VOTARÉ NO

Juan Carlos Girauta

Créditos

Edición en formato digital: noviembre de 2013

© Juan Carlos Girauta, 2013

© Ediciones B, S. A., 2013

Consell de Cent, 425-427

08009 Barcelona (España)

www.edicionesb.com

Depósito legal: B. 25.484-2013

ISBN: 978-84-9019-649-6

Conversión a formato digital: El poeta (edición digital) S. L.

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VOTARÉ NO

Preámbulo

El libro que tiene en sus manos cumplirá con su cometido si alcanza uno de estos dos objetivos: acertar con una visión de los últimos avatares catalanes más realista y menos parcial que la propiciada por el imaginario nacionalista preponderante; contribuir a que los catalanes contrarios a separarse de España rompan su silencio en la medida de sus posibilidades. Si alcanzara ambos, miel sobre hojuelas.

En consecuencia, mi «no», que el título circunscribe a la secesión, extiende su propósito (su advertencia, si así lo prefieren los que siempre ven «estrategia del miedo» en la opinión adversa) a la tentación de la inercia, a la comodidad de mantenerse callados. A la quizá comprensible pero hoy insensata tendencia a seguir doblegándose a una presión ambiental que aconseja no significarse cuando se discrepa de la agenda y del discurso del poder catalán. Es preciso que hablen los que se saben y sienten ajenos a las periódicas campañas que, cabalgando unas sobre otras, nos instan a la unanimidad como catalanes; que hablen los ofendidos por los fabricantes de ofensas imaginarias.

Esta obrita también va dirigida a los que simplemente dudan. A los que, sin haberse sentido nunca particularmente molestos por las formas y estrategias nacionalistas, sí encuentran razones para recelar de la ofensiva desatada por Artur Mas al concluir su primera legislatura. Un proceso que ha apiñado a varios grupos: los que tradicionalmente hemos conocido como nacionalistas, los espontáneos que acaban de descubrir cuán incómodos se sentían en España y los que nunca escondieron su carácter secesionista. Cada grupo ha aportado su trompetería para concertarla con las ajenas. He decidido llamar «movimiento nacionalista-secesionista» al resultado, a la sincronizada mezcolanza, a la coyunda, por una razón: cabe analíticamente distinguir entre las tendencias, pero en la práctica demuestran un alto grado de coordinación. Eso en cuanto a los adjetivos del movimiento, que he vertebrado con un guion. En cuanto al sustantivo... la voz «movimiento» les va que ni pintada. Sexta acepción del DRAE: «Movimiento: Desarrollo y propagación de una tendencia religiosa, política, social, estética, etc., de carácter innovador.» Es innovador que los nacionalistas se deshagan del pactismo, los secesionistas del fallido artefacto «derecho de autodeterminación», se centren todos en el «derecho a decidir» (a decidir que sí, según veremos) y se cojan, literalmente, de la mano por los montes, los valles, los llanos y las playas. Desde luego cumplen con creces las condiciones del diccionario: la tendencia es política, es social, es estética. Y también es religiosa. No tienen por qué estar de acuerdo en este último punto, pero yo sé lo que me digo. Cuarta acepción del DRAE: «Movimiento: Alzamiento, rebelión.» Olvidemos el alzamiento, pero, ¿cómo negar el aire de rebelión que acompaña el proceso?

Invito a los independentistas a leerme. No hay ironía (en esto; en el resto del libro, sí). No valoro a priori de forma negativa el independentismo, por extraño que les parezca a mis lectores habituales. En otras circunstancias vitales, podría haber sido mi opción. Mi aversión, quiero subrayarlo, la dedico a la ideología nacionalista. Es una aversión intelectual y, por tanto, moral. Es una aversión estética y, por tanto, moral. ¿Hay un independentismo no nacionalista en Cataluña? Sí, lo hay. Escasísimo, pero ahí está. Me consta. Los cuatro están horrorizados.

Si el independentismo decide pasar por encima de la ley, júzguesele por ello. No por sus ideas. Este libro denuncia mentiras y confusiones deliberadas de las que son responsables, también, los independentistas catalanes. Pero podrían no darse, o, dicho de otro modo, la mentira y la confusión deliberada no son inherentes a cualquier posición independentista. Sí lo son a cualquier posición nacionalista, que siempre conllevará —en el mismo grado en que el nacionalismo esté presente— la manipulación de la historia, la supeditación del individuo al grupo, la imposición de la leyenda, el sentimentalismo, el amoldamiento de la sociedad a sus profecías autocumplidas, las políticas invasivas, la ingeniería social.

Aunque en las circunstancias actuales la pasión pueda desbordar a la razón (pues muchos ven factible y ven cercano, por primera vez, un Estado catalán independiente), y por tanto sea imposible convencerles, quizá les resulte de alguna utilidad personal a los apasionados la revisión crítica de sus premisas. Más, la revisión de un contrario que no se esconde y que busca el debate intelectual. Estas páginas no ambicionan el lucimiento sino la utilidad. Sé que el señalamiento del adversario como enemigo se ha convertido en costumbre, y muchos de mis conciudadanos ya no son capaces de visitar más perspectivas que las suyas. Ese vicio creciente es destructivo, liberticida. Y no sé si añadir humano o inhumano. Reconozco que espero aguijonear un poco a los aficionados a ponerse de perfil, a los especialistas en mirar hacia otro lado. No pueden hacer eso mientras se perpetra la apropiación indebida de Cataluña y el arrebato de una identidad.

Una identidad, sí. Qué sorpresa, ¿verdad? Déjenme usar a mí también, aunque sea un momento, las palabras fetiche de la tribu. Quiero poner aquí de manifiesto, aquí sobre la mesa, con los focos encendidos y orientados, una identidad infinitamente más asentada, más mayoritaria, más arraigada en el tiempo y mejor anclada en el mundo que cualquier otra presente en Cataluña: la de los catalanes que no concebimos nuestra catalanidad sin España, la de los españoles que no concebimos nuestra españolidad sin Cataluña.

De ese no concebir habla nuestra vida, hablan nuestros actos, hablan nuestros afectos y nuestros kilómetros sentimentales. Aunque las voces callen. Porque los españoles de Cataluña, los catalanes de España, vivimos esta condición unitaria con total naturalidad, dejando en evidencia todos los días, a todas horas, los obsesivos, agotadores y orquestados intentos de disociarnos.

En el espacio público catalán (el institucional, el político, el mediático, el educativo, el cultural, el asociativo de cualquier índole) no solo se alienta y alimenta la idea de que vamos a romper con España, de que es posible hacerlo y de que ha llegado el momento de ponerse a ello; también se amplifican hasta lo ensordecedor las opiniones de la calle que lo confirman; y se manipulan para fabricar «unanimidad» las de quienes podría parecer, en un momento dado, por alguna concreta declaración, por alguna alusión, por alguna elusión, que lo confirman; y se sofocan o caricaturizan las de quienes lo niegan.

Una serie de asociaciones, a veces erigidas y casi siempre mantenidas con el dinero de todos, se arrogan la representación de los catalanes, sin distingos. Se apropian indebidamente de «lo catalán», de «Cataluña», del «pueblo catalán», del «país». A este le quitan el artículo determinado y una alquimia inversa entra en funcionamiento; donde había oro plural, obtenemos el más vulgar y unánime metal. Tal que así: estrategias de país, actos de país, pactos de país, decisiones de país, políticas de país... El resultado en el espacio público (y cada vez más en el privado) es que no puedes ser catalán, o al menos buen catalán, y criticar esas encarnaciones del espíritu del pueblo. Artur Mas, él sabrá por qué, ha conseguido con sus extravagantes delegaciones fácticas de representatividad que la Assemblea Nacional Catalana u Ómnium Cultural ingresen en el ámbito de la sacralidad civil (como mínimo).

No me preocupa que las señoras X e Y se hayan acostumbrado a perorar, sin título que las avale, en nombre de Cataluña, a convocar desde sus altares a la multitud en manifestaciones o conciertos bajo el nombre de Cataluña, a instar a la movilización, a guiarnos, a copar los informativos, a dictarle prioridades, calendario y lemas al gobierno, todo en nombre de Cataluña. Ni me preocupa ni me extraña. Lo que me preocupa, aunque haya dejado de extrañarme, es que el espacio público siga sus directrices. Que las sigan los gobiernos catalanes, fruto de mayorías legitimadoras de una cámara que, elegida por sufragio universal libre y directo, es la única que merece el nombre de «Asamblea» en la acepción que la ANC se autoconcede y sugiere. Me preocupa, pues es una dejación democrática disfrazada de permeabilidad gubernamental que las instituciones parezcan apéndices operativos de las asociaciones. Me preocupa que los medios de comunicación las hayan jaleado en unánime coro y, a su paso, hayan ido cayendo todos en un mismo discurso empalagoso, antiguo y frentista. Y que encima hayan creído participar, amontonados, del aura de una vanguardia nacional que conduce a Cataluña hacia la tierra prometida. La no España.

Claro que todo esto tiene truco. La llamada «sociedad civil» catalana no existe. Existió, pero, no presentando ni las dimensiones ni el vigor propios de una colectividad tan fuerte y antigua como Cataluña, la denominación le viene grande. Además, se la han arrancado tiempo ha. Aquí llaman sociedad civil a lo contrario de la sociedad civil, un magma que no es distante porque no es distinto al poder político, ni mantiene libre interlocución con él, sino que reproduce consignas de un mismo núcleo más o menos homogéneo, más o menos conchabado; de un círculo de personas con nombres y apellidos. El efecto del truco es impresionante cuando, en el clímax de su despliegue, el poder hace ver que sigue los deseos de sus figurantes.

Podemos considerar en muchos sentidos la Diada de 2012 como un acto liminar, una entrada del nacionalismo convencional catalán en lo desconocido. Una demostración de fuerza independentista a partir de la cual Artur Mas se abrió la camisa, apareciendo en su pecho una gran «ese» de Superman, de Secesión o de State of Europe, no sé muy bien. En todo caso, aunque (o quizá porque) los cálculos del president se demostraron erróneos y perdió doce escaños cuando esperaba ganar ocho o diez, allí empezó la hegemonía secesionista, sin tapujos, del espacio público. Se trataba a fin de cuentas de la actualización de la vieja hegemonía nacionalista en el sentido que algunos veníamos anunciando con el solo amparo de la más básica doctrina: la ideología nacionalista pide Estado. Y si no lo hace, lo acabará pidiendo.

No es paradoja, sino pura necesidad causal, que en el curso de la metamorfosis desaparecieran los últimos rastros del catalanismo político por necrosis de su proyecto nuclear: obtener y mantener el liderazgo de España. Era (debió haber sido) un impulso contrario a su ruptura. Transformador de su idea predominante quizá, pero unitario. Desde entonces hemos presenciado fenómenos chocantes. Pienso en tantos jóvenes como siguen a pies juntillas el itinerario que marca el poder político mientras adoptan el aire de rebeldes. Receptores acríticos de argumentos empaquetados por y desde el espacio público institucional, el funcionariado docente y las asociaciones biempagás, los rebeldes con causa corean bajo batuta oficial. Luego ese mismo espacio público simula tomar nota de lo que le reclama «el pueblo catalán». O, en términos del propio Mas, refiriéndose a los concentrados del 11 de septiembre de 2012, «lo mejor de Cataluña».

Con estos sofisticados juegos de rol, con la apoplejía de unos medios públicos más escorados que el Costa Concordia, con el alineamiento espontáneo de las redacciones y los claustros (¿qué hay de lo mío?), y con el silencio, el maldito silencio de los que no tienen nada que ganar formulando adversativas... la nave va. Pero los que no tienen nada que ganar deberían preguntarse si tienen algo que perder.

Los catalanes tenemos mucho que perder en este proceso. Tengo ocasión de manifestarlo a menudo dada mi profesión y dada la frecuencia con que el tema se suscita. Pero además, llegado el momento de decirlo en las urnas —tesitura que tengo por inexorable—, votaré «no». Y me atrevo a pedirle a usted que haga lo mismo, por el bien de Cataluña. A las urnas llegaremos, pero antes tenemos tiempo de rebatir punto por punto las distintas formas en que el movimiento nacionalista-secesionista prevé organizarnos el viaje.

Para ello tendré que refutar en sus términos —que unas veces son jurídico-políticos y otras veces solo lo parecen— el trabajo del profesor Carles Viver i Pi-Sunyer. Él ha analizado pormenorizadamente las vías para la consulta secesionista, y considera legítima en las circunstancias que veremos la declaración unilateral de independencia. Ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Viver es el presidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional, entre otras presidencias. Con su profesoral (y oficial) aportación al «proceso», se ha convertido por méritos propios en paradigma de la antijuridicidad.

Como veremos, todos los argumentos del CATN, y hasta su propia existencia, están contaminados por la premisa subyacente de que España no es un Estado de derecho. Sin tal idea en mente, no es posible instar a su asesorado (el president) a abandonar el campo de la legalidad si fuera necesario, para enarbolar la bandera de una legitimidad no amparada en la ley positiva. Lo «legítimo aunque ilegal» lo invocan los juristas cabales bajo una dictadura. En España no hay legitimidad fuera de la ley. Si parezco contundente, es que he acertado con el tono. En general no doy lecciones, y menos gratis. Pero si alguien va saltando de la toga y el birrete al llamamiento insurreccional, le pediré que se los quite al menos. A calzón quitado: ¡quiero la independencia! Pues muy bien, tómala si puedes. Si la consigues, no te preocupes por la legitimidad, que vendrá por añadidura tan pronto como el nuevo Estado lo sea de derecho. Pero no manipules y no mientas y no marees con legitimidades ilegales.

Anuncio, antes de que se me reproche la carencia, que no dedicaré ni un párrafo a los infinitos informes y artículos dedicados a demostrar la existencia y las dimensiones del déficit fiscal. Sería sencillo exhibir aquí, trillada, la parte de la cuestión que no se explica —o, más exactamente, que se infravalora— de las balanzas fiscales en España. Contar los varios modos de calcularlas y la petición de principio que delata escoger un modo u otro para su explotación política. Podría demostrar que nada de lo que se afirmó durante tanto tiempo sobre el modelo de financiación de los lander alemanes es cierto. No haré nada de eso porque llamaría a engaño. Y porque los realmente interesados pueden acceder a dichas informaciones con muy poco esfuerzo. Si no lo han hecho aún, es que no les interesan. A mí sí me interesan, pero no atañen a este libro.

¿Le parece a usted que sí atañen? ¿Cree que la preferencia por un sistema de financiación u otro conlleva una postura sobre la unidad de España? Entonces mi mejor consejo es que observe a los votantes socialistas y populares de Navarra y el País Vasco. Dicho de otro modo: ser contrario a la secesión no implica ser contrario al pacto fiscal. Tampoco creo en el independentismo «de bolsillo», que en todo caso sería el bolsillo de la Generalitat, no el nuestro.

Y sí, un modelo estable tiene que proporcionar suficiencia financiera a la Generalitat para atender al cumplimiento de los cometidos que por ley tiene asignados. Porque esa es la forma en que España se ha organizado. La Constitución optó por el reparto territorial del poder y por una fuerte descentralización. Ninguna de las críticas a Artur Mas que encontrará en este libro (y no son pocas) se refieren a su empeño en conseguir el pacto fiscal. Se refieren a lo que hizo desde que renunció a ese propósito. Sí repruebo la consigna del expolio, que amén de falsa es peligrosa.

El mayor problema de los constitucionalistas en Cataluña es su silencio. ¿Por qué callan, por qué esquivan la cuestión tantos partidarios de seguir siendo lo que somos, cuando lo que somos está amenazado? Al verdadero mapa del paisanaje catalán se acercan más las elecciones generales que las catalanas. Hablo, claro, del paisanaje catalán mayor de edad, y el matiz no es baladí dada la pretensión nacionalista de reducir la edad de voto en su consulta, entre otros cambios de parámetros. La mayor representatividad sociológica de las generales sobre las catalanas no me parece discutible: la fidelidad del mapa aumenta con la participación, que es más alta en las primeras. Con una participación del 100 %, la fidelidad sería total. Cuando lleguen las elecciones plebiscitarias (formalmente autonómicas), es esencial que los constitucionalistas las tomemos tan en serio, al menos, como unas generales. Más en serio, porque lo merecerán. Serán decisivas. Es necesario que esto se entienda y se difunda. Mientras los nacionalistas-secesionistas airean sus deseos apurando todos los medios a su alcance, los otros evitan pronunciarse en público y realizan las más extrañas contorsiones cuando se les inquiere al respecto. Un experimento del periodista Arcadi Espada ilustra esta realidad.

Cuando Artur Mas liquidó anticipadamente su primera legislatura y aireó su nuevo objetivo, la consecución de un «Estado propio», Espada consideró que era un buen momento para que una serie de personalidades catalanas a las que se presumía contrarias a la independencia se pronunciaran. Treinta y siete fueron los interrogados. Entre ellos, cocineros de prestigio mundial, grandes empresarios, directores de medios de comunicación, destacados periodistas, arquitectos de renombre, diseñadores, banqueros, actores y poetas laureados, editores, cardenales, modelos, catedráticos, novelistas, deportistas y músicos. Sus nombres están en la hemeroteca, Espada publicó sus conclusiones. La primera pregunta rezaba: «¿Quiere usted que Cataluña siga formando parte del Estado de España?» Parecía bastante fácil: sí o no. La segunda, más especiada, decía: «¿Defendería activa y públicamente su punto de vista si en algún momento Cataluña y el resto de España iniciaran un proceso de discusión de su vínculo constitucional?»

La respuesta inmediata de dieciséis de los personajes fue... que no responderían a las preguntas. Otros dos ni siquiera acusaron recibo. Otros se mostraron bien dispuestos, pero adujeron no saber qué contestar. Al fin, solo dos personas pronunciaron claramente el «sí» (que en una consulta sobre la secesión correspondería al «no»): la catedrática de Ética Victoria Camps y el banquero Josep Oliu. Tan aisladas voces merecen que recojamos su literalidad. La filósofa afirmó: «No soy separatista ni entiendo que las reivindicaciones de Cataluña tengan que llevar a pedir la independencia. Sentiría mucho que Cataluña dejara de formar parte de España. Defendería mi punto de vista. ¿Por qué no? Lo siento como una obligación ciudadana.» Más parco, pero inequívoco, fue el presidente del Banco Sabadell: «Mi opinión personal es que sí.» Aunque añadió: «Mi posición como presidente del Banco Sabadell ha sido y será siempre no tomar posiciones políticas.» Dos sobre treinta y siete.

Creo que la razón de tanto mutismo y de tanto escapismo tiene que ver con lo que Elisabeth Noelle-Neumann llamó «la espiral del silencio»:

La disposición de un individuo a exponer en público su punto de vista varía según la apreciación que hace acerca del reparto de las opiniones en su entorno social y de las tendencias que caracterizan la fortuna de esas opiniones. Estará tanto mejor dispuesto a expresarse quien piensa que su punto de vista es, y seguirá siendo, el punto de vista dominante.

Por lo cual:

Si la apreciación del reparto de una opinión está en flagrante contradicción con su efectiva distribución es porque la opinión cuya fuerza se sobrevalora es la que con más frecuencia se expresa en público.

Preveo que, cuando llegue la gran sorpresa, en estas líneas encontrará explicación, aunque no consuelo, el nacionalismo-secesionismo hegemónico en el espacio público catalán. Puestos en la tesitura de votar «sí» o «no» a la secesión, sin zarandajas, en el secreto de su cabina o de su sobre cerrado, ¿qué votan los que callan? La muestra de Espada es cualitativa; la cuestión es si la falta de pronunciamiento de las élites catalanas contrarias a la secesión tiene consecuencias cuantitativas. Se trata de personajes «de referencia», influyentes, generadores en unos casos de opinión, creadores en otros de tendencias. O de importantes decisores. Viendo el orgullo expositivo de los secesionistas y la prudencia exquisita de los constitucionalistas (llámenles —llámennos— unionistas si lo prefieren; qué más da), es evidente que una percepción impera: la percepción de que comunicar la preferencia personal por seguir en España no resulta aconsejable.

En un futuro no muy lejano, los medios catalanes descubrirán a Elisabeth Noelle-Neumann y su espiral del silencio. Porque habrá ocasión de pronunciarse y, según creo, ganará el «no». Si tengo razón, a los medios públicos catalanes los podremos considerar perdedores, sin matices. En realidad, serán los perdedores principales, amén de los más pesados. A los medios privados, depende. Algunos, que no tienen nada de independentistas pero sí de calculadores, se preguntarán cómo no lo vieron: ¿por qué apostamos a un caballo perdedor que encima no es el nuestro?

Llegará el momento, no nos engañemos. Llegará el momento de las papeletas cruciales, las papeletas sobre la secesión de Cataluña, ya sea en un impecable referéndum con todas las de la ley (que no creo, aunque deseo), en una consulta sui géneris (que no creo, ni deseo) o en unas elecciones plebiscitarias (que sí creo, aunque no deseo). Cerrar los ojos a lo inevitable no solo resultaría inútil a los catalanes que deseamos seguir en España; resultaría fatídico. Pudiendo darle al nacionalismo la lección de su vida, no le regalemos todas las ventajas expositivas, argumentales, pedagógicas y propagandísticas. Yo, al menos, no pienso hacerlo.

I

Uno es libre de atribuir a las palabras el significado que desee, pero el empeño no pasa de juego o de capricho, sin efecto alguno, salvo que el significado atribuido pase a ser compartido por un número significativo de personas; por un ámbito mayor o menor, pero identificable, de usuarios. Por ejemplo, un círculo de amigos puede utilizar el adjetivo «caótico» para transmitir la idea de que algo es divertido. El valor de esa particularísima acepción no pasará de ahí. Mientras, en el uso común, la voz se utiliza como sinónimo de «desordenado». Pero si en un congreso de especialistas en sistemas complejos, un ponente califica como caótico un sistema, los asistentes entenderán algo muy preciso, y compartirán dicho significado al punto de ser capaces de formular, uno por uno y separadamente, los requisitos de utilización de tal etiqueta.

La palabra «democracia» puede significar unas cuantas cosas distintas. No habla de lo mismo quien la pronuncia en un aula universitaria mientras imparte una clase sobre Pericles, que el presidente de Estados Unidos en una alocución ante el Congreso, que un activista bolivariano. Sabemos que la democracia orgánica del franquismo no aludía al mismo sistema al que nosotros reservamos el sustantivo, ni al sistema de las democracias populares del extinguido bloque soviético. Y tenemos indicios de sobra para pensar que cuando alguno de los presidentes de gobierno españoles de los últimos treinta y cinco años ha invocado la democracia, no apelaba exactamente a lo mismo que un portavoz de los indignados de la Puerta del Sol. La etimología nos refiere al poder del pueblo. Pero, ¿estamos seguros de que compartimos una misma acepción de poder, y, sobre todo, de pueblo?

En una primera impresión, parece difícil, si no imposible, ponerse de acuerdo respecto al significado de la democracia. Pero esa dificultad es un espejismo. Como hemos visto, las palabras adquieren sentidos socialmente útiles solo en el momento en que acotamos el ámbito de su uso. En esta obra analizamos diferentes argumentos para abordar un tema central, que es el de la secesión de Cataluña. Y ese solo acotamiento facilita enormemente la cuestión. Porque es importante, y muy urgente, elucidar hasta qué punto el llamado soberanismo apela al significado adecuado de «democracia», al significado políticamente admisible, cuando antepone ese concepto a la legalidad. Es el caso de Artur Mas, que ha afirmado: «Primero, la democracia; después, el Estado de derecho.» O bien: «Los marcos legales han de adaptarse a la democracia.»

Muchos otros nacionalistas-secesionistas destacados han perpetrado frases similares. De hecho, invocar la democracia como algo conceptualmente previo al Estado de derecho, y, concretamente, como algo previo y superior a la Constitución Española, es algo habitual en Cataluña y empieza a serlo en el resto de España, donde algunos intelectuales y periodistas se despiertan un par de veces al año dispuestos a tocar de oído para echarle una mano a «Cataluña». Se comprende el esfuerzo —hay que empujar, caramba—, dado el inequívoco tenor de los artículos primero y segundo de nuestra Carta Magna:

La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2).

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas (art. 2).

Tan nítida viene la letra de la ley que, bien mirado, al movimiento nacionalista-secesionista no le queda más remedio que perseguir sus objetivos de una de estas dos formas: o bien intenta que la Constitución se reforme, o bien invoca un valor superior a la Constitución, es decir, un valor superior a la ley (pues la Constitución, como nadie ignora, es la cima jerárquica de la ley). La primera opción es perfectamente lícita, y la propia Constitución recoge en su Título X los cauces a seguir para los distintos tipos de reforma. En el caso que nos ocupa, implicados como están los citados artículos primero y segundo (y exigiéndose posiblemente una reforma total de la norma suprema), la reforma obligaría a seguir en todo caso el procedimiento agravado del artículo 168.

Este sería el íter: a iniciativa del Gobierno, del Congreso, del Senado, o mediante solicitud al Gobierno o a la Mesa del Congreso de una Asamblea autonómica, dos tercios de cada cámara deberán aprobar el principio; obtenidas tales mayorías, se procederá a la disolución inmediata de las Cortes; se celebrarán entonces elecciones generales; el nuevo Congreso y el nuevo Senado ratificarán la decisión; se estudiará el nuevo texto constitucional; ambas cámaras lo aprobarán por dos tercios cada una; la reforma se someterá a referéndum.

Un hipotético secesionista que no antepusiera la «democracia» a la ley (uno de los cuatro) debería defender tal camino, instar a la reforma, tratar de convencer a cuantos pudiera, insistir e insistir para que algún día desaparecieran de la Constitución, de entrada, sus dos primeros artículos. Ese secesionista debería cargarse de paciencia, me dirán, pero el respeto a las reglas de juego solo le deja esa opción.

Que nadie se despiste aquí con el PSOE, o con el PSC, partidos constitucionalistas (contrarios a la secesión) que están reclamando una reforma constitucional. Nótese que estamos hablando estrictamente, de momento, de la posibilidad de proceder a la secesión, no de la celebración de consulta alguna sobre las preferencias de la población. Ni de la reforma hacia un Estado federal.

Hemos situado el foco sobre dos cuestiones capitales, la soberanía del pueblo español y la unidad de España, que no están por casualidad en el lugar preferente de la Carta Magna en que las colocó el constituyente. Dos preceptos que seguirían ahí por muchos referendos o consultas que los secesionistas ganaran. La consulta y la secesión son categorías diferentes y presentan problemas diferentes. Si atacamos de entrada a la principal es porque a lo principal ataca en realidad el argumento de la supuesta prioridad de la «democracia» sobre la legalidad, y estamos intentando averiguar si el secesionismo tiene alguna forma lógica de evitar pringarse con ese concepto de democracia, con esa democracia entre comillas, para compartir el concepto civilizado, el único concepto democrático de democracia. Reside ahí un problema mayúsculo: la posibilidad de que la apuesta secesionista impida compartir una misma idea de democracia no ya con los llamados partidos constitucionalistas, sino con el mundo en el que los catalanes vivimos real e idealmente: el club de los Estados de derecho del planeta.

Artur Mas encarna el malestar. Habita un cargo cuya legitimidad combate: el de presidente de una comunidad autónoma que funciona, que tiene un gobierno y un parlamento, que hace leyes y posee una administración, que dicta decretos y tiene muchos miles de funcionarios, porque la Constitución Española reconoce y garantiza a las nacionalidades y regiones que integran la Nación española el derecho a la autonomía. Como recordarán, eso es lo que dice el artículo segundo de la Constitución, incluyendo la mayúscula en «Nación». Hay una anécdota relacionada con la tipografía; es fácil elevarla a categoría: por alguna causa misteriosa, en 1978, al confeccionarse la traducción oficial al catalán de la Constitución se cayó la mayúscula de «Nación» y quedó «nació espanyola». Es la traducción oficial, insisto. No hay otra. Qué pillines.

Es legítimo, pues es legal, defender la secesión de Cataluña. Eso está fuera de discusión: la defienden abiertamente un número de partidos políticos. ERC es un partido independentista que no solo existe, o no solo está tolerado (como podría pensar un lejano observador al conocer los argumentos del pueblo que busca su libertad; si la busca es que no la tiene): ERC es un partido que ha gobernado Cataluña y que podría tener pronto, por una vía impecablemente constitucional, un presidente de la Generalitat. No digo «volver a tener» porque estoy valorando los márgenes de la legalidad constitucional del 78, no la del 31. No sé si Tarradellas conservaba su carné de ERC al regresar del exilio. Si fuera así, diré sin que me duelan prendas que ese único presidente catalán de ERC de nuestra democracia fue un modelo de gobernante. Pero no nos desviemos, volvamos al núcleo. ¿De verdad cabe aquí y ahora invocar algo —algo que los secesionistas y Artur Mas llaman «democracia»— que opera como instancia superior a la legalidad, y que puede por tanto oponerse con éxito a ella? Y de ser así, ¿qué tipo de éxito sería ese?

Son preguntas muy serias. Siguiendo la lógica expuesta, las acoto a un ámbito que es aquel donde funcionan las categorías jurídico-políticas propias del mundo al que pertenecemos, el mundo libre. El de los países donde se celebran elecciones periódicas libres; donde el pluralismo es un valor; donde existen constituciones que reconocen un listado ampliamente compartido de libertades y derechos de los ciudadanos; donde existen tales ciudadanos y no meros súbditos; donde hay igualdad ante la ley y sometimiento de todos a la misma, incluyendo a los poderes públicos; donde existe división de poderes, con su sistema de controles mutuos, equilibrios y contrapesos.

No afirmo la pureza inmaculada de cada uno de estos principios en todos los países del mundo homologables como Estados de derecho. Repito mi argumento: estoy acotando mis dos preguntas anteriores a la parte del planeta donde estas categorías están consagradas. Las estoy situando en el ámbito que nos importa. Dicho de otro modo: fuera de ese ámbito no tengo la más mínima intención de argumentar en términos políticos porque ahí no impera la razón ilustrada. Muchos nacionalistas catalanes convendrán conmigo en que esta delimitación de nuestro entorno es deseable. A ellos les digo, muy especialmente, que las respuestas a las dos serias preguntas formuladas son: no y ninguno. No son mis respuestas, son las respuestas. No son las respuestas de un «unionista», son las únicas respuestas posibles de un demócrata:

No. No cabe aquí y ahora invocar una «democracia» superior a la legalidad y, por tanto, capaz de oponerse a ella con éxito. Porque aquí y ahora estamos en un Estado de derecho.

