exaltada. El 16 de octubre de 1820, la ley quedó aprobada por las Cortes.

Las cosas, sin embargo, se desarrollaron de forma distinta a lo que podía preverse. Las sociedades patrióticas siguieron actuando como hasta entonces, aunque cambiando su denominación por tertulias patrióticas. En este giro inesperado hacia su legalización de hecho influyó el enfrentamiento entre el gobierno y el rey a propósito de la Ley de supresión de las órdenes monacales y reforma de las regulares, pieza básica en el programa del liberalismo gobernante. El veto de Fernando VII a la ley llevó al gobierno a buscar una pasajera reconciliación con el ala exaltada del liberalismo, cuya movilización causó en el monarca la reacción esperada: amedrentado por la presión de la calle, el 24 de octubre Fernando VII firmó la Ley de monacales. Este hecho demuestra hasta qué punto los moderados se veían obligados a jugar simultáneamente en dos frentes y a establecer alianzas con unos u otros según la coyuntura política. Demuestra también que en sus reformas sociales y económicas el liberalismo del Trienio se mantenía relativamente fiel al proyecto revolucionario de las Cortes de Cádiz: desamortización de los bienes de la Iglesia, supresión de las vinculaciones de la propiedad nobiliaria, abolición de los gremios... En suma, liberalización de las estructuras económicas para crear un gran mercado nacional. Ello suponía, por lo pronto, expropiar las propiedades de la Iglesia para crear un verdadero mercado agrario, formado por tierras susceptibles de ser compradas y vendidas - es decir, desamortizadas-, fomentar el desarrollo de una burguesía rural y urbana que actuara como motor de la economía nacional y conseguir mediante la venta de los bienes desamortizados los recursos necesarios para paliar la situación de la Hacienda pública. En todo ello, no había diferencias sustanciales entre los moderados y los exaltados, convencidos de que el patrimonio eclesiástico y el régimen señorial constituían un freno inadmisible a la riqueza y la prosperidad del país. Fueron muy pocos, efectivamente, los liberales exaltados preocupados por buscar una política económica alternativa a la del moderantismo en el poder.

El principal punto de fricción entre moderados y exaltados era la propia Constitución de 1812, que los primeros tenían intención de reformar en un sentido conservador: sustituyendo el sufragio universal por un sufragio censitario, que reservara el derecho a voto a quienes acreditaran una posición económica desahogada, y creando una segunda cámara parlamentaria como cauce de representación privilegiada de la aristocracia territorial y contrapeso conservador al Congreso de los diputados. Sorprende que el plan de cámaras, como fue conocido entre los exaltados, y, en general, la reforma de la Constitución fueran patrocinados por políticos liberales que habían tenido una destacada participación en las Cortes de Cádiz. Agustín de Argüelles es un buen ejemplo de ello. Pero la suya era una postura compartida por muchos, incluso en el exilio anterior al Trienio, cuando los liberales que pergeñaron el "plan Beitiá' mostraron abiertamente sus críticas a la Constitución gaditana por representar una concepción demasiado idealista del liberalismo, especialmente pensando en un país como España, y propusieron lisa y llanamente un nuevo texto constitucional que, entre otras cosas, introducía una segunda cámara parlamentaria, llamada cámara perpetua (Morange, 2006: 415). Ya en el Trienio, el plan de cámaras fracasó porque a los moderados les faltó la ocasión o la determinación de llevarlo a cabo, pero también por la oposición decidida de los exaltados, que hicieron de la defensa de la Constitución el objetivo primordial de su actuación. Hay que decir que la estrategia revisionista de los moderados tampoco encontró ninguna comprensión en Fernando VII, incapaz de distinguir entre unas Cortes liberales con una o con dos cámaras - "¡no podéis con una cámara y queréis dos!", parece que le dijo a un ministro-. La opción del monarca era lisa y llanamente volver a la Monarquía absoluta, y sin su colaboración la reforma constitucional de los liberales moderados tenía muy pocas posibilidades de éxito.

Aparte de las Cortes y de las sociedades patrióticas, los principales ámbitos de confrontación entre moderados y exaltados fueron la prensa y las sociedades secretas. Periódicos moderados de gran influencia y notable difusión fueron Miscelánea de comercio, artes y literatura, El Universal, El Censor y El Imparcial, los dos últimos órganos afrancesados que objetivamente se pueden situar en el campo del moderantismo. A El Universal se le llegó a atribuir una tirada de 10.000 ejemplares, cifra excepcional para la época, aunque parece más prudente situarla en torno a los cuatro mil o cinco mil, también muy respetable. Más o menos la misma difusión tenía la Miscelánea. Entre los exaltados destacan El Conservador (a pesar de su título), El Eco de Padilla, El Amigo del Pueblo, El Espectador, La Tercerola y, muy especialmente, El Zurriago, al que puede considerarse todo un símbolo de la prensa exaltada y del liberalismo más radical. Su tirada, aunque muy irregular, pudo superar los seis mil ejemplares, que es una cifra considerable, habida cuenta el alto porcentaje de analfabetismo de la sociedad española - cerca del 90 por ciento - y la reñida competencia que había en el mercado periodístico español, en el que un sinfín de cabeceras tenían que luchar por el favor de un público muy escaso. Tal es el fenómeno que reflejó desde su mismo título uno de los mejores representantes de la prensa político-satírica del momento: La Periodicomanía, periódico satírico, afín al liberalismo exaltado, nacido en Madrid en mayo de 1820. Su objetivo era reflejar con un estilo ágil y desenfadado el día a día de esa efervescencia periodística que provocó el triunfo de la revolución liberal, como ocurriera ya en la época de las Cortes de Cádiz. Si el periódico gaditano La Diarrea de las imprentas reflejó entonces ese afán informativo y esa ansia de libertad que traía consigo la revolución, La Periodicomanía quiso convertirse en 1820 en testigo de la gran marea periodística que puso en marcha el comienzo del Trienio. Representativo de un periodismo satírico y costumbrista muy en boga, que cultivaron también periódicos muy politizados, como El Zurriago, La Periodicomanía se convirtió en paradigma de un extraño fenómeno: frente a la corta vida que se les suponía a la mayoría de los periódicos creados bajo el nuevo régimen, algunos de ellos tuvieron tal éxito que se vieron obligados a aumentar la tirada inicial para satisfacer una demanda desbordante. Si en el número 5 La Periodicomanía declaraba despachar "ejemplares a carretadas", poco después afirmaba exultante que "los que se contentaban con dos resmitas ven salir quince de cada numerillo".

El mismo éxito tuvieron otros periódicos editados lejos de Madrid, capital del periodismo español, en la que se concentraban buena parte de los periódicos publicados y un elevado porcentaje del público lector. El Libe ral guipuzcoano, de San Sebastián, con sus 1.000 ejemplares de tirada en una población de 6.000 habitantes, testimonia el éxito comercial de algunas de estas publicaciones cuando partían de un planteamiento racional de sus posibilidades comerciales, que, según los promotores de este periódico, dependían de una buena distribución en un amplio radio de acción que alcanzaba al País Vasco francés (Fernández Sebastián, 1991: 304-317). Más ideologizados que este periódico liberal, concebido más como una empresa -y empresa rentable - que como órgano de un partido o facción, fueron otras importantes cabeceras de la prensa de la periferia, muchas de ellas afines al liberalismo radical, como El Martillo - icono político de los exaltados - de Murcia, El Diario gaditano, El Eco de Colom, editado en Palma de Mallorca, El Rayo cartagenero o El Aristarco, de Oviedo. Son una pequeña muestra de un periodismo muy militante, representativo de la capacidad de irradiación del liberalismo exaltado en algunas provincias y localidades de la periferia: Asturias, Valencia, Barcelona, Murcia, Cádiz y, en general, las ciudades andaluzas y levantinas, con algún importante enclave más al interior, como Zaragoza. Tal fue, junto a la capital de España, la base geográfica del liberalismo exaltado y, en general, del liberalismo español desde aquel entonces.

Las sociedades secretas fueron, con la prensa, la gran palestra en que se escenificó la ruptura del liberalismo en el Trienio. Sin que se pueda aceptar el exagerado protagonismo que la historiografía más conservadora atribuyó a las sociedades secretas en el largo ciclo de las revoluciones españolas, es indudable la filiación masónica de algunos prohombres del liberalismo y la aportación de la masonería al desarrollo de las conspiraciones antiabsolutistas. No es que esta sociedad secreta se sirviera de sus adeptos en España para conspirar en pro de sus intereses, sino que la pertenencia a las logias, por su estructura orgánica, su carácter secreto y el espíritu solidario que establecían entre sus miembros, servía a muchos liberales para poder trabajar con mayor seguridad a favor de la causa constitucional, desde la eficaz trama clandestina que constituían las logias. A la masonería pertenecían protagonistas destacados de la revolución de 1820 como Alcalá Galiano, Quiroga, Evaristo San Miguel o el propio Riego. La fractura interna del partido liberal al poco de restablecerse la Constitución tuvo graves consecuencias en el mundo de las logias. En enero de 1821, un grupo de masones afines al liberalismo exaltado decidió romper con la masonería oficial - la única existente hasta entonces - y fundar una nueva sociedad secreta que llevó por nombre La Comunería. La propia denominación indica el espíritu que animaba a sus fundadores: la voluntad de crear una especie de masonería nacional, libre de los vínculos internacionales y del conservadurismo político que ellos atribuían a las logias. Había también, como es patente, un afán historicista por entroncar la rama, según ellos, más genuina del liberalismo español - es decir, el liberalismo exaltado - con viejas tradiciones revolucionarias y democráticas, como, en su opinión, era la que habían representado los comuneros de Castilla al sublevarse contra un déspota extranjero, el emperador Carlos V, a principios del siglo XVI. Órgano oficioso de la Comunería fue el periódico El Eco de Padilla, de título bien elocuente, pues Padilla había sido, con Bravo y Maldonado, uno de los comuneros ajusticiados en 1521 al fracasar la rebelión contra Carlos V.De esta tradición política vendría el apego del ala más progresista del liberalismo al color morado del pendón de Castilla, símbolo de la Comunería, que con el tiempo se incorporó a la bandera de la República española.

Desde la creación de la Comunería en enero de 1821, la división del liberalismo alcanzó también el terreno de las sociedades secretas. Mientras los que siguieron militando en la masonería podían identificarse fácilmente con el partido moderado, los comuneros fueron en muchos casos los exaltados más notorios, como los diputados Romero Alpuente y Flórez Estrada o el mismo general Riego. Entre masones y comuneros se desarrolló muy pronto un odio "implacable" (Gil Novales, 1980: 26), que era la traslación, probablemente potenciada por el sectarismo inherente a las sociedades secretas, de la rivalidad existente desde tiempo atrás entre los moderados y los exaltados. Conviene precisar, sin embargo, que entre los comuneros los hubo de trayectoria tan sospechosa como José Manuel del Regato, conocido en el Trienio por su radicalismo liberal y sus altisonantes declaraciones contra el rey y nombrado por el propio Fernando VII, poco después de la restauración de la Monarquía absoluta, jefe de su policía secreta. Esta circunstancia y algún otro caso similar hacen pensar en una significativa infiltración de elementos provocadores en las filas de la Comunería, una organización cuyo radicalismo propiciaba operaciones desestabilizadoras dirigidas desde el absolutismo - seguramente por el propio Fernando VII o su entorno - para crear confusión en las filas liberales y llamar la atención de las potencias europeas sobre la degradación que estaba alcanzado la política española y el peligro de un deslizamiento del régimen liberal hacia posturas ultrarrevolucionarias. Es muy posible que ése fuera el origen de algunos supuestos complots de tipo republicano ocurridos en el Trienio, como el que protagonizó en 1821 un francés de nombre Bessiéres en Barcelona, donde residía desde hacía años. El hecho de que este supuesto conspirador republicano consiguiera huir a Francia y volver en 1823 como mariscal realista en compañía de los Cien Mil Hijos de San Luis da una sólida base a la idea de que el republicanismo verbal o conspirativo que circuló por la España del Trienio tenía en realidad un origen absolutista y una intención provocadora.

1.3.3. Los problemas del régimen liberal: la amenaza interior y la política económica

Superado el desconcierto de los primeros momentos, el absolutismo español empezó a conspirar contra el régimen utilizando todos los medios a su alcance. Sin embargo, durante algún tiempo los enemigos de la Constitución parecieron actuar en orden disperso - intrigas palaciegas, partidas guerrilleras, agitación clerical, conspiraciones militares...-, facilitando así la labor de las autoridades constitucionales en la desarticulación de las conspiraciones en marcha. Una de las más descabelladas fue la que planeó el sacerdote Matías Vinuesa, cura del pueblo de Tamajón (Guadalajara): nada menos que secuestrar al gobierno para, a continuación, restaurar la Monarquía absoluta. Detenido en enero de 1821 con papeles comprometedores, que contenían todos los detalles del plan, Vinuesa fue condenado a diez años de prisión. Sin embargo, un grupo de supuestos liberales exaltados, considerando que la sentencia había sido insuficiente, asaltó la cárcel en la que se encontraba el condenado y la emprendió a martillazos con él hasta dejarlo muerto. De ahí el significado que el martillo alcanzó a partir de entonces entre los liberales más radicales como símbolo de una justicia sumaria y popular. Esa fascinación por la violencia, en la que los exaltados verían el medio legítimo para completar una revolución todavía a medias, está en el origen de una polémica frase pronunciada en una sociedad patriótica al parecer por Juan Romero Alpuente: "La guerra civil es un don del cielo". El escándalo que provocaron las palabras del diputado aragonés, una de las cabezas visibles del partido exaltado, dio lugar a un artículo del periódico El Zurriago, de la misma significación, justificando el espíritu de la frase: que todo era preferible antes que la vuelta a la tiranía, incluso los horrores de una guerra civil, que una parte del liberalismo español empezó a ver desde entonces como un medio drástico de enderezar el curso de la revolución española (véase Apéndice, documento 8).

Mientras tanto, aquellos primeros meses de 1821 en que se produjo el asesinato del cura Vinuesa registraron también graves incidentes promovidos por la Guardia Real en Madrid, sin duda la unidad militar más afín al absolutismo, a causa de su vinculación a la persona del monarca. De ahí que este cuerpo fuera motivo de sospecha permanente en los medios liberales por sus intenciones golpistas. Aquel mismo año aparecieron las primeras partidas absolutistas en algunas comarcas de Burgos y Álava, un fenómeno que se iría extendiendo por otras muchas zonas (interior de Cataluña, Aragón, Levante, La Mancha...) y que habría de tener en jaque a las autoridades constitucionales y al ejército. Era una nueva guerra de guerrillas - en muchos casos, las mismas que habían luchado contra los franceses-, levantadas esta vez con tra el régimen constitucional, aprovechando el descontento de buena parte del campesinado con la política económica y fiscal de los liberales y las circunstancias particulares de alguna región, como la peste que venía asolando a Cataluña. Pero, aparte de los factores coyunturales que pudieran agitar los ánimos contra el régimen, la política liberal fue siempre un elemento decisivo en la movilización de amplios sectores del campesinado contra el liberalismo, especialmente en aquellos territorios, como el País Vasco y Navarra, que conservaban todavía sus viejos fueros y temían que los liberales les despojaran de los privilegios que comportaba el régimen foral: un estatus fiscal muy favorable y la exención de quintas, es decir, del servicio militar. En general, y no sólo en estas provincias, el campesinado tendía a identificar el liberalismo con una fiscalidad muy agresiva y con un régimen económico lesivo para sus intereses, porque sustituía el pago en especies de impuestos y derechos señoriales por su pago en metálico, siempre más gravoso en economías escasamente integradas en el mercado y poco monetarizadas. Si a ello se añade la crisis que vivía la agricultura española -y europea - por la caída general de los precios - un descenso de un 50 por ciento en apenas diez años-, se entenderá que los cambios introducidos por los gobiernos liberales fueran considerados como la causa, y no la consecuencia, de la crisis del viejo régimen señorial. Incluso una medida favorable a los campesinos como era la reducción del diezmo - principal derecho señorial que pagaban los campesinos - a la mitad de su cuantía (junio de 1821) causó la irritación de muchos campesinos, que preferían el diezmo tradicional en especies, siempre propicio a la evasión y al fraude, al nuevo medio diezmo en metálico impuesto por la administración liberal, implacable en la exigencia de su pago. Así lo señaló un fino observador, el embajador francés en España, nada más consumarse la caída del régimen constitucional en octubre de 1823: "El impuesto en especies no es nada aquí; lo que pesa es el impuesto en dinero. Uno de los mayores errores del gobierno de las Cortes es el de haber querido establecerlo, a la vez que una de las principales causas del odio que la masa de la nación siente hacia este gobierno" (Fontana, 1979: 159).

Los efectos inmediatos de la política liberal sobre una agricultura en crisis explican el apoyo que muchos campesinos prestaron a la causa absolutista, en la que coincidieron con sectores tradicionales, como la Iglesia, gravemente perjudicados por la revolución. Por el contrario, la aristocracia terrateniente se vio, en principio, favorecida por la reconversión del régimen de propiedad llevada a cabo por los liberales, que supuso la abolición de los mayorazgos y las vinculaciones (septiembre de 1820), es decir, el fin de los mecanismos legales que preservaban la unidad del patrimonio nobiliario mediante, por un lado, su traspaso íntegro, de generación en generación, al primogénito (mayorazgo) y, por otro, la imposibilidad de enajenar, median te su venta, una parte del mismo (vinculación). Por otra parte, la supresión del régimen señorial implicaba la conversión casi automática de la propiedad nobiliaria de origen feudal en propiedad capitalista, sin que, en la mayoría de los casos, las tierras cambiaran de manos. Es cierto que no todas las familias de la aristocracia supieron aprovechar la oportunidad que el liberalismo les brindaba para adaptarse a las nuevas condiciones históricas, pasando de su condición de terratenientes feudales a la de terratenientes de nuevo cuño, en el marco de una economía de mercado. También es cierto que algunos destacados miembros de la nobleza hicieron causa común con los campesinos y los clérigos alzados contra la Constitución. Pero se puede decir que la aristocracia territorial, relativamente bien tratada por el liberalismo, no constituyó por sí misma un frente de oposición al régimen constitucional, al que incluso apoyaban los elementos más idealistas o más pragmáticos de la aristocracia. Conviene no olvidar, asimismo, que algunos destacados liberales - empezando por el general Riego - procedían de la pequeña y mediana nobleza, sobre todo de las provincias cantábricas, donde era tradicional que los segundones de las familias - es decir, los hijos que por mor del mayorazgo ya no tenían acceso al patrimonio familiar - hicieran carrera en el ejército, en la Iglesia o en la administración civil.

Que el liberalismo apareciera como enemigo común de una parte del campesinado y de la Iglesia, despojada de su patrimonio por la desamortización, explica la gran alianza antiliberal constituida por campesinos y clérigos, alianza llamada a durar largo tiempo, sobre todo en algunas regiones, como el País Vasco y Navarra, ya tras las banderas del carlismo. Ni en el Trienio, ni menos aún en etapas posteriores, los liberales consiguieron darle la vuelta a esta situación y atraerse, como ocurriera en la Francia revolucionaria, las simpatías del pequeño campesinado. Tal vez la Ley de señoríos, aprobada por las Cortes en junio de 1821, hubiera podido acercar posturas entre el régimen y los campesinos, toda vez que el requisito legal de que los viejos propietarios acreditaran documentalmente su condición para conservar sus propiedades podía abrir una vía de acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra. Pero el veto de Fernando VII a esta ley la dejó temporalmente sin efecto, y cuando finalmente entró en vigor en mayo de 1823, en pleno derrumbe del régimen, ya era demasiado tarde. Hay otras razones para explicar la impopularidad del liberalismo entre amplios sectores sociales, que veían en él la causa del marasmo económico en que se encontraba el país. La realidad era que los gobiernos liberales tenían que gestionar una crisis heredada de la situación anterior, y hacerlo con procedimientos expeditivos que tenían un doloroso impacto social. Los viejos y cada vez más acuciantes problemas financieros del Estado obligaron a los gobiernos del Trienio a adoptar una perspectiva hasta cierto punto cortoplacista de la política económica del régimen. Ejem plo de esto último fueron los diversos empréstitos negociados por los gobiernos liberales con los grandes grupos financieros europeos, entre ellos la célebre banca Rothschild. Era la forma más rápida de llenar las arcas del Estado, pero también la más costosa, hasta el punto de que el Consejo de Estado, que tenía que dictaminar sobre el contenido de estos contratos, calificó de "escandalosas e inadmisibles" las condiciones impuestas por el grupo Laffitte en el empréstito de 300 millones de reales firmado con el gobierno liberal en noviembre de 1820 (Gil Novales, 1980: 37).

El socorrido recurso a la desamortización de los bienes eclesiásticos, imprescindible, por otro lado, como base de un gran mercado nacional en el marco de una economía en transición al capitalismo, dio lugar a un paquete de medidas aprobadas entre los meses de agosto y noviembre de 1820, que ligaban directamente los bienes susceptibles de desamortización al pago de la deuda pública. Una de aquellas medidas, el decreto del 9 de noviembre de 1820 sobre arreglo de la deuda, cuantificaba en más de catorce mil millones de reales el importe de la misma. Ante tal cifra - tal vez algo inflada, pero no mucho, según algunos autores-, se comprende la inutilidad de una medida como la reducción del personal del Ministerio de Hacienda, con la que pretendían ahorrarse más de doce millones de reales en sueldos (Del Moral Ruiz, 1975: 157). En conjunto, y dentro de la disparidad de las cifras que ofrecen los diversos autores que se han ocupado del tema, la desamortización eclesiástica del Trienio afectó a 25.000 fincas, con un importe global de entre quinientos y mil millones de reales, aportados por unos siete mil quinientos compradores, en su mayoría vecinos de las ciudades y labradores acomodados de los pueblos (Rueda Hernanz, 2006: 132). Los pagos se hicieron, tal como estipulaba la ley, con títulos de la deuda, con lo que, dada su depreciación, el valor real de las compras estaba por debajo de los altos remates alcanzados en las subastas.

Nuevas disposiciones aprobadas en los años siguientes demuestran la dificultad de crear un marco normativo estable capaz de resolver a corto plazo un problema de tal magnitud, como era el de la Hacienda pública y el déficit que arrastraba. La política fiscal del régimen era un instrumento básico en la lucha contra la crisis financiera del Estado. Se aplicó el modelo tributario de la contribución única y se redujo, como queda dicho, el diezmo a la mitad, pero pagadero en metálico, con lo que se pretendía cumplir varios objetivos: dinamizar la economía nacional mediante la monetarización de su sector más tradicional - la agricultura-, allegar recursos a las arcas del Estado y ganarse el apoyo de los campesinos, a los que, sobre el papel, se aplicaba una rebaja fiscal del 50 por ciento. Sin embargo, en la práctica, los campesinos sintieron como un grave perjuicio a sus intereses el pago en metálico al Estado del derecho que, hasta la desamortización, venían pagando - cuan do lo pagaban - a las comunidades eclesiásticas propietarias de sus tierras. Frente a la desidia que estas últimas mostraban a veces a la hora de cobrar un derecho que ofrecía un amplio margen a la evasión, el Estado aparecía ante los campesinos como un recaudador inflexible, cuya supuesta voracidad fiscal agravaba la situación de crisis extrema en que se encontraba la agricultura española.

Con el telón de fondo del malestar campesino, de la crisis económica, de la hostilidad de la Iglesia y de la división de los propios liberales, sin olvidar las malas noticias que seguían llegando de América, los enemigos del régimen movían sus piezas en una guerra, de momento, de posiciones, que tenía en Fernando VII a un aliado esencial, cuando no a su principal artífice. Buena muestra de la disposición del rey hacia el régimen fue el colofón o coletilla, como sería conocida, que puso de su cosecha al discurso, redactado por el gobierno, con el que debía inaugurar en marzo de 1821 la segunda legislatura de las Cortes. Sus reproches al ejecutivo, al que acusaba de no impedir los "ultrajes" que continuamente sufría su persona, fueron el prólogo a una crisis ministerial provocada por el propio monarca al retirar su confianza al gobierno. Cierto que el nuevo gabinete representaba la continuidad del moderantismo en el poder, si bien con un perfil político algo más bajo que el anterior. Sin embargo, el mensaje que aquella crisis dejó para la opinión liberal no podía ser más alarmante: Fernando VII estaba dispuesto a emplear a fondo las prerrogativas que la Constitución le otorgaba para intervenir directamente en la vida política; entre esas prerrogativas constitucionales estaban el derecho a dar o retirar su confianza a los ministros y la posibilidad de vetar temporalmente disposiciones legales, como la citada Ley de señoríos, que no fueran de su gusto.

Pero el uso obstruccionista de sus prerrogativas no dejaba de ser para Fernando VII una solución parcial a los males irremediables que atribuía al régimen constitucional. Sus esperanzas estaban depositadas en una acción que, desde dentro o desde fuera del país, pusiera fin a aquella experiencia revolucionaria. En julio de 1822 se produjo el intento más serio de golpe de Estado absolutista, que no en vano tuvo su epicentro en el Palacio Real de Madrid. De allí salieron los guardias reales que protagonizaron el golpe del? de julio en la capital, aunque sus numerosas ramificaciones en provincias demuestran la existencia de un plan relativamente amplio y maduro capaz de acabar por la fuerza con las instituciones constitucionales. El contexto era ya de agitación contra el régimen, ya fuera de partidas guerrilleras echadas al monte, principalmente en Navarra y Cataluña, o de jefes militares que tenían la intención de sublevar a sus unidades a favor del rey absoluto, como el intento que tuvo lugar en Valencia. Ese estado de tensión se trasladó a Madrid a finales de junio, cuando, en medio de la pasividad del gobierno y ante la evidente complacencia del rey y su familia, empezó a tramarse un golpe de Estado contra el régimen. Por fin, en la noche del 6 al 7 de julio varios batallones golpistas se desplegaron por el centro de la capital, donde muy pronto se toparon con la resistencia de la Milicia Nacional. Las posiciones estaban claramente definidas: de un lado, la Guardia Real en su intento golpista, con el más que posible apoyo del rey; del otro, el Ayuntamiento de Madrid y la Milicia Nacional, cuerpo de voluntarios procedentes de las clases medias y populares que acudió a la llamada del Ayuntamiento en defensa de la Constitución. El gobierno, mientras tanto, permanecía en una sospechosa tierra de nadie, una actitud que llevó a los liberales exaltados a considerarle cómplice del golpe, confirmándose así las acusaciones que, de tiempo atrás, venían lanzando los exaltados contra el hombre fuerte de aquel gobierno, Francisco Martínez de la Rosa. Verdadera bestia negra del partido exaltado, Rosita la Pastelera, como le llamaba El Zurriago, habría intentado aprovechar la situación creada por el golpe para imponer el famoso plan de cámaras, es decir, una reforma de la Constitución que introdujera una segunda cámara en el Parlamento capaz de moderar los impulsos reformistas del Congreso de los Diputados.

La victoria de los milicianos sobre los guardias reales tuvo múltiples consecuencias. Entre ellas, hay que señalar el fracaso de la contrarrevolución en otras zonas del país y la caída del gobierno de Martínez de la Rosa, al que sucedió un gabinete exaltado con el general Evaristo San Miguel como ministro de Estado y, por tanto, como virtual presidente del gobierno en una época en que no existía todavía esta figura. Ésta es una razón de suficiente peso para afirmar que el fracaso del golpe de Estado del? de julio de 1822 marca un antes y un después en la historia del Trienio liberal: tras aquella jornada, el poder pasó de los moderados a los exaltados. Pero el cambio de ciclo que supuso el golpe del 7 de julio no se agota en este hecho. Los enemigos del liberalismo tomaron buena nota de la incapacidad del absolutismo español para derrocar por sus propios medios al régimen constitucional, por muy débil que fuera su base social - salvo en las ciudades, donde, como se demostró en Madrid el 7 de julio, contaba con un amplio apoyo en las clases medias y populares - y muy grandes que fueran las divisiones entre los propios liberales. Ese análisis del fracaso del golpe hizo que a partir de entonces casi toda la presión sobre el régimen viniera del exterior, donde el liberalismo español contaba con viejos enemigos. En la nueva etapa política iniciada con la llegada de los exaltados al poder, se vería si el nuevo gobierno era más diligente y eficaz en la defensa de la Constitución de lo que lo habían sido los moderados, a los que una buena parte de la opinión pública liberal incluyó entre los grandes derrotados de aquella histórica jornada.

1.3.4. La Santa Alianza y la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis

Para la Santa Alianza, formada en 1815 por las potencias europeas que habían derrotado a Napoleón, la España constitucional se había convertido en un mal ejemplo para otros países europeos. El impacto internacional de la revolución española de 1820 había sido fulminante: en julio de aquel año se producía en Nápoles una revolución liberal a semejanza de la española - hasta el punto de que el nuevo régimen adoptó la Constitución de Cádiz-, un mes después ocurría lo mismo en Portugal y en marzo del año siguiente se instauraba un régimen liberal en el Piamonte. La influencia internacional de la España revolucionaria no acabaría con el fin del Trienio. El intento revolucionario protagonizado en Rusia en diciembre de 1825 por varios oficiales mostraría de nuevo la capacidad de irradiación del liberalismo español, simbolizado en la Constitución de 1812 y en la figura de Riego. No es de extrañar que el principal artífice de la Santa Alianza, el austríaco Metternich, considerara la revolución española de 1820 más peligrosa que la francesa de 1789.

La situación de España fue motivo de continua preocupación por parte de los principales dirigentes europeos, especialmente de aquellos que más podían temer los efectos del contagio revolucionario: Francia por su proximidad a España y Austria por la proyección que la experiencia española tenía en algunos reinos italianos situados en su área de influencia, como Nápoles y el Piamonte. Diversos motivos de política interior de algunas monarquías europeas y sobre todo razones de índole internacional impidieron que la Santa Alianza llegara a adoptar una política efectiva de intervención en España. Influyeron sobre todo los recelos mutuos entre algunas potencias europeas, como Francia y Gran Bretaña. Los dirigentes británicos, en particular, temían que una intervención en España liderada por Francia colocara a este país en una situación de privilegio en la Península y, lo que era aún más peligroso, en la antigua América española, a punto de culminar su proceso de emancipación. Sus esfuerzos por mantener a los franceses lejos de los asuntos españoles otorgan a la política británica una engañosa apariencia de solidaridad con el régimen liberal español (Fuentes, 1989). Sin embargo, el fracaso de la contrarrevolución española y el giro de la política interior francesa hacia posiciones cada vez más antiliberales propiciaron finalmente la decisión del rey de Francia, Luis XVIII, de enviar a España una expedición militar que pusiera fin a la experiencia liberal española. El propio Luis XVIII anunció solemnemente su decisión al Parlamento francés: "Cien mil franceses, mandados por un príncipe de mi familia [...], están preparados para partir, invocando al Dios de san Luis, con el objeto de [...] preservar aquel viejo reino de su ruina y reconciliarlo con Europa' (Fontana, 2006: 33). Esta declaración dio origen al nombre por el que fue conocido el ejército invasor enviado a luchar contra el régimen constitucional español bajo el mando del duque de Angulema ("un príncipe de mi familia'): los "Cien Mil Hijos de San Luis".

Las tropas francesas empezaron a cruzar la frontera española el 7 de abril de 1823, sin previa declaración de guerra. El ejército francés estuvo integrado, efectivamente, por unos cien mil hombres, aunque la cifra real osciló entre los noventa mil soldados iniciales y los ciento veinte mil que componían el ejército invasor al finalizar la campaña en noviembre de 1823. Contaba ademas con el apoyo de tropas realistas españolas - entre doce mil quinientos y treinta y cinco mil hombres - que se habían organizado en Francia antes de la invasión y a las que, a lo largo de la campaña, se fueron integrando numerosas partidas absolutistas que, tras ser derrotadas por el ejército constitucional a lo largo del Trienio, cobraron nueva vida al paso de los Cien Mil Hijos de San Luis. No deja de ser paradójico que una parte de aquel ejército guerrillero que combatió contra los franceses en la Guerra de la Independencia actuara en 1823 como aliado suyo frente a las tropas constitucionales españolas. Estas últimas se componían de unos cincuenta mil hombres. Salta a la vista, pues, la situación de manifiesta inferioridad en la que el liberalismo español debía afrontar la lucha contra el ejército francés y sus cómplices españoles (La Parra, 2007).

Muy pronto se demostró el error de aquellos liberales que confiaban en que una nueva invasión francesa actuaría como revulsivo de la conciencia patriótica y revolucionaria de los españoles, tal como ocurriera en 1808. Esta vez no hubo apenas reacción ante los franceses, sino más bien un efecto dominó que provocó un rápido desplome de la resistencia liberal. La impotencia del ejército para contener al invasor alimentó el derrotismo de la clase política liberal y la actitud de esta última dio lugar a la desmoralización y a veces a la traición de los mandos militares, convencidos de lo irremediable de la derrota. En marzo de 1823, antes incluso del comienzo de la invasión, los liberales habían decidido ya abandonar Madrid y trasladar las instituciones a Sevilla. La medida se adoptó en un clima de franca desintegración del Estado constitucional, propiciada por las divisiones de los liberales y por el confuso papel que estaba desempeñando Fernando VII, cuyo único deseo era encontrarse lo antes posible con las tropas enviadas por la Santa Alianza: "¿Llegarán pronto los extranjeros?", era desde tiempo atrás, según el embajador francés, su principal preocupación (Fuentes, 1989: 435). Las instituciones liberales - el gobierno, las Cortes y la corona - permanecieron en Sevilla hasta mediados de) cuando el avance de los franceses aconsejó emprender una nueva huida hasta Cádiz, confiando en el papel de talismán que esta ciudad había tenido en la corta historia del liberalismo español. La negativa de Fernando a emprender el nuevo viaje llevó a los liberales a adoptar una medida sin precedentes: declarar al rey mentalmente inhabilitado para desempeñar el poder y aplicar el artículo 187 de la Constitución de 1812 que estipulaba en tal caso el nombra miento de una Regencia temporal. Una vez llegadas a su destino, las autoridades constitucionales restituyeron al rey en la plenitud de sus funciones.

En Cádiz, los liberales consiguieron mantener una resistencia testimonial durante varios meses, gracias a las posibilidades que ofrecía la ciudad para una defensa numantina y a la baza que representaba tener a Fernando VII en su poder, teóricamente al frente de la Monarquía constitucional. Pero en el resto del país, la lucha se reducía a la batalla que pudieran librar en campo abierto algunas unidades militares comandadas por militares leales, como Riego, Mina y Torrijos, y a la resistencia que ofrecían algunas ciudades. Finalmente, ante lo inútil de una lucha tan desigual, los liberales decidieron facilitar el viaje de Fernando y su familia al Puerto de Santa María, donde el 1 de octubre de 1823 fueron recibidos en triunfo por el duque de Angulema y por algunas autoridades realistas españolas que formaban una especie de gobierno absolutista en la sombra. Las promesas de perdón hechas por el rey antes de abandonar Cádiz quedaron en nada y los liberales se encontraron en la tesitura de exiliarse, como en 1814, para evitar la muerte o la cárcel. De poco sirvió el empeño que los mandos franceses venían poniendo en moderar la represión y evitar un baño de sangre que pudiera desprestigiarles ante Europa, como principales artífices de la caída del régimen constitucional. En puntos aislados del territorio nacional, como Barcelona o Cartagena, persistió la resistencia hasta noviembre. Pero la suerte estaba echada. El 13 de noviembre, Fernando VII hacía su entrada triunfal en Madrid, una semana después de llevarse a cabo la ejecución del general Riego, que había sido hecho prisionero a mediados de septiembre. "¿Será bastante una vida ni mil que tuviera para borrar con ella sus atroces crímenes?", se preguntaba el comandante militar de Córdoba al dar noticia de su detención (Gil Novales, 1976: 17). La sentencia contra Riego establecía que su cadáver sería descuartizado y los "cuartos" expuestos en lugares estratégicos de la geografia nacional (la cabeza, por ejemplo, en Cabezas de San Juan). Parece, sin embargo, que esta parte especialmente truculenta de la sentencia no llegaría a cumplirse.

Si el pronunciamiento de Riego en enero de 1820 abrió este período de tres años largos de régimen constitucional, su ejecución en Madrid, en la Plaza de la Cebada, el 7 de noviembre de 1823, simbolizó el final de aquella experiencia revolucionaria y el comienzo de la segunda restauración absolutista.

1.4. La Década Ominosa (1823-1833)

1.4.1. Involución, represión y exilio

El primer gobierno de la Monarquía absoluta restaurada duró sólo hasta diciembre de 1823. Lo presidía el confesor del rey, Víctor Damián Sáez, y era la expresión de un absolutismo puro y duro que muchos consideraban ya inviable, entre ellos los representantes de la Santa Alianza y del propio gobierno francés, a los que, conviene recordarlo, Fernando VII debía su vuelta al trono como rey absoluto. Las presiones internacionales sobre Fernando - constantes a partir de entonces - determinaron la caída de aquel gobierno y la formación, en diciembre de 1823, de uno nuevo más acorde con las preferencias de la Santa Alianza. Era un gabinete relativamente moderado en el que destacaban el ministro de Estado - equivalente a presidente del gobierno-, marqués de Casa-Irujo, y el de Hacienda, Luis López Ballesteros, figura clave del absolutismo reformista, cuya larga permanencia en el cargo (18231832) le convertiría en uno de los principales protagonistas de la historia de aquellos años. La incorporación, en enero de 1824, de Francisco Tadeo Calomarde como ministro de justicia (1824-1832) daría a aquel gobierno el contrapunto de un absolutismo intransigente, enfrentado a menudo con el ala moderada del gabinete. De todas formas, más allá de las concesiones que se viera obligado a hacer a la Santa Alianza, Fernando VII tenía clara la línea política que pretendía seguir. Así quedó formulada en las instrucciones que el propio rey transmitió al nuevo ministro de Estado: creación de "una buena policía", disolución del ejército y formación de otro nuevo, "nada que tenga relación con cámaras", es decir, Cortes, "ni con ningún género de representación", depuración de la administración civil, erradicación de las sociedades secretas y no reconocimiento de los empréstitos que los gobiernos constitucionales habían contratado en el extranjero. Uno de los problemas que planteaba este programa político es que no podía contentar ni a las potencias europeas, que consideraban esencial la aprobación de una amnistía y el fin de las persecuciones indiscriminadas, ni a los sectores más radicales -y más numerosos - del absolutismo español, impacientes por ver restablecida la Inquisición. La historia política de aquellos años estaría muy condicionada por el estrecho margen de maniobra que le quedaba a la Monarquía fernandina, aprisionada entre las llamadas al pragmatismo y a la moderación que le llegaban de Europa y las exigencias de los más intransigentes de imponer un absolutismo sin concesiones ni miramientos.

La historiografía liberal denominó "Década Ominosa" - es decir, abominable - al período que corresponde a los últimos diez años de la vida y del reinado de Fernando VII. Fue la segunda y última restauración absolutista, que presenta similitudes, pero también diferencias, respecto al restablecimiento de la Monarquía absoluta en 1814. La represión fue mayor en la Década Ominosa, entre otras cosas porque el liberalismo tenía en España más adeptos que nueve años atrás. Como consecuencia de ello, muchos liberales tuvieron que buscar refugio en el extranjero. El número total es difícil de calcular por las insuficiencias de las fuentes y por las continuas oscilacio nes que experimentó a lo largo de toda la década. Pudieron ser unos quince mil, aunque se ha llegado a hablar de veinte mil exiliados. Francia, Inglaterra, Gibraltar y Portugal fueron, en este orden, los principales destinos de los liberales españoles, con algunas diferencias sobre el tipo de exilio que representaron. Francia fue sin lugar a dudas el país que acogió a un mayor número de refugiados españoles, muchos de los cuales llegaron como prisioneros de guerra en 1823 y tras el final de su cautiverio, en 1824, prefirieron quedarse allí antes que afrontar las incertidumbres de una vuelta a España. La numerosa colonia de exiliados españoles en Francia - sobre todo en el sur del país - tenía un componente muy importante de soldados, suboficiales y milicianos nacionales (Sánchez Mantero, 1975). En cambio, el exilio en Inglaterra lo formaban principalmente cargos públicos del Estado constitucional - diputados, ministros, jefes políticos...-, oficiales y jefes del ejército, comerciantes, abogados, periodistas e intelectuales, en suma, una selecta representación de la clase media ilustrada y liberal. Su intensa actividad cultural y política en Inglaterra es bien conocida gracias a las investigaciones realizadas por historiadores de primera fila (Lloréns, 1979; Castells, 1989; Moreno Alonso, 1997; Varela Suanzes-Carpegna, 1995). Así pues, mientras en Francia encontraron refugio los sectores más populares del exilio español, este último tuvo en Inglaterra su epicentro político y cultural. Desde allí se organizaron, por lo menos hasta 1830, los principales intentos de derrocar al régimen absolutista. Tanto en Francia como, especialmente, en Gran Bretaña los exiliados españoles gozaron de la solidaridad de amplios sectores de la población y del propio gobierno del país, que facilitó ayuda económica en forma de subsidios para paliar la difícil situación de la mayoría de los refugiados. El triunfo de la Revolución francesa de 1830 dio lugar a un desplazamiento masivo a este país de refugiados españoles procedentes de Inglaterra. Finalmente, Gibraltar se convirtió en un importante lugar de paso de los liberales españoles, tanto en su salida de España en 1823 como con vistas a la preparación de sus planes insurreccionales en la Península.

Pero no todos los liberales pudieron huir. Por lo pronto, las partidas absolutistas que acompañaban a los Cien Mil Hijos de San Luis durante la campaña de 1823 ya habían dejado a su paso una estela de represión que despejó el camino al absolutismo restaurado. En Valladolid, por ejemplo, fueron detenidos 250 sospechosos, en Roa (Burgos) se encarceló a 200 supuestos liberales - el 10 por ciento de la población - y en el verano de 1823 la cárcel de la Inquisición en Zaragoza llegó a albergar a 1.400 personas (Fontana, 2006: 87). El terror blanco desatado por las fuerzas absolutistas llevó a las autoridades militares francesas a adoptar medidas, como la ordenanza de Andújar (agosto de 1823), encaminadas a contener esa represión incontrolada y a veces indiscriminada. Un año después de acabada la guerra, en diciem bre de 1824, los franceses evaluaban en unos dos mil el número de asesinatos que, en los últimos tres meses, se habían producido en Cataluña, la mayoría por razones políticas. Aun así, un pormenorizado cuadro estadístico elaborado por la policía española en 1826 consignaba la existencia de 143.749 presuntos liberales en el interior de España (134.506 hombres y 9.243 mujeres), un número estimable teniendo en cuenta además que faltan los datos de algunas provincias, una de ellas tan importante como Cádiz, y que otras, como Madrid, están incompletas (véase Apéndice: Documento 10). El desglose territorial viene a ser un mapa de situación del liberalismo español de la época, con una fuerte implantación en zonas como Cataluña, Valencia, Murcia, Aragón y Sevilla. También, sin duda, en Madrid y Cádiz, aunque ya queda dicho que faltan estos datos. Tres años después de restablecida la Monarquía absoluta, el liberalismo mantenía, pues, un apoyo significativo entre la población, a pesar del miedo a la represión y de que los liberales más comprometidos habían sido ejecutados o se encontraban en el exilio o en la cárcel.

A diferencia de lo ocurrido en 1814, Fernando VII, presionado por la Santa Alianza, optó esta vez por no restablecer el Santo Oficio de la Inquisición, cuya historia efectiva termina, por tanto, con su abolición por los liberales en marzo de 1820. Esta decisión le valió a Fernando VII la hostilidad de los sectores más intransigentes del absolutismo, que veían en el Santo Oficio el símbolo más preciado de la España del Antiguo Régimen por la que habían combatido. Se crearon, sin embargo, nuevas instituciones para cumplir con el máximo celo el objetivo de erradicar el liberalismo. Destacan sobre todo la Superintendencia General de Policía y las Comisiones Militares, ambos organismos creados en enero de 1824. El ejército sufrió una depuración en profundidad, que llevó a cientos de oficiales, muchos de ellos sin ninguna significación política, a afrontar procesos de purificación que acabaron en muchos casos con su expulsión, por lo menos temporal, del ejército. Tal era, como se recordará, uno de los puntos del programa que el gobierno absolutista formado en diciembre de 1823 recibió de manos del propio rey: "Disolución del ejército y formación de otro nuevo". Algo similar ocurrió con la administración civil, cuya depuración afectó, según algunas fuentes, a 80.000 personas (Bahamonde y Martínez, 1994: 156). Incluso una parte no desdeñable del clero, sobre todo del alto clero secular, más ilustrado y tolerante, conoció los rigores de la represión absolutista. Así, un 10 por ciento del clero secular de la diócesis de Badajoz fue procesado por su conducta durante el Trienio. El número de clérigos que tuvieron que exiliarse en 1823 - en torno a un 6,5 por ciento del total de exiliados - indica que el liberalismo no carecía ni mucho menos de partidarios entre un sector como el clero, tan notoriamente identificado con la Monarquía absoluta.

El aparato represivo al servicio del régimen se completa con el cuerpo de voluntarios realistas, creado en 1823 a modo de milicia absolutista en la que se integraron buena parte de los componentes del ejército realista español - en realidad, partidas guerrilleras más o menos organizadas a semejanza del ejército regular - que apoyó a los Cien Mil Hijos de San Luis en la guerra de 1823. En 1824, el cuerpo de voluntarios realistas contaba con unos setenta mil miembros, aunque con una distribución geográfica muy irregular, que se concentraba principalmente en las dos Castillas, Galicia, Levante y Granada. No obstante, el crecimiento de esta milicia absolutista sería espectacular, hasta llegar a los 284.000 individuos en 1832. Si bien el reglamento del cuerpo estaba concebido para impedir el ingreso en él de las clases populares, lo cierto es que, tal como había ocurrido en el Trienio con la milicia liberal, el curso de los acontecimientos dio al cuerpo de voluntarios realistas un sesgo eminentemente popular y, desde el punto de vista ideológico, muy radical en su concepción del absolutismo. Lo primero está sobradamente documentado en las fuentes de la época. Al poco de publicarse el reglamento del cuerpo, el Ayuntamiento de Córdoba advertía de las graves consecuencias que tendría su aplicación en la ciudad: "Si el miliciano", es decir, el voluntario realista, "no ha de ser artesano ni jornalero [...] apenas quedarán en veinte los seiscientos que hay en Córdoba". Algo parecido ocurría en Madrid, donde, según el embajador francés, la mayoría de los voluntarios realistas la constituía una "masa de proletarios" - léase de jornaleros y artesanos pobres-, atraídos por las posibilidades que les ofrecía la pertenencia al cuerpo, entre ellas una total impunidad para dar rienda suelta a su odio a los ricos, identificados con los liberales. "Es general", leemos en un parte policial de 1825, "la emigración a Francia de todos los hacendados y gentes pudientes de las Provincias Vascongadas por no poder sufrir los insultos, vejaciones y atropellamientos de los Voluntarios Realistas y de la gente baja del pueblo". Las razones de este comportamiento se explican con toda claridad en un documento de la época referido a los voluntarios realistas de Cifuentes (Guadalajara), donde los "trabajadores y personas indigentes", miembros todos ellos de la milicia realista, "se habían propuesto subsistir a costa de los pudientes a quienes insultaban y amenazaban designándoles con el epíteto de negros", es decir, de liberales. Así pues, más allá de la represión institucional desencadenada por la Monarquía absoluta, una buena parte de la violencia política y social de la Década Ominosa hay que imputarla a la acción, a menudo incontrolada, de los voluntarios realistas, que ejercían un poder de facto en muchas zonas a las que apenas llegaba el poder del Estado. Ese radicalismo social y político, en el que se aúna el odio al rico y el odio al liberal, hará del cuerpo de voluntarios realistas un foco permanente de agitación contra el gobierno, al que muchos de ellos acusaban de complicidad con los negros.

Añádase a todo ello la actuación de los tribunales, por más que la mayoría de las víctimas de la represión absolutista no llegaran a ser juzgadas. Hubo condenas a muerte por gritar "¡Viva la libertad!", duras penas de cárcel "por sospechas vehementes" y hasta diez años de prisión y 200 azotes por quedar "semiplenamente" demostrado el delito político de un acusado (Fontana, 2006: 96). Este cuadro de persecución y violencia, generada desde arriba - policía, tribunales, comisiones militares, etc. - y desde abajo - voluntarios realistas-, es lo que llevó a la historiografía liberal a tildar de ominosa aquella década y a un novelista vinculado a la tradición progresista, Benito Pérez Galdós - sobrino de un liberal exiliado en 1823-, a titular El terror de 1824 uno de sus episodios nacionales. Hasta un autor tan poco sospechoso de liberalismo como Marcelino Menéndez y Pelayo calificó de "absolutismo feroz, degradante y sombrío" el régimen que imperó en España durante los últimos diez años del reinado de Fernando VII. Su perfil histórico fue en realidad más complejo de lo que se deduce de estos trazos generales, pero es indudable que la Monarquía absoluta llegó a unos niveles de degradación sin precedentes. Como ejemplo de ello suele aducirse el cierre de las universidades en 1830, una medida, vigente durante dos años, que estuvo motivada por el miedo al contagio revolucionario tras el triunfo de la revolución en Francia en julio de aquel año. Esta circunstancia hizo, efectivamente, que a partir del verano de 1830 arreciaran los intentos de los liberales por derrocar la Monarquía absoluta y que al propio tiempo se endureciera la política represiva del gobierno. Símbolo de ello fue el fusilamiento, en diciembre de 1831, del general Torrijos y de sus 52 compañeros, que habían desembarcado en una playa malagueña en uno de tantos intentos de rompimiento de aquella época, entendiendo por tal cosa una acción militar aislada que actuara como detonante de un levantamiento general. En ese contexto se inscribe también la ejecución en mayo de aquel año de una joven viuda granadina, Mariana Pineda, por habérsele encontrado una bandera constitucional en la que figuraban, todavía a medio bordar, unas palabras peligrosamente subversivas: "Libertad, Igualdad, Ley". La Monarquía fernandina acababa de regalarle al liberalismo español uno de sus mitos imperecederos.

Junto a la degradación moral y política, hay que señalar los estragos que la Década Ominosa causó en la vida cultural española, cuyos principales protagonistas se vieron condenados al exilio o a la cárcel. Que el cierre de las universidades coincidiera con la creación en 1830 de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla puede tomarse como una muestra, siquiera anecdótica, de las preferencias personales de Fernando VII y de su entorno - lo que quedaba de la famosa camarilla - por un cierto plebeyismo social y cultural, basado en la afición a las manifestaciones más vulgares de la cultura nacional y en una desconfianza radical hacia los riesgos que entrañaba la libertad de crea ción y de pensamiento. Tres años antes del cierre de las universidades, el 3 de mayo de 1827, la Gaceta de Madrid - uno de los pocos periódicos que habían sobrevivido al cambio de régimen - publicaba un manifiesto del claustro de la Universidad de Cervera que habría de hacerse famoso por unas palabras que son fiel reflejo del espíritu de la época: "Lejos de nosotros la peligrosa novedad de discurrir". Al año siguiente, moría en Francia el principal artista español de las últimas décadas: Francisco de Goya (1746-1828). También al viejo Goya la restauración del absolutismo le había obligado a tomar el camino del exilio.

Sorprende, vistos la magnitud de la represión y el esfuerzo del régimen por retrotraer al país al Antiguo Régimen, que una buena parte de la oposición a la que tuvo que hacer frente el gobierno fernandino procediera de las propias filas absolutistas, donde surgió muy pronto una facción ultra, muy numerosa, articulada en torno al rechazo de una política que los más radicales consideraban demasiado condescendiente con el liberalismo. Su descontento venía motivado fundamentalmente por tres decisiones adoptadas por la Monarquía absoluta al principio de esta nueva etapa: 1. El no restablecimiento de la Inquisición, piedra de toque a los ojos de muchos absolutistas, como queda dicho, para juzgar el verdadero alcance del cambio político; 2. La creación en 1824 de la superintendencia general de policía, pieza clave de la política represiva del régimen, pero cuya supresión será reclamada insistentemente por los ultras - entre otras cosas, por ver en la policía un obstáculo para el restablecimiento de la Inquisición, cuyas funciones de represión y vigilancia parecía haber usurpado-; y 3. La concesión por el gobierno, en mayo de 1824, de una limitada amnistía política que favorecía a los liberales menos comprometidos y permitía el retorno de algunos exiliados. Esta medida, bastante engañosa en cuanto a su alcance real, le vino impuesta a Fernando VII por las potencias de la Santa Alianza, empeñadas en propiciar en España una política de moderación y concordia que contribuyera a dar estabilidad a la situación española, amenazada, a su juicio, de nuevas turbulencias revolucionarias si el absolutismo se entregaba a todo tipo de excesos en la persecución de los liberales. En realidad, el principal propósito del gobierno al aprobar aquella medida era cubrir las apariencias ante los países de la Santa Alianza, puesto que el articulado del indulto contenía tal cantidad de excepciones que el efecto práctico de su aplicación fue dar nueva carta de naturaleza a la represión antiliberal. Los ultras, sin embargo, lo tomaron como una prueba inequívoca del rumbo que seguía el gobierno y de las peligrosas inclinaciones de algunos ministros. No es casualidad que las primeras conspiraciones ultraabsolutistas o precarlistas tuvieran lugar precisamente, como se verá más adelante, poco después de la aprobación del indulto en mayo de 1824.

1.4.2. Las reformas absolutistas

Como ocurriera en la primera restauración absolutista (1814-1820), la simple represión no iba a sacar a la Monarquía de una crisis histórica que a estas alturas se podía considerar ya irreversible. La América continental acabó de perderse en 1824, después de la derrota española en Ayacucho. Desde entonces, fueron continuos los planes del gobierno, a cuál más quimérico y disparatado, para recuperar las colonias, como el proyecto de reconquista de México que estudió el consejo de ministros en el verano de 1828. Pero la suerte estaba echada y no cabía esperar que América, con sus ingentes recursos, se convirtiera en tabla de salvación de una Monarquía agonizante, que carecía de lo más preciso para echar a andar en esta nueva etapa. Si la Real Hacienda se encontraba literalmente en bancarrota, la situación de la Marina daba la medida de las posibilidades de la Monarquía y de sus sueños coloniales: los 136 buques de guerra con que contaba en 1796 quedarían reducidos a 12 en el último año del reinado de Fernando VII. No es de extrañar que el ministro de Marina, directamente afectado por la crisis financiera del Estado, tuviera una percepción especialmente nítida del fondo del problema: "La Hacienda es todo, y sin ella no hay nada, luego el arreglo de la Hacienda es la primera y general de todas las atenciones de la Monarquía" (Fontana, 1973a: 139).

El absolutismo fernandino se veía atrapado así en un círculo vicioso del que parecía imposible salir. Su dependencia política de la Santa Alianza le obligaba a hacer algunas concesiones a la moderación, pero estos gestos, como el indulto de 1824, le enajenaban el apoyo de los sectores ultras del absolutismo, con el clero y los voluntarios realistas a la cabeza, convertidos en una amenaza permanente para el gobierno y para el propio rey. Coherente con su decreto del 1 de octubre de 1823 declarando "nulos y de ningún valor todos los actos del llamado gobierno constitucional', Fernando VII se negó a reconocer los empréstitos contratados en el extranjero por los liberales en los años del Trienio. Esta postura, de la que Fernando hizo una cuestión de principio, fue motivo de presiones constantes por parte de los gobiernos europeos e impidió que la Hacienda española pudiera paliar su crisis, por lo menos a corto plazo, con la contratación de nuevos empréstitos, que sin el reconocimiento de los anteriores nunca le serían concedidos, por lo menos con carácter oficial. Por lo demás, ni por la delicada situación de la economía española ni por la naturaleza inmovilista del régimen fernandino era de prever que el gobierno pusiera en marcha una reforma fiscal en profundidad, que permitiera obtener en el interior del país lo que la banca europea le negaba a la Monarquía. En ese estrecho margen de maniobra, reducido a la adopción de algunas medidas administrativas, tendría que moverse el ministro de Hacienda, Luis López Ballesteros, desde su nombramiento en diciembre de 1823 hasta su cese en octubre de 1832.

Su tarea se encaminó principalmente a poner orden en las cuentas públicas con la esperanza de que el conocimiento real de la situación - es decir, el cálculo de los ingresos y los gastos del Estado - sirviera para introducir una disciplina presupuestaria que pusiera fin a la espiral de déficit en que se había instalado la Monarquía sin aparente propósito de enmienda. Se pretendía, pues, compensar la ausencia de reformas estructurales mediante un ímprobo trabajo técnico y administrativo cuyos resultados, sin embargo, nunca conseguirían el objetivo final de sacar a la Monarquía de la ruina. Sobre las cuentas de la Hacienda pública gravitaba el peso insoportable de la deuda acumulada en las décadas anteriores y de los nuevos compromisos asumidos a corto plazo para hacer frente a las necesidades más acuciantes. Los gastos generados por la deuda llegaron a representar una cuarta parte de los gastos totales del Estado (Fontana, 1973a: 277). El no reconocimiento de los empréstitos del Trienio impidió oficialmente a la Monarquía acudir a la banca europea en busca de nueva financiación. La realidad, sin embargo, fue que Fernando VII maniobró para conseguir nuevos préstamos mediante oscuras operaciones realizadas a través de terceras personas, con la intervención, a veces muy a regañadientes, del propio ministro de Hacienda. El coste de estas operaciones semiclandestinas era altísimo, tanto por las condiciones impuestas por los banqueros implicados, como por el desprestigio que para la solvencia de la Monarquía española en Europa suponía lo que en poco tiempo fue un secreto a voces: que el gobierno de Fernando VII estaba inmerso en todo tipo de operaciones especulativas o directamente fraudulentas con deuda española, que actuaba a través de testaferros muy poco recomendables y que su disponibilidad a cumplir sus compromisos pasados, presentes y futuros dejaba mucho que desear. "El gobierno español", declaró en enero de 1829 el ministro de Hacienda francés, "tiene por costumbre no pagar ni cumplir ninguna de sus obligaciones". Ese mismo año, se prohibía a las autoridades españolas realizar nuevas colocaciones de deuda en la Bolsa de París.

Aparte del poco lucido papel que tuvo que hacer el ministro Ballesteros en estas gestiones, su mandato dejó algunas iniciativas dignas de mención. La vertiente contable de la tarea realizada por el Ministerio dio lugar a los primeros presupuestos del Estado de la historia de España (1828-1829), un logro insuficiente, sin duda, para acabar con la crisis financiera de la Monarquía, pero que representó un hito insoslayable en el proceso de modernización administrativa del Estado. En una línea parecida se inscribe la creación de la Real Caja de Amortización y del Tribunal Mayor de Cuentas. Mucho menos afortunada resultó la reforma - más bien contrarreforma - fiscal llevada a cabo en 1824 y dirigida, en última instancia, a reactivar tribu tos tradicionales del Antiguo Régimen que habían caído en desuso en los últimos tiempos. El carácter obsoleto de muchos de ellos, la crisis general de la economía española y la pérdida de América explican el fracaso, más que previsible, de aquella reforma en su propósito de incrementar la recaudación tributaria. Los ingresos de aduanas, por ejemplo, bajaron de 175 millones de reales a finales del siglo XVIII a tan sólo 49 millones en 1832. En todo caso, la complejidad de las reformas administrativas impulsadas por el Ministerio obligó a López Ballesteros a emplear a su cargo a funcionarios técnicamente capaces, pero políticamente sospechosos por su pasado afrancesado o liberal. La trascendencia política de este hecho se entiende mejor a partir de la lectura de algunas de las principales fuentes directas para el estudio de la Década Ominosa, como son el diario personal de un absolutista ultra, y futuro "ministro" carlista, llamado Arias Teijeiro y los informes remitidos en 1825 al duque del Infantado por diversas autoridades eclesiásticas y militares. Algunas anotaciones indican la visión que los ultras tenían de la gestión de Ballesteros y del equipo de colaboradores del que se había tenido que rodear: "Se ven en las oficinas de Hacienda muchos liberales convencidos" (1825); "en [el Ministerio de] Hacienda hay una orden para que se admita a destinos toda casta de pájaros" (1828); "en Hacienda ya está puesta la Constitución" (1830) (Suárez Verdaguer [ed.], 1966: 216; Arias Teijeiro, 1966: 1, 19, y II, 112).

Junto a la meritoria labor de López Ballesteros y su equipo de hacendistas, los intentos reformistas del régimen dieron algunos otros frutos aislados, como la instauración del consejo de ministros (noviembre de 1823), la promulgación del Código de Comercio (1829), la fundación de la Bolsa de Comercio (1831), con sede en Madrid, o la creación del Ministerio de Fomento (1832) y del Banco de San Fernando (1829), heredero del Banco de San Carlos y antecesor del Banco de España. Tal es, en líneas generales, el balance de lo que se ha considerado un episodio tardío, pero importante, de despotismo ilustrado (Luis, 2002: 341). Frente a estas iniciativas modernizadoras, que chocaban a menudo con la resistencia de los ultras a toda innovación, otras propuestas formuladas desde las instituciones indican hasta qué punto el núcleo duro del régimen tenía una visión irreal de las cosas. Ya quedó señalada la obsesión por recuperar el antiguo Imperio americano, una empresa imposible de abordar por un Estado que carecía de Hacienda y de Marina. No menos descabellada se puede considerar la idea discutida por el Consejo de Estado en 1826 de paliar la crisis de la Hacienda sacando a subasta pública el negocio de la exportación de sanguijuelas (Fontana, 1973a: 238). Tal vez no sea casualidad que la institución de la que surgió esta última propuesta estuviera controlada por los ultras, mientras el absolutismo moderado tenía en el gobierno a sus principales valedores. Al final, la principal dife rencia entre moderados y ultras radicaba en el mayor sentido de la realidad de los primeros frente a las obsesiones y las fantasías que regían el comportamiento de los segundos. Un ejemplo de esto último lo encontramos en las reflexiones y consejos que un ultra como Carlos María Isidro transmitía a su hermano, Fernando VII, en su candorosa correspondencia de estos años: "Haya santo temor de Dios y con esto hay buenas costumbres, virtudes, paz, tranquilidad, alegría y todo" (Seco Serrano, 1973: 40).

1.4.3. Las divisiones internas del absolutismo: el primer carlismo

Así como el liberalismo español se había dividido en el Trienio en una facción moderada y otra radical o exaltada, en las filas del absolutismo se produjo una fractura similar desde el principio de la Década Ominosa. Esa línea divisoria era perceptible tanto en el gobierno, con Ballesteros y Calomarde como respectivos jefes de fila de moderados y ultras, como en el Consejo de Estado o en la propia familia real. Aunque en modo alguno se pueda considerar a Fernando VII un moderado ni en el sentido político del término ni en ningún otro, su hermano don Carlos no dejó de reprocharle el haberse decantado por una política contemporizadora hacia los liberales. Así lo hizo, por ejemplo, en una carta de agosto de 1826, en la que le pedía que recapacitara sobre el equivocado camino que llevaba, "contemplando a los malos y poniéndote en sus manos". "Mira que no te lo deben agradecer", le decía en esa misma carta, "porque ya se han apoderado de la casa del vecino y tienen la entrada más practicable" (Seco Serrano, 1973: 35-36). Esto último era una alusión al cambio político de signo constitucional que se había producido en Portugal aquel mismo año. Precisamente, del país vecino le habían llegado también a Fernando las quejas de su hermana mayor, Carlota Joaquina, casada con el rey Juan VI de Portugal y plenamente identificada con el absolutismo ultra que encarnaban su hijo don Miguel y en España su hermano pequeño Carlos María Isidro, una circunstancia que hace del miguelismo y del carlismo dos fenómenos políticos similares a uno y otro lado de la frontera hispanoportuguesa. Las cartas de Carlota Joaquina a Fernando VII contenían las mismas advertencias que las de don Carlos: "Lo que hago y haré", le decía ya en marzo de 1824, "es pedir a Dios que te abra los ojos para no precipitarte y precipitar a todos", y un mes después insistía en que recapacitara y viera "en qué camisas de once varas estás metido si no abres los ojos y mudas de sistema" (Fuentes, 1986: 82 y 85). La maternal fraseología que emplea la reina con su hermano - "Querido Fernando mío de mi corazón y de mi alma", "Adiós, hermanito mío de mi alma" - no resta un ápice de dureza al contenido de las mismas. En suma, tanto la hermana mayor de Fernando VII, doña Carlota Joaquina, como su hermano menor, don Carlos, estaban convencidos de que el rey se había entregado, por debilidad o ceguera, a los designios de los constitucionales y de que la política de su gobierno respondía a los propósitos ocultos de las sociedades secretas liberales.

Esta visión conspirativa de las cosas era compartida por amplios sectores del absolutismo español, sobre todo del clero, que vio en el no restablecimiento de la Inquisición una señal inequívoca de las concesiones que el rey estaba dispuesto a hacer al enemigo. El cambio de gobierno de diciembre de 1823, con la entrada de algunos ministros moderados, provocó ya entre los ultras una oleada de malestar, de la que se hizo eco inmediatamente el periódico El Restaurador, efímero portavoz, puesto que fue muy pronto suprimido por orden gubernativa, del absolutismo más intransigente: "La experiencia nos ha enseñado por dos veces", podía leerse en un número de enero de 1824, "que el partido moderado conduce el trono (sic) al precipicio". "El gobierno se pierde y nos perdemos todos", advertía a finales de aquel mes: "Salvaos, Señor, y salvémonos todos". También por entonces, el mismo periódico recogía el rumor de que se había formado "un partido para destronar a Fernando VII y dar la corona al infante Carlos" (Fontana, 2006: 134, 135 y 139). Tal es, efectivamente, el rumor que empezó a difundirse a lo largo de aquel año: que se conspiraba abiertamente a favor de don Carlos, al que pretendía entronizarse con el título de Carlos V Es la información que, según un parte policial de julio de 1824, había circulado en medios eclesiásticos en Baeza (Jaén). Poco antes, el intendente de Policía de Badajoz informaba de la existencia en esta ciudad de una junta secreta llamada "del Áncora, Apostólica o Carolina' - este último nombre como reivindicación de la figura de don Carlos - compuesta de personalidades eclesiásticas, civiles y militares de alguna significación. El nombre de apostólicos - título, andando el tiempo, de uno de los episodios nacionales de Galdós- será una de las denominaciones más comunes de los ultraabsolutistas, aunque, como veremos enseguida, ya en 1824 empiezan a recibir también el nombre de carlistas. De Orihuela llegaron asimismo noticias alarmantes sobre la reacción que había provocado el indulto de mayo de 1824: hubo, según la policía, ataques a los presos políticos y acusaciones de negro - es decir, de liberal - al mismísimo Fernando VII, "por haber dado un decreto indultando a los negros".

Éstas y otras denuncias similares demuestran que, tras el descontento provocado por el cambio de gobierno en diciembre de 1823, la noticia del indulto aceleró la organización de juntas facciosas y las tareas conspirativas promovidas por el ultraabsolutismo. El primero de los levantamientos ultras que se sucedieron a lo largo de la Década Ominosa tuvo lugar días después de la publicación del indulto. Lo protagonizó aquel mes de mayo un aragonés conocido como El Royo Capapé. Tenía un perfil similar al de otros oficiales realistas que habían hecho la campaña de 1823 y que unos meses después veían cómo el gobierno les escatimaba el pago de sus sueldos y el reconocimiento de los grados militares que la mayoría de ellos se habían otorgado. Harto de su situación, Capapé reunió a medio centenar de oficiales y soldados descontentos, a los que convenció de que el rey estaba prisionero de los franceses, y al frente de ellos recorrió las tierras de Teruel en una escapada que acabó en cuanto las tropas mandadas por el gobierno le hicieron prisionero. Capapé fue encarcelado en Madrid y sometido a un proceso judicial que su abogado intentó obstruir por todos los medios y convertir en un juicio político contra el ministro de la Guerra, y miembro del ala moderada del gobierno, general José de la Cruz.

Si el levantamiento de Capapé en Aragón figura desde antiguo, aunque muy distorsionado, en las obras relativas a la Década Ominosa, no se puede decir lo mismo de una intentona ultrarrealista que en septiembre de 1824 tuvo por escenario La Mancha. Ya en el mes de julio, la policía tenía noticia de que "andaban por allí algunos pagados para proclamar a Carlos Quinto". La base de la conspiración es idéntica a la de Capapé, con la que, sin duda, había estado conectada: oficiales descontentos procedentes de la guerrilla absolutista. Sin embargo, la trama existente en La Mancha tenía un alcance mucho mayor, hasta el punto de que las autoridades decidieron instruir una causa judicial. Por ella conocemos los pormenores de lo sucedido. Todo empezó por la delación remitida a la policía por el alcalde de Alcubillas (Ciudad Real) sobre "la facción revolucionaria con el nombre de Carlista que ha de estallar en esta Provincia desde el 25 al 30 del corriente mes" de septiembre de 1824. "Su objeto principal", añadía el delator, era "proclamar por rey a Carlos quinto". Como cabecilla de la conspiración figura un antiguo jefe guerrillero, Manuel Adame, El Locho, con una trayectoria similar a la de otros agitadores ultras de esta época, como el citado Capapé o como el mariscal Bessiéres, del que se hablará más adelante. El Locho parece haber reorganizado su partida guerrillera, esta vez no para luchar contra los franceses, como en 1808, o contra los liberales, como en el Trienio, sino para derrocar a un gobierno absolutista tildado de traidor. Descontentos por su situación personal, los hombres de El Locho, junto a los voluntarios realistas de la zona, habían reaccionado con indignación ante la noticia del indulto, "sin tener reparo en decir - leemos en la declaración de un testigo - `que si el Rey ha perdonado a los negros, nosotros no los perdonamos"'. De ahí una de las preguntas que el encargado de la investigación solía hacer a los testigos: si tenía noticia de que en La Mancha o en Extremadura se tratara "de formar un partido para proclamar a Carlos quinto a consecuencia del Real Indulto". En algunas respuestas se pondría de manifiesto la conexión entre el "general" El Locho y Capapé y entre los planes del primero y la "conspiración carlista" - así denominada - descubierta en Aragón.

La detención de algunos implicados provocó la alarma en los círculos conspirativos de la zona. En una carta interceptada por la policía, fechada el 19 de septiembre en el pueblo manchego de Infantes, se hablaba del "mal estado en que estamos los Carlistas (sic) de este pueblo". La carta terminaba con un "Viva Carlos 5.° y manos a la obra. Mueran los negros". Tras dar por finalizadas sus pesquisas, el responsable de la investigación llegará a la conclusión de que, según los datos obtenidos, era "indudable que hubo proyectos de una conspiración carlista forjada por hombres insensatos". No obstante, la opinión de las autoridades superiores se dividirá entre quienes den verosimilitud al caso y quienes lo atribuyan a una maquinación "de los revolucionarios para dividir y engendrar la discordia empezando por la Real familia'. Frente a esta teoría, el superintendente general de Policía, Rufino González - hombre próximo a los ultras y, por tanto, poco sospecho de connivencia con los liberales-, considerará "absolutamente indispensable" que la investigación emprendida en La Mancha se lleve hasta el final, de forma que se averigüe todo lo sucedido. No sería ésa la decisión de la autoridad judicial, que el 21 de noviembre de 1824 optó por sobreseer la causa.

Prueba de que el asunto se había cerrado en falso es que aquellos pueblos de La Mancha seguirían dando que hablar como foco de agitación ultra contra los ministros moderados y contra el propio Fernando VII. Las razones del descontento eran parecidas a las de otros lugares: el malestar de los "oficiales" de origen guerrillero, sin sueldo ni reconocimiento de su graduación; la oposición de los más intransigentes al indulto de 1824 y a cualquier cosa que no fuera exterminio de los liberales, la capacidad del cuerpo de los voluntarios realistas para atraer a los más desfavorecidos - que solían ser también los más descontentos con la situación - y las secuelas de una crisis social que encontraba en la persecución a los ricos y a los liberales - a menudo eran los mismos - una vía de escape tolerada, cuando no facilitada, por un sector del régimen. De ahí las noticias de que los voluntarios realistas de Daimiel pensaban apoderarse, en cuanto triunfara la rebelión, "de los bienes de varios vecinos marcados por desafectos a sus ideas", la atribución a un "oficial ilimitado" también de Daimiel - un jefe guerrillero sin destino en el ejército- del plan de repartir entre sus hombres las tierras de un hacendado local o la información de que algunos "oficiales" guerrilleros de Almagro estaban "reclutando gente con oferta de cinco reales diarios".

Pero, aunque La Mancha fuera un escenario crucial en la conspiración ultra, este fenómeno abarca los lugares más dispares, en muchos casos debido a circunstancias de la vida local que confieren a la protesta ultraabsolutista una amplia casuística: problemas fiscales, crisis de un determinado modelo agrario, bandolerismo y contrabando, concentración de "oficiales ilimitados" - es decir, de antiguos jefes guerrilleros que disfrutaban de "licen cia ilimitada"-, influencia de la Iglesia, nostalgia de los fueros... Algunas comarcas y poblaciones se repiten con cierta insistencia en la documentación policial: además de La Mancha, numerosos puntos del País Vasco y de Navarra, comarcas o poblaciones catalanas como el Priorato, Manresa o Tortosa; Murcia y Levante, con Orihuela (Alicante) como principal centro de agitación en la zona, etc. La visión, extrapolada luego al carlismo, de un campo absolutista y un mundo urbano liberal, o por lo menos moderado, válida en términos muy generales, no siempre se corresponde con la realidad. Madrid, por ejemplo, tendrá un papel fundamental en el desarrollo de la conspiración ultra durante la Década Ominosa, con un claro reparto de funciones entre los conspiradores natos - clérigos, oficiales ilimitados y algún noble - y sectores populares muy castigados por la crisis y con tendencia a apoyar cualquier iniciativa contra los moderados y los negros, a los que se atribuyen todas las penurias y padecimientos. Vista la amplitud de la conjura ultraabsolutista, no es de extrañar la afirmación que figura en un documento policial de 1825: "Por más esfuerzos que algunos hacen para probar que no existe el partido denominado carlista, la más vulgar creencia es de lo contrario".

En Madrid se gestó el alzamiento militar más grave promovido por los ultras en estos años. Lo protagonizó el general realista Georges Bessiéres, de origen francés y oscura trayectoria política. Tras haber sido condenado en 1821 por participar en una intentona republicana en Barcelona y huir a Francia, volvió a España en 1823 convertido en "mariscal de campo" de las tropas realistas que acompañaban a los Cien Mil Hijos de San Luis. Bessiéres era uno de tantos jefes absolutistas que no pudo encontrar acomodo en las filas del ejército regular y que, harto de esperar reconocimiento por los servicios prestados, decidió sublevarse contra el gobierno y tal vez contra el rey. En la madrugada del 16 de agosto de 1825, Bessiéres salió de Madrid al frente de una columna de caballería con dirección a Brihuega (Guadalajara), donde contaba con el apoyo de los voluntarios realistas locales. Tras incorporar a estos últimos a su columna, las fuerzas dirigidas por Bessiéres se acercaban a los trescientos hombres, con los cuales intentó apoderarse de Sigüenza. De esta localidad le llegaron noticias que hacían prever el fracaso de la intentona. Finalmente, la superioridad de las fuerzas enviadas por el gobierno, en número de unos tres mil hombres, llevó a Bessiéres a abandonar su plan. El 20 de agosto se presentaba a las autoridades de un pueblo de la zona en la esperanza de obtener todavía la clemencia de sus perseguidores. Fue inútil. El 26 por la mañana, el general sublevado y los oficiales que le acompañaban fueron fusilados en Sigüenza. Este final fulminante y el propio desarrollo de una intentona que parecía condenada al fracaso no deben ocultar el amplio respaldo que Bessiéres tenía en los medios ultras de toda España y, especialmente, de la capital. Prueba de ello fueron las numerosas detenciones llevadas a cabo en Madrid entre los ultras más significados, incluidos algunos clérigos cuyos nombres venían sonando desde tiempo atrás como cerebros de la conspiración. El paso de estos últimos por la cárcel fue fugaz, pues se impuso de nuevo la complicidad de algunas autoridades o, cuando menos, su temor a las consecuencias que para el gobierno podría tener una persecución general contra el partido ultra o carlista.

Pero el principal levantamiento ultraabsolutista se produjo dos años después, en el verano de 1827, y tuvo como principal escenario Cataluña. Fue la llamada guerra de los agraviados o - en catalán - deis malcontents. Este episodio, considerado por algunos como un ensayo general de la primera guerra carlista, tiene rasgos similares a las intentonas ultras ya comentadas, como el protagonismo del clero más radical, de los voluntarios realistas y de los "oficiales ilimitados", que actuaron al frente de sus partidas guerrilleras, reorganizadas para la ocasión. Tuvo gran importancia de nuevo el malestar que la crisis económica provocaba en amplios sectores populares, que participaron activamente en la rebelión contra el gobierno, y no sólo los campesinos, sino también artesanos de algunas poblaciones empobrecidos por la crisis de la economía manufacturera del Antiguo Régimen. De la magnitud de este movimiento da idea el hecho de que, según algunas fuentes, los agraviados llegaran a movilizar a 30.000 hombres a lo largo del verano de 1827 (Torras, 1967: 3), en un amplio territorio cuyos principales núcleos parecen haber sido el Campo de Tarragona, Manresa y Vic. Las consignas de los rebeldes se movieron dentro de un repertorio ya conocido: la reivindicación de Carlos V - es decir, del hermano menor del rey, Carlos María Isidro - y de la Inquisición, el exterminio de los negros, la defensa de la religión y, en algunos casos, la supresión de la policía, que se había convertido en la bestia negra de los ultras. Como muy representativas del sentir de los rebeldes se pueden considerar las consignas que figuran en un número del periódico El Catalán realista - portavoz de la rebelión - del 6 de septiembre de 1827: "Viva la Religión, viva el Rey absoluto, viva la Inquisición, muera la Policía, muera el Masonismo y toda secta oculta". El carácter carlista o meramente absolutista del movimiento es una cuestión intrincada que no tiene una única respuesta. Si bien es cierto que abundan, como en episodios anteriores, las declaraciones a favor de Carlos V, la sublevación contra el gobierno se justificaba a veces como una forma - leemos en una proclama rebelde - de "sostener la soberanía de nuestro amado Rey Fernando" (Torras, 1967: 156 y 135). No se puede descartar, sin embargo, que en la revuelta ultra de 1827 hubiera un componente de provocación liberal, con la intención de agudizar las tensiones entre moderados y ultras. Así podría desprenderse de un enigmático documento político, titulado Manifiesto de los realistas puros, que venía circulan do clandestinamente desde enero de 1827 y que algunos autores han atribuido a personalidades liberales del exilio. Esa estrategia desestabilizadora explicaría las descalificaciones a Fernando VII - "ese monstruo innoble" - que figuran en el Manifiesto de los realistas puros, así como la defensa que en él se hace de los derechos al trono de "Carlos 5.0". Sea como fuere, y más allá del grado de provocación que pudiera haber en la revuelta, ha quedado sobradamente demostrado que, desde principios de 1824, entre los conspiradores ultras eran numerosos los que pretendían que la eliminación del absolutismo moderado comportara también la sustitución de Fernando VII por su hermano don Carlos.

La revuelta de los agraviados, iniciada en la primavera de 1827 con el levantamiento de las primeras partidas absolutistas, llegó a su apogeo en el verano. En agosto, los rebeldes formaban en Manresa un órgano político denominado "Junta superior provisional de gobierno del Principado" y poco después se apoderaban de localidades catalanas de la importancia de Vic, Cervera, Berga y Reus, y ponían cerco a Gerona. De otras regiones, como el País Vasco, Valencia y Andalucía, llegaban noticias alarmantes sobre una posible propagación del movimiento rebelde. Sin embargo, la fulminante reacción de las autoridades permitió derrotar a los rebeldes en unas pocas semanas, aunque para ello hubo que poner en juego todos los medios militares disponibles en Cataluña. Resultó fundamental asimismo que Fernando VII se apresurara a viajar a la zona para apoyar con su presencia la lucha contra los agraviados. Era una forma explícita de privar de legitimidad a una revuelta que, en algunos casos, como se ha visto, se hacía en nombre del propio rey. Su viaje se inició en El Escorial el 22 de septiembre y terminó en marzo siguiente con su regreso a la corte. Las consecuencias del viaje pudieron verse muy pronto: la proclama que Fernando VII firmó en Tarragona a finales de aquel mismo mes instando a la inmediata rendición de los rebeldes, ocasionó entre éstos una auténtica desbandada. No obstante, la resistencia se prolongó todavía por espacio de algunos meses, en los que la represión actuó de forma implacable sobre los sublevados, con ejecuciones sumarias y detención de sospechosos tanto en Cataluña como en el resto de España, donde el levantamiento contaba con numerosos partidarios. Uno de sus cabecillas, Josep Bosoms, fue fusilado en Olot en febrero de 1828, lo que indica que los últimos reductos de resistencia tardaron todavía algún tiempo en ser sofocados.

El fracaso de la sublevación no tuvo consecuencias, de momento, para aquellas personalidades, como el infante don Carlos o el ministro Calomarde, cuyos nombres podían verse salpicados por aquel episodio. Pudo influir en ello la sospecha de Fernando VII de que la rebelión en Cataluña respondía a una maquinación liberal, así como su convencimiento de que el ver dadero enemigo del régimen era el liberalismo, y de que los realistas, incluso los más ofuscados, eran los aliados naturales de la Monarquía absoluta. Pero es muy posible que las prisas del rey por resolver el problema sucesorio tuvieran que ver con sus dudas sobre el papel que venía desempeñando en los últimos tiempos su hermano don Carlos, llamado a ser su sucesor en el trono mientras Fernando no tuviera descendencia masculina directa. Sus continuos achaques de salud y su envejecimiento prematuro - en 1829 tenía tan sólo 45 años - debieron de persuadirle de que se le estaba acabando el tiempo. Según su médico, Fernando hizo en privado esta confesión inequívoca: "Es menester que yo me case cuanto antes" (Artola, 1999: 737).

1.4.4. Agonía del régimen y muerte del rey

En mayo de 1829 moría la tercera esposa de Fernando VII, María Amalia de Sajonia, sin dejar descendencia. Sólo tres semanas después de su fallecimiento, el rey anunciaba al consejo de ministros que había resuelto "hacer el sacrificio" de casarse por cuarta vez. La elegida fue la princesa napolitana María Cristina de Borbón, sobrina de Fernando y 22 años más joven que él. El 26 de septiembre se hacía público el compromiso y el 10 de diciembre, 24 horas después de casarse por poderes, Fernando y María Cristina se encontraban en Aranjuez. Cuatro meses después, se hacía pública la Pragmática Sanción de 1789, mantenida sin efecto desde entonces, que derogaba la Ley Sálica y permitía reinar a las mujeres cuando no hubiera un sucesor directo varón. La Pragmática despejaba el camino a una sucesión femenina de Fernando VII, en caso de tener una hija de su nuevo matrimonio, en perjuicio de los derechos al trono de su hermano el infante don Carlos, hasta entonces su heredero natural. Los temores que la Pragmática despertó entre los partidarios del infante no tardaron en verse confirmados. El 7 de mayo de 1830, poco más de un mes después de la promulgación de la Pragmática, se anunciaba el embarazo de la reina. En octubre, María Cristina daba a luz una niña, bautizada como María Isabel Luisa, que habría de reinar muy pronto con el nombre de Isabel II. Se cumplía así el deseo expresado por las personalidades más moderadas de la corte ante las incertidumbres que planteaba el estado de salud del rey y las intrigas de los partidarios de don Carlos: que Fernando tuviera "un heredero, aunque [sea] hembra" (Burdiel, 2004: 50).

El nacimiento de Isabel y su proclamación como heredera al trono agudizaron la actitud levantisca del carlismo, que emprendió ya un camino sin retorno hacia la conspiración. Para Fernando VII y sus ministros moderados, la situación era extremadamente complicada, pues a la virtual ruptura del carlismo con el régimen - aunque de momento los valedores de don Carlos, como el ministro Calomarde, permanecieran en el gobierno - se añadía el triunfo en julio de 1830 de la revolución en Francia y el peligro de un levantamiento liberal en España. En octubre de 1830 se produjeron varios intentos de cabecillas liberales, al frente de partidas armadas - Valdés, Milans del Bosch y Espoz y Mina-, de cruzar los Pirineos por Navarra y por Cataluña y provocar un rompimiento que desencadenara un alzamiento general contra el régimen. En enero de 1831, el general Torrijos llegaba a apoderarse por poco tiempo de la Línea de la Concepción, en una audaz operación realizada desde Gibraltar. En febrero, se producía un nuevo desembarco fallido en las costas malagueñas. En abril era ejecutado en Madrid el librero Mayáns, implicado en una trama liberal descubierta por la policía. En mayo se producía la ejecución de Mariana Pineda en Granada y en julio se constituía en París un comité directivo de exiliados españoles, dirigido por personalidades de la importancia de Flórez Estrada, Torrijos y Flores Calderón, que debía coordinar los planes para derrocar a la Monarquía fernandina. El nuevo intento de Torrijos, esta vez cerca de Málaga, se saldó nuevamente en fracaso. Su fusilamiento y el de sus compañeros, en diciembre de 1831, puso fin a la larga serie de intentonas liberales que venían sucediéndose desde 1824, expresión de una voluntad de lucha inquebrantable, a menudo suicida vistas las consecuencias que tuvo para sus protagonistas. Es lo que se ha dado en llamar la "utopía insurreccional' del liberalismo español (Castells, 1989), tanto por su componente voluntarista como por el sesgo idealista y romántico que adquiría el proyecto revolucionario de los liberales, inseparable de un pathos heroico abocado sistemáticamente al sacrificio individual.

Fracasada esta estrategia y superado el peligro de contagio revolucionario, el carlismo volvió a ser la principal amenaza para el régimen, especialmente tras los sucesos del verano de 1832 en La Granja, que algunos autores han calificado, un poco a la ligera, de golpe de Estado. Todo ocurrió a raíz de una grave crisis en la delicada salud de Fernando VII, que durante algunos días hizo temer por su vida. En vista de ello, algunas personalidades ultras del gobierno - los ministros Alcudia y Calomarde - y del entorno del monarca consiguieron arrancarle un decreto derogatorio de la Pragmática Sanción, mediante el cual la pequeña Isabel era privada de sus derechos al trono, que volvían de esta forma al infante don Carlos. La aceptación por la reina María Cristina se vio forzada por las terribles presiones de los partidarios del infante, planteadas en términos que Miguel Artola resume en este dilema: "Derogación [de la Pragmática] o guerra civil". La propia María Cristina dejaría testimonio de la sensación que tuvo entonces de que en caso de no acceder a los deseos del carlismo "iba a haber indudablemente una guerra civil" (Artola, 1999: 742-743). Sin embargo, la sorprendente recu peración del rey dio lugar a la revocación del decreto y, consiguientemente, al restablecimiento de la Pragmática, con otras consecuencias políticas no menos importantes: consciente del juego sucio practicado por los partidarios de don Carlos, Fernando VII llevó a cabo un cambio de gobierno que suponía la eliminación de los ultras y el reforzamiento de los moderados, únicos valedores de la causa de la princesa Isabel. Encabezado por Francisco Cea Bermúdez, un absolutista tibio odiado por los carlistas, el nuevo gobierno decretó la reapertura de las universidades, promulgó el 1 de octubre una amplia amnistía política y autorizó el regreso de la mayoría de los exiliados. Poco después, el 5 de noviembre, se creaba el Ministerio de Fomento, un proyecto del absolutismo moderado que hasta entonces había sido frustrado por los ultras.

