El 23 de febrero de 1981 la tediosa votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo fue interrumpida por la aparición de un grupo de guardias civiles que enarbolaban sus armas. La joven democracia española parecía que iba a terminar en medio de una confusión de bigotes, disparos y tricornios. Sin embargo, el resultado fue el contrario, el sistema se fortaleció y fue el golpe que acabó con siglo y medio de golpes. Juan Francisco Fuentes, uno de los mejores historiadores de la España contemporánea, repasa en este esencial volumen cómo se llegó al 23F, qué ocurrió ese día, y las mitificaciones y teorías de la conspiración a que ha dado pie en los últimos cuarenta años.

Juan Francisco Fuentes

23 de febrero de 1981

El triunfo de la literatura

La España del siglo XX en siete días 04

ePub r1.0

Titivillus 09.06.2021

Título original: 23 de febrero de 1981

Juan Francisco Fuentes, 2020

Director de la colección: Jordi Canal

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

La España del siglo XX en 7 días

LA ESPAÑA DEL SIGLO XX EN 7 DÍAS

Jordi Canal

En toda historia de un país, unas fechas resultan más importantes que otras. Unos días empiezan o concluyen periodos, mientras que la mayoría no entran a formar parte del calendario a recordar. En algunos casos, un día es mucho más que un día, puesto que representa una época. A veces ello es evidente desde el mismo momento en que tienen lugar los hechos, en otras ocasiones no se asume hasta mucho tiempo después. El papel de la prensa y la radio, pero sobre todo de la televisión —el siglo XX analógico va a abrir las puertas de un siglo XXI que construye fechas-acontecimiento de forma sensiblemente distinta—, no es menor.

Esta colección de libros reconstruye la historia de la España del siglo XX a partir de siete días decisivos, una semana. No son cien años, puesto que hemos optado por un siglo XX algo más largo de lo normal, empezando en 1898, con la batalla que supuso el final del viejo imperio español moderno, y terminando en 2004, cuando, en un país modernizado y de consolidada democracia, se produce el mayor atentado de su historia. Unos son días de guerra, mientras que en otros casos se privilegian atentados terroristas o conatos de golpe de Estado, sin olvidar momentos clave para la sociedad española tanto en el terreno cultural como en el deportivo.

A partir de la narración de lo ocurrido en un día concreto de la historia de España se propone una aproximación al periodo, a las implicaciones nacionales e internacionales de los hechos y, asimismo, a la historia y a la memoria de aquella jornada. La aproximación micro se convierte en la clave de una comprensión macro. En los libros de esta colección se recupera una historia con fechas y acontecimientos —sin que ello represente un retorno a maneras del pasado—, en la que los hombres y mujeres de carne y hueso son los auténticos protagonistas y que, asimismo, sin ninguna merma de crítica y rigor, está sobre todo pensada para ser leída y disfrutada.

Tomás Pérez Vejo, José Carlos Mainer, Pilar Mera, Antonio Rivera, Juan Francisco Fuentes y Mercedes Cabrera, todos historiadores conocidos y reconocidos, se unen a quien firma estas líneas para contar y analizar en siete libros, dedicados a otras tantas fechas, un centenar de años de nuestro pasado.

El Majo del Guirigay presumía tener en la mano los hilos de la conjura militar, o, cuando menos, tales seguridades daba en Palacio.

RAMÓN MARÍA DEL VALLE INCLÁN,

Viva mi dueño

Prólogo

PRÓLOGO

ÉRASE UNA VEZ EL GOLPISMO

Esta no es una historia del golpismo español, pero sí de uno de sus episodios de mayor impacto y trascendencia, tanto por su repercusión mediática —fue la primera asonada militar retransmitida en directo— como por sus consecuencias históricas. El estrepitoso fracaso del golpe trajo consigo la consolidación de una democracia tambaleante y la derrota definitiva del golpismo, del que puede decirse que ya nunca levantó cabeza. El principal protagonismo en la defensa del orden constitucional correspondió al rey Juan Carlos I, jefe de las Fuerzas Armadas, asistido por aquellas autoridades civiles y militares que consiguieron evitar el temido vacío de poder. También Adolfo Suárez, rehén de los golpistas, como el resto del Gobierno y del Congreso, contribuyó a reafirmar con su actuación de aquella noche la supremacía del poder civil frente a sus enemigos, aunque fuera de manera simbólica. Primero permaneció sentado en la cabecera del banco azul, desafiando las órdenes de Tejero —«¡Al suelo todo el mundo!»—, mientras los asaltantes ametrallaban el techo del hemiciclo. Unas horas después, aislado en una salita del Congreso, hizo valer su auctoritas ante el teniente coronel de la Guardia Civil en un tenso cara a cara que el presidente del Gobierno resolvió con una fórmula castrense: «¡Cuádrese!». Tejero, que entró en aquella salita retándole con la mirada y empuñando su pistola, dio media vuelta y se fue. Suárez acababa de escribir, sin saberlo, el epitafio del poder militar en España.

Algunos dirigentes políticos vaticinaron ya ese efecto retardado de la sublevación —el fracaso del involucionismo y el fortalecimiento de la democracia— en la mañana del 24 de febrero de 1981, nada más producirse la liberación del Congreso y terminar aquellos «tres minutos dramáticos y diecisiete horas grotescas» que, en palabras de Leopoldo Calvo-Sotelo, fue el 23-F. Su torpe puesta en escena resultó decisiva para que aquel esperpento acabara siendo un antídoto contra el golpismo; justo lo contrario de lo que pretendían sus artífices. Como reconoció uno de ellos, Ricardo Pardo Zancada, la «estética» del golpe se resintió gravemente en momentos cruciales, como el forcejeo de Tejero y sus hombres con Gutiérrez Mellado, todavía vicepresidente del Gobierno, que se levantó de su escaño nada más irrumpir Tejero en el hemiciclo para obligarle a deponer su actitud, sin importarle que aquel subordinado suyo le apuntara con su arma. A veces la historia hace justicia a tiempo, y el general Manuel Gutiérrez Mellado recibió por su actuación el 23-F un reconocimiento público que compensó, al menos en parte, todo lo que había sufrido en los años de plomo de la transición, como cuando en el entierro de las víctimas de un atentado terrorista tuvo que oír el grito calumnioso de algunos de sus compañeros de armas: «¡Gutiérrez Mellado, tú los has matado!».

Sobre lo que sucedió entre las 18.22 del 23 de febrero de 1981 y las 12.00 del día siguiente se conserva un abundante material audiovisual, que va desde el vídeo de los instantes iniciales del golpe hasta el mensaje del rey por televisión, pasando por las conversaciones telefónicas que mantuvieron Tejero y su amigo García Carrés a lo largo de aquella noche. Sus momentos estelares y las frases que dejó para la posteridad, como el «ni está ni se le espera» de Sabino Fernández Campo sobre Armada, forman parte desde entonces de la memoria colectiva de los españoles, al menos de las generaciones que lo vivieron. Esa familiaridad con los hechos y el exhaustivo escrutinio al que fueron sometidos en su día por la justicia y por historiadores y periodistas de toda condición no han impedido que el 23-F haya dado pábulo a las interpretaciones más peregrinas. No es esto algo que deba sorprendernos. La trascendencia de un acontecimiento histórico se mide por las teorías conspirativas que acaba generando. En el caso que nos ocupa, suelen ser reelaboraciones de las tesis golpistas defendidas sin éxito en el juicio del 23-F, pero que con el tiempo han cobrado una apariencia novedosa y sugestiva. Otras versiones de lo ocurrido que cuestionan la verdad oficial obedecen a un negacionismo histórico que deriva en una suerte de silogismo político: el rey no paró el golpe, el 23-F no fracasó, esto no es una democracia. El viejo relato golpista, reconocible todavía en algunos best sellers, ha acabado confluyendo, pues, con el de una izquierda vintage contraria al llamado «régimen del 78». El nexo de unión es el propósito, compartido por sectores extremos, aparentemente antagónicos, del arco político, de dejar a la actual democracia española sin uno de sus mitos fundadores y hacer más fácil así su demolición. Sobran motivos, como se ve, para que el 23-F siga alimentando una controversia histórica que condiciona en cierta medida nuestra percepción de la actualidad.

Este libro se propone acercar al lector a lo que sucedió durante aquellas horas críticas, pero también en las semanas previas, en las que se gestó la decisión de Adolfo Suárez de abandonar la presidencia del Gobierno tras una larga lucha contra todo tipo de adversidades y enemigos políticos. El anuncio de su dimisión en la tarde del 29 de enero desactivó una alternativa a Suárez que se venía fraguando desde hacía meses y al mismo tiempo precipitó los planes de los más intransigentes, opuestos a la solución continuista representada por Leopoldo Calvo-Sotelo. Aunque conozcamos lo esencial de lo ocurrido, nunca sabremos toda la verdad sobre aquellos días trepidantes que precedieron al golpe de Estado y los factores que determinaron su fracaso. No es que exista una conspiración de silencio que nos impida saberlo todo. Simplemente, la historia es así. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, podemos aspirar todavía a poner algo de orden en ese caos de recuerdos y testimonios orales y escritos que nos ha dejado el 23-F y a comprender mejor su naturaleza histórica como manifestación tardía del intervencionismo militar en España, el país que inventó la palabra «pronunciamiento». No resulta una tarea fácil, porque el factor humano, que está siempre agazapado en la historia, puede ser decisivo en una situación límite como es un golpe de Estado o una revolución. El lector lo podrá comprobar cuando veamos qué circunstancias y qué personajes impidieron, junto con la Corona, que en la tarde del 23-F se produjera el efecto dominó que buscaban los golpistas.

La dificultad de explicar ciertos protagonismos individuales alcanza su cota máxima en el caso del general Alfonso Armada, condenado a treinta años de prisión por su participación en el golpe. En una carta dirigida al autor de este libro, Armada aseguraba haber informado a Gutiérrez Mellado, pocos días antes del 23-F, «de la posibilidad, y para mí certeza, de un próximo golpe militar violento». La frase aclara lo que él mismo desliza enigmáticamente en su libro Al servicio de la Corona sobre la reunión que mantuvo con Gutiérrez Mellado el viernes 13 de febrero a las 12.30: «Le informé del ambiente en el Ejército y de cuanto sabía». No dice nada más, pero en la citada carta, y antes en una conversación con el autor, insistió en que hizo todo lo que pudo por evitar aquel atentado contra la legalidad y por reconducirlo de la mejor manera posible en cuanto se produjo. Lo cierto es que su actuación tanto en el 23-F como en las semanas anteriores, en las que se habló de un próximo Gobierno presidido por Armada, sigue plagada de lagunas y contradicciones difíciles de justificar. Conspirador o delator, Alfonso Armada es, sin duda, el personaje más complejo de cuantos intervinieron en el último pronunciamiento militar de la historia de España.

Más allá de sus causas directas —la debilidad de la democracia, el declive de Suárez, el terrorismo…—, el 23-F fue el resultado de una tradición militarista que murió con él. Solo por eso ya merece un lugar entre los grandes acontecimientos de la España reciente. Su fracaso sirve también para desmentir aquellos versos, tantas veces citados, escritos por Jaime Gil de Biedma en 1966, quintaesencia de un pesimismo hereditario que ha ido pasando de generación en generación: «De todas las historias de la Historia / sin duda la más triste es la de España, / porque termina mal». Si el episodio que se cuenta en este libro no terminó mal fue precisamente por el peso de la historia. El rey se acordaría aquella noche del error que cometió su abuelo, Alfonso XIII, al apoyar en 1923 el pronunciamiento del general Primo de Rivera que le acabó costando la corona. Algunos mandos militares sopesaron el riesgo de una nueva guerra civil si la sublevación se extendía por todo el territorio nacional. Nadie en la izquierda pidió la movilización de las masas para lanzarlas contra los facciosos. Era como si a los españoles se les hubiera aparecido, casi medio siglo después, eso que Manuel Azaña llamó en trágicas circunstancias «la musa del escarmiento»: la capacidad de aprender de los errores del pasado para evitar repetirlos. Ya era hora.

1. La era de los pronunciamientos

1

LA ERA DE LOS PRONUNCIAMIENTOS

En su histórico discurso del 14 de julio de 1931 en la apertura de las Cortes Constituyentes de la Segunda República, Niceto Alcalá-Zamora, presidente del Gobierno provisional, dio por felizmente terminada la era de los pronunciamientos militares en la España contemporánea. El nuevo régimen —afirmaba don Niceto— había nacido de la simple y soberana voluntad popular; libre, por tanto, de deudas o patrocinios que pudieran hipotecar su futuro. Quedaba así descartado cualquier «caudillaje militar» en el origen y en la ejecutoria de la nueva república, por mucho que el presidente reconociera una «deuda histórica de gratitud» hacia el Ejército, «hijo del pueblo y alma del pueblo», que recientemente había proporcionado a la causa un buen puñado de héroes y mártires al fracasar en Jaca y otros lugares la sublevación contra la monarquía de diciembre de 1930. Además de «hermana de los mártires de la tragedia pirenaica, los capitanes Galán y García Hernández», la República se sentía «la nieta, la bisnieta de Riego, de Torrijos, de cuantos sufrieron la muerte luchando contra las perfidias fernandinas». Recordarlos era una forma de rendir homenaje a la tradición liberal de las Fuerzas Armadas españolas, pero también de anunciar el fin de un largo ciclo histórico en el que los cambios de régimen solían ser el resultado de una intervención del Ejército; a veces simplemente de un sector castrense que decía actuar en nombre del interés nacional.

Esa tendencia de los militares a suplantar a la nación había hecho que con el tiempo «pronunciamiento» adquiriera un significado peyorativo. Eso se había acabado para siempre desde que el 14 de abril de 1931 se proclamó la República no de resultas de un nuevo golpe militar, sino de un «alzamiento nacional contra la tiranía». Así empezaba el decreto del 27 de abril, redactado probablemente por el propio Alcalá-Zamora, instaurando la bandera tricolor —rojo, amarillo y morado— como nueva enseña nacional[1]. También Manuel Azaña, sucesor de don Niceto en la presidencia del Gobierno, se referirá alguna vez al «alzamiento nacional del año 31», e incluso días antes de producirse dejó bien claro que la República no vendría «mediante un pronunciamiento más, sino por un alzamiento nacional en el que participan algunos militares animados del mismo espíritu de libertad y ciudadanía que los paisanos»[2]. Ya se ve que, mientras la palabra «pronunciamiento» tenía resonancias más bien negativas, «alzamiento» estaba investida del prestigio que le confería su carácter cívico y espontáneo. Era toda la nación, no solo quienes hablaban en su nombre, la que se alzaba contra un poder inicuo que debía ser derribado sin contemplaciones.

Sobre la diferencia entre pronunciamiento y alzamiento se había discutido ya en el siglo XIX a propósito de la legitimidad de los movimientos de fuerza realizados para cambiar un régimen por otro. «Consideraciones sobre la conducta observada por el Ejército nacional después de su glorioso pronunciamiento»: tal era el título de un artículo publicado el 2 de febrero de 1820 en la Gaceta Patriótica del Ejército Nacional, el periódico que servía de portavoz al teniente coronel Rafael del Riego y sus hombres en su empeño, todavía incierto, por restablecer la Constitución de Cádiz. Es el primer caso que las fuentes consultadas registran del término «pronunciamiento», aunque la Gaceta Patriótica lo emplea con demasiada naturalidad como para ser un neologismo. Cabe pensar, pues, que tenía ya cierto recorrido, tal vez iniciado en las recientes insurrecciones americanas contra la dominación colonial española. La voz alzamiento, por su parte, se había usado con frecuencia en la lucha contra los franceses a partir del 2 de mayo de 1808. Con el tiempo, las dos palabras acabaron solapando sus significados, con diferencias sutiles que no escaparon al fino olfato de algunos contemporáneos, como el autor de un diccionario político de mediados del siglo XIX, escrito con una intención satírica, según el cual, cuando un pronunciamiento triunfa «se llama alzamiento nacional» y cuando fracasa, «motín o sublevación militar»[3].

Se ha insistido con razón en el origen hispánico de los pronunciamientos, ligados a la figura del caudillo o espadón, pero también a la experiencia de las primeras revoluciones liberales. «Liberalismo» será otra palabra surgida en la España de principios del siglo XIX —está documentada en el Cádiz de las Cortes en 1811— aunque, a diferencia de «pronunciamiento», se adaptó muy pronto a la mayoría de las lenguas. En este caso, no cabe hablar pues de excepción española, sino todo lo contrario: España habría proporcionado a los demás países el término con el que se designa la ideología que dio forma al mundo contemporáneo. Si acaso, el hecho diferencial en la historia del liberalismo español consiste en el maridaje entre ejército y revolución a través del pronunciamiento, que suele tener, al menos hasta 1868, un carácter liberal y a menudo progresista. Siendo, pues, como las dos caras de la misma moneda, «liberalismo» se convirtió en una voz de alcance universal, mientras que «pronunciamiento» quedó circunscrita al ámbito estrictamente español o, en todo caso, hispanoamericano. Son frecuentes, sin embargo, los diccionarios de otras lenguas que recogen esta voz: «En los países hispánicos —leemos en Le Petit Robert de la lengua francesa—, acto por el cual un jefe militar o un grupo de oficiales declara su rechazo a obedecer al Gobierno; manifiesto dirigido en esa ocasión. Todo golpe de Estado organizado o favorecido por el Ejército».

No queda del todo claro en qué se diferencian «pronunciamiento» y «golpe de Estado», más allá del origen español del primero. La segunda expresión, tomada del francés (coup d’État), designa, según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), una «actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes». «Pronunciamiento», por su parte, sería un «alzamiento militar contra el Gobierno, promovido por un jefe del Ejército u otro caudillo». Así pues, mientras la definición de golpe de Estado hace hincapié en su carácter colectivo y generalmente militar, al definir «pronunciamiento» el DRAE subraya su componente caudillista y sugiere, como Le Petit Robert, su naturaleza necesariamente castrense.

La historia comparada ofrece ejemplos clarificadores para entender la diferencia entre uno y otro. Paradigma de golpe de Estado fue el llamado 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, conocido por la fecha en la que se produjo según el calendario revolucionario todavía vigente, equivalente al 9 de noviembre de 1799. Aquel día, el joven general Bonaparte irrumpió al frente de un pelotón de granaderos en el Parlamento francés, abolió el régimen del Directorio y se hizo con el poder en calidad de primer cónsul. La clave está en que la acción se produzca sobre el centro neurálgico del régimen político que se pretende derribar. Por el contrario, el pronunciamiento tiene casi siempre por escenario un punto de la periferia en el que se subleva una guarnición o una unidad militar con la esperanza de provocar una reacción en cadena en el resto del Ejército y finalmente la caída del Gobierno o del régimen. Esa distancia, cuanto mayor mejor, entre el lugar de los hechos y el epicentro político, limita la capacidad de respuesta de las instituciones y facilita la búsqueda de una vía de escape si el intento fracasa. En consecuencia, mientras el golpe de Estado suele tener un desenlace rápido en un sentido o en otro, el pronunciamiento abre un compás de espera durante el cual los sublevados cuentan con sumar adeptos y estrechar el cerco en torno al poder. Su localización periférica comporta, pues, un hándicap logístico para el Gobierno que se traduce en una ventaja temporal para sus adversarios.

Así sucedió con el pronunciamiento por excelencia, el del teniente coronel —pronto general— Rafael del Riego, sublevado el 1 de enero de 1820 en Las Cabezas de San Juan, Sevilla, donde se encontraban acantonadas las tropas que debían embarcar en Cádiz para luchar contra la insurrección americana. Allí, lejos del radio de acción del Gobierno de Fernando VII, iniciaron Riego y sus hombres una larga y difícil marcha por Andalucía, proclamando la Constitución y deponiendo a las autoridades nombradas por la monarquía absoluta. La expedición apenas encontró resistencia, pero tampoco supo de otras sublevaciones que hicieran inminente el fin del absolutismo. Para mantener la moral alta en los momentos de desfallecimiento, uno de los oficiales, el futuro general Evaristo Fernández de San Miguel, compuso un himno patriótico que pronto se conocería como el Himno de Riego: «Soldados la patria / nos llama a la lid, / juremos por ella / vencer o morir». Tras más de dos meses de incertidumbre, cuando Riego daba ya la causa por perdida y se disponía a huir a Portugal, Fernando VII aceptó restablecer la Constitución de Cádiz en vista de la incapacidad del Gobierno para sofocar una rebelión que finalmente se había extendido a varias guarniciones de la periferia. El tiempo había corrido a favor de los sublevados.

La gesta de Riego cumplió las tres premisas inexcusables de este típico fenómeno de la España del siglo XIX: la lejanía de la capital, la lectura de un bando o manifiesto y la existencia de un caudillo. La propia expresión «pronunciamiento» se entiende como el acto realizado por un jefe militar al pronunciarse —es decir, al tomar partido mediante una proclama o arenga dirigida a sus hombres— sobre la necesidad de llevar a cabo un cambio político por el bien de la patria. «España está viviendo a merced de un poder arbitrario y absoluto», afirmó Riego en aquella ocasión, «ejercido sin el menor respeto a las leyes fundamentales de la nación. […] Es necesario, para que España se salve, que el rey jure y respete la Constitución de 1812, afirmación legítima y civil de los derechos y deberes de los españoles, de todos los españoles, desde el Rey al último labrador. […] Sí, soldados, la Constitución. ¡Viva la Constitución!»[4]. El triunfo de su movimiento dio paso al Trienio Liberal, en el que Riego, promovido al generalato, se convirtió en héroe y símbolo de la causa constitucional. En plena época romántica, el joven general era un ejemplo de sacrificio y abnegación en el cumplimiento de un servicio a la patria y a la Constitución, dos conceptos estrechamente unidos en el imaginario liberal.

Su ejecución en noviembre de 1823, tras el fin del Trienio, le consagró para siempre como mártir de la libertad, aunque su figura había merecido ya en vida, desde su pronunciamiento en 1820, un culto casi religioso, con ritos como el paseo de su retrato por las calles portado en procesión por sus incondicionales. La prensa afín le dedicó panegíricos, poemas e himnos —además del que llevaba su nombre—, como aquel «en obsequio del caudillo Riego» que empezaba con estas palabras cantadas a coro: «Es en vano calumnie la envidia / al caudillo que adora el Ibero: / hasta el borde del hondo sepulcro / nuestro grito será viva Riego»[5]. Tras él, solo Espartero alcanzó una popularidad que en algún momento pudiera compararse con la que había disfrutado el llamado Héroe de Las Cabezas (de San Juan), aunque frente al trágico final del general ajusticiado por Fernando VII, el que fuera regente durante el reinado de Isabel II acabó encarnando un mito populista con ribetes de opereta: «Espartero, Rey de España, / lo pide toda su gente, / hasta los niños reclaman / Espartero presidente»[6].

Hay que reconocer que, desde los heroicos tiempos de Riego y Torrijos, cuando los militares se jugaban, y a menudo perdían, la vida contra la monarquía absoluta, el pronunciamiento fue degenerando en una suerte de rutina de la vida nacional, presidida por la inestabilidad de las instituciones liberales, por la debilidad de la sociedad civil y por el desprestigio de los partidos políticos. Todo ello potenció el protagonismo de aquellos generales que tenían, como Espartero en la guerra carlista, una brillante hoja de servicios al país. Los partidos les tentaban para tomar el poder en su nombre, en la creencia de que un general con alguna batalla ganada siempre sería más popular que un político al uso, y ellos se dejaban querer llevados por altos motivos patrióticos o por un interés de medro personal, que les hacía ver en la política la oportunidad de satisfacer una ambición de poder que en el Ejército chocaba con los límites del escalafón. Su proximidad a tal o cual partido no impedía que por encima de todo se sintieran militares y que se vieran como miembros de una minoría al mismo tiempo elegida y agraviada, que despreciaba a los representantes del poder civil, señalados como causantes del malestar militar y, por extensión, de todos los males de la patria.

El caldo de cultivo de tanto pronunciamiento eran las deficientes condiciones materiales y profesionales en las que se desarrollaba la carrera militar. En origen, se trataba, por tanto, de un conflicto corporativo, casi laboral, que en cierta ocasión llegó al extremo de que un regimiento se pusiera en huelga por la tardanza del Estado en pagar las nóminas[7]. El final del ciclo bélico iniciado en 1808 (Guerra de la Independencia, insurrección colonial en América y primera guerra carlista) agravó el problema del exceso de mandos, de las pobres perspectivas de la carrera militar y de las penurias presupuestarias del Estado constitucional. Las guerras al menos servían para ganar honores y ascensos, pero en tiempo de paz, con el escalafón inflado y los oficiales ociosos en los cuarteles, el malestar se hacía insoportable. A medida que las dificultades crecían aumentaba el interés de los afectados por intervenir en la vida pública en beneficio de la nación y, de paso, en el suyo propio. Tal fue en sus orígenes el problema militar: un descontento profesional que derivó en intervencionismo político.

Hay un punto casi naíf en la forma en que a veces se mezclaban los objetivos políticos y los intereses corporativos que latían tras un pronunciamiento. «¡Abajo la Monarquía y arriba un grado todos los oficiales!»[8], gritaron los protagonistas de una fallida intentona contra Isabel II. Su propensión a derribar gobiernos no era fruto, por tanto, de una aversión castrense al liberalismo, que en sus diversas expresiones, desde la más conservadora hasta la más radical y democrática, conformará la mentalidad de las Fuerzas Armadas en la España del siglo XIX. Su propia composición social era el resultado de la quiebra del Antiguo Régimen y de su lógica estamental, que restringía a los vástagos de la nobleza el acceso al cuerpo de oficiales. El nuevo Ejército surgido de la Guerra de la Independencia abrió sus filas a las clases medias e incluso a ciertos sectores populares movilizados a través de la guerrilla e incorporados posteriormente al escalafón. Tal era el origen de generales liberales como Espoz y Mina, Milans del Bosch —el primero de una larga saga de generales— y El Empecinado, que nunca habrían tenido cabida en el viejo Ejército aristocrático, virtualmente desaparecido tras el levantamiento contra los franceses. Con razón dijo el historiador Raymond Carr que el Ejército español fue en el siglo XIX «un instrumento de movilidad social sin parangón en Europa»[9].

Lo que el propio Carr llamó el «parlamentarismo pretoriano» —un extraño híbrido de liberalismo y militarismo— fue el efecto perverso de la relación de amor y odio que el régimen constitucional y el Ejército mantuvieron durante buena parte del siglo. Puede sorprender que, a pesar de su generosa representación en las instituciones liberales en calidad de presidentes del Gobierno, ministros, diputados, senadores o regentes, persistiera el malestar de los militares y su tendencia a conspirar y a pronunciarse. Las razones son sencillas: por un lado, poner a un general al frente del Ejecutivo no garantizaba que las cosas fueran a ir mejor, ni siquiera para sus compañeros de armas; por otro, el Ejército diversificó hasta tal punto su presencia entre los partidos, que a la oposición nunca le faltó un general dispuesto a sublevarse contra un Gobierno inicuo. Cada partido disponía de una brillante nómina de espadones a su servicio, aunque a menudo fuera difícil saber quién estaba al servicio de quién. El partido progresista tenía a Espartero y más adelante a Prim; el moderado a Narváez y a Diego de León; la Unión Liberal a Leopoldo O’Donnell, que la fundó, y a Francisco Serrano; incluso el partido republicano-federal contó con el general Blas Pierrard entre sus figuras más señeras. Hasta la causa del socialismo y del antimilitarismo, que prendió con fuerza en el Sexenio Democrático, tuvo el apoyo de un jefe militar, el coronel Maza, simpatizante de la Comuna de París que aspiraba a reeditar en Barcelona en 1873, durante la República federal.

Lo que empezó con un pronunciamiento, la Gloriosa Revolución de septiembre de 1868, terminó con otro encabezado por el general Martínez Campos en Sagunto en diciembre de 1874. Unos meses antes, el general Manuel Pavía había puesto fin a la República federal enviando a la Guardia Civil a la sede de la soberanía nacional para disolver las Cortes republicanas e imponer un Gobierno de amplio espectro. Técnicamente, lo de Pavía fue más un golpe de Estado que un pronunciamiento, pero ese carácter heterodoxo de su intervención, saltándose la tradición española, no impidió que dejara huella en la memoria histórica del militarismo patrio como un precedente del que podía echarse mano en circunstancias similares: una situación de desgobierno reconducida mediante un golpe directo y certero sobre las instituciones que diera lugar a un ejecutivo fuerte, de unidad nacional, formado a las bravas.

Nada volvió a ser igual tras el Sexenio Democrático (1868-1874). Los conflictos de toda índole que jalonaron aquellos años, desde la nueva carlistada hasta la rebelión cantonal, y la grave crisis de autoridad sufrida por el Ejército, en trance de desaparición por la ruptura de la disciplina en sus filas, facilitaron el posterior regreso de los militares a los cuarteles, que fue el gran empeño de Antonio Cánovas del Castillo, artífice de la Restauración borbónica en 1875. Cánovas no dejó de recordarles las consecuencias que su continua intromisión en la vida política había acabado teniendo para la estabilidad del país y para la existencia misma de las Fuerzas Armadas. El escarmiento tuvo efectos duraderos entre sus mandos, que aceptaron de mejor grado someterse al poder civil, encarnado por un conservador avezado como Antonio Cánovas. La personalidad del joven Alfonso XII, el «rey soldado», contribuyó también a mantener la tranquilidad en los cuarteles, aunque por un momento su temprana muerte en 1885 pareció sacar de su letargo al pretorianismo español. Fue un espejismo. La sublevación republicana del general Villacampa en 1886 fracasó estrepitosamente y su responsable fue juzgado por un consejo de guerra y condenado a muerte. Tras ser indultado por el Gobierno de Sagasta, acabó sus días en un presidio militar en el norte de África. Ya no hubo más pronunciamientos hasta 1923.

Pasaron muchas cosas, sin embargo, a lo largo de aquellos años en los que el Ejército respetó el orden vigente. El mal recuerdo del Sexenio y el éxito de la Restauración acabaron con las veleidades revolucionarias de los militares e imprimieron un giro conservador a su mentalidad. Sin embargo, la sucesión de guerras coloniales, primero en ultramar y luego en Marruecos, los continuos reveses sufridos en ellas y la impopularidad del sistema de quintas, que, como dijo Joaquín Costa, reservaba a los hijos de los pobres el «privilegio» de defender a la patria, fueron enconando de nuevo las relaciones entre civiles y militares, sobre todo a partir del 98. Sintiéndose abandonados por los políticos, el Desastre alimentó su espíritu de casta, siempre a flor de piel, y la búsqueda de un estatus propio, al margen del poder civil, que consiguieron gracias al apoyo del nuevo rey, Alfonso XIII. La Ley de Jurisdicciones de 1906 fue su gran victoria. Pero la cosa no paró ahí. El auge del nacionalismo catalán y del movimiento obrero, uno y otro imbuidos de un fuerte sentimiento antimilitarista, exacerbó el autoritarismo del Ejército, cada vez más alejado de su tradición liberal. La monarquía constitucional recurría a él para mantener el orden público, mientras el problema militar —sueldos, ascensos, destinos— seguía ahí sin que el Gobierno de turno pareciera tomárselo en serio o se atreviera a ponerle remedio. La gran inflación que provocó en España la Primera Guerra Mundial golpeó duramente a la «sufrida clase media», incluida la clase media de uniforme, que vio cómo la subida de los precios reducía de forma alarmante su capacidad adquisitiva. En ese contexto surgieron en la península las Juntas de Defensa como una suerte de sindicato militar concebido para luchar por los intereses profesionales de sus miembros y al mismo tiempo como contrapeso al poder y a los privilegios de sus compañeros del ejército de África, beneficiados por el favoritismo del rey y por el sistema de ascensos por méritos de guerra, que los junteros querían desterrar a toda costa. Todo ello adobado con esa retórica regeneracionista que entonces hacía furor.

Cuando estalló la crisis de 1917 muchos pensaron que las Juntas de Defensa y las fuerzas opositoras a la monarquía estaban condenadas a entenderse en una acción conjunta contra un régimen cada vez más desprestigiado. Sin duda, contar con el apoyo de las Juntas allanaría el cambio político al que aspiraba la oposición, desde el republicanismo hasta la izquierda obrera, pasando por el catalanismo. ¿Que eso suponía aliarse con el Ejército? ¿Y qué? ¿No habían sido los militares los protagonistas de todas las revoluciones del siglo XIX? Un intelectual socialista, Luis Araquistáin, no tendrá reparo alguno en mostrarse partidario de ese pacto, que algunos consideraban contra natura. «El Ejército contra la oligarquía»[10]: tal era su diagnóstico del movimiento iniciado por los militares junteros para acabar con un estado de cosas que perjudicaba a todos. Sin embargo, a la hora de la verdad las Juntas de Defensa dieron marcha atrás a su plan de regeneración nacional, aceptaron algunas concesiones del régimen y se pusieron a sus órdenes para reprimir la subversión. Durante algún tiempo —no tanto como podría pensarse—, la izquierda quedó escarmentada de posibles componendas con los militares. Cuando en 1923, Primo de Rivera se sublevó en Barcelona —un pronunciamiento de libro— y, con el beneplácito del rey, instauró su dictadura, se consumó lo que venía apuntándose desde el cierre en falso de la crisis de 1917: una alianza entre el Ejército y Alfonso XIII para enterrar lo que quedaba del sistema canovista y meter en cintura a la oposición.

La sobreactuación del monarca en su compadreo con los militares, al que era tan propenso, le jugó esta vez una mala pasada. Pese al indudable éxito de Primo de Rivera al poner término a la guerra de África, su incapacidad para resolver los problemas estructurales del Ejército y su reacción destemplada ante el creciente descontento de sus compañeros de profesión —llegó a disolver el Arma de Artillería— empujaron a muchos de ellos a conspirar contra el dictador. Cuando este cayó, abandonado por el rey, la conjura siguió su curso, esta vez contra el propio Alfonso XIII, considerado cómplice de las arbitrariedades sufridas en tiempos de la dictadura. De ahí la significativa participación castrense en el movimiento republicano organizado a lo largo de 1930, que el 15 de diciembre debía derrocar a la monarquía a la manera decimonónica, con una insurrección civil, esta vez en forma de huelga general, y un levantamiento militar, reducido finalmente, por problemas de coordinación entre los conjurados, a las sublevaciones de Jaca y de la base aérea de Cuatro Vientos (Madrid). Su fracaso solo sirvió para prolongar cuatro meses más el reinado de Alfonso XIII y proporcionar a la causa republicana sus dos grandes mártires, los capitanes Galán y García Hernández.

Aunque, como se apresuró a recordar Alcalá-Zamora, el advenimiento de la República fue fruto de unas elecciones y no de un pronunciamiento militar, los oficiales republicanos ocuparon un lugar de primer orden en el imaginario del nuevo régimen. Los retratos de los dos capitanes ejecutados en diciembre aparecieron por doquier en las manifestaciones populares del 14 de abril. En la Puerta del Sol de Madrid, principal escenario de la celebración republicana, causó sensación la imagen de un teniente de uniforme enarbolando una bandera tricolor en lo alto de un camión, en medio del delirio de la multitud. La foto de Pedro Mohíno, que así se llamaba el oficial, se convirtió desde entonces hasta nuestros días en uno de los grandes iconos de la Segunda República. El regreso del exilio de los aviadores sublevados en Cuatro Vientos, con el comandante Ramón Franco a la cabeza, dejó momentos de gran emotividad. «¡Viva Franco!», se lee en las pancartas que portaban manifestantes de aspecto proletario en las fotos de aquel apoteósico recibimiento. Poco después, el Himno de Riego era adoptado de facto como himno de la República. A sus acordes fue recibido el Gobierno provisional al inaugurarse las Cortes Constituyentes el 14 de julio de 1931, aquella ocasión solemne en la que el presidente del Gobierno declaró a la República «la bisnieta de Riego».

El flechazo entre el Ejército y el régimen republicano duró menos de lo esperado, y no solo por la inaplazable reforma militar llevada a cabo por Azaña, de la que alguien tan poco sospechoso como el general Francisco Franco afirmará en privado, muchos años después, que «no estaba mal proyectada, ni era tan mala como se decía en aquella época»[11]. En la hostilidad de muchos militares, incluso de algunos que habían apoyado la caída de la monarquía, influyeron sin duda los problemas de orden público, que la República nunca supo manejar, pero también la labor de zapa realizada por grupos civiles que pretendían defender sus intereses azuzando el descontento en los cuarteles. El general Sanjurjo, que el 14 de abril se puso, como jefe de la Guardia Civil, a disposición del nuevo Gobierno, encabezó un pronunciamiento en Sevilla el 10 de agosto del año siguiente conocido como la sanjurjada. Tras ella había una tupida trama civil vinculada a la más rancia oligarquía e interesada en impedir que las Cortes aprobaran la reforma agraria que venían debatiendo. La izquierda tampoco fue del todo inmune a la creencia, heredada del siglo XIX, de que llegado el momento los militares afectos le sacarían las castañas del fuego. Juan Simeón Vidarte, diputado socialista que había sido secretario de las Cortes Constituyentes, recordará en sus memorias el estupor que le produjo enterarse en una reunión al más alto nivel, preparatoria de la Revolución de Octubre de 1934, de que el triunfo de la insurrección obrera contra el Gobierno radical-cedista «estaba confiado a los militares»[12]. Santiago Carrillo, entonces líder de las Juventudes Socialistas, llegará a afirmar que entre los jefes implicados había «más de un capitán general»[13].

Puede que el fiasco de la Revolución de Octubre abriera los ojos a la izquierda sobre las desmesuradas esperanzas que había puesto en ese sector del Ejército. Todo lo que cabía esperar de él era que, si se producía una rebelión militar contra la República, esos oficiales se mantuvieran leales al régimen y lo defendieran de sus propios compañeros de armas. Así sucedió en la mayoría de los casos cuando, tras el pronunciamiento del ejército de África el 17 de julio de 1936, la sublevación se extendió por toda la península. Pero el comportamiento de los oficiales no siempre obedeció a una pauta ideológica según los ejes derecha-izquierda o republicanismo-antirrepublicanismo; ni siquiera según la polaridad, tan enraizada en la España de la época, catolicismo-masonería. Militares que en 1931 destacaron por su apoyo entusiasta a la República, como Queipo de Llano, Ramón Franco o Pedro Mohíno —el teniente inmortalizado el 14 de abril enarbolando la bandera tricolor en la Puerta del Sol—, en julio de 1936 se adhirieron al golpe. Antiguos masones, como Cabanellas o Aranda —la gran esperanza de la izquierda en Asturias—, desempeñaron un papel decisivo en la sublevación, mientras que católicos como el general Llano de la Encomienda o el coronel Escobar resultaron determinantes en el fracaso del alzamiento en Cataluña. Otro general católico, Domingo Batet, se negó a secundarlo en Burgos, donde ostentaba el mando de la División, y fue fusilado tras ser condenado a muerte por sus propios compañeros. Dos años antes, siendo la máxima autoridad militar en Cataluña, había recibido la cruz laureada de San Fernando por desbaratar la rebelión separatista de la Generalitat. En 1934, su lealtad a la República le valió la máxima condecoración militar; en 1936, la muerte.

Ni pronunciamiento, ni rebelión, ni golpe de Estado. A la hora de poner nombre a la acción militar que dio lugar a la Guerra Civil, los sublevados adoptaron la expresión «alzamiento nacional», que, como hemos visto, utilizaron antes los republicanos para definir el 14 de abril de 1931. No la emplea el general Franco, pero sí una muy parecida («levantamiento nacional»), en unas declaraciones realizadas al periódico lisboeta O Século el 13 de agosto de 1936. Se trataba de revestir de un carácter espontáneo y unánime la revuelta contra un Gobierno tachado de ilegítimo. No era una parte de España o de las Fuerzas Armadas quien había decidido alzarse en armas, sino que fue toda la nación la que obró a través de su Ejército, depositario de la esencia misma de la patria y legitimado para usar la violencia en su nombre. Los sublevados se desmarcaban así de la experiencia de los pronunciamientos decimonónicos, tan estrechamente unida a la tradición liberal española y a un siglo (el XIX) del que el propio Franco declaró «que nosotros hubiéramos querido borrar de nuestra historia»[14].

Y es verdad que el 18 de Julio no fue un pronunciamiento al uso, por más que la rebelión del ejército de África pudiera encajar en ese modelo, tanto por su lejanía de la capital como por servir de detonante a una reacción en cadena. Ni su rápida propagación por todo el territorio nacional ni su desenlace en forma de guerra civil guardan relación alguna con la tradición decimonónica. Lo mismo se puede decir de su plasmación final en una larga dictadura. La intención de Franco tras recibir el poder de una junta de generales el 1 de octubre de 1936 no era, desde luego, estar de paso en la historia de España, como aquellos espadones liberales aupados a la presidencia del Gobierno en la época del parlamentarismo pretoriano. Aunque el caudillismo constituyera un elemento intrínseco a la cultura del pronunciamiento, la autoridad del dictador —el Caudillo por excelencia— fue mucho más allá de la que ejerció cualquier general del siglo XIX, que estuvo siempre sujeta a los mecanismos propios de un sistema constitucional y a los pactos tácitamente establecidos con las fuerzas políticas, con el sector adicto del Ejército y a veces con la Corona. Franco, por el contrario, tuvo las manos libres para ejercer «por la gracia de Dios» un poder omnímodo, sin otra limitación, más aparente que real, que la derivada de unas instituciones hechas a su imagen y semejanza.

Tampoco se vio condicionado por sus generales, ni siquiera por aquellos que tuvieron un mayor protagonismo en la sublevación contra la República o en su propia exaltación a la jefatura del Estado. Unos murieron de forma accidental, como Sanjurjo o Mola; otros, como Cabanellas o Queipo de Llano, fueron postergados debido a su pasado republicano. Solo cuando la Segunda Guerra Mundial empezó a cambiar de signo, y especialmente tras la victoria aliada, unos pocos se plantearon la conveniencia de apartarlo del poder y reemplazarlo por don Juan de Borbón al frente de una monarquía que contara con el beneplácito de las democracias occidentales. El más notorio de todos ellos, el general Aranda, llegó a mantener contactos con la oposición monárquica y socialista, pero fue rápidamente neutralizado por Franco, que en 1949 decretó su pase a la reserva. Luego, nada. Apenas rumores sobre algún general díscolo que hacía patente su descontento y se mostraba dispuesto a intentar algo.

Este tipo de especulaciones reflejaba la pervivencia del viejo mito del intervencionismo militar como única forma de provocar un cambio político que, de otra forma, parecía imposible. Y aún hubo versiones más disparatadas de la teoría del pronunciamiento en su versión antifranquista. Se cuenta que en sus últimos años el militar comunista Valentín González, el Campesino, exiliado en París, se preciaba de tener listo un levantamiento armado para derrocar a Franco. «¿Con el apoyo de quién?», le preguntaron perplejos sus compañeros de tertulia en el café Mabillon. El Campesino miró a un lado y a otro, inclinó el cuerpo hacia delante para hacerse oír mejor por sus contertulios y les hizo partícipes de su secreto: «Con la Guardia Civil»[15]. El hecho es que el dictador doblegó fácilmente, siempre que tuvo necesidad, el espíritu levantisco de unos pocos generales resabiados y que las nuevas promociones salidas de las academias militares le fueron de una lealtad absoluta. Solo en fecha muy tardía, en una situación de crisis terminal y con el estimulante ejemplo de la Revolución de los Claveles en Portugal (1974), algunos oficiales jóvenes rompieron amarras con el régimen y crearon la Unión Militar Democrática (UMD), pensando no tanto en un pronunciamiento antifranquista como en facilitar desde las Fuerzas Armadas una salida pacífica a la dictadura.

Por la cuenta que le traía y por conocerse el paño, el dictador hizo mucho por extirpar del Ejército español sus querencias intervencionistas. Fue, podría decirse, el padre castrador de una institución que bajo su caudillaje perdió algunos de sus viejos hábitos y desarrolló una adhesión ciega al poder establecido. Esa actitud continuó después por pura inercia y por lealtad al rey, su nuevo jefe supremo, mucho más que por conformidad con la transición democrática puesta en marcha bajo la monarquía. La era de los pronunciamientos quedaba ya muy lejos; no digamos aquella tradición liberal-castrense con la que formaron un todo inextricable en el siglo XIX. Ayudó también la reforma impulsada por el general Manuel Díez-Alegría en los años sesenta para despolitizar las Fuerzas Armadas y prepararlas para un futuro sin Franco[16]. Su continuador en la década siguiente será el general Manuel Gutiérrez Mellado, miembro destacado del círculo de militares reformistas que tuvo en Díez-Alegría a su principal mentor.

Muerto Franco, la lealtad al rey, el acatamiento, aunque fuera a regañadientes, del poder constituido y la ruptura de la tradición golpista hicieron más llevadera la difícil convivencia con una democracia en construcción. Pero en un contexto de aguda crisis social, económica y territorial y de brutal ofensiva terrorista, dirigida precisamente contra el Ejército y las fuerzas del orden, la eficacia de aquellos factores paliativos tenía que ser limitada. Todo ello explica la existencia de un malestar estructural en las Fuerzas Armadas, que en el lenguaje de la época se acabó conociendo como «ruido de sables» y que los más extremistas quisieron convertir en argumento para una acción de fuerza.

2. Ruido de sables

2

RUIDO DE SABLES

La muerte de Franco, el comienzo del reinado de Juan Carlos I y la formación del primer Gobierno de la monarquía abrieron en las Fuerzas Armadas un tenso compás de espera. La mayoría de sus miembros optaron por dar un margen de confianza al joven rey, pero los más próximos a la extrema derecha, liderada por Blas Piñar y José Antonio Girón de Velasco, desconfiaban de las intenciones del sucesor de Franco y preferían que el Ejército adoptara un papel vigilante. No era un sentimiento que surgiera de repente tras la muerte del dictador. Ya en 1970, con motivo del juicio de Burgos a los miembros de ETA acusados del asesinato del comisario Melitón Manzanas, había surgido en el Ejército un autodenominado «movimiento de los capitanes» contrario a la supuesta debilidad del Gobierno en la lucha antiterrorista, que el indulto a los condenados vendría a confirmar[17].

El imparable deterioro del régimen y la creciente actividad de ETA dieron nuevas alas a ese sentimiento, mezcla de miedo al futuro y afán de venganza. Altos mandos militares empezaron a exigir mano dura frente al terrorismo, la oposición o la Iglesia posconciliar. «¡Tarancón al paredón!», gritaron en diciembre de 1973 algunos de los asistentes al entierro del almirante Carrero Blanco, oficiado por el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, una de las bestias negras del búnker franquista. El grito de «¡Ejército al poder!», que pudo oírse también en aquella ocasión, revelaba tanto el grado de descomposición del régimen como el desconcierto de sus más fanáticos incondicionales, que parecían reclamar un golpe de fuerza ante la crisis de autoridad que, según ellos, sufría el Estado. La escalada terrorista iniciada a finales de los años sesenta y la incertidumbre ante el futuro propiciaban este tipo de desahogos de un malestar todavía difuso.

El asesinato del presidente del Gobierno disparó la tensión hasta niveles insospechados, por más que Franco, queriendo tal vez transmitir confianza en las instituciones, dejara para la posteridad una frase desconcertante: «No hay mal que por bien no venga». El rumor de que la ultraderecha se disponía a vengar la muerte de Carrero con una «noche de los cuchillos largos» contra la oposición fue atajado de inmediato por el general Manuel Díez-Alegría, jefe del Alto Estado Mayor del Ejército, que dio las órdenes pertinentes para evitarlo. Su actitud contrastaba con la del director de la Guardia Civil, el general Iniesta Cano, que llegó a cursar un telegrama a todas las comandancias asumiendo el pleno control del orden público, en detrimento de los gobernadores civiles, e instando a actuar enérgicamente contra «cualquier elemento subversivo», sin excluir el uso de las armas. Solo la intervención de Díez-Alegría ante el ministro de la Gobernación y futuro presidente, Carlos Arias Navarro, permitió revocar una orden que no podía adoptar nadie que no fuera el Gobierno. Episodios como este, en el que dos tenientes generales mantuvieron posiciones abiertamente antagónicas, demuestran que en vísperas de la muerte de Franco el Ejército estaba dejando de ser un bloque monolítico y que la forma de combatir el terrorismo o la necesidad de introducir algunas reformas podían provocar graves discrepancias.

Sería un error, sin embargo, considerar que Díez-Alegría encabezaba un lobby militar con un poder comparable al del búnker castrense. Su cese fulminante en junio de 1974 tras un viaje privado a la Rumanía comunista da idea de su precaria situación y de la fuerza de sus adversarios. El reformismo representaba todavía una opción minoritaria en las Fuerzas Armadas, imbuidas en general de un sentido inmovilista de su misión institucional, en consonancia con las tesis defendidas por una prensa ultraderechista que gozaba de gran predicamento en los cuarteles. Para publicaciones como Fuerza Nueva, El Alcázar o el Heraldo de Aragón, orientadas hacia un público mayoritariamente militar, cualquier mínima reforma del Estado del 18 de Julio, incluso para facilitar su supervivencia, equivalía a traicionar el legado del Caudillo. De ahí las reticencias ante el primer Gobierno de la monarquía formado en diciembre de 1975, con Carlos Arias Navarro como presidente, Manuel Fraga como ministro de la Gobernación y hombre fuerte y la presencia de algunos personajes cuya trayectoria resultaba cuando menos sospechosa a los ojos de los ultras, como José María de Areilza, quintaesencia del liberalismo monárquico y miembro del consejo privado de don Juan, o Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, director general de Registros durante la Segunda República.

