«Partiendo de un hecho evidente, la colaboración de Azaña con los movimientos revolucionarios que llevaron a la guerra civil, y el definitivo arrastre del político alcalaíno por ellos, Girauta se plantea a qué obedeció tal fenómeno, habida cuenta de que Azaña, desde luego, no deseaba tal cosa; por el contrario, deseaba ser él quien dirigiese y controlase los movimientos revolucionarios, ser él quien los hiciese sus colaboradores, y no a la inversa. Ahí radica la cuestión histórica que nos presenta la actuación de Azaña, abordada por Girauta con gran lucidez, a partir de hechos, datos y palabras que los beatificadores han preferido olvidar o dejar en una discreta penumbra, o han evitado relacionar entre sí. Azaña, en suma, vino a ser el clásico aprendiz de brujo que desata fuerzas incontrolables».

(Del prólogo de Pío Moa).

En este vibrante recorrido por la evolución de la Segunda República, el periodista Juan Carlos Girauta nos introduce con visión serena a la compleja figura de don Manuel Azaña, el personaje más importante, el símbolo, de la Segunda República Española. Con perspicacia psicológica, Girauta es capaz de desentrañar los distintos Azañas (el político, el escritor, el personaje dibujado por el escritor…) que se superponen en la única vida de aquel hombre único, y a su vez de interconectarlos con los sucesos políticos más importantes.

En las páginas de este libro el lector descubrirá las claves personales e históricas que revelan cómo en Azaña, pese a las pretendidas buenas intenciones, la frivolidad y la soberbia se demostraron tan malas consejeras como para hacerle a la vez protagonista y víctima de aquél, a la postre, trágico periodo.

El epílogo urgente nos debiera hacer reflexionar sobre lo que estamos viviendo… ¿de nuevo?

Juan Carlos Girauta

La república de Azaña

(y un epílogo urgente)

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Titivillus 13.05.15

Título original: La república de Azaña

Juan Carlos Girauta, 2006

Editor digital: Titivillus

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A Víctor Manuel, el niño desvalido de once años cuya imagen cruza la frontera de Francia desde enero de 1939 una y otra vez, es encerrado en una cuadra, ve a su padre humillado por soldados senegaleses, regresa felizmente a España, crece en Barcelona, palpa las maravillas del mundo y no pronuncia jamás una sola palabra sobre la guerra civil española. A él que me lo ha dado todo.

Prólogo

De la beatificación a la racionalización

Desde los años finales del franquismo fue extendiéndose en la universidad la reivindicación del Frente Popular, considerado, espuriamente, como «la república». El fenómeno era cualquier cosa menos espontáneo, en realidad respondía a una excelente planificación estratégica comunista, basada en la escuela de historiadores que desde 1964 venía formando Tuñón de Lara en la universidad francesa de Pau. Tuñón, probable agente del KGB, según Jorge Semprún, no era novicio en el adoctrinamiento ideológico, pues había dirigido durante la guerra la «Escuela de cuadros» (expertos o especialistas) de las juventudes estalinistas españolas, camufladas como JSU (Juventud Socialista Unificada). Sus cursos y seminarios en Pau funcionaron como una auténtica escuela de cuadros destinada a infiltrar a sus adeptos en la universidad y en la prensa españolas, para propagar desde ellas la visión comunista de la república y la guerra civil. Y un materialismo histórico bastante pedestre, pero efectivo ante la casi absoluta falta de defensas ideológicas de los conservadores. Contó, además, con el apoyo de profesores de derechas ansiosos de ganarse el título de progresistas, otorgado por los nuevos mandarines marxistas a sus reverenciadores. Podemos citar a Javier Tusell como el caso más característico, si bien no el único ni mucho menos. Tusell organizó con fondos públicos algún sonado homenaje a Tuñón de Lara, profetizó el asentamiento definitivo del comunismo en Europa oriental poco antes de la caída del muro de Berlín, y destacó por sus maniobras para «erradicar» de la universidad a Ricardo de la Cierva, el más destacado entre los muy pocos que osaban ofrecer resistencia a los «materialistas históricos».

Unida a la glorificación del Frente Popular corrió la de Azaña hasta llegar a una auténtica beatificación laica, las dos con el mismo origen y la misma estrategia. Y no porque no hubiera habido querellas entre Azaña y los comunistas: de éstos, o de sus agentes, Largo Caballero primero, y Negrín después, se sintió Azaña prisionero durante toda la contienda. En varias ocasiones maniobró el alcalaíno, en alianza con Prieto, contra sus asfixiantes aliados y protectores, para salvarse de ellos mediante una intervención británica. Desgraciadamente para el dúo republicano-socialista (está por escribir un buen ensayo sobre las empresas políticas de ambos) detrás de sus ofertas a Londres no había nada, salvo el ofrecimiento de nuevos gibraltares, del que hay indicios importantes. Mas incluso para ello necesitaban un poder político en España, y carecían de él. Finalmente, Azaña gastó a Negrín la mala pasada de dimitir, tras la pérdida de Cataluña, y negarse a firmar un decreto pasando los bienes del Estado español en el extranjero a una sociedad controlada por el propio Negrín.

Azaña tuvo, por tanto, muchos encontronazos con los comunistas, y podría sorprender que estos fomentasen su leyenda. Pero nada más natural. Para el PCE, las discordias podían pasar a segundo plano ante el hecho primordial de la colaboración del líder republicano durante la guerra. Pues Azaña había rendido a los comunistas al menos dos servicios impagables. Al permanecer como «presidente de la república», pese a sus continuos amagos de dimisión, había proporcionado una cobertura democrática al proceso revolucionario, a la destrucción de la legalidad republicana desde febrero de 1936, culminada en la gran llamarada sangrienta de julio de aquel año y en los sucesos posteriores. La estrategia soviética, expuesta sin tapujos por Dimitrov en el VII Congreso de la Comintern, de 1935, exigía desarrollar el impulso revolucionario bajo el camuflaje de una aparente legalidad democrático-burguesa, y Azaña se había prestado a ello maravillosamente.

Otro servicio de máxima relevancia prestado por Azaña a los comunistas consistió en el derrocamiento, en mayo de 1937, de Largo Caballero, a quien se ensalzaba hasta poco antes como el Lenin español. Al empezar la guerra, el PCE no era un partido muy importante, aunque actuaba en sintonía con el PSOE, que sí lo era. Pero los comunistas, pese a su corto número inicial, tuvieron muy pronto algo de lo que carecían todos sus aliados-rivales del momento, fueran anarquistas, republicanos, separatistas o socialistas: una firme disciplina y una realista visión estratégica. Y pronto ganaron el control indirecto del oro, transportado a Moscú; y, por tanto, de las armas; también de las Juventudes Socialistas y de buena parte del la UGT; y experimentaron un espectacular crecimiento de su propia afiliación, que los convirtió en el partido decisivo del Frente Popular, especialmente en el ejército y la policía. Pero Largo comenzó a sentirse incómodo con la tutela soviética y a crear problemas, hasta que el PCE resolvió defenestrarlo, en la primavera de 1937. Algo impensable pocos meses antes, debido a la popularidad y la fuerza organizativa del jefe socialista.

Es conocida la magistral maniobra llevada a cabo por el PCE en aquel mayo del 37, deshaciéndose rápida y sucesivamente del POUM, de la mucho más poderosa CNT, dejándola fuera del poder, y del mismísimo Lenin español, si bien a costa de una guerra civil entre las propias izquierdas. En esta maniobra jugaron un papel clave Azaña y Prieto. Sin duda no lo hicieron por simpatía hacia los comunistas, sino porque estaban hartos de la prepotencia de Largo y del desorden ácrata, pero sirvieron inmejorablemente al designio del PCE. Nada sería más erróneo que considerar a Prieto o a Azaña personajes ingenuos o trabados por los escrúpulos, pues ambos tenían en su haber intrigas tan trascendentales como la liquidación del Partido Radical de Lerroux, en 1935, o la destitución del presidente de la república Alcalá-Zamora, en 1936. Sin embargo, en 1937 el PCE los utilizó a los dos con destreza y les ganó la partida, pues ellos, pese a su perspicacia, no entendían la amplitud del designio comunista. Empleando sus prerrogativas legales, Azaña contribuyó a la destitución de Largo, y en sus diarios deja constancia de su satisfacción ante el relevo de éste por Negrín. No tardará en dar testimonio de cómo, al poco tiempo, se convertiría a su vez en prisionero de Negrín, esto es, de los comunistas.

Tiene el máximo interés esta participación de Azaña en la expulsión del Lenin español mediante el uso que hizo, o le dejaron hacer, de su autoridad como flamante «presidente de la república». Lo tiene porque certifica dos cosas: la corta visión política del jefe republicano en comparación con la de los comunistas; y, consecuencia de ello, el papel espléndido —para el PCE— que desempeñó como compañero de viaje de la revolución, similar al de tantos otros políticos e intelectuales del siglo XX. La función de Azaña, en los esquemas marxistas, respondía a la del típico «pequeño burgués» quisquilloso, a ratos molesto e incluso traidor, pero en definitiva progresista y manejable, cuya actuación favorecería los fines revolucionarios bajo la diestra dirección de un partido dotado de la magna concepción histórica marxista-leninista. Una deficiencia de Azaña fue su escasa comprensión del marxismo, una ideología tan fuerte que dominó a un tercio de la población mundial en el siglo XX, sigue dominando en la inmensa China y otros países menores, e influyendo intelectualmente en occidente.

Lo anterior nos ayudará a entender la exaltación del político alcalaíno como máximo exponente político e intelectual de una república democrática destruida por la reacción fascista, tema básico de la propaganda de la Comintern. Azaña combinaría la capacidad de acción política y la lucidez intelectual, «las armas y las letras», por seguir con la expresión cervantina empleada por Marichal. Un líder avanzado, sí, progresista, cierto, pero básicamente democrático burgués, incluso liberal. Las acusaciones referentes al comunismo no pasarían de ser un pretexto, la clásica patraña de los reaccionarios para encubrir su odio visceral al progreso y su disposición a destruir la brillante experiencia republicana, a fin de salvaguardar sus ancestrales e injustos privilegios, etcétera, etcétera. Con tales o cuales matices, esta interpretación ha prevalecido hasta hace poco, y en ella han mostrado un acuerdo entusiástico desde los estalinistas de la escuela de Tuñón de Lara hasta cristianos progresistas como Tusell, pasando por Santos Juliá y una verdadera multitud de estudiosos. El daño de esas versiones propagandísticas proviene, aún más que de la falsificación u omisión misma de datos cruciales, de la imposición, en la universidad, de unas concepciones y métodos fraudulentos.

Por fortuna, el panorama ha cambiado en profundidad durante los últimos años, gracias a trabajos como los de José María Marco, Federico Suárez o este que prologo. De una beatificación interesada vamos pasando a una comprensión más racional del personaje y de sus circunstancias, y el muy interesante libro de Juan Carlos Girauta da buena prueba de ello. Partiendo de un hecho evidente, la colaboración de Azaña con los movimientos revolucionarios que llevaron a la guerra civil, y el definitivo arrastre del político alcalaíno por ellos, Girauta se plantea a qué obedeció tal fenómeno, habida cuenta de que Azaña, desde luego, no deseaba tal cosa; por el contrario, deseaba ser él quien dirigiese y controlase los movimientos revolucionarios, ser él quien los hiciese sus colaboradores, y no a la inversa. Ahí radica la cuestión histórica que nos presenta la actuación de Azaña, abordada por Girauta con gran lucidez, a partir de hechos, datos y palabras que los beatificadores han preferido olvidar o dejar en una discreta penumbra, o han evitado relacionar entre sí. Azaña, en suma, vino a ser el clásico aprendiz de brujo que desata fuerzas incontrolables.

Sin duda es esta la cuestión básica en relación con Azaña, desde el punto de vista histórico, y su dinámica, expuesta en este libro, nos aporta una lección política de gran alcance. Pone de relieve la facilidad con que unas intenciones, en principio buenas (la «modernización» de España) pero concebidas con arbitrariedad y desarrolladas con sectarismo, conducen a la pesadilla. Después de todo, tampoco a los constructores del gulag se les pueden negar sus buenas intenciones: emancipar al género humano, casi nada. Azaña supo hacer muy buenas frases, a veces tan a destiempo como su celebradísima invocación a la paz, la piedad y el perdón; pero un historiador o un ensayista medianamente sagaz no debe dejarse deslumbrar por las palabras, y debe atender sobre todo a los hechos, a su lógica y su balance, como hace Girauta.

Claro que de Azaña no interesa sólo su acción política. Su personalidad resulta fascinante por muchos conceptos, entre ellos el literario, que ha dado lugar a algún ensayo interesante, como el de Rob Stradling, sobre la relación entre su política y sus concepciones artísticas. Como escritor tiene una obra desigual, pero a mi juicio nos ha dejado dos escritos del máximo valor, uno personal, El jardín de los frailes, sobresaliente en la literatura española del siglo XX e injustamente preterida, tal vez por su originalidad; y sus diarios, imprescindibles para conocer por dentro qué fue aquella desdichada república y el Frente Popular. Su tan loada Velada en Benicarló me parece, por el contrario, un ejercicio de autoocultación política, retórico y básicamente falso, mucho más dramático, pero no mejor que Mi rebelión en Barcelona.

«Había muerto el hombre […] Ignoramos si pertenece al marido de Dolores, al expresidente de la República Española, al escritor o al personaje literario la figura que yace sobre la cama de un hotel extranjero», termina Girauta. La imbricación de las facetas personales en un todo al que denominamos con un nombre propio tiene siempre bastante de misterioso, y, piadosamente, eliminando la ironía que hay en la frase, debemos preguntarnos «¿quién no es mejor que su propia biografía?».

PÍO MOA

Capítulo I

Un hombre para un régimen

A Alfonso XIII lo derribó un artículo de Ortega y Gasset publicado en el diario El Sol y titulado «El error Berenguer». Así podría presentar los hechos, me habrán de perdonar, un columnista. La contundencia de unos argumentos cuya afectación no era entonces tan visible como ahora, y el tremendo ascendiente del filósofo madrileño sobre la gente ilustrada del país —con la cuarta parte de la población, por cierto, analfabeta— explican su efecto demoledor sobre el ánimo de aquellos que, en las elites, aún estaban dispuestos a defender la Monarquía. De los efectos mediatos no tardaría mucho Ortega en arrepentirse. «No es esto, no es esto», se lamentará un año después, acaso al comprobar hasta qué punto la República superaba con creces a la Dictadura de Primo de Rivera en el tipo de abusos que habían merecido sus más duros reproches, como penetrar el orden privado «brutal y soezmente». Pero cuando su sonoro artículo veía la luz el 15 de noviembre de 1930, con la certera y lapidaria condena final Delenda est Monarchia, todavía tenía que formar, junto con Marañón y Pérez de Ayala, la Agrupación al Servicio de la República, cuyo manifiesto señalaba a la Monarquía como «culpable de todos los males de la sociedad española».

Quienes se resistan a conceder tanta influencia a un artículo de prensa, preferirán quizá situar la censura histórica en la desidia, la incompetencia, el cansancio, la desmoralización o la deslealtad del conde de Romanones, el almirante Aznar, Sánchez Guerra y otros. Es decir, en el vacío de poder que provocaron unos hombres a quienes el rey confiaba su destino y que pudieron comportarse de modo distinto. Al punto que Miguel Maura, principal promotor de la conjura republicana junto con Niceto Alcalá Zamora, pudo calificar de «fiesta» su estancia en prisión a raíz del golpe frustrado de diciembre de 1930 y reconocer la fortuna de haber vivido «peligrosamente en una época en que el peligro era escaso o nulo». Acierta Maura —¡y cómo!— al señalar: «Dudo mucho que en lo sucesivo ese régimen carcelario para presos políticos vuelva a ser instaurado»[1].

Los más, por fin, optarán por una explicación que apele a las fuerzas profundas y ciegas que supuestamente empujan la historia para la inteligencia de los hechos que culminaron en abril de 1931, el precipitado cambio de régimen con motivo de unas elecciones municipales arbitrariamente interpretadas por unos y otros como un plebiscito (lo que exigió torcer, de paso, dicha interpretación para que el voto urbano valiera más que el rural), el vuelco cuya rapidez y facilidad sorprendió principalmente a algunos de sus propios instigadores. Y, más que a nadie, a don Manuel Azaña. Porque si España se había acostado monárquica y se había levantado republicana, como quiso esa calamidad histórica que fue el Almirante Aznar, Azaña se había levantado aterrorizado por una persecución que no existía y se había acostado convertido en ministro de la Guerra.

Sea como fuere, por encima de polémicas y fascinantes etiologías, nadie discutirá que el rostro más característico y la voz más escuchada del nuevo régimen pronto serían, precisamente, los de Manuel Azaña y Díaz, escritor apreciable de muy limitado renombre que se había estrellado repetidamente al intentar obtener acta de diputado por el Partido Reformista, intelectual que compartía ampliamente la negativa visión orteguiana de España y que superaba al pensador en pesimismo y, cuando hacía falta, en afectación. Pero sólo cuando hacía falta. Azaña se había convertido a la causa republicana siete años atrás, con el ascenso de Miguel Primo de Rivera y el fin del sistema constitucional de la Restauración y del turno de partidos. Había sido partícipe de las iniciativas que operaron, si no como causa eficiente del salto histórico, sí como necesaria alternativa organizada para cuando llegara la hora del traspaso de poderes: las reuniones del Ateneo de Madrid, el Pacto de San Sebastián, el Comité Revolucionario, el Gobierno provisional. Azaña era el más brillante, acaso el más culto y sin duda el más elocuente y celebrado de aquel grupo heterogéneo de conspiradores donde el único republicano de abolengo —y también el único avalado por una organización política sólida— era Alejandro Lerroux, el de más edad, el que había fundado tan pronto como en 1908 el Partido Radical, el único capaz de sacar una muchedumbre a la calle… y el preterido, porque desde el primer momento fue apartado de cualquier responsabilidad importante por unos personajes que siempre pusieron en entredicho su índole moral. El tiempo demostraría, más allá de algunas historias de juventud y de orquestados escándalos posteriores a cuenta de una venalidad nunca demostrada, que los que tan severamente le juzgaban, y tan interesadamente le utilizaban, no se iban a comprometer tanto como él con la legalidad republicana. Ni Miguel Maura, de estirpe monárquica, ni Alcalá Zamora —recién convertido al republicanismo a través de la fundación, con el anterior, de la Derecha Liberal Republicana—, ni el socialista Prieto, ni los catalanistas de izquierda. Ni tampoco Azaña.

Si hubiera que comparar el respeto a las reglas de juego republicanas y el sentido de la responsabilidad institucional de Azaña y Lerroux, el primero no resistiría la contundencia de los hechos. Siempre, claro está, que los podemos de retórica. Sin embargo, además de hechos, para conformar en nuestra percepción las figuras de los personajes históricos, la posteridad utiliza sus escritos y discursos, sus frases felices e infelices. Y el caso es que Azaña escribió mucho y bien. Se dirigió a las multitudes con más eficacia que ninguno de sus contemporáneos, penetró, cuando su frivolidad se lo permitía, un universo complejo y agitado en párrafos memorables. Y pronunció algunas frases indelebles. Luego se tomaría todo ese material, se reordenaría y, con demasiada frecuencia, se pondría al servicio de la mistificación de la realidad de la mano de diversas escuelas historiográficas. Y también de la propaganda política, que a menudo ha sido, a la vez, raíz y fruto de aquéllas. En el caso español, la herramienta propagandística ha demostrado poseer una influencia particularmente perdurable, sobre todo en cuanto atañe a la década de los treinta. Por estas razones, para volver a nuestra comparación, Lerroux ha pasado a la historia (sobre todo a la historia oral, al conocimiento convencional) como un político corrupto que en el poder desató una atroz represión; en Cataluña, su nombre es un insulto. «El predominio de Lerroux en el gobierno de la República sería el de la inmoralidad y la vacuidad», escribe Azaña en su diario el 15 de enero de 1933.

Mientras tanto, Azaña ha contado con el respeto, y hasta con la admiración general. Me refiero a la izquierda toda, pero también a muchos conservadores. Cierto es que se le odió y que fue juzgado por muchos como un monstruo: «Hace su camino repugnando de todo y por todo. Aborrece las gentes, los toros, el teatro, las ciudades, la historia, la religión… El hogar, el colegio, la amistad no son para él sino cargas de cenizas que le sepultan. Desconoce la risa, la alegría, el amor, el optimismo, la primavera […] Odia al prójimo, desprecia la virtud, sueña con ser un tirano para acabar con el mundo. No cree en nada. Camina solitario, torvo y desconfiado como una hiena»[2]. Pero de esta inquina sólo hemos sabido a través de viejos libros o de referencias indirectas. Lo que nosotros hemos presenciado es la reivindicación de su figura por el líder de la derecha, José María Aznar, cuando acababa el siglo de todas las infamias. Tampoco podemos obviar la genuina aprobación, por parte de la derecha ilustrada, de los implacables análisis del intelectual y político acerca de dos grandes cuestiones: la situación vivida durante la guerra civil en el llamado bando republicano y las causas mismas del conflicto. Así, para Ricardo de la Cierva, «nunca nadie pudo imaginar una confesión y una crítica tan demoledora a la zona roja como la que comunica […] su propio presidente»[3]. A este respecto, los análisis de Azaña se despliegan con especial agudeza, inspiración y desazón en el diálogo de La velada en Benicarló y en algunos de los artículos escritos en 1939 en Collonges-sous-Salève, ya en el exilio y para un público extranjero.

Para mayor abundamiento, y sin ninguna pretensión de negar —más bien de matizar y contextualizar— el famoso odio a Azaña, es fácil comprobar que el alcalaíno contaba en vida, y en pleno ejercicio del poder, con la admiración de muchos de sus adversarios. Es notable que el propio José Antonio Primo de Rivera, cultivado aristócrata, hijo del dictador, fundador y líder de la única formación nacional cómoda con el apelativo fascista —la Falange Española—, viera en él una esperanza nacional en fechas tan tardías como principios de 1936, y así lo expresara poco antes de que el gobierno que Azaña presidía decretara su prisión en Madrid, de la que sólo se movería el infeliz para ocupar otra celda en Alicante, ser condenado a muerte por rebelión militar y morir ejecutado el mismo año. O que Giménez Caballero, considerado el principal ideólogo falangista y el primer fascista español, le dedicara a don Manuel en 1932, un año antes de la fundación de la Falange, su Manuel Azaña: profecías españolas.

Así que Azaña pudo ser detestado en su tiempo por muchos de los injustamente tildados de fascistas, pero la realidad es que los más renombrados fascistas auténticos le profesaron una extraña veneración. Esta realidad indiscutible, de difícil explicación, invita a reflexionar sobre el carácter poliédrico del personaje. Especialmente si tenemos en cuenta el encarnizamiento del gobierno del alcalaíno con los falangistas. Antes de ser ilegalizados ya se les perseguía y castigaba, tanto por los actos violentos que efectivamente protagonizaban, generalmente en respuesta a otras agresiones, como por los que perpetraban las izquierdas. En el primer caso, no había dudas; en el segundo, las dudas se disolvían sin excepción echando mano del mismo expediente: los falangistas eran culpables por provocación. Por eso sorprende la ingenuidad de algunos fascistas españoles. El jefe del SEU, Alejandro Salazar, tras una reunión de la junta política de Falange celebrada el 20 de febrero del 36, anota que José Antonio «ha expuesto su fe ciega en Azaña. Cree que ha de conseguir una labor de revolución nacional». También sabemos que, preso en Alicante, tras leer una carta personal del ya presidente de la República entregada secretamente por el doctor Francisco Vega Díaz, comentará José Antonio conmovido: «No podía esperar menos de él. Lo agradezco con toda el alma»[4].

Cuando Azaña alcanzó su lugar en la historia ya era cincuentón. Había nacido el 10 de enero de 1880 en Alcalá de Henares, en el seno de una familia desahogada. Algunos historiadores dirigen el foco a su raigambre católica; otros, a la liberal. Hijo de notario, tuvo tres hermanos. Estudió Derecho en los agustinos de El Escorial, se licenció con dieciocho años en Zaragoza y se doctoró con veinte en Madrid. Trabajó como pasante en un bufete de abogados, emprendió un negocio de electricidad que fracasó, ganó unas oposiciones con treinta años y amplió estudios en París, donde, a pesar de moverse básicamente en ambientes españoles, afianzó su gusto por la vida y las formas políticas del país vecino. Fue miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación y secretario general del Instituto de Derecho Comparado. Nos refiere su mejor amigo[5] que en 1918, cuando fue designado candidato reformista para las elecciones de febrero por Puente del Arzobispo, Toledo, «nunca supo bien quién fue o quiénes fueron los que, de su partido, le procuraron las pocas pesetas necesarias para presentar su candidatura». Revela don Cipriano que Azaña tenía empeñada una parte de su sueldo para hacer frente a deudas contraídas. Además de escritor, ya lo hemos dicho, Azaña fue funcionario. En concreto, Jefe de administración en el Cuerpo facultativo de la Dirección General de Registros y del Notariado. A principios de los años veinte dirige las revistas La Pluma y España y colabora en diversos diarios y publicaciones de Madrid, Argentina y Francia. De 1926 data su obra más notable desde el punto de vista literario, la novela El jardín de los frailes, en realidad un texto autobiográfico, extremo inútilmente negado por algunos de sus próximos. Ese mismo año recibió el Premio Nacional de Literatura por el estudio crítico-biográfico Vida de don Juan Valera. Tradujo con acierto a Borrow y Chesterton, y con aprovechamiento —por así decirlo— a Voltaire. En el campo de la economía mostraba una preocupante falta de conocimientos. El político de la República, y antes de la Monarquía, que mostró mayor preparación en esa materia, el economista Joaquín Chapaprieta, escribirá sobre él: «La ignorancia del señor Azaña en este orden de cosas es supina. Le he oído sostener desde el banco azul, con todo aplomo y énfasis, que no veía qué aumento de riqueza podía representar el que los valores mobiliarios alcanzaran altas cotizaciones»[6].

Como enseguida veremos con más detenimiento, Azaña reivindicó para «la inteligencia» el papel rector de una España que, además, debía renunciar a su historia. Inevitablemente resuenan ecos platónicos de La República, del gobierno de los más sabios, los que más se parecen a los dioses. Y también de aquella detención de las transformaciones de la sociedad que acercarían al Estado ideal. Si Platón construye sus argumentos sobre lo que vivió en la corte del tirano de Siracusa, Azaña lo hace desde la observación directa de la Monarquía de Alfonso, que habría acelerado su corrupción con la Dictadura. No deseo forzar ningún paralelismo, simplemente insinúo un modelo filosófico, consciente o inconsciente, y una toma de posición en el eterno dilema de los universales, que para Karl Popper se prolonga más allá de la Edad Media y permite explicar visiones del mundo perfectamente contemporáneas. En 1945, el año en que acabó la Segunda Guerra Mundial y cinco después de la muerte de nuestro personaje, a quien llamaron con merecimiento «el Hombre de la República», Popper publicó una extensa crítica de Platón como origen del historicismo que incluye estas sobrecogedoras frases: «Platón, con toda su intransigente limpieza de lienzos, se vio conducido a lo largo de una senda en la cual debió transigir por su integridad a cada paso. Así, se vio forzado a combatir el libre pensamiento y la búsqueda de la verdad. Se vio obligado a defender la mentira, los milagros políticos, la superstición tabuísta, la supresión de la verdad y, finalmente, la más burda violencia. […] Pese a su propio odio por la tiranía debió buscar ayuda en un tirano y defender las medidas más arbitrarias por este tomadas. […] La lección, pues, que debemos aprender de Platón es el opuesto exacto de lo que éste trató de enseñarnos. Y es una lección que no debe olvidarse»[7]. Cambiemos el nombre de Platón por el de Azaña, lo que en definitiva puede ser tomado como un homenaje, y lo que obtendremos se ajusta tanto a la peripecia política del alcalaíno que resulta imposible no relacionar el papel rector de la inteligencia —que el aún presidente del Ateneo de Madrid proclamó en 1930— con el platónico gobierno de los más sabios. También Azaña, con toda su intransigente limpieza de lienzos, debió transigir por su integridad a cada paso, se vio forzado a combatir el libre pensamiento, a defender la mentira y los milagros políticos, la supresión de la verdad y, al fin, la más burda violencia (o al menos a consentirla y, en alguna ocasión, atizarla). Odió a la tiranía, pero el Estado que presidía tuvo que buscar ayuda en el tirano Stalin y dio cobertura a sus mismos métodos. También aquí, como en el caso del Platón de La República, deberíamos aprender la lección opuesta a la que se nos quiso enseñar. Y, una vez aprendida, como diría Popper, no debe olvidarse.

Azaña identifica con su persona aquella inteligencia llamada a dirigir el país. Y esto es esencial. Tan soberbia acometida la protagoniza un ser que ha acumulado dolor y soledad desde su infancia, huérfano de padre y madre, y sobre todo desde su adolescencia, que sabemos, por él mismo, terriblemente atormentada, cuando era ya el estudiante modélico que siempre fue, propenso al aislamiento y reacio a las veleidades de la edad: «Hay que ser un bárbaro para complacerse en la camaradería estudiantil», escribe. Y también: «Una masa de estudiantes degenera velozmente en turba, ligada por la bajeza común». En el retiro busca «remedio contra los sentimientos desapacibles que la perenne convivencia de tantos jovenzuelos no podía menos de fomentar»[8]. Según el historiador Hugh Thomas, la conciencia de su fealdad física llevaba a Azaña «a ser muy introvertido, a convertir a su persona en objeto de análisis constante en sus escritos e incluso en sus discursos, a esquivar el trato social (especialmente el de las mujeres)». Y añade: «Muy delicado y sensible, se le tildaba de homosexual, aunque no hay evidencia al respecto»[9]. Y si la hubiera, no vemos qué importancia tendría a los efectos de su valoración histórica. Conste en todo caso que insistentes habladurías lo relacionaban con su cuñado Cipriano. ¿Quizá porque éste había tratado el tema de la homosexualidad en una de sus obras? Pero Cipriano era nada más, y nada menos, su amigo del alma. Repárese en que la detención y entrega a las autoridades españolas del escritor, director y pedagogo teatral, acabada la guerra civil y con la familia en el exilio francés, provocó el primer ataque cerebral de don Manuel, preludio de su pronta muerte.

A los cincuenta años venía Azaña de fracasos sentimentales, políticos y empresariales; si se había agarrado a la función pública, era como mal menor. Autor notable, apenas tenía lectores: cuando en julio del 31 supo que Valle Inclán lo había calificado ante Unamuno de mediocre sin imaginación, y que como prueba había aludido a sus escritos, «de los que nadie ha hecho nunca caso, salvo ahora que [es] ministro», anotó en su diario esta reflexión sobre el autor de Luces de bohemia: «De Valle Inclán, como no lo fundan de nuevo, nunca podrá hacerse un hombre respetable»[10]. Y eso a pesar de que diez años antes había dedicado a Valle el último número de La Pluma. Unamuno, por su parte, afirmaba que el alcalaíno era capaz de iniciar la revolución para que se leyeran sus libros. Atravesó don Manuel crisis personales profundas, ansiedades patológicas, insomnio, recurrentes neuralgias, desengaños, una larga soledad que parece haberle llevado a plantearse el suicidio, un cultivado desdén que cristalizó en insufrible arrogancia y que encontró su escape favorito en el sarcasmo. «La soledad y el desengaño me vienen de casta», dirá. Y también: «Mi alma es como un secarral». Parece que amó a una prostituta, a la que puso piso; abandonando la pensión en que habitaba, se fue a vivir con ella, pero la perdió cuando «supo un mal día que no le quedaba un céntimo sano de la hacienda paterna»[11]. Fue precisamente entonces, en tal estado, cuando decidió opositar. No consiguió un cierto equilibrio emocional hasta que se casó en 1929 con Dolores Rivas Cherif, de veinticuatro años y hermana de su íntimo Cipriano. Le expresó sus sentimientos durante un baile de máscaras en casa de Ricardo Baroja, sede de una tertulia semanal por la que don Pío no mostraba el menor interés. En casa de los Rivas encontró Azaña el ambiente familiar que la vida le había hurtado. Siendo Lola la pequeña, topó con la resistencia de la familia al manifestar sus deseos de matrimonio, pero el sincero afecto de todos y la buena disposición de la interesada pronto disolvieron el único problema, la diferencia de edad. Se casó donde el Rey, en los Jerónimos. Durante el viaje de novios (a París), se casó también Cipriano.

Para sus detractores, «Azaña no tiene amigos; su carácter es inaccesible al afecto. Es la figura preferida y cotizada en algunas tertulias de café, por esa afición tan española a admirar al mordaz y corrosivo. Azaña siega, razzia, muerde, tritura. A su alrededor sólo hay desolación, restos de naufragio, volcanes fríos»[12]. La mordacidad, la lengua hiriente, la admiten también sus partidarios, aunque pinten un retrato notablemente distinto. Según Josefina Carabias, que lo conoció de forma superficial, Manuel Azaña era «un hombre más humano de lo que él dejaba ver, con más corazón del que mostraba […] Contra lo que mucha gente creía y sostenía, era un hombre amable, al que gustaba reír y gastar bromas. Hablaba casi siempre en tono humorístico, aunque a veces fuera un humor mordaz». Si bien la periodista consigna en su bondadosa obra póstuma algunos defectos del alcalaíno relacionados con la percepción que tenía de sí mismo: «Manuel Azaña no era un hombre perfecto ni siquiera un político perfecto. Cometió bastantes errores, entre otros, el no darse cuenta de que la pasión de mandar no era en él lo bastante fuerte —aun siéndolo mucho— como para poder dominar con éxito unas situaciones tan terribles como las que le tocó afrontar»[13].

A la vista de su biografía, y en concreto de los diez últimos años de su vida, que coinciden con la década de los treinta, había de poseer Azaña un indudable magnetismo, aunque jamás antes hubiera aflorado fuera de los pequeños círculos de tertulia y de café. Sus extraordinarias dotes de orador se revelaron en el mitin de la plaza de toros de septiembre del 30, donde inopinadamente ensombreció a las primeras figuras, Niceto Alcalá Zamora y Alejandro Lerroux. Fue un auténtico descubrimiento. Su contacto regular con los círculos republicanos se remontaba a ciertas reuniones periódicas en una farmacia de la calle de Atocha. Era la farmacia de José Giral, catedrático masón que llegará a la presidencia del gobierno en el decisivo julio del 36 y le dará la puntilla a la República repartiendo armas a los milicianos. A las tertulias de la farmacia había accedido Azaña por mediación de su descubridor político y primer incondicional, Martí Jara. De aquel núcleo nacerá Acción Republicana. Ya en su propio espacio, la secretaría del Ateneo, celebraría después sus encuentros el Comité Revolucionario, sin que las autoridades monárquicas se tomaran muy en serio tal conjura de intelectuales de rebotica. Pronto el carisma de don Manuel se impuso sin obstáculos a los hombres que le rodeaban, entre los que se contaban, ya en el Gobierno provisional, además del presidente Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura, Fernando de los Ríos, Alejandro Lerroux, Indalecio Prieto, Francisco Largo Caballero o Marcelino Domingo, por citar los más destacados.

En cierto modo, antes de acabar 1931 Azaña ya era la República. Asombra comprobar hasta qué punto las muy cantadas virtudes del nuevo régimen se parecen a sus íntimas convicciones, y cómo algunos de los más significativos errores de la República se empeñan en calcar hondos y espectrales prejuicios personales, resumidos en el anticlericalismo y en el sectarismo. Esos errores, que comprometieron el nuevo edificio institucional y la gestión de las principales políticas (muy especialmente la de orden público), a la postre desvirtuaron la democracia y la legalidad republicanas al negarse el alcalaíno a acatar las reglas de juego que él mismo había contribuido decisivamente a establecer. Recurrió a la conspiración contra el jefe del Estado y el jefe de Gobierno, urdió montajes innobles como los del estraperlo o la venta de armas a rebeldes portugueses, de los que más adelante nos ocuparemos. También tramó pronunciamientos civiles, aplicó sectariamente diferentes baremos legales según se tratase de sus partidarios y aliados o de sus adversarios, a quienes negó el derecho a gobernar aunque hubieran obtenido en democrática lid muchos más votos que las izquierdas y, en concreto, muchísimos más que su partido. Patrimonializó así la República al resistirse a aceptar que el centroderecha —los vencedores de 1933— pudiera gobernar con la misma legitimidad que él. Pues bien, la personalidad de Azaña permite comprender esta tendencia a la apropiación indebida de lo institucional.

Si su perfil psicológico y cultural ayuda a explicar la deriva de la Segunda República Española, es en gran medida porque los aires con que llegó el nuevo régimen son inseparables del espíritu del Ateneo, del que, después de secretario, fue Azaña presidente. Y porque los vientos que agitaron España fueron, en gran parte, los mismos que desencadenaban sus recalcitrantes fantasmas de adolescencia, presentes en El jardín de los frailes. Encarnó una intelectualidad marcada por el Desastre del 98 y tuvo la rara oportunidad de gobernar y, por tanto, de incidir en la realidad nacional, de modelarla de acuerdo con sus premisas, que eran las de aquellos diletantes pesimistas y exaltados. Se trataba de una corriente de pensamiento con una gran influencia sobre la opinión (aún la tiene), extrañamente atenta a la estética de la derrota, siempre tan sugerente, insensible a los notables logros del país en las primeras décadas del siglo XX. Azaña fue uno de los cerebros de una elite que deseó borrar de la historia de España los rasgos que la hacían reconocible: «Ninguna obra podemos fundar en las tradiciones españolas, sino en las categorías universales humanas», afirmó. Sin esa intelectualidad, la Segunda República no habría llegado. Sin ese ambiente que bebió del regeneracionismo, aprovechó en el momento justo la debilidad de la Monarquía y anudó frustraciones y ambiciones de individuos en algunos casos extraordinarios, Alfonso XIII no habría tenido que dejar España. Contra aquellos rasgos definitorios del pasado español que tan bajo cotizaban a principios de siglo, construyeron los republicanos de nuevo cuño, funcionarios y profesionales, profesores apasionados, escritores de cátedra y de café, un proyecto que había de triunfar mucho antes, y con muchas menos resistencias, de lo que ellos mismos podían soñar.

Y contra esos rasgos se pusieron manos a la obra en una empresa de destrucción y construcción. Así, Azaña fue a la vez cerebro pensante y manos actuantes del colosal empeño. Los republicanos tiñeron su Constitución —pues suya fue, más que de España, aunque apenas si la respetaron— de un anticlericalismo y un anticatolicismo que desde el principio de su gobierno se habían revelado catastróficos. Y esa norma suprema, que no se aplicó prácticamente nunca sin excepciones, suspensiones y violaciones de sus aspectos garantistas, pretendía presidir los destinos de un país eminentemente católico. Desarrollaron una visión de lo republicano que, como quedaría de manifiesto en los años sucesivos, excluía a las grandes formaciones de la derecha y aun del centro, es decir, a los representantes de media nación. Azaña no mentía cuando se declaraba «sectario». Anticatolicismo y sectarismo alimentaron la parte destructora de su tarea histórica, una parte que Azaña reputaba necesaria: «De las fuerzas activas, determinantes, que han de provocar las destrucciones irreparables deseadas, está en primer rango la inteligencia», afirmó. Destruir era un cometido que, a la luz de sus propias reflexiones en escritos y conferencias, reconocía como indispensable.

Capítulo II

Una conferencia reveladora
y una fatal inhibición

Para mejor comprender las convicciones que guiaban al personaje, sus más arraigados esquemas, resulta sumamente esclarecedor el discurso que Azaña pronunció el 20 de noviembre de 1930 en el Ateneo de Madrid[14], cuando sólo era presidente de aquella institución y no podía imaginar que antes de medio año sería ministro, y antes de uno jefe de Gobierno. En el discurso encontramos valiosas claves de su actitud, su visión de la Historia y de España, la armazón filosófica de su proyecto político, su concepto del pasado reciente o el papel, ya citado, que le asigna a la inteligencia. Y también el que, en identificación con ésta, se asigna a sí mismo. Es fácil reconocer la continuidad entre este ideario y sus acciones posteriores. Digo acciones. Conviene prestar atención a lo que propugnó ese día de noviembre del año 30 y disolver en lo posible las disonancias provocadas por el recuerdo de algunos de sus escritos y discursos —ya cargados de diferente intención— a partir de 1931; es decir, a partir de la conversión del intelectual en gobernante, sin dejar de ser lo primero. Suspender sobre todo en la memoria al Azaña grandiosa y dolorosamente elevado e identificado con España —con toda la nación, republicanos y no republicanos, católicos y no católicos— que aparece en sus patéticos discursos de guerra. Leer al presidente del Ateneo y atenerse sin más a la fría secuencia de los hechos posteriores. Es necesario, pues, aparcar el prejuicio y aplicar el juicio.

La institución había celebrado su centenario en 1925; esta conferencia tiene lugar cinco años más tarde: Azaña recrea un Ateneo «poblado de liberales que a veces ocupaban el gobierno legal y público de la nación, casi siempre el gobierno oculto de las logias, y que regían, en cuanto escritores, el gusto literario, cuando todo era combate en política y letras». Lamenta la transigencia del Estado liberal, de los liberales del XIX, con la Iglesia: «El cura trabucaire, glorificado en la guerra de la Independencia, seguía pronto a lanzarse al campo, y de hecho se lanzaba o impelía a otros para que se lanzasen a luchar con el trono constitucional excomulgado. El precio de la transacción fue la libertad de conciencia, es decir, lo más valioso del principio liberal. El Estado renegó de su origen, ofuscó la razón política que lo define y, para seguir viviendo soberano en apariencia, decapitó la libertad individual, de que pretendía ser expresión y baluarte». Todo un Cánovas, padre de la Restauración, es despachado, junto con Valera y Castelar, de esta guisa: «Cánovas, en el ápice del poder, quisiera ser gran prosista, crítico e historiador. Discernía fallos sobre escuelas literarias como pudiera repartir actas de la mayoría. Valera, no contento con su autoridad de escritor, ambicionaba ser ministro, ganar amigos, adquirir poder. Castelar quisiera ser novelista sin observación, e historiador sin método». ¿Habla, inconscientemente, de sí mismo? No es imposible; una combinación de soberbia y frustración opera en su interior. La segunda se diluirá pronto, en cuanto se convierta en el hombre de la República; la primera le acompañará siempre.