Los últimos meses de vida de Fernando VII fueron de continuos sinsabores. El carlismo se encontraba ya en franca insubordinación contra el gobierno. Buena parte de los 120.000 voluntarios realistas simpatizaban con la causa del infante don Carlos. El propio hermano del rey se situó implícitamente en contra de la legalidad al negarse a prestar juramento a Isabel como princesa de Asturias y heredera al trono. El 16 de marzo de 1833, el infante partía con su familia a Portugal en lo que representaba de hecho el comienzo de un exilio encubierto. Por esas fechas, se producía una nueva crisis de gobierno. Mientras tanto, proseguía el regreso de los liberales exiliados, muchos de ellos proclives a identificar sus ideales políticos con la defensa de los derechos sucesorios de la princesa Isabel, que el 20 de junio de 1833, a los dos años de edad, había jurado solemnemente sus derechos al trono.

Todo contribuía a reforzar la sensación de que la vida de Fernando VII y, por tanto, su reinado estaban llegando a su término. Finalmente, el 29 de septiembre de 1833 se producía su fallecimiento tras sufrir un fulminante ataque de apoplejía. Comenzaba el reinado de Isabel II, aunque durante su minoría de edad su poder sería desempeñado por su madre María Cristina como regente o "reina gobernadora".

2.1. Transición política y guerra civil

El 3 de octubre de 1833, cuatro días después de la muerte de Fernando VII, se producía en Talavera de la Reina (Toledo) el primer levantamiento carlista de esta nueva etapa, protagonizado por el administrador de correos y los voluntarios realistas de la localidad. Este incidente suele tomarse como detonante de la primera guerra carlista, concluida en 1840 con la derrota del pretendiente don Carlos y de su ejército. Sin embargo, durante los primeros meses no cabe hablar propiamente de una guerra civil, sino de levantamientos armados en puntos muy diversos del territorio español, según una forma de lucha sobradamente conocida: viejas partidas absolutistas con arraigo en determinadas zonas volvían a tomar las armas contra las autoridades establecidas, casi siempre bajo la dirección de un caudillo guerrillero y con el refuerzo de los voluntarios realistas. También las zonas de la revuelta, no obstante su carácter disperso, recordaban la agitación ultraabsolutista de la Década Ominosa: La Mancha, País Vasco, Navarra, Maestrazgo, Burgos, Teruel...

Cataluña, por el contrario, permaneció inicialmente al margen de la revuelta, más allá de algunos episodios aislados. Influyeron en ello el estado en que había quedado el ultrarrealismo tras la derrota de los agraviados en 1827 y la rapidez con que las autoridades desarmaron a los voluntarios realistas de la región. Antes incluso de la muerte de Fernando VII, el capitán general de Cataluña, Manuel Llauder, había decidido el desarme de los voluntarios, por el peligro que suponía que "la clase más abyecta del populacho", según sus palabras, pudiera portar armas de fuego (Pérez Garzón, 1978: 374). Pero la tranquilidad duró poco tiempo y Cataluña no tardó en convertirse en uno de los grandes escenarios de la guerra carlista. La incorporación a la revuelta, a lo largo de 1834, de militares profesionales que abandonaban las filas cristinas y el progresivo encuadramiento de las fuerzas carlistas en unidades organizadas a la manera del ejército regular fueron convirtiendo el conflicto en una guerra civil entre dos ejércitos: el carlista, partidario del pretendiente al trono, y el cristino, defensor de la regencia de María Cristina y de los derechos de su hija Isabel II. Que la rebelión carlista se produjera en orden disperso, sin apenas coordinación, explica probablemente que, pese a la igualdad de fuerzas - 45.000 hombres del ejército regular frente a 40.000 realistas-, el carlismo no representara de momento una amenaza militar inmediata.

Las razones del enfrentamiento eran mucho más complejas y profundas, sin embargo, que la disputa sucesoria que aparentemente se ventilaba. El carlismo defendía la plena vigencia de la Monarquía absoluta y del Antiguo Régimen - Inquisición incluida-, sin concesión alguna al llamado "espíritu del siglo". Así venía haciéndolo, como se ha podido comprobar, desde la última restauración absolutista en 1823. A diferencia del carlismo, la regencia de María Cristina, por lo menos en sus primeros tiempos, apenas podía identificarse con una ideología o con un régimen político reconocible. Si, por un lado, aparecía como continuadora de la Monarquía absoluta, tímidamente reformada, que Fernando VII había dejado a su muerte, por otro resultaba indudable que, dada la exigua base social del absolutismo moderado, la única opción viable de consolidar el trono de Isabel II consistía en algún tipo de acuerdo con el liberalismo. De hecho, las principales medidas tomadas por los últimos gobiernos de Fernando VII, como la amnistía de 1832 y el regreso de los exiliados, parecían ir en esa dirección. Pero la primera intención de la reina gobernadora fue evitar un cambio político en profundidad que pudiera modificar la naturaleza del régimen. "Yo mantendré religiosamente", afirmaba en un manifiesto firmado el 4 de octubre de 1833, "la forma y las leyes fundamentales de la Monarquía, sin admitir innovaciones peligrosas, aunque halagüeñas en un principio". Resuelta a preservar "intacto" el legado de autoridad recibido del difunto rey, la reina María Cristina anunciaba que sus únicas reformas serían de carácter administrativo (Fontana, 1977: 27). A tal fin, se rodeó de políticos que oscilaban entre el puro inmovilismo y un aperturismo bastante timorato. Francisco Cea Bermúdez - último ministro de Estado nombrado por Fernando VII y, tras la muerte de éste, ratificado por la regente en el cargo - encarnaba un despotismo ilustrado odiado por los carlistas y despreciado por los liberales. Que a finales de aquel año Cea Bermúdez estuviera todavía pensando en recuperar las antiguas colonias americanas - una posibilidad que, según él, "nunca había estado más cerca"- dice muy poco a favor de su clarividencia política (Fontana, 2006: 355). Por su parte, el antiguo afrancesado Francisco Javier de Burgos, ministro de Fomento desde octubre de 1833, representaba el poder ascendente del lobby afrancesado, que tanta influencia tuvo en la transición entre el final del reinado de Fernando VII y el comienzo de la regencia de María Cristina.

Una de aquellas medidas administrativas anunciadas por la reina gobernadora tendría una indudable trascendencia histórica: la nueva división provincial - todavía vigente - establecida por el Ministerio de Fomento en noviembre de 1833. Pero la situación del país requería algo más que reformas técnicas. El carlismo tenía en jaque al gobierno, la Hacienda pública arrastraba una crisis galopante - el ministro del ramo había previsto que aquel año se cerraría con un déficit de 200 millones de reales - y el liberalismo se reorganizaba gracias al regreso de los exiliados y a la mayor tolerancia gubernamental. El 25 de diciembre de 1833, una autoridad militar de la importancia del capitán general de Cataluña dirigía un manifiesto a la reina gobernadora instándola a deshacerse del inoperante gobierno de Cea Bermúdez, al que consideraba un peligro para la causa de Isabel II. Dos semanas después, el capitán general de Castilla la Vieja se expresaba en el mismo sentido. En ese clima de contestación a su política, Cea quiso reforzar su autoridad adoptando medidas contra el general Quesada que sirvieran, según sus palabras, para "contener la tendencia a la revolución que se descubre en algunos españoles". Su propuesta de tomar represalias contra el general no sólo encontró una fría respuesta en las altas instancias, sino que motivó su inmediata destitución por la reina gobernadora, presionada por los más reformistas. El 15 de enero, Francisco Martínez de la Rosa era nombrado ministro de Estado, cargo que llevaba aparejada la presidencia del consejo de ministros. Joven diputado liberal en las Cortes de Cádiz, ministro en el Trienio constitucional y exiliado en París durante la Década Ominosa - un exilio dorado, ciertamente-, su trayectoria parecía representar el retorno de los liberales al poder. Pero el liberalismo de Martínez de la Rosa, ya muy templado diez años atrás, había evolucionado hacia posiciones que nada tenían que ver con el constitucionalismo revolucionario de su juventud. Que el nuevo ministro de Estado formara tándem con el responsable de Fomento, Francisco Javier de Burgos - el otro hombre fuerte del gobierno-, puede interpretarse como signo de una reconciliación entre los antiguos patriotas de la Guerra de la Independencia, como Martínez de la Rosa, y los josefinos de entonces, como Javier de Burgos. Pero también cabe interpretarlo como muestra de la capacidad que el moderantismo tenía para unir a antiguos adversarios que, con el tiempo, se habían encontrado en una concepción ecléctica de la política, una especie de justo medio - una de las expresiones clave del lenguaje de la época- entre el absolutismo y el liberalismo.

Ahora bien, frente al inmovilismo imposible del depuesto Cea Bermúdez, el tándem Martínez de la Rosa-Burgos suponía al menos el proyecto de emprender una transición política que pusiera fin a tanta confusión y a tan ta incertidumbre. En palabras del marqués de Miraflores, cualificado cronista de aquella época, se trataba de "seguir el camino de las reformas empezadas, pero sin tratar lo más mínimo de variación de las formas de gobierno" (Fontana, 1977: 34). La pieza maestra de aquella estrategia reformista fue el Estatuto Real promulgado en abril de 1834, es decir, apenas tres meses después de la formación del gobierno, lo que da idea de la naturaleza de aquel texto político. Era una carta otorgada - sería más justo decir impuesta - por la corona a la nación, que el ejecutivo había redactado sin asomo alguno de debate previo e inspirándose en la antigua legislación española, rehuyendo, pues, cualquier referencia al constitucionalismo liberal. Con estos antecedentes, huelga decir que no se trataba de un texto revolucionario, ni, propiamente, de una constitución. Su contenido, desglosado en 50 artículos y un decreto ley, se reducía a anunciar (Título 1) la convocatoria de Cortes generales por estamentos y a especificar el carácter de las mismas. El Título II, "Del Estamento de Próceres del Reino", enumeraba los requisitos exigidos para pertenecer al Estamento de Próceres, equivalente a la cámara alta de las nuevas Cortes, reservada a arzobispos y obispos, grandes de España, títulos de Castilla y otras personalidades designadas por la corona por sus servicios a la Monarquía, por disponer de una renta anual superior a los 60.000 reales o por sus méritos en el campo de la enseñanza, de las artes, de las ciencias y de las letras. El Título III, "Del Estamento de Procuradores del Reino", remitía a una futura ley electoral la forma en que sería elegida la cámara baja de las nuevas Cortes y estipulaba las condiciones requeridas para ser elegido procurador, entre otras una renta anual superior a 12.000 reales. El Título IV regulaba muy someramente la forma en que se reuniría el Estamento de Procuradores y el Título V, "Disposiciones Generales" (arts. 24 al 50, es decir, más de la mitad del articulado), contenía una serie de preceptos sobre el funcionamiento y las competencias de ambas cámaras y las prerrogativas que respecto a las mismas se reservaban a la corona, entre ellas el poder exclusivo de "convocar, suspender y disolver" las Cortes (art. 24). No había, como se ve, nada parecido a una declaración de derechos y libertades ni apenas otra cosa que no fuera la mera convocatoria de Cortes. La propia terminología empleada - estamentos en vez de cámaras, procuradores en vez de diputados - denotaba una voluntad explícita de situar el régimen del Estatuto lejos de la tradición constitucional del liberalismo español. Una comparación con otras constituciones españolas permite afirmar que el Estatuto Real es el texto constitucional - queda dicho que ya de por sí esta definición es discutible - más breve de todo el siglo XIX: 50 artículos el Estatuto por 384 artículos la Constitución de 1812. Ni siquiera el Estatuto de Bayona (146 artículos), con el que la comparación resulta mucho más justificada, muestra esa displicente concisión en su articulado.

Si entre los objetivos del gobierno al aprobar el Estatuto Real estaba ganar adeptos al trono de Isabel II, hay que decir que con semejante política nunca podría ir más allá de un pequeño círculo de incondicionales. El censo resultante para la elección de la cámara baja - el Estamento de Procuradores - mostraba a las claras la escasa representatividad social del nuevo régimen: sobre una población de 12 millones de habitantes, sólo 16.000 - es decir, el 0,13 por ciento - tendrían derecho a voto. El distrito electoral de Valencia, por ejemplo, contaría tan sólo con 32 electores, la mayoría de ellos terratenientes (Fontana, 2006: 359). Era difícil que con una base social tan exigua, reducida prácticamente a los mayores contribuyentes del país, el gobierno de Martínez de la Rosa-Javier de Burgos consiguiera encarar con éxito los múltiples desafíos a los que se enfrentaba. Pero las reformas gubernamentales apuntaban también en otras direcciones, de tal manera que, en su conjunto, y aunque de forma un tanto deslavazada, la actuación del gobierno suponía reconocer la existencia de una transición política desde el absolutismo hacia alguna forma de régimen representativo de inspiración liberal. Gustara o no al gobierno, había un debate de ideas sobre lo que estaba ocurriendo en el país, y la prensa era el espacio natural para su desarrollo. Un decreto sobre prensa e imprenta de enero de 1834, completado en junio con un reglamento específico, vino a sancionar el resurgir del periodismo español desde finales del reinado de Fernando VII y a legalizar, con algunas restricciones, una opinión pública que seguía con creciente interés la marcha de los acontecimientos. El decreto de enero se inspiraba, como la política general del gobierno, en la búsqueda de un término medio entre - leemos en el preámbulo - la "ilimitada libertad de imprenta" atribuida al liberalismo y "las trabas y restricciones que ha sufrido hasta aquí". Los artículos 6 al 10 estipulaban las materias que serían objeto de censura previa. Como ocurrió con otras reformas de esta época, el decreto de prensa e imprenta no evitó que la demanda de libertad que existía en el país desde la muerte de Fernando VII desbordara muy pronto el marco legal creado por las nuevas autoridades.

Periódicos y periodistas clave en esta nueva etapa de incipiente libertad de expresión habían hecho ya sus primeras armas en los últimos años de la Década Ominosa, aprovechando la relativa relajación de la represión fernandina. El joven Mariano José de Larra se dio a conocer como escritor costumbrista con El duende satírico del día (1828) y sobre todo con El pobrecito hablador (1832-1833). La revista literaria Cartas españolas (1831-1832) recogió los primeros artículos de Ramón Mesonero Romanos y Estébanez Calderón. Ya en plena regencia de María Cristina, el Semanario pintoresco español (1836-1857) del propio Mesonero Romanos - una publicación ilustrada con grabados de gran calidad, que alcanzó muy pronto la notable cifra de 5.000 suscriptores - consagraría el costumbrismo como una de las principales señas de identidad de la literatura y del periodismo españoles de los años treinta y cuarenta. Era el éxito de una fórmula que ofrecía un contrapunto satírico a una realidad histórica llena de claroscuros, que se debatía entre los trazos más sombríos de la actualidad - guerra civil y crisis social y política - y el optimismo de las clases sociales ascendentes, la burguesía y la clase media en primer lugar, confiadas en que los logros del progreso y de una libertad razonable acabarían imponiéndose sobre los traumas del cambio histórico que estaba viviendo el país. Más allá del periodismo costumbrista, surgieron periódicos de información general con un contenido progresivamente politizado. El propio gobierno había pretendido canalizar en su provecho, antes incluso de la muerte de Fernando VII, la creciente demanda de información creando por una real orden de abril de 1833 una red de boletines provinciales de carácter manifiestamente oficialista. Era como el reconocimiento de un fenómeno que a medio plazo parecía imparable: la existencia de un público potencial ávido de información y el desarrollo de una opinión pública llamada a desempeñar un papel decisivo en el futuro. El periódico barcelonés El Vapor - inicialmente con una orientación oficialista, luego de trayectoria muy sinuosa - y el madrileño Boletín de Comercio, fundado, como el anterior, en 1832 y convertido dos años después en El Eco del Comercio, representaron el resurgir de un periodismo político muy activo, que tendría un papel fundamental en la crítica, cada vez más desenvuelta, al gobierno de turno y en la consolidación de la opinión pública como sujeto histórico insoslayable en la etapa iniciada tras la muerte de Fernando VII. En nombre de esa opinión pública, periódicos y periodistas liberales reclamaban un cambio político del que, a su juicio, el Estatuto Real debía ser el punto de arranque y no su meta final. Cierto que entre los propios liberales no faltó quien, como Mariano José de Larra, saludara el Estatuto Real como "la primera piedra que ha de servir al edificio de la regeneración de España', pero el propio Larra no tardó en advertir el error de perspectiva de un gobierno que entendía el Estatuto como el final, y no como el principio, de una transición al liberalismo. Por el contrario, para la opinión pública más liberal, en la primavera de 1834 el cambio político iniciado tras la muerte de Fernando VII no había hecho más que empezar.

2.2. De la transición a la revolución: tensiones políticas y violencia social (1834-1835)

Era difícil que el gobierno consiguiera hacerse con el control de la situación con una política de reformas tan limitada. Si el acoso del carlismo le obliga ba a buscar en los liberales el contrapeso que diera equilibrio a la Monarquía isabelina, la crisis financiera, agravada por la guerra, sólo podía paliarse con medidas drásticas que afectaran a los bienes amortizados de la Iglesia y de los ayuntamientos. El gobierno de Martínez de la Rosa parecía abocado a convertir la transición en un verdadero cambio político y social. De no hacerlo así, corría el riesgo de verse desbordado por la situación del país. Un paquete de decretos aprobado el 24 de marzo de 1834 introducía una amplia reforma de la administración civil y judicial del Estado que implicaba, por ejemplo, la definitiva supresión de los viejos consejos del Antiguo Régimen. Pero, de nuevo, las medidas administrativas y la reforma de las instituciones, por grande que fuera su calado histórico, estaban lejos de ser el revulsivo que el país necesitaba. Mayor trascendencia social tuvo la reimplantación de la milicia, aunque se hiciera bajo la denominación de Milicia Urbana -y no de milicia Nacional Voluntaria, como en el Trienio-, para evitar que pareciera lisa y llanamente una vuelta al liberalismo. En realidad, desde que, a lo largo de 1833, se produjo el desarme de los voluntarios realistas, las autoridades locales venían arbitrando distintas fórmulas para que la ciudadanía pudiera encuadrarse en organizaciones armadas de carácter voluntario. Para unificar estos cuerpos "de urbanos", según la expresión de la época, el 16 de febrero de 1834 se publicó una ley que fijaba unos requisitos sociales muy estrictos para el ingreso en el cuerpo, con el evidente propósito de impedir que las clases populares tuvieran acceso al mismo. Se trataba, como tantas otras veces al fijar el reglamento de la milicia, de crear un cuerpo de voluntarios procedentes exclusivamente de las clases medias y propietarias. Y, también como otras veces, la realidad no tardó en imponerse sobre el marco legal creado por el gobierno. El trono de Isabel II no andaba tan sobrado de defensores como para aplicar a rajatabla los criterios socialmente restrictivos establecidos por el reglamento del cuerpo, que fue incorporando a lo largo de los años siguientes a los sectores de la población urbana más comprometidos con la causa liberal y más activos en la lucha contra el carlismo, no sólo en los frentes, sino en la retaguardia. En octubre de 1834, según El Eco del Comercio - cualificado órgano del liberalismo-, existían en España unos doscientos mil urbanos, es decir, milicianos. En Madrid, los artesanos representaban en torno al 40 por ciento de los urbanos alistados en los cinco batallones del cuerpo (Pérez Garzón, 1978: 384 y 393), un contingente muy superior al de cualquiera de los grupos que se pueden identificar con la burguesía comercial o con las clases medias propietarias y profesionales, en las que se pensaba como principal soporte del régimen isabelino y columna vertebral de su milicia.

La nutrida participación de las clases populares urbanas en la milicia voluntaria explica el papel que este cuerpo desempeñó en las crisis sociales y políticas que tuvieron lugar durante la Regencia. Una de las más virulentas se pro dujo en julio de 1834 en un Madrid castigado por una terrible epidemia de cólera. Esta circunstancia se sumaba a la guerra civil que vivía el país y a la creencia, muy extendida en el bando cristino, de que el clero simpatizaba abiertamente con el carlismo. Se entiende así que el temor de la población a los efectos de la epidemia se mezclara con la sospecha de que el clero constituía un enemigo oculto en la retaguardia que maquinaba los más siniestros planes para acabar con los defensores del trono de Isabel II. De ahí el éxito de una teoría conspirativa que corrió como rumor por la ciudad y que atribuía la epidemia al envenenamiento del agua por obra de los frailes. Los días 17 y 18 de julio, una multitud asaltó diversos conventos de la capital y dio muerte a 73 frailes. En la causa judicial abierta a raíz de la matanza de frailes, que es como pasaría a la historia este episodio, figuran 133 inculpados, de los cuales 26 eran militares y 23 milicianos. El número real de unos y otros debió de ser, sin embargo, muy superior a tenor de los testimonios recogidos en la causa, lo que indica el protagonismo que la milicia y un sector del ejército empezaban a asumir en la espiral revolucionaria en la que estaba entrando el país. Pero no se puede ignorar tampoco el perfil social tanto de esos hombres armados como del resto de los participantes en el asalto a los conventos de Madrid: sólo en seis de los 133 encausados, el nombre iba precedido del título de don, que en aquella época servía para marcar una clara línea divisoria cultural y, por tanto, social por debajo de la cual solían encontrarse las clases bajas sin instrucción (García Rovira, 1989: 104). Junto a este dato, de por sí elocuente, lo poco que se sabe de su extracción socioprofesional permite situarlos entre los sectores más modestos del artesanado y la menestralía.

El pueblo urbano - el pueblo por excelencia, en la terminología liberal de la época-, mezcla abigarrada de artesanos, asalariados, milicianos, militares y, como mucho, clases medias, se estaba convirtiendo en uno de los factores determinantes del curso de los acontecimientos. Que el régimen del Estatuto dejara fuera del juego político a estos sectores, virtualmente excluidos del censo electoral, sólo podía ser un motivo de inestabilidad social y de tensión entre las autoridades que ejercían el poder y las masas que, en las situaciones críticas, salían a la calle a defender una revolución oficialmente inexistente. Mientras tanto, el gobierno de Martínez de la Rosa proseguía la política prevista en el Estatuto. El 24 de julio de 1834, se producía la solemne apertura de las nuevas Cortes, en un contexto - sobre todo en Madrid - y con una puesta en escena nada tranquilizadores para el gobierno. Fue, en palabras del embajador británico, una ceremonia "muy fría" (Burdiel, 1987: 97). Hacía apenas una semana que se había producido la matanza de frailes, la capital se encontraba inmersa en plena epidemia de cólera - en un par de días se cobró 1.300 muertos-, el carlismo mantenía su desafío armado al gobierno y la policía acababa de descubrir una conspiración de liberales exaltados, inte grantes de una sociedad secreta llamada "la Isabelina", que pretendía dar un golpe revolucionario coincidiendo con la inauguración de las Cortes. En aquel turbio episodio, nunca del todo aclarado, se vieron envueltos liberales de tanta significación como Flórez Estrada, Lorenzo Calvo de Rozas y Juan Romero Alpuente. Por si todo ello fuera poco, y como detalle anecdótico, pero no carente de trascendencia política, la reina gobernadora, María Cristina, leyó el discurso de la corona ante las Cortes fuertemente fajada para disimular su embarazo de cinco meses, fruto del matrimonio secreto que, tan sólo tres meses después de enviudar de Fernando VII, había contraído con un guardia de corps llamado Fernando Muñoz. La situación personal de la reina gobernadora empezaba a ser un secreto a voces que comprometía la legitimidad de la causa isabelina y los planes políticos del gobierno. El 10 de julio - dos semanas antes de la apertura de las Cortes-, un periódico francés se hacía eco ya del embarazo de la reina regente (Burdiel, 2004: 70). La numerosa familia de Fernando Muñoz, pronto ennoblecido con el título de duque de Riánsares, no facilitaba tampoco las cosas a quienes pretendían mantener la debida reserva sobre una cuestión tan delicada. El protagonismo que Muñoz estaba llamado a tener en el mundo de los negocios y en algunas intrigas políticas y cortesanas, le convertiría muy pronto en un personaje clave de la regencia y de los primeros años del reinado de Isabel II.

Para el ejecutivo, el embarazo secreto de la reina gobernadora tenía por lo menos la ventaja de mantenerla apartada de la vida política, sin inmiscuirse en la acción del gobierno. La disponibilidad de María Cristina a hacer de "reina de estuco", según sus palabras - es decir, a tener un papel meramente ornamental en la vida pública española-, duró poco tiempo. De momento, su intervención en la inauguración de las Cortes del Estatuto el 24 de julio de 1834, se ajustó estrictamente a lo que el gobierno había dispuesto. María Cristina juró las "leyes fundamentales de la Monarquía' y leyó un discurso en el que no pudo por menos que reconocer la sombría situación del país, empezando por la guerra civil desatada por un miembro de la familia real - Carlos María Isidro - que "aún en vida de su rey, de su hermano, empezó a dar muestras de sus ambiciosos designios". La rebuscada fórmula con la que la reina resumió "la situación interior del reino" - "el cuadro", les decía a los próceres y procuradores, "está lejos de ser tan halagüeño como vuestro patriotismo deseara' - dio lugar unos días después a una réplica de los procuradores en la que se enumeraban sin tapujos los terribles males causados durante el reinado anterior por "un sistema atrabiliario", "una legislación errónea' y "una administración ciega'. El resultado de todo ello, concluían los procuradores, era el "notable estado de depresión y de miseria" en que se encontraba la nación (Fontana, 2006: 362). Aunque, por presión del gobierno, en su redacción final el documento perdía buena parte de su viru lencia inicial, los procuradores abogaban además por una amplia regulación de la libertad de imprenta.

De una respuesta tan poco complaciente al discurso de la corona es fácil deducir que las Cortes del Estatuto, por lo menos su Estamento de Procuradores o cámara baja, no iban a ser meras espectadoras de la política reformista del gobierno de Martínez de la Rosa. Ciertamente, su composición se ajustaba al perfil socioprofesional que los autores del Estatuto habían querido que tuviera la cámara electiva. De los 188 procuradores, 130 eran miembros de las clases altas o, como mucho, medias - terratenientes, comerciantes, miembros de las profesiones liberales-; 53, funcionarios o militares, y tres eclesiásticos. Pero la experiencia política de algunos de ellos, tanto en las Cortes del Trienio como en el exilio, hacía presagiar una vida parlamentaria mucho más animada de lo que hubiera deseado el gobierno y de lo que cabía esperar de un régimen basado en el Estatuto Real. Un político y periodista de la época, Fermín Caballero, cifró en 111 el número de procuradores gubernamentales y en 77 el de aquellos a los que cabía situar en la oposición. Dando por bueno este cálculo - que en la práctica habría que matizar mucho en función de las numerosas ausencias registradas en la mayoría de las votaciones-, se podría concluir que el gobierno de Martínez de la Rosa tenía unas Cortes favorables, pero en absoluto incondicionales, y que existía un numeroso grupo de procuradores dispuestos a luchar por un cambio político que fuera más allá de los límites fijados por el Estatuto Real. El principal instrumento de oposición al gobierno utilizado por la minoría liberal fue el derecho de petición reconocido por el propio Estatuto, que dio lugar, en el año escaso de duración de aquellas Cortes (julio de 1834-mayo de 1835), a 56 peticiones al gobierno, entre ellas alguna de tanto calado político como la que formuló un grupo de procuradores en el mes de septiembre para que se regularan debidamente "los derechos políticos de los españoles", pues el Estatuto Real carecía, a su juicio, "de las bases fundamentales en que estriba y se apoya todo gobierno representativo" (Fontana, 1977: 105).

Aunque la oposición parlamentaria no pasara de tener una influencia muy limitada, la sensación de acoso en que vivía el gobierno fue una de las razones que llevaron a la disolución anticipada de las Cortes en mayo de 1835. El deterioro de la situación general del país y las divisiones en el propio gobierno contribuyeron también decisivamente a minar la estabilidad del régimen. Por lo pronto, la salida del gobierno del ministro de Fomento Javier de Burgos - principal artífice, con Martínez de la Rosa, del Estatuto Real - en abril de 1834 y, poco después, la entrada como ministro de Hacienda de José María Queipo de Llano, conde de Toreno, supusieron un claro escoramiento del ejecutivo hacia posiciones más liberales. El ministro de Estado, Francisco Martínez de la Rosa, empezaba a quedar poco a poco descolgado de la tendencia general hacia un liberalismo pleno, sin las limitaciones y cautelas impuestas por el Estatuto. Por si esto fuera poco, en diciembre de aquel año el general Llauder fue nombrado ministro de la Guerra, al parecer contra la opinión de Martínez de la Rosa y por presiones del círculo palaciego que rodeaba a la reina María Cristina. Que el periódico La Abeja, vinculado a Martínez de la Rosa, criticara abiertamente el nombramiento de Llauder como ministro era la prueba palmaria de las divisiones del gobierno y de las extrañas interferencias que empezaban a perturbar la vida política española. Sin embargo, el contencioso entre los ministros de Estado y de la Guerra duró poco y se saldó, como era lógico, a favor del primero. A finales de enero de 1835, una oscura sublevación protagonizada por un regimiento de la guarnición de Madrid, sobre cuyas motivaciones políticas se han barajado todo tipo de hipótesis, provocó un gran escándalo que acabó con el cese del general Llauder, tras dos meses escasos en el cargo. Sobre el papel fue un golpe de fortuna para Martínez de la Rosa, que se desembarazó así de un peligroso enemigo político instalado en su propio gabinete. Pero la sensación de zozobra que daba la política general del gobierno no iba a desaparecer simplemente soltando el lastre de un ministro mal avenido con su presidente. La guerra carlista iba de mal en peor y las sesiones de las Cortes se estaban convirtiendo en una continua pesadilla para el ejecutivo y, en particular, para Martínez de la Rosa, que en mayo de 1835, a la salida de una tormentosa sesión en el Estamento de Procuradores, fue víctima de varios intentos de agresión por parte de grupos de exaltados. El 29 de mayo de 1835, el gobierno obtenía de la reina gobernadora el decreto de disolución de las Cortes. Unos días después, Martínez de la Rosa presentaba su dimisión. El 6 de junio, el conde de Toreno se convertía en ministro de Estado y presidente de un gobierno que incorporaba como ministro de Hacienda a Juan Álvarez Mendizábal.

La promoción de Toreno al cargo de presidente del gobierno y el nombramiento de Mendizábal - ambos personajes de larga e inequívoca trayectoria liberal - suponían una clara aceleración del proceso de transición hacia el liberalismo iniciado tras la muerte de Fernando VII. La crisis de mayojunio de 1835 sancionaba con un rotundo fracaso la apuesta por el justo medio representada por Martínez de la Rosa y Burgos y su voluntad de salir del paso con una reforma de mínimos. Como dijo un historiador del siglo XIX - Juan Rico y Amat-, Cea Bermúdez, primero, y luego Javier de Burgos y Martínez de la Rosa "retrasaron el triunfo de la revolución, pero no la evitaron" (Burdiel, 2004: 65). El gobierno se había hecho definitivamente liberal. Pero estaba por ver que el cambio político llegara a tiempo y que el nuevo ejecutivo pudiera reconducir una situación que parecía desbordarse por momentos. La respuesta no pudo ser más desalentadora. El verano fue muy negativo desde muchos puntos de vista: mala cosecha, rebrote de la epidemia de cólera, asedio a Bilbao por los carlistas... El desfase entre el ciclo social y el ciclo político que vivía el país - mucho más rápido el primero que el segundo - quedó nuevamente de manifiesto con el retraso de Mendizábal, que se encontraba en Inglaterra, en incorporarse a un cargo - ministro de Hacienda - que no admitía demoras. Esta circunstancia influyó sin duda en la sensación que se fue extendiendo a lo largo del verano de 1835: que el nombramiento del nuevo gobierno no había acabado con el vacío de poder o, cuando menos, con la interinidad institucional que presidía la vida política española. Un año después de la aprobación del Estatuto Real, pocos creían que aquel régimen pudiera mantenerse mucho tiempo. Unos - los más liberales - eran partidarios abiertamente de su liquidación; otros, por lo menos de su reforma. Esa crisis de legitimidad del sistema, cuestionado desde la oposición, pero también desde el poder, alentó en gran medida el ciclo insurreccional del verano de 1835, que llegó a su apogeo en el mes de septiembre.

La ola de violencia, con un fuerte componente anticlerical, había empezado con brotes aislados en la primavera de aquel año. En marzo hubo graves alborotos en Málaga; en abril, un movimiento de protesta contra el arzobispo de Zaragoza concluyó con el asesinato de varios frailes; poco después, se produjo algo parecido en Murcia; a principios de julio, la violencia anticlerical reapareció en Zaragoza, Caspe y otros puntos de Aragón; Reus y Barcelona habían vivido ya, mientras tanto, episodios similares, que se reprodujeron con una enorme virulencia en el mes de agosto y dejaron como resultado una nueva matanza de frailes, el asalto al monasterio de Poblet en Tarragona, la quema de conventos en Barcelona, el incendio de la fábrica textil "El Vapor" y el asesinato del general Bassa también en la capital catalana. A lo largo de agosto, la violencia se fue generalizando a raíz de los sucesos de Barcelona y Reus, con graves incidentes en Zaragoza, Murcia, Valencia y Madrid, donde el gobierno declaró el estado de sitio el 16 de agosto. En la segunda quincena del mes, aquel movimiento un poco anárquico de violencia descontrolada, casi siempre de carácter anticlerical, empezó a derivar en una insurrección política en toda regla, con formación de juntas locales que reclamaban un cambio político de signo liberal-revolucionario según el típico modelo juntero, pues, efectivamente, se trataba de un fenómeno que, a fuerza de repetirse desde 1808 en circunstancias parecidas, empezaba a estar ya muy "codificado". De ahí aquellas palabras del escritor y político liberal Manuel José Quintana a su amigo Lord Holland: las juntas son "el método que tenemos en España para hacer las revoluciones" (Moreno Alonso, 1989: 118). En el plazo de tres semanas, se formaron juntas revolucionarias en Cádiz, Tarifa, Algeciras, Huelva, Málaga, Córdoba, Jaén, Granada, Sevilla, La Coruña, El Ferrol, Murcia, Badajoz, Cáceres, Asturias y Santander (Gil Novales, 1986: 226-227). En Andújar (Jaén), se constituyó una junta que tenía en realidad un carácter regional y que pretendía representar al conjunto de las juntas locales andaluzas. De este recorrido por la España in surrecta, salta a la vista, aparte de la importancia de Andalucía como principal escenario del movimiento, que el fenómeno juntero funcionó, como tantas otras veces, como un efecto dominó que iba propagando la insurrección por proximidad geográfica hasta acabar de cerrar el ciclo. Esto último se podía dar por verificado el 14 de septiembre, cuando los pronunciamientos de Asturias y Santander provocaron la caída del gobierno, virtualmente inédito, del conde de Toreno y la formación de uno nuevo presidido por Mendizábal.

Las motivaciones del movimiento juntero del verano de 1835 tienen en parte un componente específico en cada caso, de oposición a las autoridades locales o de crisis de la economía regional, pero también claves de carácter general, incluso algunas de ellas recurrentes en este tipo de episodios a lo largo del siglo XIX. Destacaremos el protagonismo de la milicia como brazo armado de la revuelta, la naturaleza anticlerical de la violencia, el miedo al carlismo, la participación de las clases populares urbanas, algunas reivindicaciones económicas, como la supresión del impopular derecho de puertas, que gravaba la entrada de artículos de primera necesidad en las ciudades, y un programa de cambio político más o menos genérico, pero de claro signo progresista, como la petición de elecciones a Cortes constituyentes. El derrocamiento del gobierno del conde de Toreno fue el gran catalizador del movimiento juntero, que entró en una fase de paulatina desmovilización a raíz de la caída de Toreno el 14 de septiembre y su sustitución por Mendizábal, así como de la convocatoria de elecciones a Cortes realizada por el nuevo ejecutivo el 28 de septiembre. A partir de entonces, las juntas, que recibieron como un gran éxito el cambio de gobierno, permanecieron expectantes ante el desarrollo de los acontecimientos, aunque conformes en general con el desenlace de la crisis. La de Jaén, por ejemplo, publicó el 3 de octubre un manifiesto declarando su "adhesión pura, inalterable a nuestra inocente reina Isabel segunda y a su augusta madre", a la vez que reclamaba unas "Cortes constituyentes que formen y establezcan un Código fundamental que fije los derechos y deberes del pueblo español". La Junta de Cádiz, por su parte, mostró su radical rechazo al régimen del Estatuto y a todo lo que, a su juicio, representaba: una hipócrita apariencia de libertad que ocultaba un poder tiránico. "Los españoles", se lee en esta proclama del 23 de septiembre, "no quieren parecer libres, sino serlo" (Gil Novales, 1986: 229 y 231).

2.3. El gobierno Mendizábal (septiembre de 1835-mayo de 1836)

El banquero y político gaditano Juan Álvarez Mendizábal (1790-1853), ministro de Hacienda del depuesto gobierno de Istúriz y nuevo ministro de Esta do - conservó además la cartera de Hacienda-, había llegado a España el 1 de septiembre procedente de Londres, donde residía en los últimos tiempos, tras un largo periplo por París, Burdeos y Lisboa. Era un hombre de negocios muy introducido en los círculos financieros de Londres y París con una ya larga trayectoria política en las filas del liberalismo y, en particular, del partido denominado todavía exaltado, frente al ala más moderada o conservadora. Sin embargo, Mendizábal había brillado más hasta entonces en su actividad financiera que en su carrera política, aunque sería un error separar lo uno de lo otro. Durante la Década Ominosa, en que permaneció exiliado en Londres la mayor parte del tiempo, fue el banquero de la revolución liberal portuguesa - su trayectoria estuvo siempre muy unida a la historia de Portugal - y personaje clave en la financiación de algunas intentonas de los exiliados españoles contra Fernando VII. En él podría decirse, así pues, que convergen la revolución burguesa y la revolución liberal y el liberalismo español y portugués.

Aunque nombrado ministro de Hacienda por Toreno en junio, Mendizábal aprovechó su largo viaje del verano de 1835 para afianzar contactos políticos, sobre todo en París, que le ayudaran en lo que parecía ser ya su gran designio en aquel momento: desembarazarse de Toreno y asumir el poder sobre la base de una confianza "ciega' - así la calificó él mismo - en su persona. De ahí un esbozo de programa que figura en una carta que dirigió al político inglés Lord Holland a mediados de agosto, en la que reconocía como uno de los objetivos de su actuación "la conservación del Estatuto Real". No era ése su modelo de régimen político, pues el Estatuto no colmaba su afán de cambio, pero "una vez promulgado", añadía en la carta a Lord Holland, era "preciso conservarlo y operar sobre esta ley fundamental". Como ha dicho un historiador, Mendizábal estaba pensando más "en términos de jefe de gobierno que de ministro" (Pan-Montojo, 2000: 166). Conseguido su objetivo el 14 de septiembre, el nuevo ministro de Estado y presidente del gobierno dirigió un manifiesto a la reina gobernadora que contenía los objetivos generales de su política: restablecer el "crédito público", garantizar las "prerrogativas del trono" - pero también "los derechos y deberes del pueblo"-, solucionar "de una vez por todas" el problema "de los conventos y monasterios" (léase desamortización eclesiástica) y poner un "rápido y glorioso fin" sin ayuda extranjera a "esta guerra fratricida, que es la vergüenza e ignominia del siglo en que vivimos". La "libre y opulenta nación inglesa' era, según Mendizábal, el modelo que debía guiar mejor a España en su búsqueda de la "felicidad pública' (Janke, 1974: 169).

A diferencia de Toreno, que había empleado la poca autoridad que le quedaba en luchar contra las juntas, Mendizábal intentó congraciarse con ellas para conseguir su desmovilización voluntaria. Así lo hicieron en la mayo ría de los casos, y de esta forma el nuevo ministro de Estado ganó un margen de maniobra imprescindible para poner en marcha su política de reformas. Era evidente, no obstante, que el movimiento juntero aspiraba a un cambio más profundo que el que Mendizábal estaba dispuesto a impulsar en el restrictivo marco político del régimen del Estatuto, por mucho que éste se reformara y ampliara. La decepción que su política produjo en los liberales más radicales explica que algunas juntas intentaran reorganizarse tras su autodisolución en septiembre, lo que creó una cierta sensación de dualidad de poderes: el poder revolucionario detentado por las juntas locales más combativas y el poder institucional representado por el nuevo gobierno. El político gaditano debía contar también con la oposición del partido moderado, virtualmente desalojado del poder tras la crisis de septiembre, aunque Mendizábal le transmitiera mensajes tranquilizadores en pos de un cierto consenso. Tampoco podía ignorar que su encumbramiento había producido cierta alarma en los medios cortesanos, tanto por su fama de liberal exaltado como por su vinculación con el movimiento juntero, al que, en última instancia, debía el poder. Bien es cierto que, en medio de tanto adversario, Mendizábal disfrutó del apoyo de El Eco del Comercio, periódico liberal-progresista de gran difusión e influencia.

En estas condiciones, el ministro adoptó las primeras medidas que habrían de marcar la pauta de su política, siempre dentro de un estilo muy personalista de hacer las cosas, pues él mismo había expresado en el manifiesto a la reina gobernadora su voluntad de que el suyo fuera un gobierno "fuerte, compacto y homogéneo". Y así fue: el gobierno Mendizábal se redujo en la práctica a un equipo de dos o tres ministros en torno a su figura casi todopoderosa. En sus primeras semanas en el poder, transformó la milicia urbana en Guardia nacional, que en unos meses alcanzó los 400.000 hombres; suprimió la superintendencia de policía, rehabilitó la memoria del general Riego - como intentando resaltar la continuidad simbólica entre el Trienio liberal y la nueva etapa política - y reabrió las Cortes del Estatuto, a cuya consideración sometió tres iniciativas tan importantes como fueron la ampliación de la ley electoral, el desarrollo de la libertad de imprenta y la responsabilidad gubernamental ante el Parlamento, medidas que suponían una reforma sustancial del régimen vigente. El 21 de diciembre, Mendizábal solicitó de las Cortes la aprobación de la Ley del voto de confianza, cuya aprobación - 134 votos a favor, tres en contra y 12 abstenciones - le dio plenos poderes para abordar de manera drástica el problema de la guerra y el de la Hacienda pública. Para mejorar la situación militar - cuestión que se trata más adelante - llamó a filas a 100.000 nuevos reclutas - en realidad, sólo consiguieron reunirse 47.000 - que debían reforzar las tropas cristinas en el norte, donde el carlismo parecía inexpugnable. Para resolver los problemas finan cieros de la Monarquía, Mendizábal acudió a una desamortización en masa, que debía proporcionar al Estado los recursos necesarios para salir de su estado de quiebra y ganar la guerra. Sin embargo, el margen conseguido con el voto de confianza parlamentario se le acabó muy pronto, en cuanto la discusión de la ley electoral propuesta por el gobierno, que debía ampliar el censo previsto por el Estatuto, fue derrotada en la cámara baja debido a la defección de un numeroso grupo de procuradores hasta entonces afines al gobierno, algunos tan significados como Istúriz y Alcalá Galiano. La reacción de Mendizábal fue disolver las Cortes el 27 de enero y convocar nuevas elecciones.

Algunas de las medidas desamortizadoras - un conjunto de decretos al que se ha dado en llamar la desamortización de Mendizábal - se aprobaron tras la disolución de las Cortes. El gobierno de Toreno ya había decretado en julio la supresión de la mayoría de los conventos y monasterios, pero el decreto aprobado por Mendizábal en febrero de 1836 suponía la puesta en marcha de una desamortización en toda regla, es decir, la nacionalización, o incautación por el Estado en nombre de la nación, de los bienes de la Iglesia, denominados bienes nacionales desde entonces hasta su posterior venta en pública subasta. El fruto de esta última se aplicaría a la reducción de la deuda, si bien las urgencias más inmediatas del Estado se venían afrontando con nuevas operaciones de crédito en las bolsas extranjeras. En marzo, se decretaba la supresión de todos los conventos y monasterios, es decir, la "exclaustración general'. Hay que decir, no obstante, que para entonces sólo quedaban abiertos una treintena de los 2.000 conventos que había en España, lo que indica hasta qué punto las medidas desamortizadoras no suponían otra cosa en muchos casos que legalizar situaciones de hecho (Fontana, 1977: 266). Mientras tanto, las elecciones dieron un gran triunfo a Mendizábal, que podía contar con el apoyo de 120 de los 149 procuradores que componían la cámara baja (Bahamonde y Martínez, 1994: 205). Fue, sin embargo, una victoria engañosa y efímera, en parte por las divisiones internas de la mayoría progresista y en parte porque las dificultades del momento, tanto militares como financieras, agudizaban las diferencias entre los distintos grupos y personalidades que formaban el partido progresista de Mendizábal. Conviene señalar que esta denominación era muy reciente y que todavía era frecuente el uso del término exaltado, como en el Trienio liberal, para referirse al sector más radical del liberalismo, por contraste con el partido denominado, como entonces, moderado. Si en febrero de 1836 El Eco del Comercio se refería al "partido progresista o exaltado" - algunos lo llamaban también "partido avanzado" o "partido progresivo"-, poco antes de la caída del gobierno Mendizábal en mayo de 1836, el diputado Salustiano de Olózaga - personalidad destacada del progresismo - propuso en una reunión de diputados partidarios de acelerar las reformas, tomar el nombre de partido pro gresista. Con tal nombre se conocería desde entonces a uno de los dos grandes partidos - el otro fue el moderado - que protagonizaron, en el poder o en la oposición, la vida política española hasta el Sexenio revolucionario (18681874).

La caída de Mendizábal en mayo de 1836 fue obra de una amplia coalición de fuerzas muy heterogéneas, que iban desde el moderantismo y algunos círculos cortesanos, adversarios naturales del gobierno, hasta la izquierda del partido progresista, pasando por tránsfugas del progresismo, como Alcalá Galiano e Istúriz, y ciertos intelectuales de gran influencia en la opinión, identificados inicialmente con el gobierno de Mendizábal, como el poeta José Espronceda, el economista Álvaro Flórez Estrada y el periodista Mariano José de Larra. Se atribuye asimismo un cierto protagonismo al embajador de Francia, cuyo gobierno - al contrario que el inglés - sintonizaba mucho mejor con los moderados que con los progresistas. El prestigioso periódico El Español, creado en 1835 por Andrés Borrego, canalizó en gran medida la oposición al gobierno, promoviendo un clima de opinión hostil entre sectores muy influyentes. En él vieron la luz algunos de los artículos de Larra y Flórez Estrada contra la política de Mendizábal, criticada por ellos desde un progresismo radical desencantado con la política del "gran pacificador de la familia española", como le llamaba irónicamente Espronceda en un folleto titulado escuetamente El Ministerio Mendizábal, publicado en abril de 1836 (Fuentes, 1988: 215-226). El balance de Espronceda no puede ser más desolador. Mendizábal había fracasado estrepitosamente en todo aquello que se propuso en septiembre de 1835 como objetivos de su política: no había conseguido restablecer el crédito público, no había derrotado al carlismo y no había reformado el régimen del Estatuto. Todo, según el escritor, había sido una pura improvisación y hasta las pocas reformas emprendidas fracasaron por falta de un plan coherente. Por su parte, el político y economista Flórez Estrada, en su artículo "Del uso que debe hacerse de los bienes nacionales" (El Español, 28 de febrero de 1836), formulaba una crítica de gran calado y trascendencia histórica al decreto desamortizador del 19 de febrero. El problema de fondo, a su juicio, era que la desamortización tal como había sido concebida por Mendizábal sólo favorecería a aquellos sectores pudientes que contaban con los recursos necesarios para comprar bienes nacionales - es decir, propiedades desamortizadas- cuando salieran a subasta. De esta forma, tal vez se podría paliar con el importe de lo recaudado el problema de la deuda, pero no se conseguiría crear una masa de pequeños campesinos que sirviera de base de sustentación al régimen liberal y de motor del desarrollo económico. En efecto, según Flórez Estrada, si en vez de vender las tierras en grandes lotes al mejor postor - necesariamente una persona adinerada - el Estado conservaba la propiedad de las mismas y las cedía en usufructo a los campesinos que las trabajaban, el gobierno conseguiría "mejorar la suerte de la desgraciada clase proletaria" y convertirla en una masa de individuos "tan industriosos y casi tan ricos como si fuesen propietarios". Tal sería la base de la prosperidad futura de la nación y de la victoria del régimen sobre el carlismo, pues los beneficiarios de una política agraria como la propuesta por el autor darían a la causa liberal el apoyo social que tan necesario le era y que hasta entonces le había faltado. La importancia de este artículo radica no sólo en la crítica de fondo que plantea a la política desamortizadora de Mendizábal, sino en la formulación de una alternativa global que iba más allá del problema técnico de la desamortización: un cambio en el régimen de propiedad de la tierra que, en vez de transferir las tierras de la Iglesia a una incipiente burguesía, creara una gran masa de pequeños campesinos interesados -y por tanto comprometidos - en la defensa del liberalismo (Rueda Hernanz, 2004).

Es la misma idea con la que empieza Larra un artículo publicado en El Español el 6 de mayo de 1836: "Toda la dificultad para llevar adelante la regeneración del país consiste en interesar en ella a las masas populares". Lo dice en un artículo-reseña del folleto de Espronceda, ya comentado, El Ministerio Mendizábal, que el periodista madrileño glosa en unos términos tan elogiosos para el autor como críticos con el destinatario del folleto. Fue la principal contribución de Larra a la campaña contra Mendizábal, nueve días antes de su caída. La andanada contra el gobierno, en la que tampoco falta una referencia encomiástica al artículo de Flórez Estrada, concluía con una crítica general al curso seguido desde sus comienzos por "esta mezquina revolución", convertida a fuerza de errores y de torpezas en un "laberinto inextricable". Quien en septiembre de 1835 se había presentado como el hombre providencial que habría de poner fin a tal estado de cosas, había pasado a representar unos meses después el compendio de todos los errores de la revolución liberal, en parte por las grandes esperanzas depositadas en él y en parte porque, como había señalado Larra en un artículo anterior ("Dios nos asiste'), Mendizábal quiso darle a su política un carácter muy personalista, como forma de justificar la inaudita concentración de poder en su persona que se produjo a lo largo de su mandato. Hubo incluso quien tildó entonces de "dictadura' su estilo de gobierno (Pan-Montojo, 2000: 172). De ahí que el descontento por la situación del país en la primavera de 1836 derivara en una campaña ad hominem contra el todopoderoso ministro de Estado y presidente del gobierno.

La caída del gobierno Mendizábal el 15 de mayo de 1836 y su sustitución por uno nuevo presidido por Francisco Javier Istúriz fue, por varias razones, un acontecimiento político de enorme trascendencia. La crisis no se produjo por la pérdida de la mayoría parlamentaria - aunque la cámara alta o Estamento de Próceres desempeñó algún papel - ni, como tantas otras veces, por un golpe de fuerza en forma de pronunciamiento militar o insurrección popular, sino, fundamentalmente, por la pérdida de la confianza de la corona, es decir, de la reina gobernadora, María Cristina, que había negado su apoyo a Mendizábal en la destitución de algunos generales. Esta circunstancia llevó a Mendizábal a presentar su dimisión el 13 de mayo y a la reina a aceptársela dos días después. Bien es cierto que la intervención de la corona en la crisis se vio precedida y justificada por un estado de opinión claramente hostil a la figura del presidente, y no sólo entre los moderados, que constituían la oposición natural al gobierno, sino, como hemos visto, en las filas de un liberalismo progresista que se sentía profundamente defraudado por su gestión desde su nombramiento en septiembre de 1835. La crisis se cerró con la formación de un nuevo gobierno presidido por Francisco Javier Istúriz, al que se ha caracterizado a menudo como un tránsfuga del progresismo mendizabalista. Liberal de larga trayectoria, Istúriz habría abandonado las filas del partido progresista para ocupar una posición política próxima al moderantismo. De esta forma, su nombramiento por la reina gobernadora supondría un vuelco político de los progresistas a los moderados en una situación en que los primeros contaban con amplia mayoría parlamentaria. Hasta un periódico afín al gobierno de Istúriz, La Revista Española, reconoció que se trataba de "un fenómeno poco de acuerdo con las condiciones del gobierno representativo" (Janke: 1974, 219). El resultado de todo ello se pudo comprobar el 22 de mayo en una votación en que el Estamento de Procuradores negó su confianza al gobierno entrante. Frente a los 78 procuradores que votaron en contra, sólo 29 apoyaron a Istúriz (Bahamonde y Martínez, 1994: 207). Que estos últimos se alinearan con el partido moderado resulta indicativo de la tendencia que representaba el nuevo gobierno. La consecuencia de aquella votación parlamentaria no se hizo esperar: a los pocos días, Istúriz conseguía de la corona el decreto de disolución de las Cortes y convocaba elecciones, a las que, por cierto, Mariano José de Larra - ¿otro tránsfuga del progresismo? - se presentó como candidato gubernamental.

2.4. Entre el final del régimen del Estatuto y la Constitución de 1837

Como era de prever, las elecciones a Cortes, celebradas en julio de 1836, dieron un amplio triunfo al gobierno de Istúriz, consagrando así una regla que en la España liberal apenas tiene excepción: que las elecciones las gana siempre el gobierno que las convoca. Que su resultado representara el verdadero estado de opinión del país y que sirviera a Istúriz para consolidar su poder ya era otra cuestión. Tampoco conviene perder de vista, aunque de esto se tratará más adelante, el desafío militar y propagandístico que supuso la puesta en marcha, en el mes de junio, de una expedición carlista, formada inicialmente por 3.000 hombres y comandada por el general Miguel Gómez, que recorrió la Península durante aquel verano sin que el ejército cristino pudiera impedirlo, una circunstancia que ponía en evidencia la debilidad del ejército y del gobierno y que contribuyó a exaltar los ánimos de los liberales en aquel convulso verano.

Por lo pronto, el restringido censo electoral limitaba la representatividad de aquellas Cortes a un estrecho círculo social de clases medias y altas, que dejaba fuera del sistema a la mayor parte de la población, por más que el censo se hubiera ampliado recientemente de 16.000 a 65.000 electores, es decir, del 0,15 por ciento al 0,50 por ciento de la población. El partido progresista, aunque derrotado en las elecciones, contaba con numerosos y firmes partidarios entre los sectores más liberales de las clases medias, las masas populares urbanas, la milicia nacional y el ejército. Si el periódico El Español había sido en los meses anteriores el principal ariete de la lucha contra Mendizábal, El Eco del Comercio, próximo a este último, ejerció una implacable oposición al gobierno de Istúriz. El descontento de los progresistas derivó muy pronto en un estado de agitación que empezaba a resultar ya muy familiar. Fue, ha dicho una historiadora, "una revolución anunciada' (Burdiel, 2004: 77). Hubo revueltas populares en algunas ciudades, actos de insubordinación de la milicia en Málaga - donde se inició el movimiento insurreccional a finales de julio-, Granada, Cádiz y Madrid, y conatos de sublevación de algunas unidades militares, sobre todo en el norte, donde se concentraba la mayor parte del esfuerzo bélico contra el carlismo. Así pues, en el verano de 1836 la situación se parecía mucho a la del verano anterior, bajo el gobierno de Toreno: guerra contra el carlismo en el norte y peligro de revolución progresista en el sur, donde empezaron a nombrarse juntas revolucionarias, en algunos casos con los mismos componentes que el año anterior (Janke, 1974: 219 y ss.). Hay una larga controversia sobre el carácter espontáneo y más o menos anárquico del movimiento o la intervención de los progresistas, y en particular de elementos próximos a Mendizábal, en el origen y en la organización de la revuelta. En todo caso, la novedad del movimiento juntero del verano de 1836 radica en la unanimidad con la que las juntas reclamaron el restablecimiento de la Constitución de Cádiz de 1812, cuyo prestigio en las filas del liberalismo progresista no había hecho más que crecer a medida que aumentaba su rechazo al régimen del Estatuto Real. Aquel estado de agitación perseguía además un objetivo inmediato: forzar a la reina gobernadora a retirar su confianza a Istúriz y devolver el poder a los progresistas, como finalmente ocurrió el 14 de agosto.

Pero para que el cambio de gobierno se consumara tuvo que producirse todavía una presión añadida, que la reina María Cristina ya no pudo resistir. Este episodio - el motín de los sargentos en La Granja - se desencadenó el 12 de agosto en el Real Sitio de La Granja, adonde la familia real había llegado a principios de agosto huyendo del calor madrileño y de las convulsiones políticas que se vivían en la capital. De allí llegaron noticias sobre el desarme de la milicia que irritaron a la guarnición establecida en La Granja, muy descontenta ya por el atraso de tres meses en el cobro de sus sueldos. Una orden prohibiendo a los militares cantar himnos patrióticos - léase revolucionarios - acabó de encrespar los ánimos contra las autoridades. El 12 de agosto, la mayoría de los oficiales marcharon a Madrid para asistir a una velada operística, lo que prácticamente redujo la guarnición a la suboficialidad y la tropa. A las ocho y media de la noche, un numeroso grupo de soldados y suboficiales, a los que se añadió una parte de la guardia real, se sublevó entre gritos de "Viva la Constitución. Viva Mina. Viva la Inglaterra". La Constitución que se vitoreaba era la de 1812, Mina era un general liberal de origen guerrillero de gran prestigio entre los sectores más progresistas y populares del ejército e Inglaterra era el país de referencia del progresismo, de la misma forma que Francia lo era del moderantismo. A media noche, en vista del cariz que tomaban las cosas, la reina María Cristina accedió a recibir en palacio a un grupo de amotinados, que nombraron como representantes a dos sargentos y un soldado. Sobre la entrevista existen testimonios dispares. En todo caso, del diálogo que, durante tres horas, mantuvieron la reina y los representantes de los amotinados parece desprenderse, por un lado, que la reina y su séquito intentaron confundirles sobre los móviles de su comportamiento y sobre sus razones para exigir el restablecimiento de la Constitución de Cádiz, y, por otro, que la reina y los militares sublevados tenían visiones muy distintas sobre el sentido de la lucha contra el carlismo, pues mientras para la reina madre se trataba simplemente de defender los derechos al trono de su hija Isabel II, los amotinados decían batirse "por los derechos de nuestra reina', pero también "por la libertad". La reina gobernadora creyó convencerles con algunas buenas palabras, que consiguieron poner fin a la entrevista, pero cuando los amotinados que esperaban a las afueras del palacio se enteraron de lo sucedido, exigieron una nueva entrevista en la que los comisionados mostraron un talante mucho más imperativo. Que hubiera, además, insultos y amenazas a la reina, como afirman algunas fuentes, resulta difícil de asegurar, pero en todo caso el tono debió de ser muy distinto al de la primera entrevista, porque unas horas después, en la madrugada del 13 de agosto, la reina gobernadora se vio obligada a firmar un decreto ordenando "que se publique la Constitución política del año 1812, ínterin que reunida la nación en Cortes, manifieste expresamente su voluntad, o dé otra Constitución conforme a las necesidades de la misma" (Burdiel, 2004: 80-82). El día siguiente, la reina retiraba su confianza al gobierno de Istúriz y encargaba al progresista José María Calatrava la formación de un nuevo gabinete, al que, poco después, se incorporaría Mendizábal como ministro de Hacienda. El 21 de agosto, el gobierno convocaba elecciones a Cortes según la normativa electoral de la Constitución de Cádiz, mucho más amplia que la del Estatuto Real.

La principal consecuencia del motín de La Granja fue la vuelta al poder, tres meses después, de aquellos que lo habían perdido en la crisis de mayo de 1836. Este hecho ha llevado a algunos historiadores a reducir los sucesos de La Granja a una mera conspiración progresista en la que personajes tan notorios como el periodista Fermín Caballero, director de El Eco del Comercio, y el propio Mendizábal habrían movido los hilos a su conveniencia. Sin perjuicio de que éstas y otras figuras del progresismo intrigaran a favor de un cambio político, la impresión más generalizada es que en todo lo sucedido hubo un alto grado de espontaneidad e improvisación que invalida en gran parte la teoría conspirativa. El restablecimiento de la Constitución de Cádiz tenía asimismo una enorme importancia histórica, aunque conviene distinguir entre el valor simbólico de la Constitución gaditana, que los más progresistas identificaban con una verdadera revolución liberal a la que oponían el denostado régimen del Estatuto, y la funcionalidad política de un texto como aquél, redactado 24 años antes en unas circunstancias completamente distintas. En el fondo, eran muchos los dirigentes del partido que, pese a su apego sentimental a la Constitución de 1812, compartían las palabras de Larra en su artículo "Dios nos asista": "Para el año 1836, la única Constitución posible es la Constitución de 1836". Prueba de ello es que las nuevas Cortes inauguradas en octubre de 1836, naturalmente con mayoría progresista, se apresuraron a redactar una nueva Constitución, que sería promulgada en junio del año siguiente. Los representantes de la nación dejaron de ser procuradores y recuperaron el nombre de diputados que correspondía a la tradición liberal.

El cambio operado tras el motín de La Granja tuvo otras consecuencias políticas. El gobierno progresista presidido por Calatrava se propuso concluir las grandes reformas liberales que, por distintas razones - sobre todo por las urgencias de la guerra y por la falta de continuidad de los gobiernos anteriores-, habían quedado a medias. Junto al permanente problema de la guerra carlista, se suscitó la necesidad de dotar al régimen constitucional de una estabilidad de la que hasta entonces había carecido. Ésta es la razón por la que las Cortes de 1836-1837 y la Constitución promulgada por ellas representaron un esfuerzo sin precedentes por llegar a una fórmula de entendimiento entre el poder progresista y la oposición moderada, partiendo del hecho, hasta enton ces ignorado por unos y otros, de que un sistema constitucional estable tenía que ser aceptado por las principales fuerzas políticas y facilitar una alternancia pacífica en el poder. Pero si el cambio de gobierno del verano de 1836 trajo algunas enseñanzas provechosas, entre sus consecuencias más negativas y duraderas hay que consignar la creciente aversión de la corona al partido progresista, al que María Cristina atribuía la coacción ejercida sobre ella en los sucesos de La Granja y la humillación que le supuso aceptar las condiciones impuestas por los amotinados. El propio Mendizábal, ya en su condición de ministro de Hacienda, reconoció en una carta que "ninguna testa coronada podría perdonar" un episodio como aquél (Janke, 1974: 229).

El restablecimiento de la Constitución de Cádiz sirvió para apaciguar los ánimos y propiciar la desmovilización de las juntas revolucionarias creadas a lo largo del verano. Además de desempeñar esa función balsámica, tuvo la virtud de actuar como una fórmula de transición entre el régimen del Estatuto Real, definitivamente derogado en agosto de 1836, y la Constitución progresista de 1837. A lo largo de esos meses, el gobierno de Calatrava y Mendizábal desarrolló una política muy activa en todos los frentes, en parte inspirada en la legislación de las Cortes de Cádiz - parcialmente restablecida, por ejemplo, en lo tocante a los ayuntamientos y diputaciones o a la disolución de los gremios - y de las Cortes del Trienio - la Ley de imprenta de 1820, la Ley de vinculaciones del mismo año o la ordenanza de la milicia nacional de 1822-. Si la etapa del Estatuto había supuesto, a los ojos de muchos progresistas, una desviación de la revolución española de su curso natural, la política del gobierno Calatrava representaba el intento de culminar las reformas liberales según el modelo inaugurado por las Cortes de Cádiz y continuado durante el Trienio liberal. Y así fue en cuanto a la definitiva liquidación del Antiguo Régimen y de la propiedad señorial, como la supresión de los diezmos y primicias en julio de 1837, aunque estas medidas, completadas por el siguiente gobierno de Bardají, tenían mucho de legalización de situaciones de facto. Diputado en 1810, represaliado por el absolutismo en 1814, ministro exaltado en el Trienio y exiliado en la Década Ominosa, José María Calatrava encarnaba la continuidad histórica del ciclo revolucionario iniciado durante la Guerra de la Independencia. Esa identidad entre la experiencia histórica del liberalismo español y su propia biografía no le convertía, sin embargo, en un nostálgico doceañista, que es como se ha dado en llamar a los liberales de primera hora que hicieron su aprendizaje político en las Cortes de Cádiz. La política de su gobierno está lejos de ser, efectivamente, un simple retorno a un modelo revolucionario que muchos consideraban superado por las circunstancias.

La gestión de Mendizábal en su segunda etapa como ministro de Hacienda - recuérdese que ya había desempeñado el cargo bajo el gobierno presi dido por él en 1835-1836 - se saldó con un rotundo fracaso en cuanto a la tantas veces aplazada reforma fiscal, que no se abordó en serio hasta 1845. Las urgencias del momento obligaban a la búsqueda desesperada de "recursos extraordinarios" para hacer frente a las necesidades de la guerra y de la deuda. De ahí que los esfuerzos del Ministerio, como en otras ocasiones, se concentraran en operaciones financieras especulativas, en las que como hombre de negocios Mendizábal era un consumado experto, y en la venta de los bienes desamortizados. Puesto que él mismo se refirió en alguna ocasión al "poder asombroso y mágico del crédito", no es de extrañar que los más críticos con el ministro ironizaran sobre la importancia que concedía a la pura especulación bursátil como instrumento de su política. Por lo pronto, como solución inmediata, el 30 de agosto de 1836 el Ministerio decretaba "un adelanto de 200 millones de reales de vellón" cuya distribución por provincias fue muy protestada y para cuya devolución se contaba con los ingresos por las contribuciones públicas y con los derivados de la venta de conventos y monasterios desamortizados. Todo ello supuso recaudar, hasta agosto de 1837, tan sólo 64,7 millones de los 200 previstos. En cuanto a la política tributaria, prevaleció el continuismo, incluso respecto a la política de López Ballesteros en la Década Ominosa, sin verdadera voluntad política de crear un marco legal estable a la altura de los tiempos. Menos fundamento tienen las críticas a la desamortización de Mendizábal, sobre todo la que sostiene que los bienes nacionales fueron vendidos por debajo de su precio. Los 4.000 millones de deuda y los 500 millones en metálico recaudados por el Estado durante todo el proceso desamortizador resultan cantidades considerables a tenor del valor catastral, estimado en 2.500 millones, atribuido a las fincas rústicas y urbanas del clero convertidas en bienes nacionales (Fontana, 1977: 220-225 y 272).

La Constitución de 1837, vigente hasta 1845, fue la principal obra de las Cortes progresistas elegidas tras el motín de La Granja. Su carácter transaccional - hoy diríamos de consenso - salta a la vista en la mezcla de elementos progresistas y moderados que contiene su articulado. Entre los primeros destacan el principio de la soberanía nacional, la libertad de imprenta sin censura previa, la institución del jurado y la milicia nacional. Como concesiones al moderantismo se pueden considerar el bicameralismo de las Cortes, compuestas de Congreso y Senado, y el reforzamiento de los poderes o prerrogativas de la corona en detrimento del parlamento, por ejemplo, la capacidad de interponer un veto definitivo sobre una ley, y no temporal como la Constitución de 1812. Algunas cuestiones esenciales, como el sistema electoral o el funcionamiento de los ayuntamientos y del poder judicial, quedaban fuera de su articulado, lo que daba mayores posibilidades para una aplicación flexible de la Constitución, en función de las circunstancias y de la correlación de fuerzas en cada momento. Miembros muy cualificados del partido moderado reconocieron el carácter ecléctico y conciliador de la nueva Carta Magna: "Transacción entre todos los partidos", la llamó Pastor Díaz; "áncora de esperanza para salvar la nave del Estado", en palabras de Martínez de la Rosa; de "transacción legítima entre la Constitución de 1812 y el Estatuto Real", la calificó Posada Herrera (Varela Suanzes-Carpegna, 1983a). La relativamente corta vida de la Constitución de 1837 debe atribuirse más a las convulsiones del país que al propio texto constitucional, aunque tanto por el lado moderado como por el progresista no faltó quien considerara su carácter transaccional más como un defecto - o una traición, para los progresistas más radicales - que como una virtud. "La Constitución de 1837 - dirá muchos años después un diputado demócrata - fue hecha a gusto de los moderados" (Varela Suanzes-Carpegna, 1983a: 106; véase también Apéndice, documento 16).

La nueva Constitución propició, pues, un relativo acercamiento entre los sectores más templados de los dos grandes partidos e hizo posible un breve período de alternancia pacífica en el gobierno (1837-1840) sin necesidad de una ruptura del marco constitucional. Incluso periódicos tradicionalmente enfrentados en el campo liberal como El Eco del Comercio (progresista) y El Español (moderado-centrista) coincidieron en su apoyo a la Constitución de 1837 (véase Apéndice, documento 13). No fue suficiente para acabar con la inestabilidad política del país, pero, cuando menos, tras la aprobación de la Constitución por las Cortes se produjo un relevo en el gobierno que permitió el regreso de los moderados sin mediar un golpe de Estado o una conjura palatina. En septiembre de 1837, las primeras elecciones celebradas tras su promulgación dieron el triunfo a los moderados. Para esta ocasión se aplicó ya la nueva ley electoral aprobada en el mes de julio, que, aunque obra de los progresistas, consagró un modelo censitario: el derecho a voto se reservaba en la práctica a las clases propietarias y a las llamadas capacidades, es decir, a las clases medias profesionales. El censo electoral se abría un poco más respecto a la última reforma, pero la realidad era que los progresistas habían renunciado al sufragio universal indirecto como eje del sistema electoral para aplicar los principios del liberalismo doctrinario que tradicionalmente había inspirado el discurso de sus adversarios, los moderados. Era una prueba más de hasta qué punto unos y otros habían acercado sus posiciones en las grandes cuestiones políticas. Cosa distinta es que esa proximidad doctrinal fuera suficiente para fijar -y respetar- unas mínimas reglas del juego político.

La flexibilidad del código constitucional permitió a los moderados sentirse relativamente cómodos como gestores de una constitución redactada por los progresistas, pero que concedía un amplio margen de maniobra al gobierno de turno. Ahora bien, la situación política inaugurada en 1837, basada en un frágil consenso entre los dos grandes partidos, no acabó ni mucho menos con la inestabilidad crónica de la vida pública española. Una vez más, conviene recordar el problema permanente que representaba la guerra carlista, continuo semillero de discordias y conflictos en el bando isabelino y cuya marcha a lo largo de 1837 fue especialmente adversa para el gobierno, con una expedición militar carlista, dirigida por el pretendiente en persona, que llegó hasta las puertas de Madrid en el verano de aquel año. Por otro lado, el esfuerzo de los progresistas por escorarse hacia el centro político habría de costarles la desafección de los sectores más radicales del partido, que evolucionaron hacia ideologías y posiciones políticas hasta entonces inéditas en España, desde la reivindicación de la democracia - un término que solía tener un sentido peyorativo en el lenguaje del primer liberalismo- hasta la formulación de una alternativa republicana a la Monarquía constitucional o el descubrimiento del socialismo utópico como solución a los males de la sociedad liberal. Y, en fin, la combinación de factores como la guerra civil -y el inevitable protagonismo de los militares-, la inestabilidad política y el desprestigio de los partidos iba a propiciar una revalorización pública de aquellos pocos generales que parecían capaces de proporcionar con sus victorias alguna alegría a la opinión pública liberal. El general Baldomero Espartero (1793-1879), héroe de la guerra civil y libertador de Bilbao en 1836 - lo que le valió el título de conde de Luchana-, encarna mejor que nadie la promoción de los generales a puestos políticos de la mayor relevancia. Su nombramiento como presidente del gobierno en agosto de 1837 - no llegó a tomar posesión - fue, de momento, una simple anécdota en los vaivenes políticos de aquella época. Pero el desgaste de la clase política, la necesidad que la opinión liberal tenía de figuras carismáticas que sirvieran de contrapeso al poder de la corona y, por último, el desenlace de la guerra carlista en 1840 crearon las condiciones que Espartero, principal protagonista del final de la guerra, venía buscando para hacerse con el poder.

2.5. La primera guerra carlista

Como se recordará, el levantamiento carlista de finales de 1833 no dio lugar a una guerra abierta hasta bien entrado el año 1834. Para la conversión del carlismo en una verdadera amenaza militar fue precisa la transformación de las viejas partidas realistas en un ejército organizado, sometido a una disciplina y a una jerarquía militar. El artífice de todo ello fue Tomás Zumalacárregui, un militar profesional cuya capacidad organizativa y dotes de mando llevaron a don Carlos a nombrarle "mariscal de campo de mis ejércitos", según consta en una carta del pretendiente fechada en marzo de 1834 (Canal, 2000: 70). La muerte de Zumalacárregui en acto de combate truncó muy pronto su carrera como caudillo de la causa, aunque agrandó su fama hasta convertirlo desde entonces en uno de los grandes mitos del carlismo - e incluso del futuro nacionalismo vasco-. En junio de 1835, casi todo el País Vasco y Navarra estaban en poder de la facción, incapaz, sin embargo, de imponerse en las principales ciudades. Esa dualidad entre el mundo urbano (liberal) y el mundo rural (carlista) sería desde entonces una constante, durante largo tiempo, en la historia social y política de aquellos territorios. La ocasión parecía propicia a una acción sobre Bilbao que permitiera al pretendiente obtener un resonante triunfo militar y propagandístico. Fue la primera vez que el ejército carlista pretendió tomar la capital vizcaína y, como ocurrió en las tentativas posteriores, el asedio del verano de 1835 concluyó en fracaso. El cerco a Bilbao tuvo otras consecuencias para el carlismo: el 15 de junio, Zumalacárregui fue gravemente herido en combate. Con su muerte, nueve días después, el ejército de don Carlos perdía a su principal general.

El carlismo se había hecho fuerte en el norte y en algunas otras zonas, como Cataluña y el Maestrazgo, en las que el ultrarrealismo había mostrado ya una notable implantación durante los años veinte (Rújula, 1998). En el Maestrazgo labró su fama el otro gran caudillo carlista de la época, el ex seminarista Miguel Cabrera. Pero el transcurso del conflicto demostró que ni el ejército cristino o liberal podía derrotar al enemigo en su terreno, ni los carlistas parecían capaces de ampliar su área de influencia más allá de las provincias del norte y de algunos feudos irreductibles, pero aislados. A lo largo de 1835, el carlismo vio cómo se esfumaban sus posibilidades de hacerse con el control total de la situación en el norte. El 1 de julio - 15 días después de la muerte de Zumalacárregui - las tropas liberales conseguían levantar el cerco a Bilbao. El 16 de julio, el general Fernández de Córdova - una de las figuras emblemáticas del ejército cristino - derrotaba a los carlistas en la batalla de Mendigorría (Navarra). Fue la mayor batalla de la guerra. Aunque la victoria liberal fue completa, una retirada a tiempo permitió a don Carlos salvar el grueso de su ejército y evitar la debacle. En los dos años siguientes, la guerra en el norte quedó estabilizada.

Las expediciones militares promovidas por el carlismo entre 1835 y 1837 pretendieron romper la situación de bloqueo y provocar el desmoronamiento de la retaguardia enemiga. Las tres más importantes fueron la de Guergué a Cataluña en 1835, la de Gómez que recorrió casi toda la península en 1836 y la que encabezó el propio pretendiente - la Expedición Real - en 1837. La expedición del brigadier Juan Antonio Guergué, compuesta de 2.700 hombres, partió de Navarra en agosto de 1835 y tuvo por objeto galvanizar y unificar la causa carlista en Cataluña, donde tenía numerosos partidarios, aun que con cierta tendencia a la dispersión. Entre las peculiaridades del carlismo en esta región hay que señalar sus concomitancias con el bandolerismo. Algunos éxitos iniciales de la expedición, favorecidos por la popularidad que dio al carlismo la oleada de violencia anticlerical que se vivió en Cataluña durante aquellos meses, no impidieron su fracaso final, consumado con el regreso de Guergué a Navarra. Algo parecido puede decirse de la expedición dirigida por Miguel Gómez, al frente de unos tres mil hombres, iniciada en Vizcaya en junio de 1836. Su primer objetivo fue Galicia, pero su fracaso en el intento de tomar alguna ciudad relevante llevó a los expedicionarios a atravesar la meseta y encaminarse hacia Andalucía. La aventura terminó en diciembre de 1836 sin que la columna carlista consiguiera otra cosa que algunos éxitos episódicos, como su entrada en Córdoba, aunque las tropas liberales que encontró a su paso o que fueron en su persecución tampoco pudieron causarle grandes bajas. La última y más importante de estas expediciones tuvo lugar al año siguiente y contó con la participación en persona del pretendiente don Carlos, que salió de Navarra en mayo de 1837 al frente de 12.000 hombres, mientras otros 15.000 permanecían en el País Vasco y Navarra asegurando el control carlista sobre estas provincias. La motivación era distinta que en los casos anteriores, pero el desenlace fue el mismo: tras recorrer impunemente el noreste de la Península y haberse asomado a las puertas de la capital, la expedición se retiró a sus bases de partida en el norte sin excesivas pérdidas, pero sin haber provocado cambio alguno en el desarrollo del conflicto. En cuanto a su dimensión política, parece que la presencia de don Carlos y sus tropas en las proximidades de Madrid estuvo motivada por algún tipo de acuerdo secreto con su cuñada, la reina María Cristina, temerosa del rumbo de los acontecimientos políticos en la España liberal y dispuesta, según parece, a llegar a un arreglo con el pretendiente (Canal, 2000: 97).

El trasfondo político de la Expedición Real, aunque poco conocido, apunta a una mediación internacional, y en concreto de la corte napolitana, entre María Cristina y don Carlos. Algunos gobiernos europeos tuvieron, efectivamente, una participación destacada en el conflicto como aliados de uno u otro bando. En abril de 1834, Gran Bretaña, Francia y Portugal habían firmado con el gobierno de Martínez de la Rosa la Cuádruple Alianza, por la que los dos primeros países se comprometían a colaborar en la lucha que Portugal y España mantenían contra el legitimismo ultra representado por el miguelismo y el carlismo, respectivamente. Los "artículos adicionales", firmados en agosto por la Cuádruple Alianza, intensificaron el apoyo al trono de Isabel II y dieron paso al envío de ayuda material y financiera y de tropas voluntarias. Durante los dos años (1835-1837) que duró su presencia en España, los 10.000 hombres de la legión auxiliar británica contribuyeron a mantener a raya al carlismo en las provincias vascas. Francia, con el envío de tropas de la Legión extranjera, y Portugal, que puso a disposición del gobierno español una pequeña unidad de su ejército regular, tuvieron una participación más modesta en la lucha contra el carlismo. Este último, por su parte, se benefició de la simpatía con la que contaba entre los sectores más activos del legitimismo y de la contrarrevolución europea, que vio en España un campo privilegiado en la lucha que se libraba en el continente contra el liberalismo. En general, los gobiernos de Prusia, Rusia, Austria, Nápoles y Cerdeña - es decir, los más conservadores de Europa - se mostraban más próximos a lo que el carlismo representaba. Pero su apoyo no pasó del suministro esporádico de armas y material y de la incorporación a sus filas de algunos voluntarios europeos, entre los que había desde miembros destacados de la nobleza legitimista, movidos por el puro idealismo, hasta desertores y aventureros.

Junto al desarrollo de las operaciones militares y a la vertiente internacional del conflicto, en la guerra carlista, como en toda guerra civil, tuvo un papel fundamental la violencia desatada en la retaguardia contra los simpatizantes de la causa enemiga. Las matanzas de frailes y las quemas de iglesias y conventos en la España liberal se inscriben en esa espiral de venganzas y represalias que desencadenó el conflicto y a la que el carlismo no fue en modo alguno ajeno. Ejemplo de todo ello fue el fusilamiento en Tortosa (Tarragona) de la madre del caudillo carlista Ramón Cabrera, quien previamente había ordenado el fusilamiento de dos alcaldes de la zona por haber colaborado con los liberales. El capitán general de Cataluña, Espoz y Mina, aprobó que se adoptara "un justo sistema de represalias" para poner coto a los métodos sanguinarios que solía emplear "El Tigre del Maestrazgo", como era conocido Cabrera. En aplicación de tales instrucciones, el 16 de febrero de 1836 fue fusilada la madre del caudillo carlista. Éste a su vez respondió con el fusilamiento de cuatro mujeres liberales y la amenaza de llegar a fusilar a 30 como forma de compensar la muerte de su madre. No es de extrañar la fascinación morbosa que sentían los viajeros y escritores extranjeros, ingleses y franceses principalmente, que acudían a España durante aquellos años atraídos por el reclamo que, en plena era romántica, suponía un país desgarrado por una cruenta guerra civil. "¡Oh, país de contrastes y contradicciones!", exclama un escritor francés de viaje por España en 1837, "¡Pueblo elegante y feroz que hace compatibles el baile y la guerra civil, y para quien la muerte y la danza tienen el mismo encanto!" (Aymes, 1986: 136). En un momento en que la cultura -y la moda - romántica buscaba autenticidad y emociones fuertes en los más lejanos escenarios históricos y geográficos - Oriente, África, la Edad Media-, un país como España, que acababa de abolir la Inquisición y vivía al mismo tiempo una guerra civil y una revolución, ofrecía todo aquello que el romanticismo podía desear. Aunque la Carmen de Mérimé, novela publi cada en 1845, no fijó hasta la década siguiente el mito de la España romántica, los grandes estereotipos que dieron lugar al tópico quedaron ya claramente definidos durante ese espectáculo de violencia fratricida que fue la primera guerra carlista.

Tales fueron las principales aportaciones del conflicto a la historia de las mentalidades: de cara al exterior, consagró la leyenda de España como país diferente en relación con el canon de civilización que representaba la Europa desarrollada, tal vez porque, como dijo por entonces Chateaubriand, África empezaba en los Pirineos; de puertas para dentro, la guerra carlista puso los cimientos del mito cainita del pueblo español - aunque el mito cuenta ya con antecedentes que son visibles, por ejemplo, en algunos grabados de Goya-, un pueblo incapaz de vivir en paz consigo mismo y propenso, según esta interpretación esencialista de nuestra historia contemporánea, a dirimir sus diferencias en sucesivas guerras civiles. Bien es cierto que la propia guerra carlista acabó forjando el gran mito alternativo al "guerracivilismo" español, como fue el Abrazo de Vergara, entendido como un acto de reconciliación que pone fin a un conflicto de larga duración. Para que ello sucediera, la guerra tenía que evolucionar, como así fue, hacia la supremacía de las armas liberales frente a la paulatina descomposición del bando carlista, socavado por el agotamiento de sus recursos, la desmoralización de sus cuadros y bases y el enfrentamiento entre algunos de sus dirigentes. El relativo fracaso de la Expedición Real de 1837 tuvo, efectivamente, consecuencias políticas, visibles en la remodelación en octubre de aquel año del gobierno de don Carlos y del alto mando de su ejército. Si la situación interna del carlismo estuvo marcada por la promoción de los elementos más radicales e intransigentes, en el orden militar se registró un progresivo desequilibrio entre los éxitos del ejército que batallaba en Cataluña y en el Maestrazgo y el estancamiento de la causa carlista en el frente norte. El duro general Cabrera, comandante general de Valencia, Aragón y Murcia, era sin lugar a dudas la estrella ascendente en el generalato carlista, mientras en las provincias vascas y Navarra cundía el desánimo y se abría paso la posibilidad de una negociación con el enemigo. Hay que decir que la opción negociadora tenía también sus valedores en las filas liberales, aunque la propuesta del conde de Toreno, formulada en enero de 1838 en un sonado discurso en las Cortes, de llegar a una "transacción" entre los dos bandos - "si con transacción y olvido se concluyese la guerra civil, conclúyase" - provocó, en palabras de un historiador del siglo XIX, "un escándalo en la nación entera" (Varela SuanzesCarpegna, 2005: 208-209; Toreno, 2003: 292).

A principios de 1839 eran patentes las tensiones en el campo carlista entre los partidarios de la negociación - los llamados transaccionistas-, encabezados por el general Rafael Maroto, jefe del Estado Mayor de don Carlos, y los representantes de la línea dura, contrarios a cualquier acuerdo - también conocidos como apostólicos, nombre que recibían ya los primeros carlistas en la Década Ominosa-. En febrero, se produjo el fusilamiento en Estella (Navarra) de varios oficiales del ejército acusados de urdir un complot contra Maroto. Don Carlos amagó con destituir al general, pero no tardó en dar marcha atrás, lo que supuso un reforzamiento de la autoridad de Maroto, embarcado claramente en la búsqueda de una paz negociada y en una política de firmeza contra todos aquellos que se le opusieran, como se pudo apreciar con los fusilamientos de Estella. Tras unos primeros tanteos en febrero y marzo, la fase decisiva de las negociaciones empezó en el mes de julio. Como en otras ocasiones, las exigencias de Maroto, que negociaba a espaldas del pretendiente, resultaban excesivas para lo que sus oponentes estaban dispuestos a aceptar y lo que las circunstancias aconsejaban. El tiempo corría en su contra, tanto por el deterioro de la situación militar y política del carlismo, como por la actitud internacional, cada vez más favorable a un acuerdo que pusiera fin a la guerra a toda costa. El 25 de agosto, Maroto hacía pública una propuesta que rebajaba sensiblemente sus exigencias anteriores y auguraba la proximidad de un acuerdo. Dos días después, don Carlos, radicalmente opuesto a la negociación, destituía a Maroto, quien, no obstante, contaba con el respaldo del ejército carlista en Vizcaya y Guipúzcoa y un amplio margen de maniobra, por tanto, para proseguir las negociaciones. El 29 se llegaba por fin a un acuerdo de paz y el 31 de agosto de 1839 se sellaba mediante la firma del convenio y la escenificación del célebre Abrazo de Vergara entre los generales Maroto y Espartero, jefe de las fuerzas liberales en el norte. Los puntos fundamentales del acuerdo eran el compromiso de Espartero de "proponer a las Cortes la concesión o modificación de los fueros" y la integración en el ejército cristino de los oficiales carlistas que aceptaran el convenio (Canal, 2000: 107-108). Esta última era la parte esencial del trato, puesto que la "concesión o modificación" de los fueros vascongados y navarros no pasaba de ser una vaga promesa supeditada a la buena voluntad de Espartero y a la disponibilidad de las Cortes a aceptarla. Por otro lado, la reivindicación de los fueros era un elemento tardío y más bien genérico en el programa del carlismo, lo que daba un valor relativamente secundario a esta parte del convenio.

