Juan Francisco Fuentes

Con el rey y contra el rey

Los socialistas y la monarquía:

de la Restauración canovista

a la abdicación de Juan Carlos I

(1879-2014)

A la memoria de

Antonio Morales Moya.

«Los socialistas no somos, no seremos nunca, nunca, NUNCA, monárquicos».

El Socialista, 4 de junio de 1913

«Hace años, en un mitin celebrado en el cine Pardiñas, decía yo que si me preguntasen qué quería, mi respuesta sería esta: “¡República!, ¡república!, ¡república!”. Si hoy me hicieran la misma pregunta contestaría: “¡Libertad!, ¡libertad!, ¡libertad!”.

Luego que le ponga cada cual el nombre que quiera».

Francisco Largo Caballero, Mis recuerdos (1946)

«Tengo la firme convicción de que, después de la Transición, la monarquía y la democracia están indisolublemente unidas y de que el daño a la monarquía es un daño irreparable a la democracia».

Gregorio Peces-Barba, La democracia en España (1996)

CAPÍTULO I. REPUBLICANOS, «MA NON TROPPO»

La larga noche de la monarquía canovista

El nacimiento de Alfonso XIII, hijo póstumo de Alfonso XII, el 17 de mayo de 1886, no apareció ni siquiera mencionado en El Socialista, órgano oficial del PSOE, el partido obrero fundado en la clandestinidad siete años antes, al principio de la Restauración canovista. La mayoría de edad del rey en mayo de 1902, que supuso el comienzo de su reinado efectivo, solo mereció algún comentario sarcástico por el dinero gastado en tan «fausto acontecimiento», mientras los obreros perdían un día de salario por haberse declarado jornada festiva.[1] Cuatro años después, la proximidad de su boda con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg sería motivo de acerbas críticas debido al derroche de millones dilapidados en los festejos. La mayoría de la nación, por el contrario, ajena al «fausto acontecimiento» —de nuevo la expresión, utilizada con amarga ironía—, seguía trabajando y sufriendo. No, no había ningún motivo para compartir la alegría oficial, sino todo lo contrario, razones de sobra para sentir «coraje, odio, ansias de hacer un ejemplar escarmiento».[2]

El «escarmiento» se produjo con el siguiente número de El Socialista recién salido de la imprenta. El 31 de mayo de 1902, cuando el cortejo nupcial regresaba a palacio por la calle Mayor, el anarquista Mateo Morral lanzó una bomba que le costó la vida a una docena de personas, causó numerosos heridos y dejó ilesos a los recién casados. El suceso fue condenado sin reservas por el periódico, como había hecho ya en su día con el asesinato de Cánovas del Castillo, aunque manifestando su respeto a las ideas anarquistas y a quienes las profesaran y condenando la saña de las gentes de orden, que clamaban venganza. Los socialistas no compartían ni las ideas ni los métodos violentos de quienes predicaban la acracia, pero tampoco creían en la pena de muerte como remedio para frenar la propaganda enloquecida de los dinamiteros.[3] Así pues, a la hora de la verdad, lo del «ejemplar escarmiento» que pedía el periódico obrero en su número anterior quedaba en una forma algo imprudente de desahogar su ira en un momento de exaltación. Ni atentados ni pena de muerte: los socialistas venían a instaurar la justicia social que acabaría con la explotación del hombre por el hombre y pondría fin a la barbarie de los opresores y de los oprimidos.

Si de los anarquistas les alejaba su fe en la fuerza redentora de la sangre, de los republicanos les separaba casi todo. La república tal como la concebían sus partidarios, como un fin en sí mismo, podía no solo ser insuficiente en la magna transformación social que se proponía el PSOE, sino incluso contraproducente, al desviar los afanes y la lucha de las masas hacia la simple sustitución de unas instituciones burguesas por otras. Ni siquiera era evidente que en una sociedad burguesa la clase trabajadora viviera mejor bajo un régimen republicano. A los socialistas se les ocurrían multitud de ejemplos para demostrar lo contrario. La república francesa, modelo intachable para los republicanos españoles, era el régimen que había masacrado a los combatientes de la Comuna en 1871. Quince años después, al reflexionar El Socialista sobre la cuestión de las formas de gobierno, la Tercera República mantenía unas condiciones laborales oprobiosas, con jornadas de doce horas, dos más que en la monárquica Inglaterra. Lo mismo cabría decir de algunos derechos fundamentales, como el de celebrar meetings al aire libre, tan frecuentes en el Reino Unido e ilegales todavía en Francia. Republicano federal era el régimen que hasta 1864 había consentido la esclavitud en Estados Unidos y el sistema vigente en Suiza, donde huelgas y manifestaciones obreras eran disueltas por la policía y sancionadas por los tribunales, mientras la justicia británica absolvía a los dirigentes socialistas detenidos en los últimos disturbios. Países con poder hereditario —monarquía o imperio—, como Bélgica, Alemania y el Reino Unido, disfrutaban de derechos y libertades inexistentes en algunas repúblicas que blasonaban de democráticas. Se equivocaban, pues, los republicanos españoles al fiarlo todo a un simple cambio en la forma de gobierno. Monárquica o republicana, la burguesía utilizaba formas distintas de disfrazar su dominio de clase, que al final era lo único importante, y nada en la historia comparada del mundo moderno indicaba que un estado burgués fuera menos opresivo cuando se quitaba la corona.[4]

Pese a ello, El Socialista había declarado en sus bases fundacionales, aprobadas en enero de 1886, que ante el dilema república o monarquía optaría «sin vacilar por la primera».[5] Hubo, sin embargo, una seria discrepancia entre dos de los fundadores del PSOE, el doctor Jaime Vera y Pablo Iglesias, sobre qué fuerzas burguesas debían ser combatidas con mayor énfasis, pues mientras el primero entendía que los partidos reaccionarios constituían su enemigo natural, el tipógrafo ferrolano consideraba que el mayor peligro para la causa del socialismo procedía de los más «avanzados», es decir, de los republicanos.[6] Finalmente, se impuso este último criterio, y de ahí la permanente polémica que el periódico mantendrá con las organizaciones republicanas, con su prensa y con algunos de sus líderes, como Alejandro Lerroux. En sus críticas al republicanismo influyeron poderosamente la mala experiencia de la Primera República, que acabó disolviendo la Primera Internacional; el oportunismo de sus dirigentes —«cuatro burgueses ahítos», que difícilmente podían liberar a una «muchedumbre hambrienta»—[7] y el contraste entre el puritanismo extremo de los padres fundadores del socialismo español y la moral más bien laxa de algunos políticos republicanos. Al final, por mucho que la prefirieran como forma de Estado, la república no pasaba de ser, en palabras de un colaborador de El Socialista, una versión moderna del opio del pueblo.[8]

Luchar por la emancipación de la clase trabajadora requería, pues, hacer una política completamente distinta de la que hacían los «partidos burgueses». Así lo había declarado ya la comisión organizadora de la reunión en la que nació, el 2 de mayo de 1879, el Partido Socialista Obrero Español, y por tanto se puede decir que la oposición a la política burguesa en sus diversas manifestaciones formó parte de sus señas de identidad desde el principio de su existencia. La reunión se celebró en una fonda madrileña llamada Casa Labra, próxima a la Puerta del Sol, y de ella surgió el núcleo fundador del partido obrero, integrado por veinticinco personas y decidido a propagar sus ideas emancipadoras plasmándolas en un manifiesto-programa que vio la luz dos meses después. Eran en su mayoría tipógrafos de la capital con un conocimiento muy rudimentario del marxismo, su principal, por no decir única, fuente de inspiración. Entre ellos destacaba Pablo Iglesias Posse, un joven próximo ya a la treintena, de infancia muy difícil y formación autodidacta, que le permitió no obstante desempeñarse muy dignamente como ideólogo y dirigente del PSOE hasta su muerte en 1925, tras una larga vida de abnegación y sacrificio que sirvió de ejemplo a sus cada vez más numerosos seguidores, aquellos que en sus últimos años le conocerían como el Abuelo.

El régimen de la Restauración, implantado tras el regreso de Alfonso XII a España en 1874, no era el entorno más propicio para el desarrollo de un partido que aspirara a la abolición del sistema capitalista. El carácter profundamente conservador de la monarquía parlamentaria diseñada por Cánovas apenas dejaba margen para la lucha legal contra el sistema. Pero había una cuestión previa, de suma importancia, ajena a las estrecheces del marco político, y era la debilidad de aquello mismo que el nuevo partido pretendía eliminar: un capitalismo industrial que en la mayor parte del país brillaba por su ausencia. Cómo destruir lo que apenas existía será un problema de primer orden que condicionará durante décadas la visión histórica y la estrategia política del socialismo español, que deberá elegir entre avanzar poco a poco en solitario, preservando celosamente los modestos logros obtenidos, o quemar etapas a mayor velocidad estableciendo alianzas ocasionales con otras fuerzas. La lucha contra la monarquía, símbolo de un poder oprobioso y anacrónico, podía obrar el prodigio de que socialistas y republicanos dejaran a un lado sus diferencias para coadyuvar al triunfo de la república. Esta segunda opción entrañaba, sin embargo, el riesgo de ser derrotados por enemigos muy poderosos —la corona, la oligarquía, el Ejército— y perder el terreno ganado hasta entonces, y todo por una causa que ni siquiera era la del socialismo. Si los republicanos querían tanto su república, que la trajeran ellos. Tal será la posición que prevalezca entre los socialistas, pero no sin altibajos y fuertes disputas internas entre el sector más obrerista y ortodoxo, que verá en la república el régimen burgués por excelencia, y los partidarios de un socialismo reformista proclive a pactos con los republicanos.

La progresiva liberalización de la monarquía canovista obligó a los socialistas a moverse en una realidad más compleja y en cierta forma más incómoda, porque ponía en entredicho el ingenuo esquematismo de su manifiesto-programa de 1879. Las reformas liberales de la década siguiente ampliaron notablemente el juego político y establecieron derechos y libertades similares, al menos sobre el papel, a los de los países más avanzados de Europa. Aquel impulso democratizador les permitió salir de la clandestinidad, disfrutar de una razonable libertad de prensa, tan importante para la propagación de sus ideas, y crear su sindicato hermano, la Unión General de Trabajadores, fundado en Barcelona en 1888, en plena Exposición Universal. En aquellos años se registró incluso una tímida aproximación entre el Gobierno de Su Majestad y el PSOE cuando el doctor Jaime Vera presentó, en nombre de su partido, un detallado informe sobre la situación de la clase trabajadora a la Comisión de Reformas Sociales creada en 1883 por el ministro de la Gobernación, Segismundo Moret. Eran tiempos en los que la Europa liberal giraba hacia políticas reguladoras del mundo del trabajo ante la gravedad de la cuestión social. España no iba a ser una excepción, aunque los avances en este terreno, como en tantos otros, fueron de una lentitud exasperante.

La década de los noventa empezó bien, con la ley del sufragio universal masculino, y acabó mal, con el Desastre del 98. Las guerras coloniales parecieron echar por tierra los progresos de los últimos años, empañados por la impopularidad de aquellas campañas y por la humillación final de la derrota. «O todos o ninguno» fue el lema, nada revolucionario, utilizado por el PSOE en su propaganda contra un sistema de reclutamiento que libraba del servicio militar a los hijos de los ricos y condenaba a los más desfavorecidos a morir en guerras lejanas y ajenas. Si la clase gobernante creía de verdad que estaban en juego los intereses nacionales, debía dar ejemplo enviando a sus hijos a ultramar, en vez de dejarlos en sus casas a buen recaudo. No lo decían solo los socialistas. Un regeneracionista de pro, Joaquín Costa, lo denunció en su célebre ensayo Oligarquía y caciquismo (1901): «La clase llamada gobernante había echado la llave a las Cortes el día en que iba a discutirse el servicio militar obligatorio y se había guardado los hijos en casa, sin mandar a la guerra ni una mala compañía (...) por amor a lo que, profanándola, denominaba patria».[9] Pablo Iglesias no lo hubiera dicho mejor.

En el diagnóstico del llamado «problema de España», los dirigentes del PSOE no andaban muy lejos de los postulados regeneracionistas sobre la anomalía del caso español, derivada de la baja calidad de nuestra burguesía, según ellos, la más atrasada de Europa y, como tal, incapacitada para ejercer de clase directora. Que manejaran indistintamente los dos conceptos —burguesía y clase directora— demuestra hasta qué punto su discurso se movía entre un marxismo muy primario y un regeneracionismo al uso, nada marxista, pero que les servía para explicar esa supuesta especificidad nacional que tanto dificultaba la labor del socialismo. Al final resultaba que los males de la sociedad española no se debían a la pujanza de la burguesía, sino todo lo contrario, a su apatía y debilidad como clase dominante; no a los excesos del sistema capitalista, sino a la falta de un auténtico capitalismo capaz de poner a España a la altura de los tiempos y a la clase obrera en disposición de acometer su propio proyecto. Por eso, afirmaba el órgano del PSOE en pleno desastre colonial, como la burguesía española transitaba por la historia «a paso de carreta», se daba la circunstancia insólita de que los socialistas tenían en ocasiones que empujarla a cumplir su misión histórica —industrializar, liberalizar, secularizar—, porque mientras no se produjera una auténtica revolución burguesa no tenía sentido plantearse objetivos más ambiciosos, que serían siempre saltos en el vacío.[10]

¿Monarquía o república? Si a los socialistas les daban a elegir, preferían —claro está— la segunda, pero sin hacer de ello cuestión de principio, porque la causa del socialismo era demasiado grandiosa como para detenerse en una simple forma de gobierno. Solo los políticos burgueses podían sentirse atraídos por una polémica en el fondo bastante bizantina, reducida al típico «quítate tú que me pongo yo». Los políticos burgueses y unos pocos socialistas de origen mesocrático, como el doctor Vera, que abandonó el partido a finales de los ochenta harto del antirrepublicanismo de sus compañeros. Si a los republicanos les llegaron a tachar de «maestros consumados en el arte de engañar», a sus partidos los tenían por meras «fuerzas negativas en la política española».[11] En cuanto a la monarquía, los socialistas se movían entre el desdén y la indiferencia, tal vez por la menor visibilidad de la corona desde la muerte de Alfonso XII en 1885 hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII en 1902, un prolongado lapso de tiempo en el que estuvo encarnada por un hijo póstumo y una dama extranjera, la reina María Cristina de Habsburgo, de sobrios modales y vida recatada. No: la clase obrera no podía rebajarse a medir sus fuerzas con un menor de edad y una pobre viuda. La lucha de clases era otra cosa. No es de extrañar que los republicanos acusaran con frecuencia a los socialistas de ser cómplices de la monarquía y que ellos tuvieran que defenderse abominando públicamente de ella con grandes aspavientos. «Somos republicanos; quede así sentado, y que nadie lo olvide», afirmaron en una de sus innumerables polémicas con los apóstoles de la república.[12]

Todo empezó a cambiar tras el Desastre del 98 y el comienzo del reinado de Alfonso XIII cuatro años después. Poco a poco, el socialismo español fue saliendo de su indiferentismo político para inclinarse por una mayor presencia en las instituciones. El punto de partida resultaba casi irrisorio: en 1901, el PSOE tenía veintisiete concejales en toda España. En sus veintidós años de historia no había conseguido ni un solo escaño en el Parlamento y en las últimas elecciones antes del Desastre, celebradas en marzo de 1898, obtuvo apenas 20.000 votos,[13] tres veces más que su militancia de la época, concentrada principalmente en Asturias, Vizcaya y Madrid, una cifra muy modesta en todo caso para una organización que aspiraba a convertirse en partido de masas y a tener representación parlamentaria. Estaba claro que por sus propios medios no podría alcanzar este último objetivo y que debía plantearse formar coalición electoral con fuerzas afines.

Pese a su antagonismo histórico, republicanos y socialistas parecían condenados a entenderse, aunque primero hubiera que vencer los escrúpulos de Pablo Iglesias, siempre celoso de la integridad de los valores del socialismo, que justificaban por sí solos las «victorias morales», es decir, las clamorosas derrotas en las urnas, cosechadas una y otra vez por el partido obrero. La desaparición en estos primeros años del siglo de algunos de los políticos que habían marcado la reciente historia de España —Sagasta, Castelar, Pi y Margall, antes Cánovas del Castillo— imponía un realineamiento de las fuerzas políticas que facilitaba pactos hasta entonces impensables. Los usos autoritarios del gobierno presidido por Maura desde 1907 ayudaban también a buscar acuerdos en el amplio espectro de las izquierdas. ¿No había declarado el PSOE seis años antes que solo aceptaría ir en coalición con los republicanos cuando hubiera «un gobierno tan insensato que pretendiera arrebatarnos uno o más derechos políticos»?[14] Pues con el nombramiento de Maura y algunas de sus reformas, como la ley antiterrorista de 1908, se cumplía ya esa condición.

Los avances hacia la unidad tuvieron que sortear las reticencias de siempre. Recién constituido el gobierno de Maura, Pablo Iglesias reconocía en una reunión del partido sus preferencias por los políticos conservadores, porque solían tener más carácter y más sentido de la realidad que los liberales; por eso, casi toda la legislación obrera había sido aprobada bajo gobiernos de este signo. En cuanto a los republicanos, las relaciones con ellos habían mejorado algo, pero seguían sin ser buenas, «ni mucho menos».[15] Si en septiembre de 1908 el VIII Congreso dejó abierta la posibilidad de coaligarse con «partidos burgueses avanzados», unos meses después el propio Iglesias recordaba a sus compañeros que los republicanos, «como los monárquicos, piensan más en los puestos que en las ideas».[16]

Pero la deriva del régimen hacia el militarismo y el autoritarismo no admitía excusas ni demoras. La reactivación de la guerra de África y los reveses sufridos por el Ejército en la zona de Melilla llevaron a las autoridades a decretar una amplia movilización de reservistas, que provocó una huelga general en Barcelona de graves consecuencias políticas. La izquierda lanzó de nuevo el grito de «¡o todos o ninguno!» popularizado por los socialistas en 1898, y el gobierno ordenó la detención de los sospechosos habituales, entre ellos Pablo Iglesias. Los disturbios de la llamada Semana Trágica de julio de 1909 se saldaron con decenas de muertos, una ola de violencia anticlerical sin precedentes y una represión implacable, que se acabó cobrando la vida del pedagogo anarquista Francisco Ferrer y Guardia, ajusticiado en el castillo de Montjuïc el 13 de octubre. Para entonces, el grito de «¡Maura, no!» se había convertido en un clamor dentro y fuera de España. Temiendo que la impopularidad del gobierno afectara a la corona, Alfonso XIII forzó el cese de su primer ministro y dio paso a un gabinete liberal presidido por Moret. Fue una decisión trascendental, que supuso la ruptura del «turno pacífico» y sentó un grave precedente en el funcionamiento de la monarquía canovista. Maura nunca le perdonó al rey la forma en que le echó del poder. Tampoco cierta derecha recalcitrante, que desde entonces, en sucesivas generaciones de políticos y periodistas, ha recelado de una dinastía supuestamente obsesionada con ganarse la indulgencia de la izquierda.

Si Alfonso XIII pensó que deshaciéndose de Maura las aguas volverían a su cauce se equivocó por completo. El 7 de noviembre de 1909, unos días después de la caída del gobierno, Pablo Iglesias participaba junto a las principales figuras del republicanismo en un mitin que daba estado oficial a la unión entre socialistas y republicanos, a expensas solo de formalizar el pacto electoral. «Instaurad la república, aunque sea conservadora», exclamó Iglesias, dirigiéndose a sus compañeros de coalición: «Barred la monarquía». De no conseguirlo juntos, serían «indignos de llevar el título de hombres». «La democracia en marcha», tituló El Socialista al informar en portada y a toda página del mitin del 7 de noviembre.[17] Dos meses después, Iglesias se descolgaba con un artículo contra Maura apelando incluso al atentado personal si trataba de recuperar el poder. Impedir el regreso del tirano lo justificaba «todo, todo»: la protesta ruidosa, la huelga general, la revolución, el atentado...[18] También una alianza que durante largo tiempo pareció imposible.

Nacida «virtualmente» en el mitin del 7 de noviembre,[19] la conjunción republicano-socialista se presentó a las elecciones legislativas de mayo con el propósito, leemos en el órgano del PSOE, de reivindicar «nuestro honor de nación civilizada» y sacar al país «de la charca inmunda en que estamos metidos».[20] La conjunción consiguió llevar a las nuevas Cortes veintisiete diputados, un balance estimable en un régimen como aquel, en el que los partidos ajenos al «turno» competían por un puñado de escaños. Los 41.000 votos obtenidos en Madrid —10.000 más que la candidatura monárquica— convirtieron a Pablo Iglesias en el primer diputado socialista en el Parlamento español, hito histórico que, junto al triunfo de los demás candidatos republicanos, entre ellos Galdós, desató la euforia de la izquierda en la capital. Aquel domingo de mayo hubo vítores a la república, manifestaciones espontáneas coreando «La Marsellesa», grupos de mujeres ondeando banderas por las calles, balcones iluminados y los consabidos mueras a Maura, que no podían faltar en ocasión tan señalada. En la Casa del Pueblo, se izó la bandera roja en la fachada y se entonó «La Internacional». La llegada de Pablo Iglesias provocó «una locura de alegría» tal, que tuvo que improvisar unas palabras ante el delirio de sus compañeros. Tras dar las gracias al pueblo de Madrid, «prometió que, si se sigue con el mismo entusiasmo, podrá traerse la república».[21] La victoria obtenida en aquella jornada, dirá en un artículo publicado poco después, suponía no solo una derrota del «odioso Maura», sino de la monarquía y de quien la encarnaba, el joven rey al que iban dirigidas estas palabras: «Prepara los bártulos y disponte a salir de esta tierra, porque lo que es esta vez estamos dispuestos a echarte, y a echarte pronto».[22] No fue tan pronto como pensaba el Abuelo, ni él vivió para verlo, pero algo nuevo se había puesto en marcha aquel mes de mayo de 1910 en que el PSOE consiguió su primer escaño en las Cortes.

La hostilidad hacia Maura y el fervor republicano de los socialistas —lo uno llevaba a lo otro— se mantuvieron en todo lo alto durante, al menos, un par de años. El líder del PSOE repitió desde la tribuna del Congreso, en presencia del expresidente del Gobierno, que atentar contra él le parecía un medio «lícito» de impedir «que Su Señoría suba al poder».[23] Ver a Pablo Iglesias pronunciando discursos en el Parlamento y amenazando de muerte a un adversario indica lo mucho que había cambiado el Partido Socialista en los últimos tiempos, tanto en su vocabulario —democracia, pueblo, ciudadanía...— como en sus métodos, que abarcaban desde la coalición electoral con fuerzas «burguesas» hasta la reivindicación del magnicidio, al menos como arma retórica. La cultura republicana se había instalado en el corazón del socialismo español, pero ¿por cuánto tiempo? Mediada ya la legislatura, el director de Vida Socialista se preguntaba qué había sacado el partido coaligándose con los republicanos y en qué había mejorado el país en aquellos dos años.[24]

Sectores afines al liberalismo más progresista no dudaban, sin embargo, en apreciar un cambio de actitud en las altas esferas. Intelectuales nada proclives al régimen, como Ortega y Gasset; personalidades de la Institución Libre de Enseñanza, como Gumersindo de Azcárate, y republicanos de larga trayectoria, como Melquíades Álvarez, vieron en el espíritu reformista de los últimos gobiernos una oportunidad de hacer compatible democracia y monarquía. Así lo declaró en las Cortes el propio don Melquíades en junio de 1913, para asombro de Pablo Iglesias, que no tardó en calificar como un «sueño» —por lo irreal— la posibilidad de que la corona aceptara la democracia.[25] Cuando algunos republicanos parecían cambiar de bando, los socialistas, olvidando su indiferencia de otros tiempos a las formas de gobierno, se manifestaban por la república por siempre jamás, para añadir a continuación, tal vez impostando en exceso la voz, que ellos no serían «nunca, nunca, NUNCA» monárquicos.[26]

El sector mayoritario del PSOE consiguió imponer su criterio favorable a la conjunción, muy contestada ya en el IX Congreso del partido, celebrado en octubre de 1912. En él se esbozó por primera vez la rivalidad entre Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, de momento a cuenta de la alianza con los republicanos, que el futuro Lenin español nunca vio con excesiva simpatía. Unos meses después, en una reunión de la Agrupación Socialista Madrileña, se declaraba abiertamente partidario de abandonar la conjunción.[27] Incluso Prieto, firme defensor en su momento del pacto electoral, reconoció en octubre de 1915, en el marco del X Congreso, que aquello no daba más de sí. Otro dirigente del partido, Antonio Fabra Ribas, fue aún más lejos. Por culpa de la conjunción, los socialistas habían dejado de serlo para convertirse en «unos primos y unos cabritos».[28] Y sin embargo los delegados volvieron a votar a favor de mantener el pacto con los republicanos, aunque esta vez por una exigua mayoría, en un clima claramente marcado por la guerra iniciada en Europa en el verano de 1914. Una guerra que iba a condicionar la política española mucho más de lo que cabía esperar de la estricta neutralidad que mantuvieron los gobiernos de la época.

Entre la guerra y la revolución

España no entró en la guerra, pero la guerra entró en España, dirá muchos años después el historiador socialista Antonio Ramos Oliveira.[29] El conflicto trajo grandes beneficios a la economía nacional, que se encontró con un mercado cautivo constituido por los países beligerantes, dispuestos a pagar precios exorbitantes por todo tipo de productos. Creció de forma inusitada la actividad económica, especialmente en la industria; creció el empleo y crecieron los beneficios empresariales, pero también los precios de los artículos de primera necesidad, la conflictividad laboral y la afiliación a los sindicatos obreros. La UGT pasó de 40.000 afiliados en 1910 a cerca de 200.000 a finales de aquella década. El impacto contradictorio de la Gran Guerra —prosperidad, grandes fortunas, desabastecimiento y carestía de la vida—, unido al triunfo de la Revolución rusa en 1917, agravó una crisis social y política estrechamente ligada al agotamiento del régimen parlamentario instaurado en 1875. A la monarquía canovista se le estaba acabando el tiempo. O impulsaba una democratización desde arriba o tendría que responder con la fuerza al descontento generalizado de la población.

No era solo una clase obrera cada vez más organizada y combativa, que luchaba por mejores salarios y por la jornada de ocho horas. Era la presión de la burguesía catalana a través de su brazo político, la Lliga Regionalista de Prat de la Riba y Cambó, que consideraba ya insuficiente la Mancomunidad creada por el gobierno en 1913 y aspiraba a una autonomía plena para la región. Funcionarios y militares, muy castigados por la inflación, se movilizaban en pos de mejoras económicas y de un reconocimiento social que la oligarquía gobernante siempre les había escatimado. La proliferación de organizaciones profesionales de tipo corporativo y las campañas en la prensa amiga demuestran que la «sufrida clase media» —la expresión se convierte en tópico— estaba dispuesta a luchar por sus intereses de clase frente a su patrón: un Estado cada vez más insolvente desde cualquier punto de vista. Los partidos burgueses ajenos al turno, como el Republicano Radical de Lerroux y el Reformista de Melquíades Álvarez, estaban en condiciones óptimas para capitalizar el descontento de esa clase media funcionarial y dirigirlo contra el régimen. Pero la creación en 1916 de las primeras Juntas de Defensa en distintas guarniciones de la Península apuntaba a un problema aún mayor, y era el enfrentamiento de esa clase media de uniforme con el rey Alfonso XIII, al que muchos oficiales hacían responsable del favoritismo en la política de ascensos, de los privilegios del Ejército de África y de la degradación de la carrera militar.

El director de la revista España, el socialista Luis Araquistáin, verá en las Juntas de Defensa una posibilidad nada remota de precipitar la caída del régimen sin coste alguno para la izquierda. «Democracia y Ejército no se excluyen, antes bien se complementan», llegará a decir en junio de 1917 en un artículo titulado «El Ejército contra la oligarquía»,[30] aparecido días después de que las Juntas hicieran público un manifiesto de gran calado político. El movimiento juntista, dirigido contra la vieja autocracia, tenía, según Araquistáin, un carácter revolucionario que servía de ejemplo al resto de la nación. El objetivo estaba claro: la democracia, es decir, la restitución al Parlamento de la plena soberanía nacional en detrimento de las prerrogativas constitucionales de la corona. ¿Sería posible un cambio de tal magnitud dentro de la monarquía? Si no lo fuera, el director de España estaba convencido de que la nación buscaría una salida a la crisis institucional en otra forma de gobierno.[31] Por audaz que pudiera parecer su diagnóstico de la situación militar, la dirección del PSOE opinaba igualmente que entre lo expresado por las Juntas en su manifiesto del 1 de junio y la lucha del proletariado español se apreciaban «sustanciales coincidencias». Una de ellas tan importante como la existencia de un enemigo común. Bien claro lo dejó Pablo Iglesias cuando el 2 de agosto de 1917 exhortó a los lectores de El Socialista a poner fin a cuarenta años de monarquía —«¡Abajo el régimen monárquico! ¡Paso al régimen republicano!»— y a trabajar por un cambio político en el que tanto la burguesía como el proletariado tenían mucho que ganar.[32]

Las distintas fuerzas opositoras confluyeron en un frente tan amplio como quebradizo, formado por los republicanos de Lerroux, el Partido Reformista de Melquíades Álvarez, la Lliga Regionalista de Cambó, los dos grandes sindicatos —CNT y UGT—, el PSOE y los jefes y oficiales de las Juntas de Defensa. Estas últimas adoptaron una actitud de franca insubordinación frente al gobierno, mientras el movimiento obrero preparaba una huelga general y los partidos contrarios al turnismo impulsaban la llamada Asamblea de Parlamentarios, que llegó a reunir en Barcelona a 68 diputados de la oposición en demanda de Cortes constituyentes.

La heterogeneidad del bloque opositor fue su talón de Aquiles. Alfonso XIII hizo importantes concesiones a las Juntas para aplacar su ira contra el régimen y el gobierno conservador de Eduardo Dato consiguió precipitar, y en gran medida abortar, la huelga general. Los socialistas mantuvieron los planes previstos y el 12 de agosto lanzaron un manifiesto «a los obreros y a la opinión pública» impregnado de regeneracionismo y alejado de cualquier propósito revolucionario: «No somos instrumento de desorden (...). Aceptamos una misión de sacrificio por el bien de todos, por la salvación del pueblo español, y solicitamos vuestro concurso. ¡Viva España!». Largo Caballero, primer firmante del manifiesto, dirá en sus memorias que aquella fue la primera vez que la «clase obrera organizada» —léase el socialismo español— hacía una declaración «eminentemente republicana» exigiendo la sustitución de la monarquía por la república.[33] Se puede aceptar que ese era el espíritu del documento, pero en su literalidad no había nada más —y nada menos— que la exigencia de un cambio de régimen mediante la celebración de unas elecciones a Cortes constituyentes convocadas por un gobierno provisional. En el fondo, los defensores de este planteamiento tenían la certeza de que la monarquía nunca superaría la prueba de unas elecciones libres de carácter plebiscitario. Al final, por tanto, el resultado más probable de un proceso constituyente sería, según sus partidarios, el advenimiento de la república.

La descoordinación entre los sindicatos y la dura represión desencadenada por el gobierno, que contó con el apoyo entusiasta de las Juntas de Defensa, definitivamente pasadas al otro bando, provocaron el rápido fracaso de la huelga general. Al día siguiente, la policía detenía en Madrid al comité de huelga, formado por dos dirigentes de la UGT y dos del PSOE. Los sectores más conservadores de la Asamblea de Parlamentarios dudaron entre mantener su apuesta por el cambio o aceptar la oferta de Alfonso XIII de entrar en un futuro gobierno de concentración. En noviembre, la incorporación de la Lliga al gabinete presidido por el liberal García Prieto acabó de romper el frente opositor, dividido entre quienes optaron por integrarse en el sistema, con vagas promesas de reforma —las Juntas y la Lliga—, y aquellos a los que la monarquía consideraba inasimilables por definición —los republicanos y los socialistas—. Los reformistas de Melquíades Álvarez se quedaban de momento en tierra de nadie, tentados de seguir la vía colaboracionista, pero víctimas de su ambigüedad política, y conscientes de las limitaciones de la reforma desde arriba preconizada por la corona.

Solo el relativo éxito del PSOE en las elecciones de febrero de 1918, de nuevo en coalición con los republicanos, libró a los miembros del comité de huelga de cumplir la pena de cadena perpetua que les había impuesto un tribunal militar. Elegidos diputados por distintas circunscripciones y amnistiados por las Cortes, Francisco Largo Caballero, Julián Besteiro, Daniel Anguiano y Andrés Saborit dejaron el penal de Cartagena para regresar a la capital y tomar posesión de sus escaños, que con los obtenidos por Pablo Iglesias e Indalecio Prieto completaban la mayor representación socialista en unas Cortes de la Restauración hasta aquel momento: 6 diputados de 412. Lo nunca visto. Habían salido de Madrid cargados de grilletes —Caballero guardó los suyos toda su vida como un souvenir de aquellos tiempos— y volvieron siete meses después convertidos en padres de la patria y aclamados como héroes en la estación de Mediodía, a la que llegaron cantando «La Internacional». Les esperaba una nutrida representación de las fuerzas republicanas, encabezada por Lerroux, y una multitud entusiasta que los llevó a hombros en cuanto bajaron del tren. Previamente, uno de los cuatro expresidiarios, Andrés Saborit, recibió un ramo de flores con dos cintas de seda; una, adornada con «los colores nacionales», contenía la inscripción: «¡Viva el comité de huelga!». En la otra, con la bandera tricolor francesa, podía leerse: «¡Viva Saborit!».[34] Al día siguiente, los nuevos diputados se dirigieron al Congreso para incorporarse a sus escaños.

Aquel episodio ilustra como pocos un fenómeno característico de la España de la Restauración, un régimen movido por impulsos contradictorios, liberales y autoritarios, civilistas y militaristas, según el momento. De ese poder bipolar, con tendencia a la arbitrariedad, dependía que la oposición participara activamente en las instituciones y ejerciera alguna influencia en la vida pública o que fuera perseguida con saña y acabara en la cárcel, sin que a menudo hubiera término medio entre lo uno y lo otro. El propio Largo Caballero, que en unos días pasó de vestir uniforme de presidiario a recibir su acta de diputado, cuenta en sus memorias cómo en cierta ocasión, hallándose en Barcelona con motivo de una huelga, fue detenido y conducido a prisión a punta de pistola para ser liberado cuatro días después por orden del gobierno, que le rogaba tuviera a bien trasladarse a Madrid para que, como vocal del Instituto de Reformas Sociales, ayudara a resolver un grave conflicto laboral.[35] Esas tareas de mediación a las que fue requerido Caballero más de una vez y ese empeño de algunas autoridades en encontrar una solución pacífica a la cuestión social parecen justificar el reproche del socialista Álvarez Angulo a su propio partido por no haber sabido aprovechar todo el potencial reformista de la monarquía alfonsina, impulsora de una legislación social que, con todos sus defectos, no dejó de avanzar hasta 1931.[36] Hay que decir, no obstante, que los socialistas creyeron más en el reformismo social del régimen que en sus posibilidades de democratización. De ahí su fructífera colaboración con algunos organismos oficiales, como el Instituto de Reformas Sociales, y sus paupérrimos resultados en las elecciones de la Restauración, que en modo alguno pueden atribuirse exclusivamente al caciquismo y al fraude. La capacidad de fuerzas ajenas al turnismo, como la Lliga y los republicanos, para sacar tajada electoral del sistema indica la existencia de un margen de maniobra mayor de lo que los socialistas solían reconocer. La comparación con la Italia de la época avala asimismo la impresión de que un socialismo organizado y bien dirigido, que creyera en la vía electoral como cauce de movilización política, tenía mucho que ganar en un régimen similar al español: una monarquía parlamentaria, con unos usos electorales también muy cuestionables, bajo la cual el Partido Socialista Italiano llegó a contar en 1919 con 156 diputados, esto es, 149 más que sus homólogos españoles en su mejor momento.

Más allá de sus errores estratégicos y de sus carencias doctrinales, al PSOE, como a sus partidos hermanos, se le planteó con el triunfo de la Revolución rusa un dilema de consecuencias dramáticas. La III Internacional creada por Lenin en 1919 exigió el completo sometimiento a sus principios de aquellos partidos obreros que quisieran integrarse en ella. Desaparecida en plena guerra la II Internacional y fracasados los sucesivos intentos de reconstruirla, el socialismo tenía que elegir entre vivir a la intemperie, al margen de una organización supranacional que lo representara ante el mundo, o aceptar las condiciones draconianas impuestas por Lenin. Los socialistas españoles simpatizaban con la Rusia soviética y eran partidarios de integrarse en la III Internacional, pero no a cualquier precio. ¿Podía negociarse una rebaja en las condiciones de ingreso de manera que el PSOE conservara una cierta autonomía? Pensar tal cosa era no conocer al líder soviético y su apego a las formas dictatoriales en todos los órdenes, también en las relaciones entre la Internacional y los partidos adheridos a ella. Bien lo pudo comprobar sobre el terreno el español Fernando de los Ríos, comisionado por su partido para informar de la experiencia comunista, durante el viaje que realizó a la Rusia soviética en 1919, antes incluso de que Lenin hiciera públicas sus famosas 21 condiciones. A su regreso a España escribió un libro de gran valor documental, Mi viaje a la Rusia sovietista, en el que figura el famoso «libertad ¿para qué?» con el que Lenin zanjó los respetuosos reparos que el socialista español puso a las formas tiránicas del nuevo régimen.[37] Pero De los Ríos reservó sus impresiones más reveladoras y más políticamente incorrectas para su correspondencia personal de aquellos meses. En ella encontramos el diagnóstico más temprano y certero que un político o intelectual de izquierdas haya formulado sobre la naturaleza del comunismo soviético en vida de Lenin: «Soledad, retraimiento popular» y «las tenebrosidades de un mundo policíaco». Su fe en la libertad, afirma en una carta a su mujer, ha salido reforzada después de haber visto lo que significa carecer de ella. Se lo dice al regresar de la Rusia de Lenin a la España de Alfonso XIII. [38]

La posible integración del PSOE en la III Internacional no quedó definitivamente resuelta y descartada hasta el congreso extraordinario —el tercero en poco tiempo— celebrado en abril de 1921. Tanto Pablo Iglesias, presidente del partido, como Largo Caballero, secretario general de la UGT, se mostraron rotundamente en contra. Aceptar el diktat de Lenin les convertiría, llegó a decir Caballero, en «hombres sin dignidad». El Abuelo, por su parte, tuvo que hacer una llamada desesperada a la unidad del partido, seriamente en peligro por la existencia de una corriente mayoritaria favorable al ingreso.[39] Finalmente, se impuso la postura de sus pesos pesados —Besteiro, Prieto, Caballero, De los Ríos, el propio Pablo Iglesias—, decididos a rechazar las 21 condiciones, pero a costa de un profundo desgarro interior y de la deserción de una parte de sus cuadros y militantes, que no tardó en crear el Partido Comunista, de estricta obediencia moscovita.[40]

El debate interno sobre la III Internacional vino precedido de la ruptura con los republicanos. A finales de 1918, su aproximación a la monarquía resultaba demasiado ostensible en un momento en el que algunos pensaron que el régimen pretendía acabar en serio con la vieja política y abrirse a la auténtica realidad nacional en toda su diversidad: catalanismo, republicanismo, élites intelectuales, movimiento obrero... No parece que las intenciones de Alfonso XIII llegaran tan lejos, pero, en todo caso, el complejo panorama internacional de la posguerra y la posibilidad de que los republicanos se dejaran seducir por el poder situaban al PSOE en una tesitura inesperada, que pondría a prueba sus limitadas dotes estratégicas. Tampoco era fácil saber el rumbo que iban a tomar los acontecimientos. En Europa estaba surgiendo una nueva y variada casuística política, con gobiernos democráticos de amplio espectro, reyes destronados por doquier, repúblicas de nuevo cuño gobernadas por la izquierda, tentativas de revolución comunista y amenazas contrarrevolucionarias. No se podía descartar que ese efecto dominó que había provocado la caída de varias monarquías llegara también a España. ¿Y si el rey, en un intento desesperado, llamaba a la izquierda burguesa a formar gobierno? ¿Y si los republicanos solicitaban el apoyo de los socialistas, ya fuera para iniciar una transición democrática sin cambio en la Jefatura del Estado o directamente para proclamar la república? La decisión del PSOE antes de que tales disyuntivas pudieran plantearse fue cerrarse en banda: ni apoyo a gobiernos burgueses ni nuevas alianzas con el republicanismo. En diciembre de 1919, un congreso extraordinario del partido aprobó por 14.435 votos a favor y 10.040 en contra poner fin a la conjunción republicano-socialista.

La escisión comunista y la ruptura con el republicanismo debilitaron al PSOE y fortalecieron a la UGT, que había rechazado sin ambages y por amplia mayoría incorporarse —es decir, someterse— a la franquicia sindical creada por Moscú. Mientras el partido sufría una importante caída en su militancia, su sindicato hermano seguía creciendo hasta multiplicar por más de diez el número de afiliados del PSOE. La descomposición política de los últimos años de la Restauración y la radicalización de las luchas sociales en el llamado Trienio Bolchevique (1918-1920) favorecían igualmente el protagonismo de la UGT, mientras el partido pagaba un alto precio por el aislamiento político que se había impuesto a partir de 1919. Las consecuencias estaban a la vista: tras la ruptura de la conjunción, el PSOE pasó de seis a cuatro diputados, pese a lo cual su prensa proclamó a bombo y platillo que el socialismo español había cosechado «los resultados más brillantes de toda su gloriosa historia».[41] La razón de tanto triunfalismo era que esta vez los cuatro escaños se habían conseguido en solitario y que a los republicanos les había ido proporcionalmente mucho peor.

Pero algo se movía en el PSOE, en parte por el vacío de poder que estaba provocando el delicado estado de salud del Abuelo. Desde su llegada al Congreso de los Diputados en 1918, Indalecio Prieto, asturiano de nacimiento y bilbaíno de adopción, se había revelado como un brillante parlamentario, con un estilo aguerrido y efectista y una línea argumentativa alejada de las posiciones tradicionales del partido. Cuando en la inauguración de las Cortes de 1918 tuvo que responder al mensaje de la corona por enfermedad de Pablo Iglesias, Prieto definió a los socialistas, en cuyo nombre hablaba, como «profundamente liberales» y «esencialmente demócratas».[42] «Socialista a fuer de liberal», dijo de sí mismo en una conferencia pronunciada en plena polémica sobre la III Internacional con el título «La libertad, base esencial del socialismo», con la que respondía al famoso «libertad ¿para qué?» de Lenin a su compañero Fernando de los Ríos. [43] La vocación política de Prieto, su trabajo parlamentario y su proximidad a un liberalismo de izquierdas le predisponían a entrar de lleno en el debate sobre la forma de gobierno, al que otros dirigentes socialistas, fieles a la tradición obrerista del partido, solían mostrarse remisos. La ocasión era propicia además al cuestionamiento del papel de la corona, situada en el ojo del huracán por la implicación de Alfonso XIII en la crisis del sistema canovista y por su imprudente protagonismo en la guerra de África.

La animadversión de Prieto hacia el monarca venía de lejos. En agosto de 1904, contando apenas veintiún años, tuvo la oportunidad de conocerle en el exclusivo Sporting Club de Bilbao, en un banquete que, con motivo de la regata anual, presidió Alfonso XIII en compañía de su madre, la reina María Cristina, y del presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura. Como el rey había expresado su deseo de pronunciar un discurso, Maura pidió al gobernador civil que buscara un taquígrafo para transcribir las palabras del monarca. No hubo que buscar mucho, porque el gobernador pensó inmediatamente en Indalecio Prieto, que se había labrado fama de excelente profesional en el periódico El Liberal de Bilbao. El joven socialista se prestó gustoso al encargo y, colocado casi a hurtadillas entre Alfonso XIII y Maura, fue tomando nota del discurso sin dejar de prestar atención a Su Majestad, que se mostró muy correcto en el fondo y en la forma de su intervención, incluida su petición de venia al presidente del Gobierno, como responsable que era de los actos de la corona. Hasta ahí, según la nada sospechosa opinión del narrador, todo se desarrolló con escrupuloso respeto de los usos constitucionales y gran satisfacción de los presentes y en particular de la reina madre, que al acabar le dio un abrazo emocionado a su hijo. Cuenta Prieto que esa misma noche, antes de entregar su transcripción al gobierno, la mandó por telégrafo al Heraldo de Madrid, que de esta forma, gracias a él, pudo publicar íntegro el primer discurso improvisado de Alfonso XIII. Esta parte de su relato no se corresponde del todo con la realidad, porque lo que recogió el Heraldo de Madrid aquella noche es un breve resumen de las palabras que, sobre trofeos y regatas, pronunció el rey en el Sporting Club.[44] Y es una lástima, porque un discurso regio inmortalizado por una de las principales figuras de la historia del socialismo español hubiera constituido un documento de una rareza inigualable.

Aquel encuentro en Bilbao tuvo, sin embargo, un colofón desagradable, del que Prieto fue testigo y que sin duda influyó en su posterior opinión sobre Alfonso XIII. Tras el banquete en el Sporting Club, el rey se tomó allí mismo unas copas con varios aristócratas de los que frecuentaban el lugar. Como su madre le viera excesivamente animado, se acercó a él y le pidió cariñosamente que no bebiera más. En vez de eso, el joven monarca apuró su copa y en tono imperioso y desafiante gritó a un camarero: «¡Otro whisky!». La reina María Cristina se retiró abochornada y a él, que recordó la escena cuarenta años después, le quedó la imagen de un jovenzuelo frívolo e irresponsable convertido, por los caprichos de un poder hereditario, en dueño de los destinos de España. En los episodios más polémicos y desafortunados de su reinado, Prieto siempre se acordó de la pésima impresión que le causó entonces Alfonso XIII y de los malos augurios que despertó en él aquella afrenta a su madre en el Sporting Club de Bilbao.[45]

La guerra de África le dio frecuentes motivos de reflexión sobre el controvertido papel del monarca en la vida nacional. «¡Olé tu madre!», recuerda Prieto que rezaba el telegrama que le envió al general Fernández Silvestre cuando, en la primavera de 1921, las tropas a sus órdenes avanzaban incontenibles desde Melilla por el territorio del Rif. Según otras versiones, las palabras del rey a Silvestre fueron algo más subidas de tono e incluían una referencia muy borbónica a los atributos masculinos de su general favorito. En todo caso, el supuesto telegrama expresaba con rotundidad castiza lo que toda España sabía: que Alfonso XIII había autorizado y probablemente instigado una operación militar de alto riesgo que acabó en tragedia. El llamado Desastre de Annual se saldó con un balance de 10.000 muertos o desaparecidos —entre ellos el propio Fernández Silvestre, que al parecer se suicidó— y un millar de prisioneros. El clamor en demanda de responsabilidades llevó al gobierno a encargar al general Juan Picasso, tío del pintor, la apertura de una investigación pormenorizada sobre lo ocurrido. Mientras el general ponía en marcha el expediente que lleva su nombre, el asunto daba lugar a un vivo debate parlamentario en el que Julián Besteiro, en nombre del Grupo Socialista, manifestó el deber que tenían sus señorías de llegar hasta las últimas consecuencias sin detenerse ante nada ni ante nadie. ¿Incluía esta especie de «caiga quien caiga» al rey Alfonso XIII? Aunque el reglamento de la cámara prohibía aludir expresamente al monarca, Besteiro encontró, en medio de las llamadas al orden de la presidencia, la forma de señalar a lo más alto en su busca de responsabilidades. Ha llegado la hora de decir la verdad, declaró solemnemente al final de su alocución: «España no es la que ha ido a Marruecos; a Marruecos ha ido la monarquía española, ha ido el rey; nosotros, no».[46]

Justo un año después, el Congreso de los Diputados conocía el demoledor informe realizado por el general Picasso. Como miembro de la Comisión de Responsabilidades, Indalecio Prieto tuvo ocasión de intervenir en el pleno para presentar sus propias conclusiones sobre el Desastre a la luz de lo expuesto en el llamado Expediente Picasso. Su discurso del 21 de noviembre fue un durísimo alegato contra el Ejército de África por la negligencia y las corruptelas de muchos de sus mandos, pero también una denuncia del grave «problema de moralidad y de decencia pública» del régimen que consintió aquellos hechos. Y por encima del régimen, del propio Alfonso XIII, al que apunta el diputado socialista en algún pasaje de su discurso como último culpable de lo sucedido, por ejemplo, cuando rememoró el viaje que hizo el general Silvestre a Madrid, su visita al monarca y su regreso a Marruecos decidido a avanzar con sus hombres hasta Alhucemas, porque, según dijo el general a su llegada a Melilla, «le había autorizado y le había excitado a ello el rey».[47] Este pasaje de su discurso provocó una llamada al orden del vicepresidente del Congreso, que le recordó que la persona del jefe del Estado no podía ser puesta en entredicho. Pese a ello, Prieto insistió en que la intervención del monarca era innegable, aunque la responsabilidad última de sus actos no fuera suya, sino del gobierno. Hubo «grandes rumores» en el hemiciclo, pero el diputado socialista prosiguió con su relato de aquellos hechos, hasta que lo avanzado de la hora y el cansancio del orador llevaron a la presidencia de la cámara a levantar la sesión para concluir el debate veinticuatro horas después.

En la parte final de su discurso, pronunciada al día siguiente, Prieto desplegó todo el abanico de responsabilidades militares y políticas que confluían en el Desastre de Annual. Ya se ha visto que a la última y más importante, la del propio monarca, no podía aludir abiertamente, pero lo hizo de forma encubierta cuando señaló la imposibilidad de depurar la responsabilidad más grave hasta que «se abra la cripta de El Escorial para recoger los restos de un reinado en decadencia». Los rumores, las protestas y la llamada al orden de la presidencia no le impidieron rematar su intervención con una alusión, de nuevo algo críptica, a los tres soberanos que solían juntarse en una playa de moda llevados por la afinidad que establecía entre ellos su similar prestigio: el sah de Persia, el emperador de Anam y el rey de España.[48] El Diario de Sesiones ya no pudo recoger sus últimas palabras, imposibles de distinguir en medio del escándalo, pero a nadie se le escapó el sentido de su referencia al monarca en aquel contexto. Había una relación íntima entre sus gustos mundanos, su frivolidad y su insignificancia como estadista y la tragedia que España había vivido en Annual por la incompetencia y la irresponsabilidad de sus dirigentes.

Tras aquel discurso, Indalecio Prieto emergió como nuevo guía espiritual del republicanismo español, que atravesaba entonces por una crisis de liderazgo y de electores, aunque se diera la circunstancia de que el diputado socialista militara en un partido que siempre había mirado con displicencia el debate sobre la forma de Estado. De su popularidad en los medios antidinásticos da idea la invitación que le cursó poco después el Ateneo de Madrid, epicentro del liberalismo de izquierdas, para que pronunciara una conferencia sobre el Desastre de Annual. Lo hizo en la tarde del 7 de abril, en medio de una expectación tal, que mucho antes de la hora anunciada resultaba ya imposible acceder al interior de la Docta Casa, no digamos a su salón de actos, rebosante de público. Su intervención, titulada «Responsabilidades civiles y militares», estuvo a la altura de la expectación que había despertado. Fue una enmienda a la totalidad del régimen canovista, en una fase ya de franca descomposición, que no podía dejar de afectar a la corona. Contra ella y especialmente contra su titular dirigió Prieto buena parte de su conferencia, según reconoció él mismo muchos años después: «Me ensañé con Alfonso XIII».[49] Esta vez no sufrió las cortapisas del reglamento del Congreso que le habían impedido hablar con toda franqueza, meses atrás, desde la tribuna de las Cortes. De todas formas, sus palabras en el Ateneo provocaron una rápida reacción de las autoridades, que en los días siguientes le sometieron a un verdadero acoso policial, entre rumores de su próximo procesamiento e ingreso en prisión. «Y todo esto ocurre», dirá El Socialista, «estando en el gobierno un partido llamado liberal».[50] Un gobierno liberal, por lo demás, en funciones, que ya había obtenido de Alfonso XIII el decreto de disolución por el que habrían de convocarse las últimas elecciones generales de la Restauración, celebradas el 29 de abril de 1923.

Tal era el prestigio de Prieto en Bilbao que los demás partidos renunciaron a presentar candidatura, pese a las maniobras de Alfonso XIII para conseguir que las fuerzas dinásticas se unieran y así evitar su victoria. Que el comunista Jesús Hernández, futuro ministro de la República, planeara por entonces un atentado para acabar con su vida demuestra que sus enemigos no estaban solo en la derecha. El hecho es que, a falta de contrincantes, resultó proclamado diputado por el artículo 29 de la ley electoral, que convertía automáticamente en diputados a aquellos candidatos que se presentaran sin oposición. Sí la tuvieron los socialistas en Madrid, pero, a pesar de la dura competencia de las otras candidaturas, monárquicas o republicanas, el resultado fue una vez más favorable al PSOE. Aquellos comicios consagraron la capital como el principal feudo electoral del socialismo español, que consiguió cinco de los ocho escaños en juego. Fuera de Madrid y de Bilbao, solamente Fernando de los Ríos salió elegido en su Granada natal. Siete diputados de 409, obtenidos con 140.000 votos en toda España:[51] ese fue el balance de lo que El Socialista llamó «la gloriosa jornada» del 29 de abril, en la que, en opinión del periódico, el pueblo de Madrid se había pronunciado contra el régimen monárquico. ¿No decía unos días antes el órgano conservador La Época que los resultados en la capital tenían un significado especial que se proyectaba sobre toda España? Pues para el periódico del PSOE lo ocurrido el día 29 no ofrecía duda: «El Partido Socialista ha derrotado a las instituciones».[52] Pablo Iglesias se lo dijo aún más claro a sus camaradas al felicitarles públicamente por haber asestado un duro golpe al «odioso régimen monárquico».[53]

Todo discurrió muy deprisa en los meses siguientes, los últimos de la monarquía canovista, aunque su hundimiento final no llevó, como esperaban algunos, a la proclamación de la república. Al menos, de momento. El ejecutivo del liberal García Prieto recurrió en las elecciones de abril a las prácticas acostumbradas para obtener la victoria en las urnas, que nunca se le negaba al gobierno convocante. Era lo que Ortega y Gasset llamaba «la noria del poder», que subía a unos y bajaba a otros con la cadencia monótona y pesada del turno pacífico. Una noria algo especial, porque en el turnismo el poder no circulaba de abajo arriba, del pueblo soberano al Consejo de Ministros, sino al revés, de la cúspide del sistema —el gobierno que se hacía con el preciado decreto de disolución— al cuerpo electoral, que indefectiblemente otorgaba el triunfo a los candidatos gubernamentales. Los 220 diputados liberales elegidos el 29 de abril componían, sin embargo, una mayoría muy precaria y heterogénea, habida cuenta de las divisiones internas de la familia liberal y de la inestabilidad crónica del régimen.

Los propósitos reformistas de García Prieto, sinceros o no, chocaron enseguida con la cruda realidad. El Expediente Picasso había puesto contra las cuerdas a Alfonso XIII y al Ejército de África. Por si esto fuera poco, desde el triunfo de la Revolución rusa en 1917, un sector cada vez más numeroso de la derecha dinástica, incluido muy probablemente el propio monarca, pensaba que el sistema parlamentario debía pasar a mejor vida y ser sustituido por un régimen de autoridad, capaz de hacer frente al desafío comunista. Muy pocos creían en la posibilidad de una democratización desde arriba, como la que al parecer pretendía impulsar García Prieto, que se había comprometido a llevar a cabo una reforma constitucional y a llegar hasta el final en la depuración de responsabilidades por el Desastre; palabras mayores, que dispararon las alarmas en palacio y en algunos ambientes militares. Tal vez por eso, por creer que la monarquía del siglo xx sería democrática o no sería, don Manuel García Prieto fue el último presidente del Gobierno de la Restauración.

Los socialistas y la dictadura

La sublevación del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923 sorprendió al rey de vacaciones en San Sebastián. Su posición ante los acontecimientos no se conoció hasta su precipitado regreso a Madrid, donde le esperaba impaciente el gobierno de García Prieto. Entre la petición gubernamental de destituir al general sublevado y la exigencia de plenos poderes por parte de este último, Alfonso XIII se inclinó, sin dudarlo demasiado, por la declaración del estado de guerra, como le pedían los golpistas, y por la formación de un directorio militar presidido por Primo de Rivera. Así cayó, entre la indiferencia de la mayoría, el último gobierno de la monarquía constitucional.

Los socialistas lamentaron que «el sentimiento liberal y democrático» del país fuera pisoteado por la fuerza bruta, pero no adoptaron ninguna resolución efectiva contra el golpe militar, más allá de condenar lo que el 14 de septiembre calificaban ya de «plena dictadura militar».[54] Cuando desde la CNT se instó a la UGT y al PSOE a «informar y persuadir con claridad al Borbón» de que el pueblo trabajador no consentiría la entrega del poder a un dictador, la respuesta socialista fue la misma que a cualquier otra iniciativa contra la nueva autoridad militar: repulsa moral y abstenerse de emprender acciones temerarias que pudieran perjudicarles.[55] Esperar y ver parece haber sido la consigna que guio la actitud de las huestes de Pablo Iglesias ante el inesperado rumbo de los acontecimientos.

No les hizo falta esperar mucho para ver que el directorio militar venía en son de paz, al menos hacia ellos. Apenas unos días después de la sublevación, el dirigente ugetista Manuel Llaneza era invitado a reunirse con Primo de Rivera para cambiar impresiones sobre un conflicto laboral en el sector minero e intentar incorporarle a una comisión que se iba a nombrar al efecto. En el fondo, se trataba de sondear a la UGT de cara a una posible colaboración con el nuevo gobierno, interesado en crear una «corriente de simpatía» a su favor entre los socialistas, según afirmó uno de ellos. El 2 de octubre, se celebraba la citada reunión entre Llaneza y Primo de Rivera, que se desarrolló en un clima cordial y constructivo.[56] Poco después, Francisco Largo Caballero se felicitaba desde las páginas de El Socialista de la «completa neutralidad» de los trabajadores españoles ante el golpe militar.[57] No era momento de aventuras ni de perder la cabeza, sino de actuar con realismo y sentido práctico, tanto más cuanto que las primeras impresiones sobre el nuevo régimen no podían ser más tranquilizadoras. Las conquistas de la clase trabajadora, según dedujo Llaneza de su conversación con el dictador, no corrían ningún peligro.

La existencia de un acuerdo tácito, o al menos de un pacto de no agresión, entre la dictadura y los socialistas provocó muy pronto una ola de perplejidad y suspicacia en los sectores más diversos. A principios de octubre, el periódico católico El Debate reseñaba como cosa llamativa que el socialismo español tratara a las nuevas autoridades con una consideración que no le había guardado a ningún gobierno constitucional anterior. Y a la inversa: el directorio militar presidido por Primo de Rivera dispensaba a los socialistas un trato de favor que se traducía en toda suerte de miramientos y beneficios materiales.[58] Tenía motivos El Debate para ver con preocupación el matrimonio de conveniencia que parecía haberse establecido entre los militares y los socialistas, porque todo lo que ganaran estos últimos, y en particular la UGT, bajo el nuevo régimen sería en detrimento de la influencia conservadora, y en especial de los sindicatos católicos, en la política social de la dictadura.

La derecha no fue la única que vio con inquietud esa especie de alianza contra natura que se venía fraguando desde el 13 de septiembre. Entre los dirigentes socialistas no faltaron quienes rechazaran desde el principio cualquier colaboración con un régimen monárquico-militar que representaba, según ellos, un notable retroceso respecto al sistema constitucional que tanto habían combatido. Relacionar al PSOE y a la UGT con semejante engendro podía ocasionarles un descrédito irreparable ante la opinión pública liberal, que acabaría por identificar al socialismo español con los enemigos de la democracia. Es la advertencia que lanzó una y otra vez Indalecio Prieto, erigido en principal detractor de la estrategia posibilista patrocinada por Julián Besteiro, Largo Caballero y Andrés Saborit, más vinculados al sindicato que al partido, al contrario que el político asturiano. Por su parte, Pablo Iglesias, ya gravemente enfermo —murió a finales de 1925—, dejó la iniciativa en manos de los dirigentes ugetistas partidarios de la colaboración.

Prieto estaba pues en minoría en su cruzada contra una política que, a su juicio, dañaba seriamente la imagen pública del socialismo español, a medida que se dejaba embaucar por la dictadura y se integraba en su entramado institucional. Cómo justificar, por ejemplo, que tras disolverse por decreto los ayuntamientos electos de la Restauración los socialistas aceptaran incorporarse, en calidad de «vocales asociados», a los nuevos consistorios designados por el gobierno. Para el dirigente del PSOE y diputado cesante desde la disolución de las Cortes, el socialismo español no podía ser cómplice de un «gobierno despótico y arbitrario» instaurado por los militares y amparado por la corona.[59] El origen de aquel régimen de fuerza no ofrecía duda: el directorio militar era la última manifestación de un poder ilegítimo ejercido por el rey a su antojo. Por eso, la acción protagonizada por Primo de Rivera el 13 de septiembre no pasaba de ser «una sublevación de real orden», con la que se pretendía eludir las «altas responsabilidades personales» que estaban en juego por lo ocurrido en Annual dos años atrás. Había que cerrar el Parlamento a toda costa antes de que el pleno conocimiento de aquellos hechos causara un daño irreparable en lo más alto.[60] Este era el verdadero origen de una dictadura con la que, según Prieto, el socialismo no podía tener trato alguno a riesgo de acabar tan mal como ella.

Sus compañeros oyeron impávidos sus advertencias, como si la cosa no fuera con ellos. La justificación del colaboracionismo fue pasando, mientras tanto, por diversas etapas que supusieron una progresiva implicación en los planes de la dictadura. La primera —ya se ha visto— consistió en rechazar cualquier reacción contra el golpe de Estado que pusiera en peligro la supervivencia del socialismo español. Al régimen constitucional debían defenderlo los suyos, no una clase obrera generalmente maltratada por la vieja oligarquía y sus instituciones. Que fueran ellos, los Alba, Romanones, Maura, García Prieto, De la Cierva, los que salieran a la calle a enfrentarse a los militares y a jugarse la vida por su Constitución. A la siguiente etapa se llegó muy pronto, en cuanto las nuevas autoridades empezaron a prodigar sus gestos amistosos hacia los socialistas. La invitación a Llaneza a reunirse con Primo de Rivera provocó ya un debate interno sobre la conveniencia o no de que acudiera a la cita, zanjado, para escándalo de Prieto, con una posición claramente favorable a que el dirigente minero se reuniera con el dictador y viera qué se traía entre manos. Tras aquella primera impresión tranquilizadora —de momento, no hay nada que temer—, el PSOE y especialmente la UGT recibieron ofertas concretas de colaboración institucional con un régimen que proclamaba su deseo de gobernar para el país real y de mejorar la suerte de los más desfavorecidos. Frente al carácter artificial de los viejos partidos y a la pulsión destructiva del anarcosindicalismo, la dictadura reconocía en el socialismo una innegable legitimidad como expresión genuina del sentir de la clase obrera. De ahí que se inclinara abiertamente por la UGT, y no por los sindicatos católicos, ideológicamente más afines, como su principal interlocutor social y le encomendara, en régimen de cuasi monopolio, la representación de los trabajadores en el nuevo modelo de relaciones laborales. No es de extrañar por ello ni la reiterada defensa que hizo Largo Caballero de los comités paritarios, pieza clave del corporativismo primorriverista, cuya estructura «se asemeja mucho a la de nuestra organización»,[61] ni las críticas de la derecha a una política socioeconómica que estaba creando en España, en palabras de El Debate, un verdadero «socialismo de Estado».[62]

El propio Largo Caballero fue protagonista de una de las mayores polémicas que la colaboración con la dictadura provocó en las filas socialistas. Ocurrió un año después del golpe de Estado. Primo de Rivera quiso reforzar los lazos con la UGT nombrando a su secretario general vocal del Consejo de Estado en representación del Consejo Superior de Trabajo, nueva denominación del Instituto de Reformas Sociales, al que Caballero pertenecía desde 1904. El nombramiento fue sancionado mediante real decreto firmado por Su Majestad el 13 de octubre de 1924 y publicado por la Gaceta de Madrid al día siguiente. El interesado lamentará en sus memorias que se diera al hecho una importancia exagerada, como si todo se redujera al lado anecdótico y morboso del asunto —un obrero de la construcción convertido en consejero de Estado— y se olvidara el verdadero fondo de la cuestión. No sería tan intrascendente su nombramiento cuando él mismo, en una breve historia de la UGT publicada poco después, se apresuró a incorporar junto a su nombre su condición de «primer consejero de Estado socialista».[63] Y en efecto, nunca un socialista español había llegado a ocupar un cargo semejante y no dejaba de ser llamativo que ello sucediera bajo un gobierno militar nombrado por Alfonso XIII.

Caballero y demás partidarios de la colaboración encontraron argumentos diversos, más o menos forzados, para justificar su actitud. El más importante consistía en negar, contra toda evidencia, que, en rigor, se tratara de un nombramiento por real decreto. Era la UGT la que, a petición del Directorio, designaba a un representante suyo en el Consejo de Estado. El gobierno simplemente legalizaba la decisión soberana del sindicato. El problema de fondo se solventó pues con una argucia procedimental que reconfortaba a los ya convencidos, como Caballero, y escandalizaba aún más a aquellos que, como Prieto, no daban crédito al ver hasta dónde estaban dispuestos a rebajarse sus compañeros. Si algo mortificó al líder de la UGT no era por tanto la dimensión política de su nombramiento, sino el protocolo establecido para su solemne toma de posesión, a la que debía asistir vestido de etiqueta —uniforme de gala con condecoraciones o, en su defecto, frac— para prestar juramento según la fórmula acostumbrada. Aquello le tuvo profundamente preocupado en los días previos al acto, fijado para el 25 de octubre de 1924.

Sobre lo primero, consultó con el presidente del Consejo de Estado, quien, en son de guasa, le contestó que si quería podía vestir uniforme de albañil. No era el sentido del humor la principal virtud del futuro Lenin español, y menos si se hacía burla de su honrada profesión, así que la broma le causó un pésimo efecto y le quitó las ganas de hacer nuevas consultas sobre tan enojoso asunto. Al final decidió ir con terno, que había sido siempre su indumentaria habitual cuando no estaba en el tajo, sin que ello causara el menor contratiempo o escándalo. Más aún: aquella pequeña transgresión protocolaria fue bien recibida por algunos consejeros, que a partir de entonces siguieron su ejemplo y empezaron a prescindir de la etiqueta.[64] Lo de jurar fidelidad al rey y a la Constitución era bastante más delicado, máxime si se recuerda que la Carta Magna se encontraba suspendida por el gobierno con el beneplácito de Alfonso XIII. Aquello, más que una formalidad, parecía el mundo al revés: un político socialista, de convicciones republicanas, jurando una constitución monárquica que había sido violada por el propio rey. Pero tampoco este fue un escollo insalvable. El nuevo consejero de Estado se las ingenió para encontrar una fórmula que le permitiera, según sus palabras, salvaguardar sus convicciones políticas y religiosas, al prometer desempeñar fiel y lealmente su cargo, «procurar el bien de la nación y consultar, con arreglo a la Constitución y a las leyes, en los negocios que me sean encomendados».[65]

Tomó posesión de su cargo junto a los demás consejeros nombrados el 13 de octubre: el conde de Romanones, los generales Berenguer y Weyler, el patriarca de las Indias, el marqués de San Juan de Piedras Albas y el almirante Aznar, futuro presidente del Gobierno, entre otros. La ceremonia, celebrada con el tradicional boato, fue para él un acto de servicio, y no de los más fáciles. Sintiéndose el centro de las miradas de muchos de los asistentes, perplejos o divertidos, según los casos, con la idea de tener entre ellos a un estuquista de Chamberí, el líder de la UGT mantuvo el tipo y en ningún momento se dejó impresionar por la situación, aunque el ambiente era para salir corriendo. Pero, claro, todo tiene un límite. Por eso, cuando algún tiempo después recibió del secretario del rey una invitación regia a un baile en palacio, decidió rehusar cortésmente: «Ni estábamos en Inglaterra, ni formábamos parte del Partido Laborista inglés».[66] Eso dirá veinte años después, al recordar aquel episodio en sus memorias, pero en 1924 las cosas no se veían ni mucho menos de esa forma. En realidad, ahí, en esa comparación con Gran Bretaña, estaba en gran medida la clave del matrimonio de conveniencia, bendecido por la corona, que durante aquellos años rigió las relaciones entre el socialismo español y la dictadura militar, porque, por mucho que Caballero lo acabara negando, hubo un momento en el que los dirigentes socialistas vieron un claro paralelismo entre la España de Primo de Rivera y la primera experiencia de gobierno laborista bajo la monarquía británica.

«La clase trabajadora», afirmará Largo Caballero refiriéndose al reciente acceso del laborismo al poder, «puede, por los medios legales, alcanzar el triunfo de sus aspiraciones (...). La transformación social cabe lograrla sin trastornos».[67] Este fue un estado de opinión muy extendido entre el socialismo reformista tras la victoria electoral del Labour Party en diciembre de 1923, que llevó a su líder, Ramsey MacDonald, a ser nombrado primer ministro por el rey Jorge V. Se abría así un camino transitado luego por otros gobiernos del mismo signo bajo monarquías constitucionales dispuestas a convivir con la izquierda obrera y a aceptar un reformismo social avanzado, pero respetuoso con el marco institucional y en particular con la Jefatura del Estado. Cierto que las cosas en España eran muy distintas, porque el rey había roto el pacto constitucional y entregado el poder a los militares. Para la mayoría de los dirigentes socialistas, sin embargo, la quiebra del orden constitucional apenas significaba nada. Era un pacto que unía a la corona con la oligarquía, no con la nación y mucho menos con la clase trabajadora. La ruptura de ese vínculo con las viejas clases dirigentes haciendo tabla rasa de sus privilegios brindaba una oportunidad inédita a los sectores marginados por el antiguo régimen. ¿Por qué no aprovechar la nueva situación creada por un gobierno igual de ilegítimo que el anterior, pero más sensible a los intereses de los trabajadores?

Hasta mediados de 1928, cinco años después de la instauración de la dictadura, Prieto y unos pocos más clamaron en vano contra la connivencia con un régimen que, según ellos, se parecía mucho más al fascismo italiano, llegado al poder en octubre de 1922, que al ensayo de socialismo reformista iniciado en el Reino Unido en enero de 1924. Y no les faltaba razón si nos ceñimos al significado que el propio Alfonso XIII atribuía a la dictadura española a la que unió su suerte en septiembre de 1923. «Este es mi Mussolini», afirmó, con su imprudencia y su fatuidad características, al visitar la Italia fascista en compañía de Primo de Rivera al principio de la dictadura. Un año y medio después, en unas declaraciones publicadas por la revista Paris-Midi, dejaba meridianamente clara su opinión sobre lo que estaba sucediendo en los últimos tiempos en España y en Europa. El sistema parlamentario solo tenía sentido para los cinco mil o seis mil políticos profesionales que vivían de él. El principal anhelo de la nación, por el contrario, era disfrutar en paz de sus bienes y de su trabajo, amenazados por el auge del bolchevismo y por la incapacidad del viejo parlamentarismo para hacer frente al nuevo estado de cosas. ¿Se podía sacrificar la seguridad de un pueblo entero a los mezquinos intereses de sus políticos? «España e Italia han contestado ya», sentenció el monarca español; «Alemania lo hará dentro de tres días. Cualquiera que sea su veredicto, no será seguramente el del desorden».[68] No fue «en tres días», como anunció Alfonso XIII en aquellas declaraciones, pero el nombramiento de Adolf Hitler como canciller alemán ocho años después cumplió el vaticinio formulado por el rey de España con una clarividencia digna de mejor causa. Su equiparación entre los regímenes de Mussolini y Primo de Rivera no podía estar más clara.

Al revés que el monarca, los socialistas partidarios de colaborar con la dictadura estaban convencidos de que el caso español no guardaba relación alguna con la Italia mussoliniana. Lo creían sobre todo los dirigentes ugetistas, sensibles al crecimiento que el sindicato venía experimentando en detrimento de la CNT, prácticamente borrada del mapa, y del propio PSOE, relegado a una posición subordinada respecto a su brazo sindical. La «clase obrera organizada» ganaba influencia en todos los ámbitos de la vida social, conquistaba nuevos derechos laborales y adquiría experiencia de gestión de cara a un futuro cada vez más cercano, en el que los trabajadores, casi sin darse cuenta, se encontrarían al frente de su propio Estado. Y todo ello, como dijo Luis Araquistáin, sin necesidad de esa «catástrofe histórica» que siempre acarrea una revolución.[69] Ahí estaba el ejemplo del entramado de organizaciones societarias creado por el laborismo británico durante un largo proceso que ahora daba sus frutos. En aquel auténtico Estado dentro del Estado —mutualidades, cooperativas, centros educativos—, se había formado un nutrido plantel de cuadros y dirigentes capacitados para más altas empresas, de manera que, en cuanto el Labour ganó las elecciones, de allí «salieron los ministros para seguir trabajando sin otra diferencia que el cambio de local».[70] Así lo afirma en 1924 el socialista catalán Antonio Fabra Ribas. Largo Caballero opinaba lo mismo.[71] Ese debía ser el camino del socialismo español, que desarrollaba su actividad paciente, pero efectiva, en medio de una transición «imperceptible», marcada, según Caballero, por el declive de la burguesía y la madurez histórica que iban alcanzando los trabajadores.[72] Para él, como para la mayoría de sus correligionarios, que el rey de España entendiera esa transición como un fascismo a la española era su problema.

Ni Italia ni Rusia: los dirigentes de la UGT vieron el corporativismo como una tercera vía entre dos sistemas igualmente reprobables. Su secretario general no se cansó de defender una y otra vez, dentro y fuera de España, las virtudes del modelo social implantado a partir de 1923. Cuando cuatro años después asistió en Ginebra a la conferencia internacional de la OIT, Caballero tuvo que salir al paso de las comparaciones que ciertos sectores de la izquierda establecían entre el corporativismo español y el sindicalismo fascista. En España los trabajadores elegían libremente a sus representantes entre los distintos sindicatos existentes, ya fueran católicos, comunistas o socialistas, mientras que el fascismo había impuesto en Italia un sindicato único y prohibido cualquier otra organización sindical. El funcionamiento de los comités paritarios era, en su opinión, plenamente democrático. Es cierto, dirá también en defensa de la política laboral vigente, que la legislación obrera se incumplía con demasiada frecuencia, pero mucho más por culpa de los empresarios que del gobierno.[73] En enero de 1929, en pleno naufragio de la dictadura, todavía hará ante los suyos una encendida defensa de los comités paritarios y en mayo arremeterá con dureza contra los «revolucionarios bufonescos» por criticar la línea seguida por la UGT en los últimos tiempos.[74] El régimen de Primo de Rivera se acercaba a su fin sin que el secretario general del sindicato socialista hubiera hecho la menor autocrítica por participar en un experimento condenado al fracaso.

Lo que sí hicieron los antiguos partidarios de la colaboración fue marcar distancias con la dictadura a medida que perdía credibilidad y que, en su lenta agonía, intentaba reforzar la presencia de la UGT en sus instituciones. La paulatina puesta en marcha de la Asamblea Nacional Consultiva permite seguir con precisión esa retirada táctica de los socialistas. Al poco de conocerse el proyecto, Julián Besteiro, sucesor de Pablo Iglesias tras su fallecimiento en 1925, se mostró en principio favorable a la participación en la futura Asamblea. «La palabra abstención no existe en nuestro programa», afirmaba en octubre de 1926 en una entrevista en ABC. Si los socialistas habían acudido a las Cortes de la Restauración no había ningún motivo para que ahora se mantuvieran al margen.[75] Sin embargo, un año después el PSOE y la UGT rechazaban por unanimidad los cinco puestos, con nombre y apellidos, que el gobierno reservaba al sindicato socialista en la Asamblea Nacional. Lo hicieron —eso sí— en ausencia de Besteiro, que se encontraba enfermo. De todas formas, la unanimidad resultaba engañosa, porque frente a aquellos que se oponían a la designación gubernamental de los representantes de la UGT, existía un sector contrario a cualquier forma de participación, incluso mediante elección por parte del sindicato de quienes debían representarle en aquel seudoparlamento.

El proceso de institucionalización de la dictadura siguió su curso en un ambiente de descrédito cada vez mayor; por eso, cuando en julio de 1929 el gobierno requirió a la UGT para que nombrara por sí misma a sus mandatarios, tanto el partido como el sindicato se opusieron a enviar representación alguna, ni siquiera en esas condiciones. Era la ruptura con la dictadura por la que Prieto venía luchando desde el principio. Incluso Caballero, pese a permanecer en su puesto en el Consejo de Estado, se mostró favorable al deseo de la mayoría de romper amarras con el régimen militar. Tan solo Besteiro se mantuvo fiel a su línea colaboracionista, definitivamente desautorizada por sus compañeros. Su posición en el partido y en el sindicato se hizo tan insostenible que, con el tiempo, le acabó llevando a presentar su dimisión.

Hubo, sin embargo, un intento de recomponer la maltrecha unidad de los socialistas convirtiendo a la corona, más que a la dictadura misma, en el enemigo a batir en una situación de imparable deterioro de la vida pública. El mismo día en que el partido y el sindicato rechazaban su incorporación a la Asamblea Consultiva, Julián Besteiro leía ante los comités nacionales una demoledora crítica al anteproyecto de constitución en el que trabajaba la dictadura. El documento, que fue aprobado por unanimidad, lo firmaban Largo Caballero y Andrés Saborit como secretarios generales de la UGT y del PSOE y el propio Besteiro como presidente de ambas organizaciones, es decir, los tres dirigentes más comprometidos con la política posibilista practicada hasta entonces. El anteproyecto significaba ni más ni menos que la vuelta a la «monarquía autocrática tradicional» a la que las Cortes de Cádiz habían intentado poner fin en 1812. Sin mucho éxito, porque la historia de la monarquía desde entonces era la de un absolutismo apenas disimulado por una fachada constitucional, y últimamente ni eso. Pues bien, el anteproyecto constitucional elaborado por una «Asamblea de real orden» suponía quitarle la máscara liberal a la monarquía española y concentrar todos los poderes en la persona del rey. «Jamás se ideó un sistema de absolutismo tan complicado y tan innecesario», afirmaban los líderes del PSOE y la UGT. Partido y sindicato estaban resueltos a impedir que se alzara esa «ciudadela amurallada del Estado absoluto» pergeñada en el anteproyecto. Frente a ella, solo cabía una alternativa honorable: «Un Estado republicano de libertad y democracia».[76]

La crisis de la dictadura estaba reavivando el republicanismo de los socialistas, que había permanecido latente en los últimos años. Dos días antes de que Besteiro, Caballero y Saborit firmaran su informe contra el proyecto constitucional, el principal periódico del partido titulaba, para que no hubiera equívocos y desmentir habladurías malintencionadas: «El socialismo español ha sido siempre republicano». ¿No fue Pablo Iglesias «el más violento enemigo de la monarquía»?[77] El mensaje estaba empezando a calar con fuerza en sectores de la opinión pública hasta entonces alejados del socialismo español. Un recién llegado a sus filas como el doctor Juan Negrín afirmará que el PSOE no solo era un partido «esencialmente republicano», sino en rigor el único partido republicano verdaderamente organizado. Aquellos que se titulaban como tales no eran, según él, más que un estorbo.[78] De todas formas, una cosa era el indudable sentimiento antidinástico de los socialistas y otra muy distinta hasta dónde estaban dispuestos a llegar en la lucha por la república.

El hecho es que en el verano de 1929 incluso los más refractarios a un cambio de estrategia se habían desvinculado de una política que no daba más de sí y amenazaba con arrastrar en su descrédito a quienes se aferraran a ella. Besteiro y Caballero descubrirán finalmente que el pronunciamiento de Primo de Rivera no pretendía otra cosa que salvar las responsabilidades de la corona por el Desastre de Annual. Acabáramos. Indalecio Prieto y Teodomiro Menéndez llevaban seis años diciéndolo, sin que sus compañeros se hubieran dado por enterados. Aun así, los sucesores de Pablo Iglesias tardarán algún tiempo todavía en comprender todas las consecuencias de lo ocurrido desde el 13 de septiembre de 1923.

Mientras esto sucedía, Alfonso XIII estaba intentando deshacerse del dictador antes de que fuera demasiado tarde. Los graves problemas de orden público, el descontento del Ejército, con conatos incluso de sublevación, la mala marcha de la economía y el vacío que la vieja clase política le estaba haciendo al Directorio convencieron al monarca de la necesidad imperiosa de buscar una solución de recambio. «A mí no me borbonea nadie», se le había oído decir en más de una ocasión al general Primo de Rivera. Eso estaba por ver. A finales de 1929, el embajador británico consignaba el poder menguante del dictador y el reforzamiento del papel del rey.[79] El 20 de enero dimitía el todopoderoso ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo. Al día siguiente, la portada de El Socialista recogía la última hora de la crisis política: todas las informaciones coinciden en que «la dictadura se dispone a abandonar el poder».[80] Consciente de haber perdido la confianza regia, Primo exploró la actitud del alto mando militar. Una ronda de llamadas a los capitanes generales le bastó para comprobar que el Ejército también le había abandonado.

El día 28, un nutrido grupo de periodistas esperaba novedades en la sede de la Presidencia del Gobierno, donde se había convocado Consejo de Ministros a las seis de la tarde. Pasadas las ocho salió el general Primo de Rivera, que departió brevemente con la prensa. Anunció que se marchaba a palacio y que regresaría en media hora. El reportero de El Socialista advirtió en el general una «mirada expresiva» dirigida a los retratos de los expresidentes Dato y Canalejas, ambos asesinados en el ejercicio de su cargo. ¿Un mal presagio de un hombre enfermo al que le quedaba un mes y medio de vida? Más bien un gesto furtivo de quien se veía ya como expresidente y buscaba con la mirada la complicidad de sus predecesores. Diez minutos después llegaba a palacio, también en medio de una gran expectación, cosa que no dejó de sorprenderle. La visita —dijo— sería breve y el motivo lo daría a conocer al salir. Y en efecto, nada más acabar su reunión con el rey dictó una nota a los periodistas informando de su dimisión como presidente del Consejo de Ministros por «razones personales y de salud». Su Majestad —añadió—, tras aceptar su renuncia, le había encargado al general Berenguer la formación de un nuevo gobierno. En realidad, Berenguer había llegado a palacio a las siete y media, una hora antes, por tanto, de que Primo de Rivera presentara oficialmente su dimisión. «Vengo como soldado», declarará el nuevo presidente ante los periodistas, «pero quiero actuar como ciudadano».[81] Alfonso XIII, principal responsable de lo que Ortega llamaría luego «el error Berenguer», iniciaba así una operación desesperada para salvar a la corona, que debía culminar en una especie de restauración de la Restauración: volver al régimen constitucional derrocado con su consentimiento en 1923.

[1] «La semana burguesa», ES, 23 de mayo de 1902.

[2] «¡Mentira!», ES, 1 de junio de 1902.

[3] «Lo que nosotros condenamos» y «La semana burguesa», ES, 8 de junio de 1906.

[4] «Las formas de gobierno y el socialismo», ES, 28 de mayo de 1886.

[5] J. J. Maroto, El Partido Socialista Obrero. Génesis, doctrina, hombres, desarrollo, acción, estado actual, Biblioteca Nueva, Madrid, sin fecha [1918], p. 141.

[6] Ibíd., p. 140.

[7] Fernando Felipe, «El equívoco republicano», ES, 12 de enero de 1900.

[8] Ibíd.

[9] J. Costa, Oligarquía y caciquismo. Colectivismo agrario y otros escritos, Alianza Ed., Madrid, 1984, p. 29.

[10] «A paso de carreta», ES, 27 de enero de 1899; «Nuestra burguesía», ES, 12 de agosto de 1898.

[11] «VI Congreso del Partido Socialista Obrero Español» y «Lo que se impone», ES, 5 de septiembre de 1902.

[12] «Republicanos y socialistas», ES, 13 de agosto de 1897.

[13] S. Juliá, Los socialistas en la política española, 1879-1982, Taurus, Madrid, 1997, pp. 39 y 49.

[14] «El Comité Nacional a sus correligionarios», ES, 12 de abril de 1901.

[15] Actas de la sesión extraordinaria de la ASM celebrada el 10 de febrero de 1907; FPI-AASM: LXX-2, 1905-1917.

[16] S. Juliá, Los socialistas..., op. cit., pp. 62-63.

[17]ES, 12 de noviembre de 1909.

[18] «Los mauristas», La Mañana, 7 de enero de 1910.

[19] J. J. Morato, El Partido Socialista Obrero, op. cit., p. 261.

[20] «En vísperas de la batalla», ES, 6 de mayo de 1910.

[21] «Triunfo de la conjunción republicano-socialista: Pablo Iglesias, primer diputado socialista», ES, 13 de mayo de 1910.

[22] P. Iglesias, «Vida política», Vida Socialista, 15 de mayo de 1910.

[23] E. González Calleja, La razón de la fuerza. Orden público, subversión y violencia política en la España de la Restauración (1875-1917), CSIC, Madrid, 1998, p. 464, n. 29.

[24] T. Álvarez Angulo, «La conjunción y nosotros», Vida Socialista, 12 de mayo de 1912.

[25] S. Juliá, Los socialistas..., op. cit., pp. 73-76.

[26] «Nosotros, siempre por la República», ES, 4 de junio de 1913.

[27] Actas de la reunión de la ASM celebrada el 6 de agosto de 1913; FPI-AASM: LXX-2, 1905-1917.

[28] Cit. M. Tuñón de Lara (dir.), Historia del socialismo español, Conjunto, Barcelona, 1989, 5 vols.; II, p. 81.

[29] Cit. P. de Blas Zabaleta y E. de Blas Martín-Merás, Julián Besteiro, Algaba, Madrid, 2002, p. 128.

[30] L. Araquistáin, «El Ejército contra la oligarquía», España, 7 de junio de 1917.

[31] L. Araquistáin, «La crisis de la autocracia», España, 14 de junio de 1917.

[32] P. Iglesias, «Fuera el régimen», ES, 2 de agosto de 1917.

[33] F. Largo Caballero, Mis recuerdos, Ediciones Unidas, México, 1976, p. 55.

[34] «El comité de huelga en Madrid», ES, 10 de mayo de 1918.

[35] F. Largo Caballero, Mis recuerdos, op. cit., pp. 40-41.

[36] «¿Qué hubiera estorbado al pueblo una labor positiva por la cual se hubieran arrancado leyes beneficiosas para él, y de rechazo para los trabajadores?»; cit. S. Forner, Canalejas. Un liberal reformista, Gota a Gota-FAES, Madrid, 2014, p. 179.

[37] F. de los Ríos, Mi viaje a la Rusia sovietista, Espasa-Calpe, Madrid, 1935 (1.ª ed. 1921), p. 63.

[38] Cit. V. Zapatero, Fernando de los Ríos. Biografía intelectual, Pre-Textos, Granada, 2001, pp. 166-167; y O. Ruiz-Manjón, Fernando de los Ríos. Un intelectual en el PSOE, Ed. Síntesis, Madrid, 2007, pp. 177-178.

[39] P. Iglesias, «No nos dividamos», ES, 28 de marzo de 1921.

[40] J. F. Fuentes, Largo Caballero: El Lenin español, Ed. Síntesis, Madrid, 2005, pp. 110-113.

[41] «El Partido Socialista, en lucha con todos los demás partidos, realiza serios progresos. ¡ADELANTE!», ES, 20 de diciembre de 1920.

[42] Cit. S. Juliá, Los socialistas en la política española, op. cit., p. 114.

[43] Cit. O. Cabezas, Indalecio Prieto. Socialista y español, Algaba Ediciones, Madrid, 2005, pp. 119-120.

[44] «La Familia Real en Bilbao», Heraldo de Madrid, 28 de agosto de 1904.

[45] O. Cabezas, Indalecio Prieto, op. cit., pp. 55-56.

[46] Cit. P. de Blas Zabaleta y E. de Blas Martín-Merás, Julián Besteiro, op. cit., p. 197.

[47] Discurso de Indalecio Prieto pronunciado en las Cortes el 21 de noviembre de 1922, reproducido en el libro de I. Prieto, Con el Rey o contra el Rey. Guerra de Marruecos, Fundación Indalecio Prieto-Ed. Planeta, Barcelona, 1990, II, p. 69.

[48] Ibíd., pp. 125-126.

[49] Cit. O. Cabezas, Indalecio Prieto, op. cit., p. 135.

[50] «Prieto, procesado y perseguido por la policía», ES, 10 de abril de 1923.

[51] R. Gillespie, Historia del Partido Socialista Obrero Español, Alianza Universidad, Madrid, 1991, p. 44.

[52] «El pueblo de Madrid se pronuncia contra el régimen monárquico. Importante triunfo de la candidatura socialista», ES, 30 de abril de 1923.

[53] «Carta de Pablo Iglesias a los trabajadores reunidos en el teatro de la Casa del Pueblo», ES, 15 de mayo de 1923.

[54] «En estas horas tristes», ES, 14 de septiembre de 1923.

[55] Cit. S. Juliá, Los socialistas..., op. cit., pp. 125-126.

[56] «Manuel Llaneza habló hoy con el general Primo de Rivera», ES, 2 de octubre de 1923.

[57] J. F. Fuentes, Largo Caballero, op. cit., pp. 118-119.

[58] Cit. J. Andrés-Gallego, El socialismo durante la dictadura, 1923-1930, Tebas, Madrid, 1977, p. 85.

[59] Carta de Prieto a la CE del PSOE, Bilbao, 25 de octubre de 1924; cit. Andrés-Gallego, op. cit., p. 436.

[60] I. Prieto: «Una sublevación de real orden», artículo publicado en octubre de 1923 en el Diario Español de Buenos Aires y reproducido en I. Prieto, Con el Rey o contra el Rey, op. cit., pp. 137-141.

[61] Conferencia en la Federación Local de Edificación, marzo de 1927 (varias sesiones); F. Largo Caballero, Obras completas, Fundación Francisco Largo Caballero, Madrid, 7 vols.; III, p. 973.

[62]El Debate, 13 de septiembre de 1928.

[63] F. Largo Caballero, Presente y futuro de la Unión General de Trabajadores de España, Javier Morata, Madrid, sin fecha [1925].

[64] F. Largo Caballero, Mis recuerdos, op. cit., p. 85.

[65] J. F. Fuentes, Largo Caballero, op. cit., p. 130.

[66] F. Largo Caballero, Mis recuerdos, op. cit., p. 86.

[67] F. Largo Caballero, Obras completas, op. cit., II, p. 635.

[68] Cit. C. Seco Serrano, «El cerco de la monarquía. La ruptura de los partidos dinásticos con Alfonso XIII durante la dictadura de Primo de Rivera», Boletín de la Real Academia de la Historia, CLXXXIII, II, 1986, p. 204-205.

[69] Cit. J. F. Fuentes, Largo Caballero, op. cit., p. 128.

[70] «Conferencia de Fabra Ribas», ES, 21 de marzo de 1924.

[71] F. Largo Caballero, Obras completas, op. cit., II, pp. 659-660.

[72] «La conferencia de Largo Caballero: “Educación sindical y política de la organización obrera”», ES, 19 de febrero de 1926.

[73] J. Cuesta Bustillo, Francisco Largo Caballero: Su compromiso internacional. Documentos, Fundación Largo Caballero, Madrid, 1997, pp. 264-274.

[74] F. Largo Caballero, Obras completas, op. cit., III, p. 1.099.

[75] «Opiniones sobre la Asamblea en proyecto», ABC, 31 de octubre de 1926.

[76] «A las secciones de la Unión General de Trabajadores de España y del Partido Socialista Obrero», manifiesto fechado el 13 de agosto de 1929; reproducido por J. Andrés-Gallego, El socialismo..., op. cit., pp. 620-626 (por error, se da 1920 en vez de 1929 como año del documento).

[77]ES, 11 de agosto de 1929.

[78] «Impresiones» sobre la conferencia «La ciencia y el socialismo» pronunciada por Negrín en la Casa del Pueblo de Madrid; ES, 3 de diciembre de 1929.

[79] Cit. J. L. Gómez Navarro, La dictadura de Primo de Rivera, Ed. Cátedra, Madrid, 1991, p. 149.

[80] «Las derechas quieren apoderarse del poder», ES, 21 de enero de 1930.

[81] «Crisis total del Gobierno. Dimite el general Primo de Rivera y don Alfonso encarga al general Berenguer de formar un nuevo Ministerio», ES, 29 de enero de 1930.

CAPÍTULO II. «LA REPÚBLICA, NI VESTIDA NI DESNUDA»

Después de mí, el diluvio

Es hora de definirse, proclamó solemnemente Indalecio Prieto en el Ateneo de Madrid el 25 de abril de 1930. «Hay que estar o con el rey o contra el rey»; había que cortar un nudo, y «ese nudo es la monarquía». Su conferencia, seguida por más de cuatro mil personas dentro y fuera del salón de actos e interrumpida con vivas a la república, terminó con unas palabras dirigidas al monarca, respetuosas en la forma e implacables en el fondo: «Vos constituís un estorbo y España prescinde de vos».[1]

En la hora de las definiciones, fueron legión quienes hicieron pública profesión de fe de su republicanismo, incluso entre los antiguos servidores de Alfonso XIII, como Niceto Alcalá-Zamora, ministro de la monarquía en dos ocasiones; Ángel Ossorio y Gallardo, gobernador civil de Barcelona en la Semana Trágica de 1909, o José Sánchez Guerra, presidente del Gobierno y ministro media docena de veces durante la Restauración. Aunque Prieto se quejara de la tardanza de algunos en aclarar su posición, la ola de republicanismo que barrió el país a lo largo de aquel año alcanzó proporciones de fenómeno social, como si de una moda se tratara y nadie quisiera parecer políticamente demodé. Empresarios, militares, clérigos, miembros de las reales academias, toreros... Los republicanos, escribió por entonces el doctor Castrovido, aparecieron hasta debajo de las piedras.[2] Miguel Maura, hijo de don Antonio y muy unido, como toda su familia, a la corona, quiso anunciárselo personalmente al rey: «Vengo, señor, a despedirme de Vuestra Majestad». Alfonso XIII se hizo de nuevas: «¿Adónde te marchas?». «Al campo republicano», contestó el futuro ministro de Gobernación de la república. Le dijo que la monarquía estaba sentenciada y que su obligación era evitar que el nuevo régimen fuera patrimonio de la izquierda. El rey, sin perder la cordialidad, le aseguró que estaba equivocado, que la monarquía no corría ningún peligro, al menos mientras él viviera. Luego, ya se vería. Pero eso no parecía importarle demasiado: «Después de mí, el diluvio», apostilló con una sonrisa Alfonso XIII, recurriendo a una expresión, borbónica donde las haya, atribuida a su antepasado Luis XV.[3]

Aquel movimiento de opinión llegó también a las filas socialistas, incluso a los sectores y personalidades hasta entonces menos entusiastas del republicanismo, considerado un ideal ajeno a la verdadera tradición obrera. Nada más significativo que la evolución a lo largo de aquel año del secretario general de la UGT y vicepresidente del PSOE, Francisco Largo Caballero. En febrero de 1930, recordando la alianza con los republicanos en el verano de 1917, todavía rechazaba cualquier posible trato con «traidores y arribistas».[4] Dos meses después, sin embargo, admitía la posibilidad de una «boda circunstancial» con ellos y declaraba con toda franqueza cuál era su gran designio en aquella encrucijada histórica: «Si me preguntan, “usted ¿qué quiere?”, contesto: “República”». Lo repitió hasta tres veces, como si de una letanía se tratara. De todas formas, su intervención dejaba algunos cabos sueltos sobre el antes y el después de la proclamación del nuevo régimen. A él se llegará «como sea», afirmó enigmáticamente, y una vez instaurado la clase obrera cumplirá con su obligación de llevar a España al socialismo. Convenía que lo supieran ciertos «elementos que se llaman avanzados» —por los republicanos—: el cambio lo hará el pueblo. Nada de arriba y abajo. Nada de jefes, dioses o pastores, y menos aún si se dedican a injuriar y calumniar a los socialistas. La única unidad deseable, la de la clase obrera, es la que debe alcanzarse entre el PSOE y la UGT. Lo demás, si se produce, será circunstancial. Así lo hubiera querido «nuestro gran maestro» Pablo Iglesias.[5]

No deja de ser chocante que la más contundente proclamación de republicanismo que hizo Largo Caballero a lo largo de su vida estuviera hasta tal punto salpicada de reproches, acusaciones y advertencias a los republicanos, como queriendo darse el gusto de cobrarse las cuentas pendientes o curándose en salud ante lo que se avecinaba. Unos días después volvía a las andadas en un artículo publicado con ocasión del 1º de Mayo: «Nada de alianzas con los partidos burgueses».[6] Convengamos en que la fecha era poco propicia a proponer pactos con el diablo. El secretario general de la UGT recordó una vez más las viejas traiciones y las injurias constantes de algunos elementos que se dicen de izquierdas, y frente a ello los únicos acuerdos válidos, aquellos que los socialistas toman en los congresos de sus organizaciones. El que adoptó el partido en 1919 rompiendo la conjunción electoral con los republicanos seguía en vigor y estipulaba una política de clase propia de un partido obrero que lucha por derrotar a la burguesía.

No había forma de que Caballero, el más fiel continuador de la tradición pablista, olvidara los viejos agravios y antepusiera su proclamada aspiración a la república a su rechazo visceral a los republicanos. Aunque el deseo de un cambio de régimen seguía ganando adeptos, también entre los socialistas, era difícil superar décadas de un marxismo esquemático que compensaba su pobreza teórica con el atractivo de lo que un historiador ha llamado sus «deslumbrantes claridades dicotómicas»:[7] capitalismo/socialismo, clase obrera/burguesía, explotados/explotadores. Entre esas dicotomías no figuraba la doble opción monarquía/república, considerada una polaridad ficticia que podía canalizar la energía del proletariado hacia un objetivo de efectos alienantes, porque convertía a la república en una suerte de paraíso artificial que anularía su conciencia revolucionaria. Por eso, apelando a una lógica estrictamente marxista, Julián Zugazagoitia no entendía que un Estado republicano supusiera un avance real, ni siquiera un paso adelante, en la lucha por la emancipación de los trabajadores. A un hombre como él —añadía—, de profundas convicciones socialistas, la perspectiva de un tránsito de la monarquía a la república le tenía «perfectamente sin cuidado». Lo único que esperaba de esta última, si llegaba a proclamarse, era un «decoro civil» que con otro rey también podía haber existido bajo la monarquía. Así zanjaba en mayo de 1930 este futuro ministro del Frente Popular la cuestión de la forma de gobierno.[8]

Mucho iba a tener que bregar Indalecio Prieto en su cruzada personal para atraer a sus compañeros a la buena causa. Besteiro, presidente del partido y del sindicato, seguía en una especie de tierra de nadie, sin acabar de definirse y rumiando su difícil posición en la cúpula socialista; Largo Caballero, secretario general de la UGT, se había decantado por la república, pero con tantos reparos y tal resquemor hacia la izquierda burguesa, que de momento resultaba más un obstáculo que un aliado en la búsqueda de un frente común contra la monarquía. Mientras, su homólogo en el PSOE, el besteirista Andrés Saborit, se mantenía a la espera. Ni su apoyo a la política colaboracionista durante la dictadura ni su débil liderazgo, en parte por razones de edad, le permitían tomar una iniciativa que pudiera acabar en un nuevo paso en falso. De ninguno de ellos cabía esperar, por tanto, una actitud resuelta que colocara a los socialistas en la vanguardia de la lucha por la república. Quedaba Fernando de los Ríos, sin duda el más afín a Prieto. Su posición estaba clara: el rey debía ser depuesto por haber violado en 1923 su juramento de fidelidad a la Constitución. El regreso a una monarquía constitucional se le antojaba imposible; no digamos un intento de conciliación entre la democracia y la dinastía.[9] Sin embargo, pese a su buena sintonía con el republicanismo, sus múltiples actividades intelectuales y su relativo aislamiento en la ejecutiva del partido le descartaban como palanca para obrar un cambio de estrategia. Prieto no tendría más remedio que actuar por su cuenta e intentar, mediante un golpe de audacia, ganar el pulso que mantenía desde 1923 con la dirección del PSOE.

Y así lo hizo. El 17 de agosto asistió, a título personal, a la reunión que diversos representantes de las fuerzas republicanas llevaron a cabo en San Sebastián, primero en el Hotel de Londres y luego en el Casino Republicano: Niceto Alcalá-Zamora, Manuel Azaña, Alejandro Lerroux, Miguel Maura, Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz y Santiago Casares Quiroga, más una nutrida representación del nacionalismo catalán. Todos los citados, además de Prieto, se convertirían en ministros de la república ocho meses después, excepto Alcalá-Zamora, que sería el presidente del Gobierno. De allí salió el pacto que lleva el nombre de la ciudad y que en rigor no era otra cosa que un acuerdo verbal entre caballeros, pues ningún documento plasmó por escrito las resoluciones adoptadas por los asistentes. Tan solo una nota oficiosa, redactada por Indalecio Prieto en el velador de un café, permitió a la prensa informar dos días después de la reunión celebrada en San Sebastián. En realidad, se trataba de una crónica de urgencia al más puro estilo periodístico, con una información detallada sobre el quién, dónde y cuándo, pero sin entrar en los acuerdos alcanzados, más allá de una referencia genérica al deseo de seguir sumando apoyos al bloque opositor. A la nota oficiosa se añadió una información complementaria sobre Cataluña, cuyas aspiraciones autonómicas, según acuerdo de los dirigentes republicanos, podrían encauzarse a través de un estatuto que habría de ser aprobado por unas Cortes constituyentes.

El periódico El Sol se hizo eco de todo ello en su página 5 con un titular algo engañoso: «Las izquierdas llegan a un acuerdo en San Sebastián».[10] Ni todas las fuerzas políticas representadas eran de izquierdas, salvo que se considere que el republicanismo lo es por definición —ahí estaba la Derecha Liberal de Alcalá-Zamora y Maura—, ni todas las izquierdas participaron en la reunión. La ausencia del PSOE y la presencia a título particular de Prieto tenían que traer cola. Quince años después, al escribir sus memorias, Largo Caballero todavía se lamentaba de la traición de Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos al situarse durante aquellas semanas al margen de la disciplina del partido. Por mucho menos, habían sido expulsados dirigentes y militantes tachados de desleales.[11] La decisión de acudir a la cumbre republicana le creó una situación muy incómoda —El Socialista guardó un significativo silencio sobre el pacto—, pero Prieto consiguió su propósito de obligar al Partido Socialista a plantearse seriamente su incorporación al frente antimonárquico.

No iba a ser fácil. Todavía el 22 de agosto, la prensa recogía unas declaraciones de Besteiro cuando menos desalentadoras para quienes pugnaban por la unidad con los republicanos: «La república pierde adeptos»; «no hay más de media España republicana». Era un problema de ignorancia, que, según el presidente del PSOE, llevaría tiempo subsanar. Precipitar las cosas serviría de poco.[12] Pero los líderes republicanos, constituidos en comité revolucionario, eran conscientes de que sin la capacidad de movilización del socialismo no llegarían muy lejos. Así lo pensaban también algunos militares afectos a la causa, que condicionaban su apoyo a un golpe contra la monarquía a la participación de los socialistas.[13]

Desde finales de agosto, se sucedieron las reuniones entre miembros del comité revolucionario y delegaciones socialistas encabezadas por Julián Besteiro, quejoso de las «excitaciones constantes» que recibían del campo republicano. Las conversaciones acababan indefectiblemente sin acuerdo por la resistencia de Besteiro a implicar al socialismo en un movimiento que le era ajeno, que entrañaba un alto riesgo y con el que solo tenían algunos puntos de coincidencia, principalmente las ganas de echar al Borbón. Fuera de este anhelo compartido, todo resultaba confuso y peligroso. Arriesgar en semejante aventura la sagrada herencia del Abuelo le parecía una temeridad. Había que esperar y ver.

Pero los acontecimientos se estaban acelerando y no esperaban a nadie. El 28 de septiembre, los republicanos celebraron un gran mitin en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid con asistencia de 20.000 personas, toda una demostración de fuerza que se vio realzada por la brillantez de los discursos allí pronunciados, porque si algo le sobraba al republicanismo español eran buenos oradores. Con un «¡abajo los tiranos!» concluyó el suyo don Manuel Azaña, un político todavía poco conocido por el gran público. Llama la atención que, en su escueta reseña del acto, El Socialista, tras valorarlo como una victoria del pueblo sobre el gobierno, señalara que los discursos «no estuvieron a la altura del auditorio». Esto y alguna referencia despectiva a los «caudillos republicanos» indican lo lejos que estaban las posiciones de unos y otros.[14] Tanto, que por aquellas fechas llegó a darse por hecho que Alfonso XIII nombraría a Largo Caballero ministro de Trabajo, lo que explicaría, según los republicanos, las reticencias del consejero de Estado socialista a un pacto contra la monarquía.[15] El bulo, o lo que fuera, indica hasta qué punto el secretario general de la UGT parecía destinado a dirigir la política social desde el gobierno, con un régimen u otro.

Los mítines se repitieron con notable éxito en otras grandes capitales, mientras los militares adictos aguardaban la orden de sublevarse y se hablaba ya de la formación de un gobierno provisional en la sombra. El comité revolucionario negociaba además con la CNT, receptiva al requerimiento de los republicanos, pero convaleciente todavía de la represión sufrida en los años anteriores. El tiempo apremiaba y los socialistas seguían sin definirse. Lo que se avanzó en una reunión de la ejecutiva del PSOE celebrada el 4 de octubre pareció perderse dos días después cuando Besteiro tachó de «anticuadas» las doctrinas en que se basaba el republicanismo. Por fin, el día 17, las ejecutivas del partido y del sindicato decidían sumarse al movimiento revolucionario. Con Besteiro enrocado en su posición habitual, fue Largo Caballero quien inclinó la balanza a favor de participar en el asalto final a la monarquía y de hacerlo «con todas las consecuencias». Todo se reducía, según él, al dilema «creer o no creer» y, tras informarse debidamente, había llegado a la conclusión de que aquello iba en serio. Aunque apenas dos días después manifestara que la postura de los socialistas sobre la república era «la de siempre», Francisco Largo Caballero había llevado a los suyos a dar un paso de enorme trascendencia histórica.[16]

Fue inútil que Besteiro y Saborit se opusieran a lo que consideraban un error imperdonable, que convertiría a la clase obrera en brazo ejecutor de una revolución por cuenta ajena. Los discípulos de Pablo Iglesias no habían venido al mundo para hacerle el trabajo sucio a la burguesía republicana. Frente a la doctrina hasta entonces predominante, parecía configurarse una nueva mayoría en torno a un eje Caballero-Prieto. Hay que decir, sin embargo, que el republicanismo de uno y otro respondía a razones completamente distintas. Mientras Indalecio Prieto veía en la república un fin en sí mismo como expresión de un ideal democrático que no se podía identificar con ninguna clase social, para el líder de la UGT se trataba de una gran oportunidad para desarrollar desde el poder un amplio programa de reformas sociales que en la dictadura habían quedado a medio hacer. Que a los socialistas se les hiciera un hueco en el gobierno provisional y que una de las carteras ministeriales estuviera destinada a Caballero debió de ayudar no poco a su cambio de opinión y a hacer menos amargo el trance de verse sentado al lado de Lerroux y compañía. Tampoco hay que descartar que el veterano dirigente socialista, con cuarenta años de militancia a sus espaldas, calibrara la fuerza que estaba alcanzando el tsunami republicano y llegara a la conclusión de que era mejor subirse a aquella ola que ser arrollado por ella, como estaba a punto de ocurrirle a Besteiro. El 22 de febrero de 1931, el presidente del PSOE y de la UGT presentaría su renuncia irrevocable a ambos cargos.

Pasaron muchas cosas en esos meses anteriores al cambio de régimen, y algunas de ellas dejaron heridas tan profundas en el socialismo español que nunca llegaron a cicatrizar. Cuarenta y ocho horas después de la reunión de las dos ejecutivas, Caballero, Besteiro y De los Ríos se entrevistaban con Alcalá-Zamora y Azaña, que, en representación del comité revolucionario, debían explicarles el estado en que se encontraba el movimiento antimonárquico. Había en marcha un plan de sublevación que contaba con el apoyo de un sector del Ejército. Pero para evitar que aquello pareciera una cuartelada, los líderes republicanos necesitaban un respaldo popular que solo les podían proporcionar los socialistas en forma de huelga general. Su participación llevaría aparejada la asignación de dos puestos en el comité revolucionario, lo que era tanto como decir en el futuro gobierno. ¿Estaban dispuestos a sumar sus fuerzas al alzamiento republicano? La decisión no podían tomarla ellos por su cuenta. Había que reunir de nuevo a las ejecutivas y someter el asunto a votación.

Por ocho votos a favor y seis en contra, entre ellos los de Besteiro y Saborit, la dirección del PSOE aprobó «declarar la huelga general donde haya elementos comprometidos, para que estos, tan pronto se encuentren en la calle, se vean asistidos por el pueblo que los anima».[17] La fórmula era francamente rebuscada, y, como tal, sintomática de las dudas que seguían albergando los dirigentes socialistas. ¿Qué haría Pablo Iglesias, se preguntaría más de uno, si se encontrara en semejante tesitura? Pero la decisión estaba clara, y más después de que la ejecutiva designara a los tres representantes —no dos, como inicialmente se había previsto— que el PSOE tendría en el futuro gobierno: Francisco Largo Caballero, Fernando de los Ríos e Indalecio Prieto. Ahora había que ir a por todas contra la monarquía en un levantamiento cívico-militar no muy distinto de las revoluciones liberales del siglo xix, compuestas por lo general de una sublevación castrense y otra civil, popular o mesocrática, según los casos, traducida en la formación de juntas insurrectas. La versión siglo xx de la vieja escenografía revolucionaria incluía de manera destacada la convocatoria de una huelga general que paralizara el país. Otra cosa sería dejar todo el protagonismo a los militares o reducir aquello, dirá Largo Caballero en sus memorias, a una de esas conspiraciones republicanas dignas, por lo grotesco, de representarse en un teatro de variedades.[18]

El levantamiento antimonárquico previsto para el 15 de diciembre fracasó estrepitosamente. Graves problemas de coordinación entre los sectores militar y civil y las vacilaciones de los socialistas a la hora de declarar la huelga general permitieron desarticularlo fácilmente. Al final, todo se redujo a poco más que la sublevación a destiempo de la guarnición de Jaca, con las consecuencias conocidas: los dos principales responsables, los capitanes Galán y García Hernández, fueron sometidos a un consejo de guerra sumarísimo, condenados a muerte y ejecutados cuarenta y ocho horas después de los hechos. El gobierno ordenó asimismo la detención de los miembros del comité revolucionario, la mayoría de los cuales, los que no pudieron o no quisieron escapar, ingresaron en la cárcel Modelo de Madrid en los días siguientes. Niceto Alcalá-Zamora lo hizo tras oír misa en la parroquia de San Fermín acompañado de los policías que fueron a detenerle; Largo Caballero después de un breve encuentro con Besteiro y Saborit, a los que quiso comunicar su intención de entregarse a las autoridades, confiando en que dejarían a un lado sus diferencias y se pondrían a su disposición para lo que hiciera falta. A Caballero todavía le hervía la sangre cuando, quince años después, recordaba que la única reacción del presidente y del secretario general de su partido fue encogerse de hombros. Para él, la cosa no admitía dudas: el levantamiento fracasó porque ciertos dirigentes socialistas —no hacía falta decir cuáles— sabotearon la huelga general.[19] En su fuero interno, Besteiro pensaría, por el contrario, que los hechos le habían dado finalmente la razón. ¡A quién se le ocurre mezclar a lo más granado de la clase obrera española en una conjura de militares, republicanos y burgueses para destronar a un rey! ¡Si el Abuelo levantara la cabeza!

La victoria de la monarquía no tardó en convertirse en una derrota moral de consecuencias políticas irreparables. La impresionante campaña de solidaridad a favor del comité revolucionario y el descrédito del rey por la ejecución de Galán y García Hernández, convertidos en mártires de la causa, mostraban a las claras cuál era la tendencia mayoritaria en la opinión pública. Aunque sus principales líderes se encontraran encarcelados o huidos, la marea republicana siguió creciendo mientras Alfonso XIII se disponía a jugar sus últimas bazas. A mediados de febrero, tras la dimisión del general Berenguer, José Sánchez Guerra recibió el encargo de formar gobierno. No era una mala jugada, pero llegaba tarde, muy tarde. Situado en el campo constitucionalista, consciente de que el destino de la corona estaba en manos de sus enemigos, Sánchez Guerra se dirigió a la cárcel Modelo para negociar con el comité revolucionario su colaboración con el ejecutivo o al menos un pacto de no agresión. Llegó vestido según la etiqueta de palacio —frac y sombrero de copa—, preceptiva en las audiencias con Su Majestad.

Queda dicho que bajo la monarquía canovista, ahora agonizante, la oposición tan pronto podía ser arrojada a las mazmorras como requerida por el régimen para echar una mano. Ahora tocaba cortejarla sin pudor. Tras obtener el pertinente permiso del director de la prisión, Sánchez Guerra se reunió en el locutorio de abogados con cuatro destacados miembros del comité revolucionario: los socialistas Largo Caballero y Fernando de los Ríos y los republicanos Alcalá-Zamora y Miguel Maura, quienes, en palabras de este último, «acurrucados tras una reja, miraban asombrados sin llegar a dar crédito a sus ojos y oídos». Repuestos de su sorpresa, los interesados le hicieron saber que no había ninguna posibilidad de acuerdo. De lo estrambótico de aquella gestión y de los bandazos de aquel reinado, a punto de terminar, da idea el hecho de que el propio Sánchez Guerra fuera quien, como ministro de Gobernación, metió a Largo Caballero en prisión tras la huelga general de 1917. Catorce años después imploraba su ayuda y la de sus compañeros para salvar al régimen que los había encarcelado. Tras oír la negativa de los ilustres reclusos, hizo una ligera reverencia y se marchó por donde había venido.[20]

Fracasado aquel «desatino», como lo llamó al día siguiente El Debate, Alfonso XIII encargó al almirante Juan Bautista Aznar que formara el que a la postre sería el último gabinete de su reinado. Lo integraban los restos del naufragio de la vieja clase política: Romanones, Bugallal, La Cierva, Gabriel Maura y hasta el general Berenguer, presidente cesante que volvía al ejecutivo por la puerta de atrás. Mientras Miguel Maura estaba en la cárcel por republicano, su hermano Gabriel se convertía así en ministro de Su Majestad. Unitario en su propósito y heterogéneo en su composición, aquel gobierno fue como un «Pacto de San Sebastián monárquico»,[21] que no tenía otro objetivo que sacar a Alfonso XIII del atolladero en el que se había metido. El medio arbitrado resultó ser unas elecciones municipales convocadas para el domingo 12 de abril, a las que se presentaron las fuerzas opositoras en listas comunes de republicanos y socialistas. La absolución unos días antes del comité revolucionario, convertido en gobierno provisional en la sombra, fue considerada un gesto de debilidad del régimen más que la expresión de un espíritu justiciero y magnánimo que nadie en la oposición le reconocía.

Los dirigentes republicanos salieron a la calle a tiempo de participar en la campaña electoral. Las grandes figuras de la coalición tenían que multiplicarse para servir de reclamo a sus potenciales votantes, ansiosos de oír a los nuevos héroes populares. Uno de ellos, Francisco Largo Caballero, protagonista de un mitin celebrado en el Cine Pardiñas de Madrid, se sintió obligado a responder a quienes se preguntaban: «¿Cómo los socialistas van ahora aliados a los republicanos para traer una república a España?». Porque necesitaban unas libertades que la monarquía les negaba, como se las negaba al conjunto de la nación. De ahí su ofensiva contra la monarquía como origen de todos los males que padecían los españoles de la más diversa condición. Su promesa de acabar con ella, llevarla a El Escorial y enterrarla allí por los siglos de los siglos provocó, según las crónicas, una «ovación delirante».[22]

Una semana después, el 14 de abril de 1931, transcurridas apenas cuarenta y ocho horas desde las elecciones, El Socialista informaba en su portada de la «espantosa derrota de la monarquía», pero sin saber aún el alcance final de lo ocurrido y entre rumores de una próxima abdicación de Alfonso XIII, que la oposición veía como una jugada desesperada e inútil. Al día siguiente, el periódico anunciaba ya el cambio de régimen en medio del júbilo general y de grandes manifestaciones populares. «¡Viva España con honra y sin Borbones!», titulaba recordando el lema de la Gloriosa Revolución de 1868. Todo evocaba aquellas fechas históricas en las que Isabel II tuvo que abandonar España con su familia, como hará Alfonso XIII tras el 14 de abril. Lamentablemente, añadía El Socialista, ni la monarquía democrática de Amadeo de Saboya ni la república proclamada en 1873 consiguieron consolidar un sistema de libertades, y el resultado fue el regreso de los Borbones seis años después. Pero esta vez será distinto, «porque ahora hay un Partido Socialista dispuesto a ser el más celoso defensor de la institución republicana».[23] Al menos, de momento.

«Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo». Alfonso XIII reconoció paladinamente su derrota en el manifiesto de despedida que publicó el diario ABC en su portada del 17 de abril. El propio periódico se había referido el mismo día 14, sin ambages ni paños calientes, al «triunfo de la conjunción republicano-socialista en las elecciones municipales».[24] Las dudas que sembraron algunos monárquicos, y más adelante la derecha en general, sobre los resultados de aquellos comicios no tenían otro propósito que cuestionar la legitimidad de la república. Monárquicos y republicanos compartían, sin embargo, una interpretación de lo sucedido que coincidía, en el fondo, con las palabras de Alfonso XIII al despedirse de «su» pueblo: la corona se lo había jugado todo a una carta y había perdido. Una carta si se quiere menor, como eran unas elecciones municipales, pero fue el poder el que estableció las reglas del juego y otorgó un sentido plebiscitario a aquella especie de tanteo al cuerpo electoral. Se trataba de calibrar la viabilidad de una transición política hacia un régimen en el que monarquía y democracia pudieran coexistir. Para ello se hacía preciso saber hasta qué punto la corona contaba con el respaldo necesario para embarcarse en una operación de esa naturaleza. Podía haber sido en un referéndum o en unas elecciones legislativas, pero el gobierno pensó que unas municipales restarían dramatismo a lo que debía ser un primer paso en una progresiva liberalización del sistema. No hacía falta ni siquiera una gran victoria para que el proceso siguiera adelante. Bastaba con que no fuera una gran derrota. El resultado, sin embargo, mostró «claramente», como dijo el propio interesado, la falta de apoyo popular al monarca.

No: ya no había margen ni para volver al régimen canovista, cuyo edificio, a punto de desplomarse, fue dinamitado en 1923 con la impagable ayuda del rey, ni para experimentos democráticos que tal vez unos años antes hubieran podido funcionar. Lo primero, la desaparición irreversible del canovismo, explica que una interpretación voluntarista, favorable a la monarquía, de los resultados del 12 de abril careciera de todo valor, porque esos miles de concejales conseguidos en parte gracias al artículo 29 de la ley electoral, es decir, sin pasar por las urnas, o a la inercia caciquil de la España rural no servían para dilucidar lo único que le interesaba a Alfonso XIII en ese momento: saber si contaba o no «con el amor de mi pueblo». Pues bien, allí donde se había votado con toda libertad, sin la coacción ambiental que pesaba todavía sobre la España profunda, la ciudadanía había mostrado su rechazo rotundo a la monarquía y su inequívoca voluntad de cambio.

La convicción de que el rey había perdido también el apoyo del Ejército y de la Guardia Civil llevó a descartar el uso de la fuerza, pese a los deseos de algún ministro de ir a por todas en aquella hora crítica. Bien claro lo dejó el general Sanjurjo, director de la Guardia Civil, cuando el gobierno le preguntó, nada más conocerse los primeros datos del escrutinio, si respondía de la fidelidad de sus hombres a la monarquía. «Hasta ayer, sí», contestó. La prueba de que la Benemérita no sería un obstáculo para el cambio de régimen la tuvieron Miguel Maura y Francisco Largo Caballero en la tarde del 14 de abril, cuando se presentaron en una abarrotada Puerta del Sol para tomar posesión del emblemático Ministerio de la Gobernación. «Señores, ¡paso al gobierno de la república!», gritó Maura, cuadrándose militarmente, ante el pelotón de la Guardia Civil que custodiaba la entrada del edificio. A la voz de mando del nuevo ministro —cómo dudar que lo era, con ese sentido de la autoridad y llamándose Maura—, los guardias formaron un pasillo ante la puerta del ministerio, con una fila a cada lado, y presentaron armas en señal de sumisión y respeto. Caballero y él pasaron triunfalmente entre los guardias, sombrero en mano, saludando a la multitud que los vitoreaba.[25] Jamás, en su larga y atribulada trayectoria, el veterano líder obrero y nuevo ministro de Trabajo se había visto en una igual.

Alfonso XIII se pasó los diez años que le quedaban de vida rumiando las razones de su destronamiento y destierro. En alguna conversación particular dio a entender que su gente le había abandonado, incluso aquellos de los que dependía en última instancia una resistencia numantina: «A mí en el 31 no me apoyaba ni la Marina». La observación tiene mucho de boutade, pero es cierto que un amplio sector de las Fuerzas Armadas le había dado la espalda, en parte por hacerle responsable de la errática política militar de Primo de Rivera y de sus múltiples agravios a ciertos sectores castrenses, como el arma de Artillería. Consciente de ello, en su fuero interno y en algún desahogo en sociedad, el rey atribuyó al dictador el origen de su desgracia.

El error fue suyo por aceptar en 1923, en la crisis terminal de la Restauración, la salida que le resultaba más fácil. Era sin duda la que mejor conectaba con sus viejos demonios familiares —el miedo a la democracia— y con su afición al militarismo, bien patente desde el principio de su reinado. Entre facilitar una alternativa democrática o echarse en brazos de un dictador, Alfonso XIII optó por hacer de Primo de Rivera «mi Mussolini», como él mismo dijo al visitar la Italia fascista en 1923. Probablemente, nunca dejó de lamentarlo, porque aquel error le costó la corona. De ahí la amarga reflexión que hizo alguna vez en presencia de los suyos y que se transmitió desde entonces de generación en generación como parte de la memoria histórica de su familia: si él en su momento hubiera recibido a un dirigente socialista en palacio, todo aquello se habría podido evitar.

Contra la monarquía vivíamos mejor

España fue una fiesta aquel 14 de abril y lo fue de nuevo el 1º de Mayo, dos semanas después de la proclamación de la república, cuando republicanos y socialistas salieron juntos a la calle a celebrar el día del trabajo, que Largo Caballero, como ministro del ramo, acababa de declarar fiesta oficial. Ese ambiente festivo y unitario empezó a desvanecerse diez días después, a raíz de la famosa quema de conventos que se inició en Madrid tras un incidente en torno al Círculo Monárquico entre partidarios y detractores del régimen republicano.

La ola de violencia anticlerical desatada el 11 de mayo, primero en Madrid y luego en otras ciudades españolas, puso de manifiesto por primera vez los graves problemas de orden público que habría de afrontar la república, sin que sus responsables fueran del todo conscientes de lo mucho que había en juego. El gobierno se mostró dividido sobre la necesidad o no de restablecer la autoridad frente a las hordas incendiarias. Finalmente, se impuso el bloque formado por los republicanos de izquierdas —Azaña, Albornoz, Marcelino Domingo, Casares Quiroga...—, reforzado por los ministros del Partido Radical, Lerroux y Martínez Barrio, todos ellos contrarios a la intervención de la fuerza pública para poner fin a los desmanes, ya fuera, como dijo alguno de ellos, para evitar males mayores o por sentir una secreta complacencia ante el espectáculo neroniano de los conventos en llamas. El triunfo del sector anticlerical del gobierno dejó en minoría a los representantes del republicanismo católico, Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, que contaron sin embargo con el apoyo de los ministros socialistas. «O esos golfos van inmediatamente a la cárcel», advirtió Largo Caballero refiriéndose a los pirómanos, «o vienen a sentarse aquí y los que estamos de más somos nosotros».[26] En palabras de Alcalá-Zamora, Prieto y Caballero —nada dice de Fernando de los Ríos— tuvieron en aquel trance una actitud «admirable».[27] El periódico del partido, en cambio, aun condenando los hechos, se decantó por atribuir su origen a una confabulación monárquica, como hizo también el órgano anarquista Solidaridad Obrera.[28]

Aquella primera discrepancia entre republicanos y socialistas demuestra que el valor totémico del 14 de abril no bastaba para poner al nuevo régimen a salvo de diferencias entre ellos que, tarde o temprano, tenían que aflorar. Es cierto que, de momento, cada parte reconocía el derecho de la otra a desarrollar su programa. La llamada izquierda burguesa apoyó, al menos al principio, las reformas sociales impulsadas por Caballero desde el Ministerio de Trabajo, mientras los sucesores de Pablo Iglesias hacían suya una república creada a imagen y semejanza del republicanismo histórico, incluida la institucionalización de símbolos por completo ajenos a la tradición socialista, como la bandera tricolor, el «Himno de Riego» y la vieja alegoría liberal de la matrona y el león. La republicanización del PSOE se vio reforzada por los excelentes resultados de la coalición gobernante en las elecciones a Cortes constituyentes, celebradas en junio, que otorgaron al gobierno una amplia mayoría absoluta, con cerca de 400 escaños, de ellos 116 para el PSOE. La irrelevancia de la oposición de derechas, reducida a 40 diputados de diversa condición, alimentó en los vencedores un exceso de confianza que no tardó en volverse en su contra y en ser desmentido por los hechos. Ni siquiera se podía decir que esa representación derechista en el Parlamento correspondiera a una opción declaradamente dinástica. Se diría que con la marcha del rey y su familia la monarquía había desaparecido del mapa, haciendo buenas las palabras que Miguel Maura puso en boca de Alfonso XIII meses antes de ser destronado: «Después de mí, el diluvio». De momento, salvo el papel testimonial desempeñado por el conde de Romanones, elegido diputado por Guadalajara, nadie en el campo conservador parecía dispuesto a hacer de la defensa de la dinastía el eje de una política de oposición al régimen. Si algo permitiría el resurgimiento de la derecha antirrepublicana no sería desde luego el sentimiento monárquico.