El anuncio realizado por Arias Navarro de que el Gobierno se disponía a crear «una democracia española» no ayudó a tranquilizar los ánimos. Lo que fuera eso nunca llegó a saberse, porque aquel proyecto reformista, obra sobre todo de Fraga, naufragó estrepitosamente a los pocos meses lastrado por la falta de liderazgo, la presión social, los excesos verbales del ministro de la Gobernación y la incapacidad del Gobierno para hacer creíble una verdadera transición democrática. El 1 de julio de 1976, el rey Juan Carlos obtenía la dimisión de Arias Navarro, del que estaba manifiestamente distanciado, y dos días después nombraba presidente a un hombre de su entera confianza, Adolfo Suárez, ministro secretario general del Movimiento del Gobierno saliente. Aconsejado por el rey, Suárez mantuvo en el ejecutivo a los cuatro militares integrantes del gabinete anterior —un vicepresidente, el general Fernando de Santiago, y tres ministros— para dar estabilidad a las relaciones con las Fuerzas Armadas en una etapa que se adivinaba complicada.

La situación militar fue un permanente campo de minas para Adolfo Suárez, a pesar de un comienzo esperanzador. El 8 de septiembre, celebró en Presidencia del Gobierno, todavía en su antigua sede de Castellana, 3, una reunión con altos mandos del Ejército y de la Armada —en total, veintinueve generales y almirantes— para explicarles el sentido de sus planes reformistas, haciendo hincapié en la existencia de líneas rojas, nunca mejor dicho, que jamás serían traspasadas. Entre ellas figuraba, en primer lugar, la legalización del PCE, que, según la versión más extendida, habría descartado de forma tajante. Su simpatía natural y su capacidad de persuasión contribuyeron a hacer de la reunión un gran éxito personal, que se resume en las palabras pronunciadas al concluir el acto por el capitán general de Burgos, Mateo Prada Canillas: «Presidente, ¡viva la madre que te parió!»[18]. Este es el relato de los hechos que llegó inmediatamente a oídos del rey, complacido una vez más con el buen hacer de su amigo Adolfo. El secretario de la Casa Real, el general Alfonso Armada, no tardó, sin embargo, en transmitir a Su Majestad una versión mucho menos triunfalista de lo sucedido[19]. Que Armada se permitiera cuestionar ante el monarca el éxito de Suárez sugiere el principio de un conflicto entre ellos que habría de llevar, casi un año después, al cese del general y a su alejamiento de la Zarzuela. En todo caso, puede que las dos versiones exageraran en un sentido o en otro lo ocurrido aquel día en Castellana, 3, y que la reunión no fuera ni un triunfo clamoroso, ni la primera manifestación, todavía con sordina, del descontento militar hacia la política de Suárez. En cuanto a las consecuencias futuras de lo allí tratado, queda por ver hasta qué punto el presidente se comprometió a mantener al PCE fuera de la legalidad, cuestión de suma trascendencia por la posible relación entre la legalización del partido en abril de 1977, en contra de lo afirmado por Suárez, y el golpe de Estado llevado a cabo casi cuatro años después.

¿Engañó Suárez a los generales convocados a la Presidencia del Gobierno aquel 8 de septiembre de 1976? ¿Fue esta la espoleta de efecto retardado que explotó el 23 de febrero de 1981? Persona tan bien informada como Sabino Fernández Campo, que sucedió a Alfonso Armada en la Secretaría de la Casa Real, atribuye al asunto una importancia capital en el origen del malestar militar que desembocó en el 23-F. Es dudoso, sin embargo, que esta cuestión influyera decisivamente en el ánimo de aquellos oficiales que conspiraron contra Suárez y se sublevaron contra la democracia tras producirse su dimisión. El tiempo transcurrido había demostrado que el PCE no era una fuerza subversiva presta a destruir España y, por tanto, había dado la razón a quien en 1977 tomó aquella arriesgada decisión. Otra cosa es que entre aquellos generales y almirantes que asistieron al encuentro en la Presidencia del Gobierno, y por extensión entre sus compañeros de armas, quedara un poso de resentimiento hacia Suárez por creer que había faltado a su palabra.

Eduardo Navarro, estrecho colaborador de Suárez y buen conocedor de los entresijos de la transición, afirma en un texto escrito en 1991 que en aquella reunión cada cual entendió lo que quiso, que unos se dejaron llevar por la simpatía del presidente y convirtieron sus buenas palabras en compromisos de por vida, mientras que otros, los más avezados, se dieron cuenta de que «Suárez no se había comprometido prácticamente a nada y que la democracia sería instaurada con el reconocimiento incluso del PCE»[20]. Hay otro testimonio, no exactamente de aquel episodio, pero casi, que parece avalar esta interpretación de los hechos. Unos días después del cónclave celebrado en Presidencia del Gobierno, Suárez se reunió con un nutrido grupo de oficiales de los servicios de inteligencia (el SECED) para informarles de las reformas en marcha. Como en el encuentro con los generales, se acabó planteando la posible legalización del PCE y la respuesta del jefe del Gobierno fue que no tenía ninguna intención de llevarla a cabo «por ahora». «Resultó significativo», en palabras de un comandante del SECED que asistió al acto, «que añadiera que no había que ponerle puertas al campo»[21]. La mayoría de sus compañeros llegó a la misma conclusión sobre las intenciones de Suárez respecto al PCE. De momento, nada; más adelante, ya se vería. La cuestión quedaba, por tanto, abierta a lo que las circunstancias aconsejaran en el futuro. Algo parecido debió de decir en la reunión con los generales. Lo que cambió fue el público al que se dirigió y la mayor o menor predisposición de los asistentes a confundir sus deseos con la realidad. Los acontecimientos acabaron demostrando que los oficiales del SECED entendieron el mensaje mucho mejor que sus superiores.

La primera crisis militar de la transición se produjo apenas dos semanas después de la célebre reunión con el alto mando en Castellana, 3. No hizo falta, pues, que Suárez legalizara al PCE para encontrarse con los primeros síntomas de descontento en el Ejército y de contestación a su política. El 22 de septiembre se producía la dimisión del general Fernando de Santiago como vicepresidente del Gobierno en desacuerdo con los planes democratizadores del Ejecutivo y con los contactos que el presidente venía manteniendo con personalidades de la oposición. Aunque, según fuentes oficiales, se trató de «un cese amistoso y pactado», la ruptura se produjo en una entrevista muy poco amistosa en la que Suárez y De Santiago pudieron comprobar el abismo político que les separaba. La conversación alcanzó su momento de máxima tensión cuando el general le recordó que España era un país propenso a los golpes militares y Suárez, que no era hombre que se dejara intimidar fácilmente, le contestó con una advertencia apenas velada: «Te recuerdo, Fernando, que en España sigue vigente la pena de muerte»[22]. No está claro si aquello fue dimisión o cese, pero si en algo estaban de acuerdo era en la imposibilidad de seguir juntos en el Gobierno. Como en otras crisis de la transición, la presión inmovilista afianzó a Suárez en sus convicciones y aceleró el ritmo de sus reformas.

Si la dimisión del vicepresidente fue sonada, el nombre del sucesor no lo iba a ser menos. Manuel Gutiérrez Mellado procedía del círculo reformista de Díez-Alegría y era en ese momento jefe del Estado Mayor del Ejército. Su designación sentó muy mal a los ministros militares por tratarse de un teniente general recientemente ascendido, con menos antigüedad que ellos y colocado, como vicepresidente para Asuntos de la Defensa, en una posición jerárquica superior. El más afectado fue el ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, que creía ser el relevo natural para el cargo. Se habló incluso de una intervención del rey para evitar la dimisión en bloque de los tres ministros militares, que finalmente no se produjo. Pero la crisis abierta por la dimisión de Fernando de Santiago no paró ahí. Al día siguiente, el general dirigía una carta a sus compañeros de armas, inmediatamente filtrada a la prensa, manifestando su disconformidad con la política que estaba llevando a cabo el Gobierno y, en particular, con su intención de legalizar a «las centrales sindicales CNT, UGT y FAI, responsables de los desmanes cometidos en la zona roja, y de las CC. OO., organización del Partido Comunista»[23]. La carta dio pie a un artículo en El Alcázar del general Iniesta Cano solidarizándose con su compañero dimisionario, cuya decisión calificaba de «lección impagable». Al mismo tiempo, la extrema derecha civil y militar lanzaba una campaña de insidias contra el nuevo vicepresidente del Gobierno, «el señor Gutiérrez», apeado de su condición de general y reducido a la triste condición de paisano. Era el comienzo de una hostilidad obsesiva contra su persona que habría de durar hasta su salida del Gobierno tras el 23-F, y más allá.

Sobre aquel general de apariencia frágil recayó la ímproba tarea de pilotar la transición militar e insertar a las Fuerzas Armadas en una democracia en ciernes, a la que muchos de sus miembros hacían responsable de la ofensiva terrorista que vivía España en los últimos tiempos. A medida que los atentados se hacían más frecuentes y sanguinarios parecía reducirse el margen de maniobra del Gobierno en su política democratizadora, que tenía que desarrollarse entre amenazas de distinta procedencia y el creciente malestar en los cuarteles. Esta situación, agravada en su caso por la animadversión de muchos de sus compañeros, llegó a hacer mella en el ánimo de Gutiérrez Mellado. Ni siquiera la amistad sincera y el apoyo incondicional del presidente Suárez impedían que en los peores momentos, relacionados siempre con el terrorismo y el consiguiente ruido de sables, se apoderara de él una profunda sensación de soledad y amargura. «Aparte de los que estamos aquí y del rey», preguntó un día en una reunión en la Moncloa, «¿hay alguien más que crea en lo que estamos haciendo?».

La legalización del PCE iba a llevar al límite las siempre tensas relaciones del Gobierno con las Fuerzas Armadas, convencidas de que tal cosa no ocurriría al menos antes de las elecciones previstas para junio de 1977. Suárez se la empezó a plantear en serio después del atentado de Atocha contra varios militantes comunistas, cometido por la extrema derecha a finales de enero. Tras su encuentro secreto con Carrillo un mes después, se puede decir que la suerte estaba echada. El 4 de abril, lunes santo, el presidente anunciaba su decisión en una reunión con los miembros del Gobierno directamente concernidos, en vez de convocar al Consejo de Ministros en pleno, como le aconsejaba el vicepresidente Alfonso Osorio, el único que expresó su disconformidad con la medida. Entre ellos no se encontraban los ministros militares, a los que Gutiérrez Mellado debía poner al corriente antes de que la legalización se hiciera oficial esa misma semana. Sin embargo, debido, al parecer, a un problema de coordinación, el vicepresidente no llegó a informarles a tiempo, de forma que cuando el sábado santo, 9 de abril, en plenas vacaciones de Semana Santa, se anunció la legalización del PCE, los tres ministros militares se sintieron engañados por el presidente del Gobierno y colocados en una situación insostenible ante sus compañeros.

Del conato de motín a bordo provocado en septiembre por la renuncia del general De Santiago y el nombramiento de Gutiérrez Mellado se pasó esta vez a la dimisión irrevocable del titular de Marina, Gabriel Pita da Veiga, sustituido tras arduas gestiones por un almirante en la reserva, Pascual Pery Junquera, que habría de convertirse en el último ministro de Marina de la historia de España. Al día siguiente de la dimisión de Pita da Veiga tenía lugar una tormentosa reunión en el Consejo Superior del Ejército en la que la inmensa mayoría de los asistentes expresó su rotundo rechazo a la medida adoptada por el Ejecutivo. Aunque la nota oficial remitida posteriormente a la prensa contenía una versión suavizada de lo ocurrido, el mensaje a la opinión pública no podía ser más claro: la legalización del Partido Comunista había provocado la «repulsa general» de las Fuerzas Armadas. Se acataba disciplinadamente el «hecho consumado», pero haciendo constar el profundo desagrado que causaba en el Ejército. Fue lo máximo que consiguió el Gobierno, a través de algún general afín, para evitar que la nota oficial dejara seriamente malparada su autoridad.

Por suerte, el feliz desarrollo de las elecciones del 15 de junio y el buen resultado obtenido por Suárez y su nuevo partido, UCD, compensaron el desgaste que el terrorismo y la crisis económica venían ocasionando al Gobierno. Su estabilidad debía mucho también a la lealtad de las Fuerzas Armadas al rey Juan Carlos, que supo convertir ese vínculo con la Corona en subordinación al poder civil. La oposición, por su parte, ayudaba en lo que podía sumándose al nuevo espíritu unitario y conciliador que empezó a presidir la vida política y dando continuas muestras de su sentido de la responsabilidad. Solo esa conjunción de factores —legitimidad democrática, consenso y respaldo de la Corona— explica que la aceleración del cambio político a partir de las elecciones y la puesta en marcha del proceso constituyente se produjeran sin contratiempos irreparables.

No se pudo evitar, sin embargo, que algunas decisiones políticas de alto voltaje tuvieran un fuerte impacto en los llamados «poderes fácticos». Especialmente delicada fue la concesión en octubre de una amnistía total, que liberó a todos los presos con delitos de sangre de intencionalidad política, y ello a pesar de que las Cortes decidieron en el último momento que la amnistía excluyera el reingreso en el servicio activo de los militares de la UMD condenados en 1975. Otro tanto podría decirse de la cuestión territorial, en la que se vislumbraba una solución constitucional de tipo autonómico, como la que impulsó en su día la Segunda República. Las dos cuestiones iban de la mano, porque, según las fuerzas políticas herederas del antifranquismo, la amnistía y la autonomía vasca y catalana dejarían sin argumentos al terrorismo, que acabaría desapareciendo como por ensalmo. Era la razón que esgrimía en particular el PNV para exigir una política de borrón y cuenta nueva. Pero las cárceles se vaciaban de presos vascos y el número de víctimas del terrorismo, sobre todo de ETA, no dejaba de crecer. En 1977, la organización terrorista vasca causó 12 muertos; en 1978, 64, y en 1979, 84. Mientras tanto, el Estado iniciaba un proceso de descentralización que se plasmaría primero en la Constitución y luego en los estatutos de autonomía. En 1980, tres años después de la amnistía, dos después de la Constitución y uno después de la aprobación del Estatuto de Autonomía vasco, ETA mataba a 93 personas. Ese mismo año se celebraron las primeras elecciones al Parlamento vasco. ¿Quién dijo que la amnistía y la autonomía acabarían con ETA? Si había una correlación parecía más bien la contraria. A más concesiones, más muertos, la inmensa mayoría pertenecientes a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y al Ejército. Tal era la siniestra ecuación que alimentaba la tentación golpista de un sector del antiguo aparato del Estado.

Buena prueba de ello fue el complot urdido por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y el capitán de la Policía Nacional Ricardo Sáenz de Ynestrillas, por el que fueron arrestados en noviembre de 1978, juzgados por un consejo de guerra y condenados a penas leves un año y medio después. El nombre de «Operación Galaxia» con el que ha pasado a la historia procede de la cafetería situada en el barrio madrileño de Moncloa en la que los dos personajes citados tramaron su conjura. Fue el 11 de noviembre, tres semanas antes del referéndum constitucional, cuando Tejero e Ynestrillas se reunieron en Galaxia con otros tres oficiales del Ejército de parecidas inquietudes y les informaron de su plan para poner fin a los males de la patria. Su objetivo era secuestrar al Gobierno de Adolfo Suárez mediante el asalto al palacio de la Moncloa por una fuerza militar de unos doscientos hombres. El día previsto era el viernes siguiente, 17 de noviembre, aprovechando un viaje del rey a México y la celebración del habitual Consejo de Ministros de los viernes. El vacío de poder creado por el secuestro del Ejecutivo sería el pretexto utilizado para imponer un Gobierno de salvación nacional, que, entre otras medidas, paralizaría el proceso constituyente, a punto de culminar con el referéndum convocado para el 6 de diciembre.

El plan fue puesto en conocimiento de la autoridad militar por uno de los oficiales que asistieron a la reunión. A partir de ahí, todo fue muy deprisa. A los pocos días, se ordenó el arresto de Tejero e Ynestrillas y la prensa empezó a informar de la llamada Operación Galaxia. El nombre aparecía ya en el titular de un artículo a doble página publicado por El País el 19 de noviembre, dos días después de la fecha prevista para su ejecución[24]. El periódico señalaba la existencia de importantes ramificaciones, incluso fuera de Madrid, e informaba de la reunión que en la noche del 16 al 17 —«la más dramática de cuantas vivió el Gobierno Suárez»— mantuvieron el rey, el presidente del Gobierno y el general Gutiérrez Mellado para evaluar la gravedad de los hechos y estudiar la posibilidad, finalmente descartada, de suspender el viaje de don Juan Carlos a México. El descubrimiento del complot y el arresto de sus responsables no impidieron que en la opinión pública y en las fuerzas políticas cundiera la alarma por la fragilidad de una democracia recién estrenada, que podía irse al traste en cualquier momento. El año anterior, al aprobarse en las Cortes la Ley de Amnistía, el diputado comunista Marcelino Camacho afirmó que el cambio político vivido por España desde la muerte de Franco había sido «casi un milagro»[25]. Puede que el milagro tuviera fecha de caducidad. Una cosa era el runrún del malestar militar, al que la opinión pública, mal que bien, se iba acostumbrando, y otra la existencia de un plan de golpe de Estado. Lo que se conocía como Operación Galaxia, llegó a decir Alfonso Guerra, vicesecretario general del PSOE, era solo la punta del iceberg de una trama mucho más amplia[26]. La prensa ultra, por el contrario, quitó importancia a lo sucedido. Todo se reducía a «una charla de café», a un «golpe de risa», cuando no a una patraña inventada por el Gobierno para favorecer sus intereses y perjudicar a ciertos sectores opuestos a su política.

Aunque los abogados defensores apostaron por la teoría del montaje gubernamental, las declaraciones de los acusados ante el tribunal se ciñeron a la conocida versión de la «charla de café», carente de toda intencionalidad práctica. Aquello, afirmó Ynestrillas, no pasó de ser «una especie de juego» con el que pretendían demostrar que se podía dar un golpe de Estado mediante la toma del palacio de la Moncloa, en contra de lo afirmado recientemente por el general Gutiérrez Mellado, que había declarado imposible que en España pudiera producirse tal cosa[27]. Se trataba, en definitiva, de un inocente divertimento con el que un grupo de amigos entretuvo sus ocios una mañana de sábado, elucubrando sobre un imaginario golpe de mano que alguien se tomó a la tremenda. Tejero, más desinhibido y desafiante, fue un poco más lejos que su compañero al definir el plan como «un deseo, más que una hipótesis», que en caso de llevarse a cabo habría permitido ofrecer al rey, a la vuelta de su viaje a México, «una nueva situación para que decidiera lo más conveniente». Suena ambiguo, como un brindis al sol que expresaba deseos irrealizables, pero era algo más que esos «fantasmas» creados por el Gobierno y los medios de comunicación, según los abogados defensores, con la vista puesta en el referéndum constitucional[28].

Lo más sorprendente de la sentencia, hecha pública el 8 de mayo de 1980, es la enorme disparidad entre la gravedad de los hechos que se consideraban probados y el castigo impuesto por el tribunal. Tejero e Ynestrillas fueron condenados como «autores de un delito de conspiración y proposición para la rebelión», por haber tramado «un golpe de mano que habría de ocupar [sic] el palacio de la Moncloa en el momento en que estuviere reunido en él el Consejo de Ministros, para, posteriormente, someter la nueva situación a S. M. el Rey». Pese a la contundencia de estas palabras, las penas se reducían a siete meses de arresto en el caso de Tejero y a seis meses y un día en el de Ynestrillas. Como el periodo de detención previo al juicio era superior a la condena, los dos oficiales quedaron en libertad y pudieron celebrar el fallo con familiares y amigos en un bar próximo al Gobierno Militar de Madrid, donde tuvo lugar la vista. A la perplejidad por la levedad de las penas —«la sentencia ha asombrado a la opinión pública», dirá El País[29]— se añadirá el escándalo por el ambiente de triunfo que presidirá la celebración: familiares, amigos y militares que pasaban por allí, destinados en el Gobierno Militar, brindando con champán por un fallo que permitía el regreso de los condenados al servicio activo, pronto se vio con qué intenciones.

Llovía sobre mojado, porque un año antes el general Juan Atarés Peña había sido absuelto de todos los cargos por un consejo de guerra que le juzgó por un grave incidente ocurrido el 17 de noviembre de 1978, coincidiendo casualmente con la Operación Galaxia. Aquel día, Gutiérrez Mellado celebró en Cartagena una reunión con varios centenares de jefes y oficiales para explicarles el sentido de las reformas emprendidas por el Ministerio de Defensa y aclarar sus dudas sobre la Constitución que estaba a punto de aprobarse. La reunión formaba parte de una gira de Gutiérrez Mellado por las guarniciones con ese mismo fin y, de paso, elevar la moral de las unidades en un momento de intensa actividad terrorista. El carácter multitudinario del encuentro y la posibilidad de hacer preguntas llevaron a los asistentes a ir subiendo el tono de sus críticas, dirigidas contra el Gobierno y la Constitución. La situación acabó derivando en tumulto, con gritos contra Gutiérrez Mellado e intentos del vicepresidente de imponer su autoridad. Se palpaba también cierta división en el ambiente, patente en los aplausos atronadores que recibían las intervenciones más incendiarias sobre los más comedidos tributados a Gutiérrez Mellado, procedentes sobre todo del fondo de la sala, donde se encontraban los oficiales más jóvenes[30]. Entre los más exaltados destacó el general Atarés Peña, que le acusó de traidor, de masón —un clásico— y de espía, esto último debido al papel que había desempeñado en la Guerra Civil como miembro de la quinta columna. Ante la imposibilidad de restablecer el orden, el vicepresidente del Gobierno puso fin al acto y ordenó el arresto de Atarés.

«Los sucesos de Cartagena: El general Gutiérrez Mellado fue aplaudido por la oficialidad», tituló La Vanguardia dos días después al informar del incidente, intentando dar una imagen tranquilizadora de lo ocurrido que no se parecía mucho a la realidad. Es cierto que en el tumulto surgieron dos sectores opuestos, a favor y en contra del vicepresidente del Gobierno y ministro de Defensa. Pero la impresión más extendida apunta a una mayoría clara de los descontentos. Lo peor, como en el caso de la Operación Galaxia, fue la ola de solidaridad con el militar insubordinado y el clima de abierto desafío a Gutiérrez Mellado y al Gobierno. El consejo de guerra celebrado en mayo de 1979 absolvió al general Atarés del cargo de insultos a un superior y el capitán general de la región, Jaime Milans del Bosch, confirmó la absolución tras resaltar las «virtudes humanas y militares» del procesado. Aquella era una pésima noticia para el Gobierno, no solo por la falta de castigo a un militar insubordinado, sino por la imagen de impotencia del poder civil ante amplios sectores del Ejército que cuestionaban abiertamente la autoridad del «señor Gutiérrez».

A medida que el terrorismo aumentaba su presión, resultaba más difícil mantener el sosiego en los cuarteles. Los entierros de las víctimas dieron lugar a graves incidentes por parte de sus compañeros, que desahogaban su ira contra las autoridades presentes. Había ocurrido ya en enero de 1977, cuando Gutiérrez Mellado, que llevaba apenas cuatro meses en el cargo, tuvo que llamar al orden a un oficial de la Armada en medio de un considerable tumulto en torno a los féretros de tres víctimas de ETA. Una breve filmación del acto recoge todo el dramatismo de la escena. La cámara nos muestra a un lado al marino increpando al Gobierno y apelando al honor de sus compañeros; al otro a Gutiérrez Mellado, que deja la presidencia del acto para dirigirse raudo hacia el militar insubordinado, sin llegar a él; en medio, un coche fúnebre, familiares de las víctimas y multitud de uniformados. La confusión del momento no impide que se distingan claramente los gritos de «¡Gobierno dimisión!» y «¡Traidores!», coreados por muchos de los asistentes. El marino que aparece en las imágenes se llamaba Camilo Menéndez Vives y tendrá un cierto papel, más bien decorativo, en el 23-F.

Más grave aún fue lo sucedido en las exequias del gobernador militar de Madrid, el general Constantino Ortín, asesinado por ETA el 3 de enero de 1979. Al concluir la ceremonia, celebrada en el patio del palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército, y presidida por el general Gutiérrez Mellado, un nutrido grupo de asistentes dirigió insultos y amenazas contra el presidente y el vicepresidente del Gobierno —«¡Guti, masón, irás al paredón!»—, se apoderó del féretro cuando iba a ser introducido en el vehículo que debía trasladarlo al cementerio y lo sacó a hombros del Cuartel General. Una vez en la calle, se improvisó un cortejo fúnebre, casi una manifestación, compuesta en parte de militares, que se puso en marcha entre gritos de «¡Ejército al poder!» y «¡Gobierno asesino!». En el trayecto a pie hasta el cementerio se produjeron avalanchas en torno al féretro, agresiones a la prensa, rotura de cristales, quema de ikurriñas y nuevos gritos sediciosos, que se repitieron en el cementerio. El escándalo fue de tal magnitud, que cuarenta y ocho horas después, en su discurso de la Pascua Militar, el rey Juan Carlos tuvo que lanzar una seria advertencia a quienes promovían la desunión y la indisciplina en las Fuerzas Armadas: «Un Ejército que ha perdido la disciplina no es un Ejército […]. El espectáculo de una actitud irrespetuosa originada por exaltaciones momentáneas en que los nervios se desatan es francamente bochornoso».

Pese a esta llamada a la serenidad, cuatro meses después se producía una escena parecida en el entierro del general Gómez Hortigüela y otros dos militares asesinados por ETA el 25 de mayo de 1979. El funeral tuvo lugar una vez más en el Cuartel General del Ejército, junto a la plaza de Cibeles. Al salir el féretro a la calle y recibir honores militares, civiles que se agolpaban en las aceras cantaron el Cara al Sol, brazo en alto, y lanzaron los consabidos insultos contra el Gobierno, especialmente contra Gutiérrez Mellado. Una cámara recoge el momento en el que el féretro del general es introducido en el coche fúnebre para su traslado al cementerio; luego, el objetivo se detiene en el rictus de tensión y amargura del vicepresidente, al que acompaña el nuevo ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún. Al fondo, se distingue con toda claridad un grito coreado de forma insistente: «¡Gutiérrez Mellado, tú los has matado!». Todavía estremece, cuarenta años después, contemplar las imágenes y oír el testimonio sonoro de aquel episodio[31].

Ya se ve que la pérdida de competencias que supuso para Gutiérrez Mellado el nombramiento de Rodríguez Sahagún como ministro de Defensa no alivió la presión a la que estaba sometido como vicepresidente del Gobierno. «El Guti», como le llamaban amigos y enemigos, siguió siendo objeto de la ira de la ultraderecha militar y de sectores castrenses que, sin tener una especial significación política, le hacían responsable de la incapacidad del ejecutivo para frenar la ofensiva terrorista de ETA. Ese mar de fondo salía a la superficie, como se ha visto, en los entierros de las víctimas del terrorismo, que la extrema derecha aprovechaba para atacar al Gobierno y menoscabar su autoridad. Luego estaban las ganas de hacer «algo» que expresaban algunos oficiales en conversaciones con sus compañeros y las manifestaciones extemporáneas de mandos militares en tal o cual acto público o en la prensa ultra. En eso —que no es poco— solía consistir lo que pronto se conocería como «ruido de sables». El periódico El País lo llamó «intriga de sables» en un editorial de mayo de 1980 sobre la sentencia de la Operación Galaxia. ¿Pondría fin la condena al peligro de involución política?: «El tiempo lo dirá»[32].

Puede que, además de ese malestar sordo al que hacía referencia, el ruido de sables diera lugar a proyectos conspirativos nunca realizados, que no llegaron siquiera a conocimiento de la opinión pública o que lo hicieron con retraso, como consecuencia de una filtración tardía. Es lo que ocurrió con el plan auspiciado a finales de 1979 por el general Luis Torres Rojas, jefe de la División Acorazada Brunete, que pretendía contar para su ejecución con el apoyo de la Brigada Paracaidista. La idea era tomar el palacio de la Moncloa e imponer un Gobierno presidido por un general «de prestigio», tal vez Fernando de Santiago, que tomaría medidas drásticas contra el comunismo y las recién estrenadas autonomías. Descubierto el plan por las autoridades, en enero de 1980 Torres Rojas fue destituido del mando de la División Acorazada y destinado a La Coruña como gobernador militar. Un año después, el general sería una de las piezas clave del golpe de Estado del 23-F.

Llama la atención que el Gobierno lo negara todo, en vez de reforzar su mermada autoridad apuntándose el tanto de haber descubierto y desactivado la conjura. Debió de prevalecer la idea de negar el peligro de golpe de Estado y mantener a la opinión pública en la inopia, con tal de no crear una alarma social que debilitaría aún más al Ejecutivo. Pero a lo largo de 1980 la situación se fue haciendo insostenible. A finales de ese año, el «ruido de sables» se había convertido en un secreto a voces. No hacía falta leer entre líneas algunos artículos de prensa para llegar a la conclusión de que alguien que vestía uniforme buscaba apoyos para resolver una crisis política galopante guardando supuestamente las formas constitucionales. Mientras tanto, Tejero discurría una versión actualizada de su Operación Galaxia, cambiando el palacio de la Moncloa por el Congreso de los Diputados. Los dos planes podían confluir y aumentar así sus posibilidades de éxito. No iba a ser fácil, sin embargo, compatibilizar sus objetivos y poner de acuerdo a sus protagonistas. De eso irían las conversaciones, más o menos sediciosas, que llegaron a oídos de políticos y periodistas a lo largo de aquel año y a las que hizo alusión en privado el propio presidente del Gobierno en más de una ocasión. No eran, en contra de lo que pensaban algunos, charlas de café ni fabulaciones interesadas para obligarle a dimitir. «Me entreno», le dijo Suárez a Leopoldo Calvo-Sotelo, «para que en el momento en que venga alguien a ponerme una pistola en el pecho, yo aguante»[33].

3. La conspiración

3

LA CONSPIRACIÓN

«Nunca olvidaré el año 80», afirmó Suárez unos años después[34], abrumado todavía por el cúmulo de contratiempos, intrigas y traiciones que se sucedieron a lo largo de aquellos meses. En marzo de 1979 había ganado al frente de UCD las segundas elecciones generales, pero, a partir de aquel momento, todo lo que podía ir mal, fue mal. El PSOE se lanzó a tumba abierta a una oposición inclemente contra Suárez. La economía bordeaba la recesión tras el inicio de la segunda crisis del petróleo. La nueva escalada terrorista, que se cobró más de ciento veinte muertos en 1980, aceleró la crisis de autoridad que sufría el poder civil frente a los llamados poderes fácticos. Por si fuera poco, algunos dirigentes de UCD empezaron a reclamar al Ejecutivo una actuación más acorde con su ideario en parcelas clave de la acción de gobierno en las que, según ellos, el presidente se había escorado demasiado a la izquierda. Su confianza en los socialdemócratas como gestores de la economía y su resistencia a solicitar el ingreso en la OTAN, amén de sus publicitados abrazos a Fidel Castro y Yasir Arafat, provocaban gran contrariedad en los sectores liberal y democratacristiano de su propio partido, que iniciaron una campaña sorda, pero persistente, por devolver a UCD a su posición natural, en el centroderecha del espectro político. El presidente, por su parte, acabó desconfiando de todo el mundo, incluidos algunos de sus incondicionales.

Todo ello afectó también a sus relaciones con el rey, su gran amigo y valedor en la primera etapa de la transición. Todavía en marzo de 1979, tras ganar las últimas elecciones, don Juan Carlos le envió una carta manuscrita felicitándole efusivamente por su triunfo, en un tono que iba mucho más allá de la mera cortesía institucional. En sus palabras se reconocía una relación de intensa amistad que duraba ya diez años, llenos de confidencias políticas y personales y de planes y objetivos compartidos. «Te sigue, te acompaña, te comprende, te quiere y se enorgullece de ti, tu Rey»: así se expresaba Su Majestad en su carta del 31 de marzo de 1979, nada más producirse su investidura presidencial tras las elecciones generales[35]. Un año después, mantenían serias discrepancias a cuenta de las relaciones con Francia, que pasaban por un momento muy delicado, y de la forma en que Adolfo Suárez y Gutiérrez Mellado llevaban la cuestión militar. En julio de 1980, una visita a España del primer ministro francés, Raymond Barre, acompañado de varios miembros de su gabinete, derivó en una escena de gran tensión entre el rey y Suárez, que se enteró de que el jefe del Estado se había reunido a sus espaldas con un miembro de la delegación francesa. Adolfo le recordó que la política exterior de España la hacía el Gobierno y el rey le contestó que él recibía «a quien le sale de los cojones»[36].

Para entonces, el monarca ya le había hecho llegar por terceras personas un consejo más o menos amistoso. Adolfo tenía que cambiar. Pero cuanto mayor era la presión de su entorno —amigos, colaboradores, emisarios de la Zarzuela—, mayor era su distanciamiento del rey. Tal vez por ello, el secretario de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, inició contactos con la dirección del PSOE para ir acercando posiciones de cara al futuro. Su enlace fue Enrique Múgica Herzog, responsable de Defensa del partido, con el que se reunió en alguna ocasión en su despacho en la Zarzuela, donde pudo saludarle el rey. A finales de 1980, Fernández Campo y Múgica quedaron para comer en un restaurante próximo a la sede del PSOE, esta vez en compañía de Felipe González, que cambió impresiones con Sabino sobre la preocupante situación política y la existencia de posibles tramas golpistas. Los dirigentes socialistas aludieron en concreto a dos: una la formaban generales y la otra la denominaron «la banda borracha»[37], y representaba el golpismo más tosco y hormonado, fácil de reconocer en su puesta en escena el 23-F.

Pero había formas más sutiles de conspirar contra el Gobierno. A partir del verano de 1980, Madrid se convirtió en un hervidero de rumores e intrigas, fraguadas en conocidos comederos públicos y privados y aireadas convenientemente por la prensa, con el consiguiente efecto desestabilizador. Es lo que Leopoldo Calvo-Sotelo llamará algún tiempo después «ruido de tenedores», que vendría a ser la versión gourmet del «ruido de sables», protagonizada por políticos, financieros, periodistas y civiles de toda condición. Ejemplo de ello fue una comida que tuvo lugar a principios de diciembre en casa de Mona Jiménez, una señora de la alta sociedad, de origen peruano, que ejercía semanalmente de anfitriona de personajes representativos del todo Madrid, a los que daba la oportunidad de conocerse entre sí, intercambiar información y jugar un poco a las conspiraciones de salón. El 3 de diciembre, la periodista Pilar Urbano informó de lo tratado en la última sesión de «las lentejas de Mona Jiménez», que así se llamaban las tertulias político-gastronómicas celebradas en su casa. En aquella ocasión, varios de los asistentes plantearon la posibilidad de que se formara un «gobierno de gestión» presidido por el exvicepresidente del gobierno, Alfonso Osorio, allí presente, o por un general independiente y de prestigio, un perfil que iba ganando enteros según se deterioraban la situación política y la autoridad de Suárez. Entre los asistentes se encontraban, además de Alfonso Osorio, el periodista Emilio Romero, el político centrista y presidente del Senado Cecilio Valverde, el socialista Carlos Solchaga, el comunista José María Mohedano —a punto de dejar el partido— y el inclasificable político Antonio García López, con fama —al parecer inmerecida— de agente de la CIA. Este último afirmó que hasta el PCE había sido consultado sobre la conveniencia de esa fórmula destinada a sacar al país del atolladero y que alguno de los comensales consideró plenamente constitucional si el candidato propuesto a la presidencia del Gobierno contaba, como se daba por seguro, con una mayoría parlamentaria[38]. Llama la atención que esta conversación se produjera en presencia de amigos y correligionarios de Adolfo Suárez.

Cuando se hablaba de un general independiente, prestigioso, próximo a la Zarzuela y llamado a altos empeños, los mejor informados solían pensar en Alfonso Armada y Comyn, marqués de Santa Cruz de Rivadulla. Nacido en Madrid en 1920, Armada pertenecía a una familia de rancio abolengo militar y monárquico. Hizo la Guerra Civil muy joven, como voluntario, y a continuación se alistó en la División Azul, con la que participó en el sitio de Leningrado. Tras la Segunda Guerra Mundial volvió al ambiente y a la vida que le eran propios: familia, aristocracia, milicia y estudio. En 1959 solicitó plaza en un curso de la Escuela de Guerra de París, tras consultarlo con su mentor, el general Carlos Martínez Campos, que le animó a realizar sus planes. Allí permaneció un par de años, durante los cuales le sorprendió la crisis argelina, resuelta por el general De Gaulle mediante el reconocimiento de la independencia de Argelia, una decisión inesperada y polémica que causó gran malestar en el Ejército francés y estuvo a punto de costarle un levantamiento militar. «Podría relacionarlo con procesos que he vivido mucho más cerca», dirá enigmáticamente Armada en sus memorias al recordar aquel episodio[39]. A su regreso a España se incorporó, también a instancias de Martínez Campos, al reducido círculo de colaboradores y consejeros del príncipe Juan Carlos de Borbón, que iba a iniciar una nueva vida en Madrid tras contraer matrimonio con la princesa Sofía de Grecia. A finales de 1965 era designado secretario de la Casa del Príncipe.

Su presencia oficial en la Zarzuela terminó abruptamente doce años después, cuando Adolfo Suárez decidió sacarlo del entorno del rey por considerarlo una mala influencia: «O él o yo», le dijo a don Juan Carlos[40]. La excusa fue el supuesto apoyo que Armada había prestado a Alianza Popular en las primeras elecciones democráticas, pero la razón de fondo era el conservadurismo a la antigua que profesaba el general, opuesto a las decisiones más audaces tomadas por Suárez y previsiblemente al nuevo rumbo que iba a tomar la política española tras las elecciones. Desde entonces, el presidente del Gobierno intentó mantenerlo lejos de la Zarzuela, sin conseguirlo del todo. Después de desempeñar diversos destinos, el 4 de enero de 1980 fue nombrado jefe de la División Urgel y gobernador militar de Lérida. Su paso por allí dejó sobre todo un polémico almuerzo en casa del alcalde socialista de la ciudad, Antoni Siurana, que reunió en torno a su mesa, junto al general Armada, a sus compañeros de partido Joan Reventós y Enrique Múgica. Corría el día 22 de octubre de 1980.

Mucho se ha escrito sobre aquel atípico encuentro entre tres personalidades del PSOE y un militar «monárquico conservador», como él mismo se definía, que había hecho la guerra con Franco y luego se había alistado en la División Azul. El momento político era sumamente delicado, con atentados terroristas todas las semanas, el Gobierno en la cuerda floja, el Ejército inquieto y las relaciones entre Suárez y el rey de mal en peor. En ese contexto —incluso en cualquier otro—, no es de extrañar que aquel almuerzo, organizado por el alcalde socialista de Lérida, haya generado tantas especulaciones y tanta literatura, incluidos varios y contradictorios testimonios de sus protagonistas. El más conocido es el de Alfonso Armada, que negó toda trascendencia política a lo tratado, aunque reconoció que, junto a temas relacionados con su destino, como la cría caballar, se habló de la situación del país y del estado de las Fuerzas Armadas, cuestión esta última sobre la que le sondearon insistentemente los otros tres comensales. Al regresar a su despacho, llamó al capitán general y le dio cuenta de todo[41].

La noticia de aquel almuerzo corrió como la pólvora en las altas esferas y desató un clima de suspicacia general sobre lo que allí se trató y sobre las consecuencias que pudiera acarrear. De lo que le contó Múgica, Felipe González dedujo que «el preceptor del rey», como solía llamar a Armada, se estaba postulando discretamente como candidato a la presidencia del Gobierno. Así se lo hizo saber a don Juan Carlos a la primera ocasión que tuvo[42]. Adolfo Suárez, por su parte, tuvo conocimiento de lo ocurrido a través del rey, o de alguien que le llamó en su nombre[43]. Por último, el ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, pudo enterarse por el capitán general de la IV Región Militar o más probablemente por el propio presidente del Gobierno. Sahagún telefoneó inmediatamente a Armada, que se mostró extrañado por la llamada y por el ligero tono de reconvención con que le habló el ministro, porque en absoluto tenía la sensación de haber ocultado el encuentro ni de haber tratado en él nada inconveniente[44]. El antiguo secretario del rey ya sabía que el Gobierno seguía sus pasos.

Hay un eco de todo ello en el diario personal de Manuel Fraga Iribarne, líder de Alianza Popular, que tras unos pésimos resultados en las últimas elecciones generales estaba empezando a recuperar terreno gracias al desplome de Suárez y UCD y a su buen papel en la moción de censura contra el presidente del Gobierno celebrada en mayo a instancias del PSOE. A finales de diciembre, Fraga anotó en su diario que tenía «información segura» de que el general Armada «estaría dispuesto a presidir un gobierno de concentración». Diez días antes ya había consignado la existencia de «tres operaciones militares en marcha, que van desde el “gobierno de gestión” (ayudado) a la ruptura radical»[45]. Ese «gobierno de gestión (ayudado)» podía ser el mismo «gobierno de concentración» que, según la confidencia recibida por Fraga, Armada estaba dispuesto a presidir. Si eso era cierto, cabe suponer que en su conversación con los tres dirigentes socialistas en Lérida les sondeara sobre la disponibilidad del PSOE a arrimar el hombro en determinadas circunstancias. De ahí la impresión de Felipe González, y luego de otros influyentes personajes de la política española, como Josep Tarradellas, de que Armada se estaba trabajando su candidatura a la presidencia del Gobierno.

Las maniobras que se le atribuían encajaban perfectamente en la información de la que disponía Suárez, por lo menos desde principios de octubre, sobre una operación para echarle de la Moncloa sin pasar por unas elecciones anticipadas o por una nueva moción de censura. Esto último tampoco era descartable, pero en caso de producirse no sería un brindis al sol, como la moción presentada en mayo, sino fruto de un pacto previo entre varios partidos —incluido un sector de UCD— para proponer un candidato a la presidencia que tuviera todas las garantías de salir elegido. Un informe reservado, de fecha 9 de octubre, elaborado para la Moncloa planteaba ya la posibilidad de que se formara una «coalición de salvación nacional» presidida por una «personalidad independiente», con fuerte apoyo socialista. Su éxito pasaba por la ruptura de UCD, de la que podría recuperarse luego al sector más aprovechable, y por la participación de la Corona en el momento decisivo de la operación, empujando a Suárez a presentar su renuncia. Esta era la parte que los autores del informe consideraban más problemática y la que de momento dejaba en el aire esa «coalición de salvación nacional»[46].

Dos meses y medio después, en torno a las Navidades de 1980, el plan era algo más que una hipótesis de trabajo barajada por un grupo de analistas. Suárez estaba convencido de que iban a por él. Así de sencillo. «Sí, ya sé que todos quieren mi cabeza», le dijo al expresidente del Congreso de los Diputados, el dirigente democristiano Fernando Álvarez de Miranda, que acudió a la Moncloa a expresarle su preocupación por la marcha de las cosas. «Ese es el mensaje que me mandan hasta los socialistas: un Gobierno de coalición presidido por un militar, el general Armada. No aceptaré ese tipo de presiones», le dijo Suárez, «aunque tenga que salir de la Moncloa en un ataúd»[47]. No eran alucinaciones suyas. Por esas mismas fechas, Enrique Múgica sondeaba al ministro de Sanidad, Alberto Oliart, sobre la posibilidad de que UCD apoyara un Gobierno presidido por el general Alfonso Armada. El rumor, o algo más que eso, llegó incluso a la dirección del PCE de la mano de Ramón Tamames, miembro de la ejecutiva del partido, que planteó a sus compañeros la conveniencia de colaborar en la formación de ese Gobierno, del que tanto se hablaba, presidido por un «general independiente». ¿Los comunistas ayudando a cambiar a Suárez por un militar? Carrillo no daba crédito: «Ramón desvaría». No todos los líderes políticos fueron así de rotundos cuando se les invitó a participar en esa oscura confabulación que acabó conociéndose como «Operación Armada».

A finales de 1980, en el fragor de aquella «gran conspiración general», como la llamó Emilio Romero en la tertulia de Mona Jiménez, era difícil saber si la diversidad de tramas, modalidades y personajes implicados resultaría positiva o negativa para su desenlace final, si crearía una sinergia favorable a la conjura, sumando efectivos y recursos, o haría estallar sus contradicciones. Un documento de los servicios de información del Estado (CESID), fechado en noviembre de 1980 y titulado «Panorámica de las operaciones en marcha», muestra la amplitud y heterogeneidad que había alcanzado el frente anti-Suárez[48]. Conspirando contra él se encontraban sectores políticos de toda condición —democristianos, liberales, socialistas y «de ideología mixta»—, algunos surgidos de UCD, y tres grupos castrenses distintos y relativamente inconexos: uno formado por tenientes generales, otro por coroneles y un tercero denominado «de los espontáneos», al que se relaciona con «la famosa Operación Galaxia». Habría además en curso una «operación de ámbito mixto cívico-militar» cuyo primer objetivo sería forzar la dimisión de Suárez. A continuación, el rey, haciendo uso de sus prerrogativas constitucionales, propondría como candidato a la presidencia a un general con amplio respaldo político, militar y parlamentario, quien, una vez obtenida la investidura, formaría un «gobierno de gestión o de salvación nacional» que emprendería una reforma constitucional y otras medidas de claro signo involucionista. La viabilidad de este plan, según el informe, era «muy alta y su plazo de ejecución se estima podría culminar para antes de la primavera de 1981».

El informe del CESID de noviembre de 1980 es como la ecografía del futuro golpe de Estado realizada en un momento muy avanzado de su gestación y cuando se vislumbra ya la fisonomía del engendro que vio la luz tres meses después. Se reconocen sobre todo los dos principales vectores del 23-F: por un lado, el grupo denominado de los «espontáneos», que, según el CESID, tras un intento fallido con la Operación Galaxia, se disponía de nuevo a dar un «golpe de mano, casi como una acción de comando», y, por otro, una trama mixta, de tipo cívico-militar, que estaría pensando en una iniciativa de altos vuelos para llevar a un general a la presidencia del Gobierno cumpliendo, en apariencia, todas las formalidades constitucionales. Además de estas dos, había otras posibles tramas, unidas por un «denominador común», que era «el deseo de derribar a Suárez». Hacerlo desde dentro o desde fuera de la Constitución, con ella o contra ella, es una diferencia sustancial que obliga a distinguir entre quienes buscaban alternativas, más o menos temerarias e irresponsables, a un presidente a la deriva y quienes preparaban un acto de fuerza para acabar con Suárez y, de paso, con la democracia, dos objetivos que el golpismo de pura cepa consideraba indisociables.

El informe intentaba sistematizar, pues, un conjunto muy heterogéneo de disidencias ideológicas, vanidades personales, complots políticos y confabulaciones golpistas que se estaban cocinando a fuego lento, en distintos pucheros y con ingredientes muy diversos, aunque al final todo ello pudiera emplatarse junto como si fuera el producto de una sola receta. Es tan amplio el abanico de opciones golpistas, semigolpistas y desestabilizadoras incluidas en el análisis del CESID que lo normal es que acabara acertando con alguna de ellas. Al cabo de casi cuarenta años, el informe sigue siendo, como decía Churchill de Rusia, un acertijo envuelto en un misterio metido en un enigma, que permaneció guardado durante diez años en el archivo de un exministro hasta que vio la luz[49]. Su contenido sorprende tanto por la perspicacia de algunas predicciones como, en sentido contrario, por el hecho de que la extrema derecha sea la única fuerza política que no se toma en consideración al estudiar «las operaciones en marcha». Sorprende también la falta de reacción del Gobierno, que recibió, lo mismo que el rey, copia del documento. Tal vez por ello no resulte ocioso preguntarse si estas cuartillas fechadas en noviembre de 1980 y divulgadas en 1991 no fueron en realidad escritas, o al menos reescritas, después del 23-F, no como una advertencia de lo que podía suceder, sino como una crónica, deliberadamente borrosa, de lo que pasó, redactada como si aún no hubiera ocurrido.