El 14 de septiembre de 1839, don Carlos cruzó la frontera con Francia. Lo mismo hizo aquel sector del ejército que rechazó el acuerdo y que se dispuso a regresar a España por la frontera catalana para engrosar las fuerzas carlistas que en Cataluña, Levante y el Maestrazgo se mantenían en pie de guerra. Como era previsible, Cabrera dejó bien clara su voluntad de proseguir la lucha, lo mismo que el general conde de España, que presidía en Berga (Barcelona) una fantasmagórica junta carlista. El asesinato del conde de España el 2 de noviembre en oscuras circunstancias, tras ser destituido por don Carlos, es un síntoma más de la descomposición interna de la facción y de la irreversible marcha hacia el final de la guerra por la rendición de los seguidores del "traidor Maroto" - así lo llamaban sus enemigos - y la impotencia de los más intransigentes. Mientras tanto, Espartero, al frente de un ejército de 40.000 hombres, se aprestaba a dar la batalla definitiva a lo que quedaba del carlismo. La misteriosa enfermedad que aquejó a Cabrera desde finales de 1839 limitó considerablemente su capacidad de resistencia y facilitó su derrota. La caída de Morella (Castellón) el 30 de mayo de 1840 en poder de los liberales puso fin virtualmente a la guerra. El 6 de julio, Cabrera y los restos de su ejército cruzaban la frontera francesa por Cataluña. Los 15.000 hombres que de esta forma engrosaron el exilio carlista en Francia - en total, unos veintiséis mil refugiados en octubre de 1840 - son una muestra no desdeñable de la fuerza del carlismo incluso en el momento de su derrota. Pueden verse también como semilla de un futuro resurgir de este movimiento contrarrevolucionario, vencido en 1840, pero al que los problemas de consolidación del régimen liberal, la impopularidad de las instituciones políticas y económicas del liberalismo entre ciertos sectores y la pervivencia de un sentimiento contrarrevolucionario muy arraigado entre las viejas élites eclesiásticas y, en menor medida, nobiliarias darían nuevas oportunidades históricas.

2.6. Cambios sociales y económicos y nuevas ideologías en presencia

Aunque la Regencia de María Cristina estuviera marcada por la guerra civil y por las convulsiones propias del tránsito al liberalismo, el estado de agitación en que vivía el país no impidió que aquella década fuera escenario de transformaciones sociales y económicas de enorme importancia. Algunas de ellas estuvieron inducidas por las medidas, ya comentadas, que fueron adoptando los gobiernos de la época: desamortización, abolición del régimen señorial, disolución de los gremios, cierre de conventos y monasterios, venta de los bienes nacionales... Más allá de los objetivos inmediatos de algunas de estas decisiones - socavar la base social y económica del carlismo y obtener recursos para la Hacienda pública-, todas ellas apuntaban hacia un nuevo horizonte histórico: la disolución del Antiguo Régimen y el desarrollo de una economía de libre mercado, que, entre otras cosas, permitiera la compraventa de tierras, principal fuente de riqueza - todavía - de la economía nacional. En paralelo a la introducción del capitalismo en la agricultura española, se produjo la transformación del sector manufacturero con arre glo al mismo criterio: desarrollo del mercado nacional, mediante la supresión de multitud de tributos y derechos que gravaban la circulación de mercancías por el interior del país, y liberalización del mercado laboral eliminando el rígido ordenancismo de los gremios. Otros cambios en la realidad económica se producían al margen de las reformas legales del Estado y en cierta forma anticipaban estas últimas. Eran como los indicadores de un dinamismo social y económico hasta cierto punto soterrado, que se encontraría en los años treinta con un contexto histórico no siempre favorable. Si la liberalización general en la vida del país facilitaba el cambio económico, las circunstancias de la guerra podían retardarlo, sobre todo en los territorios más afectados por el conflicto, como Cataluña y las provincias vasconavarras.

Como verdadero hito en la historia económica española se puede considerar la introducción de la máquina de vapor, aplicada en 1832 a la manufactura textil en la fábrica "El Vapor" de Barcelona, propiedad de los hermanos Bonaplata. Tal sería la fecha de arranque de la revolución industrial en España, que, durante décadas, tuvo como principal y casi único escenario Cataluña y como sector primordial la industria textil. El incendio en 1835 de la fábrica "El Vapor" por grupos radicales demuestra que la Iglesia no era el único objetivo de la violencia popular y que el coste social, en términos de mano de obra desempleada, que se atribuía a la mecanización de la industria, provocaba la misma reacción que en otros países. El ludismo, es decir, la destrucción de máquinas e instalaciones industriales, se convirtió, también en Cataluña, en una manifestación recurrente del malestar social provocado por la industrialización. Pero ni la resistencia al cambio tecnológico ni la inestabilidad social y política del país evitaron que en las décadas siguientes la industria catalana fuera consolidando un determinado modelo de empresa y de negocio. En 20 años, la industria algodonera catalana había pasado de producir 3.000 toneladas de tejido en el quinquenio 1831-1835 a 25.000 en 1851-1855 y de cubrir el 20 por ciento al 75 por ciento de la demanda nacional. Estas cifras indican un éxito notable en la conquista del mercado interior - en realidad, el único a su alcance-, más o menos protegido de la temible competencia de los géneros extranjeros según la intensidad de la política proteccionista de los gobiernos. Que la moderna industria textil estaba ligada a la nueva energía del vapor salta a la vista en estos datos: el uso de esta última se incrementó desde 115 caballos en 1835 hasta 9.960 en 1861 (Tortella, 1995: 68; Bahamonde y Martínez, 1994: 397).

Menos continuidad a largo plazo tuvo la otra protagonista de la primera revolución industrial española: la siderurgia malagueña. En la década de los veinte había tenido lugar en Artunduaga (Vizcaya) el primer intento de producir hierro comercial mediante el sistema indirecto de alto horno con carbón vegetal. Sin embargo, las trabas del sistema aduanero vasco y, en la década siguiente, las circunstancias de la guerra carlista frustraron, de momento, el desarrollo de una moderna siderurgia en Vizcaya. Mientras tanto, Málaga había sido escenario de la actividad de un empresario local, Manuel Agustín Heredia, que ya en los años veinte puso en marcha dos fábricas siderúrgicas, "La Concepción" y "La Constanza", situadas en las proximidades de la capital y abastecidas con carbón asturiano e inglés. El problema de los costes de la energía tendría mucho que ver con el fracaso final de esta experiencia, pero de momento, durante los años treinta, las empresas de Heredia pudieron beneficiarse del hundimiento de la siderurgia vizcaína como consecuencia de la guerra carlista y de la relativa tranquilidad que Málaga disfrutó durante el conflicto. Entre 1833 y 1840, la siderurgia malagueña desplazó a la vizcaína en el suministro de hierros comunes al mercado nacional y al final de la década, Heredia se había convertido en el primer ferretero español, cuyo ejemplo siguieron otros empresarios de la zona. En 1844, la producción malagueña aportaba el 72 por ciento de toda la fundición española (Nadal, 1975: 167-168). Su apabullante hegemonía se mantuvo hasta los años sesenta, en los que es posible dar por terminada esta brillante, pero efímera, experiencia puntera de la revolución industrial en España.

Aún se puede hablar en la década de los treinta de otro foco importante en el cambio económico que estaba viviendo el país. Se trata del desarrollo de la minería asturiana, que tanto protagonismo tendría en el largo ciclo de la historia industrial española. En 1833, la Real Compañía Asturiana de Minas obtuvo del Estado la exención por 25 años de las obligaciones impuestas por la Ley de minas de 1825. El mismo privilegio - se puede llamar así- se concedió en 1836 a la Sociedad de Minas de Carbón de Siero y Langreo. Estas dos compañías se convirtieron de esta forma en las primeras empresas carboneras de la historia de España, un negocio enfocado desde el principio hacia la actividad integrada de la minería y la siderurgia: "La idea", ha escrito Jordi Nadal, "era fundir por métodos ingleses, mediante la hulla asturiana, el mineral vizcaíno" (Nadal, 1975: 129). Al contrario que en el caso malagueño, los primeros resultados fueron desalentadores, pero, a largo plazo, este modelo industrial se vio acompañado por el éxito, aunque la alianza entre el carbón asturiano y el hierro vizcaíno nunca fue tan sólida como podría parecer a simple vista, en parte por la competencia, en términos de precio, del carbón británico. En todo caso, éste es un problema que habría de suscitarse lejos del marco temporal en el que nos encontramos. Mucha más relación con él tienen algunos de los negocios que se desarrollaron en torno a la minería y a la incipiente siderurgia del norte. En ese ámbito emerge a finales de los años treinta la figura del banquero Alejandro Aguado, que había tenido ya un destacado papel como intermediario en las operaciones financieras en la Bolsa de París realizadas por la Monarquía española en la Déca da Ominosa. En 1838, Aguado obtuvo del gobierno español la concesión para explotar los recursos hulleros de la cuenca central asturiana. Tal fue el origen de la extensa red de actividades industriales y financieras que se fue tejiendo en los años siguientes en torno a Aguado y sus empresas, subrogadas tras su muerte en 1841 por Fernando Muñoz, marido de la reina María Cristina y duque de Riánsares desde 1844. Puede decirse, pues, que bajo la regencia de María Cristina, en plena vorágine de la guerra civil y de la revolución liberal, se estaba fraguando uno de los mayores lobbies político-financieros de la España del siglo XIX, en el que habrían de participar desde algunos miembros de la familia real española hasta la banca Rothschild y sus representantes en España (De Otazu, 1987). En resumen, la minería y la moderna siderurgia registraron un primer despegue en la década de los treinta, con el ferrocarril como un atractivo horizonte empresarial a medio plazo. Prueba de ello es que ya durante aquellos años se solicitaron tres licencias para construir y explotar ferrocarriles en Andalucía y Cataluña, aunque de momento la única línea que llegó a construirse fue la que, desde 1837, unía en Cuba los treinta kilómetros que separaban La Habana y Bejucal. La España peninsular tuvo que esperar hasta 1848 para asistir a la inauguración de las primeras líneas férreas. Aunque la "edad de oro" de los grandes negocios vinculados a las concesiones del Estado en sectores estratégicos de la economía - minería, ferrocarriles, banca... - no llegaría hasta mediados de siglo, a finales de los años treinta la reina María Cristina y su marido ya estaban dando que hablar sobre su "pronunciada inclinación hacia la economía", como decía el encargado de negocios francés en Madrid de la propia regente, a la que, según la misma fuente, se le atribuían "grandes riquezas situadas en bancas extranjeras" y se la acusaba de "haberse beneficiado de su ventaja particular para ciertos negocios financieros". Algunos de ellos, como un reciente contrato sobre las minas de mercurio de Almadén, no eran ajenos a la estrecha relación que empezaba a existir entre el entorno de la regente y la banca Rothschild (Burdiel, 2004: 89-90).

Dejando aparte el turbio mundo de los negocios, origen de una corrupción político-financiera al más alto nivel que no había hecho más que empezar, los cambios económicos producidos bajo la regencia de María Cristina aceleraron la descomposición de la sociedad estamental y la transición hacia una sociedad de clases articulada en torno a la yuxtaposición entre las clases propietarias y las clases trabajadoras. Esta nueva realidad, apenas perceptible en la mayor parte del país, sobre todo en la España rural, empezaba a ser patente en algunas regiones y ciudades de la periferia. De ahí, la aparición de un nuevo vocabulario social que respondía precisamente a esas nuevas realidades sociales y económicas en formación. Surgen o se generalizan expresiones como clases jornaleras, clase proletaria - "todo su patrimonio es la mise ria", dirá el periódico El Vapor de Barcelona en 1836-, clase trabajadora - utilizada ya por Blanco-White en 1814, pero de la que no hay más noticias hasta los años treinta - e incluso clase obrera - en singular o plural, como todas estas locuciones-, que parece la más tardía y la que mejor representa esta transición léxica hacia la modernidad social - "coadyuvar los esfuerzos de la clase obrera para mejorar su suerte", propone el Semanario Pintoresco en 1837-. Algo posterior parece ser el término proletariado, que encontramos en un artículo publicado por el socialista utópico Joaquín Abreu en 1841 (Fernández Sebastián y Fuentes [dirs.], 2002: 167). En la prensa de finales de los años treinta, sobre todo la más avanzada política y socialmente, empezará a ser habitual asimismo la expresión clases productoras, un concepto que englobaría a todos los sectores productivos de la sociedad - artesanado, campesinado, clases trabajadoras y clases medias dedicadas al comercio y la industria - y del que, por tanto, quedarían excluidos aquellos sectores que, según esta visión de las cosas, vivían del trabajo ajeno, entre los cuales figuran siempre la aristocracia y el clero, y en ocasiones los funcionarios y los militares. En todo caso, junto a los grupos sociales que podemos identificar con las nuevas formas de producción y de trabajo - clase obrera, proletariado, etc.-, el concepto de pueblo seguirá ocupando un lugar central en el discurso social y, sobre todo, político español del siglo XIX, principalmente hasta 1868, y en torno a él se irán articulando los distintos discursos políticos de la época, en especial aquellos que, en el campo liberal más avanzado, hacen de la soberanía nacional el eje de su actuación. La principal ausencia en el vocabulario social de la época es el término burguesía, que no empezará a utilizarse hasta finales de los años sesenta, lo cual resulta sintomático de la tardanza con que se produce en España la consolidación del capitalismo como modelo económico dominante y de la estructura de clases que le es propia. Durante mucho tiempo, la voz clase media servirá para llenar ese vacío y representar, junto a las profesiones liberales, el funcionariado y otros sectores mesocráticos, lo más parecido a una incipiente burguesía industrial y comercial. "Apenas tenemos una clase media numerosa', se lamentaba Larra en 1834; "si hay en España clase media, industrial, fabril y comercial, no se busque en Madrid, sino en Barcelona, en Cádiz; aquí [en Madrid] no hay más que clase alta y clase baja".

Si el cambio en el régimen de propiedad y la incipiente industrialización trajeron nuevas realidades sociales, aunque muy localizadas en la periferia, como afirma Larra en la cita anterior, de esas nuevas realidades surgieron opciones políticas e ideológicas hasta entonces desconocidas. Los términos socialista/socialismo empezaron a circular en ciertos medios políticos y periodísticos de Barcelona, Madrid y Cádiz. En 1836, el periódico barcelonés El Vapor utiliza el primero de ellos al incluir al francés Saint-Simon entre los "socialistas modernos". Tres años después, el término aparece en las páginas de El Correo Nacional - "Socialistas modernos: Fourier" - y de La Revista de Madrid. Desde mediados de aquella década, el socialismo forma parte de un vago proyecto social y político en torno al cual se mueven asimismo los conceptos de igualdad, democracia y república, estrechamente relacionados entre sí. "La humanidad", había escrito en 1836 El Propagador de la Libertad, de Barcelona, "está pronta a entrar en una vida nueva, en que cesará la explotación del hombre por el hombre". Autores como Joaquín Abreu - promotor del periódico El Grito de Carteya, Algeciras, 1835-, Ramón de la Sagra, Antonio Ribot y P.F.Monlau encarnan ese nuevo sueño de liberación que iría más allá de los logros alcanzados por el liberalismo: el tiempo demostraría, afirma en 1839 el último de los autores citados, que "el socialismo no es una utopía" (Maluquer de Motes, 1977). Este último concepto representa muy bien ese conjunto de ideales democráticos e igualitarios, aunque el término utopía - literalmente "no-lugar" - solía tener, como en la cita anterior, un sentido peyorativo, por sugerir la idea de un cambio quimérico e irrealizable. En todos los autores y testimonios citados es patente la influencia del socialismo utópico francés de raíz fourierista o saintsimoniana, pero también el desencanto ante la deriva del liberalismo español hacia soluciones de compromiso que lo habrían apartado de su ideal democrático para convertirlo en la ideología dominante bajo el nuevo orden establecido.

Esta misma percepción - la naturaleza conservadora del liberalismo gobernante, incluido el progresismo - llevó a algunos grupos de opinión a impulsar la opción republicana como alternativa democrática al partido progresista. Es la línea de pensamiento que representan periódicos como El Satanás de Valencia (1836-1837), El Revolucionario y El Huracán de Madrid y El Republicano de Barcelona, situados a caballo entre el final de la regencia de María Cristina y el trienio esparterista (1840-1843). El sentimiento republicano que empezaba a abrirse paso a finales de los años treinta estaría asociado por lo general a una reformulación federalista del Estado, según se apunta ya en un artículo de El Satanás de diciembre de 1836 que un autor ha calificado como "la primera defensa conocida del federalismo" en España (Laguna, 1996: 127). El artículo se titula "República', y en él se reivindica la experiencia política representada por las juntas en la Guerra de la Independencia y en 1820 como la puesta en práctica de una "república federal" que hizo posible "el espectáculo grande e imponente de la regeneración nacional". Sólo un año antes, Mariano José de Larra celebraba todavía, desde la óptica de un liberalismo progresista, que "el federalismo político" no fuera "ya de temer en un país donde entre tantos peligros ha sabido salvarse la unidad nacional". No es exagerado decir que en el breve lapso de tiempo que media entre estas palabras de Larra y el citado artículo de El Satanás - es decir, entre 1835 y 1836 - se produce el "giro federalista" de la izquierda española, por lo menos de un sector creciente, situado a la izquierda del liberalismo progresista, que hizo de la democracia, la república y el federalismo la respuesta global a un sistema - la Monarquía constitucional - supuestamente incorregible. Hay que decir que el socialismo utópico, que es uno de los ingredientes fundamentales de ese magma ideológico, no surge solamente como decantación del discurso de unas élites liberales progresivamente escoradas a la izquierda, sino también como resultado de las nuevas realidades sociales que estaba creando la incipiente industrialización. No es casualidad que fuera en Barcelona donde en mayo de 1840 se creó la primera asociación fundada por trabajadores en defensa de sus intereses de clase: la Sociedad de Protección Mutua de Tejedores de Algodón. Si la introducción de la máquina de vapor en 1832 en una fábrica textil catalana puede considerarse el punto de partida de la revolución industrial española, la creación ocho años después, también en Barcelona, de aquella asociación de trabajadores supuso un hito fundamental en la génesis del movimiento obrero español.

2.7. Los progresistas, los moderados y la regente María Cristina: una convivencia imposible (1837-1840)

La nueva Constitución promulgada por las Cortes progresistas había entrado en vigor en junio de 1837. Todas sus virtudes, reconocidas por políticos moderados y por historiadores de nuestros días, sobre todo como marco político transaccional entre los dos principales partidos, no bastaron para resolver los problemas de fondo del régimen parlamentario español, con uno u otro texto constitucional: la difícil convivencia entre la corona y los demás poderes del Estado y una inestabilidad política crónica, derivada de la ausencia de un sistema que permitiera la alternancia pacífica en el poder de progresistas y moderados. En parte, y aunque por breve tiempo, la Constitución de 1837 pareció resolver este último problema al producirse la rotación en el poder de los dos grandes partidos. En agosto de 1837, el gobierno progresista de Calatrava, que había patrocinado la nueva Constitución, dio paso a uno moderado presidido por Eusebio Bardají. Bajo el gobierno de Bardají se celebraron elecciones a Cortes en septiembre de 1837 con la nueva ley electoral, que instauraba un sistema censitario en el que se reservaba el derecho a voto a los contribuyentes que pagasen un mínimo de 200 reales de contribución anual, a los propietarios y miembros de las clases medias profesionales con una renta líquida de al menos 1.500 reales y a los arrendatarios y aparceros con una renta anual mínima de 3.000 reales (Bahamonde y Martínez, 1994: 212). La composición del censo - clases propietarias y medias- reflejaba exactamente la base social en la que creía asentarse el liberalismo español.

Las elecciones de septiembre de 1837 dieron el triunfo al partido moderado. Pero, contra lo que cabría esperar, la coincidencia entre un gobierno moderado y unas Cortes del mismo color político no sirvió para estabilizar la vida institucional. Durante casi dos años, sin cambiar la mayoría parlamentaria, los moderados fueron incapaces de formar gobiernos duraderos. Al de Bardají le sucedió, apenas tres meses después, uno nuevo presidido por el conde de Ofalia, que permaneció en el cargo por espacio de nueve meses, hasta que en septiembre de 1838 el también moderado duque de Frías fue llamado a formar un nuevo ejecutivo. Tres meses después, le sustituía Evaristo Pérez de Castro, que habría de presidir un gobierno excepcionalmente longevo para lo que era habitual (diciembre de 1838-julio de 1840). Con la caída de este último, se aceleró la inestabilidad gubernamental, con Antonio González y Valentín Ferraz como efímeros presidentes de gobiernos formados en el verano de 1840, en una situación ya abiertamente insurreccional. Desde 1837, era patente el deterioro de la situación política y la incapacidad de los dos grandes partidos - entre sí o entre sus propias facciones y camarillas - para llegar a fórmulas de gobierno estables, un problema que hay que atribuir principalmente al partido moderado, al tener en sus manos la gobernabilidad del país durante la mayor parte de este período. En todo ello influyeron poderosamente las divisiones internas de los moderados, enfrentados en función de su aceptación o rechazo de la Constitución de 1837 y de los personalismos que presidían la vida interior del partido. Como factores de inestabilidad hay que considerar igualmente las continuas injerencias de la corona en la vida política y la sensación de los progresistas de ser injustamente marginados del poder. Algunas actuaciones de los gobiernos moderados denotan, efectivamente, una clara extralimitación del poder ejecutivo en sus atribuciones, como la suspensión y posterior disolución de las Cortes elegidas en junio de 1839, con mayoría progresista, por parte del gobierno de Pérez de Castro. Las nuevas elecciones, celebradas en enero de 1840, dieron la victoria, como era de prever, al moderantismo gobernante.

Si había algo parecido a un "pacto no escrito" entre moderados y progresistas para respetar las reglas del juego instauradas por la Constitución de 1837, era evidente que los moderados habían tardado muy poco en volver a una interpretación excluyente del juego político. Por su parte, la reina María Cristina, que durante la minoría de edad de su hija Isabel seguía desempeñando las funciones de regente, empezó a plantearse la posibilidad de volver a la situación anterior al motín de La Granja de 1836 y a la Constitución de 1837 mediante el concurso de un militar de prestigio que estuviera dispues to a seguirle el juego. De ahí sus intentos de cortejar políticamente al general Espartero, héroe de la guerra carlista al que su éxito en la firma del Convenio de Vergara consagró como la gran figura nacional del momento. "Me parece indudable", escribía por entonces el encargado de negocios francés, "que la regente está alimentando el proyecto de apoyarse en el duque de la Victoria [Espartero] para descartar totalmente de los negocios al partido del progreso", es decir, progresista (Burdiel, 2004: 90). Salta a la vista, por un lado, el interés de María Cristina en tener una relación directa y privilegiada con el duque de la Victoria - título concedido a Espartero a raíz del Convenio de Vergara - y, por otro, que el general estaba, de momento, libre de compromisos políticos con los progresistas, puesto que la regente contaba con él para privar a éstos de toda influencia política. Pero las cosas evolucionaron en un sentido inesperado y en unos pocos meses, según avanzaba el año 1840, Espartero y los progresistas se encontraron haciendo causa común contra la reina gobernadora.

El desencadenante del conflicto entre la corona y el partido progresista fue la Ley de Ayuntamientos que el gobierno moderado presentó a las Cortes a principios de 1840. El fondo de la cuestión era la dualidad políticoterritorial que habría de marcar durante largo tiempo la historia contemporánea de España desde los orígenes de la revolución liberal: frente al mayor arraigo de las fuerzas conservadoras en la España rural, el liberalismo era un fenómeno asentado fundamentalmente en el mundo urbano. A él pertenecían sus principales apoyos sociales - clases medias, militares, periodistas, artesanos, masas populares... - y en él disfrutaba de un espacio público y una realidad cultural - ateneos, cafés, sociedades patrióticas y periódicos - propicios a la difusión de su discurso. Todo ello se traducía en un electorado relativamente fiel, pero también en formas de poder institucional que el progresismo manejaba con destreza, como los ayuntamientos y la milicia nacional. En tiempos en que sus adversarios dejaban bajo mínimos los derechos y libertades, el progresismo encontraba también en las ciudades los resortes que le permitían volver al poder y cambiar las reglas del juego. Se ponía en marcha entonces una dinámica insurreccional, generalmente de tipo cívico-militar, que en la España del siglo XIX - por lo menos entre 1808 y 1874 - se acabó convirtiendo en una especie de rutina histórica: pronunciamiento militar, movilización de las masas urbanas y formación de juntas, autoproclamadas depositarias provisionales de la soberanía popular. Las barricadas y los manifiestos democratizadores eran parte esencial de esta liturgia revolucionaria, que tenía en las ciudades su ámbito natural. La comunión entre el pueblo - léase pueblo urbano - y el ejército - uno y otro identificados con el liberalismo progresista - venía a ser la apoteosis final de aquellos episodios revolucionarios que, como el del verano de 1840, se veían coronados por el éxito.

La cuestión electoral venía siendo uno de los grandes caballos de batalla en la lucha entre moderados y progresistas, y no sólo por el tamaño del censo, mayor o menor, respectivamente, según gobernara la izquierda o la derecha del liberalismo español. Importaba también la definición de las circunscripciones electorales, pues en función del criterio adoptado podría favorecerse, como pretendían los progresistas, la representación parlamentaria del electorado urbano o, por el contrario, minimizar su peso en el conjunto del sistema electoral a favor del voto rural, más conservador y más manipulable. Si en 1836 el gobierno de Mendizábal había intentado, sin éxito, establecer un sistema de circunscripción por provincias, frente a la preferencia de los moderados por los pequeños distritos, que permitían sobrerrepresentar el mundo rural, el gobierno moderado de Ofalia fracasó dos años después en su empeño por aprobar una reforma de la ley municipal en línea con la postura centralista y antimunicipalista del partido. Sobre la misma base descansaba el proyecto de Ley de Ayuntamientos de 1840. El objetivo del gobierno moderado no era otro, pues, que socavar el poder municipal y, con él, la influencia política de los progresistas mediante un nuevo marco legal que recortara las competencias de los ayuntamientos, en beneficio del Estado, y estableciera un sistema electoral que redujera el censo a los mayores contribuyentes, presuntamente afines al moderantismo. Se preveía asimismo que, en las capitales de provincia, el gobierno pudiera designar a los alcaldes entre los concejales electos y que en las demás poblaciones con más de quinientos habitantes fueran los jefes políticos provinciales - luego denominados gobernadores civiles - quienes nombraran a los alcaldes.

El proyecto provocó desde el principio una fuerte contestación en los medios progresistas. Los primeros disturbios se produjeron en el mes de febrero y llevaron a las autoridades a decretar el estado de sitio en la capital. La prensa afín a este partido promovió una amplia campaña contra las intenciones del gobierno, a la que no tardaron en incorporarse los ayuntamientos gobernados por la oposición. El 2 de junio de 1840, en vísperas de la aprobación de la ley, el Ayuntamiento de Madrid, del que formaban parte concejales progresistas de tanto peso como Joaquín María López y Fermín Caballero, daba a conocer un duro manifiesto contra el proyecto gubernamental. La ley fue aprobada por las Cortes el 15 de junio y sancionada por la reina un mes después. A los pocos días, el 20 de julio, el gobierno moderado de Pérez de Castro daba paso a otro presidido por Antonio González, próximo a Espartero. Fue un gobierno puente, de un mes escaso de duración, que no consiguió acabar, sino más bien todo lo contrario, con la sensación de vacío de poder que había en el país. Desplazados los moderados del gobierno y en medio de un estado de agitación creciente, la resolución de la crisis política parecía depender de un acuerdo entre la reina goberna dora y el general Espartero, cuya popularidad no hacía más que subir en los últimos tiempos, primero por la firma del Convenio de Vergara y luego por sus éxitos en la lucha contra el carlismo residual en Cataluña y en el Maestrazgo. Su apoteósica entrada en Barcelona el 14 de junio demostró el entusiasmo popular que provocaba su persona, sobre todo en una región tan castigada hasta poco antes por el carlismo.

Los intentos de la reina de llegar a un entendimiento con Espartero no eran nuevos, pero la evolución de la situación política había revalorizado la figura del "pacificador de España" - como era conocido desde el Convenio de Vergara - en la misma medida en que dejaba a la corona con las manos vacías para gestionar la crisis. La presencia de Espartero en Barcelona y el viaje a tierras catalanas de María Cristina y su hija Isabel, a la que, por razones de salud, se había aconsejado tomar las aguas en balnearios de la región, propiciaron varios encuentros entre ambos. Para la regente acababan de empezar "los meses más comprometidos de su vida' (Burdiel, 2004: 101). Si algo hacía posible el acuerdo entre ellos era su común rechazo a la política de partidos. Pero el general no estaba dispuesto a malvender su apoyo, y, por otro lado, su disposición a dejarse querer por los progresistas se fue haciendo poco a poco evidente. En el pleito a propósito de la Ley de Ayuntamientos, Espartero hizo causa común con el progresismo y supeditó cualquier acuerdo con la corona a la derogación de la ley, una pretensión rechazada de plano por María Cristina. No faltó en su entorno quien señalara que el clima político en la capital catalana, donde Espartero vivía sumergido en un permanente baño de multitudes, se estaba convirtiendo en una "granjada en grande", en referencia al motín de La Granja de 1836, de infausto recuerdo para la regente (Burdiel, 2004: 107). El 19 de julio, El Eco del Comercio - periódico notoriamente progresista y uno de los más influyentes de la época - presentaba un diagnóstico de la situación que se resumía en estas palabras inequívocas: "Cristina no puede hacer ya el bien del país".

A lo largo del mes de agosto se fue agudizando la crisis institucional, con gobiernos efímeros sin trascendencia política alguna e incremento de la agitación social. El 1 de septiembre, el Ayuntamiento de Madrid, con mayoría progresista, volvía a la carga y, ante el nombramiento de un nuevo gabinete de signo moderado, se convertía en junta de gobierno provincial, que era como abandonar la legalidad para declararse en estado de insurrección ante un gobierno fantasma, abiertamente rechazado por la opinión progresista. El movimiento juntero se fue extendiendo por todo el país hasta que la marea política provocada por las juntas locales y provinciales derivó, como en otras ocasiones, en la creación de una junta central. Como presidente fue nombrado Joaquín María López, fundador del partido progresista, redactor de El Eco del Comercio, ex ministro del gobierno Calatrava y ex presidente de las Cortes elegidas en 1837. Mientras tanto, la regente seguía los acontecimientos desde Valencia, donde se encontraba de paso a su regreso de Barcelona a Madrid, enfrentada al dilema de resistir el desafío de las juntas o entregar el poder a Espartero, claramente decantado ya por apoyar el movimiento insurreccional. El 5 de septiembre, la reina no tuvo mejor ocurrencia que ordenar al general partir hacia la capital para restablecer el orden, a lo que Espartero se negó con buenas palabras, que contenían, en el fondo, todo un programa político: la reina debía, en su opinión, firmar un manifiesto en el que se comprometiera a respetar la Constitución, a disolver las Cortes (moderadas) y a someter a las que fueran elegidas a la revisión de las leyes aprobadas en la última legislatura, entre ellas, se sobreentiende, la Ley de Ayuntamientos. Para añadir presión sobre la regente, en medios progresistas de Madrid se elaboró un libelo muy subido de tono en el que se aireaban todas las intimidades de la vida de María Cristina, "una vida obscura y bestial" en la que no faltaban "bacanales grotescas", escenas de celos por las correrías amorosas de Muñoz, su marido secreto, y, casi lo peor, un manifiesto "desamor" hacia sus "hijas legítimas" (Burdiel, 2004: 118-120).

Aislada en Valencia y con escasa información sobre lo que se tramaba en la corte, el 16 de septiembre, María Cristina nombraba a Espartero presidente del gobierno en la esperanza de frenar la marea revolucionaria que se había apoderado del país. El general viajó inmediatamente a Madrid para negociar con la junta revolucionaria el fin de la crisis. De allí se dirigió a Valencia para presentarse ante la regente ya como presidente del gobierno, con ministros - los había nombrado el 8 de octubre - y programa. En su entrevista con el nuevo gobierno el 10 de octubre, y tras pedir a los ministros, todavía pendientes de jurar su cargo, que la dejaran a solas con el general, la reina María Cristina comunicó a Espartero su decisión de abandonar la regencia y de dejarle al cuidado de sus hijas, Isabel II y su hermana, la infanta Luisa Fernanda. Todo indica que, a esas alturas, la intención de Espartero y de los notables del partido progresista era forzar a María Cristina a compartir la regencia y que una decisión de tal trascendencia les ponía ante una situación incómoda. De ahí la sorpresa del general y sus ruegos para que reconsiderara su postura. Pero la decisión de la regente fue irreversible, e incluso parece que precipitó conscientemente los acontecimientos para frenar en seco la revuelta de las juntas. El 12 de octubre de 1840, la viuda de Fernando VII firmaba su renuncia como regente y el decreto de disolución de las Cortes, fundamental para que el nuevo gobierno pudiera convocar elecciones y deshacerse de unas Cortes hostiles, herencia del ejecutivo anterior. El 17 de octubre, María Cristina embarcaba en Valencia rumbo a Marsella para iniciar en Francia un exilio voluntario de tres años.

3.1. El Trienio esparterista (1840-1843)

3.1.1. Espartero, "el general del pueblo"

Joaquín Baldomero Fernández Espartero (Granátula de Calatrava, Ciudad Real, 1793-Logroño, 1879) era hijo de un artesano dedicado a la fabricación de carruajes. Pese a sus orígenes relativamente humildes, recibió una educación esmerada en el seminario de Almagro - su padre había pensado destinarle a la carrera eclesiástica-, donde obtuvo el título de bachiller en Artes y Filosofía. En 1809, en plena Guerra de la Independencia, se incorporó al ejército como soldado voluntario. Su paso por la Academia Militar de la Isla de León (Cádiz) le permitió ascender a subteniente en 1812 y poco después a teniente. Con tal graduación participó en 1815 en una expedición destinada a Ultramar a combatir a los insurgentes americanos. Su estancia en América hasta 1825, sólo interrumpida por un breve viaje oficial a España en 1824, influyó por distintas razones en su trayectoria posterior. Alcanzó el grado de brigadier, entró en contacto con las ideas liberales y trabó amistad con un grupo de oficiales con los que mantuvo desde entonces fuertes vínculos personales y políticos. Son los llamados ayacuchos, por suponerse que todos ellos participaron en la batalla de Ayacucho (Perú), que se saldó con la derrota del ejército español y puso fin a la dominación colonial en el continente americano. Poco importa que Espartero no tomara parte en la batalla. El hecho es que el grupo de los ayacuchos, al que se le adscribió por su estrecha relación personal con algunos de sus miembros, estaba llamado a convertirse en uno de los primeros lobbies militares de la historia de España y que, con matices y excepciones, sus miembros hicieron carrera militar y política, como el propio Espartero, en la órbita del partido progresista.

Lo más reseñable de su vida en España durante la Década Ominosa fue su matrimonio en 1827 con una joven heredera riojana, cuya fortuna - estimada en cerca de un millón y medio de reales, aparte de un notable patrimonio en fincas rústicas y urbanas - se convirtió en un factor decisivo de promoción social y económica del joven oficial manchego. Sin embargo, la fama y la gloria no le llegaron hasta la guerra carlista, que le dio ocasión, como se ha visto en el capítulo anterior, de acumular ascensos, honores, títulos nobiliarios - conde de Luchana y duque de la Victoria, por tanto, grande de España - y una inmensa popularidad. Ya tras la batalla de Luchana en 1836, que permitió levantar el cerco de Bilbao, el nombre de Espartero, dice un historiador, "adquirió proporciones épicas" (Shubert, 2000: 198). Ese mismo año fue ascendido a teniente general y obtuvo por primera vez acta de diputado, por Logroño, en unas elecciones a Cortes. Su brillante carrera militar hacía casi inevitable que se planteara representar un papel en la vida política. Eran momentos en que la opinión liberal buscaba en los militares más carismáticos una alternativa a una clase política que se iba desprestigiando poco a poco a fuerza de intrigas y de crisis de gobierno. Si la práctica del pronunciamiento había demostrado en ocasiones anteriores la importancia del ejército liberal como desencadenante de la revolución, los problemas de funcionamiento de la Monarquía constitucional a partir de los años treinta, las divisiones partidarias del liberalismo y el protagonismo del ejército en la guerra carlista favorecerían un relevo parcial de los políticos por los militares como gestores del nuevo Estado.

Es así como surgió el fenómeno que Jesús Pabón llamó el "régimen de los generales" y Raymond Carr el "parlamentarismo pretoriano". Este híbrido, tan propio del mundo hispánico, de constitucionalismo y militarismo solía moverse dentro de las coordenadas de la política liberal, pero inevitablemente suponía cierta propensión a sustituir a los líderes políticos por los generales de más prestigio como símbolo y encarnación del Estado. Hay datos elocuentes sobre la magnitud del fenómeno: de los 55 gobiernos formados durante el reinado de Isabel II, incluida su minoría de edad - es decir, entre 1833 y 1868-, 29 fueron presididos por generales y el 22 por ciento de los ministros fueron militares (Rueda Hernanz, 2006: 341). Es fácil llegar a una correlación de intereses entre los dos principales partidos de la época y los grandes "espadones", aunque no siempre estaba claro quién estaba al servicio de quién. En todo caso, si Espartero fue a partir de 1840 la versión progresista del "régimen de los generales" - por lo menos hasta la ruptura del general con el progresismo civil-, Narváez representaría, tras su acceso al poder en 1844, la opción militarista del moderantismo. Pero Espartero fue también, por su fulgurante carrera militar, política y social, un ejemplo insuperable de las enormes posibilidades que el ejército español brindaba desde 1808 a aquellos jóvenes que quisieran labrarse un porvenir en una época que, fuera de la milicia, ofrecía muy pocas oportunidades a la meritocracia o a la ambición de los más audaces. Esa función "democratizadora" que permitía a oficiales de origen humilde alcanzar posiciones preeminentes de poder social e institucional resultaba impensable no ya en el viejo orden estamental, tan puntilloso en reclamar títulos de hidalguía y limpieza de sangre para desempeñar ciertas funciones - por ejemplo, para hacer carrera en el ejército-, sino en la sociedad de clases que estaba creando el liberalismo. Como instrumento de promoción social, ha escrito Raymond Carr, el ejército español no tenía parangón en toda Europa (Carr, 2005: 31). El hijo de aquel modesto artesano manchego acabaría recibiendo del rey Amadeo 1, ya al final de su vida, el título de Príncipe de Vergara, con el mismo tratamiento - alteza real - que si hubiera sido hijo de un rey. Poco antes, en mayo de 1870, el general Prim le había sondeado sobre la posibilidad de que aceptara la corona de España.

El liberalismo de Espartero y su compromiso con los progresistas no impidieron que sus ideas políticas estuvieran muy marcadas por una concepción entre castrense y caudillista del ejercicio del poder. "Con la Constitución se manda como con la ordenanza [militar]", le decía a su mujer en una carta escrita en noviembre de 1840, poco después de hacerse cargo de la presidencia del gobierno. "Cuando el que manda es justo y firme y cuando no se separa de la ley, nadie debe arredrarle y nada lo detendrá en la marcha. [...] Yo no hago caso de matices ni de papeles, porque yo soy la bandera española y a ella se unirán todos los españoles" (Shubert, 2000: 195). Esta visión personalista del poder era fruto en gran medida de su formación militar, pero también de su experiencia como héroe de las masas liberales, no sólo por sus éxitos en la guerra, sino por representar la comunión entre pueblo y ejército, una idea muy arraigada en la tradición revolucionaria española. Frente al desprestigio de los partidos y de la política en general, Espartero encarnaba una mezcla de caudillismo y populismo que muchos progresistas, sobre todo aquellos que constituían la base social del partido, miraban con simpatía. Prueba del fervor popular que despertaba su figura fue el ambiente con que se le recibió en Valencia cuando entró en la ciudad el 8 de octubre de 1840 para encontrarse con la regente: un grupo de milicianos llegó a desenganchar su carruaje para arrastrarlo ellos mismos durante su recorrido por las calles. Escenas parecidas se habían vivido poco antes en Barcelona. A la fama de "pacificador de España" que se granjeó tras la firma del Convenio de Vergara, se añadió el mito de Espartero como "el general del pueblo", título de la biografía que un siglo después le dedicó el conde de Romanones.

Sus principios políticos podrían resumirse en una frase que repitió, una y otra vez, en las grandes ocasiones históricas: "Cúmplase la voluntad nacional". Una frase que cabría interpretar como expresión de un liberalismo sincero y consecuente, pero también como una fórmula ritual que podía ocultar la falta de verdaderas ideas políticas e incluso el propósito de conseguir, mediante una ambigua promesa de cambio, la desmovilización de aquellos que le habían aupado al poder. Es posible que todo se explique por el dilema en el que se debatió Espartero en su actuación política, entre un vago compromiso con la revolución y una propensión, más o menos contenida, al autoritarismo. Así lo creyó el sacerdote catalán Jaime Balmes - uno de los más finos analistas políticos de la España del siglo XIX - en una serie de artículos que dedicó a Espartero poco después de su regencia: "Ni tenía arrojo bastante para aliarse francamente con la revolución y marchar a su cabeza, ni osadía para romper con ella y ahogarla de un golpe" (Fradera, 1996: 160). Lo cierto es que, durante algún tiempo, el ala más radical del liberalismo vio en él la esperanza de convertir en realidad los grandes ideales de la revolución. "Estamos penetrados de su patriotismo y pureza, de sus vehementes deseos de consolidar el bien de España", escribía en septiembre de 1840 el periódico El Huracán, avanzadilla de un pensamiento democrático próximo ya al republicanismo y al federalismo. Poco antes, el mismo periódico había formulado una ecuación muy representativa del estado de opinión del progresismo más radical: "El ejército es pueblo, es esencialmente democrático". El nexo entre pueblo y ejército no era otro que "el general del pueblo". Así se desprendía de un pasquín, citado por El Huracán, que circuló por La Coruña aquel agitado mes de agosto: "La soberanía está en el pueblo. Espartero y la tropa son aliados del pueblo". La verdad es que su forma de administrar a partir de 1840 esa inmensa popularidad le llevaría a perder una parte del apoyo que había tenido en los sectores más progresistas, pero, como ha dicho un autor, incluso después de que su actuación entre 1840 y 1843 le enemistara con muchos de sus antiguos admiradores, desde los años treinta hasta los años sesenta no hubo en España insurrección progresista que estuviera completa sin el nombre de Espartero (Christiansen, 1974: 111).

3.1.2. La oposición a Espartero

La marcha de la reina María Cristina en octubre de 1840 dejó a Espartero el campo despejado para alcanzar un poder sólido y duradero, sin los condicionantes que hubiera representado depender de la confianza de la regente. Como no podía ser menos, la propia regencia cambió de manos. El duque de la Victoria quedó de esta forma al frente de un "ministerio-regenciá' que debía desempeñar interinamente y de forma colegiada las funciones de la corona durante la minoría de edad de Isabel II, que tenía por entonces diez años, hasta que las Cortes resolvieran la situación. De momento, el nuevo gobierno, marcadamente progresista, dio satisfacción a las principales reivindicaciones del movimiento contra la regente y los moderados: suspendió la Ley de Ayuntamientos, disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones, celebradas el 1 de febrero de 1841 y en las que, gracias en parte al retraimiento del moderantismo, el partido progresista obtuvo una incontestable mayoría. El proceder del partido moderado en aquellas elecciones - su decisión de retraerse, es decir, de no participar en ellas - resulta sintomático de las disfunciones del régimen parlamentario español, tanto con gobiernos moderados como progresistas: la falta de confianza de la oposición en sus posibilidades electorales, sensiblemente mermadas por la intervención gubernamental, era tal que renunciaba a comparecer en unas elecciones que daba por perdidas de antemano. El resultado no podía ser otro que un triunfo aplastante de las candidaturas oficiales y una grave desnaturalización del sistema, convertido, en la práctica, en un procedimiento autoplebiscitario. La perversión del régimen constitucional, vaciado de buena parte de su representatividad, no tenía ni siquiera la ventaja de dar estabilidad a la vida política, pues, a falta de verdadera oposición parlamentaria, las divisiones internas del partido hegemónico - como ocurriría con el partido progresista en esta nueva etapa - eran un serio impedimento para la formación de gobiernos estables. A todo ello se añadía la generalización de un sistema clientelar, muy arraigado ya en esta época, cuyo éxito se basaba en el intercambio de votos por favores y en el uso del poder de las instituciones en beneficio del partido gobernante, por ejemplo, en el reparto de cargos y empleos públicos. Contra lo que a menudo se piensa, este fenómeno no iba a ser privativo de las fuerzas conservadoras ni de la España rural, sino que, ya en la etapa esparterista, funcionaba como una poderosa maquinaria de poder e influencia en manos de los progresistas, especialmente a través de los ayuntamientos. Así lo denunció en noviembre de 1841 el periódico El Conservador, afín a la oposición moderada, en un artículo en el que calificaba de caciquismo - en cursiva, probablemente por ser un término muy reciente - "esta federación bastarda [...], ese poder local, ese oligárquico patriciado progresista" (Fernández Sebastián y Fuentes, 2002: 113).

Los problemas de gobernabilidad de la nueva etapa estuvieron provocados, pues, en parte por las disensiones internas del partido progresista y por la sima que, poco a poco, se fue abriendo entre el propio partido y el general Espartero. Un sector del partido prefería que la regencia estuviera compuesta de tres miembros, en vez de la regencia única que preconizaba el general. Este último se salió con la suya, pero pudo comprobar que el apoyo de sus socios de gobierno, los progresistas, no iba a ser ni unánime ni incondicional. Las nuevas Cortes, inauguradas el 19 de marzo de 1841, mostraron muy pronto la resistencia que la política de Espartero empezaba a encontrar entre sus supuestos seguidores: 153 diputados votaron a favor de la regencia única - la postura defendida por el duque de la Victoria-, frente a los 136 que apoyaron la regencia a tres. Un enemigo acérrimo del general, el ultramoderado Donoso Cortés, calificaría el resultado de aquella votación como "una victoria conseguida por un muerto". Era un diagnóstico algo tremendista que no se correspondía todavía con la realidad, pero resultó ser un augurio certero del futuro de la regencia. En una votación posterior, celebrada el 10 de mayo, el general fue elegido regente por 179 votos. El otro candidato, Agustín de Argüelles, padre de las constituciones de 1812 y 1837, consiguió el apoyo de 110 diputados. La derrota no impidió que el viejo Argüelles, convertido en símbolo del progresismo civil opuesto al esparterismo, fuera elegido presidente del Congreso de los Diputados y tutor de la reina Isabel II. Mientras tanto, el nombramiento el 20 de mayo de Antonio González, hombre adicto a Espartero, como presidente del gobierno garantizaba al regente el control sobre el ejecutivo. Sin embargo, de la relevancia institucional que cobró su rival Agustín de Argüelles y de la ajustada victoria de la regencia unitaria en las Cortes cabía deducir que los sectores del progresismo contrarios al caudillaje de Espartero estaban dispuestos a actuar como una verdadera oposición.

No fue la única. Aunque el partido moderado había desaparecido virtualmente de la vida parlamentaria, mantenía resortes muy poderosos en el mundo militar y en medios cortesanos vinculados a su vez a la ex regente María Cristina, que seguía con gran inquietud desde su exilio en París los planes del nuevo régimen sobre la educación de sus hijas Isabel y Luisa Fernanda. Cierto que en las filas del moderantismo subsistían las disensiones que habían presidido la política de la regencia en los últimos años. Tampoco habían desaparecido las diferencias entre algunos líderes moderados y María Cristina, pero cuando unos y otros tenían ante sí a un enemigo común de la entidad de Espartero era evidente, como ha escrito Isabel Burdiel, que "los moderados y María Cristina estaban condenados a entenderse" (Burdiel, 2004: 156). El resultado de su entendimiento no se hizo esperar. En septiembre de 1841 se produjo un pronunciamiento militar con amplias ramificaciones, sobre todo en el norte del país. Iniciado a finales de aquel mes en las guarniciones de Pamplona y Vitoria, el 7 de octubre la sublevación contra Espartero llegó a la capital, donde tropas dirigidas por el general Concha pugnaron por entrar en el Palacio Real para apoderarse de Isabel II y de su hermana Luisa Fernanda, en un intento de "rescatar" a las hijas de María Cristina. Los generales Juan de la Pezuela y Diego de León, que debían par ticipar en la intentona, llegaron a Palacio cuando el asalto se daba ya por fracasado por la resistencia de la guardia real y por la movilización de la milicia nacional. El movimiento había tenido por objeto la proclamación de María Cristina como reina gobernadora y, por tanto, la vuelta a la situación anterior a su abdicación forzada en octubre de 1840. En el pronunciamiento de septiembre-octubre de 1841 intervinieron figuras políticas y militares de tan diversa significación como el periodista Andrés Borrego, al que podemos identificar con el moderantismo más centrado, un histórico del liberalismo como Antonio Alcalá Galiano, el joven coronel Juan Prim, afín a los progresistas, o el duro general Ramón Narvaéz. Pero, más allá de la indudable heterogeneidad de sus componentes, predominaba un espíritu antiliberal, y no sólo antiesparterista, que se explica por el peso determinante que tanto la ex regente - que financió la sublevación con más de ocho millones de realescomo su marido, Fernando Muñoz, tuvieron en la dirección del golpe y por la participación en el mismo de sectores carlistas descontentos con el supuesto incumplimiento del Convenio de Vergara. De ahí la importancia de las guarniciones del norte, como Vitoria, Pamplona, Vergara y Bilbao, en el desencadenamiento de la sublevación, así como la notoria complicidad de las diputaciones forales, contrarias a la solución centralista que, como veremos más adelante, acababa de dar el gobierno a la cuestión de los fueros (Fernández Sebastián, 1991: 494). En otros lugares donde existían fuerzas comprometidas, como Zaragoza y Andalucía, el levantamiento fracasó por problemas de coordinación o por encontrarse con un ambiente hostil.

La respuesta de Espartero fue fulminante y tal vez contraproducente. El fusilamiento de algunos jefes militares, como Diego de León, produjo un pésimo efecto en amplios sectores del ejército, partidarios de que se cumpliera una ley no escrita de los pronunciamientos militares que obligaba al vencedor a respetar la vida de sus adversarios. La represión no consiguió desarticular del todo la conspiración moderada, que siguió actuando sobre todo a través de la clandestina Orden Militar Española, y en cambio agitó aún más el descontento contra el regente en medios militares y progresistas. En efecto, el pronunciamiento moderado motivó la formación de juntas en algunas ciudades, como Barcelona, en una especie de reflejo condicionado de los progresistas, que se activó, como tantas otras veces, por el rechazo al moderantismo. Pero aunque aquel movimiento instintivo pudiera responder a la voluntad de defender al gobierno, su desenlace no podía ser otro que el desencuentro entre Espartero y las juntas. No todas acataron la orden de disolución decretada una vez pasó el peligro del golpe moderado, y una cierta inercia revolucionaria llevó a algunas de ellas a plantear un serio desafío a la autoridad del regente. Las elecciones municipales de diciembre de 1841, en las que el republicanismo obtuvo por primera vez un resultado estimable, sirvieron para calibrar el significado del nuevo movimiento juntero. Por un lado, recogía las reivindicaciones recurrentes del liberalismo radical, como la abolición de las quintas y los consumos - es decir, de los impuestos sobre los artículos de primera necesidad-, pero, por otro, incorporaba nuevos objetivos de índole política y social, como la supresión de la Monarquía, la reducción del presupuesto militar o el reparto de tierras. Lo ocurrido a finales de 1841 suponía un nuevo paso adelante en la aparición, a la izquierda del liberalismo progresista y captando una parte de su base popular, de un movimiento radical que aunaba la lucha por la democracia plena, identificada con la república y el federalismo, con la aspiración a una sociedad más igualitaria. Personajes como Abdón Terradas o Wenceslao Ayguals de Izco, autor de una Cartilla del pueblo (1842) de signo republicano, encarnaban el espíritu democrático de un movimiento que cobraría un auge insospechado durante la regencia de Espartero.

En Barcelona se había creado en mayo de 1840 la Sociedad de protección mutua de tejedores, verdadero hito en la historia del movimiento obrero español, que empezaba a organizarse, allí donde propiamente existía clase obrera, al margen de las formas de asociación y de lucha de las clases medias liberales. Dos años después, los representantes de la Sociedad de tejedores mantenían un duro pulso con los fabricantes textiles barceloneses en un proceso en el que los trabajadores presionaban con movilizaciones a favor de sus derechos laborales. La existencia en Barcelona de una junta de Vigilancia constituida a raíz de la intentona moderada, la politización de la milicia nacional y la difusión del ideario republicano entre los sectores más radicales de las masas progresistas hacían temer un estallido en cuanto, por cualquier motivo, subiera la tensión social. El detonante fue la noticia de que el gobierno se disponía a firmar un acuerdo comercial con Inglaterra, basado en la rebaja de los aranceles, que lesionaba los intereses de la industria textil catalana. Al mismo tiempo, se produjeron incidentes de orden público a cuenta de los impopulares impuestos sobre el consumo y de la detención de varios redactores del periódico El Republicano. Este periódico había empezado a publicar unos días antes el llamado "Plan de Revolución", firmado por Abdón Terradas, cuyo contenido se resume en estas pocas palabras: "Cuando el pueblo quiera conquistar sus derechos, debe empuñar las armas en masa al grito de ¡viva la República!".

El 14 de noviembre estalló la insurrección. La ciudad se llenó de barricadas. Tras varios días de combates entre el ejército y la milicia nacional, decantada abiertamente del lado de la revuelta y apoyada por paisanos armados, el general Van Halen, que mandaba las fuerzas gubernamentales, ordenó a sus hombres abandonar temporalmente la ciudad. El punto más seguro era el castillo de Montjuic, en lo alto del monte del mismo nombre, y hacia él se replegó la tropa a la espera de acontecimientos. Mientras tanto, una junta directiva nombrada en Barcelona el día 15 dirigía la resistencia y publicaba diversos manifiestos dando a conocer su programa. Tanto la composición de la junta, una mezcla de trabajadores y fabricantes, con mayoría de los primeros, como sus manifiestos muestran las contradicciones internas de lo que en el fondo era una alianza antiesparterista formada por moderados y republicanos, menestrales y burgueses, aunque con un cierto predominio del componente republicano y obrero. El manifiesto del 17 de noviembre llegaba a proponer, en unas pocas líneas, desde "unión y puro españolismo entre todos los catalanes libres" hasta la "independencia de Cataluña con respecto a la Corte", pasando por la "protección franca y justa a la industria española" (Trías y Elorza, 1975: 208-209). Conviene no olvidar, efectivamente, que en el origen del movimiento, como en otras crisis políticas entre Cataluña y Madrid, intervino de forma destacada el dilema entre el librecambismo - por el que supuestamente se inclinaban Espartero y su gobierno - y el proteccionismo - cuando no el prohibicionismo - como opción comercial preferida por los industriales catalanes y, también en ocasiones, por los trabajadores del sector textil. Pero esa coalición interclasista de noviembre de 1842 no iba a durar mucho tiempo, como tampoco la actitud a la expectativa de las fuerzas gubernamentales mientras la insurrección parecía extenderse a otros puntos de Cataluña.

Espartero decidió finalmente dirigir en persona la represión contra el movimiento iniciado en Barcelona, adonde se trasladó a tal fin el 22 de noviembre. Ese mismo día, el general Van Halen anunciaba a la Diputación que, en caso de persistir los disturbios, en 48 horas daría orden de bombardear la ciudad. La Junta local, presa del desconcierto, fue sustituida por una nueva y ésta por otra de intenciones conciliadoras y en la que los republicanos habían quedado notoriamente desplazados. Aunque la posición intransigente de Van Halen y el consiguiente fracaso de la junta devolvieron la iniciativa a los republicanos, su falta de alternativas dejó la ciudad a merced de sus sitiadores. Finalmente, el 3 de diciembre dio comienzo el bombardeo sobre Barcelona desde el castillo de Montjuic. Al día siguiente cesaba toda resistencia y el ejército entraba en la ciudad. Se impuso a la población una contribución extraordinaria de 12 millones de reales para sufragar la reconstrucción de la Ciudadela, se desarmó a la milicia nacional, se detuvo a varios centenares de ciudadanos, acusados de participar en la revuelta, y en el plazo de unos pocos días se fusiló, al parecer, a cerca de un centenar de personas. El 22 de diciembre, Espartero abandonaba su residencia en Sarriá, a las afueras de Barcelona, dando por concluido su viaje, que se saldó con el rotundo fracaso del movimiento contra la regencia, pero también con la pérdida del inmenso apoyo social y político que el duque de la Victoria había ten¡ do tradicionalmente en Barcelona. No es de extrañar la unanimidad que tendrá en Cataluña el levantamiento general contra Espartero en 1843 (Trías y Elorza, 1975: 212-218).

3.1.3. El problema militar durante la regencia de Espartero

La presencia desde 1840 de un general de prestigio al frente del Estado constitucional no sirvió para paliar un problema militar en ciernes, sino que lo agravó de forma considerable. La política de nombramientos practicada por Espartero dio pábulo a las acusaciones de favoritismo procedentes de la oposición política y militar a cuenta de la promoción de los llamados ayacuchos, tanto en el escalafón, mediante una política de ascensos que les fue muy favorable, como en los principales puestos de mando del ejército y en algunos casos del Estado. Se trataba, como se recordará, de militares de la máxima confianza del duque de la Victoria que debían su nombre colectivo al hecho de haber realizado, como él mismo, parte de su carrera en América, hasta la derrota española en Ayacucho en 1824. Que Pérez Galdós titulara Los ayacuchos un episodio nacional dedicado a la regencia de Espartero indica la importancia que tuvieron en aquella etapa histórica. A esta camarilla militar pertenecía, por ejemplo, el general Seoane, nombrado capitán general de Cataluña tras el fracaso de la sublevación de 1842. Ayacucho era también el general Rodil, al que el regente nombró sucesor de Antonio González en la presidencia del gobierno en mayo de 1842. Otros notorios miembros del grupo fueron los generales Zurbano, Linaje, secretario de Espartero, y el citado Van Halen, que desempeñaron puestos clave durante la regencia.

Pero el problema militar, de largo recorrido histórico, tal como se estaba configurando en estas fechas, iba más allá de los errores cometidos por Espartero, como lo demuestra el hecho de que su caída del poder en 1843 apenas sirvió para mejorar la situación interna del ejército. El problema de fondo era que las continuas guerras que había sufrido el país desde 1808 - la Guerra de la Independencia, la guerra colonial, la campaña de 1823 y la guerra carlista, junto a otros episodios menores - habían inflado el escalafón del ejército con miles de oficiales que, en tiempos de paz, se convertían en un serio factor de inestabilidad, por la incapacidad del Estado para hacer frente al coste económico de un ejército de semejantes dimensiones, que el demócrata Fernando Garrido definiría unos años después como "el más caro de Europa'. El reciente Convenio de Vergara había agravado doblemente el problema, en primer lugar porque el fin de la guerra condenaba al ocio forzoso a muchos de los oficiales que habían participado en el conflicto y que se encontraban ahora carentes de un destino real en los cuarteles, y, en segun do lugar, por el compromiso, suscrito por el propio Espartero en Vergara, de integrar en el ejército a los militares que habían hecho la guerra en las filas carlistas. La inflación del cuerpo de oficiales encarecía aún más un ejército de por sí costoso, que se fue haciendo poco a poco hostil a un Estado -y a una clase política - incapaz de cumplir puntualmente con sus compromisos económicos. Las pagas se hicieron cada vez más esporádicas y el ejército se convirtió en un semillero de protestas. Un regimiento llegó a declararse en huelga en 1841. Medidas de indudable importancia como el licenciamiento aquel mismo año de 80.000 soldados o el retiro forzoso de 2.700 oficiales por razones políticas no bastaron para equilibrar el presupuesto ni para racionalizar la estructura del ejército. Otras veces, la picaresca de unos y otros - soldados que traficaban con su ración de pan, coroneles que se apropiaban del presupuesto municipal para pagar a la tropa, regimientos que se vendían políticamente al mejor postor - servía para compensar la habitual falta de fondos (Christiansen, 1974: 121-124).

Se creó así un círculo vicioso muy difícil de romper: los militares querían cobrar su sueldo, prosperar en su carrera y tener un destino acorde con su graduación. Los gobernantes, por su parte, ya fueran civiles o militares, carecían del valor político para abordar la necesaria reforma del ejército, que exigía una reducción drástica del escalafón, pero al mantener tal estado de cosas, perpetuaban el descontento de los militares y su disposición a participar en todo tipo de aventuras políticas. Un proyecto de reforma militar anunciado en mayo de 1842 reavivó el descontento de la oficialidad, porque, como toda reforma que se intentara, suponía sacrificios a corto plazo. Se explica así que muchos de los oficiales que apoyaron a Espartero en 1840 se volvieran contra él tres años después. Durante esta etapa surgió una prensa militar que pretendía hacerse eco del descontento profesional de la mayoría de los oficiales. Muchos de ellos se identificarían con la visión catastrofista que transmitían El Archivo militar - "Periódico dedicado a promover los intereses del Ejército", según se leía en su portada - y El Grito del Ejército, portavoces de un corporativismo militar muy escorado hacia el conservadurismo político. El problema, según aparece expuesto en el primero de estos periódicos, no era sólo Espartero, con ser el principal chivo expiatorio, sino también los progresistas e incluso la clase política, en general. Se estaba desarrollando de esta forma todo un discurso militarista que parecía abocado a un conflicto con el poder civil, deslegitimado como usurpador de la verdadera voluntad nacional. "No podemos ni queremos decir: el Estado somos nosotros", podía leerse en el número del 30 de septiembre de 1841 de El Archivo militar, "pero diremos: la patria, o si más os place, la parte más pura de la patria somos nosotros".

Era sólo el comienzo de un proceso plagado de consecuencias políticas a largo plazo, a medida que la insatisfacción profesional fue derivando en un rechazo al poder civil, señalado como causante de los males del ejército. Esa paulatina tendencia del ejército a constituirse en una casta aparte puede apreciarse también en el origen social de la oficialidad española: en la década de los sesenta, el 42 por ciento de los oficiales de Infantería eran hijos de militar (véase cuadro en Rueda Herranz, 2006: 346). La procedencia familiar de la oficialidad indica, junto a una acusada tendencia a la endogamia, la función, ya señalada, de las fuerzas armadas como instrumento de promoción social desde las clases bajas (origen del 22 por ciento de los oficiales de Infantería) y medias (33 por ciento) hacia posiciones - o por lo menos expectativas - de poder, influencia y prestigio. En todo caso, la evolución del problema a lo largo del siglo XIX no fue unívoca, sino que presenta caracteres muy contradictorios, que empiezan a ser reconocibles ya durante la regencia de Espartero. Es indudable, por un lado, que la mayor parte de la oficialidad no cuestionaba el sistema constitucional, en una u otra versión. No podía ser de otra forma: el ejército español del siglo XIX es hijo del liberalismo y, en parte, artífice de su triunfo. La presencia de militares de alta graduación en la estructura de poder del Estado constitucional es la mejor prueba de esa alianza histórica entre milicia y liberalismo. Hay un dato muy sintomático de este fenómeno, aunque más en términos de poder simbólico que político: el alto número de generales que acabaron siendo senadores. Pero la experiencia de los años 1840-1843 muestra también, por otro lado, el enquistamiento del problema castrense en el entramado de poder creado por el liberalismo y el malestar crónico de la oficialidad por el fracaso de gobiernos y regímenes de distinto signo para resolver los problemas básicos - sueldos, destinos, ascensos - de la profesión militar.

3.1.4. La obra legislativa de la regencia y la crisis final del régimen

La obra de las Cortes elegidas en 1841 fue la que cabía esperar de la abrumadora mayoría que los progresistas tenían en ellas. Podría decirse que más allá de las disputas internas y de la lucha por el poder que caracterizaba al partido hegemónico, los principios doctrinales y programáticos del progresismo eran básicamente comunes a todas las facciones. Se hizo notar asimismo la influencia británica en la política española, como solía ocurrir cuando los progresistas estaban en el poder. Recuérdense los fuertes vínculos personales y económicos que un progresista de pro como Mendizábal tenía con Inglaterra. De ahí la creencia generalizada, que tuvo su importancia en el origen del levantamiento barcelonés de 1842, de que el gobierno de Espartero pretendía llevar a cabo una política comercial de desarme arancelario favorable a los intereses de la industria británica. De igual forma, en etapas de gobierno moderado era notoria la relación preferente con Francia.

Las reformas legales de la regencia tuvieron en general un carácter continuista respecto a la legislación progresista de los años treinta. Así, una ley del 2 de septiembre de 1841 amplió los efectos de la desamortización eclesiástica de Mendizábal (ley del 29 de julio de 1837) al incluir el patrimonio del clero secular entre los bienes desamortizados. Una nueva ley del 19 de agosto del mismo año completó el proceso legal de desvinculación de los bienes nobiliarios, convertidos definitivamente en bienes susceptibles de compra y venta. De 1841 data asimismo la ley que abolía el diezmo, también con carácter definitivo, y lo sustituía por una contribución de culto y clero que permitiría al Estado normalizar el sustento, con dinero público, de los ministros de la Iglesia. Así pues, el régimen de la regencia desarrolló y culminó la obra iniciada por los progresistas en la década anterior en lo relativo a la abolición del régimen señorial y a la desamortización de los bienes eclesiásticos, tanto del clero regular como secular. A la intensificación de la política desamortizadora se añadieron algunas disposiciones que afectaban al estatus jurídico del clero, como el proyecto de ley sobre jurisdicción eclesiástica o la obligatoriedad de jurar fidelidad al poder constituido, todo ello en línea con una política anticlerical que agravó aún más las de por sí malas relaciones con la Iglesia española y con el Vaticano. El sacerdote catalán Jaime Balmes llegaría a atribuir la política eclesiástica del gobierno a un espíritu cismático e incluso al deseo de convertir la Iglesia española en una Iglesia protestante a la manera anglicana (Fradera, 1996: 162). En otras materias, se aprecia la misma fidelidad a los principios del progresismo, por ejemplo, en cuestiones que en cierta forma constituían sus señas de identidad política: poder municipal, milicia nacional, libertad de prensa e imprenta, ampliación del sufragio... Esta legislación estuvo inspirada en el liberalismo relativamente laxo y participativo que, en líneas generales, conformaba la actuación de los progresistas. Con ese espíritu se aplicó la ley de imprenta progresista de 1837, que permitió a la prensa de todas las tendencias combatir de forma implacable, con pocas excepciones, la actuación política de Espartero y de su gobierno, con el resultado de que "pocas veces ha sido un gobernante tan combatido desde la prensa como Espartero" (Seoane, 1987: 183).

Quedó pendiente una vez más la reforma de la Hacienda pública y la puesta al día del sistema tributario, cada vez más desfasado e inoperante, a la espera de una reforma fiscal en profundidad que no se produjo hasta 1845, ya con los moderados en el poder. Así pues, la política hacendística de este período se puede calificar, según Miguel Artola, de "fracaso total" (Artola, 1986: 214). Por lo demás, entre las principales iniciativas legales hay que consignar la ley paccionada del 20 de septiembre de 1841, que instaura el régimen foral en Navarra en el marco de la Constitución de 1837, y un decreto del 29 de octubre del mismo año sobre el modelo económico y adminis trativo que debía regir en las provincias vascas, por el que se suprimían las aduanas interiores, se establecían juzgados de primera instancia y se ampliaba el cuerpo electoral de los ayuntamientos y las diputaciones, medidas todas ellas con las que se pretendía poner fin a la excepcionalidad jurídica vigente todavía en aquellas provincias y establecer la unidad constitucional en todo el territorio español. Previamente, y atendiendo al mismo propósito, una orden del 5 de enero de 1841 había suprimido el llamado pase foral, una especie de derecho de veto que permitía a las diputaciones forales vascongadas dejar en suspenso aquellas leyes o medidas emanadas del gobierno o de las Cortes que estimaran contrarias a los derechos y tradiciones de aquellas provincias (Fernández Sebastián, 1991: 495; Rubio Pobes, 1996: 215). El llamado "arreglo de los fueros" - es decir, el compromiso de adaptarlos, sin suprimirlos, al marco de la Constitución de 1837 - se saldó, como se ve, con una interpretación literal y ortodoxa del principio de unidad constitucional, que contrasta con la actitud mucho más favorable al fuerismo propia de los moderados.

No se puede decir, pues, que las divisiones del progresismo y la lucha contra una oposición tan amplia como heterogénea impidieran el despliegue de un programa de reformas que abarcó campos muy diversos. Pero la conflictividad no dejó de ir en aumento a lo largo de estos años, lo mismo que la soledad política de Espartero, sobre todo a raíz de los sucesos de Barcelona de finales de 1842. A lo largo del año siguiente se fue articulando una verdadera "coalición antiesparterista formada por todos aquellos grupos y sectores que, con independencia de sus propios antagonismos, anteponían el rechazo al regente y su camarilla a cualquier otra consideración política. "Había un deseo inexplicable - escribirá Balmes poco después - de deshacerse del poder que pesaba sobre la nación [...]; todo lo que dejaba entrever la posibilidad de que derribase a Espartero, todo era acogido con avidez, aplaudido con entusiasmo" (Fradera, 1996: 163). Las críticas, procedentes de todos los medios políticos y periodísticos, a la educación que estaba recibiendo Isabel II contribuyeron asimismo a crear un ambiente hostil a la regencia.

En mayo de 1843, se desencadenó una crisis de consecuencias irreparables, provocada por la dualidad de poderes en que había derivado la situación política de la regencia. A principios de aquel año se habían celebrado nuevas elecciones, y de ellas salieron unas Cortes muy fragmentadas, que, por lo pronto, reflejaban la propia división del partido progresista en tres tendencias: los legales que encabezaba el jurista Manuel Cortina, los ministeriales, adictos a Espartero, y los puros de Joaquín María López, figura eminente -y miembro fundador - del partido progresista y hombre vinculado al influyente periódico El Eco del Comercio. Había además un grupo de diputados demócratas y republicanos y una cierta representación moderada, fru to del abandono por este partido de su política de retraimiento. Eran, en todo caso, unas Cortes manifiestamente hostiles a Espartero y, como era de prever, quisieron imponer la ley de la mayoría frente a los hábitos personalistas que venían marcando la vida política en los últimos tiempos. La mayoría parlamentaria forzó la caída del general José Ramón Rodil, un Ayacucho de la máxima confianza del regente, y el nombramiento el 9 de mayo de Joaquín María López como presidente del nuevo gobierno. La presión sobre Espartero no paró ahí. Contrario desde el principio al caudillismo del duque de la Victoria, Joaquín María López exigió de este último la destitución de su secretario personal, el general Linaje, otro conocido Ayacucho convertido en pieza clave del lobby esparterista. López reconocería tiempo después que la caída del general Linaje fue el principal, si no único, objetivo político del efímero gabinete presidido por él, aunque su programa incluía cuestiones de tanto calado como la limitación del mandato del regente hasta octubre de 1844 y una amnistía política que debía favorecer a los enemigos del general. El pulso entre el presidente del gobierno y el regente se saldó con la victoria del segundo: Espartero cesó a López diez días después de su nombramiento y disolvió unas Cortes que reducían al mínimo su margen de maniobra. El 19 de mayo encargó a Álvaro Gómez Becerra la formación de un nuevo gobierno, que contó como ministro de Hacienda con Juan Álvarez Mendizábal, al que las confusas circunstancias del momento devolvieron por poco tiempo un protagonismo engañoso.

La crisis de mayo de 1843 actuó como una verdadera declaración de guerra entre Espartero y una oposición cada vez más amplia y numerosa, que abarcaba desde el moderantismo, su adversario natural, hasta el sector mayoritario del partido progresista, pasando por demócratas y republicanos, un fenómeno que daría lugar a la llamada "reconciliación de los partidos", unidos contra el regente como enemigo común. Ya en marzo, un cualificado representante del republicanismo, el periódico El Huracán, había advertido, no obstante, del riesgo que la posible caída de Espartero entrañaba para aquellos que venían combatiéndole desde la izquierda: el triunfo de un despotismo aún peor que el de aquellos tres años (véase Apéndice, documento 15). Las decisiones tomadas por el general en la crisis de mayo se consideraron un atentado flagrante contra el orden constitucional y convirtieron la conspiración antiesparterista en un movimiento en defensa de la legalidad. Los moderados, que no olvidaban el fracaso de su acercamiento al carlismo con vistas a la sublevación de 1841, habían hecho del entendimiento con el progresismo antiesparterista e incluso con demócratas y republicanos el eje de su estrategia de oposición (Burdiel, 2004: 189). La caída del gobierno de Joaquín María López fue el detonante de un levantamiento protagonizado inicialmente por los progresistas. El primer grito contra Espartero lo dieron Prim y Milans del Bosch en Reus (Tarragona) el 27 de mayo: "¡Abajo Espartero! ¡Mayoría [de edad] de la Reina!". La sublevación se fue extendiendo por las provincias mediterráneas. Casi un mes después, el 21 de junio, el regente abandonó Madrid, confiando su defensa a la milicia nacional, para dirigirse a Valencia y coordinar desde allí la reacción contra los sublevados. Antes de llegar a su destino, el curso de los acontecimientos le hizo detenerse en Albacete, sin saber si continuar viaje a Valencia, donde el 27 de junio había desembarcado un grupo de generales exiliados en París - Narváez entre ellos - desde el fracaso de la sublevación moderada de 1841, o cambiar de planes y viajar a Andalucía e intentar, mientras fuera posible, frenar la generalización del movimiento.

A principios de julio, el triunfo de la sublevación en Cataluña permitió al general Serrano proclamarse "ministro universal" y decretar la destitución del regente y de su gobierno. El 22 del mismo mes, tropas gubernamentales dirigidas por el general Seoane, procedentes de Aragón, se encontraban cerca de la capital, en Torrejón de Ardoz, con las fuerzas que, a las órdenes de Narváez, avanzaban desde Valencia. Apenas hubo combate, pues una buena parte de los hombres de Seoane se sumaron a los sublevados. Unas horas después, Ramón Narváez, general notoriamente vinculado al partido moderado, entraba en Madrid como nuevo capitán general y el político progresista Joaquín María López era restablecido en el cargo de presidente del gobierno. No cabía mejor ejemplo del éxito de la llamada "reconciliación de los partidos". El 30 de julio de 1843, Espartero y algunos de sus hombres de confianza embarcaban en el Puerto de Santa María (Cádiz) rumbo a Inglaterra. Era el fin del trienio esparterista y el comienzo de una breve transición política entre un régimen todavía nominalmente progresista y una larga etapa de hegemonía moderada.

3.2. La Década Moderada (1844-1854)

3.2.1. La rápida transición hacia el régimen moderado (1843-1844)

Tras la marcha de Espartero, el espíritu de concordia entre las fuerzas antiesparteristas se mantuvo todavía algunos meses, pero era difícil que el entendimiento fuera sólido y duradero, habida cuenta la tendencia al exclusivismo de los dos grandes partidos del liberalismo español. Por otra parte, la política del gobierno progresista de Joaquín María López (julio-noviembre de 1843), formado tras la caída del regente, no podía ser del agrado de los moderados, que aspiraban a volver al poder lo antes posible para imponer su propio programa. No obstante, las nuevas elecciones, celebradas en sep tiembre, se realizaron todavía bajo el signo de la "reconciliación de los partidos", y las llamadas candidaturas de unidad constitucional obtuvieron una amplia mayoría, tras la cual podía vislumbrarse el ascenso electoral de los moderados y el descenso y, de nuevo, la división de los progresistas. Un duro editorial publicado por El Eco del Comercio el 6 de octubre de 1843 resulta revelador del descontento de aquel sector del partido progresista que había perdido el poder en julio, con la caída de Espartero. Era, al mismo tiempo, un sombrío presagio de los tiempos que se avecinaban: "Queréis crear un feudalismo de nueva especie, una aristocracia nueva, un amalgamiento infame de fortunas y sables que se sobreponga a los pergaminos y a la plebe. ¡Miserables! y creéis conseguirlo deprimiendo a esta plebe, a quien llamáis canalla, esclavizándola y domeñándola a sablazos".

Hubo acuerdo entre moderados y progresistas en cuanto a la necesidad de anticipar la mayoría de edad de Isabel II y evitar de esta forma una nueva regencia, dada la experiencia de las dos anteriores. La cuestión se ventiló rápidamente en las Cortes, que el 8 de noviembre aprobaron el adelanto de la mayoría de edad por 193 votos a favor y 16 en contra. La oposición procedía de las filas de la izquierda - demócratas y republicanos-, al estimar que la decisión suponía una reforma de facto del artículo 56 de la Constitución de 1837. El 10 de noviembre, Isabel II juró ante los diputados y senadores guardar y hacer guardar la Constitución. A pesar del apoyo casi unánime que su mayoría de edad había recibido en las Cortes, el comienzo de su reinado efectivo, recién cumplidos los 13 años, podía suponer una baza política en manos de los moderados, que serían sobre el papel los grandes beneficiarios del retorno a una política cortesana y de una mayor influencia de Palacio en la marcha de la vida pública. Las cosas, sin embargo, serían más complicadas de lo que parecían entonces, y las relaciones entre Isabel II y algunos prohombres del núcleo duro del moderantismo acabaron siendo tormentosas. Por lo pronto, el sector más derechista, al que pertenecía por ejemplo Donoso Cortés, estuvo trabajando hasta el último momento por el regreso de María Cristina como regente, frente a la clara conciencia que tenía la mayoría del partido de la inviabilidad de una operación semejante.

Joaquín María López y sus reformas progresistas, en relación con cuestiones tan sensibles como la milicia y los ayuntamientos, chocaron muy pronto con la oposición de los moderados en las Cortes. La situación se hizo insostenible, y López se vio obligado a presentar su dimisión. Poco antes, el periódico londinense The Times recogió el rumor de que el general Narvaéz, en un encuentro con los oficiales de la guarnición de Madrid, había calificado a Joaquín María López y sus ministros de "amotinados inmundos" (Christiansen, 1974: 132). Era evidente que la coalición contra Espartero había pasado a la historia. A López le sucedió el también progresista Salus tiano de Olózaga, quien al encontrarse con el mismo problema - la imposibilidad de que aquellas Cortes permitieran legislar en un sentido progresista- solicitó y obtuvo de la reina el decreto de disolución, con fecha del 28 de noviembre. Unos días después, los moderados, temerosos de perder en unas nuevas elecciones convocadas por sus adversarios la influencia que tenían en aquel momento, provocaron la caída del gobierno de Olózaga, acusado de haber forzado a la reina a firmar el decreto de disolución. Este oscuro episodio habría de tener graves consecuencias para el reinado de Isabel II, porque, en cualquiera de sus dos interpretaciones - que el presidente del gobierno coaccionó a la joven reina para que firmara el decreto o que fueron los moderados los que la presionaron para que declarara haber sido coaccionada por Olózaga-, servía para forjar la imagen de una reina altamente manipulable que actuaba bajo presión y de la que, por tanto, se podía obtener políticamente cualquier cosa si se recurría al juego sucio de la coacción y el chantaje. Lejos del mito de la Monarquía como poder moderador, por encima de las disputas partidarias, el "incidente Olózaga" consagró la imagen de la corona como "poder secuestrable". El linchamiento político del que, a raíz de estos hechos, fue víctima Salustiano Olózaga escenificó definitivamente la ruptura entre moderados y progresistas. El ambiente creado por los moderados fue tal, que el ex presidente tuvo que huir del país para poner a salvo su vida. Como le dijo a María Cristina uno de sus confidentes en España, lo sucedido era la excusa perfecta para justificar su regreso a Madrid y actuar como "apoyo, guía y amparo de su Augusta Hija' (Burdiel, 2004: 230 y 238).

Sintiéndose el hombre fuerte de la situación, Ramón Narváez, capitán general de Castilla, consideró que había llegado su hora. Pero el momento no era todavía propicio a su nombramiento como presidente, y sus ambiciones políticas tuvieron que esperar unos meses. El nuevo gabinete se formó el 4 de diciembre bajo la presidencia de un tránsfuga del progresismo, Luis González Bravo, que pocos años antes, en su época de periodista, había prodigado los peores insultos contra la reina gobernadora, María Cristina. Convertido al moderantismo y hombre próximo a Narváez, González Bravo representó en la práctica la vuelta de los moderados al poder, tras más de tres años en la oposición. Así lo indicaban algunas de sus decisiones: regreso a la polémica Ley de Ayuntamientos de 1840, restricciones a la libertad de imprenta, supresión de la milicia nacional y muy pronto (marzo de 1844) creación de la Guardia Civil. Para neutralizar la resistencia progresista a estas medidas, el gobierno decidió suspender las Cortes. La sublevación de los progresistas en algunas ciudades sirvió de coartada para una política represiva a gran escala, cumpliendo así los deseos expresados el 11 de enero por González Bravo en una conversación con Narváez y Donoso Cortés: "Necesito un motín para degollar gente" (Burdiel, 2004: 241). En esas condiciones, la oposición decidió retraerse en las elecciones municipales de marzo de 1844. La política española había vuelto a sus peores usos, entre ellos la exclusión del adversario del juego político e incluso su aniquilación física, según procedimientos que parecían superados desde la muerte de Fernando VII: según el historiador Antonio Pirala, en tan sólo un año a partir de diciembre de 1843 hubo 214 fusilamientos por motivos políticos (Martí, 1983: 238).

Los moderados, mientras tanto, preparaban un definitivo cambio de régimen que les permitiera liberarse de la Constitución de 1837 e instaurar su propio marco político, sin ninguna voluntad de concordia con la oposición progresista. Entre los planes del gobierno figuraba asimismo el regreso a España de María Cristina y su marido, Fernando Muñoz, que mantenía una estrecha relación con el sector más duro del moderantismo y que venía desarrollando, desde su exilio en París, una incesante labor como cerebro de toda suerte de intrigas políticas y financieras. Precisamente, para dar una apariencia de respetabilidad al personaje y a su relación conyugal, todavía secreta, con la reina madre - relación que su propia hija, Isabel II, desconocía - el gobierno de González Bravo decidió concederle un título nobiliario que enmascarara su origen plebeyo. El temor a la "repugnancia' que pudiera sentir Isabel II al firmar el decreto que convertía a Fernando Muñoz en duque de Riánsares, con grandeza de España de primera clase, llevó a Donoso Cortés a recomendar a González Bravo que le presentara el decreto a la firma a altas horas de la noche, cuando la reina estuviera "cansada y si es posible somnolienta'. En caso de que, a pesar de estas precauciones, Isabel II se resistiera a firmar el decreto, el propio Donoso se ofrecía para entrar en ese momento en su habitación y contarle "todo, todito" sobre las relaciones entre su madre y Muñoz (Burdiel, 2004: 243). Sobre la trascendencia política del regreso de María Cristina, que llegó a Madrid el 22 de marzo de 1844, baste decir que el 3 de mayo aconsejó a su hija que nombrara un gobierno "definitivo y no de transición". Ese mismo día, bajo la presidencia del general Narváez, se formaba un gabinete moderado con presencia de algunas de las principales personalidades del moderantismo, entre ellas, como ministro de Estado, Manuel de la Pezuela, marqués de Viluma, como representante del ala derecha del partido y hombre perteneciente al círculo de confianza de la reina madre.

3.2.2. El primer gobierno de Narváez, la nueva Constitución y la reforma fiscal de 1845

Ramón María Narváez y Campos (1800-1868), conocido como el espadón de Loja por su lugar de nacimiento (Loja, Granada) y su personalidad expeditiva y autoritaria, representó la versión moderada del caudillismo militar que Espartero había encarnado entre los progresistas. Pero, como ocurrió con este último, las relaciones de Narváez con su partido no estuvieron exentas de tensiones, desencuentros y recelos mutuos. El nuevo presidente del gobierno había ingresado en el ejército (Guardias Valonas) en 1815, a los 15 años. En su juventud, su suerte estuvo unida a la del liberalismo, por el que luchó en las calles de Madrid, junto a las fuerzas constitucionales, cuando se produjo el fallido golpe absolutista del 7 de julio de 1822. En la campaña de 1823 fue hecho prisionero por los franceses. Un informe de la policía francesa de abril de 1824 habla de un intento de suicidio provocado por su desesperación cuando creyó que su cautiverio en Gap (Francia) se iba a prolongar indefinidamente. Sólo la intervención de algunos compañeros suyos impidió que consumara aquel acto, que las fuentes informantes atribuyeron a la personalidad violenta y perturbada de aquel joven oficial español. Volvió a España tras el indulto de mayo de 1824. Su carrera militar, paralizada durante la Década Ominosa, entró en una nueva etapa a partir de la muerte de Fernando VII y el comienzo de la guerra carlista, en la que pasó, en unos pocos años, de capitán a mariscal de campo. De esta época datan asimismo su rivalidad con Espartero y su aproximación - tal vez por este motivo - a los moderados. Su exilio en París durante el trienio esparterista facilitó su entendimiento con la reina María Cristina. Como se recordará, al estallar la sublevación contra Espartero en 1843 viajó a Valencia y desde allí marchó sobre Madrid, donde se hizo inmediatamente con la situación. Desde entonces hasta su muerte en 1868, coincidiendo casi con el final del reinado de Isabel II, acumuló todo tipo de responsabilidades, honores y cargos: fue siete veces presidente del gobierno, diputado varias veces y por varias provincias, senador electivo y vitalicio, ministro de las carteras de Estado, Guerra, Marina y Gobernación, algunas de ellas en varias ocasiones, y duque de Valencia, con grandeza de España. La muerte le sorprendió en abril de 1868 siendo, una vez más, presidente del gobierno de Isabel II.

Su primera etapa al frente del ejecutivo (mayo de 1844-febrero de 1846) fue pródiga en reformas legales, desde la aprobación de la nueva Constitución moderada (1845) hasta la reforma fiscal (1845). La habilidad y la prodigalidad de Narváez con el ejército le sirvieron para obtener la confianza de buena parte de sus compañeros de armas. Por aquel entonces, el ejército español se componía de 100.000 hombres y su mantenimiento costaba 386 millones de reales, aproximadamente un 10 por ciento más que en tiempos de guerra. Narváez predicó una política de austeridad y recorte de gastos, que en realidad ocultaba un trato muy generoso con oficiales y suboficiales, sabiendo, sobre todo después de lo que le había sucedido a Espartero, lo importante que era tener contentos a los militares (Christiansen, 1974: 140-141). Aquella etapa estuvo muy condicionada asimismo por la futura boda de Isabel II, verdadera cuestión de Estado que desató todo tipo de intrigas y conflictos. Por lo pronto, Narváez tardó muy poco en sufrir las consecuencias de la heterogénea composición de su gabinete, con elementos tan conservadores como el marqués de Viluma, partidario de un acercamiento al carlismo y enfrentado a los dirigentes más centristas del partido, los llamados puritanos, como Ríos Rosas, Istúriz o Pastor Díaz, que defendían la vigencia de la Constitución de 1837 y la integración de los progresistas en el sistema. Apenas dos meses después de la formación del gobierno, el marqués de Viluma dejaba el Ministerio de Estado por considerar insuficiente la política involucionista del gabinete, por ejemplo, en relación con la desamortización eclesiástica, que fue paralizada, pero sin llegarse a plantear, como pretendía Viluma, la devolución a la Iglesia de los bienes ya vendidos. Le sustituyó un histórico del liberalismo moderado: Francisco Martínez de la Rosa. Superada esta primera crisis de gobierno, en septiembre se celebraron elecciones a Cortes, que, como cabía esperar, dadas las circunstancias y el retraimiento de los progresistas, dieron una aplastante mayoría a los moderados. Un fallido levantamiento progresista en La Rioja en noviembre de aquel año fue brutalmente sofocado por el gobierno, que aprovechó la ocasión para hacer una demostración de fuerza que sirviera de escarmiento a la oposición.