El PSOE, como el resto de la coalición gobernante, votó a favor de la criminalización de la monarquía en la polémica Ley de Defensa de la República de octubre de 1931, que prohibía expresamente la apología del régimen derrocado el 14 de abril y el uso de la bandera rojigualda, pese a haber sido la enseña nacional bajo la Primera República y la que el republicanismo histórico había reconocido como propia hasta fecha muy reciente. El juicio político al rey Alfonso XIII abierto por las Cortes en agosto respondía al mismo propósito de desmonarquizar el país mediante una condena al anterior jefe del Estado que los inhabilitara, a él y a su estirpe, por siempre jamás. Se le acusaba de haber quebrantado su juramento constitucional con su apoyo al golpe de Estado en 1923, perpetrando así un crimen de lesa majestad contra el verdadero soberano, que, según la Comisión de Responsabilidades, no era otro que el pueblo español. El argumento estaba lleno de peligros, tanto jurídicos como políticos, porque sostener que la Constitución de 1876 descansaba sobre el principio de soberanía popular, única forma de justificar la acusación de lesa majestad, significaba otorgar al régimen de la Restauración un carácter democrático que la izquierda nunca le reconoció. Había otro peligro, aún más grave, y era que se acusara al gobierno provisional de encubrimiento del reo, al haberle permitido salir libremente de España. Así lo hizo, ya en el pleno de las Cortes, el diputado de extrema izquierda José Antonio Balbontín, al que tuvo que responder don Niceto Alcalá-Zamora asumiendo la responsabilidad de la marcha del rey.

Aquello estaba degenerando de forma peligrosa y amenazaba con terminar en un escándalo de consecuencias imprevisibles. El socialista Jiménez de Asúa se lo dijo bien claro a Manuel Azaña, que estrenaba el cargo de presidente del Gobierno: el dictamen contra Alfonso XIII emitido por la Comisión de Responsabilidades era «risible» y ponía a la república al borde de un clamoroso ridículo ante la comunidad internacional. Azaña coincidió con el diputado socialista —el dictamen «es detestable»—, mientras Indalecio Prieto, ministro de Hacienda, que bastante tenía con hacer frente a la situación de su departamento, se lamentó del tiempo que estaban perdiendo con semejante «pamplina». No creía además en la existencia de tales responsabilidades, o al menos en la conveniencia de depurarlas a esas alturas, con el rey en el exilio y la república sólidamente asentada. Según cuenta Azaña, el asunto ponía a Prieto fuera de sí, porque pensaba que estaba entorpeciendo la resolución de problemas mucho más acuciantes.[29]

Como el procesamiento no tenía vuelta atrás ni se podía demorar, por el mal efecto que causaría en la opinión pública, el propio presidente del Gobierno maniobró para rebajar en lo posible la acusación, que pasó de lesa majestad a alta traición. Con esa calificación fue finalmente condenado el rey Alfonso XIII, que en virtud de la sentencia aprobada por las Cortes era declarado fuera de la ley y desposeído de todos sus títulos, bienes y derechos. Sobre Alfonso de Borbón recaía de esta forma «el rayo de justicia de la revolución española», según afirmó el propio Azaña en las Cortes. Su condena significaba ni más ni menos que «la segunda proclamación de la república en España».[30] Es curioso este arrebato retórico del presidente después de haber trabajado por quitarle hierro al asunto y de hacer suyos los argumentos de Indalecio Prieto, basados en el puro pragmatismo. La cuestión de fondo, lo que explica este aparente contrasentido en la intervención de Azaña —negociar en privado y sobreactuar en público—, aparece de soslayo en las alusiones a Robespierre, a la Convención Nacional y al Comité de Salud Pública de la Revolución francesa por parte de algunos protagonistas de aquel debate, como el propio Azaña, a propósito del procesamiento de Alfonso XIII. Había detrás de todo aquello como una pulsión regicida que respondía a la frustración revolucionaria del viejo liberalismo español, del que los republicanos eran continuadores y émulos. De la misma forma que la república inauguró sus Cortes constituyentes un 14 de julio, aniversario de la toma de la Bastilla, estaba escrito que siguiera los pasos de los revolucionarios franceses cuando en 1793 decidieron ejecutar a Luis XVI.

Condenar a un rey para asentar la libertad: así podría definirse el gran exorcismo histórico que los republicanos pretendieron llevar a cabo en 1931, aunque fuera a destiempo y sin efusión de sangre. De ahí la importancia de esa retórica justiciera y simbólicamente regicida a la que Azaña no supo resistirse al invocar en las Cortes aquel «rayo de justicia» que debía fulminar al monarca destronado. De ahí también la actitud distante, casi suspicaz, de algunos prominentes socialistas que prefirieron permanecer al margen, convencidos de que aquella pamplina, como la llamó Prieto, no iba con ellos, que se trataba de un ajuste de cuentas del republicanismo español con su propio pasado. La pasividad del gobierno ante la quema de conventos del 11 de mayo respondía a motivaciones parecidas.

¿Merecía la pena perder el tiempo en un simulacro de regicidio para que la izquierda burguesa se sintiera jacobina por un día? El Socialista, que informó con suma parquedad de la condena al rey, como cumpliendo un trámite, prestó especial atención en cambio a posibles maniobras republicanas de gran calado que se estaban fraguando aquel otoño. Se acercaba la aprobación del texto constitucional y muy pronto se plantearían iniciativas de suma trascendencia aprovechando el final de un ciclo político y el comienzo de otro. Dirigentes y portavoces del PSOE negaban la mayor: la culminación del proceso constituyente no obligaba ni a disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones ni a cambiar la correlación de fuerzas en el gobierno, sobre todo si ello suponía —tal era el runrún a finales de 1931— la invitación al PSOE a salir del ejecutivo tras agradecerle los servicios prestados. Sobre lo primero, Largo Caballero afirmó con toda rotundidad que la disolución anticipada de las Cortes equivaldría a un golpe de Estado que obligaría a los socialistas «a ir a una guerra civil» y a lanzar «un nuevo movimiento revolucionario». No decía contra quién, pero era evidente que esta vez no podría dirigirse contra la monarquía.[31] Sus declaraciones causaron tan mala impresión, que cuarenta y ocho horas después tuvo que matizarlas ante los periodistas y atribuirlo todo a una burda manipulación de sus enemigos políticos.[32]

El ambiente se estaba caldeando por momentos. La posibilidad de formar un gobierno solo con republicanos, dejando fuera a los socialistas, fue considerada por el PSOE como una afrenta inadmisible, que les convertía en una especie de apestados del nuevo régimen, ansioso de librarse de ellos. En cuanto a la disolución de las Cortes, la medida tenía muchos inconvenientes y ninguna ventaja, porque los dirigentes del partido sabían que difícilmente podrían repetir —no digamos mejorar— sus excelentes resultados de junio. Unas elecciones anticipadas solo interesaban a quienes aspiraban a rentabilizar los primeros síntomas de descontento con la república, a la que un sector de la ciudadanía reprochaba haberse escorado demasiado a la izquierda. Detrás de esas dos opciones —gobierno sin socialistas y elecciones anticipadas— estaba el Partido Radical de Lerroux, erigido en alternativa moderada a la coalición gobernante, que los radicales abandonaron en diciembre, tras promulgarse la Constitución. La posición del PSOE no dejaba de ser equívoca. «La república actual no es nuestra república», declaraba el órgano del partido, que al mismo tiempo denunciaba la existencia de un falso y peligroso republicanismo presto a convertir al Estado en un baluarte de los antiguos privilegios. La suya sería una república con gorro frigio, «pero con sustancia monárquica», y eso es lo que los socialistas no iban a permitir: que so capa de republicanismo se pretendiera perpetuar un sistema social injusto. Por eso, en el fondo, los verdaderos republicanos eran ellos, los únicos que en caso necesario defenderían la esencia del cambio político operado el 14 de abril de aquellos que solo pretendían desvirtuarlo.[33]

El razonamiento entrañaba un preocupante diagnóstico de la situación política. Ni la república era la de los socialistas, ni los republicanos eran, en muchos casos, más que monárquicos camuflados, una especie que se reproducía a una velocidad alarmante. Si hasta un colaborador habitual de ABC se había mostrado dispuesto a aceptar «una república del tipo francés, organizada sobre la base de una suspensión de hostilidades entre el pasado y el presente»,[34] es que la derecha estaba abandonando el campo monárquico para pasarse con armas y bagajes al republicano. Más que una buena noticia por lo que suponía de aceptación del régimen por sus adversarios, parecía un síntoma inquietante que mostraba la capacidad transformista de la oligarquía de toda la vida. Por eso, cuanto más creciera el republicanismo menos fiable sería a los ojos de los socialistas. Ahí, emboscado en ese terreno, había que buscar al enemigo de clase, aunque se escondiera bajo el gorro frigio.

Con Alcalá-Zamora, exministro de Alfonso XIII, convertido en presidente de la República y Lerroux y sus noventa diputados torpedeando las reformas más ambiciosas, los socialistas empezaban a sentirse en territorio enemigo. En opinión de Araquistáin, la tendencia de don Niceto a poner la Jefatura del Estado al servicio de sus filias y fobias personales no tenía precedentes ni en tiempos de Alfonso XIII.[35] Al menos, de Azaña no había queja. «Este hombre ha cumplido con nosotros», dirá Largo Caballero ante la ejecutiva del PSOE al debatirse las ventajas y los riesgos de permanecer en el gobierno.[36] El problema no era, pues, Azaña, sino su partido, Acción Republicana, que con solo 26 diputados representaba muy poca cosa a la hora de configurar un eje socialazañista que tomara el relevo de la gran coalición del 14 de abril. En cuanto al Partido Radical Socialista de Álvaro de Albornoz, su indudable lealtad al régimen y su buen puñado de escaños —cerca de 60— lo convertían en un socio apetecible para una política reformista ambiciosa. Tenía, sin embargo, los inconvenientes propios de toda la izquierda burguesa: su propensión al diletantismo revolucionario, capaz de desbordar al PSOE por la izquierda, como en la quema de conventos; sus dificultades para conectar con una burguesía que no acababa de reconocerse en ella y las dudas sobre cuál sería su actitud cuando sus dirigentes y sus bases sociales vieran en peligro el régimen de propiedad. En suma, la brecha entre republicanos y socialistas se iba agrandando poco a poco, dejando en medio a esa «república democrática de trabajadores de todas clases», como rezaba el artículo primero de la Constitución, que para unos resultaba demasiado burguesa y para otros peligrosamente socialista.

Las cosas parecieron volver felizmente a su cauce con la sublevación de Sanjurjo el 10 de agosto de 1932. Reaparecía por fin el enemigo de siempre, el enemigo de todos. Un general monárquico de toda la vida, antiguo director de la Guardia Civil —poco importa que el 14 de abril facilitara el cambio de régimen—, se sublevaba contra la república en Sevilla, la capital de la España latifundista, mientras se tramitaba en las Cortes la Ley de Reforma Agraria que debía acabar con el viejo régimen de propiedad. Monarquía, Guardia Civil, terratenientes, generalato... Todo encajaba, todo volvía a la normalidad: a un lado, la oligarquía y sus cómplices; al otro, el pueblo y sus instituciones. El levantamiento del 10 de agosto lo habían protagonizado, leemos en una nota oficial de la ejecutiva del PSOE, «algunos elementos representantes de la España podrida que simbolizaba la monarquía borbónica».[37] Si la acción de Sanjurjo daba la medida del respaldo social y militar que le quedaba a la dinastía, la república podía dormir tranquila. A tenor de lo ocurrido aquel 10 de agosto, la oposición monárquica no era un enemigo de cuidado, ni siquiera en las Fuerzas Armadas.

El estrepitoso fracaso de la sanjurjada reforzó la autoridad y el prestigio del gobierno y creó la ilusión de un regreso al espíritu del 14 de abril. Las dos leyes bloqueadas en las Cortes en los últimos meses, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la reforma agraria, consiguieron de repente la mayoría necesaria para su pronta aprobación, con los votos incluso del Partido Radical, que quiso desmentir así los rumores sobre su complicidad con el golpe militar. La promulgación del Estatuto catalán representó la apoteosis del azañismo. «¡Ya no hay reyes que te declaren la guerra, Cataluña!», proclamó en Barcelona, ante el delirio de la multitud, el presidente del Gobierno republicano, que viajó a la capital catalana para hacer solemne entrega al president Macià del Estatuto de Autonomía.[38] Con la resolución del problema catalán, pues eso significaba el nuevo texto legal, se demostraba que no existía conflicto alguno entre Cataluña y el resto de España; que era la monarquía la que durante siglos había impedido la convivencia fraternal de los españoles en el marco de la patria común. Erradicado el origen del mal, la nación seguiría el curso de su historia sin los escollos y contratiempos que le había creado una institución contraria por naturaleza al interés nacional.

Como recurso retórico, la fórmula era brillante, pero en términos políticos resultó ser falsa. La desaparición de la monarquía en sí misma no bastaba para resolver problemas históricos muy complejos. No hay más que recordar las demoledoras acusaciones que el propio Azaña lanzará contra el nacionalismo catalán en plena Guerra Civil, como reconociendo el incumplimiento de la buena nueva anunciada por él en 1932 desde el Palacio de la Generalitat.[39] Es dudoso que sus aliados socialistas, menos proclives que los republicanos a sustituir la realidad por la retórica, participaran de la ingenua creencia de que la mera destrucción de la monarquía restablecería un orden natural de la historia de España alterado por el poder corruptor de sus reyes. En todo caso, el espejismo de una república definitivamente consolidada, sin enemigo a la vista, se desvaneció por completo tras el levantamiento libertario acaecido en Casas Viejas, Cádiz, en enero de 1933, que marcó el principio del fin del gobierno de Azaña.

La masacre perpetrada por las fuerzas del orden, con un saldo de veintiocho muertos, provocó el descrédito de la coalición gobernante y del propio régimen republicano, identificado con los viejos poderes opresivos. Cobraba fuerza de esta forma una teoría deslegitimadora de la Segunda República que tuvo numerosos partidarios en la extrema izquierda, convencidos de que el Estado instaurado el 14 de abril era la continuación de la monarquía por otros medios, si cabe más abominables. Los comunistas podían presumir de haberlo advertido a tiempo: «¡Abajo la república! ¡Vivan los soviets!», gritaban en la Puerta del Sol de Madrid el mismo 14 de abril de 1931, poniendo la nota discordante a la celebración popular.[40] Que un grupúsculo estalinista como el PCE intentara desengañar a las masas podía considerarse un riesgo menor para la república. Mucho más peligrosa en cambio resultaba la actitud hostil que desde el principio adoptó la CNT, cuya militancia creció exponencialmente en poco tiempo hasta superar con creces el millón de afiliados.

Casas Viejas representó un punto de no retorno en lo que Azaña denominó, ya en septiembre de 1931, la «guerra civil» entre la CNT y la izquierda gubernamental, especialmente la UGT.[41] Cuando en abril de 1933, en pleno escándalo por los sucesos de Casas Viejas, se cumplió el segundo aniversario de la proclamación de la república, el órgano anarquista Solidaridad Obrera presentó su propio balance de aquellos «dos años de injusticias santificadas por el gorro frigio»: «Sangre, degollamiento, incendios, asesinatos, cárceles, miseria». Tal era para la CNT la «dictadura binominal y bifacética» instaurada el 14 de abril.[42] Se entiende la creciente incomodidad que a los socialistas les producía pertenecer a un gobierno señalado como responsable del crimen de Casas Viejas. Acosados por una oposición cada vez más radicalizada y variopinta, Azaña y sus socios corrían el riesgo de seguir perdiendo apoyos en el Parlamento y quedar definitivamente en minoría. La formación de un gabinete republicano, con el regreso del Partido Radical y sin ministros del PSOE, aparecía como una alternativa casi inevitable ante la crisis galopante de la coalición azañista.

Más allá de Casas Viejas, varios factores empujaban a los socialistas a reflexionar seriamente sobre su alianza con los republicanos de izquierdas. Algunas de las reformas laborales de Largo Caballero carecían del respaldo necesario para su promulgación; otras, aprobadas en su momento, eran boicoteadas por las clases propietarias e incluso por las autoridades locales, pertenecientes a distintos partidos republicanos, y acababan perdiendo toda su eficacia. Caballero se empezaba a preguntar si la vía de la reforma merecía realmente la pena, cuando los viejos y nuevos poderes se aliaban para impedir que las medidas adoptadas por el gobierno pudieran cambiar las cosas. En el verano de 1933, con la mayoría gobernante en plena desintegración, el todavía ministro de Trabajo llegó a la conclusión de que «realizar obra socialista dentro de una democracia burguesa es imposible».[43] Al final iba a tener razón su compañero de partido Julián Zugazagoitia cuando en 1930 vaticinaba lo que significaría para la clase trabajadora vivir bajo una hipotética república: que la Guardia Civil seguiría garantizando el régimen de propiedad y que obreros y campesinos serían explotados como siempre. Eso sí, «bajo la dirección de un presidente en lugar del rey».[44]

El fracaso del reformismo no fue el único desencadenante del llamado giro bolchevique del socialismo español. La llegada de Hitler al poder en enero de 1933 y el final de la República de Weimar tuvieron un testigo de excepción en el embajador español en Berlín, el socialista Luis Araquistáin, que en mayo de aquel año dimitió de su cargo y regresó a España con la lección bien aprendida. Los socialistas españoles no podían asistir de brazos cruzados, como sus camaradas alemanes, al triunfo del fascismo. La clase obrera debía lanzar una revolución preventiva antes de que la contrarrevolución se hiciera con el poder aprovechando la debilidad del sistema democrático. El tiempo del juego parlamentario había terminado para siempre, lo mismo que la alianza con los republicanos de izquierda, impotentes ante la deriva fascista de la burguesía. Había llegado la hora de que los socialistas abandonaran el sueño de una transformación legalista del capitalismo.[45] La legalidad, incluso la republicana, solo servía a las fuerzas de la reacción. «Después de la república», afirmará Largo Caballero aquel crítico verano de 1933, «ya no puede venir más que nuestro régimen».[46] El sistema instaurado el 14 de abril, según esta apreciación, estaba condenado a quedar tan obsoleto como la monarquía en 1931.

La caída de Azaña en septiembre, una vez perdida la confianza de Alcalá-Zamora, precipitó la ruptura entre republicanos y socialistas y la salida del PSOE del ejecutivo. Como era de prever, Indalecio Prieto fracasó en su intento de reconstruir la coalición gubernamental, cumpliendo el encargo protocolario del presidente. La imposibilidad de formar un gobierno estable de composición exclusivamente republicana hizo inevitable la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas, que era el escenario más temido por la izquierda desde el otoño de 1931. Frente al deseo de Prieto de propiciar una alianza electoral, cosa ciertamente difícil, la mayoría caballerista decidió que el PSOE acudiría en solitario a las elecciones, convocadas para el 19 de noviembre de 1933. Su jefe de filas lo dejó bien claro: nada de pactos con los republicanos. Eso se había acabado. Tras el fracaso de la coalición gobernante, cada uno debía seguir su camino, y el del PSOE estaba jalonado por un lenguaje ajeno, incluso hostil, a la república del 14 de abril, y plagado de consignas revolucionarias, que salpicaron sus actos y declaraciones en aquella campaña electoral: «¡Todo el poder para el Partido Socialista!», «dictadura del proletariado», «¿libertad para qué?», «¡viva el Lenin español!», nuevo apelativo con el que los suyos jaleaban a Largo Caballero en los mítines del partido.

Si aquello no era leninismo puro y duro, al menos se parecía mucho. El secretario general de la UGT afirmó, sin embargo, que nada había cambiado en la política de los socialistas —recuérdese que dijo lo mismo cuando de repente aceptó aliarse con los republicanos—, solo que hasta entonces habían expresado «un poco veladamente» su aspiración, mientras que ahora podían decirlo a las claras.[47] Más aún cuando la victoria de la CEDA en aquellas elecciones, seguida del Partido Radical, llevó al PSOE y a su sindicato hermano a plantearse la necesidad de lanzar, en palabras de Caballero, «un movimiento revolucionario» contra la nueva mayoría, a la que se atribuían planes ocultos que había que abortar antes de que fuera demasiado tarde. Se hablaba abiertamente de una restauración monárquica e incluso de un inminente golpe fascista, pese a que la CEDA se movía en el ámbito del corporativismo católico y que, para desesperación de los monárquicos alfonsinos, en la cuestión de la forma de gobierno se declaraba, y era en efecto, accidentalista. Careciendo además de mayoría absoluta, su más que posible alianza con el Partido Radical descartaba prácticamente la vuelta de la dinastía. Por eso, a pesar de los antecedentes políticos de algunos de los triunfadores en aquellas elecciones, como Santiago Alba, expresidente del Gobierno con Alfonso XIII y nuevo presidente de las Cortes, la psicosis que se apoderó de la izquierda tenía que ver mucho más con el miedo al fascismo que con el riesgo de una involución monárquica.

«La república no nos interesa», podrá leerse en la portada de El Socialista unos meses después de que Alejandro Lerroux formara el primer gobierno del llamado Bienio Negro.[48] Para que no hubiera dudas, el periódico precisaba que «ni vestida ni desnuda» resultaba ya atractiva a los socialistas españoles, indiferentes a sus presuntos encantos, ya fuera en su versión más descocada, como la matrona que, bandera tricolor en mano, venía simbolizando al régimen proclamado el 14 de abril, o la más recatada y tradicional identificable con la criatura política nacida de las elecciones de 1933 y cubierta con los ropajes de la derecha vencedora. No había una república buena hasta noviembre de aquel año y otra mala a partir de entonces. Para el «órgano central del partido obrero», según rezaba su cabecera, era el mismo régimen, y ni siquiera se podía asegurar que se distinguiera en nada de la monarquía derrocada en 1931.

Al menos en nada bueno, porque siendo las dos formas de Estado sustancialmente idénticas, un sistema opresivo al servicio de las clases dominantes, puestos a buscar diferencias, «si nos decidimos a hacer justicia a la monarquía», afirmaba El Socialista, aún cabría decir que la república era peor. Bajo el régimen anterior, la represión cedía a veces al pragmatismo o a la mala conciencia de su clase política, que buscaba soluciones negociadas a la lucha de clases. El enemigo además resultaba perfectamente reconocible y por consiguiente más vulnerable. Con la república, el maltrato a la clase obrera había llegado a extremos intolerables y la condición política de los nuevos gobernantes podía tener un efecto paralizante sobre los oprimidos. Largo Caballero, dolido todavía con la forma en que los socialistas habían sido, según él, expulsados del gobierno, celebrará que los trabajadores hayan tomado conciencia de que, en el terreno económico, la república era «exactamente lo mismo o peor que la monarquía».[49] No había pues equidistancia en la actitud de los socialistas ante las dos formas predominantes de Estado burgués. Más bien sentían una cierta nostalgia del régimen monárquico y a la vez un fuerte resentimiento hacia el republicanismo, al que hacían responsable de su defenestración política en septiembre de 1933. Por eso, cuando El Socialista se pregunte en pleno Bienio Negro cuál sería el mejor remedio a los múltiples males que aquejaban a la república, el periódico zanjará la cuestión sin medias tintas ni medidas paliativas. La única solución es que alguien ponga fin a su existencia lo antes posible: «¿A manos de quién debe morir? A las de cualquiera. Eso nos es indiferente».[50] Se diría que cuanto más se radicalizaba el socialismo español, hasta adoptar posiciones abiertamente revolucionarias, mayor era su añoranza de los viejos tiempos. Contra la monarquía vivíamos mejor.

Ni el PSOE ni la UGT estaban dispuestos a que aquella farsa, aquel «contubernio» de monárquicos y lerrouxistas, como lo llamó Caballero,[51] se prolongara de forma indefinida. Su portavoz más cualificado venía advirtiéndolo con un mensaje algo críptico, pero claramente comprensible: «Atención al disco rojo».[52] Cuando lo consideraran oportuno, los socialistas activarían ese imaginario semáforo político y bloquearían de inmediato la vida de la república. Su principal líder, Francisco Largo Caballero, fue mucho menos metafórico con su llamada en enero de 1934 al «armamento general del pueblo», a la espera del momento oportuno para lanzarse a la lucha.[53] La sublevación de la izquierda contra el gobierno radical-cedista formado en octubre de 1934 había sido por tanto largamente anunciada desde el vuelco electoral del año anterior. En cuanto se hizo oficial la incorporación de la CEDA al ejecutivo con tres ministros, los dirigentes del PSOE y la UGT se aprestaron a cumplir sus planes, esta vez sin discrepancia alguna entre prietistas y caballeristas, aunque sus móviles para echarse al monte pudieran ser distintos. Mientras los primeros pretendían defender con las armas la república democrática del 14 de abril de la amenaza que representaba el nuevo gobierno, los segundos aspiraban a convertir la incorporación de la CEDA al ejecutivo en la señal de una insurrección que debía liquidar el régimen burgués en su versión gorro frigio.

«Mamá operada sin novedad»: con mensajes de este tipo la dirección socialista transmitió la orden de movilización en cuanto se confirmó, en las últimas horas del 4 de octubre, que la CEDA entraba en el gobierno. Las precauciones tomadas no impidieron que en muchos casos la policía se anticipara a los planes revolucionarios y descubriera varios depósitos de armas preparados para el gran día. Se puede decir que todo salió mal desde el primer momento. Tan solo la prolongación por espacio de dos semanas de la insurrección armada en Asturias justificó el pomposo nombre de Revolución de Octubre con el que aquellos hechos pasaron a la posteridad. La huelga general fracasó con estrépito en la mayor parte de España; los militares comprometidos, baza fundamental para el éxito del golpe, permanecieron inactivos y las autoridades consiguieron desarticular fácilmente el movimiento, con la salvedad ya referida de Asturias, que requirió de la brutal intervención del Ejército de África.

Las cárceles se llenaron de presos de las organizaciones obreras —PSOE, UGT, PCE y CNT, entre otras— que protagonizaron la revuelta contra el gobierno radical-cedista. Nunca probablemente, ni en los peores tiempos de la monarquía, hubo tantos socialistas en prisión, entre ellos Largo Caballero, secretario general de la UGT y presidente del partido. En apenas trece meses, el llamado Lenin español había pasado del Consejo de Ministros como titular de Trabajo a preso político por su responsabilidad en los hechos de octubre. Que fuera el principal dirigente encarcelado pudo acrecentar su prestigio entre los suyos, pero contribuyó también a quebrar la frágil unidad alcanzada en los últimos tiempos con sus compañeros y rivales Indalecio Prieto y Julián Besteiro. El primero puso pies en polvorosa, como en 1930, y el segundo se desentendió de la suerte de quienes, equivocadamente a su juicio, lanzaron el gran órdago de octubre. El propio Caballero contaría en sus memorias que cuando un socialista era interrogado por su participación en la revuelta, el juez militar empezaba por preguntarle «¿es usted de Besteiro o de Largo Caballero?». En el primer caso, le ponían en libertad; en el segundo, continuaba en prisión.[54]

Restablecer la unidad de los socialistas no iba a ser tarea fácil, pese a que las circunstancias empujaban hacia algún tipo de acuerdo de la izquierda que le permitiera recuperar el poder y liberar a sus presos. Los propios abusos cometidos por la coalición derechista facilitaron mucho las cosas, sobre todo al haber pretendido acabar con Azaña convirtiéndole, sin ningún fundamento, en cerebro de la secesión catalanista que coincidió con la Revolución de Octubre. El resultado de la persecución contra el expresidente del Gobierno fue su resurrección política como líder de las izquierdas, a falta solo de contar con una plataforma que permitiera traducir en escaños la voluntad de expulsar a la derecha del gobierno. No fue, sin embargo, hasta el 15 de enero de 1936 cuando esa doble circunstancia —el liderazgo de Azaña y el espíritu unitario de la izquierda— llevó a la creación del Frente Popular como una coalición articulada en torno a un objetivo común: derrotar al fascismo en las urnas y llevar a cabo un programa que, como dirá el socialista Araquistáin, por lo escueto, cabía en un papel de fumar. Solo así, con un acuerdo de mínimos que dejaba fuera los puntos más conflictivos, se podía fraguar una coalición tan amplia como heterogénea, que abarcaba desde la centrista Unión Republicana, escindida del PRR, hasta el POUM en la extrema izquierda, pasando por el PSOE, el PCE y la nueva Izquierda Republicana de Manuel Azaña. Era como volver a la conjunción republicano-socialista de 1931, pero escorada a la izquierda y con un fondo de oportunismo que planteaba serias dudas sobre la fidelidad de algunos de sus miembros a la denostada república burguesa.

«Delenda est republica»

Absuelto de la acusación de haber dirigido la Revolución de Octubre, Largo Caballero fue excarcelado a finales de 1935, en un momento crucial para la república por la ruptura de la mayoría radical-cedista y la inminente convocatoria de elecciones anticipadas. La izquierda, por su parte, seguía trabajando para constituir una alianza electoral cuyo líder indiscutible habría de ser Manuel Azaña. Mucho más problemática resultaba la cuestión del liderazgo en las filas socialistas, tras la reciente dimisión de Caballero de la presidencia del PSOE, en desacuerdo con la actitud de Prieto y Besteiro. Esta circunstancia abocó al socialismo a una bicefalia que solo podía acarrear nuevos conflictos. De momento, el partido quedaba bajo la influencia del sector prietista, mientras el caballerismo se hacía fuerte en la UGT, donde el Lenin español contaba con una mayoría incontestable.

Que el PSOE firmara el 15 de enero el pacto del Frente Popular se podía considerar un triunfo de Prieto, partidario de una política unitaria que sirviera para salvar a la república. La opción frentepopulista contó, sin embargo, con el visto bueno de Largo Caballero, opuesto desde 1933 a nuevos pactos electorales, pero consciente del amplio apoyo de la militancia a una coalición con el resto de la izquierda. Eso sí: para sorpresa de sus compañeros, puso como condición que el PCE fuera invitado a integrarse en ella, pese a las pasadas críticas de este partido al «descarado carácter fascista» de las reformas de Caballero en su etapa de ministro de Trabajo.[55] El otrora «verdugo máximo de la revolución española», como le calificaron los comunistas en 1933, había preferido echar al olvido los viejos agravios y hacer de sus antiguos enemigos una pieza maestra en su nueva estrategia, que no era otra que anular cualquier tentación demoliberal de su partido y avanzar lo más deprisa posible hacia la revolución social. Como, a su vez, los estalinistas españoles habían recibido la consigna de aliarse con todas las fuerzas antifascistas, proletarias o no, se dio el caso curioso de que la radicalización del caballerismo y el giro moderado de los comunistas llevaran al socialismo español a situarse a la izquierda del PCE y a este a la derecha de aquellos a quienes solían tildar de «socialfascistas».

De momento, la batalla era por la república, secuestrada por la coalición gobernante durante el llamado Bienio Negro. «¡Qué gran caballero Fernando VII si lo comparamos con estos déspotas de ahora!», exclamará El Socialista al recordar, el mismo día de las elecciones, el grado de indecencia alcanzado por el gobierno republicano y sus cómplices, entre ellos el empresario Juan March, cuyo dinero había servido para financiar generosamente las candidaturas de derechas.[56] Las malas artes atribuidas al adversario no impidieron al Frente Popular obtener una aplastante victoria en las elecciones generales celebradas el 16 de febrero de 1936. Al menos en escaños, porque en votos el resultado fue tan ajustado que se podría decir que el país quedó partido en dos. Nada más conocerse los primeros datos del escrutinio, el ABC quiso curarse en salud restando trascendencia a «unas elecciones que no deciden nada», según tituló en portada el periódico monárquico.[57] Por su parte, la prensa socialista, una vez confirmado el triunfo electoral, prodigó las advertencias sobre el significado de aquella jornada histórica: «El 16 de febrero no es el 14 de abril». Ni el enemigo era el mismo, ni las consecuencias del triunfo podían quedarse, como entonces, en una ingenua celebración callejera. En 1931 se derrotó a un muerto. Ahora se trataba de hacerse con el poder.[58]

Si ese era su gran designio, podría parecer un contrasentido que los socialistas se negaran a participar en el gobierno del Frente Popular, presidido por Manuel Azaña y compuesto finalmente solo por republicanos. Ni siquiera tras la destitución de Alcalá-Zamora en abril y su relevo por Azaña aceptaron el encargo que este último le hizo a Indalecio Prieto de presidir un nuevo ejecutivo. El grupo parlamentario socialista, presidido por Caballero, vetó el nombramiento de su compañero y la responsabilidad recayó en un republicano de izquierdas, Santiago Casares Quiroga, cuyo exceso de confianza en vísperas del 18 de julio habría de tener graves consecuencias para la república. ¿Cabe mayor incongruencia que reclamar el poder y rechazarlo después, cuando se les ofrece a los socialistas entrar en un gobierno de coalición o incluso presidirlo? La explicación a su extraño comportamiento en aquellos meses resulta más sencilla de lo que parece a tenor de lo que Caballero y los suyos reiteraron en discursos, artículos y declaraciones en los meses previos a la sublevación militar. Al caballerismo no le interesaba gobernar en beneficio de una república burguesa que no reconocía como suya. Le interesaba un gobierno débil, para que, una vez demostrada la incapacidad de los republicanos, el poder cayera en sus manos como fruta madura y llevar a cabo su propia política, no la de sus compañeros de coalición. Así se lo reconoció Araquistáin, principal ideólogo del ala izquierda del PSOE, al historiador Juan Marichal veinte años después. «¿No le parece a usted que fuimos unos bárbaros?».[59]

La valoración que hizo El Socialista de los resultados electorales de febrero y su comparación con lo ocurrido cinco años atrás indican que para el socialismo español la monarquía había dejado de ser un enemigo. Ni siquiera lo era ya aquel 14 de abril en que la corona recibió sepultura en las urnas. En cuanto a los grupos monárquicos, no pasaban de ser «fantasmales vanguardias sin pies ni cabeza», cuya propuesta de ilegalización del PSOE tras la Revolución de Octubre daba más risa que miedo.[60] Si constituían una amenaza no lo era por sus quiméricos planes de restauración dinástica, sino por su participación en un variopinto bloque reaccionario compuesto de todo aquello que quedaba fuera del Frente Popular: lerrouxistas, falangistas, catalanistas de la Lliga, monárquicos de Renovación Española, católicos de la CEDA... Era la versión actualizada del «contubernio» denunciado por Caballero en la campaña electoral de 1933. Ya entonces, con dos años y medio de anticipación, se refirió a la guerra civil que, según él, estaba en marcha, aunque no revistiera todavía ese carácter cruento que, «por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar».[61]

Premoniciones y advertencias de ese tipo serán frecuentes a lo largo de la Segunda República, al menos desde el otoño de 1931, cuando, como se recordará, Manuel Azaña se refirió a la «guerra civil» existente entre la CNT y la UGT y Largo Caballero amenazó con ella si se formaba un gobierno sin ministros del PSOE. Unos meses después, Azaña provocó, según el Diario de Sesiones, una «ovación clamorosa y prolongada» entre sus señorías cuando, al abordar en las Cortes el reciente golpe de Sanjurjo, pronunció una de esas frases altisonantes tan de su gusto: «Estamos en pie de guerra».[62] Se hizo tanta retórica con ella, que su estallido en julio de 1936 tendrá algo de profecía autocumplida. «Al punto a que han llegado las cosas, es de temer —o acaso de desear— que no se pueda evitar la guerra civil», de la que cabía esperar un efecto purificador en la cargada atmósfera de la vida nacional. Así lo creía Luis Araquistáin en vísperas de la Revolución de Octubre.[63] Una vez desencadenada la revuelta contra el gobierno Lerroux, el propio diputado socialista defenderá la teoría de que en España acababa de empezar una guerra civil similar a las del siglo xix entre liberales y carlistas, solo que «esta de ahora es la guerra del proletariado contra las oligarquías, contra las antiguas monárquicas y contra las nuevas republicanas».[64] Incluso la absolución de Largo Caballero a finales de 1935, tras ser juzgado por aquellos hechos, será para él un episodio más «de la guerra civil española» que se venía desarrollando desde octubre del año anterior.[65] Faltaban seis meses todavía para la sublevación del 18 de julio cuando se escribieron estas palabras, y apenas unos días cuando otro destacado portavoz del caballerismo, el periódico Claridad, se lamente de que, «desgraciadamente, en España ha habido y hay muy poca guerra civil y muy poca revolución».[66]

La izquierda del socialismo español aguardaba con impaciencia ese «momento decisivo» que, según afirmó Caballero en abril de 1936, se acercaba «a pasos de gigante».[67] Realizada en plena conspiración derechista contra el Frente Popular, la aseveración podría interpretarse retrospectivamente, a partir de lo sucedido el 18 de julio, como una visión anticipada del golpe militar y casi como el deseo de que se produjera lo antes posible. En realidad, lo que anunciaba, un poco enigmáticamente, era la intención de los socialistas («nosotros») de decidir cuándo habría de llegar el «momento decisivo», la hora de la ruptura con la legalidad. Al final, las dos interpretaciones estaban más cerca de lo que podría parecer, porque mientras la derecha urdía un levantamiento militar como antídoto contra un plan subversivo de la izquierda, el sector mayoritario del PSOE —por no hablar del anarcosindicalismo— se aprestaba a una acción revolucionaria que, so pretexto de defender a la república del fascismo, serviría para implantar eso que Caballero llamaba, ya en 1933, «nuestro régimen». De ahí la valoración que a su principal consejero le mereció el asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio, considerado como un punto de no retorno a partir del cual se decidiría por fin la suerte del país, sin posibilidad ya de engorrosas componendas: «O viene nuestra dictadura o la otra», le escribía Araquistáin a su hija nada más conocer la noticia del crimen perpetrado contra el líder de Renovación Española.[68]

Apenas hubo lugar a la sorpresa cuando el 17 de julio se produjo la sublevación del Ejército de África, extendida a la Península a lo largo de los días siguientes. Tampoco cuando el fracaso de los golpistas en una parte del territorio nacional degeneró en un conflicto bélico que muchos daban ya por inevitable y algunos incluso por ganado de antemano. Si los militares quieren dar un golpe, había declarado, desafiante, Largo Caballero, allá ellos: «A la clase obrera no se la vence».[69] Tan solo Prieto se permitió advertir de los enormes riesgos que una política de todo o nada entrañaba para la izquierda. Lo hizo en un célebre discurso pronunciado en Cuenca el 1 de mayo de 1936, y desde entonces la violencia denunciada por él como una suerte de suicidio colectivo siguió su curso sin que nadie lo remediara, como si no hubiera nada que temer. Al contrario, un amplio sector de la izquierda creyó más en la capacidad regeneradora de la guerra que en la posibilidad de una derrota. Tres días después de su comienzo, El Socialista anunciaba ya a sus lectores la buena nueva de una victoria total y definitiva: «El fascismo derrotado por la república».[70] Al día siguiente matizaba que el triunfo sobre los rebeldes era «inminente».[71]

Es importante conocer el estado de ánimo que reinaba entre los socialistas desde las elecciones de febrero para entender su estupor, primero, al ver el sesgo que tomaban los acontecimientos a lo largo del verano, y la magnitud de su tragedia después, al consumarse la derrota al cabo de casi tres años de lucha feroz. Si en algo se mantuvo constante su actitud ante la guerra fue en hacer del fascismo el enemigo a batir, mientras la monarquía quedaba relegada a un papel subalterno, de mera comparsa, en el movimiento antirrepublicano. Se reconocía el protagonismo de algunos de sus partidarios en la conjura, financiándola de su propio bolsillo, pero resultaba difícil atribuir todo aquello al simple deseo de unos pocos nostálgicos de restaurar la dinastía. Ni de la trayectoria de los jefes facciosos, entre los cuales había incluso antiguos republicanos sublevados contra Alfonso XIII, como Queipo de Llano, ni de algunas fuerzas políticas de la España sublevada, como Falange Española, cabía esperar una restauración exprés. El fascismo tenía mayor entidad como adversario y, por tanto, mayor capacidad de movilización en su contra, dentro y fuera de España. Al lado de eso, la monarquía era una antigualla que ni siquiera como enemigo estaba a la altura de los tiempos. Si acaso, servía para darle un aire anacrónico a la España sublevada y reavivar viejos mitos tomados de la tradición liberal y republicana, patentes también en el paralelismo que la propaganda del Frente Popular realizó con frecuencia entre el 2 de mayo de 1808 y el 18 de julio de 1936: un mismo pueblo alzado contra un ejército invasor. Ni la monarquía podía competir con la amenaza fascista como reclamo de una lucha sin cuartel, ni Alfonso XIII con Franco. El primero no pasaba de ser una reminiscencia de un régimen arrumbado por la historia; el segundo emergía con fuerza incontestable como símbolo y compendio de un fascismo a la española, con mucho señorito, mucho cura, mucho carlistón y mucho moro amigo, que no podía faltar en una empresa como aquella, iniciada en Marruecos y acaudillada por un general africanista.

La guerra no acabó con las viejas disputas entre los socialistas, agravadas en los años de la república. Cierto que Largo Caballero, nombrado presidente del Gobierno en septiembre, contó con la colaboración de Prieto como ministro de Marina y Aire y del prietista Negrín en Hacienda, pero los reveses militares en los frentes y la difícil relación con los comunistas y en última instancia con la URSS no tardaron en debilitar su autoridad al frente del Ejecutivo. Tras los hechos de mayo de 1937 en Barcelona y su negativa a disolver al POUM, tal como le exigían los comunistas, el antiguo Lenin español se vio obligado a dimitir y a iniciar una nueva andadura en su larga vida política. Le sucedió el doctor Negrín, que se prestó a seguir la línea política marcada por Moscú. Probablemente no tenía elección, pero lo que ganó en estabilidad con el apoyo entusiasta del PCE lo perdió con la desafección de sus compañeros de partido, primero de Largo Caballero, que pasó a liderar una suerte de oposición interna al gobierno Negrín, y luego de Prieto, que abandonó el ejecutivo en abril de 1938 y rompió por siempre jamás con su antiguo amigo y correligionario. Tampoco le duró demasiado el respaldo de Azaña, encantado al principio con el estilo enérgico y resolutivo del doctor Negrín. Su política de resistencia a ultranza chocó muy pronto con el escepticismo del presidente de la República, convencido desde fecha muy temprana de la imposibilidad de ganar la guerra. El problema de fondo, según escribió Azaña en 1937, era anterior a la propia contienda y se remontaba a los orígenes del régimen republicano, por su incapacidad de establecer «un pacto como aquel que se atribuyó a los valedores de la Restauración». Eso es lo que le había faltado a la república: alcanzar «una solución de término medio», un «convenio táctico», como el que permitió a Cánovas y a Sagasta asentar la monarquía constitucional sobre la base del turno pacífico.[72]

Quién lo iba a decir. El gran reproche de Azaña a la Segunda República será no haber creado un sistema de convivencia similar al de la denostada monarquía canovista, tan combatida por él en los viejos tiempos. También los socialistas juzgarán con rigor los errores, propios y ajenos, cometidos a lo largo de aquellos años y explorarán soluciones de futuro que en la Guerra Civil les hubieran podido llevar ante un pelotón de ejecución —«por mucho menos que eso he firmado yo enterados de penas de muerte», llegará a decir Negrín al tener conocimiento de ciertas gestiones de Azaña para poner fin a la guerra—.[73] Pero tanto la autocrítica, por ejemplo, la que plantea Araquistáin en su conferencia «Algunos errores de la República española», pronunciada en Toulouse en 1947,[74] como la búsqueda de alternativas, por heterodoxas que fueran, como la negociación de un acuerdo con los monárquicos, tendrán que esperar todavía unos años. Al socialismo español, desplazado en masa al exilio, le aguardaba la dura prueba de la guerra en Europa, que agravó si cabe su sufrimiento por la derrota y el destierro.

[1] I. Prieto, Con el Rey o contra el Rey, op. cit., II, pp. 169 y 177.

[2] Cit. S. Ben-Ami, Los orígenes de la Segunda República española: Anatomía de una transición, Alianza Ed., Madrid, 1990, p. 88.

[3] M. Maura, Así cayó Alfonso XIII, Ed. Ariel, Barcelona, 1995, p. 50.

[4] «Discursos de Saborit y de Largo Caballero», ES, 16 de febrero de 1930.

[5] Extracto de su intervención en un homenaje a Pablo Iglesias celebrado en el Cine Pardiñas de Madrid el 6 de abril de 1930; ES, 8 de abril de 1931.

[6] F. Largo Caballero, «Carta abierta», ES, 1 de mayo de 1930.

[7] S. Juliá, «Una tradición inventada», El País, 19 de junio de 2014.

[8] J. Zugazagoitia, «Sobre la república», Nosotros. Semanario Político de Historia Nueva, 8 de mayo de 1930.

[9] V. Zapatero, Fernando de los Ríos, op. cit., p. 256.

[10]El Sol, 19 de agosto de 1930.

[11] F. Largo Caballero, Mis recuerdos, op. cit., p. 99.

[12] «Declaraciones de Julián Besteiro», ES, 22 de agosto de 1930.

[13] J. C. Gibaja, Indalecio Prieto y el socialismo español, Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 1995, p. 29.

[14] «El pueblo dio al gobierno y al régimen una magnífica lección», ES, 30 de septiembre de 1930.

[15] O. Ruiz-Manjón, El Partido Republicano Radical, 1908-1936, Ed. Tebas, Madrid, 1976, p. 146.

[16] «Largo Caballero habla de la actitud de la UGT en relación con las fuerzas de izquierda españolas», La Voz, 20 de octubre de 1930.

[17] Cit. S. Juliá, Los socialistas..., op. cit., p. 152.

[18] F. Largo Caballero, Mis recuerdos, op. cit., p. 98.

[19] Ibíd., p. 104.

[20] M. Maura, Así cayó Alfonso XIII, op. cit., pp. 121-125.

[21] S. Ben-Ami, Los orígenes de la Segunda República española, op. cit., p. 295.

[22] «La lucha contra la reacción y el absolutismo. Se han celebrado en toda España mítines con extraordinario entusiasmo», ES, 7 de abril de 1931.

[23] «La historia se repite. La caída de la dinastía», ES, 15 de abril de 1931.

[24] «El problema político se resolverá a última hora de la tarde de hoy o en las primeras horas de mañana», ABC, 14 de abril de 1931.

[25] M. Maura, Así cayó Alfonso XIII, op. cit., p. 171.

[26] Ibíd., p. 252.

[27] N. Alcalá-Zamora, La victoria republicana, 1930-1931, La Esfera de los Libros, Madrid, 2012, p. 281.

[28] «Insensatas provocaciones de los monárquicos», ES, 12 de mayo de 1931; «Pueblo: Las hordas monárquicas atacan la libertad. Defiéndela con energía», Solidaridad Obrera, 12 de mayo de 1931.

[29] M. Azaña, Memorias políticas y de guerra, Ed. Crítica, Barcelona, 1981, I, pp. 292-296.

[30] Discurso pronunciado en las Cortes el 19 de noviembre de 1931; M. Azaña, Obras completas, ed. de Santos Juliá, CEPC, Madrid, 2007, III, p. 127.

[31] «En torno al futuro político. Lo que opina Largo Caballero», ES, 24 de noviembre de 1931.

[32] «Nuestro compañero Largo Caballero manifiesta que solo pide que se cumpla el decreto convocando Cortes», ES, 26 de noviembre de 1931.

[33] «Somos los primeros en defender la República», ES, 19 de noviembre de 1931.

[34] M. Bueno, «Antes de la creación», ABC, 31 de octubre de 1931.

[35] L. Araquistáin, «La revolución de octubre en España», Leviatán, número 21, febrero de 1936.

[36] Cit. J. F. Fuentes, Largo Caballero, op. cit., p. 220.

[37] «Una nota del Partido Socialista», ES, 11 de agosto de 1932.

[38] «La República y la autonomía de Cataluña», discurso pronunciado por Azaña el 26 de septiembre de 1932; M. Azaña, OC, op. cit., IV, p. 11.

[39] M. Azaña, Sobre la autonomía política de Cataluña, selección de textos y estudio preliminar de E. García de Enterría, Ed. Tecnos, Madrid, 2005, pp. 207-244.

[40] Juan Andrade, Apuntes para una historia del PCE, conferencia pronunciada el 25 de mayo de 1966 en París; Fundación Andreu Nin, http://www.fundanin.org/andrade12.htm.

[41] M. Azaña, Memorias políticas y de guerra, op. cit., I, p. 192.

[42] «Dos años de República», Solidaridad Obrera, 14 de abril de 1933.

[43] F. Largo Caballero, Posibilismo socialista en la democracia, conferencia pronunciada en la Escuela Socialista de Verano, 12 de agosto de 1933, Gráfica Socialista, Madrid, 1933, p. 3.

[44] Cit. S. Juliá, «Una tradición inventada», El País, 19 de junio de 2014.

[45] L. Araquistáin, El derrumbamiento del socialismo alemán, conferencia pronunciada el 29 de octubre de 1933 en la Casa del Pueblo de Madrid, Gráfica Socialista, Madrid, s. f. [1933].

[46] F. Largo Caballero, Posibilismo socialista en la democracia, op. cit., p. 24.

[47] «Largo Caballero pronuncia un discurso de trascendencia histórica», ES, 3 de octubre de 1933.

[48] «Denuncia de la República: Ni vestida ni desnuda nos interesa», ES, 28 de julio de 1934.

[49] Discurso de Largo Caballero en el restaurante Biarritz de Madrid, en un banquete celebrado el 14 de enero de 1934; recogido en el libro F. Largo Caballero, Discursos a los trabajadores, Ed. Fontamara, Barcelona, 1979, p. 157.

[50] «Denuncia de la República», ES, 28 de julio de 1934.

[51] F. Largo Caballero, Discursos a los trabajadores, op. cit., p. 116.

[52] «No puede haber concordia. ¡Atención al disco rojo!», ES, 3 de enero de 1934.

[53] F. Largo Caballero, Discursos a los trabajadores, op. cit., p. 159.

[54] F. Largo Caballero, Mis recuerdos, op. cit., p. 130.

[55] Cit. A. Elorza y M. Bizcarrondo, Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España, 1919-1939, Ed. Planeta, Barcelona, 1999, p. 177.

[56] «El sucio negocio de las elecciones», ES, 16 de febrero de 1936.

[57]ABC, 17 de febrero de 1936.

[58] «Después de la victoria. Una sola demanda: el poder», ES, 18 de febrero de 1936.

[59] J. Marichal, La vocación de Manuel Azaña, Alianza Ed., Madrid, 1982, p. 225.

[60] L. Araquistáin, «La incompatibilidad con los socialistas», Leviatán, número 6, noviembre de 1934.

[61] F. Largo Caballero, Discursos a los trabajadores, op. cit., p. 140.

[62] Discurso del 18 de agosto de 1932; M. Azaña, OC, III, p. 492.

[63] L. Araquistáin, «Glosas del mes», Leviatán, número 6, octubre de 1934.

[64]L. Araquistáin, «La revolución de octubre en España», op. cit. (aunque publicado en Leviatán en febrero de 1936, el artículo se escribió en octubre de 1934).

[65]L. Araquistáin, «Largo Caballero ante los jueces», Leviatán, número 20, enero de 1936.

[66]«Venga un poco de caos», Claridad, 17 de junio de 1936.

[67]Palabras de Largo Caballero reproducidas por José Calvo Sotelo en las Cortes; ABC, 16 de abril de 1936.

[68]Carta de L. Araquistáin a su hija Sonia, 13 de julio de 1936; AHN-ALA: 24.

[69]Discurso de Largo Caballero en la clausura del Congreso de la Federación Local de la Edificación; Claridad, 27 de junio de 1936 (cit. S. Juliá, La izquierda del PSOE (1935-1936), Siglo XXI Eds., Madrid, 1977, p. 282).

[70]ES, 21 de julio de 1936.

[71]«La derrota total de los rebeldes es inminente», ES, 22 de julio de 1936.

[72]M. Azaña, La velada en Benicarló. Diálogo sobre la guerra de España, Ed. Losada, Buenos Aires, 1939, pp. 74-75.

[73]Cit. R. Miralles, Juan Negrín: La República en guerra, Temas de Hoy, Madrid, 2003, p. 240.

[74]L. Araquistáin, Algunos errores de la República española, Toulouse, 1948; AHN-ALA: 44.

CAPÍTULO III. UNIDAD, PERO ¿CON QUIÉN?

Viejas y nuevas divisiones de la izquierda

«No creí que ese hombre fuese tan malo. Y que nos hayamos embarcado con esa gente...».[1] La lectura de las Memorias de Azaña al cumplirse un año del fin de la Guerra Civil reavivó en Largo Caballero su resentimiento contra los republicanos. Poco importa que se tratara de la sesgada edición perpetrada por Joaquín Arrarás y publicada en la España nacional como medio de propaganda contra la izquierda, cuyas miserias y divisiones cobran en la afilada pluma de Azaña una dimensión tragicómica, como cuando se refiere jocosamente a Largo Caballero como «el señor Paco, el estuquista». Caballero sabía que, por muy manipuladas que estuvieran, esas Memorias íntimas de Azaña eran fiel reflejo de la personalidad de su autor, marcada por una soberbia de la que él mismo alardeó en una sesión de las Cortes republicanas: «Tengo del demonio la soberbia y a un hombre soberbio nadie le estorba».[2]

Pero, aun conociendo bien al personaje, con quien había colaborado primero como ministro y luego como presidente del Gobierno, la crudeza de sus opiniones personales no dejó de sorprenderle. Con todo, la lección que sacaba Caballero de las Memorias del expresidente de la República iba más allá del grado de maldad que había creído descubrir en su carácter. Lo peor era la moraleja política que se desprendía de su testimonio. ¡Qué error, qué inmenso error!, debió de pensar Largo Caballero al leerlas, ¡creer en la república burguesa en 1931, haber gobernado con los republicanos hasta 1933 y volver a coaligarse con ellos en 1936, después del fiasco del primer bienio! Y no es que él no lo hubiera advertido ya en 1933: los socialistas nunca olvidarían la forma en que los republicanos los habían echado del Gobierno tras dimitir Azaña y formarse una nueva coalición exclusivamente republicana, como si todos los problemas de la república se redujeran a la presencia de tres ministros socialistas en el gobierno. «¿Es que la clase trabajadora española va a olvidar lo que se ha hecho con ella?», se preguntaba entonces Caballero. La lectura, seis o siete años después, de las Memorias de Azaña permitía entender por fin aquello que siempre consideró una vil traición de los republicanos al PSOE. «Y que nos hayamos embarcado con esa gente...».

El fin de la Guerra Civil y el comienzo del exilio de quienes consiguieron huir de España no apaciguaron los ánimos en las filas de la izquierda. La búsqueda de responsabilidades tuvo efectos devastadores dentro de las mismas organizaciones y hasta de las mismas familias, como si aquella tragedia fuera fruto de una descomunal traición más que de la victoria enemiga. Hay pocos casos tan reveladores como la carta que en mayo de 1939 Santiago Carrillo, militante socialista hasta su ingreso en el PCE ya en plena guerra, dirigió a su padre Wenceslao, veterano dirigente del PSOE, sector caballerista, que en marzo se había sumado a la rebelión del coronel Casado contra el gobierno de Negrín: «Cada día es mayor mi amor a la Unión Soviética y al gran Stalin, a los que vosotros odiáis (...). No, Wenceslao Carrillo: entre tú y yo no puede haber relaciones, porque ya no tenemos nada en común (...). Por vuestra traición, la república española ha sido batida; pero la lucha no ha terminado. Por el esfuerzo del pueblo, Franco caerá; los obreros y los campesinos, unidos a todos los demócratas, con el Partido Comunista a la cabeza, restaurarán de nuevo la república popular, pero jamás, ni bajo la dominación fascista ni después de nuestra victoria, olvidarán vuestra infame traición».[3]

Si en 1930 el dilema de España era «con el rey o contra el rey», según la fórmula acuñada por Indalecio Prieto, se diría que diez años después había que estar con Negrín o contra Negrín, con los comunistas o contra los comunistas. Para Luis Araquistáin, principal ideólogo de la bolchevización socialista en los años treinta, el asunto estaba claro: el Partido Comunista y sus compañeros de viaje eran los máximos responsables de la derrota republicana y de la tragedia que estaba viviendo el pueblo español. «El mayor enemigo de la democracia española», llegaba a decir Araquistáin, «un enemigo por lo menos igual a Franco, habéis sido vosotros, los falsos socialistas y agentes de la política soviética en España».[4] También en su caso, la querella afectaba a su entorno familiar, porque era inevitable ver en Julio Álvarez del Vayo, concuñado suyo y antiguo ministro de Estado, a uno de esos «agentes de la política soviética» a los que señalaba como causantes del drama de España. Casi podría decirse lo mismo de Negrín, al que durante años le unió una amistad fraternal. Tras su nombramiento en 1937 como presidente del Gobierno —el «gobierno más despótico, más inepto y más desaprensivo que ha padecido España», en palabras de Araquistáin—,[5] su antiguo amigo y camarada se convirtió en una de las bestias negras de quien fuera brazo derecho del Lenin español.

La posición anticomunista y antinegrinista del tándem Caballero-Araquistáin resultaba demasiado notoria para que sus adversarios hicieran oídos sordos a sus denuncias, sobre todo cuando la disputa se trasladó a la prensa internacional. En mayo de 1939, varios periódicos norteamericanos publicaban unas cartas de Stalin a Largo Caballero de finales de 1936, pródigas en lecciones de democracia y prudencia política, que mostraban a las claras el papel tutelar que el líder soviético se arrogaba respecto a la república española en plena guerra. Los documentos originales habían sido proporcionados por el propio Caballero a Luis Araquistáin, que los incluyó como apéndice de un artículo suyo y que se encargó además de negociar las condiciones de su publicación, entre ellas la garantía de que la pieza no sería revendida ni al ABC ni a Blanco y Negro para servir de munición a la propaganda antirrepublicana. En todo caso, cada periódico se reservó titular las cartas a su gusto, desde el truculento «What Stalin did with Spain» de The Sun de Baltimore, hasta el comedido «Letters from Stalin» de The New York Times. La reacción comunista no se hizo esperar. Un colaborador del neoyorquino Daily Worker —periódico que ya había solicitado la expulsión del PSOE del «trotskista Araquistáin», tachado también de agente franquista— salió al paso de las «monstruosas mentiras antisoviéticas» vertidas en el artículo y lanzó contra el autor y contra Largo Caballero las acusaciones acostumbradas en estos casos. No podía faltar tampoco un vibrante panegírico del camarada Stalin, que poco después sorprendería a propios y extraños con la firma del pacto germano-soviético.[6]

El escándalo provocado por Araquistáin fue tal que algunos socialistas del exilio dieron por bueno el rumor de su expulsión del partido. No era solo su feroz —y reciente— anticomunismo. Era su propensión a sospechar de cualquier socialista que no compartiera su oposición frontal a Negrín, al que atribuía incluso el intento de asesinar a Largo Caballero y a él mismo antes de abandonar España. Pero la principal fractura que sufría el socialismo español no enfrentaba, como en el pasado, a Caballero y Prieto y a sus respectivas huestes, sino a Prieto y Negrín, inveterado prietista hasta la ruptura con su jefe de filas en 1938. Si en el origen del conflicto estaban las relaciones con los comunistas, cuestión siempre delicada para los socialistas —y más en los últimos tiempos—, muy pronto se añadió la polémica sobre la gestión de los recursos reunidos para atender a las necesidades más perentorias de los exiliados. Mientras el SERE (Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles) respondía a la iniciativa del doctor Negrín y era dirigido por hombres de su confianza, la JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles) surgió unos meses después por iniciativa de Prieto, que asumió su control y la utilizó, más allá de sus fines asistenciales, como instrumento de su política antinegrinista. El SERE avalaba la continuidad del gobierno Negrín en la posguerra; la JARE negaba su existencia; el primero incluía al PCE; la segunda lo dejaba fuera. Al final, todo se reducía a lo mismo: con o sin Negrín, con o sin los comunistas. A uno y otro lado de esa doble línea divisoria se situaban los dos bandos irreconciliables en los que se había dividido el socialismo español.

Sin llegar a las descalificaciones de Araquistáin, Prieto no se recató en atribuir a Negrín, si no la derrota, al menos el haber impulsado durante la guerra una política que no hizo más que agigantar el desastre.[7] La correspondencia entre ambos en la inmediata posguerra no contribuyó precisamente a limar asperezas y aclarar las cosas. Para que su destinatario no se hiciera ilusiones, en su primera carta, fechada el 7 de junio de 1939, Prieto empezaba declarando «rota por completo» su antigua amistad. Apenas un mes después, aquel breve intercambio epistolar terminaba abruptamente con una dura autocrítica del veterano líder socialista, que, en el fondo, compartían otros muchos dirigentes de la izquierda —entre ellos el propio Negrín—,[8] aunque ninguno lo reconociera de forma tan rotunda: «Pocos españoles de la actual generación», afirmaba Prieto, «estarán libres de culpa por la infinita desdicha en que han sumido a su patria. De los que hemos actuado en política, ninguno».[9]

Era pronto aún, apenas tres meses después de la victoria de Franco, para advertir la trascendencia de un diagnóstico tan descarnado de las responsabilidades colectivas que estaban en el origen de la Guerra Civil, pero tarde o temprano habría que plantearse el alcance histórico de una autocrítica que dejaba muy malparada la trayectoria reciente del socialismo español y obligaba a revisar algunos de sus viejos principios. De momento, el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa y la victoria alemana sobre Francia, donde se había refugiado una buena parte de la España republicana, hicieron de la supervivencia el principal objetivo del socialismo en el exilio. «Allegar medios con que vivir»: esa, y no otra, era la prioridad a la que el exministro Fernando de los Ríos dedicaba todo su esfuerzo, según reconocía en una carta escrita el día de Año Nuevo de 1943 en su refugio neoyorquino.[10] El propio De los Ríos se mostraba muy pesimista sobre la posibilidad de reconstruir el PSOE en aquellas condiciones: «Solo a ese partido he pertenecido en mi vida, pero ese partido se ha deshecho».[11] Subsistir y organizarse mientras pasa el chaparrón. Estas urgencias, compartidas por el grueso de la emigración, aplazaron forzosamente el gran debate sobre el futuro de España. Pero no por mucho tiempo.

Agrupémonos todos: la diáspora socialista y la búsqueda de la unidad

De los líderes históricos del socialismo español que sucedieron a Pablo Iglesias al frente del PSOE y la UGT, Julián Besteiro murió en la cárcel de Carmona (Sevilla) en septiembre de 1940; Indalecio Prieto se instaló en México hasta el final de la guerra en Europa, y Largo Caballero, a quien la ofensiva alemana de mayo de 1940 le sorprendió en París, quedó confinado en la Francia de Vichy, sometido a instancias del gobierno de Franco a un proceso de extradición a España, que fue denegada por las autoridades de Vichy, y finalmente, en 1943, deportado por la Gestapo al campo de concentración de Oranienburg, al norte de Berlín. Otros dirigentes socialistas corrieron diversa suerte: Araquistáin, Negrín y Wenceslao Carrillo vivieron la Segunda Guerra Mundial en Londres; Fernando de los Ríos y Álvarez del Vayo en Nueva York; Rodolfo Llopis permaneció en el sur de Francia, en residencia vigilada, y Julián Zugazagoitia fue extraditado a España por el gobierno de Pétain, condenado a muerte por un tribunal franquista y ejecutado en Madrid en noviembre de 1940. Qué lejos quedaba aquella pelea a puñetazos, cuatro años antes, que protagonizaron dos notorios socialistas, Zugazagoitia y Araquistáin, seguidores de Prieto y Caballero, nada más celebrarse la elección de Manuel Azaña como presidente de la República en vísperas de la Guerra Civil.

La tragedia de la guerra, prolongada y aun acrecentada tras la derrota, parecía empequeñecer las viejas querellas del partido. De ahí algunas reconciliaciones hasta entonces impensables, como la que se produjo entre Indalecio Prieto y Largo Caballero al ser liberado este último del campo de concentración en el que pasó los dos últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo podría decirse de Araquistáin y Negrín, que al menos reanudaron su trato en Londres al final de la guerra, tras varios intentos infructuosos del presidente del Gobierno rechazados por Araquistáin con uno u otro pretexto. A veces parecía más fácil alcanzar el entendimiento y la concordia con antiguos adversarios políticos que con viejos camaradas. No es que faltara la voluntad de acabar con las discordias de familia e incluso de crear plataformas políticas amplias, más allá del PSOE, que dieran cabida a los grupos y personalidades más representativos del antifranquismo. Pero una y otra vez surgían los problemas de siempre: cómo compatibilizar esos organismos unitarios con las instituciones republicanas en el exilio —Presidencia de la República, Gobierno, Cortes—, que conformaban una suerte de Estado fantasma, pero muy celoso de su autoridad; cómo neutralizar la posible influencia de Negrín; qué hacer con los comunistas.

A partir de 1943, el desarrollo de la guerra en Europa hizo ineludible un debate a fondo sobre la estrategia que debía seguir el exilio español ante los nuevos acontecimientos. Que la victoria aliada sobre el fascismo favorecía la causa republicana parecía indudable. Ahora bien, una cosa era confiar en una próxima recuperación de las libertades en España y otra muy distinta pensar que los aliados, además de echar a Franco, iban a restaurar la república del 14 de abril, como si a ellos les importara algo la legitimidad republicana. Había además una pregunta previa de gran importancia: ¿cuánto duraría la alianza entre las democracias occidentales y la URSS una vez vencido el enemigo común? La cuestión afectaba de lleno al PSOE y a las alianzas que estableciera en esa nueva etapa, tal vez decisiva en el combate por la libertad. El famoso «agrupémonos todos en la lucha final» de «La Internacional» cobraba así una actualidad inesperada, aunque obligaba a plantearse hasta dónde era conveniente llegar en ese afán de unidad y cuántos y quiénes debían quedarse fuera.

Si la Guerra Civil española había sido como un ensayo general de la Segunda Guerra Mundial, la situación interna del exilio español, marcada por el rechazo mayoritario a comunistas y asimilados, anticipaba el escenario de la Guerra Fría. Aunque entre las antiguas fuerzas del Frente Popular predominaba una retórica unitaria, se practicaba una política de bloques. Tras la creación de la UDE (Unión Democrática Española), con el PCE y los negrinistas como núcleo duro, republicanos y socialistas pusieron en marcha la JEL (Junta Española de Liberación) bajo el impulso y la dirección de Martínez Barrio e Indalecio Prieto, presidente y secretario respectivamente. Excluía a negrinistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas vascos y reeditaba en cierta forma la vieja política de pactos entre republicanos y socialistas inaugurada con la conjunción de 1909.[12] Pero ahora las circunstancias eran muy distintas y las intenciones probablemente también.

Lo que Prieto se trajera entre manos podía deducirse tal vez de un editorial publicado en febrero de 1942 por la revista Adelante, órgano del PSOE en México dirigido por el prietista Manuel Albar. Llevaba por título «Hacia la monarquía española» y planteaba la pregunta, recurrente en la historia del socialismo español, del coste que tendría establecer en España una «república capitalista». ¿No sería más conveniente reservar todas las energías para trabajar en pos de los ideales socialistas en el marco de una monarquía democrática?[13] Formulado en esos términos, el dilema se respondía por sí mismo y anticipaba una posición que tardaría todavía algún tiempo en abrirse camino en las filas socialistas. Prieto de momento no llegaba tan lejos. Su plan, expuesto en una conferencia pronunciada en La Habana en julio de 1942, consistía en un plebiscito que permitiera restablecer las libertades con el respaldo de los países aliados. De ellos dependían todas las esperanzas de una restauración democrática en España.[14]

Había que ver, sin embargo, hasta dónde estaban dispuestos a llegar Estados Unidos y Gran Bretaña en su compromiso con la democracia en España, porque si se tensaba demasiado la cuerda y se exigía la restauración de la Segunda República, podía ocurrir que la izquierda se encontrara sin otro apoyo que el muy cuestionable de la URSS. La prudencia, por tanto, aconsejaba eludir cualquier legitimismo que hipotecara el futuro de España. Más aún: puesto que tanto Juan Negrín como don Juan de Borbón, desde la abdicación y posterior fallecimiento de Alfonso XIII, encarnaban derechos históricos imposibles de conciliar, Prieto vio en la opción de un plebiscito una tercera vía que aplazaba el problema de la legitimidad y podía acelerar una solución democrática. Se evitaban así, de momento, los graves inconvenientes de elegir entre el don Juan monárquico y su homónimo republicano.[15]

En México, donde residían Prieto y la mayoría de los dirigentes del exilio, se fundó la Junta Española de Liberación en un ambiente, desde luego, poco propicio a todo lo que no fuera un republicanismo sin mácula. Tanto es así que el documento constitutivo de la JEL, fechado el 20 de noviembre de 1943, llevaba por título «Pacto de unidad para restaurar la república española». Pero la suerte de España se iba a decidir en otros escenarios, tanto en Estados Unidos como en Europa, fundamentalmente en Gran Bretaña y muy pronto en Francia, tras el comienzo en junio de 1944 de la liberación del país por los aliados.

A principios de ese año, la JEL nombró a Luis Araquistáin su representante en el Reino Unido. Vivía en Londres desde 1939. Conocía el país desde su juventud. Hablaba y escribía inglés con fluidez. Había colaborado con los servicios de propaganda británicos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial y tenía amplias relaciones en el mundo político, sindical y periodístico, sobre todo en el campo del laborismo, que tanto había influido en su formación como socialista. Hombre fervientemente anglófilo —aunque no por mucho tiempo—, quién mejor que él para defender en Inglaterra, como venía haciendo ya por su cuenta, los intereses del exilio español, máxime en un momento en el que sus amigos laboristas formaban parte del War Cabinet presidido por Churchill.

No fue nada fácil la labor de Araquistáin en Londres, y no solo por el doble drama personal que le tocó vivir aquellos años, primero con la muerte de su mujer, Trudy Graa, en 1942, y tres años después con el suicidio de su hija Sonia. Todo el mundo, empezando por Indalecio Prieto, le aconsejó que buscara en la política un refugio a su tragedia personal, y en gran parte es lo que hizo: volcarse en su papel de portavoz de la causa de España en Inglaterra. Los medios oficiales británicos, sin embargo, resultaron ser menos favorables de lo que cabía esperar. Ya en mayo de 1944, al poco de su nombramiento como delegado de la JEL, se vio sorprendido por las «cariñosas palabras» —así las calificó al informar a Prieto y a Martínez Barrio— que Churchill había dedicado al régimen de Franco en una intervención suya en la Cámara de los Comunes, en la que el primer ministro se reafirmó en su neutralidad política en el asunto español en justa correspondencia con la posición adoptada por Franco en la guerra.[16]

Unos meses después, Araquistáin pronunciaba una importante conferencia titulada «The Political Future of Spain» en Northampton, en la sede de la Liga de las Naciones. Era un difícil ejercicio de equilibrismo político entre el realismo que parecía necesario en aquellas circunstancias y los principios que el orador consideraba irrenunciables. La línea roja la marcaba la república, única forma de gobierno, en su opinión, digna y factible en el complejo escenario español. La otra opción la abordaba —y descartaba— en un amplio apartado de su conferencia titulado «La monarquía imposible». Tal vez en otras circunstancias, si don Juan de Borbón no se hubiera comprometido tanto con la España sublevada, habría podido ser aceptado como solución por un país desgarrado por la guerra. Incluso admitiendo sus errores del pasado, solo con que se hubiera arrepentido de ellos para dar paso a una monarquía pacificadora, «el pueblo español [quizás] hubiera tolerado [temporalmente], como un mal menor, el retorno de los Borbones» (las palabras entre corchetes fueron añadidas por Araquistáin al borrador de su conferencia). Desaprovechada la coyuntura de la inmediata posguerra, ya era demasiado tarde para reconciliarse con su pueblo.[17]

Lo cierto es que la monarquía como alternativa al franquismo empezaba a contar con un ambiente propicio en medios británicos muy influyentes. Para contrarrestarlo, Araquistáin se pronunció a favor de la república y en contra de la solución monárquica, por la que abogaba, más o menos abiertamente, el periódico The Observer al presentar a la corona como única institución capaz de conseguir la unidad de los españoles frente a las divisiones de la izquierda. No, la izquierda no estaba dividida, afirmó en su réplica. Ahí estaba para demostrarlo la Junta Española de Liberación integrada por todas las fuerzas representativas del exilio, menos —claro está— los comunistas y sus compañeros de viaje.[18] En realidad, no eran los únicos excluidos, pero Araquistáin tenía que presentar a la JEL como una organización que gozaba de la máxima representatividad y predicaba un escrupuloso anticomunismo. Es decir, que era integradora y excluyente al mismo tiempo. La cuadratura del círculo.

Por lo demás, la posición que defendía hacia sus compañeros del exilio coincidía plenamente con esa especie de tercera vía propugnada por su antiguo archienemigo, Indalecio Prieto. «No son soluciones para España ni la dinastía ni el negrinismo»: así tituló Araquistáin una colaboración suya publicada en México en el órgano prietista Adelante.[19] Arremeter contra «la dinastía» en un texto pensado, como quien dice, para consumo interno era casi un tributo inevitable a la realidad sentimental del exilio. Pero el escaso eco que encontró su labor propagandística en Inglaterra no tardaría en hacer mella en algunas de sus convicciones. Unir la suerte de la democracia española a la restauración de la república entrañaba riesgos que un hombre pragmático como él no podía ignorar.

Eran tiempos de frenética actividad de la emigración republicana, consciente de que la inminente victoria aliada en Europa le iba a brindar una oportunidad tal vez irrepetible de acabar con Franco. La liberación de Francia había convertido Toulouse en capital del socialismo español en el exilio. Allí se celebró en septiembre de 1944 el primer congreso del PSOE fuera de España, que selló la reconciliación entre las antiguas facciones de Caballero y Besteiro y nombró una ejecutiva en la que emergía la figura del caballerista Rodolfo Llopis como nuevo secretario general. Llopis y Toulouse serían ya a partir de entonces dos de los grandes referentes del socialismo español hasta su ruptura orgánica treinta años después. Mientras tanto, en México el presidente de las Cortes y de la Junta Española de Liberación, Diego Martínez Barrio, convocaba una reunión de las Cortes republicanas para principios de enero siguiente, una iniciativa que, además de plantear graves problemas prácticos, podía suscitar lo que Prieto llamaría «cuestiones espinosas», relacionadas con la representatividad y el funcionamiento de las instituciones republicanas.[20]

La reunión, a la que asistieron 72 de los 473 diputados elegidos en 1936, confirmó los malos augurios del dirigente socialista, al que el presidente de las Cortes hizo responsable del fracaso de su convocatoria. Lo cierto es que la idea, repetida unos meses después, de reunir a las Cortes Españolas en México entrañaba un alto riesgo, tal como vaticinó Prieto, porque era muy difícil que se cumplieran los requisitos exigidos para ello por la Constitución de 1931, por ejemplo, en cuanto a quórum y territorialidad. De esta forma, podía ocurrir que una medida adoptada para mostrar la plena vigencia de la república acabara poniendo de manifiesto, con la Constitución en la mano, la inviabilidad de un Parlamento republicano en el exilio. La reacción de Martínez Barrio fue dimitir como presidente de la JEL —no de las Cortes—; una «niñería», en palabras de «don Inda», que no podía ser más inoportuna teniendo en cuenta la próxima celebración de la Conferencia de San Francisco. Si los países aliados se disponían a sentar las bases del nuevo orden mundial, qué mejor ocasión que aquella para que el exilio español hiciera oír su voz en representación de un país sometido a una dictadura aliada del Eje. La dimisión de Martínez Barrio y la presencia de otros políticos españoles ajenos a la JEL, como Negrín, José Antonio Aguirre y Álvarez del Vayo, que acudieron allí por libre, no avalaban precisamente la imagen de unidad que se pretendía transmitir.

Tras entregar un extenso memorándum a los representantes de las Naciones Unidas en México, la junta directiva de la JEL se desplazó a San Francisco a exponer lo que uno de sus miembros llamó «el caso especialísimo de España».[21] La Conferencia de las Naciones Unidas se inauguró el 25 de abril de 1945, unos días después del fallecimiento de quien fuera su principal impulsor, el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt, y dos semanas antes del fin de la guerra en Europa. La sesión inaugural, a la que no asistió el nuevo presidente, Harry Truman, duró «treinta minutos justos» y fue «solemne y fría», según la crónica que Indalecio Prieto escribió para El Excelsior mexicano. En lo referente a la situación de España, la JEL se fijó tres objetivos fundamentales: que la Conferencia aprobara una declaración de condena al régimen de Franco, con prohibición expresa de su ingreso en las Naciones Unidas; que los países asistentes rompieran sus relaciones diplomáticas con el gobierno español, y que la JEL fuera considerada como la legítima representante de España en la Conferencia.[22] Los dos primeros parecían al alcance de la mano; el tercero, en cambio, se antojaba muy problemático.

Al final, tras dos meses de gestiones continuas, declaraciones públicas y ruedas de prensa, la delegación de la JEL, con el impagable apoyo del gobierno mexicano, consiguió que se excluyera al Estado franquista de la nueva Organización de las Naciones Unidas. «La causa de la república española ha sido rehabilitada en San Francisco», podrá leerse en El Socialista unos días después. Una conclusión que no respondía del todo a la realidad, porque el documento aprobado, siendo inequívocamente adverso al franquismo, no sacaba a la España republicana del limbo político en el que se encontraba. El propio periódico lamentó en la portada de aquel mismo número que los países aliados hubieran abandonado a España a su propia suerte.[23] Aunque este editorial de El Socialista se había escrito seguramente antes de conocerse la resolución de la ONU, el espaldarazo internacional a las aspiraciones del exilio no alteró una sensación cada vez más pesimista sobre el futuro inmediato. Así lo reconoció el nuevo secretario general de la UGT, Pascual Tomás —«vivimos las horas más difíciles de la emigración»—, en un artículo concebido como antídoto a la tentación de claudicar ante pactos deshonrosos: «Con quien sea y como sea, no». Había que acabar de una vez por todas con la jeremiada del «¡que se termine esto como sea!» repetida en privado por tantos exiliados. Los socialistas, añadía enigmáticamente Pascual Tomás, «no podemos, ni debemos, embarcarnos en la primera nave que nos ofrezca el retorno a la patria inolvidable, sin conocer previamente, no solo el piloto que la dirige, sino también las condiciones de la misma y lo que se nos exige por nuestro retorno». ¿Sería un acuerdo con los monárquicos la salida en la que pensaban quienes, en cartas y conversaciones privadas, daban rienda suelta a su desesperación?[24]

Es difícil saber hasta qué punto Indalecio Prieto, líder indiscutible del socialismo español, compartía el pesimismo y los temores expresados por su compañero. El 23 de junio, cuatro días después de aprobarse en San Francisco la resolución sobre España, Prieto escribía desde Nueva York a la Comisión Ejecutiva del PSOE informando de que, una vez concluida su misión política en Estados Unidos, se disponía a ingresar en una clínica oftalmológica de Nueva York para ser sometido a un trasplante de córnea en el ojo derecho, donde había perdido prácticamente toda la visión. Según anunciaba en su carta, esta delicada intervención le tendría apartado de toda actividad durante más de un mes. Así pues, hay razones de peso para poner en entredicho el posterior testimonio de Pedro Sainz Rodríguez, quien asegura haberle propuesto por entonces presidir un gobierno provisional si aceptaba la monarquía. «Fui muy generoso en mi oferta», declaró años después, en una conversación privada, quien fuera ministro del primer gobierno de Franco, convertido, tras su ruptura con el dictador, en uno de los hombres de confianza del conde de Barcelona. «La verdad», añadía don Pedro, «es que Prieto, hay que joderse, se hubiera conformado solo con la convocatoria de elecciones libres».[25]

Una cosa es que los acontecimientos empujaran a monárquicos y socialistas a buscar un entendimiento y otra muy distinta que a mediados de 1945 las cosas estuvieran maduras para ello. En cuanto al precio que los primeros estaban dispuestos a pagar por la colaboración de los segundos, cuesta mucho creer que don Juan y sus consejeros pensaran entregar al PSOE la presidencia de un hipotético gobierno provisional a cambio de aceptar la monarquía. Lo menos descabellado del testimonio de Sainz Rodríguez es que Prieto, y con él muchos socialistas, se habría conformado con menos. Pero ¿quién era don Juan de Borbón y cuáles eran sus planes para España?

Don Juan: el rey que no pudo reinar

El 15 de enero de 1941, Alfonso XIII firmaba en Roma un manifiesto dirigido a los españoles anunciando su abdicación como rey de España y la transmisión de sus derechos a su hijo Juan, «que encarnará en su persona la institución monárquica y que será el día de mañana, cuando España lo juzgue oportuno, el Rey de todos los españoles».[26] Al día siguiente, don Juan contestaba con una larga misiva que incluía tanto un elogioso balance del reinado de su padre, pese a haber tenido que lidiar con las servidumbres del régimen parlamentario —«formas estatales impuestas por los tiempos, pero desviadas de nuestra mejor tradición»—, como algunas reflexiones sobre el trascendental momento que vivía España y los sagrados deberes que llevaba aparejada la corona que habría de ceñir algún día. El príncipe de Asturias —así firmaba su carta— formulaba además una vaga declaración de intenciones, reducida fundamentalmente a su propósito de restaurar «nuestra monarquía tradicional, renovando el aliento cordial y generoso que le dio vida, y que sobre nuestra fe católica, y sobre la conciencia de nuestra Unidad de destino, cimentó la Unidad política y la Grandeza de España». No faltaba tampoco una doble referencia a la historia reciente, primero al rendir homenaje al «espíritu combativo y patriótico» del Ejército, salvador de España en la reciente Guerra Civil, y a continuación al evocar, haciendo suyo el lenguaje de los vencedores, «los sufrimientos padecidos por nuestro pueblo con ocasión de esta gran Cruzada Nacional y la sangre vertida generosamente por tantos mártires gloriosos de Dios y de la Patria».[27] Don Juan de Borbón, que tenía entonces veintisiete años, adoptó el título de conde de Barcelona como una forma discreta de lucir su condición de rey de España.

El 28 de febrero, un mes y medio después de anunciar su abdicación, moría Alfonso XIII en el Gran Hotel de Roma. Inmediatamente surgían las primeras discrepancias entre Franco y don Juan, patentes ya en una carta que el dictador dirigió el 6 de marzo al titular de los derechos dinásticos y en la respuesta de este último a quien ejercía su caudillaje personal en un régimen de suyo «totalitario», tal como se definía por entonces el Estado del 18 de Julio. Aunque la muerte de Alfonso XIII reavivara, según algunas fuentes, los sentimientos monárquicos de un sector de la población, las circunstancias favorecían los planes de Franco de disfrutar de un poder omnímodo sin fecha de caducidad. Su apoyo al Eje Berlín-Roma en la Segunda Guerra Mundial parecía una apuesta ganadora en un momento en el que Alemania y sus aliados imponían su nuevo orden a toda Europa, a expensas únicamente de la resistencia que seguía ofreciendo Gran Bretaña y de lo que ocurriera finalmente con la URSS. «No parece que la restauración esté cercana», escribió en su diario José María Gil-Robles nada más conocer la noticia del fallecimiento del rey.[28]

Más lejos quedaba aún la posibilidad de que el conde de Barcelona encarnara algún día una monarquía parlamentaria y constitucional, y no solo por la radical oposición de Franco a consentir tal cosa. Ni la situación en Europa ni la trayectoria de don Juan hacían presagiar el restablecimiento de un régimen liberal —no digamos plenamente democrático— como el que había sido derribado por la fuerza en 1923 con el apoyo de Alfonso XIII. Desde antes incluso de la muerte del rey, su hijo y heredero venía insistiendo en «nuestra monarquía tradicional» como la institución más adecuada a la realidad nacional y la única capaz de poner término a las graves disensiones que venía sufriendo España en los tiempos modernos. Al desautorizar la opción constitucional adoptada por la corona en el siglo xix, su postura suponía darle la razón al carlismo, si no en el pleito dinástico, al menos en la cuestión sustancial de su concepto de monarquía. El propio don Juan se lo hubo de reconocer al regente tradicionalista, Javier de Borbón-Parma, en una carta fechada en marzo de 1940: en el ideario del carlismo había «una parte doctrinal y orgánica a la que prestamos asenso todos los que hemos vivido el fracaso de una España huérfana de las instituciones que le dieron vida y la engrandecieron».[29] Era el reconocimiento retrospectivo del «fracaso» de la España liberal y del error de la rama isabelina de la dinastía al asumir los principios del régimen constitucional. El derrocamiento de la monarquía en 1931 era el colofón inevitable a todo aquello. El carlismo tenía razón, aunque su resistencia a abandonar su legitimismo a ultranza mantuviera vivo el conflicto con la rama alfonsina.

Y ello pese a los continuos esfuerzos de don Juan por poner fin al pleito dinástico. Cuando en su carta a Javier de Borbón-Parma apela a «una España sincera y definitivamente unida», está pensando en una reconciliación con el tradicionalismo, y en modo alguno con la España vencida en 1939. En enero de 1941, al producirse la abdicación de su padre, se reafirma en su plena identificación con «nuestra monarquía tradicional». Lo mismo un año después, en el discurso que pronuncia con ocasión del primer aniversario de la muerte de Alfonso XIII: «La monarquía tradicional no es una institución estática». De la misma forma que supo hacer frente en el pasado a la «revolución religiosa de Lutero», sabrá afrontar en la actualidad el gran reto de la «revolución roja» con una política que combine el espíritu cristiano con una mezcla de justicia, autoridad y generosidad.[30]

Una carta suya al viejo conde de Romanones, fechada en abril de 1943, parece introducir un giro novedoso en su argumentación respecto a declaraciones anteriores: «La monarquía española de mañana habrá de organizarse con vistas al futuro y no al pasado». Pero la novedad es más aparente que real. Cierto: no se habla ya de monarquía tradicional, sino española, pero el «pasado» con el que se pretende romper no es la España del Antiguo Régimen anterior al liberalismo, sino aquel, más reciente, en que rigió el sistema constitucional creado por Cánovas, al que había servido el propio Romanones. Su condena del «absolutismo» del siglo xviii tampoco es necesariamente una muestra de progresismo, sino todo lo contrario. El «absolutismo» del Siglo de las Luces, identificado con una monarquía reformista y suavemente anticlerical, siempre fue considerado por el carlismo un principio moderno contrario a su ideario. Al renegar de él, don Juan se desmarca de todo lo que el despotismo ilustrado tuvo de modernización y de cambio. También en esto parece más próximo al viejo carlismo que a la tradición ilustrada y liberal procedente del siglo xviii, cuando se produjo, en pleno reinado de Carlos III, la primera expulsión de los jesuitas, una medida, casualmente, adoptada de nuevo por la república en 1931. Por todo lo dicho, la conclusión de un autor tradicionalista, el conde de Melgar, resulta inapelable: para don Juan de Borbón, la monarquía del futuro «no podía ser, de ningún modo, la que había desaparecido con el advenimiento de la Segunda República».[31]

En los primeros cuarenta, la discrepancia entre Franco y don Juan no radicaba en el hecho en sí de la restauración monárquica, que el dictador aceptaba, aunque sin ponerle fecha, ni en el tipo de monarquía que habría de restaurarse, inspirada en la más rancia tradición española. En su origen, el conflicto no iba más allá de la impaciencia del conde de Barcelona por conseguir una suerte de restauración exprés y de la negativa de Franco a renunciar a un poder conquistado a sangre y fuego en la Guerra Civil. Lo demás eran argumentos de relleno para justificar las posiciones de cada cual. Y ni siquiera los argumentos variaban de manera sustancial, de momento, entre uno y otro interlocutor. Cancelado felizmente el ciclo de revoluciones de toda índole que había sufrido en el último siglo, España debía recuperar sus instituciones históricas en toda su plenitud y autenticidad. Estando de acuerdo en eso, discrepaban en cuanto al momento y la forma en que debía producirse la vuelta de la monarquía.

A partir de 1942 se aprecia, no obstante, una progresiva radicalización de sus posturas. El cambio de rumbo que estaba experimentando la Segunda Guerra Mundial contribuyó a debilitar la posición de Franco —inalterable durante mucho tiempo en su fe en la victoria del Eje—, y cargó de razón a quienes pensaban que solo una restauración monárquica permitiría estabilizar la situación del país y acomodarla a los nuevos tiempos si los aliados ganaban la guerra. El gobierno británico, por su parte, intentó propiciar un cambio político en España que acabara con la ambigüedad del Generalísimo y con el riesgo de que se decantara finalmente por entrar en la guerra junto al Eje. Los planes del Foreign Office para evitarlo se remontaban a junio de 1940, cuando, a instancias del embajador británico en Madrid, sir Samuel Hoare —el «embajador-conspirador», como lo llamaría años después Serrano Suñer—, se urdió una complicada operación para sobornar a prominentes generales franquistas e inclinarlos a favor de la neutralidad en un momento en el que España estaba, según los ingleses, «al borde de la guerra». Así consta en el documento secreto —no fue desclasificado hasta el año 2013—, fechado el 26 de junio de 1940, que puso en marcha la operación.[32]

Algo se sabía ya de la «Caballería de San Jorge», que es el nombre clave que recibió el plan; principalmente, el decisivo papel desempeñado por el banquero Juan March, que hizo de intermediario; la financiación con la que contó —inicialmente diez millones de dólares, que debían transferirse a sus destinatarios desde una cuenta bancaria en Nueva York—, y el móvil de todo ello, que no era otro que alejar a España de una intervención bélica proalemana.[33] Lo que no llegó a saberse hasta la desclasificación de los 214 documentos relativos a la operación es la lista de sus beneficiarios e incluso la finalidad última de la trama. En realidad, el objetivo del S. Hoare’s plot, tal como figura en el informe del 26 de junio de 1940, era neutralizar a la facción radical compuesta por Serrano Suñer, el general Yagüe y el «ala izquierda» (sic) de Falange, es decir, el sector partidario de la intervención en la guerra a favor del Eje. Para conseguirlo, se proponía utilizar a un grupo de generales articulado en torno a Juan March, que posiblemente facilitó las dos listas que incluye el documento. La primera la forman Nicolás Franco, hermano del dictador y único civil; los generales Aranda y Varela, los tres con una asignación de dos millones de dólares cada uno; el jefe de las milicias de Falange —posiblemente el coronel Eduardo Galarza—, con un millón de dólares, y con medio millón y una observación nada favorable el general Alfredo Kindelán, tildado de estafador. En una segunda lista, pero en el mismo documento, figuran los generales Queipo de Llano —otro estafador, según los ingleses, lo mismo que March—,[34] Orgaz, Moreno, Alonso, Solchaga, Asensio y Muñoz Grandes, de los cuales, solo Queipo, Orgaz y Asensio acabaron recibiendo dinero del Gobierno de Su Graciosa Majestad. El plan de sobornos contaba con un presupuesto de diez millones de dólares, de los cuales la mitad se entregaría al cabo de seis meses si los resultados eran satisfactorios.[35] A las cuatro de la tarde del día siguiente, el Foreign Office comunicaba al embajador su aprobación.[36]

Era inevitable que los ingleses se plantearan entrar en contacto con la oposición al régimen y establecer alguna forma de colaboración. Tales fueron las instrucciones que el secretario del Foreign Office, lord Halifax, remitió al embajador en Madrid en julio de 1940, en un informe most secret que debía ser quemado en cuanto fuera leído, pero del que ha quedado copia entre los papeles recientemente desclasificados.[37] Halifax había tenido conocimiento de la existencia de una clandestina «Alianza Democrática» cuyo lema, «España para los españoles», se ajustaba a la perfección a los planes ingleses de mantener a España fuera del radio de influencia alemán. No parecía fácil entablar contacto con aquella organización —no confundir con la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, creada cuatro años después—; sin embargo, el embajador no tardó ni un mes en reunirse con «el líder de la izquierda descontenta», que le aseguró contar con numerosos y bien organizados partidarios. Hoare prefirió, y así se lo dijo a su interlocutor, mantener las distancias respecto a una organización como aquella, que se proponía derribar al gobierno de un país con el que Gran Bretaña mantenía relaciones, aunque fuera un gobierno como el de Franco. Esa —le dirá luego Hoare al ministro— era la única postura segura y honorable.[38] Pese a ello, la documentación del Foreign Office recoge nuevas conversaciones con la oposición republicana, a la que se veía como un aliado potencial si Alemania invadía España.[39] Por más que los contactos con los «rojos», como leemos en un informe dirigido a Churchill, provocaran cierta incomodidad en las altas esferas,[40] para Gran Bretaña la defensa de sus intereses militares en la Península resultaba inseparable de la correlación de fuerzas que se diera en la política interior española, tanto entre el régimen y la oposición como entre las dos principales facciones —la belicista y la neutralista— del gobierno de Franco. En cambio, no hay mención alguna a la monarquía, que no empezará a contar como posible recambio al franquismo hasta algún tiempo después de la muerte de Alfonso XIII en febrero de 1941.

Conjurado en 1940 el peligro de una intervención española en la guerra, el Foreign Office decidió mantener el plan elaborado entre Hoare y March e incrementar su financiación, que finalmente alcanzó los catorce millones de dólares. Dos años después de su creación, la llamada Caballería de San Jorge seguía activa como un Estado Mayor en la sombra, que tomaría el mando en caso de producirse una invasión de España por la Wehrmacht y el desplome del Estado franquista o su entrega a los alemanes. ¿Pudo esa especie de sociedad secreta de generales anglófilos intervenir también en la conspiración monárquica contra Franco? Es muy probable, teniendo en cuenta el protagonismo que tuvieron en ella los generales Antonio Aranda, Alfredo Kindelán y Carlos Asensio Cabanillas, destacados miembros de la Caballería de San Jorge, y el interés estratégico del Gobierno de Su Majestad en una España libre de influencia hitleriana.

La evolución de la guerra, la presión británica y el fortalecimiento del lobby monárquico no debieron de ser ajenos al cambio de actitud que se observa en don Juan a partir del verano de 1942. Si en el mes de julio Gil-Robles critica la falta en él y en sus asesores de una orientación medianamente clara, a principios de octubre recoge la información, transmitida por Sainz Rodríguez en presencia, entre otros, del embajador británico, de que «el rey» se disponía a realizar «una declaración de principios, en total oposición con la política de Franco, y una afirmación categórica de neutralidad e intangibilidad de la soberanía y del territorio de la patria», pues existía el temor de que Hitler ordenara una operación militar en el Estrecho que contara con el consentimiento del gobierno español. Tal era, según el propio embajador británico, Samuel Hoare, el rumor que corría por Londres, y de ahí el apoyo que Inglaterra estaba dispuesta a prestar a la formación en España de un gobierno independiente, integrado por fuerzas conservadoras.[41] Don Juan no tardó, efectivamente, en firmar una nueva declaración política, más o menos en línea con lo anunciado por Sainz Rodríguez —no en vano era el autor del borrador—, aunque, tras las pertinentes correcciones, lo de la «total oposición con la política de Franco» quedó finalmente en poca cosa.[42]

El curso de la guerra siguió favoreciendo el protagonismo de los monárquicos, por más que el dictador, fiel a sus principios, anunciara la próxima extinción de los sistemas «demoliberales fronterizos con el comunismo»: «El mundo marcha por otros derroteros».[43] En junio de 1943, veintisiete procuradores de las Cortes recién constituidas se dirigían a Franco solicitando la restauración de la monarquía como «instrumento de suprema conciliación entre los españoles» y, de cara al exterior, «garantía de estabilidad y eficacia de nuestra nación». No es casualidad que los firmantes del documento invocaran los recientes acontecimientos ocurridos en el Norte de África —es decir, la derrota ítalo-alemana en Túnez, preámbulo del desembarco aliado en Italia— para justificar su audacia al dirigirse a Franco en esos términos. Impresiona la lista de los veintisiete procuradores: media docena de exministros, otros tantos generales, un almirante, el presidente de un gran banco, el duque de Alba, embajador en Londres, y el gobernador del Banco de España, entre otros; toda una genuina representación de unas elites sociales comprometidas con la causa de la restauración y dispuestas a desafiar al régimen.[44]

Puede que los monárquicos fueran «cuatro gatos», como le dijo Franco a uno de ellos —el general Kindelán—,[45] pero estaban empezando a enseñar las uñas y tenían poderosos valedores. La reacción del dictador fue fulminante: destituyó a unos y adoptó contra los demás represalias de diversa índole, de forma que la oposición monárquica entendiera lo que se estaba jugando. Tanto los procuradores como otros destacados juanistas tendrán desde entonces «ficha roja» en la Dirección General de Seguridad y serán sometidos a especial vigilancia policial.[46] Que el dictador empezaba a estar harto, sobre todo de algunos de ellos, lo pudo comprobar personalmente el nuevo representante de don Juan en España, su tío el general Alfonso de Orleáns, que acudió a El Pardo a «apremiar a Franco» sobre la cuestión monárquica. El Caudillo le reiteró su afecto hacia el conde de Barcelona, pero también su determinación de resolver con plena libertad el momento de restaurar la monarquía. Aprovechó la ocasión para quejarse amargamente del círculo de consejeros del pretendiente, formado, según él, por «un inadaptado como Gil-Robles, un masoncete como Sainz Rodríguez, un inquieto como [García] Valdecasas y un paranoico como Vegas Latapié».[47]

Aunque Gil-Robles lamente cierta falta de criterio por parte de don Juan,[48] para Franco su actitud no podía ser más clara y desafortunada. El pretendiente intentaba sacar partido de las dificultades del régimen en un escenario internacional cada vez más adverso. Ese sería el sentido que el dictador atribuiría a un largo telegrama que el hijo de Alfonso XIII le remitió desde Lausana en agosto de 1943. Tras la obligada —y para Franco siempre molesta— referencia a «los últimos acontecimientos de la guerra», su mensaje contenía la acostumbrada petición de una «inmediata» e «incondicional» restauración monárquica, justificada por la necesidad de evitar los horrores de la venganza; aludía a la capacidad de la corona para impulsar «una acción conciliadora y constructiva» dentro y fuera de España y terminaba amenazando con una «ruptura definitiva», apelando incluso a la opinión pública, en caso de que el jefe del Estado mantuviera las «para mí inadmisibles condiciones que subordinan el advenimiento de la monarquía».[49] El texto era, como se ve, de una dureza inusitada y, conociendo a Franco, tal vez contraproducente. «Me la tenía guardada desde el telegrama aquel», llegó a decir don Juan muchos años después.[50] Y no era de extrañar, porque en su mensaje a Franco no faltaba ni siquiera una velada referencia a la reciente destitución y encarcelamiento de Mussolini: «Los acontecimientos de Italia pueden serviros de aviso».[51]

La tensión entre ellos no dejaba de aumentar, en un contexto bélico claramente adverso al Eje y con la guerra rondando la Península Ibérica. En el otoño de 1943, corrieron rumores sobre planes aliados para España. Ante lo que se avecinaba, el dictador decidió retirar la División Azul del frente ruso, mientras un grupo de generales le pedía por escrito que restableciera inmediatamente la monarquía. El documento llegó a poder de Franco antes de lo previsto debido a una misteriosa filtración. Para don Juan había llegado el momento de romper amarras con el régimen: «Según va pasando el tiempo, me voy inclinando cada vez más a tomar una actitud intransigente con lo actual», le dice en noviembre al conde de Fontanar, tras lamentarse de la «mala voluntad del Generalísimo».[52] En otra carta al mismo destinatario, también interceptada por Franco, como el escrito de los generales, le informa del apoyo británico a una próxima restauración.[53]

Esto último era tan cierto como que Estados Unidos y Gran Bretaña empezaban a impacientarse ante la indefinición del pretendiente, del que esperaban una actitud resuelta que precipitara los acontecimientos. Se nota que el Mediterráneo occidental, y por tanto España, estaba cobrando una especial relevancia en esta fase de la guerra. El 10 de enero de 1944, Gil-Robles consigna en su diario una carta del general Aranda con las últimas informaciones recibidas por él, entre ellas la certeza de que los aliados habían decidido acabar con Franco.[54] Como miembro de la Caballería de San Jorge sabía de lo que hablaba. Lo mismo se puede decir de Juan March, que unos meses antes había informado a Gil-Robles de la existencia de un grupo de generales cada vez más hostil al dictador. Daba los nombres de Aranda, Varela, Orgaz y Kindelán —es decir, aquellos que él mismo había reclutado para la causa— y añadía que el primero de ellos se dedicaba «a cultivar a los elementos de izquierda».[55] Pese a todo, la situación dentro de España no invitaba precisamente al optimismo. El propio Gil-Robles se mostraba muy crítico con la cómoda postura de los elementos conservadores, partidarios en el fondo de llegar a un arreglo con Franco. Por eso era tan importante el papel de unos cuantos generales dispuestos a todo, incluso a tender puentes con la izquierda.

La confusión reinante beneficiaba al jefe del Estado, que se mantenía firme ante don Juan, cuyas declaraciones públicas y privadas conseguían sacarle de quicio. Fiel a su pensamiento, el conde de Barcelona abogaba por una política moderada al margen de opciones partidarias y lejos desde luego de toda contaminación falangista. «Ni soy liberal (...) ni soy totalitario», había dicho en una de las cartas filtradas a Franco a finales de 1943.[56] Puede parecer poca cosa, pero el rechazo del totalitarismo chocaba frontalmente con los planes que el dictador tenía para la futura monarquía y para el propio don Juan, tal como le había expuesto en un pasaje especialmente enrevesado de una carta del año anterior. No se sabe qué resulta más confuso, si la sintaxis utilizada o el galimatías argumental al que recurre Franco para justificar sus planes. He aquí el pasaje de marras: «Es mi ilusión que no tarde en coronarla [¿la vida de España?] para poder ofreceros ese día con la Jefatura total del pueblo y sus Ejércitos [subrayado en el original] el entronque con aquella monarquía totalitaria que solo por serlo vio dilatarse sus tierras y sus mares». Como una «monarquía revolucionaria, totalitaria» la había definido unas líneas más arriba. Esa desde luego no era la restauración en la que pensaba el hijo de Alfonso XIII, que en modo alguno estaba dispuesto a identificarse públicamente, como le pedía el Generalísimo, «con la Falange Española Tradicionalista y de las JONS».[57]

Los documentos filtrados a El Pardo a finales de 1943 provocaron una larga y dura réplica de Franco fechada el 6 de enero, en la que censuraba una actitud que, según él, podía perjudicar gravemente a la causa que el pretendiente decía defender: «Nosotros caminamos hacia la monarquía, vosotros podéis impedir que lleguemos a ella».[58] La respuesta no se hizo esperar. Unos días después aparecían en el periódico La Nación, de Buenos Aires, unas declaraciones del conde de Barcelona rechazando cualquier posibilidad de que la restauración se produjera «como coronamiento o remate de la estructura creada por el régimen actual», además de formular una definición de la futura monarquía que, tímidamente, parece acercarse —ahora sí— al modelo constitucional y parlamentario: «Será un Estado de derecho en el que gobernantes y gobernados deberán estar sometidos a las Leyes, dictadas por la concorde voluntad del Rey y de los organismos legislativos, constituidos por una auténtica representación nacional». Reiteraba la imposibilidad de identificarse con el totalitarismo falangista y ponía al régimen de Franco y a la Segunda República en el mismo plano al considerarlos igualmente imposibilitados de aunar la libertad y el orden y de representar a España ante el mundo.[59]

Aunque el conde de Barcelona se apresuró a remitir al dictador un telegrama aclarando el sentido de la entrevista, su reacción le puso una vez más de manifiesto «la absoluta incomprensión que el general Franco padece respecto a las verdaderas necesidades de España y los medios adecuados para preservarla de nuevas desventuras». Así lo afirma don Juan en una carta posterior a su tío Alfonso de Orleáns, en la que reparte críticas a diestro y siniestro, desde el régimen falangista, inspirado en fórmulas foráneas sin ningún arraigo en España, hasta «los elementos extremistas de izquierda [que] laboran activamente por el restablecimiento de la república». En su carta, fechada el 14 de febrero de 1944, denunciaba además una maniobra de Falange para instaurar una regencia seudomonárquica y terminaba anunciando —no está muy claro si se trata de una orden o una recomendación— que aquellos monárquicos que desempeñaran cargos políticos en España lo harían en lo sucesivo a título particular.[60]

Las posturas parecían definitivamente irreconciliables, por más que las dos partes tuvieran motivos para dudar de sus fuerzas en un envite como aquel. El escenario bélico debilitaba a Franco hasta el punto de que muchos consideraban imposible que sobreviviera a la derrota del Eje. Entre ellos se encontraba Gil-Robles, que en 1943, cuando aún quedaba lejos el final del conflicto, había escrito al ministro de la Guerra, general Asensio —miembro del grupo de generales a sueldo de Inglaterra—, anunciándole el inevitable apocalipsis del fascismo y sus cómplices, incluidos Franco y la Falange.[61] Pero también el juanismo tenía sus flancos débiles, principalmente por la indecisión o el miedo de una parte de su base social en España, compuesta por militares de alta graduación, aristócratas, terratenientes, hombres de negocios, miembros de las profesiones liberales y algunos catedráticos e intelectuales vinculados en el pasado a Acción Española o al grupo de El Debate. En suma, todos aquellos «centenares de elementos de la diplomacia, el profesorado, la milicia, la industria...» en los que el propio don Juan decía buscar apoyo y consejo.[62] La actitud dubitativa de muchos de ellos no escapó al fino olfato del embajador británico, el hiperactivo Samuel Hoare, convencido de que «la restauración se haría en España a pesar de los monárquicos».[63]

Tal vez por ello se hizo necesaria una apertura a la izquierda que permitiera compensar la desafección de algunos sectores dinásticos. El enrocamiento de Franco y la marcha de la guerra hacia su desenlace en Europa obligaban a don Juan a mostrar definitivamente sus cartas y abandonar esa ambigüedad que le reprochaban los más audaces, entre ellos José María Gil-Robles y Pedro Sainz Rodríguez. El 10 de febrero de 1945, el pretendiente escribía al general Kindelán anunciándole sus intenciones: «Urge tomar posición ante el mundo por la publicación de un documento o Manifiesto (sic) en el que a la vez que se señalen las características fundamentales de lo que será la monarquía, se solicite de Franco que abandone el poder en manos de los que a él se lo confirieron, para que del Ejército unánime lo reciba el Rey».[64] La existencia de un manifiesto que se iba a hacer público en las próximas fechas llegó a oídos del embajador de España en Berna, que informó al ministro de Asuntos Exteriores en carta fechada el 16 de febrero.[65] Según Kindelán, en su redacción intervinieron los principales consejeros del conde de Barcelona, desde el liberal López Oliván hasta el tradicionalista Vegas Latapié, pasando por el democristiano Gil-Robles.[66] No parece que esto último sea cierto: «Puedo decir en verdad que el documento no es mío».[67] Así de rotundo se muestra en su diario personal el antiguo líder de la CEDA. Por él sabemos también la inusitada expectación que había despertado el anuncio de «una declaración del rey, hecha con elevación y amplitud de miras».[68]

El Manifiesto de Lausana

La «declaración del rey», conocida desde entonces como el «Manifiesto de Lausana», fue firmada por don Juan de Borbón el 19 de marzo de 1945 en la ciudad suiza donde había fijado su residencia, junto a su madre, en marzo de 1942. Su difusión tres días después por diversos medios —entre ellos la BBC— tuvo un extraordinario impacto. No era para menos. Nunca don Juan había llegado tan lejos en su enfrentamiento con el general Franco, al que instaba a «reconocer el fracaso de su política totalitaria» y ceder el poder al «régimen tradicional de España». Tanto esta última expresión como una referencia anterior, obra tal vez de Latapié, a la «monarquía tradicional» como «instrumento de paz y de concordia para reconciliar a los españoles» recuerdan una vez más el apego del pretendiente a ciertas fórmulas arcaicas. Pero sería injusto negar que en el famoso manifiesto predomina un espíritu liberal mucho más acorde con una monarquía de tipo constitucional y parlamentario. Definida como «reconciliadora, justiciera y tolerante», bajo ella tendrían cabida todas las reformas que exigiera el interés de la nación. Para que no quede duda de su alcance, se enumeran algunas tan trascendentales como la «aprobación inmediata, por votación popular, de una Constitución política»; el reconocimiento de los derechos de la persona, de las libertades políticas y de la diversidad regional; la elección por la nación de una asamblea legislativa y la concesión de una amplia amnistía, amén de otras reformas de índole social, sin especificar, encaminadas a «una más justa distribución de la riqueza».[69] Cuatro días antes de su difusión por la prensa internacional, don Juan le hizo llegar una copia al jefe del Estado por una persona de su confianza.

Franco puso el grito en el cielo. Además de prohibir su difusión en España, cursó un duro telegrama al conde de Barcelona acusándole de preconizar un programa «idéntico al de [la] república», que llevó a la quema de conventos, al separatismo y a la sangrienta Guerra Civil.[70] Don Juan contaba seguramente con una respuesta de ese tenor. Con lo que no contaba era con el rechazo que provocó en esas «derechas anquilosadas que solo viven felices a la sombra de un sable», como escribió Gil-Robles en su diario personal al vaticinar que el manifiesto —a su juicio, «políticamente perfecto»— no sería del agrado de ciertos sectores monárquicos.[71]

Y no se equivocaba. No fue solo la escasa movilización de los incondicionales. Según el duque de Alba, aquellos que, siguiendo las indicaciones de don Juan, dimitieron de sus cargos no bastaban para formar un equipo de polo.[72] Lo peor fue verse desautorizado por algunos monárquicos tan cualificados como Antonio Goicoechea, dirigente de la antigua Renovación Española y uno de los procuradores que en 1943 solicitaron a Franco la restauración de la monarquía. Goicoechea le expresó a don Juan su completo desacuerdo con el documento en una carta abierta que no tardó en ser publicada a bombo y platillo por la prensa española. Al firmarla como «jefe de los monárquicos españoles» solo podía interpretarse como una desautorización de Goicoechea y sus correligionarios hacia aquel a quien reconocían como rey de España. Así se entendió dentro y fuera de España, por ejemplo, en Suiza, donde el pretendiente tuvo que leer en la prensa un amplio extracto de la carta de Goicoechea titulado «Los monárquicos españoles contestan al príncipe don Juan». No respondió directamente el aludido, sino su mayordomo mayor, el conde de Rocamora, aunque lo hizo al dictado de su señor, muy molesto por la humillación que suponía ver su autoridad públicamente cuestionada por un personaje tan representativo del monarquismo.[73]

Casi más grave fue la reacción que provocó en el general Kindelán, por tratarse de un hombre muy próximo al pretendiente y plenamente compenetrado con su política. Pero no en esta ocasión. Fue tal la desazón que le produjo la proclama, que aprovechó un viaje a Suiza para entrevistarse con don Juan y con Vegas Latapié para oír sus razones y exponerles las suyas. En su extensa nota sobre aquellas dos reuniones, Kindelán afirma que Vegas era «la única voz verdaderamente española y “antiliberal”» —lo dice como elogio— en el entorno del conde de Barcelona y que gracias a él se pudo evitar que la monarquía se viera comprometida por un «programa político “demo-liberal”» contrario a sus esencias. Por su parte, en su conversación con Kindelán, don Juan alegó la necesidad de desbaratar una «maniobra masónico-comunista» que estaba en marcha para establecer en España, con apoyo internacional, una república de extrema izquierda. Frente a ella, era preciso presentar a la monarquía como una alternativa real al régimen falangista y no como continuación del mismo. Aseguró además, ante la insistencia de Kindelán en el riesgo de una interpretación demoliberal de su contenido, que ni la parte programática del manifiesto implicaba la aceptación del liberalismo ni sus referencias a la Guerra Civil suponían «desconocimiento de las glorias de la Cruzada». Si el relato del general se ajusta a la verdad, la actitud de don Juan no podía ser más errática y voluble, porque por esas mismas fechas escribía al conde de Fontanar que si de algo pecaba el manifiesto era «de tardío y [de ser] tal vez demasiado conservador».[74]

En una palabra: Kindelán le obligó a desdecirse en parte del espíritu rupturista y liberal de su proclama y le aconsejó que buscara un entendimiento con Franco, porque sin su apoyo y el del Ejército no había posibilidad alguna de restauración monárquica.[75] Sorprende esta reacción en quien, apenas un mes antes, proponía a don Juan un detallado y contundente plan para «acelerar la restauración», que incluía la organización de «cien tercios de requetés y sesenta de Renovación» en previsión de «tener que emplear medios quirúrgicos».[76] Esta aparente contradicción lleva a pensar que el antifranquismo, a veces radical, de algunos monárquicos no les convertía necesariamente en liberales.

No fueron mejores las impresiones que José María de Areilza trasladó al pretendiente tras sondear, a petición suya, las embajadas aliadas en Madrid. «Sonaban las primeras notas del clarín (...) de la Guerra Fría», escribiría muchos años después el conde de Motrico, y las potencias occidentales estaban dispuestas a acabar con Franco y a restaurar la monarquía, pero no a cualquier precio. Lo primero era garantizar la estabilidad en Europa y contener el expansionismo soviético. ¿Quién podía asegurar que un cambio político en España no acabaría creando un vacío de poder que sirviera de caldo de cultivo a la influencia comunista en la Península Ibérica? La impresión que le dio a don Juan no pudo ser más pesimista, tanto en una reunión de varias horas en su residencia en Lausana como en un largo paseo junto al lago que dieron al día siguiente. No habría, pues, intervención directa de los aliados en España, y en cuanto a la posibilidad de que los generales monárquicos obligaran a Franco a abandonar el poder, Areilza se mostró cuanto menos escéptico. «Si lo que me has contado es cierto», le dijo don Juan al despedirse de él, «y no hay apoyos exteriores formales, el “Manifiesto” ha sido tácticamente un error». A su regreso a Madrid informó al ministro de Exteriores del resultado de su viaje, que realizó con conocimiento previo del ministro, y unos días después al propio Franco, que no hizo el menor comentario sobre el famoso manifiesto.[77]

Según la versión que ofrece Areilza de sus conversaciones con don Juan, el pretendiente captó enseguida el problema en el que se había metido: más allá de lo acertado de su contenido, desde el punto de vista táctico su proclama a los españoles había sido un salto en el vacío. Es muy dudoso, contra lo que se ha dicho alguna vez,[78] que las potencias aliadas tuvieran algún compromiso concreto con don Juan para facilitar la restauración. De otra forma, no se entendería su insistencia en justificar su gesto como un intento de dar visibilidad a la monarquía y evitar que la república fuera, a los ojos de la comunidad internacional, la única alternativa al franquismo. Así se lo dijo él mismo al general Kindelán y al embajador español en Berna. Para el conde de Barcelona, la verdadera posición de los aliados ante la cuestión española era una incógnita. Las declaraciones de los tres grandes contra el régimen de Franco podían ser todo lo rotundas que se quisiera, pero de ellas no se deducía un proyecto claro para España. De ahí las consultas de Areilza en las embajadas en Madrid, a petición del pretendiente, el resultado de sus gestiones y la consiguiente decepción de don Juan. Era difícil que el manifiesto tuviera algún eco en la política internacional en un momento como aquel, en el que Europa, tras el fin de la guerra, parecía abocada a un nuevo conflicto. No se puede decir ni siquiera que el mensaje hubiera provocado un gran entusiasmo en el campo monárquico, al menos entre sus figuras más representativas, alarmadas por el tufillo demoliberal de algunos de sus postulados y por una idea de reconciliación nacional que iba, según ellos, demasiado lejos. «No cabe en ningún caso la concordia con los rojos y la discordia con los nacionales que el manifiesto patrocina», leemos en una «circular» monárquica que figura entre los papeles del conde de los Andes y que termina con los gritos de «¡viva Franco, viva la monarquía, arriba España!».[79] Es lo que le vino a decir Kindelán a don Juan en relación con su promesa de amnistía: el loable propósito de ser «rey de todos los españoles» chocaba con el hecho, «muy grave», de que muchos exiliados republicanos tenían «sobre sí delitos comunes», se supone que relacionados con su actuación en la Guerra Civil.[80]

¿Y qué decir de la reacción del régimen? A raíz del manifiesto, don Juan de Borbón, recordará muchos años después Laureano López Rodó, fue víctima de una de las más duras campañas de prensa que se desencadenaron en la España de Franco.[81] Al proclamar en su manifiesto su disconformidad con la política interior y exterior del general y requerirle que abandonara el poder, tras reconocer el fracaso de su concepción totalitaria del Estado, el pretendiente, según López Rodó, había quemado sus naves. La ruptura con Franco no aumentó, contra lo que esperaba el pretendiente, su crédito exterior, ni por tanto le proporcionó el apoyo necesario para regresar a España como rey. En cambio, el manifiesto provocó el alejamiento de algunos de los suyos, mientras en el entorno del dictador empezaba a fraguarse una operación de largo alcance para que la futura restauración se hiciera sin el conde de Barcelona. Carrero Blanco, que disfrutaba ya de gran influencia como principal consejero de Franco, trazó una suerte de plan de choque ante las consecuencias que se derivaban de las declaraciones de don Juan. Había que hacerle entender por monárquicos de confianza —«inteligentes, católicos y de firmes convicciones en orden a los postulados del Movimiento»— que por ese camino iba a perder toda opción de reinar en España. En todo caso, por si no se atenía a razones, Carrero proponía ir pensando en una alternativa: «Es preciso pensar ya en la preparación para ser rey del príncipe niño», es decir, de Juan Carlos de Borbón.[82]

Ignorado por la comunidad internacional, repudiado por el régimen y desautorizado incluso por algunos monárquicos de pro, al hijo de Alfonso XIII le quedaba por jugar la baza de la izquierda, al menos de aquellos sectores que pudieran tener mayor respaldo en el mundo occidental y el aval de un anticomunismo sin tacha. Ahora bien, ¿era suficiente el Manifiesto de Lausana para propiciar un acercamiento entre el conde de Barcelona y las fuerzas políticas que el 14 de abril de 1931 echaron a su padre de España? En el socialismo español se daban ciertas condiciones históricas y políticas que lo convertían en una pieza apetecible para un pacto contra el régimen. En los últimos años del reinado de Alfonso XIII, había colaborado con la dictadura de Primo de Rivera; sus relaciones con los comunistas no podían ser peores y su vinculación sentimental y política con la república era menor que la de otros sectores de la izquierda. En algunas monarquías europeas había ya experiencias de gobiernos socialistas o de ministros de esta filiación colaborando lealmente con la corona, sin ir más lejos en el Reino Unido. ¿Por qué no en una futura monarquía constitucional en España?

El manifiesto, sin embargo, no llegó en un buen momento. La izquierda, y en particular el PSOE, tenía puestas grandes esperanzas en la Conferencia de San Francisco, que se iba a inaugurar el 25 de abril. Había un relativo optimismo sobre una próxima resolución del problema español mediante una intervención internacional contundente y definitiva. No parecía necesario especular con pactos contra natura para forzar una situación que, en principio, parecía favorable. En realidad, la postura de la izquierda coincidía en un punto al menos con la de don Juan de Borbón y sus consejeros: en la creencia de que los aliados les sacarían las castañas del fuego.

Convencidos de que el viento de la política internacional soplaba a su favor, los dirigentes del PSOE en el exilio vieron en la proclama una oferta insuficiente, tardía y sobre todo inútil. Los socialistas españoles no necesitaban que el hijo de Alfonso XIII les perdonara la vida. La democracia volvería a España por sus pasos contados en cuanto los aliados derrotaran al Eje y acabaran con cualquier vestigio de fascismo en Europa. No podía ser de otra forma, o al menos así lo afirmaban en público. Ese estado de opinión explica el artículo que El Socialista dedicó en portada al Manifiesto de Lausana unos días después de su aparición. «La monarquía no la quieren ni los monárquicos»: así de rotundo se mostraba el portavoz del socialismo español en el exilio, que desde la liberación de Francia venía editándose en Toulouse. «El manifiesto del infante constituye un verdadero grito en el desierto», declaraba el periódico citando a la Agencia Reuters, según la cual ninguno de los embajadores de Franco conocidos por su monarquismo había decidido renunciar a su cargo. Tampoco tuvo mayor eco en la opinión pública europea, como no fuera para provocar una reacción hostil en algunos medios políticos. El Socialista aseguraba, sin dar detalles, que en Londres se habían apresurado a desmentir cualquier relación con maniobras en pro de la monarquía española y que la prensa socialista en Suiza había solicitado la expulsión de don Juan del territorio helvético por sus actividades políticas. Esto era, según el periódico, todo lo que había conseguido quien iba por el mundo con ínfulas de jefe de Estado. Tal vez, concluía el anónimo autor del artículo, el fracaso de su manifiesto le sirviera de lección de humildad.[83]

El Socialista volvió a la carga dos meses después al publicarse la carta de Antonio Goicoechea contra el manifiesto de don Juan. En su sarcástica visión de la polémica entre ambos, el periódico tomó partido a favor del dirigente monárquico, al que entre bromas y veras reconocía como fiel intérprete del significado histórico de la monarquía y de los sentimientos de la mayoría de sus adeptos. Esa institución que Goicoechea defendía de las veleidades liberales del «ex infante» era la verdadera monarquía española: autocrática, negadora de los más elementales derechos y libertades, cómplice del franquismo en la Guerra Civil. Nada más lógico, por tanto, que, tras la quiebra de los totalitarismos en Europa, la monarquía emergiera ante «la burriciega mirada de los falangistas como excelente tabla de salvación». Alternativa, sí, venía a decir Goicoechea; pero sin impaciencias y sin empujones, que es lo que, a su juicio, denotaba el manifiesto del pretendiente: unas prisas intolerables por lo que tenían de ingratitud hacia el Caudillo y por poner en grave peligro la unidad de las fuerzas victoriosas en la Cruzada. El Socialista rendía un irónico «tributo de admiración» al veterano líder monárquico, cuya espontánea sinceridad le ahorraba cualquier otro comentario, como no fuera para reafirmarse en unos principios que el tan traído y llevado manifiesto había dejado inalterables. «La monarquía», concluía el periódico, había hecho «causa común con la sublevación militar. Contra esa asociación natural lucharemos sin tregua ni descanso».[84]

Extraña situación la que vivía la política española en la primavera-verano de 1945, con el franquismo temeroso y a la defensiva, el exilio republicano expectante, sin fiarse del todo de los aliados, y los monárquicos divididos y algunos francamente perplejos. Parecía imposible que la dictadura española pudiera resistir lo que se le venía encima. Franco se dio cuenta de que tenía que hacer concesiones y soltar algo de lastre: restringe el uso del saludo fascista, promulga el Fuero de los Españoles e incorpora a su gobierno a un católico y monárquico de la vieja escuela, Alberto Martín Artajo, como nuevo ministro de Asuntos Exteriores coincidiendo con el comienzo de la Conferencia de Potsdam. Algo había ganado el régimen con la muerte de Roosevelt en abril y la llegada a la Casa Blanca de Harry Truman, mucho más pragmático y conservador que su predecesor. Con Truman como presidente, Estados Unidos pasará en poco tiempo de la alianza con la URSS a la confrontación con el antiguo aliado. Del antifascismo al anticomunismo: tal será el vuelco que experimente la política norteamericana bajo la nueva Administración en el umbral de la Guerra Fría. Pero lo que Franco gana por este lado lo pierde con la derrota de Churchill en las elecciones británicas del mes de julio y con la formación de un gobierno laborista presidido por Clement Attlee. De los tres grandes de la conferencia de Yalta celebrada en febrero —Stalin, Roosevelt y Churchill— solo queda el líder soviético al firmarse en agosto los acuerdos de Potsdam.

