JUAN FRANCISCO FUENTES
PILAR GARÍ

AMAZONAS DE LA LIBERTAD

Mujeres liberales contra Fernando VII

Prólogo de Luis Ribot

Traducción de Clara Álvarez Alonso

Marcial Pons Historia
2015

Para María

SIGLAS Y ABREVIATURAS

ACD
Archivo del Congreso de los Diputados, Madrid

ADPO
Archives Départamentales des Pyrénées Orientales, Perpiñán

AFV
Archivo Foral de Vizcaya, Bilbao

AGP
Archivo General de Palacio, Madrid

AGS
Archivo General de Simancas, Simancas

AHCB
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

AHN
Archivo Histórico Nacional, Madrid

AMJ
Archivo del Ministerio de Justicia, Madrid

ANP
Archives Nationales, París

ANTT
Arquivo Nacional da Torre de Tombo, Lisboa

AVM
Archivo de Villa, Madrid

BAC
Biblioteca de Autores Cristianos

BAE
Biblioteca de Autores Españoles

BNM
Biblioteca Nacional, Madrid

CSIC
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

DSC
Diario de Sesiones de Cortes

HLS
Hartley Library, Universidad de Southampton, Southampton

MNV
Milicia Nacional Voluntaria

ms.
manuscrito

NA
National Archives, Kew, Londres

WP
Wellington Papers

«Me aseguran que el Consejo de Ministros, con Calomarde a la cabeza, ya había advertido al rey de la nueva táctica de los liberales, que consiste en alistar a muchas mujeres en su ejército invisible. Estos escuadrones de amazonas provocaron tal pánico a Fernando, que decidió dar un escarmiento, sin pensar que con su terror daba la medida tanto de su propia debilidad como de la fuerza de sus enemigos».

Carta del Marqués de Custine a Jules Janin, Granada, 23 de julio de 1831 (L’Espagne sous Ferdinand VII, Bruselas, 1838, vol. IV, pp. 200-201).

«Ese rey tantas veces perjuro,

Ese rey sin palabra ni honor,

Sanguinario, déspota, ambicioso,

Es indigno del trono español.

Caiga el trono de este rey perjuro,

Con su sangre lavad la nación.

No tengáis compasión, que es un crimen

Con Fernando tener compasión».

Poema incluido entre los papeles de María del Carmen Sardi (1828) conservados en la Hartley Library, Universidad de Southampton.

PRÓLOGO

Éste no es un libro de historia de género, sino de historia de las mujeres, que es algo bien distinto, y, en última instancia, una historia del liberalismo español desde una perspectiva poco usual, como es la participación femenina en la revolución liberal. La sensación de que en la historia de las primeras liberales españolas estaba casi todo por hacer nos decidió a dar a nuestro proyecto un carácter radicalmente empírico, de forma que nuestra aproximación al fenómeno del liberalismo femenino se asentara sobre las bases de una sólida documentación de archivo. Tal es la principal diferencia entre nuestro libro y la historia de género hoy en día al uso, caracterizada por una extraña aversión a las fuentes directas y una visión militante del pasado que a menudo actúa como un lastre para conseguir los fines que se propone. Sólo así se explica la enorme desproporción que existe entre la influencia que ha alcanzado la historia de género como poder fáctico de la historiografía actual y el valor más bien limitado de sus aportaciones al conocimiento de la historia de las mujeres.

Si Mariano José de Larra se preguntó en uno de sus artículos «quién es el público y dónde se encuentra», nuestra investigación debía empezar por dar respuesta a una pregunta similar: quiénes eran las mujeres liberales en la España de Fernando VII y dónde se encontraban. La búsqueda de información por una veintena de archivos españoles y extranjeros y el trabajo con fuentes secundarias de gran valor, como la prensa de la época, nos han permitido reunir datos sobre 1.454 mujeres liberales de la época identificadas en la mayoría de los casos con su nombre y apellido, o en su defecto con el apellido de sus maridos. Aproximadamente la mitad de ellas son exiliadas de la Década Ominosa (1823-1833) que dejaron algún rastro documental, sobre todo en los archivos ingleses y franceses. La importancia de esas 1.454 españolas vinculadas al liberalismo se entiende mejor si se tiene en cuenta que en la última obra publicada sobre el exilio español en Inglaterra, el libro de Christiana Brennecke Von Cádiz nach London (1820-1833), editado en 2010, aparecen tan sólo tres exiliadas. La cifra alcanzada a lo largo de nuestra investigación dobla, asimismo, con creces las seiscientas «mujeres patriotas» que componen el libro de Charles E. Claghorn, modélico en su género, Women Patriots of the American Revolution: A Biographical Dictionnary (Londres, 1991).

Sin perjuicio de que nuestro censo de mujeres liberales se convierta algún día en un diccionario de exiliadas, represaliadas y conspiradoras de la España de Fernando VII, en su estado actual, como compendio del material biográfico reunido sobre esos casi 1.500 nombres, ha resultado de enorme utilidad para la elaboración del libro que el lector tiene en sus manos: una historia del liberalismo femenino en España desde 1808 hasta la muerte de Fernando VII en 1833, en la que trazamos una biografía colectiva de las primeras liberales españolas a la luz de las vicisitudes históricas del proceso revolucionario iniciado en 1808. No fue un proceso rectilíneo y ascendente, sino sincopado y lleno de altibajos, con un arranque explosivo en la Guerra de la Independencia, digno de una película de Cecil B. de Mille —«una película», solía decir, «debe empezar con un terremoto y a partir de ahí ir a más»—, seguido de un frenazo en seco en 1814, provocado por el regreso de Fernando VII y el restablecimiento de la monarquía absoluta, una fuerte aceleración en 1820 tras el pronunciamiento de Riego y un nuevo parón en 1823 con el comienzo de la llamada Década Ominosa.

En realidad, la segunda restauración absolutista, lejos de suponer una involución en el desarrollo del liberalismo femenino en España, tuvo efectos decisivos para la incorporación de la mujer a la experiencia revolucionaria, tanto por su nutrida presencia en el exilio como por su valiosa aportación a las conspiraciones liberales contra la monarquía absoluta, en las que mostró una excelente adaptación a las duras condiciones de la lucha clandestina, sin duda favorecida por su familiaridad con el mundo doméstico y su dominio de ciertas pautas de conducta que resultaban especialmente útiles en la clandestinidad. A ello se añadieron los problemas de toda índole que la represión del liberalismo femenino planteaba al régimen absolutista, empezando por el hecho de que perseguir a las mujeres por delitos de conspiración suponía reconocer tácitamente su capacidad política. Como dirá en 1825 el juez que procesó a dos presuntas conspiradoras liberales, su pertenencia al sexo débil les concedía al menos el beneficio de la duda, pues «como mujeres tienen en su favor alguna presunción de no ser creíble que se mezclasen en sucesos de tal naturaleza». No todas las autoridades actuaron con los mismos escrúpulos al enfrentarse a un fenómeno ciertamente incómodo, y de ahí el elevado número de víctimas femeninas que provocó la represión absolutista. De ahí también la ordenanza aprobada en 1824 por la Superintendencia General de Policía instando a la elaboración de una relación nominativa de los partidarios del sistema constitucional que permanecían en España, «sea el que se quiera su sexo, profesión y edad». La cuantificación de las mujeres liberales y su distribución provincial, según el censo policial fruto de esta ordenanza, constituyen un material de primera magnitud para el estudio del liberalismo femenino en los últimos años del reinado de Fernando VII.

La monarquía absoluta adoptó, como se ve, una actitud contradictoria ante un fenómeno que le producía una evidente incomodidad: necesitaba conocer su alcance e impedir su proliferación, pero, al cabo, se trataba de mujeres, y algunas de muy alta cuna, como las hermanas de Soto y Urquijo, incansables en sus reclamaciones a cuenta de sus derechos de pensionistas del Estado, que perdieron en 1824 por tener «tacha» de liberales. En todo caso, las dudas y, en ocasiones, la ambigüedad de las instituciones absolutistas terminaron en 1831, cuando, a raíz del caso protagonizado por Mariana Pineda, el gobierno de Fernando VII decidió dar, literalmente, un «escarmiento» que acabara con esos «escuadrones de amazonas» que, según el gobierno, había creado el liberalismo en el interior de España para derrocar al régimen.

Hemos titulado este libro Amazonas de la libertad, utilizando una expresión que encontramos ya en la Revolución francesa y, en España, en el Trienio Liberal (1820-1823). El lector verá que entre ellas hay un poco de todo: grandes damas del liberalismo que promovieron veladas y tertulias políticas; conspiradoras de la Década Ominosa; esposas de militares constitucionales que partieron al exilio en 1823; víctimas de la represión absolutista que acabaron encarceladas o desterradas; protagonistas de algunos sonados episodios de la revolución liberal, como el motín de febrero de 1823 a favor de la inhabilitación de Fernando VII; mujeres de la plebe que declaraban ser negras —es decir, liberales— y tenerlo «a mucha honra»; aventureras que se movían como pez en el agua en el mundo del exilio; viudas dispuestas a sacrificarse por la causa; «ninfas» y «doncellas» que nunca faltaban en los festejos revolucionarios del Trienio; milicianas de la compañía de «ciudadanas voluntarias» creada en Barcelona en 1823; autoras de cartas, manifiestos y artículos de prensa de un subido tono político; señoras de la aristocracia imbuidas de un sentido de la independencia personal que chocaba con el viejo orden moral del Antiguo Régimen; mujeres cultísimas, y analfabetas integrales. Todo cabe, pues, en este amplio muestrario del liberalismo femenino que se va desplegando a lo largo del libro, aunque en ocasiones focalicemos nuestro estudio en algunas figuras particularmente representativas —y en la mayoría de los casos totalmente desconocidas—, como Rosa Zamora, encarcelada en Granada en 1824 por su implicación en una intentona liberal; Vicenta Oliete, presidenta de la Junta Patriótica de Señoras en el Madrid del Trienio y posteriormente agente doble del gobierno de Fernando VII, o María del Carmen Sardi, cuya sorprendente peripecia política se puede seguir con cierto detalle a lo largo de veinte años, con un inesperado colofón en la vida de su hija, Manuela [Velasco] Sardi, conocida como «La Patriota» cuando, con apenas diez años, tuvo que refugiarse con su madre en Gibraltar.

El libro dedica un amplio espacio al estudio de la mujer liberal en la Década Ominosa, en parte por ser la etapa menos conocida de la historia del primer liberalismo femenino en España y en parte también porque tal era el marco cronológico de la investigación que ha dado lugar a esta obra: el proyecto titulado El liberalismo femenino en la España de Fernando VII: mujeres, clandestinidad y exilio (1823-1833), que financió el antiguo Ministerio de Ciencia e Innovación (proyecto Har2009-08927). Sobre la eficiencia de los organismos de los que ha dependido su realización habría mucho que decir. En todo caso, como director del proyecto quiero agradecer la ayuda prestada por el Servicio de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid, cuya amabilidad y profesionalidad han sido más la excepción que la regla en la procelosa experiencia burocrática que comporta dirigir un proyecto de esta naturaleza. Quiero agradecer asimismo al Rectorado de la UCM la concesión de un permiso sabático para el curso 2011-2012 que me permitió volcarme en la finalización del proyecto y en darle forma de libro.

A lo largo de la investigación hemos difundido parte de sus resultados, todavía provisionales, en seminarios, publicaciones y revistas que acogieron generosamente nuestro trabajo y nos permitieron calibrar la marcha del proyecto según la respuesta de nuestros colegas. Entre las revistas en las que vieron la luz avances de nuestra investigación se encuentran Spagna Contemporanea (Turín), Historia Constitucional (Oviedo) y Claves de Razón Práctica. Presentamos charlas y conferencias sobre aspectos específicos del proyecto en los siguientes centros e instituciones académicas: el Seminario Martínez Marina de Historia Constitucional (Universidad de Oviedo), la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Sevilla), la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón (Madrid y Toledo), el Seminario de Historia Intelectual de la Universidad del País Vasco, el Centre de Recherche sur l’Espagne Contemporaine de la Universidad de París III-Sorbonne Nouvelle, el ciclo sobre la Constitución de 1812 organizado por Caixa Fórum (Madrid y Barcelona), los Cursos de Verano de la Universidad de Burgos y el Real Colegio Complutense en Harvard University. Quiero agradecer a los responsables de estos centros, cursos y seminarios —Antonio Morales Moya, José Varela Ortega, Javier Fernández Sebastián, Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, Marie-Angèle Orobon, Ignacio Fernández de Mata, Marie Franco, Ángel Sáenz Badillos, Josep Maria Fradera— su amabilidad al darnos la oportunidad de tratar el tema de nuestra investigación desde distintos ángulos, ya fuera la geografía del liberalismo femenino en la Década Ominosa, el exilio liberal, el papel de la mujer en la conspiración contra Fernando VII o la importancia de la figura femenina en la simbología revolucionaria. Agradezco asimismo al profesor David Bell su invitación a participar con una ponencia en el Modern Europe Workshop de la Universidad de Princeton, que me dio ocasión de consultar en la Public Library de Nueva York la colección del Mercurio de Nueva York, periódico en español publicado en esta ciudad entre 1828 y 1833 que contiene interesantes noticias sobre el final del reinado de Fernando VII. Una estancia en el Centre d’Histoire de Sciences Po de París como profesor visitante me permitió terminar el vaciado de la documentación policial conservada en la serie F7 de los Archives Nationales relativa a exiliados españoles, tarea ímproba, pero fecunda y gratísima, que requirió interminables sesiones de trabajo a lo largo de varias estancias en la capital francesa. Conste mi gratitud a los profesores Marc Lazar y Jean-François Sirinelli, director del Centre d’Histoire de Sciences Po, por su invitación.

Nuestro agradecimiento se extiende a otras muchas personas que nos han proporcionado datos y sugerencias o que nos han facilitado la consulta de fuentes de primera mano del mayor interés para nuestro tema de estudio. He aquí sus nombres: Dolores de Aguilera, Jean-René Aymes, Begoña Candina, Julen Erostegui, María Antonia Fernández Jiménez, Javier Fernández Sebastián, Ignacio Fernández Sarasola, Lara Campos Pérez, Antonio López Vega, Marie-Angèle Orobon, Marie-Linda Ortega, Karen Robson, Jordi Roca Vernet y Octavio Ruiz-Manjón. Mención aparte merece nuestro amigo Gregorio Marañón Bertrán de Lis, que nos permitió consultar en condiciones privilegiadas la prolija e interesantísima información recogida por sus abuelos, el doctor Gregorio Marañón y su esposa, Dolores Moya, sobre los exilios españoles en Francia y, en particular, sobre los refugiados liberales de los años 1823-1833.

En todos los centros de documentación visitados a lo largo de estos años, ya sean archivos, bibliotecas o hemerotecas, dentro y fuera de España, hemos recibido una inestimable ayuda por parte de sus responsables y empleados. Más allá de nuestro agradecimiento general a todos ellos, no queremos dejar de señalar al Archivo Histórico Nacional de Madrid por la amabilidad en el trato dispensado y la eficiencia y profesionalidad en el servicio prestado. Al final, las cosas suelen ser más sencillas de lo que a veces se pretende, y el buen o mal funcionamiento de una institución depende fundamentalmente de la calidad del trabajo realizado por sus responsables y funcionarios. El excelente servicio que presta el AHN, como tantos otros archivos españoles, es fruto en gran medida del compromiso de sus profesionales con el trabajo bien hecho. Ni más ni menos.

Por último, agradecemos muy especialmente a Marcial Pons Historia y a su Consejo Editorial su generosidad al publicar este libro y a Carlos Pascual su confianza en nuestro proyecto y su impagable ayuda para llevarlo a cabo.

Juan Francisco FUENTES
Director del proyecto Har2009-08927

CAPÍTULO 1
DE AMAZONAS A CIUDADANAS

La mujer en las revoluciones liberales y en las guerras de independencia

«En todas las revoluciones políticas han figurado mucho las mujeres»1. Esta aseveración se encuentra en un artículo publicado en 1810 por la Gaceta de Madrid, portavoz en aquel momento del gobierno intruso de José Bonaparte. Es muy posible que el autor, que firma escuetamente «M.», fuera José Marchena, posteriormente conocido como el abate Marchena, antiguo prófugo de la Inquisición española que se refugió en la Francia revolucionaria y regresó en 1808 como funcionario del gobierno bonapartista. Su buen conocimiento de las experiencias revolucionarias del siglo XVIII le permitió dar una respuesta global a la pregunta que planteaba al principio de su artículo: «¿Por qué en la insurrección española las mujeres han mostrado tanto interés, y aun excedido, a los hombres en el empeño de sostenerla?».

Lo que en el artículo se califica de insurrección española no era otra cosa que el levantamiento antifrancés de 1808 y la guerra subsiguiente, entonces en pleno apogeo, en la que, como señala el propio autor, las mujeres se habían mostrado tan beligerantes como los hombres y, en ocasiones, según algunos contemporáneos, más valientes y despiadadas que ellos. Francisco de Goya —también afrancesado, como el autor del artículo de la Gaceta— lo supo ver en algunos de sus grabados de la época, como el titulado Y son fieras, que muestra a un grupo de mujeres acometiendo ciegamente a varios soldados franceses, una de ellas con un hijo pequeño en un brazo y una lanza en el otro. Pero su comportamiento en la Guerra de la Independencia española no era un caso aislado. Al contrario: la historia reciente mostraba multitud de ejemplos sobre la participación femenina en las grandes convulsiones del mundo moderno. La razón que apunta «M.» anticipa, por lo demás, una interpretación del fenómeno típicamente romántica, según la cual, puesto que las revoluciones traen inevitablemente consigo un estallido de pasiones contradictorias, la mujer se encuentra en ellas en su elemento natural. No sólo puede dar rienda suelta a su naturaleza apasionada, sino que, actuando en calidad de madre o de esposa, se convierte en eficaz transmisora de un coraje contagioso en nombre de palabras, como patria o independencia, que enardecen su irracional entusiasmo. En el caso español, a ello se añade un fanatismo religioso fácilmente manipulable, que ha llevado a «las preciosas hijas del Ebro y del Betis» y a las «respetables matronas castellanas» a identificar a José Bonaparte con los enemigos de su religión. Craso error, afirma «M.», porque las reformas del sabio gobierno de José I tendrán como resultado la erradicación de la hipocresía y el libertinaje, restituyendo así la pureza de la institución matrimonial para gloria de las «virtuosas españolas», que verán de esta forma dignificada su función de madres y esposas.

Más allá de su intención propagandística, el texto anterior aborda un fenómeno que llamó poderosamente la atención de los contemporáneos tras medio siglo de guerras y revoluciones a uno y otro lado del Atlántico y que, ya en pleno romanticismo, inspiró al escritor Jules Michelet su libro Les femmes de la Révolution (1854). En realidad, aunque en las llamadas revoluciones atlánticas del siglo XVIII y principios del XIX —incluida la Guerra de la Independencia española— resulte difícil y hasta poco aconsejable separar la dimensión bélica de la genuinamente política o social, la mujer suele asociarse a la guerra en mayor medida que a la revolución, tal vez con excepción de la Revolución francesa. De ahí la imagen acuñada para representar su protagonismo en las grandes crisis de finales del siglo XVIII: la amazona que resurge de su pasado mítico para encarnar una realidad moderna, constituida por ese amplio elenco de heroínas que han tomado las armas —«las armas que nos son propias», dirá en 1808 la española Frasquita Larrea—2, contra un poder tiránico, sea una monarquía absoluta, un imperio colonial o un ejército invasor.

Entre algunas de estas modernas amazonas se observan curiosas semejanzas, pese a la distancia temporal, geográfica y cultural que las separa. En la independencia americana, Molly Pitcher —la aguadora que hizo de improvisada artillera en la batalla de Monmouth en 1778— guarda un asombroso parecido con las principales heroínas de nuestra Guerra de la Independencia: María Bellido en Bailén y Agustina de Aragón en Zaragoza; con la primera, por su condición de aguadora, y con la segunda por su arrojo y destreza en el manejo del cañón. El paralelismo entre Molly Pitcher y Agustina de Aragón salta a la vista cuando se compara la multitud de estampas y grabados en que aparecen junto a su cañón, con aire aguerrido, dispuestas a dar buena cuenta del enemigo o a morir en el intento. Tanta semejanza sólo se puede explicar por la influencia que una imagen ejerció sobre la otra. Ocurre, sin embargo, que, contra lo que haría suponer el orden cronológico de los personajes, fue la iconografía creada desde 1809 en torno a la heroína española la que contribuyó a dar forma unos años después a una figura clave de la mitología nacional norteamericana que hasta mediados del siglo XIX careció de imagen propia y cuya identidad real sigue siendo motivo de controversia3.

Hay también alguna lejana similitud entre Betsy Rolls, la mujer que en 1776, según la leyenda, confeccionó la primera bandera de Estados Unidos, y la española Mariana Pineda, ejecutada por el «detestable delito», según la justicia absolutista, de guardar en su casa una bandera revolucionaria a medio bordar que en 1831 debía servir de enseña a un levantamiento liberal. Sobre la veracidad de la historia de Betsy Rolls subsisten algunas dudas4, pero no sobre el trágico episodio que protagonizó la célebre viuda granadina. Tampoco las hay sobre el carácter imaginario de la Marianne francesa, la matrona que, empuñando la bandera tricolor, simboliza en Francia la idea de la patria republicana5. En todo caso, en la abundante mitología sobre las madres fundadoras de las naciones modernas importa poco saber dónde acaba la historia y dónde empieza la leyenda. Lo que cuenta es la fuerza emocional del relato construido en torno a ellas y su capacidad para encarnar un determinado ideal político, normalmente de tipo nacionalista, revolucionario o mixto, una opción esta última bastante común. De creer a un autor contemporáneo a Mariana Pineda, las circunstancias que la llevaron al cadalso tenían tal fuerza dramática que ella misma habría muerto sabiendo que, gracias a su trágico final, su leyenda sobreviviría a su persona. Al menos así se desprende de las palabras que ya entonces se pusieron en sus labios poco antes de morir: «El recuerdo de mi suplicio hará más por nuestra causa que todas las banderas del mundo»6.

Molly Pitcher, Betsy Rolls, Charlotte Corday, Madame Roland, Agustina de Aragón, María Bellido, María Malasaña, Mariana Pineda…, el imaginario de las guerras patrióticas y de las revoluciones modernas está poblado de figuras femeninas que simbolizan la fuerza de un ideal y el dramatismo de la lucha contra un poder opresor que amenaza lo más primario, ya sea el hogar, la familia o la patria. Cabría pensar que el impacto simbólico de ese puñado de mujeres ha llevado a exagerar la presencia femenina en los episodios que protagonizaron. Es dudoso que así sea, pese a que el uso de estereotipos culturales, como el de las amazonas, tienda ciertamente a fragmentar y multiplicar la realidad hasta hacerla irreconocible en términos históricos, difuminando las fronteras tanto entre la historia y la leyenda como entre las distintas tradiciones nacionales. La frecuente evocación de la imagen de las amazonas en las fuentes de la época demuestra hasta qué punto este mito clásico se utilizaba de similar manera en países y momentos distintos, y no sólo para caracterizar a la moderna mujer guerrera al estilo de Molly Pitcher o Agustina de Aragón. En febrero de 1792, el club de los jacobinos de París recibió en sesión a una joven revolucionaria, Théroigne de Méricourt, que había pedido permiso para contar su peripecia personal tras haber sido secuestrada por elementos contrarrevolucionarios y permanecer retenida ocho meses en el extranjero. La asamblea escuchó sobrecogida el relato de aquella a quien consideraba «una de las primeras amazonas de la libertad» y «mártir de la constitución». Terminada su exposición, se le rogó que asistiera al resto de la sesión sentada junto al presidente del club haciendo las veces de «presidenta de su sexo», una deferencia protocolaria con la que se quería corresponder a sus pasados padecimientos7.

Théroigne de Méricourt hizo mucho por popularizar el mito de las «amazonas de la libertad». Asistente asidua a las sesiones de la Asamblea Nacional, solía vestirse de esa guisa como forma de soslayar, según sus palabras, «la humillación de ser mujer». Sólo cabía una forma de emanciparse de esa triste condición, en opinión de esta humilde hija de campesinos, y era ganarse el derecho a llevar armas y formar legiones de «amazonas francesas», que participaran en la defensa de la patria y ejercieran una suerte de soberanía de facto8.

La cuestión se había planteado ya en la revolución americana en circunstancias que propiciaban un debate a fondo sobre las consecuencias políticas de la participación femenina en la lucha contra la dominación británica. Tanto su abnegado patriotismo como la lógica del individualismo posesivo que regía las instituciones de la joven república abrían un resquicio al reconocimiento de sus derechos como electoras, siempre y cuando cumplieran los mismos requisitos económicos que los hombres, una circunstancia que solía darse en el caso de las viudas. Así, en su condición de «free inhabitants» y aprovechando la ausencia de cualquier precepto constitucional que lo impidiera, las mujeres del Estado de New Jersey disfrutaron del derecho al sufragio desde fecha muy temprana y llegaron incluso a tener una destacada intervención, apoyando a la candidatura federalista, en las reñidas elecciones que tuvieron lugar en 1797 en el municipio de Elizabeth9. Tan sólo un año después, Judith Sargent Murray, autora del ensayo On the Equality of the Sexes (1790), anunció el comienzo de «una nueva era en la historia de la mujer»10. No parece que fuera así. En 1807, el poder legislativo de New Jersey limitaba el derecho de voto a los contribuyentes varones de raza blanca, poniendo fin de esta forma a la laguna legal que durante varios años había permitido votar a las mujeres11. Da la sensación, por otro lado, de que las hijas y nietas de la generación de las madres fundadoras, aquellas que habían asistido a la lucha por la independencia y en muchos casos participado en ella, fueron perdiendo el entusiasmo por sus derechos políticos para adaptarse a un papel más tradicional, en línea con la mentalidad victoriana que se irá imponiendo a lo largo del siglo XIX12.

En la vieja Europa, las cosas sucedieron de forma distinta, tal vez porque, frente al carácter voluntarista de la revolución americana y a su fuerte pulsión igualitaria, en Francia o en España la lucha contra el Antiguo Régimen se asentó sobre un proyecto político mucho más elaborado, dotado de un sólido componente historicista, que dejaba menos margen a la sorpresa o a la improvisación. En el caso de la Revolución francesa, la intervención femenina se produjo en sus distintas etapas y manifestaciones y hasta sus últimas consecuencias, entre ellas, la ejecución en la guillotina de algunas de las mujeres que asumieron un mayor protagonismo en el proceso revolucionario. Charlotte Corday, exnovicia provinciana convertida a un republicanismo platónico, fue ejecutada en julio de 1793 por el asesinato de Marat, y Olympe de Gouges, autora de la importantísima Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne (1791), subió al cadalso bajo el terror jacobino debido a sus simpatías por la Gironda y a su defensa del federalismo, doctrina que había sido proscrita por los seguidores de Robespierre. Su identificación con el republicanismo moderado llevó igualmente a Madame Roland —de soltera Manon Philipon— a caer en desgracia durante el Terror, para ser finalmente guillotinada en noviembre de 1793. Se la acusaba de dirigir la política exterior de la Revolución a través de su marido, el ministro girondino Jean-Marie Roland, que, habiendo huido del París revolucionario, se suicidó dos días después de conocer la muerte de su esposa. Antes de morir, Madame Roland escribió unas Memorias que acrecentaron su leyenda de mujer excepcional.

Otras destacadas figuras de la Francia revolucionaria estuvieron a punto de pagar con sus vidas su heterodoxia política o su notoriedad social. Sobre la holandesa Etta Palm d’Aelders, fundadora en París de la Sociedad Patriótica y Bienhechora de las Amigas de la Verdad, club revolucionario exclusivamente femenino, recayó la sospecha de trabajar para alguna potencia extranjera. De regreso a Holanda, tras la proclamación de la República Bátava en 1795, fue encarcelada como espía, pero logró salvar la vida. Figuras legendarias de la Francia republicana como la española Teresa Cabarrús, hija del exministro de Carlos III Francisco Cabarrús y esposa del jacobino Jean-Lambert Tallien, o Madame de Staël, hija del exministro de Luis XVI Jacques Necker, contribuyeron decisivamente a alimentar el mito de la mujer intrigante, capaz de sobrevivir a las turbulencias revolucionarias e influir incluso en el curso de los acontecimientos siguiendo misteriosos designios. Las grandes damas de la vida política fueron temidas a la vez por la revolución y por la contrarrevolución. Aunaban cultura, riqueza y astucia, y en su biografía se reconocía tanto el savoir faire de las viejas élites como el poderoso empuje de las clases sociales ascendentes. Recibían en sus salones, trataban con todo el mundo, tenían opiniones propias y las expresaban de palabra y a menudo por escrito. Sus adversarios de toda condición les atribuían un poder extraordinario, que usaban para intrigar. Se movían en las conspiraciones como pez en el agua, aunque, como en el caso de Madame Roland, en ocasiones pagaran un alto precio por su inteligencia y su osadía. De la misma forma que el motín era el medio natural de la mujer de la plebe cuando estallaba una crisis, a las grandes damas de la política moderna se las asocia con el mundo de los salones y con las conjuras de toda índole. La España de Fernando VII no fue en esto muy diferente.

La celebridad que alcanzaron las principales protagonistas de la Revolución francesa está en el origen de una idea, como se ha visto, firmemente instalada a principios del siglo XIX en amplios sectores de opinión: que las revoluciones modernas favorecen la irrupción de la mujer en la vida política, aunque no necesariamente en el bando revolucionario. Junto a aquellas que se hicieron rápidamente famosas, están las que, sin salir del más riguroso anonimato, desempeñaron un papel coral en los grandes acontecimientos. Así, en vísperas de la revolución, las mujeres participan activamente en la redacción de los cahiers de doléance dirigidos a los Estados Generales con las quejas de la población y sus propuestas para poner remedio a los males del país. Algunas de estas exposiciones, como las reunidas en las Remontrances, plaintes et doléances des dames françaises à l’occasion de l’assemblée des États Généraux (marzo de 1789), plantean abiertamente la paradoja de que las mujeres sean excluidas de los derechos naturales que la nación en su conjunto está en vías de ver reconocidos. El debate correrá en paralelo con la participación femenina en los momentos clave del proceso revolucionario desde el día mismo de la toma de la Bastilla. Apenas unos meses después, el 5 de octubre de 1789 una multitud de mujeres procedentes de las barriadas populares de París invadió el Hôtel de Ville de la capital en demanda de pan y, ante la falta de respuesta de las autoridades locales, se trasladó a Versalles, en número de unas 7.000, para continuar su protesta ante la familia real y la Asamblea Nacional. Su portavoz, una tendera llamada Louison Chabry, obtuvo del rey la promesa de que se tomarían las medidas necesarias para abastecer París. Pero lejos de regresar a la capital, ella y sus compañeras permanecieron en Versalles confraternizando con los guardias nacionales y manteniendo una actitud intimidatoria ante los representantes del viejo orden. Las amotinadas exigieron y finalmente consiguieron el regreso de la familia real a París, no sin derramamiento de sangre y alguna que otra cabeza cortada.

Los hechos del 5 y 6 de octubre de 1789 quedaron inmortalizados en varios grabados tanto franceses como ingleses puestos a la venta tan sólo unos días después. Uno de ellos, obra del caricaturista inglés Thomas Rowlandson, muestra a una abigarrada columna de mujeres, algunas montadas en un cañón, que con aire amenazante van pisando los talones a Luis XVI y su familia en su marcha titubeante, seguramente hacia París. El título del grabado, mitad en francés mitad en inglés, no deja lugar a dudas: «El rey esclavo o los súbditos convertidos en reyes: Patriotismo femenino»13. Esta última expresión, formulada en una época en que el patriotismo es el ismo revolucionario por excelencia, revela la existencia de una forma genuinamente femenina de entender y practicar la revolución, que permite a sus protagonistas imponer su soberana voluntad gracias a una mezcla explosiva de anarquía, fanatismo y violencia. No faltará quien vea en la determinación mostrada por las parisinas el 5 de octubre una lección que los hombres debían aprender: «Fueron las mujeres quienes nos devolvieron la libertad», leemos en el folleto Les héroïnes de Paris, sobre los sucesos de aquella jornada. Mientras tanto, las nuevas instituciones revolucionarias no dejaban de recibir representaciones de grupos de francesas en demanda de sus derechos políticos: «Las madres de familia pueden y deben ser ciudadanas», reclaman en marzo de 1790 unas vecinas de Bretaña en una exposición a la Asamblea Nacional14.

Aquellas que creían que «también nosotras somos ciudadanas»15 no estuvieron solas en sus reivindicaciones. En febrero de 1790, un maestro de escuela, Claude Dansart, fundó en París la Sociedad Fraternal de los Patriotas de uno y otro Sexo, que otorgaba a las mujeres los mismos derechos —entre ellos el de voto— que a los socios masculinos. En julio de ese mismo año, Condorcet se manifestó a favor de la concesión a la mujer de la plena ciudadanía al considerarla tan capaz como el hombre de ejercerla con responsabilidad, sin abandonar por ello sus obligaciones como madre y como esposa. La citada Olympe de Gouges sostenía en su Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne el carácter inalienable de los derechos naturales y universales de la persona con independencia de su sexo —«toda mujer nace y permanece libre e igual en sus derechos al hombre»— y denunciaba la ilegitimidad de una revolución que negara a la mujer los mismos derechos que a los hombres, incluido —afirmó premonitoriamente— el de subir al cadalso.

Hay en la Revolución francesa como un desdoblamiento entre un discurso político prefeminista favorable a los derechos de las mujeres y una intervención femenina en los sucesos revolucionarios continuadora de la tradición prepolítica del motín. El primero corresponde principalmente a las grandes damas de la revolución, inspiradas en los preceptos del republicanismo cívico y del iusnaturalismo ilustrado. De ahí y de su pertenencia a una élite liberal sospechosa de aristocratismo su proximidad a la Gironda y su persecución bajo el Terror. Por el contrario, la movilización social de las mujeres en motines y algaradas está mucho más próxima al movimiento sans-culotte, del que constituyen en ocasiones su vanguardia más radical y violenta. También en estos sectores hubo intentos de codificar e institucionalizar la participación femenina en la vida pública. Pauline Léon, activista revolucionaria conocida por su radicalismo, promoverá el derecho de las mujeres a portar armas mediante una petición suscrita por trescientas parisinas y participará en la jornada del 10 de agosto de 1792 en las filas del batallón de su distrito parisino. Meses después intervendrá en la fundación del Club de las Ciudadanas Republicanas y Revolucionarias, de signo jacobino, junto con la actriz Claire Lacombe, que había cobrado ya cierta celebridad al leer ante la Asamblea Legislativa una soflama revolucionaria vestida de amazona. Lacombe y Léon fueron las dos principales exponentes de un jacobinismo femenino dispuesto a elaborar un cierto cuerpo de doctrina sobre el papel de la mujer en la revolución.

Los clubes de mujeres, a semejanza de los masculinos, proliferaron por toda Francia hasta 1793. El de Dijon, denominado Las Amigas de la Constitución, llegó a contar con cuatrocientas socias pertenecientes a la burguesía y a las clases medias locales. La mayoría de los 56 clubes femeninos creados entre 1789 y 1793 tenían un carácter moderado en lo político y respondían al afán de difundir entre la población, sobre todo entre los más jóvenes, las virtudes cívicas y el amor a la nueva patria revolucionaria, a la que se rendía tributo en vistosos festejos y conmemoraciones. Además, promovían colectas para el ejército, cosían ropa para los soldados y se ocupaban de los heridos y enfermos. Pero la radicalización del proceso revolucionario hizo muy pronto inviable un asociacionismo femenino marcadamente mesocrático. El 30 de octubre de 1793, el gobierno jacobino prohibió de un plumazo todos los clubes femeninos creados desde el comienzo de la revolución, incluido, pese a sus simpatías robespierristas, el Club de las Ciudadanas Republicanas y Revolucionarias de París, clausurado manu militari al grito de «¡Viva la república! ¡Abajo las [mujeres] revolucionarias!»16.

El apogeo del Terror no favoreció, contra lo que podría parecer, el desarrollo de un espacio público femenino que permitiera a las mujeres participar con voz propia en el proceso revolucionario. Ocurrió más bien lo contrario, debido en parte a la fuerte carga simbólica de la figura de María Antonieta como encarnación de todos los males y peligros de la contrarrevolución y, por extensión, al estereotipo negativo, muy extendido entre los jacobinos, de la mujer políticamente comprometida como un espécimen típicamente aristocrático. Fue habitual, asimismo, atribuir a las mujeres de la Vendée una intervención decisiva en la rebelión realista, llegando a integrar incluso las filas del ejército sublevado, lo que demostraba la ambivalencia y los riesgos del mito de las amazonas. Cuando menos, las parisinas de los faubourgs conservaron su papel coral en los disturbios sociales y en la puesta en escena de la violencia revolucionaria, ya fuera en el recorrido de la carreta que transportaba hasta su destino a las víctimas de la guillotina o disfrutando junto al cadalso del espectáculo de las ejecuciones —las célebres tricoteuses—. De todas formas, las mujeres de las clases populares tampoco se vieron libres de la represión jacobina: de las 427 detenidas en París bajo el Terror de las que se conoce su extracción social, 159 pertenecían a la pequeña burguesía o a las clases bajas17.

La caída de Robespierre y la instauración del Directorio trajeron consigo una dualidad femenina esbozada ya en los inicios de la revolución: los desórdenes públicos relacionados con las crisis de subsistencias contaron siempre con una nutrida participación de las mujeres de la plebe, mientras la reapertura de los grandes salones de la capital devolvía el protagonismo a las damas de la buena sociedad, conocidas ahora como las merveilleuses, deseosas de resarcirse de los rigores del jacobinismo con un lujo desenfrenado. En ese ambiente triunfaban la española Teresa Cabarrús, encarcelada durante el Terror y motejada como Nuestra Señora de Termidor, y la célebre Madame de Staël, que evocaría en sus Considérations sur la Révolution française la influencia social ejercida por las féminas en el mundo promiscuo y frívolo de los salones dorados del París del Directorio. Nada que ver, claro está, con las que, armadas de hoces y picas, habían formado la «banda infernal», como la llama ella, que protagonizó la marcha sobre Versalles del 5 de octubre de 1789. Su libro sobre la Revolución francesa, aunque escrito en 1798, no vio la luz hasta veinte años después y para entonces, a pesar del triunfo de la restauración en 1814, muchas cosas habían cambiado para siempre en la vieja Europa.

El influjo de la revolución fuera de Francia se vio facilitado por la rápida circulación de los papeles impresos, de las imágenes y hasta de artículos mundanos como barajas de cartas o abanicos, ilustrados a menudo con escenas y alegorías revolucionarias. Periódicos, folletos y grabados, siempre atentos a lo más novedoso y pintoresco, reflejaban con profusión la participación femenina en los sucesos de Francia y fomentaban un cierto espíritu de emulación en los pueblos vecinos. En 1790, consta ya la aparición en Bélgica de panfletos reivindicativos de los derechos políticos de las mujeres. Uno de ellos lleva por título Réclamations des citoyennes de Bruxelles, tant démocrates qu’aristocrates, y plantea la necesidad de que se constituya un Parlamento compuesto por representantes de ambos sexos en igual número. En Lieja se publicó un folleto con idéntico contenido en nombre «des citoyennes de Liège, tant démocrates qu’aristocrates». Es interesante la idea de que las mujeres, por el hecho de serlo, comparten algo sustancial que va más allá de su origen social o de sus inclinaciones políticas y que debe mantenerlas unidas en la defensa de sus intereses. La «feliz revolución» contra la dominación extranjera contó, principalmente en Brabante, con la participación de algunas señoras de la nobleza local, como las duquesas de Ursel y Arenberg y la condesa Anne Thérèse Philippine d’Yve, autora de panfletos inspirados en las supuestas tradiciones democráticas del país y partidaria de la representación femenina en las instituciones que surgieran de la liberación de Bélgica. Completaba el «partido de las amazonas» Jeanne de Bellem, amante del líder revolucionario Henri Van der Noot, que huyó a Londres en 1788 y dejó a Jeanne en una situación muy comprometida, hasta que en diciembre de 1789 los dos amantes pudieron hacer su entrada triunfal en Bruselas una vez consumada la derrota de los austriacos. Si la influencia de la revolución americana fue patente durante la lucha contra el poder extranjero, tras la consecución de la independencia el papel de las mujeres en las celebraciones y ceremoniales públicos seguirá claramente el modelo francés18.

Las revoluciones del siglo XVIII crearon una experiencia acumulada que fue pasando de una a otra y, a la vez, modificándose con las aportaciones originales de cada país, según su propia tradición y sus circunstancias históricas. Lo mismo cabe decir del papel desempeñado por las mujeres, por ejemplo, en las revueltas holandesas de finales de siglo, la de los Patriotas en los años ochenta y la Bátava en 1795. Su estatus relativamente independiente, tanto en la vida económica como cultural, explica la importancia que el debate sobre sus derechos políticos alcanzó en Holanda desde principios de los años ochenta, cuando, bajo el seudónimo de Armida Amazone, vio la luz un ensayo titulado Sobre la tiranía masculina, referido a la institución matrimonial y vagamente inspirado en la revolución americana. Seis años después, en 1787, un artículo anónimo «Sobre la probabilidad de las amazonas» especulaba en torno a la verosimilitud de una república gobernada por las mujeres. La cuestión de sus derechos se planteará abiertamente a partir de la revolución Bátava de 1795, bajo el influjo de la experiencia revolucionaria francesa —recuérdese que Etta Palm d’Aelders regresa por esas fechas a su Holanda natal— y de la traducción al neerlandés de A Vindication of the Rights of Women de Mary Wollstonecraft. Hubo clubes femeninos, como el creado en Haarlem en 1795, y un amplio debate en la prensa sobre la capacidad de las mujeres para regir los destinos de un país, aunque no siempre resulta fácil distinguir las opiniones sinceramente favorables de aquellas que ocultan una intención satírica. La causa contrarrevolucionaria contó igualmente con un fuerte apoyo femenino, sobre todo entre las clases bajas. Tras el golpe de Estado de 1798 y la consiguiente restricción de las libertades, tan sólo la escritora Maria Aletta Hulshoff se mostró políticamente beligerante, lo que le acarreó una condena a dos años de cárcel en 1806. Nada más salir de la prisión fue nuevamente encarcelada por publicar un panfleto contra Napoleón, al que, según se llegó a decir, planeaba asesinar. Mujer de infinitos recursos, al cabo de un tiempo consiguió huir de la cárcel y escapar a Estados Unidos disfrazada de hombre. Allí desarrolló una intensa actividad como escritora y polemista política, hasta que en 1820 regresó a Holanda e inició un largo eclipse personal que terminó con su muerte en 184619.

La Europa en guerra de principios del siglo XIX fue el mejor caldo de cultivo para el viejo mito de la mujer guerrera, alzada en armas por un impulso primario en defensa de su hogar y su tierra. Las supuestas amazonas proliferaban por el continente a medida que la guerra se generalizaba y que entre los pueblos afectados por los vaivenes del conflicto crecía un sentimiento nacionalista de rechazo al invasor. Así ocurrió en los territorios germánicos al paso del ejército napoleónico20, pero también en Grecia durante la larga guerra contra la dominación otomana, concluida victoriosamente en 1830. Las mujeres tuvieron un papel activo en la lucha por la independencia griega, tomando las armas junto a los hombres y alcanzando fama internacional por sus proezas militares, como Laskarina Bouboulina, una viuda de mediana edad que amasó una considerable fortuna dedicándose al comercio naval en mares infestados de piratas. En 1816 ingresó en una sociedad secreta revolucionaria y empezó a acumular armas y pertrechos para un levantamiento armado que veía muy próximo. Cuando en 1821 estalló la revolución, Laskarina, que había diseñado su propia bandera, disponía ya de una flota armada y equipada por ella, servida por hombres resueltos a cumplir las órdenes de su capitana, a la que se describe al frente de su buque insignia, el Agamenón, con su pistola de plata al cinto, desafiando a las balas enemigas y arengando a los suyos para el combate21. Su asesinato tres años después no haría más que engrandecer su leyenda de madre fundadora de la independencia griega e intrépida amazona en el país que creó el mito de las mujeres guerreras.

Guerra y revolución en España

Todo empezó en la mañana del 2 de mayo de 1808, cuando las tropas francesas a las órdenes de Murat se disponían a escoltar a los miembros de la familia real española que aún no habían partido hacia Bayona al encuentro de Napoleón. El primer carruaje, con la infanta doña Luisa, salió de Palacio sin mayor contratiempo, tal vez porque la segunda hija de Carlos IV no gozaba precisamente del favor popular. Pero cuando la multitud advirtió la salida de un segundo carruaje con el infante Francisco de Paula, el hermano menor de Fernando VII, una mujer anónima, ya entrada en años, gritó desde el patio de armas «¡Que nos lo llevan!» y desde ese momento todo fue confusión y voces de «¡traición!» y «¡mueran los franceses!».

Las fuentes de la época coinciden en destacar el papel de las mujeres a partir de aquel momento crucial, primero en la propagación de la alarma ante lo que se interpretaba como el secuestro del infante don Francisco y a continuación en el levantamiento popular contra el ejército francés. El escritor aragonés José Mor de Fuentes contaría años después que fue su amiga la condesa de Giraldeli la que, en plena calle y en medio del tumulto, le informó de que los franceses querían llevarse al infante. Poco después una mujer desconocida, de unos treinta años, agitando un pañuelo blanco, se puso a gritar «“¡armas, armas!”, y todo el pueblo», añade Mor de Fuentes, «repitió la voz», mientras la señoras del vecindario empezaban a lanzar macetas, floreros y muebles a la calle para entorpecer los movimientos de la caballería francesa, que se había puesto en acción en cuanto estalló la revuelta.

En ella participaron algunas vecinas de Madrid que se acabaron convirtiendo en heroínas y mártires de la causa, como Manuela Malasaña, costurera, de diecisiete años, que perdió la vida junto a su padre, defendiendo, según una de las versiones de su muerte, el parque de artillería de Monteleón, y Clara del Rey, una madre de familia de cuarenta y dos años, que murió en el mismo lugar al pie de los cañones. En la jornada del 2 de mayo en Madrid perdieron la vida un total de veinticinco mujeres —ninguna fusilada—, siete de ellas en la defensa del parque de artillería. Habría que añadir a aquellas otras que resultaron gravemente heridas, pero que consiguieron sobrevivir. Es el caso de Ramona Esquilino, de veinte años, quien, junto a su madre, se lanzó a la calle al enterarse de lo sucedido, se apoderó del sable de un oficial francés y con él en la mano acometió a varios soldados franceses, que finalmente abatieron a madre e hija y las dejaron malheridas, pero vivas, en mitad de la calle22. Escenas como ésta contribuyeron a crear la imagen estereotipada, compartida por los dos bandos, de la ira ciega, casi suicida, con la que reaccionaron muchas españolas ante las primeras señales del levantamiento antifrancés.

La generalización de la revuelta por todo el territorio nacional y los primeros episodios bélicos de la contienda dieron lugar a nuevos casos de protagonismo femenino en lo que muy pronto se conoció como Guerra de la Independencia, expresión que figura ya en el periódico El Español, de Blanco-White, en septiembre de 181123. Así ocurrió en Zaragoza, al iniciarse en junio de 1808 el asedio francés, en el que brillaron por su arrojo y valentía Agustina de Aragón, Casta Álvarez, María Agustín, Manuela Sancho, la madre Ráfols y la condesa de Bureta, promotora en los dos sitios de la ciudad de un «escuadrón de amazonas» encargado de cuidar de los heridos y proporcionar víveres a los combatientes. La gesta de estas mujeres fue muy pronto inmortalizada en multitud de grabados, ya sea de forma particularizada, como el retrato de la condesa de Bureta realizado por Juan Gálvez y Fernando Brambila, o colectiva, como la estampa titulada ¡Gloria inmortal a las nobles y esforzadas aragonesas! «Fue tal el heroísmo de las matronas aragonesas», leemos al pie de esta imagen, «que tomando las armas se incorporaron con sus valerosos compatriotas, permaneciendo una de ellas dando fuego a un cañón repetidas veces con la mayor bizarría». Sin la profusa iconografía que, desde fecha muy temprana, surgió en torno a ellas sería difícil explicar la enorme difusión que alcanzaron sus nombres y sus hazañas, incluso más allá de nuestras fronteras, como atestigua el canto XVI del Childe Harold’s Pilgrimage (1812-1818) de Lord Byron, directamente inspirado en Agustina de Aragón. El nombramiento de esta última como subteniente de infantería, aprobado por la Junta Central en agosto de 1809, dio rango militar, con todas las «honras, gracias, preeminencias y exenciones que por razón de este grado le tocan»24, a su ya legendaria condición de amazona de la independencia española.

Apenas hubo gesta de la guerra que no contara con su heroína. En la batalla de Bailén cobró fama María Bellido, una de las mujeres de la comarca que, provistas de cántaros de agua, estuvieron refrescando a los soldados españoles, con riesgo de su propia vida, bajo el sol inclemente que lució en el transcurso de la batalla. En Ronda se hizo célebre María García, conocida como La Tinajera, que actuó como espía al servicio de la causa patriota y que, al ser descubierta por la policía josefina, sufrió privación de libertad y escarnio público. Se le cortó el pelo de forma grotesca y se la paseó de esta guisa por las calles, mientras se la conducía a su destierro extramuros de la ciudad entre los gritos de «¡patriota!» que, a modo de insulto, le dirigían sus enemigos. En el comienzo del levantamiento en Badajoz tomó la iniciativa una vecina de nombre María Cambrero, quien, ante la indecisión de la guarnición sobre el camino a seguir, arrebató una mecha a un soldado y disparó el cañonazo que decantó a la tropa a favor de la sublevación25. En La Coruña, por esas mismas fechas, «el pueblo se conmovió, y las mujeres particularmente». «La grande obra de nuestra revolución», afirmó un periódico patriota a mediados de junio de 1808, «es debida a la bizarría de nuestras matronas, que fueron las primeras en arrojarse a los peligros y en crear el espíritu público»26.

Su participación en el tercer sitio de Gerona se tradujo en la creación de la Compañía de Santa Bárbara, formada por 120 mujeres, divididas en cuatro escuadras, cada una con su propia «comandanta», que era auxiliada a su vez por una «sargentina». Uno de los principales mandos de la plaza, el general Blas de Fournás, consignó en su diario el heroico comportamiento que tuvo durante el asedio «esta interesante porción del género humano, que nuestra preocupación llama débil», y que fue capaz de competir «en espíritu, en bizarría, en desprecio al riesgo, con los varones más esforzados»27. En Valencia, en cuanto se avistó al ejército francés desde las murallas, el «sexo débil», leemos en un documento de la época, «corrió a las baterías, suministró socorros [y] se despojó de sus vestiduras para servir los cañones»28. De San Sebastián era natural María Ángela de Tellería, que se las ingenió para liberar a un grupo de prisioneros españoles de camino a Santander, a los que proporcionó ropas de mujer con las que consiguieron burlar la vigilancia de sus guardianes. Ángela fue descubierta, detenida y «cargada de cadenas», pero, tras un sinfín de aventuras, en 1811 logró llegar a Cádiz, donde la prensa liberal divulgó su historia y las Cortes le otorgaron una pensión vitalicia29.

Hubo heroínas, las más de ellas conocidas, pero otras completamente anónimas, en Vic, Barcelona, Valladolid, Córdoba, Morella, Toledo y Galicia, y mujeres guerrilleras en diversos puntos de la amplia geografía de la guerrilla antifrancesa y del somatén catalán, actuando a las órdenes del jefe de su partida, que solía ser un pariente próximo, a menudo su marido. No obstante, alguna de ellas, como Francisca de Paula Puerta en Extremadura, intentó independizarse y formar su propia partida, lo que por lo general encontró la firme oposición de las autoridades. Una cosa era que las mujeres mostraran su patriotismo y su arrojo, para asombro y ejemplo de todos los españoles, y otra que mandaran. Fue excepcional por ello el caso de la vizcaína Martina de Ibaibarriaga, guerrillera y bandolera, que, haciéndose pasar por hombre, llegó a alistarse en el ejército patriota. Tras alcanzar el grado de capitán, se descubrió el engaño y volvió a la guerrilla, primero con el cura Merino y luego con Mariano Renovales, para finalmente ponerse al frente de una partida de cincuenta hombres. Esta genuina amazona de leyenda se movió continuamente entre el heroísmo y el bandidaje. Por lo primero recibió honores y recompensas, por lo segundo estuvo a punto de ser fusilada.

¿Cuántas heroínas de la Guerra de la Independencia guardan alguna relación con el liberalismo? Son muy pocos los casos en que esa conexión se puede establecer, siquiera lejanamente, entre otras cosas porque de la mayoría de ellas se pierde la pista en cuanto termina la guerra, si no antes. Damiana Rebolledo, protagonista del levantamiento antifrancés en Valladolid, aparece relacionada con las tramas liberales de 1831, en las que desempeñó un importante papel su marido, Félix Rodríguez, del comercio de Valladolid, preso por tal motivo en esta misma ciudad30. Portuguesa de nacimiento, pero «española por elección», según sus propias palabras, en junio de 1808 María del Carmen Silva liberó «mediante mil ardides» a los soldados españoles apresados por Junot en Lisboa. A raíz de este hecho, cruzó la frontera y conoció en Badajoz al que sería su marido: el escritor Pedro Pascasio Fernández Sardino, con el que redactó en Cádiz el periódico El Robespierre español, de título bien expresivo. Las ideas políticas de ambos resultaban demasiado notorias y peligrosas como para permanecer en España tras la caída del régimen liberal, por lo que en 1814 iniciaron un primer exilio en Inglaterra, donde se refugiaron nuevamente, por idéntico motivo, en 1823. Del liberalismo de Carmen no hay, pues, ninguna duda; tampoco de su condición de «heroína» de la guerra, atestiguada por Espoz y Mina en un certificado de 181731. Por último, Josefa Daoiz y Torres, hermana de Luis Daoiz, el héroe del 2 de Mayo, se sometió en 1824 a un expediente de purificación, que no superó en primera instancia por tener «tacha» de liberal, aunque acabó siendo purificada32. Poca cosa.

Es difícil, por tanto, no compartir la creencia de que, en general, la participación de las mujeres en la Guerra de la Independencia, como ocurre en otros escenarios de las guerras napoleónicas, se corresponde con la vertiente más tradicional y casticista de la lucha contra los franceses, la de la defensa de la religión y de los derechos de Fernando VII al trono de España. Ese conservadurismo visceral, de apego al hogar, a la tradición y a la tierra, resulta indisociable de un sentimiento antirrevolucionario que está a su vez en el origen de la xenofobia antifrancesa. Por otro lado, la lógica del motín, a la que obedece en la mayoría de los casos la participación femenina en el levantamiento de 1808, suele responder a una reivindicación del orden tradicional ante una crisis de origen muy complejo, asociada muchas veces con lo nuevo y lo moderno. De ahí una mezcla explosiva de ira popular y nostalgia por el viejo orden de cosas, en el que todo ocupaba su lugar natural, desde los estamentos privilegiados, paternales protectores de los más desfavorecidos, hasta el precio de los alimentos. No hay motín sin chivo expiatorio, y en mayo de 1808 esa función tiende a recaer en aquellas autoridades, algunas nombradas en su día por Godoy, que se muestran tibias ante los franceses y que, en algunos casos, eran conocidas por sus ideas ilustradas y reformistas. Son los usurpadores del poder de las viejas castas, los traidores a lo más sagrado.

Multitud de factores favorecían, pues, la causa de la tradición frente a la reforma y el cambio. Y sin embargo ocurrió exactamente lo contrario: lo que empezó siendo un alzamiento en nombre de la religión y del rey derivó en un proceso revolucionario que convirtió los derechos de la nación soberana en la principal fuente de legitimidad de las nuevas instituciones, primero la Junta Central y luego las Cortes elegidas por sufragio y reunidas en Cádiz en 1810. Tal como afirmó el poeta Manuel José Quintana en un célebre manifiesto de la propia Junta, «una combinación de sucesos tan singular como feliz» hizo que la lucha por la independencia nacional derivara en una lucha por la libertad33. Se entiende que así fuera, porque el vacío de poder que se produjo tras la marcha de la familia real y el colapso del antiguo aparato del Estado sólo podía llenarse reconociendo en la España combatiente un nuevo sujeto de soberanía.

Ese vacío de poder, fruto de una grave crisis de autoridad, está también en el origen del protagonismo que las mujeres tuvieron en la sublevación y en la guerra subsiguiente. Ahora bien, aunque las moviera un sentimiento conservador, de adhesión al orden tradicional, su propia presencia en el levantamiento, en la guerrilla y en la defensa de las ciudades sitiadas revestía en sí misma un significado revolucionario, de subversión del viejo orden de cosas, que difícilmente dejaría de tener consecuencias. Así lo supo ver un propagandista de la causa patriota en una proclama dirigida «a las valencianas» al exhortarlas a permanecer al margen de la guerra:

«Hilad el lino, blanqueadlo, haced calcetas, cosed camisas, prevenid hilas y vendajes, arrojad de vosotras la moda, moderad el lujo y renunciad a las ropas extranjeras. Esto es lo que corresponde a vuestro sexo, lo que exige de vosotras la patria y lo que necesitan nuestros guerreros. Valencianas: me olvidaba de deciros lo más importante. Guardad retiro: el pudor, el recato y la modestia sean una valla que os haga inaccesibles mientras dure la guerra. […] Madrugad con la aurora para ir al templo a pedir al Dios de la victoria la conceda a nuestros ejércitos. […] No presumáis ser Déboras, Jaeles y Judits, ni emuléis la república de las amazonas. […] Tomad mi consejo: hilad y cosed»34.

En la misma ciudad vio la luz otra proclama, firmada por «una fiel española-valenciana», que se dirigía a las «señoras españolas» con un mensaje parecido: «Dios ha puesto en manos del hombre los asuntos del gobierno del mundo, y en las de las mujeres el de la casa y familia: así que no queramos trastornar lo que la divina Providencia dispuso»35. Pero no era cuestión de querer o no querer. El trastorno ya era un hecho desde el momento en que en mayo de 1808 la suerte de la nación, ante la ausencia de la familia real y las vacilaciones —como mínimo— de su clase gobernante, quedó en manos de quienes tradicionalmente habían estado excluidos de las instituciones, desde amplios sectores de las clases medias hasta la plebe y las mujeres. ¿No suponía ya de por sí una novedad, fruto de ese trastorno, que una «fiel valenciana-española», abandonando el gobierno de su «casa y familia», tomara la pluma para redactar una proclama propagandística con la que adoctrinar a las «señoras españolas»? ¿No era eso —opinar, escribir, publicar— lo contrario de lo que supuestamente debían hacer las de su sexo?

No hay una relación directa entre la participación femenina en la guerra y la aparición de algo que pudiera denominarse liberalismo femenino. Tampoco la hubo en general entre los hombres que hacían la revolución y los que se ocupaban de combatir a los franceses, una dicotomía que suele explicarse, de forma harto sumaria, con una célebre fórmula acuñada por Marx: en Cádiz, había ideas sin acción; en el resto de España, acción sin ideas36. Es decir, que mientras los combatientes se encontraban desparramados por toda la geografía nacional, sin tiempo para pensar por qué luchaban, aquellos pocos que entendían el significado del conflicto estaban concentrados en una ciudad aislada de la España insurrecta. Con las mujeres ocurría algo parecido: unas luchaban y otras pensaban. El primer liberalismo femenino no surgió, por tanto, del protagonismo que muchas españolas asumieron en la guerra, sino de la herencia de una Ilustración femenina que, en el contexto del proceso revolucionario que vive el país a partir de 1808, adquiere, como sucede con las ideas ilustradas en general, una nueva dimensión. El vacío de poder y la crisis de autoridad provocados por la insurrección crearon un espacio de intervención que permitía participar en los acontecimientos y en el debate público a quienes hasta entonces habían tenido que permanecer al margen.

La biografía de Juana de Vega, futura condesa de Espoz y Mina, puede servir de modelo de una forma de acceso al liberalismo que debió de ser muy común entre las mujeres de su generación y de su posición social. Nació en La Coruña en 1805 en el seno de una próspera familia de la clase media comercial que le proporcionó la educación más esmerada que podía recibir una niña en aquella época: gramática, aritmética, francés, música, baile, bordado y algo de dibujo. Todo ello lo aprendió sin salir de su casa gracias a los maestros que le pusieron sus padres, a menudo presentes, sobre todo su madre, durante el desarrollo de las lecciones. Más importante, si cabe, fue su temprana pasión por la lectura, a la que la inclinaron tanto su padre como su madre, ávida lectora y mujer de gran cultura y sensibilidad. Para ir familiarizándose con el género epistolar, a partir de cierta edad y a instancias de su padre, mantuvo con él una «correspondencia sobre asuntos serios», sugeridos por sus lecturas de cada momento, entre las que cita el Teatro crítico de Feijoo. La escritura, lo mismo que la lectura, se convirtió así en un hábito que habría de proporcionarle a lo largo de su vida «inmensos beneficios», según afirma la propia Juana. Añade que su padre fue «de los buenos españoles que se declararon contra la injusta invasión de Napoleón», que dos años después «acogió con júbilo el memorable decreto que mandaba se reuniesen Cortes», que en 1812, conocido su entusiasmo por la nueva Constitución, fue nombrado síndico del ayuntamiento de La Coruña y que al caer el régimen constitucional tardó muy poco en ser detenido, tras haberse allanado su casa y su despacho. Al escribir sus memorias, muchos años después, Juana de Vega aún recordaba «las lágrimas que vi derramar a mi pobre madre el día que se publicó el infausto decreto dado en Valencia el 4 de mayo de 1814», por el que Fernando VII abolía la Constitución y disolvía las Cortes. A ella misma le produjo una impresión imborrable asistir a sus nueve años a la irrupción en su casa de los esbirros del absolutismo que iban en busca de su padre37.

Como en el caso de Juana de Vega, el liberalismo femenino surge en los años de la Guerra de la Independencia en un entorno urbano, burgués o aristocrático, formado por familias ilustradas que suelen compartir la afición a la lectura y que se rigen por un cierto igualitarismo en las relaciones entre sus miembros de ambos sexos. Es un mundo de tertulias, de conversaciones graves y reflexivas, como las que, al decir de Juana, mantenían sus padres38, de lecturas de toda índole, sin que faltaran nunca los periódicos del día, pero también de gratas expansiones en torno a un pianoforte o a una mesa de juego. El modelo de sociabilidad desarrollado por la Ilustración en la segunda mitad del siglo XVIII, desde las sociedades económicas de amigos del país hasta los cafés, llamados no en vano «casas públicas de conversación»39, adquirió con el liberalismo una dimensión política que hasta entonces apenas se había esbozado. Lo mismo ocurre con la prensa, correa de transmisión de una opinión pública incipiente que en gran medida tiene en ese entramado de cafés, sociedades económicas y tertulias su principio y su final, su fuente de inspiración y una buena parte de su público lector. De ahí el título de uno de los periódicos del Cádiz de las Cortes: El Duende de los Cafés.

La Ilustración se había mostrado ya muy receptiva con un público femenino de clase media y alta, como demuestra su presencia en las listas de suscriptores de la prensa periódica y de miembros de las sociedades económicas. Entre estas últimas, la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País llegó a contar con una Junta de Damas creada en 1786 por dieciséis socias, la mayoría pertenecientes a la alta aristocracia, no sin antes librar una dura batalla con algunos socios varones —Cabarrús entre ellos— reacios al ingreso de mujeres en la Matritense. Tras salir victoriosas del envite, hicieron publicar un Discurso en defensa del talento de las mujeres y de su aptitud para el gobierno, y otros cargos en que se emplean los hombres, notable ensayo que les había remitido desde Zaragoza la escritora y traductora Josefa Amar y Borbón, de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. La Junta de Damas se fue consolidando y a principios de 1808 contaba ya con 74 socias, la mayoría con título nobiliario. Pero el tiempo de una Ilustración elitista para señoras de la nobleza tenía los días contados, al menos en la España patriota. Antes incluso del 2 de Mayo, el 29 de marzo de 1808 Francisca Larrea, más conocida como Frasquita Larrea, recogía en una carta su impresión sobre el estado de agitación que se vivía en la provincia de Cádiz desde el reciente motín de Aranjuez: «Nuestras cabezas están alborotadas. Verás por los papeles inclusos que ya la política debe interesarme»40.

Ciudadanas

No es de extrañar que la combinación entre la herencia ilustrada y el marco convulso de la Guerra de la Independencia otorgara a las mujeres un papel activo en la vida cultural y hasta en el debate político que acompañó al proceso revolucionario. Así al menos ocurrió en Cádiz, ciudad comercial y cosmopolita convertida en capital de la resistencia antifrancesa, en refugio de muchos patriotas del resto de España y, desde septiembre de 1810, en sede de las nuevas Cortes. Los propagandistas del absolutismo solían objetar que una cosa era Cádiz y otra el resto de España, y que los liberales tendían a tomar la calle Ancha de la ciudad, donde se concentraban la mayoría de los cafés, de las tertulias y de las redacciones de los periódicos, como epítome de la vida nacional. La participación femenina en ese hervidero de noticias, opiniones y rumores que era el Cádiz de las Cortes fue significativa, pero desigual. Mientras los cafés constituían un espacio mayoritariamente masculino —en algunos se prohibía expresamente la entrada a las mujeres—, la «tertulia gaditana por excelencia», afirma un autor, «se reunía en una casa alrededor de una dama, que hacía los honores y llevaba casi siempre la voz cantante»41. Las dos tertulias más importantes tenían como anfitrionas a Margarita López de Morla, que vivía junto a su hermano, el conde de Villacreces, en la calle del Camino, y a la citada Frasquita Larrea, esposa de Juan Nicolás Böhl de Faber, comerciante alemán y cónsul de las ciudades hanseáticas, y madre de Cecilia Böhl de Faber, la escritora posteriormente conocida como Fernán Caballero.

Eran los dos polos opuestos de la agitada vida política de aquellos años. Mientras en la tertulia de Frasquita Larrea predominaban los enemigos de las Cortes y de las reformas, en casa de Margarita López de Morla se daban cita «los principales corifeos del partido liberal», como diría muchos años después uno de ellos, Antonio Alcalá Galiano, que coincidía en aquellos salones con personajes como el conde de Toreno, Argüelles, Martínez de la Rosa, Quintana y Ángel Saavedra, futuro duque de Rivas. Margarita, que tenía por entonces poco más de veinte años, había estudiado en Inglaterra y poseía una instrucción y un talento fuera de lo común, a todo lo cual unía una conversación agradable y variada que le permitía desempeñar brillantemente su papel de anfitriona. Admiradora de Madame de Staël, con la que muchos la comparaban, había en ella algo excéntrico y contradictorio que se manifestaba en su afición a fumar habanos y en su costumbre de adornar sus cofias con vistosos encajes y bordados hasta formar un conjunto bastante estrafalario. En el verano de 1811 puso fin a su tertulia para regresar a Jerez de la Frontera junto a su marido, Álvaro Virués de Segovia. Ahí desaparece prácticamente su rastro, hasta que treinta años después se descuelga como pionera en España del socialismo utópico de la escuela fourierista42.

Eclipsada por las tertulias de Frasquita Larrea y Margarita López de Morla, sin duda las más célebres de la época, la residencia de los marqueses de Astorga destacaba, sin embargo, como uno de los centros más activos del liberalismo gaditano. La marquesa, Magdalena Fernández de Córdoba y Ponce de León, que antes de refugiarse en Cádiz había presidido la Hermandad Patriótica de Señoras de Sevilla, venía dando continuas pruebas de «su adhesión a los principios sanos de libertad y su odio al despotismo», en palabras de El Redactor General43. Otro periódico liberal publicado en Cádiz, La Abeja Española, elogió su traducción al español de Des droits et des devoirs des citoyens, obra póstuma del abate Mably, autor prohibido por la Inquisición, que le había tachado de «republicano, revolucionario y […] poco católico»44. Por esta razón, Des droits et des devoirs des citoyens no llegó a traducirse al español hasta que la marquesa se animó a ello, y aun entonces prefirió omitir el nombre del filósofo francés y el suyo propio como traductora, aunque en el prólogo aludía al autor como el «respetable y virtuoso Mabli [sic]»45. Poco duró el anonimato de la traducción, porque, apenas unos días después de su aparición, La Abeja Española aseguraba que «la voz general y no desmentida» la atribuía «al conocido talento y patriotismo de la excelentísima señora marquesa de Astorga». «¡Qué mérito éste en una mujer y mujer de su clase!», añadía el periódico; «¡qué ejemplo tan honroso y persuasivo para las demás señoras! ¡Qué vergüenza para algunos que se llaman hombres, y tal vez hombres grandes!»46.

El largo prólogo, de ciento quince páginas, escrito por la marquesa ocupaba más de una tercera parte del libro y mostraba un notable dominio de las cuestiones abordadas en él y de los conceptos —ciudadano, Constitución, derechos, soberanía— característicos del lenguaje revolucionario, que usa con profusión. Pero la traductora y prologuista no se limita a dialogar con el autor sobre los aspectos clave de su pensamiento, sino que engarza las lecciones más provechosas de la obra con la coyuntura histórica que vivía España, meses después de que las Cortes aprobaran la Constitución. A ella aluden precisamente estas líneas de su prólogo:

«En la presente época, en que nuestra libertad peligra más por los ataques de los enemigos de nuestra Constitución que por la fuerza de los enemigos exteriores, ninguna obra en mi concepto podía ser tan útil a los españoles como la de los Derechos y deberes del ciudadano, en la cual, con la mayor claridad y exactitud, se demarcan los derechos de los simples ciudadanos y se circunscriben los deberes de los magistrados tal cual deben ser en un país libre.

Si en una nación hay momentos en que los ciudadanos pueden ser empapados del rocío de la verdad son aquellos en que manifiestan sed de instrucción, esto es, la época de sus revoluciones, en que irritados de sus males anteriores, tratan de romper las cadenas que los oprimen»47.

Veinte años después, hallándose exiliada en París, la policía francesa consignaba en su expediente personal su turbulenta etapa en el Cádiz de las Cortes, cuando se relacionaba con lo más granado del partido liberal —Flórez Estrada, Argüelles o Mejía Lequerica— y profesaba, según la policía, principios «très démocratiques»48. Después de la Guerra de la Independencia parece haber moderado sus opiniones políticas, lo que no bastó para librarla del exilio en la Década Ominosa, donde nos encontraremos a la marquesa de Astorga haciendo el papel de gran señora, más que de prófuga o conspiradora.

Fueron varias las mujeres que participaron como escritoras o periodistas, cuando menos ocasionales, en la guerra de ideas que se desató en España a partir de 1808, tomando partido por uno u otro bando, aunque el recurso al seudónimo, al anonimato o a las iniciales, bastante habitual en la época, incluso entre los hombres, hace difícil su identificación. En Cádiz se publicó además un periódico, próximo al liberalismo, titulado El Amigo de las Damas que tuvo corta vida. Entre las autoras que se opusieron a las reformas liberales destaca Frasquita Larrea, que defendió sus postulados tradicionales tanto por escrito como en su afamada tertulia gaditana y aún tuvo tiempo de participar en 1811 en la fundación de la Sociedad Patriótica de Damas. Su conservadurismo político no le impidió hacer suyos los postulados feministas de Mary Wollstonecraft en su Vindication of Rights of Woman, pese a su radical discrepancia con la autora en su opinión sobre la Revolución francesa, de la que Frasquita, como es fácil imaginar, abominaba. La mayoría de sus escritos se publicaron anónimos o con seudónimo, como las proclamas Una aldeana española a sus compatricias y Saluda una andaluza a los vencedores de los vencedores de Austerlitz o un breve folleto titulado Fernando en Zaragoza. Una visión, publicado en abril de 1814 y denunciado a la Junta de Censura como contrario al régimen constitucional, al que por entonces le quedaban tan sólo unas semanas de vida. En su alegato a la Junta, Frasquita aseguraba estar «a favor de la Constitución en su esencia», y es cierto que en su escrito no había nada explícitamente contra ella, pero sí contra el liberalismo y contra esa «turba que se llama liberal»49. De similar tenor eran los artículos de María Manuela López de Ulloa, asidua colaboradora de la prensa absolutista, como El Procurador General de la Nación y del Rey y, ya en Madrid, La Atalaya de la Mancha, donde publicó, que se sepa, sus últimas colaboraciones50, porque tras el restablecimiento de la monarquía absoluta Fernando VII decretó la supresión de todos «los llamados periódicos», excepto la Gaceta y el Diario de Madrid. Es lo que tenía el absolutismo: que su aversión a la letra impresa apenas distinguía entre amigos y enemigos.

La principal periodista liberal en el Cádiz de las Cortes fue María del Carmen Silva, nacida en Portugal, aunque «española por elección», de cuya hazaña en junio de 1808, al liberar a un grupo de soldados españoles prisioneros de los franceses, ya se dio noticia. Casada con el médico Pedro Pascasio Fernández Sardino, el encarcelamiento de su marido en julio de 1811 la obligó a asumir la redacción de su periódico, El Robespierre español, expresión de un liberalismo radical, implícito en el propio título, que llevó a Sardino a chocar con las autoridades patriotas y finalmente a dar con sus huesos en la cárcel. Debido a ello, Carmen se tuvo que encargar de la edición del Robespierre entre sus números XI y XXX, es decir, durante más de la mitad de su existencia, que concluyó con el número XXXIV.

Bajo su dirección, el contenido del periódico resultó más variado y menos incendiario que en la etapa anterior. Incluyó textos inéditos que Sardino dejó en su casa al ser encarcelado y algunos artículos firmados por ella, en su mayoría defendiendo el buen nombre de su esposo, que llegó a ser acusado de afrancesado por sus numerosos enemigos. Carmen no se arredró ante la feroz polémica desencadenada en torno al Robespierre y a su creador, lo que le valió algún ataque de la prensa servil. Además tuvo que ocuparse de defenderle ante las instituciones que habían intervenido en su detención, como el Supremo Consejo de Indias, al que dirigió una representación como «editora» del periódico y «esposa del Robespierre español» [sic], «víctima del despotismo» y, según ella, de una «escandalosa infracción de las leyes»51. Pese a sus duras requisitorias contra las autoridades, Carmen distinguía entre el régimen de libertades consagrado por la «suspirada Constitución» y las «tropelías» cometidas por quienes usurpaban un poder que no era suyo y que, en sus manos, derivaba en un puro despotismo. Así lo venía denunciando el propio Sardino hasta que se produjo su detención. El 16 de febrero de 1812, Carmen anunciaba por fin su puesta en libertad, en un comunicado que concluía invocando «el precioso árbol de la libertad de imprenta, a cuya dulce sombra se abriga la libertad nacional y, acaso acaso, la independencia de la patria». Firmaba su texto, reproducido en el número XXV de El Robespierre español, como «una joven portuguesa, y ciudadana española por elección, que ha dado en Lisboa pruebas nada equívocas de su odio a la esclavitud y de su amor exaltado a la independencia de España».

Salvo la libertad de imprenta, defendida con ahínco por autoras como la marquesa de Astorga y la propia Carmen Silva y aprobada por las Cortes al poco de iniciar su andadura, la mayoría de las reformas liberales requirieron largos y enconados debates parlamentarios. Algunos de ellos afectaban directamente al estatus de la mujer en el régimen constitucional que se estaba fraguando en Cádiz. Así ocurría con la definición del concepto de ciudadano y con el nuevo modelo educativo y el lugar que en él ocupara la enseñanza de las mujeres. Esto último venía siendo, desde la época ilustrada, tema de una inacabable polémica, en la que intervino con brío Josefa Amar y Borbón —sin duda, la figura más destacada de la Ilustración femenina en España— con obras como Importancia de la instrucción que conviene dar a las mujeres (1784) y Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres (1790). La Constitución de 1812 trató el tema de la instrucción pública en su artículo 366: «En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles». No está claro si se refería a los niños de ambos sexos, pero más bien parece que no. En todo caso, como el citado artículo requería un desarrollo legal ulterior, el escritor Manuel José Quintana quedó encargado de elaborar un informe que diera un contenido específico a este precepto constitucional.

La propuesta de Quintana, ambiciosa y pormenorizada en cuanto a la enseñanza de los varones, despachaba de forma sumaria la de las mujeres, en primer lugar, instando a las diputaciones a proponer «los establecimientos de enseñanza que convengan» y, en segundo lugar, sentando como principio general que, «al contrario de la instrucción de los hombres, que conviene sea pública, la de las mujeres debe ser privada y doméstica», pues «su enseñanza tiene más relaciones con la educación que con la instrucción propiamente dicha»; es decir, que las niñas debían ser educadas en el hogar y no en escuelas creadas a tal fin, aunque la decisión final se dejaba a criterio de las diputaciones52. Pese a ello, el posterior Dictamen y proyecto de decreto sobre el arreglo general de la enseñanza pública, presentado al pleno de las Cortes por la Comisión de Instrucción Pública, dedicaba su Título XII a la cuestión «De la educación de las mujeres». Contenía dos artículos, en virtud de los cuales se crearían «escuelas públicas en que se enseñe a las niñas a leer y a escribir y a las adultas las labores y habilidades propias de su sexo» (art. 115) y, siguiendo en esto el Informe de Quintana, se encomendaba a las diputaciones provinciales proponer «el número de estas escuelas que deban establecerse en su respectiva provincia» (art. 116). Con ello, la Comisión cumplía con su compromiso, declarado en su dictamen, de ocuparse «de la educación de aquel sexo que forma una parte preciosa de la sociedad, que puede contribuir en gran manera a la mejora de las costumbres y que, apoderado casi exclusivamente de la educación del hombre en su niñez, tiene un gran influjo en la formación de sus primeros hábitos, y lo sigue ejerciendo después en todas las edades de la vida humana». En suma, de lo que se trataba, según la Comisión, era de que hubiera «buenas madres de familia». Hay que suponer que el Título XII del decreto no perseguía otra cosa.

Más allá de su importancia en sí, la educación cobraba bajo el régimen constitucional una nueva dimensión política. En su artículo 25, la Constitución de Cádiz estipulaba que, a partir del año 1830, quienes entraran «en el ejercicio de los derechos de ciudadano» deberían «saber leer y escribir»; en caso contrario, según el artículo 26, cabía el riesgo de que tales derechos se perdieran o quedaran en suspenso. La Constitución ligaba, pues, a medio plazo, ciudadanía y alfabetización y abría, por tanto, un horizonte legal en el que los derechos de ciudadano se podían perder o ganar en función de ese requisito. No es que las primeras liberalas, como empezaban a llamarlas los serviles, concibieran el «saber leer y escribir» como una vía de acceso a los derechos inherentes a la plena ciudadanía, incluido el derecho a voto. En Cádiz, el sufragio femenino ni siquiera llegó a plantearse —ni entonces ni en mucho tiempo—, y las mujeres de ideas liberales en ningún momento pretendieron abrir un debate en torno a él. De manera incidental, el diputado liberal Diego Muñoz Torrero arguyó que reconocer plenos derechos de ciudadanía a los esclavos de las colonias obligaría a conceder a las mujeres, «con los derechos civiles, los políticos, y admitirlas en las juntas electorales y en las Cortes mismas»53; en una palabra, otorgarles la condición de electoras y elegibles. Hasta ahí podíamos llegar. Tal hipótesis aparece también excepcionalmente en algún texto absolutista, no, claro está, para defender el sufragio femenino, sino para mostrar las contradicciones del liberalismo y refutarlo por reducción al absurdo54.

La batalla de las mujeres liberales no era, pues, por el voto, sino por la educación e indirectamente por la ciudadanía. Se diría que esta última era también una batalla perdida desde el momento en que, al discutirse en las Cortes el concepto de ciudadano, según debía plasmarse en la Constitución, se dio por sentado que «las mujeres, los menores de edad, los criados, etc.», no entraban en esa categoría, si bien algunos —léase los menores de edad— «llegarían a serlo con el tiempo» y el resto se sobreentendía que pertenecía «a familias ciudadanas»55. En el fondo, por tanto, las españolas quedaban comprendidas en un concepto, ciertamente muy genérico y ambiguo, de ciudadanía, que les permitía disfrutar de derechos civiles, pero no políticos —esto es, electorales—. Era suficiente, de momento, para que algunas de ellas, tal como sucediera ya en la Revolución francesa —«nous aussi nous sommes Citoyennes»—, se sintieran ciudadanas, aunque no tuvieran derecho a voto. Ya se ha visto que María del Carmen Silva se presentó ante sus lectores como «una ciudadana española», expresión que en este caso podría equivaler a vecina o súbdita, pero que en aquella coyuntura, en plena discusión por las Cortes de la futura Constitución, traía inevitablemente consigo un nuevo significado político. Conociendo a la editora del Robespierre español, no es temerario afirmar que utilizaba la voz «ciudadana» con pleno conocimiento de su alcance.

Más allá, pues, de lo que dijeran las leyes, algunas mujeres empezaban a entender la ciudadanía como pertenencia a una comunidad nacional fundada sobre un compuesto de obligaciones y derechos civiles y políticos, aunque les estuviera vedado el ejercicio de algunos de ellos. Esta concepción voluntarista y subjetiva de una ciudadanía femenina, desligada de los derechos electorales privativos de los hombres, tenía además, a falta de una base legal, un cierto fundamento empírico: ¿cómo negar que aquellas mujeres que leían y escribían ocupaban una posición preeminente en un pueblo mayoritariamente analfabeto? Puesto que «saber leer y escribir» sería en su momento un requisito para ser ciudadano de pleno derecho, la lógica de un liberalismo específicamente femenino que vinculara lectura y ciudadanía no era del todo ajena a la propia Constitución. De la presencia de mujeres en tertulias, sociedades económicas y juntas de damas constituidas con fines patrióticos se podría decir algo parecido, aunque en este caso el razonamiento pudiera tacharse de tautológico: eran ciudadanas puesto que actuaban como tales, y viceversa. De todas formas, al menos de momento, muchas preferían denominarse simplemente «patriotas».

¿Se encontraba el recinto de las Cortes incluido en ese espacio público abierto a la participación femenina? A la sesión inaugural de las Cortes Generales y Extraordinarias, celebrada en la iglesia gaditana de San Felipe Neri el 24 de septiembre de 1810, asistieron algunas mujeres en las distintas galerías reservadas al público. Así lo consigna el Diario de Sesiones, que las identifica en un caso como «señoras de la primera distinción» y en otro como «señoras» a secas56. Sin embargo, el primer reglamento de las Cortes, aprobado dos meses después, prohibirá taxativamente su acceso al interior del recinto: «No se permitirá a las mujeres la entrada en ninguna de las galerías de la sala de sesiones», al contrario que a los hombres «de todas clases»57, una coletilla que hacía aún más humillante la exclusión de las mujeres, incluso de aquellas «señoras de la primera distinción» que asistieron a la sesión inaugural. La prohibición se repitió en el reglamento aprobado tres años después y de nuevo en 1821, en las Cortes del Trienio Liberal. Habrá, no obstante, una importante diferencia respecto a lo ocurrido en Cádiz diez años antes, porque en la segunda etapa constitucional la decisión se adoptó tras una reñida votación y en medio de una sonada campaña de opinión promovida por algunas ciudadanas, lo que indica la fuerza que en los últimos tiempos había adquirido el liberalismo femenino.

Su papel real en la Guerra de la Independencia fue todavía muy modesto, a pesar de la tendencia de algunos absolutistas a exagerar la importancia que tuvieron entonces las mujeres liberales, como forma de cargar las tintas en los desórdenes y extravíos de aquel primer período constitucional: «Hasta las señoras mujeres», sentenció uno de ellos, «particularmente jóvenes, hacían gala y ostentación de llamarse liberalas, sin idea ni conocimiento, como debe suponerse, de la extensión de esta voz, ni de su verdadero significado»58. Que tal denominación, más bien malsonante, la inventaran ellas, como se sugiere en el pasaje anterior, es harto dudoso. En 1813, otro autor de la misma cuerda, en un texto dialogado de carácter satírico, calificó a Eva como «la primera liberala del mundo» y, al exclamar su interlocutor «hola, ¿con que también hay liberalas?», aseguró que, en efecto, las había, «y muchas», y que para verlas no hacía falta moverse de «nuestro Cádiz». Alguna de ellas, añadía, pasaba por ser «muy sabia» y por tener en su casa una tertulia muy del gusto de los liberales, que acudían a ella como avispas a un panal59. Era la versión actualizada de la «marisabidilla», denostada ya en La comedia nueva de Moratín, que ahora cobraba nueva carta de naturaleza, como puede apreciarse en un escrito remitido en enero de 1814 por «las damas de Vitoria» a un periódico local. Se quejaban en particular de la aparición entre ellas de «algunas politiquillas» siempre dispuestas a recitar algún sesudo párrafo con el que captar la atención de «nuestros cohetáneos [sic]», se supone que del otro sexo60. No hay que descartar que el artículo lo hubiera escrito uno de ellos, porque en la pujante literatura satírica contra las mujeres que opinan y escriben, el cambio de sexo de los autores estaba a la orden del día, y porque este artículo firmado por «las damas de Vitoria» parece más bien una parodia de una incipiente opinión pública femenina, en este caso, conservadora.

Las primeras liberales, lo mismo que las heroínas o amazonas de la guerra, llamaron la atención por su carácter novedoso y transgresor, más que por su elevado número. Aquel primer liberalismo femenino produjo figuras notables, pero aisladas, como Carmen Silva, la marquesa de Astorga o Margarita López de Morla. A ellas se añadían sin duda otras españolas anónimas que, como la madre de Juana de Vega, Josefa Martínez y Losada, abrigaban sentimientos liberales sin expresarlos más allá de su círculo íntimo y sin tomar parte activa en la experiencia revolucionaria. Al menos de momento, porque la restauración absolutista de 1814 llevó a algunas de ellas a compartir el destierro con sus maridos, a participar en alguna misión clandestina o a prestar auxilio a las víctimas de la represión. Es el caso de María Manuela Prieto, refugiada en Cádiz durante la Guerra de la Independencia, que, tras la abolición de la Constitución, «amparó y socorrió mil veces a los liberales perseguidos», lo que le valió ver «su casa allanada con frecuencia por el grave delito de favorecer a sus amigos políticos»61. Vicenta Oliete fue desterrada de la capital en 1818, seguramente por sus gestiones a favor del abogado liberal Juan Romero Alpuente, víctima de la Inquisición62. La propia Josefa Martínez participó, junto a otras damas liberales de La Coruña, en la fuga de varios oficiales presos en la ciudad proporcionándoles los medios necesarios para su evasión. Su hija, la futura condesa de Espoz y Mina, con tan sólo doce o trece años, hizo de enlace, a instancias de su padre, con algún conspirador huido de la justicia63. Otra joven entonces desconocida, natural de Almería y vecina de Madrid, María del Carmen Sardi, se dedicó a visitar a los liberales encarcelados en la capital tras el golpe absolutista de mayo de 1814 para darles ayuda y consuelo, movida por un sentimiento humanitario y «animada del más ardiente y decidido patriotismo y de la adhesión más pura y firme a nuestra Constitución política»64. Así lo recordaría el diputado de las Cortes de Cádiz y futuro ministro José María Calatrava, uno de los presos que atestiguaron años después los «patrióticos servicios» de Carmen Sardi. Todo ello no tardó en llegar a oídos del intendente de policía, Jaime Chávarri, que la conminó a cesar en su conducta o atenerse a las consecuencias. Las amenazas y coacciones del intendente llevaron finalmente a Carmen a huir de España y a refugiarse en Francia, donde pasó tres años exiliada.

Allí acabaron también las esposas de los funcionarios de José Bonaparte, que por el mero hecho de serlo fueron obligadas a acompañar a sus maridos al destierro, aunque una real cédula de junio de 1816 permitió regresar a España, bajo ciertas condiciones, a aquellas que hubieran enviudado. La rehabilitación de las viudas afrancesadas dio pie a la solicitud realizada en junio de 1818 por Emilia Duguermeur para obtener de Fernando VII una pensión de viudedad por la muerte de su marido, el general Luis Lacy, fusilado el año anterior tras protagonizar uno de los primeros pronunciamientos liberales. Si las esposas de los traidores que habían servido al «gobierno intruso» —razonaba doña Emilia— tenían derecho a pensión, ¿cómo negárselo a quien había unido su destino a un héroe de la guerra contra los franceses? Pensar que Fernando VII antepondría su gratitud al patriota de la Guerra de la Independencia a su rencor hacia el militar sublevado era conocer muy poco al Deseado. Emilia Duguermeur se quedó, pues, sin pensión hasta que las Cortes liberales se la concedieron en 1821, aunque aquella carta al rey anticipaba ya su trayectoria como viuda liberal entregada a una permanente reivindicación de la memoria de su marido y de las ideas por las que murió65.

En la primera restauración absolutista, el exilio de las afrancesadas consortes fue sin duda mucho más numeroso que el de las patriotas constitucionales, como Carmen Silva, que compartió con su marido, Fernández Sardino, su emigración en Inglaterra. De momento, la diáspora mantuvo separados los dos bandos político-militares de la Guerra de la Independencia, salvo alguna esporádica colaboración entre liberales y josefinos documentada en Francia. En cuanto a las mujeres, las afrancesadas tenían, en general, como sus maridos, un perfil más elitista y menos definido políticamente que las que simpatizaban con el liberalismo doceañista. Es curioso por ello que estas últimas representaran un contingente mucho menor que las josefinas en el primer gran exilio de la España contemporánea, lo que parece confirmar que, en contra de lo que afirmaban algunos serviles, las liberalas eran todavía muy pocas y que el absolutismo no se las acababa de tomar en serio. Hasta mujeres tan significadas por sus ideas políticas como la marquesa de Astorga y Margarita López de Morla pudieron permanecer en España sin ser molestadas. Lo mismo la actriz Agustina Torres, la gran dama del teatro gaditano durante la época de las Cortes, en la que interpretó en numerosas ocasiones papeles de claro significado patriótico y liberal, como en las funciones conmemorativas de la Constitución celebradas el 25 y el 26 de junio de 1812. En la de este último día, Agustina recitó además el poema «Libertad», que prologaba la obra de Vittorio Alfieri Brutus Primus. Su carrera como actriz continuó sin contratiempos a partir de 1814 en el Madrid absolutista66. Ya en el Trienio, volvería a dar nuevas pruebas de su liberalismo participando en una suscripción a favor de la Milicia Nacional67.

Mucho cambiaron las cosas en 1823 con la caída del régimen constitucional instaurado tres años antes. La persecución contra las mujeres fue ya implacable y la distinción entre las antiguas afrancesadas y las partidarias de la Constitución de Cádiz quedó en parte difuminada por el odio indiscriminado del absolutismo y porque en el seno de muchas familias empezaban a convivir miembros de los dos bandos enfrentados en la Guerra de la Independencia. Esta reconciliación de facto en el marco de la familia no dejaba de tener sus inconvenientes. Una exiliada española de la Década Ominosa vivió la tragedia de haber sido perseguida primero —como dice ella— por napoleonista, al estar casada con un militar josefino, y en 1823 por liberal, pues tanto su hijo como su yerno se habían dado a conocer por sus principios constitucionales68. Que antiguas afrancesadas acabaran siendo perseguidas por liberales es una consecuencia más de los profundos cambios y del notable desarrollo que el liberalismo femenino experimentó a partir de 1820.

CAPÍTULO 2
EL TRIENIO LIBERAL:
ENTRE LA MOVILIZACIÓN Y LA FIESTA

«Por la unión, fraternidad, energía y constancia para defender el sagrado código de la Constitución; por el Rey y por el bello sexo que toma tanto interés en los adelantos de la nación»

Brindis del brigadier Nicolás Chacón al celebrarse el restablecimiento de la Constitución de Cádiz, en Jaén, 9 de abril de 1820.

Modelos de feminidad liberal

Durante el sexenio absolutista de 1814 a 1820 no habían dejado de sucederse las tentativas liberales para restablecer el régimen constitucional derrocado en 1814. La última de ellas, protagonizada por el teniente coronel Rafael del Riego en Cabezas de San Juan (Sevilla), se vio finalmente coronada por el éxito. El 8 de marzo de 1820, dos meses y una semana después del pronunciamiento de Riego y cuando la sublevación liberal se había extendido por media España, la Gaceta de Madrid publicaba un decreto restableciendo la Constitución de Cádiz. El 10 de marzo, Fernando VII anunciaba en un famoso manifiesto su deseo de marchar «francamente, y yo el primero, por la senda constitucional», una declaración inspirada mucho más por el miedo a la revolución que por un sentimiento sincero de someterse a la voluntad nacional y reinar con arreglo a la Constitución.

Ese mismo día, en medio de rumores todavía confusos sobre el cambio de régimen, un inmenso gentío se congregaba en la Plaza de Palacio de Barcelona para aclamar la Constitución. Muchos lucían escarapelas constitucionales y agitaban sus pañuelos en señal de júbilo o enarbolaban improvisadas banderas tricolores —encarnado, amarillo y blanco— con telas y papeles comprados en las tiendas de la zona, que no daban abasto a satisfacer tanta demanda. «Todo el mundo quiere gobernar», concluía el zapatero Mateu Crespí, testigo de los hechos, al consignar en su diario la alegría desbordante de una multitud impaciente por ejercer sus derechos1. En ese ambiente de fiesta cívica, similar al que Mesonero Romanos describe en Madrid por aquellas mismas fechas2, se inició esta segunda etapa constitucional.

Derrocada la monarquía absoluta, durante varias semanas el nuevo régimen vivió todavía bajo un clima de interinidad institucional, pues la mayoría de los ministros que componían el nuevo gobierno tenían que regresar de los presidios del norte de África a los que los había mandado en su día Fernando VII. Todo ello no impidió que en poco tiempo se adoptaran medidas de gran trascendencia, como la libertad de los presos políticos, la disolución de la Inquisición, la convocatoria de elecciones a Cortes, la reposición de las autoridades constitucionales destituidas en 1814 y el restablecimiento de la Milicia Nacional. El regreso de los emigrados —salvo los josefinos, que tuvieron que esperar algo más— contribuyó a afianzar la sensación de cambio de régimen bajo el signo de una reconciliación nacional que, en forma de «olvido de lo pasado», algunos liberales no se habían cansado de invocar en el exilio.

Mientras tanto, la sociedad civil actuaba por su cuenta con iniciativas encaminadas a dar cauce a la opinión pública liberal, proscrita en los últimos seis años. Por todas partes surgieron nuevos periódicos, en su mayoría afectos al régimen constitucional, y clubes de opinión o sociedades patrióticas que permitían ejercer en un lugar público, generalmente un café, las libertades de expresión y reunión. De la vitalidad del liberalismo español en este período dan idea el elevado número de periódicos que llegaron a ver la luz —de tan sólo seis antes de la revolución se pasó a ochenta en el mes de mayo— y la proliferación de sociedades patrióticas por toda la geografía nacional. Hasta 164 poblaciones contaron, al menos, con una de ellas, aunque las más famosas, como la Fontana de Oro —tema de una novela de Galdós—, la del Café de Lorencini o la de la Cruz de Malta, se encontraban en Madrid. Similares a los clubes políticos existentes en Gran Bretaña y en la Francia revolucionaria, las sociedades patrióticas recogían y ampliaban en un sentido abiertamente liberal la tradición inaugurada en el siglo XVIII por las sociedades económicas de amigos del país, aunque una y otra institución, que coexisten durante el Trienio, representan realidades históricas distintas: mientras las sociedades económicas siguen fieles al espíritu elitista y moderadamante reformista de la Ilustración, las sociedades patrióticas señalan ya el tránsito a una cultura política liberal, con un indiscutible protagonismo de las clases medias urbanas y una creciente participación popular en la vida nacional. La prensa del día, una modesta tribuna, a disposición de cualquier socio que quisiera dirigirse a la concurrencia, y un ambiente siempre propicio a la libre discusión eran los principales reclamos que ofrecían las sociedades patrióticas para atraer a sus locales a los sectores políticamente más inquietos de la ciudadanía.

A falta de un marco legal e institucional propicio, las sociedades patrióticas y la prensa, y por extensión los folletos que se iban publicando al hilo de la actualidad, resultaron ser el principal cauce de expresión de un liberalismo femenino en ciernes, tal como había ocurrido ya en la primera etapa constitucional. El debate a favor o en contra de la presencia de las mujeres en la vida pública fue, sin embargo, mucho mayor que entonces, en parte por el notable desarrollo que el liberalismo experimentó, también entre ellas, desde el restablecimiento de la Constitución y en parte por el, para algunos, inquietante precedente de aquellas primeras amazonas, heroínas y liberalas de la Guerra de la Independencia. De ahí seguramente que, nada más producirse el cambio de régimen, y recientes todavía los sucesos del 10 de marzo, el Diario de Barcelona quisiera disuadir a las barcelonesas de participar en los nuevos acontecimientos políticos. Ante esa eventualidad, el periódico les aconsejaba vivamente que permaneciesen en sus casas ocupándose de las tareas que les eran propias, pues «ahora más que nunca» debían desplegar sus acrisoladas virtudes domésticas y alejar de sí la tentación del tumulto y el desorden3.

Autores de todas las tendencias advertían, en folletos y artículos periodísticos, contra un mal entendido entusiasmo de las mujeres por el régimen constitucional que pudiera llevarlas a cometer extravíos impropios de su sexo. Así ocurría con algunas inocentes señoritas barcelonesas, que asistían a ciertas «tertulias» de la ciudad en las que eran instruidas en el «manejo del arma». Medio en serio, medio en broma, como tantas otras veces cuando se trataba de mujeres, el oficialista Diario Constitucional de Barcelona prevenía a los del «sexo feo» sobre el peligro que ello entrañaba de una próxima «revolución contra el imperio masculino»4. Expresión, pese a su título, de un liberalismo radical, el madrileño El Conservador prefería ver la cuestión desde un punto de vista constructivo y exhortaba a los poderes públicos a prestar atención a esa «preciosa mitad del género humano» que «con iguales o tal vez superiores facultades intelectuales que el hombre» tanto influjo tiene en el orden social a través de la educación de los hijos. Por eso, El Conservador, en un artículo titulado y dirigido «Al sexo hermoso», apelaba a las madres de familia como educadoras que son para inculcar a sus vástagos, junto a los preceptos religiosos, «los deberes que les impone nuestra sabia Constitución y los derechos que les concede»5.

Esta suerte de matriarcado constitucional, congruente con la simbología que, en forma de matrona romana, había adoptado el liberalismo español6, encontró algunas partidarias entre las propias mujeres, como la anónima autora del folleto La Ciudadana constitucional, sueño alegórico, publicado en Madrid en 1820. «La Constitución también nos comprehende a nosotras, pues gozamos de los derechos de ciudadanas», afirmaba la autora al dirigirse «a todas las patriotas» que leyeran su opúsculo. Como «amantes del sagrado Código», debían contribuir al bien de la patria respetando y obedeciendo a las autoridades y educando a sus hijos y a «cuantos seres dependan de nosotras» en el amor a los principios constitucionales y a la madre patria. La «Ciudadana constitucional» instaba asimismo a las españolas a desoír a quienes predicaban en los «sagrados templos» contra estos sabios preceptos, únicos que debían regir su conducta como mujeres y como ciudadanas7.

Algo más lejos llega otra autora anónima que firma como «ciudadana F. S.» una réplica a un tal Tomás Bruguera, que acababa de publicar un breve ensayo sobre la educación de las mujeres encaminado al loable fin de justificar la secularización de las religiosas8. En el folleto de Bruguera, anunciado en la prensa en septiembre de 1820, se aprecia un tono condescendiente y una tendencia a cargar las tintas sobre la ignorancia femenina que debieron de molestar a la «ciudadana F. S.». En su respuesta a Bruguera, titulada Carta Eucarístico-política, rebate algunas de sus afirmaciones, aun reconociendo en el autor «una predilección hacia nosotras poco común en los demás hombres», y plantea la necesidad de un plan general de instrucción de las mujeres del que se derivaría un enorme provecho para el Estado. La autora entiende que las de su sexo están capacitadas para desempeñar no sólo aquellos oficios y actividades que no requieren la «robustez de los hombres», como la medicina, el Derecho, el estudio de la Constitución o la economía política, sino incluso algunos «oficios mecánicos», como cordonero, confitero, cocinero, alpargatero, etc. Lejos de su intención reclamar cátedras para ellas, pero, en su opinión, con el tiempo deberán regentar las que sean acordes a su condición, sin especificar cuáles. La «ciudadana F. S.» va incluso más allá de este planteamiento socioeconómico, de tipo utilitarista, de la relación entre la mujer y la sociedad a través del trabajo, para insinuar la existencia de unos derechos políticos que en buena lógica habrían de corresponderle. Es consciente de que exigir su participación en el gobierno provocaría, por lo novedoso, una gran oposición que no traería nada bueno. Mejor, pues, renunciar a plantearlo. Ahora bien, una cosa es el pragmatismo de la autora y otra sus convicciones más profundas, que no se priva de exponer como de tapadillo: impedir que la mujer sea parte del gobierno es injusto y, además, «la Constitución no nos excluye», aseveración que fundamenta en el artículo 174 y siguientes, relativos a la sucesión a la Corona9.

Es muy posible que la autora del folleto anterior sea la misma F. S. —si es que se trata de una mujer— que en mayo de 1821 publica en El Espectador una carta sobre temas parecidos, atendiendo a la promesa hecha por el periódico, en uno de sus primeros números, de prestar atención a los afanes de «esa amable mitad de nuestra especie» que formaba parte también de su público. Tras agradecer a los responsables del periódico el «justo homenaje que tributan a las beneméritas patriotas españolas», F. S. comienza su artículo «filosófico-exhortatorio» —nótese la similitud con el título del folleto recién comentado— recordando la importancia que la sensibilidad tiene en la formación de la personalidad humana y la decisiva influencia que las mujeres ejercen en el carácter e inclinaciones de los hombres, y no sólo en su edad más temprana. El afán de complacerlas y conquistarlas les lleva a adaptar su forma de ser y de actuar a los gustos de quien es objeto de su deseo. Si es virtuosa, él será virtuoso; si ilustrada, será ilustrado; si el corazón de ella late por la patria, el hombre que aspire a sus favores será patriota. Esto confiere al «sexo delicado» un poder extraordinario, que hay que aprovechar para fomentar el más ardiente patriotismo. F. S. cree, en suma, que las «señoritas españolas» deben tomar «la firme y virtuosa resolución de no apreciar ni distinguir sino al joven moral ilustrado, útil por sus conocimientos, y sobre todo constitucional, amante sincero de la libertad y enemigo irreconciliable de la tiranía». Hasta aquí, su carta podría resumirse en una máxima que hizo furor entre las jovencitas liberales del Trienio: «Antes morir que casar con un servil». Pero más allá de esa implacable pedagogía constitucional, que consiste en condenar al desamor a los enemigos del sagrado código, F. S. abre un vasto campo a la actuación de las mujeres como propagadoras de los ideales revolucionarios. No faltan ejemplos en otros países, que el autor o autora de la carta quisiera ver trasladados a la España constitucional:

«Sabemos que en las grandes revoluciones de nuestros días, el espíritu público y el amor a la libertad han caracterizado dos naciones célebres, aunque no igualmente felices en el suceso, debiéndose este efecto al bello sexo, que por medio de cantos patrióticos y otros insinuantes de igual vigor, inflamaba las almas menos sensibles y disponía a los hombres libres a correr gustosos al patíbulo por sostener la majestad del pueblo. Amantes españolas, os ruego por la patria, por la dulce patria, que imitéis estos ejemplos de heroísmo, y coadyuvéis a esta grande obra con vuestros esfuerzos: […] haced resonar por todas partes el eco patético de vuestra voz, repitiendo con aquel entusiasmo de que sois capaces: ¡constitución, constitución sagrada! Nosotras seguiremos tus pasos hasta el sepulcro; te haremos tantos prosélitos cuantos sean los hombres sensibles; y al lado de los héroes de la patria, Riego, Quiroga, O’Daly, &c, &c, mostrará el bello sexo de las Españas el interés con que anhela el exterminio de esos bárbaros que asestan [¿atentan?] a tu existencia, sostenida con mejor suceso por el brazo y solemnes votos de almas ilustradas, generosas e impertérritas = F. S.»10

Frente al matriarcado liberal que preconiza, entre otros, el texto anterior, el periódico El Censor, aunque fiel al tópico de que «el bello sexo ejerce sobre los hombres un dominio indecible»11, se inclina hacia una concepción utilitarista del papel de la mujer en la sociedad. Es lógico que así sea, habida cuenta la influencia del pensamiento doctrinario y benthamita en este periódico afrancesado, muy crítico por tanto con el liberalismo doceañista. Para El Censor, la política es por completo ajena a la condición femenina, siquiera sea para opinar sobre ella: «Una mujer que politiquea es un personaje tan digno de la censura cómica como las que se precian de marisabidillas en materias de erudición y de ciencia». Dedíquense las mujeres, si quieren instruirse y deleitarse, a la música, a la pintura, a las lecturas amenas y agradables y a la educación de sus hijos; pero la legislación y la política es cosa de hombres12. En otra ocasión, sin embargo, a El Censor le sale la vena utilitarista y amplía el catálogo de posibles ocupaciones femeninas a otras más rudas en las que su esfuerzo contribuiría notablemente al incremento de la riqueza nacional. «Del partido que la nación debiera sacar de las mujeres, aplicándolas a todos los oficios que pueden desempeñar»: así reza el título de este ensayo de economía política, y su contenido no desmerece de un enunciado tan prometedor. Le extraña al redactor que nadie haya reparado en la influencia que el sexo débil tiene en la riqueza de un país y en los grandes procesos históricos que viven naciones e imperios, incluidas las revoluciones políticas. Esto último se explica por la naturaleza esencialmente libre de las mujeres, que las hace ser «naturalmente enemigas de los déspotas y afectas a los principios liberales». A ello añade el autor dos observaciones que considera irrecusables: que la mujer es más virtuosa que el hombre —no hay más que ver cómo cumple con sus obligaciones como madre— y que éste ejerce sobre ella un dominio «que es injusto y a veces tiránico». Cabría preguntarse adónde quiere ir a parar el autor, si no fuera porque el título aclara desde el principio el fin perseguido con tanta lisonja. Se trata, en definitiva, de que las mujeres, sobre todo las más necesitadas, tras recibir una educación adecuada y gratuita —no muy prolongada, matiza—, puedan trabajar en un sinfín de oficios de los que obtendrían un sustento y con él los medios para garantizar su virtud. Con ello podría paliarse la miseria de muchas familias y contribuir a la mejora de las costumbres y al engrandecimiento y la prosperidad de la nación13.

Una lectura superficial de El Periódico de las Damas, obra de los editores de El Censor publicada entre enero y junio de 1822, llevaría a considerarlo ajeno a la línea utilitarista que, en relación con las mujeres, sigue su cabecera matriz. Tal apreciación no sería del todo exacta. Lo que hay es más bien una doble concepción de ese utilitarismo, según se enfoque hacia la masa ignorante y menesterosa del llamado sexo débil o hacia las damas que componen las clases medias y altas. A ellas va dirigido, como es notorio desde su mismo título, el periódico creado por la empresa de El Censor, que inició su andadura el 1 de enero de 1822 con un «Discurso preliminar» subtitulado «A las señoras». La utilidad social de estas últimas no tiene por supuesto nada que ver con esa valiosísima fuerza de trabajo que, en opinión de El Censor, podrían aportar las mujeres de «las familias pobres del Reino». Por otro lado, El Periódico de las Damas tiene, por el público para el que está pensado, un carácter recreativo y mundano —bien visible en su sección de modas— que limita el espacio dedicado a meditar sobre la condición femenina y la labor de la mujer en la educación de sus hijos y en el gobierno de su casa.