El principal objetivo de la nueva legislatura, inaugurada por la reina el 10 de octubre de 1844, fue la reforma de la Constitución de 1837. En la práctica, la supuesta reforma se tradujo en un nuevo texto constitucional emanado de unas Cortes que no tenían, sin embargo, un carácter constituyente. El proyecto de Constitución, que tuvo a Donoso Cortés entre sus principales inspiradores, fue debatido y aprobado en poco más de dos meses, aunque su promulgación tuvo que esperar hasta el 23 de mayo de 1845. Su contenido representa la quintaesencia del pensamiento político del moderantismo, articulado en torno al orden, la estabilidad y la jerarquía como valores fundamentales de la vida social y política. Es un texto relativamente corto (80 artículos), como suelen serlo las constituciones conservadoras, que establece la soberanía compartida entre la nación y el rey, cuyas atribuciones (Título VI) resultaban en consecuencia reforzadas respecto a la situación precedente. Las prerrogativas del monarca, reguladas por los artículos 45 y 46, ampliaban notablemente lo establecido en la Constitución de 1837. Asimismo, frente a la naturaleza semielectiva del Senado en la situación anterior, el nuevo texto, en su Título III, convierte a la cámara alta en una mera prolongación del poder de la corona, facultada para nombrar senadores libremente y en un número ilimitado (art. 14). La figura del senador, que tendrá un carácter vitalicio (art. 17), corresponde a las diversas versiones de una oligarquía conservadora que constituía lo más selecto de la base social del nuevo régimen: alta jerarquía administrativa, eclesiástica y militar, élite nobilia ria y grandes contribuyentes. Cuestiones esenciales para el funcionamiento del nuevo régimen, como el sistema de elección de los diputados, la organización del poder municipal o la libertad de imprenta (art. 2), quedaban a expensas de leyes posteriores, que, en algunos casos, resultaron severamente restrictivas. Están ausentes de su articulado, como era de esperar, piezas básicas del orden constitucional anterior, como la milicia nacional o el juicio por jurado, incompatibles con el conservadurismo moderado de raíz doctrinaria. Otra ausencia significativa es la del "poder judicial', sintomática de la voluntad de limitar la independencia de los tribunales y de evitar una completa separación de poderes. La Constitución de 1845 estaría en vigor durante 21 años, esto es, durante el resto del reinado de Isabel II, salvo el breve paréntesis del Bienio progresista (1854-1856).

La ambigüedad o el silencio de la Constitución en algunas materias otorgaba una enorme importancia a la legislación específica aprobada por las Cortes. Frente al carácter genérico del artículo 2 de la Constitución - "Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin censura previa, con sujeción a las leyes"-, el funcionamiento de la prensa quedó limitado por el decreto del 6 de julio de 1845 que, al suprimir el jurado, restringía aún más lo dispuesto por el decreto de abril de 1844 que modificaba a su vez la legislación progresista sobre libertad de imprenta. Hay que decir, sin embargo, que, pese a todas las restricciones impuestas por los moderados - condiciones económicas exigidas al editor del periódico, elevadas sanciones económicas por delitos de prensa, control del jefe político provincial...-, la prensa de la época disfrutó de un margen de actuación suficiente como para representar la pluralidad real de la sociedad española y desempeñar, aunque con riesgo de sanciones y persecuciones, una labor de oposición real al régimen moderado.

Mucho más restrictivo fue el marco legal que debía definir la participación ciudadana en las instituciones. La nueva ley electoral, aunque aprobada en marzo de 1846, fue obra del jurista Pedro José Pidal, ministro de Gobernación del primer gobierno de Narvaéz y uno de los hombres fuertes del partido moderado. La Ley electoral estableció distritos uninominales - cada distrito elegía un diputado-, frente a la circunscripción electoral propia del modelo progresista, y el requisito de una contribución mínima de 400 reales anuales para ser elector - salvo que se desempeñara una profesión liberal o se perteneciera al clero, al ejército o a la administración civil y judicial, en cuyo caso bastaba con acreditar una contribución de 200 reales-, lo que suponía doblar la cantidad exigida en la legislación anterior. Estos criterios socioeconómicos, propios de un sufragio censitario muy restrictivo, limitaban el electorado potencial a unos 100.000 electores - frente a los 600.000 de la legislación progresista-, es decir, a menos del 1 por ciento de la población. Para ser candidato era preciso disponer de una renta anual mínima de 12.000 reales en bienes raíces o pagar una contribución de 1.000 reales al año. El Congreso se compondría de 349 diputados (Rueda, 1998: 75-82).

Entre las grandes reformas legislativas de esta época figura de manera destacada la reforma fiscal de 1845, conocida como reforma Mon, por el nombre del ministro de Hacienda (Alejandro Mon) que la patrocinó, aunque conviene no olvidar el protagonismo de un alto funcionario del Ministerio, Ramón de Santillán, como autor intelectual del proyecto, razón por la cual algunos autores prefieren denominarla reforma Mon-Santillán. El nuevo sistema tributario puso fin a un largo período de interinidad, consecuencia de otras prioridades políticas y económicas que llevaron a aplazar una y otra vez la reforma. De ahí que su principal mérito no fuera su originalidad o su capacidad de innovación, sino su utilidad a la hora de poner orden en el marasmo tributario en que estaba sumido el país, con tributos residuales del Antiguo Régimen, nuevas contribuciones, algunas fruto de la improvisación o de las necesidades del momento, y la persistencia de realidades fiscales en el ámbito local y regional que restaban eficacia a la política tributaria practicada en las últimas décadas. El propósito de la reforma era, por tanto, simplificar y racionalizar el sistema tributario español y hacerlo más ágil y eficaz, con el fin último de aumentar la recaudación y de llenar el vacío dejado por el diezmo, utilizado por los gobiernos liberales como un recurso de transición entre el Antiguo y el Nuevo Régimen. En líneas generales, la reforma Mon-Santillán estableció una doble fiscalidad: directa sobre la economía rural - la "contribución de inmuebles, cultivo y ganadería' - e indirecta en el mundo urbano - los famosos e impopulares consumos-. Esta última se completaba con un "subsidio industrial y de comercio" que incluía el pago de patentes para el ejercicio de las profesiones liberales y que tuvo escasa incidencia en la recaudación total. Baste decir que entre 1850 y 1890 el subsidio industrial y de comercio apenas llegó a representar el 4,5 por ciento de la recaudación tributaria, o, lo que es lo mismo, la cuarta parte de lo que pagaba la propiedad inmobiliaria (Fontana, 1977: 332-333; Artola, 1986: 259).

La reforma fiscal de 1845 (Ley del 23 de mayo de 1845) constituye un verdadero hito en la historia económica de la España contemporánea al poner fin a la situación anterior, marcada por la provisionalidad y la improvisación, y fijar el modelo tributario del Estado liberal. Entre sus consecuencias, cabe subrayar el notable aumento de la recaudación tributaria - aunque este hecho debe imputarse también al crecimiento general de la economía española, sobre todo de la agricultura como consecuencia de las desamortizaciones - y su capacidad para acelerar la crisis de la agricultura tradicional, al introducir un modelo monetarizado que fue sustituyendo el pago en especies y haciendo inviable la explotación de mera subsistencia. El aumento de la recauda ción tuvo asimismo un efecto modernizador indirecto al facilitar la financiación de un Estado cada vez más complejo y costoso, con nuevas funciones y nuevos organismos -la Guardia Civil, por ejemplo, creada un año antesy, por tanto, con un incesante incremento del número de sus empleados. El Estado arrastraba además la deuda acumulada de las décadas anteriores, que en 1843 ascendía a 2.500 millones de deuda flotante. Pero si la contribución de la reforma de 1845 a la modernización del país fue innegable, no lo es menos que consagró un modelo socialmente discriminatorio, sobre todo por las posibilidades de evasión fiscal que permitía a unos y otros. Mientras el pago de los consumos - los impuestos indirectos sobre los artículos de primera necesidad, es decir, los productos de "comer, beber y arder", en expresión de la época - constituía una realidad insoslayable de la economía urbana, las clases propietarias de la España rural practicaban una evasión fiscal sistemática, mediante una ocultación consentida de su patrimonio que se ha llegado a cifrar entre el 30 y el 50 por ciento del total. La ocultación, ha dicho Josep Fontana, "no era un fallo del sistema, sino un elemento fundamental" (Fontana, 1977: 339), que se explica por la complicidad política existente entre las élites gobernantes, las clases propietarias y el aparato burocrático del Estado.

3.2.3. De Narváez a Narváez (1846-1851)

Como en otras ocasiones, el acuerdo de las élites sociales y políticas liberales sobre las grandes cuestiones de fondo - modelo constitucional, régimen de propiedad, defensa del orden social, sufragio censitario, etc. - no impidió que al final del gobierno Narváez afloraran tensiones políticas de gran calado dentro de la mayoría moderada y en el interior del propio gobierno. Esta vez el doble detonante de la crisis fueron la negociación con el Vaticano para llegar a un Concordato que resolviera el contencioso entre la Monarquía constitucional y la Iglesia española y el futuro matrimonio de Isabel II y de su hermana Luisa Fernanda. Razones políticas y otras de diversa índole, relacionadas con la personalidad y la situación familiar de la joven reina, llevaron a plantear la conveniencia de su boda en fecha muy temprana y como un objetivo a muy corto plazo. Entre las cuestiones políticas en juego estaba, como en todas las bodas reales, la posible influencia que otras cortes europeas pudieran obtener en España gracias a la elección de un príncipe de tal o cual casa real. Pero a la decisión se le atribuía también una gran trascendencia en clave de política nacional: la personalidad de su futuro marido podía inclinar la política española hacia posiciones próximas al absolutismo - no otra era la causa del apoyo de los más conservadores, como Dono so o Balmes, a un matrimonio con el conde de Montemolín, hijo del pretendiente carlista - o al liberalismo, como pretendían los progresistas - en ese momento, carentes de verdadera influencia política - y los moderados de centro o puritanos. En realidad, las claves nacionales e internacionales del asunto acababan coincidiendo: un matrimonio francés era del gusto de los moderados y un enlace patrocinado por Inglaterra era la opción preferida por los progresistas, según el conocido alineamiento del moderantismo con la política francesa y del progresismo con la inglesa. Un argumento utilizado asimismo para apresurar la decisión fue la inquietante personalidad que algunos atribuían a la reina adolescente, portadora, al decir de su madre, de "instintos animales". Según su padrastro, el duque de Riánsares, la llegada a la adolescencia había provocado en ella "una fuerte rebelión contra toda forma de autoridad".

A comienzos de 1846, la reina contaba 15 años y se iba extendiendo la idea, en palabras del marqués de Miraflores, de que era "indispensable casar[la] pronto". En el mes de febrero, las presiones de Palacio y las desavenencias de Narváez con un sector de su partido llevaron a la dimisión del general y a la formación de un nuevo gobierno. En pocos meses, se sucedieron varios gabinetes moderados presididos por el marqués de Miraflores, de nuevo Narváez y finalmente Javier Istúriz. Bajo el mandato de este último, se celebró el 10 de octubre de 1846 la boda de Isabel II, que ese día cumplía 16 años, con su primo Francisco de Asís y la de la infanta Luisa Fernanda con el conde de Montpensier, hijo del rey de Francia, Luis Felipe de Orleáns. Los sucesivos descartes de los candidatos mejor colocados llevaron, pues, a una elección que la experiencia demostró muy desafortunada y que se inició ya bajo la leyenda negra que acompañaría para siempre a aquel matrimonio sobre "la falta de afecto entre los esposos y las dudas sobre la virilidad del rey consorte" (Burdiel, 2004: 274-278). En conjunto, se puede decir que las bodas reales se saldaron a gusto de Francia, que colocó a un príncipe de la familia Orleáns en la corte española, y de la reina María Cristina y su entorno. Hombre de ideas retrógradas, el marido de Isabel II, Francisco de Asís, desempeñaría a partir de entonces un papel clave en el círculo de confianza de María Cristina, actuando a menudo como correa de transmisión de los intereses cortesanos en la política española, con episodios tan sonados como el apartamiento, en 1849, de Narváez del poder, durante 24 horas, por presiones del rey consorte. La boda de Isabel II reforzó, en definitiva, el poder de la camarilla palatina y clerical y la tendencia histórica a las injerencias de Palacio en la vida política, con efectos gravemente desestabilizadores en el funcionamiento de los gobiernos y de los partidos.

La crisis de 1846 alejó temporalmente a Narváez del poder, pero no le privó de su condición de hombre fuerte del moderantismo, lo que, a corto plazo, le acabaría devolviendo a la jefatura del gobierno. Su contradictorio perfil político se hizo más acusado a partir de entonces. Las revoluciones europeas de 1848 agudizaron su conservadurismo y su autoritarismo, pero este último rasgo de su carácter y una concepción muy personalista del poder hacían de él una figura muy incómoda para los miembros más intrigantes de la familia real, como la reina María Cristina o el marido de Isabel II. Antes incluso del estallido de las revoluciones en Europa, un levantamiento progresista en Galicia en 1846 y la vuelta del carlismo a las armas ese mismo año, sobre todo en Cataluña, hicieron temer por la estabilidad del trono de Isabel II. La rebelión carlista en Cataluña, conocida como guerra deis Matiners (1846-1849), estuvo motivada por un conjunto de factores que van desde el desengaño por el desenlace de la boda de Isabel II, frustrando las expectativas creadas en torno a un matrimonio con el conde de Montemolín, hasta el malestar social que la política moderada - como antes la progresista - provocaba en aquel territorio, ya fuera por el rechazo a las quintas o por el impacto en amplios sectores del campesinado del sistema tributario y del nuevo régimen de propiedad. Esa dimensión social del levantamiento carlista explica que la guerra deis Matiners llegara a ser en algunos momentos la expresión de un amplio frente de rechazo al moderantismo que abarcaba desde el carlismo hasta el progresismo y el republicanismo. Sin embargo, la decidida actuación del ejército, combinada con ofertas de perdón, y la incapacidad de los dirigentes carlistas de proyectar la revuelta más allá de Cataluña, salvo la aparición de algunos focos aislados, hicieron que el movimiento acabara perdiendo fuerza y que desde finales de 1848 las partidas carlistas fueran abandonando las armas hasta mejor ocasión. Los esfuerzos del general Cabrera, que había regresado poco antes del exilio, por revitalizar la lucha no impidieron que en mayo del año siguiente la guerra se diera por terminada con la huida a Francia de los últimos cabecillas carlistas (Canal, 2000: 128-135).

La vuelta de Narváez a la presidencia del gobierno en octubre de 1847 se debió en parte a las mismas razones que habían provocado su caída en febrero de 1846: la inestable situación del partido moderado, víctima de sus tensiones internas y de las continuas injerencias de Palacio. La política de los gobiernos que precedieron al regreso de Narváez, en particular del presidido por el jurista J.F.Pacheco (marzo-agosto de 1847), estuvo marcada por la voluntad del moderantismo centrista o puritano de facilitar una aproximación a los progresistas y una cierta liberalización del régimen. Como culminación de esa estrategia hay que señalar un proyecto de amnistía que beneficiaba a algunas figuras históricas del progresismo y que encontró la oposición de un amplio sector del partido moderado, cada vez más proclive a soluciones de orden y autoridad frente a los problemas del país. La caída del gobierno Pacheco dio lugar a la formación de un efímero gobierno presidido por Florencio García Goyena que sirvió de prólogo a la vuelta al poder del general Narváez. Su nueva etapa como presidente del gobierno (octubre de 1847- enero de 1851) iba a representar el apogeo de su poder personal.

El estallido de la revolución de 1848 en Europa, que en febrero provocó la caída en Francia de la Monarquía orleanista, firme aliada de la española, y la proclamación de la República, acabó de decantar a Narváez a favor de las soluciones de fuerza. El 1 de marzo obtuvo poderes especiales para combatir la revolución - una revolución inexistente - y unos días después decretó la disolución de las Cortes, instaurando así una dictadura de facto legitimada por una defensa a ultranza del orden social. Era la respuesta a un dilema que Donoso Cortés, muy próximo a Narváez, expresó de forma tajante en su Discurso sobre la dictadura de enero de 1849: "Cuando la legalidad basta para salvar la sociedad, la legalidad; cuando no basta, la dictadura". Porque la elección, añadía Donoso con una fórmula que se hizo célebre, "no está entre la libertad y la dictadura", sino "entre la dictadura de la insurrección y la dictadura del gobierno", o, en otras palabras, "entre la dictadura del puñal y la del sable" (véase Apéndice, documento 17). Con el discurso de Donoso de enero de 1849, la dictadura de Narváez quedó, en palabras de Comellas, "no ya legalizada, sino glorificada" (Comellas, 1970: 269). Paradójicamente, en España, donde los ecos de la revolución europea apenas provocaron algún episodio menor, la principal amenaza al orden establecido no procedía de progresistas y republicanos, sino de la extrema derecha representada por el carlismo en armas.

Ahora bien, que no hubiera en España una revolución en 1848 no significa que los sucesos de Europa y la involución política que vivía el país no dejaran de tener consecuencias en el interior de la izquierda. La situación de impotencia de los progresistas históricos, condenados por el régimen a la marginalidad, y la atracción que los más jóvenes del partido sentían por la llamada "primavera de los pueblos" que estaba viviendo el continente, agravaron las tensiones entre el sector oficialista o histórico del progresismo y una nueva generación situada a la izquierda. La confluencia de jóvenes progresistas como Ordax, Rivero, Orense o Martos - algunos de ellos llamados a tener un relevante papel político en el futuro - y dirigentes demócratas, en algunos casos simpatizantes del socialismo utópico o abiertamente republicanos, como Sixto Cámara, Fernando Garrido o Abdón Terradas, llevó en abril de 1849 a la creación de un nuevo Partido Progresista Democrático, cuyos principios doctrinales quedaron definidos en un prolijo manifiestoprograma, dirigido sobre todo - así se dice textualmente - "a la juventud" (Bahamonde y Martínez, 1994: 296-297; Artola, 1991: 1, 37-45). Se trata de un texto de inequívoco sabor democrático: sufragio universal, Cortes unicamerales, separación de poderes, juicio por jurado, libertad de imprenta sin restricciones, derecho de asociación, milicia nacional, poder municipal... Incorpora además algunas reivindicaciones sociales y económicas características de las bases del progresismo, como la culminación de la desamortización, la reforma radical del sistema tributario o la abolición de las quintas. Pero el texto hace también notables concesiones al realismo político y al conservadurismo general que dejaron en España las revoluciones de 1848. Se mantiene la Monarquía hereditaria como forma de gobierno, se declara "la religión católica como única religión del Estado" y se reconocen como principios e instituciones "inconcusos y no controvertibles" la unidad nacional, la propiedad y la familia. En suma, se propone un amplio catálogo de "reformas radicales" como única forma eficaz de hacer "inútiles, a la par que imposibles, las revoluciones y los trastornos". De momento, aunque lleno de pragmatismo y moderación, el programa del nuevo partido quedaba como una propuesta utópica de imposible aplicación. A medio plazo, sin embargo, sirvió para dar forma y contenido a una lucha por la democracia que acabó teniendo su ocasión en la historia de España.

La escisión demócrata debilitó aún más a los progresistas, mientras los moderados, afianzados en el poder gracias al miedo a la revolución, lanzaban un amplio programa de reformas técnicas y administrativas que contribuyeron a fortalecer y modernizar el Estado. Algunas de ellas corresponden al gobierno largo de Narvaéz: Ley de sociedades por acciones, reforma del sistema monetario, creación del sello de correos, reorganización del Banco de San Fernando, adopción del sistema métrico decimal... De este período data asimismo la inauguración del ferrocarril Barcelona-Mataró (1848), primera línea del tendido ferroviario español y símbolo del espíritu modernizador de la época. En conjunto, se produjeron avances notables en la organización administrativa del Estado, siempre desde una óptica muy centralista. Ejemplo de ello y de la obsesión por la defensa del orden será la potenciación del papel de los gobernadores civiles, en una línea de actuación congruente con los principios que habían inspirado la creación de la Guardia Civil en 1844: una política de orden público centralizada, dirigida desde el Ministerio de Gobernación, que los moderados concibieron como su propia alternativa al modelo municipalista de los progresistas, articulado en torno a la milicia nacional (López Garrido, 1982). Se avanzó también en la vertebración del mercado nacional, facilitando la desaparición de viejas trabas a la circulación de bienes, mercancías o simple correspondencia. No se puede decir, por el contrario, que la Ley de sociedades por acciones de 1848 respondiera a esa finalidad liberalizadora. Su aprobación se produjo en pleno pánico desatado por la crisis financiera iniciada en 1847 y respondía al afán de someter a un control estricto a las sociedades anónimas, responsabilizadas del origen de la crisis. Terminaba así un ciclo expansivo que venía duran do desde principios de los años cuarenta, en el que la economía del país se había beneficiado de los efectos multiplicadores de la desamortización, de la aparición de una burguesía de los negocios cada vez más activa y de un clima general más optimista desde el fin de la guerra carlista. Los contemporáneos fueron testigos de la fiebre societaria de los años cuarenta, una coyuntura muy favorable, por todo lo indicado, a las nuevas prácticas económicas del capitalismo industrial, comercial y sobre todo financiero. Las sociedades anónimas, reguladas por el Código de Comercio de 1829, permitieron canalizar capitales hasta entonces dispersos y propiciar así una fecunda asociación - una palabra clave en el vocabulario social y económico de la época - de recursos e iniciativas: en la década de los cuarenta se constituyeron 11 bancos y sociedades de préstamos, con un capital nominal de 1.595 millones de reales; siete sociedades de seguros, nueve compañías de comercio al por mayor, 12 empresas industriales de diversa naturaleza - textiles, papeleras, metalúrgicas, tipográficas, etc. - y 13 dedicadas al transporte y a las obras públicas. De todas ellas, sólo siete sociedades anónimas sobrevivieron a la gran crisis financiera de 1847-1848, que tuvo un fuerte impacto en la Bolsa y en algunas instituciones bancarias de reciente creación, como el Banco de Barcelona. La crisis, de una naturaleza hasta entonces desconocida - de ahí la restrictiva Ley de sociedades por acciones-, provocó un "terror pánico entre la minoría dirigente española" (Tortella, 1975: 39), convulsionada poco después, por si aquello fuera poco, por las noticias de las revoluciones europeas de 1848. Se ha dicho asimismo que el capitalismo nacional sacó de todo ello una importante conclusión histórica, cuyas consecuencias pudieron verse ya a mediados de la década siguiente: que en España el ahorro doméstico era incapaz de impulsar por sí mismo el despegue de la economía, necesitada, por tanto, de un fuerte apoyo del capitalismo internacional, tanto en capitales como en tecnología (Bahamonde y Martínez, 1994: 359-360).

Mientras tanto, las mayores posibilidades financieras del Estado, debido al aumento de la recaudación posibiliado por la reforma fiscal, permitieron a Narváez apaciguar los ánimos en el ejército con una generosa política presupuestaria que pudo mejorar la situación de los oficiales y suboficiales, y, en menor medida, también de la tropa. Pero, como ha dicho un especialista, el dinero se gastó "más en comprar lealtad que eficacia" y el fondo del problema militar permaneció latente (Christiansen, 1974: 141). Neutralizada, de momento, la oposición de sus compañeros de armas, Narváez tuvo que luchar, sin embargo, con la creciente hostilidad de los hombres fuertes de su propio partido y de la camarilla palaciega hacia su persona y su estilo de gobierno. Era pública, por ejemplo, su enemistad con el rey consorte, Francisco de Asís. Incluso un hombre tan identificado con el general como Donoso Cortés se mostró implacable con las responsabili dades del gobierno, en particular con el clima de corrupción que se estaba apoderando de la vida pública española, "esa corrupción que está en la médula de nuestros huesos, nos entra por todos los poros [y] está en la atmósfera que nos envuelve" (Comellas, 1970: 280). El 10 de enero de 1851, Narváez presentó su dimisión y partió a Francia, para iniciar un breve exilio voluntario. Su sucesor fue el abogado extremeño Juan Bravo Murillo, ministro de Hacienda del gobierno anterior hasta que fue destituido por Narváez en noviembre de 1850, en una de las decisiones más polémicas que tomó durante su "gobierno largo" y en la que parece haber influido el intento del ministro de reducir el presupuesto militar (Pro Ruiz, 2006: 241). El reformismo moderado - pero también el giro autoritario del moderantismo - llegaría a su apogeo bajo el gobierno de Bravo Murillo.

3.2.4. Prensa, lecturas y lectores a mediados del siglo XIX

Todo el mundo parecía hacer suyas las palabras pronunciadas en 1845 por el político moderado J.F.Pacheco en su discurso de ingreso en la Real Academia: la prensa "es hoy en día un accidente necesario en el estado de nuestra sociedad" (Fuentes y Fernández Sebastián, 1997: 88). Pese al carácter restrictivo de la legislación de prensa moderada, durante aquella década se publicaron periódicos de todas las tendencias políticas. Entre los progresistas, junto al clásico El Eco del Comercio, principal órgano de este partido, pero ya en pleno declive, figura muy destacado El Clamor Público por su influencia política y su larga duración (1844-1864), insólita en un periódico español del siglo XIX. La misma tendencia se puede atribuir a Las Novedades, aunque este importante periódico se apartó de la línea partidista que era habitual en la prensa española de la época para inaugurar el nuevo ciclo del periodismo informativo con fines comerciales, que hizo del folletín uno de sus grandes reclamos y una de las razones de su éxito. Más a la izquierda, en el espectro del progresismo democrático, se sitúa El Siglo, fundado en 1848, víctima, como otros órganos demócratas, de los vaivenes de la libertad de imprenta en estos años. La misma orientación ideológica se puede atribuir a La Reforma, El Pueblo, La Guardia Nacional y, ya al final de la Década moderada, El Tribuno. Algún periódico fue más allá de una concepción democrática del liberalismo y abogó por un socialismo utópico que, dentro de las dificultades de la época, continuaba la tradición que esta doctrina tenía en España - Barcelona, Madrid y Cádiz, principalmente - desde finales de los años treinta. Es el caso de La Atracción, fundado en 1847 por Fernando Garrido y Sixto Cámara, que unos meses después crearon La Organización del Trabajo. En una línea similar, entre el socialismo utópico y el pensamiento demo crático, se inscriben los barceloneses La Fraternidad, vinculado a Narciso Monturiol y Abdón Terradas, dos históricos del socialismo utópico catalán, y El Padre de Familia (1849-1850).

En el extremo opuesto del arco político figura el carlista La Esperanza (1844-1870), que llegó a ser el periódico madrileño de mayor difusión fuera de la capital y que gozó, gracias a su calidad, de un indudable prestigio y reconocimiento, incluso entre periódicos radicalmente contrarios a su ideología. Por último, entre los moderados, cabe destacar El Heraldo (1842- 1852), que nació como órgano de oposición a Espartero y se convirtió muy pronto en firme defensor de la política de mano dura de Narváez. Pese a su corta vida, El Pensamiento de la Nación (1844-1846), obra personal de Jaime Balmes, tuvo una importancia decisiva en la articulación de un discurso conservador abiertamente militante contra la revolución y partidario de la reconciliación con el carlismo. De ahí su fallida apuesta, característica de la derecha del moderantismo, por la boda de Isabel II con el heredero carlista, el conde de Montemolín. Por el contrario, periódicos como El Español de Andrés Borrego, en su nueva fase, iniciada en 1845, La Patria, El Diario español o La Época - de larga duración, llamado a tener una enorme influencia en el campo conservador - representan un moderantismo centrista o puritano mal avenido, en general, con los métodos autoritarios de Narváez. Hay que decir, sin embargo, que a partir de 1848, bajo el impacto que las revoluciones de aquel año tuvieron en los sectores más templados de la sociedad y la política españolas, los periódicos afines al partido moderado experimentaron un giro a la derecha en sus posiciones políticas, obsesionados como estaban por la defensa del orden social. Ejemplo de ello será el ultramoderado La España, fundado en 1848 con una tirada inicial, nada desdeñable, de 6.000 ejemplares.

Los datos estadísticos ofrecidos en 1853 por el periódico progresista El Tribuno permiten ofrecer un estado de la situación de la prensa española a mediados de siglo. Aquel año se publicaban en España 123 periódicos, de ellos más de la mitad (71) en Madrid, aunque sólo 13 con periodicidad diaria. De todas formas, los periódicos madrileños solían colocar en provincias como mínimo la mitad de su tirada - entre un 50 y un 80 por ciento, según algunos cálculos (Seoane, 1987: 206)-. Así pues, existía una fuerte concentración de la prensa española en la capital. Sin embargo, los periódicos madrileños dependían en gran medida de la capacidad del mercado nacional para absorber una buena parte de su tirada, estimada en una media de entre 7.000 y 8.000 ejemplares, con algunas cabeceras que excepcionalmente podían llegar a los 13.000 ejemplares diarios. Por el contrario, la participación de la prensa no madrileña en el mercado nacional, fuera de su ámbito local, era muy reducida: según los datos de correos sobre franqueo de periódicos, en 1850 la prensa de provincias representaba tan sólo el 13 por ciento del gasto total, frente al 87 por ciento de la prensa de la capital (Fuentes y Rojas, 1998: 190). Conviene añadir que la prensa española mantiene dos constantes históricas de las que tardará mucho en desprenderse: una profunda desproporción entre un alto número de cabeceras y un reducido público lector, que se traduce en bajas tiradas, y, por otro lado, una fuerte politización y, al mismo tiempo, un claro alineamiento, como se ha podido comprobar, entre periódicos y partidos políticos. A menudo, sin embargo, son los periódicos los que dirigen la línea de actuación de sus respectivos partidos o grupos políticos, y no éstos los que condicionan la estrategia informativa de la prensa afín. Como se dijo por entonces del periódico La Esperanza, "más que un diario ha sido el núcleo y es la organización misma del partido monárquico puro" (Fuentes y Fernández Sebastián, 1997: 89).

No es menos cierto, sin embargo, que en esta época se inicia una clara evolución hacia un periodismo más informativo y comercial, que busca cada vez más la rentabilidad económica y no tanto el beneficio político, sujeto siempre a los imprevisibles vaivenes de la política española. Prueba de esa correlación lineal entre cambio político y coyuntura periodística es el hecho de que el porcentaje de la prensa moderada y progresista en gasto de franqueo se invierta entre 1850 y 1854, según gobiernen los moderados o los progresistas: con los primeros en el poder la prensa moderada se sitúa en cabeza con un 44 por ciento de gasto, frente al 30 por ciento de los progresistas y demócratas, mientras que a partir de la Revolución de 1854 la prensa moderada baja al 25 por ciento y la progresista sube al 45 (Seoane, 1987: 207-209). De ahí el afán de algunos periodistas españoles por que su actividad disfrutara de una mayor independencia respecto a los partidos y los gobiernos, estrechando a cambio la relación con el público lector como principal elemento de sustentación. Ejemplo de la paulatina tendencia a la profesionalización y mercantilización del periodismo serán el nuevo modelo representado por Las Novedades, la creciente importancia de la publicidad como forma de financiación complementaria y la función del folletín como sección clave de todo periódico que se precie.

Las décadas centrales del siglo fueron la "edad de oro del folletín", una fórmula de gran popularidad que combinaba la accesibilidad y bajo precio del periódico con el atractivo de una literatura ligera y amena, muy a tono con el gusto del naciente público burgués y mesocrático, tanto masculino como especialmente femenino. El contenido sentimentaloide y lacrimógeno de los folletines - algunos de importación, como los de Eugéne Sue - no dejó de alarmar a los más conservadores, que denunciaron la presunta inmoralidad de los temas y situaciones que trataban estas obras, incluso, en palabras de Jaime Balmes, su "indiferentismo religioso". La respuesta del gobier no moderado presidido por Bravo Murillo fue establecer en la Ley de imprenta de 1852 la censura previa para las novelas publicadas en forma de folletín. Pero era difícil poner límites a temas y géneros literarios que hacían furor entre un nuevo público en franca expansión. Una versión más edulcorada de la literatura de mediados de siglo es la que representa un autor español de gran éxito como Ramón de Campoamor, cuyas Doloras (1846) han sido calificadas por José María Jover como "verdadero opio para una pequeña burguesía conformista" (Jover Zamora, 1976: 242). En cierta forma, el mismo ideal conservador de las clases medias, que situaba a la mujer en el mundo de lo privado y lo doméstico, fomentaba la emergencia de un público lector femenino ávido de satisfacer, sin salir de su ámbito específico, su necesidad de mundos imaginarios y de ciertas pasiones que la realidad cotidiana le negaba. Otras lecturas de la época iban dirigidas a la instrucción de la mujer de cierta posición o ala familia burguesa en su conjunto. El éxito del Semanario Pintoresco Español, la revista ilustrada de mayor tirada de la época, y del Museo de las Familias demuestra que estas publicaciones resultaban muy rentables si acertaban a conectar con un lucrativo segmento del mercado. La naturaleza de su público se deduce fácilmente de la imagen que ilustra un número del Semanario Pintoresco de 1856: una familia leyendo plácidamente en el salón de su casa alrededor del padre (Martínez Martín, 1991: 82).

La ampliación del público familiar y femenino y la progresiva alfabetización del pueblo urbano contribuyeron decisivamente al crecimiento del negocio editorial y periodístico español a lo largo del siglo XIX, rompiendo así poco a poco el canon mesocrático y masculino del lector-tipo que se suele identificar con la cultura liberal y burguesa. La existencia de un público lector de extracción popular no dejó de provocar inquietud en las autoridades, tanto por la naturaleza de algunas de sus publicaciones favoritas como por utilizar a menudo su lugar de trabajo - el taller o la fábrica - para hacer de la lectura una práctica compartida. Si, por un lado, la lectura oral en público permitía soslayar el analfabetismo de la mayoría, por otro, creaba vínculos de solidaridad y de empatía entre los asistentes, unidos, gracias a eso, en una conciencia colectiva. Tal es, sin duda, una de las razones por las que las autoridades persiguieron este tipo de prácticas mediante disposiciones legales de bajo rango, como bandos o decretos. "Se prohibió leer y oír leer en sus talleres los periódicos que les instruían", dirá en 1855 El Eco de la Clase obrera, recordando tal vez la prohibición por el gobernador civil de Barcelona en 1844 de "la lectura de los periódicos y demás papeles públicos" en las fábricas. El carácter colectivo que a menudo revistió la lectura popular explicaría probablemente una cierta tendencia a la sobrevaloración del fenómeno, que llevó en 1859 al escritor catalán Mañé y Flaqué a considerar "una verdad innegable que entre nosotros las clases proletarias son las que más leen, o quizá las únicas que leen" (Benet y Martí, 1976: II, 320, y 1, 174).

No era así, naturalmente, pero el carácter privado y recatado de la lectura mesocrática y burguesa la hacía menos visible y aparatosa. No obstante, hubo también toda una serie de prácticas e instituciones culturales generadas por la "lectura burguesa". Los cafés, los ateneos y las "sociedades de hablar" constituyen la principal expresión de esa red de lugares públicos dedicados no sólo a la lectura, sino a la conversación, a la conferencia y, en algunos casos, al mitin político. Una amplísima red de casinos, salones, círculos y ateneos se fue desarrollando sobre todo desde mediados de siglo por todo el país, convirtiendo el territorio nacional, principalmente urbano, en un espacio cada vez más denso de "sociabilidades electivas" formadas por "categorías horizontales de afinidad" de tipo sociocultural (un exhaustivo inventario de estas sociedades, incluidas las puramente recreativas, en Villacorta Baños, 1997: 674-677, 648-685, 700-715). Compendio de ese universo cultural fue el Ateneo de Madrid, que vivió en los años cincuenta y sesenta, según Ramón M. Labra, tal vez su "período de mayor animación y prestigio". De todas formas, el Ateneo madrileño se distinguiría de la mayoría de sus homólogos en la dimensión pública que acabaron revistiendo algunos debates académicos iniciados en sus salones, sobre todo en los últimos años del reinado de Isabel II, así como en el protagonismo político de sus miembros más señalados, notoriamente vinculados, como se verá más adelante, al krausismo y al partido demócrata (Ruiz Salvador, 1970). Cabe destacar asimismo el papel desempeñado en Barcelona por la sociedad denominada Velada de Artistas, Artesanos, Jornaleros y Labradores, fundada en 1847 y reconvertida 12 años después en "El Fomento de las Artes", con un papel pionero en la difusión de la cultura entre las clases populares locales (Villacorta Baños, 1980: 59-61).

3.2.5. El moderantismo civil y el final de la Década Moderada: entre la modernización y el autoritarismo

En los últimos tres años de la Década moderada, especialmente bajo la presidencia de Bravo Murillo (enero de 1851-diciembre de 1852), se intensificó la acción reformista del régimen. Para ello resultó determinante la personalidad política e intelectual de los notables del moderantismo civil, procedentes del campo del derecho y la administración, y el frenesí modernizador, con ciertos tintes tecnocráticos, que, superada la coyuntura revolucionaria de 1848, vivía Europa por entonces. Juan Bravo Murillo (1803-1873) encarna perfectamente ese perfil y esa coyuntura. Tenía un sólida formación jurídica y humanística, que le permitió ejercer primero la docencia, como catedrático de Filosofía, y luego, y sobre todo, la abogacía al frente del próspero bufete profesional que tenía abierto en Madrid. Su mejor biógrafo lo ha definido como "un abogado por encima de todo", pero también como pionero de una clase política profesional todavía en ciernes (Pro Ruiz, 2006: 21). Él mismo se refirió al suyo como el gobierno de "los abogados", como dando un contrapunto anticipado al "régimen de los generales" del que hablaría Jesús Pabón un siglo después. Cuando fue nombrado presidente del gobierno en enero de 1851, contaba ya con una larga experiencia política y administrativa, siempre en la órbita del partido moderado. Fue diputado desde 1836, ministro en varias ocasiones y en diversas carteras - la de Hacienda, la de Justicia y la de Comercio, Instrucción y Obras Públicas - y hombre clave en el debate constitucional de 1845. En enero de 1851, se puso al frente de un gabinete de bajo perfil político en el que él mismo desempeñaría, de nuevo, la cartera de Hacienda.

La inauguración, un mes después de la formación del nuevo gobierno, del ferrocarril Madrid-Aranjuez - tras años después de la línea BarcelonaMataró - era sólo una coincidencia, que, no obstante, puede verse como signo de los tiempos: Bravo Murillo y sus ministros se proponían impulsar el desarrollo material del país con reformas técnicas y administrativas basadas en la utilidad pública como supremo valor de la acción de gobierno. La política parlamentaria - o la política a secas - pasaba a un segundo plano ante el desprestigio de los usos tradicionales del régimen liberal y la sensación de que las verdaderas necesidades del país, postergadas por el liberalismo tradicional, no admitían demora. La dimensión tecnocrática del gobierno de Bravo Murillo se plasmó en iniciativas como el comienzo de las obras del Canal de Isabel II, la apertura en Madrid de la Escuela de Ingenieros Industriales y de la Escuela de Telegrafistas, la promulgación de una ley de ferrocarriles y el nuevo arreglo de la deuda pública. Como en otros países europeos, las obras públicas - transportes, comunicaciones y canales - se convirtieron en el eje del nuevo protagonismo del Estado en el desarrollo nacional y, al mismo tiempo, en campo de actuación privilegiado de un capitalismo de los negocios que habría de estrechar aún más, vía concesiones por el Estado de determinados servicios públicos, los lazos existentes entre la política y la economía. Bravo Murillo lleva, pues, a su máxima expresión una política que ya estaba en el ambiente, dentro y fuera de España. De hecho, la incorporación de las obras públicas al organigrama gubernamental, mediante la creación del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Públicas (decreto del 28 de enero de 1847), que él mismo desempeñó en una ocasión, data de cuatro años antes de su llegada a la presidencia del gobierno. Mediante un decreto del 20 de septiembre de 1851, las tradicionales Secretarías de Despacho pasaron a ser definitivamente los Ministerios de cada ramo.

En otros terrenos, el frenesí reformista del gobierno Bravo Murillo dio lugar a iniciativas legales y a prácticas de poder que combinaban el voluntarismo administrativo -y con él una cierta sobrevaloración de la buena administración como factor de progreso (reforma administrativa de junio de 1852)con el fortalecimiento del poder ejecutivo en perjuicio del parlamento y de las libertades individuales. La suspensión de las Cortes se convirtió en práctica habitual del gobierno, y algunos derechos y libertades sufrieron restricciones aún mayores que en la etapa anterior, por ejemplo, la libertad de prensa (decreto de abril de 1852). Con el mismo espíritu, se puso en marcha un proyecto de reforma constitucional que, en el fondo, iba más allá de la mera puesta al día de la Constitución de 1845 y que no llegó a prosperar por la oposición que encontró en las propias filas moderadas. En palabras de Raymond Carr, la reforma constitucional respondía al propósito de Bravo Murillo de sustituir el régimen de los generales por una "autocracia civil" (Carr, 1970: 242). En opinión de otro historiador, el proyecto representaba "un nuevo corrimiento a la derecha" o, dicho de otra forma, "la menor cantidad posible de Constitución" (Comellas, 1970: 315 y 313).

Mayor fortuna tuvo el Concordato firmado con la Santa Sede en 1851, elemento esencial del legado político de aquel gobierno, llamado a presidir durante largo tiempo las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado español. Estuvo en vigor durante más de un siglo - hasta la firma del Concordato de 1953-, aunque permaneció suspenso bajo el Sexenio democrático y la II República. A su importancia jurídica se añadía su valor simbólico, al poner fin al contencioso abierto entre la Sante Sede y la Monarquía constitucional como consecuencia de las reformas liberales, en particular, la desamortización eclesiástica. La Iglesia asumió como irreversible la expropiación de la mayor parte de su antiguo patrimonio y el Estado reconocía la religión católica como la propia de la nación española - tal como, por otra parte, venían haciendo las constituciones liberales de todos los matices - y se comprometía a velar por la plena adecuación del sistema educativo a la doctrina católica. Asimismo, el artículo 29 autorizaba el restablecimiento de algunas órdenes religiosas masculinas, dentro de un margen de ambigüedad que plantearía en el futuro graves problemas de interpretación. El Estado se comprometió a sufragar los gastos de culto y clero y a paralizar la venta de bienes eclesiásticos y se reservó el llamado derecho de patronato, es decir, la facultad de intervenir en el nombramiento de los obispos españoles mediante la presentación de una propuesta de tres candidatos a la que debería ajustarse la decisión final de la Santa Sede. Las dos partes acordaron una amplia remodelación de las circunscripciones eclesiásticas, mediante una actualización que, en gran medida, suponía adaptarlas a la reciente división provincial. La firma del Concordato el 16 de marzo de 1851, convertido en Ley el 17 de octubre del mismo año, proporcionó a la Monarquía isabelina una legitimidad católica de la que hasta entonces había carecido formalmente. El Concordato fue, en definitiva, la obra más perdurable del moderantismo. En realidad, la negociación se encontraba tan avanzada cuando Bravo Murillo subió al poder, que su culminación bajo su gobierno fue "poco más que una simple coincidencia" (Comellas, 1970: 298). Sirvió por partida doble a la estrategia gubernamental, por un lado, al conseguir el definitivo reconocimiento de la Monarquía constitucional por la jerarquía católica y, por otro, al dar credibilidad al proyecto del moderantismo y, en particular, de Bravo Murillo, que era entonces, indiscutiblemente, su principal figura política: la necesidad de cerrar una larga etapa de inestabilidad e interinidad mediante iniciativas legales capaces de crear un marco jurídico y administrativo sólido y duradero.

Ese proyecto histórico de cuño doctrinario y conservador, compartido por las grandes personalidades del moderantismo, no bastó, sin embargo, para dar al partido moderado la cohesión que tradicionalmente le había faltado. De manera muy esquemática, el partido estaba atravesado por tres grandes líneas de fractura: 1. La que oponía al sector civilista formado por los políticos profesionales, la mayoría procedentes del mundo del derecho, a la opción militarista representada por Narváez; 2. La que enfrentaba al gobierno con el grupo parlamentario; y 3. La divisoria estrictamente ideológica existente entre los ultramoderados a lo Donoso Cortés y los puritanos o centristas. Esta triple dicotomía podía dar lugar a dos bloques contrapuestos, cada uno de ellos integrado por distintos grupos de poder eventualmente aliados - era notoria, por ejemplo, la sintonía entre Narváez y el sector más duro del partido-, pero la compleja y cambiante combinatoria de las alianzas internas no hacía más que añadir conflictividad y discordia a la vida interna del moderantismo. Por otro lado, existía un cierto afán de emulación del grupo "de los abogados", encabezado por el propio Bravo Murillo, hacia el ala dura del partido, como si temieran quedarse atrás en autoritarismo y represión. Como le dijo al duque de Riánsares el marqués de Miraflores, "nosotros también sabemos hacer fusilar, y con poca bulla' (Pro Ruiz, 2006: 288). En suma, el partido moderado no llegó a constituir un sistema perdurable, de tal manera que, al final, el principal impulso que le permitió durar una década en el poder fue "su propio esfuerzo por sobrevivir" (Comellas, 1970: 357). Las interferencias de Palacio, jugando favor o en contra de tal o cual grupo o líder político, hicieron el resto. Consecuencia de todo ello fue la dimisión de Bravo Murillo y su gobierno en diciembre de 1852, tras el fracaso que supuso la derrota del candidato gubernamental en la elección de presidente de las nuevas Cortes, que apoyaron al viejo Martínez de la Rosa, y el abierto rechazo que en la mayoría moderada suscitó el proyecto de reforma constitucional. En todo caso, la clave parece haber sido, una vez más, la actitud de la Corona: el gobierno dimitió, al decir de su presidente, "tan luego como advirtió el primer síntoma de no gozar omnímodamente de la Regia confianza" (Pro Ruiz, 2006: 406).

En un año y medio, desde la caída de Bravo Murillo hasta la revolución de 1854, se sucedieron tres gobiernos moderados de distinto signo. El del general Federico Roncalli (diciembre de 1852-abril de 1853) tenía un claro regusto palaciego, tal como señaló entonces Donoso Cortés en una carta al embajador de Prusia. Su sucesor, el también general Francisco Lersundi (abrildiciembre de 1853), formó un gobierno ecléctico. Pese a pagar el correspondiente peaje a Palacio - el ministro de Gobernación, Pedro Egaña, pertenecía al círculo personal de María Cristina-, supo contar con personalidades representativas de diversas facciones del partido. Puede que ello le sirviera para durar algo más que el anterior. De todas formas, su mandato estuvo salpicado de rumores de conspiración e incluso sobre un posible cambio de dinastía. Finalmente, la oposición de los generales del moderantismo, desde Narváez hasta Serrano, intrigas políticas de toda índole y algunos sonados escándalos financieros - un fenómeno característico del final de la Década moderada - acabaron provocando su caída a los nueve meses de su nombramiento. El último gobierno lo presidió entre diciembre de 1853 y julio de 1854 el abogado y periodista Luis José Sartorius, conde de San Luis, cuyo paso por el Ministerio de Gobernación durante la etapa de Narváez le había acreditado como un experto manipulador de los procesos electorales. Cabecilla de su propia facción dentro del partido - los llamados polacos, pues tal era el origen familiar de Sartorius-, el nuevo presidente del gobierno compendiaba los peores vicios del moderantismo, principalmente la tendencia a hacer política de camarilla, la subordinación a ciertos intereses palaciegos y una confusión entre política y negocios que propició casos flagrantes de corrupción. El embajador británico en Madrid le definió como "un hombre de gran talento, pero de gran inmoralidad política", lo que explica el "lujo asiático y la pompa y esplendor" de los que, según otra fuente, se rodeaba (Kiernan, 1970: 43). La caída de su gobierno, y con ella el fin de la Década moderada, se debió a una concatenación de todas aquellas circunstancias, resumidas en un gran escándalo político-financiero a cuenta de las concesiones por el gobierno de la explotación de las futuras líneas ferroviarias, un negocio en el que la reina María Cristina y su marido, Fernando Muñoz (duque de Riánsares) pretendían jugar ventajosamente con ayuda oficial.

El gobierno de Sartorius tuvo un final parecido al de Espartero en 1843. Si el duque de la Victoria consiguió entonces la oposición casi unánime de progresistas y moderados contra el régimen esparterista, el conde de San Luis se labró a pulso la hostilidad de la mayor parte del partido moderado, que se fue inclinando hacia una lucha abierta contra el gobierno. De esta forma, se forjó una pasajera coalición de facto de moderados y progresistas contra un enemigo común personificado en el presidente Sartorius. Resulta dificil determinar si la razón que llevó a los moderados a romper con el gobierno fue el deseo de acabar con la escandalosa corrupción gubernamental o la sensación de ser marginados de los grandes negocios del momento, reservados en exclusiva para la camarilla palaciega o, más bien, para alguna de las distintas camarillas existentes en Palacio. En todo caso, el detonante fue la política de concesiones ferroviarias, descaradamente favorable a los amigos del gobierno, entre ellos la reina María Cristina, su marido y su entorno de financieros y especuladores, entre los que destacaba el banquero y ex ministro de Hacienda José de Salamanca (marqués de Salamanca desde 1863). La cuestión, planteada en el Senado, se encontró con el rechazo frontal de algunas de las personalidades más influyentes del moderantismo, incluidos numerosos políticos, generales y banqueros. La derrota del gobierno - 105 votos a favor por 69 en contra - en una votación celebrada el 9 de diciembre de 1853 precipitó las cosas. Sartorius reaccionó disolviendo las Cortes y adoptando una política de dureza contra su propio partido que no tardó en volverse contra él. Prohibió a la prensa, bajo pena de secuestro, tratar las cuestiones más candentes de la actualidad - las concesiones ferroviarias, la sesión del Senado o la escandalosa contrata del puerto de Barcelona - y tomó duras represalias contra funcionarios desafectos y altos cargos públicos - consejeros reales y senadores - que se habían significado por su oposición al gobierno. Además, cambió de destino a varios generales y persiguió a políticos y periodistas. Esta reacción, propia "de un hombre aferrado rabiosamente al poder" (Comellas, 1970: 332), no hizo más que aumentar la soledad política de Sartorius en su propio partido y reducir al mínimo su margen de maniobra. Los sectores descontentos del moderantismo civil y militar pasaron abiertamente al campo de la conspiración, donde coincidieron con los adversarios naturales del régimen - demócratas y progresistas-, a los que ellos mismos habían expulsado tiempo atrás del juego político. Sartorius pensó que dada la heterogeneidad de sus enemigos, y en un momento en el que los militares cobraban regularmente su sueldo, era imposible que el descontento degenerara en una revolución. Por si acaso, el 5 de febrero de 1854 ordenó la detención de la plana mayor del partido demócrata.

3.2.6. La Vicalvarada

Contrariamente a lo que pensaba Sartorius, en torno a la defensa de la moralidad pública y al rechazo a María Cristina y su camarilla se articuló un poderoso frente de oposición, del que formaban parte generales con gran expe riencia en conspiraciones y pronunciamientos. A partir de febrero se produjo una escalada de tensión, con algunas tentativas de sublevación militar y nuevas persecuciones, dirigidas principalmente contra militares y periodistas. La pésima situación económica creaba las condiciones propicias para una generalización del malestar. Había carestía de los productos de primera necesidad, se anunciaba una pésima cosecha y las obras públicas en marcha se habían quedado sin presupuesto. El gobierno decidió decretar el pago de las contribuciones con un adelanto de seis meses. Mientras tanto, algunos políticos y militares pasados a la clandestinidad esperaban pacientemente el momento de sublevarse. La conspiración iba sumando nuevos adeptos, entre ellos, al parecer, algunos banqueros madrileños, que aportaron dinero para la compra de armas (Kiernan, 1970: 55). El golpe estalló finalmente el 28 de junio. Los generales Dulce y O'Donnell salieron de Madrid al frente de sendas columnas de Caballería. En Vicálvaro, al este de la capital, se produjo un encuentro con fuerzas leales al gobierno que provocó unos sesenta muertos entre los sublevados y algunos menos entre sus adversarios. Esta acción de armas daría al movimiento el nombre por el que sería conocido desde entonces: La Vicalvarada.

La situación, no obstante, permaneció durante unos días en un tenso compás de espera, pues ni los sublevados parecían tener apoyos suficientes para derribar al gobierno, ni la reina Isabel, y menos aún el gobierno de Sartorius, se hacían cargo de la gravedad de los hechos. La reina María Cristina, aun sabiéndose en el punto de mira de los sublevados, fue la que al parecer reaccionó con mayor realismo y aconsejó a su hija que llamara a consulta a los generales Espartero y Narváez (Burdiel, 2004: 382). El 7 de julio, las tropas rebeldes confluyeron en Manzanares (Madrid), donde sus jefes hicieron público el Manifiesto de Manzanares, en el que se justificaba la rebelión y se hacían promesas de cambio. Su autor era Antonio Cánovas del Castillo, joven político y periodista malagueño vinculado al sector puritano del moderantismo y con una estrecha relación personal con el general Leopoldo O'Donnell. El propio O'Donnell firmaba el manifiesto como "general en jefe del Ejército constitucional", es decir, sublevado. Era un texto muy medido, que buscaba la máxima eficacia como factor de propagación y legitimación del movimiento entre sectores diversos, incluso antagónicos, de la sociedad española, pues conviene no olvidar que en el levantamiento participaban tanto moderados como progresistas y demócratas. En el más puro estilo de esta literatura político-castrense, se presentaba al "Ejército liberal" - en cuyo nombre estaba escrito el documento - como instrumento de una soberanía nacional conculcada por el gobierno. Se hablaba de mejorar las leyes fundamentales, de rebajar los impuestos y de restablecer la milicia nacional y la "independencia local", esto es, un poder municipal libre de las injerencias del gobierno, promesas - sobre todo las relativas a la milicia y a los ayuntamientos - que sin duda se formularon pensando en los progresistas. Se garantizaba, asimismo, la conservación del trono, "pero sin camarilla que lo deshonre". La promesa de un cambio de régimen - no sólo de gobierno - se planteaba con una calculada ambigüedad: unas futuras Cortes decidirían sobre la forma de llevar a cabo la ansiada "regeneración liberal" (véase Apéndice, documento 18).

Había además una referencia no menos ambigua a las "Juntas de gobierno" que se fueron constituyendo a partir de entonces y que, efectivamente, no tardaron en aparecer a medida que el movimiento contra el gobierno se fue extendiendo por el territorio español e incorporando nuevos sectores del ejército. Pero, sobre todo, la movilización del partido progresista y de sus bases populares y urbanas fue dando una nueva dimensión a lo que empezó siendo un pronunciamiento militar contra el gobierno, con epicentro en Madrid y sus alrededores, y se convirtió al cabo de unos días en una gran insurrección popular contra el régimen moderado, en la versión - el gobierno de Sartorius - que concitaba mayor rechazo social. La Vicalvarada se transformó, pues, en una revolución política con una indudable carga social. Así ocurrió, por ejemplo, en Barcelona, donde el 14 de julio se produjo un levantamiento popular y obrero. La tropa, lejos de aplastar la revuelta, confraternizó con los civiles y ante tal estado de cosas el capitán general, Ramón de la Rocha, optó por ponerse al frente de la sublevación contra el gobierno. Lo mismo sucedió dos días después en Valencia. En Valladolid, lo que quedaba de la guarnición, pues la mayor parte se había trasladado a Madrid para luchar contra los rebeldes, decidió pronunciarse contra el gobierno. En Zaragoza, la revuelta la protagonizó la clase media liberal, que arrastró a los mandos militares a secundar el pronunciamiento. En ésta y en otras ciudades, a medida que triunfaba el levantamiento, se constituían juntas representativas de la nueva situación política local, con participación de los elementos dirigentes de la revuelta antigubernamental e incorporación oportunista de algunos mandos militares o de representantes del poder económico local que no se habían significado precisamente por su determinación en la lucha. Era la dinámica propia de todos aquellos procesos insurreccionales que, en línea con la tradición revolucionaria española, derivaban en la formación de juntas: no siempre sus miembros y dirigentes representaban adecuadamente el espíritu del movimiento que las había creado.

Se conoce con cierta precisión la naturaleza social de las juntas formadas en julio de 1854 gracias a la identificación del origen socioprofesional de algo más de trescientos de sus componentes. Destacan los propietarios (rurales), hacendados y aristócratas, con 106 miembros; en segundo lugar, los militares, con 95 - es decir, casi una tercera parte-, aunque su presencia tiene, ade más de un notable peso numérico, el valor añadido de contar con 27 presidentes; en tercer lugar figura la clase media profesional, con 83 miembros, de ellos 47 abogados; le sigue la burguesía comercial, industrial y financiera (45 miembros, incluidos cuatro banqueros) y, por último, las clases populares, con una exigua representación de dos artesanos. Se puede establecer incluso una cierta correlación sociopolítica, por lo demás nada sorprendente, entre el origen profesional y la militancia política de los miembros de las juntas: los más próximos al partido demócrata pertenecían a las clases medias - abogados, periodistas, profesores, etc. - y los elementos más moderados a la aristocracia, la burguesía y el ejército (Lécuyer, 1982: 61 y 63). Las juntas de 1854 reproducen, pues, un modelo de conducta, muchas veces repetido desde 1808, según el cual las clases populares que protagonizan la insurrección acaban delegando el poder en una extraña alianza de nuevas y viejas clases dirigentes, compuesta por un sector de la aristocracia - una clase que, como se ve, conserva un papel preeminente en este nuevo proceso revolucionario- y una nutrida representación de la burguesía y las clases medias profesionales. No hace falta subrayar de nuevo el protagonismo de los militares en todas las secuencias del proceso, desde su origen, mediante el pronunciamiento, y la fase intermedia representada por las juntas hasta la culminación de la ruptura política con la formación del nuevo gobierno, que presidirá, cómo no, un general. Tal como dijo por entonces un periódico madrileño, en algunos lugares las juntas habían incluido a "personas que lejos de ser la expresión del vecindario y de la revolución son emblema del descrédito popular". Es fácil estar de acuerdo con una afirmación de este mismo periódico, el progresista La Nación, referida a la junta formada en Cartagena, pero que podría aplicarse al conjunto del fenómeno juntero: que en ella estaban representadas todas las opciones políticas, pero ni mucho menos "todas las clases de la sociedad" (Lécuyer, 1982: 66). En definitiva, las juntas de 1854 fueron una nueva demostración de la influencia política que conservaban las viejas y nuevas clases propietarias, incluso en una situación de crisis revolucionaria, del protagonismo del ejército en todo proceso de cambio y del eficaz activismo de unas clases medias - periodistas, profesores, médicos, farmacéuticos y sobre todo abogados - que podemos identificar con esa categoría sociopolítica que José María Jover definió como una "burguesía de agitación" (Jover, 1991b: 140).

La difusión del movimiento juntero fue tan amplia como heterogéneo su programa de reivindicaciones. En la cuestión constitucional, verdaderamente clave para el futuro político del país, algunas juntas - las más moderadas - propusieron una reforma de la Constitución de 1845, otras defendieron la vuelta a la de 1837 y unas pocas abogaron lisa y llanamente por la redacción de una nueva constitución. No cuestionaron la continuidad de la Monarquía, ni la unidad religiosa - compatible con el sesgo anticlerical de algunos manifiestos junteros-. Algunas decretaron la supresión o reducción de ciertos impuestos. Con pocas excepciones, las juntas no se definieron sobre el futuro sistema electoral, en cambio pudo apreciarse una corriente mayoritaria a favor del general Espartero, cuyo regreso al primer plano de la política española no tardaría en producirse. Hubo juntas que, aprovechando el vacío de poder existente, tomaron decisiones administrativas de alguna trascendencia, como la depuración de empleados públicos, la creación de escuelas y bancos de crédito o la reanudación de la política desamortizadora (Moliner, 1997: 293-295). Como en episodios similares, la situación derivó, pues, a causa de la resistencia del gobierno y la corona, en una dualidad de poderes que, en realidad, no convenía a nadie. El general O'Donnell había pretendido encabezar un pronunciamiento "limpio" que mantuviera al margen a progresistas y a demócratas y a sus combativas bases sociales, con gran implantación en las ciudades (Christiansen, 1974: 167). Los demócratas, por su parte, atisbaron enseguida el peligro de que la insurrección popular malversara sus logros aceptando las condiciones impuestas desde arriba por el nuevo gobierno surgido de la revolución, empezando por la disolución de las juntas. Así se lo advirtió al pueblo el demócrata Francisco Pi y Margall en un manifiesto fechado en Madrid el 21 de julio de 1854: "¡Pueblo! Llevas hoy armas y tienes en tus propias manos tus destinos. Asegura de una vez para siempre el triunfo de la libertad, pide para ella garantías. [...] Derriba de sus inmerecidos altares a tus antiguos ídolos" (Artola, 1991: II, 48). El documento terminaba con vivas a las "libertades individuales", a la milicia nacional, a las Cortes constituyentes, al sufragio universal y a la "reforma radical del sistema tributario". Si añadimos la abolición de las quintas, las líneas finales del manifiesto de Pi y Margall son un compendio del proyecto revolucionario de los demócratas y, hasta cierto punto, de los progresistas, aunque se puede discutir la sinceridad con la que estos últimos reclamaban, desde las barricadas y desde las juntas, la supresión de las quintas y los consumos o la instauración del sufragio universal.

La referencia a los "antiguos ídolos" del pueblo era una alusión apenas velada a la figura del general Espartero, que había recobrado en los últimos tiempos parte de su antigua popularidad. El fenómeno llamó la atención a Karl Marx, que inició poco después una colaboración en un periódico norteamericano - el New York Daily Tribune - sobre la marcha de los acontecimientos en España. El artículo que dedicó a Espartero el 19 de agosto de 1854 explica el renacido mito en torno a su figura y las razones de su regreso al poder por la calamitosa experiencia de la Década moderada y por la capacidad del general para unir a los liberales de todas las tendencias (véase Apéndice, documento 19). Esta última circunstancia influyó poderosamen te en la decisión de Isabel II, tomada el 19 de julio, de llamar a Espartero a palacio y encargarle la presidencia del gobierno, tras la caída de Sartorius dos días antes y un doble intento fallido de sustituirle, primero por el general Fernández de Córdova y luego por el duque de Rivas. "Nunca he olvidado", le decía la reina a Espartero al solicitar su ayuda, "los buenos y leales servicios que has prestado desde mi niñez". Por ello mismo, decía estar convencida de que al recibir su carta el general acudiría "al momento a prestar este servicio" a la nación y a la reina (Burdiel, 2004: 384). Pero las cosas no fueron tan sencillas. Por lo pronto, el hecho de que el general se encontrara en su casa de La Rioja alargaba necesariamente la resolución de la crisis política, en un momento en que la revuelta triunfaba ya en Madrid. Su tardanza - se ha dicho - podía ser una forma también de "hacerse necesario" (Comellas, 1970: 351). El nuevo ministro de la Guerra, el progresista general San Miguel, representó un difícil papel de mediador entre la corona y las fuerzas populares que se habían hecho con el control de la capital. Quedaba, además, el problema de la reina madre, María Cristina, y su marido, el duque de Riánsares, cuyo connivencia política y financiera con los gobiernos moderados tanto había contribuido al desprestigio de la corona. Finalmente, Isabel II accedió a las condiciones que Espartero le impuso para volver al poder, y la reina María Cristina y su familia tuvieron que abandonar España en secreto en cumplimiento de una orden de destierro decretada por el nuevo gobierno.

El 29 de julio, Espartero entró en Madrid, donde fue recibido por la población como en sus mejores tiempos. Poco después llegó el general O'Donnell, que sería nombrado ministro de la Guerra. Aquel mismo día se completaba la formación del gabinete, en algún caso venciendo la resistencia de Isabel II, que en aquellas circunstancias sólo podía ser testimonial. De esta forma, quedaba cerrado el ciclo insurreccional inaugurado el mes anterior con el pronunciamiento en Vicálvaro y se iniciaba un nuevo período histórico marcado, y en parte lastrado, por una coalición en el poder de aquellas fuerzas - progresistas y moderados, militares y civiles - que habían puesto fin a la Década moderada.

3.3. El Bienio progresista (¡854-1856)

3.3.1. La "Revolución de la moralidad" y la Constitución non nata

La Revolución de 1854, en palabras de Raymond Carr, "fue un pronunciamiento de generales conservadores, apoyado por políticos civiles y acompañado de una revuelta popular que dio al descontento de los oligarcas la apariencia de una revolución democrática" (Carr, 1970: 244). La cita expresa elocuentemente tanto el hartazgo que la etapa anterior acabó provocando en unos y otros, como el carácter heterogéneo de las fuerzas que se hicieron con el poder en julio de 1854, sin perjuicio de que los progresistas se convirtieran en la piedra angular del nuevo régimen, tal como indica el nombre con el que aquel período pasaría a la historia (Bienio progresista). Habría que añadir que, como otros cambios políticos de significación progresista, el régimen del Bienio abrió amplias expectativas de democratización política e igualdad social, expectativas que sólo en parte se vieron satisfechas. El nuevo gobierno no tardó en mostrar sus limitaciones a la hora de corresponder al deseo de cambio social que había despertado entre las clases populares. Dada la diversidad de fuerzas políticas, sectores sociales y reivindicaciones de toda índole que entraron en liza en julio de 1854, no es de extrañar el empeño inicial en alimentar una cierta sensación de consenso. Así, la idea de que el cambio de régimen - la llamada revolución de la moralidad - había tenido como objetivo primordial moralizar la vida pública española, expulsando de la misma a la reina madre y a su camarilla política y financiera, podía servir para limar, por lo menos durante algún tiempo, las evidentes diferencias existentes en la coalición gobernante.

La creación en abril de 1856 de la Unión Liberal sería como la expresión tardía, ya al final del Bienio, de esa voluntad de encuentro de los sectores más templados y centristas de los dos grandes partidos: el progresista y el moderado. Pero antes de la fundación de este partido, la unión liberal se convirtió en un reclamo político constante, en torno al cual se articuló un sector centrista del liberalismo, de diversa procedencia, cuyas intenciones quedaron plasmadas el 17 de septiembre de 1854 en un manifiesto electoral deliberadamente ambiguo, inspirado a su vez en el Manifiesto de Manzanares y que pretendía mantener vigente la unidad de todos los liberales que había hecho posible la revolución de julio. El general Leopoldo O'Donnell actuó desde el principio del Bienio como líder del sector del liberalismo situado a la derecha de los progresistas y en cierta forma como contrapeso al poder del general Espartero. En torno a la dualidad encarnada por los dos generales, girará en parte la conflictiva vida política de estos dos años, sin olvidar el creciente protagonismo del partido demócrata, que pudo salir, gracias al nuevo marco de libertad instaurado en julio de 1854, de la situación de marginalidad a la que lo había condenado el régimen moderado. En conjunto, podría decirse de la experiencia del Bienio lo mismo que de otros episodios similares: que el progresismo hizo honor a su nombre más en el terreno político que en el social y que, en consecuencia, las reformas políticas llegaron más lejos que las sociales. De ahí, la movilización de ciertos sectores populares y del propio partido demócrata a favor del cumplimiento de las promesas de los progresistas de un cambio de política económica y social. Las medidas adoptadas en este ámbito, verdaderamente trascendentales en la historia económica española, no sirvieron para dar un sesgo más popular a las estructuras económicas creadas por el liberalismo, sino para dar un decisivo impulso al desarrollo del capitalismo industrial y financiero mediante una amplia legislación sobre minería, banca y ferrocarriles. El Bienio progresista presenta, pues, un doble perfil abiertamente contradictorio: avanzado en materia política, los importantes cambios legales introducidos en la vida económica tendieron más bien a favorecer los intereses de grandes grupos financieros tanto nacionales como, especialmente, internacionales. Por último, las discordias políticas entre las fuerzas que protagonizaron la revolución de la moralidad habrían de demostrar que, como en otras muchas ocasiones, las distintas corrientes del liberalismo sólo eran capaces de unirse en coalición para luchar contra el poder establecido, pero una vez conseguido su objetivo les resultaba muy difícil mantener el consenso.

El primer gobierno del Bienio, nombrado el 1 de agosto, representaba, por lo menos sobre el papel, la continuidad del espíritu unitario de la revolución de julio, con una composición que, en todo caso, reflejaba el mayor protagonismo del partido progresista en la nueva etapa. El gobierno estaba polarizado entre su presidente, el general Espartero, caudillo militar de los progresistas, y el ministro de la Guerra, Leopoldo O'Donnell, uno de los héroes del pronunciamiento de julio y máxima figura del ala centrista del partido moderado. Para ser nombrado ministro, O'Donnell tuvo que vencer la resistencia de Espartero, reacio a promocionar a quien iba a ser su gran rival político. Finalmente, se resignó a ponerle al frente del Ministerio de la Guerra, al que, en palabras de un historiador, O'Donnell se aferró "como una lapa" (Kiernan, 1970: 94). El ministro de la Guerra no tardó, además, en establecer una estrecha relación política con la reina Isabel II, que vio en él a su aliado natural frente a Espartero. Aquél era, pues, claramente un gobierno bicéfalo. Entre ambos, se situaba un equipo ministerial formado por progresistas templados, con la sola excepción del moderado - sector puritano - J.F.Pacheco, todos ellos, por tanto, coincidentes en su proximidad al centro político. La presencia del financiero José Manuel Collado en Hacienda hacía presagiar la relativa autonomía que el poder económico habría de disfrutar bajo la nueva situación.

La vuelta a la normalidad se produjo en los primeros días de agosto, con el desmantelamiento de las barricadas y la conversión de las juntas revolucionarias en juntas consultivas, carentes por tanto de todo poder real. La institucionalización del nuevo régimen se hizo rápidamente mediante una vuelta, que pretendía ser provisional, a la legislación liberal y progresista no sólo de los años treinta - restablecimiento, por ejemplo, de la ley electoral y de la ley de imprenta de 1837-, sino incluso del Trienio constitucional - legisla ción sobre milicia nacional de 1822-. No hubo un retorno formal a la Constitución progresista de 1837, pero en la práctica la vida política española se rigió con arreglo a ella, siempre pensando - erróneamente - que el régimen nacido de la revolución de julio de 1854 no tardaría en disponer de su propia Constitución. Con tal intención, el 11 de agosto el gobierno convocó elecciones a Cortes constituyentes, una decisión que puso ya de manifiesto las discrepancias entre los progresistas - que en este punto contaban con el apoyo de los demócratas - y los moderados, contrarios a que el nuevo Parlamento tuviera tal carácter. La naturaleza unicameral de las futuras Cortes, desprovistas por tanto de una segunda cámara o Senado, y la vuelta a la ley electoral de 1837 fueron, asimismo, motivos de enfrentamiento entre los moderados, partidarios de una simple reforma de la Constitución de 1845, y los progresistas, que hicieron valer su preeminencia política en la nueva situación para abrir un proceso constituyente. Esto último se hizo notar también en la forma en que el gobierno resolvió la espinosa cuestión planteada por la reina madre, María Cristina, a la que se hacía responsable del problema de corrupción que había desencadenado la revolución de la moralidad. Frente al deseo de los demócratas de llevarla a declarar ante las Cortes, se impuso la decisión de los progresistas de zanjar el problema expulsando a María Cristina de España, como efectivamente se hizo el 28 de agosto, venciendo la oposición de los demócratas, algunos de los cuales, como Sixto Cámara, acabaron en la cárcel. Aquel día, en el que el nuevo régimen renunció a llevar a juicio a la reina madre, la revolución, escribiría después el demócrata Fernando Garrido, "fue derrotada y aplastada' (Carr, 1970: 248).

Desde muy temprano quedó definido el mapa político español del Bienio, con el moderantismo unionista a la derecha, el partido demócrata a la izquierda y el progresista ocupando un amplio espacio político que iba del centro al centro-izquierda. La dispar representatividad de las tres fuerzas quedó patente en las elecciones a Cortes celebradas a principios de octubre, en las que los progresistas obtuvieron la mayoría frente a los "unionistas", artífices del manifiesto del 17 de septiembre, y la débil representación (una veintena de escaños) obtenida por los demócratas. Estos últimos se vieron notoriamente perjudicados por un sistema electoral censitario que, si bien se había ampliado respecto a la etapa moderada, dejaba fuera del juego político a una buena parte de las clases populares, principal clientela social de los demócratas. Las condiciones económicas exigidas para figurar en el censo electoral dejaron el número total de electores en la exigua cifra de 695.110. La elevada conflictividad de este período se explica en parte por la incapacidad de las instituciones políticas para dar cauce legal a las ansias de cambio de las masas populares. El partido demócrata, por su parte, recurrió a menudo a la movilización callejera para obtener el protagonismo político que el sistema electoral le negaba. Convertidos en principal oposición parlamentaria al nuevo régimen, los diputados demócratas votaron el 30 de noviembre contra la ratificación de la Monarquía como forma de gobierno, encarnada en la persona de Isabel II. A favor de la resolución votaron 194 diputados. El hecho de que, por primera vez, la institución monárquica se viera sometida a refrendo parlamentario significaba, sin embargo, una victoria moral para aquellos que defendían abiertamente la alternativa republicana. A continuación, las Cortes iniciaron la elaboración de una nueva Constitución sobre el doble principio de la Monarquía constitucional y de la soberanía nacional. Unos días después, el debate sobre el presupuesto forzó la dimisión del ministro de Hacienda, que pretendió poner en marcha, contra el parecer del gobierno, una política fiscal activa, por impopular que resultara. Junto al problema fiscal, la cuestión de las quintas, planteada a finales de ese mismo año, mostró a las claras la polarización de posturas entre la opción progresista representada por Espartero, partidario - como los demócratas - de abolir el sistema de quintas, y la más conservadora del ministro de la Guerra, general O'Donnell. Se impuso el criterio de este último, que consiguió convencer a las Cortes de la necesidad de mantener las quintas, con el argumento de que su abolición pondría al ejército -y por tanto al régimen - en una situación muy difícil ante un previsible resurgir del carlismo. Las Cortes respaldaron ampliamente - 167 votos contra 26, la mayoría, demócratas - la política de O'Donnell.

Si al régimen moderado depuesto en 1854 se le había reprochado a menudo su menosprecio al Parlamento, reducido a la impotencia por el poder de los gobiernos, las Cortes constituyentes del Bienio mostraron en seguida la inoperancia del régimen parlamentario cuando se instala en discusiones bizantinas y en disputas políticas estériles. La opinión pública, representada por periódicos de todas las tendencias, no entendió el juego político que se estaba escenificando en las Cortes, doblemente condicionadas por las divisiones internas de la mayoría gobernante - progresistas y unionistas - y por el afán de los demócratas en romper esa mayoría desgajando de ella al general Espartero, situado en algunas ocasiones a la izquierda de los progresistas. La inmediata puesta en marcha del debate constitucional tampoco ayudó a superar la confusión reinante. El 11 de diciembre fue nombrada una comisión de siete miembros encargada de redactar las bases de la futura constitución. La comisión, de la que se excluyeron los demócratas, la formaban representantes de la mayoría gobernante, entre ellos un progresista de renombre, Salustiano de Olózaga, el historiador Modesto Lafuente y el político moderado, sector centrista, Antonio de los Ríos Rosas. Un mes después, las Cortes iniciaban la discusión del proyecto constitucional redactado por la comisión y compuesto de 27 bases, inspiradas, en líneas generales, en la Constitución de 1837. Pese a este rápido comienzo del proceso constituyente, el texto definitivo - la Constitución non nata de 1856- nunca llegó a promulgarse.

El análisis de su breve articulado (92 artículos) permite definirla como un texto de transición entre la Constitución progresista de 1837 y la democrática de 1869. Reafirmó con especial vehemencia el principio de la soberanía nacional (art. 1: "Todos lo poderes públicos emanan de la nación"), lo que, en palabras de Adolfo Posada, hace de este texto "una primera afirmación del espíritu democrático del constitucional ¡sino español" (Solé Tura y Aja, 1990: 50). Su Título 1 ("De la nación y los españoles") incluye los derechos y libertades protegidos por la Constitución, desde la libertad de imprenta hasta la propiedad privada, además del derecho a profesar libremente "opiniones o creencias religiosas, mientras no las manifieste por actos públicos contrarios a la religión" (art. 14), pues la Constitución define la religión católica como aquella que profesan los españoles y establece la obligación de la nación de sufragar los gastos de culto y clero. Era lo más lejos que había llegado hasta entonces el liberalismo español en el reconocimiento de la tolerancia religiosa, y aun ese pequeño avance tuvo que superar fuertes resistencias por parte de los sectores más tradicionales y de la propia reina, que hizo llegar al presidente de la comisión constitucional su disgusto por el sesgo excesivamente liberal de aquel artículo. Esta cuestión, más el contencioso con la Iglesia planteado por la nueva desamortización, provocó incluso una grave crisis diplomática con el Vaticano. Bien es cierto que los demócratas trataron de que la Constitución recogiera de forma mucho más nítida la libertad religiosa e incluso hubo quien, conociendo la dualidad del país en materia tan sensible, propuso que la libertad de cultos se instaurara sólo en las grandes ciudades. La fuerte polarización de las opiniones sobre la cuestión religiosa hizo finalmente del artículo 14 "una pieza de difícil eclecticismo" (Kiernan, 1970: 145). En otras cuestiones, el articulado continúa la tradición constitucional del liberalismo progresista: juicio por jurado, libertad de imprenta, milicia nacional, competencias de ayuntamientos y diputaciones, poder de la Corona... Las Cortes tendrían un carácter bicameral (Congreso de los Diputados y Senado) y para algunas cuestiones de particular importancia, como el sistema electoral, el régimen local, la milicia, la libertad de imprenta o la organización de los tribunales, la Constitución remitía a leyes orgánicas específicas (art. 92). El hecho de que el nuevo texto constitucional no llegara a ser promulgado acentuó la sensación de interinidad del régimen liberal nacido en julio de 1854. La dualidad de origen del Bienio progresista (pronunciamiento militar/insurrección popular), prolongada a través del enfrentamiento entre Espartero y O'Donnell, abrió una brecha política que con el tiempo se demostró insalvable (Fusi y Palafox, 1997: 63).

3.3.2. Las reformas económicas del Bienio y los orígenes del capitalismo financiero español

En marzo-abril de 1855, el debate constitucional seguía su curso en las Cortes, donde no tardaría en estancarse, y el régimen mandaba un nuevo mensaje a la opinión pública al prohibir por ley la actividad política de la milicia nacional, institución emblemática del liberalismo progresista a la que, sin embargo, algunos dirigentes de este partido veían con notoria desconfianza, sobre todo cuando estaban en el poder. Fijado el horizonte del cambio político en la legislación progresista de los años treinta, y en particular en la Constitución de 1837, la agenda legislativa del régimen instaurado en 1854 dio prioridad a las reformas económicas pendientes. De ahí, la Ley de desamortización aprobada en mayo de 1855, la Ley de ferrocarriles de junio del mismo año, la Ley de bancos de emisión y la Ley de sociedades de crédito de enero de 1856, así como la creación en la misma fecha del Banco de España (antiguo Banco de San Fernando). Además, una real orden de agosto de 1854 nombró la comisión encargada de redactar el proyecto de una futura Ley de minas, que no entró en vigor hasta cinco años después. Esta batería de disposiciones de carácter económico constituye el legado más trascendental y duradero del Bienio progresista.

La Ley general desamortizadora de mayo de 1855 fue obra del ministro de Hacienda Pascual Madoz. Por esta razón, de la misma forma que la desamortización eclesiástica de 1837 lleva el nombre del ministro Mendizábal, la última gran ley desamortizadora se conoce como desamortización de Madoz. No afectó sólo - aunque sí principalmente - a los bienes civiles, propiedad de los ayuntamientos y de la Corona, sino también a aquella parte de los bienes del clero - sobre todo, el patrimonio del clero secular, compuesto de inmuebles más que de tierras - que había sobrevivido a las desamortizaciones anteriores. Así pues, la consideración de desamortización civil que se le suele otorgar se ve desmentida por el propio articulado de la ley, que estipulaba claramente su carácter general. Aproximadamente una tercera parte del valor de los bienes desamortizados eran de origen eclesiástico. La ley estuvo en vigor hasta 1924, en tres etapas distintas, de las cuales la primera, correspondiente a lo que restaba de Bienio progresista (1855-1856), fue, sin duda, la más importante. Los bienes desamortizados por la ley de 1855 fueron adquiridos por un buen número de pequeños y medianos propietarios, a diferencia de las desamortizaciones anteriores, en las que los grandes propietarios acapararon buena parte de las tierras puestas en subasta por el Estado (Rueda Hernanz, 2006: 133-134). Pero si, por un lado, tuvo un efecto social y económico positivo al favorecer a la clase media rural, por otro, causó un daño social irreparable al privatizar el patrimonio económico de los ayunta mientos en sus dos modalidades: los bienes de propios - tierras arrendadas por los ayuntamientos a los vecinos mediante el pago de una cantidad que servía para sufragar algunos servicios municipales, como la enseñanza - y los llamados comunes - tierras, generalmente no cultivables, de uso colectivo, como montes o pastos para el ganado-. La privatización de los bienes municipales ponía fin, por tanto, a una vieja y muy popular institución económica del Antiguo Régimen, sacrificada en aras del proyecto liberal de fomentar la propiedad privada como motor del progreso económico. La nueva desamortización liquidaba virtualmente el viejo patrimonio eclesiástico y civil amortizado en manos muertas - es decir, que no podía comprarse ni venderse - para ponerlo en el mercado como una mercancía más. Vendidos en pública subasta, estos bienes debían servir para dar un nuevo impulso al desarrollo capitalista, asentado en una sociedad de pequeños y medianos propietarios individuales, a los que el liberalismo progresista veía como productores eficientes y a la vez como esa masa de consumidores acomodados que la industria nacional necesitaba para su expansión. Al margen de alimentar esta lejana utopía capitalista, la nueva y última desamortización tenía como objetivo inmediato - como todas las desamortizaciones - poner en manos del Estado unos recursos financieros esenciales para paliar su déficit crónico. Y, en efecto, directa o indirectamente, el importe de las ventas se destinó a reducir la deuda pública en circulación. Sólo en su primer año de vigencia la desamortización reportó a las arcas del Estado 870 millones de reales por la venta de fincas, más 900 millones por el sistema de redención de censos. La ley provocó una fuerte oposición del ala derecha de las Cortes - los moderados unionistas - y estuvo suspendida tras el Bienio entre 1856 y 1858, pero a partir de este año las ventas se reanudaron con fuerza bajo el gobierno de la Unión Liberal, que tanto había combatido la ley en el pasado. A finales de 1867, el importe de los bienes desamortizados superaba los 4.150 millones de reales, fruto de la venta de 198.253 fincas rústicas y 27.442 urbanas (Simón Segura, 1973: 243 y 238-239, cuadro con el desglose de las ventas por provincias para el período 1855-1856).

Poco después de la promulgación por las Cortes de la Ley de desamortización fue aprobada la Ley de ferrocarriles (2 de junio de 1855), que estableció el marco legal a partir del cual se construyó en los años siguientes una parte esencial del tendido ferroviario español. Baste decir que hasta ese momento sólo se hallaban en funcionamiento las líneas Barcelona-Mataró (1848) y Madrid-Aranjuez (1851) - unos 80 kilómetros entre las dos - y que en 1865, diez años después de aprobarse la ley, la red ferroviaria alcanzaba los 4.828 kilómetros. Conviene no olvidar, asimismo, la especial significación política de la ley de ferrocarriles, toda vez que la revolución de la moralidad había tenido en buena medida como desencadenante la ley presentada por el gobier no de Sartorius a las Cortes en 1853, ley que la opinión pública y las fuerzas políticas vieron como un ejemplo de las corruptelas político-financieras de la Década moderada. Desde cualquier perspectiva, el ferrocarril era el principal símbolo de los nuevos tiempos: si, por un lado, marcaba el nivel de modernización de un país -y en esto se apreciaba, tal vez más que en cualquier otro orden de cosas, el tremendo retraso que llevaba España respecto a otros países europeos-, por otro, representaba la primacía del mundo de los negocios en la nueva era del capitalismo financiero y de las grandes obras públicas - comunicaciones, ensanches de las ciudades, nuevos servicios públicos, como el gas, el agua corriente y el alumbrado, etc.-. Y los grandes negocios llevaban aparejadas inversiones descomunales para la época, concesiones públicas a empresas privadas y, en definitiva, una colaboración entre los poderes públicos y el poder financiero que se prestaba, como había ocurrido ya en el pasado, a todo tipo de favoritismos y corruptelas.

La Ley de ferrocarriles de 1855 fue muy pronto acompañada de un nuevo marco legal - leyes de bancos de emisión y sociedades de crédito, comentadas a continuación - destinado a atraer capitales extranjeros y canalizar parte del ahorro nacional hacia el negocio ferroviario, convertido así en punta de lanza del nuevo capitalismo industrial y financiero. Tal es uno de los reproches que la historiografía ha formulado a la legislación económica del Bienio en su conjunto: que desvió hacia actividades altamente especulativas unos capitales nacionales y extranjeros que eran vitales para el desarrollo industrial del país. Dicho de otra forma, el espectacular despegue del capitalismo financiero y de los grandes negocios públicos a partir de 1855 se hizo a costa de descapitalizar un capitalismo industrial en ciernes. La Ley de ferrocarriles ha sido también muy criticada por consagrar un ancho de vía (1,67 metros, en realidad fijado ya por una real orden de 1844) superior al europeo (1,44), lo que dificultó desde entonces la conexión de la red española con la continental. Esta decisión no respondió, como a menudo se ha dicho, a razones de índole militar - el deseo de evitar la penetración en España de un ejército invasor-, sino a motivos técnicos. Se pensó que dada la irregular orografía española un ancho de vía mayor facilitaría la instalación en las locomotoras de grandes calderas que dieran a los convoyes la potencia necesaria para atravesar las cadenas montañosas que recorren la geografía nacional (Fusi y Palafox, 1997: 120-121). Es indudable el alto coste que esta decisión ha tenido para el país en términos de incomunicación, aislamiento e incomodidades de todo tipo. Más discutible, en cambio, resulta la teoría contrafáctica sobre el error estratégico que supuso favorecer la inversión en ferrocarriles, según un modelo legal que creó tales oportunidades de negocio a corto plazo en este sector, que acabó concentrando en él, en detrimento de la industria nacional, buena parte del capital disponible. Nada hace suponer, efectivamente, que, en otras condiciones, ese capital se hubiera invertido en actividades industriales de escasa rentabilidad a corto plazo. Asimismo, según la crítica de algunos historiadores al marco legal del Bienio, las empresas ferroviarias se beneficiaron de la liberalización del comercio exterior para importar la mayor parte del material que se necesitaba para el desarrollo del ferrocarril, privando a la siderurgia española de una oportunidad histórica para desarrollarse gracias a un incipiente mercado nacional. También en este caso, la tesis contrafáctica ha sido rebatida con el argumento de que la siderurgia nacional carecía en aquel momento de la capacidad productiva necesaria para atender tal demanda en tan poco tiempo (Gómez Mendoza, 1982 y 1989).