¿Cómo afectaría a España este cambio de escenarios y protagonistas en la política internacional? Las primeras impresiones no serán nada positivas para el régimen de Franco, señalado una vez más en Potsdam como una excrecencia fascista incompatible con el nuevo orden mundial. Apenas un mes después de la conferencia aliada y cuando seguía coleando la polémica en torno al Manifiesto de Lausana, Carrero Blanco entregaba al dictador un memorial de trece páginas sobre el momento político. Es un diagnóstico relativamente optimista de la situación, dadas las circunstancias. «Del temporal exterior actual», decía Carrero, «saldremos con bien y sin merma de la dignidad nacional», un vaticinio fundado en la certeza de que «Inglaterra y los Estados Unidos no quieren de ninguna manera el peligro comunista en España». En cuanto a la delicada cuestión de la monarquía, quienes intrigaban a su favor no pasaban de ser unos pocos «aristócratas frívolos» y «algunos financieros que pretenden ennoblecer sus caudales». Sin el apoyo del Generalísimo, la restauración se le antoja imposible. De producirse, sería la ruina de la propia institución. Por ello mismo, cree que urge reconducir las relaciones con el pretendiente, separarle de sus malos consejeros y obligarle a rectificar sus pasos, por ejemplo, «condenando las actividades de los rojos en el extranjero». En todo caso, como indudablemente el régimen atraviesa por un momento difícil, tanto en el interior como en el exterior, Carrero propone una fórmula que permitirá ganar el tiempo necesario para superar todas las dificultades: «Orden, unidad y aguantar».[85]

¡Ah, la unidad! Aquella parecía la panacea capaz de curar todos los males. La izquierda la seguía buscando desesperadamente, tanto en el exilio como sobre todo en la clandestinidad, donde a mediados de 1944 se había creado la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas que agrupaba a republicanos, socialistas y anarquistas. Abogaba por el restablecimiento de la república, pero no descartaba un acuerdo con los monárquicos antifranquistas ni una posible restauración de la monarquía. Lo primero era conseguir las libertades fundamentales y la convocatoria de unas elecciones democráticas. Serían las Cortes elegidas por el pueblo las que habrían de decidir sobre el «porvenir político del país», una forma decorosa de eludir un pronunciamiento explícito sobre la forma de gobierno. La España democrática del futuro, se decía en el manifiesto programático de la ANFD en un claro guiño al mundo occidental, suscribirá los principios de la Carta del Atlántico, firmada por Roosevelt y Churchill en 1941.[86]

La oposición dentro de España compartía con el exilio la esperanza de que una acción exterior contundente acabaría con la dictadura. En otros aspectos, en cambio, existían notables diferencias. Mientras en la emigración persistían las viejas rencillas, agravadas por las disputas en torno a las instituciones republicanas, en España la dureza de la represión y la ausencia de líderes de renombre hacían más fácil y más sincera la búsqueda de la unidad. Lo primero era conseguirla entre los propios socialistas, para lo cual había que empezar por desmarcarse de las malas prácticas y del pésimo ejemplo que venían dando las distintas facciones en que se había dividido el PSOE en el exterior. «No podéis suponer, queridos compañeros», leemos en una carta remitida por la ejecutiva del interior a la dirección del partido, «el daño que con vuestra conducta política (...) estáis haciendo a nuestro partido en España». La carta, fechada el 1 de junio de 1945, recordaba a los dirigentes del exilio las condiciones en que se desarrollaba la vida de la militancia socialista bajo el franquismo: «Hemos visto caer fusilados y asesinados a los mejores de nuestros militantes y consumirse en presidios y cárceles a millares de militantes». De todo ello debía tomar buena nota la dirección del partido, allí donde se encontrara: «Esto no puede continuar».[87]

Los rigores de la clandestinidad relativizaban el valor de algunos viejos dogmas políticos y desarrollaban un instinto de supervivencia receptivo a soluciones pragmáticas, tal vez no muy ortodoxas, pero capaces de abrir nuevas perspectivas en la lucha contra el régimen. No es de extrañar que los primeros contactos entre el PSOE y los monárquicos se produjeran en el interior de España.

[1] Palabras de Largo Caballero reproducidas por Rodolfo Llopis en carta a Luis Araquistáin, Albi, 7 de abril de 1940; AHN-ALA: 33.

[2] Réplica de Azaña a una intervención previa de Alejandro Lerroux en el llamado «debate de los enojos», 3 de octubre de 1933; OC de M. Azaña, ed. de Santos Juliá, op. cit., vol. 4, p. 496.

[3] Carta de S. Carrillo a su padre, W. Carrillo, París, 15 de mayo de 1939; copia conservada entre los papeles de Luis Araquistáin; AHN-ALA: 42.

[4] Prólogo, fechado en junio de 1939, al original del ensayo titulado No nos callamos durante la guerra (prólogo y pruebas de imprenta del libro, parece que nunca publicado, en AHN-ALA: 65).

[5] Carta de Araquistáin a Diego Martínez Barrio, cit. por R. Miralles, Juan Negrín, op. cit., Temas de Hoy, Madrid, 2003, p. 331.

[6] J. F. Fuentes, Luis Araquistáin y el socialismo español en el exilio, Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, pp. 39-41.

[7] Carta de Prieto a la Comisión Ejecutiva del PSOE, 13 de mayo de 1939, cit. por R. Miralles, Juan Negrín, op. cit., p. 334.

[8] «Espero que el pueblo nos colgará a todos el día ya próximo que en España volvamos a poner el pie»; carta de Negrín a Araquistáin, Borington, 25 de marzo de 1944; AHN-ALA: 35.

[9]Epistolario Prieto-Negrín, Fundación Indalecio Prieto-Ed. Planeta, Barcelona, 1990, pp. 11 y 151.

[10] Carta de F. de los Ríos a María Zambrano, 1 de enero de 1943; cit. por O. Ruiz-Manjón, Fernando de los Ríos, op. cit., p. 468.

[11] Carta de F. de los Ríos a Ginés Ganga, 7 de septiembre de 1942; reproducida por O. Ruiz-Manjón, op. cit., p. 466.

[12] A. Mateos, De la Guerra Civil al exilio. Los republicanos españoles y México, Biblioteca Nueva-Fundación Indalecio Prieto, Madrid, 2005, pp. 182-183.

[13]Adelante, 15 de febrero de 1942; cit. L. C. Hernando, El PSOE y la monarquía. De la posguerra a la transición, Ed. Eneida, Madrid, 2013, p. 20.

[14] Cit. por O. Cabezas, Indalecio Prieto, op. cit., p. 497.

[15] S. Juliá, Los socialistas..., op. cit., pp. 298-299, y R. Miralles, Juan Negrín, op. cit., pp. 343-345.

[16] O. Cabezas, Indalecio Prieto, op. cit., p. 505.

[17] Hay varias versiones de su intervención, tanto en español como en inglés; cito por el manuscrito titulado «El futuro político de España», secc. II: «La imposible Monarquía»; AHN-ALA: 48.

[18] J. F. Fuentes, Luis Araquistáin en el exilio, op. cit., pp. 81 y 75 n.

[19]Adelante, 1 de julio de 1944.

[20] Carta de Prieto a Augusto Barcia, 5 de diciembre de 1944; cit. O. Cabezas, Indalecio Prieto, op. cit., p. 516.

[21] Carta de Prieto a Augusto Barcia, 8 de febrero de 1945; cit. O. Cabezas, Indalecio Prieto, op. cit., p. 509.

[22] Ibíd., p. 510.

[23] El editorial contra la política de los aliados lleva por título «Frente a las mentiras convencionales la realidad»; la información sobre la resolución de la ONU se titula «Tras el gesto la decisión»; ES, 5 de julio de 1945.

[24] Pascual Tomás: «Con quien sea y como sea, no», ES, 14 de julio de 1945.

[25] Declaraciones de Sainz Rodríguez en conversación con Luis María Anson, reproducidas por este último en su libro Don Juan, Plaza & Janés, Barcelona, 1996, p. 268.

[26] Documento reproducido íntegramente por L. M. Anson en su libro Don Juan, op. cit., pp. 185-187.

[27] Ibíd., pp. 187-189.

[28] Entrada del 1 de marzo de 1941; J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, Ed. Taurus, Madrid, 1976, p. 17.

[29] Cit. P. Sainz Rodríguez, Un reinado en la sombra, Ed. Planeta, Barcelona, 1982 (3.ª ed.), p. 19.

[30] Ibíd.

[31] F. Melgar, El noble final de la escisión dinástica, Consejo Privado de S. A. R. el conde de Barcelona, Madrid, 1964, p. 140.

[32] Documento de dos hojas titulado «Spain. Sir S. Hoare’s plot as Explained by Commander Furse of the D. N. I.», 26 de junio de 1940; NA: FO 1093/233.

[33] Véase, por ejemplo, M. Cabrera, Juan March (1880-1962), Marcial Pons, Madrid, 2011, p. 330.

[34] Documento mecanografiado del 27 de junio de 1940, sin destinatario; firma ilegible; NA: FO 1093/233.

[35] «Spain. Sir S. Hoare’s plot»; doc. cit.

[36] Telegrama de fecha 27 de junio de 1940; NA: FO 1093/233.

[37] Ibíd., 20 de julio de 1940; NA: FO 1093/233.

[38] Hoare a Halifax, 15 de agosto de 1940; NA: FO 1093/233.

[39] Informe «most secret» de Hugh Dalton a Halifax, 12 de octubre de 1940; NA: FO 1093/233.

[40] Ibíd., 7 de enero de 1941; NA: FO 1093/233.

[41] J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, op. cit., entradas de los días 23 de julio y 3 de octubre de 1942, pp. 19 y 21.

[42] Declaración de don Juan publicada por Le Journal de Genève el 11 de noviembre de 1942 y reproducida por L. M. Anson, Don Juan, op. cit., pp. 210-211.

[43] Discurso de Franco ante el III Congreso Nacional de Falange; cit. en J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, op. cit., p. 25 n.

[44] Extractos del documento y lista de los firmantes en J. Satrústegui, «La política de Don Juan III en el exilio», ABC, 23 de diciembre de 1990.

[45] A. Kindelán, La verdad de mis relaciones con Franco, Ed. Planeta, Barcelona, 1981, p. 36.

[46] J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, op. cit., p. 54.

[47] Ibíd., p. 42.

[48] Ibíd., p. 37: «Se advierte en don Juan mejor intención que madurez política».

[49] Documento reproducido en L. M. Anson, Don Juan, op. cit., pp. 218-219.

[50] Cit. P. Carvajal, La travesía de Don Juan, Temas de Hoy, Madrid, 2011, p. 149.

[51] Sigo la versión que publica L. M. Anson, op. cit., pp. 218-219, pero en la recogida en el libro del general Kindelán La verdad de mis relaciones con Franco, la última frase citada presenta un matiz significativo: no es el amenazante «los acontecimientos de Italia pueden serviros de aviso», sino el más ponderado «los acontecimientos de Italia pueden servirnos de aviso» (A. Kindelán, La verdad de mis relaciones con Franco, op. cit., p. 216).

[52] Carta de don Juan al conde de Fontanar, 14 de noviembre de 1943; AJC-ACF.

[53] Cit. L. M. Anson, Don Juan, op. cit., p. 222.

[54] J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, op. cit., p. 74.

[55] Ibíd., entrada del 14 de febrero de 1943, p. 28.

[56] Cit. por F. de Meer, «Don Juan de Borbón y Franco: Otoño 1945. Ruptura inevitable y acuerdo necesario», Boletín de la Real Academia de la Historia, 192, 3, sept.-dic. 1995 (la cita en p. 494).

[57] Carta fechada el 12 de mayo de 1942; reproducida por L. M. Anson, Don Juan, op. cit., pp. 202-207.

[58] Documento reproducido por P. Sainz Rodríguez, Un reinado en la sombra, op. cit., pp. 359-361.

[59] Ibíd., p. 329.

[60] Ibíd., pp. 330-332.

[61] «Cuando la pavorosa tormenta arrastre a los Hitler y a los Mussolini, a los Laval y a los Antonescu, a los Pétain y a los Quisling, ¿quién puede soñar siquiera que queden como un islote Franco y su Falange?»; cit. A. Kindelán, La verdad de mis relaciones con Franco, op. cit., p. 218.

[62] Carta del mayordomo mayor de don Juan, escrita al dictado de este último, a Antonio Goicoechea, 22 de abril de 1945; reproducida por P. Sainz Rodríguez, Un reinado en la sombra, op. cit., p. 332.

[63] J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, op. cit., entrada del 5 de abril de 1943, p. 34.

[64] Cit. L. M. Anson, Don Juan, op. cit., p. 270.

[65] Cit. F. de Meer, Juan de Borbón. Un hombre solo, Junta de Castilla y León, Valladolid, 2001, p. 139.

[66] A. Kindelán, La verdad de mis relaciones con Franco, op. cit., p. 61.

[67] J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, op. cit., entrada del 22 de marzo de 1945; p. 177.

[68] Ibíd., entrada del 25 de febrero de 1945; p. 116.

[69] Sigo la reproducción del manifiesto que figura en el libro de P. Carvajal, La travesía de Don Juan, op. cit., pp. 166-168.

[70] Ibíd., p. 170.

[71] J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, op. cit., entradas de los días 22 y 26 de marzo de 1945; pp. 117-188.

[72] P. Sainz Rodríguez, Testimonio y recuerdos, Ed. Planeta, Barcelona, 1978, p. 281.

[73] Carta cit. supra; reproducida por P. Sainz Rodríguez, Un reinado en la sombra, op. cit., pp. 332-336.

[74] Carta de don Juan al conde de Fontanar, Lausana, 11 de abril de 1945; AJC-ACF.

[75] Larga nota sobre las dos entrevistas, con Vegas Latapié y don Juan, reproducida en A. Kindelán, La verdad de mis relaciones con Franco, op. cit., pp. 60-68.

[76] Cit. F. de Meer, Juan de Borbón. Un hombre solo, op. cit., p. 140.

[77] J. M. de Areilza, Crónica de libertad, Ed. Planeta, Barcelona, 1985, pp. 30-32.

[78] L. M. Anson, Don Juan, op. cit., pp. 263-268.

[79] «Circular sobre el adjunto Manifiesto de don Juan», documento mecanografiado de una página, anónimo y sin fecha; AGUN-ACA: 060/001/315-1.

[80] A. Kindelán, La verdad de mis relaciones con Franco, op. cit., p. 64.

[81] L. López Rodó, La larga marcha hacia la monarquía, Ed. Noguer, Barcelona, 1977, p. 51.

[82] Cit. ibíd., p. 55.

[83]ES, 12 de abril de 1945.

[84]ES, 15 de junio de 1945.

[85] Cit. L. López Rodó, La larga marcha hacia la monarquía, op. cit., pp. 58-59.

[86] S. Juliá, Los socialistas..., op. cit., pp. 288-289.

[87] O. Cabezas, Indalecio Prieto, op. cit., pp. 525-526, y J. C. Gibaja, Indalecio Prieto y el socialismo español, op. cit., pp. 312-313.

CAPÍTULO IV. UN PACTO CON FRENO Y MARCHA ATRÁS

Monárquicos y socialistas: primeros contactos

¿Quién sería ese misterioso «líder de la izquierda descontenta» que decía tener detrás una nutrida organización y con el que se reunió en secreto el embajador británico en Madrid, Samuel Hoare, en agosto de 1940?[1] Aquel primer contacto pudo tener continuidad algún tiempo después, no directamente con Hoare, sino a través del general Aranda, que aparecerá en los años siguientes como principal enlace entre los monárquicos antifranquistas y eso que Hoare llama de forma un tanto redundante «la izquierda descontenta». Puesto que Aranda formaba parte desde 1940 de la trama de generales anglófilos creada por la embajada inglesa, no es descabellado relacionar sus tratos con la oposición, documentados por lo menos a partir de 1943, con los que había mantenido tiempo atrás la propia embajada.

El diario y la correspondencia personal de Gil-Robles permiten conocer con cierto detalle la génesis de un posible acuerdo entre la derecha monárquica y la izquierda no comunista y las gestiones realizadas por Aranda en este delicado terreno. En febrero de 1943, el antiguo líder de la CEDA, haciéndose eco de una confidencia de Juan March, le señala como miembro de «un grupo de generales (...) cada vez más hostil a Franco» y destaca su empeño en «cultivar a los elementos de izquierda».[2] Dos meses después, Gil-Robles reprocha a don Juan que pensara solo en la derecha, en vez de buscar el apoyo de la izquierda moderada.[3] No lo dice en su diario, al menos en la versión publicada como memorias, pero en junio de 1943 empieza a tener la sensación de que al pretendiente se le está acabando el tiempo y que cuanto más tarde en romper con el franquismo más tributario será de las izquierdas. La posibilidad de practicar una política de derecha pura y dura se desvanece rápidamente mientras, según le dice al conde de Fontanar, emerge como inevitable un triunfo clamoroso de la izquierda en un futuro no muy lejano.[4] Hay que tomar, pues, la iniciativa para evitar que se lleve todos los réditos del fin del franquismo. Pactar con ella respondería a ese propósito: aumentar la presión sobre la dictadura, acelerar su caída y disputarle a la izquierda la hegemonía política en la etapa posfranquista.

Es el objetivo que sin duda persigue «un plan político de acuerdo con las izquierdas» que le muestra Sainz Rodríguez un mes después, en julio de 1943, aunque elaborado por el general Aranda bajo su responsabilidad. A Gil-Robles le parece un plan inteligente y perfectamente aceptable, salvo pequeños detalles.[5] En diciembre alude a la formación por las izquierdas no comunistas, contrarias a las directrices del exilio, de una junta unitaria —tal vez embrión de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas— que mantenía relaciones con Aranda. Admiten la posibilidad de la monarquía, que aceptarían «con escasas concesiones», mientras que el general, por su parte, considera que sin el concurso de esa «izquierda templada» la restauración monárquica sería prácticamente imposible. Hay, pues, una necesidad recíproca y una estrategia clara por parte de Aranda, hombre inteligente, «quizás el más inteligente de nuestros generales», que disfrutaba además de un gran ascendiente sobre las izquierdas, a las que había prestado «favores señalados».[6] Muy importantes debían de ser esos «favores» para borrar su clamorosa traición a la república en julio de 1936. En carta al conde de Fontanar fechada en enero de 1944, es el propio Gil-Robles el que propone establecer «un contacto discreto con elementos moderados de la izquierda para ensanchar todo lo posible la base de apoyo de la monarquía».[7]

Transcurren varios meses sin noticias de Aranda hasta que en noviembre el antiguo líder de la CEDA alude a sus maniobras para organizar a la izquierda, con exclusión de comunistas y anarquistas, y a la confianza que ingleses y americanos tienen depositada en él.[8] Entre tanto, se había formado la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD), de la que Gil-Robles, que se encuentra exiliado en Lisboa, no parece tener noticias en sus primeros meses de existencia. Sí le consta en cambio que por España circula copia de una carta de Indalecio Prieto a Anthony Eden, secretario del Foreign Office, en la que el líder socialista trazaba, según Gil-Robles, «un cuadro muy exacto de la situación española» y declaraba no oponerse a una restauración monárquica.[9] En agosto de 1945 Aranda tiene un nuevo plan, «confuso y contradictorio, como todos los suyos», para el que dice contar con el apoyo del «rey»: sublevación militar en Galicia, proclamación de la monarquía y formación de un gobierno presidido por un general y respaldado por las izquierdas moderadas.[10] Todas las referencias a la izquierda —templada, moderada, sin anarquistas ni comunistas— apuntan siempre a los socialistas y a los republicanos. Aunque parezca lo contrario, la CNT del interior no fue en absoluto ajena a esos contactos.

Que existieron parece indudable, aunque su verdadero alcance es una incógnita y cabe dudar incluso de la autenticidad de algunas informaciones recogidas por Gil-Robles. De la supuesta carta de Prieto a Eden no tenemos más noticia que la escasamente fiable que figura en sus diarios. Y, sin embargo, es cierto que el líder socialista acabaría impulsando un pacto con los monárquicos, suscrito tres años después en San Juan de Luz. Es como si ciertas leyendas urbanas del antifranquismo anticiparan acontecimientos que tarde o temprano tenían que producirse, porque respondían a una necesidad insoslayable. Podría decirse lo mismo de la estrategia seguida por el socialismo del interior, nutrido por una sufrida y escasa militancia —entre mil y dos mil cotizantes—,[11] más bien dispersa y con grandes dificultades para hacer oír su voz dentro y fuera de España. Sus circunstancias la hacían especialmente receptiva a cualquier opción que pudiera mejorar sus condiciones de vida. De ahí que, curándose en salud, el PSOE del exilio decidiera hablar en su nombre en un número de El Socialista editado en Toulouse para ser introducido en España: «¡Ni referéndum, ni plebiscito! ¡Legalidad republicana!».[12] El titular no podía ser más explícito. De todas formas, una cosa era la propaganda y los arrebatos de dignidad ofendida de puertas afuera y otra la actitud mucho más flexible que se aprecia en la correspondencia privada, como la carta que Rodolfo Llopis dirige por esas mismas fechas —noviembre de 1945— a Largo Caballero felicitándose del interés que los monárquicos mostraban en llegar a un entendimiento con los socialistas.[13]

El problema no era tanto adoptar tal o cual estrategia, como el control en la toma de decisiones. Aquella edición especial de El Socialista para el interior y la rotundidad de la consigna respondían al temor de la dirección del PSOE a perder su autoridad sobre la organización clandestina y a que esta última empezara a obrar por su cuenta. O simplemente que se dejara llevar por los cantos de sirena de un golpe de generales monárquicos contra la dictadura que permitiera a los socialistas salir de las catacumbas. ¿Se opondrían a ese golpe y a la consiguiente restauración monárquica por ir en contra de la «legalidad republicana»? ¿Quién podría calificar de traición semejante cosa cuando, apenas veinte años antes, en vida de Pablo Iglesias, la UGT y el PSOE habían asistido de brazos cruzados al pronunciamiento de Primo de Rivera contra un régimen, al fin y al cabo, constitucional?

Lo más probable es que las relaciones del PSOE clandestino con los monárquicos no se produjeran directamente, sino a través de la ANFD, sobre todo tras la detención del secretario general del PSOE, Juan Gómez Egido, y demás dirigentes socialistas del interior, que dejó a la organización casi descabezada. La subordinación del partido a la ANFD y a la línea establecida por ella se aprecia en un documento remitido a principios de 1945 por los socialistas a la embajada británica en Madrid, en respuesta a una pregunta que se les había hecho llegar sobre la forma en que el PSOE encaraba un futuro cambio político en España. Se rechaza la «propaganda bullanguera», se descarta «una caída vertical del régimen actual», se aboga por «la constitución de un gobierno, consejo, junta o comoquiera llamarse», que concedería una amnistía y amplias libertades, además de convocar elecciones, y se omite cualquier referencia a la previa proclamación de la república. El cambio del régimen vigente en España debería hacerse de forma gradual y metódica.[14] Quedaban abiertas, pues, aunque fuera por omisión, opciones distintas de la mera sustitución del franquismo por una república restaurada que enlazara con la legitimidad truncada por la derrota en 1939. No se especifica la forma de gobierno; es más, salta a la vista la displicencia con que se trata la cuestión del «gobierno, consejo, junta o comoquiera llamarse» que habría de hacerse cargo del poder. No se plantea la posibilidad de un plebiscito, pero sí la necesidad de una transición «escalonada» de un régimen a otro.[15]

Los contactos directos entre la ANFD y los monárquicos empezaron unos meses después, hacia el otoño de 1945. Así lo afirma Pedro Sainz Rodríguez, que omite cualquier referencia a las conversaciones anteriores llevadas a cabo por el general Aranda. Por parte monárquica intervino el general Francisco Herrera, hermano de Ángel Herrera Oria y, aunque vinculado sentimentalmente a la monarquía, leal a la república en 1936. La otra parte estuvo representada por antiguos dirigentes de Izquierda Republicana —el partido de Azaña— y de la UGT.[16] No da sus nombres, pero según Gil-Robles, al corriente y en parte impulsor de aquellos contactos, iniciados a instancias de la embajada británica, el representante de la UGT era Teótico Sevilla.[17] No parece probable, puesto que este personaje nunca fue socialista, sino republicano de izquierdas, salvo que, a causa de las últimas detenciones, la UGT delegara en alguien ajeno a la organización. También pudo haber un cambio de personas a lo largo del proceso negociador, porque fuentes de toda solvencia atribuyen a Eduardo Villegas, sucesor de Gómez Egido, la representación socialista en una reunión clandestina que la ANFD mantuvo con el general Herrera, que actuaba en nombre de la llamada Confederación de Fuerzas Monárquicas.

La reunión se celebró el 20 de diciembre de 1945, tras vencerse las reticencias de los socialistas a celebrar un encuentro de esta naturaleza, al que eran más proclives los otros dos sectores de la ANFD —anarquistas y republicanos—. Lo aceptaban como una forma de avanzar hacia una «futura coalición nacional», pero no querían actuar a espaldas de la dirección del partido en el exilio ni del gobierno republicano presidido desde agosto por José Giral, que contaba con dos ministros socialistas. Tras la reunión, y para salir de dudas, Villegas viajó a Toulouse, donde se encontró con una oposición cerrada por parte del PSOE y la UGT a las gestiones de la ANFD, que mientras tanto, por medio del cenetista Juan José Luque, había llegado a un acuerdo con el general Herrera para formar un Frente Nacional Democrático y en su día un gobierno que actuaría «asistido de la autoridad institucional de la monarquía».[18]

La oposición socialista no fue el único motivo por el que fracasó aquel principio de acuerdo entre los monárquicos y la izquierda. Gil-Robles y con él la mayoría de los juanistas consideraron inaceptable el compromiso de celebrar un referéndum previo a la restauración de la monarquía.[19] La entrada del PCE en la ANFD coincidiendo con aquellas negociaciones alejó aún más las posturas, dado el odio que los monárquicos profesaban hacia este partido y su sorpresa al verlo integrado en una coalición que hasta entonces se había mantenido a una prudente distancia de los comunistas. Es fácil imaginar la reacción en Estoril, adonde a principios de febrero trasladó su residencia el conde de Barcelona, cuando llegó el informe del general Herrera a través de un emisario británico y, unos días después, cuando el propio general compareció en persona para explicar sus gestiones. El problema ya no era solo el plebiscito, sino el ingreso del PCE en la ANFD, que, según reconoció el propio Herrera en Estoril, impedía cualquier futura negociación.[20] La Guerra Fría empezaba a pesar más que la Guerra Civil en la actitud y en la estrategia de la oposición. De otra forma no se entendería que el PCE generara más rechazo que la CNT.

Mientras comunistas y socialistas del interior iban de la mano en la ANFD y tanteaban posibles alianzas con la derecha, en el exilio se cruzaban acusaciones sobre pactos inconfesables con los monárquicos y se arrogaban la condición de verdaderos guardianes de las esencias republicanas. «Monárquicos y comunistas contra la república»: bajo este titular, publicado en portada en su último número de 1945, El Socialista denunciaba una «maniobra de gran estilo contra la república» urdida por «los privilegios de casta, la alta delincuencia y un partido que, como nada tiene que perder, juega a todas las cartas».[21] Días antes, el PCE, aludido en la frase anterior, había acusado a Prieto de promover «cambalaches con las fuerzas reaccionarias monárquicas e incluso franquistas» y de intentar «asesinar [a] la república y salvar al enemigo». La réplica de El Socialista no se hizo esperar: eran ellos, los comunistas, quienes estaban alentando una alianza con los monárquicos, con los católicos y hasta con el moro Muza.[22]

Quien más quien menos, todo el mundo pensaba en pactos que facilitaran una «transición» —es voz muy socorrida en aquel momento— del franquismo a otro régimen, no necesariamente republicano, pero nadie se atrevía a reconocerlo abiertamente. Aunque no se supiera entonces, los contactos con representantes monárquicos a través de la ANFD no fueron los únicos en los que participó el socialismo español por aquellas fechas. A principios de enero de 1946, uno de sus dirigentes históricos, Francisco Largo Caballero, recibía en su domicilio de París a un enigmático emisario de don Juan de Borbón.

El regreso de Largo Caballero

El mal llamado Lenin español había pasado los dos últimos años de la Guerra Mundial en el campo de concentración de Oranienburg, a unos 35 kilómetros al norte de Berlín. No era de los peores campos nazis, pero fue una experiencia terrible, que le dejó con la salud muy maltrecha y su fe en la humanidad francamente malparada. Cuando se produjo la liberación del campo en abril de 1945, apenas unos días antes del fin de la guerra, Caballero tenía setenta y cinco años y llevaba más de medio siglo militando en las filas del socialismo español.

Durante los meses siguientes permaneció en Berlín, en el cuartel general ruso, como invitado de las autoridades soviéticas, que lo trataron a cuerpo de rey, pero sin permitirle cumplir su deseo de viajar lo antes posible a París, donde se encontraba una de sus hijas. Con el paso del tiempo cundió en él la sensación de que los rusos lo tenían retenido a la espera de llevárselo a Moscú con su consentimiento. No hubo forma de que accediera a ello, pese a que sus libertadores llegaron a enviarle a una muchacha rusa que hablaba español y que en las memorias de Caballero se transmuta en un oficial soviético de sexo masculino. Aquel episodio era demasiado escabroso y la gente podía sacar conclusiones equivocadas si se corría la voz de que los rusos le habían mandado a una joven y bella compatriota para convencerle de que aceptara viajar a la URSS. Al menos así lo pensaba el viejo y siempre pudoroso líder socialista, que solo le contó la verdad de lo ocurrido a un amigo de toda confianza. En todo caso, tanto empeño en llevárselo a Moscú solo podía responder a un propósito: los soviéticos querían utilizarlo como símbolo del papel liberador del Ejército Rojo en Europa y en modo alguno deseaban que el Lenin español eligiera vivir en el Occidente capitalista en vez de acogerse a la hospitalidad de la patria del socialismo. En alguna conversación posterior, él mismo reconoció haber vivido aquellos meses como un «verdadero secuestro», hasta el punto de urdir un plan de fuga al sector norteamericano que finalmente no tuvo que poner en práctica. Por fin, el 15 de septiembre de 1945 llegó a París en un avión soviético que trasladaba delegados y documentos a un congreso sindical que iba a celebrarse en la capital francesa.[23]

El anticomunismo de Largo Caballero, muy fuerte ya desde su salida del gobierno en mayo de 1937, recibió un nuevo impulso a raíz de aquella experiencia nada grata con los rusos. Conviene tenerlo en cuenta para entender su posición de aquellos meses —los últimos de su vida— ante el problema de España, sobre el que venía reflexionando desde que en mayo de 1945 había empezado a escribir sus Recuerdos en forma de «Cartas a un amigo», que hacían las veces de capítulos de sus memorias y le servían para dar a su testimonio un carácter más íntimo y coloquial. En una de las últimas «cartas», fechada en marzo de 1946, por tanto, unos días antes de morir, Caballero recordaba un mitin socialista celebrado en Madrid en vísperas de la proclamación de la república en el que se preguntó en voz alta cuál era su principal deseo para España. Una pregunta de tal importancia solo podía tener una respuesta rotunda, solemne, formulada como un conjuro o una letanía: «¡República! ¡República! ¡República!». Quince años después, «si me hicieran la misma pregunta contestaría: “¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!”. Luego que le ponga cada cual el nombre que quiera».[24]

En su aversión a los «llamados comunistas»[25] y en su rechazo a toda forma de dogmatismo coincidía con sus viejos camaradas Indalecio Prieto y Luis Araquistáin, su principal consejero en los años treinta. Con ellos mantuvo una intensa correspondencia que abarca los últimos meses de su vida y cubre los principales escenarios del exilio: México, Londres y París, lugares de residencia de Prieto, Araquistáin y Largo Caballero, respectivamente. Este trascendental epistolario sella la reconciliación entre las dos figuras —Caballero y Prieto— que protagonizaron el mayor enfrentamiento personal y político de la historia del socialismo español y muestra el pensamiento íntimo de sus autores en un momento crucial: cuando empieza a verse claro que la derrota del Eje no iba a provocar por sí misma el fin del franquismo y que los países aliados no estaban dispuestos a pagar cualquier precio por deshacerse de Franco. Su prioridad era otra.

Se lo dijo Araquistáin a Caballero en una de las primeras cartas que le escribió tras su liberación: «El mundo se va a dividir, se está dividiendo ya, en dos grandes bandos internacionales: el uno con Rusia y el otro frente a Rusia. Las posiciones intermedias o neutrales van a ser imposibles». Por eso pensaba que cualquier relación de la izquierda española con los comunistas supondría perder el apoyo occidental a la causa republicana. Más aún: antes que una situación de incertidumbre en España, Estados Unidos y Gran Bretaña preferirían un régimen como el de Franco, de cuyo anticomunismo no cabía dudar, o en su defecto una monarquía, por sus notorias afinidades con el mundo anglosajón. «Nuestro interés de españoles y de socialistas», concluye Araquistáin, «está fatalmente al lado de Inglaterra y los Estados Unidos». Solo le falta decir que las condiciones para formar parte de ese selecto club las pondrían ingleses y americanos.[26]

Caballero se mostrará algo más flexible en cuanto a las relaciones con los comunistas. «Yo no deseo ciertas colaboraciones», le dice a Araquistáin, pero tampoco cree que en una situación tan confusa y cambiante se pueda afirmar categóricamente que «nunca las aceptaremos».[27] Cabría preguntarse si este principio era aplicable también a aquellos sectores del bando vencedor en la Guerra Civil que parecían dispuestos a acabar con Franco. La cuestión no se plantea en su correspondencia con Araquistáin, pero sí en la que se cruzó con Indalecio Prieto, que seguía en México a la espera de acontecimientos. En una carta de principios de noviembre le informa un poco enigmáticamente de lo que se cuece en Europa. No tiene mucha fe en la ayuda que pueda venir del exterior; por el contrario, cree que un conjunto muy complejo de intereses y temores hacía muy difícil el restablecimiento de la república. A continuación, se refiere a informaciones diversas, más o menos dignas de crédito, que daban por muy factible una solución monárquica al problema español, tanto por lo que tiene de mal menor como por el ambiente favorable con el que cuenta el pretendiente en determinados círculos, lo que explicaría su repentino «celo democrático» y su determinación a no aceptar la corona de manos de Franco. Aunque supone a Prieto al corriente de todo ello —no lo parece, a juzgar por su respuesta—, le mantendrá informado de lo que se dice y se prepara.[28]

En su siguiente carta incluye un plan suyo de once puntos que las Naciones Unidas podrían impulsar para obligar a Franco a dejar el poder. El penúltimo consiste en la celebración de un «plebiscito para saber si el pueblo desea un régimen republicano o monárquico», tras el cual, y con independencia de su resultado, se convocarían elecciones a Cortes constituyentes. El plan se parece mucho al que venía defendiendo Prieto para escándalo de algunos, y no solo de los republicanos y los comunistas, que consideraban el plebiscito una renuncia tácita al restablecimiento de la república y en última instancia una vergonzosa claudicación. Recuérdese el titular de aquella edición especial de El Socialista dirigido a los camaradas del interior: «¡Ni referéndum, ni plebiscito! ¡Legalidad republicana!». Los dos principales pesos pesados del partido, Prieto y Caballero, podían darse por aludidos, aunque el periódico no los mencionara.

A finales de diciembre es Indalecio Prieto quien informa a su compañero de las negociaciones que han tenido lugar en México entre dirigentes republicanos del máximo nivel, como el presidente de las Cortes, Martínez Barrio, y un tal marqués de Castelló, «que se decía representante del infante Juan». Todo se vino abajo cuando, de repente, avanzadas ya las conversaciones, a los republicanos se les ocurrió pedir a su interlocutor garantías de que efectivamente ostentaba esa representación. El marqués se hizo el ofendido al ver que se dudaba de él y se negó a presentar otras credenciales que su propia palabra, sin duda porque carecía de ellas. Ahí terminó su fugaz protagonismo en esta historia, sintomático, pese a su irrelevancia, de la facilidad con la que cualquier personaje de tres al cuarto podía presentarse como emisario monárquico y ponerse a negociar con una izquierda ávida de soluciones, vinieran de donde vinieran.

Esa es la impresión que el propio Prieto le transmite a Caballero sobre las últimas declaraciones de José Giral en relación con el espinoso asunto del plebiscito. Como presidente del Gobierno republicano, no podía avalar una fórmula que ponía en suspenso la legalidad que él encarnaba, pero aceptaba que se celebrara bajo mandato de la ONU y trasladarse a España para hacer campaña a favor de la república. «La posición de Giral, como verás, es mucho más blanda que la exteriorizada en anteriores declaraciones públicas»,[29] le dice Prieto a Caballero, que en una carta algo posterior aporta nueva información sobre el asunto. Giral había hecho unas declaraciones a France Presse aceptando «una situación de transición» en España, que pasaría por tres fases: gobierno de generales; gobierno de «elementos moderados» —Lerroux, Maura y Gil-Robles—, tal vez con inclusión de algún que otro general, y regreso a España del gobierno republicano, que convocaría y presidiría unas elecciones. Si su resultado, añadía Giral, fuese favorable a la monarquía, «él se retiraría». Estas manifestaciones eran tan discordantes con su postura oficial, que no faltó quien las considerara apócrifas y las atribuyera a una campaña de intoxicación promovida por «los partidarios de soluciones que no sean la república».[30]

¿Cuáles eran esas supuestas «soluciones»? La respuesta la encontramos en una carta de Largo Caballero a Prieto fechada el 25 de enero de 1946: «No por información de prensa, sino de fuente muy segura, estoy enterado de lo que se prepara».[31] Según Caballero, «los generales» estaban dispuestos a echar a Franco o, tal vez de acuerdo con él, a facilitar una restauración monárquica sin intervención del dictador, pues don Juan se negaba a recibir la corona de sus manos. Una vez dado este paso, se formará un gobierno con elementos civiles «que haga concesiones a los socialistas», a los que, según le han llegado a asegurar, se les iban a ofrecer las carteras de Trabajo y Agricultura. Tal sería la intención del pretendiente y de sus consejeros, que iniciarían así una política de atracción del PSOE. Todo ello contaría con el beneplácito del gobierno británico, que desde el verano anterior presidía el laborista Clement Attlee.

Aunque en su carta reproduce algunos documentos, por lo demás bastante confusos, relacionados con la cuestión monárquica, esa «fuente muy segura» a la que aludía al principio era otra. Ni más ni menos que él mismo. Unos días antes de escribir a Prieto, Caballero había recibido en su casa de París a un supuesto agente de don Juan llamado Hipólito Finat, marqués de Carvajal. La entrevista fue concertada a través de Amado Granell, republicano español, próximo al PSOE y miembro del Ejército Francés de Liberación, que acompañó a Finat a casa de Caballero. También estuvo presente el socialista José María Aguirre, autor de uno de los dos informes redactados con motivo de aquel encuentro, celebrado tras un par de intentos fallidos. El otro informe es obra del marqués de Carvajal y data, como el de Aguirre, de septiembre de 1946. Rompían así, ocho meses después de la reunión, el compromiso que se habían impuesto los asistentes —Caballero, Aguirre, Carvajal y Granell— de guardar secreto sobre lo tratado aquel día de enero de 1946.[32]

La conversación duró en torno a una hora. El emisario monárquico empezó por expresarle al dirigente socialista la admiración que, como exiliado y como español, sentía hacia él como hombre de Estado. Una vez roto el hielo, Carvajal entró en materia. Ante el difícil momento histórico que estaba viviendo España, él era partidario de una restauración de la monarquía como la que, según sus informaciones, estaba a punto de producirse mediante «un golpe de Estado preparado y perpetrado por las principales figuras del Ejército». Don Juan, que se negaba a recibir la corona de Franco, la aceptaría en cambio en esas condiciones para instaurar una monarquía parlamentaria similar a la británica. Ahora bien, para que el nuevo régimen llegara a consolidarse necesitaba un amplio apoyo social que solo podía proceder del socialismo. Esta era la gestión que, según Carvajal, se le había encomendado ante el líder más veterano de la clase obrera española: saber cuál sería la actitud de los socialistas ante un cambio político de esta naturaleza.

La respuesta de Caballero, según el informe de Aguirre, fue cauta y receptiva al mismo tiempo. Una monarquía parlamentaria, aunque se instaurara mediante un golpe militar, representaba para él un mal menor comparada con el régimen de Franco. Señaló la imposibilidad del pueblo español de expresarse libremente ante semejante disyuntiva, salvo la «hostilidad moral» que, al menos a él, le produciría el hecho consumado de la restauración. Pero su respuesta fue más allá. Por eso, la parte más trascendental de su declaración la formuló en tercera persona, para dar mayor solemnidad a sus palabras: «Yo le digo a usted que Francisco Largo Caballero, que conspiró contra la monarquía de D. Alfonso XIII y que sin cuya presencia en el Comité Revolucionario de 1930 no se hubiese instaurado la república (...), si hay en nuestro país una monarquía que promete la libertad a la clase obrera y que, efectivamente, se la da, no volverá a conspirar para traer una república».[33] Esa era su postura, pero no podía responder de la de sus compañeros si la cuestión se planteaba abiertamente, porque le constaba la discordancia que existía entre su propio planteamiento, relativamente flexible, y la intransigencia de amplios sectores del PSOE y la UGT en cuanto a la forma de gobierno. La marginación que, según él, sufría en el partido le impedía por tanto dar una respuesta categórica a la consulta de Carvajal, que unos días después debía trasladarse a Lausana, en compañía de Granell, para dar cuenta a don Juan del resultado de su gestión.

El relato de Carvajal, escrito en francés, coincide solo en parte con el de Aguirre. Algunas diferencias son importantes, por ejemplo, cuando asegura que la entrevista se produjo a instancias de Largo Caballero, y no al revés, como dice Aguirre. En este punto, el informe del emisario monárquico resulta bastante inverosímil, porque cuesta mucho imaginar al dirigente socialista urdiendo una reunión secreta en su casa para tratar de la restauración de la monarquía con un personaje tan alejado de su círculo político y personal. Algo más creíble parece una afirmación que Carvajal pone en boca de Caballero al principio de la conversación: que tras muchos años relacionándose con políticos monárquicos y republicanos había llegado a la conclusión de que los primeros tenían más categoría intelectual y humana que los segundos. La comparación suena muy suya, no tanto por simpatía hacia los monárquicos como por su pésima opinión de los republicanos. Esos prejuicios, tan arraigados en él, y quién sabe si una cierta nostalgia de los tiempos de la Restauración explicarían que el viejo socialista madrileño se mostrara cordial con aquel presunto correveidile de don Juan y tal vez prestara oídos a sus palabras. Así lo indica el balance en clave que unos días después le hizo a Prieto de esta misteriosa conversación.

Había motivos para que sus protagonistas se sintieran optimistas sobre el resultado de aquel primer contacto entre un dirigente histórico del socialismo español y un representante de las fuerzas monárquicas que trataban de derrocar a Franco. Y, sin embargo, apenas dos meses después Granell informaba a Carvajal de que «la solución monárquica había quedado aplazada». Cabría pensar que la enfermedad de Largo Caballero y muy pronto su fallecimiento habían dado al traste con lo conseguido en aquella ocasión. Pero el problema de fondo era la escasa, por no decir nula, representatividad política de los dos personajes que se presentaron en casa de Caballero aquella mañana de enero de 1946: Amado Granell y sobre todo el marqués de Carvajal. Que Granell era un hombre de izquierdas, con una brillante hoja de servicios en la 9.ª compañía de la División Leclerc —la célebre «Nueve»—, parece fuera de toda duda, aunque sus andanzas y negocios particulares con Carvajal, con quien montó poco después la agencia de noticias Febus, llevan a pensar que sus motivaciones no eran del todo claras. En cuanto al marqués, su relevancia política en el campo monárquico distaba mucho de ser la que él pretendía, empezando por su vinculación al republicanismo liberal en los años treinta y por su confuso papel en los preparativos de la sublevación del 18 de julio. Esto último casi sería lo de menos, porque, al cabo, los contactos entre monárquicos y socialistas tendrán siempre como protagonistas a personas que en la Guerra Civil militaron en bandos opuestos. Lo peor es la fama que dejó de personaje sin ninguna solvencia política, más bien proclive a la aventura y la intriga.

Prueba de ello es el fantasioso relato que escribió Carvajal sobre su doble encuentro con don Juan de Borbón, a punto de trasladar su residencia a Portugal. Según su versión de los hechos, en la primera entrevista, todavía en Lausana, el pretendiente se mostró impaciente por cerrar el trato con los socialistas, pero abrigaba algunas dudas sobre la capacidad de Caballero para imponer a su partido su criterio favorable al acuerdo. Aguirre, que viajaba con Carvajal, le dio garantías de ello. Poco después se celebró una segunda entrevista, ya en Estoril, más o menos en los mismos términos que la anterior, y a continuación una reunión con los principales consejeros de don Juan: Sainz Rodríguez, Gil-Robles y Vegas Latapié. A Carvajal le acompañaba Granell, que hacía las veces de portavoz socialista. Al decir del marqués, las dos partes llegaron a un completo acuerdo. Granell se comprometía a que el PSOE presentara una nota en la embajada británica en Madrid favorable a la restauración de la monarquía. Por su parte, Sainz Rodríguez, siguiendo instrucciones de don Juan, habría pedido al emisario de Largo Caballero los nombres de tres personalidades que pudieran figurar en representación del PSOE en un futuro gobierno monárquico. Concluida con éxito su gestión en Portugal, Granell regresaba a París.

Poco después, hacia finales de marzo de 1946, Carvajal recibía un telegrama en francés firmado por su compañero de fatigas anunciándole la muerte de Largo Caballero y el retraso que, debido a ello, iba a sufrir el affaire. No obstante, le transmitía su excellente impression sobre la marcha del asunto y le informaba de la próxima llegada de «Inda», es decir, Prieto, a París.[34] Es curioso que el episodio protagonizado por Granell y Carvajal termine con esta mención a quien dos años después acabaría firmando el Pacto de San Juan de Luz entre monárquicos y socialistas, como si detrás de tanta invención y tanto delirio de grandeza hubiera un fondo de verdad y estos dos personajes insignificantes intuyeran y en cierta forma anticiparan aquello que tarde o temprano habría de producirse. Puede que ya entonces estuviera claro, al menos para ellos, que (algunos) socialistas y (unos pocos) monárquicos estaban condenados a entenderse.

Su clarividencia, sin embargo, no cambia la sensación más bien penosa que producen los testimonios de quienes les trataron aquellos primeros meses de 1946 en sus correrías por Francia y Portugal, en momentos de gran actividad política nacional e internacional. El 2 de febrero, don Juan llegaba a Lisboa, vía Londres, para establecer en Estoril su nueva residencia. En esta localidad firmó el 28 del mismo mes las llamadas Bases de Estoril, un documento que definía los fundamentos institucionales de una futura monarquía restaurada y contenía algunas concesiones al tradicionalismo que lo alejaban un tanto del espíritu liberal del Manifiesto de Lausana. Unos días después, los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia hacían pública su nota tripartita exigiendo la retirada de Franco, la disolución de Falange y el establecimiento de un gobierno provisional que les diera a los españoles la oportunidad de expresar libremente su voluntad. Al día siguiente, 5 de marzo, Churchill llamaba a la unidad de los aliados occidentales para hacer frente al expansionismo soviético en una histórica conferencia pronunciada en Fulton, Misuri. En presencia del presidente Truman, promotor del acto, el exprimer ministro británico definió la nueva división de Europa con una expresión que haría fortuna: «De Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático, un telón de acero ha caído sobre el continente». Los aliados pensaban en el futuro de España con los ojos puestos en el centro y el este de Europa. En el otoño de aquel año, la embajada española en París transmitía ya al gobierno de Franco informes tranquilizadores sobre la actitud de Estados Unidos y el Reino Unido e incluso sobre la desidia de la ONU en el contencioso español, destinado, según el embajador, a quedarse estancado en el Consejo de Seguridad y acabar a lo sumo en una condena moral.[35] Una cosa eran las declaraciones públicas, más o menos altisonantes, y otra las corrientes de fondo que empezaban a adivinarse en la política internacional.

De momento, en marzo de 1946, cuando Carvajal y Granell llegaron a Estoril, estaba muy reciente todavía la nota tripartita, motivo de todo tipo de rumores y comentarios en el entorno de don Juan. Por el contexto en que se produjo su aparición en Estoril y por su escasa relevancia personal y política, resulta impensable que fueran recibidos por el pretendiente, dijeran lo que dijeran después. Granell era un desconocido procedente del campo enemigo y el marqués de Carvajal un personaje de sinuosa trayectoria que iba sembrando la confusión allí por donde iba. Gil-Robles le cita una sola vez en su diario de aquellos años, lo que da la medida de su importancia en los círculos monárquicos. Carvajal, escribe Gil-Robles el 4 de marzo, era «uno de esos tipos... (sic) que se mueven con desembarazo en todos los medios».[36] Pedro Sainz Rodríguez, por su parte, apunta simplemente su presencia en la reunión de más de tres horas celebrada en su casa de Estoril el 4 de marzo de 1946, el mismo día en que se conoció la nota tripartita contra Franco. Todo el protagonismo de aquel encuentro correspondió a Amado Granell, al que don Pedro califica de «curioso personaje», «antiguo secretario de Largo Caballero y representante de los socialistas españoles exiliados en territorio francés».[37] Con él sucede lo mismo que con Carvajal en su visita a Caballero en París: que se arroga una representatividad que en realidad no tenía, aunque la otra parte tienda a darla por buena. Prueba de ello es el comentario que el secretario general del PSOE, Rodolfo Llopis, le dedica en una carta a Araquistáin: «Con decirle que se presentó en Lisboa y habló con D. Juan y sus consejeros diciendo que llevaba la representación de Trifón y mía ya está dicho todo».[38] La referencia a Trifón Gómez tiene su importancia, porque lo que se puso en juego en aquella reunión afectaba tanto al PSOE como a la UGT. Lo cierto es que los monárquicos creyeron negociar con un socialista que había recibido plenos poderes de su organización.

Sobre aquel encuentro en Estoril nos quedan los testimonios de tres de los asistentes: el ya comentado de Carvajal; el de José María Gil-Robles, que ese mismo día dejó constancia en su diario de lo tratado, y el del anfitrión, Pedro Sainz Rodríguez, que escribió sobre el asunto muchos años después basándose en parte en el relato de Gil-Robles. Según este último, Granell les expresó la plena disposición de los socialistas y, en general, de los exiliados, salvo los comunistas, a llegar a un acuerdo que permitiera su regreso a España y disfrutar de unas mínimas libertades que irían aumentando con el tiempo. No pedían participar en el gobierno ni, de momento, convocatoria de unas elecciones democráticas. Escarmentados como estaban con lo ocurrido en los años treinta, rechazaban todo lo que fuera revolución o república. Él mismo le oyó decir a Largo Caballero una semana antes, ingresado ya en una clínica para tratarse de una grave dolencia, que su único propósito era «evitar en España una nueva contienda civil y el triunfo de los comunistas».

Ese era el espíritu que animaba a los socialistas españoles, y de ahí su disposición a aceptar la monarquía y a contribuir a su consolidación. Se le hizo ver que el PSOE del interior podía tener otras miras, pero Granell aseguró que daría las instrucciones pertinentes para que dentro de España se cumpliera lo pactado por la organización en el exilio. Se mostró comprensivo con la reciente aproximación entre don Juan y los tradicionalistas y conforme incluso en facilitar una salida honorable al general Franco. La conclusión de Gil-Robles sobre los puntos de vista expresados por Granell era que, aun sin darles «pleno crédito», respondían a un planteamiento tan racional que merecían como mínimo un margen de confianza.[39] Sainz Rodríguez añade, por su parte, que Vegas Latapié y él mismo negociaron con Granell un acuerdo por el que la UGT aceptaba la monarquía y se comprometía a respetar la religión católica sin pedir mucho a cambio.[40] La muerte unos días después de Largo Caballero, que pasaba, a los ojos de los juanistas, por inspirador directo de la gestión de Granell, impediría, según Sainz Rodríguez, que el acuerdo llegara a buen término, porque la posterior intervención de Indalecio Prieto obligaba a empezar la negociación casi de cero y porque su posición era mucho más cerrada que la del supuesto tándem Granell-Caballero, por ejemplo, en la cuestión del plebiscito. No hace falta decir que, en contra de lo que afirma el marqués de Carvajal, ni Gil-Robles ni Sainz Rodríguez aluden a la posibilidad de que los socialistas hubieran sido invitados a formar parte, ¡con tres ministros!, del primer gobierno que se formara bajo la monarquía.

Todo aquello dejó un cierto rastro en cartas y documentos de las dos partes. Rodolfo Llopis, que puso el grito en el cielo cuando se enteró de las andanzas de Granell por Estoril, se quejó amargamente del papel desempeñado por Largo Caballero, al que atribuía haber tomado un protagonismo que no le correspondía y en última instancia haberse dejado engañar por los monárquicos. La dirección del partido, le dirá Llopis a Araquistáin, no tuvo más remedio que desautorizar, sin citar a Caballero, cualquier maniobra encaminada a la restauración de la monarquía. Los socialistas «la soportaríamos» si finalmente se producía, pero tratarían por todos los medios de impedir el triunfo de la operación.[41]

El episodio de Estoril aparece recogido también en un documento elaborado en 1950, al parecer, por Jesús Pabón, antiguo diputado de la CEDA y uno de los más estrechos colaboradores de don Juan. Esta Cronología de la negociación con las izquierdas abarca los años 1946-1950 y empieza —erróneamente— con una visita a Lisboa de un sindicalista del interior llamado Francisco Santamaría, realizada según este documento en la primavera de 1946 —en realidad, tuvo lugar en el otoño—; posteriormente, se incorporó Juan José Luque, representante de la ANFD y también anarquista, y se elaboró un dosier que fue filtrado a la policía española, sin que por fortuna llegara a trascender. A continuación —punto 2 del informe, aunque cronológicamente debería figurar en primer lugar—, se produjo la entrevista con Granell, «tipo aventurero, secretario de Largo, entonces muy enfermo». «No se le tomó muy en serio», leemos en la Cronología escrita cuatro años después. La visita —se dice— no tuvo ninguna consecuencia.[42] Del relato de Gil-Robles se deduce que se lo tomaron más en serio de lo que Pabón recordaba en 1950. Que no tuvo consecuencias es indudable, pero hay que reconocer que, pese al carácter intrigante y fantasioso de Granell y Carvajal, aquellas conversaciones en París con Caballero y en Estoril con los consejeros de don Juan marcaron un primer hito en la larga historia de las negociaciones entre monárquicos y socialistas.

Enfrentados en la Guerra Civil, las circunstancias de la posguerra les obligaban a hacer de la necesidad virtud. Acabar con Franco, convertido en el enemigo común, requería superar su antagonismo histórico y poner las bases para una convivencia pacífica y duradera. Pero no iba a ser fácil. Un Informe acerca de la monarquía y las izquierdas redactado también por Pabón en abril de 1946 reconocía abiertamente que «el problema de la relación entre la causa monárquica (...) y la izquierda política española es el más difícil y peligroso de cuantos puedan sernos planteados». Es cierto —añadía— que, frente a sus anteriores excesos, las izquierdas han empezado a ver en «el rey» su posible tabla de salvación. Esto facilita sin duda las cosas. El autor recomienda por ello que se entablen conversaciones tanto en el exilio como en el interior; en este caso, por medio del general Kindelán. La exigencia de un plebiscito no le parece un escollo insalvable, porque se puede plantear como un referéndum no sobre la monarquía, sino sobre la futura «Ley Fundamental del Reino». El problema de fondo, sin embargo, «la realidad innegable», es que «en la medida en que se conozca la aproximación de la izquierda, el régimen de Franco irá logrando, sin pararse en escrúpulos, arrebatarnos la derecha».[43] Este era el gran reto que se le planteaba al monarquismo antifranquista: ganar el apoyo de sus enemigos tradicionales, necesario para garantizar una monarquía estable, sin perder por ello el respaldo de los suyos.

¿Cómo convencer a los monárquicos del interior de que Franco había usurpado un poder que no era suyo? La sensación de que la mayoría de ellos se sentía más cerca de El Pardo que de Estoril puede explicar el sombrío panorama que don Juan le describe al conde de Fontanar en abril de 1946: «Desgraciadamente (y aquí te hablo de manera estrictamente confidencial), veo el horizonte muy negro para la monarquía y el mundo en general».[44]

Prieto toma el mando

La muerte de Largo Caballero en París el 23 de marzo de 1946 consagró a Indalecio Prieto como la principal figura del socialismo español de la posguerra. Su autoridad y su carisma eran indiscutibles, pero carecía de verdadero poder ejecutivo, y quienes lo tenían, aunque fuera el poder bastante ilusorio de las organizaciones del exilio, miraban con lógica desconfianza la tendencia de Prieto a ir por libre. «Actuaba como un aerolito por todos los espacios políticos», llegó a decir de él, recordando los viejos tiempos, Francisco Largo Caballero.[45] Era su forma de ser, y ahora ya no tenía a Caballero delante para pararle los pies. No cabe duda de que para el presidente del Gobierno republicano, José Giral, y para el secretario general del PSOE, Rodolfo Llopis, cualquier iniciativa o declaración de Prieto podía convertirse en un quebradero de cabeza. Y don Inda no era un hombre que se mordiera la lengua: «La política es arte de realidades, no de ensueño», escribió en su periódico mexicano en agosto de 1946; «y la realidad nos dice [que] la república no existe».[46]

Ni siquiera su lejanía de Toulouse, donde había instalado el socialismo español sus cuarteles de invierno, evitaba una cierta, y en general justificada, manía persecutoria en la dirección del PSOE. La distancia y su delicada salud le impidieron asistir al II Congreso del partido en el exilio, pero ello no fue óbice para que sus correligionarios conocieran su posición política por boca de uno de sus hombres de confianza, Manuel Albar. Aun declarando su lealtad sin «reservas de ninguna clase» a la república, el partido no podía «estar ligado con carácter indisoluble a ningún gobierno».[47] La sibilina propuesta de Albar-Prieto suponía pasar del integrismo republicano de Llopis y compañía a una especie de republicanismo platónico presto a inmolarse en aras de un bien superior. Con jugadas como esta, Prieto conseguía ganarle terreno, poco a poco, a la dirección del partido en una eficaz lucha de guerrillas, más que en una batalla campal que probablemente habría perdido. Que Llopis no pudiera hacer frente a su estrategia de desgaste no significa que no se diera cuenta. «Le aseguro a usted, don Fernando, que ya estamos todos hartos », le dijo a De los Ríos en una carta fechada en enero de 1947: «Así no hay quien dirija un partido ni hay posibilidad de que haya partido».[48]

Contra el gobierno del republicano Giral, Prieto se podía permitir ser más explícito, porque en este caso no se sentía coartado por la disciplina orgánica ni por los vínculos políticos y sentimentales que le unían al PSOE. Si la incorporación de un ministro comunista, y en concreto de Santiago Carrillo, ya le había parecido una ofensa a los socialistas,[49] el paso del tiempo confirmó, según él, la inoperancia de aquel engendro, mezcla de ambición y vanidad, que la propaganda republicana denominó «el gobierno de la esperanza». En noviembre de 1946, quince meses después de su constitución, el balance no podía ser más desolador. Así lo declaró en un discurso pronunciado en México, en un ambiente propicio, ante la asamblea de la Agrupación Socialista Española: «Los frutos son nulos, no solo nulos, sino contraproducentes». A continuación enumeró los notorios fracasos del gobierno en el orden internacional, donde había cosechado la indiferencia, cuando no la hostilidad, de las potencias occidentales y a cambio solo había obtenido un reconocimiento de la URSS y de sus países satélites que a la España republicana le hacía más daño que otra cosa, porque la aislaba aún más de su entorno. ¿Se había parado el gobierno Giral a escuchar la voz de la clandestinidad, de esos «hombres sin nombre» que Prieto, en un momento especialmente emotivo, citaba al principio de su discurso? Pues bien, frente a la intransigencia del gobierno Giral, Prieto proponía que se prestara atención al anhelo, libre de dogmatismos, de la gente del interior organizada en la ANFD, no tan distinto del suyo propio de celebrar un plebiscito que resolviera de forma incruenta y democrática el problema español. «La actitud de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas», remachaba el orador, «parece ir encaminada a una solución de este tipo».[50]

Es difícil saber hasta qué punto la solución plebiscitaria sobre la forma de gobierno se concebía como una cláusula de conciencia para salvar viejos principios políticos, como un atajo hacia la república o como una argucia para renunciar a ella. Ya se ha visto que, según Pedro Sainz Rodríguez, Prieto se aferraba a la idea del plebiscito más que otros dirigentes socialistas, como el presidente de la UGT, Trifón Gómez, más flexibles en esta cuestión fundamental. En su opinión, en Prieto pesaban mucho su proximidad al republicanismo de izquierdas y su antigua sintonía personal con Azaña, señalada asimismo —y criticada— por Largo Caballero en sus memorias. Pero el propio Sainz Rodríguez se hace eco también, un poco en contradicción con lo anterior, de la aspiración de Prieto a convertirse algún día en un nuevo Castelar,[51] el expresidente de la Primera República que se declaró partidario de aceptar el régimen de la Restauración y que hizo del posibilismo la opción política de sus últimos años de vida. ¿Sería cierto que el principal dirigente histórico del socialismo en el exilio pretendía ser el Castelar de una segunda Restauración?

Cualesquiera que fueran sus intenciones, los acontecimientos empujaban en una dirección parecida. No tanto hacia un posibilismo castelariano, reducido a un papel testimonial en la monarquía canovista, como hacia un escenario en el que el PSOE pudiera ser la izquierda dinástica y Prieto, acaso, el nuevo Sagasta. En 1946 eso aún quedaba muy lejos, incluso como hipótesis, pero en las conversaciones entre monárquicos antifranquistas y socialistas de dentro y de fuera de España surgiría sin duda la pregunta sobre el papel del socialismo en una monarquía restaurada y sobre su aceptación de una especie de libertad condicional, renunciando a una buena parte de su programa, como toda recompensa por su neutralidad ante la forma de gobierno. Si nos atenemos a sus declaraciones, los socialistas no estaban dispuestos a caer tan bajo. El plebiscito marcaba, al menos para Prieto, el suelo infranqueable de sus exigencias, la línea roja que delimitaba su disposición a ceder ante la parte monárquica en una negociación sobre el presente y el futuro de España. Pero la firmeza de Prieto en esta cuestión casa mal con su vocación castelariana, apuntada también por Sainz Rodríguez, y con sus sentimientos más íntimos, expresados a finales de 1946 en una carta que le remite a Fernando de los Ríos desde México: «Hago votos por que 1947 nos permita volver a España. Me aterra, querido Fernando, el tener que dejar aquí mis huesos».[52] Esto era lo único irrenunciable: poder morir en España. Lo del plebiscito, ya se vería.

Los contactos entre monárquicos y socialistas prosiguieron tras la muerte de Caballero y el chusco episodio protagonizado por Granell y Carvajal en Estoril a principios de marzo de 1946. En una entrevista celebrada en Madrid durante aquellos días, el embajador británico en España, Victor Mallet, le preguntó al conde de Fontanar por la actitud de los socialistas ante una posible restauración y por la presencia de las Trade Unions (sic) en unas futuras Cortes corporativas. Sin decirlo abiertamente, el embajador parecía partidario de su incorporación a esas Cortes al recalcar que la UGT y sus amigos estaban «totalmente arrepentidos» de sus relaciones con los comunistas. No estaba claro si Mallet preguntaba o sugería, así que, en la duda, Fontanar prefirió eludir un tema «tan resbaladizo y peligroso» y no le dijo más que «cosas vagas» sobre el particular, según el informe de la entrevista que redactó para don Juan.[53] Pero era un secreto a voces que Estados Unidos y el Reino Unido apoyaban un acuerdo de ese tipo. Tanto es así que desde la embajada española en París se informó al Ministerio de Asuntos Exteriores del interés de estos dos países en separar a los socialistas del resto de la emigración republicana y empujarles a un acuerdo con los monárquicos, en el que podrían entrar también algunos generales afectos al régimen.[54]

La cuestión aparece con cierta frecuencia en la correspondencia cruzada entre dirigentes juanistas. «Se impone una activísima labor en pro de que los socialistas entren definitivamente en el ámbito monárquico», le dice en mayo de 1946 un juanista barcelonés, Antonio María Muntañola, al conde de Fontanar.[55] El interés por el tema se refleja también en el orden del día de las reuniones celebradas por el Consejo de Acción Monárquica, por ejemplo, un 2 de octubre, probablemente de 1946: «Punto 6: conversaciones posibles con las izquierdas». Todo se hace con la máxima cautela y dejando siempre al pretendiente al margen de «cuanto se haga o deje de hacer», porque, como le dice Fontanar a don Juan en relación con estos contactos, «se trata de un auténtico explosivo (...) propenso a pegar un reventón cuyas consecuencias no pueden estimarse a priori».[56] Esa es la impresión general que producen los testimonios de unos y otros: que todos se andaban con pies de plomo, temerosos de que cualquier indiscreción lo echara todo por la borda, desde posibles acuerdos hasta la seguridad y el buen nombre de las personas implicadas. Si acaso, se diría que las precauciones, los escrúpulos y en cierta forma la mala conciencia entre los monárquicos eran aún mayores que entre la izquierda.

Del papel intervencionista del embajador británico, patente en su conversación con Fontanar, tuvieron sobradas pruebas aquellos socialistas del interior que trataron con él. «O monarquía o tienen ustedes Franco para rato»:[57] así de claro fue el dilema que les planteó Mallet en alguna ocasión, en sintonía con la política de su gobierno en la cuestión española. Los ingleses estaban dispuestos a ayudar, pero ponían sus condiciones y en todo caso se reservaban ejercer un sutil derecho de veto ante ciertas ocurrencias del exilio republicano, propenso a verse a sí mismo como un estado soberano que toma libremente sus decisiones. En la clandestinidad las cosas se veían de otra forma, y de ahí la crítica del interior a la aproximación a los comunistas, que en una carta a la dirección del partido en Toulouse se calificaba de «inoportuna e impolítica».[58] El embajador británico no podía estar más de acuerdo.

Tampoco faltaban los socialistas de la emigración capaces de pensar por su cuenta y abordar el problema con el necesario realismo. En la segunda mitad de los cuarenta, la opción más pragmática estaba representada por el eje Araquistáin-Prieto, el primero en Londres, con acceso al gobierno laborista y una visión panorámica de la situación internacional, y el segundo en México, víctima de su mala salud y de cierta sensación de aislamiento y a veces de impotencia. Vivir para ver: Luis Araquistáin, que en los años treinta había llevado hasta el paroxismo el odio caballerista a Prieto —«¡hay que matarlo!», llegó a gritar en una reunión del partido—,[59] se convertirá en su principal aliado en todas las iniciativas dirigidas a encontrar el camino de vuelta a España. Un camino que, en opinión de Araquistáin, pasaba necesariamente por Londres.

No es que su colaboración con Prieto fuera en detrimento de sus obligaciones con el partido y con su secretario general, Rodolfo Llopis, que tanto valoraba su ayuda. Cada vez que desde Toulouse se le pidió una gestión o un informe cumplió con toda lealtad. Pero del tono y del contenido de sus respuestas se deduce fácilmente la poca fe con la que desempeñaba los encargos oficiales, basados por lo general en planteamientos, a su juicio, poco realistas y condicionados por decisiones políticas, como la participación comunista en el gobierno republicano, que limitaban enormemente las posibilidades de éxito de cualquier propuesta. Esa es la conclusión a la que llegó a principios de enero de 1947 tras entrevistarse con varios altos cargos del Foreign Office: que desde Londres se veía al gobierno Giral muy mediatizado por el todopoderoso Partido Comunista Francés y por sus lazos con el bloque soviético. Desde ese punto de vista, la dictadura española no podía tener mejor aliado, porque un gobierno republicano con semejantes valedores alimentaba el temor a que una España sin Franco y con ministros comunistas representara una amenaza a la seguridad occidental.[60] Para el Foreign Office, la solución al problema español requería la previa desaparición del gabinete presidido por Giral, que es lo mismo que pensaba el propio Araquistáin: que aquel gobierno era un peligro para España.[61]

Sus diferencias con la línea oficial se agrandaron cuando en febrero de 1947 cayó finalmente Giral y su sucesor, Rodolfo Llopis, decidió mantener a un representante del PCE en su equipo. «Oportunamente manifesté mi total disentimiento», recordará Araquistáin, nada más enterarse de la noticia, en un telegrama remitido al grupo parlamentario socialista, al que le anunciaba para el día siguiente un largo informe —verdaderamente incendiario— sobre la situación.[62] Llopis, que le escribió enseguida implorando su comprensión, le pedirá que realice nuevas gestiones ante el gobierno británico, pues «es ahí, en Londres, donde hay que concentrar los tiros».[63] Eso mismo pensaba él, pero mientras la izquierda española y su propio partido no cambiaran de actitud, cualquier intento de mejorar las cosas se le antojaba inútil.

Por lo pronto, Llopis le pidió que le consiguiera una entrevista con el secretario del Foreign Office, Ernest Bevin, para explicarle personalmente el problema de España y el sentido de su gobierno y de su política. Puede que Llopis viera en un laborista como Bevin, de orígenes humildes, autodidacta y estrechamente vinculado a las Trade Unions, un aliado natural de los socialistas españoles. Pero el ministro era un político pragmático, próximo al ala derecha de su partido y conocido por sus posiciones anticomunistas. Por encima de todo, quería evitar que una presión excesiva sobre Franco perjudicara a los intereses económicos del Reino Unido en España.[64] Araquistáin sabía que la empresa no iba a ser fácil. Recurrió a sus contactos en el Foreign Office, habló con unos y otros y al final se encontró con lo que se temía: o el ministro no quería recibir a su correligionario español o nadie de su equipo estaba dispuesto a facilitar el encuentro. Más bien lo primero, porque consta por otras fuentes el interés de Bevin por España. Simplemente, no reconocía en Llopis a un interlocutor válido. Más que un fracaso de Araquistáin al cumplir el encargo, es que le habían mandado a una misión imposible. «No he conseguido nada ni lo conseguiré. Ni yo ni nadie», le dirá al informarle de lo ocurrido. Al menos podía permitirse el gusto de recordarle su vieja cantinela de que «ningún gobierno republicano español en el exilio en el que participen los comunistas» tenía nada que hacer en Londres.[65] Lo que no dice —aunque probablemente lo pensara— es que con echarles del gobierno tampoco bastaría.

La fórmula más grata al Foreign Office habría sido un trueque muy difícil de aceptar por el PSOE, al menos por la dirección del partido: los comunistas fuera y los monárquicos dentro. ¿Estaba Prieto dispuesto a trabajar por esa combinación? Como mínimo, parecía decidido a explorarla, a tenor de lo que le escribió a Araquistáin en agosto de 1947: «Se imponen, con carácter apremiante, gestiones con los monárquicos, en especial con Gil-Robles».[66] Para el antiguo caballerista, la vía Prieto tenía algo más de margen que la operación que venía intentando Llopis desde la jefatura de un gobierno fantasma con un ministro comunista. Sin prejuicios, sin ataduras orgánicas, sin metas inalcanzables, tal vez se podía avanzar hacia una solución mínimamente satisfactoria, aceptando las renuncias que hubiera que hacer. De todas formas, Araquistáin estaba lejos de compartir la «ilusión superoptimista» que, según él, llegó a mostrar Prieto durante aquellos meses,[67] porque en su visión de la situación política pesaba poderosamente el fatalismo que le acompañaba en los últimos años, desde la muerte de su mujer en 1942 y el suicidio de su hija tres años después.

Y, sin embargo, había razones para un cierto optimismo. Desde que en julio dejara México para acudir a la asamblea de delegados que habría de celebrarse en Francia, Prieto venía trabajándose al partido para impulsar un cambio de política que le permitiera tener, si no manos libres, al menos una cierta libertad de acción respaldada por sus compañeros. Naturalmente, todo lo que él ganara sería a costa de la autoridad, ya muy maltrecha, de Rodolfo Llopis, al que parece señalar en varios momentos de su discurso en la asamblea de delegados, como cuando recordó que las potencias occidentales rechazarían cualquier régimen sospechoso de connivencia con los comunistas. Este argumento, archisabido, llevaba implícita la cuestión de posibles contactos con otros sectores políticos, no necesariamente afines. ¿Quiénes? Eso estaba por ver, pero como el ambiente no era nada propicio a ciertas operaciones, Prieto prefirió curarse en salud ante la posible suspicacia de sus compañeros: «Todo lo que sea dar mazazos a los monárquicos», les dijo, «tendrá mi cooperación».[68] De momento, la asamblea aprobó unas Normas de actuación que ratificaban el compromiso republicano del partido y eligió una comisión de cuatro miembros, uno de ellos Prieto, encargada de desarrollar la nueva línea política. Su objetivo prioritario debía ser el cumplimiento de la resolución sobre España aprobada por las Naciones Unidas en diciembre de 1946: el establecimiento de un gobierno acorde con la voluntad popular.

Para conseguirlo, los socialistas se comprometían a «cimentar una convivencia que sustituya al exterminio», según el manifiesto que la comisión de los cuatro dirigió a las organizaciones antifranquistas. En palabras de la comisión, llegarían incluso a sacrificar, «con gran dolor, el derecho a la legitimidad indiscutible de las instituciones republicanas», siempre y cuando «los de enfrente» hicieran lo propio con las legitimidades que pretendían representar. Por si el mensaje no estaba suficientemente claro, la comisión daba un paso más al mostrarse dispuesta a hablar «con quienes quieran escucharnos» y a oír «a quienes nos quieran hablar». Como dice Santos Juliá, los únicos que cumplían la doble condición de estar enfrente y ser potenciales interlocutores de los socialistas eran los monárquicos.[69] La hábil maniobra de Prieto había llevado al PSOE a pasar, casi sin darse cuenta, de reafirmar su republicanismo a convertirlo en moneda de cambio en una posible negociación con «los de enfrente».

A partir de agosto, sus declaraciones públicas y privadas apuntan claramente en esa dirección. Si en su carta del día 8 a Luis Araquistáin reconocía la necesidad «apremiante» de negociar con los monárquicos, una semana después el órgano prietista Adelante salía en defensa de los acuerdos adoptados por la comisión de los cuatro y criticaba la estrechez de miras de las «vestales de la legitimidad republicana».[70] En septiembre, el propio Prieto lamentaba, en un discurso pronunciado en París, la «pudibundez exagerada respecto a tratos con los monárquicos» que percibía en el campo republicano, cuando una posible alianza con ellos —desde luego, «temporal, momentánea»— no supondría otra cosa que «juntarse para derribar a Franco» y cumplir el mandato de las Naciones Unidas sobre la formación de un gobierno de amplio espectro que convocara elecciones libres en España.[71]

En la tarde del 28 de septiembre, tras las pertinentes gestiones de Araquistáin, Prieto se reunía finalmente con Bevin en el Foreign Office, un encuentro largamente perseguido por otros representantes del exilio español que el veterano dirigente socialista podía interpretar como un gran éxito personal. La entrevista empezó puntualmente a las seis menos cuarto y se desarrolló durante una hora en un clima de franca cordialidad. Como suele ocurrir en estos casos, hay algunas diferencias entre la versión que dio el líder del PSOE y la que se recoge en la documentación confidencial del Foreign Office. Prieto, según su propio testimonio, tuvo una primera intervención de media hora en la que empezó por remontarse a sus orígenes personales, similares a los de Bevin, para exponer a continuación su propuesta de formar una «gran coalición antifranquista» capaz de cumplir lo estipulado por la declaración tripartita de marzo de 1946 y el mandato de la ONU sobre España. El PSOE, añadió, estaba dispuesto a hacer «los mayores sacrificios», pero esperaba que las demás fuerzas políticas pusieran también de su parte para llegar a una forma incruenta de resolver el problema español. Aunque en sus declaraciones a la BBC y a France Presse prefirió no revelar el contenido de la intervención de Bevin, reconoció sentirse satisfecho con el resultado de la entrevista.[72]

Según el informe que el Foreign Office remitió dos días después a su embajada en Madrid, el ministro expresó la «gran simpatía» con la que su país vería un acuerdo entre republicanos y monárquicos como paso previo para la formación de un gobierno provisional acorde con la propuesta de la nota tripartita. Aquí se aprecia ya una diferencia significativa con la versión de Prieto, que en ningún momento aludió a los monárquicos como parte de una futura coalición antifranquista, aunque pudiera deducirse que estaba pensando en ellos. En lo que Bevin discrepó abiertamente con su interlocutor fue en la idea de plantear un plebiscito previo sobre la forma de gobierno, que, a su juicio, el Ejército nunca consentiría. En todo caso, reconocer, como hacía el gobierno británico, el derecho del pueblo español a ser consultado sobre su futuro no resolvía el problema ni eximía a las fuerzas antifranquistas de su propia responsabilidad.[73]

Al final, el mensaje que el ministro transmitió a Prieto se reducía a algo tan simple como que la oposición tenía que ponerse de acuerdo. Lo que no le dijo es que el Foreign Office y él mismo abrigaban serias dudas sobre el camino a seguir en relación con España. El fracaso de una solución moderada podía radicalizar la lucha contra Franco y favorecer el protagonismo de los comunistas, pero la victoria de la oposición y la caída de la dictadura abrían también grandes interrogantes sobre la estabilidad del país, con riesgo incluso de una nueva guerra civil. El dilema no tenía fácil solución, así que, en la duda, el Gobierno de Su Majestad se limitaría a facilitar un entendimiento entre monárquicos y socialistas. Y a partir de ahí, esperar y ver.[74]

El papel de Gil-Robles parecía fundamental para el éxito de cualquier opción moderada. Era tal vez el más receptivo de los monárquicos a un pacto con los de enfrente y el más moderado de los opositores a Franco, lo que le convertía en un hombre clave en esa especie de tercera vía que impulsaba el Foreign Office. No es que la perspectiva de entenderse con la izquierda le entusiasmara, pero el gobierno británico supo ser persuasivo y Franco, sin proponérselo, también: con la aprobación en julio de 1947 de la Ley de Sucesión se esfumaban las últimas posibilidades de una restauración pactada y se dejaban en manos del dictador las cuestiones esenciales —cómo, quién, cuándo— sobre la futura monarquía. El artículo 13 otorgaba al jefe del Estado la potestad de excluir de la sucesión a aquellas «personas reales» que hubieran incurrido en «desvío notorio de los principios fundamentales del Estado». Don Juan tenía motivos para estar preocupado.

Antes incluso del referéndum sobre la Ley de Sucesión, al poco de ser aprobada por las Cortes, había firmado ya un duro manifiesto,[75] que entregó al embajador de España en Lisboa, Nicolás Franco, para que se lo hiciera llegar a su hermano. La nueva ley, según el pretendiente, establecía un sistema «por completo opuesto» a las normas que habían regulado tradicionalmente la sucesión a la corona. Nacida con un «vicio sustancial de nulidad», su objetivo no era otro que utilizar el prestigio de la monarquía para legalizar un «régimen de puro arbitrio gubernamental» y convertir en vitalicia la «dictadura personal» ejercida por Franco. Se trataba en suma de un descomunal ataque a la monarquía hereditaria, no en vano definida por Balmes como «una de las conquistas más grandes y más felices de la ciencia política». Renunciar a ella suponía regresar a la noche de los tiempos, cuando, en los albores de la vida política, los pueblos se regían por «imperfectas fórmulas de caudillaje electivo». Ese era el significado de la ley y ese su peligro.

Por si había alguna duda sobre su actitud hacia el régimen, don Juan concedió unos días después una entrevista a The Observer, publicada el 13 de abril y reproducida por la BBC y The New York Times, para dar a conocer su pensamiento sobre distintos temas de actualidad, entre ellos, «las negociaciones que, según se dice, mantienen los monárquicos y representantes de fuerzas de izquierda». Él, por su posición, no negociaba con partidos políticos, pero estaba a favor de todos aquellos acuerdos que facilitaran «una evolución pacífica y fecunda de la política española». En cuanto a la situación en la que se encontrarían grupos tales como el PSOE, la UGT o la CNT bajo una monarquía restaurada, su respuesta era clara: la corona reconocería los mismos derechos a todos los españoles sin distinciones de ningún tipo.[76] Esa mano tendida a los enemigos históricos de la dinastía coincidía con un hecho de especial trascendencia, del que informó puntualmente la BBC, como fue la detención en Madrid de cuatro militantes juanistas acusados de redactar y difundir el periódico clandestino Restauración, en el que se tildaba de traidor al «aborrecido Franco» y se le auguraba un negro futuro: «A costa del hambre del pueblo, de este pueblo que te aborrece, te mantienes en el poder, hasta que, como a todo cerdo, te llegue tu San Martín». Estas palabras le costaron trece meses de prisión a su autor, el joven monárquico Leopoldo Lovelace, aunque su filiación política le sirvió al menos para que el responsable de su detención, el temible coronel Eymar, ordenara a sus hombres que le trataran bien: «Este es de los míos, no es guerrillero ni comunista». El hecho es que, por primera vez en el franquismo, habría cuatro presos monárquicos entre los 1.200 reclusos de la cárcel de Carabanchel, donde ingresaron el 27 de marzo de 1947. Fueron destinados a la galería de los anarquistas, con los que mantuvieron una excelente relación, en particular con el célebre Melchor Rodríguez, conocido como «el Ángel Rojo», por su papel de salvador de muchos «nacionales» en la Guerra Civil, que inmediatamente les dispensó su protección. Al poco de su detención, Lovelace recibió un tarjetón del general Kindelán con un abrazo «reconfortante y cordial» por sus padecimientos.[77]

No todos los monárquicos se mostraron tan solidarios como Kindelán, Joaquín Satrústegui, que buscó un abogado para los presos, o la duquesa de Valencia, infatigable en sus gestiones y procesada también tres años después por sus actividades políticas. La Ley de Sucesión había contribuido a polarizar las posiciones en el campo monárquico entre los partidarios y los detractores de la dictadura. Gil-Robles, alineado con estos últimos, calificó el referéndum de «farsa antimonárquica» y se mostró muy dolido con la tibieza y las vacilaciones de algunos de los suyos. No era algo totalmente inesperado. Ya en abril había tomado nota de un fenómeno sorprendente, aunque, según él, «hace tiempo previsto»: que «mientras la mayoría de las gentes conservadoras se apartan del rey, las izquierdas se aproximan».[78] Así lo comprobó él mismo en una larga conversación con Salvador de Madariaga en Oxford, en la que el exministro de la República le reconoció abiertamente «su convicción monárquica y su repulsión al sufragio universal».[79] Pero una cosa era Madariaga, un lobo solitario muy de vuelta de todo, y otra muy distinta Indalecio Prieto y todo lo que representaba. El 25 de abril, doce días después de su encuentro con Madariaga, el diario de Gil-Robles registra la primera referencia a una posible entrevista con el líder del PSOE, que él intenta rehuir o en todo caso que se celebre con la mayor discreción.[80]

Con una u otra excusa, alguna real, como la muerte de su madre en Estoril, consiguió ir aplazando el encuentro. Salvo que sea cierto, cosa altamente improbable, que los dos dirigentes políticos habían mantenido ya una reunión el 14 de julio en Londres en casa del escritor y periodista Rafael Martínez Nadal, según asegura este último.[81] La impresión de Prieto, plasmada en una carta particular del mes de agosto, [82] sobre el «vivísimo interés» del fundador de la CEDA «en avistarse conmigo» no parece responder a la realidad y, por otro lado, viene a confirmar que la entrevista el 14 de julio en casa de Martínez Nadal nunca se produjo. Más que interés en «avistarse» con su antiguo adversario, Gil-Robles veía todo aquello como una fatalidad a la que no podía escapar, tanto por las presiones británicas como por la cerrazón del régimen, que le obligaba a buscar una salida por la izquierda al bloqueo de la solución monárquica. Por fin, a principios de octubre, comunicó a Vegas Latapié, que hacía las veces de enlace con Prieto, su decisión de viajar a Londres, aunque pedía garantías de poder regresar a Portugal. Por si había alguna duda, Sainz Rodríguez le reiteró su opinión favorable a la entrevista: «No acudir sería catastrófico para nuestra posición».[83]

En previsión de que el encuentro no llegara a celebrarse, Prieto redactó un borrador de carta a don Juan instándole a enviar emisarios para debatir sobre el problema español, además de sugerir que el PSOE apoyaría una monarquía legitimada por las urnas.[84] No hizo falta mandar la carta. Por fin, el 13 de octubre, el antiguo líder de la CEDA anotaba en su diario que, «agotados todos los pretextos», partía para Londres al día siguiente. Llevaba consigo dos documentos, elaborados entre Sainz Rodríguez y él, que establecían los objetivos de la gestión y los medios para alcanzarlos, uno titulado «Plan C» y el otro «Resumen de instrucciones sobre las conversaciones con la izquierda». Ambos contenían planteamientos muy duros que reducían la negociación, o lo que fuera, a la «sumisión completa» de la otra parte a los puntos de vista monárquicos o, en caso contrario, asumir el riesgo de la definitiva consolidación del régimen de Franco.[85] Tiene la certeza, y así lo consigna nada más aterrizar en Londres, de que «en el Foreign Office hay un gran deseo de que Prieto y yo nos entendamos».[86] El día 15 tendrán lugar sus dos primeras entrevistas con el veterano dirigente del PSOE. No era la primera vez desde la Guerra Civil que se reunían representantes monárquicos y socialistas para dialogar sobre el futuro de España. Sin ir más lejos, en marzo lo habían hecho en varias ocasiones López Oliván por los primeros y Trifón Gómez por los segundos.[87] Pero ninguno de aquellos episodios, ni siquiera la reunión entre Largo Caballero y el marqués de Carvajal dos años antes, había tenido la trascendencia histórica del encuentro de dos personalidades de la talla de Gil-Robles y Prieto en octubre de 1947.

Sobre el desarrollo de las conversaciones de Londres no solo difieren los relatos de los dos protagonistas, sino el del propio Gil-Robles consigo mismo, si comparamos el original de su diario con la versión finalmente publicada en forma de libro. «Tengo que vencer una gran repugnancia para hablarle. Le encuentro caído, enfermo, avejentado».[88] La primera frase desapareció de La monarquía por la que yo luché, sin duda por considerarla demasiado cruda, y su primera impresión de aquel encuentro, once años después de verse por última vez, se reduce a esa descripción física de un hombre «caído, enfermo, avejentado». «Le creo sincero», añade, «cuando habla de lo que añora España. “Muchas veces, cuando estoy a solas —me dice—, lloro de tristeza y tal vez de remordimientos”».[89] Como le dirá Gil-Robles a Bevin unas horas después, más allá de «vagas coincidencias» sobre la necesidad de evitar las venganzas y de asegurar el orden público, en las cuestiones de fondo las discrepancias eran evidentes y acaso insalvables, por ejemplo, sobre la posibilidad de aplicar la declaración tripartita suscrita por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en marzo de 1946, que Prieto considera un buen punto de partida y al político monárquico se le antoja «peligrosísima». Por no hablar de la exigencia, planteada por el líder socialista, de un plebiscito o de un gobierno provisional de coalición.[90]

Al día siguiente, volvieron a reunirse con el mismo resultado, aunque Prieto se comprometió a estudiar un memorándum de siete puntos que Gil-Robles elaboró a petición suya. Las posturas estaban ciertamente muy distantes. El dirigente del PSOE consideraba irrenunciable la nota tripartita de las potencias occidentales y ofrecía a cambio la caída del gobierno republicano, que desde agosto presidía el exministro Álvaro de Albornoz. Para Gil-Robles no era suficiente. Ni esto ni la aceptación por su interlocutor de una buena parte de su nota de siete puntos, excepto el sexto, que descartaba sibilinamente, por omisión, la opción del plebiscito y del gobierno provisional. El socialista aceptó en cambio la propuesta, con visos de trágala, de incorporar al Vaticano a las potencias que debían mediar en el problema español. «No hay el menor acuerdo», concluye Gil-Robles en su diario.[91] Es un balance muy sesgado, en el que se trasluce de nuevo la actitud con la que acudió al encuentro: con notoria «repugnancia» —es la palabra que él mismo utiliza en la parte autocensurada de su diario—, en demanda de una rendición incondicional y, en el fondo, con el deseo de cumplir un trámite condenado al fracaso y demostrar así que aquello no servía para nada.

Puede que estuviera pensando ya en el escándalo que se produciría si trascendía la noticia de sus reuniones secretas con Prieto, como efectivamente ocurrió. Es difícil saber quién la filtró, pero apenas dos semanas después el ministro de Asuntos Exteriores de Franco y antiguo compañero suyo en Acción Católica, Alberto Martín Artajo, le interpelaba directamente sobre el asunto: «¿Es o no cierto que has tenido contactos con Prieto, que te has visto con él, que habéis conversado sobre la situación política española?». La pregunta se quedó sin respuesta. En cambio, frente a lo que «maliciosamente» se había dicho, Gil-Robles aseguró haberse sentido respaldado por don Juan, que en ningún momento «desautorizó» su gesto.[92] Sus argumentos no convencieron a nadie, ni siquiera el desmentido público de Prieto, a requerimiento del fundador de la CEDA, a la existencia de los contactos. Muchos monárquicos del interior, incluidos varios miembros del Consejo de Acción Monárquica, se mostraron escandalizados y la prensa del régimen lanzó una feroz campaña contra él.

En carta particular, reconoció que Prieto fue a las reuniones de Londres con «bastante espíritu de transigencia».[93] La frase le hace justicia. Más, desde luego, que la forma despectiva con la que suele referirse a él en su diario. La actitud transigente del líder socialista explica que su versión fuera mucho más matizada y algo menos negativa que la del dirigente monárquico. Obligado a justificar un paso de aquella trascendencia, Prieto estimó que en sus conversaciones con un «representante de los monárquicos adictos a don Juan de Borbón» se habían registrado, «a mi entender, más coincidencias que discrepancias» y que, como consecuencia de ello, había motivos sobrados para proseguir las negociaciones.[94] Nada más lejos de la realidad en aquel momento, aunque Araquistáin, tal vez para animarle, le hizo una valoración sorprendentemente optimista, viniendo de él, de su encuentro con Gil-Robles: «Usted ha iniciado dentro y fuera de España un proceso de catálisis política que acaso no se desarrolle conforme a su plan ni a ningún otro, pero que probablemente precipitará la caída de Franco. Lo demás es subalterno. Ha puesto usted en movimiento las aguas estancadas del exterior y del interior».[95]

El 28 de octubre, nueve días después de su última entrevista con Gil-Robles, Prieto regresaba precipitadamente a México ante el agravamiento de la enfermedad de su hijo Luis.

El Pacto de San Juan de Luz

Araquistáin tenía razón: el encuentro de Prieto con Gil-Robles, todo lo fallido que se quiera, sentó un precedente de enorme importancia, y no solo por su carga simbólica. A partir de aquel momento, la relación entre juanistas y socialistas, aunque con intermitencias y no necesariamente circunscrito al PSOE, se mantuvo hasta el final del franquismo como expresión de un espíritu pragmático y conciliador ligado a la recuperación de las libertades. El problema radicaba en el carácter innegociable que para los monárquicos tenía la forma de gobierno y en la necesidad de la izquierda más posibilista de guardar al menos las apariencias ante aquellos de los suyos que les acusaban de entreguismo.

Transición y plebiscito: esa era la fórmula defendida tanto por Prieto como por Largo Caballero poco antes de morir. Pero desde los primeros contactos se pudo apreciar que la posición negociadora de los juanistas era mucho más fuerte que la de los socialistas. No solo tenían el apoyo de algunos generales del Ejército de Franco, sino el de las potencias occidentales, que ejercían de árbitro en el conflicto y podían inclinar la balanza a favor de una salida moderada del franquismo, siempre y cuando la pertenencia de España al bloque occidental quedara plenamente garantizada. Ante eso, ¿qué podía oponer la izquierda, sin generales dispuestos a sublevarse y con un apoyo internacional limitado, para mostrarse exigente en un proceso negociador? Para Araquistáin, principal ideólogo de un posibilismo a ultranza, la única baza de los socialistas consistía en pujar más fuerte que nadie en la gran subasta de la Guerra Fría: para anticomunistas, ellos. Convenía que los gobiernos occidentales tomaran buena nota y supieran quiénes eran sus amigos de verdad, porque si el Estado franquista, con su cerrazón fascistoide, se acababa derrumbando sin que hubiera nada preparado para sustituirlo, el comunismo sería el gran beneficiario del caos resultante.

Prieto era consciente de la debilidad extrema de su posición, sin apenas margen para arrancar concesiones a la otra parte. De ahí su «espíritu de transigencia», reconocido por Gil-Robles, y la prepotencia de este último, que acudió a la cita con evidente desgana en busca, como dice en sus notas preparatorias, de la «sumisión completa» de su interlocutor. Los dos quedaron francamente escarmentados del fracaso de sus entrevistas londinenses; Prieto por la actitud despectiva de Gil-Robles y por la absoluta falta de resultados y el dirigente monárquico por el alto precio personal que tuvo para él la operación. Cabe preguntarse entonces por qué apenas unos meses después se reanudaron los contactos, se programó un nuevo encuentro y se alcanzó, esta vez sí, un acuerdo político suscrito por las dos partes.

El futuro de España dependía cada vez más de la evolución de la Guerra Fría. En eso, el diagnóstico de Araquistáin acertaba de lleno. Que los socialistas españoles pudieran utilizar el contexto internacional a su favor resulta mucho más discutible, sobre todo en la escalada de tensión que vivió el mundo a finales de los años cuarenta, con el bloqueo de Berlín Occidental, la explosión de la primera bomba atómica por la URSS, el triunfo del comunismo en la guerra civil china y el comienzo de la caza de brujas en Estados Unidos. La posición norteamericana ante el nuevo escenario había quedado ya meridianamente clara en marzo de 1947, cuando el presidente Truman se dirigió al Congreso de Estados Unidos en petición de apoyo financiero a la llamada «doctrina de la contención», destinada a impedir que el comunismo continuara su expansión por el mundo. Toda la política exterior y de seguridad norteamericana se subordinaba a la consecución de ese objetivo. Pese a las condenas internacionales y a la retirada de los embajadores, Franco tenía motivos para pensar que la Administración Truman acabaría viendo en él un aliado potencial contra el comunismo más que un antiguo cómplice del Eje.

¿Podía la oposición garantizar que un cambio de régimen en España mejoraría la aportación de la dictadura a la política de contención del comunismo? Dos meses después de entrevistarse con Prieto, Gil-Robles planteaba con toda crudeza sus temores ante la posibilidad de que «ese país» —Estados Unidos— prestara «auxilio económico a F[ranco]». En plena escalada de tensión Este/Oeste, el mundo cambiaba muy deprisa y no precisamente a mejor: «Hace dos años, la hipótesis que discutíamos era si las democracias aplicarían a España un bloqueo económico. Hoy nos contentaríamos con tener la seguridad de que no le van a dar créditos».[96] No es casualidad que el destinatario de esta carta, fechada en diciembre de 1947, fuera Félix Vejarano, político monárquico que desempeñó un papel clave en la reanudación de los contactos con los socialistas. Las cosas no estaban para andarse con remilgos. Había que ir a un gran acuerdo de la oposición para acabar con Franco lo antes posible, porque el tiempo empezaba a correr a su favor y a hacer bueno el consejo que Carrero Blanco le dio al dictador en las horas más difíciles del régimen, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial: «Orden, unidad y aguantar».[97]

Un jugoso extracto de las cartas de Gil-Robles a Vejarano llegó, por mediación de su destinatario, a poder del dirigente socialista y exministro de la República Fernando de los Ríos, que inmediatamente lo puso a disposición de Prieto. Este último tenía noticias también por otros conductos del disgusto de don Juan por el fracaso de las conversaciones de Londres, en las que —aseguraba el pretendiente— se habría llegado más lejos en caso de intervenir él personalmente, y no por persona interpuesta. En carta a De los Ríos, Prieto se haría eco asimismo de la amable y amarga reflexión de don Juan al saber que el presidente de la UGT en el exilio, Trifón Gómez, había solicitado ser recibido por él: «¡Cuánto habría dado D. Alfonso XIII —respondió su hijo al declinar la petición— por que un representante autorizado del Partido Socialista Obrero Español le hubiese pedido audiencia! A buen seguro que no la habría negado».[98] No es que Prieto se fiara del todo de lo que podían ser «puras invenciones o grandes exageraciones», pero al menos de la lectura de las cartas a Vejarano se deducía que los monárquicos querían sellar un compromiso antes de que Franco, como decía Gil-Robles en una de ellas, se viera afianzado en el poder para el resto de su vida.[99] Es lo que, con su estilo habitual, le dijo Sainz Rodríguez a don Juan por aquellas mismas fechas: «Señor, Franquito está tan consolidado como el Monasterio de El Escorial».[100] Para revertir la situación, o el conde de Barcelona cambiaba de estrategia y pactaba con el dictador, que es lo que le recomendaron Julio Danvila y el propio Sainz Rodríguez, entre otros, o los monárquicos tenían que entenderse con los socialistas. Ya no bastaba con perdonarles la vida. Si querían contar con el PSOE para descabalgar a Franco, tendrían que oír sus condiciones. Aquello podía ser el principio de una auténtica negociación.

Así lo indicaba el documento que Félix Vejarano, siguiendo instrucciones llegadas de Estoril, remitió a Prieto a principios de 1948. La propuesta suponía un cierto avance respecto a los siete puntos que le presentó Gil-Robles en octubre. Junto a cuestiones ya debatidas y aceptadas entonces, como la cancelación de toda política de venganza, se planteaba la creación de un «gobierno-regencia» que asumiría provisionalmente todos los poderes en España. Se especificaba que tal organismo, aunque con «predominio de elementos [de] centro», incluiría «algún elemento de izquierda moderada, anticomunista». Lo primero significaba la instauración de una suerte de gobierno provisional premonárquico, que, efectivamente, como se maliciaba Prieto, podía convertir la restauración en un hecho consumado. La ambigüedad de la fórmula y el riesgo que entrañaba para la izquierda parecen claros, pero que se contemplara la incorporación al gobierno de la «izquierda moderada, anticomunista» —es decir, del PSOE— y «no solo a título simbólico» representaba una mejora significativa del punto de partida en una nueva negociación. Los socialistas pasaban de meros comparsas de una operación política realizada por otros, a ser actores, al menos secundarios, de un cambio de régimen. Se entienden los reparos de Prieto al texto por su mala experiencia con Gil-Robles en octubre y la capciosa complejidad de algunas fórmulas, como el «gobierno-regencia» o una «consulta electoral» que lo mismo podía ser un «referéndum sobre un texto orgánico» que la convocatoria de un «organismo constituyente». Pero, con todos sus defectos, el documento abría un cierto margen para buscar un acuerdo, aunque ello exigiera, como le dijo Prieto a De los Ríos, «pláticas muy detenidas».[101]

Antes de pasar a esa segunda fase —la de las «pláticas»—, don Inda pretendía obtener el pleno apoyo del partido, que en marzo de 1948 celebraba su III Congreso en un ambiente enrarecido por los rumores de negociación con los monárquicos. Prieto, que acababa de perder a su hijo Luis, decidió coger el toro por los cuernos. Viajó de México a Francia, vía Nueva York, para participar en el congreso y dar una nueva vuelta de tuerca a su política de prietización del PSOE. Esta vez no buscaba solo un aval a unas hipotéticas gestiones, como en la asamblea de delegados del año anterior, sino un respaldo explícito a sus iniciativas y el control orgánico del partido, pasando, si hacía falta, por encima de Llopis, a cuya ejecutiva hacía responsable de la filtración del memorándum sobre sus conversaciones con Gil-Robles y de la incómoda posición en que ello le había dejado ante la militancia.[102] Para tranquilizar los ánimos, poco antes del congreso se creyó obligado a hacer una nueva declaración de fe antimonárquica en un artículo titulado «Franco desempolva el trono», en el que repasaba la «colección incomparable de reyes cornudos o achulapados, reinas castizas y cachondas, tarados mentales y degenerados físicos» que había deparado a la historia de España la dinastía «que tiene por emblema la flor de lis».[103] Una de cal y otra de arena: ese mismo mes informaba a Jiménez de Asúa del interés de los monárquicos por reanudar las negociaciones lo antes posible,[104] mientras Gil-Robles se hacía eco de las informaciones que Vejarano remitía desde Nueva York sobre sus contactos con Prieto, «cada vez más inclinado a la monarquía (...). Incluso parece dispuesto a aceptar una posición parecida a la de Castelar durante la Restauración».[105] Pero eso aún quedaba muy lejos. Lo primero era ganar el congreso del PSOE; luego, ver qué se traían esta vez entre manos los hombres de don Juan.

«En sesión memorable», según El Socialista, Prieto pronunció un importante discurso que empezó con un ataque frontal contra Llopis y su ejecutiva y acabó con una llamada a la unidad y la concordia entre los socialistas, escenificada, al pie de la tribuna, nada más terminar su intervención, con el gran abrazo que, en medio de una estruendosa ovación, se dio con Enrique de Francisco. Poco importa que De Francisco hubiera sido el blanco de algunas de sus críticas. Cuando acabó su discurso, Prieto se sentía hasta tal punto ganador que pensó que era el momento de echar pelillos a la mar. No solo salió airoso en el delicado asunto de sus contactos con los monárquicos —el que no haya negociado con ellos, le vino a decir, con razón, a Llopis, que tire la primera piedra—, sino que había sabido presentar la negociación como la única forma de acabar con la dictadura e incluso de restablecer algún día la república, como si la monarquía no fuera otra cosa que un rodeo para llegar a ella. El balance del congreso no pudo ser más favorable a Prieto, que resultó elegido presidente del partido. Una amplia mayoría reprobó la actuación de la Comisión Ejecutiva y su dictamen a favor de «proseguir las negociaciones» fue aprobado por aclamación «entre atronadores vivas al Partido Socialista Obrero Español».[106]

Ahora había que ver si los monárquicos tenían algo nuevo que ofrecer. La primera impresión no fue nada halagüeña. La propuesta que recibió por escrito el 1 de mayo repetía en líneas generales el documento de diciembre anterior con un cambio que no lo mejoraba ni mucho menos: el «gobierno-regencia» —ya de por sí la reiteración de la fórmula resultaba decepcionante— incluiría observadores, y no una representación, de la llamada izquierda anticomunista. Prieto consideró que ese paso atrás ponía en entredicho la utilidad de una negociación como aquella, lenta, farragosa, llena de trampas. Esta vez se plantó: si esa era la última palabra de los hombres de don Juan, estaba dispuesto a dar por rotas las negociaciones y a volverse a México tras comunicar al partido el fracaso de su gestión. No era un farol; es que, sencillamente, no podía más.

El ultimátum surtió efecto. Apenas quince días después recibía un nuevo memorándum de ocho puntos que mantenía los elementos de acuerdo de los documentos anteriores y sustituía el «gobierno-regencia» por un gobierno a secas que habría de presidir una consulta al pueblo español en el plazo más breve posible, previa «devolución gradual» a la nación de sus legítimas libertades. Nada se decía de la composición del gobierno, salvo que debía servir de «eficaz garantía de imparcialidad». El cambio de tono y contenido era suficientemente significativo como para que Prieto planteara ya en su respuesta la forma en que habría de anunciarse un eventual compromiso, que nunca hasta entonces se había visto tan cerca. Hubo un cruce de notas entre las dos partes que parece confirmar esa sensación, a falta de resolver la cuestión del procedimiento. En su respuesta a los monárquicos del 8 de junio, el presidente del PSOE admitía incluso que «no sería cosa de entablar reñida batalla por ello».[107] Había que ir pensando en cerrar los flecos pendientes con vistas a un gran pacto contra la dictadura. Parecía llegado el momento de llevar a cabo esas «pláticas» a las que se había referido en momentos anteriores.

Pero no era tan sencillo. Transcurrieron tres meses todavía hasta que la negociación llegó a su fase culminante en San Juan de Luz. Mientras tanto, siguió el trasiego de notas entre Vejarano, por los monárquicos, e Indalecio Prieto, con propuestas del primero y réplicas del dirigente socialista, que en una carta de junio a su correligionario Luis Jiménez de Asúa reconoció haber perdido el entusiasmo inicial. Más que el entusiasmo, estaba empezando a perder la paciencia. Es curioso que sea Jiménez de Asúa, presidente de la comisión que redactó la Constitución republicana de 1931, quien le anime a llegar hasta el final: «Lo que importa es volver a España, aunque sea bajo el régimen monárquico».[108] Los juanistas mantenían una calculada ambigüedad en algunos puntos y se mostraban interesados en dar un perfil bajo al anuncio del acuerdo, temiendo la reacción de muchos monárquicos del interior, y no solo de los tradicionalistas. Un infarto sufrido a finales de julio mermó aún más la quebrantada salud de Prieto en vísperas de los momentos decisivos de la negociación. El 13 de agosto permanecía recluido por prescripción médica en su habitación del hotel Euskalduna de San Juan de Luz, repartiendo su tiempo entra la cama y la butaca, según le confesó a Araquistáin, que permanecía en Londres a la espera de acontecimientos.[109]

Pese a ello, las informaciones remitidas por Vejarano a Estoril indicaban un avance en las conversaciones. «Por mis antecedentes», había reconocido el dirigente socialista, «yo no puedo gobernar con la monarquía, pero quiero ser el Castelar que empuje a mi partido a que se incorpore a la vida nacional, entrando en la monarquía por la vía democrática». Así lo consigna Gil-Robles en su diario el 6 de agosto. Él mismo y Sainz Rodríguez se dispusieron a redactar un memorándum con instrucciones para Vejarano, que encaraba la última fase de la negociación. Posiblemente se trate del documento que llegó a poder de Prieto el 16 de agosto. Se apreciaba el deseo de avanzar hacia un acuerdo, pero persistía la ambigüedad sobre la consulta a la nación. En realidad, la posición de Estoril —es decir, de Gil-Robles y Sainz Rodríguez— era aún más intransigente de lo que cabría pensar a esas alturas, porque bajo ningún concepto se admitía la posibilidad de que la consulta se realizara por «sufragio universal inorgánico».[110] No es seguro que este aspecto clave quedara reflejado en el memorándum, probablemente más ambiguo, remitido a Prieto. De ahí su demanda de nuevas explicaciones. Ante la falta de respuesta de su interlocutor, optó por dar un plazo irrevocable: o recibía las aclaraciones solicitadas antes del día 29 o los monárquicos podían dar por rotas las negociaciones.

Por fin, veinticuatro horas antes de cumplirse el ultimátum, y tras recibir instrucciones de Estoril, Vejarano respondía por escrito a la última nota de Prieto. Pero no solo. Además, le informaba de que le habían llegado rumores sobre una entrevista entre Franco y don Juan en el golfo de Vizcaya que afectaba de lleno a las conversaciones en curso, en vista de lo cual había decidido escribir a Estoril pidiendo información sobre lo ocurrido. Ese mismo día, Araquistáin se dirigía a Prieto desde Londres confirmando los rumores: «Ya ve usted la jugadita de don Juan, yendo a rendir pleito homenaje a Franco y acaso a pactar con él, llevando en la mano la carta de las negociaciones con usted». La prensa inglesa, añadía, hablaba de ello como si se tratara de un acontecimiento mundial. «Incorregible familia», sentenciaba Araquistáin al día siguiente al valorar las consecuencias de esta nueva «borbonada».[111] Debió de ser entonces, al poco de leer estas cartas, cuando don Inda pronunció una de sus frases célebres: «Ahora mismo tengo unos cuernos que no caben por esa puerta». Fue seguramente en presencia de Vejarano, porque la frase corrió como la pólvora entre los monárquicos.

¿Qué hacer? La respuesta a la consulta del representante monárquico en San Juan de Luz fue seguir las negociaciones como si tal cosa, por más que la sensación entre los hombres de don Juan que dirigían la negociación desde Estoril se pareciera mucho a la de Prieto. Dos días después del encuentro entre Franco y el pretendiente, Gil-Robles calificaba la noticia de «absurda» cuando el secretario de la embajada británica en Londres se interesó por el asunto. Al cabo de unas horas, una persona muy próxima a don Juan le confirmaba la exactitud de «la cosa»; poco después, dos monárquicos del interior le llamaban por teléfono, confusos y preocupados, y finalmente él mismo llegaba a la conclusión de que «el rey ha dado un paso de esta gravedad sin contar con sus consejeros habituales». En particular, añadía el fundador de la CEDA, se había puesto un especial empeño en mantenerle al margen de lo ocurrido.[112] Según Araquistáin, ni Gil-Robles ni el resto de los hombres de don Juan en Estoril fueron informados de la entrevista antes de producirse. En su opinión, todo se había tramado en España y, al contrario de lo que aseguraban algunos, Estados Unidos no había tenido nada que ver con el asunto.[113]

La negociación siguió su curso, a pesar de lo ocurrido y de que Prieto sufrió una nueva recaída, que no le impidió culminar las conversaciones con los monárquicos y presidir dos reuniones de la Comisión Ejecutiva del PSOE en su habitación. El 31 de agosto remitía a Araquistáin con la mayor reserva el acuerdo recién alcanzado por las dos partes. Consta de ocho puntos que incorporan en lo sustancial la propuesta presentada por los monárquicos en sus distintos borradores, con algunas correcciones y añadidos. Tras un breve preámbulo, en el que se expone la voluntad de restablecer «durante un periodo de transición» la normalidad institucional en España, se enumeran los ocho puntos o compromisos suscritos por las partes: amplia amnistía, promulgación de una declaración de derechos de la persona en forma de estatuto jurídico, mantenimiento del orden público, relanzamiento de la economía nacional, eliminación de cualquier forma de totalitarismo —esto iba por Falange y por el PCE—, incorporación de España al grupo de naciones occidentales y, en particular, al «grupo inicial de la Federación del Occidente de Europa» —este sexto punto fue, según el líder socialista, redactado personalmente por él—; plenas garantías para la práctica de la religión católica y celebración de una consulta a la nación, «previa devolución de las libertades ciudadanas», bajo un gobierno que será «eficaz garantía de imparcialidad». Este último punto fue, al decir de Prieto, el verdadero «caballo de batalla» de la negociación. Las fuerzas signatarias —el PSOE y la Confederación de Fuerzas Monárquicas— se comprometían a constituir un comité de enlace permanente encargado de velar por el cumplimiento de los ocho puntos.[114] El pacto lleva fecha de 30 de agosto de 1948, aunque, según el presidente del PSOE, todo había quedado resuelto el día 28. Araquistáin, uno de los destinatarios del borrador, le transmitirá inmediatamente su felicitación por el éxito logrado: «Los ocho artículos constituyen un programa de transición completo y esperamos que en extremo eficaz». En particular, «el 8º es el mayor triunfo que usted podía lograr (...). Le repito mi cordial enhorabuena».[115]

El pacto dio muchas vueltas todavía hasta que finalmente se hizo público. El 3 de septiembre, el negociador por las fuerzas monárquicas, Félix Vejarano, recibía un telegrama de Estoril ratificando «íntegramente el contrato».[116] Ese mismo día, el conde de los Andes por los monárquicos y Prieto por el PSOE firmaban el llamado Pacto de San Juan de Luz, que de momento permaneció secreto. A finales de septiembre corrió por Londres y Washington el rumor del anuncio inminente de un acuerdo entre Prieto y Gil-Robles, que dio lugar a un rotundo desmentido de este último. Es verdad que él no había firmado nada, pero sus palabras parecían ir más allá de su participación en el asunto y afectar a la existencia misma del acuerdo. Asomaban de nuevo las dudas, y acaso la mala conciencia, de los monárquicos ante un compromiso con sus enemigos históricos. Para atajar la confusión reinante y quizás el riesgo de que los juanistas se echaran atrás, el 6 de octubre el PSOE entregaba copia del texto en las embajadas de los principales países occidentales en París, con la firma de cuatro dirigentes del partido: Prieto, Jiménez de Asúa, Trifón Goméz y Antonio Pérez. El 14 del mismo mes, El Socialista lo publicaba en portada, acompañado, a un lado, de unas declaraciones de Prieto sobre el proceso negociador y el significado del pacto, y al otro, del anuncio de la retirada de los representantes socialistas en la Diputación Permanente de las Cortes republicanas. Esto último podía verse como una primera consecuencia del pacto. Se demostraba así una vez más —y no sería desde luego la última— hasta qué punto la posición del PSOE en relación con la forma de gobierno se regía por un elemental juego de suma cero: a más monarquía menos república, y a la inversa.

Era inevitable preguntarse en qué medida la entrevista entre Franco y don Juan invalidaba un acuerdo tan laboriosamente alcanzado. Jiménez de Asúa, miembro de la comisión socialista encargada de la negociación, se mostró desde el primer momento rotundamente partidario de la ruptura.[117] Prieto y Araquistáin, por el contrario, prefirieron creer que el pacto, firmado después, y no antes, de la entrevista en el Azor, suponía forzarle la mano a don Juan y obligarle a seguir el camino marcado por sus consejeros más antifranquistas. Según esta interpretación, lo que quedaba en entredicho era lo tratado por él con Franco, fuera lo que fuese. Prieto pensó que los negociadores monárquicos, Vejarano en San Juan de Luz y Sainz Rodríguez y Gil-Robles desde Estoril, no solo actuaban de buena fe, sino que controlaban al pretendiente y conseguirían traerle de nuevo al redil. Es curioso que lo creyera también Araquistáin, que ya un año antes había transmitido a Prieto su sensación de que don Juan estaba jugando a dos barajas.[118] Análisis tan certero se compadece mal con su creencia de que lo suscrito en San Juan de Luz se llevaría a término con independencia de ese doble juego que el pretendiente se traía entre manos.

Cabe otra interpretación de la aparente ingenuidad con la que personajes tan avezados como Araquistáin y Prieto dieron por bueno el pacto, para sorpresa de Jiménez de Asúa, que no daba crédito a la poca importancia que el presidente del PSOE atribuía a la entrevista en el Azor.[119] En realidad, tanto él como Araquistáin eran conscientes de que el cumplimiento del pacto quedaba a expensas de un personaje tan poco fiable como don Juan. Pero era aquello o nada. Desde ese fatalismo, no cabía otra opción que encomendarse a la buena fe del pretendiente y a la voluntad de los monárquicos de cumplir su parte del plan. El riesgo de que aquello saliera mal era, pues, altísimo, pero Prieto pensó que no tenía elección y que, viejo y enfermo como estaba, a punto de cumplir medio siglo como militante socialista, aquella podía ser su última oportunidad de resolver el problema español. Tal sería la pomposa fórmula con la que El Socialista tituló el anuncio del pacto: «Bases convenidas para resolver el problema español».

Desde el lado monárquico las cosas se veían de otra forma. Nadie daba esa sensación de desesperación que transmite Prieto, consciente de que el tiempo, al menos para él, se acababa. Su principal interlocutor, Félix Vejarano, actuó con lealtad, pero con escasa o nula iniciativa. El papel desempeñado por Gil-Robles resulta difícil de valorar. Parece víctima de un dilema personal irresoluble, en el que se entremezclan delicadas cuestiones de conciencia con un maquiavelismo de salón nada escrupuloso. En el fondo, le repugna que los suyos tengan que tratar con los socialistas, aunque lo acepta con resignación y lo alienta en la distancia. Al menos, en 1948 ha conseguido quitarse de en medio en la negociación y actuar desde Estoril por persona interpuesta (Vejarano). Cuando la prensa internacional le pregunta por un posible pacto suyo con Prieto, que era casi como preguntarle si había pactado con el diablo, tiene una reacción tan desaforada que está a punto de echarlo todo a perder. Su hostilidad hacia Franco era aún mayor, si cabe, y de ahí su rechazo a la entrevista en el Azor y a la forma en que se realizó, sin habérselo consultado ni comunicado. De todas formas, el sentimiento de humillación del primer momento se le pasó en cuanto don Juan tuvo a bien recibirle y darle todo tipo de explicaciones sobre el encuentro, incluida la parte cinegética de la conversación entre Franco y don Juan. «Conocido al detalle lo ocurrido, no puedo menos de felicitarme (...). El rey ha estado muy bien: firme, hábil, enterado».[120] La entrevista, según Gil-Robles, se había saldado sin resultados concretos, pero tenía la ventaja de que los monárquicos del interior ya no podrían reprochar al conde de Barcelona su intransigencia con Franco. Esta impresión favorable no tardaría, sin embargo, en dar paso a otra mucho más pesimista.

Queda por ver el papel de Sainz Rodríguez. Con él nunca se sabe, entre otras cosas porque entre sus testimonios escritos y, sobre todo, orales abundan las ocurrencias de dudosa fiabilidad. Ya se vio que, según él, en 1945 ofreció a Indalecio Prieto la presidencia de un gobierno provisional a cambio de que el PSOE aceptara la monarquía. Vista la racanería con la que los negociadores monárquicos, y de manera señalada el propio don Pedro, pretendían recompensar a los socialistas por el pacto de 1948, cuesta creer que tres años antes se les pasara por la cabeza entregarles la jefatura del gobierno. Tampoco se sostiene la afirmación de Sainz Rodríguez de que el Pacto de San Juan de Luz fracasó porque Prieto acabó perdiendo el apoyo de su partido.[121] Las cosas fueron más bien al revés: cuando el paso del tiempo demostró que el pacto, lastrado desde el principio por la entrevista en el Azor, no había servido para nada, los socialistas decidieron abandonar la estrategia defendida por Prieto, que fue el primero en reconocer públicamente su fracaso.

El compromiso con el PSOE provocó entre los monárquicos del interior una auténtica conmoción y algún conato de revuelta contra la línea política de Estoril. Julio Danvila, uno de los inspiradores del acercamiento a Franco, promovió una declaración firmada, según el conde de Fontanar, por un numeroso grupo de monárquicos —entre 150 y 200— repudiando «el pacto socialista» y expresando «acatamiento y confianza en el régimen».[122] No es de extrañar que el propio Fontanar, entre otros, recomendara a don Juan mantenerse al margen de operaciones políticas de alto riesgo por el coste que podían tener para su prestigio. Pero eso no quiere decir que las desconociera o las desautorizara. Gil-Robles asegura que el conde de Barcelona estaba al corriente de sus conversaciones con Prieto en 1947 y, según un documento anónimo elaborado por alguien próximo a don Juan —probablemente Pabón—, la actuación de «P. S. y G. R.» —es decir, de Pedro Sainz y Gil-Robles— en las negociaciones con los socialistas en 1948 se produjo «con conocimiento del rey».[123] El propio don Juan habría de reconocerlo un par de años después, en carta al conde de Fontanar, al referirse a «las negociaciones que se vienen llevando con más o menos intervención mía con ciertos elementos de izquierda».[124]

¿Jugaba a dos barajas, como le dijo Araquistáin a Prieto en 1947? O eso o en el momento decisivo se dejó arrastrar por el sector más colaboracionista de su entorno. Está por ver qué esperaba sacar de su encuentro con Franco a bordo del Azor el 25 de agosto de 1948.

[1] Carta de Samuel Hoare a Lord Halifax, 15 de agosto de 1940; NA: FO 1093/233.

[2] J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, op. cit., entrada del 14 de febrero de 1943, p. 28.

[3] Ibíd., 17 de mayo de 1943, p. 37.

[4] Carta de Gil-Robles al conde de Fontanar, 20 de junio de 1943; AJC-ACF.

[5] J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, op. cit., 2 de julio de 1943, p. 45.

[6] Ibíd., 14 de diciembre de 1943, p. 72.

[7] Gil-Robles al conde de Fontanar, Estoril, 19 de enero de 1944; AJC-ACF.

[8] J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, op. cit., 29 de septiembre de 1944, pp. 102-103.

[9] Ibíd., 30 de noviembre de 1944, p. 107.

[10] Ibíd., 16 de agosto de 1945, p. 131.

[11] J. C. Gibaja, Indalecio Prieto y el socialismo español, op. cit., p. 307.

[12] Número de El Socialista para el interior, noviembre de 1945, 1; cit. R. Gillespie, Historia del Partido Socialista Obrero Español, op. cit., p. 166.

[13] Cit. J. Aróstegui, Largo Caballero. El tesón y la quimera, Ed. Debate, Barcelona, 2013, p. 914 n. 35.

[14] S. Juliá, Los socialistas..., op. cit., p. 292, y O. Cabezas, Indalecio Prieto, op. cit., pp. 533-534.

[15] Documento reproducido por Largo Caballero en carta a Prieto fechada el 6 de diciembre de 1945; F. Largo Caballero, I. Prieto y L. Araquistáin, ¿República o monarquía? Libertad. Correspondencia (1945-1949), Fondo de Cultura Económica-Biblioteca de la Cátedra del Exilio, Madrid, 2012, pp. 68-71.

[16] P. Sainz Rodríguez, Un reinado en la sombra, op. cit., p. 170.

[17] J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, op. cit., entrada del 27 de octubre de 1945, p. 136.

[18] C. Martínez Cobo, ¿República? ¿Monarquía? En busca del consenso. Intrahistoria del PSOE, Plaza & Janés, Barcelona, 1989, pp. 60-61. Véase también el artículo de David Dunthorn «The Prieto-Gil-Robles Meeting of October 1947: Britain and the Failure of the Spanish Anti-Franco Coalition, 1945-1950», European History Quarterly, 30, 1, 2000, especialmente pp. 55-56.

[19] «Creo un serio tropiezo la exigencia de que se nombre una Regencia para presidir el plebiscito sobre la forma de gobierno. Un serio tropiezo y un grave error»; contestación de Gil-Robles a Herrera, 28 de diciembre de 1945; P. Sainz Rodríguez, Un reinado en la sombra, op. cit., pp. 171-172.

[20] J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, op. cit., entrada del 4 de febrero de 1945, p. 160.

[21]ES, 25 de diciembre de 1945.

[22] «Una campaña ruin», ES, 18 de diciembre de 1945.

[23] J. F. Fuentes, Largo Caballero, op. cit., pp. 369-371.

[24] F. Largo Caballero, Mis recuerdos, op. cit., p. 302.

[25] Ibíd., p. 352.

[26] L. Araquistáin a Largo Caballero, 7 de octubre de 1945; F. Largo Caballero, I. Prieto y L. Araquistáin, ¿República o monarquía?, op. cit., pp. 44-49.

[27] Ibíd., p. 51. Largo Caballero a Araquistáin, 13 de octubre de 1945.

[28] Ibíd., pp. 60-61. Largo Caballero a Prieto, 5 de octubre (en realidad, noviembre) de 1945.

[29] Ibíd., pp. 83-89. Prieto a Largo Caballero, 27 de diciembre de 1945.

[30] Ibíd., pp. 99-101. Largo Caballero a Prieto, 14 de enero de 1946.

[31] Ibíd., pp. 113-117. Largo Caballero a Prieto, 25 de enero de 1946.

[32] El informe del marqués de Carvajal, fechado el 14 de septiembre de 1946, se encuentra entre los papeles de Luis Araquistáin; AHN-ALA: 71, y el de J. M. Aguirre, dirigido a la Comisión Ejecutiva del PSOE, de fecha 15 de septiembre de 1946, entre los papeles de Largo Caballero; FPI-AFLC: caja 163.

[33] Informe de J. M. Aguirre; FPI-AFLC: caja 163.

[34] Informe del marqués de Carvajal; AHN-ALA: 71.

[35] Informes del embajador, Miguel Mateu, y del encargado de negocios, Bermejo, al ministro de Asuntos Exteriores; París, 6 de noviembre y 5 de septiembre de 1946, respectivamente; AJTS-AMM: caja 4 (1946).

[36] J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, op. cit., 4 de marzo de 1946, p. 171.

[37] P. Sainz Rodríguez, Un reinado en la sombra, op. cit., p. 175.

[38] Carta de Llopis a Araquistáin, París, 27-28 de agosto de 1946; AHN-ALA: 33.

[39] J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, op. cit., 4 de marzo de 1946, pp. 171-172.

[40] «Un acuerdo en virtud del cual aceptaba, en nombre de la UGT, la monarquía, con el compromiso de respetar la religión católica y sin mostrarse demasiado exigente en materia democrática»; P. Sainz Rodríguez, Un reinado en la sombra, op. cit., p. 176.

[41] Carta de Llopis a Araquistáin, Toulouse, 7 de marzo de 1946; AHN-ALA: 33.

[42] «Cronología de la negociación (Nota redactada de memoria por J. P. tras sus conversaciones en Estoril en junio de 1950)», texto mecanografiado, conservado entre los papeles del conde de Fontanar; AGUN-ACF: 054/001/044.

[43] «Consejo Directivo de Acción Monárquica en España. Asunto: informe acerca de la monarquía y las izquierdas», texto mecanografiado, abril de 1946; AJC-ACF.

[44] Carta de don Juan al conde de Fontanar, Estoril, 9 de abril de 1946; AJC-ACF.

[45] F. Largo Caballero, Mis recuerdos, op. cit., p. 83.

[46]Adelante, número 108-109; cit. por C. Gibaja, Indalecio Prieto y el socialismo español, op. cit., p. 324.