Ninguno. Ningún éxito entrañaría doblegar la legalidad, quebrantar una constitución porque existan grandes, o inmensas, dificultades para reformarla (cambiarla siguiendo sus propios cauces) en el sentido deseado por un grupo.

En la parte del mundo que tomamos como referencia, en la parte del mundo en que por fortuna estamos, lo legítimo es lo legal, lo democrático es lo constitucional.

Razonamientos (seudo)jurídicos como los que pronto hallaremos en la fatua producción del CATN rompen la ecuación, ergo no tienen a España por Estado de derecho. Asimismo la rompe Artur Mas con su caprichosa alteración de significados, empujando a una conclusión que —todavía— no ha osado formular: España es una dictadura. En su imaginación. Quizá por eso se ha creído en la obligación de advertir a los suyos de la posibilidad de que lo encarcelen. Y el CATN de recordárselo a él públicamente. Creando ambiente.

La dictadura no es la única situación en que falla la ecuación; hay otra, pero no encaja, es transitoria y ya la superamos hace bastantes años: antes de aprobarse una constitución, se mantiene la diferencia. Una vez en vigor la Constitución, la democracia se ha fundido con ella. Quizá no en un aula, quizá no en un ensayo o en un foro de discusión, pero sí, definitivamente sí, en el ámbito político del mundo libre. Es decir, en democracia. Como ha señalado el profesor Francesc de Carreras: «[En un Estado de derecho] si la democracia es contraria al derecho no es democracia, sino vulneración de la democracia, porque la democracia solo se puede ejercer a través del derecho y, por tanto, no puede ser contraria al derecho.»

Si la visión de Artur Mas se impusiera («Primero, la democracia; después, el Estado de derecho»), si los objetivos políticos del secesionismo acabaran lográndose por encima de la ley, a base de infringirla, a precio de quebrar la Constitución, ninguna virtud habría en tal conquista. La alegría les duraría lo que un suspiro a quienes albergaran una voluntad genuina de homologación con las democracias del mundo. Porque su logro nacional coincidiría con la quiebra de un sistema de libertades cuyas consecuciones no podrían ni de lejos alcanzar. Sobre todo porque, habiendo experimentado cómo las fortalezas de la democracia son inseparables de sus debilidades, no querrían hacerlo. Y esta es la principal razón de su cantado fracaso como demócratas. Con o sin secesión.

II

Hay unas cuantas lecciones que aprender en el proceso político, de interpretación constitucional y de trabajo legislativo vivido en Canadá a partir de los referendos impulsados por el Partido Quebequés de René Lévesque. La formación nacionalista, surgida en los albores de la década de los sesenta del siglo pasado, consiguió organizar un primer referéndum en 1980, cuatro años después de alcanzar el poder provincial. Por el camino quedaban momentos pintorescos y momentos trágicos. Si el más pintoresco pudo ser el «Vive le Québec libre!» de Charles De Gaulle en Montreal, en 1967, siendo presidente de la República Francesa, el más trágico fue sin duda el secuestro y asesinato en 1970 de Pierre Laporte, ministro quebequés de Trabajo, a manos del Frente de Liberación de Quebec.

Los argumentos esgrimidos por el nacionalismo quebequés eran al principio básicamente económicos: persuadidos de que Canadá era culpable de la crisis que padecían, consideraban imprescindible la obtención de un estatus diferencial con respecto al resto de las provincias. En caso contrario, no quedaría más opción que la independencia. Para ello habría que realizar un referéndum y cosechar el mayor número posible de apoyos internacionales. ¿Les suena la música? Como era de esperar, según fue variando la situación de la economía, se hizo mayor hincapié en las demandas relacionadas con la defensa del idioma francés. En el referéndum de 1980, aproximadamente el 60 % del electorado de Quebec rechazó la fórmula planteada, una especie de soberanía compartida o asociada al Canadá.

En 1995, con el Partido Quebequés de nuevo en el poder bajo el liderazgo de Jacques Parizeau, y con un segundo partido secesionista en escena —el socialdemócrata Bloque Quebequés de Loucien Bouchard, fundado en 1991—, se celebró un segundo referéndum con un resultado ajustadísimo, pronunciándose poco más del 50 % de los votantes en contra de la fórmula propuesta por los nacionalistas. Pero, ¿qué se les había preguntado exactamente? Vean:

¿Está usted de acuerdo en que Quebec devenga soberano después de haber ofrecido formalmente a Canadá una nueva asociación económica y política dentro del ámbito del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y del acuerdo firmado el 12 de junio de 1995?

O sea, que al votante se le instaba a declarar si estaba a favor de que Quebec alcanzara la soberanía (sin que apareciera la palabra «Estado»), siempre y cuando se cumpliera primero con ofrecer a Canadá, con toda formalidad, que una ley y un acuerdo enmarcaran una asociación económica y política (por ese orden) que sería «nueva». ¿Cuántas veces tuvo que leer la pregunta el votante medio? ¿Cuántos conocían la ley y el acuerdo dentro de cuyo ámbito Quebec ofrecería a Canadá una asociación económica y política nueva? ¿Qué relación existía exactamente entre «asociación económica y política» y «soberanía» ? La condición de la oferta formal a Canadá, ¿cómo operaba? ¿Debía rechazarla o debía aceptarla Canadá para que el votante estuviera de acuerdo con la conversión de Quebec en soberano? Es posible que un político, o un ciudadano bien informado, pudiera responder a estas preguntas, pero ese en absoluto podía ser el caso de la mayoría de los convocados a las urnas. Cabe pensar que de eso se trataba exactamente: de mantener el proceso en una maraña de confusión y ambigüedad.

Como fuere, el Gobierno Federal de Canadá solicitó entonces un dictamen al Tribunal Supremo (con funciones allí de Tribunal Constitucional) para que determinara los requisitos de un nuevo referéndum y señalara los cauces a seguir en el caso de que triunfaran las posiciones independentistas. De ahí surgió en 1998 una pieza jurídica que durante algunos años fue profusamente citada en medios nacionalistas catalanes, aunque de forma parcial. Se la ha puesto como ejemplo de cómo debe funcionar «una democracia auténtica», sensible a las demandas de sus minorías, capaz de anteponer el «principio democrático» a las consideraciones legalistas. Sin embargo, la cosa no iba por ahí puesto que el intérprete supremo de la Constitución canadiense, al aceptar la eventualidad de una secesión, lo hizo invocando, justamente, los principios constitucionales.

Nótese que, por fortuna o por desgracia para ellos, los canadienses tienen una Constitución con una parte no escrita, por raro que nos pueda parecer a los europeos continentales. El caso es que la absoluta excepción que se abre paso en 1998 en Canadá, la de un Estado que prevé su propia fractura, encuentra acomodo en su norma suprema. Un hecho indiscutible, puesto que no hay mejor ni mayor intérprete de la misma que el Tribunal Supremo de Canadá. Tan indiscutible como que no era posible hallar un caso similar en ningún otro país del mundo con el que cupiera cabalmente compararnos.

El Tribunal Supremo también entendió que la eventual independencia de una provincia exigía una serie de requisitos. De entrada, dejó establecido que no era posible una declaración unilateral de independencia de acuerdo con la legislación nacional, ni tampoco con la internacional. Tomen nota de esto último el señor Viver, su Consell y su aconsejado.

En cuanto a la pregunta del referéndum, debería ser clara. El grado de claridad lo definiría el parlamento canadiense. La mayoría favorable también debería ser clara. Dándose todo lo anterior, se procedería a la negociación de las oportunas reformas legislativas, siempre sobre la base de la buena fe y del respeto a las reglas del Estado de derecho.

Hemos guardado una condición para el final. La condición que tantos nacionalistas catalanes que alguna vez se han mostrado encantados con la vía québécoise olvidan sistemáticamente mencionar: la independencia de Quebec está sujeta al mismo principio de divisibilidad que vale para su acceso a la soberanía. Lo que significa que si alguna parte de Quebec se manifiesta (con claridad) favorable a seguir en Canadá, lo hará. Un Quebec independiente no tendrá necesariamente la forma ni el tamaño del actual Quebec. Un engorro para el nacionalismo-secesionismo catalán que tanto se inspiró en la provincia canadiense: al final podrían acabar encontrándose con un Estado propio ilerdo-gerundense.

Siguiendo el dictamen del Tribunal Supremo, el Parlamento de Canadá aprobó en el año 2000 la Ley de Clarificación, o Ley de Claridad. No solo el Parlamento canadiense establecerá si la pregunta del referéndum es lo bastante clara; también decidirá si lo es la mayoría favorable. La ley mantiene la divisibilidad de la provincia que pretenda la secesión, justo contrapunto de la que haría posible su independencia: la divisibilidad de Canadá. Las negociaciones contemplarán necesariamente la protección de las minorías, el reparto de activos y pasivos y las modificaciones fronterizas. El apoyo a la secesión ha ido menguando en Quebec desde la entrada en vigor de la norma. El nacionalismo no se lleva bien con la claridad. Un requisito importante en Canadá es que el referéndum solo debe preguntar acerca de la secesión. Nada más. Preguntar por varias cosas a la vez es poco claro.

Por cierto, si de pronto Cataluña pudiera celebrar un referéndum en las mismas condiciones que Quebec puede hacerlo (y ya no lo hace), la coalición que nos ha gobernado tantos años se rompería. Convergencia o Unió. En condiciones de claridad (¿Desea usted que Cataluña se convierta en un Estado independiente?) CiU desaparece.

III

Desde el último trimestre de 2012, el esfuerzo propagandístico de los partidos soberanistas catalanes, y de sus ectoplasmas en la «sociedad civil», se ha centrado casi exclusivamente en la viabilidad del referéndum o consulta secesionista. No en la viabilidad de la secesión en sí, que es el objetivo último del proceso y, en definitiva, el meollo del asunto. Una sana y prudente asepsia conceptual invitaría en principio a operar a la inversa para que, una vez elucidada la viabilidad jurídico-política (incluso, para los amateurs de la democracia, la legitimidad apriorística) de la secesión, procedieran los más audaces de los interesados a diseñar hojas de ruta y a desbrozar el caminito que conduce a su meta.

Como es normal, quienes ya tienen elaboradas sus propias conclusiones contrarias a la viabilidad de la separación de una parte de España consideran que los actuales esfuerzos de los secesionistas son, peor que inútiles, contraproducentes. Por ser quienes son, y por haber sido quienes han sido, las opiniones de Felipe González y José María Aznar ilustran con suficiencia esta advertencia genérica. Si hay diferencias entre ellos, son de matiz. Aunque a ellos les duela. Lo sustancial es que ambos descartan de plano la mera posibilidad de que la secesión de Cataluña llegue algún día a convertirse en realidad. Mientras el ex presidente socialista se pregunta, con gran preocupación, quién administrará la frustración de los secesionistas (en especial de los jóvenes) una vez que esa imposibilidad sea palmaria, evidente para todos, el ex presidente popular escoge otra manera de presentarlo (complementaria, diría) y advierte de que en el proceso podría romperse Cataluña, no España. Ambos avisos prevén una fractura social. Al fondo de la inexplorada senda se vislumbra la quiebra de relaciones profesionales, de vecindad, de amistad, incluso familiares, el fin del respeto entre personas y grupos que lo han mantenido, en general, por encima de discrepancias enormes. Un escenario que muchos catalanes tememos.

No es difícil colegirlo: González y Aznar —el uno poniendo el acento en la inexorable frustración de un segmento hoy (y ayer) muy motivado y activo, el otro en el deterioro de la convivencia en Cataluña— aluden a lo mismo, a la necesidad de que el movimiento nacionalista-secesionista no pierda de vista las consecuencias que se derivarían de un brusco choque con la realidad. Si uno cree realmente que la secesión de Cataluña es inviable, por las razones que sean, le agrade o no la conclusión, también tendrá que admitir la necesidad de rebajar cuanto antes la pendiente que conduce a los soberanistas, de la «desafección gradual» (no éramos independentistas, dicen muchos, pero ahora sí lo somos) al descubrimiento de la verdad: el proceso secesionista no se culminará y solo traerá problemas.

Se comparta o no la posición de González y Aznar, descontando matices y paleta de colores —de la crudeza al eufemismo—, reconozcamos que resulta extensible, por ese núcleo común de la inviabilidad, a la mantenida por Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, por Carme Chacón y Esperanza Aguirre, por Patxi López y Soraya Sáenz de Santamaría... y también, saliendo de los dos grandes partidos, por Albert Rivera o Rosa Díez. No habrá secesión. Algunos se lo contarán a los futuros frustrados mostrándoles, como el que consuela a un niño, el sucedáneo de un federalismo indefinido que permitiría llamar «Estado» a Cataluña como se le puede llamar a Schleswig-Holstein: ¡Hala, ahí va tu Estado! Bien, los contrarios a la secesión no tenemos nada que temer del federalismo, que incluso podría llegar a servir mejor que el Estado autonómico a la integración de las diferentes nacionalidades y regiones de España. Si acaso, la aventura de la reforma constitucional.

Otros comunicarán a los secesionistas la cruda realidad sin tratarlos como menores de edad, se dejarán de sucedáneos nominalistas y de sonajeros políticos y les conminarán a aceptar la legalidad, dentro de la cual, por cierto, pueden defender las ideas nacionalistas o separatistas que les venga en gana.

Otros, por fin, preferirán callar o marear la perdiz, por no molestar, aunque piensen lo mismo que los grupos anteriores: que la secesión es inviable. Es un hecho, hay gente que detesta llevar la contraria a los demás. Sobre todo si son responsables empresariales (de patronal), afamados escritores de best sellers, cotizados deportistas, y «los demás» tienen la capacidad mediática de convertir al discrepante en contrincante, al contrincante en enemigo, y al enemigo en muñeco del pimpampum. Sin gozar de tanta notoriedad, la mayoría de los calladitos sabe muy bien que el gran segmento que hemos llamado «los demás» puede controlar los resortes directos e indirectos de promoción personal y profesional.

Callen, se muestren broncos o se pongan zalameros, una buena cantidad de actores políticos y sociales, en Cataluña y en el conjunto de España, tienen la secesión por imposible. Lo piensan por razones varias, pero la primera que llegado el caso tendrían que esgrimir es la inviabilidad legal. Entonces, ¿por qué no se debate apenas sobre el asunto? ¿Por qué se esfuerzan tan poco los constitucionalistas con voz en explicar con buena pedagogía los límites del marco constitucional y la legitimidad intachable de los mismos? ¿Y por qué se esfuerzan aún menos los secesionistas en ofrecer interpretaciones solventes de la Constitución donde cupiera su objetivo central? Quizá porque los primeros lo ven innecesario y los segundos lo ven increíble.

Son estos últimos, los que desean cambiar algo tan serio como el mapa político de Europa, los que se proponen fraccionar su más antiguo Estado-nación, quienes más deberían esforzarse, ¿no? Si no lo hacen, es lícito pensar que tampoco creen en la viabilidad legal de la secesión y que, por consiguiente, la viabilidad de la que hablan y en la que piensan es fáctica, y pasará en todo caso, necesariamente, por la quiebra de la legalidad constitucional.

Así lo reconoce, enseñando la trastienda intelectual, una pequeña parte del nacionalismo-secesionismo. Se agradece la sinceridad. Sin embargo, la mayoría simplemente no habla del tema y tira adelante. Los propios esconden la merma y los contrarios no la denuncian con la adecuada intensidad. Todo lo cual propicia una confianza enorme (y enormemente ingenua) en la política de los hechos consumados, esa leyenda para tratar con inanes que Mas y su círculo han creído a pies juntillas, pues por tal nos tienen. Cada paso nos acerca al objetivo, se dicen, y así será al menos mientras podamos movernos sin que nos apliquen los focos y la lupa. Porque el objetivo, bien lo saben quienes tienen que saberlo, no hay por dónde cogerlo. Creen que España está hundida, lo creen con enternecedora emoción; la daban por carne de rescate europeo, por protectorado; confiaban en una catatonia, en que no reaccionaría al contacto del serrucho con el nervio más sensible de un Estado-nación, su integridad. Las precipitadas elaboraciones teóricas que lo fiaban todo a nuestra agonía se han quedado caducas en un año, pero a ellos no se les han ido los efectos de la anfetamina. Que a España la infravaloran es sabido. ¡Cómo no van a hacerlo! España se distingue por infravalorarse a sí misma, y los más instruidos de entre ellos están pidiendo Costa y Unamuno. Y, claro, Cambó. Son unos españolazos y no se han enterado. ¿España está acabada? Vale (que no), pero, si así fuera, ¿qué hay del mundo?

El señor Viver lo reconoció en septiembre de 2013 en su radio amiga: «Estamos solos.» Ahí lleva razón. Los secesionistas están solos. Confiesa que ningún Estado apuesta por la independencia de Cataluña, a diferencia de lo que sucedía en otros procesos de secesión que cita y que, por otra parte, se parecen a lo nuestro como un huevo a una castaña (Kosovo, Montenegro. Cuánto juego da el polvorín balcánico). Estamos solos. Pero es peor (mejor) aún de lo que Viver cree: ni un solo organismo internacional dudará un instante sobre la legalidad aplicable: es y será la que viene definida en la Constitución de este Estado de derecho.

En conclusión, que nosotros no nos esforzamos pero ellos se esfuerzan donde no les va a servir. No es que se atengan a un cálculo sofisticado, no es que piensen esforzarse más tarde, es que su movimiento falla en legitimaciones, y no será que no agiten el vocablo. El esfuerzo mayor lo ha hecho Viver, con eso está todo dicho. El resto, como mucho, son periodistas que celebran genéricamente, sin mayor profundización ni derivada, el artículo de algún catedrático «de Madrid» defendiendo una interpretación abierta de la Constitución. Bueno, dice uno (digo yo), hablemos de ello. Pero, salvo el catedrático en su clase, que se siente protegido por la libertad de cátedra, nadie quiere hablar.

¿No les parece lo bastante serio a los secesionistas el asunto de la viabilidad legal de la secesión? No es eso. Les parece tan serio que lo quieren sacar de escena para no tener que reconocer que al final del camino hay un golpe contra la Constitución. ¡Oh, ah! ¡Un golpe! ¡Qué horror! ¿A quién se le ocurre acusar de algo así al pulquérrimo, impecable nacionalismo catalán, democrático hasta la médula? ¡Uh, oh!

Bueno, tranquilos. Les iba a decir que no sería el primer golpe del nacionalismo catalán, pero no voy a tirar por ese atajo; este libro no argumenta desde la historia, y mucho menos desde el sentimiento, que ciega. Síganme, por favor: o bien la secesión es viable constitucionalmente (aunque sea a base de reformar radicalmente la Constitución por la única vía posible, que es la que ella misma prevé), o bien la secesión no es viable constitucionalmente. Hasta aquí, bien, ¿no? La disyuntiva es trascendental. El objetivo que muchos tienen por mayoritario en la Cataluña actual merece, como mínimo, la misma atención, estudio y elaboración que la consulta, al cabo un trámite.

Porque si el nacionalismo catalán, volcado en la consecución de un nuevo Estado, cree que es viable, aunque sea muy difícil, su obligación política, moral e histórica es, si lo intenta, hacerlo por los cauces constitucionales, esto es, propugnando una reforma de la norma suprema. Argüir que no obtendría la mayoría suficiente coloca a esa corriente política fuera de la lógica democrática, que es la norma y gobierno de la mayoría, con respeto a las minorías.

Si, por el contrario, el nacionalismo catalán cree que la secesión no es viable legalmente, si considera que ni cabe ni cabrá en la Constitución aunque se reforme (porque entiende quizás, igual que muchos constitucionalistas, que el artículo segundo significa exactamente lo que parece, ergo la unidad indisoluble de España es previa a la Constitución), y que por tanto la secesión exige romper con la legalidad, tenemos derecho a exigir a los líderes nacionalistas que lo reconozcan. A bocajarro, sin rodeos ni lemas ni metáforas. Como seguramente no lo harán —¿en qué lugar quedarían?—, tenemos que reenfocar la exigencia: justifiquen la viabilidad constitucional. O lo uno o lo otro. Entiendo que es incómodo para ellos (no haberse metido), pero estas son «las vías» de verdad. Las dos únicas vías que importan en «el proceso». Siempre que nosotros exijamos explicaciones. Si lo hacemos, están en nuestras manos. Con la razón, a pelo.

Nada de esto significa que no se pueda defender la independencia de Cataluña. Insisto, la trayectoria de nuestra democracia demuestra que se ha podido defender desde el principio en el propio Congreso de los Diputados. Partidos que la defienden han gobernado en Cataluña. Lo que significa es que el señor Mas, sin cuyas decisiones y estrategia política no acariciarían hoy la secesión amplias capas de la población catalana, nos ha ocultado a todos el coste real de lo que propone.

Al seguir esta lógica en un asunto lleno de pasiones, urgencias y emociones (gregarias, pero emociones), corremos el riesgo de parecer unos cándidos. Dirán que es legalismo, y, no sé por qué, eso se toma por ingenuidad intelectual. A veces el legalismo es todo lo contrario. Aquí ni siquiera reconozco la presencia de ese exceso. De lo que se trata, precisamente, es de formular con más fundamento que lo legal juega en su «proceso» un papel secundario, reservándose a la política de hechos consumados el papel de motor del vehículo soberanista. Para mí la ingenuidad es esa.

La meticulosa focalización de la atención en uno solo de los pasos, la consulta, y no en el objetivo y en su verdadera naturaleza, queda de manifiesto en sesudos estudios, a los que acompaña una exhaustiva divulgación mediática, al punto que los informes oficiales (porque proceden de un órgano de Presidencia o de un órgano de Gobernación) sobre las «vías legales para la consulta» se han convertido, una vez emitidos y en cuestión de horas, en centro de las tertulias televisivas y radiofónicas, asunto de obligado pronunciamiento para organizaciones de diversos tipos, tema recurrente de las columnas de opinión y, por supuesto, titular de las portadas.

Es el caso de los informes producidos —a veces con mejorables títulos— por el Instituto de Estudios Autonómicos (Informe sobre los procedimientos legales a través de los cuales los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña pueden ser consultados sobre su futuro político colectivo) y el Consell Assessor per a la Transició Nacional (La consulta sobre el futuro político de Cataluña). No creo exagerar si afirmo que, en su meollo, estamos ante un mismo trabajo convertido dos veces en noticia. Y si ambos informes son el mismo informe, la fuente de autoridad doctrinal en materia legal es la misma fuente. Ya lo saben: Viver. Carles Viver i Pi-Sunyer es presidente del Consell y director del Instituto. El héroe capaz de distinguir entre vías legales y vías legítimas fuera de un aula. Las aulas son muy sufridas, lo aguantan todo. Además de constituir el proceder habitual de los prestidigitadores, enfocar lo accesorio y oscurecer lo principal es la técnica de los soberanistas, cuyo jefe ni siquiera utiliza las palabras «independencia» o «secesión». Magia de proximidad.

Su capacidad para establecer los términos del debate catalán es tal que, si no nos mantuviéramos alerta, nosotros mismos caeríamos en este punto en la trampa y procederíamos a resumir lo que el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, con sus dos voces y sus dos coros, ha considerado vías legales o legítimas para consultar a los catalanes sobre la erección de un nuevo Estado, empezando por un referéndum impulsado por las instituciones del Estado y acabando por la convocatoria en Cataluña de unas elecciones de carácter plebiscitario. Pero no hay problema, estamos alerta.

Me he preguntado alguna vez si nuestro Tribunal Constitucional podría llegar algún día —impresionable como es ante los hechos consumados, y favorable como ha sido a veces a su precipitada cobertura constitucional— a conclusiones similares a las de sus homólogos canadienses. Bien, con el Tribunal Constitucional nada es imposible, así que no pongamos la mano en el fuego por ninguna opción. Sin embargo, en el caso español, por muy contemporizador que se quiera ser, existe una seria limitación para el intérprete constitucional. Se trata de la limitación textual, inequívoca, del ya visto artículo segundo: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española.» Vuelvan a leer el fragmento. Por tercera vez. «La Constitución se fundamenta...» No hay mucho margen para estirar eso. Significa que, para la Constitución, la unidad indisoluble de España es, para empezar, previa a ella misma; y, además, que la Constitución apoya su propia existencia en dicha unidad.

Significa estrictamente que, al contrario que en Canadá, y al igual que en la práctica totalidad de las democracias del mundo, los principios constitucionales no pueden interpretarse en un sentido contrario a la unidad de la nación y el Estado que los soporta. Repito, el Tribunal Constitucional ha demostrado sobradamente sus dotes de contorsionista, pero los esfuerzos a los que se vería compelido para armonizar secesión y Constitución serían ímprobos. Quién sabe.

El nacionalismo-secesionismo ha dejado patente, a través de sus representantes y de su ejército de creadores de opinión, que para ellos «la Constitución no puede ser un obstáculo». «La Constitución se nos ha quedado estrecha», dicen. O «nosotros no la hemos votado», interesante punto de vista sobre la naturaleza de las constituciones que dejaría boquiabiertos a los estadounidenses, por tomar como ejemplo la primera democracia moderna del mundo, en términos cronológicos y también en todos los demás. Y como «la voluntad de un pueblo pasa por encima de cualquier Constitución», seguirán adelante con la ley o sin la ley. Como dijo Artur Mas en el Parlament, en septiembre de 2012 (evitando el fin y resaltando el medio):

Primero hay que intentarlo de acuerdo con las leyes, y si no se puede, hacerlo igualmente. La consulta debe producirse en cualquier caso. Si se puede hacer la vía del referéndum porque el Gobierno lo autoriza, mejor. Si no, debe hacerse igualmente.

Esta bizarra desautorización de la norma suprema, formulada de mil maneras en todas las instancias catalanas (siempre aludiendo al medio y eludiendo el fin), no es inocua. En primer lugar, constituyen una antipedagogía democrática, por no decir una pedagogía antidemocrática. Y tiene sus efectos. Parece que, poco a poco, se ha ido borrando de las élites catalanas —y, como consecuencia de ello, de la opinión— el valor y significado de una Constitución a la hora de mantener la estabilidad, la justicia, el respeto a los derechos individuales, la pluralidad, la prosperidad (que depende en una inmensa medida de la seguridad jurídica), o la igualdad ante la ley. En segundo lugar, una vez producidos estos efectos deletéreos, lo de menos es la excusa con que se pusieron en marcha. La aberración democrática de supeditar la ley a otras consideraciones se habrá extendido, y se habrá profundizado, una vez celebrada la consulta.

Si ganaran sus partidarios, ¿qué mayor legitimidad podrían invocar para proceder a la separación de Cataluña? Toda la que ya se pretendía poseer antes de consultar, más la que proporcionaría el resultado. Entre los independentistas catalanes que no evitan tal etiqueta se considera que un triunfo en la consulta sería más que suficiente para proceder a la declaración unilateral de independencia. También por eso los partidos y organizaciones nacionalistas no necesitan meterse (creen) en la dificilísima discusión previa sobre supuestas vías legales a la secesión. Por eso centran el debate en el «derecho a decidir» y no en el derecho a separarse. Al identificar el primero, puerilmente imprecisos, con la convocatoria de la gente a las urnas para que se pronuncien acerca de un tema «que preocupa», demostrarían que intentan respetar la ley. Esgrimen conceptos indeterminados como «la voluntad de un pueblo» para apuntalar el muro imaginario que separa lo legal de lo legítimo y presentar en su momento la decisión favorable como algo a materializar... porque el pueblo ya ha hablado. Es obvio. ¿Qué derecho a decidir sería uno que no franquea el acceso a lo decidido?

Por otro lado, si en la consulta o referéndum ganáramos los contrarios a la secesión, la política de hechos consumados (creen) ¡también funcionaría! Porque cómo negar en el futuro lo que se ha autorizado o tolerado en el pasado. El estatus catalán cambiaría para siempre, han dicho enseñando las cartas sin querer. De comunidad autónoma, o nacionalidad dentro de una nación mayor e indivisible, Cataluña pasaría a considerarse a sí misma, y a ser considerada por los demás, dentro y fuera de España, como una nación con derecho a permanecer o abandonar el Estado en el que de momento se encuadra. Un derecho que se irá ejercitando cuando se considere apropiado.

En algo tienen razón. Por muy clara que sea la Constitución al declarar «la indisoluble unidad de la Nación española», esta no está garantizada automáticamente frente a una estrategia que va cubriendo etapas con éxito, y que tiene de momento en su haber la aleccionadora conversión en punto débil de lo que (la mayoría de) los padres de la Constitución debieron considerar un punto fuerte: la contundente claridad del artículo segundo. En momentos extremos, que son los únicos momentos en que los dos primeros artículos de la Constitución requieren ser invocados, la garantía solo funciona si queremos que funcione.

Es inútil enzarzarse en hipótesis contrafactuales, imaginar a unos padres de la Constitución más astutos. A lo hecho, pecho. Los errores están cometidos, los puntos débiles no se harán fuertes por sí solos, y si no reaccionamos nosotros, los ciudadanos de Cataluña, podría llegar a imponerse esta lógica perversa: cuanto más se niegue el Estado a la consulta, más partidarios de la independencia surgirán. La mixtificación/mitificación del «derecho a decidir», más su identificación con la independencia, es uno de los grandes hallazgos del nacionalismo. Contra dicha identificación nada ha podido la estrategia del PSC implantándose una consulta artificial en el programa para poder votar «no».

No se me pierdan; yo quiero votar «no», ansío votar «no», y votaré «no»... estando así las cosas. Habiendo llegado hasta aquí. No remé nunca en esta dirección, remé en dirección contraria. No me ha servido de nada porque voy en un bote contracorriente y el buque que podría auxiliarnos y remontarnos no nos asiste. Lo escatima la colección de listos que en Madrid acarician el lomo de la bestia desde hace tres décadas y media, los convencidos de que el hombre era Duran, esos tipos que son los primeros en confundir a Cataluña con el nacionalismo, que siguen llamando a los representantes del nacionalismo-secesionismo en el Congreso «los catalanes». Esos linces que en el fondo dan la razón a Mas y a Junqueras con su concepción estrictamente castellana de la nación. Los nuevos visigóticos, que por lo visto se han perdido la idea de España que penetra e ilumina la Constitución del 78. A estas alturas, una cosa sí sé: no seré más catalán que nadie, pero soy más español que ellos, enviciados en sus prejuicios, regalando enteros los aparatos de penetración ideológica, sin fuerzas siquiera para prepararse la lección cuando vienen de visita a Barcelona y acaban cenando con los que al día siguiente los van a crucificar. Despreciando por inconvenientes o radicales a los que dan la cara. Menuda panda. También sé que cuando la idea de España rejuvenezca será en buena medida gracias al vigor, la convicción y el tesón de un grupo de catalanes constitucionalistas. Estén atentos a la pantalla.