Lo cierto es que la nueva legislación cambió la fisonomía del país, cruzado a partir de entonces por una red radial de líneas férreas que confluía en Madrid. Este carácter centralista en lo geográfico no se veía, sin embargo, correspondido con una concentración empresarial que tal vez hubiera facilitado un desarrollo más racional de la red ferroviaria. De hecho, hasta 1877, cuando buena parte de la red estaba ya en funcionamiento, no hubo un plan de trazado coherente, toda vez que las líneas se fueron diseñando hasta entonces al albur de los intereses empresariales y de las expectativas de negocio a corto plazo. Las tres más importantes estaban en manos de empresas diferentes que competían entre sí: la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, la Madrid-Zaragoza-Alicante (conocida durante décadas por sus siglas: MZA) y los ferrocarriles andaluces (Sevilla-Jerez-Cádiz). En 1869, con unos 5.400 kilómetros de línea en explotación, había 23 compañías ferroviarias, cuyo capital era de origen extranjero como mínimo en un 50 por ciento (Fusi y Palafox, 1997: 122). Como queda dicho, la Ley de bancos de emisión y sobre todo la de sociedades de crédito ponían las bases para crear un moderno sistema financiero capaz de atraer capital extranjero y movilizar el ahorro nacional en gran medida hacia el negocio ferroviario. El cambio fue espectacular. De los tres bancos de emisión existentes en 1855 se pasó a 10 en 1857 y a 21 en 1864; por su parte, el número de sociedades de crédito - inexistentes hasta 1856 - pasó de seis en el año de promulgación de la ley (1856) a 34 en 1864.

Entre los nuevos bancos de emisión, figuran algunos de los que habrían de protagonizar la historia de la banca española en las décadas siguientes, como el Banco de Santander y el Banco de Bilbao, ambos fundados en 1857. Entre las sociedades de crédito, destacan el Crédito Mobiliario Español (con un 90 por ciento de capital extranjero y antecedente histórico de Banesto), la Sociedad Española Mercantil e Industrial y la Compañía General de Crédito. El primero estaba estrechamente vinculado a su homónimo francés Crédit Mobilier, propiedad de los hermanos Péreire, que controlaban a su vez el 75 por ciento del capital de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de Espa ña, que enlazaría Madrid con la frontera francesa. Los hermanos Péreire se plantearon crear "un imperio industrial integrado en el norte de España, cuya columna vertebral y cuyo sistema circulatorio sería el ferrocarril" (Tortella, 1975: 125). Además de su posición preeminente en el Crédito Mobiliario y en el capital del ferrocarril del norte, los Péreire o sus empresas eran accionistas mayoritarios de la línea férrea Sevilla-Córdoba y de la compañía de seguros El Fénix Español. Disfrutaban asimismo de una sólida participación en los negocios inmobiliarios de la capital, entonces en un momento especialmente boyante por la construcción de los ensanches: en 1862, el Crédito Mobiliario compró 43.258 metros cuadrados en las afueras de Madrid, cerca del Paseo de la Castellana; un año después, el gobierno le expropiaba esos terrenos por un importe que doblaba con creces lo pagado por el Crédito Mobiliario (Bahamonde y Toro, 1978: 31). La Sociedad Española Mercantil e Industrial estaba conectada con otro gran grupo financiero europeo - la familia Rothschild-. La mayor parte de su negocio se concentraba en el sector ferroviario, principalmente como accionista de la compañía MZA y de otras compañías menores, aunque dedicó también grandes sumas a comprar deuda pública española, una actividad tradicional en los negocios de los Rothschild y de sus socios y representantes en España, como el célebre marqués de Salamanca. Por último, la Compañía General de Crédito, de origen francés, como las anteriores, fue inicialmente la más activa de las grandes sociedades de crédito y también la menos afortunada. Fundada en 1856, fue liquidada definitivamente diez años después tras haber suspendido pagos en 1864. Tenía un negocio muy diversificado, aunque dentro del ámbito característico de este tipo de sociedades, con importantes participaciones en compañías ferroviarias, gasísticas, mineras y de seguros (La Unión, que acabaría fusionándose con El Fénix, creada por su competidora, la Sociedad Española Mercantil e Industrial).

Hay que añadir, por las consecuencias políticas que ello tendría a medio plazo, que tanto las principales sociedades de crédito como las empresas participadas por ellas - unas y otras con predominio de capital extranjero - contaron con el apoyo de grandes personalidades de la vida política y social española - políticos, generales y aristócratas - que, como accionistas y sobre todo como miembros de los consejos de administración, ponían su nombre y su influencia al servicio de estas compañías, un papel clave si recordamos que muchos de estos negocios dependían de concesiones públicas o de la benevolencia administrativa del Estado en forma de subvenciones o franquicias. Así pues, el Bienio progresista pasó a la historia, más que por su huella democratizadora en la política española, por impulsar una estrecha relación, llamada a perdurar largo tiempo, entre la vida política y el mundo de los negocios, con el ferrocarril y la gran banca como paradigmas del nuevo capitalismo financiero español.

3.3.3. Conflictividad social y crisis política

Ni la agitada vida parlamentaria ni el frenesí económico de aquellos años podían ocultar, sin embargo, el imparable aumento de la conflictividad social desde el triunfo de la revolución de julio. Influyeron en ello la continuación de la crisis social proveniente de la Década moderada y la incapacidad del nuevo régimen para resolver las reivindicaciones económicas que movilizaron a las clases populares contra el moderantismo. Pero, al mismo tiempo, el régimen progresista, aunque escasamente receptivo a las demandas populares, creó un marco de libertad que, con limitaciones, permitía la expresión del descontento social. A ello se añade el desarrollo del movimiento obrero en Cataluña, que tuvo en estos dos años un período de franco crecimiento, con evidentes repercusiones en el resto del país. No es casualidad que en estos años se publicara un periódico titulado El Eco de la Clase obrera (1855), aunque sí hay que atribuir al azar que su lugar de aparición fuera Madrid, y no Barcelona, donde la situación política local, de extrema tensión entre las autoridades y los trabajadores, impidió que viera la luz esta primera expresión periodística de la clase obrera organizada. Es significativo que esta publicación llegara a recoger en toda España 33.000 firmas en apoyo a un manifiesto obrero - cuya redacción se ha atribuido a Francisco Pi y Margall - demandando libertad de asociación, pero no lo es menos que la tercera parte de las firmas recogidas procediera de Cataluña. Allí tenía lugar, efectivamente, una enconada lucha social y política en la que se palpa ya una moderna conciencia de clase entre los trabajadores de la industria textil, movilizados a favor de mejoras salariales y derechos sociales - principalmente, el de asociación - y en contra de la introducción en las fábricas de las odiadas selfactinas, modernas máquinas de origen inglés (self-acting) que simplificaban el proceso de fabricación textil y podían suponer la desaparición de muchos puestos de trabajo.

Ésa es la nueva realidad social que, expresándose a través de un lenguaje también nuevo, se aprecia ya en un manifiesto colectivo de 1854 dirigido en nombre de La clase obrera de Barcelona a "los trabajadores del campo", en el que, además de reivindicar "el gobierno de todos a favor de todos", identificado con la república, la democracia y el socialismo, los obreros barceloneses - o quienes hablan en su nombre - marcan las debidas distancias respecto a sus hermanos del campo: "Nosotros tenemos una gran ventaja sobre vosotros; nosotros hemos ido a la escuela durante algún tiempo" (Benet y Martí, 1976: 1, 187-189). La conciencia de clase, adquirida a través de la lectura y socializada a menudo en el marco de la fábrica, surge así como factor de autoidentificación de un nuevo sujeto social que en la etapa del Bienio se manifestará asiduamente a través de sus asociaciones, de su prensa o de sus representantes. El fenómeno llamó la atención un par de años antes del cam bio de régimen a un obispo catalán, quien años después contaría cómo en una visita a una fábrica barcelonesa se sintió sorprendido por "unas voces casi infantiles" que leían en voz alta unos periódicos mientras los demás trabajadores "les oían con la mayor atención [...1. Pero ¿y qué periódicos eran aquéllos? Eran periódicos de color político muy subido" que "predicaban el socialismo y el comunismo como los únicos sistemas que remediar pudieran los males de la sociedad" (Benet y Martí, 1976: 1, 175). No es de extrañar que la lucha contra la difusión de la prensa en las fábricas fuera por entonces una obsesión de las autoridades barcelonesas. Ya en 1844, un bando del gobernador civil había prohibido "la lectura de los periódicos y demás papeles públicos" en los lugares de trabajo.

En los años del Bienio, la combinación de crisis social y mayor tolerancia política resultó explosiva en la Cataluña obrera, que conoció las que pasan por ser las primeras huelgas de la historia de España, aunque en el lenguaje de la época se denominaran todavía coaliciones, coligaciones o coaligaciones. En realidad, cualquiera de estos términos compendia tres actos en uno: la reunión de los trabajadores para asociarse en una acción reivindicativa que supondría el abandono temporal del trabajo. Todo ello nos muestra una realidad social y económica en plena transformación, muy por delante del desarrollo alcanzado por entonces en el resto de España, aunque este incipiente movimiento obrero catalán siguiera todavía fiel - como una buena parte de las masas urbanas españolas - al mito liberal de Espartero: uno de los lemas de la huelga general que se extendió por Cataluña en julio de 1855 era "¡Viva Espartero! Asociación o muerte. Pan y trabajo" (Bahamonde y Martínez, 1994: 329). Si el derecho de asociación sería uno de los objetivos primordiales de la clase trabajadora en el Bienio, la prohibición de las coaliciones iba a ser una constante en la actuación de las autoridades. Así, un bando del capitán general de Cataluña del 4 de julio de 1856 recordaría el carácter ilegal de "las coaliciones de cualquier género" y la pena que recaería sobre quien promoviera "la separación o abandono de las fábricas, colectivamente realizado por los obreros" (Benet y Martí, 1976: II, 438).

Pero todo esto, conviene recordarlo, ocurría en la Barcelona obrera, donde, en palabras de un periódico madrileño, se vivía bajo una verdadera "lucha de clases" (El Parlamento, 14 de julio de 1854). El problema social en el resto de España era otro y no llegaba a ese grado de radicalidad, propio de una región industrializada. La lucha contra los impuestos indirectos y la escasez y carestía de los productos de primera necesidad solía ser el principal factor de movilización popular contra las autoridades, según un modelo de conflictividad habitual en la España del siglo XIX en el que la milicia nacional actuaba como principal catalizador. En efecto, la composición popular de esta institución la hacía muy sensible a reivindicaciones sociales y políticas que desbordaban el margen de maniobra del gobierno en su programa reformista. De ahí que la milicia, un cuerpo armado teóricamente al servicio del orden constituido, acabara teniendo un papel desestabilizador en el transcurso del Bienio, salpicado de incidentes de orden público promovidos a menudo por los milicianos nacionales. La variada tipología de los motines populares en estos dos años, principalmente en la España urbana, suele coincidir en unas pocas reivindicaciones socioeconómicas sobre los impuestos y la carestía de la vida y en el protagonismo de la milicia como cauce de expresión del descontento popular. Un caso extremo de esta situación esquizofrénica - un cuerpo armado en permanente oposición al orden social y político que debe proteger - fue la sublevación en enero de 1856 de una compañía de milicianos madrileños que custodiaba el Congreso de los Diputados. El embajador británico llegó a decir que el batallón al que pertenecía esta compañía era "muy avanzado" o simplemente "rojo" en cuanto a su ideología política (Kiernan, 1970: 206; Pérez Garzón, 1978: 482).

El deterioro de la situación social en los primeros meses de 1856 aceleró la ruptura del frágil equilibrio político entre las fuerzas que tomaron el poder en 1854. Las Cortes pretendieron someter a la milicia a un mayor control gubernamental. Los demócratas se opusieron. Mientras tanto, los desórdenes causados por los milicianos dieron nuevos argumentos al general O'Donnell, quien, en su condición de ministro de la Guerra y hombre fuerte de la derecha del régimen, abogaba por su desarme. La crisis social se extendió por el norte de Castilla y alimentó el temor al resurgir del carlismo, que ya en mayo de 1855 había promovido cierta actividad guerrillera en Aragón, Castilla y Navarra. La exportación de las harinas castellanas a Europa, debida a los altos precios que estaba alcanzando el trigo en el mercado internacional, provocaba el desabastecimiento del mercado interior y una inflación imparable, que castigaba por igual a los consumidores rurales y urbanos. De ahí el amplio seguimiento de la revuelta en la primavera de 1856, con motines de subsistencias en el interior de Castilla y en poblaciones de la costa mediterránea. Al mismo tiempo, circulaban rumores más o menos interesados sobre una conspiración republicana con tintes socialistas. Al gobierno, y en particular a los progresistas, la situación se les estaba yendo de las manos. En junio se desencadenó la crisis definitiva, fruto de un enfrentamiento ya irreversible entre el ejército y la milicia y de la polarización del ejecutivo entre Espartero y los progresistas, por un lado, y el general O'Donnell, ministro de la Guerra, por otro. La actitud de los demócratas, mostrando su solidaridad con las víctimas de la crisis social y de la represión gubernamental, imposibilitaba una alianza con los progresistas ante el creciente peligro de una involución política. Estos últimos, por su parte, se veían en la difícil tesitura de defender a sangre y fuego el orden establecido enajenándose así el apo yo de una parte de sus bases -y por supuesto de los demócratas - sin asegurarse por ello el respaldo de O'Donnell y los suyos. El martes 1 de julio, concluida la sesión parlamentaria de aquel día, el Congreso de los Diputados suspendía sus sesiones hasta después del verano, una decisión revocada unos días más tarde como consecuencia del agravamiento de la crisis política.

Un cualificado miembro de la mayoría progresista en el gobierno, el ministro de Gobernación, Patricio de la Escosura, partió a Valladolid para inspeccionar sobre el terreno la situación social de la zona, en plena crisis, y la actuación de las autoridades - sobre todo militares - en la represión del descontento. De vuelta a Madrid el 9 de julio, la impresión que le transmitió a Espartero era que las autoridades militares se estaban excediendo ampliamente en el uso de sus atribuciones, recurriendo sistemáticamente a los consejos de guerra y a las ejecuciones sumarísimas como remedio a la crisis. Considerando que O'Donnell era el responsable último - si no el instigador - de esta situación, Escosura propuso a Espartero que destituyera al ministro de la Guerra. Pero el presidente del gobierno, fiel a su estilo de "esperar y ver", prefirió abrir un compás de espera. Dos días después, se celebraba consejo de ministros. Escosura y O'Donnell hicieron propuestas abiertamente antitéticas que mostraban a las claras sus posturas irreconciliables. Se hizo evidente que la crisis interna del gabinete sólo se podía zanjar con la destitución de uno de los dos ministros. Espartero entendió enseguida que la posición de Escosura era insostenible y aceptó exonerarle del cargo, pero quiso hacerlo de forma que se le ahorrara la humillación de una destitución fulminante. La intervención de la reina Isabel II en la resolución de la crisis aceleró los acontecimientos. O'Donnell rechazó la forma edulcorada en que Espartero pretendía suavizar la salida de Escosura. La reina apoyó al ministro de la Guerra y el presidente, sintiéndose desautorizado, presentó la dimisión, alegando motivos de salud. En la madrugada del día siguiente, 14 de julio de 1856, el general Leopoldo O'Donnell recibía de la reina el encargo de formar gobierno. Hubo amagos de resistencia por parte de los demócratas y de algunos progresistas, y se habló de algunos mandos militares dispuestos a sublevarse a favor de Espartero, quien, por su parte, en ningún momento se planteó movilizar a sus incondicionales contra su sucesor. Simplemente, desapareció de la escena política. Por si acaso, O'Donnell declaró la ley marcial, en previsión de reacciones hostiles a su gobierno.

Quedaba por ver la actitud de las Cortes, rápidamente convocadas a una sesión extraordinaria aquel mismo 14 de julio por la tarde. Asistieron 91 diputados, entre ellos dos ministros del gabinete anterior. El progresista Pascual Madoz, ex ministro de Hacienda, propuso una moción de censura contra el nuevo gobierno, que fue ampliamente respaldada por la Cámara. La mayoría progresista pensó que esta decisión serviría para que O'Donnell ¡ni ciara una negociación con las Cortes de la que pudiera salir una solución satisfactoria para ambas partes. Sin embargo, el nuevo presidente del gobierno, sabiendo que contaba con el apoyo incondicional de Isabel II, se negó a cualquier tipo de acuerdo. Al bloqueo de la situación política se añadió el enfrentamiento armado entre tropas del ejército leales a O'Donnell y milicianos madrileños a las órdenes del Ayuntamiento. La inacción de las Cortes y sobre todo de Espartero fue diluyendo la posibilidad de una resistencia efectiva. La lucha, sin embargo, se prolongó todavía algunas horas, en las que las fuerzas gubernamentales llegaron a utilizar la artillería como medio de intimidación. Los milicianos que defendían los accesos al Palacio de las Cortes fueron abandonando sus posiciones. En la mañana del 16 de julio, la resistencia se había desvanecido y el gobierno decretaba la disolución del Ayuntamiento y de la Diputación provincial madrileña y ordenaba a los milicianos nacionales la entrega de sus armas. Hubo todavía alguna resistencia en barrios de la capital y en ciudades de provincias, sobre todo en Andalucía. Algunos ayuntamientos dimitieron en señal de protesta o declararon su oposición al nuevo gobierno, pero sin que estos actos, más bien testimoniales, tuvieran ninguna efectividad. Sólo en Málaga, Zaragoza y Barcelona - una ciudad que mantuvo siempre una peculiar relación de amor/odio con Espartero - la resistencia armada tuvo verdadera entidad, con un saldo, en el caso de la capital catalana, de unos setecientos muertos de uno y otro bando (Kiernan, 1970: 266). La magnitud de la represión desatada en Barcelona por el capitán general llevó a un periódico no precisamente subversivo, El Centro Parlamentario, a pedir "en nombre de lo más sagrado, en nombre de la religión y de la honra nacional", que se pusiera fin a aquel baño de sangre, uno de tantos episodios de esta naturaleza que, según el periódico, llevaba a muchos a afirmar "que en ningún país civilizado se fusila tanto como en España' (Benet y Martí, 1976: II, 518). El 31 de julio, con la rendición de Zaragoza, la oposición al cambio de gobierno podía considerarse definitivamente derrotada.

4. 1. La vuelta al moderantismo (1856-1858)

El mismo general que en julio de 1854 se sublevó contra el régimen moderado puso fin dos años después a la experiencia progresista del Bienio. El nuevo gobierno presidido por O'Donnell llevó a cabo, efectivamente, el desmantelamiento del régimen anterior mediante una serie de disposiciones de claro sabor involucionista: entre julio y septiembre de 1856, el gobierno declaró el estado de sitio, disolvió la milicia nacional, cerró para siempre las Cortes constituyentes, antes, por tanto, de que la Constitución llegara a promulgarse, y restableció la Constitución moderada de 1845, aunque incorporando a ella un Acta adicional que liberalizaba en parte su contenido. Esta última disposición conjuraba - aunque por poco tiempo - la sensación de que el fin del Bienio suponía el regreso a la anterior etapa de hegemonía moderada. Pese a todo, estas medidas fueron consideradas insuficientes por algunos de los que apoyaron la subida de O'Donnell al poder. La propia reina Isabel II exigió en un consejo de ministros celebrado el 12 de septiembre que el ejecutivo suspendiera la desamortización. El mantenimiento a través del Acta adicional de parte del marco legal progresista, por ejemplo, en materia de libertad de imprenta o en el funcionamiento de los ayuntamientos y de las Cortes, y sobre todo la negativa del general O'Donnell a poner fin a la desamortización, provocaron su caída y la de su gabinete el 10 de octubre. Dos días después, la reina nombraba al general Narváez presidente del gobierno. Así pues, la breve etapa de O'Donnell al frente del ejecutivo (julio-octubre de 1856) sirvió finalmente de transición entre el régimen progresista depuesto en julio y el regreso de los moderados al poder, con el duro general Narváez a la cabeza.

La política adoptada por el nuevo presidente del gobierno fue desde el principio muy aparatosa por su inequívoco espíritu involucionista, pero las circunstancias no tardarían en demostrar la dificultad de mantener a largo plazo un moderantismo tan conservador y autoritario. En sus primeras semanas en el cargo, Narváez derogó el Acta adicional de O'Donnell, suspendió la aplicación de la desamortización, tal como había exigido la reina, y restableció la restrictiva legislación moderada en materia de libertad de imprenta y de régimen local. Además, se mantuvo en su integridad el Concordato con la Santa Sede de 1851, cuyo alcance había quedado limitado por la política progresista del Bienio, y se canceló el secuestro por el Estado de los bienes de la reina madre, doña María Cristina. Aparte del sello autoritario que Narváez ponía en toda su actuación, hay que valorar la propia composición del nuevo gobierno, con presencia de algunos de los moderados más recalcitrantes y hasta de algún antiguo carlista, como el ministro de la Guerra, general Urbistondo. Se ha aventurado, sin embargo, que algunos de estos nombramientos fueron ajenos a la voluntad de Narváez, que se habría visto obligado a aceptarlos por presiones de la Corona, origen directo del poder que había ido a parar a sus manos. Fuentes de la época hablan de un Narváez a la defensiva ante el poder de la camarilla palaciega, insaciable en su exigencia de medidas autoritarias y retrógradas. El embajador británico atribuye al ministro de Gobernación, el ultraconservador Cándido Nocedal, y a la propia reina el deseo de gobernar sin Cortes (Kiernan, 1970: 277-279). Sin embargo, Narváez impuso su voluntad de restablecer la normalidad institucional, aunque en su versión moderada, convocando elecciones a Cortes para el 1 de mayo de 1857. El papel de Nocedal en esta nueva etapa fue crucial. Con un censo electoral reducido y manejable, el ministro de Gobernación consiguió unas cámaras incondicionalmente entregadas al gobierno, en las que apenas desentonaba media docena de diputados progresistas. Ante esas mismas Cortes, Nocedal presentó un proyecto de ley de imprenta, aprobado por amplia mayoría, que reducía a la mínima expresión la libertad de la prensa española. El 17 de julio, una Ley constitucional, inspirada también por Nocedal, reformaba en un sentido restrictivo seis artículos de la Constitución de 1845 referentes al Senado, que quedaba virtualmente reducido a ser una mera prolongación del poder de la Corona en el Parlamento. Cuando ese mismo mes se cerraron las Cortes, el gobierno disponía de instrumentos legales sobrados para amordazar durante largo tiempo a la oposición política y periodística.

A aquella breve legislatura corresponde también la aprobación en julio de 1857 de la Ley de Bases que permitió unos meses después la promulgación de la Ley de Instrucción Pública elaborada por el ministro de Fomento, Claudio Moyano. La nueva ley, conocida como Ley Moyano, instauró, tras varios intentos fallidos desde principios de siglo, el marco legal que regularía durante décadas el sistema educativo español en sus distintos niveles - primera, segunda enseñanza, en cuyo ámbito se crearon los institutos de bachillerato, y enseñanza superior-, tanto de carácter público como privado, abriendo en este último amplias posibilidades para el desarrollo de la enseñanza religiosa. Además, en aplicación del Concordato de 1851, la Ley Moyano otorgaba a la Iglesia el derecho de inspección sobre el conjunto del sistema educativo, velando para que en las enseñanzas impartidas resplandeciera la pureza de la fe y de la doctrina católicas. Este breve período de gobierno coincidió con la culminación de algunas grandes obras públicas e iniciativas administrativas de etapas anteriores, como el Canal del Ebro y el Canal de Isabel II, inaugurados en 1857 y 1858, respectivamente, o la elaboración en 1857 del primer censo de población. El extraordinario impulso que cobró el desarrollo del telégrafo se puede situar a medio camino entre el afán modernizador y centralizador de aquellos gobiernos y el boom de los negocios, sobre todo en el campo de las comunicaciones y los transportes, de la década 1855-1865: entre estos dos años, la longitud del tendido telegráfico pasó de 713 kilómetros a 11.253 y el número de oficinas de telégrafos de 14 a 215 (Bahamonde y Martínez, 1994: 419). Como en los tiempos de Bravo Murillo, a principios de la década de los cincuenta, el moderantismo mostraba una doble faz en su ejecutoria desde el poder, autoritaria en lo político y modernizadora, con tintes tecnocráticos, en la administración pública y en la construcción de grandes infraestructuras. Por su parte, el mundo de los negocios empezaba a vivir la intensa era de bonanza que se había inaugurado con las reformas legales del Bienio, todas ellas, excepto la desamortización, mantenidas tras el cambio de régimen.

Con excepción de la importantísima Ley Moyano, no se puede decir que la obra legislativa de la etapa presidida de Narváez estuviera llamada a sobrevivir mucho tiempo al propio gobierno. El año 1857 estuvo marcado por una grave crisis de subsistencias, provocada por la escasez y carestía del trigo, que el gobierno combatió con importaciones masivas y represión. En el verano de aquel año, los conflictos sociales alcanzaron una especial intensidad, sobre todo en el campo andaluz, y las autoridades militares actuaron sin contemplaciones. Fueron fusilados un centenar de sospechosos y en Madrid se practicaron numerosas detenciones. El 15 de octubre, sin que se sepa a ciencia cierta el motivo, el general Narváez presentaba su dimisión. Es muy posible -y no sería la primera vez que tal cosa ocurría - que en la inesperada decisión de Narváez influyera su hartazgo por las injerencias de la reina en la actuación del gobierno y, en general, por las presiones de una camarilla palaciega que, tras el fin del Bienio progresista, pretendía recuperar su antigua influencia. Poco después (noviembre de 1857), Isabel II daba a luz a su primer hijo, el futuro Alfonso XII. Al de Narváez le siguieron dos gabinetes, presididos por Francisco Armero y Javier Istúriz, muy efímeros y de escasa relevancia, hasta que en junio de 1858 la reina decidía volver a llamar al general O'Donnell para encargarle formar gobierno. Si la línea de conducta de la Corona desde el fin del Bienio parecía perseguir una vuelta al puro moderantismo, las circunstancias debieron de persuadirla finalmente de la conveniencia de fórmulas de gobierno más templadas e integradoras. Tal sería el origen del largo gobierno de la Unión Liberal (1858-1863) bajo la presidencia del general O'Donnell.

4.2. Los orígenes de la Unión Liberal

La unidad era un bien muy preciado en la cultura política del liberalismo español, que desde sus orígenes gaditanos contempló siempre como una anomalía y, en cierta forma, como una tragedia su división en tendencias opuestas. Así pues, la existencia desde el Trienio liberal de un partido moderado y otro exaltado - del que, con matices, procede el posterior partido progresista - se consideró una suerte de patología política que algunos liberales no se resignaron a aceptar como irreversible. Hubo, como vimos en su momento, tentativas de poner fin a esta situación y reconciliar a "la gran familia liberal" en una fórmula constitucional que pudiera ser asumida por los liberales de todas las tendencias. La Constitución de 1837 fue el intento más logrado, pero, aún así, el sectarismo de la mayoría del partido moderado - frente a la preferencia de los moderados puritanos por una política pactista - hizo inviable aquella experiencia. Ni aquel fracaso ni la actitud excluyente con la que los dos principales partidos trataban al adversario cuando tenían el poder impidieron que, de vez en cuando, reapareciera el viejo mito de la unión de los liberales, generalmente promovido por los progresistas más templados y a menudo identificado, de forma un tanto reduccionista, con el propio partido progresista. Un sector de este partido impulsó en 1846 una candidatura electoral unitaria que, bajo el lema "Unión del partido liberal", obtuvo 53 escaños en las elecciones de diciembre de aquel año, lo que, en plena Década moderada, era un resultado muy estimable (Vilches, 2003: 40). En sus artículos sobre la revolución española de 1854, Karl Marx subrayó el papel histórico de Espartero, mucho más allá de su verdadera valía política, como símbolo viviente "de la unidad del gran partido liberal" (Marx y Engels, 1970: 35-36). En las filas liberales, siempre hubo, por tanto, una cierta nostalgia de la unidad perdida, que dio lugar a diversos intentos de carácter unitarista. Y hubo, además de esa motivación entre política y sentimental para restablecer la unidad liberal, otra de tipo funcional: la búsqueda de una fórmula política que permitiera crear un marco de convivencia estable entre aquellos que compartían el proyecto de un régimen constitucional y parlamentario con la Monarquía como forma de gobierno.

La vocación unitaria de ciertos sectores del liberalismo español se conjuga, pues, con la tradición doctrinaria y ecléctica de los progresistas y de los moderados más próximos al centro, en el que se encontraría ese ansiado justo medio entre la libertad y el orden - el juste milieu del doctrinarismo francés - que unos y otros identificaban con la virtud política. Tanto el Manifiesto de Manzanares, redactado en julio de 1854 por Cánovas del Castillo - futuro miembro de la Unión Liberal-, como la coalición electoral, de signo progresista, formada en septiembre de aquel año con el nombre de Unión Liberal responden a ese espíritu integrador y constructivo que animaba a diversos sectores de los dos grandes partidos liberales, el moderado y el progresista. "La revolución de julio", se lee, en referencia a la Vicalvarada, al principio del manifiesto electoral de septiembre, "no ha sido el triunfo de un partido contra otro partido". Aquél había sido un "alzamiento nacional' de "todos los partidos liberales" no sólo para combatir, sino para organizar, "que es - añadían los autores del manifiesto - lo que se llama unión liberal" (Artola, 1991: 1, 49). Tres meses después, en diciembre de 1854, el propio Cánovas pronunciaba un discurso en las Cortes en el que algunos autores han visto ya claramente enunciado el proyecto -y hasta el nombre - de la futura Unión Liberal. "Formemos nosotros un tercer partido constitucional", un tercer partido, añadía Cánovas, "que no tiene recuerdos, que no sabe de dónde viene, pero que sabe adónde va" y que debía organizarse en torno a unos principios comunes: "En nombre de la patria, de las ideas liberales y del trono constitucional, marchamos adelante llevando por bandera la Unión Liberal' (Seco Serrano, 2000: 163).

La búsqueda del centro político como espacio de encuentro y de concordia cuajó en abril de 1856 en la fundación del Centro Parlamentario, que tuvo entre sus promotores a grandes personalidades de la vida política y social, procedentes en general del sector puritano o centrista del moderantismo: Ríos Rosas, Alonso Martínez, Vega de Armijo, el marqués de Perales y un nutrido grupo de generales - Concha, Serrano, Ros de Olano y Prim entre ellosHasta 81 parlamentarios de las Cortes del Bienio se incorporaron al nuevo grupo (Bahamonde y Martínez, 1994: 338-339). La primera etapa de O'Donnell en el poder (julio-octubre de 1856) podría considerarse una breve experiencia de gobierno de la Unión Liberal, que es el nombre con el que definitivamente se conocería al nuevo partido. Pero su perfil no quedó del todo fijado hasta que en 1858 se incorporó al mismo el sector más centrista del progresismo - los progresistas llamados resellados-, que vio en aquella opción política la posibilidad de jugar un cierto papel en la nueva situación y de orientar al régimen isabelino hacia una política decididamente liberal, en un momento además en que la prosperidad económica permitía augurar un gran avance en la modernización del país. Aunque muy influida por la orientación ideológica de antiguos moderados como Cánovas del Castillo y Posada Herrera, la Unión Liberal tuvo en el general Leopoldo O'Donnell a su caudillo indiscutible.

No hace falta recordar que los partidos políticos del siglo XIX no eran organizaciones de masas a la manera moderna, con militantes de carnét y una estructura administrativa permanente. Se trataba de agrupaciones de notables, que funcionaban principalmente como comités electorales y que tenían, por un lado, un fuerte componente personalista, lo que a menudo les llevaba a caer en el fraccionalismo fomentado por sus diversos líderes, y, por otro, una estrecha vinculación con la prensa afín, sin que fuera fácil determinar si era el partido el que se expresaba a través de sus órganos oficiosos o los periódicos los que instrumentalizaban a sus respectivos partidos. Asimismo, para que un partido cobrara vida ante la opinión del país resultaba fundamental su actuación parlamentaria, constituyendo un grupo de diputados, más o menos estable, capaz de encarnar la línea política de tal partido. Práctica electoral, prensa política y oratoria parlamentaria seguían siendo, pues, los principales medios que permitían convertir ideas u opiniones más o menos genéricas en unas señas de identidad relativamente precisas, en las que la opinón pública y los electores podían distinguir la parte - el partido - de ese todo abigarrado que componía la vida política nacional. Hay que decir, sin embargo, que el retraimiento adoptado a veces por los partidos - es decir, la renuncia a presentar candidaturas a unas elecciones que consideraban viciadas - limitaba aún más la capacidad de las instituciones para representar, a través de los partidos, la realidad del país. A los factores de identificación ya señalados habría que añadir los elementos simbólicos, históricos y carismáticos que la memoria colectiva asociaba a tal o cual partido: la ejecutoria de sus líderes, especialmente de sus caudillos militares - Espartero, Narváez y O'Donnell, encarnación del partido progresista, del moderado y de la Unión Liberal-, el recuerdo de la guerra civil como origen de una experiencia compartida, la capacidad de movilización de un lenguaje propio - el "cúmplase la voluntad nacional" de Espartero - y la enorme fuerza aglutinante de un enemigo histórico que, según los casos, podía ser el carlismo, la reina María Cristina y su camarilla, Espartero o Narváez. Dado que los partidos se organizaban desde arriba, sin llegar a tener gran arraigo en la realidad social, y que la mayor parte del país ni leía la prensa ni participaba en las elecciones, no es de extrañar que todavía a finales del siglo XIX un tratadista de la importancia de Adolfo Posada cons tatara que en España "en realidad no hay partidos" (Fernández Sebastián y Fuentes, 2002: voz "Partido", 510).

La Unión Liberal cumplía en líneas generales con los requisitos señalados. Tenía una prensa afín, formada principalmente por La Época y El Diario Español y, con matices, por La Correspondencia de España y El Clamor Público, que no tardó en abandonar su vinculación a los progresistas. Por su parte, La Corres salió de su tradicional apoliticismo para apoyar al gobierno unionista en su victoriosa Guerra de Marruecos. La Unión Liberal cumplía asimismo con la cuota caudillista de los partidos de la época al hacer del general O'Donnell su incuestionable cabeza visible, aunque esta circunstancia se veía en parte contrarrestada por el protagonismo de una élite jurídica, política y económica que confería a la Unión Liberal un sesgo civilista y tecnocrático. Este último rasgo del unionismo ha llevado a un historiador a afirmar, no sin cierta razón, que "la Unión Liberal no tenía una ideología concreta' (Comellas, 1999: 263). En palabras de otro autor, el unionismo "jamás llegaría a tener alma' (Kiernan, 1970: 281), un reproche que, en términos muy parecidos, formuló en su día el político progresista Fernández de los Ríos: la Unión Liberal representaba "el confuso caos de todos los que se han arrepentido de amar demasiado o a la autoridad o a la libertad", lo que la convirtió, según sus palabras, en "la duda erigida en sistema, la negación de todos los principios, la incertidumbre, la confusión, el caos, lo imposible" (Cánovas Sánchez, 1996: 418).

Si todo partido respondía en la época a un mito específico, el de la Unión Liberal era, como su propio nombre indica, la nostalgia de la unión perdida entre los liberales y, con ella, el afán de concordia y estabilidad tras décadas de guerras, revoluciones, pronunciamientos militares y cambios de régimen. En este sentido, la "memoria' del unionismo no se constituía, como en otros partidos, tanto contra un enemigo histórico como a favor de la superación, desde una desmemoria voluntaria, de los errores cometidos hasta entonces por los dos grandes partidos. De ahí, probablemente, las palabras, ya citadas, que Cánovas del Castillo pronunció en las Cortes en 1854: "Formemos nosotros un tercer partido constitucional [...], que no tiene recuerdos, que no sabe de dónde viene, pero que sabe adónde va". Se entiende también que frente a la importancia que el liberalismo histórico otorgaba a una legitimidad de origen - la revolución liberal, la guerra carlista o un pronunciamiento militar-, el unionismo enfatizara el valor supremo de una legitimidad de ejercicio que hacía de la prosperidad económica y de los éxitos militares, como la Guerra de África (1859-1860), su gran activo político y la principal razón de ser de su gobierno. Y es que, efectivamente, la acción política desde arriba y la transformación del Estado en un eficiente instrumento de modernización y prestigio serían los ejes fundamentales del discurso político de la Unión Liberal.

4.3. El "gobierno largo" de O'Donnell (1858-1863)

4.3.1. Líneas generales de su actuación

La biografía del general Leopoldo O'Donnell (1809-1867) responde cabalmente a la ejecutoria de los grandes espadones del siglo XIX español. Nacido en Santa Cruz de Tenerife, aunque perteneciente a una familia de origen irlandés, el joven O'Donnell tuvo una destacada participación en la guerra carlista como miembro del ejército cristino, lo que le permitió ascender rápidamente en el escalafón. A los 30 años ya era mariscal de campo y capitán general de Aragón, Valencia y Murcia. Poco después recibió el título de conde de Lucena por una brillante acción de guerra frente a Cabrera. Convertido en una de las grandes figuras del ejército liberal vencedor de la guerra, su trayectoria desde entonces se inscribe de lleno en el terreno político, ya sea conspirando o gobernando. Conspiró contra Espartero en 1841, se exilió en París, regresó en 1843 tras el fin de la regencia esparterista, militó en el moderantismo, se sublevó contra el régimen moderado protagonizando la Vicalvarada (1854), fue ministro de la Guerra en el Bienio progresista (1854-1856) y presidente del gobierno, durante tres meses, tras la caída de Espartero en 1856. En su carrera político-militar no podían faltar los títulos nobiliarios - conde de Lucena, vizconde de Aliaga y duque de Tetuán, con grandeza de España - y el nombramiento de senador, cargo que, además de su relevancia política, llevaba aparejado el reconocimiento de un poder especial, ajeno a los vaivenes del juego político y reservado a unos pocos elegidos.

Su vuelta a la presidencia del gobierno en junio de 1858 inauguró un inusitado período de estabilidad política de cuatro años y medio (desde el 30 de junio de 1858 hasta el 17 de enero de 1863). El hecho de que O'Donnell desempeñara, además de su cargo de presidente, la cartera de Guerra y más adelante la de Ultramar indica la solidez de su poder personal al frente de la Unión Liberal, una circunstancia reforzada si cabe por el bajo perfil político de su gobierno, formado por antiguos moderados y progresistas que encarnaban el espíritu integrador del unionismo. Como figura más relevante hay que destacar al ministro de Gobernación, José Posada Herrera, cuya carrera política, aunque iniciada en las filas progresistas - fue diputado por este partido a finales de los años treinta-, se había desarrollado en el campo del moderantismo centrista o puritano, como ocurría con otros muchos unionistas. Las intenciones del gobierno quedaron claras desde que, a los pocos meses de su nombramiento, decidió reanudar la desamortización de Madoz, suspendida en los dos años anteriores por presiones de la Iglesia y la Corona. De esta decisión podía deducirse la voluntad de la Unión Libe tal de desmarcarse del reaccionarismo de los moderados y de colocar la política económica entre las prioridades de su acción de gobierno. El desinterés por establecer un marco político propio, más allá de la Constitución de 1845, que siguió vigente - ni siquiera se restableció el Acta adicional introducida en 1856 por el primer gobierno O'Donnell-, resulta revelador de una actitud desdeñosa hacia la política que se corresponde, asimismo, con el énfasis tecnocrático en la modernización económica. Lo mismo podría decirse de la legislación de prensa e imprenta: la Unión Liberal mantuvo en vigor la restrictiva Ley de Nocedal de 1857, pero dándole una interpretación más laxa, que favoreció la actuación de la prensa opositora, como los periódicos demócratas La Discusión y El Pueblo o los retrógrados, próximos al carlismo, La Regeneración, La Esperanza y El Pensamiento Español.

Pero, por lo pronto, el nuevo gobierno necesitaba unas Cortes que revalidaran el poder recibido de la Corona. A ello se aplicó el ministro de Gobernación, el citado Posada Herrera, que tenía entre sus principales colaboradores en el Ministerio al joven Cánovas del Castillo, consagrado ya como una de las figuras emergentes del unionismo. Los comicios se celebraron el 31 de octubre de 1858 y, como era de esperar, la Unión Liberal obtuvo en ellos una aplastante mayoría parlamentaria, aunque dejando un cierto margen a moderados y progresistas que podía disuadirles de recurrir a métodos de fuerza para alcanzar el poder. Posiblemente, aquellas elecciones no fueron ni más ni menos fraudulentas que la mayoría de las celebradas hasta entonces, pero llamaron la atención por el perfeccionismo con el que el ministro de Gobernación utilizó los resortes del poder para conseguir el resultado apetecido: presiones sobre el reducido censo de electores llamados a las urnas, intervención masiva de los gobernadores civiles, uso de los más modernos métodos de comunicación, como el telégrafo, para coordinar la labor de autoridades y funcionarios... Posada se ganó con creces el apelativo de Gran Elector que irónicamente acuñó para él un rival político - el progresista Olózaga - en reconocimiento de sus sobresalientes dotes para manejar los procesos electorales. Él mismo admitió esa función manipuladora del Ministerio de Gobernación al reivindicar el "influjo legal" ejercido sobre el electorado. Anticipando el carácter metódico que la manipulación electoral llegaría a tener en la Restauración canovista (1875-1923), no tanto al servicio sectario de un partido, como de la gobernabilidad del sistema, las prácticas electorales de Posada contribuyeron a dar al nuevo gobierno un sólido marco de estabilidad política asentado en unas Cortes cuya larga duración (1858-1863) no tenía precedentes en la historia del parlamentarismo español. A su vez, la fuerte sintonía entre el gobierno y las Cortes ayudó a mantener a la Corona relativamente alejada de las intrigas políticas. Todo contribuía, pues, a crear un círculo virtuoso de estabilidad, propicio a la puesta en práctica del pro yecto histórico del unionismo, en el que se aunaban crecimiento económico, reformismo administrativo y aventuras militares en el exterior.

Algunas reformas del gobierno se sitúan, efectivamente, más en el ámbito administrativo que en el puramente político. Con el fin de modernizar y profesionalizar el aparato del Estado se creó el Cuerpo de Ingenieros de Montes (1859), integrado en el Ministerio de Fomento, se desarrolló la carrera fiscal (1860), se aprobaron los reglamentos necesarios para organizar los cuerpos docentes creados por la Ley Moyano (1859) y se promulgaron la Ley Hipotecaria (1861) y la Ley del Notariado (1862). Esta etapa supuso, pues, un fuerte avance en el desarrollo de la moderna función pública, ampliando significativamente las bases para el sistema funcionarial característico de la España contemporánea, según un modelo que había recibido ya un impulso notable en tiempos del gobierno moderado de Bravo Murillo, como el real decreto de junio de 1852 organizando la carrera administrativa y regulando la forma de ingreso. En 1860, había unos treinta mil funcionarios de la administración civil - sin contar, por tanto, con los de las diputaciones y ayuntamientos-, una cifra que mostraba un considerable crecimiento desde principios de siglo, pero que prácticamente se iba a doblar hasta alcanzar los 59.000 en 1900 (Rueda Hernanz, 2006: 342-343). A los 30.000 funcionarios censados en 1860, hay que añadir unos veintitrés mil maestros y los 150.000 hombres que, con ciertas oscilaciones, venían componiendo las fuerzas armadas, de los cuales un tercio eran militares profesionales. Sólo el presupuesto de los ministerios militares (Guerra y Marina) pasó de 95,1 a 211,1 millones de pesetas entre 1857 y 1860 (años que recogen el impacto presupuestario de la Guerra de África). En conjunto, tan sólo entre 1855 y 1860 los gastos del Estado aumentaron un 70 por ciento y se doblaron entre 1856 y 1865 (Tortella, 1975: 257), bajo el peso, no sólo del presupuesto militar, sino de las subvenciones concedidas por los ministerios de Hacienda y Fomento a las compañías ferroviarias, entonces en plena expansión.

Indudablemente, el siglo XIX, marcado por el triunfo del liberalismo político y económico, registró un crecimiento espectacular del Estado, con nuevos servicios, un número creciente de empleados y una tendencia al intervencionismo que no está reñida con el desarrollo del capitalismo. Lo demuestra precisamente la etapa de gobierno de la Unión Liberal, en la que el Estado y el mercado, los negocios públicos y las empresas privadas, crecieron en paralelo de una forma asombrosa. Así pues, como partido impulsor del intervencionismo del Estado y del desarrollo y la dignificación de la función pública, no es de extrañar que la Unión Liberal reclutara entre los altos funcionarios a un sector considerable de sus cuadros y dirigentes: 88 diputados de las Cortes de mayoría unionista elegidas de 1865 eran funcionarios, lo que llevó a un periódico afín, el madrileño La Época, a pedir al partido que en el futuro buscara sus apoyos menos "en las regiones oficiales" y más "en las entrañas de la sociedad misma", donde, según el periódico unionista, encontraría el preciado apoyo de "una gran falange de propietarios, de ricos comerciantes, de industriales, de personas independientes" (Cánovas Sánchez, 1996: 479).

4.3.2. Economía y sociedad a mediados del siglo XIX

Mientras tanto, el mundo de los negocios se encontraba en pleno apogeo, en parte gracias a los efectos positivos de la legislación económica aprobada durante el Bienio progresista. Queda dicho que la única ley suspendida tras el fin del Bienio, la desamortización de Madoz, fue restablecida en 1858 por el gobierno de la Unión Liberal, que completó además las reformas económicas de los progresistas con la Ley de Minas de 1859. De todas formas, la "fiebre minera" que vivió España en el último cuarto del siglo XIX fue resultado más bien de una ley posterior, aprobada en diciembre de 1868 (Tortella, 1995: 84). La ley de 1859 ratificaba la propiedad del Estado sobre las minas, pero facultaba a los poderes públicos para entregar su explotación, mediante las correspondientes concesiones, a empresas de capital privado. Como en el caso de los ferrocarriles y de otros servicios públicos, se trataba, pues, de un modelo mixto (propiedad pública/explotación privada o, dicho de otra forma, capital privado y subvenciones públicas) que hacía de las concesiones -y de las condiciones en que éstas se produjeran - la clave de su explotación y de su rentabilidad. La minería dio lugar - en realidad, como ya venía ocurriendo - a un tipo de negocio en el que las influencias políticas desempeñaban un papel fundamental a la hora de conseguir las concesiones y de hacerlo en los términos más favorables. A ello, y no a otra cosa, se debe la participación de algunas figuras relevantes de la vida social y política en los consejos de administración de las compañías mineras. Pero si, por un lado, resultaba patente la conexión entre el mundo político y el mundo financiero, por otro, no lo era menos la vinculación de algunas de estas compañías a los holdings industriales, de capital en su mayor parte extranjero, creados en los últimos años en España, sobre todo en torno al negocio ferroviario. La relación entre minas y ferrocarriles era tan estrecha, que algunas líneas ferrovarias se habían diseñado pensado en las necesidades logísticas de las explotaciones mineras, como la línea Langreo-Gijón, que conectaba un gran centro minero con el puerto de salida del mineral. La interconexión accionaria) entre empresas de sectores diferentes demuestra hasta qué punto banca, ferrocarriles y minas formaban parte, en algunos casos, de una actividad integrada. La Compañía General de Crédito, por ejemplo, era la empresa matriz de varias compañías ferroviarias y de la Compañía General de Minas.

La reanudación en 1858 de la desamortización de Madoz puso en manos del Estado recursos vitales para financiar, en forma de subvenciones, la construcción del tendido ferroviario. En la última gran oleada de ventas de bienes desamortizados (1858-1867), el Estado obtuvo un total de 4.150 millones de reales, una cantidad que supera la de cualquier otro período (Tortella, 1995: 48). La importancia del esfuerzo presupuestario realizado por el Estado en su apoyo al sector ferroviario salta a la vista si consideramos que, a pesar del notable aumento de los ingresos, el quinquenio 1860-1864 se saldó en las cuentas del Estado con un déficit de 142 millones de pesetas (521 millones de ingresos por 663 millones de gastos). No extrañará que se diga que la compra de títulos de la deuda siguió siendo una actividad fundamental en el sector financiero español, hacia la que fluían tanto capitales extranjeros, acostumbrados a operar con este tipo de activos, como una parte del capital y del ahorro nacionales, más inclinados a invertir en valores considerados seguros que a promover un verdadero capitalismo empresarial. Hay que decir, sin embargo, que desde mediados de los años cincuenta una parte del capital nacional se dejó arrastrar por la moda ferroviaria y bancaria y apostó por invertir en unas empresas cuya solvencia parecía garantizada por las firmas internacionales que las avalaban y por el prestigio de aquellos políticos, aristócratas y generales que se sentaban en sus consejos de administración. En total, a finales de 1864, los ferrocarriles habían recibido, en forma de inversión privada y subvenciones públicas, la fabulosa cifra de 1.553,2 millones de pesetas, frente a los 98,4 millones destinados por los mismos conceptos a las empresas industriales por acciones. "Se puede decir - ha escrito el mejor especialista en la materia - que, entre 1856 y 1866, España se gastó todo lo que tenía en ferrocarriles (dejando aparte las guerras)" (Tortella, 1970: 133).

Así pues, la coyuntura económica y política entre mediados de los cincuenta y mediados de los sesenta, presidida por el crecimiento general de la economía y por un marco político muy propicio, no podía ser más favorable al desarrollo del ferrocarril: de 182 kilómetros construidos en 1858 se pasó a 298 en 1859 y a 764 en 1860, cifra superada todavía en 1863, que con 839 kilómetros registraría el mayor crecimiento de la red ferroviaria en todo el siglo (Rueda Hernanz, 2006: 101). La media anual de 450 kilómetros construidos para el decenio 1856-1865 sería la más alta de la historia. Al final de ese ciclo, España era el cuarto país de Europa por el kilometraje de sus ferrocarriles, sólo superada por Inglaterra, Francia y Alemania. Estaba por ver, sin embargo, que la realidad española justificara e hiciera rentable a corto plazo semejante movilización de recursos. Entre la veintena de compañías existentes destacan la MZA, el Ferrocarril del Norte (Caminos de Hierro del Norte de España) y la Sevilla-Jerez-Cádiz - las tres con impor tante participación de capital francés-, así como la Barcelona-TarragonaFrancia y la Barcelona-Zaragoza-Pamplona. Las expectativas creadas por el negocio ferroviario eran colosales. Influía en ello el valor atribuido al ferrocarril como factor y símbolo de progreso en un momento en que todos los países desarrollados contaban ya con una amplia red ferroviaria capaz, supuestamente, de modernizar por sí sola la economía y la vida misma de esos países. En las expectativas creadas entre los inversores influían también las privilegiadas condiciones otorgadas por el Estado, sobre todo en forma de subvenciones, que, según algunos autores, pudieron cubrir hasta el 30 por ciento del coste total. Por último, se daba por descontada la alta rentabilidad que generaría la explotación comercial de las líneas, una previsión que se vería rápidamente desmentida por la realidad y que, como veremos, provocaría a partir de 1865 una tremenda crisis en el sector, que las compañías ferroviarias transmitieron de inmediato al mundo financiero, con el que estaban estrechamente conectadas.

El frenesí que vivía el mundo de los negocios se completa con el boom de la construcción provocado por los ensanches de las grandes ciudades. Una real orden de agosto de 1859 dio carácter oficial al proyecto de ensanche de Barcelona diseñado por Ildefonso Cerdá (Plan Cerdá) tras la demolición de las viejas murallas durante el Bienio. El plan de ensanche de Madrid, realizado por el ingeniero Carlos de Castro, se aprobó un año después e inauguró una etapa de fuerte especulación con los terrenos circundantes a la capital: según una fuente de la época, entre 1860 y 1864 los solares del ensanche subieron a "precios triples y aún décuples" de su valor inicial (Bahamonde y Toro, 1978: 31). La agricultura y la industria parecían descolgarse de ese crecimiento desaforado que disfrutaban los sectores de moda de la economía española. No era exactamente así, sino que su crecimiento tenía un ritmo más pausado y sostenido. En el caso de la agricultura, y a pesar de las deficiencias de las estadísticas disponibles, se puede dar por seguro que las desamortizaciones se tradujeron en un aumento considerable de la superficie cultivada y de la producción, aunque no necesariamente en una mejora de las técnicas de explotación. En todo caso, y como consecuencia de las desamortizaciones, en las décadas centrales del siglo, España pasó de ser un país deficitario en trigo a ser autosuficiente e incluso a exportar harinas. Otros productos registran igualmente un aumento sustancial: en 1860, la producción de vino casi se triplicó respecto a comienzos de siglo y la de aceite se duplicó (G.Anes, 1970: 258-259; véanse también Tortella, 1995: 54 y Bahamonde y Martínez, 1994: 385). Al igual que la agricultura, la industria manufacturera, radicada principalmente en Cataluña, se mostró mucho menos vulnerable que los grandes negocios a la especulación y a sus efectos cíclicos, si bien la industria textil se vio muy afectada a principios de los sesenta por la escasez de algodón provocada por la Guerra de Secesión en Estados Unidos. A pesar de sus problemas históricos - su falta de competitividad ante los productos extranjeros y las fuertes limitaciones del mercado nacional-, la industria textil catalana mantuvo tasas de crecimiento muy notables, que para mediados de siglo se han estimado en una media del 8 por ciento anual, con el correspondiente incremento de los beneficios empresariales, lo que permitió que, por ejemplo, una empresa emblemática como "La España Industrial', fundada en Barcelona en 1847, pudiera retribuir a sus accionistas con un dividendo medio del 10 por ciento anual. Compárese con el 15,5 por ciento de dividendo anual que pagó el Crédito Mobiliario en 1862 y 1863 y se entenderá el irresistible atractivo que este tipo de compañías ejercían sobre una buena parte del ahorro nacional y la competencia, más que el apoyo, que la industria encontró en el nuevo sistema financiero.

La expansión del sector textil trajo consigo su modernización y ésta a su vez un proceso imparable de concentración empresarial: las 4.583 fábricas de algodón existentes en 1847 pasaron a ser 3.600 en 1860, mientras el número de obreros aumentaba de 97.346 a 125.000 en el mismo período (Rueda Hernanz, 2006: 164-165). Si en 1841 la media de obreros ocupados por empresa era de 18, 20 años después la cifra había ascendido a 72 (Shubert, 1991: 176). Estos datos demuestran que el impacto negativo que pudiera tener en la mano de obra la mecanización de una parte del proceso productivo - un fenómeno tan temido por los trabajadores, que en ocasiones reaccionaban destruyendo las nuevas máquinas - se compensaba con creces gracias a las necesidades de mano de obra generadas por el crecimiento del sector. Aunque la clase obrera barcelonesa pagó un alto precio por el fin de las libertades instauradas durante el Bienio - en marzo de 1857 se prohibió toda clase de asociaciones obreras, incluidas las de socorros mutuos-, la creación en 1861 del Ateneo Catalán de la Clase Obrera le permitió disponer de un lugar de encuentro que tuvo inicialmente un objetivo formativo y recreativo, pero que a partir de 1868 se orientó claramente hacia la difusión de las ideas internacionalistas.

Por la misma razón que en Barcelona se concentraba buena parte de la incipiente clase obrera española, en esta misma provincia se registraba, según el censo de 1860, el mayor número de fabricantes, en una cifra algo superior a 2.500. Junto a los problemas derivados de las conflictivas relaciones con la clase trabajadora, el gran caballo de batalla de la burguesía industrial catalana y principal eje de su discurso reivindicativo fue la defensa del proteccionismo - o incluso del prohibicionismo - como valladar legal ante el peligro que representaba la importación de productos textiles. En 1859, los industriales catalanes, encabezados por una de sus figuras más representativas, Juan Güell y Ferrer, lanzaron una nueva campaña a favor de aranceles más altos, que protegieran a la industria textil catalana y a quienes vivían de ella de la feroz competencia extranjera. El apoyo de políticos e intelectuales locales y el activo papel desempeñado por el Fomento del Trabajo Nacional, el gran lobby empresarial fundado en 1839, no pudieron ablandar las posiciones del gobierno, ni mucho menos crear un gran frente proteccionista con otros sectores económicos también amenazados por las importaciones, como los cerealeros castellanos. Si acaso, la presión proteccionista sirvió para que al final del reinado de Isabel II se estableciera en las Antillas españolas (Cuba y Puerto Rico) un mercado protegido en el que el textil catalán y la harina castellana podrían venderse en condiciones privilegiadas para los productores. En todo caso, y a pesar de algunas victorias estratégicas, desde la Cataluña industrial se fue desarrollando un discurso victimista - no exento de fundamento- sobre la insensibilidad de los gobiernos de toda condición a las necesidades de la economía y la sociedad catalanas. Este sentimiento de agravio se alimentaba asimismo de la sangrante comparación entre los dos modelos económicos en liza a partir de mediados de siglo: mientras la empresa textil catalana, generalmente de tipo familiar, basaba su éxito en un ethos del trabajo duro, de la austeridad y de la creación de riqueza - una moral económica que, según sus defensores, encontraba poco o ningún apoyo en las instituciones-, el modelo que triunfaba en el Madrid de la época hacía de la especulación y de los grandes negocios en marcha la clave de un enriquecimiento sorprendentemente rápido, que contaba con el favor de la clase política liberal. La estrecha relación entre el aparato del Estado y las principales actividades financieras, sometidas a menudo a la discrecionalidad del gobierno, explicaría el hecho de que el mundo de los negocios y el mundo de la política compartieran en la capital un mismo espacio de poder.

De todas formas, esta bipolaridad del capitalismo español entre dos modelos y dos espacios diferenciados - un modelo industrial radicado en Cataluña y otro financiero con sede en Madrid - no deja de ser una simplificación merecedora de algunas puntualizaciones. Por lo pronto, el peso del sector algodonero en la economía catalana ha llevado a veces a ignorar la existencia de una tradición bancaria autóctona, de la que fue pionero Manuel Girona, fundador en 1844 del primer banco comercial español: el Banco de Barcelona, estrechamente unido desde entonces a la familia Girona. El impacto de la crisis de 1847-1848 en el banco - que, no obstante, consiguió sobrevivir a ella - puede haber favorecido una peculiar idiosincrasia en la burguesía y las clases medias catalanas caracterizada por el recelo hacia el mundo de las finanzas. El panorama del capitalismo español de mediados del siglo XIX estaría incompleto asimismo sin hacer referencia a una próspera burguesía comercial y financiera fácilmente identificable con algunos apellidos que dieron tono, durante décadas, al capitalismo provincial español: los Larios y los Heredia en Málaga, Romualdo de Arellano y Tomás Epalza en Bilbao, los Iglesias Tineo en Galicia, Antonio López, Antonio Gutiérrez Solana y los hermanos Torrente en Santander, José de Campo en Valencia, Pedro Pombo en Valladolid... Algunos de ellos eran indianos, originarios sobre todo de las provincias del Cantábrico, de Cádiz y de Cataluña, que labraron su fortuna en la próspera economía cubana. Responden, en general, a un perfil social y geográfico que los hace fácilmente reconocibles: "Mayoritariamente son individuos de origen modesto, sin ningún antecedente de tipo mercantil en su familia, pero sí habituados a entornos de tipo comercial [...]; resalta un significativo porcentaje de personas que iniciaron su singladura cubana sobre bases mercantiles preexistentes, al ser enviados a la isla como agentes o representantes de casa-comercio instaladas en la metrópoli" (Bahamonde y Cayuela, 1992: 20). Cuba sería una pieza esencial del capitalismo español del siglo XIX, aunque constituyera un mundo aparte tanto por la existencia de la esclavitud, origen de la prosperidad de su industria azucarera, como por la política de plenos poderes practicada por los capitanes generales de la isla con el consentimiento de los gobiernos españoles de la época. Su incidencia en la vida económica, social y política de la España peninsular fue extraordinaria. De allí procedía una parte especialmente activa de las élites económicas de la segunda mitad del siglo XIX: los Zulueta, Samá, Manzanedo, Güell, López y López... (Bahamonde y Cayuela, 1992: 21 y 40). Pero la situación en las Antillas entró en una fase de inestabilidad a partir de la Guerra de Secesión norteamericana (1861-1865) y la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, una medida que no tardaría en afectar a los intereses españoles en la zona. Los efectos desestabilizadores de Cuba sobre la metrópoli se harían notar de forma espectacular a partir de 1868, con el comienzo de la primera guerra de independencia (Piqueras, 1992; Fradera, 2005).

Pese a la existencia de una pujante burguesía provincial y al creciente protagonismo de la burguesía industrial catalana, las principales fortunas en la España de mediados del XIX correspondían a los representantes de la vieja aristocracia terrateniente y al mundo de los grandes negocios, con Madrid como lugar de residencia, cualquiera que fuera su origen territorial. Se trata, pues, de un híbrido de viejos y nuevos ricos, progresivamente equiparados - por lo menos en apariencia - por el fulgurante ennoblecimiento de estos últimos. Entre ellos, los hay que habían amasado su fortuna en tiempos de la desamortización de Mendizábal - se ha hablado incluso de una "burguesía mendizabalista" - y quienes debían su éxito económico a su condición de indianos, como el citado Juan Manuel de Manzanedo - marqués de Manzanedo desde 1862-, que volvió enriquecido de Cuba gracias al negocio esclavista y azucarero para instalarse en Madrid en 1845 y convertirse, durante mucho tiempo, en la mayor fortuna de la capital. Igualmente paradigmáti co resulta el caso del malagueño José Salamanca, ennoblecido en 1863 con el título de marqués de Salamanca y cuya fabulosa fortuna se estimaba ese mismo año en unos cuatrocientos millones de reales (Torrente, 1969: 196-197). En él se resume una buena parte de la historia económica y política del siglo XIX español: fue conspirador liberal en tiempos de Fernando VII, diputado, senador largos años, ministro de Hacienda en 1847, moderado puritano, hombre próximo, en distintos momentos de su vida, a Narváez - con el que no tardó en enfrentarse-, a la reina María Cristina, a su marido el duque de Riánsares y a Espartero, representante de la banca Rothschild en España, exiliado, bolsista, banquero, importante accionista de algunas de las mayores empresas de la época, como el ferrocarril MZA, y promotor inmobiliario en plena era de los ensanches urbanos. Compró, para construir, un barrio entero de Madrid que luego llevaría su nombre. Fue, además, un gran coleccionista de obras de arte y murió en Madrid, en 1883, tras haber perdido su fortuna - aunque no su palacio-, arruinado por la crisis financiera de 1866. "En los fastos isabelinos - dirá de él Valle-Inclán en Baza de espadas - fueron famosas las comidas del marqués de Salamanca: ilustres por las sales del ingenio y los perifollos de la cocina francesa." "Uno de los españoles más grandes del siglo XIX", le llamará Pérez Galdós en uno de sus Episodios nacionales (De Otazu, 1987; Torrente, 1969).

Tanto el marqués de Salamanca como el general O'Donnell, duque de Tetuán - los dos grandes protagonistas de la vida económica y política de aquellos años-, pertenecen a la nueva nobleza formada por los 401 títulos concedidos por Isabel II en atención a los servicios militares, políticos o empresariales prestados al país o a la corona. Fue, pues, una nobleza meritocrática que se sumaba a la vieja aristocracia de cuna, cuya capacidad de adaptación a los nuevos tiempos fluctúa mucho según los casos. Así, los duques de Osuna - uno de los linajes de mayor antigüedad y prosapia - vendieron a lo largo del siglo XIX todas sus tierras para poder hacer frente al pago de sus deudas. En 1862, las cuentas de la familia registraban un déficit de 4,8 millones de reales, sobre unos ingresos totales de 12,6. Por entonces, el 70 por ciento de sus ingresos procedían de las rentas de sus tierras. La casa de Osuna no tenía inversiones industriales ni comerciales (Shubert, 1991: 93-94). Todavía en los años cincuenta, el 80 por ciento de los mayores contribuyentes españoles eran nobles titulados, entre ellos los herederos de los grandes patrimonios de la vieja aristocracia terrateniente. Pero la tendencia histórica apuntaba ya en los años sesenta hacia un paulatino relevo - nunca completo - de la nobleza tradicional por una nueva élite económica nutrida en parte por una gran aristocracia financiera. En cierta forma, entre la vieja y la nueva nobleza había una relación de vasos comunicantes: mientras la segunda iba acaparando el poder económico y político, la pri mera veía cómo en el nuevo orden liberal se consagraba su poder simbólico, convertido en modelo de vida de las nuevas élites de poder. El triunfo de los grupos ascendentes - clase media comercial, élite política, oficialidad del ejército... - no era completo si no se veía coronado con la consecución de un título nobiliario (Sánchez-Albornoz, 1975: 53-55). Verdadero escaparate de las viejas y nuevas élites de poder, el Senado isabelino ofrecía un completísimo muestrario del modelo de sociedad y de Estado creado por el liberalismo: financieros, políticos con largos años de servicios prestados, generales y miembros de la aristocracia, a la que pertenecían 272 de los 637 senadores que compusieron la cámara entre 1845 y 1868. De ellos, 76 ostentaban títulos nobiliarios creados después de 1833.

El despegue del capitalismo financiero español en estos años - despegue parcialmente abortado por la crisis de 1866 - creó, como se ve, grandes oportunidades de promoción social para un sector minoritario de las clases medias españolas, pero a la vez amplió la brecha entre esas clases medias reconvertidas en burguesía comercial y financiera y los sectores más numerosos y menos dinámicos de los estratos intermedios de la sociedad. Si el modelo de vida de la clase media aburguesada era, como acabamos de ver, la aristocracia de cuna, a la que intentó asimilarse mediante su ennoblecimiento - una opción facilitada por la prodigalidad de la Corona - y emparentando con ella, el funcionariado y la famosa empleomanía - la aspiración a un cargo público - se convirtieron en el horizonte profesional y económico soñado por aquellos sectores de las clases medias que, por falta de recursos o de audacia, no consiguieron salir de su medianía social y económica. Son los sectores de la clase media que se habituaron a vivir de lo que Galdós llamó "la olla grande" del presupuesto, en una época de continua expansión de la función pública, con el consiguiente esfuerzo económico por parte del Estado, que entre 1850 y 1860 casi duplicó su gasto medido en pesetas corrientes por habitante (Rueda Hernanz, 2006: 519). A la hora de diseccionar la compleja tipología de las clases medias, tampoco hay que olvidar un sector creciente, situado entre el funcionariado y la incipiente burguesía, formado por los miembros de las profesiones liberales: abogados, médicos, farmacéuticos e ingenieros - una profesión en auge-, además de otras profesiones, como la de escritor y periodista, con una casuística propia, en la que intervienen en grados muy variables la política, la bohemia y el éxito social y hasta económico de unos pocos elegidos. Una buena parte de estos grupos socioprofesionales aparecen recogidos en el censo de 1860 en el abigarrado bloque de "Profesiones, artes y oficios", que incluye desde los militares hasta los comerciantes. Añádase a esta mesocracia profesional la parte correspondiente del grupo "propietarios" y tendremos un amplio abanico de la diversidad de situaciones sociales y económicas que caben en la categoría de las clases medias españolas del siglo XIX, que José María Jover ha descrito como "un mundo pluriforme, diversificado, de contornos imprecisos" y además con notables variantes regionales (Jover Zamora, 1976: 239).

Con estos antecedentes, y teniendo en cuenta que España seguía siendo un país eminentemente rural y provinciano - el 85,5 por ciento de los españoles vivía en poblaciones de menos de 10.000 habitantes-, no extrañará que las voces burgués y burguesía entraran con notable retraso en el vocabulario social español. La primera, en su significado moderno, no se incorpora al Diccionario de la Real Academia hasta la edición de 1884: "Ciudadano de la clase media". La transición léxica de clase media a burgués/burguesía empezó tras la revolución de septiembre de 1868, gracias a la proliferación de una nueva prensa obrera e internacionalista impregnada de la doctrina y del vocabulario del movimiento obrero internacional. Tal es el carácter del periódico madrileño La Federación, que en junio de 1870 se refería a "la gente que llamamos burguesa o clase media" (Fuentes, 1993: 58). La ambivalencia de ambos conceptos se mantuvo durante mucho tiempo y muestra a las claras la dificultad de distinguir entre esa amalgama social constituida por la clase media - comerciantes, negociantes, especuladores, rentistas, funcionarios, medianos propietarios, intelectuales, profesionales, etc. - y la clase social dominante en una economía capitalista. El mimetismo de la incipiente burguesía española respecto a la vieja aristocracia tampoco ayudaba a perfilar con nitidez un espacio social propio, equidistante entre la modesta clase media y lo que un autor posterior llamó "el barullo nobiliario". En todo caso, la prosperidad económica de principios de los sesenta y la pequeña revolución moral y cultural que supuso el ethos capitalista de aquellos años contribuyeron en alguna medida a modernizar tanto la estructura social como el sistema de valores de la España urbana. Incluso entre los sectores más tradicionales de las clases medias acomodadas, gracias al tirón del nuevo sistema financiero, con su amplia red de bancos, sociedades de crédito y cajas de ahorro, surgió una masa de "capitalistas novatos" que canalizaron su ahorro hacia activos supuestamente seguros, como la deuda pública (Sánchez-Albornoz, 1975: 69).

También las clases populares urbanas se beneficiaron, aunque modestamente, de la bonanza de aquellos años, en los que sobre todo la construcción, las obras públicas y los ferrocarriles crearon empleo en abundancia y propiciaron una pasajera mejora en la relación entre precios y salarios. Entre los años 1859 y 1864, los trabajadores de Madrid vivirán una situación de pleno empleo nunca vista hasta entonces, que llevará al periódico La Época a lamentar la falta de brazos en la capital y el consiguiente perjuicio para obras y fábricas (Bahamonde y Toro, 1978: 55). Muy distinta era la situación del proletariado rural español, constituido grosso modo por los 5.400.000 jornaleros y criados que registra el censo de 1860, casi dos millones más que en 1797. Aunque los datos demográficos de 1860 muestran también un incremento del número de labradores - un término que, en su ambigüedad, viene a caracterizar sobre todo a los medianos propietarios, compradores, muchos de ellos, de bienes desamortizados-, parece evidente que los cambios en la propiedad de la tierra introducidos por el liberalismo consolidaron la gran propiedad y, con ella, la tendencia a la proletarización de la mano de obra rural, principalmente en la mitad sur del país. Esa realidad social empezaba a ser el caldo de cultivo de un problema característico de la España meridional: un desequilibro crónico entre la población rural y los recursos disponibles, que condenaba a largas etapas de paro estacional a los jornaleros, a bajos salarios propiciados por las leyes del mercado - mucha mano de obra, poco trabajo - y a una tensión social permanente entre jornaleros y propietarios, con constantes incidentes de orden público. El levantamiento campesino que tuvo por escenario las provincias de Málaga, Granada y Córdoba en junio-julio de 1861 puede considerarse el punto de partida de un largo ciclo histórico de conflictos sociales en el campo andaluz. El levantamiento lo encabezó un veterinario de Loja (Granada), de ideas republicanas, que consiguió movilizar a unos diez mil campesinos en una oleada de disturbios que dio lugar, en algunos casos, a la ocupación y reparto de tierras, una práctica desde entonces característica de este tipo de movimientos, y a enfrentamientos con el ejército y la Guardia Civil. Cabría hablar, pues, del comienzo de una lenta transición hacia las modernas formas de conflictividad social, especialmente en el mundo urbano. En 1865, el periódico barcelonés El Telégrafo recoge, probablemente por primera vez, el uso del término huelga, que irá sustituyendo poco a poco los utilizados hasta entonces para aludir a un paro laboral de carácter reivindicativo: coalición, coligación, paro, operación... Un año después, el periódico La Asociación, también editado en Barcelona, publicaba un artículo titulado "Las coalisiones (sic) o huelgas. (Paros u operaciones en catalán)" dedicado a justificar el uso de la palabra huelga, "equivalente a la gréve francesa", pues "en español no conocemos otra que exprese la misma idea" (voz "Huelga', en Fernández Sebastián y Fuentes [dirs.], 2002: 348). No es casualidad que el debate sobre el nuevo término para designar una práctica laboral reciente, propia de una economía en plena industrialización, se desarrollara en la incipiente prensa obrera barcelonesa, vanguardia de un cambio social que tiene su correlato en un cambio léxico apenas iniciado. No cabe duda, en todo caso, de que la modernización económica de los años cincuenta-sesenta ensanchó aún más la brecha entre la España rural y la España urbana y consolidó lo que un historiador ha definido como "una economía dual" (Sánchez-Albornoz, 1977).

4.3.3. La política exterior y las aventuras coloniales

La política exterior del gobierno de O'Donnell acabó de perfilar la imagen de aquellos años como una época de éxitos económicos, militares e internacionales. Las grandes aventuras exteriores que jalonaron aquel período fueron la Guerra de África (1859-1860), la reincorporación de Santo Domingo a la corona española (1861-1865), la expedición a México (1861-1862), la expedición a Cochinchina (1857-1862) y la intervención militar en Perú, conocida como Guerra del Pacífico (1862-1864). Esta hiperactividad exterior responde a un cúmulo de circunstancias internacionales que fueron aprovechadas por el gobierno de la Unión Liberal para poner en marcha una política de prestigio mucho más ambiciosa que realista. Para ello resultó determinante la colaboración en política internacional entre Inglaterra y Francia inaugurada con la intervención franco-británica en la Guerra de Crimea (1854-1856) y, en menor medida, la coyuntura creada por la Guerra de Secesión norteamericana (1861-1865). De esta forma, a España se le abrió una oportunidad para salir de su aislamiento internacional de las últimas décadas participando, como un socio de segundo orden, en la resolución de algunos remotos conflictos en los que se sintieron concernidos los intereses occidentales. No obstante, en el caso de la Guerra de África tuvo que producirse un incidente lo suficientemente grave como para justificar una intervención militar que, en otras circunstancias, habría chocado con la postura británica contraria al expansionismo español en la zona.

La vieja presencia española en el Norte de África, en la región del Rif, se vio alterada en la primera mitad del siglo XIX por frecuentes incidentes armados con tropas autóctonas a las órdenes del sultán de Marruecos. La firma de un acuerdo diplomático con este último, en 1859, no acabó con la inestabilidad en la región, entre otras cosas porque el acuerdo, que afectaba a la mayoría de las plazas de soberanía española (Melilla, Alhucemas y Vélez de la Gomera), dejaba pendiente de resolución el caso de Ceuta. De ahí que, ante la eventualidad de un ataque de las tribus de los alrededores, las autoridades españolas decidieran hacer obras de fortificación en torno a la ciudad. Las nuevas fortificaciones, consideradas como una provocación, fueron asaltadas por un grupo de rifeños. Las autoridades españolas exigieron al sultán un castigo ejemplar a los culpables y el incidente derivó en un casus belli. Hay acuerdo en considerar que el gobierno español vio en aquel conflicto menor la oportunidad de mejorar la imagen de España en el exterior y de beneficiarse él mismo del clima patriótico que los sucesos de Ceuta generaron en la sociedad española. El 1 de octubre de 1859, las Cortes autorizaban a O'Donnell a ampliar los efectivos del ejército de 100.000 a 160.000 hombres en previsión de una guerra con Marruecos. El 22 de octubre, el gobier no declaraba la guerra al sultán y en diciembre, tras el desembarco en Ceuta del ejército expedicionario, se iniciaban las hostilidades.

La guerra duró cuatro meses, en los que las tropas españolas obtuvieron dos resonantes victorias: la de los Castillejos, que le valió al general Prim el título de marqués de los Castillejos, y la toma de Tetuán el 6 de febrero de 1860, que a la postre resultó decisiva para el fin de la campaña y por la que O'Donnell recibió el título de duque de Tetuán. El triunfo posterior en WadRas el 23 de marzo despejó el camino hacia Tánger y convirtió la guerra en un paseo militar. El sultán solicitó inmediatamente negociaciones de paz, que concluyeron el 26 de abril con la firma de un acuerdo. España veía reconocidos sus derechos sobre las plazas de soberanía, conservaba el control de la ciudad de Tetuán y recibía 400 millones de reales en concepto de reparaciones de guerra. El desenlace de la guerra no colmó, sin embargo, las expectativas creadas en un clima de euforia patriótica que no tenía parangón en la historia reciente. No sólo no se llegó a conquistar Tánger, que muchos consideraban el objetivo final de la guerra, sino que dos años después las presiones del gobierno británico, muy celoso del equilibrio de poderes en la región, obligaban a España a evacuar Tetuán. En expresión de la época, fue "una paz chica para una guerra grande" (Núñez de Arce, 2003: 19). Aquel episodio dejó sobre todo una ingente producción cultural y propagandística dedicada a conmemorar y perpetuar la gloria alcanzada por las armas españolas: crónicas periodísticas - media docena de periódicos enviaron corresponsales a la zona-, relatos literarios, obras de teatro, poemas, canciones, cuadros, monumentos... "El cielo me ha proporcionado", dirá Núñez de Arce en sus célebres crónicas para La Iberia, "la dicha de ser testigo de la empresa más grande, más heroica que ha acometido y llevado a feliz término nuestra querida España desde la gloriosa guerra de la Independencia' (Núñez de Arce, 2003: 203; y Apéndice, documento 22). Una canción compuesta en plena guerra evocó la toma de Tetuán con palabras que muestran la confianza en un triunfo aún más amplio y rotundo: "El día 6 de febrero/ nos tenemos que acordar/ que entramos los españoles/ en la plaza de Tetuán./ La plaza de Tánger la van a tomar,/ también han ganado la de Tetuán". La Guerra de África dio lugar asimismo a un encargo de la Diputación de Barcelona al pintor Mariano Fortuny, natural de Reus (Tarragona), como el general Prim, para que la inmortalizara en una serie de cuadros conmemorativos, basados en los numerosos dibujos y esbozos que se trajo Fortuny de su viaje por los principales escenarios de la guerra. Entre las obras que dedicó a la Guerra de África destaca un óleo de gran formato y visión panorámica titulado La Batalla de Wad-Ras, pintado a lo largo de varios años de trabajo. Aquella guerra provocó en todas partes un inmenso fervor patriótico, fomentado por las autoridades con una "política de memoria' que se plasmó en nombres de pla zas, calles y barrios - el barrio de Tetuán de las Victorias, en Madrid; la plaza de Tetuán y la calle de Wad-Ras en Barcelona - y en monumentos públicos concebidos para generar una memoria colectiva llamada a pasar de generación en generación. Destaca, de todas formas, el impacto que tuvo en Cataluña por el especial protagonismo del general Juan Prim al frente de un cuerpo de voluntarios catalanes. De ahí el deseo de la Diputación de Barcelona de perpetuar aquella gesta con los cuadros encargados a Fortuny y el posterior proyecto del Ayuntamiento de Barcelona de erigir en la plaza de Tetuán un monumento a la Guerra de África (Michonneau, 2002: 74).

Lo pintoresco y remoto de algunas aventuras militares de estos años les confiere un aire entre novelesco y romántico muy propio de la época y muy a propósito de las intenciones del gobierno de O'Donnell de llenar la imaginación popular con expediciones militares rebosantes de gloria y exotismo. La intervención española en México (1861-1862) estuvo motivada por la crisis internacional que provocó el gobierno mexicano de Benito Juárez al suspender el pago de su deuda externa, una medida que afectaba directamente a los intereses europeos. El 31 de octubre de 1861, Gran Bretaña, Francia y España firmaban el Tratado de Londres, por el que los tres países se comprometían a enviar a México un cuerpo expedicionario que tomaría posiciones estratégicas en el litoral mexicano como forma de imponer a Juárez un cambio de actitud, aunque esa presión no debería en ningún caso suponer una injerencia en la política interior del país. España envió a la zona 6.000 hombres comandados por el omnipresente general Prim, que partieron en diciembre del puerto de La Habana y ocuparon la ciudad costera de Veracruz y la fortaleza de San Juan de Ulúa. Tanto los españoles como los británicos respetaron el compromiso de mantener su presencia en el litoral y evitar inmiscuirse en los asuntos internos. Por el contrario, el gobierno de Napoléon III pretendió aprovechar la ocasión para imponer en México un régimen títere personificado en el archiduque Maximiliano de Austria, que contaba con amplio apoyo entre los sectores más conservadores del país. En febrero de 1862, el general Prim, en nombre del gobierno español, llegó a un acuerdo con el gobierno mexicano y poco después españoles y británicos abandonaban México, haciendo oídos sordos a la propuesta francesa de llevar a cabo los planes de Napoleón III. El proyecto de este último de instaurar en México una monarquía a su servicio terminó años después abruptamente, con la detención y ejecución del archiduque Maximiliano por tropas mexicanas en 1867.

No menos confuso fue el episodio que tuvo por escenario Santo Domingo entre 1861 y 1865. La situación en las Antillas se estaba viendo profundamente alterada por la Guerra de Secesión norteamericana, que incidió en una crisis social y política ya de por sí grave en la República de Santo Domin go. A la inestabilidad de la zona y a la crisis interna del país se añadió el temor al anexionismo de Haití - el país que corresponde a la otra mitad de la isla-, y el gobierno dominicano optó por buscar amparo en la corona española mediante una decisión insólita: su incorporación unilateral a España y la proclamación de Isabel II como soberana. El 18 de marzo de 1861, las autoridades dominicanas hicieron llegar su decisión al capitán general de Puerto Rico, quien, a su vez, se la transmitió al gobierno de O'Donnell. Los informes que este último solicitó al capitán general de Cuba, general Francisco Serrano, fueron favorables a la petición dominicana, que, en tales términos, podía ser ventajosa para España: era un acto voluntario, que, supuestamente, contaba con pleno respaldo en la isla, y a España le abría enormes posibilidades comerciales en la zona, además de reforzar su posición en Cuba y Puerto Rico. Así pues, la República de Santo Domingo quedó oficialmente anexionada a la corona española mediante un decreto del gobierno de O'Donnell del 19 de mayo de 1861. Inmediatamente, el gobierno organizó una nueva administración para la isla acorde con el estatus recién adquirido. Las cosas, sin embargo, resultaron mucho más complicadas de lo previsto, en parte por la oposición de Estados Unidos y Haití a la españolización de Santo Domingo y también porque la actitud en la antigua república en relación con la anexión no era tan favorable como se les había hecho creer a las autoridades españolas. Dos años después, se producía una insurrección armada en pro de la independencia, que muy pronto derivó en una guerra abierta. En mayo de 1865, un gobierno presidido por el general Narváez decidió zanjar el problema heredado de los tiempos de la Unión Liberal derogando el decreto de anexión. Como habría de ocurrir con la prosperidad económica de principios de los sesenta, daba la impresión de que los grandes logros de la Unión Liberal eran un puro espejismo.

Las otras dos aventuras exteriores de aquella época fueron la llamada Guerra del Pacífico y la expedición a Cochinchina. La primera se inició ya muy al final de la etapa de la Unión Liberal y, como en la crisis dominicana, concluyó bajo un gobierno de otro signo. Los tradicionales recelos del gobierno peruano hacia España, que carecía de relaciones diplomáticas con Perú, se agravaron a raíz de la intervención española en México y Santo Domingo. Existía además un viejo contencioso sobre deudas pendientes de Perú con España de los tiempos de la descolonización. El gobierno español envió a la zona una escuadra con una misión entre científica y diplomática. Su presencia en aguas jurisdiccionales peruanas fue tomada en Perú como un acto de intimidación. Muy pronto, a raíz de un pequeño incidente saldado con la muerte de un español en El Callao, la escuadra pasó de la simple demostración de fuerza al lenguaje de los hechos: tropas españolas desembarcaron en las islas Chincha, donde el 14 de abril de 1864 se izó la bandera española. Ante la protesta peruana, la escuadra reaccionó bloqueando el puerto de El Callao. Un principio de acuerdo entre las dos partes fracasó por la oposición general en Perú a lo que se consideraba una simple capitulación ante los españoles. Otros países andinos - Chile, Bolivia y Ecuador - se sintieron amenazados por la presencia española en el Pacífico y se sumaron a Perú en una declaración de guerra a España (diciembre de 1865). Las principales acciones bélicas fueron el bombardeo de Valparaíso (Chile) por la escuadra española el 31 de marzo de 1866 y el combate librado en las proximidades de El Callao a principios de mayo. El día 10 de ese mismo mes, la escuadra daba por terminada su misión y regresaba a España. La Guerra del Pacífico fue poco más que una operación de castigo, sin un vencedor claro, que dejó abierta una crisis diplomática, resuelta de forma escalonada a lo largo de los años setenta y ochenta mediante diversos acuerdos entre España y los países andinos. El último de ellos se firmó en 1883 y puso fin al conflicto hispano-chileno. Previamente, en 1880, el gobierno español reconocía a la República del Perú.

Por último, la expedición a Cochinchina, región meridional del actual Vietnam, se inscribe de nuevo en el marco de la política de las grandes potencias europeas en el mundo colonial. Como otros episodios ya reseñados, aquella aventura resulta sintomática del seguidismo de la política exterior española respecto a la francesa. En palabras de una historiadora, "el apoyo francés no sólo iba a potenciar una política exterior más activa, sino que iba a comprometer a España en acciones concretas en las que los intereses reales eran inexistentes" (López-Cordón, 1996: 859). No olvidemos que el Segundo Imperio, encarnado en Napoléon III, marcaba en gran medida las tendencias económicas y culturales de la España de la época: francés era, como se recordará, el capital mayoritario de las grandes compañías financieras y ferroviarias que protagonizaban el boom económico español en estos años y francesa era la moda que daba tono a ese momento de optimismo que vivían las clases medias y altas de la España urbana. El marqués de Salamanca, por ejemplo, empeñado en imponer la cocina francesa en su palacio, consiguió contratar al cocinero de Napoleón III pagándole lo necesario para traerlo a España y dar así un toque sofisticado y cosmopolita a su desaforado estilo de vida. Francia marcaba, pues, la pauta en la vida económica y cultural española, y también, en gran medida, en la política exterior. Aunque la expedición española a Cochinchina (1858-1862) pudiera justificarse por la proximidad de Filipinas y por los intereses coloniales españoles en Extremo Oriente, el principal motivo de aquel episodio fue el interés de Napoleón III en poner las bases para una penetración colonial francesa en el sudeste asiático. El asesinato de varios sacerdotes católicos - entre ellos, un obispo español - fue el pretexto utilizado por Francia para lanzar una operación de castigo y reca bar para ello la colaboración de España. La expedición española, formada por unos mil quinientos hombres, en su mayoría filipinos, partió del puerto de Manila al mando del coronel Palanca como comandante en jefe y ministro plenipotenciario de Isabel II y, como tal, se instaló en Saigón tras la entrada de las tropas españolas y francesas en la ciudad. Cuatro años después, el 5 de junio de 1862, el conflicto se resolvía con un tratado de paz con el rey de Annam, firmado sin participación española, que otorgaba a Francia una privilegiada posición en la zona, que le sirvió para extender su dominio por toda Indochina, y a España apenas una indemnización económica, garantías de que el culto católico gozaría de plena libertad y el dudoso prestigio de participar en una remota aventura colonial mucho más exótica que rentable (Alejendre Sintes, 2006).