[47] Cit. S. Juliá, Los socialistas..., op. cit., p. 308.

[48] Ibíd., R. Llopis a F. de los Ríos, 2 de enero de 1947; p. 615 n. 30.

[49] O. Cabezas, Indalecio Prieto, op. cit., p. 544.

[50] Cit. ibíd., pp. 553-554.

[51] P. Sainz Rodríguez, Un reinado en la sombra, op. cit., p. 170.

[52] Prieto a De los Ríos, Ciudad de México, 30 de diciembre de 1946; I. Prieto y F. de los Ríos: Epistolario, op. cit., p. 162.

[53] El conde de Fontanar «A S. M. el Rey», Madrid, 12 de marzo de 1946; AJC-ACF.

[54] Carta del encargado de negocios en París, al ministro español de Asuntos Exteriores, París, 28 de octubre de 1946; AJTS-AMM: caja 4 (1946).

[55] A. M. Muntañola al conde de Fontanar, Barcelona, 27 de mayo de 1946; AJC-ACF.

[56] El conde de Fontanar «A S. M. el Rey», Madrid, 3 de marzo de 1947; apartado titulado «Asuntos izquierdas», AJC-ACF.

[57] Cit. B. Vargas, Rodolfo Llopis (1895-1983): Una biografía política, Ed. Planeta, Barcelona, 1999, p. 166.

[58] Cit. ibíd., p. 167.

[59] A. del Rosal, Historia de la UGT de España, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1977, I, p. 478.

[60] B. Vargas, Rodolfo Llopis, op. cit., pp. 165-167.

[61] Informe remitido por Araquistáin al grupo parlamentario socialista; FPI-ALJA: 400-28.

[62] FPI-ALJA: 400-28.

[63] Carta de Llopis a Araquistáin, 25 de febrero de 1947; AHN-ALA: 33.

[64] D. Durnthorn, «The Prieto-Gil-Robles Meeting», op. cit., p. 61.

[65] Araquistáin a Llopis, 14 de marzo de 1947; AHN-ALA: 33.

[66] Prieto a Araquistáin, 6 de agosto de 1947; AHN-ALA: 36.

[67] L. Araquistáin, «Rasgos de Indalecio Prieto»; artículo fechado en marzo de 1953 y conservado entre sus papeles; AHN-ALA: 54.

[68] «El fetiche de la legalidad», Adelante, 15 de agosto de 1947; cit. C. Gibaja, Indalecio Prieto y el socialismo español, op. cit., p. 335.

[69] S. Juliá, Los socialistas en la política española, op. cit., pp. 311-312.

[70] Cit. C. Gibaja, Indalecio Prieto y el socialismo español, op. cit., p. 335.

[71] Ibíd., p. 337.

[72]ES, 10 de octubre de 1947.

[73] «Conversation with Sr. Indalecio Prieto (Spanish Socialist Leader)», informe de Bevin a Douglas Howard, encargado de negocios británico en Madrid, fechado el 29 de septiembre de 1947; NA: FO 371/67873, Z 8562/16/41.

[74] Informe de John Curle, segundo secretario del Western Department, 30 de septiembre de 1947; NA: FO 67877A, Z 8524/20/41.

[75] L. López Rodó, La larga marcha hacia la monarquía, op. cit., pp. 91-93.

[76] Ibíd., p. 95.

[77] Archivo de Leopoldo Lovelace, que incluye el único número editado de Restauración, y testimonio de su hijo Ricardo Lovelace Guisasola.

[78] J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, op. cit., 4 de julio y 21 de abril de 1946, pp. 225 y 217.

[79] Ibíd., 13 de julio de 1947, p. 228.

[80] Ibíd., 25 de julio de 1947, p. 230.

[81] R. Martínez Nadal, Antonio Torres de la BBC a «The Observer». Republicanos y monárquicos en el exilio, 1944-1956, Ed. Casariego, Madrid, 1996, pp. 155-156.

[82] Carta de Prieto a Araquistáin, 27 de agosto de 1947; AHN-ALA: leg. 36.

[83] Cit. F. de Meer, Juan de Borbón, op. cit., p. 266.

[84] L. C. Hernando, El PSOE y la monarquía, op. cit., p. 64.

[85] F. de Meer, Juan de Borbón, op. cit., pp. 258-259.

[86] J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, op. cit., 13 y 14 de octubre de 1947, pp. 239-240.

[87] B. Vargas, Rodolfo Llopis, op. cit., pp. 202-203.

[88] Cit. F. de Meer, Juan de Borbón, op. cit., p. 267.

[89] J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, op. cit., 15 de octubre de 1947, p. 240.

[90] Ibíd., 17 de octubre de 1947, p. 241.

[91] Ibíd., 19 de octubre de 1947, p. 242.

[92] Carta de Martín Artajo a Gil-Robles, 29 de octubre de 1947, AGUN-APBHC, y copia en FIP: Fondo Concha Prieto I, Serie Monárquicos, carpeta 2; nota del conde de Fontanar a don Juan del 3 de noviembre (1947); AJC-ACF.

[93] Carta de Gil-Robles a Sainz Rodríguez, 3 de noviembre de 1947; cit. F. de Meer, Juan de Borbón, op. cit., p. 273.

[94] Informe de Prieto fechado el 19 de octubre de 1947; AHN-ALA: 36.

[95] Carta de Araquistáin a Prieto, 25 de octubre de 1947; cit. O. Cabezas, Indalecio Prieto, op. cit., p. 586.

[96] Carta de Gil-Robles a F. Vejarano, 28 de diciembre de 1947; cit. F. de Meer, Juan de Borbón, op. cit., p. 279.

[97] Cit. L. López Rodó, La larga marcha hacia la monarquía, op. cit., p. 58.

[98] Carta de Prieto a De los Ríos, 13 de diciembre de 1947; I. Prieto y F. de los Ríos, Epistolario, op. cit., p. 196. Prieto cita a Araquistáin como fuente, pero la versión de este último sobre la respuesta de don Juan a la solicitud de entrevista por parte de Trifón Gómez no se puede parecer menos a la que figura en la carta de Prieto a De los Ríos (carta de Araquistáin a Prieto, 27 de noviembre de 1947, reproducida en F. Largo Caballero, I. Prieto y L. Araquistáin, ¿República o monarquía?, op. cit., pp. 285-289).

[99] Cit. J. C. Gibaja, Indalecio Prieto y el socialismo español, op. cit., p. 410.

[100] Cit. L. M. Anson, Don Juan, op. cit., p. 333.

[101] Carta de Prieto a De los Ríos, 12 de enero de 1948; I. Prieto y F. de los Ríos, Epistolario, op. cit., pp. 202-208.

[102] J. C. Gibaja, Indalecio Prieto y el socialismo español, op. cit., p. 412.

[103]Adelante, 1 de marzo de 1948.

[104] J. C. Gibaja, Indalecio Prieto y el socialismo español, op. cit., p. 413.

[105] J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, op. cit., 12 de marzo de 1948, p. 257.

[106]ES, 9 de abril de 1948.

[107] J. C. Gibaja, Indalecio Prieto y el socialismo español, op. cit., p. 413.

[108] Ibíd., p. 416.

[109] Carta de Prieto a Araquistáin, 13 de agosto de 1948, reproducida en F. Largo Caballero, I. Prieto y L. Araquistáin, ¿República o monarquía?, op. cit., pp. 306-307.

[110] Carta de Gil-Robles y Sainz Rodríguez a Vejarano, 10 de agosto de 1948; cit. F. de Meer, Juan de Borbón, op. cit., p. 306.

[111] Cartas de Araquistáin a Prieto, 28 y 29 de agosto de 1948; F. Largo Caballero, I. Prieto y L. Araquistáin, ¿República o monarquía?, op. cit., pp. 308-310.

[112] J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, op. cit., 27 de agosto de 1948, p. 265.

[113] Carta de Araquistáin a Prieto, 29 de agosto de 1948; F. Largo Caballero, I. Prieto y L. Araquistáin: ¿República o monarquía?, op. cit., p. 309-310.

[114] Lo reproduce y comenta Indalecio Prieto en carta a Luis Araquistáin del 31 de agosto de 1948; F. Largo Caballero, I. Prieto, y L. Araquistáin, ¿República o monarquía?, op. cit., pp. 311-314.

[115] Ibíd., Carta de Araquistáin a Prieto, 3 de septiembre de 1948, p. 316.

[116] Cit. J. C. Gibaja, Indalecio Prieto y el socialismo español, op. cit., p. 425.

[117] «No queda otro camino que romper todo trato con los monárquicos confesando nuestro fracaso»; carta de Jiménez de Asúa a Prieto, 31 de agosto de 1948; FPI-ALJA: 419-36.

[118] Carta de Araquistáin a Prieto, 23 de octubre de 1947; F. Largo Caballero, I. Prieto y L. Araquistáin, ¿República o monarquía?, op. cit., p. 263.

[119] Carta de Jiménez de Asúa a Prieto, 5 de septiembre de 1948; FPI-ALJA: 419-37.

[120] J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, op. cit., 1 de septiembre de 1948, p. 272.

[121] P. Sainz Rodríguez, Un reinado en la sombra, op. cit., p. 181.

[122] Copia de una carta «A S M. el Rey», Madrid, 9 de febrero de 1949; AJC-ACF.

[123] «Dice haber estado en todo momento resp[aldado] por R. [el rey] que no “desautorizó” su gest[o]», nota del conde de Fontanar relativa a Gil-Robles y su entrevista con Prieto, 7 de noviembre (¿1947?), AJC-ACF; y «Cronología de la negociación (Nota redactada de memoria por J. P. tras sus conversaciones en Estoril en junio de 1950)», AGUN-ACF: 054/001/044.

[124] Don Juan al conde de Fontanar, 20 de julio de 1950; AGUN-ACF: 054/001/051-2.

CAPÍTULO V. LA CURA DE AISLAMIENTO DEL SOCIALISMO ESPAÑOL

Franco busca un heredero

La entrevista de tres horas que Franco y don Juan mantuvieron el 25 de agosto de 1948 a bordo del Azor en el golfo de Vizcaya resulta fácil de entender desde la perspectiva del dictador. La aprobación de la Ley de Sucesión el año anterior definía a España como un «Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se constituye en Reino». El artículo sexto facultaba a Franco para proponer a las Cortes «en cualquier momento (...) la persona que deba ser llamada en su día a sucederle a título de rey o de regente» y el artículo decimotercero le reservaba la potestad de excluir de la sucesión a aquellas «personas reales» que carecieran de la capacidad necesaria para gobernar o se hubieran apartado —«desvío notorio»— de las Leyes Fundamentales del Reino. El dictador necesitaba, pues, un heredero de sangre real.

Mientras tanto, don Juan debía decidir si optaba por una restauración con Franco o contra Franco; desde la Ley de Sucesión o al margen de ella. Para el conde de Barcelona se trataba de un dilema de difícil solución. La Ley de 1947 le dejaba hasta tal punto a merced del dictador que cargaba de razón a aquellos de sus consejeros que defendían la ruptura con el régimen. Pero hacer del juanismo un nuevo legitimismo en pugna con el Estado condenaba a don Juan a sostener un pleito dinástico de resultado más que incierto. Lo sabía bien, porque tenía muy presente la suerte que había corrido el carlismo desde 1833. Abogar por un legitimismo a ultranza comprometía además los derechos de sus hijos, que podían quedar apartados de una sucesión more franquista si el dictador aplicaba la ley a su antojo, como era de prever. Un acuerdo de mínimos con Franco podía evitar su exclusión y la de sus descendientes en la carrera sucesoria abierta por la última ley fundamental del régimen. Ese acuerdo, sin embargo, podía volverse contra él. Si el compromiso se reducía a pactar el futuro de su primogénito, Juan Carlos de Borbón, el conde de Barcelona corría el riesgo de ser desplazado por su propio hijo como sucesor de Franco al frente de una monarquía restaurada.

En 1948, don Juanito, como era conocido entonces, tenía diez años. Le faltaban, por tanto, veinte para cumplir la edad mínima exigida por la Ley de Sucesión para acceder a la Jefatura del Estado en calidad de rey o regente. ¿No era mucho tiempo para pensar que pudiera suceder a Franco? Parecía más lógico que la sucesión se produjera antes, en un momento más acorde con la edad que tenían entonces el Caudillo y el hijo de Alfonso XIII, cincuenta y cinco y treinta y cinco años, respectivamente, en vez de saltarse una generación, como ocurriría si el afortunado era el nieto del anterior rey de España. La mayoría de los monárquicos del interior, con Julio Danvila a la cabeza, se mostraban partidarios de un arreglo con Franco antes de que decidiera buscar por su cuenta una alternativa a don Juan y su descendencia.

Durante aquellas tres horas a bordo del Azor hablaron de multitud de cosas, desde el déficit de carbón que sufría España hasta las habilidades cinegéticas de Franco, pero sobre todo del futuro del país y de la monarquía, para disgusto del conde de Barcelona, que hubiera preferido centrarse en el presente. No: lo que Franco quería tratar con él no corría tanta prisa y de ahí que reprochara a su interlocutor una impaciencia que a él le resultaba inoportuna y molesta. «Habló de permanecer en el poder otros veinte años», le dijo don Juan a Gil-Robles al contarle los pormenores de la entrevista.[1] El plazo que Franco se dio pudo ser casualidad, pero es curioso que ninguno de los dos, ni el pretendiente al contarlo ni el líder monárquico al transcribirlo, reparara en el hecho de que veinte años era justo lo que le faltaba a don Juanito para ser rey con arreglo a la Ley de Sucesión.

Su educación ocupó la última parte —unos veinte minutos— de la conversación. Aunque, según le dijo el pretendiente a Gil-Robles, el encuentro terminó sin haber llegado a resultado alguno,[2] la versión que le dio a José María Pemán dos días después muestra un acuerdo sustancial sobre el futuro inmediato del príncipe, que se trasladaría a España a proseguir su formación. «Será totalmente dirigida por mí», le aseguró a Pemán. Era una entrega condicionada, según él, a un cambio en la actitud del régimen hacia la institución y al cumplimiento de otros «puntos concretos» no especificados. En función de eso, «tendrán al niño o no lo tendrán». Pemán, en cambio, no lo veía tan claro. En su opinión, Franco había intentado quedarse con todas las bazas y probablemente lo había conseguido.[3] Su relato y el de Gil-Robles, más allá de algunas discrepancias, coinciden en mostrar el interés del dictador por ir resolviendo a su manera —es decir, despacio y sin ataduras— la cuestión sucesoria. Por su parte, don Juan pretendía recordarle que seguía siendo el titular de los derechos dinásticos y que, por tanto, tenía en su mano el futuro de su hijo: «Yo hago dinastía», le dijo a Pemán.[4] Craso error de cálculo, porque el acuerdo con Franco, que fue de quien partió la idea de que el príncipe se educara en España,[5] suponía poner en sus manos algo más que sus estudios. En vez de entreabrir una puerta a un pacto que le permitiera ejercer en el futuro sus derechos al trono, el envío a España de su primogénito le creaba un competidor que Franco podía utilizar contra él.

Así se lo temió ya entonces José María Gil-Robles, convencido de que el pretendiente, «rodeado por una camarilla de idiotas», se había puesto a merced del dictador al entregarle su principal baza. «No tengo más que una baza y es la del príncipe», le reconoció él mismo a Julio Danvila.[6] Gil-Robles confesará sentirse «asqueado» al recoger en su diario una larga conversación con don Juan a finales de octubre de 1948 de la que sacó la conclusión, que en aquel momento pudo parecer precipitada, de que ya no había nada que hacer.[7] La historia, sin embargo, le acabó dando la razón mucho antes de que el dictador hiciera oficial el nombre de su sucesor. En 1952, Franco le anticipó al diplomático José Antonio Sangróniz «que Don Juan no sería rey».[8] Habían pasado tan solo cuatro años desde la entrevista en el Azor y siete desde que Carrero Blanco, poco después del Manifiesto de Lausana, planteara la necesidad de que el pretendiente cambiara su línea de actuación o que se resignara a ver a su hijo en el trono. «Es preciso pensar en la preparación para ser rey del joven príncipe», concluyó Carrero en presencia de un profesor de Derecho Administrativo que, a sus veinticinco años, acababa de ganar la cátedra de su especialidad en la Universidad de Santiago de Compostela.[9] Se llamaba Laureano López Rodó y acabaría desempeñando un papel clave en la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco en 1969, veintiún años después del encuentro en el Azor.

El martes 9 de noviembre de 1948, don Juan Carlos llegó a la estación de Fuenlabrada, Madrid, procedente de Lisboa, para proseguir sus estudios en España, según lo acordado entre Franco y su padre. Tenía diez años y hasta entonces había vivido siempre en el extranjero, lo que explica el ligero acento francés con el que hablaba español. En los ambientes monárquicos existía el temor de que los falangistas dieran rienda suelta a sus sentimientos antidinásticos aprovechando su presencia en España, pero todo se redujo a algún que otro cántico burlón, como el que decía «El que quiera una corona/ que se la haga de cartón,/ que la corona de España/ no es para ningún Borbón». Nada nuevo bajo el sol, porque el odio a los Borbones constituía una de las señas de identidad del falangismo más genuino. Casi peor fue el vacío informativo. La prensa dedicó escasa atención a la llegada a Madrid del nieto de Alfonso XIII. La Vanguardia de Barcelona, por ejemplo, se limitó a reproducir un teletipo de la agencia Cifra: cinco líneas en portada sin imagen que la ilustrara ni mayor comentario.[10] La noticia del III Congreso de Ingeniería Naval ocupaba tres veces más espacio. El diario Pueblo, órgano de los sindicatos verticales, ni siquiera dio la información y otros periódicos publicaron la nota de Cifra con fotografías escasamente favorecedoras, elegidas, al decir de Gil-Robles, «con la peor intención», que presentaban al niño «con la pinta de un golfo».[11] Indudablemente, el ambiente oficial no le era nada propicio.

Unos días después, don Juan Carlos se trasladaba a una finca de recreo, de unas cien hectáreas, llamada Las Jarillas, propiedad de Alfonso Urquijo. Estaba situada a 17 kilómetros al norte de Madrid, cerca de El Goloso, y contaba con una casa, construida en torno a un patio andaluz, que fue habilitada como colegio para la ocasión.[12] Durante esos primeros días de su estancia en España se produjo su primer encuentro con Franco en El Pardo, al que acudió acompañado de Julio Danvila y del duque de Sotomayor. Fue una entrevista insustancial, alterada solo por la presencia de un ratón que correteaba en torno al sillón del dictador y consiguió distraer al príncipe, quien, no obstante, tuvo los reflejos suficientes para responder al Caudillo, que le había preguntado por «Su Alteza» el conde de Barcelona, con un cortante «el rey está muy bien». La conversación dio muy poco de sí, aunque, según Danvila, Franco quedó encantado con el príncipe.[13]

En Las Jarillas inició sus estudios de bachillerato junto a otros ocho muchachos de su edad, entre ellos su primo Carlos de Borbón-Dos Sicilias; Jaime Carvajal, hijo del conde de Fontanar, y José Luis Leal, futuro ministro de Economía en la Transición. Fue un grupo seleccionado personalmente por don Juan entre los hijos de sus amigos y allegados con una edad similar a la del príncipe, que pasaron a formar parte de ese pequeño internado puesto en marcha en muy poco tiempo y en condiciones francamente austeras bajo la supervisión de don José Garrido. Se trataba, afirmó don Juan muchos años después, de que «el príncipe escapase a la comodidad de una solución burguesa».[14] El reducido claustro de profesores del colegio lo formaban don Juan Rodríguez Aranda, doña Aurora Gómez Delgado y el padre Ignacio de Zulueta, además de don José Garrido.[15]

Tanto en Las Jarillas, a lo largo de aquel curso, como en el Palacio de Miramar, en San Sebastián, donde se instaló posteriormente el grupo, el príncipe mostró virtudes y defectos muy acusados. Le interesaba mucho más el deporte, como la caza, que abundaba en la finca, que el estudio y la lectura, también habitual en Las Jarillas, donde se leía con frecuencia a escritores tan dispares como Quevedo, Cervantes, Baroja y Juan Ramón Jiménez. Las clases de ciencias naturales solían darse al aire libre. Pero nada de todo aquello atraía especialmente al nieto de Alfonso XIII, más dotado para el ejercicio físico que para el trabajo intelectual. Pese a ello, consiguió ir aprobando los exámenes oficiales en el Instituto de San Isidro en Madrid, donde él y sus compañeros tuvieron verdaderos problemas para aprobar aquel primer año la asignatura de Formación del Espíritu Nacional, porque ninguno de ellos se sabía la letra del «Cara al sol», que fue la pregunta que les tocó en suerte, [16] y Juan Carlos además confundió la bandera falangista con la republicana. Al menos así le gustaba recordarlo muchos años después,[17] quién sabe si dejándose llevar por un subconsciente colectivo típicamente borbónico, que tendía a equiparar a los enemigos de la dinastía, vinieran de donde vinieran, y con ellos a sus banderas. Más allá de este divertido percance, que, según él, le costó el aprobado, lo suyo no era el estudio metódico. El joven Juan Carlos solía recurrir al esfuerzo de última hora, al arreón final antes de los exámenes, para compensar su escasa dedicación durante el curso. Era un chico despierto, pero su capacidad de trabajo se regía por la ley del mínimo esfuerzo y por su sentido de la responsabilidad, que le llevaba a sobreponerse a cierta indolencia natural para cumplir, mal que bien, con sus obligaciones.

Así fueron pasando los años, entre clases, visitas de amigos y familiares —nunca de sus padres—, tediosas horas de estudio, exámenes en San Isidro, vacaciones en Estoril, cacerías y juegos. Un informe elaborado a los cinco años de su llegada a España arroja un curioso y desigual balance de las estimables virtudes y los numerosos defectos del joven príncipe: era generoso, afectuoso, dócil, entusiasta y simpático «cuando quiere»; pero también irreflexivo, egoísta, superficial, incapaz de leer la prensa, no digamos un libro —salvo que fuera un «novelucho»—, nada observador y propenso a llevar la contraria y a mostrar su aburrimiento sin disimulo, por ejemplo, cuando debía visitar un museo o un monumento histórico. Pensando en el papel que podía tenerle reservado la historia, el informe recomendaba vivamente que se le inculcaran ciertos principios y valores, sobre todo el sentido del deber y la idea del servicio a los demás. «Necesitaría», concluye el informe, «urgentemente y en “dosis masivas”, un curso intensivo de formación». Como el príncipe tenía ya quince años y su carácter hacía aconsejable su paso por un centro «disciplinado y duro», se pensaba en la conveniencia de que continuara su educación en la Academia General Militar de Zaragoza.[18] La idea no podía serle más grata a Franco, que, un año después, en conversación con su primo y secretario, vio en su ingreso en la Academia una gran oportunidad para que el príncipe se fuera formando «en los ideales de la Cruzada».[19]

Habían pasado ya seis años desde su llegada a España y don Juan y su círculo de consejeros no acababan de ver ningún avance para la causa monárquica. Las promesas de Franco en el Azor no se habían traducido en nada concreto. Al contrario. La propaganda del régimen seguía mostrándose hostil a la dinastía y los planes de Estoril de mandar al príncipe a estudiar a la Universidad Católica de Lovaina fueron frenados en seco por el dictador. Don Juan estaba perdiendo el control de la situación y la complicidad con su propio hijo, atrapado poco a poco en la telaraña que Franco iba tejiendo a su alrededor. Lo había advertido ya la reina Victoria Eugenia en una carta al conde de los Andes escrita en septiembre de 1948, con el joven príncipe a punto de partir para España: «La idea de apoderarse de mi nieto resultaba la consecuencia lógica de la Ley de Sucesión».[20] No todos lo vieron tan claro, aunque en el campo socialista, tan distante de aquel mundo de intrigas palaciegas, hubo quien supo intuir la trascendencia de lo que sucedía en torno a la figura de Juan Carlos de Borbón: «A mí el que me importa es ese niño», escribió Indalecio Prieto en 1949.[21]

Fracaso de Prieto y «hambre de patria»

El Pacto de San Juan de Luz firmado en agosto de 1948 se mantuvo en vigor por pura inercia durante algún tiempo, a pesar de las dudas que existieron desde el principio sobre su viabilidad y de la sensación de que don Juan había traicionado a unos y a otros. La creación en marzo siguiente del comité de enlace entre el PSOE y las fuerzas monárquicas no consiguió mejorar las cosas. Los problemas de coordinación entre el interior y el exilio aumentaron la confusión reinante y la inoperancia de las organizaciones que debían impulsar el cambio político en España. Los monárquicos se desentendieron del acuerdo firmado en su nombre y los dirigentes socialistas se vieron en serios aprietos para justificar ante los suyos una decisión de tal trascendencia. La situación internacional tampoco ayudaba. En 1949 volvían los embajadores a Madrid y empezaban a correr rumores sobre la intención del Gobierno norteamericano de firmar un tratado con Franco e incluso sobre el próximo ingreso de España en la ONU. Un profundo abatimiento se apoderó del socialismo en el exilio. El partido, escribió Wenceslao Carrillo en julio de 1950, se iba literalmente a hacer puñetas.[22]

Este ambiente pesimista hizo mella sobre todo en Indalecio Prieto, que era quien más fuerte había apostado por una intervención occidental para resolver el problema español y por un pacto de la izquierda con las fuerzas monárquicas que facilitara el fin de la dictadura. Lo uno y lo otro se estaban viniendo abajo por momentos, y para colmo los socialistas del interior empezaban a actuar por su cuenta haciendo caso omiso de las indicaciones de Prieto, que los veía excesivamente proclives a una solución monárquica. Y no andaba descaminado, a juzgar por una carta llegada a Estoril desde España a mediados de 1949, en la que dirigentes socialistas y anarquistas se declaraban dispuestos a aceptar la monarquía sin plebiscito, consulta electoral o gobierno de concentración. Dos años y medio después, el PSOE y la UGT clandestinos apoyaban una restauración monárquica que promulgara una constitución provisional suficientemente liberal y una amnistía para los delitos de tipo político.[23]

Al contrario que el PSOE clandestino, don Inda se fiaba cada vez menos de los monárquicos. Eran ellos, según él, los que, viendo la ingenuidad y la desesperación de los socialistas del interior, los habían convertido en sus nuevos interlocutores, como si pudieran decidir al margen de la dirección del partido en el exilio. En marzo de 1950, Prieto optó por dimitir de su cargo en el comité de enlace con los monárquicos —dimisión que no le fue aceptada—, mientras Toulouse decidía disolver la coordinadora del interior para evitar solapamientos y malentendidos.[24] Algo de razón debía de tener Prieto en sus sospechas, porque los hombres de don Juan, y en particular el general Aranda, considerando la coordinadora fácilmente manipulable, intentaron revitalizarla por todos los medios.

Ante los reproches de ciertos sectores, el presidente del partido se defendió apelando a la memoria reciente de la militancia: «Quienes estimen que el PSOE en el exilio fue muy lejos en su convenio con la Confederación de Fuerzas Monárquicas (...) deben recordar que los directivos del partido en España quisieron ir mucho más allá».[25] Así era sin duda, pero eso no le restaba gravedad al hecho de que la estrategia auspiciada por él había fracasado estrepitosamente, tal como él mismo acabó reconociendo. En junio, en vísperas del IV Congreso del partido en el exilio, salía al paso de nuevas críticas vertidas en algunos medios socialistas. Más allá de las polémicas internas y de los ataques personales que pudiera sufrir, Prieto no ocultaba el fondo de la cuestión: que «la realidad es mucho más amarga de lo que muchos suponían. Debemos afrontarla con coraje».[26] Y la realidad era que la España de Franco avanzaba hacia su integración en la comunidad internacional y que las perspectivas de una liberalización política se alejaban por momentos, y con ellas la posibilidad del regreso a España. Esto último afectaba especialmente a Indalecio Prieto, angustiado con la idea de «dejar aquí mis huesos», como le dijo desde México a Fernando de los Ríos hacía casi cuatro años.[27] De ahí su dramática invocación a la patria perdida en el congreso del partido, al que no pudo asistir por razones de salud, pero en el que hizo oír su voz mediante un largo mensaje que fue publicado en la portada de El Socialista el día de la inauguración. Además de pedir, sin éxito, que nadie propusiera su reelección como presidente, Prieto quiso desahogar sus sentimientos más íntimos en un momento como aquel, en el que los socialistas españoles veían más lejos que nunca la posibilidad del regreso a la patria: «¡Nuestra patria! Negar afecto hacia ella pertenece en cierto modo a una especie de demagogia universalista, sin auténticas raíces. Si entre nosotros alguien creyó no profesárselo, la expatriación le habrá sacado del engaño. Todos sentimos en el áspero destierro, además de hambre de justicia, hambre de patria». Su mensaje, fechado en San Juan de Luz en junio de 1950, terminaba con un «¡Viva España! ¡Viva el Socialismo!».[28]

La situación empeoró al llegar el otoño, cuando la ONU decidió levantar algunas de las medidas adoptadas contra el régimen de Franco a la vez que autorizaba su incorporación a organismos internacionales dependientes de Naciones Unidas. Este cambio de actitud reflejaba, según Prieto, el «viraje político» del Gobierno norteamericano, y en particular del Departamento de Estado, en relación con España, a la que, entre unos y otros, estaban dejando «huérfana de amparo internacional».[29] El presidente del PSOE auguraba nuevos pasos, que no tardarían en darse, hacia el fin definitivo del aislamiento internacional del franquismo, en cuanto Estados Unidos consiguiera en la ONU la mayoría necesaria para la revocación de los acuerdos de la posguerra. Ese «viraje» dejaba prácticamente sin efecto el pacto con los monárquicos impulsado por Prieto, tal como él mismo reconoció en carta a Rodolfo Llopis de aquellos mismos días, porque la eficacia de aquella política dependía no tanto del entusiasmo, más que dudoso, que pusieran las fuerzas monárquicas en cumplir su compromiso cuanto del apoyo internacional a una solución pacífica al problema español. Si esto fallaba, el Pacto de San Juan de Luz, de por sí tan frágil y problemático, perdía su razón de ser. Prieto no rehuía, sino todo lo contrario, su propia responsabilidad: «Mi fracaso es completo. Soy responsable de inducir a nuestro partido a fiar en poderosos gobiernos de origen democrático que no merecían confianza (...). ¿Hasta qué limites me llevará ahora el desengaño?».[30] El 9 de noviembre se embarcaba para América después de presentar su renuncia como presidente del PSOE y vicepresidente de la UGT.

Su dimisión y su regreso a América produjeron sorpresa y pesadumbre entre los socialistas, por mucho que su estado de salud y la situación política hicieran temer algo parecido. Las ejecutivas del PSOE y la UGT se comprometieron a mantener el rumbo ante los nuevos desafíos de la lucha contra la dictadura y la certeza de que, en cualquier caso, la derrota del franquismo era «inevitable».[31] Pero este mensaje de unidad y continuismo no bastaba para contrarrestar la desmoralización de la militancia. El desconcierto o la inercia llevó a la dirección a seguir defendiendo la coalición con la Confederación de Fuerzas Monárquicas como el mejor instrumento para acelerar el fin del franquismo. Así lo declaró la Comisión Ejecutiva del PSOE todavía en febrero de 1951, como si nada hubiera ocurrido en los últimos meses.[32] Ya en el IV Congreso celebrado en junio del año anterior, Francisco Ferrándiz, delegado por Londres, señaló el carácter errático de la línea seguida por el partido en los últimos tiempos, que él definía como el efecto fatal de una extraña esquizofrenia política: «República sí, pero... sin los republicanos. Monarquía no, pero... con los monárquicos».[33] Este diagnóstico, certero sin duda para el año 1950, describe en realidad un viejo problema del socialismo español, exacerbado por la Guerra Civil y por las circunstancias del exilio, que consistía en la dificultad de conjugar un republicanismo platónico con el rechazo visceral que los republicanos provocaban en muchos socialistas. Un rechazo tal, que en ocasiones, como le dijo Largo Caballero al marqués de Carvajal poco antes de morir, parecía más fácil entenderse con los monárquicos.

Ni siquiera el fracaso del Pacto de San Juan de Luz facilitó una alianza con el republicanismo, pese a la oferta realizada por el presidente del Gobierno en el exilio, Álvaro de Albornoz, y a la receptividad de algunos dirigentes históricos del partido, como Wenceslao Carrillo.[34] Prieto se apresuró a rechazar el gesto condescendiente de Albornoz, cuya reafirmación de la legitimidad republicana tenía algo de ajuste de cuentas con el PSOE por su pasado acuerdo con los monárquicos, como si su propuesta exigiera el arrepentimiento previo de los socialistas. Entonces —recuerda Prieto—, cuando el famoso pacto, los republicanos lanzaron todo tipo de injurias e improperios contra él y sus compañeros. Lo de ahora, más que una oferta amistosa, era un verdadero trágala. Él, al menos, no estaba dispuesto a poner la otra mejilla, sino, bien al contrario, a contraatacar con todos los argumentos en su mano. Hay uno sobre todo que el presidente del Gobierno republicano le había puesto en bandeja, y era la posibilidad de que un frente republicano de amplio espectro como el que se trataba de crear incluyera a los comunistas. Prieto reconocía que, de momento, la propuesta no llegaba tan lejos, pero tampoco excluía tal cosa. Ese era el argumento al que se aferraba para rechazar un plan que llevaba el doble estigma de la humillación al PSOE y de la «reconciliación con los comunistas».[35] Los republicanos podían guardarse, por tanto, sus lecciones de honorabilidad y prudencia, porque sus compañeros de viaje eran tan indeseables como los monárquicos que habían firmado e incumplido el Pacto de San Juan de Luz.

Tres años después, Prieto seguía sangrando por la herida del pacto. No hay más que ver su artículo «Estafeta regia: El príncipe mendigante», publicado en El Socialista en octubre de 1951, en el que repasa la jugosa correspondencia cruzada en los últimos años entre Franco y el conde de Barcelona. Llama la atención sobre el hecho de que, en sus primeras cartas y declaraciones públicas, el pretendiente renegara de la monarquía constitucional encarnada por su bisabuela, Isabel II, y sus descendientes hasta 1923 e hiciera suyos los principios políticos de la rama carlista. Estos antecedentes se los hubo de recordar Franco cuando don Juan empezó a mostrar unas veleidades liberales que hasta entonces no se le habían conocido. Víctima de sus bandazos y contradicciones, su última carta al dictador, fechada el 10 de julio de 1951, le mostraba definitivamente «ahogado en sus propias torpezas», entre ellas su interpretación de las negociaciones con el PSOE llevadas a cabo por algunos de sus consejeros —ni autorizadas ni desautorizadas por él, según don Juan— con el único propósito, al parecer, de apartar a los socialistas españoles de toda política revolucionaria. Semejante «amasijo de hipocresías y bobadas» demostraba lo poco que el pretendiente conocía eso que él llama «los sectores obreros españoles anticomunistas», que Prieto identifica, como no podía ser menos, con la UGT y el PSOE. El hijo de Alfonso XIII tenía además el don de la inoportunidad: ocho días después de jactarse ante Franco de que solo él, con su acrisolado prestigio internacional, conseguiría la ayuda económica que España necesitaba, el Gobierno de Estados Unidos concedía un generoso apoyo financiero al dictador, que todavía se estaría riendo del ridículo que había hecho el pretendiente. En cuanto a la idea que se había forjado de la clase obrera española, su aspiración a convertirla en una legión de alabarderos a su regio servicio rayaba simplemente en lo bufo. A esos extremos estaban llegando, según Prieto, las infinitas torpezas de aquel a quien llama «el príncipe mendicante».[36]

Ni con los monárquicos ni con los republicanos tenían, pues, remedio los males del exilio y especialmente los del socialismo español. Situado en tierra de nadie, sin posibilidad de pacto alguno, el PSOE debía imponerse «una cura de aislamiento, replegándose dentro de sí mismo, acentuando su significación de clase o de “credo cerrado”». En estos términos se expresaba Prieto en una propuesta suya dirigida a la Agrupación Socialista Española en México en octubre de 1951, coincidiendo con la publicación de su artículo sobre don Juan. El documento, aprobado por la ASE, declaraba roto el convenio con las fuerzas monárquicas como consecuencia de la conducta de don Juan, anunciaba el voto a favor de la república en un futuro plebiscito y daba por cancelados los pactos o alianzas que pudieran existir nominalmente.[37] En realidad, la idea de una «cura de aislamiento», todavía sin esa denominación, se podía vislumbrar ya en su artículo del mes de febrero rechazando la oferta de una gran alianza republicana lanzada por Álvaro de Albornoz. La clave —decía entonces— para una solución democrática del problema español estaba en mantenerse a una prudente distancia de los comunistas. En caso de que entre ellos y los republicanos se produjera una aproximación, y todo indicaba que así era, el PSOE debía excluirlos también de su zona de seguridad, tanto más cuanto que el republicanismo estaba condenado a la extinción dentro y, sobre todo, fuera de España. Si sumaban poco o nada a la lucha contra el franquismo y, en cambio, restaban mucho por su cercanía a los comunistas, la conclusión parecía obvia: cuanto más lejos, mejor. Al final, para el PSOE y la UGT la opción menos mala era, pues, permanecer «desligados de confusas amalgamas».[38] Es decir, lo que luego llamó la «cura de aislamiento».

Araquistáin, su viejo rival, la había tomado también con los republicanos, a los que escandalizó a principios de 1952 con una serie de artículos en la prensa socialista dedicados a demostrar que la Segunda República estaba históricamente muerta. El primero llevaba por título «Doña Juana la Loca y los republicanos españoles» e iba dirigido, como si de una carta abierta se tratara, a don Félix Gordón Ordás, nuevo presidente de la República en el exilio, que el 10 de enero le había invitado a una reunión de diputados en la que pretendía exponerles sus planes para el futuro. Como Araquistáin no podía asistir, se dirigía a él para hacerle partícipe de un hermoso proyecto que tenía en mente. Había llegado el momento de «enterrar definitivamente y solemnemente nuestra república» y poner fin así al macabro espectáculo de exhibir su cuerpo insepulto a los ojos del mundo entero. En vez de emular a Juana la Loca con su interminable cortejo fúnebre, los partidarios de la república debían organizar una procesión, con ella a cuestas —bastaría un ejemplar de la Constitución de 1931 en un ataúd— y sus dos presidentes a la cabeza, que cruzara el Bidasoa y, tras obtener el permiso correspondiente, se dirigiera a Madrid «para dar sepelio a los restos de nuestra llorada institución en algunos de los panteones de reliquias ilustres que por allí haya». No se trata, claro está, de buscar el milagro de la resurrección, porque nada muerto resucita, sino de enterrar de una vez aquello que se va muriendo poco a poco e impide con su lenta consunción, como la de los republicanos en el exilio, que algún día brote algo nuevo que merezca la pena, porque «hacer política es construir, dentro de lo posible, en cada momento, para la vida y no para la muerte». Araquistáin terminaba su paralelismo tragicómico rogando al presidente de la República que tuviera la bondad de hacerle saber su opinión sobre su propuesta funeraria.[39]

El artículo de Araquistáin provocó una réplica iracunda de Gordón Ordás, que le echó en cara su irresponsable trayectoria política y periodística en vísperas de la Guerra Civil y haber adoptado ahora una postura comodona y cínica mientras otros luchaban por la república. Lejos de arredrarse ante la respuesta de su adversario, el diputado socialista sacó a relucir sus conocidas dotes de polemista, que encontraban ancho campo en un asunto como aquel, tan propicio a su visión amarga y descreída de las cosas, incluso de aquellas que otros exiliados consideraban sagradas y punto menos que intocables. La república, por ejemplo.

Tras un nuevo artículo —«Zootecnia y política»—, en el que acusó a Gordón Ordás de «estreñimiento mental» y de confundir la política con su profesión de veterinario,[40] el que cierra la serie, titulado «Epílogo de una polémica. ¿Qué república?», se sale del tono jocoso empleado hasta entonces para reflexionar sobre la necesidad de romper con atavismos políticos que han tenido un efecto devastador en la historia de España. «Mientras cada uno de nosotros», afirma Araquistáin, «no arroje fuera de sí el absolutista o el separatista que lleva dentro, no habrá paz en España». Pero su artículo, además de señalar problemas con hondas raíces históricas, tenía una vocación constructiva que miraba al futuro, aunque ese futuro no pasara por la restauración de la república de 1931. Esta última sería más bien un modelo de los errores que no había que volver a cometer si los españoles tenían algún día una nueva oportunidad de vivir en libertad. Él soñaba con una España «modesta, sin mitos de izquierda o derecha, sin utopías de paraísos terrenales; una pequeña potencia, pero próspera y habitable, como lo son ya casi todas las naciones europeas». En vez de ser unicamerales, como las del 31, unas futuras Cortes deberían tener una segunda cámara y ser la expresión de un sistema de partidos racional y simplificado, preferentemente bipartidista. Ese régimen político buscaría por encima de todo la convivencia pacífica de todos los sectores, por grandes que hubieran sido sus luchas en el pasado, de manera que «el católico y el librepensador; el capitalista, el socialista y el anarquista, el civil y el militar», pudieran convivir en paz y hacer realidad de esta forma la labor «educadora» y «civilizadora» que constituiría, junto con la industrialización del país, su principal objetivo. Sería una república, sí; pero en nada se parecería a aquella a la que el autor sirvió en los años treinta como diputado y embajador.[41]

Araquistáin prosiguió su búsqueda de soluciones pragmáticas al problema español hasta el punto de rebasar a Prieto por la derecha. No es de extrañar que este último tachara de «arrepentimiento extremoso» la nueva actitud de quien en los años treinta había sido uno de los impulsores de la radicalización del PSOE hacia posiciones bolcheviques. Prieto y él chocaron ya en 1953 a cuenta del apoyo de Araquistáin al acuerdo hispano-norteamericano, que según el antiguo caballerista contribuiría a incorporar a España al mundo occidental, con las consecuencias que ello acabaría acarreando.[42] La cuestión era agitar las aguas del franquismo y que empezaran a pasar cosas, aunque esos cambios pudieran parecer inicialmente favorables al régimen. Esa impaciencia le llevó a dar un paso más en la espinosa cuestión de la forma de gobierno: de respaldar un pacto instrumental con los monárquicos como el firmado por Prieto en 1948, pero sin renunciar a la república, a proponer la monarquía como única alternativa viable a la dictadura. Al menos, en primera instancia, porque, ya sea por razones sentimentales o por una cierta mala conciencia, nunca descartó del todo que la monarquía fuera, como le dijo en una carta a un militante del PSOE, «el camino más corto y el más pacífico de la Tercera República española».[43]

¿Realmente lo pensaba así? Prieto estaba convencido de que Araquistáin, llevado tal vez por la desesperación, había renunciado a todos sus viejos principios como socialista —la república, entre ellos—, aunque camuflara su claudicación con argumentos seudomaquiavélicos. Es difícil saber hasta qué punto su postura de aquellos años —los últimos de su vida— respondía a un movimiento táctico, a lo que era muy aficionado, o a un puro agnosticismo político fruto de su desengaño vital. Lo cierto es que sus escritos y testimonios de finales de los cincuenta denotan un compromiso cada vez mayor con la solución monárquica como única opción viable ante el franquismo. Así se desprende de sus respuestas al cuestionario que en junio de 1957 le remitió la revista cubana Bohemia. Tras recordar la importancia de la reconciliación nacional para el futuro de España,[44] descartó que el cambio político pudiera venir de una alternativa revolucionaria o que se produjera por sí mismo, sin mediar una intervención de algún tipo que alterara el curso de los acontecimientos. Había, sin duda, que hacer algo, pero los únicos que podían hacerlo eran los generales monárquicos, en cuya mano estaba derrocar a Franco y propiciar una restauración dinástica. En caso de llevarse a cabo y de celebrarse una consulta sobre la forma de gobierno, Araquistáin reconocía que su voto, como, a su juicio, el de la mayoría de los republicanos, sería para la monarquía. De lo contrario, concluía, «tendremos Franco para rato».[45] Es fácil imaginar el escándalo que sus declaraciones produjeron entre los exiliados españoles, aunque para algunos el giro monárquico del escritor y político socialista fuera cualquier cosa menos una sorpresa. Primero había renegado de la Segunda República, pero no de la república; luego había propugnado una restauración monárquica como mal menor, pero manteniendo sus convicciones republicanas; ahora, esto. Más de uno pensaría que aquello se veía venir.

Su artículo «La carcajada de don Juan», publicado poco después en El Socialista, tuvo también una enorme repercusión, tanto por el medio en el que se publicó como por la polémica desatada por sus recientes respuestas a la revista Bohemia. No es que en este artículo Araquistáin planteara abiertamente el plan de transición política que venía trazando aquí y allá, a través de la prensa o en su correspondencia particular. Tampoco hacía falta que fuera muy explícito sobre la moraleja de un artículo que, según él, «se le indigestó» especialmente a Indalecio Prieto, buen conocedor del terreno en el que últimamente se movía Araquistáin y del trasfondo de un texto que sobre el papel podía parecer un ejercicio más o menos ocurrente de periodismo-ficción. Todo giraba en torno a una anécdota un tanto inverosímil que, cierta o no —él insistirá en su veracidad en alguna carta particular—, ponía de manifiesto el parecer de don Juan sobre la posibilidad de que en el futuro se instaurara en España una monarquía tradicional nacida de las entrañas del franquismo.[46] ¿Era esto posible? La sola idea provocó en el pretendiente tal ataque de risa que Araquistáin se sintió obligado a compartir con sus lectores un curioso episodio ocurrido el 16 de julio de 1957 en el centro de Ginebra, ciudad en la que Araquistáin residía desde hacía cinco años.

La escena tiene lugar al mediodía en la terraza de un café situado en la orilla izquierda del lago Lemán. En torno a una mesa se reúne un grupo de escritores españoles e hispanoamericanos, amigos de Araquistáin, y en otra mesa próxima se sientan tres individuos que hablan también en español y que despiertan inmediatamente la curiosidad del grupo: un hombre corpulento, de cuarenta y tantos años, elegantemente vestido, como sus dos acompañantes; un joven de unos veinte y un tercer individuo que, por su apariencia, tanto podía ser secretario del primero como ayo del segundo. De pronto, del interior del café llegan las últimas noticias sobre España transmitidas por una radio a todo volumen. Los dos grupos de españoles prestan atención al resumen de un discurso que acababa de pronunciar en las Cortes Luis Carrero Blanco, ministro del gobierno de Franco. Habló de la futura «instauración» en España, tras la muerte del jefe del Estado o antes si él mismo lo estimara oportuno, de una monarquía que no será ni «absoluta» ni «liberal», sino «tradicional» y «representativa», como lo fue la de los Reyes Católicos. El propio Caudillo propondrá a las Cortes la persona llamada a sucederle en la Jefatura del Estado y a ocupar el trono de España. El elegido será un hombre plenamente identificado con los principios del Movimiento Nacional, es decir —apostilla Araquistáin—, con el régimen político dirigido por Franco desde 1939.

En ese momento de la emisión, los amigos del narrador oyeron en la mesa de al lado una carcajada que Araquistáin califica de «homérica», una risa «rotunda, incoercible e inacabable», que sorprendió a todos ellos. Su asombro fue mayor cuando descubrieron que aquel hombre que había reventado literalmente de risa al oír las palabras de Carrero Blanco no era otro que don Juan de Borbón y que el más joven de sus acompañantes era su hijo, don Juan Carlos, «el candidato del Caudillo al trono de España». Sumidos en la perplejidad, los españoles de la mesa vecina no se atrevieron a interpelar a don Juan sobre la razón de semejante ataque de risa. Solo cuando el pretendiente y sus acompañantes abandonaron el lugar, en un taxi con matrícula de Lausana que había venido a recogerles, se atrevieron a hacer cábalas sobre el significado de aquella estruendosa y enigmática carcajada.

Para el autor del artículo, puesto enseguida al corriente de lo sucedido, la cosa estaba clara. Transigir con el proyecto de «instauración» expuesto por Carrero Blanco en nombre del Caudillo sería el fin de la institución monárquica y el suicidio de aquel que tuviera la temeridad de aceptar el trono de España en esas condiciones. Eso lo sabía tan bien el hijo de Alfonso XIII, que los delirantes planes del dictador y sus adláteres solo podían producirle un ataque de risa. «Hablar a estas alturas», concluía Araquistáin, «de la monarquía de los Reyes Católicos como un Estado moderno, parece una burla sangrienta para la mayoría de los monárquicos, hasta para el hijo y el nieto de Alfonso XIII. La carcajada de Ginebra es un testimonio de trascendencia histórica. Por eso me ha parecido útil registrarlo».

El tratamiento periodístico que le dio a esta anécdota, según él auténtica, fue interpretado como una reivindicación encubierta de la figura de don Juan y de la propia monarquía. Indalecio Prieto, que no había perdonado al pretendiente su alevoso papel cuando el Pacto de San Juan de Luz, tardó apenas unos días en responder a Araquistáin desde la portada de El Socialista. Su acreditado talento literario, decía Prieto, ha permitido al autor convertir una nimiedad en un acontecimiento histórico. Pero para él no lo era en absoluto. Ni siquiera el discurso de Carrero que desencadenó la carcajada principesca, simple reiteración de lo que el propio dictador venía diciendo una y otra vez, tenía mayor relevancia. Ni su contenido aportaba novedad alguna ni la carcajada significaba nada en sí misma. Lo importante era el personaje que había detrás de esas risas, y el personaje quedaba fielmente retratado en sus actos y en sus palabras, como cuando en plena Guerra Civil se presentó en Aranda de Duero vestido de falangista para sumarse a los sublevados, o cuando, en carta al pretendiente carlista, se mostró ofendido por aquellos que le tachaban de liberal, o cuando en 1948 rompió el Pacto de San Juan de Luz por rechazar que un plebiscito determinara en su día el régimen político preferido por los españoles. Nada de eso concuerda con su explosión de hilaridad al oír hablar a un ministro de Franco de instaurar una monarquía tradicional que emulara a los Reyes Católicos, porque esa institución trasnochada se parecía mucho más a su idea de monarquía que la «afiligranada, constitucional, liberalísima, perfecta, muy siglo xx» que Araquistáin pretendía atribuirle. Solo la «mágica prosa» del autor y sus dotes inigualables para la alquimia política explican que en la escena de marras don Juan se transmute en un príncipe liberal y antifranquista. Si alguien se ríe de alguien será Franco de don Juan, con el que se ha reunido poco antes, una vez más, en la finca Las Cabezas y al que ha traído y llevado a su antojo en función de sus propios intereses. Convendría evitar, concluye Prieto, que el exilio español acabara siendo también motivo de risa por meterse donde no le llaman.[47]

Araquistáin reculó un tanto, cosa rara en él, en su inevitable contrarréplica; señal de que Prieto había dado en el blanco. La escena —asegura— ocurrió de verdad, aunque naturalmente él no supiera lo que había pasado por la mente de don Juan al oír el resumen radiofónico del discurso de Carrero. Esa era la única licencia que se había permitido como narrador. Pero él no había pretendido presentar al hijo de Alfonso XIII como paladín de un liberalismo intachable. Simplemente, utilizando como pretexto un hecho real, había atribuido al protagonista sus propios pensamientos; lo que él, si estuviera en su pellejo, pensaría de los planes que Franco le tenía reservado. Era como un aviso a navegantes: fíese del dictador y verá cómo acaba esa monarquía retrógrada y qué poco dura usted en el trono. Se trataba, en suma, de arrimar «el ascua borbónica a la sardina de la España democrática», conciliando así los intereses de la dinastía con las necesidades del exilio y su ansia de democracia.

Araquistáin no se engañaba, por más que Prieto le atribuyera opiniones que le resultaban por completo ajenas para luego rebatirlas fácilmente. No era él, en todo caso, quien se había reunido con los monárquicos en 1948 para negociar un acuerdo que fue, desde el principio, papel mojado. ¿Se opuso Prieto, que conocía al dedillo la trayectoria de don Juan, a que el pacto se firmara en nombre del pretendiente? «¿Qué le ocurrió en 1948 para que olvidara o cancelara por completo todo el pasado de don Juan desde 1936 hasta ese año?».[48] A la pregunta de Araquistáin respondió el aludido de manera algo forzada en una larga nota al pie de un artículo suyo sin relación con el asunto. Lo más importante es su reconocimiento del error que cometió al fiarse de la otra parte: «Creí a don Juan un hombre serio y me equivoqué».[49] Le falta decir que en aquel momento un pacto con los monárquicos le pareció la única posibilidad, por remota que fuera, de acabar con el régimen de Franco.

Todavía publicó unos días después un nuevo artículo en El Socialista en el que, sin llegar a citar a Araquistáin, quiso cerrar la polémica con una enmienda a la totalidad a cualquier alternativa al franquismo que no fuera genuinamente republicana. Llevaba por título «¿Ablandamiento? La inútil deshonra», y era una advertencia a quienes tuvieran la tentación de llegar a pactos deshonrosos que, a la postre, no servirían para nada.[50] Se decía que los militares querían echar al dictador. Él no acababa de creérselo, pero si querían deshacerse de Franco, adelante. ¿Y después? Ahí radicaba el peligro contra el que prevenía a los incautos, tentados de colaborar con una «maniobra castrense» y luego con la monarquía instaurada como colofón de un plan que conduciría necesariamente a la entronización de «un monarca fascista». «Se pretende empujarnos hacia una deshonra inútil», afirma Prieto, que veía flaquear los ánimos de algunos de sus correligionarios ante una falsa solución a todos sus males, invocando incluso el sufrimiento de los presos para justificar lo injustificable. No lo dice expresamente, pero cuando en este contexto recuerda El rey que rabió, la célebre zarzuela de Ruperto Chapí, y habla del «compromiso que a nosotros se nos ofrece» y del deshonor que ello supondría para el PSOE parece claro que está pensando en una reedición del Pacto de San Juan de Luz. Y por ahí no estaba dispuesto a pasar, porque los socialistas eran depositarios de una herencia espiritual que debían transferir sin quebranto alguno a las generaciones venideras. Él no dirá nunca, como el protagonista de la zarzuela de Chapí: «¡Mi sobrina con el rey! ¡Qué honra para la familia!». Todo lo contrario. ¡Qué deshonra para el Partido Socialista andarse con semejantes compañías! De candidato a Castelar en una monarquía restaurada, Prieto había pasado a ser el Calderón de la Barca del socialismo español.

La diatriba periodística a cuenta de la famosa «carcajada de don Juan» dio lugar a una nueva réplica de Araquistáin, que percutió una vez más en el flanco débil de su contrincante: su negociación con los monárquicos en 1948. Los términos del acuerdo —afirma el antiguo caballerista— no eran exactamente los que Prieto recuerda nueve años después, cuando le echa en cara aquel pasaje de sus declaraciones a Bohemia en el que reconocía que en un hipotético plebiscito votaría por la monarquía. Don Inda se equivocaba al suponer que la otra opción sería la república. En opinión de Araquistáin, si los españoles eran llamados a las urnas tendrían que elegir entre Franco y la monarquía, y ante ese dilema, él, lo mismo que la mayoría de los republicanos, votaría a favor de la segunda. Por el contrario, un plebiscito sobre la forma de gobierno se le antojaba imposible, porque don Juan no lo aceptaría nunca. De ahí su incumplimiento del Pacto de San Juan de Luz y la falta de realismo de quienes planteaban la opción republicana.

La polémica muere aquí, entre variaciones sobre un mismo tema repetido hasta la saciedad e interpretado de forma distinta por los dos veteranos dirigentes socialistas. La cuestión de fondo era muy sencilla: cómo volver a España y saciar esa «hambre de patria» de la que hablara Prieto en 1950. El fracaso de su política le había dejado sin respuesta, salvo que se considere como tal el rechazo a una nueva negociación con los monárquicos, que para él había quedado descartada para siempre después de la traición del pretendiente a lo acordado en San Juan de Luz. Para Araquistáin, que nunca había tenido demasiada fe en aquella operación, el problema era más grave y el margen de maniobra de la izquierda mucho más reducido. España estaba viviendo un cambio profundo, en parte de índole generacional, y la gente del exilio, anclada en sus viejos mitos e ilusiones, no quería darse por enterada. Esos dos mundos, la España de dentro y la «Numancia errante» de la emigración —así la llama él en algún ocasión—, estaban cada vez más distantes entre sí. Quien más tenía que perder ante ese alejamiento mutuo era el exilio republicano, víctima de una sensación de soledad e incomprensión que se traducía en lamentos como los de Prieto, cuando confesaba sentirse «envuelto en un silencio solo roto con vituperios». Lo peor —le decía Araquistáin— no eran los vituperios, sino el silencio, y para romperlo no había más remedio que vencer «nuestra sordera» y ponerse a hablar la lengua de la España interior, porque las palabras podían ser las de siempre, pero su significado ya no era el mismo que cuando los exiliados abandonaron el país.[51]

El exilio tenía que elegir entre adaptarse a esa nueva España y aprender su lenguaje o morir, como iban muriendo, uno a uno, los emigrados republicanos por inexorable ley natural. ¿Era esa adaptación a la realidad el «ablandamiento» y la «deshonra» de los que hablaba Prieto? Si la actitud que mantuvo en sus últimos años —murió en 1962— podía definirse como un socialismo calderoniano basado en el valor irrenunciable de la honra, la de Luis Araquistáin, fallecido tres años antes que Prieto, era justamente la contraria. Él lo fiaba todo a un pacto con el diablo, a lo Fausto, que permitiera el regreso a casa de los exiliados, a cambio de su alma republicana, antes de que fuera demasiado tarde: «¡Hágase el milagro y hágalo el diablo!», le gustaba decir, recurriendo a un viejo refrán castellano, para justificar sus arrebatos de posibilismo. El «milagro» era cualquier solución que pusiera fin al franquismo y le permitiera volver a España, aunque solo fuera, como recordó tras su muerte un amigo suyo, para poder pasearse por la calle de Alcalá sin que nadie le molestara y comprar libros de viejo en el paseo del Prado.[52] Solo una restauración monárquica traída por los militares —una operación que para un socialista tenía algo de diabólica— obraría tal vez ese milagro del regreso de los exiliados y de la recuperación de las libertades esenciales. Y no es que él se hiciera grandes ilusiones: «Yo creo que en España se volverá a la democracia plena aunque nosotros no volvamos a tiempo, o nunca, y acaso precisamente porque no volvamos».[53] En lo que a él respecta, acertó con creces, porque falleció en el exilio dieciséis años antes de que Franco muriera en la cama.

En busca de un socialismo dinástico

«Eso del socialismo está muy bien de París para arriba», le dijo don Juan de Borbón a un joven socialista del interior, Antonio García López, que se entrevistó con él en un hotel de la capital francesa a mediados de 1957. «Con la monarquía pasa lo mismo», pensó su interlocutor, que siempre lamentó no habérselo dicho a la cara en aquel momento.[54] Con esas coordenadas políticas, parecía difícil que socialismo y monarquía llegaran a confluir algún día en un país como España, tan lejos de esa línea imaginaria trazada por el pretendiente en 1957.

Parecía difícil, pero no imposible. Los más avisados pensaban incluso que la historia apuntaba en esa dirección y que era bueno ir preparándose para cuando llegara el momento. Entre ellos estaba Enrique Múgica Herzog, miembro destacado de la llamada generación del 56 por su participación en los disturbios estudiantiles que tuvieron lugar en la Universidad Central de Madrid —aún no se llamaba Complutense—, entre octubre de 1955 y febrero del año siguiente, cuando la mayoría de aquellos «jaraneros y alborotadores» fueron detenidos por la policía. En un parte policial que resume lo ocurrido en aquellas fechas se transcribe una conversación mantenida por Enrique Múgica con un compañero de estudios que da la medida de sus expectativas de entonces: «España indudablemente está abocada a una monarquía y como esta tendrá que ser muy amplia y liberal, derivará hacia un gobierno socialista, cuando menos, y yo tengo talla de ministro...».[55] El «cuando menos» se debe probablemente al hecho de que el futuro ministro de Justicia socialista militaba entonces en el PCE.

Los hechos ocurridos en febrero de 1956, con ramificaciones en otras universidades españolas, marcaron la evolución política posterior tanto del franquismo como de la oposición al régimen. A corto plazo, fueron la causa de la destitución de dos ministros, el de Educación, Joaquín Ruiz-Giménez, y el secretario general del Movimiento, Raimundo Fernández-Cuesta; el primero por demasiado tolerante con los estudiantes y el segundo por su responsabilidad en la violenta reacción de algunos sectores de Falange, decididos a responder a los universitarios madrileños con la famosa «dialéctica de los puños y las pistolas». Lejos de arredrarse ante la violencia falangista y la represión policial, el movimiento estudiantil se convirtió a partir de aquel momento en uno de los frentes más activos de oposición a la dictadura y en vanguardia de un cambio político que tuvo mucho de ruptura generacional.

Aquellos hechos fueron también la manifestación espontánea de una temprana reconciliación nacional. Jóvenes pertenecientes a familias muy conocidas de la España franquista, como Javier Pradera, nieto del dirigente tradicionalista Víctor Pradera, o Miguel Sánchez-Mazas, hijo de un exministro de Franco y fundador de Falange, compartieron lucha y cárcel con compañeros suyos vinculados al bando derrotado en la Guerra Civil, como Ramón Tamames, Julio Diamante y el propio Enrique Múgica, cuyo padre —leemos en un parte policial del 1 de febrero— «fue fusilado por los nacionales».[56] Lo ocurrido en Madrid en aquellas primeras semanas de 1956 tuvo un impacto inmediato en la declaración realizada en junio por el Comité Central del PCE a favor de una reconciliación nacional que las nuevas circunstancias del país hacían inaplazable: «Crece en España una nueva generación que no vivió la Guerra Civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos. Y no podemos, sin incurrir en tremenda responsabilidad ante España y ante el futuro, hacer pesar sobre esta generación las consecuencias de hechos en los que no tomó parte». Poco importa que el PCE se hubiera opuesto en su día a cualquier forma de reconciliación cuando fue propugnada por otras fuerzas políticas. El hecho es que a mediados de aquella década la idea de superar el trauma de la guerra empezaba a convertirse en objetivo compartido por sectores cada vez más amplios y diversos de la sociedad española. Los jóvenes protagonistas de los disturbios estudiantiles de aquel año eran el mejor ejemplo de ello.

Los partes policiales relativos a los disturbios de 1956 muestran la perplejidad oficial ante la personalidad y la filiación de sus protagonistas y la extraña mezcla de ideologías y opciones políticas en presencia. El estrafalario lenguaje empleado en estos documentos aumenta la sensación de que en aquellos sucesos se alcanzó un grado de promiscuidad política nunca visto en los tiempos modernos. Así, en la redacción de un manifiesto subversivo que se pretendía circular por la universidad habrían intervenido, según la policía, distintos «elementos de tendencia liberal-monárquica y liberal-extremista, existiendo entre estos últimos diversas graduaciones, en cuanto a la significación marxista que les caracteriza, y que oscila entre una relativamente moderada de significación liberal monárquica, a la republicano-socialista y una de marcado filocomunismo».[57] Entre los «comunizantes» —aunque también se les califica de «liberales»— estarían Ramón Tamames, probablemente Javier Pradera y Fernando Sánchez Dragó y sin duda Enrique Múgica, quien, sin embargo, tenía a gala mantener una estrecha amistad con el escritor falangista Dionisio Ridruejo, caído en desgracia ya en los años cuarenta por su oposición al franquismo. El sector más genuinamente socialista del grupo, en el que no siempre resulta fácil, pese a los esfuerzos de la policía, establecer claras fronteras ideológicas, era el formado por los miembros de la Agrupación Socialista Universitaria (ASU), de reciente creación, entre ellos Miguel Sánchez-Mazas, Ferlosio, Miguel Boyer —ministro de Economía y Hacienda del primer gobierno de Felipe González—, Manuel Ortuño, procedente del SEU, y Vicente Girbau, que no tardó en ingresar en el PSOE.

En la «tendencia liberal-monárquica», según la información policial, se situaba el abogado y profesor de la Facultad de Derecho José María Ruiz-Gallardón, pasante del despacho de Ramón Serrano Suñer, el célebre cuñadísimo y hombre fuerte de los primeros gobiernos de Franco, indirectamente relacionado con aquellos sucesos a través de Dionisio Ridruejo, viejo amigo suyo, y del propio Ruiz-Gallardón. Este último había asumido un papel directivo en las actividades de los implicados gracias a sus relaciones personales, por ejemplo, con el diario ABC, y a disponer de medios económicos que le permitían sufragar algunos gastos.[58] La policía hizo hincapié, por parecerle cosa admirable o sospechosa, en un reciente viaje suyo a París. Su casa en Madrid sirvió alguna vez de lugar de reunión y él mismo se ofreció para adquirir una multicopista con la que imprimir el manifiesto en el que venían trabajando.

No es de extrañar el desconcierto policial ante la diversa significación política de los implicados. El monárquico Ruiz-Gallardón, vinculado profesionalmente a Serrano Suñer, llega al grupo de la mano de Sánchez-Mazas, al que, pese a los antecedentes falangistas de su familia, cabría identificar con el sector que la policía denomina republicano-socialista. Enrique Múgica, «comunizante», «de origen hebreo»,[59] goza de la amistad del falangista Dionisio Ridruejo —el otrora «Goebbels español» por su vibrante oratoria fascista— y recomienda su incorporación al grupo como persona de mayor experiencia. Ridruejo tendrá, en efecto, un papel destacado en aquellos acontecimientos: «Fui yo quien sugirió a estos muchachos de buena fe (...) la conveniencia de encontrar un medio para que los jóvenes universitarios intercambiasen sus ideas con alguna comodidad», declarará ya en la cárcel, tal vez como forma de exculpar a aquellos «muchachos».[60]

Todo cabe en este magma generacional en el que encontramos falangistas desencantados, comunistas de estricta observancia, un socialismo de nuevo cuño, muy alejado física y espiritualmente de Toulouse, y un monarquismo liberal minoritario, pero muy influyente. Les une el rechazo a la herencia de la Guerra Civil y una firme voluntad de superarla; no en vano los miembros de la ASU que no cayeron en la redada de febrero redactaron un manifiesto condenando el significado histórico del 1.º de Abril, aniversario del fin de la guerra y «día fundacional de un régimen que no ha sido capaz de (...) reconciliarnos con España y con nosotros mismos». Las primeras palabras del manifiesto tenían ya en sí mismas un valor programático: «Nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos...».[61] Unos días después, la policía detenía de madrugada a media docena de militantes de la ASU, entre ellos Manuel Kindelán, hijo del general del mismo apellido que tanto figuró en la oposición juanista a la dictadura. A finales de aquel mes de abril, The New York Times informaba del «terror» practicado por Falange contra los universitarios madrileños. Mal asunto para el régimen que, en plena luna de miel con el Gobierno de Estados Unidos, el principal periódico de aquel país presentara a los falangistas como una banda de matones armados con revólveres y cachiporras.[62]

Estos últimos debieron de ver en el origen de todo aquello oscuras maquinaciones monárquicas, porque de otra forma no se entiende la reiteración de expresiones contra la dinastía. El 7 de febrero, una horda de jóvenes con camisa azul recorrió la Facultad de Derecho, entre los improperios de algunos estudiantes y agresiones mutuas, cantando el «Cara al sol» y una conocida canción antimonárquica, atribuida a las JONS, cuya letra rezaba «No queremos reyes idiotas». Al día siguiente, hubo una manifestación del mismo signo calle San Bernardo abajo, hacia la Gran Vía, entre gritos y cánticos falangistas, como aquel que decía «no más reyes de estirpe extranjera» y de nuevo el «no queremos reyes idiotas», que, según la policía, fue siseado por parte de los asistentes tantas veces como se intentó corear. Un grupo de unos 400 escindido del grueso de la manifestación acabó dando gritos de «¡no queremos rey!» y «¡muera el rey!» frente a la sede del diario ABC.[63] El día 9, en un enfrentamiento con los estudiantes, un falangista resultó gravemente herido por una bala de origen desconocido, tal vez disparada accidentalmente por uno de sus compañeros. Esa misma noche corrió el rumor de que Falange preparaba una «noche de los cuchillos largos» en venganza por lo ocurrido.[64]

Los sucesos de 1956, motivados por el deseo de parte del estudiantado de romper con el SEU, no tuvieron nada que ver con una conjura monárquica, como podría desprenderse de los gritos y canciones de algunos falangistas. Muchos años después, se supo que la iniciativa partió de la minúscula organización estudiantil del PCE,[65] aunque la mayoría de los detenidos militaba o militaría muy pronto en el PSOE y en la ASU. Predominaba, pues, el elemento izquierdista, de simpatías republicanas, pero con algunas llamativas excepciones. Que entre los implicados figuraran Dionisio Ridruejo, camisa vieja de Falange y antiguo miembro de la División Azul, y el abogado monárquico José María Ruiz-Gallardón demuestra que la línea divisoria de la política española no la marcaba ya la dualidad derecha/izquierda, rojo/azul, monarquía/república, sino franquismo/antifranquismo. En este último cabía desde el llamado falangismo liberal —un oxímoron que engloba más bien a los disidentes de Falange— hasta el PCE, desde la democracia cristiana y el liberalismo monárquico hasta el socialismo y el anarquismo. La prueba de que el eje monarquía/república carecía de su valor tradicional es que en los dos bandos había partidarios y detractores de una restauración monárquica. Llama la atención que, en el fragor de aquellas luchas, uno de los principales dirigentes del grupo contestatario formulara sobre esta cuestión un arriesgado vaticinio —«España indudablemente está abocada a una monarquía (...) amplia y liberal»— que la historia acabó confirmando muchos años después: muerto Franco, se instauró una democracia coronada, bajo la cual se formó un gobierno socialista que contó entre sus ministros con Enrique Múgica, autor de aquella profecía. ¿Tan evidente era en 1956 que la historia iba en esa dirección?

Mucho tenían que cambiar las cosas para llegar finalmente a ese desenlace. No se trataba solo de que socialismo y monarquía fueran capaces de aceptarse mutuamente y convivir en paz. Estaba por ver que el PSOE pudiera constituir algún día una alternativa de gobierno en condiciones de llegar pacífica y democráticamente al poder sin que lo impidieran los «obstáculos tradicionales», según el eufemismo utilizado por los progresistas del siglo xix para denunciar las injerencias y exclusiones de la corona en el funcionamiento del régimen constitucional. Pero mientras en la Europa decimonónica la república era la excepción y la monarquía la norma, el siglo xx marcó muy pronto un radical cambio de tendencia, y no solo en Europa. Las dos guerras mundiales representaron una dura prueba para las formas tradicionales de poder hereditario. Antes incluso, Portugal ya había proclamado la república en 1910 y China en 1912, tras el derrocamiento de su última dinastía y el comienzo de un largo ciclo de convulsiones bélicas y revolucionarias. Los imperios alemán, ruso y austrohúngaro sucumbieron a los efectos fulminantes de la Primera Guerra Mundial, causada en gran medida por los delirios de grandeza de los viejos emperadores. En el periodo de entreguerras, las autocracias parecían definitivamente pasadas de moda. La Kakania de El hombre sin atributos, reino imaginario en el que Robert Musil sitúa su célebre novela, refleja bien este fenómeno. Pero no todas las monarquías se resignaron a ser motivo de mofa entre sus contemporáneos. Algunas de las que sobrevivieron a la Gran Guerra, atemorizadas por el peligro de una revolución social, unieron su suerte al fascismo o a algún tipo de autoritarismo, como hizo Alfonso XIII en 1923 al ponerse en manos del general Primo de Rivera, cuyo fracaso arrastró ocho años después al propio monarca. La Segunda Guerra Mundial completó la tarea de la Primera al provocar la caída de reyes, reyezuelos y regentes en Italia, Yugoslavia, Hungría, Rumanía, Albania y Bulgaria.

Mediado el siglo xx, la historia había operado entre las monarquías una selección natural al más puro estilo darwinista: sobrevivieron las que supieron adaptarse al medio histórico. Las demás, las que mantuvieron su carácter anacrónico o se dejaron seducir por el fascismo, se extinguieron. En términos políticos, el factor determinante fue, por tanto, su adaptación a la democracia con todas sus consecuencias. El mejor ejemplo era la monarquía británica, que en 1924 aceptó sin rechistar la formación por primera vez de un gobierno laborista, surgido de la más antigua y genuina clase obrera del mundo. Treinta años después, el laborismo estaba plenamente integrado en un sistema de alternancia democrática que consolidó, en vez de socavar, la estabilidad de la corona.

¿Podía ocurrir en España algo similar? La posición de don Juan resulta sumamente contradictoria. A lo largo de los años cuarenta y cincuenta, basculó entre el más rancio legitimismo y planteamientos próximos a una moderna monarquía constitucional. Ahora bien, incluso en su versión más liberal cuesta imaginarle relacionándose con la izquierda obrera, no digamos entregándole un poder obtenido en las urnas. Cuando en 1947 el presidente de la UGT en el exilio, Trifón Gómez, pidió ser recibido por él en Londres, don Juan buscó un pretexto cualquiera para evitar la entrevista. Es cierto que, según la versión de los hechos que llegó a oídos de Prieto, al denegar la audiencia se lamentó de que en el pasado no se hubiera producido un encuentro semejante entre su padre, don Alfonso XIII, y un representante del socialismo español, como si tal cosa hubiera podido evitar los males que la historia tenía reservados a las dos partes.[66]

Pero esta especie de moraleja, atribuida al pretendiente, de aquel intento de aproximación socialista a la corona resulta bastante inverosímil. Simplemente, no quiso recibir al líder de la UGT. Sí accedió en cambio, al menos en dos ocasiones, a dar audiencia en París a jóvenes socialistas diez años después. Dos de ellos fueron enviados por Llopis a principios de 1957 para sondearle sobre sus intenciones, y tras un breve encuentro con él concluyeron que seguía en su doble juego de siempre. Esa fue la impresión del propio Llopis al ser informado del asunto.[67] La segunda entrevista es la ya relatada con Antonio García López, portador de una carta de Juan Linz al pretendiente, que le espetó aquello de que el socialismo estaba muy bien de París para arriba, como si la naturaleza de los gobiernos estuviera determinada por extrañas razones climáticas y el socialismo fuera privativo de los países fríos. Traer la geopolítica a colación en aquel asunto no dejaba de ser además una temeridad, porque la única monarquía superviviente de París para abajo era la griega, y por poco tiempo. Debió de haber otros encuentros por aquellas fechas, a juzgar por el enfado de Llopis al saber que otros jóvenes socialistas habían mantenido contactos con don Juan al margen de la disciplina del partido.[68] «Estoy con vosotros», les dijo a los chicos de la ASU, y se comprometió a acabar con el franquismo en cuanto pusiera el pie en Madrid.[69]

Aunque el titular de los derechos dinásticos fuera reacio a tener trato directo con el PSOE y la UGT, sobre todo con sus líderes históricos, es sabido que autorizó las negociaciones llevadas a cabo por algunos de sus consejeros. Más allá de una posible alianza contra Franco, en el entorno político de don Juan se planteó con cierta frecuencia el papel que podía desempeñar el socialismo bajo una monarquía restaurada. Un informe anónimo de los años cincuenta, sin duda elaborado en medios dinásticos, descartaba que Indalecio Prieto, pese a su evolución «liberal y conservadurista» (sic), pudiera liderar un partido que colaborase con la monarquía «al estilo de los laboristas ingleses». El PSOE seguía siendo el de siempre: una organización marxista con aspiraciones revolucionarias, aunque su antiestalinismo —más que anticomunismo— de los últimos tiempos le diera una apariencia moderada. Pese a su extrema debilidad en el interior de España, el socialismo podía reorganizarse en el futuro y adquirir una fuerza temible a través de la UGT, a la que acudirían en masa los trabajadores españoles en caso de que el régimen de Franco llegara a derrumbarse y con él los sindicatos verticales, cuyo inmenso y maléfico poder sería recogido como fruta madura por el sindicato socialista. Ahí radicaba el mayor peligro, según el informante, de que la «revancha», la «guerra civil» y la «odiosa lucha de clases» volvieran a empezar algún día bajo un nuevo régimen.[70]

Esta truculenta visión del futuro contrasta con análisis más constructivos y desapasionados, procedentes también de los medios monárquicos, en los que se contempla la necesidad de que la corona cuente, cuando llegue el momento, con una izquierda de inspiración socialista, no necesariamente ligada al PSOE. En un informe elaborado en marzo de 1946, a raíz de una reunión de partidarios de don Juan celebrada en casa del conde de Fontanar, su autor, el magistrado Juan Becerril, hará especial hincapié en los riesgos de que la futura restauración fuera identificada con la derecha. En su opinión, debía abarcar desde el conservadurismo clásico hasta la socialdemocracia, el laborismo y el socialismo «de concreto matiz». La monarquía era algo demasiado grande y trascendente como para reducir su significado a una determinada ideología. Ni el momento político que vivía el mundo ni la «nobilísima presentación de S. M. como “rey de todos los españoles”» consentirían tal cosa.[71] Dos meses después, un juanista barcelonés, Antonio María Muntañola, insistía en la necesidad de atraer a los socialistas al «ámbito de lo monárquico» aprovechando la tendencia a la moderación mostrada por el PSOE tras la eliminación del sector negrinista y las recientes declaraciones de sus dirigentes sobre su acatamiento de una monarquía que fuera instaurada por vías legales. Él mismo había comprobado esa buena disposición al tratar con algunos españoles exiliados en Andorra. El momento era, por tanto, «favorabilísimo» para formar «un cuerpo político monárquico con los diversos matices que arrancan de los principios de Occidente»; es decir, una monarquía de amplia base que diera cabida a las grandes ideologías —incluido el socialismo— que protagonizaban la vida política en el mundo occidental.[72]

La idea vuelve una y otra vez en textos que circulan entre los seguidores de don Juan con carácter muy reservado; tanto, que el autor de la carta anterior pidió a su destinatario que la destruyera después de leerla. Había que conseguir, leemos en un informe de aquel mismo año, el «encauzamiento de las masas». No se llegan a plantear medios concretos, pero se aboga por una fórmula bipartidista que convierta en sostén del Estado a dos grandes corrientes políticas: la conservadora y la laborista.[73] El propio conde de Fontanar, en cuyo archivo se conservan estos documentos, recomendará a don Juan que prestara atención a los intentos de la pequeña burguesía y de las clases medias profesionales de organizarse en un «partido laborista no revolucionario», que acataría la monarquía si esta a su vez aceptara su existencia.[74]

El término laborismo era el que mejor expresaba la idea de un socialismo de nuevo cuño integrado en una futura monarquía. La razón parece obvia, si se recuerda que, tras ganar las elecciones por mayoría absoluta, el partido laborista británico gobernó en solitario entre 1945 y 1951 sin menoscabo alguno de las prerrogativas de Su Graciosa Majestad. Tampoco se descartaba que en España esa función fuera desempeñada por las organizaciones tradicionales de la clase obrera socialista, aunque el PSOE, la UGT y en particular su vieja guardia despertaban entre los monárquicos españoles un enorme recelo. Un documento titulado «Relación con la organizaciones obreras», fechado en enero de 1952, plantea con toda claridad los términos del problema. En una monarquía restaurada no habrá más remedio que encauzar políticamente a las masas obreras. Lo exige el signo democrático de los nuevos tiempos y la influencia que previsiblemente ejercerán las potencias occidentales sobre el futuro de España. No se puede repetir el error cometido en tiempos de Alfonso XIII, que perdió el trono por la incapacidad de la corona de integrar a las masas obreras en el juego político a través, por ejemplo, de «partidos constitucionales obreros». Es lo que hicieron en su momento las monarquías del norte de Europa —Bélgica, Holanda, los países escandinavos, Inglaterra, «en fin, cuantas subsisten hoy»— y el tiempo les ha dado la razón. Pues bien, «así tendrá que ser nuestra futura monarquía si quiere existir».

De momento, había que establecer contacto con las organizaciones clandestinas representativas de las masas obreras para apartarlas del sindicalismo falangista y atraerlas hacia el campo monárquico. El autor del informe señala en particular a un llamado Partido Laborista que cuenta con cierto arraigo en Cataluña y a la izquierda representada en el Comité Interior de Coordinación que preside el general Aranda y que ha roto con Indalecio Prieto a raíz de sus declaraciones contra don Juan. Son inequívocamente anticomunistas y merecedores de apoyo, incluso financiero, de la organización monárquica. La idea, en definitiva, era que la corona tenía que facilitar el paso de la clase obrera del «estado policiaco» en el que se encontraba con Franco a un «estado o estatuto político, más o menos restringido y legalmente encauzado, pero libre, que le tendrá que dar la monarquía, quiérase o no».[75] Siete años después, otro informe monárquico insistirá en la conveniencia de un futuro bipartidismo articulado no en función de ideologías antagónicas, sino de las más genuinas realidades sociales, con un laborismo no marxista a la izquierda y a la derecha un conservadurismo liberado de lo que enigmáticamente se llama «sus apoyos “trascendentales”».[76]

Tenía razón Prieto: los socialistas del interior, lo mismo que algunos anarquistas, se mostraban solícitos en general a los mensajes de colaboración que les transmitían algunos monárquicos, cuya representatividad, por otro lado, resultaba harto discutible. Como, tras el fiasco de San Juan de Luz, el partido se mostró, al menos de puertas afuera, reacio a la apertura de nuevas negociaciones, la actitud del interior se interpretó como un inadmisible desafío a la dirección. En consecuencia, se tomaron medidas disciplinarias y se recordó una y otra vez la línea oficial, definida por Prieto como «una cura de aislamiento». Pero las cosas no eran tan sencillas. En el interior había una tendencia natural a negociar alguna salida a una situación de bloqueo y Toulouse tenía una capacidad limitada para mantener su autoridad al otro lado de los Pirineos. Existía además el riesgo de que si los monárquicos buscaban un socialismo dinástico propicio a sus designios lo acabaran encontrando lejos del PSOE y que de esta forma el partido fundado por Pablo Iglesias fuera desplazado por una nueva izquierda soi-disant obrera. Esa izquierda tenía nombre —laborismo— y tal vez apellidos.

El hombre que sabía demasiado

Enrique Tierno Galván había nacido en Madrid en 1918, aunque él se tenía por soriano de pura cepa. Hizo la guerra como soldado del Ejército Republicano, sin llegar a ir al frente, y tras la derrota pasó algún tiempo en un campo de concentración. A principios de los cuarenta terminó sus estudios de Derecho y Filosofía y Letras y en 1948, a los treinta años, ganó la cátedra de Derecho Político en la Universidad de Murcia. Cinco años después se trasladó a la Universidad de Salamanca, donde creó un grupo muy activo y un tanto críptico de oposición académica al franquismo, que empezó a publicar un Boletín Informativo de la Cátedra de Derecho Político y otra revistilla de título provocativo: Europa a la vista. En 1955, dio a conocer sus XII tesis sobre funcionalismo europeo, que darían nombre a la «sospechosa y extraña», según la policía, Asociación Española por la Unidad Funcional de Europa. [77]

El funcionalismo será desde entonces un cajón de sastre en el que irá introduciendo sus diversas querencias intelectuales y políticas, con predominio del pensamiento europeísta y federalista y un cierto grado de socialismo. Uno de sus discípulos de entonces y estrecho colaborador en el futuro, Raúl Morodo, empezó a llamarle el Viejo Profesor, un apelativo que no hacía justicia a su edad —no había llegado a los cuarenta—, pero que se acomodaba perfectamente a su aire antiguo y algo apergaminado. La prueba de que la expresión le cayó en gracia es que el propio Tierno la utiliza en sus memorias para referirse a sí mismo. Cultivaba una imagen de hidalgo o cristiano viejo con veleidades heterodoxas, al punto de perorar en su casa sobre la inexistencia de Dios en presencia de un retrato de su hijo, de grandes proporciones, vestido de primera comunión. «Dios nunca abandona a un buen marxista», le gustaba decir. El célebre filósofo y jurista alemán Carl Schmitt, buen amigo suyo, pese a sus antecedentes filonazis, le definió como «el hombre más listo del mundo».[78] La hija de Schmitt, que le apreciaba menos que su padre, le veía más bien como un obispo de provincias.[79]

Tierno repartía su tiempo entre Salamanca, donde daba sus clases tres días por semana, y Madrid, su lugar de residencia habitual. En la capital vivía con su familia, frecuentaba algunas bibliotecas públicas —la Nacional, el Ateneo, la de la Facultad de Políticas— y llevaba una discreta vida social. Aunque no participó en los sucesos de febrero del 56, la manifestación que concluyó con un falangista herido de bala le sorprendió muy cerca del lugar de los hechos, hasta el punto de oír el disparo y los gritos y carreras que se produjeron a continuación. Luego, cuando llegaba a su casa, en la calle Ferraz, la policía le pidió la documentación en un tono imperativo y manteniéndose a una cierta distancia, como temiendo en él una reacción violenta. No recordaba una situación igual desde el final de la guerra. Él mismo cuenta en sus memorias que aquel desagradable incidente actuó como un revulsivo que le sacó de su actitud personal de entonces, demasiado cómoda y distante. Había que hacer algo.[80]

Unos meses después, hacia octubre de 1956, su amigo Germán de Argumosa quiso presentarle a Joaquín Satrústegui y concertó una cita en casa de este último. Argumosa y Satrústegui eran fervientes partidarios de don Juan de Borbón. Satrústegui pertenecía a una familia de rancio abolengo, de tradición monárquica, y había hecho la guerra en el bando nacional. Después, como otros antiguos alfonsinos, se convirtió en un incansable conspirador antifranquista bien relacionado con algunos militares, aristócratas y financieros afines a don Juan y contrarios a Franco. Llama la atención que con estos padrinos en su iniciación en la vida conspirativa Tierno entrara en la órbita del socialismo organizado sin romper sus vínculos con los ambientes monárquicos. De sus relaciones juanistas de aquella época hablará largo y tendido en sus memorias, publicadas un cuarto de siglo después, en particular de Joaquín Satrústegui, con el que se embarcó muy pronto en sonadas aventuras políticas; del general Francisco Herrera Oria, hermano del cardenal y enlace habitual entre los monárquicos y las izquierdas del interior; del también general Heli Tella, sublevado contra la república y perseguido con saña por Franco por su declarado monarquismo, hombre clave en el acceso de Tierno al círculo de don Juan; de los hermanos Barros de Lis y del propio Germán de Argumosa. Habla algo también del general Aranda, tal vez el más antiguo y prominente en el escalafón de los espadones antifranquistas, aunque con él tuvo menos trato. Con algunos de estos personajes compartió cárcel tras su detención en la primavera de 1957.

Las publicaciones vinculadas a su cátedra habían despertado ya las sospechas de las autoridades, por lo que la policía venía vigilando discretamente su despacho y sus movimientos. Al final, se produjo su detención, según él, como consecuencia de las actividades del grupo funcionalista y de las relaciones que su gente había establecido con Dionisio Ridruejo y su círculo a través de Antón o Antonio Menchaca, dirigente del Partido Social de Acción Democrática, fundado por Ridruejo. Admirable personaje este Menchaca, antiguo marino de guerra, expulsado de la Armada por sus convicciones políticas. Era monárquico, liberal y socialdemócrata a tiempo completo. Había estudiado humanidades en Oxford y fue un escritor prolífico en diversos géneros, sobre todo la novela. A principios de 1957 intentaba establecer una nueva plataforma opositora dentro de España. Tierno trabará una larga amistad con este «caballero de ademanes solícitos y discretos», «firme en sus ideas, muy culto y capaz» y fundamental —añade— en la movilización de los monárquicos.[81] Fue algo más que eso, porque en algún momento llegó a obrar el prodigio de enlazar a los grupos de Tierno y Ridruejo con los juanistas del interior y con Rodolfo Llopis, a quien visitó en Toulouse e informó del sentir de aquellos militares que estaban por sublevarse, pero bajo ciertas condiciones.[82] Esa confluencia de sectores tan distintos —monárquicos, ridruejistas, funcionalistas de Tierno, militares, socialistas de dentro y de fuera— da una idea del poderoso magnetismo de este personaje atípico, que en sus actividades clandestinas atendía al nombre de Pelayo. Murió muchos años después de un ataque al corazón, mientras tocaba el piano.[83]

Lo cierto es que Tierno Galván mantenía ya contactos con el PSOE, tanto del interior como del exilio, al menos desde el otoño de 1956, cuando su nombre empieza a aparecer en la correspondencia entre dirigentes socialistas. Es muy posible que Rodolfo Llopis se refiera a él en una carta del mes de octubre en la que alude a cierto profesor «que todos me presentan como hombre clave de la transición».[84] En febrero del año siguiente, se entrevistó con Antonio Amat, principal dirigente del PSOE clandestino, que informó inmediatamente a Toulouse de la impresión que le produjo en aquel primer encuentro. Se trataba sin duda de un «intelectual de altos vuelos», pero bastante despistado en su visión de la lucha clandestina. Su posición política, a caballo entre un socialismo de tipo laborista y un liberalismo económico a ultranza, le pareció simplemente incomprensible. De todas formas, Amat reconoció sentirse impresionado por el personaje —«hombre finísimo y extremadamente agradable»— y le auguró un papel importante en la política española.[85]

El informe anterior coincidía con la opinión que la dirección del PSOE había empezado a formarse a partir de otras fuentes, no del todo seguras, porque la relación con Tierno se había producido a través de terceras personas y de documentos a veces urdidos a medias entre su grupo y el de Ridruejo. En uno de esos documentos, parece que redactado por Tierno, pero similar a otro elaborado por Dionisio, se discutían las tres hipótesis que cabía plantear para un cambio de régimen: la primera, que el pueblo español decidiera libremente su destino; la segunda, que se impusiera, sin más, un nuevo régimen de facto, y la tercera que se estableciera por la fuerza una forma de gobierno que habría de ser posteriormente legitimada mediante una consulta al país. La primera se consideraba irrealizable, la segunda inaceptable y la tercera la única realista en aquellas circunstancias. En una carta adjunta, Tierno aclaraba que el documento había sido negociado con representantes monárquicos y aceptado por ellos. Se sobreentiende que la tercera hipótesis llevaba —como en el documento homólogo de Ridruejo— a la revalidación plebiscitaria de una monarquía previamente restaurada, lo que provocaría sin duda la oposición frontal de la dirección del PSOE, escarmentada con lo ocurrido nueve años atrás en San Juan de Luz. De ahí la advertencia deslizada por Tierno en su carta a propósito de la monarquía y de las negociaciones con sus partidarios: que era mejor «pactar ahora que humillarse después». Su postura estaba clara, y, aunque en Toulouse debió de provocar cierto escándalo, Rodolfo Llopis le ofreció todo el apoyo del partido en el caso de que, como se temía el profesor, las autoridades españolas tomaran represalias contra él.[86] Hubo más cartas y documentos cruzados entre ellos, sin avances significativos, e incluso una nueva entrevista con Amat a finales de marzo de 1957. Finalmente, en mayo se cumplieron los temores de Tierno, que fue detenido y procesado en compañía de algunos de sus más estrechos colaboradores.

De «experiencia interesantísima» calificó su vida en la cárcel en carta escrita desde Carabanchel a Carl Schmitt.[87] Allí coincidió con el general Herrera Oria, Menchaca, Argumosa, Raúl Morodo, Víctor Pradera, hermano de Javier y nieto del prócer carlista, y Dionisio Ridruejo, entre otros, un plantel de presos de verdadero postín, que tenía un tanto descolocados a la dirección y a los funcionarios de Carabanchel. Como dirá Morodo muchos después, solo faltaba Gil-Robles, pero eso ya hubieran sido palabras mayores.[88] En la relación entre Tierno y Ridruejo hubo desde el principio un punto de tirantez, empezando por la resistencia del Viejo Profesor a corresponder al tuteo de Dionisio, que a él le parecía un resabio típicamente falangista y una chabacanería impropia de un soriano. Los dos, a su manera, eran grandes seductores; el poeta desde la simpatía y la cordialidad, el catedrático desde la distancia y el misterio. Sus diferencias de talante y personalidad impidieron tal vez un entendimiento político al que parecían llamados por múltiples circunstancias, desde su firme vocación intelectual hasta su común intuición de que el futuro de España requería una apuesta inequívoca por la reconciliación nacional y por alguna forma de socialismo. Los dos se hicieron en algún momento la misma pregunta: hasta qué punto ese futuro socialista pasaba por Toulouse. Puede que, más allá de sus diferencias personales, sus proyectos se parecieran demasiado y que su aspiración a liderarlos hiciera imposible la colaboración.

La mayoría de los detenidos fueron puestos en libertad al cabo de unos meses, menos Tierno y algún otro, que no pasaron en Carabanchel más de veinte días. El Viejo Profesor se benefició de la presión que ejercieron algunos diplomáticos españoles, antiguos alumnos suyos, como Fernando Morán, cuyas continuas reclamaciones en su favor llevaron al gobierno a liberarle antes de tiempo.[89] Una vez en la calle, Tierno reanudó sus actividades políticas con un mayor conocimiento de causa y la determinación de tomar la iniciativa. A partir del otoño de 1957, el funcionalismo se orientará decididamente hacia el socialismo —un socialismo siempre sui géneris—, sin perjuicio de que su jefe de filas estrechara sus relaciones con los monárquicos en busca de la ansiada unidad de las fuerzas antifranquistas.[90] A finales de aquel año, se incorpora a las tareas preparatorias para la creación de Unión Española, grupo monárquico liderado por Joaquín Satrústegui, concebido, a propuesta de Tierno, como un «vínculo moral», más que como un grupo político organizado.[91] Don Enrique hilaba ya muy fino. Cabría pensar que el encarcelamiento en 1958 de la plana mayor del PSOE en el interior provocó su aproximación a los juanistas, a falta de otros interlocutores de peso, pero, como se ve, su trayectoria apuntaba ya desde tiempo atrás en esa dirección.

En enero de 1959 tuvo lugar lo que él llama en sus memorias «la primera manifestación de oposición burguesa organizada». Fue un banquete celebrado en el hotel Menfis de Madrid con participación de destacados miembros del establishment social y económico dispuestos por primera vez a mostrar sus discrepancias con el régimen. Era un momento propicio al cambio, en pleno giro tecnocrático del franquismo y con los primeros signos del desarrollo económico que caracterizaría la década de los sesenta. La iniciativa y el protagonismo correspondieron a Joaquín Satrústegui, aunque Tierno se comprometió a pronunciar unas palabras. Entre el centenar de asistentes había varios militares en activo, atraídos por lo que parecía ser un homenaje a don Juan y a la monarquía. Y así era, aunque se acabara convirtiendo en un acto «asombroso», según el Viejo Profesor, de reconciliación nacional. «Una guerra civil es una inmensa tragedia sobre la que no cabe fundar el porvenir (...). La monarquía no puede asentarse sobre este hecho», afirmó Satrústegui en la intervención más esperada de la noche. Tierno, por su parte, empezó reconociendo su trayectoria republicana, para exponer enseguida las razones de su «racionalismo monárquico frente al sentimentalismo republicano». En suma, la monarquía le parecía el mejor instrumento para alcanzar la reconciliación entre los españoles. Su discurso provocó división de opiniones, con predominio del aplauso cortés y comedido.[92] Los oradores, Satrústegui, Tierno y el abogado Jaime Miralles, fueron sancionados por el gobierno con una multa de 50.000 pesetas el primero de ellos y de 25.000 los otros dos. Pese a ello, el acto, leemos en un informe elaborado por Unión Española, se había saldado con un rotundo éxito.[93]

Era difícil saber dónde estaba políticamente Tierno Galván. La dirección del PSOE, considerándolo uno de los suyos, le exigió más de una vez que abjurara de la monarquía y volviera a la fe republicana. El gobierno le tenía por monárquico juanista —así figura en un informe de la Secretaría General del Movimiento—[94] y el tándem Franco-Carrero le incluía entre sus bestias negras, junto a Ruiz-Giménez y Gil-Robles, «no tanto por socialista», afirma Raúl Morodo, como «por su relación con don Juan de Borbón».[95] Para la policía, formaba parte, con Ridruejo, de la oposición liberal, aunque le consideraba más peligroso que a Dionisio, «porque no se le ve venir tan de frente».[96] En opinión de Alma, la hija de Carl Schmitt, su programa abarcaba desde la monarquía liberal hasta la izquierda socialista.[97] Él alegará en sus memorias que las circunstancias le obligaban a cambiar con frecuencia de táctica política,[98] pero lo cierto es que durante años se mantendrá constante en una especie de neocanovismo de izquierdas, definido por él en una importante carta a don Juan de Borbón fechada en octubre de 1960. Tierno decía estar «metido a fondo» en la causa de la restauración e instaba a «V[uestra]. M[ajestad].» a declarar públicamente su incompatibilidad con el régimen de Franco y su fe en la monarquía democrática. Las posibilidades de la corona de llegar a consolidarse dependían en gran medida de la existencia de una izquierda «enérgica, perfectamente acomodada en el sistema monárquico».[99] Ese era el papel que él y los suyos aspiraban a desempeñar en el futuro: contribuir, desde una izquierda dinástica, a que la monarquía fuera no solo la «salida» a la dictadura, sino la «solución» a los problemas históricos del pueblo español. Cinco años después tendrá ocasión de explicárselo en persona cuando vaya a visitarle a Villa Giralda y compruebe el «acierto que han tenido los monárquicos en confiar en don Juan de Borbón».[100]

Un joven seguidor del pretendiente estaba igualmente convencido de que España debía pasar tarde o temprano por una transición dirigida por un socialista pragmático. Corría el año 1958 y el oráculo en cuestión se llamaba Leopoldo Calvo-Sotelo. «En su opinión», le dirá Vicente Girbau a Luis Araquistáin, «la transición habrá de ser presidida durante mucho tiempo por un Mollet español que haga un socialismo moderado».[101] ¿Podía ser Tierno Galván el político que, como Guy Mollet en Francia, liderara la conversión del socialismo en una fuerza de centroizquierda con vocación de gobierno? Sin duda, «el hombre más listo del mundo», como le llamó Carl Schmitt, reunía las mejores condiciones para ello. Fue tal vez el primer dirigente de la izquierda española en convencerse de que monarquía y socialismo estaban condenados a entenderse. Y, sin embargo, diversas razones le impidieron convertirse en el Mollet español. Una es de tipo generacional y explica en parte que ni Tierno Galván ni especialmente don Juan de Borbón tuvieran el protagonismo que la historia parecía reservarles. La otra guarda relación con el testimonio ofrecido por el propio Leopoldo Calvo-Sotelo muchos años después, tras haber sido presidente de uno de los gobiernos de la Transición. En política, ser una persona leída es mucho más un inconveniente que una ventaja. «El político no tiene que leer», sentenció quien dejó al morir una biblioteca de 10.507 volúmenes.[102] Tierno Galván carecía sin duda de esa ligereza intelectual que la política requiere. La Transición le pilló demasiado mayor y demasiado leído.

El fin de la cura de aislamiento

No se puede decir que el PSOE cumpliera estrictamente la terapia prescrita por Prieto y adoptada por la dirección tolosana en 1952. Dos años después, monárquicos y socialistas reanudaban los contactos en el interior, limitados de momento a Madrid y Barcelona. Antonio Amat y Teodomiro Menéndez, dirigentes de la organización clandestina, ofrecían colaboración en caso de que hubiera una acción resuelta contra el régimen, en un momento de fuerte tensión entre el franquismo y los seguidores de don Juan. Así lo pudo comprobar el propio Amat en los interrogatorios que sufrió tras su detención a finales de 1954, centrados en sus relaciones con los monárquicos, a los que la policía consideraba en aquel momento el enemigo público número uno. En abril del año siguiente se registraron nuevas conversaciones en Cataluña.[103]

Este ciclo de contactos iniciado en 1954 estuvo muy condicionado, como en otras ocasiones, por la posición política de Toulouse y por la actitud del pretendiente. Lo primero parecía claro: mientras la dirección del PSOE se mantuviera fiel a los principios aislacionistas, las relaciones del interior con los juanistas tendrían un carácter cuasi faccioso. La cuestión, sin embargo, estaba llena de matices, no solo porque había formas muy distintas de interpretar el aislamiento, sino porque en el fondo lo que preocupaba a Toulouse no era tanto que el interior entablara contactos con los monárquicos, como que lo hiciera por su propia cuenta saltándose la cadena de mando. El problema radicaba en la disciplina de la organización clandestina y en su sometimiento a la dirección en el exilio, más que en la estrategia adoptada en cada momento. En esto último, Llopis podía tal vez transigir; lo que nunca aceptaría, en cambio, es que el interior impusiera una política de hechos consumados. En cuanto al pretendiente, su trayectoria era tan ambigua y contradictoria como siempre. En julio de 1955, cuando parecía que el PSOE empezaba a superar las secuelas de la entrevista en el Azor, don Juan se descolgó con unas declaraciones conciliadoras hacia el régimen de Franco, en vista de lo cual los socialistas del interior decidieron paralizar las conversaciones en marcha.[104] Los sucesos de febrero del año siguiente y la actividad conspirativa de algunos juanistas reabrieron el debate sobre la posibilidad de que los monárquicos formaran parte de un gran bloque antifranquista. En realidad, nada había cambiado en los últimos tiempos: don Juan seguía instalado en la ambigüedad, mientras algunos de sus partidarios parecían dispuestos a echarse al monte.

En las relaciones de Toulouse con los grupos de Tierno y Ridruejo, Asociación Funcionalista y Acción Democrática, surgió una y otra vez el problema de la forma de gobierno. El entendimiento en esta cuestión fundamental resultaba muy difícil, porque uno y otro se mostraban partidarios de un accidentalismo que Llopis no podía aceptar, al menos en términos tan explícitos. El intercambio de cartas e informes de principios de 1957 y las conversaciones con sus respectivos emisarios condujeron a un aparente punto muerto tras la reunión de las fuerzas opositoras convocada por el PSOE y celebrada en París los días 21 y 23 de febrero de 1957. Participaron las principales organizaciones del exilio, con excepción del PCE, y acordaron trabajar por la instauración en España de un gobierno provisional sin signo institucional. Rechazaron además, sin citarlas expresamente, las propuestas de Tierno y Ridruejo sobre una restauración monárquica impulsada por los militares con el respaldo de la oposición. Los acuerdos de París suponían en la práctica volver a la línea marcada por el PSOE en 1947: una plataforma unitaria capaz de integrar a todas las fuerzas opositoras —socialistas, anarquistas, republicanos varios, nacionalistas vascos y catalanes...— con excepción de los monárquicos y los comunistas.

De su amplitud y representatividad política no cabía duda. La pregunta era cómo iban a conseguir un cambio de régimen sin contar ni con los militares monárquicos ni con la capacidad de movilización del PCE. Llopis pensaba que el golpe de los generales se produciría de todas formas, y que, alineándose con ellos, el PSOE tenía poco que ganar y mucho que perder. Si la restauración monárquica contaba con apoyo socialista, las masas obreras se irían con el PCE. En cambio, permaneciendo al margen, «quedamos para mañana en una posición magnífica». Así se lo dijo a Amat, portavoz de la gente del interior, y se lo repitió poco después: los socialistas no podían apadrinar una monarquía que vendría ya desprestigiada por las «botaratadas del pretendiente». Si los monárquicos tenían tanta fuerza y tantas ganas de echar a Franco no necesitaban a los socialistas. Y si los necesitaban es que no tenían tanta fuerza, y en ese caso deberían pagar un precio por su ayuda, que no era otro que someterse al veredicto popular. Como todo el mundo.[105]

Amat y el interior confiaban en una declaración del pretendiente en contra de la dictadura que les facilitara las cosas a los socialistas. Para convencer a Llopis de que no podían permanecer al margen de lo que se tramaba no tuvo mejor ocurrencia que utilizar un símil sexual manifiestamente inadecuado en una organización tan puritana como el PSOE. Comparó a sus militantes con prostitutas que debían aceptar su triste sino, a saber: «Ser putas, putas hasta la abyección, putas con aberración sexual, putas revolcándose entre sífilis y blenorragia». No tenían elección. Amat se las ingenió, sin embargo, para dar a su historia un final feliz: los socialistas «somos rameras que saldríamos limpias del coito, pues efectuaríamos este con preservativo». Lívido debió de quedarse Rodolfo Llopis, destinatario de la carta de Amat, al leer estas palabras. La fuerza del PSOE —responderá tras reconvenirle sobre lo inapropiado de su misiva— radicaba en su virtud. Eso era lo que le diferenciaba de otras fuerzas promiscuas por naturaleza, como los comunistas, dispuestos a irse con el primero que llamara a su puerta, o de grupos como los de Tierno y Ridruejo, empeñados en una labor de celestinaje político entre sectores opuestos, incluso antagónicos. En cuanto a la monarquía, al contrario que los socialistas del interior, creía que las condiciones había que ponerlas antes y no después, porque la restauración haría de la corona un hecho consumado sin posible vuelta atrás.[106]

No lo dice Llopis abiertamente, pero de su argumentación se deduce su temor a que una monarquía procreada a medias entre sus partidarios y los socialistas impusiera a estos últimos un matrimonio de por vida con la corona. El problema no era solo que el partido de Pablo Iglesias perdiera su doncellez en semejante coyunda, sino que la criatura resultante de los devaneos monárquicos ni siquiera fuera suya. A Luis Araquistáin se lo dijo con toda claridad: los partidarios de don Juan «quieren entenderse o están entendidos con Franco para la transición y quieren comprometernos a nosotros para esa operación».[107] Llopis, desde luego, no estaba dispuesto a caer en esa trampa.

Pasaba el tiempo y ni los generales se sublevaban ni Franco se iba ni don Juan rompía con el régimen. Fiel a su estilo y a sus bandazos, en 1958 participaba en Lourdes en una concentración tradicionalista y se dejaba fotografiar tocado con una boina carlista entre el júbilo de la carcundia. ¿Ese era el rey que traería la democracia a España? Prieto arremetió contra él, calificándole lisa y llanamente de «pretendiente carlista», y descartó cualquier posibilidad de acuerdo con sus seguidores. Su postura podía ser coherente, pero escasamente constructiva. El PSOE tampoco debía, en su opinión, alinearse con los comunistas, porque la experiencia internacional demostraba que una alianza de esa naturaleza era letal para los socialistas. En cuanto al papel de la dirección del PSOE en el interior, Prieto recelaba de su independencia e indisciplina. No había otra alternativa, pues, que esperar la restauración de brazos cruzados y una vez establecido un cierto juego político desempeñar un papel similar al del viejo PSOE en tiempos de Alfonso XIII. Su presencia numérica en aquellas Cortes —siete diputados en su mejor momento— sería todo lo limitada que fuera, pero su fuerza moral valía por un parlamento entero. Sabía que esa opción no era la mejor, pero no cabía otra.[108]

Llopis tenía una difícil papeleta de cara al VII Congreso del PSOE en el exilio, que debía celebrarse en agosto de 1958, con Prieto cerrado en banda y Araquistáin pugnando por una apertura del partido en todas las direcciones, especialmente hacia la joven militancia del interior. Abogaba además por una postura flexible en la cuestión de la forma de gobierno. Si en España se estableciera un marco de libertades suficientemente amplio, el PSOE debería reconocer la nueva legalidad con independencia del signo institucional del gobierno que la creara. Dicho en plata: aunque ello ocurriera bajo una monarquía. Su enfrentamiento con Prieto, momento estelar del Congreso, se zanjó con una aproximación de las dos posturas que poco antes hubiera resultado impensable. Don Inda admitió que si se daban las condiciones planteadas por Araquistáin —un régimen de libertades bajo el gobierno que fuere—, los socialistas aceptarían la nueva situación. Con una salvedad: que nunca lo reconocerían públicamente, y menos, antes de que se produjera.[109]

Como ocurrió con la polémica entre Araquistáin y Prieto, el VII Congreso en el exilio, vigésimo en la historia del PSOE, resolvió las cuestiones pendientes mediante fórmulas de compromiso que en realidad no dejaron contento a nadie. La caída, poco después, de la dirección del partido en el interior agravó los problemas de coordinación con Toulouse y la desconfianza del exilio hacia la organización clandestina, considerada demasiado vulnerable. Pero incluso este duro golpe, saldado con más de ochenta detenciones, demostraba que las cosas estaban empezando a cambiar y que la apuesta del régimen por el desarrollo económico y la aproximación a Europa podía crear nuevas oportunidades para la lucha en el interior. Mientras la caída de la ejecutiva del PSOE en 1953 concluyó con la muerte de su principal responsable, Tomás Centeno, en la Dirección General de Seguridad, la mayoría de los dirigentes detenidos cinco años después fueron puestos en libertad al poco tiempo, en medio de una amplia campaña internacional por su liberación que hizo mella en el régimen. Tan solo Antonio Amat, Guridi, permaneció más de dos años en la cárcel, desde donde intentó seguir dirigiendo la organización pese a la firme oposición de la dirección del partido en el exilio. Mayor aún fue el rechazo a su plan de articular en España un gran frente unitario que incluyera a monárquicos y comunistas. Una cosa era salir del aislamiento que el partido se había impuesto en 1952 y otra echarse en brazos de sus enemigos naturales.

El PSOE chocaba una y otra vez con el mismo problema. Una coalición sin monárquicos ni comunistas como la que en 1957 suscribió los Acuerdos de París carecía de la fuerza suficiente para acabar con la dictadura. La única alternativa era abrirse a uno de los dos flancos. Tal vez los comunistas lo hubieran puesto más fácil, pero el rechazo que despertaban en el partido, sobre todo en su vieja guardia, parecía insuperable. En cuanto a aquellos monárquicos, «monarquizantes» y «monárquicos de ocasión», como los llamó Llopis, que proponían una alternativa dinástica al franquismo, el principal escollo era el propio pretendiente.[110] Ni se decidía a romper con el dictador ni parecía fácil, conociendo su calculada ambigüedad, que eso llegara a suceder. Sus ostensibles guiños al carlismo le situaban más bien en las antípodas de una monarquía constitucional, única fórmula que la izquierda consideraría mínimamente admisible. En marzo de 1960, don Juan descartó la celebración de un plebiscito sobre la forma de gobierno y el comienzo de un «periodo constitucional». Tal vez había querido decir «constituyente». En todo caso, esto era lo de menos. La cuestión es que sus declaraciones se produjeron, una vez más, en un acto de significación carlista. Para Indalecio Prieto, no cabía duda de sus inclinaciones absolutistas. «Realmente», concluía, «el mozo no es de fiar».[111]

Algo se movía, sin embargo, en la lucha contra el franquismo. La victoria de John F. Kennedy en las elecciones presidenciales de noviembre de 1960 despertó cierto optimismo sobre la ayuda que Estados Unidos podía prestar a la oposición a Franco. Tras mantener conversaciones en Washington y Nueva York con altos cargos de la nueva Administración, Prieto llegó a la conclusión de que la actitud hacia España había mejorado algo respecto a la etapa de Eisenhower, siempre dentro de unos límites marcados por el pragmatismo y la prudencia. El Gobierno norteamericano se mostraba partidario de la monarquía constitucional como alternativa a la dictadura y pretendía convencer a don Juan para que encabezara esa opción. Al margen de esto y de ejercer alguna presión sobre Franco, siempre y cuando la situación internacional lo permitiera, Estados Unidos deseaba mantenerse en un segundo plano en la búsqueda de una solución pacífica al problema español. El protagonismo debía corresponder a las fuerzas opositoras.[112]

Llopis tomó buena nota del análisis de Prieto, y en carta a Ramón Rubial, principal dirigente del PSOE clandestino desde la detención de Amat, fijó algunas directrices sobre el nuevo escenario que parecía abrirse en aquel momento. En realidad, de puertas afuera la línea oficial del partido no se apartaba de la conocida vía plebiscitaria. Pero en la práctica el líder del PSOE reconocía que los socialistas debían contribuir a que una monarquía restaurada tuviera un carácter constitucional. El plebiscito, mantenido aunque fuera de forma testimonial, obligaría a la corona a buscar la colaboración de los socialistas y a aceptar, en pago por ello, una auténtica democracia, con la izquierda plenamente incorporada al sistema.[113]

Una declaración de la cúpula socialista en vísperas del VIII Congreso daría estado oficial a la posición expuesta por Llopis en su carta a Rubial: «Reconocemos que la monarquía constitucional honradamente ejercida representaría considerable ventaja sobre el oprobioso franquismo, pero, siendo los socialistas genuinamente republicanos, no nos podemos implicar (...) en manejos para implantarla». Era como una victoria póstuma de Luis Araquistáin, fallecido en 1959, cuyos argumentos en el VII Congreso se convertían dos años después de su muerte en doctrina oficial del partido.[114] La cura de aislamiento decretada por el PSOE en 1952 desembocaba finalmente en un accidentalismo democrático de amplio espectro, que abría posibilidades de negociación y acuerdo con fuerzas muy dispares. Lo importante era la libertad. Una vez conseguida, como dijo Largo Caballero en 1946, cada cual podría ponerle el nombre que quisiera.

[1] J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, op. cit., entrada del 1 de septiembre de 1948, p. 269.

[2] Ibíd., p. 271.

[3] Diario de J. M. Pemán, 2 de octubre de 1948; cit. F. de Meer, Juan de Borbón, op. cit., p. 310.

[4] Ibíd.

[5] «Accedí al deseo del Generalísimo de que fuera enviado el príncipe de Asturias a España para cursar sus estudios», le dirá don Juan al conde de los Andes unos meses después; carta del 11 de julio de 1949; AGUN-ACA: 060/004/378-2.

[6] Cit. F. de Meer, Juan de Borbón, op. cit., p. 314.

[7] J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, op. cit., entrada del 27 de octubre de 1948; pp. 279-281.

[8] Cit. L. López Rodó, La larga marcha hacia la monarquía, op. cit., p. 114.

[9] Ibíd., p. 55.

[10]La Vanguardia Española, 10 de noviembre de 1948.

[11] J. M. Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché, op. cit., entrada del 12 de noviembre de 1948; p. 283.

[12] P. Carvajal, La travesía de Don Juan, op. cit., pp. 246-247.

[13] Ibíd., pp. 247-248.

[14] Testimonio de don Juan de Borbón recogido en el texto «Don Juan Carlos de Borbón: De la continuidad al progreso», del Archivo de Juan Linz de la Transición Española, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, Instituto Juan March de Estudios e Investigación, http://www.march.es/ceacs/biblioteca/proyectos/linz/documento.asp?reg=r-41500.

[15] Pablo Ordaz: «Un colegio para el Rey», El País digital, especial 25 años de Monarquía, http://www.elpais.com/especiales/2000/rey/rey14a.htm, y testimonio de Jaime Carvajal y Urquijo.

[16] P. Carvajal, La travesía de Don Juan, op. cit., p. 250.

[17] Anécdota contada por el rey en presencia de José Bono el 3 de marzo de 1993; J. Bono, Les voy a contar. Diarios, I, Ed. Planeta, Barcelona, 2012, p. 175.

[18] Informe del conde de Fontanar, septiembre de 1953, cit. P. Urbano, El precio del trono, Círculo de Lectores, Barcelona, 2011, pp. 218-219.

[19] F. Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, Ed. Planeta, Barcelona, 2005, entrada del 2 de octubre de 1954, p. 4.

[20] Carta de la reina Victoria Eugenia al conde de los Andes, Lausana, 26 de septiembre de 1948; AGUN-ACA: 060/004/344-6.

[21] Cit. F. de Meer, Juan de Borbón, op. cit., p. 316.

[22] Carta de W. Carrillo a E. de Francisco, 26 de julio de 1950; cit. J. C. Gibaja, Indalecio Prieto, op. cit., p. 445.

[23] S. Juliá, Los socialistas en la política española, op. cit., pp. 317-318.

[24] J. C. Gibaja, Indalecio Prieto y el socialismo español, op. cit., pp. 441-443.

[25] Cit. ibíd., p. 444.

[26] I. Prieto, «Toda la verdad»; ES, 8 de junio de 1950.

[27] Carta de Prieto a De los Ríos, Ciudad de México, 30 de diciembre de 1946; I. Prieto y F. de los Ríos, Epistolario, op. cit., p. 162.

[28] «Mensaje de Indalecio Prieto a nuestro IV Congreso en el exilio», ES, 22 de junio de 1950.

[29] I. Prieto, «España y la ONU», ES, 26 de octubre de 1950.

[30] Carta de Prieto a Llopis, 5 de octubre de 1950; cit. J. C. Gibaja, Indalecio Prieto y el socialismo español, op. cit., pp. 446-447.

[31] «Nota de las Comisiones Ejecutivas», ES, 30 de noviembre de 1950.

[32] Cit. J. C. Gibaja, Indalecio Prieto y el socialismo español, op. cit., p. 450.

[33] Cit. R. Gillespie, Historia del Partido Socialista Obrero Español, op. cit., pp. 126-127.

[34] J. C. Gibaja, Indalecio Prieto y el socialismo español, op. cit., p. 448.

[35] I. Prieto, «Al vado o a la puente: Humillación inútil», ES, 22 de febrero de 1951.

[36] I. Prieto, «Estafeta regia: El príncipe mendigante», ES, 25 de octubre de 1951.

[37] Propuesta aprobada por la asamblea de la Agrupación Socialista Española de México el 28 de octubre de 1951; cit. J. C. Gibaja, Indalecio Prieto, op. cit., pp. 453-454.

[38] I. Prieto, «Al vado o a la puente: Humillación inútil», op. cit.

[39] L. Araquistáin, «Doña Juana la Loca y los republicanos españoles», original fechado en Londres, 24 de enero de 1952; una copia en AHN-ALA: 46, y curiosamente otra entre los papeles del conde de Fontanar, AGUN-ACF: 054/002/003.

[40] L. Araquistáin, «Zootecnia y política», Londres, 21 de abril de 1952, Adelante, México, mayo de 1952.

[41] L. Araquistáin, «Epílogo de una polémica. ¿Qué República?», texto impreso, fechado en París, julio de 1954, conservado entre los papeles de Araquistáin; AHN-ALA: 54.

[42] Carta de Araquistáin al doctor Marañón, 14 de febrero de 1955; cit. J. F. Fuentes, Luis Araquistáin, op. cit., p. 176.

[43] Carta de Araquistáin a Jesús Campillo, 11 de noviembre de 1957; J. F. Fuentes, Luis Araquistáin, op. cit., p. 211.

[44] «Muchos enemigos de ayer nos estamos abrazando ya individualmente y no está lejos el día en que todos nos fundamos en un abrazo colectivo»; «Notas de Luis Araquistáin para Luis Ortega-Sierra, corresponsal de “Bohemia”», texto mecanografiado sin fecha (1957); AHN-ALA: 35.

[45] Ibíd.

[46] L. Araquistáin, «La carcajada de don Juan de Borbón», ES, 1 de agosto de 1957.

[47] I. Prieto, «Interpretación de la risa: Una carcajada del príncipe sano», ES, 22 de agosto de 1957.

[48] L. Araquistáin, «Ecos de una triste carcajada», ES, 12 de septiembre de 1957.

[49] I. Prieto, «Dante y Carulla», ES, 26 de septiembre de 1957.

[50] I. Prieto, «¿Ablandamiento? La inútil deshonra», ES, 3 de octubre de 1957.

[51] «Necesitamos aprender el nuevo lenguaje que empieza a hablarse en España y solo así podremos romper el muro de silencio que nos aísla y seguir viviendo en el presente histórico»; L. Araquistáin, «España y los emigrados españoles», ES, 10 de octubre de 1957.

[52] J. A. Balbontín, «Mis recuerdos de Luis Araquistáin», ES, 5 de noviembre de 1959.

[53] Necrológica de Luis Alberto Sánchez en La Tribuna, Lima, 8 de agosto de 1959; recorte de este artículo en AHN-ALA: 67.

[54] Testimonio de Antonio García López.

[55] Parte policial recogido en el libro Jaraneros y alborotadores. Documentos sobre los sucesos estudiantiles de febrero de 1956 en la Universidad Complutense de Madrid, ed. de Roberto Mesa, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1982, p. 129.

[56] Ibíd., p. 68. Parte policial fechado en Madrid el 1 de febrero de 1956.

[57] Ibíd., p. 127. «Resumen del 1 al 16 de febrero».

[58] Ibíd., pp. 128-129.

[59] Ibíd., pp. 30 y 73.

[60] D. Ridruejo: «Declaración personal e informe polémico sobre los sucesos universitarios de Madrid en febrero de 1956», texto fechado en Madrid, 1 de abril de 1956, dirigido a la Junta Política de FET y de las JONS y reproducido en ibíd., p. 306.

[61] S. Juliá:, Los socialistas en la política española, op. cit., p. 337.

[62] «Falange Terror Related in Court», The New York Times, 24 de abril de 1956.

[63] Partes policiales recogidos en el libro Jaraneros y alborotadores, op. cit., pp. 84 y 96-97.

[64] Testimonio de Julio Diamante, La generación del 56, A. López Pina (ed.), Marcial Pons Historia, Madrid, 2010, p. 230.

[65] Ibíd., p. 195. Testimonio de Javier Pradera.

[66] Carta de Araquistáin a Prieto, 27 de noviembre de 1947, reproducida en F. Largo Caballero, I. Prieto y L. Araquistáin, ¿República o monarquía?, op. cit., pp. 285-289, y carta de Prieto a F. De los Ríos, 13 de diciembre de 1947; I. Prieto y F. de los Ríos, Epistolario, op. cit., p. 196.

[67] L. C. Hernando, El PSOE y la monarquía, op. cit., p. 171 y n. 334.

[68] Ibíd., n. 334, y J. F. Fuentes, Luis Araquistáin, op. cit., p. 216.

[69] Carta de Antonio García López a L. Araquistáin, 17 de agosto de 1957; AHN-ALA: 29.

[70] «Información objetiva sobre las posibilidades futuras del socialismo español en la política nacional. Los sindicatos y la UGT»; documento mecanografiado, sin fecha [¿1953?] ni autor; AGUN-ACF: 054/002/084.

[71] Informe mecanografiado firmado por Juan Becerril, magistrado; Madrid, 7 de marzo de 1946; AJC-ACF. El autor de este documento, Juan Becerril Antón-Miralles, fue nombrado en marzo de 1977 presidente de la Sala IV del Tribunal Supremo, que debía pronunciarse sobre la legalización del PCE.

[72] Carta de Antonio María Muntañola al conde de Fontanar, 27 de mayo de 1946; AJC-ACF.

[73] Informe mecanografiado de 16 puntos, fechado en agosto de 1946 y conservado entre los papeles del conde de Fontanar; AJC-ACF.

[74] Carta del conde de Fontanar a don Juan, 25 de noviembre de 1947; AJC-ACF.

[75] «Relación con las organizaciones obreras», documento mecanografiado, conservado entre los papeles del conde de los Andes; Madrid, 6 de enero de 1952; AGUN-ACA.

[76] Documento mecanografiado sin título ni firma, fechado el 30 de marzo de 1959; AGUN-ACA: 054/005/068-4.

[77] «Caracterización de los grupos coaligados de oposición y filiación de sus componentes más destacados»; informe mecanografiado, sin fecha (mediados de los cincuenta), lugar ni firma, conservado entre los papeles del conde de Fontanar; AGUN-ACF: 054/004/009-7.

[78] Cit. M. M. Saralegui Benito, Carl Schmitt y España: Hispanismo, franquismo, identidad reaccionaria, tesis doctoral, Universidad del País Vasco, 2014, p. 9.

[79] Cit. ibíd., p. 236.

[80] E. Tierno Galván, Cabos sueltos, Bruguera, Barcelona, 1982, p. 110.

[81] Ibíd., p. 123.

[82] L. C. Hernando, El PSOE y la monarquía, op. cit., p. 172.

[83] Darío Valcárcel, «Ha muerto Antonio Menchaca», ABC, 2 de julio de 2002.

[84] R. Llopis a L. Araquistáin, 4 de octubre de 1956; AHN-ALA: 33.

[85] Informe de Antonio Amat, Guridi, a la Ejecutiva del PSOE en el exilio, Euskadi, 30 de marzo de 1957; FPI-AE: 610-11.

[86] Cit. L. C. Hernando, El PSOE y la monarquía, op. cit., pp. 174-175.

[87] Cit. M. M. Saralegui Benito, Carl Schmitt y España, op. cit., p. 9.

[88] R. Morodo, Atando cabos. Memorias de un conspirador moderado, Taurus, Madrid, 2001, pp. 190-191.

[89] E. Tierno Galván, Cabos sueltos, op. cit., p. 215.

[90] Ibíd., p. 108. R. Morodo, Atando cabos, op. cit., p. 181.

[91] Jaime Miralles, «La acción política desde Unión Española», en Los monárquicos y el régimen de Franco, Ed. Complutense, Madrid, 1996, p. 137.

[92] E. Tierno Galván, Cabos sueltos, op. cit., pp. 219-224.

[93] «Unión Española. Repercusión acto Menfis», informe mecanografiado de una página; Madrid, abril de 1959; AGUN-ACF: 054/005/075-1.

[94] Cit. M. A. Rubio, Un partido en la oposición: El Partido Socialista Popular, tesis doctoral, Fac. de Ciencias Políticas y Sociología, UCM, Madrid, 1995, p. 46. No da la fecha del informe, pero debe de ser de finales de los cincuenta.

[95] R. Morodo, Atando cabos, op. cit., p. 106.