¿Negamos la realidad y hacemos como si no fuera a haber consulta, como si desnaturalizar las próximas elecciones autonómicas no fuera lo más sencillo del mundo? No sería inteligente. Jamás se debió asumir, como ha hecho una parte del constitucionalismo catalán, un proceso ajeno que nos permite, en el mejor de los casos, tener lo que ya tenemos. Cataluña ya es España. Pero qué le vamos a hacer, somos meros espectadores que se encuentran y analizan coordenadas políticas impuestas por otros. Y la película que vamos a ver se llama consulta.

Siempre podemos largarnos. ¿Dejar Cataluña? Uno tiene que estar preparado para este tipo de cosas, aunque ahora mismo I wouldprefer not to. Al menos, mientras no me embargue la trágica voz: «¡Venga! Encamínate propicia fuera de esta tierra bárbara en dirección a Atenas, pues en verdad ya no te conviene vivir aquí, toda vez que te es posible habitar en una ciudad dichosa» (Ifigenia entre los Tauros, Eurípides). Pero no hay nada que hacer. No porque sepa, como Espriu, que «no he de seguir mai el meu somni / i em quedaré aquífins a la mort / car sóc també molt covard i salvatge». No. No hay nada que hacer porque mi Atenas es Barcelona. Si llegara el caso, me la tendría que llevar a cuestas del mismo modo que Cavafis cargó con Alejandría. «La ciudad irá en ti siempre. Volverás / a las mismas calles. / Y en los mismos barrios te harás viejo. / Y en estas mismas casas encanecerás. / Pues la ciudad siempre es la misma...»

La votación sobre la secesión no nos la quita nadie; se tratará probablemente de una modalidad indirecta, pero la interpretación será esa. Creo en la victoria del «no», por mucho que el número de independentistas haya podido aumentar desde su crónico 20 %. Hay una obligación, ya moral, que los constitucionalistas no podemos eludir más: la de exponer nuestras razones de una vez, exigiendo igualdad de trato y exquisita neutralidad a los medios públicos y, por supuesto, a las instituciones. De entrada, habrá que denunciar, con todo el ruido que sea necesario, la constante vulneración de estos básicos requisitos de respeto al pluralismo.

IV

Por lo que hace a su verdadero proyecto, Artur Mas ha conseguido durante mucho tiempo que su socio de coalición creyera una cosa y la mayoría de la gente otra. Y cuando digo gente, digo partidarios y detractores, todos bastante de acuerdo en que un Estado propio es un Estado propio. ¿ Quién acierta, Duran y la mitad de su partido, o todos los demás? Sería magnífico poder revelarlo sin más, pero no creo que el propio Mas conozca la respuesta. Los futuros posibles son varios (para ser estrictos, son todos) y se ramifican. He aquí algunas posibilidades significativas, aunque no exhaustivas:

1) Mas tensa mucho la cuerda, luego consigue un pacto fiscal y se conforma.

2) Mas tensa mucho la cuerda, pero es barrido en unas elecciones anticipadas.

3) Mas tensa mucho la cuerda y luego la sigue tensando; no se conforma con ningún acuerdo y consigue celebrar su consulta por la única vía que nadie le puede impedir materialmente: las elecciones plebiscitarias.

En el primer caso (pacto fiscal y punto), la propia CiU que caldeó el ambiente se ve en la tesitura de enfriarlo. Debe administrar aquella frustración de los secesionistas de la que hablaba González, que se combinará con una enorme indignación, con los jóvenes de la estelada —más unos cuantos periodistas demasiado expuestos— descubriendo que les han engañado como a chinos. Y con la denuncia masiva y vana de que Josep Antoni Duran ha abducido finalmente al president.

En el segundo caso (Mas pierde unas elecciones anticipadas, no plebiscitarias, y desaparece de escena), el futuro se bifurca:

2.1) Gana una mayoría constitucionalista y el proceso secesionista se cierra solo; los frustrados se atrincheran; los socialistas, muy mermados, no logran mantener su partido unido y reclaman premios de consolación para los perdedores, con lo que vuelve a ponerse sobre la mesa el pacto fiscal, entre otras cosillas.

2.2) Gana un frente soberanista con mayoría de ERC, en cuyo caso Unió salta del bloque (ojo, si el frente fuera resultado de unas elecciones plebiscitarias, Unió habría saltado antes). Todo vuelve a empezar, pero con más ímpetu; la independencia deja de ser el asunto obsesivamente prioritario para convertirse en el único asunto, sin más. Esta rama nos acaba conduciendo a la misma situación que veremos en 3.3)

En el tercer caso (celebración de unas elecciones planteadas e interpretadas como una consulta sobre la secesión), el secesionismo puede ganar o perder. O no:

3.1) Los soberanistas pierden, Mas se retira y los frustrados no tienen fuerzas, ni siquiera para atrincherarse, durante unos cuantos años.

3.2) Los soberanistas ganan, pero con un porcentaje que, traducido a plebiscito, se considera insuficiente. En tal caso, si gobierna Convergencia, se acerca a Unió (de la que en esta tercera hipótesis se ha desgajado). Si gobierna ERC, se ve en la tesitura de declarar la independencia unilateralmente porque se ha comprometido con la regla del 50 % más un voto, ante lo que Convergencia se desmarca y... exige el pacto fiscal.

3.3) Gana con claridad una mayoría que se interpreta como triunfo inapelable de la opción secesionista. Si gobierna Convergencia, declara que toma nota y hace valer políticamente el resultado para conseguir un estatus asimétrico de Cataluña en España cuanto antes. Si gobierna ERC, declara la independencia de Cataluña de forma unilateral.

Perdonen tanta ramificación. El futuro está abierto, y seguro que se empeña en ignorar este cuadro. Su valor no es premonitorio; si lo fuera podrían acusarme de barajar demasiadas posibilidades, como un adivino malo. Si lo tiene, su valor es apenas el de esquematizar un estado de cosas una vez proyectadas hacia el futuro. Hay otras formas de presentarlo. Por ejemplo: se disuelve el anhelo independentista o no se disuelve. O bien: se aclara en los próximos... cinco años... si Convergencia es un partido secesionista o no se aclara. O bien: se declara la independencia unilateral de Cataluña o no.

En el cuadro, la declaración unilateral de independencia aparece como una probabilidad real (la declaración en sí, no la independencia) supeditada a un triunfo electoral de ERC que le permita gobernar. No se contempla en ningún caso como resultado de la decisión de un gobierno de Convergencia, y creo que este punto es poco discutible, aunque muchos discreparán. La cuestión es que, cuando se redacta este libro, los sondeos apuntan a un triunfo de ERC. Es más: indican una clara tendencia al ensanchamiento de su ventaja sobre CiU a medida que transcurre la legislatura.

En contra de las previsiones de Artur Mas, la ocupación ideal del espacio de Esquerra no le ha reportado ningún beneficio a CiU; es ERC la que se está zampando una gran parte del electorado convergente. Otra premisa que mantengo es la imposibilidad de que Unió siga coaligada con Convergencia si Artur Mas plantea unas elecciones plebiscitarias donde votarle a él equivalga a votar por la secesión. Entre otras razones, porque Duran sentiría una invencible tentación de encabezar el supuesto catalanismo no secesionista, que presume aún ancho. Lo que ya es presumir.

Si estoy en lo cierto, las elecciones plebiscitarias serían un desastre para el partido de Artur Mas, tanto por la previsible huida de su socio democristiano como por el error estratégico de escorarse hacia el espacio de ERC. Sin embargo, es muy posible que Mas esté abocado sin remedio a convocar esas elecciones plebiscitarias. El motivo, y vamos a entrar ya en materia, es que ha ido demasiado lejos en su compromiso con la consulta, y que esta solo podrá tener lugar en los términos que dependen de él, nunca en los que dependen de otros (el gobierno central). La consulta parece destinada a celebrarse bajo la capa de unas elecciones autonómicas. Mas se ha casado con ese destino al institucionalizar un proceso que tiene (aunque se cambien las palabras) un referéndum de autodeterminación como eje, pero sobre todo como fuente de sentido.

Se ha casado con ese destino al crear su Consell Assessor, al poner todo el poder mediático de la Generalitat, entre otros poderes mediáticos, al servicio del proyecto. Aunque el futuro no esté escrito, simplemente no existen posibilidades reales, al menos durante la carrera política de Mas, de que el Rey de España convoque un referéndum —y mucho menos limitado a un territorio— preguntando clara y concisamente a los votantes si desean que Cataluña se convierta en un Estado independiente. Porque tampoco existe posibilidad real alguna, dada la aritmética parlamentaria, de que el Congreso de los Diputados lo autorice ni de que el presidente del Gobierno lo proponga.

Ni siquiera cabe esperar que, sabiendo cómo va a ser utilizada, el gobierno central transfiera a la Generalitat por la vía del artículo 150.2 de la Constitución la competencia estatal para convocar referendos. Ni parece realista confiar en que el gobierno de Mariano Rajoy (otra cosa será lo que pueda suceder en el futuro) vaya a autorizar a la Generalitat la celebración de un referéndum bajo el manto de una ley catalana que tiene recurrida, precisamente, por invadir competencias estatales en materia de referendos. Tampoco parece que el gobierno central vaya a dejar de recurrir ante el Tribunal Constitucional, siguiendo con el ejercicio de realismo, la ley de consultas populares (en trámite cuando redacto) simulando no advertir que le quieren colar un referéndum por la puerta de atrás y que la pregunta desborda las competencias de la Generalitat. Como no dejará de recurrir la propia convocatoria de la consulta sobre la secesión amparada en dicha ley, que es acto de naturaleza diferente.

No se trata de una opinión, no establezco en este punto si me parece mejor o peor que el gobierno central deje de convocar un referéndum y recurra ante el Tribunal Constitucional las diversas modalidades de convocatoria barajadas por la Generalitat. Creo haberlo dicho ya: me parecería perfecto que el gobierno central propusiera un referéndum autorizado por el Congreso, es decir, el referéndum consultivo del artículo 92 de la Constitución. Entre otras razones, porque tengo la absoluta convicción de que lo ganaríamos los partidarios del «no», y de que el nacionalismo, con todo ese insufrible victimismo que le permite deshacerse por sistema de las responsabilidades de sus errores y de su mala gestión, sufriría un tremendo varapalo. La enrarecida atmósfera catalana se oxigenaría durante unos cuantos años. Celebrar un referéndum en toda regla podría estar perfectamente condicionado a no volver a plantear otro en veinticinco años, por ejemplo. Creo que la efectiva desactivación del nacionalismo-secesionismo en su principal leitmotiv durante un cuarto de siglo, o más, sería una bendición para Cataluña, que podría por fin concentrar su energía en su desarrollo y prosperidad.

Pero también sé que el gobierno del Estado-nación más antiguo de Europa no va a actuar siguiendo cálculos de esta índole, sino aplicando sus leyes sin acudir a improvisaciones, de acuerdo con sus más arraigados esquemas. En la tradición británica, por ejemplo, está la consideración de Escocia como nación y la atención a su pasado como reino plenamente independiente que firma su unión con Inglaterra a principios del siglo XVIII. Escocia mantiene desde el principio un sistema legal diferenciado y una consideración nacional indiscutida. Ojo, eso no significa que hoy por hoy goce de mayor autogobierno que, por ejemplo, el País Vasco, el territorio subestatal más descentralizado de Europa. Significa que David Cameron actúa simplemente dentro de un marco, unos condicionantes y una historia muy distintos a los nuestros, y que las normas que él aplica, tan democráticas como las nuestras, existen en su propio ecosistema legal. Al consultar acerca de la independencia de Escocia, Cameron no rompe ningún molde. Rajoy sí lo rompería. Puede que esa ruptura de moldes fuera conveniente; yo así lo creo dentro de los términos antes expuestos. Pero ¿es realista esperarla?

Las valoraciones vienen después de los análisis, y cuando algunos constitucionalistas expresamos nuestro deseo de que Mariano Rajoy se comportara (se hubiera comportado) en este asunto como su homólogo británico, cuando decimos que ojalá se hubiera adelantado a los acontecimientos y se hubiera puesto manos a la obra, y hubiera desplegado una inteligente campaña propagandística sobre las ventajas de seguir unidos (al modo británico, con resultados netamente favorables al unionismo), debemos reconocer al tiempo que nos estamos desahogando, que estamos sobrevolando el terreno, que habla por nosotros una cierta envidia. Que nos estamos recreando, en fin —más que proponiendo con alguna posibilidad de éxito—, con las ventajas que para la preservación efectiva de la unidad de España tendría una operación como la que Cameron ha podido llevar a cabo sin remover los cimientos del Reino Unido. La prueba de esas ventajas, insisto, es la gradual pérdida de predicamento que está sufriendo la opción secesionista en Escocia a medida que se acerca la fecha de su consulta. Cuando escribo está por debajo del 30 %.

Tras el desahogo, deberemos seguir reconociendo que, en la piel de Rajoy, es más que probable que nos comportáramos igual que él. Igual que se comportaría cualquier presidente imaginable del gobierno de España, incluso si nuestra imaginación va un poquito suelta. Es el cargo, el peso de la púrpura, el rotundo edificio institucional, jurídico-político e histórico, el que determina la actuación del gobernante ante cualquier tesitura donde se ponga en entredicho, ni que sea en hipótesis, la integridad territorial. Un presidente no lleva al Estado por donde le apetece, si es que a Rajoy le ha apetecido en algún momento emular al primer ministro británico, cosa dudosa.

Es en esta impermeabilidad estatal a las ocurrencias (que ha funcionado a pedir de boca con algún presidente de gobierno español de lo más ocurrente), donde se constata que Cataluña está muy lejos de ser un Estado, y todavía más lejos Artur Mas de ser un estadista. No sé cómo decírselo. El Estado no es un perro cuya correa maneje el gobernante. Salvo excepcionalísimos contextos ajenos a la realidad occidental contemporánea, es justo al revés: el gobernante es el perro del Estado. Busca trufas para él, mueve la cola, ladra a los extraños; tiene sus momentos de correa larga, y cuando hay algún peligro para el can, o cuando el mismo can pueda ser el peligro, la correa se acorta, y se acorta, y se acorta. Y el Estado acaba agarrando al gobernante, si es preciso, por el collar. Y llegado el caso, cambia de perro.

El mantenimiento del verbo «gobernar» en sistemas tales como los europeos del siglo XXI llama a engaño por desmesurado. Si nos parece correcto es por el hábito, y porque en el fondo nos imaginamos al Estado como una nave:

Gobernar: fin s. X. Del latín GUBERNARE «gobernar (una nave)», «conducir, gobernar (cualquier cosa)», y este del griego kybernao íd. (Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Joan Coromines).

Estamos visitando, ya se habrán dado cuenta, la más querida metáfora de Artur Mas, que tiene una idea anticuada o infantil —una idea naval— acerca de la naturaleza de gobernar, como refleja su estreno presidencial posando con un timón entre las manos. Un timón sin barco. Pero sigamos con lo nuestro. Imaginen, si quieren, el Estado como nave, pero deberán introducirle algunas características especiales. Por ejemplo, cuando el timonel se empeña en dirigirla contra las rocas, esta nave lo evita, dejando claro quién manda. O más exactamente, qué manda. Contra las cambiantes ambiciones del timonel, contra las torpezas y precipitaciones, contra el aventurerismo y el deporte de riesgo, contra la repentina exaltación de la tripulación, esta nave siempre sigue su rumbo y regresa a la velocidad de crucero. O sea, que no es una nave. La metáfora confunde y el verbo gobernar, a estas alturas, miente. Que es lo que queríamos demostrar.

A despecho de las fantasías conspiranoides y de lo que sugieren coyunturales líneas editoriales, el Estado realiza movimientos impersonales, de máquina; entrarle de frente es como plantarse delante de una apisonadora en marcha. Este es el tipo de cosas que Artur Mas no ha entendido nunca, convencido como estaba de poder llevarse al huerto a Zapatero, persuadidos como están los suyos de que el problema está en Rajoy, o que lo estuvo en Aznar, o que lo estará en Rubalcaba, Chacón o quien fuere que devuelva el poder a los socialistas. Espejismos. Es el Estado impersonal —este concreto Estado impersonal— el que no puede darle juego al secesionismo, del mismo modo que sí pudo darle juego, y se lo dio hasta hartarse, al nacionalismo taimado de Jordi Pujol.

Se trata de restricciones sistémicas. Quienes las ignoren en sus proyectos, sobre el papel, desde las tribunas, así como sus seguidores, experimentarán intensas sensaciones de liberación. Que disfruten. Pero la falta de sujeción a la realidad los instalará en la especulación autorreferencial. Siempre les queda la novela histórica. Para evitar la política ficción, el reconocimiento de los deseos políticos personales debe acompañarse de un examen objetivo de las restricciones del marco. Por esa razón digo que un referéndum me haría feliz. Por esa razón añado que no lo va a haber.

A las cuatro primeras «vías legales para la convocatoria de una consulta legal de acuerdo con el derecho interno» (las siete últimas palabras sobran) que recoge en su primer informe el Consell Assessor per a la Transició Nacional, les espera la respuesta lineal, impersonal y maquinal del Estado. Ahora ya sabemos que el gobierno central carece del margen de prestidigitación que le atribuye el CATN. ¿Una consulta acorde con el derecho interno, clara, concisa e inequívoca sobre la secesión? Como dicen los americanos, eso no va a pasar. Critíquese por ello al sistema hasta la extenuación, pero que no simulen sorpresa los nacionalistas-secesionistas con algún conocimiento y/o alguna responsabilidad a sus espaldas, porque lo saben perfectamente. Entendemos lo que buscan con toda esta parafernalia preliminar: «cargarse de razones». Bien, pero no es posible que se engañen al respecto. Entonces, ¿es lícito que engañen a los suyos?

En cuanto a la quinta vía prevista en el informe de marras —la reforma de la Constitución—, harán muy bien en instarla. De hecho, ese es el camino correcto. El propio Consell Assessor recuerda, sin embargo, que se requerirá la voluntad política de los dos grandes partidos. Una voluntad que no se da, volviendo a la realidad. También recuerda que las «fuerzas políticas catalanas —expresión con la que ellos, al igual que la televisión y la radio de la Generalitat, identifican a los partidos soberanistas— estarán siempre en minoría».

Estando así las cosas, ¿es seguro que no habrá consulta? Una premisa de este libro es que sí la habrá. Si no, llevaría otro título. O quizá no lo habría escrito. Antes de que me acuse, lector, de entrar en flagrante contradicción, le recuerdo el tenor de mi preámbulo y las migas de pan dejadas hasta ahora. Como en el fondo saben los redactores de informes, los consejos asesores y los dirigentes soberanistas (de Artur Mas no estoy muy seguro), las elecciones plebiscitarias son su única posibilidad real de materializar algo parecido a una consulta. No estoy diciendo que sea la única opción legal porque otras, que hemos considerado irrealizables en la práctica, al menos en los próximos años, son bastante más legales que esta (de dudoso encaje normativo pero imposible de evitar para el Estado; está en el punto ciego de la máquina). Estoy diciendo que las elecciones plebiscitarias son el único tipo de consulta sobre la secesión al que puede aspirar Mas durante su carrera. Como no sé si él lo sabe, no descarto que intente otro tipo, que prepare hasta el último momento una consulta propiamente dicha. Lo que sí descarto es su celebración creíble, con el apoyo de los partidos contrarios a la secesión, sin los cuales esa consulta es una broma. Descarto su adecuación a unos mínimos requisitos de homologación. Enseguida lo explico.

Resumamos. Mas no obtendrá del Estado el referéndum del artículo 92 CE. Mas no obtendrá la transferencia competencial del artículo 150 para convocarlo por su cuenta. Mas obtendrá un recurso ante el Tribunal Constitucional si intenta convocarlo de acuerdo con la ley vigente en Cataluña. Mas obtendrá otro recurso ante el Tribunal Constitucional si la ley en trámite (cuando se escribe este libro) le atribuye tal competencia en «consultas no refrendarías», y otro recurso más por el acto de convocatoria de dicha consulta. Sin embargo, estas no son las únicas razones para afirmar que las elecciones plebiscitarias son la única alternativa de los soberanistas si se empeñan en realizar una, digamos, consulta. Son razones contundentes e incluso definitivas, pero no son las únicas.

Parece mentira que no se refieran a ello los analistas: la celebración de un «referéndum» o de una «consulta» por las vías tercera o cuarta del informe del CATN, apuntaladas en la legislación catalana vigente o en la futura, respectivamente, carecería de valor a ojos de cualquier observador. Digo de cualquiera. Con toda seguridad, dos partidos catalanes (sí, amigos del CATN, catalanes y no soberanistas, lo que hay que ver) propugnarían la abstención, o boicotearían la consulta, llámenlo como gusten. Posiblemente me quede corto y sean dos partidos y medio, o dos partidos y tres cuartos. El medio o tres cuartos son los socialistas, cuyos seguidores quizá se dividirían entre los partidarios de participar y los que no contemplan tal posibilidad si la norma de base y la convocatoria están recurridas, si el gobierno español no autoriza, si no se les plantea estrictamente el referéndum consultivo del artículo 92 de la Constitución.

Lo de los socialistas está por ver, pero Ciutadans y el PPC no participarían en un «referéndum» o «consulta» sobre la secesión que se apoyara en la legislación catalana, ni siquiera si Mariano Rajoy, en un inimaginable olvido, dejara de recurrir al TC. No acudirían a los debates. Los partidarios del «no» estarían muy escasamente representados (por el PSC) o, directamente, no estarían representados en absoluto. Bueno, siempre podrían echar mano del Partido de los Pequeños Propietarios, digo de Unió. Seamos serios, no hay observador imparcial capaz de otorgar valor a ese banquete de Juan Palomo.

¿Acaso la explícita convocatoria como plebiscitarias de unas elecciones autonómicas será acogida sin críticas ni resistencias? Ni mucho menos. No es eso lo que aquí se sostiene. La clave es que las muchas críticas y resistencias que suscitaría la utilización del mecanismo de las elecciones autonómicas para colar un referéndum de hecho resultarían inútiles. Resultarán inútiles.

Nadie puede impedir en la práctica, aunque se acuse mil veces de fraude a quien lo haga, que una serie de partidos comparezcan a las elecciones con un solo punto en su programa, y que ese punto sea: «Garantizamos que el voto a nuestra formación va a ser interpretado como un "sí" a la secesión de Cataluña.» O algo similar. Llegados a tal extremo, el Estado queda inerme, y repito que los soberanistas catalanes lo saben. Y también los que no lo son. De otro modo, demostrarían una imperdonable falta de previsión. No es imposible que, aun comprendiendo que esa vía es la única a su alcance, Convergencia, o algunos de sus dirigentes, prefieran eludirla por diversas razones: por no provocar la ruptura de su vieja coalición con Unió, por no disolverse en un único «partido» real con ERC y las CUP (y quizás Iniciativa), por la fuerte tentación de desmarcarse de todos en mitad del tsunami (por ellos provocado) y presentarse como la perseverante y sensata formación que va a dedicar otra legislatura, y las que hagan falta, a obtener un referéndum de verdad, etc. Pero todo esto está por ver, pues, al mismo tiempo, la dinámica adoptada por Convergencia acelera sus pasos con un ímpetu de difícil corrección en el último momento.

Por fin, haga lo que haga y diga lo que diga cada cual, preguntémonos por los efectos que tendría sobre el mapa político catalán el simple hecho de que algún partido dentro del soberanismo (por ejemplo ERC) y algún partido dentro del constitucionalismo (por ejemplo Ciutadans) optaran por una campaña que los identifica abiertamente a ellos con el «sí» y con el «no». ¿Le parece al lector imposible, o muy difícil, que se llegue a dar tal situación? Piénselo mejor. ¿Está en su interés hacerlo? ¿Incurren en alguna contradicción al hacerlo, o por el contrario alcanzan, culminan y realizan su razón de ser?

Por supuesto, la vía de las elecciones plebiscitarias no le ha pasado por alto al CATN. Pero ya saben que el Consell, en su informe, no la incluye entre las vías legales. Es justamente en este punto, por paradójico que parezca a primera vista, donde se produce la quiebra democrática antes señalada, que en modo alguno cabe en un Estado de derecho aunque quepa en las especulaciones doctrinales de un aula: la de invocar una legitimidad no amparada en la legalidad. Porque la invocación no solo cubre varias vías no legales una vez que han fallado las legales por la falta de «flexibilidad» del gobierno central, sino que extiende su manto de legitimidad —y esto es más serio— a una ulterior declaración unilateral de independencia, una vez interpretado el voto a los diferentes partidos como un «sí» a la secesión.

Aquí el Consell Assessor choca con la opinión de los dos líderes de la coalición gobernante, Mas y Duran, que nada quieren saber, según dicen, de declaraciones unilaterales. A nadie extrañará el rechazo de Duran, pero, ¿y el de Mas? ¿Tampoco nos sorprende? Sopesemos al menos el hecho de que ha sido él quien ha creado el Consell Assessor per a la Transició Nacional, ha sido él quien ha elegido a unos miembros que no son precisamente constitucionalistas, y ha sido él quien los ha puesto en situación de emitir informes que, además de destinarse a su personal ilustración, están pensados para la difusión y, por tanto, para la creación de estados de opinión y para la provisión de argumentos estructurados. Maná para el ejército de opinadores soberanistas que copan los medios de comunicación catalanes.

Permítanme una digresión, no puedo evitarla. Cuando recuerdo en público la existencia del ejército de opinadores soberanistas, siempre hay alguien que me suelta: «¡Tú no puedes quejarte! ¡Bien que sales en los medios catalanes!» Lo cual, ciertamente, es una burda tergiversación de mi denuncia. Este es un buen lugar para aclarar que, como profesional, yo no me quejo en absoluto. Los principales medios públicos catalanes, y algún importante medio privado, han contado conmigo. No se queja el colaborador televisivo y radiofónico. Se queja el ciudadano catalán Juan Carlos Girauta, harto de que una abrumadora mayoría de generadores de opinión en los medios de comunicación públicos de Cataluña sean soberanistas. Espero que se entienda que mi reproche va dirigido a los responsables de dichos medios, no a los opinadores, con los que por lo general mantengo una más que correcta relación, poniéndome muy contento por ellos cada vez que presencio los ágiles trasiegos —de la cosa pública a la opinión y de la opinión a la cosa pública— de los jefes y oficiales de su ejército.

No hagamos ver que no lo comprendemos. Una ausencia total de constitucionalistas en los medios públicos sería contraproducente incluso en el autorreferencial ecosistema catalán. ¿A quién puede molestarle una pizca de pimienta? Pues en realidad molesta a muchos. Tipos que no lo han pensado dos veces. Viven los debates y tertulias como hinchas futbolísticos, creen asistir constantemente a un juego de suma cero donde resulta imposible enriquecerse en el contraste: la baza argumental que gana el contrario, la pierden ellos. Yo soy el contrario, claro. Darme la opción de ganar alguna baza, es decir, tenerme ahí, les parece una ligereza intolerable, un error, y un insulto a su fina sensibilidad nacionalista.

Si un director de medio público que yo me sé me hubiera dado todos los correos electrónicos que ha recibido condenando mi presencia en su programa estrella, en vez de tirarlos ostensiblemente a la papelera cada vez que el simpático empleado público de turno se los colocaba encima de la mesa de su despacho, yo habría podido publicar un libro larguísimo reproduciéndolos. Su tenor hablaría por sí solo, no habría tenido que añadir ni una palabra a los improperios de estos nacionalistas-secesionistas puros purísimos, que además de vivir en catalán (y bien, yo les hablo en catalán), también quieren vivir protegidos de cualquier crítica a su visión del mundo. No soportan que la «radio nacional de Cataluña», o la «televisión nacional de Cataluña», o la interminable tertulia nacional de Cataluña, les someta al riesgo de contaminación ideológica. ¿Qué coño pinta ese en nuestra casa? Hostes vingueren que de casa ens tragueren! Vaya usted a decirles que estoy en mi casa. O estaba.

Los directores de los medios públicos y de sus principales programas sí lo han pensado dos veces y no quieren que les tachen de faltar al pluralismo. Pero sin pasarse. Y entonces se quedan cortos, faltando flagrantemente al pluralismo. No ignoro lo que a menudo se ha esperado de mí: el comportamiento del sparring, la nota de color del representante oficioso de una minoría, muy pequeñita en su caricatura, con cuya presencia vienen a decir: fíjate si seremos plurales. («Fíjese si seremos tolerantes —le dijo Artur Mas a Albert Rivera en un debate electoral— que aquí está usted hablando en castellano.»)

Pero no me importa en absoluto que esperen de mí un sparring. Oh, no. Me gusta demasiado la confrontación de ideas, la polémica fundada, para que me afecte el desequilibrio en las mesas de opinión. Y gozo, gozo de lo lindo mientras imaginan que la presión me aplasta. Lo que me resulta incomprensible y misterioso es el placer que puedan encontrar tantos de mis contertulios en acudir a un estudio de radio o a un plató de televisión para darse la razón, emulando a los tintinescos Hernández y Fernández: «Yo aún diría más...» Pero sabe Dios que lo respeto. Ahora pienso que mi vida podría resumirse en un permanente estado de sorpresa por la tremenda necesidad de refuerzo de mis congéneres, su insaciable sed de pertenencia, la placidez que alcanzan flotando en el río común, haciendo el muerto sobre el mainstream. En cuanto a los medios de comunicación privados, pueden hacer lo que les dé la gana. No los pago yo.

Fin de la digresión. Ahora volvamos a la materia y reparemos en la docta opinión del CATN, lleno de profesores universitarios. Bajo el epígrafe «Vías alternativas en caso de no poder hacerse la consulta legal» (no se puede negar que son claritos), leemos en su primer informe (las negritas son nuestras):

Desde la Generalitat y con el apoyo de la mayoría de ayuntamientos de Cataluña se podría organizar una consulta al margen de las disposiciones legales del Estado y de las de la Generalitat (si estas últimas han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional a instancias del gobierno central). Se trataría de aplicar la legalidad catalana a pesar de su suspensión.