Ahora bien, esa doble función social no es cosa baladí, y de ahí que, entre consejos prácticos sobre belleza y hogar o los últimos figurines llegados de París, nunca falte la biografía de alguna fémina ejemplar —desde Juana de Arco hasta Madame de Staël—, encarnación de modelos muy diversos de feminidad, o la obligada reflexión sobre la educación de las mujeres. Hasta la actualidad política y los grandes principios de esta ciencia ocupan un lugar entre los temas tratados por el periódico, bien es cierto que adaptándolos a las inquietudes y alcances de sus lectoras, como en el artículo titulado «Elementos de Derecho público, en prosa y verso, acomodados a las Damas», que empieza con esta afirmación escueta y categórica: «La política está al orden del día». Conviene que «nuestras damas» sepan a qué se refieren cuando hablan «de despotismo, de aristocracia, de democracia», pues, dado su influjo en la sociedad, deben tener la preparación necesaria para estar, en tertulias, conversaciones y veladas, a la altura de los tiempos y desempeñar con decoro el papel que les corresponde en la vida social14. Hablar con conocimiento de causa de la agitada vida política del país era una forma también, como el saber vestirse y acicalarse, de cumplir su importante función en una sociedad que les asignaba un papel clave en la educación de las jóvenes generaciones y en la estabilidad de las familias. Tal era la mentalidad, inseparable de una idea de utilidad social, que el periódico pretendía inculcar en las «damas» que constituían su público lector: que, como madres y esposas, les correspondía mantener un difícil equilibrio entre un orden moral que debía permanecer inmutable y el progreso material y político exigido por los tiempos modernos.

En una línea utilitarista parecía ir también un impreso anunciado por la prensa a finales de 1820 con el equívoco título de Ensayo o proyecto de la constitución política mujeril, escrito por el juez y político liberal Juan Manuel Lubet. Concebida al parecer como una obra por entregas, ante su inminente publicación se abrieron suscripciones en diversas librerías de Madrid y Palma de Mallorca, de donde era natural el autor. El Ensayo no llegó, sin embargo, a ver la luz, al menos en su totalidad, y todo lo que se sabe de su contenido es lo que figura en la reseña que le dedicó un periódico de Madrid al anunciar su aparición. Tras un prólogo que el reseñista califica de «excelente, divertido y vasto», el autor recuerda las gestas de las principales heroínas de la historia desde los fenicios. No se nos dice qué relación guarda este exordio histórico con una obra que pretendía aportar «una grande mejora en la educación y costumbres cívicas del sexo femenino, y finalmente un considerable ahorro por las producciones que, para sus consumos de lujo, dejan los extranjeros en cambio de los muchos millones que se llevan».

La Constitución política mujeril no era otra cosa, en definitiva, que un proyecto, entre arbitrista y colbertista, de nacionalización de las manufacturas «finas y de puro lujo», organizadas según un nuevo sistema de producción que utilizaría una mano de obra femenina reclutada en masa y adiestrada para ello. Esto último requería un ambicioso plan de instrucción que consistiría, según la reseña, en el establecimiento en todas las capitales y cabezas de partido de España y América «de unas casas de manufacturas mujeriles y educación pública para la enseñanza únicamente de las ciencias naturales, como lógica, moral y humanidades, bajo la dirección de dos gobernantes electos por los ayuntamientos de los pueblos, con sus correspondientes secretarios, que se moverán cada tres años los primeros, y cuatro maestros, venidos del extranjero si no los hubiese en España». Que todo ello ofrezca «muchas ventajas al Estado en general» y «a las cabezas de familias» en particular puede admitirse; no se ve, en cambio, ni su relación con las grandes heroínas de la historia ni qué tiene de constitución política semejante plan15. Pero parece que algo de ello había, porque otro periódico aventuraba poco después que, a tenor del primer pliego de la obra, recién aparecido, las mujeres iban a tener en este autor «un valeroso defensor de sus derechos»16.

Junto a una concepción matriarcal del liberalismo, sublimada en la matrona que simboliza la nación liberal, y una visión utilitarista del papel de la mujer en el mundo moderno, se advierte una tercera opción, predominantemente masculina, representada por lo que podría denominarse un liberalismo mitológico-galante. Estas tres visiones de la mujer en la sociedad liberal no son en modo alguno excluyentes, pero presentan algunos rasgos específicos o preponderantes que permiten distinguirlas entre sí. En la tercera de las señaladas, la mujer, principalmente joven y soltera, caracterizada como ninfa o doncella, desempeña una función clave en los grandes fastos constitucionales: conmemoraciones cívicas, homenajes a los héroes liberales y demás ritos, a menudo inspirados en la antigua Roma, tendentes a la secularización del espacio público. Así ocurre cuando el 9 de abril de 1820 regresan a Barcelona los patriotas deportados un mes antes por las autoridades absolutistas, en vísperas del triunfo de la revolución. En la ceremonia de homenaje que se les rindió participaron la Milicia Nacional, varias carretelas con militares y paisanos y otra con «cuatro mujeres vestidas de blanco» que impusieron a los homenajeados una corona de laurel17.

Por esas mismas fechas, tuvo lugar en Jaén una «procesión magnífica» para solemnizar el juramento de las milicias provinciales, con participación de distintos grupos alegóricos, como el que representaba a España y América encarnadas por sendas matronas «enlazadas con cintas de púrpura y con lemas igualmente adecuados». En una carroza triunfal, plato fuerte del desfile, figuraba en primer plano un busto del rey en medio de dos ninfas; al fondo «iban otras tantas ninfas entonando al son de la música marcial un himno patriótico compuesto al efecto». El acto concluyó con la colocación por las dos matronas de una corona de laurel sobre la lápida de la constitución18. En los festejos celebrados en Santa Cruz de Tenerife por el «feliz restablecimiento del sistema constitucional» participó «un gracioso grupo de dieciséis ninfas, señoritas de las familias principales, vestidas con trajes adecuados a su representación», que portaban guirnaldas y festones de flores. Tras entonar himnos patrióticos en torno a la lápida constitucional, se dirigieron al templo de la Fama, construido a tal fin, donde, sin interrumpir sus cánticos, «ejecutaron un gracioso baile» antes de depositar sus guirnaldas junto a los nombres de los grandes héroes de la revolución19. En Córdoba, para dar la necesaria solemnidad al cambio de régimen, se organizó un vistoso ceremonial en el que participó una carretela que, con dos doncellas vestidas para la ocasión y escoltada por dos guardias de corps, trasladó la lápida de la Constitución a la plaza mayor, donde hubo los correspondientes vivas a la nación y al rey y, ya por la noche, iluminaciones20.

Al principio del Trienio corresponde, asimismo, una información publicada por la prensa sobre la petición formulada al ayuntamiento constitucional de Cangas de Tineo (Asturias) por varias «jóvenes solteras» deseosas —afirman— de «manifestar de algún modo el entusiasmo y ardor que abrigan en sus pechos por la sagrada carta constitucional». Por ello, se ofrecían a ocuparse de la «iluminación y adorno del monumento o lápida de la plaza de la Constitución», pagando todo ello a sus expensas, con ocasión del homenaje convocado por el propio ayuntamiento a tan «especial y hermoso código». La solicitud incluye, al final, los nombres de las quince firmantes, entre las cuales figuran apellidos de inequívoca prosapia liberal, como Flórez, que se repite en seis ocasiones, y Riego —por Lucía Riego del Riego, sobrina y cuñada del general—21. El ayuntamiento de Cangas tuvo a bien, como no podía ser menos, aceptar el ofrecimiento de estas «jóvenes y beneméritas ciudadanas», pues, en opinión de uno de los periódicos que dio la noticia, «la patria y la galantería española, este resto de feudalismo que no está vedado por la Constitución, hacían imposible la negativa». Esta demostración de patriotismo femenino invitaba a ser optimistas sobre el futuro del régimen constitucional, recién restablecido. En efecto,

«como las españolas den en seguir el ejemplo de estas jóvenes liberales… ¡pobres serviles! Será preciso que abandonen inmediatamente sus queridas esperanzas y que vayan, si gustan, con su música a otra parte. ¿Quién destruye en España un Código hermoso aprobado por el bello sexo?»22.

Ya se ha visto que el autor del artículo reconoce como un anacrónico pero inofensivo «resto de feudalismo» cierta galantería liberal relacionada con las mujeres. Lo mismo podría decirse de la afición a las ninfas y doncellas en las celebraciones públicas del liberalismo, no muy distintas de las practicadas en su día por la monarquía absoluta. En torno al general Rafael del Riego y, en menor medida, a otros caudillos revolucionarios se desarrolló una barroca liturgia política, puesta en escena allí donde les llevaban sus obligaciones militares o las circunstancias políticas del momento. El general López Baños, uno de los oficiales sublevados con Riego, recibió un entusiasta homenaje de sus paisanos en Rueda (Valladolid) en marzo de 1821: al llegar al pueblo, se le invitó a subir a un carromato engalanado y, una vez en él, «dos niñas, representando dos ninfas, le coronaron y presentaron una rama de olivo». A continuación fue paseado en triunfo por las principales calles hasta llegar al ayuntamiento, donde pronunció un discurso junto a la lápida de la Constitución que concluyó con vítores y cánticos revolucionarios23. Unos meses antes, con motivo de la entrada de Riego en Madrid, se celebró una larga serie de festejos públicos, entre los cuales no podía faltar la entrega de una «corona cívica» por parte de cuatro mujeres, una de ellas la ya citada María Manuela Prieto24. El italiano conde Pecchio, de viaje por España, añade que «las más hermosas manos» de las más bellas criaturas de Madrid cubrieron de flores aquel día el coche descubierto que traía al héroe liberal25. Algunas damas del liberalismo madrileño, como la condesa viuda de Castañeda y sus hijas, sufrieron posteriormente persecución por haberle agasajado con palmas y flores26. Su llegada a Zaragoza en enero del año siguiente fue motivo, asimismo, de una gran celebración organizada por las autoridades constitucionales. Hubo canciones patrióticas, vítores, carretelas bellamente adornadas, fuegos artificiales, banquete y discursos. Llama la atención, por su originalidad, el acto que parece marcar la apoteosis del recibimiento a Riego: a la altura del arco triunfal que se había levantado junto a la lápida de la Constitución, se descolgó un globo que portaba a una «ninfa ricamente vestida» con una corona de laurel destinada al héroe liberal. Éste, sin embargo, en un rasgo de modestia y galantería, prefirió tomarla en sus manos en vez de dejar que la ninfa se la ciñera en la frente, como estaba previsto27. Tuvo el mismo gesto al ser recibido en Córdoba en octubre de 1822, cuando, a las afueras de la ciudad, al subir a una carroza que le estaba esperando, dos ninfas «le presentaron una corona de flores, que rehusó el héroe ponerse con toda la modestia que es propia de sus virtudes»28.

En otras ocasiones se diría que el premio al patriotismo liberal no eran tanto las coronas, palmas y flores entregadas a los caudillos liberales por manos femeninas, como las propias ninfas y sus encantos. Así se desprende del relato de un acto cívico-castrense protagonizado por la Milicia Nacional de Barcelona en el glacis de la Ciudadela en mayo de 1820 ante un nutrido y entusiasta público, del que formaban parte «dichosas ninfas» que miraban con «entrañable afición» a los apuestos milicianos. El cronista las anima a cantar glorias y alabanzas en honor de tan gallardos patriotas, «a fin de que con este ejemplo corran presurosos los jóvenes de las poblaciones que aún no se han alistado a tomar las armas para asegurar con más firmeza el edificio de la libertad que acabamos de levantar»29. Y no se piense que esta idea de la ninfa liberal como premio o reposo del verdadero patriota es exclusivamente masculina. Una lectora de El Espectador remitió al periódico «un proyecto que deseo ver realizado y [que] se reduce a acabar con todos los serviles». ¿Cómo?: difundiendo la especie de que «sólo las viejas y feas son las que hacen caso a los serviles, estando reservadas las jóvenes y bonitas para los liberales»30. En realidad, eran muchos ya los hombres que, como el conde Pecchio, habían llegado a asociar liberalismo, juventud y belleza: «En España, todas las bellas damiselas son constitucionales». Así lo podía comprobar cualquiera que se diera una vuelta por el madrileño Paseo del Prado, aunque para este exiliado italiano «las más bellas amazonas de la libertad» se encontraban sin duda en Cádiz y Valencia31.

Sin llegar a la espectacularidad de otros episodios ya relatados, la inauguración de la sociedad patriótica de Buñol, pueblo de la provincia de Valencia que contaba entonces con quinientos habitantes, se vio acompañada por magníficos festejos, que no desmerecían de los celebrados en las grandes capitales. Reunidos los vecinos en la plaza de la Constitución, de una de las casas salió una ninfa llevando el mástil de una bandera cubierto de laurel y en su extremo un ejemplar del código constitucional, atado con dos cintas verdes en las que figuraba el lema «Constitución o muerte». Su aparición en la plaza fue recibida con vítores y cánticos, y con ella al frente se inició la marcha hacia el local en el que tendría sus sesiones la sociedad patriótica. Ante la imposibilidad de dar cabida a semejante gentío, los discursos que sirvieron de colofón debieron pronunciarse desde un balcón de la plaza. Lo que no dice la pormenorizada reseña de los actos celebrados en Buñol es si el elemento femenino, que tanta vistosidad les dio en la persona de la ninfa, fue admitido en la sociedad patriótica recién inaugurada32.

La mujer en el espacio político

Podría parecer que con el tránsito de la sociabilidad ilustrada a la liberal se amplió el cauce de participación femenina en los órganos característicos de la moderna sociedad civil. No se puede decir que sea exactamente así. Ya quedó indicado que el elitismo de las sociedades económicas de amigos del país jugó, en general, a favor de aquellas mujeres de la aristocracia y la burguesía que mostraban inquietudes sociales y culturales. Por el contrario, los cafés, mucho más informales y democráticos, resultaban a menudo más discriminatorios hacia las mujeres. Las sociedades patrióticas son tributarias de estos dos modelos de sociabilidad.

Ni tan informales como los cafés, ni tan elitistas como las sociedades económicas, su carácter abiertamente político, con cierta vocación asamblearia, asustó a las autoridades liberales y a las propias Cortes, que en octubre de 1820 debatirán su cierre. Fue un momento decisivo en la tendencia, ya irreversible, a la división del liberalismo en dos bandos o partidos enfrentados: el moderado y el exaltado. Representante de este último y, como tal, defensor de las sociedades patrióticas, el diputado Romero Alpuente las definió en su discurso en las Cortes como «cátedra universal abierta a todas las clases del pueblo, a todos los sexos y a todas las edades». El símil, con el que pretendía resaltar la alta función pedagógica que desempeñaban, le llevó después a preguntarse si en el futuro «irán las mujeres a las universidades como asisten a estas sociedades patrióticas»33. El diputado aragonés quiso orientar la discusión hacia la necesidad que el régimen liberal tenía de fomentar una opinión pública celosa de sus derechos y libertades, compuesta por todas las clases, sexos y edades. De momento, se impuso, sin embargo, el criterio pragmático de los moderados, que ganaron la votación en las Cortes, pero bastó un cambio de denominación —de sociedades a tertulias patrióticas— para que siguieran actuando como cajas de resonancia del liberalismo español en sus más diversas tendencias y expresiones.

Pese a las palabras de Romero Alpuente sobre el carácter abierto de las sociedades patrióticas, la presencia femenina planteaba algunos problemas. Por un lado, significaba la entrada de la mujer en la política, cuando menos como espectadora. Por otro, la mezcla de hombres y mujeres en un mismo lugar producía en los más pacatos una insoportable sensación de promiscuidad. Esta objeción no dejaba de ser un tanto extemporánea justo en una época en que se había suprimido la segregación por sexos en los teatros. A pesar de ello, las mujeres no se resignaron a quedarse fuera de unas instituciones tan estrechamente vinculadas al liberalismo, aunque en la mayoría de los casos no pudieran participar, como miembros de pleno derecho, en la vida de las sociedades patrióticas. Cierto que, entre los asistentes a sus sesiones, tan sólo un 1,29 por 100 de los 2.400 nombres que conocemos corresponden a mujeres34, pero se trata sin duda de un porcentaje muy inferior al real debido al riguroso anonimato que velaba la identidad de la mayoría de ellas como parte del público.

El entusiasmo de los primeros meses del nuevo régimen se tradujo en un aluvión de gentes que acudían a las sociedades patrióticas ansiosas de oír hablar de la libertad. Hubo cierta permisividad con las mujeres, pero dentro de un orden. En el club establecido en el madrileño café de la Cruz de Malta, con capacidad para seiscientas personas sentadas y otras tantas de pie, se instaló una tribuna «para las señoras que gusten concurrir a las sesiones», sin otra condición que presentar un billete que les entregarían los socios encargados de ello35. En la Sociedad de los Amigos del Orden, más conocida como la Fontana de Oro, «se ha observado que acuden muchas señoras que están absolutamente separadas de los socios en una pieza contigua». Así lo afirma un periódico de Barcelona, que destaca el fino criterio con el que este público femenino distingue «los dichos agudos de los oradores» de los «discursos que respiran amor a la libertad», que son los que obtienen sus mayores aplausos36. En la Sociedad de Amigos del Bien, de Ibiza, se recurrió al mismo expediente de habilitar una sala contigua para las mujeres, aunque un folleto de la época señala con escándalo que algunas de ellas llegaron a ser propuestas como socias37. Como tales las admitió la sociedad patriótica de Alicante, pero el hecho de que instalara una tribuna especial para ellas indica una segregación del espacio similar a la de otros clubes patrióticos. Algunas de las socias participaron en el acto que se celebró el 30 de mayo de 1820 en el salón de sesiones con motivo de la onomástica del rey. Sabemos por la prensa que «dichas ciudadanas entonaron canciones patrióticas al son de los más jubilosos aplausos»38. En la tertulia patriótica de Barcelona se celebró, el 13 de enero de 1822, una sesión bajo la presidencia del mismísimo Riego, que se encontraba de paso en la ciudad, y de la viuda del general Lacy, sublevado y ejecutado en 1817. A causa de la expectación creada, acudió un numeroso público formado por hombres y mujeres, que asistieron al acto mezclados, lo que algún periódico censuró como insólito y reprobable39.

A lo largo del Trienio se suceden los testimonios sobre la presencia femenina en las sociedades patrióticas: Córdoba en febrero de 1821, Valencia y Zaragoza en agosto del mismo año, Segorbe en enero de 1823…40 En ocasiones, eran algo más que meras espectadoras. Dos patriotas sevillanas intervinieron con un discurso y una oda en el homenaje tributado a Riego por la Reunión patriótica que tenía su sede en el convento de Regina de la capital andaluza41. También en Sevilla, una joven de quince años, María Dolores Porrúa, hija de un maestro de primeras letras, leyó en la sociedad patriótica un vibrante discurso en defensa de las libertades constitucionales, en el que la oradora exhortaba a la ciudadanía —incluidas las de su sexo— a defender la Constitución no sólo de sus enemigos naturales, sino también de quienes abogaban por su reforma. Acabó su intervención gritando «¡Viva la Constitución del año 12, viva la Nación: viva la justa libertad!», tras lo cual «corrió a recibirla en sus brazos doña Feliciana Palacios, joven patriota de las más decididas, [quien] quitándose un precioso anillo le presentó a su amiga como signo de un nuevo vínculo de la más tierna y generosa amistad». Así se afirma en una nota que acompaña al texto del discurso, publicado por acuerdo de la propia sociedad patriótica42. Otra joven de apenas veinte años, Josefa Arteaga, subió a la tribuna de la de Valencia para defender el buen nombre de Riego en una pieza oratoria que fue elogiada por un periódico madrileño afín al liberalismo exaltado43. En una sesión de la sociedad patriótica de Cartagena, llamada Tertulia de Virtuosos Descamisados Hijos de Riego, tras leerse un escrito del caudillo liberal, una señora anónima salió de entre el público, subió al estrado y besó la carta de Riego, mientras se dirigía a los presentes para explicar los sentimientos que le inspiraba el padre de la revolución de 1820. «El demontre son estas cartageneras», exclamó un periódico exaltado de la misma localidad al publicar unos meses después una carta de «las patriotas cartageneras que suscriben, al ciudadano Riego», en la que las autoras se permitían reconvenir al «héroe de las Cabezas [de San Juan]» por su pasividad ante los ataques que estaba sufriendo la Constitución y le invitaban a desenvainar nuevamente su espada «por el bien de esta desgraciada nación». Al reproducir la misiva, publicada por El Rayo Cartagenero, El Censor puso en duda que hubiera sido escrito por mujeres. En todo caso, de ser cierta la autoría, se trataría, según el periódico moderado, de «bachilleras que se mezclan en materias que no entienden»44.

Fuera o no cierta la impostura que sugiere El Censor, Cartagena fue uno de los centros más activos del liberalismo femenino, junto a Madrid y Barcelona. En estas dos capitales tenían su sede las dos sociedades patrióticas en las que el elemento femenino parece haber cobrado mayor protagonismo: la Sociedad Landaburiana en Madrid y la Tertulia Patriótica de Lacy en Barcelona. En la concurrida sesión celebrada el 17 de noviembre de 1822 en la Landaburiana, una de las más radicales en su liberalismo, se consigna la presencia de «infinitas damas», junto a diputados, autoridades, oficiales de la guarnición «y un pueblo en fin que se agolpaba ansioso»45. Este club patriótico se significó por contar entre sus miembros con un aguerrido grupo de señoras, que, además de asistir a las sesiones de la sociedad, solía reunirse en su local, el antiguo convento de Santo Tomás, para confeccionar uniformes destinados a los milicianos sin recursos. También en noviembre de 1822 tenía lugar la apertura en Barcelona de la Tertulia Patriótica de Lacy, que desde el primer momento admitió a mujeres como socias. No fueron muchas —catorce, frente a casi trescientos hombres—46, pero de ellas surgieron dos importantes iniciativas de las que se hablará más adelante: coser capotes para las tropas liberales que luchaban contra las partidas realistas y crear un batallón de milicianas.

El alma de todo ello fue la francesa Emilia Duguermeur, viuda del general Luis Lacy. Emilia llevaba tiempo luchando por sus derechos como viuda y por el reconocimiento de los méritos de su marido como héroe y mártir de la revolución. Ya se vio que en pleno absolutismo intentó que Fernando VII le concediera una pensión de viudedad —¡a ella, casada con un militar sublevado contra la monarquía absoluta!—, lo que indica o la firmeza de su carácter o una ingenuidad sin límites. El hecho es que, ya en el Trienio, su actitud combativa la llevó a liderar otras causas que estaban en el ambiente. Una de ellas fue el derecho de las mujeres a asistir a las sesiones de las Cortes desde las galerías reservadas al público, como al parecer venían haciendo ya de incógnito vistiéndose de hombres47. La cuestión se planteó en marzo de 1821 al debatirse el nuevo reglamento de la Cámara, cuyo borrador prohibía, en su artículo 7, la entrada de las mujeres, como ocurriera ya en las Cortes de Cádiz. Un grupo de diputados, afines al liberalismo exaltado, defendió que se autorizara su presencia, aunque garantizando «la debida separación de los hombres». ¿O es que —se preguntó el diputado Rovira— «son de peor condición nuestras mujeres, nuestras hermanas, que un esclavo?». Intervinieron a favor los diputados Romero Alpuente, Flórez Estrada y Moscoso. La mayoría moderada entendió, por el contrario, que «las mujeres no tenían necesidad de mezclarse en asuntos políticos», y finalmente la propuesta, sometida a votación, fue rechazada por 85 votos a 57. Algún diputado lamentó incluso que se hubiera dedicado tanto tiempo a debatir este asunto «con menoscabo de los negocios importantes que debían tratarse»48.

El debate saltó a la prensa, y en particular a las páginas de El Censor, que, fiel a su moderantismo, se mostró abiertamente en contra de que «la honrada matrona y la pudibunda doncella» tuvieran acceso a «las galerías del cuerpo legislativo», donde nada se les había perdido. No tuvo inconveniente, en cambio, en publicar la réplica que le remitió una lectora bajo el poco original seudónimo de Marisabidilla, tras el cual se ocultaba, según El Censor, «una de las más lindas señoritas de esta corte». Todo, desde el nombre elegido por la autora hasta la sobreactuación paternalista del periódico, tiene un aire un poco equívoco, como de baile de máscaras. Pero los argumentos de Marisabidilla son sólidos y están bien razonados. Eso sí: aunque agradece el apoyo de los diputados que votaron a favor, lo atribuye más a galantería que a sus verdaderas convicciones. La posición de esta reconocida admiradora de Madame de Staël se sitúa más en línea con un matriarcado constitucional en el que, como se ha ido viendo, encuentran fácil acomodo los intereses y sentimientos del liberalismo femenino: «Para mí es un hecho constante», afirma, «que si no hubiera mujeres que conocieran y apreciaran las ventajas de la constitución que hoy nos rige, no habría hombre constitucional; y no nos engañemos, no es hilando ni cantando como se aprende a apreciar los gobiernos representativos»49.

A la viuda de Lacy, el debate la sorprendió en Madrid, adonde la habían llevado sus continuos litigios en torno a su pensión de viudedad y a la memoria de su marido, que, por otro lado, no parece que fuera un dechado de virtudes familiares, aunque, según su cuñada, Carmen Lacy, tampoco a ella se la podía calificar de desconsolada viuda. Es muy probable que, durante su larga estancia en Madrid, Emilia hubiera entrado en contacto con el liberalismo femenino de la capital, articulado en torno a la Junta Patriótica de Señoras que empezó a fraguarse hacia marzo o abril de 1821. Tal vez de ahí surgiera su idea de publicar, con otras correligionarias, un escrito dirigido a las Cortes para que reconsideraran su decisión del 16 de marzo. Lo único que se conoce de su contenido es lo que publicó el periódico El Espectador, en su número del 29 de mayo, al anunciar su aparición como impreso. Llevaba por título El elogio de las mugeres, tras el cual se recoge lo que parece ser un extracto de la obra. Dice así:

«… o sea, representación histórica nominal de la Escma. señora doña Emilia Duguermeus [sic], viuda del general Lacy, y otras patriotas, solicitando que el soberano congreso acceda a la concesión de tribuna en su salón por los méritos que alegan desde 1521, contraídos, entre otras, por la heroína doña María Padilla y Mendoza, viuda del general Juan Padilla y otros individuos de la grandeza, diputados de las antiguas cortes, que como el malogrado Lacy, sufrieron martirio por defender los sagrados derechos del pueblo español: cuya preeminencia de tribuna tienen ejecutoriada de antiguo en la cámara de Francia las ciudadanas de aquel ilustradísimo reino»50.

Más allá del interés de este enigmático Elogio de las mugeres, que fundamenta la «concesión de tribuna» en las Cortes en argumentos sacados de la historia nacional y comparada, conviene subrayar la capacidad de liderazgo de la viuda de Lacy, cuyo nombre aparece, junto a «otras patriotas» anónimas, al frente de este escrito. Pero, sin duda, la más importante empresa a la que unió el apellido de su marido fue el batallón de milicianas creado en Barcelona al final del Trienio, también llamado «sociedad patriótica de milicianas barcelonesas» o, simplemente, «ciudadanas de la viuda de Lacy»51.

El regreso de las amazonas

El liberalismo femenino estableció con la Milicia Nacional una relación especialmente estrecha. En ello pudo influir la importancia de esta institución como expresión de la gran «familia liberal», lo que explicaría el instinto protector que la Milicia, formada por sus padres, esposos e hijos, despertaba en las mujeres liberales, a las que vemos entregadas a múltiples actividades a favor de los milicianos, como coser capotes, reunir fondos en colectas y suscripciones o confeccionar uniformes para los «milicianitos jóvenes»52.

El principal protagonismo corresponde a la ya mencionada Junta Patriótica de Señoras, constituida en Madrid en una fecha incierta, posterior en todo caso a marzo o abril de 1821, que es cuando se planteó su posible creación53. La idea no parece que cuajara definitivamente hasta después de la sublevación absolutista del 7 de julio de 1822, aplastada en Madrid con la decisiva intervención de una parte del ejército y, en particular, de la Milicia Nacional. En aquella jornada se vivieron en el centro de la capital escenas que recordaban el levantamiento antifrancés de 1808 y otros episodios de la Guerra de la Independencia. Fue como una reedición liberal del 2 de mayo, sin que faltara tampoco la imagen de la mujer abnegada y patriota que, como María Bellido en la batalla de Bailén, saciara la sed de los combatientes:

«En medio del fuego —afirma El Zurriago en su crónica del 7 de julio—, acudían las patriotas a dar de beber a los que se batían, y en los parajes de más riesgo se las veía animar y excitar el entusiasmo por la libertad a los que no necesitan de otro impulso que el de su corazón abrasado con el fuego sagrado de amor a la patria»54.

Entre ellas se encontraba María del Carmen Sardi, «amazona española» —así la denomina uno de los oficiales que lucharon contra los sublevados— cuyo heroico comportamiento en aquella jornada le valió el reconocimiento de las Cortes, que la nombraron benemérita de la patria y capitana honorífica55.

El 7 de julio tuvo un efecto revulsivo en el liberalismo español, y las mujeres no fueron una excepción. Unos días después del fracaso del golpe, un grupo de ochenta y una «señoras ciudadanas» de Logroño firmaba una enérgica representación a Fernando VII instándole a salir de la inacción y a utilizar «el inmenso poder de que disponéis» para proteger al régimen constitucional de sus enemigos. Es un texto breve, pero contundente, en el que no falta una referencia a las malas compañías del monarca, al que, por si acaso, las «señoras ciudadanas» le recuerdan que por mucha sangre que sus maridos y sus hijos hayan derramado para conquistar la libertad, les queda aún la necesaria para defenderla. Y si hace falta más, siempre estará «la nuestra». Que están dispuestas a todo parece indicarlo la frase con la que cierran su exposición al rey: «Constitución o sepultarse en las ruinas de la patria»56.

En Madrid, la Junta Patriótica de Señoras —o lo que muy pronto se denominaría así— se lanzó a partir del mes de septiembre a una frenética actividad a favor de la Milicia y demás defensores de la Constitución en la jornada del 7 de julio. La primera noticia de ello figura el 30 de septiembre en el Nuevo Diario de Madrid, que publica una carta remitida por un grupo de «ciudadanas patriotas» anunciando el comienzo de una suscripción, dirigida exclusivamente a mujeres, para organizar una «función cívica» en la que se celebrarían «las ventajas de las armas constitucionales». La aportación mínima debía ser de veinte reales, y del dinero reunido se destinarían dos tercios a «vestir hasta donde alcanzare [a] milicianos que por falta de medios dejan de serlo» y el resto a sufragar una comida con los beneficiarios de la suscripción. Para ello, debían certificar «haber estado el 7 de julio con las armas en la mano defendiendo nuestras libertades patrias». En la librería de la viuda de Quiroga, en la calle de Carretas, se recogerían las aportaciones económicas y se llevaría la cuenta de lo recaudado. Firma el anuncio, en nombre de las «patriotas liberales» que realizaban la convocatoria, Vicente Álvarez Castrillón, probablemente hermano de una de ellas57. No parece, pues, que la Junta de Señoras estuviera todavía formalmente constituida.

A lo largo de las semanas siguientes, el Nuevo Diario fue informando de la marcha de la suscripción mediante la publicación de listas parciales con el nombre de las «señoras patriotas liberales» y la cuantía de su aportación. No faltaron las que quisieron hacer ostentación de sus ideales con nombres como «doña Liberala Martín» o «doña María Constitución Patria» que, a la vez, les permitían velar su identidad. Otras, más discretas, recurrían a sus iniciales. Pero fueron las menos, y la mayoría hicieron constar su nombre y apellidos, algunos repetidos, lo que indica lazos de parentesco entre varias de ellas. A principios de noviembre, la Junta ha tomado ya estado oficial, porque el día 4 de ese mes lo que parece ser su junta directiva, formada por la presidenta, la secretaria y otras tres señoras, se dirige a la reina Amalia de Sajonia, tercera esposa de Fernando VII, solicitando respetuosamente su contribución a la noble causa que promueven. El fin no es otro que «coadyuvar al vestuario de muchos patriotas que ardiendo en deseos de sostener nuestro adorado pacto volaron a las filas de los libres en el tan glorioso como memorable 7 de Julio, a fin de proporcionarles la incorporación a la digna Milicia Nacional Voluntaria». Teniendo en cuenta que su esposo, Fernando VII, había sido el principal instigador de la sublevación del 7 de julio, sorprende, por su ingenuidad, esta invitación a la reina a ponerse «al frente de la suscripción», dando así una nueva prueba «de las filantrópicas ideas de V.M.». Pero aún sorprende más la respuesta que se les dio de su parte: «S.M. la Reina, por la generosidad de su corazón, se anticipó a demostrar sus patrióticos sentimientos, habiendo ya contribuido benéficamente, y en los términos propios de su delicadeza, al socorro de los defensores de la Patria»58.

El escrito, fechado en Palacio el 6 de noviembre de 1822, va dirigido a la «Sª Presidenta de la Junta Patriótica de Sras. de esta Capital», que no era otra que Vicenta Oliete, ama de llaves del diputado liberal Juan Romero Alpuente. Al pie de la solicitud a la reina, junto a Vicenta, aparecen asimismo María Álvarez de Castrillón, Micaela Espeleta, Dominica de Urra y, como secretaria, Antonia Maroto. Nada más recibir la respuesta de Palacio, debieron de dar por cerrada la suscripción, por lo menos en una primera fase, porque el 9 de noviembre la prensa anunciaba la puesta a la venta en varias librerías de Madrid de la lista de las suscriptoras59. Lo más probable es que con su publicación buscaran un efecto publicitario que les permitiera conseguir más adhesiones a la causa.

La Lista es una hoja impresa que consta del título o encabezamiento60, una relación a dos columnas de las suscriptoras —un centenar, con nombre y apellidos, algunas con sus iniciales—, junto a la cuantía de su aportación, y, abajo, una extensa nota explicando el sentido de una iniciativa «cuyo objeto es el más patriótico que puede ofrecerse en estos momentos a las amantes de la libertad». La mayoría contribuyó con veinte reales, que era la cantidad mínima estipulada. Destaca la aportación de tres señoras: con cien reales, Rosa Marau de Navarro, esposa del diputado y ministro de Gracia y Justicia Felipe Benicio Navarro; con ochenta reales, Vicenta Oliete, presidenta de la Junta, y con la misma cantidad, Agustina Torres, «actriz de los teatros de esta Corte», de cuya trayectoria político-artística en el Cádiz de las Cortes se dio cuenta en el capítulo anterior. Con sesenta reales contribuyeron «una señora gaditana» —de las pocas suscriptoras que prefirieron omitir su nombre— y la esposa del general Zuazo, Rafaela Ramírez de Arellano. La cantidad total ascendió a 2.830 reales, cifra más bien modesta si se tiene en cuenta que un uniforme de la MNV podía costar entre 200 y 300 reales. De todas formas, da la impresión de que lo recaudado no se destinaría a la adquisición de uniformes, sino del paño necesario para su confección, que es a lo que se dedicarían precisamente las damas de la Junta Patriótica.

Al pie del documento figura «Viuda de Quiroga», no se sabe si como autora de la nota explicativa, como impresora o como ambas cosas a la vez. Esta «importantísima librera», llamada Isidra Minutria61, con tienda en la madrileña calle de Carretas, debió de ser algo más que la depositaria de las suscripciones y la editora de la lista, porque el 27 de noviembre la casa de la viuda de Quiroga figuraba como sede de la «junta provisional» en una convocatoria del Nuevo Diario dirigida a todas aquellas «señoras que se han suscrito para confeccionar ropa para los milicianos». La reunión se celebraría a las diez de la mañana del día siguiente en la sociedad patriótica Landaburiana62. Todo indica que la Junta Patriótica de Señoras había pasado de recaudar dinero a confeccionar uniformes para la Milicia, que su cuartel general había sido hasta entonces la librería de la viuda de Quiroga y que a partir de ese momento sus actividades —o tal vez aquellas que requerían mayor espacio— se realizaron en la sede del club patriótico más identificado con el liberalismo exaltado y con el culto al 7 de julio. Tal fue la fecha en que murió, en defensa del orden constitucional, el teniente Mamerto Landáburu, que daba nombre a la sociedad Landaburiana.

El Nuevo Diario de Madrid siguió informando puntualmente de las actividades de la Junta, como ejerciendo un papel de portavoz oficioso de las patriotas madrileñas. Por él sabemos que el 6 de diciembre celebraron una nueva reunión y que en ella resolvieron convocar a los aspirantes a recibir su uniforme al sorteo que se efectuó el día 9, a las diez de la mañana, en la sociedad patriótica Landaburiana. Las reuniones parecen tener periodicidad semanal, porque el 16 hay una nueva convocatoria.

Unos días después se produjo un incidente referido por un lector del Nuevo Diario que firma J. B. de C. En un tono entre admirativo y perplejo, contaba haber pasado junto a Santo Tomás, sede de la Landaburiana, cuando salían de allí veintitantas mujeres de las que se reunían a coser uniformes para los «milicianitos jóvenes». Iban en grupo, en animada conversación, haciendo todo tipo de alabanzas de «nuestro libertador Riego», cuando se toparon con un jovencito «con muchos rizos» y uno de los editores de El Zurriago, que se permitió insinuar que sobre Riego «habría mucho que hablar». En cuanto lo oyeron las señoras, afirmaba el autor de la carta, «aquello fue Troya». Sobre el zurriaguista y su acompañante cayó una lluvia de improperios —«¡pícaros!», «¡enemigos de la Constitución!», «¡enemigos de la patria!»— y como, no contentas con ello, parecía que las patriotas se disponían a pasar a la acción, los interpelados salieron por piernas. Otro espectador reconoció a algunas de ellas: «la Catumber» —«que se ha puesto hecha un Lucifer»—, «la de Vizcaíno», «Carmen», otra a la que «llaman Nieves»…, nombres que, efectivamente, corresponden a algunas de las firmantes de la suscripción a favor de los milicianos, como las hermanas Mariana y Teresa Cataumber y una tal Micaela Nieves. No se trata, pues, de un lance imaginario, inventado para encomiar o vilipendiar —más bien lo primero— a las mujeres liberales. La escena debió de suceder poco más o menos como la narraba el remitente de la carta, que quiso dar testimonio de lo ocurrido para que toda España supiera que «estas señoras son unas entusiastas constitucionales […], capaces de tomar las armas como los hombres para defender la Constitución y Riego»63.

Que no estaban dispuestas a abdicar de sus principios y sus razones, incluso en cuestiones de poca monta, lo demuestra una carta que ellas mismas remitieron poco después al Nuevo Diario desmintiendo una afirmación realizada desde la tribuna de la sociedad Landaburiana por un orador de nombre Florán. Este personaje —sin duda, Juan Florán, «el Castelar de la época», según Mesonero— aseguraba haber sido encargado del vestuario de los «milicianitos jovencitos», pero las señoras que venían ocupándose de ello lo negaban categóricamente: ningún hombre formaba parte del grupo, y menos el señor Florán, con el que reconocían haber tenido algún altercado en la calle. Cierto: utilizaban el local de la sociedad Landaburiana, pero lo mismo podrían reunirse en cualquier otro lugar para desempeñar su patriótica labor de «vestir a los milicianos pobres». Ya la han cumplido, afirmaban, así que la Junta debió de disolverse al poco tiempo. Al pie del original de la carta figuraba, según el periódico, «un sin número de firmas de señoras»64.

La Junta Patriótica mantuvo tal vez alguna actividad, aunque ya languideciente. Es más que probable que sus integrantes participaran en la felicitación que «un número considerable de señoras de esta corte» remitió al Congreso con motivo de las sesiones celebradas los días 9 al 11 de enero de 182365, en las que el Parlamento rechazó las amenazas de intervención que la Santa Alianza hizo llegar al gobierno español. Alguna de ellas parece haber tomado parte, asimismo, en los sucesos de los días 19 y 20 de febrero en Madrid, que marcaron un punto de no retorno en la crisis del régimen constitucional. A la espada de Damocles de una invasión francesa, anunciada por Luis XVIII a finales de enero, se añadía el imparable proceso de descomposición del liberalismo español, víctima más que nunca de sus divisiones internas y de la traición del rey, que el 18 de febrero tuvo en Palacio una violenta discusión con el gobierno presidido por el general Evaristo San Miguel, de filiación exaltada. Fernando VII, fuera de sí, acabó por echar a los ministros de su despacho con palabras que no tardaron en llegar a oídos del embajador británico: «¡Tengo más cojones que Dios! ¡Tengo bastantes cojones para comer[os] a todos vosotros! ¡Fuera, fuera, car[aj]o!»66. Al día siguiente destituía a los ministros, con Evaristo San Miguel a la cabeza, y nombraba al comunero Álvaro Flórez Estrada ministro de Estado y hombre fuerte de un nuevo gabinete. El cambio apenas duró unas horas, que fue lo que tardó el liberalismo exaltado en conseguir del monarca la reposición de los ministros depuestos y la anulación —más bien suspensión— del nombramiento de Flórez Estrada. Terminaba así la ceremonia de la confusión representada aquellos días en Palacio, con el propio Fernando VII como principal protagonista.

Pero al rey la jugada le podía haber salido muy cara. En la tarde-noche del día 19, el centro de Madrid fue escenario de un motín promovido por unos centenares de personas, próximas al liberalismo más radical, que exigieron, primero a las Cortes y luego al ayuntamiento de la capital, el nombramiento de una regencia que asumiera las funciones del monarca. Al día siguiente, grupos afines al gobierno se movilizaron, también en el centro de Madrid, para denunciar los sucesos de la víspera como una provocación de los enemigos del régimen. El enfrentamiento en las filas liberales iba más allá de la vieja hostilidad entre moderados y exaltados —ahora en el poder—. Un nuevo antagonismo dividía a estos últimos en masones y comuneros. Si los primeros defendían al gobierno presidido por su correligionario San Miguel, los segundos exigían una política más contundente frente a la reacción nacional e internacional. Unos y otros se acusaban de turbias connivencias con el enemigo, mientras Fernando VII asistía complacido a este juego de despropósitos, si es que no lo fomentaba con sus agentes infiltrados en la izquierda del liberalismo, es decir, entre los comuneros. Cuanto peor, mejor.

Es interesante el protagonismo de las mujeres tanto en los hechos del día 19 ante las Cortes y el ayuntamiento como en la recogida de firmas llevada a cabo el día 20 contra la petición de regencia, calificada de temeraria y anticonstitucional. En el motín del día 19 tuvieron un destacado papel María del Carmen Sardi, Francisca Cibat, Sebastiana Rodríguez y Valentina González. La primera de ellas fue la que llevó la voz cantante, tal como se verá pormenorizadamente en el capítulo que le dedicamos más adelante. La cuarta de las citadas podría ser la misma Valentina González que participó con treinta reales en la suscripción de la Junta Patriótica de Señoras. En cuanto a los hechos del día siguiente, la posición del liberalismo afín al gobierno se plasmó en un manifiesto que diez «ciudadanas» de la capital dirigieron al ayuntamiento en los siguientes términos:

«Excmo. Sr. Ayuntamiento Constitucional de M[adrid]. = Las CC. [ciudadanas] que tienen el honor de dirigir a V.E. su voz en medio de la crisis espantosa que nos agobia, faltarían al sagrado deber que les impone la Patria, si libremente no expusieran a V.E. los sentimientos de que se hallan animadas en este momento. Las varias voces esparcidas, sin duda, por los enemigos de las glorias de esta heroica Nación para poner una Regencia, ataca en todos sentidos a nuestro sagrado Código y a la Persona inviolable de nuestro Monarca constitucional, y da margen a las naciones extranjeras a creer con fundamento estamos en una completa anarquía. El pueblo eligió a V.E. por su civismo como su órgano y guía para que lo librase de las asechanzas que la tiranía les aceptase [¿adoptase?] bajo cualquiera forma; y nosotras componiendo parte de este mismo Pueblo nos apresuramos a = Suplicar a V.E. que usando de todos los medios que las Leyes le prescribe oponga un fuerte dique al torrente destructor que nos amenaza, sofocando en su origen esa facción horrorosa que deslumbrando a los incautos oscurece el brillo del libro santo de nuestras libertades y se guarde el decoro debido al trono constitucional, tan amenazado, con un gobierno al frente, patriota y sabio, que no tenga más ideas de ambición que Patria, Patria, Patria y la salve como desean las de la reunión que suscriben = Madrid veinte de Febr. de mil ochocientos veintitrés = Excmo. Sr. = Juana de Dios Mora = María Teresa Samaniego = Manuela Carmona = Manuela López = Isabel Esparza = María Padilla = Catalina Sánchez = Joaquina Campos = Rita Mora = Valentina García»67.

Se sabe poco de las firmantes de este importante documento. Tan sólo el nombre de una de ellas —Manuela López— coincide con el de una de las suscriptoras de la Junta Patriótica de Señoras. María Teresa Samaniego y Manuela Carmona, por su parte, eran actrices muy conocidas, protegidas al parecer por Fernando VII, lo mismo que Agustina Torres, de la Junta de Señoras. En todo caso, los hechos de los días 19 y 20 de febrero demuestran la creciente participación de las mujeres en los acontecimientos políticos según se acerca el final del régimen, y más en el escenario convulso de un motín o asonada, siempre propicio al elemento femenino. Conviene consignar, sin embargo, que esa participación suele tener un carácter específico, generalmente diferenciado de cualquier iniciativa masculina. Así se aprecia en todas aquellas ocasiones en que grupos de «señoras», «ciudadanas» o «patriotas» del bello sexo firman representaciones o se asocian con un fin determinado sin mezcla alguna de hombres. El liberalismo femenino parece haber sido muy celoso de su propio espacio y de su propia autonomía.

De lo ocurrido aquellos días se desprende, asimismo, que las mujeres liberales no fueron inmunes a la grave división del liberalismo español al final del Trienio: en la noche del día 19, cuatro de ellas parlamentaron con el ayuntamiento de Madrid para solicitar el nombramiento de una regencia y, unas horas después, diez «que se titulaban ciudadanas» —en palabras del juez absolutista que las procesó en 1824— se dirigían por escrito a la corporación para denunciar la petición de regencia como inspirada por una «facción horrorosa» que estaba desprestigiando a la España constitucional ante toda Europa. Posteriormente, unas y otras fueron perseguidas por la monarquía absoluta, que a la hora de la represión no se anduvo con distingos entre un liberalismo de más o menos calibre. Hubo, no obstante, algunas excepciones, como las dos actrices firmantes del manifiesto, Teresa Samaniego y Manuela Carmona, que pudieron gozar de un trato de favor por indicación del rey. Tampoco la cómica Agustina Torres, una de las mayores contribuyentes a la suscripción de la Junta Patriótica de Señoras a favor de la Milicia, fue molestada tras la caída del régimen constitucional.

Mientras esto sucedía en Madrid, las patriotas barcelonesas unían sus fuerzas en defensa de la Constitución siguiendo los pasos de aquella que se convirtió muy pronto en su líder indiscutible: la viuda del general Lacy. El 29 de octubre de 1822, un periódico de la ciudad anunciaba que «las señoras mujeres de Barcelona», ansiosas por mostrar su patriotismo, se habían ofrecido para coser capotes de balde para la tropa68. Por esas mismas fechas, abría sus puertas la Tertulia Patriótica de Lacy, con sede en el convento de los Trinitarios. Que la viuda del general tuviera en ella un papel preeminente, como era lógico, debió de influir en la decisión de que las mujeres fueran admitidas como socias. Los responsables de la tertulia pensaron que «difundir la instrucción en el bello sexo» sería una buena forma de fortalecer la opinión liberal en momentos como aquéllos. Pero la presencia femenina en la tertulia patriótica, combinada con la tarea emprendida por aquellas que se reunían a coser capotes para el ejército, traería consecuencias que muy pocos imaginaban. En noviembre, la tertulia tenía catorce socias69 y las esforzadas costureras liberales pasaban de ochenta70. La viuda de Lacy repartía su tiempo entre unas y otras. Algunas de ellas pensaban tal vez en dar a todo aquello una nueva dimensión.

Sin duda, les sirvieron de estímulo las palabras dirigidas a las ciudadanas barcelonesas por otros socios del club patriótico agradeciendo su apoyo y animándolas a reforzar su compromiso con la causa. Llegado el mes de enero de 1823, en el ambiente prebélico creado por las amenazas de la Santa Alianza, el presidente, Francisco Soler, invitaba a las «matronas y ninfas barcelonesas» a participar en los preparativos para defender la ciudad de un posible ataque enemigo. La ocasión se presentó muy pronto. Bajo los auspicios del ayuntamiento de Barcelona, el 16 de febrero, a las once de la mañana, se celebraba junto a las murallas un acto entre cívico y castrense que servía para solemnizar la fortificación de la ciudad y el hermanamiento de los vecinos de ambos sexos y toda condición. En un ambiente festivo, entre los sones de marchas militares y vivas al sagrado código, el alcalde pronunció un discurso de exaltación patriótica en el que, subido a un cañón, evocó el papel desempeñado por las heroínas de Gerona y Zaragoza durante la Guerra de la Independencia. Muy presente debían de tener su recuerdo las compañeras de la viuda de Lacy, que en el momento culminante de aquella patriótica jornada arrastraron un cañón hasta el fortín de Canaletas entre el júbilo de la multitud. Es significativo que Mateu Crespí, al consignar en su diario aquel episodio, se refiriese a ellas como «las señoras milicianas». A continuación —añadía— tuvo lugar una «espléndida comida» ofrecida por las autoridades principales y «señores de distinción» a 1.200 pobres de la ciudad71.

Un periódico local, que publicó al día siguiente una amplia reseña del acto, destacó asimismo el entusiasmo de los «ciudadanos y ciudadanas de todas clases» que participaron tanto en la parte castrense como benéfica de los festejos, la primera por la mañana y la segunda por la tarde. La imagen de «nuestras conciudadanas» tirando del cañón hasta dejarlo emplazado en la muralla le recordaba al autor a las amazonas de la Antigüedad cuando regresaban a sus hogares cargadas de laureles. En su opinión, nunca las patriotas barcelonesas habían parecido «tan interesantes» a los ojos de todos como en pleno esfuerzo y cubiertas de polvo mientras arrastraban el cañón —un pequeño cañón, apostilla— desde las Atarazanas, Rambla arriba. Y qué decir de su incesante actividad, ya por la tarde, en el banquete ofrecido a los pobres, «llenando las vasijas de vino [y] ofreciéndolas con sus amables manos al débil anciano, a la menesterosa madre de familia, al miserable artesano, al inocente niño»72.

Se ha señalado con razón que al mencionar a las «matronas y ninfas barcelonesas» el presidente de la tertulia patriótica, Francisco Soler, establecía una diferencia generacional entre unas y otras73. Posiblemente, las dos categorías entrañaban también una tácita división del trabajo patriótico realizado por ellas, pues mientras las ninfas solían aparecer en el Trienio asociadas a lo festivo y lo ritual, las matronas, sin perjuicio de su indudable carga simbólica, se encontraban más próximas a la función combativa de las amazonas, que es la figura que inevitablemente traía a colación el autor de la reseña periodística al describir la escena del traslado del cañón a la muralla. Por lo demás, la referencia del zapatero Mateu Crespí a las «señoras milicianas» indica que las socias de la tertulia patriótica de Lacy y las costureras que se reunían a coser uniformes habían decidido pasar a la acción y convertirse en parte activa en la defensa de la ciudad, si se daba el caso de tener que luchar con las armas en la mano.

Dicho y hecho. Al cabo de una semana de los actos celebrados junto a la muralla se presentaba el reglamento del nuevo batallón de milicianas, redactado por el escribano del ayuntamiento, Juan Bautista Maimó, y las mujeres de su familia, entre las cuales estaría probablemente Paula Maimó, que en 1832 figuraba en una lista de españoles que volvían del exilio74. A finales de marzo de 1823 se anunciaba la venta en algunas librerías de la ciudad de un grabado que mostraba el «modelo del uniforme que deberán usar las ciudadanas patriotas que se inscriban en el batallón de Lanceras de Barcelona»75. Por iniciativa de la viuda de Lacy, se añadió al uniforme «una banda de los colores nacionales rojo y amarillo, con borlas de seda en su extremo y las gafas principales de oro, añadiendo a la directora un medallón de este metal», en el que figuraría, en el anverso, el lema «La sangre de Lacy fecunda en héroes - Sociedad de Ciudadanas de Barcelona», y en el reverso «Patria. Libertad. Constitución de 1812»76. Varios grabados de aquellas fechas las representan vestidas con su uniforme y su lanza reglamentaria, aunque su principal cometido era prestar auxilio a los combatientes, sobre todo a los heridos. Uno de los grabados, coloreado a mano, lleva al pie la inscripción «Compañías de ciudadanas voluntarias que se están formando con superior aprobación en la benemérita Barcelona». Aparecen dos de ellas con su uniforme, lanza, gorro con penacho y una banda estrecha, a modo de cinturón, con los colores nacionales, lo mismo que el penacho. Hay una caja de vendas, un fardo de sábanas y algunas vituallas que recuerdan la labor asistencial que tenían encomendada las milicianas. A la izquierda, a una cierta distancia, se divisa una fortificación y en ella, junto a un torreón, una gran bandera nacional77.

En mayo, unos días después de que empezara la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis, Emilia Duguermeur, viuda de Lacy, fue elegida por sus compañeras directora de la «Sociedad patriótica de las milicianas barcelonesas», con sede en el local de la Tertulia Patriótica de Lacy. El nombre provocó un cierto tira y afloja entre las autoridades barcelonesas y las propias interesadas. A instancias del jefe político, general Gómez de Butrón, pasó a llamarse «Sociedad de ciudadanas para la humanidad y beneficencia» y a ser presidida por él. Pero la gravedad del momento, con las tropas francesas a las puertas de Barcelona, y la radicalización de la situación política permitieron a la viuda de Lacy retomar el control de la «Sociedad de milicianas barcelonesas», que además de recuperar su nombre anterior empezó a colaborar en tareas de fortificación de la ciudad. El número de milicianas debió de superar con creces las veinticinco que se habían inscrito en marzo. Les gustaba dejarse ver por la ciudad con aire decidido y marcial, como el 17 de agosto, cuando regresaron desfilando desde el baluarte de Lacy, en el que habían estado trabajando durante la jornada, hasta la tertulia patriótica del mismo nombre, que las recibió en una sesión extraordinaria presidida por —quién si no— la viuda del héroe liberal.

No cabe duda de que Emilia Duguermeur se estaba saliendo con la suya. Desfiles, grabados, recitales, aleluyas…, las «ciudadanas de la viuda de Lacy», como fueron también conocidas, se consagraron como uno de los fenómenos más característicos de la Barcelona asediada del final del Trienio78. Hay un claro eco de ello en la imagen que ilustra un opúsculo publicado en Valencia, seguramente por entonces, titulado Historia verdadera y horrorosa de las esforzadas amazonas79. El relato se acaba mucho antes de llegar al siglo XIX, pero el grabado que lo encabeza es una reproducción, bastante tosca, de dos milicianas barcelonesas de 1823, con su gorro cuadrangular, su penacho y su lanza. La verdad es que, aunque el cuerpo de milicianas acabara asociado a la viuda del general Lacy, la iniciativa había partido de Juan Bautista Maimó y «de las patriotas de su misma familia que concibieron la idea de hacer útil su hermoso sexo»80. Nadie como Emilia Duguermeur, sin embargo, para agitar la opinión y conseguir notoriedad. Ella dirigió la milicia y ella diseñó el medallón de oro, con lemas en el anverso y en el reverso, que debía lucir la directora, es decir, ella misma.

El año 1823 registra numerosos ejemplos de movilización femenina ante una situación de emergencia nacional que muchos comparaban con lo ocurrido en 1808. La propia sociedad de milicianas o lanceras de Barcelona se había inspirado en la Compañía de Santa Bárbara creada en Gerona durante los sitios. Romero Alpuente comparará la resistencia de Cartagena frente a los Cien Mil Hijos de San Luis, y la participación de las mujeres en ella, con la epopeya zaragozana durante la Guerra de la Independencia81. Un grabado francés de la época muestra la toma de Logroño por las tropas del duque de Angulema. Sobresale la figura de una mujer que, con un sable en una mano y una pistola todavía humeante en la otra, hace frente al enemigo en medio del sálvese quien pueda. La imagen parece fiel trasunto de la consigna con la que las «señoras ciudadanas» de Logroño terminaban, unos meses antes, su exposición a Fernando VII: «Constitución o sepultarse en las ruinas de la patria».

Pero la campaña de 1823 tuvo poco que ver con la guerra contra Napoleón. Lo dijo ya el embajador británico en Madrid, Lord Fitz-Roy Somerset, un mes y medio antes de que los Cien Mil Hijos de San Luis cruzaran los Pirineos: «El espíritu no es el que era en 1808»82. A diferencia de lo ocurrido entonces, cuando el colapso del Estado actuó como revulsivo de la reacción antifrancesa, quince años después el complejo entramado institucional que se asentaba en la Constitución de Cádiz —gobierno, Cortes, ejército, ayuntamientos, milicia— se mostró incapaz de organizar la defensa del territorio nacional. Más bien todo lo contrario: el Estado constitucional fue víctima de una desbandada de políticos y militares que transmitió a los sectores afines al régimen una sensación de fatalidad, de inutilidad de la lucha, consumada en noviembre con la capitulación de los últimos focos de resistencia: Cartagena, Barcelona, Tarragona, Menorca y Alicante. El contraste entre la Guerra de la Independencia y la rápida campaña de los Cien Mil Hijos de San Luis se explica, pues, en parte, por una gran paradoja: que mientras el vacío de poder provocó en 1808 una firme voluntad de resistir, la existencia en 1823 de un Estado formalmente constituido, pero débil, tuvo un efecto desmovilizador sobre la España combatiente.

En todo caso, las razones de más peso son de índole militar e internacional. Tanto la intervención británica, bajo el mando del duque de Wellington, como la importancia de otros teatros de operaciones —Rusia, sobre todo— resultaron decisivas para el desenlace de la Guerra de la Independencia. Por el contrario, la situación en Europa en 1823 era claramente adversa a la España constitucional. El interés británico en mantener a Francia alejada de la Península —y de América— no llegó a traducirse en una actuación efectiva, a diferencia de lo sucedido en 1808. El 11 de marzo de 1823, tres semanas antes de la invasión, Wellington pronosticaba un paseo militar para el duque de Angulema, aunque advertía que Francia acabaría pagando un alto precio por ello83. Pensaba más bien en términos políticos, pero el coste financiero, más del doble de lo presupuestado, resultó desorbitado84. Los franceses basaron parte de su éxito en la compra de voluntades como forma de ablandar la resistencia, y ciertamente fueron muchos, desde la plebe de pueblos y ciudades hasta algunos generales, los que, de una u otra forma, se beneficiaron del oro francés.

Hay que volver, finalmente, al papel desempeñado por las autoridades liberales y a la débil movilización popular frente a la invasión. El 20 de marzo, el gobierno abandonó Madrid en dirección a Sevilla, llevando consigo a Fernando VII, y tres días después hacían lo propio las Cortes. El 7 de abril, las tropas de Angulema iniciaban la invasión. Pese a la resistencia de algunas ciudades, su marcha hacia Madrid encontró escasa oposición. El 23 de mayo entraban en la capital. El 11 de junio, las Cortes, reunidas en Sevilla, suspendían a Fernando VII en sus funciones y nombraban una regencia constitucional, que cesará en cuanto el gobierno y las propias Cortes, y con ellos el rey, lleguen a Cádiz, confiando en el efecto talismán que esta ciudad había tenido en la Guerra de la Independencia y en la breve historia del liberalismo español. No hubo tal, pero el avance francés se detuvo en seco a las puertas de Cádiz y dio paso a un compás de espera que duró unos meses. Mientras tanto, continuaba la rendición de ciudades y plazas fuertes en poder de los liberales —La Coruña, Pamplona, San Sebastián…— y el general Riego, abandonado a su propia suerte, era capturado por realistas españoles en la provincia de Jaén: «¿Será bastante una vida, ni mil que tuviera —se preguntará, al dar la noticia, el comandante militar de Córdoba—, para borrar con ella sus atroces crímenes?»85. El 30 de septiembre, las autoridades de la España constitucional aceptaban la derrota y daban plena libertad a Fernando, que ese mismo día concedía «libre y espontáneamente» —así consta por escrito— un perdón general. Al día siguiente, nada más encontrarse con el duque de Angulema, firmaba un nuevo decreto declarando «nulos y de ningún valor todos lo actos del gobierno llamado constitucional», incluyendo en ello su anterior promesa de perdón. En la noche del 6 de octubre, era arrancada en Cádiz la lápida de la Constitución, para lo cual hubo que recurrir a mano de obra forastera, porque ningún albañil gaditano quiso prestarse a ello86.

Aunque el liberalismo opuso escasa resistencia al ejército francés, sus enemigos estaban muy lejos de pensar que los liberales representaban una exigua minoría, sin arraigo alguno en el país. La sensación que tenían era más bien la contraria. El propio Fernando VII no dejó de señalar en un documento escrito a su dictado los aplausos a las Cortes y el «hervoroso [sic] entusiasmo por la Constitución» que mostraban los vecinos de los pueblos al paso de las autoridades constitucionales en su marcha de Madrid a Cádiz87. El sentimiento liberal se había extendido considerablemente en los tres años largos transcurridos desde el pronunciamiento de Riego, también entre las mujeres. El Tío tremenda, título y autor de una gacetilla servil, reconoció su preocupación por este hecho, dada la irresistible influencia del sexo débil entre los hombres, sobre todo de las «mujeres de más alto rango», esas «innumerables señoras que conozco y las que no conozco metidas a constitucionalas y tan en el sistema como el más exaltado faccioso». ¡Con lo fácil que hubiera sido para ellas trocar el mal en bien convirtiendo a los descarriados, en vez de aumentar los partidarios del error!:

«Una sola sonrisa de desprecio, una ligera señal de desaprobación, sólo con vuestra indiferencia había bastante para que algunos miserables alucinados volviesen sobre sí y se retractasen; ya que tanto imperio ejercéis en el corazón humano, emprended la conquista de esos rebeldes perseguidores de la Religión y del trono. ¿No se valen ellos de vosotras para hacer procélitos [sic] y aumentar el número de los desgraciados? Pues en vuestra mano está la gloria de poder decir algún día: “A ese enemigo de la Iglesia le hice yo con mis consejos reconciliarse con tan piadosa madre. A ese enemigo del trono le obligué yo a deponer su rabia y desistir de su maldita empresa; ¡gloria a Dios, que se ha valido del débil instrumento de una mujer para convertir al impío y separarle del camino de la perdición!”»88.

Lo ocurrido en los años siguientes se parece muy poco al deseo expresado por El Tío tremenda en 1823. La impresión más extendida, especialmente entre los absolutistas, fue que las mujeres desempeñaron un papel determinante en la lucha contra la monarquía absoluta.

CAPÍTULO 3
«UN ABSOLUTISMO FEROZ, DEGRADANTE Y SOMBRÍO»

El comienzo de la Década Ominosa

A la una y media de la tarde del jueves 13 de noviembre de 1823, seis días después de la ejecución del general Riego en la plaza de la Cebada, Fernando VII y su familia hacían su entrada triunfal en Madrid, tras ocho meses de ausencia. Al día siguiente, el periódico El Restaurador, uno de los pocos que siguieron publicándose bajo el nuevo régimen, dio cumplida noticia del recorrido del rey y su séquito por toda la ciudad en medio de los vítores y aclamaciones de un inmenso gentío. Tras ser recibido en la puerta de Atocha por las nuevas autoridades municipales y asistir en el convento del mismo nombre a un te deum por su liberación, Fernando subió a una magnífica carroza tirada por cuarenta mancebos, acicalados para la ocasión, que le condujo parsimoniosamente por el Paseo del Prado, la calle de Alcalá y la calle Mayor hasta llegar al Palacio Real casi dos horas después. Estatuas alegóricas, colgaduras y arcos triunfales en los que se habían inscrito «conceptuosos versos» alusivos al regreso de la familia real daban vistosidad a las calles y principales edificios del recorrido. Cubrían la carrera tropas francesas del ejército del duque de Angulema y una selecta representación del cuerpo de voluntarios realistas, tanto de la capital como de la provincia. Concluida la crónica de aquella jornada, el periódico publicaba la lista de los concejales del depuesto ayuntamiento constitucional que habían sido detenidos en la madrugada del día anterior.

Fernando VII quedó muy complacido con las muestras de afecto que recibió tanto en Madrid como en todos aquellos pueblos que recorrió en su regreso a la capital desde el Puerto de Santa María. El diario que había empezado a escribir en febrero de aquel año, en pleno enfrentamiento con el gobierno liberal, concluye el día de su llegada a la Corte, que Fernando describe con visible satisfacción, pero sobre todo con alivio por el final feliz de aquel viaje de ida y vuelta entre Madrid y Cádiz en el que tanto temió por su vida mientras estuvo a merced de los liberales. Sus últimas palabras fueron para dar gracias a Dios por lo que consideraba «un milagro de su infinita misericordia», que les había permitido a él y a su familia salir con bien de «los innumerables riesgos que hemos corrido y peligros inminentes a que hemos estado expuestos»1.

Aquel fin de trayecto era en realidad el principio de una etapa mucho más turbulenta de lo que el rey se imaginaba. Dos semanas después de su regreso a Madrid, las presiones de la Santa Alianza le obligaban a cesar al gobierno que presidía su confesor, el canónigo Víctor Damián Sáez, representante del absolutismo más intransigente. Le sucedió uno más moderado presidido por el marqués de Casa-Irujo, cuya temprana muerte dio lugar a un nuevo gabinete formado en enero de 1824 bajo la presidencia del conde de Ofalia, ministro de Gracia y Justicia en el gobierno anterior y, como su predecesor, hombre bien visto por las monarquías europeas. Hacía meses que el vizconde de Chateaubriand, ministro francés de Asuntos Exteriores y principal artífice de la intervención militar en España, venía advirtiendo del peligro de que Francia apareciera a los ojos de Europa como cómplice «de un despotismo sanguinario, ávido y fanático»2. Así se lo indicó a su embajador en Madrid a mediados de octubre y la caída del gobierno Sáez un mes y medio después demostraba que sus palabras iban en serio.

Fernando VII no tardó, pues, en descubrir que su poder como rey absoluto tenía los límites que le impusieran sus salvadores. Hizo algunas concesiones, como la destitución de Sáez o el no restablecimiento de la Inquisición, pero en otras cuestiones opuso una resistencia contumaz. Para blindar la acción de sus gobiernos ante la presión internacional, el 4 de diciembre había entregado a Casa-Irujo unas «Bases sobre las que ha de caminar indispensablemente el nuevo consejo de ministros», todo un programa de gobierno que podría resumirse así: creación de «una buena policía», formación de un nuevo ejército que sustituyera al existente —sospechoso de liberalismo—, amplia depuración de la administración civil, total exterminio de las sociedades secretas y rechazo a todo lo «que tenga que ver con cámaras», es decir, con cualquier tipo de Cortes «ni con ningún género de representación». No se planteaba, por el contrario, ni en un sentido ni en otro, la espinosa cuestión de la amnistía reclamada por las potencias extranjeras, que contaba con la firme oposición del absolutismo español.

Así pues, entre diciembre de 1823 y enero de 1824 quedaron fijadas las líneas maestras que marcarían la evolución política de la monarquía absoluta en aquella nueva etapa. Con la entrada en el gobierno de Luis López Ballesteros y Francisco Tadeo Calomarde, ministros de Hacienda y de Justicia hasta 1832, la política de Fernando VII mostró su perfil más contradictorio: si el nuevo ministro de Hacienda representaba la opción tecnocrática de un Estado en quiebra, Calomarde encarnaba las esencias de la vieja monarquía y el deseo de venganza de Fernando. Las tensiones en el seno del gobierno y sobre todo la existencia de un sector acusado de moderado, con López Ballesteros a la cabeza, no hicieron más que exacerbar el espíritu de revuelta del absolutismo más exaltado.

La génesis de este conflicto se puede seguir día a día en las páginas de El Restaurador, portavoz del sector más radical del régimen. Las loas a Fernando el día de su apoteósico regreso habían dado paso a extrañas insinuaciones sobre el estado de opinión del país. Si, por un lado, se negaba la existencia en España de un partido ultra, por otro se recordaban los riesgos que corría cualquier monarquía que abdicara de su autoridad en nombre de la moderación. Lo había advertido ya en un artículo publicado en agosto de 1823, en plena campaña de los Cien Mil Hijos de San Luis —«no atreviéndose los enemigos de Dios y de los hombres a proponer la democracia, inventan una nueva forma de gobierno que intitulan, pérfidos, monarquía moderada»—3, y la política que seguía el gobierno de Fernando VII desde diciembre hacía temer lo peor. A El Restaurador le preocupaban sobre todo los rumores de un perdón general a los negros, que era como en la jerga absolutista se motejaba a los liberales. Sin duda con el propósito de conjurar el peligro de una amnistía, el 18 de diciembre el periódico publicó una selecta glosa de las «Leyes de nuestro sabio código de las Siete Partidas», en particular de aquellas que se refieren al justo castigo que deben recibir los malos, pues «si non oviesen escarmiento del mal que ficiesen […], vendrían grandes males al reino, porque el bueno se disgustaría y el malo se haría más atrevido por la impunidad». De ahí —recuerda El Restaurador— que las viejas leyes fueran inflexibles en casos tan graves como promover «levantamiento» o «bullicio» contra el rey, y que quien incurriera en tal delito mereciera la muerte, lo mismo que quien le auxiliara, sin que «pueda el Rey perdonarle la vida, si no es sacándole los ojos»4. El debate sobre la amnistía ahondó la división del absolutismo en facciones irreconciliables.

Perseguir a los negros a sangre y fuego y volver al antiguo orden de cosas, cumpliendo así las palabras del propio Fernando VII el día de su liberación, resultaba difícil de conciliar con las demandas de prudencia que llegaban de la Santa Alianza. Cualquiera que fuera la respuesta del gobierno a este dilema provocaría un conflicto a uno u otro lado de los Pirineos. El 31 de enero de 1824, El Restaurador se hacía eco, aunque «con la mayor repugnancia», de los rumores publicados por un periódico francés sobre la aparición en España de «un partido para destronar a Fernando VII y dar la corona al infante D. Carlos» y sobre la redada llevada a cabo por la policía de Madrid en un convento franciscano de la capital en el que se encontró gran número de ejemplares de una proclama «en honor sin duda del nuevo Rey», es decir, del hermano de Fernando VII. El Restaurador lo atribuía todo a una calumnia de los revolucionarios españoles, que habrían urdido esa «maquinación diabólica» para confundir a los sencillos defensores del altar y del trono. ¿Cabía imaginar, se preguntaba el periódico, al clero español, «que predicaría la obediencia a Nerón, si fuera monarca legítimo», prestándose a semejante atentado contra la autoridad de su amado rey? Pregunta tan absurda valía por un desmentido sobre la existencia de una conspiración contra Fernando VII fraguada en el propio campo absolutista. Pero la situación no estaba para preguntas retóricas. Según informó la policía, el 4 de enero había aparecido en Toledo un pasquín amenazante, escrito con grafía algo confusa, pero con un mensaje inequívoco:

«Guerra con los negros. Mira Fernando que si no hazes justicias contra los negros el primero qe muere eres tú. Acuérdate de tu tío Rey de Francia. Un pastor que no desecha su ganado no es güen Rey. Si para el 6 de [e]nero no te declaras, la sangre española mal la pagas. Viva el Infante Dn Carlos»5.

El malestar llegaba también a las altas esferas. En diciembre, se había producido un fuerte enfrentamiento en el Consejo de Estado, presidido por el infante don Carlos, a propósito de la política del ministro de Hacienda, Luis López Ballesteros, atacada por los ultras con sus argumentos habituales: todos los problemas de la monarquía, incluidos los económicos, encontrarían pronta solución si de verdad se acometía, en palabras de un consejero, «el castigo de los malos»6. Así las cosas, el gobierno intentó afianzar su autoridad promulgando un reglamento restrictivo para acabar con la indisciplina y los desórdenes continuos de los voluntarios realistas, brazo armado del ultraabsolutismo, y prohibiendo la publicación en Madrid de cualquier periódico por muy afecto que fuera a la monarquía absoluta, salvo los estrictamente oficiales o los que versaran sobre agricultura y artes. Aquel número de El Restaurador desmintiendo los rumores de una conjura realista contra el rey fue el último que vio la luz.

Los problemas del régimen fernandino con el absolutismo radical no sirvieron para aflojar la presión sobre los partidarios de la Constitución de Cádiz, que fueron perseguidos de manera implacable, pese a las protestas de los ultras por la supuesta benevolencia del gobierno. El indulto concedido finalmente en mayo de 1824 incluirá tal cantidad de excepciones y cautelas que en muchos casos produjo el efecto contrario al que cabía esperar de una medida de gracia. Como en otras ocasiones, esta decisión de Fernando VII, fruto de una larga y compleja gestación, concitó el rechazo unánime de los sectores más diversos, entre ellos aquellas monarquías europeas que venían presionando a favor de una amnistía. El indulto de mayo no sirvió ni para lavar la imagen del régimen en el exterior ni para facilitar el regreso de los españoles refugiados en Francia e Inglaterra, tal como deseaban los gobiernos de estos países. Para los liberales, los inconvenientes de la medida superaron en la mayoría de los casos sus hipotéticas ventajas, mientras que los ultras vieron confirmados sus peores presagios y empezaron a conspirar abiertamente contra el rey y su gobierno. No es casualidad que entre la primavera y el verano de 1824 se produjeran los primeros levantamientos ultrarrealistas de la década. A finales de aquel año era ya un secreto a voces la existencia de un partido llamado apostólico o carlista, decidido a terminar con la impunidad que, según ellos, disfrutaban los revolucionarios.

No le iba a ser fácil a Fernando VII compaginar absolutismo y pragmatismo, como era su deseo. Su correspondencia privada, ya sea con su valido Antonio Ugarte o con sus hermanos Carlos y Carlota Joaquina, refleja el permanente dilema en el que se debatió a lo largo de aquellos años entre dar rienda suelta a su afán de venganza o regir su política por criterios de prudencia y eficacia. Esa «alquimia imposible», como la ha llamado un autor7, explica no sólo el fracaso de su reinado, sino la mala opinión general sobre la «década ominosa», así denominada por los liberales desde fecha muy temprana8. Hasta un autor nada sospechoso de liberalismo como Menéndez Pelayo condenó aquellos últimos diez años del reinado de Fernando VII por su «absolutismo feroz, personal, degradante y sombrío»9.

Aunque la monarquía absoluta se enfrentaba a problemas gravísimos, como su situación financiera, que comprometían seriamente su continuidad, al final todo parecía reducirse a una cuestión de orden público: acabar con las conspiraciones de todo signo y dar con la dosis justa de represión para contentar a sus aliados de dentro y fuera de España. Era la época en que la Europa civilizada se regía por el famoso justo medio y tal vez Fernando VII pensaba en gobernar con una suerte de justo medio a la española consistente en una represión limitada, que no escandalizara en exceso a la Santa Alianza. Si pensaba que sus seguidores se conformarían con eso estaba muy equivocado. Lo demuestra la conversación que, en septiembre de 1824, mantuvo el embajador francés en Madrid con el gobernador del Consejo de Castilla, Martínez de Villela, que calculaba en tres o cuatro millones el número de liberales que había en España, lo que convertía en enemigos políticos por lo menos a un tercio de la población total. Los liberales eran tantos y tan incorregibles que, en su opinión, no había más remedio que expulsarlos a todos como se hizo en su día con los moriscos. No es que le resultara grata la perspectiva de privar al país de una buena parte de su población, pero siempre sería mejor «vivir en España con un millón de personas como Dios manda que con diez millones de revolucionarios». Al embajador francés, estas palabras le recordaron otras parecidas que le oyó a un fraile español partidario del restablecimiento de la Inquisición y de otras medidas contundentes para acabar con el liberalismo y la impiedad. El fraile no pareció inmutarse cuando se le hizo ver que eso podría provocar un éxodo masivo de gentes temerosas de una represión indiscriminada: «Quedaremos poquitos», respondió, pero «unidos en Dios»10.

El terror de 1824

Así tituló Galdós el primero de los episodios nacionales dedicados a la Década Ominosa. «El infierno de aquella época era el más infernal que puede imaginar la humana fantasía espoleada por el terror», afirma el narrador al describir las dependencias que tenían en Madrid la Superintendencia General de Policía y la Comisión Militar de Castilla la Nueva. En realidad, la represión se había iniciado ya en la primavera de 1823, antes incluso de la caída del régimen liberal. Con la entrada en España de los Cien Mil Hijos de San Luis y su rápido avance por la Península se instauró en el territorio conquistado un régimen provisional que actuó como avanzadilla de la futura monarquía absoluta. Esa nueva administración, mitad española, mitad francesa, corría a cargo del ejército francés, de las tropas realistas españolas que participaban en la campaña, en muchos casos de origen guerrillero, y de la regencia facciosa que gobernaba en nombre de Fernando VII.

La principal ocupación de las hordas absolutistas que, bajo el nombre de Ejército de la Fe, acompañaban a los franceses era limpiar la retaguardia de liberales. Sobre los pueblos y ciudades arrebatados al enemigo se desató una ola de violencia política y social, a menudo aprovechando la ausencia de tropas francesas o de cualquier otra autoridad que lo impidiera. Hubo asesinatos, confiscaciones, encarcelamientos «en número espantoso», según el nuncio del Vaticano11; destierros —un castigo muy frecuente, sobre todo entre las mujeres— y listas de sospechosos y represaliados, como la que contiene los nombres de los detenidos y procesados en Burgo de Osma (Soria) por «afectos al sistema constitucional». La relación, fechada apenas unos días después de la llegada de los realistas, incluye a cuatro mujeres presas y procesadas: Margarita Ruiz; Ignacia, ama del cura párroco; Nicolasa Nuño, viuda, y Josefa Dosramas, esposa de un abogado también preso12. En Toledo fueron detenidas «por adhesión al sistema constitucional» Ramona Gómez, María Pérez, Eulogia Bravo y Micaela Carbonel; todas viudas excepto la cuarta, casada. En marzo de 1824, las cuatro presas se encontraban a la espera de que el fiscal, que decía estar muy ocupado, adoptara alguna determinación sobre sus respectivas causas, iniciadas hacía ya varios meses13.

En Madrid, la mayoría de los liberales habían huido en sucesivas oleadas, a menudo con sus familias. La última se produjo tras la llegada de los Cien Mil Hijos de San Luis con sus temibles acompañantes españoles. Fuentes francesas hablan de la entrega en pocos días de mil pasaportes, muchos de ellos para Francia e Inglaterra, a personas impacientes por dejar la capital antes de que fuera demasiado tarde14. Ni la huida en masa de los liberales más comprometidos ni la actitud apaciguadora de los franceses evitaron la violencia contra los sospechosos de liberalismo. La represión alcanzó también a numerosas mujeres, que sufrieron prisión, procesamiento o destierro15. En algunos casos, fueron represaliadas por hechos posteriores a la caída de la ciudad en manos absolutistas, como proferir injurias contra el rey, llevar puesto un pañuelo con el lema «Viva la Constitución», tramar un plan «contra el gobierno actual y a favor del revolucionario» —mucho más modesto de lo que parece—16 e incluso por propinarle un martillazo a una partidaria del absolutismo, que daba rienda suelta a su alegría por el triunfo de los suyos canturreando la famosa Pitita —«Pitita bonita, / Con el pío, pío, pon. / Viva Fernando / Y la Inquisición»—. Por el martillazo, que dejó malherida a la servil, fue procesada una familia entera: el padre, la madre y la hija17. Desde el momento mismo del cambio de régimen, hay indicios, como se ve, de oposición al nuevo orden de cosas y a todo aquello que lo representaba, como las nuevas canciones en boga.

El alcance de la represión fue, desde el principio, motivo de discrepancia entre las autoridades realistas. En Segovia, la marquesa de Quintanar y condesa de Santibáñez quedó confinada en su casa a partir del 27 de junio, a la espera de una decisión final sobre el castigo que debía recibir por sus antecedentes políticos. Según el corregidor, partidario de actuar con mano dura, tanto ella como sus hijos habían participado en «cuantas reuniones, bailes, borracheras y funciones gentílicas se han prodigado en esta ciudad durante el calamitoso tiempo constitucional». Como prueba de la culpabilidad de la marquesa, el corregidor adujo su huida con los liberales cuando el ejército francés se acercaba a la ciudad, aunque luego cometiera la imprudencia de regresar a su casa. Un mes después de ordenar su reclusión, las autoridades decidían ponerla en libertad «en la precaución que estime el corregidor» y, en todo caso, con la prohibición de residir en Segovia o en la Corte18. Algo más tuvo que esperar hasta su liberación Manuela de la Sota, vecina de Cuenca, encarcelada «por adicta al sistema constitucional» en cuanto la partida realista de Bessières tomó la ciudad. Permaneció casi un año recluida en la Casa de Recogidas de Cuenca, hasta que, en mayo de 1824, fue deportada al pueblo de Osa de la Vega «para que se la vigile»19. De Burgos capital, consta la formación de una lista negra con los nombres de aquellos liberales que, como la marquesa de Quintanar en Segovia, primero huyeron y luego regresaron a la ciudad pensando que la cosa no sería para tanto. Así lo creyó una viuda llamada Tomasa Toribio, que regentaba un comercio perteneciente probablemente a su difunto marido. Que abandonara la ciudad al marcharse los liberales indica cuáles eran sus opiniones políticas, y que volviera al poco tiempo sugiere una visión demasiado optimista de la nueva situación. La maquinaria represiva se puso en marcha inmediatamente y la viuda quedó señalada como «madre y socia de viaje», se supone que en la huida, «de D. Julián Simó Toribio, Prô [¿presbítero?] muy exaltado»20. Con estos antecedentes, a Tomasa le resultaría difícil librarse del acoso de las autoridades y de la hostilidad de la plebe absolutista, origen de una violencia más o menos incontrolada contra quienes se habían significado por su adhesión al régimen constitucional.

Es el caso de la asturiana Ramona Carreño, marquesa de Gastañaga, tachada de «sacrílega compradora de bienes nacionales», cuyas propiedades sufrieron diversos daños por los ataques perpetrados por sus enemigos21. Muy notorio debía de ser su liberalismo para que ochenta años después el periódico conservador La Época recordara la tertulia de esta «gran dama asturiana», frecuentada por Álvaro Flórez Estrada, y su constante apoyo a los políticos perseguidos22. En Madrid, a la condesa de Castañeda «le apedrearon las vidrieras» por constitucional, lo mismo que a María Antonia de Gimbernat, hija de un eminente cirujano, Antonio de Gimbernat, y viuda del historiador Miguel de Manuel. Además fue «bastante insultada por varios vecinos de esta demarcación», por lo que decidió irse a vivir a otro barrio23. Es lo que hicieron también las hermanas Mercedes y Lorenza Alesón, conocidas en el Trienio por sus cánticos constitucionales y su relación de amistad y parentesco con notorios liberales, que en ocasiones se dejaban ver por su casa. Al caer Madrid en poder de los realistas, las hermanas Alesón optaron por cambiar de aires, «mudándose de la casa y calle»24. A dos vecinas del barrio de Lavapiés se las prendió, según las autoridades, para evitarles una muerte segura a manos de algunos vecinos, que las habían «designado como provocadoras e insultantes a los demás convecinos en los años del desorden llamado constitucional»25. También en Madrid, a una tal Antonia Revoredo, «muy liberala», «la cantaban los amantes del Rey canciones». No se dice cuáles, pero sin duda servirían para recordarle su pasado y meterle el miedo en el cuerpo. Total, poca cosa, aunque unos meses después fue detenida y procesada26. Peor aún fue lo de Tecla López de Angulo, antigua monja del convento de Las Huertas, señalada a los ojos de sus vecinos por haberse secularizado en 1822. Desde entonces vivía en Burgos. Tras el triunfo de la reacción, los insultos y las amenazas llegaron a ser tan insoportables que acabaron obligándola, dos años después, a dejar la ciudad y exiliarse en Francia27. María Barbeito, esposa del diputado José Santiago Muro —condenado a muerte en rebeldía—, aguantó como buenamente pudo, pero en 1828 decidió marcharse con sus dos hijas «huyendo de los malos tratamientos que el gobierno absoluto les hacía sufrir», según el testimonio de varios compañeros de infortunio28.

Las represalias contra las mujeres estuvieron, pues, a la orden del día, a veces no tanto por sus propias responsabilidades, que no solían pasar de la expresión de opiniones políticas o de la ostentación de cintas o abanicos constitucionales, como por las que se atribuían a los hombres de su familia. Es lo que ocurrió con Simona Espoz y Mina, hermana del célebre general y esposa de Baltasar Sáinz, concejal de Pamplona, muerto en julio de 1823 en la defensa de la capital navarra frente a las tropas francesas. Tras la toma de la ciudad, «fueron arrestadas en gran número las señoras más distinguidas de Pamplona, acusándolas de revolucionarias, y la viuda de Sáinz entre ellas». Así lo cuenta en sus Memorias su cuñada, Juana de Vega, futura condesa de Espoz y Mina. Añade que Simona permaneció algún tiempo presa y que en el simulacro de juicio al que fue sometida se la condenó a elegir entre el destierro y la redención económica de la pena. Estando todavía en prisión, varios españoles exiliados en Londres escribieron al periódico oficial mexicano Gaceta del Gobierno Supremo informando de la preocupante situación en que se encontraban tanto Simona Espoz y Mina como otras «muchas señoras respetables, […] acusadas de cantar canciones liberales y de haberse declarado contra el sistema absoluto en tiempo de la Constitución». Se citan los casos de una tal Salazar, desterrada de Navarra y amenazada con cuatro años de cárcel si quebrantaba el destierro; de Josefa María Alonso, condenada a dos años de prisión y a una multa de mil pesos; de diez infelices, vecinas de Zaragoza, sentenciadas a penas de entre tres y diez años de cárcel, y de «un considerable número de señoras de todas edades [que] se hallaban encerradas en las asquerosas cárceles de Pamplona» en el momento de escribirse, en febrero de 1824, las cartas que informaban de todo ello. Entre las presas a la espera de sentencia se encontraba Simona Espoz y Mina, cuyo único crimen era «ser hermana del bravo general Mina»29.

La documentación conservada sobre este caso confirma tanto la información publicada por el periódico mexicano como el testimonio de Juana de Vega sobre su cuñada, quien, tras pasar seis meses en prisión, fue desterrada de Navarra por «adicta al sistema constitucional». El 28 de marzo de 1824, el secretario del virrey le expedía un pasaporte que la autorizaba a trasladarse a Francia «a virtud de estar condenada a vivir fuera de este Reino». No se lo pensó dos veces. Al poco tiempo partió para Francia en compañía de una sobrina suya, Clementina Irure, que por su relación familiar con Mina corría también el riesgo de ser importunada por los realistas. En julio, tía y sobrina se reencontraban en Londres con el general Espoz y Mina, no sin antes sufrir en Calais un minucioso registro de su equipaje por parte de la policía francesa30. El testimonio de su cuñada, coincidente con la información de la Gaceta mexicana, y la causa judicial tan sólo discrepan en la razón de su destierro, que en el primer caso se atribuye a su condición de hermana de Mina, y en el segundo a su propias ideas constitucionales. Lo normal es que se dieran las dos circunstancias. Si, por un lado, el parentesco con un liberal bastaba a menudo para que una mujer sufriera maltrato por parte de los realistas, por otro, el liberalismo era un conjunto de ideas y sentimientos que solían compartirse en familia, aunque hombres y mujeres pudieran vivirlos de distinta forma.

Ejemplo de esa fatalidad familiar que acompañó a muchas mujeres identificadas con el liberalismo fue la rápida huida al exilio de la viuda y de una cuñada del general Riego, Teresa y Lucía. Lo mismo se puede decir de Emilia Duguermeur y Carmen Lacy, viuda y hermana del general Lacy, la primera de ellas muy conocida, como se ha visto, por su militancia liberal durante el Trienio. Josefa Queipo de Llano era otra mujer marcada por su vinculación familiar con la causa constitucional, en tanto que viuda del general Díaz Porlier, ejecutado en 1815, y hermana del conde de Toreno, diputado en las Cortes liberales. En el verano de 1823, poco después de la entrada de las tropas realistas en Madrid, se ordenó un exhaustivo registro de su domicilio, al tener noticia la policía de que en ella se estaban imprimiendo unas proclamas subversivas31. La verdad es que en su casa no se halló ni rastro de una imprenta clandestina, pero sus apellidos de soltera y de casada daban pábulo a cualquier acusación que pudiera recaer sobre ella.

Sin alcanzar ni mucho menos la notoriedad de las anteriores, el temor a posibles represalias llevó a María Lázaro a abandonar primero Madrid y luego España, aprovechando el regreso a Francia de una parte del ejército francés, que le prestó su protección. Su delito era ser la viuda de un militar constitucional, Luis Pascual, fallecido en 1823 —no está claro si en el campo de batalla o en el patíbulo— y perteneciente al parecer a la división de Riego32. Juana Calzado, refugiada en Francia y asimismo viuda de militar, declaró haber abandonado Sevilla en 1823 por no poder soportar las amenazas y los insultos de la plebe, instigada por el clero local, que no olvidaba que su marido, además de defender la Constitución con las armas, había comprado bienes nacionales expropiados a la Iglesia33. En el caso de Clara Fresnedo, natural de Guernica, la razón de su huida a Francia fue la ejecución en Madrid de dos hermanos suyos partidarios de la Constitución34. Otra española refugiada en Francia tuvo que salir de España precipitadamente al temer por su vida tras la muerte de su padre y de su hermano mayor, víctimas de la represión absolutista35. Hay cierta confusión sobre el año de su huida, porque habla de los «acontecimientos políticos de 1823 y 1824» como si la continuidad entre el final del Trienio y el terror subsiguiente hiciera difícil distinguir un año del otro. El miedo al absolutismo llevó también a una joven huérfana, María Jacinta Plans, natural de Santpedor (Barcelona), a cruzar los Pirineos después de perder en 1823 a sus padres, que le habían inculcado el amor a los principios constitucionales36.

Fueron muchas las mujeres anónimas que padecieron la violencia absolutista simplemente por estar casadas con liberales. En julio de 1823, la Gaceta de Madrid, ya en poder de la reacción, recogía una extraña información tomada supuestamente de la prensa liberal publicada en Cádiz:

«En Villarrobledo [Albacete] se amotinó el pueblo: las mujeres de los liberales fueron paseadas en burros por las calles. Ha marchado allá Egoaguirre, comandante general de Chinchilla con 300 infantes, más de 100 caballos, un obús y un cañón de a 4»37.

Aunque la Gaceta absolutista incluye la noticia entre las «mentiras contenidas en los periódicos de Cádiz», el suceso relatado, con todos los visos de ser real, muestra el carácter entre truculento y carnavalesco de la violencia realista, con un punto de espontaneidad muy propio de las bases populares del absolutismo, amparadas en la impunidad de los cuerpos de voluntarios realistas que se iban constituyendo en la retaguardia. Tales fueron los principales artífices de una represión descontrolada que a menudo tenía un claro trasfondo social. De ahí el aire de motín popular de los hechos ocurridos en Villarrobledo y la drástica intervención de la autoridad militar, con artillería y caballería incluida, para reprimir peligrosos excesos.

La responsabilidad política atribuida a las mujeres emparentadas con los liberales, principalmente la que se imputaba a sus esposas e hijas, respondía a la vez a la lógica inquisitorial del absolutismo y a los lazos familiares tejidos en torno a la causa constitucional. El centro de esa red político-familiar solía ser el padre o el marido, que era quien desempeñaba una función activa, compartida a veces con los hijos varones, como militar constitucional, miliciano, cargo público, elector o miembro de un club patriótico o de una sociedad secreta. En cambio, el papel de las mujeres solía circunscribirse al ámbito de lo doméstico y lo simbólico: celebrar reuniones y tertulias, que indefectiblemente iban acompañadas de cánticos revolucionarios, y llevar prendas y adornos que eran en sí mismos una declaración de principios, en particular cintas verdes —el color liberal por excelencia— y abanicos con dibujos o inscripciones ad hoc, como el lema Constitución o muerte.

No es frecuente por ello el caso del intendente Gabriel López Saavedra, persona de intachable realismo, según uno de sus hijos, pero cuyo buen nombre se vio gravemente perjudicado por el liberalismo desenfrenado que se había apoderado de su casa bajo el régimen constitucional. En aquellos tiempos en que todo andaba revuelto, sus hijas organizaban periódicamente veladas político-musicales en las que ellas «y otras de la concurrencia» cantaban «escandalosas canciones patrióticas» con los balcones bien abiertos, para que pudiera oírlo todo el vecindario. De aquellos excesos, consentidos por el cabeza de familia «por su bondad y el deseo de complacer a su mujer y a sus hijas», vinieron los problemas del intendente bajo su amado gobierno absoluto38. Este caso de discordancia política en el seno de una familia liberal y de sumisión paterna a la iniciativa femenina se puede considerar, sin embargo, una excepción.

La acusación de liberalismo que recayó sobre muchas mujeres, basada en la conexión familiar y en la exhibición de símbolos constitucionales, no carecía, pues, de cierto fundamento. Así lo indica un episodio vivido en el verano de 1823 en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), que refleja tanto la forma de actuar de los realistas, anárquica y brutal al mismo tiempo, como la importancia del parentesco como factor de cohesión y propagación del liberalismo. El restablecimiento del absolutismo en este pueblo manchego provocó la habitual represión antiliberal, que dio como resultado una treintena de detenidos, incluidos tres o cuatro clérigos y dos mujeres. Enseguida surgieron, sin embargo, las discrepancias sobre el alcance de la violencia antiliberal. Frente a los realistas más aguerridos, comandados por el célebre Manuel Adame, El Locho, partidarios de un ajuste de cuentas sin contemplaciones, las nuevas autoridades locales decidieron acabar con aquel «desenfreno» y restablecer el orden, para lo cual decretaron la puesta en libertad de la mayoría de los presos, entendiendo que habían sido detenidos arbitrariamente. La decisión provocó la ira de El Locho, que hizo valer su autoridad como mariscal de campo —un título algo fatuo para quien no pasaba de ser un guerrillero realista— y ordenó nuevamente la detención de todos los tachados de liberales, aunque pertenecieran a «la clase más principal del pueblo»39, una expresión que revela, como tantas otras veces, la tendencia del absolutismo más popular a ver el liberalismo como cosa de ricos y gente pudiente.

El conflicto entre unas y otras autoridades se resolvió con una investigación abierta por el alcalde ordinario, Juan García Retamero, para depurar las responsabilidades políticas de lo acontecido en los últimos tres años. Sale a la luz entonces una tupida trama familiar relacionada con los principales acusados, entre ellos el depuesto alcalde constitucional, Diego Carriazo, que se encontraba preso desde la llegada de los realistas a principios de julio. Él y su familia, según algunos vecinos, se habían pasado el Trienio pavoneándose de su liberalismo e intimidando a quienes consideraban enemigos de la Constitución. Uno de los vecinos que declararon en el sumario le define como «exaltado constitucional, lo mismo que su mujer y todos sus hijos». Sobre estos últimos afirma que tanto ellos como ellas habían sido «cantarines de canciones constitucionales e insultantes al rey y a la religión, diciendo viva Riego y los hijos de Padilla, al paso que muriera el despotismo, llevando cintas las hijas e hijos con letreros que decían Constitución o muerte»40. Otro testigo confirma que la familia de Carriazo tenía costumbre de llevar «cintas de Constitución o muerte» y que sus hijas solían mostrar sus sentimientos políticos con cánticos insultantes para los realistas, del tipo «primero morir que casar con un servil». Su madre no les iba a la zaga. «Exaltada en sumo grado», en cierta ocasión se le oyó decir «que las mujeres debían ponerse pantalones para degollar realistas»41. Esta y otras frases por el estilo salieron de su boca en la Navidad anterior, según la declaración de otro vecino que aún recordaba textualmente algunas de ellas: «Que en el andar se conocía a los constitucionales», «que mientras hubiese una bayoneta había de haber Constitución y que los liberales habían de hacer lo que los serviles, que era ponerse pantalones hasta las mujeres para degollar a los realistas»42. Al lado de esto, las acusaciones formuladas contra el cabeza de familia, como decir que «tenía las uñas gastadas de poner lápidas [de la Constitución]», parecían cosa de poca monta.

Similar comportamiento se atribuye a las lugareñas emparentadas con otros procesados, como José García Millán, cuyas hijas, Paulina y Micaela, lucían públicamente «cintas en el pecho con letrero de Constitución o muerte»43. La hermana de Pedro Redondo Verdugo pasaba por ser tan exaltada como él, y eso que de la facundia revolucionaria de Pedro se contaban «doscientas mil cosas escandalosas», como decir que «el rey era un déspota, que [se] fuese a mandar marranos [y] que la Constitución nos haría libres, iguales y felices»44. De la madre y de las hijas de otro preso se asegura que habían sido «todas a cuál más constitucional, manifestando tenerlo a mucha gloria»45. Sobre la progenitora de uno de los principales encausados, Antonio Arenas, jefe de la milicia liberal acusado de dar muerte a dos guerrilleros realistas que ya se habían rendido, un testigo declaró que tras aquel suceso Joaquina Rodríguez Infante, que así se llamaba la madre del miliciano, no pudo contener su alegría por la acción de su hijo: «Bendito brazo, bendita madre que pare tan buenos hijos para matar a pícaros». Según este mismo testigo, la reciente muerte de su esposa había sido culpa de los encausados, que con sus canciones ofensivas y sus constantes amenazas les habían hecho la vida imposible a todos los que, como ella, fueran buenos realistas46.

Con el cambio de régimen, las canciones y los insultos cambiaron de bando. No lejos de Villarrubia, en Almagro, el triunfo del absolutismo se tradujo en «cantares desordenados» que podían oírse día y noche acompañados del consabido grito de «mueran los negros». Meses después, a finales de 1823, aún eran frecuentes las rondas de grupos de exaltados, formados por hombres y mujeres, que recorrían en carromato y a caballo los lugares estratégicos, como la cárcel, la casa del alcalde —acusado de proteger a los negros— y la plaza mayor, donde algunas de las mujerzuelas que participaban en el cortejo se bajaban de los caballos para insultar y maltratar a aquellos vecinos que tenían por desafectos a la monarquía absoluta y aún no estaban presos47.

Las mujeres tuvieron, como se ve, un papel nada desdeñable no sólo como víctimas, sino también como instigadoras de la violencia contra los liberales y sus familias. La Historia general de España, obra clásica de la historiografía decimonónica, escrita por Modesto Lafuente y Juan Valera, traza un cuadro general del clima de persecución que acompañó a la restauración absolutista y del hostigamiento que sufrieron los proscritos, con una destacada presencia femenina a uno y otro lado de la frontera ideológica que dividió al país en aquellos años:

«Las cárceles volvieron a henchirse de presos arrastrados a ellas al capricho por los voluntarios realistas. Las mujeres de éstos insultaban groseramente y maltrataban de hecho a las esposas de los milicianos nacionales. Un pañuelo, un abanico, una cinta verde o morada, colores que se tenían por preferidos por los liberales, eran bastante para merecer la ira popular y provocar denuestos y a veces lanzarse como furias sobre las personas que los llevaban»48.

Buen ejemplo de ese absolutismo femenino implacable con el enemigo, cualquiera que fuera su sexo y condición, es la proclama que dirigieron a Fernando VII, con motivo de su reciente liberación, 52 vecinas de Burgos que firmaron el escrito con sus nombres y apellidos, muchos de ellos de cierto relumbrón. A su alegría por la noticia del regreso de Fernando a la plenitud de su poder se añadía su impaciencia por que «los llamados liberales» recibieran pronto su merecido castigo, «sin exceptuar a las de nuestro sexo, que abundan en las capitales de provincia y pueblos numerosos e influyen y han influido poderosamente para prolongar los males de la desgraciada España y mantener el desorden y la anarquía». Aunque «las realistas de Burgos que abajo suscriben» no pretendían aleccionar al rey sobre los remedios que debía poner a la «grave y peligrosa enfermedad» que padecía el reino, su escrito contenía unas palabras que, en tiempos en que tanto se hablaba de una posible amnistía, podían sonar a maternal advertencia: que aspirara a ser «más bien Fernando el Justiciero que Fernando el Indulgente»49.

«En consideración a su sexo»: una justicia particular

Entre enero y febrero de 1824, Fernando VII acabó de perfilar la maquinaria represiva responsable de mantener el orden público, perseguir a los liberales y llevar a cabo una radical depuración del ejército y de la administración civil. No hubo, en cambio, restablecimiento de la Inquisición, si bien en algunas diócesis se crearon Juntas de Fe que pretendieron cumplir la función del antiguo tribunal del Santo Oficio. Sin mucho éxito, todo hay que decirlo, porque el gobierno se mostró reacio a la proliferación de estas Juntas inquisitoriales por el descrédito que podían ocasionarle en Europa. Lo más destacado de la breve historia de las Juntas de Fe fue la ejecución en 1826 de un maestro valenciano, Cayetano Ripoll, acusado de «deísta fanático», que pasa por ser la última víctima de la Inquisición española en sus más de tres siglos de historia.

Algunos de los organismos encargados de la represión, como la Superintendencia General de Policía y las Comisiones Militares, fueron creados a principios de 1824. Por el contrario, el Cuerpo de Voluntarios Realistas llevaba ya varios meses actuando a pleno rendimiento, aunque el nuevo reglamento del Cuerpo aprobado en febrero de 1824 puede verse como un intento, en gran parte fallido, de refundación de la milicia realista. Todas estas instituciones, además de los tribunales ordinarios, en particular la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, participaron en diverso grado en la represión del liberalismo y, por tanto, en la persecución a las mujeres con fama de liberales.

El Cuerpo de Voluntarios Realistas era una milicia con un fuerte componente popular, que absorbía y legalizaba las partidas guerrilleras alzadas en armas contra el liberalismo en los años anteriores. Había algo en los voluntarios realistas, tal vez su aire aguerrido y un cierto igualitarismo social, que los asemejaba a la Milicia Nacional del Trienio, y parece que el propio Fernando VII no pudo evitar una comparación —«los mismos perros con distintos collares»— que no les dejaba en muy buen lugar. Estaban en general pobremente armados, aunque su talante bronco y el orgullo de vestir el uniforme del cuerpo les bastaban para ejercer un poder intimidatorio. Más que mantenedores del orden público, los voluntarios resultaron ser una constante preocupación para las autoridades por su actitud pendenciera y su odio ciego a las gentes de orden, a las que, con motivo o sin él, solían identificar con el liberalismo. La publicación en febrero de 1824 de un amplio y prolijo reglamento que pretendía atajar su indisciplina les enfrentó al gobierno, y en especial al ministro de la Guerra. Tres meses después, la promulgación del indulto a los liberales puso a los voluntarios realistas al borde de la insurrección. Los rumores sobre su implicación en conspiraciones y tentativas ligadas al ultraabsolutismo fueron constantes desde 1824 y se vieron confirmados cuando en 1833, a la muerte de Fernando VII, la mayoría de ellos pasó a engrosar las filas del pretendiente don Carlos.

No era frecuente que la milicia realista interviniera en la represión del liberalismo femenino, seguramente porque las mujeres liberales y los voluntarios realistas solían moverse en espacios distintos: las primeras en el ámbito privado, los segundos en el bullicio de las calles y locales públicos. El hostigamiento a las señoras tachadas de liberales, o casadas con antiguos milicianos nacionales, lo ejercían en todo caso las mujeres de los voluntarios realistas, según el curioso reparto de papeles que se apuntaba en el fragmento de la Historia general de España antes citado. Sólo si mediaba provocación, como en el caso de Guadalupe Valdés, condenada a quince días de cárcel por insultar a un voluntario50, o si había hombres de por medio, los realistas podían romper ese incómodo tabú que era para ellos la mujer liberal.

Así ocurrió con una vecina de Turégano (Segovia) que, en plena Cuaresma de 1825, promovió un sonado escándalo en su casa en compañía de varios individuos tachados de liberales. La protagonista del suceso, según la información recogida por el obispo de la diócesis, fue una viuda llamada María Matesanz, «extremadamente adicta al sistema constitucional y como tal marcada por todo el pueblo». Su fama quedó acreditada cuando, sin ningún recato, recibió en su casa a varios constitucionales, entre ellos tres oficiales de artillería, que en fechas tan señaladas «tuvieron la desvergüenza de estar tocando instrumentos músicos y divirtiéndose durante el rosario, Miserere y Sermón». El alboroto atrajo la atención de un grupo de voluntarios realistas, que se presentó en el lugar con ganas de bronca51. Hubo gritos, insultos y forcejeo de los huéspedes de la viuda con los voluntarios que asaltaron la vivienda y que finalmente consiguieron llevarse a varios detenidos. Este episodio recuerda lo ocurrido un año antes en la villa de Orgaz, Toledo, en casa de una vecina llamada Eugenia Baca, donde «varios marcados liberales» allí reunidos «cantaron trágalas y gritaron contra la sagrada persona de S.M., lo que dio ocasión a que los realistas se agolpasen en la casa de Baca dispuestos, al parecer, a acometerla». En vista de ello, «temerosos los concurrentes, se fugaron por los corrales», pese a lo cual, el comisionado de policía de Toledo, que es quien informó de los hechos, solicitó que se abriera una causa para depurar responsabilidades52.

Las mujeres podían sufrir también indirectamente la violencia de los voluntarios realistas cuando iba dirigida contra las familias con tacha de liberales, doblemente odiadas por ser también con cierta frecuencia las más ricas de cada localidad. Un parte policial fechado en julio de 1825 indica la magnitud de un conflicto que rebasaba el simple antagonismo entre absolutistas y liberales para cobrar visos de una verdadera guerra de clases:

«Es general la emigración a Francia de todos los hacendados y gentes pudientes de las Provincias Vascongadas por no poder sufrir los insultos, vejaciones y atropellamientos de los voluntarios realistas y de la gente baja del pueblo»53.

Para la milicia realista, compuesta —leemos en un parte policial de la época— por «las heces del pueblo»54, el liberalismo de las clases medias y acomodadas era algo que se daba por supuesto y que justificaba cualquier atentado contra estas personas o contra sus bienes. Es difícil saber si los realistas odiaban a los liberales por ricos o a los ricos por liberales. El hecho es que su violencia respondía a un profundo odio de clase y que hasta el superintendente general de policía tuvo que advertir a Fernando VII de los móviles económicos que motivaban las coacciones ejercidas sobre «los llamados negros» por «algunos de los que se llaman blancos»55. Una parte de las personas que huyeron al extranjero a lo largo de estos años, incluidas muchas mujeres que inicialmente permanecieron en España, lo hizo para escapar a las manifestaciones más persistentes y cotidianas del terror blanco. Así lo interpretó la propia policía francesa: «Todo aquel que en España posee algo», escribía en 1824 el prefecto de Hautes Pyrénées, «intenta dejar ese desgraciado país»56.

Caso muy distinto al de la violencia incontrolada de los voluntarios realistas es la represión judicial practicada por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y por las Comisiones Militares Ejecutivas. La primera era un tribunal dependiente del Consejo de Castilla con jurisdicción sobre el lugar que en cada momento fuera residencia del rey, aunque con el tiempo fue perdiendo ese carácter itinerante para instalarse de manera permanente en la capital del reino. Tuvo un papel fundamental en la represión del liberalismo, aunque intervino también en la persecución del ultraabsolutismo desde fecha tan temprana como el verano de 1824, cuando se descubre en La Mancha una conjura tildada ya de carlista. Pero, como sucedió con otras instituciones represivas, las principales víctimas de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte fueron los liberales de ambos sexos que antes y después del cambio de régimen en 1823 manifestaron su liberalismo o se expresaron en contra del rey y del gobierno absoluto.

Las causas contra las mujeres suelen ser de este tenor. Francisca Martínez y su hija, Victoria López, madrileñas de cuarenta y seis y diecinueve años, vendedoras de fruta, sufrieron prisión a partir de enero de 1824 «por exaltadas en favor del abolido Sistema Constitucional» y «por haber proferido palabras contra el Rey N. S. y otros excesos». La última expresión es una fórmula muy socorrida —se le aplica por ejemplo a Josefa Fernández, «presa por exaltada por el Sistema Constitucional y otros excesos»— que puede significar cualquier cosa. Recuerda la historia, relatada por Mesonero Romanos, de aquella reverenda madre, y presunta bruja, que fue encausada por la Inquisición «por volar y otros excesos». Estas dos procesadas no llegaron a tanto, pero en julio fueron sentenciadas a una dura condena de cuatro años de galera, pago de costas y apercibimiento. En cambio, la sentencia contra María de Marcos, sirvienta, acusada de «insultar a los vecinos de su casa con el nombre de serviles y [de] expresiones contra S.M.», consideró suficientes los meses pasados en prisión y redujo el castigo al pago de costas y a salir de la Corte en tres días. El destierro fue, asimismo, la pena impuesta a Juan Laborda y sus dos hijas, tras haber estado presos varios meses «por Constitucionales y por poner luces al retrato de Riego»57. Ya se ve hasta qué punto el culto al liberalismo tenía visos de religión política.