[96]«Caracterización de los grupos coaligados de oposición», doc. cit.; AGUN-ACF: 054/004/009-7.

[97]Cit. M. M. Saralegui Benito, Carl Schmitt y España, op. cit., p. 236.

[98]E. Tierno Galván, Cabos sueltos, op. cit., p. 146.

[99]R. Morodo, Atando cabos, op. cit., pp. 362-363.

[100]E. Tierno Galván, Cabos sueltos, op. cit., p. 376.

[101]Carta de V. Girbau a L. Araquistáin, 14 de diciembre de 1958; AHN-ALA: 29.

[102]Entrevista de Jaime de Salas a L. Calvo-Sotelo recogida en P. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín (ed.), Leopoldo Calvo-Sotelo: Un retrato intelectual, Fundación Ortega-Marañón y Marcial Pons, Madrid, 2011, p. 194.

[103]A. Mateos, El PSOE contra Franco. Continuidad y renovación del socialismo español, 1953-1974, Ed. Pablo Iglesias, Madrid, 1993, pp. 48-49.

[104]Ibíd., p. 49.

[105]Ibíd., pp. 65-66.

[106]A. Amat a la CE, 8 de noviembre de 1957, y CE a. Amat, 20 de noviembre de 1957; FPI-AE: 610-11.

[107]R. Llopis a L. Araquistáin, 29 de marzo de 1956; AHN-ALA: 33.

[108]Intervención de Prieto en la reunión del comité director del PSOE, días 11 y 12 de agosto de 1958; cit. L. C. Hernando, El PSOE y la monarquía, op. cit., p. 202.

[109]A. Mateos, El PSOE contra Franco, op. cit., pp. 128-129.

[110]«Importante discurso del compañero Llopis en Londres», ES, 7 de enero de 1960.

[111]Carta de I. Prieto a R. Llopis, 27 de diciembre de 1961; FIP-Fondo Concha Prieto, I: Serie Agrupación-Congreso-Partido, carpeta 37 (Partido 1960-1961).

[112]O. Cabezas, Indalecio Prieto. Socialista y español, op. cit., pp. 708-711.

[113]Carta de R. Llopis a R. Rubial, 15 de abril de 1961; cit. A. Mateos, El PSOE contra Franco, op. cit., p. 206.

[114]Ibíd., pp. 206-208.

CAPÍTULO VI. ENTRE MÚNICH Y SURESNES

El gran contubernio

Que la década empezaba con grandes cambios parecía indudable. Lo difícil era saber en qué dirección iban los nuevos acontecimientos y hasta qué punto fortalecían o debilitaban al régimen. Cerrada en falso la crisis de 1956, Franco formó al año siguiente su octavo gobierno, que incluyó por primera vez a dos ministros tecnócratas: Alberto Ullastres en Comercio y Mariano Navarro Rubio en Hacienda. The New York Times llamó la atención sobre el notable poder otorgado al Opus Dei, al que pertenecían, según el periódico, además de los dos ministros del área económica, el hombre fuerte del gobierno, Luis Carrero Blanco, y en un segundo plano, pero desempeñando un papel decisivo, el secretario general técnico de la Presidencia del Gobierno, Laureano López Rodó.[1] La mano de los tecnócratas se notó muy pronto en la política económica puesta en marcha en enero de 1959 con el llamado Plan de Estabilización. El franquismo optaba por abandonar sus principios autárquicos y hacer del desarrollo acelerado la base de una nueva legitimidad, sin dejar de ser por ello el Estado del 18 de Julio. El desarrollismo se convertía así en la ideología de moda en detrimento del sector más agreste y nostálgico de Falange y del catolicismo más integrista.

No era, ni mucho menos, el fin del nacionalcatolicismo, pero la Iglesia española no sería inmune ni a los efectos secularizadores de la modernización económica —el número de sacerdotes ordenados bajó de 1.024 a 219 entre 1960 y 1975— ni al mensaje aperturista del Concilio Vaticano II, inaugurado en 1962 por Juan XXIII y clausurado tres años después por Pablo VI. Al principio de la década, antes incluso del aggiornamento posconciliar, Franco se hacía eco del rumor de que en muchos conventos y sacristías se profesaba una secreta admiración por Indalecio Prieto. Él no acababa de creérselo, pero tampoco lo descartaba por completo, y en ese caso, «no habría ya la mínima esperanza de salvación».[2] Eran tiempos de distensión, en los que todo andaba revuelto, también en las relaciones internacionales. El dictador receló desde el principio del presidente Kennedy, «rodeado de bastantes izquierdistas y enemigos del régimen español»,[3] y aunque le consideró más o menos bienintencionado, siempre pensó que hubiera sido preferible la victoria del republicano Richard Nixon.

El éxito de la nueva política económica no estuvo exento de contratiempos. De las huelgas de la minería asturiana en 1962 y 1963, extendidas a otras zonas industriales, nació el sindicato Comisiones Obreras y de la incipiente masificación de la universidad, favorecida por el aumento del nivel de vida, surgió un poderoso movimiento estudiantil, que tras sus primeros escarceos en 1956 se consagraría como uno de los frentes más activos de oposición al régimen. Crecían las grandes ciudades y sus barriadas obreras, el catolicismo parecía cambiar de signo y el desarrollo de las clases medias profesionales impulsaba un asociacionismo reivindicativo contrario a las estructuras oficiales. La modernización del país, presentada como un logro del régimen, no iba a ser un camino de rosas para la dictadura, deseosa de rentabilizar el «milagro español» y obligada por ello a controlar sus impulsos represivos. Mantener una imagen amable del régimen era casi misión imposible, tal como se puso de manifiesto en 1963 con la ejecución del comunista Julián Grimau, que desató una fuerte campaña de opinión contra los métodos de la dictadura. Mal asunto para el gobierno de Franco, que el año anterior había solicitado a la Comunidad Europea la apertura de negociaciones para la entrada de España en el Mercado Común. «No hay más remedio que incorporarnos a Europa», reconocerá el dictador en privado,[4] mientras en público despreciaba todo lo que viniera del otro lado de los Pirineos.

Europa se había convertido en el común objeto del deseo del régimen y de la oposición, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial defendía la integración de España en una futura unión europea cuya puesta en marcha parecía inminente. En este empeño europeísta coincidían desde la democracia cristiana hasta el socialismo, pasando por el republicanismo histórico, el liberalismo monárquico y el nacionalismo vasco y catalán. Solo el PCE, en línea con sus partidos hermanos, recelaba del proyecto comunitario, que veía como una empresa subordinada a los intereses del gran capital. Salvo esta excepción, las principales fuerzas políticas habían hecho suya la alternativa europeísta formulada en su día por Ortega y Gasset —«España es el problema, Europa la solución»—, que en el ecuador del siglo, con España sumida en el franquismo y Europa en plena reconstrucción, había cobrado una trascendencia inusitada. Lo mismo puede decirse del vaticinio con el que Ortega sorprendió en 1909 a la opinión pública y en particular a la militancia del PSOE: «El Partido Socialista tiene que ser el partido europeizador de España».[5] Nueve años después del final de la Guerra Civil, Indalecio Prieto se declaraba partidario de una federación europea establecida sobre la base de la unidad económica, política y militar de los países de Europa Occidental.[6] El proceso unificador, iniciado por fin en los años cincuenta, tendría un eco inmediato en España. En 1954, se creaba en Madrid la Asociación Española de Cooperación Europea (AECE), integrada por personalidades moderadas del mundo católico y liberal, y al año siguiente Enrique Tierno Galván fundaba su Asociación Española por la Unidad Funcional de Europa. Definitivamente, España era el problema y Europa la solución.

El europeísmo sería un poderoso aglutinante de grupos y corrientes muy diversos de la oposición al franquismo, sobre todo de aquellos que se situaban entre el socialismo y la democracia cristiana. En el ámbito de esta última surgió a finales de los cincuenta Izquierda Demócrata Cristiana (IDC), dirigida en sus orígenes por el exministro de la CEDA Manuel Giménez Fernández y más adelante por Joaquín Ruiz-Giménez. La posición de Giménez Fernández, de siempre crítica con la dictadura, adquirió gran notoriedad tras publicarse en 1959 una entrevista que le hizo Les Temps Modernes, la revista fundada en 1945 por Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. En ella, condenaba el carácter antidemocrático del régimen de Franco, rechazaba la sustitución del dictador por don Juan y defendía una alternativa política que incluyera la concesión de una amplia amnistía, la nacionalización de la banca y una consulta popular posterior a la instauración de un gobierno provisional que representara a toda la oposición.[7] Con estas premisas era fácil que se produjera una aproximación entre IDC y el PSOE en busca de una plataforma común.

Y así fue. En junio de aquel año, Rodolfo Llopis dio luz verde a una negociación con IDC, siempre y cuando se dirigiera desde Francia. «Se acabaron las sorpresas de antaño», advertía Llopis,[8] que quería evitar las libertades que el PSOE clandestino se había tomado para negociar con los monárquicos en un pasado reciente. Apenas dos meses después, IDC remitía a Toulouse una propuesta encaminada a formar una Unión de Fuerzas Democráticas (UFD) en términos que el secretario general del PSOE consideró aceptables, al menos para empezar a hablar. Más escéptico se mostró Prieto, consultado al respecto por Llopis, tanto por la posible irrelevancia política de Izquierda Democráta Cristiana como por el papel que la monarquía pudiera desempeñar en todo ello. Sobre todo en este punto, había que andarse con pies de plomo, porque el PSOE no podía «deshonrarse» apareciendo ante el pueblo español como artífice de una restauración monárquica.[9]

La dirección del partido vio las cosas con cierto optimismo, y más después de la reunión mantenida en Bayona con una delegación de IDC, que, para sorpresa de los socialistas, no puso ninguna objeción a su conocida fórmula de «gobierno provisional sin signo institucional». Costaba creer que los democristianos fueran hasta tal punto indiferentes a la forma de gobierno, pero así era. Celebradas nuevas conversaciones, y tras vencer los recelos que el proyecto suscitaba en otras fuerzas del exilio, como la CNT y el PNV, a las que se quería incorporar al pacto, en abril de 1960 se llegaba finalmente a un principio de acuerdo, de momento verbal, para la creación de la Unión de Fuerzas Democráticas. Los posteriores problemas de coordinación y comunicación, habituales en estos casos, no empañaron el éxito cosechado por el PSOE, que reafirmó su liderazgo político ante las distintas fuerzas de la oposición, dentro y fuera de España, y su capacidad para pactar con partidos muy alejados de sus principios. Esta vez ni siquiera tuvo que sacrificar sus postulados sobre la forma de gobierno, pese a que los democristianos amagaron con introducir en el documento definitivo una salvedad sobre «una situación de hecho» distinta de la prevista. Los socialistas, siempre susceptibles en esta materia, creyeron ver en esa extraña fórmula un eufemismo de la monarquía. Pero la cosa no fue a mayores, hasta el punto de que al año siguiente, a instancias de los democristianos, el primer manifiesto de la UFD conceptuaba la democracia como el «único sistema político» admisible y preconizaba la formación de un gobierno provisional «sin signo institucional definido».[10] El PSOE de Llopis había encontrado su media naranja.

La petición del Gobierno español a la Comunidad Europea, presentada el 9 de febrero de 1962, de iniciar negociaciones bilaterales provocó una reacción inmediata de la UFD. En una dura nota de protesta, la alianza opositora rechazó la incorporación de la España de Franco al Mercado Común tanto por su incompatibilidad con los principios políticos de la Europa de los Seis como por las consecuencias que ello acarrearía en la política interior española: ni más ni menos que «consolidar la dictadura totalitaria en que el general Franco tiene sumido al Estado, a los pueblos y a la ciudadanía».[11] De todas formas, el peso de la campaña contra el ingreso de España en las instituciones europeas lo llevó la Asociación Española de Cooperación Europea, que ya en 1960 había intentado celebrar en Mallorca una Primera Semana Europeísta, prohibida por el gobierno en el último momento. Dos años después, la AECE impulsaba la participación española en el IV Congreso Internacional del Movimiento Europeo que iba a tener lugar en Múnich en junio de 1962.

Se trataba de estudiar la posible integración de España en las instituciones comunitarias, que la AECE consideraba inaceptable bajo el actual régimen, y al mismo tiempo propiciar un encuentro entre políticos españoles de muy diversa filiación. La propia Asociación se había convertido, desde sus orígenes semioficialistas, en una gran plataforma de la oposición interior con presencia de personalidades tan diversas como el monárquico Joaquín Satrústegui, el falangista Dionisio Ridruejo, el inclasificable Tierno Galván, los socialistas Antonio Villar y José Federico de Carvajal y el demócrata-cristiano y presidente de la AECE José María Gil-Robles. Organizar aquello llevó algún tiempo y creó problemas logísticos y de seguridad nada sencillos, resueltos en gran medida por el esfuerzo de quienes fueron los principales artífices de la presencia española en Múnich: José Vidal-Beneyto, próximo al círculo de Tierno, y sobre todo Enrique Gironella, antiguo miembro de la FAI y del POUM que evolucionó en la posguerra hacia un socialismo europeísta. En los años cincuenta había fundado el grupo Gauche Européenne y a principios de los sesenta trabajaba con ahínco en el proyecto de unos Estados Unidos de Europa que incluyeran a una España sin Franco. La causa de la unidad europea era también la de la democracia en todos los confines del continente.

Al Congreso acudieron 118 políticos españoles vinculados a distintas organizaciones antifranquistas tanto del exilio como, especialmente, del interior, con predominio —como en la propia AECE— de la democracia cristiana. Por este sector participaron, entre otros, José María Gil-Robles, Fernando Álvarez de Miranda y Jesús Barros de Lis; por los monárquicos, Joaquín Satrústegui, y por el PSOE, su secretario general, Rodolfo Llopis, convertido, tras la muerte de Prieto unos meses antes, en líder indiscutible del socialismo español. Hubo además dos socialistas del interior, José Federico de Carvajal y Antonio Villar Massó, aunque Llopis se negó a reconocerles como tales. No asistieron ni Tierno Galván, recién regresado de un viaje a Estados Unidos, ni Giménez Fernández, temeroso —con razón— de que el gobierno les prohibiera regresar a España, pero sí otras importantes personalidades de la oposición, como Dionisio Ridruejo, el republicano Salvador de Madariaga y el exmilitante del POUM Julián Gorkin. La exclusión del PCE no impidió que dos dirigentes comunistas poco conocidos se alojaran de incógnito en el hotel Regina de Múnich, cuartel general de la delegación española, y entraran en contacto con personalidades tan alejadas de sus posiciones como Alfonso Prieto, dirigente del sindicato católico HOAC, enviado al Congreso por el cardenal primado Pla y Deniel.[12] En Múnich se reencontraron por tanto las dos Españas enfrentadas en 1936, que sellaron de esta forma una reconciliación todavía parcial y precaria, pero llena de simbolismo. «Hoy ha terminado la Guerra Civil», declaró solemnemente Madariaga al final del encuentro.

El 6 de junio, la delegación española acordó por unanimidad presentar al Congreso una resolución a favor de la unidad europea y de un cambio democrático en España. Era un texto breve, que recordaba las condiciones políticas exigidas a cualquier país que deseara ingresar en la Comunidad Europea; en consecuencia, se instaba al establecimiento en España de instituciones representativas, al respeto de los derechos humanos y al reconocimiento de las libertades fundamentales en materia política y sindical.[13] En la tarde de ese mismo día, Rodolfo Llopis solicitaba a Joaquín Satrústegui que, confidencialmente, transmitiera a don Juan de Borbón el siguiente mensaje: «El PSOE tiene un compromiso con la república que mantendrá hasta el final. Ahora bien, si la corona logra establecer pacíficamente una verdadera democracia, a partir de ese momento, respaldará lealmente a la monarquía».[14] Estas fueron las palabras de Llopis según Satrústegui, pero desde el PSOE las relaciones y eventuales acuerdos con la derecha se interpretaron de forma completamente distinta.

Por lo pronto, el supuesto mensaje de Llopis a don Juan no sería otra cosa que la reformulación de lo acordado un año antes por el VIII Congreso del partido en el exilio: acatamiento de la monarquía si tal era el deseo de los españoles.[15] El papel desempeñado por los monárquicos en Múnich quedó además seriamente en entredicho por la desautorización pública de que fueron objeto por parte de don Juan. En una «nota muy torpe», según Anson, redactada por Pemán y García Valdecasas,[16] el pretendiente negaba que hubieran actuado en representación suya y, sin citar su nombre, daba por cesado a José María Gil-Robles como miembro de su Consejo Privado. Era la reedición de San Juan de Luz catorce años después, con Llopis en el papel de Prieto y Gil-Robles haciendo de sí mismo. Cuando los juanistas más liberales daban un paso firme hacia un acuerdo con la izquierda se encontraban indefectiblemente con una humillante llamada al orden de su rey. La reacción de don Juan dejaba tan desairados a los monárquicos que, en opinión de Llopis, fueron ellos, y no los socialistas, quienes debieron girar hacia el accidentalismo y aproximarse a la posición del PSOE. Según su secretario general, Gil-Robles —sin duda, el que salió peor parado de todo aquello— confesó en la intimidad que dedicar su vida a la monarquía y al pretendiente había sido «un crimen de lesa patria». Más vale tarde que nunca, pensó Llopis. En todo caso, el fundador de la CEDA no fue el único que reconsideró sus relaciones con el hijo de Alfonso XIII. La petición de ingreso en el PSOE presentada por Tierno Galván en diciembre de aquel año sería una prueba más de que Múnich y sus secuelas habían desacreditado por completo las tesis juanistas y reforzado en cambio la actitud, llena de reservas y cautelas, que los socialistas mantenían hacia la monarquía.

La nota de don Juan desautorizando a los suyos fue una victoria pírrica del franquismo, que ya había intentado sin éxito desvirtuar con una delegación propia la presencia española en el Congreso del Movimiento Europeo. La desaforada reacción de la prensa oficial —es decir, prácticamente toda— proporcionó a la oposición una notoriedad inesperada y un nombre que consagró para la posteridad lo ocurrido en Múnich aquel mes de junio de 1962: «El contubernio de la traición». Así denominó el diario Arriba, y tras él otros periódicos españoles, como ABC,[17] un acontecimiento que alcanzó, en parte gracias al régimen, proporciones míticas en la historia del antifranquismo. Pero hubo más. El 8 de junio se suspendió el artículo 14 del Fuero de los Españoles relativo a la libertad de residencia, y, a lo largo de las semanas siguientes, las autoridades organizaron manifestaciones de protesta en diversas capitales de provincia clamando venganza contra los participantes en el contubernio, que sufrieron en diverso grado la ira de la dictadura. Satrústegui, Álvarez de Miranda, Íñigo Cavero y Jaime Miralles, entre otros, fueron deportados a las Islas Canarias, mientras Ridruejo, José Federico de Carvajal y Vidal-Beneyto optaban por permanecer fuera de España para evitar el confinamiento. Gil-Robles fue detenido a su regreso en el aeropuerto de Barajas y obligado a expatriarse. La prensa internacional se hizo amplio eco de la caza de brujas desatada contra la oposición, con grave perjuicio para la imagen del régimen, que se estaba jugando mucho en su política exterior.

Aleccionado por su ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, y por algunos embajadores, parece que Franco acabó arrepintiéndose de las medidas adoptadas. Si el 7 de julio, en conversación con su primo y secretario, calificaba de «bastante bueno» a su gobierno y señalaba los múltiples inconvenientes de cambiar de ministros,[18] tan solo cuatro días después, formaba un nuevo ejecutivo en el que destacaban los tecnócratas, que aumentaban su área de influencia, y los militares, agraciados con siete carteras ministeriales. El nombramiento como vicepresidente del capitán general Agustín Muñoz Grandes podía interpretarse como una concesión a los falangistas y el relevo de Arias Salgado por Fraga Iribarne en Información y Turismo, como una consecuencia inevitable de los excesos de la campaña de prensa contra el contubernio. Seguían Carrero Blanco en Presidencia y Castiella en Exteriores.

No todos pensaban en Muñoz Grandes como el guardián de las esencias del régimen. A finales de año, Rodolfo Llopis viajaba a París para encontrarse con Gil-Robles y cambiar impresiones sobre la situación española, aprovechando el trato cordial que habían iniciado en Múnich. Pese a su autoexilio en la capital francesa y al odio cainita que el franquismo le profesaba, cabía pensar que el fundador de la CEDA mantenía sus contactos en los ambientes oficiales. La información que le proporcionó a Llopis procedía sin duda de esos difusos círculos de poder en los que resultaba difícil distinguir a los más pragmáticos del régimen de los más moderados de la oposición. En resumen, según Gil-Robles, todo dependía de los militares, que irían en busca de don Juan en cuanto Franco faltara, o incluso antes, si la oposición se unía y conseguía convencer —¡sorpresa!— al general Muñoz Grandes para que precipitara los acontecimientos.[19] La clave, en definitiva, estaba en que el antiguo jefe de la División Azul se dejara querer por las fuerzas del cambio y que el general, conmovido por los argumentos de la oposición, se aviniera a ser su caudillo. La cosa era descabellada, pero no tanto como el plan que Valentín González, el Campesino, mítico militar comunista, tenía para derrocar a Franco. «¿Con quién?», le preguntaban ansiosos quienes le acompañaban en el café Mabillon de París cuando, periódicamente, revelaba su gran secreto: «Con la Guardia Civil».[20] Vivir para ver.

El otro milagro español: la supervivencia del PSOE

El Ministerio de Asuntos Exteriores fue al parecer el origen de un impreso titulado ¿Qué pasa en España? El problema del socialismo español, publicado en Madrid en 1959 y del que se hicieron otras tantas ediciones en francés, inglés e italiano. Es un texto bastante extraño, tanto por su carácter apócrifo y su apariencia semiclandestina como por sus frecuentes y elogiosas referencias a Salvador de Madariaga, presentado como máxima autoridad en la materia, que no es otra que la truculenta historia del socialismo español. Su naturaleza violenta y revolucionaria, pese a su fingida moderación en el exilio, lo incapacitaría para practicar cualquier sano reformismo, como el que caracterizaba a otros partidos socialistas en el mundo occidental. El panfleto parece, efectivamente, pensado para una campaña de propaganda en el extranjero, con el propósito de demostrar la maldad excepcional de la izquierda española y la necesidad, por tanto, de tratarla con procedimientos excepcionales. De ahí las palabras lapidarias que, a modo de conjuro, encabezan estas páginas: «Ni el gobierno ni el pueblo español consentirán nunca que el Partido Socialista Obrero Español vuelva a resucitar».[21]

La desaparición del PSOE en el interior de España era una posibilidad nada remota en la década de los sesenta. A la persecución policial y sus efectos sobre la organización clandestina —siete ejecutivas, una tras otra, habían caído hasta finales de los años cincuenta—, se añadían las malas relaciones con Toulouse y la falta de recambio generacional para los socialistas más veteranos. Así lo indica el hecho de que, al final de la década, las Juventudes Socialistas contaran tan solo con 361 afiliados en toda España.[22] El PCE y grupos de reciente creación, como el Frente de Liberación Popular (FELIPE), resultaban a los ojos de los jóvenes antifranquistas mucho más atractivos que el PSOE, un partido que se asociaba con la diáspora de 1939 y con un pasado cada vez menos reconocible en la España desarrollista. El destino de Antonio Amat, encarcelado y torturado en varias ocasiones, muestra a las claras el drama de los socialistas del interior, víctimas de la represión policial y de la incomprensión del exilio.

La brecha entre Toulouse y España se fue haciendo cada vez mayor. No era ninguna novedad que las propuestas y hasta el lenguaje de Amat y los suyos causaban inquietud y perplejidad en Rodolfo Llopis, que en Múnich había sido capaz de saludarse cordialmente, a la vista de todo el mundo, con un viejo adversario como Gil-Robles, pero no de reconocer en Carvajal y Villar Massó la representación del PSOE clandestino. Y, sin embargo, la aceleración del tiempo histórico en España y los cambios que estaba viviendo el país requerían una mirada atenta, desde cerca, al alcance solo de aquellos que vivían a diario esa realidad o de quienes, desde su destierro, eran capaces de observar sin prejuicios lo que estaba ocurriendo en el interior. Araquistáin, por ejemplo. «Es asombrosa esa España que está surgiendo, sobre todo en su estructura económica», le decía al doctor Marañón en una carta escrita en 1958; «se está haciendo una revolución industrial que nunca se había hecho y por la que tanto suspirábamos, porque de ella, del enriquecimiento del país, depende el remedio de muchos otros problemas de la superestructura».[23] Su insólito análisis, alejado de todo catastrofismo, llamó la atención de algunos miembros de la ASU, gratamente sorprendidos de que un socialista septuagenario como él, con medio siglo de militancia a sus espaldas, pudiera mostrarse más receptivo a sus inquietudes que la dirección del partido. Su muerte en Ginebra en 1959 les privó de un posible mentor frente al dogmatismo de otros socialistas con menos años y más poder en la organización. En todo caso, Araquistáin constituía más bien una excepción en el mundo del exilio, dominado por una mezcla de soberbia y nostalgia, como si fuera inconcebible que la historia de España hubiera seguido su curso en ausencia de quienes tuvieron que dejar el país en 1939. No es de extrañar que al visitar España en 1976 Llopis se lamentara de que hubieran desaparecido los obreros «de blusa».[24]

Allí donde surgía una oportunidad cierta de oposición al régimen, los socialistas se encontraban con competidores mejor adaptados a la nueva realidad. Las clases trabajadoras, en franca expansión por el desarrollo industrial del país, optaban mayoritariamente por el nuevo sindicalismo de Comisiones Obreras en detrimento de la UGT y la CNT, con muy escasa implantación, salvo en algunos reductos históricos. Los sectores antifranquistas de las clases medias profesionales se inclinaban por el PCE o por la democracia cristiana en sus distintas versiones, como la Izquierda Democrática de Ruiz-Giménez y sus Cuadernos para el Diálogo, mientras en el movimiento estudiantil causaban furor el PCE y la nueva izquierda radical, con una fuerte impregnación trotskista y maoísta. En Cataluña, la omnipresencia política y cultural de un nacionalismo de amplio espectro apenas dejaba resquicio a las siglas históricas del socialismo español. Quedaban, aunque muy mermados, los feudos tradicionales de Asturias y Vizcaya, en abierta competencia con el PCE, y en menor medida Madrid, donde el partido tenía algún predicamento en el mundo universitario y profesional, aunque, como en los viejos tiempos —y en los venideros—, el socialismo capitalino era especialmente propicio a todo tipo de discordias y enfrentamientos internos. De todas formas, en los años sesenta el PSOE estuvo siempre por debajo de los trescientos afiliados alcanzados en Madrid veinte años antes, todo un síntoma del declive del partido y de su baja tasa de reposición.[25] Si esto ocurría en la capital, en el resto de España la presencia del PSOE y la UGT era, en palabras de un destacado militante de entonces, «testimonial y bastante individualizada».[26]

La reunión de Múnich, positiva en tantos sentidos, no consiguió invertir la progresiva debilidad del PSOE en el interior ni conjurar el peligro del fraccionalismo en el espacio socialista. Hubo algunas buenas noticias para la dirección del partido, como la integración de la ASU en las Juventudes Socialistas Madrileñas o la solicitud de ingreso en el PSOE presentada por Tierno Galván y los suyos. Estos pasos hacia la unidad se vieron contrarrestados, sin embargo, por nuevos conflictos internos protagonizados por aquellos a los que una circular de enero de 1963 calificaba de «usurpadores», en referencia al socialdemócrata García López y al propio Tierno, cuya alta en el partido tardó dos años en formalizarse.[27] En el caso del Viejo Profesor, era difícil saber dónde resultaba más perturbador, si dentro o fuera del Partido Socialista; incluso su pertenencia o no a la organización se prestaba a todo tipo de equívocos y conjeturas. Él mismo reconocería en sus memorias que el año 1964, cursada ya su petición de ingreso en el PSOE, pendiente tan solo de hacerse efectiva, «fue el de mayor proximidad de nuestro grupo al Partido Comunista».[28] Aquello tenía que acabar mal, aunque sorprende que fuera la Agrupación Socialista Madrileña y no Toulouse quien decidiera finalmente expulsarle en junio de 1965, cinco meses después de su ingreso oficial. La forma de proceder del ASM fue tan expeditiva, que Rodolfo Llopis, al que nadie podría acusar de blando frente a la disidencia, quiso asegurarse de que se guardaban las formas y de que al Viejo Profesor se le daba la oportunidad de defenderse.

Su paso por la organización fue breve, pero sumamente fecundo en problemas de toda índole. Más allá de la ambigüedad que rodeaba su propia vinculación al PSOE, los conflictos venían provocados la mayoría de las veces por su concepción personalista de la política y por su participación en operaciones contrarias a la línea marcada por el partido, como la que, según sus detractores, puso en marcha para crear un socialismo tolerado por el régimen.[29] Sus veleidades heterodoxas salieron a relucir una vez más en una propuesta suya de 1964 titulada «El Partido Socialista y la política española». La desaparición del adjetivo «obrero» se hacía seguramente con toda la intención, porque el documento defendía un socialismo interclasista y no marxista, capaz de integrar a las nuevas clases medias y a los sectores católicos de la oposición. Tampoco parecía gratuito su accidentalismo en la forma de gobierno, congruente —más de uno debió de acordarse de ello— con los vínculos que Tierno había mantenido con la monárquica Unión Española y que, en opinión de los mejor informados, seguían intactos.[30] Él mismo alude a ello en sus memorias cuando recuerda la gestión que «los amigos de Unión Española» le encargaron en 1964 para propiciar un acercamiento del carlismo a la causa de don Juan. ¿Un socialista mediando entre los juanistas y los carlistas? Solo él podía prestarse a semejante cosa. Un rápido balance de sus compromisos políticos de entonces lleva a la conclusión de que, sin abandonar su grupo funcionalista ni su pertenencia a Unión Española, el Viejo Profesor vivió aquel año con un pie en el PSOE y otro en el PCE, mientras negociaba con los carlistas la unidad de los monárquicos e iniciaba una larga y estrecha relación con el sindicato Comisiones Obreras, «hasta el punto de considerarme miembro de ellas».[31] Tal vez su hiperactividad de aquellos tiempos fuera el resultado inevitable de la búsqueda de una tercera vía que, con la monarquía como clave de bóveda, huyera al mismo tiempo de la socialdemocracia —«siempre le producirá alergia»—[32] y del anticomunismo.

A finales de aquel año, Tierno se comprometía a someterse a la disciplina de la Agrupación Socialista Madrileña como forma de acelerar su ingreso en el partido, cosa que consiguió finalmente, pero por poco tiempo. Ni siquiera su expulsión pocos meses después acabó con ese estado de confusión permanente que caracterizó sus relaciones con el PSOE. La medida adoptada contra él coincidió además con su separación de la cátedra de Salamanca decretada por el Gobierno por su firme apoyo al movimiento estudiantil, en pleno apogeo. Tierno debía de sentirse víctima de la intolerancia de los unos y los otros, como Unamuno en su día. El caso es que el acta con la resolución de la Agrupación Socialista nunca llegó a sus manos, debido probablemente a sus frecuentes ausencias de España a partir de aquel momento. Él sostenía que, al no recibir notificación oficial de su expulsión, la medida no era efectiva. ¿Seguía o no siendo miembro del partido? Aquello tenía que ser aclarado al más alto nivel.

Aprovechando un viaje por Europa, en el que, allí donde iba, se presentaba como militante socialista, en mayo de 1966 se reunió con Rodolfo Llopis en París, cumpliendo así un deseo expresado tres años atrás y aplazado hasta entonces por uno u otro motivo. Fue un encuentro cordial, extrañamente cordial, podría decirse, dado el cúmulo de problemas que el Viejo Profesor había causado al PSOE y la aversión de Llopis a cualquier atisbo de indisciplina. El éxito de la reunión y el clima que la presidió pudieron deberse a la actitud conciliadora con la que Tierno acudió al encuentro, dispuesto a rendir pleitesía a Llopis y deseoso de obtener a cambio un respaldo que le resultaba vital, habida cuenta de su incómoda situación en el partido y sus planes para el futuro. En definitiva, se trataba de ganarse la confianza de un secretario general políticamente débil mientras él aguardaba el momento de hacerse con el control del PSOE en España. Un eje Tierno-Llopis favorecía sin duda a las dos partes frente a la organización clandestina, pero los beneficios que iban a sacar de ello eran muy desiguales: al veterano dirigente socialista le serviría de muy poco ante una ruptura con el interior que Tierno debía de considerar inevitable; en cambio, al «hombre más listo del mundo», como le llamó Carl Schmitt, le permitiría preparar su acceso al liderazgo del PSOE desde dentro, atento a la correlación de fuerzas y a la receptividad o resistencia que encontrara a sus designios.

Si esa era su jugada, hay que reconocer que no estaba mal pensada. Las cosas, sin embargo, siguieron otro rumbo. Refractario por naturaleza a «una obediencia jerarquizada», según sus propias palabras,[33] el Viejo Profesor quiso forzar la mano a la dirección del PSOE con opiniones y actitudes rayanas en el desacato. Tan solo un mes después de su encuentro con Llopis, The New York Times recogía unas jugosas declaraciones de quien era presentado como uno de los líderes del socialismo español y portavoz de los socialistas moderados. En su opinión, la restauración de la monarquía en la persona de Juan de Borbón sería la mejor solución cuando Franco se retirara de la vida política. Así lo pensaba también la mayoría de los socialistas españoles, no porque hubieran abandonado sus principios republicanos, sino por considerar, como él, que la monarquía constitucional, con reconocimiento de las libertades fundamentales, era la opción más realista dada la situación política del país. Tal sería el carácter de la futura monarquía, a tenor de las garantías que Tierno habría recibido del entorno de don Juan. El periódico norteamericano añadía, sin entrecomillarlas, otras dos importantes observaciones realizadas por el excatedrático de Salamanca: que, en su opinión, la dirección del partido en el exilio aceptaría la fórmula encarnada por el titular de los derechos dinásticos y que los socialistas del interior se estaban organizando de cara al posfranquismo «con relativa libertad y una considerable tolerancia gubernamental».[34] Es posible que, al menos, el socialismo que él representaba disfrutara de un cierto trato de favor o de una menor hostilidad por parte del régimen, tal como se maliciaban algunos correligionarios suyos. Puede que sus contactos con Emilio Romero en esta época respondieran a ese mismo propósito, apuntado ya más arriba: crear un socialismo tolerado, a la manera de la UGT en tiempos de Primo de Rivera.[35]

El padre del funcionalismo siguió dando que hablar. Unos días después de su entrevista en The New York Times, él o alguien en su representación asistió en Madrid a un homenaje tributado a don Juan de Borbón con motivo de su onomástica, en compañía de otros dos socialistas del interior, Antonio Villar Massó y José Federico de Carvajal, que estaban también en el punto de mira de la dirección del partido. El hecho adquirió especial resonancia al publicarse poco después en ABC el artículo de Luis María Anson «La monarquía de todos». Las recientes declaraciones realizadas por personajes tan dispares como Serrano Suñer y Tierno Galván eran la prueba palpable, según Anson, de que en España todos los caminos conducían a la monarquía de don Juan, «que es la monarquía a la europea, la monarquía democrática en el mejor sentido del concepto». Así se pudo apreciar, añadía el periodista, en la reciente cena-homenaje celebrada en Madrid, con participación de un amplio abanico de grupos y personalidades políticas, desde los democristianos hasta los republicanos históricos pasando por Dionisio Ridruejo y los socialistas de Tierno.[36]

No está claro, pese a que algún autor llegue a asegurarlo,[37] que el Viejo Profesor fuera uno de los participantes. Lo más probable es que en aquel momento se encontrara fuera de España. En todo caso, su nombre se asoció al acto, sea, como sugiere el artículo de Anson, por la presencia de algún miembro de su grupo, sea por una elemental asociación de ideas entre el homenaje a don Juan y el nombre de Enrique Tierno Galván. El escándalo estaba servido. Si el artículo de marras provocó la indignación de Franco —«el mayor enemigo de la monarquía y del régimen no hubiera escrito nada más lamentable», le dijo a su primo—,[38] la prensa del PSOE en el exilio negó rotundamente que al acto hubieran asistido verdaderos socialistas, pues no cabía considerar como tales a quienes renegaban del republicanismo del partido y se dejaban agasajar por latifundistas y oligarcas.[39]

Esta vez las cosas habían ido demasiado lejos. La Agrupación Socialista Madrileña abrió expediente a Carvajal y Villar, ampliado posteriormente a otros diez militantes y resuelto en marzo de 1967 con su baja en el partido. Entre los doce expulsados se encontraban Miguel Boyer y José Federico de Carvajal, ministro de Economía y Hacienda y presidente del Senado, respectivamente, en los años ochenta. En cuanto a Tierno Galván, la situación se había hecho insostenible, pese al apoyo en la distancia que pudiera prestarle Llopis. Incluso un dirigente histórico del socialismo en el exilio como el profesor Jiménez de Asúa, generalmente comprensivo con el tiernismo, reconocerá sentirse profundamente decepcionado con la actuación de su colega y vaticinará su evolución hacia un socialismo «amaestrado» de tipo monárquico.[40] El 26 de septiembre de 1966, la dirección del partido en Madrid ratificaba su expulsión, notificada en primera instancia en junio del año anterior.[41]

El 21 de enero de 1968, Tierno Galván constituía, no sin algunas reticencias entre los suyos, un nuevo partido político en el concurrido espacio de la izquierda española. Se llamaría Partido Socialista del Interior (PSI) y aspiraba a recoger los restos del naufragio del PSOE cuando el partido se fuera finalmente a pique. Si no abiertamente monárquico, como había profetizado Jiménez de Asúa, el PSI haría del accidentalismo una de las bazas que, a juicio de su fundador, le permitirían llegar en las mejores condiciones a un futuro sin Franco y con rey. Esta era la clave, también para Llopis, de la fundación de «ese engendro» justo en aquel momento: «Creen en el advenimiento inminente de la monarquía y no quieren perder el autobús».[42]

La salida de Tierno y los suyos supuso un alivio para la maltrecha disciplina del PSOE en el interior, especialmente en Madrid, pero no bastó para zanjar los graves problemas que venía arrastrando en los últimos tiempos. En 1967 había núcleos socialistas fuera de control en Madrid, Valencia, Andalucía, Cataluña y Galicia. Este frenesí organizativo, este «sarpullido», como lo llamó Llopis,[43] de grupos y grupitos, contrastaba con, y en parte también explicaba, las bajas tasas de afiliación, lastradas por el fraccionalismo, los errores de la dirección tolosana y una deficiente adaptación al medio histórico. Tampoco la política de alianzas inaugurada con la UFD funcionó según lo previsto. La prometedora colaboración con la Izquierda Democrática de Giménez Fernández se vio pronto afectada por la inestabilidad crónica de la democracia cristiana española y su tendencia a coaligarse y disgregarse sucesivamente, con la consiguiente dificultad de mantener compromisos internos y externos. De ese espacio político-intelectual saldrán, no obstante, algunas relevantes figuras del socialismo español en un futuro no muy lejano, como Felipe González, discípulo de Giménez Fernández en la Universidad de Sevilla; Fernando Ledesma, ministro de Justicia tras la victoria electoral del PSOE en 1982, y Gregorio Peces-Barba, presidente del Congreso a partir de esa misma fecha, uno y otro procedentes de Izquierda Democrática. Más a la izquierda, en el Frente de Liberación Popular, conocido por el premonitorio nombre de FELIPE, militaron otros altos cargos de la Administración socialista en los ochenta, como José María Maravall, Narcís Serra, Julián Campo, Carlos Romero, Pasqual Maragall y Joaquín Leguina. No es, por tanto, que el PSOE careciera de recambio generacional, sino que la renovación se estaba llevando a cabo en gran parte fuera del partido, en formaciones que actuaban de incubadoras del socialismo del futuro.

El PSOE debía afrontar tarde o temprano el problema de las relaciones entre Toulouse y España, consustancial a la situación de clandestinidad y exilio que padecía desde 1939 y a la existencia en la práctica de dos organizaciones diferenciadas dirigidas desde el exterior. No era solo que el tiempo corriera en contra de Toulouse por el inexorable envejecimiento de la dirección del partido y por su comprensión cada vez más limitada de la realidad del país. Era también la enorme desproporción entre las distintas federaciones territoriales en España, con un núcleo sólido y combativo en Vizcaya y una fuerte tendencia a la autodestrucción en la capital, donde había desaparecido virtualmente la UGT y el PSOE había sido incapaz —¡en plenos años sesenta!— de implantarse en la universidad.[44] Entre la indisciplina de unos, los arrebatos autoritarios de otros, la descoordinación general y la falta de arraigo en buena parte del territorio nacional, el partido iba de mal en peor, justo cuando parecía que el franquismo se acercaba a su final. Aquello no podía seguir así.

En vísperas del XI Congreso del PSOE en el exilio, que debía celebrarse en Toulouse en agosto de 1970, algunas voces del interior plantearon la necesidad de que la dirección se trasladara a España, que era donde se jugaban el futuro los socialistas españoles. Lo había intentado, sin éxito, Luis Gómez Llorente en 1961. Nueve años después, la cuestión era ya inaplazable. Quien más énfasis puso en ello fue el representante de la federación sevillana, el joven abogado laboralista Felipe González Márquez, alias Isidoro. Ya el año anterior, en su primera participación en un Comité Nacional, reunido en Bayona, descubrió asombrado el desconocimiento que la dirección del partido tenía de la situación del socialismo en España, ciertamente compleja, pero no tanto como para ignorar una circunstancia en la que el joven González reparó enseguida: que el relanzamiento del PSOE en el interior debía pivotar en torno al País Vasco y a Asturias. Cuando, un año después, se celebró el XI Congreso, Felipe mantenía una estrecha relación tanto con estas federaciones como con Madrid, adonde, según su propio testimonio, había viajado «más que a ningún otro sitio».[45]

Su propuesta al XI Congreso consistía en recabar para el interior la toma de aquellas decisiones que le afectaran directamente y participar en las referidas a la política internacional del partido. Era difícil que semejante alteración del statu quo saliera adelante en contra de la voluntad de Rodolfo Llopis, máxime cuando las federaciones del interior, únicas beneficiarias del cambio, se encontraban relegadas a un segundo plano, sin derecho a voto y sin que sus representantes figuraran siquiera en la lista de secciones y delegados participantes.[46] Pese a ello, tras un enconado debate de varias horas entre González y Llopis, la propuesta resultó aprobada por una amplia mayoría de las delegaciones del exilio. Tal vez no sea casualidad que, a diferencia de las otras resoluciones, la relativa a organización y estatutos fuera enviada directamente a las secciones sin publicarse en las páginas de Le Socialiste, que era el nombre adoptado en 1961 por el periódico del partido.[47] A continuación, se votó, también con amplio respaldo, la candidatura de Rodolfo Llopis a la secretaría general. Su reelección fue una amarga victoria, porque el congreso había revelado una fuerte oposición a su política y porque la nueva estructura de la ejecutiva otorgaba una presencia mayoritaria a los representantes del interior. Como dirá Felipe González ocho años después, «se había producido el primer paso en la renovación orgánica, pero no se habían tocado las figuras del partido».[48] Era cuestión de tiempo que el giro iniciado en Toulouse en 1970 acabara con la primacía del exilio en la dirección del PSOE.

El cambio tenía que ser inmediato y radical. Un futuro ministro socialista, Joaquín Almunia, recordará la penosa impresión que le produjo, a finales de los sesenta, el primer ejemplar de El Socialista que tuvo en sus manos: «El lenguaje era arcaico, el formato antiguo y sus análisis desfasados». Qué diferencia con la revista de inspiración democristiana Cuadernos para el Diálogo, que Almunia devoraba todas las semanas desde los diecisiete años.[49] Ni la prensa del exilio podía competir con los semanarios de opinión surgidos al amparo de la nueva Ley de Prensa, ni la UGT con CCOO en la lucha sindical, ni el PSOE con organizaciones políticas que contaban con más cuadros, más militantes y más notoriedad que el viejo partido fundado por Pablo Iglesias. Lo cierto es que la década del llamado «milagro español», por el crecimiento sin precedentes de la economía nacional y la espectacular transformación del país, terminaba con otro pequeño milagro: el PSOE iniciaba un profundo proceso de renovación interna y conseguía superar, mal que bien, la coyuntura tal vez más difícil de su historia casi centenaria.

Franco nombra sucesor

«Todo quedará atado y bien garantizado», aseguró el dictador en el discurso que pronunció en 1962 en el Cerro de Garabitas, en la madrileña Casa de Campo, ante una nutrida concentración de alféreces provisionales, temerosos de un futuro sin Franco. Siete años después, al presentar a Juan Carlos de Borbón en las Cortes como sucesor suyo a título de rey, declaraba que con aquel acto todo quedaba «atado y bien atado para el futuro». Definitivamente, le había cogido gusto a la expresión, porque en su mensaje navideño de aquel año de 1969 el Caudillo insistió, esta vez ante los televidentes, en que tras el nombramiento del príncipe Juan Carlos como sucesor suyo en la Jefatura del Estado todo había quedado «atado y bien atado».

El largo y tortuoso camino elegido por Franco para llegar a ese momento había conseguido desesperar a sus más cercanos colaboradores, como Carrero Blanco y López Rodó, principales artífices de la «operación príncipe», también llamada «operación salmón». «¡Qué lento es en parir!», solía lamentarse Carrero cuando, en su afán por acelerar la proclamación, chocaba con el particular sentido del tiempo, cercano al quietismo, que caracterizaba al dictador.[50] Pasaban los años y seguía sin anunciar el nombre de su sucesor con arreglo a la ley aprobada en 1947, aunque al menos se iban despejando algunas incógnitas, más bien por descartes de posibles candidatos. Parecía claro que don Juan no entraba en sus planes. Tampoco, por distintas razones, los príncipes de la rama carlista. Todo apuntaba, pues, a Juan Carlos de Borbón, llegado a España en 1948 para educarse a la sombra de Franco. Su boda en 1962 con la princesa Sofía de Grecia había complacido al Generalísimo, pese a ciertos excesos protagonizados, con el pretexto del enlace, por algunos monárquicos a quienes consideraba, en el mejor de los casos, víctimas de su impaciencia. Todo debía suceder por sus pasos contados.

Pero las cosas no estaban siendo fáciles para el joven príncipe. El ambiente oficial era indiferente, cuando no hostil, a la monarquía, asociada con el pasado liberal. Cuando en mayo de 1959 participó en el desfile militar celebrado en Madrid como alumno de la Academia General del Aire, un grupo de 400 o 500 asistentes, tras acabar el desfile, se dirigió en manifestación de Recoletos a la Gran Vía con banderas de Falange y pancartas en las que podía leerse «Franco sí, monarquía no» y «No queremos un rey imbécil». Hubo cánticos falangistas y gritos de «¡Franco sí, Juanito no!», sin que la numerosa policía presente en el acto hiciera nada por evitarlo. Más aún: los guardias que dirigían el tráfico desviaron la circulación para que los manifestantes pudieran proseguir cómodamente su marcha por el centro de la Gran Vía hasta la plaza de España.[51] Cuando, al año siguiente, Juan Carlos inició sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid se encontró con un conato de boicot protagonizado por estudiantes falangistas y tradicionalistas —entre estos últimos, José Barrionuevo— que le recibieron con gritos de «¡fuera el Borbón!» y «¡viva el rey Javier!», respectivamente. Al terminar la primera clase, el decano de la facultad le recomendó salir discretamente por una puerta lateral, pero el príncipe rehusó la invitación y se retiró por donde había venido, esta vez, sin incidentes.[52]

Lo peor, con todo, no eran los desaires y la hostilidad circundante, sino la incertidumbre. ¿Y si Franco no nombraba sucesor? La posibilidad de una regencia estaba contemplada en la Ley de Sucesión de 1947, aunque esta fórmula, más bien interina, no encajaba ni en la mentalidad del dictador ni en su anuncio en el Cerro de Garabitas de dejarlo todo «atado y bien garantizado». Los partidarios de la solución juancarlista, con Carrero y López Rodó a la cabeza, recelaban, sin embargo, del apoyo que el regencialismo tenía en sectores muy poderosos del régimen, vinculados principalmente a Falange. Muñoz Grandes, vicepresidente del Gobierno entre 1962 y 1967, pasaba por ser el máximo candidato a regente. «Se asegura que es republicano», llegará a decir el periódico del PSOE en el exilio cuando el exjefe de la División Azul llevaba ya dos años fuera del gobierno.[53] Pero es dudoso que Muñoz Grandes estuviera dispuesto, a su edad y con la salud delicada, a librar una batalla política de esa magnitud. Por el contrario, otros miembros del ejecutivo, como el almirante Nieto Antúnez y sobre todo José Solís Ruiz, «la sonrisa del régimen», podían desempeñar un papel determinante en una operación de altos vuelos, dirigida al mismo tiempo contra Juan Carlos y contra sus valedores, los tecnócratas, y a la que con seguridad se sumarían los falangistas más recalcitrantes, que eran también los menos entusiastas de la monarquía. López Rodó sugiere que Solís iba más allá incluso del regencialismo y que tal vez pensaba en emular a su paisano Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la Segunda República. De ahí su contumaz oposición a Carrero: «Si nos descuidamos», le oyó decir a Solís, «nos colará por una rendija la monarquía».[54] Las memorias del antiguo profesor del príncipe recogen con morbosa delectación las pruebas del republicanismo que, según él, anidaba en los bajos fondos del régimen. Allí moraba sin duda el estrambótico orador que intervino en un homenaje al capitán general de Cataluña, Alfonso Pérez Viñeta, celebrado en Barcelona en marzo de 1969: «Porque soy franquista soy republicano». Para rematar su discurso, exhortó al homenajeado a impedir «ciertos hechos importantes» que, según se decía, iban a ocurrir en el transcurso de ese año.[55] Y no se equivocaba.

Exagera López Rodó al definir el proceso que llevó a la proclamación de Juan Carlos como una pugna entre los partidarios del Estado de Derecho —es decir, él y los suyos— y quienes postulaban «un Estado totalitario encubiertamente republicano bajo apariencia regencialista».[56] Estos últimos serían los falangistas acérrimos, o al menos los enemigos declarados del sector opusdeísta del gobierno, entre los cuales se encontraba, en una posición avanzada no exenta de riesgo, el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne. La clase política del régimen sabía que había mucho en juego en ese final de década que podía ser también, si no el final del franquismo, al menos el de su versión original interpretada por el dictador. Los acontecimientos se habían precipitado en los últimos meses y todo apuntaba a que Franco anunciaría muy pronto el nombre de su sucesor.

El 5 de enero de 1968, Juan Carlos cumplía los treinta años exigidos por la Ley de Sucesión para reinar. A finales de ese mismo mes nacía su primer hijo varón, Felipe de Borbón y Grecia, cuyo bautizo en el Palacio de La Zarzuela se convirtió en un gran acontecimiento familiar e institucional. Don Juan y su madre, la reina Victoria Eugenia, viajaron a Madrid y coincidieron en La Zarzuela con Franco y otras altas autoridades del régimen, como Carrero Blanco, que le dio ostensiblemente la espalda al hijo de Alfonso XIII.[57] Tras el bautizo, doña Victoria Eugenia, madrina del recién nacido, mantuvo una breve conversación con Franco en la biblioteca del palacete, de la que dedujo que su hijo estaba virtualmente descartado como sucesor, mientras que su nieto Juan Carlos lo tenía todo a su favor para ser finalmente designado por «el general», como solía llamarle ella.[58] El ambiente hacía presagiar una próxima restauración monárquica. Incluso el secretario general del PSOE en el exilio, ajeno como estaba a las comidillas palaciegas, se hacía eco por aquellas fechas del «advenimiento inminente de la monarquía». Al menos así lo creían, según él, Tierno y los suyos.[59]

En realidad, todo iría más despacio de lo que podía intuirse en aquel momento y tampoco se puede decir que el camino hacia la proclamación del sucesor estuviera exento de obstáculos y malos augurios. En junio de 1968, ETA cometía su primer asesinato y a principios del año siguiente el estudiante Enrique Ruano moría en extrañas circunstancias poco después de ser detenido por la policía. A los pocos días, en medio de una nueva oleada de disturbios en las universidades, el gobierno decretaba un estado de excepción de tres meses que el ministro de Información, Manuel Fraga, justificó por la necesidad de atajar la estrategia de grupos minoritarios empeñados en arrastrar a la juventud a una «orgía de nihilismo, de anarquismo y de desobediencia». Los tecnócratas vieron aquello como una reacción exagerada que ponía en peligro muchas cosas y amenazaba con desequilibrar la balanza del poder a favor del búnker. Cierto que entre los partidarios del estado de excepción se encontraba Carrero, pero en esta cuestión el almirante se dejó llevar por su apego a la disciplina más que por los intereses políticos de la facción que encabezaba. «Esto se hunde por horas», afirmó en privado el ministro de Educación, José Luis Villar Palasí. En los medios oficiales, incluso entre gente nada sospechosa de tibieza, sorprendió lo desproporcionado de una medida como aquella. Era como «matar moscas a cañonazos» o «dar palos de ciego», por utilizar expresiones que, según López Rodó, se oyeron con frecuencia aquellos días.[60]

Los tecnócratas se temían que lo ocurrido fuera algo peor que una torpeza. A principios de 1969, los planes de los regencialistas para abortar la proclamación del príncipe parecían condenados al fracaso. ¿Por qué no cambiar de estrategia e intentar quitárselo al grupo de Carrero con una adecuada combinación de palo y zanahoria? Si el estado de excepción podía tener un efecto intimidatorio como demostración de fuerza, tal vez un tratamiento informativo más favorable llevaría a don Juan Carlos a replantearse sus alianzas dentro del régimen. Costaba creer que cayera en esa trampa, y sin embargo unas declaraciones suyas a la agencia Efe publicadas por el periódico Pueblo el 7 de enero de 1969 resultan difíciles de interpretar si no es como fruto de un acercamiento a los azules. «El príncipe discurre muy bien», comentó Franco al leer la entrevista; hasta ese punto sus respuestas se ceñían a la más estricta ortodoxia del régimen. El jefe del Estado se quedó intrigado, sin embargo, pensando que en aquellas declaraciones había gato encerrado.[61]

La pregunta que se hizo en presencia de López Rodó —«¿quién se las habrá hecho?»— tiene cumplida respuesta en las memorias de Manuel Fraga: fue el entonces ministro de Información y Turismo quien, con ayuda de su jefe de gabinete, Gabriel Elorriaga, redactó las palabras puestas en boca de don Juan Carlos, que se limitó a dar su aprobación después de añadir un par de líneas de su puño y letra. Así se lo contó el propio Fraga, unos días después, al dictador, que seguía intrigado y encantado con las manifestaciones del príncipe.[62] Que el periódico de Emilio Romero publicara unas declaraciones de don Juan Carlos realizadas a la agencia Efe y redactadas por el ministro de Información y Turismo puede parecer el mundo al revés. Pero si la entrevista se enmarca en una operación de acercamiento entre las dos partes, todo cobra sentido. Al sector azul del régimen le interesaba alejar al príncipe de los tecnócratas y amarrarlo, atado y bien atado, al mástil del Movimiento. Esto explicaría otras iniciativas de Emilio Romero en aquellos años. De declararse republicano y abogar, a falta de república, por una monarquía republicana,[63] el director de Pueblo pasó a prologar el libro La generación del Príncipe, formado por una treintena de entrevistas a otros tantos personajes de una edad similar, vinculados a distintos sectores del establishment y seleccionados como exponentes de los anhelos y las aspiraciones de toda una generación, que era, ni más ni menos, que la del nieto de Alfonso XIII. El libro tiene un tono mesurado y amable, tirando a cursi, pero de vez en cuando asoma el problema, nunca resuelto del todo, del difícil encaje de la corona en los engranajes del Movimiento Nacional, que se reservaba para sí toda la legitimidad del régimen sin apenas dejar resquicio a la monarquía. Esos resabios antidinásticos saltan a la vista cuando el entrevistador, dejándose llevar por un parti pris muy arraigado en el franquismo, se pregunta «pero ¿hay monárquicos en España?», o cuando uno de los miembros de la generación del príncipe da rienda suelta a su imaginación y piensa en voz alta «qué bonito sería que en el año 2000 nuestros hijos también se consideraran hombres del 18 de julio de 1936».[64]

Cabría preguntarse qué sacaba don Juan Carlos prestándose al juego de gente tan poco de fiar para su causa como Emilio Romero y Manuel Fraga. La clave está en lo que Franco en persona le dijo apenas una semana después de que la entrevista apareciera publicada en Pueblo: «Tenga mucha tranquilidad, Alteza (...). Todo está hecho».[65] Se trataba, en suma, de vencer las últimas reticencias a su candidatura al trono transmitiendo un mensaje inequívoco de adhesión al régimen. Sus declaraciones produjeron estupor e indignación entre los partidarios de su padre, pero eso ya estaba descontado. Si la entrevista respondía, como parece, a un plan premeditado de acercamiento a los azules para acabar de ganarse la confianza del Caudillo, no cabe duda de que la maniobra le resultó más rentable a don Juan Carlos que a sus aliados circunstanciales. Uno de ellos, Manuel Fraga, verdadero autor de las declaraciones principescas, pagaría muy pronto un alto precio por su osadía política de aquellos tiempos. El príncipe había resultado ser un compañero de juegos más hábil y correoso de lo que pensaba el flamante ministro de Información y Turismo.

Finalmente, el 22 de julio de 1969 Juan Carlos de Borbón fue presentado en las Cortes como la persona elegida por el dictador para sucederle en la Jefatura del Estado. La convocatoria se realizó con muy poca antelación, tal vez para evitar intrigas de última hora. En palabras del futuro rey, todo se hizo a la manera de Franco, «que tenía costumbre de golpear duro, fuerte y sin avisar».[66] Como era de prever, la propuesta obtuvo el respaldo mayoritario de unas Cortes acostumbradas a votar a favor de lo que les llegara de arriba, sin pensárselo dos veces ni darle más vueltas. Ayudaron también las recientes declaraciones a la agencia Efe y la movilización de sus principales valedores para arañar los votos de algunos indecisos y evitar una votación secreta, como pretendían los más díscolos. López Rodó, Fernando Herrero Tejedor y Adolfo Suárez, amigo reciente pero incondicional del príncipe, se volcaron en esa tarea tras celebrar una cumbre juancarlista el fin de semana anterior al pleno. Al final, solo unos pocos procuradores, falangistas intransigentes o monárquicos de pura cepa, negaron su apoyo a Juan Carlos de Borbón, que recibió 491 votos de los 519 procuradores presentes. Todo salió, pues, según lo previsto.

El PSOE siguió el proceso sucesorio con lógica displicencia, reafirmado en sus principios antidinásticos ante el espectáculo que la familia real estaba ofreciendo al país. Para los socialistas españoles, el papel desempeñado por don Juan, borboneado por su propio hijo —el colmo de un Borbón—,[67] confirmaba la opinión que se habían formado de él desde los años cuarenta. Era un príncipe débil y voluble, incapaz de mantener una línea de actuación coherente y constante. Lo ocurrido en julio de 1969 era el resultado inevitable de sus errores y bandazos políticos, de su indefinición en momentos cruciales y de sus traiciones a quienes, como los socialistas, estaban dispuestos a conciliar democracia y monarquía. Queriendo jugar a varias bandas, se había visto finalmente desplazado por Franco y por su hijo no solo en el orden sucesorio, sino incluso en el proceso que condujo a la decisión final. Pero si don Juan quedaba retratado en su oportunismo y en sus indecisiones, para el PSOE el sucesor elegido por Franco había perpetrado una descomunal traición a su padre que, para colmo, ni siquiera le valdría el trono de España. ¿Ser rey en un país «sin monárquicos y sin monarquía»? No cabía mayor necedad.[68]

El periódico de los socialistas españoles ya había vaticinado en enero una especie de proclamación en dos actos: primero, el anuncio del nombre del sucesor; luego, la entrega a Carrero y a su grupo de un poder omnímodo.[69] Y era cierto que aquel verano traería nuevos acontecimientos de gran importancia, aunque no los esperados, o al menos no de la manera que algunos esperaban. A finales de agosto, los azules lanzaban una audaz contraofensiva para intentar recuperar el terreno perdido en los últimos años. La operación se dirigía, claro está, contra los tecnócratas, y la munición empleada procedía de un grave caso de fraude protagonizado por la empresa Matesa, presidida por un notorio miembro del Opus Dei, Juan Vilá Reyes. Al Opus o a su entorno pertenecían igualmente los altos cargos de la Administración, incluido algún ministro, que habían consentido las actividades delictivas de Matesa. Si se recuerda que el escándalo fue destapado por el periódico del Movimiento Arriba, que el ministro del ramo era José Solís Ruiz y que el responsable de Información y Turismo atendía al nombre de Manuel Fraga Iribarne, es fácil entender las claves políticas del affaire. En buena lógica, el caso Matesa pondría muy difícil la continuidad de los tecnócratas en el gobierno; no digamos el cumplimiento del vaticinio formulado a principios de año por la dirección del PSOE: proclamación del príncipe y formación de un gobierno de Carrero con amplia mayoría del sector tecnócrata.

El desenlace no se pareció en nada a lo previsto por quienes decidieron airear el escándalo. Obligado a deshacerse de los altos cargos envueltos en él, pero irritado por la imprudencia de los ministros anti-Opus, Franco formó en octubre un nuevo gobierno en el que destacaría la ausencia de Manuel Fraga y José Solís, por un lado, y de García Moncó y Espinosa San Martín, por otro. Mientras estos últimos purgaban sus responsabilidades en el caso Matesa, los dos primeros veían cómo su maquiavélico plan contra los tecnócratas se acababa volviendo contra ellos, tras amenazar la estabilidad del régimen y poner a Franco en una difícil tesitura. Podría parecer una solución salomónica, al más puro estilo franquista, a un conflicto de intereses entre las familias del régimen, pero al final la crisis se resolvió claramente a favor del tándem Carrero-López Rodó, con relevo de algunos de sus hombres, pero ampliación de su zona de influencia más allá incluso del área económica del gobierno. El mejor ejemplo de ello es el paso de Gregorio López Bravo de Industria a Asuntos Exteriores desplazando a Fernando María Castiella, poco grato al almirante Carrero. Manuel Fraga y José Solís Ruiz, que calificó lo ocurrido de «golpe de Estado», fueron las principales víctimas políticas del affaire. «El Opus Dei desbanca a la Falange», titulará el periódico del PSOE al informar de la composición del nuevo gobierno.[70] El franquismo estaba abocado a una feroz lucha por el poder que ya no tendría fin hasta la muerte del dictador.

Suresnes

La década del milagro español concluía con buenos números en economía y malos augurios para el régimen. La política regresaba al primer plano después de años de desarrollismo y de que el ministro Gonzalo Fernández de la Mora hubiera anunciado en un libro homónimo «el crepúsculo de las ideologías». Al declive físico del dictador, se añadían las graves tensiones en el establishment franquista, el creciente protagonismo de ETA y el auge de la oposición, cada vez más activa en el mundo laboral y profesional y en el movimiento estudiantil. El año 1970 terminaba con el proceso de Burgos contra ETA y un nuevo estado de excepción. También a finales de aquel año, el comité de coordinación del PSOE se reunía en un restaurante madrileño para elegir a los miembros de la ejecutiva que, en virtud de lo aprobado en el XI Congreso, correspondían a la organización clandestina. Asturias y el País Vasco proporcionarían cinco de los nueve representantes del interior. Madrid se quedaba fuera del reparto y Felipe González, a sus veintiocho años, entraba en la ejecutiva como responsable de propaganda. La renovación no había hecho más que empezar.

Lo ocurrido en Toulouse en agosto de 1970 tendría un segundo acto en el Congreso de la UGT celebrado justo un año después. Según Felipe González, los renovadores contarían con la ventaja del vacío de poder provocado por la reciente muerte de Pascual Tomás, líder indiscutible del sindicato socialista en las tres últimas décadas.[71] En realidad, Tomás aún no había fallecido al celebrarse el congreso, pero es cierto que su estado de salud le tenía apartado de sus funciones desde 1968 y que, a diferencia del PSOE, con un Llopis al frente dispuesto a dar guerra, la UGT pasaba por una etapa de cierto desgobierno. El momento era propicio, por tanto, a un cambio en la correlación de fuerzas, más aún si se tiene en cuenta que por primera vez desde 1939 los delegados del interior participarían con voz y voto. El resultado fue el que cabía esperar: tras una amplia reprobación de la ejecutiva saliente y la retirada de algunas secciones del exilio, en protesta por los derroteros que seguía el congreso, la nueva ejecutiva retiró de la circulación a la vieja guardia socialista y dio entrada a una nueva generación procedente del interior y de los sectores críticos del exilio. Además se aprobó una resolución por la que se ponía fin a la línea anticomunista vigente desde los años cuarenta. Este auténtico trágala a la dirección saliente planteaba un grave problema orgánico, porque mientras la UGT rompía con un elemento clave de la estrategia socialista en las últimas décadas, el PSOE se había reafirmado recientemente en su rechazo a cualquier colaboración con los comunistas. Así lo recordó Llopis nada más concluir el congreso de la UGT, planteando un contencioso entre el sindicato y el partido que pretendía utilizar para recuperar el control sobre el conjunto de la organización. Craso error que le acabaría costando el poder que aún conservaba.

Tras los congresos de 1970 y 1971 vendría lo que Richard Gillespie llama la «fase tres» de la crisis socialista: la convocatoria, realizada por la ejecutiva y rechazada por Llopis, de un congreso del partido en agosto de 1972, después de varios aplazamientos y de una sonada polémica con Llopis y su equipo. El boicot de la antigua dirección no impidió que el congreso se llevara a cabo en las fechas previstas y que su resultado afianzara la posición de los renovadores, incluso entre amplios sectores del exterior. Con el estilo propio de la prensa de partido, Le Socialiste, el órgano del PSOE en el exilio, lo llamará «el Congreso del renacimiento», y en un editorial de una crudeza inusitada denunciará las «abominables calumnias» con las que se había intentado intoxicar a la militancia. Asimismo, informará de que el comité director había reprobado «severamente» a la ejecutiva anterior por haber cometido durante su mandato «actos arbitrarios, antidemocráticos, calumniosos, indignos de militantes socialistas».

Huelga decir que Le Socialiste había pasado a manos de los renovadores, entre los cuales se encontraba un tal «Felipe (del interior)» —sin duda, Felipe González—, que tomó la palabra en el XII Congreso para informar sobre la situación española. Fue una larga intervención en la que, a despecho de algunas nociones muy esquemáticas, propias de un marxismo de manual, mostró un buen conocimiento de la crisis interna que estaba viviendo el régimen, analizada con frialdad y sin triunfalismos. Pese al manifiesto declive de la dictadura, la perspectiva de un golpe de fuerza desde dentro era, a su juicio, muy poco realista. Al «compañero Felipe» le bastaron unas pocas palabras para desmontar un viejo mito del antifranquismo y en particular del exilio: la dictadura —dijo— no caería como consecuencia de una «lucha fratricida» entre sectores enfrentados, y menos por una intervención del Ejército. Había que anteponer la realidad a ciertos mitos y tabúes muy asentados en la oposición al régimen, y la realidad, según él, era que «España es un país en franco desarrollo desde el punto de vista industrial» y que, en consecuencia, «los análisis no pueden ser los tradicionales». Como dijo a continuación otro orador al que cedió la palabra Felipe, el partido debía huir de «formulaciones nostálgicas o de tertulia de café».[72] Los jóvenes socialistas del interior tenían indudablemente otra mirada y otro lenguaje.

«Le parti socialiste espagnol», tituló Le Monde, «sera dirigé de l’intérieur». El resultado del congreso, según el periódico parisino, había sido «histórico».[73] La notable representación de los principales partidos hermanos, en particular del francés, supuso un claro espaldarazo a los renovadores del interior y un serio aviso a Llopis, confiado hasta entonces en que la Internacional desautorizaría cualquier aventura rupturista y respaldaría a la vieja guardia.[74] El giro de los socialistas europeos se pudo comprobar en diciembre de aquel año, cuando el sector llopista celebró su congreso con una nutrida presencia de delegados del partido, pero sin la participación de las principales figuras de la Internacional Socialista. Llama la atención la intervención de Enrique Tierno Galván como invitado de honor y su apoyo a Rodolfo Llopis en nombre de la unidad del socialismo español.[75]

Este hecho se entiende mejor a la luz del relato que el propio Tierno hizo de lo ocurrido a lo largo de aquellos meses. Toulouse le había dirigido ya, según él, una llamada de socorro ante el «golpe de mano» que preparaban los jóvenes del partido. En vísperas del congreso, Llopis le llamó «angustiado» reiterando su petición y Tierno y su grupo, ajenos a lo que tramaba el sector renovado y desconociendo a sus principales dirigentes, como Felipe González y Alfonso Guerra, decidieron acudir en ayuda del PSOE histórico. El Viejo Profesor se llevó, sin embargo, una gran decepción: todo aquello resultaba antiguo y desangelado, y era obvio que los grandes partidos socialistas habían ignorado por completo el congreso. De allí se fue también con la impresión de que la facción opuesta, sin conocerla a fondo, tenía más posibilidades de éxito que el grupo de Llopis, mucho menos atractivo a los ojos de eso que él llama «los grandes poderes». Pese a tan rotundo —y certero— diagnóstico, reafirmó su colaboración con Llopis y se prestó incluso a acompañarle a Londres a una reunión con dirigentes de la Internacional Socialista para tratar de convencerles de que mantuvieran su apoyo al PSOE histórico. Todo fue inútil: «A Llopis se le llenaron los ojos de lágrimas». Pese a ello, Tierno y su PSI se plantearon muy seriamente fusionarse con el PSOE tolosano, hasta el punto de que las dos organizaciones llegaron a redactar un documento fijando las condiciones básicas para la integración. Frente a los deseos del PSI de establecer una representación paritaria en la futura ejecutiva, Llopis se mantuvo inflexible en la participación mayoritaria del PSOE histórico, como correspondía, en su opinión, al valor y al significado de esas siglas en la historia de España. No hubo, pues, acuerdo, como tampoco cuando el grupo de Tierno negoció con el PSOE del interior una integración entre los dos partidos que podía haber cambiado la historia del socialismo español. Fue decisión personal suya oponerse a la operación. «Seguramente no acertamos», reconocerá en sus memorias. Se le estaba escapando un tren al que, en un futuro no muy lejano, tendría que subirse en marcha.[76]

Mientras tanto, aunque a trompicones, y no sin algunas discrepancias, los socialistas del interior seguían preparándose para la cita decisiva, en la que habrían de resolver sus problemas de liderazgo —la fórmula de la dirección colegiada, adoptada en 1972, solo podía ser interina— y acabar definitivamente con la duplicidad orgánica del partido. El momento de la celebración del XIII Congreso venía marcado por el reciente triunfo de la Revolución de los Claveles en Portugal el 25 de abril de 1974, por la constitución en julio de la Junta Democrática, impulsada por el PCE, y por la enfermedad de Franco aquel mismo verano y su relevo temporal por el príncipe Juan Carlos.

Sobre esta última cuestión se pronunció El Socialista en vísperas del XIII Congreso en un artículo titulado «Ante la monarquía de la Guerra Civil». El título deja poco a la imaginación del lector. ¿Qué cabía esperar de una dinastía que, tras ser rechazada por el pueblo español en 1931, había unido su suerte al Estado del 18 de Julio? No valía la comparación con las monarquías democráticas del norte de Europa. Encarnada por un príncipe que había sido cómplice de la dictadura, la española carecerá de cualquier legitimidad. De ahí su debilidad política y su fugaz paso por la historia. «No resistirá ni el primer ataque», sentenciaba El Socialista. Frente a una monarquía inviable, la «república federativa» se alzaba como la alternativa más acorde con el ideario de un partido autoproclamado «obrero, revolucionario y democrático».[77] Curiosamente, no habrá mención a la república, federativa o no, en la importante «declaración política» que el grupo renovador —Felipe González, Alfonso Guerra, Enrique Múgica, Nicolás Redondo, Pablo Castellano...— elaboró con vistas al próximo al congreso. Lo que sí incluye es el rechazo categórico del «montaje pseudo-institucional», de tipo continuista, urdido por el régimen y cuya «pieza clave» será Juan Carlos de Borbón.[78]

El XIII Congreso del PSOE se desarrolló en la localidad de Suresnes, a trece kilómetros al oeste de París, entre los días 11 y 13 de octubre de 1974. «El último probablemente que se celebrará en el exilio», pronosticó El Socialista, y no se equivocaba.[79] A la cita se llegó con algunas ideas claras e inaplazables, como traer la dirección del partido definitivamente a España y nombrar una ejecutiva con una cabeza visible, ante la mala experiencia de la dirección colegiada. Quién pudiera ser el agraciado era algo que estaba por ver. Felipe González desmintió años después que todo estuviera decidido de antemano, incluso que existiera el llamado «pacto del Betis» por el que vascos y sevillanos se hicieron con el control de la ejecutiva y le auparon a él a la primera secretaría y principal cargo directivo del PSOE renovado.[80] Lo cierto es que la renuncia por sorpresa de Nicolás Redondo a presentarse al cargo, cuando se daba por hecho que sería el elegido, creó una situación inesperada que se resolvió sobre la marcha. Los siguientes candidatos fueron descartados por uno u otro motivo. Enrique Múgica tenía a su favor su condición de vasco en un partido fuertemente enraizado en Vizcaya desde sus orígenes, pero en su contra obraba su pasada militancia comunista, con todo lo que eso suponía de cara a la socialdemocracia europea. Pablo Castellano pertenecía a una agrupación, la madrileña, estigmatizada por sus permanentes conflictos y disensiones y lastrada por su escasa militancia —135 cotizantes en aquel momento—.[81] Si, una vez excluidos Múgica y Castellano —País Vasco y Madrid—, se sigue bajando por el mapa del socialismo español se llega a Sevilla.

Los socialistas sevillanos constituían un grupo compacto desde el punto de vista generacional e ideológico. Lo primero era tal vez más importante que lo segundo, porque las identidades generacionales suelen ser inalterables y porque la transición democrática que se estaba gestando entonces fue obra en gran medida de una generación que antepuso ciertos valores y experiencias comunes a su diversa procedencia política. Por otro lado, tampoco resultaba fácil saber dónde se situaba ideológicamente el grupo sevillano. Sus adversarios dentro del partido le reprochaban ora su déficit de anticomunismo —un serio motivo de sospecha entre socialistas— ora la procedencia cristiana de alguno de sus miembros, como Felipe González, antiguo alumno del excedista Giménez Fernández. Ni una cosa ni otra. Su discurso político y su lenguaje eran más propios de la izquierda radical ubicada más allá del PCE. Predicaban el antiimperialismo, la autodeterminación de los pueblos y la emancipación «total» de la clase trabajadora, al tiempo que coqueteaban con el trotskismo. Esto último lo mismo podía ser una forma de legitimismo revolucionario que una coartada para un anticomunismo vergonzante. En el fondo, estaban más cerca de la nueva izquierda mayosesentayochista, rebelde, iconoclasta y promiscua —sobre todo promiscua—, que de la tradición pablista, con todo su obrerismo y su puritanismo a cuestas. Se entiende que la visión de un PSOE en semejantes manos produjera escalofríos en un socialista chapado a la antigua como Llopis. ¡Si el Abuelo levantara la cabeza!

En todo caso, el izquierdismo del grupo sevillano tiene una importancia relativa. No es que sus querencias teóricas y doctrinales —la afición de Felipe González, por ejemplo, a la lectura de Rosa Luxemburgo— carecieran de valor, pero quedaban eclipsadas por la arrolladora vocación política del tándem González-Guerra y por su capacidad, mezcla de intuición, audacia y pragmatismo, para convertir en poder todo lo que tocaban, aunque de momento solo fuera en el ámbito de un partido que, con unos cientos de militantes, luchaba por no desaparecer. A su manera juvenil y descarada, Felipe González y Alfonso Guerra no hicieron más que aplicar al pie de la letra la cláusula final del programa redactado por los fundadores del PSOE en 1879: «Y todos aquellos medios que el Partido Socialista Obrero Español acuerde según las necesidades de los tiempos». Se diría que en 1974, como noventa y cinco años antes, todo dependía de que se fijaran con precisión las necesidades de los tiempos y los medios para satisfacerlas. En realidad, la cuestión era más complicada, porque frente al rudimentario marxismo de los padres fundadores del socialismo español, la experiencia demuestra que la historia comporta siempre una mezcla impredecible de azar y necesidad.

El azar, o lo que fuera, quiso que, tras los sucesivos descartes, el foco del liderazgo se desplazara a lo largo del eje norte-sur hasta detenerse sobre el grupo sevillano. Una vez ahí, la cosa se simplificaba mucho. De creer a Alfonso Guerra, el nombre de Felipe González se había barajado ya en una reunión celebrada en Sevilla en vísperas del congreso como alternativa a Nicolás Redondo, en caso de que, contra todo pronóstico, no aceptara liderar el partido en la nueva etapa.[82] Cuando en Suresnes surgió la sorpresa y Redondo decidió no presentarse a la elección de secretario general, se puso en marcha aquello que los sevillanos habían preparado como «plan B» ante tamaña —e improbable— contingencia. Su candidatura fue propuesta, como no podía ser menos, por un paisano suyo: Luis Yáñez. Hubo que vencer, no obstante, la doble oposición de Enrique Múgica y Pablo Castellano, por un lado, y del propio Felipe González, por otro. Múgica y Castellano se resistían a entregar el poder al grupo sevillano, del que por distintos motivos no acababan de fiarse. La intervención de Nicolás Redondo, que dos años atrás ya había propuesto el nombre de Felipe para la secretaría política del partido,[83] sirvió para que Múgica depusiera su actitud y diera luz verde a la operación. Faltaba que el propio interesado se prestara a ello. Se resistió, según su testimonio, todo lo que pudo. «A los compañeros les da coraje que yo lo diga, pero es verdad»: hubiera podido ser cualquiera.[84] El hecho es que el congreso aceptó la condición que puso para presentarse, que se cambiara la denominación del cargo de secretario general por la, más modesta, de primer secretario, y su candidatura resultó aprobada por amplia mayoría. Felipe González Márquez, alias Isidoro, sevillano, de treinta y dos años, casado, abogado laboralista, regresó de Suresnes convertido en primer secretario del PSOE.

El socialismo renovado contaba ya con un líder no indiscutible, pero sí reconocible, y con una dirección en el interior formada principalmente por vascos, sevillanos y madrileños. Estos últimos no tardarían en perder parte de su cuota en beneficio de los sevillanos —de quién si no—, que en abril de 1975 coparán un tercio de la ejecutiva.[85] Desde el punto de vista programático, Suresnes había afianzado el sesgo radical del nuevo socialismo español. La resolución política del congreso definía como principal aspiración del PSOE la «conquista del poder político y económico por la clase trabajadora y la radical transformación de la sociedad capitalista en sociedad socialista». Frente a la dictadura abogaba por la «ruptura democrática» y para alcanzarla se proponía la búsqueda de acuerdos con otras fuerzas antifranquistas, principalmente de izquierdas. No hay mención en este documento a la forma de Estado, pero sí en la «Resolución sobre nacionalidades y regiones», en la que el PSOE se declaraba partidario del derecho de autodeterminación, «dentro del contexto de la lucha de clases», y de la constitución de una «república federal de las nacionalidades que integran el Estado español».[86]

Entre la nutrida representación internacional, destacó la intervención de François Mitterrand, líder del socialismo francés, refundado bajo unas nuevas siglas (del SFIO al PSF), que había acariciado el triunfo en las recientes elecciones presidenciales. Además de constatar con satisfacción la buena salud del PSOE, el futuro presidente de la V República se mostró convencido de que a sus correligionarios españoles, que luchaban todavía por salir de la clandestinidad, la historia les reservaba el más brillante porvenir que cabía imaginar. «Esta generación», les dijo, «no pasará sin afrontar las responsabilidades del poder». Era cuestión, según él, de dos, tres o cuatro años.[87] ¿De vivir bajo una dictadura a gobernar un país en tan poco tiempo? Las palabras de Mitterrand debieron de sonarles a música celestial a aquellos dirigentes socialistas que, en un abrir y cerrar de ojos, habían tomado las riendas del viejo partido fundado por Pablo Iglesias.

[1] «Franco Posts Go to Church Group», The New York Times, 7 de marzo de 1957.

[2] Franco a su primo, el general Francisco Franco Salgado-Araujo, conversación del 13 de junio de 1960; F. Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, op. cit., p. 379.

[3] Ibíd., p. 424. Conversación con su primo del 30 de agosto de 1961.

[4] Ibíd., p. 438. Conversación del 3 de marzo de 1962.

[5] J. Ortega y Gasset, «La ciencia y la religión como problemas políticos», conferencia pronunciada en la Casa del Pueblo de Madrid el 2 de diciembre de 1909; J. Ortega y Gasset, Discursos políticos, edición de Paulino Garagorri, Alianza Ed., Madrid, 1974, p. 37.

[6] «Los propósitos de Prieto», ES, 19 de marzo de 1948.

[7] J. M. Zaratiegui, «El europeísmo como arma de oposición al franquismo (1956-1962)», VI Congreso de Investigadores sobre el franquismo, Santiago de Compostela, 2009 (http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/16115/1/Zaratiegui-Congreso-Santiago.pdf).

[8] Carta de R. Llopis a I. Prieto, 17 de junio de 1959; cit. L. C. Hernando, El PSOE y la monarquía, op. cit., p. 212.

[9] Ibíd., p. 213. Carta de I. Prieto a R. Llopis, 28 de agosto de 1959.

[10] J. Tusell y J. Calvo, Giménez Fernández. Precursor de la democracia española, Mondadori-Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1990, p. 277.

[11] Cit. J. M. Zaratiegui, «El europeísmo como arma de oposición al franquismo», op. cit.

[12] F. Jáuregui y P. Vega, Crónica del antifranquismo, Ed. Planeta, Barcelona, 2007, pp. 276-277.

[13] J. Satrústegui, Cuando la transición se hizo posible. El «contubernio de Múnich», Ed. Tecnos, Madrid, 1993, p. 314.

[14] J. Satrústegui, «La política de Don Juan III en el exilio», ABC, 23 de diciembre de 1990.

[15] A. Mateos, El PSOE contra Franco, op. cit., p. 274.

[16] L. M. Anson, Don Juan, op. cit., p. 411.

[17] «El contubernio de la traición», información remitida por la agencia Efe desde París, y acompañada de un artículo sin firma, tal vez editorial, titulado «La comedia de la promiscuidad»; ABC, 10 de junio de 1962.

[18] Conversación del 7 de julio de 1962; F. Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, op. cit., p. 450.

[19] S. Juliá, Los socialistas..., op. cit., p. 377.

[20] E. Haro Tecglen, «Valentín González en el exilio», El País, 21 de octubre de 1983.

[21]¿Qué pasa en España? El problema del socialismo español, CEDESA, Madrid, 1959, p. 1 (sin numerar).

[22] R. Gillespie, Historia del Partido Socialista Obrero Español, op. cit., p. 270.

[23] Carta de L. Araquistáin a G. Marañón, 15 de junio de 1958; cit. J. F. Fuentes, Luis Araquistáin y el socialismo español en el exilio, op. cit., p. 227.

[24] Cit. B. Vargas, Rodolfo Llopis, op. cit., 1999, p. 295.

[25] R. Gillespie, Historia del Partido Socialista Obrero Español, op. cit., p. 223.

[26] P. Castellano, Yo sí me acuerdo. Apuntes e historias, Temas de Hoy, Madrid, 1994, p. 119.

[27] Cit. R. Gillespie, Historia del Partido Socialista Obrero Español, op. cit., p. 258.

[28] E. Tierno Galván, Cabos sueltos, op. cit., p. 317.

[29] A. Mateos, El PSOE contra Franco, op. cit., p. 333.

[30] Ibíd., pp. 333-335, y R. Morodo, Atando cabos, op. cit., pp. 453 y ss.

[31] E. Tierno Galván, Cabos sueltos, op. cit., pp. 327-328.

[32] R. Morodo, Atando cabos, op. cit., p. 451.

[33] E. Tierno Galván, Cabos sueltos, op. cit., p. 327.

[34] «Spanish Socialist Favors Monarchy. Tierno, a Moderate, Looks to Return of Don Juan», The New York Times, 15 de junio de 1966.

[35] E. Tierno Galván, Cabos sueltos, op. cit., pp. 369-370.

[36] L. M. Anson, «La monarquía de todos», ABC, 21 de julio de 1966.

[37] L. C. Hernando, El PSOE y la monarquía, op. cit., p. 289.

[38] Conversación del 21 de julio de 1966; F. Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, op. cit., p. 635.

[39] Goizalde, «Los encantos de la casa», Le Socialiste, 8 de septiembre de 1966.

[40] Carta de L. Jiménez de Asúa a Julián Borederas y Marino Saiz; Buenos Aires, 6 de julio de 1966; FPI-ALJA: 403-18.

[41] A. Mateos, El PSOE contra Franco, op. cit., p. 340.

[42] Cit. ibíd., p. 344. Carta de Llopis al Comité de la ASM, 29 de febrero de 1968.

[43] Cit. S. Juliá, Los socialistas..., op. cit., p. 392.

[44] Ibíd., p. 393.

[45] «Entrevista a Felipe González», Leviatán, II época, número 1, julio de 1978, p. 19.

[46] «Lista de secciones y delegados al Congreso», Le Socialiste, 27 de agosto de 1970.

[47] Ibíd., «Organización y Estatutos y Administrativa» (sic).

[48] «Entrevista a Felipe González», Leviatán, op. cit., p. 20.

[49] J. Almunia, Memorias políticas, Aguilar, Madrid, 2001, pp. 35 y 32-33.

[50] L. López Rodó, La larga marcha hacia la monarquía, op. cit., p. 391.

[51] «Informe sobre los incidentes callejeros ocurridos en Madrid el día 3 de mayo con motivo del desfile militar en el que tomó parte como alumno de la Academia General del Aire S. A. R. Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, Príncipe de Asturias»; documento mecanografiado, sin firma, fechado en Madrid el 4 de mayo de 1959, acompañado de una carta, igualmente sin firma, dirigida al conde de Fontanar; AGUN-ACF: 054/005/101-10.

[52] J. A. Ortega Díaz-Ambrona, Memorial de transiciones (1939-1978): La generación de 1978, Galaxia Gutenberg, Madrid, 2015, p. 117.

[53] «Ante la farsa de la sucesión», Le Socialiste, 7 de agosto de 1969.

[54] L. López Rodó, La larga marcha hacia la monarquía, op. cit., p. 289.

[55] Ibíd., p. 311.

[56] Ibíd., p. 395.

[57] L. M. Anson, Don Juan, op. cit., p. 443.

[58] Testimonio de Alfonso Armada al autor.

[59] Carta, ya citada, de R. Llopis a la ASM; A. Mateos, El PSOE contra Franco, op. cit., p. 344.

[60] L. López Rodó, La larga marcha hacia la monarquía, op. cit., pp. 304-305.

[61] Ibíd., p. 293.

[62] M. Fraga Iribarne, Memoria breve de una vida pública, Ed. Planeta, Barcelona, 1980, pp. 235 y 237.

[63] E. Romero, Cartas a un Príncipe, Afrodisio Aguado, Madrid, 1966 [1.ª ed. 1964], pp. 21, 47 y ss.

[64]Rafael Orbe Cano, en J. L. Navas-Migueloa, La generación del Príncipe, G. del Toro, Madrid, 1972, p. 142.

[65]L. M. Anson, Don Juan, op. cit., p. 449.

[66]J. L. de Vilallonga, El Rey. Conversaciones con D. Juan Carlos I de España, Plaza & Janés, Barcelona, 1993, p. 81.

[67]«Ante la farsa de la sucesión», Le Socialiste, 7 de agosto de 1969.

[68]«Don Juan Carlos de Borbón instaurado como pelele del régimen», Le Socialiste, 24 de julio de 1969.

[69]«Don Juan Carlos de Borbón se hunde en la ciénaga franquista», y «El realismo de la realeza», Le Socialiste, 16 de enero de 1969 y 23 de enero de 1969.

[70]Le Socialiste, 6 de noviembre de 1969.

[71]«Entrevista a Felipe González», Leviatán, II época, número 1, julio de 1978, p. 20.

[72]Le Socialiste, 21 de septiembre de 1972; la intervención de «Felipe (del interior)», bajo la rúbrica «Situación política y social».

[73]Le Monde, 17 de agosto de 1972.

[74]R. Gillespie, Historia del Partido Socialista Obrero Español, op. cit., pp. 294-296.

[75]A. Mateos, El PSOE contra Franco, op. cit., p. 443.

[76]E. Tierno Galván, Cabos sueltos, op. cit., pp. 428-435.

[77]«Ante la monarquía de la Guerra Civil» y «Tribuna libre de El Socialista: Hay que forjar el partido obrero, revolucionario y democrático que es imprescindible para la total emancipación de la clase trabajadora», ES, primera quincena de septiembre de 1974.

[78]«Declaración política del Partido Socialista Obrero Español», ES, segunda quincena de septiembre de 1974.

[79]«Espaldarazo internacional del socialismo español», ES, segunda quincena de octubre de 1974.

[80]«Entrevista a Felipe González», Leviatán, op. cit., p. 25.

[81]S. Juliá, Los socialistas..., op. cit., p. 421, y R. Gillespie, Historia del Partido Socialista Obrero Español, op. cit., p. 309.

[82]A. Guerra, Cuando el tiempo nos alcanza. Memorias (1940-1982), Espasa, Madrid, 2004, p. 132.

[83]A. Mateos, El PSOE contra Franco, op. cit., p. 460.

[84]«Entrevista a Felipe González», Leviatán, op. cit., p. 25.

[85]S. Juliá, Los socialistas..., op. cit., p. 423-424.

[86]ES, 16 de octubre de 1974.

[87]«Palabras de Mitterrand, primer secretario del Partido Socialista Francés al XIII Congreso: “Hay que internacionalizar la lucha”», ES, 16 de octubre de 1974.

CAPÍTULO VII. «Y VOSOTROS, ¿POR QUÉ SOIS REPUBLICANOS?»

Desastre sin paliativos

No fue tan pronto como había vaticinado Mitterrand, pero en apenas tres años un PSOE recién legalizado se convertía en la segunda fuerza más votada y ocho años después de Suresnes ganaba las elecciones por mayoría absoluta y formaba en solitario, bajo la presidencia de Felipe González, el primer gobierno de izquierdas desde la Guerra Civil. En menos de una década, el PSOE renovado había ganado la batalla de la libertad con su contribución al éxito de la Transición democrática; la de la izquierda, al superar ampliamente al PCE en las elecciones de 1977 y en las sucesivas, y la del poder, tras obtener en las urnas una representación parlamentaria que doblaba sus mejores resultados de la Segunda República. Tres grandes hitos en menos de una década. Lo nunca visto en la historia de un partido que celebró su centenario en mayo de 1979.

Cuando en octubre de 1974 los jóvenes dirigentes del PSOE regresaron a España tras el triunfal congreso de Suresnes, nada hacía presagiar lo que el destino les tenía reservado. Las cifras de militancia seguían bajo mínimos; tanto, que seguramente eran las más bajas de los últimos treinta años.[1] El partido y el sindicato tenían una escasa o nula implantación en buena parte del territorio nacional y debían hacer frente a la dura competencia del PCE y CCOO, mucho mejor organizados. La reciente creación de la Junta Democrática constituía además un doble reto muy difícil de afrontar. Por un lado, planteaba la amenaza, siempre latente, de la hegemonía comunista en la izquierda, similar a la que el Partido Comunista Italiano —el gran referente de los comunistas españoles— disfrutaba en su país. Integrándose en la Junta, el PSOE corría el riesgo de diluirse en ese magma de fuerzas variopintas lideradas por el PCE o al menos de quedar subordinado a la estrategia comunista, pero ignorar la llamada a la unidad antifranquista podía aislar al PSOE y ceder al PCE todo el protagonismo en la lucha final contra la dictadura. Ante semejante dilema, la dirección socialista optó por una inteligente vía de escape congruente con ese izquierdismo que constituía una de sus señas de identidad. La Junta Democrática representaba un pacto con la burguesía que los socialistas consideraban una claudicación. No aceptaban ni la petición de una amnistía, porque suponía equiparar a represores y reprimidos, ni convertir a don Juan de Borbón en árbitro del futuro de España. No es que tal cosa figurara en el programa de la Junta, pero la presencia entre sus integrantes de dos notorios juanistas como Enrique Tierno Galván y sobre todo Rafael Calvo Serer no era por casualidad, y de ahí los frecuentes guiños al conde de Barcelona para que asumiera un papel protagonista en el cambio político que se avecinaba. Los socialistas rechazaban abiertamente esa posibilidad, en primer lugar por la «negra biografía» del pretendiente y, en segundo lugar, porque no estaban dispuestos a consentir que la monarquía se impusiera como un hecho consumado antes de que «la clase trabajadora» viera reconocidas plenamente sus libertades.[2]

Cuatro años después, en un contexto político muy distinto, Felipe González reiterará las razones esgrimidas en su día por el PSOE renovado para negarse a entrar en la Junta, incluidas las referidas a don Juan. Es curioso, sin embargo, el giro que da su argumentación hacia el conflicto dinástico entre el pretendiente y su hijo Juan Carlos, como si eso les importara a los socialistas en 1974. El Partido Socialista, en opinión de González, no podía decantarse a favor del padre tal como tácitamente planteaba la Junta.[3] Y era verdad, solo que de sus palabras en 1978 se desprende una conclusión que ni remotamente estaba en su ánimo cuatro años atrás: que al rechazar la candidatura de don Juan defendida por la Junta Democrática, el PSOE dejaba abierta la opción representada por su hijo. La actitud de los socialistas frente al conde de Barcelona, más intransigente que la del PCE, pudo sin duda facilitar su posterior evolución hacia el juancarlismo, pero el arranque de ese proceso no vino dado por una actitud posibilista hacia la monarquía, sino, bien al contrario, por la lógica de su radicalismo político. Por decirlo con su lenguaje de entonces, el PSOE rechazaba un pacto «de derechas» con una «burguesía» que había roto con el franquismo para irse con don Juan.

Sincero o no, el izquierdismo funcionaba admirablemente en la estrategia del PSOE para diferenciarse del PCE, aunque fuera por la izquierda, y articular a su alrededor una alternativa a la hegemonía comunista, sin los inconvenientes de la represión que solían sufrir los sectores antifranquistas más radicales. Lo pudo comprobar el propio Felipe González cuando, a finales de octubre de 1974, una pareja de inspectores de policía se presentó en su domicilio sevillano para llevárselo a comisaría. Como Felipe estaba de viaje, regresando de Suresnes, y en su casa no había teléfono, Carmen, su mujer, pidió permiso a los policías para ir a llamar a su marido mientras ellos se quedaban al cuidado de sus hijos. Unas horas después, el primer secretario del PSOE se presentaba en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla acompañado del decano del Colegio de Abogados. El interrogatorio, celebrado con unos miramientos desusados en estos casos, pretendía esclarecer los movimientos del detenido en las últimas semanas. Felipe fue contestando pacientemente a las preguntas que se le hacían: tal día había estado con Mario Soares en Lisboa, tal otro con Willy Brandt en Bonn o con François Mitterrand en París. Al final, uno de los funcionarios no pudo evitar compartir con sus compañeros la inquietante sensación que le producía la escena: «Dentro de poco vamos a tener que pedir trabajo a este hombre».[4]

El propio periódico del partido dio unos días después la noticia del juicio que Felipe González y otros cuatro dirigentes socialistas, entre ellos Enrique Múgica y Nicolás Redondo, tenían pendiente ante el Tribunal de Orden Público, motivo de su fugaz paso por comisaría aquel 23 de octubre de 1974. El fiscal del TOP pedía cuarenta y cuatro años de cárcel para los procesados, una pena severa, a la altura de los tiempos, que, sin embargo, quedó finalmente en nada, porque no hubo ni juicio. Unos minutos antes de su comienzo, señalado para las cinco de la tarde del 28 de octubre, el tribunal suspendía el acto hasta nueva orden aduciendo la necesidad de recabar información complementaria. La verdadera razón, tal como apuntaba El Socialista, era la amplia movilización del socialismo internacional en defensa de los procesados, que contaron con el apoyo de altos dirigentes europeos, entre ellos algún exministro, desplazados expresamente a Madrid para asistir al juicio. El régimen simplemente no se había atrevido a seguir adelante con sus planes «ante la mirada atenta de Europa».[5] Con semejante respaldo, el Partido Socialista podía jugar la baza del radicalismo ante sus bases y presentarse ante el establishment y sus servidores como una alternativa de poder en un plazo tal vez no muy lejano. Si la ausencia de presos socialistas en las cárceles desde 1973 denota esa mezcla de respeto y temor que el PSOE provocaba en ciertas instancias de poder, su rechazo a la monarquía, frente a las veleidades juanistas del PCE, daba credibilidad al propósito de sus dirigentes de identificar al partido con la izquierda verdadera. Ese legitimismo antifranquista tenía en la república su expresión más genuina.

De todas formas, en los meses siguientes la actitud de los socialistas hacia la monarquía y, en particular, hacia el príncipe Juan Carlos se fue haciendo algo más flexible. Al menos en privado, porque en público la posición del partido parecía inalterable. En octubre de 1975, un miembro de la ejecutiva que atendía al nombre de «Andrés» —Alfonso Guerra—, entrevistado por Le Nouvel Observateur francés, insistía en que el príncipe de España había unido su suerte a un régimen agonizante: «El futuro de España no es Juan Carlos».[6] Es significativo, sin embargo, que en una rueda de prensa celebrada unos meses antes en París, Felipe González tuviera que responder, visiblemente molesto, si era cierto que dirigentes del partido se habían entrevistado con el príncipe Juan Carlos. Felipe lo negó con rotundidad y recordó que el PSOE mantenía su compromiso «decidido y firme» con la república, a diferencia de aquellos que, como los integrantes de la Junta Democrática, pretendían hacer de don Juan el árbitro de la situación política española.[7] Ya se ve que los dirigentes socialistas habían encontrado en la conexión borbónica de la Junta un excelente argumento para erosionar al PCE y de paso mostrar la pureza de sus propios sentimientos políticos.

Del tono de la respuesta de Felipe se deduce que el asunto empezaba a resultarle incómodo, como si estuviera harto de que se lo preguntaran y de andar, según sus palabras, «siempre dando explicaciones y preparando la coartada» o como si le hubieran pillado en falso. ¿Había mantenido la dirección del PSOE alguna forma de comunicación, aunque fuera indirecta, con el futuro rey? No lo parece. Jaime Carvajal, amigo de Juan Carlos desde la época de Las Jarillas, medió para que Luis Solana se viera con él alguna vez en La Zarzuela. No es que esas conversaciones tuvieran una gran trascendencia, pero al menos Solana comprobaría que el príncipe era más inteligente de lo que se decía y el nieto de Alfonso XIII pudo conocer a un socialista de carne y hueso, disipar algunos prejuicios y satisfacer su curiosidad, como había hecho unos años antes su hermana Margarita cuando se enteró de que «un rojo» llamado Raúl Morodo iba a visitar a su padre a Villa Giralda y se quedó escuchando la conversación detrás de la puerta.[8] A don Juan Carlos le resultó mucho más fácil, porque fue su interlocutor quien acudió a él, aunque la visita tuviera un cierto aire clandestino. Hubo además un encuentro a mediados de 1975 entre Felipe González y Nicolás Franco, sobrino del dictador y hombre próximo al príncipe, que vio en el líder del PSOE a un hombre bastante moderado y receptivo.[9] Total: poca cosa, y menos si tenemos en cuenta que Luis Solana, antiguo militante de la ASU y simpatizante socialista, ni siquiera actuaba en nombre del partido. En cuanto al príncipe, con Alfonso Armada en La Zarzuela y sometido por el régimen a un escrutinio permanente, su margen de maniobra para pulsar el estado de opinión de la izquierda resultaba bastante limitado.

Una posible toma de contacto con el socialismo planteaba, por otro lado, una cuestión previa que no tenía fácil respuesta. En el supuesto de que la monarquía necesitara algún día una izquierda dinástica en condiciones de ser alternativa de gobierno, había que determinar cuál de las distintas opciones socialistas o socialdemócratas, de entre los veinticuatro partidos que cabía identificar como tales,[10] podía desempeñar ese papel y, a partir de ahí, apostar por ella. En 1975, además del PSOE renovado de Felipe González y del histórico de Rodolfo Llopis, el nuevo PSP de Tierno Galván, integrado en la Junta Democrática, pugnaba por captar el apoyo de un potencial electorado de izquierdas situado a la derecha del PCE. En una posición más centrada se encontraba la Unión Social Demócrata Española de Dionisio Ridruejo, que murió ese mismo año, y más a la derecha Reforma Social del falangista Cantarero del Castillo, impulsor de una suerte de laborismo a la española que pretendía ocupar la izquierda del mapa político en una futura monarquía del Movimiento, una fórmula francamente estrambótica que entonces no lo parecía tanto. Cuatro meses antes de la muerte de Franco, un alto funcionario de Presidencia del Gobierno consideraba a Cantarero el mejor colocado para liderar «el socialismo dentro del régimen».[11] Hasta Izquierda Democrática, de Joaquín Ruiz-Giménez, con su apuesta por la autogestión socialista, pese a su notoria filiación democristiana, podía optar al codiciado papel de izquierda dinástica, sobre todo si el pleito monárquico se resolvía finalmente a favor de don Juan. Eran tiempos en que el capitalismo, sumido en una grave crisis desde finales de 1973, parecía incapaz de remontar el vuelo y todas las fuerzas políticas con aspiraciones incorporaban a su ideario alguna concesión socializante. Incluso Adolfo Suárez, embarcado en la operación continuista de Unión del Pueblo Español, se interesaba entonces por la socialdemocracia, atraído por su eclecticismo político y su prestigio internacional.

En vísperas de la muerte de Franco, pocos imaginaban que la mayoría de estos grupos serían incapaces de superar la primera cita con las urnas. En cambio, parecía lógico pensar que el futuro del socialismo español se iba a dirimir entre el PSOE renovado de Felipe González, el histórico de Llopis y el PSP de Enrique Tierno Galván. En realidad, el pleito ya se había resuelto a favor del primero en el seno de la Internacional Socialista, en una cumbre celebrada el día de Reyes de 1974, pero en España las cosas no estaban tan claras. A lo sumo, cabía dudar de las posibilidades del PSOE de Llopis, dada su escasa implantación en el interior. Quedaban Tierno y Felipe frente a frente. Si la monarquía llegaba a consolidarse, la trayectoria del Viejo Profesor le daba cierta chance frente a un partido aferrado a su tradición republicana. La ventaja, sin embargo, era más aparente que real. La proximidad de Tierno al padre de don Juan Carlos podía ser más un hándicap que un mérito en una transición muy condicionada por factores generacionales. El PSOE renovado, por el contrario, llegaría a la hora decisiva sin haber tomado partido en un litigio familiar que le resultaba por completo indiferente. El tránsito hacia el juancarlismo resultó ser más fácil desde el republicanismo platónico que desde el legitimismo monárquico.

El régimen, mientras tanto, avanzaba hacia su final a toda máquina, acosado desde todos los frentes. A la grave crisis económica se añadían la situación en Portugal tras la Revolución de los Claveles, los problemas con la Iglesia y el incremento de la actividad terrorista, que en diciembre de 1973 se cobró la vida del presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco. Nadie entendió el refrán que, a modo de moraleja, trajo a colación el dictador tras el asesinato de Carrero: «No hay mal que por bien no venga». Lo cierto es que desde el momento en que el morador de El Pardo pronunció aquella extraña sentencia, digna de un personaje de su paisano Torrente Ballester, las cosas fueron de mal en peor. Un año y medio después, Luis María Anson levantaba acta en un sonado artículo del «rumor de ratas que abandonan la nave del régimen», de la impaciencia general por «pasarse al enemigo con armas y bagajes», del «sálvese quien pueda» de una clase dirigente —«burgueses, banqueros y aristócratas»— dispuesta a todo con tal de cruzar «la aduana del futuro».[12] Lo que hubiera más allá estaba por ver, pero eran cada vez menos quienes seguían creyendo que el franquismo sobreviviría a su fundador.

El aislamiento internacional de la dictadura tras las últimas ejecuciones en septiembre y la Marcha Verde sobre el Sahara, que puso a España al borde de una guerra con Marruecos, agravaron la sensación de crisis terminal del régimen en vísperas de la muerte de Franco. El 22 de noviembre de 1975, dos días después de consumarse el «hecho biológico», se iniciaba el reinado de Juan Carlos I en medio del escepticismo general sobre la viabilidad de la nueva monarquía. Su discurso de proclamación fue, en palabras de El Socialista, «una muestra más del vacío político que rodea a la figura de un rey impuesto».[13] Pero algo empezaba a moverse a uno y otro lado de esa gruesa línea roja que separaba a la corona del PSOE. El nuevo rey pretendió formar un gobierno más acorde con sus planes y exploró la posibilidad de sustituir a Carlos Arias Navarro, con el que mantenía una pésima relación política y personal, por el tecnócrata José María López de Letona. La «operación Lolita», como se conoció en círculos de poder muy restringidos —se habla de cinco o seis personas, pero debieron de ser más—,[14] llevaba ya algún tiempo preparándose en el entorno de La Zarzuela.

El 5 de noviembre, en plena agonía de Franco, López de Letona se entrevistó con Torcuato Fernández-Miranda antes de acudir a una audiencia con Juan Carlos, del que Torcuato era el principal consejero. Este último escribirá a vuelapluma el motivo de la visita: «Me hace una exposición de apertura y cambio y, me parece, quiere demostrar que tiene grandes contactos con socialistas, Solana, F. González, etc.». Dos días después, fue el príncipe quien comentó con Torcuato su deseo de llevar adelante el nombramiento de López de Letona, que su consejero no acababa de ver claro, no por el candidato, del que tenía buena opinión, sino por la «operación» que pudiera haber detrás de todo ello.[15] Lo curioso, de todas formas, es que el político que debía presidir el primer gobierno de la monarquía alardeara de sus tratos con los socialistas, en concreto con Solana —probablemente Luis— y Felipe González. ¿Era eso lo que llevó a Torcuato a desconfiar de la «operación Lolita»? Comoquiera que sea, el comentario de López de Letona resulta sintomático del cambio de actitud que se estaba produciendo en las altas instancias respecto al PSOE, contemplado cada vez menos como una amenaza y más como un poder emergente con el que había que entenderse. Hombre avezado, políticamente curado de espantos, a Torcuato debió de sorprenderle sin embargo que su interlocutor, ministro de Franco apenas dos años antes, exhibiera sus buenas relaciones con los socialistas en un momento en el que se estaba jugando la Presidencia del Gobierno, como si llevarse bien con ellos fuera un motivo más para ser finalmente elegido.

Muerto Franco, el rey se dio cuenta enseguida de la inviabilidad tanto de la «operación Lolita» como de alguna otra encaminada a deshacerse de Arias Navarro, al que un colaborador suyo de aquella época califica de «visceralmente antimonárquico».[16] El peso del búnker en el Consejo del Reino hacía imposible conseguir una terna en la que al menos uno de sus integrantes mejorara al presidente heredado de Franco, en vista de lo cual Juan Carlos I se planteó objetivos más modestos y realistas. Por un lado, maniobró para poner a Fernández-Miranda al frente de las Cortes —un cargo que llevaba aparejada la presidencia del Consejo del Reino— y por otro intentó que, una vez confirmado al frente del ejecutivo, Arias Navarro aceptara algunos nombres para la composición de su nuevo gobierno.

Ahí desempeñaron un papel clave tanto Alfonso Armada como el propio Torcuato, encargados de transmitir a Carlos Arias las propuestas del rey, en algún caso concertadas con Fernández-Miranda, como el nombramiento de Adolfo Suárez como ministro secretario general del Movimiento. Exultante tras ser ratificado en el cargo, lo que significaba ya una gran victoria sobre el rey —«ese niñato»—, Arias se mostró poco quisquilloso con las sugerencias que le llegaron de La Zarzuela, una de ellas a través de Alfonso Armada: Fraga a Educación, «para que se estrelle».[17] Aunque la observación figura en un documento de los servicios secretos titulado «Recomendaciones de Armada del día 4 de diciembre» [de 1975], no parece arriesgado afirmar que la idea partió del propio rey, deseoso de acabar lo antes posible con el futuro político de Manuel Fraga, cuyo carácter impulsivo y autoritario infundía pavor en el joven monarca. Al final no fue a Educación, sino a Gobernación. Peor aún. En todo caso, esta especie de suicidio político asistido —someter al político gallego a la máxima exposición pública para que él mismo arruinara su carrera— puede verse como un hito premonitorio de la difícil relación que Juan Carlos I mantendría con la derecha fraguista a lo largo de todo su reinado.

Los socialistas seguían expectantes los primeros pasos del rey, por más que la prensa del partido rechazara de plano la posibilidad de una democratización desde arriba. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José María de Areilza —uno de los hombres fuertes de aquel gobierno—, había mantenido ya una conversación «sustanciosa», según él, con Felipe González y Miguel Boyer sobre el futuro de la monarquía. Fue en una comida celebrada en casa de Francisco Fernández Ordóñez días antes de la muerte de Franco, en la que se planteó abiertamente el papel de la corona. Solo asumiendo una «condición democrática» podría estar a la altura de los tiempos. En eso, según cuenta Areilza en sus memorias, coincidieron todos, pero lo que don Juan Carlos, informado inmediatamente, le dijo a Carlos Arias fue algo bien distinto: lisa y llanamente, que «el PSOE aceptaba la monarquía».[18] Las dos versiones —esta última recogida por López Rodó— son seguramente ciertas, aunque parciales. Los comensales se mostraron sin duda de acuerdo en que las posibilidades de la institución dependían de su apuesta por la democracia, en cuyo caso, añadieron probablemente González y Boyer, el PSOE aceptaría la monarquía. Tales serían, simplificadas y algo sesgadas, pero en el fondo correctas, las conclusiones a las que llegaron Areilza y don Juan Carlos sobre lo ocurrido en aquel encuentro. Lo que el todavía príncipe no llegó a decirle a Carlos Arias, para evitar uno de sus frecuentes ataques de ira, es que el reconocimiento de la monarquía por el PSOE no iba a salir gratis, porque estaba supeditado a la instauración de la democracia. Podría parecer que nada había cambiado en la actitud de los socialistas, fieles en apariencia a la línea mantenida por ellos desde los años cuarenta: aceptación de la monarquía a cambio del restablecimiento de las libertades. Nada más lejos de la realidad. Las palabras de González y Boyer en presencia de Areilza significaban desmarcarse del republicanismo defendido hasta entonces por el PSOE renovado para volver a la posición anterior —primero de Prieto y luego de Llopis—, que era mucho más flexible.

Hay que reconocer que el PSOE le dio un cierto margen al monarca y que, más allá del indulto concedido y de algún nombramiento grato a la oposición, como el de Areilza, las primeras impresiones no fueron nada buenas. A los pocos días del comienzo del reinado, El Socialista titulaba en portada: «Una prueba para el rey». El PSOE había intentado tributar un homenaje a Pablo Iglesias en el Cementerio Civil de Madrid con motivo del quincuagésimo aniversario de su muerte, que le iba a servir para calibrar hasta qué punto se estaba produciendo un cambio de verdad en la política nacional. Como piedra de toque de la nueva situación, el resultado no pudo ser más desalentador. La policía cargó sin contemplaciones contra los congregados, que salieron de allí con una deprimente sensación de déjà vu: un grupo de socialistas intentando celebrar un acto pacífico y la policía dando palos, como en vida de Franco. La imposibilidad de llevar a cabo el homenaje a Pablo Iglesias era para el PSOE «una prueba exacta de las intenciones del rey».[19]

Pese a esos malos augurios, el Gobierno puso en marcha un proceso reformista que debía llevar supuestamente a una monarquía parlamentaria. El alcance de esa futura democracia —«democracia a la española», la llamaba Arias Navarro, lo que ciertamente no aumentaba el prestigio de la operación— era una gran incógnita. El ejecutivo estaba dividido entre un sector continuista encabezado por su presidente y un grupo de ministros con planes más o menos democratizadores. Tampoco se puede decir que estos últimos formaran un bloque cohesionado. Al contrario. Sus proyectos y sus plazos de ejecución presentaban diferencias significativas, agravadas por una incompatibilidad insalvable entre sus ambiciones personales. Conscientes de que Arias estaba sentenciado, cada uno desarrollaba su propia actuación ministerial pensando tanto en hacer méritos para el día decisivo —el cese de Arias y el nombramiento de su sucesor— como en guardarse algunas bazas para cuando llegara el momento de dirigir personalmente la Transición.

Los dos principales candidatos a encabezar el segundo gobierno de la monarquía eran Manuel Fraga y José María de Areilza. Sus planes respondían a un objetivo similar: llegar a una monarquía liberal de tipo canovista que hiciera posible un turno pacífico derecha/izquierda. Ahora bien, ¿qué izquierda se prestaría a entrar en ese juego sin garantías de una democratización completa? Los dos ministros mantuvieron reuniones con representantes del PSOE para exponerles sus proyectos y conocer su posición. Areilza lo hizo, como acabamos de ver, antes incluso de su nombramiento; Fraga, cinco meses después de la muerte de Franco, en la noche del 30 de abril de 1976, víspera de un 1º de Mayo que se anunciaba caliente. La escena tuvo lugar en casa de Miguel Boyer, en una cena a la que asistieron Felipe González y Luis Gómez Llorente y en la que el flamante —y efímero— ministro de Gobernación expuso sus planes sin atender a razones. Cuando González criticó el planteamiento excesivamente restrictivo de su interlocutor, Fraga cortó por lo sano: «Yo soy el poder y usted no es nada». Esa al menos es la versión socialista de aquel encuentro.[20] Para el político gallego, por el contrario, la conversación se desarrolló en un tono correcto, solo alterado cuando afirmó que entre los puntos innegociables de su propuesta estaba la monarquía. Hay que suponer, si damos por bueno el relato de Fraga, que al oír esto último los socialistas pusieron el grito en el cielo.

Más distendida, incluso «simpática», según él, resultó la cena que había tenido con Enrique Tierno Galván poco después de ser nombrado ministro.21 Influyó la cordial relación que mantenían desde hacía años en el ámbito académico como catedráticos de la misma especialidad, lo que explica el insólito tuteo entre ellos, pero también el interés de Fraga en dispensar un trato de favor al socialismo minoritario para empujar al PSOE a posiciones más receptivas hacia la reforma gubernamental. Tanto Fraga y Areilza en sus respectivas memorias como Torcuato Fernández-Miranda en sus conversaciones de la época[21] dan a entender que para ellos el pleito socialista estaba claro desde el primer momento: el futuro pertenecía al grupo de Felipe González. Conviene tener en cuenta, sin embargo, que sus clarividentes testimonios se formularon —en el caso de Torcuato, por boca de su sobrino— después de que el PSOE renovado barriera electoralmente a sus competidores. En los primeros meses de 1976, la cuestión distaba mucho de estar resuelta y prueba de ello es la pregunta que de forma recurrente tenía que contestar Areilza en sus visitas a las principales capitales europeas. El primer ministro británico, el laborista Harold Wilson, se la hizo casi a bocajarro: «¿Quién diría usted que es mejor de los tres de cara a unas elecciones?». Aunque la terna incluía a Rodolfo Llopis, en la mayoría de los casos el dilema se reducía a «Galván», como le llamaba Wilson, y Felipe González. Areilza se decantaba —no hace falta decirlo— por este último.[22]

Pero las opciones seguían muy abiertas, tal como se observa en el ranking de «25 políticos para el futuro» que en mayo de 1976 publicó, por quinto año consecutivo, el semanario La Actualidad Española. La lista, formada a partir de los votos de un selecto grupo de personas consultadas, la encabezaban Manuel Fraga Iribarne y Federico Silva Muñoz con 28 votos, seguidos por Manuel Cantarero del Castillo con 21 y Areilza y Felipe González con 20. Entre los restantes, Tierno Galván figuraba empatado a 17 con Luis María Anson y Raúl Morodo. Más abajo, con 12 votos, rodeados de políticos democristianos, aparecían Adolfo Suárez y Marcelino Camacho.[23] El primero sería nombrado presidente del Gobierno dos meses después y el segundo excusó su asistencia a la gala del semanario por encontrarse en la cárcel. La estrella del acto fue Manuel Fraga, que se mostró exultante, incluso condescendiente con la oposición. Hay que decir que, como ejercicio de videncia política, el ranking de La Actualidad Española no dio una. Fraga, el gran triunfador, estaba viviendo, sin saberlo, sus últimos días como miembro de un gobierno, y Cantarero fracasó estrepitosamente en las primeras elecciones generales. La mayoría de estos «25 políticos para el futuro» tuvo que conformarse, en el mejor de los casos, con un papel secundario.

Todo eran cábalas en la primavera de 1976 y algunas tenían que ver con el liderazgo de la izquierda. La información reunida entonces por los servicios de inteligencia —el SECED creado en tiempos de Carrero— muestra el interés de las altas instancias por conocer las perspectivas de futuro en el campo socialista, pero también la enorme confusión reinante. Llama la atención, como en la encuesta de La Actualidad Española, la importancia concedida a Cantarero del Castillo, que intentaba en ese momento aliarse con el PSOE de Llopis «de cara al entronque con la Internacional Socialista» y negociar con diversos grupos socialdemócratas, como los de García López y Fernández Ordóñez, para ensanchar su base, formada en su mayor parte, según el SECED, por antiguos miembros del Frente de Juventudes. No es de extrañar que García López y Fernández Ordóñez no quisieran saber nada del grupo de Cantarero. Otras fuentes consultadas mostraron un mejor conocimiento de la situación real del socialismo español y de sus verdaderos líderes. Destaca sobre todo el testimonio ofrecido por Emilio Sanz Hurtado en un almuerzo con tres agentes del SECED que tuvo lugar el 8 de junio de 1976. Empresario del sector petrolífero y antiguo miembro de la ASU, Sanz conocía bien las interioridades del PSOE renovado y apostaba por él como la fuerza del futuro y por Felipe González como el hombre del momento. Ni el PSP, del que salvaba a Tierno, ni desde luego la RSE de Cantarero tenían opciones reales. Uno de los agentes del SECED presentes en la comida comentó que había visitado cuatro despachos vinculados al PSOE renovado y le había impresionado el enorme despliegue de personal y de medios, que indicaba abundante financiación y una actividad frenética con vistas a lo que se avecinaba. En aquella comida, se planteó la conveniencia de entrar en contacto «cuanto antes» con la dirección del PSOE.[24]

No parece, sin embargo, que ese fuera el origen de la reunión celebrada unas semanas después, probablemente en julio, por un alto cargo del SECED, Andrés Cassinello, con Felipe González y Alfonso Guerra en la habitación 404 del Hotel Meliá Princesa de Madrid. Fue un encuentro marcado inicialmente por la tensión —Cassinello y su acompañante empezaron por dejar sus pistolas encima de una mesa, bien a la vista—, pero que discurrió poco a poco hacia un ambiente de cierta confianza y terminó con una insólita petición de Cassinello a los dirigentes socialistas: que examinaran un documento reservado elaborado por el SECED y le dieran su opinión. Era un informe sobre un partido de extrema izquierda, el PC (ml), basado en recortes de prensa, una auténtica chapuza sin mayor interés ni originalidad. De la lectura de aquel refrito de los servicios de inteligencia Alfonso Guerra sacó una impresión penosa, pero aleccionadora, sobre la extrema debilidad de las estructuras del Estado heredado de la dictadura.[25]

El promotor de aquel encuentro había sido el nuevo presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, que tenía en Cassinello a uno de sus hombres de confianza. La situación de Arias se había hecho insostenible desde que el rey, en unas declaraciones a la revista Newsweek, había calificado su gestión de «desastre sin paliativos» —unmitigated disaster—. Su dimisión, forzada por el monarca, puso en marcha el proceso previsto para el nombramiento del presidente del Gobierno, que habría de salir de una terna propuesta por el Consejo del Reino. La habilidad de Fernández-Miranda, presidente del Consejo, permitió que en ella figurara la persona elegida previamente por don Juan Carlos. De ahí sus palabras al abandonar el palacio de las Cortes, sede del Consejo del Reino: «Estoy en condiciones de llevar al rey lo que me ha pedido». Ese mismo día, 3 de julio de 1976, pasadas las siete de la tarde, se hacía público el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno.

La reacción del PSOE fue más mesurada que la de otros sectores de la oposición, convencidos de que la elección de Suárez frente a su favorito, José María de Areilza —que, dicho sea de paso, nunca tuvo ninguna posibilidad—, representaba una involución de graves consecuencias en el proceso iniciado tras la muerte de Franco. El Socialista vio la caída de Arias Navarro como un hecho inevitable y advirtió de la trascendencia del momento sin prejuzgar la capacidad del nuevo presidente para llevar a cabo una tarea ineludible: negociar con la oposición y desmantelar la dictadura. Más aún: el órgano del PSOE apreciaba en Suárez cualidades positivas para el desempeño de una labor democratizadora, desde su bajo perfil político y su relativa juventud hasta su condición de exministro del Movimiento, porque el conocimiento directo de los resortes del régimen podía hacer de él «un buen arquitecto» para derribar esas mismas instituciones. La acogida que le dispensó El Socialista fue, como se ve, relativamente favorable en comparación con la de periódicos, partidos y personalidades políticas en apariencia más próximos a Suárez y que, sin embargo, como Ricardo de la Cierva en su célebre «¡Qué error, qué inmenso error!», se apresuraron a desahuciar al nuevo presidente. El editorial de El Socialista terminaba en todo caso con una clara advertencia a la corona, a la que se atribuía, con razón, el origen y el desenlace de la crisis de gobierno. Si aquello salía mal, la siguiente crisis no afectaría solo al ejecutivo recién nombrado. Sería una crisis «de régimen» que tendría graves consecuencias para la monarquía.[26]

El PSOE y la constitucionalización de la monarquía

Pasados unos días, el Partido Socialista se mostró decepcionado por la falta de concreción de la política anunciada por Adolfo Suárez, como su promesa de celebrar elecciones antes del 30 de junio de 1977, tan vaga e inconsistente, según los socialistas, como otras similares del gobierno anterior.[27] Pero pronto se hizo evidente el cambio de talante y de intenciones de Suárez y su equipo, empezando por su acercamiento a las fuerzas más representativas de la oposición, con las que el presidente mantuvo numerosos encuentros a lo largo de aquel verano.

El socialismo en sus diversas versiones ocupó, junto a la democracia cristiana, una buena parte de la agenda presidencial. Su primera reunión con un responsable del PSOE, Luis Gómez Llorente, se produjo el 14 de julio, once días después de su designación. El 3 de agosto se reunía con Raúl Morodo, dirigente del PSP; el día 10 con Felipe González; el 11 con el socialista catalán Josep Pallach; el 2 de septiembre de nuevo con Felipe, y dos días después con Tierno Galván. Tras esta ronda de conversaciones, Suárez tenía ya una idea relativamente clara de la situación del socialismo español y una primera impresión personal sobre Felipe González, formada en una entrevista secreta, la del 10 de agosto, que tuvo lugar en casa de Joaquín Abril Martorell y de la que la prensa informó inmediatamente. La conversación, declaró el dirigente socialista, había sido «bastante cordial».[28] «Se caen de cine», escribió Carmen Díez de Rivera, estrecha colaboradora del presidente, al consignar en su diario aquel primer encuentro entre Adolfo y Felipe: «No me extraña —añadió—. Son muy parecidos».[29] Alfonso Guerra será si cabe más rotundo: «Quedaron fascinados el uno del otro».[30]

Ello no impidió que las dos partes mantuvieran sus posiciones de partida —el Gobierno, la reforma; el PSOE, la «ruptura democrática»— y que de vez en cuando surgieran desencuentros de alguna gravedad, como el suscitado a cuenta del XXVII Congreso de un PSOE todavía ilegal, previsto para noviembre, que debía ser el primero que se celebrara en España desde la Guerra Civil. El Gobierno, situado entre la espada y la pared —el búnker y la oposición—, quiso apuntarse un tanto ante la derecha prohibiendo el congreso. El PSOE amenazó con trasladarlo a Francia y convertirlo en arma arrojadiza contra la política de Suárez, que contraatacó con la posibilidad de legalizar de inmediato al PSOE histórico y dejar al sector renovado en un limbo legal mientras sus rivales ganaban implantación e influencia a su costa. Al final, el congreso se celebró en Madrid un mes después de lo previsto con autorización gubernamental y en medio de una gran expectación.[31] Este tira y afloja se repitió en otras fases de la Transición, pero con el PCE, ya legalizado, como cebo político para sacar a los socialistas de su intransigencia y atraerlos hacia una mayor colaboración con el gobierno.