Hay dos argumentos evidentes en contra de esta «vía alternativa». En el primero, su ilegalidad, no vale la pena abundar porque viene reconocida desde el título del epígrafe y viene reconocida en el propio párrafo («a pesar de su suspensión»). El segundo argumento: incluso los que invocan una legitimidad fuera de la legalidad (ya saben, negándole a España la condición de Estado de derecho) son conscientes de que una consulta tal apenas la considerarían legítima sus convocantes efectivos, «la mayoría de ayuntamientos de Cataluña» (aunque organizara de hecho la Generalitat). De nuevo, las fuerzas políticas del «no», incluyendo aquí sin duda al PSC, propugnarían la abstención o, lo que es igual, boicotearían la consulta. Otra vez aparecería Juan Palomo.

A continuación, recoge el informe del CATN:

Una posible alternativa consistiría en que la organización de la consulta correspondiera exclusivamente a entidades de la sociedad civil, aunque contaran con el apoyo indirecto de la Generalitat y de los ayuntamientos.

O sea, que la Generalitat le pasaría el censo a la Assemblea Nacional Catalana, a Ómnium Cultural, y quizás a la Colla Joves Xiquets de Valls, para que organizaran la consulta de un Juan Palomo más Juan y más Palomo que nunca. Sugiero que, si esta fuera la vía escogida por Mas de entre las que prevén los cerebros del CATN, se forre las urnas con una estelada. Pero tranquilos, que el CATN desaconseja finalmente estas vías, y reconoce en un párrafo de repentina sensatez:

Los inconvenientes de estos escenarios son claros: confrontación frontal [sic] con el Estado si se emplea la primera de las vías citadas, fácil campaña de desprestigio de los actores e instituciones contrarios a la consulta por su «inutilidad» (presentada como ilegal y anticonstitucional), previsible escasa o insuficiente participación, deslegitimación de los resultados —también en la esfera internacional—, problemas logísticos de organización, etc.

Para rematar:

Los inconvenientes citados desaconsejan este escenario alternativo.

Bien hecho. Y ahora viene la miga, el subepígrafe «Elecciones plebiscitarias». Que serían la «vía adecuada»...

... si se constata de manera incontrovertible la imposibilidad de hacer el referéndum o la consulta sobre la independencia de Cataluña por las vías legales anteriormente expuestas como consecuencia del reiterado proceder [ capteniment] contrario de las instituciones del Estado.

Pero lo más importante llega al final del apartado, porque en bonita pirueta, saltando de ilegalidad a legitimidad, y de legitimidad a principio democrático, nos plantamos en la declaración unilateral de independencia:

Esta vía alternativa [las elecciones plebiscitarias] es, por respeto al principio democrático, el paso previo necesario para la DUI en el Parlament.

Los expertos de Mas se han posado por fin, con sorprendente comodidad y envidiable llaneza, en la proclamación unilateral de la independencia de Cataluña. Como si nada. El problema es que han llegado a ese lugar arrastrados por la corriente de una falacia. Se trata de una descomunal petitio principii: en la premisa de la propia existencia del Consell Assessor y de su «Consulta sobre el futuro político de Cataluña» (título y objeto de su primer informe) está implícito el derecho del pueblo catalán a la secesión, y a él tienen que llegar forzosamente sus conclusiones, independientemente de las vías que se exploren. La falacia atraviesa las 220 páginas del informe. Le hace concluir que lo ilegal es legítimo cuando lo deseado no cuenta con la mayoría parlamentaria suficiente o con la aquiescencia de quien está capacitado para recurrir nuestras decisiones ante una instancia habilitada para suspenderlas. Le hace postular al fin, necesariamente, la impecabilidad democrática de romper un Estado tras unas elecciones autonómicas. Ha aclarado el presidente del Consell, Viver i Pi-Sunyer, que «el president no convocaría las elecciones como plebiscitarias, sino que son los partidos los que las hacen así, poniendo un único punto en el programa». Ya lo sabíamos, ¿verdad? Es el punto ciego del Estado.

Pero el que así habla es un reputado jurista que preside un órgano adscrito a Presidencia, no un descuidero de la política. Es un catedrático de Derecho Constitucional. Por enojoso que sea, es obligado recordarle que si el president convoca las elecciones como lo que son («el president no convocaría las elecciones como plebiscitarias»), si las convoca de la única forma que puede convocarlas, como unas elecciones autonómicas, el hecho de que los partidos pongan un solo punto en el programa, pongan cien, o no pongan ninguno, no altera su naturaleza jurídico-política. Es él, principalmente, quien cubre de palabrería jurídica el bastardeo de las próximas elecciones catalanas, contribuyendo a una quiebra de la legalidad. Ya sé, ya he dicho que como pueden hacerlo en la práctica pese a su dudosa legalidad —y lo otro no pueden hacerlo en la práctica pese a la legalidad de varias de sus vías teóricas—, lo harán. Y también he dicho que en esa interpretación inevitable que va a darse a las elecciones, votaré «no» cuando vote a un partido constitucionalista. Pero con ello estoy anticipándome a una trampa que nos van a tender. No esperaba que un ex vicepresidente del Tribunal Constitucional tuviera el descaro de salirse del Derecho tan vistosamente para deletrear la trampa, para dibujarla, por si a alguien no le había quedado clara, y para hacerle una pedorreta pública a la Constitución.

Cuando Viver indica que «son los partidos los que las hacen plebiscitarias» lo dice en serio, no en sentido figurado, no en el sentido de un futuro estado de opinión muy sólido, ni nada parecido. La prueba es que, apoyado precariamente en ese «plebiscito», apoyado con el dedo gordo del pie, sostiene que cabe declarar unilateralmente la independencia. Ahí está su informe. Un órgano del Departament de Presidencia, gobernando Artur Mas, ha anunciado un acto insurreccional y los profesores asesores lo decoran con el «principio democrático». (¿Dónde se ha visto un principio democrático que viole el principio del imperio de la ley?) Mientras, nadando sin mojarse, Artur Mas descarta la DUI.

Es formidable, porque el que va a gobernar después de esas elecciones en caso de que gane el bloque nacionalista-secesionista, en caso de ganar el implícito «sí», no es él. Es otro que no descarta la DUI sino todo lo contrario. No sabemos cuántas bazas más piensa servirle Artur Mas a Oriol Junqueras, pero la transparencia de este último respecto de sus intenciones, y su ventaja sobre CiU en los sondeos, son la razón principal de esta obrita urgente. Son la razón principal de la necesidad imperiosa de movilización dentro de la Cataluña constitucionalista. En esas elecciones trampa (trampa ineludible) nos lo jugaremos todo, y es esencial que así se entienda. Si al final ganara con amplitud el bloque nacionalista-secesionista, y ganara además encabezado por ERC, cada uno de los catalanes contrarios a la secesión (que en conjunto formamos mayoría) tendrá que enfrentarse a su conciencia y preguntarse: ¿Qué hice yo? Si ni siquiera fue capaz de salir de su casa a meter un sobre en una urna, entonces se merece la Cataluña que vendrá, porque antes se le habrá advertido de todas las maneras posibles.

Un acto insurreccional del tipo DUI puede triunfar o fracasar. Si triunfa, el nuevo Estado nacerá, establecerá su propia legalidad y, si por fortuna acaba siendo un Estado de derecho, esa legalidad será la única legitimidad que un jurista serio podrá invocar en Cataluña. Si fracasa, la DUI jamás saldrá del terreno de los actos contrarios a la ley y, por tanto, al ser España un Estado de derecho, de los actos ilegítimos. Esa es la apuesta a cara o cruz de Carles Viver i Pi-Sunyer y sus compañeros del Consell Assessor per a la Transició Nacional. Esta es la responsabilidad que contraen.

Aunque Mas haya descartado la DUI incluso ganando unas elecciones plebiscitarias, no lo hace con la misma claridad el portavoz de su gobierno, Francesc Homs. Cuando la prensa le recordó la posición de su presidente, y cómo esta contrasta con las recomendaciones del informe examinado, respondió:

A mí me parece que lo que sugiere el CATN es que cualquier decisión en ese sentido [DUI] debe ser posterior a la decisión popular.

Es decir, no respondió. Y con ello respondió bastante. Porque el CATN no solo dice (no «sugiere») eso. El CATN prevé hasta la vestimenta formal de la DUI: hay que tramitarla como una iniciativa legislativa para otorgarle relevancia formal y normativa. El CATN aconseja incluso que la DUI no sea demasiado larga en su parte dispositiva. Yo aprovecho para preguntar al portavoz Homs si está de acuerdo con que la DUI no sea muy larga. Cualquier respuesta que no sea «¿Qué DUI?» choca con la posición expresada por su presidente. Lo que no estaría nada mal para quien, además de portavoz, es consejero de Presidencia.

Para acabar de una vez por todas con el CATN (entiéndase el sentido), interesa consignar la opinión que les merece el órgano a los partidos contrarios a la secesión:

El líder socialista Pere Navarro lo considera una «estructura independentista» y «poco democrático». «Alguien ya está preparando las cosas para que la consulta dé un resultado y no otro», afirma apuntando al Consell. Y también: «Que el Govern comience a crear estructuras que nos llevan a la independencia [vale también para el resto de las llamadas estructuras de Estado] es poco respetuoso con la defensa de la consulta.» Recuérdese que el PSC propugna la consulta.

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, que recurrió la creación del Consell ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pidiendo su suspensión cautelar, cree que el órgano está «fuera de las competencias autonómicas y rompe con el ámbito constitucional y con el Estatut». Lo considera fruto de la búsqueda, por parte de CiU y ERC, de «mecanismos jurídicos alternativos al marco actual», y representativo únicamente de los secesionistas, no pudiendo por tanto pronunciarse en nombre de la Generalitat. El portavoz Jordi Cañas denuncia que el objetivo del Consell es «conspirar contra la democracia, el Estado de derecho, el Estatuto y la Constitución».

En el PPC, el portavoz Enric Millo lo califica de «juego de rol sobre una Cataluña independiente de ficción», mientras el portavoz adjunto Santi Rodríguez lo presenta así: «El president tiene un consejo de amigos para decirle a él y a los amigos lo que les gusta y quieren escuchar», pidiendo a Mas que «prescinda del Consell y, de paso, del consejero de propaganda [Homs], cuya única misión es alimentar la independencia día a día».

Pero Mas no va a disolver el CATN, del que espera 18 informes más, incluyendo uno sobre la futura defensa de una Cataluña independiente. Una lectura atenta del que hemos revisado (el único informe emitido por ahora) nos ha permitido apartar la hojarasca y retener la forma en que se señala el que tenemos por único camino practicable, el de las elecciones como referéndum. Por muy estricto que el gobierno central o los tribunales quisieran ser a la hora de imponer que unas elecciones autonómicas sean unas elecciones autonómicas, bastaría una consigna (la capacidad del nacionalismo en esta materia es legendaria) para que todo el mundo las interpretara como mucho más que eso. Y por tanto serían más que eso.

No parece que vaya a celebrarse ninguna votación con papeletas del «sí» y el «no» después de una campaña ad hoc en igualdad de condiciones entre las dos opciones y con una exquisita neutralidad de los medios de comunicación públicos de Cataluña. Que, en caso de referéndum o consulta, sería lo suyo, ¿no? Incluso si se dieran las improbabilísimas condiciones de celebración de alguna de las «vías legales» del CATN, no habría igualdad de condiciones, y los medios de la Generalitat no serían neutrales. ¿Neutrales después de contribuir como nadie a la identificación de las últimas Diadas con la opción secesionista? ¿Neutrales por primera vez? No, no creo en nada de eso.

En lo que sí creo, porque me conozco el percal, es en la capacidad de movilización del nacionalismo catalán y en su maestría a la hora de fabricar y difundir consignas. Como mínimo, en las elecciones plebiscitarias iremos a votar los constitucionalistas que lo hacemos normalmente. Y el sobreentendido será imparable. Los constitucionalistas no hemos participado en el diseño del juego del gran sobreentendido, pero cuando el nacionalismo se acoja al subterfugio electoral, vamos a tener que participar igual. No hay vuelta de hoja. No vamos a regalarles el Parlament entero, la abstención no es una opción; queremos seguir siendo catalanes y españoles, queremos impedir la ruptura de España y también queremos evitar los problemas en que nos metería a todos, aun sin triunfar, la declaración unilateral de independencia. También nosotros nos expresaremos con el único medio a nuestro alcance.

Puestos ahí, solo cabe intentar ganar. En la arena donde nos vamos a ver. Consiguiendo más votos para los partidos constitucionalistas (¿cómo interpretamos el voto en blanco, asesores?) tenemos la oportunidad de abortar el «proceso». Un proceso parejo al suicidio de Convergencia, pero eso es lo de menos. Un proceso que, salvo que ganemos, conduce directamente a la declaración unilateral de independencia de Cataluña y, por consiguiente, a un choque institucional y a una conmoción social de enormes dimensiones.

Múltiples fuerzas, agentes, proyectos, intereses e ideales se van a encontrar a medida que se despeje para el gran público lo que ya está despejado para los actores clave. Comenzará un baile estratégico donde:

ERC y Ciutadans parten de una muy buena posición porque encarnan como nadie el «sí» y el «no».

El PPC y una Unió separada de Convergencia parten ambos de una posición bastante buena: el PPC encarna también el «no», aunque habrá que comprobar cuán claro y contundente es Rajoy y cuál es la naturaleza de su estrategia. En cuanto a una Unió separada de Convergencia, desmarcada del independentismo y de la actual supeditación de su coalición a ERC, lo tendrá de maravilla para arrogarse la tradición pactista de CiU, sin la «C», aunque está por ver que Duran sepa jugar solo.

Iniciativa parte de una posición neutra: su marca tiene un electorado fiel, pero no va a poder explotar especialmente la tesitura: están por la consulta, pero ¿están por la secesión?

Una Convergencia separada de Unió parte de una posición bastante mala: fuera de su tradición pactista, desentendida del valor de la estabilidad que siempre ha predicado, desdibujada, controlado por ERC el espacio que se ha empeñado en ocupar y con los votantes no secesionistas también en fuga.

El PSC parte de una posición muy mala por el ambiente polarizado y por su división interna. Aunque la opción de Navarro sea constitucionalista, ¿será nítida la interpretación a dar al conjunto del voto socialista? ¿Concurrirá tras una fractura del partido en toda regla? ¿Concurrirá con la fractura no formalizada, pero percibida por el electorado? Tiene más difícil que nadie atraer votos tradicionales de otros partidos en mitad de un fenómeno de redistribución de las adscripciones políticas. Haga lo que haga, la atmósfera de unas elecciones plebiscitarias estimula una percepción pública que es, precisamente, la que el PSC viene tratando de evitar: la de estar «con unos o con otros». Para un partido que casi siempre ha sido mayoritario en elecciones generales, y alguna vez mayoritario en escaños en autonómicas, estos condicionantes son temibles.

Nótese que, en el escenario dibujado, CiU se ha roto porque la «C» no ha querido o no ha podido corregir su inercia. La manera de que no se rompa para entonces es que Convergencia desmienta tajantemente el carácter plebiscitario de las elecciones cuando su líder, el presidente de la Generalitat, las convoque. Que insistan por ejemplo, como antes se apuntó, en mantener el objetivo de un referéndum o consulta propiamente dichos, contra viento y marea, en la siguiente legislatura. En cualquier caso, la posición de Mas es poco decorosa: o se entrega a ERC, o frustra a cuantos ha embarcado hacia Ítaca, que no esperan un viaje con tantas escalas. Que lean la Odisea.

Nótese también que cuando hablamos de posiciones de salida buenas o malas ante unas elecciones plebiscitarias (interpretadas como tal por una masa crítica de votantes y por los analistas) no establecemos términos absolutos sino relativos. Para el PSC, por su trayectoria, siempre será malo tener que ponerse como meta el no bajar de veinte escaños; para Ciutadans, por lo mismo, es bueno que los sondeos le den un empate técnico con el PSC, etc.

V

El Parlament catalán declaró en el pasado de forma solemne, varias veces y sin mayores consecuencias, que Cataluña tenía derecho a la autodeterminación. Luego ha proclamado una cosa sutilmente distinta, consciente quizá de esa falta de consecuencias y también de la falta de adecuación al caso catalán de la «autodeterminación» a ojos del derecho internacional. Empezando por la ONU, que no admite la invocación de tal derecho para amparar la secesión del territorio de un Estado, y lo circunscribe al caso de las colonias.

En el documento de la ONU que ampara el derecho a la libre determinación de los pueblos consta esta advertencia:

Todo intento de quebrantar parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un Estado o país o su independencia política es incompatible con los propósitos y principios de la Carta [de las Naciones Unidas]. (Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 1970.)

Esto lo sabe muy bien el profesor Jaume López Hernández, justamente calificado como ideólogo del nacionalismo catalán. También sabe que el derecho de autodeterminación vanamente proclamado por el Parlament solo es de aplicación en procesos de descolonización. No es López Hernández uno de esos chapuceros inasequibles al desaliento que sostienen que Cataluña está colonizada. Recuerda que:

Cualquier reivindicación de una minoría territorial que no pertenezca a un imperio, ni haya sido colonia, se conceptualiza como un conflicto de unos ciudadanos con su Estado, fuera de los márgenes, por tanto, que presupone el derecho a la autodeterminación.

López Hernández es autor del informe doctrinalmente legitimador del que bebe en la actualidad el movimiento nacionalista-secesionista catalán: Del derecho a la autodeterminación al derecho a decidir. Un posible cambio de paradigma en la reivindicación de los derechos de las naciones sin Estado (Quaderns de recerca, número 4, noviembre de 2011, Centro Unesco de Cataluña). La estrategia entera de Artur Mas pivota sobre el «derecho a decidir», es tributaria del constructo desarrollado por López Hernández. La Unesco, al fondo. Es raro, cuando menos, que el PSC comprara la mercancía tan alegremente.

En cuanto a los nacionalistas de a pie, no necesitan hilar tan fino. El nuevo mantra es el derecho a decidir, y allá vamos. Por el camino, el viejo catalanismo político se ha transformado en soberanista, se ha convertido en su mayor parte —o se ha dejado arrastrar por la corriente— al independentismo, ha abandonado el alma de una tradición que le marcaba como objetivo el liderazgo de España, la condición de locomotora económica, de vanguardia cultural, científica, artística, intelectual y política de España. El viejo catalanismo político ha desaparecido. En su lugar emerge hoy un movimiento transpartidario, en pleno salto mortal, que ha regalado la bandera de Cataluña de verdad (sin estrella) y la causa del liderazgo de España a los constitucionalistas catalanes. Gracias. Nosotros, efectivamente, ya somos los únicos que deseamos que Cataluña lidere España.

El viejo catalanismo político, además de encallar en un cansino victimismo que conduce a los catalanes a la irresponsabilidad, ha decidido presentar su nueva meta independentista como una cuestión de bolsillo. En ese atajo, el viejo catalanismo político se ha deshecho, de manera increíble, de la mismísima reivindicación del bagaje cultural catalán, al que alude ocasional y genéricamente, como trámite, como si no nos diéramos cuenta de que prefiere, con mucho, apoyarse en fútiles gestas futbolísticas antes que en la desbordante literatura en lengua catalana, capaz de codearse en algunas épocas con cualquier gran literatura europea.

El viejo catalanismo político ha adoptado durante un lustro el discurso de la desafección, como si sus penúltimos herederos no hubieran trabajado un cuarto de siglo por cortar con su bisturí educativo y mediático los afectos, como si no lo siguieran haciendo todos los días del año dando quizá por buena la más indiscutible definición de España: una trama de afectos. Como si las efectivas desafecciones no tuvieran tantos o más culpables aquí que allá. El viejo catalanismo político ha visto cómo sus nietos, sin la gravedad de Macia o Companys, y sin la gravedad de su época, despreciando (¡solemnemente!) el marco constitucional donde se ha hecho posible su larga y próspera etapa de autogobierno, procedían a un acto fundacional, apenas ligeramente disimulado, que lo cambia todo.

Nada es igual desde que el Parlament proclamara al pueblo catalán soberano, jurídica y políticamente. Lo hizo gracias al voto de CiU, ERC, ICV-EUiA más un diputado de las CUP. 85 votos a favor, 41 en contra y 2 abstenciones. Una declaración recurrida ante el Tribunal Constitucional y suspendida por dicha instancia, aunque inexplicablemente rebajada en su relato por los propios padres fundadores, tan décontractés (Oh, ¿a qué viene tanto revuelo? Esto no tiene consecuencias jurídicas...). Pero la declaración nos dice exactamente lo que nos quiere decir. Nos dice, sin dejar un resquicio a la benévola duda, que en Cataluña ha dejado de estar vigente la Constitución («La soberanía nacional reside en el pueblo español», artículo 1.2) porque «El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano». Y todo para cambiar el comodín defectuoso del «derecho de autodeterminación» por el mejorado joker del «derecho a decidir».

La derogación de la Constitución en Cataluña es consecuencia de haberle arrancado la cabeza, esto es, el artículo primero. Los guiños hipocritones posteriores negándole efectos a la expeditiva intervención contrastan, y es desconcertante, con la enormidad de una decapitación constitucional. Reconozcámoslo: es un contraste típicamente catalán. El periodista Josep Cuní tiene una expresión para esta particularidad idiosincrática: «Sí pero no.» Al gobierno central estuvieron a punto de engañarlo aquí con el «sí pero no». De hecho, el ministro Margallo cayó. Recordemos que, en un gesto de inteligencia gubernamental sin precedentes, alguien en Madrid consideró una buena idea encargar oficiosamente al ministro de Asuntos Exteriores los asuntos de Cataluña. Recuperado Margallo, al final Rajoy siguió el criterio que desde el principio había defendido Albert Rivera y se fue al Tribunal Constitucional.

La declaración de soberanía fue el disparo de salida de una carrera, en curso, que unos participantes creen de velocidad, otros de resistencia y otros de obstáculos. Y aun otros hacen ver que están entrenando, por si vienen los guardias del estadio a pedir explicaciones. Un caos atlético. Pero en algo coinciden los que creen correr los cien metros lisos, los que van pensando en los diez mil y los que se preparan para saltar lo que haga falta: antes de llegar a la meta hay que pasar por el «ejercicio del derecho a decidir». Siguen difiriendo, cierto es, acerca de lo lejos que queda la meta una vez superado dicho trámite. ERC piensa que cerca, muy cerca. Cuatro zancadas más, y declaración unilateral de independencia. Otros no lo tienen tan claro. Hay quien cree que la consulta queda a mitad de camino. Hay quien supone que, después del ejercicio del derecho a decidir, no va contra el reglamento tumbarse a descansar porque se trata, digamos, de dos carreras distintas.

También hay quien corre por no destacarse abandonando, pero reza pidiendo que aparezca de una vez el guardia del estadio, averigüe qué demonios están haciendo ahí, con todas esas cámaras filmando, quién ha dejado entrar al público, dónde están los pases y los permisos, y quién demonios manda. Aguardan muchos —empresarios de patronal cuando no corren— ese momento para deslizarse discretamente hacia los vestuarios, aprovechando la confusión, porque de lo que se trata, siempre y en todo momento, es de no llamar la atención. Por Dios, hijo mío, tú haz lo que tengas que hacer, pero, sobre todo, no te destaques. Como en la mili.

Pero fuera de la alegoría, de cuyo abuso empiezo a ser consciente, no hay guardias que valgan, para desgracia de los empresarios de patronal, tan aficionados a seguirle la corriente al del coche oficial, tan impresionables. En el universo paralelo creado por la declaración de soberanía, nada podrá detener el curso de los acontecimientos. Están escritos y se cumplirán fatalmente. Aunque la consulta adquiera el aspecto de unas elecciones, ese será el ejercicio del derecho a decidir cuya materialización quedó predestinada en el acto solemne del Parlament donde se derogó la Constitución Española y, simulando que se describía o recordaba una soberanía ya existente, se fundó una nueva soberanía. Después de ejercer el derecho a decidir, vendrá la secesión. Eso da por descontado el independentismo declarado. En eso, objetivamente, ha trabajado Artur Mas desde el principio de su legislatura crepuscular (se le vino la noche y pensó que estaba amaneciendo).

Si en el ejercicio del derecho a decidir gana el «no» a la secesión, será un engorro. Pero la construcción virtual no se colapsa. Ya se volverá a convocar; una vez ejercitado el «derecho a decidir» todo es diferente a como era. Llegará la mayoría con el tiempo y con la Corpo. (Aclaración para afortunados: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, donde se encuadran TV3 y Catalunya Radio, imprescindibles para el proceso.) Más temprano que tarde llegará. Sí, la respuesta correcta sería esa... delatando que el programa de Matrix está averiado.

El programa está diseñado para que el ejercicio del derecho a decidir se materialice en un referéndum o en una consulta con validez moral (donde no solo participen los partidarios de una de las opciones). Pero si el ejercicio es un sucedáneo porque tiene la forma y la ocasión de unas elecciones autonómicas —como aquí se sostiene que ocurrirá—, ni se habrá obtenido un estatus nuevo, diferente y definitivo, ni se podrá considerar como un precedente de ejercicio del derecho a decidir. Lo siento, profesor Viver, al final la naturaleza jurídica significa algo. Si esto sucede, en la siguiente intentona secesionista el camino será exactamente igual de difícil, incierto y polémico. Mucho más si es un solo partido —ERC, o una plataforma de ERC con las CUP más varios disidentes socialistas— quien sigue concurriendo a elecciones convertido en sinónimo de «sí a la secesión» mientras el resto de los soberanistas, escaldados, presentan propuestas de pactos fiscales y demás asimetrías.

Artur Mas contempla dos hipótesis fuertes: que celebrará la consulta (como fuere) y que ganará el «sí» (o equivalente). Pero su problema es que las contempla como una sola hipótesis. Entiendo que ello es un fastidio para su socio de coalición, que desea consulta, según dice, pero que cuando esta llegue solo puede pedir el «no», salvo que se desdiga de todo lo afirmado hasta ahora sobre lo que quiere para Cataluña. Será un fastidio para el socio, pero es así. Mientras, Mas ha descontado el resultado. Obviamente no lo ha dicho de este modo, pero todo lo que ha hecho avala lo afirmado. Se lo ha reprochado hasta el PSC, formación partidaria como Unió del «derecho a decidir» y que, por tanto, comparte ese constructo nacionalista; formación también partidaria, como Unió, del «no». Al no compartir coalición con Mas, el señor Navarro no tiene problema en denunciar lo que Duran se calla, sin duda con gran padecimiento interior.

El PSC incluyó el derecho a decidir en su programa electoral tan pronto como Artur Mas resolvió que el único camino que le quedaba a Cataluña, una vez rechazado el pacto fiscal, era el «Estado propio». El secretario general de los socialistas catalanes se ha cansado de defender el ejercicio de ese supuesto derecho... y también de subrayar que la consulta debe ser legal y acordada con el gobierno central. En coherencia con su rechazo a la secesión, Navarro ha señalado que su consulta no es un instrumento para lograr la independencia de Cataluña. Pero está hablando de su consulta, la que él defiende, no de la consulta del soberanismo catalán, que es, precisa y exactamente, un instrumento para lograr la independencia.

Navarro no parece haberse apercibido de ello hasta la llamada cumbre del derecho a decidir, convocada por Mas, de donde salió afirmando que «la Cataluña de la que se ha hablado no es la Cataluña real», y pidiendo «que el gobierno catalán no manipule el proceso soberanista». Lo que demuestra, entre otras cosas, que de algún modo Navarro creía formar parte del «proceso soberanista». Es decir, que se había tragado el anzuelo lanzado por los creadores de opinión convergentes, valedores de la idea de que el soberanismo era tan mayoritario en Cataluña que hasta el PSC se integraba en él. Poco a poco, Navarro abría los ojos e iba comprendiendo que el derecho a decidir del que hablaba el resto de los «soberanistas» era un derecho a decidir que sí.

Sus actos, los órganos que creaba, las cumbres que convocaba, ponían de manifiesto que Artur Mas descontaba el resultado de la consulta. Es claro. Si su objetivo es el Estado propio, y cree en el derecho de los catalanes a decidirlo, el orden de actuación sería preguntar primero y luego tratar de erigir ese Estado como pueda. Pero Mas comenzó a levantar o cimentar estructuras de Estado antes de saber siquiera (aún no lo sabe) qué Cataluña se encontraría una vez ejercido el supuesto derecho. No es opinable; él mismo lo dijo desde el principio. Además, su Consell Assessor per a la Transició Nacional prevé, creo, una transición nacional. Mas fue congruente con su déficit democrático al incluir únicamente a partidarios del «sí» en dicho Consell.

Sorprende lo que Navarro tardó en darse cuenta. Sea como fuere, preguntado por el inminente Pacte Nacional pel Dret a Decidir (a Mas le encantan las iniciales mayúsculas y, contra el consejo de Ockham, la multiplicación de entes), el secretario general de los socialistas afirmaba:

Muchas entidades acudirán para quedar bien, pero sin convicción, para no resultar señaladas. Quien discrepa del pensamiento único que han instalado CiU y ERC es tildado de antipatriota o se le acusa de boicotear el proceso de transición nacional.

Y también:

Pusimos dos condiciones [para acudir al Pacte Nacional]: disolver el Consell Assessor per a la Transició Nacional y garantizar la neutralidad del proceso.

Las condiciones no se cumplieron. Ni disolución, ni neutralidad, ni nada, así que el PSC anunció por fin que no participaría en el Pacte y manifestó, por boca de su portavoz parlamentario, que tanto el Consell Assessor como las estructuras de Estado daban por descontado el «sí» en la eventual consulta. Su posición final fue la misma que adoptaron en primera instancia el PPC y Ciutadans. La consigna de los opinadores convergentes sobre el amplio y transversal soberanismo catalán que abarcaba al PSC había quedado desmontada.

La creación del CATN era en sí misma la confirmación de que las estructuras del Estado propio se levantaban sin consulta. Más exactamente, se levantaban en el mismo ímpetu reivindicativo con que la consulta se exigía. Ese es el motivo, que dice poco de la frialdad analítica de la opinión nacionalista, de tan flagrante confusión de categorías. El sentido del derecho a decidir se desvirtuaba en los propios términos del soberanismo, que perdía el respeto no ya por la democracia en la que Cataluña se encuadra jurídico-políticamente, que es la española, sino, de paso, por el «principio democrático» invocado por los soberanistas. Quien postula un «derecho a decidir» postula decidir. Entre varias opciones; básicamente dos. Decidir antes de ponerse a parir organismos relacionados con ninguna transición nacional, antes de iniciar los pasos operativos para crear las estructuras del Estado propio acerca de cuya conveniencia se consultará en el futuro. De alguna manera.