En todo caso, desde la supuesta fecha en que se le dio curso, la mayoría de los grupos conspirativos habrían continuado sus planes en pos de su objetivo final, que no era otro que acabar con Adolfo Suárez. Este sería, como se ha visto, el «denominador común» de todas ellas. Pero puede que no fuera el único. Conectando unas con otras, hablando con sus responsables y tratando de encauzar una situación que se podía ir fácilmente de las manos aparece de nuevo la figura de Alfonso Armada. El 17 de noviembre de 1980, apenas un mes después de su almuerzo en Lérida con Enrique Múgica, Armada se reunía en Valencia con Jaime Milans del Bosch, capitán general de la III Región Militar, y le ponía al corriente de sus últimas gestiones, matizando de paso la versión que empezaba a correr por la prensa ultra sobre la existencia de una «Operación De Gaulle», con más apoyo político que militar, para llevar a un general a la Moncloa. Esa operación, había vaticinado El Alcázar, estaba condenada al fracaso porque se movía en las medias tintas, como ocurrió en su día con la dictadura de Primo de Rivera. Dos semanas después de la reunión Armada-Milans del Bosch en Valencia, el periódico volvía a la carga: corría por ahí un general en activo, a punto de subir el último peldaño del escalafón, al que podría definirse como «el hombre verdadero del socialismo, el hombre de Múgica», y eso a pesar de no tener nada de socialista[50]. ¿De qué fuentes bebía El Alcázar? Probablemente de alguno de los círculos militares con los que Armada estaba en contacto para llevar adelante sus designios, en los que entraban grupos y personajes sin relación entre sí, pero que, convenientemente pastoreados, podían prestar un gran servicio a lo que venía llamándose «Operación De Gaulle», «Operación golpe de timón» o simplemente «Operación Armada».

Todo se precipitó en las Navidades de 1980. El tradicional mensaje navideño del rey fue remitido previamente a la Moncloa, como era habitual, y leído por el presidente del Gobierno, que vio en él una desautorización apenas velada de su actuación política. Aquello le pareció que traspasaba ampliamente lo tolerable, de forma que encargó al ministro de la Presidencia, Rafael Arias-Salgado, una versión suavizada del mensaje, que finalmente no lo fue tanto como Suárez hubiera deseado. Oírlo por televisión el día 24 fue un nuevo suplicio que le traía aquel fatídico año —«Nunca olvidaré el año 80»—, aunque un espectador que no estuviera al tanto de los entresijos del discurso y de las malas relaciones entre Adolfo y Juan Carlos solo encontraría una exhortación regia a asumir los propios errores sin echar la culpa a los demás. Era suficiente para que Suárez se diera por aludido y empezara a cavilar alguna forma de acabar con todo aquello. No lo tenía fácil, porque no quería aparecer aferrado al cargo, como le reprochaban unos y otros, pero tampoco estaba dispuesto a rendirse sin presentar batalla. De momento, su intención era aguantar.

Unos días después, Alfonso Armada mantenía una trascendental conversación con el rey, aprovechando la estancia de la familia real en Baqueira Beret (Lérida) aquellas Navidades. Fue el 3 de enero, justo antes de una cena que Armada y los reyes tenían en casa de un amigo común, Rafa Cavero. El gobernador militar de Lérida y antiguo secretario de la Casa Real puso a don Juan Carlos al corriente de la situación de las Fuerzas Armadas, que era, a tenor de aquel truculento relato, bastante peor de lo que el rey se imaginaba. No se trataba solo del descontento en los cuarteles, sino de la existencia de militares de alta graduación dispuestos a poner fin a todo aquello. La información de Armada le dejó profundamente preocupado, hasta el punto de que al día siguiente llamó a Suárez a Ávila, donde estaba pasando unos días en familia, y le convocó inmediatamente en Baqueira para mantener una entrevista secreta. El asunto era tan urgente y requería tal discreción, que no podía esperar ni siquiera un par de días, hasta que la celebración de la Pascua Militar en Madrid reuniera de nuevo al jefe del Estado y al presidente del Gobierno. No es probable, en contra de lo que se ha llegado a escribir, que el rey le pidiera su dimisión, pero sí pudo haberle echado en cara el peligro de un golpe de fuerza por su mala gestión del problema militar.

Aquellas confidencias de Armada al rey y el malestar de Su Majestad con Suárez estuvieron muy presentes en la reunión que el gobernador militar de Lérida mantuvo con Milans del Bosch en Valencia el 10 de enero, una semana después del encuentro en Baqueira. Fue tras una comida de los dos matrimonios en Capitanía General, en una conversación a solas en la que los dos generales hablaron de «la posibilidad de que se produjesen acciones violentas», promovidas por un sector extremista de las Fuerzas Armadas, que podrían evitarse colocando a un «presidente neutral» al frente de un Gobierno de salvación o de concentración. Según les contó Milans a sus ayudantes, el coronel Ibáñez Inglés y el teniente coronel Mas Oliver, en sus recientes conversaciones con el rey, Armada había llegado a la conclusión de que don Juan Carlos «quería que se diese un “golpe de timón” a la situación». Días después, el propio Milans desveló en un conciliábulo golpista celebrado en Madrid un aspecto clave del testimonio de Armada: «que [el rey] está harto de Suárez»[51]. Y era verdad. Santiago Carrillo había salido de una audiencia en la Zarzuela celebrada unos días antes con una impresión parecida.

Todo estaba en el aire, en un precario equilibrio entre un Gobierno frágil y una oposición dispersa. Aún no se había producido la dimisión de Suárez, que podía trastocarlo todo, ni acababan de acoplarse los distintos grupos hostiles al Ejecutivo. Algo se avanzó, no obstante, en la reunión en Capitanía el 10 de enero. Según uno de los condenados por el 23-F, de allí salió una dirección bicéfala de la conjura, Milans-Armada, con predominio de este último[52]. Es una apreciación discutible, teniendo en cuenta la mayor jerarquía de Milans, si bien Armada tenía algo que revalorizaba su papel hasta colocarlo por encima de su superior en el escalafón golpista, y era su acceso directo al rey. En todo caso, cuanto más se acerca el desenlace de la crisis, más se enmarañan los acontecimientos, que se desarrollan en planos paralelos, pero no necesariamente inconexos. Sabemos que Milans venía actuando por su cuenta desde el verano, cuando entró indirectamente en contacto con Tejero. Un ayudante suyo, Pedro Mas Oliver, se desplazó a Madrid un día del mes de julio para comer con el teniente coronel de la Guardia Civil y cambiar impresiones sobre la crisis política y la forma de ponerle remedio. El encuentro fue organizado por Juan García Carrés y dio lugar al comienzo de una relación fluida entre Tejero y Milans, que le encargó el estudio de una operación para tomar el Congreso de los Diputados[53]. El plan acabó confluyendo, de una forma un tanto forzada y podría decirse que antinatural, con los designios de Armada.

Mientras el capitán general de la III Región y el gobernador militar de Lérida se reunían en Valencia el 10 de enero, don Juan Carlos intentaba convencer a Suárez para traer a Armada a Madrid en calidad de 2.º jefe del Estado Mayor del Ejército (2.º JEME) y, desde ese puesto clave, utilizar sus servicios para aplacar los ánimos entre sus compañeros de armas. La respuesta de Suárez fue un no rotundo, convencido como estaba de que el antiguo preceptor del rey complicaría aún más las cosas. «Prohíbo su nombramiento», dirá él mismo al recordar dos años después aquel episodio[54]. Según otra versión, mucho más suave, de lo ocurrido en aquella entrevista con el rey, accedió a «aparcar el nombramiento por ahora», para rebajar un poco la extrema tirantez que la discusión había provocado entre ellos. Unos días después, Suárez recibía en el aeropuerto de Barajas, desde donde debía viajar a Sevilla, una llamada de la Zarzuela: «Entiendo tu decisión»[55], le dijo el monarca en relación con Armada, pero el asunto no estaba ni mucho menos zanjado. Aunque esta conversación se ha fechado el 12 de enero, el viaje de Suárez a Sevilla para entrevistarse con el presidente mexicano, José López Portillo, no se produjo hasta el día 22 por la noche. Ese tuvo que ser el momento en el que recibió la llamada en Barajas.

Los conjurados, mientras tanto, intensificaban sus contactos para acordar un plan conjunto. El domingo 18 de enero se reunían en un piso de Madrid los principales cabecillas —excepto Armada— y algunos acompañantes. Consta la presencia de los generales Milans del Bosch y Luis Torres Rojas y de los tenientes coroneles Tejero y Mas Oliver. Parece que asistieron también los generales Iniesta Cano, Alvarado Largo y Cabeza Calahorra, integrante, y tal vez principal inspirador, del colectivo Almendros, firmante de varios artículos publicados por El Alcázar con el fin de caldear el ambiente ante lo que se avecinaba. En esa reunión, Tejero expuso ya su plan de ocupación del Congreso de los Diputados coincidiendo con un pleno a mediados de febrero. Era la versión actualizada de la Operación Galaxia, por la que había sido condenado a unos meses de prisión en mayo del año anterior. Su acción debía servir de detonante del golpe. Tras anunciarse el asalto al Congreso, Milans publicaría un bando asumiendo plenos poderes en la III Región Militar y Torres Rojas se haría con el mando de la División Acorazada y la desplegaría por los puntos estratégicos de la capital. A partir de ahí, la iniciativa correspondería a Armada, del que Milans aseguró que iba a ser nombrado 2.º JEME. Sería el enlace con la Zarzuela y el encargado de culminar la operación con el nombramiento de un Gobierno de concentración presidido por él. Según le confesó después Milans al general Alvarado, Armada tenía ya la lista de los integrantes de su Gobierno[56].

Esta es la versión de lo tratado que ofreció el comandante Pardo Zancada varios años después. Aunque no estuvo en la reunión, bebió de las mejores fuentes para narrar lo ocurrido y en su posterior libro sobre el 23-F se anticipa al lector al plantear, y resolver razonablemente, algunas dudas que se desprenden del relato. Tejero prefería una Junta Militar a un Gobierno de concentración, pero Milans le hizo ver las ventajas que tenía para el éxito de la operación el papel de Armada como hombre de la Zarzuela y el peaje que inevitablemente había que pagar por ello. Todo indica que el cerebro de la Operación Galaxia aceptó los argumentos del general o que, al menos, dio la callada por respuesta. El hecho es que, de momento, esa discrepancia no iba a ser un problema. A la hora de la verdad, ya se vería si el golpe duro de Tejero y el «golpe de timón» de los generales eran del todo compatibles. Algún escéptico le planteó al teniente coronel lo inverosímil de que, con sus antecedentes a cuestas, pudiera moverse libremente sin ser vigilado y reactivar un plan que le hizo famoso en toda España. Contestó que tenía contactos en el CESID que le daban la cobertura necesaria para actuar con cierta libertad. Pardo Zancada justifica también el corto alcance de la conjura, circunscrita finalmente a Tejero, Milans y Torres Rojas y a los hombres a su cargo. Poco más. Si el ambiente en el Ejército era tan hostil al Gobierno, ¿por qué no implicar al mayor número de unidades posible hasta alcanzar una fuerza apabullante? La respuesta del comandante, pieza secundaria de la operación, pero testigo inteligente y bien informado de todo lo que se tramaba, es que se descartó deliberadamente una sublevación a gran escala que habría puesto en riesgo su confidencialidad y seguridad. Los conjurados creían contar con una baza a la que podían fiarlo todo: el respaldo del rey cuando llegara la hora de la verdad, tal como les había asegurado Armada. Con ese as en la manga no merecía la pena arriesgarse a lanzar las redes de la conspiración más allá de algunos caladeros seguros. Lo demás vendría por añadidura.

La explicación tiene su lógica, pero puede que hubiera algo más. Los periodistas que estudiaron diez años después el enigma del «elefante blanco», identificado durante el proceso del 23-F con la persona que iba a hacerse con el mando del golpe, llegaron a la conclusión de que el supuesto paquidermo nunca existió como trasunto de un general con nombre y apellidos, que es el significado que se le venía dando. Las alusiones a él serían en realidad una referencia genérica al Ejército, reconocible en esa imagen mastodóntica, lenta y pesada, que evoca el símil del elefante[57]. Es posible que quien lo inventó pensara en la dificultad de poner en marcha una maquinaria tan desengrasada, tan falta de entrenamiento golpista en los últimos tiempos, como era el Ejército español. Eso acabaría de explicar las reticencias de los conjurados a extender su plan, pese a la predisposición favorable de amplios sectores castrenses. En cambio, espoleado por la acción audaz de unos pocos, el «elefante» podría ponerse en pie e iniciar una marcha premiosa, pero imparable, que arrollaría todo lo que se le pusiera por delante.

De todas formas, el intervencionismo militar tenía otras expresiones más allá del reducido círculo de los conspiradores practicantes. En sectores del alto mando se había instalado una suerte de golpismo platónico, representado por quienes confiaban en que Suárez acabaría cayendo como fruta madura, víctima de sus errores y de su aislamiento, a poco que se ejerciera una presión puntual sobre él o sobre el rey. Esa actitud se habría puesto de manifiesto el 23 de enero —o el 24, según otras fuentes— en un supuesto almuerzo en la Zarzuela al que asistieron el rey, el presidente del Gobierno y varios tenientes generales de renombre. En aquella auténtica encerrona, que es como habría que llamarla de haberse producido, los generales plantearon al presidente la conveniencia de que presentara su dimisión por el bien de todos. Suárez se cerró en banda y la cosa fue subiendo de tono, hasta que uno de los generales, aprovechando una breve ausencia del monarca —quién sabe si previamente concertada—, desenfundó su pistola y la puso encima de la mesa como insinuando un fatal desenlace si no dimitía. De todas las patrañas inventadas sobre los antecedentes del 23-F puede que sea la más novelera y risible. El propio Suárez calificó de falso «todo el relato, de arriba abajo», al rememorarse una vez más, catorce años después, una escena que ha cautivado a los cronistas más morbosos y creativos de la transición española[58].

Y no es que al presidente le faltaran emociones fuertes en aquellos días anteriores a su renuncia. Tenía el congreso de UCD a la vuelta de la esquina, con perspectivas nada halagüeñas, y al rey cada vez más distante, por más que hubiera aceptado su negativa a nombrar a Armada; o al menos eso creía Suárez después de aquella conversación telefónica en Barajas. Al día siguiente, el viernes 23 por la tarde, tuvo una cordial entrevista en la Moncloa con Leo Tindemans, líder de la democracia cristiana europea, al que acompañaba el diplomático y dirigente de UCD Javier Rupérez. Tras despedir a Tindemans, Suárez pidió a Rupérez que se quedara en su despacho porque tenía que comentarle varios asuntos de la mayor importancia. Y, en efecto, el presidente le comunicó que había decidido proponer la entrada de España en la OTAN, acabando así con su indefinición y sus reticencias en un asunto que le había enfrentado a un amplio sector de UCD, partidario de un ingreso rápido. Le habló también del congreso del partido y de otras cuestiones candentes. En plena conversación, se produjo una llamada por videoteléfono que solo podía proceder de la Zarzuela, donde estaba instalado el otro aparato de estas características que existía entonces en España, en vista de lo cual, Rupérez decidió retirarse discretamente dando por hecho que al otro lado de la línea se encontraba el rey. Por la reacción de Suárez, debía de tratarse de una llamada inesperada. Rupérez nunca llegó a conocer el contenido de aquella conversación, pero con el tiempo se preguntó si no habría tenido algo que ver con los acontecimientos posteriores. Cuando unos días después se enteró de su dimisión, le chocó que en cuarenta y ocho horas el presidente del Gobierno hubiera pasado de hacer planes de futuro a renunciar a su cargo[59].

Las razones de esta decisión no han llegado a aclararse del todo. Fue sin duda un cúmulo de circunstancias, entre las cuales debió de influir especialmente la situación de su partido, en el que existían personalidades y sectores que cuestionaban abiertamente su autoridad y se dejaban querer por la oposición con vistas a una nueva moción de censura o a un Gobierno de coalición. Haber perdido el apoyo del rey, que nunca le había faltado en los momentos más difíciles, le restó tal vez las fuerzas necesarias para mantenerse firme ante adversarios muy poderosos. Él mismo aludió a la presión ejercida por los «poderes fácticos» cuando en la tarde del lunes 25 comunicó a la Comisión Permanente de UCD su dimisión irrevocable. Se refería a la banca y a la Iglesia, enfrentada con él por el proyecto de ley del divorcio, pero no a las Fuerzas Armadas, si damos crédito a un enigmático pasaje de su intervención, en el que aseguraba dejar encauzado el problema militar[60]. ¿Encauzado el problema militar a un mes escaso de un golpe de Estado?

Dos años después, en un seminario sobre la transición celebrado a puerta cerrada y sin micrófonos, Suárez respondió así a la inevitable pregunta sobre el 23-F: «No tuvimos información». Tampoco la tuvieron, según él, los ministerios de Defensa, del Interior y de Justicia, la Dirección General de Seguridad y la Guardia Civil (no dijo nada del CESID). «Si hubiera sabido algo —afirmó rotundamente—, no hubiera dimitido»[61]. Así lo creen quienes le conocieron mejor. Parece indudable que el formato minimalista por el que optaron los conspiradores para garantizar su seguridad acabó funcionando y que las autoridades no pensaron que hubiera un riesgo inminente de golpe de Estado. Sabían, como es lógico, que había malestar en los cuarteles, pero el Gobierno estaba tan acostumbrado al «ruido de sables», ese runrún constante que constituía la banda sonora de la transición, que no adoptó medidas preventivas, ni siquiera después de que Armada, a instancias del rey, informara a Gutiérrez Mellado de la preocupante situación militar. El vicepresidente del Gobierno se preció de tener mejor información que la suya y le ordenó, en un tono imperativo, que dejara de intoxicar al rey con su alarmismo[62].

Cuesta entender el doble juego de Armada. En sus memorias afirma que en la reunión con Gutiérrez Mellado le habló de la «intranquilidad del Ejército». En una carta particular, muy posterior, llegaría mucho más lejos: «[Informé] al ministro de Defensa [sic] Gutiérrez Mellado de la posibilidad, y para mí certeza, de un próximo Golpe militar, violento»[63]. Un día conspiraba con Milans y otro les contaba a Su Majestad y al vicepresidente del Gobierno que había gente dispuesta a todo. Quizá tratara de crear un estado de alarma en las altas esferas que le convirtiera en salvador. No le bastaba con la caída de Suárez. Si el objetivo de la conjura hubiera sido ese, su dimisión y la previsible salida del Gobierno de Gutiérrez Mellado habrían desactivado el golpe. Pero la crisis tuvo una solución continuista en la persona de Leopoldo Calvo-Sotelo, a quien el propio Suárez postuló como candidato a la presidencia del Gobierno. La tramitación de la propuesta (Moncloa-Zarzuela-Congreso) fue rápida, y al rey ni se le pasó por la cabeza aprovechar la ocasión para jugar la baza de su antiguo secretario, pese a las especulaciones que circulaban ya entonces sobre su apoyo a una «solución Armada». La dimisión de Suárez le ponía en bandeja el famoso «golpe de timón» sin salirse del marco constitucional. No hubo tal cosa ni nada que se le pareciera. Se le dio el nombre de Calvo-Sotelo y él endosó la propuesta, sin cuestionarla ni demorarse innecesariamente. La crisis se resolvió, pues, por cooptación: el presidente saliente eligió a su sucesor entre los miembros de su gabinete dando por hecho que continuaría su línea de actuación. Así lo vio todo el mundo, incluidos los conjurados, para los que el relevo de Suárez por su vicepresidente segundo dejaba las cosas como estaban. El plan, por tanto, tenía que seguir adelante.

Si la neutralidad del rey en la resolución de la crisis era como para desconfiar del relato que Armada le había vendido a Milans, su nombramiento como 2.º JEME confirmaba lo que venía anunciando desde principios de enero. Era extraño, sin embargo, que el rey le nombrara 2.º JEME si ya no hacía falta librarse de Suárez y mantenía su propósito de hacerle presidente. ¿Por qué no ahorrarse ese trámite? Pero no parece que nadie en los medios golpistas se hiciera esa pregunta. De momento, el 3 de febrero Su Majestad comunicó a Armada su nuevo destino en Madrid, del que tomó posesión nueve días después. Entre esas dos fechas, Adolfo Suárez, presidente en funciones, se enteró con gran sorpresa del nombramiento de aquel a quien consideraba un intrigante compulsivo. «¿Y esto?», preguntó en el Consejo de Ministros al ver la orden ministerial nombrándole 2.º JEME. «Me lo ha pedido el rey», contestó escuetamente el ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún. Suárez no pudo evitar hacer un comentario premonitorio: «Me parece que estamos cometiendo un error histórico»[64].

Su dimisión, anunciada por televisión el 29 de enero, no había alterado la agenda de contactos de Armada ni sus más altos y ocultos designios. En realidad, tampoco parece que disimulara mucho sus planes a tenor de lo que publicaron algunos medios, que insistían en considerarle el hombre del momento, y de la impresión que sacaron sus interlocutores en aquellos días previos a su traslado triunfal a Madrid. «Este hombre está lanzado», le comentó el expresidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, a un dirigente del socialismo catalán tras entrevistarse con Armada en Lérida el 1 de febrero, a su regreso de un viaje a Madrid, donde le había sorprendido la dimisión de Suárez[65]. En otra conversación de aquellos días, en este caso con su viejo amigo Narcís de Carreras, Tarradellas fue mucho más concreto: se iba a formar un Gobierno de amplio espectro, en el que habría incluso algún representante comunista, presidido por el general Armada. La cosa estaba hecha[66]. Él mismo le reconoció, unos días después, al gobernador civil de Lérida su disposición a presidir un gobierno de salvación que evitara la «catástrofe» a la que estaba abocado el país[67]. Fue en una cena de despedida de los dos gobernadores con sus esposas, en torno al 11 de febrero, víspera de su marcha de Lérida.

¿Era ese el «golpe de timón» que Tarradellas venía reclamando desde hacía meses? Las declaraciones públicas y privadas del ex-president aquellos días cruciales se prestan a cualquier interpretación, pero no parece que Armada fuera su hombre. Los únicos que, en su opinión, podían arreglar aquello eran Adolfo Suárez y Felipe González, además del rey, cuyo protagonismo político se revalorizaba por momentos. El «golpe de timón» ya se había producido, según él, con la dimisión de Suárez; ahora había que dar la dirección adecuada a la política nacional[68]. Todo el mundo reconocía en Tarradellas, además de un político de gran talla, al creador de esa fórmula que estaba en boca de todos como un eufemismo capaz de representar cosas muy distintas, ya fuera una rectificación del rumbo político desde la propia legalidad o un golpe de fuerza. Tal vez él mismo, considerándose responsable de aquella peligrosa ocurrencia, acabó arrepintiéndose por el uso que hacían de ella personas muy poco recomendables. Le habría tranquilizado saber que la expresión «golpe de timón» aparecía ya en un informe de los servicios de inteligencia, fechado en enero de 1978, sobre oscuras maniobras políticas contra Suárez en las que andaba metida la llamada «gran derecha». El documento se titulaba «Operación golpe de timón» y es muy anterior al primer uso atribuido a Tarradellas[69].

Tras la dimisión de Suárez, fueron muy pocos los conjurados que pensaron que los últimos acontecimientos aconsejaban darse un respiro y reconsiderar la situación. Al contrario. El boicot proetarra a la visita de los reyes a Guernica el 4 de febrero encendió aún más los ánimos de quienes atribuían a la debilidad del Gobierno la quiebra del Estado, hostigado y humillado, según ellos, por el terrorismo y su brazo político. Había que pasar a la acción de una vez por todas. En ese clima de paroxismo golpista, sorprenden de nuevo la falta de coordinación entre los implicados, el torpe voluntarismo de alguno de ellos y la actitud «solapada, taimada, propia de quien tira la piedra y esconde la mano» que, en palabras de Pardo Zancada, caracterizaba al general Armada en vísperas del 23-F[70]. El 13 de febrero, Ibáñez Inglés, emisario de Milans, se reunía con él en su nuevo despacho de 2.º JEME, en el antiguo Ministerio del Ejército. Fue una conversación breve, interrumpida por otras visitas, y más bien insustancial para lo que había en juego y la proximidad del golpe. Tejero, por su parte, había dado por terminado el compás de espera de un mes que se decidió en la reunión celebrada el 18 de enero, al entender que el plazo para iniciar las operaciones empezaba a correr el día 10, a partir del encuentro entre Milans y Armada en Valencia. Se sabía relativamente aislado del núcleo directivo de la conspiración, lo que le otorgaba una notable autonomía, pero ese verso libre que era Tejero, que solo reconocía, y hasta cierto punto, la autoridad de Milans, podía crear un problema de coordinación para el conjunto del plan. Para reactivarlo en un momento de aparente impasse, Tejero echó mano de un contacto en el CESID, el capitán Gómez Iglesias, al que había conocido cuando estuvo destinado en el País Vasco. Este capitán de los servicios de inteligencia le presentó a su vez al comandante José Luis Cortina, jefe de la Unidad Operativa de Misiones Especiales del CESID y hombre clave a partir de este momento en el desarrollo del complot que conduce al 23-F. Con la irrupción de Gómez Iglesias y Cortina en esta historia, dirá muchos años después el juez instructor de la causa, «una nebulosa de contornos y contenidos inciertos», nunca del todo despejada, empieza a envolver toda la trama golpista[71].

A Cortina se le pueden adjudicar fácilmente varios papeles opuestos entre sí, uno de ellos el de agente provocador cuyo cometido era precipitar la ejecución de un plan todavía inmaduro; facilitar, por así decir, una voladura controlada del frágil tinglado construido por los conspiradores. Otro, el de engarce entre el golpe blando de Armada y los golpes de diversa dureza en los que andaban metidos Milans del Bosch, Tejero, Torres Rojas y los hombres de la Brunete. El hecho es que, cualquiera que fuera su verdadero propósito, el comandante Cortina pretendía activar las distintas operaciones en marcha y vio claro que el detonante tenía que ser Tejero. En vísperas del asalto al Congreso, a Milans le contaron que en Madrid había aparecido en escena «un comandante que empuja»[72], dispuesto a acelerar las cosas, no se sabía muy bien con qué fin. Era Cortina, que, de la mano de Gómez Iglesias, se habría presentado a Tejero como un hombre de Armada en una estructura de mando que definió como bicéfala: Armada-Milans, aunque la cabeza del primero —dijo— «es más gorda». Esta sería su primera puntualización sobre una posible dualidad en la dirección de la trama, pero añadió una segunda apostilla aún más importante: en realidad, «el verdadero “jefe” es el rey»[73].

Aunque Tejero distaba mucho de ser monárquico, no digamos juancarlista, era evidente que si el Borbón respaldaba la operación, como había sugerido ya Milans, todo sería más fácil. Aquello tenía sentido, aunque probablemente no acabara de fiarse de Armada por ser un hombre de la Zarzuela y por el perfil híbrido que los más enterados venían atribuyendo a su «golpe de timón» o comoquiera que lo llamara cada cual. Se entiende su interés por conocer al antiguo secretario de la Casa Real, ahora metido a conspirador, pero nunca sabremos si el encuentro entre Tejero, Cortina y Armada, que el primero sitúa en un piso de la calle Pintor Juan Gris de Madrid la tarde-noche del 21 de febrero, y que los otros dos negaron siempre, tuvo lugar de verdad. Conociendo el comportamiento escurridizo de Armada, ese andar «a medio embrague», como dirá uno de los condenados[74], cuesta creer que pudiera meterse en la boca del lobo reuniéndose en secreto con aquel oscuro teniente coronel de la Guardia Civil, tan lejos de él en el escalafón y en su acendrado monarquismo.

Mientras tanto, había que coordinar la acción de la Brunete con las decisiones que se tomaran en la III Región Militar y anudar los últimos cabos sueltos, en vista de que el temporizador del golpe se había puesto ya en marcha y aquello no tenía vuelta atrás. Si desde el principio se pensaba en un pleno del Congreso de los Diputados para un asalto al palacio de las Cortes, qué mejor que la sesión de investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, convocada para el 18 de febrero en primera instancia o para la semana siguiente si, como era previsible, había que ir a una segunda votación. Que en algún momento la conexión entre Valencia y Madrid llegara a realizarse a través de un hombre como Juan García Carrés, dirigente del Sindicato Vertical y único civil condenado por el 23-F, da una idea de cómo se estaba preparando el golpe que iba a salvar España. Mucho más idóneo parecía el comandante Ricardo Pardo Zancada, destinado en la División Acorazada Brunete, que en la mañana del domingo 22 de febrero se desplazó a Valencia después de recibir una llamada de uno de los ayudantes de Milans, el teniente coronel Pedro Mas Oliver, que le convocó a una reunión informativa de la mayor trascendencia.

Llegó a primera hora de la tarde a la Capitanía General de la III Región Militar y, tras departir un rato con los ayudantes de Milans, fue requerido en su despacho por el capitán general, que le puso al corriente de todo. La operación se iba a realizar al día siguiente mediante la irrupción de Tejero y sus hombres en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, entre las seis y las seis y media de la tarde, en plena sesión de investidura de Calvo-Sotelo, que quedaría inmediatamente interrumpida. A continuación, Milans declararía el estado de guerra en la III Región Militar, se pondría en contacto con Armada, que esperaría su llamada en la Zarzuela, junto al rey, e informaría a los demás capitanes generales de su decisión, tomada en nombre de Su Majestad. A partir de ahí, las distintas capitanías generales se sumarían, una tras otra, a la iniciativa tomada por Milans del Bosch, mientras don Juan Carlos anunciaba el nombramiento de Armada como jefe del Gobierno y el del propio Milans como presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Pero para el éxito del plan era de suma importancia que la División Acorazada tomara el control de la capital, venciendo la posible resistencia inicial del capitán general de la región, Guillermo Quintana Lacaci. Por todo ello, Milans tenía el mayor interés en conocer la opinión de Pardo Zancada sobre la disposición de la Brunete a cumplir su cometido.

La impresión que le transmitió no era ni mucho menos optimista. El jefe de la división, Juste Fernández, le parecía demasiado cauto como para embarcarse en algo así —eso no será un problema, le contestó Milans, porque Torres Rojas llegará de La Coruña para dirigir la operación— y los demás mandos se movían, como en el resto del Ejército, entre el descontento por la situación política, la resignación y la pasividad ante un posible remedio. El plan de Tejero, por otro lado, entrañaba multitud de riesgos y la aparición de Cortina en el relato de Milans no hizo sino aumentar su inquietud por tratarse de alguien, a su juicio, muy poco fiable. Para despejar sus dudas, el capitán general le pidió que estuviera presente en una conversación telefónica, muy reservada, que estaba a punto de tener. Y, en efecto, dos o tres minutos antes de la hora convenida, las cinco de la tarde, sonó el teléfono. Era, supuestamente, Alfonso Armada. Así lo dedujo, «sin lugar a dudas», el comandante Pardo Zancada a partir del momento en que Milans descolgó el aparato y dijo: «¿Sí? Soy yo, Alfonso; puedes hablar». Su transcripción de lo que hablaron, o más bien de lo que iba diciendo el capitán general y de lo que este último repetía como frases pronunciadas por su interlocutor, plantea algunos interrogantes sobre la autenticidad de la llamada, por más que Pardo sea un conspirador perspicaz y una fuente en general fiable.

En aquella conversación, real o figurada, Armada habría confirmado que la operación se realizaría al día siguiente, que mientras tanto él se encontraría con el rey en la Zarzuela, por si acaso —«es voluble»—, y que Torres Rojas se desplazaría de La Coruña a Madrid para ponerse al frente de la Brunete y dar las órdenes oportunas. Este era en esencia el plan. Antes de despedirse, Pardo Zancada expresó de nuevo sus dudas sobre el momento elegido y sobre el número, claramente insuficiente, de mandos implicados. Algunos de ellos, como el propio Torres Rojas, ni siquiera habían sido informados de la inminente puesta en marcha de la operación. Milans le tranquilizó y le pidió que informara al coronel José Ignacio San Martín, jefe del Estado Mayor de la División Acorazada. Cuando lo hizo, esa misma noche, nada más regresar a Madrid, Pardo notó que la mano izquierda de San Martín, con la que sostenía un cigarrillo, «temblaba de modo perceptible». Era casi la medianoche del 22 de febrero. Faltaban apenas unas horas para que todo empezara a rodar[75].

4. «Un importante servicio al rey»

4

«UN IMPORTANTE SERVICIO AL REY»

Todo se iba a hacer en nombre del rey. Esa era la clave para que el «elefante» se levantara y echara a andar casi sin preguntar adónde ni por qué. Es como si fuera un golpe de real orden. Incluso quienes tenían reservas sobre la existencia de un impulso regio detrás de todo aquello pensaban que, una vez dado el primer paso, don Juan Carlos seguiría la corriente, le gustara más o menos que salieran los tanques a la calle. Por si acaso, a su lado en la Zarzuela estaría Alfonso Armada, para evitar que tuviera la tentación de borbonear. «Es voluble», les habría dicho a Milans y a Tejero. Hay dudas de que esas dos conversaciones se produjeran, pero las palabras que Pardo Zancada pone en boca de Armada son verosímiles como expresión de lo que en su fuero interno pensaba de su antiguo pupilo[76].

El empeño en colocar a la Corona al frente de todo pretendía conseguir la máxima eficacia de los escasos recursos que se iban a poner en juego aquella tarde. Hasta un descreído de la monarquía como Tejero, que en alguna ocasión se definió como republicano, tuvo que aceptar la utilidad del nombre del rey como reclamo para compensar la falta de generales comprometidos. «O se hace con el rey, o no se hace —les dijo a sus oficiales, tan poco juancarlistas como él—; porque los dos únicos altos mandos que están dispuestos a poner carne en el asador son decididamente monárquicos y nos traen al rey con ellos». Se refería, claro está, a Milans y a Armada, aunque estaba por ver que eso sucediera[77]. Probablemente, Tejero no las tenía todas consigo. Tampoco quería profundizar mucho en lo que esa dirección bicéfala planeaba en caso de tener éxito, no fuera que se le pasaran las ganas de jugarse el tipo por algo tal vez muy distinto de aquello que les movía a él y a sus hombres. Confiaba en que Milans supiera lo que hacía y con quién se jugaba los cuartos. Lo suyo era dar la campanada y cumplir órdenes.

A primera hora de la mañana del 23 de febrero, Antonio Tejero se dirigió al Parque de Automovilismo de la Guardia Civil, en la calle Príncipe de Vergara de Madrid, donde tenía viejos conocidos, entre ellos el coronel Miguel Manchado, responsable de la Unidad de Tráfico. No estaba en el secreto, pese a la buena sintonía entre ellos, porque la experiencia de la Operación Galaxia, rápidamente filtrada a sus superiores, había llevado esta vez a Tejero a reducir al mínimo el número de conjurados y a esperar al último momento para revelar sus intenciones. Pero de la autorización de Manchado dependía un aspecto clave de la logística del plan, de forma que se presentó en su despacho y, entre rodeos y medias palabras, le pidió seis conductores y dos mecánicos que necesitaba imperativamente antes de las dos. Manchado le dijo que en tan poco tiempo era imposible conseguirlos y él acabó por descubrir su juego: «No puedes negarte. Es una operación a nivel nacional. Nos sigue todo el Ejército y el rey detrás, respaldando».

Uno de sus hombres, el capitán Abad, destinado también en el Parque de Automovilismo, utilizará parecidos argumentos para convencer a los tenientes a su cargo. Lo mismo hará el coronel Manchado, ganado rápidamente para la causa, con todo el que pase por su despacho, que Tejero convierte en su cuartel general. Había llegado de paisano y allí mismo se pondrá el uniforme. Aquello empezaba a parecer la sala de oficiales, por las idas y venidas de unos y otros y la animación general. Por el Parque aparece también Gómez Iglesias, el capitán del CESID, que había quedado con Tejero y que una vez allí lanza su particular soflama para acabar de decidir a los tibios. Cuando los guardias civiles suban a los autobuses, él preferirá quedarse en tierra, coger un taxi y marcharse al CESID. «¡Misión cumplida!», dirá Pilar Urbano al reconstruir los hechos, atribuyéndole un papel de embaucador que hace extensible al comandante Cortina[78]. Previamente, el capitán Abad y el coronel Manchado habían arengado a los guardias formados en el patio para pedir voluntarios. Es el mensaje ya conocido —servicio a España, defensa de la Corona, un Gobierno fuerte, acabar con ETA—, pero en algún momento se deslizó el nombre de Alfonso Armada para completar por arriba la cadena de mando de la operación que se iba a poner en marcha. A las 17.30, los autobuses partían a su destino. Tejero había conseguido reunir a 445 guardias civiles, entre ellos 17 oficiales y 28 suboficiales. Y eso en apenas unas horas, sin órdenes escritas y sin tener mando directo sobre ellos[79].

En Valencia, en cambio, las cosas se habían hecho cumpliendo todas las formalidades. No en vano las órdenes partían del capitán general, que contaba con el pretexto de un informe apócrifo, seguramente fabricado por el CESID, advirtiendo del riesgo de un levantamiento armado en Valencia por parte del sector prosoviético del PCE[80]. En otro documento de la misma procedencia y factura se informaba de la existencia de un posible comando de ETA en Valencia. En ambos casos, la calificación del peligro (C3) «no era muy alta», reconocerá el golpista Pardo Zancada, «pero era suficiente para justificar acciones preparatorias»[81], que se adoptaron de inmediato. A primera hora de la mañana, el Estado Mayor de la III Región Militar empezó a preparar las «alertas rojas» que se distribuirían entre las guarniciones de la región para tomar el control de los objetivos estratégicos y garantizar la seguridad de instalaciones civiles y militares. De lo que se trataba, en realidad, era de sacar al Ejército a la calle, con tal o cual pretexto; que los tanques se dejaran ver por la vía pública y produjeran el natural estupor en la población, paralizada por la sorpresa y el miedo.

Poco después, Milans redactaba con su ayudante, el coronel Ibáñez Inglés, el bando que debía difundirse tras el asalto al Congreso por Tejero y sus hombres. Se trataba de dar forma a las líneas generales que habían trazado ya en los últimos días. El capitán general asumía plenos poderes en el territorio bajo su autoridad en razón de los acontecimientos que se estaban produciendo en Madrid y del consiguiente «vacío de poder». Las medidas de excepción anunciadas por el bando —supresión de los derechos de reunión y de huelga, prohibición de las actividades de los partidos, toque de queda— permanecerían vigentes «el tiempo estrictamente necesario para recibir instrucciones de S. M. el Rey o de la Superioridad». Ni una palabra del supuesto levantamiento comunista en la región. El texto estaba inspirado, según el posterior testimonio de Milans, en el que firmó el general Emilio Mola en Pamplona el 19 de julio de 1936 al sublevarse contra la República[82]. Tras redactar el borrador, pasadas las diez de la mañana, el capitán general reunió a sus ayudantes para informarles de una acción de fuerza inminente que traería consigo la formación de un Gobierno presidido por el general Armada y su propio nombramiento como presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. «El rey está al corriente», añadió. A continuación, leyó el bando, que se pasó a limpio, y ordenó que se repartieran copias para su difusión cuando llegara el momento.

El otro gran escenario de aquellas horas previas al golpe es la División Acorazada Brunete número 1 (DAC), con sede en El Goloso, a diecisiete kilómetros al norte de Madrid. La Brunete era un órgano esencial, tal vez el más activo y potencialmente peligroso, del «elefante blanco», según aquel símil que, al parecer, equiparaba al Ejército español con un pesado paquidermo. Tener la Brunete significaba controlar la capital y, con ella, todos los resortes de poder concentrados en Madrid y sus alrededores. Creada en agosto de 1943, cuando en territorio soviético se libraba la batalla de Kursk —el mayor enfrentamiento de carros de combate de la historia—, representaba la incorporación al Ejército español del concepto de guerra moderna basado en la supremacía del tanque en el combate terrestre. Su dotación inicial estaba compuesta de un extraño híbrido de carros alemanes Panzer IV y tanques soviéticos T-26 capturados en la Guerra Civil española. Con el tiempo, la división sería modernizada primero con tanques americanos y luego españoles, con licencia francesa. Cambió, pues, su composición, pero no su ubicación en Madrid, algo extraña si su cometido era defender el territorio nacional frente a un enemigo exterior. La explicación podría estar oculta en la respuesta que el general Milans del Bosch, jefe de la Brunete a mediados de los años setenta, le dio al rey en unas maniobras militares realizadas a cuarenta kilómetros de la capital. Cuando don Juan Carlos le preguntó por el alcance de un cañón autopropulsado, modelo 175/60, que participaba en las maniobras, Milans le contestó que ese artilugio tenía potencia suficiente para lanzar un obús hasta la Puerta del Sol de Madrid. Es fácil imaginar la sorpresa —o el escalofrío— que la respuesta produjo a Su Majestad. Poco importa si Milans pretendía impresionarle con el poderío de sus cañones o si le traicionó el subconsciente al señalar como objetivo estratégico de su división un escenario bélico tan improbable como la Puerta del Sol. El hecho es que el entonces jefe de la Brunete estaba pensando más en un enemigo interior que en una amenaza exterior a la seguridad nacional.

Cuando Jaime Milans del Bosch y Ussía, descendiente de uno de los primeros militares liberales que se sublevaron contra Fernando VII, dejó en 1977 la Brunete, se había convertido en referente de muchos de los oficiales que componían la unidad. Otro tanto ocurrió con el general Luis Torres Rojas, que tomó el mando de la DAC en 1979, aunque por poco tiempo. En enero del año siguiente fue cesado fulminantemente y destinado a La Coruña como gobernador militar tras descubrir el Gobierno una oscura confabulación tramada por él para sublevar la Brunete. En cambio, su sucesor, el general José Juste Fernández, carecía del carisma y de la determinación de algunos de sus predecesores. Aquellos de sus subordinados que trabajaban para implicar a la DAC en la asonada no acababan de fiarse de él. El jefe del Estado Mayor de la división, el coronel San Martín, le calificará en el juicio de «hombre cauteloso [y] reflexivo»[83]. No eran las mejores credenciales para llevarla a cumplir su destino como joya de la corona del imaginario golpista. De ahí el empeño en traer a Torres Rojas de La Coruña a Madrid a riesgo de provocar un conflicto en la DAC, situada en la tesitura de elegir entre la autoridad de Juste, su jefe efectivo, y la supuesta auctoritas de Torres, considerado por algunos su líder natural.

Aun siendo importante, este no era el único problema que tenían que afrontar los pocos mandos de la Brunete que estaban al tanto de la conjura y se habían comprometido a la ardua tarea de «mover» la división. Ese verbo surge a menudo en las conversaciones entre los iniciados y en los recuerdos sobre lo ocurrido aquellos días, como si la imagen del elefante, pesado y torpe, se aplicara también a la Acorazada. Una de las dificultades con que tenían que lidiar era la previsible oposición del capitán general de la I Región Militar, con sede en Madrid, Guillermo Quintana Lacaci, del que dependía en última instancia cualquier movimiento de la DAC. Los conjurados contaban con que el jefe de Estado Mayor de la región, el general José María Sáenz de Tejada, que había desempeñado esa misma función en la división, les ayudara a orientar a Quintana a su favor o que directamente tomara el mando del golpe en la capital. En palabras de Alfonso Armada muy posteriores a los hechos, «Jaime [Milans del Bosch] confiaba en que Sáenz de Tejada sublevase Madrid»[84]. Era mucho pedir, pero tampoco parecía descabellado que este militar próximo al Opus Dei, con pasado carlista y responsable en 1975 de la detención de la cúpula de la UMD pudiera ser el hombre de Milans en la Capitanía General de Madrid.

Al problema de liderazgo en la Brunete y al posible cortocircuito con Capitanía se añadían dificultades logísticas y de coordinación surgidas en el último momento. El día 23, el jefe de la división, el general Juste Fernández, y su jefe de Estado Mayor, el coronel José Ignacio San Martín, tenían que viajar al campo de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza, para supervisar unos ejercicios tácticos ya programados. Cuando Pardo Zancada se enteró la noche anterior, recién llegado de Valencia con las últimas instrucciones del golpe, no se lo podía creer. Antes de marcharse a San Gregorio, Juste y San Martín tenían que pasar por la sede de la Brigada Paracaidista (BRIPAC) en Alcalá de Henares, que celebraba los veinticinco años de su fundación con un acto al que habían sido invitadas las principales autoridades militares de la I Región y los antiguos mandos de la BRIPAC. Por una razón o por otra, allí se iba a encontrar, en palabras de Armada —uno de los asistentes—, «casi toda la guarnición de Madrid»[85].

Que entre los invitados estuvieran la máxima autoridad de la Brunete y su jefe de Estado Mayor añadía una dificultad más a una jornada trepidante, que incluía el desplazamiento a San Gregorio de buena parte de sus efectivos. Es difícil no estar de acuerdo con San Martín cuando afirma que la intervención de la DAC en el golpe iba a producirse «en las peores condiciones posibles»[86]. Al menos, se suponía que la presencia de sus mandos en la BRIPAC les permitiría hablar con Armada, que podría poner a Juste al corriente de la operación, de las altas motivaciones que la inspiraban —un trascendental servicio a España y a la Corona— y del papel que la Brunete debía desempeñar en todo ello. Lo cierto es que ese encuentro nunca tuvo lugar porque un malentendido con la uniformidad exigida impidió en el último momento a Juste y a San Martín asistir al acto y encontrarse con el nuevo 2.º JEME. Lo que Armada hubiera podido decir al jefe de la División Acorazada es algo que nunca sabremos, pero conociendo su forma de hablar y actuar, es poco probable que su conversación hubiera resultado tan franca e instructiva como esperaban los conjurados. Prueba de ello es que a Sáenz de Tejada, con el que sí se encontró en Alcalá de Henares y al que debía informar de todo, le dijo en un tono más bien enigmático que estaba preocupado por lo que pudiera hacer Milans en Valencia[87]. Aunque resulta difícil, como siempre, saber qué se traía entre manos el antiguo secretario del rey, su comentario debió de poner sobre alerta a Sáenz de Tejada. Aquella mañana en la BRIPAC, recordará años después, «se oyeron conversaciones a media voz que le hicieron pensar que algo iba a ocurrir»[88]. Tal vez en previsión de ello, decidió denegar el permiso que ese día, por dos veces, le solicitó el general Joaquín Yusti Vázquez, jefe de Artillería de la DAC, para ausentarse de Madrid por un motivo familiar grave, una decisión que a la postre tendría gran importancia para el desarrollo de los acontecimientos.

Corrían las horas y San Martín y Pardo Zancada —un coronel y un comandante— seguían siendo los únicos mandos de la Brunete que conocían los entresijos del golpe y trabajaban para «mover» a la división. El primero de ellos ni siquiera estaba allí. En ausencia de San Martín, Pardo Zancada se había quedado a cargo de todo. Por un lado, tenía que empezar a «ambientar» a sus oficiales, como dice él, y por otro asegurarse de que Torres Rojas llegara a Madrid lo antes posible. Además, debía discurrir la forma de precipitar el regreso de San Martín y Juste a la división. Es difícil entender, sin embargo, que el inesperado viaje de este último pudiera ser un contratiempo para sus planes, cuando al general Torres Rojas se le hacía venir de La Coruña precisamente para usurpar las funciones de Juste. Y no fue fácil convencerle, porque en la mañana del día 23 Torres, al que Milans había informado de todo, tenía la impresión de que aquello no se hacía. Pardo Zancada tuvo que llamarle por teléfono y emplearse a fondo para que se decidiera a viajar a Madrid: «Es que el más alto quiere que se haga», fueron las palabras que le hicieron cambiar de opinión. Aun así, su presencia en la división iba a causar una situación incómoda. ¿Qué ocurriría cuando Juste se diera de bruces con su predecesor en el puesto de mando? ¿Por qué no hacer de la necesidad virtud y dejar que Juste prosiguiera su viaje a ninguna parte hasta encontrarse el hecho consumado cuando todo hubiera acabado felizmente?

El propio comandante reconoce que, en más de una ocasión, con el paso del tiempo, amigos y simpatizantes le hicieron esa misma pregunta: «¿Por qué hiciste volver a Juste? ¿No era mejor haberle dejado seguir su viaje y que Torres Rojas hubiera hecho el que parecía ser su papel?»[89]. A su juicio, la división nunca habría cumplido una orden tan comprometida como la de su despliegue en Madrid si no se la hubiera dado su mando natural, por muchos amigos y admiradores que Torres Rojas tuviera en la DAC. Su función no era otra que ayudar a Juste a tomar la decisión adecuada. Cabría añadir que un operativo tan complejo requería la presencia del jefe de Estado Mayor para organizarlo todo, y conseguir que San Martín volviera solo de su escapada con el general ya era forzar mucho las cosas. Acordaron, pues, una forma de hacerles volver a los dos a tiempo para que estuvieran en la división cuando llegara el momento de intervenir. Al mediodía, le había dicho San Martín, tenían previsto comer en el parador de Medinaceli (Soria), a mitad de camino entre Madrid y San Gregorio. Ese era el lugar al que había que mandarle el mensaje en clave para que regresaran de inmediato. La contraseña sería «la bandeja está grabada». A la hora de la verdad, sin embargo, localizarles resultó mucho más complicado de lo previsto porque el parador de Medinaceli estaba en obras y tuvieron que ir al de Santa María de Huerta, a unos treinta kilómetros en dirección a Zaragoza.