Cargos como «exaltada constitucional» o «haber vertido expresiones contra S.M.» se repiten con frecuencia, dentro de un margen de ambigüedad e indefinición considerable. Por algo tan vago como ser «sospechosos en su conducta política», Pedro Trabanco y Bernarda Argüelles fueron detenidos y meses después condenados a dos años de presidio y cuatro de galera respectivamente. Es raro que por el mismo delito la mujer recibiera una condena más dura que el hombre, porque generalmente ocurría lo contrario. Aún más arbitraria resulta la acusación contra Damián Martínez y Casimira Fernández, «presos por sospechosos», y contra María Manuela Jiménez, de veintitrés años, sirvienta en paro: «Presa por sospechosa en su conducta». Se la pone en libertad, aunque con obligación de dirigirse en tres días a su lugar de origen (Doña Mencía, Córdoba). Algo más originales son los motivos de la causa iniciada en junio de 1824 contra Luisa Suárez, Antonia Gómez y Josefa Ganchega por participar en la fuga de un condenado a muerte —Paulino de la Calle, uno de los innumerables acusados del asesinato del cura Vinuesa en 1821— y de la que se les abrió a María Palomina y otras personas que formaron cuadrilla y se presentaron en El Rastro «a deshora de la noche cantando canciones contrarias a nuestro legítimo Gobierno». A María se la despachó con los pocos meses que había pasado en prisión y orden de vigilancia a su alcalde de barrio. Tampoco salió mal librada María Ferrero, casada, de cincuenta y ocho años, «presa por haber dicho en medio de un corro de mujeres que había sido liberal, lo era y lo será, ratificándose en estas expresiones». Se mandó sobreseer la causa, aunque con pago de costas y tras ser apercibida seriamente58.

El proceso abierto en 1824 contra las hermanas Bárbara y Lorenza Vié por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte reviste una particular gravedad. No se las acusa, como en tantos otros casos, de un delito de opinión, sino de complicidad en una conspiración para derribar la monarquía absoluta. La verdad es que, cuando se conocen las interioridades del proceso, la historia queda reducida a poca cosa. Al final, la causa conocida como «de Gavilán», por ser el nombre de uno de los encausados y delator de sus compañeros, no pasó de ser un plan bastante quimérico para levantar partidas armadas en algunos pueblos castellanos e ir proclamando la Constitución por esos mundos de Dios. El cerebro parece haber sido Juan Vié, zapatero y vecino de Madrid, quien además debía ponerlo en ejecución «enganchando y alistando sujetos, ofreciéndoles dinero, puntos de reunión en estas inmediaciones y anunciándoles que en los pueblos de Ocaña, S. Clemente y algún otro había caballos y gente ya apostada y predispuesta a recibir [a] los enganchados que debían tomar diversas direcciones por las provincias»59. La Superintendencia de Policía tuvo conocimiento del plan el 3 de febrero de 1824 e inmediatamente ordenó la detención de los implicados. De ellos, Juan Vié pudo escapar antes de ser prendido en la casa de su familia en Madrid, adonde fueron a buscarle. Peor suerte tuvieron sus hermanas, Bárbara y Lorenza, acusadas de complicidad en la conjura, ingresadas en la Cárcel de Corte y condenadas el 14 de julio de 1824, la primera a seis años de prisión y la segunda a diez, que era la condena más alta posible con excepción de la pena capital. Fueron encarcelados y juzgados también los padres, dueños de la casa y tienda de zapatería donde se reunían los conjurados, pero finalmente quedaron absueltos.

La dura sentencia contra las hermanas Vié dio lugar a sucesivas peticiones para conseguir una rebaja sustancial de la pena de cárcel o al menos su conmutación por el pago de una multa. Lo primero que saltaba a la vista era la notable diferencia entre las penas que recayeron sobre una y otra. Como no parecía que hubiera una responsabilidad distinta en su participación en los hechos —en realidad, como veremos, sí la había—, el tribunal accedió a reducir a seis años la condena a Lorenza, equiparada así a la de su hermana. Quedaban en pie, sin embargo, dos cuestiones de fondo que el tribunal había juzgado un tanto a la ligera al dictar sentencia: su implicación en la conjura y la existencia misma de la propia conspiración que había dado lugar a la causa. En una solicitud presentada en diciembre de 1825, tras casi dos años de reclusión, las interesadas añadían a sus protestas de inocencia razones humanitarias para que se revisara su caso, desde la reciente muerte de su padre, «que no ha podido sobrevivir a tanto infortunio», o el estado de salud de su madre, «llena de achaques», hasta el matrimonio que una de ellas tenía «contratado» en caso de obtener la libertad y que debía servir, según ella misma, para «reparar en parte tales desgracias»60.

El gobernador de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte al que iba dirigido el escrito de las hermanas Vié reconoció la debilidad de las pruebas esgrimidas contra ellas y hasta la falta de cuerpo del delito que demostrara la existencia de tal conspiración. No pone en duda que la hubiera, pero lo cierto es que «no se han hallado armas, caballos, listas, inscripciones ni otro género de señales comprobantes del delito» y que en los pueblos mencionados en la causa nadie tenía constancia ni había oído siquiera rumores de un plan semejante. Todo se reducía, pues, a la huida de Juan Vié, que probaría así su culpabilidad —por la que fue condenado a muerte en rebeldía—, y a la delación de algunos encausados, que apuntaban al propio Vié como artífice de un proyecto para sublevar pueblos y gentes, con caballos, armas y dinero, fraguado en la intimidad de su domicilio familiar. Ahí es donde aparece la presunta responsabilidad de sus hermanas, a las que los principales testigos consideran partícipes o conocedoras del plan. En concreto, Lorenza «apuntaba los nombres de los que se presentaban a alistarse cuando su hermano no se hallaba en casa» y Bárbara, indudablemente, «estaba en el secreto» y se mostraba conforme con lo que tramaban sus hermanos Juan y Lorenza. Existía, por tanto, una cierta diferencia en el papel que una y otra desempeñaron.

El gobernador ofrece poderosas razones para que se atienda la solicitud de las reas. No es que las considere «absolutamente inocentes del delito que se las atribuye», pero dado que no hay cuerpo del delito, que algunos de los testigos han incurrido en contradicciones y perjurio y que «como mujeres tienen en su favor alguna presunción de no ser creíble que se mezclasen en sucesos de tal naturaleza», es decir, en una conspiración, entiende que seis años de cárcel suponen una pena excesiva. Alega también otros motivos de diversa índole, ya sea la penosa situación en que se encuentra la madre, el matrimonio de una de las hermanas, en suspenso mientras permaneciera en prisión, y hasta el «alivio que necesitan las cárceles para el mucho número de presos». Por todo ello, propuso que se les concediera la libertad a cambio de una pena pecuniaria. El informe tuvo un efecto inmediato, porque al día siguiente, 6 de enero de 1826, la Sala accedía a la liberación de las hermanas Bárbara y Lorenza Vié, tras pasar dos años en prisión, mediante el pago de 300 ducados, que serían destinados a los presos de la Cárcel de Corte. La resolución del tribunal se formulaba «en obsequio de las presentes Pascuas y de la adoración de los Santos Reyes»61.

Si la arbitrariedad fue la tónica general de la justicia absolutista, ningún tribunal parece haber llegado tan lejos en ese terreno como las Comisiones Militares Ejecutivas. Su creación fue anunciada en enero de 1824 mediante una circular del Ministerio de la Guerra que regulaba su funcionamiento y fijaba sus cometidos, que no eran otros que combatir los atentados contra la propiedad, principalmente el bandolerismo, y los ataques contra la autoridad del monarca realizados por los «enemigos de los legítimos derechos del Trono o partidarios de la abolida Constitución aprobada en Cádiz en marzo de 1812»62. Se entendía, por tanto, que los delitos políticos que debían perseguirse, tales como la formulación de «expresiones subversivas», sólo podían tener su origen en el liberalismo. Pero las autoridades no tardaron en comprobar que algunos de los atentados contra el orden público o contra el gobierno procedían del propio campo absolutista, convertido en un foco creciente de malestar y agitación. Eso explica que finalmente, en agosto de 1825, el rey ordenara la disolución de las Comisiones Militares por «haber aminorado los delitos que dieron motivo a su creación» y por la ambigüedad de algunas de sus funciones, como el castigo de las «expresiones llamadas subversivas, […] no bien definidas hasta ahora», y ello pese a que una real orden de octubre de 1824 había intentado ya circunscribir tales expresiones a las que tenían un inequívoco origen liberal: «Los que usen de las voces alarmantes y subversivas de viva Riego, viva la constitución, mueran los serviles, mueran los tiranos, viva la libertad, deben estar sujetos a la pena de muerte»63. En la práctica, sin embargo, el castigo de estas «voces alarmantes y subversivas» se movió en un amplio margen de discrecionalidad, como todo lo que hicieron las Comisiones Militares.

La actuación de estos tribunales especiales en su año y medio de vida ha quedado un tanto simplificada por la imagen transmitida por la historiografía liberal del siglo XIX, focalizada en la figura del presidente de la Comisión de Castilla la Nueva, el célebre Francisco Chaperón, encarnación del absolutismo más cerril —no tardó en ser expulsado de Madrid por ultra— y uno de los protagonistas de El terror de 1824 de Galdós. En la Historia de la vida y reinado de Fernando VII, obra anónima, de inspiración liberal, publicada en 1842, se le describe arrogante y ufano al presidir las ejecuciones ordenadas por la Comisión Militar, «como si se gozara su alma negra en los padecimientos del infelice reo». En esta misma obra se recoge, acaso por primera vez, una especie que luego han repetido otros muchos autores, entre ellos Pío Baroja: que en la ejecución de un preso liberal, Juan Federico Menage, Chaperón quiso precipitar la muerte del reo tirando de sus piernas cuando colgaba, todavía vivo, de la horca64.

La breve historia de las Comisiones Militares es algo más compleja de lo que se desprende de esta visión estereotipada, sin que se pueda aceptar por ello la rehabilitación intentada en su día por la historiografía más conservadora65. La brutalidad y la saña de las Comisiones se reflejan en el rigor de muchas de sus sentencias, como la pena de muerte impuesta a 152 de los 1.094 individuos procesados, en ocasiones por delitos tales como poseer una proclama sediciosa o proferir gritos subversivos66. Pero llama la atención también lo impredecible de las resoluciones, fruto muchas veces de criterios completamente dispares según el tribunal o el momento, de forma que sobre reos acusados de los mismos delitos podían recaer penas tan distintas como la ejecución en la horca o una mínima privación de libertad. Así, por «expresiones contra el Rey Nuestro Señor» un reo fue condenado a cuatro años de destierro; otro, por «expresiones subversivas contra la sagrada persona del Rey Nuestro Señor», a diez años de prisión, y un tercero acusado de «expresiones contra la sagrada persona del Rey», a muerte por garrote. Y aún podía haber sido peor, porque un vecino de Nogueiro, Asturias, «procesado por delitos de lesa majestad divina y humana», fue condenado —leemos en la Gaceta— a ser «arrastrado, ahorcado y descuartizado, poniendo su cabeza en la villa de la Seca y los cuartos de su cuerpo en los cuatro caminos principales de Valladolid»67. A un reo se le condenó a diez años de presidio por el «horrendo delito de haber cantado canciones revolucionarias con expresiones las más impías e irreligiosas»68. Por el grito de «Viva Riego, Quiroga y su ejército» la Comisión Militar de Castilla la Nueva impuso una pena de diez años de prisión, mientras que la de Castilla la Vieja dejó en libertad a un acusado de gritar «Viva Riego, viva Quiroga», considerando suficiente «la prisión sufrida».

El mismo grito de «Viva la Constitución» fue castigado en distintos casos con diez años de presidio, cinco años de presidio y siete meses de cárcel69, e incluso hubo quien resultó absuelto del delito de gritar «Viva la Constitución» debido a «la fatuidad del referido García», que así se llamaba el afortunado70. La discrecionalidad con que actuaban las Comisiones llegó al extremo de que un hombre procesado por haber suministrado «armas para los revolucionarios» fuera condenado a diez años de presidio y doscientos azotes a pesar de que su crimen sólo se había «probado semiplenamente». La condición de sospechoso, a secas, podía bastar no sólo para ser encausado —hemos visto ya algunos casos de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte—, sino para recibir una sentencia condenatoria, como les ocurrió a dos funcionarios «acusados de sospechosos» y condenados uno a dos años y el otro seis meses de destierro. Es el caso también de dos hermanos de Osuna (Sevilla), «acusados de sospechoso el primero y el segundo de vago»71. Por su parte, a Rita García y su marido, vecinos de Dueñas (Palencia), procesados por expresiones contra el rey y los voluntarios realistas, se les sentenció a pagar una multa, pese a «no haber prueba suficiente»72.

Las mujeres representaron el 8,9 por 100 de las personas encausadas por las Comisiones Militares por motivos políticos. Ninguna de ellas fue condenada a muerte, aunque sí a diez años de galera, que era la pena inmediatamente inferior. Tal fue la sentencia que se dictó contra María de la Soledad Mancera, vecina de Madrid, acusada, junto a su marido, «de tener en su casa colgado a la vista el retrato del rebelde Riego» y de conservar «el nefando folleto de la constitución». En el caso de ella se añadía además «la irreligiosidad que usó con una estampa de la Virgen», aunque, según otra fuente, toda su «irreligiosidad» se redujo a tener el retrato de Riego escondido detrás de la estampa73. Los diez años de galera se le impusieron «en consideración a su sexo», una fórmula utilizada a veces para indicar que la condena era inferior a la que se hubiera merecido la acusada de no haber sido mujer74.

Se aprecia, en general, una mezcla de incomodidad y condescendencia en el trato que el aparato represivo de la monarquía absoluta dispensó a las mujeres liberales, una actitud corregida hacia el final de la década cuando el régimen fernandino temió que el liberalismo español se estuviera aprovechando de esa circunstancia. Las sentencias dictadas entre 1824 y 1825 en causas contra mujeres resultan en conjunto menos rigurosas que las que recayeron sobre los hombres por los mismos delitos, algo que tampoco llama la atención habida cuenta la disparidad de criterio de las Comisiones Militares. De las 37 mujeres procesadas por motivos políticos, 18 —es decir, el 48,6 por 100— fueron puestas en libertad —en algún caso, «en consideración a su sexo»—, aunque a menudo con apercibimiento, amonestación o vigilancia, e incluso dando por bueno el período pasado ya en prisión, lo que en la práctica equivalía a una sentencia condenatoria. Tal es el caso de una vecina de Tudela, empleada como sirvienta, que fue «acusada de haber dicho sería liberal hasta morir»: se ordena el sobreseimiento de la causa, considerando suficientes los cuatro meses que había pasado en prisión y un apercibimiento75. En parecida situación quedó una mujer procesada por la Comisión Militar de Murcia por «haber cantado coplas a favor de la abolida constitución». Aunque su causa fue sobreseída, la Comisión le impuso seis meses de prisión y ordenó que se vigilara su conducta política y la de su familia76.

La acusación que se repite con más frecuencia —casi en la mitad de los procesos— es haber vertido expresiones subversivas o alarmantes, ya sean contrarias al rey o a los voluntarios realistas o sin especificar. Participar en alborotos y tumultos, mantener conversaciones sediciosas o estar en posesión de material subversivo —como el retrato de Riego, abanicos constitucionales o proclamas liberales— figuran igualmente entre las acusaciones dirigidas por las Comisiones Militares contra las mujeres procesadas, con resultados completamente distintos: por «expresiones subversivas», Juana de Lara, de Palencia; Teresa López, de Madrid, y María Suárez, de León, fueron condenadas a cuatro años de privación de libertad, mientras que la causa por el mismo delito contra María Varea, de Sevilla, se saldó con un año de reclusión y la de Antonia Marco, de Murcia, con dos meses77. En el rigor de la pena impuesta a Fausta Conejo, de Chiclana (Cádiz), por «haber tenido conversaciones sediciosas» —dos años de cárcel y otros dos de destierro con vigilancia— debió de influir su condición de lavandera78, por el efecto multiplicador que en la difusión de rumores y opiniones podían tener los lavaderos públicos, lugares generalmente sometidos a una discreta vigilancia policial.

De todas formas, a las Comisiones Militares no les resultaba del todo fácil juzgar a mujeres por delitos políticos. No era un problema humanitario, sino cultural y jurídico: condenarlas por tal motivo equivalía a reconocer su capacidad política, al menos para hacer el mal. En ese sentido, la actitud del aparato represivo del régimen —lo veremos más adelante en el caso de la policía— resultaba más moderna y menos discriminatoria que la postura, mucho más cerrada, del liberalismo, remiso a aceptar que la mujer pudiera tener un papel político activo y, por tanto, que llegara a ser perseguida por ello. Fue el instinto de conservación lo que llevó al absolutismo a modernizar su visión de la mujer al incluirla entre las víctimas de su represión política, aun a riesgo de trasladar a los tribunales un grave conflicto sobre el tratamiento penal del liberalismo femenino. De ahí una justicia específica para ellas, plasmada en las sentencias de las Comisiones Militares en los años 1824-1825. La menor cuantía de las penas en comparación con las impuestas a los hombres, la ausencia de condenas a muerte por motivos políticos —sí las hay en cambio por delitos comunes— o el recurso a la coletilla «en consideración a su sexo» responden a la lógica subyacente con la que la justicia absolutista se enfrentaba al problema de la mujer liberal. Se reconocía su capacidad para delinquir políticamente —proferir expresiones subversivas, esconder textos revolucionarios, llevar un abanico o una cinta constitucional, cantar el Himno de Riego—, pero siempre en menor grado que el hombre. Por eso se dieron casos de matrimonios procesados por el mismo motivo y sentenciados a penas distintas, como Francisco Miranda y María Pilar Langa, marido y mujer, por haber insultado a los voluntarios realistas: a él se le impuso una multa de 35 ducados y «a la María» de 1579. Y hubo casos más sangrantes, como el de Severiana Mora y Joaquín Méndez, vecinos de Madrid, condenados por leer y ocultar en su casa proclamas masónicas, lo que le costó a ella tres meses de cárcel, añadidos al tiempo que llevaba presa, y a su marido —prófugo— la pena de muerte80.

Los tribunales recurrieron también en algún caso a un estrafalario bucle jurídico para sustanciar las responsabilidades políticas de algunas mujeres. Consistía en dictar sentencia en función de la responsabilidad de la parte masculina del sumario, cuando la mujer hubiera sido procesada con un miembro varón de su familia, como si entre uno y otra pudiera haber una subrogación de la pena. Así, Manuela Millán, vecina de Almadén, fue procesada «por palabras subversivas» junto a su marido y a su hermano, presbítero secularizado, sin duda liberal. El marido fue hallado inocente y como ya no había forma de devolverle el tiempo pasado en prisión, se decretó también la libertad de su mujer, «teniendo en cuenta los padecimientos de su marido». Ahora bien, como en el caso de ella resultaba probada su «uniformidad de sentimientos con su hermano el presbítero Millán», el tribunal decidió imponerle como pena «la prisión sufrida». En otras palabras: Manuela Millán era inocente por parte de marido y culpable por parte de hermano, por lo que su causa se resolvió con una solución salomónica consistente en restituir en ella la libertad que se le debía al marido, encarcelado injustamente, y castigarla con el tiempo pasado en prisión por la «uniformidad de sentimientos con su hermano»81.

Las cosas resultaban más sencillas, como se ve, cuando en el origen del delito político cometido por una mujer había uno o varios hombres de su familia. Eso lo explicaba todo, aunque ya en aquella época el autor del Examen crítico de las revoluciones de España se preguntara, en relación con un matrimonio encausado por una Comisión Militar, en virtud de qué principio al condenarse a un marido era lícito hacer «extensivo a su mujer el castigo»82. En la lógica penal del absolutismo, el hombre podía ser principio, como en el caso anterior, pero también final del proceso, tal como sucedía cuando la justicia saldaba la culpabilidad de la rea poniéndola bajo la estricta autoridad del marido. María Auzquía, de Villaba (Navarra), «acusada de haber vertido noticias alarmantes y subversivas», fue condenada a dos años de destierro, «debiendo reunirse con su marido». A Mariana Barba, procesada por diversos delitos, entre ellos esconder «algunos efectos de milicianos nacionales», se le ordenó dirigirse al pueblo donde residía su marido. Lo mismo en el caso de Bernarda Castellano, natural de Toledo, presa por decir, en el calor de una discusión, «que si era negra lo tenía a mucha honra, y que el llamárselo era ponerla una corona de laureles»: quedó en libertad, pero se le dio un plazo de tres días para acudir al encuentro de su marido o atenerse a las consecuencias83. La fórmula «a reunirse con su esposo», utilizada por algunos funcionarios, será motivo suficiente para que las mujeres de algunos exiliados consigan pasaporte para salir de España84.

No faltaban, pues, argucias legales para soslayar los enojosos imponderables que ocasionaba la persecución a las mujeres. Si en unos casos el marido era el problema, en otros podía ser la solución para quitarse de encima a esposas con tacha de liberales. Sin embargo, las autoridades no ignoraban que, como ocurría con el liberalismo en general, en 1823 la adhesión a la Constitución, a sus mitos y a sus símbolos estaba mucho más extendida entre ellas que nueve años atrás, en la primera restauración absolutista. Era como si la historia quisiera darles la razón a aquellos agoreros que ya en tiempos de las Cortes de Cádiz advertían desde el campo servil del peligro de que el país se llenara de liberalas. Aunque la alarma no sonó de verdad hasta 1831, desde el comienzo de la Década Ominosa el aparato represivo del régimen se propuso arrancar de raíz el riesgo de un liberalismo femenino comprometido en la lucha contra la tiranía.

CAPÍTULO 4
DE UNA REAL CÁRCEL A UN FALSO PERDÓN

«Penas y aflicciones» de una presa liberal

En los primeros años de la Década Ominosa, la represión contra las mujeres acusadas de liberalismo se basó casi siempre en sus antecedentes políticos del Trienio constitucional o, como se ha visto, en la formulación de expresiones «subversivas», a favor de la Constitución o contrarias al rey y a la monarquía absoluta. A diferencia de lo que ocurrirá a partir de 1830, son raros los casos en que se las implica directamente en actividades conspirativas. Por eso, y por el dramatismo de su historia, llama tanto la atención lo sucedido con Rosa María Zamora Escribano, ingresada en la Real Cárcel de Granada el 4 de octubre de 1824, tras un mes de arresto domiciliario, por su complicidad en la tentativa liberal protagonizada por Pablo Iglesias, antiguo regidor del ayuntamiento de Madrid y capitán de la milicia nacional que en agosto de 1824 intentó derrocar la monarquía absoluta con un pronunciamiento en las costas de Almería.

Los hechos son conocidos, aunque nunca hasta ahora había salido a relucir en ellos el nombre de Rosa Zamora ni el de su marido, Francisco Montenegro. El 7 de agosto de 1824, Pablo Iglesias se embarcó en Gibraltar, al frente de 47 hombres, en un bergantín y un falucho rumbo a Almería, donde los expedicionarios pretendían proclamar la Constitución contando con el apoyo entusiasta de militares y paisanos de la comarca. Tan entusiasta que algunos de ellos no se recataron en anunciar públicamente que «el día 15 resucitaría la Constitución», en vista de lo cual, las autoridades tomaron algunas precauciones que habrían de ser decisivas en el fracaso de la intentona1. Iglesias y sus hombres llegaron a su destino al anochecer del día 13. A la altura de Roquetas anclaron el bergantín para vestirse y armarse, pasaron al falucho y remontaron un río —seguramente el Andarax— hasta el punto convenido como lugar de encuentro con las fuerzas que debían sumarse al levantamiento. El número de los que se les unieron fue muy inferior al esperado y la toma de Almería se complicó por los refuerzos llegados a última hora y las medidas adoptadas por las autoridades. Iglesias instaló su cuartel general en Huécija, en el interior de la provincia, a unos treinta kilómetros de su objetivo, y desde allí, en la noche del 15 de agosto, emprendió la marcha sobre la capital, adonde llegó ya de madrugada. Los primeros cañonazos que les dispararon desde la ciudad produjeron la desbandada de los atacantes, que huyeron en el más completo desorden sin que Pablo Iglesias pudiera reagrupar sus fuerzas. La mayoría de sus hombres resultaron muertos o heridos en posteriores refriegas con los voluntarios realistas de la zona, pero el jefe liberal y su ayudante, Antonio Santos, pudieron internarse por la provincia hasta llegar a Cúllar de Baza, pueblo de la Alpujarra granadina que un informe policial elaborado aquellos mismos días califica como «el más exaltado por la Constitución que acaso haya en España»2. Allí se escondieron a la espera de poder huir a Gibraltar, hasta que el 24 de agosto fueron descubiertos y detenidos. Por esas mismas fechas, una «partida revolucionaria», en lo que parece una acción relacionada con la tentativa de Pablo Iglesias, entró en el pueblo almeriense de Macael, allanó la casa del cura, arrancó las lápidas realistas y colgó algunos carteles. En los hechos participó una tal Isabel Ruiz, viuda y natural de Cúllar de Baza3. Un año después, Iglesias y Santos morían en la horca, en la plaza de la Cebada de Madrid.

El nombre de Rosa Zamora, vecina de Granada, pero oriunda de Cúllar, aparece tanto en las declaraciones realizadas por Pablo Iglesias tras su detención como en los informes de un confidente de la policía española en Gibraltar, perfectamente informado de los preparativos y del desarrollo del plan de Iglesias. La principal fuente de este confidente anónimo será el marido de Rosa Zamora, Francisco Montenegro, procurador de Granada refugiado en Gibraltar. Así se afirma en un documento policial del 9 de octubre: «Dicho confidente no tiene más noticias que las que le da el procurador de esta chancillería, D. Francisco Montenegro, uno de los revolucionarios en aquella plaza». Montenegro fue, por tanto, junto al propio Pablo Iglesias, el causante involuntario del calvario que sufrió su mujer en los meses o años siguientes.

La primera referencia a su implicación en los hechos figura en un informe remitido desde Gibraltar por el citado confidente el 1 de septiembre, cuando el autor ignora todavía la detención de Iglesias y especula con que, tras el fracaso de su intentona, se halle escondido en algún lugar. Su impresión es que puede encontrarse en casa de la mujer de Montenegro o que, cuando menos, ella estará al corriente de su paradero. Propone, en todo caso, que se intercepte la correspondencia de Montenegro, que escribe con frecuencia a su mujer y a otras personas. El propio confidente explica con todo detalle el procedimiento que había que seguir para leer sus cartas y el posible contenido de la última:

«Deben abrirse y ponerlas a la lumbre de modo que se tueste el papel y se encontrará en lo blanco la contestación. En este correo escribe y pone, según se me ha asegurado, una especie de plano general, y en el reverso en blanco, va lo escrito con limón, que puesto al fuego resalta al momento. Esta noticia, si se adoptan medidas prontas y ejecutivas, podrá descubrir mucho, o al menos el paradero del tal Iglesias»4.

No hacía falta, porque ya había sido detenido, pero, probablemente a la vista de esta información, se decidió registrar la casa de Rosa Zamora, esposa de Montenegro. Como dice un parte policial, «no se encontró a Iglesias ni podía tenerle oculto, pues se hallaba preso en Cúllar desde el 24 de agosto». Se encontraron, en cambio, algunos papeles, incluido un periódico liberal del Trienio, que a duras penas podían relacionarse con lo sucedido: «Unos ejemplares del periódico titulado El Universal, unos pasaportes en blanco del tiempo de la rebelión y otros papeles harto vacíos». Total, nada. Sin embargo, ese mismo día, 9 de septiembre de 1824, el juez encargado de instruir la causa por el conato de sublevación ordenó su arresto domiciliario.

Una semana después, el espía del gobierno en Gibraltar, pensando que tanto la mujer de Montenegro como Iglesias seguían libres, informaba de la última carta enviada por Rosa Zamora a su marido rogándole que no le escribiera bajo ningún concepto, consciente como era del inmenso peligro que corría. Las cartas de Rosa «van escritas», dice el confidente, «con una composición que puestas al agua o al fuego (¿revela?) los caracteres». Así se lo ha explicado el propio Montenegro, «por lo cual me sorprendí». No era para menos, porque semejante indiscreción parece impropia de un conspirador mínimamente avezado, y más cuando la suerte de su esposa pendía de un hilo. El confidente insiste en que debe intervenirse la correspondencia entre ambos y utilizarla como prueba incriminatoria; de lo contrario, la mujer lo negará todo y no habrá forma de que cambie su testimonio5. En Granada se tomaron el asunto en serio. La Audiencia informó al Ministerio de Gracia y Justicia de que Montenegro no escribía a su mujer «en derechura», sino a través de una tercera persona cuyo nombre se ignoraba. Se sabía en cambio que las cartas de Rosa a su esposo iban remitidas a un tal Manuel Caballero, en la plaza de Gibraltar, y, en consecuencia, se había ordenado ya la apertura de esa correspondencia6.

Más comprometedora para ella fue, si cabe, la declaración realizada por Pablo Iglesias el 25 de octubre, después de que tanto él como su compañero Antonio Santos aceptaran realizar una confesión general, con delación de todos sus cómplices, a cambio de recibir el indulto del rey. Iglesias afirma que, tras su fallido intento de apoderarse de Almería, al llegar a Cúllar el 21 de agosto sin dinero ni medios con que emprender la huida, pensó en recurrir a Rosa Zamora, con quien había tenido cierto trato y amistad hacía ya algún tiempo, lo mismo que con su marido, posteriormente refugiado, como él, en Gibraltar. Aquel encuentro debió de producirse ya bajo el absolutismo, porque la propia Rosa le indicó entonces que si algún día quería ponerse en comunicación con ella le escribiera con sobre «A D. Juan Forcadas, del comercio» y en el interior «A mi amiga». Así lo hizo al encontrarse en Cúllar en una situación desesperada. La carta que le mandó «decía lisa y llanamente», según el declarante, «que había padecido mucho en aquellos días y que por lo tanto necesitaba reposo y seguridad; que dispensase su atrevimiento en molestarla y contestase con sobre a Antonio Sabino», en referencia a su compañero Antonio Sabino Santos. Inmediatamente recibió respuesta, pero no suya, sino de alguien que, en su nombre, se ponía a su disposición para lo que necesitara. Poco después fue detenido, pese a lo cual aún tuvo ocasión de mandar recado a doña Rosa diciéndole que había sido preso y que hiciera el favor de proporcionarle algún dinero. «Al correo siguiente», añade Iglesias, «recibió una carta de dicha señora en la cual manifestaba su sentimiento por la prisión», además de anunciarle que le enviaría a una persona de toda confianza para prestarle la ayuda que pudiera, «y, en efecto, lo hizo»7.

Cuando Iglesias realizó su declaración, Rosa Zamora llevaba ya tres semanas presa e incomunicada en la Real Cárcel de Granada sin conocer los cargos que se le imputaban. Así permaneció durante varios meses, en los que tuvo que sufrir no sólo la incertidumbre sobre su suerte en una causa cuyo contenido ignoraba, sino las inhumanas condiciones de su reclusión. Tal fue el motivo de las continuas súplicas de su familia a la Sala del Crimen de la Audiencia y Chancillería de Granada para que, al menos, se mitigaran sus padecimientos. La primera de ellas la formuló su madre, María Antonia Escribano, viuda, de setenta años y vecina de Granada, en un escrito del 3 de diciembre de 1824 firmado en su nombre por Carlota Zamora, nieta suya e hija de Rosa. Antonia empieza por recordar que su hija lleva dos meses en prisión incomunicada «sin saber hasta ahora el motivo». Esta situación, de por sí extraordinaria, lo es más en el caso de una señora «distinguida por su nacimiento y mucho más por su conducta arreglada sin igual e incapaz de haber cometido delito alguno». En el tiempo transcurrido desde su ingreso en prisión, la salud de Rosa se ha quebrantado de tal forma que es de temer por su vida si no recibe atención médica y se la traslada a un lugar menos insano. Pide, en consecuencia, que sea visitada por un facultativo y que, a la vista de su dictamen, el tribunal tome las medidas necesarias «para salvar la vida a una joven digna por todos conceptos de compasión y mitigarla en lo posible las penas y aflicciones que padece»8.

El tribunal accedió a que Rosa fuera visitada unos días después por dos facultativos, cuyo informe coincidió plenamente con lo expuesto por Antonia Escribano. Según los médicos, el cuarto que hacía las veces de celda carecía de ventanas al exterior y, por tanto, de luz natural y ventilación, salvo la que, muy de tarde en tarde, procedía de unas ventanas que solían estar tapadas y que daban a una habitación lóbrega y subterránea, como lo era también la que ocupaba la presa. Así pues, el aire que respiraba, viciado de «su propia exhalación [y] de sus excrementos», era «más propio para matar a dicha Dª Rosa que para vivificar y ser un medio de mantener su vida, siendo de admirar que en tal situación haya podido subsistir setenta y seis días naturales». Pese a la «extraordinaria resistencia» de la presa a las penalidades que venía sufriendo, su estado de salud se había resentido notablemente, con fuertes y continuos dolores de cabeza, propensión al sueño, vahídos, vómitos frecuentes, repugnancia a todo alimento, retraso en sus secreciones, gran dificultad en la respiración y pulso «tardo y débil». La conclusión de los médicos no podía ser más rotunda: el lugar en el que se encontraba Rosa Zamora no era, hablando en propiedad, una prisión, «sino un sitio destinado para matar gente», por lo que, si se quería salvar su vida, debía ser trasladada allí donde, con mayor confort y salubridad, pudiera restablecer su salud. Los facultativos firmantes del informe, el doctor Manuel López Mateos y el licenciado Manuel de Rivas, terminaban instando al tribunal a que, en caso de albergar alguna duda sobre su dictamen, nombrara a otros médicos que verificaran lo expresado por ellos9. Por documentos posteriores sabemos que el doctor Mateos consiguió que se abrieran las ventanas de la celda, aunque, dada su ubicación, eso apenas mejoró el aire que respiraba la presa.

A los pocos días de emitirse el anterior informe, la madre de Rosa se dirigió nuevamente al tribunal solicitando que, ante el «evidente peligro de muerte» en que se encontraba su hija, se autorizara su puesta en libertad, contra el pago de la fianza que se estimara oportuna, o por lo menos su traslado a otro lugar, «decente, cómodo y ventilado», donde pudiera recibir «cuantos auxilios y remedios sean necesarios para su curación, por exigirlo así la humanidad y la justicia»10. El tribunal accedió en parte a su solicitud y al día siguiente ordenó que se cambiara a la rea a otra habitación, dentro de la propia cárcel, «en que pudiese disfrutar de mayor ventilación». El responsable de la prisión contestó, sin embargo, que carecía de un espacio que pudiera «servir a los fines expresados respecto a su clase y estado», lo que elevaba a «la sabia penetración del tribunal», contando con que se haría cargo de que no había medio material de atender su requerimiento. En el fondo, el problema no era otro, dejando aparte la propia inhumanidad del régimen carcelario, que las dificultades de un sistema judicial y penitenciario obsoleto para dar respuesta a las nuevas necesidades represivas de la monarquía absoluta, sobre todo cuando se trataba de mujeres implicadas en delitos de conspiración, y especialmente si eran señoras de la «clase y estado» de Rosa Zamora, como dice el responsable de la Real Cárcel de Granada.

Dos meses después, el 7 de febrero de 1825, la anciana madre volvía a implorar al tribunal que se aliviara la penosa situación que sufría su hija tras cuatro meses de reclusión, incomunicada, a pesar del tiempo transcurrido desde su detención, y postrada en su cubículo de la Real Cárcel, sin que de nada hubiera servido el dictamen de los facultativos que la visitaron. Puesto que los problemas que amenazaban la vida de Rosa no tenían remedio ni en aquélla ni en cualquier otra prisión, Antonia Escribano solicitaba su traslado a un «convento, beaterio o colegio» en el que su incomunicación fuera compatible con la preservación de su salud y su vida. Antonia se lamentaba además de la falta de noticias sobre la marcha de la causa que abrió el juez comisionado a Baza con motivo de la sublevación de Iglesias y que decretó en su día la prisión de Rosa. Ni había tomado desde entonces providencia alguna ni parecía interesado en un asunto del que dependía la vida de un buen puñado de personas, por más que él mismo hubiera declarado que «despacharía el negocio cuanto antes». Lo peor era que, de tanto demorarse —o quizás debido a la importancia del «negocio»—, la causa se había acabado remitiendo a Madrid. De ahí un nuevo motivo de inquietud para la familia de Rosa, convencida de que un alargamiento del proceso no haría sino «aumentarla su desgracia». La madre terminaba recurriendo a un argumento muy común en esta clase de escritos, y era el sufrimiento añadido que suponía para su hija encontrarse en semejante recinto, construido «para encerrar delincuentes, y en las de su sexo, las de baja esfera y conducta escandalosa, y no para señoras de calidad, honestidad y religiosos principios, como los que adornan a su hija»11.

El 18 de febrero, el gobernador y los alcaldes del crimen de la Audiencia y Chancillería de Granada se reunían para estudiar las solicitudes de María Antonia Escribano relativas a su hija, pero la única resolución que adoptaron fue requerir la comparecencia de los médicos y que se siguiera estudiando un mejor emplazamiento para la rea. Por lo demás, en éste y en otros escritos de estas fechas se pone de manifiesto aquello que Antonia exponía con justificada aprensión: que el envío de la causa a Madrid limitaba la capacidad de actuación de la Audiencia de Granada, no sólo, como era obvio, en el desenlace final del proceso, sino en la propia situación de Rosa Zamora, por el temor de este tribunal a extralimitarse en sus funciones.

En la tarde del 23 de febrero se produce la declaración de los dos médicos citados por la Audiencia, tras visitar a la rea en su habitación. Uno de ellos lo hizo ya en la primera inspección autorizada por los jueces y el otro la examina ahora por primera vez. Describen sus innumerables dolencias, similares a las que padecía ya en la anterior visita, y las atribuyen de nuevo a las condiciones de su encierro. Se ordena entonces que se abran las ventanas de la estancia para mejorar su ventilación, pero los médicos consideran que esta medida no bastaba para que recuperara su salud, por lo que encarecen al tribunal a que la traslade a un lugar en el que disfrute «de sosiego, [y] de mejor aire, y […] pueda hacer algún ejercicio»12. El fiscal de la Sala recomendó unos días después, a la vista de los informes médicos y de la falta de una habitación adecuada para mantenerla en prisión, que se atendiera la solicitud de la madre «bajo la fianza más amplia y las seguridades que el tribunal tenga a bien»13.

No terminaron aquí las tribulaciones de Rosa Zamora. El 16 de marzo, su madre remitía un nuevo escrito, pero esta vez no a la Audiencia de Granada sino al mismísimo Fernando VII. Le cuenta todas las vicisitudes por las que ha pasado su hija en los cinco meses y medio que lleva presa, tras ser víctima de un procedimiento «extraordinario y escandaloso» emprendido contra ella sin consideración alguna a su «sexo, calidad e irreprensible y religiosa conducta». Agradece los rasgos de humanidad que los jueces y el fiscal de la Audiencia han tenido con ella al autorizar la visita de los médicos y mejorar en algo las condiciones de su reclusión, pero el problema está fuera de su alcance desde que la causa pasó a la Corte y quedó bajo la jurisdicción directa de su majestad. Éste es el motivo por el que la Audiencia, en vez de seguir la recomendación del fiscal y tomar cartas en el asunto, decidió remitir el expediente a Madrid o, para ser más exactos —le dice la madre a Fernando VII—, «a vuestro secretario de Estado y del despacho de Gracia y Justicia», es decir, Francisco Tadeo Calomarde. El ruego que Antonia le hace al rey es que use su incontestable autoridad para que, mientras se resuelve el proceso, su hija sea devuelta a su casa «con el fin de que pueda restablecer su perdida salud», petición que considera plenamente conforme con el «justo y paternal gobierno de V. M., que no desea otra cosa que el bien y la felicidad de sus vasallos»14.

Ignoramos qué hizo el monarca con el memorial que le presentó la madre de Rosa Zamora, pero si la resolución del caso dependía de Calomarde, en cuyo poder se encontraba el expediente, las «penas y aflicciones» de esta presa liberal estaban lejos de su final. Todo lo que la familia había conseguido en Granada —las visitas y dictámenes de los médicos y la opinión favorable del fiscal— se perdió en cuanto la Audiencia se quitó el asunto de encima y lo trasladó a Madrid para evitar cualquier atisbo de conflicto jurisdiccional con el ministro Calomarde o con el propio rey. Por otro lado, la confesión de Pablo Iglesias la comprometía seriamente como cómplice de la sublevación, o por lo menos como encubridora, aunque, extrañamente, el nombre de Rosa no figure entre las 34 personas detenidas a raíz de las declaraciones de los dos cabecillas. Si no estaba detenida por ello, cabría preguntarse por qué lo estaba. La ausencia de su nombre podría indicar que el proceso terminó en una especie de vía muerta judicial. Tal vez, simplemente, la justicia absolutista acabó perdiendo el hilo de su presunta implicación en la tentativa revolucionaria de Almería, lo que en modo alguno garantizaba su liberación. Sería interesante saber qué pudo más finalmente: si la inercia del sistema, capaz de mantenerla indefinidamente en prisión sin juicio y hasta sin tomarle declaración, o la lucha de su madre por sacarla de las mazmorras del absolutismo.

Lo que sí sabemos es cómo acabaron Pablo Iglesias y Antonio Santos. De nada les sirvió el indulto que les concedió el rey ni haber cumplido su compromiso de delatar a sus compañeros. El 23 de agosto de 1825, hallándose ya en capilla, la madre del primero y la esposa del segundo elevaron un escrito de súplica recordando que habían sido indultados el 13 de octubre del año anterior a cambio de colaborar con la justicia, como efectivamente habían hecho. El 25 de agosto, a las doce del mediodía, se llevó a cabo su ejecución en la madrileña plaza de la Cebada en presencia de numerosa tropa de infantería y caballería y de un inmenso gentío, al que Iglesias se dirigió con estas palabras antes de morir en la horca: «Aprended de mí, que muero con constancia y valor. ¡Libertad o muerte!». El público respondió con un «¡Viva el rey absoluto!». A Santos ya no se le permitió «hablar al pueblo»15.

El (ir)real indulto de 1824

El trágico final de Pablo Iglesias y Antonio Santos demuestra el escaso valor que tenía una promesa de perdón dada en nombre del rey, ni siquiera cuando ese perdón era el precio pagado por una traición. Mucho menos aún como expresión de una clemencia espontánea que resulta inimaginable en un monarca como Fernando VII. Si bien es cierto que la Década Ominosa empieza con un indulto en 1824 y termina con una amplia amnistía en 1832, no lo es menos que estas medidas de gracia vinieron impuestas por circunstancias políticas completamente ajenas a la voluntad real.

El 20 de mayo de 1824, el suplemento de la Gaceta de Madrid publicaba una real cédula firmada por Fernando VII el 1 de mayo concediendo un «indulto y perdón general» a quienes entre 1820 y 1823 hubieran participado «en los excesos y desórdenes ocurridos en estos reinos con el objeto de sostener y conservar la pretendida constitución de la Monarquía». El texto contenía no obstante quince excepciones que limitaban considerablemente el número de posibles beneficiarios. Sendas reales órdenes del 4 de junio y del 15 de mayo venían a complicar un poco más las cosas. Si la primera estipulaba que las causas judiciales de los indultados quedaban archivadas, pero no cerradas —«dejándolas abiertas para que si los procesados llegasen a reincidir […] sean castigados cual corresponde por lo que de ellas resulta»—, la segunda, tras recordar el deseo de su majestad de que «los comprendidos en el indulto o amnistía vivan en paz y quietud», instaba a los tribunales y a la policía a perseguir a los excluidos, formarles las correspondientes causas y aplicarles «prontamente las penas». Por último, el 1 de julio se publicaba una nueva real orden ampliando los beneficios del indulto a quienes pudieran estar procesados por «las vejaciones causadas a los partidarios del llamado régimen constitucional», es decir, aquellos realistas que, llevados por un exceso de celo, hubieran participado en el terror blanco contra los liberales y estuvieran pendientes de juicio por sus desmanes16.

Ya se ha dicho que el indulto de 1824 dejó descontento a todo el mundo. Pese al decreto del 1 de julio, a los ultras nadie les quitó de la cabeza que el gobierno y acaso el propio rey habían perdonado a los negros y traicionado la causa del altar y del trono. Los liberales, por su parte, vieron las excepciones contenidas en el decreto como lo que realmente eran: una amenaza de nuevas persecuciones y encarcelamientos cuando podía pensarse que lo peor ya había pasado. Las monarquías europeas tampoco se llamaban a engaño. Fue su presión —sobre todo la del gobierno francés, que amenazó con retirar sus tropas de España—, y no la generosidad o el espíritu de concordia, lo que llevó a Fernando VII a firmar el decreto. Precisamente por haberlo aceptado a regañadientes, el indulto vino acompañado de unas limitaciones, cautelas, órdenes y contraórdenes que en gran medida desvirtuaban ese «perdón general» que pomposamente se anunciaba. Pero las intenciones de Fernando estaban claras, y desde luego tenían poco que ver con el afán conciliador que le reprochaban los apostólicos. El 13 de mayo —doce días después de firmar el indulto y una semana antes de su publicación—, el rey escribía a su valido, Antonio Ugarte, en términos inequívocos:

«Quiero que les digas a los ministros y a Arjona [superintendente de Policía] que inmediatamente procedan a la prisión de los exceptuados en la amnistía, sin excusa ninguna, tanto los que se hallen en Madrid como en las provincias, y que se les forme causa y sean despachados a la mayor brevedad»17.

En una carta posterior, fechada el 23 de mayo, insistía en lo mismo, como si hubiera una mano negra que impidiera el cumplimiento de su real voluntad: «Así quiero y mando que inmediatamente se ejecuten las prisiones, sin pretexto ni excusa alguna». Apenas dos días después, parecía culpar directamente al gobierno del retraso en sus planes represivos: «¿Qué quieren ahora, que no se castigue a nadie? Eso no»18. Con esa voluntad punitiva firmó Fernando VII el indulto de 1824.

Poco importa que muchos absolutistas vieran la medida como una traición. No hay más que ver las causas abiertas por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte contra los exceptuados y compararlas con el número de beneficiarios19 para comprobar que las críticas de los liberales respondían a una realidad incuestionable. «España se convertirá en una cárcel», escribió, nada más conocerse el decreto, el principal periódico del liberalismo español en el exilio20. Algún tiempo después, Sebastián de Miñano, que no era precisamente un liberal exaltado, formulaba un sombrío balance de su aplicación: «El indulto fue la señal de nuevas prisiones […], produjo infinitos disgustos y poquísimas satisfacciones»21. En apenas dos semanas desde su aparición en la Gaceta, tan sólo en Barcelona fueron detenidos doscientos liberales y un número incalculable de personas huyeron de la ciudad para evitar males mayores22. El 25 de junio, un artesano barcelonés se refería en su diario personal a «las penas y africcions [sic]» que sufría la «afligida Barcelona», consternada por las detenciones de «mol[t]s liberals» en los últimos días. El 15 de julio continuaba, según él, «lo gran odi y tirenia contre los pobres liberals». Lo mismo el 1 de agosto, dos meses y medio después de la publicación del indulto: muchos liberales se estaban embarcando para Gibraltar, en vista de que seguían prendiendo a «molta gent liberala» para llevarla a la prisión de San Pedro23.

La psicosis de una represión indiscriminada alcanzó también a las mujeres. Así parece indicarlo el hecho de que 1824 fuera el año que registra un mayor número de salidas de exiliadas en la Década Ominosa, entre aquellas de las que se conoce la fecha de su expatriación: 68 lo hicieron en 1824, por 34 en 1823, otras tantas en 1825 y cifras mucho más bajas a partir de esta última fecha. Incluso hubo exiliadas que tras el indulto hicieron el viaje de vuelta a España, confiando en el «perdón general» ofrecido por el rey, para acabar huyendo de nuevo a Francia. Ése fue el caso de Josefina Furio, que en 1825 regresó de Marsella a Elche, de donde era originaria, creyendo que las nuevas circunstancias políticas le permitirían rehacer su vida. El panorama que se encontró se parecía tan poco a lo que esperaba, que para evitar su detención tuvo que permanecer escondida hasta que pudo partir hacia Marsella24. Otra refugiada política, Francisca Passano, viuda de un militar constitucional, fue encarcelada en Barcelona en 1824 «a causa de la libertad», según sus palabras. Tras pasar dos años y medio en prisión y haber perdido todos sus bienes, consiguió huir de la ciudad con ayuda de unos amigos y embarcarse para Marsella en compañía de su hijo25.

Lo ocurrido con la excepción quinta del indulto es el mejor ejemplo de la represión desencadenada por esta supuesta medida de gracia. Su publicación en mayo de 1824 dio lugar a la detención, búsqueda o procesamiento de una veintena de mujeres relacionadas con el confuso episodio que había tenido lugar en Madrid los días 19 y 20 de febrero de 1823. A todas ellas se les aplicó, en muchos casos en flagrante contradicción con los hechos, la excepción en virtud de la cual el rey excluía de su perdón a quienes «durante el régimen constitucional firmaron o autorizaron exposiciones dirigidas a solicitar mi destitución o la suspensión de las augustas funciones que ejercía o el nombramiento de alguna Regencia que me reemplazase en ellas».

La justicia absolutista trató los hechos de los días 19 y 20 de febrero de 1823 y a las personas implicadas en ellos como si respondieran al mismo propósito, cuando lo cierto es que aquellos sucesos resultaban incomprensibles sin tener en cuenta la grave división del liberalismo español en aquellos últimos meses del Trienio: el motín del día 19 fue promovido por su ala más radical, partidaria de sustituir a Fernando VII por una regencia; por el contrario, los escritos y la recogida de firmas del día siguiente fueron cosa de los liberales progubernamentales, opuestos a la idea de regencia. Aplicar a unos y otros la excepción quinta del indulto era, por tanto, un desatino judicial y político.

Lo mismo sucedía con las mujeres procesadas por este motivo. Cuatro de ellas habían participado en el llamado motín del 19 de febrero apoyando la petición de una regencia que gobernara en lugar del monarca, pero la mayoría de las encausadas hicieron exactamente lo contrario: denunciar como un atentado contra el régimen liberal cualquier intento de separar al rey de sus funciones constitucionales. De ahí la presentación de un manifiesto, reproducido y comentado en su momento, en el que las ciudadanas firmantes apelaban a la defensa del «libro santo de nuestras libertades» y de «nuestro monarca constitucional», a la vez que ponían en guardia contra «esa facción horrorosa» que el día anterior había exigido el nombramiento de una regencia. A las responsables de este documento se las podía acusar de liberales, pero en ningún caso de haber solicitado «el nombramiento de regencia alguna», que era el motivo de la excepción quinta del indulto. El hecho es que un mes y medio después de su publicación, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte daba orden de encarcelar, procesar e interrogar a las personas cuyos nombres figuraban en los distintos manifiestos que aquellos días de febrero de 1823 presentaron «varios llamados ciudadanos y ciudadanas»26.

Las ciudadanas aludidas eran las que el 20 de febrero se habían dirigido por escrito al ayuntamiento constitucional de Madrid para rechazar, en nombre de la libertad y la Constitución, la formación de una regencia. Firmaban la representación Juana de Dios Mora, María Teresa Samaniego, Manuela Carmona, Manuela López, Isabel Esparza, María Padilla, Catalina Sánchez, Josefina Campos, Justa Mon y Valentina García. En la madrugada del 12 de julio de 1824 fue detenida una mujer cuyo nombre coincidía con el de una de las firmantes: Manuela López, viuda, vecina de Madrid, de cuarenta y ocho años, «ocupada en las labores propias de su sexo» e incluida en una lista de diecinueve personas encarceladas por hallarse comprendidas en la excepción quinta del indulto. Son todo hombres, menos ella, aunque en el acta de su interrogatorio, realizado al día siguiente, consta su nombre como el de «una de las mujeres presas». Se le pregunta por los sucesos de febrero del año anterior, por la petición de una regencia y por las firmantes del escrito dirigido al ayuntamiento. Ignora que se hubiera tratado de «privar a S.M. de sus augustas funciones» y no conoce los nombres que se le leen. Al final, deja su declaración sin firmar «por no saber».

El juez de la causa, don Rafael Paz y Fuertes, piensa que se trata de otra Manuela López, que no tiene nada que ver con la que firmó el manifiesto del 20 de febrero, por lo que ese mismo día la pone en libertad. A partir de ese momento, sus sospechas se centran en una tal Manuela López Sánchez Aguayo, vecina de la calle Huertas de Madrid, aunque al parecer se encontraba en Segovia con «su amo», un tal Tomás Pérez. El 24 de julio, el juez remite un suplicatorio al intendente de policía de Segovia para que localice e interrogue a Manuela López por ser una de aquellas «que se decían ciudadanas» que el 20 de febrero del año anterior pidieron el establecimiento de una regencia. El embrollo judicial creado en torno a aquellos sucesos era ya de tal calibre que el propio juez instó a que se preguntara a la interesada si «en unión con otras que se titulaban ciudadanas se opuso [cva. nuestra] al establecimiento de una Regencia». Es, efectivamente, lo que en tono acusatorio se le inquiere el 3 de agosto al ser interrogada en Segovia. Planteadas así las cosas, ella —que lo negó todo— o cualquier otro acusado por los sucesos de febrero de 1823 estaba condenado a incriminarse cualquiera que fuera su respuesta, tanto si reconocía haber pedido una regencia como si declaraba haberse opuesto a ella.

La causa encalló rápidamente, para desesperación del juez, ante la imposibilidad de conseguir pruebas irrefutables contra los reos, y no sólo por el giro hacia el absurdo que había dado la acusación, basada en convertir la excepción quinta del indulto en lo contrario de lo que literalmente decía: que quedaban exceptuados del perdón quienes hubieran pedido una regencia, no —como estaba ocurriendo— quienes la hubieran rechazado. Había además serios problemas para localizar a los sospechosos y para identificar con certeza a algunos de ellos, sobre todo si eran mujeres y tenían un apellido relativamente común. El episodio vivido con Manuela López se repitió con una tal Valentina García, soltera, criada, residente en Madrid desde hacía tres años, con domicilio en la calle Preciados. A algunas de las reas se les empieza por preguntar si se encontraban en la Corte en febrero de 1823. Su respuesta no podía ser más alentadora: sí. Pero, tras este arranque prometedor, negaban cualquier cosa que las relacionara con los sucesos del 20 de febrero. Tampoco hubo forma de saber si esta Valentina García era la que había firmado el manifiesto liberal. Parece que se probó suerte, asimismo, con otra mujer llamada igual que vivía en la calle Majaderitos.

Los infortunios del juez continuaron con una tal Catalina Sánchez, de cuarenta y cuatro años, residente en la calle de la Cruz y viuda de Pedro Rivera, agente de negocios. Interrogada el 24 de julio, dice ignorarlo todo y se la pone en libertad. Hubo algo más de suerte con Antonia Revoredo, debido a la singularidad de su apellido y a sus antecedentes políticos. Se la acusa de estar «comprendida en la excepción 5ª del Rl. Indulto de 1º de mayo», y en concreto de haber firmado —se entiende que el 19 de febrero de 1823— una representación a favor de una regencia, lo que explicaría que su nombre no figure entre las firmantes de la exposición del día 20 que pretendía lo contrario. Es la mujer de un tal Manuel Pérez, alias Cacharito, quien, según la información recogida, «no tiene oficio ni beneficio». Viven en la calle Humilladero y pertenecen, por lo que se ve, a eso que solía llamarse la «plebe baja», cuya presencia nunca faltaba en los disturbios y motines de cualquier signo. Por tal motivo, las autoridades sospecharon que Antonia podía ser «una de las pagadas en tiempo del gobierno constitucional», es decir, que hubiera actuado como agitadora asalariada al servicio de quienes movieron los hilos en los motines del 19 y 20 de febrero de 1823. Sus vecinos, interrogados por la policía, coinciden en que, como dice uno de ellos, «dicha Antonia ha observado muy mala conducta y hablado muy mal del Rey». Otro afirma que «de público y notorio sabe que ha sido afecta al sistema constitucional». De «muy exaltada y afecta al sistema constitucional», la califica un tercero; «era muy liberala», dice otro vecino; «marcada por afecta a aquel sistema», añade otro, repitiendo una fórmula que parece aprendida de memoria o traducir al lenguaje oficial lo que en tal sentido dijeron los testigos a su manera. Pero todos coinciden también en lo sustancial: no les consta que estuviera a sueldo del gobierno de aquella época ni que pidiera una regencia. El juez no tuvo más remedio que aceptar la falta de pruebas sobre el hecho concreto de la acusación. «Sobreseer por ahora», decretó el 30 de octubre27.

Victoria López y Francisca Martínez López, madre e hija, vecinas de Madrid, casadas y vendedoras de fruta, llevaban ya siete meses presas cuando el 30 de julio de 1824 fueron condenadas a cuatro años de galera por su participación en «las asonadas del 19 y 20 de febrero de 1823 y otros excesos»28. Los supuestos «excesos» consistían en «haber proferido denuestos graves contra las sagradas personas del Rey N. S. y su augusta esposa, observando una conducta criminal e insolente en el tiempo de la revolución que las granjeó el título de Patriotas entre los anarquistas». Lo que no aparece por ningún lado es su relación con el motín de febrero de 1823, aunque fueran condenadas por ello. La pena que se les impuso parece basarse en acusaciones genéricas de algunos conocidos que, según ellas, habrían actuado por venganza y no precisamente por motivos políticos. «A nuestros delatores», afirman madre e hija al solicitar el indulto, «les fue fácil imputarnos adhesión al sistema constitucional y cuanto quisieron, porque eran muchos y les unía el interés de perdernos movidos por la envidia de que teníamos más venta de frutas que algunos de ellos y porque con otros estábamos anteriormente enemistadas». Alegan también sus dramáticas circunstancias familiares, pues el marido de Francisca —Juan López, carpintero— estaba enfermo y su hija mayor demente, mientras que las dos hijas de Victoria, dada su corta edad —dos y tres años—, necesitaban de alguien que velara por ellas. De nada les sirvió apelar a los «piadosos sentimientos» de la autoridad, que les denegó el indulto cuando lo solicitaron tanto en mayo como en diciembre de 1825. En esta segunda ocasión, su alegato —redactado en su nombre por alguien experto en estas lides— incluía el conocido argumento de que tan sólo por ser mujeres se debía descartar, si no su implicación en los hechos que se les imputaban, al menos su capacidad para tener influjo alguno en el curso de los acontecimientos, de los que ellas serían antes víctimas que responsables. En efecto,

«supóngase (sin concederlo) que cuanto se dice de nosotras en el sumario fue cierto, que no lo es. La sola circunstancia de mujeres bastaría a disculparnos. Sin talentos, sin experiencia en materias políticas, educadas de un modo muy diverso del que lo fueron los principales papeles de la revolución, ¿debería extrañarse que nos dejásemos alucinar con las decantadas ventajas que propalaban sus corifeos? Aun cuando hubiéramos sido entusiastas del abominable sistema, que jamás lo fuimos, ¿qué influencia podrían tener dos infelices fruteras para sostenerlo ni aumentar sus defensores? Cuando sujetos del primer orden en letras y todos los ramos se vieron figurar en la revolución, ¿qué extraño sería que se hubieran dejado alucinar dos miserables mujeres que para sostener su industria de fruteras estaban precisadas de seguir la corriente al vulgo?».

El dictamen del juez de la Sala de Casa y Corte, Francisco Fernández del Pino —futuro prócer del reino en la regencia de María Cristina—, recomendaba, y así se hizo, que se rechazara su solicitud considerando que las reas habían cumplido menos de la mitad de su condena29.

Puesto que Francisca Martínez y Victoria López ya se encontraban presas al publicarse el decreto de mayo de 1824, la justicia absolutista pudo actuar contra ellas a su antojo y denegarles cualquier medida de gracia. Mucho más complicada fue la causa abierta tras la promulgación del indulto contra las mujeres que intervinieron en el motín del 19 de febrero con el propósito —en este caso sí— de que primero la Diputación Permanente de las Cortes y, ante su negativa, posteriormente el ayuntamiento de Madrid tramitaran su petición de regencia. Para averiguar lo sucedido, el tribunal no tenía más que echar mano del libro de actas del ayuntamiento30, que contenía el relato de los hechos y los nombres de las personas, primero cinco hombres y después cuatro mujeres, que en la noche del 19 al 20 de febrero solicitaron el nombramiento de una regencia en sustitución del monarca. Se trataba, como se vio más arriba, de María del Carmen Sardi, Francisca Cibat, Sebastiana Rodríguez y Valentina González. No hay duda de que la excepción quinta del indulto de mayo de 1824 les afectaba de lleno. También se les podría haber aplicado la octava —«Los autores principales de las asonadas que hubo en Madrid […] en la noche del 19 de febrero de 1823»—, pero la causa que les abrió la Sala 2.ª de Alcaldes de Casa y Corte al promulgarse el indulto alude sólo a la excepción quinta.

El 6 de julio de 1824, la Sala 2.ª ordenó la inmediata búsqueda y arresto de las personas que, según las actas del ayuntamiento de Madrid, protagonizaron el motín del 19 de febrero, entre ellas las mujeres citadas. Ninguna pudo ser hallada, por lo que el 23 de diciembre se decidió formar «pieza separada de prófugos con respecto a ellas». Cuatro meses después se publicaba un edicto conminándolas a presentarse en el plazo de nueve días como comprendidas en la excepción quinta y se advertía de que, en caso de no hacerlo, «la sentencia que en su ausencia y rebeldía se diere les parará todo perjuicio»31. Cumplido el plazo, el 20 de abril de 1825 un funcionario del tribunal se dirigió a la Real Cárcel de la Corte por si las prófugas hubieran tenido el detalle de aparecer por allí espontáneamente con el ruego de ser encarceladas. No hubo suerte: tanto el alcaide como los porteros de la prisión, al preguntarles si se habían presentado las reas, contestaron «no haberlo efectuado». Dos años y medio después, el 1 de diciembre de 1827, se las condenaba en rebeldía «en la pena legal»32.

En realidad, las autoridades perdieron enseguida la esperanza de localizarlas, aunque la causa siguió adelante por inercia. En julio de 1824, el juez había ordenado a los celadores y alcaldes de distintos barrios madrileños que movilizaran todos sus medios para llevarlas ante la justicia. Se consultó el padrón —no figuraban—, se preguntó al vecindario, se practicaron, en palabras del responsable del cuartel de San Isidro, «las más escrupulosas diligencias». Era lo malo de dar tan poca relevancia administrativa a las mujeres: que escapaban más fácilmente al control que los hombres. Todo fue en vano. Hubo, eso sí, sus correspondientes palos de ciego, como sucedió con las implicadas en la otra causa. Una Valentina González fue detenida a las primeras de cambio por llamarse como una de las acusadas. Se trata de una viuda con cinco hijos, costurera, natural de Madrid, con domicilio en la calle Toledo. Declara, ya presa, el 17 de julio y lo niega todo. La policía, tras desplegarse por el barrio en busca de información, la descarta como sospechosa: «Es de buena conducta y muy afecta a nuestro Soberano». Inmediatamente, se la pone en libertad sin cargos y sin costas. Al final, las dos causas, tanto la referente a los sucesos del 19 de febrero como la relativa al manifiesto del día 20, con todo su corolario de búsquedas e interrogatorios infructuosos, llevan a una misma conclusión: si se encuentra a una mujer con el nombre de una rea es que no es ella, y si se sabe de cierto quién es la rea será inútil buscarla, porque habrá escapado.

En todo caso, las pesquisas realizadas proporcionan alguna información sobre las mujeres encausadas. La verdadera Valentina González —no la desgraciada que fue encarcelada por error— vivía en la calle de la Concepción Jerónima y estaba casada con un librero llamado Juan Ángel Díaz Vizcaíno, que al parecer se había marchado a Sevilla. Se intentó encontrar allí a Valentina, pero sin éxito, y ya no hubo nuevas pistas. Tampoco se llegó muy lejos en las averiguaciones sobre Francisca Cibat. Había indicios de que estaba escondida en Cataluña, seguramente junto a su hijo Francisco, militar que sirvió a las órdenes de Mina, pero, según el escrito remitido desde Barcelona el 7 de agosto, de momento había sido imposible dar con ella33. Lo más probable, aunque las autoridades no lleguen a planteárselo, es que Francisca hubiera partido hacia el exilio con su hijo, que se encuentra localizado primero en Londres y luego en Francia34. En cuanto a Sebastiana Rodríguez, se sabe que se trasladó de la calle Jacometrezo al vecino barrio de la Puerta del Sol «en clase de ama de cría». Allí se perdió su rastro en la capital. Consta que está casada con Genaro Martín, maestro sastre, antiguo miliciano nacional y, según las autoridades, «bien conocido por sus ideas». Se considera probable que hubiera huido a Cádiz, de donde, según se dice, habría pasado con su mujer a Inglaterra o a Río de Janeiro. Alguien afirma que no será «difícil descubrir el paradero de este matrimonio», pero este arrebato de optimismo se verá pronto desmentido. En septiembre de 1824, se interroga a los padres de Genaro. Todo lo que saben es que su hijo se marchó a Badajoz allá por el mes de marzo de 1823, cuando las autoridades liberales abandonaron la Corte. Meses después, Sebastiana, que se había quedado en Madrid, recibió una carta de su marido pidiéndole que se reuniera con él en Cádiz para desde allí «emprender viaje fuera de España». Así lo hizo, sin que desde entonces su suegro supiera «a qué punto se dirigió ni en dónde está en el día», es decir, el 21 de septiembre de 1824, fecha de la declaración. Su mujer, Manuela Recio, declaró lo mismo, aunque «no lo firma por decir no saber escribir»35. Ninguno de los dos tenía tampoco noticias de su hijo. O tal vez sí, pero prefirieron no decir nada.

Hay indicios de que el padre de Genaro podía estar al corriente de las andanzas de su hijo y de su nuera, con los que se reunió en Gibraltar pasado algún tiempo. En noviembre de 1831, Genaro, Sebastiana, sus tres hijos y Ramón Martín, padre de él y suegro de ella, se encuentran en Gibraltar a punto de embarcarse para Orán, provistos del correspondiente salvoconducto36. La familia al completo, menos la suegra —tal vez fallecida—, había conseguido, pues, dar esquinazo a sus perseguidores. Poco antes, el cónsul español en Gibraltar ya había llamado la atención del gobierno sobre la presencia en el Peñón de Genaro Martín y su familia, a cuyos antecedentes políticos añadía nuevos e inquietantes pormenores, como la existencia en Londres de un hermano de Genaro, «liberal exaltado», al que identifica como «uno de los que cometieron el asesinato del arcediano Dn. Matías Vinuesa»37, que era el crimen que las autoridades absolutistas solían atribuir a cualquier liberal que descollara un poco sobre la media. Se diría que entre las mujeres ocurría lo mismo con el motín de febrero de 1823.

La cuarta encausada por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, María del Carmen Sardi, había huido también de Madrid, primero a Sevilla, luego a Cádiz y finalmente a Gibraltar, desde donde, a finales de 1824, se comunica que acaba de partir para Londres junto a su hija Manuela, llamada «La Patriota». Pero la sorprendente peripecia de esta genuina amazona liberal y de su hija merece un capítulo aparte.

CAPÍTULO 5
LA AZAROSA VIDA DE MARÍA DEL CARMEN SARDI

«Una joven se encaramó a una piedra que había junto a la entrada al Palacio de las Cortes y desde allí arengó sin parar a la multitud […], que gritaba una y otra vez “¡Regencia!”, obedeciendo sus consignas: “¡No queremos rey!, ¡no queremos moderados! ¡Queremos una regencia, y nada más!” […] La multitud la escuchaba como si fuera una sibila».

M. J. Quin, A Visit to Spain, 1824.

Retazos de una biografía

Lo poco que hasta ahora se sabía de María del Carmen Sardi se encuentra en la entrada que Alberto Gil Novales le dedicó en su Diccionario biográfico de España (1808-1833):

«Una de las mujeres que pidieron una regencia en Madrid el 20 de febrero de 1823. Refugiada en Inglaterra, en enero de 1829 percibía una libra y doce chelines al mes del Comité de Ayuda, más otra libra y cuatro chelines para una hija»1.

Ni los testimonios de los políticos de la época, como Alcalá Galiano o Romero Alpuente, ni la amplia bibliografía sobre el Trienio —salvo una breve noticia del propio Gil Novales—2, ni los trabajos publicados recientemente sobre el papel de las mujeres en la revolución liberal española incluyen referencia alguna a su persona. Sin embargo, su nombre alcanzó en la época la notoriedad suficiente como para figurar con su propio apellido en algunas de las listas elaboradas por las autoridades británicas de liberales españoles que se refugiaron en Inglaterra a partir de 1823, y no como esposa o viuda de un liberal exiliado, sino por derecho propio3. Poco antes de su llegada a Londres a finales de 1824, el gobierno británico ya había tenido noticia de que «doña Carmen Sardi y su hija, alias La Patriota», refugiadas en Gibraltar desde la caída del régimen constitucional, acababan de abandonar El Peñón, junto a un destacado grupo de ministros, diputados y militares liberales, y habían partido hacia Inglaterra en busca de un refugio más seguro4.

La documentación que permite conocer las razones de su exilio y los hitos fundamentales de su biografía se encuentra desperdigada entre varios archivos europeos, principalmente, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de Villa y el Archivo del Congreso de los Diputados de Madrid, los Archives Nationales de París, los National Archives de Londres y la Hartley Library, de la Universidad de Southampton. La prensa española de los años treinta contiene, asimismo, algunas breves referencias a su pasado político y a su reciente exilio.

De su vida anterior al Trienio Liberal se sabe poco, y nada de sus antecedentes familiares. Nació hacia 1794 en Almería, aunque residió en Madrid desde, por lo menos, 1814. Estuvo casada con un tal Velasco, que al parecer no era otro que Julián de Velasco, escritor y periodista, treinta años mayor que ella, que fue primero seguidor de las Luces y a partir de 1808 afrancesado, y como tal, director de la Gaceta de Oficio del Gobierno de Vizcaya, órgano propagandístico de la monarquía de José I. El hecho de que en 1792 comentara elogiosamente y tradujera algunos extractos del libro A Vindication of the Rights of Women, de Mary Wollstonecraft, refuerza la posibilidad de que se trate del marido de María del Carmen Sardi, porque no parece extraño que quien introdujo en España aquella obra pionera del feminismo congeniara con una mujer como ella, dotada de una personalidad arrolladora y comprometida desde muy joven con la causa de la libertad5. No menos significativo es un artículo de Julián de Velasco titulado «Instrucción de las mujeres» que publicó en 1797 en el Diario de Madrid, del que era redactor, bajo el anagrama Juan Valle y Codes. «Hasta tanto que las mujeres», afirma en este artículo, «no conozcan por sí mismas que han menester romper las trabas de la ignorancia que las ha usurpado los preciosísimos derechos de su razón […], mientras que no cambien los placeres pueriles de la moda y del capricho por los dulces encantos de la verdad serán un vil juguete de las pasiones de los hombres». No bastaba, pues, con que una mujer fuera «buena hija, buena esposa, buena madre»: sólo siendo «buena amiga, buena ciudadana», sería un miembro útil de la «sociedad política a que pertenece»6.

El autor de estas palabras muy bien pudo ser el marido de quien solía firmar sus cartas como «María del Carmen Sardi de Velasco». De su matrimonio, al que ella llegaría con apenas veinte años, nació hacia 1814 una hija llamada Manuela, que acompañó a su madre al exilio y que, según hemos visto, en 1824, a los diez años, era conocida en Gibraltar como «La Patriota». Carmen figura ya como viuda en agosto de 1822 y las últimas noticias de Julián de Velasco datan de octubre de 1820. Lo más probable, por tanto, es que muriera poco después de esta fecha, lo que explicaría que un conspicuo periodista como él no haya dejado ningún rastro en la prensa del Trienio7. La diferencia de edad entre ellos limitó su vida en común a seis o siete años, que son también los que tendría la hija al morir su padre. Desde ese momento, el mayor empeño personal de Carmen Sardi fue proporcionar a su hija una educación que le permitiera «romper las trabas de la ignorancia», como escribió su padre en 1797, y llegar a ser una ciudadana digna de tal nombre.

Los primeros datos sobre el liberalismo de María del Carmen Sardi se remontan a 1814, todavía en su primera juventud y recién casada con un antiguo josefino —ella, que fue siempre una ardiente defensora de la Constitución de Cádiz—. Derrocado en mayo de aquel año el régimen constitucional, se dedicó a prestar auxilio a los liberales que se encontraban presos en las cárceles de Madrid, algunos de los cuales, como Juan Antonio Yandiola y José María Calatrava, habían sido diputados en las Cortes de Cádiz:

«Me favoreció —declaró Calatrava unos años después— con su amistad y frecuentes visitas; aunque no me había tratado anteriormente, ni tenía más motivo que la bondad de su corazón, […] debiendo añadir que tanto en aquella época como después […] la he visto siempre animada del más ardiente y decidido patriotismo y de la adhesión más pura y firme a nuestra Constitución política»8.

Del mismo tenor es la declaración presentada por Yandiola sobre la ayuda desinteresada que Carmen les prestó a él y a otros presos liberales entre 1814 y 1816:

«Me visitó constantemente en las cárceles de esta Corte, ofreciéndome sus patrióticos servicios, lo mismo que a otros Sres. Diputados de las Cortes disueltas en dicho año de mil ochocientos catorce, y varias personas perseguidas por liberales».

Debido a ello, sufrió amenazas y persecución por parte del intendente de policía de la época, Pedro Chávarri, por lo que finalmente en 1817 se vio obligada a abandonar España.

Nada se sabe de su vida en los años siguientes hasta que, restablecida la Constitución y hallándose de nuevo en Madrid, intervino activamente en la lucha contra las tropas absolutistas sublevadas a principios de julio de 1822, que culminó el día 7 con una batalla campal en el centro de la ciudad entre la Guardia Real, desafecta al régimen, y las fuerzas leales, con la Milicia Nacional y el célebre Batallón Sagrado a la cabeza. Aunque el nombre de Carmen Sardi no figura en ninguna de las crónicas del famoso 7 de julio, que dio título a uno de los Episodios Nacionales de Galdós, ella misma se preocupó de obtener el testimonio escrito de aquellos mandos militares que fueron testigos de su heroísmo. Así, el general Ballesteros dio fe, a petición de la interesada, del papel que desempeñó entre el 1 y el 7 de julio,

«suministrando toda clase de auxilios a los dignos militares que componían la guarnición, y exhortándoles con su ejemplo a la defensa de la Constitución, hasta el caso de haberla visto armada de un puñal para oponerse a la fuga que hicieron los enemigos el 7 de julio en la tarde».

El general Evaristo San Miguel, por su parte, afirmaba que en la madrugada del 7 de julio María del Carmen Sardi «estuvo en medio de los fuegos dando todos los auxilios que en aquellos momentos tan críticos se podían esperar, sin que la arredrasen los peligros en que estaba». Otro testigo, también militar, añadía que

«no sólo animaba y entusiasmaba [a los patriotas] con sus dulces y enérgicas expresiones, sino que los fortalecía con toda clase de refrescos y alimentos […] que tenía en su casa para un caso tal, o iba entre las balas a comprar y repartir con sus mismas manos».

Un regidor del Ayuntamiento refrendó todo lo dicho sobre los «actos de generosidad y espíritu varonil» que caracterizaron su actuación en la jornada del 7 de julio de 1822. Por último, el capitán Ignacio López Pinto hizo constar que

«la nominada amazona española no sólo sostenía y vigorizaba con oportunos auxilios a los individuos del Batallón Sagrado […] cuando el fuego de los esclavos se prodigaba sobre ella, sino que también aumentaba su entusiasmo con sus patrióticas exhortaciones y recuerdos y con los expresivos vivas que tributaba al código santo de nuestros imprescriptibles derechos»9.

A la vista de testimonios tan concluyentes, las Cortes decidieron recompensar su heroico comportamiento nombrándola benemérita de la patria y capitana honorífica, además de concederle la cruz del mérito.

Unos meses después participó en los graves sucesos ocurridos en Madrid entre el 19 y el 20 de febrero de 1823, en los que, como hemos visto en el capítulo anterior, Carmen Sardi intentó, junto a otras personas, que el consistorio solicitara el nombramiento de una regencia que asumiera las funciones del monarca. La naturaleza y el extraño desenlace de aquel motín ha despertado algunas sospechas sobre sus verdaderas motivaciones. En todo caso, el papel representado por ella da la medida de su capacidad de liderazgo y de su arrojo personal. También de su particular concepción del liberalismo, radicalizada en plena crisis del régimen constitucional hasta el extremo de considerar que la figura de Fernando VII era ya incompatible con la propia Constitución.

Apenas un mes después de aquel episodio, el gobierno, las Cortes y los liberales más comprometidos decidían abandonar Madrid ante la inminente entrada de las tropas francesas en España y el peligro, pronto confirmado, de que la capital de la monarquía cayera rápidamente en poder del absolutismo. La adhesión de Carmen a la causa liberal resultaba demasiado comprometedora como para permanecer en Madrid, por lo que optó por seguir al gobierno y a las Cortes en su marcha a Sevilla y a Cádiz. Tras el hundimiento del régimen en octubre de 1823 y la restauración de la monarquía absoluta, ella y su hija pasaron a Gibraltar y de allí, en 1824, a Londres, donde vivieron ocho años, antes de trasladarse a París, como tantos otros exiliados españoles, tras el triunfo de la revolución de julio de 1830.

Su vuelta a España se demoró hasta 1834, puesto que la amnistía de octubre de 1832, que permitió el regreso de casi todos los exiliados, exceptuaba a quienes, como ella, habían reclamado en el Trienio la formación de una regencia. Por este mismo motivo ya había quedado excluida, como hemos visto, del indulto concedido por Fernando VII en mayo de 1824, al afectarle directamente la excepción quinta de las quince que contenía el decreto. Esta disposición no sólo le impidió acogerse a los beneficios del indulto, sino que dio lugar en el verano de 1824 a la orden de búsqueda y arresto de la Sala 2.ª de Alcaldes de Casa y Corte contra ella y demás personas que intervinieron en los sucesos del 19 al 20 de febrero de 1823 en Madrid. Ignorando al parecer su huida a Gibraltar, se ordenó su localización en su último domicilio en la capital, en la calle de la Puebla, y al no ser hallada fue declarada prófuga. De todas formas, las averiguaciones para determinar su responsabilidad en aquellos hechos permitirán arrojar algo de luz sobre lo sucedido aquel 19 de febrero de 1823 en que María del Carmen Sardi, haciendo honor a la fama de apasionada liberal que se granjeó el año anterior, protagonizó un episodio sin precedentes en la corta historia del liberalismo español.

Carne de motín

En un largo informe a Fernando VII fechado en 1830, José Manuel del Regato, antiguo liberal, agente doble en el Trienio y luego jefe de la «alta policía» del monarca, no dejó de recordar el «horroroso motín del 19 de febrero» al remontarse a los antecedentes de las «maquinaciones y tentativas revolucionarias» emprendidas desde el exilio por los liberales españoles10. El origen de aquel extraño episodio fue, como se recordará, la decisión de Fernando VII de destituir al gobierno que presidía el general Evaristo San Miguel, en pleno enfrentamiento entre sectores opuestos del liberalismo español —masones y comuneros—, que el rey quiso aprovechar para agravar la crisis del régimen en vísperas de la entrada de los Cien Mil Hijos de San Luis en España. La destitución del gabinete provocó el mismo día 19 un tumulto frente al Palacio Real en el que intervinieron unos centenares de personas, que exigieron de forma airada la reposición del gobierno constitucional y lanzaron gritos contra el rey. Los disturbios continuaron por la noche frente a las Cortes y al ayuntamiento de Madrid con nuevos gritos en contra de Fernando VII y a favor de una regencia. Más allá de la posible existencia de una mano oculta —se ha atribuido a Alcalá Galiano el papel de instigador—11, el motín del 19 de febrero respondía a la sensibilidad a flor de piel del liberalismo más exaltado, inquieto ante la inminente invasión francesa y la manifiesta deslealtad del monarca. Los amotinados triunfaron en cuanto a la reposición del gobierno destituido, llevada a cabo el mismo día 19 por la noche, pero las instituciones hicieron oídos sordos a la petición de una regencia. Por lo menos, de momento, porque cuatro meses después las Cortes, trasladadas a Sevilla, no tuvieron más remedio que proclamar una regencia provisional ante la notoria complicidad de Fernando VII con el ejército invasor.

Sobre el papel de Carmen Sardi en el motín existen dos testimonios distintos: la causa abierta en 1824 por la Sala 2.ª de Alcaldes de Casa y Corte y el pormenorizado relato de lo sucedido que el escritor británico Michael J. Quin, testigo ocular de los hechos, recogió un año después en su libro A Visit to Spain. Según la pieza once formada por la Sala 2.ª contra las prófugas «Dª María del Carmen Sardi, Dª Francisca Cibat, Dª Sebastiana Rodríguez y Dª Valentina González»12, en la noche del 19 de febrero de 1823 un grupo de personas, congregadas en la Plaza de las Cortes, nombró una comisión para solicitar a la Diputación Permanente la inmediata formación de una regencia. En la Diputación se les comunicó que una petición semejante sólo podía formularse por escrito y a través del ayuntamiento, por lo que el grupo se trasladó, en número de unas doscientas personas, a la Plazuela de la Villa para presentar su reclamación al ayuntamiento de Madrid, que en ese momento —pasada la medianoche— se encontraba en sesión. «Cinco que decían ser ciudadanos, en nombre de dicha reunión», solicitaron ser recibidos por las autoridades municipales, ante las cuales expusieron «que los deseos de la citada reunión eran reducidos a que se nombrase una regencia», por lo que, siguiendo las indicaciones que les acababa de hacer la Diputación de las Cortes, rogaban al consistorio que diera curso a su solicitud. El alcalde les contestó que la petición debía formularse legalmente y por escrito, pero, tras mantener una discusión con los comisionados, aseguró que se tomaría en consideración y se resolvería «en su caso lo oportuno». O se dieron por satisfechos o pensaron que no podían hacer nada más; lo cierto es que, tras las últimas palabras del alcalde, decidieron retirarse e informar a sus compañeros. Sin embargo, al poco tiempo, pasada la una de la madrugada, cuatro mujeres, que decían llamarse María del Carmen Sardi, Francisca Cibat, Sebastiana Rodríguez y Valentina González, pidieron permiso para hablar ante la corporación y presentar una solicitud en nombre de las personas congregadas en la calle. Tras ser invitadas a entrar en la sala, expusieron su petición, que consistía en que el propio ayuntamiento hiciera las gestiones oportunas para que se nombrara de inmediato una regencia. El alcalde respondió, como había hecho ya ante los hombres comisionados para el mismo fin, leyéndoles los artículos del Código Penal que regulaban una petición de esa naturaleza, tras lo cual «se salieron dichas cuatro mujeres de la Sala Consistorial»13.

De esta versión de los hechos parece desprenderse que las cuatro fueron elegidas por los amotinados como una suerte de comisión suplente para negociar con las autoridades, si se consideraba —como así fue— que los cinco hombres nombrados al efecto fracasaban en su cometido. Que Carmen Sardi sea la primera en la enumeración de los nombres de las cuatro comisionadas sugiere la posibilidad de que actuara como portavoz o que, en todo caso, tuviera un papel más relevante que las demás. Así parece indicarlo el testimonio del escritor Michael Quin, de viaje por España, que presenció directamente los sucesos de aquellos días y cuya versión resulta sin duda mucho más subjetiva, pero también más detallada y rica en matices. Tras asistir a los disturbios del día 19 frente al Palacio Real, cuando la multitud exigió la reposición del gobierno constitucional, en la noche de ese mismo día se enteró con gran sorpresa de la retractación del rey, que dejaba las cosas como estaban antes de las protestas. Al día siguiente, Quin decidió volver a Palacio, pensando que probablemente la crisis se había cerrado en falso; una intuición certera, que le permitió ser testigo de la segunda parte del motín, aunque, en realidad, los hechos que se narran a continuación no sucedieron, como afirma él, un día después, sino en la misma noche del 19 al 2014.

Al dirigirse al Palacio Real, pasó junto a las Cortes, cuya Diputación Permanente se encontraba reunida, y allí se encontró con una muchedumbre vociferante de unas cuatrocientas personas agolpadas junto a la entrada. Inmediatamente llamó su atención una mujer joven que, subida a una piedra que le servía de tribuna, arengaba a los presentes en contra del rey y a favor de una regencia, cuyo nombramiento, según ella, debía exigirse inmediatamente a las Cortes. Llevaba un corpiño de algodón liso, un chal rojo, una saya negra de seda y una mantilla también negra. La multitud secundaba sus palabras arrastrada por su voz enérgica y su gesto decidido, de persona dispuesta a todo. Tanto, que uno de los guardias que custodiaban el edificio tuvo que abandonar sus intentos de apaciguarla ante los improperios que la joven le lanzó. Del interior salió entonces un desconocido que se había dirigido a la Diputación en nombre de la multitud y traía la respuesta a sus demandas: las Cortes ordinarias, según la Diputación Permanente, no volverían a reunirse hasta el 1 de marzo, e incluso una convocatoria de las Cortes extraordinarias no sería posible antes del 25 de febrero. Esos plazos impedían el cumplimiento del deseo perentorio de una regencia nombrada por las Cortes. En vista de ello, y tras corear los nuevos gritos de la joven a favor de una regencia —«¡Queremos una regencia y la queremos ya!»—, los congregados decidieron marchar al ayuntamiento para requerir su respaldo.

No lo hicieron directamente, sino que dieron un rodeo por la Puerta del Sol con el propósito de atraer más gente a su causa, en lo cual puso especial empeño la mujer que se había erigido en «caudilla» del grupo —«female leader», la llama Quin—. Su empuje y su determinación sólo sirvieron para que algún miliciano y un par de viejas se sumaran a los alborotadores que en número de unos doscientos, en su mayoría de baja extracción social, no tardaron en llegar al ayuntamiento15. En torno a la joven se formó entonces un corrillo de unas seis o siete mujeres de entre cincuenta y sesenta años que jalearon sus palabras a favor de una regencia. Al cabo de un rato, uno de los guardias del consistorio sacó una silla para que la «heroína del día» pudiera sentarse. En vez de ello, se subió a la silla y repitió su soflama «con una fuerza en su voz y una energía en sus actos harto sorprendentes». Quin añade que la oradora fue invitada a entrar en el ayuntamiento, lo que hizo acto seguido, sin que ni él ni las personas que esperaban fuera tuvieran noticia de lo que sucedía en el interior, por lo que los amotinados empezaron a abandonar el lugar. En todo caso, concluye el autor, era evidente que el plan para nombrar una regencia había fracasado y que todo se había reducido a una ruidosa algarada de unas docenas de personas «inspirada y dirigida por una chiflada que tal vez no estaba en sus cabales»16.

Hay razones para pensar que la mujer que acaudilló el motín fue María del Carmen Sardi, quien, según los datos reunidos por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, en la noche del 19 de febrero entró en el ayuntamiento a parlamentar en nombre de los amotinados. Ya hemos visto que no fue, según esa misma información, la única mujer que lo hizo, pero la descripción que nos da Quin coincide con lo que sabemos de ella. Habla de una mujer joven —tenía veintiocho años— y de baja estatura —medía 1,59—17. La edad resulta concluyente, porque del resto de las mujeres que aparecen incidentalmente en el relato afirma que dos de ellas eran «old women» y que las otras tenían entre cincuenta y sesenta años. Era mucha diferencia de edad como para pensar que Carmen fuera una de las acompañantes de la «young woman» y no la propia sibila, como la llama Quin, que encandiló a los amotinados. Sin duda, ella fue la «female leader» del «horroroso motín» del 19 de febrero de 1823.

Su vida en el exilio

Salió de Madrid, como otros muchos liberales, días antes del 23 de mayo de 1823, fecha en que las tropas francesas entraron en la capital sin encontrar apenas resistencia. Para pagarse su viaje y el de su hija tuvo que vender sus «cortas alhajas», según sus propias palabras, y conseguir así un dinero que, mientras duró, fue su único medio de subsistencia. Luego, ni eso. En los meses siguientes acompañará a la plana mayor del liberalismo español en su retirada: primero a Sevilla, luego a Cádiz y, finalmente, a Gibraltar, tras consumarse, a principios de octubre, la derrota liberal ante los Cien Mil Hijos de San Luis. Durante su breve estancia en Sevilla, Carmen solicitó de las Cortes una pensión que, en compensación por sus sacrificios a la causa liberal, le permitiera salir de la indigencia en la que ella y su hija se encontraban tras haberse quedado sin recursos18. Su petición, avalada por el testimonio de altos cargos del régimen, como los generales Francisco Ballesteros y Evaristo San Miguel, obtuvo el respaldo del gobierno y en particular del ministro de Hacienda, Juan Antonio Yandiola, uno de aquellos liberales presos en 1814 que recibieron entonces los auxilios de Carmen, lo mismo que el nuevo ministro de Gracia y Justicia, José María Calatrava. En vista de los «servicios patrióticos de la interesada y de sus padecimientos por su decidida adhesión al sistema constitucional», Yandiola propuso a las Cortes que se le concediera una pensión de cuatrocientos ducados al año19. No sabemos si la caída del régimen tres meses después le permitió siquiera empezar a cobrarla.

Gibraltar fue la primera etapa de su largo exilio de once años. No hay rastro de ella en las diversas listas de refugiados elaboradas por el cónsul español20, probablemente por la escasa atención que los funcionarios de la época solían prestar a las mujeres que viajaban solas. Sin embargo, la ya citada «List of Spanish Refugees who have already left Gibraltar», remitida a Londres a finales de 1824, incluye el nombre de «doña Carmen Sardi» e informa de que viaja acompañada de su hija, conocida como «La Patriota». Que Carmen sea la única mujer en la lista indica, además de su condición de viuda, su notoriedad como refugiada. Lo mismo puede decirse de Manuela, digna hija de su madre por lo que se ve, pues, a tenor del sobrenombre por el que era conocida en El Peñón, a sus diez años ya daba que hablar por su ardiente patriotismo liberal.

En los años siguientes, madre e hija residieron en Londres, sin otros medios de vida que el subsidio destinado a los refugiados políticos, las clases de español que Carmen pudo conseguir, la ayuda de algunos amigos y algún que otro recurso para salir del paso, como la rifa que en cierta ocasión celebró en su casa de un velo de encaje negro a razón de diez chelines el boleto21. Su nombre aparece con frecuencia en las diversas listas de españoles que recibían ayuda económica, alguna de las cuales llegó a poder del embajador español en Gran Bretaña, como la que en 1829 remitió al Ministerio de Estado bajo la rúbrica «Lista de los españoles emigrados en Londres que perciben socorros mensuales de los fondos procedentes de donativos que recoge una junta creada al efecto con el nombre de City Committee»22. De la misma época data otra muy parecida conservada entre los papeles del duque de Wellington y en la que aparecen Carmen Sardi y su hija, la primera con un subsidio de una libra y doce chelines mensuales y la segunda con una libra y cuatro chelines23. Incluyen su nombre otras listas del City Committee fechadas en 1828 y 1829, en la tercera y en la cuarta clase de refugiados respectivamente24. Carmen suele figurar junto a aquellos que en el ejército constitucional tenían el empleo de capitán y, en todo caso, siempre gozará de un rango muy superior al de las pocas mujeres, generalmente viudas, cuyo nombre aparece en solitario —y no como esposas de emigrados— en una última categoría reservada para ellas, en la que en alguna ocasión encontramos también a su hija Manuela.

En Inglaterra trabó amistad con una familia acomodada a cuya «filantropía y bondad» se refiere ella misma en una carta. Su ayuda le era indispensable para subsistir y poder, además, proporcionar una esmerada educación a su hija, como era su deseo. Con los Biddulph, que así se llamaba esta familia, mantuvo una interesante correspondencia en español que se ha conservado, por lo menos en parte, y que nos permite conocer algunos detalles de su vida en Londres y de lo que Carmen llama «mis desgracias», que consisten sobre todo en la imposibilidad de volver a España y en una precaria situación económica. Las cartas cruzadas con algunos miembros de la familia, sobre todo con Penelope y Mary Anna —en realidad, copias de las cartas transcritas en un cuadernillo—, corresponden a los años 1827-1828, sin duda a momentos en que las destinatarias se encontraban en la residencia que los Biddulph tenían fuera de Londres. Sabemos por Carmen que su hija Manolita estaba «aprendiendo el francés y otras cosas útiles a su educación», entre ellas seguramente canto. Se refiere también a los progresos que van haciendo sus alumnos de español, como «el señorito Don Juan», «la señorita Gordon» y «la señorita Lawrence», a la relación esporádica que mantiene con unos pocos españoles y a sus problemas para salir adelante, que llegaron a ser angustiosos en un momento en el que, al parecer, se suspendió la ayuda a los refugiados:

«El Comité se ha acabado —le dice a una de las Biddulph, a la que se dirige como “mi amada señorita”— y no tenemos nada con que contar, de modo que si no fuera por la bondad de sus señores padres yo y mi inocente hija seríamos víctimas de la miseria en este momento: todos nuestros conocidos están en el campo y estamos enteramente solas»25.

Hubo de esperar al regreso a Londres de sus amistades para organizar la rifa de un velo —tal vez lo más valioso y lo único superfluo que le quedaba— que le permitiera conseguir algún dinero para ir tirando. Quiso, no obstante, llevar el asunto con cierta dignidad y para ello ofreció en su casa una modesta velada a todos aquellos que, con el pretexto, algo forzado, de la rifa, quisieran contribuir materialmente al sustento de las anfitrionas. Sabemos por una de las personas asistentes que «la Sra. Sardi estaba vestida de negro y Manuela de morado» y que se sirvieron «vinos de dos clases y bizcochos de varios géneros»26.

La política no aparece ni remotamente en las cartas cruzadas con los Biddulph, pero sí en algunos poemas en español incluidos en el cuaderno que las recoge y que probablemente formarían parte de las lecturas que Carmen utilizaba en sus clases. Son textos en verso y en prosa de temas muy variados, con fábulas como «La cigarra y la hormiga» o «La víbora y la sanguijuela», de Iriarte, o «El pescador y el boquerón», de Esopo, y poemas de índole política que recuerdan el pasado de la española, entre los que destaca la letra del Himno de Riego. Otros fueron escritos tal vez por ella misma, como el titulado Libertad, de ocho versos, o la Canción patriótica al sepulturero del general Riego. En algunos de estos poemas y canciones nos reencontramos con la mujer que el 7 de julio de 1822 salió a la calle a defender la Constitución o la que en la noche del 19 de febrero de 1823 pidió el nombramiento de una regencia y la separación de Fernando VII del trono constitucional. A él se refieren estos versos con los que Carmen Sardi enseñaba español a sus alumnos ingleses y en los que parece resonar la cadencia del Himno de Riego:

«Ese rey tantas veces perjuro,

Ese rey sin palabra ni honor,

Sanguinario, déspota, ambicioso,

Es indigno del trono español.

Caiga el trono de este rey perjuro,

Con su sangre lavad la nación.

No tengáis compasión, que es un crimen

Con Fernando tener compasión»27.

Carmen Sardi pasó ocho años en Londres, hasta que a mediados de 1832 decidió marcharse a Francia con su hija. Seguía así la estela de la mayoría de los refugiados españoles en Inglaterra, que cruzaron el Canal tras el triunfo en Francia de la revolución de julio de 1830 y el comienzo del reinado de Luis Felipe de Orleáns. Las razones de Carmen para cambiar de residencia no eran exactamente las mismas que las de sus compatriotas, atraídos por la esperanza de que el nuevo gobierno francés favorecería la causa del liberalismo español. Apartada de los círculos conspirativos del exilio, con los que, por su condición de mujer, tuvo escasa relación, el principal motivo era de índole personal. En realidad, el destino que tenía pensado no era París, sino Italia, donde esperaba encontrar un clima más benigno, pues tanto ella como su hija tenían una salud delicada, y la posibilidad de que Manuela pudiera culminar brillantemente sus estudios de canto, en los que mostraba unas aptitudes fuera de lo común.

Recién llegada a Francia, el coronel Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent intercedió por ella en una carta dirigida al prefecto de policía de París el 14 de julio de 1832. Político liberal, naturalista, geólogo y protagonista de numerosas expediciones científicas, además de militar, Bory de Saint-Vincent exponía en su carta los diversos avatares de la vida de Carmen Sardi, sobre todo durante su estancia en Londres, donde la habían tratado «sabios ingleses» que respondían de ella, lo mismo que algunos refugiados españoles «de marca», conocidos suyos. En Inglaterra recibía como refugiada el subsidio correspondiente al grado de capitán —«cosa única para alguien de su sexo», apostilla Bory de Saint-Vincent— y conseguía algún dinero extra dando clases de español. Su pasado político hacía imposible su regreso a España y la falta de recursos le impedían proseguir su viaje a Italia con su hija, que a sus dieciocho años mostraba un extraordinario talento para el canto. Ella era lo único que tenía en el mundo, y la madre temía que su salud quebradiza y la precariedad en la que vivían frustrasen su prometedora carrera como cantante28.

En otras ocasiones será la propia Carmen la que se dirija al ministro del Interior francés solicitando una pensión para su hija como la que ella percibe en su calidad de refugiada, y, cuando la consiga, luchará por que se aumente su importe a 45 francos. En realidad, según el prefecto de policía de París, lo que movía a Carmen en su petición incesante de ayuda era el deseo de proporcionarle un profesor de música a su hija. Sus cartas de esta época, como las de otras refugiadas españolas, generalmente viudas, que se encuentran en una situación parecida, tendrán siempre un contenido autobiográfico, de balance de una vida llena de adversidad y sacrificio. En una de ellas, escrita en tercera persona e incurriendo en alguna que otra tergiversación de su pasado, Carmen alegaba en su favor «los servicios militares o de otra índole que prestó a su país en las últimas guerras» y los honores y recompensas que obtuvo por ello, como el nombramiento de benemérita de la patria y la concesión de una pensión y del grado de capitán. «El nombre de la abajo firmante y sus actos», añadía, «son tan conocidos», que consideraba innecesario presentar documentos que lo acreditasen29. Todos sus compañeros de infortunio, afirmaba en otro momento, «rinden la más resplandeciente justicia a mi patriotismo»30.

A diferencia de la mayoría de los refugiados españoles, Carmen Sardi no podrá acogerse a la amnistía concedida por el gobierno de Fernando VII en octubre de 1832, en un momento en que el rey, temiendo por su salud, intentaba afianzar el futuro de su hija Isabel, seriamente amenazado por el carlismo. Unos meses después, el embajador español en París le confirmaba que había quedado excluida de la amnistía, cabe suponer que por su participación en el motín de febrero de 1823. El escrito del embajador va dirigido a su domicilio en París, situado en el número 75 de la rue Faubourg Montmartre31. La viuda de Velasco —así firma alguna de sus cartas de esta época— deberá luchar para conseguir que el gobierno francés le mantenga la pensión que percibía como refugiada, pues la promulgación de la amnistía en España llevó a las autoridades francesas a suprimir los subsidios a los españoles, al considerar que habían desaparecido las razones que les obligaron a exiliarse y, por tanto, su necesidad de permanecer en Francia. En su caso, tras estudiarse la correspondiente solicitud de la interesada, el ministro del Interior no pondrá inconveniente a que siga percibiendo su pensión en tanto no pueda volver a España.

Su regreso fue cuestión de pocos meses. El 9 de abril de 1834, fallecido ya Fernando VII, María del Carmen Sardi recibía su pasaporte en la prefectura de Policía de París para salir de Francia por Perpiñán, una vez se comprobó que la embajada española autorizaba su repatriación. En él constaba su edad —cuarenta años— y los rasgos físicos que permitían identificarla: 1,59 de estatura, pelo castaño, nariz pequeña, boca grande, barbilla redonda, frente alta, cara ancha y tez colorada. El final de su exilio planteaba, sin embargo, una cuestión nada baladí sobre el cambio de su situación legal. El 7 de febrero de 1834, la reina María Cristina firmaba un decreto por el que se incluía en la pasada amnistía «a todos los exdiputados a Cortes que estén fuera del Reino a causa de las opiniones políticas que emitieron como tales diputados»32. Era un eufemismo algo rebuscado para anular una de las dos excepciones del real decreto de 1832, que dejaba fuera de la amnistía a los diputados «que votaron la destitución del Rey en Sevilla». Puesto que en ningún caso se podía aplicar a Carmen Sardi la otra excepción —«los que han acaudillado fuerza armada contra [la] Soberanía» de Fernando VII—, parece claro que su exclusión en octubre de 1832 se debió a que las autoridades equipararon su petición de una regencia en febrero de 1823, motivo del proceso judicial abierto contra ella en 1824, con la actuación de aquellos diputados que cuatro meses después votaron la sustitución temporal de Fernando VII. De ahí que, al poco de haberse derogado la primera de las excepciones del decreto de amnistía, en abril de 1834 Carmen Sardi obtuviera permiso de la embajada para volver a España. Si las Cortes la habían nombrado capitana por su valerosa defensa de la Constitución el 7 de julio de 1822, el gobierno de Fernando VII la asimiló diez años después a los diputados de las Cortes liberales al excluirla en primera instancia de la amnistía de 1832. No cabe duda de que en su trayectoria se daban circunstancias, como dijo Bory de Saint-Vincent, verdaderamente únicas en la vida de una mujer.

Una historia sin final

Su pasaporte de abril de 1834 es, cronológicamente, el último documento que contiene su expediente policial en Francia, lo que permite suponer que su regreso se produjo de inmediato. Apenas sabemos nada de su vida posterior, que debió de transcurrir en un oscuro anonimato en medio de las vicisitudes de la guerra carlista y de la inestabilidad política de aquellos años. La lenta consolidación de las instituciones representativas tuvo para Carmen Sardi un efecto paradójico, pues el fin de su exilio y el triunfo de la causa liberal trajeron consigo su completa desaparición de la vida pública, o al menos de las fuentes documentales que registran los vaivenes de la política española en aquella época. En realidad, la paradoja sólo existe si partimos de una errónea, y algo ingenua, ecuación histórica entre liberalismo y mujer. Como en el caso de otras muchas amazonas liberales —Mariana Pineda, sin ir más lejos—, lo que ha permitido conocer su intervención en los sucesos políticos de aquellos años no fue la libertad constitucional, sino la represión absolutista, que convirtió a Carmen Sardi en prófuga y en exiliada y creó las condiciones para que su nombre figurara en documentos desparramados por varios países europeos.

La biografía de María del Carmen Sardi, que es una historia sin final, como la de casi todas las mujeres que volvieron del exilio tras la amnistía, tiene una inesperada secuela en la de su hija Manuela, que llegó España a finales de 1835, procedente de Italia, convertida en una joven cantante profesional que a sus veinte años, y utilizando siempre su apellido materno, acaba de iniciar una brillante carrera artística. La prensa madrileña se hará eco de su gira por España acompañada por quien parece ser su mentor, un tenor napolitano de apellido Ruggiero. El 10 de enero de 1836, el periódico El Español reseñaba en sus páginas el debut en Madrid de «nuestra joven compatriota la señorita doña Manuela Sardi, hija de la heroína que en el memorable 7 julio cooperó con varoniles esfuerzos a derrocar el genio del despotismo». Obligada en su más tierna infancia —recordaba el redactor de El Español— a emigrar con sus padres [sic], pudo recibir en Inglaterra una esmerada educación, que incluye los cinco idiomas que domina y estudios de música y canto con los mejores maestros del momento, entre ellos el mismísimo Rossini. Ya se ve que el afán de Carmen por que su hija aprendiera mil cosas «útiles», como les decía a los Biddulph en una carta de 1827, había dado sus frutos. Completó sus estudios musicales en Francia e Italia, añadía el periodista, y, convertida ya en cantante, regresó de Italia a España, primero a Barcelona33, luego a Valencia y ahora a Madrid, adonde había llegado precedida de una «esclarecida reputación», de la que el público español tenía noticia, hacía ya algún tiempo, a través de la prensa extranjera. El autor de la reseña vio plenamente confirmadas las expectativas creadas en torno a ella:

«Su voz es sonora, de buen metal, fuerte, clara, redonda, flexible, ligera y de prodigiosa extensión: los graves profundos y comunicantes, los naturales entonados y seguros, y los sobre-agudos elásticos y firmes. […] Su figura es esbelta y su fisonomía decidida y muy expresiva»34.

El Diario de Avisos, La Revista Española y de nuevo El Español comentaron con los mayores elogios sus diversos recitales en la capital en los primeros meses de 1836. Una revista especializada, publicada en Viena, se hizo eco de su regreso a España y glosó en un largo párrafo su trayectoria personal y artística35. En junio, la prensa española informaba de un «escogido concierto» suyo celebrado en Badajoz, «al que asistieron todas las autoridades y personas más visibles de la población»36. Es la última noticia de su triunfal gira por España. Todo hace pensar que Manuela Sardi volvió a Italia y que allí prosiguió su carrera. En cuanto a su madre, el 19 de enero de 1837 las autoridades fronterizas británicas consignaban su llegada a Londres, con pasaporte español, procedente de Calais. Quién sabe si el motivo de su viaje no era otro que visitar a los Biddulph, sus amigos y benefactores en los duros años del exilio, recordar los viejos tiempos y contarles con pelos y señales el gran éxito cosechado por Manolita en su gira por España37. María del Carmen Sardi tenía entonces cuarenta y dos años. Después de esta escueta información sobre su regreso a Londres, su rastro se pierde para siempre.

CAPÍTULO 6
MUJERES CON TACHA

Purificadas e impurificadas

Tanto la administración civil como el ejército fueron sometidos a partir de 1823 a una amplia y profunda depuración de sus cuadros. Tan amplia, que afectó incluso a las mujeres que durante el Trienio hubieran percibido una pensión del Estado en calidad de viudas o huérfanas de un servidor público. Para seguir cobrándola, debían solicitar, como cualquier funcionario, la apertura de un expediente de purificación, que facultaría a la junta correspondiente a hurgar en su pasado político en busca de información comprometedora. Si se demostraba que la solicitante carecía de antecedentes liberales y se encontraba «sin tacha», quedaba «purificada» y recuperaba sus derechos económicos. En caso contrario, se podía enfrentar a un largo litigio, con nuevos informes secretos, declaraciones a favor o en contra y apelaciones de la interesada a las más altas instancias, hasta llegar a veces al propio rey. El mismo trámite siguieron aquellas pocas mujeres que desempeñaban por sí mismas una función pública, la mayoría como estafeteras o maestras de primeras letras. Llegó a darse el caso de que se abriera juicio de purificación, con resultado favorable, a una matrona, a una comadre partera de Leganés y a una maestra de labores de la fábrica de cigarros de Madrid1. En cambio, a dos estanqueras de Chinchón que solicitaron ser purificadas se les respondió que estaban exentas2.

Depurar de arriba abajo al personal de la administración era una ardua tarea, sobre todo si se iban añadiendo actividades y profesiones privadas, desde los abogados hasta las comadronas, que sólo remotamente, al ejercerse con un título oficial, se podían considerar relacionadas con el Estado. Más allá de su extrema complejidad, el proceso podía resultar contraproducente para la propia monarquía, que se arriesgaba a perder a sus servidores más cualificados, por ser en general los menos entusiastas del viejo absolutismo. No es casualidad que el ministro de Hacienda, Luis López Ballesteros —él mismo sometido a purificación en 1823—, se mostrara contrario a este sistema y recurriera a veces a funcionarios tachados de enemigos del régimen, únicos capaces de emprender la difícil labor técnica encomendada a su ministerio, aun a riesgo de desatar las iras de los más recalcitrantes: «Se ven en las oficinas de Hacienda», se lamentaba el obispo de Orense, «muchos liberales convencidos»3. Seguramente no le faltaba razón, porque la mayoría de los funcionarios del ministerio consiguió su purificación al primer intento, incluso aquellos que habían sido milicianos nacionales en el Trienio4.