He tenido ocasión de mostrar este tipo de objeciones a algunos de los componentes del CATN. No es cómodo decirle a alguien que el órgano del Departament de Presidencia del que forma parte no debería existir, aunque a día de hoy se lo hayan tenido ya que oír de los tres partidos constitucionalistas con representación parlamentaria. Expuestos mis reparos con la mayor corrección, he podido comprobar cómo personas inteligentes simplemente no entienden dónde está el problema. El problema evidente. El elefante en la sala de estar. Con lo que el problema cobra mayor enjundia, pues estas personas han debido interiorizar una de estas tres cosas: A) Si quieres la consulta, quieres la independencia. B) Si hay consulta, solo puede ganar el «sí». C) Vamos a la secesión y la consulta es un trámite que no modifica este hecho.

Repito que se trata, al menos en los casos que conozco personalmente, de personas inteligentes. Ergo A y B quedan eliminadas. La primera, porque nadie inteligente asumiría una equivalencia tan defectuosa. Puedes desear un referéndum (¡con todas las de la ley!) para votar «no». Es el caso del secretario general del PSC y en principio de su partido; es el caso... de los miembros del dúo Estopa. También es el caso —sin compartir las premisas teóricas, o la manera de presentarlas, de Navarro— del profesor Francesc de Carreras y, en los términos que quedaron anotados, de quien escribe estas líneas. Entre muchos otros. Los miembros del CATN no pueden creer en A. ¿Y en B? ¿Pueden creer que si hay consulta solo puede ganar el «sí» ? Pueden pensarlo, pueden estar convencidos, pero de ningún modo pueden legitimar con su presencia un órgano cuya existencia trae causa de un vaticinio (que curiosamente coincide con sus preferencias).

Se puede ser inteligente y aportar esta legitimación indebida, pero no se puede ser, a la vez, políticamente decente. Como la decencia se la supongo a todo el mundo mientras no se demuestre lo contrario, solo me queda concluir que los miembros del CATN han interiorizado plenamente C: Vamos a la secesión y la consulta es un trámite que no modifica este hecho. Admitamos cautelarmente que personas inteligentes y decentes puedan decantarse por eso, colocarse en ese lugar. No me refiero a una decantación opinativa sino operativa, actuando en consecuencia, prestando su nombre, su tiempo y su prestigio, confiriendo existencia a esa decantación, realizándola.

A poco que nos sinceremos, nos despojemos de prejuicios y olvidemos por un momento los colores de las camisetas de cada cual, las conclusiones de esta admisión cautelar (son inteligentes, son políticamente decentes, dan por hecho que vamos hacia la secesión inexorablemente y, así, tienen la consulta por un mero trámite que no puede modificar lo anterior) brotan solas, sin esfuerzo: estamos ante una misión, no ante una propuesta democrática. Nadie quiere realmente someter un proyecto a nuestra consideración, pues lo que decidamos no alterará su plan. Se nos quiere guiar. Una nutrida representación del mundo académico catalán considera adecuado, lógico y oportuno participar en la institucionalización de sus deseos sin encomendarse más que a ellos mismos, sin conciencia de estar abriendo una vía ignota (o imponiendo su decantación ideológica a esa conciencia), sabedores de que abordan la demolición del marco constitucional con el aval de un decreto. No hay otra conclusión posible. Cuando uno cree tener una misión que le sobrepasa, no atiende a razones. Ni uno solo de los miembros del CATN ha atendido, por ejemplo, a la abrumadora razón de que los brazos catalanes de los dos partidos mayoritarios en España, los dos partidos de gobierno, más Ciutadans, exigen la disolución del órgano. A ninguno le ha incomodado su existencia a la pata coja, sin auxilio de la pierna del «no», con el rechazo expreso de la Cataluña que, en un hipotético referéndum plenamente legal, acudiría a depositar la papeleta que contrariaría sus deseos.

VI

Junto al brote en Presidencia del órgano que descuenta resultados y nos recuerda con su existencia el derecho inalienable que nos asiste a decidir que sí (nuestra obligación nacional de no entorpecer sus planes), la principal evidencia de las carencias democráticas del «proceso», en sus propias premisas, es la erección del resto de las estructuras de Estado. Obviamente, porque también son previas a la cacareada consulta, tan irrelevante como la capacidad de decisión de los compradores del viejo modelo Ford T, que podían escoger el color de su coche... siempre que fuera negro, como decía Henry Ford.

No hay que realizar un gran esfuerzo hermenéutico: es el president Mas, es su portavoz, es el ejecutivo catalán entero, y es el principal partido que lo sostiene, quienes identifican como «estructuras de Estado», con todas las letras, a una serie de organismos y proyectos en marcha... mientras reivindican el Estado propio. Estado es igual a Estado, y no es al español al que se refieren. Parece una tontería subrayarlo, pero pronto verán hasta dónde alcanza la habilidad de algunos para la confusión.

En el programa con que CiU concurrió a las últimas elecciones (2012), se anunciaba que dentro de la legislatura iban a crearse —o iba a avanzarse en la creación de— unas cuantas estructuras de Estado, entre ellas Hacienda, Seguridad Social y Banca Pública. Catalanas y de nuevo cuño, se entiende. Porque, para ir despejando el humo, debemos indicar que lo que se conoce como Agencia Tributaria de Catalunya es una creación de 2008 con competencias circunscritas a la liquidación, gestión, inspección y recaudación de los tributos propios de la Generalitat y los que le han sido cedidos, «es decir, impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, impuesto sobre sucesiones y donaciones, tributación sobre el juego, impuesto sobre grandes establecimientos comerciales y gravamen de protección civil», según recoge la Generalitat en su documentación oficial. Es importante no perder esto de vista cuando valoremos la cascada de declaraciones municipales de «soberanía fiscal».

Volviendo al programa de CiU, interesa advertir cómo aparece el doble juego: por un lado, la creación de estructuras de Estado se corresponde con la nueva etapa de transición nacional, con las instituciones y el funcionamiento normales de un Estado, el futuro Estado catalán; por otro lado, CiU establece una muy cuca prolongación natural, sin solución de continuidad, entre las nuevas estructuras a crear y las competencias consolidadas dentro del marco constitucional español que implican el despliegue de estructuras tradicionalmente vinculadas al poder estatal (pensemos en la policía). Afirma el programa:

A lo largo de estos treinta y cinco años de autogobierno, Cataluña ha ido construyendo estructuras de Estado de acuerdo con las cualidades competenciales que teníamos a nuestro alcance, pero con una clara voluntad de diseñarlas con ambición de Estado propio.

¿Una clara voluntad de diseñarlas con ambición de Estado propio? ¿Cuándo se afirmó tal cosa mientras se asumía el grueso de las competencias de la Generalitat? La voluntad estaría quizás en el arcano interior de Jordi Pujol, pero no fue ni mucho menos «clara». En realidad, se ocultó sistemáticamente, siendo Artur Mas —que llega con esas competencias asumidas y sus correspondientes estructuras desplegadas— quien se refiere a un Estado propio. Por otra parte, es cierto que podemos reputar la policía, o el Servei Catala de Transit, como estructuras de Estado. De Estado español. Estructuras del Estado español levantadas por una comunidad autónoma en el marco de sus competencias. No hay otra interpretación constitucional. Las comunidades autónomas son Estado, y el presidente de la Generalitat es el representante ordinario del Estado en Cataluña. Un representante del Estado español que juega con el desconocimiento popular del marco jurídico-político.

De todas formas, si juega es porque puede hacerlo, porque los sucesivos gobiernos centrales han hecho muy poco, o nada, para recordar a la ciudadanía que tan Estado es la Delegación del Gobierno en Cataluña como la de la Generalitat en Tarragona, tan Estado es el Congreso de los Diputados como el Parlament catalán, y tan Estado es el Defensor del Pueblo como el Síndic de Greuges. La Generalitat es Estado. La Constitución española no habla en sus títulos respectivos de Poder Ejecutivo ni de Poder Legislativo porque esos dos poderes vienen fraccionados en el propio diseño constitucional. El Consell Executiu es poder ejecutivo de un Estado que es el español, que posee otros poderes ejecutivos. El nacionalismo gobernante en Cataluña, aprovechando la dejadez y la dejación de los gobiernos centrales en la necesaria pedagogía jurídico-política de los españoles, añade confusión siempre que puede a la estructura política y administrativa de España. La Generalitat no es una administración: tiene administración, que es una parte de su poder ejecutivo. También tiene poder legislativo. Y carece de poder judicial, que es único en toda España y por eso constituye una excepción en su denominación: la Constitución sí bautiza su Título VI «Del Poder Judicial». Porque es uno.

Una fuente inagotable de confusión es el nombre que reciben las administraciones en España, dado que la competente sobre el conjunto del territorio español se llama «Administración del Estado». No Administración Central, ni Administración Central del Estado. La Administración Central del Estado es una parte de la Administración del Estado; otra parte es la Administración Periférica del Estado, con competencias extendidas sobre ámbitos territoriales inferiores al español. Toda una fuente de confusión, en efecto, porque propicia que «el Estado» se entienda en Cataluña (y no solo en Cataluña) como Administración del Estado, que por supuesto es diferente a la Administración Autonómica o a la Administración Local.

Por todo ello, la citada introducción del programa de CiU al epígrafe «Construcción de Estructuras de Estado» es falso de toda falsedad. El Estado que se ha construido en los últimos treinta y cinco años en Cataluña es Estado español, más allá de las presuntas ambiciones íntimas de los nacionalistas. Un Estado intensamente descentralizado, mucho más descentralizado que el de muchos países que se proclaman federales y cuyas unidades subestatales reciben el nombre de estados. Particularidad nominalista que a lo mejor satisfaría a muchos por estos pagos, pero que en absoluto indica un grado mayor o menor de reparto de poderes y funciones, de descentralización y de autogobierno que el que tiene Cataluña. Y, mucho menos aún, que el que tiene el País Vasco.

Partiendo de esa falsedad nuclear, continuaba el programa electoral de CiU de 2012:

A pesar de estos avances, Cataluña no dispone en este momento de la mayoría de estructuras de un Estado normal, y se han de ir construyendo (...). El Gobierno trabajará en la construcción de estructuras de Estado que acompañen este proceso de ejercicio del derecho a decidir (...). La construcción de estructuras de Estado no es un objetivo en sí mismo. Es un instrumento que ha de dar a nuestro país la posibilidad de ejercer aquellas competencias y de diseñar aquellas políticas que cualquier Estado puede hacer en todos los ámbitos, desde definir modelos de prestación hasta las políticas de proyección exterior de nuestro país.

Y luego ofrece una serie de ejemplos de estructuras de Estado, entre los que incluye (la cursiva es nuestra):

El impulso de una política de relaciones exteriores que promueva la máxima integración posible de Cataluña en el mundo.

La gestión de las pensiones y cotizaciones de los ciudadanos de Cataluña, ahora gestionadas por la Seguridad Social.

La asunción por parte de la Policía de la Generalitat, los Mossos d'Esquadra, de todas las competencias que todavía hoy tienen reservadas los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluidos el control de los puertos y aeropuertos.

La plena proyección internacional del deporte catalán a través de las federaciones deportivas catalanas.

La gestión de todas las aguas interiores de Cataluña, con independencia de la cuenca hidrográfica de la que formen parte.

La gestión de toda la política agraria comunitaria.

La titularidad y la gestión de todas las infraestructuras de interés general para Cataluña: aeropuertos, puertos, redes básicas viaria y ferroviaria.

Dejando aparte que algunos de estos deseos son objetivamente injustos —como gestionar las aguas interiores con independencia de la cuenca hidrográfica a la que pertenecen—, otros subjetivamente gratuitos —como la titularidad de todas las infraestructuras—, y otros cándidamente caros —como salir de una Seguridad Social real para ir a caer en otra «en construcción»—, lo sustancial no es el contenido concreto de cada «estructura» sino que se pretenda de Estado catalán, que es, obviamente, lo que para ese programa significa «de Estado». Personalmente, no tengo una especial preferencia por los sistemas políticos y administrativos más o menos repartidos y descentralizados. Mi preferencia es por la eficacia, por la eficiencia y por el Estado pequeño y no invasivo, más allá de otras consideraciones. Por diferentes razones, me parece bien el jacobinismo francés, con su férreo centralismo; me parece bien el federalismo alemán; me parecen bien los cantones suizos. Mi preocupación y mi interés se centran más bien en el grado de intervencionismo y en el tamaño y carácter de las burocracias que cada modelo posible pueda favorecer.

Defiéndase pues el modelo territorial que se prefiera, y a mí me dejará frío. Pero lo que en modo alguno se puede dejar de denunciar son las estafas políticas, y, en este capítulo, no hay etiqueta más precisa para lo de CiU. No encuentro otra forma de calificar el repentino anuncio de que todas las consecuciones competenciales de la Generalitat no eran sino «instrumentos». Las de antes y las de ahora (es CiU quien reconoce la pertinacia en la intención). Las consecuciones de estas décadas no constituían objetivos logrados, aunque lo parecieran; las que se esperan próximamente, tampoco lo serán. Existía desde el principio «una clara voluntad de diseñarlas con ambición de Estado propio».

Así que por fin, en 2012, enseñaron las cartas. ¿Nos hemos perdido algo desde entonces? ¡Claro! Es indispensable que Jordi Pujol lo asuma expresamente, que pronuncie las palabras «durante veintitrés años me movió esa voluntad». Nunca lo dijo antes. Nunca lo ha dicho después. Sabemos que Pujol obtuvo las competencias legitimado en un discurso diferente, y amparándose en un ordenamiento jurídico que, según nos comunican sus sucesores, deseaba romper. La figura se llamaría fraude. Pero también se llamaría felonía. Lo pongo en condicional porque, a despecho de los programas convergentes de la era Mas, realmente no imagino a Jordi Pujol asumiendo que estuvo mintiendo todo el tiempo. Su conversión al independentismo ha sido reciente según su versión, se ha operado después de retirarse de la política activa. No se comprende que nadie le haya puesto a Pujol un micrófono delante pidiéndole que avale o desautorice la nueva versión según la cual todo fue siempre instrumental y todo perseguía la secesión (que así se llama desgajarse de un Estado para crear otro diferente y «propio», como sabe cualquiera, incluidos los convergentes que evitan la palabra). ¿No se nos dijo acaso que el despliegue del poder de la Generalitat vertebraba España? ¿No estuvo siempre implícito que España se reforzaba con ese despliegue? Por cierto, que Unió suscribiera en 2012 ese programa es, directamente, inexplicable. O demasiado explicable.

VII

Buceando en la leal contribución de Jordi Pujol a la vertebración de España no encontraremos nada de lo que su partido ahora le atribuye, pero sí otras cosas de lo más interesante, y de gran auxilio en la exégesis de Convergencia: por ejemplo, un plan de «infiltración nacionalista en todos los ámbitos sociales». Las comillas se atienen a la literalidad de la pieza del diario El País que en octubre de 1990, veintitrés años antes de la redacción de este libro, revelaba que las entidades financieras, los medios de comunicación y la comunidad educativa estaban entre los objetivos del partido. Esos sí que eran objetivos. Vean, vean.

El govern, ambicioso y previsor, debatía el borrador del programa ideológico de CDC para la década de los noventa, contando con que el documento sirviera además de base para las elecciones de 1992. Informaba El País:

La obsesión por inculcar el sentimiento nacionalista en la sociedad catalana, propiciando un férreo control en casi todos sus ámbitos —el documento propugna la infiltración de elementos nacionalistas en puestos clave de los medios de comunicación y de los sistemas financiero y educativo—, y las referencias a un ámbito geográfico —los Países Catalanes— que sobrepasa los límites del Principado, son algunos ejes del que viene a ser el Programa 2000 de los nacionalistas catalanes.

Cataluña era para CDC «una nación discriminada» pero «emergente» de Europa que incluía «el área de influencia de las comunidades catalana, valenciana y una parte del sureste francés». Había que sensibilizar a la gente para el «reforzamiento del alma social» y se especulaba con una reforma del Estatut que, como hoy sabemos, Pujol nunca instó. Invocando «los valores cristianos», se pretendía fomentar las «fiestas populares, tradiciones, costumbres y trasfondo mítico», amén de afirmarse en la «necesidad de tener más hijos para garantizar su personalidad colectiva». La preocupación por la baja natalidad de los catalanes llevaba, por cierto, cien años amargando al catalanismo y, en realidad, es el trasfondo de la gran idea fuerza de Jordi Pujol, la de dotar de alma (catalana, por supuesto, pero es que no tenían ninguna) a los «inmigrantes». No voy a reproducir el texto donde Pujol sostiene esta tesis porque a él le molesta mucho que se la recuerden, y lo último que desearía es molestarle. Pero sigamos con el plan destapado por El País en 1990.

Los objetivos convergentes exigían controlar a los docentes «vigilando la composición de los tribunales de oposición». Qué feo. También había que «reorganizar el cuerpo de inspectores de forma que vigilen la correcta cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza». Ojo, catalanizar la enseñanza es algo más que enseñar en catalán. El lector puede no estar de acuerdo conmigo. Bien. Pero, entonces, espero que no haya criticado al ministro Wert por su declarada intención de españolizar a los niños catalanes. Al menos no en los términos en que la prensa catalana ha crucificado al ministro, que iban mucho más allá de considerar que deseaba una enseñanza —también— en español. Pero vamos a dejarnos de tonterías: como todo el mundo sabe, catalanizar es bueno y españolizar es malo. Sigamos.

Había que «incidir en las asociaciones de padres». Incidir, sí, whatever that means. Había que «introducir gente nacionalista en todos los puestos clave de los medios de comunicación». Ejem. Había que «incidir [¡!] en la formación inicial y permanente de los periodistas y de los técnicos de comunicación para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana». Ahora lo entiendo todo. Había que crear organizaciones patronales, económicas y sindicales catalanas (o sea, suplantar a la sociedad civil). Había que diseñar «una estrategia para optar a los cargos directivos de las instituciones» financieras. Había que «incidir [¡ ¡!!] en la administración de justicia y orden público con criterios nacionales». Había que revisar los mecanismos de acceso y promoción del funcionariado.

En una orgía de fusión y confusión entre partido e institución, Jordi Pujol dio instrucciones a sus consellers para que distribuyeran el documento entre los secretarios generales de los departamentos, a ver qué les parecía y qué les gustaría añadir. El fundador de Convergencia fue el autor de las primeras notas en torno a las que se confeccionó el plan de penetración en los ámbitos financiero, comunicacional, educativo, empresarial, judicial, funcionarial. Pujol es un personaje asombroso, y su eficacia, impresionante. Lo logró todo.

Desde luego logró el distanciamiento, la desafección, en término más del gusto de los suyos, de la que luego culparon a «España». Entiéndase el resto de España, o Madrid, o el gobierno central, o los medios de comunicación no penetrados porque les venían demasiado grandes. Puso los cimientos del nuevo nacionalismo-secesionismo, pero no postuló la secesión. Cuando Artur Mas se pasó al independentismo, al Estado propio como única salida a la asfixia, a la falta de respeto, al expolio y demás, Pujol comunicó que se había vuelto independentista. A los ochenta años.

Yo, durante muchos años, cuando me venía un independentista, le decía: no, oye, eso de la independencia es muy complicado, es muy difícil, lo haremos de esta otra forma. Mi problema, perdonad que os hable de mis problemas pero también son vuestros, es que no tengo argumentos porque, si me permitís una expresión poco académica, es que van a jodernos [van a fotrens]. Entonces no tienes argumentos. Entonces es cuando dices, qué opciones hay: o la independencia o nos aplanamos y renunciamos. No podemos renunciar» (Jordi Pujol, conferencia «Estado propio o rendición», Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, 16 de marzo de 2011).

Dos años después, tras la presentación de un informe en el Instituto de Estudios Económicos, el ex presidente declaró que, no habiendo sido independentista [ergo no habiendo obtenido las competencias para Cataluña como instrumentos para el Estado propio, como en 2012 afirmaba de él CiU, sino como objetivos en sí mismos, dentro de España], ahora votaría «sí» en un referéndum sobre la independencia.

Por aquel entonces tuve ocasión de hablar unos minutos a solas con Jordi Pujol. Estábamos en el estudio de una emisora de radio y el resto de los participantes en el programa estaba en Madrid. El intercambio duró lo que dura un bloque publicitario matinal. Así transcurrió, aproximadamente, nuestra breve conversación (voy directo al meollo):

—Presidente, perdone pero tengo que decirle algo. Más allá de mi distancia ideológica, creo sinceramente que el presidente Mas está jugando a un juego muy peligroso. Se lo digo con gran preocupación. Mas ha ido demasiado lejos, ha cruzado todas las líneas rojas, y eso que llaman «el proceso» podría acabar muy mal para todos.

—Hummm... —Jordi Pujol se había puesto en pie y yo le imité. No decía una palabra. Recordé algunos de sus conocidos arrebatos y temí que fuera a responderme de mala manera. Tardaba tanto que me dio tiempo a imaginármelo soltando diversos exabruptos. Ahora viene la bronca. Decidí callar, no mover ni un músculo de la cara, y esperé el chaparrón. Entonces habló—. Sí, es muy arriesgado. Es muy arriesgado...

—¿Y cómo es posible que el presidente de un gobierno someta a los ciudadanos a algo muy arriesgado? —Solo se me ocurrió decir eso, desconcertado como estaba no solo por que no hubiera despachado mi intromisión con cajas destempladas, sino porque, de alguna manera, me estaba dando la razón—. ¿Cómo es posible?

—Porque no hay alternativa. Si no hacemos nada, nos destruirán. Desapareceremos.

Le observé mientras recorría una y otra vez, con las manos a la espalda, los cuatro o cinco metros del estudio, cabizbajo, hasta que nos anunciaron la reanudación del programa. Debo decir que aquel hombre creía realmente que nos iban a destruir. Siendo así se entiende que se hubiera hecho independentista, o cualquier otra cosa. Lo creía de verdad, absolutamente. Me pregunté, y me pregunto: ¿Cómo habrá llegado a semejante conclusión? Y además, ¿a quién cree que van a destruir? ¿Y quién es el destructor? El destructor era España, sin duda. Y los destruidos iban (no logro escribir «íbamos») a ser los catalanes, claro. Cataluña como pueblo. Sentí una enorme distancia; sé que España no quiere destruirse: no quiere destruir a Cataluña. Ni su gobierno —sea de izquierdas o de derechas— ni sus principales medios de comunicación, ni por supuesto los catalanes constitucionalistas deseamos otra cosa que el cese de una tensión disgregadora, la lealtad institucional, la canalización de las discrepancias a través de las leyes y del normal funcionamiento institucional. Jordi Pujol estaba profundamente equivocado respecto a las intenciones ajenas. Pero, junto a esa distancia, sentí también una extraña proximidad hacia el octogenario que vivía, de forma tan intensa, en una visión alternativa de la realidad. Solo que en dicha visión, en la trabajada visión de un solo hombre, habían acabado viviendo, con el correr de las décadas, millones de personas.

VIII

Desapareceremos, dijo. Nos van a destruir. Ellos. Están ellos y estamos nosotros. Me he propuesto no hablar de historia en este libro. Puede que sea un campo imprescindible; disculpen si es así, pero en estas páginas no cabe. Si cupiera, esta obra sería, o bien inmanejable, o bien simplificadora. No acepto ninguna de esas dos limitaciones. Baste decir que comulgo con la visión de España de Vicens Vives. ¿Incomoda a los nacionalistas-secesionistas ese nombre? Vaya por Dios, ya dije que el viejo catalanismo político había muerto, regalándonos a los constitucionalistas catalanes la senyera y la ambición de liderar España. Y una escuela de historiadores.

Lo diré de una vez. La visión de España de Vicens Vives es la que subyace en la Constitución española de 1978. Siempre me ha extrañado que no se destaque este hecho. Es la visión que superó a los «visigóticos», historiadores románticos de la nación española que identifican a España con Castilla. Es la visión que superó (superó en la práctica, pues informa la Constitución) a la corriente de Ferrán Soldevila, historiadores románticos de la nación catalana que identifican a España... con Castilla. Es impresionante comprobar hasta qué punto se parecen los varios nacionalismos españoles.

Una tontería recurrente es llamarnos nacionalistas a los constitucionalistas catalanes: «nacionalistas españoles». Siendo lo contrario a un nacionalista, yo me lo tomaría como un insulto, pero no lo hago porque la etiqueta me la han querido colgar siempre nacionalistas declarados. ¿Cómo voy a ofenderme? ¿No me estarán halagando? Se les ven un poquito los palos del sombrajo; en el fondo no están tranquilos con su ideología y quieren adjudicársela a todo el mundo. «Todos somos nacionalistas», salpican. «Todos somos ludópatas», dicen los ludópatas. «Todos somos machistas», dicen los machistas. «Todos somos racistas», dicen..., etc. O todos tenemos un precio. Y un cuerno. Quien tenga un problema, que hable por él.

Mi idea de España está en su norma suprema. La afirmación podría hacer que me encasillaran en la corriente del «patriotismo constitucional». Y salvo que se trate de un patriotismo de la Constitución de 1812, sería un error. La atribución doceañista tendría un pase porque, a fin de cuentas, allí nace el sujeto soberano que, a duras penas, todavía sobrevive. Pero, gaditanías aparte, no, no estoy en el patriotismo constitucional, que es cosa alemana e inexportable. España es anterior a la Constitución del 78, como la propia Constitución recoge; y yo no soy un alemán que deba dar por muerta a su nación por un horror sin precedentes, para reconocerla a continuación nacida de nuevo en una norma.

En la idea de España que defiendo está Vicens Vives. Es, si quieren, una idea de España en catalán. Es la idea que, triunfando en España y triunfando en la práctica, ha acabado cediendo sin embargo en Cataluña a la historiografía romántica. España, la de la Constitución, la de siempre, tiene la variedad en su esencia. Por eso no precisa de las irritantes coletillas con que la adornan por sistema. «La España plural.» Bah, son incapaces de pronunciar su nombre a secas. Encima yerran, pues con «plural» quieren decir diversa. Cuando digo España ya digo diversa. Y plural.

IX

Veamos si CiU ha avanzado algo en sus propósitos después de las revelaciones de su programa electoral de 2012, después de dejar por mentiroso a Pujol y después de salir del armario independentista. Como todo el mundo sabe, ha sido una legislatura casi sin leyes. Y a la primera de cambio, sin presupuestos. Eso sí, con multiplicación de entes y con muchas iniciales mayúsculas solemnizando la transición nacional y el derecho a decidir. Una legislatura con una obsesión, revoloteando en torno al monotema, gestionando ruina, con el gobierno hipotecado por los compromisos de legislatura con ERC, con CiU atenazada por la caída de sus expectativas de voto. Bien, ¿cómo llevan lo de las estructuras de Estado? Tomaremos un ejemplo: Diplocat.

El Consell de Diplomacia Pública de Catalunya cuelga de la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea, que a su vez pende del Departament de Presidencia de la Generalitat. Su verdadera naturaleza jurídica dista mucho de la de un servicio diplomático al uso integrado en un ministerio de Asuntos Exteriores. Pese a la denominación de la secretaría que lo tutela, y de la suya propia, Diplocat tiene naturaleza público-privada. Es un consorcio que integra, junto a la Generalitat, a los ayuntamientos de las cuatro capitales de provincia catalanas, a las cuatro diputaciones, a asociaciones o federaciones de municipios, cámaras de comercio, cajas de ahorros, universidades, escuelas de negocios y patronales.

Desde su presentación, Diplocat anuncia que «nuestros ciudadanos y ciudadanas [ven] imposible acomodar a Cataluña dentro del seno [del] Estado español», por ir despejando dudas sobre las verdaderas intenciones y el sentido último del órgano. (¿De verdad suscribe eso Esade? Que me devuelva el dinero y yo le devuelvo el título.) Sigue exponiendo Diplocat —y parece ponerlo en boca de su secretario general, Albert Royo— que esos ciudadanos y ciudadanas «han (¿hemos?) decidido iniciar un proceso político que ha de culminar en el ejercicio del derecho democrático a decidir su futuro colectivo (...) y si quieren seguir siendo una región del Reino de España». Lo cual es simplemente fabuloso. Porque el señor Royo, y el presidente de la Generalitat que ha creado Diplocat y lo ha puesto ahí, ya han decidido por nosotros. De nuevo. Se infiere de la mejorable sutileza de «seguir siendo una región» (¡Puaj, quién quiere seguir siendo una región!) cuando podían haber escrito «nacionalidad», que es la otra categoría que recoge la Constitución y que hasta el más tonto entiende que se refiere a Cataluña. Se infiere, sobre todo, de la repentina aparición en el mundo de los vivos de ese ser llamado Diplocat: si Mas y Royo no hubieran decidido por nosotros, Diplocat no existiría.

No menos irritante es que también Diplocat haya decidido marearnos con la eterna confusión entre secesión y consulta. Afirman que «el proceso» culmina con el ejercicio del derecho a decidir. ¿Cómo que culmina? Quizás en su seno interno Royo piense que ganará el «no», porque, salvo que se dé esa sorpresita (que yo espero con una confianza casi insultante), el proceso culmina con la independencia. ¿O no? ¿No será Royo un tibio? ¿Qué haremos con su juguete diplomático, Royo, si los manoseados ciudadanos y ciudadanas, a la hora de la verdad, no quieren saber nada del Estado propio? Déjeme que le lea el pensamiento. Que es fotin! Ya proveerán los guías del Consell Assessor.

Del buen ambiente que existe en materia de política exterior entre los gobiernos central y autonómico (lo siento, eso es lo que es) da fe el diplomático intercambio de pareceres entre el ministro de Exteriores —que valoró la presencia de Artur Mas en París coincidiendo con unas jornadas de Diplocat en torno al originalísimo tema del derecho a decidir— y el conseller de Presidencia. Por alguna razón que se me escapa, se esperaba que el ministro de Defensa francés cenara con Mas, pero aquel anuló la cita. Margallo remató: «Intentar actuar por libre no suele dar resultado», a lo que Homs respondió que «mejor ir solo que mal acompañado». No consta que los franceses opinaran.

La presencia del responsable francés de Defensa se habría prestado a problemática lectura debido a ciertas especulaciones del espacio nacionalista-secesionista sobre el estatus militar de una futura Cataluña independiente. A este respecto, cabe recordar que dos semanas antes de los actos de París el diario ABC había titulado en portada: «Los soberanistas estudian ceder a Francia la defensa de Cataluña.»