Pese a sus frecuentes contactos con el mundo oficial, el PSOE no había arriado la bandera del izquierdismo, ya fuera por convicción o por táctica. De creer en las palabras que Nicolás Franco pone en boca de Felipe González en la reunión que mantuvieron en París el año anterior —«la socialdemocracia somos nosotros»— habría que pensar que la evolución moderada del PSOE estaba trazada desde el principio.[32] El hecho es que el XXVII Congreso fue una auténtica exhibición de fuerza, con las grandes figuras de la Internacional Socialista —Willy Brandt, François Mitterrand, Pietro Nenni, Michael Foot, Olof Palme— volcadas en apoyo de Felipe y los suyos. El respaldo de la socialdemocracia europea contrasta, sin embargo, con el tono de la resolución política aprobada, «la más radical de toda la historia del PSOE», convertido —dirá años después un dirigente socialista— en «el partido más a la izquierda de todos los que había en Europa».[33] El congreso vivió un momento entre tenso y emotivo en la sesión de clausura, cuando al comienzo de la intervención de Felipe González un joven salió de entre el público ondeando una bandera republicana entre el entusiasmo de los asistentes, que corearon en pie el grito de «¡España, mañana, será republicana!». Felipe levantó el puño sin sumarse al clamor de sus correligionarios, mientras en la mesa presidencial, donde era patente la tensión, alguien —parece que Enrique Múgica—[34] se puso en pie y empezó a cantar «La Internacional». Los primeros compases, secundados por el resto de la mesa, consiguieron que el público cambiara, unánime, sus gritos republicanos por la letra del viejo himno del movimiento obrero, entonado de nuevo, con toda solemnidad, cuando el presidente del congreso, Gregorio Peces-Barba, lo declaró clausurado a las tres y veinte de la tarde del 8 de diciembre de 1976.[35]

Un asistente al acto, Joaquín Leguina, recién incorporado al partido, como Alfredo Pérez Rubalcaba, Jaime Lissavetzky, Enrique Barón y otros miembros de Convergencia Socialista de Madrid, tuvo la impresión de que la escena de la bandera no le hacía ninguna gracia a Felipe González, consciente ya entonces de que la Transición acabaría en una «democracia coronada».[36] Es muy posible que así fuera, teniendo en cuenta su reacción instintiva de mantener la boca cerrada cuando el grito de «¡España, mañana, será republicana!» resonaba como una sola voz en la gran sala del Hotel Meliá Castilla, mientras el joven abanderado republicano, futuro director general de la Administración felipista, avanzaba hacia el estrado.[37] Pero el PSOE había optado por un programa netamente de izquierdas, y esa radicalidad política, que tenía no poco de izquierdismo de salón, encontraba terreno abonado en el debate sobre la forma de gobierno. Reivindicar la república permitía reforzar el vínculo sentimental con la militancia y pescar en las revueltas aguas de la izquierda no socialista, ricas en cuadros y acaso en votos. La baza republicana de un socialismo homologado en Europa obligaba además a la corona a dar muestras inequívocas de su voluntad democrática. Solo de esa forma, liderando el cambio de régimen, podría contar algún día con la colaboración de una fuerza política imprescindible para la consolidación de una monarquía parlamentaria de tipo europeo. El envite era muy claro: o la corona traía la democracia o vendría la república. Es lo que se desprende, sin citar a esta última, de un contundente editorial de El Socialista titulado «La crisis de la dictadura: ¿Crisis de la monarquía?».[38]

El avance en el proceso democratizador y el éxito de Suárez en el referéndum de la Ley para la Reforma Política, pese a la llamada a la abstención por parte de la izquierda, fueron suavizando la postura del PSOE. A principios de 1977, Felipe González y Alfonso Guerra publicaban un libro divulgativo, muy propio de aquella época de aprendizaje político acelerado, sobre el programa y las aspiraciones del Partido Socialista. La principal de ellas, y la más inmediata, no podía ser otra que la consecución de la democracia, mientras que «el tema monarquía-república» no se consideraba en aquel momento «prioritario». Si la monarquía se sometía a un plebiscito y el pueblo la apoyaba, los socialistas aceptarían la decisión popular, sin convertirse por ello en monárquicos. El futuro de la institución, en todo caso, dependía del compromiso que el rey asumiera en el cambio político. No solo debía aceptar la evolución del país hacia la democracia. Tenía que impulsarla y acelerarla. Solo así se ganaría el derecho a tener un futuro.[39]

No es que don Juan Carlos interviniera directamente en las grandes reformas en marcha, pero su apoyo al Gobierno, y en particular a su presidente, resultaba imprescindible para el éxito de un proceso que entraba en su fase decisiva, con las elecciones generales cada vez más cerca. La legalización por sorpresa del PCE el Sábado Santo de 1977 había obligado a la corona a emplearse a fondo para neutralizar la reacción de fuerzas muy poderosas contrarias a una democratización plena. Aquella arriesgada decisión de Suárez puso de manifiesto que la Transición se atrevía con todo; también con ciertos tabúes históricos. Si Adolfo Suárez, presidente del Gobierno y exministro del Movimiento, y Santiago Carrillo, secretario general de un PCE todavía ilegal, habían dialogado civilizadamente durante horas, en una reunión secreta celebrada en enero, qué menos que el rey acabara recibiendo en palacio al líder del Partido Socialista después de su legalización.

La entrevista tuvo lugar en La Zarzuela el 20 de mayo de 1977, a menos de un mes de las primeras elecciones democráticas y unos días después de que El Socialista saludara como un hecho lógico y necesario la renuncia por don Juan a sus derechos dinásticos en beneficio de su hijo: «El reformismo de La Zarzuela queda así, desde el sábado pasado, legitimado por el tradicional rupturismo de Estoril».[40] El razonamiento era algo extraño, pero el mensaje estaba claro: aquel acto facilitaba un poco más el acercamiento entre la corona, investida de una nueva legitimidad, y el Partido Socialista. Todo tendía pues hacia una normalización institucional que debía llevar tarde o temprano al primer encuentro, en la historia casi centenaria del PSOE, entre un líder socialista y un rey de España.

Felipe González acudió acompañado de Javier Solana, que ya conocía a don Juan Carlos, quien, al poco de empezar la entrevista, inquirió al líder del PSOE por los principios republicanos de su partido. Hay varias versiones de la pregunta, pero la que más se ajusta al estilo del monarca es la que, según José Luis de Vilallonga, le contó el interpelado: «Bueno, y vosotros ¿por qué sois republicanos?».[41] Felipe, que debía de llevar la respuesta preparada, se descolgó con una hermosa historia con final feliz, que él contó con mucha gracia, porque «como buen andaluz», dirá el rey al recordar aquella escena, «sabe contar muy bien las cosas».[42] El relato podía haber empezado con un «érase una vez», como los cuentos infantiles. Ocurrió en Suecia en los años treinta, durante el reinado del buen y venerable rey Gustavo V. La socialdemocracia sueca, de larga tradición republicana, acababa de ganar las elecciones y su líder, P. A. Hansson, se disponía a formar gobierno. Como su republicanismo podía crear un conflicto institucional, el monarca le propuso un trato: que aceptara gobernar bajo la monarquía durante un año como si tal cosa, dejando a un lado sus convicciones republicanas, y al vencer ese plazo hacer balance. Pasado el año que se habían dado, ninguno de los dos volvió a hablar del asunto. Los socialistas siguieron gobernando y el rey mantuvo su apoyo al ejecutivo, como no podía ser de otra forma. Juan Carlos I escuchó atentamente la historia y esbozó una sonrisa o soltó una carcajada, según las distintas versiones de aquel episodio.[43] Lo que no le dijo Felipe, porque no era algo que incumbiera a la corona, es que, después de aquella primera experiencia de gobierno bajo la monarquía, en las siguientes elecciones los socialistas suecos ampliaron su mayoría parlamentaria y acabaron encadenando cuarenta y cuatro años seguidos en el poder. La anécdota, oída seguramente de labios de Olof Palme, no podía ser más halagüeña para el socialismo español.

Se había roto el hielo. Ayudaron mucho el olfato político y las ganas de aprender del monarca, la capacidad pedagógica de Felipe González y sobre todo la afinidad generacional, acaso la única que había entre ellos. Así se lo dijo a sus colaboradores cuando regresó de la entrevista y le preguntaron ansiosos cómo era y qué pensaba el rey: «Es un hombre de nuestra edad; lo esencial es que es de nuestra generación».[44] Lo mismo dirá de él don Juan Carlos: «Era un hombre de mi edad».[45] Por lo demás, próximas ya las elecciones, convocadas para el 15 de junio, el futuro de unos y otros empezaba a esclarecerse. Las encuestas auguraban un apoyo mayoritario a UCD y al PSOE renovado, un resultado decepcionante para fuerzas políticas con grandes pretensiones, como AP de Fraga, la democracia cristiana de Ruiz-Giménez y el PCE de Carrillo, y el descalabro de partidos que habían llegado a tener cierto protagonismo político, como el PSOE histórico de Rodolfo Llopis y la RSE de Cantarero del Castillo —el tercero en el ranking de «25 políticos para el futuro» del año anterior—. Diez días antes del 15-J, una encuesta realizada para La Moncloa otorgaba 147 escaños a UCD, 91 al PSOE y 46 a AP, a la que habían pertenecido cerca de doscientos procuradores de las últimas Cortes franquistas. Las urnas estaban a punto de poner a cada cual en su sitio. Muy por debajo se encontraban el PCE y el PSP de Tierno Galván, empatados con catorce escaños, y hundidos en la tabla el Equipo Demócrata-Cristiano de Ruiz-Giménez, con once, y el PSOE histórico con tres. Ni uno ni otro obtuvieron finalmente representación. Aunque la encuesta no reflejaba del todo el apoyo que iba a tener el PSOE renovado y sobreestimó las posibilidades de AP, las tendencias electorales eran correctas, lo mismo que la conclusión a la que llegaron los analistas que trabajaban para La Moncloa: el PSOE —ya no hacía falta decir cuál— era «el enemigo a batir».[46]

Con Felipe González a la cabeza, el socialismo renovado estaba en condiciones de vencer claramente a sus rivales en la batalla electoral de la izquierda. ¿Podía soñar con ganar las elecciones? El rey llegó a pensarlo. Días antes del 15-J, recibió en audiencia a varios altos cargos de Gobernación, y con cierto misterio se llevó al subsecretario, Eduardo Navarro, a un pequeño despacho para hablar a solas con él. Una vez allí, le pidió su opinión sobre el resultado de las elecciones. Estrecho colaborador de Suárez, Navarro le contestó que esperaba una mayoría ajustada de UCD, seguida muy de cerca por el PSOE, sin que pudiera descartarse una victoria socialista: «El rey me miró de un modo particular y me dijo: “Cuéntaselo al presidente. Él cree que es preciso ayudar al PSOE para que salga”». De regreso a Gobernación, Navarro recibió la llamada de Suárez, al corriente de lo sucedido: «¿Qué le has dicho al rey?». Le contó lo que habían hablado sobre las elecciones y el presidente le contestó que estaba «absolutamente equivocado» y que era preciso prestar al PSOE una «ayuda importante si queremos que constituya un partido de la oposición con una representación razonable».[47]

¿Suárez apoyando al Partido Socialista y poniendo en riesgo la victoria de UCD? En realidad, el juego que se traía entre manos era aún más complicado, porque mientras por un lado ayudaba al PSOE, por ejemplo, en sus difíciles relaciones con la banca,[48] por otro, favorecía al PSP para restarle votos.[49] La cuadratura del círculo que buscaba el presidente consistía en contribuir al éxito del PSOE, a costa del PCE, en la reñida batalla de la izquierda y, al mismo tiempo, conseguir que el PSP de Tierno privara al PSOE de los votos necesarios para derrotar a UCD. El rey pensó que Suárez estaba jugando con fuego, y de ahí su comentario a Eduardo Navarro. No es que pretendiera reeditar los «obstáculos tradicionales» que sus antecesores en el trono habían utilizado para impedir la subida de la izquierda al poder. Simplemente creía que al PSOE aún no le había llegado su turno, que la consolidación de la monarquía requería un periodo de gobierno centrista y que los juegos malabares de Suárez podían dar al traste con todo aquello. Este pequeño desencuentro no alteró, sin embargo, la excelente relación que mantenían por entonces don Juan Carlos y Adolfo Suárez, aunque al rey pudiera desconcertarle a veces la afición de su presidente a las emociones fuertes.

El resultado del 15-J afianzó a Suárez al frente del ejecutivo y consagró a González como líder de la oposición. La coalición gubernamental, UCD, obtuvo 166 escaños, y el PSOE, 118, casi cien por encima del PCE, convertido en la tercera fuerza política. Nueve días después, los representantes de los principales partidos, investidos ya de la legitimidad electoral, asistían a la recepción celebrada en el Palacio de Oriente con motivo de la onomástica del rey. Entre el millar de invitados había un poco de todo, pero llamaron la atención la mezcla entre la vieja casta franquista —incluida la viuda de Franco— y la nueva clase política y la curiosidad con la que la izquierda fue recibida en palacio por los asiduos a este tipo de festejos. «Felipe y Carrillo fueron las personalidades que más querían conocer las damas de la aristocracia», recordará años después Eduardo Navarro, falangista de toda la vida y siempre cáustico observador de la realidad política. Un amigo común le presentó al líder del PSOE: «No pude evitar un movimiento de simpatía hacia Felipe. Por su presencia y su modo de hablar, era la viva estampa de la generación que me seguía, más desenfadada, decidida y alegre que nosotros».[50] La democracia empezaba a imponer unos nuevos usos de convivencia, incluso en el marco, nada propicio, del Palacio de Oriente.

La inauguración oficial de las nuevas Cortes, en sesión conjunta del Congreso y del Senado, tuvo lugar el 22 de julio, en un acto solemne presidido por el rey, vestido con el uniforme de gala de capitán general del Ejército. Fue muy comentado el hecho de que el grupo socialista recibiera al monarca en pie, pero en silencio, frente al aplauso que le tributaron los demás grupos presentes en el hemiciclo. «La democracia ha comenzado», declaró Juan Carlos I en su primer discurso como «monarca constitucional» —tales fueron sus palabras—. Su intervención mereció, esta vez sí, el aplauso de todos, también de los parlamentarios del PSOE, aunque su reacción al discurso de la corona fue la menos entusiasta. Gregorio Peces-Barba lo consideró «integrador», mientras que Alfonso Guerra justificó el silencio inicial de los socialistas y Felipe González se retiró sin hacer declaraciones. Por el contrario, Dolores Ibárruri reconoció que había «aplaudido mucho» y calificó el acto de «maravilloso». A Santiago Carrillo, la intervención del monarca le pareció «muy bien».[51]

Las diferencias entre los dos grandes partidos de la izquierda se mantuvieron durante toda la Transición, como si hubieran decidido, por algún extraño motivo, intercambiar sus papeles: el PCE, dando todos los días lecciones de responsabilidad y moderación; el PSOE tensando de vez en cuando la cuerda y apretándole las clavijas al gobierno. Lo había señalado ya, poco antes del 15-J, el órgano del partido al comentar unas declaraciones de Carrillo en las que el líder del PCE dejaba abierta la posibilidad de que los comunistas entraran en un gobierno de coalición con Suárez: «El suarismo ya tiene su dócil y rojigualda izquierda para gobernar», afirmó El Socialista, en referencia a la supuesta sumisión del PCE al orden establecido y a su aceptación de la bandera bicolor.[52] Con la monarquía pasaba lo mismo, porque mientras los comunistas la asumían sin mayor problema, con los socialistas todo eran ambigüedades y remilgos.

¿Cuánto tiempo aguantaría el PSOE esta situación? Felipe González llegó a postular una «monarquía de republicanos» como forma de preservar la identidad socialista sin provocar un conflicto institucional que a nadie le interesaba.[53] Pasadas las elecciones, el catedrático de filosofía y militante del partido Elías Díaz decidió romper una lanza a favor de la «democracia coronada» y calificó de «sinsentido» y «despropósito de primer orden» plantear una «imposible restauración republicana». Lo importante era consolidar el sistema democrático. Empecinarse en mantener la adhesión a la república causaba un grave perjuicio al proceso democratizador y exponía al partido a los ataques de la derecha. En vez de crear falsos problemas había que abordar los realmente existentes sin distraerse en quimeras irrealizables y absurdas.[54]

La polémica estaba servida y el periódico del partido optó por dar ancho cauce a todo tipo de opiniones. El influyente periodista monárquico José Mario Armero, invitado a expresar su punto de vista, se declaró partidario de que el PSOE antepusiera, en aras de la democracia, su «tradicional pragmatismo» a su «republicanismo estético».[55] Mucho más ambiguo se mostró el senador y veterano socialista José Prat. Su apelación a la reciente experiencia histórica —una república breve y una dictadura larga— apuntaba a la superación de viejos dogmas políticos de efectos divisorios en la convivencia nacional y a la búsqueda de soluciones pacíficas ante las discrepancias que pudieran surgir. Don José no era todavía el incondicional de la monarquía juancarlista que sería unos años después —una auténtica «república coronada», según sus palabras—, pero daba la impresión de que su republicanismo estaba perdiendo fuelle.[56] Fue una excepción, porque entre las respuestas al artículo de Elías Díaz predominó la creencia de que socialismo y república eran inseparables. Se podía, en opinión de un colaborador de El Socialista, aceptar la monarquía desde la «perspectiva fatalista» del momento político que estaba viviendo el país, pero asumirla de forma definitiva le otorgaría un poder que acabaría interponiéndose en el camino hacia la plena «hegemonía de la clase trabajadora». Renegar de la república podía ser el primer paso en la renuncia al socialismo.[57]

El debate sobre la monarquía anticipa el que provocó dos años después la propuesta de Felipe González de abandonar el marxismo. Una cosa llevaría a la otra a lo largo de un proceso durante el cual el PSOE tendría que definirse tarde o temprano sobre la forma de gobierno. La elaboración en las Cortes de la futura Constitución sería el umbral histórico que determinaría la vigencia o no de la identidad republicana del partido. Alguna pista dio Felipe González, en pleno debate constitucional, cuando afirmó en una entrevista que el rey había «coadyuvado seriamente al proceso de transformación democrática», para, a continuación, matizar que la postura del PSOE hacia la corona no era «beligerante», sino «simplemente definitoria».[58] En realidad, lo único que aclaraban sus palabras es que los socialistas andaban en busca de un difícil equilibrio entre sus sentimientos y sus intereses, entre la ética de las convicciones y la ética de las responsabilidades, según el célebre dilema de Max Weber. De momento, se imponía una solución «definitoria», por utilizar la expresión de González, que fijara la posición histórica del PSOE sin condicionar su actuación futura.

Fue el canto del cisne del republicanismo socialista, plasmado de manera testimonial en dos votos particulares al anteproyecto de Constitución. Por el primero de ellos se solicitaba la supresión del artículo 1.3, que definía la forma de gobierno como una monarquía parlamentaria; el segundo proponía que la Jefatura del Estado correspondiera a un presidente de la República elegido por las Cortes y por una representación de las distintas autonomías. La segunda propuesta llevaba implícita por tanto la instauración de una república. Dos meses después, en marzo de 1978, el rey aprovechó un acto público para hacer un aparte con Felipe González y sondearle sobre las razones que habían llevado al PSOE a mantener una postura tan ambigua. El deseo del monarca —así se lo trasladó a Felipe— era que, pasara lo que pasara, el Partido Socialista participara hasta el final en el proceso constituyente.[59]

El criterio del PSOE fue expuesto el 11 de mayo, en la Comisión Constitucional, por Luis Gómez Llorente, encargado de leer en nombre de su grupo parlamentario un discurso «por el que —anunció el orador antes de dar lectura al texto— defendemos la república como forma de gobierno». El alegato socialista empezaba con una doble crítica a la monarquía por el carácter antidemocrático del principio dinástico y al PCE —sin citarlo— por su adhesión, tan entusiasta como repentina, a la corona y sus símbolos. Gómez Llorente reconoció que el socialismo y la monarquía podían convivir sin problemas «cuando esta institución cumple con el más escrupuloso respeto a la soberanía popular». Así lo demostraba la experiencia de otros países. No obstante, por honradez, coherencia y lealtad, el PSOE se sentía obligado a mantener aquellos principios en los que había descansado desde sus orígenes la credibilidad del partido fundado por Pablo Iglesias. La república era para los socialistas la forma más racional y democrática de organización del Estado y la más respetuosa con el derecho de las generaciones venideras a elegir a sus representantes. Esa «gran pasión por la libertad» que es el socialismo —prosiguió el orador— entronca con una vieja y sincera tradición liberal que había entrado en conflicto con el régimen de la Restauración. De ahí, y sobre todo de la imposible democratización de la monarquía a partir de 1917, vendría el compromiso del PSOE con la república como única posibilidad de alcanzar una verdadera democracia. No era el caso, sin embargo, de la España de 1978, en la que el Partido Socialista abrigaba «razonables esperanzas» de que la corona se integrara como un mecanismo más en los engranajes de la Constitución democrática que habría de regir los destinos del pueblo español. Por eso, los socialistas, tras recordar sus orígenes y sus principios, se comprometían a respetar tanto el parecer del Parlamento sobre el proyecto constitucional como la voluntad del pueblo cuando fuera llamado a refrendarlo en las urnas.[60] En suma: el PSOE no hacía cuestión de principio de la forma de gobierno, pero planteaba una suerte de cláusula de conciencia que resultaba más llamativa por contraste con el laissez-faire, laissez-passer de los comunistas en esta delicada cuestión. El planteamiento de los socialistas suponía en el fondo una gran tautología política: aceptarían lo que dijera el pueblo, pero la voluntad popular expresada en un referéndum dependería en parte —tal vez en gran parte— de la actitud del Partido Socialista; luego la validación democrática de la monarquía constitucional estaba en última instancia en sus manos, tanto dentro como fuera de las Cortes.

El PSOE siguió soltando lastre. Se abstuvo al votarse el artículo 1.3 del anteproyecto —«La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria»—, pero votó a favor del Título II referido a la corona. Ya en el pleno del Congreso, sus diputados respaldaron el texto constitucional en su totalidad, como hicieron luego los senadores del partido. Llegado el momento del referéndum, los socialistas se esforzaron por que la nueva Constitución tuviera el máximo apoyo popular. Doblemente legitimada por un Parlamento democrático y por el pueblo soberano, lo que no había ocurrido con ninguna otra —incluida la de 1931—, la Constitución de 1978 hizo honor al espíritu de «consenso» con el que fue concebida. El protagonismo de la propia palabra, apenas utilizada hasta entonces en el lenguaje político español, demuestra hasta qué punto el pacto constitucional respondía a una aspiración profundamente sentida por la clase política de la Transición, consciente de la necesidad de superar el maximalismo de otros tiempos. No faltaban quienes hubieran advertido ya en su día del peligro de jugar políticamente a todo o nada. Persona tan poco sospechosa como el presidente de la Segunda República, don Manuel Azaña, escribió en plena Guerra Civil sobre la incapacidad de los españoles para «levantar por asenso común un Estado dentro del cual puedan vivir todos, respetándose y respetándolo».[61] La izquierda había llegado a la Transición con la lección bien aprendida. Los socialistas podían dar rienda suelta en ocasiones señaladas a sus sentimientos republicanos —un lujo fuera del alcance de los comunistas—, pero no hasta el punto de poner en peligro el proceso democrático. Lo habían anunciado ya en el discurso leído por Gómez Llorente: «Facilitaremos el máximo consenso a una Constitución que ha de cerrar cuanto antes este periodo de la Transición y abrir el camino a nuevas etapas de progreso».[62]

Pudo haber oportunismo en la defensa de una causa perdida que tal vez apoyaron, como se les reprochó entonces, precisamente por saberla perdida de antemano. Pero su postura fue coherente con la de aquellos veteranos dirigentes del exilio —Largo Caballero, Indalecio Prieto, Luis Jiménez de Asúa, Luis Araquistáin— que se habían declarado partidarios de poner la libertad por encima de cualquier ideal o compromiso del pasado. ¿No habían sido los propios socialistas, sobre todo los caballeristas —por no hablar de los comunistas y los anarquistas—, los que tacharon de burgués al régimen nacido el 14 de abril de 1931? Frente a una república burguesa, una monarquía de todos: tal era la novedosa fórmula por la que finalmente apostaron los socialistas españoles en 1978.

«Por primera vez», declaró Felipe González, «la monarquía parlamentaria se asienta en un referéndum por el que han combatido las fuerzas progresistas».[63] Aquella consulta equivalía, según los socialistas, al plebiscito sobre la forma de gobierno por el que tanto habían luchado en el exilio y a la ruptura defendida por el partido frente al franquismo. Por eso, El Socialista pudo titular en su número del 10 de diciembre: «Se ha producido la ruptura», y en grandes caracteres, a toda página: «¡Viva la Constitución!».[64] Dos días después, el monarca recibía en La Zarzuela a la Comisión Ejecutiva del PSOE en una audiencia que duró casi una hora. Era la primera vez de muchas cosas, y en los noventa y nueve años de historia del partido nunca se había visto a su ejecutiva visitando al rey en palacio. Felipe González le agradeció su contribución al éxito de la Transición y don Juan Carlos mostró su reconocimiento al PSOE por su papel durante el proceso constituyente y le instó, junto a las demás fuerzas políticas, a seguir trabajando por el bien de España.[65]

Ni Marx ni Suárez

El referéndum constitucional del 6 de diciembre cerró la etapa del consenso. A partir de ahí, cada uno debía seguir su propio camino, especialmente cuando en apenas unos meses se iban a celebrar unas nuevas elecciones generales y las primeras municipales de la Transición, retrasadas hasta entonces con uno u otro pretexto. La razón de fondo no era otra que la necesidad de UCD de conseguir financiación para afrontar las elecciones municipales con ciertas garantías. El recuerdo del 14 de abril de 1931 pesaba mucho en el ánimo del rey, y el presidente del Gobierno, tal vez sin compartir del todo esos temores, se había comprometido a consolidar la monarquía antes de que la izquierda llegara al poder, como debía ocurrir tarde o temprano. Para ello resultaba fundamental el papel de UCD como baluarte de la corona en la batalla de las municipales. De ahí la perfecta coordinación entre La Moncloa y La Zarzuela en el largo proceso que condujo a las primeras elecciones municipales celebradas en democracia desde la Segunda República.

Tan solo una semana después del 15-J, el rey escribía al sah Reza Pahlevi de Persia solicitándole diez millones de dólares para la financiación de UCD «como tu contribución personal al fortalecimiento de la monarquía española». Esta ayuda permitiría al primer ministro, Adolfo Suárez, en quien don Juan Carlos decía tener full confidence, contar con un verdadero partido y ponerlo al servicio de la consolidación de la monarquía y de la estabilidad del país. El asunto corría prisa, porque en ese momento —junio de 1977— se daba por hecho que las elecciones municipales se celebrarían en un plazo de seis meses y UCD no podía arriesgarse a concurrir en inferioridad de condiciones frente a partidos que recibían una ayuda financiera considerable de dentro y de fuera de España. Llama la atención el dramatismo con el que el rey justificaba la petición de ayuda a UCD de cara a las próximas municipales: «Nos estamos jugando el futuro» (We shall put our very future in the balance).[66]

El dinero tardó en llegar, pero llegó a tiempo, porque el calendario electoral se fue modificando una y otra vez con cualquier excusa. En noviembre de 1977, el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, anunciaba que las elecciones municipales no podrían celebrarse antes de fin de año y que, con toda probabilidad, tendrían lugar antes del verano de 1978. A principios de ese año, Felipe González exigía que se fijara definitivamente una fecha y que no rebasara el 15 de mayo. En febrero, en una conversación con Suárez, le insistía en que en ningún caso se podían demorar más allá de finales de junio de 1978. En marzo, el PSOE amenazó con «movilizaciones de masas» si no se aclaraba el calendario electoral. Por esas mismas fechas, los mejor informados aseguraban que la intención de Suárez era posponerlas hasta después del referéndum constitucional y de una disolución anticipada de las Cortes.[67] Y así fue. La convocatoria se siguió postergando, y la elección democrática de los ayuntamientos tuvo que esperar hasta abril de 1979, con un año y medio de retraso respecto a lo inicialmente anunciado. Para entonces, UCD contaba ya con la ayuda solicitada por el rey: 770 millones de pesetas en efectivo que llegaron a La Zarzuela a principios de 1979 procedentes de varias monarquías árabes. De allí el dinero fue trasladado en dos coches a La Moncloa, puesta sobre aviso de la buena nueva. Llegaba justo a tiempo para que UCD pudiera encarar el futuro inmediato con cierta holgura económica. El esfuerzo, en todo caso, iba a ser enorme, porque el partido del gobierno debía afrontar no una sino dos campañas electorales, correspondientes a las generales de marzo de 1979 y a las municipales del mes siguiente.

La elección de los primeros ayuntamientos democráticos pudo influir en otras decisiones de Suárez, como la disolución anticipada de las Cortes tras la aprobación de la Constitución. Este cambio en el calendario electoral permitía situar las elecciones generales justo antes de las municipales y convertir estas en una especie de segunda vuelta de las legislativas. La idea era que una hipotética victoria de UCD en las generales condicionara el resultado de las municipales, convocadas con apenas un mes de diferencia, de forma que se pudiera neutralizar la ventaja que a priori se atribuía a la izquierda en el voto urbano. Se trataba, en suma —leemos en un informe elaborado para La Moncloa—, de evitar que las elecciones municipales tuvieran «un efecto similar al del 14 de abril».[68]

La obsesión por impedirlo podría guardar relación también con una extraña iniciativa de Suárez que finalmente no se llevó a término. Coincidió con el final del proceso constituyente. En el transcurso de una larga reunión entre miembros del ejecutivo y dirigentes del PCE, el vicepresidente, Fernando Abril Martorell, le hizo a Carrillo una propuesta formal para que el PCE se incorporara a un gobierno de coalición con UCD. La sorpresa fue tal, que al día siguiente el líder comunista pidió ser recibido por el presidente del Gobierno para que le garantizara que aquello iba en serio. Suárez no solo confirmó la oferta de Abril Martorell, sino que aceptó la condición que le puso Carrillo para empezar a negociar: que el PSOE entrara también en la operación. Puede que esa exigencia fuera la causa de que el plan de Suárez quedara en nada, porque desde la óptica del suarismo la apertura del gobierno a la izquierda solo tenía sentido si servía para aislar al PSOE. Eso es lo que se temía Carrillo y lo que quería evitar a toda costa.[69] Pero la maniobra urdida en La Moncloa iba seguramente más allá de lo que él se imaginaba. Lo más probable es que Suárez intentara amarrar al PCE a un pacto de gobierno, de forma que, tras las municipales, resultara más difícil un acuerdo PSOE-PCE en los principales ayuntamientos. Solo a un estratega compulsivo o a un insomne crónico —Suárez era las dos cosas a la vez— se le podía ocurrir una cosa semejante a tres meses escasos de unas elecciones generales que podían cambiarlo todo.

En realidad, los resultados del 1 de marzo se parecieron mucho a los de 1977, con una ligera subida de UCD, del PSOE y del PCE y un nuevo descalabro de la derecha fraguista. De todas formas, el balance del PSOE respecto a las anteriores elecciones, teniendo en cuenta que el PSP se había integrado ya en el partido, mostraba un ligero retroceso tanto en porcentaje de votos como en escaños, si se compara el resultado de 1979 con la suma PSOE-PSP dos años antes. Si a eso se añaden las posibilidades de triunfo que les daban algunas encuestas, se entiende la decepción de los socialistas y su giro hacia una oposición implacable en la nueva etapa de gobierno de UCD, iniciada en un clima enrarecido por la sesión de investidura de Adolfo Suárez.

Se había diseñado a su medida para ahorrarle un debate parlamentario y se saldó con un completo fiasco del que acaso no llegó a recuperarse nunca. Unos días después, las elecciones municipales otorgaban el triunfo a la izquierda en las principales capitales y confirmaban los temores del gobierno y la corona. En una audiencia celebrada poco después de los comicios, el rey le reconoció a un ministro su preocupación por el hecho de que Madrid fuera a tener muy pronto un alcalde republicano, Enrique Tierno Galván, candidato a la alcaldía por el PSOE, que contaría también con los votos del PCE. ¿Tierno Galván republicano? El miedo a un 14 de Abril debía de haber ofuscado la proverbial sagacidad del monarca, porque Tierno era tal vez el político de izquierdas más alejado del republicanismo y más identificado, desde tiempos remotos, con la figura de don Juan de Borbón. Comoquiera que fuera, su interlocutor, hombre avezado, criado políticamente a los pechos del Movimiento Nacional, se apresuró a quitarle hierro al asunto. También ellos, los llamados azules, habían sido educados en el odio a la dinastía y ahí estaban, contribuyendo como el que más a la consolidación de la corona. «Pues con los socialistas pasará lo mismo», sentenció el ministro para tranquilidad de Su Majestad.

El triunfo de la izquierda en la España urbana permitió al PSOE gobernar en las grandes ciudades, pero no compensó la sensación de fracaso que habían dejado las elecciones generales. No bastaba con echarle la culpa al Gobierno, y en particular a su presidente, por haber utilizado el voto del miedo para impedir la victoria socialista. Había que hacer algo, y se hizo, pero de forma un tanto errática, como si el PSOE no supiera exactamente qué buscaba o como si en la nueva legislatura el partido estuviera dispuesto a probarlo todo, desde el radicalismo verbal hasta la moderación programática, pasando incluso por la extravagante fórmula de un gobierno de concentración con un general «independiente» a la cabeza. Pero vayamos por partes.

Los socialistas radicalizaron su oposición a Suárez, siguiendo el paternal consejo que al parecer les dio Willy Brandt: o acababan políticamente con el presidente del Gobierno o podían despedirse de ganar algún día las elecciones. Al menos, eso es lo que contó el canciller alemán Helmut Schmidt, compañero de Brandt en el SPD, en una rápida visita a La Moncloa a principios de 1980 procedente de Tenerife. Mientras se lanzaba a degüello contra Suárez, el PSOE emprendía una sorprendente evolución doctrinal hacia el centro, donde esperaba encontrar los votos que le habían faltado para ganar las elecciones de marzo de 1979. Ese doble giro, moderado y radical al mismo tiempo, no era tan contradictorio como pudiera parecer a simple vista. Para alcanzar la mayoría, el PSOE se disponía a arrebatarle a UCD una parte de su capital político, intentando, por un lado, destruir a su líder y principal reclamo electoral y, por otro, presentándose como la auténtica expresión del centro progresista, frente a un partido teóricamente centrista que, en el fondo, no sería otra cosa que la derecha de toda la vida. De todas formas, el objetivo de la oposición del PSOE fue mucho más Suárez que UCD, a la que los socialistas hicieron guiños ostensibles para que abandonara la nave a la deriva del suarismo.

El viaje al centro fue una apuesta personal de Felipe González, que tuvo que jugar muy fuerte para imponer su criterio al sector mayoritario del partido, instalado desde el XXVII Congreso en los principios de un socialismo radical que limitaba enormemente sus aspiraciones electorales. Él mismo lo pudo comprobar en el último y polémico mensaje televisivo de Suárez en la campaña electoral de 1979, en el que el presidente se dedicó a enumerar una sarta de truculencias extraídas de las resoluciones del XXVII Congreso como prueba de que el PSOE era todo lo contrario de la «moderación centrista» que predicaba. Poco importa que el guionista de aquella película de terror fuera Miguel Herrero de Miñón.[70] La cuestión es que Suárez había puesto al PSOE frente al espejo de su radicalismo y que con ese ardid le había arrebatado un buen puñado de votos. Aquello no se podía repetir. Por otro lado, en los poco más de dos años transcurridos desde el último congreso el PSOE había crecido tanto y experimentado tal transformación que era casi un nuevo partido: de 150 agrupaciones a 2.402; de 9.000 afiliados a más de 100.000; de la clandestinidad a una representación parlamentaria y a un poder territorial verdaderamente notables; de la nada a 5,5 millones de votos. Su líder tenía razones sobradas, pues, para plantear un cambio de programa y de estrategia. La cuestión era hasta qué punto esos cambios afectarían a las viejas señas de identidad de una organización tan ligada a su pasado, en especial el año en el que cumplía un siglo de historia.

La respuesta estaba precisamente en su historia. ¿Cuándo se había visto que el PSOE se definiera como marxista en su programa? Tal anomalía solo había ocurrido en el XXVII Congreso de diciembre de 1976, y la experiencia y las encuestas demostraban que una parte significativa de sus electores y simpatizantes —no digamos de sus potenciales votantes— veía el marxismo como algo ajeno a su ideario. González soltó la bomba en una reunión con periodistas celebrada en Barcelona en mayo de 1978: eso del marxismo había que replantearlo en el próximo congreso. Sus declaraciones dieron lugar a una avalancha de réplicas, adhesiones, lamentos y desmentidos, como el que destacó el periódico El País tras entrevistar a Alfonso Guerra: «El PSOE sigue siendo marxista».[71] Pero no por mucho tiempo. Las elecciones de marzo y abril de 1979 confirmaron el diagnóstico de Felipe González sobre el techo electoral del partido y la necesidad de disputarle a UCD el voto del centro si quería aspirar a ganar las elecciones.

El XXVIII Congreso se celebró a mediados de mayo, con las posiciones muy enconadas tras varios meses de intenso debate y una mayoría reacia a suprimir del programa la mención al marxismo, tal como había requerido el primer secretario del partido. Cuando se rechazó definitivamente su propuesta, González anunció su renuncia a la reelección en medio del estupor de los delegados y gritos de «¡Felipe, quédate!». El resultado del congreso fue un triunfo agridulce del ala izquierda, victoriosa al mantener una concepción integral del socialismo, pero incapaz de llenar el vacío de poder dejado por el primer secretario, pese a diversas gestiones, por ejemplo, con Tierno Galván, para conseguir una nueva dirección. En vista de ello, se nombró una comisión gestora presidida por José Federico de Carvajal, afín a los llamados «críticos», y encargada de convocar un congreso extraordinario que pusiera fin al divorcio creado en mayo: un líder sin mayoría y una mayoría sin líder. Y todo por definir como marxista al partido fundado por Pablo Iglesias. De ello dependía, sin embargo, el futuro del PSOE.

Su posible radicalización, o, casi peor, el peligro de que entrara en un proceso autodestructivo, produjo una gran inquietud en las altas esferas, necesitadas de un interlocutor fiable en la izquierda. ¡Con lo que había costado salir de aquel maremágnum de siglas de la pretransición —veintitantos partidos que se proclamaban socialistas con matices y líderes distintos— y contar con un socialismo hegemónico, de corte europeo! Cabía temer también que un cambio de liderazgo en el PSOE pusiera en riesgo el pacto constitucional en torno a la corona. Los que conocieran la trayectoria del presidente de la comisión gestora, José Federico de Carvajal —futuro presidente del Senado—, estarían lejos de compartir esos temores. Carvajal había asistido en 1966 a una cena-homenaje a don Juan de Borbón con motivo de su onomástica. La significación monárquica del acto no admitía dudas, y de ahí la desautorización que sufrió por parte de la dirección del partido y su posterior expulsión junto a una docena de militantes, entre ellos Miguel Boyer, que no fueron rehabilitados hasta seis años después. Con esos antecedentes, no parece que Carvajal fuera a patrocinar un giro republicano del socialismo español. Su pasado monárquico, o al menos monarquizante, como solía decir Llopis, era más bien una garantía de continuidad de la línea seguida en los últimos tiempos por el partido. Y, en efecto, en opinión de uno de los dirigentes del ala izquierda, su labor consistió mucho más en restablecer el statu quo anterior a la dimisión de González que en facilitarle las cosas al sector crítico de cara al Congreso extraordinario que debía celebrarse en septiembre de 1979.[72]

El resultado, aunque discutido por los perdedores, fue apabullante. La candidatura de Felipe González a la secretaría general, con Ramón Rubial como presidente y Alfonso Guerra como número tres, obtuvo el 86 por ciento de los votos, frente a un 7 por ciento del sector crítico. En cuanto al conflicto programático planteado en mayo, el problema se resolvió con una vaga referencia al marxismo como instrumento «no dogmático» de análisis de la realidad. El congreso ofreció otras pistas sobre el presente y el futuro del partido. El grupo profesional más representado fue el de los funcionarios públicos, con un 23 por ciento de los delegados. Los obreros, cualificados o sin cualificar, no pasaban del 8 por ciento.[73] Partido obrero sin obreros, al menos en sus órganos representativos, y con mucha clase media, era lógico que el PSOE buscara una nueva identidad en el marco ideológico y estratégico de la socialdemocracia, aunque evitara reconocerlo por el carácter nefando que el concepto tenía en la historia del socialismo español.

Los socialistas habían acabado con Marx, al que, según las malas lenguas, Felipe atribuía haber dicho muchas «chorradas».[74] Ahora tenían que ir a por Suárez. Nada más normal, por otro lado, que ejercer una oposición exigente y estricta. El tiempo del consenso había pasado, como reconoció el propio presidente del Gobierno, y los errores del ejecutivo dejaban amplio margen a las críticas de la oposición. Además, Suárez, que tenía serios problemas de salud, estaba perdiendo fuelle y sus relaciones con su partido iban de mal en peor, mientras la escalada terrorista y la crisis económica sumían al país en un profundo desencanto, palabra de moda, que pasó a definir el estado de ánimo de la joven democracia española. Tras el éxito del congreso extraordinario, González pensó que el Partido Socialista tenía que seguir quemando etapas y que el declive político de Suárez le convertía en víctima propiciatoria de un socialismo que aspiraba al poder más pronto que tarde.

La ocasión se presentó en mayo de 1980, cuando el jefe del ejecutivo compareció ante las Cortes para explicar la última crisis de gobierno. Cumpliendo con el rito parlamentario, leyó un discurso cargado de buenas intenciones y se dispuso, resignadamente, a escuchar lo que tuviera a bien decirle desde la tribuna de oradores el líder del principal partido de la oposición. González fue más lejos de lo que Suárez podía temer. No solo negó toda credibilidad al nuevo gobierno y a su partido, sino que anunció la presentación de una moción de censura para que, según lo dispuesto por la Constitución, el PSOE pudiera ofrecerse como alternativa ante una situación insostenible. Dicho y hecho: una semana después, los días 28 y 29 de mayo, se reunía el Congreso de los Diputados para conocer y votar la candidatura de Felipe González a la Presidencia de Gobierno.

Aquel episodio reforzó al PSOE y debilitó aún más a Suárez, pese al fracaso aritmético, ya descontado, de la moción de censura. Hasta ABC elogió el «minucioso trabajo» realizado por el líder socialista y el buen tono general de su intervención.[75] No consta que esta vez el rey expresara su respaldo al presidente del Gobierno, como ocurrió tras la turbulenta sesión de investidura del año anterior, cuando don Juan Carlos le dirigió una larga y cariñosísima carta manuscrita reiterándole su afecto personal: «Te sigue, te acompaña, te comprende, te quiere y se enorgullece de ti, tu Rey».[76] Eran otros tiempos, aunque solo hubiera pasado un año, porque las relaciones entre ambos habían sufrido en los últimos meses un deterioro imparable por la forma en que el presidente llevaba las relaciones internacionales, sobre todo con Francia, y por su progresivo alejamiento de la realidad. Don Juan Carlos tenía además la sensación de que Adolfo desconfiaba de él y de su entorno y pretendía someterle a un control que le parecía intolerable. «El rey recibe a quien le sale de los cojones», llegó a decirle en julio de 1980, después de que Suárez le afeara su conducta por haber recibido en La Zarzuela a un ministro extranjero, francés por más señas, para tratar las delicadas relaciones bilaterales a espaldas del Gobierno.[77]

Desde, al menos, junio de aquel año, el monarca le estuvo transmitiendo a través de terceras personas un mensaje inequívoco: «Adolfo tiene que cambiar». Si no se lo decía a la cara era seguramente por evitar una escena, pero esa forma de comunicación indirecta no hacía más que aumentar la desconfianza y el resentimiento del presidente. Eran momentos difíciles para Suárez, que sospechaba de todo el mundo, incluso de sus incondicionales, entre los cuales, desde luego, ya no se encontraba el rey. Y no le faltaba cierta razón en su manía persecutoria y en su tendencia a ver intrigas por todas partes, como cuando a finales de octubre fue informado del encuentro celebrado en Lérida entre el gobernador militar, general Alfonso Armada, y el responsable de política de defensa del PSOE, Enrique Múgica, en compañía de otros dos dirigentes socialistas: el alcalde de la ciudad y anfitrión del almuerzo, Antoni Siurana, y Joan Raventós, prominente figura del socialismo catalán. Según Múgica, Armada se mostró muy preocupado por la situación política y económica y abogó por que todos «arrimaran el hombro» para sacar al país de la crisis. En realidad, ese todos se reducía a dos partidos, UCD y PSOE, que deberían formar, en opinión de Armada, un gobierno de coalición presidido por un independiente, sin que el general llegara a postularse para tan alto cometido y sin que ninguno de los presentes le preguntara, en las casi cuatro horas que duró la conversación, en quién estaba pensando.[78] Más allá de las lagunas, contradicciones y conjeturas que pueda haber en las distintas versiones sobre aquel célebre encuentro, lo que parece claro es que se trataba de apartar a Suárez de la Presidencia del Gobierno. Y el general Armada estaba en boca de todo el mundo como posible cerebro o artífice de la operación.

¿Respaldaba el rey esos planes? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar el PSOE en su afán por tocar poder lo antes posible? Conociendo la estrecha relación de Armada con don Juan Carlos, que Suárez había intentado cortocircuitar por todos los medios, era difícil pensar que fuera por libre en sus andanzas y murmuraciones de aquellos meses. Más de uno, escuchando su apocalíptica visión del suarismo y conociendo las críticas, cada vez menos recatadas, del rey a su presidente del Gobierno, llegaría a la conclusión de que uno y otro iban al unísono en una operación encaminada a deshacerse de Suárez. Y, sin embargo, no era así. La noticia de la entrevista en Lérida entre Múgica y Armada se la dio el rey, o alguien en su nombre, para protegerle de posibles maniobras desestabilizadoras.[79] Esta deferencia hacia él no impidió que don Juan Carlos le presionara más allá de lo razonable para que el Gobierno nombrara al general Armada segundo JEME con destino en el Cuartel General del Ejército. Ahí Suárez se plantó: ¿traer a Alfonso Armada a Madrid, con la guerra que estaba dando en una guarnición de provincias? Por encima de su cadáver. Y, efectivamente, el nombramiento se produjo después de la dimisión de Suárez, pero con él todavía de cuerpo presente en su calidad de presidente del Gobierno en funciones. Cuando se encontró con el hecho consumado en forma de real decreto firmado por el jefe del Estado y por el ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, Suárez mostró su disgusto y exigió explicaciones: «Me lo ha pedido el rey», fue la respuesta que le dio el ministro. El presidente no pudo evitar un comentario profético: «Me parece que estamos cometiendo un error histórico».

Este feo asunto es, paradójicamente, la mejor prueba de que el monarca no tenía otros planes para su antiguo preceptor, porque si hubiera querido ponerle al frente del gobierno podía haberlo hecho sin necesidad de un golpe de Estado. Tras producirse la dimisión de Suárez, le bastaba con proponer su nombre al Congreso de los Diputados, con arreglo a los artículos 62.d y 99.1 de la Constitución, y luego esperar que en su investidura parlamentaria se confirmaran los apoyos que, supuestamente, decía tener en la cámara. Si había, como se dijo entonces, una «operación Armada» para catapultarle a la presidencia, el rey estaba fuera. En cuanto al PSOE, parece claro que tanteó la posibilidad de formar un gobierno con personalidades de UCD que sirviera de alternativa a Suárez. ¿Podía ser un militar quien encabezara esa operación? ¿Por qué no? Nombrar a un general resolvía de forma salomónica el problema de la presidencia de un gobierno de coalición y añadía un plus de autoridad al poder ejecutivo en un momento de fuerte descontento militar. Armada cumplía con creces el retrato-robot de ese general «independiente» del que tanto se hablaba a fines de 1980: su oposición frontal a Suárez, su cercanía al rey y su empeño en «arrimar el hombro», por utilizar la expresión que Múgica puso en su boca al relatar aquella célebre conversación en Lérida. La solución de la que hablaba se mantenía además, según él, dentro del marco constitucional. Políticos de todos los colores, desde el PNV y CiU hasta UCD, pasando posiblemente por el PCE, fueron sondeados por el propio Múgica o por Alfonso Guerra sobre la conveniencia de que se formara un gobierno de concentración o de transición presidido por un «independiente prestigioso», tal vez militar.[80] A finales de aquel año, Suárez estaba al cabo de la calle de lo que se tramaba contra él. «Sí, ya sé que todos quieren mi cabeza», le dijo al dirigente de UCD, sector democristiano, Fernando Álvarez de Miranda. «Ese es el mensaje que me mandan hasta los socialistas: un gobierno de coalición presidido por un militar, el general Armada. No aceptaré ese tipo de presiones aunque tenga que salir de La Moncloa en un ataúd».[81]

Al final salió por su propio pie, pero con la certeza de que había sido víctima de una conjura promovida desde su propio partido, de una «alianza contra mí», según sus propias palabras.[82] Nada indica que esa «alianza» incluyera al rey, y menos aún que el PSOE y la corona actuaran de forma concertada contra él, por más que a lo largo de 1980 se hubiera producido una cierta aproximación entre ellos gracias a los buenos oficios del secretario de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, y de Enrique Múgica. En una de sus entrevistas de aquellos meses, celebrada en La Zarzuela, en el despacho de Sabino, apareció don Juan Carlos para saludar al dirigente socialista y expresarle su deseo de recibir a Felipe González. Lo había hecho ya en su nombre el propio Sabino en una conversación anterior, pero en La Zarzuela se temían que Suárez interpretara una audiencia con el líder socialista como un gesto hostil hacia él. Cuando el monarca saludó a Múgica en el despacho de Sabino y le reiteró su mensaje prescindió ya de los posibles efectos colaterales de una reunión con Felipe.

Parece evidente que su actitud hacia los dos principales líderes políticos se regía por un elemental sistema de vasos comunicantes: a medida que se deterioraba su relación con Suárez crecía su interés por González como pieza de recambio. Las llamadas y los encuentros prosiguieron en las últimas semanas de 1980. Por aquellas fechas, el secretario de la Casa Real almorzó con Múgica y Felipe González en el restaurante El Parrillón, cerca de la sede del PSOE. Se habló de posibles planes golpistas, uno de ellos atribuido a «la banda borracha», que es como los dirigentes socialistas denominaron lo que acabó siendo el golpe de Tejero.[83] Todo se estaba precipitando hacia un desenlace que muchos juzgaban inevitable. A finales de aquel año, Santiago Carrillo salió de una audiencia en La Zarzuela convencido de que el presidente del Gobierno había perdido la confianza del jefe del Estado.

Tras anunciarse el 29 de enero la dimisión de Suárez, el escenario cambió por completo. Al día siguiente, el secretario general del PSOE era recibido por don Juan Carlos en la ronda de consultas previa a la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. En su conversación con el rey, González cuestionó la capacidad de UCD para formar gobierno en solitario y se ofreció para encabezar un ejecutivo de amplio espectro como única forma de restablecer la confianza en las instituciones. «Quiero que nuestro pueblo sepa», declaró a TVE poco antes de acudir a La Zarzuela, «que estamos dispuestos a asumir las responsabilidades que tengamos que asumir». Alfonso Guerra insistió en ello esa misma noche: «Si hay que hacer un esfuerzo, estaremos dispuestos a intentar un gobierno estable».[84] Es la idea expuesta por El Socialista en la portada de su siguiente número, sobre una foto a toda página de Felipe González en La Zarzuela, al salir de la audiencia con el rey: «El PSOE asume su responsabilidad».[85] Lo curioso es que cuando Guerra fue interrogado por la prensa sobre la forma en que pensaban articular una nueva mayoría descartó la posibilidad de gobernar en coalición con UCD —sería «un gobierno de locos»—, pese a lo cual, «si la nominación recayera en el partido socialista (...) llegaríamos a una cifra aproximada a los doscientos votos» en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo? Eso ya se vería.[86]

Una cosa era que el rey pensara en un gobierno del PSOE a medio plazo y otra que estuviera dispuesto a facilitar su acceso al poder sin mediar unas elecciones, reeditando así las famosas «crisis orientales» de su abuelo, Alfonso XIII, aquellos inopinados cambios de gobierno, de infausto recuerdo, que tenían su origen en el Palacio de Oriente y no en las urnas. El acercamiento entre el PSOE y la corona a lo largo de 1980 no pasó de ser una forma de tantearse mutuamente y de superar viejos recelos. No era ningún secreto que el rey y Suárez habían mantenido una relación privilegiada, bien patente cuando se produjo su polémica investidura en 1979, en un momento especialmente doloroso para los socialistas. Aunque no conocieran la carta que don Juan Carlos le había dirigido en aquella ocasión —«se enorgullece de ti, tu Rey»—, estaban sin duda al corriente de su apoyo incondicional al presidente del Gobierno y de sus temores ante una victoria de la izquierda en las elecciones municipales. Pero en la Transición el tiempo pasaba muy deprisa. Un año después, la vieja amistad entre Adolfo y el rey había saltado por los aires, y en La Zarzuela se pensó que convenía ir normalizando las relaciones con el PSOE, algo frías en los últimos tiempos. Ahora bien, de eso a que conspiraran juntos contra Suárez, con Armada como maestro de ceremonias, hay un abismo. La prueba de que el rey no pensaba en un gobierno que no fuera de UCD es que ni nombró presidente a su antiguo secretario ni aceptó el ofrecimiento de Felipe González de «asumir las responsabilidades que tengamos que asumir». Tras la consulta de rigor a los grupos parlamentarios, propuso a Leopoldo Calvo-Sotelo como sucesor de Suárez, que era su valedor para el cargo.

Quien barajó la posibilidad de un gobierno alternativo con participación socialista fue Alfonso Armada. De ahí la lista que le leyó a Tejero en la noche del 23-F, integrada por diversas personalidades del centro y la derecha, algún militar, dos ministros comunistas y cuatro socialistas, entre ellos Enrique Múgica y Felipe González en calidad de ministro de Sanidad y «vicepresidente primero pol.[ítico]», respectivamente. El propio Armada figuraba en primer lugar como presidente de aquel «engendro», como él mismo lo calificó al negar, contra toda evidencia, la autenticidad de esa lista.[87] Era probablemente la fórmula que tenía en mente antes de la dimisión de Suárez, lo que explica la coincidencia de sus integrantes en una especie de antisuarismo transversal. Alguno había sido contactado previamente por él, pero la mayoría de ellos ignoraba el doble juego que el general se traía entre manos. Por el solo hecho de compartir con él una visión demoledora de la situación del país los consideraba ya compañeros de viaje que, de grado o a la fuerza, secundarían su plan involucionista. Si no podía ser por las buenas, porque el rey no se diera por enterado, tendría que ser por las malas. Cuando negoció con Tejero su salida del Congreso, le dijo la verdad: que se proponía formar un gobierno de salvación nacional con representación de los principales partidos nacionales, incluidos el PSOE y el PCE. Como era de esperar, Tejero se cerró en banda, incluso cuando Milans le ordenó por teléfono que obedeciera a su superior. Uno de los guardias civiles, que había asistido atónito a la discusión, le preguntó a su jefe, señalando a Armada: «¿Le pegamos un tiro?».[88] Poco después, Tejero le contaba indignado a su compadre Juan García Carrés su entrevista con el general y su pretensión de presidir un gobierno con «la gente de Carrillo y el ministro no sé qué». «Una chapuza», según él. La cinta de aquella conversación telefónica, grabada por el propio García Carrés, no deja lugar a dudas. La operación Armada había fracasado antes de que el general pudiera dirigirse a sus señorías como presidente in pectore.

La peregrina teoría, alumbrada por la extrema derecha, de una conspiración triangular rey-Armada-PSOE pasa por alto el hecho de que, si el jefe del Estado y el PSOE hubieran estado en la conjura, su realización ni siquiera hubiera requerido un golpe de fuerza como el que se produjo el 23-F, y menos aún después de la dimisión de Suárez. La razón por la que Armada flirteó con la trama golpista de Milans del Bosch, tan alejada de su propio planteamiento, era la necesidad de crear un vacío de poder que empujara a la corona y a la clase política a respaldar un gobierno de salvación nacional presidido por él, porque de otra forma, si no existía coacción, sabía que nunca conseguiría su propósito. Incluso después del asalto al Congreso de los Diputados encontró en La Zarzuela una desconfianza que dificultaba seriamente sus planes. Todo dependía, pues, de Tejero. Si le convencía para que depusiera su actitud, podría convertir el éxito de su gestión en aval para ejecutar su plan «salvador». En caso contrario, se vendría inmediatamente abajo. Es lo que finalmente ocurrió, porque Tejero, en vez de ser la solución a sus problemas, acabó siendo un obstáculo insalvable. ¿Un gobierno con socialistas, comunistas «y el ministro no sé qué»? Hasta ahí podíamos llegar.

Coincidiendo con el fracaso de la visita de Armada a Tejero se había emitido por televisión el mensaje del rey condenando el golpe y a favor del orden constitucional. A partir de ese momento, la intentona tenía las horas contadas. En Valencia, pasadas las seis de la madrugada, Milans del Bosch retiraba su bando golpista y los tanques volvían a los cuarteles. A las doce del mediodía del día 24, Tejero anunciaba la inminente liberación del Congreso. Unos minutos después empezaban a salir los diputados. Algunos se acercaron al general Armada para darle las gracias por lo que consideraban su decisivo papel en el feliz desenlace del golpe. Nada más abandonar el Congreso, Adolfo Suárez pidió a su chófer que le llevara a La Zarzuela. Iba pensando en su error con Armada, al que creía haber juzgado mal. Cuando llegó a palacio se sinceró con el rey: «Me equivoqué». Don Juan Carlos le dijo la verdad: «Agárrate: no te equivocaste. Ha sido el cerebro de todo».[89] Parece que Suárez amagó con retirar su dimisión, antes, probablemente, de que los líderes de los principales partidos y él mismo como presidente en funciones se reunieran con el rey para cambiar impresiones sobre lo sucedido. Tanto la ejecutiva socialista como Felipe González al salir de La Zarzuela propusieron la participación del PSOE en un gobierno de coalición con UCD o de concentración con varios partidos «ante la amenaza que pesa sobre la democracia».[90] La oferta fue rechazada ese mismo día por el secretario general de UCD. La presencia de socialistas en un gobierno de la monarquía aún tendría que esperar casi dos años.

Por el cambio

Nadie volvió a proponer fórmulas de gobierno estrambóticas como las barajadas en los meses anteriores a la dimisión de Suárez. Las aguas volvieron a su cauce tras la llamada a la unidad de las fuerzas democráticas realizada por el rey el 24 de febrero en La Zarzuela y las multitudinarias manifestaciones contra el golpe y a favor de la Constitución celebradas en toda España el día 27. La de Madrid fue, según la prensa, la mayor de la historia. Se vitoreó a la Constitución, a la democracia, a los medios de comunicación y al rey. El País destacó, por su simbolismo, la figura de un anciano con el puño cerrado y en alto mientras con la otra mano sostenía un cartel que rezaba «¡Viva el rey!».[91] Al hacer balance de lo sucedido, El Socialista reconoció que el monarca había asumido «con energía y fidelidad a la Constitución las funciones que el momento exigía».[92] La izquierda española se había hecho definitivamente juancarlista.

Rechazada la oferta del PSOE de gobernar en coalición con UCD, el nuevo gobierno de Calvo-Sotelo contó con la colaboración de los socialistas en temas cruciales de la agenda política, aunque sea exagerado hablar, como haría Alfonso Guerra en sus memorias, de un «gigantesco esfuerzo» de su partido para sostener al ejecutivo.[93] Hubo comprensión en el tratamiento judicial del golpismo, limitado a los casos más notorios, y pactos de gran alcance en materia social y territorial. Con la firma del Acuerdo Nacional de Empleo con la UGT y CCOO y el apoyo socialista a la LOAPA, que pretendió encauzar el desarrollo del Estado autonómico, pareció recuperarse el espíritu de consenso de la etapa constituyente. Ahora se llevaba la «concertación». No solo se redujo la tensión entre el ejecutivo y la oposición, sino que las relaciones entre el rey y el presidente del Gobierno mejoraron sustancialmente respecto a la convulsa etapa final de Suárez. «Me siento rey por primera vez», llegó a decirle don Juan Carlos a un viejo amigo, tras comparar el estilo, el talante y la puntualidad de Calvo-Sotelo, además de su «claro sentido acerca del papel de la institución monárquica», con los de su predecesor.[94] El número de atentados terroristas bajó de forma significativa y poco antes del verano de 1981 la popularidad del nuevo presidente del Gobierno conseguía superar la del último Suárez.[95]

La posibilidad de un relanzamiento de UCD sin su antiguo líder, cada vez más alejado del partido, fue un espejismo que no tardó en desvanecerse. Los problemas internos afloraron de nuevo con los mismos protagonistas y parecidos argumentos. Aquellos «poderes fácticos» a los que Suárez responsabilizó de su dimisión —la banca, la Iglesia, la patronal— prosiguieron su campaña contra el gobierno de Calvo-Sotelo a cuenta de su política económica y de su proyecto de ley del divorcio. Desde esos medios y desde sus terminales en partidos y periódicos afines se acusó al ejecutivo, en palabras de su presidente, de hacer «política de izquierdas con los votos de la derecha».[96] En esa campaña contra el gobierno influyeron también las aspiraciones de AP a capitalizar el voto más conservador de UCD y su interés en fomentar el descontento de aquella derecha social que en 1979 había votado al centro. La hostilidad de AP no se vio compensada, sin embargo, por la benevolencia del PSOE, progresivamente enfrentado al ejecutivo, sobre todo a partir del momento en el que Calvo-Sotelo planteó el ingreso en la OTAN como un objetivo inaplazable. En el verano de 1981, con las posturas ya claramente definidas, el choque entre el gobierno y el PSOE alcanzó una dureza inusitada, con acusaciones contra los socialistas de haberse vendido a Moscú y una contundente réplica de Felipe González en una larga carta a Leopoldo Calvo-Sotelo. Las descalificaciones de UCD suponían, según González, imputar al PSOE un «delito gravísimo de traición a España». Los socialistas no podían permanecer impasibles ante una acusación de tal calibre. Esa «infamante mentira», ese «hecho repugnante», ese «calumnia que algo queda», propio de nazis y estalinistas, exigían una inmediata reparación del presidente del Gobierno en términos que no se llegaban a precisar, pues ni siquiera una rectificación pública bastaría para compensar el daño causado al Partido Socialista. Pensando sin duda en ello, Felipe González remitió una copia de su carta a la Casa Real, para evitar que las insidias gubernamentales pudieran hacer mella en Su Majestad en un momento en el que, como afirma Calvo-Sotelo, el líder socialista «ya veía cerca el poder».[97]

No fue, sin embargo, una estrategia unívoca, como la que el PSOE practicó contra Suárez en la etapa del «acoso y derribo». La oposición, a menudo implacable, se alternaba con apoyos puntuales al gobierno cuando se trataba de medidas de gran alcance procedentes sobre todo del ala socialdemócrata del ejecutivo, como la Ley del Divorcio de Fernández Ordóñez, que consiguió el raro prodigio de que una treintena de diputados de UCD votara contra la posición de su propio gobierno. El enfrentamiento en las filas de UCD llegó al extremo de que un cualificado representante del sector democristiano, Óscar Alzaga, pidiera la dimisión del ministro. «Hoy se ha roto UCD», declaró Alzaga, formulando un vaticinio que acabaría siendo una profecía autocumplida.[98] Para El Socialista, lo ocurrido al votarse la ley en el Congreso de los Diputados era una «bomba de efectos aún incalculables en el seno del grupo parlamentario centrista».[99]

Mientras AP redoblaba sus esfuerzos por atraerse a los críticos de UCD, el PSOE debía dosificar su presión para no poner en riesgo una democracia todavía frágil. Había que medir bien los tiempos y huir de la precipitación. El momento político, marcado por la grave crisis de UCD y por el arrollador triunfo del Partido Socialista en Francia, podía parecer propicio a una ofensiva general contra el gobierno, pero la proximidad del juicio del 23-F y el recelo que el PSOE seguía despertando en amplios sectores del establishment aconsejaban la máxima prudencia. Eso de que «el PSOE hoy solo asusta a los trabajadores» era una gran boutade sin fundamento, que solo se le podía ocurrir a alguien como Pablo Castellano, histórico miembro del ala izquierda del partido y conspicuo debelador del felipismo como un nuevo caudillismo encubierto.[100]

Lo cierto es que el partido y su secretario general estaban poniendo un especial empeño en transmitir una imagen de responsabilidad y moderación. La celebración en Barcelona de la Semana de las Fuerzas Armadas de mayo de 1981, tres meses después del golpe de Estado, constituyó un episodio crucial en la política de apaciguamiento militar practicada por el gobierno con la colaboración de buena parte de la oposición. En ese clima de zozobra posgolpe, las autoridades y fuerzas políticas catalanas rivalizaron en sus muestras de afecto a los tres ejércitos. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, intercambió banderas de España con el capitán general y afirmó por televisión que era «un alto honor para Cataluña» rendir homenaje a la corona y a las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, el Comité Central del PSUC instaba a los comunistas catalanes a sumarse a la celebración y a contribuir a la confraternización entre el pueblo y el Ejército. Pero el peso de los preparativos recayó principalmente sobre el Ayuntamiento de Barcelona, en manos del PSC-PSOE, que no escatimó esfuerzos en lograr el máximo lucimiento de los actos. En vísperas de la llegada de los reyes a la ciudad, el alcalde, Narcís Serra, solicitó la «asistencia masiva de los barceloneses» como forma de expresar «nuestra estima por el rey», calificado de «motor de la democracia» y «primer soldado de España». El llamamiento terminaba con vivas a España, a Cataluña, a las Fuerzas Armadas y a «nuestro rey».[101]

La celebración se saldó con un éxito rotundo que tendría consecuencias políticas insospechadas y ayudó a cerrar algunas heridas del 23-F. El Socialista destacó la «clamorosa acogida a la familia real en Barcelona» y la «masiva afluencia de barceloneses al desfile central».[102] El 5 de enero siguiente, con motivo de la Pascua Militar, el rey otorgó la Cruz al Mérito Militar al concejal de Relaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de Barcelona, el socialista Lluís Reverter, por su brillante papel en la organización de la Semana de las Fuerzas Armadas. Unos meses después, el alcalde de Barcelona, Narcís Serra, se convertía en ministro de Defensa del primer gobierno socialista y el propio Reverter, en director general de Relaciones Institucionales.

El protagonismo del rey en el fracaso del golpe de Estado fue ampliamente reconocido por el PSOE, consciente del papel decisivo de la corona en la consolidación de la democracia. No era tanto la naturaleza de la institución como el saber hacer del monarca, cuya auctoritas le permitía embridar al sector más levantisco de las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo mantenerse al margen de las disputas partidarias y de los errores del gobierno de turno. Buen ejemplo de ello sería su visita a Estados Unidos en octubre de 1981, adonde viajó acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca, para ser recibido por el presidente norteamericano Ronald Reagan, con el ingreso de España en la OTAN como telón de fondo. Parecía difícil evitar que el gobierno convirtiera a don Juan Carlos en mascarón de proa de su política atlantista, y sin embargo el rey supo mantener, en opinión de El Socialista, un «escrupuloso comportamiento» ceñido a sus funciones constitucionales sin ir un paso más allá. La visita a Estados Unidos, planteada como una auténtica encerrona, se había saldado sin menoscabo de «la valiosa posición de nuestro jefe de Estado» pese a los intentos de comprometerle en una política exterior de partido.[103] Su figura merecía el apoyo y el reconocimiento de todos. «El rey y la democracia no están solos», tituló El Socialista cuando, recién comenzado el juicio del 23-F, se puso de manifiesto la estrategia golpista de implicar al monarca en la intentona.[104]

El XXIX Congreso del partido, celebrado en Madrid en octubre de 1981, significó la puesta de largo de ese socialismo responsable y centrado, con vocación institucional, que se preparaba para asumir el poder. Bajo el lema «Raíces para la democracia», el PSOE presentó un sugerente programa para el cambio, que combinaba los viejos ideales del socialismo con una promesa de gestión eficaz y solvente. Moderación, sí; socialdemocracia, no: el deslinde entre las dos categorías revelaba tanto la impopularidad de este último concepto entre los socialistas españoles como la búsqueda de un eclecticismo político que permitiera al PSOE atraer a los náufragos del centrismo y a los desencantados del PCE. «Ni socialdemócratas ni radicales han quedado satisfechos con este Congreso», declaró radiante Felipe González nada más ser reelegido secretario general por unanimidad, como si la derrota de los extremos —a un lado, el radicalismo; al otro, la socialdemocracia como lado oscuro del socialismo— fuera la mejor noticia que podía transmitir a sus correligionarios.[105] El XXIX Congreso logró establecer un equilibro perfecto entre la ilusión del cambio y el uso responsable del poder; entre el pragmatismo y la utopía, plasmada en las palabras que encabezan la resolución política y estratégica del Congreso: «El socialismo es un proyecto de felicidad para el hombre».[106] Nada más y nada menos.

La idea del cambio como objetivo prioritario permitía aunar propuestas muy distintas y hasta cierto punto contradictorias, ya fuera la consolidación de la democracia, la abolición de la sociedad de clases, la lucha contra el paro, la modernización de las Fuerzas Armadas o la máxima descentralización territorial compatible con la Constitución. Un programa tan heterogéneo ofrecía la ventaja de servir de reclamo a sectores muy distintos del electorado situados entre el centro moderado y la izquierda clásica. Las dudas que pudiera haber sobre su viabilidad se compensaban en gran medida con la imagen cada vez más sólida y creíble de Felipe González, consagrado, más que como líder de un partido, como un auténtico estadista. El desmoronamiento de UCD y la demanda de cambio de la población harían el resto.

A lo largo de 1982, la balanza se fue inclinando claramente a favor de un vuelco electoral. Cuando el 27 de agosto, reciente aún la victoria del PSOE y el descalabro de UCD en las elecciones andaluzas, Leopoldo Calvo-Sotelo anunció la disolución de las Cortes, los socialistas tenían ya su maquinaria electoral perfectamente engrasada. Desde principios de año sabían por Francisco Fernández Ordóñez que el presidente barajaba el mes de octubre como fecha más probable para unas elecciones anticipadas.[107] Había llegado la hora de ir a por todas. Se diseñó, en palabras de Alfonso Guerra, una campaña «sencilla, limpia, que diese como algo obvio el triunfo, pero que incentivara la participación de los electores».[108] El eslogan elegido, «por el cambio», sintetizaba a la perfección la idea de que la democracia española requería un nuevo impulso que solo podía aportar el PSOE con el respaldo de una gran mayoría. En el fondo, su oferta a la ciudadanía conectaba mucho más con el viejo y siempre vigente regeneracionismo que con el proyecto histórico del socialismo español. Nadie lo expresó mejor que Felipe González cuando afirmó que el sentido del cambio era «conseguir que España funcione». Su capacidad didáctica, que ya había llamado la atención del rey cuando le conoció en 1977 («sabe contar muy bien las cosas...»), tendría un papel determinante en las elecciones convocadas para el jueves 28 de octubre de 1982.

Manuel Azaña y sus discursos en campo abierto fueron al parecer su principal fuente de inspiración. Sin embargo, la bandera que ondeaba con profusión en los mítines socialistas no era precisamente la tricolor republicana que adornaba la tribuna desde la que Azaña pronunció su histórico discurso en Comillas en octubre de 1935, ni la bandera roja que portaban muchos de sus seguidores. La única bandera de los socialistas auténticos, declaró Felipe en el multitudinario acto de cierre de campaña en Madrid, era «la de la Constitución, esa bandera que ya hemos conquistado para todos y que ya es patrimonio de todos los españoles». Cualquier otra —por la republicana— será enarbolada por «los provocadores, los enemigos de la libertad».[109]

Cuarenta y ocho horas después, el PSOE celebraba su victoria por mayoría absoluta en medio de un ambiente festivo que a muchos les recordó el 14 de abril de 1931, salvo que ahora la monarquía disfrutaba del reconocimiento general y que la bandera que apareció en calles y plazas, como en los mítines de campaña, era la tradicional enseña rojigualda. Pero sí, para los más viejos del lugar aquello tenía algo de déjà vu, como dijo don Pedro Laín Entralgo al explicar las razones por las que había votado, como otros diez millones de españoles, al Partido Socialista Obrero Español. Aquello había sido «un 14 de abril coronado».[110]

[1] A. Mateos, El PSOE contra Franco, op. cit., p. 459.

[2] «XIII Congreso: Resumen del informe de la Comisión Ejecutiva sobre la situación española y la política del partido»; ES, primera quincena de diciembre de 1974.

[3] «A nosotros el planteamiento de desplazar a D. Juan Carlos a partir de D. Juan de Borbón nos parecía un planteamiento infantil, sin fundamento, y no íbamos a eso»; «Entrevista a Felipe González», Leviatán, op. cit., p. 26.

[4] Cit. A. Guerra, Cuando el tiempo nos alcanza, op. cit., pp. 141-142.

[5] «Proceso aplazado a cinco socialistas»; ES, primera quincena de diciembre de 1974.

[6] Entrevista reproducida por ES, segunda quincena de octubre de 1975.

[7] «Conferencia de prensa del PSOE en París», ES, primera quincena de junio de 1975.

[8] R. Morodo, Atando cabos, op. cit., p. 362.

[9] T. Burns, Conversaciones sobre el Rey, Plaza & Janés, Barcelona, 1995, pp. 207-208.

[10] S. Juliá, Los socialistas..., op. cit., p. 506.

[11] Cit. J. M. de Peñaranda y Algar, Los servicios de inteligencia y la transición política española (1968-1979), tesis doctoral, Facultad de Ciencias de la Información, UCM, Madrid, 2009, vol. II, p. 382.

[12] J. M. Anson, «Cobardía moral», ABC, 20 de mayo de 1975.

[13] «Un discurso vacío», ES, 22 de noviembre de 1975.

[14] J. Bardavío, Los silencios del Rey, Strips Eds., Madrid, 1979, p. 153.

[15] P. y A. Fernández-Miranda, Lo que Rey me ha pedido. Torcuato Fernández-Miranda y la reforma política, Plaza & Janés, Barcelona, 1995, p. 101.

[16] A. de Oyarzábal, Recuerdos políticos, p. 43; manuscrito inédito, que debo a la gentileza del autor.

[17] Cit. J. M. de Peñaranda y Algar, Los servicios de inteligencia, op. cit., vol. II, p. 674.

[18] J. M. de Areilza, Crónica de libertad, Ed. Planeta, Barcelona, 1985, p. 168, y L. López Rodó, La larga marcha hacia la monarquía, op. cit., p. 490. 19 ES, primera quincena de diciembre de 1975.

[19] A. Guerra, Cuando el tiempo nos alcanza, op. cit., p. 170.

[20] M. Fraga Iribarne, En busca del tiempo servido, Ed. Planeta, Barcelona, 1987, pp. 46 y 23. La fecha que da Fraga de la cena con Tierno es el 15 de mayo de 1976, pero está claramente equivocada. El Viejo Profesor la sitúa poco antes de la Navidad de 1975 y del propio relato de Fraga se deduce que fue al poco de llegar al gobierno; E. Tierno, Cabos sueltos, op. cit., p. 517.

[21] P. y A. Fernández-Miranda, Lo que Rey me ha pedido, op. cit., p. 347, n. 61.

[22] J. M. de Areilza, Crónica de libertad, op. cit., p. 99.

[23] «Fraga y Silva a la cabeza de los 26 políticos del futuro», El País, 5 de mayo de 1976 (la lista solía ser de 25, pero esta vez, debido a los múltiples empates, resultó tener uno más).

[24] J. M. de Peñaranda y Algar, Los servicios de inteligencia, op. cit., vol. II, pp. 843-846.

[25] A. Guerra, Cuando el tiempo nos alcanza, op. cit., pp. 171-173.

[26] «Crisis de gobierno: Ruptura de las instituciones», ES, 10 de julio de 1976.

[27] «Un gobierno sin programa», ES, 25 de julio de 1976.

[28] «Entrevista presidente del Gobierno-secretario general del PSOE: La legalidad o la ruptura», La Vanguardia, 12 de agosto de 1976.

[29] A. Romero, Historia de Carmen. Memorias de Carmen Díez de Rivera, Ed. Planeta, Barcelona, 2002, p. 108.

[30] A. Guerra, Cuando el tiempo nos alcanza, op. cit., p. 173.

[31] L. C. Hernando, El PSOE y la monarquía, op. cit., p. 336.

[32] Cit. T. Burns Marañón, Conversaciones sobre el Rey, op. cit., p. 207.

[33] F. Bustelo, «La socialdemocratización del PSOE», El País, 4 de junio de 2006.

[34] T. Burns Marañón, Conversaciones sobre el Rey, op. cit., p. 347.

[35] «Clausura del XXVII Congreso del Partido Socialista Obrero Español: Llamamiento a la unidad del partido», El País, 9 de diciembre de 1976.

[36] J. Leguina, El camino de vuelta. Del triunfo de Felipe González a la crisis del PSOE, La Esfera de los Libros, Madrid, 2012, p. 82.

[37] T. Burns Marañón, Conversaciones sobre el Rey, op. cit., p. 346.

[38]ES, 25 de octubre-10 de noviembre de 1976.

[39] Cit. S. Juliá, Los socialistas..., op. cit., pp. 499-500.

[40] «La renuncia del conde», ES, 22 de mayo de 1977.

[41] J. L. de Vilallonga, «El Rey», La Vanguardia, 9 de agosto de 1991.

[42] Cit. J. L. de Vilallonga, El Rey, op. cit., p. 100.

[43] La anécdota se ha contado varias veces. Sigo en parte el testimonio ya citado de J. L. de Vilallonga y el de J. Leguina, El camino de vuelta, op. cit., pp. 83-84.

[44] F. Morán, Palimpsesto: A modo de memorias, Espasa Calpe, Madrid, 2002, p. 198.

[45] Cit. J. L. de Vilallonga, El Rey, op. cit., p. 100.

[46] AJLS: ANA [Análisis y Alternativas]-467; 5-6-1977.

[47] E. Navarro, Mis testimonios sobre Adolfo Suárez, manuscrito, p. 107, AJTS (existe una edición impresa, a cargo de Jorge Trías Sagnier, de este manuscrito, que se ha publicado con el título La sombra de Suárez, Plaza & Janés, Barcelona, 2014).

[48] Testimonio de Leopoldo Calvo-Sotelo cit. por Ch. Powell, España en democracia, 1975-2000, Plaza & Janés, Barcelona, 2001, p. 192.

[49] Testimonio de José Luis Sanchís.

[50] E. Navarro, Mis testimonios sobre Adolfo Suárez, op. cit., p. 111.

[51] «Opiniones positivas sobre el discurso de la corona», El País, 23 de julio de 1977.

[52] «Suarismo», ES, 29 de mayo de 1977.

[53] Cit. L. C. Hernando, El PSOE y la monarquía, op. cit., p. 337.

[54] E. Díaz, «Democracia y monarquía», ES, 9 de octubre de 1977.

[55] J. M. Armero, «Pragmatismo y monarquía», ES, 20 de noviembre de 1977.

[56] J. Prat, «Monarquía o república», ES, 23 de octubre de 1977.

[57] J. Ortega Martínez, «Democracia o monarquía», ES, 16 de octubre de 1977.

[58] «El Rey ha coadyuvado a la transformación democrática», entrevista a F. González, El País, 15 de enero de 1978.

[59] Ch. Powell, El piloto del cambio. El Rey, la monarquía y la transición a la democracia, Ed. Planeta, Barcelona, 1991, pp. 252-254.

[60] Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados, DS, 11 de mayo de 1978, pp. 2193-2197.

[61] M. Azaña, Sobre la autonomía política de Cataluña, selección de textos y estudio preliminar de E. García de Enterría, Ed. Tecnos, Madrid, 2005, p. 235.

[62] Congreso de los Diputados, DS, 11 de mayo de 1978, p. 2197.

[63] Cit. J. A. Andrade Blanco, El PSOE y el PCE en (la) transición: La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político, Ed. Siglo XXI, Madrid, 2012, p. 145.

[64]ES, 10 de diciembre de 1978.

[65] «El PSOE expresa al rey su reconocimiento a la monarquía aceptada por el pueblo», El País, 13 de diciembre de 1978.

[66] A. Alam, The Shah and I: The Confidential Diary of Iran’s Royal Court, 1969-1977, St. Martin’s Press, Nueva York, 1992, pp. 552-554. Para todo el proceso previo a la convocatoria de elecciones municipales, sigo el relato que hice en mi libro Adolfo Suárez, op. cit., pp. 236-237.

[67] «Municipales: la trampa y las rabietas», editorial de El País, 8 de marzo de 1978.

[68] «Comentarios operativos para la campaña de las municipales (Segundo informe)», sin fecha (probablemente, febrero de 1979); AJLS: D-22.

[69] S. Carrillo, Memorias, op. cit., pp. 696-698.

[70] M. Herrero de Miñón, Memorias de estío, Temas de Hoy, Madrid, 1993, pp. 182-183.

[71] La entrevista a Guerra, en El País, 10 de mayo de 1978; las declaraciones de F. González, extractadas también por El País, 11 de mayo de 1978.

[72] P. Castellano, Yo sí me acuerdo, op. cit., p. 335.

[73] «El Congreso aprobó una resolución de izquierda y eligió una ejecutiva moderada», El País, 30 de septiembre de 1979.

[74] P. Castellano, Yo sí me acuerdo, op. cit., p. 321.

[75] «Arias Salgado cambió ayer el signo del debate», ABC, 29 de mayo de 1980.

[76] Carta manuscrita del rey Juan Carlos I a Adolfo Suárez, fechada en La Zarzuela el 31 de marzo de 1979; reproducida por El Mundo, 6 de abril de 2014.

[77] J. F. Fuentes, Adolfo Suárez, op. cit., pp. 333-334.

[78] Entrevista a Enrique Múgica, El País, 13 de marzo de 1981.

[79] J. Prieto y J. L. Barbería, El enigma del «Elefante». La conspiración del 23-F, El País-Aguilar, Madrid, 1991, p. 92.

[80] Cit. ibíd., pp. 94-95. Testimonio del diputado del PNV Marcos Vizcaya sobre la exposición de la situación política que le hicieron Alfonso Guerra y Gregorio Peces-Barba.

[81] F. Álvarez de Miranda, Del «contubernio» al consenso, Ed. Planeta, Barcelona, 1985, p. 145.

[82] Declaraciones de A. Suárez en el seminario sobre la Transición española celebrado en la Fundación Ortega y Gasset, Toledo, en 1983. Cito por las notas tomadas en aquella reunión por Juan Linz que me ha facilitado su viuda, Rocío de Terán, a quien agradezco su generosidad.

[83] M. Soriano Navarro, Sabino Fernández Campo. La sombra del rey, Temas de Hoy, Madrid, 2008, pp. 354-355.

[84] «Felipe González se ofrece al rey para intentar la formación de un gobierno en torno al PSOE», El País, 31 de enero de 1981.

[85]ES, 4-10 de febrero de 1981.

[86] «Alfonso Guerra: “Con el encargo del rey, Felipe González lograría cerca de 200 votos parlamentarios”», El País, 4 de febrero de 1981.

[87] En conversación con el autor de este libro. La transcripción de la lista realizada por la doctora Carmen Echave, funcionaria del Congreso de los Diputados, se reproduce en el libro de J. Prieto y J. L. Barbería, El enigma del «Elefante», op. cit., p. 189.

[88] Testimonio de Alfonso Armada al autor.

[89] Declaraciones de Adolfo Suárez en el seminario sobre la Transición española celebrado en la Fundación Ortega y Gasset, Toledo, en 1983. Cito por las notas manuscritas de Juan Linz.

[90] «El PSOE se ofrece a participar en el gobierno “ante la amenaza que pesa sobre la democracia”», El País, 25 de febrero de 1981.

[91] «La manifestación más grande de la historia de España desfiló ayer por las calles de Madrid», El País, 28 de febrero de 1981.

[92] «Aquí ha pasado mucho», El Socialista, 25 de febrero-3 de marzo de 1981.

[93] A. Guerra, Cuando el tiempo nos alcanza, op. cit., p. 318.

[94] Diario de Jaime Carvajal, entrada del 21 de noviembre de 1981. Agradezco su gentileza al facilitarme este valioso testimonio.

[95] S. Juliá, Los socialistas..., op. cit., p. 564.

[96]L. Calvo-Sotelo, Memoria viva de la transición, Plaza & Janés-Cambio 16, Barcelona, 1990, p. 163.

[97]Ibíd., pp. 129-130.

[98]«Más de treinta diputados centristas votaron con la oposición», ABC, 23 de junio de 1981.

[99]«Llegó el divorcio», ES, 24-30 de junio de 1981.

[100]Palabras de P. Castellano recogidas por Cambio 16, 12 de octubre de 1981; cit. R. Gillespie, Historia del Partido Socialista Obrero Español, op. cit., p. 379.

[101]«Llamamiento del alcalde de Barcelona ante el Día de las Fuerzas Armadas», El País, 28 de mayo de 1981.

[102]«El pueblo se acercó al Ejército», ES, 3-9 de junio de 1981.

[103]«El rey en su papel del Jefe de Estado: La maniobra USA», ES, 21-27 de octubre de 1981.

[104]ES, 24-30 de marzo de 1982.

[105]Las palabras de F. González, citadas por ES, «Un partido para el cambio», 28 de octubre-3 de noviembre de 1981.

[106]Ibíd., «Un proyecto de felicidad para el hombre».

[107]A. Guerra, Cuando el tiempo nos alcanza, op. cit., p. 328.

[108]Ibíd., p. 332.

[109]«“El futuro es nuestro, de la mayoría que quiere el cambio”, afirma Felipe González», El País, 27 de octubre de 1982.

[110]P. Laín Entralgo, «14 de abril y 28 de octubre», El País, 29 de octubre de 1982.

CAPÍTULO VIII. EL ÉXITO DE LA COHABITACIÓN

¡Viva el rey!

La nueva legislatura, segunda de la democracia —no contaba como tal la constituyente de 1977—, se inauguró el 25 de noviembre de 1982 en una sesión conjunta de las dos cámaras con asistencia de los reyes y de su hijo, el príncipe de Asturias. En su mensaje de salutación, el nuevo presidente del Congreso de los Diputados, el socialista Gregorio Peces-Barba, recordó cómo en el siglo xix monarquía y Parlamento habían sido la mayoría de las veces instituciones antagónicas que pugnaban por el poder. Pero por fortuna el mundo surgido de la Segunda Guerra Mundial había renovado y racionalizado el régimen parlamentario hasta desmentir el mito de su decadencia creado por sus enemigos en el periodo de entreguerras. Ejemplo de ello era la nueva Constitución española, que había sido capaz de convertir corona y Parlamento en poderes complementarios al servicio del bienestar y el progreso del pueblo español. Tan complementarios eran que, en la solemne inauguración de la nueva legislatura, los gritos de ¡viva España!, ¡viva el rey! y ¡viva la Constitución! tenían, en su opinión, el mismo valor y el mismo significado.

Con esos tres vivas, secundados con entusiasmo por los diputados y senadores, terminó su discurso el presidente del Congreso, que recibió, según el Diario de Sesiones, «grandes y prolongados aplausos» de sus señorías.[1] El rey don Juan Carlos, que tomó la palabra a continuación, celebró la manera «ordenada, libre y pacífica» con la que el pueblo español acababa de expresar su voluntad soberana. Apeló a la prudencia como suprema virtud política, especialmente necesaria en un momento crucial como aquel, y reconoció tener una gran fe en un futuro que empezaba justo entonces, con un acto de plena normalidad democrática como era el ejercicio de la alternancia política libremente decidida por el pueblo. Sus posteriores palabras de reconocimiento, amor y respeto por las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad provocaron —fue la única vez a lo largo de todo el discurso— una gran ovación de los miembros del Parlamento, que se repitió al final, con sus señorías en pie, cuando el rey declaró inaugurada la legislatura.[2]

Cinco días después, el 30 de noviembre, se inició en el Congreso la investidura de Felipe González, concluida al día siguiente, tras la intervención de todos los grupos y la votación de su candidatura a la Presidencia del Gobierno, que obtuvo 207 votos a favor, 116 en contra y 21 abstenciones. De esta forma, con una amplísima mayoría absoluta, empezaban trece años y medio de gobiernos del Partido Socialista y de oposición de Alianza Popular, luego Partido Popular, liderado primero por Manuel Fraga y en los últimos años por José María Aznar. Cuando se repasa el debate parlamentario celebrado en aquella ocasión y se recuerda que el terrorismo de Estado acabaría siendo, con la corrupción, el tema central de la oposición del PP al PSOE, llaman la atención las palabras pronunciadas por Manuel Fraga aquel 1 de diciembre de 1982: en la lucha contra el terrorismo, afirmó el líder de AP, siempre es preferible un gobierno que se manche las manos de sangre a otro que se las lave con agua, como Pilatos.[3]

La frase de Fraga fue recogida, más o menos literalmente, en la crónica que publicó The New York Times de la investidura de González y de su posterior promesa del cargo en el Palacio de La Zarzuela. Cabía preguntarse qué había llevado al nuevo presidente del Gobierno, en una de sus primeras decisiones, a dar rango oficial de jefe de la oposición al antiguo ministro de Franco. Tal vez en aquellas palabras de Fraga estuviera la respuesta, porque a partir de esa torpe, apenas velada, apología del terrorismo de Estado podía entenderse que los socialistas pretendieran otorgar el máximo protagonismo a un adversario tan fogoso como electoralmente inofensivo. Así lo creía el autor de la crónica, cuyo perspicaz análisis se detenía también en otros dos factores que auguraban una larga estancia del PSOE en el gobierno. Uno era la imagen de moderación que se había propuesto transmitir Felipe González; el otro, la superación del viejo antagonismo entre la monarquía española y el Partido Socialista. El corresponsal del New York Times sugería incluso la existencia de una alianza tácita (unspoken alliance) entre el rey de España y el líder de un partido republicano como el PSOE, dos hombres de la misma generación que encarnaban fuerzas tradicionalmente opuestas y que ahora parecían encantadas de haberse conocido. La promesa del cargo por Felipe González en el Palacio de La Zarzuela era una muestra discreta, como el acto en sí, de aquella «reconciliación histórica», cuya trascendencia se entendía mejor si se recordaba que en 1931 el abuelo del rey de España tuvo que abandonar el país como consecuencia de unas elecciones. Era pronto para saber si los últimos comicios cerrarían el convulso ciclo político vivido por España desde entonces, pero el periodista norteamericano había recogido en ambientes monárquicos la idea de que un gobierno socialista como el que se acababa de formar podía ser la mejor manera de consolidar la monarquía.[4]

Al menos así lo pensaba el propio rey a juzgar por el comentario que le hizo a Peces-Barba al estampar su firma en el nombramiento de Felipe González como presidente del Gobierno: «Si mi abuelo hubiera podido hacer esto con Pablo Iglesias no habríamos tenido Guerra Civil».[5] La frase evoca una idea que probablemente acompañó a Alfonso XIII en su destierro y que aparece también en el comentario que don Juan de Borbón le hizo llegar al presidente de la UGT en el exilio, Trifón Gómez, a finales de 1947. Los socialistas trataban de llegar a un pacto con los monárquicos para derrocar a Franco y buscaban para ello el apoyo del pretendiente, con quien Gómez quiso entrevistarse en Londres aprovechando que ambos iban a coincidir brevemente en la capital británica. Por la razón que fuera, finalmente la entrevista no pudo concertarse, y bien que lo sintió don Juan pensando en lo mucho que su padre hubiera deseado recibir a un líder socialista en palacio si las circunstancias lo hubieran permitido y el socialismo español de la época hubiera estado dispuesto a ello.

La anécdota, referida en su día por Indalecio Prieto, suscita algunas dudas sobre su veracidad, al menos literal. Otros testimonios indican que en realidad don Juan no quiso recibir al líder de la UGT o que no se atrevió a dar ese paso, lo que no invalidaría del todo la melancólica reflexión que Prieto le atribuyó entonces.[6] Queda la impresión, en todo caso, de que Alfonso XIII y sus descendientes pensaron que una aproximación entre el socialismo y la monarquía, cuando aún estaban a tiempo, le podía haber evitado a la familia real la humillación de 1931 y el destierro consiguiente y a todos los demás la catástrofe de la guerra y sus secuelas. El contrafáctico —que hubiera pasado si...— plantea no obstante la posibilidad de que todo lo ocurrido desde entonces fuera necesario para ver a un rey de España firmando el real decreto que nombraba presidente del Gobierno al líder del PSOE. Por eso, cuando don Juan Carlos lamentó que un acto como aquel no se hubiera producido bajo el reinado de su abuelo, Gregorio Peces-Barba le contestó que «a lo mejor la Guerra Civil ha[bía] sido imprescindible para que hayamos podido tener esto».[7] Es lo que don Manuel Azaña llamaba «la musa del escarmiento»: la fuerza inspiradora de errores históricos por los que se paga un alto precio y que enseñan a buscar soluciones que en el pasado se consideraron deshonrosas o impracticables.

El 3 de diciembre prometieron sus cargos los miembros del nuevo gobierno, al que finalmente, tras muchas dudas, se incorporó Alfonso Guerra como vicepresidente. Los ministros habían sido aleccionados por Julio Feo y Roberto Dorado sobre cuestiones de protocolo relacionadas con sus nuevas responsabilidades y empezaron a tomar conciencia de lo mucho que iban a cambiar sus vidas. Por lo pronto, tenían que olvidar la impronta iconoclasta de su educación sentimental como socialistas, ese rechazo a ciertos símbolos, ritos y comportamientos supuestamente incompatibles con la identidad de la izquierda. Alguno de los nuevos ministros aún se lamentaba muchos años después, al escribir sus memorias, de no haber optado entonces por un estilo más llano y sencillo, que acaso hubiera servido para marcar desde el principio una pauta de ejemplaridad en el ejercicio del poder.[8] Pero el hombre es un animal simbólico, y la democracia no está menos necesitada que los regímenes tradicionales de un cierto boato institucional. Alguien debería haberles recordado a los nuevos ministros el mal trago que pasaron Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero cuando el gobierno de la república, presidido por Azaña, exigió rigurosa etiqueta en los actos conmemorativos del primer aniversario del 14 de abril de 1931. Tras amagar con dar plantón a sus compañeros de gabinete y demás autoridades o deslucir la celebración asistiendo en traje de calle, los dos ministros socialistas acataron disciplinadamente la etiqueta y participaron en los festejos oficiales vestidos de chaqué, como correspondía a la ocasión.

Transcurrió medio siglo entre el episodio anterior y el acto celebrado en La Zarzuela ante el rey don Juan Carlos, en una ceremonia a la carta en la que los ministros pudieron elegir entre jurar y prometer, después de que Alfonso Guerra hubiera mostrado su malestar por el carácter confesional que se le había dado a la promesa del presidente del Gobierno.[9] En lo sucesivo, la pequeña mesa instalada al efecto estaría provista de todo lo necesario para cumplir el rito, cualquiera que fuera el procedimiento elegido por cada uno: un ejemplar de la Constitución, una biblia, un crucifijo y una chuleta con el texto que debía leer cada ministro. Aunque las servidumbres indumentarias fueron mínimas —traje oscuro, que algún neófito tuvo que comprarse a última hora en El Corte Inglés—, el acto se desarrolló con la rígida formalidad marcada por el protocolo, rota solo al final cuando los reyes felicitaron y desearon suerte a los ministros y les invitaron a posar junto a ellos ante las numerosas cámaras de prensa y televisión. Luego, cada uno se fue a su ministerio a tomar posesión de su cargo, generalmente en presencia del ministro saliente, miembro de un partido, UCD, en vías de extinción que pasaba en apenas unas horas del gobierno a la nada. Dos días antes, en la promesa del cargo por Felipe González, el rey había querido endulzarle la píldora a Leopoldo Calvo-Sotelo, tras sufrir la peor derrota registrada en Europa por un partido en el gobierno desde 1945.[10] El comentario del monarca, bienintencionado pero bastante traído por los pelos, estuvo lejos de conseguir su efecto de consolar al cesante: «¡Qué suerte tenéis los políticos, que a veces los electores os echan! Yo, en cambio...». El ya expresidente, viendo la ocasión propicia al humor negro, tan de su gusto, le siguió la broma con una anécdota sobre un condenado a muerte que se quejaba del frío que hacía en el apartado lugar en el que iba a ser ajusticiado. «Pues fíjese nosotros, que aún tenemos que volver después de fusilarle», le contestó, apesadumbrado, uno de los guardias civiles que le acompañaban. Por un momento, el relato de Calvo-Sotelo le dio a la escena un aire de velatorio que contrastaba con la sensación general de que aquello representaba el comienzo, más que el final, de algo.[11]

Entre bromas y veras, cada nueva toma de posesión, cada relevo en un ministerio, iba abreviando la cuenta atrás de la desaparición definitiva de UCD, víctima de su pésimo resultado electoral y, tal vez sobre todo, de sus impulsos autodestructivos: del agotamiento de su proyecto, de sus luchas internas, de sus problemas de liderazgo y en cierta forma de su propio éxito. Sus servicios a la consolidación de la monarquía constitucional habían sido decisivos, pero la democracia española entraba en una nueva etapa que requería alternancia y cambio. Alternancia en el gobierno y cambio de proyecto. El PSOE representaba una exitosa combinación de pasado y futuro, una especie de cuadratura del círculo que había de servir para convalidar la Transición democrática iniciada tras la muerte de Franco. Era el regreso del socialismo al poder, del que disfrutó brevemente en los años treinta, pero siempre compartiéndolo con unos compañeros de viaje, los republicanos y los comunistas, de los que no guardaba precisamente un buen recuerdo. Medio siglo después volvía al gobierno en solitario, sin necesidad de aliarse con nadie, con sus símbolos, sus viejas siglas y su fidelidad a las figuras señeras de su tradición centenaria, empezando por Pablo Iglesias. «No somos monárquicos», había declarado el Abuelo en las Cortes de la Restauración, «porque no lo podemos ser». Ni falta que hacía. Gobernar en una monarquía democrática no requería abjurar de eso que Largo Caballero, lector tardío de Platón, calificó en su día de republicanismo platónico.

La concepción juancarlista de la monarquía y la versión felipista del socialismo tenían además algunos puntos en común que facilitaban el entendimiento. Monarquía y socialismo coincidían en un sentido legitimista de su trayectoria y de su razón de ser, que en el primer caso era consustancial a la propia institución y en el segundo se puso ya de manifiesto con el problema sucesorio planteado por la muerte de Pablo Iglesias en 1925. Un problema que nunca se resolvió del todo, y de ahí las permanentes disputas entre Caballero, Besteiro y Prieto, agravadas tras la guerra por el rechazo general a Negrín, que era el heredero que nadie esperaba. El pleito se trasladó después a sus respectivos seguidores, a los que siempre se podrá reconocer, como en las familias biológicas, por un mayor parecido a tal o cual antepasado. Aquello no podía seguir así. Casi medio siglo después de la muerte del Abuelo, Felipe González y los suyos decidieron cortar por lo sano y rebelarse contra Llopis, el último caballerista, en el Congreso de Suresnes en 1974.

El PSOE renovado fue muy respetuoso con la memoria familiar del socialismo español, pero a su jefe de filas le pareció que las ideas de sus antecesores no servían ya para gobernar un país en el que, como dijo el propio Llopis al regresar brevemente en 1976, ya no quedaban obreros «de blusa». En realidad, no era solo que España hubiera cambiado. Es que ya en su momento las grandes figuras del socialismo habían tomado decisiones que se acabaron volviendo en contra de todos. «Desengáñate», le había dicho Felipe, tiempo atrás, a uno de los ministros de su primer gobierno: «Ni Prieto, ni Caballero, ni Negrín. Todos se equivocaron». Lo ocurrido en el PSOE, ¿no recuerda un poco el salto en la línea sucesoria que se produjo entre Alfonso XIII y su nieto? Tampoco a don Juan Carlos le iba a temblar el pulso si tenía que forzar la legitimidad dinástica para que las cosas discurrieran, según él, de la mejor manera posible. «Si le toca perder a mi padre», dijo un día en privado, siendo aún príncipe, «pues pierde. España está por encima».[12] Ya rey y después de que don Juan renunciara a sus derechos, le escandalizaba que algunos viejos juanistas siguieran rindiendo culto al conde de Barcelona como si fuera el auténtico monarca.

Felipismo y juancarlismo suponían por tanto la transgresión de viejos legitimismos a los que, pese a todo, no renunciaban como factor de cohesión sentimental entre los suyos. Así se puso de manifiesto con el regreso de los restos mortales de Alfonso XIII en 1977 para ser depositados en el Monasterio de El Escorial en una solemne ceremonia presidida por su nieto, o en la repatriación de los restos de Largo Caballero en 1978, cumpliendo su deseo de ser enterrado en España,[13] para darle sepultura en el Cementerio Civil de Madrid. Fue un acto multitudinario que contó con la participación de todos los dirigentes socialistas, con Felipe a la cabeza, aunque el principal protagonismo le correspondió a Nicolás Redondo como secretario general de la UGT. Pese al indudable valor que ambos concedían a los símbolos y a las formas, el rey y el nuevo presidente del Gobierno habían contribuido también a la secularización de concepciones de la historia, la monárquica y la socialista, que, cada una a su manera, tendían a sacralizar el poder y a dar un sentido trascendental a la existencia. Había sin duda saberes adquiridos que se transmitían de generación en generación y constituían un capital histórico irrenunciable, pero tanto don Juan Carlos como Felipe González fiaban sus grandes decisiones a su olfato personal, a la probada eficacia de su intuición política. Y no solían equivocarse.

Así pues, volvía al poder un partido centenario, derrotado en la guerra y perseguido bajo la dictadura. Nada más lejos, sin embargo, de un regreso al pasado, que pudiera retrotraer los acontecimientos al punto en que quedaron antes de la sublevación militar de julio del 36. El PSOE representaba en 1982 un socialismo profundamente transformado, que había interiorizado la dura autocrítica del papel de la izquierda en los años treinta realizada por sus dirigentes en el exilio; por ejemplo, por Luis Araquistáin, el gran ideólogo de la bolchevización del partido en 1933. Catorce años después, víctima, al decir de Prieto, de un «arrepentimiento extremoso», Araquistáin pronunciaba en Toulouse, en la sede de los socialistas en el exilio, su conferencia «Algunos errores de la Segunda República», título que sugiere como un tema inabordable; tal era la amplitud de los errores cometidos. Para que no se le fuera de las manos, se centró en las relaciones con la Iglesia y el Ejército, sometidos a una provocación contraproducente por una izquierda que, en su opinión, no supo calcular ni sus fuerzas ni las de sus adversarios. Quién le ha visto y quién le ve, pensaría más de uno al recordar aquellos tiempos, no tan lejanos, en que había criticado a la república burguesa por ser demasiado moderada.

Sin conocer seguramente aquella conferencia de Araquistáin en Toulouse, Felipe González llegó a la misma conclusión que él. La «terrible impaciencia» de la república, en palabras de Felipe, impidió su consolidación. Pensar que graves problemas históricos podían resolverse de un día para otro era, según él, uno de los grandes errores —e insistía: «Grandes, grandes»— que había cometido la izquierda a lo largo de la historia.[14] En 1982, los socialistas se traían, pues, la lección bien aprendida: «Que no nos pase como en la Segunda República», les dijo Felipe a sus ministros; esta vez había que conseguir «que la libertad fuera irreversible».[15] Así pues, nada de prisas; nada de provocaciones, sobre todo al Ejército.

El ministro de Defensa, Narcís Serra, se había hecho acreedor al cargo un año antes cuando, como se recordará, le tocó contribuir, como alcalde de Barcelona, a la organización de la Semana de las Fuerzas Armadas apenas tres meses después del 23-F. La cosa salió a pedir de boca. Serra prodigó en sus mensajes a los barceloneses los elogios a los tres ejércitos y a «nuestro rey», el «primer soldado de España», y se ganó la confianza de propios y extraños. Además era de los pocos socialistas abiertamente partidarios de la permanencia en la OTAN. Un mes antes de las elecciones, González le propuso ser ministro de Defensa. Primero dijo que no, pero el descubrimiento de una nueva trama golpista en el Ejército y la insistencia del futuro presidente del Gobierno le llevaron a aceptar el cargo.[16] Narcís Serra iba ser, con el beneplácito del monarca, el gran apaciguador de las Fuerzas Armadas y, a la vez, el artífice de una reforma militar similar en el fondo a la realizada en su día por Azaña, pero sin su radicalismo de boquilla ni sus pequeñas afrentas al mundo castrense.

El nuevo estilo se empezó a notar muy pronto. El 8 de diciembre, al cumplir su primera semana al frente del gobierno, Felipe González presidió, junto al ministro de Defensa, la celebración de la patrona de Infantería en uno de los acuartelamientos de la División Acorazada Brunete, cuyo papel en el 23-F tanto dio que hablar. El reciente asesinato por ETA del anterior jefe de la división, el general Víctor Lago, añadía tensión y dramatismo a un acto que resultaba excepcional por muchos motivos. A la llegada de las autoridades se interpretó el himno nacional y el presidente pasó revista a las tropas. Hubo saludo a la bandera, misa concelebrada, que González siguió de pie; parada militar; homenaje a los caídos, rematado con el himno de Infantería —«Ardor guerrero/ vibre en nuestras voces»—, y breves alocuciones del jefe de la división, general Pedrosa, y del presidente del Gobierno, dos recién llegados a sus respectivos destinos. Ambos pusieron especial empeño en resaltar lo que aquel momento significaba. «Queremos que nos conozca», le dijo el general Pedrosa al nuevo presidente, «y esperamos que este conocimiento mutuo haga que el respeto que os tenemos y debemos se convierta en afecto». En su respuesta, Felipe González se comprometió a conocer «profundamente» las necesidades de los ejércitos y a gobernar «con serenidad, con prudencia y con firmeza», sin otro afán que «buscar el bien de España, el bien de nuestra patria, el bien de la inmensa mayoría de los españoles». En su primer contacto oficial con las Fuerzas Armadas, González fue recibido con tímidos aplausos y despedido, según las crónicas, con una «calurosa ovación».[17] El País llegó a hablar del «notable éxito personal» cosechado por él en su visita a la División Acorazada. El líder socialista había tomado una decisión arriesgada y había salido reforzado. Al día siguiente participaba en un homenaje a Pablo Iglesias al cumplirse el aniversario de su muerte. Definitivamente, el hombre es un animal simbólico.

Una legislatura de ida y vuelta

La política de gestos y el cuidado de las formas resultaron también de gran importancia en las relaciones con la corona, aunque en este caso la predisposición de la otra parte era mucho más favorable. Aquellas Navidades, el rey sufrió un percance esquiando y tuvo que permanecer unos días guardando reposo. Alfonso Guerra, que llevaba apenas un mes como vicepresidente del Gobierno, le llamó para interesarse por su estado y don Juan Carlos, además de agradecerle la llamada, le pidió que fuera a visitarle a La Zarzuela. Allí se presentó el vicepresidente con un regalo pensado para llenar los ocios del monarca y de paso acercarle a los tiempos gloriosos de la Edad de Plata de la cultura española: un ejemplar del libro Política poética, de Juan Ramón Jiménez, recientemente reeditado, que en realidad era el texto de una conferencia suya leída en el Madrid republicano, en vísperas de la Guerra Civil. Tal vez no fuera la lectura más indicada para sacar de su tedio a un Borbón convaleciente, pero Guerra, que no daba una puntada sin hilo, no perdía la esperanza de republicanizar al monarca, entendiendo por tal cosa ayudarle a comprender las razones de las Españas vencidas en 1939.

Es dudoso que el rey, pese a mostrarse interesado por el libro, llegara a leerlo algún día, pero el encuentro sirvió para poner las bases de una relación que acabaría siendo extremadamente cordial. Apenas se habían tratado hasta entonces y los dos estaban deseosos de estudiar al otro desde la curiosidad casi morbosa que les producía una personalidad tan distinta de la suya. Sus vidas no podían parecerse menos. Tanto es así que ni siquiera la pertenencia a la misma generación servía, como en otros casos, para establecer una cierta empatía, porque la mínima diferencia de edad entre ellos —el rey era un par de años mayor que Guerra— no hacía más que resaltar las trayectorias completamente divergentes que habían seguido sus vidas hasta que la historia les colocó uno junto al otro. Aquella primera conversación cara a cara confirmó la impresión que Guerra se había forjado del monarca, más bien en la distancia y por terceras personas, y le reveló su permanente optimismo como un rasgo llamativo de su carácter, incluso estando postrado por un accidente. Como el vicepresidente se mostrara sorprendido al verle de tan buen humor, don Juan Carlos le contestó riéndose: «Lo tendré hasta cuando estén clavando el último clavo sobre mi caja».[18]

Tampoco el rey tardó demasiado en descubrir las facetas menos conocidas de Alfonso Guerra, cuya mala fama en los ambientes conservadores se compadecía mal con su trato afectuoso y su interés por mantener una impecable relación con la corona. Lo pudo comprobar unos meses después, cuando el príncipe Felipe realizó su primer viaje oficial al extranjero para asistir a la celebración del 450 aniversario de la fundación de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, adonde González había viajado ya la víspera por el mismo motivo. En ausencia del presidente del Gobierno, fue Alfonso Guerra quien acudió al aeropuerto de Barajas a despedirle oficialmente al frente de un numeroso séquito de autoridades. Guerra extremó sus atenciones con el príncipe, le ayudó a cumplir el protocolo establecido y contribuyó con su presencia a transmitir, como dirá al día siguiente el diario El País, un mensaje de estabilidad institucional en torno a la solidez de la monarquía parlamentaria.[19]

Pronto se estableció una saludable rutina en las relaciones entre Juan Carlos I y el ejecutivo socialista, a la que contribuyó el estilo de trabajo, ordenado y metódico, de Sabino Fernández Campo, primero secretario general y a partir de enero de 1990 jefe de la Casa Real. Además de los despachos con Felipe González todos los martes, a las diez de la mañana, en los que se abordaban los temas fijados previamente por las dos partes, de vez en cuando el rey recibía por separado a aquellos ministros cuya labor afectaba en mayor medida al papel de la corona: Justicia, Defensa, Exteriores... Despachaba también con el vicepresidente Alfonso Guerra cuando el presidente se encontraba de viaje. Eran reuniones informativas, en las que el ministro o el vicepresidente le ponían al corriente de los asuntos de su departamento y respondían a las preguntas del rey, que demostraba estar al día de los grandes temas de cada ministerio. Los encuentros en La Zarzuela se celebraban con conocimiento del presidente y nada de lo allí tratado podía considerarse injerencia de la corona en la actuación del gobierno, no digamos maniobras desestabilizadoras entre sus componentes. El reparto de papeles estuvo claro desde el principio y cada parte respetó escrupulosamente las funciones de la otra. Felipe González puso especial interés en ello, como si tuviera en sus manos un delicado mecanismo de vasos comunicantes que había que manejar con cuidado. Potenciar la dimensión simbólica y representativa de la figura del rey era una forma de dar lustre a la corona, pero también de mantenerla alejada de ámbitos ajenos a su función constitucional. De ahí que evitara siempre hacerle sombra en el protocolo de los actos oficiales. No: el presidente no tenía ninguna intención de ejercer de jefe del Estado bis, según el reproche que Emilio Romero lanzó en su día contra Adolfo Suárez.[20]

La convulsa etapa de UCD había servido de aprendizaje y hasta cierto punto de escarmiento. El doloroso precedente de la amistad entre el rey y Suárez, desde la intimidad de los primeros años al distanciamiento y finalmente a la ruptura, aconsejaba plantear en otros términos la relación con Felipe González, situada desde el principio en un plano institucional que resultó ser mucho más estable y duradero. Ayudaban también la abrumadora legitimidad electoral del gobierno y la cohesión granítica del Partido Socialista. Tan solo el siempre cáustico y problemático Pablo Castellano se permitió la humorada de afirmar, ante la pregunta de un periodista, que el gobierno «era una mierda, pero que era nuestra mierda», lo que provocó una inmediata llamada al orden de la Comisión de Conflictos del PSOE.[21] En todo caso, nada que ver con la tormentosa peripecia de UCD, un partido que tuvo en su origen un fuerte componente dinástico, de entrega absoluta a la causa del rey, que a su vez vio en el suarismo el aliado natural de la corona en un país escasamente monárquico. En 1980, con UCD en plena desintegración, la situación económica y política fuera de control y un presidente más celoso que nunca de su autoridad —«aquí solo hay una política exterior y la hace el gobierno», le soltó Suárez al monarca en julio de aquel año—,[22] don Juan Carlos vio tan claro el futuro, que tuvo que desmentir los rumores sobre sus nuevas preferencias políticas: «Dicen que el rey quiere gobernar con los socialistas», declaró a un periódico italiano, «pero yo quiero siempre lo que quiera el pueblo».[23] Tres años después, había un presidente socialista en La Moncloa, un gobierno con amplio respaldo popular y 202 diputados en el Congreso votando como un solo hombre y dando ejemplo de una disciplina de partido que contrastaba con el canibalismo político de UCD. Una disciplina solo rota de momento por el presidente del Congreso, Gregorio Peces-Barba, que renunció a ejercer su voto, innecesario a su partido dada su aplastante mayoría, para dar una imagen de imparcialidad en el ejercicio de su cargo. La prensa conservadora hablaba con escándalo del rodillo socialista, pero el rey sintió más alivio que otra cosa ante el fin de las emociones fuertes de la etapa de UCD.

Sabino Fernández Campo, que tanto contribuyó a normalizar la relación entre La Zarzuela y el PSOE antes de su llegada al poder, habría sido el primero, según su testimonio, en advertir al rey del peligro de una excesiva cercanía al nuevo gobierno. No es que viera con malos ojos la buena sintonía entre la corona y el ejecutivo, pero temía que don Juan Carlos se dejara hipnotizar por el encanto personal de Felipe y que sus repetidas muestras de afecto hacia el presidente y de apoyo a la acción del gobierno llevaran a pensar que la monarquía se sentía más a gusto con los socialistas que con sus antecesores, pese a existir una mayor afinidad ideológica con UCD. Algún día volvería a gobernar la derecha y no convenía que el rey quemara sus naves uniendo su suerte a la de un gobierno que, largo o corto, sería pasajero y daría paso a otro de distinto color. Una cohabitación armoniosa tenía sin duda grandes ventajas para la monarquía, pero también, a juicio de Sabino, algunos inconvenientes si la relación derivaba en amour fou. Por un lado, el incontestable poder alcanzado por el PSOE, afianzado en las elecciones municipales y autonómicas de 1983, agudizaba el peligro de lo que él llamaba una «dictadura democrática», basada en el control de todas las instituciones del Estado y en un poder territorial sin precedentes, solo limitado por el nacionalismo vasco y catalán. El secretario de la Casa Real temía también el alejamiento de sectores conservadores muy influyentes que podían sentirse abandonados a su suerte por la corona, entregada a los socialistas en virtud de no se sabe qué pacto inconfesable. O tal vez sí se supiera, si se acepta la fórmula imaginaria con la que Manuel Soriano, biógrafo de Sabino Fernández Campo, sintetiza el trato privilegiado que la Administración socialista habría ofrecido a don Juan Carlos: «Señor, no se preocupe; nosotros nos ocupamos de todo; diviértase Vuestra Majestad».[24]

El problema de fondo era el sentimiento de desamparo que la actitud del monarca provocaba en amplios sectores de la derecha, tras confiar en vano en que la corona ejercería de contrapeso de un gobierno hostil. El propio Manuel Soriano afirma que la respuesta de Sabino a quienes reclamaban un mayor protagonismo del rey era siempre la misma: «Atenerse a lo que manda la Constitución. Ni un paso más».[25] Esas presiones resultan sintomáticas del escaso entusiasmo que Alianza Popular despertaba en la derecha social y económica, muy escéptica sobre la capacidad de Fraga para arrebatarle el poder al PSOE en un plazo razonable. De ahí la búsqueda de alternativas más o menos expeditivas para acortar la presencia de los socialistas en el gobierno y, mientras tanto, atenuar en lo posible los efectos de su política. Todo ello tuvo una manifestación temprana en la expropiación de Rumasa decretada por el Gobierno el 23 de febrero de 1983 y en la reacción del presidente del holding, el empresario José María Ruiz Mateos, que poco antes había intentado cortejar a los socialistas para evitar lo que a todas luces se avecinaba. A los socialistas y, según el empresario jerezano, al jefe del Estado. Era cosa de oírle contar en privado, con su particular gracejo y un realismo poco verosímil, cómo un buen día le llevó a don Juan Carlos un maletín repleto de dinero para atender sus necesidades más perentorias. Estaban sentados frente a frente y Ruiz Mateos le deslizó el cuerpo del delito como quien no quiere la cosa, sin hacer alarde de su contenido y sin que su destinatario se diera por enterado. El monarca tan solo lo apartó suavemente con la punta del pie, para quitar de en medio su embarazosa presencia y al mismo tiempo dejarlo más a mano, para cuando se levantara. ¡Qué ingrato había sido el rey cuando el gobierno socialista se lanzó a la yugular de Rumasa, esa empresa ejemplar, sin salir en defensa de su presidente y decir «aquí estoy yo» y dar la cara por los suyos!

La legislatura avanzaba sin que nada enturbiara la relación del monarca con el gobierno. El 4 agosto de 1983 presidió por primera vez un Consejo de Ministros desde la entrada en vigor de la Constitución, que contemplaba tal posibilidad pese a las reservas expresadas en la ponencia por Manuel Fraga, reacio a concederle cualquier prerrogativa a la corona que pudiera favorecer el borboneo, término clave en el vocabulario fraguista. Había que remontarse siete años atrás, hasta julio de 1976, todavía en la etapa predemocrática, para recordar un Consejo de Ministros presidido por don Juan Carlos, que quiso en aquella ocasión mostrar su respaldo a Adolfo Suárez, recién nombrado presidente, y a su gobierno. Ahora se trataba de un ejecutivo socialista, deseoso de dar una imagen de normalidad institucional y de aparecer bendecido por la corona en momentos en que el rey gozaba de una indiscutible popularidad, mientras los socialistas veían mermar la suya por el rechazo que generaban algunas de sus iniciativas más polémicas, como la reconversión industrial, el aborto y la reforma educativa. La reunión del gabinete tuvo lugar en el Palacio de la Almudaina, en Mallorca, y se inició con unas palabras de salutación y agradecimiento del rey, que destacó además el significado de un acto como aquel, al hacer realidad «una previsión específica de nuestra Constitución, destinada a instrumentar la información de la corona en los asuntos de Estado a través del Consejo de Ministros».[26] A partir de entonces se hizo costumbre que el jefe del Estado lo presidiera una vez al año, normalmente en verano, aunque la idea inicial, expresada por Alfonso Guerra, era que aquellos «consejos extraordinarios y de carácter informativo» tuvieran una periodicidad bianual.[27]

Pasaba el tiempo y el gobierno socialista parecía cada vez más lejos de cumplir sus principales compromisos electorales: crear 800.000 puestos de trabajo y convocar un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. Lo primero dependía menos de la voluntad del ejecutivo que del cambio de ciclo económico, sobre todo si se tiene en cuenta que González y su ministro de Economía, Miguel Boyer, habían optado por una política de corte liberal, contraria a un crecimiento del empleo inducido por el Estado. El fracaso del modelo intervencionista aplicado en Francia por el gobierno socialcomunista de Mauroy era demasiado notorio como para que los socialistas españoles, llegados al poder un año y medio después que los franceses, cayeran en el mismo error. Su actuación se basaría mucho más en la reducción del sector público mediante reconversiones y privatizaciones que en su fortalecimiento vía nacionalizaciones, como en el país vecino. Lo ocurrido con Rumasa sería la excepción. Como dirá años después Javier Solana, «el mundo era el que era (...). Estaba claro que lo que había ocurrido en Francia no podía ocurrirnos a nosotros».[28] Más intrincada si cabe, porque tocaba una fibra muy sensible de la opinión pública española y porque su cumplimiento dependía en mayor medida de la voluntad del gobierno, era la promesa de celebrar un referéndum sobre la OTAN.

Al rey le intrigaba lo que González tuviera pensado hacer al respecto. Veía además con cierta preocupación el malestar que la política exterior del presidente y de su ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, producía en la Administración Reagan en un momento de reactivación de la Guerra Fría. ¿No se estarían forzando demasiado las cosas? Pese a todo, la sensación era que González sabía lo que hacía. Había demostrado ser un político maniobrero y con recursos, similar a Suárez en muchas cosas, pero tal vez más dúctil y realista. El rey empezaba a conocerle bien. La comparación con Adolfo le resultaba muy esclarecedora, porque, más allá de su indudable parecido —también de Felipe se podría decir, como dijo él de Suárez, que era «una esponja»—, las trayectorias de uno y otro eran completamente opuestas: mientras el líder de UCD había evolucionado de un pragmatismo sin límites a la intransigencia propia de un visionario, el dirigente socialista había dejado atrás su dogmatismo juvenil para convertirse en campeón de una realpolitik a la española. Sin duda se parecían mucho, pero el contraste entre el último Suárez y el nuevo González no podía ser mayor. Al menos, el rey confiaba en que así fuera, y de ahí su curiosidad, más que su alarma, sobre la forma en que resolvería el dilema al que se enfrentaba.

Lo que hizo Felipe con el referéndum fue, como otras veces, jugárselo a una carta asumiendo un riesgo considerable: consultar a la ciudadanía a su debido tiempo y confiar en un resultado afirmativo que evitara sacar a España de la Alianza Atlántica, como pasó a denominarse la OTAN en el lenguaje gubernamental. Podía parecer que jugaba a la ruleta rusa, pero él tenía claro que aquella era una partida muy larga que se decidiría cuando quisiera el gobierno. Se trataba de ir madurando el juego hasta tener en la mano las bazas necesarias para ir a por todas y, a partir de ahí, elegir el momento propicio a un desenlace favorable. De entrada «se congeló», en expresión del ejecutivo, el proceso de integración; luego se presentó ante el Parlamento un «decálogo» que incluía las contrapartidas exigidas para seguir en la OTAN, entre ellas la reducción de la presencia militar norteamericana en España; unos meses después, en diciembre de 1984, el XXX Congreso del PSOE apoyaba el giro del gobierno en esta delicada cuestión. Mientras tanto, se conseguía cerrar con éxito la negociación con Europa. Firmeza ante el «amigo americano», defensa de la soberanía nacional —«¡bases fuera!»—, lucha antiterrorista, ingreso en la Comunidad Económica Europea... No es de extrañar que las encuestas indicaran un rechazo cada vez menor a la permanencia en la OTAN. Solo había que esperar a que la opción atlantista superara a la contraria en las encuestas. La fórmula, tan original como eficaz, consistía en disociar la causa atlántica del antiamericanismo de la sociedad española, un sentimiento ideológicamente transversal que abarcaba desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, y conseguir que el atlantismo se identificara con la independencia nacional, el europeísmo, la modernización y democratización de las Fuerzas Armadas y el fin del aislamiento exterior de España.

Al referéndum se llegó por sus pasos contados. El 12 de junio de 1985 se firmaba en el Salón de Columnas del Palacio Real el Tratado de Adhesión de España y Portugal a la Comunidad Económica Europea, con una puesta en escena cargada de simbolismo: banderas, tapices, bustos grecorromanos, una mesa estilo imperio para la firma de los documentos, 132 invitados de honor y, presidiendo la escena, una gran estatua de Carlos V dominando al Furor, obra de Pompeo Leoni. Abrió el acto el rey Juan Carlos, que se refirió a la vocación europea que España había mostrado a lo largo de su historia, y lo cerró Felipe González, que añadió al final de su alocución una referencia al último atentado de ETA, perpetrado el día anterior. Nadie recordó, sin embargo, unas palabras fundamentales para entender el significado de aquel momento, aunque su ausencia resultara comprensible si no se quería dar al acontecimiento un carácter partidista. Las pronunció don José Ortega y Gasset en 1909 en una conferencia en la Casa del Pueblo de Madrid ante las huestes de Pablo Iglesias: «El Partido Socialista tiene que ser el partido europeizador de España».[29] Tiene mérito haber visto con tanta antelación que aquel pequeño partido obrero, todavía extraparlamentario, liderado por un humilde tipógrafo que apenas había salido al extranjero, habría de resultar determinante en la integración de España en Europa. Que la firma del Tratado de Adhesión se produjera bajo una monarquía democrática demuestra lo mucho que habían cambiado las cosas desde que Ortega convocara a los socialistas a la gran tarea de europeizar España. Aquel acto celebrado en el Palacio Real, con especial protagonismo del rey y de Felipe González, representó la apoteosis de la cohabitación, la prueba palpable del éxito de aquella rara síntesis histórica, inédita en España, entre monarquía y socialismo. El 1 de enero de 1986 se hacía efectivo el ingreso de España en la CEE.