Una de las principales características del momento es la general abominación (entre los intelectuales y, cada vez más, entre el común de las gentes) de un régimen que, con todas sus rémoras, había permitido no sólo una convivencia ordenada durante casi medio siglo gracias al turno de partidos, sino un notable desarrollo económico para España. El nacimiento durante ese período de industrialización de los movimientos socialista y anarquista en la península, la agitación social y el terrorismo (el propio Cánovas, que tan a la ligera despacha Azaña, había sido asesinado por un anarquista), el desastre colonial bajo el gobierno de Sagasta, con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, la Semana Trágica de Barcelona, el nacimiento del nacionalismo organizado catalán y vasco, la huelga general de 1917, la guerra colonial con Marruecos —muy especialmente el desastre de Annual— y, por encima de todo, las acerbas críticas de los regeneracionistas, han dejado una imagen injusta de la Restauración, apresuradamente resumida en una amalgama de caciquismo, convulsión e injusticia social. No es este el lugar para refutar una visión tan instalada, pero las frías estadísticas sobre producción, empleo, poder adquisitivo, consumo o alfabetización deberían hacer reconsiderar muchos prejuicios. También el grado de respeto a la libertad individual, que si Azaña ve «decapitada» cuando mira hacia atrás, no sabría uno cómo calificar al contemplar los años que siguieron.

Ha terminado la Dictadura de Primo de Rivera (septiembre de 1923-enero de 1930), y estamos en plena dictablanda de Berenguer. Azaña nos habla desde un estrado, y en un ambiente cultural y político, consagrado a la demolición de un pasado que reputa inseparable de un cuadro de desastres. Cuadro de cuya confección retórica se retractarán, tan pronto como puedan juzgar la obra de la Segunda República y comparar, los autores de las más despiadadas pinceladas. Pero aún faltan unos meses para que el Rey abandone España, y Azaña anuncia que «el Ateneo pondrá en las contiendas futuras su aportación genuina. Si mi esperanza no falla, cumplidas las setenta semanas de Daniel, saldremos de cautividad y podrá construirse el templo nuevo. En la gran renovación y trastorno necesitados por la sociedad española, la función del Ateneo es primordial. De las fuerzas activas, determinantes, que han de provocar las destrucciones irreparables deseadas, está en primer rango la inteligencia. Es menester una ideología poderosa, armazón de las voluntades tumultuarias».

El que habla tendrá pronto la oportunidad de armar tales «voluntades tumultuarias» con la supuesta ayuda de una «ideología poderosa». En su caso, salvo que confundamos una vasta cultura individual, una inteligencia privilegiada, un pesimismo crónico, unos ciertos esquemas mentales acerca de la Historia y unas ganas intensas de cambio, con una ideología, ésta no aparece por ninguna parte, ni poderosa ni menesterosa. Grave carencia en una época radicalmente ideologizada, y causa, entre otras, de que sean los verdaderos propietarios de ideología, los socialistas y los todavía insignificantes comunistas, los que acaben valiéndose de su figura y de su persona para llevar a cabo «las destrucciones irreparables deseadas». Todo ello sin que su excelsa inteligencia alcance siquiera a vislumbrar —hasta que ya sea demasiado tarde, clamorosamente tarde— el triste papel que le obligan a representar las organizaciones coyunturalmente necesitadas de cobertura institucional legitimadora y de ropaje democrático. Por otra parte, es difícil negar, ante la literalidad del discurso, quién es aquí el sujeto que «desea» todas esas «destrucciones irreparables» que han de llevar a cabo «las fuerzas activas» en una sociedad española necesitada de «trastorno». Este jurista, doctorado con una tesis titulada La responsabilidad de las multitudes, se está mirando en el espejo cuando afirma que «nada es más urgente en España que el concurso de la inteligencia pura en las contiendas civiles». No menos preocupante resulta, dado el contexto, su concepto de inteligencia: «Concibo, pues, la función de la inteligencia en el orden político y social como empresa demoledora». ¿Qué ha de demoler? Azaña se refiere a demoler la historia, o, más exactamente, a la necesidad apremiante de sacar a España de su dependencia histórica, ya que «en el estado presente de la sociedad española, nada puede hacerse de útil y valedero sin emanciparnos de la historia. Como hay personas heredo-sifilíticas, así España es un país heredo-histórico». Sabemos que «emanciparnos de la historia» significará cortar con la Monarquía, pero también extirpar la religión de la sociedad, con todas sus consecuencias. Son destrucciones irreparables que guía la inteligencia pura; las consecuencias de la emancipación no le preocupan. Del caos social, dice: «no es menester que yo intente ordenarlo. Si me arrojan a la cara como un baldón que este punto de vista hace tabla rasa de lo español, evapora las esencias nacionales y maltrata nuestro carácter, me niego incluso a rebatir el argumento. No todo lo español merece conservarse por el hecho de existir». Es el momento en que pronuncia esta conferencia lo que la hace esencial. Ilumina muchos puntos que son objeto de discusión desde hace más de setenta años (una discusión reavivada con fuerza a principios del siglo XXI); respalda de forma despierta y consciente no pocas actitudes, decisiones, acciones e inhibiciones del individuo más relevante de una década decisiva en nuestra historia contemporánea.

Con motivo de los primeros desórdenes públicos, muy poco después de estrenarse el nuevo régimen, se empezaron a detectar alarmantes signos del particular estilo de Azaña, nuevos indicios de su concepto de emancipación y del desmesurado alcance de sus convicciones secularizadoras, parte fundamental de aquel designio calculado de ruptura con la historia. Ocurrió tan pronto como el 10 y el 11 de mayo de 1931. Mientras grupos de alborotadores intentaban quemar la sede del diario ABC y prendían fuego a los coches de los asistentes a la inauguración —autorizada por el gobierno— del Círculo Monárquico Independiente, la policía procedía a detener, no a los incendiarios, sino a los monárquicos que acudían al acto. Unas horas después comenzaría una de las prácticas más ignominiosas del período, que acabaría jugando un papel decisivo en la percepción y estima de muchos españoles hacia unos gobernantes que, en el mejor de los casos, hacían la vista gorda ante la barbarie: nos referimos a la quema y saqueo de iglesias y demás edificios religiosos, iniciada en Madrid y contagiada de inmediato a Andalucía, Murcia y Valencia. Una epidemia que sólo cesaría, de momento, con la lectura del bando de Queipo de Llano. La tardanza del gobierno en poner coto a los desmanes recurriendo a la única institución que podía hacerlo, el Ejército, es inseparable de la célebre frase que Azaña pronunció durante el Consejo de Ministros del día 11: «Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano»[15] (de acuerdo con otra versión, la frase fue «Todos los conventos de Madrid no valen la uña de un republicano»), Para Maura, su compañero de gobierno, aquí Azaña «personalizaba la más pura demagogia, que se impuso a la mayoría del gabinete», y añade refiriéndose a la quema de la Residencia de los jesuitas de la calle Flor, noticia de la que se enteraron antes de sentarse a la mesa del Consejo y que fue recibida con las bromas de dos ministros: «La famosa justicia inmanente ensalzada por Azaña ya estaba ahí»[16]. Ortega pronunció un discurso en Toledo una semana después de los sucesos que contenía este pasaje lamentable: «En el resultado de su insensata provocación del pasado domingo pueden ver claramente la lección. Y cómo estas palabras no son vanas amenazas, ya que pueden comprobar cómo las consecuencias de sus provocaciones han sido las de infundir máxima autoridad y energía al gobierno para dictar disposiciones avanzadas y hacer más inmediatas y firmes sus justas resoluciones. Los verdaderos responsables de los incendios de los conventos han sido ellos, y sólo ellos, que han desatado la revuelta y han encendido la ira popular». El filósofo adelantaba así el que se convertiría en argumento comodín de la izquierda ante la violencia anticatólica y revolucionaria: la «provocación» de las víctimas.[17]

La fatal inhibición, que Azaña contagió al Consejo, ante las tropelías de los sacrílegos incendiarios, su encogimiento de hombros, por usar una expresión muy suya, es imposible de explicar en un gobernante sensato. Seguramente él no lo fue en este caso ni en muchos otros por motivos opacos que obligarían a rebuscar en los escondrijos de su biografía, a trazar su mapa moral. Por muy grande que fuera la distancia que se había marcado con la Iglesia, como gobernante no podía desconocer la profunda decepción que la situación debía estar causando a una parte importantísima de la población, a la que supuestamente los republicanos querían ganarse. ¿O no querían? Los católicos sólo podían preocuparles si se articulaban en una derecha organizada, y la posibilidad de que semejante movimiento pudiera hacerles sombra en el nuevo régimen era algo que ni siquiera contemplaban, lo que dice muy poco de su perspicacia y de su conocimiento del país cuyos destinos regían. Pensaron que fuera de ellos quedaba únicamente el cuerpo desmembrado, desalentado y sin reflejos que les había abierto las puertas del poder sin resistencias y que había presenciado sin reacción la marcha del Rey. En sus cálculos, todo el espectro político estaría presente, sí, en el Parlamento, y se mantendrían las formas democráticas, pero la derecha nunca ganaría las elecciones. ¿Es posible tal explicación? ¿Es creíble ese nunca si no se cuenta con apoderarse del régimen conculcando de raíz el espíritu de la democracia? La pasividad de Azaña ante la violencia anticatólica se concilia mal con sus posteriores proclamas, con su pretensión de gobernar para todos los españoles, idea a la que volverá con insistencia en los discursos oficiales durante la guerra, donde llegará a afirmar: «Todos los españoles tenemos el mismo destino […] cualesquiera que sean la profesión religiosa, el credo político, el trabajo o el acento». O bien: «A mí no me cuesta ningún trabajo ser generoso con nuestros enemigos; no me lo ha costado nunca». O bien: «No hay Estado digno de este nombre sin sus bases fundacionales, cuales son el orden, la competencia y la responsabilidad»[18]. El hecho es que en mayo de 1931, unos pocos años antes de que Azaña pronunciara esas palabras de conciliación y de buen juicio en el fragor de la guerra civil, un país de aplastante mayoría católica acababa de asistir al primer capítulo de una tragedia de proporciones descomunales. De momento se saldaba con la destrucción impune de decenas de edificios religiosos. Entre ellos se contaban joyas como la Iglesia de Santiago (Málaga), fundada por los Reyes Católicos, el convento de San Julián y el Colegio de Santo Tomás de Villanueva (Valencia), amén de múltiples esculturas de Salzillo, Martínez Montañés y Pedro de Mena. El gobierno, incumpliendo sus obligaciones esenciales, había mirado hacia otro lado. Entre las consecuencias de aquella ignominia, que se refieren principalmente a la desmoralización y a la desafección de importantes sectores de la población, hay una que no se suele citar: la pérdida de confianza de diversas instancias internacionales en el nuevo gobierno republicano. Instancias, por ejemplo, financieras. Ventosa, ministro de Finanzas con la Monarquía y fundador de la Lliga Regionalista, reveló en el Círculo de la Unión Mercantil e Industrial de Madrid en enero del 32 que «el día de la quema de conventos estaban en España M. Parker, de la Casa Morgan, y un representante de la Casa Mendelssohn. Con ambos pretendía el gobierno de la República entablar negociaciones, y los dos se marcharon por la noche, negándose a continuar las conversaciones».

En cuanto a los culpables de lo sucedido —y de lo que estaba por suceder—, interesa leer con detenimiento las palabras pronunciadas por el propio don Manuel el 17 de julio, en un banquete de Acción Republicana. No se refieren específicamente a los hechos de mayo, pero los alcanzan y los superan. Su contenido puede resultar incómodo a tantos autores como se han adiestrado en la sistemática búsqueda de responsables ajenos a la efectiva gestión del régimen para filiar los males de la República. Quizá por eso los libros no suelen recogerlas, aunque son claras y poco discutibles: «Para nosotros la República es un instrumento de guerra y de ahora en adelante ya no podemos echar la culpa al Rey de nada de lo que pase en España; ya no podemos echar la culpa a ningún poder extranjero. Tenedlo presente: ya no hay ninguna otra causa que no sea la de nuestro propio arbitrio, nuestro entendimiento y nuestra voluntad. […] Miradlo bien, republicanos, que el día de nuestro fracaso no tendremos a mano el fácil recurso de echar la culpa a nuestro vecino.

»No; si la República española se hunde, nuestra será la culpa. Si no sabemos gobernar, la culpa será nuestra. No hay ya a quien echar el fardo de la responsabilidad. Ved que la libertad trae consigo esta tremenda consecuencia».

El 13 de octubre, Azaña anota en su diario algunas observaciones sobre el último Consejo de Ministros. Se ha discutido acerca del artículo que la Constitución va a dedicar a las órdenes religiosas. La cursiva es nuestra: «Consejo de ministros en la presidencia. Asuntos de poca importancia. Conversamos ligeramente sobre […] lo que podrá ocurrir en las Cortes al votarse el artículo 24 (se refiere al que en la Constitución de 9 de diciembre de 1931 sería el artículo 26) […] Yo estoy muy disgustado, pensando que pueden ocurrir desastres. […] Yo tengo, en el fondo, una gran indiferencia por la hechura que se dé al artículo, si al menos se consigue evitar el precepto de la expulsión de todas las órdenes religiosas, medida repugnante, ineficaz y que sólo encierra peligro. […] Me parece mal desalojar de Silos a los benedictinos, no porque la comunidad haga cosas estimables, sino por lo que es la abadía en la historia de España, y otro tanto siento del Escorial […] También se me antoja estúpido que vayamos a cerrar conventos de monjas por esos pueblos de España, las Úrsulas de Alcalá, las Bernardas de no sé dónde […] La disolución total e instantánea me hace el efecto de una acción ininteligente. […] Confieso que estas preocupaciones me duran poco […] por mi interior circula, como si dijéramos, un encogimiento de hombros»[19]. Revisando semejantes pasajes se entiende que José Calvo Sotelo primero y Julián Marías después destacaran del alcalaíno un rasgo: la frivolidad.

Las Memorias políticas de Azaña son, especialmente en momentos como el citado, el autorretrato de un esteta metido a político. Un asunto capital, indisociable del conflicto que pronto enfrentará a los españoles, es valorado por un hombre con graves responsabilidades políticas como algo «de poca importancia», a pesar de saber que «pueden ocurrir desastres», lo que no altera su «gran indiferencia», por mucho que esté a punto de aprobarse una «medida repugnante, ineficaz y que sólo encierra peligro». «Estas preocupaciones me duran poco», reconoce con «un encogimiento de hombros». Pero también cabe leerlo como al gobernante temerario que atiza, o deja que se atice encogiéndose de hombros, el fuego del desastre con el hierro de una vanidad inconmensurable. Nunca le abandonarán los tormentos adolescentes a este personaje incoherente, veleidoso y pagado de sí mismo, de pluma demasiado sincera a veces para un político. Fantasmas que se materializarán en la historia de España, en el peor momento, para vengar personales y pretéritos agravios de dudosa autoría mientras asiste a la demolición de símbolos y valores instalados en el alma nacional. Parece que en 1940, en una patética escena, el esteta, el diletante, habrán desaparecido, y un hombre de sesenta años, moribundo y exiliado en Montauban, que según testimonios inciertos no recuerda el nombre del país que presidió, besará por tres veces el crucifijo del obispo Théas y musitará entre lágrimas tres palabras: «Jesús, piedad, misericordia». Tras dos ataques cerebrales y perdido el juicio es imposible que recuerde la fusión que defendió en el Ateneo, diez años atrás, entre la inteligencia y la fuerza bruta, sin sospechar quién iba a imponerse a quién: «Los gruesos batallones populares, encauzados al objetivo que la inteligencia les señale, podrán ser la fórmula del mañana»[20]. Aunque tanta inhibición y tanto encogimiento de hombros en el pasado podrían sugerir que no se trató de desbordamientos por culpa de una alianza mal calculada; que el desbordamiento, de algún modo oscuro, le complacía. Porque quien proclamó en octubre del 31 que «España ha dejado de ser católica» a cuenta de la aprobación del artículo 26 de la Constitución es el mismo que había explicado a su audiencia madrileña que «la obligación de la inteligencia, constituida, digámoslo así, en vasta premisa de demoliciones, consiste en buscar brazos donde los hay: brazos del hombre natural, en la bárbara robustez de su instinto, elevado a la tercera potencia a fuerza de injusticias. A ese hombre debe ir el celo caluroso de la inteligencia, aplicada a crear un nuevo tipo social». Y también que «España es víctima de una doctrina elaborada hace cuatro siglos en defensa y propaganda de la monarquía católica imperialista, sobrepuesta con el rigor de las armas al impulso espontáneo del pueblo». Había que invertir esa situación, sin complejos y sin vacilaciones, pues «si me preguntan cómo será el mañana, respondo que lo ignoro; además, no me importa. Tan sólo que el presente y su módulo podrido se destruyan. Si agitan el fantasma del caos social, me río»[21]. Don Manuel se reía del fantasma del caos social en un país que había sufrido el azote del terrorismo anarquista con especial virulencia y en el que tal corriente contaba ya con centenares de miles de afiliados. Se reía al principio de una década que se iba a inaugurar con los hombres de Fermín Galán, «mártir de la República», matando a un general, un capitán, dos carabineros y un sargento, y que se iba a cerrar con el país destrozado por una guerra civil que dejaría trescientos mil muertos. En todos los sucesos comprendidos entre la sublevación de diciembre del 30 y el éxodo de principios del 39, en todos, tuvo algún papel relevante Manuel Azaña, que encaraba los años treinta riéndose del fantasma del caos social.

Capítulo III

Cuatro meses escondido

El Comité Revolucionario había previsto que el capitán Fermín Galán, que había jurado su compromiso sobre la Biblia en una logia masónica, se sublevara en Jaca con su guarnición el 12 de diciembre de 1930. Al pronunciamiento militar debía seguir una huelga general coordinada por el sindicato socialista. Poco cuidado debieron poner los conspiradores, pues las autoridades estaban perfectamente al tanto de sus preparativos. No llegó el militar a conocer la decisión de retrasar tres días el levantamiento, así que actuó según lo previsto. Permanece en el misterio el motivo por el cual Casares Quiroga y Graco Marsá, que viajaron a Jaca para prevenir a Galán y que pernoctaron allí la noche del día 11, no cumplieron con su cometido. El resultado, además del puñado de víctimas que acabamos de citar, fue el rotundo fracaso de la sublevación. Galán se entregó y, como el capitán García Hernández, fue condenado a muerte y ejecutado. El fracaso no sería tal para algunos autores, que han querido ver una clara intención en la pasividad de los delegados del Comité Revolucionario; señalan que sin el fusilamiento de los dos militares, el 14 de abril no habría sido posible.[22] Los instigadores políticos de la sublevación fueron arrestados con toda corrección. Alguno, como Largo Caballero, se entregó. Lerroux y Azaña se esfumaron.

Maura, Alcalá Zamora y sus compañeros vivían aquella «fiesta» carcelaria con banquetes, ovaciones de espontáneos entusiastas, visitas familiares y reuniones. Allí, en plena cárcel Modelo, recibieron al andaluz José Sánchez Guerra, que había perdido años atrás la presidencia del Gobierno a raíz del desastre de Annual y a quien Alfonso XIII acababa de convocar para formar de nuevo gabinete. La visita tenía por objeto ofrecer a los conspiradores que se incorporaran al ejecutivo. Como observó Azaña en La Tierra (2 de abril del 31): «El reconocimiento oficial de ese gobierno [el provisional de la República] quedó hecho cuando un político, con poderes de la Corona, fue a la cárcel a ofrecer la paz, dando en prenda carteras ministeriales». El juicio fue un paseo triunfal que culminó con una condena simbólica y la inmediata puesta en libertad de los que torpemente habían empujado a Galán y García Hernández a un golpe imposible y a su perdición. Mientras tanto, de Azaña nada se sabía. Se había escabullido, poco después de conocer el fracaso de Jaca, por los sótanos del teatro Calderón, en el entreacto de una ópera rusa. No sólo se escondió durante varios meses de la policía, sino también del resto de los conjurados. La primera noche lo acogió su amigo Martín Luis Guzmán, sobre el que más adelante volveremos. La siguiente la pasó en casa de un conocido de tertulias de café, Sindulfo de la Fuente. Luego lo aloja Jacinta Lavanda, conocida de su cuñado. De allí, a instancias de Lola, se traslada a la residencia de su suegro don Mateo, en la calle Columela, recluyéndose por tres meses en un par de habitaciones cerradas y sembrando pistas falsas a través de Cipriano para que lo creyeran huido al extranjero. Sabemos de esta etapa por su cuñado[23], quien nos informa de la sorprendente opinión del escapista: deformando, como solía, la realidad a su favor, a Azaña «le parecía una actitud harto más cómoda y evasiva que la suya y la de Lerroux, la de sus compañeros del Comité Revolucionario que, imitando la conducta de don Niceto, se habían dejado prender». Consideraba, pues, más evasivos a los conspiradores presos que a sí mismo, efectivamente evadido de todos y consagrado a la redacción de la novela Fresdeval. Aún había de mudarse el fugitivo un par de veces: vuelta a casa de Sindulfo de la Fuente, y otra vez a la del suegro. No descansará en su propio hogar hasta que sepa del fallo del Tribunal, una sentencia tan ridícula que Cipriano, que escribe de memoria, usa sin más la palabra «absolución».

Ya no tiene que temer, pero sigue sin dar señales de vida. Para el Comité, continúa desaparecido y él, ajeno a todo, redacta la novela. Es entonces cuando Miguel Maura trata por todos los medios de localizarle. Insiste ante Cipriano en que necesita verle con urgencia, pues el gobierno del almirante Aznar ha convocado las elecciones municipales de abril. Se trata de los comicios que, con una amplia mayoría monárquica, una interpretación impropia e inexplicable del mismísimo Aznar (en realidad una profecía autocumplida), y sin legitimidad democrática alguna, darán paso a la República. Cipriano le traslada la petición y la urgencia de Maura, y también su clarividente convicción de que el día después de las elecciones municipales el rey se marchará. Mucho menos sagaz que Maura, Azaña responde: «¿Pero ves tú? Así es Miguel. Un fuguillas. ¡Qué disparate! ¡Y lo dice como lo cree! Además, estoy seguro, se lo dirá a todo el mundo. ¡Con que el rey se va al día siguiente de las elecciones!… Sin más ni más. […] Como nos veremos obligados a producir malamente la insurrección porque no contamos ya con la sorpresa que hubiera sido en diciembre nuestra arma principal […], al gobierno, cualquiera que sea, le costará muy poco el sentarnos la mano para mucho tiempo. Porque ten en cuenta que, eso sí, el rey sabe lo que le va en ello y se defenderá con los más de los militares a su alrededor. Y un asalto a Palacio no se hace así como así como creen algunos»[24]. El miedo no es buen consejero, y menos cuando se forma parte de un Comité Revolucionario. Porque lo cierto es que el fuguillas Maura acertó de pleno con su disparate: no haría falta una nueva insurrección, ni buena ni mala, y el rey no recurriría a los militares para defenderse, negándose en redondo a las incitaciones en tal sentido del ministro De la Cierva.

A esas alturas, los compañeros liberados de Azaña lo tenían por dimitido. Alguno encontró luego una explicación diferente: «estaba aquejado de un miedo físico insuperable. Más de una vez, en lo sucesivo, pude comprobarlo. Era algo más fuerte que él, y él hacía lo inimaginable para disimularlo», escribe Maura.[25] Pero en aquella tesitura se compromete a defenderlo «de quienes consideren excesivamente prudente y circunspecta la conducta personal que se había trazado», según el delicado eufemismo de Cipriano. Tras la entrevista con Maura, sigue sin conceder ningún valor a sus análisis y mantiene el mismo desprecio hacia su optimismo: «No olvides que Miguel es un señorito, que se paga de los mismos chismes y cuentos con que se ha hecho siempre aquí la política […] Miguelito sabe o cree saber que [el rey] está sacando no se qué tapices bien embalados para el extranjero. Las novelerías de siempre. Así no se va a ninguna parte»[26].

Las municipales se celebraron, según lo previsto, el 12 de abril. El número de concejales monárquicos elegidos fue casi cuatro veces mayor que el de republicanos (22.150 frente a 5.875). Primero el gobierno de los ganadores, y luego, aprovechando su suerte, los perdedores objetivos, consideraron que el voto urbano valía más. El motivo, es decir, la justificación de una ilegitimidad de origen, viene en los manuales: en el agro no se votaba con la misma libertad. Como quiera que los republicanos habían vencido en la mayoría de capitales de provincia, Romanones (quien difícilmente podía compartir los razonamientos cogidos con alfileres de la historiografía posterior) habló como un derrotado y les soltó a los reporteros: «Nada, señores. El resultado de la elección no puede ser más deplorable para nosotros, los monárquicos». Y el almirante Aznar pasó a los anales de la estupidez claudicante con la frase que probablemente más contribuyó a excitar el júbilo y las manifestaciones espontáneas de una parte de la ciudadanía que, por otra parte, le detestaba: «¿Les parece a ustedes poco lo que ha ocurrido ayer, que España, que se había acostado monárquica, se levantó republicana?».

Pero incluso en la hipótesis de que los monárquicos hubieran perdido, hubieran fracasado de forma estrepitosa, hubieran sido arrasados, se trataba de unas elecciones municipales y no de un plebiscito sobre el régimen político. Tanto la interpretación plebiscitaria como la repentina invención de un voto de calidad las sirvió en bandeja el gobierno de la Monarquía. El 14 de abril, la multitud en las calles cantó victoria. El exmilitar Francesc Macià, fundador de partidos separatistas como Estat Català o Esquerra Republicana y organizador del pintoresco complot de Prats de Molló, entró con los suyos, por las bravas, en la Diputación de Barcelona, echó a su presidente, se asomó al balcón y proclamó la República Catalana. Sanjurjo se puso a las órdenes de Miguel Maura, quien rompiendo con las vacilaciones de sus compañeros había resuelto dirigirse a la Puerta del Sol a ocupar el Ministerio de la Gobernación. Todos le siguieron. En uno de los últimos coches de la comitiva, envuelta en una muchedumbre entusiasta, Azaña todavía no había conseguido dominarse. La frialdad de su personalidad, citada a menudo, debe referirse a otros aspectos. Estaba convencido de que la Guardia Civil los ametrallaría y no cesaba de despotricar contra don Miguel. En el ministerio, Manuel Ossorio y Rafael Sánchez Guerra, hijo del que había ofrecido carteras ministeriales a los conspiradores (y futuro secretario general de la Presidencia, luego oficial de Estado Mayor, más tarde ministro en el exilio y por fin fraile dominico) izaron la bandera republicana. Salió un piquete de la Guardia Civil. «¡Paso al gobierno de la República!», les espetó Maura. En vez de fusilarlos, como temía Azaña, les presentaron armas. Tomó Maura posesión de su despacho y se puso a telefonear a todas las capitales, exigiendo a cada gobernador que entregara el mando al presidente del Comité Republicano local. «El cambio de autoridades de todas las provincias se hizo en menos de tres horas, por teléfono y sin el menor incidente en parte alguna de España»[27]. Casi a medianoche, Azaña, acompañado del comandante Saravia y el capitán Menéndez, tomó posesión del Ministerio de la Guerra. Ante él, Federico Berenguer, Capitán General de Madrid, pasó un buen rato en postura de firmes porque el nuevo ministro no le daba la venia para descansar. Cosas de la inexperiencia, o de los nervios del día. A esas horas, había dejado de despotricar contra Maura. Cierto es que, antes de este inesperado giro histórico y personal, había exagerado su prudencia pasando cuatro meses escondido. Eso sí, gracias a una licencia obtenida a través de un compañero de negociado, no dejó de cobrar su nómina de funcionario ni una sola vez. Española figura del funcionario revolucionario.

Capítulo IV

Destruir y construir

Le correspondió a Azaña, como ministro de la Guerra en el Gobierno provisional constituido el 14 de abril bajo la presidencia de don Niceto Alcalá Zamora, poner en marcha la gran reforma del Ejército. Suprimió jerarquías, redujo divisiones y concedió el retiro a los jefes y oficiales que así lo solicitaron, manteniéndoles el sueldo. Gravosa medida que incentivaba la salida del servicio activo de los monárquicos, quienes quedarían sin embargo sujetos por un decreto de mayo de 1932 a las puniciones de la Ley de Defensa de la República. A título de ejemplo, en el arma de caballería, particularmente descontenta con la nueva situación, optaron por el retiro voluntario 34 coroneles (de 52), 72 tenientes coroneles (de 104) y 284 comandantes (de 432).

Más allá de haber escrito algo sobre la política militar de Francia, Azaña era completamente ajeno a las materias propias de su cartera. No se equivocó, sin embargo, en cuanto a la necesidad de poner en marcha una profunda reforma: el Ejército español presentaba la razón oficiales-tropa más alta de Europa. Estaba por otro lado el temor a los militares monárquicos en un país con una larga tradición de levantamientos, sublevaciones y asonadas, aunque conviene subrayar que esa tradición caía especialmente del lado de los liberales exaltados del XIX, de los que Azaña constituía una perfecta prolongación. El problema básico es que no tuvo voluntad de despolitizar el Ejército sino una resuelta decisión, puesta en práctica, de desarrollar una politización de otro signo. Obligó a cada hombre a jurar fidelidad a la República y cerró injustificadamente la Academia General Militar de Zaragoza, aún bajo la batuta de su creador, Francisco Franco. En su mensaje de despedida, Franco utilizó frases cargadas de intención que contenían una crítica casi explícita a la decisión del ministro Azaña: les dijo a sus alumnos que la disciplina «reviste su verdadero valor cuando el pensamiento aconseja lo contrario de lo que se nos manda, cuando el corazón pugna por levantarse en íntima rebeldía, o cuando la arbitrariedad o el error van unidos a la acción del mando».

Lo cierto es que en su reforma, que globalmente era adecuada si se atiende a los puros aspectos técnicos, Azaña sembró el descontento del estamento militar de manera innecesaria con la agresividad de sus planteamientos, la exhibición de una prejuiciosa animadversión —que fue correspondida con creces— y la elección, a la hora de justificar sus medidas, de argumentos contraproducentes y ofensivos. En ocasiones, simplemente no ofreció ninguno. Debió considerar que ostentar el poder era más que suficiente, no necesitaba ser diplomático. Y no lo fue. «No sea usted sequerón», le ruega Ríos en el coche oficial cuando se dirigen a un importante acto castrense. En este capítulo, y en muchos otros, sus desprecios, su suficiencia, su arrogancia, las innecesarias humillaciones que infligía, llevaron a algunos de sus allegados a la conclusión de que disfrutaba siendo detestado. El concepto que tenía el ministro de la Guerra de los militares españoles se revela en sus diarios de julio del 31. Escribe el día 6: «He creado importantísimos cargos militares y no tengo con quién proveerlos. Apenas puedo encontrar dos o tres personas discretas». Y el día 10, abundando en la misma idea: «Voy a ver al Presidente. […] Consideramos la dificultad de proveer los cargos militares, y no acertamos todavía con una solución que nos satisfaga. Ni acertaremos con ella, que es peor. Tal es la penuria de hombres capaces y útiles»[28]. Por indiscretos pues, incapaces e inútiles tenía Azaña a todos los mandos del país a la hora de cubrir los cargos del Estado Mayor Central y el Consejo Superior de la Guerra. Salvo a dos o tres.

En octubre de 1931 se aprueba en las Cortes un artículo de la Constitución que, como pronto veremos, constituye una agresión en toda regla contra la Iglesia. Inmediatamente, el católico Alcalá Zamora dimite; considera que una Constitución semejante «invita a la guerra civil», según dejará escrito cinco años más tarde en Los defectos de la Constitución de 1931. Estamos en la segunda semana de octubre —bautizada por Víctor Arbeola como La semana trágica de la Iglesia en España—, que culmina con el ascenso de Azaña a la presidencia del gobierno, manteniendo la cartera de Guerra. El funcionario de unos meses atrás, el escritor sin lectores, el político frustrado que no ha logrado jamás hacerse con un acta de diputado, ha llegado a la cima. El presidente dimitido había tratado de alcanzar un acuerdo con el Vaticano, pero Azaña frustra sus planes. En la carta de dimisión de don Niceto —que no llega a hacerse pública hasta que Javier Tusell la rescata en 1984 del archivo personal de Azaña y que destila aversión contra el alcalaíno— el presidente saliente del Gobierno provisional de la República declara «el propósito irrevocable de considerarme fuera de la Constitución». Graves palabras en pluma de quien iba a convertirse en diciembre en jefe del Estado, y razón más que probable del ocultamiento de este texto clave por parte del Consejo de ministros a quien iba dirigido.

El origen de la dimisión y de la íntima ruptura de don Niceto con la Carta Magna es claro: la redacción final del polémico artículo 26, que recogía plenamente la fórmula propuesta por Azaña en su intervención del 13 de octubre ante la Cámara. Una fórmula que estaba a medio camino entre el incendiario discurso anticlerical del ministro Álvaro de Albornoz y la postura de Alcalá Zamora. Álvaro de Albornoz, que había fundado el Partido Radical Socialista con Marcelino Domingo, que fue con la República ministro de Fomento, luego de Justicia, presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales y embajador en Francia desde el estallido de la guerra, y que llegaría a presidir uno de los fantasmales gobiernos republicanos en el exilio, no sólo se mostró profunda y beligerantemente anticatólico en su discurso de octubre del 31; también se congratuló ante la posibilidad de una guerra civil. En cuanto a Alcalá Zamora, en el otro extremo, su posición era «ni concordato impuesto, ni concordato vedado. Debiera resultar posible una legislación unilateral del Estado si no hubiera acuerdo con la Iglesia, pero, al mismo tiempo, debiera ser posible también un convenio en el caso de que el Parlamento lo autorizara»[29]. Sólo Indalecio Prieto y Lluís Companys —uno de los fundadores de la Esquerra Republicana, llamado a sustituir a Macià en la presidencia de la Generalidad a la muerte del exmilitar separatista— criticaron públicamente el discurso de Alcalá Zamora, que estaba a años luz de lo que deseaban los socialistas, empeñados en disolver todas las órdenes religiosas y confiscar sus bienes. Aceptaron al fin la solución de Azaña, que seguía siendo completamente ajena a los principios liberales: se prohibía de hecho la Compañía de Jesús (sería disuelta por decreto de 24 de enero de 1932) y se impedía a las demás dedicarse a la enseñanza, entre otras limitaciones que enseguida veremos. Pocas frases de Azaña se han citado más que la que reza (es un decir) «España ha dejado de ser católica», pronunciada en aquella sesión de octubre, de nefastas consecuencias. Los defensores de don Manuel suelen acusar a sus detractores de descontextualizar la frase. Por si acaso, he aquí el párrafo que la incluye: «La premisa de este problema [el religioso], hoy político, la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica; el problema político consiguiente es organizar el estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo español». Es decir, Azaña no estaría decretando el fin del catolicismo en España sino constatándolo. Bien, sigue siendo un gravísimo error de apreciación que, además, lo lleva a adecuar el problema religioso a una nueva fase inexistente o que, en todo caso, él contribuye arbitraria y decisivamente a inaugurar. Lo cual, en realidad, no nos aleja mucho del sentido profundo de la interpretación más lesiva. Por otra parte, es significativo que, al abrir esta fase nueva e histórica, también abra, como resultado político directo, otra: la de su primera etapa al frente del gobierno.

Antes de que transcurra una semana de la toma de posesión de Azaña, el ejecutivo se atribuirá desmesuradas competencias represivas: en sólo seis artículos, la vigencia de la Ley de Defensa de la República convertirá en papel mojado contenidos fundamentales de la Constitución que ha de promulgarse en diciembre, dando pie a abusos de poder que se materializarán en prácticas tales como arrestos sin cargo y cierres gubernativos de publicaciones. Lo habitual durante el primer bienio será que las publicaciones de la derecha, como ABC, El Debate o Informaciones, permanezcan suspendidas. El cariz autoritario y arbitrario de la norma con la que Azaña empieza su andadura al frente del gobierno queda de manifiesto en su artículo primero, que considera actos de agresión a la República conductas tales como «la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público»; o bien «toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones u organismos del Estado», lo que naturalmente puede incluir cualquier cosa; o bien «la apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras» (¡tratamiento bien distinto del que la Monarquía dispensó a los republicanos!); o bien «la falta de celo y la negligencia de los funcionarios públicos en el desempeño de sus servicios». Ya con la Constitución en vigor, en el curso de una réplica en las Cortes al diputado Martínez de Velasco, Azaña afirmaría que «al aplicar la Ley de Defensa de la República no se infringe la Constitución; al contrario, es cuando se cumple». Como muestra de su concepto de la división de poderes, sirva este cruce con Gil Robles, extraído de la misma intervención; se pregunta Azaña: «Independencia del Poder Judicial, ¿de qué?».

Gil Robles: «¡De las intromisiones del gobierno!».

Azaña: «Pues yo no creo en la independencia del Poder Judicial».

Gil Robles: «Pero lo impone la Constitución».

Despacha Azaña: «¡Que imponga lo que quiera la Constitución! […] El régimen tiene que arrepentirse de su generosidad en los primeros momentos».

Entre la promulgación de la concisa y restrictiva Ley de Defensa de la República y la de la Constitución de diciembre, el Parlamento, constituido en tribunal, juzga a Alfonso XIII, lo declara culpable de violar la Constitución que había jurado (y que ellos han violado también, pues de otro modo no existiría esa Cámara ni tendría lugar ese acto ni podrían arrogarse esos diputados el derecho a juzgar al Rey de España) y lo condena a la pérdida de la ciudadanía española y de todos sus bienes. El fallo de la Cámara llega a regodearse innecesariamente en la humillación del monarca, amén de extender la degradación y la pérdida de derechos a sus sucesores, extremo que debería ser tenido en cuenta por quienes en pleno siglo XXI se empeñan en entroncar la legitimidad de nuestra democracia con la legalidad de la Segunda República: «Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición […] al que fue Rey de España […] Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en territorio nacional. Don Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, que no podrá ostentar legalmente ni dentro ni fuera de España, de los cuales, el pueblo español, por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normas del Estado español, le declara decaído, sin que pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores».

Ocupará Azaña la jefatura del gobierno hasta septiembre de 1933. En esa etapa se pone en marcha la reforma agraria. Y también se aprueba la Ley de Congregaciones para desarrollar los preceptos sobre religión contenidos en la Carta Magna. Se disuelve la Compañía de Jesús, se confiscan sus bienes y se secularizan los cementerios. A pesar de lo previsto en el Artículo 27 de la Constitución, que garantizaba «el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión», de hecho el régimen acabó prohibiendo la manifestación pública de la fe que profesaban la mayoría de españoles. De acuerdo con el Artículo 26, se procedió a la extinción del presupuesto del Clero. Curiosamente, el párrafo dedicado a los jesuitas, no los nombraba: «Quedan disueltas aquellas Ordenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado». En cuanto al resto de las órdenes, se preveía la disolución de las que «por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado». Nuevo cajón de sastre en un sistema donde gobernaba gente con una visión del asunto como la de Álvaro de Albornoz. Se limitó la capacidad de las órdenes religiosas para adquirir y conservar bienes y se les prohibió el ejercicio de la industria, el comercio y la enseñanza. Este último punto, aparte de constituir una flagrante violación de los derechos de los católicos, incorporaba la injusticia de estrangular económicamente a una buena parte de los religiosos españoles, además de contribuir a agravar enormemente el problema de la educación, pues la medida afectaba a trescientos cincuenta mil escolares. El 14 de enero de 1933, Josep Pla publicó un artículo en La Veu de Catalunya donde afirmaba que «los tres puntales del mito de Azaña han sido […] los mismos tres puntales de la revolución: el antimilitarismo, el anticlericalismo y el parlamentarismo. En este sentido, Azaña ha encarnado de forma completa, de una manera mucho más acabada que cualquier otro político, el sentido totalitario de la revolución republicana triunfante»[30].

Capítulo V

Estatuto catalán y sanjurjada

En mayo de 1932, Azaña defiende en las Cortes, en un discurso de tres horas, el Estatuto catalán («tres horas en un ladrido», según Ortega). Cuando visite Barcelona, una multitud lo aclamará. Con Barcelona mantendrá Azaña una relación muy especial y, en algunos momentos, como en octubre del 34, muy oscura. Pero antes pilotará un bienio que la historiografía ha descrito como el de las grandes reformas. Reformas frustradas, según la interpretación habitual de la historiografía de molde marxista, por las fuerzas de la reacción. Esa interpretación desconoce algunos detalles: por ejemplo, que durante lo que ellos llaman, apropiándose de la expresión, el «bienio negro» (es decir, el período de mayoría de unas formaciones de centroderecha a las que Azaña consideraba ontológicamente ajenas a la República), se procedió a asentar a más campesinos sin tierra que bajo el primer mandato azañista, el de la conjunción republicano-socialista.

Una cuestión clave en la vida de la República, desde su nacimiento hasta su trágico final, fue la del orden público. Destacan varios aspectos: la infravaloración de las consecuencias que iba a tener el no perseguir y penalizar el recurso a la violencia en todos los casos, y no sólo cuando la practicaban los adversarios políticos, básicamente la Falange; la implicación en acciones especialmente graves de los socialistas —permanentes aliados de Azaña— por su volumen, por sus efectos deletéreos sobre la legitimidad del régimen, o por ambas circunstancias a la vez: piénsese en la revolución de octubre del 34 o en el asesinato de Calvo Sotelo en julio del 36, asuntos que trataremos más adelante y que son responsabilidad del PSOE como tal, en el primer caso, y como mínimo de afiliados suyos en el segundo; los estragos anarquistas, cuya desaforada represión está en el origen de la dimisión de Azaña en septiembre del 33. En general, los republicanos de izquierda mostraron una fatídica tendencia a consentir los crímenes de sus aliados revolucionarios o, lo que es peor, a responder a ellos mediante la persecución feroz del contrario, incurriendo así, una y otra vez, en la aberración de reprimir a las víctimas, fuera por acciones reales, fuera por crímenes supuestos. Las reales eran normalmente acciones anteriores de represalia que suplían la inexistente protección de los aparatos del Estado, algo que fue más frecuente a medida que avanzaba la República y, sobre todo, con el caos que siguió al triunfo del Frente Popular. De todas formas, lo más socorrido por parte de las autoridades era acusar simplemente a las víctimas de provocación, es decir, invertir la culpa, algo que se hizo de forma sistemática.