La fuente eran unos documentos internos de ERC con vistas a su Conferencia Nacional de julio, aunque el partido de Junqueras decidiría luego aplazar el debate militar hasta el otoño. El borrador de la ponencia política de ERC planteaba, bajo el epígrafe «Modelo de Defensa», tres escenarios «en función del modelo de soberanía, de país y, también, en función de los costes y el tiempo necesario». El primero era la creación de un ejército convencional. El segundo era un conjunto de acuerdos multilaterales, sin ejército. El tercero pasaba por «acuerdos de defensa con terceros países». Y añadía en un párrafo luego lamentado por el esquerra Joan Manuel Tresserras, coordinador (o uno de los coordinadores) del documento:

Hay expertos que afirman que Francia podría estar interesada. Podría parecer una opción más económica a corto plazo, si bien no sería nada neutra desde la perspectiva de las relaciones con los estados españoles [szc] y francés.

«Esta parte se redactará mejor», dijo Tresserras sobre el párrafo. En cualquier caso, tenía razón ERC: la opción de encargarle la defensa de Cataluña a Francia no sería nada neutra. Lo que explica, seguramente, que el ministro de Defensa galo no deseara en absoluto una foto cenando con Artur Mas en un acto organizado por una especie de diplomacia que dependía de una secretaría de Asuntos Exteriores catalana. Yo tengo, de todos modos, algo que añadir, un anhelo personal: si Cataluña alcanza la independencia, le deseo de todo corazón que ponga su destino en manos del ejército francés. Adelante pues, señores, con su tercera opción. Y que nadie se tome a la ligera lo del ejército catalán, que el Consell Assessor per a la Transició Nacional tiene previsto emitir un informe sobre su diseño.

Para terminar con la misión parisina de Mas, baste decir que fue el parto de los montes. Dejó como único fruto visible la firma (ante una bandera de España que con muy mal gusto colocaron allí los anfitriones) de un pequeño acuerdo con la Unesco que prevé la asistencia catalana a ciertas reuniones sobre asuntos que son competencia de la Generalitat, sin carácter de delegación permanente y sin voto. Artur Mas presentó el viaje como un éxito mientras recibía las críticas de todos los partidos de la oposición y la sola defensa de sus socios de ERC. Varios medios de comunicación acusaron al president de ir haciendo el «ridículo» por el mundo. Cruel quizá, pero nadie estaría midiendo la eficacia de la diplomacia catalana si no se estuviera simulando que dicha diplomacia existe.

Lo que sí existe es el encargo a Diplocat de crear una Escola Diplomatica de Catalunya, que ha empezado a dar sus primeros pasos en forma de máster ejecutivo, coordinado por el profesor Carles Boix. Los alumnos son seleccionados de entre el personal de la secretaría de Exteriores de la Generalitat. Se prevé que en 2014 ya se pueda apuntar cualquiera que desee ser diplomático del Estado catalán. ¿Y si gana el «no» y no hay Estado catalán?

En agosto de 2013, siempre con las estructuras de Estado en mente, el govern aprobó un proyecto de ley de Acción Exterior. En su presentación, el portavoz del gobierno y responsable del departamento donde se encuadran estas cosas, el señor Homs, usó palabras mayores. El proyecto era «piedra angular» de la legislatura. El proyecto era el propio de «un país que quiere ser libre». Me tenté el cuerpo, a ver si me sentía más libre con el proyecto de ley, pero se ve que no soy sensitivo con las energías del país. En cuanto a la piedra angular, siendo impensable que un hombre como Homs desconociera su significado, o bien se refería a que estaba juntando dos paredes (seguramente CiU y ERC), o bien nos estaba diciendo que, después de nueve meses, por fin empezaba la legislatura, pues se colocaba la primera piedra. Como fuere, la Generalitat combinó una retórica de lealtad con las instituciones (que siempre se agradece) con la advertencia de que no aceptará la autorización previa del Estado a la hora de firmar acuerdos internacionales. Con lo que el govern se anticipaba a los futuros choques que, con toda seguridad, va a tener con el titular exclusivo de la competencia sobre las relaciones internacionales (artículo 149.3 de la Constitución) y, más específicamente, sobre la firma de Tratados.

Si había que anticiparse, era el momento. Acababa de saberse que el gobierno de Mariano Rajoy estaba preparado para aprobar una Ley de Tratados dirigida, entre otras cosas, a tutelar la acción exterior de las comunidades autónomas. Según el proyecto alumbrado en el departamento de Margallo, el ejecutivo central deberá autorizar de manera previa los acuerdos internacionales no normativos y los de carácter administrativo que firmen las comunidades. Esto es, los únicos tipos de acuerdo internacional que pueden firmar las comunidades. Visto el tenor de la presentación de Diplocat, que depende del mismo Homs, y dado el manifiesto propósito de la nueva normativa catalana (intensificación de la proyección internacional de Cataluña, refuerzo de su presencia exterior, etc.), es imposible desligar el proyecto de ley de Acción Exterior de la estrategia que el nacionalismo-secesionismo ha denominado «internacionalización del conflicto». Expresión lamentable en tanto que reproduce la vieja retórica de ETA-Batasuna.

No profundizaré en el tema de las célebres «embajadas», como las llama todo el mundo, o delegaciones de la Generalitat en el exterior, aunque esté relacionado con la «estructura de Estado» que acabamos de examinar, o aunque constituyan «estructura de Estado» en sí mismas. Por mucho que las críticas a su existencia sean habituales, lo cierto es que casi nunca pasan por la denuncia de una extensión competencial indebida, ni de atribuciones inapropiadas de materias ligadas al núcleo de la soberanía, como es la política exterior. Cuando se ha encontrado con este tipo de críticas, el nacionalismo-secesionismo despeja el balón señalando, con razón, al resto de las comunidades; o subrayando el carácter comercial de sus actividades. Pero ni esto es exactamente así, ni se suele mostrar disgusto por la denominación ya establecida, aunque sea entre comillas, de embajadas. Las críticas, decía, no suelen ir por ahí, sino que se centran en su coste.

No tengo especial interés por esta línea argumental. Ha habido y hay nepotismo en el nombramiento de «embajadores», ha habido y hay opacidad en sus cifras y en sus actividades (CiU y ERC han impedido que los «embajadores» comparezcan ante el Parlament), y todo eso es criticable. Pero no constituye ningún argumento sustancial para el objetivo de esta obra. Solo una muestra, entre un millón, de gestión poco transparente y dudosa ética política. Quien esté libre de pecado... Acaso merezca alguna mención la decisión del gobierno catalán de ampliar el ámbito geográfico y de actuación de las delegaciones, porque incluye, según el portavoz del gobierno, «facilitar la participación de la Generalitat en organismos internacionales» que no son precisamente de carácter comercial. La delegación de Francia, que se ocupará de estrechar lazos con la Unesco, abarcará Suiza; la del Reino Unido, Irlanda; la de Alemania, Austria; la de Estados Unidos, que se pretende intermedie con la ONU, México.

X

Un proyecto que encaja como un guante en la categoría «estructuras de Estado» es el banco nacional. Catalán, por supuesto. Tal entidad aún no se ha creado porque en este caso no basta un decreto, y las autoridades europeas se toman muy en serio esta materia. Pero se dan pasitos. Se trata de uno de los compromisos adquiridos por CiU con ERC en el acuerdo de legislatura de diciembre de 2012. El documento, con título «Acuerdo para la transición nacional y para garantizar la estabilidad parlamentaria del gobierno de Cataluña», recoge en su Anexo 2 las «Prioridades del gobierno para la transición nacional», y, dentro del epígrafe «Órganos e instrumentos para garantizar la transición nacional» (creo que hay razones para empezar a sospechar que esto trata de la transición nacional), prevé «impulsar la transformación del ICF en el banco público de Cataluña (Ley de la banca pública)».

Para su materialización, este desenfadado compromiso encuentra y encontrará los obstáculos derivados de la férrea normativa sobre entidades de crédito, entre otros quizá coyunturales, pero de momento igual de categóricos, como la penuria de las arcas públicas catalanas. Sirve para ilustrar las muchas pinceladas que escapan a la percepción general cuando se contempla de forma superficial la cuestión de la secesión. Notamos que los impulsores de la independencia creen que van a acabar consiguiéndola con una serie de astucias encadenadas. Pero Europa (y me salto España, estoy que me salgo) es también, y quizá sobre todo, una intrincada red de normativas. Y con la banca (ya) no bromea.

Siento traer tan a menudo a colación esa cosa desagradable que se llama realidad, tan llena de restricciones, tan trabajada en sus cauces colectivos. La alternativa es salirse del curso que transitan los países con los que podemos y debemos homologarnos. A ver quién está dispuesto. Me parece que nadie lo está en la Cataluña calladita. Y sospecho que, a la hora de la verdad, muy pocos en la Cataluña que ha dado en hincharse como la rana de Esopo, que quiso ser buey. Nunca aparentes, ay, lo que no eres.

El compromiso de CIU y ERC se deshinchó aquí un tanto, limitando su ambición a impulsar un cambio normativo. Numerosos medios de comunicación interpretan la transformación del ICF como un intento poco disimulado de crear un Banco Central Catalán. Si a alguien se le ha pasado tal cosa por la cabeza, o bien ignora, o bien ha olvidado, que estamos en el euro, que el Banco Central Europeo se encarga de nuestra política monetaria, y que en el nombre no está la cosa (para disgusto de algunos filósofos medievales). Ni siquiera a ERC se le ha ocurrido presentarlo en tales términos; se conforma con reclamar el banco público catalán. Y lo tienen muy, pero que muy difícil para lograrlo porque en este no-objetivo (recuerden: las estructuras de Estado son instrumentos, no objetivos), las cosas no funcionan multiplicando entes por decreto. En breve, esto no depende de ellos.

Se objetará que también hay que estirar mucho la ley para atribuirse una competencia como la política exterior, y bien que se hace. Sí, pero con las cosas de comer no se juega. Con un ICO catalán, la Generalitat podría salir a obtener financiación de los mercados, opción que ahora tiene cerrada. Palabras mayores. A ninguna cancillería le importa un comino que una tal Diplocat reserve el salón de un hotel para una charla sobre el derecho a decidir. Pero hay autoridades, con más peso que una cancillería, dispuestas a cortar de raíz cualquier intento de funcionar en Europa como entidad de crédito cuando no se ostenta tal condición, estrictamente tasada en sus requisitos de ejercicio, licencias, controles, supervisiones, obligaciones jurídicas y contables. Y sometidos a la autoridad del Banco de España —que por cierto es quien concede la ficha bancaria—, y a la normativa comunitaria. Y, dentro de poco (esperemos), sometidos a la autoridad bancaria única europea.

La propuesta de ERC sobre la transformación del ICF (cuando escribo estas líneas ha pasado por la Mesa del Parlament) se dirige en realidad al Congreso de los Diputados. Sin ese trámite, el Institut Catala de Finances no se convertirá en entidad de crédito ni, por tanto, en banca pública de Cataluña. De entrada, es preciso modificar la ley estatal sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito de las comunidades europeas. Hay que tomar aire para decirlo. El gobierno de Mas ya ha contratado asesores: las firmas Deloitte y Pricewaterhouse-Coopers, amén de dos empresas tecnológicas. Es de suponer que se dedicarán a lo que les han encargado en vez de contarle a Mas la cruda realidad. Es un juego extraño. Deloitte se encargará de asesorar y acompañar el proceso de solicitud y tramitación de la ficha bancaria para un gobernante que, antes de verse forzado por ERC a simular que el banco público catalán es una prioridad, demostraba en abril de 2013 que, además de conocer las restricciones legales de su objetivo, digo instrumento, comprendía que «para hacer un banco público se necesita capital y, en estos momentos, con la situación de las finanzas de la Generalitat, este capital no se puede poner inmediatamente». Interpretemos el adverbio final del president como una entrañable muestra de optimismo. Se lo podía haber contado a Junqueras, sacándose hacia fuera los bolsillos vacíos, antes de poner en marcha el ceremonial pactista. Como sucede en algunos consejos de administración, posiblemente Mas haya preferido acolchar el golpe con los informes de unos impresionantes asesores (total, solo han costado medio millón de euros) para que no se diga que él se niega a nada. Bueno es él.

XI

No es posible que el movimiento nacionalista-secesionista sea tan ingenuo como para ignorar las reglas y restricciones del sistema que llamamos Europa, al que, por otra parte, se muestra dispuesto a entregarse con los brazos abiertos. ¡Como si no formáramos ya, plenamente, parte de él! ¿Acaso nunca se han detenido a reflexionar en serio sobre las características de los viejos Estados-nación europeos en los que se espejan? ¿Saben lo que es un Estado-nación? ¿Saben de dónde viene, saben adónde va?

Algunos esperan que, más que declararse (en un parlamento autonómico, como especula el señor Viver), la plena soberanía advenga. Que haya una especie de reconocimiento espontáneo y generalizado de algo que se ha obtenido por acumulación. De ahí la manía de las estructuras de Estado: creemos entes, aunque sea sobre la cuerda floja de la ley; pongamos nombres soberanos a las cosas, y la independencia sobrevendrá. Es una esperanza que recuerda al advenimiento de la Segunda República, cuando aquel gran orate del almirante Aznar, último presidente del ejecutivo de Alfonso XIII, dijo a los periodistas tras unas elecciones municipales que, encima, habían ganado los monárquicos: «¿Les parece a ustedes poco lo que ha ocurrido ayer, que España, que se había acostado monárquica, se levantó republicana?» Le faltó tiempo a la comitiva de Miguel Maura para plantarse ante el Ministerio de la Gobernación, en la Puerta del Sol, y gritar a los guardias «¡Paso al gobierno de la República!». Y pasaron. Advino.

Estoy persuadido de que una parte no desdeñable del movimiento nacionalista-secesionista espera algo así. En su sueño, hay una especie de consulta, la que sea —aun la más claudicante que baraja el CATN, quizá montada por Ómnium y por la Corpo—, y, a la vista de los resultados (aun ganando el «no», para completar el paralelismo republicano), salga Rajoy de la Moncloa, se plante delante de un corrillo de corresponsales y suelte: ¿Les parece a ustedes poco lo que ha ocurrido ayer, que España, que se había acostado con una superficie de medio millón de kilómetros cuadrados, se levantó con cuatrocientos setenta mil?

En la vida real, no en la caricatura del asfixiante Estado centralista que esboza el nacionalismo, el reparto territorial del poder político y la descentralización administrativa de España han sido intensísimos. Ha podido generarse la sensación de que el vaciado de poder y competencias estatales no tiene límites. Pero los tiene. Los acaba teniendo. Los atributos nucleares de soberanía, finalmente, no son aquí y ahora una materia con la que se pueda negociar entre el gobierno español y el catalán, sino entre aquel y la Unión Europea. Y eso ocurre, además, en una esperanzadora línea de integración política de los Estados que todavía está muy lejos de alcanzar los objetivos de los padres fundadores.

Sucede en una larguísima metamorfosis. En ella estamos, y es posible que falte mucho para que, desintegrados los Estados-nación, vaciados de atributos soberanos «hacia arriba», nazcan los Estados Unidos de Europa. El proceso, culmine cuando culmine, es de unificación, no de fragmentación. La secesión es un anacronismo. Una incongruencia histórica. Quienes marcan la dirección, el ritmo y la intensidad del trabajoso proceso europeo son sus Estados miembros. Nadie más. Y menos que nadie, los Estados inexistentes. Dicho lo cual, constatemos que la integración europea es lenta. No hay manera de que la Unión Europea se dote de un ejército, aunque llevamos décadas hablando de ello; no hay manera de que mantenga una sola voz en política exterior. Su paso más firme, su principal compromiso con la integración (y no atañe a toda la Unión), ha sido el euro.

En asuntos estrictamente soberanos, el club de Estados conocido como «Unión Europea» constituye de hecho por su naturaleza y por su cometido histórico, un muro de contención de las aspiraciones secesionistas. ¿Y de derecho? Como es lógico —y porque está formada por Estados soberanos y por nada más que por Estados soberanos—, la Unión Europea se muestra exquisita: esas cosas son asuntos internos de los miembros. Lo cual refuerza nuestra posición y no la contraria, como quieren hacer creer los prestidigitadores (¿Veis como la Unión Europea no se opone a la secesión?). Piensen con rectitud: la conclusión mollar, la que importa, es que la Unión Europea no va a contribuir nunca, jamás, en modo alguno, a la secesión de Cataluña. Va a remitir siempre el asunto a España.

Y si España se fracciona o no, allá ella. Ya nos lo comunicará. Luego estudiaremos lo que pasaría si España comunicara que se ha fraccionado y que Cataluña ya no forma parte de ella. Qué pasaría, concretamente, con Cataluña. Pero antes consignemos que el movimiento nacionalista-secesionista tiene que sumar dos muros: el muro de hecho europeo y el constitucional español. ¡Constitucional e histórico!, apostillarán algunos. Ya saben que no necesito distinguir esos dos avales; y ya saben por qué.

XII

Antes de continuar explorando las estructuras de Estado, que son la condición imaginaria del advenimiento, y atendiendo siempre al hecho de que fue el programa de CiU, y luego el acuerdo de CiU con ERC, y luego el gobierno de CiU, quienes así han denominado al instrumento, recapitulemos. Se nos anuncia que una parte importante del proyecto secesionista ya se ha realizado durante treinta y cinco años. Que el capítulo final se pone en marcha. Que esta etapa adquirirá formas similares al habitual vaciado competencial del Estado. Pero nos lo envuelven y decoran con nuevas palabras, más acordes a lo que ellos creen el espíritu de los tiempos (tras precipitar ese espíritu). Todo ello, antes de poder comprobar que la decisión del «pueblo de Cataluña» coincide con sus deseos, dándolo por hecho, pues el despliegue es previo al ejercicio del «derecho a decidir», reducido a eslogan, a mantra, a acicate.

Es incomprensible y es vergonzoso que ni uno solo de los soberanistas que se llenan la boca con el «principio democrático» se haya dado cuenta de que la inversión cronológica del plan lo desvirtúa desde cualquier perspectiva. Es lamentable que ninguno proteste, que no aparezcan por ningún lado las denuncias contra una operación política que deslegitima su proyecto más que ninguna campaña en contra, más que ningún enemigo interno o externo, más que ninguna desalentadora corrupción. Los opinadores del espacio nacionalista se han acostumbrado a decir amén.

Hasta un escolar, si se le deja pensar un rato por sí solo sin inflamar su limpio corazón con fervorines patrióticos, comprende que el capítulo de erigir estructuras de Estado debería ser posterior al capítulo consulta. Es el fallo más grave que «el proceso» presenta en sus propios términos. En términos ajenos al proceso, algunos de los cuales son infinitamente más importantes, hay fallos peores, más preocupantes, más peligrosos y más ilegales. Pero este presenta la característica de negar la lógica de sus promotores.

Al tratarse de un conjunto de decisiones políticas que transforman el marco institucional catalán, amén de la naturaleza jurídica del autogobierno y sus fundamentos constitucionales, los fallos internos del proceso pueden tener consecuencias que los nacionalistas no han contemplado. En especial si en la consulta sucede lo que creo, cualquiera que sea la forma que llegue a adquirir: que el «sí» no gane, o al menos no lo haga en las condiciones mínimas de legitimidad: índice de participación adecuado y mayoría clara. A este respecto, y sin contemplar la participación: «No se puede ganar con el 51 % contra el 49 %» (Artur Mas, 11 de junio de 2013). ¿Y con el 52 contra el 48? ¿Y con el 53 contra el 47? A este respecto también, centrándose en la participación, y siempre «más allá», establece el secretario de organización de Convergencia:

Más allá de lo que digan las leyes españolas y la jurisprudencia internacional, consideramos que para lograr el reconocimiento internacional y, sobre todo, la legitimidad interna hace falta una participación que sea aceptable; y una participación aceptable es la que supere el 50 % (Josep Rull, 24 de agosto de 2013).

Més lluny, sempre aneu més lluny. Más allá. Más allá de lo que aconsejan los escrúpulos procedimentales, postula Rull que se vote —pero solo en esa consulta— a partir de los dieciséis años. A ver si los fervorines hacen su efecto. Anuncia asimismo que votarán los ciudadanos de la Unión Europea empadronados en Cataluña, y que se hará lo posible para que participen los catalanes que residen en el extranjero (defina catalán que reside en el extranjero; ¿cree que es fácil?) más los ciudadanos de fuera de la Unión Europea que no están empadronados en Cataluña pero tengan «cierto arraigo» (defina «cierto arraigo»; propongo una definición: asiáticos, africanos, americanos que, viviendo en sus países, han dado alguna muestra de ser favorables a la independencia de Cataluña).

Los convergentes no hablan en broma, es solo que siempre van més lluny. ¿Por qué no les dan dos votos, o tres, a los que se apuntaron a la cadena humana de la Diada de 2013, para premiar su patriotismo? Un hombre patriota, dos votos. ¿Cuatro votos para cada uno de los que tanto se sacrificaron desplazándose ¡a la provincia de Tarragona! a fin de llenar huecos? Why not? El ensanchamiento del «pueblo catalán» hace votar a un señor que quizás estudió filología catalana en Cracovia. Yo conozco uno, uno que habla como Bernat Desclot; entró conmigo en Cataluña por primera vez en su vida, ya licenciado, y fue maravilloso oírle pedir las consumiciones a la dependienta de la primera área de servicio. El ensanchamiento del «pueblo catalán» es también un estrechamiento. Mientras mi viejo amigo polaco votaría en el plan de Rull, la madre de mi joven amiga diputada en el Parlament de Cataluña no lo haría. ¿Dónde está el arraigo? ¡Cómo va a votar alguien de Jaén! Claro. Yo entiendo —cómo no lo voy a entender, a estas alturas— que en la Cataluña de Convergencia Jaén quede mucho más lejos que Cracovia.

Si Convergència se empeña en deslegitimar su plan, no seré yo quien trate de disuadirles. Pero necesito regresar a unas coordenadas racionales para seguir escribiendo. De otro modo, me voy a salir del ensayo y voy a meterme en la estela de Nadja, la novela de André Breton. Respiremos hondo. Imaginemos que en la sede de CDC entrara una vivificadora corriente de sentido común y al final dotaran a su improbable consulta de una lejana apariencia de seriedad. Pues aun así, tendrían un problema si, como sostengo, el caso de la opinión catalana encaja en el concepto de «espiral del silencio» de Noelle-Neumann.

Si el «pueblo catalán» no produce una mayoría por el «sí» ni siquiera en las condiciones de consulta que Convergencia y ERC consideran adecuadas, un inmenso trágala quedará a la vista. Y entonces, ¿qué? Las estructuras de Estado se habrán comenzado a desplegar, y no cabe esperar que un gobierno catalán que no sea escrupulosamente constitucionalista dé marcha atrás y las desmonte.

A pesar del (o debido al) previsible panorama, Mas, su gobierno y su partido se han comprometido para siempre con la carencia democrática que comporta la alteración y desnaturalización de un ideal secuencial. Pasando del orden legitimador:

Primero: consulta.

Segundo: negociación con el Estado.

Tercero: Estado propio.

... al interesado desorden:

Primero: erección de un Estado propio de facto.

Segundo: consulta a un convenientemente amoldado «pueblo catalán».

Tercero: reconocimiento de los hechos consumados, advenimiento.

Atención a las palabras del secretario de organización de CDC en agosto de 2013, durante los actos de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada: «La prioridad de Convergencia para el próximo curso político es preparar las herramientas y las estructuras de Estado para el día siguiente de la consulta.» ¿Qué nos dice esta frase? En una interpretación indulgente o despistada, que se quiere limar la irregularidad estructural del proceso con la insinuación de que tales estructuras no serían operativas antes del ejercicio del derecho a decidir («para el día siguiente de la consulta»). Ello indicaría algún grado de conciencia de haberse metido en un atolladero.

Pero «para el día siguiente de la consulta» transmite en realidad que Convergencia da por descontado el «sí». Siempre llegamos a esta conclusión, no importa el camino que escojamos. ¿O es que acaso están poniendo a punto las estructuras de un Estado independiente para darle al botón del play si gana su opción y apagar la máquina si pierde? La respuesta es negativa por dos motivos. El primero es que ni Rull ni nadie en su partido lo ha dicho en ningún momento; jamás ha comunicado Artur Mas nada semejante, ni tampoco miembro alguno de su gobierno.

El segundo motivo es incluso más convincente, y está en el tenor literal de su acuerdo con ERC para la X legislatura. Cuando en el Anexo 2 se desgranan los «órganos e instrumentos para garantizar la transición nacional» (¿No es lo bastante explícito el verbo garantizar?), el acuerdo compromete a los firmantes a «Hacer efectivo durante el 2013 el despliegue de la Administració Tributaria catalana». Centrémonos en esto.

¿Alguien no entiende lo que significa «desplegar una Administración»? Desde luego, no creo que sea el caso de Mas, ni de Junqueras. Afinemos: me complacería sobremanera saber si alguien con alguna experiencia de gobierno, o con algún conocimiento de la administración, o con alguna formación en derecho público, o con algún bagaje en gestión de organizaciones, interpreta esta cláusula, la de desplegar la Administració Tributaria catalana (o cualquier otra), como acompañada de un compromiso implícito de mantener esa Administración congelada a la espera de la victoria del «sí», al modo de los atletas dispuestos y concentrados, entre el «¡listos!» y el «¡ya!» pero donde la pistola del juez es una consulta, y el disparo es el triunfo del «sí».

Puede que alguien baraje esa extravagante posibilidad. Lo comprendería. Comprendo, sí, que para seguir defendiendo la pulcritud democrática de Mas (y de su socio de legislatura) hay que barajarla obligatoriamente, aplastados ya contra la valla de la lógica. «Desplegar una Administración» requiere, además de declaraciones, y papeles, y firmas, y reuniones (todo ello bastante asequible, y ciertamente vistoso), dotarla de recursos, realizar los nombramientos pertinentes, poner gente en nómina, habilitar despachos, organizar y estructurar, establecer las funciones de mandos y empleados, diseñar los procedimientos y rutinas de trabajo, entre otras cosas aún más complicadas, como establecer, probablemente de forma unilateral, un marco competencial nuevo adecuado a la burocracia real y no a los desahogos ideológicos. Si una Administración se despliega, es para que actúe, no para hibernarla a la espera del cumplimiento de una condición que no depende del que despliega.

El citado pacto de legislatura recoge asimismo el compromiso de «Elaborar un plan y diseñar la Administració y la Tresoreria de la Seguretat Social catalana para garantizar la percepción futura en cualquier caso, de las pensiones y prestaciones de paro a los catalanes». (La negrita es nuestra.) «En cualquier caso» tiene toda la pinta de ser una aposición intercalada con posterioridad al redactado original, quizás a instancias de ERC. Un añadido precipitado podría haberles confundido con el uso de las comas, pero esto no importa. Lo relevante es que está ahí: en cualquier caso.

Sea como sea. Pase lo que pase. Como diría un periodista deportivo: sí o sí. Por cierto, la expresioncita, entre interrogantes, bien podría servir a CiU y ERC como lema de su consulta, visto lo visto: «¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado? ¿Sí o sí?» En castellano, «sí o sí» se ha dicho siempre «quieras que no». «En todo caso» son tres palabras que en un acuerdo caen como una losa; atan. Quieras que no, habrá Tresoreria de la Seguretat Social catalana. Es decir, que se romperá la caja única, un principio esencial de la Seguridad Social en España. Quieras que no, así será. Porque en todo caso una Administración y Tesorería tal garantizará la percepción futura de las pensiones de los catalanes, y de sus prestaciones de desempleo. Lo dicen ellos, no yo.

Luego están las diversas plataformas nutridas con dinero público para hacer los coros, los entes colgantes de Convergencia, más o menos entreverados de republicanos, más o menos moteados de díscolos de Unió. Me pregunto qué hará, si ganamos los del «no», la Associació de Municipis per la Independencia, controlada por Convergencia, que agrupa a dos diputaciones y a la mayoría de consejos comarcales (28) y municipios (670) de Cataluña. ¿Derogarán, con la misma solemnidad con que las aprobaron, sus declaraciones de independencia junto al campanario? ¿Comunicarán que han dejado de ser «territorio libre»? ¿Recularán en sus mociones de soberanía fiscal? ¿Dejarán de pagar el IRPF y el IVA a la Agencia Tributaria de Catalunya (que gestiona los tributos propios y cedidos a la Generalitat)? ¿Dejarán de hacerlo también los empresarios, los asalariados y los autónomos que no desean eludir a un fisco catalán pero sí al fisco español? Bueno, en realidad eso no hará ninguna falta aunque los secesionistas pierdan la consulta, pues tal elusión es una filfa; el dinero va a parar donde prevé la ley, más allá de donde entreguen el impreso. Cosa que todos saben, pero déjales que jueguen.

XIII

Artur Mas es un gobernante oscuro; sus declaraciones sobre asuntos que aparentemente tiene muy claros obligan a una complicada exégesis. La apariencia de claridad podría venir de la comunicación no verbal: el tono, el porte, ese impresionante énfasis que consiste en no hacer nunca un énfasis, así se esté declarando el fin del mundo. Pero átenme esta mosca por el rabo; afirmó el president el mismo día en que rechazaba que el «sí» pudiera ganar legítimamente con el 51 %:

Todo el mundo sabe que [la consulta] no tiene una vinculación jurídica estricta, sino que es un termómetro de opinión [¿Estamos ante una encuesta?]. A partir de esa opinión, los gobiernos se deben poner a trabajar para convertir en realidad las posiciones mayoritarias.

Esto será un disgusto para los secesionistas, pero es lo que hay: la consulta sondeará opiniones. Una vez sondeadas, los gobiernos (¿los dos?) trabajarán para que, si gana el «no», esa postura se convierta en realidad y se acaben las estructuras con las que Convergencia y ERC iban a hacer rodar el Estado propio. (A lo mejor también las que se habían construido durante treinta y cinco años con la voluntad oculta de erigir un Estado propio.)

¡Que no, hombre, que no dice eso! Sí lo dice. Reléanlo: «A partir de esa opinión, los gobiernos se deben poner a trabajar para convertir en realidad las posiciones mayoritarias.» Otra cosa es que el lector sobreentienda que la posición mayoritaria de la que habla Mas solo puede ser el «sí». Hace bien, porque en ese sobreentendido, primorosamente armado, reside todo. Con plena coherencia, el líder convergente ha rechazado la declaración unilateral de independencia (suceda lo que suceda en la consulta); la vía kosovar, acariciada por ERC, queda descartada. Es plenamente coherente, digo, porque un acto semejante —y aun su anuncio— comportaría acabar de un plumazo con los sobreentendidos, que son el sello de don Artur, su oxígeno, su firma y su secreto.