El pobre balance de la expedición a Cochinchina se ha atribuido a la desidia del gobierno español y, en general, a la falta de verdadera dirección política en el desarrollo del conflicto, sin duda, derivada de la enorme distancia entre España y aquella región y de las consiguientes dificultades de comunicación. En realidad, el problema creado por el gobierno con su política de prestigio en el exterior fue otro. Las expediciones de aquellos años no consiguieron ni el objetivo inmediato de las conquistas territoriales que se proponían, ni el más ambicioso de incorporar a España al juego de la política internacional en plena transición hacia un modelo colonial puesto al día y, por tanto, en un momento clave de nuevo "reparto de cartas" entre las potencias europeas. La política exterior de la Unión Liberal tuvo además un efecto perverso sobre el modelo colonial vigente en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ya de por sí muy castigado por la crisis de la economía esclavista a raíz de la Guerra de Secesión americana. El coste desorbitado de las expediciones de aquellos años acabó resultando letal para el mantenimiento de la presencia colonial española en Ultramar (Fradera, 2005: 535). Cierto que a corto plazo aquellas aventuras - unas más que otras-, tan rentables en términos de imagen interior del gobierno, denotaban un afán de estar en el mundo y una cierta conciencia del giro histórico hacia un nuevo colonialismo. Prueba de ello sería la puesta en marcha por el gobierno de la Unión Liberal de la reforma administrativa que desembocó en junio de 1863, poco después de la caída de O'Donnell, en la creación del nuevo Ministerio de Ultramar. Pero, en conjunto, ha escrito el mejor conocedor de la historia colonial española en el siglo XIX, "los años de las tentativas colonialistas de la Unión Liberal deben ser vistos como una etapa de una gran ambigüedad, de recuperación de la iniciativa colonial tras la quiebra del gran Imperio, pero, al mismo tiempo, de constante retroceso de las posiciones españolas en relación a los grandes rivales y competidores del norte de Europa y, treinta años después, a los norteamericanos" (Fradera, 2005: 675).

4.4. Una transición a ninguna parte: de la caída del "gobierno largo" de O'Donnell a la vuelta de Narváez

La prosperidad económica y la espectacularidad de la política exterior de la época dejaron en un segundo plano la evolución de la política interior. En este terreno, la Unión Liberal se beneficiaba de una situación mucho más estable que cualquier otro gobierno constitucional anterior. El ejecutivo presidido por O'Donnell disfrutaba de un amplio apoyo en las Cortes elegidas en 1858 y las fuerzas de oposición extraparlamentaria carecían de medios para provocar un cambio político que, en aquellas condiciones - optimismo económico, euforia patriótica...-, parecía impensable. Una intentona carlista en San Carlos de la Rápita (Tarragona) en abril de 1860 fue fácilmente abortada por las autoridades. Aquel fracaso provocó una grave crisis interna en el carlismo que despejó un poco más el camino del unionismo en su designio de consolidarse como una suerte de "partido único", de carácter constitucional y parlamentario, capaz de perpetuarse en el poder sin enemigo a la vista. Pero las cosas no eran tan sencillas. El unionismo se acabó encontrando con dos de los problemas endémicos del liberalismo español: la tendencia de los partidos al fraccionalismo y las injerencias de la corona. Ya la firma del Tratado de Londres de 1861 realtivo a la intervención española en México suscitó un vivo debate en las Cortes sobre la constitucionalidad de un acuerdo que, según algunas interpretaciones, requería una ley especial previa. La política del gobierno fue sometida a votación en las Cortes el 16 de diciembre de 1861, con un resultado favorable al ejecutivo, pero que mostraba la existencia de una oposición parlamentaria nada desdeñable: 80 diputados votaron en contra de las posiciones del gobierno de O'Donnell, que obtuvo 204 votos a favor. Entre los parlamentarios que más se significaron en aquel debate por su actitud antigubernamental figuraban el progresista Olózaga y el ex ministro Ríos Rosas, fundador de la Unión Liberal, rápidamente convertido en disidente del unionismo. Otras personalidades de "la situación" - es decir, que habían estado en algún momento en la órbita del unionismo - iban mostrando también su oposición al estilo de gobierno de O'Donnell, tal vez para justificar ambiciones personales incompatibles con el poderoso liderazgo del duque de Tetuán. En esa oposición en ciernes militaban figuras de tanto peso como Pascual Madoz, Cánovas del Castillo, Alonso Martínez y los generales Concha y Prim.

Pero la crisis del gobierno largo de O'Donnell no se produjo hasta marzo de 1863, en circunstancias bastante confusas, porque ni el ejecutivo había perdido la mayoría parlamentaria ni la corona le había retirado, por lo menos ostensiblemente, su confianza. Una crisis de gobierno previa, resuelta en enero con algunos cambios ministeriales, le había valido ya a O'Donnell la desa fección del general Prim, que, descontento con las últimas decisiones del duque de Tetuán, rompió con el unionismo para pasarse al partido progresista. La causa última de la definitiva crisis de marzo parece haber sido la intención gubernamental de disolver las Cortes por considerar cumplido su ciclo - o tal vez por aspirar a otras más adictas si se celebraban elecciones - y la oposición de la reina a firmar el decreto de disolución, lo que podía interpretarse como una retirada de la confianza regia. El gobierno dimitió e Isabel II, tras diversas consultas - en lo que, según Comellas, pudo ser la primera "ronda de consultas" de la historia de España-, llamó al marqués de Miraflores a presidir un nuevo ejecutivo. El nombramiento de Miraflores representaba la vuelta de los moderados al poder, aunque, dada la desintegración de los viejos partidos, era difícil identificar al nuevo presidente con una facción específica. La Unión Liberal y el partido progresista, que optó por el retraimiento, se pusieron en contra del gobierno, y los moderados, divididos en facciones irreconciliables, resultaron ser un apoyo muy precario, de forma que, tras presentar en las Cortes un fallido proyecto de reforma constitucional, el gobierno de Miraflores presentó su dimisión al año escaso de su nombramiento. Le sucedió, en enero de 1864, un gabinete presidido por Lorenzo Arrazola, que se presentó en las Cortes como representante del "partido moderado histórico", lleno de buenas intenciones y ofreciendo concordia y alternancia a los otros partidos. Pese a ello duró 40 días, al cabo de los cuales subió al poder Alejandro Mon - que ha pasado a la historia como el ministro de Hacienda de la reforma fiscal de 1845 - al frente de un gobierno mixto con moderados y unionistas y cargado, asimismo, de promesas de conciliación con las que esperaba apaciguar a los progresistas. Estos últimos empezaron a organizar una oposición frontal no sólo al efímero gobierno de turno, sino al propio régimen isabelino. La denuncia de los "obstáculos tradicionales" - expresión al parecer acuñada por Olózaga- que impedían su acceso legal al poder, empezó a ser moneda corriente en el discurso del progresismo, vertebrado cada vez más en torno a la deslegitimación de la corona como origen de tales "obstáculos". El partido progresista optaba por el retraimiento - la renuncia a participar en las elecciones- como forma de escenificar su oposición frontal al régimen.

Mientras los progresistas unían sus fuerzas, aproximaban posiciones con los demócratas e incorporaban a sus filas a un militar del prestigio del general Prim, unionistas y moderados continuaban combatiéndose sin tregua. En septiembre de 1864 dimitía el gobierno Mon, el tercero en caer desde el fin del gobierno largo de O'Donnell. Con la dimisión de Alejandro Mon se cerraría un período de año y medio de inestabilidad presidido por gobiernos de bajo perfil, buenas intenciones y escaso apoyo político. Este "moderantismo teñido de unionismo" fracasó doblemente: no consiguió ni el respal do de los suyos ni la benevolencia de los progresistas, hacia los que iban dirigidos los tímidos intentos de apertura realizados desde el gobierno (Gómez Ochoa, 2003: 165). Tampoco se puede decir que la reina y su círculo más conservador mostraran excesivo entusiasmo por aquel moderantismo de medias tintas. El escritor Juan Valera describiría años después aquella situación en términos inequívocos de crisis general del sistema: "La corona estaba sin norte, el gobierno sin brújula, el Congreso sin prestigio, los partidos sin bandera, las fracciones sin cohesión, las individualidades sin fe, el tesoro ahogado, el crédito en el suelo, los impuestos en las nubes, el país en la inquietud..." (Tomás Villarroya, 1996: 338). En estas circunstancias, Isabel II consideró llegado el momento de recurrir de nuevo a los espadones y confiar en su capacidad para reforzar la autoridad del gobierno. El 16 de septiembre de 1864, el general Ramón Narváez se hacía cargo por sexta vez de la presidencia del Consejo de Ministros.

4.5. La crisis irreversible del régimen isabelino

Con uno u otro gobierno, en sus últimos años el régimen isabelino fracasó en los dos objetivos políticos de los que dependía cualquier posibilidad de consolidar la Monarquía constitucional bajo la figura de Isabel II: crear alguna forma de alternancia real entre el moderantismo y el unionismo e integrar a los progresistas en el juego político, aunque fuera de manera subsidiaria, y apartarlos así de la tentación insurreccional. Narváez pretendió seguir la política aperturista iniciada por los gobiernos anteriores, consciente del peligro que representaba tener a los progresistas fuera del sistema. Nada más producirse su nombramiento, declaró ser "más liberal que Riego" y reconoció la imposibilidad de volver a gobernar como en el pasado. No faltó tampoco una apelación a "las tendencias más conciliadoras y liberales" del partido moderado, en línea con el espíritu que había animado a los últimos gobiernos. Se mantuvo en sus puestos a los funcionarios, se decretó una amnistía para delitos de opinión y se levantó el destierro a algunos militares de la oposición. Narváez llegó además a un principio de acuerdo con O'Donnell para establecer una alternancia pactada entre moderados y unionistas. Sin embargo, la oposición del sector mayoritario del moderantismo a cualquier concesión al enemigo, las presiones de la camarilla regia y la nula receptividad de los progresistas a sus gestos amistosos llevaron a Narváez a abandonar rápidamente su política de buenas intenciones (Gómez Ochoa, 2003: 166-167). Los nueve meses que duró aquel gobierno (septiembre de 1864-junio de 1865) registraron un claro escoramiento hacia posiciones autoritarias, que radicalizaron aún más la actitud de la oposición, instalada definitivamente en el retraimiento como antesala de la insurrección contra el régimen.

La estrategia del partido progresista había quedado clara ya en el manifiesto de septiembre de 1863 rechazando las condiciones electorales que le ofreció el gobierno Miraflores. Un año después, ya con Narváez en el poder y en vísperas de unas nuevas elecciones, los dirigentes progresistas votaban abrumadoramente a favor del retraimiento. A medida que se alejaban del régimen isabelino se iban acercando a los demócratas, flanco izquierdo del liberalismo radical español. Fue precisamente un demócrata, Emilio Castelar, llamado a tener un papel clave en la caída de la Monarquía isabelina y en el régimen posterior, quien vaticinó que el retraimiento sería "la ruina de esta infame situación" (Vilches, 2003: 66). Pero los progresistas no se conformaron con esta forma de deslegitimación pasiva de la Monarquía, sino que se dispusieron a combatir por todos los medios a su alcance a un régimen al que consideraban definitivamente incompatible con la voluntad popular. El partido progresista dio un paso más allá del programa histórico del liberalismo - constitución, soberanía nacional, derechos y libertades... - y abrazó resueltamente la causa de la democracia, de la que hasta entonces se había mantenido a una prudente distancia: "La democracia', declaró en 1865 el progresista Carlos Rubio, "es hoy la teoría del partido progresista; el partido progresista es la práctica de la democracia" (Cánovas Sánchez, 1996: 418). La crítica reiterada a los "obstáculos tradicionales" - es decir, a una especie de veto tácito de la corona a los progresistas como opción de gobierno- dio un sesgo claramente antidinástico a su discurso político en el último tramo del reinado de Isabel II.

La situación general del país, mientras tanto, iba girando rápidamente hacia un nuevo escenario que en nada recordaba los buenos tiempos del "gobierno largo" de O'Donnell. En 1866 estalló una gravísima crisis económica - de la que se hablará más adelante-, cuyos primeros síntomas eran visibles desde dos años atrás, y la llamada "cuestión romana' hizo aún más difícil la convivencia entre los partidos de la situación y la corona: frente al deseo de la clase política liberal - incluido el general Narváez - de reconocer al nuevo reino de Italia nacido de la unificación, Isabel II hizo todo lo que estaba en sus manos para impedir tal medida y dar así satisfacción a su camarilla clerical - con su confesor, el padre Claret, a la cabeza - y al propio papa Pío IX. En carta fechada el 15 de junio de 1865, Pío IX aconsejó a la reina que se negara a reconocer a un régimen - la Monarquía italiana unificada - que había llevado a cabo una usurpazione ingiusta de los territorios pontificios, incorporados por la fuerza al nuevo reino (Seco Serrano, 2000: 184). La cuestión, que venía coleando desde 1861, contribuyó a dar nuevos argumentos a la leyenda negra sobre la influencia de la camarilla clerical en Palacio, a aumen tar el desprestigio personal de Isabel II y, en última instancia, a debilitar aún más un sistema ya de por sí muy frágil por sus divisiones internas y por la creciente fuerza de la oposición.

La figura de la reina se colocó así en el centro mismo del debate público. Cada vez eran más quienes cuestionaban abiertamente no sólo su papel político - los famosos "obstáculos tradicionales"-, sino su conducta privada, marcada de forma contradictoria por su irrefrenable vida amorosa (Bécquer, 1991) y por su devoción supersticiosa hacia figuras como el padre Claret y sor Patrocinio, popularmente conocida como la monja de las llagas. Convertida en símbolo y origen de los graves problemas que afrontaba el país, la reina fue objeto de una dura diatriba en uno de los artículos más célebres del periodismo español del siglo XIX: "El rasgo", publicado por Emilio Castelar en el periódico La Democracia el 22 de febrero de 1865, continuación de otro aparecido el día anterior con el título "¿De quién es el patrimonio real?". Se discutía entonces una ley del patrimonio en virtud de la cual una parte de los bienes de la corona pasarían a ser propiedad de la nación para paliar la crisis financiera del Estado con el producto de sus ventas. Isabel II decidió conservar el 25 por ciento de su patrimonio y ceder el 75 por ciento restante a la nación, en un gesto que la la prensa dinástica consideró de gran generosidad. No fue de esa opinión el dirigente demócrata y catedrático de Historia de la Universidad de Madrid Emilio Castelar, quien en el citado artículo, irónicamente titulado "El rasgo", interpretaba la decisión regia en sentido contrario: al "renunciar" al 75 por ciento de sus bienes, la corona estaba revalidando su usurpación sobre el 25 por ciento restante, cuya propiedad correspondía por entero a la nación. El supuesto "rasgo" de la reina era, en palabras del autor, desde el punto de vista político "un engaño"; desde el punto de vista legal, "un gran desacato a la ley"; desde el punto de vista de los intereses populares, "una amenaza [...], y desde todos los puntos de vista, uno de esos amaños de que el partido moderado se vale para sostenerse en el poder que la voluntad de la nación maldice".

El gobierno de Narváez reaccionó con gran virulencia. Primero separó a Castelar de su cátedra, a continuación hizo lo propio con aquellos profesores - como Nicolás Salmerón, futuro presidente de la 1 República, como Castelar - que se solidarizaron con él y, cuando el rector de la Universidad de Madrid se negó a proceder contra sus compañeros, el gobierno decidió apartarlo inmediatamente del cargo y nombrar uno nuevo. El ministro de Gobernación, el duro González Bravo, declaró la ley marcial. El 10 de abril, el nuevo rector debía jurar su cargo y los estudiantes salieron a la calle en defensa del rector depuesto. Hubo protestas y manifestaciones por el centro de Madrid y finalmente el gobierno ordenó a la caballería apostada en la Puerta del Sol cargar contra los estudiantes. Se ha hablado de 93 muertos - aunque otras fuentes sitúan la cifra entre nueve y catorce-, 193 heridos y 200 detenidos (Seco Serrano, 2000: 186). Tal fue el balance oficioso de los disturbios de aquel 10 de abril de 1865, que pasó a la historia como la noche de San Daniel. Las consecuencias políticas no se hicieron esperar. El día siguiente hubo consejo de ministros y, en medio de un acalorado debate, el ministro de Fomento - del que dependía todo lo relativo a instrucción pública-, el viejo liberal Antonio Alcalá Galiano, murió de una angina de pecho en pleno enfrentamiento con González Bravo. Este último se convirtió en el centro de todas las críticas. Diputados de la Unión Liberal como Cánovas del Castillo, Posada Herrera y Ríos Rosas lanzaron en las Cortes durísimos ataques contra la forma en que las autoridades habían actuado en la Noche de San Daniel. El gobierno y, en particular, el ministro de Gobernación mantuvieron una línea de firmeza ante las críticas de la prensa demócrata y progresista y de una buena parte de la clase política. La reina no tardó en retirar su confianza al general Narváez, cuyo desaforado autoritarismo parecía volverse contra los intereses de la corona. Se imponía un discreto giro hacia posiciones más templadas, que nadie podía encarnar mejor que el general Leopoldo O'Donnell. El 21 de junio de 1865 juraba su cargo de presidente y ministro de la Guerra al frente de un gabinete unionista en el que destacaban Posada Herrera (Gobernación) y Cánovas del Castillo (Ultramar). El general Francisco Serrano, hombre de confianza de O'Donnell, era nombrado capitán general de Castilla la Nueva.

De nuevo, se produjeron intentos de acercamiento a los progresistas, a los que se dieron garantías sobre la limpieza de las próximas elecciones, celebradas bajo una ley electoral más amplia. "El ministerio O'Donnell empieza bien", afirmó el general Prim, héroe de la Guerra de África y uno de los militares más populares del momento. Otros dirigentes progresistas se mostraron partidarios de abandonar el retraimiento, pero finalmente se impuso el criterio mayoritario de no ir a las elecciones. El sesgo conciliador de aquel ejecutivo no consiguió, pues, frenar la deriva del país hacia la revolución. El 2 de enero de 1866, el general Prim encabezaba en Madrid una sublevación contra el gobierno. El fracaso de su intentona le llevó a un peregrinaje por diversas capitales europeas, donde se dedicó a conspirar abiertamente con progresistas y demócratas en pos del derrocamiento de Isabel II. Mientras tanto, el gobierno de O'Donnell decidió abandonar la línea contemporizadora de los meses anteriores para someter a la oposición a un acoso implacable. Pero ni la moderación ni el autoritarismo eran ya capaces de impedir la desintegración del sistema y el fortalecimiento de las fuerzas opositoras. En junio, se produjo un nuevo levantamiento militar en Madrid, promovido por los sargentos del cuartel de San Gil. Grupos de paisanos se sumaron a la sublevación y montaron barricadas en algunas calles de la capital. Hubo enfrentamientos armados con las fuerzas del orden que, tras sofocar la inten tona, llevaron a cabo el fusilamiento de 66 individuos implicados en los hechos, la mayoría de ellos suboficiales y soldados. A los pocos días, el gobierno de O'Donnell presentó un informe de lo sucedido en términos especialmente alarmantes: "Los horrores de la revolución francesa", llegó a afirmar en las Cortes el general O'Donnell, "no se hubieran parecido en nada a lo que habría pasado aquí" (Tomás Villarroya, 1996: 348). Dos meses después de la sublevación del cuartel de San Gil, en agosto de 1866, representantes de los partidos progresista y demócrata sellaban en Ostende (Bélgica) un pacto encaminado a poner fin al reinado de Isabel II e iniciar una nueva etapa histórica sin una forma de gobierno previamente establecida. La ambigüedad de lo firmado en el Pacto de Ostende - "destruir todo lo existente en las altas esferas del poder" - permitiría incorporar a otras personalidades y fuerzas políticas a un amplio frente de oposición al régimen isabelino. El 30 de junio de 1867, los representantes de la oposición firmaban el Pacto de Bruselas ratificando los objetivos establecidos el año anterior en Ostende. En los meses siguientes se produciría la incorporación al bloque opositor de un sector mayoritario de la Unión Liberal, convencido de la inviabilidad de una Monarquía constitucional encarnada por Isabel II.

El carácter errático de la Monarquía se demostró una vez más tras el fracaso del levantamiento del cuartel de San Gil. O'Donnell podía haber quedado a los ojos de la reina como el hombre que la había salvado de un trance muy apurado. En vez de eso, Isabel II aprovechó la primera ocasión para forzar la caída del gobierno: el 10 de julio, el general presentó un decreto nombrando nuevos senadores y la reina se negó a poner su firma. La crisis estaba servida, y la solución también. Isabel II recurrió de nuevo, por última vez, al general Narváez. Se ha dicho que aquélla fue la peor decisión política tomada por la reina a lo largo de su reinado, tras la cual muchos vieron la influencia de su confesor, el padre Claret, decidido partidario de una política autoritaria y ultramontana. En opinión de Carlos Seco, la intervención en aquella crisis del padre Claret y de la camarilla clerical, que nunca perdonaron a O'Donnell el reconocimiento del reino de Italia, "es cosa que no puede ofrecer dudas". El espíritu que animaba al nuevo gobierno, que tenía a González Bravo como ministro de Gobernación, era el que cabía esperar. Por si había alguna duda, Narváez se apresuró a declarar en las Cortes que "la cuestión del orden público" era "la primera, la principal, la que interesa a todos los españoles" (Seco Serrano, 2000: 191-192). A continuación, se suspendían los derechos constitucionales y se decretaba el cierre temporal de las Cortes. Muy pronto, algunos ilustres profesores universitarios se convertirían en objetivo prioritario de la represión gubernamental.

Habían pasado varios meses desde la noche de San Daniel, pero el gobierno Narváez tenía muy presente el papel que estudiantes y profesores desem peñaron en aquel episodio y la influencia que el krausismo estaba cobrando en el claustro de profesores de la Universidad de Madrid. Aunque los seguidores españoles del filósofo alemán Friedrich Krause - empezando por su introductor en España, Julián Sanz del Río - se habían situado en los años cuarenta y cincuenta en la órbita intelectual del moderantismo, a partir de 1860 el krausismo español giró claramente hacia posiciones intelectuales y políticas próximas a la izquierda. La razón fundamental fue la hostilidad del catolicismo integrista a una doctrina filosófica como el krausismo, considerada contraria al dogma católico. De ahí y del cambio generacional que supuso el comienzo de la actividad intelectual de los Fernando de Paula Canalejas, Nicolás Salmerón, Emilio Castelar y Giner de los Ríos - más joven que los anteriores-, la confluencia entre el proyecto filosófico del krausismo y el ideal político de la democracia (Capellán de Miguel, 2003 y 2006). La polarización política del final del reinado de Isabel II tuvo una nítida traducción en el campo filosófico y académico en el enfrentamiento entre neocatólicos y krausistas. La influencia del catolicismo ultramontano en el entorno de Isabel II, patente en la "cuestión romana", se hizo sentir también en una interpretación conspirativa de la crisis del sistema, atribuida a la acción disolvente del krausismo. Aprovechando una reforma de los planes de estudios, el 22 de enero de 1867 el ministro de Fomento, Manuel Orovio, del que dependía la enseñanza universitaria, decretó la separación de sus cátedras de los profesores de la Universidad de Madrid Sanz del Río, Emilio Castelar, Fernando de Castro y Nicolás Salmerón, entre otros. Éstos y otros abusos cometidos por el gobierno merecieron la reprobación de un grupo de diputados, cuyo intento de dirigirse a la reina mediante una exposición fue inmediatamente abortado por el gobierno, que se incautó del manifiesto. La espiral de represión y protestas siguió su curso y acabó alcanzando a los presidentes del Congreso y del Senado - dos figuras políticas del peso de Ríos Rosas y Serrano-, que fueron detenidos y desterrados por haber mostrado su rechazo a la política gubernamental. Las Cortes, suspendidas desde julio, fueron definitivamente disueltas. En las nuevas cámaras, reunidas por primera vez el 30 de marzo de 1867, los diputados ministeriales pasaban de los 200, mientras que el grupo de la Unión Liberal - lo más parecido a una oposición parlamentaria - quedaba reducido a cuatro diputados. Por si acaso, un nuevo reglamento de las Cortes, aprobado en junio de aquel año, reducía sensiblemente las funciones de ambas cámaras, en particular del Congreso, y su capacidad de control sobre el ejecutivo - se suprimían, por ejemplo, los votos de censura - como forma de prevenir una posible contestación parlamentaria al poder ejecutivo (Tomás Villarroya, 1996: 354-357).

Jesús Pabón, biógrafo de Narváez, reveló un supuesto intento del jefe del gobierno para atraer a Prim al campo isabelino (Pabón, 1983). Aquella manio bra postrera de Narváez demostraría la conciencia del peligro que se avecinaba - una revolución con grandes visos de éxito - y la voluntad de impedirlo mediante una jugada desesperada. En todo caso, su muerte en abril de 1868, en el ejercicio de la presidencia del gobierno, no haría más que precipitar las cosas, máxime cuando el fallecimiento unos meses antes (noviembre de 1867) del general O'Donnell hacía imposible una vuelta al forzado turnismo entre los dos generales que había marcado la política de Isabel II desde 1864. La Monarquía se había situado en un punto de no retorno. Muertos O'Donnell y Narváez y en plena desbandada los principales generales unionistas, como Prim - pasado al progresismo-, Serrano - antiguo favorito de la reina - o Dulce, la soledad política de la reina resultaba incontestable. En opinión de Carmen Llorca, con la muerte de Narváez en abril de 1868 el reinado de Isabel II se podía dar por virtualmente terminado (Llorca, 1984: 220). Ante tal panorama, la opción de la reina fue reforzar aún más el giro autoritario del régimen confiando a Luis González Bravo, ministro de Gobernación del gabinete anterior, la formación de un nuevo gobierno. Al presentarse en las Cortes - que no tardó en clausurar-, González Bravo definió al suyo como un "gobierno de resistencia a toda tendencia revolucionaria'. En apenas unos meses, se pudo comprobar que esa política de mera resistencia a la revolución estaba abocada al fracaso, especialmente después de que el gobierno ordenara la detención y destierro de los principales generales de la Unión Liberal - Serrano, Dulce, Fernández de Córdova, Caballero de Rodas...-, una medida que sólo consiguió que muchos unionistas indecisos a favor de la revolución.

4.6. Crisis económica y hundimiento de la Monarquía

A principios de 1866 estalló una crisis económica de proporciones desconocidas, sin duda, porque nunca hasta entonces el capitalismo industrial y sobre todo financiero había dominado hasta ese punto el panorama económico nacional. Era el precio que pagaría la economía española por el vertiginoso y bastante anárquico crecimiento de los años anteriores y también, en cierta forma, el resultado de la modernización y la internacionalización de algunos sectores clave. En el sector textil, los síntomas de agotamiento del ciclo expansivo podían apreciarse ya en 1862, como consecuencia de la escasez de algodón provocada por la Guerra de Secesión norteamericana. Ese año, la entrada de algodón en rama por el puerto de Barcelona se redujo casi a la mitad respecto al año anterior. Pero el gran protagonista fue el sistema financiero, arrastrado, por un lado, por la crisis que sufrió la gran banca europea en 1866 y, por otro, por la difícil situación de las compañías ferroviarias españolas, participadas y financiadas en su mayor parte por sociedades de crédito de reciente creación. También aquí, desde 1864 había indicios de un cambio de ciclo, debido a la puesta en explotación de las líneas férreas construidas en los años anteriores. En cuanto la pura especulación dio paso a la explotación comercial de los ferrocarriles, se puso de manifiesto que las expectativas de beneficios que tenían los inversores no se correspondían ni remotamente con la realidad, por lo menos a corto plazo. La sociedad española, por su bajo nivel de desarrollo, constituía un mercado muy limitado como base del negocio ferroviario, ya fuera en términos de tráfico de pasajeros o de mercancías. Sólo a largo plazo, el desarrollo general de la economía española y del propio mercado interior podría aumentar lo suficiente la circulación de bienes y personas como para que el transporte ferroviario llegara a ser una actividad rentable en sí misma. De momento, la realidad mostraba crudamente que el boom de los ferrocarriles se había basado en falsas expectativas y, en última instancia, en los beneficios ficticios o indirectos derivados de las subvenciones o de las oportunidades de negocio creadas para empresas conexas.

Así lo vino a reconocer un grupo de políticos, militares y financieros de gran renombre que el 1 de febrero de 1866 dirigió a la reina una exposición, acompañada de una prolija memoria económica, dando cuenta de la grave crisis que amenazaba al sector ferroviario: "Mientras las sociedades concesionarias", podemos leer en la exposición, "inauguraron sólo secciones aisladas o no se realizaron los empalmes [...] tuvo aplazamiento el engaño [...]. Pero cuando las principales empresas se han visto circunscritas a los medios de una explotación normal, ha cundido el pánico, nacido de la escasez de rendimientos". La situación de los ferrocarriles estaba provocando, según los firmantes, una crisis general de la economía española, que podía tener consecuencias sociales muy preocupantes: "Hácese imposible el pago de los dividendos", "paralízase el trabajo de las clases obreras", queda inmovilizado y en serio peligro el capital invertido en las compañías ferroviarias, que "forma casi por completo la cartera de las sociedades de crédito", y, en suma, "cada día que transcurre nos trae la noticia de una dolorosa catástrfe". La alternativa propuesta por los firmantes no es otra que la reanudación de las ayudas públicas al sector mediante la concesión de nuevas subvenciones a las compañías. De lo contrario, advierten, la catástrofe económica "revestirá acaso en nuestro país un grave carácter social, al ponerse en contacto y servir de pábulo en la hoguera de nuestras discordias políticas" (véase Apéndice, documento 23).

Entre los representantes de las 21 compañías ferroviarias que firman esta exposición figuran, junto a empresarios como Ignacio Bauer, José Campo, Jaime Girona y M.Bertrán de Lis, los ex ministros Alejandro Mon, José de Salamanca y Bravo Murillo, además del general Francisco Serrano, cuyo nombre aparece en primer lugar, como haciendo valer el enorme peso político y militar de quien, en sus buenos tiempos, había sido uno de los generales favoritos de la reina. En efecto, un amplio sector de las élites dirigentes de la España liberal empezaba a formar parte de los consejos de administración de las grandes empresas financieras e industriales fundadas en los años cincuenta. La estrecha vinculación entre el mundo de los negocios y los principales partidos políticos no se interrumpiría, sino todo lo contrario, con la caída de Isabel II en 1868. Habría que decir más bien que este modelo de poder político-económico se consolidó durante el Sexenio y, especialmente, en la Restauración. La nómina de políticos y generales que prestaron su nombre y su influencia a bancos y compañías ferroviarias sería interminable. Así, el general Serrano - que encabeza la exposición al gobierno ya comentada- era presidente del consejo de administración de los ferrocarriles del Norte de España, en el que figura como consejero el ex ministro Alonso Martínez - nombrado en 1868 presidente del Crédito Mobiliario-; el progresista Práxedes Mateo Sagasta sería presidente de la compañía Sevilla-Jerez; el demócrata Nicolás María Rivero - presidente de las Cortes Constituyentes de 1869- presidirá la compañía Almansa-Valencia-Zaragoza y será consejero de la Zaragoza-Pamplona-Barcelona; en el consejo de administración de la compañía Medina del Campo-Zamora-Orense-Vigo encontramos a políticos y militares de significación tan diversa como Cánovas del Castillo (presidente), el general unionista Caballero de Rodas, el político demócrata Cristino Martos y media docena de ex ministros o ex diputados; el progresista Montero Ríos - ministro de justicia en 1870 - será presidente de la compañía Santiago-Carril, el demócrata Víctor Balaguer formará parte del consejo de administración de la compañía Sevilla-Córdoba y el unionista Ros de Olano y el ex ministro de Hacienda marqués de Salamanca figuran en el consejo de la poderosa MZA (Fontana, 1973b: 117-118).

Destacadas personalidades políticas y militares - entre ellas, algunas ya citadas - estaban vinculadas también a aquellas sociedades de crédito que, junto a las compañías ferroviarias - en la mayoría de los casos, participadas por ellas-, habían protagonizado el auge económico iniciado a finales de los cincuenta. El sector financiero empezó a notar inmediatamente el cambio de ciclo. La caída en la Bolsa de las acciones del Banco de España a lo largo de 1864 reflejaba en última instancia las dificultades presupuestarias del Estado, cuyo galopante déficit era consecuencia del elevado coste de las aventuras militares de la Unión Liberal y de las subvenciones concedidas a los ferrocarriles. Otras sociedades financieras acusaron muy pronto el cambio de tendencia en la economía española. En 1864, la rentabilidad por dividendo del Crédito Mobiliario Español se redujo a la mitad y su cotiza ción en Bolsa registró un notable descenso. En octubre de ese mismo año, la Compañía General de Crédito suspendía pagos en Madrid, debido a la mala marcha de la empresa ferroviaria de la que era principal accionista: la línea Sevilla-Jerez-Cádiz. Por esas mismas fechas, se producía la quiebra del Banco de Valladolid. Este hecho, así como la crisis de otras entidades financieras locales, acrecentó el pesimismo en el mundo de los negocios, habida cuenta de la posición estratégica que correspondía a Valladolid en el entramado empresarial articulado en torno a la compañía de los ferrocarriles del norte. Dos plazas financieras y comerciales de la relevancia de Santander y Bilbao, directamente conectadas con Valladolid, no tardaron en sufrir las secuelas de lo ocurrido en la capital castellana.

En los dos años siguientes, la crisis se propagó a todos los rincones del mapa financiero español. En mayo de 1866, las dificultades de dos importantes compañías crediticias en Barcelona, la Sociedad General de Crédito y el Crédito Mobiliario Barcelonés, provocaron una oleada de pánico que motivó una insólita intervención del capitán general de Cataluña respaldando la solvencia de las dos instituciones (Sánchez-Albornoz, 1977: 150-151). La crisis económica avanzaba en paralelo a la crisis política: recuérdese que en junio se producía la sublevación del cuartel de San Gil en Madrid y, al cabo de unos días, la caída del gobierno O'Donnell y la vuelta de Narváez a la presidencia del gobierno. Era imposible que una situación política tan inestable contribuyera a restablecer la confianza en el sistema económico. Más bien ocurría lo contrario: que la pérdida de credibilidad de las instituciones políticas añadía aún mayor dramatismo a la situación económica. En marzo de 1867, y tras varios meses en suspensión de pagos, la junta de accionistas del Crédito Mobiliario Español votó a favor de la liquidación de la sociedad, asumiendo la pérdida de la mitad del capital invertido. Numerosas entidades financieras siguieron el mismo camino: entre 1864 y 1869 fueron liquidados oficialmente más del 40 por ciento de los bancos de emisión - el porcentaje real, según Tortella, fue mucho más alto-, y el número de sociedades de crédito cayó de 33 a 26 entre 1864 y 1867 (Tortella, 1975: 281 y 107).

En enero de este último año, el político progresista Pascual Madoz, ministro de Hacienda en el Bienio, desahogaba su pesimismo en una carta a su amigo el general Prim, que se encontraba en el exilio conspirando contra Isabel II: "La situación del país", le decía Madoz, es "mala, malísima. El crédito, a tierra. [...] Los negocios, perdidos. [...] Nadie paga porque nadie puede pagar [...]. La España ha llegado a una decadencia grande, y yo, como buen español, desearía que hubiera medios hábiles de levantar el prestigio y dignidad de este pueblo, que merece mejor suerte" (Sánchez-Albornoz, 1970: 77). En esa misma carta, Madoz reconocía los ímprobos esfuerzos que estaba haciendo para salvar de la ruina a La Peninsular, una empresa inmobilia ria, con sede en Barcelona, fundada en 1859 por el propio Madoz con vistas a la construcción del ensanche barcelonés y contagiada por la situación general de la economía española. No hace falta decir que la implicación directa en el mundo de los negocios de una buena parte de la clase política española - incluidos muchos políticos de la oposición, como es el caso de Madoz- tenía que influir en su opinión sobre la marcha del país, tanto económica como política. De ello no se puede deducir que su movilización contra el régimen isabelino se deba exclusivamente a una lógica empresarial, que habría cifrado en un cambio político todas las esperanzas de un cambio económico. Conviene descartar, pues, interpretaciones simplistas del final de la Monarquía isabelina basadas en una relación causa-efecto entre la crisis económica y la Revolución de 1868, en la que tanto protagonismo tuvieron algunos políticos y generales directamente afectados por la situación de las empresas financieras y ferroviarias. Pero tampoco se puede ignorar la importancia que aquella gran crisis del capitalismo español iniciada en 1864 tuvo en la percepción general de las élites políticas y económicas: el convencimiento de que el régimen isabelino, reducido finalmente a una pequeña camarilla político-clerical, se había aislado por completo de la realidad nacional. A los ojos de una buena parte de la sociedad española, aquello era el final de una época.

Una grave crisis de subsistencias en los años 1867-1868 acabaría de generalizar esa sensación de catástrofe nacional que se apodera del país en la última etapa del reinado de Isabel II. A diferencia de lo ocurrido en el mundo financiero, ésta era una crisis de tipo tradicional y periodicidad bastante regular - se venía produciendo cada diez años, fruto de alguna mala cosecha-, cuyas consecuencias afectaban sobre todo a las clases populares en forma de escasez y carestía de productos básicos, como el pan. Esta vez, y a diferencia de lo ocurrido diez años antes, cuando los ferrocarriles requerían grandes cantidades de mano de obra, la crisis de subsistencias coincidía con el paro provocado por el fin de la bonanza económica, que se dejó sentir con especial fuerza en el sector de las obras públicas y la construcción. Confluían, pues, una crisis económica moderna, de tipo capitalista, y otra tradicional, de subsistencias. La primera generaba desempleo y la segunda carestía y escasez. La coincidencia de una y otra creaba unas condiciones sociales explosivas, que daban sólidos argumentos a los sectores populares para incorporarse a la lucha contra el régimen isabelino. A finales de 1867, en plena escalada del precio del trigo, se tenía noticia de motines populares contra la carestía en diversos lugares. En Sevilla, el trigo llegó a multiplicar por seis su precio medio, y en Granada, la protesta se expresó con el grito de "pan a ocho" (reales). Era, sin duda, un clima propicio para las intenciones de los políticos y militares que se disponían a asaltar el poder, pero quienes desde el campo progresista y unionista venían conspirando contra la reina sabían, por expe riencias revolucionarias anteriores, que el apoyo popular a un cambio político nunca salía del todo gratis. De ahí el valor que Prim atribuía al ingreso de los generales unionistas en las filas de la conspiración, una circunstancia que permitía contrarrestar la influencia de los demócratas en la futura revolución y en el régimen que naciera de ella. Especialmente significativo fue el caso del general Serrano, que en unos pocos meses pasó de participar en la represión del levantamiento de junio de 1866 a ser desterrado por el gobierno de González Bravo y a incorporarse a los círculos conspirativos del interior.

4.7. Epílogo: la Revolución de Septiembre

Aunque los demócratas y algunos progresistas, como Olózaga, se resistieron al creciente protagonismo de los generales, la deriva de la conspiración hacia un pronunciamiento militar era inevitable. A principios de septiembre de 1868, se dieron los pasos definitivos para desencadenar la acción contra la Monarquía isabelina. Cádiz sería el escenario elegido. Allí desembarcaron los principales líderes del movimiento, Sagasta, Ruiz Zorrilla y Prim, que había viajado desde Londres, así como los generales unionistas que el gobierno había desterrado en Canarias. El día 18, el almirante Juan Bautista Topete se sublevaba en Cádiz al frente de la escuadra. A continuación, los artífices del pronunciamiento daban a conocer sus razones en un manifiesto al país que terminaba con el grito "¡Viva España con honra!", que desde entonces quedaría indisolublemente unido a la Revolución de Septiembre de 1868, también conocida como la Gloriosa. El manifiesto, firmado, entre otros, por los generales Prim, Dulce y Serrano y por el almirante Topete - aunque redactado por el dramaturgo Adelardo López de Ayala-, contenía una larga lista de agravios contra el régimen isabelino, pero sin dar muchas pistas sobre el cambio político que se pretendía inaugurar, más allá de la referencia a un futuro gobierno provisional, la invocación al sufragio universal como nueva fuente de legitimidad y las promesas habituales sobre una "regeneración social y política' (véase Apéndice, documento 24).

En los días siguientes, la sublevación se fue extendiendo por el resto del país. En general, la puesta en escena, el lenguaje y hasta la geografía de la Revolución de Septiembre se ajustaban perfectamente a la tradición revolucionaria del siglo XIX español: un pronunciamiento militar en la periferia, con Cádiz - capital emblemática del liberalismo - como epicentro, publicación de manifiestos revolucionarios con el lenguaje acostumbrado - patria, libertades, regeneración, camarilla...-, difusión del movimiento mediante un efecto dominó incontenible, incorporación de elementos civiles y sectores populares urbanos, creación de juntas, resistencia de las fuerzas guberna mentales y victoria final de los sublevados. El alzamiento gaditano se transmitió enseguida a otros puntos de España, empezando por Andalucía. Dos días después de la sublevación de la escuadra, se formaba en Sevilla una junta provisional revolucionaria que inmediatamente dio a la luz un manifiesto sobre "los principios que se propone sustentar y defender como base de la regeneración de este desgraciado país" (Artola, 1991: 79). Pese a este anodino comienzo, el manifiesto contenía un amplio catálogo de reivindicaciones políticas y sociales que iban más allá de las fórmulas génericas expresadas por los generales sublevados en Cádiz y que anticipaban el sentir de muchas juntas revolucionarias de 1868: supresión de quintas y consumos, abolición de la pena de muerte, amplias libertades civiles, incluida la libertad religiosa, y Cortes constituyentes elegidas por sufragio universal. El "¡Abajo la dinastía!" que figura entre los lemas finales del manifiesto sevillano se puede considerar el principal elemento programático de la Gloriosa y, en cierta forma, el mínimo común denominador de las fuerzas revolucionarias en toda su diversidad política y social.

La revolución se desarrolló en los días siguientes según un patrón ya muy familiar en la España del siglo XIX. Durante unos días, se mantuvo un dramático pulso entre las fuerzas opositoras, a las que se iban sumando ciudades y guarniciones, y el poder residual de un Estado a la deriva. El 19 de septiembre, la dimisión de González Bravo daba paso al último gobierno de Isabel II, presidido por el general Concha, que pretendió utilizar sus limitados apoyos en el ejército para aplastar el movimiento insurreccional. La suerte de la dinastía se decidió el 28 de septiembre en la batalla de Alcolea (Córdoba), en la que las fuerzas sublevadas derrotaron a las tropas del general Novaliches, enviadas a Andalucía por el gobierno isabelino. Al día siguiente, la revolución triunfaba en Madrid y el día 30 Isabel II abandonaba España desde San Sebastián, donde se encontraba de vacaciones. Los mandos militares leales a la reina, como el capitán general de Cataluña, depusieron toda resistencia y admitieron la nueva autoridad representada provisionalmente por las juntas, a la espera de la formación de un nuevo gobierno, que no se constituyó hasta el 8 de octubre. El gobierno provisional lo presidía el general Francisco Serrano, al que acompañaban en el gabinete los principales artífices de la revolución, como el general Juan Prim, ministro de la Guerra y hombre fuerte de aquel gobierno, el almirante Topete, ministro de Marina, Práxedes Mateo Sagasta, ministro de Gobernación, López de Ayala - redactor del manifiesto del 19 de septiembre-, en Ultramar y Ruiz Zorrilla, en Fomento. Su composición era una buena muestra de lo que se conocería como la "coalición de septiembre", esto es, una alianza de progresistas, unionistas y demócratas, en la que, a la hora del reparto de poderes, predominaban claramente los dos primeros partidos, especialmente, el progresista, al que se puede considerar el alma de la Revolución de 1868. En torno a este último y al protagonismo del general Prim, giraría la vida política española en la primera fase del llamado Sexenio democrático o revolucionario (18681874).

La nueva etapa histórica se inauguró bajo una sensación general de alivio por el fin de un reinado marcado, sobre todo en sus últimos años, por la crisis social y económica, los escándalos de todo tipo - sin olvidar los relacionados con la vida privada de Isabel II - y la creciente cerrazón del poder ante una sociedad cada vez más compleja y menos manipulable. Pero ese clima de relativo consenso se vio muy pronto empañado por el clásico conflicto entre las nuevas autoridades, ansiosas por institucionalizar el nuevo régimen y restablecer el orden, y el poder revolucionario de las juntas, remisas a disolverse y a aceptar el cambio moderado y tranquilo propuesto por el gobierno provisional. La elección por sufragio universal de unas Cortes constituyentes no zanjó el problema de legitimidad planteado desde septiembre de 1868. A diferencia de episodios anteriores, resueltos a favor de las nuevas instituciones, la tensión entre el régimen nacido de la Gloriosa y los partidarios de una revolución más radical gravitó durante todo aquel período hasta desembocar en la crisis múltiple de 1873, que la proclamación de la 1 República, lejos de resolver, aceleró hasta extremos nunca vistos. El Sexenio supuso asimismo un intento contradictorio de los diversos sectores liberales y democráticos de - en un caso - crear de una vez por todas un régimen constitucional ampliamente representativo y a la vez sólido y duradero, y - en otro- de completar un cambio histórico que las fuerzas gobernantes habían dejado siempre a medias. Se puede afirmar que el Sexenio fue el escenario del fracaso de estos dos proyectos, probablemente porque eran incompatibles entre sí y porque los partidarios de uno y otro se combatieron sin tregua. El régimen del Sexenio, en sus diversas versiones (Monarquía democrática, 1869-1873, República federal, 1873 y República unitaria, 1874), tuvo que hacer frente además a todo tipo de adversidades. La grave crisis colonial desencadenada en octubre de 1868 (primera guerra de Cuba, 1868-1878), el asesinato de Prim en diciembre de 1870 - con el nuevo rey, Amadeo 1 de Saboya, a punto de llegar a España-, el comienzo de la segunda guerra carlista (1872-1876) y la rebelión cantonal de 1873 hicieron, finalmente, inviable la experiencia democrática nacida en Cádiz bajo el grito de "¡Viva España con honra!".

5.1. Viejos y nuevos paradigmas para una interpretación del siglo XIX español

La evolución de la historiografía, sobre todo en un ámbito nacional, se rige por el viejo dicho de que cada momento tiene su afán. La sucesión de escuelas, temas y paradigmas historiográficos a lo largo del tiempo - de un tiempo relativamente corto para lo que aquí interesa - obedece por lo general a claves históricas que condicionan el quehacer de los historiadores, aunque en ocasiones ciertos debates revistan también un componente endogámicocorporativo. Una parte de la historia del siglo XIX español incluida en la bibliografía que se recoge en este libro es deudora, en un sentido o en otro, de la discusión académica en torno a la revolución burguesa en España, ya sea por asumir la tesis favorable a su existencia o bien por atribuirle un carácter fallido. Entre los diversos estados de la cuestión publicados al hilo de la polémica sobre el concepto de revolución burguesa, resultan especialmente ilustrativos los dos artículos que le dedicó José Álvarez junco en 1985, una fecha clave que, como se verá más adelante, puede servir de punto de inflexión en el propio desarrollo del debate (Álvarez junco, 1985a y 1985b).

Se trata de una discusión hoy en día largamente superada, en parte por situarse en un contexto histórico muy alejado de la actualidad. Para decirlo claramente, su marco de referencia arranca del final del franquismo, a mediados de los años sesenta, alcanza su apogeo en los años setenta, durante la transición, y se agota a mediados de la década siguiente, ya con el PSOE en el gobierno y tras el giro moderado del socialismo español - antes incluso de su llegada al poder-, que podría simbolizarse en su renuncia progra mática al marxismo en 1979. Una cierta inercia posterior se explicaría, probablemente, por la lentitud con que la historiografía suele reflejar los cambios de contexto, especialmente en este caso, dado el particular dogmatismo de la corriente historiográfica hasta entonces dominante en nuestro país. El hundimiento del comunismo en 1989 vino a acelerar, hasta hacerla irreversible, la crisis del paradigma historiográfico, de clara obediencia marxista, construido en torno al concepto de revolución burguesa y a su pertinencia en el caso español.

No es difícil identificar los móviles políticos y el entorno internacional que impulsaron este debate en los años sesenta: la elaboración de una tesis historiográfica que coadyuvara a la lucha antifranquista y que preparara el terreno para una alternativa superadora de la sociedad burguesa, todo ello bajo la influencia de los postulados teóricos del marxismo occidental. Cabe destacar en particular la influencia del marxismo francés, y de manera muy señalada de los estudios de Albert Soboul sobre la Revolución francesa, cuya aplicación al caso español resulta harto problemática. De todas formas, desde los años setenta esta fuente de inspiración historiográfica fue perdiendo importancia ante la creciente influencia del marxismo británico, menos dogmático que el francés y, como luego se pudo comprobar, con mucho mayor recorrido histórico. Pero en el origen de todo está probablemente la rápida traducción de La Catalogne dans l'Espagne moderne de Pierre Vilar al catalán (1964-1966), que sentó las bases sobre las que, en parte, se construyó la historiografía española y, especialmente, catalana del tardofranquismo: una interpretación marxista de la historia moderna y contemporánea, matizada por una fascinación narcisista por el medio geográfico propia de los Annales y reconciliada - verdadera cuadratura del círculo - con una visión nacionalista del pasado histórico, que venía a legitimar el papel clave que se pretendía atribuir a las nacionalidades - en particular, a Cataluña - como vanguardia del antifranquismo. Es posible que ese nacionalismo sobrevenido que cabe atribuir a la obra de Pierre Vilar explique la larga vigencia de su escuela en Cataluña, no en lo que tiene de marxista, sino como fuente de autoridad de una historiografía nacionalista.

Por lo demás, quedan muy lejos los tiempos en que la mirada sobre el siglo XIX se focalizaba en la búsqueda de vestigios que avalaran la teoría dominante. "La revolución burguesa se realizó en España", afirmó un autor en 1978 en frase que sirve de pórtico y conclusión a una historia de la milicia nacional en Madrid (Pérez Garzón, 1978: XXVI). La frase, en su deficiente redacción, constituye una especie de axioma histórico, muy de la época, en torno al cual gira una parte esencial de la producción historiográfica sobre el liberalismo español: toda la historia de este último vendría a ser el mero cumplimiento del precepto histórico de la revolución burguesa, sin la cual la Espa ña contemporánea carecería de sentido y sólo podría interpretarse a partir de una vuelta al viejo - pero siempre vigente - paradigma regeneracionista de la anomalía española. Entre los autores que consideraron cumplido el trámite de la revolución burguesa sobresalen aquellos que, desde la historia del Derecho y de las instituciones, estudiaron los mecanismos legales de disolución del Antiguo Régimen. La promulgación de leyes de tanto calado como la desamortización de Mendizábal sería, a juicio de especialistas como Bartolomé Clavero, la piedra de toque de una ruptura histórica que podría situarse entre 1835 y 1837 (Clavero et alü [eds.], 1979). Es muy posible que Tuñón de Lara pensara en tales interpretaciones cuando en un texto publicado en 1977 atribuyera el "más lamentable esquematismo" a quienes ponían fecha fija al cumplimiento - entre 1835 y 1841 - de la revolución burguesa en España (Tuñón de Lara et al¡¡, 1977: 14).

En un estado de la cuestión publicado en 1996, José Antonio Piqueras remonta a mediados de los años ochenta el principio del fin del debate sobre la revolución burguesa en nuestra historiografía (Piqueras, 1996). En palabras del autor, en el transcurso de un largo ciclo iniciado en los años sesenta, el contemporaneísmo español habría pasado del paradigma de la burguesía sin revolución al de la revolución sin burguesía. A caballo entre una y otra se situaría la opción ortodoxa que conciliaría las dos premisas: burguesía revolucionaria y revolución burguesa. En realidad, aunque Miguel Artola titulara La burguesía revolucionaria el volumen correspondiente a la España liberal (1808-1874) en la historia de España dirigida por él mismo (Artola, 1975), en la interpretación de este autor acabó prevaleciendo el liberalismo, más que la burguesía, como elemento autosuficiente de transformación histórica en la lucha contra el Antiguo Régimen. El título "La Revolución liberal burguesa", que encabeza la segunda parte de su libro Antiguo Régimen y revolución liberal, es sintomático de un eclecticismo historiográfico precursor del giro hacia el nuevo paradigma de la revolución sin burguesía (Artola, 1978). Esta última es la posición ya rotundamente defendida por Álvarez junco en los artículos mencionados al principio sobre el concepto de revolución burguesa y sobre su pertinencia, que el autor niega rotundamente, para el caso que nos ocupa: España sería, en su opinión, "un claro ejemplo de la inaplicabilidad del concepto de Revolución burguesa" (Álvarez junco, 1985b: 145). La publicación ese mismo año de un volumen colectivo dedicado a La revolución burguesa en España (Gil Novales [ed.], 1985) no invalida la sensación que produce la experiencia historiográfica posterior: que el paradigma de la revolución burguesa tenía los días contados y que su presencia a partir de entonces en la historiografía española sería cada vez más residual. El hecho de que el citado volumen colectivo publicado en 1985 recogiera las actas de un coloquio celebrado en la antigua República Democrática Alemana (Un¡ versidad Karl Marx de Leipzig) da una idea de lo que cabe esperar de su contenido (véase sobre todo Kossok, 1985). En suma, mientras esta última obra viene a ser ya un eco tardío de la polémica sobre la revolución burguesa, los dos textos de Álvarez junco anuncian el giro hacia una nueva interpretación de la revolución liberal española capaz de romper amarras con algunos dogmas hasta entonces muy poderosos.

Junto a la crisis del modelo marxista, el paso de los años setenta a los ochenta traerá un doble cambio de escenario en la historiografía española que es difícil, de nuevo, no relacionar con el propio tránsito histórico hacia una democracia consolidada y normalizada. De un lado, la crisis del paradigma del atraso y del fracaso y del otro el resurgir de la historia política. La hegemonía marxista en los años setenta fue compatible con -y en parte tal vez alimentó - una teoría sobre el fracaso español que puede considerarse una versión actualizada del discurso regeneracionista. Conviene no olvidar que el propio socialismo español a caballo entre los siglos XIX y XX había hecho suya una interpretación de la España contemporánea manifiestamente deudora del regeneracionismo, entonces en pleno apogeo: "Ningún país tiene una burguesía tan inepta como España [...], sin el don siquiera de imitar lo bueno que se ha hecho en otras naciones", había escrito Pablo Iglesias en El Socialista en el crítico verano de 1898. La burguesía española, añadía, "apenas ha entrado en la esfera de la producción moderna, viendo sumamente atrasada lo mismo su industria que su agricultura" ("Nuestra burguesía", El Socialista, 17 de agosto de 1898). La ineptitud de la burguesía nacional -y lo mismo vale, según Iglesias, para la "clase directora' - podía ser el factor que diera sentido a las anomalías de la España contemporánea, desde el fracaso de su revolución industrial hasta su propensión al militarismo y al caudillismo. Al fin y al cabo, el propio Marx, en sus artículos sobre la España de 1854, había introducido elementos culturalistas, de claro sabor romántico, para explicar algunos rasgos del liberalismo español que el público internacional podía considerar incomprensibles. Así, la imaginación popular habría desempeñado un papel clave en el resurgir de Espartero como mítico caudillo liberal tras la Vicalvarada, "¿y dónde es más poderosa la imaginación - se preguntaba Marx - que en el sur de Europa?" (Marx y Engels, 1970: 39). Por su parte, Ortega y Gasset lamentó en 1927 esa circunstancia insólita que hacía de España "el único país que no ha hecho nunca una auténtica revolución". La abundancia de escuelas y autores de todas las tendencias que vieron en la España contemporánea un "enigma histórico" o, como mínimo, una excepción, es tan grande, desde el regeneracionismo hasta el hispanismo internacional, pasando por el mundo del exilio republicano, que durante décadas la singularidad del caso español fue el gran relato compartido por corrientes ideológicas y culturales abiertamente antagónicas en todo lo demás.

No debe extrañar por ello la influencia de este paradigma incluso en las opciones más modernas y solventes de la historiografía española. Algunas de las aportaciones fundamentales de esta última en los años setenta partieron de una común interrogación sobre el fracaso: fracaso de la revolución industrial, del capitalismo español o de la vertebración económica y territorial hasta desembocar en una teoría de la excepcionalidad española, bien es cierto que huyendo en general de explicaciones burdamente esencialistas. Obras clásicas en este terreno, fundadas en una sólida investigación empírica, son El fracaso de la revolución industrial en España, de Jordi Nadal (1975), Los orígenes del capitalismo en España, de Gabriel Tortella (1975) y España hace un siglo: una economía dual, de Nicolás Sánchez-Alborboz (1977). En esta última obra, y algo antes en una recopilación de trabajos del autor sintomáticamente titulada jalones en la modernización de España (Sánchez-Albornoz, 1975), apreciamos un giro significativo en la interpretación del atraso español para sacarlo de su tradicional ámbito casticista y neorregeneracionista y situarlo en un plano más acorde con los nuevos tiempos:

Considerada la economía española de hace un siglo desde este ángulo, ¿acaso le cuadra el título de subdesarrollada? En las páginas que preceden hay argumentos suficientes para responder de manera afirmativa. De una economía de tipo antiguo, de condiciones y niveles europeos, a una subdesarrollada avant la lettre, tal parece haber sido la trayectoria de la economía española del siglo XIX, mucho antes de que se diagnosticara el mal del Tercer Mundo y que nos invadiera el torrente de literatura contemporánea al respecto (Sánchez-Albornoz, 1977: 23).

En realidad, la caracterización del capitalismo español del XIX como un "capitalismo subdesarrollado" fue acuñada ya en 1960 por J.Vicens Vives, inaugurando así una visión de la historia económica de la España contemporánea que durante dos décadas llegó a ser hegemónica (Prados de la Escosura, 1993: 24). En una línea parecida se situó años después la interpretación ofrecida por Gabriel Tortella en su principal obra:

El subdesarrollo español es más excepcional de lo que generalmente se cree [...]. Lo que hace el estudio del siglo XIX español tan fascinante es precisamente lo autóctono del fracaso en materia de industrialización (Tortella, 1975: 3).

Por último, Jordi Nadal concluía su libro afirmando que "el caso español es menos el de un late joiner que el de un intento, abortado en gran par te, de figurar entre los first comers". Su propósito al escribir El fracaso de la revolución industrial en España, reconoce Nadal, fue explicar "la historia de esta frustración", que atribuye a varias causas interrelacionadas, principalmente, "el fracaso de las desamortizaciones" y "los apuros de la Hacienda', que ejercieron una influencia muy negativa en el conjunto de la economía nacional. En última instancia, "el problema básico consistió en la inadaptación del sistema político y social a las nuevas realidades económicas planteadas después de la pérdida de las posesiones continentales de América". De todas formas, el fracaso global de la industrialización no debía ocultar "la consecución de algunos logros parciales", entre los cuales señala como el más notorio el desarrollo de la industria textil catalana (Nadal, 1975: 226-229).

El "paradigma del fracaso" fue sometido a una fuerte revisión historiográfica en la década siguiente en un contexto histórico que había cambiado sustancialmente desde mediados de los setenta, cuando se publicaron las obras recién comentadas. Es muy tentador, y en cierta forma inevitable, establecer una relación causa-efecto entre el cambio de contexto histórico y el cambio de paradigma historiográfico. En diez años desde la muerte de Franco, España había protagonizado una transición democrática coronada por el éxito, había superado un golpe de Estado militar, había vivido con normalidad un gran triunfo electoral de la izquierda, había ingresado - o estaba a punto de hacerlo - en la Comunidad Económica Europea y se encontraba en una fase de fuerte crecimiento económico y de modernización general del país. El nuevo paradigma historiográfico nacido en los años ochenta sustituyó el fracaso por la normalidad, la modernidad y, en su versión más extrema, el éxito. La obra del propio Gabriel Tortella registra, aunque de manera muy matizada, el tránsito de uno a otro paradigma: "La historia económica de España permite ser optimistas, pero sólo moderadamente", afirma Tortella en un estudio de conjunto publicado 20 años después de su primera gran obra. El caso español - añade - era el propio de un país "que se descuelga en el siglo XIX y recupera terreno en el xx" (Tortella, 1995: 393). Desarrollo - como en el título de esta última obra - y modernización serán los términos que mejor expresen la nueva sensibilidad de la historiografía española, cada vez más atenta a los factores de cambio en el pasado nacional y menos obsesionada con los elementos retardatarios. Tal es el espíritu que cabe atribuir al título - más que al contenido - del libro La modernización política en España, de Antonio Elorza, recopilación de una docena de ensayos del autor que recorren la evolución histórica de la España contemporánea desde la Ilustración hasta la transición democrática. La modernización, a tenor del título de la obra, sería el resultado final de un proceso, jalonado, paradójicamente, de continuos fracasos o retrocesos, como si una cosa fuera la (positiva) visión macro sobre la España contemporánea y otra la (negativa) aproxima ción micro a sus distintas secuencias. La explicación al desencuentro entre uno y otro plano puede radicar en el hecho de que mientras, por ejemplo, el excelente trabajo sobre el liberalismo moderado en el Trienio liberal, en el que se empieza por recordar el fracaso de los proyectos ilustrados, está fechado en 1974, el título La modernización política en España corresponde a la publicación en 1990 del volumen que recoge estos ensayos (Elorza, 1990). Por esas mismas fechas, Antonio Elorza publicó, junto a Carmen López Alonso, una sucinta selección de textos políticos de la España contemporánea que, de nuevo, asume en su enunciado (Arcaísmo y modernidad) uno de los grandes leitmotivs de la historiografia del momento (Elorza y López Alonso, 1989).

En un movimiento pendular que dejó hipnotizado a más de un historiador, la visión sobre la España contemporánea pasó en no pocos casos del fracaso al milagro. Buen ejemplo de ello puede ser el libro del hispanista norteamericano David R.Ringrose titulado Spain, Europe and the "Spanish Miracle", 1700-1900 y traducido al español con el título España, 1700-1900.el mito del fracaso (Ringrose, 1996). Que unos años antes el mismo autor hubiera subtitulado El estancamiento económico de España su estudio sobre la evolución de los transportes entre 1750 y 1850 (Ringrose, 1972) demuestra de nuevo la gran versatilidad de este tipo de planteamientos, susceptibles de darse completamente la vuelta en cuanto lo hace el propio ciclo histórico. Diríase que la historia contemporánea de España sólo podía interpretarse en términos de estancamiento crónico o de modernización acelerada, de fracaso o de milagro. En cierta forma, era la continuación del mito de la excepcionalidad por otros medios. Sin llegar tan lejos, sino más bien como exponente del nuevo relato hegemónico de la normalidad y la modernidad, el libro de Leandro Prados de la Escosura De imperio a nación (1.a ed. 1988) ofrece una visión alternativa a las conclusiones de Jordi Nadal, Sánchez-Albornoz y Gabriel Tortella en la década anterior sobre la evolución de la economía española a lo largo del siglo XIX. Partiendo de un replanteamiento del propio concepto de atraso, siempre relativo a algo o a alguien, Prados de la Escosura sometía a una profunda revisión los problemas derivados de la pérdida de las colonias y de los errores cometidos por el Estado liberal en el siglo XIX. La historiografía dominante habría formulado, a su juicio, un balance demasiado negativo del largo ciclo económico iniciado a finales del siglo XVIII. En concreto, en opinión del autor, el crecimiento de la agricultura fue "netamente superior" al de la población, y en cuanto al sector exterior, su aportación - muy discutida tradicionalmente, debido a la dura competencia ejercida por las importaciones sobre los productos autóctonos - habría sido más positiva de lo que generalmente se había pensado. "La vieja imagen", afirma como conclusión última, "es ahora menos pesimista' (Prados de la Escosura, 1993: 244).

La misma impresión se desprende del libro de Adrian Shubert Historia social de España (1800-1990), en el que encontramos - en palabras del autor- una "lectura de la historia moderna de España mucho más optimista que lo habitual'. Era lógico, pues, que arrancara con un doble cuestionamiento de la teoría del fracaso y de la aplicación al caso español del concepto de revolución burguesa. En cuanto a esto último, Shubert afirma que "la solución más conveniente [sería] la de sustituir la expresión revolución burguesa por otras menos cargadas de connotaciones, como, por ejemplo, la de revolución liberal". De esta forma, se podría soslayar el problema que plantea el (dudoso) protagonismo de la burguesía española en la primera mitad del siglo XIX y, de paso, evitar el anatema del fracaso de la España decimonónica por no alcanzar - o no alcanzar a tiempo - el nivel de las naciones más desarrolladas (Shubert, 1991: 18). El título del primer capítulo - "Un siglo de dinamismo" - arroja un elocuente balance del siglo XIX español, liberado del pesado fardo de la comparación con aquellos países europeos - Inglaterra en lo económico y Francia en lo político - que han marcado un horizonte histórico forzosamente inalcanzable y, por tanto, devenido en instrumento de automortificación nacional. El riesgo de un deslizamiento del mito del fracaso - rechazado de plano - al nuevo paradigma del milagro español asoma en las últimas palabras de su libro, cuando el autor se pregunta si en el momento de escribir su obra España no se habrá convertido en "el más europeo de todos los países del continente" (Shubert, 1991: 391).

El paradigma de la normalidad se ha consagrado, pues, como el hecho de mayor relevancia en el contemporaneísmo español desde los años noventa, dentro de una gama muy variable de modalidades y de grados en su aplicación a casos y períodos concretos. A.Fernández García realizó un ponderado balance, en términos de "atraso y modernización", de la etapa comprendida entre 1834 y 1900, además de formular un sucinto, pero muy atinado, estado de la cuestión en torno al propio concepto de modernización y a su aplicación a la España contemporánea (Fernández García, 1997: 11-48). J.P.Fusi y J.Palafox, por su parte, opinaron que, "tomada en su conjunto, la historia de España de los siglos XIX y XX distó mucho de ser [...] la historia de un fracaso". Así lo aseguran estos dos autores en una obra fundamental que demuestra cómo el rechazo del paradigma del fracaso no tiene por qué conducir al contraparadigma del milagro o a considerar a España un país de una normalidad fuera de lo común. El gran desafío que el siglo XIX planteó a nuestro país, según estos autores, fue gestionar el fin del gran imperio ultramarino mediante la "construcción de un Estado eficaz y liberal y de una economía próspera y estable", doble desafio que el liberalismo decimonónico superó sólo a medias (Fusi y Palafox, 1997: 12-13). En un libro posterior, el primero de estos autores afirma que la articulación de "un verdadero Estado nacional' iba a ser "el gran problema de los siglos XIX y XX", y aunque apunta los notables avances realizados a lo largo del XIX por el liberalismo gobernante en la modernización del Estado y en la vertebración del territorio - algo en lo que se ha insistido en este mismo libro-, no deja de reconocer las dificultades de tal proceso de nacionalización para transformar la vida real del país, más allá de su epidermis administrativa (Fusi, 2000: 163-181). La dualidad "centralismo legal y localismo real", formulada por el propio Fusi, mostraría la resistencia de la España provinciana y rural a las transformaciones legales introducidas por el Estado liberal, en un proceso de modernización que chocaba con - o se adaptaba a- las realidades locales y las poderosas oligarquías que las administraban, de forma que el localismo, afirma Fusi, "dominó la vida social y política española hasta entrado el siglo XX" (Fusi, 1994: 87). No estamos muy lejos de la teoría de la "débil nacionalización española", provocada por el escaso calado de la política nacionalizadora del liberalismo decimonónico, cuyas claudicaciones en materia educativa -y, por tanto, cuyo fracaso en el objetivo de la unificación lingüística - resultan clamorosas. La propia tesis de la "débil nacionalización española del siglo XIX", en sí misma enormemente sugestiva, se enfrenta, de un lado, a los prejuicios que despierta cualquiera visión del siglo XIX español en clave de fracaso y, del otro, a su difícil encaje en el discurso historiográfico del nacionalismo catalán, del que en última instancia procede. Ésta es la razón por la cual el propio autor que puso en circulación la tesis de la "débil nacionalización española' la ha sometido, con el paso del tiempo, a una profunda revisión (Riquer, 2001: 34-58).

Todo ello tiene que ver directamente con dos fenómenos esenciales que se desarrollan en paralelo a lo largo del siglo XIX, aunque con ritmos e intensidades más discordantes de lo que a menudo se ha pensado: la nacionalización de la sociedad y la construcción del Estado. De esto último ha afirmado Juan Pro recientemente que se trata del "proceso histórico más significativo que experimenta España en el siglo XIX" (Pro Ruiz, 2006: 26). Según tal interpretación, hoy en día muy en boga y, por lo demás, bastante plausible, la acción política sería el eje que movió el conjunto de transformaciones que tiene por escenario la España decimonónica. Este giro hacia la historia política resume, como se verá más adelante, la agenda de la más reciente historiografía española, tácitamente decantada a favor de la tesis de la revolución liberal, en detrimento de una revolución burguesa que sería consecuencia, más que causa, del cambio histórico impulsado por el liberalismo. Objeto y sujeto de la modernización del país, el Estado habría sido el verdadero catalizador de la crisis del Antiguo Régimen, que mostraría su peor cara en los problemas de la Hacienda pública. Como consecuencia de ello, en la formulación de una alternativa liberal a la crisis del Estado habrían de confluir los ele mentos más descontentos y más dinámicos del viejo aparato de poder y los grupos emergentes de una sociedad en plena descomposición. De ahí el papel clave, ya a finales del siglo XVIII, de los funcionarios reformistas, que, en palabras del historiador italiano Franco Venturi, convirtieron la Ilustración española en una "Ilustración de funcionarios", y el protagonismo de los militares en el largo ciclo de la revolución liberal española, ya sea como actores del pronunciamiento o como gestores, muchos de ellos, del Estado liberal en construcción (para la presencia de los militares entre los cargos públicos del Trienio liberal, Fuentes, 2002).

El problema del "paradigma de la normalidad", más allá de los excesos cometidos en su nombre, radica en su tendencia, probablemente inevitable, a unificar procesos de cambio que pudieron tener ritmos muy dispares, una circunstancia que tal vez explique la facilidad con la que se puede pasar de uno a otro paradigma - el estancamiento o la modernización - según se elija una u otra variable del desarrollo histórico de la España liberal. El nuevo lenguaje de la modernidad - es decir, el conjunto de términos que sirven para representar la nueva realidad política, social, cultural y económica creada por el liberalismo y a veces contra él - muestra, en su versión española, un desarrollo muy desigual y sincopado. Mientras los neologismos políticos más representativos de la revolución liberal - empezando por la propia voz liberalismo, acuñada en España a principios de siglo - aparecen en fecha muy temprana, los términos sociales y económicos propios de la sociedad de clases - huelga y burguesía, por ejemplo - tardarán más de medio siglo en incorporarse a nuestra lengua (Fernández Sebastián y Fuentes, 2002: 45-53). Juan J.Trías observó hace años cómo Pi y Margall, cuando traduce en los años sesenta Le principe fédératifde Proudhon, lo vierte al lenguaje propio de una realidad artesanal, en la que entrepreneur se convierte en maestro o jefe de taller (Trías y Elorza, 1975: 59). La misma operación se aprecia en la traducción de De la capacité politique de la classe ouvriére de Proudhon, en la que classe bourgeoise se convierte en clase media y classes ouvriéres en clases jornaleras (Fernández Sebastián y Fuentes [dirs.], 2002: 164 y 169). La España liberal, comparada con otros países europeos en el mismo período, no presenta, por tanto, un perfil uniforme ni en el estancamiento ni en la modernización. Registra más bien un proceso internamente diacrónico, lleno de turbulencias y desajustes, en el que da la impresión de que el cambio político va muy por delante de las transformaciones sociales y económicas. Fue, en suma, la revolución liberal la que convirtió a la clase media en burguesía - como ocurrió en el plano del lenguaje-, y no esta última la que puso en marcha el proceso revolucionario. Así, la llamada burguesía mendizabalista no sería otra cosa que la nueva clase resultante de la desamortización de Mendizábal, integrada por compradores de bienes nacionales procedentes en buena parte de las clases medias rurales y urbanas. Mucho antes incluso de esta experiencia histórica crucial, la desamortización josefina durante la Guerra de la Independencia, abortada por la derrota francesa, constituyó un original modelo revolucionario en virtud del cual el viejo patrimonio rústico e inmobiliario de la Iglesia fue trasvasado a la clase media intelectual y funcionarial - lo que en la Monarquía josefina viene a ser lo mismo-, cuyos servicios políticos a la nueva dinastía eran recompensados con bienes nacionales (véase una exhaustiva relación de compradores en Mercader, 1983: 383-389; véase también Mercader, 1972). El régimen josefino fue, en este sentido, un interesante prototipo revolucionario que no pasó de la fase experimental, por más que los afrancesados llegaron a consolidarse en etapas posteriores como una élite de poder altamente profesionalizada e influyente (López Tabar, 2001).

Hay razones para pensar que la construcción de la nación liberal y del Estado constitucional seguirá siendo durante algún tiempo el argumento central de la historiografía española sobre el siglo XIX, siempre desde el predominio de la historia política o de ese híbrido de historia y ciencia política que es la historia de las culturas políticas: formas y redes de sociabilidad, élites, discursos, lenguaje, experiencias colectivas... Los nuevos tiempos llevarán sin duda a formular preguntas distintas de aquellas a las que el siglo XIX tuvo que responder en el pasado. No se verá ya a la España liberal como una ocasión perdida, como una anomalía o como fuente de inspiración de un modelo (historiográfico) de asalto al poder. Todo indica que el paradigma de la normalidad acabará agotándose en sí mismo, una vez superado definitivamente el factor sorpresa que produjo descubrir que la España liberal cumplía en líneas generales los preceptos de un cierto canon histórico de la modernidad, entendida esta última no como un conjunto de requisitos - políticos, económicos, sociales, etc. - que debían cumplirse en un grado predeterminado, sino como un "juego de suma cero" en el que el hiperdesarrollo de ciertas variables puede compensar el subdesarrollo de otras. El estudio de estos fenómenos a partir de un renovado enfoque historiográfico se verá estimulado por la centralidad de la cuestión territorial e identitaria en la España actual. Una mirada más atenta a la construcción de la nación y al desarrollo del Estado llegará a verlos sin duda como procesos complementarios, pero también hasta cierto punto disímiles, que a menudo se interfieren mediante discursos y prácticas políticas y simbólicas incompatibles: cuanto más crece el Estado a lo largo del siglo XIX, más se degrada la nación soberana invocada como origen y fuente de legitimidad de la revolución liberal. A más Estado (moderado), menos nación (liberal): tal podría ser el mecanismo de vasos comunicantes que explique la inestabilidad política y algunas de las frustraciones colectivas que dieron al siglo XIX español, por lo menos hasta 1874, su apariencia más convulsa. Es posible que, a la postre, la principal razón del enfrentamiento entre moderados y progresistas - todavía uno de los grandes enigmas por resolver de la España liberal - radique en la polarización de uno y otro partido en torno a la construcción de la nación y del Estado. Mientras los moderados centraron su actuación en el desarrollo de este último en detrimento de los derechos de la nación, los progresistas pretendieron hacer del poder municipal el contrapeso a un Estado que el moderantismo fue modelando a su imagen y semejanza. Los demócratas, especialmente en su versión federalista y republicana, llevaron hasta el paroxismo la lógica política del más genuino liberalismo español y, en consecuencia, reivindicaron la periferia como espacio de la revolución - juntas, pronunciamientos, poder municipal... - frente al poder absorbente y centralizador del Estado. "El despotismo centraliza", escribió en 1841 el periódico republicano El Huracán, "la libertad descentraliza". Formuladas así las cosas, se entiende por qué hacia 1835- 1840 la izquierda del liberalismo español empezó a distanciarse de su modelo territorial primigenio para sustituirlo por una alternativa federal.

Es difícil que el estudio de la nación liberal y de los discursos políticos que giran en torno a ella genere un nuevo paradigma historiográfico, como no sea un regreso, que no parece ni probable ni deseable, al paradigma de la anomalía. En efecto, desde una visión normativa de los procesos de construcción nacional vinculados al liberalismo revolucionario, la experiencia española implica una completa inversión de papeles, toda vez que en España el liberalismo conservador se hizo jacobino y el liberalismo radical acabó derivando hacia el municipalismo y el federalismo, al revés que en Francia -y al revés de lo que hacía presagiar el primer liberalismo español-. No es casualidad que la obra más importante publicada en los últimos años sobre la España del siglo XIX, Mater dolorosa, de José Álvarez junco (2001), trate precisamente de la idea de España en aquel período desde la perspectiva cultural y simbólica, en un proceso de construcción nacional que al final de aquella centuria llegó a estar bastante adelantado. "Pocos problemas históricos o políticos han suscitado, en las últimas décadas, tantos y tan apasionados debates como el nacionalismo", afirma Álvarez junco al comienzo de su libro. Este debate ha acaparado, y no sólo en España, la atención de la más reciente historiografía, que tuvo un acicate suplementario en la crisis del Estado-nación en Europa central y oriental tras el fin del comunismo. De ahí arrancaría eso que Alain Minc llamó la "venganza de las naciones", un fenómeno que a partir de 1989, a raíz sobre todo de la crisis en los Balcanes, contribuyó decisivamente a consagrar la cuestión nacional como uno de los temas prioritarios en la reflexión de las ciencias sociales. En lo que al caso español se refiere, y pese a la comprensible tentación de hacer del Desastre del 98 el turning point de nuestra historia contemporánea, el libro de Álvarez junco demuestra la necesidad de remontarse a comienzos del siglo XIX para encontrar las claves de un proceso - la construcción de la nación liberal - que muy pronto experimentó una desviación irreversible de su curso inicial.

Cabe esperar que la oleada de bicentenarios que comienza en 2008 - bicentenario del 2 de mayo, de la Guerra de la Independencia, del Estatuto de Bayona, de las Cortes de Cádiz, de la emancipación americana y de la Constitución de 1812 - proporcione la ocasión histórica para llevar a cabo una profunda revisión historiográfica de los orígenes de la España contemporánea que arroje luz sobre las muchas cuestiones todavía pendientes.

5.2. Principales aportaciones historiográficas sobre la España liberal

5.2.1. De la historia económica a la historia política

Pasemos ahora de los paradigmas interpretativos a los itinerarios temáticos y metodológicos recorridos por aquellos historiadores que en las últimas décadas se han ocupado del estudio de la España decimonónica. Uno de esos itinerarios es, sin duda, el que lleva de la primacía de la histórica económica a la rehabilitación de la historia política. A pesar de su propensión a un cierto mecanicismo marxista, la historiografía hegemónica entre los años sesenta y ochenta ha dejado obras muy estimables por su aportación al conocimiento de la historia económica del siglo XIX. Destaquemos sobre todo la gran trilogía de Josep Fontana sobre la Hacienda pública entre la crisis del Antiguo Régimen y el triunfo del liberalismo, en tres distintas secuencias históricas: La quiebra de la Monarquía absoluta, 1840-1820 (1974, 1.a ed. 1971), Hacienda y Estado, 1823-1833 (1973a) y La Revolución liberal (Política y Hacienda, 1833-1845) (1977). Dos méritos indiscutibles de estas obras son la abrumadora base documental en que se apoyan y el convincente hilo argumental que se desarrolla a lo largo de ellas en torno a: 1. La centralidad de los problemas fiscales en la crisis del Antiguo Régimen y en la construcción del Estado constitucional; 2. La sorprendente continuidad histórica, en materia fiscal, entre el reformismo absolutista y el modelo liberal, tanto en proyectos concretos como en algunos de sus artífices, unos y otros con un inequívoco componente tecnocrático, y 3. La capacidad de los problemas financieros del Estado - sea absolutista o liberal - para acelerar la crisis social y económica del sistema hacia una dinámica revolucionaria y al mismo tiempo contrarrevolucionaria - caso del carlismo-. El propio autor publicó años después, en colaboración con Ramón Garrabou, un estudio sintético de la política hacendística durante la Guerra de la Independencia - en concreto, en la España patriota-, que cuenta con un amplio apéndice documental (Fontana y Garrabou, 1986).

El hueco cronológico dejado por Fontana en su trilogía sobre la Hacienda pública del Antiguo al Nuevo Régimen lo llenó Joaquín del Moral Ruiz con su libro Hacienda y sociedad en el Trienio constitucional (1820-1823), dedicado en realidad a la política económica del Trienio en su conjunto - desamortización, diezmo, fiscalidad, empréstitos, problemas presupuestarios...-, que el autor analiza a partir de una exhaustiva investigación sobre las fuentes de la época. Ese carácter eminentemente empírico de la obra no impide que Del Moral Ruiz haga su particular contribución al gran debate del momento sobre la existencia o no de revolución burguesa en España: "La tan traída y llevada teoría de la debilidad de la burguesía española - afirma - y su necesidad del brazo armado para imponerse necesita una profunda revisión" (Del Moral Ruiz, 1975: 196-197). Un carácter panorámico sobre la Hacienda liberal, desde 1808 hasta 1874, tiene la obra publicada años después por Miguel Artola, quien destaca, por un lado, la sorprendente continuidad histórica en los problemas financieros de la Hacienda pública a lo largo de un período tan dilatado y políticamente tan inestable, aunque con un antes y un después de la reforma fiscal de 1845, y, por otro, el fracaso reiterado del sistema tributario, en particular, en lo tocante a la contribución directa. Ni siquiera las sucesivas desamortizaciones consiguieron compensar el déficit crónico de la Hacienda pública. De ahí la importancia de los impuestos indirectos en las cuentas del Estado - los impopulares consumos - y el impacto que los problemas financieros y la política fiscal tuvieron en la realidad social del país, a veces como detonante de crisis políticas de gran calado (Artola, 1986). En suma, como han demostrado los historiadores que se han ocupado del fenómeno, la crisis de la Hacienda pública ocupa un lugar hasta tal punto preeminente en la transición del Antiguo al Nuevo Régimen y en la construcción del Estado liberal, que es difícil no compartir las palabras de un anónimo hacendista de la época traídas a colación por Josep Fontana como conclusión de una de sus obras: que "los Estados viven por la Hacienda, pero también mueren por ella' (Fontana, 1973a: 339).

Conviene recordar que el protagonismo que esta línea de investigación tuvo en la historiografía española entre el tardofranquismo y la transición fue debido en gran medida al mecenazgo ejercido por instituciones económicas como el Instituto de Estudios Fiscales - sobre todo bajo la dirección de Enrique Fuentes Quintana - y el Banco de España. La primera de estas instituciones publicó dos de las principales obras de Fontana (1973a y 1977), el libro de Del Moral Ruiz sobre la Hacienda en el Trienio liberal (1975), los trabajos de Simón Segura sobre las desamortizaciones (1969 y 1973) y el libro de J.Lasarte Economía y Hacienda al final del Antiguo Régimen (1976), además de algunos números de la revista Hacienda Pública Española con aportaciones clave para la historia económica de la España contemporánea (núms. 38, 1976, y 55, 1978). El Banco de España, por su parte, editó en 1970 un conjunto de estudios sobre la economía española a mediados del siglo XIX escritos por los mejores especialistas del momento, que representó un avance sustancial en temas como el desarrollo del moderno sistema financiero, los problemas de la industrialización y la evolución de la agricultura hasta 1868 (Schwartz Girón, 1970). Ese mismo año, y bajo la dirección de E Ruiz Martín, el Banco de España publicó un volumen dedicado a la historia económica de España con alguna aportación relevante para el período del que se trata, como el capítulo escrito por Gonzalo Anes ("La economía española, 1782-1829", en Ruiz Martín, 1970, 235-260). Títulos emblemáticos de la producción bibliográfica de la década de los setenta, en la que se puede decir que la historia económica fue la disciplina reina del contemporaneísmo español, son El fracaso de la revolución industrial de J.Nadal (1975), Los orígenes del capitalismo en España de G.Tortella (1975), España hace un siglo: una economía dual de N.Sánchez-Albornoz (1977) - los tres comentados en el epígrafe anterior - y El pensament econbmic a Catalunya (1760-1840) de E.Lluch (1973). Esta última obra era un intento ambicioso y razonablemente logrado de recuperar una línea de continuidad intelectual entre la Ilustración y el liberalismo, obviando el significado rupturista que suele atribuirse al año 1808, y a la vez de analizar la producción teórica de los principales economistas catalanes de la época a la luz de los intereses de clase de la incipiente burguesía catalana.

Como otros rasgos de la historiografía española de la época, la primacía de la historia económica se veía impulsada por la fuerte impronta en España de un marxismo marcadamente economicista y por un entorno general favorable a estos planteamientos. El auge del desarrollismo y del franquismo tecnocrático explica el apoyo que ciertas instituciones económicas oficiales - se ha citado ya al Instituto de Estudios Fiscales y al Banco de España y su Servicio de Estudios - prestaron a los sectores más renovadores de la historiografía española, especialmente cuando se ocupaban de historia económica. Conviene recordar, asimismo, el magisterio directo de Jaume Vicens Vives, fallecido en 1960, sobre algunos de estos historiadores, como Josep Fontana, orientados decididamente hacia la historia social y económica. En esta misma estela de enseñanzas historiográficas se sitúan algunas obras fundamentales de la nueva historia social española, como la recopilación de textos sobre los orígenes del movimiento obrero publicada por C.E.Lida (1973), el doble volumen, exhaustivamente documentado, que J.Benet y C.Martí dedicaron a la Barcelona del Bienio progresista - tal vez, pese a su enfoque localista, el estudio social más importante sobre aquel período - (Benet y Martí, 1976), el libro de J.J.Trías y A.Elorza Federalismo y reforma social en España (1840-1870), a caballo entre la historia social y la historia política (Trías y Elorza, 1975), o la obra de J.Maluquer sobre el socialismo utópico en España (Maluquer de Motes, 1977).

Más difícil resultaba la aparición de una historia política renovadora, con posibilidades de dejar, como la historia económica y social, una huella duradera en la historiografía española. De un lado, la historia política estaba atravesando una profunda crisis en los medios académicos occidentales, incapaz, por el momento, de superar el múltiple desafío que representaban el diktat historiográfico de la escuela de los Annales, entonces en su apogeo y manifiestamente contraria a una historia política y événementielle, la predilección de la historiografía marxista por la historia social y económica y la moda estructuralista de los años sesenta y setenta. Fruto de todo ello fue la acusada pérdida de credibilidad y legitimidad que la historia política sufrió en aquel período. En el caso español, tal circunstancia se veía agravada por la identificación de esta disciplina con las corrientes historiográficas más conservadoras y oficialistas y por la dificultad de hacer una historia política al margen de los principios establecidos y reivindicativa de tradiciones ideológicas e intelectuales que podían considerarse derrotadas en 1939. Por si fuera poco, y tal como ocurría con otros períodos de la España contemporánea, la historia política y cultural de la Ilustración y el liberalismo venía siendo un tema ampliamente tratado por el hispanismo internacional. Los múltiples trabajos de Jean Sarrailh, por ejemplo, su clásico estudio sobre la Ilustración (1974; 1.a ed. 1954) o su vieja biografía de Martínez de la Rosa (1930), Georges Demerson, como su biografía de Meléndez Valdés (1971), Albert Dérozier (1975 y 1978), Robert Marrast (1989; 1.a ed., 1974) y JeanRené Aymes (1974), en el campo del hispanismo francés, más los estudios de V.G.Kiernan sobre la Revolución de 1854 (1970), de R.Herr sobre la España ilustrada (1975; 1.a ed. en inglés, 1960), de Peter Janke sobre Mendizábal, principalmente durante su etapa como gobernante (1974), y de Christiansen sobre el poder militar en España en la primera mitad del siglo XIX (1974), parecían abonar la sensación de que la historia política e intelectual era cosa del hispanismo. La razón de ello podía ser que los hispanistas disponían de una libertad para el estudio de la España ilustrada y liberal de la que durante mucho tiempo carecieron los historiadores españoles del interior. Añádase a ello el hecho de que el hispanismo, sobre todo francés, tal vez por situarse académicamente entre la historia y la literatura, supo aunar con gran naturalidad historia política e historia de las ideas. De ahí la abundancia de biografías políticas e intelectuales que los autores franceses dedicaron a los prohombres de la Ilustración y el liberalismo español. Si la sensación predominante - que, como veremos a continuación, debe ser parcialmente revisada - apunta a un rechazo de la historiografía española de los años setenta hacia la historia política, su aversión al género biográfico se puede considerar un hecho probado. Por lo demás, que la gran monografía de Vicente Lloréns sobre el exilio liberal en la Década Ominosa en Inglaterra se publicara inicialmente en México - la primera edición en España data de 1968 - y fuera obra de un historiador perteneciente al exilio republicano, podría redundar en la misma idea, a saber: que la historia político-cultural era el territorio natural 1. De una historia académica de raíz conservadora; 2. Del hispanismo internacional, o bien, 3. Como en el caso de Lloréns, de una historiografía antifranquista radicada en el exilio, continuadora de una tradición liberal que el antifranquismo del interior consideraba superada. Estos tres planos, relativamente contrapuestos, parecían dejar a la historiografía del interior sin un espacio propio, alternativo al de la historiografía oficial, en el que cultivar la historia política y la historia de las ideas.