Las listas de purificados e impurificados en la Real Hacienda denotan, pues, cierta manga ancha a la hora de convalidar el pasado político de los funcionarios del ramo, pero dan la medida también del crecimiento experimentado en los últimos tiempos por el Estado y en particular por este ministerio. Desde mediados del siglo XVIII, la monarquía española había tenido que modernizar a fondo sus estructuras y su personal, reclutado en muchos casos entre sectores, como las clases medias y la pequeña y mediana nobleza, interesados en una reforma del rígido orden estamental. Era un funcionariado meritocrático imbuido de las ideas reformistas de la Ilustración, imprescindibles para hacer más moderno y eficiente el aparato del Estado. Si el Despotismo ilustrado descansó en gran medida sobre los empleados públicos —alguna vez se ha definido la Ilustración española como una Ilustración de funcionarios—, el ejército fue, por motivos parecidos, una pieza clave de la revolución liberal. Lo demuestra el hecho de que, más allá incluso del protagonismo de algunos oficiales en los pronunciamientos contra el absolutismo, en torno al 46 por 100 de los exiliados españoles de la Década Ominosa fueran militares5. Aún mayor es el porcentaje de exiliadas que tenían por marido a un oficial o suboficial del ejército —dos terceras partes de las casadas o viudas—6, convertido en aquellos años en el más poderoso factor de socialización del liberalismo en España, también entre las mujeres. Fernando VII tenía motivos, pues, para ver en él a su principal enemigo.

La depuración de los empleados civiles y militares de la monarquía fue, en palabras del mejor estudioso del tema, una «verdadera obsesión» del régimen fernandino y del propio monarca7, que puso en ello un interés personal. En las «Bases sobre las que ha de caminar indispensablemente el nuevo consejo de ministros», transmitidas por Fernando VII a su gobierno en diciembre de 1823, figuraban tanto la indicación de «limpiar todas las secretarías de despacho, tribunales y oficinas […] de todos los que han sido adictos al sistema constitucional», como la orden taxativa de «disolución del ejército y formación de otro nuevo». Todo ello no suponía, en el fondo, ninguna novedad, porque las «purificaciones» habían empezado ya bajo la facciosa Junta Gubernativa —luego regencia— que gobernó en nombre de Fernando VII hasta su reposición como rey absoluto. Una primera ordenanza promulgada por la Junta el 9 de abril de 1823 —tan sólo cuarenta y ocho horas después de la entrada del ejército francés en España— fijaba las líneas maestras de la depuración administrativa. Los términos, sin embargo, eran tan imprecisos que se hizo necesario elaborar sobre la marcha unas directrices que permitieran alcanzar el objetivo perseguido por las autoridades absolutistas, que no era otro que retrotraer la administración civil a la situación anterior al triunfo del liberalismo en 1820. Un decreto de la regencia del 27 de junio de 1823 precisaba el procedimiento que debían seguir los empleados públicos nombrados durante el Trienio para obtener la ansiada purificación y ser readmitidos en sus puestos. Hubo nuevas disposiciones a lo largo de 1824, y en octubre se estipularon las funciones y la composición de la Junta Suprema de Purificaciones, organismo encargado de coordinar, bajo el control del ministro Calomarde, la actuación de las distintas juntas provinciales y sectoriales dedicadas a la depuración del Estado en un proceso que no cesó hasta unos meses antes de la muerte de Fernando VII.

La primera gran depuración femenina se realizó por iniciativa personal del rey al margen de las directrices legales y, por tanto, de forma completamente discrecional. Los nombres de las mujeres afectadas se encuentran entre los de aquellos «individuos de la Real Casa, Cámara, Capilla, Caballerizas y Patrimonio que han sido separados de la Real Servidumbre en virtud de diferentes Reales Órdenes»8, aprobadas por el rey entre octubre de 1823 y enero de 1824. El interés que se tomó en la depuración de su servidumbre salta a la vista en las prolijas indicaciones de su puño y letra que dejó en el documento anterior y en los sucesivos añadidos de nuevos nombres, como si el monarca no dejara de darle vueltas al asunto. Se advierte, asimismo, su impaciencia por zanjarlo cuanto antes: las primeras listas están fechadas el 14 de octubre en Sevilla y el 31 del mismo mes en Andújar, es decir, en pleno viaje de regreso del Puerto de Santa María a Madrid. Fernando no pudo esperar a su llegada al Palacio Real para deshacerse de aquellos de sus servidores que consideraba desafectos o al menos dudosos.

A la primera ocasión, en la lista de Sevilla, fueron separadas la marquesa viuda de Astorga, la señora de Rubianes y la marquesa viuda de Mos, que perdieron su sueldo de 50.000 reales —de los más altos entre la servidumbre de Palacio— y su condición de Damas de la Orden de María Luisa9. La marquesa de Astorga había partido ya al exilio, donde la encontraremos más adelante. La policía francesa la consideraba una señora de armas tomar, con opiniones «très démocratiques», aunque en los últimos tiempos parecía haberse moderado10. La señora de Rubianes podría ser María Josefa Villegas y Coronel, esposa de Juan Gayoso Mendoza, señor de Rubianes. Por su parte, la marquesa viuda de Mos, María Felicidad Pinto de Sousa, había puesto su firma al pie del manifiesto que la Diputación de la Grandeza dirigió al duque de Angulema el 27 de mayo de 1823, un documento que el ultraabsolutismo —y probablemente el propio rey— siempre consideró peligrosamente tibio, con su llamada a la «benéfica concordia» y a desterrar la arbitrariedad y las «mezquinas y funestas pasiones»11. A la marquesa de Mos le salió muy caro haber firmado en mayo el manifiesto de la Grandeza, porque a la pérdida de su asignación de 50.000 reales se añadieron los 40.000 que dejó de cobrar como viuda de un caballerizo mayor de Palacio.

La lista de la purga realizada a finales de octubre en Andújar es la más numerosa, con 218 nombres, pero no la que contiene más mujeres. Figuran en ella doña Josefa Atorrasagasti, sacristana del oratorio de damas; la camarista doña Marcela Tabares y Rosa Michel, «moza de retrete que fue del infantito D. Carlos»12. Según una nota adjunta, a las personas citadas «se les quitará la asignación que gozan, sea de la clase que fuere»; en el caso de la sacristana, la camarista y la moza de retrete, era de 3.655, 12.000 y 7.000 reales, respectivamente. En otra lista escrita por el propio Fernando VII, continuación de la anterior, se añaden los nombres de doña Victoria Viant, plumista, de la que sabemos por otra fuente que en 1822 participó en una suscripción a favor de la Milicia Nacional13; doña Gertrudis Romero, azafata; «la nieta de la Gastín, camarista», «la viuda de [Gregorio] Hierro» y, en Aranjuez, «las hijas del médico Prieto». Estas últimas, cuatro hermanas, hijas del difunto médico Antonio Prieto, cobraban una pensión de orfandad de 3.333,22 reales cada una. De una de ellas, María Manuela, consta por otras fuentes su adhesión al liberalismo, que se remonta a la época de las Cortes de Cádiz, adonde se trasladó en 1808. Se hizo amiga y protectora de escritores y políticos liberales, como Sánchez Barbero y José María Calatrava, y en tiempos de la primera restauración fue perseguida14. A principios del Trienio participó en la entrega a Riego de una corona cívica en un acto público de gran resonancia, que seguramente no le pasó inadvertido a Fernando VII. Quién sabe si no incluyó el nombre de Manuela en el libro verde que, a modo de lista negra, le permitía guardar memoria de todos aquellos a quienes consideraba sus enemigos, en algunos casos por el simple hecho de mantener correspondencia con los liberales exiliados15. Puede que sus hermanas carecieran de responsabilidades políticas, pero en estos casos el absolutismo no se andaba con remilgos, y el rey menos: ser liberal o realista era cosa de familia, y bastaba conocer los antecedentes, bien notorios, de una de ellas para colegir que las hijas de don Antonio Prieto habían salido rana.

La depuración se completó con nuevas exclusiones que afectaron a todos los sectores de la real servidumbre, en un proceso que parece haber recorrido el escalafón en orden descendente. Si en octubre de 1823 fueron despedidas las damas de la nobleza, hasta enero siguiente no se produjo la separación de las señoras incluidas en la categoría de «artistas [es decir, artesanos] y proveedores»: Victoria Viant, plumista, ya citada; Martina Milla, cordonera de la Real Casa, y Juana González Artalejo, ebanista. Ese mismo mes se suprimieron asimismo diversas «viudedades, orfandades y pensiones», que venían percibiendo Gertrudis Romero, María Xaviera Bustinaga, Gertrudis Gómez, viuda de Gregorio Yerro, y las hermanas Prieto. Se calculaba que la supresión de estas pensiones y la amortización de algunos destinos supondrían un ahorro de 170.075 reales16.

Dejando al margen lo ocurrido con las empleadas y pensionistas de Palacio, a merced de la exclusiva voluntad del monarca, la depuración femenina se rigió en general por el sistema de purificaciones establecido por las distintas órdenes y reglamentos específicos. El caso de las mujeres fue, no obstante, mucho más complicado y aleatorio que el de los hombres, tanto por falta de una normativa clara como por la existencia de resoluciones contradictorias entre sí. Todo ello derivó en un laberinto reglamentario de consecuencias difíciles de prever. Una circular del Ministerio de Hacienda fechada en septiembre de 1823 anunciaba el pago de sus pensiones a aquellas viudas y huérfanas que las tuvieran reconocidas con fecha anterior al 7 de marzo de 1820 y a aquellas a las que se les hubiera concedido o confirmado «con posterioridad por el gobierno legítimo». En otras palabras: dejarían de cobrar las viudas y huérfanas cuyas pensiones hubieran sido aprobadas por los gobiernos liberales, si bien quedaba la posibilidad de que pudieran ser confirmadas «por el gobierno legítimo». La solicitud de purificación sería el trámite inexcusable para legalizar las pensiones de la época liberal.

Hubo, sin embargo, gran confusión sobre qué mujeres —empleadas, viudas y huérfanas— estaban obligadas a ello, y no siempre la analogía con los hombres de similar categoría servía para despejar las dudas. Así, mientras las estanqueras estaban exentas, sus compañeros de profesión debían acreditar un pasado político intachable. No se entiende la diferencia de trato, pero aún menos que una jubilada del ramo solicitara ser purificada —se ignora si por obligación o por despiste—, que se le abriera expediente y que finalmente se rechazara su purificación en primera instancia, hay que suponer que por sus antecedentes políticos17. Hubo mujeres que vieron suspendido el pago de sus pensiones por no haber solicitado su purificación y debieron iniciar a toda prisa los trámites para conseguirla, mientras otras se apresuraban a hacerlo y se les respondía que en su caso no era necesario. La viuda de un embajador llegó hasta Fernando VII en su pretensión de ahorrarse el engorroso proceso purificador, pues, según ella, la asignación que cobraba le había sido concedida hacía diecinueve años por Carlos IV y no se trataba, en rigor, de una pensión, sino de una viudedad. En realidad, el todopoderoso ministro de Gracia y Justicia, Francisco Tadeo Calomarde, ya había dejado claro que las viudedades —«malamente llamadas pensiones»— no estaban sujetas a purificación18, a pesar de lo cual, a la viuda del embajador se le contestó de parte del rey que ni la antigüedad de la concesión ni su naturaleza la eximían de purificarse19. Es difícil sacar conclusiones sobre el rigor de las distintas juntas a la hora de conceder la preciada purificación en primera instancia, pero sorprende, dada la facilidad con que la consiguieron los funcionarios de Hacienda, que de las siete pensionistas o empleadas de este Ministerio sometidas a expediente tres tuvieran que apelar a la segunda instancia20. En cambio, los pocos datos disponibles sobre maestras de primeras letras indican un porcentaje de éxito muy superior al de sus compañeros21.

Algo extraño pasó con la purificación de las viudas y huérfanas que cobraban pensión de la Dirección de Correos. O bien la actuación de la junta purificadora fue mucho más rigurosa que en casos similares o las pensionistas del ramo eran especialmente propensas al liberalismo. Puede que la explicación se encuentre en los Diarios de Sesiones de Cortes del Trienio, que recogen, en las páginas correspondientes al 27 de agosto de 1820, la concesión de una larga serie de pensiones con cargo a la renta de Correos22. De las varias listas publicadas, la primera de las tituladas Señoras incluye a varias viudas y huérfanas de altos cargos que a partir de 1823 iban a sufrir complicados procesos de purificación, con resultado adverso, por lo menos en primera instancia, tras examinarse los antecedentes políticos de las interesadas y comprobarse —como se dice de dos hermanas pensionistas— «que tienen tacha». Las mujeres comprendidas en la resolución de las Cortes liberales e impurificadas en primera y a veces en segunda instancia a partir de 1824 son María Lorenza y María Mercedes Alesón, María Ana Lamo de Espinosa y Frías de Salazar, condesa de Castañeda, y su hermana Isabel; Josefa Saturnina Frías, condesa viuda de Castañeda y madre de las anteriores; Josefa Daoiz y Torres, hermana de Luis Daoiz, héroe del 2 de Mayo; María Antonia de Gimbernat; Florentina Gómez de la Hoz; Juana y Ramona Iturbide; Clara Ignacia de Madariaga, hija del marqués de Casa Alta, y las hermanas Luisa y Matilde de Soto y Urquijo —una tercera hermana Soto, Francisca, se encontraba en el exilio con su marido—. Aunque otras «pensionadas» de Correos superaron el trámite al primer intento —Juana Peñalver, María del Carmen Garrido, Petra Rui-Bamba, Luisa Díaz, Juliana López de la Torre, María Josefa del Socorro Cebollino… —23, la proporción de impurificaciones parece muy alta.

Los expedientes relativos a las trece impurificadas de la Dirección de Correos son como una radiografía del liberalismo femenino de la época, por lo menos en sus estratos sociales más altos. Tal vez por ello Fernando VII pidió que se le mantuviera puntualmente informado de la marcha de estos expedientes, aunque en ocasiones fueron las propias interesadas o personas allegadas las que se dirigieron a su majestad solicitando su intercesión. Los antecedentes de las hermanas Alesón, por ejemplo, hacían muy difícil su purificación, al menos en primera instancia. «Habían sido constitucionales», leemos en un informe, «pues cantaban a la guitarra las canciones de trágala y otras». Mantenían, además, «grandes reuniones en su habitación, tanto que la vecindad las tenía miedo». Se habla de un hermano suyo, oficial de artillería, que había participado en la revolución y tenía amistad con el mismísimo Riego, visitante ocasional de la casa de las hermanas Alesón. El caso no podía estar más claro. Una vez probada su «adhesión al régimen constitucional», en julio de 1826 el rey ordenó que se les denegara la modesta pensión de cuatro reales diarios que venían cobrando24.

La condesa viuda de Castañeda, Josefa Saturnina Frías, y sus dos hijas fueron impurificadas en primera instancia a la vista de varios informes concordantes sobre su pasado liberal. En la época constitucional, madre e hijas acudían regularmente a las «tertulias, bailes y máscaras» de carácter político que se celebraban en Madrid. Se codeaban con lo más granado del liberalismo, hablaban mal del rey y de sus «legítimos derechos» y vitoreaban a Riego, el llamado «héroe de las Cabezas [de San Juan]», al que en sus apariciones en la capital cubrieron de «palmas y flores». De la madre se dice que «manifestaba un ardor increíble por dicho sistema revolucionario» y de sus hijos poco más o menos lo mismo. El varón, de dieciocho años, cadete del ejército, se alistó en la Milicia Nacional sin que su madre se lo impidiera, lo que, desde luego, decía muy poco en su favor. Luego parece que el hijo se fue al exilio, adonde partió la condesa viuda, que tenía otros familiares proscritos, a hacerle una visita so pretexto de tomar las aguas. «Ha sido siempre muy liberala», concluye un informe, «así ella como su hija», en referencia seguramente a la mayor, María Ana, nacida en 1801, aunque los informes sobre las andanzas políticas de las Castañeda incluyen también a la pequeña, Isabel, que al caer Madrid en poder de los realistas aún no había cumplido los dieciséis años. A pesar de ello, en enero de 1825 la Junta de Purificaciones inició el expediente para depurar «la conducta política observada durante la época constitucional por dicha interesada». Las tres fueron purificadas en 1828, en segunda instancia, después de que el tono de los informes cambiara radicalmente: madre e hijas observan «una conducta juiciosa y moderada», no consta que hayan pertenecido a sociedades secretas, se asegura que el famoso viaje de la condesa a Francia no tuvo otro objeto que tomar los baños y se sugiere que su adhesión al gobierno constitucional respondió al único deseo de mantener su pensión25.

El principal cargo contra María Antonia de Gimbernat es su cambio de domicilio cuando las tropas realistas entraron en Madrid para evitar los insultos y los apedreamientos por parte de algunos de sus vecinos. Aunque este hecho sea reprobable, leemos en un escrito dirigido a la Junta de Purificaciones, todo ello demostraría sus antecedentes liberales y, por tanto, la imposibilidad de restituirle la pensión. En consecuencia, su petición fue rechazada en primera instancia en febrero de 1827. Unos meses después, presentó reclamación y la Junta pidió nuevos informes, que en general resultaron favorables: está achacosa, sale poco, es buena cristiana y ama al rey. De repente, no hay ni rastro de un posible pasado liberal, ni consta que haya expresado «con escritos, hechos políticos, proclamas públicas ni otros medios sus mañas e inclinación o adhesión a dicho Gobierno constitucional». El 3 de agosto, la Junta le devuelve la pensión que venía cobrando desde 179826. Afortunadamente para ella, no hay ninguna referencia en todo el proceso a su hermano Carlos Gimbernat y Grassot, científico de principios firmemente liberales, que por entonces se encontraba exiliado en Suiza27.

El caso de Florentina Gómez de la Hoz siguió una evolución parecida al de Antonia Gimbernat, aunque los primeros informes eran mucho más contundentes. Del testimonio ofrecido por personas de toda confianza, «resulta que esta interesada ha sido una de las acérrimas y decididas defensoras del Sistema Constitucional». Se dice que era muy exaltada, lo mismo que su marido, y aunque su adhesión a la Constitución fue sólo de palabra, el cariz político de sus conversaciones, según sus vecinos, no dejaba lugar a dudas. Además tuvo viviendo en su casa a un sobrino miliciano nacional. Tras ser impurificada en primera instancia, la cosa cambia por completo en los informes recogidos a raíz de su reclamación. Todo el barrio tiene el mejor concepto de ella, así que, como «no está tachada», en marzo de 1829, cuatro años después del comienzo de las primeras diligencias, se le devuelve la pensión sobre la renta de Correos28.

Poco sabemos de las tribulaciones de Josefa Daoiz, hermana del mártir del 2 de Mayo, salvo que en un primer momento se le denegó la pensión por «tener tacha, según los informes que se tomaron». Hubo nuevas averiguaciones, que no conocemos, y en julio de 1825 quedó purificada29. Con las hermanas Juana y Ramona Iturbide, hijas de un antiguo director general de Correos y Caminos, las cosas fueron más complicadas. Primero sufrieron «exclusión de pago, por tener tacha». En septiembre de 1827, el rey pide que se le informe sobre las impurificadas de Correos y la marcha de sus expedientes. En relación con las hermanas Iturbide, se responde que sus tachas, «según los informes tomados, son de haber sido adictas al Gobierno Constitucional, pues su casa era una de las más concurridas por sujetos sumamente exaltados y decididos por él». Además, un sobrino suyo, miliciano nacional, murió en defensa de la Constitución el 7 de julio de 1822, tras ser herido en la lucha contra los militares sublevados. Tener un sobrino muerto en tales circunstancias ya era de por sí un baldón considerable, pero lo peor fue la ceremonia que acompañó el traslado de su cadáver hasta el cementerio de la Puerta de Fuencarral, «conducido por las principales calles escandalosamente rodeado de palmas y laureles». Se supone que sus tías tuvieron un papel destacado en el cortejo, cuya puesta en escena sugiere un rito funerario de exaltación liberal e inspiración vagamente pagana. Para acabar de ponerse en evidencia, al marchase el gobierno constitucional a Sevilla las hermanas Iturbide decidieron abandonar la Corte y seguir a los liberales en su huida, confirmando así «la opinión de estas interesadas de su adhesión al citado Gobierno». No sabemos cuál fue el desenlace de su proceso, pero no hay que descartar que en segunda instancia aparecieran informes favorables que lavaran su pasado e hicieran posible su purificación30. Ésa al menos fue la tónica general con las impurificadas de Correos, porque la severidad con que se juzgó su pasado en primera instancia contrasta con las facilidades que encontraron al reclamar.

El expediente de Clara Ignacia de Madariaga, hija del primer marqués de Casa Alta, se quedó sin resolver, debido a su fallecimiento en septiembre de 1829, que dejó pendiente la reclamación presentada por ella tras rechazarse su purificación. Los informes acreditan que tanto ella como su marido, Alfonso Ramírez de Briones, fueron «bastante exaltados» en su adhesión al régimen constitucional. Poco antes de llegar a Madrid el ejército realista, el matrimonio decidió vender sus bienes y abandonar la capital para instalarse temporalmente en San Fernando (Cádiz), donde Clara Ignacia tenía sus posesiones. Impurificada en primera instancia, sus solicitudes para conseguir la devolución de su pensión fueron desestimadas a la espera de una purificación que no llegó a producirse31.

El caso de Luisa y Matilde de Soto, hijas del difunto consejero de Indias don Manuel de Soto, es el más difícil de todos los que aquí se examinan, y eso que la existencia de una tercera hermana en el exilio, Francisca, no parece haberse tenido en consideración. Las Cortes liberales habían incluido sus nombres en la lista aprobada en agosto de 1820 y con el cambio de régimen sus pensiones de orfandad, de 6.000 reales anuales cada una, quedaron en suspenso hasta conseguir la purificación. Iniciaron los trámites en agosto de 1825 y en breve plazo fueron impurificadas en primera y segunda instancia. Los informes son concluyentes: «Las referidas señoras corrían en el barrio por adictas al llamado Sistema Constitucional por la mucha concurrencia a su casa de oficiales y otras personas de las que hacían papel en aquella época»32. Se dice también que «acompañaban a los titulados héroes en sus triunfos con las guirnaldas de laurel» y que eran «las primeras que en las mantillas llevaban las cintas verdes de Constitución o muerte». Sin ningún recato recibían en la intimidad de su casa a «bastantes de aquellos malos cuyas ideas eran contrarias al altar y el trono» y no se perdían ninguna de las manifestaciones y festejos públicos de la época revolucionaria, como el que se celebró cuando Riego llegó a Madrid en 1820. Allí acudieron ataviadas para la ocasión, con sus mantillas y sus cintas verdes, llevando coronas de laurel para echar en la carroza del héroe liberal. De Matilde se aseguraba que, habiendo sido «exaltadísima por la Constitución», aún «subsiste en las infames ideas de que ha de prevalecer el gobierno revolucionario». De poco le sirvió alegar que pasó en Rueda (Valladolid) una parte del Trienio y que su conducta en aquella villa resultó «juiciosa y arreglada», según testimonios incorporados a su expediente.

Las pruebas en contra debían de ser muy sólidas. En un primer momento, el propio Fernando VII se inclinó por restituirles la pensión, tal vez por complacer a alguno de los personajes de la Corte, como el duque de Alba o el de Híjar, que intercedieron por ellas. Se advierte incluso un punto de condescendencia en algunos informes oficiales en los que asoma su condición femenina como, al menos, atenuante de sus desvaríos políticos. No podía negarse que en su casa se habían celebrado reuniones y saraos con asistencia de conocidos revolucionarios, y que tanta canción y tanto baile solían coincidir con momentos de efusión política de aquellos tiempos turbulentos. Pero tal vez la culpa de aquellas huérfanas fuera menor de lo que indicaban las apariencias, pues «hallándose las expresadas hermanas adornadas de la gracia de bien parecidas, tocar el piano y tener frecuentes academias, podría llamar la concurrencia estos atractivos». Es decir, que aquellas reuniones en su casa responderían, en el fondo, a un motivo puramente mundano: unas jóvenes agraciadas, pertenecientes a la buena sociedad madrileña, recibían a algunos oficiales y caballeros ávidos de su grata compañía. Si se añade que las citadas huérfanas tocaban el piano, el resto —las canciones, los bailes, la bulla— se entiende fácilmente. A la postre, puede que lo exaltado del ambiente tuviera que ver con pasiones ajenas a la política. A Matilde, mujer al cabo, la disculpaba también su carácter débil y voluble. Cierto: «Esta interesada fue constitucional exaltada, pero con un fondo bueno, de modo que ha sido buena con los buenos y mala con los malos, efecto de la disposición orgánica que la constituye». Se insinuaba incluso que de su estancia en Rueda habría regresado completamente regenerada, lo que explicaría que a su vuelta a Madrid frecuentara «casas desafectas al gobierno constitucional» y se la viera hacer penitencia y comulgar con edificante asiduidad.

Sin embargo, las responsabilidades de las hermanas Soto eran de la suficiente entidad como para hacer inútiles unos pocos testimonios favorables, algo traídos por los pelos, y la mediación de amigos influyentes, cuyas credenciales políticas en algunos casos dejaban mucho que desear. El hecho es que, entre la persistente oposición de la Junta purificadora y la insistencia de las interesadas, el asunto dio muchas vueltas. Nada menos que veintiún informes figuran en el expediente de Matilde, desgajado en enero de 1830 de la pieza formada a su hermana, «pues aun cuando es de la misma clase», leemos en una nota anexa, «no es el mismo asunto». Luisa, por su parte, parece haber sido más tenaz en la lucha por la restitución de su pensión: «La interesada es incansable en hacer solicitudes», llegó a lamentarse un funcionario, y el propio rey acabó por ordenar que no se le remitieran más representaciones suyas.

Pero Luisa de Soto y Urquijo, la mayor de las hermanas, no era mujer que se diera por vencida, acostumbrada como estaba, según las malas lenguas, a imponer su voluntad: «Tiene atractivos y gracias», se decía en un informe, «capaces de seducir en todos tiempos a toda clase de personas». Si hacía falta, apelaba a lo que ella misma llama en uno de sus múltiples escritos «la debilidad de su sexo» para negar que hubiera podido tener «parte activa en los asuntos políticos». O recurría a sus poderosos amigos, como los duques de Alba y de Híjar o los marqueses de Torremejía y Almenara, para ablandar a los implacables funcionarios que estaban escrutando su pasado. El marqués de Almenara adujo, como ella, su frágil condición de mujer, alterada por «los trastornos políticos que han agitado a la España y en que han sido pasivamente víctimas las mujeres, como sucede en acaecimientos de esta naturaleza». Era un argumento muy socorrido cuando se trataba de salvar a una sospechosa de las garras del absolutismo: ¿cómo imaginar que semejante criatura hubiera podido tener un papel en la lucha política, salvo como instrumento inocente de perfidias ajenas? No es probable, sin embargo, que una carta del marqués de Almenara, protegido de Godoy en su juventud y ministro de José Bonaparte en 1809, fuera la mejor recomendación en aquellas circunstancias.

Cuando empezaron a lloverle las resoluciones adversas, Luisa tomó la pluma y pasó al contraataque invocando una suerte de lucha de clases de la que ella sería víctima propiciatoria. Todo era fruto de «la perfidia y la envidia» de personas de ínfima condición, como cerrajeros, zapateros de viejo, taberneros y otras gentes empleadas en «oficios bajos», que habían sido interrogadas por los informadores de la Junta de Purificación sin reparar en que, por su falta de moral y educación, estaban incapacitadas para emitir su opinión sobre alguien como ella. Al fin y al cabo, ¿qué se podía esperar cuando se pone el destino de una señora respetable en manos de «personas las más insignificantes de la sociedad»? El problema de fondo, por tanto, era la propia Junta y su «injusta e ilegal» forma de proceder, y no sólo interrogando a quien no debía, sino estableciendo un sistema de revisión de sus resoluciones «absurdo y falto de razón», que a todas luces perjudicaba a las personas expedientadas y hacía inútil la segunda y la tercera instancia. En tales casos, la Junta se limitaba a examinar de nuevo los informes presentados en primera instancia, con el resultado que era de prever. Había, pues, un doble perjuicio para una persona honorable que, como ella, tuviera que someterse al trámite de la purificación: por un lado, carecía de medios para revocar una decisión adversa cuando ésta se producía, porque las nuevas resoluciones se basaban indefectiblemente en los argumentos de la primera, y, por otro, estaba a merced de acusaciones secretas que no podía ni conocer ni refutar, y «de las que resulta el acusador impune y el acusado indefenso».

Ya se ve que Luisa de Soto no se mordía la lengua. Su coraje para enfrentarse a toda una Junta de Purificación y cuestionar sus métodos no se corresponde precisamente con esa «debilidad» propia de su sexo que al principio del proceso había invocado como coartada. Quedan patentes más bien su carácter fuerte e independiente y una arrogancia personal a flor de piel al tratar de igual a igual a la Junta y al descalificar los testimonios recogidos en su expediente por la baja extracción social de los informantes. De ahí la polarización maniquea que establece de cuantos intervienen en el largo y complicado proceso de su purificación: abajo, las clases inferiores, formadas por zapateros remendones, taberneros y otros miembros «insignificantes» de la sociedad, movidos por la envidia hacia una señora de pro, con la que, como es lógico, no tenían ninguna relación; arriba, aquellas personalidades de la nobleza —los Híjar, Alba, Almenara, Torremejía— que han hecho causa común con ella e intentado poner fin a la persecución que sufría. Y por encima de todos el rey, a quien acude Luisa de Soto como último recurso, quién sabe si impulsada por su espíritu de casta, que le hacía confiar en un gesto supremo del monarca en favor de una huérfana de un leal servidor de la monarquía. Sólo desde una concepción un poco naïf del liberalismo cabría preguntarse cómo era posible que con una mentalidad tan clasista pudiera tener un pasado liberal tan comprometedor. Resulta difícil definir las ideas políticas de alguien que nunca llegó a formularlas explícitamente, pero no es arriesgado afirmar que Luisa de Soto concebía el liberalismo como un ejercicio virtuoso de la autoridad, incompatible con la arbitrariedad y los poderes tiránicos del Antiguo Régimen desplegados contra ella. Del lado de la virtud estarían las castas, familias y profesiones —como la milicia— de mayor arraigo; del lado de la tiranía, la plebe y sus bajas pasiones. En algún momento, parece incluir también al clero.

Fernando VII se interesó seriamente por el caso de la mayor de las Soto y pareció tomar la iniciativa para sacarla del atolladero. Pero él mismo acabó dando marcha atrás ante la complejidad del asunto. La insistencia de Luisa y el tono altivo de sus reclamaciones hicieron el resto: de instar a que se activara la causa como condición previa para poder resolverla, el rey pasó a ordenar que se «esté a lo resuelto y que no se admitan nuevas demandas de esta interesada». El 2 de abril de 1832 se le comunicaba que su petición quedaba definitivamente denegada y que se abstuviera de presentar nuevos escritos. Ni por ésas. El 2 de noviembre del mismo año, firmaba una nueva solicitud, esta vez para que, en virtud de la amnistía recién promulgada, se le restituyera su pensión y se le pagaran los atrasos desde el mismo día en que dejó de percibirla. Lejos de conformarse con el resquicio que la nueva situación abría para la defensa de sus intereses, Luisa de Soto no dejó de señalar el contrasentido de que, siendo mujer, tuviera que acogerse a una amnistía política para conseguir la reparación de sus derechos, cuando «jamás el sexo femenino ha sido considerado como parte activa ni pasiva en los negocios políticos del Estado».

El episodio vivido por las hermanas Soto resulta excepcional en muchos sentidos, empezando por el hecho de que, contrariamente a lo que afirma Luisa, la norma parece haber sido la purificación en segunda instancia y no la reiteración de los mismos argumentos utilizados en la primera para rechazar una reclamación cuando la hubiera. Ni siquiera se puede decir que ése fuera el caso de las hermanas Soto, porque el contenido de los informes cambió sustancialmente en el transcurso del proceso, aunque el resultado fuera el mismo. Que se trata de un episodio nada común lo demuestra el rastro que las peripecias de Luisa de Soto dejaron en la memoria del liberalismo español. Treinta años después, un periódico madrileño se hacía eco de lo sucedido y añadía algunos pormenores que no figuran entre los documentos que conocemos:

«[Luisa de Soto y Urquijo] fue sometida a un expediente de purificación […]; quedó privada de una pensión por odio a sus opiniones liberales y a los servicios prestados a la causa de la libertad, auxiliando a los que por haberla defendido se hallaban presos en las cárceles de esta corte, proporcionando la fuga de varios militares, y aun librando a algunos de la última pena»33.

Sorprende que los informes de aquella época no recojan esta prueba casi heroica de su liberalismo, salvo que, precisamente por su gravedad, estos hechos hubieran escapado a la frívola rumorología en que se basaban los informadores de poca monta que solía utilizar la Junta de Purificaciones.

En otros aspectos, la historia de Luisa y Matilde de Soto y Urquijo coincide con ciertos rasgos del liberalismo femenino de la época que reconocemos también en otras impurificadas de la Dirección de Correos. Las mujeres de su condición se movían en un espacio marcadamente doméstico, transformado por ellas en lugar de encuentro de gentes diversas de la vida política y social. En torno a la anfitriona, caballeros y señoras de cierta posición se reunían, junto a militares y políticos, en un ambiente propicio a la discusión y al esparcimiento, sin que faltase nunca la ocasión de cantar unos trágalas y otras coplas revolucionarias. Esa típica sociabilidad liberal, más exclusiva que la de los cafés y las sociedades patrióticas, pero también más propicia a la mujer, quedó proscrita naturalmente en cuanto desaparecieron las libertades constitucionales. A partir de entonces, el ámbito doméstico se convirtió en refugio de perseguidos y escondrijo de objetos y documentos prohibidos, como papeles masónicos, ejemplares de la Constitución o retratos de Riego. No parece que las trece impurificadas de la Dirección de Correos llegaran a tanto. En cambio, en el pasado de algunas de ellas se advierte la importancia que empiezan a cobrar los ritos cívicos de carácter callejero celebrados por los liberales con motivo, por ejemplo, de la llegada de Riego a Madrid o del entierro de un mártir de la libertad, como el sobrino miliciano de las hermanas Iturbide muerto en defensa de la Constitución.

Hay, pues, también un espacio público en el que la mujer patriota se convierte en protagonista por su capacidad para encarnar el liberalismo, a la vista de todos, con un abanico constitucional, una cinta verde o una mantilla con unas palabras bordadas, o para dar realce al homenaje tributado a los héroes de la revolución agasajándoles con palmas, flores y laureles. No es sólo que las mujeres desempeñasen un papel en la lucha política, contra lo que algunas víctimas del absolutismo afirmaban para protegerse, sino que en el ámbito de lo simbólico su función era más importante que la del hombre, sobre todo si se trataba de viudas o huérfanas, como la mayoría de las trece impurificadas de Correos. Lucir una mantilla blanca con el lema «Constitución o muerte», honrar a los vivos y a los muertos con coronas de laurel, educar a sus hijos en el amor a la patria constitucional, auxiliar a los presos… Qué paradoja, pensaría algún liberal al conocer sus tribulaciones, que precisamente ellas que representaban la pureza de los sentimientos liberales tuvieran que purificarse.

Al examinar sus casos, salta a la vista una vez más el papel de las relaciones de parentesco en la transmisión del liberalismo, sin que se advierta un salto generacional en algunas de estas familias. Al contrario, los principios y las canciones constitucionales —como la que doña Antonia Bañuelas le enseñaba a su hijo: «Muera el rey porque es un tirano y también la reina, que será tirana»— pasaban de madres a hijos con toda naturalidad, para escándalo de algunos funcionarios de la monarquía. Puede chocar el clasismo que en ocasiones destilaban estas damas liberales en sus declaraciones y sus comportamientos. Su rechazo a lo que Luisa de Soto calificaba como «personas las más insignificantes de la sociedad» concuerda, sin embargo, con la aversión liberal a la plebe —que no al pueblo como sujeto político—, generalmente identificada con el absolutismo y sus excesos, de la misma forma que los serviles solían asociar a sus enemigos políticos con las clases altas. ¿Era el liberalismo femenino más clasista que el masculino? En el espacio doméstico propio de estas mujeres resulta más nítida la existencia de categorías estancas de señores y sirvientes, y de ahí tal vez la sensación de que la sociedad estaba dividida por un listón infranqueable que separaba a los de arriba de los de abajo. En todo caso, no conviene olvidar que las purificadas e impurificadas de la Década Ominosa corresponden en la mayoría de los casos a los estratos superiores de la sociedad y de la propia administración y que estas señoras «con tacha» representan sólo un segmento, sin duda significativo, de una realidad mucho más diversa y compleja.

La policía de Fernando VII se preguntó cuántas y quiénes eran las mujeres liberales en la España de la época. Su pormenorizada respuesta, desgranada en censos estadísticos y partes diarios de sus celadores, permite precisar algunas características de la base social y geográfica del liberalismo femenino.

Liberalismo y mujer: la mirada policial

«Dijo a una señora una infeliz que habita en la buhardilla: “Acabo de oír, señora, que va a haber tanto ruido el día menos pensado, pues dicen que los negros tienen que pagar por los males que por ellos padecemos. Si el pan sube llegará al colmo nuestro sufrimiento, porque no nos hemos de morir de hambre los pobres, ínterin que los ricos triunfan y gastan”»34.

Esta conversación, reproducida por un celador de la policía en un parte de julio de 1825, tuvo lugar entre dos mujeres que habitaban en el número 11 de la calle Infantas de Madrid. Es un buen ejemplo del trabajo que desempeñaba la Superintendencia de Policía desde su creación en enero del año anterior, recogiendo información en lugares y entre gentes que permitían conocer el estado de opinión de la población y prevenir cualquier amenaza para la seguridad pública. Se nota, asimismo, la obsesión sociológica de la policía, convencida de que, mientras las clases medias y altas eran un factor de estabilidad, el vulgo, la plebe, el pueblo bajo, por utilizar su lenguaje, constituía un peligro constante para la tranquilidad del reino. Y no precisamente por simpatizar con el liberalismo.

Las palabras recogidas por el agente de policía, informado seguramente por la «señora» a las que iban dirigidas, muestran también la dimensión política del conflicto entre ricos y pobres según la cruda interpretación de la «infeliz» que vivía en la buhardilla: a los primeros los asocia con los negros —es decir, con los liberales—, y a éstos a su vez con la subida del pan y demás males «que por ellos padecemos», mientras que los pobres, oprimidos por los negros y los ricos, confiaban en que «el día menos pensado» pasara algo gordo que acabara con sus enemigos. Y estuvo a punto de ocurrir. Al cabo de un mes se producía en Madrid el levantamiento ultrarrealista del guerrillero Jorge Bessières, quien, tras marchar varios días al frente de un puñado de incondicionales, acabó siendo prendido y fusilado en Molina de Aragón. El 23 de agosto, tres días antes de su ejecución, un celador de la policía de Madrid se dirigía a una casa de la calle Verónica «donde conozco a dos mujeres que pertenecen a la parte de pueblo [sic] que se llama bajo, para explorar el espíritu y modo de pensar de éste». A la pregunta de «qué se decía en su barrio», le contestaron que se iba a proclamar rey al infante don Carlos, «porque su hermano no castigaba a los negros», y, en cuanto a Bessières, que todo lo que decía la Gaceta sobre su inminente detención era falso y que allí por donde pasaba conseguía hombres y dinero. «El populacho madrileño», concluía el celador, «suele valer para instrumento de alborotos y debe llamar la atención de los hombres prudentes»35.

Sería un error imaginar a la Superintendencia de Policía entregada sin tregua ni reposo a la represión del liberalismo, como pensaban muchos exiliados. Hasta 1827, en que la Superintendencia pasó a ser controlada por Calomarde y el ala dura del régimen, su principal preocupación fue combatir al ultrarrealismo, muy activo en urdir conjuras contra el gobierno y el propio rey. Los liberales del interior bastante tenían entonces con sobrevivir en un ambiente tan adverso. Las tentativas constitucionales contra la monarquía absoluta, como el desembarco de Valdés en Tarifa en 1824, se fraguaron en el exilio, y eso quedaba demasiado lejos del radio de acción de la policía. Por otro lado, las reivindicaciones del absolutismo más radical incluían indefectiblemente el restablecimiento de la Inquisición y la supresión de la Superintendencia de Policía, como si su mera existencia impidiera la vuelta del Santo Oficio. De ahí un odio mutuo entre policías y ultras: mientras los primeros estaban convencidos de que sus adversarios acabarían con ellos si llegaban a hacerse con el poder, los segundos se sabían espiados a todas horas por los celadores de la Superintendencia.

No es que esta institución se desentendiera del liberalismo del interior, pero lo consideraba bajo control. En cierta forma, compartía esa sociología algo pedestre que practicaban muchos absolutistas furibundos, que identificaban a los negros con los ricos y las personas pudientes. Eran, en suma, personas de orden, con mucho que perder —como la propia policía— si al final triunfaban los llamados apostólicos. En los partes policiales se observa a menudo esa comunidad de intereses con los propietarios y comerciantes contra el común enemigo ultraabsolutista, por más que les separara un abismo ideológico, porque, como leemos en el informe de un celador, «generalmente al comercio lo denominan negro»36. Desde la perspectiva policial, la cuestión no eran las ideas que cada uno profesara en privado, sino el peligro que entrañaban ciertas clases sociales propensas al desorden, como «el pueblo bajo de Madrid», dirigido a su antojo por el clero y entregado «al partido realista exaltado». Así lo afirmaba el agente número 4; por el contrario, añadía, «la clase media, como el comercio y particulares de alguna instrucción, [en] su mayoría desea la paz y la tranquilidad»37.

Pero una cosa era no meter a los antiguos liberales en la cárcel, al menos si eran gente de orden y no conspiraban contra el régimen, y otra ignorar su existencia. Para calibrar su importancia, conocer su paradero y someterlos a un estricto control administrativo, el 4 de octubre de 1824 la Superintendencia de Policía ordenaba, mediante una prolija ordenanza de diecisiete artículos, la elaboración en quince días de una «lista inversa» —es decir, empezando por el apellido— de todas las personas que, de una u otra forma, hubieran sido partidarias del sistema constitucional, «sea el que se quiera su sexo, profesión y edad». Estaba claro, pues, que esta especie de censo nominativo de todos los liberales del reino debía incluir a ambos sexos, pero, por si acaso, el artículo 6 estipulaba la confección de una específica lista de las mugeres.

La ordenanza policial fue reproducida íntegramente por el principal órgano del liberalismo español en el exilio, Ocios de españoles emigrados, que se venía publicando en Londres desde abril de 182438. El documento era, según el periódico, la prueba palpable del grado de abyección al que había llegado el absolutismo español en los últimos tiempos y del espíritu «perseguidor y sanguinario» que animaba al superintendente general de Policía, Mariano Rufino González. La consecuencia de su promulgación no podía ser otra que el encarcelamiento de «más de la mitad de los habitantes», entre ellos muchas mujeres que irremediablemente serían víctimas de los «planes inquisitoriales» del superintendente. Ésta es una cuestión que, por su novedad, merece un detenido comentario del periódico. En efecto, «¿cuándo se ha comprendido al bello sexo en los planes de las persecuciones de un partido?». Se trata de un hecho insólito que plantea además un problema práctico, de imposible solución, sobre el encaje de las mujeres en las distintas categorías por las que, según la ordenanza, una persona podía ser conceptuada de adicta al sistema constitucional. ¿Acaso —se pregunta el periódico— fueron milicianas, oradoras, diputadas, jefas políticas, mientras estuvo en vigor la Constitución? Descartado semejante desatino, el autor apuntaba la posibilidad de que su persecución se basase en «los lazos del amor conyugal, del filial o de la sangre», esto es, en las relaciones familiares con un liberal, lo que bastaría para que una mujer compartiera el atroz destino de su padre, su marido o su hijo. De otra forma, no se concibe que pueda ser acusada de liberalismo y perseguida por ello.

La crítica del periódico a la ordenanza de la Superintendencia de Policía respondía al doble propósito de proteger a las mujeres del interior, recurriendo a un argumento sexista para ponerlas a salvo de la persecución policial, y de combatir al gobierno de Fernando VII mostrando al mundo un ejemplo difícilmente superable de su iniquidad. Pero el artículo sirve también para calibrar la visión restrictiva que el liberalismo de la época tenía del papel de la mujer en la vida política. Considerando que ésta discurre únicamente a través de los cauces institucionales establecidos —las Cortes, la Milicia Nacional, el conjunto de cargos públicos del Estado constitucional—, resultaba un sinsentido que el absolutismo pretendiera perseguir al «sexo débil» por actividades que quedaban fuera de su alcance. Dicho de otra forma: puesto que la mujer se encontraba todavía en un estado prepolítico, la única posibilidad de que cayera sobre ella la tacha de liberal era apelando a sus vínculos familiares con el liberalismo. Es cierto que el periódico lleva al límite su argumentación para conseguir el fin deseado —desacreditar a la monarquía absoluta y proteger a las mujeres en riesgo de ser perseguidas—, pero no lo es menos que detrás de todo ello se advierte una concepción de la política que, restringida al ámbito institucional, dejaba necesariamente fuera a las mujeres. «¿Han sido milicianas?, ¿fueron oradoras, diputados o jefes políticos?», ¿no? Pues entonces no podían ser acusadas de liberales.

En realidad, según la policía, sí podían serlo, porque la ordenanza —aunque los Ocios lo omitiera en su comentario— incluía en su artículo 7 otras categorías perfectamente compatibles con la condición femenina, como haber sido «adicto al sistema constitucional […], reputado liberal exaltado o moderado, comprador de bienes nacionales y secularizado». La conclusión a la que se llega a menudo al comparar la visión que absolutistas y liberales tenían de la relación entre mujer y política es que, frente al paternalismo protector de los segundos, la voluntad del absolutismo de garantizar el orden público a toda costa le hacía ser menos excluyente y, por así decir, más moderno. Unos y otros actuaban en función no tanto de sus principios o de su mentalidad, como de sus necesidades: el objetivo primordial de los liberales era poner a salvo a «sus» mujeres; el de la monarquía absoluta, combatir a sus enemigos, con independencia de su sexo.

El censo de liberales ordenado por el superintendente de policía dio muchas vueltas antes de alcanzar, un año y pico después, un volumen significativo. El plazo de quince días fijado por la ordenanza quedó enseguida desbordado por la enorme complejidad de la tarea encomendada a las distintas intendencias provinciales. El resultado final, aunque incompleto para algunas provincias, figura en un cuadro estadístico titulado Estado que manifiesta el número de personas de ambos sexos que en los índices inversos remitidos por los Intendentes del Ramo resultan con las notas de más o menos adictas al abolido sistema constitucional39. Está fechado por la Superintendencia general de Policía del Reino en Madrid el 31 de enero de 1826, es decir, quince meses —no quince días— después de la publicación de la ordenanza que ponía en marcha su elaboración.

El número total, desglosado por provincias, de «personas de ambos sexos […] más o menos adictas al abolido sistema constitucional» es de 143.749 —sobre una población de unos once millones de habitantes—, de ellas 134.506 hombres y 9.243 mujeres. Esta última es una cifra estimable, equivalente al 6,43 por 100 de los liberales censados por la policía, y más aún si tenemos en cuenta que faltan los datos de regiones o provincias en que sí consta el número de hombres, como Asturias, Extremadura, Granada, Galicia, La Mancha, Murcia y Sevilla. Es indudable, asimismo, que el dato de Cataluña está incompleto, porque no parece creíble que hubiera 16.499 hombres y tan sólo 10 mujeres. En realidad, si el porcentaje de mujeres liberales se calcula descontando aquellas provincias en las que no figura este dato, pero sí el de los hombres, la media nacional de mujeres sube al 8,86 por 100 sobre el total conocido, con un reparto muy desigual por provincias. Las hay con un porcentaje sorprendentemente alto de «adictas al abolido sistema constitucional», como Valladolid (13,47 por 100), Ávila (13,82 por 100), Segovia (17,32 por 100), Guipúzcoa (17,62 por 100), Ceuta (18,24 por 100), Burgos (18,98 por 100) y Álava (20,46 por 100), todas ellas muy por encima de la media nacional y del porcentaje que alcanzan las mujeres en provincias de mayor tradición liberal. Su presencia estaría concentrada probablemente en los principales núcleos urbanos, tal como las realistas burgalesas le habían advertido a Fernando VII en 1823 al prevenirle contra los liberales en general y «las de nuestro sexo», en particular, «que abundan en las capitales de provincia y pueblos numerosos»40. La proporción en Madrid es también notable (19,72 por 100), si bien el propio censo advierte de la falta de datos de algunos barrios y de todos los pueblos de la provincia.

El resultado por provincias muestra el peso que, en términos proporcionales, alcanzó el liberalismo femenino en la Meseta norte, donde se encuentran las que registran un porcentaje más elevado de mujeres incluidas en el censo policial. Una visión algo simplista del fenómeno podría llevar a considerar que este dato debería ser superior en aquellas provincias en que el liberalismo tenía mayor arraigo. Ocurre más bien lo contrario: es la menor implantación del liberalismo lo que otorga un mayor peso proporcional a las mujeres. Las razones de este fenómeno guardan relación con la diversa composición social de las bases liberales en sus distintos ámbitos geográficos. Un número elevado de partidarios de la Constitución en una provincia o reino —Valencia, por ejemplo— significa un proceso ya relativamente avanzado de incorporación del pueblo, sobre todo urbano, a la causa liberal y, por tanto, un mayor sesgo masculino del liberalismo, cuya socialización entre las clases populares se produjo antes entre los hombres que entre las mujeres. Por el contrario, en las provincias en que el liberalismo estaba todavía poco desarrollado, su base social se circunscribía a ciertos sectores de las clases altas y medias de la población. Este segundo modelo sociocultural, similar al de la Ilustración, era mucho más propicio a la presencia de la mujer de cierta posición en la esfera pública creada por las nuevas formas de sociabilidad. Así ocurría en tiempos de la Ilustración, como puede constatarse al cuantificar la presencia femenina en las listas de socios de las sociedades económicas de amigos del país y de suscriptores de la prensa periódica de la época preliberal. Si, como cabe suponer y corroboran algunos datos parciales, una parte significativa de las mujeres que figuran en el censo de 1826 tiene un perfil social medio-alto, no es de extrañar que el porcentaje sea mucho mayor en aquellas provincias en que la cultura liberal se encuentra en una fase temprana de su desarrollo, en cuyo caso su base social se parecería mucho todavía a la de la Ilustración tardía. En cambio, allí donde los principios constitucionales empezaban a propagarse entre las clases populares se produciría un descenso significativo, en términos proporcionales, de un liberalismo femenino de base todavía aristocrática, mesocrática y burguesa. Dicho de otra forma: a más liberales, más pueblo; a más pueblo, más hombres y, proporcionalmente, menos mujeres.

Es muy probable, asimismo, que exista una estrecha correlación entre liberalismo femenino y alfabetización, y que en aquellas provincias de la Meseta norte que destacan por un alto porcentaje de mujeres liberales —Valladolid, Ávila, Segovia, Burgos…— se registre también un mayor grado de alfabetización femenina, un dato imposible de conocer para esta época, pero al que nos podemos aproximar proyectando sobre los años veinte las estadísticas parciales disponibles para mediados de siglo. Esa correlación entre las dos variables explicaría que la provincia de Álava, que es la primera en porcentaje de mujeres respecto al número total de liberales en el censo policial de 1826, sea también la de más alta alfabetización femenina en 1842 entre las quince provincias de las que se conoce este dato, entre ellas, Cádiz, Madrid y Barcelona41.

La composición social y la base territorial del liberalismo femenino se parecen poco a las del liberalismo masculino. El primero corresponde a un estatus social relativamente alto y a aquellas provincias de la Meseta norte con un régimen de propiedad más equilibrado y, por tanto, una menor polarización social, lo que favorece al mismo tiempo la existencia de una amplia clase media y un índice de alfabetización elevado, patente en aquellos censos posteriores que contienen este dato. En el liberalismo masculino, por el contrario, el elemento popular tiende a superar cuantitativamente al mesocrático y burgués allí donde es más acusada la crisis de la sociedad tradicional y son más patentes los antagonismos de clase. Su espacio más representativo lo constituyen las provincias, y en particular las ciudades, mediterráneas y meridionales, además de Madrid.

El estadillo fechado por la Superintendencia de Policía el 31 de enero de 1826 no debió de completarse nunca. Más bien parece que, quince meses después de la promulgación de la ordenanza, los responsables policiales desistieron de culminar una tarea que, sin duda, resultaba descomunal. En el estado en que el censo ha llegado hasta nosotros tiene ya un valor extraordinario. Que la ausencia de datos en algunas provincias afecte más a las mujeres que a los hombres demuestra hasta qué punto ellas escapaban con mayor facilidad a los controles oficiales, en parte por negligencia de la propia administración, que había subestimado tradicionalmente la importancia de la mujer para los intereses del Estado. Esa desidia administrativa se traducía en una mayor libertad de movimientos, por lo menos de aquellas que vivían o viajaban solas, como Teresa Babot, una española llegada a Marsella en 1825 para reencontrarse con su marido —seguramente exiliado—, que dejó boquiabiertos a los funcionarios franceses que osaron pedirle el pasaporte: «Una mujer hermosa», respondió, «no necesita pasaporte para viajar»42. Todavía en 1833, un policía español, al elaborar la lista de individuos que en los días anteriores habían entrado en España por Irún, reconocía sin ningún rubor haber omitido muchos nombres «por ser personas insignificantes, como arrieros, carreteros, mujeres, &ª»43. Es la inercia de la burocracia del Antiguo Régimen, que tendía a considerar a las mujeres «insignificantes» para la seguridad pública y otras cuestiones vitales, como impuestos y quintas.

Pero la actitud de la nueva policía instaurada en 1824 era exactamente la contraria: la mujer podía ser tan importante como el hombre, ya fuera como amenaza o, más aún, como fuente de información. Los agentes de la Superintendencia apreciaban en mucho las confidencias de una mujer que tuviera cosas que contar; por eso, cuando en agosto de 1825, en plena insurrección de Bessières, un celador de Madrid se propuso pulsar «el espíritu y modo de pensar» de «la parte de pueblo que se llama bajo», acudió a dos conocidas suyas pertenecientes a esa misma clase social para sonsacarles todo lo que supieran sobre lo que «se decía en su barrio». Otro agente pedirá permiso a sus superiores para «franquearse» con una tal doña Juana Lafforri, «señora en quien encuentro mil cualidades que la hacen utilísima a la policía», entre ellas sus «conexiones con varios personajes sobre quienes el gobierno vela actualmente»44. Más que la represión política, la gran obsesión de la policía era el acopio de información sobre todo tipo de gentes «sea el que se quiera su sexo, profesión y edad», como rezaba la ordenanza de octubre de 1824. Al menos desde el punto de vista estadístico, la actuación de la Superintendencia de Policía estuvo marcada por una radical idea de igualdad: todo el mundo, cualquiera que fuera su sexo, edad o condición, representaba una amenaza potencial a la seguridad del Estado.

Hay otras pruebas del celo con el que la policía se entregaba a sus tareas estadísticas y demoscópicas. El minucioso censo de población realizado en Vizcaya entre 1824 y 1826 por orden de la Intendencia de Policía describe con la mayor precisión la realidad demográfica y social constituida por los hombres y mujeres del señorío, que figuran con su nombre, edad, profesión, estado civil, lugar de nacimiento y domicilio. Sólo la columna de «observaciones sobre la conducta moral» denota desinterés o desidia por parte de los encargados del censo, que omitieron en muchos casos informar sobre las opiniones políticas de cada vecino o bien las despacharon, con evidente desgana, con fórmulas como «ninguna», «ninguna que pueda notarse», «buena conducta», «realista» o «buen realista». Se diría que a las autoridades locales a quienes se encomendó la recopilación de los datos les resultaba enojoso admitir que pudiera haber algún garbanzo negro en su jurisdicción o, como dice el encargado del censo en Amoroto, «desafecto alguno al Rey nuestro señor ni a los fueros de este suelo de la lealtad»45. Del mismo tenor, aunque más concisa, es la valoración general de sus paisanos que hacen los responsables de Arrigorriaga —«no adolecen ninguno de ellos de tacha alguna política»— y Guizaburuaga —«no hay en esta anteiglesia forastero, transeúnte ni afecto al pretendido sistema constitucional»—46.

Pero no todos mostraron esos remilgos a la hora de informar de las opiniones políticas de las personas censadas. En Amorebieta, Arbatzegui, Echano, Balmaseda y sobre todo Ermua y Bilbao hay antiguos «voluntarios constitucionales» y algún que otro «notado por constitucional». También mujeres con distintas observaciones sobre sus opiniones o antecedentes políticos, como Ildefonsa Aramburu, de Ermua, soltera, costurera y liberal, como su padre y su madre, Rosa de Rivas; Petra de Arguiarro y Manuela Larropa, las dos hilanderas, asimismo vecinas de Ermua, una y otra «constitucionales apasionadas»; Manuela Zulueta, posadera de Bilbao, «de opiniones liberales»; las hermanas Manuela y Benita Laparrondo, de Bilbao, señaladas como liberales, lo mismo que su criada Domica [sic] y que su vecina María Gárate; María Rota Olea, viuda, propietaria y «liberal»; Baltasara Quintana, del comercio, «de opiniones liberales», y Joaquina Unceta, bilbaína, como las anteriores, y liberal, como su marido47.

No es mucho. Desde luego, nada que se pueda comparar con las 183 vizcaínas sin nombre —el 12,38 por 100 de los liberales de la provincia— que figuran como adictas al sistema constitucional en el cuadro estadístico realizado por la policía en enero de 1826. Es curioso que las doce mujeres identificadas como liberales en el censo de Vizcaya residieran en Ermua y en Bilbao, y, de éstas, cuatro tuvieran su domicilio en la calle del Víctor y cinco en la calle Jardines, prolongación de la anterior (o viceversa). El hecho de que las vizcaínas identificadas como partidarias de la Constitución vivieran juntas en unas pocas casas de Ermua y de Bilbao no se debe probablemente a la existencia en Vizcaya de pequeños guetos liberales, sino a la forma en que los funcionarios de esas zonas cumplieron su cometido. Frente a la tendencia general de las autoridades a encubrir a los negros de su jurisdicción, evitando así que algunos descarriados mancharan el buen nombre de sus paisanos, en unos pocos municipios y a veces, como en Bilbao, en unas pocas calles a algún funcionario le dio por tomarse al pie de la letra su misión de informar sobre la conducta moral y política de los vecinos.

La recopilación de datos, desde los puramente estadísticos hasta la simple chismografía política y social, resultó ser la principal actividad de la Superintendencia de Policía entre 1825 y 1827. La elaboración del censo general de liberales fue ordenada por el superintendente Rufino González en 1824 y culminada, un año y medio después, bajo el mandato de Juan José Recacho, afín al sector moderado del régimen y una de las bestias negras de los ultras. Huelga decir que la famosa «lista inversa» de 143.749 constitucionales de ambos sexos no provocó el encarcelamiento masivo de las personas identificadas como tales. El principal objetivo de los hombres de la Superintendencia era prevenir desórdenes en una época en que la mayor amenaza para la seguridad pública procedía del campo ultrarrealista. No es extraño que en agosto de 1825 el arzobispo de Valencia propusiera «que se extinga la Policía y se restablezca el Santo Tribunal de la Inquisición, porque éste es el voto general de la nación». Así lo pensaba también su colega el obispo de Orihuela, que llegó a denunciar «la protección que se advierte para los adictos al sistema constitucional en algunas intendencias de policía [y] la ninguna acogida que hallan los realistas en ellas»48.

Cuando en 1827 la Superintendencia pasó a la órbita de Calomarde y de los duros del régimen, la represión del liberalismo se convirtió en su objetivo prioritario. Pero hasta entonces sus partes diarios recogen escasa información sobre supuestas actividades clandestinas de los liberales del interior y sólo de tarde en tarde contienen referencias al exilio, tomadas de cartas interceptadas. En una de ellas, remitida desde Londres a mediados de 1825 a un destinatario desconocido en Madrid, la hija del exministro liberal Canga Argüelles contaba, según la policía, «que tenía el mejor maestro de piano que se halla en aquella capital, con el que aprende una hermosa cantata, de la que no quiere hablar más, porque espera poderla cantar, sin que se pase mucho tiempo, en esta Corte»49. De donde se deducía que los españoles refugiados en Inglaterra esperaban estar de vuelta en España el día menos pensado. Ya se ve cómo, cuando la policía informaba del tenebroso mundo del exilio, recurría a ese lenguaje alarmista, tan de su gusto, que le servía para dirigir la mirada de las autoridades hacia un determinado punto de atención. Pero frente a la amenaza latente de los liberales de fuera, los de dentro no parecían de cuidado. De momento.

A veces, los celadores recababan información para la Junta de Purificaciones, preguntando por tal o cual vecino en su barrio, o se dedicaban a investigar denuncias que acababan siendo descartadas o chismes sin importancia. Chaperón, el implacable presidente de la Comisión Militar de Castilla la Nueva, hizo llegar a la policía una carta anónima revelando la existencia de una supuesta trama para asesinar al rey y levantar partidas contra el gobierno. La formaban un portero jubilado, Ramón Aro; un tapicero, antiguo miliciano nacional, de nombre Félix y apellido confuso —probablemente Fornell—, y una tal María Oliveros, florista de su majestad y esposa del jubilado. Este temible triunvirato contaba además con la colaboración de la «moza» del tapicero. Según el anónimo, habían sobornado a varios criados de Palacio y era ya cuestión de poco tiempo que ejecutaran su siniestro plan. Chaperón creyó que la cosa iba en serio y un agente de policía que solía firmar sus partes como Manuel Cerezo —en realidad, Manuel Ruiz del Cerro, antiguo impresor de El Zurriago— quedó encargado de investigar la denuncia. Tras realizar algunas pesquisas, Cerezo llegó a la conclusión de que ni la florista, que estaba sorda como una tapia, ni los demás aludidos en el anónimo tenían antecedentes como partidarios del «abolido sistema» o por haber cometido «excesos revolucionarios»50. Su plan para asesinar al rey y poner en pie de guerra a media España no merecía mayor comentario.

No menos rocambolesca, aunque de menos fuste, fue la denuncia presentada por un tal Juan Duplantier contra su criada, Juliana Martínez, por esconder en un baúl un trozo de la lápida de la Constitución. Juliana, tal vez por temor a ser descubierta, habría llevado el baúl a casa de un tal Tomás García, cuya esposa, María de la Rúa, se encontraba en ese momento presa por exaltada constitucional. Seguramente por este motivo, el cuerpo del delito acabó en una posada de la calle de Alcalá, se supone que llevado por Juliana. Siguiendo su pista, Duplantier se llegó hasta la posada y allí exigió a su sirvienta que le abriera el baúl, donde, tal como esperaba, encontró «el pedazo de piedra en el fondo». Este descubrimiento motivó su denuncia y otra posterior de la criada, que se defendió acusándole de masón y de haber querido «perderla». Ante tal embrollo, la policía decidió poner presos a los dos, pero cuando Duplantier llegaba escoltado a la cárcel echó a correr. Sólo la rápida reacción de uno de sus guardianes, que le hirió con la bayoneta, evitó que lograra escapar51. La historia, más allá de su aire vodevilesco y de la veracidad de sus detalles, evoca una vez más la importancia de lo simbólico en la pervivencia y la transmisión de los sentimientos liberales y la tendencia del liberalismo a la sacralización de sus símbolos, sobre todo en una época en que la clandestinidad obligaba a rendir un culto secreto a sus reliquias más preciadas, como la lápida de la Constitución o el retrato de Riego. Esta faceta semirreligiosa de la revolución no escapó al fino olfato de algunas autoridades absolutistas, siempre al acecho de señales sospechosas emitidas desde un mundo poblado de sectas, ritos y conspiraciones, que les aterraba y en el fondo les fascinaba. Sólo desde esa suspicacia extrema se explican las sospechas que despertó una oda publicada por el Diario literario y mercantil en abril de 1825 bajo el título «A la resurrección del Salvador». Fue un celoso defensor del altar y del trono quien creyó descubrir en su contenido un posible mensaje en clave: ¿no sería que «el Esposo» del que se hablaba en la oda era Riego y su «Esposa» la Constitución de Cádiz?52.

Mucho más profanas son otras denuncias contra mujeres investigadas por la policía que guardan alguna relación con el liberalismo. Con gran escándalo, se informó de lo sucedido en casa del recién nombrado gobernador de Castilla la Nueva, militar de antecedentes constitucionales, en uno de los bailes públicos organizados por él y por su esposa. Al parecer, la señora del gobernador, «en prueba de su inclinación a la democracia» —no podía ser de otra forma—, no tuvo reparo en bailar con un humilde soldado, tambor de su regimiento53. Las actividades mundanas de antiguos liberales aparecen también en otros partes policiales. Las señoras Pelegrín, madre e hija, regresadas del destierro, habían convertido su domicilio en casa de juego y se ganaban «un decente estipendio» ofreciendo té, café y helados a los nueve o diez caballeros que se gastaban allí los cuartos54. En casa de «unas tales Barelas» había una nutrida concurrencia de ladrones y de antiguos milicianos nacionales que acudían a jugarse grandes sumas, con el consentimiento del comisario del barrio, conchabado con una de las anfitrionas55. La conexión entre liberalismo y juegos prohibidos se daba también en el caso de una viuda llamada Isabel Oliver, hermana de un diputado a Cortes, que figuraba como dueña de un garito, con ruleta incluida, descubierto en la calle de Alcalá y en el que trabajaba un antiguo miliciano56.

Quién sabe si esa vida social semiclandestina no formaba parte de la economía sumergida a la que tenían que recurrir los proscritos. Así se lo vino a decir la esposa del músico Francisco Vaccari a un alcalde de Casa y Corte que había prohibido los conciertos que su marido daba en su casa, so pretexto de que entre los asistentes se encontraban personas sospechosas. Vaccari había perdido su empleo de violinista de la Capilla Real, víctima de la depuración del personal de Palacio, y esos conciertos de pago eran su único medio de vida. Cuando el alcalde de Casa y Corte le reprochó a la mujer de Vaccari que su único deseo era «ganar pesetas», la interpelada le respondió que «nada tenía de extraño que su marido buscase los medios de ganarlas en su misma profesión como lo había hecho constantemente en España y fuera de ella». Un agente de policía se hizo eco de esta conversación y de las esperanzas que tenían algunos aficionados de que al final se autorizarían los conciertos57. No parece que fuera así. Todo indica que el matrimonio optó por abandonar España y dirigirse a Londres, como tantas otras familias «con tacha». Allí sitúan algunas fuentes la muerte del músico poco después de que se prohibieran sus conciertos en Madrid.

CAPÍTULO 7
EL EXILIO, UN ASUNTO DE FAMILIA

La huida

El 19 de julio de 1823, las autoridades gibraltareñas advertían ya a su gobierno de la necesidad de tomar «medidas precautorias» ante la posible llegada de refugiados españoles1. La avalancha no se produjo hasta dos meses y medio después, al consumarse la caída del régimen y la entrega de Cádiz a los franceses. Desde ese momento, Gibraltar fue la salida natural de aquellos que habían acompañado a las instituciones liberales en su huida al sur de España en un viaje, de momento, sin retorno. El exilio sería la única opción posible para ellos y, en muchos casos, para sus familias, que dejaron España sin apenas tiempo de reunir algún dinero con el que empezar una nueva vida. Luisa Sáenz de Viniegra, casada con el general Torrijos, recordaría años después las penalidades sufridas por los refugiados españoles en El Peñón, víctimas de las medidas restrictivas tomadas por el gobernador, en su afán por librarse de aquellos centenares de expatriados cuya expulsión reclamaba incesantemente el gobierno español2. Y no era de extrañar, porque desde allí se ejecutaron los principales intentos de derrocar a la monarquía absoluta, como el desembarco del coronel Valdés en Tarifa en agosto de 1824 o el que siete años después les costó la vida al propio Torrijos y a sus cincuenta compañeros cerca de Málaga.

Si el miedo llevó a Gibraltar a nuevos contingentes de refugiados, la presión ejercida por las autoridades provocó la marcha en oleadas de quienes, en un momento u otro, fueron recalando en la plaza, convertida en lugar de paso hacia destinos más seguros. Estos vaivenes continuos se reflejan en las listas elaboradas por los funcionarios locales tanto de los españoles que abandonaban la colonia como de aquellos que seguían en ella. En noviembre de 1823 se consigna ya la presencia de 175 refugiados, en su mayor parte generales, ministros, diputados y otros cargos civiles y militares del Estado constitucional. En octubre del año siguiente se informa de la marcha de 127 españoles, pero dos meses después la cifra de refugiados se eleva a 4103. Entre ellos se encontrarían muchos damnificados por el indulto de mayo de 1824, según se desprende del testimonio de un artesano de Barcelona: el 1 de agosto —escribía poco después en su diario—, «molta gent liberala se embarcaba per Gib[ralt]à»4. La mayoría optó finalmente por marcharse a Inglaterra, a menudo pasando por Lisboa o incluso tras dar un largo rodeo por Marsella o por algún otro puerto del Mediterráneo. Pero, pese a su mala salubridad, consecuencia del exceso de población y causa de frecuentes epidemias, y a la vigilancia de las autoridades, la colonia británica no dejó de ser un lugar frecuentado por los exiliados españoles, ya fuera como primera escala de su emigración o como posición adelantada del liberalismo en su lucha contra Fernando VII. La superpoblación y el hacinamiento tenían en todo caso sus ventajas: algunas de las cuatrocientas embarcaciones de todo tipo fondeadas en la bahía ofrecían cobijo barato y discreto a no pocos emigrados, como Antonio Alcalá Galiano, que pasó un mes de barco en barco en aquella especie de ciudad flotante fuera de todo control. Fuentes inglesas calculaban en 150 los revolucionarios españoles, con conexiones en Londres, que se encontraban semiescondidos en la bahía5. De ahí las presiones del cónsul español para que, mientras se llegaba a una solución definitiva —es decir, su expulsión del Peñón—, se les obligara por lo menos a residir en la plaza.

Las listas de refugiados en Gibraltar suelen omitir a las mujeres, tanto si llegaron solas en busca de un refugio temporal como si seguían a sus maridos o a sus padres en su huida de España. En algún caso aislado figuran como esposas de un exiliado, sin llegar a consignar su nombre. De la primera hornada, tan sólo el diputado Dionisio Capaz, el marqués de Cevallos y el coronel Bartolomé García aparecen acompañados por sus esposas, pero se sabe que el diputado y librero Vicente Salvá —personaje clave de la emigración en Inglaterra— inició allí su exilio en compañía de su mujer, Josefa Mallén, y de sus hijos Pedro, Petra y Ángela. A finales de 1824, la familia entera se trasladará a Londres, donde Vicente Salvá y los suyos residirán durante varios años entregados a una frenética actividad política y editorial6. Los hermanos José María y Ramón María Calatrava, el primero de ellos diputado y exministro, huyeron también a Gibraltar con sus familias. De allí, Ramón pasó a Inglaterra con su mujer y sus hijos. Por su parte, José María emprendió, junto a su esposa, María de la Paz Montero, y su hija, Josefina, un largo viaje por Tánger y Portugal antes de afincarse en Londres. Francia sería a partir de 1830, como para tantos otros exiliados, la última etapa de su expatriación.

Tampoco hay rastro en los listados oficiales de otras mujeres que emigraron con sus maridos o sus familias, como Sebastiana Rodríguez, una de las encausadas por el motín de febrero de 1823, escondida con su esposo en Gibraltar desde finales de aquel año; o María del Carmen Sardi y su hija Manuela, que debió de dar mucho que hablar a su tierna edad para ser conocida en El Peñón como «La Patriota», sin que las listas de refugiados lleguen a incluir sus nombres, salvo cuando se comunica su marcha; o la condesa de Navas, Juana Ramona Ramírez de Arellano, que permaneció allí una larga temporada con su marido y sus hijos, hasta que en septiembre de 1826 se informa de la llegada de toda la familia a Marsella procedente de Gibraltar, ella con la salud muy quebrantada7. Y qué decir de Juana Santiago Perales y Rojo, huida de España a los diecinueve años en compañía de Domingo de Aguilera, hermano del marqués de Cerralbo y futuro marqués de Benalúa, acusado del asesinato del cura absolutista Matías Vinuesa en 1821 junto a su hermano Gaspar, también refugiado en El Peñón. Juana y Domingo, que tenían ya dos hijos, contrajeron matrimonio en la catedral católica de Santa María la Coronada en septiembre de 1824, una semana antes de que la novia cumpliera veintiún años. Unos días después, el gobierno español solicitaba su expulsión de Gibraltar, lo que parece haberse producido de inmediato. Iniciaron así un largo periplo de varios años por Lisboa, Bélgica y Francia. En estos dos países nacerían sus hijas Fanny y María8.

En otros casos, las familias se reencontraban en el exilio tras una etapa de separación forzosa. La mujer y los cuatro hijos del botánico y diputado Mariano Lagasca tuvieron que permanecer dos años escondidos en Cádiz, protegidos por un sacerdote amigo, Antonio Cabrera, que en diciembre de 1825 informaba en una carta de su reciente marcha a Londres, donde Lagasca había «encontrado algunos recursos para no perecer»9. Alcalá Galiano hizo lo mismo con su hijo y una anciana tía suya, a los que llamó a su lado en cuanto su situación en Londres empezó a mejorar10. A veces se emprendía el viaje al recibir noticias, no siempre exactas, del paradero de los maridos, a menudo conducidos a Francia como prisioneros de guerra y convertidos tras su liberación en exiliados políticos, sin posibilidad de regreso. A finales de 1823 se expidieron pasaportes en varios puntos de España a mujeres que viajan a Francia a reunirse con sus esposos o por asuntos familiares, como declararon algunas de ellas para no exponerse demasiado. En enero se pusieron en camino Inés Ayllon, sus cinco hijos y una sirvienta. Les esperaba un largo trayecto de Málaga a Bruselas, donde se supone que se encontraba el padre de familia. Otras tuvieron más suerte, porque la mayoría de los refugiados políticos que llegaron como prisioneros residía en poblaciones del sur de Francia, salvo que hubieran decidido marcharse a otro lugar o que las noticias sobre su localización fueran erróneas. Eso hará casi imposible el reencuentro, como pudo comprobar Soledad Sampere, que en 1825 viajó de Alicante a Orán, de Orán a Túnez y de Túnez a Marsella buscando por mar y tierra a su marido, que, mientras tanto, aguardaba noticias en Gibraltar, desde donde, al saber de las tribulaciones de su esposa, intentó viajar a Marsella haciendo escala en Túnez11. No se sabe si llegaron a encontrarse. En fecha tan tardía como el mes de enero de 1832 Juana Barbert y Magdalena Ferrer —esta última con su hija— viajaron juntas a Francia en busca de sus maridos, pero cuando llegaron a Poitiers, su último paradero conocido, hacía veinte días que se habían marchado. Según la policía francesa, se hallaban completamente extenuadas y andrajosas por un viaje a la postre inútil12. Ya se ha contado el caso de Francisca Passano, encarcelada durante dos años y medio en Barcelona y cuyo marido había tenido que huir al extranjero. Tras ser liberada consiguió pasaje para ella y su hijo en un barco que se dirigía a Marsella, pero al ir a embarcar, tal vez en la confusión del momento o en el último registro de la policía, perdió todo su equipaje, que era lo único que le quedaba tras el secuestro de sus bienes13.

La huida entrañaba sentimientos encontrados de incertidumbre ante lo desconocido, de alivio por escapar a tiempo y sobre todo de amargura. Y siempre de temor por las condiciones en que habría de realizarse el viaje, sobre todo si era por mar. Antonio Alcalá Galiano, que dedicó su estancia en Gibraltar a conseguir el dinero necesario para pagarse el pasaje, describió como un barco negrero, «sucio, estrecho, atestado de gente», el que finalmente le llevó a Londres en diciembre de 1823 tras sufrir todo tipo de incomodidades14. No menos accidentada fue la travesía de los exministros Agustín de Argüelles y Ramón Gil de la Cuadra, quienes, tras llegar «milagrosamente» al Peñón, según Argüelles, se dirigieron a Plymouth en un pequeño cúter que estuvo a punto de sucumbir a un «furioso temporal» en el Golfo de Vizcaya15. Tres años y medio después partía hacia el exilio el poeta José de Espronceda, que a los diecisiete años emprendió, como dijo él, «la carrera de emigrado» embarcándose en Gibraltar en una «balandra sarda cargada excesivamente de trigo y sumergida en el mar hasta los entrepuentes», con la que alcanzó el puerto de Lisboa en una travesía llena de peligros, en la que no faltó un temporal con amenaza de naufragio16. Un poco de todo tuvo el viaje del matrimonio formado por Rosa y José de Miranda, que zarparon del Ferrol rumbo a La Habana y que al navegar frente a las costas de Tenerife dieron rienda suelta, en una carta de despedida, Rosa a su nostalgia, que la tenía «siempre suspirando por mi adorada patria, Dios me conceda la gracia de volverme a ella cuanto antes», y José al miedo pasado por una reciente tempestad17.

El relato más detallado de un viaje al exilio figura en las Memorias de Juana de Vega, futura condesa de Espoz y Mina18. Tenía dieciséis años cuando en 1821 se casó con el general Francisco Espoz y Mina y dieciocho cuando en junio de 1823 tuvo que escapar de su Coruña natal, a punto de caer en poder del ejército francés. Perteneciente a una familia liberal por parte de padre y madre —él fue acusado por la Inquisición de «acérrimo demócrata»—, y ella misma entusiasta del liberalismo desde niña, su matrimonio con Mina, que se encontraba luchando en Cataluña, la colocaba en grave riesgo de sufrir represalias si la ciudad era tomada por sus sitiadores. Antes de que esto ocurriera, la familia tenía ya apalabrado un balandro para llevar a Juana a Gibraltar, y no a Inglaterra, que era el destino elegido por otras señoras del liberalismo coruñés, como la mujer y la hija del general Quiroga.

Se decidió que Juana viajaría con su padre y una criada, mientras la madre permanecía en La Coruña al cuidado de los intereses de la familia. El cerco se estrechaba por momentos y los preparativos se fueron alargando por una u otra razón. Al final, el balandro partió sin ellos y sobre la marcha contrataron un bergantín que parecía a punto, pero cuando se disponían a embarcar recibieron la noticia de que el gobernador se había incautado del buque. Transcurrieron varias horas entre el cañoneo de los sitiadores, gestiones infructuosas para conseguir otro barco y la sensación de que el tiempo se acababa, cuando al final del día un marino catalán, acérrimo admirador del general Mina, se ofreció para llevarles en su pequeña embarcación, un místico de poco tonelaje, hasta donde hiciera falta. Agradecieron y aceptaron su ofrecimiento, aunque, por las características del barco, prefirieron utilizar sus servicios sólo hasta Vigo, adonde llegaron en cuarenta y ocho horas. Al día siguiente debían embarcarse en un vapor rumbo a Gibraltar, pero la inminente caída de la ciudad en manos del enemigo les obligó a cambiar de planes y aceptar la oferta del catalán de llevarles consigo. Así pues, sin mayor dilación —«anem, no hay tiempo que perder»—, pusieron rumbo a Portugal. Al llegar a Viana, donde el padre de Juana había estado exiliado en la primera restauración, decidieron atracar en el puerto y explorar la situación, que resultó ser mucho peor de lo que imaginaban. Un golpe absolutista acababa de poner fin a la monarquía constitucional portuguesa para entregar el poder al infante don Miguel. A la mañana siguiente a su llegada a Viana, un par de policías, acompañados de algunos soldados, subieron a bordo del barco y les ordenaron abandonar el puerto inmediatamente.

Imposibilitados de volver a España y lejos de cualquier lugar seguro, optaron por dirigirse a Lisboa, donde creían que, pese al cambio político, el ambiente les sería más propicio y tendrían amigos a los que acudir. Era principios de julio y la ciudad se encontraba bajo un fuerte calor y un estado de anarquía, no menos agobiante, impuesto por las masas absolutistas, que clamaban venganza contra los liberales. Aunque el vicecónsul español les proporcionó un alojamiento confortable y discreto, la situación se hizo insostenible, y ante la falta de noticias de España y la imposibilidad de seguir el viaje decidieron regresar a algún punto cerca de la frontera para esperar acontecimientos. Pidieron, pues, pasaporte para Camiña, en la desembocadura del Miño, pretextando ir a tomar las aguas, excusa utilizada a menudo por los liberales perseguidos y sobre todo por sus esposas para justificar viajes que pudieran resultar sospechosos. Sin embargo, la estancia en Camiña no pudo ser ni más breve ni más accidentada. Sufrieron un minucioso registro de sus equipajes, la retención del padre de Juana en la aduana y varias horas de estrecha vigilancia en la peligrosa compañía de un jefe de la masonería portuguesa que viajaba con ellos de incógnito. Al final, no tuvieron más remedio que cruzar la frontera y regresar a España, pensando que, por mal que estuvieran las cosas, no estarían peor que en Portugal.

En La Guardia, al otro lado de la frontera, pasaron cerca de un mes sin más noticias que la de la rendición de La Coruña a los franceses, de la que se enteraron con varios meses de retraso. Considerando que estaba todo perdido, decidieron regresar a su ciudad y afrontar la situación. De paso por Tuy, a principios de octubre, supieron que Fernando VII había firmado su famoso decreto aboliendo la Constitución y restableciendo la monarquía absoluta, «¡notable ejemplo de perfidia —escribió Juana de Vega veinte años después— que no ha de quedar sin que la posteridad lo juzgue con la severidad que merece!». Antes de abandonar Tuy, oyeron los consabidos gritos de ¡Mueran los negros! con los que la plebe absolutista, azuzada por el numeroso clero local, celebraba el cambio de régimen y amenazaba con todo tipo de excesos. En cambio, en Vigo, donde «la mayoría del pueblo era liberal», el ambiente parecía tranquilo. Siguieron viaje por tierra sin mayor contratiempo y un par de leguas antes de La Coruña se encontraron con la madre de Juana y un grupo de amigos que les estaban esperando.

Aunque la situación parecía tranquila, prefirieron quedarse en la casa de campo que la familia tenía en San Pedro de Nos, a las afueras de la ciudad. Pero la calma duró muy poco, porque los realistas más exaltados se lanzaron a la calle en busca de liberales, que debieron ser protegidos por las autoridades encerrándolos en cárceles más o menos seguras. Juana y su familia recibieron también la noticia de la rendición de Mina en Barcelona, una de las pocas ciudades, con Cartagena, que siguieron luchando tras la caída del régimen. Desde ese momento, la única idea de Juana fue reencontrarse con su marido —«seguir la suerte de su esposo sea la que fuere», como le dijo su madre al gobernador de La Coruña—, quien, en virtud de la capitulación firmada por él ante el ejército francés, quedaba libre para abandonar España.

El encuentro se demoró todavía varios meses. Mina llegó a Plymouth, al sur de Inglaterra, a finales de noviembre y Juana tuvo noticias suyas tanto por carta como por un emisario, hombre de su entera confianza, mandado por él a La Coruña para concertar el viaje de su esposa. Pero las cosas no eran tan sencillas. Los padres de Juana corrían también grave peligro, aunque tampoco podían huir abandonándolo todo y renunciando a sus bienes en el momento en que más los necesitaban. Hacía falta además un barco que hiciera la travesía a Inglaterra. La ocasión se presentó cuando pasó por La Coruña un bergantín francés procedente de Cádiz que regresaba a Le Havre. Pese a que el capitán, enterado de las circunstancias de la viajera, pidió una cantidad astronómica por el pasaje, no hubo más remedio que aceptar sus condiciones. Sin embargo, a última hora surgió un imprevisto con el pasaporte. El capitán general que debía firmarlo mandó aviso a Juana de que se presentara en su despacho para justificar los motivos de su viaje y dar los nombres de dos personas que sirvieran de garantía. La entrevista, a la que acudió acompañada de su madre —su padre estaba escondido en La Coruña—, resultó una pérdida de tiempo y sólo la posterior intervención de un amigo de la familia, magistrado de la Audiencia, le permitió obtener el ansiado pasaporte. Con él en la mano, el 21 de febrero de 1824 subieron al bergantín Juana de Vega, su padre, el emisario de Mina, un sobrino del propio general y una doncella. La madre en cambio se quedó en tierra, tanto por el recelo que el clima inglés producía entre los españoles —recelo que se tornó en auténtico pavor entre muchos de los que se refugiaron en la isla—, como por la necesidad de dejar a alguien a cargo del patrimonio familiar, y ella parecía la menos expuesta. Al abrazarla antes de partir, Juana no podía saber que se estaba despidiendo para siempre «de la mejor de las madres, de la más querida y tierna de las amigas».

El viaje resultó muy penoso, sobre todo cuando, cerca de las costas inglesas, el barco se vio acometido por un temporal de tal virulencia que los pasajeros llegaron a temer por su vida. Por fin, con el tiempo más calmado, entraron en el puerto de Le Havre «muy contentos» y con intención de partir para Inglaterra al día siguiente. Era el 4 de marzo de 1824, según la anotación de la policía francesa al realizar los trámites correspondientes, menos rutinarios de lo que se desprende del anodino expediente abierto con tal motivo19. Por él sabemos que su doncella se llamaba Juana Cifra y que la futura condesa de Espoz y Mina viajaba acompañada de Elena Garza, esposa del general Antonio Fernández Bazán. Hubo que informar de su llegada al Ministerio de Policía y esperar su respuesta antes de darles permiso para embarcar de nuevo. Así transcurrieron once días en que Juana y sus acompañantes fueron estrechamente vigilados por un agente de policía que les seguía disfrazado a todas partes. Se libraron en cambio del minucioso registro que unos meses antes sufrieron la esposa y la hija del general Quiroga, procedentes también de La Coruña con destino a Inglaterra. Al final llegó la autorización de París y pudieron zarpar rumbo a Southampton, para, desde allí, continuar viaje a Londres, donde Mina aguardaba el momento de acudir a recibirles. Y, en efecto, a dieciocho millas de la capital, en el pueblo de Staines, cerca del palacio de Windsor, se lo encontraron en una silla de postas, «triste, decaído, con la cabeza encanecida y tan imposibilitado de una pierna que no pudo bajar de la silla». Así lo recordaría al escribir sus Memorias veinte años después. Habían pasado dos años desde que se separaron en Madrid, todavía en el fragor de las luchas políticas del Trienio Liberal, y nueve meses desde que Juana y su padre emprendieron su primera huida de La Coruña, en vísperas del asedio francés.

Después de descansar unos días en Staines, se dirigieron a Londres para instalarse en la casa que habría de ser su residencia, situada en Button Crescent, en el barrio de Saint Pancras. Era modesta, como convenía a unos proscritos, pero tenía las dimensiones necesarias para alojar al numeroso séquito familiar y político del general y su esposa, compuesto por el padre de ésta, el sobrino de Mina, su secretario, un ayudante francés que acompañaba al general a todas partes, su hermana Simona, que llegó poco después desterrada de Navarra, una sobrina que viajó con ella y la servidumbre de la casa. Y aún pudieron ser más, porque el nombre de Espoz y Mina despertaba en el absolutismo español un temor casi supersticioso, que hacía peligrosa cualquier relación de parentesco con él, por remota que fuera. Basta con ver la orden de destierro de La Coruña y del pueblo de Meixigo decretada en 1830 por el capitán general de Galicia contra «doña María Gabela de Prado, prima de la mujer de Mina, que andaba esparciendo mil noticias alarmantes», decisión que mereció la inmediata aprobación de Fernando VII20.

La residencia del matrimonio Espoz y Mina, primero en Saint Pancras y luego en Sevenoaks Common, a veinticinco millas de Londres, se convirtió en obligado lugar de encuentro de los exiliados españoles y en uno de los centros directivos de la emigración liberal.

Londres, capital del liberalismo español

Saint Pancras era una parroquia vecina al barrio de Somers Town, en el norte de la ciudad, en el que residió buena parte de los españoles refugiados en Londres en aquellos años, sin que se sepa muy bien el motivo. Se ha atribuido a la presencia en tiempos de la Revolución francesa de una nutrida colonia de emigrados de esta nacionalidad, que habría hecho del barrio el destino natural de los expatriados de toda índole. Pudo influir también la existencia de una capilla católica de reciente construcción —Saint Aloysius—, con su correspondiente cementerio. El hecho es que Somers Town se convirtió, a partir de 1824, en una «abreviada España constitucional», en palabras de Alcalá Galiano, que fue uno de los muchos liberales que pasaron allí parte de su exilio y que, durante algunos años, dieron a aquel barrio un inconfundible aire español. Así lo supo ver Charles Dickens, que vivió en él de niño, al principio de su novela Bleak House, uno de cuyos personajes residía en el Polygon, el centro neurálgico de Somers Town, «donde por entonces un número considerable de pobres refugiados españoles solían pasearse envueltos en sus capas y fumando sus cigarrillos liados en papel». Thomas Carlyle evocaría también, en The Life of John Sterling, la impresión que le produjo la primera vez que fue a Londres ver a aquellos españoles que solían deambular en grupos por Euston Square o Saint Pancras Church, que era donde tenían por costumbre reunirse. Veintiséis años después, los recordaba con su aspecto cetrino y su aire trágico, como leones enjaulados. Su jefe indiscutible, añadía Carlyle, era el general Torrijos, al que dedicó un capítulo entero de su libro. En el barrio vivieron unos años antes Mary Wollstonecraft, pionera del feminismo y autora del libro A Vindication of the Rights of Woman, y su marido, el escritor y periodista William Godwin. Y allí nació en 1797 la hija de ambos, Mary Godwin, también escritora, más conocida por su nombre de casada, Mary Shelley, que alcanzó fama mundial con su novela Frankenstein.

A juzgar por los testimonios citados y otros del mismo tenor, se diría que la colonia española en Londres se componía exclusivamente de hombres que mataban el tiempo paseando, fumando, reuniéndose de vez en cuando en algún café o tertulia y, los más afortunados —los Flórez Estrada, Espoz y Mina, Argüelles, Alcalá Galiano, Villanueva, Mendizábal, el general Álava…—, asistiendo a las veladas de sus encopetados amigos y protectores ingleses, el primero de ellos el célebre Lord Holland y, en menor medida, el duque de Wellington, mucho más distante y exclusivo en sus relaciones sociales. Lo cierto es que junto a esa pléyade de diputados, militares, escritores, exministros, clérigos y comerciantes que componían el grueso del exilio liberal en Londres, había una emigración femenina nada desdeñable, formada sobre todo por las esposas e hijas de los anteriores y sólo en casos muy contados, como el de María del Carmen Sardi, por viudas o solteras «con tacha» de liberales. En total, hasta un centenar de ellas aparecen identificadas en las fuentes inglesas y francesas de la época, estas últimas mucho más importantes de lo que se podría pensar para conocer la presencia de refugiados españoles en Inglaterra, cuyas idas y venidas por Francia o tocando puertos franceses quedaban puntualmente registradas por la policía de este país. Hay que añadir también la correspondencia del embajador español en Londres, que mantenía al gobierno de Fernando VII informado de las actividades de los españoles en la capital británica.

Durante algún tiempo, entre mediados de 1826 y abril de 1827, esa información se basó en las confidencias de una refugiada, Vicenta Oliete, que actuó como topo de la embajada en los círculos del exilio, de los que formaba parte por su trayectoria política personal y por su estrecha relación con el diputado Juan Romero Alpuente. «La Vicenta», como se hacía llamar, era una mujer de origen humilde, aunque con alguna instrucción, que había trabajado como sirvienta para el presbítero Joaquín Romero Cansino. Al producirse su muerte en 1815, pasó al servicio de Romero Alpuente, que inmediatamente la elevó a la categoría de ama de llaves y sobrina. Encarcelado éste por la Inquisición, Vicenta acabó siendo desterrada de Madrid probablemente por las gestiones que hizo a favor de su amo. En el Trienio, el político liberal se convirtió en uno de los caudillos de la facción exaltada del liberalismo —a él se atribuye la frase «la guerra civil es un don del cielo»— y Vicenta Oliete figuró como presidenta de la Junta Patriótica de Señoras formada en Madrid en 1822, además de contraer matrimonio con un militar de nombre Ramón Araoz —o Anoz—, que tardó muy poco en desaparecer de su vida. Al caer el régimen constitucional, fue detenida por la policía de Toledo y confinada en Valencia, de donde pudo escapar a Gibraltar para unirse a Romero Alpuente en el exilio21.

Precisamente, en una de sus cartas al embajador se refería a las circunstancias de su huida de España. No era sólo el riesgo de ser encarcelada, sino la penosa situación en la que se encontraba su «tío», Romero Alpuente, postrado en un hospital de Gibraltar y abandonado a su suerte. Enterada de ello, sus «relaciones conmigo me gritaban noche y día que volase a su asistencia y socorro». Así lo hizo. Pasó por la colonia británica, recogió al diputado aragonés y se lo llevó a Londres, donde tío y sobrina se encontraban ya en el verano de 182522. La llegada a Inglaterra no mejoró su suerte: tenían los dos una salud delicada, agravada por el clima de la isla, y Romero Alpuente sufrió un ostensible vacío por parte de algunos emigrados influyentes y de sus poderosos valedores, como Wellington, que de entrada le dejó fuera de la lista de españoles socorridos por el gobierno inglés. Si a todo ello añadimos el espíritu protector de Vicenta, se entiende mejor su doble juego con sus compatriotas desterrados y con las autoridades españolas. Necesitaba dinero para pagar la factura del médico y de la botica —«mis males no tienen espera […], la botica me lleva un dineral»— y sobre todo conseguir los medios para salir «de esta tenebrosa isla», cuyo clima era, según sus médicos, la causa de todos sus males23. Su plan consistía en que la embajada solicitara para ellos un salvoconducto del gobierno español, acompañado de un indulto para su «tío», que les permitiera regresar a España. De ahí los informes y las entrevistas en la propia embajada en las que la Oliete irá revelando los secretos del exilio como forma de comprar su repatriación y la del viejo diputado liberal.

¿Traicionó a sus compañeros de infortunio? ¿Estaba Romero Alpuente al corriente de sus planes? ¿Consiguió su propósito? Las tres preguntas pueden responderse afirmativamente, aunque con ciertos matices y cautelas. Los términos de la colaboración con la embajada figuran en un documento cifrado remitido por el gobierno en septiembre de 1826 con instrucciones sobre la forma en que debía llevarse el asunto: Vicenta Oliete, «ama de gobierno de Romero Alpuente», comunicaría al embajador cualquier información que adquiriera sobre «los movimientos todos y maquinaciones de los españoles revolucionarios que existen en ese país», y en contrapartida se la socorrería «moderadamente […] según lo que ofrezca y haga», además de proporcionarle «el documento que pida de los servicios que preste». Esto último suena un tanto ambiguo, pero podría interpretarse como el salvoconducto que ella perseguía para regularizar su situación en España. Unos días después, el ministro de Estado interino, González Salmón, informaba al embajador de que el propio Fernando VII había autorizado «invertir una suma determinada en la adquisición de noticias», si bien «encargando a V.S. muy particularmente la mayor circunspección»24.

En los meses siguientes, su actividad resultó enormemente productiva, ya fuera redactando informes, comunicando noticias de palabra o facilitando copias de documentos sustraídos por ella, seis de ellos «relativos a los manejos revolucionarios», obtenidos, según ella, merced a una «astuta estratagema». Al remitírselos al ministro, el embajador expresó el convencimiento de Vicenta de poder descubrir los nombres de quienes dirigían la conspiración contra la monarquía «fuera y dentro de la Península». Las revelaciones contenidas en aquella remesa no pueden ser más jugosas: información sobre círculos masónicos existentes en las capitales de provincia y sobre penetración de las sociedades secretas en el ejército, datos sobre la situación en Valladolid, instrucciones para los comandantes de las partidas guerrilleras que se alzarán en el momento indicado… En pago por este valioso material, la embajada quiso entregarle veinte libras, pero Vicenta rechazó el dinero aduciendo que «no sirve por interés». En cambio, insistió en que se hiciera llegar una carta suya al capitán general de Valencia, José O’Donnell, recordándole los «muy importantes» servicios que le prestó en su día, cuando el general estaba al mando del Campo de San Roque25, en referencia sin duda a la traición que hizo posible la caída de Francisco Valdés y sus compañeros en agosto de 1824. De esta velada alusión a la tentativa de Tarifa, y de otra mucho más explícita26, se deduce que la carrera de la Vicenta como traidora había empezado ya en España en 1824, aunque acabara siendo detenida por liberal. Eran los típicos gajes del oficio de agente doble.

Tampoco quiso el dinero que se le ofreció cuando, a finales de diciembre, volvió a la embajada con nuevos descubrimientos. Hubo que insistir mucho para que al final aceptara diez libras «a título de gastos»27. Esas gratificaciones, venciendo incluso su resistencia a aceptarlas, denotan gran interés por contar con su colaboración en un momento en que la situación económica de la embajada era de tal penuria, que, según había escrito poco antes el encargado de negocios, los empleados corrían el riesgo de ser llevados a la cárcel por sus deudas y él mismo se hallaba en la «imposibilidad de existir sin tener con qué pagar mi alimento diario»28. ¿Tanto valían los servicios de Vicenta? Si es cierto, como parece, que en su día contribuyó al fracaso de la acción de Valdés en Tarifa, se entiende que la embajada y el propio gobierno dieran la máxima credibilidad a sus informaciones. Solía ser minuciosa en su trabajo, aunque con cierta tendencia a cargar las tintas, y conocía al minuto los movimientos del núcleo directivo del exilio liberal en Londres, como cuando el miércoles 20 de diciembre de 1826, a las cinco de la mañana, comunicaba que Bertrán de Lis tenía en su poder un impreso, «el más malvado», contra el rey. Vicenta decía haber encargado una copia, que le tenía que llevar a su casa un desconocido, quien, para darse a conocer, al llamar a su puerta debía preguntarle «si hago tortas finas». El 10 de enero daba cuenta de una importante reunión de emigrados convocada para el lunes 15 a las doce del mediodía en Crown and Anchor Tavern, en Strand. El 11 de febrero informaba de la salida de veinte españoles para Lisboa, desde donde pretendían introducirse en España por Cáceres, y una vez allí «degollar a todos, soltar todos los presos, aumentar la partida y saquear todo el pueblo». «Son capaces de hacerlo», apostillaba con su habitual tremendismo. Otra carta de marzo contenía nuevas revelaciones sobre planes que los exiliados se disponían a ejecutar en la Península: «Nunca ha habido cosas más grandes que ahora».

Buena parte de la información proporcionada por ella, fácilmente comprobable por sus destinatarios, resultaba demasiado precisa como para dudar de su autenticidad. En otros casos, su material no parece tan fiable. Tal vez las autoridades españolas se preguntaron en algún momento si el ama de llaves de Romero Alpuente no estaría haciendo un doble juego. Así lo sugiere un despacho algo confuso del ministro González Salmón sobre «la delación de esa confidenta» que actuaba «instigada por sus asociados (a quienes pretende descubrir)». Seguramente se refiería a ella, pero no se entiende muy bien si la «confidenta» está traicionando a sus «asociados» o si, instigada por ellos, fingía estar delatándoles para confundir a sus enemigos29. Con «la Vicenta» nunca se sabe, pero si se puede descartar algo, es que actuara en connivencia con la plana mayor de la emigración.

En todo caso, en algunos documentos se intuye un propósito intoxicador, por ejemplo, cuando aseguraba que los jefes de policía de Cádiz y Toledo son «sospechosos en alto grado». Da la casualidad de que el segundo de ellos fue el responsable de su detención y confinamiento en 1824. Esa denuncia bien podría ser su venganza. O cuando informaba con todo lujo de detalles de un plan para asesinar al capitán general de Valencia, José O’Donnell, seguramente con ánimo de congraciarse con aquel a quien veía como su posible salvador. Y qué decir del Manifiesto del adelanto de los trabajos patrióticos en que nos ocupamos los pocos emigrados que de veras desean la felicidad y el decoro de la nación española. Más sorprendente aún que el «salutífero y loable proyecto» contenido en este extravagante documento es el hecho de que entre las personalidades del exilio que lo suscriben como «representantes del partido liberal de España» —Flórez Estrada, Romero Alpuente, Santiago Rotalde y Bertrán de Lis— figure ella misma con su nombre de guerra: «la Vicenta»30. El manifiesto resulta tan inverosímil, que sólo se podría interpretar como una burla, si no fuera porque Vicenta Oliete no parece el tipo de persona que se divierte gastándole bromas pesadas a un gobierno que la tiene proscrita.

Queda en el aire el papel desempeñado por Romero Alpuente. Años después, ya en España, sobre el viejo tribuno se lanzaron frecuentes acusaciones de traición, creyéndole sin duda partícipe de los manejos de su ama de llaves y sobrina31. El hecho de que una de las cartas remitidas por ella a la embajada esté firmada también por él deja la cuestión aparentemente zanjada. Eso explicaría además el fácil acceso que Vicenta tenía a documentos muy reservados y su libertad de movimientos para escribir y copiar papeles y mandar y recibir recados de la embajada. ¿Lo hacía a espaldas de su tío? ¿Falsificó su firma? ¿Le enredó en sus planes de evasión de «esta tenebrosa isla»? Todo podría ser. El hecho es que, después de mucho insistir en que se le facilitara una solución —«a ver si se toman interés los de Madrid por mi salud, que tan perdida tengo»—, en marzo de 1827 tío y sobrina consiguieron salir para Lisboa, donde las cosas les fueron mucho peor de lo esperado. Nada más llegar a la capital portuguesa, el diputado dirigió una larga representación al ministro secretario de Estado y de Justicia, firmada también por Vicenta, contando las razones de su viaje —nada decía de una gestión previa en la embajada española en Londres— y solicitando permiso para permanecer en el país. Salta a la vista su temor a ser embarcados de vuelta para Inglaterra, lo que, en sus actuales circunstancias, podría tener fatales consecuencias. Han gastado ya todo lo que tenían y los dos se encuentran gravemente enfermos, él «afligido de cólicos biliosos casi diarios», y ella «postrada en cama hace cuatro meses, sin hallar los médicos ingleses y españoles otro remedio que la mudanza de clima y la toma de estos baños termales». En caso de tener que embarcarse de nuevo, afirmaba el diputado, puesto que no podrían pagarse el pasaje, se exponían a ser arrojados «en cualquier parte de la costa»32. Llevaban sólo unas horas en Lisboa, pero su primera impresión no coincidía en absoluto con las referencias favorables que les habían dado algunos amigos en Londres.

Además de sus respectivas dolencias, Romero Alpuente y Vicenta tuvieron que afrontar su difícil situación legal en un país que resultaba ser mucho menos hospitalario de lo esperado. El 14 de abril, un mes después de su llegada, el ministro portugués de Negocios Extranjeros informaba a la reina regente del caso del diputado español y su sobrina y del «miseravel estado de molestia em que ambos se achan». El ministro no sabía muy bien qué hacer con ellos y en la duda decidió encargar el asunto al intendente de policía, al que remitió la representación de Romero Alpuente y algunas instrucciones al respecto: que los interesados buscaran un fiador que avalara su conducta mientras permanecieran en Lisboa y que se les hiciera examinar por un médico33. Esto último se verificó de inmediato y confirmó el mal estado de salud de ambos. En concreto, Vicenta padecía una «affecçao organica con dor na entranha e febre»34, según el médico portugués que la atendió, pese a lo cual intentó y consiguió ser recibida por el secretario de la embajada española, pensando seguramente que la última palabra para resolver el impasse en el que se encontraban la tenía el gobierno de Fernando VII. Su interlocutor la describió como una mujer de cuarenta y tantos años, muy espabilada, aunque enferma, y haciendo continuo alarde de sus importantes servicios. Además firmó una petición, con el seudónimo de María Piña, para que se autorizara a su tío a residir en Lisboa, cosa que en modo alguno estaban dispuestas a consentir las autoridades españolas35. Tampoco las británicas, y en particular el embajador de S. M. en Lisboa, William A’Court, que, desde el primer momento, presionó al gobierno portugués para conseguir la expulsión de Romero Alpuente y Vicenta Oliete. Ésta es la razón por la que, al mes y medio de su llegada a Portugal, fueron devueltos a Inglaterra. Nada más desembarcar en Falmouth, al sudoeste de la isla, Vicenta escribió al embajador en Londres contándole sus cuitas e implorando «alguna resolución para volver a España»36.

Su súplica fue atendida sólo a medias. El 27 de julio de 1827, la embajada informó al gobierno del regreso a España, dos días antes, de Vicenta Oliete «en virtud del peligro que corría su vida permaneciendo por más tiempo en este clima». Antes de partir se le entregó «una certificación a petición suya y en virtud de las reales órdenes que lo autorizaban»37; es decir, el famoso salvoconducto. En cambio, Romero Alpuente tuvo que seguir en Londres y no regresó a España hasta siete años después, muerto ya Fernando VII. De su falsa sobrina Vicenta Oliete, alias la Vicenta, alias María Piña, nunca más se supo. Se especula con que muriera poco después de dejar Inglaterra en julio de 182738.

A diferencia de esta misteriosa figura de la emigración femenina, la mayoría de las españolas refugiadas en la capital británica llevó una vida discreta y reservada, a la sombra de sus maridos o sus padres. Ya hemos visto que incluso una mujer de la personalidad de María del Carmen Sardi se mantuvo apartada de los círculos políticos de la emigración y se centró en la ardua tarea de sobrevivir y sacar adelante a su hija. Fueron pocas las que salieron de ese oscuro anonimato; algunas muy a su pesar. María Teresa del Riego, viuda y sobrina del célebre general, murió a los pocos meses de instalarse en Londres con su cuñado el canónigo Miguel del Riego. Su testamento está fechado el 12 de junio de 1824 y su muerte se produjo pocos días después. Al decir de un amigo de la familia, el exiliado italiano Giuseppe Pecchio, el estado melancólico en que llegó y su mala salud no resistieron la dura prueba del clima londinense. El conde Pecchio describe su entierro, celebrado en la iglesia católica de Moorfield, como una gran manifestación de duelo con asistencia de refugiados de diversos países, vestidos muchos de ellos de manera algo estrafalaria para una ocasión como aquélla, pues debido a las estrecheces del exilio muy pocos tenían ropa de luto. Cuatro exministros constitucionales, añade Pecchio, portaron el féretro de Teresa del Riego39, cuyo entierro se convirtió en un homenaje de la Europa liberal y proscrita a su difunto esposo.

Dos años después, otra mujer de la familia, Lucía del Riego, cuñada del general, también exiliada, solicitó pasaporte a la embajada española para regresar a Gijón. El encargado de negocios accedió a su solicitud «en vista de su memorial y por las razones de que era mujer». Pero desde España hubo contraorden: «No convenía la presencia de la interesada en el pueblo de su nacimiento, así por la tranquilidad pública como por su seguridad individual». Las instrucciones del Ministerio iban acompañadas de un informe policial advirtiendo de que el regreso a Gijón de un pariente tan próximo del general Riego «excitaría tal vez alguna inquietud»40. El encargado de negocios no tuvo más remedio que dar marcha atrás a su decisión.

Entre la suspicacia del gobierno y el temor de la embajada a dar un paso en falso, cualquier movimiento de una española que llegara o saliera de la isla se convirtió en motivo de alarma. En diciembre, González Salmón, ministro de Estado interino, ponía en guardia al embajador en Londres y a la policía española ante el inminente viaje de Vicenta Rodríguez, viuda de un alto cargo liberal, Ramón María Acevedo, recientemente fallecido en aquella capital: hay «vehementes indicios», asegura el ministro, «de que la Dª Vicenta sea portadora de correspondencia revolucionaria», por lo que ordenaba una escrupulosa inspección de sus papeles41. Unos meses después, es el embajador el que informa al ministro de la «ida a Barcelona de una mujer sospechosa». Por el contrario, en el caso de Juliana Vera y Jover, que se disponía a viajar a España con dos hijos pequeños y una criada inglesa, la embajada no vio inconveniente en concederle el pasaporte «en consideración al mal estado de su salud». Finalmente, sin embargo, se le denegó a instancias del gobierno y con conocimiento del rey42.