El referéndum por el que Cataluña se pronunció sobre su autonomía presentó un resultado espectacular: casi seiscientos mil votos a favor frente a poco más de tres mil en contra. En virtud del Estatuto de 15 de septiembre de 1932, integrado por 18 artículos, Cataluña se constituyó en «región autónoma dentro del Estado español» y estableció el catalán y el castellano como lenguas oficiales. Prudentemente advertía la norma de que «la Generalidad de Cataluña no podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país y los demás españoles. Éstos no tendrán nunca en Cataluña menos derechos de los que tengan los catalanes en el resto del territorio de la República». Azaña, valedor de esta decisiva pieza legislativa ante el Parlamento, acabará criticando agriamente con el tiempo los abusos del gobierno catalán. Es obligado en este punto acudir a su obra La velada en Benicarló, diálogo escrito precisamente en Barcelona durante la guerra. Por boca del personaje Garcés, su propia personificación como hombre político (el personaje Morales sería el Azaña escritor), lamenta el modo en que «la Generalidad asalta servicios y secuestra funciones del Estado, encaminándose a una separación de hecho. Legisla en lo que no le compete, administra lo que no le pertenece […] Se apoderan de las aduanas, de la policía de fronteras, de la dirección de la guerra en Cataluña […] Hablan de que en [la guerra] interviene Cataluña no como provincia sino como nación». Hay un reproche terrible: «Los asuntos catalanes durante la República han suscitado más que ningunos otros la hostilidad de los militares contra el régimen»[31]. Pero no sólo los militares mostraron malestar por los asuntos catalanes, y en concreto por el Estatuto: también lo hicieron con contundencia los socialistas y el Partido Radical. Y algunos destacados intelectuales, como Miguel de Unamuno.

El general José Sanjurjo estaba al mando de la Guardia Civil desde la época de la Monarquía. Su negativa a utilizar la fuerza contra los manifestantes en abril del 31 había contribuido en gran medida a la salida del Rey del modo en que conocemos y, por tanto, al cambio de régimen sin derramamiento de sangre. Habiendo comandado el desembarco de Alhucemas, Sanjurjo era el militar más prestigioso de España. Como director general de la Benemérita, se había resistido, de momento con éxito, a los intentos de Azaña de apartarlo del cargo. Dentro de la política de promoción de la Guardia de Asalto a costa de la Guardia Civil, se le ofreció al general el paso al cuarto militar del presidente de la República, posibilidad que el general rehusó. Como muchos otros militares y civiles, veía amenazada la unidad de España con la autonomía catalana. En mayo le manifestó su preocupación a Alejandro Lerroux, enemigo histórico de los nacionalistas catalanes, coincidiendo con el inicio de la discusión del Estatuto en las Cortes. Sin embargo, se ha situado el origen de la definitiva desafección de Sanjurjo en la visita que realizó a Castilblanco con motivo del asesinato y mutilación de cuatro guardias civiles a finales del 31, matanza que incluye una impactante imagen descrita por los testigos: las mujeres del pueblo bailando alrededor de los cadáveres. El crimen, alentado al parecer por el alcalde socialista, se debatió en las Cortes. Para aproximarse al tenor de las discusiones parlamentarias sobre los asesinatos, baste consignar que la diputada socialista Margarita Nelken calificó los hechos como «desahogos obligados del espíritu oprimido». Su compañero Muiño afirmó que «si en Castilblanco no hubiera habido Guardia Civil no habría pasado nada». Unos días después, en Arnedo, unos huelguistas cercaron a un grupo de guardias civiles y golpearon a uno en la cabeza con contundencia, respondiendo el resto y desencadenándose un tiroteo. Resultaron seis huelguistas muertos —entre ellos cuatro mujeres— y treinta heridos. Se abrió otra investigación y se recrudecieron los ataques contra Sanjurjo, personaje que estaba resultando especialmente molesto desde sus polémicas declaraciones a la prensa con motivo de la visita a Castilblanco. En enero del 32, a la sublevación anarcosindicalista en el Alto Llobregat prefirió responder Azaña con el Ejército y prescindir de la Guardia Civil, a la vez que comunicaba por fin a Sanjurjo su destitución y su consiguiente traslado a carabineros, como jefe del cuerpo.

Desde mayo, los rumores de un golpe van en aumento, y también el descontento de una buena parte del Ejército. Azaña ordena el arresto del general Cavalcanti por haber replicado públicamente a un discurso del lenguaraz ministro Albornoz que el generalato había considerado ofensivo. En verano cesa a los generales Goded, Villegas y Caballero por un simple error del primero, que había dejado de comunicarle a don Manuel la convocatoria de un acto castrense. El Rey exiliado ha empezado a mostrarse favorable a la insurrección a raíz del fallo en su contra del Parlamento constituido en tribunal, y los alfonsinos han comenzado a colaborar con los carlistas. El 10 de agosto, Sanjurjo protagoniza un pronunciamiento prematuro sin atender a los planes de los conspiradores, generales aristócratas, jóvenes oficiales, dirigentes carlistas como Fal Conde y algunos alfonsinos como Goicoechea, todos bajo la batuta del general Barrera. Se trataba de apoderarse de diversos edificios oficiales en varias ciudades. Sanjurjo actuó desde Sevilla, donde llegó a las dos de la mañana para establecer su cuartel general. Pero el gobierno estaba prevenido; los implicados no se caracterizaron por su discreción, y había corrido la voz. Además, el gobierno de Azaña había recibido informaciones precisas sobre lugares y fechas a través de una prostituta convertida en confidente policial o de la amante de uno de los conspiradores, que habría comprado así la seguridad de éste. Azaña revela que la autoridad intervino decisivas conversaciones telefónicas. Por eso, a pesar del momentáneo éxito de Sanjurjo en Sevilla, donde se hizo con el control de la ciudad sin excesivos problemas, la acción en Madrid fue un fiasco. Los que intentaban asaltar el Ministerio de la Guerra eran rechazados hacia Cibeles mientras Manuel Azaña, desde un balcón y fumando un cigarro, contemplaba el enfrentamiento armado. Había tenido tiempo más que suficiente para prepararse, dados los múltiples fallos de organización de la insurrección. Por otra parte, la precisión de las informaciones previas le permitió hacer frente a la crisis con contundencia y, con ello, girar la situación política a su favor gracias a la admiración general suscitada. Murieron diez rebeldes. Al amanecer se había acabado todo.

Cuando un guardia de seguridad detuvo a Sanjurjo y a sus acompañantes en la carretera de Sevilla a Huelva, el general lo felicitó por cumplir con su deber. Se juzgó a ciento cincuenta hombres; a los que eran propietarios, se les confiscaron sus tierras sin indemnización. Aprovechando la coyuntura, también se dejó de indemnizar a los grandes de España que fueron expropiados, con lo que «el gobierno, y luego las Cortes, hicieron una excepción especial en su política agraria injustificable desde todos los puntos de vista: ¿cuántos grandes de España habían apoyado, en realidad, a Sanjurjo? Sólo dos, de un total de 262»[32]. Sanjurjo fue condenado a muerte, pero Azaña, que había señalado que la República salía fortalecida de aquel golpe, no era partidario de la ejecución: «En España alguien tiene que empezar a no fusilar. Empezaré yo». Consideraba que era más ejemplar un «Sanjurjo fracasado, vivo en presidio, que glorificado, muerto». Solicitaron el indulto familiares directos de los dos «mártires de la República», la madre de Galán y la viuda de García Hernández. La pena fue conmutada por la de reclusión perpetua. En el 34, Sanjurjo se iba a beneficiar de la amnistía del gobierno Lerroux, instalándose en Portugal.

Capítulo VI

De Casas Viejas a la «liberación personal»

De los varios levantamientos anarquistas que sacudieron el país durante el primer bienio republicano, el de Casas Viejas, Cádiz, fue el que iba a cobrar mayor trascendencia. Su brutal represión dañó la credibilidad personal de Azaña y la de todo su gabinete, diluyendo el prestigio ganado con motivo del rápido sofocamiento de la sanjurjada. Casas Viejas alteró el curso y el calendario político de la República. El nombre de la pedanía de Medina Sidonia evocará siempre más una matanza de campesinos perpetrada por la fuerza pública en enero de 1933, y también una de las cruces con las que Manuel Azaña tendría que cargar hasta el final. Es curioso que hasta los historiadores menos maleables a la propaganda hayan tachado sistemáticamente de hipocresía el que la derecha se sumara a las severas y generalizadas críticas al gobierno. En realidad, no se sumó tanto la CEDA como los monárquicos. En cualquier caso, asombra comprobar cómo tantos historiadores dan por hecho alegremente que a la derecha, por definición, no podía importarle que la Guardia de Asalto y la Guardia Civil se excedieran en el uso de la fuerza si se trataba de reprimir a campesinos en paro que habían proclamado el comunismo libertario en su localidad. Los ácratas gaditanos, que por cierto respetaron al cura y a la gente acomodada del pueblo, acababan de intentar el asalto al cuartel de la Guardia Civil y habían prendido fuego a la Casa de Arbitrios. Durante el registro de las viviendas en busca de armas, hubo un foco de resistencia, la del viejo Curro Cruz, conocido por «Seisdedos», y un puñado de compañeros, entre ellos su nuera Josefa, especialmente activa, y su hija Libertaria, que logró escapar y que sería asesinada tres años después por unos falangistas. Tras una noche de tiroteos que no sirvieron para doblegar a los sitiados, y con dos bajas entre la Guardia de Asalto, el capitán Rojas, al frente de una compañía llegada de Madrid, ordenó incendiar la choza de Seisdedos, muriendo dentro seis de los rebeldes. Luego, en un acto de venganza indiscriminada, hizo fusilar a doce prisioneros indefensos, jóvenes maniatados que ni siquiera habían participado en la revuelta.

A raíz de estos sucesos, Ramón J. Sender publicó crónicas que conmovieron a los lectores de La Libertad. Y un libro: Viaje a la aldea del crimen. Para desgracia de Azaña, el capitán Rojas se amparó en las órdenes recibidas: no tomar prisioneros. Extremo confirmado por el capitán Barba, que atribuye directamente al alcalaíno la famosa orden de «Ni heridos ni prisioneros. Tiros a la barriga». Rojas, que declararía en el mismo sentido durante el proceso, acabó condenado a veintiún años de prisión. No los cumplió. Casi ningún historiador sostiene a estas alturas que el presidente pronunciara las palabras que le persiguieron hasta muchos años después de su muerte. Aunque no hay duda de que el ejecutivo transmitió a las autoridades provinciales instrucciones de atajar el problema sin miramientos. El delegado del gobierno, Fernando Arrigunaga, se dirigió así a las fuerzas de la Guardia de Asalto en el lugar de los hechos: «Habéis cumplido con vuestro deber. El gobierno, por mi conducto, os felicita». También consta que Azaña había dado órdenes tajantes de represión con motivo de los graves incidentes del Alto Llobregat, cuando resolvió responder, según él mismo consigna, «con toda rapidez y con la mayor violencia» y mandó fusilar «a quien se cogiese con las armas en la mano».

El día del levantamiento de Casas Viejas, 11 de enero, en un ambiente de creciente agitación anarcosindicalista, Azaña apunta en su diario lo tratado en el Consejo: «Hablamos de las medidas que convenía tomar para dar ejemplo de seguridad y firmeza. Largo, Prieto y Domingo deseaban resoluciones inmediatas y enérgicas». En la misma reunión, le reprocha Azaña a Fernando de los Ríos la reforma de la Ley del Jurado, institución que ahora no se puede suspender por decreto: «Se ha lucido usted». Y Ríos le contesta: «Estábamos entonces en la embriaguez de liberalismo». El 1 de marzo, Azaña convoca al capitán Rojas y lo recibe en su despacho. «Cualquiera puede adivinar lo que son capaces de suponer acerca de esta entrevista si se divulgase», anota, y también que el capitán niega los fusilamientos. Lo que perdió a Azaña fue otra frase; ésta sí, indubitada, pues la pronunció en las Cortes: «En Casas Viejas no ha ocurrido, que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir». Se convirtió de este modo en víctima de su propio desconocimiento, pues todavía no existían informaciones fiables y completas sobre lo ocurrido, y parece que, por no saber, ni siquiera sabía aún de los fusilamientos. Contribuyó al escándalo el hecho de que los autores de la masacre pertenecieran a la Guardia de Asalto, cuerpo creado ex novo por la República y que se suponía integrado por individuos que compartían los valores del régimen, fueran estos cuales fuesen.

Azaña empezó a pagar las consecuencias de Casas Viejas en las elecciones municipales parciales de abril, donde la oposición obtuvo más del doble de concejales que los gubernamentales. Antes, Martínez Barrio dijo en las Cortes que el régimen había caído «envilecido en la Historia, manchado de lodo, lágrimas y sangre». Cuando se redacta este libro vive aún una nieta de Seisdedos que presenció el asedio e incendio de la choza. Catalina Silva tiene hoy noventa años y sigue residiendo en el lugar donde se exilió, Montauban, la localidad al norte de Touluse donde también pasó sus últimos días Manuel Azaña. El panteón familiar se levanta a cien metros del sepulcro de granito donde reposan los restos del «hombre de la República». Catalina asegura haber coincidido un día con él: «Había perdido la cabeza. Nunca olvidaré aquel susurro suyo: Los muertos de Casas Viejas me persiguen»[33].

La obediencia masónica de Azaña dio mucho juego a los historiadores de la etapa franquista y fue usada como una especie de comodín con el que sustituir, un poco arbitrariamente, la falta de datos a la hora de explicar la motivación de algunas decisiones y actitudes. El hecho es que Azaña se inicia a principios de marzo del 32 como masón. El tono despectivo con que se refiere a la ceremonia en sus diarios permite interpretar que, desinteresado de lo que estaba haciendo, acariciaba algún objetivo de tipo práctico. Se ha señalado, por ejemplo, su voluntad de contrarrestar la influencia de Alejandro Lerroux en la logia. Quizá simplemente cumplía con un trámite de conveniencia, dada la mayoría masónica de su partido de republicanos de izquierda. En todo caso, no oculta su desprecio hacia toda aquella parafernalia, y deja escrito: «En la ceremonia del miércoles, enorme concurrencia. No se cabía en los salones de la calle del Príncipe. No me importó nada aquello, y durante los preliminares estuve tentado de marcharme. Había cuatro ministros […] Martínez Barrio, que es gran gerifalte en la Casa, no asistió; quizá por los resquemores de estos días». En contraste con lo anterior, Vidarte lo recuerda en la ceremonia «visiblemente emocionado»[34].

El abuso del comodín masónico resta fuerza a la visión e interpretaciones cogidas con hilos de algunos notables historiadores del pasado. Apelar a la condición de hijos de la luz que efectivamente ostentaban muchos de los actores políticos de la República, acaba dejando un regusto insatisfactorio. No es necesario forzar la búsqueda de secretas razones para ciertas acciones oscuras. Tomemos, por ejemplo, el plan que Azaña urdió con el objetivo de armar a grupos revolucionarios portugueses dispuestos a actuar contra el gobierno de Oliveira Salazar. El hecho es gravísimo en sí mismo, y se explica perfectamente —y sin misterios— como la suma de varios elementos: el deseo de que en el país vecino se estableciera un régimen similar al español; la proximidad intelectual con los jefes rebeldes instalados en España; la falta de escrúpulos que Azaña demostró repetidamente como hombre político, en el gobierno y en la oposición, forzando las cosas en su favor por encima de la ley y de la prudencia. Merma moral que es una constante en la trayectoria del alcalaíno y aun así viene escapando sistemáticamente a la percepción de muchos autores, incluyendo a conspicuos especialistas en don Manuel. Pero mantener el icono de un Azaña legalista choca con demasiados hechos. Los aficionados al comodín masónico explicaron la implicación del político en la conspiración contra Oliveira Salazar a partir de la prohibición de la masonería por el gobierno portugués, o invocando la antigua querencia masónica por una unión o federación ibérica. Todo ello es posible, pero conduce a melancólicos juicios de intenciones, dada la opacidad de la orden. Además, no acaba de cuadrar con la personalidad de Azaña y, lo que es más importante, no contribuye a la comprensión racional del relato histórico.

El hecho es que Azaña conspiró contra un gobierno extranjero y dispuso fondos públicos para armar a los revolucionarios. Realizó gestiones con Horacio Echevarrieta para que financiara —parece que a cambio de futuros negocios en Angola— un suministro de armas a los rebeldes portugueses. No pudiendo hacer frente al desembolso, el industrial bilbaíno obtuvo un crédito del Ministerio de Marina, a cargo de Giral, pero, asfixiado por las deudas, lo cedió a acreedores alemanes. Azaña acabó siendo acusado en las Cortes por este asunto en el año 35. De ello, como en otras ocasiones, no se derivó ninguna consecuencia. Sin embargo, se acreditó el uso de fondos de un ministerio, así como el desembarco de armamento en Bilbao para los revolucionarios y el traslado de tres toneladas de bombas desde Los Alcázares a una finca onubense pegada a la frontera, incluyendo la entrega efectiva en Portugal de algunas cajas. La implicación de don Manuel en un proyecto dirigido a derrocar por la fuerza al gobierno del país vecino apenas queda disimulada en sus diarios. Apunta el 18 de enero del 33: «Resulta que, después de haberse conseguido que el Ministerio de Marina se dispusiese a pagar a Echevarrieta un millón, a cuenta de liquidaciones, con el cual pensaba cumplir sus compromisos en Portugal, aparece un poder irrevocable dado por don Horacio a los alemanes, sus acreedores, para que cobren en Marina todas las cantidades que haya de abonarle el ministerio […] Hablando después con Giral, me contó que le han visitado los Deffries, y entre otras cosas le han dicho que se pagaba a Echevarrieta porque el Presidente tenía mucho interés en ello por las cosas que quiere hacer en Portugal. ¿Cómo han relacionado una cosa con otra?». Y sigue el 22 de enero: «La otra tarde llamé a Echevarrieta para que me explicara su enredo con los alemanes y qué significaba el poder irrevocable que ha dado a Deffries para cobrar en su nombre las cantidades que debe pagarle el Ministerio de Marina, y por qué habiendo tratado conmigo de las cosas de Portugal ha adquirido un compromiso que las hace casi irrealizables».

Tras los hechos de Casas Viejas, que han diezmado el prestigio de Azaña, y la subsiguiente derrota de las opciones gubernamentales en las elecciones municipales parciales de abril del 33, Alcalá Zamora, presidente de la República, aprovecha para forzar la dimisión del gobierno. Lo logra mediante el expediente de rechazar ciertos cambios ministeriales propuestos por Azaña, cambios por otra parte obligados dada la salida del gabinete del ministro de Hacienda, el miembro de la Esquerra Jaume Carner, gravemente enfermo. En una reacción típica de su personalidad, en la que los actos tienen a menudo poco que ver con el tenor de las palabras, don Manuel se presenta ante sí mismo y ante la posteridad como presa de una dicha inconmensurable por su forzada dimisión: «La alegría de la liberación me inundaba». Y lo que es más asombroso, hace este balance de su experiencia de gobierno: «De cuanto he realizado, lo más beneficioso sería la siembra por el ejemplo».

Alcalá Zamora acaba admitiendo que no hay modo alguno de formar nuevo gobierno salvo que se lo encargue a Lerroux, posibilidad que descarta. Y Azaña recupera su puesto, no sin las lamentaciones retóricas de rigor: «¿No habrá un hombre que me releve?». La alegría por la dimisión forzada y la pena por la sacrificada vuelta se compadecen mal con las maquinaciones que no tardará en realizar tras el vuelco electoral que pone punto final al primer bienio. Pero antes de los comicios se aprueba una ley electoral diseñada para que quienes están en el poder permanezcan en él. El tiro le saldrá a Azaña por la culata: la mayoría a la que se va a favorecer tendrá otro color político. La proporción entre gubernamentales y oposición sufrida en las municipales parciales se repite a principios de septiembre en la elección de vocales para el Tribunal de Garantías Constitucionales. Entre los elegidos está nada menos que el financiero mallorquín Juan March, a la sazón privado de su inmunidad parlamentaria y preso en la cárcel de la que se fugaría. El fin del gobierno Azaña viene precedido —y es en gran medida consecuencia— del de la conjunción republicano-socialista, con el PSOE y su sindicato cada vez más radicalizados y decididos a no repetir coalición con los burgueses de izquierdas. Largo Caballero afirma en un mitin en Murcia que «si los socialistas son derrotados en las urnas irán a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos». El partido de Azaña se encontraba en tal situación de debilidad que su líder (¡el Hombre de la República!) tuvo que garantizarse la reelección acogiéndose al favor de su amigo Indalecio Prieto, que lo incluyó en la candidatura socialista por Vizcaya.

Estaba a punto de cerrarse una etapa histórica guiada por la mano de Azaña y que Gabriel Jackson resume como la de las «reformas más importantes conseguidas por la efímera Segunda República: la separación de la Iglesia y el Estado, la reorganización de las fuerzas armadas, un importante programa de construcción de escuelas, la primera ley del divorcio de la historia de España, el estatuto de autonomía de Cataluña y los tímidos inicios de una reforma agraria». Claro que, en el mismo párrafo, el historiador afirma que «Azaña dedicó su carrera política a la creación de una república reformista y secular, basada en las elecciones limpias»[35]. Enseguida tendremos ocasión de comprobar cuánto respeto profesó realmente Azaña a la limpieza electoral. O a los meros resultados de las elecciones.

Capítulo VII

Vuelco electoral
y tentativas golpistas de Azaña

El triunfo de la CEDA de Gil Robles y del Partido Radical de Alejandro Lerroux en las elecciones a doble vuelta de 19 de noviembre y 3 de diciembre de 1933 fue un baño de realidad para los hombres del bienio izquierdista cuyas implicaciones ya no serían capaces de comprender ni de aceptar tras haber patrimonializado la República y haberse identificado personalmente con ella por encima de cualquier consideración democrática. La formación de Gil Robles podía ser legal y participar en las elecciones, pero, dada la pauta sectaria (en el caso de Azaña, explícita y reconocidamente sectaria) sobre la que se habían edificado el discurso y la acción política hasta entonces, la conclusión era diáfana: la CEDA no podía gobernar. Por principio. Esta convicción, reflejada en múltiples intervenciones públicas, copiosamente acreditadas, de republicanos de izquierda y socialistas, abocaba inevitablemente a la sucesión de males que sobrevino: manipulación del presidente torciendo la letra y el espíritu de la institución, intentos de golpe de Estado e insurrección revolucionaria tan pronto como se confirmara la entrada de hombres de la CEDA en el gobierno.

Siguiendo los análisis algo precipitados de aquella época, reflejados en el diario de sesiones y en los periódicos, la historiografía suele apuntar a la importancia de la introducción del voto femenino como factor determinante del triunfo de la derecha. A este respecto es obligado traer a colación la figura de Clara Campoamor, la principal defensora en las Cortes republicanas del voto de la mujer; es decir, sufragio universal propiamente dicho. Diputada del partido de Lerroux, mantuvo vibrantes debates —que a Azaña le parecieron «muy divertidos»— con Victoria Kent, del Partido Radical Socialista. La Kent era contraria a la ampliación del voto. Sin derecho de sufragio al nacer la República, las mujeres podían sin embargo ser elegidas diputadas y tres lo habían sido: además de las citadas, obtuvo acta unos meses más tarde de constituidas las primeras Cortes la socialista Margarita Nelken. Las tesis de Clara Campoamor se impusieron a la oposición de los republicanos de Azaña y de los seguidores socialistas de Indalecio Prieto, quien consideró la aprobación del voto femenino como una puñalada trapera contra la República». La madrileña Campoamor fue señalada por los perdedores del 33 como la responsable de su derrota: ¡ya le habían advertido que las mujeres, influidas por la Iglesia, votaban a la derecha! Estigmatizada por los suyos —y sólo años después reivindicada—, cuando en el 34 quiso incorporarse al partido de Azaña fue rechazada en un acto humillante que tenía todas los rasgos del desquite. En pleno franquismo renunciaría a regresar a España para no ser juzgada por cargos que no le habrían supuesto un grave problema; antes, en 1936, había tenido que huir de Madrid. Más exactamente, había tenido que huir del Frente Popular.

Volviendo a las interpretaciones de la derrota de las izquierdas en el 33, será justo tomar en consideración, más allá de la supuesta influencia de la Iglesia sobre las mujeres, que amplios sectores de la población, y una mayoría de los votantes, simplemente no creyeron en las cantadas bondades de las reformas del bienio; que mostraron su repulsa a la permisividad gubernamental —como mínimo— ante la violencia anticatólica; y, sobre todo, que la legislación electoral acabó beneficiando a quienes se había tratado de perjudicar: una abusiva nueva enmienda del gobierno Azaña, en julio, había acabado de reforzar a las mayorías a partir de erróneas previsiones de las izquierdas, de las que pronto habrían de lamentarse. Por fin, las derechas, bien organizadas, difundieron con eficacia sus posiciones y formularon con dureza sus críticas a la tarea de gobierno tanto en los meses anteriores como en la propia campaña, que se vio mancillada por la violencia socialista y, cómo no, por los incendios de iglesias. Tres militantes de la CEDA cayeron asesinados por miembros del PURA valenciano. Por otra parte, mientras el centro y la derecha estaban preparados para una colaboración futura, la estrategia de socialistas y azañistas se había ido alejando. En realidad, la sonora ruptura de la conjunción republicano-socialista fue iniciativa del PSOE y resultado directo del creciente desprestigio de Azaña: de algún modo, una de las lecciones de los comicios de noviembre fue la confirmación —al cabo no tan sorprendente— de la clamorosa falta de apoyo popular real del personaje que más se había identificado con el régimen. Los resultados del partido azañista hablan por sí solos: 5 escaños, frente a los 115 de la CEDA, los 104 de los radicales y los 60 del PSOE, que, con más de 1.700.000 votos, fue el principal perjudicado por la ley electoral con la que teóricamente había que estrangular a la derecha. El 11 de febrero del 34, durante un discurso en el Coliseo Pardiñas de Madrid, Azaña afirma que los diputados de la CEDA han sido elegidos por un sufragio confuso, oscuro, antirrepublicano en el fondo». Su frase anterior rezaba: «Nosotros no expulsamos a nadie de la República».

Derrochando una hipocresía muy característica, don Manuel ofrecía pocos meses después del vuelco electoral un autorretrato falsificado: la imagen de un estadista responsable, tolerante y desapegado del ejercicio del poder por el poder. Un estadista que, con grandeza de miras e impecable espíritu democrático, acepta sin dudar las reglas del juego y sus consecuencias, aunque le sean desfavorables. Un político altruista y dispuesto a sacrificarse en cualquier momento, al punto que casi desea, esperanzado, ser sustituido por alguien mejor. Así, el 3 de abril de 1934, en Madrid, durante el discurso de clausura de la Asamblea de constitución del partido Izquierda Republicana, afirma: «Cuando llegó el día de apartarnos respetuosamente del poder, yo me dije: quizá va a inaugurarse en España una política mejor, quizá nosotros estamos destruidos, cansados, agotados; quizá otros van a descubrir un plantel de estadistas republicanos, van a subsanar errores, van a mejorar rumbos, van a engrandecer la República». Lo cierto es que don Manuel no exhibió nada remotamente parecido a esa pretendida generosidad ni a ese apartarse respetuosamente del poder, como enseguida veremos. En todo caso, al párrafo citado le sigue otro más fiel a la verdad. Cuando han pasado cuatro meses de su debacle, Azaña cree que «ya podemos juzgar, y cuando ahora registra uno en su propia intimidad la impresión que le produce el estado de la República y del país, yo no encuentro en mi vocabulario más que una sola palabra para expresar lo que yo siento: repugnancia».

El hecho es que el día después de finalizar la segunda vuelta de los comicios, es decir, el día 4 de diciembre, Azaña instó a Martínez Barrio, jefe interino del gobierno, a un pronunciamiento civil que pasaba por la anulación de los resultados electorales, el nombramiento de un gobierno exclusivamente de izquierdas, la elusión de la preceptiva reunión de las Cortes y, cuando fuera posible, la convocatoria de nuevas elecciones. Al día siguiente insistirá por carta en el mismo sentido. Mientras tanto los socialistas, a través de Negrín, conspiran en la misma dirección. Alcalá-Zamora y Martínez Barrio reflejan las distintas maquinaciones. Don Niceto recuerda en sus Memorias que «tan pronto se conocieron los resultados del primer escrutinio, el de 19 de noviembre, y sin esperar al 3 de diciembre, empezaron a proponerme y a pedírseme golpes de Estado por los partidos de izquierda […] Nada menos que tres golpes de Estado con distintas formas y un solo propósito se me aconsejaban en veinte días». Para Stanley Payne, «esta tétrica maniobra ponía de relieve lo que había llegado a ser la inamovible posición de la izquierda en la República: sólo aceptarían el gobierno permanente de la izquierda y cualquier elección o gobierno no dominado por ella no era «republicano» ni «democrático», lo que bien pudo tener como efecto el hacer imposible la existencia de una República democrática […] De ahí en adelante, la izquierda comenzó a incumplir la legalidad de manera cada vez más sistemática, reduciendo finalmente el orden legal a escombros, lo que preparó el terreno para la guerra civil»[36]. Si los intentos golpistas de Azaña y los socialistas no prosperaron tras las elecciones de noviembre de 1933 fue únicamente porque el jefe de Gobierno interino y el presidente de la República impusieron su criterio y los rechazaron de plano. No hay rastro, insistimos, de aquel «apartarse respetuosamente del poder» con que el de Alcalá decoró en abril del 34, ante sus entregados correligionarios, su pasado reciente.

Pío Moa ha encontrado en los papeles de Largo Caballero un acta que demuestra que Azaña volvió a conspirar una vez más contra la República a mediados del 34. En esta ocasión, el pronunciamiento contra el gobierno legítimo que, en sus propias palabras, tanto le repugnaba, se lo propuso a los dirigentes socialistas. Reunidas las ejecutivas del PSOE y la UGT el 2 de julio, «día siguiente de la incitación de Azaña a la rebeldía»[37], Prieto preguntó en su nombre a los socialistas si «colaborarían en la acción». Ríos, De Gracia y el propio don Indalecio eran favorables a reeditar un gobierno de conjunción con los republicanos, pero se impuso el rechazo a los burgueses. Los socialistas estaban ocupados en la preparación minuciosa, explícita y activa de la guerra civil, y es ahí donde hay que buscar la razón de que, tras discutir la propuesta de Azaña, acabaran descartándola: no coincidía con su estrategia, en pleno despliegue. Y no deseaban regalarle prioridades y protagonismos al exjefe de Gobierno, con quien ya sabemos que habían empezado a marcar distancias desde antes de las elecciones. Una comisión formada por Largo Caballero, De Francisco y Lois comunicó el acuerdo a Azaña, Marcelino Domingo y Salmerón. Largo comenta, y Pío Moa recoge, que a Azaña «no le agradó nada la contestación. Preguntó que si se constituía un gobierno republicano, cuál sería la conducta del Partido Socialista; se le contestó que dependería de la conducta que observase el gobierno que se constituyera». Apareció por sorpresa Lluhí, de la Esquerra, «para advertir que la Generalidad no apoyaría un gobierno exclusivamente del PSOE. Largo juzgó la intervención sorpresiva de Lluhí como una desleal e inaceptable encerrona para obligarles a aceptar el golpe burgués y renunciar al suyo propio. Así se vino abajo el plan de Azaña»[38].

Capítulo VIII

Revolución, golpe separatista, traiciones

Los socialistas estaban organizando el levantamiento armado en toda España a través de un comité revolucionario bajo la dirección de Largo Caballero. En cuanto a sus otros dirigentes más destacados, Julián Besteiro fue ajeno a los planes y, por tanto, coherente con sus escritos y alegatos en contra del recurso revolucionario. Indalecio Prieto tomó parte de forma especialmente activa en la preparación de la insurrección, alimentando su vertiente más violenta, para acabar reconociendo años después su inmenso error. En 1942 admitiría: «Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación en el movimiento revolucionario de Octubre. Lo declaro como culpa, como pecado, no como gloria». Fue tan claro su arrepentimiento y tan expuesta su vergüenza que resultan incomprensibles los silencios, elusiones y abiertas falsedades con que gran parte de la historiografía ocultó mientras pudo la deriva guerracivilista del partido fundado por Pablo Iglesias. O sólo resultan comprensibles si situamos, de nuevo, la producción intelectual de renombrados autores en el estricto terreno de la propaganda.

Pronto se aceptó —y aún se acepta, con absoluta falta de sentido crítico y de conocimiento del contexto— el discurso de justificación y legitimación de los revolucionarios, según el cual los conspiradores contra el orden legal y la paz civil trataban en realidad de salvar a la República del riesgo del fascismo, riesgo que, por supuesto, estaría encarnado en la formación política que había vencido limpiamente en los comicios de finales del 33, la CEDA. Sin embargo, los entregados «salvadores» socialistas del régimen republicano, empezando por el cabecilla de la conspiración, Largo Caballero, el Lenin español, no ocultaban su adhesión a la dictadura del proletariado mientras hacían acopio de armamento, en tanto que la «peligrosa» y «fascista» CEDA respetaba la Constitución, no empleaba la violencia aunque la sufriera a menudo en sus carnes y, por no provocar, ni siquiera se había atrevido a entrar en el gobierno, algo a lo que tenía pleno derecho: «Entiende el Consejo Nacional de la CEDA que no es este el momento oportuno de un gobierno de derechas», decía el segundo punto de su acuerdo publicado el 6 de diciembre. A Gil Robles también le había advertido Azaña con meridiana claridad que si su formación osaba entrar en el gobierno de la República, las izquierdas se lo impedirían. En un mitin en el cine Pardiñas, Azaña acusa a la derecha de actitudes excluyentes que coinciden milimétricamente con las suyas propias; obsérvese, sobre todo, la contradicción entre la primera y la segunda oración: «Ni la CEDA ni los Agrarios tienen títulos políticos para encargarse del gobierno. Si se nos echa de la República, nadie tendrá derecho a exigirnos respeto y adhesión al Régimen: iremos, en tal caso, saltando de la Constitución a la República, y de ésta a buscar aquella masa que la trajo y la creó». El líder de los cinco escaños, el político que obtuvo su acta por la generosidad de Prieto, sigue, como en el Ateneo del año 30, apelando a las masas. Cuando el líder cedista dio el paso por fin a principios de octubre del 34, sólo tuvo que esperar unas horas para comprobar cuán en serio iban las amenazas. En cuanto a la excusa favorita de los organizadores y responsables de la insurrección armada y de los historiadores refractarios a los hechos y documentos que les contradicen, interesa recordar algún dato recogido por Stanley Payne que refleja la verdadera percepción que los socialistas tenían del peligro fascista. El historiador americano apunta que el discurso del riesgo fascista «se tornó especialmente habitual a mediados del 34, pero ya antes Julián Besteiro había negado —y estaba en lo cierto— que existiera algún serio peligro de fascismo en España, y en julio de 1933 Largo Caballero había comunicado a la Organización Internacional del Trabajo que en España, afortunadamente, no hay peligro de fascismo»[39].

Indalecio Prieto se ocupó del acopio de armamento. Sólo en Asturias —único foco donde el fuego revolucionario no se iba a extinguir casi de inmediato y se mantendría vivo durante dos semanas— la UGT armó a treinta mil hombres. En abril nace, bajo el liderazgo de Azaña, la Izquierda Republicana al fusionarse su partido (Acción Republicana) con el Partido Radical Socialista Independiente y la facción mayoritaria de la Organización Regional Gallega Autónoma. Las Juventudes de Izquierda Republicana pronto supeditaron sin disimulo la legalidad a sus objetivos partidarios sin hacer el más mínimo esfuerzo por disimularlo. En realidad, la perversión democrática constituía en aquellos momentos la esencia de su discurso. Tristemente, don Manuel iba cobrando un creciente parecido con los golpistas exaltados del siglo XIX, iba revelando su fatal adscripción a períodos recientes de esa denostada historia de España de la que un día había querido marcar distancias en el discurso del Ateneo. Una degeneración política que en realidad había comenzado mucho antes y que resultaba inevitable, dado su concepto de legitimidad, que, como se iba evidenciando, más que con la legalidad —con las leyes y con la Constitución—, tenía que ver con una especie de representatividad de origen, con un derecho indiscutible de emisión del marchamo republicano. Pasando por encima del insignificante detalle del voto ciudadano, pero muy consciente de la debilidad de sus apoyos efectivos, había depositado sus esperanzas en un acuerdo con los socialistas y la Esquerra para «formar un gobierno alternativo de centro-izquierda en Barcelona que, apoyado por una huelga general socialista y pacífica, pudiera convencer al presidente de que se les debía permitir tomar el poder»[40]. En Cataluña, Lluís Companys sucede a Francesc Macià desde comienzos de año en la presidencia de la Generalidad. Casi coincidiendo con el nuevo gobierno catalán, Azaña celebra un mitin en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona donde afirma que Cataluña es el ultimo baluarte de la República. Companys irá siendo paulatinamente ganado por Dencàs y Badia para sus planes de golpe separatista.

Azaña estaba en Barcelona, muy cerca de las dependencias del gobierno catalán, el 6 de octubre del 34. Cinco días atrás, convencido de la necesidad de «hacer frente al peligro revolucionario» (en ese momento bastante más avalado por los hechos que el tan cacareado peligro fascista), Gil Robles, el ganador de las elecciones del 33, exige por fin ejercitar el derecho que le asiste y fuerza la entrada de la CEDA en el ejecutivo. Muy a su pesar, y por no disolver las Cortes, el presidente Alcalá Zamora acepta la dimisión de Samper y Lerroux vuelve a ocupar la jefatura del gobierno, una nueva oportunidad tras sus breves experiencias anteriores. Especialmente breve y humillante había sido, por cierto, la que condujo a los comicios de noviembre-diciembre, cuando a los veinte días de tomar posesión se había visto obligado a dimitir para sufrir acto seguido un voto de desconfianza con el que Prieto, deformando la ley, pretendía inhabilitarle de por vida. Pero volvamos a octubre del 34: Gil Robles renuncia personalmente a cualquier cartera y propone a tres de sus hombres, los que supone que han de molestar menos a don Niceto. Extremando la prudencia, evita los departamentos de Guerra y Gobernación. El día 4 hay nuevo gobierno y los socialistas ven llegado el momento de desencadenar la revolución que vienen preparando: estalla el día 5. El día 6 el presidente de la Generalidad sale al balcón, a las ocho de la tarde, y proclama: «¡Catalanes! Las fuerzas monarquizantes y fascistas que de un tiempo a esta parte pretenden traicionar a la República han logrado su objetivo y asaltado el Poder […] El gobierno que presido asume todas las facultades del Poder en Cataluña, proclama el Estado Catalán de la República Federal Española, y al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Cataluña el Gobierno provisional de la República […] Aspiramos a establecer en Cataluña el reducto indestructible de las esencias de la República […] ¡Viva la República y viva la Libertad!». En plena sintonía con los planes de Azaña (quizá ya abortados a esas horas al detectar, con más sagacidad que el presidente de la Generalidad, lo ilusorio de los apoyos populares catalanes al golpe), vemos que Companys invitó al establecimiento en Barcelona de un Gobierno provisional de la República. Las milicias separatistas o escamots habían recibido decenas de miles de armas y, con el amparo de las fuerzas de orden público —en manos del gobierno de la Generalidad—, habían intentado imponer la huelga revolucionaria. Menudearon los desfiles patrióticos y las patrullas de control por el centro de la ciudad. Un nutrido parque móvil fue dispuesto para llevar a combatientes de todos los puntos de Cataluña a defender la Generalidad y los edificios oficiales. A la hora de la verdad, al general Batet le bastaron trescientos soldados para sofocar la rebelión. Mientras, Radio Barcelona, desde la calle Caspe, intoxicaba a la audiencia con noticias de falsos éxitos en los que la mayoría de escamots no debieron creer, pues prefirieron mantenerse alejados de los lugares de peligro. Azaña había llegado a Barcelona para asistir al funeral de quien había sido su ministro de Hacienda, Jaume Carner, fallecido a finales de septiembre. En el acto, que fue religioso, coincidió con Prieto y con Largo Caballero, y decidió permanecer en la ciudad condal. La víspera del golpe, en plena sincronía con el levantamiento socialista, su partido publicó un comunicado que afirmaba la «decisión de acudir a todos los medios» en lo que Izquierda Republicana consideraba «defensa de la República» y que sólo cabía interpretar como un llamamiento a actuar contra el gobierno de la nación, toda vez que la nota partidaria denunciaba «el hecho monstruoso de entregar el gobierno de la República a sus enemigos» como una «traición».