Y, sin embargo, esta percepción no se ajustaba del todo a la realidad. En un pormenorizado balance de la producción bibliográfica del contemporaneísmo español sobre el siglo XIX, José María Jover consignaba en 1974 la pujanza y variedad de los trabajos dedicados a aquella centuria - no pocos de ellos desde un enfoque político-, con un "paulatino incremento del interés por el siglo XIX" en la larga secuencia historiográfica que iba desde 1939 hasta 1972. Jover llegaba incluso a referirse a "la atención preferente al siglo XIX que se observa en nuestros días" y que, pese al predominio de lo económico y lo social, no descuidaba los grandes temas de la historia política: constitucionalismo, partidos y pensamiento político (Jover Zamora, 1974: 9-10). El propio autor señalaba la relevancia de la obra, entonces reciente, de Javier Herrero sobre los orígenes del pensamiento reaccionario español, con un radical replanteamiento de los fundamentos doctrinales del absolutismo durante la Guerra de la Independencia, prestados en su mayor parte del absolutismo europeo (Herrero, 1973). Pero la principal prueba del progresivo despegue de la historia política, tal como señalaba Jover, era la coherente línea historiográfica, ya por entonces largamente consolidada, mantenida por Miguel Artola desde sus primeras obras. A este último autor se le puede considerar el primer gran renovador de la historia política del liberalismo español, empezando por su destacada contribución a una rehabilitación histórica de los afrancesados, considerados en su conjunto como una élite reformista con una clara voluntad de servicio y en conflicto, en no pocas ocasiones, con el ejército francés (Artola, 1976, 1.a ed., 1953). Su extenso libro Los orígenes de la España contemporánea (2000; 1.a ed. 1959) abordó en toda su amplitud las transformaciones llevadas a cabo bajo el proceso revolucionario que tuvo lugar en la España patriota durante la Guerra de la Independencia. La crisis de las instituciones políticas y económicas del Antiguo Régimen y la puesta en marcha de una alternativa revolucionaria, fruto de una situación de emergencia nacional, serían el doble hilo conductor de esta obra. Los orígenes... recoge en su segundo volumen una amplia muestra de las respuestas de instituciones, autoridades y juntas a la consulta al país, que es como se conoce el cuestionario distribuido en 1809 por la Comisión de Cortes por toda la España patriota para pulsar el estado de opinión en relación con la vigencia de las antiguas leyes fundamentales, las reformas legales más aconsejables, los problemas financieros del Estado y la próxima convocatoria de elecciones a Cortes, entre otras cuestiones candentes. El conjunto de preguntas y respuestas reproducidas por Artola constituye un material del mayor interés para el conocimiento de la revolución liberal española en sus inicios, de la resistencia que encontró en los sectores más conservadores y de la realidad histórica sobre la que tuvo que operar en plena Guerra de la Independencia. El propio Artola prosiguió, ya en los años sesenta, su línea de investigación sobre los orígenes de la España liberal en su libro sobre el reinado de Fernando VII (1999; 1.a ed., 1968), muy centrado de nuevo, pese a su carácter panorámico, en la etapa de la Guerra de la Independencia. Algo posterior es el doble volumen titulado Partidos y programas políticos, 1808-1936 (1991; 1.a ed., 1974), cuya segunda parte ofrece un variado corpus de proclamas, manifiestos revolucionarios o contrarrevolucionarios y textos políticos de especial relevancia que, amén de su utilidad didáctica, pueden tomarse como la expresión doctrinal o programática de los principales partidos y corrientes ideológicas que actúan en la España contemporánea durante más de un siglo de historia.

Mientras tanto, habían ido apareciendo ediciones modernas de las obras de los principales protagonistas de la historia de España entre 1808 y 1868, en ocasiones con incorporación de textos inéditos o poco conocidos y con el acompañamiento de un adecuado aparato crítico y estudio introductorio, que en algunos casos constituía una novedosa puesta al día de la vida y el pensamiento del autor. La Biblioteca de Autores Españoles había publicado ya las obras del conde de Toreno (Historia del levantamiento, guerra y revolución en España, 1953), de José de Espronceda (1954), de Antonio Alcalá Galiano (1955), de Jovellanos (1956), de Flórez Estrada, con un amplio estudio preliminar de Miguel Artola (1958), de Martínez de la Rosa (1960), de Mariano José de Larra, en edición de Carlos Seco (1960), del marqués de Miraflores (Memorias del reinado de Isabel 11, 1964), del general Fernández de Córdoba (Mis memorias íntimas, 1966) y de José Canga Argüelles (Diccionario de Hacienda, 1968). Por su parte, la Universidad de Navarra y el CSIC venían editando conjuntamente, bajo la dirección de Federico Suárez Verdaguer, tanto monografías como recopilaciones de documentos inéditos de principios del siglo XIX. Como obras fundamentales para el conocimien to de la crisis del Antiguo Régimen español se puede considerar la serie publicada bajo el título Documentos del reinado de Fernando VII, en la que destacan la edición de los papeles de la Real Caja de Amortización bajo el ministerio de López Ballesteros (1961), los Informes sobre el estado de España - especie de consulta al país realizada en 1825 por el duque del Infantado como ministro de Estado - (1966) y los Diarios escritos entre 1828 y 1831 por el político ultraabsolutista, y futuro "ministro" carlista, José Arias Teijeiro (19661967). La indudable importancia de este enorme corpus documental sólo está empañada por la deficiente transcripción de los textos originales. La historia política de aquel período se vio enriquecida no sólo por el esfuerzo de Federico Suárez y su escuela historiográfica por recuperar textos fundamentales del reinado de Fernando VII, sino por algunos estudios monográficos debidos al propio Suárez (Suárez, 1953) o a otros autores situados en el mismo ámbito historiográfico: Eiras Roel (1961), María del Carmen Pintos (1958), Martí Gilabert (1972) y sobre todo José Luis Comellas (1958a, 1958b y 1970). De la década de los setenta data la obra fundamental, por su rigor y sólida base documental, que R.Sánchez Mantero dedicó al exilio liberal español en Francia durante la Década Ominosa (Sánchez Mantero, 1975).

En el campo de la historia política y de las ideas se sitúa la vasta producción historiográfica de A.Gil Novales, empezando por su voluminoso trabajo sobre las sociedades patrióticas durante el Trienio liberal (Gil Novales, 1975), obra no superada en su género. Más allá de su tema específico, supone un hito en el estudio de la historia política y de la lucha de ideas y de partidos durante el Trienio liberal, con especial hincapié en los enfrentamientos entre moderados y exaltados. Las sociedades patrióticas puso de relieve asimismo el valor primordial de la prensa como fuente para la historia social y política de la revolución liberal. El inventario de 680 publicaciones periódicas recogidas al final de la obra - no todas ellas propiamente periódicos-, más el amplísimo repertorio de folletos y fuentes impresas de todo tipo consultados por el autor dan idea de la importancia que la publicística política alcanzó en el Trienio y de la fuerte movilización del liberalismo español en la batalla de ideas que se libró en torno a las cuestiones candentes de aquel período: la vigencia de la Constitución de Cádiz - como sostenían los exaltados - o la necesidad de su revisión - defendida por los moderados-, el protagonismo del ejército y de la milicia nacional en el proceso revolucionario, la dimensión simbólica de la figura del general Riego - agigantada luego, tras su ejecución, como leyenda del liberalismo y del republicanismo-, el difícil, y a la postre decisivo, contexto internacional y el papel de los grandes actores sociales - pueblo, clase media, aristocracia, élites de poder... - en el desarrollo de los acontecimientos.

Libro pionero en el estudio de la sociabilidad política y de la historia de las ideas, interpretada a menudo en clave social, Las sociedades patrióticas abrió amplias perspectivas para el estudio del liberalismo español. El propio Gil Novales desarrolló en obras posteriores su línea de investigación sobre los problemas de la revolución liberal española, por ejemplo, en sus diversas ediciones de textos políticos, ya sea de figuras clave del liberalismo, como el general Riego (Gil Novales, 1976) y Juan Romero Alpuente, diputado exaltado en el Trienio (Romero Alpuente, 1989), o de políticos e intelectuales, algunos poco conocidos, representativos del radicalismo liberal de aquellos años (Gil Novales, 1979). Otras obras del mismo autor tienen, por el contrario, un carácter sintético, como su breve historia del Trienio liberal (1980), o polémico y teórico, como los diversos ensayos incluidos en su libro DelAntiguo al Nuevo Régimen en España (Gil Novales, 1985). El tránsito de la Ilustración al liberalismo, también desde el punto de vista de la historia de las ideas políticas y de los movimientos sociales, mereció algunos trabajos muy notables de Antonio Elorza, como los que se recopilan en su libro La modernización política en España. Destaca sobre todo su amplio estudio sobre las fuentes doctrinales del moderantismo español en el Trienio (Elorza, 1990: 141-236), un trabajo precoz, publicado por primera vez en 1974, que ha resistido muy bien el paso del tiempo y que puede leerse en paralelo a la historia del liberalismo exaltado en el mismo período realizada por Gil Novales.

Junto a las aportaciones que la historia política de la España liberal recibió ya en los años setenta, hay que recordar la labor pionera que, en el campo del constitucionalismo español, venía desempeñando Luis Sánchez Agesta (Sánchez Agesta, 1955), inaugurando una línea de estudio de la tradición constitucional española que muchos años después, y en un contexto político más propicio a esta disciplina, prosiguieron autores como Solé Tura y Eliseo Aja (1990, 1.a ed. 1977), J.Tomás Villarroya (1968 y 1981) y, más recientemente, B.Clavero (1984) y J.Varela Suanzes-Carpegna (en particular, 1983a, 1983b, 1995 y 2007). De la renovación que, a caballo entre el tardofranquismo y la transición, experimentó el constitucionalismo español, dio noticia Francisco Tomás y Valiente en un artículo publicado en 1977 en la revista Sistema (núms. 17-18). No exactamente en el campo de la historia política, pero sin rehuir esta disciplina, por ejemplo, en lo tocante a la política exterior española, se inserta la obra de José María Jover Zamora, tal vez el principal renovador del contemporaneísmo español en las últimas décadas, tanto por la calidad de sus obras como por el reconocido magisterio ejercido por él sobre las generaciones posteriores. Historiador siempre ajeno por igual a las modas y a los dogmatismos historiográficos, sensible a la historia de las ideas y de la cultura - con incursiones en la historia de la literatura-, Jover supo buscar explicaciones convincentes a la relación entre las luchas sociales y políticas del siglo XIX y las ideas articuladas como respuesta a la realidad histórica construida por el liberalismo. Utopía, mito y, especialmente, civilización emergen como categorías esenciales en esa nueva mirada sobre la España decimonónica que encontramos en obras como Política, diplomacia y humanismo popular en la España del siglo XIX - compilación de ensayos diversos publicada en 1976-, La civilización española a mediados del siglo XIX y Realidad y mito de la Primera República (Jover Zamora, 1991 a y 1991b). Mito y realidad sirven también para definir la singularidad del legado historiográfico de José María Jover, en el que se entremezclan el análisis de los elementos simbólicos que a menudo presiden la movilización social y política - la lucha por la democracia, la república o el federalismo - y el estudio pormenorizado de la historia a ras de suelo, tal como figura en el censo de población de 1860, con toda su panoplia de clases sociales, profesiones y oficios, una fuente insoslayable para el conocimiento de la España de mediados de siglo, que dio pie a Jover a realizar uno de los ejercicios más rigurosos de historia social del siglo XIX español ("Situación social y poder político en la España de Isabel II", Jover Zamora, 1976: 229-344). Historia social, historia de las mentalidades, historia cultural e historia política constituyen los ingredientes esenciales en los estudios de José María Jover sobre la época. De ahí arranca en gran medida una renovación historiográfica de la España contemporánea que encontró amplio cauce en un contexto nacional propicio, desde los años ochenta, a la normalización de esta disciplina. Como anticipo y factor clave de esa corriente normalizadora puede considerarse el nombramiento en 1975 de José María Jover como director de la Historia de España que lleva el nombre de su fundador, Ramón Menéndez Pidal. Su primera aportación en este nuevo ciclo de la obra sería precisamente el volumen titulado La era isabelina y el sexenio democrático (1834-1874), que constituye en muchos sentidos el punto de arranque de una nueva etapa en el estudio de la España liberal (Jover Zamora [coord.], 1996; 1.a ed. 1981).

5.2.2. Una visión horizontal: los grandes temas de estudio

Esa pluralidad temática, en un amplio abanico que abarca sobre todo la historia política, social y cultural, y esa apertura a nuevos enfoques, dos rasgos característicos de la obra de José María Jover, no han sido ajenas probablemente a los grandes avances que se han producido en los últimos años en el conocimiento de la España liberal, incluyendo el estudio de temas inéditos hasta hace muy poco tiempo, como puede apreciarse en los nuevos volúmenes que, ya bajo la dirección de Jover, consagró la Historia de España de Menéndez Pidal al siglo XIX. Entre ellos destacan los titulados La época del romanticismo (1808-1874), en particular el volumen II, relativo a Las artes, las letras, la vida cotidiana, que aborda temas tan novedosos como las artes decorativas, el urbanismo, la vida doméstica, los espectáculos y diversiones, la alimentación y los grupos marginados (Zavala et al¡¡, 1988); La era isabelina y el sexenio democrático, citado más arriba, en el que predomina la historia política y militar - regímenes políticos, partidos, constituciones, política exterior, movimiento obrero, guerra carlista...-, y Los fundamentos de la España liberal (1834-1900), coordinado por A.Fernández García, con aportaciones sustanciales sobre el mundo urbano, las sociedades campesinas, las comunicaciones, la vida privada, la evolución de las mentalidades y las viejas y nuevas formas de conflictividad social (Fernández García [coord.], 1996). Este último volumen contiene asimismo una completísima panorámica de la economía española a partir de las transformaciones operadas por el liberalismo en los diversos sectores productivos: la agricultura (Ramón Villares), la industria y la energía (J.L.García Delgado y J.C.Jiménez), la banca (P.Tedde de Lorca) y el comercio interior (A.Gómez Mendoza). Pieza básica del nuevo marco económico y social, las desamortizaciones liberales han sido tema de estudio de grandes especialistas, como E Simón Segura (1969 y 1973), E Tomás y Valiente (1971) y, más recientemente, G.Rueda Hernanz (1997 [y coord.] 1993). Este mismo autor hizo una excelente puesta al día de la historia y del impacto de las desamortizaciones en su libro España, 1790-1900 (Rueda Hernanz, 2006: 125-149).

La evolución de la vida política española entre 1808 y 1868 puede verse como un crescendo histórico, lleno de altibajos, que, tras arrollar definitivamente los restos del Antiguo Régimen, culminaría en la experiencia democrática del Sexenio, decantación radical y utópica, sobre todo en su etapa republicana y federal, del proyecto revolucionario alumbrado por el liberalismo español. Algunos autores han mostrado sus reservas hacia esta visión ascendente del proceso inaugurado en la Guerra de la Independencia, pero es indudable que desde un punto de vista narrativo resulta un planteamiento muy fácil de sostener. Podría decirse que la Revolución de 1868, considerada como desenlace de ese proceso, aspiraba a resolver todas las grandes cuestiones pendientes desde 1808, por ejemplo, la relativa a la dinastía. Así lo entendieron probablemente muchos protagonistas de la Gloriosa. Hay que reconocer, sin embargo, que este planteamiento lineal entraña un doble riesgo: de un lado, encauzar en una dinámica común realidades que, manteniendo sin duda una fuerte interrelación, guardaron una cierta autonomía respecto al marco general; de otro, al establecer un único cauce narrativo entre 1808 y 1868 puede crearse la sensación de que en el transcurso de esos sesenta años y a pesar de las encrucijadas históricas que se fueron presentando - 1820, 1836, 1840, 1854... - las cosas no pudieron ser de otra forma ni tener otro desenlace que el que finalmente tuvieron en 1868. Precisamente, la diversidad de las fuerzas políticas que pugnaron por el poder a lo largo de aquel período sirve de recordatorio de los distintos proyectos históricos en presencia y, por tanto, de advertencia sobre la posibilidad de que la España de la época hubiera seguido un recorrido histórico distinto.

El carlismo fue el movimiento que con mayor determinación se opuso primero al triunfo y luego a la consolidación del liberalismo. Su base social y territorial fue tan amplia como heterogénea, aunque la segunda acabó localizándose sobre todo en los antiguos territorios forales: Provincias Vascongadas, Navarra y ciertas regiones y comarcas de la antigua Corona de Aragón, como el Maestrazgo, el Bajo Ebro y algunas zonas del interior de Cataluña. Junto al libro clásico de Antonio Pirala sobre la primera guerra carlista, publicado por primera vez en 1856 y reeditado en numerosas ocasiones (Pirala, 1984), y el monumental trabajo recopilatorio de Jaime del Burgo (Del Burgo, 1978), conviene destacar, como obra de conjunto, El carlismo. Dos siglos de contrarrevolución en España, de Jordi Canal (Canal, 2000), autor consagrado como el mejor especialista en la historia de este fenómeno social, militar y político y artífice de una atinada interpretación de su significado histórico, huyendo a la vez de las visiones reduccionistas heredadas del liberalismo y de la tentación apologética de otros autores de nuestros días (Bullón de Mendoza [dir.], 1993 y [ed.] 1998; Clemente, 1990). El volumen colectivo titulado El carlismo y las guerras carlistas. Hechos, hombres e ideas, aunque dirigido a un público general, presenta aportaciones de gran valor para una puesta al día del fenómeno (Aróstegui et al¡¡, 2003), lo mismo que otras obras no referidas específicamente al carlismo, pero que esclarecen sus orígenes ultraabsolutistas en la Década Ominosa y las motivaciones de su alzamiento armado en 1833. J.Fontana ha tratado recientemente las conspiraciones ultras contra el absolutismo moderado y el levantamiento protagonizado por los malcontents o agraviados en 1827 (Fontana, 2006: 101-140). Este episodio fue motivo en su día de un pormenorizado estudio de J.Torras, quien posteriormente analizó las causas del descontento que la política agraria y fiscal de los liberales del Trienio provocó entre amplios sectores del campesinado (Torras, 1967 y 1976), en los que ya entonces empezó a arraigar el discurso radical del ultraabsolutismo. En este último se mezclarían motivaciones dispares y hasta contradictorias de sectores eclesiásticos, nobiliarios y populares movilizados contra el común enemigo: primero el liberalismo del Trienio, luego, en la Década Ominosa, el absolutismo moderado de algunos ministros del Fernando VII y finalmente el liberalismo cristino de la Regencia. Sobre la evolución del ultraabsolutismo al carlismo y su evidente continuidad histórica, conviene recordar que ya en 1825 una fuente policial hablaba de la existencia de un partido carlista y que el cuerpo de voluntarios realistas, cuyos miembros tuvieron en 1833 un papel fundamental en la sublevación a favor de don Carlos, constituyó durante toda la Década Ominosa un fac tor de agitación permanente contra el absolutismo moderado (sobre los primeros usos de carlismo/carlista, véase la voz "Carlismo", en Fernández Sebastián y Fuentes, 2002: 119; sobre los voluntarios realistas, Gallego, 1990). Asimismo, el liderazgo espiritual que el propio Carlos María Isidro asumió en la Década Ominosa en la lucha contra el presunto moderantismo fernandino queda patente en las cartas que el propio don Carlos remitió a su hermano Fernando en aquella época (Seco Serrano, 1973: 15-60). De los numerosos estudios locales sobre los antecedentes del carlismo y sobre la importancia de los factores sociales - la crisis del régimen señorial, en particular - en la aparición del fenómeno, merece la pena mencionar los trabajos que R. del Río Aldaz y M.Ardit dedicaron a los casos navarro y valenciano, respectivamente (Del Río Aldaz, 1987; Ardit, 1977; para un detallado estado de la cuestión, Pérez Ledesma, 1996).

Frente a esta perspectiva social de la historia del carlismo, otros autores han dado prioridad al estudio de su componente político, centrado sobre todo en el análisis del fuerismo como factor clave en la retroalternativa que el carlismo presentó al nuevo Estado constitucional. La relación fuerismocarlismo reviste un interés capital. Por un lado, ayuda a entender la peculiar geografía del movimiento, cuya mayor implantación se produce en aquellos territorios que disfrutaban o habían disfrutado, gracias a los fueros, de un estatus privilegiado, por ejemplo, en cuestión de impuestos y quintas, en el marco general de la Monarquía. Por otro lado, y, debido a esto último, la popularidad de los fueros explica en gran parte la popularidad de aquel movimiento - el carlismo - que los reivindicaba como una de sus señas de identidad. El fuerismo permite asimismo establecer nexos ideológicos enormemente esclarecedores entre el carlismo y otros movimientos políticos relativamente afines, como el moderantismo, en su versión vascongada, y el futuro nacionalismo vasco, continuador en tantas cosas del viejo carlismo. La conexión fuerismo/carlismo ha generado trabajos de una extraordinaria calidad, como el que María Cruz Mina dedicó a la crisis del Antiguo Régimen en Navarra (Mina Apat, 1981), el de Fernández Sebastián sobre los orígenes del fuerismo en el País Vasco y su evolución hasta mediados del siglo XIX (Fernández Sebastián, 1991) y los dos libros de Coro Rubio sobre la resistencia al liberalismo en las Provincias Vascongadas entre 1808 y 1868 y sobre la relación entre el moderantismo liberal vasco y el discurso fuerista, convertido en fuente de legitimación de posiciones de poder progresivamente arraigadas en las instituciones locales vascas - ayuntamientos y diputaciones provinciales - a lo largo del siglo XIX (Rubio Pobes, 1996 y 2003).

El rigor y la originalidad de estas aproximaciones al carlismo y al fuerismo contrastan con el carácter militante de ciertas visiones historiográficas del absolutismo como factor de renovación del pensamiento tradicional espa ñol. Esta concepción apologética del realismo antiliberal, tributaria del menendezpelayismo y hoy en día ampliamente superada, tuvo su máxima expresión entre los años cincuenta y ochenta en la obra y en la escuela de Federico Suárez Verdaguer, que desarrolló con una tenacidad digna de mejor causa, una rebuscada teoría sobre la vocación renovadora del absolutismo más recalcitrante, movilizado no sólo contra el liberalismo, tanto en la primera como en la segunda etapa constitucional, sino incluso contra el absolutismo moderado en la Década Ominosa para desembocar finalmente en el carlismo. En una fecha tan avanzada como 1982, Federico Suárez seguía reivindicando el carácter reformista del manifiesto antiliberal firmado en 1814 por 69 diputados absolutistas - el Manifiesto de los persas, como lo llamaron los liberales- y ponía todo tipo de reparos a la actuación de las Cortes de Cádiz, empezando por cuestionar su propia legitimidad (Suárez, 1982: 204). Esta anacrónica apelación a la originalidad intelectual y al espíritu renovador del absolutismo español - una operación historiográfica que la propia evolución del país desde los años setenta había deslegitimado abiertamente - fue puesta ya en evidencia por el estudio de J.Herrero sobre los orígenes del pensamiento contrarrevolucionario en España, presentado como un mero sucedáneo de los mitos reaccionarios surgidos en la Europa de finales del siglo XVIII como respuesta a la filosofía ilustrada y a la Revolución francesa (Herrero, 1973). No hay que descartar que la influencia del menendezpelayismo tardío en la historiografía conservadora española haya retrasado más de la cuenta el estudio de corrientes intelectuales, movimientos políticos y pensadores de verdadero fuste, como Balmes -al que J.M.Fradera ha dedicado un libro muy clarificador (Fradera, 1996)-, Donoso Cortés y Cándido Nocedal, contrarios al liberalismo y merecedores de ser tomados muy en consideración. La obra que Carlos Seco consagró al estudio del conservadurismo español ha servido para paliar esas carencias. En todo caso, su libro desborda con mucho el ámbito cronológico en que nos movemos e incluso el propio concepto de conservadurismo que figura en el título, al abarcar un amplísimo espectro ideológico que va desde el moderantismo más reaccionario y proclive al entendimiento con el carlismo - caso de Donoso Cortés-, hasta la opción centrista representada por la Unión Liberal, pasando por el autoritarismo militarista encarnado por Narváez (Seco Serrano, 2000). Esa tendencia, probablemente inevitable, a estudiar el conservadurismo en orden disperso, se aprecia también en la parte referida al período 1808-1868 de la excelente síntesis de P.C.González Cuevas sobre las derechas españolas en la Historia contemporánea (González Cuevas, 2000).

Las principales ramas en que se fue dividiendo el liberalismo español - los partidos progresista, moderado, demócrata y Unión Liberal - han merecido en muy diversa medida la atención de los historiadores. Miguel Artola y F.Cánovas Sánchez han estudiado la evolución de los grandes partidos en paralelo desde 1808 en adelante y entre 1834 y 1874, respectivamente (Artola, 1991; Cánovas Sánchez, 1996). El mejor estudio de conjunto del partido moderado es obra del propio Cánovas Sánchez (1982). El libro de J. L. Comellas Los moderados en el poder no es propiamente una historia del moderantismo, sino de la Década moderada, sobre la que sigue siendo, pese a los años transcurridos desde su publicación, la principal obra de referencia (Comellas, 1970). Sobre el partido progresista existe una amplia y reciente monografía de Jorge Vilches, aunque centrada sobre todo en la etapa del Sexenio democrático (Vilches, 2003), y un estudio sobre los años 1834-1843 al hilo de la trayectoria política de Joaquín María López (Moliner, 1988). Especialmente original y fecundo es el nuevo enfoque que M.C.Romeo e Isabel Burdiel vienen dando al estudio del progresismo, en ocasiones comparado con el moderantismo, en busca de un hecho diferencial entre ambos partidos cuya existencia resulta menos evidente de lo que, por inercia, se tiende a pensar (Romeo Mateo, 1998 y 2000; Burdiel, 1987; Burdiel y Romeo, 1998). En cuanto a la Unión Liberal, además de lo mucho que para este tema ofrecen los trabajos, ya citados, de Cánovas Sánchez (1996), Seco Serrano (2000) y Artola (1991), disponemos de los libros de Durán de la Rúa (1979) y Martínez Gallego (2001) y de una sugerente "tentativa de interpretación" de Cuenca Toribio (2003: 79-105).

El partido demócrata cuenta con el viejo estudio de Eiras Roel (1961) y con las abundantes referencias que figuran en los trabajos de 1. M.Zavala (1972), J.Maluquer de Motes (1977) y J.J.Trías y A.Elorza sobre el socialismo utópico y el primer republicanismo español (1975), pues democratismo, republicanismo, socialismo utópico y federalismo constituyen en estas décadas centrales del siglo ingredientes ideológicos casi omnipresentes, aunque en dosis muy variables, en los discursos políticos y movimientos sociales situados a la izquierda del liberalismo progresista. Se encontrarán valiosas aportaciones al estudio de la cultura política del liberalismo español, en general, y del progresismo, en particular, en dos obras coordinadas recientemente por M.Suárez Cortina (Suárez Cortina [ed.], 2003 y 2006). Una de ellas incluye una novedosa aproximación de A.M.García Rovira a los orígenes del republicanismo en Cataluña y sendos capítulos de Luis Garrido y José Luis Ollero, dos excelentes conocedores del mundo progresista (Suárez Cortina [ed.], 2006). La propia A.M.García es autora de un libro fundamental sobre las movilizaciones populares y la violencia anticlerical en Madrid y Barcelona a mediados de los años treinta (García Rovira, 1989). Entre los diversos trabajos consagrados por D.Castro Alfín al primer republicanismo español, destacaremos la visión general del tema que ofrece en un volumen colectivo coordinado por N.Townson (Castro Alfín, 1994). Hay que remi tir igualmente a lo que para el período anterior a 1868 contiene la obra Republicanos y repúblicas en España (Piqueras y Chust [comps.], 1996) y a los artículos de D.Castro Alfín, J.F.Fuentes y M.Suárez Cortina incluidos en el núm. 23 (junio de 1996), "En torno al primer republicanismo español", de la revista Bulletin de l'Histoire Contemporaine de l'Espagne.

Nuestro conocimiento de ese segmento ideológico situado entre el progresismo y el democratismo debe mucho también a los estudios referidos a la cultura política y a las formas de movilización de los cuadros y bases que nutren tales sectores. Las juntas son, sin duda, su expresión más característica, y sobre ellas disponemos de estudios muy pormenorizados en cuanto a su naturaleza, actuación y composición. Como obra de conjunto, merece destacarse el libro de Antonio Moliner, basado en un excelente material de primera mano que cubre todo el período comprendido entre 1808 y 1868 (Moliner, 1997). M.C.Lécuyer tiene un breve, pero detallado, estudio de las juntas formadas durante la Revolución de 1854 (Lécuyer, 1982), un episodio que, para el caso de Madrid, cuenta con una sólida investigación de J. R Urquijo (Urquijo, 1984). De las juntas de 1868 tratan dos obras de enorme valor, que sirven como colofón del fenómeno juntero en su conjunto: tanto el libro de Gregorio de la Fuente Monge sobre las juntas de 1868 (2000) como el de J.A.Piqueras sobre la lucha de intereses y la conflictividad social en el Sexenio (1992) contienen abundante información sobre la naturaleza de las juntas, ya en una fase muy avanzada de su ciclo histórico. Sobre el fenómeno juntero hay datos y reflexiones de gran interés en un artículo de A.Gil Novales sobre las juntas creadas en Andalucía en el verano de 1835 (Gil Novales, 1985: 225-248). En definitiva, liberales doceañistas, progresistas, demócratas, republicanos y federalistas, en una gradación ideológica que corresponde en parte a secuencias históricas distintas, se nutrieron de una "cultura de la revuelta", como la ha llamado A.Elorza, característica de la España del siglo XIX y expresada a través de las juntas, de las bullangas populares, de la violencia anticlerical y hasta de la milicia nacional. Esta "cultura de la revuelta" sirve de hilo conductor de la historia del liberalismo decimonónico desde 1808 hasta desembocar en la rebelión cantonal en 1873, que sería su formulación más radical y rupturista. Así lo anticipa en fecha muy temprana el poeta liberal Manuel José Quintana en carta a Lord Holland: las juntas son "el método que tenemos en España de hacer las revoluciones" (Moreno Alonso, 1989: 118). Más allá de las juntas, que serían su decantación natural, las formas de movilización y participación popular y las prácticas insurreccionales del liberalismo cuentan con obras fundamentales de autores como A.M.García Rovira, ya citada, sobre la violencia popular en los años treinta (1989), A.Elorza sobre la "cultura de la revuelta' a lo largo del siglo XIX (1990: 237-256), Gil Novales sobre el largo ciclo de motines, asonadas y revoluciones comprendido entre el Motín de Esquilache y la 1 República (Gil Novales, 1987), M.Suárez Cortina y E.La Parra sobre el anticlericalismo como catalizador explosivo de las frustraciones populares en la España urbana (La Parra y Suárez Cortina [eds.], 1998) y J.S.Pérez Garzón sobre la milicia nacional madrileña (Pérez Garzón, 1978), una institución que se debatirá permanentemente entre su apoyo al orden constitucional que la creó y su lealtad a una especie de revolución pendiente.

A caballo entre la historia política y la historia de las ideas habría que situar la abundante bibliografía disponible sobre los afrancesados, a los que, en plena Guerra de la Independencia, un periódico liberal publicado en Cádiz definió como una "clase de animales anfibios" compuesta de "literatos, godoístas y ricos propietarios de los pueblos". Durante mucho tiempo, su mala fama, derivada de su colaboración con el invasor, traspasó todas las fronteras ideológicas, sin que en esto sea fácil distinguir entre la opinión de los liberales y la de los absolutistas: "Siempre esta gente", escribió en 1833 un ex ministro de Fernando VII, "ha estado del lado más perjudicial y menos noble hacia España" (Fontana, 1979: 97 y 105). En parecidos términos se expresó en 1834 el liberal Bartolomé José Gallardo: "Nunca se ocupan en ningún servicio práctico y efectivo a la Patria (que no conocen), no piensan sino en calcular fríamente sus medros personales" (Fuentes, 1988: 198). El viejo libro de M.Artola sobre los afrancesados contribuyó decisivamente a su progresiva rehabilitación histórica, tal como auguraba Gregorio Marañón ya en el prólogo a la primera edición de la obra (1953). Entre los continuadores de esta visión desapasionada del afrancesamiento figura J.Mercader Riba como el mejor conocedor del Estado bonapartista en España (Mercader Riba, 1971 y 1983). Algunos hispanistas franceses se acercaron también al fenómeno a partir de biografías individuales o bien, como en el caso de Dufour - autor además de una biografía de J.A.Llorente-, desde una visión más general del fenómeno del afrancesamiento y el colaboracionismo (Dufour [ed.], 1984). Bien es cierto que algunos estudios realizados sin los prejuicios del pasado no hicieron sino confirmar el tópico de su oportunismo como principal pauta de conducta. El propio Dufour abrió una nueva línea de estudio, llena de provechosas posibilidades, enfocando una parte esencial de su investigación hacia aquel sector del clero, sobre todo del alto clero, que durante la Guerra de la Independencia sirvió a José Bonaparte y que en 1814 tuvo que partir a un exilio que muchos de estos clérigos quisieron hacer irreversible, por el rechazo que les producía la sola idea de volver a España. Dentro del fenómeno general del afrancesamiento, el subtema del clero josefino resulta especialmente representativo por varias razones. En primer lugar, permite caracterizar a los afrancesados como profesionales del poder y del saber que, con frecuencia, pasaron de servir a Godoy a colaborar con el Estado bonapartista desde las más altas funciones. En segundo lugar, porque este alto clero ilustrado muestra la continuidad histórica que existe entre la Ilustración dieciochesca y el sueño de un cambio sin ruptura que identificaron con el proyecto reformista de José Bonaparte.

Aunque escritores, políticos y periodistas de la época - por ejemplo, del Trienio liberal - llegaron a hablar de la existencia de un partido afrancesado, y aunque hubo sin duda una prensa de tal filiación, como el importantísimo El Censor (1820-1822), la sensación predominante en la historiografía más solvente es que los afrancesados constituyeron, más que un partido político, un poderoso lobby formado por creadores de opinión, escritores, altos funcionarios y tecnócratas, con una ideología más bien difusa a medio camino entre el despotismo ilustrado y un liberalismo muy conservador, y cuya capacitación intelectual y profesional les convirtió en elementos insustituibles como servidores del Estado en situaciones políticas muy diversas. En plena Década Ominosa, el ministro de Hacienda, Luis López Ballesteros, tendrá que defenderse de las acusaciones de los ultras por emplear funcionarios afrancesados, que, según él mismo habría de reconocer, resultaban imprescindibles si se quería que la maquinaria del Estado siguiera funcionando. Esa condición históricamente anfibia, que, como vimos, les había reprochado ya un periódico en 1813, y esa voluntad de supervivencia política explican su colaboración con regímenes totalmente distintos y, al mismo tiempo, su enorme impopularidad entre todos los sectores sociales y políticos. Tal es el enfoque, como miembros de una élite de poder muy profesionalizada, que han recibido los afrancesados en el libro de J.López Tabar Los famosos traidores, en el que, sobre la sólida base de un censo de 4.200 individuos, se traza un amplio recorrido histórico del afrancesamiento hasta 1833 (López Tabar, 2001). Las ya citadas monografías que J.Mercader Riba dedicó al Estado bonapartista español ayudan a entender también la vertiente funcionarial del afrancesamiento (Mercader Riba, 1971 y 1983). Desde esta perspectiva, podría añadirse el libro de J.P.Luis sobre lo que él llama la "utopía reaccionaria' de la Década Ominosa, esto es, el intento del absolutismo tardío de perpetuarse en el poder mediante una mezcla de autoritarismo político y modernización administrativa, un proyecto en el que los antiguos josefinos, al menos aquellos que sobrevivieron a las sucesivas depuraciones, tenían mucho que decir (Luis, 2002). Echando la mirada no hacia las etapas posteriores a la Guerra de la Independencia, sino hacia el período inmediatamente anterior, López Tabar ha puesto de relieve en otro trabajo la existencia de un significativo grupo de futuros josefinos entre los altos funcionarios del gobierno de Carlos IV (López Tabar, 2003). En suma, y tal como recordó el propio López Tabar, las últimas investigaciones han venido a corroborar una vieja intuición de Gérard Dufour - sin duda, uno de los grandes conocedores del fenómeno - al afirmar que el afrancesamiento fue sobre todo un fenómeno administrativo (López Tabar, 2003: 153). Por último, conviene advertir que una reciente investigación de Claude Morange sobre el exilio en Francia entre 1814 y 1820 plantea la posibilidad de que algunos afrancesados exiliados colaboraran con los círculos liberales en tareas conspirativas contra Fernando VII (Morange, 2006: 351), lo que obligaría tal vez a revisar el mito sobre la falta de combatividad política de los afrancesados, siempre en busca del perdón y al acecho de una oportunidad para colaborar con el poder.

La historia de los exilios - o de las emigraciones políticas, en expresión de la época - constituye una parte esencial de la historia política y cultural de la España del siglo XIX, sobre todo bajo el reinado de Fernando VII. El tema ha dado lugar a una amplia bibliografía, con títulos que el tiempo ha consagrado ya como clásicos. Liberales y románticos, de Vicente Lloréns, es el libro fundamental para el conocimiento del exilio liberal español en Inglaterra durante la Década Ominosa (Lloréns, 1979; 1.a ed. 1968) y Liberales en el exilio, de R.Sánchez Mantero, el estudio más completo sobre el exilio en Francia en el mismo período (Sánchez Mantero, 1975). Estas y otras aportaciones posteriores han permitido conocer a fondo los pormenores de los dos grandes exilios liberales del primer tercio del siglo XIX (1814-1820 y 1823-1833) en sus distintas vertientes, desde su importancia política en la lucha contra el absolutismo fernandino, hasta su enorme trascendencia cultural, tan bien estudiada por Lloréns para la emigración en Inglaterra, o su dimensión como experiencia humana cargada de significado histórico, según nos muestra en su libro R.Sánchez Mantero gracias a un exhaustivo trabajo con la documentación policial francesa de la época (Archives Nationales de París). De esta última hay que decir que se trata de una fuente verdaderamente inagotable en cuanto al volumen y riqueza de la información que contiene sobre los exilios españoles -y no sólo liberales - en la primera mitad del siglo XIX. En la estela de estas dos obras se sitúan el libro de 1. Castells sobre las conspiraciones liberales contra Fernando VII urdidas en Inglaterra y, a partir de 1830, en Francia (Castells, 1989), y los diversos trabajos de M.Moreno Alonso sobre personajes españoles en Inglaterra, desde Blanco White - un exiliado su¡ generis - hasta todos aquellos que el autor engloba en la categoría común de "amigos españoles de Lord Holland", estudiados en una obra que, más que una monografía sobre el exilio español en Inglaterra, es una novedosa aproximación a las relaciones entre el liberalismo español y británico a principios del siglo XIX (Moreno Alonso, 1997, 1998 y 2002).

La abundante documentación sobre los exiliados liberales y afrancesados - lo mismo que sobre los realistas y carlistas refugiados en Francia entre los años veinte y cuarenta-, junto a la importancia del tema en sí, explica la pro liferación de estudios sectoriales sobre la materia. El artículo de J.F.Fuentes, A.Rojas y D.Rubio pretende despejar algunas incógnitas sobre la procedencia socioprofesional de los exiliados españoles durante la Década Ominosa, entre los que predomina el elemento militar, pero con una presencia de las clases populares que, aunque minoritaria, merece ser tenida en cuenta (Fuentes, Rojas Friend y Rubio, 1998). M.T.Berruezo León ha tratado extensamente los exilios españoles en América, destino mucho menos conocido que Francia o Inglaterra de nuestros emigrados políticos (Berruezo León, 1992). Diversas obras sobre el fenómeno general del exilio, algunas muy recientes, dedican amplio espacio a los primeros éxodos políticos de la España contemporánea. Conviene destacar el número de la revista Ayer consagrado a "Los exilios en la España contemporánea' y coordinado por Encarnación Lemus (2002, núm. 47), el libro de J.B.Vilar - buen conocedor de las emigraciones españolas al norte de África - sobre los siglos XIX y XX (2006) y el volumen a cargo de J.Canal sobre los exilios españoles en general (2007). Aunque referido a un fenómeno distinto, hay razones para incluir en este bloque la obra, ejemplo de minuciosidad, que J.R.Aymes dedicó a los prisioneros españoles en Francia durante e inmediatamente después de la Guerra de la Independencia y en la que se trata asimismo la llegada de la primera oleada de refugiados españoles, tanto josefinos como liberales, tras el fin de la Guerra de la Independencia y la restauración de la Monarquía absoluta en España (Aymes, 1983a).

El estudio de las grandes experiencias colectivas, como los exilios, las guerras civiles o las revoluciones, y el de los sujetos históricos tradicionales - clases sociales, partidos políticos, grupos de poder... - debe dejar espacio a la aproximación individualizada a los procesos históricos a través de la biografía, un género muy desatendido durante mucho tiempo por la historiografía española, por razones que ya quedaron apuntadas. "Las buenas biografías de políticos del siglo XIX sobre sólida base documental', afirmaba J.M.Jover en 1974, "se cuentan en nuestra posguerra con los dedos de las manos" (Jover Zamora, 1974: 23). Afortunadamente, ya no se puede decir lo mismo. Es posible que la tendencia a la normalización historiográfica que se indicaba más arriba influyera en la rehabilitación del género entre los historiadores españoles en las dos últimas décadas. Junto al corpus de biografías de políticos e intelectuales que debemos al hispanismo francés - las de Quintana, Meléndez Valdés, Martínez de la Rosa, Espronceda o Llorente, escritas por Dérozier, Demerson, Sarrailh, Marrast y Dufour-, hay que reseñar la calidad de algunas recientes contribuciones al género, como la biografía de Isabel II escrita por Isabel Burdiel, obra fundamental para el conocimiento de su reinado (Burdiel, 2004); la del conde de Toreno que debemos a J.Varela Suanzes-Carpegna, coordinador además de un volumen colectivo sobre Flórez Estrada y editor de los discursos par lamentarios de Toreno (Varela Suanzes-Carpegna, 2004 y 2004; Toreno, 2003), el estupendo libro de Juan Pro sobre Bravo Murillo (Pro Ruiz, 2006), la biografía de Godoy escrita por E.La Parra - tal vez la mejor biografía publicada en España en los últimos años - (La Parra, 2002), la de A.Pérez Vidal sobre Bartolomé J.Gallardo, bibliotecario de las Cortes de Cádiz, siempre debatiéndose entre la erudición y la revolución (Pérez Vidal, 1999), y el volumen coordinado por 1. Burdiel y M.Pérez Ledesma Liberales, agitadores y conspiradores, con una docena de ensayos biográficos sobre otros tantos personajes de la España liberal y progresista (Burdiel y Pérez Ledesma [coord.], 2000). El libro La generación española de 1808, de M.Moreno Alonso, puede leerse como una biografía colectiva de un grupo de políticos e intelectuales, la mayoría liberales, unidos por el vínculo generacional, pese a que el autor empieza por reconocer que su libro trata más bien de "las generaciones" de 1808 (Moreno Alonso, 1989: 12-13).

La nueva historia social del siglo XIX hacia la que ha evolucionado la historiografía española en los últimos años presta particular atención a las formas de vida colectiva, a las relaciones sociales y a la función socialmente vertebradora del espacio, más que al estudio de las clases sociales propiamente dichas, por lo menos con la rigidez metodológica con que fueron estudiadas en el pasado. En cuanto a estas últimas, cabría hablar de un doble proceso de fragmentación de las grandes categorías tradicionalmente al uso - oligarquía, aristocracia, burguesía... - y, al mismo tiempo, de recomposición de los nuevos sujetos de la vida social y económica en nuevas macrocategorías con un fuerte componente cultural: el pueblo, las élites, las mujeres, las redes que articulan la vida social... Juan Pro realizó en 1995 una excelente puesta al día del debate en torno a estas cuestiones, en la que subrayaba la utilidad del concepto de red como alternativa a planteamientos de historia social ya periclitados, así como el protagonismo del espacio como factor clave en la articulación de las identidades colectivas (Pro Ruiz, 1995). Algo anterior es el volumen coordinado por Pedro Carasa sobre las élites en la España contemporánea y sobre las prosopografías como método para su estudio (Carasa Soto [ed.], 1994). Como se verá más adelante, la prosopografía parece, efectivamente, una disciplina en auge en los últimos años, que responde a las pautas más representativas de la reciente historia social y política. Al estudio de las élites sociales y políticas de la España liberal, tanto de su composición como de su comportamiento como grupos de poder, se dedican diversos trabajos de Gómez Urdáñez (2000), J.Cruz (2000), J. E Fuentes (2002) y De la Fuente (2000), que abarcan distintas etapas entre el Trienio liberal y el Sexenio democrático.

Existe una abundante producción sobre la sociabilidad y sus instituciones - cafés, círculos recreativos, ateneos, casinos... - como factor clave en la transformación del paisaje social y cultural llevada a cabo por el liberalismo, sobre todo en el mundo urbano. Lo mismo que el espacio, el tiempo, convertido en elemento de conmemoración, puede actuar como un poderoso aglutinante de experiencias sociales, de memoria colectiva y de identidades nacionales siempre que exista detrás de ello una voluntad política, como ocurrió, por ejemplo, desde una fecha muy temprana, con el 2 de mayo. El tema de las fechas convertidas en fiestas, las celebraciones y la sociabilidad creada en torno al recuerdo del pasado fue motivo de reflexión y análisis en un número del Bulletin d'Histoire Contemporaine de l'Espagne, con artículos, entre otros autores, de J.L.Guereña, J.Canal, M.Ralle y M.C.Lécuyer (núms. 30-31, 1999-2000; sobre el 2 de mayo como "lugar de memoria", Demange, 2004). Hay que destacar la brillante contribución de F.Villacorta al conocimiento de la sociabilidad en la España del siglo XIX, en particular, en su modélico trabajo "La vida social y sus espacios", incluido en el tomo XXXIII de la Historia de España de Menéndez Pidal (Villacorta Baños, 1997). El propio Villacorta es autor de una síntesis, también muy recomendable, de la vida cultural española entre 1808 y 1936, en la que se establecen conexiones con la realidad social y política que hacen mucho más comprensible la actuación de las élites culturales (Villacorta Baños, 1980).

Para el caso catalán, contamos con un volumen colectivo, dirigido por J.Casassas, sobre cultura y política - escritores, periódicos, instituciones, escuelas de pensamiento... - en la Cataluña contemporánea (Casassas [coord.], 1999). Son numerosas, asimismo, las monografías consagradas a las instituciones culturales y académicas situadas en la órbita del liberalismo, como el Ateneo de Madrid (Ruiz Salvador, 1970). Para la historia de la Universidad española entre la Ilustración y el liberalismo - de mediados del siglo XVIII a mediados del XIX - se mantiene vigente la obra clásica de Mariano y José Luis Peset (Peset, 1974). Los orígenes del krausismo y su evolución intelectual y política en los años finales del régimen isabelino han merecido una revisión muy novedosa de Gonzalo Capellán en trabajos muy recientes (Capellán de Miguel, 2003 y 2006). Otras cuestiones de la vida cultural, referidas principalmente a la lectura, la educación y la alfabetización y articuladas en torno a ese "macroconcepto" sociocultural que es el público, se tratarán con más detalle en el siguiente epígrafe. A él remitimos también para una tema de tanta importancia como es el público lector femenino en la España del siglo XIX. En cuanto a la escritura femenina, existe una sugerente aproximación de Susan Kirkpatrick para los años 1835-1850 (Kirkpatrick, 1991). No hace falta decir que la presencia de la mujer en la historia - también en la historia de la España liberal - es uno de los temas con mayor potencial de crecimiento en los próximos años. En el Apéndice documental de este mismo libro se podrá comprobar la existencia de un libera lismo femenino - si se puede llamar así - en plena Década Ominosa, minuciosamente cuantificado por la policía fernandina.

La historia religiosa y eclesiástica de la España contemporánea es un viejo tema historiográfico permanentemente enriquecido con nuevas aportaciones. J.M.Cuenca Toribio, consumado especialista en la materia, se ha ocupado de él en numerosas ocasiones, por ejemplo, en sus libros Sociedad y clero en la Epaña del siglo XIX y La Iglesia española ante la Revolución liberal y en varios de sus Estudios sobre el catolicismo, sobre todo los referidos a mediados del siglo XIX (Cuenca Toribio, 1971, 1980 y 2005). Muy distinta es la aproximación al tema que debemos a W.J.Callaghan (1989) y Emilio La Parra. Este último autor ha estudiado convincentemente la relación entre Iglesia y liberalismo, por un lado, y clericalismo y anticlericalismo, por otro, en obras propias o coordinadas por él (La Parra, 1985; La Parra y Suárez Cortina [coords.], 1998). Soledad Miranda estudió la imagen del clero en la novela española del siglo XIX - sobre todo de la segunda mitad - (Miranda, 1982) y Gérard Dufour abrió una nueva vía para el estudio de las relaciones entre Iglesia, Ilustración y liberalismo al incidir en la existencia en España de un clero ilustrado y liberal más influyente y numeroso - dentro de su carácter minoritario - de lo que se venía creyendo, una circunstancia especialmente importante, como se vio más arriba, cuando se trata del clero afrancesado (Dufour [ed.], 1986). El volumen, coordinado por Paul Aubert, titulado Religión y sociedad en España (siglos XIX y ,'a), ofrece algunas calas interesantes en la historia eclesiástica del XIX español y cuestiones conexas, como el anticlericalismo, tratado por Manuel Revuelta, o la relación entre catolicismo e identidad nacional en la segunda mitad del siglo XIX, tema estudiado por B.Pellistrandi (Aubert [coord.], 2002).

La historia del ejército español entre 1808 y 1868 tiene un aspecto ineludible en la historia de los pronunciamientos, tema de un viejo libro de José Luis Comellas referido a la primera restauración absolutista y de otros tres, mucho más generales, de J.Cépeda Gómez (1990 y 1999) y Alonso Baquer (1983). Como obras clásicas para la relación entre ejército y política en la España del siglo XIX se pueden considerar las de E.Christiansen sobre el período 1800-1854 - magnífico estudio de los orígenes del militarismo en España, pero que hay que utilizar con precaución, porque las citas originariamente españolas están retraducidas del inglés - y C.Seco Serrano y S.Payne sobre el llamado problema militar en su conjunto (Christiansen, 1974; Seco Serrano, 1984; Payne, 1986). Resulta muy recomendable igualmente el libro que Fernández Bestarreche dedicó a la historia del ejército español en el siglo XIX (1978), y para el estudio de los ayacuchos como grupo de presión es obligado remitir a un trabajo de M.Moreno Alonso (2006: 359-397).

Nación y constitución son conceptos clave, y en gran medida complementarios - casi gemelos-, para la comprensión de la España liberal, tanto de sus orígenes doctrinales como de su desarrollo político. La historia del constitucionalismo español ha progresado enormemente en las dos últimas décadas, continuando la labor pionera de autores como L.Sánchez Agesta, Miguel Artola, F.Tomás y Valiente y J.Tomás Villarroya. Este último tiene una larga y fecunda trayectoria personal en el estudio del constitucionalismo decimonónico, al que, entre otros muchos trabajos, ha contribuido con una amplia síntesis para el período 1845-1868 en uno de los volúmenes de la Historia de España de Menéndez Pidal (Tomás Villarroya, 1996). Merece destacarse, asimismo, la originalidad interpretativa de Bartolomé Clavero en sus principales aportaciones a la historia, y sobre todo a las raíces conceptuales, de nuestra cultura constitucional (Clavero, 1984 y 1989). En una línea similar, se sitúa la visión de José María Portillo sobre la génesis del constitucionalismo hispano, que rastrea en la tradición política, de raigambre católica, de la Monarquía española. Esta continuidad histórica de una tradición puesta al día permitiría explicar el tránsito, en palabras del autor, de la Monarquía católica (absolutista) a la nación católica (liberal) (Portillo Valdés, 2000: 21; véase también Portillo Valdés e Iñurritegui [eds.], 1998). Se entiende mejor así el fuerte sabor historicista del liberalismo español, obsesionado por encontrar en el pasado nacional argumentos de autoridad que legitimaran en nombre de la tradición, en plena guerra contra los franceses, la ruptura histórica operada por las Cortes de Cádiz.

Joaquín Varela se ha consagrado como uno de los grandes investigadores de la historia del constitucionalismo español, en ocasiones desde una perspectiva comparada con otras tradiciones constitucionales, como la británica. Además de estudiar con gran finura analítica algunas constituciones del XIX - por ejemplo, las de 1812 y 1837-, ha abordado con éxito otros temas estrechamente relacionados con el constitucionalismo español: las figuras emblemáticas del conde de Toreno y de Flórez Estrada, los exilios y su influencia en la evolución doctrinal de nuestros liberales o el discurso liberal sobre el pueblo en la primera mitad del siglo XIX. Junto a otras obras del autor ya reseñadas, destaca el volumen recopilatorio titulado Política y constitución en España (1808-1975), que recoge algunos de sus mejores trabajos (Varela Suanzes-Carpegna, 2007). La labor científica y divulgativa de Joaquín Varela se ha desarrollado asimismo a través de la revista, impulsada y dirigida por él, Historia Constitucional (disponible en la página web: <http:llhc.rediris.es>), cuyo secretario, Ignacio Fernández Sarasola, es autor de un corpus ya muy notable de trabajos sobre constituciones y partidos políticos en el primer liberalismo español. Entre ellos destaca, por su carácter novedoso, la obra titulada Proyectos constitucionales en España (1786-1824) (Fernández Sarasola, 2004). Uno de estos proyectos ha dado pie también al libro de Claude Morange Una conspiración fallida y una Constitución nonnata, dedicado al estudio de un texto constitucional inédito, de notable extensión (206 artículos), fechado en 1819 y elaborado por algunos exiliados españoles en Francia. Tanto este proyecto como otros textos políticos relacionados con él abren nuevas perspectivas para el estudio del primer liberalismo español, menos aferrado al modelo constitucional gaditano, a tenor de esta obra, de lo que se solía pensar. No es ésta la única novedad que se desprende del concienzudo trabajo de Morange sobre esta serie documental, tras la cual se vislumbra una misteriosa red de españoles en el exilio en comunicación con algunos círculos conspirativos del interior en vísperas del pronunciamiento de Riego (Morange, 2006).

La idea de España y la construcción de la nación y del Estado se han convertido en los últimos años en temas estelares de nuestra historia contemporánea. El éxito del libro Mater dolorosa, de J.Álvarez junco, es tal vez la mayor prueba de ello (Álvarez junco, 2001). La relevancia de esta obra trasciende su condición de fenómeno editorial, con ser importante la capacidad del autor de convertir el siglo XIX español en un acontecimiento mediático. Mater dolorosa trazó un camino historiográfico que ha sido transitado por otros historiadores, y no sólo por aquellos que vieron en su planteamiento un modelo para seguir, sino por quienes han polemizado con su autor. Puede decirse, pues, que tanto por sus adeptos como por sus detractores, el libro de Álvarez junco ha conseguido marcar en gran medida la agenda del contemporaneísmo español de principios del siglo XXI. Son numerosos los títulos que, desde uno u otro ángulo, abordan la cuestión nacional en la España del siglo XIX, no pocos de ellos incluso anteriores a la obra en cuestión. La relación tiene que ser forzosamente sucinta, puesto que en muchos casos se trata de obras que desbordan el período que nos interesa. Esta perspectiva general es la que adopta Juan Pablo Fusi en un libro imprescindible, que dedica además un amplio espacio a la España liberal: España. La evolución de la identidad nacional (Fusi, 2000). Guillermo Gortázar coordinó ya en 1994 un volumen colectivo titulado Nación y Estado en la España liberal, con textos de A.Morales Moya, M.Artola, J.M.Jover y el propio Fusi, más otros autores que se ocupan de la etapa posterior a 1868 (Gortázar [ed.], 1994). Aunque desde una perspectiva de alta especialización, el reciente libro consagrado por B.Pellistrandi al papel "nacionalizador" de la Academia de la Historia entre 1847 y 1897 es un ejemplo de rigor y minuciosidad, cuya utilidad trasciende con mucho el tema específico de su investigación (Pellistrandi, 2004; véase también Moreno Alonso, 2006). No muy alejado de este planteamiento - el papel de las instituciones en la creación de una memoria nacional - se encuentra la exhaustiva obra de Carlos Reyero sobre la escultura conmemorativa en España entre 1820 y 1914 - "la edad de oro" del monumento público, en palabras del autor-, completada con una detallada relación de monu mentos erigidos en España a lo largo de aquellos años (Reyero, 1999). El número de la revista Historia Social titulado "La construcción imaginaria de las comunidades nacionales" recoge una docena de artículos tanto sobre los "mitos fundadores" del nacionalismo español como sobre los discursos simbólicos de otros nacionalismos y regionalismos surgidos como respuesta a la idea unitaria de España (Historia Social, núm. 40, 2001). La revista Afers. Fulls de recerca i pensament dedicó en 2004 un número al tema "Construir Espanya al segle XIX" (vol. 19, núm. 48).

El caso catalán y las relaciones entre Cataluña y España en el siglo XIX se abordan en un pequeño volumen colectivo referido exactamente a este tema y este período (Fontana et alii, 1987); en el libro Escolta, Espanya, de B. de Riquer, que incluye una de las versiones de su artículo sobre la débil nacionalización española (De Riquer, 2001), y en el de J.M.Fradera Cultura nacional en una sociedad dividida, obra densa, compleja y penetrante como todas las de este autor (Fradera, 2003). Para el caso vasco ya se ha mencionado al tratar el fuerismo el excepcional libro de Coro Rubio La identidad vasca en el siglo XIX (Rubio Pobes, 2003). Por último, como parte integrante de la Monarquía hasta 1898, las colonias ultramarinas - Cuba, sobre todo - tuvieron su propia aportación económica, simbólica y social al desarrollo de la España decimonónica, aunque fuera desde la excepcionalidad política a la que estuvieron condenadas en el marco constitucional creado por el liberalismo. El modelo económico vigente en la Cuba colonial y la trayectoria de los grupos de poder vinculados a la economía cubana, principalmente en la segunda mitad del siglo, fue motivo hace años de un espléndido libro de A.Bahamonde y J.Cayuela, apoyado en una base empírica abrumadora, que los autores explotan con gran inteligencia (Bahamonde y Cayuela, 1992). Más reciente y no menos importante es el modelo formulado por J.M.Fradera en su libro Colonias para después de un imperio para la comprensión del sistema de dominación establecido en Cuba, Puerto Rico y Filipinas - el "sistema de las tres colonias", como lo llama el autor - tras la pérdida en 1824 del grueso del antiguo imperio colonial (Fradera, 2005). Para la presencia española en Ultramar y, en general, para la política exterior durante el reinado de Isabel II y el Sexenio son muy recomendables los capítulos escritos por M.V.López Cordón, M.A.García Ochoa y L.Cabrero Fernández en el tomo XXXIV de la Historia de España de Menéndez Pidal (Jover Zamora [coord.], 1996: 819-1003).

Por último, parece conveniente recoger algunos títulos esenciales sobre los períodos históricos que se suceden entre 1808 y 1868, generalmente correspondientes a los distintos reinados o a los regímenes políticos de mayor significación. Para la Guerra de la Independencia conserva toda su utilidad la síntesis de J.R.Aymes, a pesar del tiempo transcurrido desde su publica ción (Aymes, 1974). El propio Aymes es autor de una obra reciente concebida con una evidente intención didáctica sobre el período comprendido entre la Guerra de la Independencia y la muerte de Fernando VII (Aymes, 2005), motivo también de un viejo libro de J.Fontana, que pretende servir de guía para el estudio de la crisis del Antiguo Régimen - cronología, bibliografía, material estadístico...-, aunque al abordar los estados de la cuestión sectoriales la obra toma un giro abiertamente militante (Fontana, 1979). Adelantándose a la avalancha de títulos que generarán sin duda los bicentenarios a partir de 2008, autores como C.J.Esdaile (2004 y 2006), R.Fraser (2006) y R.García Cárcel (2007) han publicado ya obras de gran fuste, que se han convertido en referencias fundamentales en la bibliografía sobre el tema. Para los períodos posteriores, disponemos de la breve síntesis de Gil Novales sobre el Trienio liberal (1980), el reciente estudio de J.Fontana sobre la Década Ominosa, basado en un exhaustivo manejo de las fuentes primarias de la época (Fontana, 2006), la ya mencionada biografía de Isabel II escrita por 1. Burdiel, que puede leerse como una historia política de España durante la minoría de edad de la reina y su reinado efectivo hasta 1854 - la etapa posterior dará lugar a otro volumen - (Burdiel, 2004), la obra de J.L.Comellas sobre la Década moderada, referencia todavía inexcusable para aquel período (Comellas, 1970), la de Kiernan sobre el Bienio progresista (Kiernan, 1970) y el libro de Durán de la Rúa para la etapa final del reinado de Isabel II (Durán de la Rúa, 1979).

5.3. Entre la historia política y la historia cultural: pueblo y público

5.3.1. El público lector

Los conceptos de pueblo y público, en torno a los cuales gira en gran medida el discurso político y cultural del liberalismo, han merecido una atención muy desigual entre los historiadores. Si el primero de ellos plantea cuestiones políticas de gran calado para la definición del espacio de soberanía y representación sobre el que pretende asentarse el régimen liberal, el público constituye un interlocutor insoslayable, políticamente neutro, al que se dirigen, sin excepción, los principales actores políticos. No es fácil abstraer al público lector del contexto general de la época, en el que van tomando forma aquellos cambios sociales, económicos y culturales que la sociedad liberal identificaba con el progreso: creación de una moderna red de transportes y comunicaciones, industrialización, crecimiento urbano, secularización, alfabetización, etc. Ello no obsta para que la propia sociedad se preguntara a menudo hasta qué punto se había producido un cambio histórico en profundidad o, por el contrario, el progreso alcanzado quedaba lejos de las expectativas creadas por la Revolución liberal y encubría, por tanto, un fracaso nacional. En general, la historiografía más reciente ha señalado, también aquí, la existencia de una realidad menos sombría que la visión que nos transmitieron los contemporáneos, dejándose llevar por una inercia pesimista que venía de tiempo atrás y que se alimentaba de la comparación, siempre desventajosa, con los países punteros de Europa occidental. Posiblemente, el desenfoque en negativo de la España de la época, cargando las tintas sobre el factor fracaso, se deba a la comparación obsesiva con unos países que llevaban una enorme ventaja en la carrera hacia la modernidad y señalaban, por tanto, un horizonte que parecía alejarse progresivamente. De ahí que, en los últimos años, los historiadores no hayan incidido tanto en un supuesto -y forzosamente negativo - hecho diferencial respecto a la Europa más desarrollada, como en el progreso acumulado por el país a lo largo de ese proceso desde su punto de partida. Queda por hacer una advertencia que en su día formulara J.R.Aymes para el período 1808-1814: que entre los conceptos de pueblo y público no existe una barrera infranqueable, sino, bien al contrario, un espacio de significación relativamente compartido, pues así como pueblo puede tener una dimensión cultural, el concepto de público cobra a veces un sentido político (Aymes, 1989: 127). Ni el pueblo es siempre protagonista de la historia - a menudo desempeña un papel coral-, ni el público mero espectador.

En la variable que aquí nos interesa - el desarrollo del público lector cuantificado a partir de la evolución del mercado editorial y de la tirada de la prensa española-, los trabajos publicados en los últimos 15 años por Jean-Francois Botrel (1993 y 1998), Jesús A.Martínez (1991, 1997, 2003a y 2003b), L.Romero Tobar (1998) y J. E Fuentes (2003), entre otros autores, ofrecen un saldo claramente positivo que indica la existencia de un nuevo público formado por algunos sectores de las clases populares - un fenómeno inseparable de la progresiva alfabetización del pueblo urbano y de su protagonismo político en el nuevo ciclo histórico-, así como el crecimiento del tradicional público femenino por la incorporación a él de mujeres de la nueva clase media ilustrada, que disponían de mucho tiempo y algún dinero para dedicar a la lectura. Una parte no desdeñable de los nuevos productos editoriales - novelas por entregas, folletines, revistas ilustradas, etc. - irá dirigida a este sector clave del público, que se encuentra en franca expansión a mediados del siglo XIX. Algo parecido ocurre con el libro infantil, ya sea instructivo o recreativo, que registra un notable crecimiento en razón de las circunstancias históricas del momento: el impulso que el Estado liberal imprime a la escolarización y el desarrollo de una clase media meritocrática que ve en la educación un factor fundamental de promoción social.

Las fuentes de la época han permitido conocer con cierto detalle los movimientos del mercado editorial y periodístico en la España del XIX, tanto desde el punto de vista cuantitativo - número de periódicos, volumen de las tiradas, títulos publicados por las editoriales, distribución postal de impresos...- como cualitativo, un aspecto esencial que se deduce de las tendencias en temas, autores y géneros que parece marcar la demanda. Los inventarios notariales post mortem, utilizados por los principales especialistas, son la fuente más fiable para reconstruir las bibliotecas privadas de la época y, a partir de ahí, calibrar su magnitud y los gustos y preferencias de sus propietarios. Tal es, por ejemplo, la base de la investigación realizada por Jesús A.Martínez sobre Lectura y lectores en el Madrid del siglo XIX, centrada sobre todo en los años 1830-1870, que muestra la composición de 351 bibliotecas particulares del Madrid isabelino reconstruidas a partir del estudio de 869 inventarios notariales. Del pormenorizado desglose de sus resultados podemos destacar, en primer lugar, que una biblioteca media de la época - naturalmente, dentro de un perfil socioprofesional medio-alto, que corresponde a quienes tenían bienes que testar - se componía de unos cincuenta volúmenes y que los grupos socioprofesionales con mayor número de libros eran los políticos y burócratas (330 volúmenes), los miembros de las profesiones liberales (154) y la gran burguesía comercial y financiera (110). En las bibliotecas de los dos primeros grupos predominaban las obras de derecho, política, ciencia, técnica e historia, mientras que en las bibliotecas de la burguesía se aprecia una especial predilección por la literatura y la historia. Dado que en los otros grupos sociales - propietarios, artesanos, empleados, fabricantes y comerciantes- las obras de religión ocupan una posición destacada, en primer o segundo lugar con la literatura, cabría establecer una correlación según la cual cuanto más importante era una biblioteca, menor sería, proporcionalmente, el número de libros religiosos. Dicho de otra forma, las mayores bibliotecas, pertenecientes, por lo general, a personas que desempeñan un poder político, administrativo o económico, marcan una tendencia a la secularización del gusto del público lector a la que se irán incorporando poco a poco los demás sectores de las clases medias madrileñas. Una conclusión que, seguramente, se podría hacer extensiva a la España isabelina en su conjunto, como fiel reflejo, aunque algo tardío, de las tendencias dominantes en la Europa de la época.

El análisis de la biblioteca del teniente general José MacCrohon, fallecido en 1860, tras haber sido en dos ocasiones ministro de la Guerra de Isabel II1 confirma algunas de estas impresiones (Fuentes, 1993b). El inventario de esta importante biblioteca, compuesta de 481 títulos y 1.087 volúmenes - es decir, diez veces mayor que la media de las bibliotecas estudiadas por Jesús Martínez-, viene a ser como una radiografía de los gustos de un público minoritario y selecto, pero muy representativo del nuevo poder liberal en la España isabelina. El predominio de obras técnicas y de consulta (43,8 por ciento de los títulos identificados) y, a cierta distancia, de las memorias, las biografías y los libros de historia (17,8 por ciento), muestra, por un lado, la mentalidad utilitaria con que las nuevas élites liberales forman su biblioteca particular y, por otro, el valor insoslayable, entre instructivo y recreativo, que se atribuye a la historia, pilar sobre el que descansa la nueva idea de nación y de Estado puesta en pie por el liberalismo (Pellistrandi, 2004). El modesto porcentaje de las obras religiosas (3,7 por ciento) coincide con la tendencia secularizadora que pone de relieve el estudio de Jesús A.Martínez en su corpus general de bibliotecas del Madrid isabelino. Entre las conclusiones de este último autor merece destacarse la transformación que experimenta el público lector en las décadas centrales del siglo por la progresiva incorporación de nuevos segmentos de población, un proceso que parece confirmado por las diversas fuentes manejadas por los especialistas.

La utilización de la documentación notarial ha dado excelentes resultados para el estudio del mercado editorial desde el otro lado, es decir, desde las preferencias de los consumidores de libros, revistas e impresos, en general, según se reflejan en los inventarios de sus bibliotecas. Esta fuente tiene, sin embargo, dos limitaciones. La primera es el carácter estrictamente local de la información, y, aunque existen estudios similares al de Jesús Martínez para otras poblaciones, estamos muy lejos de disponer de un "mapa de situación" suficientemente representativo de la realidad del país; la segunda limitación es de orden social, pues es sabido que los archivos notariales tienen una eficacia muy limitada para el estudio de aquellos grupos sociales que suelen carecer de bienes que testar. De ahí la barrera, a menudo infranqueable, que se encuentra el historiador cuando pretende adentrarse en la vida cotidiana y en el universo cultural de las clases populares a través de los archivos de protocolos, una fuente que, necesariamente, refuerza un estereotipo muy extendido en la sociedad liberal, según el cual la lectura era una práctica circunscrita a unas clases medias en las que residían todas las virtudes públicas y privadas. Lo había dicho en 1823, en pleno Trienio liberal, un escritor como José Joaquín de Mora, que militaba en el liberalismo más avanzado: "El escritor debe dirigirse a la clase media de la nación, que es la que ama el buen orden y la que guarda un término medio entre los extremos" (Varela, 1989).

No faltan, sin embargo, testimonios que señalan la existencia de un público lector de carácter popular que crece considerablemente a lo largo del siglo, aunque no haya que tomar al pie de la letra la opinión, comentada en otro capítulo, vertida a este respecto por el escritor y periodista catalán Juan Mañé y Flaquer en 1859: "Es una verdad innegable que entre nosotros las clases proletarias son las que más leen, o quizá las únicas que leen" (Benet y Martí, 1976: 1, 174). Al tratarse de un autor de ideas conservadoras, tal afirmación, por exagerada que sea, no se puede atribuir a una idealización de las clases proletarias - uno de los muchos heterónimos del pueblo decimonónico - como portadoras de unas inquietudes culturales de las que carecerían las clases acomodadas. La frase expresa, en primer lugar, un temor, reconocido por el propio escritor catalán, a la potencialidad subversiva de esas inquietudes de las clases proletarias si no se satisfacía con el "pasto saludable" de unas lecturas adecuadas - una inquietud que en los más conservadores despiertan también las aficiones literarias de las mujeres-. En segundo lugar, plantea la amplia casuística sociocultural que esconden el concepto de pueblo y aquellos otros situados en su órbita, porque su significado varía sustancialmente según se trate del pueblo rural o del pueblo urbano, y, dentro de esta segunda categoría, del artesanado y la menestralía vinculada a los oficios tradicionales o del incipiente proletariado industrial localizado sobre todo en Cataluña y al que, muy probablemente, se refiere el escritor catalán en la frase citada. La tercera consideración sería que las transformaciones operadas por la sociedad liberal habían contribuido a crear un público nuevo surgido en la amplia brecha que el relativo progreso del país, la política educativa del liberalismo y la proliferación de instituciones privadas dedicadas a la enseñanza consiguieron abrir entre las 600.000 personas que sabían leer y escribir en 1803 - dato muy aproximado - y los 3.129.992 que registra el censo de 1860. Aunque esta última es una cifra todavía muy modesta, que supone un 80 por ciento de analfabetismo - 91 por ciento entre las mujeres - sobre la población total, indica la capacidad de crecimiento del mercado editorial y periodístico español en ese amplio segmento de lo que Botrel llama los "nuevos lectores".

Una buena parte del esfuerzo historiográfico realizado en los últimos años en el estudio del público lector en la España del siglo XIX se ha concentrado en el mercado emergente formado por los nuevos lectores, que tuvo un doble impacto, cuantitativo y cualitativo, en la producción editorial, por el aumento del número de títulos y de tiradas y por la aparición de nuevos géneros y nuevos formatos. El más importante de estos últimos fue la novela por entregas, paradigma de una literatura eminentemente popular y/o femenina, y cuyo apogeo coincide con el reinado de Isabel II. En un minucioso estudio sobre el tema, J.F.Botrel concluye que en 1868, fecha que señala el principio de su declive, la novela por entregas podía tener entre 800.000 y un millón de lectores ocasionales o asiduos, lo que representa la cuarta parte de la población alfabetizada. Tales cifras indicarían que, por su bajo precio, por su peculiar sistema de distribución y por su contenido liviano y ameno, la novela por entregas consiguió conectar plenamente con los nuevos lectores de la España isabelina: artesanos, empleados, pequeños comer ciantes y mujeres, sobre todo de clase media, ávidas consumidoras de folletines y novelas por entregas a las que expresamente se dirigían a menudo los editores cuando comunicaban al público las novedades o incidencias de tal o cual colección - "A las lectoras"-. La nueva narrativa, de corte sentimental y distribución ágil y barata, era, en definitiva, una certera respuesta editorial a las demandas de un mercado en plena transformación (Botrel y Salaün [eds.], 1974: 111-155).

El propio Botrel ha dedicado diversos trabajos a la actividad comercial de las principales editoriales a partir del estudio de los archivos de las empresas, cuando se han conservado - como los de la Casa Hernando de Madrid (1828-1902)-, y de los grandes repertorios bibliográficos de o sobre la época. De las múltiples fuentes utilizadas por el hispanista francés se deduce, pese a la relativa disparidad de los datos, una conclusión incuestionable: que la producción editorial española, medida en número de títulos publicados, llegó casi a duplicarse entre los quinquenios 1841-1845 y 1866-1870 (430 títulos y 821, respectivamente). Aunque las cifras que ofrece sobre tiradas de libros son mucho más fragmentarias, parecen confirmar, en todo caso, que durante el reinado de Isabel II la industria editorial española, basada en un virtual duopolio Madrid/Barcelona - con un predominio claro, pero decreciente, de la primera-, experimentó un crecimiento constante a remolque de un público lector cada vez más numeroso, porque, como dice Botrel, hubiera sido "inútil producir más, si esa producción no fuese acompañada de una mayor demanda' (en Botrel y Salaün [eds.], 1974: 133). En cuanto a la naturaleza de los títulos publicados, los repertorios bibliográficos coinciden con las tendencias ya señaladas: descenso de los libros de religión (del 28 por ciento en 1814-1820 al 5 por ciento en 1904-1908) y aumento de los libros de ensayo y de literatura (del 19 por ciento al 42 por ciento), sobre todo por el auge de la novela.

Otras fuentes disponibles arrojan también algo de luz sobre la evolución del mercado editorial y permiten relacionarla con la trayectoria del mercado periodístico a lo largo de estos años. Por sus especiales características - precio, inmediatez, contenido...-, que hacían del periódico un producto cultural particularmente atractivo y popular, la prensa actuó como avanzadilla de las tendencias que seguirá el mercado del libro y, probablemente, sirvió como instrumento de iniciación a la lectura de los "nuevos lectores" que se iban incorporando al mercado - no olvidemos que el periódico contenía también literatura de ficción en forma de folletín-. Así lo afirma Antonio Viñao al referirse a las diversas prácticas de lectura en la España de la época: "Lo característico del siglo XIX no es la lectura de novelas y libros, sino de publicaciones periódicas. El nuevo lector leía libros, pero era ante todo un lector de prensa diaria y revistas" (Viñao, 2003: 646).

Se entiende así que la evolución de la prensa anticipe y amplifique el movimiento expansivo que irá registrando la producción editorial, si bien, por su propia naturaleza, el mercado periodístico se mostrará más sensible a los avatares de la situación política y, por tanto, su evolución será mucho más irregular, con fuerte crecimiento en momentos de gran demanda informativa y mayor libertad de expresión y contracción de la tirada y, especialmente, del número de cabeceras cuando se restringe el marco legal. Junto a los datos ofrecidos esporádicamente por los propios periódicos y al estudio realizado en 1845 por Pascual Madoz sobre la tirada de la prensa madrileña, publicado en el periódico El Eco del Comercio, la principal fuente para calcular su difusión son los datos estadísticos elaborados por la Administración de Correos, reproducidos mensualmente por la Gaceta de Madrid desde 1850, sobre el gasto derivado del envío postal de impresos. Como el gasto de franqueo dependía del peso y la administración solía consignar, por lo menos los primeros años, el contenido de cada paquete franqueado - nombre del periódico o título de los libros y demás impresos remitidos-, se podía llegar a calcular el número de ejemplares de cada periódico distribuidos fuera de la capital.

Este material estadístico, extremadamente minucioso, aunque de difícil y laborioso manejo, dio lugar en su día a un trabajo pionero de varios historiadores (Cabrera, Elorza, Valero y Vázquez, 1975) y, más recientemente, a dos artículos de J. E Fuentes y A.Rojas que completan aquella primera aproximación a las estadísticas de la Administración de Correos, utilizadas en este caso como fuente para el estudio de la prensa provincial y de la distribución de impresos - libros sobre todo, pero también folletos, partituras, prospectos, etc. - a través del servicio postal (Fuentes y Rojas, 1996 y 1998). La importancia de este último para la articulación de un mercado editorial de carácter nacional fue advertida ya en 1845 en un informe de la Administración de Correos, desbordada por el uso creciente que los editores y libreros hacían de este servicio: "Las valijas y los carros y coches de los correos del Estado se han ido convirtiendo entre nosotros en unas verdaderas mensajerías de los libreros e impresores". Los datos de franqueo indican un fuerte crecimiento de la distribución postal de periódicos e impresos de todo tipo: sólo entre 1842 y 1845 - dos fechas separadas por un cambio político poco propicio a la prensa-, el peso de los periódicos madrileños distribuidos fuera de la capital pasó de 20 a 42 arrobas, lo que, según algunos cálculos, equivaldría a 10.000 y 24.000 ejemplares, respectivamente, con un alza del 140 por ciento en la distribución postal de prensa madrileña por el resto de España. En la década siguiente, la tendencia continúa a un ritmo espectacular: entre 1850 y 1860, el gasto por franqueo de impresos aumenta un 748 por ciento (de 74.829 reales a 560.114 diez años después). En líneas generales, este dato se ve confirmado por el incremento del número de títulos consignados en los estadillos de correos. Por último, la distribución postal de ejemplares de periódico habría pasado, en toda España, de una facturación de 472.412 reales en 1850 a 1.303.310 diez años después.

De todo lo anterior, se deducen algunas conclusiones, que coinciden, en general, con lo que apuntan otras fuentes, aunque también aportan matices de cierta importancia sobre el mercado editorial y periodístico que se iba configurando:

1.Si el volumen de la oferta editorial y periodística responde, como cabe suponer, al volumen de la demanda, la primera conclusión derivada del aumento de la producción cultural - libros, folletos, periódicos y otros impresos - sería que el público lector experimentó desde 1808 un crecimiento sustancial, que repercutió sobre todo en los productos más populares por su precio y contenido, como la prensa y las novelas por entregas.

2.De todas formas, el notable aumento de los impresos distribuidos por correos no refleja sólo un incremento de las tiradas, sino también de su circulación a través de los nuevos sistemas de distribución. Es decir, que, además de producirse un desarrollo general del mercado, se registró una descentralización del mismo gracias al perfeccionamiento y abaratamiento de medios de comunicación y transporte que facilitaban su difusión fuera de los grandes centros de producción cultural.

3.De esta forma, el público lector fue evolucionando en un contexto histórico que favorecía tanto su crecimiento como algunos cambios en su composición: en 1868, era un público un poco más popular que 25 años antes, desde luego, mucho más numeroso, y con un porcentaje algo mayor de mujeres, pertenecientes en su mayoría a las clases medias urbanas. La mejora del sistema de transportes y comunicaciones facilitaba además la distribución de impresos entre los pequeños núcleos de población, que incorporaban así un contingente en alza de lectores "de provincias" a un mercado editorial y periodístico que, poco a poco, se iba pareciendo a un verdadero mercado nacional.

4.Conviene puntualizar, sin embargo, que el concepto genérico de "público lector" comprende públicos muy diversos, que se relacionan de forma muy distinta con la letra impresa: varían los móviles del lector - la búsqueda de información, de doctrina, de emociones, de mero entretenimiento...-, el carácter regular u ocasional de la lectura, su práctica individual o en grupo - muchos de los "nuevos lectores" se van acercando a la letra impresa a través de la lectura colectiva-, el espacio reservado a ella, la forma de compartir la lectura, ya sea con los parroquianos de un café o de un círculo recreativo, con la familia o con los compañeros de trabajo y, en fin, se puede leer - o escuchar la lectura en voz alta - de pie, en corrillos formados a la salida de la fábrica, en la taberna o en la calle, o leer confortablemente sentado en la butaca de un casino o del salón familiar. En general, la lectura obrera hay que situarla en los lugares públicos de esparcimiento o de trabajo, más que en el hogar.

5.Puede que a lo largo del siglo XIX se impusiera, como dice un conocido especialista, "una mutación que fue desplazando, pero sin sustituir, la lectura colectiva, en voz alta, clásica de la cultura oral, por una lectura individual y silenciosa' (Martínez Martín, 1997: 831). Pero, junto a productos más modernos, como los periódicos y las novelas por entregas, la vieja literatura de cordel - pliegos, romances de ciego, aleluyas, almanaques, etc. - siguió desempeñando, en la segunda mitad del siglo, un papel fundamental en la socialización de la lectura entre un público de aluvión que se iba formando con la incorporación de artesanos, menestrales, mujeres, obreros e incluso campesinos. Miguel de Unamuno recordaría en su libro Paz en la guerra cómo en el Bilbao de su infancia el pliego de cordel "era la afición de moda entre los chicos, que los compraban y los trocaban". Pese a su inminente declive, la literatura de cordel gozaba todavía de gran aceptación popular, gracias en parte a la renovación de su temática tradicional, casi siempre truculenta, con historias y personajes proporcionados por las guerras civiles del siglo XIX, por el auge del bandolerismo y por la Guerra de África de 1859-1860, fuente de inspiración inagotable de personajes pintorescos, escenas de patriotismo exacerbado y paisajes exóticos de probada eficacia en la exaltación de la imaginación popular. En ese terreno en el que la historia de las mentalidades se encuentra con la historia cultural a secas - el de la iniciación a la lectura, sobre todo de las clases populares, sus diversas prácticas, las redes de sociabilidad tejidas en torno a ella y la permanencia tenaz de viejas formas culturales - es donde queda más por descubrir sobre el público lector en la España del siglo XIX.

5.3.2. El pueblo soberano

No es arriesgado afirmar que en el siglo XIX la capacidad de leer y escribir marca la diferencia entre la plenitud de los derechos del ciudadano y la minoría de edad cívica en la que, a los ojos de una parte de la sociedad, estaría sumido el pueblo precisamente por su analfabetismo. La propia Constitución de 1812, en su artículo 25.6, llegó a hacer de esta circunstancia una condición sine que non para merecer en el futuro la condición de ciudadano: "Desde el año de mil ochocientos treinta deberán saber leer y escribir los que de nuevo entren en el ejercicio de los derechos de ciudadano". Este precepto puede verse como traslación cabal del espíritu censitario del liberalismo español, que encontraba en el analfabetismo una decorosa coartada cultural complementaria de los mecanismos de discriminación económica. Pero tampoco conviene ignorar lo que en él se trasluce del optimismo histórico de unas élites ilustradas que confiaban ciegamente en la capacidad de las nuevas instituciones para acabar con las viejas lacras heredadas del Antiguo Régimen, como el analfabetismo. El "hombre nuevo" de la naciente sociedad liberal debía ser, pues, propietario y saber leer y escribir, dos condiciones que no solían concurrir en los integrantes del pueblo soberano en cuanto seres de carne y hueso, trascendiendo así lo que el concepto genérico de "pueblo" representaba en el discurso político del liberalismo.

En este campo, las aportaciones historiográficas más valiosas pueden dividirse en dos grandes categorías que responden a opciones metodológicas claramente diferenciadas. La primera consiste en el estudio de la práctica social y política de las clases populares en la España liberal y mostraría, por así decir, al "pueblo en acción", interviniendo en motines, revueltas, revoluciones y otras manifestaciones de lo que Antonio Elorza ha llamado "la cultura de la revuelta' (Elorza, 1990: 237-256). La segunda opción es más reciente y pretende poner al descubierto los "discursos sobre el pueblo" para reconstruir la evolución del concepto y los distintos usos del mismo a lo largo del siglo XIX. No trataría, pues, de escribir una verdadera historia del pueblo, alternativa a las historias clásicas, sino de estudiar la imagen que de él crearon los autores, instituciones, movimientos políticos y grupos sociales más representativos de la época. De esta forma, los "pueblos imaginarios" - por utilizar una expresión de Pierre Rosanvallon - resultantes de la recuperación de mitos, relatos y representaciones del pueblo, desperdigados por las fuentes de la época, sirven como "negativo" del discurso político y social de las élites actuantes en la España liberal. Y además, en última instancia, esas imágenes del pueblo, que, por muy distorsionadas que nos lleguen, están tomadas del original, acaban constituyendo también una fuente de primer orden para el conocimiento de su identidad histórica, de sus frustraciones y de sus inquietudes.

La primera opción metodológica tiene un carácter empírico y se sitúa de lleno en el ámbito de la historia social. Nos ha enseñado sobre todo a entender la dinámica insurreccional, la "cultura de la revuelta" - que ofrece todavía numerosos rasgos de la conflictividad social del Antiguo Régimen - y la lenta transformación del pueblo urbano tradicional en unas clases trabaja doras industriales o preindustriales que, en función de una amplia casuística social y geográfica, se inserta más, por lo general, en el mundo de los oficios que en el marco de una economía industrial. Esta línea de aproximación incide, pues, principalmente en la praxis social y política de los actores históricos y en el estudio de las manifestaciones objetivas de eso que antes hemos denominado "el pueblo en acción". La segunda opción es tributaria, por un lado, de la historia conceptual, volcada en el análisis del discurso y de los lenguajes políticos, y, por otro, de la historia social anglosajona, que hizo hincapié en el componente cultural de los movimientos y grupos sociales, en los procesos de construcción de las identidades colectivas y en el papel de los mitos, las tradiciones y los relatos históricos en la conformación de lo que se ha dado en llamar las "comunidades imaginadas" - una expresión acuñada por Benedict Anderson para el estudio de los nacionalismos, pero que es aplicable también a la "deconstrucción" historiográfica del concepto de puebloAunque hay trabajos anteriores referidos a la época ilustrada, sobre el período que aquí nos interesa, contamos con sendos artículos de Javier Varela y M.Pérez Ledesma (1989 y 1991), con varias aportaciones de J. E Fuentes que cubren todo el siglo XIX, con un reciente y clarificador trabajo de Joaquín Varela Suanzes y con otro, también muy recomendable, de Alvarez junco sobre el pueblo como sujeto político (Fuentes, voz "Pueblo", en Fernández Sebastián y Fuentes, 2002; Varela Suanzes-Carpegna, 2004 y Álvarez junco, 2004).