No es extraño que la política de la legación española en la concesión de pasaportes fuera cada vez más restrictiva. Si su majestad se tomaba la molestia de interesarse por tales cuestiones es que la cosa era grave. ¿Y si tanto viaje obedeciera a un plan urdido por los revolucionarios? En cuanto el conde de Alcudia, recién nombrado embajador en Londres, cayó en la cuenta comunicó a Madrid sus sospechas. En los últimos días, afirmaba, algunos refugiados españoles estaban intentando mandar a sus familias de vuelta a España «con la intención y con la esperanza de seguirlas en breve». El asunto no podía estar más claro: esposas e hijos iban como avanzadilla para preparar el terreno a los paterfamilias de la revolución. Sólo cabía esperar de Madrid las instrucciones pertinentes sobre «la conducta que debo observar con las mujeres e hijos de menor edad de los indicados comprometidos»43. Mientras llegaba la respuesta, el conde de Alcudia se encontró con un caso flagrante. Se trataba de una española casada con un negociante genovés afincado en Barcelona, que había regresado a esta ciudad hacía un par de meses y dejado a su mujer en Londres al cuidado de sus asuntos comerciales y políticos. No contenta con hacer de su casa el lugar de reunión de los principales revolucionarios españoles e italianos, se proponía viajar a España cargada de cartas y mensajes de los refugiados de estos dos países para sus corresponsales en la Península. Este turbio asunto —concluía el embajador con visible satisfacción— «prueba bastante las razones que me asistían cuando he negado pasaporte a varias mujeres de estos refugiados, que, pretextando enfermedades peligrosas, llevarán quizá consigo el contagio de las conspiraciones y de la traición»44. El virus de la revolución: ésa y no otra era la enfermedad que sufrían aquellas españolas que, con la excusa de su mala salud y de los rigores del clima, pretendían dejar la isla para volver a España. La respuesta del gobierno de Fernando VII no se hizo esperar: de real orden, se prohibía que «se dé pasaporte a mujer alguna de refugiados»45.

Esta correspondencia anticipa la teoría conspirativa de los escuadrones de amazonas atribuida a la monarquía absoluta cuatro años después, según la cual los liberales utilizaban a sus mujeres como una fuerza oculta para combatir al absolutismo desde dentro, aprovechando su relativa inmunidad a los controles administrativos y a la vigilancia policial. Nada indica que el exilio londinense tuviera un plan de esa naturaleza. Al contrario, la inmensa mayoría de las exiliadas se mantuvo alejada de la actividad política, monopolizada por sus maridos, padres e hijos. Las más comprometidas pudieron, tal como sospechaba el embajador, actuar de enlaces y llevar correspondencia a Francia o a España. Pero ya se ha visto que su libertad de movimientos, sin duda mayor que la de sus maridos, se encontraba muy limitada. En general, la conspiración era cosa de hombres, en parte por el carácter militar —doblemente masculino, por tanto— de la vía insurreccional adoptada por el liberalismo en el exilio y plasmada en los sucesivos rompimientos en la Península. En parte también por la propia segregación por sexos del espacio y de la vida misma en el destierro, según se desprende de los testimonios de Dickens, Carlyle y Pecchio. Ni siquiera a la hora del paseo por Euston Square o Saint Pancras Church se las veía del brazo de sus maridos o paseando juntas en grupo, como hacían ellos.

Tampoco aparecen en las numerosas listas de refugiados que cobraban subsidio, salvo alguna viuda o alguna huérfana, o indirectamente cuando al nombre de uno de ellos se añade, a su lado, «and Lady» o «and Wife». Tanto las incluidas en la sexta y última categoría, reservada a unas pocas mujeres, como las que figuraban junto a sus esposos cobraban un subsidio de dos libras al mes, que era el doble de lo que correspondía por niño y 80 chelines menos que la asignación de los hombres de inferior categoría. Dicho de otra forma: cada mujer equivalía, en términos de subsidio, a la mitad de un coronel46. La prensa y la abundante literatura de los emigrados en Londres —recuérdese que muchos de ellos eran escritores o periodistas— apenas contienen referencias a las mujeres, como si vivieran en un mundo aparte, ajeno a la cruda y acuciante realidad en la que se movían los refugiados. Tal vez ello explique la idealización de la mujer como tema de inspiración de la literatura del exilio, y más en un momento en que hacía furor la moda romántica. Es la imagen almibarada y algo tópica que encontramos en un artículo publicado en los Ocios de Españoles emigrados, en el que se evoca ese «dulce y a la vez sublime y delicadísimo derretimiento que hace del bello sexo una divinidad»47.

Mucho más prosaicas son las reflexiones de un colaborador del periódico sobre las rarezas de la vida cotidiana en Inglaterra, como el hecho de que las señoras pudieran «andar solas día y noche por Londres […], sin ser no digo insultadas, pero ni obsequiadas con aquellos dichos alegres y picantes con que entre nosotros se llama su atención». Añadía que «llega a tal grado esta confianza, que las señoritas salen de su casa, toman la diligencia y sin acompañante se transportan de pueblo a pueblo. […] ¡Qué bueno sería esto entre nosotros!»48. Hay pintorescas ideas también sobre la condición femenina en un librito anónimo publicado en Londres en 1824 con el sugerente título Gimnástica del bello sexo, o Ensayos sobre la educación física de las jóvenes. Se atribuye a José Joaquín de Mora, prolífico escritor exiliado en Londres y autor, asimismo, de unas Cartas sobre la educación del bello sexo. La Gimnástica mezcla curiosos conceptos morales y pedagógicos que oscilan entre una cierta modernidad liberal aplicada a la mujer, por ejemplo en la preocupación por el bienestar de su cuerpo, y un paternalismo al viejo estilo: «El verdadero preservativo contra todos los males en la niñez y en la juventud es la más ciega obediencia a los padres». Ilustra esta máxima con el percance sufrido por la pequeña Amelia al jugar con el aro ladera abajo desobedeciendo así a su madre. Desde aquel día en que cayó rodando entre los matorrales, Amelia «fue una hija obediente y sumisa»49.

Una de las pocas excepciones, ciertamente importante, a la inactividad política de las exiliadas fue Juana de Vega, la mujer de Espoz y Mina. Incluso en este caso, resulta patente su deseo de permanecer en un segundo plano y disimular su protagonismo en la vida pública del general, por ejemplo, como autora real, según todos los indicios, de las memorias de su marido, publicadas en 1825 bajo el título Breve extracto de la vida del general Mina. No era todavía la versión completa y definitiva de su autobiografía, editada años después de su muerte, pero desde el punto de vista comercial y político la edición del Breve extracto debió de ser una excelente operación: en un par de años aparecieron dos ediciones bilingües en Londres, una, también bilingüe, en París y cuatro en Lisboa. Juana de Vega afirma en sus memorias que en 1830, al quedarse Mina sin su secretario particular, tuvo ella que asumir esa función, «aunque con mucha repugnancia»50. Hay motivos para creer que desde el principio del exilio estuvo trabajando estrechamente con su esposo en tareas que iban más allá de la redacción del Breve extracto, hasta el punto de que en torno a ella se habría constituido una especie de lobby liberal, que un autor denomina «la casa de Juana», del que formarían parte personajes de la importancia de Argüelles, Gil de la Cuadra y Mendizábal51. Tanto en el mundo del exilio, sobre todo entre los adversarios de Mina, como entre la policía francesa, una vez el matrimonio trasladó su residencia a Francia, estaba muy extendida la idea de que Juana de Vega ejercía una influencia decisiva en su marido. Un caso análogo, aunque mucho menos conocido, es el de Isabel de Castellar, casada con el mariscal de campo José de Castellar, refugiada primero en Londres, luego en Jersey y finalmente en Francia. Un espía español, autor en 1826 de un extenso informe sobre los exiliados en Inglaterra y Bélgica, se mostraba convencido de que «esta señora, a quien se supone mucho más talento que a su marido, está encargada de su correspondencia»52.

Pero en la mayoría de los casos la vida de las españolas en Inglaterra discurrió por otros cauces, dentro de un mundo muy cerrado, de familias relacionadas entre sí por lazos políticos que solían serlo también de amistad, profesión o paisanaje. La fuerza de esos vínculos y la sensación de formar una comunidad nacional a pequeña escala se aprecian en sus movimientos al unísono por la geografía de la emigración: primero residieron en Londres, luego muchas de ellas se trasladaron a la isla de Jersey, parece que huyendo del temido clima londinense, y finalmente, a partir de 1830, fueron recalando en Francia, hasta volver a España en 1833. La migración en masa de Londres a Jersey no escapó a la atenta vigilancia de la policía francesa, que no perdía de vista las actividades de nuestros exiliados. De los doscientos españoles detectados en la isla en 1826 —sobre algo más de mil para toda Inglaterra—, se habría pasado a 680 tres años después, la mayoría oficiales del ejército constitucional acompañados de sus familias53.

Pocos casos muestran mejor la naturaleza endogámica del destierro que la trayectoria familiar y sentimental de Teresa Mancha, exiliada en Portugal y en Inglaterra con su padre, el coronel Epifanio Mancha; con su madre, Amparo Arroyal, y con sus cuatro hermanos; casada en Londres a los dieciséis años con un emigrado, Gregorio de Bayo, y amante de otro ilustre refugiado político que pasaba por allí, el poeta José de Espronceda, que le dedicó años después su Canto a Teresa. Cuando vivían en Londres, ella y sus hermanas —leemos en 1829 en un periódico de la emigración— se dedicaban a bordar «con el mayor primor brazaletes, sacando de esta industria auxilios para socorrer su indigencia honrada». El destierro tuvo en muchos casos ese efecto nivelador fruto de la necesidad, que llevó a algunos hombres y mujeres a romper con prejuicios muy arraigados, también entre los liberales, y a descubrir la dignidad del trabajo manual como forma de ganarse la vida. Si la esposa del general Gómez Butrón confeccionaba «velos a la moda francesa», el capitán Regal —leemos en un periódico del exilio— bordaba «primorosamente con mostacilla»54, el teniente Galdós —tío del escritor— aprendía el oficio de sastre para que su familia y él tuvieran de qué vivir55 y el aguerrido coronel Rotalde subsistía fabricando «collares y adornos de oro, de coral y pasta para señoras, con el mayor primor»56. Quién le iba a decir a este conocido revolucionario, con fama de liberal exaltado y de consumado duelista, que acabaría vendiendo abalorios para señoras fabricados por él. Ya se ve que el destierro suponía adaptarse no sólo a una nueva lengua y a unas nuevas costumbres, sino también a unos valores distintos de aquellos en que se habían educado muchas de estas familias españolas.

En la biografía de Paulina Canga Argüelles, como en la de Teresa Mancha, el exilio fue el hilo conductor que unió sus orígenes familiares con su vida sentimental. Exiliado fue su padre, el exministro José Canga Argüelles, y exiliado su marido, el general Pedro Méndez Vigo, otra eminente figura de la emigración liberal en Inglaterra, como lo fue ella misma por otras razones. En Londres prosiguió sus estudios de canto, que había iniciado en 1821, todavía en Madrid, a los dieciséis años, y hacia 1825 dio sus primeros recitales, que le valieron muy pronto el reconocimiento del público londinense. Dos años después, quiso cambiar Londres por París como escenario de sus triunfos, no se sabe si por motivos de salud, tal como ella dijo, o profesionales, pues al parecer ambicionaba un contrato en la Ópera de la capital francesa. En vista de los antecedentes de «la mujer del revolucionario [Méndez] Vigo», el embajador español optó por denegarle el pasaporte57. Es extraño, porque sabemos que Paulina acababa de estar en París en compañía de una hermana pequeña y una sirvienta. Allí fue sometida a una estrecha vigilancia policial, por el temor a que, «aprovechando que, en razón de su sexo, no inspira ninguna sospecha», pudiera ser portadora de «comunicaciones importantes», se supone que de tipo político. La policía creyó que estaba a punto de descubrir la misión secreta que la había llevado a Francia y que con ello podría prestarle un gran servicio al gobierno español, pero los informes sobre sus actividades no son en absoluto concluyentes58.

Parece que, en el fondo, lo que quería era volver a España. Así lo hizo por fin en 1831 sin calcular el riesgo que corría. Al poco tiempo fue detenida por la policía española, que desde 1825 tenía noticias de sus andanzas en el exilio y de sus planes de regreso. La prensa inglesa dio cuenta inmediatamente de su detención, bajo la acusación de haber sostenido económicamente a su marido, cosa cierta, pero que fue interpretada como un apoyo económico a la revolución59. Cuatro años después, The New Monthly Magazine incluía una breve autobiografía escrita por ella en 1828, firmada «Pabla Canga Argüelles de Vigo». Fue la única mujer entre la docena de personajes cuyos «autobiographical sketches» publicó el periódico londinenese como tributo a aquellos liberales españoles que habían vivido exiliados en Inglaterra. Al final de esas pocas líneas, Paulina decía sentirse orgullosa de haber descubierto la belleza de la música española al indulgente público inglés60.

Otras jóvenes emigradas aprovecharon también su estancia en Inglaterra para instruirse. Ya hemos visto que Manuela Sardi aprendió varios idiomas, además del inglés, y que siendo todavía muy joven inició una notable carrera como cantante, lo mismo que Paulina Canga Argüelles y que María Felicia García. La famosa Malibrán, como sería conocida esta última, debutó con gran éxito en el Royal Theatre de Londres en junio de 1825 y en poco tiempo se convirtió en una de las grandes sensaciones del bel canto, aunque hay que decir que ni ella ni sus padres, el tenor y maestro de canto Manuel García y la soprano Joaquina Briones, se encontraban en Londres como refugiados políticos. Sí lo era otra joven española, posiblemente de ascendencia inglesa, Micaela Nesbitt Calleja, exiliada con su madre primero en Inglaterra y luego en Francia. Sin duda, Micaela consiguió ampliar la sólida formación que tenía ya al salir de España: en 1817, a los dieciséis años, había traducido del francés la novela Zulima y en 1820, a los diecinueve, era admitida como académica de mérito en la Real Academia de San Fernando, a la que siguió vinculada tras su regreso a España en 183361. En 1854 traduciría al español The Old English Baron, novela gótica de la escritora británica Clara Reeve. No hay que descartar que Micaela se hubiera casado con un inglés, porque firma su traducción como Micaela Nesbitt de Percebal.

El destierro fue también, como se ve, una gran oportunidad para algunos de ensanchar sus horizontes intelectuales y adquirir unos conocimientos que hubieran sido impensables sin salir al extranjero, empezando por el idioma del país, aprendido principalmente por los más jóvenes. En cambio, para los exiliados de cierta edad la barrera lingüística, que muy pocos se propusieron superar, reforzaba el sentimiento de pertenencia a una comunidad viva, que mantenía intactas sus señas de identidad y con ellas la esperanza de un pronto retorno. Bien es cierto que en Inglaterra el conocimiento del francés permitía hacer una vida social bastante activa cuando uno tenía la suerte de ser invitado a las comidas y reuniones de la buena sociedad londinense. Pero eso quedaba para unos pocos privilegiados. Así lo recordaba Juana de Vega, que asistía, «como era natural», a las frecuentes recepciones con las que era agasajado su marido y en las que, al hablar francés «con facilidad» —lo mismo que su esposo—, nunca tuvo problemas para relacionarse con los demás invitados. Se quejaba, en cambio, de la frialdad que Mina encontró en el duque de Wellington en el poco trato que tuvieron en Londres. No era el duque lo que se dice un enamorado de España y su opinión sobre los españoles resultaba manifiestamente mejorable, con la excepción de su buen amigo el general Miguel Ricardo Álava, cuyo retrato se puede contemplar aún hoy en día en un rincón del comedor de gala de Apsley House.

El nombre de Wellington aparece relacionado a menudo con los subsidios a los exiliados concedidos por el gobierno británico a través del «City Committee for the relief of the Spanish Refugees», aunque hay que decir que una parte de esa ayuda económica procedía de la sociedad civil más liberal, con donaciones individuales, colectas, suscripciones y veladas benéficas encaminadas a recaudar dinero para tal fin. Entre las organizaciones que fomentaron la solidaridad con los refugiados y sus familias figuraba un comité de señoras creado en 1827 al norte de Londres con el nombre de «Ladies Committee for the relief of the Spanish refugee families»62. Al contrario que en el caso anterior, el interés de Wellington respondía más a razones prácticas que filantrópicas, tal como él mismo, siendo primer ministro, le dio a entender a su Foreign Secretary, Lord Aberdeen, en un memorándum de septiembre de 1828. Debe de ser la fecha en que Carmen Sardi informaba sobre esta misma cuestión a una amiga suya: «El comité se ha acabado y no tenemos nada con que contar»63. Al parecer —leemos en el memorándum de Wellington—, el City Committee encargado de ayudar a los exiliados se había quedado sin fondos. Eso obligaba al gobierno a tomar cartas en el asunto, para evitar el mal efecto que causaría que militares y altos funcionarios españoles que habían luchado con los ingleses en la guerra contra Napoleón se acabaran muriendo de hambre por las calles. Nada más lógico, pues, que hacer algo por atenderles, pero limitando la ayuda a los refugiados verdaderamente importantes, y no, como había hecho el comité, concediendo sin ningún criterio unos subsidios que habían provocado la llegada a Inglaterra de proscritos de todos los países en busca de ayuda económica. El resultado estaba a la vista: el dinero se había acabado y el país se había llenado de refugiados.

La única solución, según Wellington, consistía en conseguir que Fernando VII concediera una nueva amnistía —pero esta vez de verdad— que permitiera el regreso de los expatriados. Para ello había que recurrir a argumentos que pudieran excitar, ya que no su generosidad, por lo menos su vanidad, convenciéndole de lo beneficioso que sería para su imagen aparecer como un rey magnánimo que perdonaba a sus enemigos. El frío memorándum del duque, despojado hasta aquí de cualquier sentimentalismo, concluía, sin embargo, con un inesperado elogio a los exiliados españoles, cuyo comportamiento como huéspedes de Gran Bretaña no había dado lugar ni al más leve motivo de queja contra ninguno de ellos —«… the slightest ground of complaint against any of them»—64. Es lo más cerca que Wellington estuvo de mostrar alguna simpatía por la emigración liberal española. En todo caso, cualesquiera que fueran las motivaciones del duque, su interés en el asunto permitió que los refugiados volvieran a recibir el apoyo económico del gobierno británico, una vez se descartó la posibilidad de una nueva amnistía en España.

El exilio en Francia hasta 1830

Mientras tanto, Francia vivía, sin saberlo, los últimos años del reinado de un Borbón. Carlos X, sucesor de su hermano Luis XVIII, fue coronado rey en 1825 y destronado cinco años después como consecuencia de las tres jornadas gloriosas de julio de 1830, que dieron paso a una monarquía liberal encarnada en Luis Felipe de Orleáns. La caída de Carlos X y su régimen provocará la llegada a Francia de aquellos españoles que hasta entonces habían vivido en Inglaterra y que, como otros liberales europeos, vieron en la revolución de 1830 la esperanza de un cambio general en Europa. En todo caso, conviene recordar que antes de esa fecha existía ya en Francia un importante contingente de refugiados, sobre todo en los departamentos del sur. La mayoría de ellos había llegado en 1823 como cautivos de los Cien Mil Hijos de San Luis y al obtener la libertad un año después, en vez de partir para Inglaterra o regresar a España, prefirieron permanecer en Francia. De esta forma, muchos antiguos miembros del ejército constitucional español pasaron a ser refugiados políticos en el país que un año antes los había deportado como prisioneros de guerra. Constituían una comunidad numerosa, pero mucho menos relevante en términos políticos o culturales que la colonia española en Inglaterra. Sus actividades, limitadas en general a la mera supervivencia, fueron objeto de un estricto control policial.

La policía francesa funcionaba, desde los tiempos de Napoleón, como una maquinaria altamente eficiente dedicada a reunir información relacionada con la seguridad pública, entendida en un sentido muy amplio. Se puede decir que nada le era ajeno: entradas y salidas del país, movimientos de transeúntes, conversaciones privadas, incidentes de orden público, rumores, personajes notables, individuos anónimos, hombres, mujeres… No hace falta decir que la vida de los refugiados extranjeros fue motivo de especial atención por su parte, sobre todo si eran españoles, dado el interés del gobierno de Fernando VII en ser puntualmente informado de lo que pudieran tramar sus enemigos políticos en Francia.

La documentación policial registra una notable afluencia de españolas que cruzaban la frontera o arribaban a los puertos franceses en busca de sus padres o sus maridos exiliados. En ocasiones se marcharon de España con ellos, formando parte así del ejército constitucional cautivo y convirtiéndose ellas también, en cierta forma, en «prisioneras de guerra». Las había asimismo, como se ha visto, que llegaban huyendo de la persecución que en sus pueblos y ciudades de origen sufrían por sus propias responsabilidades políticas o las de sus familias. No es que en Francia se las recibiera con los brazos abiertos, pero en general no fueron molestadas ni menos aún devueltas a España, salvo que cometieran delitos comunes, como robo, prostitución o asesinato. Tal es el caso de Margarita Casanova, extraditada en 1826 con su marido y otro hombre, todos ellos acusados de la muerte de un cura y su criada en Besalú (Gerona). Se insinuaba además un turbio pasado revolucionario en los autores del crimen, pero sin llegar a establecerse una conexión entre una cosa y la otra65. Por el contrario, las autoridades francesas se negaron a extraditar a una tal Antonia Granell, supuestamente raptada por un antiguo soldado del ejército constitucional, Ramón Serra, afincado en Montauban como refugiado político. El padre de Antonia requirió su regreso a España, así como la detención del supuesto raptor; el corregidor de Lérida solicitó la extradición de ambos y hasta el arzobispo de Toulouse tomó cartas en el asunto presionando para que se encarcelara a la pareja. Pese a ello, la dirección general de policía se mostró inflexible: ella era mayor de edad y había llegado a Francia por su propia voluntad al encuentro de Serra, con quien acababa de tener un hijo. Que el padre de la criatura fuera un exiliado liberal no cambiaba las cosas. No había rapto ni delito, luego no podía haber extradición66.

Algunas españolas despertaron un particular interés en la policía, tanto por disfrutar de un estatus elevado que las hacía supuestamente más peligrosas como por su intensa vida social, con todo lo que eso suponía, sobre todo si la interesada residía en París: salones, tertulias, juegos de azar, intrigas políticas… Todo ello explica el seguimiento constante llevado a cabo por la policía francesa de la vida de estas grandes damas del exilio, por más que, en la mayoría de los casos, se tratara de un exilio voluntario, que no les impedía viajar a España de vez en cuando. Sus nombres son Manuela Álvarez Coíñas, esposa del diputado y financiero Joaquín María Ferrer; Magdalena Fernández de Córdoba, marquesa de Astorga; la señora de Salazar; la condesa de Chinchón, esposa de Godoy; la hermana de Mariano y José María Carnerero; la duquesa de Híjar; la marquesa de Castel Bravo; María Pía Villanova, sobrina del canónigo Juan Antonio Llorente, y Mariana Pontejos Sandoval, marquesa de Pontejos. Aun sabiéndose víctimas del espionaje policial, que sometía su intimidad a un auténtico saqueo, sus inclinaciones liberales y su refinado estilo de vida se acomodaban mejor a la sociedad parisiense que a la Corte de Fernando VII.

La mayoría de ellas se movían en los mismos círculos sociales y mantenían alguna relación entre sí. La marquesa de Castel Bravo de Rivero —probablemente María Josefa Aliaga y Borda— hizo en dos años el viaje de ida y vuelta de España al exilio. Primero residió brevemente en Burdeos, donde coincidió con el escritor Leandro Fernández de Moratín, que en febrero de 1824 decía estar «hasta el cogote» de los aristócratas españoles recién llegados a la ciudad tras huir o ser expulsados de España: «En saliendo a la calle, no vuelvo la vista a ninguna parte sin que tropiece con un marqués o una marquesita». Era como si el absolutismo español hubiera proscrito a todos los nobles, «según la inundación de ellos que nos ha venido hacia acá»67. La marquesa de Castel Bravo alquiló en Burdeos una céntrica mansión junto al río y al cabo de unos pocos meses partió hacia Inglaterra. En abril de 1825 llegaba a París procedente de Calais en compañía de su hija y de un hermano suyo, coronel español de «opiniones revolucionarias». En la capital francesa permaneció varios meses vigilada por la policía. Asistía diariamente a los principales espectáculos de la capital y acumulaba al parecer grandes deudas. Pasaba —leemos en un informe policial— por ser una «intrigante» y por haber apoyado al gobierno constitucional, aunque otro informe negaba que se tratara de una persona peligrosa. Comoquiera que sea, en septiembre de 1825 se le extendía pasaporte para volver a España por Bayona68.

De origen peruano, como la anterior, Manuela Álvarez se instaló en París en mayo de 1824, tras desembarcar en Rochefort procedente de Cádiz. La administración francesa, probablemente informada por la embajada española, estaba al corriente de su llegada, de su itinerario y de sus antecedentes. A su marido, Joaquín María Ferrer, se le califica nada menos que de «jefe del partido republicano», y a su padre, rico negociante peruano, se le atribuyen opiniones «muy liberales». Con semejante tarjeta de visita, era inevitable que la policía siguiera atentamente los pasos de Manuela. No costó mucho averiguar el tipo de vida que hacía en París. Iba con frecuencia al teatro, salía a pasear con su marido y, lo más importante, en su casa de la Rue Bleue celebraba reuniones sociales de alto nivel, con asistencia del conde de Toreno, exdiputado y exministro liberal; la hermana de Mariano Carnerero —turbio personaje metido en mil asuntos políticos y financieros—; el duque de San Carlos, y la marquesa de Pontejos, cuya presencia nunca podía faltar en estos ambientes. De ese mismo año data un retrato de Manuela Álvarez realizado por Francisco de Goya, también exiliado en París, lo mismo que su mujer, Leocadia Zorrilla. Cuatro años después, en mayo de 1828, Manuela y su marido seguían en la capital francesa haciendo planes para ir con sus hijos a Spa a tomar las aguas. La policía no les perdía la pista69.

La duquesa de Híjar, la marquesa de Astorga y la condesa de Chinchón —retratada por Goya en 1800— aparecen vinculadas a la facción moderada del liberalismo en el exilio. Así consta en un informe elaborado para el ministro de policía francés en julio de 1824, en el que se destacaba la importancia que los salones de estas señoras tenían como lugar de encuentro de una cierta élite social e intelectual española afincada en París, pero que contaba con amplias ramificaciones tanto dentro de España como en Inglaterra y Portugal. La vigilancia policial sobre la duquesa de Híjar abarca varios años a partir de 1824 y, como en otros casos similares, permite acceder a una compleja trama de relaciones personales en la que es difícil disociar la actividad política de la vida puramente mundana. En su casa en la Rue Neuve des Mathurins, se trataban a diario las cuestiones palpitantes de la emigración, pero no sólo. Hay diplomáticos, aristócratas, conspiradores natos y simples aventureros, que acudían atraídos por la chismografía política que circulaba por los salones de la duquesa y por la posibilidad de ganar grandes sumas de dinero en las timbas que se organizaban todas las noches. Entre los asiduos figuraban el conde de Toreno y el coronel Domingo Mateos, personajes característicos de ese submundo de intrigas de todo tipo que era el exilio aristocrático español en París, en el que se trabaron algunas amistades peligrosas, como la que al parecer existía entre la duquesa de Híjar y el coronel Mateos. Al menos, la policía no dejó de señalar esa liaison como posible causa de la racha de buena suerte que durante algún tiempo favoreció al coronel en la mesa de juego en aquellas partidas que, casualmente, tenían a la duquesa como anfitriona70.

A Mateos se le atribuye, asimismo, una relación íntima con la condesa de Chinchón, María Teresa de Borbón y Vallabriga, tía de Fernando VII y esposa de Godoy, también en París, aunque retirado del mundo. La pareja se había separado hacía años y la condesa vivía a su aire, llevando un gran tren de vida que no siempre se correspondía con sus posibilidades económicas. De ahí algunas operaciones de compraventa de cuadros en las que intervino el coronel, acompañante suyo en varios viajes por Europa. En París, cada uno tenía domicilio propio e intentaba burlar la vigilancia policial cambiando de nombre. Pero hacía falta algo más que eso para despistar a la policía francesa, que seguía de cerca sus pasos y estaba al corriente de sus viajes, de sus intrigas, de sus relaciones íntimas y de sus antecedentes políticos. A él, que desempeñó un papel de cierta importancia en el Trienio, se le relacionaba con el asesinato del cura Vinuesa en 1821 y de ella se afirmaba que «sus opiniones liberales parecían muy exaltadas», además de recordarse su matrimonio con Godoy y su parentesco con Fernando VII. Era el tipo de historia que hacía feliz a la policía borbónica, cada vez más decantada hacia la reacción, porque demostraba hasta qué punto el liberalismo político iba unido al libertinaje moral, si es que no era su causa, sobre todo cuando se trataba del liberalismo de los privilegiados. Por si faltaba algo, nadie en París ignoraba —leemos en un informe de finales de 1825— que la condesa pagaba de su bolsillo los gastos y los vicios del coronel y que éste le correspondía tratándola con «extrema brutalidad». El asunto no podía acabar bien y al final, tras varias sonadas discusiones y harta de los malos tratos del coronel, la de Chinchón decidió cortar por lo sano y echarle de su lado. A partir de entonces, ella se hizo íntima del matrimonio González Arnao —él, antiguo afrancesado y, según la policía, con fama de usurero— y el coronel empezó una vida de gasto desenfrenado con la fortuna amasada junto a la condesa71.

Entre las amistades de esta última se encuentra Magdalena Fernández de Córdoba y Ponce de León, marquesa de Astorga y condesa de Altamira, nacida en en 1780 y viuda desde los treinta y seis años. Refugiada en Cádiz durante la Guerra de la Independencia, había traducido y prologado, como se vio en su momento, el libro del abate Mably Des droits et des devoirs des citoyens, obra emblemática del pensamiento político de la Ilustración. Como se trataba de una edición anónima, las avanzadas ideas de la marquesa, plasmadas en el prólogo, debieron de pasar relativamente inadvertidas, por lo que salió bien librada de la restauración absolutista de 1814. Restablecida seis años después la Constitución, Magdalena viajó a Francia a tomar las aguas, volvió a España y al cabo de unos meses, ya en pleno hundimiento del régimen liberal, decidió partir de nuevo al país vecino, en lo que parece el comienzo de un exilio voluntario. Se anticipaba así a posibles represalias por su liberalismo más o menos platónico, que le costó ser desposeída de sus cargos y honores en Palacio por decisión de Fernando VII. Por entonces se encontraba ya en París iniciando una nueva vida en compañía de su hijo y de un antiguo afrancesado y guardia de corps, Juan de Dios Govantes, que pasaba por ser su administrador. A la policía francesa le constaba, sin embargo, que Govantes y la marquesa mantenían una relación sentimental que venía de lejos y que, según algunas fuentes, habría dado lugar a un matrimonio secreto como forma de preservar el estatus de la marquesa y la renta que percibía por su viudedad.

En cambio, sus ideas políticas no tenían ningún misterio: ambos profesaban un liberalismo de salón que, en el caso de ella, se habría atemperado bastante desde aquellos lejanos tiempos —se habla de 1809— en que eran públicos sus «muy democráticos» principios72. A él se le asociaba con la facción moderada, pero sobre todo se le tenía por un hombre gris, sin instrucción ni personalidad alguna. Hasta para intrigar y conspirar hacía falta un talento del que, en opinión de la policía, Govantes carecía por completo. A la marquesa de Astorga, por el contrario, se la consideraba «intrigante por carácter y revolucionaria por instinto», una definición que se repite a menudo en informes policiales referidos a mujeres como ella, representativas de una cierta condición femenina. Son las más temidas, pero también las más admiradas: señoras de mundo, dotadas de un encanto especial, inteligentes —o intrigantes, que para la policía viene a ser lo mismo— y, en el fondo, muy superiores a los hombres con quienes comparten su vida. Magdalena Fernández de Córdoba cumplía con creces todos esos requisitos, incluido el de la mediocridad de su hombre, amigo de personajes como el coronel Mateos y el marqués de Pontejos. Con eso estaba dicho todo. La pareja regresó a España en 1828, después de haber participado en diversas operaciones políticas y financieras y de haber vendido en subasta la valiosa biblioteca de la casa de Astorga, compuesta de varios miles de libros y manuscritos. El capital reunido no bastó para mantener por mucho tiempo el tren vida que llevaban en París. Ésa pudo ser la razón de su vuelta a Madrid, donde Magdalena murió dos años después tras sufrir una caída al salir del baño73, una muerte tonta donde las haya para quien había vivido en tiempos tan convulsos y conseguido sobrevivir a varias guerras y a otras tantas revoluciones y contrarrevoluciones.

Mariana Pontejos Sandoval, marquesa de Pontejos y condesa de Ventosa, nacida en 1762, era, con diferencia, la de mayor edad de las grandes damas de este exilio dorado español en París. Superaba también en cerca de treinta años a su marido, Joaquín Vizcaíno, antiguo militar al que fuentes francesas calificaban, un poco a la ligera, de «liberal exaltado». Entre la muerte de su mujer en 1834 y la suya propia en 1840, fue corregidor de Madrid, jefe político, procurador y senador. «Vigilancia atenta»: así, como si fuera una prescripción médica, concluía una nota policial sobre la marquesa de Pontejos redactada en fecha desconocida, probablemente a mediados de los años veinte74. Mariana lo tenía todo para justificar el interés de la policía. Se le atribuían «opiniones revolucionarias», un especial talento para la intriga y una envidiable posición económica, que le permitió ayudar a muchos exiliados. Además, su casa constituía el principal centro de reunión de los revolucionarios españoles en París. El hecho de que Mariana acudiese regularmente a misa a la iglesia de Saint-Sulpice no cambiaba un ápice la opinión que la policía tenía de su actividad política y de su vida privada, marcada por su relación marital con alguien como Vizcaíno: un intrigante, un hombre sin escrúpulos, un aprovechado. ¿Llevaba la marquesa una doble vida, como mujer devota de día e intrigante de noche, cuando abría sus salones a tahúres y conspiradores de la peor especie? ¿No serían sus visitas a Saint-Sulpice una forma de confundir a la policía? Frente a la mala opinión que mereció su marido, los informes sobre ella dejaban abierta la cuestión de sus verdaderas motivaciones, sin descartar que fuese sincera en su devoción religiosa, en su liberalismo político y en su relación conyugal. Puede que todo ello la hiciera menos culpable, pero a los ojos de la policía no sería desde luego menos peligrosa.

Hay otras damas españolas en París que aparecen también como anfitrionas o invitadas en las reuniones mundanas del exilio más elitista. En casa de la señora Salazar —esposa probablemente de Juan Bautista Salazar, amigo de Moratín— se celebraban en 1824 veladas musicales con asistencia de los miembros más conspicuos del grupo aristocrático, entre ellos «Mademoiselle Carnerero», hermana de Mariano y José María y vinculada a su vez a la condesa de Chinchón y al omnipresente coronel Mateos75. Se sabe poco de las relaciones que en los salones del exilio mantenían personajes tan variopintos, unos procedentes del liberalismo doceañista, como la marquesa de Astorga, el conde de Toreno, Martínez de la Rosa o el coronel Mateos, y otros, antiguos enemigos suyos en el campo afrancesado, como los hermanos Carnerero o Juan de Dios Govantes, el marido secreto de la de Astorga. Cabe imaginar que Govantes y la marquesa recordarían de vez en cuando aquellos tiempos lejanos de la Guerra de la Independencia, cuando ella sufría en Cádiz el asedio francés a la ciudad y él rendía pleitesía a José Bonaparte y recibía de sus manos la Real Orden de España, llamada por los patriotas la orden de la berenjena. Aquel ambiente distendido y promiscuo del París de la Restauración y los buenos oficios de algunas anfitrionas de postín, como Manuela Álvarez, la marquesa de Pontejos, la señora Salazar o la condesa de Chinchón, hicieron mucho, sin duda, por reconciliar a un puñado de liberales y afrancesados que alcanzaron el poder a partir de 1833 en las filas del liberalismo moderado, fórmula ecléctica que, según la policía francesa, definía sus posiciones políticas ya en los años veinte.

La realidad del exilio femenino en Francia tenía poco que ver, sin embargo, con el mundo exclusivo y algo frívolo de los salones de la capital. Para la mayoría de las exiliadas españolas, la emigración fue una dura prueba a su capacidad de supervivencia, en la que tan sólo contaron con sus pocos recursos o los de su familia. Cuando perdían a su padre o a su marido y vendían lo poco que tenían, ya sólo les quedaba la posibilidad, a veces remota, de trabajar o la ayuda esporádica de las autoridades o de sus compañeros de infortunio. Ésta fue la situación más común hasta la revolución de 1830. Aunque las relaciones con la población local no siempre resultaron fáciles, hay ejemplos de la solidaridad dispensada a los más desfavorecidos. Cuando el gobierno francés, atendiendo una petición del embajador español, ordenó a los refugiados abandonar el departamento de los Pirineos Orientales, fronterizo con España, un grupo de mujeres de Perpiñán decidió organizar una suscripción para ayudar a las españolas, la mayoría madres de familia, que se veían separadas temporalmente de sus maridos. La viuda del general Lacy, que gozaba de gran renombre y autoridad entre sus compatriotas, quedó encargada de repartir entre las más necesitadas el dinero recaudado76. Es un caso excepcional de asociacionismo femenino como respuesta a la adversidad, porque da la sensación de que, salvo el minoritario y elitista grupo de exiliadas en París, las demás apenas desarrollaron una vida social propia, entre sí o con su entorno. Queda la duda de si esa impresión que transmiten las fuentes responde a una realidad o es fruto más bien de la tendencia de la policía francesa a tratar el fenómeno de la emigración individualmente, por medio de dosieres personales que acaban pareciendo un conjunto de casos aislados y relativamente inconexos. Esta visión atomizada del exilio afecta aún más a las mujeres, al quedar fuera del mundo de la conspiración, necesariamente asociativo, y depender muchas de ellas de un padre o un marido que solía acaparar toda la atención de la policía.

La cosa cambiaba por completo cuando se trataba de una mujer sola campando a sus anchas por el país. Ante un caso así siempre se disparaban las alarmas. En agosto de 1827, la prefectura de policía de Perpiñán fue advertida de la próxima llegada a la ciudad de una española, Cayetana Soler, esposa de un refugiado liberal, que acababa de desembarcar en Calais procedente de Inglaterra y se disponía a regresar a Cataluña. Había motivos para creer que era portadora de correspondencia secreta que se trataba de introducir en España, por lo que se ordenó un minucioso registro de sus pertenencias antes de cruzar la frontera. Así se hizo, pero todo lo que se le encontró fueron algunos papeles estrictamente familiares. Otras veces, en cambio, la suspicacia de la policía estaba más que justificada77. A Teresa Rovira, detenida en Perpiñán en 1829, se la tenía por impostora y vagabunda, al mismo tiempo que se la relacionaba con las partidas revolucionarias que por entonces pretendían penetrar en Cataluña. Y así era. Su marido, Ramón Xaudaró, llamado «el Marat barcelonés», con el que se exilió en 1827, andaba preparando una insurrección armada en la Cerdaña, mientras ella intentaba despistar a las autoridades francesas con sus continuos cambios de nombre, sus airadas peticiones de justicia y su actitud provocadora, que incluía, según la policía, escándalos públicos y amenazas a la autoridad78.

En otros casos, es difícil saber si la desconfianza policial tenía alguna base. El prefecto de policía de Saint-Malo, en Bretaña, se sintió conmovido por la «profunda miseria» en la que se encontraba una viajera española al embarcarse para Inglaterra en aquel puerto. Se llamaba Vicenta Hurtado, y había sido abandonada por su marido, sargento del ejército constitucional. Sin embargo, cuando, al cabo de algún tiempo, regresó al mismo puerto procedente de la isla de Jersey, al prefecto de policía, que la recordaba perfectamente de su viaje de ida, le sorprendió verla bien vestida y provista de algún dinero. Lo más probable, piensa el prefecto, era que se hubiese convertido en agente de los refugiados españoles y fuese portadora de papeles reservados79. Con Teresa Gual ocurre algo parecido. Tras recorrer Francia con pasaporte de indigente, un buen día apareció por la prefectura de Haute-Marne rolliza, bien vestida y con un equipaje que inmediatamente despertó las sospechas de la policía: una maleta, una caja y un bolso muy cargado. Había que estar ciego para no ver que ahí había gato encerrado, y aunque el registro de su equipaje y de sus papeles no descubrió nada reseñable, más allá de una correspondencia amorosa bastante subida de tono, al prefecto nadie le quitó de la cabeza que Teresa Gual pertenecía a una organización política que la utilizaba como correo80. Nunca se sabía lo que podía esconder una mujer en tránsito por algún puesto policial, por mucho que sus papeles estuvieran en regla, como ocurre con María Jané cuando a principios de 1824 se dirigió a Holanda desde Marsella. Estaba casada, viajaba con una criada y en su pasaporte, fechado en Barcelona en diciembre de 1823, figuraba como propietaria. Todo parecía en orden, pero las autoridades francesas decidieron someterla a «una atenta vigilancia», seguramente por ir acompañada de tres señores —Gironella, Serra y Franch— que tuvieron que huir de Barcelona, como ella misma, a causa de sus antecedentes políticos81.

En casos como el suyo, la policía se regía por su conocido teorema sobre la condición femenina: toda mujer con un cierto grado de independencia económica y personal y alguna vinculación con el liberalismo era, necesariamente, una intrigante. A María Martínez, esposa de un coronel, sobrina de un clérigo y madre de un joven que estudiaba en el Collège Royal de Lyon, se la tenía por una «peligrosa intrigante», que estaba volviendo loca a la policía con sus viajes por Francia, sus parentescos imaginarios y sus historias conmovedoras sobre las desgracias de su vida. Decía estar esperando la llegada de alguien que debía venir de Inglaterra en su ayuda, pero la policía no la creyó, como no se creyó lo del coronel, lo del cura o lo del hijo en Lyon. Se le ofreció dinero para que volviese a España, con tal de que dejase de enredar, y después de aceptarlo consiguió permanecer en el sur de Francia con uno u otro pretexto. En un informe policial se deslizaba una explicación a tan insólito e irritante comportamiento: ¿y si la tal Martínez estuviera traficando «con sus encantos»?, explicación no tan extraña a fin de cuentas, porque ya se ha visto que, tratándose de una mujer, para la policía francesa liberalismo y libertinaje eran como vasos comunicantes82.

No llega a tanto María Pía Villanova, pero, según la policía, la vida privada de esta española, viuda de un tal Rubio y sobrina del difunto canónigo Juan Antonio Llorente, de quien habría heredado sus manuscritos, tenía también su lado oscuro. «Sus malos principios políticos son bien conocidos», leemos en un informe de 1825. Recibía correspondencia del interior de España que la mantenía informada sobre planes revolucionarios en Galicia y Portugal. No obstante, consiguió permiso para viajar a Madrid en septiembre de aquel año, poco después de haberlo hecho a Inglaterra en compañía de Miguel Lavín, un negociante de Madrid, de cuarenta y un años —uno más que ella—, con el que se decía que vivía maritalmente, apenas unos meses después de haber enviudado. Las noticias sobre la vida social de la pareja son contradictorias. Se les atribuían conciliábulos con otros españoles en su casa de París, en la Rue Coquillière, pero también se afirmaba que vivían alejados de todo el mundo. No hay duda en todo caso de las simpatías liberales de María Pía, que se sentía optimista sobre el futuro del partido constitucional en la Península y hablaba incluso del próximo estallido de una guerra. Aun careciendo de fortuna propia, se ganaba bien la vida con un negocio de exportación a España de artículos de moda, un sector que conocía perfectamente por haber tenido una tienda de ropa en la calle Montera de Madrid83. Su expediente policial nos muestra a una mujer libre en todo lo que hace: se había unido libremente a Lavín, profesaba «malas doctrinas políticas» —es decir, ideas liberales— y su negocio le daba lo necesario para vivir sin depender de nadie. Se aseguraba que había recibido una jugosa oferta de dos libreros de Burdeos por publicar los manuscritos de su tío el canónigo Llorente, uno de ellos titulado Libertad y España. Un hermano suyo que vivía en España le aconsejó que esperase un poco antes de venderlos, porque esos manuscritos podían valer mucho más de lo que le ofrecían84. La policía creía saberlo todo sobre María Pía Villanova, pero ignoraba algo importante: que en su viaje a Inglaterra en el verano de 1825, Miguel Lavín y ella se habían casado en Londres en la iglesia anglicana de Saint Martin in the Fields85.

La catalana Isabel Bacardí, condesa de Linati por su matrimonio con el italiano Claudio Linati, entra por méritos propios en el selecto grupo de mujeres que la policía consideraba altamente peligrosas. Tiene «disposiciones para la intriga» y hace «constantes esfuerzos por servir a la causa de los revolucionarios españoles», se afirmaba en uno de los numerosos informes elaborados sobre sus viajes por el sur de Francia, anteriores incluso a la caída del régimen liberal en España. Uno de ellos está fechado en Perpiñán en octubre de 1822, y la describe como una mujer joven, «intrigante» —cómo no—, con mala cabeza y peores principios, todo lo cual se veía agravado por el hecho de mantener «relaciones peligrosas» y gozar de nombre y fortuna. Casada en 1815 con el conde Linati, con una larga trayectoria revolucionaria tanto en Italia como en España, parece que la condesa tuvo que cruzar los Pirineos en 1822 para negociar el rescate de una hija suya, Manuellina, que había sido secuestrada por una partida realista. Sea o no ése el motivo de su presencia en Francia, las autoridades de este país se propusieron expulsarla lo antes posible. Mientras tanto, las órdenes eran tajantes: «La señora Linati será cuidadosamente vigilada». Unos meses después, el triunfo de la reacción en España llevó al matrimonio a abandonar Barcelona y a recorrer Francia en diferentes direcciones. En Italia, Linati tenía sus raíces y parte de sus bienes, pero su presencia allí resultaba peligrosa. En Bruselas, encontrará un refugio seguro durante algún tiempo, mientras ella cuidaba de los intereses de su marido en Parma y en Barcelona. Ése es el motivo de sus frecuentes viajes por el sur de Francia y del reguero de notas e informes que sus idas y venidas dejaron en su expediente policial. Era conocida, leemos en uno de ellos, «por la exaltación de sus opiniones revolucionarias»; en otro, se la calificaba de «mujer de una gran exaltación y muy intrigante» y en una nota relativa a su marido se aludía a la condesa como «intrigante y revolucionaria exaltada», expresiones que, como se ve, se repiten en momentos muy distintos a lo largo de cuatro años, entre 1822 y 1826, de seguimiento constante86.

Hay un claro reparto de papeles entre los Linati: allí donde no puede ir el conde por la notoriedad de su nombre, asociado al carbonarismo, viaja ella aprovechando su mayor libertad de movimientos. No la arredraba ni el ser madre de cinco hijos ni el saberse espiada por la policía, que la juzgaba tan peligrosa como a su marido. Su caso abona la teoría de un agente doble español y confidente habitual de la policía francesa, el clérigo Guillén de Mazón, buen conocedor de los círculos liberales de Barcelona en los que se habían movido los Linati: las revolucionarias españolas llevaban sus extravíos políticos aún más lejos que sus maridos. «Tal es», sentenciaba enigmáticamente este antiguo clérigo constitucional, «el verdadero pecado original de nuestra pobre nación»87.

CAPÍTULO 8
LA HORA DE LAS AMAZONAS

Escribir, esconder, conspirar

«No principió mal este año para los realistas». Así concluía el ultra Arias Teijeiro la entrada de su diario personal dedicada al 1 de enero de 18281. No es que las cosas les fueran muy bien a los suyos, pero les podían haber ido mucho peor. El fracaso de la insurrección ultrarrealista en Cataluña, conocida como Guerra de los Agraviados, apenas había afectado a la facción más radical del absolutismo, que conservó e incluso amplió su poder en detrimento de sus rivales moderados. En agosto de 1827 había sido cesado y detenido el superintendente general de Policía, Juan José Recacho, una de las bestias negras de los ultras, y la propia Superintendencia perdió la autonomía de la que había disfrutado hasta entonces para integrarse en la órbita de Calomarde, ministro de Gracia y Justicia y principal representante del ala dura del régimen. Era un golpe de mano tan audaz como inesperado, si tenemos en cuenta que lo ocurrido en Cataluña dejaba en muy mal lugar a quienes, como el ministro de Gracia y Justicia, se habían mostrado condescendientes con los llamados apostólicos, mientras que el superintendente Recacho llevaba dos años advirtiendo del peligro de un levantamiento como el que finalmente se produjo. Con la policía política bajo su control, Calomarde pudo dirigir personalmente la represión antiliberal en los últimos años del reinado de Fernando VII.

La situación en Cataluña en el verano de 1827 fue aprovechada para poner la capitanía general del principado en manos del conde de España, un energúmeno, con bien ganada fama de excéntrico, que empezó combatiendo a los agraviados y acabó persiguiendo a los liberales con los procedimientos más expeditivos. En 1828, Barcelona vivió una ola de terror como no se recordaba desde el indulto de 1824. Hubo fusilamientos, deportaciones a los presidios de África y destierro de cientos de familias por su parentesco con algún condenado. «Los negros la tenían bien preparada. Siguen muchas prisiones en Barcelona», escribe, complacido, Arias Teijeiro en su diario en diciembre de 1828, y añade que cuando le leyeron a Fernando VII un manifiesto del capitán general anunciando nuevas ejecuciones, el rey aprobó sin pestañear los sanguinarios planes del conde de España: «Para estas cosas no hay otro»2. Nada parece justificar, pues, el optimismo del Mercurio de Nueva York, periódico si no proliberal, al menos claramente antiultra cuando en junio de 1829 se refería al «agradable giro que van tomando los asuntos en la Península»3.

Los liberales lo habían intentado todo para provocar un cambio político en España, incluido un plan secreto de negociación con la monarquía en 1826. Probablemente no pasó de ser una iniciativa personal del exiliado Juan Olavarría, que contó al parecer con la aprobación de Espoz y Mina y la colaboración en Madrid de Juan Mata Echevarría. Se habla incluso de una entrevista de este exfraile con el propio rey, que le habría reconocido su preocupación por el auge del ultraabsolutismo. Era de lo que se trataba: de hacerle ver que los apostólicos representaban una amenaza para la monarquía que sólo podía conjurarse mediante un frente común de los moderados de toda condición —también los liberales—. Es, poco más o menos, lo que acabaría pasando en el último año de su reinado, pero en 1826 la situación aún no estaba madura para un giro político de esa naturaleza.

En todo caso, el plan de Olavarría, frustrado por el temor de Fernando VII a la revolución liberal —siempre mayor que el que le inspiraban los ultras—, reflejaba la necesidad que sentían algunos liberales de buscar alternativas a la opción insurreccional, fracasada una y otra vez. La última intentona se había saldado con la ejecución de los hermanos Bazán y sus compañeros, protagonistas de un desembarco liberal en la playa de Guardamar (Alicante) en febrero de 1826. Se imponía, pues, una reflexión sobre el elevado riesgo y la escasa eficacia de los rompimientos tal como se habían llevado a cabo hasta entonces. La experiencia demostraba que hacía falta algo más que ganar una cabeza de playa con un puñado de héroes para provocar un levantamiento general en la Península. Había que coordinar mejor la acción de los núcleos dirigentes del exilio con los grupos clandestinos del interior y aprovechar la situación internacional para debilitar a la monarquía absoluta y abrir nuevos frentes en torno a ella. La gran oportunidad pareció presentarse con el restablecimiento en 1826 de la monarquía constitucional en Portugal. Era indudable que aquel cambio de régimen representaba una seria amenaza para Fernando VII, por la posibilidad de que Portugal se convirtiera en la nueva base de operaciones del liberalismo en el exilio y de que la inestable situación portuguesa se contagiara al interior de España, sobre todo a las zonas próximas a la frontera. Prueba de ello fue la deserción en masa de un escuadrón español de guarnición en Olivenza (Badajoz) que cruzó la frontera en septiembre de 1826 con armas y bagajes para unirse a los liberales portugueses. En febrero del año siguiente, un antiguo oficial del ejército constitucional refugiado en Santarem se refería a la continua llegada a Portugal de oficiales y soldados procedentes de España, síntoma inequívoco, a su juicio, de que «la nación está para estallar»4.

Las deserciones continuaron a lo largo de 1827 y las autoridades absolutistas, siempre propensas a ver una mano negra detrás de cualquier alteración del orden, empezaron a sospechar de una vecina de Cáceres llamada Isabel Criado, propietaria de «una tiendecita chica donde vende aceite, arroz y otras frioleras de poco valor». La policía descubrió que Isabel prestaba ayuda a un desertor, Domingo Medina, que había sido detenido antes de cruzar la frontera y se encontraba en prisión. Le conocía de haberle alojado en su casa antes de desertar y ahora, compadecida de su suerte, le mandaba comida a la cárcel e intentaba interceder por él ante un sacerdote, Julián Arrea y Montoya, tío del preso, con el ruego de que, en todo caso, no la comprometiera por ello. No podía haber elegido peor valedor. El cura entregó a la policía la carta de Isabel y otra de su sobrino, partidario, según él, del «proscripto sistema» y al que recomendó en su día que delatara a aquellos de sus compañeros que se proponían huir a Portugal. Como Domingo no le hizo caso, creyó que debía ser tratado como un criminal. La denuncia de Arrea dio lugar a una exhaustiva investigación sobre Isabel Criado, no ya por su connivencia con Medina, sino por si hubiera provocado la deserción de los otros soldados del regimiento. Sus antecedentes políticos no dejaban lugar a dudas: «Se halla reputada por adicta al abolido sistema Constitucional». Tenía además frecuente trato con los soldados y comerciaba con productos de contrabando, pero no se llegó a demostrar que tuviera algo que ver con las deserciones5.

Las cosas se fueron poniendo feas para los españoles que habían escapado al otro lado de la frontera, muchos de los cuales, como los soldados de la guarnición de Olivenza, no tardaron en ser expulsados del país y enviados a Francia o a Inglaterra. El absolutismo español siguió, no obstante, obsesionado con el riesgo de que Portugal desencadenara una suerte de «efecto llamada» entre los más descontentos. Eran conocidas, por otro lado, las «activas relaciones» entre «los revolucionarios de aquí» y «los emigrados allá», como dice Arias Teijeiro, al que un contacto suyo en Lisboa le envió copia de una carta firmada por una tal «Mariquita la Barbuda», viuda de un comerciante de apellido Durán e implicada, según parece, en esa correspondencia entre los de «aquí» y los de «allá»6.

Aparte de ser viuda y de tener su tienda en la Bajada de Santa Cruz de Madrid, nada sabemos de la misteriosa dama que había elegido semejante nombre para protegerse de posibles persecuciones, pero lo que cuenta Arias Teijeiro en su diario revela una doble característica del liberalismo femenino en la Década Ominosa: el protagonismo de las viudas en la lucha contra la tiranía y, en general, el papel clave de las mujeres en las tramas revolucionarias del interior, escribiendo cartas o recibiéndolas para un destinatario oculto, guardando material subversivo o escondiendo a prófugos de la justicia, como hizo María Muñoz, propietaria de Salamanca, al dar asilo a unos liberales, lo que le supuso ser perseguida por ello y finalmente tener que huir a Francia7. Para tales desempeños, resultaban de gran utilidad señoras con una cierta instrucción y una independencia personal, por vivir solas o por dirigir un negocio, que les permitiera recibir y alojar gente en su casa y mantener correspondencia con los puntos calientes de la conspiración.

El espionaje absolutista puso especial interés en descubrir esa red de información clandestina formada a menudo por mujeres. Conocer su identidad dependía a veces de un golpe de suerte, como el que tuvo un agente de policía de ronda por el centro de Madrid al oír una conversación entre dos personas, «decentemente vestidas», que se preguntaban «si había tenido carta de Gibraltar Dª Alejandra Ortiz, pues esperaba ya noticias interesantes». El agente averiguó que esta señora era tenida por liberal, que vivía en la calle Toledo, donde regentaba una casa de huéspedes, y que en casi todos los correos recibía cartas de Gibraltar. Terminaba su informe proponiendo que se interviniera su correspondencia8. Todo indica que esta Alejandra Ortiz, aprovechando probablemente el ajetreo de su casa de huéspedes, era el epicentro de una pequeña red informativa que difundía las «noticias interesantes» enviadas por los refugiados españoles en el Peñón.

En otras ocasiones, el descubrimiento de una mujer-correo era el resultado de una ardua investigación. En la primavera de 1830, el embajador español en Londres, Francisco Cea Bermúdez, informó al ministro de Estado de los planes del grupo de Torrijos de enviar a España a varios de sus hombres para impulsar un movimiento revolucionario en el norte de la Península. Uno de ellos debía de ser Antonio Rodríguez Carvajal, alias Bordas, pero este emigrado liberal y antiguo contrabandista se encontraba escondido en Francia y, según él mismo escribió a Torrijos, no le iba a resultar nada fácil cruzar la frontera con España, muy vigilada a uno y otro lado de los Pirineos. Pese a ello, al final pudo burlar la vigilancia de la policía y en octubre de aquel año consiguió levantar una «cuadrilla numerosa de paisanos» en La Mezquita (Orense), su pueblo natal. Fue uno más de los intentos suicidas protagonizados por los liberales más comprometidos, saldado con el fusilamiento de Antonio Rodríguez Carvajal y sus compañeros9. Lo cierto es que en junio, al recibir la carta de Antonio, la Junta de Londres había decidido encargar la misión a su hermano Francisco, que debía desembarcar en Luarca (Asturias) «como hijo de Gibraltar» y en calidad de pescador, para trasladarse luego a La Mezquita. «Me han dicho los mismos [informadores]», añadía el embajador, «que las cartas que le escriban estos revolucionarios irán bajo la cubierta y dirección siguiente: Galicia. A Dña. Francisca Suárez de Rodríguez, La Mezquita [Orense]»10. Se ignora qué suerte corrió Francisca Suárez, pero no cabe duda de que su participación en un plan como aquél, abocado a un trágico final, comportaba un altísimo riesgo. No hay nada, por el contrario, que permita establecer una conexión entre el liberalismo en la clandestinidad o en la emigración y el sonado motín protagonizado por las cigarreras de Madrid en febrero de 1830 por motivos estrictamente laborales, por más que Arias Teijeiro hable de «3.000 revolucionarias» al referirse a ellas11.

Eran meses de gran actividad del exilio liberal en Londres, cuyos trabajos, no obstante, se veían perjudicados por la bicefalia directiva de la conspiración, polarizada entre Torrijos y Mina, por la difícil comunicación con el interior de la Península y por las trabas que las autoridades francesas ponían a la actuación de los emigrados españoles en su territorio. Al menos, este obstáculo desapareció con el triunfo de la revolución de julio de 1830 que puso fin al reinado de Carlos X y a su régimen semipolicial e inauguró una etapa de liberalización política bajo la monarquía de Luis Felipe de Orleáns, que tendría una gran repercusión en toda Europa. El cambio dinástico en Francia favoreció inicialmente los planes de la emigración española, trasladada en bloque a este país, donde encontró ayuda económica y, al menos al principio, una relativa tolerancia para ejecutar sus proyectos insurreccionales, empezando por la fallida expedición militar a Vera (Navarra) acaudillada por Espoz y Mina en octubre de aquel año. El fracaso de este rompimiento por los Pirineos, muy al estilo de Mina, reveló una vez más los límites de la vía estrictamente militar y la necesidad de una más amplia coordinación con los grupos liberales del interior. Consecuencia de ello fue la intensa actividad conspirativa que se registró a lo largo del año 1831 en puntos muy diversos de la geografía nacional y la creciente participación de las mujeres en tareas clandestinas para las que parecían especialmente dotadas.

Pese al oscuro anonimato en que vivían muchas de ellas, en no pocos casos se conseguía descubrir su identidad recurriendo a la apertura del correo sospechoso con diversos métodos, siempre intentado que la persona espiada no llegara a percatarse de la violación de su correspondencia. Una de las técnicas utilizadas por las autoridades fue descrita de esta forma en una misiva que, naturalmente, acabó en poder de la justicia absolutista: «En Vitoria así como en varias administraciones del Reino abren las cartas no por la oblea, sino cortando la carta por su doblez y uniéndola luego con la mayor sutileza y sencillez»12.

Bastaba con saber los nombres, reales o ficticios, de las personas cuya correspondencia debía ser espiada para ir trazando el mapa de la conspiración. El de María Álvarez Domínguez, por ejemplo, vecina de Nieles, en las Alpujarras, figuraba en el sobre de una carta de Torrijos y Flores Calderón —los dos principales cerebros de la conspiración de 1831— cuyo destinatario real era un eclesiástico del mismo pueblo responsable de la revolución en la comarca13. Josefa Barrionuevo venía desempeñando idéntica función con José Díaz Romero, hasta que, en noviembre de 1831, la policía decidió interceptar su correspondencia14. Lo mismo Vicenta Boix con Manuel (o Pascual) Paracuellos, vecino de Peñíscola (Castellón), aunque su papel en este importante enclave revolucionario fue más allá de la suplantación postal de Paracuellos: la policía detuvo a Vicenta «por conceptuar era el conducto de comunicación con los revolucionarios de Gibraltar, según así lo comprueban los papeles ocupados últimamente a Torrijos». En otro informe, se les acusa a ella y a su marido, un tal Luque, de «la correspondencia que por medio de ellos se seguía con el infame Torrijos». En algún momento de la investigación se apunta la posibilidad de que Vicenta haya colaborado con las autoridades y se insta a ponerla en libertad, pero para la policía de Valencia su responsabilidad estaba clara y, por tanto, debía seguir en prisión15.

Clementina Calvelo aparece con otros tres individuos, uno de ellos posiblemente su hermano, implicada en la correspondencia que Espoz y Mina mantenía con los círculos conspirativos del interior16. Entre los corresponsales del general en Valencia se encuentra Teresa Garrido, cuyo nombre aparece también en la lista de contactos del ingeniero Agustín Marco-Artu, cabecilla de la organización clandestina en Madrid. El registro de su casa resultó infructuoso, aunque ello no evitó que fuera encarcelada17. En Madrid, María Pintado entregó «diferentes cartas» a Pedro Sánchez, preso en 1831 por la conspiración de Marco-Artu; Teresa Panigo fue condenada a ocho años de reclusión —el fiscal había pedido la pena de muerte— y a pagarse de su bolsillo su manutención en la cárcel «por complicidad en la correspondencia de conspiración» y las hermanas Rosa y Esperanza Planells Bardají fueron detenidas por diversos cargos, que iban desde «tener correspondencia con Mina», en el caso de Rosa, hasta ser «cómplice de conspiración contra el Estado legítimo y su actual Gobierno», lo que le valió a Esperanza una condena a muerte, luego conmutada por la pena inmediata de diez años de cárcel. Uno de los cargos contra ella era el haber sido autora o receptora de correspondencia revolucionaria, que solía firmar con el premonitorio seudónimo de Peligros. Se equivocaba quien, poco antes de su detención, escribía: «A Peligros no la tocarán, porque el celador está de su parte»18. También en Madrid fue encarcelada la «Excma. Sra. Dª Francisca Senra, por sospechas de complicidad en el delito de conspiración contra el Estado y ocupación de correspondencia epistolar sospechosa», de tendencia «revolucionaria»19. Apenas sabemos nada por el contrario de una tal Natalia, firmante de una de las cartas recibidas por Marco-Artu e intervenidas por la policía al ser detenido. Lleva fecha del 4 de enero —sin duda de 1831— y, según el funcionario que se encargó de su análisis, «está escrita en sentido misterioso, aunque no muy importante». Le llamó la atención sobre todo «un párrafo que dice “Se acaba de encontrar un buen influjo en la Carolina, pero siempre es necesario tener presente el carácter de estas gentes, y que sin darles los derechos adelantados se granjeará poco o nada”». Parece que Natalia se dedicaba a informar de posibles apoyos al levantamiento liberal, con buenas perspectivas, por lo que se ve, en La Carolina (Jaén)20.

En Cádiz, el correo clandestino dirigido al coronel Manuel de la Puente y a José San Millán, administrador de las diligencias en la ciudad, ambos vinculados a la trama de Mina, tenía por destinataria a Gabriela Luján21. En Cuenca, el jefe de la «comisión revolucionaria» era un tal Luis Martínez, que recibía las cartas de Mina en sobres a nombre de Francisca Olarrieta y Ventura Rubio Factor. Ambos fueron detenidos al ir a recoger el correo. En esta ocasión incluía misivas escritas con tinta invisible informando sobre los progresos de la conspiración22, un procedimiento muy habitual, aunque algunos utilizaban simplemente zumo de limón, «que puesto al fuego», según un confidente de la policía, «resalta al momento»23. El contacto epistolar del general en Sevilla se llamaba Francisca Santa María y era viuda del intendente Pedro Verdugo. Francisca recibía información sobre el retraso de los planes de Marco-Artu en Madrid y era requerida a proporcionar datos sobre la situación en la Península. El preso «D.S.V.G.», en la confesión que hizo en la cárcel en abril de 1831, declaró que mientras estuvo escondido en Sevilla el correo le llegó tanto «bajo sobre a mi amiga y bienhechora Dª Francisca Santa María» como a nombre de Vicenta Verdugo Santa María, sin duda hija de la anterior24. Por su parte, Prudencio Delgado, considerado en 1829 cabecilla revolucionario en Sevilla, remitía sus cartas a Madrid a nombre de Emeterio Luis Bargas y Leonor Villabora25.

El importantísimo grupo de Torrijos en Cartagena contaba con los servicios de Florentina Tudela, quien, además de recibir la correspondencia para los conspiradores, tenía escondido en su casa a uno de ellos, Luis Barceló, al que, supuestamente, se habría encomendado el asesinato de las principales autoridades. Barceló pudo escapar por el tejado cuando fueron a detener a Florentina, que era a quien buscaba la policía. De él empezaron a sospechar al encontrarle allí y verle huir con esas prisas26. Encarnación Romero actuaba, también en Cartagena, como enlace de Marco-Artu, según declaración de un confidente policial: «Me dijo que Marco Artu dirigía cartas a Cartagena con sobre a Dª Encarnación Romero»27. Y así era, porque entre los papeles que la policía encontró en casa del ingeniero había, sobre su mesa, una carta para «Encarnación Romero, en Cartagena»28. María Teresa Elliot, alias Pepa, que tan destacado papel desempeñó en los sucesos de 1831, se encargó de la comunicación por correo entre el grupo conspirador de Málaga y el centro directivo de Torrijos en Gibraltar29. Durante casi un mes mantuvo oculto en su casa a José de Coba, hombre de confianza de Torrijos, en un escondite que ella misma preparó. Por el propio Coba sabemos que Teresa consiguió la preciosa, aunque interesada, colaboración de algunos funcionarios: «Esta señora atrajo a nuestros intereses, con beneplácito del general, a Escudero, el de la policía, Caparrós y otros cuyos nombres sé, quienes por dinero proporcionaban pasaportes»30. Hay indicios, sin embargo, de que en algún momento Pepa pudo ser «agente secreto» —es decir, agente doble— al servicio de la policía. Como tal la consideraba la subdelegación en Málaga, pero la cuestión, como se verá más adelante, no está nada clara.

De la relación con Gibraltar se ocuparon, asimismo, las hermanas Francisca y María Tentor, en cuya correspondencia con algunos agentes revolucionarios, fechada tanto en Málaga como en Madrid, se mezclan el día a día de la conspiración con el amor no correspondido de Francisca por uno de ellos31. Otras dos hermanas, Josefina y Candelaria González, tenían puntualmente informado a Torrijos de la marcha de la conspiración en Algeciras y hasta de las medidas que pensaban tomar las autoridades, además de dedicarse al proselitismo y a otras tareas conspirativas. En septiembre de 1831 remitieron al general una pormenorizada lista sobre las inclinaciones políticas de los jefes, oficiales y suboficiales del Regimiento 6.º de Línea de guarnición en Ceuta, con especificación de los «lindísimos» —es decir, los más liberales—, «los buenos», los buenos «pero algo egoístas o indecisos» y los «malos, malísimos, perversos». La larga carta adjunta a este importante documento contiene una amarga reflexión sobre los estragos que «la desgracia» estaba causando en el bando constitucional, «pues, aunque en general todos desean recobrar su libertad, quieren que otros vengan a quitarles las cadenas y no hacen el más leve esfuerzo por sí mismo[s] para romperlas». Las hermanas González no creen que «semejantes hombres», incapaces de sacrificarse por la causa, merezcan ser llamados liberales. Ellas, por el contrario, asumieron tales riesgos, que estuvieron a punto de acabar en el patíbulo después de que el gobernador de Málaga, González Moreno, se hiciera con toda su correspondencia con Torrijos32. También en Algeciras, se interceptó el correo de Teresa Tort, Cristobalina López y Josefa Fernández Díez de Medina. Las cartas de esta última se conservan medio chamuscadas, seguramente porque, como estaban escritas con tinta simpática, la policía las pasó por encima de una llama para poder leerlas y al final quedaron casi ilegibles33.

El elevado número de mujeres que actúan como correos en los planes de Mina y Torrijos sugiere que ésa era una tarea eminentemente femenina. Sebastiana «la de la Huerta» e Ignacia «la de la Línea» llevaban recados, transmitían mensajes y recibían correspondencia para sí y para otros, como la que se cruzan dos agentes de Torrijos, el ya citado coronel José de Coba y el teniente Jacinto Méndez: «Quedamos convenidos», dice Coba en una carta que acabó en poder de la policía, «en que él y yo firmaremos Pedro Hernández. Él pondrá por rúbrica un 8 duplicado y yo la mía. Me escribirá por la Huerta de la Sebastiana, con el sobre A la señora Sebastiana para entregar; y yo le escribiré con el mismo, remitiendo ambos nuestras cartas a la Sebastiana». La suplantación y el lenguaje cifrado saltan a la vista en una carta dirigida a Méndez seguramente por medio de «la Sebastiana»: «Querida amiga: nuestra protectora me ha dicho cuanto usted la encargó ayer y no puedo menos de contestar lo que sigue»34. «La protectora» podría ser Torrijos. Se diría que una de las reglas de la gramática conspirativa era convertir lo masculino en femenino. Hay algún otro caso de travestismo epistolar, como el del revolucionario valenciano Rodolfo Lóriga, que, además del seudónimo masónico Agis, utiliza el nombre de «Ambrosia Naudín» en sus cartas a Marco-Artu de principios de 1831. Es muy posible que Lóriga sea, asimismo, el verdadero autor de la misiva que, con parecido contenido —la necesidad de alcanzar la unidad entre los distintos grupos liberales—, escribió Ambrosia Torrecilla, también desde Valencia, en diciembre de 183035.

En ocasiones, eran las propias mujeres, cuando estaban muy comprometidas, las que recurrían a otros nombres para protegerse, como Joaquina Urtazun, vecina de San Sebastián y viuda del célebre coronel Asura, «muy íntimo del rebelde Mina y bien conocido en este país y Navarra por su exaltación al abolido sistema». Joaquina, que utilizaba el falso nombre de Jacinta Loreto, estaba en comunicación con Juana Gallego, del núcleo conspirativo de Salamanca, quien a su vez firmaba sus cartas como Josefa Hernández. Las dos mantuvieron correspondencia con el marido de Juana, refugiado en Bayona. Joaquina recibió además una misiva «sospechosa y alusiva a ideas revolucionarias» remitida desde Extremadura por Valentín Falcato, hombre clave en la trama de Mina, pero el seudónimo utilizado por ella en esta ocasión evitó que pudiera ser identificada por la policía. Por el contrario, sus cartas con Juana Gallego, sin aparente contenido político, fueron atentamente analizadas por la policía, que conocía los antecedentes de Joaquina. Aprovechando que solía tener huéspedes, su casa servía como lugar de reunión de revolucionarios locales que desde allí se ponían en contacto con los dirigentes de la conspiración en el sur de Francia. Es posible que fuera esto, más que la propia correspondencia, lo que alertara a las autoridades y llevara finalmente a ordenar la captura de Joaquina Urtazun, que se produjo el 3 de octubre de 1831, cuando se encontraba ya embarcada para Bayona, cargada con correspondencia para Mina y para un tal Justo Fernández, que posiblemente, en opinión de la policía, fuera León Arnedo, el marido de Juana Gallego36.

Ya se ve cómo algunas mujeres llevaron su activismo político más allá de esa función vicaria que solía corresponderles como correos de la conspiración. El 1 de marzo de 1831, el gobernador de Cádiz recibió una confidencia sobre una reunión clandestina que en ese momento se celebraba en casa de Francisca Ballesteros con objeto de «activar la revolución» y ultimar el asesinato del propio gobernador, previsto para el día siguiente. O el aviso llegó demasiado tarde o no se lo tomaron del todo en serio; lo cierto es que las autoridades se limitaron a expulsar de la ciudad a Francisca y a dos caballeros que vivían con ella37. El 3 de marzo, veinticuatro horas después de lo anunciado, el gobernador, Antonio del Hierro, era asesinado en el marco de un intento fallido de insurrección, secundado por una parte de la guarnición. Por esas mismas fechas, María Fernández, costurera de Valencia, fue detenida con media docena de hombres, varios de ellos sastres, por haber confeccionado y en el caso de María haber escondido en un baúl «varios uniformes para los revolucionarios», que —se supone— debían ponerse el día en que estallara la revolución38. Esconder era una práctica asociada al mundo doméstico y, por tanto, solía formar parte de la vertiente femenina de la conspiración. Gertrudis Moreno, por ejemplo, resultó comprendida en una causa abierta en Cádiz «por proyectos subversivos» y «correspondencia sospechosa», pero su responsabilidad parece reducirse a «haber tratado de ocultar los papeles aprendidos cuando la policía los encontró», como si su impulso natural fuera esconder el cuerpo del delito. El tribunal, que dictó sentencia en junio de 1830, consideró suficiente el tiempo que pasó en prisión39.

Mucho más grave resultó el caso de Eugenia Morales, esposa de Agustín Marco-Artu. Una carta suya a su cuñado Mariano informaba de los servicios que prestaba a la causa, incluso después de la huida de su marido a Burdeos en marzo de 1831. Eugenia, que escribía desde Bilbao, donde se encontraba seguramente escondida, le daba cuenta de los planes de fuga de «nuestro amigo [Domingo] Muruaga», al parecer preso como comisionado de la revolución en Bilbao. «Temo muchísimo», añadía, «que la policía y el cartero también and[e]n observando mis operaciones y las de la familia», y le pedía información sobre Agustín, con el que Eugenia no tenía correspondencia directa: «Has de preguntarle», le dice en lo que parece lenguaje cifrado, «a ver qué tal estamos de cosecha y si es abundante o no y si de la primavera vendrá el género que me tiene dicho y cuántas piezas han de ser y quién será el conductor de ellas». Concluía que en Bilbao había amigos que les apoyaban, pero que estaban atemorizados por los realistas. Ella misma tomó sus precauciones, por lo que prefirió dejar «todos los negocios» para después de las diez de la noche.

Pero Eugenia Morales no era mujer que se dejara impresionar por lo avanzado de la hora ni por cosas peores. Cuando, meses atrás, se presentó en su casa de Madrid el alcalde de Corte en busca de su marido, con gran acompañamiento de policías y funcionarios, Eugenia empezó a gritar que «la justicia nada tenía que hacer en su casa» y ganó el tiempo suficiente para que Marco-Artu huyera por un balcón40. No así la prima de Eugenia, Esperanza Planells Bardají, alias Peligros, que se encontraba con ellos en aquel momento y que no tardó en ser encarcelada, juzgada y condenada. Aquella trama tenía, como se ve, un fuerte componente familiar. Junto a su cabecilla, Agustín Marco-Artu, figuraban su esposa Eugenia Morales, su hermano Mariano Marco-Artu y los primos de Eugenia, Mariano Bardají y Rosa y Esperanza Planells Bardají, esta última casada con Florentino Arizcun, detenido en 1826 y huido dos años después al extranjero para iniciar un largo periplo que finalmente le condujo en 1830 al sur de Francia. Es muy probable que un año después se acabara reencontrando con Marco-Artu en Bayona o en Burdeos. Y aún debía de haber otros miembros del clan implicados en la conspiración, en vista del temor de Eugenia a que las autoridades acabaran descubriendo, como dice en la carta enviada desde Bilbao, «mis operaciones y las de la familia».

Se ignora el nombre de una mujer incorporada a la trama madrileña tras el conato de detención de Marco-Artu y su posterior fuga a Burdeos. Se ocupaba de llevar y traer mensajes entre España y Francia, donde trataba directamente con Arizcun, Mina y el propio Marco-Artu, y mantenía en Madrid una peligrosa relación, sin tener conciencia de ello, con quien resultó ser un espía del gobierno infiltrado en los círculos conspirativos. Este último firmaba sus partes como «el de las 10 y media de la noche» y durante el verano de 1831 fue informando directamente al ministro de Gracia y Justicia, el temido Calomarde, de las idas y venidas de «la señora» —no la llama de otra forma— y del carácter de sus gestiones. Es curiosa esta colaboración entre dos personajes sin nombre que trabajaban juntos con propósitos opuestos, en un caso para reactivar la revolución y en el otro para desbaratarla definitivamente. De la dama que, con grave riesgo de su vida, dedicaba sus desvelos a lo primero no sabemos más que lo que cuenta el agente «de las 10 y media», pero un autor del siglo XIX identificó a este último como Maximiano González, natural de Talavera de la Reina y médico residente en Madrid. Era «de ideas liberales aunque muy reservado»41, o al menos así le consideraba la policía antes de empezar su lucrativa carrera como agente doble.

Su relación con Calomarde se inició con una primera entrevista solicitada por él en una carta en la que ofrecía «manifestarle cosas muy importantes al servicio de S. M.»42. La reunión se celebró a las diez y media de la noche —de ahí el nombre que adoptó— del 6 o 7 de marzo de 1831 y en ella puso al descubierto la existencia en Madrid del grupo conspirativo de Miyar y Marco-Artu. Después de aquel primer encuentro, en los días siguientes fue remitiendo al ministro distintas notas sobre los progresos de la conspiración y sus amplias ramificaciones en provincias, hasta que Calomarde consideró llegado el momento de desarticular la trama y de gratificar a González por sus valiosos servicios: «Désele una onza [de oro] sin dejar recibo»43. El 11 de abril fue ahorcado Antonio Miyar, uno de los detenidos gracias a las revelaciones de Maximiano González. Éste, apesadumbrado, confesó en una posterior carta a Calomarde «la amargura» que sentía «al considerar que las leyes tienen necesidad de sacrificar las víctimas que he entregado yo»44. Eso no le impidió seguir colaborando con el ministro, que le hizo llegar 6.000 reales a su casa, para pasmo de su mujer, que fue quien, sin estar al corriente del asunto, recibió el dinero45. Su tarea consistía en descubrir los nuevos hilos de la conjura liberal, pues existían indicios de que desde Francia se trataba de formar una nueva junta en Madrid con la participación de aquellos que en marzo se habían librado de la traición del agente «de las 10 y media».

En un parte suyo del 26 de junio aparece por primera vez la que habrá de ser protagonista de esta correspondencia y principal fuente de información del espía de Calomarde en su nuevo cometido: «Ha salido de ésta una señora para ponerse de acuerdo con Mina y Marco-Artu. Debe venir para el 10 ó el 12. Es mujer de revolución, como dicen la ha hecho en América. Yo estoy a la mira»46. El agente contaba en Madrid con otros informadores que le tendrán al corriente de las andanzas de la señora al otro lado de la frontera. Así, supo que estuvo en Bayona entre el 26 y el 28 de junio y que en esta fecha se trasladó a Burdeos, donde se vio con Arizcun y Marco-Artu, «de quienes trae, con la autorización de Mina, todas las instrucciones y autorizaciones que para aquí se necesitan para poner acordes algunos sujetos». Como su regreso a Madrid era inminente y las pruebas contra ella resultan abrumadoras, «el de las 10 y media» le ruega al ministro que, en caso de detenerla, no se le hagan cargos que pudieran ponerle a él en evidencia como causante de su detención.

Calomarde debió de pensar que no convenía precipitar las cosas y que mientras la señora siguiera libre podría facilitar una jugosa información sobre los intentos de reconstruir la junta de Madrid. El 11 de julio, el agente comunicaba su llegada a la Corte sin novedad, tras diecinueve días de viaje: «Ha visto a Mina, de quien trajo hasta dentro del territorio español varias cartas […]. Ella está encargada de ver a las personas a quienes se dirigen y de buscar una que se encargue de recibir la correspondencia, a lo que no me he ofrecido por no llamarles la atención». El día 23 dio nuevos detalles sobre la misión encomendada a «la señora». A pesar de que a su llegada «la registraron particularmente», no le descubrieron las cartas y documentos de Mina que traía para entregar a las personas comprometidas, entre ellas dos comerciantes llamados Balmaseda y Carrasco, que debían proporcionar dinero para la causa y que se mostraron muy recelosos de la emisaria que les mandaban de Francia. La señora —tal vez de origen americano, por lo que afirmaba el agente el 26 de junio: «Es mujer de revolución, como dicen la ha hecho en América»— debía de ser poco conocida en los cenáculos del liberalismo madrileño; en cambio, con Mina tenía «relaciones, según ella misma, antiguas». El hecho es que, por ser mujer o forastera, algunos no se fiaban del todo y preferían entenderse directamente con «el de las 10 y media». En un parte del 19 de agosto, el agente volvía sobre el asunto, que quedaba ya meridianamente claro: las instrucciones de Mina eran crear una junta y financiarla con unos pagarés en blanco, firmados por él, que había traído de Francia «la señora», «para que se pueda negociar aunque sea del 100 por 100 de ganancia, protestando que será de las primeras atenciones que pagará». Los encargados de poner el dinero eran Balmaseda, Carrasco y Barbería, comerciantes de Madrid, pero éstos se negaron en redondo a entrar en la operación «por no inspirarles confianza una mujer». Y de ahí que le ofreciesen a él desempeñar el papel que le correspondía a la misteriosa emisaria enviada por Mina47.

El 24 de agosto, se citó al espía de Calomarde para reunirse con ella en la calle, en un lugar indeterminado. Acudió una tercera persona —«el que me citó»— y la señora le comentó al agente que la policía iba tras ella, hasta el punto de presentarse en su casa, tal vez para prenderla. Ella, sabiéndolo de antemano, había huido a tiempo y permanecía escondida fuera de su domicilio, parece que a la espera de emprender un nuevo viaje. En caso de partir, le dejaría los papeles de Mina a su acompañante, con quien «el de las 10 y media» debía comunicarse por carta «escribiendo con la tinta —le dijo el espía a Calomarde— de que ya hablé en mi anterior». La señora, que entregó al agente alguno de los documentos de los que era portadora, dio por hecho que su interlocutor había conseguido, con ayuda de otros, formar una junta48. Sea porque la policía seguía sus pasos —más de lo que ella se imaginaba— y debía tomar precauciones, sea por haber emprendido finalmente el viaje que tenía pendiente, la protagonista de este episodio desapareció de la correspondencia del agente de Calomarde. Era, sin duda, una mujer de temple, capaz de viajar por media España con documentación comprometedora y de contar con un confidente en la propia policía, que le informó de que probablemente iba a ser detenida. Se conocía al dedillo el manual de supervivencia de la vida clandestina. Cierto que confió en un traidor, Maximiano González, pero todos lo hicieron, empezando por aquellos que, por no fiarse de una mujer, prefirieron poner su suerte en manos del agente «de las 10 y media», consagrado así como el hombre de Calomarde en el núcleo duro de la conjura liberal en Madrid.

Hay otros ejemplos del protagonismo femenino en las conspiraciones de 1831. En Talavera de la Reina (Toledo) se atribuyó a la viuda de un tal Barandalla, médico local, un lugar preeminente en el «plan de desolación y ruina» urdido por los revolucionarios. La viuda manejaba a su antojo al corregidor, Juan Mena y Valenzuela, y se entendía con los demás cabecillas de la conspiración: el general Rojas, el dueño del café, Marcos García, un cirujano llamado Rodríguez y una tal Magdalena Pavía —esposa o viuda del capitán Pedro Fernández—, en cuya casa solían reunirse los conjurados. La ciudad entera, según un confidente, «es liberal exaltada y más los más poderosos hacendados y comerciantes, y los pocos amantes del Rey N. S. que en su seno existen son de la clase pobre y humilde». Estos últimos estaban además a merced de los liberales, que actuaban con total impunidad, según se puso de manifiesto en un incidente ocurrido en el regimiento de zapadores, de guarnición en Talavera: a unos pocos soldados leales al rey, les dieron de palos «usando las expresiones de “queréis al Rey absoluto, tomarlo”». Lo más grave fue que las autoridades, manipuladas por la viuda de Barandalla, prefirieron ignorar los hechos. El confidente cuenta y no para de la actividad de la viuda y sus amigos: reuniones clandestinas, correspondencia subversiva y «escandalosa conducta» de todos ellos, siempre con la connivencia del corregidor. Parece que la denuncia surtió efecto. En abril de 1831 se comunicó el cese de don Juan Mena y en julio el rey ordenó que se sometiera a vigilancia a una larga lista de vecinos, entre ellos Magdalena Pavía y la viuda del médico Barandalla49. No deja de ser curiosa esta descripción de Talavera de la Reina como una ciudad «muy favorable a los revolucionarios» teniendo en cuenta que en ella se produjo, dos años después, el levantamiento a favor de don Carlos que dio lugar a la primera guerra carlista.

Las fuentes de la época atribuyen a otras mujeres altas responsabilidades en otros enclaves revolucionarios. En Cartagena, la condesa del Valle de San Juan, viuda del marqués de Rafal, formaba parte de la junta dependiente de Espoz y Mina. En la misma ciudad, Ana María Manresa, Joaquina Baldaura, Encarnación Onteniente, Concepción Inglada y la ya citada Florentina Tudela aparecían vinculadas a la junta de Torrijos50. En Jaén actuó Mercedes de Guillemán, viuda del exministro Salvador Manzanares, muerto en Ronda tras desembarcar al frente de una partida liberal. María Antonia Jiménez era, junto a Juan Valentín González, la comisionada de Mina en Manzanares (Ciudad Real) y como tal recibía correspondencia en tinta simpática y trataba de los asuntos financieros de la conspiración51. Pero sin duda la mujer que simboliza en mayor grado la participación femenina en la lucha del liberalismo contra Fernando VII es Mariana Pineda y Muñoz, nacida en Granada en 1804 y ejecutada en la misma ciudad el 26 de mayo de 1831, tras ser juzgada y condenada a muerte por el «detestable delito» —como lo llamó el fiscal de la causa— de guardar en su casa una bandera revolucionaria.

Mariana Pineda: la forja de un mito

Por varias razones, su nombre pertenece tanto o más a la leyenda que a la historia. La desaparición a principios del siglo XX de su expediente judicial, robado por una mano misteriosa —no se sabe si amiga o enemiga—, agrandó aún más el mito en torno a la heroína liberal y dejó definitivamente en la oscuridad ciertos aspectos del proceso. Pero para entonces, y casi se podría decir que desde el principio, Mariana Pineda era ya una mujer de leyenda, marcada tanto por su trágico final como por su vida turbulenta, llena de amores y desamores, en la que resulta difícil distinguir su peripecia sentimental de su pasión política por la libertad. En plena época romántica y con una biografía como la suya, con todos los ingredientes de una novela gótica, Mariana estaba destinada a convertirse, con Torrijos, Riego y otras víctimas del despotismo fernandino, en uno de los grandes símbolos del liberalismo español. Ella misma habría sido consciente del papel póstumo que estaba llamada a desempeñar, si son ciertas las palabras que un contemporáneo puso en sus labios poco antes de morir: «El recuerdo de mi suplicio hará más por nuestra causa que todas las banderas del mundo»52.

Ahora bien, aunque el mito se acabara apropiando del personaje, en su mayor parte la historia de Mariana Pineda responde a hechos reales y a circunstancias de su vida fehacientemente documentadas; por ejemplo, que perdió a su padre —de quien era hija natural— antes de cumplir los dos años; que su madre desapareció poco después de su vida; que fue acogida por un tío suyo, ciego, que al cabo de un tiempo dejó a la niña a cargo de unos sirvientes; que en 1819, a los quince años, se casó con Manuel de Peralta —un antiguo cadete del ejército del que apenas se sabe nada—; que tres años después, a los dieciocho, se quedó viuda con dos hijos de corta edad; que en 1824 estuvo a punto de casarse con un militar, Casimiro Brodett, cuyos antecedentes liberales le costaron la expulsión del ejército y le obligaron a abandonar España precipitadamente, y que en 1829 tuvo una hija con el abogado José de la Peña, que a la postre se convertiría en su primer biógrafo y con quien, al parecer, Mariana se había casado en secreto.

Todo ello es cierto, por mucho que parezca sacado de un folletín de la época. Está por demostrar, en cambio, que mantuviera relaciones sentimentales con Fernando Álvarez de Sotomayor, el liberal perseguido al que ayudó a huir a Gibraltar, y que su iniciación en la política se debiera a la temprana muerte de su marido, a quien, según Antonina Rodrigo, acreditada biógrafa de la granadina, habría reemplazado «en las tertulias». Esta afirmación tiene su importancia, porque arrojaría algo de luz sobre el oscuro origen del liberalismo de Mariana, cuya toma de conciencia se habría producido como una evolución natural a partir de su ingreso en los salones y las tertulias de la buena sociedad granadina. Los casos, ya comentados, de otras mujeres liberales dan cierta verosimilitud a esta explicación; al menos, las autoridades absolutistas lo veían así: se empezaba recibiendo a gente en casa o frecuentando reuniones de postín, con sus juegos de mesa, canciones y bailes, y se acababa conspirando contra el «legítimo gobierno». La segunda idea implícita en la frase de Antonina Rodrigo —que Mariana entra en las «tertulias» para reemplazar a su difunto marido— aparece abiertamente expuesta en otro pasaje de su libro: es su «temprana viudez la que la incita a la vida militante»53, aunque hay que decir que de su liberalismo anterior a los hechos que la hicieron famosa sólo nos han llegado vagas noticias.

Sea como fuere, la vida sentimental y la actividad política se entrecruzan en la biografía de Mariana Pineda de una manera sorprendente: una boda precoz y «sigilosa» —es decir, discreta—, debido a su condición de hija natural; una viudez aún más precoz, un nuevo matrimonio frustrado por las circunstancias políticas, un posible amante y compañero de conspiraciones que la traicionó, un matrimonio secreto y tres hijos pequeños de los cuales la última fue reconocida como hija natural. Como ha dicho uno de sus biógrafos, «no ocurre acontecimiento de la vida de Mariana que no esté acompañado de una manera u otra por el tema de la seducción»54. El último episodio en que esto se puso de manifiesto fue cuando, presa ya en su domicilio, intentó, según el fiscal, «seducir o cohechar al dependiente que la custodiaba […], ofreciéndole que se fuese con ella y le haría feliz»55. Para la tradición popular, en cambio, las cosas sucedieron a la inversa: el jefe de policía y juez de la Chancillería de Granada, Ramón Pedrosa, artífice de la desarticulación de la trama conspirativa en la ciudad, había caído rendido a sus encantos, y ella se negó a salvar su vida a cambio de entregarse a quien, como juez, habría de dictar su sentencia. El colofón a la biografía de esta mujer acostumbrada a vivir deprisa fue su ejecución el 26 de mayo de 1831, cuando contaba veintiséis años de edad.

No resulta fácil explicar las razones por las que Mariana Pineda pasó tan repentinamente del semi-anonimato en que vivía a morir en el cadalso y personificar con su muerte la epopeya liberal contra la monarquía absoluta. En todo caso, las sospechas de la policía se remontaban a unos años atrás, cuando Mariana intervino decisivamente en la fuga en 1828 de un liberal, Fernando Álvarez de Sotomayor, primo suyo —tal vez amante—, preso en la cárcel de la Chancillería de Granada, de la que huyó disfrazado con un hábito de fraile capuchino que ella le había proporcionado, lo mismo que unas barbas postizas de cómico que Mariana consiguió en un teatro56. Ella misma le facilitó un escondite donde pasó parte del tiempo que tuvo que permanecer oculto en Granada antes de escapar a Gibraltar, esta vez disfrazado de contrabandista —curioso disfraz si se trataba de no llamar la atención—. Pese al alto riesgo que Mariana asumió en la evasión de su primo, la policía nunca llegó a probar su implicación en aquellos hechos ni otras sospechas en torno a ella sobre correspondencia clandestina y relaciones delictivas con los «anarquistas», es decir, con los conspiradores liberales.

Aquí entra en acción ese personaje clave en el drama de Mariana Pineda que es Ramón Pedrosa, subdelegado de Policía en Granada. Pedrosa estaba bien informado de las tramas clandestinas que actuaban en Andalucía y que tenían su epicentro en Gibraltar, en parte porque, como se ha visto, la correspondencia entre los liberales era para la policía un libro abierto lleno de información sobre personas, grupos y planes, y en parte por las confidencias transmitidas por numerosos tránsfugas, traidores y agentes dobles al aparato policial de la monarquía, no sólo a la Superintendencia, sino también al escogido grupo de espías que dirigía el célebre José Manuel del Regato —él mismo antiguo liberal exaltado—. Uno de estos confidentes, Juan Romero de Tejada, detenido en Granada en abril de 1829, prestó al gobierno de Fernando VII, y en particular a Pedrosa, impagables servicios que permitieron conocer en detalle los núcleos conspirativos situados entre Gibraltar y Cartagena. El propio Álvarez de Sotomayor, primo y protegido de Mariana Pineda, quiso comprar su indulto proporcionando al gobierno valiosas revelaciones a través del cónsul español en Gibraltar, donde se encontraba refugiado. La traición y el doble juego estaban, pues, a la orden del día.

Que a principios de 1831 Pedrosa tenía un especial interés por Mariana resulta indudable. Conocía desde hacía tiempo sus antecedentes y sus relaciones, aunque hasta entonces la joven viuda se había ido librando mal que bien del acoso policial. Es muy posible que las confidencias de Sotomayor la colocaran en una situación más comprometida y que ello desencadenara la maniobra urdida por Pedrosa. Queda dicho que la leyenda atribuyó al jefe de la policía un deseo carnal sobre aquella a la que convirtió en su presa. Pero su principal interés era otro y guardaba relación más bien con los métodos policiales de Pedrosa, cuyos éxitos en la lucha contra el liberalismo solían basarse en la minuciosa información proporcionada por confidentes y arrepentidos que, a cambio de protección, se ponían a su servicio. De ahí su capacidad para mover a su antojo los hilos de la contrainsurgencia y la fama de hombre eficaz que tenía en las altas esferas del régimen. Fueron precisamente los métodos de Pedrosa los que perdieron a la joven viuda granadina, a la que tendió una trampa que resultó mortal, tras esperar de su víctima una delación que nunca se produjo.

Los hechos son bien conocidos. Mariana había entregado a unas bordadoras del Albaicín un estandarte o tafetán en el que, sobre un fondo morado y en torno a un triángulo verde —símbolo masónico y uno y otro colores emblemáticos del liberalismo—, debían bordar las palabras «Libertad, Igualdad, Ley». El tafetán le fue devuelto antes de que estuviera terminado, con algunas letras todavía por bordar, según parece porque, al haberse abortado el levantamiento que se preparaba en Andalucía, la propia Mariana dio orden de que se suspendiera la labor. Mientras tanto, Pedrosa había tenido conocimiento del encargo y decidió aprovechar la circunstancia para incriminar a la viuda de un delito de rebelión. Como para la realización de su plan necesitaba la colaboración de las bordadoras, les ofreció cuatrocientos reales y la garantía de que las mantendría al margen de la causa que habría de formarse. Así lo afirma José de la Peña. Añade que, para asegurar el éxito de la operación, Pedrosa designó a una persona de su confianza para llevar la bandera a casa de la viuda. Nada más entregada, la policía, apostada en la calle, se presentó en su domicilio para realizar un registro cuyo resultado sería el hallazgo del cuerpo del delito57.

Las cosas ocurrieron según lo previsto. En la tarde del 18 de marzo de 1831, un celador y varios funcionarios de policía, acompañados de un escribano, irrumpieron en el número 6, casa 77, de la calle del Águila de Granada, donde Mariana Pineda, «cabeza o principal» de la casa, se encontraba junto a uno de sus hijos, tres sirvientes y su madre adoptiva, Úrsula de la Presa. Tras descubrir la bandera, «señal indudable del alzamiento que se preparaba» —en palabras del fiscal—58, Mariana y sus acompañantes quedaron detenidos. Apenas una semana después, el ultra Arias Teijeiro se hacía eco en su diario de una carta de Ramón Pedrosa remitida desde Granada. El jefe de policía se jactaba en ella de haber «cogido el estandarte morado con un triángulo verde y en letras encarnadas, aún no acabadas de bordar, “Libertad, Igualdad, Ley”», y de haber practicado el arresto de cinco personas. Concluye Arias que en Granada había, «como en todas partes, gran trama», pero que Pedrosa, siempre según su propio testimonio, estaba al tanto de todo, «aunque sin apoyo»59. De la carta del policía llama la atención, además de su tono alarmista, que le permite realzar su papel providencial, la forma en la que se refiere a la bandera apresada, no como un estandarte, sino como «el estandarte morado», mostrando una familiaridad que confirmaría el hecho de que el cuerpo del delito no le resultaba del todo extraño.

A Mariana le quedaban dos meses de vida. Inicialmente se le permitió seguir en su casa bajo arresto domiciliario, custodiada por la policía, pero a los pocos días, aprovechando un descuido de su guardián, consiguió burlar su vigilancia y huir de la casa por un callejón, hasta que el celador, que salió inmediatamente tras ella, pudo darle alcance. Ya se vio que Mariana le propuso irse juntos si le permitía escapar, con la promesa de que «le haría feliz». Al menos, así lo afirma el fiscal, insinuando de esta forma que el liberalismo político de Mariana Pineda iba acompañado de una tendencia irrefrenable al libertinaje. No fue el único que lo creyó en el campo absolutista: por esas mismas fechas, Arias Teijeiro, refiriéndose a cierto liberal granadino que andaba suelto, aseguraba que «la Sra. en cuya casa se cogió el estandarte morado en Granada parece fue puta suya»60. El hecho es que, debido a su fallido intento de evasión, se ordenó su traslado al convento de Santa María Egipcíaca, conocido como el de las Arrecogidas, donde permaneció recluida hasta el último momento a merced de Ramón Pedrosa, quien a su condición de subdelegado de policía unía la de juez de la Chancillería de Granada, encargada de instruir el sumario y dictar sentencia. El propio Pedrosa, juez y parte en la causa, fijó en doce días improrrogables el desarrollo del proceso.

El principal cargo contra ella era la posesión de la bandera que debía servir como «signo más decisivo y terminante», en palabras del fiscal, «de un alzamiento contra la soberanía del Rey N. S. y su gobierno monárquico y paternal», además de su «exaltada adhesión al sistema constitucional» y de su «relación y contacto con los anarquistas expatriados en Gibraltar»61. El fiscal pidió la máxima pena considerando que la acusada había probado su culpabilidad con su intento de fuga. Por su parte, el abogado defensor, José Escalera, alegó que todo el peso del sumario descansaba sobre «meros indicios», «sospechas» y «presunciones», que se añadían, claro está, a la fatídica bandera encontrada en su domicilio. Ahora bien, ¿se trataba realmente de una bandera? Escalera niega tal cosa por dos razones: en primer lugar, porque, fuera lo que fuese, el tafetán estaba a medio hacer y no permitía, por tanto, un juicio concluyente sobre su naturaleza, y, en segundo lugar, porque el triángulo verde que tenía en medio demostraría más bien que se trataba de una enseña masónica. Esto último sería la prueba irrefutable de que la acusada era ajena al delito que se le imputaba, pues así como las mujeres «no pueden ser obispas ni confesoras, tampoco pueden ser fracmasonas [sic]».

En su afán por destruir el principal cargo contra su defendida, el abogado señaló, asimismo, la manifiesta impropiedad con la que se había calificado el tafetán de «bandera tricolor», a semejanza de la francesa, porque los colores «de ésta son azul, blanco y encarnado, y los que se ven en el tafetán son encarnado, morado y verde». Y además, aunque hubiera bandera —que no la había—, fuera tricolor —que no lo era— y hubiera sido bordada por ella —que no sabía bordar—, ¿alguien imagina una insurrección sin gente alistada ni armas que empuñar? ¿Dónde estaban esa gente y esas armas? Pues bien, al no haber ni lo uno ni lo otro, la «llamada bandera» no era, en opinión del abogado, más que «un trapo insignificante»62. En cuanto al intento de fuga de su defendida, prueba palmaria, según el fiscal, de su culpabilidad, el abogado negó que se produjera y hasta que en aquel momento la rea se encontrara formalmente presa. Por último, ya al final de su alegato, Escalera deslizó la idea de que la causa abierta a doña Mariana Pineda estuviera motivada por el «resentimiento y venganza» de ciertos sujetos cuyas proposiciones había rechazado. Aquí radica la sospecha de que todo el affaire fue un montaje de Pedrosa para conseguir favores sexuales de la joven viuda o, más probablemente —conociendo los métodos del policía—, revelaciones sobre sus amigos y compañeros de conspiración, una hipótesis avalada por el hecho de que el jefe de policía y juez de la causa había recibido poderes del rey para concederle el indulto si accedía a delatar a sus cómplices63.

Todo fue inútil. Ni Mariana delató a nadie ni Pedrosa se compadeció de su víctima. La causa se vio a puerta cerrada sin citación de la rea, que fue condenada a morir ejecutada por garrote vil en aplicación de un reciente decreto de Fernando VII, fechado el 1 de octubre de 1830, que castigaba con la pena de muerte a los autores y cómplices de «toda maquinación en el interior del reino para actos de rebeldía contra mi autoridad soberana». La sentencia le fue leída en la cárcel por un escribano en presencia de diversos altos cargos y funcionarios de la monarquía, entre ellos Pedrosa, confiado todavía en que en aquel último trance Mariana haría «una revelación circunstanciada de la conjuración y de todos los conjurados»64. Pero no hubo tal. Oída la sentencia, y tras una primera reacción de ira, pronto aplacada, pasó a capilla en compañía de su confesor.

Cuarenta y ocho horas después, el 26 de mayo de 1831, era conducida al cadalso cubierta con el saco negro de rigor, que ella misma tuvo que ponerse del derecho por el nerviosismo y la torpeza del esbirro encargado de colocárselo. Salió de las Arrecogidas precedida del verdugo y acompañada de los frailes de tres conventos, que le entregaron un crucifijo y la exhortaron a bien morir. Ya en la calle, Mariana fue montada en una mula, que sería tirada por el verdugo. La comitiva se completó con el pregonero, los hermanos de la caridad, dos alguaciles y un piquete de caballería en cabeza y otro de infantería cerrando el cortejo. Su biógrafo, José de la Peña, describe el sobrecogedor silencio que la acompañó hasta el suplicio entre gentes que «se agolpaban a ver un espectáculo nunca visto ni oído en Granada»: que una mujer joven y hermosa, emparentada con las mejores familias de la ciudad, «sin haber cometido ningún delito ostensible, pudiera haber sido condenada a la pena de garrote»65. Subió al patíbulo, situado en una explanada a las afueras de la ciudad, recibió la absolución de su confesor, don José Garzón, y entre los rezos de este último el verdugo ejecutó la condena. Los gastos de la ejecución se pagaron con los bienes embargados a la propia rea66. Transcurridos doce días, La Gaceta de Madrid publicaba la siguiente información:

«El 26 de mayo último sufrió en Granada la pena de muerte doña Mariana Pineda, vecina de aquella ciudad. Sorprendida su casa por la policía el 13 [sic] de marzo próximo anterior, se encontraron en ella una bandera revolucionaria a medio bordar y varios objetos análogos; y empezadas las diligencias por la policía, y seguida la causa por el tribunal con toda actividad, el delito de doña Mariana Pineda ha sido probado plenísimamente.

Si aún son más dolorosos estos castigos en las mujeres que en los hombres, no por ello dejan de ser tan precisos para el escarmiento, especialmente después que los revolucionarios han adoptado la táctica villana de tomar por instrumento y por escudo de sus locos intentos al sexo menos cauto y más capaz de interesar la ajena compasión.

Toda la Península goza de perfecta paz»67.

Apenas unas semanas después, un noble francés de viaje por España, el marqués de Custine, recién llegado a Granada, encontraba la ciudad todavía bajo la conmoción producida por la muerte de Mariana Pineda. Nadie, según él, podía imaginar que esta joven viuda, conocida en toda Granada, llegara a tener un fin semejante y fueron muchos quienes el 30 de mayo, cuatro días después de consumarse la tragedia, en vez de engalanar sus balcones por la onomástica del rey, como otros años, prefirieron mostrar su pesar con una colgadura negra. Por lo demás, la muerte de la heroína liberal, lejos de ser un acto arbitrario y ciego de la justicia absolutista, respondía, según Custine, a una meditada decisión del gobierno, con Calomarde a la cabeza, y en última instancia del propio Fernando VII, obsesionado con la idea de que los liberales estuvieran llenando de mujeres su «ejército invisible» y de que esos «escuadrones de amazonas» se lanzaran al asalto de la monarquía si antes no se daba un escarmiento68. En el fondo, no decía otra cosa la Gaceta de Madrid al informar de la ejecución de Mariana Pineda.

Es curioso que en un artículo posterior, referido a las revoluciones europeas de 1830, y en particular al levantamiento polaco contra el imperio ruso, la Gaceta de Madrid negara la existencia en Polonia de «esos escuadrones de amazonas con que han entretenido a la Europa los noveleros de París»69. Todo indica que lo de los «escuadrones de amazonas» fue un viejo mito puesto en boga por el romanticismo francés —así lo recordó mucho después el escritor Maxime du Camp—70, que tuvo cierta circulación en la Europa convulsa de 1830. Lo que empezó siendo un bello episodio, más imaginario que real, de la sublevación polaca contra los rusos acabó plasmándose inesperadamente en la España de Fernando VII y en el suplicio de Mariana Pineda.

El gran escarmiento

Ninguna otra española fue ejecutada entonces por su compromiso con la revolución. Fueron muchas, en cambio, las que sufrieron esa represión ejemplarizante con la que el gobierno de Fernando VII quiso acabar con cualquier atisbo de liberalismo femenino antes de que fuera demasiado tarde. Hubo incluso otras peticiones de pena de muerte, aunque al final la condena no llegara a cumplirse o no alcanzara ese extremo. Tal fue la solicitud del fiscal contra Teresa Panigo, de cincuenta y seis años, acusada de «complicidad en la correspondencia de conspiración» por su relación con la trama de Marco-Artu y finalmente condenada a ocho años de cárcel. Ella misma se dirigió al rey en enero de 1832 solicitando su indulto, tanto por ser inocente de los hechos que se le imputaban como por la triste condición en que se encontraba su esposo, ciego, paralítico e imposibilitado de valerse por sí mismo71. Parece que el marido murió poco después y cabe suponer que Teresa fue puesta en libertad al promulgarse la amnistía en octubre de aquel año.