A pesar de la eficaz autodefensa que construyó el propio don Manuel en su obra Mi rebelión en Barcelona, conocemos algunos extremos que permiten afirmar, de entrada, que «el hombre de la República» tenía pleno conocimiento de lo que preparaba el independentismo catalán desde el gobierno de la Generalidad. Bastaría con eso para condenar su actitud por no comunicar lo que sabía al gobierno legítimo. Pero es que, además, constan sus propuestas de pronunciamiento civil inmediatamente después de las elecciones del 33, y sus propuestas golpistas a los socialistas. Y, por lo que respecta al golpe separatista de la Esquerra, el análisis de ciertos hechos y testimonios, combinados con la insistencia de Azaña en presentar a Cataluña como último baluarte de la República, apuntan a algo más que el mero conocimiento y el pasivo consentimiento. Está, para empezar, el viaje del alicantino Esplá, hombre de confianza y enviado de Azaña que, según Dencàs —principal organizador del golpe separatista—, había acudido a Barcelona a colaborar en los preparativos. Naturalmente, la versión de don Manuel es otra: habría estado tratando de calmar a los dirigentes de la Esquerra. Pero ese viaje tranquilizador coincide en el tiempo, lamentablemente, con declaraciones suyas abundando en la idea, ya repetitiva, de que «Cataluña es el único poder republicano que hay en pie en la península». Ergo el gobierno legítimo de la nación, formado de acuerdo con la Constitución y las leyes, no era un «poder republicano». ¿Qué sería pues? También afirmó, por si cupiera alguna duda, que «vamos a colocarnos en la misma situación de ánimo en que estábamos frente al régimen español en el año 1931 […] Unas gotas de sangre generosa regaron el suelo de la República y la República fructificó. Antes que la República convertida en sayones del fascismo o del monarquismo […] preferimos cualquier catástrofe, aunque nos toque perder». Sin embargo, cuando a Azaña le tocó perder, desapareció esa gallardía y ni por un momento reconoció el peso e influencia que habían tenido sus maquinaciones y sus arengas incendiarias en el incómodo bando debelado. Y sembró de pistas falsas, de ambigüedades y de equívocos sus movimientos más comprometedores. Como lo suyo era escribir, escribió en su propio descargo con innegable y perdurable éxito. Mi rebelión en Barcelona surtió de todos los elementos necesarios a historiadores de uno y otro signo para una nueva falsificación de lujo. Los unos los tomaron, sin más, al pie de la letra. Los otros, arrebatados por la prosa del autor o paralizados por el temor reverencial al intelectual, también. Pero antes de pergeñar la eficacísima obrita, Azaña hubo de pasar por el trago de ser encañonado y detenido en Barcelona, concretamente en la casa del doctor Gubern, calle Lauria, número 120. Fue hallado en el balcón donde se escondía, prácticamente tendido en el suelo, tras un primer registro infructuoso; una taza de café y una maleta levantaron las sospechas de los agentes. Pasó la noche en la Jefatura Superior de Orden Público. De allí fue trasladado al Cuartel de la División y, finalmente, al Ciudad de Cádiz, su «cárcel flotante», donde permaneció ochenta días. Al recordarlo, Azaña achacará su encarcelamiento a las «sucias prevaricaciones» de los máximos representantes de los tres poderes. Y no olvida señalar concretamente al jefe del Estado. En el Cuaderno de la Pobleta, aporta como una de las causas para quedarse en Barcelona durante los primeros días de octubre la de no coincidir con Alcalá Zamora mientras duraba la tramitación de la crisis de gobierno. Y añade: «La conducta personal de don Niceto para conmigo fue abominable. Él le dijo a Gil Robles que, en 1933, yo había preparado un abastecimiento de armas a los revolucionarios asturianos, para reconquistar por la fuerza el poder»[41].

Pío Moa y Stanley Payne han rescatado otra incómoda evidencia: la obra Guerra en España, del comandante azañista Jesús Pérez Salas, quien por cierto no fue el único militar de la confianza de don Manuel que participó en el golpe separatista de octubre en Barcelona. De la presencia, actitudes y roles de Pérez Salas y Arturo Menéndez da sobrada cuenta la imprescindible crónica Diez horas de Estat Caíala, escrita poco después de los hechos por el periodista Enrique de Angulo y prácticamente desconocida hasta su reciente recuperación.[42]. Al ver fracasar el golpe, Pérez Salas huyó con Dencàs y Menéndez por las alcantarillas de la Consejería de Gobernación portando una notable suma de dinero y dejando a los hombres que les estaban sirviendo en la estacada. Luego reconoció abiertamente en su Guerra en España los planes golpistas de Azaña para formar un gobierno nacional constituido únicamente por izquierdistas. La insurrección, según el militar, tendría lugar en la capital catalana y «se daría a conocer al pueblo […] Simultáneamente, en Madrid y en el resto de España habría de estallar una huelga general, como adhesión al nuevo gobierno». Azaña habría desistido de su propósito por falta de acuerdo entre los partidarios y entre las personas que habían de integrar el gabinete. Bajo la presidencia de don Manuel, se preveía que el gobierno golpista incluyera a Prieto, Casares Quiroga, Domingo y Aiguader. Y también, y ahí pudo estar el problema, a dos republicanos que no dieron su conformidad: Martínez Barrio y Miguel Maura.

También para Federico Suárez, «Azaña estuvo enterado de lo que con tiempo estaban preparando los socialistas y los de la Esquerra, pero si no participó, dejó que las cosas siguieran su curso después de haber desoído sus consejos»[43]. Más allá de este conocimiento y de esta posible participación en conspiraciones ajenas, parece claro que Azaña había diseñado sus propios planes de pronunciamiento, planes que pasaban por Barcelona y la Generalidad como fuente de legitimación institucional; planes que coincidían en parte con los socialistas, a quienes, en su debilidad, necesitaba (las famosas «masas»); planes que convergían en parte con los separatistas catalanes, quienes aprovecharían la revolución desatada por el PSOE para rebelarse, pero que, asimismo débiles, también tenían mucho que ganar con el peso y el nombre de Azaña: Lluhí había enseñado las cartas de la Esquerra cuando irrumpió a la desesperada ante Largo Caballero en aquella reunión de julio donde se separaron definitivamente las conspiraciones socialista y republicana.

El terror revolucionario de Asturias y la subsiguiente represión —pronto magnificada y convertida en el principal argumento de la propaganda de las izquierdas— costaron alrededor de 1.500 vidas, incluyendo las de decenas de sacerdotes. Franco asesoró al ministro de la Guerra y dispuso la estrategia para Asturias, donde el general López Ochoa, republicano liberal, fue el encargado de las operaciones. López Ochoa pactó con el jefe de los rebeldes la huida de los dirigentes socialistas y la elusión de las tropas de Marruecos. Según las izquierdas, observa Pío Moa, las tropas, «cometieron innumerables atrocidades, pero nunca se presentó ninguna prueba fehaciente de las mismas, ni hubo reclamaciones por daños cuando las izquierdas volvieron al poder en 1936». Respecto al golpe revolucionario, «había sido el más grave y sangriento de los registrados en Europa occidental desde la Comuna de París»[44]. En julio del 36 los milicianos sacarían a López Ochoa del hospital de Carabanchel para decapitarlo y exhibir su cabeza clavada en una pica. En el golpe separatista de Cataluña murieron 107 personas. Se cumplió una sentencia de muerte: la de un sargento. Muchos han considerado que los hechos de Asturias y Barcelona constituyen las primeras batallas de la guerra civil, o bien su raíz. De ser cierto el famoso peligro fascista que encarnaba la CEDA y que había justificado y desatado toda esta violencia, Gil Robles habría aprovechado la derrota de los insurrectos para aplicar una represión mortal y definitiva sobre sus enemigos políticos. Nada parecido hubo, limitándose la CEDA a forzar la pérdida del escaño de aquellos diputados que hubieran estado implicados personalmente en la insurrección. Se suspendió la autonomía de Cataluña con el compromiso de reinstaurarla antes de tres meses. «La represión que se produjo con la República en 1934-1935 —señala Stanley Payne— no tiene precedentes en cuanto a su moderación en la moderna historia de Europa occidental […] Se dio a los revolucionarios una muy destacada y generosa oportunidad de volver al poder por medios electorales»[45].

Capítulo IX

Intelectuales en auxilio de Azaña.
Resaca revolucionaria

En noviembre del 34 llega a los periódicos madrileños un documento en apoyo de Azaña que la censura impedirá publicar. «Defendemos, más que al señor Azaña, a la civilidad española», proclaman, entre otros, García Lorca y Azorín, Valle Inclán y Juan Ramón, León Felipe y Bergamín, Américo Castro y Casona, Marañón y Sagarra. Este frustrado precedente de los modernos manifiestos de intelectuales comunica «la preocupación y la amargura que [les] inspira el caso de don Manuel Azaña». Con evidente exageración, impropia de la categoría de los firmantes, se hace constar que «lo que contra el señor Azaña se hace quizá no tenga precedente en nuestra historia», ya que «no se le critica sino que se le denosta [sic], se le calumnia y se le amenaza. No se aspira a vencerle, sino a aniquilarle. Para vejarle se han agotado todos los dicterios». Hoy sabemos cuán aventurado resultaba consignar la convicción de que «el ideario y la conducta del señor Azaña son absolutamente opuestos a los sucesos luctuosos que recientemente han afligido al país». Aquellas testas privilegiadas consideraban por tanto imposible la implicación de don Manuel en los golpes y descartaban, por mera convicción, los sospechosos vínculos que empezaban a asomar en un sumario que acabaría en nada. Denuncian mientras tanto los intelectuales la «persecución judicial» contra el alcalaíno, su «rigor inusitado y sorprendente»; protestan contra «los modos de ataque» que han llegado a «tan ciego encono» que parecen querer «cohibir la acción serena de los órganos del Estado», y aun «armar el brazo de un asesino»[46].

Tan implacable sería la persecución, tanto el rigor judicial y tan ciego el encono, que Azaña fue absuelto de todos sus cargos en abril del 35; a finales de diciembre, por decisión del Tribunal Supremo, había sido puesto en libertad. No se pudo probar su participación en la rebelión de Barcelona ni en la insurrección socialista. Pero el 16 de abril del 36, Calvo Sotelo dirá en las Cortes ante un Azaña rehabilitado, jefe otra vez del gobierno y a menos de un mes de ser presidente de la República: «No fui partícipe ni consejero —dice el señor Azaña— de la revolución de octubre. ¡Ah!, señor Azaña. Pero S.S. es beneficiario de esa revolución y yo le pregunto: ¿Con qué autoridad ética se puede rechazar un movimiento revolucionario cuando se está cosechando, usufructuando, administrando —iba a decir que explotando— los efectos políticos de ese movimiento revolucionario? Porque, ¿qué ha sido ese movimiento sino la gesta, la iniciación, el germen de vuestro éxito electoral?». En cuanto a los apoyos públicos, menos sorprenderá que se solidarizaran con Azaña —sumándose a una carta del líder de Acción Catalana Republicana Nicolau D’Olwer— algunos de sus exministros, como Albornoz, Domingo, Giral, Zulueta, Barnés, Viñuales y Franchy Roca.

Las indagaciones acerca de la insurrección socialista se centraron en ciertos alijos de armas fabricadas en España que fueron a parar a manos del PSOE y la UGT. Es precisamente entonces cuando el sumario revela las implicaciones de Azaña en la provisión de armas a los rebeldes portugueses que ya conocemos. De estos actos temerarios e ilegales contra un gobierno extranjero, sobradamente acreditados, tampoco se derivará responsabilidad alguna para él; se prefirió no mover más el asunto por no perjudicar las relaciones exteriores. El 10 de marzo, las Cortes debaten las acusaciones contra Azaña y Casares Quiroga por el asunto del alijo de armas. Don Manuel interviene bajo la condición de que no se le limite el tiempo. El representante de la CEDA propone que se investigue la intervención de Azaña tanto en el contrato de venta de armas y municiones de Echevarrieta como en la extracción de grandes partidas de bombas y explosivos del Aeródromo de los Alcázares; en ambos casos son destinatarios los revolucionarios portugueses. Se le acusa asimismo, como exministro de la Guerra, de haber dispuesto pagos mensuales, durante más de un año y con fondos de su departamento, a un «considerable número» de militares rebeldes del país vecino. En su turno, y durante dos horas, Azaña se declara casi satisfecho por la expectación que ha levantado, lanza acusaciones genéricas contra el gobierno, vuelve a poner en entredicho el carácter republicano del partido de Gil Robles, declara nulo el juzgado especial y dice no conocer apenas a Echevarrieta, entrando en contradicción con sus propios Diarios. Tras un descanso, consume otras dos horas en vanaglorias y amenazas. Amenazas que, por cierto, cumplirá pronto, aunque no en la cabeza de los derechistas católicos a los que se dirige en esa sesión sino en la de los radicales, por mucho que Lerroux no sume su voto al de los acusadores.

Azaña no alega información concreta ni razón sólida alguna que contrarreste las acusaciones específicas y documentadas de cedistas, monárquicos y tradicionalistas. Por fin, Casares Quiroga, cuyo procesamiento también se ha solicitado, se coloca a la sombra de don Manuel, que es donde siempre ha estado y donde continúa hasta hoy: en vez de defenderse, esgrimir documentos, descubrir datos que lo justifiquen, exponer argumentos, afirma que «no puede haber mejor recompensa para mis servicios que ver esculpido mi modesto nombre en el pedestal que habéis levantado al señor Azaña». Es decir, Casares, acorralado, no pierde la ocasión de colarse por la rendija de luz que entrevé en la actitud de su jefe. Comprende que Azaña está pasando de nuevo por encima de la legalidad porque él es la República. Comprende que aún ha de dar mucho juego la negación apriorística de la condición de republicanos de los políticos que ayer llegaron al poder, derrotaron a los golpistas y hoy les acusan a ellos, los republicanos genuinos, de diversos delitos. Es comprensible hasta cierto punto que alguien en la comprometida situación de Azaña en marzo de 1935 responda contraatacando al adversario, pero la seguridad que demuestra el alcalaíno va mucho más allá, posee algo fascinante y maléfico, convierte su condición de acusado en timbre de orgullo. Es la lógica propia de quien ha establecido dos bandos bien diferenciados y ha colocado al contrario, haga lo que haga, fuera del sistema. A los cargos concretos que se le imputan, traducibles en artículos del Código Penal (134, 135, 401,402), a la evidencia de que ha armado a rebeldes para que, poniendo en peligro la paz nacional, derroquen al gobierno de un país vecino por la fuerza, él opone otro cargo definitivo e inapelable, un cargo mortal que aniquila a quien lo recibe: sus adversarios son republicanos «filisteos». Se considera tan superior a ellos que combina la amenaza con la condescendencia: contra estos filisteos «no actuará de Sansón por respeto al templo». Se desprende que podría hacerlo si quisiera. La suficiencia es tal que se permite advertir de esta guisa a grupos que multiplican por más de veinte su número de escaños: ya ha tenido para con ellos «demasiada paciencia». Es Manuel Azaña en estado puro, el hombre que en ese mismo Parlamento había reconocido que tenía «la soberbia del diablo». El cedista Moutas, primer firmante de la proposición acusatoria, lanza una terrible imputación durante la sesión de Cortes del día siguiente: «Las bombas de enorme potencia que estallaron en Almada y que destrozaron a infinidad de mujeres y niños procedían de un aeródromo español y su envío había sido obra de un político que estaba al frente del gobierno y que en su megalomanía quería fundir la Península Ibérica en el mismo drama de sangre». Y José Antonio Primo de Rivera sentencia: «Si el gobierno hubiera fusilado con un piquete al señor Azaña, tal vez hubiera cometido una injusticia penal, pero hubiera realizado una justicia histórica». Se aprueba la propuesta acusatoria de la CEDA por 194 votos contra 49 y, acto seguido, se designa una comisión que habrá de dictaminar sobre el asunto. Todo, ya lo sabemos, quedará en nada.

Antes del dictamen sobre Azaña, Alcalá Zamora firma el indulto, a propuesta del jefe de Gobierno Lerroux, para veintiún condenados por los hechos de octubre. El año 35 será el del regreso triunfal de Azaña al primer plano de la política a través de multitudinarios mítines que han pasado a la historia como la consagración del «azañismo». Federico Suárez observa con escepticismo un fenómeno que, de existir, sólo habría durado «unos meses, porque a partir del 19 o 20 de febrero de 1936, no hubo azañismo». Pero sí lo hubo el 26 de mayo del 35, cuando su figura —aún no rehabilitada, pues podían llegar las acusaciones al Tribunal de Garantías— resurge en el campo de Mestalla, en Valencia, ante más de 60.000 personas (el 30 de junio, Gil Robles superará con creces esa cifra, por no mencionar otra mejor certificada por entonces: la de sus votantes; ningún historiador se ha referido al fenómeno del gilroblismo). Azaña se dirige a una masa de socialistas que corea La Internacional con los puños en alto, para reclamar la convocatoria de elecciones y proponer una vasta coalición de izquierdas. Allí exhibe de nuevo su ingenio corrosivo en el despiadado retrato a vuelapluma del centrista Ricardo Samper, que ha de juzgarlo desde el Tribunal de Garantías: le llama «el hombre de las pantuflas y de los solitarios». Don Ricardo acusa inmediatamente el golpe: el líder republicano —replica— habla «con las glándulas del veneno hinchadas. De ese mismo veneno que animó tantas calamidades desde el Poder».

En la trama portuguesa aparecía la sombra de Prieto, nexo entre los rebeldes destinatarios del alijo de armas y Horacio Echevarrieta. También medió Prieto ante Azaña a la hora de facilitar el pago de ciertas cantidades que el Estado le adeudaba al financiero vasco, condición previa para subvenir a la compra del armamento. Los lazos entre Prieto y Azaña son estrechos, no olvidemos el modo en que el exjefe de Gobierno ha obtenido su escaño por Bilbao ni el hecho de que fuera el socialista quien transmitiera a las cúpulas del PSOE y la UGT la propuesta de insurrección del líder republicano reflejada por Largo Caballero en sus escritos. Su buena sintonía volverá a manifestarse con motivo del asunto del estraperlo, es decir, a la hora de urdir la operación que consiguió acabar con la carrera política de Alejandro Lerroux (a pesar de salir con bien el líder radical de las imputaciones). En la política española de mediados de los treinta no era lo mismo un Azaña absuelto de gravísimos cargos que un Lerroux absuelto de una falta venial. El primero se creció, aunque los años y las investigaciones lo vayan condenando; el segundo se hundió, aunque los años y las investigaciones lo sigan absolviendo.

Capítulo X

El estraperlo

El linchamiento de Lerroux pareció la manera adecuada —y ciertamente lo fue— de lograr diversos fines estratégicos de las izquierdas, que se resumen en la abertura de una brecha entre los dos principales ganadores del 33, la derecha católica y el centro republicano, que ahora gobernaban juntos y que podían aportar estabilidad al sistema, dada su holgada mayoría y el fracaso de los golpes de octubre, un momento que dejaron pasar porque su concepción del poder nada tenía que ver con el cuadro que pintaban sus enemigos, pero que pudieron haber aprovechado para volver a dibujar el paisaje político. Paralelamente, se trataba de destruir a una de esas dos fuerzas, y la más vulnerable era, sin duda, el Partido Radical. El plan tuvo en cuenta la mala reputación de algunos radicales, sobre todo en Cataluña, y el turbio pasado lejano de su líder, el «emperador del Paralelo». Y también la acrisolada honradez de Gil Robles, a quien las izquierdas suponían, acertadamente, predispuesto a marcar distancias de cualquier aliado que incurriera en el uso venal del poder. La virtud de la derecha católica se tomaba así en ventaja estratégica de los maquinadores.

Prieto y Azaña contaron con el oscuro Martín Guzmán, conocido como el «generalito», mejicano condenado a muerte en su patria y exsecretario de Pancho Villa. Que Guzmán era hombre de la máxima confianza de Azaña lo demuestra el hecho de que el alcalaíno se escondiera en su casa la noche en que huyó, en plena ópera, del Teatro Calderón cuando supo del fracaso de la intentona de Jaca de diciembre de 1930. Entre las amistades del «generalito» también se contaba el aventurero holandés Daniel Strauss, naturalizado mejicano: él y Perle dieron nombre, como es sabido, al juego del straperlo o estraperlo. Para comprender el tipo de relación que mantenían Martín Guzmán y Azaña, conviene no perder de vista que el primero también aparece implicado en el envío de armas a los revolucionarios portugueses y que, tras el triunfo derechista y radical en las elecciones, intentó crear por encargo del político alcalaíno un grupo de prensa adepta que contrarrestara el desprestigio que su amigo arrastraba desde los sucesos de Casas Viejas.

Daniel Strauss, que había llegado a España en el verano del 34, solicitó la autorización del juego del estraperlo a la Dirección General de Seguridad. Tratándose de una especie de ruleta, o aparato para jugar a la ruleta, y estando prohibidos en el país los juegos de azar, el holandés tenía interés en dejar bien claro que el suyo no pertenecía a dicha categoría. Empezó a jugarse el estraperlo en el Gran Casino de San Sebastián y, enterada la Dirección General, de inmediato se denegó la autorización. Sólo se llegaría a jugar en otra ocasión, en Mallorca y durante unos días. Strauss se había movido entre políticos y había entregado algunos regalos. De algún modo, daba por hecho que contaba con el beneplácito de los responsables de tomar las decisiones administrativas que le concernían, o de sus superiores. En primer lugar había contactado con algunos miembros de Esquerra Republicana, que se desentendieron; luego, con un par de radicales: Pich i Pon y Aurelio Lerroux (sobrino e hijo adoptivo del líder del partido). Los sobornos de Strauss, si es que así pueden llamarse, fueron de muy poca monta: algunos relojes de oro, uno de los cuales recibirá Alejandro Lerroux. Nada más puede acreditarse en su contra, pero el viejo republicano queda tocado de muerte. El halo de corrupción que rodea a los radicales en Cataluña, y la orquestada maniobra política de Azaña y Prieto, que consiguen montar un escándalo artificial y arrastrar en la dirección prevista a las formaciones derechistas, resultan letales.

Con la autorización del juego denegada, tan poco consciente era Alejandro Lerroux de la existencia de irregularidades o de actos reprobables, que ni siquiera se toma la molestia de responder a las propuestas de «arreglo» de Strauss, cuya indeseable trayectoria se ha desplazado del tímido soborno al crudo chantaje. A mediados de 1935, el holandés mejicano envía una carta al «generalito» Martín Guzmán: «El asunto es de suma importancia, sobre todo para Azaña, y por lo mismo quisiera ponerme de acuerdo con usted». El exsecretario de Pancho Villa le responde sin dilación que lo que le revela tiene mucho interés y —esto es lo más significativo— que «nosotros lo acogeríamos desde luego, a condición de cuidar a nuestro arbitrio la elección del momento en que sea oportuno hacer uso de la información». Azaña se entrevista con el chantajista o con un agente suyo en Holanda, según consigna el político independiente Joaquín Chapaprieta, jefe de Gobierno desde septiembre del 35, que había requerido información sobre Daniel Strauss a la representación española en aquel país y que por tal conducto tuvo noticia de las «misteriosas conferencias» de don Manuel en Holanda durante el verano: «Era ciertamente de toda verdad que el señor Azaña había tenido contacto con Strauss o con personas que a éste representaban, y casi seguro también que les había sugerido el envío de la denuncia al presidente de la República, el cual creía, y yo no estaba muy lejos de ello, que el principal actor de todo aquel tinglado había sido el señor Prieto, a la sazón huido de España y con residencia cercana, o dentro del radio de acción de Strauss»[47].

La concertada denuncia del aventurero holandés llega en septiembre al presidente de la República Alcalá Zamora, quien descubre la mano de Prieto en la redacción del texto. Escoger como destinatario al jefe del Estado en vez de enviar la denuncia directamente a los jueces es algo que apunta a intereses distintos de los que razonablemente cabe suponerle a Strauss. También sugiere el conocimiento de pormenores que, en circunstancias normales, debían escapar al holandés, como la animadversión entre Alcalá Zamora y el líder radical. El presidente está convencido de que detrás hay hombres a los que conoce perfectamente, hasta el punto de distinguir su sintaxis o sus giros en el documento. Sin embargo, él es el primer interesado en acabar con Lerroux. Por otra parte, si no lo hace, si no actúa, siempre constará que ha recibido la denuncia y puede ser acusado en el futuro de encubridor. En septiembre, Alcalá Zamora sustituye a Lerroux por Chapaprieta en la presidencia del gobierno. Don Alejandro recibe a primeros de octubre un banquete de homenaje en el Ritz; en su brindis por el presidente de la República, distingue sin mucha traza entre el cargo y la persona que lo ostenta. La cosa, en principio baladí, tiene una gran repercusión y don Niceto, siempre picajoso, venga la pública ofensa echando mano de la denuncia por corrupción. Lerroux retrata en sus memorias a un pintoresco Alcalá Zamora presa de la indignación en el Consejo de Ministros del día posterior al banquete: «Don Niceto engullía bombones, barbotaba con elocuencia explosiva sarpullidos de chocolate y sin mirarme a la cara arremetió contra mí de la manera más apasionada […] No paró en eso. Allí mismo quedó decretada la muerte ministerial de Chapaprieta». Parece que el jefe del Estado ha tomado ya graves decisiones; lo del brindis adelanta quizá unos días o semanas la velada exposición de sus intenciones ante los miembros del gabinete de centroderecha: «Don Niceto siguió hablando a caño libre, pasando revista a la situación. Enfocando el porvenir hizo, sin nombrarlo, un panegírico de Portela, aludió a los muertos que resucitan por la virtud de sus propios méritos, dejando entrever el decreto de disolución de los partidos gastados o fracasados y acariciando la esperanza de que fuerzas nuevas se organizasen en el ámbito de la República»[48]. En efecto, el presidente de la República soñaba con liderar un nuevo partido de centro para ocupar el espacio que previsiblemente iba a dejar vacante el Partido Radical. Y su hombre para tal cometido era el galleguista Manuel Portela Valladares, exministro de la Monarquía, Gran Maestre de la masonería y titular de Gobernación con Lerroux. Pronto entregó don Niceto al gobierno la denuncia de Strauss, y el gobierno la pasó a la fiscalía. Supo Chapaprieta que Azaña tenía pensado explotar el asunto del estraperlo en un mitin en Madrid (aunque luego no fue así), y decidió adelantarse en su publicidad. Estalla el escándalo y el Congreso, adelantándose al trabajo del fiscal y del Tribunal Supremo, nombra una comisión parlamentaria que acaba emitiendo su dictamen. El encargado de tramitar el expediente en la Dirección General, Salazar Alonso, que había denegado de su puño y letra la autorización del juego, escribe en Bajo el signo de la Revolución, al respecto del trabajo de la comisión parlamentaria: «Repasad el dictamen: ved cómo no se determinan hechos, no se concretan cargos, no se individualizan acusaciones […] Y no se escucha a los inculpados»[49]. Siete radicales perderán sus cargos. El propio Alejandro Lerroux, aunque sale limpio de las acusaciones, presenta su dimisión. La intriga de Azaña y Prieto, asistidos por el oscuro «generalito», y las torticeras maniobras de Alcalá Zamora han acabado con el veterano jefe radical y con su partido. Es más, la maniobra es tan perfecta que los ejecutores formales de Lerroux son los alfonsinos y la Falange. Las acusaciones de corrupción contra los radicales arrecian: el subsecretario de la Presidencia, Guillermo Moreno, es acusado poco después de despachar una indemnización irregular a una empresa naviera.

Capítulo XI

Formación del Frente Popular

Huido desde los hechos de octubre del 34, en cuyo desencadenamiento, como sabemos, tuvo un papel decisivo, el socialista Indalecio Prieto vuelve a Madrid para coordinar desde la clandestinidad los esfuerzos dirigidos a forjar una nueva alianza entre socialistas y republicanos. A ella habrán de incorporarse los comunistas, que han ido creciendo (y que lo seguirán haciendo) por razones diversas, entre la que destaca su capacidad para capitalizar la revolución de octubre, una obra (por llamarla de algún modo) esencialmente socialista. El partido de Azaña se une en octubre del 35 a la Unión Republicana y al Partido Nacional Republicano para formar el Frente Republicano. En diciembre, Largo Caballero, principal organizador de la revolución, sale de la cárcel negando cualquier vinculación con los sangrientos sucesos. Gil Robles, por su parte, acusando el clima de inminente confrontación, y perdido hasta el último residuo de confianza en el jefe del Estado, opta por un recurso límite: todavía ministro de la Guerra, ante las resistencias de Alcalá Zamora a reconocerle su derecho a gobernar, hace llegar a Francisco Franco y otros militares, a través de un alto cargo de su departamento, el mensaje de que «no se opondrá» a un pronunciamiento dirigido a la toma transitoria del poder. Su finalidad sería salvar el espíritu de la Constitución y evitar «un fraude gigantesco de signo revolucionario». Franco se opone. Pero los rumores de un golpe militar en marcha se van extendiendo.

En medio de aquel ambiente enrarecido, el presidente de la República encarga formar gobierno a Portela Valladares, en quien también confía, según vimos en el capítulo anterior, para alumbrar un partido de centro que ocupe el espacio dejado por los radicales tras su caída en desgracia. El de Portela será un gabinete sin apoyos. Acorralados desde el primer momento por las izquierdas pero, sobre todo, por unas derechas expulsadas ilegítimamente del poder, el nuevo jefe de Gobierno y don Niceto, por evitar un pronto y seguro voto de censura, deciden disolver las Cortes y convocar elecciones para el 16 de febrero. Con estos mimbres nace el año 1936. Y con el fin de la censura de prensa.

El diario alemán Die Warheit había publicado el 16 de noviembre las instrucciones de la Comintern a sus delegados españoles. De esta forma se conoce que los comunistas se han planteado como objetivo lograr la unidad sindical con los socialistas y sindicalistas «ya que la práctica ha demostrado que […] una vez obtenido el triunfo, son fácilmente desbordables». También se ordena a los comunistas españoles «vencer todos los escrúpulos de los afiliados para lograr una inteligencia electoral con los republicanos de izquierda», para lo cual se cesará, «durante el período electoral en los ataques y campañas violentas contra la pequeña burguesía para evitar recelos de los republicanos», y se extremarán «las violencias contra la Iglesia católica, los partidos y los hombres de derechas, valiéndose, siempre que sea posible, de los periódicos republicanos de la propia burguesía». No han tenido que extremar su sagacidad los comunistas para adivinar que Azaña, como el Platón de Karl Popper, se mostrará, dispuesto a abrazarse a un tirano pese a su odio por la tiranía.

El 15 de enero se publica el manifiesto del Frente Popular, la plataforma electoral para los comicios de febrero. El primer firmante es el partido de Azaña. Don Manuel —la inteligencia convencida aún de su capacidad de guiar a la fuerza, es decir, la inteligencia desoladoramente ingenua— ha ligado definitivamente su nombre, su proyecto y su historia a los partidos revolucionarios. Está destinado a cumplir el vistoso y cada vez más ingrato papel de mascarón de proa de la coalición y, como tal, será el conveniente adorno de formaciones estructuralmente totalitarias o inexorablemente decantadas hacia el totalitarismo. Pronto será evidente su condición de figura decorativa; ni gobernará la nave, ni podrá hacer nada ante los temporales más que sufrirlos, ni podrá abandonar el barco hasta que éste se rompa en pedazos y naufrague frente a costas extranjeras. Le siguen en la firma del manifiesto la Unión Republicana, el Partido Socialista y la UGT, las Juventudes Socialistas, el Partido Comunista, el Partido Sindicalista y el POUM. Los integrantes del Frente Popular se comprometen a conceder una amnistía para los delitos político-sociales cometidos después de noviembre del 33, una forma como otra cualquiera (forma implícita, aunque las explícitas no faltaron) de negar la legitimidad de las últimas elecciones, limpiamente ganadas por la CEDA y los radicales, y de reivindicar paralelamente la legitimidad de la revolución de octubre. Abundando en la misma idea y objetivos, prevén los firmantes la reposición en sus destinos de los funcionarios suspendidos, trasladados o separados «por medio de persecución política» y la readmisión de los obreros «despedidos por sus ideas o con motivo de huelgas políticas». Tras estos primeros compromisos, que definen por sí solos las intenciones y prioridades de los partidos coaligados, que cada cual le dé el valor que desee a expresiones como «defensa de la libertad y de la justicia» o «restablecer el imperio de la Constitución», con las que se fundamenta la siguiente enumeración del documento. El manifiesto deja constancia de que los republicanos no aceptan el principio de nacionalización de la tierra y su entrega a los campesinos, ni la nacionalización de la banca. Por Izquierda Republicana firma Amós Salvador y Carreras, amigo de Azaña llamado a ocupar fugazmente el Ministerio de la Gobernación tras el triunfo de la recién nacida coalición.

A dos semanas de las elecciones, el líder socialista Francisco Largo Caballero, hijo de carpintero, de salud precaria, trabajador desde los cinco años, antiguo trenzador de esparto, encolador de cajas de cartón, repartidor de libros, estuquista, organizador de la huelga general del 17, alfabetizado en la cárcel, concejal, diputado, secretario general de la UGT, miembro del Consejo de Estado durante la Dictadura de Primo de Rivera, ministro de Trabajo con Azaña en el primer bienio de la República, principal urdidor de la revolución de octubre del 34 y Lenin español, proclama en el Teatro Cervantes de Valencia que «la burguesía cumplió su papel e hizo su revolución. La clase trabajadora tiene que cumplir el suyo y hacer también su revolución […] Si no nos dejan, iremos a la guerra civil. Cuando nos lancemos por segunda vez a la calle, que no nos hablen de generosidad y que no nos culpen si los excesos de la revolución se extreman hasta el punto de no respetar cosas ni personas». Irremediablemente contaminado de bolchevismo, sujeto a esquemas ideológicos e intelectuales paupérrimos, Largo no sólo vierte gravísimas amenazas; crecido por la deriva de los acontecimientos, también desliza con ellas, tras haber desmentido sin recato su implicación en la revolución de octubre, un ufano reconocimiento de culpa: «Cuando nos lancemos por segunda vez a la calle…». Este político es el hombre fuerte del partido que se presenta como principal aliado de Azaña, compartiendo programa con él. Se trata de algo más, y de algo peor, que un puro interés por reeditar el primer bienio, el «reformista», el de la conjunción: esta vez republicanos y socialistas acuden a los comicios inflamados de afán de desquite, embarcados en un mismo Frente con un partido de estricta obediencia estalinista, de cuya ideología y postulados Largo apenas difiere, si bien elude el encuadramiento internacional. Mientras tanto, el otro cabecilla socialista, el amigo, valedor electoral y compañero de intrigas de don Manuel, Indalecio Prieto, se debate entre una parecida inclinación a envenenar aún más la convivencia amedrentando al adversario y una opuesta tendencia a sujetar a las masas, a lanzar a los suyos esporádicos mensajes de calma. Quizá porque en su fuero interno no contempla, como Largo, un horizonte necesariamente tan halagüeño para las izquierdas en caso de guerra.

Exhausto, desengañado de todos, desarbolado, Lerroux presenta su candidatura por Barcelona y se muestra orgulloso de «haber ganado para el régimen la colaboración de la CEDA y de los Agrarios, sin los cuales el régimen no hubiera podido subsistir». A su derecha, la formación de Gil Robles despliega una actividad desbordante y afronta las elecciones organizándose de acuerdo con las más modernas técnicas. Su mensaje central es el peligro revolucionario, contra el que advierte sin ahorrar contundencia. El día 16 de febrero a las cuatro de la tarde, en cuanto se cierran los colegios electorales, grupos de partidarios del Frente Popular se reúnen en la Puerta del Sol y, con el solo fundamento del rumor, cantan victoria. Desde el primer momento, Portela Valladares, jefe de Gobierno de cuya firmeza y rectitud dependen en esos momentos críticos la paz civil y el respeto a las reglas (ya sea para la personificar la continuidad, ya sea para administrar ordenadamente la alternancia), empieza a dar signos de debilidad y derrotismo. Con una justificada sensación de vacío de poder, las masas izquierdistas aprovechan para tomar por las bravas gobiernos civiles y ayuntamientos por toda la geografía española, sin esperar a nada remotamente parecido a unos resultados oficiales. Los partidos que deberían canalizar sus impulsos, contenerlos, han atizado un fuego revolucionario de enfrentamiento y venganza. España empieza a vérselas otra vez con «las fuerzas activas» sobre las que Azaña cabalga confiado, dispuestas a acometer sus «destrucciones irreparables». Es, de nuevo, el «trastorno» que previó y reputó necesario en su conferencia del año 30 en el Ateneo madrileño.

Mientras semejantes instrumentos de la inteligencia dizque liberal socavan el orden legal, se hacen con el mando en las provincias y campan por sus respetos en todas partes, Gil Robles no consigue convencer a un jefe de Gobierno definitivamente derrumbado para que declare el estado de guerra. Francesc Cambó, uno de los padres del catalanismo político, que acabaría apoyando política y financieramente al bando nacional durante la guerra, tampoco obtiene resultado alguno en su conversación telefónica con Portela desde Barcelona. La misma negativa se encuentra Franco: primero ante el director general de la Guardia Civil, Pozas; luego ante el ministro de la Guerra, Molero; más tarde ante el propio presidente Portela, que repite: «Soy viejo. Soy viejo…». El día 17, el gentío toma las calles de la capital, apedrea los carteles de Gil Robles. Diversos grupos organizados se disponen a liberar a los presos, políticos y comunes. Con los Comités del Frente Popular ocupando los despachos de los gobernadores, que han abandonado sus puestos aterrorizados, las garantías de limpieza en el recuento electoral son nulas. El día 18 se suceden noticias de tiroteos con las fuerzas del orden, motines de presos, incendios y saqueos de iglesias en diversos puntos del país. Por la noche, Portela presenta su renuncia a Alcalá Zamora, quien le reprocha a voz en grito que incumpla su deber de presentarse al Parlamento, recordándole lo que ya sabe: que aún no se conoce el resultado electoral. Todavía José Calvo Sotelo intentará disuadir al derrumbado Portela; en el Hotel Palace, el líder de la derecha alfonsina le dirige palabras lapidarias: «Usted puede pasar a la historia como un hombre digno y heroico que salvó a España en uno de sus momentos más graves, o como un traidor que se avino a consumar la más monstruosa de las felonías». No es que el jefe de Gobierno se decantara por lo segundo; es que ya estaba fatalmente decantado. Al día siguiente, al presentar formalmente su dimisión, Portela aconsejó la formación de un gobierno de izquierda. El nombre de Azaña está en mente de todos. Lerroux da, sin contemplaciones, esta sucinta versión de lo sucedido a continuación: «Don Niceto llamó al testaferro de Moscú, al hombre de paja del comunismo internacional, al responsable del bienio negro, a Manuel Azaña. Y sin esperar un minuto más le estrechó la mano y le entregó el poder»[50]. Federico Suárez subraya que «toda la descarada falsificación de las elecciones se verificó siendo Azaña Presidente del gobierno»[51]. La huida de Portela propició, en palabras de Josep Pía «pucherazos de una envergadura nunca vista en España».

Capítulo XII

La inteligencia
y las destrucciones irreparables

Contraviniendo las más elementales reglas de la alternancia democrática, el Frente Popular ha puesto al gobierno un plazo conminatorio. Portela, al dimitir, no hace más que acatarlo. «El idiota de Portela creía que iba a ganar las elecciones», le escribe Azaña a su cuñado Cipriano. Así, a las nueve de la noche, don Manuel puede dar a conocer su gobierno, cuyos integrantes decide en diez minutos. No se toma la molestia de informar personalmente al presidente de la República, como es costumbre. De entre sus hombres de máxima confianza, ha escogido a Amós Salvador para Gobernación, a José Giral para Marina, a Casares Quiroga para Obras Públicas. Todos los ministros pertenecen al partido de Azaña salvo los de Industria y Comunicaciones, miembros de Unión Republicana. Tenemos pues un ejecutivo integrado únicamente por republicanos burgueses. A medianoche, mientras la masa congregada en la Puerta del Sol vitorea a Rusia, don Manuel sale al balcón del ministerio y promete «para muy pronto la amnistía», así como la reposición de los «ayuntamientos republicanos» en cuestión de horas. Pero los «gruesos batallones populares» quieren más y, en vez de encauzarse «al objetivo que la inteligencia les señale», reclaman la inmediata liberación de todos los presos, piden armas, exigen la ejecución de Gil Robles y Lerroux. Se desata una oleada de saqueos e incendios ante la cual resulta inútil la declaración del estado de alarma. El fuego vuelve a conocer los conventos y los templos, las residencias religiosas, parroquias y ermitas. Aquí y allá se detiene a sospechosos de fascismo, se decapitan Cristos, las iglesias se transforman en salones de baile. Abundan los tiroteos con muertos y heridos, se irrumpe en las sedes de los diarios críticos, son asaltados centros de Acción Popular, del Partido Radical, de la Falange, los Tradicionalistas y Renovación Española.

Tras el primer Consejo de ministros, Azaña dirige a la nación «palabras de paz, como corresponde al Poder legítimo» e insta a sus desbocados aliados a mantenerse «dentro de la ley, no perturbando la paz pública y no malogrando la victoria por motivos de impaciencia o de generosa prestancia en la consecución de los fines que a todos nos mueven». Generosa prestancia: la lista de barbaridades contrastadas ocuparía varias páginas si sólo recogiéramos las perpetradas entre la toma de posesión de Azaña y el primer Consejo de Ministros, celebrado a los dos días. Exigiría un libro aparte detallar lo ocurrido en los cinco meses siguientes. Hubo trescientos muertos e incontables heridos. «La serie de desórdenes izquierdistas y actos de violencia había comenzado la noche del 16 al 17 de febrero y continuaría, sin apenas disminución, hasta la guerra civil»[52]. Dada la estricta censura de prensa, Gil Robles y Calvo Sotelo no renunciaron a aprovechar, mientras pudieron, sus intervenciones en las Cortes, dejando copiosa y valiosísima información sobre los desórdenes en el Diario de Sesiones. Así tendría la posteridad noticia de lo que sucedió en el país bajo el nuevo gobierno Azaña, que en mayo iba a presidir la República tras un trimestre de inoperancia.

Dado el tono conciliador de su primera alocución pública como nuevo jefe de Gobierno, la derecha creyó de momento, o quiso creer, que los partidos obreros iban a entrar en razón. Vana esperanza. Claridad, el órgano de Largo Caballero, consideró que aquél había sido el peor discurso que don Manuel había pronunciado en su vida. Pronto llegó la amnistía, Franco y Goded fueron alejados de la capital y se suspendió la enseñanza religiosa. Y continuaron, impunes, la violencia y el desorden. Sustituidos sin contemplaciones formales los gobernadores, los comités electorales de la coalición vencedora estaban al frente del recuento. Los resultados llegaron por fin, aunque, a la vista del giro y aceleración de los acontecimientos, casi parecían innecesarios. El fraude y los abusos eran moneda corriente, pero no sólo se enfrentaban los derrotados a las ilegales distorsiones. También sufrieron las distorsiones legales, pues el problema de representación del 33 había crecido: la legislación electoral primaba tan desproporcionadamente las coaliciones que, habiendo obtenido la derecha y el centro, según algunas versiones (dada las dificultades, se suele afirmar que «hubo empate»), una ventaja de más de cuatro puntos porcentuales sobre las izquierdas, éstas se alzaron con 263 diputados, es decir, mayoría absoluta. Los centristas se hubieron de conformar con 54 y las derechas con 156. Votaron casi diez millones de personas. Los cómputos varían de acuerdo con los criterios aplicados, pues el sistema era ciertamente enmarañado; lo que está fuera de toda duda es que el partido único más votado fue la CEDA, que con el 23,2 por ciento de los votos obtuvo el 19 por ciento de los escaños, mientras que los republicanos de izquierda se hacían con el 27,2 por ciento de los escaños apoyándose en un 19,6 por ciento del voto. El Partido Radical obtuvo en las nuevas Cortes cuatro diputados, perdiendo cien; el orquestado escándalo del estraperlo había hecho su trabajo.