Dos meses y medio después, se celebraba el referéndum de la OTAN en medio de una fortísima campaña de opinión, con algunos papeles notoriamente, casi obscenamente, cambiados. Salvo los sectores situados a la izquierda del PSOE, encabezados por el PCE, fiel a su antiamericanismo congénito y confiado en su resurgir electoral, cada cual interpretó un papel que era ajeno a su tradición y a sus postulados. El gobierno había pasado de su ambigüedad inicial a volcarse en el triunfo del «sí». Alianza Popular, arrastrada por Manuel Fraga, dejó en suspenso su ideario atlantista —y de paso perplejos a sus amigos fuera de España— y abogó por la abstención esperando con ello desgastar al gobierno y empujarle a una situación insostenible. Pero la actitud más estrambótica fue la de Convergència i Unió y en particular del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, dolido todavía por su procesamiento por el caso Banca Catalana y deseoso de cobrarse venganza por ello. Aunque la posición oficial del nacionalismo catalán fue favorable al «sí», bajo cuerda alentó entre los suyos el voto en contra como una forma de castigar el maltrato del gobierno socialista a «Cataluña», es decir, a Pujol.

Por más que González lo acabara negando, era evidente que se había establecido una relación directa entre el ingreso en la CEE y la pertenencia a la OTAN, como si esta última fuera el justo peaje que España debía pagar por su ingreso en la CEE y por los beneficios que ello iba a reportar al país. Así lo reconocerían otros dirigentes socialistas.[30] Solo a partir de esa conexión entre la OTAN y los éxitos de la política exterior española, más la intensa campaña gubernamental, que amenazó con toda suerte de males a la ciudadanía si el gobierno sufría una derrota, se explica la victoria del «sí» con una amplitud —trece puntos de diferencia sobre el «no»— que contrasta con los resultados de los sondeos realizados días antes del referéndum. En el mejor de los casos, vaticinaban un triunfo muy ajustado de la posición del gobierno; en la mayoría de las encuestas, por el contrario, seguía ganando el «no», que era la tónica dominante, aunque decreciente, desde que se empezó a preguntar sobre la permanencia en la OTAN.

Pese al éxito del referéndum, Felipe González consideró un error haber llegado a convocarlo, «porque había metido al país en una especie de turbina insoportable».[31] Su afirmación, años después, de que los ciudadanos nunca se lo perdonaron y le hicieron pagar por ello resulta discutible si se tiene en cuenta su decisión de adelantar las elecciones generales al mes de junio y aprovechar así lo que después del referéndum pareció —y a tenor de los resultados electorales era efectivamente— una coyuntura favorable al gobierno. Tal vez no tanto por el margen de popularidad que conservaba respecto a 1982, como por la debilidad, las divisiones y el desconcierto de la oposición.

El PSOE había sufrido un indudable desgaste debido en parte a la ilusión desmedida que había despertado su triunfo en 1982. El fiasco de los 800.000 puestos de trabajo y el carácter neoliberal de su política económica habían provocado un relativo alejamiento de sus bases sociales y de la propia dirección de la UGT. Pero la mejoría económica del final de la legislatura, la buena gestión en algunos ministerios clave, como Defensa y Exteriores, y la inercia del referéndum, más el tirón personal del presidente, consiguieron rentabilizar al máximo los apoyos al PSOE. La oposición pagó, por el contrario, un alto precio por su dispersión y por sus errores de aquella legislatura. Ni Fraga consiguió seducir a su famosa «mayoría natural» —perdió dos escaños respecto a 1982—, ni la coalición neocomunista Izquierda Unida supo capitalizar la oposición a la OTAN: de los 7.000.000 de «noes» en el referéndum solo 900.000 se tradujeron en votos a IU. Por su parte, el Partido Reformista, la alternativa articulada por CiU desde Cataluña y liderada por Miquel Roca, cosechó un fracaso histórico. «La otra forma de hacer España», según rezaba su eslogan electoral, acabó siendo, en palabras de Fraga, «la otra forma de hacer el ridículo». Solo el CDS de Adolfo Suárez, que pasó de dos a 19 escaños, pudo sentirse satisfecho. En opinión de su líder, ese resultado le permitiría, más pronto que tarde, regresar triunfalmente a La Moncloa.

Que Suárez volviera a ser algún día presidente no era algo que entusiasmara en La Zarzuela, porque sus relaciones con el rey seguían siendo muy frías y porque un sector del suarismo no le había perdonado a don Juan Carlos la forma en que su jefe de filas había tenido que abandonar la Presidencia del Gobierno en 1981. Pero la posibilidad de tener que lidiar con un Suárez aupado al poder por un triunfo electoral quedaba de momento muy lejos. Salvo la aparente resurrección política del expresidente, las elecciones de 1986 habían dejado las cosas poco más o menos como estaban. Pese a la pérdida de un millón de votos, el PSOE repitió mayoría absoluta y pudo encarar una nueva legislatura con razonable optimismo. Y no era para menos. A sus 184 diputados había que añadir la buena situación económica, que auguraba una etapa de fuerte crecimiento, y una oposición debilitada y confusa. La mala noticia para el PSOE era que, después de aquellos comicios, Manuel Fraga tenía los días contados como líder de AP.

«Yo quiero siempre lo que quiera el pueblo», había dicho el rey en 1980, y era cierto que los resultados de 1986 coincidían con las preferencias del monarca en aquel momento: un gobierno sólido y estable, que continuara la tarea emprendida en la primera legislatura. «The Good No-News From Spain», tituló días después The New York Times para subrayar el hecho de que, en un país como España, atormentado por su turbulento pasado, unas elecciones tan anodinas como aquellas eran la mejor noticia posible. Gracias a un rey discretamente moderno como Juan Carlos I y a un carismático líder socialista como González, España, concluía el periódico neoyorquino, había dejado de ser la excepción en el panorama político de Europa Occidental.[32]

Felipe, quédate

El 24 de julio de 1986, Felipe González prometía su cargo en La Zarzuela en un acto que careció del impacto informativo que había tenido cuatro años antes. Algunos periódicos se limitaron a destacar que, como entonces, el presidente había prometido ante los Evangelios, la Constitución y un crucifijo. Pero la situación se parecía poco a la de finales de 1982. Nadie temía ya un golpe de Estado y las promesas electorales del PSOE eran menos apremiantes que entonces. Quedaba el problema del terrorismo y el compromiso, derivado del referéndum de la OTAN, de reducir la presencia norteamericana en España. Un compromiso que Felipe tenía intención de cumplir a rajatabla.

Las negociaciones con Estados Unidos fueron extremadamente duras, sobre todo en lo tocante a la exigencia española de retirar 76 aviones F-16 de la base de Torrejón de Ardoz. González le expuso al nuevo embajador norteamericano, Reginald Bartholomew, las líneas rojas de la posición española sin que el embajador acabara de creérselo del todo, tal vez porque, después de pasar tres años en un escenario tan difícil como Líbano, pensó que negociar con un gobierno occidental, aunque fuera socialista, era pan comido. No fue así, y la prueba de ello es que el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, anunció la intención del Gobierno de denunciar el convenio bilateral en caso de no llegarse a un acuerdo sobre la base de Torrejón. La fecha límite era el otoño de 1987.[33]

Cuando el plazo estaba a punto de expirar, el rey hizo una visita oficial de diez días a Estados Unidos que incluyó un encuentro con el presidente Reagan y unas declaraciones discretamente filtradas, sin entrecomillados, al Washington Post reconociendo su «incomodidad» ante la posición adoptada por el Gobierno español. Según las impresiones recogidas por Jim Hoagland, el prestigioso periodista del Post que firmaba el artículo, don Juan Carlos consideraba innecesario el conflicto creado con la Administración norteamericana, si bien reconocía que Felipe González había ido ya demasiado lejos en este asunto como para conformarse con una «solución puramente cosmética» —no lo dice Hoagland, pero este último adjetivo solía utilizarlo el ministro Fernández Ordóñez para que quedara claro que España no buscaba una fórmula de compromiso para salvar la cara—. El monarca desempeñaba un papel fundamental en la política de seguridad española, por lo que, en opinión del periodista norteamericano, su punto de vista sobre esta y otras cuestiones merecía la máxima atención en Washington. El rey de España no era uno más en el mundillo de la realeza europea. Tenía un talento especial para «leer» la evolución de la opinión pública española y adaptarse al curso de los acontecimientos. Hombre pragmático y reflexivo como era, no sería de extrañar —añadía Hoagland— que decidiera abandonar el trono en vida y dejárselo a su hijo cuando llegara el momento, mediante una transición planificada y dirigida por él. A quienes le decían que un rey debe morir en el trono, les respondía que son las monarquías las que pueden perecer si sucumben al peso de sus obsoletas tradiciones. Su sucesor, el príncipe de Asturias, contaba tan solo diecinueve años, pero tendría treinta y cinco cuando el rey cumpliera los sesenta y cinco. Ese podía ser el horizonte temporal, hacia el año 2003, en el que pensaba abdicar don Juan Carlos, si consideramos que las reflexiones de Hoagland estaban inspiradas en off the records de su pragmática majestad.[34]

Esa posible abdicación quedaba entonces muy lejos, de forma que los hipotéticos planes del rey revelados por el Washington Post pasaron más o menos inadvertidos. No se puede decir lo mismo de sus supuestas discrepancias con el Gobierno a propósito de las relaciones con Estados Unidos, hasta el punto de provocar, en opinión de un autor, «una de las situaciones más críticas entre el rey y Felipe González».[35] Mientras El País dio por buena la versión del Gobierno español, que atribuyó la información a maniobras intoxicadoras del Departamento de Estado o del propio embajador en Madrid, ABC aireaba la polémica y la ponía como ejemplo de la incompetencia reinante en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Uno de los columnistas del periódico, Federico Jiménez Losantos, optaba, en cambio, por quitarle hierro al asunto en un artículo destinado a tranquilizar a la opinión: «La perfecta coexistencia de una monarquía secular y un gobierno socialista ha servido para consolidar en el extranjero la imagen de la democracia española, que es la de España misma». En esa «evidente estabilidad institucional», reforzada por la «capacidad de trabajo» de don Juan Carlos y por la «magnífica impresión» que causa allá donde va, tenía nuestro país una de sus grandes bazas para conseguir sus objetivos en el exterior, desde captar inversiones hasta participar en la política internacional con el protagonismo que le correspondía.[36] No había, pues, peligro alguno, según Jiménez Losantos, de que aquel desencuentro insinuado por el Washington Post arruinara un panorama tan lisonjero. Más de uno, sin embargo, al leer el artículo de Hoagland, se acordaría de aquellas declaraciones del rey de España a la revista Newsweek en 1976, publicadas también sin comillas, que fueron el principio del fin de la etapa de Carlos Arias Navarro.

¿Se había distanciado don Juan Carlos del gobierno socialista y de su presidente? No lo parece. Aunque la crisis con Estados Unidos siguió su curso —en noviembre el ejecutivo español confirmó que dejaría expirar el convenio bilateral—, en enero de 1988 la Administración Reagan aceptó finalmente retirar sus aviones F-16 de la base de Torrejón. A partir de ese momento, la negociación avanzó rápidamente hasta que en diciembre de ese mismo año se firmó el nuevo convenio, esta vez de ocho años de duración, y no cinco, como el anterior. Para entonces, las diferencias entre Felipe y el rey habían quedado ya superadas. Mucho más que la política gubernamental, con la que sin duda discreparía en algunos puntos, al monarca le preocupaban los excesos de ciertos medios de comunicación empeñados en suplantar a una oposición política impotente ante el gobierno. Muy irritado debía de andar para mostrar en público su enfado por el tono incendiario adoptado por algunos colaboradores de la cadena Cope, propiedad de la Iglesia católica.

La escena tuvo lugar en un almuerzo celebrado en el Colegio de España en Bolonia en mayo de 1988. El rey se encontraba de visita privada en Italia con ocasión de su nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Bolonia. Durante su estancia en la ciudad, inauguró una exposición de códices medievales del Colegio de España, recibió la beca de colegial de honor y presidió una reunión del patronato de esta prestigiosa institución. Había sido fundada en el siglo xiv, y desde entonces sirvió de residencia a estudiantes e investigadores —los llamados bolonios— que en algunos casos habrían de desempeñar un papel de primer orden en la vida intelectual y política española, desde Antonio de Nebrija en el siglo xv hasta el conde de Romanones en el xx. En 1988, presidía el patronato el conde del Infantado, descendiente del fundador del Colegio, y lo integraban diversas personalidades de la sociedad civil y de la vida pública, entre ellas el cardenal primado de Toledo, Marcelo González Martín, y Carlos Zurita, duque de Soria y cuñado de don Juan Carlos. A su investidura como doctor honoris causa y a la junta y almuerzo del patronato del Colegio debía haber asistido también el ministro de Educación, José María Maravall, pero la delicada situación por la que atravesaba su ministerio, cuyas últimas reformas habían soliviantado a los estudiantes, hizo que el Gobierno estuviera representado por el titular de Justicia, Fernando Ledesma.

Como el resto de los comensales, el ministro asistió atónito a la dura reprimenda que el rey dirigió al cardenal primado por amparar en la Cope a periodistas cuya violencia verbal contradecía, en su opinión, el ideario evangélico de la emisora. Aunque no llegara a trascender al gran público, el incidente debió de ser conocido por los medios políticos y periodísticos mejor informados, que eran también los más influyentes. De lo ocurrido en el Colegio de España cabía deducir que el rey estaba dispuesto a hacer frente a una oposición mediática cada vez más radicalizada, impaciente por poner fin al largo mandato de Felipe González y tentada de sustituir a AP en la lucha contra el gobierno. Cabe dudar, sin embargo, de la efectividad de aquel intento del monarca de frenar la agresividad de ciertos medios de comunicación. Más bien parece que su intervención tuvo efectos contraproducentes. No pasó mucho tiempo antes de que aquellos mismos sectores incluyeran a la corona en su cruzada antifelipista.

La compenetración entre González y el rey se puso nuevamente de manifiesto cuatro meses después de aquella insólita escena en Bolonia. En septiembre de 1988 se producirían dos conversaciones de gran trascendencia que indican a qué extremos llegaba la confianza del jefe del Estado en el presidente del Gobierno. La primera tuvo lugar el día 6, en el despacho habitual de los martes y con el tono distendido y cordial que era propio entre ellos. De repente, González le comunicó a Su Majestad, de forma extraoficial, su deseo de no ser candidato en las siguientes elecciones generales, previstas para junio de 1990. El rey se sintió sorprendido y alarmado. Le rogó que dejara su decisión en suspenso, que recapacitara y que trataran el asunto más adelante con serenidad y sin precipitación. No tardaron mucho en hacerlo. Una semana después, en el despacho del martes 13 de septiembre, don Juan Carlos le dijo con franqueza que su renuncia a la reelección era sencillamente «imposible»: «Este país, en este momento, no puede prescindir de tu persona». Debía poner la democracia y el interés nacional por encima de su deseo de marcharse. No: aún no era el momento de plantearse tal cosa; en palabras de Su Majestad, había que seguir «sacando el país adelante».

El rey recurrió incluso a otras personalidades con ascendiente sobre él, desde la reina Sofía hasta Helmut Kohl, para disuadirle de sus planes.[37] Su insistencia debió de halagar a Felipe, pero el presidente quiso dejarle claro que la decisión le correspondía exclusivamente a él; de otra forma, la opinión pública podía llegar a pensar que la corona se atribuía una función que no le correspondía, como sería presionar al jefe del ejecutivo para que se presentara a la reelección contra su deseo.[38] Aquellas dos conversaciones se prestaban sin duda a interpretaciones equívocas, que traerían a colación los viejos usos de la dinastía y su tendencia a extralimitarse en sus funciones constitucionales. Como caso de borboneo hay que reconocer que resultaba doblemente anómalo, puesto que la intervención regia no se producía para provocar la caída de un primer ministro, sino para evitar su marcha, y que el agraciado por el favor real era un presidente socialista. Qué lejos quedaban aquellos tiempos en que la corona lo ponía todo de su parte para impedir el acceso de la izquierda al poder. Si las negociaciones con Estados Unidos habían generado en el otoño de 1987 algún desacuerdo entre La Moncloa y La Zarzuela, salta a la vista que un año después se había restablecido plenamente la armonía.

Mucho peor andaban las relaciones del gobierno con el sindicato UGT. Los roces entre uno y otro habían sido frecuentes desde el principio de la etapa socialista, pero se mantuvieron en un segundo plano hasta que en un debate en televisión, celebrado en febrero de 1987, el secretario general de la UGT, Nicolás Redondo, acusó al ministro de Economía, Carlos Solchaga, de ser enemigo de los trabajadores y de haberse equivocado de trinchera. Aquel enfrentamiento ante la opinión pública, que asistió perpleja al cruce de descalificaciones entre dos notorios socialistas, marcó la ruptura irreversible entre el gobierno y el sindicato, un proceso que alcanzaría su cenit en diciembre del año siguiente con la convocatoria por la UGT y CCOO de una huelga general que consiguió paralizar el país.

Forzado por el éxito de la huelga, el Gobierno dio marcha atrás en algunas de sus reformas económicas, tal como exigían los sindicatos. Pero desde el punto de vista político, y sobre todo electoral, el coste de la huelga fue mucho menor de lo esperado. En las elecciones europeas celebradas en junio de 1989, las primeras de la historia en las que el sindicato socialista no pidió el voto para el PSOE, el partido del gobierno alcanzó cerca del 40 por ciento de los votos. Eran cuatro puntos menos que en las últimas generales, pero dadas las circunstancias aquel resultado superaba las previsiones más favorables, sobre todo si se tiene en cuenta que AP bajó también cuatro puntos y puso nuevamente de manifiesto su incapacidad para superar su techo electoral del 25 por ciento, incluso después de la dimisión de Manuel Fraga como presidente del partido. El voto antigubernamental se dispersó enormemente, desde IU, que se quedó en un modesto 6 por ciento, hasta la pintoresca agrupación creada por José María Ruiz Mateos, pasando por el CDS de Suárez, que inició un declive irreversible.

Se repetía así una situación similar a la del referéndum de la OTAN tres años antes. Como entonces, las urnas demostraron que el gobierno mantenía un sólido respaldo capaz de resistir el visible deterioro de la imagen del PSOE, especialmente entre su base sindical y sus votantes de izquierdas. Y como entonces, Felipe González decidió disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas para el mes de octubre aprovechando el rebufo de las europeas de junio. El resultado, próximo de nuevo al 40 por ciento de los votos, como en junio, otorgó al PSOE su tercera mayoría absoluta, esta vez muy ajustada, mientras la derecha fraguista, refundada como Partido Popular y liderada por el joven José María Aznar, se mantenía en torno al 25 por ciento, como en 1986. Felipe González había sido decisivo como candidato de su partido a la Presidencia del Gobierno, pese a su deseo, comunicado al jefe del Estado el año anterior, de no presentarse a la reelección y dar por terminada su etapa en La Moncloa. El rey se había salido con la suya. Se diría que, una vez más, sus preferencias habían coincidido con las del pueblo soberano.

De la república coronada a la conspiración republicana

¿Qué monarquía era esa en la que un Borbón hacía tan buenas migas con el líder de un partido socialista de larga tradición republicana? Para entender el éxito de la cohabitación entre el PSOE y el rey hay que volver a la Transición y recordar el peso que la experiencia histórica tuvo entre sus protagonistas. De ella surgió esa democracia a la carta, fruto del consenso constitucional, que suponía compartir principios básicos sobre los que levantar, como había pedido don Manuel Azaña al final de la Guerra Civil, «un Estado dentro del cual puedan vivir todos, respetándose y respetándolo».[39] Pero la originalidad del consenso —no en vano el término era casi un neologismo en el vocabulario político español— consistía también en atribuir significados distintos a conceptos, instituciones y legitimidades procedentes de un pasado altamente problemático. Cuando se echaba la vista atrás, la derecha solía pensar en la Restauración canovista como referente histórico, mientras que para la izquierda la principal fuente de inspiración era la Segunda República, aunque fuera para hacer lo contrario que entonces. Esta divergencia no impidió, sin embargo, alcanzar un acuerdo sólido sobre las bases del nuevo régimen dejando al margen los distintos relatos sobre el pasado. Mantenidos fuera de la agenda política, todos ellos eran en cierta forma respetados y preservados. La cuestión territorial se resolvió igualmente con una solución plural y abierta, el Estado de las autonomías, que unos entendieron como una articulación más flexible y realista de la unidad nacional y otros como el punto de partida de un sistema que, en la práctica, tendería al federalismo, como poco.

Con la monarquía ocurrió algo parecido. En rigor, se constitucionalizó una monarquía a la carta, que cada fuerza política del arco constitucional adaptó a su propio ideario, sin que nadie tratara de imponer a los demás su propia visión de la corona. Esto explica la posibilidad de acuerdo entre quienes, en el campo conservador, tenían de ella una concepción esencialista, preexistente incluso a la nación, quienes la entendían según la tradición liberal y quienes, más a la izquierda, pensaban en una monarquía democrática desprovista de su carisma tradicional y plenamente sometida a la soberanía popular. Y aún habría que añadir a los llamados azules de UCD, partidarios de una monarquía instaurada, no restaurada, es decir, de nueva planta, liberada por tanto de una tradición que consideraban trasnochada. Paradójicamente, esta concepción heterodoxa de la monarquía encajaba mejor con la de la izquierda que aquella que procedía del campo liberal.

Según Luis Gómez Llorente, diputado socialista en las Cortes constituyentes, la monarquía solo sería viable si se prestaba a ser una «república coronada» en la que el heredero de la dinastía supiera aceptar en cada momento la voluntad popular.[40] El concepto de república coronada, rebatido entonces por el diputado de UCD Óscar Alzaga,[41] había sido utilizado unos meses antes por el dirigente del PCE Enrique Curiel al explicar la forma de gobierno que, con el apoyo de los comunistas, recogía el proyecto de Constitución, una monarquía parlamentaria, afirmaba Curiel, que «viene a ser en realidad una república coronada».[42] Pero probablemente el principal divulgador del concepto, dentro del modesto recorrido que tuvo en el debate político de los años setenta y ochenta, fue el senador José Prat, veterano socialista vinculado en el pasado al doctor Negrín. Recurrió a él en 1985 en un acto organizado por la Junta de Castilla-La Mancha en el que definió a la vigente España constitucional como una «república coronada».[43] Lo mismo tres años después, en una entrevista en ABC, en la que se le pidió su parecer sobre Juan Carlos I. Tras elogiar su figura y su papel conciliador, afirmó que bajo su reinado España había llegado a ser «lo que don Justino de Azcárate llamaba “la república coronada”».[44] En realidad, se trataba de don Gumersindo, según la rectificación publicada al día siguiente por el periódico, pero el origen de la expresión, que Prat utilizó asimismo en una edición del programa televisivo La Clave, se atribuye a otros representantes de la izquierda liberal durante el reinado de Alfonso XIII, como Melquíades Álvarez, líder del Partido Reformista —en el que militaba también Gumersindo de Azcárate—, creado a principios de siglo como expresión de un republicanismo posibilista que aspiraba a tocar poder sin hacer de la forma de gobierno una cuestión de principio.

Ese híbrido político que era la república coronada podía definirse simplemente como una monarquía democrática en la que hubieran desaparecido los llamados «obstáculos tradicionales», eufemismo que en el pasado sirvió para expresar el veto tácito de la corona a la izquierda como alternativa de gobierno. El papel de Juan Carlos I en el 23-F y su escrupulosa neutralidad ante la victoria socialista en 1982 le ganaron el aprecio y la gratitud de muchos antiguos adversarios de la monarquía. Un rey de España defendiendo la democracia ante sus enemigos: lo nunca visto. A partir de ahí, el juancarlismo prendió con gran fuerza en sectores próximos a todo aquello que la Segunda República había representado. No era un sentimiento fingido de una élite política deseosa de congraciarse con la corona para alcanzar el poder. Un modesto político valenciano, alcalde republicano de su localidad tras las elecciones del 12 de abril de 1931, entrevistado por la prensa medio siglo después, expresó con toda naturalidad una opinión muy extendida en la izquierda de los años ochenta: el 23-F, el rey había salvado a España de una tragedia, y aunque el 14 de abril siempre sería «una fecha mágica» para él, en la monarquía de don Juan Carlos tenía la reconfortante sensación de vivir bajo una «república coronada».[45]

Para encontrar un rey que contara al menos con la aceptación retrospectiva de la izquierda había que remontarse dos siglos atrás, hasta Carlos III, el monarca ilustrado por excelencia, bajo cuyo reinado se liberalizó el comercio con América, se dignificó el trabajo de los artesanos, se promovió el desarrollo del país a través de las sociedades económicas y se expulsó a los jesuitas. Quiso la casualidad que el segundo centenario de su muerte se cumpliera en 1988 durante el gobierno de Felipe González, que no dejó pasar la ocasión de conmemorar la efeméride por todo lo alto. Se afianzó así la imagen de la monarquía como factor de estabilidad y progreso cuando el destino la ponía en buenas manos, lo que no era frecuente en la historia de España. Esta forma de pedagogía monárquica, aprovechando los pocos ejemplos favorables que la historia proporcionaba, tenía, sin embargo, un impacto limitado en la opinión pública. Es cierto que todo ello redundaba en beneficio de la nueva monarquía constitucional y de su titular, pero España seguía siendo un país mucho más juancarlista que monárquico.

Así se lo reconoció el rey a José Luis de Vilallonga en una de sus conversaciones de principios de los noventa. Aun agradeciendo el afecto de la gente, le preocupaba la falta de arraigo de la institución a causa de la ruptura histórica provocada por la Segunda República y prolongada durante el franquismo, responsable, según él, de la mala prensa que tuvo en aquellos años.[46] Era difícil convencer a un pueblo sometido durante décadas a un proceso intensivo de desmonarquización de las bondades intrínsecas de la corona, más allá del mayor o menor acierto de quien la ciñera en cada momento. Que el país se hubiera llenado de juancarlistas no garantizaba la continuidad histórica de la institución. Se entiende, pues, la preocupación de don Juan Carlos, porque en esa monarquía a la carta que habían instaurado los padres de la patria también él tenía su propio punto de vista, ligado a una idea trascendental de la dinastía frente al carácter contingente de una monarquía meritocrática obligada a justificar permanentemente su existencia. Por más que un prestigioso periodista francés afirmara que «este descendiente de Luis XIV [tenía] decididamente espíritu republicano»,[47] la imagen de una «república coronada», tan grata al socialismo gobernante, resultaba difícil de conciliar con el sentido hereditario que don Juan Carlos I tenía de la historia y de la vida.

La altísima aceptación de la monarquía en las encuestas —7,46 sobre 10 en marzo de 1994— y el apoyo sin reservas que le prestaba el gobierno socialista no bastaban, pues, para resolver un problema que podía llegar a comprometer su futuro. Ni muchos juancarlistas se consideraban monárquicos ni los partidarios más recalcitrantes de la dinastía se sentían en el fondo juancarlistas. Si en el pasado habían visto con escándalo la supuesta traición de don Juan Carlos a su padre, el conde de Barcelona, algunos aspectos de su trayectoria reciente, como su compromiso con la democracia y su cercanía al gobierno socialista, habían acabado de distanciarle de ciertos ambientes cortesanos. Aunar monarquismo y juancarlismo tenía algo, por tanto, de cuadratura del círculo. La institución dependía en exceso del prestigio personal del rey y debido a ello resultaba muy vulnerable a un cambio de percepción social de su imagen, ya fuera por errores propios o por campañas ajenas.

La biografía de Juan Carlos I es un cúmulo inextricable de vicios privados y virtudes públicas. Su formidable instinto político y sus grandes servicios al país se vieron empañados por una vida privada a menudo contraria a las pautas de conducta y a los principios morales que decía profesar. Esta discordancia entre sus dichos y sus hechos podría considerarse un problema menor, circunscrito al ámbito particular, si no fuera porque el papel representativo que desempeñaba, cargado de simbolismo, le exigía una ejemplaridad intachable, al menos de puertas afuera. Deslindar la proyección pública de su reinado, manifiestamente positiva, de sus expansiones privadas no resultaba tarea fácil, y de ahí el empeño de los sucesivos responsables de la Casa Real en someter la vida del monarca a unos límites más o menos estrictos de responsabilidad y decoro. Ardua labor, que se llevó por delante a algunos de sus mejores servidores y a la que se aplicó también, sin demasiado éxito, el presidente Adolfo Suárez. «A veces, al rey hay que defenderle de sí mismo», dijo en cierta ocasión, como señalando la existencia de un conflicto entre sus impulsos más íntimos y sus deberes como jefe del Estado. Alfonso Armada, que discrepaba de Suárez en tantas cosas, coincidía con él, sin embargo, en la necesidad de atar corto a don Juan Carlos en algunos aspectos de su actividad privada que no eran ajenos a su función pública. «Un rey no hace negocios», le contestó Armada cuando Su Majestad le echó en cara haberle estropeado una lucrativa operación comercial.[48]

Hasta su cese en 1993, la tarea de controlar su vida privada y ajustarla a sus obligaciones como rey corrió a cargo de Sabino Fernández Campo, cuya larga etapa en La Zarzuela, primero como secretario y luego como jefe de la Casa Real, coincidió con la mayor parte del mandato de Felipe González. En ningún lugar estaba escrito que entre las funciones del ejecutivo estuviera fiscalizar lo que el jefe del Estado hiciera en sus ratos libres, y no era intención del gobierno socialista extralimitarse en un terreno en el que Suárez había acabado teniendo serios enfrentamientos con don Juan Carlos. Problemas, los justos. Al contrario: los socialistas, con González y Guerra a la cabeza, pusieron un especial interés en que la familia real se sintiera debidamente atendida en todas sus legítimas necesidades, como cuando un alto cargo de La Moncloa, Julio Feo, negoció con el Gobierno griego la devolución a la familia de la reina Sofía de los bienes que dejó en Grecia al abolirse la monarquía.[49] Estos desvelos no traspasaban en general los límites de un afán, si se quiere, algo exagerado por complacer al rey y a su familia. Así pues, sin que hubiera dejación de una función que en rigor no le correspondía, el Gobierno se mantuvo al margen de los asuntos relacionados con el monarca que pudieran resultar conflictivos y, en consecuencia, el control de su vida privada y de su imagen pública recayó en exclusiva sobre Sabino Fernández Campo.

Durante años, Sabino se las ingenió para que la prensa respetara un pacto no escrito que dejaba a la familia real fuera de la polémica informativa. De esta forma, los principales medios de comunicación, cualesquiera que fueran su ideario y sus intereses, rehusaron difundir opiniones o informaciones que pudieran considerarse perjudiciales para la corona. Hubo alguna excepción, como un par de artículos inusitadamente sarcásticos publicados por El País en octubre de 1987. En el primero, firmado por Fernando Savater, se ironizaba sobre la empalagosa adulación de que era objeto la persona del rey, siendo así que la monarquía instaurada tras la muerte de Franco no pasaba de ser «un aceptable lubricante para la transición democrática». Ese tópico de que los españoles «tenemos un rey que no nos merecemos» —aunque no lo dice Savater, la frase era de Cela— respondía en el fondo a una gran verdad, porque nadie le había elegido.[50] Unos días después, Rafael Sánchez Ferlosio, que en 2004 recogería el Premio Cervantes de manos de Su Majestad, llamaba la atención sobre el exceso de celo con que algunos medios defendían a los moradores de La Zarzuela.[51] No le faltaba razón. Eran tiempos en que, al informar y opinar sobre la monarquía, las empresas periodísticas solían moverse entre el silencio y el elogio: silenciaban los errores y elogiaban sin mesura sus aciertos. Cuando algún periodista quiso actuar por su cuenta, las dotes diplomáticas de Fernández Campo consiguieron disuadirle de la mejor manera posible.[52]

La situación empezó a cambiar en 1988 con la aparición del nuevo semanario Tribuna, que aspiraba a hacerse un hueco en un sector en auge del mercado periodístico español, pero en el que existía ya una feroz competencia. Para captar la atención del público, su director, Julián Lago, decidió entrar en un terreno apenas transitado por los medios de comunicación, y en su número de julio publicó un reportaje titulado «Así se forran los amigos del rey. Sus fortunas y negocios», ilustrado en portada con una foto en la que don Juan Carlos le daba una cariñosa palmada en la espalda a su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal, visiblemente satisfecho. El artículo seguía la estela abierta por la propia revista dos meses antes, cuando, en su primer número, publicó una jugosa información con un titular impactante: «Cómo se han hecho ricos los amigos de Felipe». El tratamiento dispensado a las dos principales autoridades del Estado se enfocaba así desde un punto de vista análogo, que planteaba serias dudas sobre la moralidad de ciertas conductas. ¿Tendría que ver la amistad con el rey y con el presidente del Gobierno con el rápido enriquecimiento de algunos personajes?

Tribuna encontró un filón informativo lleno de posibilidades, que nadie se había atrevido a explotar hasta entonces. En septiembre volvió sobre el tema con una prometedora portada: «Al rey le va la marcha». Ya en el interior, se describían «las alegres vacaciones veraniegas del rey Juan Carlos en Mallorca» y se revelaba la existencia de una «casa del rey paralela», que costaba una fortuna y era frecuentada por sujetos poco recomendables.[53] La cosa subía de tono. Como en las obras del marqués de Villaurrutia sobre Fernando VII y su viuda, María Cristina, o en las novelas de Valle-Inclán sobre su hija, Isabel II, en esa especie de corte de los milagros en que se había convertido su estancia en Mallorca, el rey, según estas informaciones, vivía rodeado de una camarilla que derrochaba el dinero ajeno, multiplicaba el suyo propio y disfrutaba de la vida en un ambiente de alegre francachela. El tema fue retomado por Tribuna en un amplio reportaje titulado «Los líos de la Corte en Mallorca. Aristócratas, financieros y políticos rodean a la familia real» que vio la luz en agosto de 1990. Unos días después, Pedro J. Ramírez, director del nuevo periódico El Mundo, dedicaba al mismo asunto un duro artículo criticando las vacaciones del rey en Mallorca en plena crisis del Golfo Pérsico, provocada por la invasión de Kuwait por el ejército iraquí. Pese a la gravedad de la situación, que desembocó en la primera guerra del Golfo, don Juan Carlos había proseguido su veraneo como si tal cosa, «rodeado de una aristocracia de cuaderno de bitácora, en una atmósfera de superficialidad y necedades».[54] El mito de un monarca sin corte ni camarilla daba paso a una imagen mundana evocadora de otros tiempos y otros reyes.

El artículo de Pedro J. Ramírez tuvo dos consecuencias inmediatas y alguna otra de gran importancia a medio plazo. La voracidad del público lector, que agotó la edición en pocas horas, y las cartas y llamadas a la redacción adhiriéndose a las críticas al monarca pusieron de manifiesto un cierto hartazgo por la sobreprotección mediática a la corona y el deseo de que la actuación pública y privada de su titular fuera sometida a un riguroso escrutinio. La segunda consecuencia se produjo a la mañana siguiente, cuando Ramírez recibió una llamada del jefe de la Casa Real invitándole a pasarse por La Zarzuela esa misma tarde para charlar un rato. Llevaban apenas unos minutos en el despacho de Sabino cuando apareció don Juan Carlos, que entró en la conversación sin rodeos, impaciente por saber si el artículo del domingo anterior era una declaración de guerra. «¿Amigos o enemigos?», le preguntó al director de El Mundo en un tono algo brusco, que invitaba, sin embargo, a la complicidad. Con el mismo desparpajo le reconoció ser responsable, aunque involuntario, de su destitución el año anterior como director de Diario 16 al haberle hecho un comentario jocoso al propietario del periódico, Juan Tomás de Salas, que este —¡quién lo iba a decir!— se tomó al pie de la letra.[55] Unas semanas después, Julián Lago volvía a la carga con otro sonado artículo sobre «los errores del rey».

Como en los reportajes de Tribuna sobre las amistades peligrosas de las dos principales autoridades del Estado, la actualidad informativa fue colocando en un mismo bando al rey y al presidente del Gobierno, criticados en algunos casos por los mismos medios de comunicación y a veces con idénticos argumentos. El gobierno y en particular su vicepresidente, Alfonso Guerra, venían sufriendo además las consecuencias del llamado «caso Juan Guerra», destapado a principios de 1990 tras el descubrimiento de posibles actividades delictivas —tráfico de influencias, cohecho, fraude fiscal...— de un hermano del vicepresidente que ocupaba un despacho de la Delegación del Gobierno en Sevilla. El caso Guerra marcó en gran medida, junto a la crisis del Golfo Pérsico, la agenda política de aquel año turbulento en el que se gestó un enfrentamiento de proporciones colosales entre las instituciones políticas y un contrapoder mediático que cobró un especial protagonismo. Ante ese choque de trenes, la posición del rey pudo deducirse de su mensaje televisado de aquellas Navidades, apenas unos meses después de publicarse las críticas de Pedro J. Ramírez y Julián Lago a sus vacaciones veraniegas: «Si es legítimo pedir comprensión ante las críticas a quienes las reciben, es legítimo pedir también mesura y respeto a la verdad a quienes las hacen». No es que, al contrario de lo que entonces se dijo, este pasaje del discurso hubiera sido redactado en La Moncloa, pero el rey aceptó incorporar, a instancias de la Presidencia del Gobierno y contra la opinión del jefe de la Casa Real, las palabras relativas a los deberes de la prensa y suprimir del texto original, elaborado por Sabino, una referencia a la corrupción. Era difícil sustraerse a la impresión de que, en el conflicto con los medios de comunicación, el jefe del Estado había optado por hacer causa común con el gobierno.[56]

Unos días después, el 12 de enero de 1991, dimitía Alfonso Guerra. No era solo, con ser lo más importante, el desgaste personal sufrido por el escándalo protagonizado por su hermano. En los últimos tiempos habían aflorado diferencias sustanciales entre Felipe González y él sobre la política del gobierno y especialmente sobre las relaciones con el partido, que Felipe pretendía reconducir hacia una mayor autonomía del ejecutivo. «Se gobierna en Moncloa, no en Ferraz», había advertido en el XXXII Congreso del PSOE celebrado en noviembre en un clima de fuerte división entre el guerrismo y los llamados renovadores. Mientras estos últimos —Carlos Solchaga, Javier Solana, Joaquín Almunia— se hacían fuertes en La Moncloa, Alfonso Guerra conseguía reforzar su control sobre el partido, al que volvió con dedicación exclusiva y renovados bríos tras su dimisión como vicepresidente. La bicefalia resultante de un congreso que el propio Guerra calificaría como «el de la fractura»[57] iba a ser uno de los grandes problemas que condicionaron los últimos años del gobierno socialista.

Los otros dos serían la corrupción y el caso GAL. Tras la polémica desatada por el mensaje navideño de 1990, la Casa Real tardó poco en incorporar el problema de la corrupción a los discursos del rey, aunque fuera con sordina. Durante una visita a Granada en junio del año siguiente don Juan Carlos se pronunció contra «la desidia y la corrupción, que han malogrado tantas cosas en España» y advirtió de la tentación del inmovilismo, impropia de una democracia «viva y emprendedora» como la española.[58] Tampoco esta vez su discurso estuvo exento de polémica, no por su contenido, sino por el tratamiento informativo que le dio el Telediario de Televisión Española, relegándolo al noveno lugar de las noticias del día y omitiendo la referencia a la corrupción.[59] Seis meses después, en su mensaje de Navidad insistía en una valoración globalmente positiva de la situación del país, aunque en un momento de su discurso pudo reconocerse una alusión velada al problema de la corrupción, evitando el uso de un término que definitivamente había pasado a formar parte del vocabulario de la oposición: «No rompamos con los principios éticos más elementales».

Estaba lejos ciertamente de ser una declaración incendiaria, pero en aquel contexto todo el mundo lo entendería como una referencia a la corrupción. Por lo demás, como en tantas otras ocasiones, don Juan Carlos apeló al consenso para formar «un todo compacto» y hacer frente a los problemas del país sin sucumbir a ese «impulso negativo» que lleva a resaltar los propios males ante «nuestros logros» o «nuestros éxitos». La prueba de que el sistema funcionaba estaba en su capacidad para «descubrir y sancionar públicamente las acciones censurables que, aun cuando sean limitadas, resultan propicias a ser generalizadas».[60] Del mismo tenor serían otras declaraciones suyas de aquellos años, buscando siempre un difícil equilibro entre el reconocimiento de una realidad conflictiva, marcada por la corrupción, la crispación y el terrorismo, y la defensa de un sistema que convenía preservar de los efectos corrosivos del pesimismo.

No cabe duda de que la insistencia en la unidad frente a la división y en el consenso frente a la crispación estaba mucho más cerca del discurso gubernamental que de los argumentos y del lenguaje de una oposición bicéfala, con José María Aznar y Julio Anguita repartiéndose los papeles. Ese equilibrio que buscaba la corona como poder moderador difícilmente iba a ser aceptado por los enemigos del socialismo gobernante. Si, por un lado, el espíritu crítico del monarca ante la corrupción siempre parecería insuficiente e impostado, por otro, su apelación continua a preservar la democracia podía sonar, con cierto fundamento, a defensa encubierta del statu quo felipista. Ni Aznar ni Anguita se encontraban, por lo demás, entre los principales fans de don Juan Carlos. El primero heredó del fundador de su partido, Manuel Fraga, una profunda desconfianza hacia su persona, y el segundo aspiraba a redimir al comunismo español de sus supuestas claudicaciones en la Transición, por ejemplo, al aceptar la monarquía. Aunque la idea de una «segunda Transición» fue lanzada por José María Aznar como parte de su campaña de deslegitimación del gobierno, el concepto expresaba una aspiración revisionista que podía ser perfectamente asumida por la coalición liderada por Anguita: aprovechar la demolición del felipismo para desmantelar el régimen instaurado en 1977 y llevar a cabo la auténtica ruptura. El hecho es que, por una u otra razón, desde viejas cuentas pendientes con el rey hasta el cuestionamiento de la Transición y su legado, la monarquía no estaba del todo a salvo de la estrategia de una oposición que iba a por todas y que se desplegaba con asombrosa coordinación por ambos flancos del espectro político.

Mientras tanto, la vida privada del rey seguía dando que hablar. En junio de 1992, en vísperas de los grandes fastos de aquel año, realizó en pocos días dos viajes a Suiza con la mayor reserva y por motivos no del todo aclarados. Del primero se tuvo noticia por casualidad cuando el 17 de junio Felipe González respondió con un escueto y enigmático «el rey no está» a la pregunta de un periodista sobre si había despachado con él, como era preceptivo, a propósito del nombramiento del nuevo ministro de Asuntos Exteriores. Su respuesta desató todo tipo de especulaciones sobre el paradero del monarca, sobre todo después de que la portavoz del Gobierno, Rosa Conde, justificara el silencio del ejecutivo por «razones de prudencia». ¿Prudencia? ¿Qué tenía de imprudente decir la verdad sobre la ausencia del rey?

El embrollo fue subiendo de tono. Primero se dijo, citando fuentes gubernamentales, que se estaba haciendo un chequeo en Suiza; a continuación, la Casa Real, contraviniendo su política de no polemizar ni desmentir, negó que don Juan Carlos tuviera problemas de salud y otorgó al viaje un carácter privado y recreativo. La explicación apagaba un incendio, el de una supuesta enfermedad, pero provocaba otro, porque parecía extraño que Su Majestad hubiera desatendido varios compromisos oficiales, como la inauguración de la Cumbre Iberoamericana de Naciones y el despacho semanal con el presidente del Gobierno, para solazarse en los Alpes sin su familia. Al final se decidió cortar por lo sano. El rey adelantó su regreso a España al sábado 20 de junio para despachar con Felipe González por espacio de dos horas, ocasión de alto interés informativo que le habría de servir para mostrarse ante las cámaras en plena forma. Pero la cosa no paró ahí. Esa misma tarde, don Juan Carlos volvía a Suiza para terminar sus vacaciones en solitario, mientras su familia, sin él, celebraba en Madrid el cumpleaños de don Juan de Borbón.[61]

El lunes, el diario El Mundo dedicó al tema un amplio despliegue bajo un titular a tres columnas: «El rey Juan Carlos se encuentra de nuevo fuera del territorio nacional. Regresó el sábado a Suiza e inmediatamente después de entrevistarse con González». ¿No recordaba demasiado «este desdichado asunto», se preguntaba un columnista del periódico, lo sucedido dos años atrás, cuando el jefe del Estado decidió vivir el estallido de la crisis del Golfo en Mallorca rodeado de «aduladores desocupados, ilustres buscavidas, aristócratas de pacotilla y alguna que otra gaya dama de lance»?[62] Para colmo, el propio periódico descubrió poco después que la fecha de una ley recién firmada por él correspondía a uno de los días de su polémica estancia en Suiza: «O el lugar es falso, o la fecha es falsa o la firma es falsa». Así pues, al oscurantismo que rodeaba las verdaderas razones de su viaje se añadía un presunto caso de falsedad en documento público, que el ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, asumió como propio para evitar daños mayores. Mientras tanto, la onda expansiva de la escapada a Suiza se fue extendiendo a otros medios de comunicación, que apuntaron a la existencia de una grave crisis matrimonial entre los reyes, provocada por las infidelidades del monarca. En todo caso, más allá de la dimensión íntima que todo el mundo sospechaba, el incidente tenía un trasfondo institucional cuyo alcance fue señalado sin tapujos por Javier Ortiz en las páginas de El Mundo: igual el pueblo se acababa cansando de la irresponsabilidad del rey y le daba por buscarse un presidente de la república, que a la postre le saldría más barato. «No sería la primera vez», concluía el articulista, «que este país hiciera, por así decirlo, Borbón y cuenta nueva».[63]

No era solo que hubiera perdido el privilegio de la inmunidad informativa de la que había disfrutado hasta entonces. Era el cuestionamiento de la monarquía por sectores de opinión que nada tenían que ver ni con el republicanismo histórico ni con la izquierda, sino más bien todo lo contrario. Se ha dicho que aquel incidente acabó con el gran tabú que había sido hasta entonces la vida privada de la familia real. En realidad, el tabú se había roto ya unos años antes, con los reportajes sobre las vacaciones del rey del verano de 1988 y las primeras críticas a sus aficiones mundanas. La pregunta que plantea la crisis desatada cuatro años después y algunas de las reacciones que provocó en los medios de comunicación es si, como sugiere el artículo de Javier Ortiz, los detractores del rey estaban dispuestos a abrir la caja de Pandora de la forma de gobierno y sustituir una monarquía soi-disant socialista por una república de signo contrario.

La existencia de una conspiración republicana fue denunciada en el verano de 1994 por José Luis de Vilallonga, aristócrata de rancio abolengo, que en 1981 había solicitado el ingreso en el PSOE y de cuya cercanía a don Juan Carlos daba testimonio un libro de conversaciones suyas con el monarca publicado en 1993.[64] Su artículo, aparecido en La Vanguardia el 22 de agosto, llevaba por título el nombre del principal cerebro de la operación: «García Trevijano». Andaban en ella también varios medios de comunicación madrileños hostiles al gobierno y un «ex banquero» en apuros del que no se daba el nombre, ni falta que hacía. La razón del protagonismo de Trevijano en la supuesta conjura era la próxima aparición de un libro suyo «en el que nos explicará el tremendo error que hemos cometido los españoles al no contar con él». Aludía Vilallonga a la frustración de este conocido abogado granadino, destacado miembro en los años setenta de la Junta Democrática, por haber quedado fuera del juego político en la Transición sin que ninguno de los grandes partidos se acordara de sus valiosos servicios a la democracia. Si en el pasado se había significado por su monarquismo juanista, en los últimos tiempos sus sentimientos políticos habían mutado en un republicanismo un tanto inclasificable, si acaso caracterizado, y tal vez provocado, por su fobia al rey y al PSOE.

El artículo desencadenó una avalancha de críticas y desmentidos de las personas aludidas y adhesiones entusiastas en los medios gubernamentales. El exministro socialista Ernest Lluch corroboró la tesis de Vilallonga, aunque matizando que no se trataba propiamente de una conjura republicana, sino más bien de una campaña contra la monarquía democrática y el socialismo gobernante.[65] La historia relatada por Vilallonga tenía, efectivamente, un punto de delirio, ya fuera en la operación urdida en los cenáculos político-mediáticos mencionados por él o en su propia interpretación de las confidencias que decía haber recibido. En algo, desde luego, no se equivocaba: tal como había anunciado en su artículo, dos meses después, en octubre de 1994, Antonio García Trevijano presentaba en Madrid su libro Del hecho nacional a la conciencia de España, o El discurso de la República, furibundo alegato contra la Transición, el felipismo, la Constitución del 78, la monarquía vigente, los partidos políticos, el «bochornoso» espectáculo de la reconciliación nacional y «la corrupción divina de la izquierda», amparada y favorecida por la corona. Como alternativa a tal cúmulo de males proponía un «presidencialismo democrático» de tipo republicano, si bien admitía la posibilidad de perdonarle la vida a la monarquía si comprendía y aceptaba su plan.[66]

De la presentación del libro informaron a bombo y platillo tres periódicos madrileños, que se deshicieron en elogios de la obra y de su autor. El diario ABC precisó en el titular de su extensa crónica que en aquel «brillante acto», en el que participó su director, Luis María Anson, «la moderación y el respeto fueron las notas dominantes».[67] Era una aclaración necesaria, porque más de un lector se preguntaría qué hacía el director de un periódico monárquico como ABC en un acto que, a juzgar por el título de la obra homenajeada y por lo que allí se dijo, tenía visos de mitin republicano. No consta que asistiera, en cambio, Mario Conde, el banquero que, según Vilallonga, movía los hilos de la trama. Tal vez no fuera casualidad, sin embargo, que el libro de García Trevijano se presentara en el mismo escenario, el Paraninfo de la Universidad Complutense, en el que un año antes Conde había sido investido doctor honoris causa por el rector Gustavo Villapalos.

Mucho habían cambiado las cosas desde que Villapalos le entregara al entonces presidente de Banesto sus nuevos atributos como doctor: el birrete, el libro de la ciencia, el anillo y los guantes blancos, «símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos».[68] Tras la intervención del banco en diciembre de 1993, Conde empezó el calvario judicial que le acabaría llevando a la cárcel un año después. Su investidura en el Paraninfo de la Complutense aquel 9 de junio de 1993 había marcado la apoteosis de su fulgurante y efímero estrellato. Fue también un gran acontecimiento social, pero mientras su doctorado honoris causa contó con la presencia del rey Juan Carlos, que presidió la ceremonia, la presentación allí mismo del Discurso de la República de Trevijano tuvo algo de crimen ritual contra una monarquía que para algunos había unido su suerte al felipismo. Ciertamente, no se trataba de una conspiración republicana, sino más bien, como afirmaba el propio autor, de una alternativa presidencialista a los vicios de origen que arrastraba nuestra democracia: el oligopolio de los partidos, el blindaje del régimen frente a la ciudadanía, la sacralización del statu quo. Era una perfecta disección de eso que Mario Conde solía llamar el sistema. Probablemente debido a su delicada situación judicial, el exbanquero prefirió quedarse en casa aquella mañana de octubre de 1994 en que Trevijano expuso su teoría de la república en el Paraninfo de la Complutense. Pero su espíritu estaría muy presente sin duda en aquel lugar de tan grato recuerdo para quien había aspirado a ser el Berlusconi español.

La agonía del felipismo

Unas elecciones muy reñidas, celebradas en junio de 1993, otorgaron al PSOE su cuarta victoria consecutiva, lejos ya de la mayoría absoluta. Su resultado —casi el 39 por ciento de los votos y 159 escaños— fue mucho mejor de lo que anunciaban las encuestas y de lo que se podía esperar del enorme desgaste del gobierno en aquella legislatura, marcada por el estancamiento de la economía, con su inevitable reflejo en el crecimiento del paro, y por escándalos de gran impacto en la opinión, como los casos Filesa y Juan Guerra. El cambio generacional en la dirección del PP había permitido a la derecha superar con creces el techo electoral de Fraga, pero no lo suficiente como para ganar las elecciones. Tampoco ayudó el limitado ascenso de IU, pieza clave en la estrategia de la derecha de restarle escaños al PSOE. De ahí la decepción que los resultados causaron en el PP y la conclusión a la que parece haber llegado el equipo de Aznar, no muy distinta de la que llevó al PSOE a su política de «acoso y derribo» contra Suárez en 1979: que para desalojar a González de La Moncloa, el partido tenía que endurecer al máximo su oposición al gobierno y recurrir a todos los argumentos a su alcance, traspasando incluso ciertas líneas rojas que hasta entonces, mal que bien, se habían respetado. Según declaró años después Luis María Anson, buen conocedor de los entresijos de esta historia, «era necesario llegar hasta el límite», por lo que «hubo que elevar la crítica hasta extremos que a veces afectaron al propio Estado».[69] La posibilidad de un gobierno de coalición PSOE-PP, alentado por el rey en los meses anteriores a las elecciones,[70] no llegó ni siquiera a plantearse.

Sin restarles mérito al PP y a los medios afines, hay que decir que el gobierno se lo iba a poner fácil. Seis meses después de las elecciones generales de junio, el director de la Guardia Civil, Luis Roldán, se vio obligado a dimitir al descubrirse un escandaloso e injustificado incremento de su patrimonio. Una comisión de investigación creada por el Congreso atribuyó su enriquecimiento al cobro de comisiones ilegales y de sobresueldos procedentes de los fondos reservados del Ministerio del Interior. Primero lo negó, luego huyó de España y unos días después, sintiéndose a salvo de la justicia, hizo unas explosivas declaraciones al diario El Mundo reconociendo los hechos e implicando a la cúpula de Interior en el uso indebido de los fondos reservados y en la creación y financiación de la guerra sucia contra ETA a través de los GAL. Mientras tanto, las investigaciones llevadas a cabo tanto por la prensa como por el Congreso de los Diputados permitieron descubrir otros casos similares al del exdirector de la Guardia Civil, como el del presidente del Gobierno navarro, el socialista Gabriel Urralburu. Su dimisión no le eximió de sus responsabilidades penales, por las que fue procesado y finalmente encarcelado.

Veinticuatro horas después de publicarse las declaraciones de Roldán, la policía detenía al exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, por el llamado caso Ibercorp. Su estrecha relación con el antiguo equipo económico de González llevará al exministro de Economía, Carlos Solchaga, a presentar su renuncia como diputado y jefe del grupo parlamentario socialista. Ese mismo día, el ministro de Agricultura, Vicente Albero, dimitía tras reconocer que había ocultado a Hacienda veinte millones de pesetas, invertidos en el despacho de Manuel de la Concha, uno de los responsables de la empresa Ibercorp. Tres días después, el 9 de mayo de 1994, el juez Baltasar Garzón, elegido diputado por el PSOE en las elecciones del año anterior, protagonizaba una demoledora rueda de prensa en la que acusaba a Felipe González de haberle «utilizado como un muñeco» al convertirle en reclamo electoral del partido e incumplir después las promesas de regeneración que le había hecho en su día.[71] Profundamente decepcionado por la pasividad de González ante la corrupción, el juez anunciaba su dimisión como diputado socialista y su regreso a la Audiencia Nacional, un hecho de enorme trascendencia, difícil de calibrar en aquel momento. En julio, se destaparía un nuevo escándalo relacionado con la Administración socialista que supondría el procesamiento por fraude y estafa de la directora del BOE, Carmen Salanueva.[72]

Aquel annus horribilis del gobierno de Felipe González no acabaría sin una nueva revelación de graves consecuencias. El 17 de diciembre, los expolicías Amedo y Domínguez, condenados a más de cien años de cárcel por su relación con diversos atentados de los GAL, acusaban a la cúpula policial de Vizcaya de haber organizado y dirigido la guerra sucia contra ETA. Cuarenta y ocho horas después, el juez Garzón ordenaba la detención de Julián Sancristóbal, antiguo gobernador civil de Vizcaya, y de cuatro funcionarios de policía destinados en el País Vasco. No fueron los únicos presos famosos de aquellas Navidades de 1994. Por esas mismas fechas, ingresaban en prisión Mario Conde y Javier de la Rosa, tal vez los dos personajes más representativos, cada cual a su manera, de una época de grandes negocios y pocos escrúpulos que parecía premiar a los más audaces. En eso, nadie superaba a los dos ilustres presos, de forma que, lejos de resignarse con su suerte, pensaron que si su audacia les había llevado a la cárcel, tal vez administrada en dosis mayores les podía ayudar a salir de ella.

Poco después de su encarcelamiento empezaron a ver la luz informaciones altamente comprometedoras para personas e instituciones fundamentales del sistema constitucional. En noviembre de aquel año, dos periodistas próximos al PP, Isabel Durán y Díaz Herrera, denunciaban el origen y la finalidad de aquellas maniobras en un artículo titulado «Jaque al rey», en el que señalaban a Javier de la Rosa como artífice de una operación para implicar al monarca en un grave caso de corrupción, cuyo brazo ejecutor habría sido su íntimo amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal.[73] El artículo pasó a ser un capítulo del libro que los mismos autores publicaron a continuación con el título de El saqueo de España, concebido como un inventario general, caso por caso, de la corrupción socialista.[74] Incluir un capítulo sobre el rey y colocar su nombre en el centro mismo del debate sobre la corrupción felipista no era algo tan extemporáneo como podría parecer a simple vista. Según los autores, la corrupción generalizada bajo el gobierno de Felipe González había dejado al Estado inerme ante cualquier chantajista sin escrúpulos. También la corona, como pieza esencial del sistema, estaba expuesta a presiones que un Estado en plena descomposición no podía resistir. No era por tanto la oposición la que ponía en riesgo a la monarquía en su afán por destapar toda suerte de escándalos, sino el PSOE el que convertía a don Juan Carlos en la pieza más codiciada por quienes pretendían aprovechar la indefensión del Estado para eludir sus responsabilidades ante la justicia. El mensaje a la corona era claro: debía desmarcarse del Gobierno antes de que fuera demasiado tarde. Mientras eso no sucediera y el PSOE siguiera en el poder, nadie —tampoco el rey— estaría a salvo de posibles denuncias o revelaciones en la prensa o en los juzgados. Es lo que Anson llamaría «elevar la crítica hasta extremos que a veces afectaron al propio Estado».

El año 1995 había sido, de nuevo, una sucesión interminable de escándalos sobre la corrupción y la guerra sucia contra el terrorismo, dos fenómenos a menudo relacionados a través del uso de los fondos reservados del Ministerio del Interior. En marzo, la investigación sobre el caso GAL, llevada personalmente por el juez Garzón, cobró una nueva y truculenta dimensión con la identificación de los restos de Lasa y Zabala, miembros de ETA asesinados y enterrados en cal viva en 1983. En junio, la prensa informaba de la existencia de escuchas ilegales a diversas personalidades de la vida pública, incluido el rey, realizadas por el CESID, cuyo número dos, el coronel Juan Alberto Perote, era detenido por esas mismas fechas acusado de haber sustraído cientos de microfichas de los servicios de inteligencia. El escándalo les costó sus respectivos cargos al vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra; al ministro de Defensa, Julián García Vargas, y al director del CESID, general Alonso Manglano. Luego se supo que Perote había vendido el material robado a Mario Conde, quien a su vez se apresuró a poner en conocimiento del ejecutivo que tenía en su poder información sensible relativa a la seguridad del Estado. Lo hizo a través de su abogado, Jesús Santaella, que lo era también de Perote, en una entrevista con González en La Moncloa en la que Santaella ofreció, en nombre de Conde, mantener a buen recaudo los documentos del CESID a cambio de que el exbanquero recibiera 14.000 millones de pesetas y de que el Gobierno arreglara su situación con la justicia. La negativa de González a aceptar el chantaje provocó, como era de esperar, una sucesión de revelaciones sensacionales.

Mientras la respuesta oficial a los sucesivos escándalos fue negarlo todo, el PP intentó aprovechar la situación para darle una nueva vuelta de tuerca al Partido Socialista, aun a riesgo de entrar en flagrantes contradicciones con su propio pasado. «Los atentados del GAL son una réplica, yo creo que todavía suave, al terrorismo»: así lo declaró en 1984 el diputado y dirigente de AP Luis Olarra, y lo recogió en un titular entrecomillado el diario ABC.[75] Nadie se rasgó las vestiduras por sus palabras. Nadie le llamó al orden en su partido, seguramente porque en el fondo y en la forma sus declaraciones se ajustaban a la posición expresada por Fraga en la primera investidura de Felipe González. Trece años después, su sucesor al frente del PP señalaba al gobierno socialista como responsable de crímenes de Estado por haberse manchado las manos de sangre en la lucha contra ETA, tal como le exigía Fraga en 1982.

El caso GAL le tenía que resultar incómodo al PP. El propio Aznar reconocerá en sus memorias haber sido «reacio» a utilizarlo contra el Gobierno.[76] Nadie lo diría. En todo caso, el coste que su denuncia de la guerra sucia pudiera tener para el partido se daba por bien empleado si con ello se aceleraba el fin de la hegemonía socialista, único objetivo de su política de aquellos años. Lo que ocurriera después, ya se vería, aunque era indudable que un exceso de crispación podía tener un efecto boomerang y volverse en su contra. Cabía el riesgo, por ejemplo, de que la presión sobre la corona ejercida por medios afines a Aznar resultara contraproducente y que en vez de romper un supuesto eje Moncloa-Zarzuela lo acabara fortaleciendo, como ocurrió al publicarse que el CESID había grabado conversaciones del rey en los años ochenta. Otro turbio asunto de aquellos años que aparecía justo entonces. Don Juan Carlos pensó que detrás de aquel nuevo affaire había una mano negra que no era precisamente la del Gobierno.[77] Tampoco la del PP, pero su ambigüedad y su oportunismo ante operaciones que venían de muy abajo y apuntaban muy arriba solo podían perjudicar su relación con la corona antes y después de una futura victoria electoral. Por lo demás, nada indicaba que el monarca pretendiera comprar su tranquilidad haciéndoles el juego a los enemigos del Gobierno. Y no es que fuera invulnerable al escándalo. Todo lo contrario. La salida de Sabino de la Casa Real en 1993, ese dejarse querer por Mario Conde antes de la intervención de Banesto y las imprudencias que salpicaban su vida privada le exponían a que, el día menos pensado, la prensa publicara un dosier que le pusiera definitivamente en la picota.

¿Qué camino tomar? La monarquía democrática constitucionalizada en 1978 se parecía muy poco al régimen canovista que, muy desgastado en sus últimos años, había acabado siendo la perdición de Alfonso XIII. A finales del siglo xx, la capacidad de la corona para intervenir en una crisis política era muy limitada. A nadie se le pasaba por la cabeza que Juan Carlos I pudiera hacerle a Felipe González lo que su abuelo le hizo a Maura: recibirle en palacio, agradecerle los servicios prestados y decir «que pase el siguiente». Sin embargo, tenía a su alcance formas sutiles de exteriorizar su distanciamiento de un presidente del Gobierno y dejarle solo ante el peligro. La dimisión de Adolfo Suárez era una buena prueba de ello. Pero corrían otros tiempos. Sus relaciones con Felipe eran mucho mejores que con el último Suárez y las consecuencias de aquella dimisión estuvieron a punto de ser fatales para la democracia. Tal vez por eso, el rey prefirió mantenerse al margen de ese nuevo «¡Maura, no!» que era el «¡váyase, señor González!» de Aznar. Su discurso de Navidad de 1995 siguió la tónica de los anteriores. Junto a una referencia, esta vez explícita, a la corrupción, el mensaje incluyó una apelación a aquellos valores —diálogo, moderación, unidad, consenso...— que habían permitido a la sociedad española disfrutar del más largo periodo de «convivencia democrática plena» de toda su historia.[78]

La suerte estaba echada. Una cosa era que la corona no fuera un elemento beligerante contra el Gobierno y otra que su neutralidad y hasta su comprensión bastaran para prolongar una situación insostenible. En octubre, el Congreso de los Diputados había rechazado el proyecto de presupuestos ante la negativa de CiU a sumar sus votos a los del PSOE, como venía ocurriendo desde el principio de la legislatura. El 3 de enero de 1996, nada más terminar la presidencia española de la Unión Europea, González anunciaba la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 3 de marzo.

Los primeros sondeos daban al PP una ventaja de siete puntos sobre el PSOE, que se amplió a nueve al comienzo de la campaña electoral, una diferencia que consolidaba la tendencia apreciada tanto en las encuestas anteriores como en los resultados de las elecciones municipales, autonómicas y europeas celebradas en los dos últimos años. El 11 de febrero, el PP tenía, según El País, «posibilidad de alcanzar la mayoría absoluta». Su titular del domingo anterior a las elecciones, al publicar el último sondeo permitido, fue aún más rotundo: «El PP está al borde de la mayoría absoluta».[79] La portada de ABC ese mismo día anunciaba que, según la última encuesta realizada para el periódico, el partido de José María Aznar obtendría entre 176 y 184 escaños, una horquilla que, incluso en el peor de los casos, le permitiría gobernar sin pactos.[80]

Se entiende, pues, el desconcierto y la decepción del PP al conocerse los resultados definitivos. Con 156 escaños, Aznar se veía obligado a buscar un acuerdo con CiU y PNV para conseguir su investidura. La negociación se presentaba muy complicada, no solo por las diferencias ideológicas que separaban al PP del nacionalismo vasco y catalán, sino porque estas dos fuerzas políticas, aliadas del PSOE en la legislatura anterior, habían sufrido en carne propia la guerra sin cuartel llevada a cabo por la derecha contra el gobierno socialista y sus compañeros de viaje. De ahí que la primera reacción de Jordi Pujol fuera ponerse en contacto con Felipe González y ofrecerse para formar una mayoría alternativa al PP. Para su sorpresa, González rechazó de plano esa posibilidad, que en términos de aritmética parlamentaria era harto problemática y escasamente presentable, y le instó a negociar con Aznar.[81] El primer escollo para la formación de una nueva mayoría conservadora quedaba así superado gracias al gran derrotado de aquellas elecciones.

En realidad, fue una derrota con sabor a victoria, que permitía al PSOE salir del gobierno, trece años y medio después de su primera mayoría absoluta, con un respaldo popular todavía considerable, cifrado en 141 escaños y 9.400.000 votos, solo 300.000 menos que su rival. En palabras de Alfonso Guerra, el Partido Socialista había sufrido una dulce derrota y el PP, una amarga victoria. Era sin duda la percepción más extendida entre unos y otros sobre lo ocurrido aquel 3 de marzo de 1996, pero la definición más certera de lo que representaba aquella jornada electoral fue la que, a modo de epitafio, formuló en privado Juan Manuel Eguiagaray, ministro de Industria del último gobierno de Felipe González: «Este es el final político de nuestra generación».[82]

[1] Congreso de los Diputados, DS, 25 de noviembre de 1982, pp. 20-22.

[2] Ibíd., pp. 22-26.

[3] Ibíd., 1 de diciembre de 1982, p. 109.

[4] «González Installed as Spain’s Premier», James M. Markham, The New York Times, 3 de diciembre de 1982.

[5] Cit. Manuel Soriano Navarro, Sabino Fernández Campo. La sombra del Rey, Temas de Hoy, Madrid, 2008, p. 365.

[6] Carta de Indalecio Prieto a Fernando de los Ríos, 13 de diciembre de 1947; I. Prieto y F. de los Ríos, Epistolario, op. cit., p. 196.

[7] Cit. Manuel Soriano Navarro, Sabino Fernández Campo, op. cit., p. 365.

[8] J. Almunia, Memorias políticas, op. cit., p. 146.

[9] A. Guerra, Cuando el tiempo nos alcanza, op. cit., p. 345.

[10] Ch. Powell, El piloto del cambio, op. cit., p. 312.

[11] I. Fuente, El caballo cansado. El largo adiós de Felipe González, Temas de Hoy, Madrid, 1991, p. 240.

[12] E. Navarro, Mis testimonios sobre Adolfo Suárez, op. cit., p. 13; AJTS.

[13] Cláusula segunda del testamento autógrafo de Largo Caballero, fechado en Crocq (Francia), el 9 de agosto de 1941; FPI-AFLC: LIV-7.

[14] Felipe González a María Antonia Iglesias; M. A. Iglesias, La memoria recuperada. Lo que nunca han contado Felipe González y los ministros socialistas, Punto de Lectura, Madrid, 2005, II, p. 540.

[15] Cit. J. García Abad, El hundimiento socialista. Del esplendor del 82 al cataclismo del 20-N, Ed. Planeta, Barcelona, 2012, pp. 36-37.

[16] Narcís Serra a María Antonia Iglesias; M. A. Iglesias, La memoria recuperada, op. cit., II, p. 367.

[17] «El presidente del Gobierno fue aplaudido en su visita a la División Acorazada Brunete», crónica de Fernando Jáuregui, El País, 9 de diciembre de 1982; «El presidente González presidió los actos de la Patrona de Infantería», ABC, 9 de diciembre de 1982.

[18] A. Guerra, Dejando atrás los vientos. Memorias, 1982-1991, Espasa, Madrid, 2006, pp. 84-85.

[19] «El príncipe de Asturias, en Colombia», El País, 1 de junio de 1983.

[20] J. F. Fuentes, Adolfo Suárez, op. cit., p. 205.

[21] P. Castellano, Yo sí me acuerdo, op. cit., p. 362.

[22] Así se lo contó el propio Adolfo Suárez a Juan Linz en mayo de 1983 (testimonio de Linz al autor).

[23] Declaraciones a Il Messaggero reproducidas por ABC el 23 de marzo de 1980.

[24] M. Soriano Navarro, Sabino Fernández Campo, op. cit., p. 370.

[25] Ibíd., p. 374.

[26] «El Rey invita al gobierno socialista a desarrollar con cohesión, prudencia y acierto su programa político», El País, 5 de agosto de 1983.

[27] M. Fernández-Braso, Conversaciones con Alfonso Guerra, Ed. Planeta, Barcelona, 1983, p. 152.

[28] Javier Solana a María Antonia Iglesias; M. A. Iglesias, La memoria recuperada, op. cit., I, p. 344.

[29] Conferencia en la Casa del Pueblo, Madrid, 2 de diciembre de 1909; J. Ortega y Gasset, Discursos políticos, Alianza Ed., Madrid, 1974, p. 37.

[30] Juan Carlos Rodríguez Ibarra a María Antonia Iglesias; M. A. Iglesias, La memoria recuperada, op. cit., I, p. 394.

[31] Ibíd., II, p. 638. Felipe González a María Antonia Iglesias.

[32] «The Good No-News From Spain», The New York Times, 26 de junio de 1986.

[33] V. Prego, Presidentes. Veinticinco años de historia narrada por los cuatro jefes de Gobierno de la democracia, Plaza & Janés, Barcelona, 2000, pp. 261-262.

[34] J. Hoagland, «A Visit by Juan Carlos», The Washington Post, 23 de septiembre de 1987.

[35] M. Soriano Navarro, Sabino Fernández Campo, op. cit., p. 389.

[36] F. Jiménez Losantos, «Las palabras del Rey», ABC, 3 de octubre de 1987.

[37] J. Bono, Les voy a contar. Diarios, I, Ed. Planeta, Barcelona, 2012, p. 52.

[38] Cit. I. Fuente, El largo adiós de Felipe González, op. cit., p. 16.

[39] M. Azaña, Sobre la autonomía política de Cataluña, op. cit., p. 235.

[40] Congreso de los Diputados, DS,11 de mayo de 1978, p. 2.203.

[41] Ibíd., p. 2205.

[42] E. Curiel, «El proyecto de Constitución: Su estructura global y tipología», Nuestra Bandera, número 91, 1 de enero de 1978, p. 6.

[43]La Prensa Alcarreña, 15 de marzo de 1985.

[44]ABC, 19 de junio de 1988.

[45] Declaraciones de Francisco Sospedre al periódico Mediterráneo, 1 de septiembre de 1984.

[46] J. L. de Vilallonga, El Rey, op. cit., pp. 232-233.

[47] J.-F. Revel, «Diez años de socialismo en España», en J. Tusell y J. Sinova (eds.), La década socialista: El ocaso de Felipe González, Espasa-Calpe, Madrid, 1992, p. 29.

[48] Testimonio de Alfonso Armada al autor.

[49] J. Feo, Aquellos años, Ediciones B, Barcelona, 1993, pp. 484-485.

[50] F. Savater, «Lotería primitiva», El País, 17 de octubre de 1987.

[51] R. Sánchez Ferlosio, «Monarquía y mesura», El País, 27 de octubre de 1987.

[52] M. Soriano Navarro, Sabino Fernández Campo, op. cit., pp. 408-412.

[53] Ibíd., p. 413.

[54] Pedro J. Ramírez, «Un verano en Mallorca», El Mundo, 2 de septiembre de 1990.

[55] La escena la relató años después el propio Pedro J. Ramírez en su artículo «La prótesis», El Mundo, 22 de abril de 2012.

[56] M. Soriano Navarro, Sabino Fernández Campo, op. cit., pp. 415-417.

[57] A. Guerra, Dejando atrás los vientos, op. cit., p. 373.

[58] «El rey pide que se acabe con la desidia y la corrupción, “que han malogrado tantas cosas”», ABC, 27 de junio de 1991.

[59] «IU y el PP piden que García Candau explique la noticia que dio Televisión», El País, 28 de junio de 1991.

[60] «El rey exhorta a “cuidar con cariño” la democracia y a huir de resaltar lo negativo», El País, 26 de diciembre de 1991.

[61] «El rey recibe al presidente del Gobierno durante dos horas», La Vanguardia, 21 de junio de 1992, y M. Soriano Navarro, Sabino Fernández Campo, op. cit., pp. 418-422.

[62] Cit. ibíd., p. 424.

[63] Javier Ortiz, «Un problema real», El Mundo, 27 de junio de 1992.

[64]J. L. de Vilallonga, El Rey, op. cit.

[65]E. Lluch, «La monarquía democrática», La Vanguardia, 1 de septiembre de 1994.

[66]A. García Trevijano, Del hecho nacional a la conciencia de España, o El discurso de la República, Temas de Hoy, Madrid, 1994.

[67]«García Trevijano presentó su libro en un brillante acto en el Paraninfo, al que asistieron más de un millar de estudiantes», ABC, 21 de octubre de 1994.

[68]«El Rey presidió la investidura de Mario Conde como “doctor honoris causa” de la Complutense», ABC, 10 de junio de 1993.

[69]Declaraciones de Luis María Anson a Santiago Belloch en Tiempo, 23 de febrero de 1998.

[70]Comentarios del rey a Bono el 8 de diciembre de 1992 y de Javier Pradera el 22 de enero de 1993, recogidos en los diarios de José Bono; J. Bono, Les voy a contar, op. cit., pp. 128 y 149.

[71]«Garzón: “González me ha utilizado como un muñeco”», El País, 10 de mayo de 1994.

[72]V. Prego, Presidentes, op. cit., pp. 292-296.

[73]I. Durán y J. Díaz Herrera, «Jaque al rey», Diario 16, 9 de noviembre de 1995.

[74]I. Durán y J. Díaz Herrera, El saqueo de España, Temas de Hoy, Madrid, 1996.

[75]«Olarra considera que el terrorismo debe ser combatido con sus mismas armas y métodos», ABC, 15 de enero de 1984.

[76]J. M. Aznar, Memorias, Ed. Planeta, Barcelona, 2012, p. 205.

[77]Así lo sugiere Narcís Serra en conversación con María Antonia Iglesias; M. A. Iglesias, La memoria recuperada, op. cit., II, pp. 425-426.

[78]«El rey insta a recuperar entre todos el espíritu de diálogo y moderación de la transición», La Vanguardia, 25-26 de diciembre de 1995.

[79]El País, 25 de febrero de 1996, y J. J. González, «Política y demoscopia: los sondeos y las elecciones generales de 1996», EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, 1, 1998, pp. 191-192.

[80]«Encuesta de Tábula V para ABC: PP entre 176 y 184 escaños. PSOE: Entre 117 y 125 escaños», ABC, 25 de febrero de 1996.

[81]Testimonio al autor proporcionado por el expresidente del PNV Josu Jon Imaz, que a su vez lo obtuvo de Felipe González y lo confirmó con Jordi Pujol.

[82]Cit. J. Leguina, El camino de vuelta, op. cit., p. 297.

CAPÍTULO IX. GOBIERNO DE AZNAR, NOSTALGIA DE FELIPE

La derecha y el rey

«Ninguna victoria es amarga», afirma José María Aznar al comienzo del capítulo de sus memorias que trata de su llegada al poder en 1996.[1] En cambio, reconoce la decepción que produjeron en su partido los resultados del 3 de marzo y las enormes dificultades —tal vez mayores de lo que él creía— que tuvo que vencer para alcanzar una mayoría parlamentaria que le permitiera formar gobierno. Las negociaciones con el PNV y con CiU se alargaron durante casi dos meses, en los que Aznar y su equipo tuvieron que lidiar con un Jordi Pujol deseoso de cobrarse viejas y no tan viejas facturas y con algunas operaciones encaminadas a impedir su investidura. Las Cortes elegidas el 3 de marzo ofrecían, según El País, opciones de gobierno que no pasaban necesariamente por el PP. Incluso podría darse el caso de que si Aznar no lograba la investidura en primera instancia, el rey propusiera a otro candidato del PP que no fuera su cabeza de lista. La situación estaba, por tanto, muy abierta y, en opinión del periódico, no había que descartar ni un gobierno socialista, ni uno de gestión ni unas elecciones anticipadas.[2]

Las trabas a la candidatura de Aznar a la Presidencia del Gobierno, añadidas a la propia complejidad de la negociación, vinieron más de los medios de comunicación hostiles al PP que del propio PSOE, que vivió su «dulce derrota» como una oportunidad de retirarse dignamente a la oposición y prepararse para volver a La Moncloa en un plazo más corto que largo. Tampoco el rey creó dificultades, por más que en ciertos ambientes conservadores se viera con suspicacia su actuación en un momento como aquel. Pensar que los llamados «obstáculos tradicionales» hubieran podido cambiar de bando y que la corona se arrogara una suerte de derecho de veto no contra la izquierda, como en el pasado, sino contra la derecha era llevar las cosas demasiado lejos. Las frías relaciones entre el jefe del Estado y Aznar y el malestar del monarca por la oposición ejercida por el PP en los últimos años no impidieron que, en la etapa que entonces se iniciaba, la corona cumpliera escrupulosamente sus funciones constitucionales.

La frialdad entre ellos venía de lejos y en parte continuaba la difícil relación que mantuvieron ya en su día Manuel Fraga y don Juan Carlos. Se trata de un fenómeno complejo, en el que intervienen factores históricos, políticos y psicológicos estrechamente relacionados entre sí. Por razones de edad, ni con Fraga ni con Aznar —el primero demasiado mayor, el segundo demasiado joven— tenía el rey la complicidad generacional que le permitió entenderse con personas mucho más alejadas de él por sus ideas y su mentalidad. Tiempo atrás, al joven príncipe Juan Carlos, el trato seco, autoritario y, en el mejor de los casos, paternalista de Manuel Fraga le resultaba tan insoportable, que cuando se convirtió en rey hizo lo posible por frenar su ascensión política. De ahí la recomendación de Alfonso Armada a Carlos Arias Navarro, sin duda inspirada por el rey, con vistas a la formación del primer gobierno de la monarquía: Fraga a Educación, «para que se estrelle».[3] Al final su destino fue el Ministerio de la Gobernación, pero el resultado se pareció mucho al que al parecer buscaba aquella recomendación enviada desde La Zarzuela a Carlos Arias. Se trataba de evitar que el fogoso exministro de Información y Turismo tuviera un protagonismo político excesivo en el reinado que entonces comenzaba.

Hay que decir que Fraga puso mucho de su parte para justificar esa prevención del rey hacia él. Procedente del sector azul del franquismo, su posición sobre la forma de gobierno se podría definir de muchas formas, pero en ningún caso como la de un entusiasta de la monarquía. Era más bien un accidentalista que aceptó la solución monárquica ante la imposibilidad de que un franquismo sin Franco adoptara la forma republicana, que solo se planteaban los falangistas más radicales y excéntricos, lo que no era su caso. En las feroces luchas por el poder que caracterizaron el tardofranquismo, Fraga se alineó abiertamente contra el Opus Dei y los tecnócratas, principales valedores de don Juan Carlos, hasta llegar a destapar en 1969, con José Solís Ruiz, el caso Matesa, que le costó la salida del gobierno y añadió un nuevo motivo de resentimiento hacia ellos. Mientras su monarquismo era más bien tibio y fruto de una cierta resignación ante lo inevitable, su actitud hacia el príncipe se vio forzosamente condicionada por su enfrentamiento con el grupo juancarlista encabezado por el almirante Carrero Blanco, tal vez la principal bestia negra de Fraga. La cosa no ofrecía dudas: en aquella guerra sin cuartel que presidió la relación entre las familias políticas del régimen, los amigos del príncipe estaban en la trinchera de enfrente.

Su paso por Londres como embajador de España en los años 1973-1975 le convirtió en un profundo admirador de la monarquía británica y su sistema parlamentario, no muy distinto del que rigió en España en tiempos de la Restauración canovista. De vuelta a casa, quiso ser el Cánovas de la monarquía instaurada tras la muerte de Franco. Así se lo reconoció a Felipe González al entrevistarse con él por primera vez en abril de 1976 y ofrecerle una reedición del famoso Pacto de El Pardo de 1885, en el que supuestamente se fraguó el llamado «turno pacífico»: él sería Cánovas y Felipe el Sagasta que debía liderar a la nueva izquierda dinástica. Fraga estaba entonces convencido, según recordaría luego el líder socialista, de que en breve recibiría el encargo del rey de formar gobierno. Una vez en el poder, convocaría elecciones e iniciaría un largo ciclo de diez o doce años de hegemonía conservadora, antes de dar paso a un gobierno de izquierda moderada presidido por González.[4] Pero sus ensoñaciones canovistas se desvanecieron enseguida. Su escasa sintonía con don Juan Carlos y sus graves errores como ministro de la Gobernación le descartaron como sucesor de Carlos Arias. El nombramiento de Adolfo Suárez en julio de 1976 le abriría definitivamente los ojos. Su personalidad intransigente, llena de aristas, tenía poco que ver con el retrato-robot dibujado a medias entre el rey y Torcuato Fernández-Miranda del político que debía desbrozar el terreno en la primera fase del reinado. Esa difícil transición «de la ley a la ley» requería una flexibilidad política y una capacidad de diálogo de las que el exministro de Franco carecía por completo.

Sería lógico pensar que de aquella mala experiencia vinieron sus críticas al borboneo, que afloraban de vez en cuando en sus conversaciones, y su empeño en evitar que esa tendencia de la dinastía a meterse donde no la llaman se instalara en la vida pública española. En realidad, sus prejuicios antidinásticos eran muy anteriores a la Transición. Podría decirse que formaban parte de su pasado falangista y que en algún momento llegaron a derivar en nostalgia de una república imposible, arrebatada a la izquierda y reconciliada con los valores y los intereses de la derecha, un desatino que ni siquiera él llegó a tomarse en serio. De tarde en tarde, sin embargo, le daba por confesar sus simpatías republicanas, un poco como boutade, para sorprender al personal, o para darse pisto en ciertos ambientes políticos e intelectuales. Siendo todavía ministro de la Gobernación, se lo dijo a don Claudio Sánchez Albornoz en la visita que hizo a España en abril de 1976: «Pues sepa usted que yo en el fondo soy republicano». Buen chasco se llevó don Manuel cuando vio que el antiguo diputado de Acción Republicana y presidente del Gobierno de la República en el exilio, lejos de congratularse por ello, le exhortaba a establecer en España una buena monarquía parlamentaria, que era lo que, a su juicio, más le convenía al país. Así lo contaba el mismísimo don Claudio en una entrevista. El mundo al revés.

Cuando José María Aznar asumió la presidencia del PP en 1989, el recelo hacia don Juan Carlos era ya un sentimiento muy extendido en la derecha española —no digamos en la extrema derecha—, que veía como cosa contra natura la cordialidad personal e institucional que existía entre el rey y Felipe González. Aquello iba más allá de un mero matrimonio de conveniencia, que era todo lo que los más conservadores podían aceptar en esa relación. Cuando, a partir del caso Juan Guerra, los socialistas empezaron a sufrir el acoso implacable de la oposición y de la prensa, más de una vez encontraron consuelo en esas llamadas del monarca al consenso y a la unidad —el término más repetido en sus mensajes de Navidad—[5] que tanto irritaban a la oposición y que eran como un bálsamo para el gobierno. La desconfianza de Aznar hacia el rey por su papel en aquellos años se añadía así a las desavenencias de la época de Fraga. Puede que no compartiera con él ese criptorrepublicanismo suyo de origen falangista, pero coincidían en su interés por el régimen de la Restauración como modelo de una monarquía liberal-conservadora y en su admiración por Cánovas del Castillo, que daría nombre a la fundación del PP, y por Antonio Maura, cuya dimisión forzada por Alfonso XIII en 1909 se tiene como insuperable ejemplo de borboneo.

Precisamente, al político mallorquín le dedicará José María Aznar una sentida reflexión titulada «El reformismo de Maura: Imperio de la ley y amor a España».[6] De Maura, que se negó —en vano— a volver a gobernar con Alfonso XIII, y del maurismo viene una de las dos principales corrientes del sentimiento antidinástico que anida en un sector de la derecha española. La otra procede directamente de Falange, y es la que inspira el reciente libro El fracaso de la monarquía, de Javier Castro-Villacañas, hijo del intelectual falangista y consejero nacional del Movimiento Antonio Castro-Villacañas. Según esta visión neofalangista del reinado de Juan Carlos I, su monarquía habría constituido «un auténtico régimen político de izquierdas», caracterizado por una «querencia interesada hacia la izquierda» y un «desprecio hacia la derecha» que alcanzó su apogeo durante el gobierno de José María Aznar.[7] Su llegada al poder representó, en opinión de este autor, «un auténtico trauma» para el rey y para su «proyecto de monarquía de izquierdas».[8]

La frialdad y la suspicacia fueron mutuas y se pusieron ya de manifiesto aquel domingo, 5 de mayo de 1996, en que el nuevo presidente del Gobierno juró su cargo en La Zarzuela ante el jefe del Estado y el presidente en funciones, Felipe González, en una brevísima ceremonia de tres minutos. Un mes y medio después, se celebraba en palacio la onomástica de don Juan Carlos, que recibió, como en otras ocasiones, a diversas personalidades representativas de la vida nacional, incluidos los tres expresidentes de la democracia. Quienes contemplaron las imágenes de aquella recepción recogidas por las cámaras de televisión pudieron comparar el frío apretón de manos entre el rey y Aznar con el efusivo abrazo que el monarca le dio después a Felipe González. Tal fue la tónica de su relación personal en los ocho años que el líder del Partido Popular permaneció en La Moncloa, en los que cada parte se limitó a tratar a la otra con la cortesía mínima necesaria para evitar que su falta de sintonía afectara al funcionamiento de las instituciones. Y no es que la política desarrollada por el gobierno del PP suscitara graves discrepancias en La Zarzuela. El problema era la desconfianza hacia el otro, las viejas cuentas pendientes derivadas de supuestos agravios y una tendencia, apenas disimulada, de Aznar a desplazar al rey en sus funciones protocolarias, a ocupar su lugar y a ejercer de «jefe del Estado bis», según el reproche que Emilio Romero lanzó ya en su día contra Adolfo Suárez.

A ello se añadía su loable empeño en atar corto al rey en cuestiones que siempre trajeron de cabeza a los gobiernos de Su Majestad, como cuando Aznar rechazó asumir gastos ajenos a sus funciones como jefe del Estado: «Los vicios privados, como el tabaco, se los tiene que pagar cada cual de su bolsillo», le dijo en cierta ocasión. Pero la mayoría de las veces los cronistas de esa historia de desencuentros personales se detienen en episodios de poca monta, salvo que busquemos con lupa los signos, reales o imaginarios, de la discordia. Se percibe entonces la susceptibilidad a flor de piel que marcó la relación entre dos personas que simplemente no se soportaban. Ese viaje de George W. Bush a España en el que el presidente norteamericano fue acaparado por los Aznar, que ejercieron ostensiblemente de anfitriones en detrimento de los reyes. Lo mismo cuando Jacques Chirac, presidente de la República Francesa, visitó nuestro país y fue recibido en Barajas por Aznar y su mujer, y no por su homólogo, el rey de España, molesto por la usurpación de la función representativa que le correspondía como jefe del Estado; o ese momento, durante una visita a Cuba en noviembre de 1999 de las dos principales autoridades del Estado, en el que Aznar se quedó en mangas de camisa en presencia del rey, que pese al calor prefirió seguir con la chaqueta puesta dejando así en evidencia al presidente del Gobierno. Al menos, así lo cree el autor de El fracaso de la monarquía, para quien esta imagen —uno con americana y el otro sin ella— «valía más que mil palabras para saber cuál era el estado real de las relaciones entre el rey y su jefe del ejecutivo».[9]

El empeño de Aznar en situarse en el mismo plano que el monarca, en escatimarle cualquier deferencia que pudiera parecer sumisión e incluso en rivalizar con él en el terreno protocolario y simbólico nunca se puso tan de manifiesto como en la boda de su hija en el Monasterio de El Escorial en septiembre de 2002. La ceremonia religiosa, oficiada por el arzobispo de Madrid, Rouco Varela, y presidida por los reyes, contó con la presencia de 1.200 invitados, entre ellos varios jefes de Estado y de Gobierno y un buen número de futuros imputados en diversos casos de corrupción, que desfilaron ufanos camino del monasterio, exhibiendo un poder en muchos casos espurio y efímero. Más allá de las consecuencias que la llamada «maldición de El Escorial» tendría para el partido entonces en el gobierno,[10] aquel acontecimiento familiar, casi cortesano, revelaba el deseo íntimo de reivindicar una idea de España, identificada con El Escorial, que aunaba religión, tradición e imperio y parecía retrotraer al país a una monarquía muy distinta de la que encarnaba Juan Carlos I. Tanta megalomanía, tanto delirio de grandeza, tenían difícil encaje en un régimen que sublimaba en la corona —para eso estaba— todas las fantasías colectivas ligadas a una idea trascendental y glamurosa de la historia. Por eso, mientras felipismo y juancarlismo se complementaron a la perfección mediante un eficaz reparto de papeles, podía parecer que el aznarismo invadía un espacio que correspondía en exclusiva a la monarquía, cuyas funciones simbólicas y representativas revisten, en palabras de un especialista, una «importancia insospechada» en nuestro sistema constitucional.[11]

Otros roces entre ellos tuvieron mayor calado político, pero fueron los menos. El citado viaje a Cuba estuvo precedido por la polémica desatada el año anterior por José María Aznar al declarar que una hipotética visita del rey a la isla se produciría cuando el Gobierno lo estimara oportuno, y no antes, como al parecer deseaba el monarca.[12] En agosto de ese mismo año, se produjo una agria discusión en el encuentro, normalmente distendido, que suelen celebrar el rey y el jefe del ejecutivo durante las vacaciones veraniegas. El Tribunal Supremo acababa de condenar al exministro del Interior socialista José Barrionuevo por el caso GAL, y don Juan Carlos le planteó al presidente del Gobierno la conveniencia de reducir la crispación política y aflojar la presión que venía sufriendo el PSOE en los últimos años, máxime cuando se encontraba ya en la oposición.[13] La postura inflexible del presidente provocó una fuerte tensión, que culminó en el insólito y gélido «usted» con el que el monarca se acabó dirigiendo a Aznar al despedirse. Hay noticia también de una escena de gran tirantez en una audiencia celebrada durante su segundo mandato presidencial, esta vez con motivo de las relaciones con Marruecos. El líder del PP era partidario de la máxima firmeza y le expuso a don Juan Carlos las razones por las que, a su juicio, España debía dar una respuesta contundente a lo que consideraba desafíos constantes del Gobierno marroquí. El rey, por el contrario, se mostró favorable a una política de buena vecindad y más bien displicente con los argumentos de Aznar, que salió de allí profundamente contrariado con la actitud del Borbón. Tanto, que, nada más acabar la audiencia, le hizo una sorprendente y amarga revelación a un alto cargo de la Administración que le había acompañado a La Zarzuela: «Ahora entenderás por qué soy republicano».

Las palabras de Aznar no hay que tomarlas al pie de la letra. Más que una declaración de principios, son un desahogo en un momento de especial frustración. Tal vez nunca le había afectado tanto la enorme distancia que le separaba de don Juan Carlos, no solo en lo personal, que era evidente y no tenía remedio, sino en la percepción de problemas políticos que, según el presidente del Gobierno, debían tratarse sin complejos ni paños calientes. No era ese el parecer del rey, partidario de agotar las posibilidades de acuerdo y de consenso —su mantra particular— y marcado a los ojos de la derecha por el estigma de su larga y promiscua cohabitación con el PSOE, como si el felipismo fuera una enfermedad contagiosa. El problema radicaba en la falta de alternativa a la monarquía realmente existente. Acabar con ella abocaba a una forma de gobierno que la tradición conservadora ha identificado siempre con la anti-España. Es verdad que la teoría aznarista de la segunda Transición suponía replantear en gran parte los fundamentos sobre los que se asentaba la democracia española, pero esa opción revisionista, concebida en la oposición para erosionar la hegemonía de la izquierda, en ningún modo podía afectar a la monarquía. Salvo algún verso suelto de su entorno mediático, nadie en la derecha española se planteaba en serio una solución republicana a las disfunciones de la corona. Su pasado la ataba fatalmente a la monarquía, sin margen siquiera para una tercera vía como la que representó el regencialismo en tiempos de Franco, una fórmula de inspiración falangista que permitía prescindir de la dinastía sin caer en la república, pero que de nuevo obligaba a cuestionar demasiadas cosas como para que incluso los menos juancarlistas no sintieran un cierto horror al vacío. No hay nada más opuesto al sentimiento conservador que el nihilismo, y eran muy pocos los que en el espacio intelectual y político del PP estaban dispuestos a cargarse el statu quo por darse el gusto de librarse de un rey bajo sospecha. La derecha española no tenía elección: sería monárquica o no sería.

Las cuitas del aznarismo con la corona aumentaron si cabe el prestigio del rey entre los socialistas, reafirmados en la opción juancarlista que habían adoptado en la Transición. Era como un juego de suma cero: cuanto menos monárquica fuera la derecha, más lo sería la izquierda, y viceversa. «Aunque nuestras raíces sean republicanas», le oyeron decir a Carrillo en una recepción en el Congreso de los Diputados, «hay que apoyar a la monarquía, porque, si no, corremos el riesgo de que llegue a presidente de la República un falangista como el que acaba de entrar». Lo decía por Julio Anguita, al que Carrillo atribuía un oscuro pasado político.[14] Hasta un personaje como Eduardo Haro Tecglen, más próximo al viejo estalinismo que al socialismo democrático, se sintió horrorizado ante la posibilidad de una república aznarista: «Pensar que si llegase la república la presidiría Aznar amarga la vida».[15] Lo decía por un lapsus del hermano del presidente de Estados Unidos, Jeb Bush, que recientemente se había dirigido al jefe del ejecutivo español como «señor presidente de la República», todo un síntoma de su desconocimiento de la realidad española y de los progresos que había hecho Aznar en su afán por desplazar a don Juan Carlos como cabeza visible del Estado. También podría tomarse como un acto fallido revelador de un sentimiento oculto e inconfesable, como si Bush hijo expresara inconscientemente lo que en el fondo pensaba o deseaba su amigo Aznar. Ardua tarea la de psicoanalizar las relaciones entre la derecha y el rey, abordada brillante pero solo tangencialmente por Jon Juaristi en un libro de título elocuente: A cuerpo de rey. Monarquía accidental y melancolía republicana. Tiene razón Juaristi frente a quienes defienden una concepción esencialista de cualquier forma de gobierno: ¿es que hay algún régimen que no sea accidental?[16]

Inspirados por un utilitarismo tan simple como eficaz, los socialistas lo tenían más fácil para defender una posición que no requería un discurso político muy elaborado ni lealtades históricas a una institución que era ajena a su universo sentimental. Todo resultaba mucho más sencillo, tal como el exministro de Justicia Enrique Múgica le reconoció al escritor y periodista Tom Burns: «Si la corona sirve, ¿para qué cojones nos vamos a plantear la cuestión de la república?».[17] Se lo dijo en una conversación mantenida en 1995, poco antes de que el PSOE pasara a la oposición, en presencia de una foto de su época de ministro cargada de simbolismo. Aparecía sentado junto al rey en la inauguración del año judicial, levemente inclinados el uno hacia el otro, en un momento en el que comparten alguna broma o confidencia que les hace sonreír. En esa imagen de cercanía y cordialidad entre un ministro socialista y un nieto de Alfonso XIII se resume, como dice Burns, el espíritu de aquella época.[18] Interesante personaje, Enrique Múgica. Y clarividente. Treinta y cinco años antes de aquella fotografía con Su Majestad, siendo un miembro muy activo de la oposición antifranquista, le había hecho a un compañero de facultad un perspicaz esbozo del futuro de España y del suyo propio. Así figura en un parte policial fechado en febrero de 1956, ya comentado, que recoge literalmente las palabras de Múgica: «España indudablemente está abocada a una monarquía y como esta tendrá que ser muy amplia y liberal, derivará hacia un gobierno socialista, cuando menos, y yo tengo talla de ministro...».[19]

Cuarenta años después, estaba a punto de terminar una larga e intensa etapa de cohabitación entre la corona y el PSOE, obligados a partir de marzo de 1996 a adaptarse a un escenario completamente distinto. Si para la monarquía la relación con el gobierno del PP, y en particular con su presidente, resultó más complicada de lo que cabía esperar, la «dulce derrota» del PSOE derivó muy pronto en un proceso de renovación interna erizado de dificultades.

Ferraz, año cero

A lo largo de sus trece años y medio en la Presidencia del Gobierno, Felipe González tomó más de una vez la decisión de no volver a ser candidato de su partido. Una de ellas, en septiembre de 1988, llegó a comunicárselo al rey, que intentó disuadirle por todos los medios. Parece que sin éxito, porque en diciembre, después de la huelga general del 14-D, se planteó incluso presentar su dimisión y dejar la Presidencia del Gobierno en manos de Narcís Serra. Esta operación sucesoria provocó la reacción inmediata del guerrismo, que se movilizó para evitar que Felipe llevara a cabo sus planes, no solo por considerar un error su renuncia, sino por su intención de nombrar sucesor a un destacado miembro del sector renovador. Al menos así lo interpretó Joaquín Almunia, testigo cualificado, aunque no del todo imparcial, de las presiones «inimaginables» que ejercieron Guerra y los suyos para convencer a González de que siguiera en el cargo.[20]

Su último amago de espantada se produjo a finales de 1995, al dar por finalizada la que sería su última legislatura como presidente. Razones muy diversas y contradictorias, desde su sentido de la responsabilidad hasta su orgullo personal —«vergüenza torera», lo llama él—,[21] le llevaron finalmente a presentarse a unas nuevas elecciones en circunstancias aún más adversas que en 1993. Influyó también, al parecer, el hecho de que Javier Solana, en quien pensaba como solución de recambio, quedara descartado al aceptar la propuesta del consejero de Seguridad del presidente Clinton de ser nombrado secretario general de la OTAN.[22] Puede que ese reto del más difícil todavía, asociado en 1988 al enfrentamiento con los sindicatos, y en particular con la UGT, y en 1996 a una victoria del PP que se daba por descontada, fuera el principal motivo de un cambio de opinión que, sin duda, en ambos casos le mereció la pena. El resultado de las últimas elecciones le permitió salir de La Moncloa con una doble sensación de alivio, por poner fin a trece años y medio de un inmenso desgaste personal, especialmente los últimos, y por hacerlo con un respaldo popular amplísimo. Puesto que había llegado la hora de dejar el poder, no había mejor forma de hacerlo que con el aval de más de nueve millones de votos. Se entiende, pues, la alegría con la que se vivió en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, aquel 3 de marzo de 1996.

Un año después, las cosas empezaban a verse de forma muy distinta. El PP contaba con un pacto de gobierno estable con los nacionalistas catalanes y vascos y el PSOE no acababa de sentirse cómodo en la oposición, y no solo por falta de costumbre. Además de un sombrío panorama judicial, por el avance inexorable de las causas abiertas contra altos cargos de la Administración socialista, el partido arrastraba una grave fractura entre los sectores renovador y guerrista sin visos de reconciliación en el XXXIV Congreso, que debía celebrarse los días 20, 21 y 22 de junio de 1997. Una semana antes, Felipe González intervenía como jefe de la oposición en el primer debate sobre el estado de la nación bajo la presidencia de Aznar, rito anual del parlamentarismo español instaurado precisamente por él al principio de su mandato. Poco antes de empezar la sesión, un exministro suyo, Joaquín Almunia, tuvo una reveladora conversación con Felipe, mano a mano, en su despacho del Congreso de los Diputados. Le encontró cansado e incómodo en su nuevo papel y dolido con Aznar por su forma sectaria y revanchista de ejercer el poder. Almunia tuvo el pálpito de que quería marcharse. La pregunta era si llegaría a hacerlo o si daría marcha atrás, como en otras ocasiones.[23]

La víspera del XXXIV Congreso empezó a correr el rumor de que se iba. Él mismo se lo insinuó al secretario de organización, Ciprià Ciscar, que a su vez se lo contó a Almunia, señalado por el propio González, junto a Ramón Jáuregui, como posible sucesor. Pero el rumor no había traspasado un pequeño círculo formado por unos pocos dirigentes socialistas y un puñado de periodistas. Veinticuatro horas después, en su discurso inaugural del congreso, el líder del PSOE soltó la bomba: «Debéis saber que no seré candidato a la secretaría general». Hubo estupor e incredulidad entre los asistentes y hasta algunas lágrimas, como en 1979, cuando anunció también que renunciaba a la reelección. Entonces fue para volver unos meses después con renovadas fuerzas. Esta vez nadie pensaba en un regreso triunfal. Felipe se iba para siempre. Qué diferencia entre el alivio con el que se vivió en Ferraz la noche de las últimas elecciones generales —«pocas veces», recuerda Almunia, «se habrá recibido con tantas sonrisas una derrota electoral»—[24] y el abatimiento que se apoderó de los 960 delegados del partido que, quince meses después, asistieron a la marcha de su líder. Si esa pesadumbre no se tradujo de momento en una sensación de orfandad, leemos en El País del día siguiente, fue porque la urgencia de nombrar un sucesor no dejaba espacio al sentimentalismo.[25]

Podría parecer que Felipe González había decidido simplemente poner fin a su etapa como dirigente político y pasar a un segundo plano tras una vida entregada a la causa. La cuestión es algo más complicada. Su intención al salir de La Moncloa había sido dirigir una transición interna que facilitara un cambio en el modelo de organización y dirección del partido y ponerlo en condiciones de encarar con éxito —Felipe nunca lo diría así— el posfelipismo. El plazo que se había dado para conseguirlo vencía dos años después, al cumplirse los veinticinco años del Congreso de Suresnes, un tiempo suficiente para realizar sus planes y dejar las cosas encauzadas. Pero, como le gustaba decir a Largo Caballero en situaciones parecidas, el hombre propone y las circunstancias disponen.

La transición diseñada por Felipe se frustró por la resistencia del guerrismo a cualquier cambio profundo en la estructura organizativa y en la concepción misma del PSOE. A ello se sumó la fuerza creciente de los barones territoriales, supervivientes de mil batallas orgánicas y electorales y, como tales, imbuidos de una visión providencialista de la política que les llevaba a magnificar su propio papel en la salvación del partido. Cuando en un dirigente socialista se daba la doble condición de barón y guerrista, ese providencialismo castizo derivaba en una idea de la predestinación política que podía dar mucho juego en las disputas internas del socialismo español. «Llaman guerrismo a ganar las elecciones por mayoría absoluta», declaró Juan Carlos Rodríguez Ibarra, una afirmación ocurrente y desacomplejada, como suya, respaldada a menudo por los hechos. De 1982 en adelante, las campañas electorales dirigidas por Guerra se tradujeron en amplias mayorías, lo mismo que las elecciones autonómicas y municipales protagonizadas por aquellos dirigentes, como José Bono, Francisco Vázquez o el propio Rodríguez Ibarra, a los que se solía identificar con el exvicepresidente del Gobierno. Sin embargo, asociar al guerrismo con una especie de edad dorada del socialismo español supone ignorar que el momento en el que, tras sus dos primeras legislaturas en el gobierno, el PSOE inicia su paso del ecuador, de la mayoría absoluta a la mayoría simple y luego a la derrota, coincide con el caso Juan Guerra y la consiguiente dimisión de su hermano Alfonso. El eclipse del guerrismo y su progresiva marginación en el aparato del PSOE no serían tanto la causa del declive electoral del partido, como la consecuencia de una forma de entender la política que, por diversas razones, no daba más de sí. Como en la campaña electoral de 1993, dirigida por José María Maravall con resultados más que aceptables, a los renovadores les correspondería administrar y ralentizar una decadencia de la que fueron más los gestores que los causantes.

Ahora bien, una cosa era su capacidad para organizar un repliegue escalonado, del gobierno a la oposición y del felipismo al posfelipismo, y otra que los renovadores pudieran, por sus propios medios, relanzar al partido hacia una nueva victoria en las urnas. Y no es que las perspectivas electorales fueran malas. Un año después de perder las elecciones, las encuestas arrojaban un resultado esperanzador, de empate técnico con un PP asentado en el gobierno, pero incapaz de despegarse de su principal adversario. El problema era que, contra lo que se pensó entonces en Ferraz, el PSOE no había tocado fondo aquel 3 de marzo de 1996. Su derrota en las elecciones generales había sido una secuencia más en la caída libre en la que se encontraba el partido en los últimos años. Lo peor aún estaba por llegar.

Los enfrentamientos precongresuales entre guerristas y barones llevaron a González a renunciar a sus planes de transición, tal vez pensando, como Adolfo Suárez al dimitir en 1981 en vísperas del congreso de UCD, que su marcha podría servir de revulsivo y ayudar a recomponer la unidad entre los suyos. Nada más lejos de la realidad. Como dijo en su día Calvo-Sotelo, Suárez era el clavo que sujetaba ese frágil abanico que era UCD, por lo que su renuncia solo podía acelerar, en vez de impedir, la desintegración del partido. Había, no obstante, una diferencia considerable entre ellos, y es que el PSOE existía desde mucho antes de que naciera Felipe González y previsiblemente seguiría existiendo cuando dejara de ser su líder. De momento, el XXXIV Congreso se saldó según los deseos del secretario general saliente: con un renovador al frente de la ejecutiva, Joaquín Almunia, y el guerrismo barrido del mapa. Como dijo el exministro Juan Manuel Eguiagaray: «Felipe González ha ganado este congreso; vamos a ver si el PSOE lo gana también».

No iba a ser fácil, porque su crisis no se reducía a un problema de convivencia entre facciones enfrentadas, incluso entre concepciones distintas de la organización del partido, una descentralizada, la de los barones, y otra, la del guerrismo, articulada en torno a un aparato fuerte, que lo dirigiera desde Ferraz con mano de hierro, como en los viejos tiempos. El problema de fondo, señalado por el propio Eguiagaray tras conocerse los resultados electorales del 3 de marzo, radicaba en la amortización política de toda una generación de dirigentes y cuadros del PSOE y en la necesidad, por tanto, de llevar a cabo un relevo generacional sin vacío de poder. En realidad, había un reto aún mayor que consistía en redefinir el proyecto del socialismo español de cara a las siguientes décadas ante el agotamiento general, dentro y fuera de España, del viejo programa de la socialdemocracia europea. Cuesta imaginar que un partido acuciado por una crisis tan profunda de liderazgo y de convivencia interna y desacostumbrado en sus años de gobierno a los debates ideológicos pudiera abordar tamaño desafío.

El nuevo secretario general, Joaquín Almunia, de cuarenta y nueve años, había sido el ministro más joven del primer gobierno de González y era uno de los dirigentes más destacados del sector renovador, mayoritario en la nueva dirección del partido. La ejecutiva, completada con algunos barones y un único guerrista —el alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez—, incorporaba un 55 por ciento de caras nuevas respecto a la anterior, dominada por los guerristas. De este último grupo salió probablemente buena parte de ese 25 por ciento de votos en blanco que cosechó la lista de la nueva ejecutiva. «El posfelipismo ha comenzado», tituló El País al día siguiente, pero si se repasan los nombres y el perfil de sus integrantes se advierte una renovación a medias. Ciertamente, baja la edad de sus componentes, situada en torno a los cuarenta y cinco años, pero la biografía política de la mayoría de ellos aparece muy ligada al felipismo y a su experiencia de gobierno en Madrid o en las autonomías. Podría decirse que el recambio consistía en pasar el testigo de los séniors a los júniors del viejo núcleo dirigente, es decir, a aquellos que, como el propio Almunia, estaban en la parte baja de la pirámide de edad del felipismo cuando asumió el poder en 1982. Como dijo off the record un miembro de la nueva ejecutiva: «Felipe ha querido que pasáramos de Suresnes al siglo xxi en cuarenta y ocho horas y eso no puede ser».[26] El resultado de esa renovación a medias sería una transición más lenta y dolorosa, en la que abundaron los palos de ciego.

Almunia adoptó al principio de su mandato la decisión, llena de audacia y de riesgo, de convocar unas elecciones primarias para elegir al candidato a la Presidencia del Gobierno, tal vez haciéndose eco del grito de algunos delegados en el XXXIV Congreso —«¡que voten las bases!»—. La fórmula tenía lejanos antecedentes en la historia del PSOE, pero en ese momento planteaba grandes interrogantes sobre su encaje en un partido acostumbrado en las últimas décadas al poder incontestable de la dirección. Diversas razones, entre ellas la posibilidad de unas elecciones anticipadas a mitad de la legislatura, llevaron a Joaquín Almunia a valorar sus ventajas más que sus indudables inconvenientes. Era una forma honesta y valiente de marcar un cambio de estilo respecto a la etapa anterior, de reforzar su autoridad ante quienes pudieran cuestionarla y de acabar con las especulaciones sobre un posible regreso de Felipe. El resultado del proceso clarificaría la situación del partido para los próximos años y añadiría un plus de legitimidad al candidato elegido por la militancia. Para ello, las primarias tenían que ser realmente competitivas, y no un mero refrendo de quien, como secretario general, llevaba en principio las de ganar. Debían cumplir, por tanto, la doble condición de ser disputadas y de ungir finalmente al nuevo líder del PSOE como candidato a la Presidencia del Gobierno, que era, en definitiva, para lo que se convocaban. No obstante, como dirá después Juan Carlos Rodríguez Ibarra, parecía conveniente preparar un plan B por si al final ocurría lo inesperado: que el elegido por la militancia fuera otro. Las primarias se celebrarían el 24 de abril de 1998, diez meses después del XXXIV Congreso.

La primera condición —que Almunia tuviera un rival de peso con el que medirse— se cumplió cuando el exministro Josep Borrell anunció su intención de presentarse. El 29 de marzo alcanzaba los avales necesarios y hacía oficial su candidatura. Su victoria final contra pronóstico, con diez puntos de diferencia sobre Almunia, impulsó al PSOE en las encuestas, pero abrió numerosos interrogantes sobre la viabilidad del nuevo modelo de dirección bicéfala, con un secretario general, Joaquín Almunia, controlando —relativamente— el partido y un candidato a La Moncloa respaldado por las bases, pero contemplado como un cuerpo extraño por el aparato socialista. El resultado indicaba la existencia de un claro divorcio entre la militancia y la dirección elegida por los delegados del XXXIV Congreso y desautorizada diez meses después por las bases. En esta tesitura, tras un intento de Almunia de presentar su dimisión, hubo que adaptar al partido a una solución improvisada, de reparto de funciones, que pronto mostró su escasa efectividad y que se encontró además con un escenario cada vez más adverso. El 29 de julio, el Tribunal Supremo dictaba sentencia por el secuestro de Segundo Marey por los GAL en 1983, con el resultado de diez años de cárcel para el exministro del Interior, José Barrionuevo, y otros tantos para el exsecretario de Estado, Rafael Vera, y el exgobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal. Unas semanas después, se producía su ingreso en prisión, en un acto en el que fueron acompañados por destacados dirigentes socialistas, entre ellos Felipe González y Joaquín Almunia, que albergaba serias dudas sobre la pertinencia de aquella ostensible movilización del partido en apoyo de sus compañeros. En esa imagen de la dirección del PSOE arropando a los condenados por la justicia estaría en parte, afirma Almunia en sus memorias, la causa de la paulatina caída en las encuestas a partir del verano de 1998.[27] De un 30 por ciento (intención más simpatía) que le atribuía el barómetro del CIS en abril, el Partido Socialista pasó a un 24,5 por ciento en la encuesta de enero del año siguiente. Los casi cuatro puntos de ventaja que le llevaba al PP en abril se convirtieron en seis de desventaja diez meses después.

La bicefalia fue de mal en peor, pese a la corrección personal que presidió las relaciones entre Almunia y Borrell. A este último le correspondió representar a su partido en el debate sobre el estado de la nación en mayo de 1998, un mes después de su victoria en las primarias socialistas. La agreste puesta en escena del PP desarboló por completo el planteamiento frío y cartesiano preparado por Borrell, un brillante tecnócrata de izquierdas y agudo polemista, pero mal fajador cuando el debate político se lleva al terreno de la bronca tabernaria. Hasta en dieciocho ocasiones tuvo que protestar Borrell contra los gritos, pateos e interrupciones de la bancada conservadora, que consiguió no obstante su propósito de descentrar al orador. Más allá del juego sucio del PP, entre los socialistas cundió la sensación de que a su portavoz le habían faltado recursos y capacidad de reacción ante un adversario marrullero y rocoso, inmune a la fina esgrima dialéctica con la que pretendió noquearle el portavoz socialista. O habían sobrevalorado las condiciones políticas de Borrell o su candidato a la Presidencia del Gobierno requería un radical cambio de estilo si pretendía derrotar al aznarismo en las urnas.

Con parte de la dirección socialista en su contra, un entorno mediático poco favorable y el PP remontando en las encuestas, el llamado «efecto Borrell» se fue diluyendo rápidamente. Era cuestión de tiempo que el vencedor de las primarias socialistas acabara tirando la toalla. Ocurrió el 14 de mayo de 1999, trece meses después de su triunfo frente a Almunia, al destaparse un caso de fraude fiscal que afectaba a dos antiguos colaboradores suyos en la Secretaría de Estado de Hacienda. «El mejor Borrell fue el de su despedida como candidato», editorializó El País al día siguiente a modo de epitafio político de quien mostró un inusitado desapego a la función para la que fue elegido por la militancia socialista el año anterior.[28] También en esto mostró ser un líder atípico en el asilvestrado paisaje de la vida política española.

El posfelipismo tuvo que volver a empezar de cero a un mes escaso de las elecciones europeas, municipales y autonómicas convocadas para el 13 de junio. Dadas las circunstancias, los resultados del PSOE —35,3 por ciento en las europeas, cuatro puntos y tres escaños por debajo del PP— no fueron catastróficos, como muchos se temían, pero tampoco auguraban un camino fácil hasta las elecciones generales, previstas para dentro de un año. Lo sucedido tras la dimisión de Borrell demostró, como dijo entonces Rodríguez Ibarra, que la dirección del partido no tenía nada previsto en caso de que la experiencia de las primarias acabara en fiasco, como finalmente ocurrió. Almunia se convirtió, pues, en candidato a la Presidencia del Gobierno sin el plus de legitimidad que le hubiera dado derrotar a Borrell en 1998; al contrario, con el estigma del perdedor al que hay que recurrir a falta de otra alternativa. Tanto desde el punto de vista demoscópico como de la cohesión interna del PSOE, la situación había empeorado notablemente en el último año. Almunia no se hacía ilusiones: las posibilidades de un triunfo socialista eran «mínimas», según reconocerá al rememorar los meses previos a las elecciones generales.[29]

Cuando en enero de 2000, se convocaron las elecciones generales, un 44,7 por ciento de los encuestados por el CIS definían la política del gobierno como «buena» o «muy buena», frente a solo un 13,9 por ciento que la consideraba «mala» o «muy mala». Había, no obstante, un 37,7 por ciento que la calificaba de «regular». Conquistar su voto constituía la clave para que el PSOE tuviera alguna opción de triunfo en unas elecciones marcadas por un cierto conformismo general y la duda de si el PP alcanzaría la mayoría absoluta. El gobierno de Aznar había conseguido agotar la legislatura pese a su frágil situación de partida, tras llegar a acuerdos significativos con algunos de sus adversarios naturales —los nacionalismos vasco y catalán y los sindicatos—, y podía arrogarse el éxito del cumplimiento por España, contra pronóstico, de los requisitos exigidos para la siguiente fase de la unión monetaria europea. La bonanza económica y la sensación de estabilidad política reducían aún más el margen de maniobra de la oposición para desbancar al PP. Todo quedaba a expensas de una jugada audaz que permitiera dar un vuelco al escenario electoral.

Tal fue el objetivo del pacto entre el PSOE e IU impulsado por el propio Almunia y firmado por las dos formaciones el 3 de febrero, al poco de convocarse las elecciones. La desaparición de Felipe González y Julio Anguita del primer plano de la vida política facilitaba una aproximación entre las dos formaciones que en tiempos de la célebre «pinza» PP-IU hubiera sido impensable. La cuestión era saber hasta dónde podía llegar el entendimiento y cuál sería su eficacia en la movilización del voto de la izquierda, elemento que se presumía determinante en el resultado que obtuviera el PSOE en las elecciones generales. Lo ocurrido en la jornada electoral del 12 de marzo corroboró este diagnóstico, pero mostró también la insuficiencia del pacto con IU, finalmente limitado al Senado, para impedir la victoria del PP. «Los resultados no son los que se están dando», protestó el secretario de Organización del PSOE, Ciprià Ciscar, cuando el Ministerio del Interior empezó a facilitar los primeros datos del escrutinio, que otorgaban una amplia victoria al PP. Y tenía razón: fueron aún peores para el PSOE. Con una participación del 68,7 por ciento —la más baja desde la Transición en unas elecciones generales, salvo las de 1979—, el partido liderado por José María Aznar alcanzó la mayoría absoluta con 183 escaños. El PSOE, por su parte, cosechaba su peor resultado desde 1979, con un 34 por ciento de los votos, 125 diputados y 2.400.000 votos menos que su principal oponente. Apenas unas horas después de cerrarse el escrutinio, Joaquín Almunia, y con él la ejecutiva del PSOE, presentaban su dimisión. La dirección del partido quedaba en manos de una junta gestora controlada por los barones territoriales, a la espera de que el congreso federal que debía celebrarse en julio eligiera a una nueva ejecutiva.

Al final, el pacto PSOE-IU había resultado más eficaz para movilizar a la derecha que a la izquierda, duramente castigada por la abstención. Fue una jugada a la desesperada, mal concebida y peor ejecutada, que de entrada planteaba serias dudas sobre la consistencia de un acuerdo de tal naturaleza entre dos fuerzas políticas tan distantes entre sí, cuando no antagónicas, una dirigida por un político socialdemócrata de intachable trayectoria, Joaquín Almunia, y la otra por un comunista, Francisco Frutos, que hacía diez años había liderado la escisión leninista de su partido, el PSUC. Llamó la atención que el PSOE e IU hubieran podido ponerse de acuerdo tan fácilmente, tras diez días de negociación, pese a sus profundas discrepancias históricas y programáticas. El mayor problema parece haber sido la pertenencia a la OTAN en caso de victoria de la izquierda, e incluso en este punto la coalición neocomunista aceptó el mantenimiento del statu quo con tal de no impedir el acuerdo. La forma de gobierno ni siquiera fue motivo de debate. Aquí no hubo necesidad de articular una fórmula de compromiso, como en el caso de la OTAN o del proceso de unificación europea, tradicionalmente demonizado por los comunistas. La instauración de la república no formaba parte de las aspiraciones de la izquierda, como no fuera de un sector muy minoritario de carácter extraparlamentario. Simplemente, la monarquía constitucional se consideraba un activo inamovible de la democracia española.

No es probable por tanto que el rey compartiera los temores alentados por la derecha sobre el pacto PSOE-IU, presentado como una reedición del Frente Popular de 1936. En cambio, seguía con preocupación las dificultades del Partido Socialista para cerrar el proceso sucesorio abierto con la renuncia de González en 1997. Tres años después, todo seguía en el aire, con la sensación de que la renovación era urgente, pero de que, al mismo tiempo, estaba plagada de incertidumbres, sobre todo si suponía, como parecía inevitable, un drástico relevo generacional. Lo de menos para el rey era el cambio doctrinal y programático que pudiera experimentar el socialismo español en su nueva etapa. Acostumbrado a bandearse con los personajes más opuestos y variopintos —de Franco a Felipe González, del almirante Carrero a Alfonso Guerra, de Santiago Carrillo a José María Aznar—, para don Juan Carlos la clave de la política estaba en el factor humano. De ahí la importancia que atribuía a su instinto para saber con quién se jugaba los cuartos y su impaciencia ante la crisis del PSOE, que le obligaría a partir de cero en el conocimiento de la nueva hornada de dirigentes socialistas que debía tomar el relevo de quienes habían mandado en el partido en el último cuarto de siglo.

Mientras tanto, mantenía, en la distancia, una excelente relación personal con la vieja guardia, los «viejos rockeros», como los llamará él mismo en cierta ocasión. En vísperas de las elecciones generales de marzo de 2000, llamó a Alfonso Guerra, que se había roto un pie poco antes, para interesarse por su estado y agradecerle la carta, «muy hermosa», según don Juan Carlos, que Guerra le había escrito poco antes para darle el pésame por la muerte de su madre, doña María de las Mercedes. Hablaron también del reciente fin de año, de siglo y de milenio y de otros asuntos de carácter personal, siempre con la buena sintonía de los viejos tiempos. Así era el rey de España: el primero en llamarle por teléfono después de su percance y en dedicarle unas palabras de afecto, antes de que nadie del gobierno o de su propio partido —el secretario de Organización del PSOE no lo hizo hasta dos horas después— le telefoneara para saber de él e interesarse por su salud. Eran gestos que Su Majestad prodigaba entre todo tipo de gentes y que evidenciaban, según Guerra, la «humanidad, inteligencia y profesionalidad» del monarca,[30] al que tuvo ocasión de ver unos meses después en la inauguración el 27 de noviembre de la exposición dedicada a Pablo Iglesias con motivo del 150 aniversario de su nacimiento.

Él mismo, como presidente de la Fundación Pablo Iglesias, había solicitado su asistencia, que habría de servir para mostrar una vez más la reconciliación entre los españoles y entre fuerzas políticas e instituciones otrora enfrentadas.[31] Era un argumento siempre grato a don Juan Carlos, que acudió a la exposición, celebrada en la Casa de Vacas del Retiro, sin hacerse de rogar. Recorrió sus cinco secciones, deteniéndose aquí y allá, en compañía del responsable de la muestra, Virgilio Zapatero; del secretario general de la UGT, Cándido Méndez; del propio Alfonso Guerra y de José Luis Rodríguez Zapatero, elegido secretario general del PSOE hacía apenas cuatro meses. Fue sin duda una buena ocasión para reencontrarse con algunos veteranos socialistas y empezar a conocer al nuevo líder del partido fundado por Pablo Iglesias, al que precisamente Guerra pondría el apelativo de Bambi, como atribuyéndole una concepción de la política demasiado inocente y arcádica como para sobrevivir en un mundo en el que impera más bien la ley de la selva. «Veo a Zapatero muy humano e ingenuo», dirá también el rey algún tiempo después.[32]

La escena se repitió casi dos años después, al inaugurarse en septiembre de 2002, también en el Retiro madrileño, la exposición «Exilio» organizada por la Fundación Pablo Iglesias en colaboración con el Museo Reina Sofía, cuyo director, Juan Manuel Bonet, destacó el alto simbolismo de una muestra concebida como ejemplo de reconciliación entre los españoles. Fue una exposición de mayor envergadura que la de Pablo Iglesias, con el doble de piezas que aquella, y tuvo un sesgo más oficialista, por no decir gubernamental, con presencia de autoridades del PP como la ministra de Cultura, Pilar del Castillo, y el presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. No era difícil, pese a ello, encajar las distintas visiones de la diáspora republicana en un relato histórico que venía de la Transición y que, en líneas generales, compartían todavía las principales fuerzas políticas: el drama humano de la guerra y del exilio, el papel de la lengua española como factor de cohesión y arraigo —«la lengua se convirtió en su patria», dirá en la inauguración el exministro socialista Virgilio Zapatero—, la defensa de la legalidad constitucional, el valor de la concordia y la capacidad integradora de la nueva monarquía, puesta de manifiesto en una célebre fotografía, incluida en la exposición, que mostraba el afectuoso saludo de los reyes a la viuda de Azaña, Dolores de Rivas Cherif, durante su viaje a México en 1977. Algunas fotos de la inauguración, en las que se ve al rey rodeado de venerables exiliados deseosos de saludarle, transmiten esa misma sensación de calor humano y simpatía mutua capaz de contrarrestar antagonismos casi ancestrales.