La justicia absolutista fue especialmente severa con Esperanza Planells Bardají, de cuarenta y cinco años, natural de Ibiza y residente en Madrid. El 3 de septiembre de 1831, la Sala plena de Corte la condenó, por cinco votos a cuatro, «a garrote infame y que le pongan pendiente del pecho un cartel que diga “Traidora”». Sin embargo, el 17 del mismo mes, el rey, «usando de su innata real clemencia» y atendiendo al delicado estado de salud de la rea, enferma de epilepsia, ordenó suspender la ejecución. Un mes y medio después, el 4 de noviembre, Fernando VII hacía uso de su «soberana clemencia» para concederle el indulto y conmutarle la pena máxima por la «inmediata» de diez años de cárcel. Su delito había sido pertenecer a la trama conspirativa de Marco-Artu, en cuya casa se encontraba cuando fueron a detenerle, y participar activamente en la correspondencia de los revolucionarios, recibiendo y redactando cartas de contenido subversivo, que firmaba Peligros y que solía escribir con tinta invisible. Estaba casada, como vimos, con Florentino Arizcun, detenido en 1826 y huido posteriormente al exilio, donde ejerció durante algún tiempo de secretario de Mina. Esperanza solicitó, sin éxito, cumplir su condena en su Ibiza natal o, al menos, en el Colegio de San Nicolás de Madrid, pues en la Casa Galera de la Corte se hallaba recluida junto a «mujeres prostitutas y disolutas sin vestigio alguno de pudor y educación», en condiciones que resultaban vejatorias para «una mujer de clase», como ella72. Su hermana Rosa Planells fue también detenida en abril de 1831 «con motivo de tener correspondencia con Mina», pero debió de permanecer poco tiempo en prisión73.

La dura represión desencadenada en Málaga tuvo como protagonista a Vicente González Moreno, gobernador y jefe de la policía, que desempeñó un papel análogo al de Pedrosa en Granada. Pasó a la historia principalmente por urdir el plan que perdió a Torrijos y a sus hombres y les llevó a morir fusilados en la playa de San Andrés el 11 de diciembre de 1831. Una carta de un tal Lis —probablemente Manuel Bertrán de Lis—, fechada en Gibraltar en enero de 1832, daba cuenta de la ola de terror que se había apoderado del país en los últimos meses y del peligro que corrían las mujeres afines al liberalismo:

«En España prenden a centenares y van a sacrificar a millares. ¡Cuán enérgicamente lo vaticiné así a Torrijos sin lograr el que me quisiese hacer caso! Hasta a las señoras se extiende la proscripción y las González (de Vicente, el benemérito abuelito) han llegado aquí escapadas cuando las llevaban al patíbulo a Málaga. Una señora hay allí sentenciada a muerte y tememos que la ejecuten»74.

No se sabe quién pudiera ser esa señora a la espera de ser ejecutada, pero sobre el papel de «las González» en los planes de los liberales hay abundante información. Josefa y Candelaria González Fernández formaban parte de la red clandestina establecida en Algeciras, en contacto con dos puntos cruciales de la conspiración como eran Gibraltar y Málaga. En esta última residía al parecer su padre, Vicente González —el «benemérito abuelito» de la carta anterior—, antiguo comisario de guerra y confidente de la policía por lo menos desde 1829, lo que no le libró de ser encarcelado y procesado, aunque su muerte en un hospital de Sevilla el 23 de marzo de 1832 pusiera fin a la causa abierta contra él. Que el padre fuera agente doble podría dar que pensar sobre la actuación de sus hijas en Algeciras, y más aún si tenemos en cuenta que hasta allí llegaba el largo brazo del gobernador de Málaga, González Moreno, cuya afición al engaño y al doble juego —él mismo utilizaba el falso nombre de Viriato— contamina de sospecha casi todo lo que ocurre en su amplio radio de acción. Sin embargo, la lealtad a la causa por parte de las hermanas González, a pesar de los antecedentes de su padre, parece fuera de toda duda. De ahí su detención y la de su madre, así como las noticias que recoge la carta antes citada sobre su traslado a Málaga para ser ejecutadas. Esto último conviene tomarlo con cautela, pero es cierto que fueron detenidas el 29 de diciembre de 1831, tras descubrirse entre los papeles de Torrijos una veintena de cartas suyas que las incriminaban. Un registro en su casa deparó el hallazgo de nueva correspondencia, pese a lo cual se las puso en libertad bajo fianza vigiladas por la policía, cuya labor quedó seriamente en entredicho por la huida a Gibraltar, el 19 de enero, de las dos hermanas y su madre. Ahí se perdió su pista. La delegación de Policía de Málaga hizo continuas indagaciones sobre su paradero y un tribunal de Granada reclamó meses después su comparecencia, sin ningún éxito. Es fácil imaginar la reacción del gobernador de Málaga, el temible Viriato, al saber que «las señoras de Algeciras» estaban fuera de su alcance. Queda una última duda sobre la familia González, porque un documento policial de marzo de 1832 sugiere que el padre culminó su carrera como agente doble traicionando esta vez al gobierno y favoreciendo a sus compañeros de conspiración. En estos casos nunca se sabe cuál es la última traición, y menos cuando el protagonista ve muy próxima la muerte. Poco antes de morir, ya muy enfermo, escribía una carta a su familia contándole sus muchos padecimientos: «Hijas mías, es preciso que os arméis de [esa] fortaleza que tanto me recomendáis. Abrazos a mamá»75. Josefa González regresó de Gibraltar a principios de 1833, tras la amnistía de octubre del año anterior76.

María Teresa Elliot, alias Pepa, casada con el procurador Carlos Accino y corresponsal de Torrijos en Málaga, es una de las fuentes de información de las que bebió González Moreno en sus planes contra el cabecilla liberal. La propia policía tenía a Teresa por «agente secreto de esta subdelegación», sin que probablemente lo fuera. Cierto que facilitó noticias de gran interés, pero ignorando seguramente que su interlocutor estaba al servicio de sus enemigos. En octubre de 1831 fue encarcelada bajo la acusación de haber facilitado la fuga de un preso liberal: el capitán José Aguirre. Por una amiga sabemos que se la llevaron de su casa esposada, en plena noche, y que la encerraron en un lugar llamado «la Caja, porque es exactamente una caja de un muerto, donde ni aun menearse puede». Detuvieron también a su criada y poco después a su hijo Enrique Accino, «muy jovencito, que dicen son los cinco sentidos de su madre»77.

El gobernador cortó inmediatamente la comunicación epistolar que Teresa Elliot mantenía con el brigadier Torrijos, obligado de esta forma a confiar ciegamente en su único contacto en la ciudad: el misterioso personaje que se hacía llamar Viriato, es decir, el propio gobernador. Una de las cartas de Teresa al brigadier contenía un mensaje que hubiera podido salvar a Torrijos y a sus hombres: dadas las circunstancias, no era «oportuna su venida a estas costas». Naturalmente, la carta nunca llegó a su destino78. Hay indicios de que Teresa Elliot y su hijo Enrique Accino fueron condenados a muerte79. José de Coba, que permaneció casi un mes escondido en su casa, era de los que pensaban que Teresa les había traicionado. Precisamente por eso, no encontraba una respuesta cabal a una serie de preguntas sobre su abnegado papel en la conspiración, llegando a poner en serio riesgo su vida: «¿Por qué está esta señora próxima a ir al patíbulo o ejecutada? ¿Por qué me salvó la vida en Málaga? ¿Por qué salvó a Aguirre? ¿Cómo no ha delatado a Tentor y mil otros?»80. La controvertida figura de Teresa Elliot demuestra lo difícil que en el mundo de las conspiraciones resulta a veces distinguir entre héroes y traidores.

También en Málaga actuaban María y Francisca Tentor —Frasquita—, hermanas de Rafael —alias Leusick y Bruto—, comerciante y militar malagueño, citado en la carta anterior y a la sazón «reo de Estado». La primera de ellas estaba casada con el coronel José Fuensalida y la segunda le profesaba un amor tan ardiente como no correspondido a un español refugiado en Gibraltar de nombre «Pepe». El gobernador de Málaga, González Moreno, estaba convencido de que Francisca intervino junto a Teresa Elliot en la fuga del capitán José Aguirre y de que éste era el famoso «Pepe» al que iban destinadas las cartas de amor de la Tentor. No lo parece. Al menos, así se desprende de una carta que Francisca dirige a su amado el 19 de octubre, en la que, tras sus reproches habituales —«hoy no he tenido carta tuya, seguramente era mucho despilfarro escribirme dos estafetas seguidas»—, se refiere a la reciente «fuga de un preso de la Victoria llamado Aguirre, del cual no se ha vuelto a saber una palabra»81. Es evidente que al menos el destinatario de esta carta no podía ser el propio Aguirre. En todo caso, pese a las pruebas que obraban contra ella, Moreno optó por dejarla libre para que se confiara y poder utilizar su correo para desenmarañar la trama.

No le iba a resultar nada fácil, tanto por la habilidad de Aguirre para confundir a sus perseguidores con sus continuos cambios de personalidad —Aníbal, Gómez, Apraíz, Bartolo, Ramón Alonso y Ramón Aizpurúa—, como porque en este complicado asunto las relaciones sentimentales, familiares y políticas constituían un todo inextricable. Fuensalida, esposo de María, era primo de las Tentor y se encontraba procesado y desterrado. El mismo parentesco unía a las hermanas con Francisco Unzaga, agente de Torrijos y uno de los artífices de la fuga de Aguirre, por la que fue detenido. A Frasquita, la policía le atribuía una «íntima amistad» con Teresa Elliot y una relación sentimental con Aguirre, que sería el «Pepe cruel» —como le llama ella— cuyas «atroces y bárbaras ingratitudes» la atormentaban de continuo, hasta el punto de aborrecer el día en que le conoció —«¡qué feliz sería […] si no te hubiera conocido!, pero tú me has hecho infeliz para siempre»—82. Lo de menos es que Aguirre fuera el destinatario de estas cartas y el causante de la infelicidad de Francisca. La cuestión es que el gobernador de Málaga, González Moreno, estaba convencido de ello y de la implicación de la Tentor en la evasión del prófugo liberal, que habría permanecido oculto en casa de su amada hasta embarcarse para Gibraltar, adonde llegó tras hacer escala en Orán. Si a partir de ahí trazamos un paralelismo, casi inevitable, entre Frasquita Tentor y Mariana Pineda, «Pepe» —sea o no José Aguirre— sería para la primera lo que Fernando Álvarez de Sotomayor representó para la segunda. En la comparación entre ambas, Francisca se nos muestra mucho más fogosa e imprudente que Mariana, y sin embargo su aventura político-sentimental tuvo un desenlace menos trágico que el de la granadina, tal vez porque Moreno —el Ramón Pedrosa de esta historia— no se decidió a poner fin a la trama.

En opinión del gobernador, sobre «la connivencia de esa mujer y su perfecto acuerdo con los revolucionarios» no cabía ninguna duda. Otra cosa era que los motivos de Francisca Tentor pudieran ser más sentimentales que estrictamente políticos, ya fuera por su relación con «Pepe» o por la implicación de «sus inmediatos parientes», entre ellos, su hermano Rafael, «en los proyectos de conspiración». El gobernador tenía buenas razones para no detenerla, por lo menos inmediatamente. Pretendía utilizar su correo como fuente de información, que quedaría cegada en cuanto Francisca perdiera la libertad, y, además, afirmaba carecer «del local proporcionado en que constituirla, y en que se halle, al paso que con la seguridad e incomunicación correspondientes, con la decencia y decoro que exigen su sexo, su estado y la calidad de su persona». Una mezcla de maquiavelismo policial, remilgos morales y clasismo ancien régime libró a Francisca Tentor de acabar siendo la Mariana Pineda malagueña. No consta siquiera que llegara a ser detenida83.

Por mucho menos acabaron presas María de la Purificación Ramírez de Arellano, condenada a dos años de cárcel por su participación en la fuga del médico Victoriano Torrecilla, del grupo de Marco-Artu, y Antonia Mendo, viuda, vecina del Casar de Cáceres y encarcelada en 1831 debido al parecer a su vinculación con Valentín Falcato, agente de Marco-Artu en Extremadura. Un año después seguía sin saber el motivo exacto de su prisión. A falta de una acusación formal, Antonia barruntaba que a ella y a un hijo suyo se les hubiera podido relacionar con Falcato y que a partir de ahí se les mezclara en «alguna conspiración contra el Gobierno legítimo de S.M. y sus imprescriptibles derechos». Así lo afirmaba en una instancia a Fernando VII solicitando ser trasladada a su pueblo para continuar allí su reclusión en caso de que se rechazara el sobreseimiento de la causa, que era lo que procedía, pues, según sus palabras, «sólo por razón de su sexo era inverosímil que pudiera mezclarse en asuntos políticos superiores a sus limitados alcances». En aquellos momentos servía de poco que una procesada apelara a «sus limitados alcances» como miembro del sexo débil, justo cuando el rey y los suyos temían que el peligro de una revolución tomara forma de mujer. Todo lo que consiguió fue que, en un oficio fechado en San Ildefonso en julio de 1832, Fernando VII instara a terminar la formación de la causa, que, por algún extraño motivo, había quedado inconclusa84. Lo más probable es que, tras la amnistía de octubre, Antonia Mendo fuera puesta en libertad.

Lo mismo ocurrió seguramente con otras víctimas del gran escarmiento de 1831. Antonia Sánchez, Catalina Pinedo y María Díez Rodero fueron condenadas a entre dos y seis años de prisión como cómplices de Tomás de la Chica, ejecutado en la horca por haber esparcido tarjetas y pasquines subversivos por el centro de Madrid con inscripciones como «Mueran los realistas» y «Viva la Libertad»85. Se les hacía responsables además de la colgadura de banderines tricolores en la Plaza Real y en la calle Preciados en marzo de aquel año, tal vez coincidiendo con el aniversario de la Constitución de Cádiz. En el caso de María Díez Rodero, la sentencia, fechada el 27 de julio de 1831, advertía que «si reincidiese en iguales excesos se la castigará con mayor rigor» que los seis años de galera que se le impusieron entonces86. Cumplida la pena, debería reunirse con su marido. En julio de 1831 fue detenida en Peñiscola (Castellón) Vicenta Boix, implicada en diversas causas relacionadas «con el infame Torrijos». Aunque en algún momento se le atribuyó haber colaborado con la policía, un año después de su encarcelamiento seguía en prisión87. En Cartagena, Florentina Tudela y Encarnación Onteniente fueron condenadas a ocho años de reclusión y Ana María Manresa a cuatro, que debía cumplir, como las anteriores, en el beaterio de Santa María Egipcíaca88.

El año 1831 terminó con el fusilamiento del general Torrijos y sus compañeros, tras su desembarco en una playa próxima a Fuengirola. En la mañana del 11 de diciembre, unas horas antes de morir, el general se despedía por carta de su mujer, Luisa Sáenz de Viniegra, exiliada en París:

«Amadísima Luisa mía: Voy a morir, pero voy a morir como mueren los valientes. Sabes mis principios, conoces cuán firme he sido en ellos y al ir a perecer pongo mi suerte en la misericordia de Dios y estimo en poco los juicios que hagan las gentes. […] Ten la satisfacción de que hasta mi último aliento te he amado con todo mi corazón. Considera que esta vida es mísera y pasajera y que por mucho que me sobrevivas nos volveremos a juntar en la mansión de los justos, adonde pronto espero ir, y donde sin duda te volverá a ver tu siempre hasta la muerte.- José María de Torrijos»89.

Por su mujer y biógrafa sabemos que se le denegó la gracia que había pedido de dar la orden de fuego y recibir la descarga sin los ojos vendados. «Con un enérgico VIVA LA LIBERTAD», cuenta Luisa Sáenz, «cayó mi esposo y cayeron todos sus 52 compañeros a los mortales rayos lanzados a la voz de la perfidia por orden de la airada y sangrienta tiranía»90.

Poco después se produjo la detención de uno de los responsables del asesinato del gobernador de Cádiz en marzo de 1831. La comisión militar de la provincia condenó al reo, un tal Pablo Palacios, a ser «arrastrado, ahorcado y cortada la mano derecha, colocándose ésta en una jaula de hierro», que sería expuesta en un lugar bien visible a la entrada de la ciudad. El vecindario, añade la Gaceta de Madrid, mostró su satisfacción por haberse castigado al culpable de tan horrendo crimen91.

Fueron meses de una intensa actividad represiva, que desmentía las esperanzas de algunos liberales en que la nueva reina, la napolitana María Cristina de Borbón, cuarta y última esposa de Fernando VII, inclinaría al rey hacia una política menos sanguinaria. De momento, al menos, las muestras de clemencia no se veían por ningún lado, por más que el 24 de abril de 1832 Fernando accediera a sustituir la pena de horca por la de garrote, para realzar «con este beneficio la grata memoria del feliz cumpleaños de la Reina, mi muy amada esposa»92. Huelga decir que este fatuo gesto, concebido como regalo de cumpleaños, no mejoró la suerte de los liberales. Sin embargo, el grave deterioro de la salud del rey y el incierto futuro de su hija y heredera, la princesa Isabel, nacida el 10 de octubre de 1830, iban a precipitar muy pronto los acontecimientos.

CAPÍTULO 9
EL FINAL DEL EXILIO

Las «tres jornadas gloriosas» y la emigración española

«La Revolución francesa de 1830 abrió los pechos a la esperanza de la libertad. Los escapados a las diferentes tiranías de Europa corrieron a París, ansiosos de marchar a la conquista de su patria». Con estas palabras empezaba el historiador Manuel Núñez de Arenas su viejo estudio sobre la expedición de Vera (Navarra) en octubre de 1830, una de las muchas intentonas liberales —ésta protagonizada por Espoz y Mina— que jalonan la Década Ominosa1. Núñez de Arenas sabía de qué hablaba, porque, además de manejar una abundante documentación policial de la época, descendía de uno de los liberales emigrados en 1823: el militar y diputado José Núñez de Arenas. Lo mismo que don Benito Pérez Galdós, sobrino del teniente Benito Galdós, exiliado con su mujer, Ramona, y sus dos hijos, primero, en Inglaterra y, tras la revolución de 1830, en Francia. No es probable que Benito y Ramona vieran cumplido el romántico sueño de un personaje del propio Galdós, la protagonista de Los Cien Mil Hijos de San Luis, al imaginarse la vida que les aguardaba, a ella y a su amado, en cuanto tomaran el camino del destierro: «Comeremos los dos el dulce pan de la emigración, lejos de indiscretas miradas, libres y felices fuera de esta loca patria perturbada». Cuando triunfó la Revolución francesa de 1830, a los tíos del novelista aún les quedaban, como a casi todos los emigrados, más de dos años de duro exilio, que pasaron penosamente en los «depósitos» habilitados por el gobierno francés como residencia de los refugiados españoles.

Las jornadas del 27, 28 y 29 de julio de 1830 han pasado a la historia como las tres gloriosas que precedieron a la abdicación de Carlos X, el último Borbón que reinó en Francia. En París, la puesta en escena fue la de las grandes ocasiones. En los combates callejeros de aquellos días, no podían faltar ni la bandera tricolor, enarbolada por estudiantes y obreros, ni las barricadas levantadas aquí y allá en lugares estratégicos, tanto en los barrios de mayor tradición revolucionaria, los faubourgs Saint-Marceau y Saint-Antoine, al este de París, como en las puertas de acceso a la capital. Los principales edificios públicos fueron, asimismo, escenario de encarnizados enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los revolucionarios alzados en armas, incluidos algunos refugiados extranjeros y entre ellos un puñado de españoles, que dieron a la revolución de 1830 un marcado carácter internacional y hasta internacionalista. «¡Pueblos!, todos sois hermanos, sólo los opresores son extranjeros»: así se expresaba, seis años después, el poeta José de Espronceda, uno de los exiliados liberales que participaron en las tres gloriosas de París, cuyas palabras parecen evocar el espíritu de confraternización de los pueblos que caracterizó a la Revolución francesa de 1830. Otro español que se distinguió en aquellas jornadas y fue condecorado por ello, Balbino Cortés —a quien el propio Espronceda había dedicado un poema en Londres dos años antes—, respondió de manera parecida al caer herido junto a una barricada y ser preguntado por su patria de origen: «En la sagrada causa de la libertad, todos los que combaten por ella pertenecen al mismo país; los únicos extranjeros son sus cobardes enemigos»2.

Hubo otros españoles en las barricadas de julio, como el escritor Andrés Borrego, pero el periódico Le Constitutionnel, favorable a la Revolución, se fijó en una muchacha española, de apenas dieciséis años, vestida con una levita azul y armada con dos pistolas y una espada, que participó junto a su hermano en el asalto al Palacio del Louvre en la mañana del día 29. Llamó tanto la atención su presencia en el fragor del combate que la gente se acercaba a ella a preguntarle quién era. Se llamaba María y algunos la vieron de nuevo unas horas después escoltando con su hermano, por el Pont Royal, junto al Louvre, a unos soldados de la guardia real hechos prisioneros por los asaltantes y defendidos por ellos dos de la ira de la multitud. «No empañéis vuestro nombre», gritó el joven español que los custodiaba, «asesinando a vuestros compatriotas indefensos». Este «español distinguido», como le llama un testigo, no era otro al parecer que Rafael Sáenz de Santa María, «exiliado de España, su patria, por sus ideas constitucionales», según afirmó él mismo en un escrito posterior en el que narró con todo detalle su participación en aquellos hechos3. El nombre de su hermana, la joven española convertida en heroína anónima de las tres gloriosas, sería en tal caso María Sáenz de Santa María.

Los exiliados recibieron con júbilo la caída de Carlos X y la instauración de la monarquía constitucional de Luis Felipe de Orleáns, que tenía entre sus principales valedores al viejo general La Fayette, buen amigo de nuestros liberales. Alcalá Galiano recordaría años después que el triunfo de la revolución de julio llenó al exilio español de «alegrísimas esperanzas y renovados bríos» y el librero Vicente Salvá, instalado por entonces en París, no pudo contener su entusiasmo al escribir a su hijo una semana después del fin de la monarquía borbónica: «¡Qué cambio en apenas cuatro días y qué lección para los reyes!». Todos coincidían en que, como escribió Andrés Borrego en sus Memorias, «el triunfo de los liberales franceses contribuiría al restablecimiento de la libertad en España»4. Y probablemente así fue, aunque no tan pronto como ellos esperaban.

El impacto en el exilio español fue tal que sólo en las primeras semanas se trasladaron a Francia 123 refugiados procedentes de Inglaterra, y, según el embajador en Londres, era de prever que en breve plazo no quedaran en la isla más que «los achacosos»5. Lo mismo ocurrió con la colonia de emigrados en Bruselas, mucho menos numerosa. Los más comprometidos en la lucha contra el absolutismo fernandino se aprestaron a promover nuevos rompimientos en la Península, ya fuera desde los Pirineos, como Mina y Valdés, o desde Gibraltar, como Torrijos, quien, tras una fugaz estancia en París, el 19 de agosto de 1830 se embarcó en Marsella con rumbo a la colonia británica. En la capital francesa y por esas mismas fechas escribió Espronceda su poema «A la señora de Torrijos», Luisa Sáenz de Viniegra, que acababa de despedirse de su marido y al que el poeta consolaba con la esperanza de que «pronto el día / llegará de la victoria, / y oirás más altas canciones, / a par con él, venturosa»6.

Eran días agitados para aquellas familias de la diáspora liberal que cambiaron de residencia al triunfar la revolución de julio, muchas de ellas tras pasar seis o siete años en Inglaterra; más agitados aún en el caso de las esposas de los jefes del liberalismo en el exilio, como la mujer de Mina, Juana de Vega, que en aquella época tuvo que asumir personalmente la secretaría política del general. La futura condesa de Espoz y Mina, sobre la que había pesado, hasta el cambio de régimen, una prohibición expresa de residir en Francia, recuerda en sus Memorias la frenética actividad desarrollada por su marido en los meses posteriores a la revolución, en los que preparó, desde Burdeos y Bayona, su expedición a Vera. En un segundo plano aparece el doble juego practicado por Luis Felipe de Orleáns, cuya «maquiavélica conducta», como la llama Juana de Vega, consistía en alentar con una mano los planes contra Fernando VII —se habló de un donativo personal de cien mil francos y de que un hijo suyo ocuparía el trono constitucional de España— y con otra ganarse el reconocimiento diplomático de la monarquía española con promesas de respeto mutuo7.

Basta leer los partes policiales sobre las actividades de Mina y sus compañeros en el sur de Francia para ver el recelo que todo aquello despertaba en las nuevas autoridades francesas, interesadas —como dice el prefecto de Policía de Las Landas— en «mantener una buena armonía entre las dos potencias», y también probablemente en zanjar lo antes posible el espectáculo de los voluntarios franceses que en número considerable acudían a alistarse en el improvisado ejército de Mina8. De todas formas, la cifra que ofrece la propia policía de 3.000 parisinos dispuestos a participar en aquella aventura resulta poco creíble. Hay algo de exageración también en un informe de José Manuel del Regato, el espía favorito de Fernando VII, sobre la marcha de emigrados españoles a los Pirineos: «Van nubes de ellos a la frontera»9. Si Espoz y Mina concentraba a los suyos en el extremo occidental de la cordillera, Milans del Bosch hacía lo propio en el Rosellón, donde, según informó un periódico mexicano, tanto él como el conde de Linati y la viuda de Lacy habían conseguido «reunir mucha gente» gracias al «encanto» de sus nombres10.

Fracasada la intentona de Mina sobre Vera, lo mismo que las de Valdés y Milans del Bosch en Navarra y Cataluña, los supervivientes se replegaron al otro lado de los Pirineos a la espera de una mejor ocasión. El 2 de diciembre, el general se reencontraba en Burdeos con su esposa, que, recién llegada de Inglaterra, tenía el «indecible placer» de abrazarle tras varios meses de separación y peligros11. Poco después, se trasladaron a París, donde Juana, en calidad de secretaria suya, se encargó de la redacción de cartas y comunicados diversos, como las notas apócrifas que en mayo de 1831 aparecieron en la prensa de la capital sobre un supuesto viaje de Mina a Marsella, que no era más que una falsa pista para encubrir sus verdaderas intenciones. Incluso ante un amigo incondicional como La Fayette, al interesarse por él —«querida amiga, nada más quiero saber sino que su esposo de usted no corre ningún peligro»—, Juana tuvo que mantener su hermetismo para no comprometer la nueva aventura en que se había embarcado su marido en el verano de 1831. El verdadero motivo de su desaparición fue un viaje secreto a Inglaterra, desde donde partió hacia Gibraltar acompañado por algunos de sus hombres de confianza. Las cosas, sin embargo, fueron mal desde el principio. Abortado su plan de levantamiento en la Península, que pretendía dirigir desde el Peñón, fracasó también en sus gestiones para conseguir el apoyo de la monarquía portuguesa a la causa constitucional española, hasta el punto de que el rey Pedro decretó su expulsión de Oporto, donde se encontraba de incógnito.

La crónica que ofrece Juana de Vega del accidentado periplo de su marido por Inglaterra, Gibraltar y Portugal termina con una amarga reflexión que le hizo el coronel Seoane, fiel lugarteniente de Mina, como balance de aquellos meses de lucha y zozobra: «Mi generala, está visto, y es preciso, que nos convenzamos de ello: el amor de la Patria se ha perdido en España del todo […]; se han acostumbrado a la cadena que los oprime y los circunda; no merecen nuestros esfuerzos»12. Las palabras de Seoane reflejan fielmente el desencanto que se acabó apoderando del exilio ante la imposibilidad de cambiar la situación en España, pero muestran también hasta qué punto la mujer de Mina gozaba de una autoridad personal y política que, más allá de la anécdota del tratamiento de generala —otorgado también a la mujer de Torrijos—, excedía en mucho al papel de otras mujeres de su condición. Lo que no cuenta en sus Memorias es que a finales de julio de 1831 se había celebrado en París una cumbre de la emigración liberal para elegir a un comité directivo que pusiera fin a su división en juntas enfrentadas. El escrutinio de los 970 votos emitidos, la mayoría de ellos por correo, confirmaba el limitado respaldo con que contaba Mina entre sus compañeros de infortunio, que, con 176 votos, lo relegaron al duodécimo puesto, fuera, por tanto, de los siete elegidos y muy lejos de los 868 votos de Álvaro Flórez Estrada y de los 823 de su gran rival, José María Torrijos13.

Ahora bien, la afluencia de españoles a Francia no se reducía a los exiliados liberales en el sentido más genuino de la expresión, que suele identificarse, un poco abusivamente, con los cuadros del Estado y del ejército constitucional huidos en 1823, es decir, con esa masa heterogénea compuesta, en palabras de Alcalá Galiano, de «militares, eclesiásticos, abogados, empleados civiles, médicos, escritores; en suma, lo que constituye el núcleo del partido llamado liberal en todos los pueblos»14. Como ocurriera en 1826 con el restablecimiento de la monarquía constitucional en Portugal, el cambio político llevó a cruzar la frontera a descontentos de toda índole, muchos de ellos sin una conciencia política definida, sobre todo miembros del ejército de todas las categorías que decidieron romper amarras con el Estado absolutista desertando en masa de algunas guarniciones próximas a los Pirineos. En torno a 130 militares, la mayoría soldados y suboficiales, fueron ingresados, tras abandonar España en 1830, en tan sólo dos de los depósitos de refugiados —los de Brive y Tulle—, una cifra que multiplica por seis la media anual de ingresos de los años anteriores15. En muchos casos, se advierte una vez más la importancia del efecto llamada sobre aquellos que permanecían en España —compañeros de armas, paisanos, esposas…— y que en no pocas ocasiones acabarían siguiendo sus pasos.

Es difícil distinguir las motivaciones puramente políticas de la huida de otras de tipo material o económico, relacionadas con una vaga esperanza de vivir mejor en la Francia revolucionaria que bajo la monarquía fernandina, sumida en una crisis financiera que afectaba de lleno a quienes vivían de un sueldo público, como los militares. Probablemente, unas y otras motivaciones —desde un abnegado idealismo político hasta el simple instinto de supervivencia— estaban más mezcladas de lo que cabría pensar. El hecho es que por razones humanitarias y políticas, el gobierno orleanista se sintió obligado a contribuir al mantenimiento de los casi tres mil exiliados españoles —2.867, según Le Moniteur Universel, sobre un total de 5.375—16 localizados en Francia a finales de 1830, una cifra que se esperaba iría en aumento al año siguiente. La mayoría de ellos estaba adscrita a los llamados «depósitos», que es el término, algo equívoco, empleado para designar las poblaciones en las que estaban obligados a residir. Era una forma suave de confinamiento, reducido a la prohibición de cambiar de residencia sin permiso y a vivir bajo un cierto control administrativo, formalizado en el recuento diario y en la paga del correspondiente subsidio. Con esta asignación debían sufragar su alojamiento y manutención y, en su caso, los de sus familias. Esta circunstancia resultaba bastante habitual y, aunque viniera compensada por un pequeño subsidio complementario, hacía aún más difícil la subsistencia. Una lista de refugiados del depósito de Clermont-Ferrand fechada en abril de 1831 arroja una cifra de 50 oficiales, más 25 mujeres y niños, y de 113 suboficiales y soldados, con 29 mujeres y niños a su cargo, datos que concuerdan, poco más o menos, con los de otros depósitos y que demuestran una vez más que el fenómeno de la emigración política era un asunto de familia, tanto más cuanto más alta fuera la condición socioprofesional del emigrado, como ocurre en este caso con los oficiales17. En mayo de 1831, los depósitos registran un total de 1.623 refugiados españoles, de ellos 239 mujeres y niños18. Habría que añadir aquellos otros cuya situación administrativa y económica les permitía vivir fuera de ellos, sobre todo en París.

El reparto de los subsidios estaba rigurosamente tasado según la categoría del beneficiario, como venía ocurriendo tanto en Inglaterra como en Francia, donde los antiguos prisioneros de la guerra de 1823 recibían ya algún socorro. En diciembre de 1830, en el depósito de Limoges la ayuda diaria oscilaba entre los ocho francos que percibían los tenientes generales y los sesenta céntimos que cobraban los suboficiales, soldados, criados, mujeres y niños, según el escalafón descendente, de más a menos jerarquía e independencia, que consta en el propio documento19. Son frecuentes los testimonios sobre la extrema penuria en que vivía la mayoría de ellos. «Los oficiales, sus mujeres y sus hijos», escribía el prefecto de policía de Clermont-Ferrand, «llegan generalmente en tal estado de desnudez que es imposible no empezar por vestirles»20. Un escritor español, autor unos años después de una estampa costumbrista sobre la vida del exiliado en Francia, evocará las penosas condiciones en que se encontraban los españoles confinados en los depósitos: «Yo he recorrido de aficionado algunos de ellos, y jamás olvidaré la impresión de profundo desconsuelo que casi siempre me dejaba el aspecto de tanta miseria, de tanta incuria y, siento decirlo, a veces de tanta degradación»21.

Pese al sombrío panorama que ofrecían muchos depósitos y a la escasa cuantía de los subsidios, la perspectiva de disfrutar de la ayuda económica del gobierno francés fue uno de los motivos de la llegada masiva de refugiados a Francia a partir de julio de 1830. Hubo otros, sin duda, desde el clima, mucho más benigno que el inglés, hasta las nuevas posibilidades que la proximidad de la frontera brindaba a la lucha contra el absolutismo español. Pero la concesión de auxilios a los refugiados políticos, junto a la mayor libertad de movimientos, determinó en gran medida los vaivenes de la emigración española desde 1823 a uno y otro lado del Canal de la Mancha.

Las identidades electivas

«La manía de escribir se ha apoderado de muchos refugiados españoles»22. Este curioso diagnóstico sobre el mundo del exilio, recogido en un informe elaborado para el gobierno de Fernando VII en 1826, es aplicable a un buen número de españolas residentes en Francia que, a partir de 1830, lucharán por obtener el subsidio oficial concedido a los refugiados políticos. Para ello debían demostrar que se encontraban proscritas por el gobierno español y que, por ser viudas o solteras, carecían de un padre o un esposo, también refugiado, que las mantuviera. De ahí la multitud de cartas y representaciones dirigidas a las autoridades, a menudo al propio ministro del Interior, por españolas que se creían con derecho a subsidio y en la necesidad, por tanto, de acreditar su condición de exiliadas sin recursos. Este frenesí epistolar, derivado de la política solidaria del nuevo gobierno francés, será una de las consecuencias de la revolución de julio entre las exiliadas españolas y, a la postre, el origen de casi todo lo que sabemos de su pasado. Si hay una forma femenina de vivir y entender la experiencia liberal ligada al exilio está en esos testimonios.

Son cartas de carácter autobiográfico, en las que sale a la luz la peripecia vital y política de sus autoras contada por ellas mismas, a veces a través de una tercera persona que hace de amanuense, sobre todo si la carta está escrita en francés. En ellas se trasluce la conciencia de una fatalidad histórica, formulada de muy diversa manera, que habría convertido a estas mujeres en víctimas de las circunstancias. En unos casos, puede ser el haber nacido en un país de suyo intransigente como España, en otros pertenecer a una familia de ideas liberales y ser perseguidas por ello o haberse casado con un constitucional condenado a vivir en el destierro. Una viuda de cincuenta años, Elena Sáinz, «refugiada española» —así se presentaba en una carta al ministro del Interior—, se lamentaba de haber estado siempre en el lado perseguido y siempre por culpa de algún hombre de su familia: primero fue tachada de «napoleonista» por su matrimonio con un militar josefino, fallecido en 1820, y luego de liberal porque su hijo y su yerno lo eran, y no pudo evitar verse comprometida por ello y compartir su suerte. Es sabido —le dice al ministro— que la fatalidad elige a algunas personas para ensañarse con ellas. Elena Sáinz estaba segura de ser una de las elegidas23.

Viuda y refugiada son condiciones que se repiten a menudo en la abundante correspondencia que dirigen las españolas al gobierno de Luis Felipe de Orleáns en petición de ayuda. Es lógico que así sea, porque el acceso a un subsidio exigía un motivo político que impidiera a la interesada residir en España y una situación personal que justificara un estado de necesidad. Por otro lado, algunas de las que salieron de España acompañando a sus maridos habían enviudado en los años posteriores y carecían de cualquier sustento para ellas y para sus hijos. Su identidad fue cambiando, por consiguiente, en el transcurso del exilio, pero no sólo por la modificación de su estado civil, generalmente de casadas a viudas, sino por su posibilidad de elegir, en sus relaciones con la administración, aquella circunstancia de sí mismas que más les interesaba ponderar en cada momento.

Al principio, la política parece completamente fuera de sus vidas. En sus pasaportes de salida de España, nada indicaba que sufriesen persecución, que hubieran sido proscritas o, ni siquiera, que lo estuviesen sus maridos. Salvo casos muy notorios, como el de la hermana de Espoz y Mina —«pasa a Francia a virtud de estar condenada a vivir fuera de este Reyno»—, los motivos del viaje que hacían constar en sus pasaportes solían ser vagos y triviales: «a sus negocios» —es decir, a sus asuntos— era una fórmula muy socorrida, que cubría a la interesada del riesgo de ser molestada, en España o en Francia, por las verdaderas razones que la llevaban a cruzar la frontera. Las más imaginativas —o las más pudientes— declaraban ir «a tomar las aguas». Las autoridades españolas consignaban sin más lo que les decían las viajeras —algunas bien conocidas por ellos—, no sólo por desidia, sino por quitarse de encima a una posible indeseable. A enemigo que huye, puente de plata. Hasta julio de 1830, el Estado francés se mostró más bien receloso con los refugiados españoles o con aquellos prisioneros de guerra que a partir de 1824, cuando se les dio la opción de regresar a España, prefirieron permanecer en Francia, convirtiéndose de esta forma en exiliados. En la duda sobre cuál sería la actitud de las autoridades francesas, a las esposas de los refugiados, cuando acuden a reunirse con ellos a partir de finales de 1823, les interesaba, por si acaso, ocultar la verdad: que a sus maridos se les había proscrito por liberales, que a ellas mismas les hacían la vida imposible en España, que estaban hartas del absolutismo…

Es curioso comparar lo consignado en los pasaportes de algunas de ellas con los motivos reales de su viaje y con sus propias declaraciones a partir de 1830, cuando ser refugiada deje de entrañar un riesgo para convertirse en motivo de orgullo y, en ocasiones, en un medio de subsistencia. Manuela Moratalla viajó en 1828 de Valladolid «a Bayona a reunirse con su marido», según su pasaporte español. Y así era. Lo que no dice su pasaporte, pero figura entre la prolija información que manejaba la policía francesa, es que su esposo había tenido que huir de España por motivos políticos y que, por tanto, el viaje de Manuela era previsiblemente el comienzo de un exilio compartido24. Algo parecido ocurría con María Ulacia, propietaria de Valladolid, que en diciembre de 1823 se trasladó a Francia —leemos en su pasaporte— para reunirse con su marido, de apellido Rubio. Existe cierta confusión sobre la identidad de este último, pues en una ocasión figura como Manuel y en otra como Mauricio. De lo que no cabe duda es de su condición de exiliado liberal. El primero de ellos había sido miliciano nacional en Bilbao y el segundo empleado civil con destino y residencia en Madrid, y localizado en Francia por lo menos hasta 1833. En esta última fecha, María se encontraba ingresada en un hospital parisino víctima de enajenación mental25.

No menos enrevesado es el caso de Joaquina Montserrat y Pontmitjà, de treinta y cinco años, natural de Barcelona, de estado civil dudoso y madre de una hija de catorce años. En 1826 viajó a Marsella por «asuntos de familia», que la policía no tardó en desentrañar. Abandonada por su marido, oficial español, ella y su hija habían sido tomadas bajo su protección por un teniente del mismo regimiento, Francisco Soler. Se daba la circunstancia de que Soler figuraba como refugiado político, por lo que las autoridades determinaron que, pese a su buena conducta, Joaquina merecía el título de refugiada y debía ser «vigilada exactamente como el Sr. Soler». En junio de 1826, se informaba de que este último se disponía a viajar a Sudamérica, parece que en compañía de Joaquina y su hija26. Ahí se pierde su rastro. Ya se ve hasta qué punto cualquier española que se encontrara en Francia tras la caída del régimen constitucional podía ser clasificada como refugiada política, en la mayoría de los casos con razón, pero sin que ella hubiera mostrado ningún interés en ser considerada como tal —más bien todo lo contrario—. A partir de 1830, serán ellas las que elijan ser refugiadas.

Lo demuestra el cambio de estatus que experimenta en unos pocos años Teresa Labranda, nacida en Barcelona hacia 1797. En 1824 «pasa a Francia para diligencias propias», según el pasaporte que le entregaron antes de partir. Allí permaneció los años siguientes supuestamente ocupada en esas «diligencias» sin dar señales de vida, hasta que, tras la revolución de julio de 1830, presentó varios escritos solicitando ayuda al gobierno. Los firmaba como viuda y en alguna ocasión como «refugiada política», aspectos suficientemente importantes de su identidad como para que figurasen junto a su nombre. En carta al ministro del Interior se definía como una «española refugiada a causa de sus actos políticos y los de su difunto marido», con dos hijas a su cargo, una de ellas inválida27. Juntando los rasgos más dramáticos de una vida maltrecha, el relato de Teresa conforma una identidad que encaja perfectamente en el perfil de mujer que mueve a compasión a las autoridades francesas. No es extraño por ello que el prefecto de Gironda recomendase vivamente que se atendiera su solicitud: viuda, madre de dos hijas a las que, según el prefecto, intentaba sacar adelante con un coraje admirable y refugiada política. Esta última circunstancia, inexcusable para la obtención del subsidio y en la que ella misma hacía hincapié siempre que podía, había sido plenamente confirmada por el prefecto. Subrayaba, además, el hecho de que la interesada había mantenido en todo momento «una conducta irreprochable»28. No se trataba, por tanto, de una intrigante o una alborotadora, sino de una víctima pasiva de las circunstancias políticas de su país, cumpliendo así una especie de cuadratura del círculo de la emigración femenina: ser refugiada sin ser peligrosa.

María Jané partió de Barcelona a Marsella en noviembre de 1823 «por mar a sus negocios». Así se desprende del pasaporte que recibió antes de embarcarse, apenas unos días después de rendirse la ciudad a los tropas de Angulema. La policía francesa, por el contrario, tenía la seguridad de que tanto ella como sus acompañantes estaban «comprometidos por su conducta política»29. Como en el caso anterior, el pasaporte de Isabel de Castellar, madre de cinco hijas y esposa de José de Castellar, mariscal de campo del ejército constitucional, estaba fechado en noviembre de 1823 en Barcelona, donde su marido había desempeñado en el Trienio el cargo de jefe político. En el espacio reservado para el motivo del viaje consta que Isabel iba a Marsella «por sus negocios». Domingo Simó, el espía de Fernando VII infiltrado en los círculos del exilio, informará tres años después de las temibles cualidades de esta señora, «a quien se supone mucho más talento que a su marido», de cuya correspondencia se ocupaba ella misma. La policía francesa siguió atentamente sus pasos por Inglaterra, tanto en Londres como en Jersey, donde —se dice— disfrutaba de un subsidio del gobierno. Tras la revolución de 1830, se trasladó a Francia con su numerosa familia, ampliada con un nuevo vástago nacido en Inglaterra. Desembarcó en Calais en octubre de aquel año y llegó, naturalmente, en calidad de «refugiada»30.

Otras dejaron un rastro mucho más tenue, pero a pesar de todo reconocible. Luisa Escudero viajó en 1824 de Madrid a París pasando por Bayona. ¿Viaje de placer? Nada indica, cuando se marcha, que huyese por motivos políticos, y, sin embargo, nueve años después su nombre aparece en una lista de emigrados españoles que regresan a España por Irún tras la amnistía de 183231. Luisa se fue como simple viajera y volvió como exiliada. Las fuentes no siempre permiten descubrir los motivos reales por los que algunas mujeres viajaban a Francia a partir de 1823, pero no es aventurado afirmar que en no pocos casos, además de aquellos que han quedado ya fehacientemente documentados, detrás de la fórmula «a sus negocios», «por diligencias propias» o incluso «a tomar las aguas», había una necesidad perentoria e inconfesable de poner tierra de por medio. El hecho es que, hasta julio de 1830, las españolas en Francia prefirieron borrar las huellas de su pasado y que, a partir de esa fecha, empezaron a recordarlo todo y a contarlo todo.

Hay tres circunstancias personales que se revalorizan rápidamente desde la revolución de julio: ser refugiada política, viuda y española. Alguna aspirante a subsidio deberá empezar por demostrar esto último. Cuando Rosa Pernigotty Parody lo solicitó en 1832 «como refugiada por causa política» se sintió obligada a contar la historia de su vida para justificar que con tales apellidos pudiera ser considerada española. Pertenecía —afirmaba— a una familia distinguida y, habría que añadir, cosmopolita, aunque esto último no deje de ser un inconveniente para el fin que persigue. Su padre había sido cónsul general de Ginebra en Cádiz; su marido, con quien vivió felizmente durante treinta años, fue cónsul del reino de Dos Sicilias en Málaga y su anciana madre, que vivía con ella en Burdeos y solicitaba asimismo ayuda económica, se llamaba Teresa Giubelly Pernigotty. Para complicarlo más, Rosa nació en Italia, al encontrarse casualmente allí sus padres, aunque, «criada, educada, naturalizada y casada en España», lo único que, según ella, le faltaba para ser española de pura cepa era esa circunstancia accidental del lugar de nacimiento. En cuanto a su condición de refugiada, la cosa parece más clara. En 1823, residía en La Coruña junto a su esposo y al caer el régimen liberal Rosa fue perseguida por sus ideas políticas, «distintas de las de su marido». En La Coruña permaneció todavía dos años, pero finalmente la situación se hizo insoportable y tuvo que abandonar España en compañía de su madre. Refugiadas en Francia desde 1825, siete años después madre e hija vivían «en la más absoluta miseria», según el secretario general del Ministerio del Interior francés, que, tras comprobar la veracidad de lo declarado por Rosa y su madre, elevó al ministro un informe favorable a su petición32.

Y no es que el Ministerio del Interior diera por buena cualquier historia contada por una presunta española que aspirara a un subsidio de refugiada. La avalancha de peticiones obligó a un escrutinio minucioso, caso por caso, para evitar los abusos y un posible descontrol del gasto. La casuística además resultaba sumamente compleja y las posibilidades de comprobar la filiación personal muy limitadas. Desde algunos depósitos se preguntó si cabía considerar como refugiadas a las francesas casadas con exiliados españoles o a las españolas que, tras enviudar de un exiliado, se casaran con franceses33. En otros casos, el problema era el estado civil de la solicitante. La policía sospechaba que algunos supuestos matrimonios, basados en la simple declaración de los interesados, no tenían otro objeto que la percepción del subsidio que se concedía a la legítima esposa o encubrir uniones de hecho amparadas en el limbo administrativo en que había quedado la vida de algunos refugiados hasta su llegada a Francia. En 1832 se abrió una investigación sobre las «mujeres que viven en concubinato en los depósitos de españoles» —tal es el título de un dosier policial—. En general, se pudo comprobar que la mayoría de las que decían estar casadas con un refugiado lo estaban de verdad. En el depósito de Clermont-Ferrand tan sólo cuatro fueron incapaces de demostrarlo, según ellas porque la precipitación con que tuvieron que huir de España les impidió salir con sus papeles en regla. Incluso en estos casos, algunos españoles interrogados por la policía respaldaron su testimonio. En el Ministerio dieron por bueno el resultado de la investigación, aunque se exigió que se extremaran las cautelas en los depósitos de Bergerac, Sarlat y Ribérac, donde se ordenó que ninguna extranjera fuera admitida «sin haber probado que es la mujer legítima de un refugiado»34. Pero aunque en este caso se las obligara a demostrar su estado civil y la identidad de su marido, la concesión de subsidios solía basarse en la solicitud de la interesada, normalmente sin documentos que la avalaran, y en la información policial confirmando o desmintiendo su declaración, a menudo tras arduas investigaciones.

El departamento de análisis de la policía podía llegar muy lejos en la elaboración de sus dosieres personales, en algunos casos verdaderas contrabiografías de efectos devastadores para las pretensiones y el buen nombre de las solicitantes. Una tal María Barbe Pérez, residente en Burdeos, afirmaba ser viuda de un sargento —francés o josefino— fallecido en combate en 1814. Tras permanecer seis años exiliada en Francia, en 1820 decidió volver a España, hasta que, debido a la reacción de 1823, tuvo que huir nuevamente «a causa de sus opiniones políticas». En abril de 1832 dirigió al ministro del Interior una carta autógrafa escrita en un buen francés. Invocaba su condición de exiliada, su edad avanzada, la invalidez que padecía y su absoluta carencia de medios, acreditada por algunos españoles, para solicitar la ayuda que recibían los refugiados de su clase. El informe policial resultará, sin embargo, demoledor: había serias dudas de que se encontrase en Francia por razones políticas; por el contrario, existía la certeza de que se dedicaba a la prostitución, lo que, en opinión de la policía, la haría indigna de la generosidad del gobierno35. Ocurre algo parecido con Raimunda Benet, quien afirmaba encontrarse en Francia como refugiada política, tras huir de España en compañía de un tal Pablo Ferrer al triunfar la revolución de julio de 1830. Según el informe policial, se trataba de una prostituta que se había unido a un hombre casado y pretendía pasar por su mujer y cobrar pensión como exiliada36. Sin llegar a tanto, sobre la ya citada Elena Sáinz, proscrita en España por viuda de un afrancesado y madre y suegra de liberales, la policía desaconsejó que se tomara en cuenta su solicitud de ayuda, por vivir en concubinato con un soldado de nombre Antonio Segura, de quien tenía un hijo. Ella aseguraba que estaban casados, pero resulta sospechoso que en su carta al ministro no mencionara su nuevo estado civil y prefiriera pasar por viuda37.

Resolver otros casos podía llevar más tiempo. En junio de 1831 apareció en París, procedente de Inglaterra, una mujer que decía llamarse Catalina Matamoros y que durante un año y medio protagonizó una historia vodevilesca en la que tuvo que intervenir hasta el ministro del Interior. Declaraba ser «española refugiada» —así figura en algún documento policial— y estar casada con un tal Antonio Matamoros, padre de sus tres hijos, que viajaban con ella. Este personaje, capitán de Ingenieros, llevaba ya algún tiempo en Francia y se encontraba en ese momento en el depósito de refugiados de Blois acompañado de otra mujer, Antonia Sapers, que pasaba por ser su esposa. Catalina lo descubrió todo cuando se presentó en el depósito en busca de su marido, que inmediatamente negó serlo y la rechazó con cajas destempladas.

Mientras se aclaraban las cosas, la supuesta «refugiada española» pidió el correspondiente subsidio para ella y sus hijos, que las autoridades le concedieron en atención a su miserable estado. Pero su objetivo era que Matamoros la reconociese como esposa y madre de sus hijos y para ello le persiguió allí donde iba en un escándalo continuo que obligó finalmente al capitán a pedir autorización para cambiar de residencia. Su carta iba dirigida al mismísimo ministro del Interior y aclaraba algunas cosas, aunque su versión dista mucho de ser fiable. Catalina no era española, sino inglesa —sobre esto parece que no hay duda—, y se había apropiado indebidamente de su nacionalidad y su apellido. La conoció en Inglaterra y antes de partir para Francia le dejó todo lo que tenía, pero ella le siguió con sus hijos hasta dar con él. Matamoros, aconsejado por algunos amigos, intercedió para que se le concediera el subsidio de refugiada, pensando que de esa forma se la quitaría de encima, y se mostró dispuesto a hacerse cargo de uno de sus tres hijos, sin explicar por qué uno y por qué ése. Ella, sin embargo, siguió acosándole, lo que motivó la petición del capitán español al ministro de una autorización para abandonar el depósito, renunciando incluso a la ayuda económica que percibía, y de una orden que impidiera a su perseguidora salir de Blois y seguir sus pasos. Finalmente, el prefecto de policía de Blois, que tenía puntualmente informado al ministro —tal parece que se trate de un asunto de Estado—, aportó sus propias conclusiones tras recabar la opinión de algunos compañeros de Matamoros. La impresión general era que él vivió varios años con ella en Inglaterra y que acabaron casándose, aunque no había pruebas de ello. Se le atribuyó además la paternidad de uno de los tres hijos, aquel al que casualmente estaba dispuesto a proteger. Al prefecto, las razones que alegaba el español para obtener el alejamiento se le antojaban «susceptibles de ser tomadas en consideración». Al final, Catalina —o Catherine— acabó desistiendo de sus intenciones y aceptando volver a Inglaterra si el gobierno la ayudaba a pagar el viaje, para lo que contó con la recomendación favorable del prefecto de policía. A principios de 1833 se esperaba su llegada a Calais para embarcarse de regreso a su patria. Ahí terminaba su experiencia de un año y medio como española y como refugiada política38.

Sí lo era, pese a su apellido, Úrsula Schaetz, natural de Logroño y viuda de un oficial alemán fallecido en Burdeos en 1831, razón por la que solicitó ayuda como «refugiada española» para ella y sus tres hijos. Contaba que el triunfo de la revolución de 1820 en España le devolvió la esperanza en un futuro mejor, pero cuando tres años después se restableció el absolutismo la familia entera debió escapar a Francia —parece que por segunda vez— para librarse de la persecución «de los agentes de un poder despótico»39. Es la historia y el lenguaje de una verdadera liberal. En cuanto a la apellidada Bussy de Balaine, «española refugiada» y antigua abadesa del convento de Santa Clara, en Burgos, su biografía presenta numerosos puntos oscuros, porque no se entiende muy bien qué tenía ni de española ni de refugiada. A los setenta y nueve años, tomaba la pluma para contar su vida en una carta a las autoridades encargadas de los subsidios, escrita en un perfecto francés y fechada en París en agosto de 1831. Decía ser hija de un coronel de dragones llamado Étienne Bussy de Balaine y haber perdido a su madre, guillotinada, en la Revolución francesa. Hallándose en España, se supone que durante el Trienio, el convento de Santa Clara, del que era abadesa, fue primero convertido en prisión, luego en cuartel y finalmente incendiado por las tropas francesas. Hacía cuatro años —es decir, en 1827— que viajó a Francia para reclamar una casa que su orden tenía en La Rochelle y ya no regresó a España. La ayuda económica que recibía no le alcanzaba para vivir y rogaba que se le aumentase. La policía confirmó que se hallaba «en la más profunda miseria». Lo que no aclaraba era qué tenía la abadesa Bussy de Balaine de «espagnole réfugiée», que era como firma su carta y el concepto por el que percibía la ayuda del gobierno40.

Nicolasa (o Nicola) de Quesada añadía también «emigrée espagnole» a su nombre, pese a ser francesa, según descubrió la policía, que consiguió reconstruir lo sustancial de su biografía. Nacida en París, en 1818 se casó con un español de nombre Quesada, con el que vivió en España hasta que la caída del régimen constitucional les obligó a huir a Inglaterra. Sin embargo, debido a su mala salud, la señora de Quesada tuvo que trasladarse a Francia, dejando a su marido en la isla, donde tenía «quelques relations». Así pues, aunque casada con un español, era indudablemente francesa, lo que no le había impedido cobrar un subsidio como refugiada. La policía no deja de señalar, en todo caso, sus graves problemas de salud, la miseria en la que vive y, en general, su situación «excesivamente desgraciada». Parece inclinarse, pues, por que se atienda la carta que Nicolasa dirige en abril de 1833 al ministro de Estado, solicitando que se le mantenga su pensión, pese a que, tras la reciente promulgación de la amnistía por el gobierno de Fernando VII, nada le impedía regresar a España. Es curioso el reproche que incluye en su carta al ministro, en una tesitura poco propicia a reflexiones de esta naturaleza: todo el mundo sabe —afirmaba la señora de Quesada— que los españoles tuvieron que emigrar en 1823 por culpa de la Francia de entonces, a pesar de lo cual los emigrados no acusaron de sus desdichas a la Francia actual, es decir, al régimen nacido de la revolución de 183041. Aunque la frase resulta confusa, y más bien inoportuna para el propósito de la carta, no deja de sorprender que esta dama parisina haya interiorizado su condición de «émigrée espagnole» hasta el punto de erigirse en portavoz de los sentimientos del exilio liberal.

La picaresca de unas pocas, la confusión sobre la verdadera identidad de otras y un cierto exceso de celo policial para ahorrarle al Estado algunos subsidios no desmienten la autenticidad de la mayoría de las historias contenidas en las solicitudes de las refugiadas españolas. La propia policía intercedía en ocasiones para conseguir una resolución favorable a las más desamparadas, como Coloma Saguer, adscrita al depósito de Tours, que con apenas dieciséis años se encontraba embarazada de tres meses. Era hija de un emigrado español y estaba casada con otro, el subteniente Juan Briansó, que acababa de morir, dejándola viuda. A finales de 1832, la policía emitió dos informes a favor de que se le otorgase una pensión de viudedad, dada su corta edad y su falta de recursos, pero el ministerio alegó que tras la amnistía concedida en España en octubre de 1832 Coloma había dejado de ser una refugiada política con derecho a subsidio42. No había nada que hacer y, por otro lado, era cierto que la amnistía le permitía volver libremente a casa. Así lo hizo. En una de las listas de repatriados elaboradas en la frontera española en 1833 aparece su nombre y alguna información complementaria: entró en España por La Junquera, se dirigió a Figueras (Gerona) y figuraba como viuda y propietaria43. Con tan respetables credenciales, nadie diría que se trata de una adolescente sometida por el destierro a un vertiginoso proceso de maduración personal que empezó en su reciente infancia, como hija de un emigrado, y acabó convirtiéndola, en un abrir y cerrar de ojos, en viuda de otro emigrado y en madre de un hijo del exilio.

Otras muchas refugiadas, viudas sobre todo, tenían los años y la madurez suficientes para contar su vida por sí mismas y moldear su identidad a su propia conveniencia. No es que en las solicitudes que presentan a las autoridades se inventasen su pasado, sino que, en función de las circunstancias, subrayaban aquellos aspectos de su vida y condición más a propósito para conseguir sus fines. Esta especie de identidad a la carta combina en realidad unos pocos rasgos reforzados con algún adjetivo que añade respetabilidad o dramatismo a la personalidad de la interesada. Así, junto a las fórmulas más trilladas —«una emigrada española», «una refugiada española»—, se encuentran otras más originales y efectistas: «una pobre viuda», «una viuda respetable», «una señora española refugiada», «una mujer sin protección», «una refugiada política y viuda»… Algunas incidían en su condición social y en la pérdida de su antiguo estatus, por modesto que fuera. Angélica Vedruna, hija de un concejal constitucional de Barcelona, declaró ser una «obrera sin obra», condenada a llevar una vida de privaciones desde que se refugió en Francia en 1824 por motivos políticos, según afirmaba en carta al ministro del Interior siete años después44. «Una antigua dama española […] en el estado más lastimoso» se dirigía al propio ministro, de quien dependían los subsidios, en petición de ayuda con una historia sobrecogedora. Se llamaba María Villalba, tenía cincuenta y seis años y era viuda de un militar que sirvió en el ejército napoleónico y cayó herido en la batalla de Vitoria, ya al final de la Guerra de la Independencia. Parece que después María y su marido se refugiaron en Francia y que en 1820 regresaron a España confiando en el clima de tolerancia que había traído el restablecimiento de la Constitución45. Tal vez sin darse cuenta, acababan de unir su suerte al régimen liberal.

El suyo es un caso de fatalidad histórica similar al ya comentado de Elena Sáinz, viuda también de un josefino. En la peripecia de una y otra se pone de manifiesto hasta qué punto la reacción de 1823 borró a los ojos del absolutismo más cerril las antiguas diferencias entre afrancesados y liberales. Cuenta María que, al ser repuesto Fernando VII como rey absoluto, le robaron lo poco que tenía y que por esta razón, y por no soportar que la estuvieran insultando continuamente por su pasado, decidió marcharse a Francia y empezar allí una nueva vida. La revolución de julio de 1830 la sorprendió en París trabajando como cantinera de la Guardia Real, fuerza de élite del régimen borbónico cuyo cuartel se convirtió en escenario de un encarnizado combate entre los partidarios de la revolución y los defensores de Carlos X. Llegó a temer por su vida, que tuvo que defender como pudo de la violencia del «populacho» en su asalto al cuartel. De resultas de ello quedó medio inválida, además de perder su trabajo. Cierto que el nuevo gobierno le concedió una pensión como refugiada política, pero la amnistía promulgada en España en 1832 la dejó sin esa preciada condición y, por tanto, sin el único sustento con que mantenerse. Es curioso cómo los acontecimientos la van colocando siempre en el lado damnificado por la historia y eligiendo por ella el bando en cada momento perdedor. Se casó con un militar josefino herido y derrotado en la batalla de Vitoria; volvió a España en 1820 y al cabo de tres años se vio arrastrada por la caída del liberalismo; afincada en París, cuando se produjo la revolución de 1830 se encontraba en el peor lugar posible. Lo perdió todo, como le ocurriera en España siete años atrás. Al menos, la revolución la convirtió en refugiada política con derecho a subsidio; sin embargo, dos años después, una amnistía concedida por la monarquía española —quién lo iba a decir— llevó al gobierno francés a retirarle su pensión como exiliada. No consta que volviera a España. En su relato, se vislumbra su aversión al populacho, ya sea absolutista o revolucionario, causante de su ruina en 1823 y en 1830. Cualesquiera que fueran sus ideas políticas, su trayectoria era la de una mujer cuyo destino estaba unido al liberalismo español. Fue la historia, no ella, quien eligió su identidad.

Toda una vida (o casi)

En la mayoría de las microbiografías contenidas en el epistolario del exilio femenino en Francia no es difícil encontrar el punto de inserción del liberalismo en la vida de la autora. A menudo es la represión absolutista la que convierte un vago ideal filantrópico en un compromiso político activo. Josefina Furio, natural de Elche, que «dice ser refugiada política», atribuía la persecución de la que fue víctima a «sus buenos sentimientos y a sus opiniones liberales»46, y María Muñoz, propietaria de Salamanca, recordaba que todo empezó cuando, llevada por su buen corazón y su amor a la libertad, dio asilo a unos constitucionales perseguidos. Ese gesto le costó tener que dejar España y empezar, a sus cincuenta y cinco años, una nueva vida en Francia, primero en Bayona y luego en Burdeos, donde cayó en la indigencia, sólo mitigada por la protección que le dispensó un sacerdote amigo. En julio de 1832, al cabo de cuatro años y medio de destierro, escribió al ministro del Interior solicitando ayuda47. Por las mismas fechas llegó a Francia María Barbeito, casada con el diputado gallego José Santiago Muro, exiliado en Inglaterra. Varios españoles respondieron de ella ante las autoridades francesas: «Declaro que dicha señora», leemos en un escrito firmado por Jerónimo Santiago Couder, «se ha visto precisada a abandonar su patria en 1828, acompañada de sus dos hijas, doña Adelaida y doña Juana Muro, huyendo de los malos tratamientos que el gobierno absoluto les hacía sufrir»48.

No era raro que las españolas emigradas acudieran a personalidades del exilio —exdiputados, exministros o jefes militares— para que acreditaran lo que de otra forma podría resultar indemostrable. La citada María Muñoz, curándose en salud, afirmaba en su carta al ministro que ella nunca había tenido papeles. Sólo con la ayuda de varios compatriotas y la buena voluntad del prefecto de Garona y del alcalde de Toulouse se pudo recomponer su biografía, requerida por el ministro del ramo para resolver su caso. En el relato resultante se alude a la muerte de sus padres en 1823, a la devoción de la joven huérfana por la Constitución, a la persecución que ello le acarreó y a su forzado peregrinaje entre España y Francia. No había duda de que se trataba de una refugiada política con derecho a subsidio49. Desde la alcaldía de Toulouse se intercedió también a favor de la mallorquina Antonia Massip, quien pidió ayuda como «refugiada española», víctima de la persecución padecida por su marido, a quien acompañó con sus hijos en su destierro a Francia. Al quedar viuda, se encontró «en la más espantosa miseria». Como Antonia no sabía ni escribir ni firmar, alguien contó su historia por ella y la alcaldía de Toulouse le extiendió un certificado avalando su condición de refugiada, su buena conducta y su estado de indigencia50.

Pero el testimonio de la interesada suele ser su principal baza en el decisivo trance de inclinar a las autoridades a su favor. Es ella misma la que, al repasar las dramáticas circunstancias de su vida, se acaba remontando a los motivos de su desgracia. Para Tecla López de Angulo, antigua religiosa del convento de Las Huelgas, todo empezó con su secularización en pleno Trienio Liberal. Así lo contaba en una carta al ministro del Interior que sigue un patrón narrativo muy común: «La abajo firmante, natural de Briviesca (Castilla la Vieja), religiosa del convento de Las Huelgas, cerca de Burgos, secularizada bajo el régimen de la Constitución de las Cortes el ocho de mayo de 1822…». A partir de esta fecha, y sobre todo con la restauración absolutista un año después, se desató contra ella una oleada de insultos y vejaciones que la obligó finalmente a huir a Francia aprovechando la protección dispensada por tropas francesas que regresaban a su patria. No era sólo la hostilidad popular, azuzada por el clero realista; era la equiparación tácita que la monarquía absoluta establecía entre secularización y liberalismo, patente en la ordenanza policial, ya comentada, de octubre de 1824, que en su artículo 7 otorgaba la misma consideración criminal a quien hubiera sido «adicto al sistema constitucional, voluntario nacional […], reputado liberal exaltado o moderado, comprador de bienes nacionales [o] secularizado». En 1832, tras siete años de exilio, Tecla se debatirá entre acogerse a la amnistía o seguir en Francia como refugiada política. En ese dilema se mantuvo hasta finales de 1834, cuando después de luchar denodadamente por su pensión de exiliada y de sopesar los riesgos del regreso —el clero liberal y afrancesado era especialmente sensible a ello— parece que la antigua monja de Las Huelgas optó por volver51.

Salvo circunstancias particulares, como en el caso anterior, o aquellas historias que se remontan a la Guerra de la Independencia, en general, la fecha que marca el gran cataclismo en la biografía de estas mujeres será, como es lógico, el año 1823. Leocadia Zorrilla de Weiss, la compañera de Goya en la última etapa de su vida, escribió al ministro del Interior en 1831, tres años después de la muerte del pintor en Burdeos, solicitando la ayuda que creía corresponderle como «refugiada española», pues «en 1823 se vio obligada a buscar asilo en Francia para sustraerse a la persecución lanzada contra ella por sus opiniones políticas y por otras razones». Entre estas últimas estaría el ser madre de Guillermo Weiss, miliciano nacional de Madrid que se encontraba con ella en el exilio52. Ya se ha visto que en la represión contra las mujeres hay una responsabilidad asociada a sus padres, maridos o hijos que resulta difícil distinguir de lo que Leocadia Zorrilla llama «sus opiniones políticas». Es lo que ocurre con Gregoria Rodríguez, natural de Cartagena, que llegó a Marsella en 1824 para ponerse a salvo de aquellos que le habían hecho la vida imposible «por sus opiniones constitucionales». Así lo declaraba en una de sus solicitudes de auxilio, pero en otra ocasión afirmó haber seguido a un tío suyo, sacerdote, que seguramente era quien corría mayor riesgo en España. La policía, en todo caso, considerará probado que Gregoria era realmente una «refugiada por causas políticas»53. Por su parte, Antonia Garí, que vivía en París y se ganaba la vida como lavandera, «debió emigrar de su país», según su propio relato, «como consecuencia de los acontecimientos de 1823, en los que perdió a su padre y a su madre, incluidos entre los proscritos del partido liberal». Ella se consideraba refugiada política, y como tal solicitaba un subsidio, pero la policía puso reparos. Llegó a Francia como criada de la mujer de un oficial francés y, por tanto, la motivación de su estancia sería más bien laboral. Es un conflicto frecuente entre dos versiones complementarias de una misma historia: la solicitante intenta subrayar las implicaciones políticas de su infortunio; la policía, por el contrario, tiene un concepto mucho más estrecho de la condición de exiliado, válido en general para los hombres, pero inaplicable a veces a la emigración femenina, en la que se mezclan con frecuencia sus sentimientos políticos, sus antecedentes familiares y razones de pura subsistencia54.

La sombra del marido aparece a menudo en el relato de las exiliadas. En diciembre de 1830, la catalana Francisca Camprubí, refugiada en Perpiñán, dirigía al prefecto de policía de los Pirineos Orientales lo que denominaba «un resumen de las desgracias de mi familia», derivadas de la detención en Tarragona de su esposo, teniente de artillería, y su posterior ingreso, en mayo de 1828, en una prisión de Zaragoza. Sin llegar a saber, pese a sus gestiones, en qué situación se encontraba su marido, salvo que su detención se debió a «asuntos políticos», tuvo que emigrar a Francia con un hijo de corta edad. Dos años después, tras haber vendido lo poco que tenía, carecía de trabajo o de cualquier medio de vida para subsistir. Enterado de ello, un oficial español del depósito de Limoges, pariente suyo, le ofreció una colocación como cocinera de los españoles refugiados en aquella ciudad, por lo que Francisca solicitaba del prefecto que le concediese la ayuda que solían recibir aquellas mujeres españolas que van a reunirse con sus maridos. No es su caso, pero entendía que, dada su situación y la proverbial generosidad del prefecto, no era mucho pedir que accediese a una petición de la que dependía su suerte y la de su hijo55.

En la historia que María Sánchez, natural de Verín (Orense), cuenta en enero de 1833 aparece el exilio como odisea vivida por personas extraviadas por el destino. La protagonista tuvo que huir de su pueblo con su hija cuando los absolutistas le confiscaron sus bienes. ¿Por liberal? Es muy posible, pero pudieron influir también otras circunstancias personales. Su marido, teniente coronel del ejército, se encontraba exiliado en Oporto, desde donde viajó a Brasil en 1829. Sin tener noticia de esto último, María decidió dejarlo todo y marchar a su encuentro en el exilio. En Lisboa se enteró de que su esposo había partido hacia América y, ante la imposibilidad de volver a España, optó por marcharse a Francia. Llegó a Burdeos el 16 de junio de 1832 y cuatro días después presentó una solicitud de subsidio como refugiada, que contenía, como era de rigor, un breve relato de su vida. Un año después, María y su marido, que seguía en Brasil, hicieron planes para reunirse en Burdeos. Mientras tanto, insistió en su petición de ayuda para ella y su hija, al menos para los cinco o seis meses que, según decía, tardaría todavía en llegar su marido56.

Hay algo también de odisea familiar en la historia de Juana José Patrullo, viuda de José de Sala, antiguo funcionario de Aduanas, refugiado en Francia en 1823 con su numerosa familia y fallecido en el exilio en 1827. La viuda de Sala le expuso los pormenores del caso al ministro del Interior en una carta fechada en Burdeos el 7 de junio de 1831, en la que solicitaba el socorro que le correspondía «como emigrada española». Su marido fue llevado a Francia como prisionero de guerra y las circunstancias le convirtieron muy pronto en refugiado político, pues el gobierno español puso precio a su cabeza y le confiscó sus bienes. Muy comprometido debía de estar para ello, pero Juana no daba detalles sobre sus antecedentes políticos. Su familia, «que le era inseparable», quiso compartir su suerte y partió con él hacia el destierro, donde seguían ocho años después la madre y los siete hijos que dejó Sala al morir. La viuda imploraba la protección del ministro a «una pobre familia española, víctima de los acontecimientos políticos que han afligido a su patria». Pero el destino dio una nueva vuelta de tuerca en la vida de los Sala. En 1832, la madre moría en Burdeos y por esas fechas, seguramente después de su muerte, sus hijos —seis mujeres y un varón— decidieron marcharse juntos a Filadelfia, incluida Ramona, la mayor, que tenía ya una hija pequeña. Eran muy jóvenes —entre once y veintidós años—, en los últimos años se habían quedado huérfanos de padre y madre y apenas conocían otra vida que la del duro destierro. Además, seguían siendo inseparables. Quién sabe qué quiméricos planes hicieron los hermanos Sala —Ramona, Joaquina, Manuela, Ramón, Josefina, Victorina y Soledad— sobre su nueva vida en América. Realizaron las gestiones pertinentes en el consulado español en Burdeos, consiguieron sus pasaportes y se embarcaron para Filadelfia, sin saber qué destino les aguardaba, aunque tenían la certeza de que su futuro sería mejor que su pasado. No debió de ser tan halagüeño como esperaban y al cabo de unos meses estaban de vuelta en Burdeos, donde debieron de enterarse de la concesión de una amnistía en España que les permitía regresar libremente. No parece, sin embargo, que lo hicieran juntos. En abril de 1833, Joaquina y Ramón figuraban en una lista de «españoles refugiados» que volvían a su patria. Ramona lo había hecho en febrero y Manuela en marzo, tras obtener el pasaporte en el consulado de España en Burdeos junto a una hermana suya no especificada. De las demás hermanas no hay noticias57.

Mención aparte merecen aquellas españolas que cruzaron la frontera ya como viudas de liberales, como Carmen Pumpido, refugiada en 1824 con sus hijos al fallecer su marido en España, perseguido por sus ideas políticas y, de resultas de ello, su familia58, o María Beguille, cuyo «querido esposo —afirmaba— cayó muerto en territorio español el año 1830 combatiendo por su país y por su libertad». Tras su muerte, añade, la que suscribe «se vio rodeada de todas las desgracias, y su felicidad sustituida por la pena más negra». Según diversas fuentes, tanto sus bienes como los de su marido habían sido secuestrados, y sobre la propia María pesaba una prohibición de volver a España, ya fuera «por estar comprometida a favor de la libertad», como sostenía otro refugiado, o por haber participado, al decir del embajador español, en el asesinato de un eclesiástico59. Otra viuda, Juana Calzado, atribuía la brutal persecución sufrida en 1823 al hecho de que su marido, el coronel José Costa, «sirvió con honor y celo al sistema constitucional» y compró bienes nacionales de origen eclesiástico. Tras varios años de exilio en Francia, en 1828 el embajador de España la convenció de que podía volver sin peligro y hacerse cargo de sus hijas, que habían quedado abandonadas a su propia suerte, sin recibir ayuda de nadie, por el temor que todo el mundo tenía a comprometerse. Sin embargo, poco antes de partir recibió una carta de sus hijas informándole del riesgo que corría si regresaba y suplicándole que las sacara —son palabras de la madre— de «ese país de horror». Así lo hizo. El resto es fácil de imaginar: carente de recursos, tras haber vendido las joyas que se pudo llevar de España, el 22 de octubre de 1832 Juana solicitaba el subsidio que el gobierno francés concedía «a los refugiados de su clase»60.

Era la petición que en mayo de 1831 presentaba también Teresa Leclerc, española, pese a su apellido, que tomó de su difunto marido. Teresa era viuda de un capitán que murió en 1822 en «defensa de la libertad constitucional» combatiendo a las partidas realistas levantadas en Cataluña durante el Trienio Liberal. Obligada a dejar España con sus dos hijas, había vivido en Francia de su trabajo y de la ayuda de algunas almas caritativas. Sabiendo que el régimen orleanista estaba prestando auxilio a los emigrados españoles, había decidido acogerse a la filantropía y generosidad del gobierno y solicitar, le dice al ministro del Interior, «la pensión que se concede a las personas de mi clase para poder al menos subsistir con mi desgraciada familia»61.

La militancia liberal de Francisca de Passano, María del Carmen Sardi y Feliciana Calleja, las tres viudas, parece sobradamente demostrada. De la primera ya se vio su cautiverio en las cárceles de Barcelona a partir de 1824 y su huida a Marsella dos años y medio después, de todo lo cual dio cuenta en diversos escritos a las autoridades francesas, refrendados por el testimonio de varios refugiados españoles. Incluso después de la amnistía de 1832 preferirá seguir en Francia, no sólo porque su difunto marido ha quedado excluido del perdón, sino porque ella misma, según sus palabras, se hallaba «demasiado comprometida como para volver a su patria»62. En cuanto a Carmen Sardi, buena parte de lo que se conoce sobre su vida y su temprano y apasionado liberalismo figura en las diversas exposiciones que eleva al gobierno francés a partir de su llegada a Francia en 1832, tras ocho años de exilio en Inglaterra. En su caso, no se trata de una responsabilidad política compartida con su difunto marido, fallecido al principio del Trienio, sino de un compromiso personal pleno con la causa constitucional, del que hizo partícipe a su hija, Manuela Sardi, alias La Patriota.

La militancia liberal fue también el motivo de la emigración de Feliciana Calleja, viuda de Nesbitt, y su hija, María Micaela Nesbitt, primero a Inglaterra, donde cobraron subsidio como refugiadas de sexta clase, y, tras la revolución de julio, a Francia. La propia Feliciana tomó la pluma en septiembre de 1831 para solicitar, en una carta autógrafa escrita en un excelente francés, la ayuda que recibían los demás exiliados. Tuvieron que huir de España —afirmaba— debido «a nuestras opiniones políticas, bien conocidas por nuestros enemigos», lo que las obligó a abandonar «nuestra casa y todo lo que teníamos y emigrar a un país extranjero, donde podríamos al menos disfrutar de la libertad y la seguridad que por desgracia se nos niega hoy en día en España». Su única culpa era haber «abrigado sentimientos liberales y haberlos mostrado». Nada decía de su marido, probablemente fallecido ya al tomar ellas el camino del exilio63. Alegaba además su falta de medios para subsistir, pues ella a sus setenta años ya no podía trabajar —en un documento anterior figuraba como costurera— y su hija no ganaba lo suficiente para cubrir sus necesidades. Es muy probable que la carta en sí hubiera bastado para conseguir la pensión, pero por si acaso Feliciana recurrió al apoyo del banquero y político, de origen español, Laurent Garcias —diputado por los Pirineos Orientales—, que escribió al ministro interesándose por el caso de Feliciana Calleja y su hija Micaela64. La petición se atendió inmediatamente y madre e hija pasaron a cobrar un subsidio de 1,25 y 0,75 francos diarios, respectivamente. No fueron las únicas beneficiarias de la ayuda prodigada por Garcias a los exiliados. Unos años después, el diputado francés, amigo de personalidades liberales como Istúriz, Alcalá Galiano y el duque de Rivas, fue nombrado comendador de la Orden de Carlos III por la reina María Cristina en reconocimiento al «apoyo y a los servicios prestados a los refugiados españoles en tiempos de persecuciones civiles felizmente terminadas»65.

Feliciana Calleja no vivió para ver el fin de esas persecuciones que la llevaron al exilio. Murió en París en febrero de 1832 y, por tanto, apenas disfrutó durante tres o cuatro meses del subsidio que el gobierno les concedió a ella y a su hija. Nada más morir su madre, Micaela solicitó a las autoridades un aumento de su pensión, pues los 0,75 francos diarios que le correspondían resultaban a todas luces insuficientes para sobrevivir en la capital de Francia. Esta vez contará con el apoyo del prefecto de policía, que sugirió subirle la asignación a 1,50 francos. Aún habrá de dirigirse nuevamente al ministro unos meses después, tras promulgarse la amnistía, en petición de una ayuda económica para costearse los gastos del viaje de vuelta, que quisiera hacer en compañía del general Burriel y su familia, con los que, efectivamente, entró en España por Irún el día 7 u 8 de enero de 183366.

Sin un liberalismo consciente y, a su manera, militante no se entendería tampoco la peripecia de las hermanas Emilia y Josefa Manterola, «señoras españolas emigradas», según la fórmula que emplearon al escribir al ministro del Interior en carta fechada en París el 12 de julio de 1832. Al evocar su pasado, tenían a gala haber tratado en España a casi todos los personajes importantes del partido constitucional —citan a Martínez de la Rosa y a Saavedra, es decir, al duque de Rivas— y haberlos tenido en su casa de Cádiz, siguiendo el ejemplo de su padre. Sus relaciones con el liberalismo no eran, por tanto, fruto de una desdichada casualidad, sino el resultado de una elección personal, marcada si acaso por sus orígenes familiares, pues al pertenecer a una familia distinguida que se codeaba con lo más granado de la sociedad española era natural que ellas hicieran lo propio. A tenor de su relato, se diría que el liberalismo formaba parte de la manera de vivir y de pensar de una cierta élite social o, por decirlo con sus propias palabras, de «las notabilidades de su país». Todo se torció al abolirse la Constitución. La significación política de sus amistades y sus propios sentimientos liberales les costaron ser perseguidas por el nuevo gobierno y sufrir la «indecente» confiscación de una parte de sus bienes. Lo peor, sin embargo, vino tras los recientes «acontecimientos de Cádiz» —sin duda, el levantamiento de marzo de 1831—, cuando las autoridades las acusaron, sin prueba alguna, de complicidad, tal como hicieron con otras señoras que fueron tratadas con una crueldad nunca vista. Ese hubiera sido también su destino de no haber huido de España para refugiarse en Francia y acogerse a su hospitalidad. Transcurrido un año desde su llegada, las hermanas Manterola habían agotado todo lo que pudieron llevarse en su huida. Por eso se vieron en la necesidad de suplicar al ministro del Interior que tuviese a bien otorgarles la ayuda económica destinada a los refugiados políticos. La carta, escrita en francés por Emilia, terminaba apelando a la protección que el ministro solía dispensar a los más desfavorecidos, especialmente necesaria en el caso de estas dos «mujeres sin apoyo, que se encuentran lejos de su patria»67.

Su petición dará lugar a la correspondiente investigación policial, que corrobora sólo en parte el relato de las hermanas Manterola. Todo lo relativo a sus orígenes y a los motivos de su estancia en París parece confirmado: naturales de Cádiz e hijas de un «secretario del banco de Madrid» —¿el Banco de San Carlos?—, tras la reciente revolución de Cádiz sufrieron persecución policial y debieron huir a Francia, no sin antes hacer acopio de algunos recursos para vivir en el destierro. El prefecto de policía, autor del informe, no creía, sin embargo, que se les hubiese acabado el dinero, como ellas pretendían. Sus ropas, su elegante mobiliario y el tren de vida que llevaban en París indicaban más bien lo contrario. El 8 de agosto, el ministro les denegó el subsidio. Tan sólo cinco días después, las gaditanas se dirigieron de nuevo a él para suplicarle que, haciendo caso omiso de un «informe erróneo sobre nuestra lamentable situación», aprobase la concesión de la ayuda a la que eran acreedoras en su calidad de «emigradas españolas». De lo contrario, «Señor Ministro, nos condena a perecer». Nuevo informe del prefecto y nuevos detalles sobre su vida en París que amplían lo ya conocido. Tenían un piso caro, muebles elegantes y una criada a su servicio. Vestían con refinamiento y se cambiaban de ropa varias veces al día. Cenaban todas las tardes en un restaurante, al que solían ir acompañadas por un joven, posiblemente refugiado, que en un par de ocasiones se había interesado ya por ellas en la prefectura de policía. Se dijo que acababan de recibir dinero de España, donde tenían propiedades. Como era de temer, el ministro denegó nuevamente su solicitud.

Las refugiadas españolas no solían conformarse fácilmente con una negativa ni con dos, y las hermanas Manterola no eran una excepción. Presentaron una nueva solicitud, apoyada seguramente por alguna gestión a su favor, y esta vez el tono y el contenido del informe policial cambiaron por completo. Muy convincente debía de ser la recomendación para que el prefecto se retractase hasta tal punto de sus anteriores escritos, en los que —afirmaba— fue víctima tal vez de la exageración de sus informantes. Parece que del dinero que tenían a su llegada a París ya no les quedaba nada, que la supuesta criada no sería tal, sino la portera del edificio, que se ocupaba de las tareas más penosas de la casa, que los muebles no eran suyos y que su elegante vestuario era lo poco que conservaban de tiempos mejores. Además, su salud dejaba mucho que desear. En suma, el prefecto recomendaba que se les concediese la ayuda que solicitaban, a lo que el ministro accedió inmediatamente. El 1 de septiembre de 1832 —sólo un mes y medio después de su primera solicitud—, Josefa y Emilia Manterola empezaron a cobrar su pensión de 1,25 francos diarios cada una como refugiadas políticas.

Sus reclamaciones no terminaron aquí, porque la publicación en España, el 20 de octubre, del decreto de amnistía las dejó sin el subsidio que con tanto esfuerzo habían conseguido y, por otro lado, la quebrantada salud de Josefa les impedía de momento repatriarse, debido a lo cual, se hará una excepción con ellas y se les mantendrá el subsidio primero un mes y luego otro. Ahora bien, como Josefa no acababa de restablecerse, solicitarán una prórroga indefinida de sus derechos económicos como refugiadas. Aunque el ministro accedió a ello, en la prefectura de policía, donde debían cobrar el subsidio, no se daban por enterados. Este nuevo contratiempo se resolvió con la intervención de quien parece ser buen amigo de las hermanas Manterola y de otros emigrados españoles, el escritor Próspero Mérimée, gran aficionado a las cosas de España, que había visitado en 1830 —quince años antes de escribir su célebre Carmen—, y por entonces jefe de la secretaría del ministro del Interior. Fue él quien informó a las interesadas de que su solicitud estaba aprobada y quien, al enterarse por ellas mismas del último imprevisto, escribió al jefe del negociado correspondiente para recordarle «el asunto de las dos señoritas Manterola, refugiadas españolas», e instarle a cumplir la orden del ministro. Su carta, fechada el 4 de abril de 1833, surtió el efecto deseado, lo que lleva a preguntarnos si no fue el propio Mérimée quien consiguió, meses atrás, que el prefecto de policía diera un giro completo a sus informes sobre ellas y facilitara así la concesión del subsidio.

En junio parece que las hermanas estaban en condiciones de regresar a España. Se les expidió un pasaporte para Bayona y poco después obtuvieron la ayuda que el gobierno solía otorgar a los exiliados españoles para sufragar los gastos de su viaje de vuelta. Todo indicaba que su marcha era inminente, pero el prefecto de policía, que no veía el momento de quitárselas de encima, no acababa de fiarse. El 2 de julio les hizo firmar un documento por el que reconocían haber recibido del gobierno 202 francos y se comprometían a no volver a pedir dinero nunca más. La desconfianza del prefecto parece justificada, porque en diciembre seguían todavía en París y elevaban una nueva solicitud, esta vez al rey Luis Felipe de Orleáns. Cinco años después, en agosto de 1841, Josefa firmaba un recibo de los certificados suscritos por cuatro diputados españoles que ella y su hermana presentaron en su día a las autoridades francesas avalando su condición de refugiadas. Pensaba que esos documentos le serían útiles cuando volviese a España, pero cabe preguntarse si ese viaje llegó a producirse68.

Hay dudas también sobre el caso de María Ramona Arias de Luna, natural de Valladolid y viuda de un coronel español. Tras la amnistía hizo el viaje de vuelta, pero para regresar de nuevo a Francia al comprobar que las condiciones de vida en España no eran mucho mejores que al partir hacia el exilio en los años veinte. Ella misma había expuesto las complicadas razones de aquella primera expatriación en una carta al ministro del Interior fechada en París el 20 de agosto de 1832:

«Le ruego —empezaba su carta— que me permita hacerle un ligero esbozo de mi vida, para que pueda juzgar mejor la horrorosa posición en que me encuentro. Rodeada ya en la cuna del prestigio que otorgan el nacimiento y la riqueza, la guerra de 1808 privó a mi familia de toda su fortuna y a mí misma me hizo compartir la suerte de mi marido, coronel español, y seguirle como prisionera de guerra [sic] al depósito de Chalons sur Saône, donde di a luz un hijo que cuenta hoy 18 años. Al volver a nuestra patria, mi marido fue destinado a América y allí, sintiéndose agraviado por el injusto trato recibido tras prestar servicios distinguidos, se pasó al bando de Bolívar (sin tomar las armas contra la madre patria) y murió fuera del servicio. Mi padre, víctima también de la política, murió en Burdeos en 1816, por lo que la persecución se extendió a mi hijo y a mí. En 1827 fui obligada a dejar Cádiz, donde me encontraba. Para pagarme los gastos del viaje, la división francesa hizo una suscripción acorde con el rango que ocupo en la sociedad».

Tampoco en Francia las cosas le resultaron fáciles. Hasta el año anterior —1831— no obtuvo el subsidio destinado a los refugiados y para entonces arrastraba ya algunas deudas, pese a contar con un trabajo asiduo —sabemos que trabajaba como costurera— y con la ayuda de algunos amigos. Había aceptado todo tipo de privaciones, pero no estaba dispuesta a renunciar a la formación de su hijo, por costosa que fuera, pues mostraba tales aptitudes para la pintura que algún día, quién sabe si en un par de años, su talento acabaría por compensarles de tantos infortunios. Lo primero, sin embargo, era asegurar la subsistencia diaria, porque se encontraba amenazada de desahucio por impago del alquiler de su vivienda. De ahí su ruego al ministro para que autorizase un aumento de la pensión que tanto ella como su hijo venían percibiendo como refugiados69.

El informe policial considera injustificada su petición, por entender que tenía lo necesario para vivir. Estaba al servicio de una baronesa en calidad de dama de compañía. No sólo cobraba por ello, sino que vivía en casa de su señora, que la trataba espléndidamente. Era el hijo quien residía en el piso que originó las deudas de la solicitante, que llevaba un retraso de dos años en el pago del alquiler y no se avenía a razones con el propietario, dispuesto a llegar a alguna forma de acuerdo. Dado que el joven vivía por su cuenta y que la madre se ganaba bien la vida, la policía no entendía esa angustiosa petición de socorro y, por tanto, recomendaba que se rechazara. Ella insistirá con nuevas solicitudes. Varios diputados de las Cortes liberales, entre otros personajes influyentes, intercedieron en su favor. Aseguron que su vida correría serio peligro si tuviera que repatriarse. A finales de 1833, sin embargo, se le extendió un pasaporte para volver a España por Perpiñán en compañía de su hijo, Carlos Luna, pero hallándose ya de viaje, Carlos contrajo una grave enfermedad que les obligó a volver a París. En abril de 1834, un diputado francés informaba al ministro del Interior de lo sucedido. La situación de Ramona, que había vuelto a casa de la baronesa, no dejaba de complicarse. Un año después solicitaba ayuda para su hijo, que había tenido que dejar los estudios por falta de medios. En algún momento, ella viajó a España, inmersa por entonces en plena guerra carlista, y el panorama que se encontró fue tal que optó por regresar inmediatamente a Francia. El relato de lo ocurrido figura en una carta que dirige al ministro del Interior el 26 de julio de 1837 y que constituye el último documento de su expediente policial. Al entrar las tropas de don Carlos en Valladolid se incautaron de una casa de su propiedad y con ella perdió lo único que le quedaba de su patrimonio familiar. Ese mismo día murió su hermana y por esas fechas su suegro cayó en poder de los carlistas, que lo ejecutaron en el acto. Parecía un episodio más de la maldición que perseguía a la familia desde la Guerra de la Independencia, cuando su marido fue hecho prisionero y ella partió con él a Francia, escenario entonces de su cautiverio y tierra de asilo desde que en 1827 huyó de España por primera vez. Ahora, con cincuenta años, regresaba a París una vez más como refugiada y solicitaba al ministro una ayuda para poder vivir. No sabemos si esta nueva petición fue atendida70.

El regreso no siempre era lo más aconsejable. Algunos exiliados prefirieron no tentar a la suerte volviendo a su ciudad o a su pueblo y exponerse de nuevo a los fatídicos vaivenes de la política española y a la brutalidad de los más intransigentes. Así lo atestigua un emigrado liberal, Manuel Núñez, en carta al ministro del Interior francés: «No hay español que no tiemble con la sola idea de volver a su país, sobre todo aquellos que atrajeron la atención del público durante la época constitucional»71. De ahí la singular petición elevada por Elena Sáinz al ministro, tras reconocer que no se atrevía a regresar a su hogar: que le concediese la libertad de permanecer en Francia residiendo en Lyon o en cualquier otra ciudad del interior. La cuestión era mantenerse a una distancia prudencial de la frontera española, porque nunca se sabía hasta dónde podía llegar el largo brazo del fanatismo hispano72. La solicitud de Francisca Martín es del mismo tenor. Su problema, afirmaba, no guardaba relación con la amnistía, a la que tenía derecho, ni con las condiciones del viaje, sino con «la suerte que le espera» en caso de regresar a España. Viuda de un sargento que murió en 1823 «combatiendo por la libertad de la patria» —leemos en la carta que dirigió, en francés, al alcalde de Blois—, Francisca se vio obligada a expatriarse a causa del odio que el partido realista profesaba a su difunto marido. De esta forma,

«se halló sin hogar que la abrigara y sin padres que la acogieran y protegieran, en una palabra sola en este mundo, y en vez de encontrar conmiseración en su país, no recibió más que la venganza particular que ninguna amnistía puede garantizar [sic]. Así pues, espera que esta heroica Francia que siempre ha respetado el desdichado coraje, incluso en un enemigo, no abandonará a la más espantosa miseria a la viuda de un soldado muerto en el campo del honor»73.

El caso de las viudas de los antiguos josefinos resulta particularmente sangrante, como demuestra la historia de Antonia López Rojas. Su marido, el capitán Varela —la grafía cambia según los documentos—, llegó a Francia con los restos del ejército napoleónico, al que había servido, y murió al cabo de un tiempo en Toulouse. Antonia, que siguió sus pasos, había vivido del fruto de su trabajo y de la pensión que recibía como refugiada. Su intención era volver a España, pero se le aconsejó quedarse en Francia por la persecución que seguían sufriendo los liberales, más aún tras la reciente intentona que protagonizaron en los Pirineos. En ella participó su hermano, que fue detenido y tal vez ejecutado —afirmaba ella— «por causa de la libertad». La policía certifica que Antonia está constantemente enferma y que «no parece feliz». Tras la amnistía de 1832 dudó nuevamente qué hacer. Al final, en enero de 1833, solicitó y obtuvo pasaporte y un pequeño subsidio para viajar a Barcelona. Viuda de un oficial josefino y hermana de un combatiente constitucional, su biografía recorre los diversos registros de la exclusión, primero por afrancesada y luego por liberal. Lo mismo su lenguaje, que acaba siendo el de una mujer marcada muy a su pesar —como dice ella del sacrificio de su hermano— «por la causa de la libertad»74.

Los restos del naufragio

«La amnistía», escribió en sus Memorias la condesa de Espoz y Mina, «había producido un cambio extraordinario. Tan pronto como apareció aquel decreto aprestáronse a marchar casi todos aquellos a quienes comprendía»75. Así fue, efectivamente, y eso hizo que, tras la publicación del decreto en octubre de 1832, la mayoría de las mujeres que desde 1823 habían buscado asilo fuera de España, solas o acompañadas, emprendieran el camino de regreso. Esta medida supuso, sin embargo, un nuevo desengaño para algunas exiliadas, ya fuera por quedar excluidas del perdón o porque, estando incluidas en él, deseaban permanecer en Francia y con la amnistía perdían la pensión que venían cobrando como refugiadas.

La exclusión afectaba, según el decreto, «a los que tuvieron la desgracia de votar la destitución del Rey en Sevilla y los que han acaudillado fuerza armada contra su Soberanía»76. Lo primero se refería a la votación realizada por las Cortes en junio de 1823 que declaró la incapacidad temporal de Fernando VII y el nombramiento de una regencia y lo segundo a quienes participaron en los distintos rompimientos llevados a cabo por los liberales desde la restauración de la monarquía absoluta. Nada decía el decreto sobre la aplicación de la medida a las esposas o viudas de quienes estuvieran comprendidos en esas dos excepciones, pero en la práctica la exclusión se hizo extensiva a ellas, considerando que al huir con sus maridos se hacían solidarias de su conducta política. Era la misma lógica que el gobierno de Fernando VII había aplicado en su día a las esposas de los afrancesados al prohibir a estos últimos volver a España: «Las mujeres casadas que se expatriaron con sus maridos», decía una circular de 1814 del Ministerio de Gracia y Justicia, «seguirán la suerte de éstos»77. Es decir, que la prohibición de repatriarse les afectaba lo mismo que a ellos.

Durante varios meses, desde finales de 1832, la embajada y los consulados españoles en Francia trabajaron a destajo para hacer frente a las continuas peticiones de los emigrados, deseosos de obtener su pasaporte de vuelta o de saber si estaban o no incluidos en la amnistía. En caso de no estarlo, debían conseguir un certificado que les permitiera conservar su estatus como refugiados. El cónsul español en Burdeos informó de ello al gobierno en un escrito del 29 de diciembre: «Se presentan diariamente en este Consulado bastantes emigrados españoles reclamando declaraciones de no hallarse comprendidos en el Rl. Decreto de amnistía […] para obtener del Gobierno francés la continuación de socorros». Entre los que volvían a España —añadía—, unos lo hacían agradeciendo la magnanimidad de la reina María Cristina, firmante del decreto, aclamándola con voces de «Viva Cristina y viva España», mientras que otros, por el contrario, «obstinados, ingratos e incorregibles», hacían planes ya para «cometer nuevos trastornos en la Península»78. Pese al inquietante precedente del indulto de 1824 y a la desconfianza mutua que reinaba entre los beneficiarios de la amnistía y el gobierno español, presidido por Francisco Cea Bermúdez, exembajador en Londres de ingrato recuerdo para los exiliados, pronto se pudo ver que la mayoría de ellos optaba por regresar. Así lo indican las listas de los pasaportes expedidos por la embajada y los consulados —tan sólo la de Burdeos del 11 de febrero de 1833 contiene cerca de mil nombres—79, la información remitida a París por los departamentos fronterizos sobre la afluencia de españoles amnistiados que se disponían a repatriarse y los estadillos elaborados por la policía española sobre su llegada a la frontera, ya fuera al cruzarla por Irún o La Junquera o al ingresar en los respectivos lazaretos para cumplir la cuarentena de seis días establecida por el gobierno.

Desde el punto de vista económico y administrativo, el regreso de esos miles de españoles fue una operación complicada y costosa, sobre todo para Francia, que en la mayoría de los casos contribuyó a sufragar el viaje hasta la frontera. El prefecto de Dordoña —departamento en el que se contabilizaron 644 beneficiarios de la amnistía—80 solicitó permiso además para proporcionar medios de transporte a las mujeres y los hijos pequeños de los refugiados que regresaban a España81. Las autoridades locales realizaron frecuentes consultas sobre la forma y el alcance de la ayuda que debía prestarse a los españoles amnistiados. Las dietas concedidas para el viaje, masivamente solicitadas por los interesados, eran una prueba más de la solidaridad del régimen orleanista con el exilio liberal. Pero este último esfuerzo del Estado francés no respondía sólo a razones humanitarias. Cuando en febrero de 1834 Rufina Baras, viuda del capitán Francisco Pérez Villaamil, hallándose en París sin recursos, solicitó ayuda para hacer el viaje de vuelta, la policía aconsejó fervientemente que se accediera a su ruego. De lo contrario —leemos en el informe policial—, se quedaría en la capital «a costa de la administración»82. Dicho de otra forma: resultaba más barato ayudarla a volver que pagar su estancia. Un mes después, Rufina regresaba a España en compañía de sus dos hijos83.

En unos pocos meses, los antiguos depósitos de refugiados quedaron prácticamente vacíos84. Una lista de la policía de españoles que seguían en París en 1833 contiene tan sólo 39 nombres. Junto a varios de ellos se especifica que se encuentran excluidos de la amnistía, aunque María del Carmen Sardi —única mujer en la lista— estaba excluida y, sin embargo, no figura con tal indicación85. No aparece en cambio Luisa Sáenz de Viniegra —también en París—, quien, por ser viuda del general Torrijos, se veía comprendida en una de las dos excepciones del perdón, la relativa a quienes hubieran levantado fuerza armada contra el rey. Ésta es la razón por la que la futura condesa de Torrijos, como la propia Carmen Sardi, afectada por la otra excepción —la petición de una regencia—, tuvo que prolongar su estancia hasta 1834, luchando por conservar y, a ser posible, aumentar su pensión de refugiada, parece que con éxito. En septiembre de 1833 escribió en tal sentido a la reina de Francia, María Amelia, su principal protectora. Contaba también con el apoyo incondicional del general La Fayette, siempre pendiente de la situación de la viuda de Torrijos y de cualquier cosa que pudiera necesitar86. En mayo del año siguiente, Luisa Sáenz llegó a Perpiñán procedente de París, a punto de poner fin a casi once años de destierro87.

La amnistía de 1832 dividió a las exiliadas españolas en Francia en amnistiadas —la mayoría— y no amnistiadas. No era una cuestión baladí, porque así como las primeras solían tener derecho a subsidio para repatriarse, las segundas lo tenían para seguir cobrando su pensión como refugiadas políticas. Pero sólo ellas, y siempre y cuando demostraran, mediante certificado de la embajada, que el gobierno español no las consideraba comprendidas en el perdón. Les importaba mucho, por tanto, clarificar su situación para evitar quedarse en una especie de limbo político-administrativo —ni amnistiadas ni refugiadas— sin derecho a prestación económica alguna. Ya se ha visto que la avalancha de peticiones dirigidas por españolas, en su mayoría solteras o viudas, al Ministerio del Interior entre 1832 y 1834 respondía al propósito de conseguir un reconocimiento legal como amnistiada o como refugiada. A partir de octubre de 1832, esa identidad a la carta que caracteriza la correspondencia de las españolas con la administración francesa durante el exilio se polariza, por tanto, en dos formas de autorrepresentación predominantes: como «una amnistiada española» o como «una refugiada española». Ahora bien, para disfrutar de esta condición y de sus beneficios económicos no bastaba ya con haber salido de España huyendo de una persecución política. Para el Ministerio del Interior, tras el perdón otorgado por el gobierno, esos motivos políticos habían dejado de existir, salvo que la interesada no pudiera acogerse al decreto de octubre de 1832.

Las cosas no siempre eran tan sencillas. Lo demuestra la existencia de un pequeño contingente de españolas que llegó con el éxodo liberal y que, tras la amnistía, siguió en Francia por diversas razones, en algunos casos simplemente por motivos de salud. Es lo que alegaban, por ejemplo, Gregoria Rodríguez, que presentó varios certificados médicos sobre los dolores reumáticos que la tenían postrada88; Raimunda Pouzols [sic], conminada a repatriarse a finales de 1832 y cuyo delicado estado de salud la retuvo en Francia hasta casi un año después89; Nicolasa de Quesada, víctima, según la policía, de una grave afección en el pecho; Josefa Manterola, que, con su hermana Emilia, estuvo alargando todo lo que pudo su estancia en París, supuestamente por motivos de salud, hasta el punto de que hay serias dudas de que llegaran a regresar a España, o Dolores de Porta, viuda de un comisario de guerra del ejército constitucional, aquejada de una enfermedad en los ojos que le impedía viajar, aunque finalmente, en 1835, solicitó ayuda para volver a España, donde, según decía, al menos tenía de qué vivir90.

Otras temían que la amnistía fuera un mero cambio administrativo incapaz de alterar la profunda realidad de un país, en su opinión, intransigente por naturaleza. Temblaban sólo de pensar que al volver a sus pueblos y a sus barrios se iban a encontrar el mismo fanatismo que habían dejado atrás al marcharse. Era el temor de la antigua monja de Las Huelgas Tecla López de Angulo y en general del clero liberal y afrancesado, que se sentía especialmente señalado y vulnerable ante los sectores más radicales del absolutismo. Por este motivo, algunos religiosos secularizados, incluidos en la amnistía, se dirigieron al gobierno francés en mayo de 1834 pidiendo permiso para permanecer en Francia ante el riesgo que corrían en España, porque, se preguntaba uno de ellos, «¿en qué parroquia estará al abrigo de una banda de carlistas, llevando la impronta de constitucional o emigrado a Francia?»91. En efecto, el levantamiento carlista de 1833 y la guerra civil subsiguiente supusieron un riesgo añadido para aquellos que eran conocidos por sus ideas liberales o por haber pasado unos años en el exilio, lo que, en el fondo, venía a ser lo mismo. Bien lo pudo comprobar Ramona Arias en su fugaz estancia en España. Después de mucho dudar, se decidió a regresar a su hogar en Valladolid, en plena guerra carlista, con el resultado ya conocido: asistir a la incautación de su casa por las hordas de don Carlos, al fusilamiento de su suegro y a la muerte de su hermana el mismo día en que los carlistas allanaban su propiedad. El 26 de julio de 1837 se encontraba de nuevo en París escribiendo al ministro del Interior francés una carta que contiene el cumplido relato de ese descenso a los infiernos que fue para ella el regreso a la patria92.

La amnistía de 1832 fue ampliada tras la muerte de Fernando VII por sucesivos decretos promulgados con fecha 24 de octubre de 1833, 8 de febrero de 1834 y 20 de mayo del mismo año. El último de ellos derogaba ya completamente las excepciones contenidas en la amnistía y en consecuencia permitía la liberación de aquellos presos exceptuados en primera instancia y el definitivo regreso de todos los exiliados. Las mujeres más significadas por sus responsabilidades políticas, como Carmen Sardi, o las de sus maridos, como Juana de Vega, Luisa Sáenz de Viniegra, Rafaela de Rada —esposa del general Quiroga— o Mariana Soler —casada con el exdiputado y futuro ministro Ramón Salvato— volvieron a España a lo largo de 1834. Por el contrario, Encarnación Cueto, casada con el duque de Rivas, se adelantó en un año al regreso de su marido, que no se produjo hasta 183493.

Hubo otras mujeres sin una especial relevancia política que esperaron a la muerte del rey y a las últimas medidas de gracia para repatriarse, en algunos casos por estar casadas con militares que habían participado en las intentonas armadas contra Fernando VII. Una vez consumado, entre 1832 y 1834, el retorno de las emigradas, quedaron fuera de España aquellas pocas que por distintas razones no pudieron o no quisieron volver, entre ellas las que habían rehecho su vida en el destierro, como Rosa Caballero, «huérfana y emigrada en Francia muy joven», que renunció a la amnistía para casarse en su país adoptivo94, o las que, por el contrario, habían sufrido de manera irreversible el desarraigo que, de una u otra forma, comporta siempre la experiencia del exilio. Es el caso de Teresa Antony, natural de Madrid, de cuarenta años, hija y esposa de refugiados constitucionales, ambos fallecidos, y madre de tres hijos, uno de los cuales se había enrolado en la Legión francesa. En 1834, esta «española amnistiada» vivía en Burdeos en la más absoluta miseria, sin otro medio de subsistencia que la caridad pública95. O de María de Guzmán de Porta, hija probablemente de refugiados, con un largo historial de pequeños hurtos y estafas en diversos departamentos, hasta que en 1840 fue detenida en Besançon y condenada a tres años de cárcel96.

Pero la historia más impactante de entre las que vivieron la emigración como un naufragio sin rescate ni retorno es la que protagonizó María Ángela Valdés con sus correrías entre España y Francia a principios de los años treinta. Nacida en Oviedo hacia 1792, en julio de 1830 pasó por el departamento de los Bajos Pirineos provista de un pasaporte de indigente con destino a Grenoble. Desde allí se proponía seguir viaje hasta Parma, donde se encontraba su marido. En diciembre, se la localiza en Bourges —no se sabe si de vuelta de su viaje— con un embarazo ya muy avanzado y heridas en los pies, pues viajaba descalza, lo que la obligó a ingresar en un hospital. Por esas mismas fechas, el gobierno francés la expulsó del país, pero por poco tiempo, porque unos días después —el 14 de diciembre— funcionarios españoles la devolvieron a Francia escoltada por fuerza armada. Al prestar declaración ante la policía francesa, aseguró haber sido maltratada por las autoridades de Vitoria, que la apremiaron a revelar información sobre las posiciones de las tropas de Mina y Valdés al otro lado de los Pirineos. En Francia se la declaró «refugiada por causas políticas» y el prefecto de Bayona le concedió un pasaporte para Mantua (Italia), aunque un informe cuestionaba que se tratase de una verdadera refugiada y que estuviese casada, como afirmaba. En marzo de 1831 se encontraba en Bergerac y en junio en el depósito de Bourges, donde los propios exiliados españoles solicitaron su expulsión debido a su conducta escandalosa. Se marchó a Aviñón, según ella, en busca de su marido, y unos meses después las autoridades locales la enviaron a Montpellier para someterse a tratamiento por la sífilis que padecía y que amenazaba con contagiar a toda la guarnición de la ciudad. Volvió a Aviñón curada y usando el falso nombre de Campi.