Los temerosos de la revolución no tardaron en comprender la escasa influencia que las recientes llamadas a la calma de Azaña tenían sobre sus socios del Frente Popular. En el otro extremo, Largo Caballero no ahorraba las más duras críticas a «los ministros republicanos», que «se están haciendo conservadores y van a obligar al pueblo a echarse a la calle ya en forma incontenible y por segunda vez», según declaró a L’Intransigeant. En la Plaza de Toros de Madrid, la Pasionaria advirtió: «Impondremos nuestra legalidad con nuestra fuerza». Y todo esto se decía cuando aún no habían transcurrido dos semanas desde las elecciones. A la luz de lo que estaba a punto de ocurrir con España y con su propia persona, los análisis y decisiones internas de José Antonio Primo de Rivera no parecen muy atinados: transmitió a las jefaturas de Falange la instrucción de cuidar «de que por nadie se adopte actitud alguna de hostilidad hacia el nuevo gobierno ni de solidaridad con las fuerzas derechistas derrotadas». Creía que «las derechas, como tales, no pueden llevar a cabo ninguna obra nacional porque se obstinan en oponerse a toda reforma económica y con singular empeño a la reforma agraria […] En cambio, las izquierdas, hoy reinstaladas en el Poder, cuentan con mucho mayor desembarazo para acometer reformas audaces […] Mientras las fuerzas gobernantes no defrauden el margen de confianza que puede depositarse en ellas, no hay razón alguna para que la Falange se deje ganar por el descontento». El gobierno Azaña estaba a punto de clausurar todos los centros de Falange en España y de entregarse al encarcelamiento de adversarios políticos de todos los partidos. Pocos días después de que Companys, recién excarcelado, ratificara en Barcelona a todos los consejeros de su gobierno golpista del 34 y fuera aclamado por millares de seguidores en un paseo triunfal, un grupo de comunistas tiroteó en Madrid a dos jóvenes estudiantes, al parecer falangistas. La respuesta llegó en cuestión de horas en forma de atentado contra el diputado del PSOE Jiménez de Asúa; el político salió ileso pero perdió la vida un policía. Su entierro terminaría con incendios de iglesias y asaltos a diarios derechistas. José Antonio y otros miembros de la Junta directiva de Falange fueron detenidos y su formación pasó a la clandestinidad. Ante el macabro e incesante goteo de muertes, con asesinatos casi diarios de falangistas, o de sospechosos de fascismo, el gobierno limitó su actividad represiva a las derechas, cerró diarios, impuso la censura. Su presidente, eso sí, mantuvo el discurso de la concordia y las paternales admoniciones a sus aliados. Fue entonces cuando Franco vio llegado el momento de entrevistarse con Alcalá Zamora y con Azaña para insistir en el peligro revolucionario. A don Manuel le reprochó el general que lo alejara de la capital: «Yo en Madrid podría ser más útil al Ejército y a la tranquilidad de España». El jefe de Gobierno le respondió con cierta jactancia: «No temo a las sublevaciones. Lo de Sanjurjo lo supe y pude evitarlo, pero preferí verlo fracasar».

El 3 de abril, en la misma sesión en que se constituyen las nuevas Cortes, se da lectura al decreto de disolución de las anteriores. En el redactado de la norma, de Alcalá Zamora, se incluye el reconocimiento de no haberse agotado la prerrogativa presidencial de dos disoluciones. Considera el presidente que las Constituyentes no deben incluirse en el cómputo. Pero socialistas y comunistas, con la firma de Prieto por delante, proceden acto seguido a presentar una proposición que sostiene lo contrario, y rematan la faena con la lectura de un artículo del Reglamento de la Cámara referido a la destitución del Presidente. Aunque la tesis de Prieto —según la cual las Constituyentes dejaron de serlo al aprobarse la Carta Magna— pueda resultar técnicamente aceptable, no deja de ser sorprendente que le reprochen a Alcalá Zamora la última disolución del Parlamento precisamente quienes salieron más beneficiados de ella, los mismos que habían hecho una revolución fracasada con casi 1.500 muertos para lograr el mismo objetivo que don Niceto les acababa de servir legalmente en bandeja. El gobierno y los partidos burgueses que lo nutrían estaban al cabo de la calle, y Azaña mostró su conformidad con la proposición de Prieto. Ese 3 de abril no sólo fue un día decisivo en la historia de la República por consumarse la traición de las izquierdas a quien había sido el jefe del Estado desde el nacimiento del Régimen, el jurista de Priego, el maniobrero congénito, el susceptible don Niceto, republicano de nuevo cuño, católico que había tenido que recurrir a la reserva mental cuando se aprobó el artículo 26 de la Constitución. También fue el día en que las derechas que habían aceptado la legalidad republicana comprendieron definitivamente que nada cabía esperar de Manuel Azaña. En un país tomado por incendiarios, saqueadores, sacrílegos, asesinos impunes y militantes que se arrogaban el derecho a detener a sus adversarios, el «hombre de la República», el personaje que se veía a sí mismo como la inteligencia rectora personificada y la medida de la ley, se interrogó retóricamente ante los miembros de la Cámara: «¿Es que se les puede pedir a las muchedumbres irritadas o maltratadas, a las muchedumbres hambreadas durante dos años, a las muchedumbres saliendo del penal, que tengan la virtud de que no transparezcan en nuestra conducta los agravios de que guardamos exquisita memoria?». En más de una ocasión habrían de echarle en cara Gil Robles y Calvo Sotelo estas palabras. Lo hicieron, prácticamente, cada vez que enumeraban, entre la bronca, los insultos y las amenazas de los diputados de izquierdas, los abusos y desmanes sin cuento de esas muchedumbres supuestamente hambreadas y agraviadas durante la única etapa del régimen en que se respetó la legalidad republicana; la única etapa en la que no gobernó Azaña y que los historiadores especializados en reproducir la propaganda de la Comintern bautizaron, robando la eficaz etiqueta al enemigo, como «bienio negro».

En cuanto a Alcalá Zamora, había conseguido enquistar sus relaciones con todos los partidos, sin exclusión. No podía esperar la compasión de nadie, y no la tuvo. Así que, cuando, siguiendo el plan de Prieto y Azaña, en el Parlamento se unieron los votos de republicanos de izquierda, socialistas, comunistas y Esquerra para sacar a don Niceto de escena por la puerta trasera, la CEDA y los radicales les dejaron hacer y se abstuvieron. El abandono del poder fue penoso, aunque él lo maquillará más tarde en un artículo para la prensa francesa que debió confundir al lector poco avisado: «Si no resistí fue por evitar la guerra civil». Lo cierto es que se negó a recibir a la Mesa del Congreso, desplazada en pleno a su casa para trasladarle formalmente la decisión. Tanta prisa había en librarse de él que Azaña le dio posesión de su cargo a Martínez Barrio como presidente interino de la República esa misma noche, pasadas las cuatro de la madrugada, en un despacho del Palacio Nacional. El personal de servicio tuvo que salir de la cama para presentarle sus respetos al exanarquista y Gran Maestre del Gran Oriente español como nuevo jefe del Estado. Ya clareaba cuando Martínez Barrio despidió a los últimos figurantes de aquella tragicomedia exclamando: «¡Parece mentira!». Y tenía razón.

Azaña pide calma en la siguiente sesión parlamentaria: «Hay que evitar la guerra civil». Para entonces, ya se sabe candidato a la presidencia de la República. Calvo Sotelo le responde que esas palabras podrían haber sido recibidas con aplausos a principios de marzo, «pero hablar de calma ahora, al cabo de varias semanas, en que se puede decir que no existen en muchos puntos de España garantías de vida […] ¿Es posible tener calma? Envidio a S.S., señor Azaña, por la muestra formidable de su temperamento frívolo». Y entonces se demora en la prolija lista de incendios, atracos, tiroteos, huelgas, muertos y heridos. La intervención del líder monárquico es constantemente interrumpida por diputados de la izquierda. La Pasionaria inquiere: «¿Cuánto habéis tenido que pagar a los asesinos?». Y Muñoz Martínez: «¿De dónde partieron los disparos que han producido heridos, sino del interior de los conventos?». Recordando la referencia del jefe de Gobierno, dos semanas atrás, a las «masas hambreadas durante dos años», Calvo Sotelo reprocha a Azaña: «Había en ese conato de argumentación un reconocimiento elocuente y valioso: el de que si el gobierno hubiera querido habría podido cortar aquellas reacciones». A su turno, Gil Robles le recuerda al presidente «que en los momentos actuales en todos los pueblos y aldeas de España se está desarrollando una persecución implacable contra las gentes de derechas; que se multa, y se encarcela, y se deporta, y se asesina a gentes de derechas por el mero hecho de haber sido interventor, o apoderado, o directivo de una organización de derechas». Y sigue con una grave información: «En estas condiciones […] los partidos que actuamos dentro de la legalidad empezamos a perder el control de nuestras masas, empezamos a aparecer ante ellas como fracasados, comienza a germinar en nuestra gente la idea de la violencia para luchar contra la persecución […] Desengañaos, señores diputados: una masa considerable de opinión española, que, por lo menos, es la mitad de la nación, no se resigna implacablemente a morir; yo os lo aseguro. Si no puede defenderse por un camino, se defenderá por otro. Frente a la violencia que allí se propugna surgirá la violencia por otro lado, y el Poder público tendrá el triste papel de espectador de una contienda ciudadana en la que se va a arruinar, material y espiritualmente, la nación». Y luego, dirigiéndose a Azaña: «Yo creo que S.S. va a tener dentro de la República quizá otro sino más triste, que es el de presidir la liquidación de la República democrática […] Han pasado unos meses de anarquía, S.S. no se podrá quitar jamás de encima esa mancha». Se trata de una profecía sobre España y otra sobre Azaña, vertidas en las frases más recordadas del líder de la CEDA. Estremecedoramente exactas. E inequívocamente acusadoras: «Cuando la guerra civil estalle en España, que se sepa que las armas las ha cargado la incuria de un gobierno que no ha sabido cumplir con su deber frente a los grupos que se han mantenido dentro de la más estricta legalidad».

Era 15 de abril. La sesión terminó de madrugada entre amenazas y forcejeos, con los periodistas gritando y levantando el puño en la tribuna de Prensa. Resuena aún en el hemiciclo el eco de este intercambio, que Martínez Barrio hurtó a las actas: «¡Yo sé que morirá con los zapatos puestos!», amenaza a Gil Robles el sevillano José Díaz Ramos, diputado por Madrid y secretario general del Partido Comunista. Gil Robles le responde: «¡Yo no soy asesino como vosotros!». En efecto, no era un asesino. Y si tampoco fue una víctima es solamente porque los verdugos, que no eran comunistas sino socialistas, no lo encontraron en casa. Calvo Sotelo no tendría tanta suerte. Con el país sumido en una atmósfera semejante, cuando se reanuda la sesión al día siguiente, Azaña se entrega a este tipo de reflexión: «Las llamas son una enfermedad endémica española. Antes se quemaban herejes y ahora se queman santos». Primero le ha lanzado a la oposición, por si cupieran dudas, un mensaje definitivo sobre lo que puede esperar del gobierno. Parece mentira, pero Manuel Azaña y Díaz dijo ese día mirando a las filas de Gil Robles: «Pierdan SS.SS. el miedo y no me pidan que les tienda la mano […] ¿No querían violencia, no les molestaban las instituciones sociales de la República? Pues tengan violencia». En realidad, Azaña era de los pocos que no advertía, o no estaba dispuesto a advertir en toda su magnitud, el peligro revolucionario. Ya el 2 de abril se habían reunido los embajadores de Gran Bretaña, Alemania, Argentina, Holanda y Suiza para tratar sobre las garantías del derecho de asilo en el supuesto de un violento estallido revolucionario, posibilidad que la informada diplomacia británica daba prácticamente por segura.

Capítulo XIII

Pendiente abajo

La interesada confusión entre una coalición o plataforma partidaria —el Frente Popular— y las instituciones de la República, la absoluta pasividad e inoperancia gubernamental a la hora de sofocar los desórdenes, la radicalización de los partidos obreristas y el envenenamiento del lenguaje van provocando las consecuencias previsibles. En el último artículo que Josep Pía publicó en catalán, de 2 de abril del 36, queda resumida la influencia del sector más radical del PSOE sobre Azaña, así como la conversión, por mediación suya, de exigencias revolucionarias en normativas oficiales que a menudo infringen abiertamente el ordenamiento jurídico: «Desde el día 19 de febrero, el señor Largo Caballero ha subido algunas veces al despacho del señor Azaña en la Presidencia del Consejo. Al día siguiente o a los dos días de cada una de esas visitas, la Gaceta ha dado noticia de las conversaciones indefectiblemente. Y así ha ido saliendo prácticamente todo lo de esta etapa: la amnistía sin pasar por los trámites legales; la readmisión de obreros, que se habría querido hacer a través de una ley; la renovación de un número imponente de gestoras municipales y de ayuntamientos para asegurar la preponderancia socialista; la política de asentamientos sin ton ni son, sin tener en cuenta la mejor utilización de la tierra; la política del gasto fácil, es decir el reparto de dinero […] La Gaceta, en una palabra, ha respondido perfectamente»[53].

El primero de mayo, bajo la batuta del PSOE y de la UGT, tiene lugar una parada multitudinaria en Madrid, acto de corte netamente paramilitar por lo que respecta a las juventudes de las formaciones coaligadas. Alrededor de 300.000 personas toman las calles. Prieto, desde Cuenca, lanza ese día dos mensajes que merecen atención: el primero se refiere a la eventualidad de un alzamiento militar, y a este respecto afirma que «el general Franco, por su juventud, por sus dotes, por la red de amistades en el Ejército, es el hombre que en un momento dado puede acaudillar con el máximo de probabilidades, todas las que se derivan de su prestigio personal, un movimiento de este género». En segundo lugar, y de forma coherente con el escenario que acaba de pintar, advierte a los suyos contra los excesos: «Los españoles de hoy no hemos sido testigos jamás, ¡jamás!, de un panorama tan trágico, de un desquiciamiento como el que España ofrece en estos instantes». Justo en esos días se ha difundido por la capital de España el rumor de que algunas damas de la Catequesis han repartido caramelos envenenados entre niños pobres, causando la muerte a cinco de ellos, que estarían en la Casa de Socorro de la Glorieta de Ruiz Jiménez. Las autoridades, como es costumbre, reaccionan tarde y mal, comunicando en un primer momento la decisión de comprobar la veracidad de los rumores… y desmintiéndolos sólo cuando el gentío ya ha prendido fuego a varios templos, dos colegios religiosos y algunas viviendas, sin que los bomberos acudan. Para entonces ya han sido golpeadas, malheridas o escarnecidas decenas de monjas y profesoras. En realidad, los desmentidos del gobierno y de los partidos del Frente Popular al bulo de los caramelos envenenados sólo llegan cuando los trabajadores de la construcción se declaran en huelga.

Único candidato de las formaciones integrantes del Frente Popular, Azaña es proclamado presidente de la República el día 10 de mayo del 36 en el Palacio de Cristal del Retiro por una asamblea de compromisarios, con el voto en blanco de la CEDA y la abstención de los monárquicos, a excepción de Romanones. El nuevo jefe del Estado encarga a su amigo Indalecio Prieto la formación de gobierno tras prometer su cargo en las Cortes el día 11. Gil Robles recuerda así a Azaña durante la sesión: «Vestido de frac […] la palidez de su rostro era cadavérica. A todos nos impresionó también su nerviosismo. A pesar del extraordinario dominio de la palabra que tenía, vaciló varias veces al pronunciar la breve fórmula de promesa de fidelidad a la República […] No sonrió ni aun pestañeó una sola vez»[54]. Don Manuel sigue confiando en las virtudes de la conjunción republicano-socialista, al menos como fórmula para afrontar la necesidad más acuciante: la de controlar a las masas. Necesidad que él y los suyos se han mostrado completamente incapaces de satisfacer. Pero el principal adversario de don Indalecio, Largo Caballero, para quien la revolución no es un argumento sino un objetivo viable y cierto, frustra el gobierno de su conmilitón al desautorizarlo mediante una nota pública de rechazo a la alianza de gobierno. Esta facilidad para descartar a Prieto debió desconcertar a los amigos republicanos de Azaña, convencidos de que toda la operación de apartar a su jefe de la política activa a base de enviarlo al olimpo presidencial obedecía a un plan de don Indalecio para tomar las riendas del poder, gobernar junto con los republicanos sin la facción socialista de Largo y sofocar los desórdenes provocados en gran medida por aquélla. Si se examinan las intervenciones públicas de Prieto en esa etapa, se trasluce una convicción: el problema de la violencia desatada, junto con los preparativos de sublevación militar con que la derecha podía reaccionar, conducirían a la guerra civil. Sin embargo, no está tan claro que estuviera calculando su propio papel con la minuciosidad que muchos le atribuyeron. Su perspectiva, la distancia que le permite comprender la gravedad de la situación española, contrasta con el desconocimiento de sus propias limitaciones a la hora de medirse con su principal adversario interno. Por otra parte, los amigos de Azaña en Izquierda Republicana, en vez de imaginar maquinaciones prietistas podían haber escuchado simplemente a su líder. Encantado con la perspectiva de presidir la República, Azaña se esforzó en convencerlos de que, puesto que su partido había logrado al fin el tan ansiado arraigo electoral, la maquinaria podía seguir funcionando sin él.

Desautorizado Prieto por su partido, y descartado el ya presidente del Congreso Martínez Barrio, los cargos simultáneos de jefe de Gobierno y ministro de la Guerra recaerán sobre el enfermizo Casares Quiroga, político detestado por las derechas que profesaba a Azaña una lealtad perruna. Pocos días antes, Casares había soportado como ministro de la Gobernación la enumeración de asesinatos, incendios y asaltos habidos hasta el 5 de mayo, ofrecida por Calvo Sotelo. Y había respondido: «A mí me preocupan sólo las derechas y en cambio no me preocupa la revolución social». En su despacho presidencial colgó un retrato de Kerensky como recordatorio del peligro a evitar.

Se forma un gabinete de republicanos de izquierda, con más disposición que posibilidades reales de gestionar sin quebranto las exigencias de los partidos que lo apoyan, que son todos los del Frente Popular. Y con la sospecha generalizada de que Azaña piensa gobernar a través de Casares. Sospecha ciertamente infundada, pero comprensible si se ignoran las escasas opciones del presidente a la hora de escoger jefe de Gobierno entre los suyos, un proceso de descartes a partir de limitadísimas opciones. Las primeras exigencias de los aliados del Frente Popular deberían hacer reconsiderar su posición a cuantos se empeñan en defender que, a esas alturas, existía en España un régimen democrático: lo perentorio era poner en marcha el proceso de republicanización. De la Magistratura, del Ejército y de la Administración pública. En realidad, republicanizar significaba depurar sin más a jueces, militares y funcionarios civiles de acuerdo con criterios ideológicos. Así era la España presuntamente gobernada por su burguesía «liberal».

A diferencia de don Niceto, que había seguido residiendo en su domicilio particular durante su lustro presidencial, Azaña abandonó de inmediato su piso de la calle Serrano y resolvió instalarse, en cuanto las obras de rehabilitación lo hicieran posible, en el Palacio Nacional, concretamente en las dependencias que había ocupado la reina María Cristina. Con esta decisión despertó las reticencias del puntilloso Largo Caballero, pero obtuvo la complacencia de todos los demás, incluidos los partidos de derechas, que sin duda preferían saberlo recluido en una jaula de oro, consagrando su talento a cuestiones decorativas, antes que seguir teniéndolo como adversario. Provisionalmente ocupó el palacete de La Quinta, en El Pardo, donde pernoctó desde su primera noche como jefe del Estado. Escogió personalmente los tapices para sus habitaciones en el Palacio de la Plaza de Oriente y dispuso trasladarse con su séquito los fines de semana al Palacio de Riofrío, en Segovia, y en verano a Villa Piquío, en Santander. De momento, en pleno bosque de El Pardo, Azaña contempla esperanzado una primavera de descanso, lecturas y vida al aire libre. Insensatas expectativas para el presidente de una República que se está cayendo a pedazos. Los elementos se conjuran con el ambiente político y llueve todos los días. Una de sus primeras decisiones como presidente es aumentar la flota de limusinas y comprar un formidable coche blindado del que hasta el momento sólo existían dos ejemplares: el del presidente mejicano Lázaro Cárdenas y el de Adolf Hitler. También se preocupa de endurecer las penas por los ataques contra el jefe del Estado y su familia. Sin dilación, Azaña introduce en el protocolo presidencial la pompa y el boato que don Niceto siempre eludió. Por primera vez acude a los toros: va con su esposa a presidir la corrida de la Beneficencia.

Capítulo XIV

Calvo Sotelo

El líder monárquico había desplegado una actividad febril en la última campaña, multiplicando su presencia por toda la geografía española. El incremento de su popularidad corría paralelo al de la inquina que le profesaban las izquierdas. Abogado del Estado, acababa de acceder a la presidencia de la Real Academia Nacional de Legislación y Jurisprudencia, distinción con la que se reparaba el veto que en el año 33 le había impedido ocupar una vocalía del Tribunal de Garantías Constitucionales tras su designación unánime por todos los Colegios de Abogados de España. El 30 de noviembre del 35, en el acto inaugural de la casa que empieza a presidir, lee un trabajo sobre el capitalismo que refuta las tesis marxianas y que trasluce su formación parisina durante los años de exilio. Encontramos en aquellas ideas algunas de las consabidas tesis fascistizantes propias de la época: un capitalismo orgánico, planificación estatal de la economía que no elimine la iniciativa individual y conceptuación del socialismo como capitalismo de Estado.

Además de economista y hacendista, José Calvo Sotelo es un profundo conocedor de la historia de España, para cuya Monarquía reivindica una unidad de concepto desde los Reyes Católicos. Y un rasgo esencial: a diferencia de otras, y a pesar de la leyenda negra, la Corona española nunca ha sido absolutista. Bebe de buena fuente don José: la escuela de Salamanca. Y poco espera del sistema de la Segunda República, dentro del cual asume el papel de articular y dar presencia institucional a una tradición frente a la que el régimen del 14 de abril se define por contraste. La Segunda República es sectaria porque sus padres los son, y es así que Calvo Sotelo simplemente no cabe ya en el sistema para los hombres del Frente Popular. ¿Cómo habría de caber en un espacio político donde no hay lugar siquiera para los representantes de la mayor parte de la derecha española, la CEDA, que han aceptado expresamente las reglas de juego republicanas y a ellas se han atenido cuando gobernaban? Inserto de hecho en la lógica de los partidos, Calvo Sotelo denigra sin embargo «la política moderna, con el juego malabar propio de todos los partidismos» porque «ha dado lugar al triunfo de lo superficial sobre lo permanente».

Elegido por una aplastante mayoría de los votos de la circunscripción de Orense, las nuevas autoridades, ésas que han desplazado por las bravas a los gobernadores civiles sin esperar el resultado del escrutinio, intentaron anular su acta. Parece haber sido Miguel Maura quien disuadió al Frente Popular de consumar un atropello muy corriente en aquellos días pero previsiblemente contraproducente cuando el atropellado era un personaje tan conspicuo. Cuando Mariano Ansó se vio obligado a reconocer el escaño de Calvo Sotelo en la Comisión de Actas, no lo hizo sin antes calificarlo como «uno de los enemigos más encarnizados del Régimen, de los gobiernos republicanos y del Parlamento». Ansó llegaría en el 37 a ministro de Justicia. El antiparlamentarismo de Calvo Sotelo habría sonado —aún sonaría— más arisco si su retórica hubiera caído sobre unas Cortes más tranquilas y un país más sosegado. Es difícil decidir si se limitaba a describir o directamente colaboraba a cumplir su propia profecía cuando clamaba que «la vida futura de España discurrirá por los cauces de un régimen marxista o un régimen totalitario. En ambos casos, las actas no importan». Calvo Sotelo consagró los últimos meses de su vida a llevar al Parlamento las estadísticas escalofriantes de una etapa de horror que cierra un capítulo de la historia con su nombre y con su cadáver yaciendo en la morgue de Madrid. Y esa imagen del líder alfonsino —más que el propio Alfonso— con el rostro deforme de la muerte, sobre una tabla, la pechera de la camisa ensangrentada, la chaqueta y el sombrero arrebujados, abre otro capítulo, el de la guerra, que multiplica exactamente por mil el horror. De trescientos muertos a trescientos mil.

Cuando fueron a por él, también quisieron dar caza a Gil Robles, salvado por el azar. En las intenciones de los funcionarios socialistas estaba asesinarlos a ambos, por ser los jefes de la oposición o por venir denunciando los desórdenes públicos que los gobiernos de Azaña y Casares no aplacaron. No faltaron las amenazas en las Cortes. El 7 de mayo, Margarita Nelken, socialista que acabaría ingresando en el Partido Comunista durante la guerra, espeta a Calvo Sotelo: «Los verdugos no tienen derecho a hablar». El 15 de mayo, el diario comunista Mundo Obrero lo califica de «lacayo de dictadores», «cínico», «abogado de los asesinos», lo describe como un «caudillo con investidura parlamentaria para agitar un espantajo de martirologio» y establece como tarea inmediata del Frente Popular «la destrucción de todo esto, con ese miserable Calvo Sotelo a la cabeza». Algunos diputados dicen haber oído en el Congreso a la Pasionaria pronunciar las palabras «Este hombre ha hablado hoy por última vez». El 16 de junio, mientras don José habla a favor del Ejército y de la Guardia Civil, diputados del Frente Popular le gritan: «¿Para qué los defiendes? Para que te guarden, que buena falta te hace». El líder derechista denuncia las acciones de pelotones rojos uniformados que en Oviedo han llegado a cachear a los Guardias de Asalto cuando el presidente del gobierno, Casares Quiroga le responde con estas graves palabras: «Si algo pudiera ocurrir, S.S. sería el responsable con toda responsabilidad». Calvo Sotelo las interpreta de forma inequívoca: «Me doy por notificado de la amenaza de Su Señoría […] Mis espaldas son anchas; yo acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que puedan derivar de actos que yo realice, y las responsabilidades ajenas, si son para bien de mi patria y para gloria de España, las acepto también […] Yo digo lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano: Señor, la vida podéis quitarme, pero más no podéis. Y es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio». El 1 de julio, el diputado Angel Galarza, radical-socialista que siendo fiscal general del Estado se había encargado de acusar públicamente al rey de traición, le dice sin tapujos: «La violencia puede ser legítima en algún momento. Pensando en S.S. encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida». Unos meses más tarde, con Largo Caballero al frente del ejecutivo y España en guerra, Galarza sería ministro de la Gobernación. El día 3 de julio, el gobierno sustituye a los escoltas del líder monárquico, dos policías de su confianza, por guardias de Asalto. Su amigo y vecino el diputado Joaquín Bau le advierte de que sus nuevos guardianes han recibido órdenes de permanecer «ciegos y sordos» en caso de atentado. El propio Bau, y otros, temiendo lo que ha de llegar, realizan sin éxito gestiones ante el director general de Seguridad y el ministro de la Gobernación, Moles.

Al reflejar la tensión de aquellos días, Stanley Payne observa: «Quienes asumieron en primer lugar la iniciativa en la violencia fueron los aliados azañistas de la izquierda obrera que empezaron con nuevos y letales ataques a los falangistas, quienes respondieron con rapidez y de la misma forma»[55]. La tanda mortal de julio la inician el día 2 unos miembros de las juventudes socialistas que asesinan en un bar a tres personas, dos de ellas militantes de la Falange. El día 3 llega la venganza y dos ugetistas son abatidos. El día 5 aparecen los cadáveres de un joven, asesinado tras varios días de cautiverio, y de un militar que había recibido treinta y tres puñaladas. Ambos eran próximos a la Falange. La reacción gubernamental consistió en detener a numerosos falangistas o derechistas: trescientos en tres días, sólo en Madrid. Ningún izquierdista fue detenido. En esos días, los falangistas deciden matar al teniente de Asalto José Castillo Sáenz de Tejada, instructor de las milicias socialistas y comunistas que había disparado contra el estudiante Llaguno durante el entierro del guardia civil Reyes, a su vez asesinado por izquierdistas. Según las investigaciones de Ricardo de la Cierva, el falangista que acabó con Castillo fue Alfonso Gómez Covián, disparándole una ráfaga al teniente en los riñones la noche del 12 de julio. Un grupo de oficiales de la Guardia de Asalto veló el cadáver y clamó venganza. Exigieron al ministro Moles practicar ellos mismos las detenciones. Y empezaron inmediatamente, actuando en grupos heterogéneos que reflejaban a la perfección el estado de descomposición del régimen y el abandono de toda formalidad legal: los guardias de Asalto, policías y guardias civiles se mezclaban ya sin disimulo con militantes socialistas y comunistas ajenos a los cuerpos de seguridad. Aquellos escuadrones ampliaron a su antojo los listados de derechistas y falangistas a detener que emitía la Dirección General de Seguridad. Uno de ellos, en la camioneta de Asalto número 17, fue directamente en busca de los líderes políticos de la derecha, pasando por encima de una garantía más: la inmunidad parlamentaria. Era el escuadrón de socialistas que actuaba bajo el mando del capitán de la Guardia Civil Fernando Condés, sentenciado a cadena perpetua por su participación en los hechos del 34, luego indultado, ascendido a capitán y convertido en instructor de «La Motorizada». Cuatro miembros de la temible milicia de Prieto estaban entre los que fueron a buscar a Calvo Sotelo. Antes lo habían intentado, infructuosamente, con Goicoechea y con Gil Robles, ausente de su domicilio de la calle Serrano.

El domingo 12 de julio, don José acudió por la mañana a oír misa con su familia y luego visitó a su padre enfermo, que no le devolvió su beso y que al día siguiente, desesperado, quiso ir a devolvérselo al cementerio. Después del almuerzo pensó en salir a pasear, pero su esposa, Enriqueta Grondona, lo disuadió. Permaneció el matrimonio en su casa toda la tarde en compañía de sus cuatro hijos. Por la noche escuchó la ópera Bohemia y se retiró a descansar después de las doce. Durmió dos horas. Mientras, frente a su domicilio, en el número 89 de la calle Velázquez, la pareja de Seguridad, que había sido cambiada por segunda vez, aceptaba la identificación de Condés y los suyos. Calvo Sotelo se despertó con el timbrazo y salió en pijama y batín al encuentro de los intrusos, a los que la criada había abierto la puerta. Sacaron al diputado de su casa con la excusa de una reunión en la Dirección General de Seguridad, dándole el tiempo justo para vestirse, no sin antes verse obligado a detener ante la puerta de su dormitorio a dos de los guardias que le seguían empuñando sus pistolas. «¿Adónde van ustedes? ¿No han oído que en este cuarto duerme una señora?». Luego trató de resistirse a lo que evidentemente era un secuestro; invocó la inmunidad parlamentaria y trató de ponerse en contacto telefónico con la Dirección General, pero se lo impidieron arrancando el cable del aparato. Sólo cedió cuando Condés exhibió su carné de capitán de la Guardia Civil. La esposa le rogaba una y otra vez: ¡No te vayas, Pepe, no te vayas! Al perder de vista la camioneta desde el balcón, doña Enriqueta se desmayó.

El socialista Victoriano Cuenca, el guardaespaldas de mayor confianza de Indalecio Prieto, le descerrajó dos tiros en la nuca. Arrojaron su cadáver frente a la morgue del cementerio de La Almudena. Un par de sepultureros habían sido advertidos de la necesidad de hacer desaparecer un cadáver enviándolo a la fosa común. Viendo de quién se trataba, tuvieron miedo y cambiaron de turno. Las amenazas que habían oído las paredes del Congreso se acababan de cumplir. En el grupo ejecutor, además de Condés y Cuenca, se encontraba un miembro de la escolta de Margarita Nelken y cuatro afiliados a las juventudes socialistas, dos de ellos dirigentes de la organización. Uno de los primeros biógrafos de Calvo Sotelo concluye así su obra: «El miserable que mataba a Calvo Sotelo, en nombre del gobierno del Frente Popular, creía matar a un enemigo de su República y, realmente, lo que mataba era su propia República de Frente Popular»[56].

El republicano de izquierda Felipe Sánchez Román, uno de los participantes en el Pacto de San Sebastián, líder del Partido Nacional Republicano y buen amigo de Azaña, presentó sus condolencias a la familia del asesinado y expresó esta convicción: «La República se ha deshonrado para siempre». No menos amigo del presidente era Indalecio Prieto, metido en el centro de la infamia a pesar de haber advertido a los suyos contra la deriva violenta. Los asesinos de Calvo Sotelo, los que la madrugada del 12 al 13 de julio añadieron la gota de sangre que desbordó el vaso español eran hombres de Prieto. A Condés lo escondieron en casa de Margarita Nelken, y aunque la viuda de Calvo Sotelo lo identificó en fotografías, jamás se le detuvo. Ni a él ni a Cuenca. También en esta ocasión, el gobierno actuó, por increíble que parezca, contra falangistas y derechistas.

Y clausuró sus sedes y periódicos. La respuesta gubernamental multiplicó hasta lo insoportable la ignominia de unos políticos y de unas instituciones que ya no representaban a nada ni a nadie y que se habían convertido en puro maquillaje de la brutalidad. La inteligencia que debía estar en primer término, guiando, marcando el paso e iluminando el camino, es decir, Manuel Azaña, estaba escogiendo tapices para el Palacio de la Plaza de Oriente. Así que la República de Azaña ya se había acabado cuando la noche del 18 de julio, con la sublevación militar ya en marcha, don Manuel encargó gobierno a Martínez Barrio para que formara, por fin, una coalición de centro e izquierda moderada que instaurara una política de concordia y consenso. Es decir, lo mismo exactamente que un mes antes le había propuesto Felipe Sánchez Román y que el presidente de la República había rechazado por no romper el Frente Popular. Coincidiendo con su ascenso a la jefatura del Estado, Azaña había experimentado tal alejamiento de la realidad que sólo era capaz de advertir los hechos consumados, no los peligros. Y eso que el día 14 de julio, con Calvo Sotelo muerto y los militares a tres días de la sublevación, su amigo Prieto llamó la atención en El Liberal acerca de lo inevitable: «Será una batalla a muerte, porque cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel». Además de aguzar las percepciones de todos menos de Azaña —aunque las de Prieto ya estaban bastante aguzadas—, el asesinato de Calvo Sotelo surtió el efecto inmediato de precipitar la sublevación al acabar con las reticencias de Franco, que venía introduciendo aplazamientos en los planes de Mola.

El día 15 se reúne la Diputación Permanente del Congreso y Gil Robles, que ha salvado la vida de milagro, pronuncia un discurso inspirado, desesperado y revelador. Acusa a los gobernantes de haber expulsado a las derechas de la legalidad, les reprocha su impotencia, les echa en cara que no controlen a las masas, que la vida de los ciudadanos esté a merced del primer pistolero, les recuerda cómo les había advertido de que contra Calvo Sotelo se preparaba un atentado y de que existían órdenes de organismos dependientes del Ministerio de la Gobernación para que ese atentado se dejara impune. Hace memoria de las amenazas de Galarza y del propio presidente del Consejo. Lamenta que en nota oficial se haya equiparado el asesinato de Calvo Sotelo, cometido por agentes públicos, con el del teniente Castillo. Arroja sobre el gobierno «la enorme responsabilidad moral de patrocinar una política de violencia, que arma la mano del asesino; de haber, desde el banco azul, excitado a la violencia». Y lanza esta acusación: «Tened la seguridad de que la sangre del señor Calvo Sotelo está sobre vosotros y sobre la mayoría y no os la quitaréis nunca […] Todos los días, por parte de los grupos de la mayoría, por parte de los periódicos inspirados por vosotros, hay la excitación, la amenaza, la conminación a que hay que aplastar al adversario, a que hay que realizar con él una política de exterminio. A diario la estáis practicando: muertos, heridos, atropellos, coacciones, multas, violencias… Este período vuestro será el período máximo de vergüenza de un régimen, de un sistema y de una nación […] Vosotros podéis continuar; sé que vais a hacer una política de persecución, de exterminio y de violencia de todo lo que signifique derechas. Os engañáis profundamente: cuanto mayor sea la violencia, mayor será la reacción […] Tened la seguridad […] de que vosotros, que estáis fraguando la violencia, seréis las primeras víctimas de ella […] Ahora estáis muy tranquilos porque veis que cae el adversario. ¡Ya llegará el día en que la misma violencia que habéis desatado se volverá contra vosotros! Dentro de poco seréis en España el gobierno del Frente Popular del hambre y de la miseria, como ahora lo sois de la vergüenza, del fango y de la sangre».

Capítulo XV

La República fantasmal

«El poder no saldrá más de nuestras manos», había afirmado Azaña el 1 de marzo. Pero en torno a las cinco de la tarde del día 17 de julio, un secretario interrumpió la reunión de Consejo para informar al presidente Casares Quiroga de que el delegado del gobierno en Melilla acababa de ponerse en contacto telegráfico con Madrid: informaba de su detención. En tres días se alzaron 3 generales de 18, la mitad de los generales de brigada, 43 de las 51 guarniciones principales y la mitad de las fuerzas de orden público. La noche del 18 de julio hubo tres gobiernos en España: Martínez Barrio declinó el encargo de Azaña ante la negativa del PSOE de entrar en el gabinete. El jefe del Estado lo confirmó en su cargo y se formó acto seguido un ejecutivo compuesto exclusivamente por republicanos, suscitando el rechazo en las calles de los seguidores del Frente Popular. Azaña le propuso entonces formar gobierno a Ruiz Funes, que lo rechazó. A las ocho de la mañana optó por Giral, cuya primera iniciativa fue solicitar ayuda militar a Francia. Ese mismo día, el gobierno repartió armas a los milicianos.

Es posible situar en esa decisión de José Giral, en cuya farmacia de la calle de Atocha había mantenido don Manuel sus primeras reuniones con círculos antimonárquicos en los años veinte, el final de la República de Azaña. Una República que venía muriendo desde la falsificación del resultado electoral por el Frente Popular al huir Portela Valladares, o desde que los socialistas se levantaron en armas contra ella en el 34, o desde que Azaña, con la Ley de Defensa de la República, la convirtió en un permanente estado de excepción, o desde que el primer gobierno del régimen vio arder las iglesias de Madrid sin inmutarse porque todas juntas no valían la vida o la uña de un republicano. Sabemos que la República nació, pero no sabemos exactamente cuánto vivió, y nos conduciría al absurdo atender a la mera plasmación institucional y política de esa elaboración intelectual y de intelectuales que tanto se pareció a los defectos y virtudes de Manuel Azaña. Salvo que queramos inventar algún pulso, algún latido real en esa rareza que prolongó el pomposo título de Gobierno de la República Española durante décadas a través de un puñado de inofensivos personajes en el exilio. Pero entre julio del 36 y la guerra civil dentro de la guerra civil que estalló con la sublevación de Casado, Mera y Besteiro y que enfrentó entre sí al bando «republicano» en el Madrid de 1939 señalando el final del conflicto, el fantasma de una República liberal y democrática que llevaba el nombre de Azaña siguió actuando con una apariencia de vida, de poder y de legitimidad cada vez más patética. Hasta que el 27 de febrero del 39, en Francia, cumpliendo con el opaco e inefable sentimiento que Azaña tantas veces había expresado como deseo, el presidente de la República dirigió su carta de dimisión a Martínez Barrio, en su calidad de presidente de las Cortes, aduciendo como causas la esterilidad de sus esfuerzos por obtener un acuerdo de paz en condiciones humanitarias, el reconocimiento del gobierno de Burgos por Francia e Inglaterra —con la consiguiente privación de representación jurídica internacional para su cargo— y la carencia de «los órganos de consejo y acción indispensables para la función presidencial».

Antes, convertido desde su acceso a la presidencia en una figura simbólica, desprovisto de mecanismos efectivos para influir en los gobiernos de guerra y utilizado a voluntad por éstos, Azaña ajustó cuentas con todos a través de la herramienta que mejor manejaba, la escritura. Están sus diarios del 37 (el Cuaderno de la Pobleta), más exiguos los del 38 y apenas unos días de enero del 39, en Barcelona, del siguiente tenor:

Día 14:

«Por los telegramas reservados de Negrín, he ido viendo que se pronunciaba el desastre».

Día 15:

«Enorme desastre. Ha desaparecido el Ejército».

Día 16:

«Le digo a Giral que habrá que señalar un límite. Perdidas Barcelona y la frontera, ¿qué íbamos a hacer? […] Me dice Negrín que están buscando, por la parte de Gerona, instalación para el gobierno».

Y está también, en el tono crepuscular que le corresponde, la larga Carta a Angel Ossorio, escrita ya en Collonges-sous-Salève y fechada el 28 de junio del 39, cuando «el tiempo se me escurre entre los dedos, sin gran adelanto, aunque casi no hago otra cosa que mover la pluma». Su casa se halla a trescientos metros de la frontera suiza y cuenta con un «policía sagaz, encargado de impedir que los facciosos me asesinen». Aherrojado en la invisible prisión del exilio, dice conservar «un fondo casticísimo de indiferencia estoica, y me digo como Sancho: Desnudo nací, desnudo me hallo; ni pierdo ni gano». Azaña ofrece en esos párrafos epistolares un relato estremecedor de sus últimos días en España y de la desbandada humana de «magnitud inconmensurable» que atravesó la frontera de Francia. Deja líneas sobrecogedoras que Jiménez Losantos ha comparado con la crónica de Andrés Bernáldez sobre la salida de los judíos en julio de 1492[57], aquel éxodo en que iban «unos cayendo, otros levantando, otros muriendo, otros naciendo, otros enfermando, que no había cristiano que no hubiese dolor de ellos». Sobre el otro éxodo, el republicano, escribe Azaña que «una muchedumbre enloquecida atascó las carreteras y los caminos, se desparramó por los atajos, en busca de la frontera. Paisanos y soldados, mujeres y viejos, funcionarios, jefes y oficiales, diputados y personas particulares, en toda suerte de vehículos […] El tapón humano se alargaba quince kilómetros por la carretera. Desesperación de no poder pasar, pánico, saqueos, y un temporal deshecho. Algunas mujeres malparieron en las cunetas. Algunos niños perecieron de frío o pisoteados […] Las gentes quedaron acampadas al raso, y sin comer, en espera de que Francia abriera la puerta». Las miradas de aquellas gentes atormentan al socialista Zugazagoitia, ministro de la Gobernación con el primer gobierno de Negrín que sería detenido por la Gestapo y ejecutado en España: «Era difícil defenderse de tanta mirada suplicante, de tanto rostro desconocido que pedía, sin palabras, mucho menos de lo que le habíamos quitado, con acciones u omisiones, los jugadores de la política. Nunca me he sentido tan terriblemente acusado»[58].