Así lo recordaría también en sus memorias Alfonso Guerra, que solicitó a don Juan Carlos su contribución a realzar con su presencia la importancia y el significado de la exposición, como hiciera ya dos años atrás al inaugurarse la de Pablo Iglesias. Cuenta Guerra que uno de los asistentes al acto, el filósofo marxista Adolfo Sánchez Vázquez, exiliado en México desde 1939, andaba por allí preocupado porque le había dedicado al monarca uno de sus libros —seguramente Recuerdos y reflexiones del exilio— y no sabía si podría acercarse a él para entregárselo en persona, como era su deseo.[33] Especialmente emotivo fue el abrazo entre el rey y Santiago Carrillo, que vivió durante casi cuarenta años la experiencia del destierro. La izquierda española seguía siendo mayoritariamente juancarlista; al menos, las generaciones que vivieron la guerra, el exilio y los años más duros del franquismo. Lo que ocurriera con la nueva generación que tomó las riendas del PSOE en julio de 2000 aún estaba por ver.

Aznar se crece y Zapatero se consolida

José María Aznar completó una primera legislatura brillante en términos de estabilidad política, creación de empleo y crecimiento económico. La mayoría absoluta obtenida en marzo de 2000 fue el premio a un balance sin duda positivo, potenciado además por la buena coyuntura de la economía internacional y por la desmovilización de la izquierda. Pero todo empezó a cambiar muy pronto. Las elecciones autonómicas vascas de mayo de 2001 se saldaron con el fracaso estrepitoso de la convergencia entre el PP y el PSOE en el País Vasco, liderados por Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros, en un intento sin precedentes de desalojar al PNV del poder. La nueva victoria de los nacionalistas, pastoreados por Juan José Ibarretxe, supuso un serio revés para Aznar, que en poco tiempo había pasado de tener al PNV como socio parlamentario a convertirlo en el enemigo público número uno. Cuatro meses después se producían los atentados del 11-S en Estados Unidos que cambiaron drásticamente el rumbo de los acontecimientos, con una incidencia directa en la política española, y dejaron atrás la relativa placidez de los felices noventa.

El rey empezó a ver con preocupación la deriva del aznarismo hacia posiciones de alto riesgo, tanto en su agenda nacional como internacional. Un estrecho colaborador del presidente del Gobierno, el escritor vasco Jon Juaristi, director del Instituto Cervantes, declaró públicamente que la ikurriña, sin la bandera nacional al lado, era la enseña de ETA. La frase escandalizó a los nacionalistas vascos y les pareció desafortunada a muchos que no lo eran, como el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué. Juaristi consultó a Aznar si debía dimitir y el presidente le dio su pleno respaldo, tras lo cual el director del Cervantes publicó una tercera en ABC explicando su punto de vista con ironía y mordacidad. El artículo iba dirigido en particular a dos políticos nacionalistas, Errasti y Anasagasti, que se habían significado especialmente en el conato de caza de brujas desencadenado por el PNV.[34] Lo más peregrino del caso fue que esa misma mañana Juaristi recibió una llamada de La Zarzuela citándole para el día siguiente. El mismísimo rey Juan Carlos tomaba cartas en el asunto, cosa extraña si se tiene en cuenta el alcance relativamente menor de la polémica y el hecho de que entre los detractores de Juaristi se encontrara Iñaki Anasagasti, que solía distinguir al monarca con una inquina obsesiva, fuera de lo común. ¿El rey y Anasagasti en el mismo bando? Eso había que verlo. El día de marras, el director del Instituto Cervantes acudió intrigado y algo temeroso a su cita con don Juan Carlos, al que encontró molesto por sus palabras sobre la ikurriña, por considerar que aquello podía provocar un incendio político de consecuencias irreparables. No hubo, sin embargo, borboneo, pese a la advertencia que Juaristi recibió de un amigo. El clima del encuentro se relajó enseguida gracias a una broma suya que podía haber pasado por una impertinencia, pero que el rey se tomó como lo que era: una forma de romper el hielo. Después, entrando ya en materia, don Juan Carlos le reconvino a pedir disculpas para evitar «problemas gordos», él se mantuvo en sus trece y al final quedaron tan amigos.[35]

El episodio es sintomático tanto del endurecimiento de la política de Aznar en su segunda legislatura, en cuanto se vio libre de sus antiguos socios nacionalistas, como de la distinta actitud del monarca a la hora de afrontar ciertos problemas. La política internacional tampoco fue ajena a la megalomanía y a la pérdida del sentido de la realidad que se apoderaron de Aznar tras conseguir la mayoría absoluta. Ya se vio que las relaciones con Marruecos provocaron una seria discrepancia con el rey. Probablemente ocurrió lo mismo con la arriesgada apuesta del gobierno ante la crisis de Irak, que se plasmó en la cumbre protagonizada por George Bush, Tony Blair y José María Aznar —el llamado «trío de las Azores»— el 16 de marzo de 2003, en la que se decidió presentar un ultimátum a Saddam Hussein, acusado —en falso— de disponer de armas de destrucción masiva. Cuatro días después se hacía efectiva la amenaza con el comienzo de la invasión de Irak por una amplia coalición internacional de la que España fue una pieza relevante, no tanto por su aportación militar como por la contribución de su gobierno a la legitimación de la guerra. Las potenciales ventajas que Aznar atribuía al giro atlantista de nuestra política exterior, que permitiría integrar a España en el núcleo dirigente del nuevo orden mundial, fueron pronto superadas por sus notorios inconvenientes para los intereses del PP en la vida nacional, marcada en los meses siguientes por el rechazo generalizado a la intervención en la guerra de Irak y por la fuerte movilización de la izquierda contra la política gubernamental. Parece indudable, por otro lado, que Aznar subestimó el riesgo de que la sobreexposición de España en el conflicto se tradujera en un ataque del terrorismo islámico, una posibilidad no tan remota si se sigue la pista cronológica y geográfica de los atentados que venía protagonizando Al-Qaeda en los últimos años. «Los árabes nunca atentarán contra un país amigo como España», fue la respuesta que le dio Aznar a un alto cargo de la Administración Bush que le preguntó en privado si no temía un 11-S en territorio español.

Los resultados del PP en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2003, celebradas en pleno «¡no a la guerra!», fueron algo mejores de lo esperado. El PSOE le superó en las municipales por unas pocas décimas, pero el partido del gobierno retuvo plazas y territorios importantes como Madrid y Valencia. En todo caso, a menos de un año de las elecciones generales, las posibilidades del PP eran una incógnita, máxime si se recuerda que Aznar había anunciado su intención de no presentarse a la reelección. Por el contrario, el nuevo líder del PSOE parecía consolidar su posición pese a la debilidad inicial de su liderazgo, lastrado por su juventud, su limitado carisma político y ese mínimo margen de nueve votos que le permitió alzarse con la secretaría general del partido en julio de 2000 frente a José Bono. De esta forma, José Luis Rodríguez Zapatero, de treinta y nueve años, diputado desde los veinticinco, un perfecto desconocido de mirada sorprendentemente clara, en palabras de Le Monde,[36] seguía la estela de sus predecesores al frente del partido fundado por Pablo Iglesias en 1879: los Besteiro, Prieto, Largo Caballero, Rodolfo Llopis, Felipe González... ¿Conseguiría sacarlo del estado depresivo en el que se encontraba en los últimos años, restablecer su autoestima política y ponerlo en condiciones de batir al PP? El reto parecía descomunal, pero hay que recordar que cuando en 1974 Felipe fue elegido primer secretario del PSOE tenía siete años menos que él. Con la elección de Zapatero daba comienzo lo que él mismo llamaría, en expresión tomada de Mitterrand, «el cambio tranquilo».

Tres años después había demostrado su pericia para maniobrar en las turbulentas aguas del partido y formar un equipo joven, compacto y homogéneo, en condiciones de cerrar de una vez por todas el largo interregno abierto tras la renuncia de González en 1997. No le tembló el pulso a la hora de jubilar a la vieja guardia, con razón o sin ella, y supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron para afianzar su liderazgo, estrechar el cerco en torno al PP y acumular fuerzas ante las siguientes elecciones generales, por ejemplo, en Cataluña, donde encontró un aliado clave, con vocación de mentor, en la persona de Pasqual Maragall. Bambi estaba madurando muy deprisa.

El 3 de agosto de 2003, Aznar designaba a Mariano Rajoy candidato del PP a la Presidencia del Gobierno. En el barómetro del CIS de octubre, el primero con datos sobre intención de voto desde la unción de Rajoy, el PP adelantaba en 1,9 puntos al PSOE, lo que suponía una situación de empate técnico que auguraba unas elecciones muy reñidas. Y lo fueron. El 7 de marzo de 2004, una semana antes de los comicios, la distancia entre los dos partidos se mantenía en torno a los dos puntos, según la última encuesta de La Vanguardia, aunque tanto El Mundo, como El País y ABC daban al PP una ventaja superior, que en algún caso le acercaba a la mayoría absoluta. El resultado final estuvo sin duda condicionado por la matanza perpetrada en Madrid el 11-M, tres días antes de las elecciones, que provocó una fuerte movilización ciudadana y un amplio rechazo a la contradictoria y sesgada información oficial sobre el origen de los atentados. La confusión creada por el gobierno fue tal, que el mismo día 11 el rey en persona «llamó a Aznar y le abroncó» para exigirle que el gobierno dijera de una vez todo lo que sabía sobre lo ocurrido.[37]

Con una diferencia de cinco puntos y 16 escaños sobre el PP, el PSOE terminaba la jornada electoral como indiscutible vencedor y su candidato, José Luis Rodríguez Zapatero, como el líder que estaba a punto de pasar en menos de cuatro años del cuasi anonimato político a la Presidencia del Gobierno. El mandato de Aznar había terminado con una última bronca con el rey. Nada nuevo bajo el sol. Mientras tanto, Zapatero seguía siendo una incógnita.

[1] J. M. Aznar, Memorias, op. cit., p. 231.

[2] «Hay más fórmulas», El País, 8 de marzo de 1996.

[3] Documento titulado «Recomendaciones de Armada del día 4 de diciembre [de 1975]», cit. J. M. de Peñaranda y Algar, Los servicios de inteligencia, op. cit., vol. II, p. 674.

[4] Cit. T. Burns y J. C. Clemente, Juan Carlos I, Ediciones B, Barcelona, 2002, p. 141.

[5] M. Ventero Velasco, Los mensajes de Navidad del Rey, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2010.

[6] Incluido en el libro coordinado por B. Pendás, Antonio Maura, en el aniversario del «gobierno largo», FAES, Madrid, 2009, pp. 7-12.

[7] J. Castro-Villacañas, El fracaso de la monarquía, Ed. Planeta, Barcelona, 2013, pp. 256 y 199.

[8] Ibíd., pp. 202-203.

[9] Ibíd., p. 207.

[10] L. Méndez, «La maldición de El Escorial», El Mundo, 10 de febrero de 2013.

[11] R. Cotarelo, «La Jefatura del Estado en el sistema político español», Debate Abierto, número 2, 1990, p. 36.

[12] J. Castro-Villacañas, El fracaso de la monarquía, op. cit., pp. 205-208.

[13] J. García Abad, La soledad del Rey, La Esfera de los Libros, Madrid, 2004, p. 70.

[14] Comentario recogido por José Bono en su diario el 17 de febrero de 2007; J. Bono, Diario de un ministro. De la tragedia del 11-M al desafío del independentismo catalán, Ed. Planeta, Madrid, 2015, p. 201.

[15] E. Haro Tecglen, «La república de Aznar», El País, 19 de febrero de 2003.

[16] J. Juaristi, A cuerpo de rey. Monarquía accidental y melancolía republicana, Ed. Ariel, Barcelona, 2014.

[17] T. Burns, Conversaciones sobre el Rey, op. cit., p. 352.

[18] Ibíd., p. 342.

[19] Parte policial recogido en el libro Jaraneros y alborotadores, op. cit., p. 129.

[20] J. Almunia, Memorias políticas, op. cit., pp. 300-302.

[21] Conversación con María Antonia Iglesias; M. A. Iglesias, La memoria recuperada, op. cit., II, p. 662.

[22] J. Almunia, Memorias políticas, op. cit., pp. 330-331.

[23] Ibíd., pp. 351-352.

[24] Ibíd., p. 337.

[25] «Felipe González abandona la secretaría general para forzar la renovación del partido», El País, 21 de junio de 1997.

[26] «Los barones ocupan en dos días el vacío de González», El País, 23 de junio de 1997.

[27] J. Almunia, Memorias políticas, op. cit., p. 373.

[28] «El efecto Borrell», El País, 15 de mayo de 1999.

[29] J. Almunia, Memorias políticas, op. cit., p. 376.

[30] A. Guerra, Una página difícil de arrancar. Memorias de un socialista sin fisuras, Ed. Planeta, Barcelona, 2013, pp. 357-358.

[31] Ibíd., pp. 391-392.

[32]Comentario a José Bono el 14 de mayo de 2004; J. Bono, Diario de un ministro, op. cit., p. 88.

[33]A. Guerra, Una página difícil de arrancar, op. cit., p. 404.

[34]J. Juaristi, «Ikurriña españolísima», ABC, 29 de septiembre de 2002.

[35]J. Juaristi, A cuerpo de rey, op. cit., pp. 22-23.

[36]«M. Zapatero élu pour renouveler le Parti socialiste espagnol», Le Monde, 25 de julio de 2000.

[37]Testimonio de Jordi García Candau recogido por José Bono; J. Bono, Diario de un ministro, op. cit., p. 37.

CAPÍTULO X. ZAPATERO, PRESIDENTE: EL REPUBLICANISMO CÍVICO DEL GOBIERNO DE SU MAJESTAD

Reinventando el socialismo

El domingo 2 de mayo de 2004 se celebra en Madrid el 125 aniversario de la fundación del PSOE. Hay un gran acto conmemorativo en el Palacio de Vistalegre al que asiste la plana mayor del partido y en el que 15.000 afiliados y simpatizantes aclaman a sus viejos y nuevos líderes, desde Felipe González hasta José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno desde hacía apenas quince días. Varias generaciones de socialistas comparten la alegría del triunfo recientemente obtenido en las urnas y escenifican una unidad indispensable en aquellas circunstancias, con unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina y un gobierno aupado por una frágil mayoría. Ayuda mucho la memoria común, el recuerdo siempre vivo del Abuelo Pablo Iglesias, al que se refieren entre otros el propio Zapatero y el secretario general de la UGT, Cándido Méndez. También Manuel Chaves, presidente del partido, evoca a los socialistas de los tiempos heroicos, como aquellos dirigentes —Fernando de los Ríos, Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero— que en 1931 formaron parte del gobierno provisional de la Segunda República. Las palabras de Chaves harán que muchos coreen el grito de «¡España, mañana, será republicana!». Era de esperar, porque entre el público abundan las banderas tricolores. Así lo consigna en su diario el nuevo ministro de Defensa, José Bono, que reconoce haber puesto «cara de circunstancias» ante aquel grito y aquellas banderas.[1] Algún periodista creyó verle algo ensimismado, atento a los discursos de sus compañeros de partido y de gobierno.[2]

¿Se estaba republicanizando el PSOE tras ser desde 1978 un pilar irremplazable de la monarquía constitucional? Ese era probablemente el temor de sus dirigentes más veteranos: que una nueva generación de socialistas cuestionara un concepto esencial de la democracia española, cual era el pacto entre la nación y la corona, y que hiciera de la forma de gobierno un problema añadido a una agenda política de por sí complicada. Sus recelos iban incluso más allá, porque la estrecha relación que mantenían Zapatero y Pasqual Maragall, presidente de la Generalitat desde el año anterior, hacía temer una influencia decisiva del líder del PSC sobre el nuevo jefe del Gobierno. Estaban en juego el modelo territorial y la idea de España del PSOE, cuestiones en las que el partido se había mostrado vacilante en los últimos tiempos. La alianza que el PSC mantenía con Esquerra Republicana de Catalunya, primero en el gobierno de la Generalitat y tras las elecciones del 14-M en las Cortes españolas, planteaba además la posibilidad de que el socialismo español se sintiera obligado a revisar su postura hacia la monarquía constitucional.

Las palabras pronunciadas por Zapatero en un mitin del PSC el 13 de noviembre anterior, brindando su apoyo al Estatuto que se aprobara en Cataluña, demostraban hasta qué punto sus privilegiadas relaciones con Maragall comportaban una hipoteca política a la que tarde o temprano tendría que hacer frente. Por lo pronto, el voto catalán a través del PSC, traducido en 21 escaños en el Congreso de los Diputados, había resultado determinante en la victoria socialista del 14-M. Una vez conseguido el poder, tocaba cumplir los compromisos adquiridos. La abundancia de banderas republicanas en el mitin de Vistalegre tal vez formara parte de los gajes de un nuevo socialismo que nacía muy condicionado por sus orígenes. Era inevitable pensar que ese giro del PSOE hacia un republicanismo, como mínimo, sentimental y simbólico ponía en riesgo la impecable relación que venía mantenido con la corona desde la Transición.

La cuestión catalana y la forma de gobierno estaban por tanto firmemente entrelazadas. Ambas afectaban a dos principios básicos del sistema democrático —la España de las autonomías y la Jefatura del Estado— y guardaban relación con la identidad política del socialismo catalán, sin duda el eslabón más débil de la cadena que unía al PSOE con el pacto constitucional de 1978. La doble alma del PSC, catalanista en sus dirigentes e intelectuales orgánicos y españolista en muchos de sus electores, aquellos que votaban en las elecciones generales y se abstenían en las autonómicas, suponía una grave complicación para cualquier líder del PSOE que aspirara a desarrollar un proyecto político coherente en todo el territorio nacional. El efecto desestabilizador del socialismo catalán en Ferraz no fue ciertamente un problema creado por Zapatero, sino heredado por él, aunque cabe preguntarse si su forma de abordarlo, una mezcla muy personal de audacia y frivolidad, de oportunismo táctico y adanismo histórico, no contribuyó a agravarlo más que a reconducirlo. En todo caso, en su original enfoque del problema catalán Zapatero encontró un punto de apoyo sobre el que levantar un socialismo puesto al día, pensado para un país que, a su juicio, debía encarar algunos retos pendientes desde el final del franquismo.

No lo tenía fácil. Felipe y su generación habían dejado un legado muy difícil de administrar, en lo bueno y en lo malo. La nueva hornada de dirigentes socialistas sentía además un manifiesto hartazgo de los modos y maneras de la etapa anterior: del hiperliderazgo de González, del narcisismo autoritario de Guerra, de la incontinencia verbal de los barones y del apego de la vieja guardia a ciertos valores que se daban por periclitados y que en gran parte remitían a la Transición. Se hacía preciso buscar dentro o fuera de España un proyecto de recambio que justificara el paso de una nueva generación si no por la historia al menos por el gobierno. «El poder se ejerce siempre generacionalmente», dirá González el año en que Zapatero se convirtió en secretario general.[3] No debió de extrañarle, pues, que el nuevo líder del PSOE y los suyos quisieran hacer con él lo que Isidoro hizo con Llopis treinta años atrás.

Pero en el socialismo español hacía falta algo más que un cambio de guardia. El problema era que el rearme ideológico que necesitaba con urgencia difícilmente podía inspirarse en la experiencia de partidos hermanos que vivían crisis parecidas, a la vez ideológicas y generacionales, como el Partido Socialista Francés, que pasaba por sus horas más bajas de las últimas décadas. En 2002, el PS había sufrido una de sus mayores humillaciones históricas, cuando el estrepitoso fracaso de su candidato en las elecciones presidenciales, Lionel Jospin, obligó a sus votantes a apoyar al conservador Jacques Chirac en la segunda vuelta para evitar el triunfo del ultraderechista Jean-Marie Le Pen. Tampoco el laborismo británico parecía ofrecer un modelo atractivo en el que mirarse, pese a llevar sólidamente instalado en el poder desde 1997. Su viaje al centro político, revestido con el pomposo nombre de «tercera vía», y el papel en la guerra de Irak de su líder Tony Blair, compañero de fatigas de Bush y Aznar, convertían al Labour Party en un ejemplo de lo que el nuevo PSOE quería evitar. Quedaba la socialdemocracia alemana, que gobernaba en coalición con los verdes y había sabido mantenerse a una prudente distancia del trío de las Azores en la crisis de Irak. De entrada, no eran malas credenciales, pero el deslizamiento del gobierno de Schröder hacia la derecha con la llamada Agenda 2010, aprobada en 2003 —en el fondo, un programa de recortes sociales y reducción de impuestos—, le había hecho perder buena parte de su glamour progresista. Si Zapatero y los suyos buscaban soluciones de izquierdas a los problemas del socialismo español, el SPD tampoco les serviría como fuente de inspiración.

El problema de fondo era la grave crisis de identidad que arrastraba la socialdemocracia europea, diagnosticada ya a finales de los setenta por Ralph Dahrendorf al dar por terminado «el siglo socialdemócrata».[4] Eso no le había impedido seguir funcionando como una eficiente maquinaria electoral y alternarse en el poder con la derecha, como en los viejos tiempos. Pero esa inercia fue perdiendo fuelle a medida que la clase obrera, núcleo duro de su base social y referente ineludible de su cultura política, sucumbió bajo el múltiple impacto de la crisis económica de los setenta, de la subsiguiente desindustrialización de la economía occidental, del triunfo de la revolución conservadora de Margaret Thatcher y Ronald Reagan y de la caída del Muro de Berlín en 1989. Dos populares películas inglesas, The Full Monty (1997) y Billy Elliot (2000), tributarias de un costumbrismo de izquierdas típicamente británico, muestran el trágico destino de una clase social que había sido jubilada por la historia y buscaba un lugar bajo el sol en el que hacer más llevaderos sus achaques. En Full Monty, los protagonistas son unos obreros en paro de un complejo siderúrgico que nunca más volverá a la actividad. Billy Elliot cuenta la historia de una familia de mineros que participa en la gran huelga de la minería declarada por las Trade Unions contra Margaret Thatcher. Las dos películas tienen algo de elegía de una época que terminó con la derrota de los sindicatos ingleses en su huelga de 1984. En ambas se ofrece, sin embargo, una solución inesperada ante la desaparición del modo de vida de varias generaciones de trabajadores industriales. En realidad, ese final feliz no hace más que certificar la defunción del viejo proletariado británico, consciente de que su tiempo se ha acabado para siempre, porque ni el striptease, al que recurren los protagonistas de Full Monty, ni el ballet clásico, en el que triunfará Billy Elliot, se pueden tomar como alternativas creíbles a un mundo en vías de extinción. No es extraño que Dahrendorf sitúe entre los años setenta y ochenta el ocaso de la socialdemocracia, al menos tal como se había conocido hasta entonces. Era la consecuencia inevitable de la agonía de aquella clase social, combativa, orgullosa, respetada y temida por sus adversarios, que fue durante un siglo su razón de ser.

En el PSOE, y en general en el socialismo del sur de Europa, la crisis de la vieja clase trabajadora tenía por fuerza que notarse menos. Al tratarse de un país de escasa tradición industrial, la izquierda dependía del voto obrero en menor medida que otros partidos históricamente más fuertes, pero también más vulnerables al declive del modelo socialdemócrata. Eso explica que las mayorías absolutas del PSOE en la década de los ochenta coincidieran con el paso del SPD alemán del poder a la oposición, con el hundimiento electoral del laborismo británico y con el fin de cuarenta años ininterrumpidos de gobierno socialdemócrata en Suecia. La clave estaba en hacer del partido de Pablo Iglesias una marca electoral interclasista que pudiera identificarse con una idea de cambio vaga, diversa y atractiva al mismo tiempo. Si el regeneracionismo fue en 1982 el impulso motor de un largo ciclo de hegemonía socialista —«aquel regeneracionismo», dirá González años después, «que, creo, la gente entendió bastante bien»—,[5] el republicanismo cívico de Zapatero tendrá la misma función ortopédica respecto a un socialismo que en España, en el terreno teórico, anduvo siempre bastante renqueante. George Lakoff, John Rawls y sobre todo Philip Pettit serán los autores que habrán de proporcionar al zapaterismo el maquillaje intelectual necesario para parecerse a un socialismo del siglo xxi.

El primero publicó en 2004 una obrita de título premonitorio para lo que aquí se trata: No pienses en un elefante. «La gente no vota necesariamente por sus intereses. Vota por su identidad. Vota por sus valores».[6] Esta sencilla fórmula, tan sumaria y discutible como el resto del libro, explica el interés que un autor como Lakoff podía tener para un político como Zapatero. Se trataba de vertebrar una nueva mayoría social y electoral a partir de una suma de identidades diversas y de llevar al adversario al terreno que le resultara más incómodo. El papel determinante de la guerra de Irak en las elecciones del 14-M es un buen ejemplo de cómo los temas que polarizan una campaña y el lenguaje con el que se tratan condicionan en gran medida el veredicto de las urnas. Hay además en la frase de Lakoff una recusación implícita del viejo socialismo de clase, basado en la creencia marxista de que el mundo lo mueven los intereses materiales, y al mismo tiempo una novedosa concepción de la izquierda repensada desde categorías morales y culturales de tipo identitario. El segundo autor citado, John Rawls, aportaba un radicalismo ético, de raíz ilustrada y liberal, compatible todavía con la vieja socialdemocracia, en la interpretación de los problemas más acuciantes de la democracia moderna. En el caso español, sus postulados mezclaban muy bien con un socialismo de raíz krauso-institucionista, sin duda el más alejado de la tradición obrerista y el más reconocible en el nuevo PSOE de principios del siglo xxi.

Pero es el tercero de ellos, el irlandés Philip Pettit, profesor de filosofía política en Princeton y autor de una extensa obra, quien más influyó en el llamado «republicanismo cívico» de Rodríguez Zapatero, principalmente a través de su libro Republicanism. A Theory of Freedom and Government.[7] He ahí la clave para entender cómo consiguió Zapatero desbordar al socialismo felipista por la izquierda sin regresar por ello a la ortodoxia marxista; más aún, situándose en las antípodas del viejo obrerismo. Frente a un sujeto social a la antigua usanza, con conciencia de clase y vocación hegemónica, el republicanismo cívico hacía de la pluralidad un valor transformador mediante la concurrencia de voluntades dispares guiadas por un ideal común de paz, igualdad y justicia. ¿Podía ser este el reconstituyente ideológico que andaba buscando el PSOE? Solo si estaba dispuesto a renunciar a una parte sustancial de sus viejas esencias, porque, por más que la versión zapaterista del republicanismo de Pettit haya merecido el calificativo de «socialismo de los ciudadanos»,[8] no resulta fácil explicar qué tiene de socialista una doctrina cuyas raíces se hunden en un mundo y en un pensamiento muy anteriores a la aparición del socialismo y en gran medida ajenos, cuando no contrarios, a él.

El propio Pettit enumera en su libro los principales pensadores, corrientes intelectuales y movimientos políticos de los que se nutre su noción de republicanismo, desde Cicerón hasta la Revolución francesa, desde Maquiavelo hasta Montesquieu, desde las antiguas repúblicas de la Italia renacentista hasta la Revolución inglesa y la Declaración de Independencia norteamericana. Llama la atención que se detenga a finales del siglo xviii, como si esa poderosa idea de libertad y ciudadanía que viene de la antigua Roma hubiera sido incapaz de traspasar el umbral del mundo contemporáneo. Sería fácil ironizar sobre la pretensión de interpretar el siglo xxi al trasluz de un ideal político que fue barrido del mapa hace doscientos años, cuando aparecieron las doctrinas que marcaron el devenir de los dos últimos siglos, entre ellas el marxismo. Puede que el problema sea otro y que en realidad sí exista un pensamiento contemporáneo ligado a esa tradición republicana, pero que esté mucho más próximo al liberalismo conservador que a la izquierda clásica. De ahí el interés de Pettit en borrar sus huellas a partir de 1800 y en desmarcarse de Isaiah Berlin, cuya defensa de la libertad negativa frente a la positiva, de la libertad individual frente a los poderes coercitivos de la colectividad, tanto se parece, sin embargo, a la idea de libertad como «no dominación» postulada en Republicanism.

Si José María Aznar no se hubiera apropiado en su día del patriotismo constitucional, teorizado —que no acuñado— por el filósofo alemán Jürgen Habermas, afín al SPD, es posible que en vez de hablar del republicanismo cívico de Zapatero estuviéramos debatiendo sobre la importancia del concepto de Habermas para entender el zapaterismo. Lo cierto es que en la dirección del PSOE elegida en el XXXV Congreso hubo quien vio muy pronto su utilidad para reformular el socialismo español sobre la base de un nuevo cuerpo teórico. Por eso los socialistas pusieron el grito en el cielo cuando en noviembre de 2001 se supo que la ponencia estrella del próximo congreso del PP llevaría por título «El patriotismo constitucional del siglo xxi». La suerte estaba echada, porque no cabía imaginar que el PSOE siguiera adelante con su apelación al patriotismo constitucional cuando el PP se disponía, a instancias de Aznar, a convertirlo en su nuevo mantra antinacionalista.[9] La fórmula de Habermas quedaba así, según un miembro de la ejecutiva socialista, «completamente desvirtuada»,[10] y era una lástima, porque la generación de Zapatero había encontrado en ella una expresión que se adecuaba perfectamente a lo que andaba buscando: una idea original, incluso paradójica, que sirviera para definir un socialismo sui géneris, de naturaleza cívica mucho más que social; liberal —o libertario, como dijo Zapatero—,[11] antes que marxista. La originalidad del patriotismo constitucional consistía en imprimir un sesgo progresista al concepto de patria, entendida como una comunidad de ciudadanos libres e iguales, con los mismos derechos y obligaciones establecidos y regulados por la ley suprema. Al fin y al cabo, el patriotismo constitucional había sido defendido por Habermas como una forma de reconciliar a los suyos, la izquierda alemana traumatizada y acomplejada por la experiencia del nazismo, con una patria que arrastraba un pasado altamente problemático. Como en España.

Los conceptos de patriotismo constitucional y republicanismo cívico, también llamado ciudadanismo, no estaban, pues, tan lejos entre sí como podría parecer a simple vista. Ni mucho menos. No hay más que recordar que en las grandes revoluciones del siglo xviii, la holandesa, la americana y la francesa, patriota llegó a ser sinónimo de revolucionario —así fue también en la España liberal— y que el término patriotismo expresó el ideario republicano antes de que existiera la voz republicanismo. Un diputado socialista y profesor universitario de la generación de Zapatero, José Andrés Torres, buen conocedor de Cicerón y Maquiavelo, explicó en un artículo titulado «La república de tu casa» el proceso que le llevó en su juventud a cumplir sus deberes militares, pudiendo haberlos eludido, «porque la tradición republicana obliga a hacer la mili».[12] Tal es la esencia de un republicanismo cívico que surge allí donde existe un vínculo recíproco de libertad y servicio entre el ciudadano y la comunidad política que lo ampara —la res publica—. Ese contrato social no es incompatible con la monarquía como forma de gobierno, siempre y cuando el poder hereditario cumpla su parte del pacto y no degenere en tiranía. Solo entonces, dice Pettit, los republicanos se vuelven antimonárquicos, como ocurrió con los súbditos de la corona británica en las trece colonias de América del Norte cuando se sintieron desposeídos de sus derechos. Por el contrario, en la Inglaterra del siglo xviii, afirma el mismo autor citando a Montesquieu, «la república se esconde bajo la forma de una monarquía».[13]

Al final, el republicanismo cívico nos devuelve, por tanto, a la concepción de la monarquía constitucional como una república coronada, según la expresión utilizada ya por algunos socialistas españoles en los años setenta y ochenta y antes por don Gumersindo de Azcárate, que la aplicó precisamente a la Gran Bretaña del siglo xix. Por eso, como toda democracia que se precie responde en el fondo a un espíritu republicano, cualquiera que sea la forma de gobierno que adopte, un rey cumplidor de sus deberes constitucionales puede, sin renunciar a su corona, llegar a ser un rey republicano, como dijo Zapatero de Juan Carlos I en fecha tan emblemática como el 14 de abril de 2005.

Se cumplía un año de su llegada a La Moncloa y setenta y cuatro de la proclamación de la Segunda República y el periodista Iñaki Gabilondo le entrevistaba en su programa de la Cadena Ser. Preguntado si el PSOE seguía siendo republicano, Zapatero contestó que el Partido Socialista era «constitucional» y que ello suponía asumir el carácter monárquico que la Constitución otorgaba a la Jefatura del Estado. En vez de quedarse ahí, con una airosa salida por la tangente, quiso rizar el rizo con un argumento que salvaguardaba la conciencia republicana del PSOE a costa de convertir al rey en algo que estaba muy lejos de ser. Don Juan Carlos era, en opinión del presidente del Gobierno, un hombre «bastante republicano», porque ese es el honroso calificativo que merece, según él, aquel que defiende las instituciones, los valores democráticos y la vida pública y respeta los sagrados principios de una ciudadanía libre. «En ese sentido, estamos muy tranquilos y muy a gusto», concluía un Zapatero profundamente agradecido al papel institucional que venía desempeñando el monarca. El galimatías creado por él para eludir una pregunta incómoda —«¿sigue siendo republicano el Partido Socialista?»— suponía finalmente atribuir al nieto de Alfonso XIII un republicanismo que el socialismo gobernante no se atrevía a reivindicar como propio, como si al final la república coronada se hubiera despojado incluso de la corona y los socialistas sintieran que en ese jefe del Estado «bastante republicano» habían encontrado la horma de su zapato.[14]

Habría que preguntarse si el monarca estaba tan tranquilo con Zapatero como él decía estarlo con Su Majestad, porque la apuesta estratégica del gobierno por el republicanismo cívico y por la llamada memoria histórica, que en no pocas ocasiones devino en glorificación de la Segunda República, podía acabar afectando a la relación que el PSOE mantenía con la corona desde la Transición. Don Juan Carlos no tardó en percatarse del cambio que, en este terreno y en muchos otros, se había producido respecto a la etapa de González. «Estáis quitando estatuas de Franco», le dijo a José Bono, ministro de Defensa, «y estas cosas no pasaban con Felipe González ni con Guerra».[15] Pero no parece que el asunto pasara a mayores, ni que el rey se inmiscuyera en el debate sobre la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 tras una larga y polémica gestación.

Como instrumento legal para reparar viejas injusticias y honrar la memoria de miles de víctimas del franquismo la ley era inobjetable. Mucho menos defendibles resultaban sus efectos colaterales, tal vez ajenos a la voluntad del ejecutivo. Así, el afán de imponer a la ciudadanía y a las instituciones un único relato sobre la reciente historia de España que eximía a la izquierda de toda responsabilidad, por pequeña que fuera, en el origen de la Guerra Civil. Una responsabilidad que cualificados dirigentes del Frente Popular habían reconocido honradamente en público y en privado, como los socialistas Juan Simeón Vidarte al titular sus memorias Todos fuimos culpables, Luis Araquistáin en su conferencia Algunos errores de la República española o Indalecio Prieto al afirmar en una carta a Negrín, escrita nada más acabar la guerra: «Pocos españoles de la actual generación están libres de culpa por la infinita desdicha en que han sumido a su patria. De los que hemos actuado en política, ninguno».[16] Como reconocimiento de su propia responsabilidad histórica se pueden considerar también estas palabras de Negrín en una carta escrita en el exilio: «Espero que el pueblo nos colgará a todos el día, ya próximo, que en España volvamos a poner el pie».[17]

No hubo presiones de La Zarzuela sobre el gobierno en esta cuestión, salvo el comentario, más bien incidental, que Bono recoge en su diario. Sí dejaron oír su voz en cambio diversas personalidades de la izquierda, especialmente de la vieja guardia socialista, que advirtieron del riesgo que entrañaba la judicialización de un pasado lejano mediante la aplicación del concepto de memoria histórica. Un político avezado como Santiago Carrillo señaló el peligro de trasladar a los tribunales, como pretendía el juez Baltasar Garzón, un problema de responsabilidades penales que había quedado zanjado con la amnistía de 1977. En palabras del antiguo dirigente comunista, podía ocurrir incluso «que el tiro nos acabe saliendo por la culata» si aquello terminaba por abrir un gran debate sobre los crímenes cometidos por ambos bandos en la Guerra Civil.[18]

La postura de Rodríguez Zapatero, muy condicionada por el fusilamiento en 1936 de su abuelo, militar leal a la República, se define en su aseveración de que la Transición supuso «mucha concordia y poca memoria».[19] Había llegado el momento de culminar aquel proceso llevándolo hasta allí donde sus protagonistas, entre ellos los anteriores dirigentes del PSOE, no pudieron o no quisieron llegar. La defensa de la memoria histórica permitía hacer finalmente justicia a las víctimas de la dictadura olvidadas en cumplimiento de un supuesto pacto de silencio. Rescatadas de su ostracismo, también ellas serían partícipes de los beneficios del nuevo republicanismo cívico defendido por el gobierno al incorporarlas a su círculo virtuoso de derechos y libertades, como estaba ocurriendo con otros colectivos hasta entonces discriminados por el sistema.

Esa aspiración entrañaba, sin embargo, varios problemas, más allá de su viabilidad en el ámbito judicial y de la inexistencia del famoso pacto de silencio de la Transición. El primero se derivaba de los propios términos en los que Zapatero formulaba la relación entre la «mucha concordia» y la «poca memoria» que presidió el tránsito a la democracia, porque, según esa misma suma cero —a más concordia menos memoria, y viceversa—, todo lo que se avanzara en el esclarecimiento del pasado podía suponer un retroceso en la ansiada reconciliación nacional. El segundo problema radicaba en el propio significado del concepto de memoria histórica, que en su versión más sectaria, propia de la izquierda extragubernamental, suponía imponer un relato unívoco sobre el pasado y la consiguiente eliminación de todos los demás, cualesquiera que fueran las vivencias personales o colectivas de las que se guardara memoria. Aun prescindiendo de la fuerte pulsión totalitaria que late en semejante propósito, el canon seudohistoriográfico en el que se acabó convirtiendo planteaba en la práctica una contradicción aberrante, porque el loable propósito de rehabilitar la memoria de las grandes figuras de la España republicana iba acompañado de una visión tan edulcorada y naíf de la república que un Prieto, un Azaña, un Largo Caballero o un Negrín nunca se hubiera podido reconocer en ella. No era solo, por tanto, el intento de tomar la parte por el todo, de convertir una de las muchas memorias existentes en la única posible y legítima, sino la grave tergiversación perpetrada con el legado de aquella izquierda que revisó críticamente su actuación en la república y abogó en fecha muy temprana por una urgente reconciliación nacional. A ella apeló expresamente don Manuel Azaña en su célebre discurso de las tres pes, pronunciado en el Ayuntamiento de Barcelona el 18 de julio de 1938: «Paz, piedad y perdón».

Tal vez en ningún otro aspecto de la política zapaterista se aprecia mejor su alejamiento de la memoria de los suyos que en su enfoque del problema catalán. La fórmula adoptada por el nuevo estatuto de autonomía, incorporando en su preámbulo una alusión a Cataluña como nación, no podía ser más opuesta al punto de vista expresado por el socialista Juan Negrín en plena Guerra Civil, al lamentar, como hizo el propio Azaña en términos aún más rotundos,[20] la inaudita deslealtad del gobierno de Companys y de su partido, Esquerra Republicana, con la república española: «No estoy haciendo la guerra contra Franco», declaró el doctor Negrín siendo jefe del Gobierno, «para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. De ninguna manera. Estoy haciendo la guerra por España y para España. Por su grandeza y para su grandeza (...). No hay más que una nación: ¡España!».[21] Tiene algo de sarcasmo que el presidente que hizo de la memoria histórica la tierra prometida del nuevo socialismo fuera, a la hora de la verdad, tan poco consecuente con las enseñanzas recibidas de los viejos dirigentes de su partido. Si ha habido un pacto de silencio en la democracia española es el que, en aras de la corrección política, borró de la memoria colectiva las lecciones dolorosamente aprendidas por la izquierda en los años treinta.

Zapatero y el rey: la extraña pareja

Cabría pensar que la política de Zapatero supuso un serio obstáculo en su relación con el rey. Aspectos clave de su actuación, como la memoria histórica, el republicanismo cívico, las relaciones con Estados Unidos o el Estatuto catalán tenían que provocar, como mínimo, alguna inquietud en don Juan Carlos, especialmente aquellas que cuestionaban el modelo territorial vigente desde la Transición o la legitimidad de la corona. Ni siquiera existía la afinidad generacional que tanto facilitó en su día su entendimiento con Felipe González. Y, sin embargo, la nueva cohabitación entre el PSOE y la monarquía discurrió con la misma normalidad que caracterizó la etapa iniciada con la victoria socialista de 1982. Si acaso, en el trato personal del jefe del Estado con los dos presidentes socialistas se produjo un cambio significativo, marcado en parte por la edad. Su relación afectuosa, más bien de tipo paternofilial, con José Luis Rodríguez Zapatero nunca alcanzó el grado de sintonía y confianza que tuvo con Felipe González, antes y después de dejar el poder.

Don Juan Carlos acabó viendo en él, y en menor medida en otros socialistas de su generación, como Javier Solana, al sabio consejero que Maquiavelo recomendaba tener al príncipe moderno. Felipe le sirvió con responsabilidad y respeto, sin ser ni invasivo ni cortesano. Más de una vez le paró los pies ante intromisiones que podían perjudicar a la corona o desactivó maniobras de su propio partido para conseguir la mediación del rey en alguna crisis de gobierno. Fue Cánovas y Sagasta al mismo tiempo, seguramente sin pretenderlo, a diferencia de Fraga, que quiso ser Cánovas y acabó siendo Maura. La prueba de que su sabiduría política superaba incluso su soberbia la tuvo el rey cuando Felipe le rechazó la reciprocidad en el tuteo que él le ofreció como un gesto amistoso y un regalo envenenado. Quién sabe si fue entonces, al evitar la trampa en la que cayó alguien tan avispado como Suárez, cuando el monarca se convenció de que el político sevillano era el fiel y astuto consigliere que venía buscando desde que Torcuato Fernández-Miranda se retiró de la vida pública: ni tan severo como Adolfo Suárez o Sabino Fernández Campo, ni tan intrigante como Armada, ni tan desagradable como Aznar, ni tan comprensivo como Zapatero.

La verdad es que nunca pensó en el nuevo presidente como un posible émulo del autor de El Príncipe, por más que un periodista le calificara, un poco a la ligera, como «el Maquiavelo de León».[22] Cierto que tampoco don Juan Carlos tenía la pasión por la cultura de los Médicis, ni la política española guardaba parecido alguno con la Florencia del siglo xvi. Pero en el oficio de rey tal como él lo concebía y practicaba, había un punto de maquiavelismo que le llevaba a considerar ciertas cualidades personales más como una debilidad que como una virtù para el gobierno de un Estado. «Veo a Zapatero muy humano e ingenuo», le dijo a Bono poco después de la victoria del PSOE el 14-M.[23] Su opinión personal no varió sustancialmente en los años siguientes. Al propio Bono le preguntó hasta qué punto Felipe González influía sobre Zapatero, tal vez pensando que los consejos del expresidente podían serle de gran ayuda. Dos años después de llegar a La Moncloa, le seguía viendo como un político bienintencionado al que se le empezaban a complicar las cosas.[24] En abril de 2008, al comienzo de su segunda legislatura, le definía como «un hombre muy honesto. Muy recto», con «profundas convicciones», que sabía adónde iba.[25] Eso decía mucho en su favor, al menos desde el punto de vista humano, y confirmaba una vez más una máxima en la que don Juan Carlos creía firmemente: que en sus juicios sobre las personas la primera impresión solía ser la buena. Su olfato no le había fallado con Zapatero, aunque esa brújula, también infalible, que le servía para conocer de antemano el rumbo de la política nacional e internacional le advirtió con notable antelación del ocaso de aquel gobierno. «Cuando la economía empiece a ir mal», afirmó en privado dos años antes del comienzo de la crisis, «se le van a juntar muchos problemas que será difícil resolver».[26]

Había entre ellos una corriente de mutua simpatía que desde luego no se explica por sus semejanzas y coincidencias, porque en su vida pública y privada eran como el día y la noche. Tal cúmulo de diferencias, en vez de distanciarles, produjo una cierta fascinación entre dos personajes que llegaron a entenderse bastante mejor de lo que se podía esperar de su personalidad y su pasado. Es posible, sin embargo, que la extraña impresión, desconcertante primero y entrañable después, que cada uno causó en el otro les llevara a hacerse una imagen escasamente fiel al original. Ni Zapatero era tan ingenuo como el rey pensaba, ni nadie que conociera de verdad a Su Majestad le hubiera definido como alguien «bastante republicano». Sin duda, los ocho años de dura cohabitación con Aznar le habían predispuesto a ver con buenos ojos a cualquiera que le hubiera sucedido en La Moncloa, pero de ahí a convertirse en adalid del republicanismo cívico media un abismo. En su descargo hay que decir que Zapatero no fue el único miembro de aquel gobierno que sucumbió al mito de un «monarca republicanizado».[27]

El recuerdo del aznarismo facilitó, pues, considerablemente esta segunda etapa socialista bajo la monarquía constitucional. Ayudó mucho también la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, que se desempeñó con autoridad y mano izquierda en sus labores de enlace con La Zarzuela y descargó al presidente de una labor ingrata que no iba con su carácter. Otros miembros del ejecutivo contribuyeron asimismo a que la relación con la familia real fuera lo más fluida posible con la vista puesta en una sucesión anticipada que podía precipitarse en función de acontecimientos difíciles de prever. Ya nadie se acordaba de aquella entrevista publicada hacía casi treinta años por The Washington Post en la que el rey especulaba con una posible abdicación al cumplir los sesenta y cinco, es decir, en enero de 2003.[28] Aquella fecha había quedado atrás y ni la salud del monarca ni su estado de ánimo hacían presagiar una decisión de esa índole. Él mismo insinuó, sin embargo, que su familia empezaba a impacientarse, sobre todo tras la boda del príncipe de Asturias con Letizia Ortiz en mayo de 2004, apenas unos días después de la llegada de Zapatero a La Moncloa. Eran momentos de cambio y La Zarzuela no iba a ser ajena a una tendencia de las casas reales a la plebeyización de las viejas dinastías. El rey siempre había aceptado con realismo y hasta con buen humor lo que le depararan los nuevos tiempos. En cambio, no le gustaba sentirse atropellado por las circunstancias. Mientras él fuera el patrón, las cosas se harían a su manera. Lo que viniera después de su reinado ya no era de su incumbencia. «Después de mí, el diluvio», había dicho su antepasado Luis XV. La cuestión es que el diluvio podía desencadenarse antes de tiempo.

En junio de aquel año, exultante con los resultados de su último chequeo médico, don Juan Carlos le hizo un comentario desenfadado al nuevo presidente del Gobierno, que mostraba tanto la retranca de Su Majestad como la existencia de un cierto mar de fondo: «Aunque le moleste al príncipe, tenemos rey para rato».[29] Las bromas dieron paso muy pronto a las cábalas sobre un posible cambio de planes de cara a un futuro inmediato. Un año después, hallándose en Roma para asistir a la consagración de Benedicto XVI, dio a entender a otros miembros de la delegación española que su familia, allí presente —«estos», según su característica forma de hablar—, quería convencerle para que abdicara, y que él, muy a su pesar, se lo estaba pensando. Así las cosas, Zapatero tomó la decisión de ir completando la preparación de los príncipes para la tarea que, más pronto que tarde, deberían asumir. Por suerte, doña Letizia tenía un conocimiento de la realidad, de cómo era y olía el mundo fuera de palacio, que podía serle de gran ayuda a su marido. Pero había que reforzar su relación con el país real y mostrarle aspectos del presente y del pasado que habían quedado fuera de su formación principesca. El republicanismo cívico también consistía en eso: en dar a la corona un baño de modernidad que le resultaría muy necesario para afrontar tiempos más difíciles que aquellos.

Con el rey las cosas marchaban bien, más allá de los quebraderos de cabeza que pudiera causar en La Moncloa su incontenible joie de vivre, que aquel gobierno, como los anteriores, pretendió controlar en la medida de lo posible. En el día a día de la política española surgieron también algunos contratiempos sin mucha trascendencia. Su famoso «¿por qué no te callas?» al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sentó muy mal en América Latina y obligó al ejecutivo a intervenir ante los Gobiernos de la región para evitar una crisis diplomática. Ciertas decisiones tomadas por el ministro de Defensa, José Bono, sobre medidas disciplinarias o nombramientos de altos mandos llevaron al rey a expresar su desacuerdo y a rozar el borboneo. En realidad, el ministro, que tuvo una buena relación con don Juan Carlos, no hizo más que aplicar el consejo que Felipe González le dio a Zapatero antes de ser investido presidente: «Al rey hay que tratarle con deferencia, pero, por su bien, no debe decidir los ascensos y los destinos de los generales, aunque se le deben consultar».[30] Su argumento no era muy distinto del que empleó Gregorio Peces-Barba durante el proceso constituyente, hacía casi treinta años, para convencer al monarca de lo peligroso que sería para él disponer de derecho de veto, como era su deseo. Todo poder efectivo, como suspender una ley que no fuera de su agrado, supondría un alto riesgo para la estabilidad de la corona, expuesta a la censura de las fuerzas políticas y de la opinión pública en cuanto se saliera de la más estricta neutralidad institucional. Don Juan Carlos le escuchó en silencio y finalmente asintió al razonamiento del representante del PSOE en la ponencia constitucional.[31] Su actuación durante el gobierno de Zapatero siguió en general la recomendación que le hizo en su día Peces-Barba de permanecer alejado de las disputas partidarias. Con la excepción, ya señalada, de la política militar, donde más de una vez quiso hacer valer su conocimiento del medio castrense —«yo sé más que tú de los ejércitos», le dijo a Bono—,[32] el jefe del Estado supo mantenerse neutral en las grandes cuestiones de la vida pública, incluso en aquellas que más podían incomodarle.

¿Lo fue también en el debate sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña?

El efecto «boomerang» del Estatuto catalán

En las relaciones del Estado con los nacionalismos vasco y catalán, don Juan Carlos era partidario de apurar el diálogo y prodigar los gestos amistosos como forma de evitar un distanciamiento que pudiera ser irremediable. «Todo es cuestión de talante», le dijo a un ministro socialista, «y a veces ha faltado la maña necesaria para llevarse bien con los nacionalistas».[33] Esto último se puede interpretar como un reproche a la política de Aznar en su segunda legislatura. La primera afirmación, en cambio, permite comprender su buena sintonía con Zapatero, que hizo del talante su conjuro personal para encarar los problemas más diversos e intrincados, desde el famoso choque de civilizaciones, que dio lugar a un libro homónimo de Samuel Huntington, hasta las reivindicaciones nacionalistas procedentes del País Vasco y sobre todo de Cataluña.

En la farmacopea política del zapaterismo, el talante era una fórmula homeopática que servía para curar todo tipo de males. Pero su eficacia ante los grandes retos asumidos por aquel gobierno resultó ser muy limitada. Así se desprende del doble fiasco de su Alianza de Civilizaciones, con la que intentó revertir el fenómeno estudiado por Huntington, y del nuevo Estatuto catalán, aprobado por el Parlamento autonómico en septiembre de 2005. En este caso, cabría hablar de una doble responsabilidad, primero al alentar la reforma sin calcular su alcance y sus consecuencias y en segundo lugar al ignorar el alto riesgo de inconstitucionalidad de cualquier artilugio legal que viniera avalado por el tripartito catalán.

El PSOE acabó pagando un precio muy alto por la promesa de Zapatero de aprobar en Madrid la reforma estatutaria que llegara de Barcelona, por más que a corto plazo su posición pudiera favorecer al PSC. En octubre de 2005, el expresidente Felipe González manifestó ya públicamente sus discrepancias con el estatuto,[34] que estaba a punto de iniciar su andadura en el Congreso de los Diputados. En privado fue aún más contundente: según quienes le oyeron expresar su opinión sobre el asunto, Felipe «se subía por las paredes».[35] Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, llegó a hablar de la «balcanización de España» si el texto salía adelante sin cambios sustanciales. En el propio gobierno de Zapatero, el proyecto aprobado por el Parlamento catalán causó auténtico horror. «El daño que va a hacer es incalculable», le dijo el ministro José Bono a Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del grupo socialista, y añadió, refiriéndose al previsible desenlace de su tramitación en las Cortes: «El niño nace, aunque sea con fórceps, pero la madre se muere». Rubalcaba quiso ver, sin embargo, un final menos tétrico en el largo proceso de concepción, gestación y próximo alumbramiento del estatuto en sede parlamentaria: «El niño era un monstruo cuando se gestó; ahora es feo de cojones, pero es un niño».[36] Más comedido en la forma, pero no en el fondo, Pedro Solbes, ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente segundo del Gobierno, afirma en sus memorias que el proyecto remitido desde Barcelona iba «mucho más allá de lo que podía aceptarse» tanto por sus implicaciones políticas como por los compromisos económicos que imponía al Estado.[37]

Era inevitable, pues, que, en contra de lo prometido por Zapatero, las Cortes entraran de lleno en la reforma de su articulado y altamente probable que, pese a ello, la última palabra la tuviera el Tribunal Constitucional, al que recurrió el PP en cuanto el estatuto recibió su sanción definitiva. Sometido a referéndum, consiguió el 74 por ciento de votos a favor, pero la participación apenas superó el 50 por ciento del censo electoral. ERC, socio de gobierno del PSC, pidió finalmente el voto en contra, lo mismo que el PP por razones opuestas. Lo que Antonio Elorza llamó entonces la «amarga victoria» del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall,[38] lo fue también en gran medida de José Luis Rodríguez Zapatero. A su apoyo entusiasta al autogobierno catalán y a su defensa de la plena constitucionalidad del estatuto correspondió Maragall con unas manifestaciones que dejaban en una posición muy desairada al presidente del Gobierno. El texto aprobado, declaró exultante, reducía al Estado a un ente «residual» en Cataluña, provista a partir de ese momento de una auténtica Constitución que permitiría al pueblo catalán «hacer lo que qui[si]era».[39] Era como reconocer su inconstitucionalidad antes de que se pronunciara el tribunal competente.

Su onda expansiva causó otros estragos en la política zapaterista. El malestar de ERC por las modificaciones introducidas en las Cortes llevó a este partido a abandonar el tripartito catalán, que quedó así gravemente debilitado a pocos meses de las elecciones autonómicas. En ellas, el PSC sufrió un retroceso de cinco escaños y 250.000 votos respecto a las celebradas en 2003, aunque un nuevo pacto con el nacionalismo de izquierdas le permitió reeditar el tripartito, esta vez bajo la presidencia de José Montilla. Más grave si cabe fue la situación interna del socialismo catalán tras la aventura estatutaria alentada por Zapatero, que empezó reforzando al sector más catalanista del PSC y acabó debilitando al partido en su conjunto, porque el fiasco del estatuto, antes incluso de la sentencia del Tribunal Constitucional, provocó una huida de Maragall y los suyos hacia el soberanismo, su espacio natural, sin reconciliar por ello al PSC con su electorado obrero y españolista, cada vez más alejado de esas siglas.

Todo ello habría podido evitarse si, dejándose llevar por su afición a la memoria histórica, José Luis Rodríguez Zapatero hubiera recordado las palabras de Azaña sobre el gobierno de Lluís Companys, cuyas ensoñaciones políticas —incluidas las «delegaciones de la Generalidad en el extranjero»— no cabían, al decir del presidente de la República, «ni en el federalismo más amplio».[40] Y no era de extrañar, porque el nacionalismo de ERC en los años treinta, como luego el del socialismo maragallista, se inspiraba mucho más en la mitología romántica y en el viejo fuerismo que en el federalismo de cuño liberal. No en vano, el propio Maragall intentó convencer al rey de las bondades del autogobierno catalán con un curioso argumento, digno de un Mossèn Cinto Verdaguer o de un don Marcelino Menéndez Pelayo: «¿No se da cuenta, majestad, de que con el nuevo estatuto será rey de dos naciones, en vez de serlo de una sola, como hasta ahora?». La idea de España del presidente de la Generalitat estaba más cerca de la monarquía compuesta anterior al liberalismo que del Estado integral de la Segunda República.

Tal vez por ello, porque el razonamiento de Maragall enlazaba mucho más con la tradición monárquica que con la republicana, don Juan Carlos no se mostró del todo insensible a sus palabras, que despertaron en él, aunque por poco tiempo, una secreta vanidad dinástica, halagada por la perspectiva de multiplicar sus dominios por dos. Mucho debió de influir también el recuerdo de la Barcelona olímpica de 1992 y, en general, del importante papel que tanto Maragall como, antes, Narcís Serra desempeñaron como alcaldes de la ciudad desde 1979, con un momento especialmente señalado en la celebración de la Semana de las Fuerzas Armadas en 1981, poco después del 23-F. Pero el PSC se había transformado profundamente desde que, en mayo de aquel año, Narcís Serra animara a los barceloneses a expresar «nuestra estima por el rey», «motor de la democracia» y «primer soldado de España». Poco quedaba ya del espíritu integrador de Barcelona 92 ante el empuje de un nacionalismo que iba definitivamente a por todas. Don Juan Carlos prefería pensar, sin embargo, que aún había margen para reconducir la situación. «Hablando se entiende la gente», fueron sus primeras palabras a Josep Benach, el dirigente de ERC y presidente del Parlamento catalán constituido en diciembre de 2003, cuando Benach fue a presentarle sus respetos a La Zarzuela. Incluso los republicanos de ERC habían cambiado desde entonces.

A Su Majestad le costaba creer que los viejos tiempos de Tarradellas, de Narcís Serra, de la Barcelona olímpica y hasta del pujolismo difícilmente volverían. Todo era —pensaba— una cuestión de talante y de evitar provocaciones innecesarias. En eso se mostraba muy puntilloso, como pudo comprobar Jon Juaristi, director del Instituto Cervantes nombrado por Aznar, cuando en septiembre de 2002, como hemos visto, fue llamado al orden por el monarca a raíz de unas duras declaraciones suyas contra el nacionalismo vasco.[41] Dos años después, ya bajo el gobierno de Zapatero, el ministro de Defensa, José Bono, vivió una situación parecida. En vísperas de la Pascua Militar, hizo llegar a La Zarzuela el discurso que iba a leer en el Salón del Trono del Palacio Real en presencia de los reyes, del presidente del Gobierno y de los representantes de los tres ejércitos. «Tu discurso de la Pascua Militar es muy bravo», le dijo por teléfono Alberto Aza, jefe de la Casa Real; «el rey cree que debes moderarlo». El ministro, recogiendo el símil taurino, respondió que en lo tocante a la unidad de España prefería ser «bravo a manso» y se mantuvo en sus trece. Lo leyó, pues, tal cual, sin suavizar su encendida defensa de la Constitución, de la nación soberana y de la igualdad entre los españoles. Zapatero le felicitó. La princesa Letizia pidió el texto de su alocución y se mostró «totalmente de acuerdo», y don Juan Carlos estuvo cordial y dicharachero con él. Si le preocupó su contenido al leerlo en La Zarzuela, ya se le había pasado, acaso por tener agravios recientes con Ibarretxe y Anasagasti por unas manifestaciones que le habían molestado mucho. Pese a ello, se le vio de buen humor, incluso distendido con el ministro de Defensa y celebrando sus ocurrencias.[42]

En el problema catalán, el rey estaba, pues, entre la espada y la pared, difícil tesitura en la que le había colocado en parte el propio Partido Socialista. En esto y en otras muchas cosas, los sucesores de Pablo Iglesias se dividían entre la vieja guardia, muy crítica con el Estatuto, y el gobierno de Zapatero y buena parte del grupo parlamentario, incómodos con el proyecto, pero obligados a respaldarlo por el compromiso asumido en su día por el presidente y por su dependencia del apoyo nacionalista en las Cortes. La posición de Felipe González quedó clara en una conversación con Bono en enero de 2005, en plena polémica por su discurso de la Pascua Militar. «Empiezo a pensar que saltarse las reglas del juego constitucional no tiene castigo». Siendo grave la impunidad que se brindaba a quienes vulneraran la Constitución, aún lo era más la sensación de que todo aquello respondía a una pura improvisación ante la falta de un verdadero proyecto de país. En realidad, el problema venía, según él, de «hace años»,[43] lo que en apariencia disculpaba, pero en el fondo agravaba, el hecho de que el nuevo socialismo gobernante careciera de proyecto. Al final, el regreso del PSOE al poder no habría supuesto otra cosa que sustituir las ocurrencias de la época de Aznar por otras de signo contrario.

Podía suceder que en aquella batalla entre socialistas a cuenta del estatuto acabaran perdiendo todos. Los más críticos con la línea oficial se movilizaron para evitar un error de consecuencias irreparables, iniciado en el famoso mitin del Palau Sant Jordi en noviembre de 2003. En algún momento, el rey llegó a hacer causa común con ellos y se prestó a utilizar sus buenos oficios para conseguir que el presidente recapacitara sobre el camino emprendido. Para ello, a finales de 2005 organizó una cena de Zapatero con dos prestigiosos magistrados, Álvaro Rodríguez Bareijo y Clemente Auger, que habían expresado serias dudas sobre la constitucionalidad del estatuto. Sus argumentos jurídicos debían servir para sacar de su error al presidente, pero ocurrió justo lo contrario: que tras cuatro horas de conversación, fue él quien, para asombro del monarca, acabó llevándoles a su terreno y convenciéndoles de que la razón estaba de su parte. La cena, con visos de encerrona, había resultado ser un «fracaso», según el anfitrión.[44]

El asunto se iba complicando cada vez más, así que, dejándose guiar por su olfato, siempre atento a cualquier peligro, el rey prefirió mantenerse a una distancia prudencial de los sectores enfrentados, especialmente cuando aquello empezaba a ser un problema interno del PSOE que Zapatero debería resolver por su cuenta. De momento, en abril de 2006, una semana después de la aprobación del Estatuto catalán en las Cortes, dimitía el ministro de Defensa, José Bono, el miembro del Gobierno, junto al titular de Economía, Pedro Solbes, mejor valorado en las encuestas.[45] Era la consecuencia inevitable de sus profundas discrepancias con el Estatuto, sobre las que venía advirtiendo reiteradamente al presidente y al rey, que intentó disuadirle sin éxito. También Zapatero quiso rebatir sus argumentos para dimitir, apelando incluso a su fibra más sensible. El propósito del Gobierno al apoyar el nuevo texto legal no era otro, según él, que defender una política «patriótica» en Cataluña, entendiendo por tal cosa todo aquello que sirviera para «unir y afirmar el voto al PSOE» en aquella comunidad como «la mejor manera de afirmar el Estado».[46] Esta forma de patriotismo de partido corría el riesgo, sin embargo, de volverse contra sus promotores tanto en Cataluña, donde el PSC tenía muy difícil penetrar en el espacio electoral del nacionalismo, por grandes que fueran sus renuncias y claudicaciones, como en el resto de España, si el PP se salía con la suya en su intento de rentabilizar electoralmente el rechazo al Estatuto.

El primer test, las elecciones al Parlamento catalán en noviembre, arrojó un resultado extraño, porque la pérdida de sufragios y diputados por parte de los dos partidos nacionales descartaba un trasvase de votos entre ellos, ya sea del PSC al PP como un voto de castigo de los sectores de su electorado más alejados del nacionalismo, como a la inversa, una fuga de votantes moderados del PP hacia el PSC en respuesta a la campaña antiestatutaria de la derecha. El aumento de la abstención —casi siete puntos más que en 2003— perjudicó a los dos partidos, víctimas de una apatía electoral que solía favorecer a sus adversarios. Mejoraron CiU e ICV, además del nuevo partido constitucionalista Ciutadans, que obtuvo 90.000 votos y tres escaños procedentes seguramente del desguace electoral del PSC y del PP. Su irrupción en la vida política catalana era sintomática del cambio profundo, de momento tan solo en Cataluña, que se estaba produciendo en el sistema de partidos vigente desde la Transición.

El PP tenía motivos para estar preocupado, porque su campaña contra el Estatuto había sido incapaz de conectar con un sector significativo de su electorado potencial. Pero los resultados tampoco fueron buenos para el PSC, cuyo escoramiento hacia el catalanismo no había hecho más que reforzar al nacionalismo en vez de restarle apoyos. Le cabía el consuelo de que aritméticamente era posible un nuevo tripartito que cerrara el paso a un gobierno de CiU. Las elecciones entrañaban por ello, en opinión de El País, una gran paradoja: que «el fracaso del tripartito» condujera finalmente a la reedición de una fórmula que había recibido un significativo castigo en las urnas. Cualquiera que fuera la combinación resultante del nuevo Parlamento, era evidente que Zapatero había cosechado en Cataluña, según el editorial de El País, su «primer e indiscutible revés electoral desde su llegada al gobierno».[47]

Apogeo y ocaso de ZP

El traspié en las elecciones catalanas no le impidió culminar con éxito su primera legislatura, que empezó con la retirada de las tropas españoles de Irak, anunciada al día siguiente de tomar posesión de su cargo, y concluyó cuatro años después tras la aprobación de un amplio programa de reformas, que incluían, entre otras, las leyes del matrimonio homosexual, de la memoria histórica y de la igualdad de género. Las conversaciones para alcanzar el fin definitivo del terrorismo —uno de los grandes objetivos del gobierno— se vieron interrumpidas por el atentado de ETA en Barajas en diciembre de 2006, que causó dos muertos y una veintena de heridos y puso fin al alto el fuego anunciado por la banda en marzo de aquel año. De momento, la desaparición de ETA tendría que esperar.

El buen balance económico de la legislatura fue sin duda determinante del respaldo popular a su gestión. El PIB creció a una media próxima al 4 por ciento anual y el paro bajó del 10 por ciento de la población activa por primera vez en los últimos veinticinco años. En diciembre de 2007, Eurostat, la agencia europea de estadísticas, situaba el PIB per cápita español por encima del italiano y de la media europea, «hito histórico», en palabras del director de la Oficina Económica del Presidente, que permitía encarar retos más ambiciosos en los próximos años.[48] Zapatero no tardó en capitalizar aquel nuevo logro de su política económica y en plantear en el Congreso de los Diputados el siguiente objetivo de su gobierno: si el año anterior había anunciado que España se disponía a superar a Italia en PIB per cápita, «ahora digo que tendremos por delante el horizonte de Francia y que la capacidad colectiva de esta sociedad de estar codo con codo en renta per cápita con Francia será algo que afortunadamente veremos».[49] Aunque la expresión resultaba algo embarullada, quedaba claro que Francia sería la siguiente víctima de los éxitos económicos del zapaterismo.

Su ataque de optimismo era comprensible si se tiene en cuenta que un portavoz del Banco Central Europeo había calificado de «enorme, enorme» (sic) el avance de la economía española en los últimos trece años.[50] Pero la situación mostraba síntomas preocupantes de cambio de ciclo, hasta el punto de que por aquellas mismas fechas el ministro de Economía, Pedro Solbes, rebajó las previsiones de crecimiento para el año siguiente, que situó en el 3,1 por ciento, muy superior en todo caso a la media europea. Fiel a su papel de guardián de la ortodoxia —«padre castrador», le había llamado el diputado de IU Gaspar Llamazares—, Solbes abogó por una mayor moderación salarial que acomodara la subida de los sueldos a la inflación prevista. No creía, en cambio, que las turbulencias financieras procedentes de Estados Unidos afectaran al mercado de trabajo, ni siquiera descontando una previsible pérdida de empleos en el sector de la construcción, que daba claras muestras de fatiga tras un ciclo fuertemente expansivo. El crecimiento económico era «robusto», por lo que el ajuste en las previsiones respondía a factores pasajeros que no impedirían recuperar muy pronto las tasas de los últimos años.[51]

El pequeño baño de realidad que suponían las nuevas cifras del gobierno estaba muy lejos, sin embargo, de anticipar el seísmo económico que se avecinaba. El año 2007 será, recuerda Solbes en sus memorias, como la calma que precede a la tormenta, si bien, según su propio testimonio, al llegar al ministerio en abril de 2004 tuvo ya la sensación de que el patrón de crecimiento español «no daba más de sí».[52] La inercia positiva del modelo, sumada a una buena coyuntura internacional, permitió alargar el ciclo tres años más, pero la crisis en el sistema financiero norteamericano iniciada en el verano de 2007 advirtió ya de un cambio de tendencia que muy pronto afectaría al conjunto de la economía mundial. Tras la quiebra de Lehman Brothers en septiembre del año siguiente, la recesión se hizo imparable.

Las elecciones generales de marzo de 2008 no llegaron a reflejar el impacto de una crisis todavía incipiente. Que los temas de la campaña fueran otros tendría una influencia decisiva en el resultado final, tal como vaticinaba George Lakoff, el gurú electoral de Zapatero, que lo incorporó al comité de sabios nombrado por el PSOE para diseñar su estrategia en aquellas elecciones. La clave del éxito, según la teoría de Lakoff, está en el frame —el marco— y su lenguaje: si se delimita el terreno de juego a la medida de nuestros intereses y se riega con unos eslóganes adecuados, para que el debate corra a la velocidad y en la dirección deseadas, se adquiere la ventaja, a menudo decisiva, de jugar en campo propio. Luego ya es cuestión de ocupar racionalmente ese espacio, de administrar con inteligencia la iniciativa y de obligar al adversario a ir a la contra. Esto último es lo que le ocurrió a Mariano Rajoy en 2008, en una campaña enmarcada por los grandes temas de la agenda zapaterista, desde la guerra de Irak y la retirada española ordenada por el gobierno hasta la memoria histórica, la legalización del matrimonio homosexual y la ley de dependencia, presentada como el cuarto pilar del Estado de bienestar, junto a la educación, la sanidad y las pensiones. Aunque esta ley tenía claras reminiscencias socialdemócratas, que remitían a los tiempos del Estado-providencia y a la tradición reformista del movimiento obrero, la política de Zapatero estuvo mucho más próxima al espíritu «republicano» de Philip Pettit, otro de los ilustres miembros del comité de sabios. Estaba por ver el veredicto del pueblo soberano sobre ese conjunto de reformas de variada intención y procedencia.

El uso equívoco del concepto de republicanismo cívico y la apelación a la memoria histórica funcionaron como un poderoso imán ante sectores de la izquierda que en tiempos de González se habían distanciado del PSOE. En todo caso, el equívoco no llegaba al extremo de cuestionar la monarquía o de abrir un debate sobre la forma de gobierno. El republicanismo no pasaba de ser un cajón de sastre intelectual y una argucia retórica, eso sí, de probada eficacia. Bastaba una calculada ambigüedad y algunas banderas tricolores en los mítines para captar apoyos otrora impensables de personajes públicos situados más cerca de IU que del PSOE. Muchos de ellos —cantantes, actores, rectores de universidad, gimnastas...— participaron activamente en la Plataforma de Apoyo a Zapatero (PAZ) constituida en Madrid un mes antes de las elecciones, que llegó a reunir 11.000 adhesiones a su manifiesto a favor de ZP. Fue una campaña muy personalizada en el presidente del Gobierno, erigido en icono de una izquierda ampliamente movilizada todavía por el recuerdo de los atentados del 11-M y por el rechazo al PP. En torno a Zapatero, el PSOE había conseguido crear una marca electoral ganadora ante una derecha escasamente entusiasmada con Rajoy y sin margen para llevar la iniciativa. Hasta el incómodo debate sobre el Estatuto catalán había pasado a un segundo plano a la espera del fallo del Tribunal Constitucional.

La victoria del PSOE, más amplia que en 2004, reforzó la imagen del presidente del Gobierno, consagrado como el líder natural de la izquierda española, y debilitó a Mariano Rajoy hasta el punto de hacer peligrar su continuidad al frente del PP. Fue entonces cuando el rey, abordado por una periodista que preparaba un reportaje sobre ZP, se deshizo en elogios de un presidente que a su rectitud personal unía sus profundas convicciones y una claridad de ideas que le permitía saber qué dirección debía seguir en cada momento y por qué debía hacer las cosas que hacía. ¿Y no resulta algo enigmático?, le volvió a preguntar la periodista, sorprendida por tal catarata de elogios. Será —contestó Su Majestad— por esa expresión tan suya de las cejas, los ojos, la sonrisa, tan particular... Pero lo importante era el hombre recto que había detrás de todo ello.[53]

El rey no cambió su actitud hacia él cuando las cosas empezaron a torcerse ni tuvo la tentación de hacer leña del árbol caído. Al contrario. En los momentos difíciles, recuerda Zapatero, siempre notó su «cercanía y apoyo continuo», como cuando el monarca le llamó por teléfono para darle ánimos de cara a su trascendental intervención en el Congreso de los Diputados el 12 de mayo de 2010.[54] Fue la gran encrucijada de su mandato, el punto de no retorno de un socialismo hecho a sí mismo que encaraba finalmente su destino. Aquel fatídico 12 de mayo, en plena tormenta financiera, con una España al borde del rescate, el presidente anunció un drástico plan de ajuste radicalmente contrario al espíritu de la política que le había encumbrado como el gran referente de la izquierda. En esa hora crítica que le obligaba a elegir entre el voluntarismo y la ortodoxia, ZP decidió sacrificar su imagen pública con tal de atajar una crisis galopante que estuvo negando durante demasiado tiempo, como reconocerá él mismo en su libro El dilema. Aquello no era una simple «desaceleración», según la expresión a la que se había aferrado obstinadamente; aquello era una recesión en toda regla, que el año anterior había provocado ya una caída del 3,9 por ciento del PIB y que en apenas dos años llegó a doblar la tasa de paro hasta situarla cerca del 20 por ciento.[55] Su decisión de recortar el sueldo de los funcionarios, subir los impuestos y congelar las pensiones le costó la primera huelga general de su mandato y le alejó de quienes le habían apoyado con entusiasmo en los tiempos de bonanza económica y republicanismo cívico.

Sentir incluso entonces el respaldo del rey, cuando muchos de los suyos le daban la espalda, debió de marcarle profundamente. Tal era don Juan Carlos: «El último general que abandonaría la batalla», dirá Zapatero al evocar aquel terrible final de su etapa como presidente. Se refería en realidad a la entereza con la que el monarca afrontó por aquellas fechas una delicada intervención quirúrgica para extirparle un nódulo en un pulmón que resultó ser benigno. Pero su carácter alegre y optimista, ya fuera en una crisis política o en una mesa de operaciones, constituía una parte fundamental de su carisma como jefe del Estado. Esos valores típicamente juancarlistas —confianza, optimismo, fe en el futuro—, transmitidos a la sociedad española a través de «una especie de cordón umbilical», fueron decisivos en el «tránsito limpio y pacífico del autoritarismo a la libertad» protagonizado en los años setenta por un pueblo que escribió entonces, con la decisiva aportación de su rey, «una de las mejores páginas del siglo xx».[56] ¿Había sucumbido Zapatero, autor de estas palabras, a eso que un sector irredento de la izquierda llamó «el mito de la Transición»? ¿Qué quedaba de aquel dirigente socialista que solía reprochar a la generación anterior haberse plegado a las presiones de los poderes fácticos?

Acaso la respuesta esté en unas palabras del Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, cuyo libro Pensar rápido, pensar despacio leyó Zapatero con devoción: «Entendemos el pasado menos de lo que creemos».[57] Que él mismo recoja esta cita en El dilema podría interpretarse como el reconocimiento de un error de perspectiva que le impidió en su momento valorar la Transición en su justa medida y le llevó a hacer de la memoria histórica una prueba de cargo contra los artífices de un cambio político que dejó, según él, muchos flecos y demasiadas renuncias. La frase de Kahneman recordada por Zapatero al escribir su libro, dos años después de abandonar La Moncloa, suena también como una petición de indulgencia a sus lectores, incapaces de comprender cómo fue posible aquel desastre final de una legislatura que empezó con aires triunfales. «Hazte cargo», les viene a decir el autor, tras hacerse cargo él mismo de las razones y la grandeza de aquel proceso emprendido tras la muerte de Franco.

La crisis económica mostró las carencias generales del zapaterismo; no solo su limitada capacidad de respuesta ante la recesión, sino la inconsistencia de una política que se fue desmoronando en cuanto el ciclo económico se dio la vuelta. Lo había advertido el rey con una clarividencia asombrosa en un momento en el que Zapatero se encontraba todavía en estado de gracia: «Cuando la economía empiece a ir mal se le van a juntar muchos problemas que será difícil resolver».[58] Esa tormenta perfecta sobre el gobierno se desató con pasmosa sincronización desde todos los ángulos del panorama político.

Unos días después de aquel dramático debate en el Congreso de los Diputados, el Tribunal Constitucional invalidaba parcialmente el Estatuto catalán, cuya aprobación había sido uno de los grandes empeños personales del presidente del Gobierno. Era el 28 de junio de 2010, y habían transcurrido siete años desde su promesa de que el estatuto que se aprobara en Barcelona sería refrendado en Madrid. Nada más acabar el verano, Zapatero tendría que hacer frente a la sexta huelga general de la democracia, la primera desde su llegada al poder. En octubre formó un nuevo gobierno ante el desgaste sufrido por algunos de sus pesos pesados y la necesidad de reducir el número de ministerios para cumplir su plan de austeridad. En noviembre, las elecciones al Parlamento catalán daban el triunfo a CiU y finiquitaban, con más pena que gloria, la etapa de los gobiernos tripartitos. El PSC pasaba a la oposición tras perder más de 200.000 votos respecto a 2006 y casi medio millón desde la formación del primer tripartito en 2003. El 2 de abril de 2011, Zapatero anunciaba que no se presentaría a la reelección en las próximas elecciones generales. Estaban previstas para marzo del año siguiente, pero el avance incontenible de la crisis hizo inevitable el adelanto electoral. El candidato del PSOE sería finalmente Alfredo Pérez Rubalcaba, convertido en el principal leitmotiv de la campaña socialista: «Con Rubalcaba, sí». No era necesario haber leído a Lakoff para percatarse de que tan rotunda afirmación implicaba una negación, no menos rotunda, de Zapatero y su legado.

La desaparición de los ministerios de Igualdad y Vivienda en la última remodelación del gobierno puso al descubierto la estrecha relación existente entre el ciclo económico y el impulso reformista de los años anteriores. Cuando la prosperidad dio paso a la recesión, buena parte de las reformas —la Ley de Dependencia, por ejemplo— se toparon con la cruda realidad. Su subordinación a la marcha de la economía desvirtuaba por completo la fe en el republicanismo cívico como una fuerza autónoma propulsada por la virtud. Bien al contrario, aquellos avances sociales de los que legítimamente presumía el ejecutivo se habían financiado, vía presupuestos del Estado, con las aportaciones fiscales del boom económico de los años anteriores. Cuando terminó un ciclo se agotó el otro. Que Zapatero ignorara esa conexión íntima entre «el bien» y «el mal», entre el mundo de los valores y el submundo de los negocios, puede explicarse tanto por la ingenuidad que le atribuía, un poco alarmado, el rey, como por su concepción moralizante del socialismo, muy alejada, por no decir en las antípodas, de la tradición intelectual de la izquierda.

Tres años después se hablaba ya del zapaterismo como una experiencia lejana y fallida, digna en todo caso de reflexión y estudio. Una reflexión obligada además por el descalabro socialista en las elecciones de noviembre de 2011, que otorgaron la mayoría absoluta al PP y arrojaron el peor resultado del PSOE desde la Segunda República. Para José Félix Tezanos, director de Temas para el Debate, revista de actualidad y pensamiento próxima al guerrismo, las políticas de Zapatero solo se podían calificar de «neo-radicales», denominación algo confusa que en todo caso no parecía un cumplido. El socialismo era una cosa; el radicalismo, otra. El prefijo neo agravaba si cabe la carga crítica hacia el zapaterismo, porque sugería como un ensayo a destiempo con las ideas y los valores de otros. Lo que vino después, añade Tezanos, sería un proyecto aún «más errático» que aquel que feneció, tras agotarse en sí mismo, en las elecciones del 20-N.[59]

El republicanismo cívico había resultado ser una salida en falso a la crisis de la socialdemocracia y, en el caso español, a la del socialismo posfelipista. En fecha tan temprana como noviembre de 2001, un sagaz articulista de El País, Álvaro Delgado-Gal, lo definió como «el conejo en la chistera» que José Luis Rodríguez Zapatero pretendía utilizar como estandarte de una tercera vía a la española, ni liberal ni populista, sino teñida de un vago progresismo que la diferenciaba de su precedente británico. ¿Mordería la izquierda ese anzuelo que amorosamente le tendía el nuevo líder del PSOE? Era demasiado pronto para saberlo, pero Delgado-Gal se aventuraba a calificar de erróneo el molde político e intelectual de Republicanism, el celebrado libro de Pettit que fue la chistera de la que sacó Zapatero su republicanismo cívico.[60] Al final de su primera legislatura, el profesor de Princeton se descubría, sin embargo, ante los logros de su aplicado discípulo español, que había convertido a España en «un modelo para las democracias avanzadas».[61] Tres años después, las democracias avanzadas y otras que no lo eran tanto asistían perplejas a la magnitud de la crisis española y al intento desesperado del ejecutivo socialista de plegar velas ante la virulencia de aquella tempestad financiera. Al menos en esto, el mal llamado Maquiavelo de León fue consecuente con una máxima que, según el autor de El Príncipe, corroboran «todas las historias»: «Que los hombres pueden secundar a la fortuna, pero no oponerse a ella; que pueden tejer sus redes, pero no romperlas».[62]

El PSOE no fue el único pilar del régimen constitucional sometido a los embates de esa tormenta perfecta que se llevó por delante al gobierno de Zapatero, aunque sus devastadores efectos se hicieron notar mucho antes en La Moncloa que en La Zarzuela. A finales de aquel fatídico 2010, la monarquía obtenía en la encuesta del CIS la valoración más alta —un 5,36—, solo superada por las Fuerzas Armadas, en la pregunta sobre el grado de confianza de la ciudadanía en las instituciones. Tres años y medio después, en marzo de 2014, la nota a la monarquía había bajado al 3,72.[63] Era mejor todavía que la del gobierno, ahora en manos de Mariano Rajoy, pero todo el mundo en el entorno de Juan Carlos I, empezando por Felipe González, su principal consejero, coincidía en que al mejor rey de España desde Carlos III se le había acabado el tiempo.

[1] José Bono, entrada de su diario correspondiente a los días 2 al 5 de mayo de 2004; J. Bono, Diario de un ministro, op. cit., pp. 80-81.

[2] «Zapatero pone el regreso de las tropas españoles de Irak como prueba de que cumplirá sus promesas», El País, 3 de mayo de 2004.

[3] Cit. J. García Abad, El hundimiento socialista, op. cit., pp. 87-88.

[4] Cit. Ch. Powell, España en democracia, op. cit., p. 555.

[5] Declaraciones a María Antonia Iglesias; M. A. Iglesias, La memoria recuperada, op. cit., II, p. 535.

[6] G. Lakoff, No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político, Editorial Complutense, Madrid, 2007, p. 42.

[7] Ph. Pettit, Republicanism. A Theory of Freedom and Government, Clarendon Press, Oxford, 1997.

[8] M. Calamai y A. Garzia, Zapatero. Il socialismo dei cittadini, Feltrinelli, Milán, 2006 (traducido poco después al español con un significativo cambio de título Zapatero: El mundo de los ciudadanos, Península, Barcelona, 2006).

[9] «El PP considera el patriotismo constitucional aún más válido tras los atentados terroristas contra EEUU», El País, 19 de diciembre de 2001; «El PP planea utilizar el patriotismo constitucional contra el PNV», El País, 4 de diciembre de 2001.

[10] Cit. S. Gallego-Díaz, «Raro patriotismo constitucional», El País, 6 de noviembre de 2001.

[11] Expresión utilizada por J. L. Rodríguez Zapatero en una conferencia pronunciada en el Club Siglo xxi de Madrid el 22 de octubre de 2000.

[12] J. A. Torres, «La república de tu casa», El Correo, 22 de junio de 2014.

[13] Ph. Pettit, Republicanism, op. cit., p. 20.

[14] Agradezco al Departamento de Documentación de la Cadena Ser su amabilidad y eficiencia al facilitarme el audio completo de la entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero.

[15] José Bono, entrada de su diario correspondiente al 12 de abril de 2005; J. Bono, Diario de un ministro, op. cit., p. 220.

[16] Carta de Prieto a Negrín, 3 de julio de 1939; Epistolario Prieto-Negrín, op. cit., p. 151.

[17] Negrín a Araquistáin, 25 de marzo de 1944; AHN-ALA: 35.

[18] «Carrillo cree que la iniciativa de Garzón es un “error” porque le puede “salir el tiro por la culata”», El País, 28 de octubre de 2008.

[19] Intervención de Zapatero el 26 de enero de 2007 en la presentación del libro de Marco Calamai y Aldo Garzia, El mundo de los ciudadanos; reseña del acto en El Periódico, 27 de enero de 2007.

[20] «Las extralimitaciones y abusos de la Generalidad y la mayor parte de los decretos publicados por sus gobiernos son de tal índole, que no caben ni en el federalismo más amplio»; palabras de Azaña al diputado de ERC Carles Pi i Sunyer en conversación mantenida el 16 de septiembre de 1937; M. Azaña, Sobre la autonomía política de Cataluña, op. cit., p. 218.

[21] Palabras pronunciadas por Negrín en presencia del socialista Julián Zugazagoitia, que las reproduce en su libro Guerra y vicisitudes de los españoles, Librería Española, París, 1968, vol. II, p. 155.

[22] J. García Abad, El Maquiavelo de León. Cómo es en realidad Zapatero, La Esfera de los Libros, Madrid, 2010.

[23] José Bono, entrada de su diario del día 14 de mayo de 2004; J. Bono, Diario de un ministro, op. cit., p. 88.

[24] Ibíd., p. 344. Entrada del diario de Bono correspondiente al 15 de febrero de 2006.

[25] Palabras del rey a la periodista Mercedes Ibaibarriaga tras la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2007, recogidas en el reportaje titulado «Zapatero íntimo», El Mundo, 11 de mayo de 2008.

[26] Entrada del diario de Bono correspondiente al 15 de febrero de 2006; J. Bono, Diario de un ministro, op. cit., p. 344.

[27] J. F. López Aguilar, La aventura democrática. La Constitución y el alma republicana en la monarquía parlamentaria (1978-2009), prólogo de José Luis Rodríguez Zapatero, Ed. Península, Barcelona, 2009, p. 95.

[28] J. Hoagland, «A Visit by Juan Carlos», The Washington Post, 23 de septiembre de 1987.

[29] Entrada del diario de Bono del 23-24 de junio de 2004; J. Bono, Diario de un ministro, op. cit., pp. 104-105.

[30] Ibíd., p. 53. Entrada del diario de Bono del 25 de marzo de 2014.

[31] G. Peces-Barba, La democracia en España: Experiencias y reflexiones, Temas de Hoy, Madrid, 1996, p. 206.

[32] Entrada del diario de Bono del 23 al 24 de junio de 2004; J. Bono Diario de un ministro, op. cit., p. 106.

[33] Ibíd., p. 81. Entrada del diario de Bono de los días 2 al 5 de mayo de 2004.

[34] «Felipe González dice que no le gusta el Estatuto Catalán, pero pide que se sosiegue el debate», El País, 28 de octubre de 2005.

[35] Cit. J. García Abad, El hundimiento socialista, op. cit., p. 155.

[36] Entrada del diario de Bono del 21 al 25 de marzo de 2006; J. Bono Diario de un ministro, op. cit., p. 352.

[37] P. Solbes, Recuerdos. 40 años de servicio público, Ed. Deusto, Barcelona, 2013, pp. 305-306.

[38] A. Elorza, «Maragall, amarga victoria», El País, 24 de junio de 2006.

[39] «Maragall compara el Estatuto con una Constitución “que deja residual al Estado”», El País, 10 de agosto de 2006.

[40] M. Azaña, Sobre la autonomía política de Cataluña, op. cit., p. 218.

[41] J. Juaristi, A cuerpo de rey, op. cit., pp. 22-23.

[42] Entrada del diario de Bono del 5 y 6 de enero de 2005; J. Bono Diario de un ministro, op. cit., pp. 178-179.

[43] Ibíd., p. 177.

[44] Ibíd., pp. 301-302, y testimonio de José Bono al autor.

[45]http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2620_2639/2633/e263300.html.

[46] Palabras del rey a Bono el 2 de marzo de 2006 y de Zapatero a Bono el 10 de marzo; J. Bono Diario de un ministro, op. cit., pp. 348-350.

[47] «Cataluña ante el espejo», El País, 2 de noviembre de 2006.

[48] «España supera por primera vez a Italia en riqueza por habitante», El País, 18 de diciembre de 2007.

[49] DS, Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación Permanente, 19 de diciembre de 2007, p. 15.380.

[50] «España duplicó el volumen de su economía en los 10 últimos años», El País, 24 de diciembre de 2007.

[51] «El gobierno rebaja el crecimiento de 2008 al 3,1 por la crisis financiera», El País, 22 de diciembre de 2007.

[52] P. Solbes, Recuerdos, op. cit., p. 268.

[53] «Zapatero íntimo», El Mundo, 11 de mayo de 2008.

[54] J. L. Rodríguez Zapatero, El dilema. 600 días de vértigo, Ed. Planeta, Barcelona, 2013, pp. 30 y 101.

[55] Ibíd., pp. 315 y 67.

[56] Ibíd., pp. 101 y 380.

[57] Cit. ibíd., pp. 314-315.

[58] Entrada del diario de Bono correspondiente al 15 de febrero de 2006; J. Bono, Diario de un ministro, op. cit., p. 344.

[59] J. F. Tezanos, «El PSOE ante su futuro», Temas para el Debate, número 236, julio de 2014, p. 5.

[60] Á. Delgado-Gal, «Republicanismo: El conejo en la chistera», El País, 26 de noviembre de 2001.

[61] Cit. Luis R. Aizpeolea, «El filósofo Pettit examina a Zapatero», El País, 20 de junio de 2007.

[62] N. Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Alianza Ed., Madrid, 2012, p. 292.

[63]http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/ 2840_2859/2853/es2853.pdf y http://datos.cis.es/pdf/Es3021mar_A.pdf.

EPÍLOGO. NO PIENSES EN UN ELEFANTE

Don’t think of an elephant. Si el libro de George Lakoff, uno de los catorce «sabios» que asesoraron a Zapatero en la campaña electoral de 2008, se hubiera leído en La Zarzuela con la misma fruición con la que se leyó en La Moncloa, tal vez la abdicación de Juan Carlos I no se hubiera producido. Pero desde que en marzo de 2012 una accidentada cacería del rey en Botsuana se convirtió en titular de la prensa española y extranjera, su figura sufrió tal descrédito que no tuvo otra opción que renunciar a la corona, antes de que un nuevo paso en falso causara un daño irreparable a la monarquía.

Fue un escándalo digno de figurar en algún libelo antiborbónico del tipo Alfonso XIII, desenmascarado, de Vicente Blasco Ibáñez, o Los Borbones en pelota, el álbum con el que los hermanos Bécquer pretendieron inmortalizar los grandes momentos de la vida íntima de Isabel II. Pero a diferencia de esas escenas picantes glosadas en verso por Gustavo Adolfo Bécquer y dibujadas con esmero por Valeriano, lo ocurrido en Botsuana aquel mes de marzo no se lo inventó ningún enemigo de la dinastía. Una escapada furtiva del rey —una de tantas— a una reserva africana fue conocida por la opinión pública al sufrir un percance que le obligó a ser repatriado en un avión particular e ingresar en un hospital madrileño para ser operado de urgencia. El efecto dominó resultó ya imparable. Se supo que don Juan Carlos mantenía una relación no menos furtiva con una dama extranjera, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, a la que conocían unos pocos iniciados por su cercanía a La Zarzuela y sus oscuras actividades profesionales. La repercusión del escándalo fue mayor al producirse en medio de la peor crisis económica de las últimas décadas, que había dejado a cinco millones de españoles en paro, y poco después de que el yerno del rey, Iñaki Urdangarin, fuera imputado por operaciones empresariales presuntamente delictivas, que podían incriminar a su esposa, la infanta Cristina. Para rematarlo todo, las informaciones sobre el safari real y sus secuelas empezaron a ilustrarse con una foto que mostraba al monarca, rifle en mano, posando junto a un elefante recién abatido. A la frivolidad y al derroche se unía así la crueldad con la víctima, colocada de rodillas, a mayor gloria de su verdugo, junto a un árbol en el que apoyaba su imponente e inofensiva cabeza. Poco importa que en realidad la foto hubiera sido tomada seis años antes. La situación, los protagonistas y el lugar de los hechos eran los mismos o parecidos: un exótico paraje africano, un elefante muerto y un cazador satisfecho de su hazaña. El cazador cazado.

«Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir». Las disculpas del monarca al abandonar la clínica impactaron a la opinión pública, pero no fueron suficientes para reconciliarla con él. Ni siquiera sus problemas de salud provocaron la compasión de la ciudadanía cuando le veía caminar torpemente con sus muletas, tropezarse con un escalón o perder el hilo de un discurso. El hechizo se sabía roto. El rey recordaría entonces con nostalgia aquellos momentos en los que se planteó la abdicación sin mediar un escándalo, sin que nada le obligara a ello. Nunca llegó a decidirse, en parte por no dar su brazo a torcer ante quienes se lo pedían desde hacía tiempo. También por sentido de la responsabilidad. Siempre pensó que en España había muchos más juancarlistas que monárquicos auténticos. Abdicar en un momento como aquel, con su prestigio y el de la monarquía en sus horas más bajas, comportaba un grave riesgo para la continuidad de la corona que habría de recibir su hijo Felipe.

¿Qué hacer? Su olfato, tantas veces infalible, parecía confundido ante las sensaciones que recogía en un ambiente ciertamente enrarecido. Su orgullo y su confianza en sí mismo le pedían seguir a toda costa y demostrar que aún podía recuperar el terreno perdido. ¿No decía Zapatero que era el último general que abandona la batalla? Además, aunque la idea de la abdicación le había rondado ya por la cabeza, un cierto fatalismo ligado a la institución que encarnaba le impedía ver la renuncia como una salida natural y honorable: «¡Qué suerte tenéis los políticos, que a veces los electores os echan!», le dijo a Leopoldo Calvo-Sotelo el día en que dejó de ser presidente del Gobierno; «yo, en cambio...».[1] Él, en cambio, tenía que llegar hasta el final y ser consecuente con el tiempo inapelable de la monarquía, ajeno a legislaturas, mandatos y elecciones y sometido a eso que Vázquez de Mella denominó «el sufragio universal de los siglos». Alguien le podía haber recordado, sin embargo, las palabras pronunciadas por Azaña a propósito de su abuelo, Alfonso XIII: «No es obligatorio ser rey».[2] Es más probable que se acordara de una frase de Camilo José Cela, «en España, el que resiste gana», que posiblemente don Juan Carlos, buen amigo suyo, le habría oído más de una vez. Había que aguantar.

Durante varios meses cumplió su plan a rajatabla. Mucho viaje de Estado, mucha agenda, mucha presencia pública; que se notara que el monarca servía para algo, a pesar de sus problemas de salud, que le incapacitaban en gran parte para una hiperactividad muy difícil de mantener en esas condiciones. Si en algún momento las cámaras recogían un rictus de dolor en un acto oficial, mejor: así verían los españoles que su rey estaba dispuesto a sacrificarse por su país, que el tiempo de las diversiones frívolas había quedado atrás. Que había vuelto por sus fueros. Pero el patrón ya no controlaba las cosas como antes y aunque el nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantenía una relación correcta con él, cosa rara en un líder de la derecha española, tampoco estaba por inmolarse junto al Borbón y tener que pechar con las consecuencias de una crisis institucional que le podía estallar en las manos. Por eso pasaban algunas cosas extrañas, como que esa malhadada foto del elefante siguiera circulando por ahí sin que nadie pareciera interesado en sacarla de la circulación. Había un cambio en la actitud del CNI, paraguas habitual de Su Majestad, que seguramente reflejaba la nueva doctrina gubernamental hacia el jefe del Estado. De disfrutar de su plena cobertura, tantas veces decisiva, a quedar en una manifiesta desprotección ante aprovechados y chantajistas, atribuible no tanto a la desidia de los servicios de inteligencia como a una suerte de huelga de celo en el cumplimiento de tareas ingratas que empezaban a colmar la paciencia de todos. Los poderes fácticos de la España constitucional no parecían dispuestos a cubrirle las espaldas ni un día más a un rey caído en desgracia.

Hacia el mes de marzo de 2013, un año después de la cacería en Botsuana, en las altas esferas se decide aislarle de todo y de todos. Soledad, tedio, melancolía. Las pocas personas que recibe le encuentran aburrido hasta la desesperación. La Zarzuela se ha convertido en un lugar inhóspito, lleno de dependencias vacías y oscuras, que el rey se entretenía a veces en mostrar a las visitas, por alargar un poco su compañía y echar el rato. Se cuenta que a un amigo le hizo una petición alarmante, más melodramática que sincera: «Mándame una pistola para que me suicide».[3]

Todo seguía su curso inexorable. Las encuestas no daban ningún motivo para el optimismo y su salud tampoco mejoraba. Tendría que volver a «pasar por el taller», confiesa a la prensa, en una humorada muy suya que fue bien recibida por la opinión pública. Pero los medios de toda condición —ABC, El País, La Vanguardia, no digamos El Mundo— no dejaban de estrechar el cerco en torno al monarca, que en septiembre sufría una nueva intervención quirúrgica con algunas complicaciones. La clase política le da la espalda; la prensa y los intelectuales reclaman ejemplaridad. Solo se fía del expresidente Felipe González.

El año 2014 empieza con su discurso de la Pascua Militar, convertido en un carrusel de lapsus e incongruencias que deja anonadas a las autoridades asistentes y a la opinión pública española, a la que no se le ahorra detalle sobre lo ocurrido. Confunde las palabras, masculla frases ininteligibles, se pierde entre folio y folio. Veinticuatro horas después, el juez José Castro imputa a la infanta Cristina dos delitos de blanqueo de dinero y fraude fiscal relacionados con los negocios de su marido. Según la encuesta que ese mismo mes publica El Mundo, la imagen del monarca sigue en caída libre. Hasta entonces, la abdicación se había cocinado a fuego lento, pero tal vez había llegado el momento de darle el último hervor, de emplatarla y servirla. González es partidario de cortar por lo sano. Había que ir preparándolo todo. Así se lo dice al rey, sin mentiras piadosas ni paños calientes. Era el único que podía convencerle de una medida que don Juan Carlos siempre vio como una claudicación ante sus enemigos, aquellos que, según él, habían tejido esa tupida red de infortunios personales y familiares en la que estaba atrapado desde el procesamiento de su yerno, Iñaki Urdangarin.

Hay, sin embargo, un grave problema de calendario debido a la situación que vive el Partido Socialista, en vísperas de unas elecciones europeas que no auguran nada bueno y que pueden agravar la crisis iniciada al final del gobierno de Zapatero. Su secretario general y principal líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, se encuentra a mitad de su mandato, gestionando un complicado interregno que no terminará hasta que el siguiente congreso del PSOE elija una nueva ejecutiva. Eso ocurrirá en febrero de 2016, aunque cuesta creer que se cumpla ese plazo. Lo normal sería un congreso extraordinario, tal vez a finales de 2014. Mientras tanto, su autoridad como líder socialista estará muy condicionada por la herencia recibida. No era fácil en esas circunstancias mantener el control del partido, cuya precaria estabilidad podía venirse abajo en cualquier momento. Quién sabe si el anuncio de la abdicación no agitará las aguas del socialismo español y sacará a la superficie su alma republicana. En la dirección del PSOE se piensa que la noticia podría desencadenar una sucesión de declaraciones a favor de la república que, una vez en marcha, sería muy difícil de parar. ¿Y si la militancia o algunos dirigentes se acababan tomando al pie de la letra lo del republicanismo cívico y convertían ese brindis al sol en consigna antisistema? Compartiendo el mismo objetivo —la continuidad de la monarquía constitucional en una disyuntiva decisiva—, Felipe González y Rubalcaba difieren en los plazos de ejecución de sus planes. Mientras el primero opta por acelerar la abdicación, el segundo intenta ganar tiempo para preparar al partido y que los socialistas puedan afrontarla sin riesgo de fractura. Con llegar a finales de 2014 sería suficiente.

Pero no se puede esperar tanto. O bien el rey, muy afectado por lo ocurrido en la Pascua Militar, se da cuenta de la gravedad del momento o simplemente acepta las razones que le da Felipe, como cuando Peces-Barba —otra figura clave del socialismo dinástico— le explicó en pleno proceso constituyente el riesgo que el derecho de veto entrañaba para la corona. En febrero de 2014, don Juan Carlos le comunica su decisión al jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, que será el brazo ejecutor, con el director del CNI, general Félix Sanz Santos, del complicado proceso que habrá de culminar en junio. Se atribuye a Spottorno y González un documento de trabajo titulado Condiciones para la abdicación que servirá de hoja de ruta en los pasos que se vayan dando en los meses siguientes.[4] El 31 de marzo, en el funeral de Adolfo Suárez, el rey informa de su próxima abdicación al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y dos días después hace lo propio con Alfredo Pérez Rubalcaba. El homenaje nacional a Suárez cobra un aire nostálgico, como si España dijera adiós a una época. Ese ambiente de fin de ciclo se hace más patente unas semanas después al conocerse los resultados de las elecciones europeas del 25 de mayo. Por primera vez, la suma de los dos grandes partidos no llega a la mitad de los votos, mientras emerge con fuerza Podemos, una candidatura de origen asambleario que proclama abiertamente su republicanismo y su rechazo al sistema democrático vigente desde los años setenta.

Se mezclan sensaciones contradictorias. Por un lado, se despide a Suárez como un auténtico héroe nacional y se reivindica en su persona el legado de la Transición, evocada como un episodio histórico digno de ser recordado con orgullo. Por otro, se cuestiona la legitimidad de los partidos y las instituciones más identificados con el régimen nacido entonces. En todo caso, las consecuencias políticas de las elecciones europeas no se hacen esperar. En la mañana del 26 de mayo, Rubalcaba anuncia su dimisión como secretario general del PSOE, que, como el PP, ha recibido un severo varapalo en las urnas. Su renuncia se hará efectiva en un congreso extraordinario convocado para el mes de julio. «Teníamos un calendario y se ha visto alterado», afirma en rueda de prensa. Es fácil atribuir el cambio de planes a la derrota electoral, pero influyen otros acontecimientos que están a punto de producirse. En ese escenario, una situación de interinidad prolongada en el PSOE sería una complicación añadida. Aquel mismo día, se decide en La Zarzuela acortar los plazos de la renuncia al trono al saberse que algunos periodistas estaban en el secreto y podían adelantarse al anuncio oficial.

La fecha elegida será el lunes siguiente, 2 de junio de 2014. El mensaje de despedida del rey corre por varias manos, entre ellas las de Rubalcaba, que hace algunas sugerencias. En su breve alocución televisada, de poco más de cinco minutos, el monarca justifica su decisión por la necesidad de un relevo generacional que permita afrontar los nuevos retos del futuro. Tiene palabras de gratitud para todos y hace un balance positivo de esas casi cuatro décadas de reinado, que dejaban un país dueño de su propio destino y una democracia moderna, «plenamente integrada en Europa». No es extraño que el expresidente Felipe González, uno de los ideólogos de la abdicación, reconozca al ser preguntado por los periodistas que «algo sabía» sobre «cómo podía pasar y cuándo».[5]

La proclamación del nuevo rey ante las Cortes queda fijada para el 19 de junio. Antes, el día 11, el Congreso de los Diputados aprueba por amplia mayoría —299 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones— la Ley Orgánica de Abdicación. En vísperas de la jura y proclamación de su hijo, Juan Carlos I recibe en un restaurante madrileño el homenaje de una treintena de antiguos diputados, ministros y altos cargos de la España democrática, con escasa —casi nula— presencia del PP y predominio de los gobiernos de UCD y sobre todo del PSOE en su etapa felipista, representada entre otros por Rosa Conde, Carlos Solchaga, Fernando Ledesma, Virgilio Zapatero, Matilde Fernández, José Luis Corcuera y Alfonso Guerra. Los dos últimos serán los principales promotores del acto. Hay un ambiente entre desenfadado y nostálgico, que permite compartir recuerdos y anécdotas de una época que tocaba ya a su fin. Tras algunas breves intervenciones de los asistentes, el rey agradece su presencia y su afecto y reconoce sentirse muy a gusto entre «los viejos rockeros» —así los llama— de la política española.

Eran días cargados de acontecimientos. El más importante tuvo lugar el 19 de junio de 2014 en las Cortes. En sesión conjunta de las dos cámaras parlamentarias, Felipe VI jura su cargo como rey constitucional y pronuncia un discurso de 2.988 palabras, entre las cuales destaca ciudadanos, repetida catorce veces. Fiel al espíritu de la monarquía meritocrática heredada de su padre, se compromete a «ganarse continuamente el respeto, el aprecio y la confianza» de los españoles y a «observar una conducta íntegra, honesta y transparente». Hubo concentraciones republicanas en algunas ciudades, pero la sucesión se produjo con toda normalidad, en medio del reconocimiento general a la figura del rey saliente tras sus treinta y nueve años en el trono de España. Si descontamos la minoría de edad de Alfonso XIII, Juan Carlos el Breve, como le llamó Carrillo poco antes de la muerte de Franco, resultó ser el monarca de más largo reinado efectivo de la España contemporánea.

Aunque en su intervención en el Congreso al debatirse la Ley de Abdicación, Rubalcaba reafirmó, citando a Luis Gómez Llorente, el sentimiento republicano del PSOE, los socialistas votaron sin excepción a favor de la ley, renovando así su compromiso con la monarquía constitucional implantada en 1978. El secretario general del PSOE quiso además agradecer al rey Juan Carlos su «decisivo papel (...) en nuestra Transición democrática, su contribución a la estabilidad política y social que hemos vivido en estos años y su respeto hacia las distintas opciones políticas que conviven en nuestro país».[6] Aquel discurso y la votación subsiguiente no fueron el único servicio que el todavía líder socialista prestó a un tránsito sin contratiempos de un reinado a otro. Tuvo que hilar muy fino con algunas agrupaciones del PSOE para que el socialismo español no reviviera en 2014 una revuelta cantonalista como la que acabó con la República Federal en 1873. Como a Castelar entonces —pero con más éxito que él—, a Rubalcaba le tocó el difícil papel de embridar a los suyos y reconducir a los incontrolados de su partido de forma que el orden constitucional no sufriera daños irreparables. «Un diez para Rubalcaba», pidió por esas fechas Luis María Anson al reconocer el mérito de quien, a su juicio, fue «un hombre clave en la operación sucesoria».[7]

Sería exagerado decir que los socialistas salvaron a la monarquía constitucional en aquel complicado trance. Pero es indudable que sin su colaboración todo hubiera resultado mucho más difícil en un momento en el que ciertos sectores de la izquierda profesaban un fervor casi religioso por la república que estuvieron muy lejos de sentir en 1931.[8] Eran los herederos de aquellos comunistas que el 14 de abril salieron a la calle al grito de: «¡Abajo la república! ¡vivan los soviets!» y de los anarquistas que combatieron a sangre y fuego a los gobiernos de Manuel Azaña y en particular a sus ministros socialistas en el primer bienio republicano, aquellos «dos años de martirologio», como los llamó Solidaridad Obrera, llenos de «sangre, degollamiento, incendios, asesinatos, cárceles, miseria». «Dos años de injusticias santificadas por el gorro frigio»: eso era para la CNT la «dictadura binominal y bifacética» instaurada el 14 de abril de 1931.[9] «¡Vaya republiquita!», titulaba el órgano anarquista un suelto de aquel mismo número conmemorativo del 14 de abril.

Mucho habían cambiado las cosas desde entonces. En junio de 2014, cuando al calor de la abdicación la izquierda radical dio rienda suelta a su sentimiento republicano, muy pocos se acordaban de lo que decían comunistas y anarquistas de aquel régimen tachado entonces de burgués y antiobrero. También los socialistas habían modificado sustancialmente su doctrina sobre las formas de gobierno. Su idilio con la llamada república burguesa no pasó del verano de 1933, salvo el apoyo incondicional, pero minoritario, de Indalecio Prieto y su grupo. Fracasado el experimento reformista del primer bienio, el ala mayoritaria del PSOE se convenció de que, en el orden económico, la república era, como dijo Largo Caballero en 1934, «exactamente lo mismo o peor que la monarquía».[10] El objetivo de los socialistas debía ser la revolución social y para tan alto empeño la república del 14 de abril resultaba un estorbo. Luego vinieron la guerra y la derrota, y con esta última una larga reflexión, cargada de autocrítica, sobre las causas del desastre y la necesidad de aprender de aquel trágico episodio. «Que no nos pase como en la Segunda República», les dirá Felipe González a sus ministros en 1982, al formarse el primer gobierno socialista de la historia de España. Esta vez había que conseguir «que la libertad fuera irreversible».[11]

La república nunca fue una prioridad para los padres fundadores del PSOE, que en el mejor de los casos la vieron con simpatía, pero como algo accesorio, y en el peor como un mito político creado por la burguesía. Un colaborador de El Socialista llegó a calificarla a principios del siglo xx como el nuevo opio del pueblo: una falsa ilusión, una gran engañifa.[12] La mala experiencia de los años treinta exacerbó los prejuicios antirrepublicanos de los socialistas y les hizo receptivos a un pacto con los monárquicos para acabar con Franco. Fue un momento crucial, a mediados de los cuarenta, cuando tras la victoria sobre el fascismo en Europa se vio que los aliados no iban a intervenir en España para provocar un cambio de régimen; a lo sumo, ayudarían a la oposición, bajo ciertas condiciones, a conseguir su propósito. Para ello, las fuerzas moderadas tenían que unirse contra el dictador y aislar al comunismo, no fuera que la caída de Franco trajera una dictadura de signo contrario. Eran tiempos de guerra fría y las cosas no estaban para ensoñaciones revolucionarias. Largo Caballero, jaleado en el pasado como el Lenin español, lo vio claro poco antes de morir en el exilio en marzo de 1946. Si en 1930 le hubieran preguntado qué quería para España habría contestado «¡república, república, república!»; quince años después, si le hicieran la misma pregunta respondería «¡libertad, libertad, libertad! Luego que le ponga cada cual el nombre que quiera».[13]

Aquellas palabras de Largo Caballero fueron oportunamente recordadas por Alfonso Guerra el 17 de junio de 2014 en la cena-homenaje que los exministros de UCD y del PSOE tributaron a Juan Carlos I con motivo de su abdicación.[14] Y no era para menos, porque ese mensaje, casi póstumo, del viejo líder socialista contenía in nuce la evolución del PSOE hacia un accidentalismo en las formas de gobierno que habría de facilitar su entendimiento con los monárquicos. En la apostilla de Caballero —lo sustantivo era la libertad, «luego que le ponga cada cual el nombre que quiera»—, se vislumbra además un rasgo fundamental del sistema político nacido de la Transición, concebido como una democracia a la carta en la que todo el mundo pudiera integrarse y reconocerse, cumpliendo así el deseo de Azaña de que el pueblo español llegara algún día a establecer «por asenso común» un marco de convivencia pacífico y duradero. Lo mismo ocurrió con la monarquía constitucionalizada en 1978, que unos vieron como un regreso a la normalidad histórica y otros —los socialistas, por ejemplo— como una república coronada.

Largo Caballero intuyó un camino que muy pronto sería transitado por otros dirigentes socialistas, entre ellos su gran rival, Indalecio Prieto, que en agosto de 1948 firmó con los monárquicos el Pacto de San Juan de Luz. Incluso cuando se puso de manifiesto el doble juego practicado por la otra parte, y en particular por su jefe de filas, don Juan de Borbón, muchos socialistas siguieron pensando que ese era el único camino posible para una restauración de las libertades en España. Así lo creía Luis Jiménez de Asúa, presidente en 1931 de la comisión que redactó la Constitución de la Segunda República, que en una carta a Prieto escrita tres meses después del Pacto de San Juan de Luz defendió la coherencia histórica del PSOE en el debate monarquía/república. No era una cuestión que pudiera ventilarse, como creían algunos, de forma simplista y maniquea. A veces, recuerda Jiménez de Asúa, las cosas fueron al revés de lo que podría parecer a simple vista. Así, en tiempos de Alfonso XIII e incluso de Primo de Rivera, la UGT «pudo vivir a sus anchas». Luego, en cambio, el socialismo español sufrió persecución y escarnio bajo algunos gobiernos de la Segunda República, como los presididos por Lerroux y Martínez Barrio. ¿Qué autoridad tenían los republicanos para reprocharles nada a los socialistas, cuando el PSOE le dio a aquel régimen mucho más de lo que recibió de él? Pues bien, a la altura de 1948, le dice a Prieto, «la ruta republicana es una vía muerta». Tal vez para sus partidarios resulte muy entretenido ese jugueteo político que se llevan con «su republiquita en París», sus tertulias de café, su chismografía de casino y sus simulacros de crisis de gobierno. «Pero nosotros, que tenemos en España tanta gente que sufre (...), no podemos darnos por satisfechos con la parodia extraterritorial de la república. Por eso hemos tomado la otra ruta y hemos querido entendernos limpiamente con los monárquicos. Ningún socialista que lo sea de verdad puede censurar nuestros pasos».[15]

Fue una «ruta», como dice Jiménez de Asúa, muy larga y accidentada, complicada además por la postura de don Juan de Borbón, reticente a un pacto con los socialistas, aunque dispuesto a perdonarles la vida si volvía a España como rey. Poco más que a eso. Sus aproximaciones ocasionales al campo carlista tampoco favorecieron su imagen entre los dirigentes del PSOE. «El mozo no es de fiar», dirá de él Indalecio Prieto con ocasión de uno de sus frecuentes bandazos políticos.[16] Puede que fuera una suerte para el PSOE que ese entendimiento que venía buscando con la monarquía no se produjera con don Juan y sus huestes, porque hizo más fácil el gran pacto generacional de la Transición, suscrito, entre otros, por un rey joven y un líder socialista aún más joven, uno y otro artífices de una ruptura traumática con las fuerzas legitimistas representadas por la generación anterior, el juanismo en un caso y el PSOE de Llopis en el otro.

En junio de 2014, treinta y siete años después de que Felipe González visitara por primera vez La Zarzuela, a Juan Carlos I le tocaba dar paso a una nueva generación en un complicado proceso sucesorio para el que contó con la inestimable ayuda del expresidente del Gobierno socialista. Fue una buena ocasión para debatir de nuevo sobre la posición que el PSOE había mantenido históricamente ante el dilema monarquía/república. Buen conocedor de la historia de su partido y de la influencia que el llamado republicanismo cívico ejercía en las nuevas generaciones, Felipe quiso dejar las cosas claras: «Mis compañeros se confunden al decir que los socialistas siempre hemos sido republicanos. No es así. Éramos accidentalistas».[17] Y tenía razón.

[1] Cit., I. Fuente, El caballo cansado, op. cit., p. 240.

[2] Discurso en las Cortes Constituyentes de la República, 19 de noviembre de 1931; M. Azaña, OC, op. cit., III, p. 127.

[3] Cit. A. Romero, Final de partida. La crónica de los hechos que llevaron a la abdicación de Juan Carlos I, La Esfera de los Libros, Madrid, 2015, p. 235.

[4] Ibíd., p. 315.

[5] «Felipe González: “Esta decisión dará un impulso reformador general a España”», El País, 3 de junio de 2014.

[6] Congreso de los Diputados, DS, número 204, 11 de junio de 2014, pp. 9-11.

[7] L. M. Anson, «Un diez para Rubalcaba», El Mundo, 25 de junio de 2014.

[8] S. Juliá, «Una tradición inventada», El País, 19 de junio de 2014.

[9] «Dos años de República», Solidaridad Obrera, 14 de abril de 1933.

[10] Discurso de Largo Caballero en el restaurante Biarritz de Madrid, en un banquete celebrado el 14 de enero de 1934; recogido en el libro F. Largo Caballero, Discursos a los trabajadores, op. cit., p. 157.

[11] Cit. J. García Abad, El hundimiento socialista, op. cit., pp. 36-37.

[12] Fernando Felipe, «El equívoco republicano», ES, 12 de enero de 1900.

[13] F. Largo Caballero, Mis recuerdos, op. cit., p. 302.

[14] Se encontrará una transcripción bastante confusa de la intervención de Alfonso Guerra y de las palabras de Largo Caballero citadas por él en la crónica de aquella cena publicada por El País, 18 de junio de 2014.

[15] Carta de Luis Jiménez de Asúa a Indalecio Prieto; Buenos Aires, 12 de diciembre de 1948; FPI-ALJA: 419-38.

[16] Carta de I. Prieto a R. Llopis, 27 de diciembre de 1961; FIP: Fondo Concha Prieto, I; Serie Agrupación-Congreso-Partido, carpeta 37 («Partido 1960-1961»).

[17] Declaraciones de Felipe González realizadas el 9 de junio de 2014 a la emisora de radio colombiana W, perteneciente al grupo Prisa, recogidas por la Cadena Ser: http://cadenaser.com/ser/2014/06/09/internacional/1402274717_ 850215.html.

SIGLAS Y ABREVIATURAS

AASM. Asambleas de la Agrupación Socialista Madrileña

ACA. Archivo del Conde de los Andes

ACF. Archivo del Conde de Fontanar

AE. Archivo del Exilio

AECE. Asociación Española de Cooperación Europea

AFLC. Archivo Francisco Largo Caballero

AGUN. Archivo General de la Universidad de Navarra

AHN. Archivo Histórico Nacional

AJC. Archivo Jaime Carvajal

AJLS. Archivo José Luis Sanchís

AJTS. Archivo Jorge Trías Sagnier

ALA. Archivo Luis Araquistáin

ALJA. Archivo Luis Jiménez de Asúa

AMM. Archivo Miguel Mateu

ANFD. Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas

AP. Alianza Popular

APBHC. Archivo Pablo Beltrán Heredia y Castaño

ASM. Agrupación Socialista Madrileña

ASU. Agrupación Socialista Universitaria

CCOO. Comisiones Obreras

CDS. Centro Democrático y Social

CE. Comisión Ejecutiva

CEDA. Confederación Española de Derechas Autónomas

CEE. Comunidad Económica Europea

CEPC. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

CESID. Centro Superior de Información de la Defensa

CIS. Centro de Investigaciones Sociológicas

CiU. Convergència i Unió

CNI. Centro Nacional de Inteligencia

CNT. Confederación Nacional del Trabajo

DS. Diario de Sesiones

ERC. Esquerra Republicana de Catalunya

ES. El Socialista

FAES. Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales

FAI. Federación Anarquista Ibérica

FELIPE. Frente de Liberación Popular

FIP. Fundación Indalecio Prieto

FO. Foreign Office

FPI. Fundación Pablo Iglesias

ICV. Iniciativa per Catalunya-Els Verds

JARE. Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles

JEL. Junta Española de Liberación

NA. National Archives, Kew, Londres

OC. Obras Completas

OIT. Organización Internacional del Trabajo

PCE. Partido Comunista de España

POUM. Partido Obrero de Unificación Marxista

PP. Partido Popular

PSC. Partit dels Socialistes de Catalunya

PSI. Partido Socialista del Interior

PSOE. Partido Socialista Obrero Español

PSP. Partido Socialista Popular

PSUC. Partido Socialista Unificado de Cataluña

SECED. Servicio Central de Documentación

SERE. Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles

SPD. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Partido Socialdemócrata de Alemania)

UCD. Unión de Centro Democrático

UFD. Unión de Fuerzas Democráticas

UGT. Unión General de Trabajadores

FUENTES

Fuentes manuscritas:

Archivo General de la Universidad de Navarra, Pamplona:

Archivo del Conde de Fontanar (1949-1960)

Archivo del Conde de los Andes

Archivo Pablo Beltrán de Heredia y Castaño

Archivo Histórico Nacional, Madrid:

Archivo de Luis Araquistáin (Sección Diversos: Papeles de Don Luis Araquistáin)

Archivo de Jaime Carvajal, Madrid:

Archivo del Conde de Fontanar (1945-1948)

Archivo de Jorge Trías Sagnier, Madrid:

Archivo Miguel Mateu

Papeles de Eduardo Navarro Álvarez

Mis testimonios sobre Adolfo Suárez, fotocopia de un manuscrito de Eduardo Navarro, sin fecha (h. 1995)

Archivo de José Luis Sanchís, Madrid

Archivo de Leopoldo Lovelace, Madrid

Fundación Indalecio Prieto, Archivos del Movimiento Obrero, Alcalá de Henares:

Fondo Concha Prieto:

Serie Agrupación-Congreso-Partido

Serie Monárquicos

Fundación Pablo Iglesias, Archivos del Movimiento Obrero, Alcalá de Henares:

Archivo del Exilio

Archivo Francisco Largo Caballero

Archivo Luis Jiménez de Asúa

Asambleas de la Agrupación Socialista Madrileña

National Archives, Kew, Londres:

Foreign Office

Prensa consultada:

ABC, Madrid

Adelante, México

Claridad, Madrid

El Debate, Madrid

El Mundo, Madrid

El País, Madrid

El Socialista, Madrid-Toulouse-Madrid

España. Semanario de la Vida Nacional, Madrid

La Vanguardia, Barcelona

Le Monde, París

Leviatán, Madrid

Nosotros. Semanario Político de Historia Nueva, Madrid

Restauración, Madrid

Solidaridad Obrera, Barcelona

Temas para el Debate, Madrid

The New York Times, Nueva York

The Washington Post, Washington

Vida Socialista, Madrid

Entrevistas realizadas*:

Batet Lamaña, Meritxell

Bono Martínez, José

Burns Marañón, Tom

Cabrera Calvo-Sotelo, Mercedes

Carvajal y Urquijo, Jaime

Carvajal y Urquijo, Pedro

De Blas Guerrero, Andrés

De Meer Lecha-Marzo, Fernando

Fernández de la Vega, María Teresa

García López, Antonio

García Santesmases, Antonio

Ledesma Bartret, Fernando

Lovelace Guisasola, Ricardo

Marañón Bertrán de Lis, Gregorio

Pérez Rubalcaba, Alfredo

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AGRADECIMIENTOS

En la preparación de este libro he contraído una deuda de gratitud con un buen número de personas que han puesto a mi disposición documentos, datos o sugerencias de gran valor para mi trabajo. Los profesores Fernando de Meer y Pablo Pérez López me prestaron una impagable ayuda en mis consultas en el Archivo General de la Universidad de Navarra, cuyo personal me atendió con la máxima amabilidad y profesionalidad; Fernando de Meer me proporcionó además fotocopias de cartas e informes descubiertos por él sobre la trayectoria política de los principales consejeros de don Juan de Borbón; José Luis González Fernández colaboró generosamente conmigo en mis investigaciones relativas al exilio socialista en los Archivos de la Fundación Pablo Iglesias (Alcalá de Henares); mi gran amigo Javier Fernández Sebastián me hizo atinadas observaciones sobre algunos capítulos y me puso en contacto con su cuñado Ricardo Lovelace, que a su vez me prestó su testimonio y me facilitó documentos heredados de su padre, Leopoldo Lovelace, muy ligado a don Juan de Borbón y a su causa; Jorge Trías Sagnier me dio libre acceso a su riquísimo archivo personal, lo mismo que Jaime Carvajal y Urquijo, siempre dispuesto a atender mis consultas y a proporcionarme, en condiciones privilegiadas, documentación de enorme valor para mi investigación; mi mujer, Pilar Garí, leyó el original de cabo a rabo y me ayudó a pulirlo y a editarlo; Benoît Pellistrandi, Marisol Rojas Iurcich, María Antonia Fernández y Andrea Donofrio me han prestado igualmente su colaboración desinteresada; el Departamento de Documentación de la Cadena SER me facilitó con gran celeridad el audio de una entrevista radiofónica de especial interés para un capítulo del libro. Sin el testimonio de las personas que se prestaron a ser entrevistadas por mí, cuyos nombres figuran en el apartado de Fuentes y bibliografía, esta investigación habría resultado forzosamente incompleta. Conste mi agradecimiento a todas ellas, en particular a aquellas que además leyeron alguna parte del original.

Mención aparte merece mi amigo Gregorio Marañón Bertrán de Lis, que me ha proporcionado testimonios directos, sugerencias decisivas y contactos de primer orden para la realización del libro. Agradezco asimismo a La Esfera de los Libros y en particular a su directora, Ymelda Navajo, su apoyo entusiasta al proyecto que ahora ve la luz en forma de libro. Por último, quería referirme a la influencia que en el origen de estas páginas tuvieron dos amigos entrañables recientemente fallecidos: Juan Linz y Antonio Morales Moya. Con uno y otro mantuve conversaciones sobre la España del siglo xx que en parte dieron pie a esta obra y que han influido en aspectos clave de su desarrollo. Gracias a la generosidad de Rocío Terán, viuda de Juan Linz, he podido disponer además de las extensas notas que tomó Juan en 1983 de la intervención de Adolfo Suárez en el seminario sobre la Transición española organizado por la Fundación Ortega y Gasset en Toledo, que me han sido de gran utilidad para el capítulo relativo a aquellos años. Sin duda, Antonio Morales hubiera disfrutado y discrepado de este libro, dedicado a su recuerdo. Echaré mucho en falta los mordaces comentarios que su lectura le habría sugerido.