A la misma hora en la que el jefe de la Brunete y su ayudante iban a pararse para comer, hacia las dos de la tarde, estaba anunciada la llegada del avión que traía a Torres Rojas a Barajas. El propio Pardo Zancada le recogió en su coche y le llevó al cuartel general de la división en El Pardo. En el trayecto le fue informando de la reunión con Milans y su plana mayor en Valencia el día anterior, de las últimas novedades en la división y de lo que se esperaba de él. Antes de salir hacia Barajas, el comandante había dado orden a un capitán de que se comunicara con el coronel San Martín y le dijera que el general y él tenían que volver urgentemente. «Dile también al coronel que la bandeja está grabada». Zancada y Torres llegaron a El Pardo a la hora de comer, mientras Juste y San Martín, que habían recibido el mensaje en Santa María de Huerta, iniciaban el camino de regreso, sin que el coronel le hubiera dicho todavía a su general qué estaba pasando y cuál era la auténtica razón por la que tenían que volver a Madrid con tal premura. Para ver su reacción, San Martín insinuó que podía tratarse de una sublevación en alguna región militar, pero a Juste le pareció absurdo: «¿Cuando con el nuevo jefe del Gobierno, Calvo-Sotelo, todo parece que va a reconducirse mejor? No sería razonable»[90].

La llegada de Torres Rojas a El Pardo produjo expectación y bullicio entre oficiales y suboficiales, que se acercaron a saludarle durante la comida. Departen con él, recuerdan viejos tiempos y le preguntan por el motivo de su viaje —un asunto particular en una notaría de Madrid—. Alguno sospecha que pasa algo raro. Los demás dan por buenas sus explicaciones y forman una tertulia improvisada a su alrededor. A Zancada, maestro de ceremonias de aquella gran farsa, le interesa ganar tiempo hasta que Juste y San Martín estén de vuelta, pero, por otro lado, le urge organizarlo todo para sincronizar a la Brunete con la acción de Tejero. Es como si llevara un reloj en cada muñeca y ninguno diera la hora buena: uno iba demasiado deprisa; el otro demasiado despacio. Al final, decide convocar por su cuenta una reunión de mandos en el cuartel general, aunque fuera en ausencia del jefe de la división. El problema parece resuelto cuando a las 16.50, rozando la hora límite para acuartelar a la tropa —las 17.00—, el coche que trae al general Juste y al coronel San Martín entra en el acuartelamiento de El Pardo. Se le informa de la reunión que está a punto de celebrarse y de la presencia del general Torres Rojas, que asistirá también sin otro motivo aparente que encontrarse allí de visita. «¿Quién le ha invitado?», preguntará Juste, cada vez más sorprendido de lo que venía sucediendo en las últimas horas y del panorama que se encuentra al llegar, una mezcla de fiesta sorpresa y rebelión en las aulas.

En torno a una docena de generales y jefes se reúne pasadas las cinco de la tarde en el despacho y bajo la presidencia de Juste, que sienta a su derecha a Torres Rojas y a su izquierda al general Yusti Vázquez, con el que tiene una pésima relación personal, hasta el punto de que en los últimos tiempos apenas se hablaban. Eso va a cambiar en las próximas horas, en las que Yusti se convertirá en un contrapeso decisivo al núcleo golpista y ejercerá una fuerte influencia en su superior. Este último ignora todavía la razón de todo aquello, pero está a punto de salir de dudas. Pide permiso para hablar el coronel San Martín, quien a su vez cede la palabra a Pardo Zancada para que informe de un asunto de suma gravedad. El comandante pone las cartas boca arriba. Informa de su reunión con Milans en Valencia el día anterior y del carácter de la operación que estaba a punto de ponerse en marcha, que contaba —Milans le pidió que hiciera hincapié en ello— con el beneplácito del rey y del general Armada. ¿Y el capitán general de la región, Quintana Lacaci, estaba al corriente? Juste, parece que a instancias de Yusti, hace esta pregunta crucial y se dispone a llamar personalmente al capitán general. Pero San Martín, que tenía la respuesta preparada —será Milans quien hable con él—, consigue que desista sin gran oposición por su parte. Torres Rojas interviene entonces para tranquilizar a Juste sobre el buen fin de la operación y su pronto y feliz desenlace, cumpliendo así su cometido de «ambientarle e impulsarle»[91]. Esta labor de refuerzo era el motivo por el que se le había hecho venir de La Coruña aquella misma mañana. Es muy probable incluso que, de no haber ordenado Juste activar la Brunete, los conjurados hubieran intentado traspasar el mando a Torres Rojas. Él mismo admitirá años después que al ver las dudas de su compañero le susurró al oído, sin que nadie más lo oyera: «Mira, Juste, si no mandas tú, tendré que mandar yo. Es el deseo del rey»[92].

Pero no hubo caso, al menos de momento. El jefe de la Acorazada dio luz verde con un escueto «Bueno, pues adelante». Era todo lo que necesitaba oír su jefe de Estado Mayor, José Ignacio San Martín, para ordenar a Pardo Zancada que preparara las órdenes escritas para la movilización de la DAC, o de lo que quedaba de ella, pues una parte de la división se encontraba en el campo de maniobras de San Gregorio. Tardó diez o doce minutos en redactar la orden de operaciones con el desglose de los objetivos específicos correspondientes a las distintas unidades. La rapidez en su elaboración respondía no solo a la necesidad de estar listos lo antes posible, sino al deseo, según Pardo Zancada, de evitar que los mandos tuvieran tiempo para hacer cábalas y pudieran dar marcha atrás[93]. En conjunto, las órdenes trazaban un operativo muy detallado de ocupación militar de Madrid, desde emisoras de radio hasta algunos parques y jardines. Sobre las 17.40, cuarenta minutos antes del asalto al Congreso, Zancada las llevó al despacho del general para entregárselas a los respectivos mandos, que telefónicamente ordenaron a sus unidades repostar y municionar. Antes de las seis, ya habían abandonado El Pardo para dirigirse a sus cuarteles. Todo estaba dispuesto a la espera del acontecimiento anunciado en la reunión celebrada en el despacho de Juste.

También se realizan preparativos en la primera comandancia móvil de la Guardia Civil, con sede en Valdemoro, a veinticinco kilómetros al sur de Madrid, un escenario menor comparado con el Parque de Automovilismo de la Guardia Civil, la Capitanía General de Valencia o la División Acorazada. No tiene ni la trascendencia de los dos primeros ni la tensión dramática y el elenco de personajes shakesperianos —la audacia de unos, la desconfianza y las dudas de otros— que protagonizan el drama en la Brunete. Pero también en Valdemoro intervienen, aunque modestamente, los factores que desencadenan la acción de la obra y determinarán finalmente su desenlace, desde la lealtad entre viejos compañeros y el peso de la cadena de mando hasta el puro azar o la invocación de la Corona, a la que recurren una y otra vez los conjurados sin saber hasta qué punto el nombre del rey se volverá contra ellos.

Allí está destinado el capitán Jesús Muñecas Aguilar, amigo inseparable de Tejero, que le había puesto al corriente de su plan y contaba con él para reforzar sus propios efectivos en caso necesario. Por esta razón, a primera hora de la tarde había tomado ya algunas decisiones que le permitirían disponer de un puñado de guardias civiles y un autobús si recibía una llamada de Tejero pidiendo refuerzos, como efectivamente ocurrió a las cinco de la tarde. Esa actitud previsora permitió a Muñecas ponerse en marcha enseguida tras reunir a veinticinco hombres, entre ellos, tres tenientes. Fue todo tan rápido que salieron de Valdemoro sin que el capitán les hubiera explicado de qué se trataba. Lo hizo cuando estaban entrando en Madrid, al llegar al Paseo de las Delicias. Ordenó parar el autobús e informó a sus hombres de la misión que debían realizar: tomar el Congreso de los Diputados y prestar un importante servicio a la Corona[94]. En los veinte minutos que estuvieron parados se les incorporó un vehículo del CESID, conducido por un cabo, que les abrirá paso y les ayudará a alcanzar su destino. ¡Qué providencial aparición la de aquel Seat 127 de los servicios de inteligencia del Estado mientras Muñecas arenga a sus hombres! A pesar de contar con esta ayuda inesperada, la comitiva llegó a la plaza de las Cortes con diez minutos de retraso respecto al grueso de las fuerzas asaltantes que dirigía Tejero. Todo acababa de empezar y el ambiente en el hemiciclo estaba muy tenso, así que el teniente coronel le pidió al capitán Muñecas, conocido por su verbo fácil, que se dirigiera a los diputados con palabras que pretendían ser tranquilizadoras: «No va a ocurrir nada; pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser».

No se sabe muy bien qué les había dicho Muñecas a sus guardias, salvo la obligada referencia al Congreso de los Diputados y a la Corona, cuando una hora antes mandó parar en el Paseo de las Delicias, pero parece que algunos de ellos pensaron que iban a proteger a Su Majestad y evitar que se repitiera lo que había pasado unos días antes en el Parlamento vasco[95]. ¿El rey en las Cortes? ¿El hemiciclo dominado por las hordas batasunas? O los guardias lo entendieron muy mal o el capitán quiso ser tan convincente que, a fuer de truculento, se inventó una escena francamente inverosímil. Y, sin embargo, el fondo de su historia no estaba tan lejos del argumento utilizado por los conspiradores en las semanas previas, en su afán de captar voluntades para la causa, y ya en el inicio del golpe, cuando había que elegir muy bien las palabras para conseguir que el elefante echara a andar. Más de uno dudaría de que el rey estuviera detrás de todo. Pero incluso los más escépticos confiaban en que, si no lo estaba, al menos acabaría apoyando el hecho consumado. Esa era la clave: crear una inercia imparable que arrastrara a la Corona y obligara al rey a sancionar una «solución Armada», un «golpe de timón» o una «operación De Gaulle». Había que dárselo hecho.

5. Un circo de tres pistas

5

UN CIRCO DE TRES PISTAS

Tras desarmar a los policías encargados de la custodia del edificio, una parte de los guardias civiles llegados del Parque de Automovilismo irrumpió en el Congreso de los Diputados siguiendo al teniente coronel Tejero, que entró por una puerta giratoria y gritó: «¡En nombre del rey!». El resto de los guardias tomó posiciones en los alrededores del Congreso. Eran las 18.22 del 23 de febrero de 1981. Los asaltantes recorrieron distintas dependencias, neutralizaron a los policías y escoltas que se encontraron en el interior y ordenaron a todo el mundo que se tumbara en el suelo. Gritos, empujones, amenazas. Esas labores debieron de retener unos instantes a los hombres de Tejero, que apareció solo en la Cámara Baja, pistola en mano, ante el estupor general. Cuando subía los últimos peldaños de la tribuna de oradores lanzó un grito que paralizó a sus señorías: «¡Quieto todo el mundo!». Algunos le reconocieron inmediatamente como el cerebro convicto y confeso de la Operación Galaxia. Durante unos breves instantes permanece impasible en la tribuna, esperando a los suyos.

El presidente del Congreso, el centrista Landelino Lavilla, se pone en pie, sin saber qué hacer. Tejero y él, separados por un abismo de un par de metros, se cruzan la mirada en un gesto que capta uno de los muchos fotógrafos presentes. La sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo no se estaba retransmitiendo en directo por televisión —aunque sí por radio—, pero hay varias cámaras grabando el acto, y en cuanto el militar ha aparecido en el hemiciclo el realizador ha pasado de un anodino plano general de la Cámara a uno medio de la tribuna, donde se encuentran Tejero y los miembros de la Mesa del Congreso. Se oyen nuevos gritos de los guardias civiles —«¡Al suelo todo el mundo!»—, todavía fuera de plano, y se ve al teniente general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno en funciones, abandonar su escaño en el banco azul, junto a Suárez, y dirigirse hacia Tejero, que baja a su encuentro desde la tribuna blandiendo la pistola. «¡Siéntese, diputado!», le grita al general, que no era ni fue nunca diputado[96]. Con su tricornio, su bigote, sus gritos y su pistola, Tejero acaba de entrar en el bestiario de los espadones españoles como una figura de una fiereza trasnochada y exótica.

En ese momento, entra en el hemiciclo un grupo de guardias civiles, que disparan sus metralletas a discreción tras un primer pistoletazo de su jefe al techo. El estruendoso tableteo de los cetmes dura diez segundos, en los que todos los presentes, menos tres, se echan al suelo, sean diputados, miembros del Gobierno, invitados o funcionarios del Congreso. Las tres excepciones son Adolfo Suárez, que permanece sentado en la cabecera del bando azul, en actitud impasible, casi retadora; Gutiérrez Mellado, de pie, brazos en jarras, con el gesto crispado, y Santiago Carrillo, que hace caso omiso a la súplica de la diputada Eulalia Vintró para que se tire al suelo —«¡No me sale de los cojones!»—. Al final, el propio Tejero ordena a los suyos que dejen de disparar con el convincente argumento de que «vais a dar a los nuestros». Está en la tribuna, con la mano derecha empuñando la pistola y la izquierda levantada y extendida —con una amenaza, con la otra pide calma—, mientras los guardias apuntan con sus armas hacia los escaños. Es la instantánea que inmortaliza con su cámara el fotógrafo Manuel Pérez Barriopedro y que habría de convertirse en el gran icono del golpe. Cuando dejan de disparar, se reanuda el forcejeo con Gutiérrez Mellado, acosado por varios guardias y por el propio Tejero, que intenta derribarle con una llave de yudo sin llegar a conseguirlo. Finalmente, Suárez se acerca al general, le coge del brazo y se lo lleva de nuevo al banco azul, donde el presidente y el vicepresidente vuelven a sentarse en sus escaños. La mayoría de los diputados continúan parapetados en los suyos.

La batalla de los sentidos que se libra en esos primeros momentos va a influir poderosamente en el desenlace del 23-F y sobre todo en la forma en que pasará a la historia. Las ráfagas de metralleta rompieron un pacto no escrito entre los conjurados sobre el carácter incruento de la operación, porque era difícil pensar que aquella ensalada de tiros no hubiera provocado víctimas. Más de uno de los que estaban siguiendo la sesión por la radio al oír aquello decidió quitarse de en medio o rebajar su participación en aquel esperpento. Si del sentido del oído pasamos al de la vista, el contraste entre la imagen gallarda de Suárez y Gutiérrez Mellado y el matonismo físico y verbal de los asaltantes perjudicó claramente a estos últimos y envolvió en un halo de dignidad a las dos bestias negras del golpismo. Hasta el comandante Pardo Zancada reconocerá que la «estética» del golpe sufrió un grave daño con las imágenes del zarandeo a Gutiérrez Mellado, cuya serenidad y valentía elogia sin reparos. En su autorizada opinión, les habría salido más a cuenta pegarle un tiro allí mismo[97].

Con el secuestro del Gobierno y del Parlamento, los golpistas ya tienen su «vacío de poder». Ahora falta llenarlo con una nueva autoridad «militar, por supuesto». Así lo afirma el capitán Muñecas desde la tribuna del Congreso, cuando Tejero le pide que diga algo para tranquilizar a sus señorías y a sus propios compañeros. Según el vídeo de la sesión, han pasado tan solo diez minutos desde la irrupción de Tejero en el hemiciclo y se acaba de permitir a los diputados volver a sentarse, aunque con las manos bien a la vista. Todos cumplen la orden, menos Suárez y Gutiérrez Mellado, que de nuevo ignoran la autoridad de sus secuestradores. A partir de aquí se abre en el Congreso un compás de espera, marcado por una tensión contenida y por la incertidumbre ante la siguiente secuencia del golpe. El capitán Muñecas, al anunciar la llegada de una autoridad militar que dispondrá «lo que tenga que ser», ha asegurado que en media hora como máximo se sabrá quién es y qué le trae por allí. Es difícil saber si el fiel amigo de Tejero acaba de improvisar una explicación de lo que va a pasar, sin ningún otro propósito que ganar tiempo y tranquilizar a la gente, o se hace eco del plan previsto, según la versión que le ha contado su jefe y amigo.

Una vez levantado el telón en el Congreso y escenificado el primer acto, el foco se dirige a sus otros dos escenarios, como si el espectáculo que acaba de empezar fuera un circo de tres pistas que combinara el rugido del león, la agilidad de los acróbatas y la pesada parsimonia del elefante. Si hay alguien a quien corresponde el papel de maestro de ceremonias, el hombre que debe coordinar la acción de unos y otros y decir la última palabra cuando el espectáculo llegue a su fin, es el general Alfonso Armada, que se encuentra, de momento, fuera de foco. En los primeros compases de la función, las tres pistas —Congreso, Valencia y Brunete— parecen bien sincronizadas. A la media hora del asalto a las Cortes, García Carrés, ejerciendo de enlace entre Madrid y Valencia, llama a la Capitanía General de la III Región para informar de la conversación que acaba de tener con Tejero. Todo iba según lo previsto. En realidad, el propio teniente coronel había telefoneado a Valencia para dar novedades y transmitir la contraseña acordada: «Naranjas». Milans podía empezar a actuar. Sobre las siete se reúne con mandos de la Armada, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para explicarles la situación. Con los generales bajo su jurisdicción lo había hecho ya una hora antes del asalto al Congreso. Como las órdenes y el bando estaban preparados desde la mañana, solo hizo falta dar luz verde a su difusión como respuesta a la situación creada en la capital. Las unidades de la región ejecutan las órdenes previstas por la Operación Turia para el despliegue de fuerzas y el control de los distintos objetivos. Además, el gobernador militar de cada plaza deberá hacerse cargo del gobierno civil de su provincia. Mientras tanto, el capitán general hace una primera ronda de llamadas a Madrid y a otras capitanías. Le sorprende no encontrar a Armada en su despacho en el Cuartel General del Ejército[98]. El maestro de ceremonias inicia así su extraña actuación de aquella tarde-noche, marcada por sus apariciones y desapariciones a destiempo.

En El Pardo, cuartel general de la Brunete, el Estado Mayor de la DAC estaba pendiente de la radio instalada en una de las oficinas, que transmitía en directo la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados. Cuando a las 18.23 se oyó la irrupción de Tejero y sus hombres en el hemiciclo, se supo que había llegado la hora. El coronel San Martín salió del despacho del jefe de la división, el general Juste, y dio la orden de iniciar la movilización acordada en la reunión de las cinco. A las 18.45, tras un primer intento fallido, los ayudantes de Juste consiguieron comunicar con la Zarzuela. Encontrar allí a Armada junto al rey despejaría las dudas que aún tenía sobre lo que estaba pasando y las órdenes que acababa de dar. «¿Armada?», le preguntó sorprendido Sabino Fernández Campo, secretario de la Casa del Rey; «ni está ni se le espera». No es de extrañar que la respuesta de Sabino a Juste pasara a la historia como la gran frase del 23-F, porque con ella empezó a derrumbarse toda la estrategia conspirativa encaminada a implicar a la Corona en la intentona.

Tras comprobar que el supuesto cerebro de todo no estaba en la Zarzuela, Juste decidió telefonear al capitán general de Madrid, Guillermo Quintana Lacaci. Esta vez nadie le disuadió de hacerlo, al contrario que en la reunión de mandos. El jefe de la Brunete le preguntó si le había llamado Milans. La reacción de Quintana —«¿Para qué tenía que llamarme?»— alarmó de nuevo a Juste, que acababa de comprobar por partida doble la falsedad de la información utilizada para embaucarle. Ni Armada estaba con el rey ni Milans había llamado todavía a su homólogo de Madrid. Pero hubo más. A Quintana Lacaci le extrañó que Juste se encontrara en El Pardo y no en San Gregorio en las maniobras de la división. Cuando el jefe de la DAC le contó su azaroso viaje de ida y vuelta de aquel día y cómo al regresar al cuartel general se encontró a Torres Rojas, el capitán general lo vio claro: «Ten cuidado con él». Poco después hablaron por teléfono los dos jefes de Estado Mayor, José Ignacio San Martín por la Brunete y Sáenz de Tejada por Capitanía General, y este último llegó a una conclusión que transmitió de inmediato a su superior: «La división está sublevada». Y era cierto, aunque el despliegue de las unidades se estaba realizando con desesperante lentitud a juicio de los conjurados, entre ellos Torres Rojas, el gobernador militar de La Coruña que seguía los acontecimientos en el cuartel general de El Pardo. Su labor de zapa resultaba cada vez más ineficaz, porque las dos llamadas telefónicas habían abierto los ojos a Juste y porque el jefe de artillería de la DAC, el general Yusti Vázquez, estaba consiguiendo sacar a su superior de la órbita golpista. Por si acaso, Quintana Lacaci quiso tomar directamente la iniciativa. Ordenó a Juste que abortara cualquier salida de las unidades y llamó personalmente a los mandos para dar contraorden.

El efecto dominó de sobrentendidos, medias verdades y mentiras clamorosas que debía activar el golpe y llevarlo hasta el final se estaba volviendo contra sus promotores. Tiene razón uno de ellos, Ricardo Pardo Zancada, al preguntarse quién se inventó el bulo de la presencia de Armada en la Zarzuela, que tanto daño les hizo[99]. Fue el propio comandante de la Brunete el que llevó esta información a la DAC tras oírselo a Milans del Bosch en Valencia, en la supuesta conversación telefónica que mantuvo con Armada la víspera del golpe. Hay motivos para creer que esa conversación en presencia de Pardo —Milans insistió en ello— fue un montaje que inicialmente surtió efecto, porque en la Brunete la dieron por buena. Cuando a la media hora escasa del golpe Juste comprobó su falsedad, la actitud del jefe de la división pasó de la inercia a la resistencia.

Había que desactivar aquello antes de que fuera demasiado tarde. Una columna de carros de combate de la Brigada Acorazada número 11 se encontraba ya saliendo de su acuartelamiento camino de Madrid cuando Quintana Lacaci dio orden al general de la brigada, Fernando Ortiz Call, de hacer regresar los tanques. De no haberse producido esa llamada, dirá el general Ortiz años después, más divertido que otra cosa, en pocos minutos la columna se habría plantado en la Cibeles[100]. A continuación, Quintana llamó al jefe accidental de la Brigada Mecanizada de la DAC, el coronel Ángel Centeno —el titular acababa de ascender y estaba pendiente de destino—, y le ordenó parar la movilización de la brigada, lista ya para salir. La situación empeoraba por momentos, porque las órdenes cursadas desde el cuartel general de la división se iban cumpliendo lenta pero inexorablemente. La siguiente llamada fue al Regimiento de Caballería Villaviciosa 14, encargado en el plan de operaciones golpista de ocupar las instalaciones de Radiotelevisión Española en Prado del Rey. Aquí no hubo tanta suerte, porque, cuando llamó el capitán general a la jefatura del regimiento, una columna formada por nueve jeeps, tres blindados y treinta y cinco hombres había abandonado ya el acuartelamiento y se dirigía a Prado del Rey. A las 19.48, el capitán Merlo, al mando de la columna, y un sargento que le acompañaba irrumpían en el despacho del director general de TVE, Fernando Castedo, y le conminaban a sustituir la programación prevista por marchas militares. En caso contrario, decían tener orden de disparar[101].

La ocupación militar de Prado del Rey se prolongó hasta las nueve de la noche pese a la llamada del capitán general prohibiendo la salida de las unidades y ordenando el regreso de las que ya estuvieran fuera. Liberar TVE era de vital importancia porque don Juan Carlos ya había decidido dirigir un mensaje televisado a la nación que requería para su grabación y emisión medios técnicos y personal cualificado de Prado del Rey. Un problema de comunicación por el mal funcionamiento de un teléfono de campaña y la desidia, nada gratuita, del coronel del regimiento, Joaquín Valencia Remón, son las razones más plausibles de un retraso injustificado en el cumplimiento de la orden de retirada. La actitud del coronel llegó a motivar una llamada de la Zarzuela instándole a llevarse de allí a sus hombres. Así lo haría sin falta, respondió, pero «¡qué ocasión estamos perdiendo!»[102]. Puede haber además otra explicación de la tardanza con la que cesó la intervención militar en Prado del Rey, aplicable a todo lo ocurrido a lo largo de aquellas horas: que la lentitud del elefante lo era tanto para levantarse y ponerse en marcha como para dar media vuelta y regresar a su hábitat.

Los teléfonos no dejaban de sonar allí donde había más en juego, en unos casos para transmitir órdenes y contraórdenes y en otros para sondear estados de opinión en unidades y guarniciones. Algunos mandos se pusieron en contra sin dudarlo. Otros se vigilaban entre sí de reojo o daban un paso atrás en cuanto se enteraban de quién andaba al frente de todo aquello, como hará Jesús González del Yerro, capitán general de Canarias, al oír los nombres de Milans y Armada. La mayoría de los capitanes generales con los que contactó Milans del Bosch le dieron buenas palabras sin comprometerse del todo ni tomar la iniciativa. Él era el trapecista al que debían agarrarse sus compañeros enlazando entre sí, uno tras otro. Pero el capitán general de Valencia iba dando pasadas en su trapecio y nadie se decidía a lanzarse a su encuentro y unirse a él. En realidad, el propio Milans actuaba como si quisiera quitarse importancia para diluir su responsabilidad por si acaso. En una de sus llamadas a Valencia desde la Brunete, Pardo Zancada se enteró por Mas Oliver de que los tanques ya estaban en la calle. La noticia corrió de boca en boca por la Acorazada y llegó a oídos de su máximo responsable, que telefoneó a Milans y le pidió detalles sobre las órdenes que había dado en su jurisdicción y esas fuerzas que había sacado de sus cuarteles. Todo se reducía a un grupo táctico, le contestó Milans a Juste, cuya desconfianza no dejaba de crecer. «¿En qué quedamos?», le preguntará a Pardo Zancada, del que procedía una información que a él le había llegado directamente del Estado Mayor de la III Región.

El ambiente entre los mandos superiores, dentro y fuera de la DAC, se iba enrareciendo poco a poco por el efecto contagioso de las dudas y de los recelos que surgían entre ellos. Nadie quería ser el primero de la fila. Incluso a San Martín se le veía cada vez más apagado, sin el empuje de los primeros momentos. El comandante Pardo Zancada, atento a ese cambio de actitud de sus superiores, explicará la extraña reacción de Milans a la llamada de Juste —«¿tanques en la calle?; ¡qué va!, es solo un grupo táctico»— por el deseo de dejar a Armada campo libre para dirigir la sublevación, sin que nadie le hiciera sombra[103]. A medida que pasa el tiempo, una sensación de vértigo se apodera de los protagonistas de esta función, porque cada vez resulta más difícil mantener el equilibrio entre su deseo de llegar hasta el final y su temor a una caída que podría tener fatales consecuencias a tenor de la reacción que empezaba a percibirse en la Zarzuela. Contrariamente a lo que les había dicho Armada, aquello se tenía que hacer sin red.

Mientras los equilibristas se muestran remisos a iniciar su paseo por la cuerda floja, como pidiendo la vez —a sus pies el vacío—, en las Cortes Tejero parece un león enjaulado sin poder salir de allí, esperando acontecimientos que no acaban de producirse. Se ha cumplido con creces el plazo que dio Muñecas para la llegada de la autoridad militar y no ha aparecido nadie ni a tomar el mando ni a relevar a los guardias civiles, a los que alguien ha convencido de que la Brunete se iba a hacer cargo de aquello. El propio Tejero contaba con que «la unidad esa» les relevaría de su puesto cuando fuera «la “H” más dos», es decir, a las dos horas del asalto. Al menos, su amigo Juan García Carrés le mantenía informado de lo que ocurría fuera. A su manera, claro, porque en sus llamadas telefónicas, que quedarán grabadas —de ellas procede en parte esta reconstrucción de los hechos—, Carrés expone una visión triunfalista del mapa militar de la asonada que enseguida se verá desmentida por la realidad. Regimientos que acuden en tropel en apoyo de Tejero, regiones militares que se sublevan en masa, capitanes generales que están a punto de caramelo… «¿Hace falta que te dé mi palabra de honor?», llegará a preguntarle Juanillo cuando vea que su fe empieza a flaquear.

Hay otro testimonio directo que recoge la evolución de los acontecimientos en el Congreso de los Diputados con la fiabilidad y la frescura de la proximidad temporal respecto a lo que se narra. Es el acta elaborada al día siguiente por los secretarios de la Mesa del Congreso, por encargo de Landelino Lavilla, para dejar constancia fehaciente de lo ocurrido antes de que el paso del tiempo pudiera alterar el recuerdo de todo aquello. Según este documento, a las 19.35 Suárez se levanta de su escaño, sale del banco azul y pide hablar con quien manda la fuerza. El guardia civil al que se dirige le ordena que vuelva a su asiento. Él se niega. La discusión sube de tono y llegan otros guardias. Alguno de ellos ve algo sospechoso en los escaños y amenaza con disparar —«Al próximo movimiento de manos, se mueve esto, ¿eh? (Señalando la metralleta)»—, pues desde el principio los asaltantes estaban convencidos de que algunos diputados iban armados. Suárez hace valer su autoridad como presidente del Gobierno, pero sus palabras quedan ahogadas por los gritos de los guardias y resultan inaudibles desde la tribuna, donde alguien toma nota mentalmente o por escrito de lo que ocurre en el hemiciclo para transcribirlo después con la mayor fidelidad posible. El acta recoge otra frase para la historia, pronunciada por uno de los guardias al calor de aquella discusión: «¡Señor Suárez! ¡Se siente, coño!».

Sea porque se ha enterado del incidente o por traer noticias frescas, Tejero regresa al salón de sesiones para anunciar que el general Milans del Bosch ha decretado la «movilización general» [sic] en su región y manda un abrazo a las fuerzas ocupantes del Congreso, que responden con vítores y gritos confusos. Se distinguen los vivas a España, al rey y a la Guardia Civil, pero se oye también un «¡Arriba España!» y un «¡Viva la democracia!», de origen incierto, al que responde una voz aislada. A continuación, a las 19.40 según el acta, Tejero coge a Suárez del brazo y se lo lleva fuera. Ya no volverá en toda la noche. La operación se repetirá en los minutos siguientes, de forma escalonada, con Gutiérrez Mellado y Felipe González, que salen juntos conducidos por guardias civiles; Alfonso Guerra, vicesecretario general del PSOE; Agustín Rodríguez Sahagún, ministro de Defensa, y Santiago Carrillo, secretario general del PCE. El acta afirma que «en ese momento se produce en la Cámara un grave silencio»[104]. Las dos últimas palabras del relato bastan para reflejar el dramatismo con que se vivió aquel instante, aunque la interpretación de lo que les podía ocurrir a quienes fueron obligados a salir del hemiciclo varía mucho según los diputados. Unos temieron seriamente por las vidas de sus compañeros. Otros pensaron que iban a ser conminados a aceptar una solución inconstitucional a la crisis abierta con el asalto al Congreso. Un ministro del Gobierno en funciones creyó que se los habían llevado «a firmar»[105].

El acta sigue recogiendo información hasta la medianoche. A las 20.45, un guardia civil y un oficial suben a la tribuna de oradores para leer varios teletipos favorables a su causa. En uno de ellos, se anuncia la ocupación militar de dos emisoras de radio en Castellón. Otro reproduce el bando de Milans del Bosch. También se informa con retraso de la toma de los estudios de TVE en Prado del Rey, que probablemente para entonces ya estaban libres de las fuerzas ocupantes. Poco después se produce un momento de gran tensión cuando miembros de la Mesa del Congreso comunican a los asaltantes que el fluido eléctrico podía llegar a cortarse, como indicaba el parpadeo de la iluminación del hemiciclo, debido al aumento inusitado del consumo de electricidad en Madrid a causa del golpe de Estado. Tejero teme que los diputados aprovechen la ocasión para huir en masa y ordena a sus hombres que custodien las puertas y disparen si se apagan las luces y notan el menor roce en su cuerpo. Luego opta por una solución de emergencia que es casi peor, y que consiste en rasgar la tapicería de dos sillas, colocar el relleno sobre la mesa de los taquígrafos, frente a la tribuna, y prepararlo todo para encender una fogata en caso de apagón. Ante la advertencia del presidente de la Cámara sobre los riesgos de provocar un incendio, por la abundancia de material inflamable —alfombras, tapices, maderas nobles—, Tejero accede a que se coloquen unos velones encima de la mesa en vez de la pira formada con la estopa de las sillas. Aquel intento de sustituir el fluido eléctrico por una hoguera sería recordado por muchos como el más dramático de toda la noche. Así lo creyó también Leopoldo Calvo-Sotelo, que, además de temer, como sus compañeros, por su integridad física, vio en la escena un simbolismo onírico, cargado de significado: una bayoneta rasgaba la tapicería de aquellas venerables sillas, destinadas a servir de asiento a los representantes de la soberanía nacional, y de su interior surgía una materia inerte y amorfa. «Esta es la democracia española —pensó— y ahora le están sacando las tripas»[106]. Poco después, Tejero volvía al hemiciclo y anunciaba que la II, la III, la IV y la V Región Militar apoyaban el nombramiento del teniente general Milans del Bosch como presidente del Gobierno.

Para saber qué fue de aquellos líderes políticos que habían sido trasladados a otras dependencias del Congreso hay que dejar por el momento el acta de la sesión, que registra solo lo que sucede en el hemiciclo, y recurrir a otras fuentes, sobre todo al testimonio de los propios protagonistas. El propósito de Tejero no era otro que aislarlos de sus compañeros y evitar nuevos incidentes, como el que había protagonizado Suárez poco antes. Al presidente se lo llevan a la pequeña sala de ujieres y le dejan allí solo, custodiado por un guardia que será relevado periódicamente; a los demás —Felipe González, Alfonso Guerra, Rodríguez Sahagún, Gutiérrez Mellado y Carrillo— los conducen a la sala de los relojes, donde permanecerán fuertemente vigilados. Allí pasarán el resto del secuestro hasta la mañana siguiente, durmiendo a ratos, pasando mucho frío y haciendo cábalas sobre el desenlace de todo aquello. Aunque les habían prohibido hablar y los guardias hacían cumplir a rajatabla las duras condiciones de su encierro, la cercanía permitió a Gutiérrez Mellado y Carrillo intercambiar cigarrillos y cruzarse algún gesto tranquilizador. Esa mínima solidaridad entre ellos, toda la que cabía en aquellas circunstancias, inspiró en el líder comunista una curiosa reflexión sobre el pasado y el presente: «Lo que es la vida. En 1936 estábamos los dos en Madrid; él dirigiendo la quinta columna franquista y yo luchando contra ella, y henos aquí hoy, juntos, esperando la misma suerte por defender la democracia»[107].

El encierro de Suárez fue aún más riguroso porque se le mantuvo en total aislamiento, salvo por el guardia encargado de su custodia. También Tejero se dejaba ver por allí de vez en cuando, temeroso de que el presidente del Gobierno tratara de socavar la moral de sus hombres, a los que ordenó que, «sobre todo, no [le] escucharan». Lo contará el propio Suárez años después, en una entrevista en la que reconocerá que no se calló «ni un momento toda la noche», pues, tal como se maliciaba Tejero, trató por todos los medios de hablar con los guardias sobre lo que estaba ocurriendo para hacerles ver que les habían engañado. Su capacidad de convicción y la marcha de los acontecimientos empezaron a hacer mella en los asaltantes y a quebrar la autoridad que su jefe tenía sobre ellos. Al final, en una de aquellas apariciones de Tejero por la sala de ujieres se producirá un tenso cara a cara entre ellos dos, en el que, sin apenas cruzar palabra, se enfrentarán el poder de intimidación del jefe de la Guardia Civil y la autoridad que, pese a todo, conservaba el presidente del Gobierno. Cuando sus miradas se encontraron, Suárez le desafió poniéndose en pie con gesto firme y altivo. Su secuestrador quiso bajarle los humos y le encañonó con su pistola, y él, aceptando el envite, sin histrionismos, pronunció la palabra clave: «¡Cuádrese!». No hizo falta más. Buen conocedor de los códigos que rigen las relaciones jerárquicas, Tejero dio media vuelta y se marchó, como admitiendo en su fuero interno que aquel hombre desarmado seguía encarnando la suprema autoridad, por mucha pistola y muchos guardias que él tuviera. Era exactamente lo que Suárez quería que entendieran Tejero y sus hombres: «Que, con todo, yo allí mandaba más que él»[108].

Eran las tres de la madrugada y, aunque al presidente del Gobierno le pareciera que el tiempo se había detenido, en las últimas horas no habían dejado de pasar cosas en los diversos escenarios del golpe. En la Brunete, el primer impulso favorable a la asonada se vio contrarrestado por la actitud del capitán general de Madrid, Quintana Lacaci, y del jefe de la división, Juste Fernández, que poco a poco se fue desmarcando del núcleo golpista sin que Torres Rojas llegara a desbancarle del mando. Su presencia allí era tan injustificada, que a última hora de la tarde Quintana llamó al capitán general de Galicia, Manuel Fernández Posse, para decirle dónde andaba y con qué peligrosas compañías se había juntado su subordinado, el gobernador militar de La Coruña. «Dile que se vuelva inmediatamente», le contestó Fernández Posse a Quintana. La orden de regreso se la dio en persona el jefe de la Brunete sin andarse con rodeos: «Que te vuelvas a La Coruña enseguida». No debió de costarle mucho poner fin a la molesta presencia en su despacho de aquel que se había convertido en su sombra en las últimas horas, con grave menoscabo de su autoridad sobre la división. No hubo resistencia por su parte, aunque algunos oficiales hicieron un último intento para que «desplazara» a Juste. A las 21.50, Torres Rojas abandonaba el acuartelamiento de El Pardo. Con la misma flema con la que se subió al avión de ida por la mañana para sumarse al golpe, se embarcó en el de vuelta, ya de noche, tras despedirse de todo el mundo. Fin de la escapada.

La marcha de Torres Rojas fue, en palabras de Pardo Zancada, como si hubiera caído el telón señalando el final de un acto en una obra de teatro. Solo quedaba, según él, enfrentarse a la derrota sin llegar siquiera a combatir. Eran las diez de la noche, y el comandante golpista sentía «tristeza y vergüenza». Media hora después, su sensación era que «todo aquello» había fracasado[109]. No obstante, decidió encabezar una acción a la desesperada para que no se dijera que la Brunete había dejado en la estacada a los guardias encerrados en el Congreso y también con la esperanza de que su gesto sirviera de revulsivo a los mandos todavía indecisos. Vano intento. Cuando sondeó a sus compañeros, incluso aquellos que hasta hacía poco estaban en su misma onda, vio que no había nada que hacer, salvo de forma testimonial y por su cuenta. Para ello, reunió a los pocos efectivos que tenía a mano y organizó la salida de una columna hacia un objetivo decidido sobre la marcha. Formaban la fuerza un par de compañías incompletas; en total, cinco oficiales, cinco suboficiales y ciento nueve soldados, todos bajo su mando, que abandonaron el cuartel general de la DAC en catorce vehículos poco antes de la una de la madrugada. De los tres objetivos posibles, el Cuartel General del Ejército, la Capitanía General de Madrid y el Congreso de los Diputados, Pardo se inclinó finalmente por este último ante la enorme dificultad de tomar al asalto los dos primeros y el efecto de «arrastrar, no de combatir», que buscaba con su acción[110].

La columna llegó a la plaza de las Cortes hacia la 1.45. Aprovechando la confusión reinante en la zona, con varios cordones de seguridad formados por fuerzas pro y antigolpe, Zancada consiguió entrar en el perímetro controlado por los asaltantes y, una vez en el Congreso, se puso a disposición de Tejero. La situación había empeorado notablemente desde que salió de El Pardo con sus hombres debido a dos acontecimientos recientes: la visita de Armada al Congreso para negociar la rendición de los guardias civiles y la intervención del rey por televisión desautorizando el golpe. Pese a ello, el comandante de la DAC telefoneó a mandos potencialmente afines, a los que habló sin tapujos del carácter «azul» de la intentona, despojándola ya de toda apariencia legalista. Las respuestas que encontró al otro lado del teléfono fueron, de nuevo, descorazonadoras; no porque sus interlocutores no simpatizaran con su plan, sino por considerar que todo estaba perdido. Su deseo de reafirmar el sentido político de la sublevación, de dar una especie de golpe dentro del golpe, le llevó a redactar un manifiesto abiertamente rupturista que debía difundirse fuera del Congreso de los Diputados. Las unidades que lo ocupaban, en cuyo nombre estaba escrito el documento, abogaban por «una verdadera democracia», rechazaban las «autonomías separatistas» y la impunidad del terrorismo y expresaban su respeto al rey, al que quisieran «ver al frente de los destinos de la Patria». El engendro resultante era una suerte de monarquía absoluta teñida de azul[111]. Ni Pardo, ni Tejero, ni García Carrés consiguieron que se leyera desde alguna emisora de radio, como era su deseo, pero el manifiesto fue finalmente distribuido por la agencia Europa Press entre sus abonados. Eran las 4.45 y la suerte del golpe, pese a los intentos de Pardo Zancada por reactivarlo, estaba echada.

Las cosas en Valencia venían sucediendo de forma muy distinta. La III Región Militar, que incluía la Comunidad Valenciana y las provincias de Albacete y Murcia, estuvo oficialmente sublevada durante casi doce horas, desde la publicación del bando golpista por la tarde hasta su retirada a altas horas de la madrugada. Las órdenes de Milans del Bosch se ejecutaron en general sin contratiempos. Solo encontraron una resistencia inesperada en la base aérea de Manises, que pudo haber tenido graves consecuencias. En vista de que el coronel jefe del Ala Aérea 11, Luis Delgado Sánchez-Arjona, decidía ignorar el bando de Milans y situarse al margen del golpe, desde Capitanía General se ordenó el desplazamiento a la base de Manises de una columna de tanques con fines claramente intimidatorios. La reacción del coronel fue llamar a Ibáñez Inglés, ayudante de Milans del Bosch, y comunicarle que había puesto en alerta dos cazabombarderos Mirage III, cargados con misiles aire-tierra, a los que daría orden de despegar y atacar si la columna hostil no detenía su marcha. La advertencia surtió efecto. Los tanques dieron la vuelta y regresaron a su acuartelamiento, poniendo fin de esta forma a un episodio que escenificó, más que ningún otro, la temida división del ejército, que todos quisieron evitar por el incalculable riesgo que entrañaba[112]. El coronel jefe de la base de Manises, Luis Delgado, era compañero de promoción del rey Juan Carlos e hijo de un capitán del Ejército muerto en acción de combate en octubre de 1936.

El recuerdo de la Guerra Civil estuvo muy presente a lo largo de toda la noche. Cuando Milans del Bosch se puso en contacto con Quintana Lacaci para explicarle su decisión, el capitán general de Madrid apeló a la memoria común de su generación para desmarcarse de una operación que podía reavivar viejos enfrentamientos: «Jaime: eso es la guerra civil, y tú y yo ya la hemos hecho». Otros capitanes generales se mostraron más receptivos a los argumentos de Milans, pero incluso en estos casos saltaba a la vista la extrema cautela de los posibles corifeos de la sublevación, remisos a asumir cualquier riesgo. Uno de ellos, el capitán general de Valladolid, Ángel Campano López, pidió a Milans garantías de que su bando era plenamente conforme a la ley. Ni siquiera esa apariencia de legalidad con que se revistió la intentona bastó para inclinar a los indecisos a dar un paso al frente, pese a que, según los cálculos realizados por Quintana Lacaci tras sus primeros contactos telefónicos, solo cuatro de los once capitanes generales estaban decididamente en contra del golpe: Madrid, La Coruña, Burgos y Granada. Los demás se mantuvieron a la espera, ganando tiempo para que la situación se fuera clarificando en un sentido o en otro.

Un análisis caso por caso de lo sucedido aquella tarde en las capitanías generales mostraría hasta qué punto el motor de la historia en los momentos cruciales puede ser una mezcla de azar y factor humano capaz de inclinar la balanza a un lado o a otro cuando existen dos posturas enfrentadas. Ejemplo de ello es lo ocurrido en Valladolid y Sevilla, cabeceras de la VII y la II regiones militares. En la capital castellana, el núcleo antigolpe, formado por el general Manuel María Mejías, próximo al rey, y los coroneles Peña Peña y Gómez Rico, se impuso al propósito inicial del capitán general, Campano López, de secundar a Milans en cuanto este le dio las garantías de legalidad que le pidió Campano[113]. En Sevilla se encontraba al mando el teniente general Pedro Merry Gordon, con el que los conjurados contaban como un apoyo seguro; tanto es así que Milans le llamó a las 17.10 —una hora y diez minutos antes, por tanto, del asalto al Congreso— para ponerle en antecedentes. Al principio, se mostró cauto, como tantos otros, pero, deseoso de entrar en acción y de hacerlo a lo grande, se enfundó su uniforme de legionario y abrió una botella de whisky del mueble bar de su despacho, de la que ya no se separó hasta que sus efectos etílicos lo dejaron fuera de combate. Esta circunstancia hizo que el mando efectivo de la II Región recayera en otras autoridades militares, en particular el jefe del Estado Mayor, el general Gustavo Urrutia, que resultó determinante en el fracaso del golpe en Sevilla. Además de neutralizar las medidas más intervencionistas que tomó el capitán general mientras estuvo en condiciones de ejercer el mando, corrigió algunas disposiciones, cuanto menos dudosas, adoptadas por el gobernador militar de la ciudad, el general Esquivias Franco, que intentó también llenar el vacío de poder dejado por Merry Gordon, aunque en un sentido contrario al de Urrutia.

El caso más sorprendente fue el del general Manuel Saavedra Palmeiro, jefe de la poderosa División de Infantería Mecanizada Guzmán el Bueno, con sede en Sevilla, que estuvo ilocalizable durante toda la tarde. Según su propio testimonio, pasó aquellas horas en el cine, viendo la película Casablanca en un «club progre» que estaba dedicando un ciclo a su protagonista, el actor Humphrey Bogart[114]. Mientras asistía a la sesión en compañía de su prometida, fuera del cine se desarrollaba un drama en el que aquel singular espectador tenía reservado un papel de primer orden. Milans se lo había anunciado al general Carlos Alvarado en la cumbre golpista celebrada unos días antes en Madrid: Saavedra Palmeiro figuraba como ministro del Interior en el Gobierno que pensaba presidir Armada[115]. El general Saavedra afirmará posteriormente que hasta que no salió del cine, pasadas las ocho de la tarde, no se enteró de que España se encontraba en pleno golpe de Estado. La escena tiene todo el aire de una coartada prefabricada por lo que pudiera pasar, porque cuesta creer que Saavedra desconociera las especulaciones que venían circulando en torno a su persona y que entrara en el cine del brazo de su pareja sin otra intención que disfrutar de la película. Era, como Rick Blaine en Casablanca, el hombre que quiere quitarse de en medio y se da de bruces con su destino. Cómodamente aposentado en su butaca junto a su prometida, puede que el jefe de la División Guzmán el Bueno pensara en ellos dos al contemplar la célebre secuencia en que Rick e Ilsa se juran amor eterno mientras los alemanes están a punto de entrar en París: «El mundo se hunde y nosotros nos enamoramos».

Las razones más peregrinas impidieron, pues, que otras capitanías generales siguieran el rumbo marcado por la III Región Militar con la puesta en marcha de la Operación Turia. Tan solo con que Milans hubiera arrastrado a otro capitán general, el efecto dominó podría haber alcanzado a la mayoría de las regiones militares. Pero más allá de factores impredecibles, pura condición humana hecha historia, conviene destacar la capacidad de reacción de las instituciones, o de lo que quedaba de ellas, muy superior a lo que esperaban los golpistas, convencidos de que el secuestro del Gobierno y del Parlamento bastaría para anular cualquier respuesta del Estado constitucional. Ni se produjo la parálisis total del poder civil, ni se consiguió neutralizar o coaccionar al rey, cuya actuación a través de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas fue decisiva para revertir una posible inercia a favor del golpe.

Junto a la Corona, se organizó, nada más producirse el asalto al Congreso, un frente leal a la Constitución que debía actuar de cortafuegos de la intentona y de correa de transmisión entre los distintos estamentos civiles y militares. Las principales instituciones que coordinaron la respuesta oficial frente al golpe fueron la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM), que, bajo la presidencia del general Ignacio Alfaro Arregui, se reunió en su sede en Vitrubio 3, Madrid, y la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, presidida por Francisco Laína, director general de la Seguridad del Estado, que desde el Ministerio del Interior ejerció como Gobierno interino de la nación mientras duró el secuestro de los poderes ejecutivo y legislativo. El Consejo General del Poder Judicial quiso participar también, aunque fuera de forma simbólica, en la defensa del orden constitucional. A las 20.30 se reunió en sesión extraordinaria y minutos después, tras informar a la Zarzuela, emitió un comunicado a través de la agencia Europa Press manifestando su lealtad al rey y a la Constitución. Tanto el presidente del Consejo, Federico Sainz de Robles, como el vocal Fernando Ledesma Bartret, futuro ministro de Justicia, se incorporaron con retraso a la reunión por encontrarse de viaje fuera de Madrid. Cuando llegaron a la sede del Consejo, observaron con inquietud que los guardias civiles que custodiaban el edificio les daban ostensiblemente la espalda, en actitud que, en opinión de Fernando Ledesma, «solo podía ser interpretada como de negación de la autoridad»[116]. Era en torno a la medianoche, y aunque el efecto buscado por Milans y Tejero se podía dar por fracasado, subsistía un golpismo agazapado en las instituciones a la espera de su oportunidad.