A principios de 1833, formaba parte de una columna de refugiados que regresaban a España desde Clermont-Ferrand. Un documento del Ministerio de Estado español la incluye entre quienes han cruzado la frontera por Irún entre el 11 y el 16 de febrero. Tenía cuarenta años, se dirigía a Valladolid y constaba como viuda y «amnistiada», doble nota de respetabilidad que contrasta con la mala fama que solía acompañarla. Al poco tiempo, regresó a Francia e inmediatamente fue localizada por la policía. En agosto de 1833, su nombre aparecía en una relación de refugiados españoles —junto a una tal Vicenta Beira, otra amnistiada que había vuelto a cruzar los Pirineos— cuya presencia en territorio francés se consideraba altamente perjudicial. En consecuencia, se le impuso una orden de expulsión, que no parecía muy dispuesta a cumplir. Las autoridades estaban resueltas a echarla del país, pero la policía pensaba que no iba a ser tan fácil librarse de ella. Se trataba de una persona escurridiza y peligrosa. Primero su embarazo y luego su mala vida serían sólo una tapadera para ocultar su verdadera personalidad, que no era otra, en opinión de la policía francesa, que la de una espía profesional. Se barajaban teorías incluso más truculentas, porque esa tendencia suya a llevar el escándalo allí donde iba —siempre ciudades con guarnición— sólo podía responder, según algunos informes, al propósito de incitar a los soldados a la deserción97. Cabe preguntarse si detrás de la interpretación policial de su caso no hay un extraño atavismo de los tiempos de la revolución, del que habría también un eco lejano en la novela Quatre-vingt treize de Victor Hugo: «En la Vendée, las mujeres embarazadas servían de espías» (libro II, capítulo 3).

Comoquiera que sea, se trata de una historia atípica en el mundo del exilio, al que seguramente Ángela pertenecía en origen, aunque acabara siendo repudiada por él. Llegó a Francia arrastrada por el éxodo del liberalismo español y se adaptó a una existencia a la deriva que moldeó en ella una personalidad extraña, desarraigada, sin una identidad clara. Decía estar casada, luego constaba como viuda y un buen día apareció embarazada de un hijo del que nunca más se supo. Iba y venía sin saberse muy bien qué buscaba —la historia del marido no se sostiene— o de quién huía. Las autoridades de uno y otro país la veían como una figura del desorden y hasta los refugiados españoles en Bourges se la querían quitar de encima por el expeditivo procedimiento de solicitar su ostracismo. Rechazada por todos, su caso alcanza tal notoriedad que la policía francesa acaba por crearle una identidad como espía que, aunque inquietante, al menos daría sentido a todo lo que hacía. Hay otra circunstancia atípica en su amplio dosier policial y es que, a diferencia de la mayoría de sus compañeras de infortunio, Ángela carecía de voz propia con la que ofrecer su testimonio sobre sí misma. No solicitó subsidios, no escribió cartas, no le contó su vida a ninguna autoridad, salvo cuando fue interrogada en Bayona y declaró haber sido maltratada en Vitoria. Sólo entonces obtuvo el preciado título de «refugiada por causas políticas». Pero por poco tiempo, lo mismo que la categoría de «amnistiada» con la que volvió a España en 1833 para regresar de inmediato a Francia, como si los últimos acontecimientos políticos no fueran con ella.

La de Ángela Valdés es una de esas biografías del naufragio liberal que ya no pudieron recomponerse con la amnistía de 1832. La inmensa mayoría de las exiliadas, sin embargo, acabaron repatriándose, bien es cierto que con una mezcla de sentimientos contradictorios, de alegría por la vuelta a casa e inquietud por el país que se iban a encontrar. Celebraban el final del destierro, pero algunas se preguntaban si no sería un viaje de ida y vuelta, como el de aquellos liberales —en algunos casos, sus propios padres o maridos— que regresaron del exilio en 1820 y tuvieron que volver a marcharse tres años después. La situación política en España no invitaba, ciertamente, al optimismo.

CAPÍTULO 10
EL «PARTIDO DE LAS MUJERES»
TRAS LA MUERTE DE FERNANDO VII

«Nosotras debemos siempre ser del partido de las mugeres».

El Correo de las Damas, 10 de febrero de 1834.

La muerte del Deseado

En junio de 1829, tras el fallecimiento de su tercera esposa, Fernando VII comunicó a su gobierno que, a falta de un heredero directo, estaba decidido a «hacer el sacrificio» de casarse por cuarta vez. Además de razones de índole política, la mala salud del monarca aconsejaba resolver lo antes posible la cuestión sucesoria: «Es menester que yo me case cuanto antes», le escribió Fernando a uno de sus consejeros, haciendo suyo el parecer que le había expresado su médico1. La elegida en esta ocasión fue la princesa napolitana María Cristina de Borbón, sobrina del propio Fernando y veintidós años menor que él. En septiembre se hizo público el compromiso y el 10 de diciembre Fernando y Cristina se encontraban en Aranjuez ya como esposos, veinticuatro horas después de haber contraído matrimonio por poderes.

La boda real provocó la inquietud de los partidarios del hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, sucesor al trono en caso de que el rey muriera sin descendencia. Por el contrario, los personajes más moderados de la Corte, inquietos ante las continuas intrigas y alborotos de los carlistas, confiaban en que su nueva esposa le daría al rey, como dijo uno de ellos, «un heredero, aunque [fuera] hembra»2. Los liberales, por su parte, pensaban que cualquier alternativa era deseable antes que ver a don Carlos convertido en rey de España. Para hacer posible la sucesión femenina, y en previsión de un próximo embarazo de la reina, en marzo de 1830 se publicaba la llamada Pragmática Sanción por la que se derogaba la vieja Ley Sálica, que impedía reinar a las mujeres. En mayo se hacía pública la preñez de María Cristina y en octubre nacía su hija, que fue bautizada con el nombre de María Isabel Luisa y que, a la muerte de su padre, habría de convertirse en Isabel II.

Los últimos meses de la vida de Fernando VII fueron una sucesión de intrigas palaciegas y convulsiones políticas de toda índole, con predominio de aquellas que tenían en su origen al partido carlista, así denominado por las fuentes de la época por lo menos desde 1825. El episodio decisivo en esa crisis política continua que fue el último año del reinado de Fernando VII se produjo en septiembre de 1832. Hallándose en su palacio de La Granja de San Ildefonso, el rey se vio acometido por un grave ataque de gota que hizo temer por su vida. El vacío de poder provocado tanto por su enfermedad como por el aislamiento y la inexperiencia de su esposa fue aprovechado por el ultraabsolutismo para dar un golpe de mano que pudo haber tenido trascendentales consecuencias. El 18 de septiembre, una confabulación palaciega, con don Carlos como principal inspirador y el protagonismo de algunos ministros y embajadores, forzó a la reina a consentir en la anulación de la Pragmática Sanción mediante un decreto que se llevó a la firma de un moribundo Fernando VII. Según un testigo presencial, el rey refrendó el decreto poniendo al pie «unas letras ininteligibles que tenían, miradas de cerca, alguna semejanza con las de su nombre»3. Quedaba así restablecida la Ley Sálica y, por tanto, la prohibición de que una mujer fuera coronada reina de España. De esta forma, la princesa Isabel perdía sus derechos sucesorios en beneficio de su tío don Carlos, restituido como heredero al trono. El éxito de la operación fue posible por el estado de salud del rey y por la fortísima presión ejercida sobre la reina María Cristina, a la que los conjurados, y en particular los ministros Alcudia y Calomarde, convencieron de que, según escribió ella misma poco después, en caso de no acceder a sus pretensiones «iba a haber indudablemente una guerra civil»4. Sin embargo, los ministros comprometidos en la conjura cometieron el error de dar publicidad al decreto derogatorio, en contra de lo que le habían prometido a Fernando VII, provocando con ello un clima de euforia entre los carlistas que puso en alerta a sus adversarios. Entre estos últimos se encontraba el ministro de la Guerra, marqués de Zambrano, que tomó diversas disposiciones para defender los derechos de la princesa Isabel y, con ellos, la causa de una monarquía moderada.

Los acontecimientos dieron muy pronto un giro inesperado. El 21 de septiembre, el rey empezó a experimentar una notable mejoría y a tomar conciencia de lo sucedido. Veinticuatro horas después llegaba a La Granja la infanta Luisa Carlota, cuñada de Fernando VII, que habría de mostrarse como una firme defensora de los derechos de su sobrina Isabel. En las semanas siguientes, con el rey todavía convaleciente, se adoptaron importantes decisiones que apartaron a los ultras del poder e iniciaron una política de mano tendida a los liberales, pensando en su posible apoyo a Isabel —o como mínimo en su neutralidad— ante el pleito dinástico que se avecinaba. El 1 de octubre se formó un nuevo gobierno, del que desaparecían Calomarde —que además fue desterrado de la Corte— y Alcudia, y al que se incorporaban figuras prominentes del absolutismo moderado, como el nuevo ministro de Estado, Francisco Cea Bermúdez. El día 9, la Gaceta de Madrid publicaba un decreto por el que Fernando, «teniendo en consideración el retraso que sufren los negocios del Estado por la indisposición de mi salud», habilitaba a su esposa a despachar las cuestiones de gobierno en su nombre. El mismo número de la Gaceta recogía los dos primeros decretos firmados por María Cristina. Por el primero de ellos, concedía un «indulto general a todos los presos que se hallen en las cárceles de Madrid y demás del Reino». Mediante el segundo, ordenaba la reapertura de todas las universidades españolas, cerradas dos años antes por orden de Calomarde5. El 15 de octubre, la reina concedía una amplia amnistía que habría de permitir el regreso de los exiliados liberales. Para que no hubiera duda, ni entre los beneficiarios de la medida ni entre las autoridades encargadas de su cumplimiento, quince días después se promulgaba un nuevo real decreto, también con su firma, especificando que «todos los emigrados y desterrados por motivos políticos» quedaban «en libertad de volver a sus hogares, a la posesión de sus bienes, al ejercicio de su profesión o industria, y al goce de sus condecoraciones y honores bajo la segura protección de las leyes»6.

La firma de la reina siguió apareciendo al pie de un sinfín de disposiciones relativas a nombramientos civiles y militares, la mayoría relevando a cargos sospechosos de carlismo; reformas administrativas, como la creación del Ministerio de Fomento, y asuntos varios de ordinaria gobernación del reino. El 1 de enero de 1833, la Gaceta reproducía una declaración del rey realizada en el Palacio Real de Madrid ante las más altas autoridades de la monarquía sobre los sucesos ocurridos en La Granja en el pasado mes de septiembre: «Declaro solemnemente […] que el decreto firmado en las angustias de mi enfermedad fue arrancado de Mí por sorpresa, que fue un efecto de los falsos terrores con que sobrecogieron mi ánimo y que es nulo y de ningún valor, siendo opuesto a las leyes fundamentales de la Monarquía»7. Tres días después, Fernando retomaba la plenitud de sus funciones, a la vez que agradecía a su esposa «el acertado desempeño con que ha correspondido a mi soberana confianza en el despacho de los negocios durante mi convalecencia»8.

María Cristina había permanecido tres meses al frente de la monarquía, en un momento clave para la defensa de los derechos dinásticos de su hija. La opinión liberal, todavía clandestina, tenía motivos para hacer un balance positivo de la etapa en que había ejercido interinamente el poder. Parecía evidente que a Fernando VII le quedaba poco tiempo de vida y no era descabellado pensar, a tenor de lo sucedido durante aquellos meses, que una regencia bajo la autoridad de Cristina podía facilitar la instauración de un régimen representativo. De momento, por lo menos, la política de la monarquía se había vuelto menos hostil hacia el liberalismo, sin duda por la imposibilidad de mantener dos frentes abiertos simultáneamente, uno contra don Carlos y sus seguidores —entre ellos, la mayoría de los 120.000 voluntarios realistas— y otro contra los partidarios de la monarquía constitucional, cuyo número iba en aumento con la liberación de los presos y el regreso de los exiliados.

A lo largo de 1833, la ruptura con el carlismo se fue haciendo cada vez más ostensible. En el mes de enero hubo alborotos tanto en Madrid como en León, estos últimos auspiciados por el obispo de la diócesis, que no tardaría en pasarse a las filas del pretendiente don Carlos. No es extraño que, según Juana de Vega, su marido, el general Espoz y Mina, recibiera ese mismo año una petición de la familia real —en concreto de la infanta Luisa Carlota— para que «ofreciese su espada» a favor de los derechos de la princesa de Asturias9. Que un militar tan identificado con la revolución liberal como Mina, excluido de la amnistía por su tentativa armada de 1830, fuera requerido a defender los derechos sucesorios de la pequeña Isabel da la medida de la situación en que se encontraba la monarquía en vísperas del fallecimiento de su titular. No menos sintomática resulta la salida de España en marzo de 1833 tanto de don Carlos como de su cuñada, la princesa de Beira, en lo que constituía de hecho el comienzo de un exilio encubierto en Portugal. En cambio, Fernando VII vio cómo su hermano hacía oídos sordos a su posterior requerimiento para que abandonara la Península y trasladara su residencia a los Estados Pontificios. «Ésta será mi última carta si no obedeces», llegó a escribirle el 30 de junio, sin conseguir por ello que don Carlos cumpliera su orden. Su actitud y la de sus seguidores era ya de franca rebeldía, mientras continuaba el acercamiento entre la monarquía y los antiguos partidarios de la constitución. La jura de la infanta Isabel como heredera al trono fue motivo de grandes celebraciones, a las que se sumaron de buena gana muchos liberales, que aprovecharon la ocasión para festejar la reciente amnistía. En Barcelona, las fiestas tuvieron un especial sabor popular y liberal debido sin duda al alivio provocado por la destitución tres meses antes del conde de España, el odiado capitán general del principado10.

En septiembre, la salud de Fernando sufrió un notable empeoramiento. Los médicos le aconsejaron que diera paseos en coche, por los efectos beneficiosos que el traqueteo podía tener en su organismo. Pero el rey ya no estaba en condiciones de salir de Palacio. Un antiguo ministro suyo, el marqués de las Amarillas, escribía el día 27 que su majestad iba en el coche «con la cabeza baja, sostenido por unas fajas que le cruzan por el pecho, porque no sólo no puede moverse, pero ni aun sostenerse sentado»11. Dos días después, a las tres menos cuarto de la tarde, sufrió un ataque de apoplejía «tan violento y fulminante», leemos en la Gaceta extraordinaria publicada ese mismo día, «que a los cinco minutos, poco más o menos, terminó su preciosa existencia».

Su cadáver permaneció tres días expuesto al público en una sala del Palacio Real. El 3 de octubre por la mañana, el ataúd con sus restos mortales fue trasladado al Escorial con gran acompañamiento de la servidumbre de Palacio, guardias reales, nobles y clérigos. Cuenta un historiador liberal del siglo XIX que, al llegar al monasterio y bajar el féretro al panteón, sus portadores «rompieron con él una grada de piedra, para que hasta su muerte causase ruinas». Añade que «durante la última ceremonia era tal el hedor que la comitiva no podía resistirlo y algunos individuos se desmayaron». La escena, según este anónimo autor, representaba a la perfección la verdadera imagen que dejaba el reinado de Fernando VII, «porque en el sepulcro, exhalados los aromas de la lisonja, sólo queda la verdad, y la verdad de la tiranía es toda corrupción»12.

El mismo día 29 de septiembre, la hija mayor de Fernando VII, de apenas tres años, era proclamada reina con el nombre de Isabel II. Durante su minoría de edad, María Cristina desempeñaría la regencia como «reina gobernadora». Dos meses después de la muerte del rey, su viuda se casaba en secreto con un guardia de corps, Fernando Muñoz, al que acababa de conocer. En un primer momento mantuvo a Cea Bermúdez al frente del gobierno y firmó un manifiesto político de corte claramente inmovilista, pero el levantamiento carlista del mes de octubre, que habría de derivar en guerra civil, obligó a introducir cambios sustanciales en la vida política y económica. En enero de 1834, el exministro Francisco Martínez de la Rosa se incorporó al gobierno en sustitución de Cea y tres meses después se aprobó el Estatuto Real, rechazado por insuficiente por la mayor parte de la opinión liberal. Pese a su posterior reforma, el Estatuto nunca llegó a convertirse en la piedra angular de un verdadero régimen constitucional y parlamentario.

Mientras la guerra seguía su curso, el clima social se fue enrareciendo. A la inestabilidad política, fruto de una transición demasiado lenta y todavía incompleta, se añadió una violencia anticlerical de una magnitud desconocida, con episodios como la matanza de frailes en Madrid, en 1834, y la quema de conventos en Barcelona al año siguiente. Una oleada de insurrecciones populares en el verano de 1835 llevó al poder primero al conde de Toreno y enseguida a Mendizábal, que sería destituido en mayo de 1836 por la reina gobernadora aprovechando la impopularidad que el ministro se había granjeado en ciertos sectores liberales. Una nueva revuelta en agosto —el llamado «motín de los sargentos» en La Granja—, esta vez promovida por el sector más progresista del liberalismo, obligó a María Cristina a devolver el poder a aquellos a quienes se lo había arrebatado en mayo. El mito de una reina amiga de los liberales, alumbrado tras los sucesos de La Granja en 1832 y el perdón «general y solemne» a los proscritos, terminó de derrumbarse cuatro años después en el mismo escenario.

Entre la realidad y la ficción: la mujer en la transición al liberalismo

El clima político español había empezado a cambiar significativamente en 1832 con la concesión de la amnistía, el regreso de los exiliados y la proliferación de publicaciones periódicas, tras la sequía periodística de los años anteriores. La mayoría tenía un carácter literario y costumbrista, pero con un trasfondo de crítica social y política que fue cobrando importancia a medida que la incertidumbre del momento histórico y el desarrollo de la opinión pública demandaron un nuevo periodismo, mucho más fresco y comprometido.

Entre esas nuevas publicaciones destaca La Revista Española, fundada por José María Carnerero en noviembre de 1832 como continuadora de las Cartas Españolas que él mismo había creado en 1831. Puede que con el nuevo título pretendiera resaltar el cambio que estaba viviendo el país bajo los auspicios de la «Reina Ntra. Sra.», como rezaba la dedicatoria que figuraba bajo el título del periódico. Por el mismo motivo, y sin duda por haber vivido Carnerero en la emigración, La Revista Española prestó especial atención al retorno de los exiliados a España tras la concesión de la amnistía en octubre de 1832. El 21 de noviembre, dos semanas después de su aparición, el periódico informaba ya de la llegada a Irún de un «gran número de emigrados que vuelven a su país en virtud del benéfico decreto de amnistía». En los meses siguientes, fue publicando las listas de aquellos españoles que cruzaban la frontera por Irún y La Junquera y que, tras cumplir la preceptiva cuarentena, seguían viaje hasta su punto de destino13. Esta información, junto a las listas elaboradas por la policía española con indicación de la edad, profesión, origen y destino de los refugiados que regresaban a España14, ofrece una amplia panorámica de la emigración en el momento del retorno, que completa y confirma lo que sabemos por otras fuentes sobre la procedencia provincial, la pirámide de edad o la base socioprofesional de los exiliados.

Desde el punto de vista del exilio femenino, cabe destacar el alto porcentaje de esposas o viudas de militares entre las emigradas —en torno al 65 por 100—, reflejo del valor incontestable del ejército como cantera del liberalismo español, así como la importancia de algunas provincias en el origen territorial de muchas de ellas: Barcelona, Madrid, Lérida, Vizcaya, Cádiz, Valencia, Gerona… En realidad, el mapa resultante contiene dos fenómenos relativamente distintos. Hay provincias de gran tradición liberal, como Madrid, Valencia o Cádiz, que aportan un elevado número de exiliados de ambos sexos; por el contrario, muchos de los que procedían de las provincias pirenaicas emigraban debido a un sencillo cálculo de oportunidad y coste: tal vez tenían menos motivos para huir que algunos liberales del interior, pero cruzar la frontera resultaba en su caso mucho menos complicado que desde otros lugares. Con las mujeres ocurre lo mismo. No es casualidad, por ello, que Barcelona, que aúna los dos factores —tradición liberal y proximidad de la frontera—, sea la provincia de la que procede un mayor número de exiliados de uno y otro sexo. La edad media aproximada de las que volvieron con la amnistía era de treinta y tres años.

Más allá de su valor estadístico, las listas elaboradas por la policía y las publicadas por La Revista Española permiten calibrar el efecto del éxodo liberal sobre los lazos personales, generalmente familiares, que existían entre sus miembros. Aunque aquellos años cambiaron la composición de muchas familias debido a las defunciones, los matrimonios, las separaciones y los nacimientos que se produjeron en el exilio, la sensación general es que la dura experiencia de la emigración reforzó, más que disolvió, los vínculos de paisanaje, sangre o profesión de quienes partieron juntos al extranjero o de aquellas familias o grupos de compañeros y amigos que se fueron reencontrando al otro lado de la frontera tras una huida azarosa, al albur de las circunstancias. Pese a su efecto discriminatorio sobre la emigración liberal, dividida en una amplia mayoría de beneficiarios y una minoría de excluidos, la amnistía favoreció el regreso en grupo, tanto por el plazo establecido de seis meses para acogerse a ella, concentrando así en un periodo relativamente corto la vuelta de miles de emigrados, como por las múltiples ventajas que ofrecía la posibilidad de viajar juntos, sobre todo para aquellas mujeres que se habían quedado solas.

Recuérdese el caso de Micaela Nesbitt, quien, tras el fallecimiento de su madre en París en 1832, solicitó del gobierno francés la ayuda necesaria para emprender el viaje de vuelta a España y así poder hacerlo en compañía del general Antonio Burriel y su familia, con la que debía de tener alguna amistad. El gobierno le concedió esa ayuda y Micaela pudo viajar con la familia Burriel, como era su deseo. Así se deduce de la lista publicada por La Revista Española de las «personas que han entrado en el lazareto de Irún los días 7 y 8 de enero de 1833»: inmediatamente después del nombre de «doña Micaela María Nesbit» figuran «don Antonio Burriel con su mujer y seis hijos». De las 98 personas incluidas en esa relación, 23 son mujeres, aunque, como ocurre con la esposa del general Burriel, muchas de las casadas aparecen sin identificar15.

La significativa participación femenina en el exilio liberal, puesta de manifiesto con el regreso de los emigrados, y el protagonismo de la reina María Cristina al refrendar con su nombre medidas de gran trascendencia, como el decreto de amnistía, planteaban de nuevo el papel de la mujer en la vida pública, apenas tres años después de que la Pragmática Sanción dejara expedito el camino a una sucesión femenina a la corona de España. Todo apuntaba hacia una alianza política entre quienes defendían los derechos sucesorios de Isabel II y quienes aspiraban a la instauración de un régimen constitucional. Podía no haber sido así, pero las circunstancias empujaban en esa dirección. El partido de don Carlos, defensor de la línea masculina en la sucesión al trono, representaba, por el contrario, el absolutismo puro y duro. El 10 de enero, un periódico español publicado en Nueva York recogía la noticia de un conato de sublevación carlista en Madrid al grito de «Reine el rey y no las mujeres, sino Carlos Quinto»16. Era lógico, pues, que en el pleito dinástico los liberales se identificaran con la parte contraria, es decir, con la defensa de los derechos de la princesa de Asturias y con la política personificada por su madre durante la enfermedad del rey. No es que, en vida de Fernando, María Cristina representara la causa del liberalismo, pero al menos simbolizaba la reconciliación. Ésa es la impresión que se desprende de un artículo sobre la amnistía publicado por el Periódico Mercantil y Económico de Cataluña e íntegramente reproducido por La Revista Española de Carnerero, que no en vano había hecho de la amnistía y de la reina María Cristina, a la que iba dedicado el periódico, su principal bandera. Frente a las traumáticas divisiones del pasado y al riesgo cierto de una guerra civil, el único camino posible era el del «olvido mutuo de las cosas pasadas […], como nos manda hacer la excelsa REINA de los españoles, la esposa de FERNANDO», en el real decreto que llevaba su firma17.

Las mujeres que en la Década Ominosa combatieron al absolutismo o que sufrieron persecución y exilio tenían, pues, doble motivo, por mujeres y por liberales, para hacer suyo el mito que el liberalismo construyó en torno a María Cristina y a su hija Isabel. Tal era su bando natural tanto en el pleito dinástico como en los grandes debates del momento. No se trataba sólo del proceso político en marcha, que llevaría a España de la monarquía absoluta al régimen constitucional. Se estaba viviendo además una de esas «transiciones en que suele mudar un gran pueblo de ideas, de usos, de costumbres»18, según palabras escritas por Mariano José de Larra en 1834, en plena aceleración del cambio histórico, tras la muerte del rey y el comienzo de la guerra carlista. Paradójicamente, con el fin de la persecución a los liberales se perderá en buena parte el rastro documental, fruto de la represión y del exilio, que permite reconstruir la peripecia del liberalismo femenino en los años anteriores. A cambio, la lenta restauración de las libertades crearía un modesto espacio para el desarrollo de una opinión pública femenina en la prensa de la época, tanto en los periódicos al uso, en los que de tarde en tarde aparecerá una carta firmada por una mujer o un artículo reflejando o cuestionando la presencia femenina en la vida pública, como, principalmente, a través del periódico El Correo de las Damas, publicado en Madrid entre junio de 1833 y diciembre de 1835.

El Correo de las Damas se definía en su cabecera como «periódico de modas, bellas artes, amena literatura, música, teatros, etc.», y en su prospecto declaraba su intención de «cooperar en cuanto esté de su parte a las grandiosas miras de un GOBIERNO sabio y paternal». Su objetivo primordial se reducía, sin embargo, a ser «ameno, ligero, florido» y, de esta forma, proporcionar una grata lectura a «las bellas a quien se consagra». Seguía la estela de otras publicaciones destinadas al público femenino, como el ya comentado Periódico de las Damas, del Trienio Liberal, imitador a su vez de las revistas francesas e inglesas de este género: mucha moda, acompañada de elegantes figurines, curiosidades más o menos mundanas, consejos domésticos y algo de literatura, lo menos sesuda posible. Era, de todas formas, una prensa femenina un tanto peculiar. Aunque dirigida a un cierto tipo de mujeres, con un elevado nivel social y cultural, solía estar redactada por hombres, que debían hacer el esfuerzo de pensar y escribir como lo harían sus lectoras. El Correo de las Damas, que contó entre sus redactores con Mariano José de Larra, no fue una excepción.

«Los males que han afligido a nuestra pobre patria no han dejado exenta la preciosa mitad del género humano». Con estas palabras empezaba un artículo publicado en febrero de 1834 con el título «Defensa de las mujeres», que invocaba, entre otros ejemplos sacados de la historia de los últimos siglos, «el reinado de nuestra excelsa Cristina, nuestra sabia Gobernadora», con su «talento superior», su «benignidad sin igual» y su «cordura extraordinaria», para demostrar la capacidad de las mujeres, cuando han recibido la educación que merecen, para asumir las más altas responsabilidades. Toda su supuesta ignorancia terminará, pues, cuando se destierre la opresión que han sufrido durante siglos por efecto del antiguo despotismo y de los prejuicios de muchos hombres, que han abusado de su poder sobre ellas. Aunque su «Defensa de las mujeres», por su tono polémico y reivindicativo, pretende ser una excepción en la línea general del periódico —«basta de cosas tan serias», leemos al final del artículo, «y tratemos de cosas más divertidas»—, en el mismo número «las cosas serias» volvían a colarse en la crónica de una tertulia de señoras de la buena sociedad.

Sin duda, se trata de una licencia literaria para mostrar el punto de vista femenino sobre la marcha de los acontecimientos, levemente caricaturizado, pero, en lo sustancial, bastante fiel seguramente a la mentalidad que se pretende reflejar. Bajo el título «Chismografía», el autor da cuenta de la conversación entre dos señoras que comentaban las noticias políticas nacionales e internacionales, desde la reciente ampliación de la amnistía por la reina gobernadora —«al fin, mujer y hermosa para que haga nada malo»— hasta los últimos sucesos de la guerra carlista o los rumores sobre una intervención conjunta de Francia, Inglaterra y España en Portugal en defensa de la reina María de la Gloria y su monarquía constitucional, con el fin de «arreglar» su precaria situación frente al acoso del absolutismo portugués, alzado en armas contra ella. «Pues me alegrará que se arregle», exclamó una de las señoras al oír la noticia, «porque es mujer y nosotras debemos siempre ser del partido de las mujeres»19.

La frase de esta tertuliana de ficción resulta menos trascendental de lo que podría parecer, pero desde luego no carece de interés. El costumbrismo en el que se mueve el periódico tiende a exagerar la realidad, sin inventarla del todo, y la realidad que El Correo de las Damas refleja, amplificada y a menudo trivializada, corresponde a una opinión pública femenina atenta a la candente actualidad y propensa a empatizar con las mujeres que ejercen el poder. El «partido de las mujeres» no sería, por tanto, una opción política específicamente femenina, una suerte de feminismo avant la lettre, sino una tendencia natural a identificarse con las de su sexo y a apoyarse las unas a las otras, siempre dentro de la liviandad que se les atribuye cuando opinan sobre cosas serias.

Aunque el periódico parece empeñado en una cruzada para desterrar los prejuicios contra ellas, tampoco escapa a muchos de los tópicos al uso, como el de su espíritu superficial y voluble. Tan sólo diez días después de publicarse el artículo anterior, una de las tertulianas que protagoniza la sección «Chismografía», lejos de reivindicar esta vez el «partido de las mujeres», considera lo más lógico que, al menos en política, se limiten a compartir las opiniones de sus maridos: «Siempre aborreceré a los carlistas, porque son unos hipócritas, prescindiendo de las razones que tengo para querer a la Reina, y de que mi marido es isabelista y las mujeres debemos ser siempre lo que son nuestros maridos»20. No deja de ser significativa, en todo caso, la omnipresencia de la política en las conversaciones entre estas dos genuinas representantes del eterno femenino, que, incluso en un terreno tan poco propicio como el del puro chismorreo, se dejan arrastrar por la actualidad nacional e internacional para acabar sucumbiendo a la pasión por la política, tanto más irresistible cuanto más indescifrable les parece el lenguaje creado por los hombres para su uso y disfrute. Hay plena coincidencia política en el seno del matrimonio, pero con matices, porque, a tenor del fragmento citado, se diría que existe una sutil diferencia en la adhesión de la esposa y del marido a la familia real: mientras la primera tiene sus propios motivos «para querer a la reina» —sin duda, María Cristina—, el segundo es, como dice su mujer, isabelista. La esposa siente una empatía natural con una madre, viuda por más señas —al menos oficialmente: recuérdese que se había casado en secreto—, dispuesta a defender como sea los derechos de su hija; en cambio, la indefensa huérfana de Fernando VII despierta en el marido todo su instinto protector de padre de familia, que sobrepuja cualquier otro sentimiento.

Pese a su vocación apolítica, el periódico ofrece reiterados testimonios de su identificación con la reina gobernadora y la causa que representa o, lo que viene a ser lo mismo, de la simpatía de sus lectoras por una y otra, simpatía que, por un lado, se da por supuesta y, por otro, se intenta fomentar. Buena muestra del papel de la reina como catalizadora de la conciencia política de muchas mujeres y hasta de su autoestima como tales la tenemos en un poema reproducido por El Correo de las Damas, que lo toma de las páginas de El Turia de Valencia. En la nota que le precede, la autora, que firma La Montañesa y confiesa tener quince abriles, dice estar convencida de que, en adelante, los hombres «no nos han de tratar como hasta el día». La razón de ello la encontramos en el propio poema: «Que en el reinado / De Cristina y de Isabel / Empieza ya nuestro sexo / A representar papel». De ahí el optimismo al que la anónima autora da rienda suelta en sus últimos versos y la constatación de que con la reina gobernadora ha empezado una nueva era de justicia para las mujeres y libertad para todos los españoles: «Las edades venideras / Nos harán ya más justicia; / Verán que para el gobierno / No nos falta la pericia. / Verán que los españoles / Han debido a una beldad / El esplendor y la gloria, / Y aún mas, la libertad»21.

No faltan, pues, textos de contenido abiertamente político sobre la situación del país y sobre los derechos de las mujeres, junto a otros más acordes con el estilo «ameno, ligero, florido» que el periódico tiene a gala cultivar. Ejemplo de esto último sería un artículo titulado «Precauciones y remedios contra varios inconvenientes que alteran la hermosura». Son consejos principalmente para el cuidado de las manos, sobre todo uno de carácter general: «El mejor modelo para el corte de las uñas es la observación de las estatuas». Pero incluso en un tema tan banal se trasluce la conciencia, que la literatura costumbrista convierte en axioma, de que la vida social entraña insalvables diferencias de clase, que colocan a cada cual en su sitio: arriba o abajo. En efecto, «la mano es desde luego la señal primera que revela la calidad de una persona […]. La mano ha distinguido y distinguirá siempre a la gente fina de la ordinaria, a la rica de la pobre»22. Esta visión acusadamente clasista de la realidad estaba muy enraizada, como se ha ido viendo, en un liberalismo femenino muy condicionado por el fuerte componente aristocrático y burgués de su base social. El Correo de las Damas tenía, además, razones de peso para hacer suya esa concepción dicotómica de la sociedad, dividida en «gente fina» y «ordinaria»: el 31,6 por 100 de sus suscriptoras, entre las que figuran la reina Isabel II y la reina gobernadora, ostentaba un título nobiliario. El resto pertenecía probablemente a la burguesía y a las clases medias más acomodadas23.

No se puede decir que el periódico siguiera muy de cerca el dictado de la actualidad política. Tampoco era su propósito, de forma que sólo se detenía ante acontecimientos tan señalados como podían serlo la muerte de Fernando VII y la coronación de Isabel II. De lo primero se da cuenta en un artículo de compromiso, publicado nada más producirse el óbito, y en él salta a la vista la dificultad de hacer balance de aquel reinado, desde la perspectiva liberal de la revista, sin faltar gravemente a la verdad y sin entrar en consideraciones que tal vez la censura no hubiera consentido. No se habla de la abolición por dos veces del régimen constitucional, ni del restablecimiento de la Inquisición en 1814, ni de la persecución a los liberales, pero sí de la amnistía concedida por la reina, que permitió «llamar al seno de la madre patria a sus desgraciados y prófugos hijos». En la reina gobernadora y en su hija está el mejor legado del monarca fallecido; por eso, cumplido el trámite de lamentar la pérdida del difunto rey, El Correo de las Damas no quiere dejar de rendir «este sincero tributo de simpatía, de amor, de obligación a las dos preciosas joyas de tan hermosa porción del género humano»24. Es fácil imaginar que la coronación de Isabel II, aunque recogida en un breve artículo interior, fue reseñada con alborozo por el periódico, que se hizo eco de la alegría de un «vitoreante pueblo, que ha recorrido las calles proclamando altamente, para confusión de unos pocos malévolos, el nombre triunfador de ISABEL II»25.

Publicado en plena transición al liberalismo, El Correo de las Damas registra en tono menor, sin estridencias ni dramatismos, algunos de los principales cambios que vive el país en aquellos años, interpretados en la mayoría de los casos con un pretendido toque femenino, entre perspicaz e ingenuo. Por el contrario, brillan por su ausencia los continuos sobresaltos de la guerra civil y de la vida social y política, como la quema de conventos en Barcelona en julio de 1835. Ni parecía materia para una revista «de modas, amena literatura, música, teatros, etc.», ni un suceso de esa naturaleza sería del gusto de su público lector. Al menos así lo interpretó el periódico, que abrió el número siguiente con una ficción literaria titulada «El arpa de Berta» (Berta era «la más gentil doncella de Maguncia»)26. Al cabo, El Correo de las Damas se debía a esa «amable mitad del género humano» a la que iba dirigido, según declara siempre que tiene ocasión. Pero en la práctica ese compromiso con su público estaba condicionado por una relación más ambivalente de lo que podría parecer. Si es cierto que el periódico pretendía ser fiel reflejo del mundo de sus lectoras, no lo es menos que al mismo tiempo intentaba conformar en ellas un estado de opinión favorable al régimen liberal en ciernes. Al final, no resulta fácil discernir hasta dónde llega la capacidad de los redactores para adoptar una genuina perspectiva femenina y a partir de dónde prevalece la inercia del imaginario masculino sobre la mujer de la época. Este juego de espejos entre lo real y lo figurado se complica aún más por el hecho de que ni todos los redactores eran probablemente hombres ni, desde luego, su público lector era exclusivamente femenino. La lista de suscriptores de 1835 arroja una mayoría masculina, con un 60 por 100 de hombres, aunque cabe suponer que en muchos casos los lectores efectivos serían las señoras de la casa.

El Correo de las Damas habla a menudo por boca de sus personajes femeninos de ficción. Otras veces desliza su propio punto de vista en artículos de tono costumbrista que inevitablemente derivan hacia el gran tema del momento: cómo cambian los tiempos. A lo largo de sus dos años y medio de existencia, iniciada todavía bajo el reinado de Fernando VII y concluida en pleno gobierno Mendizábal —suscriptor del Correo—, el periódico va desarrollando, entre figurines, chismografía y relatos románticos, un liberalismo militante para consumo femenino. Hace a las mujeres partícipes de la lucha contra el carlismo —«bien hago yo en decir que si triunfara el partido de los frailes ni nuestro sexo estaría seguro»—27, defiende la desamortización y las exclaustraciones —«hacía muchísima falta el que se reformase también el clero», afirma una señora en una tertulia, «ya que para todo ha llegado el tiempo de las reformas»—28, proclama una y mil veces su adhesión a la reina gobernadora —«Cristina grande, / Cristina pía / Salvó la Iberia / Con la amnistía»—29 y comenta con satisfacción y desenfado la presencia femenina en la tribuna de las Cortes creadas por el Estatuto Real. Lo hace, por una vez, desde la perspectiva masculina de un redactor, que se explaya en los pros y los contras de semejante novedad:

«Está muy en moda la concurrencia de las damas a las tribunas particulares de ambos Estamentos sobre todo en el de Procuradores. La presencia del bello sexo en el santuario de las leyes, excita en verdad sensaciones muy difíciles de explicar: es un adorno de nuevo género; es una muestra de civilización; y una evidente prueba de que en todo vamos adelantando, pues hubo tiempo en que terminantemente se prohibió por necesidad la entrada de las mujeres en semejante recinto. Nosotros celebraremos infinito el interés que manifiesta esta preciosa parte de la sociedad en las discusiones de las leyes que han de regir en ella, pero casi casi estábamos por asegurar que su presencia, si nosotros tuviéramos la honra de sentarnos en aquellos bancos, había de distraernos más de una vez de las importantes cuestiones que allí se ventilan»30.

Como «una muestra de civilización» y un ejemplo de que «en todo vamos adelantando»: con este mensaje optimista resume el significado del importante cambio introducido en los usos de la vida parlamentaria, en virtud del cual la presencia de las mujeres en las Cortes habría dejado de ser tabú para convertirse, sin solución de continuidad, en moda. Más allá de su tendencia a frivolizar la idea de progreso, reducido a una simple sucesión de novedades mundanas, el periódico vislumbra la trascendencia de cambios sociales y culturales de gran calado, más profundos y tal vez más decisivos a largo plazo que los avatares de una vida política en plena ebullición. Esa primacía de lo social sobre lo político como verdadera palestra de la historia puede responder a la influencia del liberalismo doctrinario, entonces en su apogeo, pero también a la creencia de que la política, por mucho que las mujeres ya puedan asistir a las sesiones de Cortes, es y será una actividad eminentemente masculina, como la guerra. En cambio, en la vida social y en la cultura en su más amplio sentido reina sin disputa la mujer: «No olvidemos nunca que el eje de la sociedad es la mujer; tengamos presente que toda cultura emana del bello sexo»31. Lo afirma el periódico en uno de sus primeros números a propósito de un tema tan trivial como es la moda que siguen los hombres —para El Correo todo es moda— de fumar a todas horas, en todas partes e incluso —¡horror!— en presencia de las señoras.

Las circunstancias de aquella errática transición al liberalismo brindaron nuevas oportunidades para la actuación de eso que El Correo de las Damas llamó «el partido de las mujeres». No debe confundirse con la idea de «la emancipación de las mujeres», que aparece en el propio periódico en noviembre de 1833 al informar del viaje a Egipto de dos sansimonianas francesas que se proponían redimir a las egipcias de la esclavitud32. Al contrario que la «emancipación de las mujeres», expresión muy común a partir de los años cuarenta, no se puede decir que lo del «partido de las mujeres» hiciera fortuna. Sin duda, reflejaba un cierto estado de opinión sobre la solidaridad que debía existir entre ellas —por ejemplo, apoyando a la reina gobernadora y a su hija— ante una realidad cambiante, que planteaba de forma perentoria la cuestión de la participación femenina en la vida pública, aunque al mismo tiempo apenas dejara resquicio para ello. La progresiva restauración de las libertades trajo consigo la posibilidad de reemprender ciertas prácticas políticas del Trienio Liberal e incluso de ir más allá de los derechos y libertades consagrados entonces, como ocurre al suprimirse la prohibición de que las mujeres asistan a los debates parlamentarios. Mientras el reglamento aprobado por las Cortes en 1821 prohibía expresamente su presencia en la galería reservada al público —«no se permitirá la entrada a mujeres»—33, el del Estamento de Procuradores de julio de 1834 omitirá cualquier cláusula excluyente, lo que en la práctica supondrá que «el público» al que hace referencia el artículo 141 se componga de personas de ambos sexos34. Si las Cortes del Estatuto fueron, al menos en eso, más abiertas y receptivas que las del anterior período constitucional, la participación femenina en las sociedades patrióticas del Trienio quedará como un episodio irrepetible, tanto por la falta de continuidad de aquella experiencia como por el carácter mucho más formal y estricto del asociacionismo cívico en el periodo iniciado tras la muerte de Fernando VII.

Símbolo del liberalismo español en esta nueva etapa, el Ateneo de Madrid, fundado en 1835 como continuador del Ateneo Español de 1820, tardará setenta años en aceptar a una mujer entre sus socios, la escritora Emilia Pardo Bazán. En cambio, el Liceo Artístico y Literario, inaugurado en 1837, otorgó a las señoras un estatus similar al de los socios masculinos, con posibilidad de inscribirse en la sección que ellas desearan. Ese mismo año se levantó la prohibición de que las mujeres pudieran acceder a la Biblioteca Nacional para consultar libros o tomarlos en préstamo. La supresión de tal medida fue posible por el empeño que puso en ello la escritora Antonia Gutiérrez Bueno, que se encontraba trabajando en un Diccionario histórico y biográfico de mujeres célebres, y por el decisivo apoyo de la reina gobernadora a su solicitud. Así pues, mediante una real orden del 27 de febrero de 1837 se autorizó la entrada de mujeres en la Biblioteca Nacional, habilitándose para ello una pequeña sala que se encontraba en la planta baja, pues no se concebía que las lectoras pudieran compartir sala y mesa con los lectores. Pero no iba a ser tan fácil. Los responsables de la Biblioteca —al cabo, funcionarios— alegaron problemas prácticos que hacían muy difícil la ejecución de la real orden, porque en la sala indicada no cabían más de cinco o seis mujeres y porque, en todo caso, su acondicionamiento requería unos gastos que no habían sido presupuestados en su momento. Hizo falta una nueva y contundente intervención de la reina María Cristina, reiterando que la autorización concedida a Antonia Gutiérrez era extensiva «a todas las demás mujeres que gusten concurrir», para que una segunda real orden, fechada el 22 de marzo, pusiera fin a todos los obstáculos que impedían su entrada como lectoras en la Biblioteca Nacional35.

La escritura, la lectura y todo lo asociado a ella —desde la libertad de imprenta hasta, como acabamos de ver, el espacio físico que requería— fueron desde el comienzo de la revolución liberal un factor determinante del liberalismo femenino y una de sus prácticas habituales. Pero hubo otras. Durante la regencia, volvieron a publicarse, como en el Trienio, listas de señoras que cosían uniformes para la milicia o para el ejército que luchaba contra la facción. En octubre de 1835, El Correo de las Damas reprodujo los nombres de las «señoras […] que desearían ocuparse en coser prendas de vestuario para las nuevas tropas que van a formarse», entre ellas, las hijas del futuro ministro de Estado José María Calatrava, antiguas exiliadas, como su padre36. Unos meses después, el periódico progresista El Eco del Comercio publicaba otra lista con los nombres de un considerable número de señoras de la capital, la mayoría pertenecientes a la aristocracia, invitadas por la Diputación provincial a prestar el «patriótico servicio» de proporcionar vendas para el ejército37. La primera de ellas era la duquesa de Rivas, Encarnación Cueto, que en la Década Ominosa había permanecido refugiada en Francia junto a su marido, hasta que el decreto de 1832 le permitió regresar a España con pasaporte de «amnistiada». El mismo periódico recogía al mes siguiente una relación detallada de las «patriotas de esta capital y la provincia» que habían entregado donativos para los heridos del ejército que luchaba en el Norte contra el carlismo. Esta vez se trataba de mujeres de toda edad y condición, desde «doña Pascuala Martínez y señoritas» hasta la condesa de Revilla-Gigedo o la marquesa de Cerralbo, desde la viuda de un miliciano hasta «una niña, hija de un guardia nacional» o las alumnas del colegio de San Antonio de los Portugueses. Algunas entregaban sus donativos en grupo y renunciaban a dar publicidad a sus nombres. Figuraban simplemente como «una reunión de señoritas», «una tertulia de señoritas» o una «tertulia de señoras patriotas de esta corte»38, expresiones todas ellas que revelan un asociacionismo femenino de tipo informal que con frecuencia se traducía, como en este caso y en otros que se han ido viendo, en diversas formas de compromiso político.

Si la tertulia suele ser el centro de la vida social femenina en su vertiente aristocrática, mesocrática y burguesa, el motín está ligado a las frustraciones y formas de lucha de la mujer de la plebe. Las mujeres no podían faltar, por ello, en la matanza de frailes de 1834, el motín por antonomasia del Madrid de la regencia. De unos 150 procesados por aquellos hechos, que concluyeron con el asesinato de 72 frailes, quince eran mujeres de baja extracción social, dos de ellas empleadas de la fábrica de tabacos39, que probablemente habían participado ya en el grave conflicto laboral protagonizado por las cigarreras madrileñas en 1830. Pero la lógica del motín, ligada a las condiciones de vida materiales —epidemias, escasez, carestía…— y cargada siempre de una irracionalidad explosiva, es por lo general ajena a las formas de movilización liberal, por más que el carácter anticlerical y anticarlista de aquel episodio le confiera una apariencia revolucionaria. De la participación femenina en el «degüello de los frailes» de 1834 se puede decir lo mismo que del motín de las cigarreras cuatro años antes: que no guarda relación con el mundo del liberalismo femenino desarrollado bajo el reinado de Fernando VII. Al menos así se desprende del hecho de que ninguna de las quince procesadas conste como represaliada, exiliada o conspiradora liberal durante la Década Ominosa. Son figuras anónimas que encarnan un malestar social difuso, fácilmente inflamable, provocado por la epidemia de cólera que sufría Madrid y por el miedo a los frailes como transmisores de la peste y del carlismo. Se cuenta que una de las procesadas exhibió, a modo de trofeo, el cerebro de una de las víctimas: «Ahora sí que voy a freír sesos de fraile»40.

Otras escenas de la lucha contra el carlismo recuerdan episodios bien conocidos de la Guerra de la Independencia. En marzo de 1838, la prensa informaba del papel desempeñado por las zaragozanas en la defensa de su ciudad ante el intento de asalto de las tropas de don Carlos, rechazadas por la reacción resuelta de sus «héroes y heroínas». Estas últimas combatieron a los asaltantes con «guijarros, agua, aceite hirviendo y otros varios efectos», reeditando así, esta vez contra el carlismo, la defensa de la ciudad contra los franceses treinta años atrás41. En otros muchos casos, la mujer fue, más que protagonista, víctima propiciatoria de una guerra en la que se castigaba sin piedad al enemigo emboscado en la retaguardia. Estaba reciente el éxodo liberal de la Década Ominosa y en el bando carlista se tenían muy en cuenta los antecedentes políticos de los vecinos que se habían significado por sus actitudes liberales o por su huida al exilio, que era en sí misma como una declaración pública de liberalismo. Las autoridades liberales de las zonas más castigadas por la guerra recibían frecuentes peticiones de ayuda ante las represalias de la facción, como las que decía sufrir una vecina de Zamudio (Vizcaya), esposa de un capitán de barco, ya fallecido, que en su día huyó a Londres. Aseguraba que los carlistas no la dejaban en paz, que en fecha reciente se la llevaron a Bilbao a la fuerza, que secuestraron a su hijo de quince años y que ella estaba «sin un cuarto y con bastante temor de los dichos perversos cabecillas facciosos». En su carta al juez del señorío de Vizcaya, sólo pedía consejo sobre «el modo que yo pueda gobernarme» para librarse del permanente acoso de las partidas carlistas. El juez recibió otras muchas cartas de mujeres angustiadas por la pérdida de sus maridos a manos de la facción y necesitadas de ayuda económica42. En las zonas de influencia carlista, la situación de las familias con fama de liberales resultó ser peor aún que en tiempos de la monarquía absoluta.

En la regencia resurge también el fenómeno de la mujer miliciana dispuesta a defender con las armas en la mano al régimen constitucional, como ocurriera en Barcelona al final del Trienio con las «compañías de ciudadanas voluntarias» formadas ante el inminente asedio de la ciudad por los Cien Mil Hijos de San Luis. En 1836 se habla de la presencia de mujeres «llenas de entusiasmo» en las filas de la milicia urbana «de Eibar, de Salamanca y [de] otros pueblos» no especificados. La noticia figura en una Petición importante a S.M. la reina gobernadora supuestamente realizada en julio de 1836 por «quinientas ciudadanas» de Madrid en demanda de los derechos políticos que, a su juicio, les correspondían, de forma que, mediante la aprobación de un decreto adicional a la vigente ley de elecciones, pudieran ser «electoras y elegibles». El documento fue publicado por el periódico satírico El Jorabado precedido de un breve comentario sobre su origen y contenido43.

Todo se fraguó, nos dice El Jorobado, en una tertulia de la capital ante las próximas elecciones a Cortes, que debían celebrarse pocos días después. Compuesta mayoritariamente por señoras, la tertulia había perdido a los pocos caballeros que solían frecuentarla por encontrarse ocupados en la campaña electoral en busca de votos. De ahí que sus esposas, queriendo combatir el abandono y el tedio que sufrían, discurrieran la forma en que la política les devolviera lo que les había quitado: la atención de sus maridos, poseídos de un furor electoral contra el que ellas nada podían hacer. «De palabra en palabra», dice el periódico, «se alborotó el cotarro», hasta que «una Marisabidilla que podría graduarse en doctora en Alcalá» se ofreció para redactar una exposición reclamando sus derechos políticos como ciudadanas. Dicho y hecho: se le pidió por unanimidad «formar la minuta», la hizo, la leyó ante la concurrencia y la exposición fue inmediatamente aprobada y firmada por las presentes. Tras recogerse nuevas adhesiones, en el momento de publicarse en las páginas de El Jorobado la petición a su majestad contaba ya con la rúbrica de quinientas ciudadanas y se esperaba que la cifra siguiera aumentando, porque el documento corría aún de mano en mano.

Aunque se haya considerado «la primera petición de derechos políticos de nuestra historia» realizada por «un grupo de mujeres»44, se trata sin lugar a dudas de un texto satírico, como otros similares inventados por el mismo periódico. Ninguno tan burdo, desde luego, como el que había dedicado poco antes a glosar una sesión celebrada en una asamblea de mujeres, cuyo enjundioso orden del día —«emancipación de la mujer — discusión de los derechos de la mujer — reforma de las leyes relativas a la mujer, etc.»— degeneró en cuestiones tales como «la necesidad de que las mujeres, cabezas de familia, llevasen pantalones o calzones según la moda»45. Entre las oradoras, cobraron especial protagonismo la viuda de un maestrante, una choricera divorciada y una tal Madama Tormentos, que se había pasado la Década Ominosa exiliada en Francia junto a su marido, proscrito por liberal. En la Petición importante a S.M., la sátira resulta menos tosca y hasta un punto equívoca, tal vez porque la cuestión de fondo estaba de alguna forma en el ambiente: la presencia de la reina María Cristina al frente del Estado ponía sobre el tapete el papel de la mujer en la vida pública. Ésta es la ocasión que las quinientas ciudadanas firmantes de la petición quisieran aprovechar para acabar con la «injusta exclusión de la mitad y mejor parte de la nación» y conseguir el reconocimiento de sus «derechos políticos», entre ellos, principalmente, el derecho a ser electoras y candidatas en las próximas elecciones a Cortes.

La larga exposición a la reina, que ocupa dos páginas del periódico a dos columnas, tiene pasajes en que lo serio prevalece sobre lo jocoso y momentos muy chuscos que delatan la verdadera intención del autor. Diríase que el escrito adopta una lógica aplastante —si una pobre viuda puede llevar las riendas del Estado, ¿cómo negar a las demás mujeres su capacidad para participar activamente en la vida pública?—, que pierde toda su fuerza en cuanto las «quinientas ciudadanas» descienden a los detalles y a los ejemplos. ¿Estaría la política exterior española en el estado en que se encuentra «si algunas de nuestras andaluzas y extremeñas aplicasen sus talentos diplomáticos en las cortes extranjeras?». Lo mismo la economía nacional, no más compleja, en el fondo, que la del hogar; la guerra, en la que tantas veces ha descollado la «marcialidad femenil», desde las amazonas del pasado hasta las heroínas de la Guerra de la Independencia; la administración de justicia, que cualquier mujer arreglaría en un santiamén; la gobernación del reino, que no precisa sino una buena «ama de gobierno» para sacarla del abandono y la incuria, o un poder legislativo dominado por los hombres, entregados durante meses a un parloteo insustancial, mientras el futuro de la nación pendía de un hilo.

La historia está llena de ejemplos que muestran cómo, pese a la «educación opresiva en que nos tienen los hombres», todas las épocas y países han producido mujeres de singular valía, ya sea en el arte de reinar, como en la literatura, las ciencias o las bellas artes. En cuanto a su contribución en el terreno de las armas y el patriotismo, basta y sobra con citar a «la ilustre víctima de Granada, la inmortal Mariana, a quien todas hemos conocido, cuyo heroísmo sabemos y cuya muerte aún estamos llorando». Ya se ve que El Jorobado no se para en barras a la hora de exprimir asunto tan jocoso como el que tiene entre manos. Por momentos, sin embargo, la parodia, a fuer de realista, adquiere una extraña verosimilitud, hasta el punto de que en algún pasaje el texto llega a travestirse tanto del lenguaje y de los argumentos de un feminismo imaginario que más que sátira parece literatura de anticipación. Así, cuando las quinientas ciudadanas aducen en favor de su petición las enseñanzas de la nueva doctrina sansimoniana, los derechos electorales que ya disfrutan las mujeres en Canadá o las reuniones de señoras celebradas en Francia con «tan laudable objeto» y a las que ha puesto fin «la tiranía de los hombres». Ahora bien, por mucho que se resistan, el triunfo de la «nivelación de sexos» es una cuestión de tiempo. En efecto, «les pronosticamos que no está distante el día de la emancipación de la mujer, que mortificará tanto más el necio orgullo del hombre, cuanto más obstáculos se hayan puesto a ella, y que esta emancipación será la aurora precursora de la verdadera regeneración social».

La petición adopta un tono solemne al invitar a la reina gobernadora a ponerse al frente de este imparable movimiento, anticipándose así a la hora en que la emancipación de la mujer forme parte de «un completo sistema de legalidad». Para ello, y para hacer su nombre definitivamente inmortal, su majestad debía firmar un decreto adicional que concediese derechos electorales a las de su sexo, fijando las condiciones bajo las cuales las ciudadanas podrían elegir y ser elegidas. Que su majestad no se dejase impresionar por quienes, a no dudar, le negarán la facultad de firmar tal decreto, como si ellos mismos no la hubieran obligado a firmar disposiciones trascendentales que sólo servían a sus propios fines y a su proverbial impericia. Y que no se dijese que la cuestión se vería cuando las Cortes estuviesen reunidas, porque esas Cortes sin representación femenina alegarían cualquier cosa con tal de mantener los privilegios de los hombres que habrán de formarlas. La ocasión es única e inaplazable: la reina gobernadora debía cambiar la ley electoral para que las mujeres pudiesen participar en la elección de procuradores y, al propio tiempo, designar para el estamento de próceres un número suficiente de mujeres que representasen lo más ilustrado de su sexo. Si la «excelsa Cristina» accediese a ello, su gloria excedería «a la de los reyes de todos los tiempos y países».

La falsa petición a su majestad dio lugar a una falsa réplica suscrita por una falsa lectora que firmaba «C. V. de B.». Por el tono retrógrado de la carta, el periódico se maliciaba que el autor fuera «algún maricón con faldas o alguna infeliz sometida enteramente a su marido»46. En este y en otros casos, El Jorobado riza tanto el rizo de la burla, que algún artículo suyo, como el escrito de las quinientas ciudadanas, sacado de su contexto satírico, podría tomarse —y así ha ocurrido— por lo contrario de lo que es. Pero no cabe duda de que el tema de la mujer y sus derechos atraía a menudo su mirada burlona y un tanto cínica, más divertida que irritada por las modernas reivindicaciones femeniles, entre ellas el derecho que reclamaba una lectora suya a desarrollar una vida profesional plena. Firmaba su carta como «comadre de parir» y contaba que el colegio de cirujanos rechazaba por ser mujer sus pretensiones de convertirse en cirujana e incluso médico, estudiando lo que hiciese falta y sometiéndose a los exámenes oportunos47. Ése era el falso progreso —se lamentaba ella— que habían creado los hombres en su provecho y que incurría en contradicciones tales como que una señora pudiese dirigir una tienda, una fábrica o una casa de comercio —o un reino, habría que añadir— y, en cambio, no se le permitiese ejercer la medicina. Pero la comadre lo tenía claro: al final, todo se reducía a una cuestión de independencia económica. Ahí es donde se la jugaban las mujeres. Por eso, la corresponsal del Jorobado se permitía darles un consejo a las de su sexo:

«Si una mujer sabe vivir de su industria, o de su trabajo o de su ingenio podrá más que todas las preocupaciones [léase prejuicios] juntas. […] Tengan Vds. una fortuna independiente y sabrán Vds. entonces en lo que consiste la estimación o el desprecio de los hombres».

Muy en boga debía de estar la sátira periodística contra la mujer moderna para que hasta un periódico serio como El Eco del Comercio, paladín del liberalismo progresista, hiciera alguna incursión en el género. El procedimiento es el habitual: una carta enviada por una lectora anónima que firmaba «Una defensora de su sexo» y desahogaba su hartazgo ante la tiranía de los hombres. La novedad radica en que el texto, titulado «Las mujeres gobernando el mundo», se había publicado previamente en un periódico portugués —La Revista, de Lisboa—, del que lo habría tomado El Eco del Comercio para reproducirlo en su faldón inferior, habitualmente reservado a los folletines y demás divertimentos periodísticos. Lo del origen de la carta, tan falso como todo lo demás, responde, no obstante, a una cierta lógica, porque al encontrarse Portugal bajo el reinado de una mujer, doña María de la Gloria, también allí se ponía de manifiesto la flagrante contradicción entre el poder supremo de la reina y la consideración que sufrían las demás mujeres «como una clase inferior de la sociedad». Si bajo ningún concepto se podía admitir que permaneciesen «separadas de la administración y de los negocios públicos, como si fuesen generalmente incapaces de entender de ellos», menos aún en un siglo ilustrado que aspiraba también a pasar a la historia como un siglo de libertad. Al menos en lo referente a las mujeres, afirmaba la autora, distaba mucho de serlo, y de ahí que hubiera decidido permanecer soltera el resto de su vida y evitar así «pasar de señora a esclava»48.

Las tendencias políticas y literarias del momento, desde el liberalismo y el socialismo utópico hasta el costumbrismo y el romanticismo, mantuvieron vivo el debate sobre el papel de la mujer en la sociedad moderna. Una de las principales escritoras españolas de la época, Gertrudis Gómez de Avellaneda, quiso pronunciarse sobre el asunto, pero su artículo, anunciado en 1845 con el título «Capacidad de las mujeres para el gobierno», finalmente no llegó a ver la luz49. Da la impresión, sin embargo, de que, en la abundante publicística que gira en torno al tema, el tratamiento satírico prevalece sobre cualquier otro. Tanto es así que algunos enfoques parecen repetirse a lo largo de los años con ligeras variantes. La idea de un «parlamento al revés» formado exclusivamente por mujeres, que se encuentra ya en la sátira liberal La Congresa Española, de 182250, o en el artículo de El Jorobado que se acaba de comentar, dio lugar en 1841 a una obra anónima, de notable extensión para el género del que se trata, titulada Gobierno representativo y constitucional del bello sexo español.

Todo surgió —cómo no— en una tertulia de señoras de la capital que decidió convocar elecciones a unas Cortes estrictamente femeninas, formadas por representantes de todas las provincias. Una vez reunidas, las nuevas Cortes del bello sexo debatieron en sesión sobre la forma de mejorar la obra política de los hombres, lo que, al menos en España, no parecía nada difícil. La primera cuestión sometida a debate sería precisamente «si los hombres supieron o no supieron gobernar la nación», con el resultado que cabe imaginar. Pese a su intención satírica, la obra contiene menos sal gorda que otras de su género, como la asamblea de mujeres relatada por El Jorobado. El grabado que la acompaña muestra la dignidad con que desempeñan su función estas madres de la patria, que aparecen guardando la debida compostura, ante la atenta mirada de su presidenta, mientras debaten sobre los graves asuntos que aquejan a la nación por culpa del mal gobierno de los hombres que han regido sus destinos. La alternativa arbitrista que asoma en algunas páginas encaja perfectamente en una concepción doméstica de la política, fácil de asociar con la forma en que la mujer contempla la vida pública51.

Pero la sátira por excelencia de la mujer moderna, y en particular de aquella que une su vida al liberalismo, figura, como no podía ser menos, en la popular galería costumbrista titulada Los españoles pintados por sí mismos (1843-1844). Se compone de un centenar de ensayos consagrados a otros tantos estereotipos sociales y profesionales tomados de un país en plena transición del Antiguo al Nuevo Régimen, desde el mendigo hasta el diputado, desde el cura de misa y olla hasta el jugador de bolsa. Entre las mujeres, que constituyen una tercera parte de la obra, se aprecia el mismo contraste. La mayoría pertenece a una España tradicional que no acaba de desaparecer —la comadre, la maja, la posadera, el ama del cura, la monja, la celestina…—, pero junto a ellas se vislumbra ya un cambio hacia una nueva condición femenina. Su figura más representativa es «La Politicómana», caracterizada por sus inquietudes políticas ligadas desde su juventud al más puro liberalismo52.

La relación morbosa entre la mujer y la política, considerada «la gran enfermedad de nuestra época», habría empezado en España, según el autor, allá por 1808-1812, cuando hizo acto de presencia por primera vez «la mujer liberal o patriota». La restauración absolutista de 1814 la llevó al exilio de la mano de su padre, si su padre era liberal. En caso de permanecer en España, se quedó guardando «un ejemplar de la Constitución encuadernado en tafilete» y quién sabe si conspirando por su restablecimiento. La restauración de las libertades en 1820 inauguró «la grande época de la mujer patriota», devota del general Riego, siempre adornada con los colores de moda, verde y encarnado, enemiga acérrima de los serviles —«antes morir que casarse con un servil»— y visitante asidua de las sociedades patrióticas, y no sólo como espectadora, «porque ya se supone que la mujer patriota es oradora». Promovió además su propia tertulia, concurrida por todo tipo de gentes, desde ministros y diputados hasta gente del bronce, pues no había osadía que no cometiera la mujer patriota «en aquella larga calaverada revolucionaria de los tres años». Luego vino la derrota de los liberales y de nuevo la emigración, siguiendo esta vez a su marido, liberal como ella. En Francia o en Inglaterra, nació su primer hijo, al que solía entretener con un libro de pequeño tamaño que por su llamativa encuadernación en tafilete rojo le tenía como hipnotizado. No hace falta decir que el librito de marras era la Constitución de Cádiz.

Durante la Década Ominosa, sentenciaba el redactor de la voz, «Fernando VII no tuvo mayor enemigo que la mujer patriota». Volvió a España en 1833 feliz por el regreso, pero un tanto cambiada. No es que hubiera abdicado de sus principios, sino que templó algo su pasada intransigencia, y aunque en el vestir conservaba su estilo doceañista, ya un poco trasnochado, era capaz de saludar a un servil o a un afrancesado y hasta de hablar con ellos de política; en suma, se había desespartanizado. ¡Ah, la política! En su pasión por ella no había cambiado un ápice la mujer patriota, como lo prueba su presencia en la tribuna del Congreso cuando la ocasión lo merecía.

Su retrato y su biografía se completaban con algunas gruesas pinceladas sobre el papel desempeñado por ella en la España reciente, siempre en el campo liberal. Cuando había que leer a Rousseau, lo leyó a conciencia, y no sólo eso, sino que en su honor llamó a su primogénito Juan Jacobo; cuando tocaba conspirar, conspiró; cuando exiliarse, se exilió con un ejemplar de la Constitución en el bolso; en «épocas de escondite», como llamaba el autor a las restauraciones absolutistas, escondió en su casa a liberales perseguidos. Todo eso era ya pasado, y lo que se barruntaba en el momento de redactarse este ensayo era la aparición de un nuevo espécimen de politicómana que el autor denominaba «la mujer socialista», recién llegada a la escena española, adonde, a buen seguro, traería la buena nueva de la «emancipación futura de su sexo», aunque resultase aún prematuro establecer su personalidad y fisonomía.

Pese a su naturaleza satírica y a su tono derogatorio, «La Politicómana» —como, muchos años después, «La conspiradora» de Las españolas pintadas por los españoles—53 no deja de representar una realidad irrecusable sobre la relación entre liberalismo y mujer en las primeras décadas del siglo XIX. En la biografía de la protagonista es fácil reconocer algunos episodios de la vida de muchas liberales de carne y hueso de la España de Fernando VII. Lo mismo en ciertos rasgos de su personalidad y en su forma de vivir el liberalismo. Cuántas de ellas no tuvieron que emigrar con su padre o con su marido, o con ambos, como Juana de Vega; cuántas no fueron encarceladas o sufrieron represalias por proteger a liberales perseguidos; cuántas no lo fueron por haber lucido durante el Trienio cintas verdes o encarnadas. Cuando el autor mezcla a su protagonista en las intrigas a favor o en contra de los comuneros en el Trienio Liberal resulta inevitable recordar la veintena de mujeres que participaron en el motín de febrero de 1823, unas a favor de la regencia reclamada por la Comunería y otras en contra. La imagen de la «politicómana» guardándose en el bolso, antes de partir para el exilio, un ejemplar de la Constitución encuadernado en tafilete evoca un aspecto esencial del liberalismo femenino, como es su estrecha relación con los símbolos de la revolución, que explica el decisivo papel de las mujeres liberales, como Mariana Pineda, en la custodia de lo más sagrado, ya fuera una bandera, un trozo de lápida, un retrato de Riego o el propio texto constitucional. La referencia del autor a la conspiración absolutista del 7 de julio de 1822, desbaratada por su mujer patriota, nos trae a la memoria la figura de María del Carmen Sardi, declarada benemérita de la patria por su heroica defensa de la Constitución en aquella jornada. La vida y el carácter de esta española liberal y de su hija Manuela, llamada «La Patriota» durante su exilio en Gibraltar, presentan notables similitudes con el personaje inventado por García y Tassara. Así de próximas están en apariencia las historias reales protagonizadas por muchas liberales y exiliadas de la Década Ominosa y la ficción literaria recogida en Los españoles pintados por sí mismos. Su intención satírica y burlona prevalece en todo caso sobre su apariencia realista y de ahí que se haga pasar por extravagancia femenil lo que en la vida real tuvo mucho de tragedia.

El regreso al hogar

¿Qué fue de aquellas españolas que vivieron la dura experiencia de ser mujer y liberal en la España de Fernando VII? En la mayoría de los casos, el fin de la expatriación supuso también el regreso al hogar como ámbito natural de su existencia. No es sólo que el liberalismo triunfante dejara escaso margen para su actuación pública, sino que con el final de la represión y del exilio desaparecieron las circunstancias que permitieron registrar su paso por la historia a lo largo de aquellos años: causas judiciales, correspondencia interceptada, pasaportes, listas de emigrados políticos, informes policiales, expedientes de purificación… El hecho es que, terminada la persecución absolutista, a muchas de ellas se les pierde completamente la pista. De unas pocas, que por pertenecer a las clases más elevadas tienen una mayor notoriedad histórica, apenas queda registrado algún rastro de su vida privada, relacionado con sus vicisitudes familiares, el siempre difícil cobro de sus pensiones, a veces canjeadas por deuda pública, o la participación en alguna obra benéfica de la que dio cuenta la prensa de la época.

La excepción más notable y, por muchos motivos, el caso más insólito lo constituye la jerezana Margarita López de Morla, pionera del liberalismo femenino en el Cádiz de las Cortes, donde, como se recordará, auspició una tertulia liberal frecuentada por políticos y periodistas que entonces empezaban a despuntar, como Antonio Alcalá Galiano, y pionera del socialismo utópico en España treinta años después, sin que se tengan noticias de su actividad política o literaria en ese lapso de tiempo, aunque sí de sus múltiples ocupaciones relacionadas con su patrimonio familiar. Suyo es un texto titulado «Una palabra a las españolas por una compatricia» publicado en 1841 como epílogo del libro Porvenir de las mujeres, escrito por el fourierista polaco J. Czinski y traducido por ella. El breve ensayo de Margarita López de Morla, dedicado a difundir entre las españolas las claves del sistema societario, demuestra una notable familiaridad con las nuevas ideas que circulaban en la Europa de la época, a las que se entregó con tal pasión que, según su viejo amigo Antonio Alcalá Galiano, «vino a perder completamente el juicio». De resultas de ello, fue ingresada en el Hospital del Nuncio para enfermos mentales, en Toledo, y allí murió hacia 185054. Muchos años después, al cumplirse el centenario de la Constitución de Cádiz, el periódico El Liberal, inspirándose muy probablemente en las memorias de Alcalá Galiano, recordaría a aquella «señora de vasta ilustración y singular entendimiento» que formaba parte de las amistades del escritor y bibliotecario de las Cortes Bartolomé José Gallardo55. Cabe preguntarse si el redactor de la voz «La Politicómana» de Los españoles pintados por sí mismos, publicada tres años después de que viera la luz el texto de Margarita López de Morla, no la tuvo presente al señalar la aparición en España de la «mujer socialista», «filósofa más bien que política […], sacerdotisa y profetisa de la emancipación futura de su sexo».

La modesta presencia de las antiguas exiliadas o represaliadas en la vida pública posterior a la muerte de Fernando VII guarda relación, en la mayoría de los casos, con la memoria liberal y el culto a sus héroes y víctimas, entre ellas, Mariana Pineda, que desde los años treinta ocuparía un lugar destacado en el panteón del liberalismo español. A mediados de aquella década, El Eco del Comercio daba noticia de una oda dedicada por un periódico de La Habana «a la memoria de la interesante doña Mariana Pineda»56. Desde entonces, se sucedieron los homenajes, retratos, obras literarias y declaraciones públicas consagradas al reconocimiento de su heroísmo, como la petición que en 1837 presentó un grupo de diputados granadinos para que su nombre fuera inscrito en el salón de las Cortes «en premio de su civismo y amor a la libertad» y se concediera una pensión a sus hijos como forma de resarcirles por la confiscación de los bienes de su madre57.

Con la concesión de pensiones y en algún caso de títulos nobiliarios, los gobiernos liberales quisieron honrar a sus héroes, además de contribuir al sostenimiento de sus viudas y huérfanos. Antonia Carrasco, por ejemplo, obtuvo de las Cortes una pensión de 12.000 reales en calidad de viuda del exdiputado Mariano Lagasca, con quien compartió los años más duros del exilio58. A Teresa Rovira, viuda de Ramón Xaudaró y exiliada con su marido durante la Ominosa, se le otorgó una compensación económica por sus pasadas fatigas, pero en este caso no por haber sufrido persecución, tanto ella como su marido, antes de 1833, sino por el fusilamiento de Xaudaró en 1837 tras haber participado en Barcelona en un oscuro levantamiento del liberalismo más radical. Nueve años después, Teresa imploró a la reina alguna ayuda que le permitiera sacar adelante a su familia, pero tuvo que esperar hasta el final del Bienio Progresista para que las Cortes le otorgaran una pensión de 3.000 reales, a la par que aprobaban un dictamen «rehabilitando la memoria de don Ramón Xaudaró»59.

En el caso de Teresa Panigo, la ayuda que se solicitó para ella en 1838 debía recompensar tanto los sacrificios de su marido, Antonio Buch, por la causa liberal, como los suyos propios, pues, como recuerda por entonces El Eco del Comercio, esta «virtuosa y desgraciada viuda», contra la que se llegó a solicitar la pena de muerte, permaneció «muchos meses encerrada en la cárcel de corte en 1831 por complicidad en las conspiraciones liberales de aquella época». Sólo la amnistía de 1832 —recuerda el periódico progresista— impidió que cumpliera los ocho años de cárcel a los que fue finalmente condenada60. En 1840, se presentó la propuesta en las Cortes, que la aprobaron por 54 votos a favor y 22 en contra61. Unos días después, la reina gobernadora firmaba un decreto por el que se le concedía una pensión de 8.000 reales anuales62. La misma medida se adoptó, ya bajo la regencia de Espartero, con Severiana Mora, «viuda de D. Joaquín Mendea [sic por Méndez], fusilado por la causa de la libertad» en la Década Ominosa. Nada se dice de la persecución que ella misma padeció en aquella época por haber leído y guardado folletos subversivos «de la escuela masónica»63.

El culto a los héroes, vivos o muertos, practicado por el liberalismo implica directamente a las mujeres de su familia, sobre todo a sus esposas o viudas. Ramona Ramírez de Arellano, II condesa de las Navas, casada con el político progresista Luis Antonio Pizarro, fue agasajada por la ciudad de Barcelona al desembarcar en marzo de 1835, procedente de Francia, en su condición de «esposa del patriota procurador» conde de las Navas, que gozaba entonces de una enorme popularidad en medios progresistas:

«Inmediatamente que se esparció la noticia se abrió una suscripción con el objeto de obsequiarla, disponiendo también varias serenatas, que dejaron de verificarse por haber manifestado dicha señora, del modo más terminante, su repugnancia; pero no obstante, los socios del teatro pusieron a su disposición la llave de un palco, que aceptó, no permitiendo que ninguna persona de su acompañamiento pagase nada. Es inexplicable la satisfacción que manifestaban todos los buenos en presentarse a ofrecerla sus respetos»64.

La relación de la esposa o la viuda con la memoria del héroe suele ser ambivalente. En algunas ocasiones, como la anterior, se la homenajea como forma de rendir tributo a su esposo. Así ocurrió también con la viuda de Lacy en el Trienio Liberal. Pero a menudo la función de la viuda consistirá en mantener vivo el recuerdo del héroe presidiendo homenajes, desagraviando su nombre en la prensa, cuando fuera menester, y participando en todos aquellos actos que tuvieran que ver con su figura y su memoria. Pocas se mostraron tan activas en estas labores como la viuda del general Torrijos, Luisa Carlota Sáenz de Viniegra, y su hermana, Carmen Torrijos de Miniussir. La primera de ellas fue agraciada en 1837 con el título de condesa de Torrijos, «como acto público, aunque póstumo, de desagravio al ilustre patriota fusilado», según rezaba el decreto firmado por la reina gobernadora. En 1838, ingresaba en la Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa. Previamente, la propia reina, queriendo «dar un testimonio de interés y aprecio a Doña Luisa Sáenz de Viniegra, viuda del ilustre y malogrado general Torrijos», decidió que, de su bolsillo particular, se le abonara el sueldo íntegro que le correspondía a su marido, en tanto las Cortes aprobaran el pago de esos haberes con cargo a los presupuestos del Estado65.

La condesa de Torrijos ejemplifica en sumo grado las múltiples facetas de la esposa del héroe liberal, con quien compartió la experiencia del exilio. Tras su regreso a España, trabajó intensamente por el reconocimiento de su marido como mártir de la causa constitucional y principal artífice de las libertades restauradas. Si en Francia consiguió la protección de la reina María Amalia, en España no tardó en obtener de la reina María Cristina el respaldo económico necesario para subsistir con dignidad y un título nobiliario que premiaba en ella el sacrificio del difunto general. De esta forma, en un breve lapso de tiempo, Luisa Carlota Sáenz de Viniegra pasó de ser una proscrita como esposa de un reo de lesa majestad, fusilado con los demás miembros de su gavilla, a recibir todo tipo de honores y recompensas como viuda del heroico caudillo. Se diría que este vuelco en su situación personal fue posible no sólo por la muerte del rey y el cambio político posterior, sino también por la compasión de la reina hacia una desgraciada viuda como ella, como si la desaparición de sus respectivos maridos hiciera posible una reconciliación que en otras circunstancias hubiera sido impensable. La solidaridad femenina, principal razón de ser de eso que se llamó «el partido de las mujeres», pudo resultar decisiva en ese peculiar arreglo al que llegaron la viuda de Fernando VII, responsable de la ejecución de Torrijos, y la viuda del general que se sublevó contra la monarquía absoluta.

Otros rasgos de la vida de la condesa resultan igualmente ilustrativos de la forma, harto modesta, en que las mujeres liberales participaron en la vida pública, en algunos casos simbolizando, por su trayectoria o las de sus maridos, los valores emblemáticos del liberalismo. En julio de 1841, la prensa informó del caluroso recibimiento dispensado en Valencia «a la señora condesa de Torrijos, cuya presencia ha excitado el entusiasmo de los patriotas y los recuerdos de aquel mártir ilustre de la libertad»66. Entre las principales actividades de las grandes damas del liberalismo figura, asimismo, la beneficencia. Sus nombres aparecen a menudo asociados a diversas obras benéficas, como la cuestación realizada por la Junta de Damas para la inclusa y colegio de la Paz en 1850, que contó con la participación de la viuda de Torrijos junto a lo más granado de la aristocracia madrileña67. La trayectoria pública de la condesa tiene, por último, un hito fundamental en su libro Vida del general don José María de Torrijos y Uriarte, publicado en 1860. La obra se inserta de lleno en el culto al héroe liberal, actividad primordial de su viuda, que reconoció haber emprendido su redacción con algún temor «por la poca costumbre que hay en España de que las mujeres se ocupen de ningún trabajo de semejante especie y la insuficiencia que reconozco en mí para ello»68.

Sin embargo, no se puede decir que no hubiera antecedentes de ello en el campo del liberalismo femenino. Juana de Vega, probable autora de las memorias de su esposo el general Francisco Espoz y Mina, escribió además unas Memorias íntimas que no llegó a finalizar y unos Apuntes autobiográficos que no vieron la luz hasta el año 1910 en que los editó el Congreso de los Diputados. Si Mariana Pineda es la mártir por excelencia, y, como tal, símbolo imperecedero del liberalismo español; Luisa Sáenz de Viniegra, la viuda consagrada al esposo-héroe y Carmen Sardi, la gran desconocida entre las mujeres liberales del primer tercio del siglo XIX, Juana de Vega aúna las más diversas facetas del liberalismo femenino en las primeras décadas de su historia, entre ellas la necesidad de contar su vida y, sobre todo, la de su esposo como forma de defender su honor y su memoria. Ese ejercicio histórico-literario fue más común entre las españolas que vivieron el exilio de lo que podría parecer a simple vista. Recuérdese cuántas de ellas tomaron la pluma en los últimos años de su emigración política para conseguir una ayuda económica del gobierno francés, que creían más fácil si exponían en una carta o un memorial las vicisitudes de su vida. Ahora bien, ninguna de ellas, ni siquiera la condesa de Torrijos, llegó tan lejos en el camino de la autobiografía como la condesa de Espoz y Mina al escribir sus memorias y convertirse en protagonista de su propia narración, aunque lo hiciera, como dice ella, «en cumplimiento de un deber» y como forma de dar a conocer al general en su intimidad. Más allá de la obligada modestia con que concibe y justifica su obra, como renunciando a todo protagonismo y poniéndose abnegadamente al servicio de su esposo y de su patria —no en vano sus memorias llevan por antetítulo En honor de Mina—, no cabe duda de que su iniciativa suponía un hecho sin precedentes entre las mujeres que participaron en la epopeya liberal. Aunque revestido de devoción conyugal, su testimonio tenía algo de transgresión en una época en la que, como ha escrito un autor, se había generalizado la creencia de que «la mujer honrada no tenía historia propia que contar»69, una máxima que se ve abiertamente desmentida por su testimonio.

Hasta su muerte en 1872, sobre todo en los diez años posteriores a su regreso del exilio, Juana de Vega mantuvo una constante actividad política y social, que alcanza su apogeo entre 1841 y 1843 cuando desempeña el cargo de aya de Isabel II con el propósito de contribuir a su formación como reina constitucional. Se trataba, tal como le dijo entonces Salustiano de Olózaga, de hacer de ella nada menos que «otra reina Victoria»70, ardua tarea de la que no se puede decir que saliera muy airosa. En 1836, Juana había ingresado en la Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa y al año siguiente, al poco de fallecer su marido, recibía el título de condesa de Espoz y Mina, un nombramiento que desató una cierta polémica a cuenta del supuesto doble juego que los liberales practicaban con la nobleza, a la que denigraban como una reminiscencia feudal, pero cuyo prestigio y privilegios pretendían en el fondo usurpar, más que erradicar71. No les faltaba algo de razón a los partidarios del orden tradicional al criticar la doblez del liberalismo en este punto, motivada por el deseo de socavar las bases del poder social y político de la antigua aristocracia y crear en su lugar una nobleza de nuevo cuño fiel al régimen constitucional. Buen ejemplo de esto último será el ennoblecimiento de las viudas de Torrijos y Espoz y Mina.

La «casa de Juana», como la ha llamado uno de sus biógrafos72, siguió ejerciendo en La Coruña la misma función que desempeñó en el exilio como lugar de encuentro y tertulia de distintas personalidades de la sociedad liberal. En aquella casa de la calle Real, conoció a Juana de Vega la escritora Concepción Arenal, pionera del feminismo en España e hija de un exiliado de la Década Ominosa. Desde el paisanaje hasta la común experiencia de la emigración política, revivida por la joven escritora como parte de su memoria familiar, no faltaban afinidades fundamentales entre estas dos genuinas representantes del progresismo coruñés, aunque la diferencia generacional se tradujera en formas distintas de concebir el liberalismo, que en el caso de Concepción Arenal incluía un franco deseo de emancipación de la mujer. Por su parte, la condesa de Espoz y Mina representaba un legitimismo liberal que tenía en su difunto esposo a una de sus figuras señeras y que, pasado el momento de la conspiración y del exilio, orientó hacia lo que se ha dado en llamar el «humanitarismo revolucionario»73, como ámbito natural de la actuación de las mujeres en la vida pública al tener cerrado el acceso a la política. La principal expresión de su compromiso social fue la Sociedad de Señoras de Beneficencia, creada por ella misma en 1837 con la colaboración de otras damas de La Coruña liberal. Juana de Vega, a la que Concepción Arenal dedicó un ejemplar de su obra La Beneficencia, la filantropía y la caridad (1861), es, también en esto, la perfecta encarnación de un liberalismo femenino de amplio espectro, inseparable en su origen de una tradición familiar que, en su caso, empieza con sus padres y continúa y se acrecienta con su esposo.

Su condición de viuda dará mayor realce a su figura y le otorgará una notable proyección social, ya sea en su intensa participación en obras benéficas o en su breve etapa como aya de la reina, en la que tuvo que asistir a un sinfín de intrigas palaciegas y al intento de asalto al Palacio Real protagonizado en 1841 por militares contrarios a la regencia de Espartero. Ese mundo de mujeres liberales perfectamente representado en la biografía de Juana de Vega no se concebía sin una buena tertulia en la que practicar de manera discreta los valores de la sociabilidad liberal: respeto a las reglas de la urbanidad a modo de constitución no escrita, un cierto igualitarismo en las relaciones entre sus miembros y una suerte de parlamentarismo doméstico en el ejercicio de una libertad de expresión sin más límites que el decoro. Tal vez no fuera casualidad que el verde, color liberal por excelencia, predominara claramente en el salón en el que celebraba sus tertulias la condesa de Espoz y Mina74. En su caso, al menos, el regreso al hogar no significó la renuncia a participar en la vida nacional, ya fuera desde su tertulia de la coruñesa calle Real o desde su alta responsabilidad como aya de la reina Isabel II, pasando por sus obras benéficas o la redacción de sus memorias.

La literatura y las bellas artes fueron terrenos transitados por algunas de las amazonas de la Década Ominosa, que encontraron en esas actividades una salida relativamente accesible al mundo exterior. Algo debió de influir el efecto pedagógico del exilio en quienes lo vivieron, sobre todo entre las más jóvenes, especialmente en un contexto que, en pleno romanticismo, favorecía el despertar de las vocaciones artísticas y la exaltación del yo creador. El descubrimiento de la literatura como actividad digna de la condición femenina se traduciría en un incremento exponencial del número de escritoras, cuantificadas en 1.200 entre 1832 y 1900, aunque tan sólo 120 corresponderían a la etapa anterior a 186875. En los años treinta, el fenómeno apenas acababa de empezar, pero no es exagerado afirmar que algunas de las hijas de la emigración pasaron de vivir bajo la monarquía absoluta, que abandonaron con sus padres o con sus maridos, a encontrar en la república de las letras un espacio mucho más receptivo que la política para aquellas españolas que no se resignaran a ejercer de «ángeles del hogar». Con ellas, el «partido de las mujeres» empezó a transformarse en una hermandad literaria que encontraba el viento a favor de un mercado cultural en auge gracias, en parte, a la creciente importancia del público femenino.

Junto a la condesa de Espoz y Mina y la condesa de Torrijos, de cuyas obras biográficas o memorialistas ya se ha dado cuenta, destacan Josefa Massanés, prolífica escritora catalana en verso y prosa, hija de un militar liberal exiliado en Francia durante la Ominosa; la extremeña Carolina Coronado, perteneciente, asimismo, a una familia que sufrió persecución bajo el absolutismo y cuyos poemas y artículos salpicarán con frecuencia las páginas de la prensa española de mediados de siglo, y la polifacética Micaela Nesbitt, exiliada en Londres y París con su madre y traductora en 1854 de una novela gótica inglesa que gozaba de cierta celebridad: El campeón de la virtud o el campeón inglés. La Guía de forasteros de 1846 incluye su nombre entre los «señores académicos de mérito» de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la que formaba parte desde su primera juventud, cuando empezó a llamar la atención su talento con los pinceles. Igual de polifacética resultó ser la joven condesa del Valle de San Juan, Encarnación Musso y Fontes, citada en un documento policial de 1832 como miembro de la junta clandestina de Mina en Cartagena. Hija de un notable escritor y erudito lorquiano, José Musso Valiente, y amiga del poeta Alberto Lista, que le dedicó algún poema, Encarnación recibió una excelente educación que le permitió desarrollar sus facultades literarias, pictóricas y musicales. Nada se volvió a saber, por el contrario, de sus inclinaciones políticas, absorbida como estaba por sus inquietudes artísticas y especialmente por las consecuencias de una sonada ruptura matrimonial, de la que llegó a informar con gran alarde algún periódico de Madrid en su sección de «Tribunales»76. El hogar no siempre era el mejor refugio en tiempos de grandes turbulencias políticas y sociales.

En 1840 ingresó en la Academia de San Fernando, como académica de mérito, la joven pintora Rosario Weiss, hija de Leocadia Zorrilla de Weiss y probablemente de Francisco de Goya, que fue su primer maestro y con quien compartió los primeros años de exilio. Durante su estancia en Francia pudo desarrollar sus notables aptitudes para la pintura, que le valieron en 1842 ser nombrada profesora de dibujo de la reina Isabel II. Su temprana muerte un año después, a los veintiocho años, puso fin a una brillante carrera artística, glosada en los términos más encomiásticos en la biografía que le dedicó poco después de su muerte el Semanario Pintoresco Español77. Al producirse su fallecimiento, la reina Isabel II le concederá a su madre, Leocadia Zorrilla, también antigua exiliada, una pensión de cuatro reales diarios78. El bel canto fue, por último, la disciplina en la que triunfó Manuela [Velasco] Sardi, formada con los mejores maestros del momento gracias a su residencia en Inglaterra y Francia durante la Década Ominosa y a los esfuerzos de su madre, Carmen Sardi, por darle la mejor educación posible. Después de su gira por España en 1836, procedente de Italia, no se vuelve a saber nada de Manuela. Apenas hay noticias tampoco de su madre, que tanto había destacado por su fogoso liberalismo en tiempos del Trienio constitucional.

Cabría preguntarse por las razones que llevaron a Carmen Sardi a desaparecer de la vida pública tras su regreso a España en 1834. Una de ellas resulta evidente, pero algo engañosa: la progresiva institucionalización del liberalismo tras la muerte de Fernando VII dejó a las mujeres al margen de una vida política que discurría principalmente por cauces institucionales. Esta misma circunstancia no había impedido, sin embargo, que Carmen dejara oír su voz en los grandes tumultos del Trienio. La segunda razón tendría que ver con lo que un estudioso de la literatura inglesa ha denominado «la domesticación del heroísmo»79, una idea no muy alejada de la que expuso el embajador de España en Londres en un informe de 1829 en el que sostenía que la dureza de la vida en el exilio había llevado a muchos emigrados a moderar sus posiciones políticas. Sin que se deba tomar al pie de la letra esta teoría del arrepentimiento, no faltaron quienes, tras aquellos diez años de emigración «en un país carísimo y en un clima tan poco adecuado a los españoles», en palabras del embajador, optaron por acentuar su prudencia política en cuanto las circunstancias les permitieron volver a España y evitar de esta forma acabar como en 1823. Tampoco Carmen Sardi estaba dispuesta a volver a las andadas. De ella podría decirse, por tanto, lo que, con mucha gracia, afirma el autor de «La politicómana» en relación con su amazona imaginaria: que en 1833 le había llegado el momento de desespartanizarse80. Ya en los duros tiempos del exilio, los desvelos de Carmen por la educación de Manuela respondían probablemente a una firme elección personal: su hija no sería ni «ángel del hogar» ni «sibila de la revolución», como lo había sido ella antes de tener que abandonar España. Entre la política, siempre incierta y peligrosa, y la pura domesticidad, la cultura y en particular la literatura serían la salida natural para aquellas mujeres que aspiraran a una cierta plenitud personal bajo la severa autoridad de la república de las letras.

CAPÍTULO 11
CHERCHEZ LA FEMME: SER MUJER Y LIBERAL EN LA ESPAÑA DE FERNANDO VII

«Lo que yo quiero es ser útil a mi Patria».

Carta Eucarística-política de la ciudadana F. S. (1820).

«Por mucho que se busque, no aparecen por ninguna parte esos “escuadrones de amazonas” de que se suponía que estaban dotados los liberales». Tal es la conclusión a la que llegó el historiador Carlos Serrano en una breve biografía de Mariana Pineda, tras cotejar los resultados de su estudio sobre la heroína liberal con el testimonio del marqués de Custine acerca de los supuestos «escuadrones de amazonas» que el liberalismo había creado como quinta columna de su «ejército invisible». La participación femenina en las conspiraciones contra Fernando VII, añadía el gran hispanista francés, «no fue nula, pero tampoco pasó de ser excepcional, casi testimonial»1.

Este libro ha pretendido demostrar lo contrario. Para ello partíamos del convencimiento de que la búsqueda debía ser mucho más amplia, exhaustiva y paciente de lo que había sido hasta ahora y realizarse sin las ataduras y sobreentendidos de la historia de género y su concepción militante del pasado. Parafraseando a Mariano José de Larra —«quién es el público y dónde se encuentra»—, la historia del liberalismo femenino en la España de Fernando VII requería, en primer lugar, descubrir quiénes eran las mujeres liberales y dónde se encontraban. La respuesta —como siempre— estaba en los archivos. La paradoja fue que, en el fondo, la represión absolutista hizo más por preservar la memoria documental de las primeras liberales españolas que el propio liberalismo. Buen ejemplo de ello son los expedientes de purificación abiertos a viudas y huérfanas de funcionarios a partir de 1824, en los que se recoge cualquier indicio, por pequeño que sea, de un pasado liberal de la solicitante, o el censo, elaborado por la policía en 1826, de «personas de ambos sexos […] con las notas de más o menos adictas al abolido sistema constitucional», por no hablar de los informes policiales sobre presuntas conspiradoras o del rastro administrativo que dejó la persecución judicial a las sospechosas de liberalismo, plasmada en las condenas de las Comisiones Militares o en los sumarios y diligencias de otros tribunales. Y qué decir de la ingente documentación relacionada con el exilio liberal español, repartida en un sinfín de archivos europeos —principalmente, españoles, franceses e ingleses—, gracias a la cual se puede seguir el itinerario geográfico y la peripecia personal de cientos de españolas obligadas a emigrar, a menudo no tanto por sus responsabilidades políticas como por las de sus padres, maridos e hijos.

Cierto que la prensa de los dos primeros períodos constitucionales —sobre todo la del Trienio Liberal— informa con algún detalle de la intervención de las mujeres en los debates periodísticos del momento y de sus actividades políticas en aquellos años, ya sea en la vida asociativa de la época, pese a las limitaciones impuestas a las mujeres, o en el ceremonial revolucionario desarrollado en torno a la Constitución y a los caudillos liberales. Sin embargo, sólo la represión posterior ha permitido conocer su participación en algunos episodios cruciales del Trienio. Ya entonces hay vagas referencias al papel de algunas de ellas —sin dar nombres— en la defensa del régimen ante el golpe del 7 de julio de 1822 y en el motín liberal de los días 19 y 20 de febrero del año siguiente. Pero sin las causas judiciales abiertas en 1824 por la justicia absolutista seguiríamos sin saber que el 20 de febrero de 1823 diez vecinas de Madrid «que se titulaban ciudadanas» dirigieron una representación al ayuntamiento en defensa de la Constitución, amenazada, según ellas, por quienes irresponsablemente, la noche anterior, habían exigido la formación de una regencia que sustituyera a Fernando VII. Entre las personas que así lo hicieron se encontraban las cuatro mujeres que en la medianoche del 19 de febrero se presentaron ante el ayuntamiento en representación del «pueblo» congregado en la calle y en su nombre solicitaron el nombramiento de una regencia. Todo indica que la voz cantante la llevó la que en el acta de aquella sesión municipal aparece citada en primer lugar, María del Carmen Sardi, muy probablemente la misma a la que el escritor y viajero inglés Michael J. Quin describió como la joven sibila que el 19 de febrero enardeció a los amotinados con sus gritos contra Fernando VII y a favor de la regencia: «¡No queremos rey!, ¡no queremos moderados! ¡Queremos una regencia, y nada más!». No es casualidad que, unos años después, condenada a malvivir en su exilio en Inglaterra y a ganarse la vida con unas pocas clases de español, utilizara como material escolar un poema que refleja sin duda su opinión sobre Fernando: «Ese rey tantas veces perjuro, / Ese rey sin palabra ni honor, / Sanguinario, déspota, ambicioso, / Es indigno del trono español»2.

La historia de María del Carmen Sardi, casada antes de cumplir los veinte años, madre poco después y viuda antes de la treintena, resulta sintomática, por muchas razones, de la singular naturaleza del liberalismo femenino en la España fernandina. Por lo pronto, de la nebulosa histórica en la que ha permanecido durante mucho tiempo, tanto por el hermetismo de las fuentes como por las limitaciones metodológicas de la historiografía especializada, empeñada en dar vueltas en círculo en torno a unos pocos casos conocidos y unos cuantos temas recurrentes. Eso explica por qué una persona como Carmen Sardi, con una vivencia tan intensa de la revolución liberal, había pasado hasta ahora inadvertida. Mujer precoz en todo lo que hizo y víctima temprana de muchas cosas, intuyó que sus servicios a la causa caerían en el olvido si no conseguía que, quien tuviera la autoridad para hacerlo, los pusiera por escrito. De ahí el Testimonio de las acciones patrióticas de Dª María del Carmen Sardi, relativas a los seis años del despotismo y a los siete primeros días del mes de julio de 1822, que presentó a las Cortes en 1823 con las declaraciones firmadas de varios prohombres del liberalismo, que, «a solicitud de la interesada», certificaron el valor demostrado en multitud de ocasiones por esta «amazona española», como la califica el capitán López Pinto3.

Como en el caso de la propia Carmen Sardi, llama la atención el protagonismo de las viudas en la lucha por la libertad, a la que pudieron contribuir desde su mayor independencia personal y económica: la marquesa de Astorga; Mariana Pineda; Emilia Duguermeur, viuda de Lacy; la viuda de Quiroga, cuya librería madrileña sirvió de sede en 1822 a la Junta Patriótica de Señoras; la condesa del Valle de San Juan, señalada como integrante de la junta de Mina en Cartagena, en plena Década Ominosa; la viuda del médico Barandalla, en Talavera de la Reina; «Mariquita la Barbuda»; la condesa viuda de Castañeda, «muy liberala, así ella como su hija»; Joaquina Urtazun, viuda del coronel Asura, detenida infraganti en 1831 con «correspondencia para el rebelde Mina», o Antonia Mendo, presa aquel mismo año por su relación con una de las tramas conspirativas, aunque ella alegara que siendo «una pobre viuda […] era inverosímil que pudiera mezclarse en asuntos políticos superiores a sus limitados alcances»4. Éste fue un argumento muy socorrido entre aquellas que sufrieron los rigores de la represión absolutista o que simplemente tuvieron que luchar por su purificación como pensionistas del Estado por tener «tacha» de liberales.

El exilio evitó a Carmen Sardi estas amarguras, pero no otras indefectiblemente asociadas a la emigración política, desde la nostalgia de la patria hasta la simple subsistencia diaria, complicada en su caso por el hecho de ser viuda y tener a su cargo a una hija a la que mantener y educar. Como tantas otras exiliadas que perdieron a sus padres o a sus maridos, debió luchar a brazo partido para conseguir los subsidios oficiales que, primero en Inglaterra y luego en Francia, hacían más llevadera la existencia de los españoles desterrados. Se trataba nada menos que de convencer a las autoridades de estos países de sus propios méritos para disfrutar de una pensión de refugiado político que, por lo general, se reservaba a los hombres con una acreditada hoja de servicios en las filas liberales, ya fuera como militar, cargo público, miliciano, escritor o simple particular. ¿Una mujer perseguida por motivos políticos y obligada a huir de su país? Eso había que verlo.

Tal es el origen del aluvión de cartas, representaciones y memoriales que las exiliadas españolas en Francia, sobre todo viudas y huérfanas, dirigieron a las autoridades francesas justificando su derecho a un subsidio. En esas breves autobiografías aflora toda una experiencia, genuinamente femenina, de la revolución liberal y de sus fracasos. A menudo llegan al exilio acompañando a sus padres o maridos y huyendo del terror blanco desatado en España a partir de 1823. Muchas de ellas cuentan cómo tuvieron que escapar para evitar males mayores por el hecho de estar casadas con un miliciano o un militar constitucional, como Francisca Martín, esposa de un sargento que murió defendiendo la Constitución en 1823, tras lo cual —afirmaba en una carta— se vio obligada a expatriarse «a causa del odio que el partido realista profesaba hacia su difunto esposo»5. El absolutismo más fanático y pedestre no solía distinguir entre la culpabilidad y la inocencia de los distintos miembros de una familia. Liberal uno, liberales todos. Hay que reconocer que la suspicacia de los serviles no carecía de cierta base, porque la familia fue, junto al ejército, el más poderoso elemento de socialización del liberalismo: el 56 por 100 de las ochenta barcelonesas que en 1822 cosieron gratis para las tropas constitucionales guardaban una relación de parentesco directo, ya sea de hermanas o de madre e hija, con al menos otra integrante de la lista. El 25 por 100 estaban emparentadas a su vez con algún socio de la Tertulia Patriótica de Lacy6.

En su correspondencia con las autoridades francesas, otras exiliadas aducen su propia trayectoria personal y la notoriedad de sus opiniones para explicar su huida de España. Una de ellas, Feliciana Calleja, viuda de Nesbitt, asegura que su única culpa era haber «abrigado sentimientos liberales y haberlos mostrado»7. Fueron minoría las que, como en el caso anterior, antes de 1823 se habían significado públicamente por su liberalismo y eran conocidas y perseguidas por ello. Sin embargo, la distinción entre unas y otras, entre las que tenían un pasado comprometedor y las que pagaban por el de sus padres o sus maridos, es menos importante de lo que parece, aunque pudiera pensarse que muchas no eran sino acompañantes de exiliados. El liberalismo no siempre fue una elección voluntaria y consciente, una toma de partido fruto de un proceso de reflexión y maduración personal. En muchos casos, se llegaba a él a través de una experiencia, propia o ajena, llena de imponderables, como le ocurrió a Elena Sáinz, exiliada en Francia primero por haber sido esposa de un oficial josefino y luego por tener un hijo y un yerno liberales. Poco importa lo que ella se sintiera: la vida la había colocado en un bando sin darle opción a elegir. En todo caso, su percepción de sí misma queda clara al dirigirse como «refugiada española» al ministro del Interior francés. Decía Larra que «por poco liberal que uno sea, o está uno en la emigración o de vuelta de ella, o disponiéndose para otra»8. De la misma forma que en España, según el silogismo de Fígaro, no se podía ser liberal sin ser en algún momento exiliado, tampoco se podía ser exiliado sin ser —o acabar siendo— liberal. Los que no lo eran al marchar lo serían al volver, como muchos soldados que llegaron a Francia como prisioneros de guerra, siguiendo a sus oficiales, o como desertores del ejército absolutista y regresaron a España con la amnistía de 1832. Fue la represión y el destierro lo que llevó también a muchas mujeres a sentirse parte del mundo liberal, con el que hasta entonces habían tenido una relación de baja intensidad, generalmente por persona interpuesta.

Sería un error, por otro lado, graduar el liberalismo femenino del Trienio o del exilio en función de una militancia organizada y activa. Esta caracterización del fenómeno, que consiste en aplicar al otro sexo el modelo masculino, puede valer en algunos casos —sobre todo en el de las conspiradoras de la Década Ominosa—, pero en otros muchos resulta insuficiente para entender la forma en que las mujeres vivieron la experiencia liberal. Ese error, junto al deseo de cubrir la responsabilidad de aquellas liberales que se encontraban en España, es lo que llevó al periódico Ocios de españoles emigrados a denunciar el sinsentido de la ordenanza policial de 1824 que incluía a las mujeres entre las personas «más o menos adictas al abolido sistema constitucional»: «¿Han sido milicianas?», se preguntaba el periódico de los exiliados, «¿fueron oradoras, diputados o jefes políticos?», pues si no lo habían sido no podían ser calificadas de adictas al régimen liberal. Un criterio similar dejó a casi todas las mujeres fuera de las listas de españoles que en la Década Ominosa percibían ayuda del gobierno británico. Al clasificar a los refugiados por rangos militares, a los que se equiparaban los cargos y profesiones civiles, las exiliadas españolas sólo entraban indirectamente a través de sus maridos o de forma excepcional en una exigua sexta categoría reservada a las viudas y huérfanas. Más excepcional aún es el caso de María del Carmen Sardi, que hizo valer el nombramiento de capitana honorífica que le concedieron las Cortes en 1823 para figurar en la cuarta categoría de las listas de refugiados.

Al margen de que, contrariamente a lo que afirma los Ocios de españoles emigrados, algunas mujeres fueron milicianas y oradoras, el liberalismo femenino del Trienio discurrió en su mayor parte por cauces ajenos a las instituciones políticas, a las que el bello sexo tenía vedado el acceso, incluso como público en la tribuna de las Cortes. La prensa, las sociedades patrióticas, la intendencia revolucionaria, como la confección de uniformes para la milicia o el ejército, las suscripciones a favor de la causa y los ritos ligados al culto a la Constitución constituyeron las formas más comunes de intervención femenina en la vida pública del Trienio. Convertida en ninfa o matrona de la revolución, la mujer desempeñó un papel fundamental en la escenografía y la iconografía del liberalismo, que acuñó un modelo simbólico heredado con el tiempo por el republicanismo. Ser mujer y liberal en la España del Trienio comportaba, pues, modalidades muy diversas de participación en el espacio público, algunas meramente ornamentales, como esas «doncellas», símbolo de pureza y promesa de fertilidad, que nunca faltaban en los homenajes al sagrado código o a los héroes del levantamiento liberal de 1820.

Si a la doncellez se añadía el desamparo se alcanzaba la máxima expresión de una idea de virtud ligada a la inocencia. Ese mismo año, para conmemorar la jura de la Constitución por Fernando VII, el ayuntamiento de Madrid anunció la concesión de dotes de 6.000 reales a diez niñas pobres y huérfanas, acogidas en algún establecimiento público de beneficencia, que contrajeran matrimonio con «labradores, artesanos o militares, ya sean estos de tropa de línea o de las Milicias Nacionales». La convocatoria del ayuntamiento madrileño traería cola durante varias décadas. Como era de esperar, el absolutismo, una vez restaurado, se desentendió por completo de esas dotes, por lo que cuando, años después, se restableció el consistorio constitucional algunas de las agraciadas en 1820, convertidas ya en viudas, reclamaron un derecho que no pudieron ejercer «en aquella época de odiosa memoria», como llama una de ellas a la década absolutista. En 1849, Olalla Pedrezuela, una de aquellas diez niñas pobres y huérfanas, andaba todavía pleiteando por su dote, a la que difícilmente podía tener derecho, puesto que no había llegado a casarse9.

Es inevitable relacionar la iniciativa anterior, más allá de su motivación benéfica, con el lugar que las ninfas, doncellas y jóvenes casaderas ocupaban en la mitología política del liberalismo español. El régimen del Trienio andaba en busca de sus mitos fundadores y los liberales españoles —como antes los revolucionarios franceses— tenían en la Antigüedad grecorromana un modelo muy de su gusto. El aire pagano de aquellos homenajes a Riego y a la Constitución no se le escapó al corregidor absolutista de Segovia, que en 1823, al poco de ser nombrado para el cargo, se refirió a las «funciones gentílicas» en las que, «durante el calamitoso tiempo constitucional» —tan reciente—, participaba una señora de su jurisdicción10. Otras fueron perseguidas por arrojar flores y palmas a los caudillos liberales cuando entraban en triunfo en alguna ciudad.

¿Qué pintaba tanta ninfa y tanta doncella vestida de blanco en el ceremonial revolucionario? Detrás de todo ello había posiblemente una exaltación de la pureza del sentimiento liberal y una idea de regeneración nacional asociada al patriotismo como virtud cívica por excelencia. Se diría que la patria constitucional fundada en Cádiz en 1812 traería consigo el nacimiento de una nueva estirpe de ciudadanos ejemplares, a la par valientes y laboriosos, engendrados metafóricamente en el encuentro entre los héroes y las ninfas o en la unión conyugal, nada metafórica, propiciada por el ayuntamiento de Madrid en 1820: de un lado, doncellas pobres y huérfanas; del otro, artesanos, labradores y militares —también valían milicianos— como genuinos exponentes del pueblo sencillo y virtuoso. Se ha prestado escasa atención a las representaciones del imaginario liberal en ritos y celebraciones. La presencia en ellos de ninfas, matronas y doncellas nos recuerda la facilidad con que los viejos mitos se adaptan a las necesidades de los nuevos tiempos y la tendencia de las revoluciones a dejarse fascinar por lo retro.

En otros casos, el liberalismo contempla a la mujer desde una perspectiva mucho más prosaica y utilitarista, como una mano de obra perfectamente apta para multitud de tareas, tales como algunos oficios mecánicos. De todas formas, por más que se intentaran delimitar cuidadosamente sus funciones en la sociedad moderna, era inevitable que su incorporación a nuevas actividades planteara un debate sobre el lugar que ocupaba en el régimen constitucional. Con independencia de lo que dijera la Constitución, muchas liberales optaron por la vía de los hechos consumados para acceder a una ciudadanía a su medida —algo así como la civitas sine suffragio de la antigua Roma—, por ejemplo, al firmar escritos dirigidos a las autoridades o a la opinión pública. El término «ciudadana» podía acompañar su nombre o simplemente sustituirlo, de forma que, por un lado, ocultara su apellido por pudor o precaución y, por otro, resaltara la identidad política de la firmante. El mismo doble fin se conseguía firmando un texto como «Una patriota» o «Una amante de la Constitución», o recurriendo a fórmulas más historiadas, como esa «Doña María Constitución Patria» que en 1822 contribuyó con 20 reales a la compra de uniformes para la milicia madrileña11.