Estudiado como tema central de los discursos políticos predominantes en la España liberal, el pueblo presenta algunos rasgos característicos en los que, con matices, coinciden los autores que se han ocupado de él. El primero es que, en la sintaxis histórica que articula esos discursos, el pueblo suele figurar como objeto de definición desde el exterior o como destinatario de mensajes, consignas u órdenes imperativas, como las que, en plena Revolución de 1854, le transmite Francisco Pi y Margall: "Asegura de una vez para siempre el triunfo de la libertad [...]; derriba de sus inmerecidos altares a todos tus antiguos ídolos. Exige el armamento universal del pueblo". Muy rara vez habla por sí mismo en los textos, salvo que el autor se sienta parte integrante de él - como Isidoro de Antillón en un folleto de 1808 titulado ¿Qué es lo que más importa a la España? Discurso de un miembro del populacho o los redactores del republicano El Huracán cuando en 1840 se proclaman "hombres del pueblo" - o a menos que, en momentos de exaltación patriótica o revolucionaria, se recurra a una concepción holista del pueblo como lugar de encuentro y de consenso abierto a todo el mundo ("Toda España es pueblo", dirá un propagandista patriota en 1810). Así pues, a diferencia de otros actores políticos, sociales y culturales de la España liberal - desde la aristocracia hasta la incipiente clase obrera, pasando por las élites libe tales, las clases medias y demás protagonistas de la vida pública-, el pueblo no suele ofrecer definiciones de sí mismo, ni hablar en primera persona, ni dejar testimonios escritos que reflejen su visión de la realidad. De ahí que los historiadores que, cada vez con más frecuencia, se vienen ocupando del concepto de pueblo en esta época, se enfrenten a una especie de "mito de la caverna' aplicado a la historia social: lo que nos muestra el concepto de pueblo no es tanto una realidad histórica, como la borrosa proyección en los textos de la imagen que tenían del mismo los demás grupos sociales.

5.4. Obras generales, de consulta y de referencia

Queda para el final una breve reseña de la bibliografía complementaria, compuesta de obras de carácter general y de aquellas que contienen información básica o materiales útiles de tipo estadístico, documental o biográfico. Es preciso remitir de entrada, una vez más, a la Historia de España de Menéndez Pidal dirigida por J.M.Jover, en particular a los volúmenes coordinados por A.Morales Moya, A.Fernández García y el propio Jover. La variedad de temas y de autores puede hacer estas obras un tanto farragosas, pero por su extraordinaria calidad constituyen una referencia bibliográfica obligada. Atendiendo también a una gran pluralidad de temas, los tomos VII y VIII de la Historia de España dirigida por M.Tuñón de Lara ofrecen una amplia panorámica del período comprendido entre el final del Antiguo Régimen y la consolidación de la España liberal. Estos dos tomos contaron con la colaboración de algunos de los mejores especialistas en las diversas materias tratadas, como Gabriel Tortella, A.Gil Novales, J.L.García Delgado o A.Dérozier (Tuñón de Lara [dir.], 1980 y 1983). La parte referida al siglo XIX de la obra España: sociedad, política y civilización, escrita por J.M.Jover, G.GómezFerrer y J.P.Fusi, resulta de enorme utilidad tanto por su voluntad sintética y clarificadora como por lo novedoso de algunos temas y enfoques: las clases populares, los marcos de vida, la vida privada y la identidad femenina, entre otros, todo ello sin descuidar los temas ineludibles, como la sucesión de regímenes políticos, los grandes acontecimientos o la política exterior (Jover Zamora, Gómez-Ferrer y Fusi Aizpúrua, 2001). El volumen sobre el siglo XIX firmado por A.Bahamonde y J.A.Martínez - en realidad, circunscrito al período 1808-1874 - va mucho más allá del manual clásico, pues, a riesgo de resultar prolijo en algunas ocasiones, aborda con enorme rigor y extrema minuciosidad los principales problemas de interpretación que plantea la España liberal (Bahamonde y Martínez, 1994). Particularmente sugerentes son los capítulos titulados "Las comunicaciones en la construcción del Estado y en la formación del mercado nacional' y "Del mecenazgo de la cor te al del Estado liberal. Los espacios de sociabilidad cultural' y, en general, toda la parte tercera: "Los límites de la sociedad abierta". Brillante en los temas de historia económica, social y cultural, la obra de Bahamonde y Martínez muestra algunas carencias en la historia propiamente política y en la evolución de los acontecimientos. El libro de Germán Rueda España, 17901900. Sociedad y condiciones económicas es altamente recomendable por la abrumadora información estadística que contiene, por su presentación ordenada y didáctica - cuadros, mapas, gráficos... - y por la rara facilidad del autor para ir sin rodeos al fondo de los problemas históricos de mayor enjundia, que aborda desde un perfecto conocimiento del estado de la cuestión de cada tema (Rueda Hernanz, 2006). El debate crucial sobre el grado de cambio o de estancamiento que registra el siglo XIX español tiene en este libro de Germán Rueda una de sus contribuciones más relevantes.

Las obras de consulta más útiles para el estudio del siglo XIX abarcan materias muy diversas. El Diccionario biográfico del Trienio liberal, de A.Gil Novales, contiene reseñas biográficas de varios miles de personajes de la época, desde los grandes protagonistas de la historia hasta aquellos que, aun siendo totalmente desconocidos, han dejado alguna huella documental (Gil Novales [ed.], 1991). Gobierno y ministros españoles (1808-2000) es una obra igualmente de enorme utilidad (Urquijo, 2001), dentro de un género historiográfico, el de las prosopografías, hoy en día en franca expansión, siguiendo una tendencia que parece indicar el retorno a un sano positivismo, del que el siglo XIX español estaba muy necesitado. El listado con la composición de todos los gobiernos españoles formados desde el 15 de octubre de 1808 se encuentra en el tomo 6 (Cronologías, mapas, estadísticas) de la Enciclopedia de Historia de España dirigida por Miguel Artola (Artola [dir.], 1993). Aunque referida al conjunto de la historia de España, los siete volúmenes que componen esta colección constituyen una fuente fundamental para el estudio del período que nos ocupa en sus más diversas facetas: biografías, instituciones, periódicos, partidos políticos, cronología, estadísticas, cartografía, etc. Para un compilación exhaustiva y rigurosa de las estadísticas de la España contemporánea es obligado remitir a la obra coordinada por A.Carreras y X.Tafunell (2005). El Diccionario político y social del siglo XIX español, dirigido por J.Fernández Sebastián y J. E Fuentes, reúne más de un centenar de conceptos políticos, sociales y económicos de la época, desarrollados como pequeños ensayos "biográficos". La intención de la obra es mostrar la evolución - en el caso de los neologismos, desde su nacimiento - de aquellos términos que mejor representan el lenguaje del siglo XIX y la realidad histórica expresada a través de él. Voces como liberalismo, nación, patria, clase media, constitución, caciquismo, ejército, monarquía o pueblo, entre otras muchas, permiten conocer la transformación de la propia realidad histórica a través del lenguaje de la época, en su constante creación y modificación de significados (Fernández Sebastián y Fuentes [dirs.], 2002).

Entre las distintas recopilaciones de los textos legislativos más relevantes, resultan imprescindibles el volumen, editado por Julio Montero, que recoge las constituciones españolas promulgadas desde 1808, con la totalidad de su articulado, y la compilación, a cargo de J.C.Rueda, de la legislación electoral española desde 1808 hasta 1977 (Montero [ed.], 1998; Rueda [ed.], 1998). Existen ediciones de discursos parlamentarios de diversas personalidades políticas del siglo XIX, ya sea con esa especificidad o como parte de ediciones de textos y discursos del autor. Los discursos de Romero Alpuente figuran en una edición general de sus obras (Romero Alpuente, 1989); entre los de Cánovas del Castillo predominan, como es lógico, los posteriores a 1868 (Cánovas del Castillo, 1987); por el contrario, la edición de los Discursos parlamentarios del conde de Toreno, realizada por Joaquín Varela, entra de lleno en el período que nos atañe (Toreno, 2003). Lo mismo se puede decir del volumen recientemente publicado con los Discursos políticos de Donoso Cortés (Donoso Cortés, 2002) y de la edición de los discursos de Agustín de Argüelles a cargo de Francisco Tomás y Valiente (Argüelles, 1996). Tanto esta última obra como la edición de los discursos del conde de Toreno forman parte de la Colección de Clásicos Asturianos del Pensamiento Político, que ha publicado, entre otros textos de gran valor, Veinticinco discursos y un prólogo del político liberal José Posada Herrera (1997).

Hay numerosas ediciones de textos políticos de la España liberal, realizadas sobre distintos períodos y con criterios diversos. La antología preparada hace años por Albert Dérozier para la etapa 1780-1854 denota un excelente conocimiento de la época y de sus textos y autores más representativos, la mayoría pertenecientes al campo ilustrado o liberal (Jovellanos, Larra, Flórez Estrada, Argüelles, Martínez de la Rosa, Toreno, Espartero...). Hay también algún documento absolutista de notable interés, como el célebre Manifiesto de los persas de 1814, del que se reproduce un amplio extracto (Dérozier, 1975). Clara E.Lida publicó hace años una interesante antología de documentos del movimiento obrero español en el siglo XIX, en la que se remonta hasta 1835. En ella se encontrarán testimonios de gran valor sobre el socialismo utópico y alguna muestra del pensamiento político y social de figuras tan importantes de la izquierda de mediados de siglo como Sixto Cámara y Fernando Garrido (Lida, 1973). Para las etapas anteriores, ya se ha señalado la utilidad del corpus documental generado por la consulta al país de 1809 (Artola, 2000, vol. II) y de la serie Documentos del reinado de Fernando VII publicada en los años sesenta y setenta por la Universidad de Navarra. A.Gil Novales publicó en su día una selección de textos exaltados del Trienio liberal, una recopilación de escritos de Riego y dos gruesos volúmenes, ya men cionados, con textos y discursos de Romero Alpuente (Gil Novales, 1979 y 1976). El libro Si no hubiera esclavos no habría tiranos recopila cerca de cuarenta textos políticos de muy diversos autores - Larra, Gallardo, Flórez Estrada, Marchena... - escritos entre 1789 y 1837 y representativos de una línea de pensamiento que iría desde la Ilustración más radical hasta el liberalismo progresista de los años treinta (Fuentes, 1989).

Algunas instituciones llevan muy adelantada la digitalización de sus fondos históricos. La base de datos del Senado permite consultar los expedientes personales de los senadores desde 1834 y los Diarios de Sesiones desde la misma fecha (disponible en la página web: <http://www.senado.es/historia/ senadores/index.html>). Con mucha mayor lentitud avanza, desde el presente hacia el pasado, la digitalización de los fondos históricos del Congreso de los Diputados. Existe asimismo una base de datos del Boletín Oficial del Estado que incluye la versión digital de la Gazeta de Madrid desde 1816 (disponible en la página web: <http://www.boe.es/g/es/ bases_datos/gazeta.php>). Conviene destacar, finalmente, la labor que viene desarrollando el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en la edición de textos teóricos de gran relevancia en la historia política de la España contemporánea, así como en la publicación de investigaciones originales de gran calidad, muchas de ellas citadas en la bibliografía que cierra esta obra.

Documento 1

Evocación de la jornada del 2 de mayo de 1808 en Madrid

Las diez, poco más o menos, serían de ella cuando se dejó sentir en la modesta calle del Olivo la agitación popular y el paso de los grupos de paisanos armados, que con voces atronadoras decían: ¡Vecinos, armarse!¡Viva Fernando VII'¡Mueran los franceses! Toda la gente de casa corrió presurosa a los balcones. [...] Arreciando el tumulto y escuchándose más o menos cercanos algunos disparos, hubieron de decidirse a cerrar los balcones, reforzando el cierre con los gruesos barrotes o trancas que entonces eran de general uso en todos ellos. [...] Mi madre [...] acudió presurosa a encender algunas velas delante de una imagen del Niño Jesús E...].

Bien entrada la tarde aparecieron patrullas de caballería, a cuyo frente iban las autoridades civiles y militares, varios consejeros de Castilla y hasta los ministros Urquijo y Azanza, según se dijo, que enarbolando pañuelos blancos, decían: "Vecinos, paz, paz, que todo está compuesto"; cuyas voces parecían derramar unas gotas de bálsamo sobre los angustiados corazones; pero, acabada de cerrar la noche, comenzaron a oírse de nuevo descargas más o menos lejanas y nutridas, que parecían (y éranlo en efecto) producidas por los franceses, que inmolaban a los infelices paisanos a quienes suponían haber cogido con las armas en la mano. Estos cruentos sacrificios se verificaban simultáneamente en el patio del Buen Suceso, en el Prado, a la subida del Retiro y delante de las tapias del convento de jesús, en la Montaña del Príncipe Pío y en otros varios sitios de la población.

A todo esto, mi madre redoblaba sus rosarios y letanías; mi padre se paseaba agitadísimo, y los chicos [...] llorábamos y gemíamos, faltos de alimento, que nadie se cuidaba de prepararnos, y de sueño, que no podíamos de modo alguno conciliar. Y las descargas cerradas de fusilería continuaban en diversas direcciones, lo que, supuesta la falta de resistencia y la sujeción del pueblo, daba lugar a presumir que los inhumanos franceses se habían propuesto exterminar a Madrid entero. Y era, según se dijo después, que el sanguinario Murat, aplicando en esta ocasión el procedimiento seguido por su cuñado Bonaparte en las célebres jornadas del Vendimiario, había dispuesto que en las plazas y calles principales, así céntricas como extremas, continuase durante toda la jornada aquel horrible fuego, aunque sin dirección y con el objeto de sobrecoger y aterrorizar más y más al vecindario.

¡Qué noche, Santo Dios! Setenta años se cumplen cuando escribo estas líneas, y siglos enteros no bastarán a borrarla jamás de mi memoria.

FUENTE: R. de Mesonero Romanos: Memorias de un setentón, Tebas, Madrid, 1975, 49-51.

Documento 2

Manifiesto de la junta Central convocando elecciones a Cortes

Españoles: Por una combinación de sucesos tan singular como feliz, la Providencia ha querido que en esta crisis terrible no pudieseis dar un paso hacia la independencia sin darlo también hacia la libertad. La tiranía, inepta ya y decrépita para remachar vuestros grillos y agravar vuestras cadenas, dio lugar al despotismo francés, que con el terrible aparato de sus armas y de sus victorias aspira a poneros encima su abominable yugo de acero. Mostrose en el principio como toda tiranía nueva bajo formas halagüeñas, y sus impostores políticos presumieron ganar vuestra voluntad prometiéndoos reformas de administración, y anunciándoos en una constitución hecha a su antojo el imperio de las leyes. ¡Contradicción bárbara y absurda, digna ciertamente de su insolencia! Querer hacernos creer que se puede sentar el edificio moral de la libertad y fortuna de una nación sobre cimientos amasados con usurpación, iniquidad y alevosía. Pero el pueblo español, en cuyo seno se habían conocido primero que en otro alguno de los modernos los verdaderos principios del equilibrio social, aquel pueblo que gozó antes que nadie las prerrogativas y ventajas de la libertad civil, y supo oponer a la arbitrariedad la valla eterna que le ha señalado la justicia, no debía mendigar de otro ninguno máximas de prudencia y previsión política, y pudo contestar a estos impudentes legisladores que para él no eran leyes los artificios de los intrigantes ni los mandatos de los tiranos.

[...] Pueblo tan magnánimo y generoso no debe ya ser gobernado sino por verdaderas leyes, aquellas que llevan consigo el gran carácter del consentimiento público y de la utilidad común, carácter que sólo puede darles el ser dimanadas de la augusta asamblea que ya se os ha anunciado. La Junta se había propuesto que su celebración fuese en todo el año próximo, o antes si las circunstancias lo permitían. Pero en el tiempo que ha mediado desde aquel anuncio, los sucesos públicos con su misma variedad han agitado los ánimos, y la divergencia de las opiniones sobre la organización del Gobierno y restablecimiento de nuestras leyes fundamentales, ha vuelto a llamar sobre estos objetos tan importantes la atención de la Junta, que se ha ocupado profundamente de ellos en estos últimos días.

[...] Sí, españoles, vais a tener vuestras Cortes, y la representación nacional en ellas será tan completa y suficiente cual deba y pueda ser en una asamblea de tan alta importancia y tan eminente dignidad. Vais a tener Cortes, y las vais a tener inmediatamente, porque las circunstancias mismas apuradas en que la nación se mira, imperiosamente las prescriben.

[...] ¡Que de esta reunión solemne y magnífica salgan las grandes medidas, la energía y la fortuna! ¡Que sea como un volcán inmenso, inextinguible, de donde se dilate a torrentes el amor de la patria a vivificar todos los ámbitos de esta vasta monarquía, a abrasar los ánimos en aquella consagración, en aquel desprendimiento sublime, que son la salud y la gloria de los pueblos, y la desesperación de los tiranos! ¡Elevaos, oh padres de la Patria, a la altura de vuestro noble ministerio, y España, elevada con vosotros a sus brillantes destinos, verá volver a su seno para su felicidad a Fernando VII, y su desgraciada familia, verá a sus hijos entrar en la senda de prosperidad y de gloria que deben hollar en adelante y recibir la corona de los sublimes y casi divinos esfuerzos que están haciendo.

Real Alcázar de Sevilla, 28 de octubre de 1809. = El marqués de Astorga, presidente. = Pedro de Rivero, vocal secretario general.

FUENTE: Albert Dérozier: Manuel josef Quintana et la naissance du libéralisme en Espagne, Annales Littéraires de l'Université de Besancon-Les Belles Letres, París, 1970, II, 261-267.

Documento 3

El primer liberalismo español: discurso preliminar del proyecto de Constitución de Cádiz

[...] Tal es, Señor, el proyecto de Constitución para la nación española que la Comisión presenta a la discusión del Congreso. Examínele V. M. con el espíritu de imparcialidad e indulgencia que es inseparable de su sabiduría. La Comisión está segura de haber comprendido en su trabajo los elementos que deben constituir la felicidad de la nación. Su mayor conato ha sido recoger con toda diligencia, según lo ha expuesto ya en este discurso, de entre todas las leyes del código godo y de todas las demás que se publicaron desde la restauración hasta la decadencia de nuestra libertad, los principios fundamentales de una Monarquía moderada, que vagos, dispersos y destituidos de método y enlace, carecían de la coherencia necesaria para formar un sistema capaz de triunfar de las vicisitudes del tiempo y de las pasiones.

La ignorancia, el error y la malicia alzarán el grito contra este proyecto. Le calificarán de novador, de peligroso, de contrario a los intereses de la nación y derechos del rey. Mas sus esfuerzos serán inútiles y sus impostores argumentos se desvanecerán como el humo al ver demostrado hasta la evidencia que las bases de este proyecto han sido para nuestros mayores verdades prácticas, axiomas reconocidos y santificados por la costumbre de muchos siglos. Sí, Señor, de muchos siglos, por espacio de los cuales la nación elegía sus reyes, otorgaba libremente contribuciones, sancionaba leyes, levantaba tropas, hacía la paz y declaraba la guerra, residenciaba a los magistrados y empleados públicos; era, en fin, soberana, y ejercía sus derechos sin contradicción ni embarazo. Pues éstos y no otros son los principios constitutivos del sistema que presenta la Comisión en su proyecto. Todo lo demás es accesorio, subordinado a máximas tan fundamentales, correspondiente sólo al método y orden que se debe seguir para precaver que con el tiempo vuelvan a ofuscarse verdades tan santas, tan sencillas y tan necesarias a la gloria y felicidad de la nación y del rey, cuyos derechos nadie compromete más que los que aparentan sostenerlos, oponiéndose a las saludables limitaciones que le harán siempre padre de sus pueblos y objeto de las bendiciones de sus súbditos.

Por tanto, Señor, examínele V. M., discútale y perfecciónele; y elevado después con su sanción a la naturaleza de ley fundamental, preséntele a la nación, que impaciente y ansiosa por saber su suerte futura, reclama del Congreso el premio de sus heroicos sacrificios. Dígale V. M. que en esta ley se contienen todos los elementos de su grandeza y prosperidad, y que si los generosos sentimientos de amor y lealtad a su inocente y adorado rey la obligaron a alzarse para vengar el ultraje cometido contra su sagrada persona, hoy más que nunca debe redoblar sus esfuerzos para acelerar el suspirado momento de restituirle al trono de sus mayores, que reposa majestuosamente sobre las sólidas bases de una Constitución liberal.

Cádiz, 24 de diciembre de 1811.

FUENTE: Agustín de Argüelles: Discurso preliminar a la Constitución de 1812, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1981, 127-129.

Documento 4

La insolvencia de la Hacienda absolutista (1815)

El conde de Fernán Núñez, embajador de V. M. en Londres, [ha avisado] al ministro de Estado estos días que no ha podido sacar del correo varios pliegos de los que se le habían remitido de aquí, por falta de dinero para pagar sus portes.

Esta lastimosa situación en un departamento tan importante es, por desgracia, común a todos los demás del reino. El ejército, la marina, los empleados en los demás ramos, las viudas, en fin: todos los acreedores del erario claman con igual razón por el pago de lo que se les debe de rigurosa justicia para salir de la pobreza que les acosa, y, lo que es más sensible, claman en vano. Apenas, a fuerza de lágrimas o importunidades, cobran de cuando en cuando una cortísima parte de sus haberes, teniéndose por afortunado el que la logra.

El desorden, el caos en que se halla la real hacienda y la pérdida absoluta de su crédito reprimen los impulsos del benéfico corazón de V. M. y no le permiten sacarles de sus apuros. Éstos, aumentándose por puntos los atrasos del erario, han de ser por fuerza cada día mayores. En vano se emplearán medios paliativos: los empréstitos, después de un alivio momentáneo, no harán más que agravar el mal; los arbitrios parciales, aumentar la desconfianza y desconcierto, y toda medida insuficiente, dilatar por un brevísimo tiempo la ruina del Estado. Ésta amenaza, con efecto, tan de cerca, que no hay un hombre de juicio en España que no la tema a cada instante.

FUENTE: Consulta a Fernando VII del 22 de agosto de 1815; Archivo Histórico Nacional, secc. Estado, legajo 196 (texto reproducido por J.Fontana: La quiebra de la Monarquía absoluta, Ed. Ariel, Barcelona, 1974, 95-96).

Documento 5

Carta abierta de un liberal a Fernando VII: "La opinión es la reina del mundo"

Señor: Cercado por cortesanos o tímidos que no osan deciros la verdad, o ignorantes que no la conocen, o ambiciosos que la desfiguran, y todos adictos a vuestros favores y de ningún modo a vuestra persona, V. M., juguete de sus pasiones, no tiene ojos para ver, ni oídos para escuchar otra cosa que lo que agrada a tales hombres. Por más lisonjeros que os sean sus discursos no son sino el canto armonioso de las sirenas que tratan de adormecer al piloto para que se estrelle la nave. Tal es la suerte de todos los reyes, que, graduando su poder por la sumisión servil de sus súbditos, quieren hacerse respetar por el solo temor. Ellos jamás pueden llegar a conocer el verdadero estado de las cosas, a no ser cuando los males se acercan al extremo. Un continuo riesgo amenaza sus vidas y sus dinastías. A proporción del temor que inspiran, en esa misma razón se aumenta su peligro y el número de sus enemigos secretos.

La imprenta es un órgano por cuyo medio se hacen escuchar los hombres sabios e imparciales de todos los países y por él se consigue reconocer perfectamente cuál es la verdad. [...] Dignaos, señor, por este conducto seguro consultar lo que yo expongo y lo que exponen esos hombres tenebrosos. Dignaos disponer que todos ellos o los más capaces salgan a una plaza pública por medio de la imprenta a rebatir con razones o a desmentir con hechos las opiniones que tan asesina y cobardemente tratan de desacreditar. Nada, señor, os degradaría este paso; es lo que practican los gobiernos más ilustrados y que mejor entienden sus intereses. ¿De qué sirve, señor, que en esa reunión sombría se dé el nombre de blasfemias a doctrinas las más sanas y de ideas subversivas a las únicas capaces de proporcionar la tranquilidad del pueblo y de asegurar vuestra existencia política tan amenazada, si los sabios de todos los países, si las luces del día, si la opinión general, si la imprenta, si la experiencia dicen todo lo contrario? ¿De qué sirve, señor, que la Inquisición, redoblando su furor y sus anatemas, condene como impío e irreligioso mi escrito, si la opinión general lo aprueba y si el hombre más timorato nada encuentra en él que pueda ofender la sana moral? ¡Detestable gobierno el que necesita persuadir la justicia de sus determinaciones por el uso de la fuerza!

Ningún monarca puede consolidar su poder, ni reinar tranquilamente, a no ser conformándose con las opiniones dominantes. La historia no ofrece un solo hecho que desmienta la exactitud de esta observación. Los reyes verdaderamente grandes no fueron otros que los que han logrado percibir el espíritu de la época en que vivían y ceder al impulso de su siglo. Por el contrario, todos aquellos que, inatentos al progreso de la civilización han procurado resistir a la opinión, han tenido reinados débiles, agitados y desastrosos. Sus triunfos sobre las nuevas ideas, que procuraban sofocar, han sido siempre muy efímeros y al fin el espíritu del siglo ha quedado vencedor, por más desiguales que en un principio fuesen estas luchas. No son, señor, ni reyes, ni emperadores, ni papas, ni sus sicofantas los que gobiernan el mundo. Son siempre las ideas de cada siglo; es la opinión general de cada época, y la de la actual es la misma que yo anuncio en mi escrito.

La opinión es la reina del mundo, cuyo único imperio es indestructible. Saber crearla supone un gran genio; para dirigir su marcha basta tener prudencia y poder; despreciarla supone depravación de costumbres; mas empeñarse en resistir su torrente demuestra el cúmulo de la insensatez o de la desesperación. [...] Ella es la que salvó la independencia de España, y ella será la que restablecerá la monarquía constitucional española, la que aniquilará el tribunal de la Inquisición, que tanto detesta, y la que destruirá vuestra persona y vuestra dinastía si os obstináis en resistirla de lleno.

Podría presentaros iguales ejemplos en la historia del paganismo, del papismo y del feudalismo, pero sería por demás, pues que los ejemplos citados deben ser suficientes lecciones si queréis abrir los ojos y no dejaros arrastrar al precipicio a que por segunda vez os conducen unos mismos consejeros.

[...] Los males [de la Patria] son por desgracia demasiado notorios y abultados para que ningún buen español pueda ser indiferente a ellos. El que os los recuerda y describe tales como son para que procuréis repararlos no puede ser, señor, vuestro enemigo. Vos mismo debéis conocer que es muy infeliz vuestra situación; que no tenéis poder para haceros respetar de los extranjeros ni de vuestros súbditos; que éstos no manifiestan sino inquietud y desafecto; y que la nación camina precipitadamente a su ruina o que tiene que hacer un sacudimiento que os será muy costoso. Mi plan, señor, repara todos estos males y no os expone a ningún riesgo. ¡Feliz yo si logro convenceros!

El todopoderoso guarde vuestra vida muchos años para hacer la felicidad de la nación. Londres, y octubre 8 de 1818.

Señor, a L. R. P de V. M. [a los Reales Pies de Vuestra Majestad].

Álvaro Flórez Estrada.

FUENTE: El Español Constitucional, Londres, marzo de 1819, 1, 485-488 (Á.Flórez Estrada: Obras, II, Biblioteca de Autores Españoles, tomo CXIII, Madrid, 1958, 212-214).

Documento 6

Proclama de Fernando VII restableciendo la Constitución de Cádiz: "Marchemos francamente, y Yo el primero..."

Españoles: Cuando vuestros heroicos esfuerzos lograron poner término al cautiverio en que me retuvo la más inaudita perfidia, todo cuanto vi y escuché, apenas pisé el suelo patrio, se reunió para persuadirme que la nación deseaba ver resucitada su anterior forma de gobierno; y esta persuasión me debió decidir a conformarme con lo que parecía ser el voto casi general de un pueblo magnánimo que, triunfador del enemigo extranjero, temía los males, aún más horribles, de la intestina discordia.

No se me ocultaba, sin embargo, que el progreso rápido de la civilización europea, la difusión universal de luces hasta entre las clases menos elevadas, la más frecuente comunicación entre los diferentes países del globo, los asombrosos acaecimientos reservados a la generación actual, habían suscitado ideas y deseos desconocidos a nuestros mayores, resultando nuevas e imperiosas necesidades; ni tampoco dejaba de conocer que era indispensable amoldar a tales elementos las instituciones políticas, a fin de obtener aquella conveniente armonía entre los hombres y las leyes, en que estriba la estabilidad y el reposo de las sociedades.

Pero mientras yo meditaba maduramente con la solicitud propia de mi paternal corazón las variaciones de nuestro régimen fundamental, que parecían más adaptables al carácter nacional y al estado presente de las diversas porciones de la monarquía española, así como más análogas a la organización de los pueblos ilustrados, me habéis hecho entender vuestro anhelo de que se restableciese aquella Constitución que entre el estruendo de armas hostiles fue promulgada en Cádiz el año de 1812, al propio tiempo que con asombro del mundo combatíais por la libertad de la patria. He oído vuestros votos, y cual tierno Padre he condescendido a lo que mis hijos reputan conducente a su felicidad. He jurado esa Constitución por la cual suspirabais, y seré siempre su más firme apoyo. Ya he tomado las medidas oportunas para la propia convocatoria de las Cortes. En ellas, reunido a vuestros Representantes, me gozaré de concurrir a la grande obra de la prosperidad nacional.

Españoles: vuestra gloria es la única que mi corazón ambiciona. Mi alma no apetece sino veros en torno a mi Trono unidos, pacíficos y dichosos. Confiad, pues, en vuestro Rey, que os habla con la efusión sincera que le inspiran las circunstancias en que os halláis, y el sentimiento íntimo de los altos deberes que le impuso la Providencia. Vuestra ventura desde hoy en adelante dependerá en gran parte de vosotros mismos. Guardaos de dejaros seducir por las falaces apariencias de un bien ideal, que frecuentemente impiden alcanzar el bien efectivo. Evitad la exaltación de pasiones, que suele transformar en enemigos a los que sólo deben ser hermanos, acordes en afectos como lo son en religión, idioma y costumbres. Repeled las pérfidas insinuaciones halagüeñamente disfrazadas de vuestros émulos. Marchemos francamente, y Yo el primero, por la senda constitucional, y mostrando a Europa un modelo de sabiduría, orden y perfecta moderación en una crisis que en otras naciones ha sido acompañada de lágrimas y desgracias, hagamos admirar y reverenciar el nombre Español, al mismo tiempo que labramos por siglos nuestra felicidad y nuestra gloria.

Palacio de Madrid, 10 de marzo de 1820. Fernando.

FUENTE: Gaceta extraordinaria de Madrid, 12 de marzo de 1820 (reproducido en M.C.García-Nieto y E.Yllán: Historia de España, 1808-1978. La revolución liberal, 1808-1868, Ed. Crítica, Barcelona, 1987, 44-45).

Documento 7

Origen socioprofesional de los diputados y cargos municipales del Trienio liberal (1820-1823)

Documento 8

El liberalismo exaltado del Trienio liberal: "La guerra civil es un don del cielo"

Así lo dijo un orador de la tribuna de la Fontana de Oro, y desde entonces ha sido esta proposición la piedra del escándalo. Con ella han procurado los serviles, los falsos moderados, y en una palabra los enemigos de la patria y de la libertad, alucinar a los incautos para hacerles concebir la idea fatal de que los exaltados sólo quieren desorden y anarquía, y para conducirlos a apetecer la funesta tranquilidad que se goza a la sombra del trono de los tiranos. ¡Infames! Arranquemos la máscara con que se encubren. Presentemos la proposición, no así aisladamente como ellos lo hacen, sino examinando los trámites del discurso por donde el orador vino a parar a ella, y encontraremos, sin que quede lugar a la duda ni al error, que encierra una verdad eterna.

El orador se hizo cargo de que nadie se alarma con los infames discursos que se insertan a cada instante en esos periódicos (bien conocidos), destinados a amortiguar el entusiasmo de la libertad, al paso que llegan los gritos hasta el cielo, cuando se cree que un patriota se ha excedido: de que son infinitos los privilegiados que hasta ahora han vivido de oprimir y saquear a los pueblos; de que estos mismos creen que volverán a recobrar sus ominosos derechos, y de los medios infames que emplean para desacreditar la revolución. Observó la marcha tortuosa del gobierno: dijo que los pueblos debían tomar una actitud enérgica e imponente para contener a los ambiciosos: que se les hablaba frecuentemente de los horrores de la guerra civil, tal vez con la idea de disponer los ánimos para toda clase de sufrimientos, pues observaba que a cada instante se recordaban estos horrores y se descuidaba recordar el cuadro de calamidades que se sufren bajo el cetro de hierro de los déspotas: que el hombre nació libre e independiente y la mayor desgracia que puede sucederle es la de llegar a ser esclavo; últimamente dijo que doquiera se presentase el despotismo se le debía atacar abiertamente, sin que nos arredrase la idea de la guerra civil, pues entonces la guerra civil es un don del cielo que preservaba a los hombres de un mal que con nada puede compararse y que es peor que la misma muerte.

Esto fue lo que dijo el orador de la Fontana, y tuvo razón. En la disyuntiva de sufrir el yugo de un déspota o de tener que correr a las armas para defender la libertad, es necesario no titubear un instante en adoptar el último extremo. Cuando los hombres libres se declaran en guerra abierta con los que quieren ser vasallos, esta lucha se llama guerra civil: ¿pero no es mejor esta guerra civil que sufrir con las cadenas de la arbitrariedad, las hogueras de la Inquisición y la dura suerte de esclavos, en cuyo estado no hay patria y viven los hombres sin derechos, pues hasta el pensamiento jura vasallaje y sumisión al déspota?

Es necesario que no nos alucinemos. Todos los opresores de la tierra han procurado que el pueblo tema más a la guerra civil que al despotismo. Los amantes de la libertad, por el contrario, han inspirado a los hombres la idea justa de que deben sacrificar hasta su misma existencia antes de sucumbir al yugo de la tiranía. Generalizar esta doctrina es querer afianzar la libertad, porque no es dudable que sus enemigos, si ven al pueblo decidido a sostener sus derechos se apartarán de sus maquinaciones: por el contrario, si le ven apático redoblarán sus esfuerzos para que vuelva a cargar con la cadena.

Conducidos por estos principios, bendeciremos siempre la mano de Riego que salvó la patria; bendeciremos y tendremos como un don del cielo la guerra civil que sostuvo con sus valientes desde 1 de enero hasta 10 de marzo de 1820, y si la tiranía quiere algún día entronizarse, bendeciremos también la guerra civil que se promueva para destruir sus infames designios, y jamás tendremos de qué arrepentirnos. El Criador del Universo bendijo también los esfuerzos que hicieron Mathatías y sus hijos para evadirse de la injusta dominación del impío Antíoco Epífanes.

FUENTE: El Zurriago, Madrid, núm. 5, 1821 (texto reproducido por A.Gil Novales: Textos exaltados del Trienio liberal, Eds. Júcar, Madrid, 1979, 101-103).

Documento 9

El liberalismo moderado: La opinión de El Censor sobre el republicanismo

"El tiempo, decía el orador romano, destruye las opiniones infundadas, confirma y sanciona los fallos de la razón"; y lo mismo pueden decir hoy, sin que se les deba tratar de vanidosos, los redactores de El Censor, respecto de sus presentimientos y predicciones. Un año entero ha que están clamando contra los perturbadores del orden, los anarquistas y los facciosos que siendo un puñado de miserables se arrogan el título de pueblo, hablan en su nombre y quieren dictar leyes al rey, a los ministros, a los tribunales y a las Cortes mismas; y un año entero se ha estado gritando contra ellos por los interesados en el desorden, que semejantes clamores eran inútiles; porque entre nosotros no había ni jacobinos, ni anarquistas, ni alborotadores, ni sanguinarios. Pero al fin llegó el día en que no ha sido posible resistir a la evidencia, y en que hasta los magistrados mismos han tenido que alzar su voz contra los revoltosos que a nombre del pueblo procuran intimidar a los depositarios de la autoridad. Pueden verse las últimas proclamas del ayuntamiento y del jefe político, la representación de la milicia nacional y varios artículos insertos en periódicos que antes hablaban otro lenguaje. Lo mismo ha sucedido con otros muchos de los principios consignados en El Censor, los cuales, o combatidos o despreciados al principio, han sido al fin reconocidos por verdaderos. Larga sería la enumeración. Por ahora nos limitaremos a las ideas republicanas, hacia las cuales El Censor empezó a notar cierta tendencia, y contra las cuales se apresuró a prevenir al público ya desde sus primeros números. Por entonces no se hizo caso del aviso, y si alguno se dio por entendido fue para negar que hubiese en España la más remota idea de republicanismo. Y, en efecto, El Censor mismo no creyó ni dijo que fuesen muchos los que soñasen en república, y sólo insinuó que acaso "algunos jóvenes recién salidos de las aulas, con la imaginación llena de las encantadoras imágenes y seductoras impresiones que deja en el ánimo la lectura de la historia griega y romana, suspirarían por la tribuna de Atenas y los comicios de Roma'. Sin embargo, desde entonces acá parece que algo han cundido aquellas ideas, si es que tienen algún fundamento los rumores que corren estos días, y si se refieren a esto ciertas expresiones de las proclamas del jefe político de Zaragoza sobre una secreta maquinación dirigida a mudar la fórmula actual de gobierno. Nosotros no diremos que en efecto haya existido y exista semejante trama, ni que en ella hubiesen entrado tales o cuales personas: nada sabemos ni queremos aventurar temerariamente, pero siguiendo siempre el sistema de conjurar la tempestad antes que llegue, por si algo hubiere de cierto, nos ha parecido útil y aun necesario discutir con alguna extensión las dos grandes cuestiones que presenta la materia. ¿Es posible establecer en España el gobierno republicano? [...]

Demos por posible, llano y fácil el paso de la monarquía a la república: ¿sería conveniente darlo? ¿Qué ganaríamos en el tránsito? Para responder brevemente y no prolongar demasiado este artículo, diremos que con semejante mutación lo que se ganaría sería hacer inestables las instituciones liberales, precaria la existencia del gobierno, cierta la guerra civil e infalible la vuelta del despotismo. Se ha dicho que en el gobierno de una gran nación el trono hereditario es la clave de bóveda: y esta expresión feliz dice en una sola palabra lo que sucederá infaliblemente en cualquiera de la antiguas monarquías que inconsideradamente adoptase el régimen republicano, de cualquier modo que se quisiesen combinar sus elementos. Así como faltando la clave, las piedras de la bóveda se desunen, y el edificio que en ella se apoyaba viene al suelo, así también cuando en un país que ha sido monarquía por una larga serie de siglos, se proclama la república, es lo mismo que proclamar la disolución social. La ambición que en la monarquía hereditaria se limita a los puestos inferiores, porque sabe que llegar al primero es imposible, se desencadenará luego que éste se declarase vacante y accesible. Y como los ambiciosos serían muchos y cada uno tendría sus protectores y clientes, los bandos y las parcialidades no tardarían en manifestarse públicamente y en llegar a las manos cuando las secretas intrigas no bastasen para asegurar el triunfo. [...] Es menester penetrarse de una verdad, y es que la monarquía constitucional no se establece a favor de la persona y dinastía que se llama al trono, sino en beneficio del orden y para dar estabilidad, consistencia y firmeza a las mismas instituciones.

[...] No nos valemos del argumento más poderoso que hay en la materia que es lo acaecido en Francia por haber proclama[do] intempestivamente la república; porque sabemos que se nos daría la acostumbrada respuesta de que los españoles no son franceses; pero sí decimos que siendo hombres los españoles, los ingleses, los alemanes y todos los habitantes de Europa, en cualquier país en que se estableciese ahora una república sucedería lo que en Francia. La llamada república sería una verdadera anarquía: los ciudadanos se estarían degollándose unos a otros por espacio de algunos años y, cansados de sus males, tendrían que volver a una monarquía justa y templada, y acaso al despotismo que con tan cruel desengaño prefirieran a la dominación del populacho.

Concluimos de todo lo dicho, que pues tenemos una buena Constitución, tratemos sólo de conservarla, no nos deslumbremos con especiosas teorías, no aspiremos a una perfección ideal en materia de gobierno, a la cual no es dado llegar, y no realicemos la fábula del perro que soltó el bocado real y seguro que tenía ya en la boca, por coger el que sólo estaba pintado en la corriente del arroyo.

FUENTE: "Proyectos republicanos", El Censor, núm. 60, Madrid, 22 de septiembre de 1821, 425-448.

Documento 10

Censo policial (incompleto) de presuntos liberales en España (1826)

Documento 11

Los orígenes del carlismo: carta de Carlos María Isidro a su hermano Fernando VII

[...] No puede haber peor consejero que el miedo: acuérdate lo claro que siempre te he hablado; ya hace más de año y medio que te he dicho repetidas veces que el camino que llevabas, contemplando a los malos y poniéndote en sus manos, al mismo tiempo que había una propensión en perseguir a los buenos, a tus fieles vasallos, llegaría el día en que te vieses ligado de pies y manos y no tuvieses más remedio que sucumbir a la ley que te quisieren imponer, y si los buenos te quisiesen defender, te vieses en la dura precisión y en la injusticia mayor de tenerlos que perseguir de mano armada; caso dolorosísimo para tu corazón: tú ya crees que es llegado el caso de la primera parte; yo no lo creo, porque todavía hay remedio; pero si das este paso, acaso se cumplirá mi segunda parte. Por Dios, reflexiónalo; mira que no te lo deben agradecer, porque ya se han apoderado de la casa del vecino [Portugal] y ya tienen la entrada más practicable, con que si les abres la puerta, sin mérito tuyo para ellos, saca la consecuencia de las resultas, y lo que es peor, la cuenta que te pedirán luego donde no se admiten transacciones de ninguna especie: nunca acabaría si te quisiese hacer reflexiones, pero, por Dios, ten franqueza conmigo y desahoga tu corazón aunque no sea más que para decirme que no lo quieres desahogar conmigo; y después de las memorias acostumbradas, manda lo que quieras, y cree que te ama de corazón

Tu más amante hermano,

Carlos

FUENTE: Carta fechada en Madrid, 2 de agosto de 1826 (C.Seco Serrano: Tríptico carlista, Ed. Ariel, Barcelona, 1973, 35-37).

Documento 12

La violencia anticlerical según Larra

[...] Ya sabrás en París los asesinatos del santuario de Hort: hicieron eco en Barcelona y hubo allí la de Dios es Cristo. Muchos liberales se afligieron y yo también me afligí: ¡vaya!, pero no precisamente en cuanto liberal sino en cuanto hombre. Une estos que llaman atentados, y que realmente lo son, con los de los conventos, y remontándote más arriba, con los del 17 de julio [de 1834], de triste recordación para los frailes de Madrid, y te diré una cosa.

Cuando yo veo a los principales pueblos de una nación alzarse tumultuosamente, y a pesar de las guarniciones, y de la guardia nacional, y del poder del gobierno, atropellar el orden y propasarse a excesos lamentables en distintos puntos, en épocas diversas, y a despecho de los sentimentales sermones de los periódicos, difícilmente me atrevo a juzgarlos con ligereza; mientras mayores son los excesos, más increíble el olvido de las leyes y más fuerte la insurrección, más me empeño en buscarles una causa; ni en el orden físico ni en el moral comprendo que lo poco pueda más que lo mucho; no comprendo que no pueda suceder nada que no sea natural, y para mí natural y justo son sinónimos. De donde infiero que una insurrección triunfante es cosa tan natural como la erupción de un volcán, por perjudicial que parezca. Una causa no es una defensa, pero es una disculpa, desde el momento en que se me conceda que una causa ha de tener forzosamente un efecto.

Ahora bien. ¿En dónde ve el pueblo español su principal peligro, el más inminente? En el poder dejado por una tolerancia mal entendida, y por muy largo espacio, al partido carlista; en la importancia que de resultas de la indulgencia y de su desprecio inoportuno ha tomado la guerra civil. ¿No veía en los conventos otros tantos focos de esa guerra, en cada fraile un enemigo, en cada carlista preso un reo de estado tolerado? ¿No procedía del poder de esos mismos enemigos, dominantes siglos enteros en España, la larga acumulación de un antiguo rencor jamás desahogado? ¿Qué mucho, pues, que la sociedad, acometida en masa, en masa se defienda? ¿Qué mucho que no pudiendo ahogar de una vez al enemigo entre sus brazos, se arroje sobre la fracción más débil de él que tiene más cerca y a disposición? Sólo puede ser generoso el que es ya vencedor: si al gobierno le es dado juzgar y condenar legalmente, es porque está fuera de combate, porque representa a la justicia imparcial. Pero se pretende que de dos atletas en la fuerza de la pelea, el uno continúe su victoria hasta acabar con su enemigo, y que éste se contente con decirle: "¡Espérate, no me mates, que voy a dar parte a la justicia, que es de mi partido, para que ella te ahorque!".

El pueblo no es el gobierno; es más fuerte que él cuando éste no comprende y satisface sus necesidades; y prueba de ello es que lleva a cabo sus atentados sin que aquél los pueda prever ni impedir. No es esto alabar los atentados, sino decir que son los inconvenientes de las revueltas, y que por malos que parezcan son naturales; como es malo, pero natural, que un río atajado por diques inferiores a él, se salga irritado de madre e inunde la campiña que debiera fertilizar mansamente.

Nota aquí una cosa. Quien pudo hace un año dar salida conveniente a ese río no lo supo hacer, y cuando llega la avenida, se queja del río. Quéjese de su torpeza, que no calculó antes de poner los diques la fuerza que el agua traería. El gobierno no supo a tiempo contentar a los pueblos y dar salida legal a su justo enojo, y su sucesor, que heredó la culpa, se queja, ¿de qué?, ¡de que los pueblos no son de cartón, como uno y otro creyeron!

Recorre la historia: en ella aprenderás que un asesino nunca puede ser justo; pero cuando no es uno, cuando no es una facción, cuando son los pueblos enteros los que asesinan, rara vez dejan de obrar naturalmente. Que no fueron entre nosotros cuatro malévolos, mal pudiera negarlo el gobierno mismo, pues a haberlo sido, ¿cómo no hubiera estado en su mano sujetarlos? De donde infiero que los desórdenes del pueblo, o son naturales y justos cuando el gobierno no los puede contener, o son culpa del gobierno cuando puede y no sabe, o no quiere. Argumento sin contestación [...].

Asesinatos por asesinatos, ya que los ha de haber, estoy por los del pueblo [...].

FUENTE: Mariano José de Larra: Dios nos asista. Tercera carta de Fígaro'a su corresponsal en París, Madrid, 1836 (extracto tomado de M. J. de Larra: Artículos políticos y sociales, Espasa-Calpe, Madrid, 1972, 187-190).

Documento 13

El modelo social del liberalismo español

La repetición y constancia con que de tres años a esta parte se están proclamando las buenas doctrinas del gobierno constitucional no pueden menos de producir resultados útiles, desvaneciendo en el ánimo común algún sofisma, y convenciendo tal vez a algún partidario de retrógradas y anárquicas ideas. Entre mil pruebas de esta verdad, citaremos hoy únicamente la que nos suministra El Eco del Comercio en uno de sus últimos números, disertando sobre la misma esencia de este gobierno.

Si ha habido desde su creación un periódico constante en solicitar el poder para la muchedumbre, en conceder a las masas, a todos los ciudadanos, todos los derechos políticos, lo había sido sin duda ese periódico. Ninguno fue más consecuente en la idea democrática de la igualdad; ninguno aceptó tan franca y universalmente las consecuencias de la soberanía del pueblo, en su sentido práctico y aplicable. Bástenos recordar que por esta causa ha combatido no hace mucho la elección directa, y sostenido la de dos grados, que las Cortes no tuvieron a bien admitir.

Pues bien. El Eco no quiere ya la participación del pueblo a los derechos políticos; El Eco no quiere ya que éstos se concedan sino a los que ofrecen garantías para su uso; El Eco defiende que el gobierno constitucional debe ser el gobierno de la clase media, es decir, de la clase inteligente y propietaria: El Eco ha escrito en fin un artículo que, salvo rarísimas expresiones, no tendríamos nosotros ningún inconveniente en firmar.

Véase, pues, cómo fructifican y triunfan las doctrinas del verdadero progreso, porque son las doctrinas sociales. Véase, pues, cómo sus mismos adversarios las admitan en fin, arrastrados por la conciencia y la convicción.

Nosotros pediríamos a El Eco no se detuviese por una mala vergüenza en esa reacción que no podrá menos de confesar. Ninguna deshonra hay en abandonar un camino por donde se iba extraviado, para entrar en el que conduce verdaderamente al término que se desea. El progreso, dice Guizot, cuando se ha salido del orden, no consiste sino en volver a él. Y no se alarme El Eco por la cita de ese hombre de Estado: su artículo a que aludimos hoy puede pasar casi generalmente por un extracto del último discurso que éste ha pronunciado en la tribuna francesa.

Sí, diremos también nosotros: el gobierno representativo en toda Europa no es ni puede ser sino la organización y el dominio de las clases inteligentes y propietarias. La capacidad es la que da el derecho al mando: las clases o por mejor decir los individuos a quienes debe reconocérselo la ley, son aquellos, y no otros, en los que se encuentran presunciones de capacidad. Concédanse los derechos civiles a todo el mundo, porque así lo exige la justicia; pero los derechos políticos, las prerrogativas, como se dice en alguna nación, ésos no se pueden conceder sino a los que sepan manejarlos. ¿Sabéis lo que exige la justicia respecto a éstos? Que no los hagáis patrimonio de una oligarquía; que no los monopolicéis en beneficio de una casta; que dejéis abierto y franco el camino para que cualquiera de las clases inferiores pueda elevarse por su trabajo y su mérito a esa clase superior, a esa clase depositaria del poder social. Que la clase media no sea una aristocracia como las antiguas, fundada sobre cuarteles, donde sólo puede entrarse por privilegios de nobleza; que sea por el contrario una inmensa asociación, donde todos pueden sentarse sin presentar otro título que los de su inteligencia y los de su trabajo.

Éste es el verdadero gobierno ensayado en algunos países de Europa, y hacia el que gravita universalmente esta antigua sociedad. Quien de otro modo lo comprenda, no ha marchado a la par de los acontecimientos, no los ha observado con juicio y sensatez, se ha quedado fijo, inmoble, en las falsas teorías del siglo XVIII.

Y si esto es verdad en toda Europa, más cierto e incontrovertible es en nuestra España. Los que han creído cumplir la voluntad de la muchedumbre, de las clases pobres y jornaleras, promoviendo una revolución, estaban seguramente fascinados. Menos aquí que en ninguna otra parte eran esas masas interesadas en el cambio político: chocaba éste con sus preocupacio nes, y aun lastimaba sus intereses tales como ellas las comprendían. Las masas proletarias eran entre nosotros armónicas con el gobierno absoluto, y con otra institución que ya ha dejado de existir. La reforma española, pues, no ha debido proponerse jamás sino poner un término a esa democracia regia, semejante a la de Turquía, y constituir el poder en las clases que pueden ejercerlo con provecho de todos.

Un gran paso se ha dado para este fin con la Constitución que acaba de decretarse. Cualesquiera que hubiesen sido nuestras particulares opiniones en algunos puntos, siempre hemos aceptado la totalidad de la obra, aun cuando no pasaba de proyecto. Promulgada que sea, elevada a ley fundamental, puesta en práctica en sus disposiciones, nosotros nos adheriremos a ella con tanto empeño y verdad, como que sólo en su observancia, en su observancia de muchos años, descubrimos un término posible a nuestros males. El dominio de la clase propietaria y capaz nos parece que quedará asegurado con ella; y en este dominio, sólo en este dominio, está la salvación, está el porvenir de las naciones.

FUENTE: El Español, Madrid, 27 de mayo de 1837.

Documento 14

La Guerra Carlista: un discurso del conde de Toreno

[...] Dijo este Sr. Diputado: ¿tenemos bastante tropa para vencer [a] los enemigos? ¿Tenemos bastantes recursos para cubrir las necesidades de estas mismas fuerzas? Señores, ésta es una cuestión inmensa que sólo puede ventilarla el Gobierno. Yo he creído muchas veces que no era precisamente la fuerza la que nos faltaba, sino que mucha de la que paga el Erario es como si no existiera; porque una porción de esta fuerza que nunca ha podido hacer servicios, no es por su naturaleza de la misma influencia sobre el resultado de la guerra que el ejército que la Nación paga, y que en lugar de servir para dar más y más apoyo, a fin de concluir la facción enemiga, es sólo una fuerza que debilita en lugar de ser efectiva.

[...] De aquí ha partido el Sr. Diputado de quien voy hablando para decir: que ésta era una guerra a muerte; que uno de los dos partidos, o el contrario o el nuestro, debía vencer; no sólo vencer, sino que uno de ellos debía ser destruido o exterminado, habiendo usado de la expresión "guerra a muerte".

Yo, señores, nunca seré de esta opinión. Las guerras civiles nunca se concluyen por el exterminio de un partido respecto al otro. Esto además sería un mal, y gravísimo, porque se trata, señores, de españoles, de provincias enteras, de muchísimos extraviados, y es imposible que una guerra civil al cabo de cuatro años pueda finalizarse por el exterminio de una parte de la población respecto a otra. Yo suplicaría al Sr. Diputado que ha sentado este principio, que me dijera qué guerra civil ha acabado nunca de esa manera, a no ser que hubiera habido una Nación extranjera que se hubiera metido dentro de la que sufría aquella desgracia. Todas han tenido que acabarse por medio de transacciones, aun venciendo, y venciendo completísimamente.

En esas provincias mismas hay ciudadanos muy dignos que han abrazado la causa de Isabel II y de la libertad; hay propietarios y comerciantes muy recomendables que, lejos de tomar parte en favor del Pretendiente, han seguido la causa de S.M.; y estos mismos, ¿no están interesados en que su país no se extermine? Está bien que los principales jefes caudillos, si no hubiera habido con ellos transacciones que hubieran comprometido al Gobierno, no sean considerados en el mismo caso; pero lo que es respecto de la masa de las poblaciones, y aun de aquellos mismos jefes que quisieran venir a nuestras banderas, no se puede proceder del mismo modo. Yo seré siempre de opinión de que sin transacción (Murmullos de algunos individuos de la galería pública; y habiendo reclamado contra ellos el orden con esfuerzo algunos Sres. Diputados, continuó el orador), nada importa; diré la verdad, y nada me importa decirla; que en todos tiempos debe expresarse el hombre así: Vincentem strepitus et natum rebus agendis ["carezco de la intrépida energía de voz y de mente"]. Decía que si con transacción y olvido se concluyese la guerra civil, conclúyase, con tal de que el Trono de Isabel II y la causa de la libertad triunfe y continúe gobernando la Nación [...].

FUENTE: Discurso de José María Queipo de Llano, conde de Toreno, en las Cortes; Diario de Sesiones, 10 de enero de 1838 (reproducido en Conde de Toreno: Discursos parlamentarios, ed. de J.Varela Suanzes-Carpegna, Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, 2003, 290-292).

Documento 15

Espartero y el dilema del primer republicanismo español

La crisis azarosa en que se encuentra el partido republicano, los errores a que se ha dejado arrastrar, y la posición comprometida en que se intenta colocarle, nos precisan a elevar de nuevo la voz del Huracán bien conocida de los demócratas federalistas españoles y que tal vez no haya perdido el antiguo prestigio de que algún tiempo gozó entre ellos. Harto hemos callado contra nuestra voluntad: de hoy en adelante, reunidos los elementos necesarios para el combate, sólo cesará de oírse nuestra voz cuando haya llegado el día en que afirmada la victoria del pueblo sean inútiles nuestros acentos o cuando sucumbamos en la lucha que emprendemos con el poder actual y con el no más noble ni legítimo que aspira a sustituirle.

[...] La persecución encarnizada declarada por el gobierno contra nuestro partido fue un crimen de lesa soberanía nacional y aun de lesa racionalidad; pero al propio tiempo fue un error en política, una imbecilidad, un contrasentido, un absurdo repugnante. Anatemizado el poder de Espartero por los principios de los monarquistas de todos los matices, condenada de antemano su persona al Cadalso de Riego si no le salva la fuga y expatriación ¿qué esperanza le restaba a no colocarla en el triunfo de las opiniones democráticas? ¿Con qué otro apoyo contaría que con el de la revolución y de la república? ¿Quién podría perdonarle más que el pueblo su conducta de septiembre y octubre de 1840 y elevarle temporalmente por sus votos al supremo honor a que es dado aspirar un hombre, al de presidente de una democracia? Pues bien, Espartero ha concebido al revés su papel: o aspira al sostén del principio monárquico para recibir en premio un tremendo y funesto desengaño, o a una dictadura militar imposible en España, rechazada unánimemente por todos cuantos sienten latir en su pecho un corazón español, jamás consentida por la Europa y cuyo intento solo, o cuyo establecimiento temporal, aun realizándose, le conduciría al cadalso arrastrado hasta sus escalones afrentosamente por el pueblo.

Pero si Espartero ha comprendido al revés su posición y sus intereses, ¿comprenden mejor la suya y los suyos los republicanos que a trueque de derribarle se someterían a la dominación de los retrógrados, los que la provocan neciamente o tal vez los que la anticipan en sus deseos, y la llaman en sus votos y para colmo de afrenta e imbecilidad la abren ancho camino por donde se precipite sobre la España? Si debemos a Espartero persecuciones, ¿qué nos aguarda más que la proscripción bajo Isabel? [...]

No quiere decir esto que aprobamos nosotros, que disculpamos siquiera la conducta brutal y estúpida del actual gobierno; nadie nos hará la injuria de pensarlo ni un instante. El bombardeo de Barcelona, el estado de sitio de aquella población, las comisiones militares, los asesinatos en la ciudadela, los bandos de Van Halen y de Seoane, el desarme de la milicia nacional, claman por castigo y escarmiento: son de los insultos que siempre rechaza y venga un pueblo justa, lícita y moralmente. Pero nosotros no somos de los que aspiran sólo a derribar lo que existe sin cuidarse de lo que vendrá después: queremos que a los delincuentes que hoy nos oprimen no sustituyan los que lo fueron antes en igual grado, los que lo serían mañana en grado más superior. Queremos que se asegure la libertad, la moralidad y la justicia. Queremos, en suma, que se destierre ese sistema advenedizo de engaño y charlatanería y apariencias para entronizar de una vez la soberanía popular, con la franqueza y verdad que distinguió siempre a la nación española.

Torpemente se equivocan los que quieren destituir un despotismo débil y detestado, caduco al nacer y que por sí mismo se desmorona con otro fuerte arraigado por el tiempo, apoyado por los déspotas extranjeros y con probabilidades de vida y duración.

Al aparecer de nuevo tras de nuestro silencio nos afiliamos en la coalición periodística en cuanto al sostén de la libertad de imprenta en toda su latitud constitucional y de las demás garantías individuales; pero en cuanto reconoce la legislación vigente de la prensa inconstitucional y monopolizadora la rechazamos; y en cuanto a la no prorrogación de la menor edad de Isabel de Borbón no somos tan imbéciles que nos pasemos al campo de nuestros contrarios. Allá se avengan la legitimidad de Isabel y la ambición de Espartero: nosotros no somos partes en tan mezquina lucha: procuraremos deshacernos (legalmente se entiende) del de los dos que nos estorbe: de ambos, si ambos nos estorban.

FUENTE: El Huracán, núm. 499, Madrid, 15 de marzo de 1843.

Documento 16

Un balance crítico del constitucionalismo español (1812-1845): la visión conservadora de Jaime Balmes

Es curioso observar el nacimiento, la vida y la muerte de las constituciones en España: desde que tan mal agüero presidió a la suerte de la de Cádiz, no parece sino que las demás han heredado las enfermedades de su progenitora. La de 1812 nació en un ángulo de España, bajo la inspiración de la escuela revolucionaria, mientras el pueblo español estaba peleando con inaudito heroísmo por el rey: ella llevaba en su acompañamiento las doctrinas volterianas, mientras el pueblo español unía en sus ecos el grito de rey con el de religión. Sin embargo, en la Constitución de 1812 estaba consignada la soberanía popular. Esto era un sarcasmo. Habiendo perecido el nuevo código a manos del rey entre las aclamaciones del pueblo soberano, resucitó en la punta de las bayonetas de los sublevados en Cabezas de San Juan, para morir otra vez a manos de una invasión extranjera, acogida también con entusiasmo por la soberanía popular.

Cuando en 1834 se entró de nuevo en el sistema liberal, era tanto el descrédito que había caído sobre los ensayos anteriores que fue preciso tomar otro camino publicando el Estatuto. Sin embargo, a pesar de lo mucho que se diferenciaba de la Constitución de 1812, tampoco pudo echar raíces: murió también de mano airada. El interregno constitucional no podía ser tan completo que nos quedáramos sin ninguna constitución: otra vez se recurrió a la panacea; se des [en]terró la momia de 1812 y se la paseó triunfante en hombros de los amotinados de La Granja.

Discutida, aprobada, sancionada y solemnemente publicada y jurada la de 1837, viose rodeada del amor y cariño de todos, ¿quién lo dijera?, de todos los liberales. Los progresistas la miraban con la predilección que los padres a sus hijos; y los moderados, celosos y algo envidiosos de tanta gloria, dijeron que la nueva constitución había sido hecha, sí, por los progresistas, pero con los principios del partido moderado. La elasticidad es una de las leyes más fecundas de la naturaleza.

Era necesario ser lince para descubrir que los principios de la Constitución de 1837 eran los mismos que los del Estatuto; nosotros no lo habíamos advertido antes, ni hemos acertado a comprenderlo después: pero es necesario respetar los votos competentes.

El código de 1837 era todavía excelente a mediados de 1843, bandera común de los partidos, pacto de alianza entre antiguos contendientes, prenda de reconciliación de enemigos poco antes encarnizados, el sagrado código era el áncora de salvación, la esperanza de la sociedad española. Pocos meses después era la misma Constitución un germen de anarquía, un perenne ultraje a la majestad real, un insuperable obstáculo a todo sistema de buen gobierno, una planta tan dañina, que la menor dilación en arrancarla podía acarrear males incalculables [...].

Los partidos políticos suelen tener principios determinados, en fuerza de los cuales viven y sin los cuales perecen. Cuando se presentan en la escena, ya sea en la oposición, ya en el mando, les es preciso sostener esos principios; cuando los principios sucumben, sucumbe el partido; cuando los principios triunfan, el partido triunfa. Mas el partido moderado ha discurrido otro medio, y por cierto ingenioso. No se ha vinculado con ninguna forma; se reviste de una o de otra según los tiempos, considerándolas todas como una especie de cuerpo mortal de que es necesario despojarse cuando suena la hora. La esencia del partido está reducida a un espíritu invisible, que tiene deseos, instintos, tendencias, pero carece de una forma palpable, visible. [...] El sistema de 1834, el de 1836, el de 1840, el de 1843, 44 y 45 no son más que diferentes formas tomadas por el espíritu que vivía en el Estatuto, en la Constitución de 1837, francamente aceptada y lealmente jurada, y que ahora va a vivir en la Constitución reformada. Por lo demás, es el mismo espíritu que se personificó en Martínez de la Rosa, en Ofalia, en Castro y en Arrazola, en González Bravo y finalmente en el sable del general Narváez.

Merced a esa multiforme aptitud, ahora se encuentra el partido moderado sin ninguna Constitución, o con dos, según mejor le parezca. Sin ninguna, porque ¿quién le podría echar en cara la inobservancia de la Constitución de 1837, cuando por tantos títulos ha dejado de existir? Y ¿quién le podría exigir la observancia de la Constitución nueva, cuando todavía no ha recibido la sanción de la corona? Con dos, porque mientras la Constitución de 1837 no esté legalmente derogada, el ministerio puede mandar con arreglo a ella; y teniendo en cartera la reformada, de un momento a otro puede publicarla, siempre que lo juzgue conveniente [...].

El ministerio tiene suspendidas dos espadas sobre la cabeza de los partidos que no le pertenecen. En un momento puede dejar caer una sobre los progresistas publicando la Constitución reformada, y obrando en consecuencia; así como en casos apurados, ¿y qué sabemos de lo que ha de suceder?, en casos apurados, quizá sería imposible presentar la Constitución reformada como impracticable por ahora, suscitarle algún obstáculo y negarle la sanción. Entonces verían los monárquicos el alcance de la política del ministerio, y cómo en castigo de sus exigencias, y sobre todo de su ingratitud, son entregados de nuevo al imperio de la Constitución de 1837. ¿Qué le importa a esta Constitución el haber muerto? ¿No tienen todas en España la virtud de resucitar?

FUENTE: Jaime Balmes: "La política de la situación", El Pensamiento de la Nación, 7 de mayo de 1845 (J.Balmes: Obras Completas, Biblioteca de Autores Cristianos, vol. VII, Madrid, 1950, 171-177).

Documento 17

Elogio de la dictadura

Señores: ¿Cuál es el principio del señor Cortina? El principio de su señoría, bien analizado su discurso, es el siguiente: en la política interior, la legalidad; todo por la legalidad; todo para la legalidad; la legalidad siempre, la legalidad en todas circunstancias, la legalidad en todas ocasiones; y yo, señores, que creo que las leyes se han hecho para las sociedades, y no las sociedades para las leyes, digo: la sociedad, todo para la sociedad, todo por la sociedad; la sociedad siempre, la sociedad en todas circunstancias, la sociedad en todas ocasiones.

Cuando la legalidad basta para salvar la sociedad, la legalidad; cuando no basta, la dictadura. Señores, esta palabra tremenda (que tremenda es, aunque no tanto como la palabra revolución, que es la más tremenda de todas), digo que esta palabra tremenda ha sido pronunciada aquí por un hombre que todos conocen [...].

Digo, señores, que la dictadura en ciertas circunstancias, en circunstancias dadas, en circunstancias como las presentes, es un gobierno legítimo, es un gobierno bueno, es un gobierno provechoso, como cualquier otro gobierno; es un gobierno racional, que puede defenderse en la teoría, como puede defenderse en la práctica. Y si no, señores, ved lo que es la vida social [...].

Cuando las fuerzas invasoras están derramadas, las resistentes lo están también; lo están por el gobierno, por las autoridades, por los tribunales; en una palabra, por todo el cuerpo social; pero cuando las fuerzas invasoras se reconcentran en asociaciones políticas, entonces necesariamente, sin que nadie lo pueda impedir, sin que nadie tenga derecho a impedirlo, las fuerzas resistentes por sí mismas se reconcentran en una mano. Esta es la teoría clara, luminosa, indestructible, de la dictadura [...].

Señores, tremenda es la palabra, pero no debemos retraernos de pronunciar palabras tremendas si dicen la verdad, y yo estoy resuelto a decirla. ¡La libertad acabó! No resucitará, señores, ni al tercer día, ni al tercer año, ni al tercer siglo quizá. ¿Os asusta, señores, la tiranía que sufrimos? De poco os asustáis; veréis cosas mayores. Y aquí os ruego, señores, que guardéis en vuestra memoria mis palabras, porque lo que voy a decir, los sucesos que voy a anunciar en un porvenir más próximo o más lejano, pero muy lejano nunca, se han de cumplir al pie de la letra.

El fundamento, señores, de todos vuestros errores (dirigiéndose a los bancos de la izquierda) consiste en no saber cuál es la dirección de la civilización y del mundo. Vosotros creéis que la civilización y el mundo van, cuando la civilización y el mundo vuelven. El mundo, señores, camina con pasos rapidísimos a la constitución de un despotismo, el más gigantesco y asolador de que hay memoria en los hombres. A esto camina la civilización y a esto camina el mundo [...].

Señores, si aquí se tratara de elegir, de escoger entre la libertad, por un lado, y la dictadura, por otro, aquí no habría disenso ninguno; porque ¿quién pudiendo abrazarse con la libertad, se hinca de rodillas ante la dictadura? Pero no es ésta la cuestión. La libertad no existe de hecho en Europa; los gobiernos constitucionales, que la representaban años atrás, no son ya en casi todas partes, señores, sino un armazón, un esqueleto sin vida [...].

Así, señores, la cuestión, como he dicho antes, no está entre la libertad y la dictadura; si estuviera entre la libertad y la dictadura, yo votaría por la libertad, como todos los que nos sentamos aquí. Pero la cuestión es ésta, y concluyo: se trata de escoger entre la dictadura de la insurrección y la dictadura del gobierno; puesto en este caso, yo escojo la dictadura del gobierno, como menos pesada y menos afrentosa.

Se trata de escoger entre la dictadura que viene de abajo y la dictadura que viene de arriba: yo escojo la que viene de arriba, porque viene de regiones más limpias y serenas; se trata de escoger, por último, entre la dictadura del puñal y la dictadura del sable: yo escojo la dictadura del sable, porque es más noble. Señores, al votar nos dividiremos en esta cuestión, y dividiéndonos seremos consecuentes con nosotros mismos. Vosotros, señores, votaréis, como siempre, lo más popular; nosotros, señores, como siempre, votaremos lo más saludable. (Una grande agitación sigue a este discurso. El orador recibe las felicitaciones de casi todos los diputados del Congreso.)

FUENTE: J.Donoso Cortés, discurso en las Cortes, 4 de enero de 1849 (Obras Completas, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1970-1971: II, 306-323).

Documento 18

El Manifiesto de Manzanares (1854)

Españoles: La entusiasta acogida que va encontrando en los pueblos el Ejército liberal; el esfuerzo de los soldados que lo componen, tan heroicamente mostrado en los campos de Vicálvaro; el aplauso con que en todas partes ha sido recibida la noticia de nuestro patriótico alzamiento, aseguran desde ahora el triunfo de la libertad y de las leyes que hemos jurado defender. Dentro de pocos días, la mayor parte de las provincias habrán sacudido el yugo de los tiranos; el ejército entero habrá venido a ponerse bajo nuestras banderas, que son las leales; la nación disfrutará los beneficios del régimen representativo, por el cual ha derramado hasta ahora tanta sangre inútil y ha soportado tan costosos sacrificios. Día es, pues, de decir lo que estamos resueltos a hacer en el de la victoria. Nosotros queremos la conservación del trono, pero sin camarilla que lo deshonre; queremos la práctica rigurosa de las leyes fundamentales, mejorándolas, sobre todo la electoral y la de imprenta; queremos la rebaja de los impuestos, fundada en una estricta economía; queremos que se respeten en los empleos militares y civiles la antigüedad y los merecimientos; queremos arrancar los pueblos a la centralización que los devora, dándoles la independencia local necesaria para que conserven y aumenten sus intereses propios, y como garantía de todo esto queremos y plantearemos, bajo sólidas bases, la Milicia Nacional. Tales son nuestros intentos, que expresamos francamente, sin imponerlos por eso a la nación. Las juntas de gobierno que deben irse constituyendo en las provincias libres; las Cortes generales que luego se reúnan; la misma nación, en fin, fijará las bases defi nitivas de la regeneración liberal a que aspiramos. Nosotros tenemos consagradas a la voluntad nacional nuestras espadas, y no las envainaremos hasta que ella esté cumplida.

Cuartel general de Manzanares, a 6 de julio de 1854. El general en jefe del Ejército constitucional, Leopoldo ODonnell, conde de Lucena.

FUENTE: M.Artola: Partidos y programas políticos, 1808-1936, Alianza Ed., Madrid, 1991, II, 46.

Documento 19

El general Espartero visto por Marx

Una de las peculiaridades de las revoluciones consiste en que en el momento mismo en que el pueblo parece estar a punto de dar un gran paso e inaugurar una nueva era, sucumbe a las ilusiones del pasado y pone todo el poder e influencia tan costosamente conquistados en manos de hombres que representan, o se suponen representan, el movimiento popular de una época ya terminada. Espartero es uno de esos hombres tradicionales que el pueblo acostumbra cargarse a las espaldas en los momentos de crisis sociales y que, como el perverso viejo que hundía obstinadamente sus piernas en torno al cuello de Simbad el Marino, son luego muy difíciles de descabalgar. Si se preguntara a un español de la llamada escuela progresista cuál es el valor político de Espartero, contestaría inmediatamente: "Espartero representa la unidad del gran partido liberal; Espartero es popular porque procede del pueblo, y su popularidad beneficia exclusivamente a la causa de los progresistas". Es verdad que Espartero es hijo de un artesano, y que se ha encaramado hasta la regencia de España; y es verdad que habiendo entrado en el ejército como simple soldado ha salido de él con el grado de mariscal de campo. Pero si realmente es el símbolo de la unidad del gran partido liberal, no puede serlo sino por constituir ese punto de indiferenciada unidad en el que se neutralizan todos los extremos. Y por lo que hace a la popularidad de los progresistas, no exageraremos al decir que quedó arruinada desde el momento en que pasó del cuerpo del partido a un individuo particular [...].

¿Cómo, pues, puede Espartero haberse convertido de nuevo en el Salvador de la Patria y la "Espada de la Revolución", como se le llama? Este hecho sería completamente incomprensible si no existieran de por medio los diez años de reacción que ha sufrido España bajo la brutal dictadura de Narváez y el tentacular yugo de los favoritos de la reina, sucesores de Narváez. Épocas de reacción intensa y duradera son maravillosamente adecuadas para restablecer a los hombres desprestigiados en abortos revolucionarios. Ellas aumentan la capacidad imaginativa de un pueblo - ¿y dónde es más poderosa la imaginación que en el sur de Europa? - y el más irresistible de sus impulsos, que consiste en oponer a las encarnaciones individuales del despotismo encarnaciones individuales de la revolución. Al no poder improvisarlos ellos mismos, exhuman los hombres muertos de sus anteriores movimientos. ¿No estuvo el propio Narváez a punto de convertirse en un personaje popular a costa de Sartorius? El Espartero que realizó su entrada triunfal en Madrid el 29 de julio no era un hombre real, sino un fantasma, un nombre, una reminiscencia [...] J.

FUENTE: K.Marx: "Espartero", New York Daily Tribune, Nueva York, 19 de agosto de 1854 (reproducido en K.Marx y F.Engels: Revolución en España, Ed. Ariel, Barcelona, 1970, 35-39).

Documento 20

Costumbrismo y política: una definición satírica de pronunciamiento

PRONUNCIAMIENTO. El Mesías político cuya venida temen unos y esperan otros. Cuando las situaciones se ponen algo turbias no se habla ya de otra cosa que del Mesías del pronunciamiento; siempre son unas mismas señales las que anuncian su venida. Si la libertad de imprenta anda perseguida, si la seguridad individual muda de domicilio o viaja de un punto a otro por cuenta del Estado, si la policía se mueve más de lo ordinario, si el gobierno dirige frecuentes circulares a sus delegados previniéndoles que estén alerta, si la cuchilla de la ley sale a relucir en el parlamento o en algún real decreto, si se halaga al ejército con comidas y gratificaciones y si por último se generaliza ese run run de descontento a que llaman opinión pública, ya no hay remedio: el Mesías viene y viene pronto. Unas veces se presenta por las provincias y otras en la corte; generalmente va vestido de militar al principio, pero poco a poco se pone de verdadero traje de paisano.

El Mesías del pronunciamiento se aparece siempre gritando y haciendo fuego, mudando empleados y cobrando contribuciones. En sus ratos de ocio predica sermones al pueblo sobre los temas de moralidad, justicia y economías. Si logra convencer a sus prosélitos, y hace triunfar sus doctrinas, se viste de gala y celebra su triunfo con músicas y comilonas; si no encuentra creyentes, y lo vence el gobierno, el Mesías del pronunciamiento muere crucifica do. En el primer caso se llama alzamiento nacional; en el segundo, motín o sublevación militar.

FUENTE: Juan Rico y Amat: Diccionario de los políticos, o verdadero sentido de las voces y frases más usuales entre los mismos, Madrid, 1855.

Documento 21

El despegue del capitalismo financiero español

Documento 22

La Guerra de África (1859-1860). Una crónica de Núñez de Arce

Señores redactores de La Iberia: ¡Estamos en Tetuán! Los moros se precipitan de tal manera, que cuando me preparaba para dar a Vds. nuevos pormenores sobre la grande, la magnífica batalla del día 4, la rendición de la ciu dad sagrada, como la llaman los moros, y nuestra entrada en ella, vinieron a turbar mi propósito y a proporcionarme inesperadas emociones, que no sé cómo podré describir.

Pronto a esperar el plazo que el general en jefe había concedido a la ciudad para que se rindiera, se presentaron de nuevo los parlamentarios para pedir fervorosamente que apresuráramos nuestra entrada en Tetuán. La noche anterior había sido terrible; las tropas del emperador, faltas de disciplina, sin jefes, porque los generales habían huido, se habían entregado a los mayores excesos; ebrios de ira y animados por el espíritu de la rapiña, habían entrado a saco en todas las casas, principalmente en el barrio de los judíos, asesinando a los que oponían resistencia, robando los objetos de valor y rompiendo aquellos que no podían llevarse, por su insignificancia o su peso. Los vecinos temían que las cabilas volviesen como habían ofrecido, y pasasen a cuchillo a sus desconsolados habitantes, en su mayor parte hebreos, que el día de la batalla habían estado presenciando con júbilo desde las azoteas y miradores de Tetuán. Pusiéronse en marcha las divisiones con dirección a Tetuán [...].

Cuando llegaron nuestros soldados a la puerta la encontraron cerrada; oíase dentro una inmensa, una espantosa gritería, con algunos tiros que resonaban aumentando la gravedad de la situación. Sobre la puerta, baja y oscura, asomaba la boca de dos cañones que enfilaban la senda por donde habían venido; y de vez en cuando sacaba la cabeza por las troneras un moro de rostro innoble, de mirada feroz y recelosa, haciendo gestos y señas ininteligibles, que así podían ser una amenaza como un ruego o una imprecación. Este momento de incertidumbre fue terrible; el general Ríos dispuso que sus fuerzas ocupasen las posiciones inmediatas, y mandó avanzar una pieza de artillería para echar abajo la puerta. Pero ésta se abrió entonces, y unas compañías del regimiento de Zaragoza penetraron de descubierta en la ciudad, seguidas del general Mckenna y de algunos oficiales de Estado Mayor y artillería. ¡Qué cuadro se ofreció a la vista! Las calles, estrechas y tortuosas, estaban obstruidas con los muebles y escaparates que los moros habían roto y arrojado; algunos cadáveres, completamente desnudos, descansaban sobre este montón de escombros y un pueblo loco de alegría pero andrajoso y desnudo, abalanzándose frenéticamente a nuestros soldados, besándoles, abrazándose al cuello de los caballos y gritando en español con frenético entusiasmo: ¡Viva la Reina de España y su real compañía!¡Vivan los españoles!¡Viva la corona de España!

[...] La mejor plaza de la ciudad, el Tedam, se llama ya Plaza de España, cuyo glorioso rótulo, pintado con grandes letras negras, figura en uno de los frentes del anchuroso Zoco.

Hay el pensamiento oportunísimo de bautizar todas las calles con el nombre de los cuerpos que han tomado parte en esta heroica empresa y con el de nuestros triunfos en todo lo que llevamos de campaña.

Si la plaza se hubiese defendido, nos hubiera costado su conquista muchísima sangre. Los moros hubieran podido sostenerse con ventaja, no sólo en la muralla, sino en el laberinto interminable de callejones, callejas, plazas, pasadizos y casas que forman la ciudad.

Hemos cogido en Tetuán 78 cañones.

Los moros que habían huido vuelven a la ciudad, todavía recelosos y asustados. Sin embargo, empiezan a comerciar con nosotros, vendiéndonos espingardas, gumías, fajas y jaiques, que nada valen, por un precio fabuloso.

Los judíos, que son descendientes de los expulsados de España y que hablan en castellano con una corrección anticuada, pero con un dejo zalamero y meloso como el de los negros en Cuba, nos sirven de intérpretes con los moítos, como ellos les llaman.

Mañana escribiré a Vds. más largamente.

Suyo afectísimo.

Tetuán, 8 de enero [por febrero] de 1860.

FUENTE: Gaspar Núñez de Arce: Crónicas periodísticas de la Guerra de África (1859-1860), ed. de María Antonia Fernández, Biblioteca Nueva, Madrid, 2003, 212-217.

Documento 23

Exposición de las compañías ferroviarias a Isabel II

Señora: Los que suscriben, en nombre de las compañías concesionarias de los ferrocarriles españoles, acuden con reverente súplica a los R. P. de V. M., moviéndoles a ello, Señora, el lamentable abatimiento que hoy agobia y la próxima ruina que amenaza a la más importante y poderosa de las industrias modernas.

Desvaneciéronse las esperanzas por breve tiempo abrigadas. A imitación de las demás naciones europeas, ardió en nuestra patria el deseo de impulsar vigorosamente el desarrollo de la riqueza pública, cruzando la Península con una vasta red de líneas férreas que fuesen lazo de unión entre sus centros de producción y consumo, salida abierta de nuestros estancados frutos a los mercados extranjeros, germen de industrias nuevas, ejemplo a la asociación de los capitales, desarrollo del crédito, estímulo al trabajo y complemento, en fin, de la regeneración social que desde entonces se cimentaba sobre la robusta base de la pública prosperidad [...].

Lejos estamos de haber completado la primera red de nuestros caminos de hierro, y ya nadie abriga la esperanza de que esa red se termine, ni aun de que se prosigan las obras de muchas líneas comenzadas, sino por medio de una urgente disposición legal que salve de una ruina inminente la mejor parte de la fortuna pública, y con ella el crédito del país.

Contrasta el desaliento presente con el pasado entusiasmo. Mientras las sociedades concesionarias inauguraron sólo secciones aisladas o no se realizaron los empalmes de cada vía con sus afluyentes, tuvo aplazamientos el desengaño, y mientras los intereses del capital allegado fueron natural carga de los gastos de establecimiento, sostúvose el crédito de los valores y facilitóse la colocación de los nuevamente emitidos; pero cuando las principales empresas se han visto circunscritas a los medios de una explotación normal ha cundido el pánico nacido de la escasez de rendimientos, desprécianse aquellos valores, ciérranse las bolsas españolas y extranjeras a las nuevas operaciones de crédito intentadas por las Compañías, hácese imposible el pago de los dividendos activos, nadie auxilia a las sociedades nacientes, paralízase el trabajo de las clases obreras por la suspensión de las construcciones e inmovilizado el capital que, invertido en títulos industriales, forma casi por completo la cartera de las sociedades de crédito, cesan de ser éstas el auxilio constante del comercio, y cada día que transcurre nos trae la noticia de una dolorosa catástrofe, hasta el punto de que ya en todos los ánimos se sobreponen hoy a las ardientes cuestiones políticas las pavorosas cuestiones financieras, que más que aquéllas amenazan con un séquito de daños irreparables [...].

Sólo las compañías concesionarias, excepción dolorosa de la prosperidad que crean, marchan a su ruina, y su desgracia anularía por largos años los beneficios mismos nacidos de su instalación. Si la nación rehusara las medidas que la salvación de esas empresas reclama, nadie más que la nación misma sufriría las consecuencias de este fatal error. La red de líneas férreas incompleta e improductiva, el crédito anulado, inmovilizada la industria, paralizado el trabajo, estériles los esfuerzos de diez años, perdida la mejor parte de los 5.300 millones invertidos y los dolorosos quebrantos de las fortunas particulares convirtiéndose por su generalidad en gran ruina pública; tales serían los efectos inmediatos de ese lamentable error, que, salvando los límites de las grandes crisis financieras, revestiría acaso en nuestro país un grave carácter social, al ponerse en contacto y servir de pábulo en la hoguera de nuestra discordias políticas [...].

Por ello, Señora, las Compañías concesionarias:

Suplican a V. M. que en consideración a las razones expuestas y las que ocurrirán a su elevado juicio, se digne conceder protección a la industria de los ferrocarriles, y en la forma que al ilustrado Gobierno de S. M. parezca más conducente al propio objeto, dictar o proponer a los Cuerpos Colegis ladores las medidas bastantes a salvar la dolorosa situación por la que atraviesan las Compañías concesionarias de los caminos de hierro españoles.

Así esperan merecerlo del constante celo con que V. M. dirige los intereses de la Nación, y ruegan a Dios que guarde la importante vida de V. M. por muchos años.

Madrid, 1 de febrero de 1866.

FUENTE: Exposición y proyecto de garantía de interés por el Estado a los ferrocarriles españoles, Imprenta de Muniesa, Madrid, 1866, 3-9.

Documento 24

La Revolución de Septiembre de 1868

Españoles: La ciudad de Cádiz, puesta en armas con toda su provincia [...], declara solemnemente que niega su obediencia al Gobierno que reside en Madrid [...].

Hollada la ley fundamental, convertida siempre antes en celada que en defensa de ciudadano, corrompido el sufragio por la amenaza y el soborno, dependiente la seguridad individual, no del derecho propio, sino de la irresponsable voluntad del cualquiera de las autoridades; muerto el Municipio, pasto la Administración y la Hacienda de la inmoralidad y del agio, tiranizada la enseñanza, muda la prensa [...], tal es la España de hoy. Españoles, ¿quién la aborrece tanto que se atreva a exclamar: "Así ha de ser siempre"? No, no será. Ya basta de escándalos [...].

Queremos que una legalidad común, por todos creada, tenga implícito y constante el respeto de todos.

Queremos que el encargado de observar y hacer observar la Constitución no sea su enemigo irreconciliable [...].

Queremos que un Gobierno provisional que represente todas las fuerzas vivas del país asegure el orden en tanto que el sufragio universal echa los cimientos de nuestra regeneración social y política.

Contamos para realizar nuestro inquebrantable propósito con el concurso de todos los liberales, unánimes y compactos ante el común peligro; con el apoyo de las clases acomodadas, que no querrán que el fruto de sus sudores siga enriqueciendo la interminable serie de agiotistas y favoritos; con los amantes del orden, si quieren verlo establecido sobre las firmísimas bases de la moralidad y del derecho; con los ardientes partidarios de las libertades individuales, cuyas aspiraciones pondremos bajo el amparo de la ley; con el apoyo de los ministros del altar, interesados antes que nadie en cegar en su origen las fuentes del vicio y del ejemplo; con el pueblo todo y con la aprobación, en fin, de la Europa entera, pues no es posible que en el consejo de las naciones se haya decretado ni se decrete que España ha de vivir envilecida [...].

Acudid a las armas, no con el impulso del encono, siempre funesto, no con la furia de la ira, siempre débil, sino con la solemne y poderosa serenidad con que la justicia empuña su espada.

¡Viva España con honra!

Cádiz, 19 de septiembre de 1868. - Duque de la Torre. - Juan Prim.Domingo Dulce. Francisco Serrano Bedoya. Ramón Nouvillas. Rafael Primo de Rivera. Antonio Caballero de Rodas. Juan Topete.

FUENTE: Marqués de Miraflores: Memorias del reinado de Isabel II, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1964, III, 444-446.

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