A modo de avanzadilla frente al golpe, se instaló un centro de operaciones en el Hotel Palace, a escasos metros del Congreso de los Diputados, bajo el mando del director general de la Guardia Civil, José Luis Aramburu Topete, que se desplazó inmediatamente al Congreso para parlamentar con Tejero y convencerle de que depusiera su actitud. Todo lo que consiguió fue que algunos guardias civiles regresaran a su acuartelamiento. Por el contrario, Tejero se negó a obedecer sus órdenes y llegó a amenazarle con pegarle un tiro y luego suicidarse, mientras uno de los guardias montaba su arma en actitud claramente intimidatoria[117]. No sería la última vez a lo largo de aquellas horas que los asaltantes sintieron la tentación de matar al mensajero por traer malas noticias o proposiciones que consideraron indignas. En vista de la inutilidad de su visita, Aramburu abandonó el Congreso en medio de una gran expectación —la Carrera de San Jerónimo estaba llena de medios de comunicación y fuerzas de seguridad de uno y otro bando— y estableció un puesto de mando permanente en el Palace, en un despacho que le cedió el director del hotel. Eran las 19.50 y lo primero que hizo fue ordenar que le pusieran en contacto con Alfonso Armada, el hombre que estaba en boca de todo el mundo. Se lo había dicho ya el general de la Guardia Civil Manuel Prieto, que se adelantó a Aramburu en su intento de poner fin a la ocupación del Congreso: Tejero no reconocía otra autoridad que la del rey y la de los generales Milans del Bosch y Alfonso Armada. Ahí tenía que haber gato encerrado.

Por sospechoso que le resultara aquello, Aramburu decidió ser práctico. De los tres «interlocutores» citados por Tejero, el que tenía más a mano era el 2.º JEME, con despacho en el Cuartel General del Ejército, junto a Cibeles, a doscientos metros del Palace. Tal vez él consiguiera hacerle desistir de su empeño. Al recibir la llamada de Aramburu requiriendo su presencia, Armada consultó a su superior, el general Gabeiras, que le ordenó de momento seguir a su lado en el Cuartel General. Pero poco antes de las 20.00 Gabeiras tuvo que trasladarse a la sede de la JUJEM para incorporarse a la reunión convocada por su presidente[118], de forma que Armada, como 2.º JEME, quedó a cargo del Estado Mayor del Ejército en el despacho de Gabeiras, acompañado de otros mandos. No es que allí le faltara trabajo ni capacidad de intervención, pero estaba impaciente por tomar la iniciativa y atender la petición de Aramburu, que seguía en el Palace sin saber qué hacer con Tejero. Solo le quedaba confiar en que Armada resolviera aquello utilizando la autoridad que el teniente coronel golpista, por la razón que fuera, le reconocía.

Las acuciantes llamadas del director general de la Guardia Civil le dieron la excusa perfecta para entrar en acción. Habló con la Zarzuela y pidió permiso para ir a las Cortes y proponer una solución. Ante la imposibilidad de convencer a Tejero por otros medios, Sabino Fernández Campo le autorizó a dirigirse al Congreso de los Diputados «aunque advirtiendo que fuese a título personal». Así lo afirma el propio Armada en sus memorias (la cursiva es suya[119]), y aparece ratificado por distintas fuentes. Una de ellas añade que el 2.º JEME dio su palabra de honor de dejar al rey al margen de todo. A cambio, Fernández Campo se comprometió a no utilizar una «revelación sensacional» que, en palabras de un autor, le había hecho Armada en el calor de la conversación: «Tengo el apoyo de los socialistas». Esto explicaría su confianza en que la propuesta que llevara a las Cortes obtendría el respaldo de la Cámara[120].

Su gestión tuvo que retrasarse debido al precipitado regreso del JEME, José Gabeiras Montero, al Cuartel General cumpliendo órdenes del rey transmitidas por el presidente de la JUJEM, el general Alfaro Arregui, pasadas las nueve de la noche. La impresión ya en ese momento —escribirá Gabeiras en un detallado informe sobre los hechos— era que la situación en el Cuartel General, que había quedado bajo el control de Armada, no estaba «nada clara». De ahí la orden de reintegrarse inmediatamente a su despacho y que Gabeiras saliera, según él mismo, «disparado» hacia el palacio de Buenavista para hacerse cargo de todo. El panorama que se encontró era peor de lo que se imaginaba. Se había producido algo así como un golpe en palacio protagonizado por Armada en ausencia de su superior, hasta el punto de que Gabeiras dará instrucciones precisas al oficial de la policía militar de no obedecer más órdenes que las suyas y que sus escoltas le aconsejarán no entrar en su despacho antes de hacerlo ellos mismos, se supone que para comprobar que no existía peligro para él[121]. Eran las 21.30 y las sospechas en torno al 2.º JEME, motivadas por su alarmismo sobre el estado en que se encontraban varias regiones militares, obligaban a replantear todo lo acordado. Enseguida se vio que la información que manejaba Armada sobre el presunto apoyo a Milans carecía de base real y que el 2.º JEME venía actuando por libre sin atender las órdenes que había recibido, en vista de lo cual Gabeiras decidió poner las cartas boca arriba y llamar al rey para exponerle la situación sin paños calientes: «“Señor: estoy en el Cuartel General y aquí no le obedece nadie”. “¿Cómo?”, dijo el Rey. En ese momento me arrepentí de mi expresión. Lo había hecho para hacer resaltar la postura absurda de Armada»[122]. Del testimonio de Gabeiras se deduce que entre las 20.00 y las 21.30 del 23 de febrero el Cuartel General del Ejército estuvo trabajando, casi sin darse cuenta, a favor del golpe.

Restablecida la cadena de mando en el palacio de Buenavista, seguía pendiente de solución la toma del Congreso por Tejero, principal baza que manejaba Armada para hacer valer su condición de mediador y justificar una oferta política a los asaltantes, que no era otra que proponer «un gobierno presidido por él». La idea será rechazada «terminantemente» por el rey[123], pese a lo cual se le autorizó a trasladarse al Congreso y pactar con Tejero una salida incruenta y conforme a la Constitución. Lo que, según su propio testimonio, pensaba ofrecerle tiene poco que ver con lo anterior: la retirada de los guardias civiles a cambio de que sus señorías apoyaran la formación de un Gobierno que permitiera el regreso a la normalidad. «La fórmula», añade Armada, «debería presentarla el propio Congreso al rey.»[124] ¿Un Gobierno presidido por quién? No lo dice, pero si colocamos su nombre al frente de ese Ejecutivo tenemos la «solución Armada» de la que se venían haciendo eco políticos y periodistas desde hacía meses.

Con Valencia a la espera y la Brunete prácticamente desactivada, el Congreso recupera todo su protagonismo como pista central de aquel trepidante espectáculo en que se había convertido el 23-F. Al general Armada, maestro de ceremonias colocado voluntariamente fuera de foco, le tocaba ahora meterse en la jaula del león y domar a la fiera. Antes de dirigirse allí, se detuvo en el Hotel Palace para cambiar impresiones con Aramburu y el pequeño gabinete de crisis que se había formado a su alrededor, que incluía al general Sáenz de Santamaría, inspector general de la Policía Nacional, y al gobernador civil de Madrid, Mariano Nicolás. Las explicaciones que les dio Armada produjeron, según Sáenz de Santamaría, «desconcierto y perplejidad» a las tres personas citadas, que asistieron a la reunión junto a otros mandos subalternos. Además de cargar las tintas, como había hecho ya en el Cuartel General, sobre la gravedad de la situación en varias regiones militares —se refirió en particular a la II, la V y la VII: Sevilla, Zaragoza y Valladolid, además, claro está, de Valencia y parece que Barcelona—, se postuló para presidir un «gobierno de transición» nombrado por el Congreso de los Diputados y encargado de «reformar algunos problemas básicos», tras lo cual daría por concluida su labor. En cuanto a la retirada de Tejero y sus hombres, tenía pensado ofrecerles un avión para trasladarlos fuera de España si así lo deseaban. Este era, en resumen, el plan que Armada decía llevar al Congreso a título personal, sin intervención alguna del rey, y que dejó boquiabiertos a sus interlocutores[125].

Puede parecer incongruente que nadie le impidiera realizar una gestión considerada, cuando la expuso, un puro desatino e ir al encuentro de Tejero para parlamentar con él. Cabe pensar que no hubo tiempo para verificar algunos extremos de su intervención, como la situación en las capitanías generales o la licitud de su propuesta de «gobierno de transición». Cuando descubrieron la trampa que les había tendido —exagerar el alcance del golpe para justificar la urgencia de una solución, como mínimo, de dudosa constitucionalidad—, Armada ya estaba en el Congreso. Tampoco hay que descartar que el ansia por resolver aquello, casi al precio que fuera, llevara al grupo del Palace —Aramburu, Sáenz de Santamaría y Mariano Nicolás— a dar la callada por respuesta y dejar las preguntas para más adelante. Tras realizar las consultas pertinentes, vieron confirmados sus peores augurios. Armada había exagerado deliberadamente el apoyo militar al golpe y su ocurrencia carecía de todo respaldo institucional, ni siquiera como una propuesta realizada «a título personal». Esta coletilla la incluye él mismo en sus memorias, pero añadiendo una observación que en parte dejaba sin efecto lo anterior: «No recibí ninguna otra limitación»[126]. Era como si le hubieran otorgado plenos poderes para resolver aquello según su criterio, siempre y cuando no involucrara al rey.

A cada una de las partes le fue diciendo lo que en cada caso le convenía sin faltar del todo a la verdad, pero omitiendo el resto del plan y confiando en que nadie llegara a reunir todas las piezas del puzle, al menos antes de que él mismo lo hubiera completado. Por eso, cuando la Zarzuela, el grupo del Palace, Gabeiras y la Comisión de Subsecretarios cruzaron toda la información que les había dado, saltaron las alarmas y decidieron establecer una suerte de cordón sanitario en torno a él. Tras hablar con la Zarzuela, Francisco Laína, presidente de la Comisión de Subsecretarios, que seguía los acontecimientos desde el Ministerio del Interior, dejó recado en el Palace de que se presentara en el Ministerio en cuanto volviera del Congreso. Sabino, por su parte, advirtió al general Aramburu Topete del doble juego que Armada se traía entre manos y aconsejó tomar con él todo tipo de precauciones. De momento, se había salido con la suya: poder ir a las Cortes a realizar una oferta «a título personal» autorizada por la superioridad, lo que implicaba un extraño equívoco, porque lo mismo podía interpretarse como un cheque en blanco —así se lo tomó él— que como papel mojado si luego no era endosado por quien, en última instancia, tenía que darle validez. Podía pensar que jugando hábilmente con los hechos consumados nadie se atrevería a dar marcha atrás a lo que saliera de su encuentro con Tejero si servía para liberar el Congreso. Ese era el último escollo y al mismo tiempo su principal baza para conseguir su propósito: convencerle de la imposibilidad de cualquier otra salida que no fuera la que él le ofrecía. No iba a ser fácil, pero contaba con el ascendiente que Milans tuviera sobre él para hacerle entrar en razón.

Acompañado de un pequeño séquito —Aramburu, Sáenz de Santamaría, Mariano Nicolás y un ayudante—, Armada llegó a la verja del Congreso pasada la medianoche y pidió hablar con el teniente coronel Tejero. Tras dar la contraseña convenida, que le había dado Milans por teléfono, se le dejó acceder al recinto, pero ya sin otra compañía que su ayudante. Le recibe Tejero, convencido de que el 2.º JEME era la autoridad militar que debía presentarse en el Congreso para hacerse cargo del poder. Estaba «totalmente seguro» de ello, según declararía él mismo al fiscal de la causa. Pasan a una sala acristalada e inician un diálogo que resultó ser más tenso de lo que esperaba el teniente coronel golpista. A través de los cristales se les ve discutir de forma acalorada. De vez en cuando entra o sale alguno de los oficiales de Tejero. La puerta queda entreabierta y desde fuera se oye la conversación, cada vez más agria, que había empezado Armada con un cuadro muy pesimista de la situación. Cuando se compara con lo que acaba de decir en el Palace, llama la atención hasta qué punto difiere la información que ofrece a las dos partes en litigio. A los mandos leales les habla de varias regiones militares a punto de sublevarse; a Tejero, por el contrario, le dice que «las cosas no han ido bien»[127]. Se trata de reforzar su papel como mediador e imponer una solución que no será del agrado de nadie. Hay que buscar una salida a todo aquello, le dice a Tejero. ¿Cuál?, pregunta con lógica curiosidad, tal vez ya un tanto escamado con un preámbulo que no auguraba nada bueno. Un Gobierno presidido por él, contesta, con participación de representantes de los principales partidos, incluidos el PSOE y el PCE. No está claro si, como afirman algunas fuentes, el general llegó a enseñarle una lista que llevaba en el bolsillo o si la recitó de memoria. Esto último parece más probable y explica que un testigo cualificado, la doctora Carmen Echave, que por su condición de médico goza de plena libertad para moverse por el Congreso, tome nota en su agenda de la composición del Gobierno que piensa presidir Armada: Felipe González, Manuel Fraga, Luis María Anson, Gregorio Peces-Barba, Ramón Tamames, Enrique Múgica, José María de Areilza, Pío Cabanillas y los generales Saavedra Palmeiro, aquel que se pasó la tarde en el cine viendo Casablanca, y Sáenz de Santamaría, por citar a los más señalados[128]. Este último se encontraba en el Palace esperando noticias, ignorando, como la mayoría de ellos —no todos—, que Armada lo había convertido en ministrable de su Gobierno fantasma.

Al oír esa retahíla de nombres, casi todos sospechosos a sus oídos, Tejero pone el grito en el cielo. Era de esperar, y los argumentos esgrimidos por la otra parte —una solución constitucional, un Gobierno de unidad, un avión en Getafe, dinero para tener un buen pasar en el exilio— no hacen más que empeorar las cosas. Aquello, en palabras del teniente coronel, era una «chapuza» y desde luego él no se había jugado su carrera para cambiar un Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo por otro de Alfonso Armada; uno de UCD por otro con ministros socialistas y comunistas, aunque fueran «moderados», como le dijo Armada. Y encima tener que salir de allí como delincuentes e iniciar una vida de fugitivos en el extranjero. Hasta ahí podíamos llegar. Queda la posibilidad de que Milans le convenza de que no hay otra alternativa y que debe aceptar lo que se le propone. Tejero llama a Valencia y habla con el capitán general, que, efectivamente, le ordena obedecer al ex secretario del rey. Él se niega y cuelga el teléfono. Queda claro que es imposible «armonizar» —será el verbo que emplee el propio Armada— el plan de Tejero, encaminado a la formación de una junta militar que adoptara medidas drásticas, con la propuesta seudoconstitucional que le hace el 2.º JEME. El teniente coronel reconocerá que la postura del general le produjo «cierta cólera»[129]. La expresión se queda corta si damos crédito al testimonio de su interlocutor. Según él, la escena final, en la que se puso de manifiesto la radical discrepancia entre ellos dos, se produjo en presencia de un guardia civil, que le preguntó a su jefe, señalando a Armada, «¿le pegamos un tiro?». «Nunca en mi vida pasé tanto miedo», confesaría muchos años después[130].

A la 1.15, abandona el edificio del Congreso acompañado de su ayudante, el comandante Miguel Bonell, tras una visita infructuosa de más de una hora. Sale de allí con las manos vacías, el gesto sombrío y una idea fija que ya no se le irá de la cabeza: «Este hombre está loco». Solo queda evitar una masacre. Eso es lo que a su juicio ocurrirá si intervienen las fuerzas de operaciones especiales, como pretendían algunos mandos leales, y Tejero decide, como le había anunciado, convertir las Cortes en un nuevo Santa María de la Cabeza, el santuario jienense asediado al principio de la Guerra Civil y defendido durante meses por un puñado de guardias civiles. Su gestión ha fracasado por completo y, lo que es peor, ha descubierto su juego inútilmente, con el riesgo que eso entraña para él. Por si acaso, nunca reconocerá haberse postulado para presidir un Gobierno de salvación y mucho menos ese «engendro»[131] que figura en la agenda de la doctora Echave. Sin embargo, las pruebas de la autenticidad de la lista ministerial, encabezada por las palabras «Pte. Armada», son abrumadoras, empezando por la grabación magnetofónica de una de las conversaciones que Tejero mantuvo aquella noche con Juan García Carrés. En ella, le da cuenta de la reunión que acaba de tener con Armada y de la «chapuza» —de nuevo la palabra— que le había propuesto: dirigirse a los diputados y formar un Gobierno con «la gente de Carrillo» y «el ministro no sé qué».

El rastro incriminatorio que ha ido dejando a lo largo de aquella noche resulta ya muy difícil de borrar. A la doctora Echave no se le había escapado el motivo de su encuentro con Tejero y, aprovechando una de sus visitas al hemiciclo para atender a algún diputado indispuesto, se acercó al ministro del Interior, Juan José Rosón, para informarle de la presencia del general. «Entonces esto se soluciona», le dijo Rosón; «Armada está con nosotros». «Estás equivocado, ministro. Armada está con ellos», le contestó la doctora[132]. Es poco más o menos el mensaje que, coincidiendo también con su negociación con Tejero, le transmitió Sabino al presidente de la Comisión de Subsecretarios, Francisco Laína: «Armada está hasta el cuello»[133]. Cuando volvió al Palace, le dijeron que Laína quería verle inmediatamente.

A la 1.14, mientras Armada salía del Congreso, empezó a emitirse el mensaje de don Juan Carlos desautorizando el golpe de Estado y reafirmando su defensa de la Constitución. Aunque no lo viera en directo, sin duda estaba al corriente de su contenido cuando acudió al Ministerio del Interior a reunirse con Laína, porque parte de la tensa conversación que mantuvieron giró en torno a aquel trascendental mensaje. Las críticas vertidas por Armada, acusando al rey de comprometer la unidad del Ejército, fueron de tal calibre y tan franca ya su posición anticonstitucional, que Laína estuvo a punto de detenerle allí mismo[134].

6. El discurso del rey

6

EL DISCURSO DEL REY

«Parar el 23-F fue sencillo. Fue una cuestión de galones». En realidad, el rey no llegó a pronunciar esta última palabra, pero su gesto no dejaba lugar a dudas: primero se señaló la bocamanga izquierda y luego la derecha, es decir, el lugar reservado en el uniforme militar a las divisas de la graduación de quien lo viste, en su caso, cuatro estrellas de cuatro puntas, junto a un bastón y un sable aspados y una corona real, atributos de su empleo de capitán general y jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Con ese uniforme compareció ante los españoles a la 1.14 en un vídeo de un minuto y medio de duración que había sido grabado en la Zarzuela hacia la medianoche. Su mensaje fue rotundo: «La Corona […] no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretenden interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum». Tras su emisión por Televisión Española, todo el mundo pensó que el golpe estaba condenado al fracaso.

Al recordar aquel episodio en privado muchos años después, siendo ya rey emérito, don Juan Carlos quiso enfatizar la simplicidad del mecanismo que utilizó para mantener el orden constitucional, como restando importancia a su propio papel. Bastó con hacer valer su autoridad como jefe de las Fuerzas Armadas para desautorizar a quienes invocaban su nombre para justificar el golpe de Estado. De esta forma, la obediencia debida a su persona se convertía en lealtad a una democracia que muchos militares no sentían como propia. Pero la cosa no fue tan sencilla. Quienes le vieron a la mañana siguiente le recuerdan agotado por la tensión y el sueño; profundamente preocupado todavía por la gravedad de lo ocurrido y conmocionado por la gran traición que, según él —y según la reina—, hizo posible aquel despropósito. Para que aquello acabara de la mejor manera, hubo que moverse mucho y rápido, conocer muy bien el mapa mental de los ejércitos y la personalidad de los mandos clave, poner sus virtudes y sus flaquezas al servicio de la legalidad y hablar un lenguaje que les resultara convincente, autoritario con unos, halagador con otros. Había que calcular además los movimientos de Milans, enfrascado en una labor de telemarketing golpista que podía dar sus frutos si en la Zarzuela no se anticipaban a sus llamadas o las contrarrestaban de inmediato.

El rey, Sabino y, en menor medida, el marqués de Mondéjar, jefe de la Casa Real, y otros miembros del staff de la Zarzuela se multiplicaron para llevar el mensaje oficial a las capitanías generales, zonas marítimas, regiones aéreas, guarniciones importantes y unidades con más riesgo de contagio. Fue una labor realizada de forma más o menos coordinada con otras autoridades, principalmente, los generales Alfaro Arregui, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor; Quintana Lacaci, capitán general de la I Región Militar, y Gabeiras Montero, jefe del Estado Mayor del Ejército. Nadie, que se sepa, amagó con insubordinarse al recibir la llamada del rey, que en la mayoría de los casos encontró una respuesta parecida a la que le dio Merry Gordon, uno de los capitanes generales más dudosos: «Que estaba a sus incondicionales órdenes»[135]. Más de uno, sin embargo, pensaría lo mismo que dijo el coronel Joaquín Valencia Remón, jefe del regimiento Villaviciosa, al que pertenecía la columna que ocupó Televisión Española, cuando se resignó a cumplir la orden de la Zarzuela de retirar a sus hombres: «¡Qué ocasión estamos perdiendo!»[136].

El orden de las llamadas siguió una cierta lógica jerárquica y territorial, supeditada a las urgencias de cada instante. A las 18.40, veinte minutos escasos después del asalto al Congreso, el rey llamó a Gabeiras, con el que se mantuvo en contacto permanente a partir de entonces. A continuación telefoneó a Merry Gordon, titular de la II Región Militar, tal vez el primer capitán general con el que habló, si no lo hizo antes con Quintana Lacaci. Fue sobre las 18.45, según declaró el propio general en la causa, justo después de hablar con Milans del Bosch, que le informó de las medidas que había tomado en su jurisdicción, «a lo que yo contesté que quedaba enterado de ello»[137]. Puede que en la Zarzuela tuvieran conocimiento de la conversación de Milans con Merry Gordon, que la actitud de este último infundiera sospechas desde el principio o simplemente que se siguiera el orden numérico de las distintas regiones militares. El capitán general de Canarias, González del Yerro, telefoneó al rey hacia las 19.00 y media hora después don Juan Carlos llamó al capitán general de Baleares, De la Torre Pascual, con el que acababa de hablar Milans. En medio debió de haber un primer intento de comunicar con este último. Salta a la vista que el jefe de la sublevación había aprovechado el factor sorpresa para que su primera ronda telefónica cogiera desprevenidas a las autoridades. Las llamadas desde la Zarzuela son más escalonadas. Hacia las ocho, Su Majestad se puso en contacto con Campano, capitán general de la VII Región Militar (Valladolid) —otro muy dudoso—; sobre esa misma hora hizo lo propio con Elícegui Prieto, capitán general de Zaragoza (V Región) —«Elícegui, se está utilizando mi nombre en falso»—,[138] y hacia las nueve con Fernández Posse, capitán general de La Coruña. Sorprendentemente, con Pascual Galmes, titular de la inestable IV Región Militar (Cataluña), no habló hasta las nueve de la mañana del día siguiente. Poco después, telefoneó a Delgado López, capitán general de Granada, que el día anterior se encontraba de viaje.

No consta a qué hora habló por primera vez con Quintana Lacaci, pero debió de ser de los primeros mandos en recibir su llamada. El cargo que ostentaba resultaba de la mayor importancia no solo para el control de la capital, y en particular de la División Acorazada, sino para reforzar la comunicación entre la Zarzuela y las demás regiones militares, como se pone de manifiesto en su declaración al juez instructor de la causa: «Llamo a los Capitanes Generales diciéndoles que me ha llamado directamente S. M. para decirme que no saquemos la fuerza a la calle, que tengamos serenidad, y que el nombre suyo lo utilizan sin su autorización». Todos contestan que ya les había llamado el rey «y que obedecen»[139]. Es la función que oficialmente corresponde a Gabeiras como JEME, al habla desde el primer momento con los capitanes generales, entre otros Milans, al que a las 19.42 ordena que retire las fuerzas que, según sus noticias, acaba de sacar a la calle. Primero responderá con rodeos —«son fuerzas que regresan de ejercicios»— y luego le dirá que solo reconoce la autoridad de Armada. A las 19.47, Gabeiras informa al rey de lo sucedido y Su Majestad llama a Milans, con él a la escucha, para reiterarle la orden que ha recibido del JEME. Así consta en el minucioso informe redactado por Gabeiras sobre su actuación a lo largo de aquellas horas. La respuesta del capitán general de Valencia será equívoca. No es que se niegue a cumplir la orden de retirar sus tanques, pero se escudará de nuevo en Armada para reafirmarse en su decisión[140]. De momento, no hay nada que hacer con Milans, salvo tomar nota una vez más del extraño papel del 2.º JEME en todo aquello.

Impedir que Armada se encontrara con el rey al principio del golpe fue el primer gran éxito del gabinete de crisis constituido en la Zarzuela. De no haber sido así, se habría confirmado que, como sostenían sus principales artífices, la operación contaba con el respaldo de la Corona. Si la temprana llamada de Juste preguntando por él puso ya en alerta a Sabino, su insistencia en ir allí levantó todo tipo de sospechas. Ese era su gran empeño: que todo el mundo supiera que en aquel momento crucial estaba en la Zarzuela despachando con el rey, quien, sin saberlo, se convertiría así en su gran valedor. El embrollo creado por Armada era tal, que mientras unos le buscaban en palacio otros le esperaban en el Congreso de los Diputados. Cuando por fin, a medianoche, hizo acto de presencia, a Tejero ya no le cabía ninguna duda de que era la «autoridad militar» que debía hacerse cargo de aquello.

Fue entonces cuando Sabino Fernández Campo le dijo a Laína que Armada estaba metido «hasta el cuello». Dentro y fuera del Congreso, su plan se iba a derrumbar con estrépito. Antes incluso, cuando se dirigía hacia las Cortes, la Zarzuela remitía un télex a todas las capitanías militares, regiones aéreas y zonas marítimas en el que el rey confirmaba que había «ordenado autoridades civiles y junta de jefes de estado mayor tomen todas las medidas necesarias para mantener orden constitucional dentro de la legalidad vigente»[141]. El documento publicado lleva un «recibido» a las 23.30, pero fue elaborado con bastante antelación. La JUJEM, por ejemplo, lo tenía en su poder como mínimo desde las 22.50. La hora tiene su importancia, porque esta defensa inequívoca y hasta redundante del «orden constitucional dentro de la legalidad vigente» desmiente la especie según la cual el rey se mantuvo a la espera del resultado del encuentro entre Armada y Tejero para hacer pública su posición por medio de una alocución televisada. Su contenido, según esta creativa interpretación de lo ocurrido, dependería del éxito o del fracaso de aquella minicumbre golpista en el palacio de las Cortes.

La idea de dirigir un mensaje a la nación la tuvo el propio monarca hacia las ocho de la tarde[142], aunque diversos problemas retrasaron su grabación hasta la medianoche. Conviene recordar que los estudios de TVE estuvieron ocupados por una columna golpista durante más de una hora. Poco después de su retirada de Prado del Rey, hacia las 21.30, Sabino Fernández Campo, que en plena ocupación ya había conseguido hablar con el director general de TVE, Fernando Castedo, solicitó el envío a la Zarzuela de un equipo técnico, dirigido por un alto cargo de confianza, para la grabación de un mensaje de Su Majestad. A las 22.30, TVE informaba de una próxima comparecencia del rey, sin precisar la hora. En realidad, el mensaje aún no se había grabado, pero el solo anuncio de su emisión permitía ganar tiempo y crear una expectación que podía resultar favorable a la causa constitucional. Por un lado, sembraría dudas en los sectores castrenses proclives al golpe sobre la posición de la Corona y, por otro, alimentaría la esperanza de las fuerzas políticas y de la opinión pública en una declaración del rey a favor de la democracia.

El encargado de dirigir la grabación fue el subdirector de informativos Pedro Erquicia, que se unió al grupo formado por Picatoste y el equipo técnico, provisto de dos cámaras, una de cine y otra de vídeo ENG. Era preferible hacer la grabación en este último soporte, porque el revelado de la película retrasaría la emisión, pero había muy pocas cámaras de vídeo portátiles y disponer de una de ellas llevó algún tiempo, que retrasó un poco más la salida del grupo. En todo caso, al final, se optó por los dos soportes, de forma que se envió también una cámara de cine por si acaso. Ante lo que estaba en juego, cualquier precaución era poca. Salieron de Prado del Rey con la orden de cubrir como fuera los doce kilómetros que les separaban de su destino, pues estaba muy reciente la intervención militar en TVE y temían ser interceptados por una columna golpista, como estuvo a punto de ocurrir a la vuelta[143].

Llegaron a la Zarzuela hacia las 23.30 sin haber sufrido ningún contratiempo[144]. Sabino había escrito ya el borrador del mensaje, que repasó después con don Juan Carlos antes de pasarlo a limpio. Pedro Erquicia pidió leerlo por si había que tomar alguna decisión técnica sobre la forma de presentarlo. Mientras en el despacho del rey se instalaban cámaras y focos y los técnicos realizaban las comprobaciones de luz y sonido, Su Majestad subía a sus aposentos para ponerse el uniforme de capitán general. Bajó a su despacho en torno a la medianoche o un poco antes, porque la reina, que asistió a los preparativos y a la grabación con el resto de la familia real, dio instrucciones para que se adelantaran las manecillas de los varios relojes de carillón que había en el despacho y así evitar que dieran las doce al unísono en plena grabación.

El rey parecía tranquilo y hasta se permitió alguna broma, pero en cuanto se situó ante las cámaras, tras su mesa de despacho, su semblante cambió por completo, antes incluso de iniciar la grabación. Hizo una lectura fluida, mirando de vez en cuando a la cámara, de un folio que tenía en las manos y que, tras una breve introducción, reproducía el mensaje que había transmitido a las principales autoridades castrenses en defensa del «orden constitucional dentro de la legalidad vigente», supeditando cualquier medida militar a la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. A continuación, hizo una pequeña pausa y leyó la parte final del mensaje en un tono y con un gesto de especial firmeza: «La Corona, símbolo de la permanencia y la unidad de la patria, no puede tolerar [el rey niega con la cabeza] en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum».

La puesta en escena pretendía ser lo más sobria posible. Pedro Erquicia tenía especial interés en ello para que la atención del espectador pudiera concentrarse en la trascendencia de aquel momento y de aquel mensaje sin nada que lo distrajera. Pensaba que su máxima eficacia se conseguiría con la mínima presencia de elementos banales o anecdóticos. Solo lo imprescindible: la mesa, el folio en manos del rey y dos micrófonos a la izquierda de la imagen. Un tapiz al fondo recuerda el entorno palaciego en el que se desarrolla la escena. En el encuadre inicial se han colado unos papeles a la derecha de la mesa y un extraño aparato, de color blanco, a la izquierda. Estas pequeñas intromisiones, fruto de las prisas, rompen en parte el efecto buscado por Erquicia[145]. Hubo una indicación suya de acercar lentamente la imagen de Su Majestad hasta pasar a un primer plano justo en el momento en que, tras el breve preámbulo, leía las órdenes que había transmitido a las autoridades militares. Terminada la lectura del mensaje, suena el himno nacional sobre una foto fija del escudo de armas de don Juan Carlos: el blasón cuartelado con las armas de los distintos reinos, tres flores de lis en el centro; la corona real encima, la cruz de Borgoña al fondo y el collar del toisón de oro envolviéndolo todo.

Llama la atención que la cuidada parafernalia simbólica que acompaña al discurso —uniforme militar, escudo de armas e himno nacional— no incluya ni el escudo de España, todavía en su formato franquista, ni la bandera nacional. La ausencia de esta última resulta especialmente llamativa y sería incomprensible si no fuera por la sensación general que produce la puesta en escena, concebida para resaltar la figura del monarca, sus atributos militares y sus símbolos dinásticos, más que los de la nación o el Estado. Se trataba de reforzar el vínculo entre las Fuerzas Armadas y su rey y jefe supremo en una coyuntura crítica, sin dejar resquicio a la insubordinación, por muchas reservas mentales que el sistema constitucional pudiera provocar entre algunos de sus miembros. Lo dijo el general Quintana Lacaci, figura decisiva en el fracaso del 23-F, al explicar con toda franqueza los motivos que le llevaron a enfrentarse a sus compañeros sublevados: «El rey me mandó parar el golpe y lo paré. Si me hubiera ordenado asaltar el Congreso, lo habría asaltado»[146]. La lealtad al rey, incluso más que a la Corona, no digamos a la Constitución, era lo único que podía hacer fracasar el golpe de Estado.

Se habían grabado dos copias del mensaje: una correspondiente a la toma de la cámara frontal, en vídeo, y otra, en cine, tomada por la segunda cámara. «Ahora, ¡salid zumbando!», les dijo el rey a Picatoste y los suyos en cuanto dieron el visto bueno a la grabación. Para mayor seguridad, las copias se enviaron a Prado del Rey en dos coches. En uno de ellos iba Jesús Picatoste con el vídeo, escoltado por dos policías con subfusiles; en el otro, Pedro Erquicia con la copia en cine. Es difícil que esta última hubiera podido servir para ser emitida en caso necesario, porque la cámara estaba ligeramente ladeada, a la izquierda del rey, cuya mirada se dirige en todo momento a la cámara principal, situada justo en frente. Luego supieron que el primero de los coches se cruzó con la columna de Pardo Zancada procedente de El Pardo que se dirigía al Congreso a sumarse a las fuerzas de Tejero. La idea era que al menos uno de los dos alcanzara su destino y que los españoles, y en particular los miembros de las Fuerzas Armadas, pudieran conocer la verdadera posición de la Corona ante el golpe. La copia en vídeo, que no requería revelado, permitió que el mensaje fuera emitido nada más llegar a Prado del Rey. Había transcurrido apenas una hora desde su grabación en la Zarzuela.

Minutos después de su aparición en televisión, en torno a la 1.20, don Juan Carlos telefoneaba a Milans del Bosch. Era la segunda vez que lo hacía en poco tiempo, pues, según fuentes golpistas, hacia la una mantuvo ya una primera conversación con él. Lo que no dicen esas fuentes es que poco antes de las ocho de la tarde, el rey le había llamado por teléfono para ratificar las órdenes que le acababa de dar el general Gabeiras: retirar las fuerzas de la calle y entregar el mando[147]. Cuando le vuelve a llamar después de su discurso, le ordena de nuevo que deponga su actitud. Puede que más que de una orden verbal se tratara de la lectura del mismo texto de seis puntos que luego le remitió por télex, en el que le reiteraba su «rotunda decisión de mantener el orden constitucional» y le advertía que «cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra el Rey». «Juro», añadía en el punto 5, «que no abdicaré la Corona ni abandonaré España. Quien se subleve está dispuesto a provocar, y será responsable de ello, una nueva guerra civil». «Te ordeno», concluía el escrito, «que cumplas cuanto te he dicho»[148].

El discurso por televisión y el mensaje a Milans tuvieron un efecto fulminante. A la 1.38, Iñaki Gabilondo, jefe de informativos de TVE en labores de locutor, anunció a los espectadores que el capitán general de la III Región Militar había ordenado la retirada de las fuerzas desplegadas en Valencia. Aquellos mil ochocientos hombres y cuarenta carros de combate que componían el brazo armado del pronunciamiento volvían a sus cuarteles. El coronel Ibáñez Inglés, ayudante de Milans, reconoció la relación directa entre el discurso del rey y la medida adoptada por el capitán general. «Exactamente trece minutos después de la retransmisión del mensaje de S. M. por TVE», declarará en la causa, se mandó retirar las unidades de la calle. Y era verdad, pero sus palabras pretendían demostrar algo que no lo era en absoluto: que Milans cumplió las órdenes del rey en cuanto las recibió en tiempo y forma tanto a través de la televisión como por vía telefónica. Todo lo anterior —la desobediencia a la JUJEM, la actitud esquiva de Milans ante las llamadas de la Zarzuela, la mala fe al invocar como un inesperado «vacío de poder» la toma del Congreso— quedaría borrado, como si no hubiera ocurrido, por la prontitud con que el capitán general dio contraorden al comprobar cuáles eran los deseos del rey. Sorpresa: ¡Su Majestad estaba en contra del golpe! En realidad, la verdadera razón por la que Milans del Bosch dio marcha atrás era la certeza que tuvo al verle en televisión y oír su mensaje de que la asonada había fracasado, porque después de aquello ya no cabía esperar nuevos apoyos. Todo lo contrario: los mandos que habían permanecido a la espera ya sabían a qué atenerse. Buen conocedor de su gremio, pensó sin duda que entre sus compañeros de escalafón más de uno acudiría presto en socorro del vencedor.

Faltaban aún la anulación del bando de Milans y la rendición de Tejero, que en esos momentos recibía el refuerzo, al menos moral, de Pardo Zancada y sus dos compañías de la Brunete. El capitán general de Valencia se debatía entre dos impulsos opuestos. Por un lado, tenía que cumplir las órdenes del rey, porque lo contrario, a esas alturas, habría representado encabezar una sublevación contra la Corona. Eso se le podía ocurrir a Tejero, pero no a él. Por otro, no quería ser el capitán que grita «¡sálvese quien pueda!» cuando su barco se hunde, y menos cuando los ocupantes del Congreso parecían aún dispuestos a resistir el temporal que se les venía encima. «Yo no puedo dejar a estos chicos en la estacada», contestó, según testigos, a quienes le aconsejaron reconocer la derrota[149]. A pesar de aquel primer gesto de sumisión retirando los tanques de la calle, Milans mantuvo en vigor su bando como expresión de un golpismo residual y gesto de solidaridad con quienes tenían secuestrada la soberanía nacional. En vista de ello, Gabeiras ordenó al general Luis Caruana, gobernador militar de Valencia, que le relevara del mando y procediera a su detención. Aunque Caruana venía ejecutando puntualmente las órdenes del capitán general por discutibles que fueran, como la toma del Gobierno civil de la provincia, colocando incluso un tanque frente a su fachada, no tuvo más remedio que presentarse en su despacho y comunicarle «la misión, para mí muy triste y desagradable», que se le había encomendado. «¡Atrévete!», fue la respuesta de Milans[150], que de momento se saldrá con la suya por la falta de resolución de su subordinado y podrá retener el mando de la región durante algunas horas.

En la Capitanía General de Valencia cundía el desánimo entre quienes aquella tarde habían secundado a su jefe en su aventura y empezaban a preguntarse cómo saldrían de aquello. Lo suyo era que Milans intentara congraciarse con sus superiores y pusiera fin a una situación que se había hecho insostenible. Así se lo indicó el propio Caruana a las 3.30, según su declaración en la causa: «Traté de convencerle que con el mensaje del Rey no podía mantener el Manifiesto en vigor; éramos la única Región de España con el toque de queda». Tras consultarlo con dos de sus colaboradores, el general Urrutia y el coronel Pacheco, Milans ordenó que se redactara un escrito anulando el bando del día anterior. Pudo ser un poco más tarde, tal vez a las cuatro, según el coronel Pacheco, que fue el encargado de su redacción. Tras recibir la aprobación del capitán general, que hizo alguna leve corrección formal, el texto se pasó a teletipos y se fotocopió para su difusión por distintos conductos. El nuevo bando dejaba «sin efecto lo dispuesto en el manifiesto publicado con fecha de ayer» y terminaba con un tardío y algo sobreactuado ejercicio de sumisión a la Corona y a la legalidad vigente: «En todo momento, la intención de este Mando ha sido y es el Servicio a España, el respeto a la Ley bajo el mando supremo de S. M. el Rey (Q. D. G.), cuya adhesión inquebrantable queda patente hoy más que nunca. ¡VIVA EL REY! ¡VIVA SIEMPRE ESPAÑA!»[151].

Hacia las 5.00, Milans informaba a la Zarzuela del nuevo bando, con el que, definitivamente, deponía su actitud. Sabino le pidió que le enviara copia por télex y una vez en su poder le dio la mayor difusión posible. Además de los capitanes generales y otros altos mandos, lo recibió el coronel José Ignacio San Martín, jefe de Estado Mayor de la Brunete, quien a su vez se lo hizo llegar a Pardo Zancada, que seguía encerrado con sus hombres en el Congreso de los Diputados. El comandante de la DAC no daba crédito: Milans retiraba el bando sin siquiera comunicárselo a aquellos oficiales que decían no obedecer más órdenes que las suyas y que quedaban definitivamente abandonados a su propia suerte. Así las cosas, llamó a la Capitanía General de Valencia y pidió hablar personalmente con su titular, que le quitó hierro el asunto. Resulta curioso el doble lenguaje que Milans utiliza en función de su interlocutor: mientras al rey le había anunciado —aunque tarde, cuando ya no había nada que hacer— el pleno e inmediato cumplimiento de sus órdenes, a Pardo Zancada, que le llamó para «confirmar estas informaciones», le dijo que no era «exactamente así» y que las unidades aún se estaban replegando, aunque reconoció que lo del bando era cierto. Respetuosamente, según su propio testimonio, el comandante le preguntó cómo era posible que a ellos no se les hubiera dicho nada y cuáles eran las órdenes que tenían que cumplir a partir de ese momento. La respuesta de Milans fue que intentara convencer a Tejero para que aceptara la oferta de Armada, algo a esas alturas ya inviable. Su deseo en realidad era quitarse de en medio lo antes posible y desvincularse de unos compañeros de viaje que ahora le resultaban una peligrosa carga a bordo. Por eso, cuando Pardo Zancada se ofreció para ir a buscar a Tejero y que se lo dijera él en persona, Milans le contestó escuetamente «no, háblale tú mismo»[152]. Ya no estaba dispuesto ni a tratar por teléfono con él. En cuanto a la idea de volver a la solución Armada, era una forma de salir del paso ante el aprieto en que le puso Pardo Zancada, porque Milans sabía, según sus propias palabras, que Tejero nunca aceptaría un Gobierno presidido por alguien que «en vez de España, hablaba de país»[153].

El discurso del rey, pese a su brevedad, había tenido un efecto demoledor en el bando sublevado. Por un lado, desmontaba el principal argumento esgrimido por los golpistas, que se amparaban en una supuesta orden de Su Majestad, transmitida no se sabe bien por qué conducto ni con qué fuerza legal. El respaldo regio a un golpe de Estado fue un bulo, con forma de bola de nieve, que empezó a rodar tras la reunión en Valencia entre Armada y Milans el 10 de enero y que no dejó de crecer hasta que en la noche del 23 al 24 de febrero arrolló tanto a quienes se lo habían inventado como a quienes se lo habían creído. A partir de la emisión del discurso por televisión, como dice el télex remitido a Milans, ningún intento de rebelión «podrá escudarse en el Rey»; será, «contra el Rey», y eso para la mayoría de los implicados y posibles simpatizantes ya era llevar las cosas demasiado lejos. Por otro lado, el mensaje aislaba al núcleo duro golpista en el Congreso de los Diputados, sin posibilidad de apoyos externos e incluso con la pérdida de aquellos que habían tenido hasta aquel momento. Las gestiones de Pardo Zancada para reactivar el golpe despojándolo de toda ambigüedad política fracasaron enseguida pese a algún intento postrero de sacar tropas a la calle, por ejemplo, el que protagonizó hacia las 2.00 el coronel Joaquín Valencia, jefe del regimiento Villaviciosa 14, al que pertenecía la columna que había tomado TVE unas horas antes[154]. El elefante blanco, que solo hizo amago de levantarse, perezosamente, cuando fue espoleado por Tejero y Milans en la tarde del día 23, no iba a hacer el ímprobo esfuerzo de ponerse en marcha, ya de madrugada, cuando la suerte estaba echada.

La trascendencia histórica de aquel minuto y medio en que el rey compareció ante las cámaras de televisión explica el posterior empeño de sus damnificados, convertidos en reos de rebelión, en negar la evidencia: que la Corona estaba en contra del golpe y que lo estuvo desde el principio.

7. Fracaso del golpe y triunfo de la democracia

7

FRACASO DEL GOLPE Y TRIUNFO DE LA DEMOCRACIA

Aunque la retirada del bando golpista de Milans, pasadas las cuatro de la madrugada, certificaba el fracaso de la intentona, quedaba por resolver el secuestro del Congreso de los Diputados. La posibilidad de un asalto armado, planteada por algunas autoridades, fue desechada por los graves riesgos que comportaba para los rehenes. Se inició entonces una negociación, sin concesiones políticas de ningún tipo, para conseguir que Tejero y Pardo Zancada depusieran su actitud y se entregaran con los efectivos a su mando. Las gestiones realizadas por amigos o antiguos compañeros que actuaron de intermediarios resultaron inútiles, y de esta forma se llegó a la mañana del día 24 sin ningún avance, mientras el cansancio y los nervios hacían mella en el interior del Congreso, tanto entre los asaltantes como entre sus víctimas. Hubo incluso un conato de amotinamiento protagonizado por Manuel Fraga y secundado por algunos parlamentarios poco antes de las nueve de la mañana. Solo la intervención del presidente de la Cámara pidiendo calma consiguió que los diputados más levantiscos volvieran a sus escaños. Luego tuvo unas palabras con el teniente coronel Tejero para hacerle ver su responsabilidad si ocurría una desgracia. La situación empezaba a ser insostenible[155].

Unos y otros eran conscientes de que aquello se acababa y que la liberación del Congreso era cuestión de tiempo, siempre y cuando no surgiera un imprevisto de última hora o los nervios no provocaran un incidente irreparable. Por el hemiciclo circulaba desde hacía horas algún ejemplar, introducido clandestinamente, de la edición especial que El País sacó a la calle con motivo del golpe de Estado con un gran titular en portada: «El País con la Constitución». Primero salió ilustrado con una imagen de la fachada del Congreso, probablemente de archivo, pero en una edición posterior, ya de madrugada, aparecía la fotografía de Tejero blandiendo su pistola en la tribuna del Congreso, que su autor, Manuel Pérez Barriopedro, consiguió llevarse consigo en un alarde de audacia e ingenio al ser expulsado de las Cortes con el resto de los periodistas. Si El País seguía publicándose, pensaron los diputados al ver aquel ejemplar, es que la sublevación no había triunfado; al menos no del todo. Luego, Fernando Abril Martorell se hizo con un pequeño transistor que le permitió conocer a través de la radio la marcha de los acontecimientos y compartir con sus compañeros las últimas noticias, siempre favorables a la causa constitucional, al menos en la versión que les transmitía el exvicepresidente del Gobierno en su afán por hacerles más llevadero aquel difícil trance. Poco a poco se fue corriendo la voz de que Fernando Abril tenía hilo directo con el exterior. Incluso algunos guardias civiles, preocupados como estaban por las consecuencias que aquello podía acarrearles, se le acercaban a preguntarle por lo bajo cómo iba el golpe fuera de las Cortes —«mal, muy mal»—. De uno u otro modo, por el hemiciclo circulaba, pues, cierta información sobre lo que estaba pasando.

No ocurría lo mismo en el salón de relojes, donde Felipe González, Alfonso Guerra, Santiago Carrillo, Agustín Rodríguez Sahagún y el general Gutiérrez Mellado permanecían aislados bajo la estrecha vigilancia de varios guardias que se habían ido relevando a lo largo de la noche. Lo único que sabían era lo que podían deducir de las caras de preocupación y de las conversaciones en voz baja de sus captores, sobre todo en los pasillos, cuando los rehenes salían del salón para ir acompañados al baño. Era la misma sensación que los jefes asaltantes tenían al recorrer las dependencias del Congreso y ver a sus hombres cuchichear en pequeños grupos y callarse de repente al advertir la presencia de un superior. Con las primeras luces del día y las comunicaciones cortadas, los oficiales golpistas tuvieron noticia de que algunos de sus hombres habían desertado más o menos discretamente. Luego se produjo, en palabras del comandante Pardo Zancada, el «vergonzoso incidente» de la huida de un grupo de guardias por una ventana de la planta baja del nuevo edificio de las Cortes que daba a la Carrera de San Jerónimo. Eran las diez de la mañana y todo apuntaba a un rápido desenlace de la ocupación del Congreso. Incluso los cinco personajes recluidos en el salón de relojes pudieron percibir un cambio de actitud entre sus guardianes, que se mostraban mucho más comunicativos y complacientes. Cerca de las doce del mediodía fueron devueltos al hemiciclo, donde se había iniciado ya la liberación de los diputados.

El acuerdo o «nota de capitulación» ha pasado a la historia con el nombre de «pacto del capó» y empezó a gestarse en una entrevista que el teniente coronel Eduardo Fuentes Gómez de Salazar mantuvo con su amigo el comandante Pardo Zancada hacia las diez de la mañana. La gestión se hizo con conocimiento de Gabeiras, Aramburu y demás mandos leales y dio lugar a un principio de acuerdo sobre la forma de entrega de Pardo Zancada y sus hombres. Asimismo, pasadas las 10.30, Tejero comunicó a través de la Capitanía General de Valencia su disposición a entregarse, como en el caso del comandante de la Brunete, bajo ciertas condiciones, que exigía negociar con Alfonso Armada. Este último dato tiene gran importancia, porque sin ese requisito impuesto por Tejero sería incomprensible el papel estelar que desempeña Armada en la fase final de la negociación, después de que Sabino hubiera dicho de él que estaba metido «hasta el cuello». Hay una foto tomada en la Carrera de San Jerónimo en esos momentos que añade un punto de misterio a la relación entre el grupo del Palace y el general Armada. En ella se aprecia al gobernador civil de Madrid, Mariano Nicolás, cogiéndole del brazo mientras caminan junto a otras autoridades (se distingue a Sáenz de Santamaría) seguramente entre el Palace y las Cortes. Es como si le llevara ya preso, pero también se puede interpretar a la inversa, como un gesto amistoso, incomprensible si el gobernador civil está al corriente de las andanzas del general. Lo que no sugiere en absoluto es un deseo de marcar distancias con quien pasa por ser un apestado en el grupo antigolpe.