El viaje a Ítaca fue la metáfora preferida de Mas durante los meses de su conversión del pacto fiscal al Estado propio. Pero Ulises llegó a su isla más solo que la una después de haber perdido a toda la tripulación, que, antes de morir, pasó las de Caín. Con experiencias tan desagradables como la de verse convertidos en cerdos. Hacia la mitad de la Odisea ya se ve que solo Ulises culmina el viaje:

A este tiempo, tronando el gran Zeus lanzaba su rayo / sobre el barco, tembló la armazón toda ella y cubrióse / de vapores de azufre y mis hombres cayeron al agua. / En redor del oscuro bajel los llevó al oleaje; / semejaban cornejas; el dios les negaba el regreso (Canto XII, 415-419, Odisea).

El dios les negaba el regreso. Porque el viaje a Ítaca es un viaje de vuelta. De vuelta a casa. En el imaginario del movimiento nacionalista-secesionista, la metáfora se puede mantener como el regreso al país libre, ajeno a España, que una vez existió. ¿Cuándo? ¿En la década de los cuarenta del siglo XVII? Perdón, no hablo de historia. Pero sí de metáforas.

Doy por hecho que Mas conoce la Odisea. Peor me lo pone. Los suyos que no la conozcan deberán a Lluís Llach los ecos del viaje con que el president los ha estimulado. Homero resuena en Cavafis (de nuevo Cavafis), que resuena en Llach. Excelente disco, aquel Viatge a Itaca de mediados de los setenta del siglo pasado, donde por desgracia, o por exigencias rítmicas y melódicas, el cantautor gerundense acentúa mal el nombre de la isla. Al grano. No nos engañemos: todos entendieron que la Ítaca de Mas era la independencia de Cataluña. Todos excepto, quizás, el propio Mas, que al haberse prohibido pronunciar la palabra acaso se prohibiera también su pensamiento. Sería un malentendido colosal.

Puede que, de algún modo retorcido, la metáfora del president se refiera a su persona exclusivamente. No como jefe de un gobierno, sino como hombre. Un individuo que se cree atrapado en una encrucijada histórica y que alcanzará su Ítaca, su Ítaca personal, que al cabo es la única Ítaca, si deja constancia. Nada más. Dejar constancia de que hizo aquello que, en el persistente imaginario del nacionalismo, debe hacer un presidente de la Generalitat cuando se abre una rendija histórica: echarse al monte. Hay precedentes.

Pero estos precedentes demuestran tanto la persistencia del dejar constancia como la de su inutilidad. ¿Y qué? Hablamos del hombre. El hombre deja constancia. Se siente llamado por el destino, entrará en los libros. Para ello, el cargo tiene que haberlo abducido, la historia mixtificada y romántica tiene que haberlo absorbido. Él, que no se metía en política cuando era universitario, cuando todo dios se metía. Él, que no acudió a las manifestaciones del final del franquismo. Él, que llegó al aparato de la Generalitat y de Convergencia como un técnico. Él, que tanto tardó en incorporar el catalán a su entorno inmediato y en llamarse Artur. Él, en quien la familia Pujol depositó la confianza que se deposita en un crédito puente: estaba el problema de edad del hijo que debía heredar la presidencia. Él, precisamente él, cuando se encuentra en el cargo y ve abrirse la brecha de una profunda crisis institucional, política, económica y ética en España, se siente en la obligación de meter la cuña y provocarle a España otra crisis, la territorial, por si cediera. Ocasiones así no se encuentran todas las décadas. Su Ítaca sería cumplir con las más exigentes expectativas del nacionalismo... sobre él. Todo esto, siendo un suicidio político, tendría su punto de grandeza. E Ítaca mantendría un sentido metafórico de algún modo respetable. En su mundo. Porque si no es así, ¿qué es?

Hay una tercera posibilidad. La primera era el colosal malentendido provocado por un gobernante de dificilísima interpretación llamado Artur Mas. La segunda era la compulsión histórica de un individuo llamado Artur Mas, que se inmola. La tercera es que la Ítaca del president Mas sea un parque temático.

La inspiración de unas instalaciones semejantes podría haberla tomado prestada de Homero, el vate ciego; o del atormentado funcionario alejandrino que se dio a la poesía; o más bien del cantante independentista Llach, impulsor de la Assemblea Nacional Catalana. Pero sería un parque al fin, donde nada es lo que parece pero la imitación es prolija y envolvente, donde se recrea con gran fidelidad una Administración Tributaria, una Seguridad Social de mentirijilla, un Tribunal Supremo ful de Estambul, y todo así.

Si yo fuera independentista estaría muy preocupado con esta posibilidad, y les aseguro que no me bastaría, como parece que les ocurre a los independentistas reales, con el lenguaje no verbal de Artur Mas a la hora de establecer el sentido de sus metáforas. Pero cualquiera que sea la ambición profunda de ese hombre —emular a Lluís Companys, o que a Cataluña se la llame Estado como a Ohio, o que se la llame Estado Libre como a Baviera, o que sea un Estado soberano como Finlandia, u obtener un Estado Libre Asociado como Puerto Rico, o fundar una Cataluña Aventura—, en realidad no importa. Porque él no seguirá controlando el «proceso» después de las elecciones. Sea cual fuere el resultado, los sobreentendidos de Mas morirán. A la vista de la deriva de la nave, resulta de lo más inadecuado que se adornara con un timón al acceder a la presidencia de la Generalitat. Ya sé que era un regalo de su padre, y eso hay que respetarlo. Los padres tienden a sobrevalorarnos.

El problema de los sobreentendidos es que quien los utiliza se arriesga a que cada cual sobreentienda algo diferente, normalmente lo que le conviene. Cuando el emisor es un gobernante, ello da origen a una maraña creciente de expectativas, y a mucho ruido. Sobreentendido: malentendidos. La presidenta de la Assemblea Nacional Catalana, por ejemplo, cree estar en plena sintonía con Artur Mas. En una ocasión revelé en su presencia, en televisión, que el president se había reunido en secreto con Rajoy a pesar de haberlo negado él públicamente. Mi revelación se confirmó al día siguiente. El conductor del programa radiofónico donde Mas había faltado a la verdad —un excelente profesional, por otra parte independentista— le llamó mentiroso. Pero cuando yo di la información, esta todavía no había recibido la bendición de los buenos, y no es que la presidenta de la ANC no me creyera (es muy libre), es que me acusó de usar la estrategia del miedo y del descrédito de la democracia. Por mi revelación.

J.C.G.: Yo te digo que se ha celebrado.

C.F.: Yo creo que él [yo] ha hecho el relato de lo que le gustaría, que me parece muy bien...

J.C.G.: Yo he hecho el relato de los hechos.

C.F.: Es decir, yo creo que el presidente Mas, precisamente, ha dicho que esta reunión todavía no se ha hecho, y yo le creo porque es el presidente de mi gobierno y, por tanto le debo un respeto. En principio le creo. Yo creo que lo que ha dicho el señor Giral...

J.C.G.: Girauta

C.F.: ... Girauta... perdone. Yo creo que ha dicho lo que a él le gustaría, pero esto es la estrategia de la confusión, y del miedo, y del descrédito de la democracia y de la política.

(Fragmento de la tertulia del programa Migdia, de 8TV, 22 de marzo de 2013. El Semanal Digital, próximo a Unió, convirtió en noticia esta tertulia, titulando: «Carme Forcadell le da un repaso a Juan Carlos Girauta».)

Si desmentir a Mas, aunque sea acerca de la celebración de una reunión, es para la presidenta de la ANC una estrategia del miedo que busca desacreditar la democracia, es porque esta señora considera que la palabra de Mas va a misa. Y que, tal como Mas le debe haber dicho (o insinuado, que esto va de sobreentendidos), comparten espíritu e intenciones tan estrechamente como Quintero los compartiría con León y con Quiroga, o Xavi con Messi. Aún más, como Ortega con Gasset. El problema es que Duran i Lleida piensa lo mismo: que Mas y él comparten espíritu e intenciones. Y esas dos coincidencias son incompatibles, por mucho que el democristiano se enseñara en la concentración de la Diada de 2012, organizada por la ANC. Por enseñarse, Duran se ha enseñado hasta con la estelada. Si no me creen escriban en Google «Duran estelada».

Poco después de que Mas fuera investido por primera vez, almorcé con una destacada personalidad de Unió, un hombre de gran simpatía y excelente humor. Le planteé algunos reparos sobre las intenciones del president. El democristiano, con mirada de inteligencia y sonrisa coñona, se me quedó mirando unos segundos y me preguntó, como el que abre los ojos a un niño: «¿Acaso crees que Mas es independentista?» Y empezó a reír a carcajadas, de una forma tan contagiosa que casi acabamos los dos atragantados. No sé si hoy diría lo mismo, ni si nos desternillaríamos igual, pero si Duran, su jefe de filas, ya cree que Mas es independentista y que está actuando en consecuencia, lo cierto es que no se da por enterado.

Los sobreentendidos han de reventar forzosamente cuando los sobreentendedores se ven obligados a mojarse bajo un lema tan diáfano como el de la cadena humana organizada por la ANC en la última Diada: «Via Catalana per la Independencia.» Pero es sorprendente cuánto tardan en reventar. ¿Es que no estaba claro el lema? ¿Acaso «por la independencia» significa «por la consulta»? ¿Es que no había comunicado la ANC que todos los participantes serían contabilizados como independentistas? Pues aun así combinaban los organizadores esta advertencia con vaguedades melifluas del tipo «[Hay que] sumar el máximo de sensibilidades alrededor del actual proceso político y hacer partícipes a aquellas personas que quieren sumar y construir un país mejor, más justo y más próspero» ¡Cáspita! Definitivamente, yo quiero construir un país mejor, más justo y más próspero. ¿Debería haber participado en la Via Catalana per la Independencia?

No sé si me apetece que luego me cuenten como independentista. En quien estaba pensando la ANC con sus zalamerías es en el PSC, naturalmente. Lo cual indica que los socialistas han transmitido señales equívocas, con su conducta o con su discurso, a los secesionistas, y que estos han llegado hace tiempo a la conclusión de que en el PSC se chupan el dedo. A todo esto, el PSC ya había anunciado que no participaría en la cadena humana, toda vez que en la calle Nicaragua, en realidad, no se chupan el dedo y saben que independencia significa independencia. Aunque no todos; a la postre, fue la cadena humana organizada por la ANC la que acabó provocando la constitución de la corriente crítica Agrupament Socialista, que en su primer acto público se desmarcó de la posición oficial del partido respecto a la Via Catalana per la Independencia.

Esa grieta del PSC fue un logro de la ANC. De algún modo incomprensible, habían convencido a un puñado de destacados socialistas catalanes, entre ellos varios exconsellers, de que el objetivo de la cadena humana era «que la consulta soberanista se [realizara] lo antes posible», y de que la suya era «una movilización abierta a la pluralidad y transversalidad de la sociedad catalana». Impresionante, toda vez que la ANC acoge a independentistas de izquierda y de derecha, independentistas ateos y creyentes, independentistas jóvenes y viejos, independentistas ricos y pobres, delgados y gordos, calvos y melenudos. Lo que se conoce como transversalidad y pluralidad, vamos. Y si no, no se entiende el lema. Salvo que seas Ferran Mascarell.

Desde su consejería en el gobierno Mas (que es la misma consejería que ostentó en el gobierno Maragall), y desde el afecto que había dejado en el PSC diseñando el capítulo cultural de su programa para sumarse acto seguido a los ganadores, Mascarell se sintió capaz de seguir camelando a sus ex compañeros. Tiene mérito. Les dijo públicamente que la Via Catalana per la Independencia también aglutinaba a los partidarios de una consulta, tratando de apurar hasta la última gota la pócima del sobreentendido artúrico con la que tantas personas normalmente racionales han perdido la capacidad de distinguir entre categorías diferentes. Quiso prolongar los efectos de la pócima hasta el asombroso extremo de negar explícitamente lo que se sobreentiende. Hay que estar hipnotizado para morder ese anzuelo. Que es el mismo que han lanzado, infatigables, Convergencia y sus medios afines.

En un estado que solo puedo calificar de hipnosis profunda, el señor Gomà, de Iniciativa, consideró también que la transversalidad de poner «Independencia» en una pancarta era tal que bajo ella podía desfilar cualquier ciudadano que defendiera la consulta pero no la independencia. Contaré hasta cinco y despertarás, Goma. Temiendo que el personal pudiera cobrar la conciencia y recuperar la voluntad antes de tiempo, el diputado de ERC Joan Tarda deploró el debate sobre el lema, calificándolo de «estéril y bizantino», pues lo que importaba era el éxito de la convocatoria. Florentina añagaza, me atrevería a decir. «Nos jugamos tanto, tanto, tanto...», enfatizó Tarda. Al tercer «tanto» empecé a sentir los miembros muy pesados y un sueño profundo.

No porfíen. Ya han conseguido romper el PSC. No conseguirán nada más. Llegados a este punto, o bien admiten de una vez que «consulta» significa una cosa e «independencia» otra, o bien empezarán pronto a hacer el ridículo. Dejen de insultar nuestra inteligencia. El relativo éxito cosechado por los encargados de meter la independencia de Cataluña en el sobre, cerrarlo, y pedirnos que lo agitemos reclamando el derecho a decidir puede deberse a que un número indeterminado de ciudadanos es muy impresionable. O a que hay gentes poco predispuestas a recapacitar sobre lo que se les propone. Pero en el ámbito de los partidos, comprendan que el trágala solo ha afectado —y dañado— al PSC. Y no afectará a nadie más. Era el único partido que defendía el «no» a la vez que compraba el «derecho a decidir», paradigma alternativo a la inservible autodeterminación. Lo adoptó como prioridad en su campaña electoral, sumando al principio sus siglas al frente soberanista, o permitiendo que de ese modo se interpretara:

Aunque lo hace para fastidiar al PSOE, resulta muy significativa la importancia que la rediviva Brunete mediática madrileña está concediendo al hecho de que el PSC se pronuncie también a favor del derecho a decidir de Catalunya. Es un dato fundamental. Pere Navarro quiere votar no a la independencia, pero lo importante, lo que cambia la historia del PSC (y del PSOE) es que quiere votar, y lo que cambiaría la historia de Catalunya y de España es que los catalanes puedan votar lo que quieren ser. Los partidos catalanes del bloque soberanista, y más que nadie Artur Mas, deberían dar al PSC la bienvenida al club, por cortesía democrática, pero, sobre todo, por interés político («El PSC también cambia la historia», Jordi Barbeta, La Vanguardia, 2 de octubre de 2012).

Pero, ay, luego el PSC se distanció, rechazó sumarse al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, denunció la trampa del CATN y desoyó el canto de sirena de su ex Mascarell instándole a engrosar el censo de independentistas de la ANC en la Diada de 2013. El PSC desanduvo lo andado y al final Artur Mas no pudo darles la bienvenida al club; quizá se dieron cuenta de que el afán convergente por acogerlos bajo el techo soberanista era, sobre todo, interés político. Y mucha cortesía democrática, ça va sans dire.

Cuando escribo estas líneas, hace varios meses que los estudios demoscópicos otorgan una clara ventaja a ERC sobre CiU. Ya no importan tanto los sobreentendidos de Mas, ya no es muy relevante averiguar si en realidad pensaba en un parque temático al evocar Ítaca. Qué más da. Importa más lo que piensa quien parece va a sucederle en el liderazgo político del movimiento nacionalista-secesionista, que es el señor Junqueras, más cómodo con el segundo ismo que con el primero. Contra lo que el observador poco avisado pueda suponer, a los constitucionalistas catalanes nos suele irritar más Convergencia que ERC. A mí, por ejemplo, ERC no me irrita lo más mínimo, y los sobreentendidos de Mas, más que irritarme, me postran en una especie de abatimiento. ERC defiende la secesión de frente, y yo estoy en contra de la secesión. ¿Y qué? La discrepancia se sobrelleva correctamente en un Estado de derecho y en una sociedad abierta. Tan correctamente que en su manejo consiste, básicamente, todo.

En España cabe el secesionismo. No cabiendo la secesión, parece extraño. Pero no lo es en absoluto. Se llama democracia. Me gustaría ver si en la república catalana que sueñan y preparan con más ahínco y con más eco que nadie las presidentas de la Assemblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, por ejemplo, iban a caber los partidos favorables a la unión con España. Me gustaría ver si, ganando unas elecciones territoriales, iban a permitir a esos partidos que impusieran, por ejemplo, la inmersión lingüística en castellano. Es más, me gustaría ver si el castellano, la lengua de la mayoría de los catalanes reales (es un dato, no una impresión) iba a ser lengua oficial en ese Estado. De hecho, nos podemos hacer una idea. Preguntada al respecto, la presidenta de Ómnium Cultural se muestra sospechosamente remisa: «Dos idiomas oficiales en un mismo país es un poco extraño.» Sin embargo, eso, además de no ser cierto, no es lo que piensa el líder de ERC. Y antes de volver a ese partido, ¿subvencionarán las administraciones de una Cataluña independiente a un combativo Ómnium Cultural con acento agudo?

Si ERC se alza con la presidencia de la Generalitat, ya juzgaremos si sus actos van o no contra la ley. De momento, en su experiencia del tripartito no le exigió a Maragall ni a Montilla consulta alguna. Ni siquiera un miserable pacto fiscal. Conviene recordar que el sistema de financiación catalán aún vigente fue presentado como un extraordinario logro en su momento por los responsables republicanos. Lo dicho, cuando gobierne hablaremos en serio. De momento, da una cierta grima ver cómo Junqueras le aprieta las tuercas, o los grilletes, a Mas, y cómo este hace ver que desea lo que le imponen, y cómo, encima, ERC no le aprueba los presupuestos. Ellos sabrán. Más interés tienen para esta obrita los intentos de concreción de ERC cuando se pone a visualizar la Cataluña independiente. ¿ Qué sucederá, por ejemplo, con la nacionalidad de los catalanes?

XIV

Esquerra está sometida a una tensión conceptual entre la reclamación de un nuevo Estado (que al reclamarse genéricamente, o pensando en un plazo largo de tiempo, reproduce las virtudes y defectos del viejo Estado-nación que la globalización, más los distintos procesos mundiales de integración regional, han puesto en crisis) y la conciencia de que la proximidad de su objetivo (así lo perciben ellos) hace inevitable la adaptación a la realidad. Esto es, la adecuación a los mismos elementos que ponen en crisis al Estado-nación, más los propios de una Cataluña muy diversa, con unos parámetros clásicos de nación que distan mucho de resultar homogéneos en cualquier sentido que le pudiera dar un nacionalista (por eso ellos tratan de distanciarse de esa ideología); un país que, además, accedería a su hipotética independencia con una población que en gran parte desearía seguir siendo española. ¿Qué sucedería con la nacionalidad de los catalanes?

Acudamos a la ya citada ponencia política de ERC: «La identidad será electiva», anunció el responsable del documento, J. M. Tresserras, añadiendo que en la Cataluña independiente podremos disponer de doble nacionalidad «si en el otro lado nos dejan.» O sea, que en Esquerra quieren lo mejor de los dos mundos. Esta excelente disposición (¡Podremos seguir siendo españoles! ¡Gracias!) invita a todo tipo de chistes, pero sería una lástima ir por ese camino. El asunto tiene fondo. Tomemos un catalán que, sin dudas ni ambigüedades artúricas, se declara decididamente independentista, un catalán como el señor Tresserras, e imaginemos que es consecuente con todo lo dicho sobre España hasta el momento por los suyos. A título de ejemplo, su conmilitón el exconseller Huguet llamó a la bandera española «la bandera del enemigo», y su ex presidente Puigcercós se refirió a ella como «la bandera de los enemigos de Cataluña».

Pues bien, imaginemos que son coherentes y, dándose el marco jurídico-político que desean, pudiendo optar por la doble nacionalidad, no lo hacen y renuncian a la española. Normal. Ahora imaginemos que ese es el comportamiento de miles, millones de catalanes. Como mínimo, los votantes de ERC y no pocos de Convergencia. Y de tres socialistas que yo me sé. Sigue pareciendo razonable. Preguntémonos entonces si ERC es partidaria de que esa decisión sea revocable en el futuro, es decir, que algunos de los apasionados que se dan de baja como españoles puedan un tiempo después pensárselo mejor, decidir que dos mejor que una, seguir apurando su principio de «identidad electiva». Ahora quieren ser, también, españoles. Y ahí va mi pregunta:

¿Están dispuestos a reconocer el principio de reciprocidad? Lo pregunto porque, si la respuesta es afirmativa, cinco, o siete, o doce millones de españoles podrían decidir hacerse, también, catalanes. Con todas las consecuencias, como por ejemplo votar. Qué molesto. No es buena idea la reciprocidad. O sea, que volviendo a mirar desde Cataluña, tendrán que pensárselo dos veces los apasionados antiespañoles deseosos de librarse del DNI del enemigo. Sabiendo el lío en que se meten, es normal que Tresserras supedite la doble nacionalidad a «que el otro lado nos deje», como si el otro lado no fuera a interpretar, de entrada, como un acto ilegal la declaración unilateral de independencia que prevé ERC. Y ya puestos, como si el otro lado no estuviera también en este lado.

Yo mismo soy los dos lados. Todos los que votaremos «no» a la secesión de Cataluña somos los dos lados. Y si ganara el «sí», y si Rajoy, tras la lectura estival de Victus se convirtiera al secesionismo, y montara un referéndum a la medida de Esquerra, y si Junqueras y don Mariano se dieran la mano y se despidieran, y hasta se levantaran unos puestos de aduanas, seguiríamos siendo los dos lados. Ergo conservaríamos la nacionalidad española. Y esto, aun con todas las facilidades, no sería un Estado-nación ni nada que se le pareciese, sino una prolongación de España. Un paraíso fiscal, quizá. Oigan, a lo mejor si me entran por ahí me pienso lo del «no».

Seamos serios. Lo que ERC y Convergencia (que se acaba de sumar a la ideíta, impidiéndome que acabe este libro con soltura) acusan con esta extraña posición en un asunto tan caro a ellos como la nacionalidad de los catalanes, tan nuclear en su doctrina y tan consustancial a los atributos clásicos de soberanía, es una incómoda realidad: que la propia condición de catalán no está nada clara. O demasiado clara como para referirse a ello: es una vecindad civil. Triste. Los nacionalistas no dejan de ampararse en «los catalanes» (y las catalanas, añaden confundiendo sexo y género), se llenan la boca con ellos. Algo habitual en quien profesa tal ideología. Sin embargo, nunca nos preguntamos: ¿A quién se refieren? Yo voy a hacerlo, y, en primer lugar, me pregunto: ¿Se refieren a mí? No lo tengo nada claro.

Si preguntara directamente a Artur Mas o a Oriol Junqueras si soy catalán, si me incluyen a mí cuando hablan de «los catalanes», seguramente me contestarían que sí. (La figura se llama reserva mental.) Pero eso es porque la pregunta resultaría demasiado directa. Sus declaraciones demuestran que en realidad no me incluyen, ni a mí ni a muchos otros catalanes. No voy a traer tres citas ni treinta, porque son treinta mil las que puede encontrar cualquiera. Todos los días hay alguna. Los nacionalistas, mucho antes de convertirse en masa al secesionismo, no han dejado de referirse a «los catalanes» como un conjunto que se sentía agraviado por España, que aún no había encontrado su libertad, que había sido empujado a la desafección hacia España por la propia España, que no estaba plenamente realizado, que hallaba la nuez de su identidad precisamente en la condición catalana. Que clamaba con una sola voz y, si no, debía hacerlo cuanto antes. Porque Cataluña está enferma de unanimidad. Definitivamente, ahí no estoy representado.

Los nacionalistas catalanes no han dejado de identificar la condición de catalán con la adscripción a su ideología. Porque el nacionalismo, a ver si vamos a descubrir la sopa de ajo, es una ideología. Por lo demás sentimentalista, premoderna, de raíces racialistas, incrustada en la historia de la reacción antiilustrada, parida en el marco concretísimo del romanticismo europeo. Llegó algo tarde aquí, como tantas otras cosas, y está más viva que nunca. En cuanto a Artur Mas, no la profesó cuando este tipo de pasiones políticas se desatan. Su biografía habla. Otra cosa es que encontrara en Convergencia, como tanta otra gente, el entorno adecuado para desarrollar su carrera.

Artur Mas nunca afirmaría que la condición de catalán presupone una ideología. De hecho, lo recuerdo afirmando lo contrario. Sin embargo, esa aberración se detecta en sus discursos. Mas se convirtió en algún momento (tardío) en nacionalista, y lo de menos es cuán genuina sea la adscripción. La conversión sería en todo caso posterior a la catalanización de su nombre en el Registro Civil. Fue por la fuerza del entorno, o por las coordenadas en que se encontró, o porque era un economista de Barcelona al que vieron atributos para el liderazgo, o porque los convergentes le dieron las primeras oportunidades. Por lo que sea. La vida lo puso ante la oportunidad de liderar un partido nacionalista que resultaba ser el partido hegemónico de Cataluña, el lugar del poder. Llegado a la presidencia, la máquina que debía gestionar sufría una tremenda avería debido a la crisis económica. Heredó unas cuentas terribles, y optó por las esencias. Por muchos que fueran los problemas, las esencias permitían transferir la responsabilidad, lo asentaban en el espacio identitario donde Pujol parecía insuperable. También creyó que era el único modo de crecer. Ese fue su mayor error.

Mas iba a profundizar en la construcción nacional. Se trata de una operación muy larga, de gran calado, de constante penetración en los nodos de articulación social. La construcción nacional exige, por definición, porfiar en la homogeneización de lo diferente, pues es sobre el entramado de unas coincidencias como pueblo, y de unas diferencias con el resto del mundo (y sobre todo con el entorno inmediato del resto de España: el hecho diferencial), que se reivindica la existencia de una nación sin Estado, como hizo Pujol, y luego de un Estado para esa nación, como hace Mas. La tercera fase de la construcción nacional resultará inacabable; empieza, idealmente, con la independencia política.

El problema de los nacionalismos de diferenciación (los que pretenden la secesión) frente a los inclusivos (los que pretenden unificar entidades políticas diferentes sobre la idea de la nacionalidad común) es que los primeros son excluyentes. En sus dos primeras etapas de construcción nacional, previas a la independencia, son excluyentes hacia fuera (obviamente) y hacia dentro (frente a los disidentes del —o resistentes al— nacionalismo). Quienes llegan a la tercera etapa, la independencia, y mantienen o incluso refuerzan internamente su carácter excluyente, promoviendo con sus actos el surgimiento de una ciudadanía de segunda, pueden desatar catástrofes al verse impelido el Estado del que se han desgajado a ofrecer protección efectiva a la minoría del nuevo Estado.

En las dos primeras fases (construcción de la nación sin Estado, reclamación de un Estado para la nación), no hay peor enemigo para el nacionalista excluyente que el interno, aquel que rechaza ser igualado, armonizado con vistas a consolidar la unidad que se pretende diferenciar del entorno. Las formas de exclusión en Cataluña pueden ser sofisticadas, y es más sencillo advertirlas por los resultados obtenidos que por el día a día. Por ejemplo: considerando la proporción de generadores de opinión nacionalistas en los medios de comunicación. La sofisticación, o la sutileza del día a día, está cambiando en Cataluña con la precipitación de la segunda fase. Por primera vez se detectan señales de fractura en segmentos no comprometidos política o ideológicamente de manera evidente.

Hace tiempo que el nacionalismo catalán se configuró como un nacionalismo cultural, y más concretamente lingüístico, un proceso que encuentra explicación en la propia dinámica de los valores sociales, en los movimientos de población de los años sesenta y en el descrédito de los nacionalismos de base étnica después de la Segunda Guerra Mundial. El hombre que protagoniza aquí ese cambio es Jordi Pujol, potente motor de la construcción nacional desde su llegada al poder en 1980, y durante casi un cuarto de siglo. Pero el fundador de Convergencia Democrática de Catalunya en 1974 salió de la misma tradición con la que tuvo que romper. Por eso resultan tan incómodos algunos de sus viejos escritos.

Pujol puso en boga un criterio para discernir quién era catalán. Se ha repetido durante muchos años, aunque últimamente ha caído en desuso. Es catalán, sostenían, todo el que vive y trabaja en Cataluña (y además quiere serlo, se añadió después). De entrada convencía, pero, a poco que se detuviera uno a pensarlo, el criterio hacía aguas por todas partes. Espero que me perdonen la autocita, pero me ocupé de ello hace casi diez años en una columna de opinión (Qué es ser catalán):

Aquí se repitió hasta la saciedad, en los años finales del franquismo y primeros de la transición, que eran catalanes todos los que vivían y trabajaban en Cataluña y que, además, tenían voluntad de serlo. La fórmula, a simple vista, no estaba mal, aunque alguien ha señalado, puntilloso, que absurdamente excluía a los jubilados. Si nos ponemos más puntillosos aún, descubriremos que tampoco entraba en la categoría un extremeño que llevara cuarenta años en Tarragona sin considerarse catalán. Pero si cogemos la lupa concluiremos que tampoco sería catalán un ciudadano nacido en Cataluña, habitante de Cataluña, de padre y madre catalanes hasta las raíces de su árbol genealógico, si ese individuo es un excéntrico y no tiene voluntad de ser catalán.

Abundando en el problema de los nacionalismos excluyentes, seguía:

¿Podría ser, no? ¿O es que no está lleno de españoles que no se consideran tal? Es más, en muchos casos una extraña compulsión les obliga a negar a España varias veces al día. Y sin embargo siguen siendo españoles a todos los efectos, y a sus adversarios políticos no se les ocurriría afirmar lo contrario. Así que de un lado tenemos la nación que integra, la que reconoce derechos inalienables y permite la discrepancia más extrema y, por otro, la que obliga a comulgar con una cierta visión de la realidad. El problema no está en esa visión, que puede ser sublime, sino en su sorda imposición de facto.

Para concluir con la necesidad de ingeniería social que tienen los nacionalismos de dicho tipo:

El nacionalismo catalán no es étnico, aunque algún energúmeno decimonónico planteara esa vía. [En realidad los energúmenos decimonónicos, y posteriores, eran bastantes más, como ha demostrado el profesor Francisco Caja en La raza catalana.] Es apenas cultural o lingüístico, de forma muy laxa en la calle y muy rígida si se trata de ingresar en la función pública. Por otro lado, una gran mayoría de catalanes —lo que incluye a los votantes de CiU, por ejemplo— lee la prensa en castellano y ve solo cine doblado al castellano. Espontáneamente. Los ingenieros sociales del nacionalismo llevan mal este tema y creen que hay que avanzar en la normalización; pero la inmersión lingüística no es de ayer ni de anteayer.