La larga cola de refugiados. Algún coche que otro abandonado al margen, los carteles junto a la carretera anunciando el Hotel des Italiens, tout confort, la niebla, las mujeres con cestas, cajas, hatillos, sacos que contienen todas sus pertenencias, los hombres agrupados aparte, niños cubiertos con mantas, niños en brazos de sus madres. Hay uno de once años cansado, hambriento y aterido. Afortunadamente, pronto regresará a España, una vez él y su familia hayan sido lo bastante humillados por uniformados franceses. Los encerraron en cuadras y les dieron a elegir entre la vuelta a su país o el internamiento en campos de concentración separados: hombres, mujeres, niños. Un miembro de la familia decide quedarse y, enfermo del corazón, muere cavando trincheras en el campo de Argelès bajo las órdenes de soldados senegaleses. Como el niño español, que se llama Víctor Manuel, más de dos terceras partes del medio millón de españoles que traspasaron la frontera regresarían a España antes de acabar el año 39.

La última reunión de las Cortes de la República se celebró en Figueras el 1 de febrero; los diputados presentes decidieron apoyar la línea de resistencia de Negrín, que confiaba la suerte del régimen a la posibilidad de enlazar la guerra civil española con la guerra mundial en ciernes. Cuatro días después, Azaña pasó a Francia, al igual que el presidente de las Cortes, el del gobierno central y los jefes de los ejecutivos autonómicos catalán y vasco. Negrín volvería para coordinar la resistencia en la zona centro-sur. Antes había intentado sin éxito que Azaña estampara su firma en un decreto que ponía en manos de una sociedad anónima todos los bienes del Estado español sitos fuera del territorio nacional. Durante la fase fantasmal de la República murieron en España, según las últimas estimaciones, 132.266 personas en acciones de guerra, 74.792 a causa de la represión nacional y 56.577 por la republicana, incluyendo casi siete mil eclesiásticos.[59]. Bajo el manto de los aparatos estatales, la revolución avanzó en forma de saqueos, torturas, procesos sumarios sin garantías y asesinatos. La secretaría técnica del director de Seguridad abrió sus archivos a las checas y a los milicianos: «No sólo facilitaba de esa manera la labor de localizar y señalar a los que debían ser detenidos, torturados y fusilados sino que además esa secretaría técnica cursaba órdenes a los establecimientos penitenciarios para que entregaran a las checas a aquellos detenidos cuyo asesinato había sido decidido […] Las instituciones estatales no sólo habían renunciado a garantizar los derechos de los detenidos sino que se ocupaban directamente de facilitar su asesinato»[60]. César Vidal recoge casos específicos de asesinatos políticos motivados por desavenencias con Azaña, como el de Gumersindo de la Gándara Marvella, el oficial de Asalto que en febrero del 33 había firmado un acta dando fe de que la represión de Casas Viejas se había debido a órdenes directas del gobierno Azaña y no a la extralimitación de las fuerzas de seguridad: «El tiempo había pasado pero los responsables directos de la matanza de campesinos en Casas Viejas no habían olvidado. Gándara fue asesinado por la checa no porque hubiera sido desleal a la República sino por haber acusado tres años antes a Azaña y a Largo Caballero […] No fueron las únicas víctimas de desavenencias anteriores con Azaña o Largo Caballero»[61]. Otra de esas víctimas sería el juez Salvador Alarcón, instructor del sumario del alijo de armas del Turquesa, al que Azaña se refirió en términos injuriosos en el curso de un debate en las Cortes, siendo diputado, tras haber tenido que comparecer a declarar. «Señalado en un suelto de Claridad, Alarcón fue detenido por chequistas y asesinado en la Casa de Campo»[62]. Bajo el gobierno del Frente Popular funcionaron en Madrid 225 checas. Las hubo en Valencia y en Murcia. En Barcelona «fueron auténticos campos de concentración […] Se instalaron hornos crematorios, se descuartizó a presos para alimentar a los cerdos, se torturó a los detenidos»[63]. Con la aquiescencia del gobierno de la Generalidad, los anarcosindicalistas primero y el SIM —tras la extinción del POUM— después, sembraron el terror. Fueron asesinadas en Cataluña bajo el gobierno del Frente Popular más de ocho mil personas.

Capítulo XVI

Cuatro Azañas

Cuantos historiadores, biógrafos y cronistas se asoman a la figura del alcalaíno caen invariablemente seducidos o desorientados por su prosa de laberinto hasta confundir, tal como él lo hizo, a los cuatro Azañas: el hombre, el político, el escritor y el personaje dibujado por ese escritor. Se han llenado demasiadas páginas para refutar lo que pocos afirmaron, lo que nadie afirma ya: la presencia de dolo, en el sentido de voluntad deliberada de causar los males, en el ánimo del hombre. Para seguir con la terminología jurídico-penal, lo anterior no significa que no mediara culpa en el político, una culpa clamorosa y obscena en numerosas ocasiones, una omisión inconcebible de la diligencia ante los ataques a la Iglesia (un atizar en ocasiones tales ataques), una responsabilidad innegable por maquinaciones, actitudes golpistas, alianzas con quienes practicaban la violencia sistemáticamente y perseguían la revolución y la guerra civil de forma declarada y abierta. De nuevo, ni la ausencia de dolo en el hombre, ni la presencia de culpa en el político a cuyo perfil se amoldó la Segunda República Española hasta alcanzar su etapa fantasmal implican que el escritor no fuera capaz de retratar con el más crudo y eficaz realismo a los personajes que le rodeaban, o de describir fielmente la calamitosa cadena de desgracias, el círculo vicioso, el torbellino nacional que alguno de los cuatro Azañas había desatado. Lo puso todo negro sobre blanco, desde el albor del régimen hasta los días recios en que se le fue de las manos y se limitó a simbolizarlo con pesar. El escritor no sólo redactó las obras más puramente literarias, sino también los entrelazados diarios del hombre y del político. Así, termina tratándose apenas de una curiosidad el hecho de que fuera la mano del mismísimo jefe del Estado la encargada de explicarle a la posteridad con melancólica brillantez los motivos de la consunción de su República. «Nunca nadie pudo imaginar una confesión y una crítica tan demoledora a la zona roja como la que comunica […] su propio presidente»[64].

En La velada en Benicarló, una obra imprescindible para comprender por qué ocurrió lo que ocurrió en el bando llamado «republicano», don Manuel Azaña, en un nuevo desdoblamiento, se transforma en un personaje de su diálogo: Garcés, exministro. La escribió en 1937 en Barcelona y contiene párrafos definitivos sobre los crímenes que cometieron las milicias del Frente Popular, sobre la confusión y el caos que se apoderaron de su zona, sobre la indescriptible conducta del gobierno de Companys. A este respecto, hace decir Azaña a su advocación literaria en La velada: «La Generalidad asalta servicios y secuestra funciones del Estado, encaminándose a una separación de hecho. Legisla en lo que no le compete, administra lo que no le pertenece […] Se apoderan de las aduanas, de la policía de fronteras, de la dirección de la guerra en Cataluña […] Hablan de que en [la guerra] interviene Cataluña no como provincia sino como nación […] Los asuntos catalanes durante la República han suscitado más que ningunos otros la hostilidad de los militares contra el régimen». En cuanto al cuadro de desorganización, leemos: «Una de las cosas más miserables de estos sucesos ha sido la disociación general, el asalto al Estado y la disputa por sus despojos. Clase contra clase, partido contra partido, región contra región, regiones contra el Estado […] En el fondo, provincianismo fatuo, ignorancia, frivolidad de la mente española, sin excluir en ciertos casos doblez, codicia, deslealtad, cobarde altanería delante del Estado inerme, inconsciencia, traición […] En fin, un lazo de unión de todos, resultado de la lucha por la causa común, no ha podido establecerse».

El personaje Garcés contiene con dificultad al primero de los cuatro Azañas, el hombre, el que indefectiblemente busca y encuentra culpas y culpables. Es un especialista en ello. Está la mediocridad ajena, la estupidez ajena, la fatuidad y bajezas ajenas. Callan los otros Azañas sobre la temeraria imprevisión, la estrategia suicida, la inconsciencia de desatar fuerzas que, una vez liberadas, es imposible sujetar, sobre la ineptitud a la hora de identificar los peligros. Porque al gran juez nadie le juzga. Está exento. Extraviado en sus cuatro identidades, cuando abandona España deja un país devastado, sembrado de muertos, sin reservas de oro, con el tesoro artístico extirpado, con muchos años perdidos para la riqueza y la productividad. Y deja también un perdurable mito universal, el de una República que fue sobre todo su República. Y deja su icono dolorido y sacrificial.

En octubre de 1940, con Azaña moribundo en Montauban, Francia, seguían preparando su secuestro agentes españoles. Había sufrido dos ataques cerebrales; el primero, como quedó expuesto en el primer capítulo, fue consecuencia directa del secuestro de su cuñado e íntimo amigo Cipriano y de su entrega a las autoridades españolas. Perdió don Manuel la razón, sufría alucinaciones, mezclaba los idiomas y, según la leyenda, había olvidado el nombre del país que un día presidió. Murió el 3 de noviembre, a medianoche, en una habitación del Hotel du Midi, abrazado por su mujer y en presencia del obispo Théas, cuyo crucifijo habría besado días antes: «Lo arrancó de mis manos y lo besó con amor, por tres veces, y decía cada vez: “Jesús, piedad, misericordia”. Este hombre tenía fe. Su primera educación cristiana no había sido inútil»[65]. Además de doña Lola y del obispo, que le administró la extremaunción y la indulgencia plenaria al enfermo, estaban presentes una monja, un general, un ayuda de cámara y un escultor. Azaña fue embalsamado. El día 5 de noviembre tuvo un entierro civil. Su féretro fue cubierto por una bandera mejicana. Había muerto el hombre. Resta incógnito el dueño de la imagen que a través de las lecturas hemos elaborado y que no podemos olvidar. Ignoramos si pertenece al marido de Dolores, al expresidente de la República Española, al escritor o al personaje literario la figura que yace sobre la cama de un hotel extranjero.

Epílogo urgente

En marzo de 2005, coincidiendo con una fiesta sorpresa ofrecida a Santiago Carrillo por su nonagésimo aniversario, un camión grúa retiró la estatua ecuestre de Francisco Franco que se levantaba desde hacía casi medio siglo en la Plaza de San Juan de la Cruz, en Madrid. El homenaje a Carrillo reunió a cuatrocientas personas, incluyendo al presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, los presidentes autonómicos vasco y extremeño, el expresidente de la Generalidad de Cataluña Jordi Pujol, los exministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera, Fernando Morán, Miguel Herrero de Miñón, Gabriel Cisneros, Sabino Fernández Campo, Gregorio Peces Barba, Adolfo Suárez hijo, el escritor José Saramago, el periodista Iñaki Gabilondo, el actor José Sacristán y los cantantes Joaquín Sabina y Víctor Manuel, entre muchos otros nombres destacados. También acudió el jefe de la Casa Real, Alberto Aza, que leyó una afectuosa nota de Juan Carlos I. Peces Barba, uno de los padres de la Constitución, distinguió en el curso del acto entre «buenos» y «malos»: los primeros eran ellos, los que habían acudido a agasajar a Carrillo; los segundos eran los representantes ausentes del PP (aunque alguno había, como consta en la lista anterior).

Nada habría que objetar al homenaje si se hubiera tratado de agradecerle al viejo líder comunista el papel que jugó en la Transición, cuando efectivamente se sumó a la reforma política de Adolfo Suárez contribuyendo al diseño del régimen democrático que todavía disfrutamos, no sin serios avatares. Pero es el caso que, terminada la cena, en una especie de prolongación del acto, algunos de los presentes se trasladaron a la Plaza de San Juan de la Cruz, donde, ya casi a las tres de la madrugada, los operarios lograron desmontar la estatua ecuestre protegidos por un cinturón de seguridad, entre dotaciones de la Policía Nacional y la Policía Municipal y bajo la vigilancia de un helicóptero. Por fin habían ganado la guerra civil, aunque fuera simbólicamente. El curioso fin de fiesta constituye el regalo de cumpleaños de Rodríguez Zapatero a Carrillo e ilumina intenciones radicalmente distintas a la de rendir honores a un protagonista de la Transición en su condición de tal: aunque hoy en día parezca mentira, la Transición consistía, entre otras cosas, en renunciar al uso de la historia reciente de España como arma política. Así queda de manifiesto en repetidas declaraciones de Felipe González, a quien le parecía «una estupidez eso de ir tumbando estatuas de Franco. Franco es ya historia de España. No podemos borrar la historia». González también había afirmado años atrás: «Algunos han cometido el error de derribar una estatua de Franco; yo siempre he pensado que si alguien hubiera creído que era un mérito tirar a Franco del caballo, tenía que haberlo hecho cuando estaba vivo».

Sólo cabe concluir que a quien se estaba rindiendo homenaje es al Santiago Carrillo que «luchó en la guerra» —si así puede llamarse a organizar la represión en la retaguardia— es decir, al consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid. El Madrid de las sacas masivas de presos y los fusilamientos sin juicio, ignominia que, a estas alturas, todavía cuenta con la comprensión y justificación de algún que otro sensibilísimo historiador subvencionado, capaz de llorar de emoción recordando en televisión unos versos de Antonio Machado. Es un hecho que en la España actual, mientras al dictador sólo le rinde homenajes la extrema derecha, marginal y ajena a las altas instancias, al estalinista responsable del Orden Público en la capital cuando las matanzas de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz se los rinden el Gobierno, el Monarca, varios padres de la Constitución, líderes mediáticos, un Premio Nobel, artistas del establishment. No hay que darle muchas vueltas. Si la flor y nata de la España progre hubiera querido dirigir el obsequio y agasajos al eurocomunista que coadyuvó a la reforma política, posibilitó los Pactos de la Moncloa y renunció a la enseña tricolor en favor de la rojigualda, el formato del festejo habría sido otro, el fallido Alto Demiurgo para las víctimas del terrorismo no habría hablado de «buenos y malos» (¡hay que ser sectario, maniqueo y burdo!) y la juerga no habría terminado sincronizada con el derrocamiento simbólico del general que sesenta y seis años atrás había ganado la guerra y treinta atrás había muerto en la cama.

He ahí el verdadero problema, el origen de tantos traumas: que no tiraron a Franco del caballo cuando estaba vivo. Unos, los menos, porque no pudieron; otros, los más, porque ni siquiera lo deseaban. En realidad, los principales expendedores actuales de certificados de demócrata estaban entonces ocupados escalando puestos en el régimen franquista. De los socialistas, nada se sabía. En cuanto al partido de Pujol, nació con Franco a punto de morir, aunque su fundador es uno de los pocos protagonistas políticos de nuestra democracia que sufrió cárcel por su enfrentamiento al régimen. Cualquiera que tenga un poco de memoria recordará que el antifranquismo organizado era muy débil y estaba nutrido básicamente por comunistas.

La mirada a la Segunda República Española propuesta en esta obra se ha pautado sobre el perfil del hombre que contagió a aquel régimen sus defectos y sus virtudes: Manuel Azaña, personalidad compleja en la que se reunieron de forma asombrosa las tendencias intelectuales y los vectores —básicamente destructivos— de toda una época española. Éste no puede ser, desgraciadamente, un epílogo al uso, un distante arabesco que culmine el retrato entrelazado de unos años, un país y un personaje. Este epílogo es el añadido urgente y alarmado de un autor al que le ha tocado escribir sobre los vertiginosos y violentos años treinta mientras veía reproducirse, en el mismo país y siete décadas más tarde, los patrones que condujeron al fratricidio. Errores en algún caso milimétricamente calcados, resucitados en un entorno social, económico y cultural que nada tiene que ver con aquél. La distancia evitará que prendan como entonces, pero eso no significa que no vayan a deteriorar la convivencia, que no vayan a sembrar el odio, que no vayan a afectar a la estabilidad nacional, condición indispensable para mantener el vigor creativo que, gracias al marco comúnmente aceptado a finales de los años setenta del pasado siglo, ha sacado a España de un cul-de-sac histórico y la ha plantado con todo derecho entre las democracias más avanzadas del mundo, convirtiéndola en una potencia de proporciones más que respetables. Y también en un entramado institucional que parecía haber colmado las aspiraciones de las distintas fuerzas políticas y salvaguardado los intereses de todos.

Si tales logros han sido posibles es, precisamente, porque la inmensa mayoría del pueblo español, a través de sus representantes, había convenido dejar la historia en paz, en los libros, en las revistas especializadas, en las aulas o en las conversaciones, y conjurar su uso como combustible del enfrentamiento político. Así, se renunció a la vieja retórica, grotescamente ideologizada, del pasado. Se encerraron en el baúl el lenguaje y los esquemas políticos que habían echado a perder el país de nuestros abuelos. Pero hete aquí que la clase dirigente socialista que se ha estrenado con el nuevo siglo, lejos de asumir —o al menos tratar de comprender— las claves de un entorno mundial lleno de nuevas oportunidades y amenazas, decidió enzarzarse en debates del pasado rescatando un discurso y unas categorías que la generación que los precedió había abandonado como lastre inútil, inconveniente y peligroso al principio de la Transición. No es casual que la extemporánea reedición de consignas urdidas por la Comintern hace muchas décadas, y su activación política y operativa, haya coincidido con un período muy particular: el que va de 2002 a la actualidad. O, lo que es lo mismo, el que va de las primeras reacciones a la frustración provocada en la izquierda por la mayoría absoluta del PP en el año 2000, a la voladura consciente y deliberada del modelo instaurado por la Constitución del 78.

Las reacciones a la frustración adoptaron un agresivo cariz antisistema tan pronto el líder socialista Rodríguez Zapatero vio la posibilidad de movilizar contra el gobierno a distintos grupos organizados y de manipular políticamente el hundimiento del petrolero Prestige, arrastrando en su estrategia a los nacionalistas, no menos frustrados que ellos por los espectaculares triunfos de Aznar. De este modo, un partido que había gobernado durante casi catorce años tomó las calles, aventó una indignación artificial y la canalizó hasta el asedio físico a las sedes del partido gobernante. El apoyo de Aznar al presidente de estados Unidos George Bush con motivo de la guerra de Irak fue aprovechado para excitar todos los prejuicios de un antiamericanismo atávico, multiplicado hasta el infinito entre la izquierda europea en general —y la española en particular— desde el fin de la guerra fría por inapelable derrota del comunismo. El Partido Popular pasó de adversario a enemigo, sus dirigentes se convirtieron en «asesinos», sus militantes en cómplices de asesinato y sus votantes en seres indeseables o idiotas sin remedio. La gente del cine se erigió en símbolo de la superioridad moral de la izquierda con la campaña del «No a la guerra» y los resortes de la comunicación y de la propaganda —que la derecha española no acaba de comprender— hicieron el resto. A tres días de las elecciones generales de marzo de 2004, 192 personas murieron y mil quinientas resultaron heridas en la más grave masacre terrorista habida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Fueran quienes fuesen sus organizadores y ejecutores (extremos que cuando se redactan estas páginas permanecen en el misterio), es evidente que perseguían cambiar el color político del gobierno. Y lo lograron, pues el segundo ingrediente que se precisaba apareció con puntualidad: la explotación del shock mediante asaltos simultáneos a las sedes del PP en toda España durante la jornada de reflexión por manifestantes iracundos que decían querer «saber la verdad» mientras el PSOE acusaba al Gobierno de mentir a la población, se arrojaba toda la culpa sobre él y se presentaban las bombas mortales como consecuencia directa de una supuesta participación de España en la guerra de Irak que nunca existió. Una cosa es tomar parte activa en una guerra y otra muy distinta sumarse a una alianza de más de treinta países, aportar tropas al finalizar la invasión y prestar asistencia sanitaria. Nadie parecía recordar que la única participación de España en la guerra de Irak había tenido lugar en la primera parte de aquélla, bajo el gobierno de Felipe González, que envió soldados de reemplazo, una categoría que, por cierto, ya no existía en la segunda parte de la guerra al haber abolido los populares el servicio militar obligatorio. En una atmósfera de furia (que en ningún momento apuntó a los responsables de los atentados), falsas imputaciones, acoso moral y físico de un partido que articula políticamente a media España, manipulación del dolor, desinformación y flagrantes mentiras de una emisora de radio aficionada a concederse premios, el pueblo votó. Y los gestores políticos que habían dirigido la espectacular recuperación económica de España, creado cinco millones de puestos de trabajo, reducido el paro a la mitad, accedido al euro tras cumplir severas condiciones inasequibles a Alemania y Francia, perdieron. Perdieron con casi diez millones de votos.

El nuevo gobierno español, deseoso de mantener el apoyo que obviamente le habían prestado en las elecciones más de un millón y medio de españoles que no se contaban entre sus votantes habituales, cultivó los aspectos más sensibles de la panoplia progre que sustituía a esas alturas el desacreditado ideario de la izquierda tradicional: las pulsiones centrífugas de los nacionalismos periféricos, el feminismo paritario, las reivindicaciones más extremas de los colectivos homosexuales, el indigenismo, el ecologismo, el castrismo, la fenomenal alianza de civilizaciones, el prejuicio anticatólico, los «papeles para todos». Cualquier cosa. Y siempre, por supuesto, el antiamericanismo. Ignoraban seguramente que su ridícula obsesión por el lenguaje políticamente correcto, así como el mosaico de tendencias progres y esa boba fascinación por los más iletrados y aleccionadores actores (y actrices, puntualizarían ellos) constituían mercancías genuinamente americanas.

Y llegó el gran error, que se venía fraguando: el calco republicano. Las razones son en parte coyunturales, como la citada conveniencia de mantener los recientes apoyos mimando a distintos colectivos y dibujando un enemigo interno. También hay razones estructurales: las limitaciones culturales e intelectuales de los principales personajes de la nueva casta dirigente, su sólido sistema de prejuicios y su absoluta convicción de poseer la superioridad moral (aspecto éste que comparten con toda la progresía occidental). Los gobernantes socialistas han caído en la misma actitud y en el mismo error moral y de cálculo que condenó a la Segunda República: han decidido excluir a la derecha del sistema, mantenerla bajo la permanente sombra de la sospecha, poner en entredicho su legitimidad para gobernar, situarla de modo permanente en la oposición mediante el estigma. Como quiera que el presidente Rodríguez Zapatero ha alentado el proceso de reforma estatutaria en Cataluña (llegando a hacerle el boca a boca a esa ley confederal e intervencionista ad nauseam cuando las fuerzas políticas del Principado se mostraban incapaces de consensuar su proyecto), los nacionalistas supuestamente moderados se han sumado a la estrategia de exclusión. No es que hiciera falta empujarlos mucho en ese sentido, pero es un hecho que en su día anduvieron otros caminos: hicieron posible el gobierno de Aznar, favor que éste devolvió prestando sus votos en el parlamento catalán a Jordi Pujol. Además, CiU no formaba parte de la coalición tripartita que firmó los pactos del Tinell, previos al triunfo electoral del PSOE, que contienen un acuerdo de boicot político al PP, primera huella fehaciente del resurgir del gran error republicano en la nueva era. Si alguna vez el «nacionalismo moderado» había merecido su adjetivo —algo bastante discutible—, el merecimiento había concluido al asumir Artur Mas y, sobre todo, Josep Antoni Duran i Lleida, el «todos contra el PP» de Rodríguez Zapatero. Acaso se sintiera el presidente, al comprobar sus tristes logros, una especie de continuador de Azaña. Desleída y atolondrada sombra, en todo caso, del peor Azaña.

La izquierda postula una continuidad indefendible entre la Segunda República y la actual monarquía parlamentaría. Busca entroncar la legitimidad de nuestra democracia con la del régimen del 31, pirueta histórica que pasa por alto los mecanismos de autodisolución del franquismo y los orígenes (de la ley a la ley) de nuestro Estado de Derecho. Orígenes que, por incómodos que resulten, son los que son. Mientras, ha sido justamente el nuevo estatuto de autonomía catalán el ariete escogido por Rodríguez Zapatero para batir la muralla legal levantada en 1978, la muralla que protege nuestros derechos y libertades y nuestra cohesión nacional. Contiene el estatut una reforma encubierta de la Constitución en extremos como el concepto de nación, los derechos históricos, el blindaje competencial, la estructura del poder judicial, las relaciones de bilateralidad entre el Estado y Cataluña, el sujeto de soberanía, la oficialidad de la lengua, el título de derechos y libertades, la figura del defensor del pueblo, la igualdad de todos los españoles ante la ley, la solidaridad interterritorial, etcétera. Además, se permite una torcida interpretación del crucial artículo 2 de la Constitución. A falta de una mayoría suficiente para llevar a cabo una reforma constitucional por los cauces previstos en la propia Ley de Leyes, se ha insertado esa bomba de relojería, plagada de ambigüedades y destinada a crear todo tipo de conflictos institucionales, en el bloque de constitucionalidad.

Inmediatamente después ha llegado la anunciada negociación con ETA y con su brazo político (que son el mismo sujeto, según los tribunales), tras haber adormecido el gobierno la acción de la justicia a través de la fiscalía y de las presiones sobre los jueces especializados de la Audiencia Nacional. Al fondo, la expectativa de la entrega de Navarra y la autodeterminación del País Vasco. Expectativa que el presidente ha dejado crecer, y por algo será. Esta renuncia a los principios que habían presidido con incomparable éxito la lucha antiterrorista, esta claudicación precisamente cuando la ETA aparecía más debilitada que nunca, exigía la neutralización de las víctimas organizadas, que cuentan con el calor y la simpatía de la mayoría del pueblo español. El objetivo, por cierto, no se ha logrado, a pesar de la interposición de la figura, ya descartada, del Alto Comisionado, a pesar de la retirada de subvenciones y de los intentos de reemplazar al presidente de la AVT por alguien más manejable. Finalmente, las víctimas han cobrado más protagonismo que nunca, transformándose en fortísimo referente moral y demostrando un enorme poder de convocatoria. A la madre de una de ellas, Irene Villa, mutilada en su infancia por una bomba etarra, trató de consolarla el presidente del Gobierno recordándole que «también mataron a mi abuelo». Y en esta increíble salida de tono, en esta simetría inconcebible se comprende todo.

Rodríguez Zapatero compara el fusilamiento (en el marco de una guerra civil) de un abuelo militar al que no conoció, con la tragedia de una niña a la que los terroristas (en democracia) han volado las piernas. Y lo hace ante la madre de la víctima, víctima a su vez, creyendo que de algún modo la ha de confortar, o que la ha de ayudar a entender algo importante (de no ser así, sobraría, por cruel, la invocación del dolor que contiene ese engañoso «también»; engañoso porque el dolor sólo existe en una de las partes). El personaje ha de creer realmente, aunque nos parezca imposible, que hay razones que justifican el «también». Hay dos bandos enfrentados, en guerra. Y hay muertos y heridos. Y él, como su abuelo, tiene «un ansia infinita de paz». Lo mejor que podría hacer la madre de Irene Villa, lo que deberían hacer todas las víctimas del terrorismo, es colocar el atentado en algún lugar de la memoria que se parece al olvido. Cabe preguntarse en qué bando está la ETA, organización independentista y marxista. ¿En qué bando de esta prolongada guerra civil? ¿En el de Franco? No parece. ¿En el de «la República»? Una vez el presidente que se declara «rojo» ha aceptado lo inaceptable —la supervivencia de los esquemas de enfrentamiento durante tres cuartos de siglo—, su mente debe operar así: la ETA no está en el bando de los fascistas que acabaron con la democracia, la ETA no es heredera —como el PP— de los nacionales; estará entre los buenos, entre los herederos de quienes tanto lucharon por la libertad, como comunistas que son, como defensores de la independencia del País Vasco que son. Han recurrido a las armas fuera de tiempo, sí, pero en el marco de un conflicto. Lo que han hecho es horrible, pero en definitiva son de «los nuestros». De los suyos. Así puede el Partido Socialista de Euskadi acercarse a Batasuna, por mucho que la operación exija borrar ciertos recuerdos, compañeros muertos, años de insomnio, miedo y escoltas. Así pueden firmar documentos conjuntos algunos socialistas con la «izquierda abertzale». Porque ya no son terroristas, ni siquiera son, en su boca, la ETA o Batasuna: son la izquierda abertzale.

La izquierda. Como ellos. Así puede especularse con futuras colaboraciones y acuerdos políticos. Acuerdos entre izquierdistas.

En la demolición del edificio constitucional, en la sustitución de la España de la Transición por algo que todavía no conocemos, juega un papel fundamental la «recuperación de la memoria histórica», lo que, en la jerga de la izquierda y los nacionalismos significa asentar mediante diversas iniciativas, proyectos, exhumaciones, exposiciones, leyes y homenajes, unas cuantas verdades que ya nadie podrá poner en duda sin ser acusado de derechista extremo o de intolerable revisionista histórico, sin ser calificado de provocador de crispaciones, de mentiroso o indocumentado con quien no vale la pena discutir, a quien sería completamente inadecuado invitar a conferencias o cursos. La verdad a establecer, a institucionalizar a partir de 2006, año de la memoria histórica por ser el septuagésimo aniversario del estallido de la guerra civil, se podría resumir así: hubo un bando, coincidente con lo que el Frente Popular entendía por «la República», que luchaba por la libertad y por la democracia; las siglas de muchos de sus integrantes siguen vivas y tales partidos gozan, por tanto, de «tradición democrática», algo que no todos pueden decir hoy en día. En ese bando estaba y está el PSOE, el PCE, la ERC y el PNV. Hubo otro bando, el de los nacionales, constituido por fascistas y apoyado por la Iglesia y los terratenientes, que se alzó en armas contra aquel régimen justo y respetuoso de los derechos y libertades, impulsor de la cultura y el libre pensamiento. El jefe de los nacionales, Franco, ganó la guerra a pesar de ser prácticamente un inútil como estratega y un ser limitado en todo menos en su crueldad. Que la derecha entera era fascista lo demuestra el hecho de que su mayor formación, la CEDA, buscó y propició la insurrección, prueba de que tenían toda la razón quienes se alzaron en octubre del 34 al entrar los de Gil Robles en el gobierno. Como ha señalado Santiago Carrillo en junio de 2006, aquella «derecha clerical» y la actual derecha (el PP) se parecen «como dos gotas de agua». Ergo el PP es el continuador directo de una tradición antidemocrática, heredero de los golpistas del 36 y del régimen franquista. Hasta aquí la verdad a instituir.

Poco importa que tal verdad no concuerde con lo escrito y dicho por los más relevantes protagonistas de aquella época. Y nos referimos, para empezar, a los del bando «republicano». No coincide en absoluto con los análisis de guerra y posguerra de Manuel Azaña, Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura o Indalecio Prieto. Nada menos. Ni con los de muchos comunistas y anarquistas que escribieron memorias y que no tenían ya ni motivos ni ganas para engañar a nadie respecto a los orígenes del conflicto y al curso del mismo. Menos importa aún que el PP haya sido fundado en democracia, lo que le convierte, en realidad, en casi el único partido con presencia parlamentaria que sólo posee tradición democrática. Ni que se sumara en 2002, cuando gobernaba, a la condena a la represión franquista en el Congreso de los Diputados, donde contaba con la mayoría absoluta de escaños. Sin detallar su verdad a instituir, pero dejándola implícita, un grupo de europarlamentarios del PSOE, IU (donde se esconde el PCE, antes tan ufano), PNV, CiU y ERC desplegó en junio de 2006 una iniciativa, de la que se excluyó al PP, tendente a obtener la reprobación formal del golpe de Estado de julio del 36 por parte de la cámara, la Comisión Europea y el Consejo de Ministros, asunto a debatir en Estrasburgo, junto con una condena al franquismo, coincidiendo con el septuagésimo aniversario del comienzo de la guerra civil española. Una de las razones que explican que la verdad no pueda ser en Europa tan explícita como suele serlo en España es la inconveniencia de suscitar ciertas cuestiones referentes a un Rey —con gran prestigio internacional— que fue designado por Franco y formado de acuerdo con sus criterios. Y que juró los Principios Fundamentales del Movimiento. Para aclarar las cosas, el principal promotor de la iniciativa, un socialista, ha declarado que «el objetivo es homenajear la memoria histórica de los que dieron su vida por la democracia y la libertad y hacer pedagogía histórica ante las nuevas generaciones». Nos imaginamos el tipo de pedagogía que se propone este miembro del partido que lleva las siglas a las que sirvieron Largo Caballero y Margarita Nelken, sobre todo al constatar que su propuesta viene avalada por los orgullosos herederos de la Pasionaria, o de Badia y Dencàs. Por otra parte, son nada menos que los comunistas los que quieren convertir el 18 de julio en Día Oficial de Condena a la Dictadura. Está bien que los comunistas promuevan condenas a las dictaduras, aunque no estaría de más que empezaran por las suyas, que han provocado más de cien millones de muertes, han desplazado numerosos pueblos a su antojo y han creado hambrunas y miseria sin cuento. Como forma de corregir su rumbo histórico, ¿por qué no empezar condenando la dictadura cubana, que sigue ahí?

El Parlamento español aprobó por fin, cuando ya había pasado el aniversario del 14 de abril pero aún no el del 18 de julio, y con los votos en contra del PP, la declaración de 2006 como Año de la Memoria Histórica. Se ha reconocido expresamente a la Segunda República como antecedente de la actual democracia, mientras ERC y el PNV se abstenían por considerar «insuficiente» esta ley destinada a promover la pedagogía y difusión de la verdad. Dejando aparte lo discutible de la expresión «memoria histórica», si los fines fueran ésos, podrían suceder dos cosas: que todo quedara, tras unas cuantas exposiciones y emisión de sellos conmemorativos, en nada… o que prendiera en la gente, en especial entre los jóvenes, el interés por aquella etapa histórica. En realidad, ya puestos, lo mejor sería esto último. En tal caso, resultaría de lo más conveniente alentar a los interesados a que acudieran a las fuentes de los directamente implicados. Que lean a Azaña, por ejemplo. Que descubran a través del más destacado personaje de la República el paisaje que subyace a la verdad instituida. Además les servirá de placer y aprendizaje literario. Pero los fines, por supuesto, no son ésos. Los fines son los que parecen: convertir una historia disfrazada y parcial, una historia de buenos y malos, de demócratas y fascistas, en objeto arrojadizo contra la media España liberal-conservadora del siglo XXI, colocándole etiquetas paralizantes a unos y reforzando los complejos de otros, dejando de hecho a cuantos no se adscriban a la izquierda o al nacionalismo fuera del sistema, con la legitimidad en duda, la cabeza gacha y pidiendo perdón. Y al perseguir tales fines se condenan —nos condenan— a transitar de nuevo el viejo y fatal error republicano, la parte de la historia que no cabe en su verdad.

JUAN CARLOS GIRAUTA

Barcelona, junio de 2006

Breve cronología de los hechos más relevantes
de la República y la guerra civil

1923

Septiembre

Día 13. Tras un periodo de intensa inestabilidad, el general Primo de Rivera es nombrado jefe de un directorio militar aceptado por el rey.

1925

Septiembre

Éxitos iniciales permiten la sustitución del directorio militar por uno civil.

1930

Enero

Día 28. La crisis mundial de 1929 acentúa los problemas económicos y políticos que ya se vienen gestando desde hace años. Dimisión de Primo de Rivera.

Día 30. Dámaso Berenguer primero y Juan Bautista Aznar-Cabañas después sustituyen al general; es la llamada «dictablanda». Continúa la decadencia.

Agosto

Día 18. Dirigentes socialistas, liberales y nacionalistas cuestionan la monarquía como cómplice de la dictadura, firmando el Pacto de San Sebastián.

1931

Abril

Día 12. Elecciones municipales. Los republicanos son los más votados en las capitales de provincia pero en el conjunto del país ganan los monárquicos. Así se proclama la Segunda República. Alfonso XIII abandona España ese mismo día rumbo a París, renunciando a la jefatura del Estado pero sin abdicación formal.

Día 14. Formación de un Gobierno provisional. Niceto Alcalá-Zamora como presidente de la República y Miguel Maura como presidente de Gobierno.

Mayo

Día 10. Comienza la quema de conventos en Madrid con la cómplice pasividad oficial.

Junio

Día 28. Elecciones a cortes constituyentes. Mayoría de izquierdas en el parlamento.

Octubre

Día 14. Alcalá-Zamora y Maura presentan la dimisión por su oposición al trato concedido a la Iglesia católica en la nueva constitución. Manuel Azaña es el nuevo presidente republicano.

Diciembre

Día 10. Reelegido Alcalá-Zamora como presidente de la República. Día 16. Azaña presidente del Gobierno en la coalición republicano-socialista.

1932

Agosto

Día 10. Frustrado golpe de Estado del general Sanjurjo. Septiembre

Día 9. Aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña y de la Ley de Reforma Agraria.

1933

Enero

Día 12. Matanza de Casas Viejas. Las llamadas revolucionarias se suceden durante todo el año.

Octubre

Día 29. José Antonio Primo de Rivera funda la Falange Española. Noviembre

Día 19. Tras la convocatoria de nuevas elecciones, en las que por primera vez pueden votar las mujeres, triunfan las derechas. Alejandro Lerroux forma gobierno con apoyo de la CEDA de José María Gil-Robles.

1934

Octubre

Día 6. Revolución obrera en Asturias. En Cataluña Luís Companys proclama un «Estado catalán» confederado. Ambas sublevaciones son sofocadas por la República.

1936

Febrero

Día 16. Nuevas elecciones ganadas por la coalición de izquierdas del Frente Popular. Quema de iglesias y conventos y violencia política en las calles. El día 19 Azaña es nombrado presidente del Gobierno.

Abril

Día 7. Presionado por el Frente Popular, Alcalá-Zamora dimite. Mayo

Día 10. Crisis política que se zanja con la dimisión de Azaña, quien es nombrado presidente de la República.

Día 12. Forma gobierno Santiago Casares-Quiroga. Una de sus primeras medidas es amnistiar a los implicados en la Revolución de 1934.

Julio

Día 17. Alzamiento del Ejército del norte de Marruecos y de diversas guarniciones peninsulares. Comienza la guerra civil, proclamada como Cruzada por la Iglesia.

1938

Enero

Día 5. Nace en Roma Juan Carlos de Borbón, actual jefe del Estado español.

1939

Febrero

Día 5. Azaña huye a Francia.

Día 27. En París, Azaña presenta su dimisión como presidente de la República, siendo sustituido por Diego Martínez Barrio.

Abril

Día 1. Fin de la guerra civil española.

Julio

Día 27. La Diputación Permanente de las Cortes afirma la disolución del Gobierno de la República.

Septiembre

Día 1. Reino Unido y Francia declaran la guerra a Alemania tras la invasión de Polonia. Comienza la Segunda Guerra Mundial.

1940

Noviembre

Día 3. Prematuramente envejecido, enfermo y agotado, Manuel Azaña fallece en la habitación número 11 del Hotel du Midi, utilizado por la embajada mexicana como sede provisional en Montauban, Francia.

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APÉNDICE

Tres generaciones del Ateneo *

Discurso leído por Manuel Azaña

como presidente del Ateneo, el 20 de noviembre de 1930

en la sesión de apertura de curso

Mis recuerdos personales del Ateneo de Madrid se remontan a una treintena de años. De esta Sociedad, ya pronto centenaria, he visto transcurrir el tercio de su vida. Estoy, pues, con la gente de mi tiempo que ahora llega normalmente a la madurez fructuosa del otoño, en el grupo de ateneístas volcado a participar en la cuarta generación de nuestra historia social, si esta casa perdura. La generación primera incluye a los románticos fundadores, que dio al Ateneo, cuando menos, tres presidentes: el duque don Ángel; Galiano, ya desviado del romanticismo como de un extravío juvenil, y Donoso Cortés, de quien hemos visto retoñar no hace mucho, a la vera de su efigie, las tesis ultramontanas. La generación segunda incluye a los artistas e intelectuales burgueses llegados a la vida pública después de fracasar en toda Europa la revolución de 1848. Bajo la férula del moderantismo, lo más granado de la sociedad española se aplica a vendimiar el Poder, haciendo bueno el apóstrofe de Javier de Burgos: «¡Hay mucha gloria que conquistar; mucho dinero que ganar!». En el Ateneo preside Martínez de la Rosa, elegante filósofo de la moderación y del justo medio. Pero hay en el Ateneo, no obstante su novedad, juventud y veteranía. En la década del 50 brillan los hombres que han de llenar la segunda mitad del siglo: Campoamor, Cánovas, Valera, Castelar. El ocaso de esta generación incide en la crisis del 98. La juventud que incorpora a su vida sentimental y padece en su formación la bancarrota del siglo será la generación tercera del Ateneo, y sin haberlo gobernado nunca, difunde su espíritu, crea el Ateneo disidente, sacándolo del marasmo en que lo tenían preso los númenes canovistas. En el ápice de esta generación veo a Unamuno. Citar a otros no hace al caso. No establezco una nómina; evoco el sentir general, que algunos acertaron a expresar superiormente, formado de esquivez, sabor acerbo y soledad.

En cada generación de las tres que el marco histórico del Ateneo me da hechas, la inteligencia especulativa, la sensibilidad, la fantasía creadora y el espíritu crítico —valores que el Ateneo estimula y pone en curso— se manifiestan según las vicisitudes del conflicto entre la sociedad y la persona. La generación romántica, al fundar este Ateneo en 1835, no estaba ya en la primera juventud, y no hizo más que restaurar o reponer con mayor lustre el Ateneo científico, literario y artístico, nacido al calor del movimiento liberal de 1820.