La foto corresponde sin duda a los instantes previos a la liberación. Entre las diez y las once, los generales al mando hablaron varias veces por teléfono para intentar alcanzar una solución lo antes posible. Gabeiras propuso ofrecer «dinero y un avión para el extranjero» y limitar la responsabilidad a los oficiales de más rango, en caso de que ellos lo exigieran, una fórmula que el general Ignacio Alfaro, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, consideró razonable dadas las circunstancias[156]. A las 10.45, Armada salió del Cuartel General con la misión de negociar con Tejero los términos de la rendición según las instrucciones que le dio el alto mando. Primero pasó por el Palace, donde recogió a Aramburu, que, junto a sus respectivos ayudantes, le acompañó al Congreso. Una vez allí, el general Armada recibió de los golpistas una nota, escrita en papel timbrado de las Cortes, con las condiciones para la entrega y a continuación regresó al Palace para ponerlo en conocimiento de sus superiores, desde Gabeiras hasta Alfaro, quien a su vez consultó con la Zarzuela. Eran las 11.25. Todos dieron su aprobación, tras lo cual se dirigió de nuevo a las Cortes para informar de la decisión adoptada y ponerla en práctica[157]. El documento final —original y copia—, con dos puntos añadidos a última hora sobre el lugar en el que cumplirían sus castigos los oficiales, lo firma el general Armada sobre el capó de uno de los vehículos utilizados por los asaltantes. No lo rubricaron ni Tejero ni Pardo Zancada. «No era necesario», dirá años después el comandante de la Brunete[158].

Según Gabeiras, inspirador en gran medida del acuerdo, las condiciones «no fueron muy precisas», en particular en lo relativo a las responsabilidades de los oficiales golpistas, que quedarían exentos de ellas «de tte. [teniente] para abajo, sin decir incluidos o excluidos»[159]. El hecho es que con la garantía de aquel compromiso Tejero empezó a dar instrucciones para la evacuación del Congreso, aunque al comunicarlo en el hemiciclo se encontró con la negativa del presidente de la Cámara, Landelino Lavilla, a aceptar su autoridad para dar nuevas órdenes. Fue el propio Landelino quien, restituido en sus funciones, anunció que la salida de los diputados se realizaría por filas, para evitar aglomeraciones. Luego convocó reunión de la Mesa a las 9.30 del día siguiente, de portavoces a las 12.00 y pleno a las 16.30, y por último levantó formalmente la sesión. El teniente coronel Antonio Tejero, que había asistido impotente a este regreso a la normalidad parlamentaria, se situó frente al presidente del Congreso, le saludó militarmente y se puso a sus órdenes, en un extraño y tardío gesto de sumisión al poder civil. Hacia las 12.15 de aquel día, 24 de febrero de 1981, terminaba el desalojo del hemiciclo por parte de los diputados, miembros del Gobierno y demás personalidades retenidas a lo largo de aquellas horas, como el presidente del Consejo de Estado, Antonio Jiménez Blanco, que al tener noticia del golpe se trasladó a las Cortes y pidió permiso para entrar en el hemiciclo y permanecer en él junto a sus compañeros secuestrados. Lo mismo hizo el diputado socialista José Vidal Soria, que se encontraba ausente cuando se produjo el asalto al Congreso.

En los pasillos que los diputados debían transitar desde el hemiciclo hasta la salida del edificio y luego en el patio lateral que comunica con la Carrera de San Jerónimo les esperaba una última afrenta, que por breves instantes les hizo revivir el comienzo del golpe. La columna de rehenes tenía que marchar entre dos filas de guardias armados en los que el aire contrito de las últimas horas había dado paso de nuevo a una expresión hostil y vengativa, que era especialmente visible en sus jefes. «Tejero nos miraba con desprecio, Pardo con odio», dirá Miquel Roca[160]. Una vez fuera del recinto de las Cortes, se fueron desperdigando en medio de una multitud abigarrada, en la que se mezclaban hombres de uniforme, familiares de los diputados y varios centenares de periodistas que habían seguido los acontecimientos desde el Palace y a los que se habían sumado nuevos efectivos a lo largo de la mañana, ante la inminencia del desenlace.

Las cámaras de televisión que en gran número cubren la noticia les muestran cansados, pero sonrientes. Cuando algún medio les requiere unas declaraciones de urgencia se paran a hacer una primera valoración de lo ocurrido, más bien prudente, a menudo aderezada con alguna anécdota personal. El lenguaje resulta más fresco y sincero de lo habitual y hasta parece que ha desaparecido entre ellos el sectarismo de partido. «Hoy todos somos amigos», dirá un diputado al referirse a sus compañeros de otras formaciones. Todos habían vivido la misma experiencia; todos compartían un sentimiento parecido, de profunda alegría, al recuperar la libertad; también de rabia y vergüenza por lo sucedido. Se abrazan con familiares y amigos que les esperan en la calle o les reciben en las escaleras y en el hall del Palace, rebosante de expectación, al que se dirigen muchos de los liberados. Hay quien trasciende la emoción del momento y ve en aquel triste episodio, como dice la diputada socialista Carmen García Bloise, «un triunfo para la democracia», que salía fortalecida de aquella prueba.

Algunos diputados y miembros del Gobierno reconocen a Armada entre las autoridades que asisten a la evacuación del Congreso y, atribuyéndole una intervención decisiva en el fracaso del golpe, se acercan a darle las gracias. Así lo hará Adolfo Suárez, que tan mala relación había tenido con él y que ahora se arrepiente de su empeño en impedir su nombramiento como 2.º JEME. «Sentí [que] quizá me hubiera equivocado», dirá un par de años después al rememorar el 23-F[161]. A Miguel Herrero de Miñón, portavoz del grupo parlamentario de UCD, le extrañó la «taciturna sequedad» de Armada al felicitarle efusivamente por el éxito de la liberación[162]. También Miquel Roca y Manuel Fraga se fijaron, sorprendidos, en la «cara de palo» y la «mala cara» de aquel que pasaba por ser uno de los grandes triunfadores del momento[163]. La coincidencia de Roca, Herrero y Fraga en esta apreciación revela el verdadero estado de ánimo del general ante lo que se le venía encima. De puertas afuera, «obedecí, cumplí y resolví»[164], pero en su fuero interno sabía que en cuanto acabara aquello iba a tener serios problemas para justificar su actuación. Mientras él hacía cábalas sobre su futuro, había empezado el regreso de los asaltantes a sus cuarteles, tras una ceremonia de despedida en el patio del Congreso a modo de postrer homenaje que los golpistas se concedían por su gesta. Una vez en sus acuartelamientos de procedencia, según lo estipulado en el «pacto del capó», deberán entregarse a sus superiores y permanecer bajo arresto a la espera de acontecimientos.

Nada más salir a la calle, Adolfo Suárez, todavía presidente del Gobierno en funciones, pidió a su chófer que lo llevara a la Zarzuela. Hay diferentes versiones, alguna bastante inverosímil, sobre aquel encuentro entre el rey y Suárez. Lo que contó este último es que en cuanto fue recibido por Su Majestad le confesó que temía haber cometido un grave error con Armada. «Agárrate», le contestó don Juan Carlos: «No te equivocaste. Ha sido el cerebro de todo»[165]. Es lo mismo que le dijo a un diplomático, amigo suyo de la infancia, que aquel día tenía audiencia para despedirse antes de partir a su nuevo destino: «Todo esto ha sido obra de Alfonso Armada, que me ha traicionado». La reina, que quiso estar presente en la conversación, añadió: «Lleva diez años haciéndolo»[166]. Su papel en el golpe, ya en entredicho durante aquellas horas, fue considerado inadmisible en la reunión de la Junta de Defensa Nacional que tuvo lugar aquella tarde en la Zarzuela bajo la presidencia del rey. Asistieron Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado, Agustín Rodríguez Sahagún, Juan José Rosón, Francisco Laína, los miembros de la Junta de Jefes de Estado Mayor y el capitán general de Madrid, Guillermo Quintana Lacaci. Laína no era miembro de la Junta, pero Suárez insistió en que asistiera dada la trascendencia de la información que podía aportar, por ejemplo, las grabaciones realizadas por la Seguridad del Estado a lo largo de la noche de las conversaciones telefónicas mantenidas por los responsables del golpe.

De una de aquellas cintas magnetofónicas, reproducida durante la reunión de la Junta, se desprendía el doble juego practicado por Armada y tal vez su mala opinión de don Juan Carlos, expuesta sin tapujos. Por eso, en palabras de Laína al recordar aquel episodio muchos años después, «cuando el Rey la oyó se tapó la cara y se echó a llorar»[167]. Ante la contundencia de las pruebas en contra de Armada, Suárez exigió su inmediata destitución. Lo que ocurrió después no está claro. Según algunos autores, Gabeiras se mostró reticente a cumplir la orden y buscó con la mirada la complicidad de don Juan Carlos. «No mire usted al rey; míreme a mí», le dijo supuestamente el presidente del Gobierno, antes de reiterar sus órdenes con la máxima firmeza[168]. Sobre la fiabilidad de este relato, hay que decir que Francisco Laína, el único superviviente de aquel episodio, además del rey Juan Carlos, ha negado que se produjera ese intercambio de miradas y palabras entre Suárez y Gabeiras: «Todo eso es una novela, porque allí no hubo tal diálogo»[169]. Por otro lado, el intento del JEME de aliarse con el monarca en defensa de Armada no parece congruente con la fuerte impresión que, a la vista de todos, había causado en don Juan Carlos el saberse traicionado por su antiguo preceptor. Mal momento para que diera la cara por él. En cuanto al testimonio de Gabeiras, en su informe solo se refiere al «gran y efusivo abrazo» que le dio el rey, se entiende que en agradecimiento por los servicios prestados el 23-F. Es todo lo que dice sobre aquella histórica reunión. Lo demás prefiere guardárselo[170].

De vuelta al Cuartel General tras la reunión de la Junta de Defensa, al jefe del Estado Mayor del Ejército le tocaba imponer las primeras medidas disciplinarias al más alto nivel. A las 20.30 recibió en su despacho a Jaime Milans del Bosch, al que había ordenado viajar de Valencia a Madrid aquella misma tarde en un avión que dispuso para él en el aeropuerto de Manises. Gabeiras quiso que estuviera presente también el capitán general de Madrid, Guillermo Quintana Lacaci. Milans debía de llevar un buen rato esperando, porque le había citado a las 19.00, pero la reunión de la Junta de Defensa le impidió estar en su despacho a la hora prevista. Gabeiras le hizo saber que había resuelto cesarle como capitán general de Valencia e imponerle dos meses de arresto por desobediencia reiterada, sin perjuicio de lo que en su día dictaminaran los tribunales sobre su comportamiento. Mientras le informaba de su decisión, Milans «permaneció en una posición de firmes no muy rígida, sin apenas mirarme a la cara», y tras oír impasible a su superior, le pidió un par de horas para visitar a su padre antes de iniciar el arresto. A Quintana le extrañó que se lo concediera sin pedirle su palabra de honor de que volvería para cumplir su castigo. «Ojalá se fugue; nos ahorraríamos muchas molestias», fue la enigmática respuesta de Gabeiras[171].

Destituir a Armada le resultaba mucho más difícil, porque a diferencia de Milans, con quien mantenía de siempre una mala relación personal, con el 2.º JEME le unía una amistad que recientemente se había traducido en estrecha colaboración. Los testimonios que dejaron los dos generales sobre lo ocurrido entre ellos en las horas posteriores al golpe no se pueden parecer menos. Según Armada, nada más concluir la liberación del Congreso regresó al Cuartel General e informó a su superior de las últimas novedades, que fueron recibidas por Gabeiras con gran alborozo, hasta el punto de que le propuso brindar con champán por el éxito conseguido. Armada se mostró mucho más comedido y le recordó la difícil situación personal en la que quedaban algunos compañeros de profesión. No hubo, pues, celebración, pero no por falta de ganas del JEME, convencido de que el feliz desenlace del golpe se debía en parte a la eficaz labor desarrollada por su hombre de confianza[172]. En la versión de Gabeiras, por el contrario, la supuesta alegría desatada y el conato de celebración se truecan en reproche y seria admonición a su subordinado: «Le hice ver que su comportamiento exponiendo sus propósitos, desobedeciendo las reiteradas órdenes del Rey y mías, darían lugar a un expediente». En actitud «bastante compungida», Armada le preguntó si creía que podría volver a desempeñar un mando, a lo que contestó que ignoraba cómo acabaría aquello, pero que, en todo caso, habría un expediente y que la justicia tendría la última palabra. «Este ya se juzga culpable a sí mismo», pensó Gabeiras, que a continuación llamó al ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, para informarle del comportamiento de Alfonso Armada durante el golpe. Eran cerca de las dos de la tarde[173].

Tras este primer encuentro entre ellos, que se desarrolló en un ambiente de celebración, según Armada, y de una gran tensión, según Gabeiras, tuvo lugar la reunión de la Junta de Defensa, en la que se decidió la fulminante destitución del 2.º JEME. A las 21.00, después de recibir a Milans e informarle de su cese y arresto, el jefe del Estado Mayor del Ejército llamó a Armada para comunicarle que debía entregar el mando y permanecer en su domicilio a la espera de nuevas órdenes. «Triste y cabizbajo», leemos en el informe de Gabeiras, «dio media vuelta y al irse pronunció las siguientes palabras, que aún hoy me asombran […]: “Sí, me equivoqué; comprendo que me equivoqué”». Su imagen al marcharse —«dio media vuelta y al irse»…— sugiere que no se trataba de una conversación telefónica, como podría deducirse de la literalidad del relato de Gabeiras —«a las 21.00 llamé a Alfonso Armada»—, sino que, tal como afirma en otra versión del informe, le convocó en su despacho, donde tuvo lugar la escena —«a las 21.00 llamé al general Armada a mi despacho»—.[174] De nuevo, hay una discrepancia absoluta entre su versión y la del 2.º JEME, cuyas memorias incluyen entrecomillada la exposición que le hizo Gabeiras de lo tratado en la Junta de Defensa. En síntesis, a instancias de Suárez y Rodríguez Sahagún, ante el silencio de «El Guti» (sic) y pese a la defensa que él había hecho de su actuación y al «gran disgusto» del rey, se había acordado relevarle del mando, aunque, «por supuesto», no estaba arrestado y se le daría un destino. «Lo siento no sólo por ti», añadió Gabeiras, «sino también por el magnífico recuerdo que conservo de tu padre». De nada sirvió esta nota sentimental con la que quiso dulcificar aquel amargo trance. Armada le afeó su actitud por haberle abandonado a su suerte y se negó a darle el abrazo que le pidió al despedirse. Un militar —le dijo— está obligado a defender a un subordinado cuando, como en su caso, no ha hecho más que cumplir órdenes[175].

La discrepancia entre las dos versiones afecta también, y sobre todo, al fondo de la cuestión, que no era otro que el verdadero papel desempeñado por el antiguo preceptor del rey en la tarde-noche del 23 de febrero: según él, se limitó a actuar «a las órdenes de la superioridad en todo momento»[176]; para Gabeiras, por el contrario, aunque Armada no estaba de entrada en el golpe, se acabó metiendo de lleno en él. Hay una tercera versión, de enorme interés, incorporada a posteriori al original del informe de Gabeiras por su secretario, el coronel Cuesta, referida a la afirmación de que Armada «no estaba y se metió»: «Creo», le dice a su jefe, «que tienes que cambiar esto. Estaba en el golpe con anterioridad al 23-F. Largo de explicar, pero cambia ampliamente tu tesis»[177].

Cuarenta y ocho horas después, a las diez de la noche del día 26, el Ministerio de Defensa informaba en una nota de prensa del arresto del general Alfonso Armada Comyn «como consecuencia de la existencia de indicios que apuntan al intento no constitucional de asumir por su parte la presidencia del gobierno». Asimismo, anunciaba el nombramiento de José María García Escudero como juez especial encargado del esclarecimiento de los hechos, el cese del general José León Pizarro como jefe de la División Maestrazgo y el arresto del general Luis Torres Rojas, gobernador militar de La Coruña, y del coronel José Ignacio San Martín, jefe del Estado Mayor de la División Acorazada Brunete. El comunicado terminaba con una llamada a la prudencia de los medios de comunicación para evitar que se publicaran informaciones no contrastadas que pudieran resultar perjudiciales a personas o instituciones[178]. El intento de acotar al máximo el verdadero alcance del golpe de Estado se vería contrarrestado, sin embargo, por el anuncio de nuevas sanciones, el relevo de algunos mandos militares y la continua difusión de revelaciones, más o menos fundadas, sobre lo ocurrido.

En todo caso, la reacción de las instituciones, con la Corona a la cabeza, tomando inmediatamente la iniciativa, contribuyó a restablecer poco a poco la sensación de normalidad. La creencia más extendida era que el régimen constitucional saldría reforzado si sabía aprovechar la derrota de sus enemigos, pero para ello debía mostrar propósito de enmienda tras media legislatura de lucha encarnizada entre los partidos y de profunda división en UCD. La salud de la democracia y la estabilidad del país requerían una mayor unidad entre todos. Ese fue el mensaje que el rey transmitió a los principales líderes políticos —Adolfo Suárez, Agustín Rodríguez Sahagún, Felipe González, Santiago Carrillo y Manuel Fraga— en la reunión de urgencia celebrada en la Zarzuela en la noche del 24 de febrero. Había que extraer —podía leerse en el documento que les entregó— «meditadas consecuencias para determinar futuras normas de conducta». Era necesario que los partidos actuaran con «serenidad y prudencia» ante el nuevo escenario político y que la exigencia de responsabilidades se circunscribiera a quienes «cometieron los actos de subversión en las últimas horas», evitando el error de crear en torno a las Fuerzas Armadas y del Orden un clima de sospecha generalizado, que podría resultar contraproducente.

Es muy posible que la clase política hubiera llegado ya a esa conclusión por su cuenta, consciente de que, pese al fracaso del golpe, la situación seguía siendo sumamente delicada. Había que actuar, pues, con responsabilidad y mesura. Las consecuencias de esta reflexión pudieron apreciarse en la nueva sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, celebrada en el Congreso de los Diputados en la tarde del 25 de febrero. Esta vez no hubo sorpresas, salvo el cambio de algún grupo parlamentario en el sentido de su voto, que permitió al candidato a la presidencia del Gobierno conseguir un respaldo muy superior al que necesitaba para lograr la investidura en segunda vuelta. Votaron a favor UCD, la Coalición Democrática de Manuel Fraga, Minoría Catalana y tres diputados del Grupo Mixto. En contra lo hicieron el PSOE, el PCE, el PNV, los diputados andalucistas del PSA y el resto del Grupo Mixto. En total, obtuvo 186 votos a favor —17 más que en la primera vuelta— y 158 en contra. Previamente, el presidente del Congreso, Landelino Lavilla, había pronunciado un breve discurso reprobando el atentado contra la soberanía nacional perpetrado el día 23 y renovando, en nombre de la Cámara, «nuestra fe en el orden constitucional». Su reconocimiento del trascendental servicio prestado por la Corona, por las instituciones civiles y militares y por los medios de comunicación social mereció, según el Diario de Sesiones, «grandes y prolongados aplausos», en particular al citar al rey y a los medios de comunicación, representados en la tribuna de prensa, hacia la que se dirigieron los diputados al aplaudir puestos en pie[179]. La misma reacción había provocado la llegada al hemiciclo del general Manuel Gutiérrez Mellado.

Dos días después, se celebraron multitudinarias manifestaciones a favor de la democracia convocadas por partidos y sindicatos en las principales ciudades. La que tuvo lugar en Madrid congregó, según El País, a un millón y medio de personas y constituyó la mayor manifestación de la historia de España. Tras una pancarta que rezaba «Por la libertad, la democracia y la Constitución», marchaban en primera fila los líderes políticos y sindicales mezclados con independencia de su filiación e ideología, desde Felipe González (PSOE) y Santiago Carrillo (PCE) hasta Agustín Rodríguez Sahagún o Rafael Calvo Ortega (UCD). Fue muy comentada la imagen de Manuel Fraga (AP) y Marcelino Camacho (CC. OO.), uno junto al otro en animada conversación, dando así ejemplo del espíritu unitario de aquel acto, en el que la defensa de la democracia se anteponía a cualquier antagonismo. El propio Fraga destacó el hecho insólito de que no se oyera ningún «muera» en todo el recorrido y sí numerosos «vivas» a la libertad y a la democracia, pese a la consigna oficial sobre el carácter silencioso de la manifestación, que el nutrido servicio de orden, formado por más de cinco mil personas, fue incapaz de hacer cumplir. Esa llamada a guardar silencio ¿sería un ejemplo más de la prudencia que, según las fuerzas políticas, exigían las circunstancias? Hubo atronadores aplausos a la prensa y vítores y pancartas a favor del rey, entre ellas una modesta, pero cargada de simbolismo, en la que reparó un reportero de El País: en medio de la multitud, un anciano con el puño izquierdo levantado sostenía con la mano derecha un pequeño letrero en el que se leía escuetamente «Viva el Rey»[180]. La consolidación de la monarquía parlamentaria y la definitiva conversión de la izquierda al juancarlismo se vislumbraban como el principal legado del golpe. Esa era la moraleja que anticipaba aquella imagen. Veinticuatro horas después, don Juan Carlos asistía al homenaje a la bandera tributado por la Academia General de Zaragoza y renovaba su juramento a la enseña nacional junto al resto de su promoción. Vitoreado en las calles por el pueblo y tratado por la mayoría de los militares —no todos— como uno de los suyos, el rey se consagraba como el principal nexo de unión entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas en un momento especialmente difícil de su relación.

El primer mensaje del nuevo Ejecutivo presidido por Leopoldo Calvo-Sotelo estaba en su composición, anunciada el 26 de febrero: por primera vez desde la Guerra Civil, el Gobierno español no tenía ningún militar entre sus miembros, y ello pese a las «vehementes presiones» —no precisamente castrenses— que recibió Calvo-Sotelo para nombrar a un general ministro de Defensa[181]. El elegido fue Alberto Oliart, abogado del Estado y ministro en dos ocasiones con Adolfo Suárez. Pese a la sensación de fragilidad que iba a dar a menudo el Gobierno y al viacrucis político que le esperaba, con UCD en plena desintegración, las medidas del nuevo ministro de Defensa consiguieron afianzar la supremacía del poder civil combinando con habilidad prudencia y firmeza.

Algunas declaraciones de altos mandos militares inmediatamente posteriores al golpe parecían indicar una mayor sintonía con el régimen constitucional, como superando recientes resquemores. «El papel del Ejército está muy bien explicado en la Constitución», afirmará el general Antonio Pascual Galmes al tomar posesión de la Capitanía General de la III Región Militar en sustitución del cesado Jaime Milans del Bosch. El nuevo capitán general de Valencia hizo una referencia pasajera a los «muy dolorosos equívocos» que se acababan de producir y se comprometió a cumplir las órdenes que recibiera «dentro del estricto ordenamiento jurídico que emana de la Constitución»[182]. Puede que ese nuevo celo constitucional de algunos mandos militares respondiera más al pragmatismo y al espíritu de supervivencia que a una adhesión espontánea y entusiasta, pero el efecto balsámico de sus palabras era el mismo. El hecho es que la posición del rey ante el 23-F y el desprestigio de la extrema derecha militar favorecían actitudes más acordes con la legalidad, entre otras cosas porque ya no cabían las medias tintas en las que se habían movido Milans y sobre todo Armada hasta la madrugada del 24 de febrero. Como dirá un miembro del grupo de «los coroneles», posiblemente el más radical en el firmamento involucionista, «el próximo golpe será contra el Rey»[183]. Eso dejaba virtualmente fuera a la mayor parte del generalato, una subespecie castrense que tiende a ser conservadora y acomodaticia.

Palo y zanahoria. Alberto Oliart buscó el sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil mediante gestos disciplinarios, por un lado, y una sutil política de apaciguamiento, por otro. Ejemplo de esto último fue la brillante celebración de la Semana de las Fuerzas Armadas en Barcelona en mayo de aquel año, apenas tres meses después del 23-F. En un ambiente marcado todavía por el síndrome golpista, las autoridades y fuerzas políticas catalanas rivalizaron con el Ministerio de Defensa en sus muestras de afecto a los tres ejércitos. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, intercambió banderas de España con el nuevo capitán general, Ricardo Arozarena, y se refirió al «alto honor» que suponía para Cataluña rendir homenaje a la Corona y a las Fuerzas Armadas. El Comité Central del PSUC instó a los comunistas catalanes a sumarse a los actos programados y a contribuir a la confraternización entre el pueblo y el Ejército. Por su parte, el alcalde de Barcelona y futuro ministro de Defensa, el socialista Narcís Serra, solicitó la «asistencia masiva de los barceloneses» como forma de expresar «nuestra estima por el rey», calificado de «motor de la democracia» y «primer soldado de España»[184]. El domingo 31 de mayo, día de la clausura, el ministro Alberto Oliart concedía unas amplias declaraciones a La Vanguardia de las que el periódico entresacó esta frase: «Gracias, en gran medida, a las Fuerzas Armadas estamos consiguiendo realizar la democracia»[185].

Poco después, la aprobación el 6 de julio de la Ley 20/1981 de creación de la reserva activa permitía jubilar al cumplir 64 años —dos años antes de lo previsto— a los tenientes generales más veteranos y problemáticos. En virtud de la nueva ley, en agosto de aquel año cesaron como capitanes generales de la VII y II regiones militares los generales Campano López y Merry Gordon. Elícegui Prieto, capitán general de la V (Zaragoza), lo haría en los meses siguientes. Los tres figuraban entre los mandos del Ejército que tuvieron una actitud más ambigua en la tarde del 23-F. Al despedirse de la Capitanía General de la II Región, llamó la atención que el general Merry Gordon hiciera leer a su asistente la orden por la que fue nombrado comandante cuando luchaba con la División Azul en el frente ruso y que terminara su alocución sin el correspondiente «¡Viva el rey!».

Ni estos desplantes, más o menos esporádicos, ni las muestras de solidaridad que recibían los procesados por parte de algunos de sus compañeros desviaron al Gobierno del principal objetivo de su política militar: desactivar el golpismo. Para ello se propuso llevar a juicio a los oficiales rebeldes —había quien dudaba de que fueran finalmente juzgados y condenados—, poner en marcha el ingreso de España en la OTAN y llevar a cabo una amplia reforma del CESID, organismo vital para la seguridad del Estado cuyo rocambolesco papel en el golpe se prestaba a múltiples especulaciones, todas inquietantes. Aunque la entrada en la OTAN respondía a los fines específicos de la política internacional del Gobierno, se entendía que la integración de las Fuerzas Armadas españolas en el bloque de defensa occidental les proporcionaría un objetivo que cumplir más allá de nuestras fronteras. Si el 23-F había hecho bueno el aforismo que asegura que cuando un ejército no tiene cota que tomar, toma el Parlamento[186], la apertura al exterior podía ser el gran desafío que hiciera desistir al Ejército español de otros empeños. Las tres cuestiones —juicio, OTAN y servicios de inteligencia— estaban, pues, estrechamente relacionadas entre sí.

Para sacar al CESID de su peligrosa ambigüedad y ponerlo al servicio de la democracia, Oliart nombró director al teniente coronel Emilio Alonso Manglano, hasta entonces jefe del Estado Mayor de la Brigada Paracaidista (BRIPAC). Le avalaban la recomendación del capitán general de Madrid, Quintana Lacaci —«este es el hombre que te hace falta», le dijo al ministro—, y su defensa del orden constitucional en la tarde-noche del 23 de febrero, cuando comunicó inmediatamente con la Zarzuela y con Capitanía General para ofrecer el apoyo de la BRIPAC en la lucha contra el golpe. Fue uno de los muchos héroes anónimos del 23-F, de aquellos militares que no necesitaron desenfundar su arma para defender la soberanía nacional en cuarteles y guarniciones, a veces en un ambiente hostil. Tanto el rey como el presidente del Gobierno y el general Gabeiras, jefe del Estado Mayor del Ejército, respaldaron plenamente el nombramiento. En el caso del JEME, sus reticencias iniciales a rebajar los requisitos para desempeñar el cargo, que según el decreto fundacional del CESID debía recaer en un general, desaparecieron en cuanto supo que el beneficiario iba a ser Emilio Alonso Manglano. Veintidós meses después, cuando Alberto Oliart cesaba como ministro de Defensa tras la victoria socialista en las elecciones de octubre de 1982, el CESID se había convertido, gracias a Manglano, en un eficaz baluarte del Estado constitucional y, según Oliart, en uno de los mejores servicios de inteligencia de Europa. «Sin Emilio Alonso Manglano y sin el CESID, tal como él lo organizó y lo dirigió, el último Gobierno de UCD no hubiera podido llegar al Gobierno socialista, que nos sucedió»[187].

Pero el principal reto era sin duda la celebración del juicio a los treinta y tres procesados, todos militares menos uno: el falangista Juan García Carrés. La instrucción del sumario, iniciada nada más concluir el golpe, terminó el 9 de julio de 1981 y ocupó más de seis mil folios mecanografiados a doble cara. Los abogados defensores tuvieron de plazo hasta el 28 de septiembre para estudiarlo y presentar sus conclusiones, que les llevaron en todos los casos a solicitar la absolución de sus clientes, basada en el discutible principio de obediencia debida. Paralelamente, pero de forma coordinada, se venía desarrollando en los medios afines una campaña de intoxicación para involucrar al rey en la conjura. La tesis de los abogados y de la prensa progolpista era que aquel puñado de militares no había hecho otra cosa que cumplir órdenes de sus superiores, que en última instancia remitían a un «impulso regio» transmitido a través del general Armada. Resultaba incomprensible que se exigieran responsabilidades a quienes se habían limitado a obedecer y no a aquel de quien habían partido las órdenes. O todos o ninguno. Tal sería la línea argumental de las defensas, concebida para intimidar y desgastar a las instituciones, especialmente a la Corona. Pero para que el chantaje surtiera efecto hacían falta pruebas que demostraran la implicación del rey, que solo podía aportar el general Armada si se sumaba a la tesis de la obediencia debida y atribuía a Su Majestad la iniciativa del golpe.

La vista oral se celebró a partir del 19 de febrero de 1982 en el Servicio Geográfico del Ejército, en Campamento, a las afueras de Madrid. Desde el principio quedó claro que la estrategia de las defensas consistía en arrancar a Armada un testimonio incriminatorio contra el rey con el doble propósito de acreditar la tesis de la obediencia debida y derribar uno de los pilares fundamentales del Estado democrático, aquel que el 23-F soportó todo el peso del sistema constitucional. Tal vez lo que no habían conseguido con el golpe lo consiguieran en el juicio si ponían al monarca en el centro de la diana judicial y convertían a Armada en testigo de cargo. Reputado por los golpistas de cómplice de Su Majestad, señalado como el consegliere dispuesto a inmolarse por su príncipe, sufrió interrogatorios despiadados, campañas de prensa, insultos de todo tipo y un vacío ostensible por parte de sus conmilitones encausados, que veían en él su tabla de salvación. Toda esa presión se estrelló contra un muro de silencio. «No impliqué al rey, a sabiendas de lo que me jugaba, porque el rey no tuvo nada que ver»[188]; pocas afirmaciones tan categóricas en alguien que tenía un sentido más bien laxo de la verdad —«en este mundo traidor», llegó a declarar ante el tribunal, recordando un dicho popular, «nada es verdad ni es mentira; todo es según el color del cristal con que se mira»—.[189]

El juicio duró tres meses, a lo largo de los cuales el descrédito de los acusados alcanzó niveles insospechados cuando empezó la vista, incluso conociendo su actuación el día de autos. El afán desmedido por cargarle el muerto a otro no impidió que más de uno se comportara con una arrogancia chusca y provocadora. «La próxima vez que tome el Congreso miraré el reloj para saber la hora», dijo Tejero en respuesta a una pregunta del fiscal sobre el momento exacto de su hazaña. A otros les dio por la lágrima fácil, por el ademán engolado o por el discurso barroco, de contenido indescifrable. Hubo quien se arrancó a cantar el himno de la Legión mientras desfilaba hacia su puesto en el banquillo de los acusados. Sus registros interpretativos fueron, pues, de lo más variado, pero todos coincidieron en rechazar la responsabilidad de lo ocurrido; todos decían cumplir órdenes de un superior. A ese juego del «yo no he sido» se refería probablemente uno de ellos, el comandante Pardo Zancada, cuando reconoció que al consejo de guerra le faltó grandeza —«hay que decirlo así de claro»— y que Milans o Armada, o, mejor aún, los dos, debieron haber tenido la gallardía de dar un paso al frente y hacerse responsables de todo en descargo de sus compañeros[190]. A los reproches cruzados entre los golpistas, que en tan mal lugar dejaban al sector duro del Ejército, hay que añadir la opinión que expresó Tejero en su alegato final sobre aquellos militares —casi todos— que le dieron la espalda el 23 de febrero: «Ante la gran mayoría de mandos de las Fuerzas Armadas siento un profundo desprecio por su cobardía y por su traición a la patria». El periodista Martín Prieto se hará, en la última de sus crónicas del juicio, una pregunta que resume un amplio estado de opinión creado por el consejo de guerra: «¿Y estos eran los grandes santones del involucionismo militar español?»[191].

El lunes 24 de mayo, el presidente en funciones del Consejo Supremo de Justicia Militar, el general Gómez de Salazar —el titular, Luis Álvarez Rodríguez, causó baja por enfermedad—, declaró el juicio visto para sentencia. Diez días después, el 3 de junio, se hacía público el fallo del tribunal. De los treinta y tres procesados, diecisiete fueron absueltos y los dieciséis restantes condenados a penas que sumaban ciento veintidós años de cárcel, de los cuales casi la mitad correspondían a Milans del Bosch y Tejero: treinta años cada uno por un delito consumado de rebelión militar, aunque el tribunal recomendó que, en atención a los servicios prestados y a diversas circunstancias personales, se rebajaran a veinte años en cada caso. El resto de los condenados lo fueron en su mayor parte a penas de entre tres y seis años. Aquellas que superaban los tres años y un día llevaban aparejada la separación del servicio. Los tenientes quedaban absueltos. La sensación general fue que la justicia militar se había mostrado excesivamente benevolente con la mayoría de los procesados y que dar un golpe de Estado en España salía muy barato. Aparte de esto, la poca cuantía de la pena impuesta al general Armada —seis años de cárcel por conspiración— y la absolución del comandante del CESID José Luis Cortina fueron los aspectos más polémicos de la sentencia, que parecía proteger la línea presuntamente juancarlista del golpe, encarnada por quien fuera preceptor del rey y por un compañero suyo de promoción de la Academia General de Zaragoza.

El Gobierno anunció aquel mismo día su intención de recurrir y el expresidente Adolfo Suárez, indignado, publicó en el diario El País un artículo titulado «Yo disiento», muy crítico con la resolución del tribunal militar. Dos días después, en el mismo periódico, pero desde una visión más desapasionada y realista, José Luis Martín Prieto aplicaba al juicio del 23-F, del que fue cronista insuperable, la doctrina popular de la botella medio llena para formular un balance relativamente positivo de todo el proceso, incluido su polémico desenlace. No hacía tanto, recordaba «MP», la idea más extendida era que el juicio no llegaría a celebrarse. Cuando se demostró lo equivocado de este augurio, nadie apostaba por que Milans del Bosch sería condenado por sus compañeros de armas. Tres meses después, el ex capitán general de Valencia era condenado a treinta años de prisión y expulsado del Ejército. Sin perjuicio de que el Tribunal Supremo corrigiera la sentencia en lo que tenía de lenidad y justicia corporativa —el periodista presagiaba, con razón, serios problemas para Armada en caso de recurso—, las penas impuestas representaban un doble castigo, penal y simbólico, de un tribunal militar a un sector del Ejército que había intentado subvertir la ley y el orden constitucional. Era un claro aviso a navegantes, que se lo pensarían dos veces antes de embarcarse en nuevos intentos golpistas amparados en falacias que no habían superado la prueba del algodón judicial, ni siquiera ante un tribunal militar; a saber: la obediencia debida, el estado de necesidad o el supuesto servicio al rey, ese «paraguas de armiño», como lo llamó el periodista en una de sus crónicas[192], bajo el cual se habían cobijado aquellos que quisieron eludir su propia responsabilidad.

Tal como había anunciado, el Gobierno de Calvo-Sotelo presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, no solo por considerar que las penas no se ajustaban a la gravedad de los hechos, sino para que la justicia civil tuviera la última palabra en el asunto y desmentir así la creencia de que existía un poder militar autónomo. Casi un año después, el 28 de abril de 1983, la Sala Segunda del Tribunal Supremo hacía pública la sentencia definitiva por el golpe de Estado. El alto tribunal aceptaba «íntegramente los fundamentos fácticos de la sentencia recurrida», pero elevaba las penas de la mayoría de los condenados. La principal modificación afectó al general Alfonso Armada, que pasó de seis a treinta años de cárcel por un delito de rebelión militar consumada, y no de conspiración, como en la primera sentencia. Otros condenados vieron también incrementadas notablemente sus penas de prisión y sobre los ocho tenientes de la Guardia Civil absueltos en primera instancia recayó una pena de entre uno y dos años de prisión. Los principales protagonistas del 23-F nunca más volverían a vestir el uniforme militar.

Para entonces, el Gobierno de Calvo-Sotelo, que había conseguido sentar en el banquillo a los golpistas frente a la opinión de los más agoreros, había dado paso a un Gobierno socialista fruto de una amplia mayoría absoluta obtenida en las urnas el 28 de octubre de 1982. Días antes era neutralizado un intento involucionista promovido por un pequeño grupo de jefes militares que tenía previsto actuar la víspera de las elecciones. Los cabecillas —dos coroneles y un teniente coronel destinados en Madrid— fueron detenidos y posteriormente procesados, y las elecciones pudieron celebrarse con toda normalidad, aunque con la sensación de que la desarticulación del golpismo había dejado cabos sueltos que aún podían anudarse peligrosamente. Ese resquemor, sin embargo, se fue diluyendo poco a poco en la etapa siguiente, en la que el problema militar acabó desapareciendo del primer plano de la actualidad gracias al efecto retardado de las medidas adoptadas por el Gobierno de Calvo-Sotelo, y en particular por su ministro de Defensa, Alberto Oliart, y a la política de su sucesor, Narcís Serra. Si un alto cargo del nuevo Ejecutivo llegó a decir que los socialistas habían «descubierto» a la Guardia Civil, muchos uniformados apreciaron en el Gobierno de Felipe González una cercanía y una sensibilidad a sus preocupaciones que echaron de menos en tiempos de Suárez. Unos y otros parecían dispuestos a hacer borrón y cuenta nueva en las tormentosas relaciones entre militares y civiles en la España contemporánea.

8. Verdades, mentiras y cintas de vídeo

8

VERDADES, MENTIRAS Y CINTAS DE VÍDEO

¿Sabremos algún día toda la verdad sobre el 23-F? Es una pregunta recurrente desde entonces, que se hacía ya el teniente coronel Tejero en el juicio contra los golpistas: «Algún día me gustaría que me contaran el 23 de febrero. Yo no lo sé»[193]. Era una forma astuta de pasar de reo de rebelión militar a víctima de una maquinación con oscuros orígenes y fines inconfesables. Otros inculpados adoptaron la misma actitud victimista por razones comprensibles y hasta legítimas en el ejercicio de su derecho a la defensa. Pero más allá del sentido exculpatorio que le dieron los procesados a una pregunta nada inocente, aspirar a conocer toda la verdad sobre el 23-F supone desconocer la materia de la que está hecho el pasado y los límites del oficio de historiador, de periodista e incluso de juez. ¿Algún día sabremos toda la verdad sobre el 11-S, sobre el 11-M, sobre el asesinato de Kennedy, sobre el ataque japonés a Pearl Harbor o sobre la batalla de las Termópilas?

Todo viene de una ingenua tendencia, muy ligada a la esencia del mundo contemporáneo, a sobrevalorar la capacidad del ser humano para llegar a saberlo todo sobre lo ya vivido, salvo que algo anómalo se lo impida. Según esta percepción del pasado, el conocimiento incompleto de un episodio histórico solo se explicaría por la intervención de un agente maligno que hubiera cegado nuestra mirada o limitado nuestra visión de lo ocurrido, hurtando pruebas o dejando pistas falsas por el camino. Por eso es tan fácil que la pregunta de marras derive en una teoría conspirativa capaz de dar sentido a lo que hasta entonces parecía un fragmento incomprensible de la realidad. El error consiste en considerar que un relato solo puede ser veraz cuando explica un acontecimiento en su totalidad y no deja resquicio por esclarecer, cuando lo cierto es que esa reconstrucción integral solo está al alcance de la ficción, de la mentira y de aquellos géneros seudohistóricos que proporcionan una narración acabada y completa, sin fisuras ni puntos ciegos, de un oscuro episodio del pasado. El problema de estos relatos alternativos, que abundan en el llamado periodismo de investigación y en los escaparates de las librerías, es que obligan a forzar los límites de la realidad más allá de lo razonable, porque no hay acontecimiento histórico que se preste a un revelado completo de sus luces y sus sombras. De ahí la imposibilidad de contar «toda la verdad» del 23-F, o de cualquier otro gran acontecimiento histórico. Es aconsejable, por tanto, romper con una inercia mental que nos lleva a creer que la existencia de preguntas sin respuesta denota la falsedad de una historia, cuando la realidad es exactamente la contraria: si todas las piezas encajan, si no queda ni una sombra de duda, podemos tener la seguridad de que la historia que se nos cuenta es falsa.

Hay otra razón, mucho menos ingenua, para preguntar si algún día sabremos toda la verdad sobre un acontecimiento polémico o trascendental. Quien interpela de esa forma al pasado no pretende, por lo general, que sepamos más, sino que sepamos menos mediante la sustitución de una historia veraz, pero incompleta, por una versión tergiversada o simplemente falsa puesta al servicio de una causa política. En esa nueva versión todo cobra sentido, como en las tragedias de la antigua Grecia cuando al final de la representación aparecía el deus ex machina —una deidad introducida por la tramoya en la escena— para deshacer un embrollo que la propia trama no podía resolver por sí misma. En las interpretaciones más audaces del 23-F, aquellas que empiezan lamentando que se nos haya ocultado la verdad sobre el golpe, el rey Juan Carlos, o en su defecto el CESID —o ambos—, suele figurar como el deus ex machina que permite entender aquello que de otra forma resulta incomprensible. ¿No dijo uno de los golpistas que «el gran beneficiado del 23-F, aunque nadie lo diga tan claro, fue sin duda S. M. el Rey»[194]? Que esta fuera su principal consecuencia puede bastar para que un observador suspicaz se pregunte si no fue eso precisamente lo que se buscaba. A partir de ahí resulta fácil construir un relato alternativo en el que todo encaja: el 23-F habría sido un autogolpe concebido para elevar al rey a los altares de la democracia. Gracias a este nuevo enfoque, Juan Carlos I pasaría de héroe a villano, que es de lo que se trataba, y los responsables del golpe se convertirían en ciegos ejecutores de un designio del gran tramoyista de aquella farsa.

La teoría del impulso regio nace con el fracaso del golpe por múltiples y comprensibles motivos, el primero de ellos un propósito exculpatorio con vistas al juicio del 23-F, en el que la estrategia de las defensas giró en torno al principio de obediencia debida. A ello hay que añadir el intento de desestabilizar al régimen democrático erosionando la figura del jefe del Estado y un afán de venganza contra él por haber hecho fracasar la intentona. Durante años, esta visión alternativa del golpe se movió principalmente en ambientes ultraderechistas, en los que se exacerbó el viejo sentimiento antimonárquico, y sobre todo antiborbónico, del fascismo español. Ese antimonarquismo visceral tendrá en la supuesta felonía del Borbón el punto de no retorno que hará imposible la reconciliación con la Corona y propiciará incluso la aparición de un republicanismo de extrema derecha bastante pintoresco —el propio Tejero se declaró republicano—, del que es un buen exponente el libro El fracaso de la Monarquía, de Javier Castro-Villacañas, hijo de un conocido intelectual falangista. La obra contiene un capítulo sobre el «discutido y discutible» papel del monarca en el golpe de Estado[195], siguiendo las tesis de autores próximos a sus postulados, aunque la demonización de Juan Carlos I por parte de Castro-Villacañas se centra sobre todo en la buena relación que mantuvo con los gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. El 23-F habría abierto el camino al amancebamiento del rey, primero con la democracia y luego con la izquierda, para dar paso posteriormente a una cohabitación forzada con la derecha gobernante en tiempos de José María Aznar, una experiencia que el autor califica de «auténtico trauma» para el monarca. Más que su coronación en noviembre de 1975, el golpe habría sido el verdadero momento fundacional del reinado de Juan Carlos I y de su «proyecto de monarquía de izquierdas»[196].

Son numerosos los intentos de refutar la versión oficial del golpe y de implicar en él al rey Juan Carlos, que es el supremo objetivo perseguido por quienes se vienen preguntando sin desmayo cuándo sabremos toda la verdad sobre el 23-F. El libro de Jesús Palacios 23-F. El golpe del Cesid, publicado al cumplirse el vigésimo aniversario de aquel episodio, ha creado un exitoso canon en la formulación de una tesis alternativa al relato de los hechos establecido por los tribunales, primero por el Consejo Supremo de Justicia Militar y posteriormente por el Tribunal Supremo al dictar la sentencia definitiva[197]. En realidad, el libro retoma muchos de los argumentos utilizados ya por los abogados defensores en el juicio, aunque adoptando una apariencia de imparcialidad que en el fondo no es tal, porque todos los testimonios orales utilizados van en la misma dirección. La obra constituye una gran polifonía golpista, en la que las voces de los condenados por el 23-F y de sus abogados se expresan armónicamente a través de las tres fuentes en que se basa la investigación: las entrevistas realizadas por el autor a «más de ciento cincuenta personajes», el sumario de la causa y las actas del consejo de guerra. Incluso estas dos fuentes documentales, de indudable valor histórico, ven notablemente reducida su utilidad por el uso sesgado que se hace de ellas, al buscar siempre la voz de los encausados y nunca la del fiscal o la de aquellos testigos que contradicen la versión de las defensas. En cuanto a lo que Palacios califica como «la principal fuente de investigación de este libro» —las entrevistas— salta a la vista un doble vicio que en gran parte invalida estos testimonios: por un lado, su unilateralidad y parcialidad, pues, como él mismo reconoce, fueron obtenidos «entre la parte más significativa de los procesados por el golpe de Estado», sin tomar en consideración los argumentos disonantes aportados por la sentencia, por el fiscal o por los testigos de la acusación, y, por otro, el oscurantismo con el que maneja las supuestas «revelaciones» de los personajes entrevistados. Se puede aceptar que algunos de ellos hubieran solicitado, como dice Palacios, «estricta reserva» sobre su testimonio y que por tanto no aparezcan citados con su nombre y apellidos, pero que de ese coro de «más de ciento cincuenta personajes» solo diez aparezcan identificados en las notas a pie de página indica un grado de discrecionalidad difícilmente admisible.

Esta circunstancia dice mucho sobre cómo se ha concebido la obra y cuál es su fiabilidad histórica. Primero se elabora una tesis —un golpe del CESID al servicio de la Zarzuela—, luego se seleccionan aquellos testimonios que la corroboran, descartando cualquier otro que vaya en contra de esa línea argumental, y finalmente el autor se encuentra con que —¡eureka!— todas las piezas del puzle encajan a la perfección. De esta forma, se puede ofrecer al lector un relato autoevidente, sin lagunas ni contradicciones, entre otras cosas porque todos los testimonios que puedan resultar inconvenientes han sido silenciados. Así ocurre con un episodio, apenas un instante, que ha sido considerado por los autores progolpistas una prueba irrefutable de la implicación de las altas esferas en el desenlace político previsto por quienes urdieron la intentona. Cuando Armada se dispone a salir del Cuartel General del Ejército para negociar con Tejero, el general Gabeiras le habría despedido con unas extrañas palabras, teniendo en cuenta que el 2.º JEME era su subordinado. Hay dos versiones de la fórmula utilizada por Gabeiras: «A tus órdenes, mi general» o bien «A tus órdenes, presidente». Aunque el sentido de sus palabras vendría a ser el mismo, la primera fórmula es menos explícita, y obliga a recordar al lector que el empleo de teniente general que ostenta Gabeiras es superior al de Armada —general de división— y que, por tanto, la única razón de que se ponga a sus órdenes es que le ve ya como presidente del Gobierno. Palacios opta por la segunda versión, mucho más explícita: «Al despedirse, Gabeiras saluda al próximo jefe. “A tus órdenes, presidente”». ¿Figura el general Gabeiras Montero, hombre clave en el organigrama antigolpe, entre los «más de ciento cincuenta personajes» entrevistados por el autor? En el caso (improbable) de que así sea, ¿se ha tenido en cuenta su reiterado desmentido de este episodio? Si en el juicio lo calificó ya de «absoluta mentira», en su testimonio escrito sobre su actuación el 23-F, tras preguntarse «en qué fuentes beben los historiadores», afirma que el periodista que puso en su boca esa frase «quiso venir a mi casa a pedirme disculpas, a lo que me negué. Pero en su periódico se publicó esa mentira»[198].