Este asunto no es sencillo y no se puede despachar en dos frases. Consignemos solo que no hay por qué dejarles la catalanidad a los nacionalistas. Ni por acción ni por omisión. Hoy, más de tres cuartas partes de los catalanes se consideran, en mayor o menor grado, españoles. El hecho de que la vida pública no lo refleje es una disfunción (y una renuncia) que no altera esta realidad.

No hay por qué dejarles la catalanidad a los nacionalistas. De otro modo sería mucho más sencillo para ellos. Si yo dijera «no soy catalán», si todos los contrarios al nacionalismo-secesionismo dijéramos «no somos catalanes» las cosas estarían más claras. Pero eso no va a suceder. Es más, la reivindicación de la catalanidad frente al catalanismo constituye una aportación a la grandeza y respetabilidad de Cataluña. ¿O es que ser catalán, señor Mas, señor Junqueras, te moldea el cerebro? ¿No está el pensamiento español lleno de antiespañolismo? Sentiré aprensión, como catalán, cada vez que encuentre la palabra «catalán» en líneas como las que siguen, de Jordi Pujol. Léanlas despacio si no se quieren perder:

Únicamente hay en este país un tronco catalán y si es que sabemos todo esto, aquello, lo de más allá, lo que sea, muy bien, se injerta, pero las cosas que se injertan se han de injertar a otra cosa que ya existe, a un tronco que está sano, que ya existe, y este tronco en Cataluña o es catalán o no es. Esta es la realidad que, sin ningún tipo de ánimo polémico, simplemente porque las cosas son así, es la garantía para que nosotros no seamos una entidad inconcreta, una mezcolanza, como decía antes, un mortero que no ha fraguado; la garantía de éxito es que estemos injertados en una realidad lo suficientemente importante, y la única lo suficientemente importante, con raíces históricas, con raíces psicológicas, con raíces que ya han llegado a fondo a muchos hombres que han llegado de fuera es la raíz catalana (Immigració i reconstrucció nacional a Catalunya, Varios autores, 1980).

XV

En el verano de 2013, Convergencia presentó un documento que recogía los «beneficios» o ventajas de la independencia. Presentado por su secretario de Organización y publicado en algunos medios de comunicación catalanes, sus puntos centrales se recogieron en toda la prensa española. En realidad se trataba de un folleto destinado a proporcionar argumentos a las bases nacionalistas, de las que se esperaba una tarea de evangelización minuciosa en los círculos de cada militante. El objetivo era convencer a los no convencidos, poner en circulación un guion esquemático, con vaticinios cuantitativos, que llegara a todos los rincones y dispusiera más favorablemente a la gente inclinada en principio a votar «no» en la eventual consulta.

Al mismo tiempo —en sentido literal, pues la fecha fue la misma— el gobierno catalán comunicaba su decisión de dotar una partida presupuestaria de 30 millones de euros para la celebración de la consulta, hablando ya de urnas y cabinas, previendo las necesidades logísticas y asumiendo que el Estado no iba a prestar el material. La coincidencia cronológica hacía más creíble que, efectivamente, la consulta iba a llegar, y que había que esforzarse en la tarea de adoctrinamiento. En principio un gobierno solo se metería en previsiones logísticas si realmente piensa materializar la votación.

A la luz del folleto convergente, las ventajas de una Cataluña separada de España y con su propio Estado soberano son formidables. Además de acariciar el lomo de los desafectos con la ya barajada posibilidad de optar a la doble nacionalidad catalana y española; además de anunciar, contra el criterio de la presidenta de Ómnium Cultural, que el castellano será lengua cooficial en Cataluña tras la secesión, Convergencia vislumbra, pletórica de optimismo, una enorme mejora de «las relaciones con España» una vez que podamos tratarnos en pie de igualdad, de tú a tú, de Estado soberano a Estado soberano. Y entonces vienen los números. Mucha atención.

Nuestro pavoroso índice de desempleo descenderá hasta alcanzar la media comunitaria merced a la secesión. ¿Cómo así? Porque se crearán 300.000 nuevos puestos de trabajo. ¿Cómo así? Porque se terminará de una vez por todas el déficit fiscal, o, para nombrarlo en los términos propios de la anterior legislatura de Artur Mas, que perviven entre el vulgo, el expolio. («Expoliar: despojar con violencia o con iniquidad.» DRAE.) Sin déficit fiscal, y con las excelentes relaciones catalano-españolas que nos aguardan, las juventudes de Convergencia no tendrán que mancharse con anuncios como el que exhibía a España (un señor con la bandera española) robándole la cartera a Cataluña (un señor con la bandera catalana) para salir corriendo cual caco.

De resultas de tantas bondades, la renta per cápita de Cataluña alcanzará los 30.416 euros. Podían haberse estirado más, al fin y al cabo todo es ficción. Lo digo porque ese es prácticamente el PIB per cápita de 2008, pero en fin. Lo sustancial no es eso. Lo sustancial es que el folletito entero, como la propaganda toda del movimiento nacionalista-secesionista, se basa en una premisa: Cataluña, una vez que se independice, seguirá dentro de la Unión Europea. Sin solución de continuidad, pero cobrando de repente naturaleza de Estado miembro. El problema es que eso es mentira. Mentiras, mentiras y más malditas mentiras, como diría la diputada laborista escocesa Catherine Stihler. Luego nos la volveremos a encontrar. Tan pronto como regresemos a Escocia. Pero primero es obligado realizar algunas puntualizaciones sobre la doble nacionalidad. Eso que Convergencia promete tan alegremente, sin introducir siquiera la cautelosa condición que ERC añadió por boca de Tresserras: «Si en el otro lado nos dejan.»

En primer lugar, ostentar una doble nacionalidad no significa estar sometido a la legislación de dos países. La doble nacionalidad se apoya en convenios ad hoc, y la mayoría de estos utiliza como referencia, a la hora de establecer la legislación aplicable, el criterio del domicilio. Así, el domicilio en una Cataluña independiente que tuviera un convenio de doble nacionalidad con España determinaría asuntos tales como quién se encarga de la protección diplomática, quién emite los pasaportes o el ejercicio de los derechos relacionados con la Seguridad Social.

Lo cierto es que no tiene mucho sentido especular con semejantes cuestiones; la única forma de evitar conflictos y llegar a acuerdos con España para una Cataluña independiente es acceder a la secesión por la conocida vía de una reforma constitucional. Que el nacionalismo-secesionismo catalán la descarte de entrada por difícil puede ser muy lógico políticamente, pero convierte en irreales cualesquiera hipótesis de entendimiento con España en términos de bilateralidad entre Estados. Y eso es así, entre otras muchas razones, porque fuera de la vía difícil pero legal no hay apertura posible de ningún proceso de negociación de una secesión. No hay más que palabrería. No hay reconocimiento internacional, no hay Unión Europea, no hay dobles nacionalidades, no hay ruptura de la caja única de la Seguridad Social, no hay nada de nada.

Cosa diferente es que se trate de utilizar una consulta para dotarse de fuerza moral de cara al futuro, de cara a una España hoy impensable donde la aritmética del Congreso de los Diputados permita imaginar su disposición a disolverse y a refundar España. Y si se trata de ganar fuerza moral con una consulta, les resulta imprescindible una victoria secesionista. Por eso presentan la independencia como si estuviera cerca, con detalles y cifras y globos de colores, como si nos la fuéramos a encontrar próximamente. Pero ni con la mayoría secesionista estaría cerca. Ya dijo Jordi Pujol que todo esto es muy arriesgado. Sospecho que no aludía a un riesgo social, a un riesgo colectivo y general, sino al riesgo de desaparición de su partido. Al riesgo de un fracaso brutal del nacionalismo por una apuesta temeraria. Al riesgo que asume Convergencia cuando insiste en ponernos delante de una urna con papeletas de «sí» o «no», o con siglas así interpretables. Porque si pierde el independentismo, o no gana claramente, el Estado propio no será lo único que se borre.

Estábamos en Escocia. Los secesionistas de allí intentaron vender la misma mercancía deteriorada que los de aquí. En un análisis bastante sencillo, los partidarios de la independencia comprendieron que jamás iban a obtener una mayoría favorable contándole a la gente que su éxito nacional significaba la inmediata salida de la Unión Europea. Aquí, salvo Pujol, pensaron lo mismo, que no se debía contar la verdad. Los años que se podría tardar en ingresar en la Unión como miembro de pleno derecho, como «nuevo Estado de Europa», son una incógnita. Naturalmente, dependerá de varios factores; uno de ellos es la normativa europea, que debería aplicarse a un supuesto sin precedentes. El señor Alex Salmond y sus correligionarios hicieron lo mismo que hacen aquí los guías del movimiento nacionalista-secesionista: mentir. O sea, decir lo contrario de lo que saben.

Al menos tres documentos oficiales del gobierno escocés sostenían que, tras su independencia, Escocia seguiría formando parte de la UE. Literalmente: «Bajo la independencia, Escocia tendría los derechos y responsabilidades de cualquier Estado normal y soberano y mantendría su pertenencia a la Unión Europea.» La Convergencia del lago Ness.

Conste que allí las autoridades se aferraban al menos a una doctrina que Cataluña no puede invocar. Pero aun así era falso. Dicha doctrina alude a la secesión como una disolución del Acta de Unión con Inglaterra que haría regresar las cosas a su situación anterior a 1707, apareciendo dos Estados soberanos herederos de los compromisos del que ahora es uno. Como resultado, y siempre siguiendo la citada doctrina, los estatus europeos (y no solo europeos) de Inglaterra y de Escocia serían exactamente iguales: si Inglaterra sigue siendo parte de la UE, Escocia también; si Escocia queda fuera de la UE, Inglaterra también.

José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, se encargó de desmentir tal interpretación: un Estado nuevo se deberá atener a los procedimientos comunitarios y solicitar su ingreso en la UE por los cauces establecidos. Porque estará fuera. Con más motivo, vale la respuesta para una Cataluña independiente. Los sondeos muestran, ya se dijo, una reducción de los apoyos al secesionismo escocés: es paralela a la aceptación de esta cruda realidad. O sea, que a los escoceses no les apetece lo más mínimo salir aunque sea para entrar muy poco después. Y así sería en su caso, poco después: una secesión aprobada en referéndum promovido por el propio gobierno británico no augura, ni de lejos, que Cameron fuera a usar su derecho de veto. A fortiori, a Cataluña no le va a apetecer nada salir de la Unión Europea cuando, además, su ingreso como nuevo Estado tardaría bastante más: España sí usaría el derecho de veto (salvo reforma constitucional, negociación con el Estado, etc.).

Por todas estas razones, los secesionistas escoceses quisieron eludir las advertencias de Barroso y optaron por mentir. Sostenían que les avalaba un informe legal. Alguien se lo pidió en el Parlamento escocés, acogiéndose a la Ley de Transparencia, y el gobierno se puso a pleitear con el fisgón. En realidad era una fisgona: la ya citada Catherine Stihler. Los escoceses tienen un órgano cuyo nombre, trasladado a Cataluña, sería para echarse a temblar: la Comisaría de Información. Su trabajo no es velar por el control de la información, como ocurriría aquí, pues no confecciona listados de periodistas desafectos. Su trabajo es el contrario: velar por la transparencia. La titular de ese órgano instó al gobierno escocés a entregar el informe legal en que se apoyaba para asegurar que Escocia, independiente, seguiría en la Unión Europea, o a desmentir la existencia de dicho informe legal. La diputada laborista Stihler y el gobierno de Salmond ya estaban citados en un tribunal civil. Cuando de pronto sucedió algo.

Un experto conductor televisivo llamado Andrew Neil, que sabía preguntar como nadie y que se había propuesto sacar el agua clara del farragoso asunto, pidió las pruebas de la premisa clave y, como no las obtenía, siguió pidiéndolas, y como seguía sin obtenerlas, le arrancó a Alex Salmond en la BBC (quién la tuviera) palabras que comprometieron su prestigio y que supusieron un punto de inflexión en las expectativas del unionismo y el secesionismo. La entrevista es impresionante. Debería ser de estudio obligatorio es las escuelas de periodismo. Que no se haya exhibido en TV3 no es una sorpresa, pero que no la hayan emitido con gran alharaca las cadenas nacionales (españolas, bien sûr), existiendo el paralelismo que existe entre la trola nacionalista escocesa y la trola nacionalista catalana, es imperdonable.

A medida que avanza el programa, Alex Salmond va perdiendo cualquier vestigio de entereza. Es el pestañeo, es la mirada huidiza, es la delatora deriva de su ritmo, que Neil reconduce con eficacia diabólica. Habiéndose hecho con el dominio de la escena, Neil pide a Salmond que aclare si la Escocia independiente tendría que volver a solicitar su admisión como miembro de la Unión Europea. Salmond se zafa. Neil le cita a una serie de expertos en derecho internacional, y con la entonación propia de un padre aleccionando al hijo díscolo, remata: «La mayoría de los juristas del campo internacional dice que Escocia tendría que volver a solicitar su admisión. ¿Por qué los escoceses le han de creer a usted en lugar de creer a estos expertos?» Tics nerviosos. Salmond cita a otros expertos que sostienen la igualdad de condiciones en que quedarían los dos Estados tras la secesión. Neil lanza la red al pececillo y, ralentizando el compás, pregunta a Salmond si maneja informes legales oficiales que avalen su posición. Salmond intenta marear la perdiz. «¿Y qué dicen [los informes]?» Salmond está perdido. «¿Y qué dicen?», insiste Neil. Y entonces lo suelta:

Sabes que no puedo darte el informe legal o desvelar los consejos de nuestros asesores legales, lo sabes, Andrew; pero sí se puede decir que todo lo que publicamos es acorde a los informes legales que hemos recibido.

«Los informes legales que hemos recibido.» Se lio. Como más tarde reconocería Salmond: «No podemos referirnos a informes legales específicos salvo que tengamos el permiso previo del Lord Advocate [o Abogado de Su Majestad en Escocia].» Y no lo tenían. Los informes no existían, y los laboristas llamaron «mentiroso descarado» al Ministro Principal de Escocia. En el mundo anglosajón, la mentira pública no recibe el trato comprensivo que recibe aquí.

Salmond culpó a Neil de haberle hecho pronunciar expresiones equívocas con sus interrupciones: «Es una gran lección para que los entrevistadores no interrumpan a los entrevistados.» Pero a la opinión pública le interesaba más la verdad que la ortodoxia formal de un género periodístico. Antes de que la bola de nieve creciera y creciera, el segundo de Salmond ya se había plantado ante la cámara escocesa para reconocerlo todo: no existía informe legal alguno que permitiera sostener la permanencia de Escocia en la Unión Europea. Una permanencia tan crucial para el secesionismo escocés como para el catalán.

Ruth Davidson, representante de los conservadores en el Parlamento de Escocia, no perdió ocasión de presentar a Salmond como un hombre que no era de fiar. La laborista Stihler resumió las promesas de los secesionistas con la frase que ya conocen, y que yo, desde aquí, propongo se aplique a nuestros políticos, analistas y opinadores mendaces cuando salga el tema. No invito solo a los partidarios del «no», sino a cada ciudadano. No se olviden cuando los militantes convergentes, folleto en mano, vayan a darles la murga a amigos, parientes y compañeros de trabajo: «Son mentiras, mentiras y más malditas mentiras.»

Sobre mentiras, mentiras, malditas mentiras se construyen los formidables «beneficios» del argumentario convergente. En este punto puede el lector pensar que quien está mintiendo soy yo. Si ese es el caso, admita una cosa al menos: si dentro de un rato cambia de opinión y concede que es el movimiento nacionalista-secesionista el que miente, deberá dar también por falsos todos los anuncios y promesas que se levantan sobre la mentira, todo el edén de prosperidad construido sobre la premisa de que no saldríamos de Europa, de que una Cataluña independiente sería un nuevo miembro de la UE sin más. Por cierto, ¿cuál era el lema de la multitudinaria manifestación de la Diada de 2012 organizada por la ANC, engrasada por CiU a través de la Associació de Municipis per la Independencia y promocionada hasta el agotamiento por TV3 ? «Cataluña, nuevo Estado de Europa.» Veamos.

Tengo un interés especial en comenzar por la opinión del fundador de Convergencia, que demuestra ser menos amigo de la mentira que sus sucesores:

Por el hecho de ser independiente, aunque vengas de un Estado que es miembro de la Unión Europea, la secesión esta no te sitúa dentro de la Unión Europea. Te quedas fuera, eso está claro. Esto, que es así y que a veces, tal vez, algunos que dicen eso de un nuevo Estado libre de Europa, no lo tienen en cuenta, de todas formas tampoco es tan grave. Es lógico. Hay un reglamento. Uno se separa y queda fuera de aquel Estado que forma parte de la Unión Europea, y por tanto, como ya no formas parte de ese Estado, te quedas fuera. Y, por tanto, te tendrás que incorporar. Pero hay muchos países que funcionan muy bien y no son miembros de la Unión Europea (Jordi Pujol, 12 de septiembre de 2012, Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna). [La negrita es nuestra.]

A eso le llamo yo ser un independentista coherente. Hay que ir de frente: ¡Compañeros, es parte del precio que tenemos que pagar, nos vamos de la Unión Europea; tampoco es tan grave! Sus herederos y legatarios políticos no están a la altura. Instémosles a la dignidad de la verdad sin tapujos. Queridos convergentes: repartan entre sus militantes el folleto de verdad, el que empieza diciendo que nos vamos de la Unión Europea. Que se pongan a divulgarlo, cada uno en su entorno, que se entere todo el mundo. Amigos, compañeros, papá y mamá, votad «sí» a la independencia. Vamos a salir de la Unión Europea, pero hay muchos países que funcionan muy bien y no son miembros de la Unión Europea. Además, nos llevaremos mejor con los españoles porque estaremos al mismo nivel, y vamos a considerar el castellano como lengua cooficial, y permitiremos la doble nacionalidad, y el índice de paro... ah, eso ya no. Pues la renta per cápita... ah, eso tampoco. Bueno, atravesaremos una etapa dificililla. Convénzannos así.

Òmnium Cultural ha recogido y ordenado argumentos y contraargumentos para alimentar al movimiento nacionalista-secesionista. Se echa en falta una página web tan estructurada, limpia y manejable como El Clauer en el lado del constitucionalismo. Bajo la pregunta: «¿Una Cataluña independiente formaría parte de la Unión Europea?», leemos:

El establecimiento de un nuevo Estado significa un nuevo estatus, porque la UE no dispone de ninguna norma específica que regule la secesión interna. Esto no quiere decir, en ningún caso, que Cataluña quedara inmediatamente fuera de las instituciones comunitarias al convertirse en Estado. (...) Hay que tener en cuenta que la ciudadanía europea es un derecho individual adquirido por todos los catalanes que no se puede eliminar.

Pero atención, que llegan más lejos:

Diversos estudios concluyen que España, en este supuesto de secesión catalana, también debería solicitar formalmente la adhesión a la UE, porque del proceso catalán saldrían dos Estados resultantes que serían diferentes de los iniciales.

La herramienta de propaganda secesionista ofrece a continuación accesos a una serie de documentos en la misma línea. Citaré uno de ellos, el informe del Cercle d'Estudis Sobiranistes Cataluña independiente en el seno de la Unión Europea, firmado por el Dr. Antoni Abat i Ninet, entonces profesor visitante en la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, California, y hoy profesor de Esade. Parece evidente que este informe es la fuente última de la que bebe Ómnium en su argumentación. Como beben otras entidades y opinadores (sin saberlo) cada vez que se provocan en público un orgasmo imaginando a España fuera de la UE, además de diezmada:

Con una Cataluña independiente, ninguno de los dos (o más) Estados resultantes del actual Reino de España ocuparían de manera automática el lugar del predecesor. La asunción apriorística y parcial de que el resto del Estado Español continuaría en el seno de la Unión y el nuevo Estado independiente tendría que pedir la admisión es especulativa según demuestra la experiencia internacional. No podemos obviar el hecho de que el «resto del Estado Español» también sería un nuevo Estado y, por tanto, tendría que promover una sucesión en los Tratados internacionales y en los de la Unión Europea.

Antoni Abat, militante de ERC (al menos entonces) y redactor de las impresionantes líneas que acaban de leer, es autor de la Constitución de Cataluña. ¿Constitución de Cataluña? Pues sí. Así la llamó, con escrúpulos intelectuales perfectamente descriptibles, quien estaba llamado a ser profesor adjunto de Derecho Público en Esade. La llamada Constitució de Catalunya fue un encargo del ex partido secesionista Reagrupament. El rigor jurídico del padre de la, digamos, Constitución, merecería un capítulo entero. Considera aplicable a Cataluña el derecho de autodeterminación de las Naciones Unidas, sostiene que el Parlament puede convocar legalmente un referéndum vinculante sobre la independencia, cree que dicho referéndum sería válido con un veinte por ciento de participación, y se manifiesta favorable a la declaración unilateral de independencia porque «es más inteligente negociar con Bruselas que con un Estado que nos oprime».

La posición de Òmnium, del Cercle y de sus eruditos en la materia no se aguanta. España sería el mismo sujeto soberano con todas sus consecuencias, la hipotética Cataluña independiente tendría que llamar a la puerta de la UE, y el derecho de autodeterminación no es de aplicación a Cataluña. Les voy a aportar las razones, el criterio de las autoridades europeas y aun la doctrina del profesor nacionalista que ha llevado a los suyos a descartar la inútil invocación de la autodeterminación para sustituirla por el concepto «derecho a decidir», del que se espera mayor eficacia. Aunque yo creo, francamente, que a un nacionalista catalán com cal debería bastarle la palabra de Jordi Pujol, dado que vive en una construcción mental suya. Es de bien nacidos ser agradecidos.

Aquel lector suspicaz ya tendría que estar reconociendo, fíjate qué pronto, que no era yo quien mentía (con el resto de amargas conclusiones que se derivan), pero, si no es así, vengan las fuentes de autoridad. Quizá les parezca suficiente el Tratado de la Unión Europea, que aunque no prevea la secesión de un Estado miembro, establece esto:

La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro (artículo 4.2). [Todas las negritas son nuestras.]

Por eso, y en ese único sentido, remiten las autoridades europeas cuando son requeridas por los periodistas, o por los eurodiputados conchabados con ellos, al derecho interno del Estado miembro donde se pueda producir la secesión de un territorio. Es un sentido contrario al que con frecuencia le han dado algunos medios, que se resumiría en «la UE no dice ni que sí ni que no». Es una tergiversación. Lo que dice la Unión Europea, porque así lo establece su principal norma, es que respeta la identidad nacional de cada Estado miembro. Y que ese respeto implica el de sus estructuras políticas y su Constitución. Y, por si no estuviera lo bastante claro, dice que respeta especialmente las funciones del Estado miembro que tienen por objeto garantizar su integridad territorial. Ese respeto solo puede significar que, en los casos en que se plantee la secesión de un territorio de un Estado miembro, la Unión Europea estará a lo que disponga ese Estado de acuerdo con sus instituciones y su legislación. Y que si él la da por buena, la dará por buena, en cuyo caso, de acuerdo con lo declarado por el presidente de la Comisión Europea, el del Parlamento Europeo y hasta por el Comité de las Regiones de la Unión Europea (como enseguida comprobaremos), el nuevo Estado tendrá que solicitar, si así lo desea, su ingreso ex novo. Siguiendo este procedimiento:

Cualquier Estado europeo (...) podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión. Se informará de esta solicitud al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales. El Estado solicitante dirigirá su solicitud al Consejo, que se pronunciará por unanimidad después de haber consultado a la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo, el cual se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen. Se tendrán en cuenta los criterios de elegibilidad acordados por el Consejo Europeo.

Las condiciones de admisión y las adaptaciones que esta admisión supone en lo relativo a los Tratados sobre los que se funda la Unión serán objeto de un acuerdo entre los Estados miembros y el Estado solicitante. Dicho acuerdo se someterá a la ratificación de todos los Estados contratantes, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales (artículo 49).

Retengamos esto: el Consejo deberá pronunciarse por unanimidad sobre la solicitud del nuevo Estado, y en el Consejo están representados los veintiocho Estados miembros. España vetaría a un Estado catalán salvo que la secesión fuera resultado de una decisión de las instituciones españolas, con todo el íter de reforma constitucional que conocemos, y, obviamente, con una voluntad política mayoritaria y favorable que ni se da ni se dará en los próximos años o lustros, to say the least. En carta a los militantes de Unió, advertía Duran en 2012: «Si dejas de formar parte de un Estado pierdes los derechos y los deberes y, si bien se puede pedir la reincorporación a la UE una vez lograda la independencia, cualquier Estado de los veintisiete [aún no estaba incorporada Croacia] puede vetar el ingreso.» Previamente se había mostrado convencido de que el veto no solo provendría de España.

Les ahorraré la literalidad del último artículo del Tratado de la Unión que voy a citar. Baste consignar que comienza así:

«Los Tratados se aplicarán a...» (artículo 52).

A continuación nombra, uno por uno, a todos los Estados miembros de la Unión. Entre ellos está el Reino de España. Los Tratados europeos no se aplican a los Estados que no aparecen en la lista. Es gratuito, es un engañabobos, es falso de toda falsedad pretender que vayan a estar vigentes en un Estado que no consta en el artículo 52, por mucho que el movimiento nacionalista-secesionista insista en que un Estado catalán seguiría en la UE o volvería a incorporarse a ella inmediatamente. La legislación europea ya se aplica en Cataluña. Se aplica en Cataluña porque se aplica en España. Cataluña está en el espacio Schengen porque lo está España. Los ciudadanos de Cataluña son ciudadanos de la Unión Europea en cuanto que españoles, etc.

Viéndole las orejas al lobo, pero sin renunciar a la demagogia, un grupo de entidades secesionistas como Ómnium Cultural y el Cercle Catala de Negocis apoyaron la Iniciativa Ciudadana Europea presentada por el presidente de Reagrupament, Joan Carretero, para «garantizar la continuidad de la ciudadanía europea para los ciudadanos de un nuevo Estado surgido de un proceso de secesión de una región de un Estado miembro de la Unión Europea». La pretendida «continuidad de los derechos y obligaciones de los ciudadanos europeos» sería inseparable así de la expresa petición que sigue: «Pedimos a la Comisión Europea el reconocimiento de la sucesión como miembro de la Unión Europea de un nuevo Estado surgido de la secesión democrática de otro Estado de la Unión Europea.» Pero, como sabemos, este automatismo no funciona. La Comisión respondió con un comunicado, firmado por su secretaria general, que ponía el dedo en la llaga:

De acuerdo con el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, solo las personas que tengan nacionalidad de un Estado miembro son ciudadanos de la UE.

Y también:

No existe base jurídica alguna en los Tratados de la UE que permita que la legislación secundaria aborde las consecuencias de una secesión de una parte de un Estado miembro.

O sea, no a todo.

Me parece que, a día de hoy, los líderes de las distintas formaciones, entes, asociaciones, asambleas y clubes del movimiento nacionalista-secesionista catalán son perfectamente conscientes de que la secesión nos saca de Europa. Pero solo Jordi Pujol ha dado la talla reconociéndolo de entrada, antes que nadie. Hace tiempo que en su producción, digamos, intelectual el secesionismo ha dejado de afirmar lo de la sucesión automática y demás fantasías. Sin embargo, mantiene el sobreentendido. Siempre el sobreentendido. Cierto es que algunos de sus opinadores despistados todavía se agarran a unas declaraciones de Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea, que se expresó bastante mal en unas declaraciones al Diario de Sevilla, interpretadas entonces en Cataluña como «la independencia no implica la salida de la UE». Aunque se expresara mal, había que ser imaginativo para sacar esa conclusión. Pero Reding aclaró las cosas tras recibir una carta del secretario de Estado para asuntos comunitarios, Íñigo Méndez de Vigo, donde le recordaba algunos extremos que nos resultarán familiares:

A efectos puramente dialécticos, si la Constitución española fuera efectivamente modificada para permitir la celebración de un tal referéndum y si a resultas de la misma surgiera un Estado independiente, este no formaría en ningún caso parte de la UE. Así resulta del artículo 52 del Tratado de la UE, en el que se enumeran los Estados miembros a los que se aplican los Tratados, entre ellos el Reino de España. Por ello, ese hipotético nuevo Estado debería, a tenor de lo que establece el artículo 49 del Tratado de la UE, solicitar la adhesión y obtener una decisión favorable del Consejo, por unanimidad, debiendo ser el Acta de Adhesión ratificada por los Parlamentos de todos los Estados miembros.

En efecto, Viviane Reding lamentó el modo en que los medios españoles la habían interpretado, y contestó a Méndez de Vigo de este tenor:

Quiero que no quede ninguna duda sobre mi posición, que es igual a la posición expresada por el presidente Barroso en nombre del Colegio, y que coincido plenamente en el análisis del marco constitucional europeo que desarrollas en tu carta.

Son curiosas algunas reacciones. Por ejemplo, he encontrado una decena de artículos o declaraciones secesionistas que, acusando el acorralamiento, acaban argumentando que, a fin de cuentas, continuaremos siendo miembros de pleno derecho de la Unión Europea porque, al no reconocernos (con declaración unilateral de independencia no hay reconocimiento de ningún tipo) nos seguirán considerando españoles. Toma ya. Una reacción española por los cuatro costados. Calificaré de pasmosas las protestas según las cuales la carta de Reding solo sería consecuencia del poder de presión que ejercen en Europa los representantes del Reino de España. ¿Pero de qué demonios estábamos hablando?

Un poder tremendo debe de ser ese, a la vista de la posición adoptada por el presidente de la Comisión, Durao Barroso. Y por el portavoz de la Comisión, Oliver Bailly: «Esta nueva entidad no sería parte de la UE y por ello tendría que pedir la admisión.» Y por Romano Prodi cuando presidía la Comisión: «Cuando una parte del territorio de un Estado miembro deja de ser parte de ese Estado, por ejemplo porque el territorio se convierte en un Estado independiente, los Tratados ya no se aplican.» Y también (qué disgusto, con las esperanzas que Artur Mas había depositado en ellos) por el Comité de las Regiones de la Unión Europea, que en dictamen de abril de 2013 sostiene exactamente lo mismo.

Votaré «no», también, porque no tengo el menor interés en salir de Europa para volver a entrar una vez superados una serie de trámites que, en caso de DUI, no se superarían nunca. Ya estoy en Europa. No me mareen.