Del primer Ateneo dice uno de sus fundadores, Antonio Alcalá Galiano, comparándolo con la Sociedad de Amigos del Orden, instalada en La Fontana de Oro, que, a diferencia de la Sociedad de La Fontana, en el Ateneo no se hablaba para el público, sino para los socios; de donde puede colegirse que en sentimientos e inclinaciones ambas Sociedades se parecían. Y consta que el primer Ateneo, «sociedad pacífica y sesuda, tranquila e ilustrada», al decir del mismo grandilocuente tribuno de La Fontana, intervino, fuera de sus muros, en los asuntos públicos: con motivo del proceso y prisión de los hermanos del marqués de Cerralbo, constitucionales ardorosos y miembros del Ateneo, complicados en una algarada de los guardias de Corps, el Ateneo, igual que La Fontana, elevó una representación al Gobierno, de la que resultaron la libertad de los detenidos y el procesamiento, por resolución de las Cortes, de la autoridad que los había encarcelado. Cuando hablo, pues, de los fundadores, no quiero decir que el Ateneo fuese derivación del romanticismo, sino que, de cuantos concurren a crearlo, los más eminentes y memorables son románticos, y de resultas le imprimen carácter, como fueron parte principal y —por algún tiempo— acento llamativo de la revolución política, anterior, y más vasta que la reforma literaria. El Ateneo de los románticos nace liberal, y liberal templado, con propósito de civilizar mediante la difusión de las luces. En aquel Madrid, trabajado por la calentura política, donde iban a contrapelo la desidia popular, la majeza pintoresca, el servilismo ignorante y la frenética acción de la nueva clase directora, que apenas pudo dirigir, se abre un refugio sereno, un poco adusto, en general respetado, frente a otras sociedades literarias más brillantes y más frívolas. Por respeto al saber, en nombre de la ciencia o de lo que tal parece, en nombre seguramente de los valores espirituales puros, el Ateneo se mantiene firme en tanto vaivén y teje una tradición sin desmentir su origen. La tradición del Ateneo se resume en tolerancia. Pero esta virtud no se adquiere de golpe: ha de acendrarse y clarificarse en buena solera.

Poblado de liberales que a veces ocupaban el gobierno legal y público de la nación, casi siempre el gobierno oculto de las logias, y que regían, en cuanto escritores, el gusto literario, cuando todo era combate en política y letras, podemos conjeturar que el Ateneo, en su primera forma, no sería el archivo de la serenidad. Cargándose de años y de experiencia, el Ateneo sube a un grado más alto de sabiduría y se convierte en amparo de la libertad de opinión. La celebridad del Ateneo, en virtud de un privilegio que él solo se ha tomado, y más aún que su renombre, la autoridad moral basada en su largo ejercicio, son en cierto modo desconsoladoras: me desconsuela que en un país organizado sobre planta liberal una compañía se haga célebre porque en ella —salvo tropezones ruidosos, como el de hace seis meses, felizmente dominado— se puede hablar con libertad.

La primera generación del Ateneo es unitaria, activa, creadora. De nada se desentiende, nada restringe de su espíritu. Ninguno escatima la más humilde facultad de acción. Todas las biografías se asemejan: la logia, el club, el periódico, el presidio, el Parlamento, el Ministerio: estancias de los más notables. Llevan de frente la reputación literaria y el poder político.

El talento discursivo o la imaginación fértil habilitan a un hombre para el gobierno. Nunca el Estado ha tenido servidores más brillantes; nunca la política y las letras han sellado más íntimo acuerdo. Su argumento es el progreso; su arma, las luces; su título, el mérito propio; su fin, la libertad. Creían en su obra como en su propia vida, rasgo que importa subrayar, como iremos viendo. Leal a su sistema, aquella generación vivió las instituciones que fundaba, miró el Estado como la proyección moral de sus personas, de él se penetró y le dio su aliento, idénticos en el origen y en la suerte. Se instalaron sobre ruinas. Pero ellos, dejándose a la espalda el grandioso espectáculo inicial de la Península en llamas, el hambre, la desolación, la peste; dejándose a la espalda la feroz adversidad que Goya resume en Los fusilamientos del Dos de Mayo, no extraen de los caprichos negros de la fortuna motivos de desaliento, antes de coraje, de irrestañable amor a la vida, de confianza en el porvenir. Sobre las ruinas se ponen a edificar el alcázar de su ensueño. Del contraste entre la voluntad de su vida y el destino que la presidió, nace el apasionante dramatismo de aquella edad, compendio del drama político de nuestro siglo XIX. El siglo está muy lejos de ser estúpido. Es peligroso poner en circulación una tontería en Madrid; arraiga como sus feas acacias. Salgo de la historia política pura y me acerco a lo humano. Veo el siglo en sus hombres, en la trama de sus vidas, y descubro su valor dramático, más profundo que el de los dramas expresados literariamente por los mejores poetas de su generación. El drama resulta de considerar en la intimidad calurosa de su ser personal lo que cada uno amó y pensó, tejiéndolo con sus deseos en acción, y verlos arrollados por lo que pudieron llamar fatalidad, para nosotros simple historia, aunque gravite sobre nosotros, y en parte nos determine, sea que queramos torcerla o proseguirla. Se ve, pues, que los hombres de este tiempo estamos inclusos en aquel drama y habremos de añadirle un acto, porque soportamos el peso de acciones ajenas y en su reato consiste el primer elemento dramático de nuestra vida pública.

Aquellas gentes, como revolucionarios, sabían de sobra lo que no todos los aspirantes a revolucionar han sabido, ni tal vez saben: que una revolución, para ser cumplida, necesita dos condiciones: cambiar la base económica del Poder; variar la base psicológica de la fidelidad. Más fortuna tuvieron en lograr la primera que la segunda. Unos cientos de familias, mediante el órgano legislativo de su creación, privaron de riquezas incalculables a sus dueños seculares, dueños en virtud de principios que los mismos expoliadores no se atrevieron en último término a destruir. Desde las apropiaciones territoriales por derecho de conquista, fuese en la Península para enriquecer a los grandes señores, fuese en la América colonizada, los españoles no habían presenciado suceso comparable ni visto alzarse de la nada una clase terrateniente resuelta a defender su título adquisitivo con todos los excesos de la autoridad. Los fundadores del Estado liberal formulan principios ante cuyas consecuencias retroceden; y a la inversa: se arrojan a tales actos de gobierno, cuya justificación reside en puntos de vista que en su original crudeza les horrorizan. Por otra parte, el Estado que esta clase de nuevos ricos viene llamada a sostener, soberano, heredero de la omnipotencia absorbente de la Corona borbónica, es un Estado inerme, una entelequia que a nadie intimida, y apenas se extiende más allá de las personas de sus conductores. Los liberales eran pocos, de hecho, y no podían dejar de serlo. «La revolución de España —escribe uno de los promotores del alzamiento de las Cabezas de San Juan— había sido obra de la conjuración de unos pocos y de la inquietud y asombro de la muchedumbre, y la nueva forma de gobierno establecida no descansaba ni en la opinión general ni en interés de clases poderosas, y antes teniendo mucho contra sí, había menester algo que la mantuviese trabada y sólida, y este algo podría encontrarse en el interés y aun en las pasiones de secta. No podían llegar a ser muchos en virtud de su doctrina.

Democracia y República los espantaban. Fundaron la libertad sobre un país «legal», constituido por la riqueza y la ilustración de los mejores. El Estado liberal tendría que vivir sin base popular, falto del apoyo de los nueve décimos de la nación. Abajo quedaba la masa innumerable de las blusas y zamarras. Enfrente los poderes seculares desposeídos. La raíz psicológica de la fidelidad no tenía apenas dónde encarnar. ¿A quién se obedece? ¿En virtud de qué? ¿Quién es capaz de hacerse obedecer libremente, o quién es dueño de la fuerza coactiva para implantar la obediencia? Estas preguntas no podían tener para los desposeídos ni para los proscritos respuesta satisfactoria.

La conclusión de este proceso, que no es cronológico, como bien se comprende, sino psicológico, se impone sola. La experiencia probó en 1823 que la pasión de secta no bastaba —como quisiera Galiano— a mantener el régimen contra la hostilidad o la indiferencia de la mayoría. Los mismos que en 1812 degollaban franceses, los recibieron con alborozo y aplauso cuando venían a libertar al Rey neto. De suerte que, decretada la expoliación territorial necesaria para formar un interés de clase adicta al régimen, los liberales necesitaron además «algo que lo mantuviese trabado y unido»; ese algo fue la transacción con las potencias históricas. Transigieron con la realeza, más aún: con la dinastía; transigieron con la Iglesia, y en apoyo del Estado, nacido de la Revolución, llamaron a las potestades en cuyo menoscabo la revolución se había hecho. A transigir con la realeza dio ocasión una trifulca doméstica: «Tolero un poco de libertad —dice la atribulada viuda de Fernando— si defiendes el Trono de la inocente Isabel». «Proscribo a la mitad más peligrosa de tu familia —responde el liberal— a cambio de los prestigios sentimentales e históricos que irradia la Corona». Transigir con la Iglesia apaciguaba a los adeptos y podía desarmar a los adversarios. Los adquirentes de bienes nacionales tenían la conciencia escrupulosa. Que la Iglesia sobresanase lo hecho y lo diese por merced, a cambio de no repetirlo, y disfrutarían tranquilos las heredades de los frailes sin perder la esperanza del cielo. La Iglesia, temible por su acción pastoral, lo era también por otros motivos. El cura trabucaire, glorificado en la guerra de la Independencia, seguía pronto a lanzarse al campo, y de hecho se lanzaba o impelía a otros para que se lanzasen a luchar con el trono constitucional excomulgado. El precio de la transacción fue la libertad de conciencia, es decir, lo más valioso del principio liberal. El Estado renegó de su origen, ofuscó la razón política que lo define, y para seguir viviendo soberano en apariencia, decapitó la libertad individual, de que pretendía ser expresión y baluarte.

La transacción no debe entenderse como resultado de dos fuerzas sensiblemente iguales, que chocan, y ninguna prevalece. La transacción se concierta de antemano en los espíritus que gobiernan la fuerza asaltante. Ninguna lección quebranta su inverosímil lealtad. Casi regando con lágrimas el chaleco de Martínez de la Rosa, Fernando VII decía: «¿Qué haré si los hombres honrados como tú me abandonan?». Escena de lágrimas, de que ha llegado hasta nosotros algún vapor, bastante a sofocar el natural recelo de un hombre metido seis años en presidio por sentencia personal del rey. A la nueva clase, advenida al Poder político y a la riqueza merced a la Revolución, no le costó trabajo alguno ladearse a los valores históricos: a fuerza de oírse llamar a la obediencia, al respeto y a la fidelidad, en nombre de la Corona y de la Iglesia, concluyó poniendo al servicio de ambas la fuerza política y el poderío económico que frente a ellas y para tenerlas a raya conquistó.

La disputa por la fuerza coactiva, y su resultado de más bulto: el papel preponderante del ejército en nuestro siglo XIX, denotan en la realidad del gobierno aquella disociación profunda del Estado liberal. El liberalismo español nace entre guerras. Siempre hay ruido de armas entre los defensores de la nación. Una coplilla los moteja:

Vosotros, nacionalistas

y liberales,

andabais poseídos

de aires marciales.

En el campo opuesto el estruendo bélico no es menor. Deshecha la jerarquía, abolidos los antiguos resortes de obediencia, los nuevos no sujetan el espíritu del soldado. La fuerza adquiere noción de su calidad decisiva. Si en la sociedad española los caminos están abiertos a la ambición, al talento y a la audacia, sucede lo mismo en el ejército, imagen reducida de la sociedad que lo sostiene. Se constituye un poder árbitro entre la Corona y el Parlamento. La Corona, malcontenta en su nueva situación, adula y soborna al ejército para lanzarlo contra las Cortes. El rey Fernando urde el primer pronunciamiento por la tiranía. A su vez el Parlamento, y en su nombre los partidos parlamentarios, conspiran con el ejército para amedrentar a la Corona, o lo sublevan para rescatar el Poder. La Corona y el Parlamento no han sido bastante fuertes ni audaces para arrojarse a destruir al adversario definitivamente. Este juego engendró una fábula capital del siglo: la fábula del ejército instaurador de la libertad. Idea popular a cuya difusión consagró Galdós no sé cuántos volúmenes; bastaría la cuenta de los pronunciamientos para demostrar su falsedad. El ejército, en su papel de árbitro, no iba a ser distinto de la clase social que en su organismo prepondera, y la ha seguido en su evolución. A muchos les habrá pesado; era inevitable que la burguesía española, por no haber sido a su hora, que tal vez pasó para siempre, bastante radical, se viese un día a los pies de sus hijos, tenientes de infantería, y con los burgueses toda la nación.

La segunda generación del Ateneo aparece en un momento crítico. Después de las tormentas del 48, la ilación del siglo se trunca. El humanitarismo revolucionario que hacía verter sangre en la misma barricada al obrero y al burgués, cambia de signo. Todavía en la revolución alemana, Marx y sus amigos se juntan con los republicanos de tipo clásico; todavía en el 48, los católicos liberales y nacionalistas de Italia confiaban en que el Papa acaudillase la insurrección libertadora. Pero ha surgido un nuevo concepto de revolución y de clase, que se engendra en una nueva dialéctica de la historia. El siglo cambia de faz, de aspiraciones, de motivos. Los gestores del Estado liberal estrechan las filas e imponen para salvar el régimen un orden legal sofocante. Las gentes de que voy a hablar conocieron la reacción austríaca contra las libertades italianas, el desquite prusiano contra la república alemana, el sacrificio de Hungría, el asiento del orden bonapartista en Francia, la ruptura doctrinal de la Iglesia con la libertad, y la amenaza de Rusia, llamada elegantemente por los periódicos «el coloso del Norte», guardián de la paz pública. Los motivos dominantes en esta generación, más que para impulsarla a ensayar novedades, son propios para retenerla, porque todos se reducen a desconfianza y temor, que refuerzan su altanería y su orgullo, basados en la posesión del mando. Desengaño de las promesas revolucionarias, de cuyos desórdenes y fracaso hacían gran argumento; temor a las masas, soliviantadas por la conciencia de clase; altanería de hombres importantes, instruidos, adinerados, depositarios de la civilización moderna.

El moderantismo se instala para siempre, mediante una corta oligarquía de hombres entendidos en la administración y en los negocios, y acaba por anexionarse el Estado, convirtiéndolo en dependencia de un partido. Su política consiste en hallar un orden legal que cubra el despotismo y en cebar las ambiciones con el fomento de los intereses materiales. Sus armas: el autoritarismo despótico y la corrupción. Dos hombres las manejan superiormente: Narváez y Sartorius. El general, providencia y un poco también castigo de los moderados, tuvo sus veleidades progresistas, y en un banquete patriótico improvisó un soneto horrible, henchido de amor a la libertad. Al poco tiempo, durante su primer ministerio, fusilaba por delitos políticos a unas doscientas personas. Esta criatura amable gobernó la represión del 48, con más víctimas que revolucionarios. Por su parte, Sartorius eleva a sistema la corrupción política, y alcanza la maestría en el arte de fabricar Parlamentos sin diputados de oposición; joven, atrayente, dúctil, reviste la corrupción, en lo que tiene de personal, con apariencias de mecenazgo; el fundador del Teatro Español y del Teatro Real se atrae la lisonjera adhesión de una clientela de artistas; y, con pretexto de ayudar al talento, acomoda, pensiona y, en definitiva, soborna a una legión de escritores y periodistas. La nómina, que poseo y no la copio por su longitud, es aterradora.

Conocemos la ingenua confesión de un escritor de tercer orden, Miguel Agustín Príncipe, colaborador en una sociedad similar del Ateneo, el Museo lírico, literario y artístico. Príncipe quiere describirnos la crisis de la juventud y los profundos motivos que lo llevan a pasarse al moderantismo. Hablando en plata, se reducen a esto: no se puede vivir fuera del aprisco ministerial. La política moderada se propone la felicidad del país enriqueciendo a los secuaces; o como ya se decía: «Alumbrando nuevas fuentes de riqueza». (Las imágenes se petrifican en la prosa oficial). Procura el auge de la industria y los valores mobiliarios, de que era arquetipo la fortuna inglesa. Pero, más que en el industrialismo inglés y en su órgano político, baluarte de la oligarquía fabril, los moderados se inspiran en la práctica Luis-Filipesca. De Inglaterra temen y admiran el dinero y la escuadra. Entonces se forja el mito prodigioso del oro inglés, antecesor ilustre en las preocupaciones ministeriales y en las diatribas contra la oposición, del oro ruso. El moderantismo declara concluida la era de las revoluciones y aseguradas sus conquistas. El progreso existe, pero se realiza dentro del marco de la Constitución moderada. Por vez primera se opone, como doctrina de gobierno, el bienestar personal a las controversias de principio. Se reputan estériles las batallas de partido. Se llama a la reconciliación en torno de un montecillo de oro. El porvenir es brillante. Cierto que España —declara la prensa ministerial— está muy atrasada; pero su mismo atraso es gran ventaja, porque nos permite progresar con paso de gigante. Y se progresa, en electo. Se negocia turbiamente a la sombra del poder, y en la ganancia participan manos blancas. Notable sino: las concesiones de ferrocarriles se repartían en el Palacio Real. Y un realismo beato pretende encubrir el desorden con abusos de autoridad. Los directores de la sociedad española son autoritarios: unos, por fanáticos; otros, por escépticos. Hay ministro de Instrucción pública que pide permiso al jefe de Policía para leer y tener libros socialistas. Otros ministros conservadores guardan en su biblioteca la literatura descreída y licenciosa del siglo XVIII francés. La iglesia, ajustada la paz del Concordato, apoya al régimen, como si al fin la Providencia se hubiera decidido a tomarlo bajo su protección: se espera que, en caso de apuro, Dios dará la razón al Gobierno, si le obedece la Guardia Civil.

Madrid ofrecía una extraña mezcla de primitivismo y dureza, de corrupción social y refinada elegancia. Los nuevos ricos remedaban a los nobles, se preocupaban del buen tono, introducían del extranjero comodidades y utensilios domésticos que no sabían usar; por ejemplo, las lámparas de cuerda. La zarzuela los enloquece y la disputan por lo más acabado y sublime del arte nacional. Se introducen por su dinero en la sociedad encopetada, que, concluidas las guerras y la revolución, se divierte locamente: en el invierno del 49 al 50 se dieron en las casas de la nobleza 250 grandes bailes, sin contar los de Palacio. La juventud dorada se apasiona en pro o en contra de la Fuoco.

Madrid se deja pisotear por los menudos pies de la bailarina. Luchan en la plaza un tigre y un toro: el tigre muere, y se forma una sociedad de salvamento del toro para que, curado, pueda estoquearlo Cúchares; la prensa publica el parte diario con los altibajos de la calentura del toro. Una noche pasa el viático junto al Teatro del instituto: la escena se interrumpe, y el público permanece de hinojos hasta que deja de oírse la campanilla. ¿Puede extrañarnos que por los mismos días apareciese en las excavaciones de Itálica un pergamino con el parte que Publio Léntulo, gobernador de Judea, envió al Senado romano, comunicándole la aparición de Jesús y el comienzo de sus predicaciones? Los periódicos reproducen el texto. Cierta barbarie ostentosa, de gente adinerada y sin gusto, resplandece en las fiestas oficiales.

En el banquete de clausura de la junta o conferencia agrícola, al que asistían el Gobierno, el marido de la reina Cristina y el arzobispo de Toledo, se ofreció a la voracidad de los trescientos invitados dieciocho platos fuertes, sin contar los adornos y sainetes. Acabada la comida, los invitados acordaron llevar a la reina un ramillete colosal; y así lo hicieron, «yendo procesionalmente al Real Palacio, precedidos de la música de ingenieros, llevando en medio el ramillete monstruo, conducido por una veintena de hombres ocultos en el tinglado que lo sostenía, entre dos filas de hachones de viento y otras dos de guardias civiles». Sobre todo esto, más revelador que los discursos académicos o los mensajes de la Corona, una capa de refinamiento y dandismo. Los diarios insertan las prescripciones de la moda masculina, con minuciosa cuenta de los botones del chaleco y del frac y la traza de los pespuntes. Los pollos suceden al petimetre, al currutaco, al calavera, al pisaverde, al calvatrueno, y anuncian al gomoso. El romanticismo en fuga deja en los modales urbanos un tono afectado, perifrásico. Había gente para saludarse de este modo: «Yo gozo del bien inestimable de la salud. ¿Se encuentra usted en el mismo venturoso caso?».

Del Ateneo, que vivía próspero, dirigido por Martínez de la Rosa; ni de sus cátedras, que eran más de veinte: de lenguas clásicas y modernas, de filosofía, literatura e historia, de religión y derecho, de ciencias naturales y arquitectura; ni de sus debates y sesiones literarias, nada diré. Por descargo de conciencia mencionaré a un conferenciante, el señor Montemayor, que había inventado un aparato de volar, de nombre El Eolo, y que en 1851 dio en el Ateneo algunas lecciones sobre Airestación. Confieso que nunca he oído hablar del Eolo ni de su inventor; y habiéndome tropezado con ellos en mis devaneos de curioso, pesan algo en mi conducta, si los relaciono con el estado actual de la navegación aérea. Si algún extraviado solicita esta tribuna para formular cualquier disparate, pienso en Montemayor, y me inclino a ser tolerante, no vaya a convertirse la extravagancia de hoy en la realidad de mañana. Hay que precaverse contra los chascos del porvenir.

La segunda generación de ateneístas, cuyos representantes más ilustres he citado al comienzo, aparece dividida contra sí misma. Unos, por escepticismo, se adaptan al orden establecido; otros, con voluntad creadora, se esfuerzan en subir la realidad española a un grado de compostura civil arreglado al interés de su clase. El de más allá, se opone al Estado, pensando que la reforma necesitada por el progreso abrirá una era de bienandanzas. Campoamor, escéptico y algo cazurro, gobierna una provincia y es diputado con la «moderación». Valera, humanista de cepa, incrédulo como un contertulio de D’Holbach, imbuido de filosofía crítica, conocedor de la indigencia filosófica y literaria de su tiempo, se alista en el moderantismo, a sabiendas de que hacerse «sartoriesco» es mancha imborrable. Castelar se eleva al humanitarismo conciliador, y su verbo amplifica el sentimiento de religiosidad que habita en su alma y la emoción estética ante la historia universal; a su modo, es providencialista, supliendo por la providencia personal la idea de progreso.

Cánovas, menos filósofo, menos artista y sensible que los otros tres, es el talento pragmático que pretende aprovechar las lecciones de la historia española y los datos positivos de la sociedad en que vive. Los cuatro denotan otros tantos modos de la mente española; prueban que la unidad de la generación anterior se había perdido, como la adhesión íntima a las instituciones y jerarquías en que estaban puestos. Siempre en disensión, trabaron polémicas ruidosas de que no queda ni memoria. Los cuatro representan la cumbre de los valores oficiales de España, en lo que afirman y en lo que niegan. En el Ateneo apenas circulaban otros.

Cuarenta años más tarde, los mismos hombres, en lo sumo del poder o la celebridad, pueblan el Olimpo de la restauración y apuran su vida en el Ateneo: sobre la restauración y el Ateneo pesa la mano de Cánovas. Su obra ¿les compensa la vida? Cánovas, político de realidades, ha creado el sistema más irreal de la historia española. La restauración proscribe el examen de las realidades del cuerpo español; no podía progresar dentro de sus líneas y se condenaba a la esterilidad; o si progresaba iba derecha a su propia destrucción. Cánovas lo sabía. Nadie ha tenido de los españoles peor opinión que Cánovas, y al caer fulminado como pertenecía a sus pretensiones de Titán, llevándose quizá la convicción de que su patria no le había merecido, rodó también el fardo que llevaba a cuestas. Castelar se rinde a la apariencia gobernada de todas maneras por Cánovas. El profetismo, la exaltación humanitaria se apagan. Castelar da por buena la ficción transaccional de la Regencia, como si la pasión de antaño no hubiese tenido otro designio que implantar, sin electores, el sufragio universal. Valera conoce la hinchazón y las representaciones ilusorias que alimentan la vida pública y nos da ejemplo de conformidad desalentada y burlona: «Donde Selles es un Sófocles —escribe a su amigo Marcelino Menéndez y Pelayo— bien puede usted ser un Píndaro y yo un Cervantes». Con lo cual Valera destruye la base de su propia posición. Durante la guerra se había burlado dulcemente de los generales de Cuba: «¡Pobrecitos! —viene a decir—. No hay que hablar mal de ellos. Si no acaban con la insurrección, hacen cuanto pueden. ¡Bendígalos Dios!». Consumada la catástrofe, Valera aconseja que nos dediquemos a tocar la zampoña, así como Don Quijote, después de su vencimiento, pensó hacerse pastor. Ninguno acertó a poner en línea la conducta y el pensamiento, lo que era y lo que representaba. Cánovas, en el ápice del poder, quisiera ser gran prosista, crítico e historiador. Discernía fallos sobre escuelas literarias como pudiera repartir actas de la mayoría. Valera, no contento con su autoridad de escritor, ambicionaba ser ministro, ganar amigos, adquirir poder. Castelar quisiera ser novelista sin observación, e historiador sin método. Campoamor, más filósofo, tomaba el sol en el Retiro, viviendo sus Doloras, y oía misa los domingos por no oír a su mujer.

Aquellos hombres, y los grupos en que solían brillar, declinaban o habían transpuesto el horizonte cuando pude incorporarme al Ateneo. Que me pareció entrar en un templo, sería hipérbole; el recinto lóbrego bastaba para creerme en las catacumbas. Viniendo del aire libre, el prestigio del local, formado de ranciedad, de misterio, sobrecoge al novato, que se imagina caer en el seno de la gran pirámide; al menos, yo me sobrecogí, síntoma de ingenuidad como ya no se usa. Frialdad, silencio, vejeces: eso había. Salas fuliginosas, el paramento negro, costumbres inveteradas, rutinas impuestas por los antiguos; y un tono casero, propiamente ateneísta, como el ambiente confinado, tabacoso y friolento. Concurrían ancianos ilustres que habían desempeñado papeles de importancia. En la Cacharrería, el más ameno conversador, Echegaray, tiritando en su abrigo de pieles junto a la lumbre, mordíase la perilla para sofocar el enojo de alguna impertinencia mal sufrida. Figuerola, ciego, se hacía leer la prensa por un joven servicial. Pirala revolvía libros en la Biblioteca. Otros personajes, a quienes yo creía sepultados en las páginas de La Estafeta de Palacio y demás cronicones del siglo, alentaban aquí, contemplando sus cicatrices. Concurrían eruditos de marca, acaudalados de saber noticioso, del saber que se dispersa estérilmente al morir el coleccionista. Concurrían algunos locos que la sorna glacial del doctor Simarro nos enviaba, elegidos en su clientela. Los viejos contaban como de ayer cosas antiguas, para mí antiquísimas. Un mozo sin experiencia del tiempo ni medida psicológica de la duración se imagina separado por un abismo —del no ser al ser— de cuanto no han visto sus ojos. Pronto advertí en la situación moral del Ateneo cierta correspondencia con su hechura cavernosa: debía su aislamiento a la reputación de casa docta y sabihonda. Advertí también que esta catacumba lo es mucho más de cuanto promete su aspecto: por ella se penetra en lo recóndito del siglo.

Viniendo al Ateneo en los albores del 900, ateneístas más antiguos me contaban horrorizados que en julio del 98 los tertulianos de la Cacharrería brindaron con champaña por la supuesta victoriosa salida de la escuadra de Cervera en Santiago de Cuba. Ello denota hasta dónde subió la marea del patriotismo en este hogar del libre examen. También en el Ateneo la depresión se proporcionó al chasco padecido. Un aluvión de gente nueva lo puso a tono con el ambiente social. Madrid entraba en una fase de renovación, semejante, pero menos fuerte, a la que produjo años después la guerra europea. Madrid se esforzaba por subir un poco en el rango de capital: quería mejorarse, modernizarse. En aquella ciudad despaciosa, soleada, provinciana, propuesta a los desfiles regios y a las procesiones católicas, vestida de limpio el 2 de mayo, girando sobre el polo elegante del Teatro Real y el polo plebeyo de la plaza de toros, entonada por la humanidad galdosiana de la politiquería y los gomosos del Veloz Club; plantel de jóvenes desbravados en Fornos, en la cuarta de Apolo y en las hospederías lúgubres del barrio de la Universidad, se enquistó un exotismo primerizo. Vinieron espectáculos insólitos. Los señoritos asistían de frac a las primeras funciones de varietés. Conocimos, aunque no lo parezca, mejoras urbanas: los primeros faros y los primeros tranvías eléctricos transformaban la calle. Mudaba el gusto: sobrevinieron las sinrazones atroces del arquitecto modernista. Progresó el confort doméstico: la moralidad y el agua sellaron paces. El uso del baño dejó de ser, al menos en teoría, síntoma de inclinaciones pecaminosas: ciertas heroínas de Galdós, al emprender lo que llaman las familias «mala vida», comienzan a lavarse y fregotearse, como si llegaran al infierno de sus pecados por la vía acuática. Madrid pugnó, ganando el tiempo perdido, por acomodarse al nuevo siglo. La consigna era: modernidad.

Nos importa aquí sobremanera la modernidad en la disposición del ánimo, que tomó dos formas: tristeza y violencia. En el desmayo general del ánimo público, los más finos estuvieron tristes por influjo literario, contagiados de la moda delicuescente, tristes por desengaño precoz de una egolatría sin porvenir; el análisis los dejaba apáticos. Los jóvenes de veinticinco años hablaban de su fracaso. La inauguración de la vida miraba al Poniente: ninguna delicia mayor que demorarse en la melancólica languidez de un crepúsculo de otoño. La imagen cabal de una sazón tan rara pondría al joven desolado —en un atardecer del bello octubre madrileño, bajo el primer aguijón del frío—, retrayéndose de la algazara a una intimidad clandestina, picada la facultad sensible por el ansia de un mañana sin objeto, la inquietud poética y la morbidez juvenil inexperta, con primores de perversión y extravío. La imagen implica los temas usuales: «¡La Vida…! ¡La Tarde…! ¡Las Hojas…!». Todo con mayúscula. Ampara esta imagen el esplendor de un poniente veneciano, cargado de aromas letales, abierta la granada simbólica. Los exquisitos percibían un eco perturbador, un son de remos, el sesgo paso de la góndola de D’Annunzio en la laguna de Venecia, portando el amor de Evelio Effrena y la Duse. La moda en el vestir prestó fugazmente librea a la tristeza. Se introdujo un atuendo lúgubre: gabán hasta el tobillo, ceñido a la cadera; corbata de abultado plastrón, liada dos veces al cuello; la cabellera larga, pegada al cráneo, que les daba aspecto de náufragos. Los pollos barbiponientes traían el rostro poblado de pelos románticos. La perversión, el satanismo, la afectada marchitez de flores desfallecidas, protegían la entrada de galicismos nuevos, que es gran mejora, Jacinto Benavente pugnaba por dominar al público, que aún lo repelía, temiéndolo introductor de una moral, de una estética demasiado audaces, Y en su avatar primero, quevedesco y bohemio, insospechado antecedente de su actual hechura de fakir indostánico, circulaba por Madrid, melenuda, enchisterada, escándalo de burgueses y señoritos, insolente promesa de un mañana fecundo, la magra humanidad de Valle-Inclán.

Otra corriente de modernidad menos apacible rayó en lo tremebundo. En sus formas populares, o si se quiere triviales, que tejen lo cotidiano, se componía de una acepción bastante fútil del principio de la lucha por la vida, adaptado del darwinismo y de fórmulas conversacionales de moral nietzscheana. Todo sujeto con pretensiones eludió el anatema común, profesando en la superhombría, declarándose animal de presa. El desdén, la agresión, la violencia eran las virtudes teologales de la nueva escuela. La pedantería ingenua ensalzó el tipo de luchador. Todos luchaban, ignoro todavía con quién. Si pasado algún tiempo de no verlo, preguntábamos a un amigo: «¿Qué es de ti? ¿Qué haces?», respondía: «Ya ves, siempre luchando».

¡Cuántos luchadores de esta marca, aspirantes a romper la vieja moral de los esclavos y a darse su ley propia, concluyeron administrando justicia por cuenta del Estado en un villorrio pacífico; y muy contentos que viven! Las primeras novelas de Azorín y Pío Baroja retratan hombres indecisos, flojos, desorientados, que por desdoblamiento enfermizo están como aparte de su vida y antes de cursarla se plantean mil cuestiones sobre su valor intrínseco. La voluntad, Camino de perfección, son testimonios irrecusables. La fuga lírica, en alas de la emoción amatoria, entreverada de añoranzas que palpitan en la fuerza del estilo, como el fantasma morador del vetusto y umbrío pazo de su quimera, se debe a tal creación memorable de Valle-Inclán. El personaje bravío y antisocial se cuaja en Pío Cid, más cargado de buenas intenciones que de aciertos. Si la rebeldía romántica, arremolinada en torno de Larra, lo subía en el pavés —con mediana penetración de la intimidad del personaje y de la época, pues sólo pegándose un tiro en edad temprana pudo librarse Larra de ser ministro, embajador, académico y consejero de Estado—, los anarco-aristócratas, tal era el mote, propendían a encontrarse en el jirón de Ganivet, por más empapado que estuviese de sentimentalismo histórico y español de pura cepa ochocentista. Un crítico vino a promulgar ruidosamente en el Ateneo el evangelio ganivetiano: según dijo, Ganivet, en lo físico y lo moral, fue el tipo del superhombre, precursor de una raza que por misteriosas combinaciones zoológicas dejaría muy atrás al homo sapiens de nuestra era. El Ateneo, muy docto, pero entusiasta, crujía con los aplausos.

En el primer debate que presencié, el Ateneo quiso dilucidar si la forma poética está o no llamada a desaparecer. Discutieron con largueza de palabras y tiempo. En el hogar de las letras hubo gente, y no poca, para creer extinguida la porción de la actividad espiritual designada por los hombres prácticos con el nombre de retórica; gente para creer que el nuevo siglo consistiría en máquinas, abonos químicos y sociedades para el fomento del crédito o la agricultura. En el teatro, el personaje simpático solía ser ingeniero, adornado del prestigio de las ciencias aplicadas, triunfantes sobre la especulación pura, la poesía y el arte. A veces, el médico reemplazaba al ingeniero, como en Amor y ciencia, de Galdós, en espera de ser desalojado por el pedagogo o el biólogo. Tal espíritu cundió en el Ateneo precisamente al abrir su espléndida flor la lírica renovada; cuando la prosa— que Campoamor equiparó al balido, como medio de expresión— recobraba por virtud del estilo un valor cuasi poemático, una categoría estética perdidos en nuestra lengua desde hacía dos siglos. Es difícil, aun siendo ateneísta, darse cuenta de lo que verdaderamente ocurre a nuestro alrededor.

En otro debate característico vinieron a desfogarse los impulsos de rebeldía. Formaban piña en el Ateneo algunos sociólogos, de quien no me queda tiempo para escribir los buenos ratos que les debimos. Desperdigados más tarde en comisiones, congresos e institutos internacionales, mantienen la reputación de España, si no es que la crean, ante los cónclaves más graves de la suficiencia mundial. El tema en discusión sería el socialismo o el anarquismo, no recuerdo bien. Los sociólogos aportaron su dictamen. Junto a ellos concurrían los militantes: Pablo Iglesias, Jaime Vera y otros socialistas; el doctor Madinaveitia, intelectual anarquista; Federico Urales y su mujer, Soledad Gustavo, encargada de leer los discursos del marido; el futuro duque de Maura, tocado de diletantismo socializante; y entre Urales y la Gustavo, un joven entrerrubio, rasurado, impávido, que si lo aludía un adversario erguíase en el escaño y, abiertos los brazos, exclamaba: «¡Yo soy hombre de acción, no de palabra!». El hombre de acción, de pocas palabras, era don José Martínez Ruiz, todavía sin seudónimo.

Lo más crudo y memorable de aquella transición fue la contienda de la gente nueva contra los viejos; memorable por su inaudito furor. Que una generación desaloje con poco miramiento a quien la antecede es fenómeno útil y necesario; por tanto, normal en los pueblos que trazan su historia sobre la razón de variar. En el orden literario, el fenómeno se produce cuando en la cabeza de los escritores viejos se forma, como en la cabeza de los sapos viejos, la piedra sapia o estelión, panacea de los venenos. No sucede lo mismo en todas partes. Tengo yo leído que algunas tribus negras del centro de África veneran en tanto grado a la ancianidad, que los jóvenes, por asimilarse la prudencia, la cordura y el saber de los viejos, se los comen; el canibalismo viene a ser, aunque nos pese, un rito estomagante del culto a los antepasados y a la tradición, muy favorecido en España. Otras tribus del mismo color acostumbran conservar el cráneo de los viejos untado de rojo y aceite, como estimulante reliquia y talismán defensivo. Los españoles, si no padecemos el tradicionalismo letárgico de los negros, somos inclinados a la admiración benévola. Aquí, en el Ateneo, no se conservan los cráneos; pero en algún modo los veneramos, confiriendo a los ilustres la ominosa distinción de quedar retratados en nuestra galería. Siempre se ha entendido esta costumbre como recompensa rara, dirigida a despertar la emulación de los principiantes jóvenes; pero yo, a veces, lo dudo. Mirando el conjunto, me asalta la sospecha de hallarme ante una severa recordación de la vanidad de la gloria, como si al individuo trabajado por el afán de encumbrarse le pusieran delante, con la intención de Valdés Leal, las postrimerías del renombre. La gente moza de aquel tiempo, rebelde a los valores tradicionales, arremetió contra los viejos como si fuera a devorarlos a usanza negra, no por reverencia, sino de aversión que los tuvo.

El impulso dado al Ateneo y el giro que lleva desde hace treinta años, expresan la mudanza sufrida en la conciencia pública. El Ateneo, enteco y casi arruinado merced a su gravedad en tiempos anteriores, se hizo numeroso, bullicioso y libre como nunca. Roto el acatamiento a lo consagrado, perdió aquí prestigio cuanto las instituciones de la sociedad española encumbran y avaloran. Buen síntoma fue que empezara a extenuarse la correspondencia tradicional entre la órbita ateneísta y el mundo político, singularmente el parlamentario. El Ateneo dejó de ser el palenque donde la imaginación del provinciano ambicioso soñaba distinguirse ante las autoridades de la Casa, ante un gran ministro, quizá ante el presidente del Consejo, que lo subirían de la mano a eminentes posiciones. La siembra del espíritu nuevo y la cosecha de sus frutos se han logrado sin mengua de nuestro carácter; antes, acendrándolo cuanto ha sido posible. A los jóvenes de entonces, la gravedad del Ateneo se nos imponía con fuerza que no puedo medir en los de ahora. Era el sentimiento de agregarse a una tradición viva, de recibir la primera hospitalidad ilustre y el reconocerse, perdido cada cual oscuramente en la masa de socios, partícipe de una función discordante, mal definida. El Ateneo excita la curiosidad personal mediante su biblioteca y sus debates, pero recibe y amplía impulsos individuales; es móvil, es resonador; recoge y propone. Muy pródigo y complejo, a veces fútil, con malgasto de tiempo y energía, es la más durable creación libre de un siglo, durable a causa de su libertad, que nos permite modelarlo sobre lo urgente. Borroso de límites, podemos pensarlo a nuestro modo, darle el contenido menos disímil con nuestro ser personal.

Inmediatamente, sin proponérselo siquiera, las gentes de que voy hablando influyeron su ánimo en las formas de acción del Ateneo. Sobre el efecto capital que las resume —afinar la sensibilidad hasta el punto necesario para que, viniendo de las más distintas aplicaciones del talento y del trabajo, la inteligencia «obcecada en el estudio» se eleve a los problemas generales de interés nacional— quedó impreso el cuño de aquella generación, que es el del Ateneo moderno.

Los románticos fundadores creyeron en el Estado que daban a luz como en su propia sustancia; los moderados, imbuidos de un doctrinarismo rígido a quien se debe los fundamente del régimen representativo, aceptaron un Estado de cuya falacia original vivían persuadidos. Los hombres del 98, y sobre todo —recuerdo las defecciones personales— su espíritu, en que nos hemos criado, instauraron la actitud de repulsa, trazaron el ángulo crítico, abrieron cauce al movimiento inaugural de una edad nueva, rompieron con cuanto el Estado representa; bien entendido que no empleo esa expresión en su estricta categoría jurídica, sino como representación, guía y tutor de una continuidad histórica. La repulsa, la crítica, el movimiento reformador, llegan ahora a punto de exaltación nacional, causados por recientes desdichas; pero antes de ser un hecho nacional, ya eran, en cuanto va de siglo, un hecho ateneísta. Cada vez que el Estado español organiza una catástrofe o presume eludir un problema cometiendo un crimen, se recrudece y ensancha la protesta. Las catástrofes se suceden con periodicidad bastante corta para que los sentimientos motores no se apaguen. Pero el manantial primero está en la aurora del siglo. Cuanto hemos visto suceder más tarde es imagen reducida de la conmoción original. Doloroso es el desastre de África, de menos monta, sin embargo, en el orden político, técnico y moral que las guerras coloniales y su término. Ominoso es que el Estado organizase hace diez años el asesinato, llevándolo de las Bellas Artes, en que un extravagante quiso situarlo, al régimen de gobierno; y muy sonrojante que los autores del crimen fuesen elevados a la dignidad —si desde entonces puede aplicársele este vocablo— de consejeros de la Corona; no sé yo qué le habrán aconsejado. Pero ello no hace sino ampliar en cuantía, nunca en calidad, el sistema de fusilamientos, persecuciones y atrocidades memorables. Cada vez que la protesta recrece en el país, el Ateneo se agita, se vigoriza y aun se congestiona. La tensión actual del Ateneo condensa el estado paroxístico del ánimo público; dilata y corrobora otros días de agitación que acuden raudamente a mi memoria. Quien no los viese podrá entender por la agitación actual, como ante un experimento de laboratorio renovado a voluntad, la agitación antigua. No seré yo, ni los camaradas que conmigo vienen de la punzante soledad inscrita por Unamuno en la imagen del cardo silvestre; no seré yo, que con otros aguardaba verme un día menos solo, quien siembre desde esta tribuna la moderación ni el desmayo.