¿En qué fuentes beben los autores de las teorías conspirativas? En aquellas que les dan la razón. De esta forma, otorgando plena credibilidad a las que coinciden con la tesis de su libro e ignorando aquellas otras que van en la dirección contraria, Jesús Palacios cree haber demostrado que el 23-F «strictu sensu fue un golpe democrático», diseñado por el CESID para afianzar el sistema en un momento de emergencia política; «un intento de redefinir la transición con un golpe de timón bisturí en mano» (sic). Pese a la participación de «ciertos elementos ultraderechistas antidemocráticos», nunca tuvo un carácter involucionista. Al contrario. Se pensó en el futuro mucho más que en el pasado. Solo la insubordinación de Tejero, opuesto a la solución Armada, evitó que el golpe, tal como había sido concebido, acabara triunfando. Fracasó por el empecinamiento de Tejero, pero en el fondo triunfó al generar una especie de spin-off que sus guionistas no habían llegado a prever. La democracia española vivió durante largo tiempo de las rentas del golpe, que consolidó a la Corona y neutralizó políticamente a las Fuerzas Armadas.

Diez años después de publicar El golpe del Cesid, en 2011 Jesús Palacios volvía a la carga con 23-F. El Rey y su secreto, situado en las mismas coordenadas interpretativas, pero desplazando el foco de atención de los servicios de inteligencia al rey. La tesis es la misma y el texto en gran medida también. Tejero fue un chivo expiatorio; Suárez la víctima, al haber perdido el favor del monarca y poner en riesgo la transición y la Corona con su empeño en seguir al frente del Gobierno. Armada se postuló como alternativa, encabezando la llamada «Operación De Gaulle», que debía enderezar una situación política fuera de control. El rey lo vio claro, pero, fiel a su estilo, tomó ciertas cautelas: «A mí, dádmelo hecho». El CESID proporcionó los medios y el personal necesarios para la ejecución de un plan que no tenía nada de involucionista. Salió bien un poco por casualidad, a pesar de Tejero y merced al sacrificio de Armada, que se inmoló por su rey. ¡Ah, el rey! ¡Qué gran lección de borboneo dio a lo largo de aquellas horas! Cuando ya todo estaba resuelto en la mañana del día 24, tuvo el gesto de agradecer a Sabino Fernández Campo su inestimable ayuda, sin la cual habría sido imposible reconducir una operación que se les había ido de las manos. «Gracias, Sabino; me has salvado», le dijo, mientras se fundía con él en un sentido abrazo. Pero, ya por la tarde, le asaltó la duda de que aquello acabara saliendo mal y no pudo reprimir un comentario dirigido de nuevo a Sabino: «Mira que si te has equivocado». Estaban justo en el umbral de una puerta, a punto de pasar de una estancia a otra. Don Juan Carlos miró a su secretario y le dio una cariñosa palmada en la espalda, como para paliar el desolador efecto que la frase tenía que producir en su destinatario. A la escena, reconstruida por Palacios con un realismo prodigioso teniendo en cuenta que no estuvo allí —que sepamos—, le falta una referencia al mundo clásico que el relato parece pedir a gritos: el rey de España, al traspasar aquella puerta y pronunciar esas palabras, sentía que con su actitud ante el golpe había cruzado su propio Rubicón. Alea jacta est! Solo que a diferencia de Julio César, consciente de que transgrediendo la ley romana se estaba jugando su futuro a cara o cruz, en la versión juancarlista del paso del Rubicón las consecuencias de una mala decisión serían para Sabino —«Mira que si te has equivocado»—, mientras que las mieles del triunfo las disfrutaría el rey. Por eso cree Palacios que «lo que se fabricó después del 23-F fue una fábula extraordinaria».

Lo que no consiguieron los abogados de los golpistas en el consejo de guerra, convertir el 23-F en un juicio a Juan Carlos I, ha acabado siendo el principal objetivo de autores que, por su ideología, tuvieron fácil acceso a los protagonistas del golpe y al mundo, siempre tenebroso y equívoco, de los servicios secretos. Unos lo hicieron por simpatía, más o menos disimulada, por la extrema derecha y por viejas cuentas pendientes con la democracia; otros, por venalidad y oportunismo. Pilar Urbano escribió en 1982 un buen libro sobre el 23-F, cuando el juicio aún no había concluido y la memoria de unos y otros rebosaba sensaciones y recuerdos que, convenientemente cribados y contrastados, podían inspirar un relato muy ceñido a la inmediatez de los hechos. Su reconstrucción de entonces aportaba una detallada información que completaba, y a veces matizaba, ciertos aspectos de la investigación judicial sobre el caso. Con sus inevitables limitaciones, Con la venia… yo indagué el 23-F sigue siendo una lectura recomendable para quien se acerque a aquel acontecimiento no con el afán de llegar a saberlo todo, pero sí de entender un poco mejor lo sucedido.

Más de treinta años después, Pilar Urbano ofrecía una visión significativamente distinta del golpe en un nuevo libro titulado La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el Rey prefiere no recordar, dedicado a desentrañar el más recóndito secreto del reinado de Juan Carlos I: su responsabilidad directa en la conspiración que desembocó en la sublevación militar de febrero de 1981. De entrada, presentar como inédita semejante interpretación suponía una flagrante injusticia con todos aquellos que desde hacía más de treinta años venían involucrando al rey en el 23-F, por ejemplo, Jesús Palacios, cuyo primer libro sobre el tema —El golpe del Cesid— se publicó trece años antes de la aparición de La gran desmemoria. Sin embargo, este último tuvo un impacto en el gran público muy superior al de Palacios, y no porque fuera muy distinto o mucho mejor. Aparte de la mayor notoriedad pública de la autora, el ambiente en 2014, en plena crisis de imagen de Juan Carlos I y en el ocaso de su reinado, era más receptivo a este tipo de elucubraciones iconoclastas, que encajaban perfectamente en un clima de descontento general provocado por la corrupción y la crisis.

El libro se vio favorecido además por otras circunstancias que lo convirtieron inmediatamente en un gran fenómeno mediático. La primera fue el formidable escándalo que provocó su publicación, al afectar directamente a la credibilidad de personas e instituciones clave y a la propia legitimidad de la democracia española, estrechamente vinculada en el imaginario colectivo al fracaso del golpe y al papel del rey en aquella ocasión. La Casa Real emitió un duro comunicado calificando la obra de «pura ficción»; el hijo mayor de Suárez pidió su retirada de las librerías; el expresidente Felipe González, interpelado por la prensa, reconoció su nulo interés por el libro de una periodista que «miente más que habla», y un nutrido grupo de personajes citados como fuente, entre ellos varios exministros de la transición, firmaron un escrito desautorizando el uso que la autora había hecho de sus testimonios y acusándola de haber perpetrado una «infame campaña contra la verdad». Por si faltaba algo, su aparición coincidió con la muerte de Adolfo Suárez —uno de sus dos grandes protagonistas— y se produjo apenas dos meses antes de la abdicación de Juan Carlos I. Fue la tormenta perfecta a cuenta de un episodio cada vez más turbio y polémico.

La tesis de Pilar Urbano se resume en el titular de una amplia entrevista concedida al diario El Mundo en plena promoción de la obra: «Para Suárez estaba claro que el alma del 23-F era el Rey»[199]. Que nadie piense que la autora se había inventado semejante afirmación. Cuando se pretende hacer cierto tipo de sensacionalismo histórico, el truco no está en inventarse las cosas, sino en encontrar a alguien que se las haya inventado antes y elevarlo a la categoría de fuente. Conseguir eso no es tan sencillo. Hay que tener acceso a los exclusivos caladeros de la chismografía política madrileña, echar las redes en ellos y luego entresacar, de todo lo que se pesca, las confidencias más escandalosas y las más útiles para demostrar una tesis preconcebida. El grueso de su información procedía de testimonios personales de dudosa fiabilidad, ya fuera por su escasa solvencia, por la manipulación de que fueron objeto o por la indefensión en que quedaron algunos de estos personajes —Sabino Fernández Campo, por ejemplo, había muerto cinco años antes de publicarse el libro—. En mucha menor medida, utilizó también documentación escrita, en algún caso, de gran interés. Con ella y con un tratamiento mucho más exigente de los testimonios orales podía haber escrito un libro que fuera digno sucesor del que escribió en 1982 y que nos acercara un poco más al esclarecimiento de las sombras que persisten en la versión oficial del golpe. Pero optó por hacer otra cosa, más próxima a la novela de época o al amarillismo histórico.

Al problema de las fuentes, mezcladas en un totum revolutum las más fiables y las más deleznables —con predominio de estas últimas—, se añade el formato dialogado que adopta la autora en buena parte de la obra, en la que reproduce literalmente largas conversaciones mantenidas treinta años antes por los personajes históricos que desfilan por estas novecientas páginas. En la polémica en torno al libro, se hizo célebre el pasaje con el que empieza el capítulo 5, titulado «Suárez, el Rey, un perro, una pistola…». Es un episodio crucial, que se desarrolla como sigue. El 22 de enero de 1981, pocos días antes de su dimisión, Suárez almuerza con el rey en la Zarzuela, como solía hacer los jueves. Tras la comida mantienen una tensa conversación mientras toman café en el despacho de Su Majestad. No hay nadie más, ni siquiera ese testigo mudo —o no tan mudo— de la Zarzuela que suele ser el origen de las más suculentas confidencias utilizadas en estos casos. La discusión empieza a propósito de la próxima visita de los reyes al País Vasco, de ahí pasa al nombramiento de Armada como 2.º JEME, en el que el rey tiene un gran interés —«Me vendría muy bien»— y al que el presidente se opone, y continúa con reproches mutuos sobre el clima de desconfianza que se ha instalado entre ellos. Suárez acaba poniendo encima de la mesa los 6 268 393 votos que, traducidos en escaños, le convirtieron en presidente del Gobierno. Se puede considerar un golpe bajo, puesto que el rey tiene los bolsillos vacíos de votos. Pero de momento el monarca mantiene la calma, y para demostrarlo le quita la funda a un habano Hoyo de Monterrey Doble Corona, le corta la punta y lo enciende, como si esos argumentos le resbalaran. Adolfo prosigue con su lista de agravios y con la defensa del cargo que desempeña, obtenido en democrática lid, no como otros. Se niega a plegarse a los poderes fácticos y defiende su contrato con el pueblo y su derecho a discrepar del rey. Esto no es una monarquía absoluta, le dice. Yo me debo a mi propia legitimidad. Don Juan Carlos contesta sin dejarse impresionar: «Yo estoy porque me ha puesto la historia». Hay, pues, un choque de legitimidades y, según el rey, un desacuerdo total en importantes asuntos de Estado. La conclusión para él está clara: «Uno de los dos está de más. Y, como comprenderás, yo no pienso abdicar»[200]. La discusión se desliza por terrenos peligrosos.

El presidente del Gobierno pide otro café muy cargado y aspirinas —llevaba unos días acatarrado—, y musita, como para sí, unas palabras sobre la abdicación que no escapan al oído de su interlocutor. Del florete —dice la autora— han pasado al sable. Suárez propone romper el bloqueo político con unas elecciones anticipadas. Juan Carlos se niega en redondo —«¿Tú estás loco?»— y le recomienda que se olvide de nuevos comicios, porque no piensa firmar el decreto de disolución de las Cortes. El presidente no da crédito —«¿He oído bien? ¿Cómo que no va a firmar?»— y le recuerda que estaría obligado a ello por la Constitución. El rey contraataca con el artículo 115, que impide la disolución de las cámaras cuando se está tramitando una moción de censura. ¡Craso error! Suárez se da cuenta de que el monarca, en el fragor de la discusión, acaba de cometer una grave indiscreción que confirma sus peores presagios. No solo hay una moción de censura en marcha, como se temía, probablemente con el apoyo de gente de su partido, sino que el rey está en ella. Basta volver al origen de la discusión para que todo cuadre: el candidato a la presidencia sería Alfonso Armada, que contaría con el respaldo de los partidos y con el patrocinio de la Corona. Una disolución anticipada de las Cortes —el rey insiste en que bajo ningún concepto firmaría el decreto; Adolfo le dice que negarse sería «¡el acabose!»— frustraría todo el plan. Una dimisión de Suárez también.

¿Se le ocurrió entonces que la única forma de impedir la Operación Armada era dimitiendo? La narradora no nos lo llega a decir, porque justo en ese momento abandona los recovecos de la mente de Suárez para fijarse en el perro del rey, un pastor alemán de pelaje marrón y beis, llamado Larky. Ha tenido el privilegio de asistir a esa histórica conversación tumbado plácidamente en la alfombra, pero el tono de la disputa alcanza al final tal violencia que Larky, viendo a su amo en peligro, se levanta de repente, rompe a ladrar y se lanza sobre Adolfo con las peores intenciones. Solo la acción decidida del rey —lo cortés no quita lo valiente—, que, poniéndose en pie de un salto, agarra a su perro entre sus brazos, impide que el presidente del Gobierno pruebe en sus carnes la fiereza de Larky[201].

La gran desmemoria es un alarde continuo de espiritismo histórico, con la autora ejerciendo de médium entre los protagonistas del libro y el lector, que gracias a ella, se entera, palabra por palabra, de escenas vodevilescas e intrigas inverosímiles ocurridas treinta años atrás. Tanto el público como la crítica lo recibieron con división de opiniones. No fueron pocos los que vieron confirmadas sus sospechas sobre el verdadero papel del rey en aquellos acontecimientos. Los lectores más escépticos, en cambio, lo interpretaron como una ficción histórica en la que la narradora manejaba los personajes y las situaciones a su antojo. Entre los más críticos destacó el periodista José Oneto, autor en su día de un buen libro sobre el 23-F[202], que calificó La gran desmemoria como «un gran engaño» y «una gran manipulación». Parte de lo que el libro ofrecía como fruto de una novedosa investigación ya se sabía y el resto no solo no aparecía acreditado, sino que se contradecía con lo que finalmente ocurrió. Como afirma Oneto, la pura verdad era que el golpe de Estado lo hizo fracasar el rey, porque le habría bastado con mantenerse al margen para que hubiera triunfado. Repasando su actuación en los meses anteriores se le podía reprochar su error al fiarse de Armada y su imprudencia al airear en ciertos ambientes su distanciamiento con Adolfo Suárez, pero de eso a convertirle en «el alma del 23-F» media un abismo[203].

La fantasmagoría creada por Pilar Urbano, tan minuciosa en los detalles como poco exigente en las cuestiones sustanciales, supone una puesta al día de la vieja interpretación golpista del 23-F, salvando de ella a Suárez —bestia negra de los ultras— y aderezándola generosamente con morbo, bajos instintos y escabrosas revelaciones. Le pierde su pasión por la anécdota en la reconstrucción de una compleja trama conspirativa, que se empeña en narrar como si fuera un taquígrafo incrustado en la acción. Lo cierto es que el relato pierde verosimilitud a medida que se alargan las conversaciones transcritas y que se amontonan las fruslerías sobre las distintas secuencias de la historia, por ejemplo, el número de perros utilizados (1006) y de piezas cazadas (199) en la montería celebrada en la sierra de Cazorla el 23 de enero de 1981, de la que el rey volvió apresuradamente en helicóptero al tener noticia de que un grupo de generales se había presentado en la Zarzuela pidiendo ser recibidos de inmediato por Su Majestad. ¿Cómo poner en duda, tras consignar con esa precisión el balance cinegético de aquella cacería, que esa reunión en la Zarzuela existió, que el rey convocó a Suárez, que los generales se encararon con él y que uno de ellos sacó su pistola Star 9 mm y, con ella sobre la palma de su mano izquierda, le exigió que dimitiera[204]? Sin embargo, si no sucumbimos al poder hipnótico de los detalles, hay una pregunta fundamental que nos hacemos como lectores al comparar esta secuencia con la discusión entre Suárez y el rey el día anterior, contada apenas diez páginas antes: ¿quería el monarca forzar su dimisión, como se deduce de su complicidad con los generales y de sus palabras al despedirle —«No te empecines […] La solución pasa por un cambio de gobierno»—,[205] o le interesaba mantenerle en el cargo para que la moción de censura siguiera su curso —«una dimisión repentina de Suárez […] invalidaría el plan de derrocarle»—?[206] ¿En qué quedamos?

Esa lupa permanente sobre el detalle insignificante —la marca de cigarrillos que fuma tal personaje, el color del portafolios del comandante Cortina, la indumentaria que viste el rey cuando inopinadamente se presenta en moto en la Moncloa el 10 de enero de 1981: «cazadora de piel, pantalón verde de pana y casco plateado»—,[207] es un recurso estilístico que encontramos en otras muchas recreaciones del 23-F y de los acontecimientos que lo precedieron. Ahora bien, contrariamente a lo que piensan los autores que la utilizan, la técnica hiperrealista resta credibilidad a aquello que se cuenta en vez de añadirle verismo, sobre todo a medida que el tiempo nos va alejando de aquellos hechos, porque en la historia recordada muchos años después, cuando es auténtica, los detalles suelen ser parcos y a veces engañosos, y requieren ser administrados con suma prudencia. Por eso, la gran desmesura de La gran desmemoria responde en el fondo a un falso silogismo narrativo que podría formularse así: si la autora es capaz de reconstruir los detalles más nimios de una escena ocurrida hace más de treinta años, con más motivo la cuestión de fondo que en ella se dirime. El lector avezado sabe, por el contrario, que solo en la ficción o en la mentira la calidad del detalle da una apariencia de veracidad a una historia.

Lo más sorprendente de lo ocurrido con el 23-F en los últimos años no es la vigencia de viejas teorías conspirativas repetidas una y otra vez en forma de variaciones sobre el mismo tema. Lo que más llama la atención es su migración político-mediática de la extrema derecha, que las alumbró en su día, a un sector creciente de la izquierda y del independentismo vasco y catalán. Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, afirmó que «el golpe de Tejero triunfa clamorosamente con su fracaso», entre otras cosas, porque de él salió «un rey remozado»[208]. Es la tesis de Jesús Palacios y del golpista Pardo Zancada: «El gran beneficiado del 23-F, aunque nadie lo diga tan claro, fue sin duda S. M. el Rey»[209]. Iñaki Anasagasti, histórico dirigente del PNV, ha sostenido reiteradamente que «el rey es el responsable del 23-F»[210]. «Hay mucha farsa en cómo nos han contado el 23-F», declaró en una entrevista; «aparece el rey defendiendo la democracia y no es verdad»[211]. «El rey es “la pieza que falta” en el puzle del golpe», afirmó en otra ocasión, poco antes de cumplirse el trigésimo aniversario del 23-F, citando las memorias de Pardo Zancada[212].

Un par de años después, también en vísperas del aniversario del golpe, Iñaki Anasagasti insistía en la misma idea, esta vez basándose en la lectura de unos supuestos retazos de memorias de Sabino Fernández Campo referidos al 23-F, que el antiguo jefe de la Casa Real le dejó leer en una cafetería madrileña. El texto de Anasagasti, que pretende ser una transcripción apresurada del relato escrito por Sabino la noche anterior, demostraría que el jefe del Estado estaba al corriente de lo que iba a suceder y era cómplice o cerebro de la operación. Su actitud cambió, sin embargo, al enterarse de que Tejero y sus hombres habían irrumpido a tiros en el hemiciclo de las Cortes. «Eso no estaba previsto», le habría dicho el rey por teléfono a alguien a quien llamaba por su nombre de pila: Alfonso. «Los tiros no estaban previstos», le repitió a Sabino tras colgar el teléfono. Ante esa circunstancia inesperada, hubo que cambiar de planes y encargar al secretario de la Casa Real, ajeno a todo lo que el rey había tramado a sus espaldas, una respuesta adecuada a la nueva situación. Sabino tomó el mando, hizo las llamadas pertinentes e impidió que Armada fuera a la Zarzuela, como pretendía don Juan Carlos. Actuó un poco por su cuenta, pero en un momento dado tuvo que ir al despacho de Su Majestad a informarle de sus últimas gestiones. Al abrir la puerta se llevó lo que califica como «la sorpresa de mi vida»: el rey estaba brindando con champán (no nos dice con quién; tal vez con la reina). Sabino se indigna, llama al orden a don Juan Carlos —«Estamos al borde del precipicio y usted está brindando con champán»— y le hace ver que aquello puede ser el final de su reinado. La expresión de Su Majestad cambia de repente. Primero se le muda el color de la cara, luego empiezan a temblarle las manos y finalmente, casi llorando, implora a su fiel secretario: «¡Sabino, por favor, sálvame! ¡Sálvame, salva a la Monarquía, ahora mismo no sé lo que hago ni qué decir!». Sabino no consigue tranquilizarle. El rey se derrumba: «¡Yo lo sabía!». ¿El qué?, pregunta, atónito, su secretario. La respuesta del Borbón estaba clara: «Lo que iba a pasar». Se ha dado cuenta de su error y se pone definitivamente en manos de Sabino, que le insta a hablar con los capitanes generales y los miembros de la JUJEM. El resto de lo que ocurrió aquella noche se lo reserva para el siguiente capítulo.

Tras leer aquellos folios y tomar sus notas, Anasagasti no puede reprimir su sorpresa: «Esto es una bomba, Sabino […] Esto cambia la Historia». Así es, le dice el antiguo hombre de confianza de Su Majestad. Pero era la verdad, y a riesgo de las consecuencias que pudiera tener para él, creía que había llegado el momento de contarlo todo. El relato de Anasagasti, incluyendo un largo fragmento entrecomillado tomado del supuesto texto de Sabino, fue publicado en su blog con el título «Recuerdos de Sabino Fernández Campo. Lo que pasó de verdad el 23-F»[213], y tuvo una amplia difusión tanto en prensa escrita —El Periódico lo reprodujo ese mismo día— como en blogs y medios digitales vinculados a la izquierda y al independentismo catalán, como Racó Català, que lo publicó traducido, y L’Unilateral. El digital de la República Catalana. También en algún libro de historia, como el titulado El libro negro del Ejército español, de Luis Gonzalo Segura, que cita el texto como argumento de autoridad para demostrar la implicación del rey en el golpe[214]. La polémica, sin embargo, se extinguió enseguida, pese a la gravedad de las revelaciones realizadas por Anasagasti y a la notoriedad de la figura del antiguo jefe de la Casa Real. ¿Acaso intervinieron los poderes del Estado en una operación de control de daños que permitió silenciar aquel testimonio? Puede que la cosa fuera más simple. Anasagasti firmó el texto como «Jovellanos» en homenaje póstumo a Sabino Fernández Campo, asturiano, como el gran pensador ilustrado, pero también como una forma, por lo que se ve poco eficaz, de insinuar que en realidad se trataba de un texto apócrifo, un pequeño divertimento histórico que no había que tomarse al pie de la letra. Así lo reconoció al día siguiente —era «un diálogo simulado de lo que podría haber sido», declaró a Catalunya Ràdio— y comprobar que la mayoría de sus lectores no habían captado el guiño. Ni por esas: incluso entonces, hubo quienes se negaron a admitir la realidad. «Jo ho sabia», tituló Racó Català: «La veritat del 23-F i el rei segons Iñaki Anasagasti (abans de fer-se enrere el dia després)»[215]. El episodio dice mucho de la irresistible atracción que la fabulación y la mentira ejercen sobre el independentismo catalán.

Nada más se supo durante algún tiempo de ese sensacional testimonio del antiguo jefe de la Casa Real reproducido por Anasagasti. Sin embargo, cinco años después la pieza publicada en su blog tendría una segunda vida al reeditarse en el medio digital ultraderechista mediterraneodigital.com bajo un titular de gran impacto: «Los papeles del 23-F salen a la luz: “El Rey Juan Carlos organizó el golpe de Estado”»[216]. A continuación se remitía al texto de Iñaki Anasagasti, que en ningún momento se refería a la desclasificación de «los papeles del 23-F». A la transcripción de «los recuerdos de Sabino» se añadía ahora el fake sobre los papeles del golpe. Doble patraña. Por esta razón, diversos medios, como Maldito Bulo, Onda Cero y El HuffPost, publicaron un rotundo desmentido a mediterraneodigital.com. Para entonces la información ya había sido recogida en las redes sociales y reenviada hasta convertirse en viral. Lo más interesante era el perfil político de quienes se hicieron eco del titular de mediterraneodigital.com y del texto incluido por Anasagasti en su blog cinco años atrás. Predominaban los usuarios individuales y colectivos vinculados al independentismo catalán, como Mossos per la República Catalana —«Els papers del 23-F surten a la llum: El rei Juan Carlos I de España va organitzar el cop»—, que dieron por buena la historia urdida por el exsenador del PNV y difundida por mediterraneodigital.com. «Ja era hora!!!! A veure què diuen ara els monàrquics», comentó airada una usuaria de Twitter al leer la información. Alguien advirtió del oscuro origen político de la página de la que procedía la noticia, pero enseguida surgió otro usuario que ofreció un argumento concluyente para creer en la veracidad de lo publicado sobre la implicación del rey en el 23-F: «Quan els mossos ho diuen serà veritat. Confiança plena en Mossos X la República!».

Es asombrosa la trayectoria seguida por el relato de Anasagasti sobre las supuestas revelaciones de Sabino Fernández Campo, fallecido cuatro años antes. Del blog del político independentista vasco pasó a un medio ultraderechista y de este al independentismo catalán y a su universo paralelo de agit-prop. Se echó de menos esta vez la intervención de la izquierda en el último y más sonado coletazo del debate provocado por Anasagasti, en el que estuvo presente al principio, atraída por su posible explotación contra la monarquía, pero temerosa, quizá, de hacer el ridículo si se demostraba su falsedad. En otras ocasiones, Izquierda Unida y otras formaciones afines dieron estado oficial a las sospechas alentadas por ciertos testimonios sobre lo sucedido el 23 de febrero de 1981. «La izquierda exige que se aclare el papel del rey en el golpe del 23-F», anunció el diario Público en febrero de 2012, después de que Der Spiegel publicara un informe remitido en 1981 al Gobierno alemán en el que el embajador de la RFA en Madrid aseguraba que el rey mostró «comprensión, cuando no simpatía» hacia los golpistas en una reciente conversación que había mantenido con él. La publicación de este documento llevó a diversos partidos de izquierdas, desde Izquierda Unida hasta Esquerra Republicana de Catalunya, a solicitar al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que investigara el papel del rey antes, durante y después del golpe. «Las acusaciones son muy graves», declaró el diputado de IU Gaspar Llamazares. En palabras de la diputada Laia Ortiz referidas al rey Juan Carlos, «su supuesta actuación modélica frenando el golpe, salta ahora por los aires». El «papanatismo juancarlista» tenía, según ella, los días contados[217].

Un sector de la izquierda se había propuesto darle la vuelta a la verdad oficial sobre el 23-F y acabar con este y con otros mitos fundadores de la democracia española, como la reconciliación nacional, la amnistía y el consenso. Quedaban lejos los tiempos en que el diputado comunista y dirigente de Comisiones Obreras Marcelino Camacho, al aprobarse en 1977 la Ley de Amnistía, calificaba como «casi un milagro» aquello que tan solo un año antes «parecía imposible»: pasar de una dictadura a una democracia «sin traumas graves»[218]. Cuarenta años después, una parte de la izquierda y de sus terminales mediáticas e historiográficas consideraba que la democracia española procedente de la transición era una falsa democracia, continuadora del franquismo por otros medios, o, como mucho, una democracia de baja calidad, lastrada por sus vicios de origen. Había que demoler los pilares sobre los que se asentaba la supuesta legitimidad del «régimen del 78» y poner las bases para una nueva y auténtica democracia. En este empeño nunca le faltaría a la izquierda el apoyo del independentismo vasco y catalán, consciente de la fuerza rupturista de un relato que pusiera fin al «papanatismo juancarlista» y en general a la herencia política y simbólica de la transición democrática. ¿Cómo que el Borbón había salido en televisión defendiendo la democracia ante un golpe de Estado? ¿Dónde se había visto que un político surgido de las entrañas del franquismo, como Suárez, actuara como si fuera la encarnación de la soberanía popular o que un militar que hizo la guerra con Franco, como Gutiérrez Mellado, hiciera frente a los golpistas? Eso no podía quedar así. Había que desactivar en el pueblo español cualquier vínculo emocional —la gratitud al rey, el respeto a Suárez, la admiración a Gutiérrez Mellado— que le uniera a la «inmaculada transición».

La obra cumbre de esta revisión iconoclasta del 23-F es el falso documental Operación Palace, concebido y dirigido por Jordi Évole y emitido por La Sexta el 23 de febrero de 2014. El argumento era tan creíble como podía haberlo sido cualquier otra versión alternativa del golpe, por disparatada que fuera. El 23-F resultaba ser una farsa organizada por los principales partidos e instituciones del momento, desde la monarquía hasta el PCE, para fortalecer una democracia tambaleante. Había que crear artificialmente una crisis de tal gravedad que obligara al rey a intervenir con un discurso televisado en defensa del orden constitucional. De esta forma, mediante un espectacular golpe de efecto, se abortaría la operación involucionista que estaba en marcha y se reforzaría el papel de la Corona como puntal del régimen democrático.

La operación se fraguó en una reunión que mantuvieron Sabino Fernández Campo, en representación del rey, Adolfo Suárez, el general Gutiérrez Mellado y los líderes de los principales partidos políticos en una habitación del Hotel Palace de Madrid en enero de 1981. En ella, Gutiérrez Mellado expuso un ingenioso plan que causó estupor en los asistentes: dar un falso golpe de Estado anticipándose a quienes querían darlo de verdad. Todos, desde Felipe González hasta Manuel Fraga y Santiago Carrillo, pese a su perplejidad inicial, acabaron aceptando la operación en cuanto supieron, tras una llamada de Sabino a la Zarzuela, que el rey daba su consentimiento. Una vez alcanzado el acuerdo entre los protagonistas, había que resolver varios problemas de gran importancia para poder ponerlo en práctica. La ocasión y el lugar del golpe los propició Suárez con su dimisión, que hizo inevitable la convocatoria de un pleno del Congreso. No había mejor escenario, como señaló el director de cine José Luis Garci, encargado de la realización televisiva del falso golpe. El único personaje ajeno a la trama era Tejero, que se enteró de todo por Armada en la conversación que tuvieron en el Congreso ya en la mañana del día 24. No fue fácil que depusiera su actitud tras sentirse engañado por todo el mundo, pero una compensación de veintitrés millones de pesetas facilitó mucho las cosas.

Todo salió redondo. Se cumplió la condición inexcusable de que no hubiera víctimas. El rey quedó como salvador de la democracia. El riesgo de un golpe de verdad se conjuró tal vez para siempre. El PSOE vio allanado su camino hacia el Gobierno, que obtuvo por mayoría absoluta un año y medio después. José Luis Garci recibió al año siguiente un óscar por su película Volver a empezar —un guiño evidente a lo ocurrido tras el 23-F— en compensación por su trabajo en el falso golpe. Estados Unidos consiguió que España entrara en la OTAN, según lo pactado en la Operación Palace. Que todo el mundo saliera ganando explicaría que durante más de treinta años se hubiera mantenido el gran secreto de la transición, cuyo momento estelar quedaba reducido a una monumental estafa al sufrido pueblo español. No es de extrañar que entre los ciento treinta mil comentarios que circularon por Twitter durante el programa predominara la idea de que la versión oficial del 23-F había sido una completa engañifa. Misión cumplida. Luego vino lo que el realizador del programa, Víctor Morilla, llamó «la noche de los tuits borrados», cuando la gente se dio cuenta del engaño (este sí) y empezó a eliminar lo que había escrito según lo iba viendo. De todas formas, como ocurrió con el relato de Iñaki Anasagasti sobre el 23-F, muchos siguieron creyendo, a pesar del chasco final, que en el fondo Operación Palace contaba la verdad.

En él participaron con su falso testimonio políticos y periodistas como Jorge Verstrynge, Federico Mayor Zaragoza, Iñaki Anasagasti —quién si no—, Joaquín Leguina, Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo, que pasado el tiempo, tal vez algo arrepentido, calificó el programa de «travesura», como quitándole hierro al asunto. Suya es una de las últimas intervenciones, cuando se ha desvelado ya que se trata de una ficción y cada uno de los participantes la justifica a su manera: «Las cosas —dirá Gabilondo refiriéndose probablemente a la democracia—, cuando están colocadas en un lugar demasiado sagrado, en una especie de nicho con flores, con la gente haciendo genuflexiones, no son buenas». Lo peor de la prevaricación periodística perpetrada por Jordi Évole se encuentra en esta explicación y en otras parecidas con las que se ha defendido la mayor mentira jamás contada sobre la transición democrática y el golpe de Estado. Así, en la entrada que Wikipedia dedica a Operación Palace puede leerse que el documental emitido por La Sexta «pretendía crear un sentido crítico en los espectadores, servirles como llamada de atención para que sean capaces de filtrar y de contrastar las informaciones que reciben a diario en los distintos medios de masas». Por el contrario, «la versión oficial [del 23-F], sin pruebas, difundida en 1981 […] se mantiene en la actualidad» sin nada que demuestre su veracidad y con muchos motivos para sospechar de ella. La moraleja goebbelsiana que se desprende del documental podría formularse así: una mentira fabricada por los nuestros siempre será mejor que una verdad contada por los otros. En la era de las fake news, Operación Palace destaca por ser una estafa al espectador disfrazada de superioridad moral. Ahí radica su indudable originalidad.

Estremece pensar qué nos estarían contando del 23-F Jordi Évole o Iñaki Anasagasti si no existiera el vídeo grabado por TVE de aquellas horas dramáticas. Como dijo la diputada socialista Elena Valenciano cuando se presentó La gran desmemoria de Pilar Urbano, «quien nos libró del golpe fue su majestad el rey. Eso sí que lo sé, porque lo vi». No es tan fácil, como se ve, borrar la experiencia colectiva ligada a la imagen, al menos parcial, de lo que ocurrió en los principales escenarios del golpe. A partir de esa memoria poliédrica constituida por el vídeo de televisión, las fotografías tomadas en los primeros momentos del asalto al Congreso y algunos testimonios orales, compuso Javier Cercas su libro Anatomía de un instante. Es el gran episodio nacional del 23-F, con su dosis de fabulación literaria, algo de experimento histórico y mucho de estudio psicológico de Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Manuel Gutiérrez Mellado, los tres personajes que supieron mantener el tipo frente a los golpistas. El éxito de Anatomía de un instante debe mucho a una clave histórico-psicológica que marcaría la personalidad de Suárez: la aplicación a su caso de la historia contada en Il generale Della Rovere, la película realizada por Roberto Rossellini en 1959 e inspirada en una novela homónima de Indro Montanelli. Su protagonista, un ladrón de poca monta llamado Emanuele Bardone, decide suplantar a un héroe de la resistencia italiana contra la ocupación alemana, el general Della Rovere, y dejarse ajusticiar para salvarle la vida. Este gesto sacrificial le convierte en un personaje completamente distinto, que adquiere una dimensión épica impropia de una trayectoria como la suya. De ser un aprovechado sin principios pasa a ser un idealista que en un arrebato de heroísmo se deja matar por una causa que ni siquiera es la suya. Adolfo Suárez, considerado por sus detractores un arribista de la democracia, no llegó tan lejos en el sacrificio, pero se comportó con la dignidad y la valentía propias de quien cree en aquello que representa.

En realidad, la comparación de Suárez con el general Della Rovere no es una creación de Cercas, sino un símil que figura ya en algunas semblanzas del presidente del Gobierno mucho antes de Anatomía de un instante. En el marco de esta historia, el paralelismo funciona con especial eficacia y da sentido a toda una visión de la condición humana que se condensa en el instante novelado por el autor. La diferencia a veces sutil entre héroe y villano. La imprevisibilidad del individuo colocado en una situación límite, como una guerra o un golpe de Estado, y su capacidad para cambiar su destino. Al lado de los grandes protagonistas de la obra, sobre todo Suárez, la figura del rey queda empequeñecida, pese a su aparición estelar por televisión, y su papel en los meses previos abiertamente cuestionado por su contribución a la caída en desgracia del presidente, aunque luego se redimiera en la noche del 23-F. De Armada y Tejero nos ofrece una brillante reconstrucción, algo esperpéntica, pero bastante fiel al original, de su encuentro en la sala acristalada del edificio nuevo del Congreso. Ahí se acabó lo que quedaba del golpe, cuando el teniente coronel se negó a secundar el plan de Armada de dirigirse a los diputados y ofrecerse como presidente de un Gobierno de salvación nacional. Ni siquiera cuando Milans ordenó a Tejero que obedeciera al 2.º JEME se prestó a participar en aquella «chapuza», como la llamó cuando se lo contó por teléfono a su amigo García Carrés. Lo que hubiese ocurrido en el hemiciclo en caso de que hubiera permitido a Armada dirigirse a sus señorías es algo que nunca sabremos. Lo normal es que, desautorizada como estaba por la Zarzuela, la Operación Armada acabara estrellándose en el siguiente obstáculo. No llegó tan lejos. Cuando al final se vio que no había entendimiento posible entre ellos, Armada y Tejero, vistos desde fuera de aquella salita acristalada, parecían —nos dice Javier Cercas— «dos peces boqueando en el interior de una pecera sin agua»[219].

La actitud más difícil de entender es sin duda la de Alfonso Armada. Su papel y el del CESID, probablemente conectados, constituyen casi cuarenta años después la gran incógnita del golpe. Si fue, como le dijo el rey a Suárez, «el cerebro de todo», resulta inexplicable que unos días antes informara a Gutiérrez Mellado «de la posibilidad, y para mí certeza, de un próximo Golpe militar, violento»[220]. Lo mismo se puede decir del temor que le expresó al general Sáenz de Tejada en la mañana del día 23 de que Milans del Bosch hiciera un disparate. ¿A qué estaba jugando? La explicación del JEME Gabeiras Montero, su superior y hasta entonces amigo, es que Armada no estaba implicado en el golpe, aunque podía estar enterado, pero se acabó metiendo de lleno a lo largo de aquella tarde[221], tal vez arrastrado por esa afición a la política que el propio Gabeiras le atribuye. Es interesante el comentario, ya citado, que la opinión del JEME le mereció a su secretario, el coronel Cuesta: «Creo», le dice a Gabeiras, «que tienes que cambiar esto. [Armada] Estaba en el golpe con anterioridad al 23-F. Largo de explicar, pero cambia ampliamente tu tesis»[222].

Que Armada llevaba meses dejándose querer como presidente de un Gobierno de concentración nacional es algo en lo que coinciden todas las fuentes. Está en artículos de prensa anteriores al 23-F, en el testimonio oral y escrito de políticos de toda condición, en las declaraciones de los golpistas y en la amarga queja de Suárez a Fernando Álvarez de Miranda en vísperas de las Navidades de 1980: «Ese es el mensaje que me mandan hasta los socialistas: un gobierno de coalición presidido por un militar, el general Armada. No aceptaré ese tipo de presiones —le dijo Suárez—, aunque tenga que salir de la Moncloa en un ataúd»[223]. Por mucho que Armada lo negara hasta su muerte, ese nivel de consenso entre fuentes tan diversas, incluso antagónicas, sería imposible si no respondiera a la verdad. Su posición de bisagra entre una operación seudoconstitucional para sustituir a Suárez y la conjura golpista de Milans y Tejero explicaría sus andanzas a lo largo del mes de enero, incluso su alarmismo ante el rey como una forma de precipitar la caída de un Gobierno a la deriva.

La dimisión de Suárez y la propuesta de Calvo-Sotelo como candidato a la presidencia pudieron llevarle o bien a renunciar a sus planes y salirse de la conspiración, al darse por satisfecho con el cambio de Gobierno, o bien a dar un sesgo abiertamente rupturista a sus maniobras para hacerse con el poder, en vista de que el rey había dejado pasar la oportunidad de utilizarle como solución de recambio. Esto último le echaría definitivamente en brazos del núcleo duro del golpe, y eso a pesar de lo difícil que le iba a resultar controlar a alguien como Tejero. Sabía que no podía manejarle personalmente por su falta de ascendiente y de mando directo sobre él y por lo comprometido que era entrar en contacto con alguien tan señalado. Así pues, intentó hacerlo por persona interpuesta. El comandante Cortina, del CESID, sería el encargado de lanzar a Tejero y el general Milans de neutralizarlo una vez cumplida su misión. Este tira y afloja tenía que realizarse con suma precisión —arrancar y frenar justo a tiempo— para que él pudiera desempeñar su papel de salvador sin interferencias ni condicionamientos. Quedaba el rey, sin cuyo plácet todo aquello sería inútil. Su antiguo preceptor confiaba en que ante la magnitud de la crisis Su Majestad acabara cediendo y le entregara el poder. La intensidad de la presión se podía regular a conveniencia, según la respuesta del rey: a menos receptividad más presión. Por eso, cuando en la Zarzuela se cierren en banda a sus iniciativas, la reacción de Armada será pintar la situación mucho peor de lo que era, con capitanes generales a punto de sublevarse por doquier.

Esto explicaría el plan que llevó al Congreso para negociar con Tejero y la composición del Ejecutivo que pensaba presidir. El perfil anti-Suárez de los miembros de ese gabinete fantasma sugiere que lo tenía pensado ya antes de la dimisión. Con algunos había contactado previamente. Otros —seguramente la mayoría— no tenían ni idea de que Armada les había incluido en una lista mental de ministrables por el mero hecho de hablar mal de Suárez, que era el principal, si no único, punto en común de la coalición negativa que se había formado contra él en los meses anteriores. En los días y horas previos al golpe, Armada fue contando a quien quería escucharle que había un grave peligro en ciernes, e incluso señaló a Milans del Bosch como posible artífice de un «disparate». O se dio cuenta de que había jugado a aprendiz de brujo y quiso pararlo todo antes de que fuera demasiado tarde o pretendía conseguir en segunda instancia lo que no había logrado al dimitir Suárez: convencer al rey de que la situación seguía fuera de control y de que el nombramiento de un presidente continuista como Calvo-Sotelo no serviría de nada. Ese escenario justificaría la operación que encabezaba como una suerte de cortafuegos frente al golpismo. Hay, pues, dos hipótesis para explicar el extraño papel de Alfonso Armada: que se salió de la conspiración tras dimitir Suárez y retomó sus planes al producirse el golpe —una posibilidad que encaja en la teoría de Gabeiras— o que siempre estuvo dentro de la conjura, aunque jugando a dos bandas y utilizando a sus compañeros de conspiración en su propio beneficio. La verdad oficial establecida por los tribunales corresponde más bien a la segunda. Es una verdad imperfecta, porque hay cosas que siguen sin comprenderse, pero se aproxima mucho más a lo ocurrido que aquellas interpretaciones creativas, como las de Iñaki Anasagasti o Jordi Évole, y en parte la de Pilar Urbano, que no dejan cabos sueltos porque son mentira.

Al final, para entender el 23-F y sus consecuencias históricas hay que volver a los vídeos del golpe. Pardo Zancada reconoce su extrañeza por la reiterada emisión de esas imágenes, en las que los padres de la patria muestran una actitud muy poco edificante al echarse al suelo cuando los hombres de Tejero ametrallan el hemiciclo. Su efecto en la opinión pública tenía que ser, según él, contraproducente si lo que se pretendía era reforzar la credibilidad de la democracia y el prestigio de su clase política. Él mismo reconoce, sin embargo, que lo que él llama «la estética» del golpe sufrió un daño irreparable en momentos cruciales, como el forcejeo entre los guardias civiles y Gutiérrez Mellado. El significado de la escena estaba al alcance de cualquier espectador, que pudo ver con sus propios ojos cómo, frente a un grupo de guardias civiles que ha irrumpido a tiros en la sede de la soberanía nacional, emerge la figura de un general de paisano, que les hace frente desarmado, sin más atributos que su sentido de la disciplina y de la dignidad. Hay dos ejércitos frente a frente: el de los asaltantes, que gritan y actúan como atracadores de bancos, y el de un militar enjuto y valiente, que solo puede provocar admiración. Es una forma inédita de pronunciamiento, la del general sin espada y sin caballo que defiende a la soberanía nacional de sus enemigos.

Conviene destacar el hecho de que nadie en el hemiciclo supiera que las cámaras de televisión seguían grabando, porque eso añade autenticidad al comportamiento de unos y otros. Cada cual se muestra tal cual es, sin tiempo para pensar su reacción y la trascendencia que pueda tener. Cuando los guardias disparan sus armas, Suárez, sin saber que hay una cámara enfocándole, decide permanecer sentado, impasible ante la coacción, dando toda una lección de dignidad institucional que contradice su fama de arribista apegado al poder. Su gesto instintivo constituye en sí mismo una proclama a favor de la soberanía nacional y de la supremacía del poder civil; un discurso sin palabras, pero de una elocuencia comparable a la de las mejores piezas oratorias pronunciadas en el Parlamento. Frente a la desafección que la política-espectáculo, con su punto de impostura, produce en la ciudadanía, aquel gesto sencillo demostraba que la democracia española tenía un presidente, aunque fuera en funciones, a la altura de lo que representaba y del poder que el pueblo soberano había puesto en sus manos. Algo parecido podría decirse de Santiago Carrillo, consciente de lo que hubiera significado que el máximo dirigente del comunismo español doblase la cerviz ante los golpistas. Tampoco él sabía entonces que su imagen pasaría a la posteridad. Ni siquiera sabía si viviría para contarlo.

Se ha comentado ya el efecto fulminante de la aparición del rey en televisión en el desarrollo del 23-F. Unos minutos después, Milans ordenaba el regreso a los cuarteles de los tanques desplegados en Valencia. Era el reconocimiento del fracaso del golpe ante la imposibilidad de conseguir el apoyo de la Corona o, al menos, de arrancarle una neutralidad benévola que hubiera bastado para el triunfo de la sublevación. Aquello fue el principio de una larga luna de miel entre la monarquía y la democracia, que la extrema derecha nunca le perdonó a Juan Carlos I. Su comportamiento supuso una inyección de legitimidad en el régimen democrático nacido en la transición, que adquiría así una grandeza insospechada, reforzada por la penosa imagen que dejaron sus enemigos tanto durante el golpe como en el consejo de guerra celebrado un año después.

Hubo otro episodio, también grabado en vídeo, cargado de un especial simbolismo. En la mañana del día 24, con la intentona ya fracasada pero antes de la rendición de los asaltantes, una cámara de televisión muestra cómo un grupo de guardias civiles abandona el edifico nuevo del Congreso por una ventana situada casi a la altura de la calle. Es una escena tan deshonrosa que el general Aramburu, que llevaba horas intentando que los guardias salieran de las Cortes, declaró que «con gusto los hubiese vuelto a meter dentro». Era un digno colofón a aquellos «tres minutos dramáticos y diecisiete horas grotescas» que, según Calvo-Sotelo, había sido el 23-F[224]. Pero la escena encierra además una pequeña lección de historia comparada. Se cuenta que en el golpe de Estado del general Pavía contra la Primera República en enero de 1874, al irrumpir los soldados en el hemiciclo del Congreso, se desencadenó tal pánico entre los padres de la patria que algún diputado quiso ponerse a salvo descolgándose por una ventana ante el asombro del general Pavía: «Pero, señores», les dijo a sus señorías, «¿por qué saltar por las ventanas cuando pueden salir por las puertas?»[225]. Alguien les podía haber dicho lo mismo a los guardias que abandonaban de esa forma el edificio del Congreso.

El comandante golpista Pardo Zancada sabía de qué hablaba cuando, al negociar las condiciones del «pacto del capó», exigió que en la salida de los rebeldes no hubiera prensa ni televisión[226]. Pero la hubo, y lo que dejaron para la posteridad aquellas cámaras mostraba un hecho de suma trascendencia: que, a diferencia de lo ocurrido en 1874, esta vez los que escapaban por las ventanas del Congreso de los Diputados eran los enemigos de la democracia. Decía Marx que cuando se expulsa a la historia por la puerta acaba entrando por la ventana. En el 23-F, las cosas sucedieron a la inversa, porque el golpismo entró a saco por la puerta del Congreso y acabó huyendo a hurtadillas por la ventana de la historia.

Epílogo. El golpe que acabó con todos los golpes (¿o no?)

EPÍLOGO

EL GOLPE QUE ACABÓ CON TODOS LOS GOLPES (¿O NO?)

El 23-F fue portada en los principales periódicos del mundo occidental, que ilustraron la noticia con alguna de las fotografías tomadas en el interior del Congreso de los Diputados. The New York Times, La Stampa y Le Figaro, entre otros, reprodujeron la foto de Manuel Pérez Barriopedro que mostraba a Tejero blandiendo su pistola en la tribuna del hemiciclo. Su plasticidad y dramatismo, además de la gesta de su autor al conseguir sacarla de allí, le valieron el premio World Press Photo of the Year, que la consagró como la imagen por excelencia de aquel momento histórico y de su profundo, aunque controvertido, significado. La visión de Tejero con su tricornio, su bigote y su pistola se prestaba a las interpretaciones más risibles y folclóricas del 23-F, como la que llevó a un periódico sueco a titular «Un torero asalta el Parlamento español»[227]. No era una broma, sino el resultado de aplicar el viejo estereotipo romántico acuñado en el siglo XIX a un golpe de Estado de finales del siglo XX. La España eterna del bandolerismo, la guerrilla y la tauromaquia, popularizada por Mérimée y Gautier, se colaba en la portada de un periódico escandinavo por el resquicio de la rabiosa actualidad.