El hecho es que muchas mujeres, individual o colectivamente, expresan sus quejas o sus anhelos a las autoridades —como las «señoras ciudadanas» de Logroño en su dura exposición a Fernando VII de 1822—, asisten a sesiones de las sociedades patrióticas, participan en suscripciones a favor de la milicia nacional o crean ellas mismas, en Barcelona, «compañías de ciudadanas voluntarias», firman folletos y artículos de prensa y polemizan abiertamente con sus conciudadanos, como la «ciudadana F.S.» en su Carta Eucarística-política. ¿Quién podía decir que no había una ciudadanía femenina cuando en ocasiones la prensa y las propias autoridades se referían a ellas como «ciudadanas», y no siempre en el sentido tradicional de habitantes o súbditas? La autora del último folleto citado, mucho menos peregrino de lo que indica su título, lleva la cuestión hasta sus últimas consecuencias. El Estado obtendría un enorme provecho si las mujeres desempeñaran funciones para las que están plenamente capacitadas. Tanto, que en el futuro llegarán, sin escándalo de nadie, a recibirse de «bachilleras, maestras en artes, doctoras, etc.». Además, «hallándonos más instruidas en la constitución y la legislatura, podríamos ser amantes de aquélla y hacerla amar a los hombres». Y aún podrían alegar que la Constitución de 1812 «no nos excluye» del gobierno, como demuestra el artículo referido a la sucesión a la corona. Pero no era cuestión, según la «ciudadana F.S.», de reclamar derechos, sino de prepararse para ejercerlos, y de ahí la importancia que atribuye a la educación de las mujeres, que quisiera ver mejorada con arreglo a un plan de instrucción trazado por ella misma. Tal podría ser una de esas «leyes inmutables» que, adoptadas por los padres de la patria, deberían fijar «para siempre la felicidad de las Españas»12.

Pensar en la inmutabilidad del régimen constitucional y en aprobar leyes imperecederas era desconocer los riesgos que corría el liberalismo español en esta segunda etapa iniciada en 1820. La restauración absolutista no resultó tan fácil, sin embargo, como en 1814 y para triunfar debió recurrir a una coalición internacional y a la intervención de un ejército extranjero, en vista de la incapacidad de los realistas españoles, puesta de manifiesto en 1822, para derrocar por sí solos al Estado liberal. En lo que el absolutismo patrio mostró una eficacia fuera de lo común fue en la represión contra los negros desencadenada en cuanto los Cien Mil Hijos de San Luis iniciaron su avance hacia el Sur. Nada más producirse la invasión se registraron ya los primeros casos de persecución a las mujeres que se habían significado por su liberalismo en los años anteriores o que estaban emparentadas con algún liberal prominente, como le ocurrió en Pamplona a Simona Espoz y Mina, hermana del general que comandaba las tropas liberales en Cataluña y esposa de un regidor constitucional de la ciudad, razón suficiente para encarcelarla durante varios meses y finalmente expulsarla de España. La ferocidad de la represión fue tal que, en agosto de 1823, el propio duque de Angulema prohibió a las autoridades realistas españolas realizar detenciones sin la autorización expresa del mando francés en la zona.

A partir de entonces, cobra todo su sentido un grabado de Goya que suele fecharse en 1814 y que nos muestra a una mujer joven encadenada a una pared, con una argolla en la garganta, un cepo en los pies y los brazos sujetos a la espalda, y todo «Pr liberal?». El interrogante del título que le puso el artista le da un punto enigmático a la imagen, mucho más representativa, cualquiera que sea su fecha, de la segunda restauración absolutista que de la primera. En 1814, las liberalas no pasaban de ser una exigua minoría a la que la monarquía absoluta prestó escasa atención, salvo que se empeñaran en ayudar a los presos y en importunar a las autoridades con sus quejas. Si la propaganda servil se fijó en ellas fue para señalar los desvaríos a los que había llegado el liberalismo en aquellos años en que todo anduvo revuelto. Por el contrario, a partir de 1823 la represión fue implacable también con ellas. Las cárceles, galeras y casas de arrecogidas fueron recibiendo a las más comprometidas o a las más infelices, aquellas que no habían podido huir a tiempo o que no contaban con ningún tipo de protección en las altas esferas.

Otras se vieron más o menos libres de la persecución oficial, pero no del acoso de sus vecinos más exaltados. En algunos casos, la presión ambiental sobre una mujer conocida por sus ideas liberales podía llevarla a cambiar de residencia e incluso a huir al extranjero, como hizo Tecla López de Angulo, la monja del convento de las Huelgas, secularizada en 1822, que tuvo que abandonar Burgos y buscar refugio en Francia al no poder soportar por más tiempo los atropellos y las amenazas de los serviles. En el origen del terror blanco, con los voluntarios realistas como su principal brazo ejecutor, había a menudo una motivación social, porque el absolutismo popular tendía a identificar a los liberales con los propietarios, y a éstos con las nuevas formas de propiedad. Para ellos, ser negro era cosa de ricos. Algunas señoras liberales, por su parte, pensaban que bajo la monarquía absoluta el populacho se sentía como pez en el agua. En realidad, esas dos visiones antagónicas del conflicto no estaban tan alejadas una de otra. El hecho es que, como denunció la propia policía, la gente de cierta posición se veía acosada, y a veces despojada, por la plebe absolutista, que actuaba movida por el odio de clase y por la propaganda clerical. El lamento, en 1823, del autor de El Tío tremenda abundaba también en las implicaciones sociales del liberalismo femenino: ¡cuánto daño le hacían a la causa del altar y del trono esas «señoras de más alto rango» que se dedicaban a propagar la doctrina constitucional!13.

Hay casos dramáticos de mujeres perseguidas hasta el ensañamiento por sus ideas liberales, como Rosa Zamora, imputada en la intentona de Pablo Iglesias en Almería en 1824 y encerrada por tiempo indefinido en la Real Cárcel de Granada, en un cubículo infecto calificado como «un sitio destinado para matar gente» por los dos médicos que la visitaron a instancias del tribunal14. No era sólo la inhumanidad del aparato judicial y carcelario absolutista, sino la falta de medios de un sistema que no estaba preparado para castigar a las mujeres por delitos de naturaleza política, máxime tratándose, como ocurría a menudo, de señoras de la «clase y estado» de la propia Rosa Zamora, como dijo el responsable de Real Cárcel de Granada para justificar los problemas irresolubles que planteaba su reclusión. Las casas galera y cárceles femeninas habían sido pensadas para mujeres de la plebe acusadas de delitos comunes, como prostitución, robo o infanticidio, una circunstancia que motivó frecuentes quejas de las presas políticas, condenadas a compartir su infortunio, en palabras de una de ellas, con «mujeres prostitutas y disolutas sin vestigio alguno de pudor y educación», que constituían a todas luces una compañía inadecuada para «una mujer de clase»15. En otras ocasiones, esa carencia de medios resultó providencial para salvar de la cárcel a alguna sospechosa, como Francisca Tentor, implicada en la trama conspirativa de Málaga en 1831. Así le constaba al gobernador militar, González Moreno —el verdugo de Torrijos—, quien, sin embargo, prefirió demorar su detención —no es seguro ni siquiera que llegara a realizarse—, entre otras razones, por no disponer «del local proporcionado en que constituirla, y en que se halle […] con la decencia y decoro que exigen su sexo, su estado y la calidad de su persona»16.

Aunque atenuada en algunos casos por las carencias materiales del sistema y cierta inercia paternalista, la represión absolutista alcanzó de lleno al liberalismo femenino desde el principio hasta el final de la Década Ominosa. La intensidad y las formas variaron según el momento. Primero fueron las Comisiones Militares y las Juntas de Purificación; a partir de 1830, la iniciativa la llevó principalmente la policía de Calomarde. La magnitud de la represión permite calibrar tanto la importancia del Trienio en la socialización del liberalismo entre las españolas como la disposición de muchas de ellas a luchar por las libertades tras el triunfo de la reacción. En ocasiones, se trataba simplemente de esconder un ejemplar de la Constitución, un uniforme de miliciano o un trozo de una lápida constitucional. Este tipo de prácticas, frecuentes a lo largo de toda la década —recuérdese que Mariana Pineda fue ejecutada por el «detestable delito» de guardar una bandera—, definen dos características del liberalismo femenino que en la clandestinidad iban a resultar de enorme importancia: la estrecha relación de la mujer con los elementos simbólicos de la revolución y su dominio del espacio privado, ámbito fundamental de la actividad conspirativa. La mujer liberal —la viuda sobre todo— desempeñó en él una labor impagable protegiendo a prófugos de la justicia, recibiendo y repartiendo correspondencia, auspiciando reuniones, escribiendo ella misma cartas e informes con tinta invisible y a veces participando en los núcleos conspirativos que fueron surgiendo por toda España, sobre todo en Andalucía y Levante.

Corrieron suerte muy diversa. Algunas, con graves responsabilidades políticas, escaparon milagrosamente a la represión, mientras otras fueron detenidas y condenadas a duras penas de cárcel, cuando no a la muerte, como Mariana Pineda, en Granada; Esperanza Planells, en Madrid, aunque no llegó a ser ejecutada, y probablemente Teresa Elliot, en Málaga. El fiscal pidió pena de muerte asimismo para Teresa Panigo, sentenciada finalmente a ocho años de cárcel. Eran las nuevas «amazonas de la libertad», según la imagen utilizada por el italiano conde Pecchio en una de sus cartas desde la España del Trienio, en la que se refiere a la juventud y la belleza de las partidarias del régimen constitucional español.

Lo de las «amazonas de la libertad» —lo vimos al principio de este libro— circulaba ya por Francia en tiempo de la revolución, lo mismo que otras locuciones asociadas al mito de las amazonas. Hay frecuentes alusiones a ellas en las guerras de independencia de principios del siglo XIX, como la española o la griega, y en las luchas revolucionarias en que intervienen las mujeres. El Trienio Liberal, en cambio, pese a la referencia de Pecchio a Cádiz y Valencia como lugares en los que habitan «les plus belles amazones de la liberté»17, no resultó especialmente propicio a la imagen de la mujer belicosa e intrépida. Era lógico que, una vez alcanzada la libertad, el mito sufriera un cierto eclipse, por más que en alguna ocasión alguien se acordara de las guerreras de la Antigüedad y las citara de pasada, como la «ciudadana F. S.» en su folleto. La razón de ello la encontramos en un artículo de prensa, publicado en 1820, en el que se encomia el patriotismo de las «jóvenes solteras» de Cangas de Onís que se han ofrecido para adornar la lápida de la Constitución con vistas a los festejos cívicos organizados por el ayuntamiento. Si el despotismo se hubiese prolongado por más tiempo, afirma el autor, «hubiéramos visto amazonas en defensa de la Constitución». «Mas», añade, «ya que su brazo no ha podido manejar la espada de la patria, ahora desean emplear sus delicadas manos en embellecer el monumento o lápida del hermoso Código»18. En suma, el tiempo del sacrificio y el heroísmo había pasado; al menos, de momento.

La hora de las amazonas volvió a sonar con la restauración absolutista de 1823 y en especial con la gran ofensiva lanzada por los liberales tras el triunfo de la revolución francesa de 1830. Es entonces cuando, según el marqués de Custine, el gobierno de Fernando VII piensa que el liberalismo español ha dotado a su organización clandestina —su «ejército invisible»— de «escuadrones de amazonas» listos para el asalto final contra la monarquía absoluta. La expresión, registrada ya en la Guerra de la Independencia española y años después en la Polonia sublevada contra los rusos, refleja en esta etapa final del reinado de Fernando VII una doble realidad. Por un lado, la notable participación femenina en las redes conspirativas de los años 1830-1832, aprovechando su mejor adaptación a la actividad clandestina —¿no tenía un punto de clandestinidad la vida de la mujer en el ámbito privado?— y su —hasta entonces— menor vulnerabilidad a la represión absolutista. Por otro, la decisión del régimen y, según Custine, del propio monarca de dar un escarmiento —«faire un example»— que pusiera fin a tanta conspiración y a tanta amazona suelta. La propia Gaceta de Madrid hablaría de «escarmiento» al informar de la ejecución de Mariana Pineda, y lo justificaría por la necesidad de contrarrestar la táctica adoptada por los revolucionarios de involucrar en sus planes «al sexo menos cauto y más capaz de interesar la ajena compasión»19. Ser mujer y liberal en España se estaba poniendo cada vez más peligroso.

Todo cambió de repente con la grave enfermedad del rey en septiembre de 1832 y la concesión al mes siguiente de una amplia amnistía, que llevaba la firma de su esposa, la reina María Cristina de Nápoles. La liberación de los presos y el regreso de los exiliados marcaron el comienzo de una transición que, partiendo del absolutismo, tenía que derivar forzosamente en algo distinto, aunque no se supiera muy bien en qué consistiría el régimen que sucedería a la monarquía absoluta en bancarrota legada por Fernando VII a su hija Isabel. El manifiesto dirigido a la nación por su viuda, la reina gobernadora, nada más producirse el fallecimiento del rey postulaba un continuismo inviable en aquellas circunstancias, con levantamientos carlistas por doquier y una crisis política de consecuencias incalculables. Si no formalmente, en términos históricos la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833 señaló el fin del régimen absolutista en España.

La feminización de la monarquía en los años siguientes, bajo la regencia de María Cristina y la minoría de edad de Isabel II, debió de reafirmar a las mujeres liberales en su aspiración a una suerte de matriarcado constitucional, una idea que se vislumbra ya en algunos textos del Trienio y que encuentra una ocasión propicia en la España posfernandina. ¿Cómo dudar de que una madre cabal como la reina gobernadora, que tenía que sacar adelante a su hija en un mundo de hombres, sabría regir los destinos de la patria? En el liberalismo femenino hubo siempre un cierto espíritu de cuerpo, la conciencia de que las mujeres tenían unos intereses propios, y la sensación a partir de 1833 es que esos intereses se verán mejor defendidos por una reina constitucional, madre y viuda por más señas. A ella se dirigen las grandes damas del liberalismo en busca de apoyo para sus obras benéficas. También señoras particulares, como la viuda de Torrijos, solicitando la rehabilitación de su difunto marido, o como Antonia Gutiérrez Bueno, que, gracias a la intervención de la reina gobernadora, obtuvo permiso para poder acceder a la Biblioteca Nacional, y con ella «todas las demás mujeres que gusten concurrir» a su sala de lectura, como rezaba la orden expresamente aprobada por indicación de la reina para poner fin a una prohibición secular. No es de extrañar que El Correo de las Damas aconsejara a sus lectoras que fueran siempre «del partido de las mujeres», entendido como una especie de lobby femenino y en modo alguno como una organización política de tipo protofeminista.

En realidad, y a pesar de algunos avances, como la autorización a asistir a las sesiones de Cortes —a diferencia de lo ocurrido en los dos primeros periodos constitucionales—, el paso del liberalismo de la actividad clandestina a las instituciones supuso el desplazamiento de las mujeres liberales al ámbito doméstico o, como mucho, a una cierta sociabilidad ligada a la beneficencia y a la cultura. Su papel en la vida política quedó como un tema de debate propicio a planteamientos costumbristas, generalmente jocosos, en la prensa y la literatura de todas las tendencias. La sátira está tan extendida que excede con mucho la propia realidad que pretende ridiculizar: la existencia de un feminismo avant la lettre que reivindicara los derechos políticos de las mujeres. El liberalismo femenino apenas planteó la cuestión durante el reinado de Fernando VII y no parece que en los años inmediatamente posteriores cambiaran mucho las cosas.

La prudencia de las amazonas de la libertad en sus aspiraciones bajo el régimen constitucional —ciudadanía pasiva, enseñanza, asistencia a las Cortes— contrasta con su coraje en la lucha por las libertades de todos contra el despotismo fernandino. De ahí que en esa biografía imaginaria de una liberal española titulada «La politicómana», escrita con las licencias y exageraciones propias de la literatura costumbrista, Gabriel García y Tassara llegara a escribir en 1843, sin faltar del todo a la verdad, que «durante la Década Ominosa Fernando VII no tuvo mayor enemigo que la mujer patriota»20.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Fuentes manuscritas

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Archivo General de Palacio, Madrid, Sección Reinados, Fernando VII, cajas 29, expedientes 8 y 9; 334, expediente 14, y 384, expediente 4, y Papeles Reservados, libro 23, carpeta 10.

Archivo General de Simancas, Simancas (Valladolid), Sección de Estado, legajos 8185-8194, 8197, 8200-8203, 8212-8213 y 8230.

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Archivo Histórico Nacional, Madrid, Sección de Consejos, legajos 3607-3611, 3650-3656, 3690-3694, 8935, 8939, 9366-9371, 9459, 9478-9479, 11784-11786, 12202, 12204, 12209-12212, 12215-12216, 12223-12226, 12228, 12230, 12233-12237 y 12268-12352; y Libros (Junta de Purificaciones), 1750-1752 y 3765; y Sección de Estado, legajos 2284, 2971, 2985-2987, 2997-2999, 3005, 3031, 3034-3037, 3056, 3060, 3075-3076, 3083-3084, 3087, 3089-3090, 3109, 3126, 3132, 3135, 3139, 3141, 3145, 3147, 5281(2), 5389, 5518, 5625, 5650, 5652, 6161, 6168 y 6197.

Archivo del Ministerio de Hacienda, Madrid, Índice de los empleados de la Real Hacienda purificados e impurificados por la Junta Suprema de Purificaciones civiles, manuscrito, 1829, y MINHAC-AGC-Libro 16728.

Archivo del Ministerio de Justicia, Madrid, Sección «Armario Reservado», legajos 14, 15, 16, 49, 53, 60, 63 y 66.

Archivo Municipal de San Fernando, Cádiz, cajas 1556 y 1557.

Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 3/88: «Libro de acuerdos para las Juntas ordinarias celebradas por la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando que dio principio en 24 de enero del año de 1819» [1819-1830].

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Fuentes impresas

Prensa

No se incluyen aquellos periódicos que han sido consultados a través de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de Madrid y de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Correo de las Damas, Madrid, 1833-1835.

El Dardo, París, 1831.

Diario Mercantil de Cádiz, Cádiz, 1823-1833

El Emigrado observador, Londres, 1828-1829.

El Europeo, Barcelona, 1823-1824.

Gaceta de Bayona, Bayona, 1828-1830.

La Gaceta de Madrid, Madrid, 1820-1833.

El Jorobado, Madrid, 1836.

Mercurio de España, Madrid, 1823-1833.

Mercurio de Nueva York, Nueva York, 1828-1833.

The New Monthly Magazine and Literary Journal, Londres, 1823-1835.

Ocios de españoles emigrados, Londres, 1824-1827.

El Periódico de las Damas, Madrid, 1822.

El Precursor, París, 1830.

El Realista Español, Madrid, 1823.

El Restaurador, Madrid, 1823-1824.

La Revista Española, Madrid, 1832-1836.

Variedades o el Mensajero de Londres, Londres, 1823-1825.

Obras anteriores a 1850

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Apología, o bien sea dictamen imparcial sobre el descuido de instruir a las mujeres, por el que se prueba el derecho que las monjas tienen a su secularización, manifestando al mismo tiempo no ser ésta contraria a la disciplina eclesiástica. Dedicado a la premuta y tierna edad del bello secso, por Somat Aruguerb, Barcelona, Viuda Sastres e Hijos, 1820.

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BLANQUI, Adolphe, Voyage à Madrid (août et septembre 1826), París, Dondey-Dupré, père et fils, Impr., Libr., Éditeurs, 1826.

Carta Eucarística-política de la ciudadana F. S. a D. Somat Aguerb por su apología al bello sexo, Barcelona, Viuda e hijos de Sastres, 1820.

La Ciudadana constitucional, sueño alegórico: Demuestra la historia de los acontecimientos últimos que causaron el decaimiento general de España y excitaron su glorioso restablecimiento. Comprende una sucinta e interesante proclama que dirige a todas las patriotas amantes del nuevo sistema, Madrid, Imprenta de Villalpando, 1820.

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Españoles: unión y alerta. Extracto de un papel cogido á los masones, cuyo título es como sigue: Máximas é instrucciones politicas que el Grande oriente español ha mandado poner en ejecucion á todas las logias de la masonería egipciana, [¿Madrid?], Imprenta Real, 1824.

Estados que manifiestan el número de pleitos, causas y espedientes despachados en el año de 1827 por las salas civiles y del crimen de la Real Audiencia de Cataluña… / por disposición del señor Don Juan López de Vinuesa, Barcelona, En la oficina de Juan Francisco Piferrer, s. f.

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Notas Capítulo 1
De Amazonas a Ciudadanas

1 Artículo sin título, firmado «M.», Gaceta de Madrid, 21 de febrero de 1810.

2 Cit. en V. GARCÍA CÁRCEL, El sueño de la nación indomable. Los mitos de la Guerra de la Independencia, Madrid, Temas de Hoy, 2007, p. 258.

3 M. A. FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, «La circulación de las leyendas: La doble norteamericana de Agustina de Aragón», Spagna Contemporanea, núm. 41, 2012, pp. 29-50.

4 M. M. QUAIFE et alii, The United States Flag, Nueva York, Harper & Brothers publishers, 1961, y C. BERKIN, Revolutionary Mothers. Women in the Struggle for America’s Independence, Nueva York, Alfred A. Knopf, 2005.

5 M. AGULHON, Marianne au combat. L’imagerie et la symbolique républicaines de 1789 à 1880, París, Flammarion, 1979.

6 M. DE CUSTINE, L’Espagne sous Ferdinand VII, par le Marquis de Custine, vol. 4, Bruselas, 1838, p. 200.

7 Journal des débats et de la correspondance de la société des amis de la constitution, séante aux Jacobins à Paris, 7 de febrero de 1792.

8 J. GUILHAUMOU y M. LAPIED, «Women’s Political Action during the French Revolution», en Ch. FAURÉ (ed.), Political and Historical Encyclopedia of Women, Nueva York-Londres, Routledge, 2003, pp. 114-115. Véase también M. DE VILLIERS, Histoire des clubs des femmes et des légions d’amazones, 1793-1848-1871, París, Plon-Nourrit, 1910.

9 M. B. NORTON, Liberty’s Daughters. The Revolutionary Experience of American Women, 1750-1800, Ithaca-Londres, Cornell University Press, 1996, pp. 191-193.

10 Cit. ibid., p. 295.

11 L. K. KERBER, «The American Revolution through Women’s Eyes», en Ch. FAURÉ (ed.), Political and Historical Encyclopedia of Women, op. cit., pp. 100-101.

12 M. B. NORTON, Liberty’s Daughters, op. cit., p. 193.

13 «Le roi esclave ou les sujets rois. Female Patriotism», cit. en E. UCELAY DA CAL, «Agustina, la dama del cañón: El topos de la heroína fálica y el invento del patriotismo», en Heroínas y patriotas. Mujeres de 1808, Madrid, Cátedra, 2009, pp. 245-246.

14 Cit. en J. GUILHAUMOU y M. LAPIED, «Women’s Political Action during the French Revolution», op. cit., pp. 108-109.

15 Vues législatives pour les femmes adressées à l’Assemblée nationale par Mademoiselle Jodin, À Angers, Chez Mame, 1790, p. III.

16 Cit. en C. GUILLON, «Pauline Léon, une républicaine révolutionnaire», Annales Historiques de la Révolution Française, núm. 344, abril-junio de 2006, pp. 147-159.

17 J. GUILHAUMOU y M. LAPIED, «Women’s Political Action during the French Revolution», op. cit., p. 124.

18 J. L. POLASKY, «Women Militants in the Brabant and Liégeois Revolutions», en Ch. FAURÉ (ed.), Political and Historical Encyclopedia of Women, op. cit., pp. 186-194.

19 R. M. DEKKER y J. A. VEGA, «Women and the Dutch Revolutions of the Late Eighteenth Century», en Ch. FAURÉ (ed.), Political and Historical Encyclopedia of Women, op. cit., pp. 195-213.

20 K. HAGEMANN, «“Heroic Virgins” and “Bellicose Amazons”: Armed Women, the Gender Order and the German Public during and after the Anti-Napoleonic Wars», European History Quarterly, núm. 37, octubre de 2007, pp. 507-527, y «Female Patriots: Women, War and the Nation in the Period of the Prussian-German Anti-Napoleonic Wars», Gender and History, núm. 16, 2004, pp. 397-427.

21 E. VARIKAS, «Women’s Participation in the Greeck Revolution, 1800-1827», en Ch. FAURÉ (ed.), Political and Historical Encyclopedia of Women, op. cit., pp. 235-252.

22 R. FRASER, La maldita guerra de España. Historia social de la Guerra de la Independencia, 1808-1814, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 91-92, 769 y 89.

23 «El nervio de la guerra de la independencia española es la esperanza. Si una vez se llega a persuadir la mayor parte de España de que pelea en vano, y que al fin ha de quedar sometida, Napoleón completó [sic] su triunfo» («Cádiz. Sospechas contra Inglaterra», El Español, Londres, 30 de septiembre de 1811).

24 Real decreto de la Junta Central fechado en Sevilla el 30 de agosto de 1809; expediente personal de Agustina Zaragoza (verdadero nombre de Agustina de Aragón), Archivo General Militar, Segovia.

25 R. FRASER, La maldita guerra de España, op. cit., p. 146.

26 Cit. en M. J. BAZ, «Las mujeres en la Guerra de la Independencia en Galicia», en Heroínas y patriotas, op. cit., p. 91.

27 Cit. en E. FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las mujeres en los sitios de Girona [sic]: La “Compañía de Santa Bárbara”», en Heroínas y patriotas, op. cit., pp. 118-119.

28 Manifiesto que hace la Junta Superior de observación y defensa del Reino de Valencia, Valencia, Oficina de Monfort, 1809, p. 7.

29 A. DE CASTRO, Cádiz en la Guerra de la Independencia: Cuadro histórico, Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz, 1862, pp. 60-61.

30 AHN, Consejos, 12202.

31 B. SÁNCHEZ HITA, «María del Carmen Silva, la Robespierre española: Una heroína y periodista en la Guerra de la Independencia», en Heroínas y patriotas, op. cit., pp. 399-425.

32 AHN, Estado, 3090.

33 Manifiesto del 28 de octubre de 1809 convocando elecciones a Cortes, reproducido por A. DÉROZIER, Manuel Josef Quintana et la naissance du libéralisme en Espagne, II, París, Annales Littéraires de l’Université de Besançon-Les Belles Lettres, 1970, p. 261.

34Cit. en I. CASTELLS, G. ESPIGADO y M. C. ROMEO, «Heroínas para la guerra, madres para la nación: Mujeres en pie de guerra», en Heroínas y patriotas, op. cit., p. 27.

35 Ibid.

36 K. MARX y F. ENGELS, Revolución en España, Barcelona, Ariel, 1970, p. 96.

37 J. DE VEGA, Memorias, Madrid, Tebas, 1977, pp. 19-23.

38 Ibid., p. 19.

39 Cit. en J. FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, «Los primeros cafés en España (1758-1808): Nueva sociabilidad urbana y lugares públicos de afrancesamiento», en J. R. AYMES, L’image de la France en Espagne pendant la seconde moitié du XVIIIe siécle, Alicante-París, Instituto Juan Gil-Albert-Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1996, p. 66.

40 Cit. en M. CANTOS, «Entre la tertulia y la imprenta. La palabra encendida de una patriota andaluza: Frasquita Larrea (1775-1838)», en Heroínas y patriotas, op. cit., p. 269.

41 R. SOLÍS, El Cádiz de las Cortes, Madrid, Alianza Editorial, 1969, pp. 329-330.

42 Ibid., pp. 324-325; A. ALCALÁ GALIANO, Obras escogidas, I, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles (BAE), 1955, p. 391, y J. L. SÁNCHEZ VILLANUEVA, «Una tertuliana, una fourierista: Margarita López de Morla», en Frasquita Larrea y Aherán: Europeas y españolas entre la Ilustración y el romanticismo, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2003, pp. 157-180.

43 Cit. en E. MARTÍN-VALDEPEÑAS, B. SÁNCHEZ HITA, I. CASTELLS y E. FERNÁNDEZ, «Una traductora de Mably en el Cádiz de las Cortes: La marquesa de Astorga», Historia Constitucional, núm. 10, 2009, p. 87.

44 Ibid., p. 100.

45 Derechos y deberes del ciudadano, Cádiz, Imprenta Tormentaria, 1812, «Prólogo», p. XV.

46 La Abeja Española, 21 de septiembre de 1812.

47 Derechos y deberes del ciudadano, op. cit., «Prólogo», pp. XV-XVI.

48 ANP, F7/12037, informe policial de 23 de noviembre de 1824.

49 Fernando en Zaragoza. Una visión, Cádiz, Imprenta de Niel, 1814, p. 5.

50 M. CANTOS y B. SÁNCHEZ HITA, «Escritoras y periodistas ante la Constitución de 1812 (1808-1823)», Historia Constitucional, núm. 10, 2009, pp. 137-179.

51 Cit. en B. SÁNCHEZ HITA, «María del Carmen Silva, la Robespierra española: Una heroína y periodista en la Guerra de la Independencia», en Heroínas y patriotas, op. cit., p. 412.

52 M. J. QUINTANA, Informe de la Junta creada por la Regencia para proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de instrucción pública, Biblioteca Virtual Universal, 2003, p. 27.

53 DSC, 6 de septiembre de 1811, Diario de Sesiones de las Cortes generales y extraordinarias, III, Madrid, 1870, p. 1790.

54 Por ejemplo, en un folleto en catalán que recoge una conversación «sobre la igualtat» de un «pagès de la muntanya» con su hijo, al que instruye sobre los errores de la Constitución de Cádiz: «Si teniam tots dret igual a gobernar», pregunta perplejo el hijo del payés, «¿com las donas ne podian ser exclosas? ¿Com es que no fossen contadas en res? […] ¿Per que las pobras donas habrian de ser arreconadas?» (Enterro solemne de la Constitució de Cádiz o destrucció completa del fondaments falsos sobre que descansaba, Manresa, Oficina de Ignasi Abadal, s. f. [1824], pp. 22-23).

55 DSC, 15 de septiembre de 1811, Diario de Sesiones de las Cortes generales y extraordinarias, op. cit., III, p. 1860.

56 DSC, 24 de septiembre de 1810, ibid., I, p. 2.

57 Artículo 3 del Reglamento para el gobierno interior de las Cortes, Cádiz, Imprenta Real, 1810.

58 M. (GONZÁLEZ) SALMÓN, Resumen histórico de la revolución de España. Año de 1808, Palma, Imprenta de Agustín Roca, 1813, p. 208.

59 Prodigiosa vida, admirable doctrina, preciosa muerte de los venerables hermanos los filósofos liberales de Cádiz, su entierro y oración fúnebre, Cádiz, Imp. de Lema, 1813, p. 15.

60 «Representación dirigida al redactor del Correo por las damas de Vitoria», El Correo de Vitoria, 14 de enero de 1814.

61 L. A. DE CUETO, Historia crítica de la poesía castellana en el siglo XVIII, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1893, que incluye una carta de José María Calatrava a María Manuela Prieto, fechada en Melilla el 10 de noviembre de 1819, dándole cuenta de la muerte de Francisco Sánchez Barbero, y una breve nota biográfica sobre María Manuela, p. 349 y n.

62 A. GIL NOVALES, Las sociedades patrióticas (1820-1823), II, Madrid, Tecnos, 1975, pp. 900-901.

63 J. DE VEGA, Memorias, op. cit., p. 26.

64 Testimonio de las acciones patrióticas de D.ª María del Carmen Sardi, relativas a los seis años del despotismo y a los siete primeros días del mes de julio de 1822, ACD, Serie General, leg. 32, núm. 81.

65 J. ROCA VERNET, «Emilia Duguermeur de Lacy: Un liderazgo femenino en el primer liberalismo español», en Heroínas y patriotas, op. cit., p. 380.

66 M. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, «Agustina Torres, la actriz patriota del teatro de Cádiz durante la Guerra de la Independencia y las Cortes», en A. RAMOS SANTANA y A. ROMERO FERRER (eds.), 1808-1812. Los emblemas de la libertad, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2009, pp. 507-524.

67 Lista de las señoras que han contribuido a la suscripción anunciada en el Diario Nuevo de Madrid del 30 de septiembre de este año, al efecto de vestir con el producto de las dos terceras partes, Milicianos que carezcan de medios, y la otra para una función en los términos que en Junta se acordare, Viuda de Quiroga, s. f. [1822]; impreso de una hoja conservado en AGP, Reinados, Fernando VII, Papeles Reservados, libro 23, carpeta 10, documento 131.

68 Carta de Elena Sáinz al ministro del Interior francés, Bayona, 15 de mayo de 1833, ANP, F7/12083.

Notas Capítulo 2
El trienio liberal

1 M. CRESPÍ, Diario. Memorias de Barcelona y otras partes del año 1820, AHCB, ms. A-112, folio 11.

2 R. DE MESONERO ROMANOS, Memorias de un setentón, Madrid, Tebas, 1975, pp. 177-178.

3 Diario de Barcelona, 14 de marzo de 1820, cit. en E. FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las mujeres en el Trienio liberal (1820-1823)», Trienio. Ilustración y Liberalismo, núm. 53, 2009, p. 133 n.

4 «Observaciones particulares de Barcelona», Diario Constitucional de Barcelona, 19 de junio de 1820.

5 El Conservador, 15 de junio de 1820, cit. en E. FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las mujeres en el Trienio liberal», op. cit., p. 137.

6 La imagen de la matrona y el león venía siendo, desde épocas remotas, símbolo de la monarquía y ulteriormente de España, pero ya en tiempos de las Cortes de Cádiz se puede observar un giro liberal en esta vieja alegoría al figurar la matrona, junto al león, con un libro de la Constitución en las manos. Para el Trienio, véase, por ejemplo, el grabado con el lema «Gloria eterna a los vallenteus [sic] que han salvado la España», probablemente de 1820, conservado en el Museo de Historia, Madrid, o el folleto titulado Descripción de las alegorías y emblemas de adorno y viñetas del grabado de la Constitución política de la Monarquía española, arregladas según la iconología, Madrid, Imprenta del Universal, 1822 (cfr. J. F. FUENTES, «La matrona y el león: Imágenes de la nación liberal en la España del siglo XIX», Archivos de la Filmoteca, núm. 66, 2010, pp. 44-66).

7 La Ciudadana constitucional, sueño alegórico: Demuestra la historia de los acontecimientos últimos que causaron el decaimiento general de la España y excitaron su glorioso restablecimiento. Comprende una sucinta e interesante proclama que dirige a todas las patriotas amantes del nuevo sistema, Madrid, Imprenta de Villalpando, 1820, la cita en p. 19.

8 Apología, o bien sea dictamen imparcial sobre el descuido de instruir a las mujeres, por el que se prueba el derecho que las monjas tienen a su secularización, manifestando al mismo tiempo no ser ésta contraria a la disciplina eclesiástica. Dedicado a la premuta y tierna edad del bello secso, por Somat Aruguerb, Barcelona, Viuda Sastres e Hijos, 1820.

9 Carta Eucarística-política de la ciudadana F. S. a D. Somat Aguerb por su apología al bello sexo, Barcelona, Viuda e hijos de Sastres, 1820.

10 El Espectador, 4 de mayo de 1821.

11 «De la influencia del bello sexo», El Censor, 29 de junio de 1822.

12 «¿Debe permitirse que asistan las mujeres a las galerías de las Cortes?», El Censor, 24 de marzo de 1821.

13 El Censor, 23 de septiembre de 1820.

14 «Elementos de Derecho público, en prosa y verso, acomodados a las Damas», El Periódico de las Damas, 6 de mayo de 1822.

15 Correo constitucional, literario, político y mercantil de Palma, 5 de noviembre de 1820.

16 Miscelánea de Comercio, Artes y Literatura, 31 de diciembre de 1820.

17 M. CRESPÍ, Diario. Memorias de Barcelona y otras partes del año 1820, AHCB, ms. A-112, folio 23.

18 Miscelánea de Comercio, Artes y Literatura, 19 de abril de 1820.

19 El Universal, 28 de julio de 1820.

20 Miscelánea de Comercio, Artes y Literatura, 3 de abril de 1820.

21 Reproduce la carta El Universal Observador Español, 11 de junio de 1820.

22 La Abeja del Turia, 20 de junio de 1820.

23 Miscelánea de Comercio, Artes y Literatura, 8 de marzo de 1821.

24 L. A. DE CUETO, Historia crítica de la poesía castellana en el siglo XVIII, op. cit., p. 349 n.

25 J. PECCHIO, Six mois en Espagne, París, Alexandre Corréard Libraire, 1822, carta XI, Madrid, 30 de julio de 1821, p. 64.

26 Expediente de purificación abierto en 1825 a Josefa Saturnina Frías, condesa viuda de Castañeda, y a sus hijas María Ana e Isabel, AHN, Estado, 3109 (1).

27 El Universal, 13 de enero de 1821.

28 El Mensagero de Sevilla, 16 de octubre de 1822.

29 Crónica Científica y Literaria, 16 de junio de 1820.

30 El Espectador, 13 de junio de 1821.

31 J. PECCHIO, Six mois en Espagne, op. cit., carta XI, Madrid, 30 de julio de 1821, p. 64.

32 El Espectador, 4 de octubre de 1821.

33 Cit. en A. GIL NOVALES, Las sociedades patrióticas, op. cit., I, pp. 547-548.

34 Ibid., II, p. 973.

35 Ibid., I, p. 94.

36 Diario Constitucional, Político y Mercantil de Barcelona, 28 de junio de 1820.

37 A. GIL NOVALES, Las sociedades patrióticas, op. cit., I, p. 312.

38 Miscelánea de Comercio, Política y Literatura, 17 de junio de 1820.

39 Cit. en A. GIL NOVALES, Las sociedades patrióticas, op. cit., I, p. 268.

40 El Espectador, 7 de agosto y 7 de octubre de 1821; A. GIL NOVALES, Las sociedades patrióticas, op. cit., II, p. 893, y E. FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las mujeres en el Trienio liberal», op. cit., pp. 154-155.

41 E. FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las mujeres en el Trienio liberal», op. cit., pp. 158-159.

42 Discurso que pronunció en la Tribuna Patriótica de Sevilla María de los Dolores Porrúa, joven de quince años, hija de Manuel, Profesor de primeras letras de la misma ciudad, publícase por acuerdo de la Sociedad Patriótica, Sevilla, Imp. de Aragón y Cía., 1821, cit. en A. GIL NOVALES, Las sociedades patrióticas, op. cit., I, p. 436 y nota, y II, p. 1172.

43 El Eco de Padilla, 4 de diciembre de 1821, cit. ibid., I, p. 338, y II, p. 769.

44 El Censor, 6 de julio de 1822 (la observación sobre la autoría, en nota, p. 359).

45 Cit. en A. GIL NOVALES, Las sociedades patrióticas, op. cit., I, p. 687.

46 J. ROCA VERNET, «Emilia Duguermeur de Lacy», op. cit., p. 387, e ÍD., Política, liberalisme i revolució. Barcelona, 1820-1823, tesis doctoral, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2007, p. 283.

47 A. ALCALÁ GALIANO, Obras escogidas, Madrid, BAE, t. 54, p. 157. Su testimonio, relativo claramente a las Cortes del Trienio, se ha interpretado alguna vez por error como referido a las Cortes de Cádiz. Del mismo tenor fueron las palabras del diputado Flórez Estrada en el propio debate parlamentario: «Todos sabemos que las señoras vienen aquí disfrazadas cuando se celebran sesiones extraordinarias por la noche» (DSC, 16 de marzo de 1821, p. 500).

48 DSC, 16 de marzo de 1821, pp. 498-502.

49 El Censor, 7 de abril de 1821, pp. 433-438.

50 «Anuncio», El Espectador, 29 de mayo de 1821. El mismo anuncio en la Miscelánea de Comercio, Política y Literatura, 30 de mayo de 1821.

51 El Indicador, 15 de mayo de 1823, cit. en J. ROCA VERNET, «Emilia Duguermeur de Lacy», op. cit., pp. 390 y 393.

52 Nuevo Diario, 28 de diciembre de 1822.

53 A. GIL NOVALES, Las sociedades patrióticas, op. cit., I, p. 139.

54 El Zurriago, núms. 50-52, p. 57, cit. en J. ROCA VERNET, «Emilia Duguermeur de Lacy», op. cit., p. 385.

55 Testimonio de las acciones patrióticas de D.ª María del Carmen Sardi, relativas a los seis años del despotismo y a los siete primeros días del mes de julio de 1822, ACD, Serie General, leg. 32, núm. 81 (sobre su papel el 7 de julio de 1822, véase el capítulo que le dedicamos más adelante).

56 «Representación que hacen al rey varias señoras ciudadanas de Logroño», firmada en Logroño el 26 de julio de 1822; El Espectador, 5 de agosto de 1822.

57 Nuevo Diario de Madrid, 30 de septiembre de 1822.

58 La solicitud a la reina y la respuesta en su nombre, en AGP, Reinados, Fernando VII, Papeles Reservados, libro 23, carpeta 10, documentos 129 y 130.

59 «Aviso: Las listas de las señoras que han contribuido a la suscripción de patriotas liberales de esta ciudad se halla [sic por hallan] de venta en la librería de la viuda de Quiroga, en la de Esparza y en el puesto del valenciano en la Puerta del Sol», en El Universal, 9 de noviembre de 1822.

60 El título completo es Lista de las señoras que han contribuido a la suscripción anunciada en el Diario Nuevo de Madrid del 30 de septiembre de este año, al efecto de vestir con el producto de las dos terceras partes, Milicianos que carezcan de medios, y la otra para una función en los términos que en Junta se acordare, se conserva en AGP, Reinados, Fernando VII, Papeles Reservados, libro 23, carpeta 10, documento 131.

61 M. MORÁN, Editores, libreros e impresores en el umbral del Nuevo Régimen, Madrid, CSIC, 2011, p. 15.

62 Nuevo Diario de Madrid, 27 de noviembre de 1822.

63 Ibid., 28 de diciembre de 1822.

64 Ibid., 3 de enero de 1823.

65 DSC, 2 de febrero de 1823.

66 Informe de Lord Fitz-Roy Somerset, HLS, WP1/756/22, cit. en J. F. FUENTES, «El Trienio liberal en la correspondencia del Duque de Wellington», Boletín de la Real Academia de la Historia, CLXXXVI, 1989, p. 436.

67 AHN, Consejos, 8939, «Año de 1824, Causa formada sobre averiguación de los comprendidos en la excepción 5.ª que trata el Real decreto de Indulto de 1 de Mayo», folios 170-171.

68 Diario de la Ciudad de Barcelona, 29 de octubre de 1822, cit. en J. ROCA VERNET, «Emilia Duguermeur de Lacy», op. cit., p. 386.

69 La lista de socias en J. ROCA VERNET, Política, liberalisme i revolució. Barcelona, 1820-1823, op. cit., II, p. 100.

70 La lista ibid., II, p. 207.

71 M. CRESPÍ, Diario. Memorias de Barcelona y otras partes del año 1820, AHCB, ms. A-112, 16 de febrero de 1823, folio 12.

72 Diario Constitucional, Político y Mercantil de Barcelona, 17 de febrero de 1823.

73 J. ROCA VERNET, «Emilia Duguermeur de Lacy», op. cit., p. 387.

74 Lista de pasaportes entregados en el consulado español en Sète (Francia) entre octubre y diciembre de 1832; regresa con su marido, Esteban Maimó, a Barcelona, AHN, Estado, 6168.

75 Cit. J. ROCA VERNET, «Emilia Duguermeur de Lacy», op. cit., p. 388.

76 Cit. en F. CARRERAS Y CANDI, «1823. Las ciudadanas milicianas», La Vanguardia, 13 de junio de 1931.

77 Grabado propiedad de los autores.

78 J. ROCA VERNET, «Emilia Duguermeur de Lacy», op. cit., pp. 391-393.

79 Historia verdadera y horrorosa de las esforzadas amazonas, con una relación de las principales heroínas que las imitaron en defensa de su amada patria, sacada de los mejores historiadores, así antiguos como modernos, Valencia, Viuda de Agustín Laborda, s. f.

80 Así lo afirma Francisco Soler, presidente de la Tertulia Patriótica de Lacy, en un «artículo comunicado» dirigido al Diario de la Ciudad de Barcelona, 4 de abril de 1823, cit. en E. FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las mujeres en el Trienio liberal (1820-1823)», op. cit., p. 163.

81 Ibid., pp. 164 y 166.

82 Informe de Lord Fitz-Roy Somerset, HLS, WP1/756/22, cit. en J. F. FUENTES, «El Trienio liberal en la correspondencia del Duque de Wellington», op. cit., p. 436.

83 HLS, WP1/759/4, cit. ibid., p. 439.

84 J. FONTANA, De en medio del tiempo. La segunda restauración española, 1823-1834, Barcelona, Crítica, 2006, p. 62.

85 Cit. en A. GIL NOVALES, Rafael del Riego. La Revolución de 1820 día a día, Madrid, Tecnos, 1976, p. 17.

86 R. MESONERO ROMANOS, Memorias de un setentón, op. cit., p. 247.

87 Cit. en J. FONTANA, De en medio del tiempo, op. cit., p. 38.

88 El Tío tremenda o los Críticos del malecón, núm. 18, 1823, pp. 140-141.

Notas Capítulo 3
«Un absolutismo feroz, degradante y sombrío»

1 Itinerario de nuestro viaje a Sevilla en el año de 1823, precedido de las causas que le motivaron, manuscrito, BNM, mss. 2965 [sin paginar, entrada del «Jueves 13 (de noviembre de 1823)»].

2 Cit. en E. LA PARRA, Los Cien Mil Hijos de San Luis. El ocaso del primer impulso liberal en España, Madrid, Síntesis, 2007, p. 293.

3El Restaurador, 27 de agosto de 1823.

4 Ibid., 18 de diciembre de 1823.

5 AHN, Consejos, 12273, parte policial de febrero de 1824.

6 Cit. en J. FONTANA, De en medio del tiempo, op. cit., p. 135.

7 Jean-Philippe Luis, L’utopie réactionnaire: Épuration et modernisation de l’État dans l’Espagne de la fin de l’Ancien Régime (1823-1834), Madrid, Casa de Velázquez, 2002, pp. 119 y ss.

8 La expresión figura ya en la prensa de mediados de los años treinta, ya sea como «ominosa década» (El Eco del Comercio, 26 de febrero de 1835, artículo titulado «Literatura») o como «década ominosa» (El Correo de las Damas, 14 de noviembre de 1835, artículo «El pretendiente»).

9 M. MENÉNDEZ PELAYO, Historia de los heterodoxos españoles, II, Madrid, BAC, 1956, p. 884.

10 Cit. en J. FONTANA, De en medio del tiempo, op. cit., p. 97.

11 Cit. L. A. TEJADA, Ocaso de la Inquisición en los últimos años del reinado de Fernando VII, Madrid, Zero, 1969, p. 86.

12 Lista de 17 de mayo de 1823, AHN, Consejos, 12271.

13 AHN, Consejos, 3652-3653.

14 Cit. en J. SARRAILH, La contre-révolution sous la régence de Madrid, mai-octobre 1823, Burdeos, 1930, p. 54.

15 Varios sumarios y noticias de detenciones en AHN, Consejos, 3652-3653 y 9366-9367. Se conserva, asimismo, una «Lista de las personas sospechosas a quienes se ha dado pasaporte para salir de esta Corte en virtud de las Órdenes y Bandos», que incluye los nombres de Juana Falcón e Inés Bubier de Dueñas y su hijo.

16 Sumario instruido contra Agustín Ramón Valdés, Juana San Martín y José Benito González, julio de 1823, AHN, Consejos, 12271.

17 Causa iniciada en Madrid el 23 de agosto de 1823 contra Manuel Fernández, su esposa y su hija, AHN, Consejos, 9366.

18 Orden fechada en Palacio, 2 de agosto de 1823, ibid.

19 Cit. en A. FERNÁNDEZ VALENCIA, «La Casa de Recogidas de Cuenca (1776-1845): Desobediencia, delitos y penas de las mujeres entre la Ilustración y el liberalismo», en M. J. DE LA PASCUA y G. ESPIGADO (eds.), Frasquita Larrea y Aherán. Europeas y españolas entre la Ilustración y el liberalismo, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2003, p. 310.

20 Informe fechado en Burgos, 14 de junio de 1823, AHN, Consejos, 12271.

21 Carta de Manuel María Acevedo a la marquesa de Gastañaga, Jersey, 16 de noviembre de 1824, cit. en G. SANZ Y TESTÓN, Liberales asturianos exiliados en Inglaterra, 1814-1846, I, Gijón, Sociedad Cultural Gijonesa, 1996, p. 149.

22 La Época, 8 de octubre de 1906.

23 Los casos de la condesa de Castañeda y de María Antonia de Gimbernat, en AHN, Estado, 3109.

24 AHN, Estado, 3090.

25 Parte de celadores de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, 21 de junio de 1823, AHN, Consejos, 9366.

26 Causa contra Antonia Revoredo, 1824, AHN, Consejos, 8939.

27 ANP, F7/12077.

28 ANP, F7/12089.

29 Gaceta del Gobierno Supremo de la Federación Mexicana, 15 de junio de 1824, t. III, núm. 82.

30 J. DE VEGA, Memorias, op. cit., pp. 102-103 y 126, y ANP, F7/12029 (expediente que incluye la causa, la condena y el pasaporte, así como diversos papeles relativos a su exilio).

31 AHN, Consejos, 12270.

32 ANP, F7/12076. Aparece también como Clara Frechenede.

33 Carta de Juana Calzado al ministro secretario de Estado francés, Burdeos, 22 de octubre de 1832, ANP, F7/12103.

34 ANP, F7/12076 y F7/12077.

35 ANP, F7/12101. Figura como María Paillérez, aunque, como en otros muchos casos, la transcripción de su apellido resulta muy dudosa.

36 ANP, F7/12099.

37 Gaceta de Madrid, 22 de julio de 1823.

38 AHN, Consejos, 12314.

39 Cit. en J. DÍAZ-PINTADO, Revolución liberal y neoabsolutismo en La Mancha (1820-1833). Manuel Adame, El Locho, Ciudad Real, Diputación Provincial, 1998, pp. 224-225.

40 AHN, Consejos, 3607, folio 64.

41 Ibid., folio 10.

42 Ibid., folio 5 de la última pieza.

43 Ibid., folio 62.

44 Ibid., folio 66.

45 Ibid., folio 6.

46 Ibid., folio 48.

47 J. DÍAZ-PINTADO, Revolución liberal y neoabsolutismo, op. cit., pp. 246-247.

48 Cit. en P. DE VILLOTA, «Violencia y represión contra la mujer bajo Fernando VII (1814-1833)», en Ordenamiento jurídico y realidad social de las mujeres, Madrid, UAM, 1986, p. 198.

49 Gaceta de Madrid, 17 de febrero de 1824.

50 AHN, Consejos, 9368.

51 Respuesta del obispo de Segovia, fechada el 5 de septiembre de 1825, a la consulta realizada a diversas autoridades por el duque del Infantado, Informes sobre el estado de España, Madrid, Universidad de Navarra-CSIC, 1966, p. 267.

52 Informe de 1 de febrero de 1824, AHN, Consejos, 12273.

53 Parte de 19 de julio de 1825, AHN, Consejos, 12292.

54 Parte de agosto de 1825, AHN, Consejos, 12293.

55 Informe del superintendente general de Policía del Reino, José Manuel de Arjona, a Fernando VII, Madrid, 6 de diciembre de 1825, cit. en P. PEGENAUTE, Represión política en el reinado de Fernando VII. Las Comisiones Militares (1823-1825), Pamplona, Universidad de Navarra, 1974, p. 97. Probablemente la fecha correcta sea 1823 y no 1825.

56 Informe fechado en Tarbes el 14 de agosto de 1824, ANP, F7/12012.

57 Todos los casos en AHN, Consejos, 9367 y 9368 (suelen repetirse en los dos legajos).

58 Ibid.

59 AHN, Consejos, 9478-9479.

60 Solicitud de 5 de diciembre de 1825, ibid.

61 Ibid.

62 Decretos del Rey Nuestro Señor, Madrid, 6 de enero de 1824.

63 Artículo 11 de la Real orden de 9 de octubre de 1824, cit. en por M. PESET REIG y J. L. PESET REIG, «Legislación contra liberales en los comienzos de la Década Ominosa 1823-1825», Anuario de Historia del Derecho Español, 37, 1967, p. 464 n.

64 Historia de la vida y reinado de Fernando VII de España, obra generalmente atribuida a Estanislao de Kotska Bayo, III, Madrid, Imprenta de Repullés, p. 256.

65 Véase P. PEGENAUTE, Represión política en el reinado de Fernando VII, op. cit.

66 Ibid., pp. 85 y 75.

67 Gaceta de Madrid, 19 de julio de 1825.

68 Ibid., 8 de marzo de 1825.

69 Ibid., 11 de septiembre de 1824, 17 de febrero de 1825 y 23 de diciembre de 1824, respectivamente.

70 Ibid., 4 de diciembre de 1824.

71 Ibid., 3 de mayo y 25 de enero de 1825.

72 Ibid., 19 de julio de 1825.

73 F. M. MORALES SÁNCHEZ, Páginas de sangre. Historia del Saladero, II, Madrid, 1871, pp. 582-583.

74 Gaceta de Madrid, 30 de octubre de 1824.

75 Sentencia de la Comisión Militar de Navarra contra María Santos Bienzobas, Gaceta de Madrid, 7 de abril de 1825.

76 Causa contra María del Pilar Navarro, Gaceta de Madrid, 22 de marzo de 1825.

77 Sentencias contra Juana de Lara y María Suárez, Gaceta de Madrid, 19 de julio de 1825, y contra Teresa López, María Varea y Antonia Marco, ibid., 19 de mayo y 27 de enero de 1825 y 20 de noviembre de 1824, respectivamente.

78 Sentencia de la Comisión Militar de Cádiz, Gaceta de Madrid, 22 de febrero de 1825.

79 Causas falladas por la Comisión Militar de Castilla la Vieja, Gaceta de Madrid, 30 de julio de 1825.

80 Causas falladas por la Comisión Militar de Castilla la Nueva, Gaceta de Madrid, 7 de mayo de 1825.

81 Gaceta de Madrid, 4 de diciembre de 1824.

82 Examen crítico de las revoluciones de España de 1820 a 1823 y de 1836, obra anónima de Sebastián de Miñano, París, Librería de Delaunay, 1837, p. 413.

83 Sentencia contra María Auzquía, Gaceta de Madrid, 28 de junio de 1825; caso de María Barba, en AHN, Consejos, 12210, y el de Bernarda Castellano, ibid.

84 Pasaporte de Manuela Moratalla, natural de Málaga y vecina de Valladolid, fechado en Irún el 15 de marzo de 1828: «A Bayona a reunirse con su esposo»; ANP, F7/12069.

Notas Capítulo 4
De una real cárcel a un falso perdón

1 Cit. en I. CASTELLS, La utopía insurreccional del liberalismo español, Barcelona, Crítica, 1989, p. 95.

2 Informe fechado en Andújar, 23 de agosto de 1824, AMJ, Armario Reservado, 66.

3 Informe fechado en Purchena, 28 de agosto de 1824, ibid.

4 Ibid.

5 Gibraltar, 16 de septiembre de 1824, ibid.

6 Granada, 22 de septiembre de 1824, ibid.

7 Declaración de Pablo Iglesias, Baza, 25 de octubre de 1824, ibid.

8 Escrito fechado en Granada el 3 de diciembre de 1824, ibid.

9 El informe lleva fecha de diciembre de 1824 (sin día), ibid.

10 Solicitud firmada por Carlota Zamora, a nombre de María Antonia Escribano, fechada en Granada el 9 de diciembre de 1824, ibid.

11 Escrito fechado en Granada el 7 de febrero de 1825, firmado «por mi madre» —es decir, en su nombre— por María Ignacia Zamora, sin duda, hermana de Rosa, ibid.

12 Acta de 23 de febrero de 1825, ibid.

13 Informe del fiscal de fecha 6 de marzo de 1825, ibid.

14 Representación de María Antonia Escribano al rey, Granada, 16 de marzo de 1825, ibid.

15 Cit. en varios oficios del mismo 25 de agosto sobre la ejecución, ibid.

16 Suplemento a la Gaceta de Madrid del jueves 20 de mayo de 1824, y J. FONTANA, De en medio del tiempo, op. cit., pp. 142-143.

17 Carta de Fernando VII a Ugarte, Aranjuez, 13 de mayo de 1824; E. ORTIZ DE LA TORRE, «Papeles de Ugarte. Documentos de Fernando VII», Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, XVI, 1934, p. 224.

18 Cartas a Antonio Ugarte, 25 de mayo y 3 de junio de 1824, ibid., pp. 226 y 228.

19 Causas abiertas y listas de indultados, AHN, Consejos, 9367-9369.

20 Ocios de españoles emigrados, núm. 3, Londres, junio de 1824, p. 247.

21 S. DE MIÑANO, Examen crítico de las revoluciones de España, op. cit., p. 393.

22 «Desde el día 25 del pasado hasta el día pasan de 200 las personas que han preso y han sido llevadas a las cárceles, sin contar las que por temor se han fugado de la ciudad»; [Mateu Crespí] Diario de memorias de Barcelona, AHCB, ms. A-113, entrada del 4 de junio de 1824, folio 33.

23 Successos de Barcelona (1822-1835), Barcelona, Universitat de Barcelona-Curial, 1981, pp. 51-53.

24 ANP, F7/12051 y F7/12098.

25 ANP, F7/12083 y F7/12092.

26 «Año de 1824. Causa formada sobre averiguación de los comprendidos en la excepción 5.ª [de] que trata el Real Decreto [de] Indulto de 1 de Mayo», AHN, Consejos, 8939.

27 Causa contra Antonia Revoredo, pieza 4, AHN, Consejos, 8939.

28 Su expediente se conserva en el AHN, Consejos, 9478-9479.

29 Informe de 27 de diciembre de 1825, ibid.

30 Libro de Actas del Ayuntamiento de Madrid, sesiones de 19 y 20 de febrero de 1823, pp. 138 reverso-145 anverso, AVM.

31 «Año de 1824, Sala 2.ª, Pieza 11 de prófugas», AHN, Consejos, 8939.

32 Ibid.

33 Ibid.

34 En 1829 figura entre los exiliados en Londres que percibían subsidio del gobierno inglés y en 1831 aparece como capitán en Francia, en el depósito de refugiados de Périgueux (AGS, Estado, 8197, y ANP, F7/12109 y F7/12111; véase también A. GIL NOVALES, Diccionario biográfico de España (1808-1833), Madrid, Fundación Mapfre, 2010, voz «Civat, F.»).

35 AHN, Consejos, 8939.

36 «Nota de los refugiados españoles a quienes se les ha entregado salvoconductos», documento fechado en Madrid, 21 de noviembre de 1831, aunque procedente de Gibraltar, AHN, Estado, 3076 (2).

37 Informe de 21 de junio de 1831, ibid.

Notas Capítulo 5
La azarosa vida de María del Carmen Sardi

1 A. GIL NOVALES, Diccionario biográfico de España, op. cit., vol. III, p. 2841.

2 A. GIL NOVALES, Las sociedades patrióticas, op. cit., p. 738, donde se incluye el nombre de «doña María del Carmen Sardí» entre las personas —ocho hombres y cuatro mujeres— que el 19 de febrero de 1823 solicitaron a la Diputación Permanente de las Cortes y al Ayuntamiento de Madrid el nombramiento de una regencia.

3 Véase, por ejemplo, la lista fechada en Londres en septiembre de 1829 de españoles que reciben subsidio del gobierno británico, en la que Carmen Sardi aparece entre los exiliados de 4.ª clase, por encima del bloque residual —la 6.ª clase— en el que se agrupan las pocas mujeres que, al ser viudas, constan como perceptoras de subsidio, NA, T (Treasury) 50/76.

4 «List of Spanish Refugees who have already left Gibraltar», AHN, Estado, 2986.

5 La referencia a la reseña y traducción de Julián de Velasco, aparecida en el Diario de Madrid, en S. S. KITTS, «Mary Wollstonecraft’s A Vindication of the Rights of Woman: A Judicious Response from Eighteenth Century Spain», The Modern Language Review, núm. 89/2, abril de 1994, pp. 351-359.

6 J. VALLE Y CODES, «Instrucción de las mujeres», Diario de Madrid, 29 de marzo de 1797.

7 La última referencia a Julián de Velasco se encuentra en una carta de Leandro Fernández de Moratín a Juan Antonio Melón fechada en Barcelona el 25 de octubre de 1820, Epistolario de Leandro Fernández de Moratín, edición de R. ANDIOC, Madrid, Castalia, 1973, p. 416.

8 Información contenida en el manuscrito titulado Testimonio de las acciones patrióticas de D.ª María del Carmen Sardi, relativas a los seis años del despotismo y a los siete primeros días del mes de julio de 1822, ACD, Serie General, leg. 32, núm. 81.

9Todos los testimonios aparecen recogidos en el documento citado en la nota anterior.

10 José Manuel del Regato, manuscrito titulado Resumen histórico de las maquinaciones y tentativas revolucionarias de los españoles emigrados en Inglaterra, Francia y Gibraltar […] desde principios de 1824 hasta fines de julio de 1830, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 29, exp. 8.

11 A. GIL NOVALES, Las sociedades patrióticas, op. cit., pp. 738-740. La versión de Alcalá Galiano en A. ALCALÁ GALIANO, Obras escogidas, vol. 84 (II), Madrid, BAE, 1955, pp. 226-228.

12 AHN, Consejos, leg. 8939, pieza 11. El relato de lo sucedido, tal como figura en la instrucción abierta por la Sala, se basa en la información facilitada por el Ayuntamiento de Madrid; véase el Libro de Actas del Ayuntamiento de Madrid, sesiones de 19 y 20 de febrero de 1823, pp. 138 reverso-145 anverso, AVM.

13 AHN, Consejos, leg. 8939, pieza 11.

14 El sumario abierto en 1824 por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte no deja ninguna duda sobre el momento en que se produjeron los hechos: «Por parecer haberse presentado [los acusados] en el Ayuntamiento Constitucional los tres primeros a las 12 de la noche del 19 de febrero del año próximo pasado, los cinco que siguen a la una del día 20 y las cuatro mujeres acto continuo solicitando como comisionados que se titulaban del pueblo, que dicho Ayuntamiento [ilegible] para el establecimiento de una Regencia que reemplazase a S. M. en sus augustas funciones», AHN, Consejos, leg. 8939, y Libro de Actas del Ayuntamiento de Madrid, sesiones de 19 y 20 de febrero de 1823, pp. 138 reverso-145 anverso, AVM.

15 Es la misma cifra que figura en el Libro de Actas del Ayuntamiento citado en la causa abierta por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte.

16 M. J. QUIN, A Visit to Spain, 2.ª ed., Londres, Hurst, Robinson & Co., 1824, pp. 233-238.

17 Así consta en el pasaporte que le otorgó la embajada de España en París en abril de 1834, ANP, F7/12100.

18 Representación de María del Carmen Sardi al Congreso, Sevilla, 11 de mayo de 1823, ACD, Serie General, 32, núm. 81.

19 Escrito dirigido por Juan Antonio Yandiola al Congreso de los Diputados, Sevilla, 6 de junio de 1823, ACD, Serie General, 32, núm. 81.

20 Véase la lista de 815 refugiados elaborada por Rafael Sánchez Mantero a partir de las diversas listas disponibles, R. SÁNCHEZ MANTERO, «Gibraltar, refugio de liberales españoles», Revista de Historia Contemporánea, núm. 1, 1982, pp. 81-107.

21 Carta sin fecha [1827], remitente ni destinatario, incluida en un cuaderno de la familia Biddulph con cartas de y a María del Carmen Sardi, amiga de la familia; copia de la época, HLS, Special Collections, Archives, MS 72/vol. 2.

22 AGS, Estado, 8197.

23 «A List of the Spanish Refugees on the Committees List in January 1829», HLS, Wellington Papers, 1/1070/2.

24 NA, T 50/76.

25HLS, MS 72/vol. 2; el cuaderno incluye doce cartas de María del Carmen Sardi, sin fecha ni a veces destinatario, y algunas otras de distinta mano, todas en español.

26 Carta en español sin fecha ni remitente dirigida a una de las Biddulph, ibid.

27 Ibid.

28 Carta fechada el 14 de julio de 1832, ANP, F7/12100.

29 Carta fechada en París el 10 de septiembre de 1832, ibid.

30 Carta fechada en París el 28 de agosto de 1833, ibid.

31 Carta del embajador, 5 de diciembre de 1833, ibid.

32Gaceta de Madrid, 8 de febrero de 1834.

33 El 12 de noviembre de 1835, La Revista Española, en un suelto titulado «Doña Manuela Sardi», daba noticia de su reciente llegada a Barcelona.

34 «Cantatriz española», artículo sin firma, El Español, 10 de enero de 1836.

35Allgemeiner Musikalischer Anzeiger, núm. 1, Viena, 7 de enero de 1836, p. 3.

36La Revista Española, 4 de junio de 1836.

37 NA, Home Office, 2, «Piece 21. Certificate number 161. England. Alien and Arrivals. Port of London, 1837», donde figura como María Sardi, pero su firma autógrafa reza María del Carmen Sardi.

Notas Capítulo 6
Mujeres con tacha

1Las tres citadas, en Libro de actas de la Junta de purificaciones de empleados de la provincia de Madrid, expedientes de 1825, AHN, Consejos, libros 1752-E y 1751-E.

2 Libro de actas de la Junta de purificaciones de empleados de la provincia de Madrid. Acta de la sesión de 17 de septiembre de 1825, AHN, Consejos, libro 1751-E.

3 Informe al duque del Infantado, 1 de octubre de 1825, Informes sobre el estado de España, op. cit., p. 216.

4 Índice de los empleados de la Real Hacienda purificados e impurificados por la Junta Suprema de Purificaciones civiles, manuscrito, 1829, Archivo del Ministerio de Hacienda, Madrid, AGC-libro 16728.

5 J. F. FUENTES, Censo de liberales españoles en el exilio (1823-1833), inédito, que contiene información sobre 7.257 exiliados españoles de la Década Ominosa. El porcentaje de militares se calcula sobre los 3.917 exiliados de los que se conoce su procedencia socioprofesional.

6 J. F. FUENTES y P. GARÍ, Censo de mujeres en el exilio liberal español (1823-1833), inédito, que cuenta con información sobre 737 mujeres.

7 J. Ph. LUIS, L’utopie réactionnaire, op. cit., p. 97.

8 Lista conservada en el AGP, Reinados, Fernando VII, caja 384, exp. 4.

9 Ibid.

10 ANP, F7/12035 y F7/12037.

11 Gaceta de Madrid, 12 de junio de 1823.

12 Real decreto de S.M. dado en Andújar el 31 de octubre de 1823 separando de su Real Servidumbre a los sujetos comprendidos en la lista a que está unido aquél, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 334, exp. 14.

13 Ella y su hija María Concepción Merino contribuyeron con 40 reales a la suscripción para el socorro de los artesanos empleados en la Milicia Nacional madrileña; El Espectador, 5 de julio de 1822.

14 A. GIL NOVALES, Diccionario biográfico de España, op. cit., III, p. 2475.

15 Carta de Manuel María Acevedo a la marquesa de Gastañaga, Londres, 2 de junio de 1824, cit. en G. SANZ TESTÓN, Liberales asturianos exiliados en Inglaterra, op. cit., p. 219.

16 AGP, Reinados, Fernando VII, caja 384, exp. 4.

17 Expediente relativo a María Panadero, estanquera jubilada de Madrid, impurificada en 1.ª instancia el 7 de enero de 1825, AHN, Consejos, libro 1752-E.

18 Gaceta de Madrid, 27 de noviembre de 1824.

19 Solicitud de Teresa Timoni, viuda de José de Boulogny; resolución fechada en Palacio, 10 de enero de 1825, AHN, Estado, 3109 (2).

20Índice de los empleados de la Real Hacienda purificados e impurificados por la Junta Suprema de Purificaciones civiles, ms. cit.

21 El caso que se conoce mejor es el de la ciudad de Murcia, donde en 1823 había trece maestros y otras tantas maestras. Mientras todas ellas consiguieron la restitución de su título, previa purificación, fueron varios los maestros que perdieron su empleo debido a sus antecedentes políticos. Los datos permiten concluir que, al menos en Murcia, «las purificaciones afectaron más negativamente al magisterio masculino que al femenino»; F. V. JARA, La enseñanza primaria en Murcia en el siglo XIX (1800-1857), Murcia, Consejería de Cultura, Educación y Turismo, 1989, p. 149. La escasa información disponible sobre maestras de otros lugares coincide con lo anterior; véase AHN, Consejos, libros 1750-1752, y B. MARTÍNEZ, «Las purificaciones de maestros de primeras letras y preceptores de gramática en la reforma de Fernando VII», Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria, núm. 2, enero-diciembre de 1983, pp. 249-254.

22 «Razón de las pensiones consignadas sobre la renta de Correos», DSC, 27 de agosto de 1820.

23 AHN, Estado, 3109.

24 AHN, Estado, 3090.

25 AHN, Estado, 3109 (1).

26 AHN, Estado, 3109 (2).

27 A. GIL NOVALES, Diccionario biográfico de España, op. cit., II, pp. 1307-1308, y ANP, F7/11982.

28 AHN, Estado, 3132.

29 Incluida en el expediente de Luisa de Soto y Urquijo, AHN, Estado, 3090.

30 Ibid.

31 Ibid.

32 Ibid.

33 La Justicia, 14 de julio de 1856, cit. en P. VILLOTA, «Los motines de Castilla la Vieja de 1856 y la participación de la mujer. Aproximación a su estudio», en Nuevas perspectivas sobre la mujer, I, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1982, p. 160.

34 Parte policial de 17 de julio de 1825, AHN, Consejos, 12293.

35 Parte de 23 de agosto de 1825, a las seis de la tarde, AHN, Consejos, 12293.

36 Ibid.

37 Parte de 19 de julio de 1825, a las seis de la tarde, AHN, Consejos, 12291-12292.

38 «Documentos para la Historia moderna de España. Ordenanza del superintendente general de policía en Madrid de 4 de octubre de 1824», Ocios de Españoles emigrados, núm. 10, enero de 1825, pp. 15-20.

39 AHN, Consejos, 12276.

40 Proclama dirigida a Fernando VII firmada por 52 vecinas de Burgos, Gaceta de Madrid, 17 de febrero de 1824

41 Véase J.-L. GUEREÑA, «Analfabetismo y alfabetización en España, 1835-1860», Revista de Educación, núm. 288, enero-abril de 1989, pp. 185-236, especialmente las tablas de las pp. 201-204 y 210, y J.-F. BOTREL, «L’aptitude à communiquer: Alphabétisation et scolarisation en Espagne de 1860 à 1920», en AAVV, De l’alphabétisation aux circuits du livre en Espagne, XVIe-XIXe siècles, París, Éditions du CNRS, 1987, pp. 105-140.

42 ANP, F7/12056.

43 «Entradas en el Reyno por Irún los días 3, 4, 5 y 6 de junio de 1833», AHN, Estado, 3076 (1).

44 Parte policial de 21 de agosto de 1825, AHN, Consejos, 12293-12294.

45 AFV, R 17 (II).

46 AFV, R 18 (1) y R 17 (II).

47 AFV, R 17 (I) y 19 (I).

48 Informes sobre el estado de España, op. cit., pp. 331 y 225.

49 Parte de 13 de julio de 1825, AHN, Consejos, 12291-12292.

50 Parte de 3 de junio de 1825, AHN, Consejos, 12312.

51 Parte de 28 de abril de 1825, AHN, Consejos, 12349.

52 Parte de 3 de abril de 1825, AHN, Consejos, 12289-12290.

53 Parte de 9 de julio de 1825, AHN, Consejos, 12291-12292.

54 Parte de 4 de agosto de 1825, AHN, Consejos, 12293-12294.

55 Parte de 19 de diciembre de 1826, AHN, Consejos, 12313.

56 Parte de 10 de agosto de 1823, AHN, Consejos, 12271.

57 Parte de 1 de diciembre de 1825, AHN, Consejos, 12335.

Notas Capítulo 7
El exilio, un asunto de familia

1 NA, CO 91/80.

2 L. SÁENZ DE VINIEGRA, Vida del general D. José María de Torrijos y Uriarte, I, Madrid, Imprenta de Manuel Minuesa, 1860-1861, pp. 380-381.

3 R. SÁNCHEZ MANTERO, «Gibraltar, refugio de liberales exiliados», Revista de Historia Contemporánea, núm. 1, 1982, pp. 81-107.

4 AMÒNIM, Successos de Barcelona, op. cit., p. 53.

5 Informe de G. Besanquet a G. Canning, Madrid, 21 de septiembre de 1824, NA, CO 91/82.

6 G. RAMÍREZ ALEDÓN, «El exilio liberal valenciano (1823-1830)», en Enfrontaments civils: Postguerres i reconstruccions, Lérida, Recerques, 2002, pp. 609-610.

7 ANP, F7/12062.

8 J. F. FUENTES, Biografía de los hermanos Gaspar y Domingo de Aguilera, Ventalló, Casa Perramón, 1985, y para su expulsión de Gibraltar, AHN, Estado, 5625.

9 Carta de Antonio Cabrera, fechada en Cádiz el 16 de diciembre de 1825, Archivo del Real Jardín Botánico, Madrid, RJB/01/0057.

10 A. ALCALÁ GALIANO, Obras escogidas, op. cit., II, p. 294.

11 ANP, F7/12053.

12 ANP, F7/12104, y ADPO, 4M 639.

13 ANP, F7/12083 y F7/ 12092.

14 A. ALCALÁ GALIANO, Obras escogidas, op. cit., II, p. 293.

15Cit. en M. MORENO ALONSO, La forja del liberalismo en España. Los amigos españoles de Lord Holland, 1793-1840, Madrid, Congreso de los Diputados, 1997, p. 361.

16 J. DE ESPRONCEDA, «De Gibraltar a Lisboa», Obras completas, t. 72, Madrid, BAE, 1954, pp. 604-608.

17 Carta de Rosa y José de Miranda, 14 de octubre de 1825, AHN, Consejos, 12235.

18 J. DE VEGA, Memorias, op. cit., pp. 75-127.

19 ANP, F7/12029.

20 AHN, Consejos, 12348.

21 A. GIL NOVALES, Diccionario biográfico de España, op. cit., II, p. 2218.

22 Informe de 16 de julio de 1825 dirigido al Ministerio de Gracia y Justicia «dando cuenta de haber marchado a Inglaterra Romero Alpuente, D.ª Vicenta Oliete y otros según aviso del intendente de Algeciras», AHN, Consejos, 12292.

23 Sus cartas a la embajada, en AGS, Estado, 8189, 8190 y 8191.

24 AGS, Estado, 8189.

25 Ibid.

26 Informe cifrado de 3 de diciembre de 1826, ibid.

27 Informes fechados el 22 y el 29 de diciembre de 1826, ibid.

28 Cartas de 14 de junio y 4 de enero de 1826, AGS, Estado, 8188.

29 Despacho de 24 de diciembre de 1826, AGS, Estado, 8190.

30 Fechado en Londres, 12 de octubre de 1826, «Circúlese», AGS, Estado, 8189.

31 A. GIL NOVALES, «Introducción», en J. ROMERO ALPUENTE, Historia de la revolución española y otros escritos, I, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pp. LXXXI-LXXXVI.

32 Representación de Juan Romero Alpuente al ministro secretario de Estado y de Justicia, Luis Manuel de Moura Cabral, Lisboa, 13 de marzo de 1827, ANTT, Intendencia Geral de Policía, Avisos e portarias, maço 56, caixa 101.

33 Carta del ministro de Estado de Negocios Extranjeros a la infanta regente, Palacio de Ajuda, 14 de abril de 1827, ibid.

34 ANTT, Correspondência com magistrados e outras autoridades da Corte, Bairros, Belém, maço 34, 17 de abril de 1827.

35 A. GIL NOVALES, «Introducción», op. cit., p. LX.

36 Carta de Vicenta Oliete al conde de Alcudia, Falmouth, 3 de mayo de 1827, AGS, Estado, 8190.

37 Carta de 27 de julio de 1827, AGS, Estado, 8191.

38 A. GIL NOVALES, «Introducción», op. cit., p. LXXXV.

39 G. PECCHIO, Osservazioni semi-serie di un esule sull’Inghilterra, Lugano, Presso G. Ruggia e Comp., 1833, p. 109.

40 Esta documentación, fechada en julio y agosto de 1826, se refiere siempre a «Luisa del Riego, hermana del general», pero debe de tratarse de Lucía del Riego, cuñada suya, AGS, Estado, 8188.

41 Carta de González Salmón al conde de Alcudia, 20 de diciembre de 1826, AGS, Estado, 8190.

42 AGS, Estado, 8191.

43 Oficio dirigido a González Salmón, 27 de julio de 1827, AGS, Estado, 8191.

44 El conde de Alcudia a González Salmón, 2 de agosto de 1827, ibid.

45 Real orden de 19 de agosto de 1827, ibid.

46 Véase, por ejemplo, el documento titulado «A list of the Spanish refugees who receive assistance from the British Government», 1829, NA, FO 72/351.

47 Ocios de Españoles emigrados, III, 1825, p. 236.

48 Ibid., p. 402.

49 Gimnástica del bello sexo, o Ensayos sobre la educación física de las jóvenes, 2.ª ed., Londres, Ackermann, 1827 p. 91 (ed. facsímil, Madrid, Espasa Calpe, 1988).

50 J. DE VEGA, Memorias, op. cit., p. 155.

51 J. A. DURÁN, «La Casa de Juana», en Los Vega. Memorias íntimas de Juana de Vega, condesa de Espoz y Mina, La Coruña, SECC-Fundación Juana de Vega, 2006.

52 Circularon varias copias de este informe de diecinueve páginas del agente Domingo Simó, fechado en 1826; citamos por la que se conserva entre los papeles de la policía francesa, ANP, F7/12060.

53 Informes de 25 de abril de 1826 y 26 de enero de 1829, ANP, F7/12035.

54 V. LLORÉNS, Liberales y románticos, op. cit., pp. 64-65.

55 Respuestas de Benito Galdós al interrogatorio al que le sometió la policía francesa el 23 de septiembre de 1828, ANP, F7/11989, y R. SÁNCHEZ MANTERO, Liberales en el exilio, op. cit., p. 193.

56 V. LLORÉNS, Liberales y románticos, op. cit., p. 65.

57 Londres, 2 de octubre de 1827, AGS, Estado, 8191.

58 ANP, F7/12065.

59 The Tatler, 6 de junio de 1831, cit. en V. LLORÉNS, Liberales y románticos, op. cit., pp. 71-72.

60 «Our Exile in England: Autobiographical Sketches of Spanish Refugees», The New Monthly Magazine, XLIV, 1835, p. 49.

61 Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 8/33, «Libro de acuerdos […] que dio principio en 24 de enero de 1819», y Guía de forasteros, 1846.

62 Ch. BRENNECKE, Von Cádiz nach London. Spanischer Liberalismus im Spannungsfeld von nationaler Selbstbestimmung, Internationalität und Exil (1820-1833), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2010, p. 155.

63 Copia de la época de una carta sin fecha de María del Carmen Sardi encabezada «Mi querida señorita», HLS, MS 72/vol. 2.

64 Wellington a Lord Aberdeen, 12 de septiembre de 1828, HLS, WP1/957/27.

65 ANP, F7/12056.

66 ANP, F7/12053, y ADPO, 4M 581.

67 L. FERNÁNDEZ DE MORATÍN, Epistolario, op. cit., carta de 5 de febrero de 1824 a Juan Antonio Melón, p. 580.

68 ANP, F7/12014.

69 ANP, F7/12000 y F7/12012.

70 ANP, F7/12044.

71ANP, F7/12031, F7/12035, F7/12051, F7/12101 y F7/11981 (doss. Mateos).

72 ANP, F7/12037.

73 J. ARIAS TEIJEIRO, Diarios, op. cit., II, p. 272 (entrada de 27 de julio de 1830).

74 ANP, F7/11981 y F7/11998.

75 ANP, F7/12001.

76 ADPO, 4M 582, documento sin fecha. El legajo parece corresponder a 1829, pero podría tratarse de hechos ocurridos en el otoño de 1830. El documento citado incluye una lista con los nombres y la aportación económica de algunas de las suscriptoras, que en algunos casos figuran como «señora anónima».

77 ADPO, 4M 578.

78 ANP, F7/12070, y ADPO, 4M 582.

79 Informe del prefecto de St. Malo, 30 de junio de 1830, ANP, F7/12072.

80 ANP, F7/12034.

81 ANP, F7/12012.

82 ANP, F7/12023.

83 El Periódico de las Damas, núm. 5, 1822.

84 ANP, F7/12047.

85 Archivo parroquial de St. Martin in the Fields, Westminster, Londres, libro de registros, p. 452, núm. 421; la boda se realizó el 23 de agosto de 1825, él figura como soltero y ella como viuda.

86 ANP, F7/11981, F7/11988, F7/12005 y F7/12051.

87 Informe de 7 de octubre de 1826, ANP, F7/12006.

Notas Capítulo 8
Las horas de las amazonas

1 J. ARIAS TEIJEIRO, Diarios, op. cit., I, p. 2.

2 Ibid., I, p. 141.

3Mercurio de Nueva York, 13 de junio de 1829.

4 Carta de Pedro Morera a J. Romero Alpuente, febrero de 1827, cit. en I. CASTELLS, La utopía insurreccional del liberalismo, op. cit., p. 128.

5 Correspondencia e informes fechados entre abril y julio de 1827, AHN, Consejos, 12296 y 12320.

6 J. ARIAS TEIJEIRO, Diarios, op. cit., I, p. 35.

7 ANP, F7/12100.

8 Informe del 11 de marzo de 1827, AHN, Consejos, 12280.

9 I. CASTELLS, La utopía insurreccional, op. cit., p. 178.

10 Despacho fechado en Londres, 11 de junio de 1830, AHN, Estado, 2997.

11 J. ARIAS TEIJEIRO, Diarios, op. cit., II, p. 79, y C. MORANGE, «De manola a obrera: Una huelga de las cigarreras de Madrid en 1830», en Siete calas en la crisis del Antiguo Régimen español, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1990, pp. 207-227.

12 Cit. en Colección de las causas más célebres e interesantes […] del foro español, francés e inglés, V, Madrid, Librería de Leocadio López, 1863, p. 272.

13 Informe policial fechado en Granada en octubre de 1831, AMJ, Armario Reservado, 63.

14 AHN, Consejos, 12210.

15 Informes fechados entre julio de 1831 y julio de 1832, AHN, Consejos, 12223.

16 Informe del 18 de marzo de 1831, AHN, Consejos, 12230.

17 AHN, Consejos, 12223 y 12230.

18 Cit. en Colección de las causas más célebres, op. cit., V, p. 274.

19 AHN, Consejos, 12223, 12202, 12230, 12216, 12236 y 12210.

20 AMJ, Armario Reservado, 15, caja 1.

21 AHN, Consejos, 12216.

22 Expediente con fecha de 18 de mayo de 1831, AHN, Consejos, 12230.

23 AMJ, Armario Reservado, 66.

24 AHN, Consejos, 12230, y Colección de las causas más célebres, op. cit., V, pp. 309 y 312.

25 AMJ, Armario Reservado, 60.

26 Informe del 29 de octubre de 1831, AHN, Consejos, 12210, y AMJ, Armario Reservado, 63.

27 AHN, Consejos, 12230.

28 Colección de las causas más célebres, op. cit., V, p. 221.

29 AHN, Consejos, 12210 y 12216, y AMJ, Armario Reservado, 63.

30 Carta a Luisa Sáenz de Viniegra, esposa de Torrijos, cit. por esta última en su Vida del general D. José María de Torrijos, op. cit., I, p. 531.

31 AHN, Consejos, 12211 y 12236.

32 AMJ, Armario Reservado, 63, y AHN, Consejos, 12239, donde se conserva la lista del regimiento de Ceuta y la citada carta a Torrijos, de fecha «hoy 2 de septiembre [de 1831]».

33 AMJ, Armario Reservado, 60.

34 Carta a Méndez, fechada en San Roque el 26 de agosto de 1831, documentos anexos a una orden de prisión del 7 de enero de 1832, AHN, Consejos, 12239.

35 AMJ, Armario Reservado, 15.

36 AHN, Consejos, 12202.

37 AHN, Consejos, 12239.

38 AHN, Consejos, 12216.

39 AHN, Consejos, 12348.

40 Informe y carta de noviembre de 1831, AHN, Consejos, 12210, y Colección de las causas más célebres, op. cit., V, p. 184.

41 Informe de la policía solicitado por Calomarde, Madrid, 11 de marzo de 1831, reproducido por A. FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Olózaga, 1808-1863. Estudio político y biográfico, Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1863, p. 168.

42 Nota del 5 de marzo de 1831, ibid., pp. 166-167.

43 Ibid., p. 169.

44 Carta fechada el 19 de agosto de 1831, AMJ, Armario Reservado, 15.

45 Á. FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Olózaga, 1808-1863, op. cit., p. 169.

46 Todas las cartas del agente de las diez y media, AMJ, Armario Reservado, 15.

47 Carta del agente de las diez y media a Calomarde, 19 de agosto de 1831, ibid.

48 Carta del agente de las diez y media a Calomarde, 24 de agosto de 1831, ibid.

49 AHN, Consejos, 12223.

50 AHN, Consejos, 12210, e I. CASTELLS, La utopía insurreccional, op. cit., pp. 72, 223 n., y 283-284.

51 AHN, Consejos, 12230.

52 M. DE CUSTINE, L’Espagne sous Ferdinand VII, par le Marquis de Custine, vol. 4, Bruselas, 1838, p. 200.

53 A. RODRIGO, Mariana Pineda: Heroína de la libertad, Granada, Comares, 2002, pp. 88 y 82.

54 C. SERRANO, «Mariana Pineda (1804-1831): Mujer, sexo y heroísmo», en I. BURDIEL y M. PÉREZ LEDESMA (eds.), Liberales, agitadores y conspiradores, Madrid, Espasa, 2000, p. 114.

55 J. DE LA PEÑA Y AGUAYO, Doña Mariana Pineda. Narración de su vida, de la causa criminal en la que fue condenada al último suplicio y descripción de su ajusticiamiento, Madrid, Imprenta de la Compañía Tipográfica, s. f., pp. 115-116.

56 Ibid., p. 38.

57 Ibid., pp. 92-94.

58 Ibid., p. 112.

59 Cit. en ARIAS TEIJEIRO, Diarios, op. cit., III, pp. 56-57, entrada del 24 de marzo de 1831.

60 Ibid., III, p. 89, entrada del 8 de abril de 1831.

61 J. DE LA PEÑA Y AGUAYO, Doña Mariana Pineda, op. cit., pp. 111 y 114.

62 Ibid., pp. 129-131.

63 Ibid., p. 179.

64 Ibid., p. 178.

65 Ibid., p. 220.

66 A. RODRIGO, Mariana Pineda, op. cit., p. 392.

67 Gaceta de Madrid, 7 de junio de 1831.

68 M. DE CUSTINE, op. cit., pp. 200-201.

69 Gaceta de Madrid, 24 de septiembre de 1831.

70M. DU CAMP, «Souvenirs littéraires», Revue des deux Mondes, núm. 46, 1881, p. 122.

71 AHN, Consejos, 12202 y 12230.

72 AHN, Consejos, 12210, 12216 y 12236.

73 AHN, Consejos, 12202.

74 Carta del 23 de enero de 1832 dirigida a un español, no identificado, en París, AMJ, Armario Reservado, 63.

75 AMJ, Armario reservado, 63, y AHN, Consejos, 12239.

76 AHN, Estado, 3034(2).

77 Copia de una carta de Francisca Tentor a «Pepe», Málaga, 19 de octubre de 1831, AHN, Consejos, 12211.

78 AMJ, Armario reservado, 63, y AHN, Consejos, 12210, 12216 y 12236.

79 I. CASTELLS, La utopía insurreccional, op. cit., p. 248 n.

80 Carta a Luisa Sáenz de Viniegra, esposa de Torrijos, cit. por esta última en su Vida del general D. José María de Torrijos, op. cit., I, p. 531.

81 Copia de una carta a «Pepe», fechada en Málaga el 19 de octubre de 1831, AHN, Consejos, 12211.

82 Carta fechada en Madrid el 22 de noviembre de 1831, ibid.

83 AHN, Consejos, 12211 y 12236.

84 AHN, Consejos, 12223.

85 J. ARIAS TEIJEIRO, Diarios, op. cit., III, p. 145, entrada del 7 de mayo de 1831.

86 AHN, Consejos, 12230.

87 AHN, Consejos, 11223, y AMJ, Armario Reservado, 63.

88 AMJ, Armario reservado, 63, e I. CASTELLS, La utopía insurreccional, op. cit., pp. 283-284.

89 L. SÁENZ DE VINIEGRA, Vida del general Don José María de Torrijos, op. cit., I, pp. 556.

90 Ibid., I, p. 559.

91 Gaceta de Madrid, 15 de marzo de 1832.

92 Ibid., 26 de abril de 1832.

Notas Capítulo 9
El final del exilio

1 M. NÚÑEZ DE ARENAS, «Españoles fuera de España: La expedición de Vera en 1830», en L’Espagne des Lumières au Romantisme, París, Centre de Recherches de l’Institut d’Études Hispaniques, 1963, p. 242.

2 R. MARRAST, José de Espronceda, op. cit., pp. 143-144.

3 J. R. AYMES, Españoles en París, op. cit., pp. 78-79.

4 Las citas anteriores, en R. SÁNCHEZ MANTERO, Liberales en el exilio, op. cit., pp. 155-156.

5 Cit. ibid., p. 156 y n.

6 J. DE ESPRONCEDA, Obras completas, op. cit., pp. 36-37.

7 J. DE VEGA, Memorias, op. cit., pp. 143-144.

8 Partes reproducidos por M. NÚÑEZ DE ARENAS, «La expedición de Vera en 1830», op. cit., pp. 245-246.

9 Informe del 13 de septiembre de 1830, AGP, Reinados, Fernando VII, caja 29, expediente 9.

10 Información fechada en Figueras el 28 de septiembre de 1830, publicada en la revista Registro Oficial del Gobierno de los Estados-Unidos Mexicanos, 14 de enero de 1831.

11 J. DE VEGA, Memorias, op. cit., p. 145.

12 Ibid., p. 168.

13A. GIL NOVALES, «Repercusiones españolas de la Revolución de 1830», op. cit., p. 216.

14A. ALCALÁ GALIANO, Recuerdos de un anciano, t. 83, Madrid, BAE, 1955, p. 209.

15 ANP, F7/12111.

16 Cit. en G. BOUSSAGOL, Ángel de Saavedra, Duc de Rivas. Sa vie, son oeuvre poétique, Toulouse-París, Édouard Privat-Auguste Picard, 1926, p. 49 n.

17 ANP, F7/12110.

18 ANP, F7/12109.

19 ANP, F7/12110.

20 Informe del 5 de octubre de 1831, ANP, F7/12110.

21 E. DE OCHOA, «El emigrado», en Los españoles pintados por sí mismos, Madrid, Visor Libros, 2002, p. 317 (ed. facsímil de la edición de 1843).

22 Informe de Domingo Simó, agente del gobierno español, mayo de 1826, conservado entre los papeles de la policía francesa, ANP, F7/12060.

23 Carta fechada en Bayona el 15 de mayo de 1833, ANP, F7/12083.

24 ANP, F7/12069.

25 ANP, F7/ 11982 y F7/12077.

26 ANP, F7/12025.

27 ANP, F7/12079.

28 ANP, F7/12079.

29 ANP, F7/12012 y F7/12020.

30 ANP, F7/12020, F7/12060 y F7/12104.

31 Su salida de España en ANP, F7/11983, y su regreso en La Revista española, 19 de febrero de 1833.

32 ANP, F7/12100.

33 ANP, F7/12109.

34 ANP, F7/12106.

35 ANP, F7/12092.

36 ANP, F7/12099.

37 ANP, F7/12083, F7/12107 y F7/12109.

38 ANP, F7/12078.

39 ANP, F7/12091 y F7/12108.

40 ANP, F7/12078.

41 Ibid.

42 ANP, F7/12102.

43 AHN, Estado, 3034 (2); aparece como Coloma Seguer, y no Saguer, como en la documentación francesa.

44 ANP, F7/12078 (figura como Verdura o Berdura, pero se llama Vedruna).

45 ANP, F7/12089.

46 ANP, F7/12098 y F7/12051.

47 ANP, F7/12100.

48 ANP, F7/12089.

49 ANP, F7/12099.

50 ANP, F7/12093.

51 ANP, F7/12077.

52 ANP, F7/12089 y F7/12045.

53 ANP, F7/12100.

54 ANP, F7/12100.

55 ADPO, 4M 639.

56 ANP, F7/12100.

57 ANP, F7/12079; sobre el regreso a España, AHN, 6161 (1), y La Revista Española, 19 de febrero y 22 de marzo de 1833.

58 ANP, F7/12099.

59 ANP, F7/ 12101 y F7/12110.

60 ANP, F7/12103.

61 Carta fechada en Burdeos, 19 de mayo de 1831; figura en una lista de españoles que han obtenido pasaporte en el consulado español en Burdeos para regresar a España, 28 de diciembre de 1833, París, ANP, F7/12108.

62 ANP, F7/12092.

63 Ella y su hija llegaron a Bayona, procedentes de España, el 30 de octubre de 1824. Seguían viaje hasta Calais, sin duda con intención de embarcarse para Inglaterra (para su paso por Bayona, ANP, F7/11983, y sobre el subsidio que cobraban en Inglaterra, AGS, 8197, y NA, T 50/76).

64 ANP, F7/12084.

65 Journal Politique et Littéraire de Toulouse et de la Haute Garonne, 5 de enero de 1836.

66 ANP, F7/12084; su nombre aparece en la «Lista de las personas que han entrado en el lazareto de Irún los días 7 y 8 de enero de 1833» y tras su nombre el de Antonio Burriel, su mujer y sus hijos; La Revista Española, 15 de enero de 1833.

67 ANP, F7/12098.

68 ANP, F7/12098, y M. NÚÑEZ DE ARENAS, «Mérimée protege a dos damas españolas», en L’Espagne des Lumières au Romantisme, op. cit., pp. 389-393.

69 ANP, F7/12077.

70 ANP, F7/12077, y ADPO, 4M 639.

71 Carta fechada en Burdeos, 24 de diciembre de 1832, ANP, F7/12107.

72 ANP, F7/12083.

73 Carta fechada en Blois, 23 de noviembre de 1832, ANP, F7/12104.

74 ANP, F7/12086 y F7/12108.

75 J. DE VEGA, Memorias, op. cit., p. 169.

76 «Real decreto de amnistía», fechado en San Ildefonso el 15 de octubre de 1832 y publicado por la Gaceta de Madrid el 20 de octubre de 1832.

77 «Circular de la Secretaría de Gracia y Justicia», Madrid, 30 de mayo de 1814, Gaceta de Madrid, 4 de junio de 1814.

78 AHN, Estado, 6161 (1).

79 AHN, Estado, 3034 (1).

80 L. BARBASTRO GIL, «Le emigración española a Francia: Españoles en París (1823-1834)», en Enfrontaments civils, op. cit., p. 457.

81 Carta fechada en Périgueux, 1 de diciembre de 1832, ANP, F7/12107.

82 ANP, F7/12106.

83 Pasaporte fechado en París, 14 de marzo de 1834 (figura como Bares, y no Baras), ADPO, 4M 639.

84 R. SÁNCHEZ MANTERO, Liberales en el exilio, op. cit., pp. 184-185.

85 Ibid.

86 Las cartas de La Fayette a Luisa Sáenz de Viniegra —incluida una breve, pero sentida, nota de pésame, fechada el 11 de enero de 1832, por la reciente ejecución de su marido—, con noticias sobre sus diversas gestiones a su favor, se encuentran recogidas en el manuscrito titulado Correspondencia del general José María Torrijos y de su viuda, Luisa Sáenz de Viniegra, condesa de Torrijos, BNM, MSS/5640.

87 ANP, F7/12089 y F7/12107.

88 ANP, F7/12100.

89 ANP, F7/12086, y ADPO, 4M 639.

90 ANP, F7/12093.

91 Cit. en L. BARBASTRO GIL, «La emigración liberal a Francia», op. cit., p. 458.

92 ANP, F7/12077.

93 Refugiada en Tours, en diciembre de 1832 solicita, y obtiene de la embajada española en París, un certificado como amnistiada. Su nombre aparece en una lista publicada por La Revista Española el 1 de marzo de 1833: «Irún, febrero 26 de 1833: Desde el 22 hasta ayer han entrado por esta frontera los siguientes sujetos». Su marido no regresa hasta un año después.

94 Carta de Rosa María Josefina de Caballero al ministro del Interior, Besançon, 1832, ANP, F7/12077.

95 ANP, F7/12093.

96 Ibid.

97 ANP, F7/12106, F7/12074, F7/12080, F7/12108 y F7/12110; AHN, Estado, 3034 (1), y La Revista Española, 22 de febrero de 1833.

Notas Capítulo 10
El «partido de las mujeres» tras la muerte de Fernando VII

1 Cit. en M. ARTOLA, La España de Fernando VII, Madrid, Espasa, 1999, p. 737.

2 Cit. en I. BURDIEL, Isabel II: Una biografía (1830-1903), Madrid, Taurus, 2010, p. 28.

3 Cit. en A. M. GARCÍA ROVIRA, La revolució liberal a Espanya i les classes populars, Vic, Eumo, 1989, p. 31.

4 Cit. en M. ARTOLA, La España de Fernando VII, op. cit., p. 742.

5 Gaceta de Madrid, 9 de octubre de 1832.

6 Ibid., 1 de noviembre de 1832.

7 Ibid., 1 de enero de 1833.

8 Ibid., 5 de enero de 1833.

9 J. DE VEGA, Memorias, op. cit., pp. 171-172.

10 ANÒNIM>, Successos de Barcelona, op. cit., pp. 105-107.

11 Cit. en J. ARZADUN, Fernando VII y su tiempo, Madrid, Summa, 1942, p. 347.

12 Historia de la vida y reinado de Fernando VII, op. cit., III, p. 437.

13 La primera lista de «Individuos que han entrado en uno de los lazaretos de la frontera, el día 23 del último noviembre» fue publicada por La Revista Española el 5 de diciembre de 1832 y la última el 7 de junio de 1833.

14 AHN, Estado, 3034 (2).

15 Se omiten los niños, salvo que se especifique su sexo, y los posibles extranjeros; La Revista Española, 15 de enero de 1833.

16 Mercurio de Nueva York, 10 de enero de 1833.

17 «De la necesidad que hay de cumplir el real decreto de amnistía u olvido mutuo de las cosas pasadas», reproducido por La Revista Española, 8 de febrero de 1833.

18 Cit. en D. RUIZ OTÍN, Política y sociedad en el vocabulario de Larra, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, p. 484.

19 El Correo de las Damas, 10 de febrero de 1834.

20 Ibid., 20 de febrero de 1834.

21 Ibid., 30 de marzo de 1834.

22 Ibid., 16 de octubre de 1833.

23 «Lista de los señores suscriptores que ha tenido El Correo de las Damas en el año de 1835», ibid., 31 de diciembre de 1835.

24 Ibid., 2 de octubre de 1833.

25 Ibid., 30 de octubre de 1833.

26 Ibid., 21 de julio de 1835.

27 Ibid., 15 de febrero de 1834.

28 Ibid., 30 de abril de 1834.

29 Ibid., 7 de enero de 1835.

30 Ibid.

31 Ibid., 17 de julio de 1833.

32 Ibid., 20 de noviembre de 1833; la misma noticia, referida a «la emancipación de la mujer y del esclavo», en La Revista Española, 17 de noviembre de 1833.

33 Reglamento del gobierno interior de Cortes y su edificio, Madrid, Imprenta Nacional, 1821, cap. I, «Del lugar de las sesiones», art. 7, p. 5.

34 Reglamento para el régimen y gobierno del Estamento de Procuradores a Cortes, Título XIII, «De la asistencia del público al Estamento de Procuradores», art. 141, «Una tribuna para el público, situada de manera que todos puedan estar sentados y guardando el orden y compostura correspondiente», Gaceta de Madrid, 26 de julio de 1834.

35 M. CARREÑO RIVERO y C. COLMENAR ORZAES, «1837: La Biblioteca Nacional, por primera vez, abre sus puertas a la mujer», Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria, núm. 5, 1986, pp. 177-182.

36 El Correo de las Damas, 27 de octubre de 1835.

37 El Eco del Comercio, 9 de febrero de 1836.

38 Ibid., 29 de marzo de 1836.

39 A. M. GARCÍA ROVIRA, La revolució popular a Espanya i les classes populars, op. cit., pp. 104 y 111-129.

40 Cit. ibid., p. 105.

41 El Eco del Comercio, 27 de marzo de 1838.

42 La carta citada es de Josefa de Achendo, aunque, por ser analfabeta, la firma su suegro, y está fechada en Bilbao el 2 de febrero de 1834, AFV, Administrativo, Q-00263.

43 El Jorobado, 12 de julio de 1836.

44 W. ADAME DE HUE, Sobre los orígenes del liberalismo histórico consolidado en España (1835-1840), Sevilla, Universidad de Sevilla, 1997, pp. 112-113.

45 «Una sesión en una asamblea de mugeres», El Jorobado, 26 de mayo de 1836.

46 Ibid., 19 de julio de 1836.

47 Ibid., 13 de julio de 1836.

48 El Eco del Comercio, 10 de octubre de 1835.

49 Cit. en S. KIRKPATRICK, Las románticas. Escritoras y subjetividad en España, 1835-1850, Madrid, Ediciones Cátedra-Universidad de Valencia, 1991, p. 83.

50 A. SOLANA, La Congresa Española. Restablecimiento de la libertad y la prosperidad de España, Madrid, Imprenta del Zurriago; reproducido por A. GIL NOVALES, Textos exaltados del Trienio liberal, Madrid, Júcar, 1979, pp. 173-186.

51 Gobierno representativo y constitucional del bello sexo español, Madrid, Compañía Tipográfica, 1841.

52 G. GARCÍA Y TASSARA, «La Politicó-mana», Los españoles pintados por sí mismos, ed. facsímil, t. II, Madrid, Visor, 2002, pp. 39-47 (en realidad, se publica en un único volumen).

53 R. ROBERT, Las españolas pintadas por los españoles. Colección de estudios acerca de los estados, caracteres, costumbres y cualidades generales de nuestras contemporáneas, 2 vols., Imprenta a cargo de J. E. Morete, 1872, la voz «La conspiradora», en vol. II, pp. 131-141.

54 J. L. SÁNCHEZ VILLANUEVA, «Una tertuliana, una fourierista: Margarita López de Morla», op. cit.

55 A. GUZMÁN, «Los extremeños de 1812: Don Bartolomé José Gallardo», El Liberal, 24 de septiembre de 1912.

56 El Eco del Comercio, 25 de abril de 1835.

57 DSC, 29 de abril de 1837, cit. en C. SERRANO, «Mariana Pineda», op. cit., p. 121.

58 El Eco del Comercio, 4 de agosto de 1841.

59 El Clamor Público, 25 de junio de 1856.

60 El Eco del Comercio, 20 de marzo de 1838.

61 Ibid., 28 de junio de 1840.

62 El Constitucional, 11 de agosto de 1840.

63 Apéndice a la vida militar y política del ilustre duque de la Victoria, Don Baldomero Espartero, que ha publicado una sociedad de ex milicianos nacionales de Madrid, Madrid, Imprenta de la Sociedad de operarios del mismo arte, 1846, p. 128, y Gaceta de Madrid, 7 de mayo de 1825.

64 El Eco del Comercio, 4 de abril de 1835.

65 Ibid., 24 de septiembre de 1835.

66 Ibid., 20 de julio de 1841.

67 Diario de Avisos, 5 de mayo de 1850.

68 L. C. SÁENZ DE VINIEGRA, Vida del general don José María de Torrijos, op. cit., I, p. 3.

69 J. A. DURÁN, «La Casa de Juana», op. cit., p. 30.

70 Cit. en G. RUEDA, Isabel II, en el trono y en el exilio, Madrid, RH+ Ediciones, 2012, p. 211.

71 La concesión del título y la réplica a quienes criticaban el doble juego de los liberales, en El Eco del Comercio, 9 de enero de 1837.

72 J. A. DURÁN, «La Casa de Juana», op. cit.

73 Ibid., p. 169.

74 Ibid., pp. 167-168.

75 M. C. SIMON PALMER, «Panorama general de las escritoras románticas españolas», en M. MAYORAL (coord.), Escritoras románticas españolas, Madrid, Banco Exterior, 1990, p. 10.

76 El Espectador, 3 de junio de 1847.

77 «Biografía española: Doña Rosario Weiss», Semanario Pintoresco Español, 26 de noviembre de 1843.

78 Diario Constitucional de Palma, 20 de enero de 1844.

79 Jean H. Hagstrum, cit. en S. KIRKPATRICK, Las románticas, op. cit., p. 19.

80 G. GARCÍA Y TASSARA, «La Politicó-mana», op. cit., p. 43.

Notas Capítulo 11
Cherchez la femme

1 C. SERRANO, «Mariana Pineda», op. cit., p. 119.

2 HLS, MS 72/vol. 2.

3 ACD, Serie General, leg. 32, núm. 81.

4 J. F. FUENTES, «La conspiración de las viudas: Mujeres liberales contra Fernando VII», Claves de Razón Práctica, núm. 217, 2011, pp. 58-65.

5 Carta fechada en Blois, 23 de noviembre de 1832, ANP, F7/12104.

6 J. ROCA VERNET, Política, liberalisme i revolució, op. cit., II, pp. 207-208 y 231.

7 ANP, F7/12084.

8 M. J. DE LARRA,«La diligencia», Revista Mensajero, 16 de abril de 1835.

9 AVM, Archivo de Secretaría, secc. 1.ª, leg. 219; secc. 2.ª, leg. 466, y secc. 4.ª, legs. 34 y 106. La cita corresponde a la solicitud presentada por Ignacia Antonia Mondéjar en 1838, Archivo de Secretaría, secc. 1.ª, leg. 219, núm. 39, p. 229.

10 AHN, Consejos, 9366.

11 Diario de Madrid, 12 de octubre de 1822.

12 Carta Eucarística-política, op. cit., pp. 7-9 y 21.

13 El Tío tremenda o los Críticos del malecón, núm. 18, 1823, p. 140.

14 Informe del doctor Manuel López Mateos y del licenciado Manuel de Rivas, diciembre de 1824 (sin día), AMJ, Armario Reservado, 66.

15 Cartas de Esperanza Planells de Bardají, 1831, AHN, Consejos, 12210, exp. 18.

16 Informe fechado en Málaga el 22 de octubre de 1831, AHN, Consejos, 12211.

17 J. PECCHIO, Six mois en Espagne, op. cit., p. 64, carta XI, Madrid, 30 de julio de 1821.

18 La Abeja del Turia, 20 de junio de 1820.

19 Gaceta de Madrid, 7 de junio de 1831.

20 G. GARCÍA Y TASSARA, «La Politicó-mana», op. cit., p. 47.

Este libro forma parte del proyecto de investigación titulado El liberalismo femenino en la España de Fernando VII: Mujeres, clandestinidad y exilio (1823-1833), financiado por el antiguo Ministerio de Ciencia e Innovación (Har2009-08927) y dirigido por Juan Francisco Fuentes.

Ilustración de cubierta: grabado titulado Compañía de ciudadanas voluntarias que se están creando con superior aprobación en la benemérita Barcelona (1823), propiedad de los autores.

© Juan Francisco Fuentes y Pilar Garí

© Marcial Pons, Ediciones de Historia, S. A., 2015

San Sotero, 6 - 28037 MADRID

edicioneshistoria@marcialpons.es

ISBN: 978-84-15963-49-3

Cubierta. Diseño de la colección: Manuel Estrada. Diseño Gráfico

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