Hubo otros ejemplos de identificación del 23-F con un pasado contumaz que se resistía a desaparecer. La Stampa tituló «Fantasmi del passato» su reflexión sobre los sucesos ocurridos en España y The Daily Mirror, fiel a su estilo, no pudo evitar la tentación de recurrir al sensacionalismo más tremendista: «Spain: Civil War». Los análisis más serios señalaron la debilidad de la democracia española entre las causas del golpe y la consolidación de la figura del rey entre sus consecuencias. Tras la sentencia del tribunal que juzgó a los golpistas un año después, se debatió de nuevo sobre la fortaleza de las instituciones y el grado de ejemplaridad de las condenas. Aunque Le Monde las calificó de «ambiguas» —severa con Tejero y Milans e indulgente con los demás procesados—,[228] la impresión general fue que la España democrática había superado la prueba.

El viejo militarismo carpetovetónico daría todavía algún coletazo, como el complot descubierto en Madrid a principios de octubre de 1982, que advertía de la existencia de flecos de las tramas golpistas previas al 23-F. La detención de tres jefes militares abortó la intentona prevista para el 27 de octubre, víspera de las elecciones generales, y los comicios se pudieron celebrar con toda normalidad. Tanto la alta participación, superior al 80 por ciento del censo, como la mayoría absoluta del PSOE confirmaron el aislamiento social de la ultraderecha, que cosechó un rotundo fracaso electoral. Blas Piñar perdió el escaño conseguido en 1979 y Solidaridad Española, la candidatura patrocinada por Tejero desde la cárcel, obtuvo 28 541 votos. Por el contrario, la joven democracia disfrutaba de un sólido apoyo popular tras una etapa de inestabilidad y desencanto. Poco a poco fue creciendo la sensación de que el peligro de un golpe de Estado se alejaba tal vez para siempre.

Por el camino quedó un intento de magnicidio planeado por un reducido grupo de ultras civiles y militares en 1985, que no fue desvelado hasta seis años después[229]. Los conjurados pretendían volar con cien kilos de explosivo la tribuna de autoridades en el desfile de las Fuerzas Armadas que iba a tener lugar en La Coruña con la asistencia de los reyes, el presidente del Gobierno, el ministro de Defensa y la cúpula militar y, de esta forma, crear un vacío de poder que hiciera posible un cambio de régimen. «Después de 1981 —declaró años después uno de los implicados—, quedó claro que el golpe no podía hacerse con el Rey ni pese al Rey, sino contra el Rey. Para nosotros, era un perjuro y un traidor»[230]. Cuando se hizo pública la lista de los implicados, la mayoría de ellos «náufragos» de complots anteriores —Ynestrillas, Pardo Zancada, Crespo Cuspinena…—, se vio que el golpismo había sido incapaz de renovar sus cuadros y seguía viviendo de la generación de militares involucionistas de la transición, algunos expulsados ya del Ejército. Un par de meses antes de la fecha prevista para el atentado decidieron suspender la operación al saber que el CESID había descubierto sus planes. El Gobierno optó por no dar publicidad al asunto para no resucitar el fantasma del golpismo. «Después de lo del 85», dirá doce años después un exministro socialista, «no hubo más»[231].

El fracaso del golpe de Tejero impulsó la democracia, escribió Los Angeles Times al cumplirse diez años de la muerte de Franco[232]. Que un fallido golpe de Estado apuntale aquello que pretende derribar no es algo extraordinario. Algunos diputados, al ser liberado el Congreso en la mañana del 24 de febrero, vaticinaron que la derrota de los sublevados haría más fuerte al régimen constitucional. Ocurrió en la Segunda República con el fracaso del levantamiento de Sanjurjo en agosto de 1932 y en el Trienio Liberal con la sublevación del 7 de julio de 1822, la contrarrevolución que pretendía poner fin a la experiencia liberal iniciada con el pronunciamiento de Riego en 1820. Pero en ambos casos ese efecto vigorizante duró poco tiempo y los enemigos del régimen consiguieron reagruparse e ir a por todas en la siguiente ocasión. Lo mismo se puede decir de la asonada militar de junio de 1973 en Chile —«el tanquetazo»—, que creó una falsa ilusión, tres meses antes del golpe de Pinochet, de fortalecimiento del Gobierno de Salvador Allende. En otros casos, ni siquiera existió ese espejismo. La frustrada rebelión del general Kornilov en Rusia contra Kerensky en agosto de 1917 debilitó aún más al Gobierno provisional y lo dejó a merced de los bolcheviques, los grandes beneficiarios de aquella intentona, que no tardaron en hacerse con el poder mediante una insurrección armada de signo contrario. Se podrían aducir otras muchas excepciones a la existencia de una relación causa-efecto entre el fracaso de un golpe de fuerza y la consolidación del sistema político contra el que iba dirigido.

No hay, por tanto, una ley histórica que haga inevitable tal cosa. Para que eso ocurra, el régimen agredido tiene que saber aprovechar la oportunidad —tal vez la última— que le brindan sus enemigos. En el caso del 23-F, se puede decir que tanto las instituciones democráticas como los militares rebeldes hicieron todo lo necesario para que el Estado constitucional sacara el mayor rédito de su victoria. Por un lado, los golpistas dieron una penosa imagen de sí mismos durante aquellas «diecisiete horas grotescas», como las llamó Calvo-Sotelo, y en el juicio celebrado al año siguiente. Por su parte, los gobiernos posteriores manejaron la cuestión militar con habilidad y prudencia, siempre con el respaldo del rey. El involucionismo residual sabía que en ningún caso podría contar con la Corona para lograr sus fines.

La evolución general del país tampoco favorecía la causa del golpismo, cuyo margen de maniobra se fue reduciendo en los años siguientes hasta casi desaparecer. Aunque el terrorismo siguió golpeando con fuerza —el general Quintana Lacaci, hombre clave en el fracaso del 23-F, fue asesinado por ETA en 1984—, el número de víctimas descendió de forma notable respecto al fatídico año 1980, en parte gracias al comienzo de la colaboración francesa en la lucha antiterrorista. El ingreso de España en la OTAN en 1982 proporcionó a las Fuerzas Armadas una nueva razón de ser e hizo inaplazable su modernización y profesionalización, en detrimento de un concepto mesiánico de su cometido, focalizado tradicionalmente hacia dentro más que hacia fuera. La incorporación de España a la Comunidad Europea tres años después situó el futuro de nuestro país en el marco de la Europa democrática e hizo que cualquier opción involucionista se topara con aquello que el general De Gaulle llamó «la fuerza de las cosas». Demasiados obstáculos —Europa, la Corona, el aislamiento social del golpismo— para una causa tan incierta.

La nueva presencia internacional de España se tradujo en frecuentes misiones de paz de las Fuerzas Armadas españolas, en contacto permanente con los ejércitos de otros países de nuestro entorno de larga tradición democrática y civilista. Este efecto pedagógico de la internacionalización de su labor se añadía al cambio generacional entre la oficialidad y a los nuevos principios y valores de la enseñanza que había recibido. En las promociones formadas bajo la democracia en las distintas academias militares, los códigos del viejo militarismo habían dado paso a un ideal de servicio a la comunidad y al orden constitucional. Su imagen de eficacia y profesionalidad, forjada en conflictos internacionales y en crisis humanitarias, no tardó en traducirse en una alta valoración por parte de la sociedad española. En 2011, treinta años después del 23-F, el «Barómetro de Confianza Ciudadana» realizado por el diario El País situaba a la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas entre las instituciones y profesiones mejor valoradas de las cuarenta y una analizadas[233]. Desde, al menos, 1993 las fuerzas de seguridad del Estado vienen obteniendo una puntuación claramente positiva en las encuestas de opinión del CIS (6,27), en aquella ocasión solo superadas por la prensa y los medios de comunicación (6,41). En los últimos años, la Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas suelen figurar como las tres instituciones en las que la población muestra mayor confianza, muy por encima de los sindicatos y de los partidos políticos. Por el contrario, desde 1993 la opinión de los ciudadanos sobre los medios de comunicación ha empeorado sensiblemente. Cuando se compara su papel el 23-F —«la noche de los transistores»— con su desempeño actual, del que sirve de ejemplo el falso documental de Jordi Évole sobre el golpe de Estado, se entiende fácilmente por qué.

El vuelco histórico experimentado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto en su naturaleza como en su aprecio social, estuvo muy presente en los actos celebrados en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 2011, al cumplirse el trigésimo aniversario del golpe de Estado. Primero tuvo lugar un almuerzo al que asistieron el rey Juan Carlos y los principales líderes políticos en el momento del golpe —Felipe González, Santiago Carrillo, Miquel Roca y Manuel Fraga—, además del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de Landelino Lavilla y José Bono, presidentes de la Cámara Baja en 1981 y 2011, respectivamente. «Estamos mucho mejor que hace treinta años», declaró don Juan Carlos al llegar a las Cortes. Después, según las crónicas, departió amigablemente con unos y otros recordando aquellos hechos, de los que, en su opinión, ya se sabía todo; «y si no, lo inventan por ahí», añadió con su habitual desparpajo. Alfonso Guerra y Felipe González, por el contrario, pensaban que aún quedaban cabos sueltos, sobre todo en relación con la trama civil, aunque al menos —afirmó González— una cosa estaba clara: que el rey fue decisivo en el fracaso del golpe[234].

Ya por la tarde, se celebró en el hemiciclo un acto conmemorativo con la asistencia de 144 diputados que ocupaban asiento en las Cortes aquel 23 de febrero de 1981. Intervinieron desde la tribuna de oradores Landelino Lavilla y José Bono, a la sazón presidente de la Cámara Baja y secretario 4.º de la Mesa del Congreso treinta años atrás. «Esa noche», dijo Bono en su discurso, «el rey de España hizo por la democracia, sí, pero también por la Monarquía más que todos sus antepasados juntos». Su papel en defensa de la Constitución le valió, en su opinión, una legitimidad social que completaba la legitimidad jurídica que le venía de la Constitución y la dinástica heredada de sus antepasados. Bono destacó sobre todo la figura de Adolfo Suárez, que se hizo acreedor para siempre del respeto de todos los españoles, y el gran servicio a España que prestó en aquella ocasión «el soldado más firme y más leal: el teniente general Gutiérrez Mellado, símbolo de las libertades y de la democracia, al que los golpistas intentaron derribar aquí delante, incluso por la espalda, sin conseguirlo». A continuación, el presidente del Congreso dirigió su mirada a la tribuna de invitados para agradecer la presencia, más elocuente que cualquier declaración, de los jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos y de otros altos mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El realizador del equipo de televisión que estaba grabando el acto mostró en ese momento un plano medio de la tribuna ocupada por una docena de militares de uniforme, entre ellos alguna mujer, con los tres jefes de Estado Mayor en primera fila correspondiendo con el gesto a las palabras del presidente. Como las referencias a Suárez y a Gutiérrez Mellado, la alusión a los jefes de las Fuerzas Armadas arrancó también un prolongado aplauso a los asistentes. El discurso no podía terminar sin señalar la doble lección histórica que se desprendía de los hechos ocurridos aquel día: el golpe «sirvió de vacuna para nuevas felonías y de abono para cosechar tres décadas de libertad para los españoles […], el periodo de libertad continuada más largo de nuestra historia»[235].

Hay un adanismo inevitable, bien visible en las palabras anteriores, cuando se rememora el 23-F. A falta de una fecha fundacional única e indiscutible, aunque tanto el 15-J como el 6-D —primeras elecciones democráticas y referéndum constitucional— reúnan condiciones para serlo, el régimen democrático nacido en la transición ha convertido el fracaso del golpe de Estado en un momento de refundación de sí mismo, con toda la épica y el dramatismo que suelen acompañar a las grandes fechas históricas. Pero en su celebración en 2011 había mucho también de fin de ciclo, sin que sus protagonistas fueran conscientes de ello. Apenas tres meses después, arrancaba con una concentración en las principales ciudades españolas el movimiento 15-M, en protesta por las consecuencias de la crisis social y económica desencadenada en 2008. Del 15-M se derivaron un creciente cuestionamiento del llamado «régimen del 78» y una severa corrección del bipartidismo imperfecto imperante desde 1977, puesto en entredicho por la aparición y relativa pujanza de Podemos, un partido político surgido de aquel movimiento, que se sentía desligado de cualquier consenso previo. La Corona, por su parte, se encontraba en los prolegómenos de un verdadero cataclismo en su imagen pública, que llevaría a la abdicación de Juan Carlos I tres años después. El modelo autonómico establecido por la Constitución estaba a punto de sufrir en Cataluña un desafío sin precedentes, provocado por la evolución del nacionalismo catalán hacia posiciones abiertamente independentistas. Todo guardaba relación —crisis económica, territorial e institucional— dentro de un cuadro general de ruptura de los grandes consensos de la transición, reforzados el 23-F por el fracaso del golpe. Sembrar dudas sobre lo ocurrido entonces era otra forma de debilitar a un régimen cuya legitimidad venía en parte de aquella fecha.

La experiencia, sin embargo, ha demostrado que España no es Weimar, aquella tierna e inexperta democracia fundada en Alemania en 1919, víctima de toda suerte de enemigos, dentro y fuera de sus fronteras, y de una fe un tanto ingenua en la fuerza autosuficiente de la razón y el derecho. Cuando ha sido necesario, en momentos de auténtica emergencia nacional, la democracia española ha sabido aplicar, suavizada, aquella máxima acuñada por Manuel Azaña en las Cortes republicanas para justificar la draconiana Ley de Defensa de la República: «No hay libertad contra la libertad»[236]. No se puede decir, contra lo que esperaban, impacientes, sus detractores, que el sistema constitucional haya saltado por los aires, pese a los múltiples peligros que ha tenido que afrontar en los últimos años. El resurgimiento del problema militar no se encuentra por fortuna entre ellos, pero si rebobinamos las imágenes de aquella conmemoración del 23-F al cumplirse su treinta aniversario, hay un dato inquietante que salta a la vista cuando el realizador de televisión enfoca la tribuna del Congreso en la que están representadas las Fuerzas Armadas: de los tres jefes de Estado Mayor en aquel momento, uno, el general José Julio Rodríguez, se acabó convirtiendo en dirigente de Podemos y otro, el general Fulgencio Coll, en diputado nacional de Vox. Las dos terceras partes de la cúpula militar del año 2011 desempeñan, pues, un papel activo en partidos situados en los dos extremos del arco parlamentario. En el mejor de los casos, el hecho sería sintomático de la fuerte polarización política que ha sufrido la sociedad española y de su reflejo en las Fuerzas Armadas; en el peor —y menos probable—, podría anunciar el regreso de los espadones a la política nacional en su versión decimonónica, cuando los partidos de todas las tendencias se valían de militares de prestigio para compensar su debilidad y su descrédito ante la ciudadanía. A un lado, Narváez; al otro, Espartero.

En todo caso, el golpismo sigue pareciendo un anacronismo felizmente superado desde aquel 23-F. Al menos, al estilo de Tejero y Milans. Hay, no obstante, otras formas de atentar contra el orden democrático y el Estado de derecho. La vulneración de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía de Cataluña por parte del Parlamento catalán en septiembre del 2017 representó, en palabras escritas entonces por un columnista de El País, «un golpe de Estado y una rebelión popular, encadenados, simultáneos, ambos iniciados, y ambos a media cocción»[237]. Los acontecimientos posteriores, con la celebración de un referéndum ilegal y una declaración de independencia contraria al ordenamiento político nacional e internacional, parecían responder al síndrome totalitario anunciado por Ralf Dahrendorf en 1985 en su libro Law and Order. El nuevo totalitarismo consistía en transitar lo que él llamaba «the road of anomia»[238], ese camino de servidumbre que lleva a la ausencia de ley o a su vulneración sistemática, como hicieron los nazis con la Constitución de Weimar.

¿Fue el procés una nueva forma de golpismo, un «pronunciamiento civil», un caso de «alta traición al Estado»[239]? Puede ser. En todo caso, como decía Kipling cuando la cosa se ponía interesante, «that’s another story».

Bibliografía esencial

BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL

ABELLA, CARLOS: Adolfo Suárez. El hombre clave de la Transición, Madrid, Espasa, 2006.

AGUILAR OLIVENCIA, MARIANO: El Ejército español durante la transición a la democracia, Madrid, Letrame, 2019.

ARMADA, ALFONSO: Al servicio de la Corona, Barcelona, Planeta, 1983.

CALDERÓN, JAVIER: Algo más que el 23-F: Testimonios y vivencias en torno a la Transición española, Madrid, La Esfera de los Libros, 2004.

CARCEDO, DIEGO: 23-F: Los cabos sueltos, Madrid, Temas de Hoy, 2001.

CARDONA, GABRIEL: A golpes de sable. Los grandes militares que han marcado la historia de España, Barcelona, Ariel, 2008.

CERCAS, JAVIER: Anatomía de un instante, Barcelona, Mondadori, 2009.

CERNUDA, PILAR, JÁUREGUI, FERNANDO, y MENÉNDEZ, MIGUEL ÁNGEL: 23-F: La conjura de los necios, Madrid, Foca, 2001.

CUENCA TORIBIO, JOSÉ MANUEL: Conversaciones con Alfonso Armada. El 23-F, Madrid, Actas, 2001.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, JAVIER: Diecisiete horas y media: El enigma del 23-F, Madrid, Taurus, 2000.

FUENTES, JUAN FRANCISCO: Adolfo Suárez. Biografía política, Barcelona, Planeta, 2011.

FUENTES GÓMEZ DE SALAZAR, EDUARDO DE: El pacto del capó, Madrid, Temas de Hoy, 2004.

GARCÍA ESCUDERO, JOSÉ MARÍA: Mis siete vidas. De las brigadas anarquistas a juez del 23-F, Barcelona, Planeta, 1995.

MARTÍN PRIETO, JOSÉ LUIS: Técnica de un golpe de Estado. El juicio del 23-F, Barcelona, Grijalbo, 1982.

MARTÍNEZ INGLÉS, AMADEO: La transición vigilada: Del sábado santo «rojo» al 23-F, Madrid, Temas de Hoy, 1994.

MORÁN, GREGORIO: Adolfo Suárez. Ambición y destino, Barcelona, Debate, 2009.

MUÑOZ BOLAÑOS, ROBERTO: La involución militar durante la Transición: El golpe de Estado del 23-F, tesis doctoral dirigida por Álvaro Soto Carmona, Facultad de Filosofía y Letras, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2012.

—, «La VII Región Militar durante el golpe de Estado del 23-F», Revista Historia Autónoma, 9 (2016), pp. 171-188.

—, «Deconstruyendo la figura del ex teniente coronel Antonio Tejero Molina», Aportes, 90 (2016), pp. 137-173.

—, «“Espontáneos”, “coroneles” y “técnicos”: Las tramas militares golpistas y la solución Armada (1980-1981)», Tiempo Presente. Revista de Historia, 4 (2016), pp. 9-25.

NAVARRO, EDUARDO: La sombra de Suárez, prólogo de Jorge Trías Sagnier, Barcelona, Plaza & Janés, 2014.

ONETO, JOSÉ: La noche de Tejero, Barcelona, Planeta, 1981.

—, 23-F. La historia no contada. Caso Tejero, 25 años después, Barcelona, Ediciones B, 2006.

PALACIOS, JESÚS: 23-F. El golpe del Cesid, Barcelona, Planeta, 2001.

—, 23-F: El Rey y su secreto, Madrid, LibrosLibres, 2010.

PARDO ZANCADA, RICARDO: 23-F: La pieza que falta. Testimonio de un protagonista, Barcelona, Plaza & Janés, 1998.

PINILLA, ALFONSO: El laberinto del 23-F: Lo posible, lo probable y lo imprevisto en la trama del golpe, Madrid, Biblioteca Nueva, 2010.

PRIETO, JOAQUÍN, y BARBERÍA, JOSÉ LUIS: El enigma del «Elefante». La conspiración del 23-F, Madrid, El País-Aguilar, 1991.

SEGURA, SANTIAGO: Jaque al Rey, Barcelona, Planeta, 1983.

SORIANO NAVARRO, MANUEL: Sabino Fernández Campo. La sombra del Rey, Madrid, Temas de Hoy, 2008.

URBANO, PILAR: Con la venia… Yo indagué el 23-F, Barcelona, Argos-Vergara, 1982.

—, La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el Rey prefiere no recordar, Barcelona, Planeta, 2014.

JUAN FRANCISCO FUENTES es catedrático de Historia contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Antiguo alumno de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, ha sido profesor visitante en las universidades de Harvard, Sorbonne Nouvelle y Sciences Po (París) y visiting senior fellow en la London School of Economics. Ha impartido cursos y conferencias en las universidades de Princeton, Oxford, Sorbona, Menéndez Pelayo, Harvard, Wisconsin y Viterbo, entre otras. Fue director del Group of Advanced Research on Atlantic Empires del Real Colegio Complutense en Harvard.

Es autor de un centenar de artículos especializados y de una quincena de libros, referidos a sus principales temas de estudio: el socialismo español, la biografía política e intelectual y la historia de los conceptos políticos en el mundo contemporáneo.

Notas

[1] Gaceta de Madrid, 28 de abril de 1931. <<

[2] Manuel Azaña, Obras completas, Madrid, CEPC, 2007, vol. 4, p. 503, y vol. 2, p. 1021. <<

[3] Juan Rico y Amat, Diccionario de los políticos, Madrid, Narcea, 1976 [1855], pp. 70 y 293. <<

[4] Alberto Gil Novales (ed.), Rafael del Riego. La Revolución de 1820, día a día, Madrid, Tecnos, 1976, p. 35. <<

[5] El Zurriago, suplemento al n.º 5, 1821, p. 4. <<

[6] «Improvisación dedicada al Duque de la Victoria», de Antonio Quintana, cit. por Adrian Schubert, Espartero, el Pacificador, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2018, p. 478. <<

[7] Eric Christiansen, Los orígenes del poder militar en España, 1800-1854, Madrid, Aguilar, 1974, p. 123. <<

[8] Cit. por Raymond Carr, El rostro cambiante de Clío, Madrid, Biblioteca Nueva-Fundación José Ortega y Gasset, 2005, p. 111. <<

[9] Ibíd., p. 31. <<

[10] Título del artículo publicado por Luis Araquistáin en la revista España, de la que era director; n.º 124, 7 de junio de 1917. <<

[11] Francisco Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona, Planeta, 2005, p. 524, conversación del 5 de octubre de 1963. <<

[12] Juan Simeón Vidarte, El Bienio Negro y la insurrección de Asturias, Barcelona-Buenos Aires-México, Grijalbo, 1978, p. 212. <<

[13] Santiago Carrillo, Memorias, Madrid, Planeta, 1993, p. 98. <<

[14] Cit. por Josep Fontana (ed.), España bajo el franquismo, Barcelona, Crítica, 1986, p. 15. <<

[15] Eduardo Haro Tecglen, «Valentín González en el exilio», El País, 21 de octubre de 1983. <<

[16] Pablo González-Pola, Preparando la Transición. El general Manuel Díez-Alegría, Madrid, Instituto Universitario Gutiérrez Mellado-Dykinson, 2018. <<

[17] Ricardo Pardo Zancada, 23-F: La pieza que falta, Barcelona, Plaza & Janés, 1998, p. 324. <<

[18] Eduardo Navarro, La sombra de Suárez, Barcelona, Plaza & Janés, 2014, p. 143. <<

[19] Testimonio de Alfonso Armada al autor. <<

[20] E. Navarro, La sombra de Suárez, op. cit., p. 143. <<

[21] Juan Peñaranda y Algar, Los servicios de inteligencia y la transición española (1968-1979), tesis doctoral presentada en la Facultad de Ciencias de la Información, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2010, 4 vols.; vol. 3, p. 48. <<

[22] E. Navarro, La sombra de Suárez, op. cit., p. 144. <<

[23] Cit. por Fidel Gómez Rosa, La Unión Militar Democrática en la Transición política, tesis doctoral presentada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2008, p. 129. <<

[24] «“Operación Galaxia”: Golpe de mano frustrado contra el presidente del Gobierno», El País, 19 de noviembre de 1978. <<

[25] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 1977, p. 961. <<

[26] Recogió sus declaraciones La Vanguardia, «Posible gobierno UCD-PSOE tras las municipales», 23 de noviembre de 1978. <<

[27] «Los procesados declaran: “Tal reunión no pasó de ser una discusión teórica sobre la posibilidad de dar un golpe de Estado”», El País, 7 de mayo de 1980. <<

[28] «Petición de seis y cinco años para los dos inculpados en la “Operación Galaxia”», La Vanguardia, 7 de mayo de 1980. <<

[29] «Una sentencia significativa», El País, 9 de mayo de 1980. <<

[30] Testimonio de Gutiérrez Mellado, cit. por Charles Powell, España en democracia, 1975-2000, Barcelona, Plaza & Janés, 2001, p. 266. <<

[31] Vídeo disponible en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RCmT_ILQwgc. <<

[32] «Una sentencia significativa», El País, 9 de mayo de 1980. <<

[33] Testimonio de Leopoldo Calvo-Sotelo recogido por Victoria Prego, Presidentes, Barcelona, Plaza & Janés, 2000, p. 127. <<

[34] Cit. por Juan Francisco Fuentes, Adolfo Suárez. Biografía política, Barcelona, Planeta, 2011, p. 356. <<

[35] Carta reproducida por El Mundo, 6 de abril de 2014. <<

[36] Diario de Jaime Carvajal y Urquijo, entrada del 5 de julio de 1980. Agradezco su gentileza al facilitarme la consulta del documento. <<

[37] Cit. por Manuel Soriano Navarro, Sabino Fernández Campo. La sombra del Rey, Madrid, Temas de Hoy, 2008, pp. 354-355. <<

[38] Pilar Urbano, «Todos estamos conspirando», ABC, 3 de diciembre de 1980. <<

[39] Alfonso Armada, Al servicio de la Corona, Barcelona, Planeta, 1983, p. 62. <<

[40] Cit. por M. Soriano Navarro, Sabino Fernández Campo, op. cit., p. 235. <<

[41] A. Armada, Al servicio de la Corona, op. cit., pp. 223-224. <<

[42] M. Soriano Navarro, Sabino Fernández Campo, op. cit., p. 353. <<

[43] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, El enigma del «Elefante». La conspiración del 23-F, Madrid, El País-Aguilar, 1991, p. 92. <<

[44] A. Armada, Al servicio de la Corona, op. cit., p. 224. <<

[45] M. Fraga Iribarne, En busca del tiempo servido, Barcelona, Planeta, pp. 225-226. <<

[46] Informe citado en J. F. Fuentes, Adolfo Suárez, op. cit., p. 353. <<

[47] Fernando Álvarez de Miranda, Del «contubernio» al «consenso», Barcelona, Planeta, 1985, p. 145. <<

[48] Reproducido íntegramente por J. Prieto y J. L. Barbería, El enigma del «Elefante», op. cit., pp. 280-293. <<

[49] José Luis Barbaría y Joaquín Prieto, «El Gobierno Suárez conocía cuatro tramas previas al 23-F», El País, 18 de febrero de 1991. <<

[50] Los dos artículos de El Alcázar, del 11 y 30 de noviembre de 1980, citados por J. Prieto y J. L. Barbería, El enigma del «Elefante», op. cit., pp. 105-106. <<

[51] Pilar Urbano, Con la venia… Yo indagué el 23-F, Barcelona, Argos-Vergara, 1982, pp. 57-59 y 64, y extractos de la sentencia del 23-F, cit. por A. Armada, Al servicio de la Corona, op. cit., 250. <<

[52] R. Pardo Zancada, 23-F: La pieza que falta, op. cit., pp. 174-176. <<

[53] Resultando primero de la sentencia del 23-F, reproducida por José Luis Martín Prieto, Técnica de un golpe de Estado. El juicio del 23-F, Barcelona, Grijalbo, 1982, p. 339. <<

[54] Notas tomadas por Juan Linz del testimonio de Adolfo Suárez en el seminario sobre la transición española celebrado en la Fundación Ortega y Gasset en Toledo en 1983 (en adelante, Suárez-Linz). Agradezco a Rocío Terán, viuda de Linz, que haya puesto a mi disposición este extraordinario material. <<

[55] Ibíd. <<

[56] R. Pardo Zancada, 23-F: La pieza que falta, op. cit., pp. 177-181, y Roberto Muñoz Bolaños, La involución miliar durante la Transición: El golpe de Estado del 23-F, tesis doctoral dirigida por Álvaro Soto Carmona, Facultad de Filosofía y Letras, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2012, pp. 130-131. <<

[57] J. Prieto y J. L. Barbería, El enigma del «Elefante», op. cit. <<

[58] Adolfo Suárez, «Suárez y el libro de Abel Hernández», carta al director, El Mundo, 22 de septiembre de 1995. <<

[59] Javier Rupérez, La mirada sin ira, Madrid, Almuzara, 2016, p. 199. <<

[60] Testimonio de Rodolfo Martín Villa al autor. <<

[61] Suárez-Linz, doc. cit. <<

[62] Testimonio de Alfonso Armada al autor. <<

[63] Carta del general Armada al autor; Santa Cruz de Rivadulla, 29 de septiembre de 2010. <<

[64] Testimonio de Rafael Arias Salgado al autor. <<

[65] J. Prieto y J. L. Barbería, El enigma del «Elefante», op. cit., p. 123. <<

[66] Testimonio de Francesc de Carreras, hijo de Narcís de Carreras, al autor. <<

[67] J. Rupérez, La mirada sin ira, op. cit., p. 196. <<

[68] «Josep Tarradellas: “Yo nunca seré presidente de un gobierno del Estado español”», La Vanguardia, 3 de febrero de 1981. <<

[69] Reproducido íntegro por J. Peñaranda, Los servicios de inteligencia, op. cit., vol. 4, pp. 206-217. <<

[70] R. Pardo Zancada, 23-F: La pieza que falta, op. cit., p. 195. <<

[71] José María García Escudero, Mis siete vidas. De las brigadas anarquistas a juez del 23-F, Barcelona, Planeta, 1995, p. 57. <<

[72] P. Urbano, Con la venia…, op. cit., p. 93-94. <<

[73] Ibíd., p. 95. <<

[74] R. Pardo Zancada, 23-F: La pieza que falta, op. cit., p. 195. <<

[75] Ibíd., pp. 215-225. <<

[76] Ibíd., pp. 208 y 223. <<

[77] Cit. por ibíd., 213. <<

[78] P. Urbano, Con la venia…, op. cit., p. 142. <<

[79] Ibíd., pp. 128, 132, 142 y 151, y J. Prieto y J. L. Barbería, El enigma del «Elefante», op. cit., pp. 137-138. <<

[80] Lo reproduce R. Muñoz Bolaños, La involución militar durante la Transición, op. cit., p. 166. <<

[81] R. Pardo Zancada, 23-F: La pieza que falta, op. cit., pp. 235-236. <<

[82] «Milans reconoce que su intención era participar en el levantamiento de Tejero para crear un vacío de poder», El País, 9 de marzo de 1982. <<

[83] Cit. por R. Muñoz Bolaños, La involución militar durante la Transición, op. cit., p. 172. <<

[84] Declaraciones de Armada recogidas por José Manuel Cuenca Toribio, Conversaciones con Alfonso Armada. El 23-F, Madrid, Actas, 2001, p. 184. <<

[85] A. Armada, Al servicio de la Corona, op. cit., p. 239. <<

[86] Cit. por R. Muñoz Bolaños, La involución militar durante la Transición, op. cit., pp. 170-171. <<

[87] R. Pardo Zancada, 23-F: La pieza que falta, op. cit., p. 230. <<

[88] Cit. por R. Muñoz Bolaños, La involución militar durante la Transición, op. cit., p. 170-178. <<

[89] R. Pardo Zancada, 23-F: La pieza que falta, op. cit., p. 230. <<

[90] Declaraciones de Juste recogidas en el sumario de la causa del 23-F. Cit. por R. Muñoz Bolaños, La involución militar durante la Transición, op. cit., p. 173. <<

[91] R. Pardo Zancada, 23-F: La pieza que falta, op. cit., p. 241. <<

[92] Testimonio fechado el 4 de junio de 1998, recogido por R. Muñoz Bolaños, La involución militar durante la Transición, op. cit., p. 180. <<

[93] R. Pardo Zancada, 23-F: La pieza que falta, op. cit., p. 245. <<

[94] P. Urbano, Con la venia…, op. cit., 75. <<

[95] Ibíd. <<

[96] Recogido en el acta extraordinaria redactada por la Mesa del Congreso de los sucesos del 23 de febrero de 1981, extractada por El País el 21 de febrero de 2011. <<

[97] R. Pardo Zancada, 23-F: La pieza que falta, op. cit., pp. 256-257. <<

[98] Ibíd., p. 260. <<

[99] Ibíd., p. 261. <<

[100] Declaraciones recogidas por J. Prieto y J. L. Barbería, El enigma del «Elefante», op. cit., pp. 158-159. <<

[101] P. Urbano, Con la venia…, op. cit., pp. 239-240. <<

[102] J. Prieto y J. L. Barbería, El enigma del «Elefante», op. cit., p. 161. <<

[103] R. Pardo Zancada, 23-F: La pieza que falta, op. cit., p. 264. <<

[104] Extracto citado del acta extraordinaria redactada por la Mesa del Congreso de los sucesos del 23 de febrero de 1981. <<

[105] Testimonio de Alberto Oliart al autor. <<

[106] Testimonio de Leopoldo Calvo-Sotelo recogido por Victoria Prego, Presidentes, op. cit., p. 128. <<

[107] S. Carrillo, Memorias, op. cit., p. 713. <<

[108] J. F. Fuentes, Adolfo Suárez, op. cit., p. 418; P. Urbano, Con la venia…, op. cit., p. 183, y José Oneto, La noche de Tejero, Barcelona, Planeta, pp. 128-129. <<

[109] R. Pardo Zancada, 23-F: La pieza que falta, op. cit., pp. 310-312. <<

[110] Ibíd., p. 316. <<

[111] Lo reproduce R. Muñoz Bolaños, La involución militar durante la Transición, op. cit., p. 323. <<

[112] Testimonio de Alberto Oliart al autor. <<

[113] Roberto Muñoz Bolaños: «La VII Región Militar durante el golpe de Estado del 23-F», Revista Historia Autónoma, 9 (2016), p. 185. <<

[114] Declaraciones del general Saavedra Palmeiro a Diario 16, 29 de agosto de 1981. <<

[115] R. Pardo Zancada, 23-F: La pieza que falta, op. cit., p. 181. <<

[116] Fernando Ledesma Bartret, «El Consejo General del Poder Judicial y el 23-F»; texto inédito, fechado el 1 de marzo de 2011, que debo a la amabilidad del autor. <<

[117] Presenció la escena el teniente coronel Mariano Aguilar Olivencia, que la cuenta en su libro El Ejército español durante la transición a la democracia, Madrid, Letrame, 2019, p. 418 n. <<

[118] Manuscrito redactado por el general Gabeiras sobre los sucesos del 23-24 de febrero de 1981, reproducido íntegramente por Mariano Aguilar Olivencia en su libro El Ejército español, op. cit. La hora de la salida de Gabeiras hacia la sede de la JUJEM, en p. 578. <<

[119] A. Armada, Al servicio de la Corona, op. cit., p. 241. <<

[120] M. Soriano Navarro, Sabino Fernández Campo, op. cit., p. 329. <<

[121] Manuscrito de Gabeiras, M. Aguilar Olivencia, El Ejército español, op. cit., p. 581. <<

[122] Ibíd., p. 584. <<

[123] Ibíd. <<

[124] A. Armada, Al servicio de la Corona, op. cit., p. 242. <<

[125] R. Muñoz Bolaños, La involución militar durante la Transición, op. cit., pp. 283-285. <<

[126] A. Armada, Al servicio de la Corona, op. cit., p. 241. <<

[127] Declaraciones de Tejero al fiscal recogidas por R. Muñoz Bolaños, La involución militar durante la Transición, op. cit., p. 288. <<

[128] Reproducen una fotocopia de la lista, tal como la plasmó la doctora Echave en su agenda, J. Prieto y J. L. Barbería en su libro El enigma del «Elefante», op. cit., p. 189. <<

[129] Cit. por R. Muñoz Bolaños, La involución militar durante la Transición, op. cit., p. 289. <<

[130] Alfonso Armada al autor. <<

[131] Ibíd. <<

[132] J. Prieto y J. L. Barbería, El enigma del «Elefante», op. cit., p. 184. <<

[133] Carlos Abella, Adolfo Suárez. El hombre clave de la Transición, Madrid, Espasa, 2006, p. 486. <<

[134] M. Soriano Navarro, Sabino Fernández Campo, op. cit., p. 335, y R. Muñoz Bolaños, La involución militar durante la Transición, op. cit., p. 309. <<

[135] Declaración del teniente general Pedro Merry Gordon en la causa del 23-F recogida por R. Muñoz Bolaños, La involución militar durante la Transición, op. cit., p. 207. <<

[136] J. Prieto y J. L. Barbería, El enigma del «Elefante», op. cit., p. 161. <<

[137] R. Muñoz Bolaños, La involución militar durante la Transición, op. cit., p. 204. <<

[138] Cit. por P. Urbano, Con la venia…, op. cit., p. 274. <<

[139] Cit. por R. Muñoz Bolaños, La involución militar durante la Transición, op. cit., p. 208. <<

[140] J. Prieto y J. L. Barbería, El enigma del «Elefante», op. cit., p. 298-299; M. Soriano Navarro, Sabino Fernández Campo, op. cit., p. 325, y M. Aguilar Olivencia, El Ejército español, op. cit., p. 577. <<

[141] Cit. por P. Urbano, Con la venia…, op. cit., p. 220. <<

[142] J. Prieto y J. L. Barbería, El enigma del «Elefante», op. cit., p. 206. <<

[143] Testimonio de Pedro Erquicia en una entrevista realizada por Iñaki Gabilondo para TVE disponible en YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=sj4A1gCGphg. <<

[144] Sigo el timing de toda la secuencia que ofrece M. Soriano Navarro, Sabino Fernández Campo, op. cit., p. 333. <<

[145] Pedro Erquicia en https://www.youtube.com/watch?v=sj4A1gCGphg. <<

[146] Hay varias versiones, coincidentes en lo esencial, de estas palabras de Quintana Lacaci en conversación con el ministro de Defensa, Alberto Oliart. <<

[147] El rey le pidió a Gabeiras que permaneciera al teléfono para que pudiera oír su conversación con Milans. Así lo afirma Gabeiras en su ya citado informe, reproducido por M. Aguilar Olivencia, El Ejército español, op. cit., p. 577. <<

[148] M. Soriano Navarro, Sabino Fernández Campo, op. cit., pp. 336-337. <<

[149] J. Prieto y J. L. Barbería, El enigma del «Elefante», op. cit., p. 214. <<

[150] R. Pardo Zancada, 23-F: La pieza que falta, op. cit., pp. 330-331, y declaraciones de Gabeiras a El País, en una entrevista publicada el 23 de febrero de 2001 y reproducida por M. Aguilar Olivencia, El Ejército español, op. cit., p. 610. <<

[151] Documento recogido por R. Muñoz Bolaños, La involución militar durante la Transición, op. cit., p. 334. <<

[152] R. Pardo Zancada, 23-F: La pieza que falta, op. cit., pp. 338-339. <<

[153] La opinión de Milans sobre Tejero figura en las declaraciones del general Antonio Hermosilla, jefe de la II Zona de la Guardia Civil, al juez instructor de la causa, recogidas por J. Prieto y J. L. Barbería, El enigma del «Elefante», op. cit., p. 215. <<

[154] R. Pardo Zancada, 23-F: La pieza que falta, op. cit., p. 337. <<

[155] Extracto del acta, El País, 21 de febrero de 2011. <<

[156] Así lo afirma Gabeiras en su informe, reproducido por M. Aguilar Olivencia, El Ejército español, op. cit., p. 602. <<

[157] A. Armada, Al servicio de la Corona, op. cit., pp. 246-247, y Gabeiras, ibíd., pp. 602-603. <<

[158] R. Pardo Zancada, 23-F: La pieza que falta, op. cit., p. 362. <<

[159] Informe de Gabeiras, reproducido por M. Aguilar Olivencia, El Ejército español, op. cit., p. 603. <<

[160] Cit. por J. Prieto y J. L. Barbería, El enigma del «Elefante», op. cit., p. 218. <<

[161] Suárez-Linz, doc. cit. <<

[162] Miguel Herrero de Miñón, Memorias de estío, Madrid, Temas de Hoy, 1993, p. 239. <<

[163] El testimonio de Miquel Roca en J. Prieto y J. L. Barbería, El enigma del «Elefante», op. cit., p. 218, el de Fraga en sus memorias, En busca del tiempo servido, Barcelona, Planeta, 1987, p. 235. <<

[164] Alfonso Armada al autor. <<

[165] Suárez-Linz, doc. cit. <<

[166] Testimonio de Antonio de Oyarzábal al autor. <<

[167] «Francisco Laína García: “Yo vi llorar al Rey el 23-F”», Levante, 6 de diciembre de 2009. <<

[168] J. Prieto y J. L. Barbería, El enigma del «Elefante», op. cit., pp. 218-219. <<

[169] «Laína lamenta que “se continúen escribiendo novelas sobre el golpe”»; La Nueva España, 30 de enero de 2011. <<

[170] «Tuvo lugar aquella tarde la Junta de Defensa Nacional. De ella no cito más que el gran y efusivo abrazo que me dio S. M. el Rey Juan Carlos I»; informe de Gabeiras, reproducido por M. Aguilar Olivencia, El Ejército español, op. cit., p. 604. <<

[171] Ibíd. <<

[172] Alfonso Armada al autor. <<

[173] Informe de Gabeiras, reproducido por M. Aguilar Olivencia, El Ejército español, op. cit., p. 603. <<

[174] Reproducido por J. Prieto y J. L. Barbería, El enigma del «Elefante», op. cit., p. 310. <<

[175] A. Armada, Al servicio de la Corona, op. cit., p. 247, y testimonio de Armada al autor. <<

[176] Ibíd. <<

[177] Incluido en una nota a pie de página del informe de Gabeiras, en M. Aguilar Olivencia, El Ejército español, op. cit., p. 570 n. <<

[178] Nota reproducida en La Vanguardia, 27 de febrero de 1981. <<

[179] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 1981, n.º 147, p. 9283. <<

[180] «La manifestación más grande de la historia de España desfiló ayer por las calles de Madrid», El País, 28 de febrero de 1981. <<

[181] Leopoldo Calvo-Sotelo, Memoria viva de la transición, Barcelona, Plaza & Janés/Cambio 16, 1990, p. 48. <<

[182] «El nuevo capitán general de Valencia en su toma de posesión», ABC, 26 de febrero de 1981. <<

[183] Cit. por J. Prieto y J. L. Barbería, El enigma del «Elefante», op. cit., p. 235. <<

[184] «Llamamiento del alcalde de Barcelona ante el Día de las Fuerzas Armadas», El País, 28 de mayo de 1981. <<

[185] La Vanguardia, 31 de mayo de 1981. <<

[186] Miguel Ángel Aguilar, En silla de pista, Barcelona, Planeta, 2018, p. 266. <<

[187] Alberto Oliart, «Una deuda», El País, 12 de junio de 1999. <<

[188] Alfonso Armada al autor. <<

[189] Cit. por J. L. Martín Prieto, Técnica del golpe de Estado, op. cit., p. 95. <<

[190] R. Pardo Zancada, 23-F: La pieza que falta, op. cit., p. 376. <<

[191] J. L. Martín Prieto, Técnica del golpe de Estado, op. cit., p. 324. <<

[192] Ibíd., p. 129. <<

[193] Cit. por ibíd., p. 126. <<

[194] R. Pardo Zancada, 23-F: La pieza que falta, op. cit., p. 372. <<

[195] Javier Castro-Villacañas, El fracaso de la Monarquía. Las claves políticas del reinado de Juan Carlos I, Barcelona, Planeta, 2013, p. 23. <<

[196] Ibíd., pp. 202-203. <<

[197] Jesús Palacios, 23-F. El golpe del Cesid, Barcelona, Planeta, 2001. <<

[198] Reproducido por M. Aguilar Olivencia, El Ejército español, op. cit., p. 607. <<

[199] Entrevista a Pilar Urbano, El Mundo, 30 de marzo de 2014. <<

[200] Uno de los personajes citados por Pilar Urbano, en conversación con el autor de este libro, situó la frase «uno de los dos está de más» en la discusión que Suárez y el rey mantuvieron el 24 de febrero de 1981, justo después del golpe de Estado —y no el 22 de enero—, y la habría pronunciado Suárez, y no el rey. <<

[201] Pilar Urbano, La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el Rey prefiere no recordar, Barcelona, Planeta, 2014, pp. 553-559. <<

[202] José Oneto, La noche de Tejero, Barcelona, Planeta, 1981. Posteriormente, coincidiendo con alguna efeméride del golpe, ha publicado varias versiones actualizadas de la obra, por ejemplo, 23-F. La historia no contada. Caso Tejero, 25 años después, Barcelona, Ediciones B, 2006. <<

[203] José Oneto, «Pilar Urbano, el Opus, la desmemoria y el relato ficción», Tiempo, 11 de abril de 2014. <<

[204] P. Urbano, La gran desmemoria, op. cit., p. 569. <<

[205] Ibíd., p. 558. <<

[206] Ibíd., p. 569. <<

[207] Ibíd., p. 545. <<

[208] Charla debate entre Orencio Osuna y Juan Carlos Monedero, nuevatribuna.es, 20 de mayo de 2011. <<

[209] R. Pardo Zancada, 23-F: La pieza que falta, op. cit., p. 372. <<

[210] Por ejemplo en su libro Jarrones chinos: Del poder a la desubicación, Madrid, La Esfera de los Libros, 2018. Remite al testimonio del exministro de Franco Antonio Carro. <<

[211] Lasexta.com; 24 de febrero de 2014. <<

[212] «¿Por qué no se investiga el papel del Rey por el 23-F?»; blog de Iñaki Anasagasti, 19 de febrero de 2011. <<

[213] https://ianasagasti.blogs.com; 22 de febrero de 2013. <<

[214] Luis Gonzalo Segura, El libro negro del Ejército español, Madrid, Akal, 2017. <<

[215] Racó Català, 23 de febrero de 2013 (https://www.racocatala.cat/forums/fil/171805/jo-ho-sabia-veritat-23-f-rei-segons-iaki-anasagasti). <<

[216] mediterraneodigital.com, 23 de febrero de 2018. <<

[217] Juanma Romero, «La izquierda exige que se aclare el papel del rey en el golpe del 23-F», Público, 7 de febrero de 2010. <<

[218] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 1977, n.º 24, p. 961. <<

[219] Javier Cercas, Anatomía de un instante, Barcelona, Mondadori, 2009, p. 318. <<

[220] Carta del general Armada al autor, doc. cit. <<

[221] Gabeiras en su informe, reproducido por M. Aguilar Olivencia, El Ejército español, op. cit., p. 570. <<

[222] Incluido en una nota a pie de página del informe de Gabeiras, en M. Aguilar Olivencia, El Ejército español, op. cit., p. 570 n. <<

[223] F. Álvarez de Miranda, Del «contubernio» al «consenso», op. cit., p. 145. <<

[224] L. Calvo-Sotelo, Memoria viva de la transición, op. cit., p. 51. <<

[225] J. L. Fernández-Rúa, 1873. La Primera República, Madrid, Tebas, 1975, p. 512. <<

[226] P. Urbano, Con la venia…, op. cit., p. 263. <<

[227] Gabriel Cardona, A golpes de sable. Los grandes militares que han marcado la historia de España, Barcelona, Ariel, 2008, p. 11. <<

[228] «Verdict ambigu en Espagne», Le Monde, 5 de junio de 1982. <<

[229] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, «Militares golpistas planearon matar al rey durante un desfile en La Coruña en 1985», El País, 17 de febrero de 1991. <<

[230] «La última trama golpista. Militares y civiles ultras planearon asesinar al rey y al presidente en el desfile de A Coruña de 1985», El País, 9 de diciembre de 1997. <<

[231] Cit. ibíd. <<

[232] «Ten Years After Franco. New Spain: The Fears Are Gone», Los Angeles Times, 8 de noviembre de 1985. <<

[233] José Juan Toharia, «Notable a los que hacen el bien: La primera entrega del Barómetro de El País muestra en lo alto a las instituciones protectoras», El País, 7 de agosto de 2011. <<

[234] Crónicas de ABC, La Vanguardia y El País, 24 de febrero de 2011. <<

[235] Vídeo y audio del discurso disponible en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=BDpK9CQVrHA. <<

[236] Manuel Azaña, Obras Completas, ed. de Santos Juliá, Madrid, CEPC, 2007, vol. 3, p. 270. <<

[237] Xavier Vidal-Folch, «Un golpe de Estado y una rebelión popular», El País, 22 de septiembre de 2017. <<

[238] Ralf Dahrendorf, Law and Order, Londres, Stevens & Sons, 1985, p. 156. (Hay trad. cast.: Ley y orden, Madrid, Civitas, 2016). <<

[239] Santos Juliá, «Doblegar al Estado», El País, 16 de abril de 2018. <<