Volviendo ahora los ojos al mañana, es obvio que el Ateneo pondrá en las contiendas futuras su aportación genuina. Si mi esperanza no falla, cumplidas las setenta semanas de Daniel, saldremos de cautividad y podrá construirse el templo nuevo. En la gran renovación y trastorno necesitados por la sociedad española, la función del Ateneo es primordial. De dos fuerzas activas, determinantes, que han de provocar las destrucciones irreparables deseadas, está en primer rango la inteligencia. Es menester una ideología poderosa, armazón de las voluntades tumultuarias. Es menester el hábito y la técnica de discurrir con tino para afrontar las creaciones históricas que se presentan ante el vulgo como argumentos irrebatibles. Solamente la facultad crítica, ebria de absoluto, avezada a las abstracciones, puede contrarrestar los monstruosos accidentes que pretenden vivir, ya esquilmada la sustancia de que fueron parásitos. La potencia intelectual se irrita del atropello de la verdad, y no puede, aunque quisiera, disimular el atropello, porque hay un pudor del entendimiento y no sufre ver profanado lo verdadero. Esta cualidad fomenta el Ateneo cuando provoca el acercamiento desinteresado de la inteligencia a los problemas políticos; hablo de política en su acepción más noble, eterna, inteligible para Demóstenes, para Colbert y para Trotsky. La tarea de suscitar y educar esa cualidad es necesaria y difícil. La sensibilidad política, como yo la pongo, es rara. Se conquista a fuerza de ilustración, de generosidad y de experiencia; pero el ánimo generoso y humanizado es el punto más alto de la cultura personal, equivalente en el orden cívico a la santidad. Se dirá —ya me lo han dicho— que esta fase de la actividad del Ateneo rompe la disciplina mental, quebranta la especialización, inexcusable si ha de hacerse algo bueno en la vida. Yo no lo entiendo así. No se pretende que el jurista, el biólogo, el filósofo, el poeta, prostituyan su trabajo profesional llevándolo a fines bastardos, extraños al puro objeto de su ciencia o su arte. Se pretende que, especialistas a su hora, sean hombres a todas. Y puesto que en su cualidad de hombres los constituye, entre otros, el hecho de pertenecer a una sociedad en trance de disolución y reforma, se pretende que la inteligencia pura explore esta parte de su humanidad verdadera, la entienda, la articule, la promulgue con el celo y la suficiencia conquistados en su oficio propio. Del sujeto que rehúsa mezclarse en las agitaciones del vulgo, so pretexto de vivir en esfera sublime, yo desconfío: de su capacidad, si en efecto nuestras preocupaciones no le importan, y veo en ello, antes que distinción, señal de mengua y cortedad de espíritu; de su carácter, si se esquiva y retrae a una abstención prudente por ventaja personal o por librarse de la incómoda refriega.

Nada es más urgente en España que el concurso de la inteligencia pura en las contiendas civiles. Normalmente, los españoles somos poco propensos al libre examen, a valernos de nuestra razón personal. Hace tiempo, el señor Rodríguez Marín publicó un catálogo de 21.000 refranes; creo que después ha publicado otro de 13.000 refranes. Y yo me pregunto, un poco asustado: ¿Qué puede esperarse de un país con 34.000 refranes? Puede esperarse atonía del entendimiento. En cada trance específico, el español, antes que de su razón, echará mano de una fórmula genérica que le permita salir del paso sin fatiga de las meninges. No es menos clara nuestra falta de memoria, que nos impide en toda ocurrencia entender su origen, hallar su antecedente, presentir sus resultados probables. Refiere el historiador de los pingüinos, ponderando la frágil memoria de estos inocentes pájaros, que algunos se acostaban con su abuela y al día siguiente ya no se acordaban. De incontables nupcias nefandas los españoles no guardan recuerdo. Sin tales faltas de experiencia y actividad racional independiente, no habría españoles dispuestos a comulgar con ruedas de molino, ni habría habido, siete años ha, cuantioso número de gente (los hombres oscuros y modestos alabados por el profeta) capaz de creer que los problemas de gobierno rebeldes a la controversia libre van a resolverse, mediante la supresión de toda actividad espiritual, por ocho brigadieres cuchicheando en torno de una mesa. Tamaña injuria al entendimiento no fue rechazada por cuantos debieron protestarla. De algunos corros intelectuales salieron consignas esotéricas, haciendo creer que el caso denigrante encerraba gran misterio, virtud de justicia distributiva, inasequibles para nosotros los vulgares. En España, de todo quiere hacerse pretexto para eludir el deber social. Ningún pretexto más pernicioso que el de fundar en el talento o el saber un privilegio contrario a la regla común. El talento es don natural, que por sí a nadie cualifica. La sabiduría está al alcance de quien la quiera: basta estudiar para ser sabio, aunque el estudioso, larva de sabio, sea tonto. El talento y el saber se cualifican por la probidad de su empleo: consiste en reconocer la deuda con la sociedad y abnegarse para servirla, porque sin su apoyo y socorro, imperfectos cuanto se quiera, muchos que se engríen de ser talentudos, sabios o técnicos, y toman de ello ocasión para infringir las reglas elementales de la decencia pública, estarían destripando terrones. En España, las cosas de la cultura suelen tener pobre arraigo, aire de advenedizas, de ropita dominguera, como en país colonial, y desvanecen a los espíritus ligeros que con ella se adornan. La sabiduría, o lo que pasa por tal, corrompe a veces más que el dinero.

Concibo, pues, la función de la inteligencia en el orden político y social como empresa demoledora. En el estado presente de la sociedad española, nada puede hacerse de útil y valedero sin emanciparnos de la historia. Como hay personas heredo-sifilíticas, así España es un país heredo-histórico. No hablo de la historia impasible, objetiva y, en fin, científica, si puede llegar a tanto, que algunos lo niegan; precisamente, si ha de ser ciencia, la historia debe abandonar cualquiera pretensión normativa ulterior al hallazgo de la verdad; no hablo tampoco de la historia en cuanto significa el hecho natural de un pueblo vivo, en su inconsciente devenir. El morbo histórico que corroe hasta los huesos del ente español no se engendra en la investigación ni en la crítica o análisis de los hechos; antes, la falta de esos hábitos mentales prepara el terreno y lo dispone a la invasión morbosa. España es víctima de una doctrina elaborada hace cuatro siglos en defensa y propaganda de la Monarquía católica imperialista, sobrepuesta con el rigor de las armas al impulso espontáneo del pueblo. Inventa unos valores y una figura de lo español y los declara arquetipos. Exige la obligación moral de mantenerlos y continuar su linaje. Provee de motivos patéticos a la innúmera caterva de sentimentales y vanidosos, semilocos, averiados por una instrucción falaz y un nacionalismo tramposo que ni siquiera se atreve a exhibir sus títulos actuales. Cada vez que la tiranía tradicional arroja la máscara y se costea a nuestras expensas el lujo de ostentar una semejanza de pensamiento y una emoción fluente, se vuelve al pasado. Hace siete años la tiranía fue a encerrarse con su legión de secuaces en el patio de la Mota de Medina, y ante los roídos ladrillos de una fortaleza medieval —ilustre testigo, por cierto, de la última insurrección popular española— se declaró heredera y continuadora de Isabel la Católica. Hecho más significativo —allende su primaria grotesquez— de lo que aparenta. Si la ocasión lo permitiese podría demostrarse que las pretensiones hereditarias del general dictador y su alucinación providencialista, emanadas del poso de una menguada enseñanza española, no fueron puro desatino. Precisamente por no serlo, el caso denota la profundidad de la lesión y la urgencia del remedio.

Ha de haber en el espíritu español un encogimiento medroso, que a muchos revolucionarios les ha impedido soltarse del pasado y botar su nave en las libres aguas del porvenir. Hace un siglo, los revolucionarios liberales se empeñaron en demostrar que su revolución restauraba instituciones arcaicas: Toreno, Argüelles, Martínez de la Rosa, el propio Martínez Marina y otros expositores del liberalismo español, torturan la tradición para autorizar su obra política. En tiempos modernos, un apóstol, casi un mártir de la regeneración española, estaba también poseído del mismo afán. Y no es raro todavía que de un pedazo de carta municipal del siglo XIII se pretenda sacar —como de un hueso perdido dedujo el naturalista la armazón del esqueleto— la planta jurídica, amparo de mi libertad en el siglo XX. A favor de esta inclinación hereditaria, el morbo histórico estraga la porción dominante de la sociedad española. Los más de los españoles no lo reciben directamente, porque no pasan de la escuela, si por ventura la frecuentan, pero lo sufren en sus costillas. El cultivo se hace en la parte menor, a través de la educación, del contagio adquirido en su ambiente social. Ellos escriben después en los periódicos, publican libros, echan discursos, dirigen la producción, pueblan las oficinas, el Ejército, gobiernan el Estado. De esta clase timorata, precavida, tullida de ánimos, recontando miserablemente los ochavos de su hacienda y los ochavos de su gloria, menos disconforme en la entraña con el espíritu y los métodos de la tiranía de cuanto ahora quiere decir, no debe esperarse nada; yo no lo espero, a causa del amoralismo de su técnica y la corrupción de su cultura. La obligación de la inteligencia, constituida, digámoslo así, en vasta empresa de demoliciones, consiste en buscar brazos donde los hay: brazos del hombre natural, en la bárbara robustez de su instinto, elevado a la tercera potencia a fuerza de injusticias. A ese hombre debe ir el celo caluroso de la inteligencia, aplicada a crear un nuevo tipo social. Tal es la semejanza de la política y el arte; en su virtud, la pasión política prende con facilidad en los más sensibles. La ciencia no se preocupa de los destinos de su objeto. Nosotros decimos que el cangrejo es un crustáceo; pero el cangrejo no lo sabe. Ésta es la ciencia, y al cangrejo no le importa ignorar dónde lo clasifican. Nosotros decimos que el hombre es ciudadano, pero los más de los hombres no lo saben.

Hacérselo saber y entender es admirable cebo para la facultad creadora. Los gruesos batallones populares, encauzados al objetivo que la inteligencia les señale, podrá ser la fórmula del mañana. En rigor, nunca las cosas han ocurrido de otra manera.

Si me preguntan cómo será el mañana, respondo que lo ignoro; además, no me importa. Tan sólo que el presente y su módulo podrido se destruyan. Si agitan el fantasma del caos social, me río. «Caos social» es muy necia expresión. De chico me enseñaban a probar la existencia de Dios con el argumento —entre otros— del orden maravilloso reinante en el Universo. Y yo me preguntaba: ¿se concebiría el Universo desordenado? Si no hubiese Dios, ¿andarían por el espacio las estrellas dándose trompicones? ¿No se establecería por acción y reacción de las masas un equilibrio que los físicos me describen en las leyes de la Mecánica? Este argumento —concluía— no prueba nada. Otro tanto digo del caos social; no es menester que yo intente ordenarlo. Si me arrojan a la cara como un baldón que este punto de vista hace tabla rasa de lo español, evapora las esencias nacionales y maltrata nuestro carácter, me niego incluso a rebatir el argumento.

No todo lo español merece conservarse por el hecho de existir. Nadie podrá delimitar con criterio que se me imponga como una verdad científica la imitación y lo genuino. Abundar en lo español no es regla utilizable en ninguna creación: lleva a risibles anacronismos y mascaradas. Díganle a un pintor con talento original que se atenga a recopiar los maestros del Prado; sería condenarlo a muerte eterna, y, en definitiva, sería impedirle continuar la tradición que tanto se alaba. Así en política. Ninguna obra podemos fundar en las tradiciones españolas, sino en las categorías universales humanas. Subsistirá lo español compatible con ellas; el carácter, en su fuerza profunda, sabrá manifestarse, tal vez a nuestro pesar, de seguro sin nuestro permiso, como se revela y declara en las civilizaciones florecidas sobre el suelo peninsular.

Es peligroso emplazar a las gentes para un mañana próximo, sobre todo si está en alguna manera pendiente de nuestra acción personal. Sobreviene el fracaso y queda uno expuesto al sarcasmo y la burla. También yo manejo el sarcasmo, pero me abstengo si la ocasión excede de mi gusto e interés propio, ni puede someterse a los altibajos del humor. El porvenir será nuestro como obra del pensamiento, del trabajo, de la energía, no de la Providencia ni de un vago Destino, formado generalmente con la suma de los desmayos y menguas de la voluntad. Esta confianza tiene otro arraigo y vigor que las volátiles quimeras juveniles. Se funda en mi experiencia de la vida. Imaginarse que el brío personal repone la novedad del mundo es propio de un joven. Cada cosa nueva en su experiencia vale por un hallazgo no soñado siquiera. Oleadas de sangre moza sustituyen a la sangre amortecida y caduca. Tantas veces como la marea ascendente de la sangre penetra en la vida pública, viene bajo la hechicera imagen de una misión inaugural: comienza otra jornada, tiempo nuevo. Pretenden rehacer el mundo a su semejanza: condición de nuestra felicidad jamás cumplida, porque las imperfecciones del mundo consisten en no estar hecho a mi gusto, es decir, para cada uno, a su igual. De este deseo, por más que se malogre, sólo es posible hablar bien: engendra el progreso, libra sobre albores remotos la razón de la vida, y, según la explicación mitológica de nuestro origen, le debe el mundo su advenimiento al ser. En los senos de la eternidad y la nada, al pensar el mundo, Dios lo creó a medida de su deseo, por donde viene a saberse, gracias al Génesis, que Dios tenía imaginación. Se logró, por una vez, ese afán de que arde en cada hombre una chispita. En el hombre hay, pues, algo de divino. La fantasía, la quimera, la voluntad creadora, el don poético y el arrebato fatídico, recuerdan su hijuela en la divinidad; o bien el hombre, al pensar sus dioses, les regala un entusiasmo capaz, en el orden sensible, de aquello que el hombre sólo acaba en lo poético: engendrar criaturas, o, mejor dicho, crearlas a su imagen y semejanza mediante la palabra.

La misión inaugural del tiempo nuevo tropieza, antes de agotarse, con un obstáculo vencible a costa de la vida: la posesión del mundo por otras gentes, que no admiten ser desahuciadas de su posesión. El deseo de la gente vieja, o siquiera madura, no es diverso del de la gente moza. Cabalmente por ser el mismo, les es contrario o enemigo. Ellos también quisieron acomodar el mundo a su imagen, creyeron perfeccionarlo. En día no lejano salieron a este piélago, soplando amenazas. Han expulsado y reemplazado a otros, como ahora se ven en trance de expulsión y reemplazo. Si no conservan la candorosa esperanza juvenil de salir todavía a un mañana perfecto, o están muy corrompidos, pero dichosos y se regalan en los favores y ofrendas del mundo, o están chasqueados y melancólicos, creyendo saber que en el mundo nada se reforma ni se restaura. De advertir que los jóvenes caerán, como ellos cayeron, en esa trampa, proviene la pausa socarrona y la algidez de los viejos. La sangre moza está llamada a triunfar, y es mucha lástima, del obstáculo que se le opone: sin remisión lo vencerá, dejándose en el camino la virtud misma de vencer. De pronto no halla delante nadie que estorbe, nadie que por contraste le acentúe la novedad. Cuando menos lo espera se ve en la cúspide del respeto, de la gravedad, e incluso se figura que es grave y respetable con mejores motivos que otros no lo fueron. ¿Qué se ha hecho del tiempo nuevo inaugurado en la juventud? Si enumero las razones de creer que el mundo no ha variado ante mis ojos, conozco, aun siendo las razones verdaderas, que me engaño; conozco también que me engaño si pondero las razones de creer que es ya muy otro. Así, todo es incertidumbre y zozobra. No puede negarse el movimiento, pero la gradación es tan sutil y pausada, que el ritmo de la vida personal resulta, por contraste, velocísimo. La actitud filosófica sería reconocer que las condiciones generales de la vida moral varían por trancos apenas perceptibles; que entre novedad y marchitez, la distancia es biográfica y personal, sin correspondencia con el mundo impasible. Esta prevención razonable no la atienden todos, los viejos no más que los jóvenes. La sangre moza se imagina que el mundo nace de su calor; la sangre amortecida, que con ella descaece la vida. Cada generación se persuade de que las desdichas de su edad han corrido de un orto a un ocaso. Cuando echa de menos el brío juvenil, imagínase que concluye y resume en sí una vuelta redonda del tiempo histórico. De tales preocupaciones y falacia el espíritu vigoroso está obligado a emanciparse. Como del localismo geográfico, así está obligada la razón a liberarse del localismo temporal, que corta la duración en círculos intangentes, trazados sobre la edad. Veinte años, o veinticinco, o cincuenta, o sesenta, se tienen una vez, y sólo por trescientos sesenta y cinco días si el año no es bisiesto.

Ninguna justificación más frágil de la generosidad del ánimo, que el título de juventud; es preparar la coartada al egoísmo de la vejez. En materias pendientes del raciocinio, la colaboración se establece por pareceres. Y en el juego de las generaciones del Ateneo que me ha servido de marco para trazar este discurso, si ha de formarse una nueva, se compondrá de los hombres de cualquier edad que suban arrebatados por el mismo vendaval al rango de testigos excepcionales del tiempo venidero. Barrunto que no se ha organizado todavía la generación a que quisiera pertenecer.

Otros vendrán a formular y comentar aquí la solución del enigma. Quien ocupe este puesto dentro de cinco años, en ocasión más solemne, y esté con vosotros celebrando el primer centenario del Ateneo, recordará, al conjugar nuestra historia social, la del espíritu público y la acción de los hombres que fugazmente hayan pasado por el cénit de esta casa, si el acierto y la fortuna han corroborado mis previsiones, o si no hemos hecho más que prolongar la cadena de descontentos, murmurante y quejosa desde hace siglos al margen de la España oficial.

Manifiesto de constitución del Frente Popular
para las elecciones del 16 de febrero de 1936 *

Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores; Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de Gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria. Declaran ante la opinión pública las bases y los límites de su coincidencia política, y además la ofrecen a la consideración de las restantes organizaciones republicanas y obreras, por si estiman conveniente a los intereses nacionales de la República venir a integrar en tales condiciones el bloque de izquierdas que debe luchar frente a la reacción en las elecciones generales de diputados a Cortes.

Como supuesto indispensable de paz pública, los partidos coligados se comprometen:

I. A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos políticosociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales. Alcanzará también a aquellos de igual carácter no comprendidos en la ley de 24 de abril de 1934. Se revisarán con arreglo a la ley las sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de Vagos, por motivos de carácter político; hasta tanto que se habiliten las instituciones que en dicha ley se prescriben, se restringirá la aplicación de la misma y se impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideas o actuaciones políticas.

II. Los funcionarios y empleados públicos que hayan sido objeto de suspensión, traslado o separación, acordado sin garantía de expediente o por motivos de persecución política, serán repuestos en sus destinos.

El Gobierno tomará las medidas necesarias para que sean readmitidos en sus respectivos puestos los obreros que hubiesen sido despedidos, por sus ideas o con motivo de huelgas políticas, en todas las corporaciones públicas, en las Empresas gestoras de servicios públicos y en todas aquellas en las que el Estado tenga vínculo directo.

Por lo que se refiere a las Empresas de carácter privado, el ministerio de Trabajo adoptará las disposiciones conducentes a la discriminación de todos los casos de despido que hubieran sido fundados en un motivo políticosocial, y que serán sometidos a los Jurados mixtos para que éstos amparen en su derecho, con arreglo a la legislación anterior a noviembre de 1933, a quienes hubieran sido indebidamente eliminados.

III. Se promulgará una ley concediendo a las familias de las víctimas producidas por hechos revolucionarios o por actos ilegales de la autoridad y la fuerza pública en la represión la adecuada reparación del daño inferido a las personas.

En defensa de la libertad y de la justicia, como misión esencial del Estado republicano y de su régimen constitucional, los partidos coaligados:

Restablecerán el imperio de la Constitución. Serán reclamadas las transgresiones cometidas contra la ley fundamental. Y la ley Orgánica del Tribunal de Garantías habrá de ser objeto de reforma, a fin de impedir que la defensa de la Constitución resulte encomendada a conciencias formadas en una convicción o en un interés contrarios a la salud del régimen.

Se procederá a dictar leyes orgánicas prometidas por la Constitución que son necesarias para su normal funcionamiento, y especialmente las leyes Provincial y Municipal, que deberán inspirarse en el respeto más riguroso a los principios declarados en aquélla. Se procederá por las Cortes a la reforma de su reglamento, modificando la estructura y funciones de las Comisiones parlamentarias, a cuyo cargo correrá, con el auxilio de los organismos técnicos a ellas incorporados, el trámite formativo de las leyes.

Se declara en todo su vigor el principio de autoridad; pero se compromete su ejercicio sin mengua de las razones de libertad y justicia. Se revisará la ley de Orden público, para que, sin perder nada de su eficacia defensiva, garantice mejor al ciudadano contra la arbitrariedad del Poder; adoptándose también las medidas necesarias para evitar las prórrogas abusivas de los estados de excepción.

Se organizará una Justicia libre de los viejos motivos de jerarquía social, privilegio económico y posición política. La Justicia, una vez reorganizada, será dotada de las condiciones de independencia que promete la Constitución. Se simplificarán los procedimientos en lo civil; se imprimirá mayor rapidez al recurso ante los Tribunales contencioso-administrativos, ampliando su competencia, y se rodeará de mayores garantías al inculpado en lo criminal. Se limitarán los fueros especiales, singularmente el castrense, a los delitos netamente militares. Y se humanizará el régimen de prisiones, aboliendo malos tratos e incomunicaciones no decretadas judicialmente.

Los casos de violencia de los agentes de la fuerza pública, acaecidos bajo el mando de los Gobiernos reaccionarios, aconsejan llevar a cabo la investigación de responsabilidades concretas hasta el esclarecimiento de la culpa individual y su castigo. Se procederá a encuadrar las funciones de cada instituto dentro de los fines de su respectivo reglamento; serán seleccionados sus mandos y se sancionará con la separación del servicio a todo agente que haya incurrido en malos tratos o parcialidad política. El Cuerpo de Vigilancia se reorganizará con funcionarios aptos y de cumplida lealtad al régimen.

Se revisarán las normas de disciplina de los funcionarios, estableciendo sanciones graves para toda negligencia o abuso en favor de intereses políticos o en daño del Tesoro público.

IV. Los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, solicitada por los delegados del Partido Socialista. Consideran convenientes las siguientes medidas que se proponen la redención del campesino y del cultivador medio y pequeño, no sólo por ser obra de justicia, sino porque constituyen la base más firme de reconstrucción económica nacional:

Como medidas de auxilio al cultivador directo: Rebaja de impuestos y tributos. Represión especial de la usura. Disminución de rentas abusivas. Intensificación del crédito agrícola. Revalorización de los productos de la tierra, especialmente del trigo y demás cereales, adoptando medidas para la eliminación del intermediario y para evitar la confabulación de los harineros. Estímulo del comercio de exportación de productos agrícolas.

Como medidas para mejorar las condiciones de la producción agrícola: Se organizarán enseñanzas agrícolas y se facilitarán auxilios técnicos por el Estado. Se trazarán planes de sustitución de cultivos e implantación de otros nuevos, con la ayuda técnica y económica de la Administración pública. Fomento de los pastos, ganadería y repoblación forestal. Obras hidráulicas y obras de puesta en riego y transformación de terrenos para regadío. Caminos y construcciones rurales.

Como medidas para la reforma de la propiedad de la tierra: Derogarán inmediatamente la vigente ley de Arrendamientos. Revisarán los desahucios practicados. Consolidarán en la propiedad, previa liquidación, a los arrendatarios antiguos y pequeños. Dictarán nueva ley de Arrendamientos que asegure: la estabilidad en la tierra; la modicidad en la renta, susceptible de revisión; la prohibición del subarriendo y sus formas encubiertas; la indemnización de mejoras útiles y necesarias llevadas a cabo por el arrendatario, haciéndose efectiva antes de que el cultivador abandone el predio, y el acceso a la propiedad de la tierra que se viniera cultivando durante cierto tiempo. Estimularán las formas de cooperación y fomentarán las explotaciones colectivas. Llevarán a cabo una política de asentamientos de familias campesinas, dotándolas de los auxilios técnicos y financieros precisos. Dictarán normas para el rescate de bienes comunales. Derogarán la ley que acordó la devolución y el pago de las fincas a la nobleza.

Nuestra industria no se podrá levantar de la depresión en que se encuentra si no se procede a ordenar todo el complejo sistema de protecciones que el Estado dispensa según criterio estricto de coordinada subordinación al interés general de la economía.

En su consecuencia, procede:

Dictar una ley o sistema de leyes que fijen las bases de la protección a la industria, comprendiendo las arancelarias, exenciones fiscales, métodos de coordinación, regulación de mercados y demás medios de auxilio que el Estado conceda en interés de la producción nacional. Promover el saneamiento financiero de las industrias, a fin de aligerar cargas de especulación que, gravando su rentabilidad, entorpecen su desenvolvimiento.

Crear instituciones de investigación económica y técnica, donde pueda el Estado adquirir elementos para su dirección política y también los empresarios para mejor regir sus iniciativas.

Adoptar aquellas medidas necesarias de especial protección a la pequeña industria y al pequeño comercio.

Levantar la actividad de nuestras industrias fundamentales, mediante un plan de obras públicas a que luego se alude, urbanizaciones y saneamiento de la población rural, en el que se calcularán de antemano los materiales que se han de consumir y sus precios, a fin de asegurar la rentabilidad de estas obras.

V. Los republicanos consideran la obra pública no sólo como modo de realizar los servicios habituales del Estado o como mero método circunstancial e imperfecto de atender al paro, sino como medio potente para encauzar el ahorro hacia las más poderosas fuentes de riqueza y progreso, desatendidas por la iniciativa de los empresarios:

Se llevarán a cabo grandes planes de construcciones de viviendas urbanas y rurales, servicios cooperativos y comunales, puertos, vías de comunicación, obras de riego e implantación de regadíos y transformación de terreno.

Para llevarlas a cabo se procederá a una ordenación legislativa y administrativa que garantice la utilidad de la obra, su buena administración y la contribución a la misma de los intereses privados directamente favorecidos. Los republicanos no aceptan el subsidio de paro solicitado por la representación obrera. Entienden que las medidas de política agraria, las que se han de llevar a cabo en el ramo de la industria, las obras públicas y, en suma, todo el plan de reconstrucción nacional ha de cumplir no sólo su finalidad propia, sino también el cometido esencial de absorber el paro.

VI. La Hacienda y la Banca tienen que estar al servicio del empeño de reconstrucción nacional, sin desconocer que fuerzas tan sutiles como la del crédito no se pueden forzar por métodos de coacción ni estimular fuera del campo seguro de aplicaciones provechosas y empleo remunerador.

No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la Banca propuestas por los partidos obreros; conocen, sin embargo, que nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos, si ha de cumplir la misión que le está encomendada en la reconstrucción económica de España. Como mera enumeración ejemplar señalamos las siguientes medidas:

Dirigir el Banco de España de modo que cumpla su función de regular el crédito conforme exija el interés de nuestra economía, perdiendo su carácter de concurrente de los Bancos y liquidando sus inmovilizaciones.

Someter a la Banca privada a reglas de ordenación que favorezcan sus líquidos, sobre los principios clásicos que ha puesto de nuevo en relieve la experiencia de las últimas crisis, a fin de afirmar la garantía de los depositantes y el servicio de las necesidades financieras de la política de reconstrucción económica que aquí se promete.

Mejorar el funcionamiento de las Cajas de Ahorro, para que cumplan su papel en la creación de capitales; dictando también aquellas medidas necesarias para proteger el ahorro privado y de responsabilidad de los promotores y gestores de toda clase de Compañías.

Respecto a la Hacienda, se comprometen a llevar a cabo una reforma fiscal dirigida a la mayor flexibilidad de los tributos y a la más equitativa distribución de las cargas públicas, sin acudir al crédito público para finalidades del consumo:

Se revisará a fondo la tributación directa, obtenida en su desarrollo normal, reorganizándola sobre bases progresivas.

Se reformará la tributación indirecta buscando la coordinación del gasto privado con el gravamen del consumo.

Se perfeccionará la Administración fiscal, para que sirva de instrumento eficaz a la nueva política tributaria.

VII. La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clase, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso social. Pero precisamente por esa definida razón, la política republicana tiene el deber de elevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción, sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los privilegios sociales y económicos. No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del Partido Socialista. Convienen en:

Restablecer la legislación social en la pureza de sus principios, para lo cual dictarán las disposiciones necesarias para dejar sin electo aquellas que desvirtúen su recto sentido de justicia, revisando las sanciones establecidas a fin de asegurar el más leal cumplimiento de las leyes sociales.

Reorganizar la jurisdicción del trabajo en condiciones de independencia, a fin no sólo de que las partes interesadas adquieran conciencia de la imparcialidad de sus resoluciones, sino también para que en ningún caso los motivos de interés general de la producción queden sin la valoración debida.

Rectificar el proceso de derrumbamiento de los salarios del campo, verdaderos salarios de hambre, lijando salarios mínimos, a fin de asegurar a todo trabajador una existencia digna, y creando el delito de envilecimiento del salario, perseguible de oficio ante los Tribunales.

Aunque la política de reconstrucción económica debe conducir a la absorción del paro, es menester además organizar, administrativa y técnicamente, la lucha, estableciendo los servicios que sean necesarios de estadística, clasificación, Oficinas de colocación y Bolsas de Trabajo, preocupándose de modo especial del paro en la juventud, y sin olvidar tampoco las instituciones de previsión y seguro que, prometidas por la Constitución, deben disponerse a ensayo sobre bases de tipo social.

Los republicanos han de dedicar a la asistencia pública, Beneficencia y Sanidad, la atención que merece en todo pueblo civilizado, sin regatear sacrificios. Unificarán, bajo la dirección del Estado, las diversas instituciones de fundación privada, totalizando sus recursos, sin perjuicio del respeto a la voluntad del fundador.

VIII. La República tiene que considerar la enseñanza como atributo indeclinable del Estado, en el superior empeño de conseguir en la suma de sus ciudadanos el mayor grado de conocimiento y, por consiguiente, el más amplio nivel moral, por encima de razones confesionales y de clase social

Impulsarán, con el ritmo de los primeros años de la República, la creación de escuelas de primera enseñanza, estableciendo cantinas, roperos, colonias escolares y demás instituciones complementarias. Se ha de someter a la enseñanza privada a vigilancia, en interés de la cultura, análoga a la que se ejercite cerca de las escuelas públicas.

Crearán las enseñanzas medias profesionales que sean necesarias para dar instrucción a todos los ciudadanos en condición de recibir la de estos grados.

Concentrarán las enseñanzas universitarias y superiores para que puedan ser debidamente servidas.

Pondrán en ejecución los métodos necesarios para asegurar el acceso a la enseñanza media y superior a la juventud obrera y, en general, a los estudiantes seleccionados por su capacidad.

Los Partidos coaligados repondrán en su vigor la legislación autonómica votada por las Cortes constituyentes y desarrollarán los principios autonómicos consignados en la Constitución.

Se orientará la política internacional en un sentido de adhesión a los principios y métodos de la Sociedad de Naciones.

Por Izquierda Republicana: Amós Salvador y Carreras-, por Unión Republicana: Bernardo Giner de los Ríos-, Por el Partido Socialista: Juan Simeón Vidarte y Manuel Cordero-, por la Unión General de Trabajadores: Francisco Largo Caballero; por el Partido Comunista: Vicente Uribe-, por la Federación Nacional de Juventudes Socialistas: José Cazorla-, por el Partido Sindicalista: Ángel Pestaña; por el Partido Obrero de Unificación Marxista: Juan Andrade.

Madrid, 15 de enero de 1936

Discurso pronunciado por José María Gil Robles
ante el Congreso de los Diputados el 15 de julio
de 1936, tras el asesinato de Calvo Sotelo *

Es la quinta vez que el Gobierno viene a solicitar de organismos parlamentarios la prórroga del estado de alarma, y no deja de ser extraño que, presentada la comunicación el día 14 a las Cortes, se hayan suspendido ese día las sesiones, hurtando al Parlamento la discusión de los motivos, sin otro propósito que sustraer a la publicidad los graves sucesos que están acaeciendo.

Si no tiene eficacia suficiente para garantizar los derechos de los ciudadanos y el normal funcionamiento de los órganos del Gobierno, el estado de alarma, resorte normal y legítimo de todos los Gobiernos, se convierte en una facultad abusiva. En cierto modo, así lo ha reconocido el propio Presidente del Consejo de ministros.

Hace escasamente un mes, discutiendo precisamente con quien ahora tiene el honor de dirigirse a la Diputación Permanente, el señor Casares Quiroga pronunció unas palabras que eran la promesa formal, venían a ser el compromiso solemne, de la eficacia de las medidas que el Gobierno estaba dispuesto a adoptar:

«El Gobierno tiene en estudio la posibilidad, incluso, de levantar la censura, permitiendo a los periódicos emitir libremente su opinión; pero, desde luego, tenga Su Señoría la seguridad de que los textos parlamentarios serán respetados».

Tanto lo han sido, que cuando ayer un periódico quiso publicar unas palabras muy nobles y muy levantadas del señor Calvo Sotelo, al aceptar toda la responsabilidad que sobre él quisieran echar en plena sesión, la censura ha sido implacable y las ha tachado. Ni el homenaje al muerto, ni el respeto debido a las palabras en que aceptó una responsabilidad y una muerte con que Dios quiso luego honrarle, ni el respeto tampoco a la palabra del Presidente, ni a la inviolabilidad de las palabras contenidas en el Diario de Sesiones; la censura ha sido implacable para unos y para otros.

Pero, ¿es que ha cumplido alguna de las finalidades el estado de alarma en manos del Gobierno? ¿Ha servido para contener la ola de anarquía que está arruinando moral y materialmente a España? Mirad lo que pasa por campos y ciudades. Acordaos de la estadística a que di lectura en la pasada sesión de las Cortes. Voy a completarla con una estadística del último mes de vigencia del estado de alarma. Desde el 16 de junio al 13 de julio, inclusive, se han cometido en España los siguientes actos de violencia, habiendo de tener en cuenta los señores que me escuchan que esta estadística no se refiere más que a hechos plenamente comprobados y no a rumores que, por desgracia, van teniendo en días sucesivos una completa confirmación: Incendios de iglesias, 10; atropellos y expulsiones de párrocos, 9; robos y confiscaciones, 11; derribos de cruces, 5; muertos, 61; heridos de diferente gravedad, 224; atracos consumados, 17; asaltos e invasiones de fincas, 32; incautaciones y robos, 16; centros asaltados o incendiados, 10; huelgas generales, 15; huelgas parciales, 129; bombas, 74; petardos, 58; botellas de líquidos inflamables lanzadas contra personas o casas, 7; incendios, no comprendidos los de las iglesias, 19. Esto en veintisiete días. Al cabo de hallarse cuatro meses en vigor el estado de alarma, con toda clase de resortes el Gobierno en su mano para imponer la autoridad, ¿cuál ha sido la eficacia del estado de alarma? ¿No es esto la confesión más paladina y más clara de que el Gobierno ha fracasado total y absolutamente en la aplicación de los resortes extraordinarios, que no ha podido cumplir la palabra que dio solemnemente ante las Cortes de que el instrumento excepcional que la Constitución le da y el Parlamento pone en sus manos había de servir para acabar con el estado de anarquía y subversión en que vive España? Ni el derecho a la vida, ni la libertad de sindicación, ni la libertad de trabajo, ni la inviolabilidad del domicilio han tenido la menor garantía con esta ley excepcional en manos del Gobierno, que, por el contrario, se ha convertido en elemento de persecución contra todos aquellos que no tienen las mismas ideas políticas que los elementos componentes del Frente Popular.

Ya sería esto bastante grave; pero lo es muchísimo más que esos resortes en poder del Gobierno tampoco han servido para garantizar el normal funcionamiento de los órganos del Estado. Las sentencias de los Jurados Mixtos no se cumplen; el Ministro de la Gobernación puede decir hasta qué punto los gobernadores civiles no le obedecen; los gobernadores civiles pueden decir hasta qué punto los alcaldes no hacen caso de sus indicaciones; los ciudadanos españoles pueden decir cómo en muchos pueblos del Sur existen Comités de huelga, los cuales dan el aval, el permiso, la autorización para que puedan circular por carretera. Diferentes personas de la provincia de Almería han sido detenidas en cinco pueblos del trayecto por otros tantos Comités de huelga, que, a despecho de las órdenes del Ministro de la Gobernación y de los gobernadores civiles, han impedido la circulación de vehículos, les han obligado a pasar por Comités de huelga y Casas del Pueblo para que les den un volante de circulación, que es el mayor padrón de ignominia, fracaso y vergüenza para un Gobierno que tolera, al cabo de cinco meses, que ese estado de cosas continúe en una nación civilizada.

Son las propias organizaciones que apoyan al Gobierno las que no quieren o no pueden cumplir las órdenes que emanan de la autoridad. Ahí tenéis los conflictos obreros, que se están ventilando diariamente a tiros entre las organizaciones societarias, aunque la censura no permite que se diga una palabra; ahí tenéis esos obreros que han muerto ayer en Cuatro Caminos bajo las balas de otros hermanos de trabajo, que, en plena subversión contra el Gobierno, no acatan las órdenes emanadas de la autoridad. El Gobierno dio un laudo, fijó un plazo: ese plazo se incumplió. Tomó recientemente el Consejo de ministros un acuerdo terminante y categórico que implicaba la reafirmación del principio de autoridad. Elementos que controlan al Gobierno y que comparten con él las funciones de autoridad, aunque no la responsabilidad ante la opinión y ante la Historia, le obligaron a que diera un nuevo plazo, que venció anteayer; ni anteayer, ni ayer, ni hoy se ha cumplido el laudo del Ministro de Trabajo. Las obras paradas, los obreros tiroteándose, Madrid abandonado, la autoridad por los suelos. ¿Para eso queréis una prórroga del estado de alarma? ¿Para eso queréis unos resortes excepcionales? ¿Qué confianza podemos tener ni las oposiciones ni la opinión pública en lo que vosotros hagáis?

A nosotros diariamente llegan voces que nos dicen: «Os están expulsando de la legalidad; están haciendo un baldón de los principios democráticos; están riéndose de las máximas liberales consignadas en la Constitución. Ni en el Parlamento ni en la legalidad tenéis ya nada que hacer». Y este clamor que nos viene de campos y ciudades indica que está creciendo y desarrollándose eso que en términos genéricos habéis dado en denominar fascismo, pero que no es más que ansia, muchas veces nobilísima, de libertarse de un yugo y de una opresión que, en nombre del Frente Popular, el Gobierno y los grupos que le apoyan están imponiendo a sectores extensísimos de la opinión nacional. Es un movimiento de sana y hasta de santa rebeldía, que prende en el corazón de los españoles, y contra el cual somos totalmente impotentes los que día tras día y hora tras hora nos hemos venido parapetando en los principios democráticos, en las normas legales y en la actuación normal. Así como vosotros estáis total y absolutamente rebasados, el Gobierno y los elementos directivos, por las masas obreras, que ya no controláis, así nosotros estamos ya totalmente desbordados por un sentido de violencia que habéis sido vosotros los que habéis creado y estáis difundiendo por toda España. Cuando habléis de fascismo no olvidéis, señores del Gobierno y de la mayoría, que en las elecciones del 16 de febrero los fascistas apenas tuvieron unos cuantos miles de votos en España, y si hoy se hicieran unas elecciones verdad, la mayoría sería totalmente arrolladora, porque incluso está prendiendo en sectores obreristas, los cuales, desengañados de sus elementos directivos y de sus directores societarios, están buscando con ansia una libertad que no encuentran en esas vagas quimeras que muchas veces encarnan en la fantasía de las gentes cuando ya están al borde de la desesperación y de la ruina.

Cuando la vida de los ciudadanos está a merced del primer pistolero; cuando el Gobierno es incapaz de poner fin a este estado de cosas, no pretendáis que las gentes crean ni en la legalidad ni en la democracia; tened la seguridad de que derivarán cada vez más por los caminos de la violencia, y los hombres que no somos capaces de predicar la violencia, ni de aprovecharnos de ella, seremos lentamente desplazados por otros más audaces o más violentos que vendrán a recoger este hondo sentido nacional…

Por ser Calvo Sotelo un hombre consecuente con sus ideas, valiente en la exposición de las mismas, que no ha claudicado en ningún momento y que ha mantenido siempre alta y enhiesta la bandera de su ideal, ha muerto de la manera más criminal y más odiosa. Yo quisiera que mis palabras fueran exclusivamente un homenaje a su memoria; pero han sido tales las circunstancias que han rodeado su muerte, es tal el contenido que tiene para toda la sociedad española ese crimen, que es necesario que cuanto antes, aquí ahora, en el Parlamento en su primera sesión, si es que a ella asistimos, quede perfectamente claro nuestro pensamiento y queden planteados los jalones de lo que nosotros creemos gravísimas responsabilidades que en torno a ese suceso se han producido.

Yo sé que muchas gentes que ahora disminuyen el volumen del suceso pretenden establecer un simple parangón entre dos crímenes que se han producido con una leve diferencia de horas. Yo esos parangones no los admito. En primer lugar, porque tanto condeno una violencia como la otra. Ante el cadáver del teniente Castillo tengo yo idéntica condenación que para todos esos actos de violencia, y no pienso en sus ideas ni en su actuación; para mí es nefando, para mí es criminal el modo como se le ha arrebatado la vida. ¡Ah!, pero pretender ligar un acontecimiento con el otro, como muchos sectores afectos a la política del Gobierno han hecho, eso es, a mi juicio, la mayor condenación que puede tener toda la política que vosotros estáis desarrollando.

¿Qué tenía que ver el señor Calvo Sotelo con el asesinato del teniente Castillo? ¿Quién ha podido establecer la menor relación de causa a efecto entre su actitud y la muerte de este teniente? ¿Es que acaso el señor Calvo Sotelo, en pleno salón de sesiones, no ha condenado de una manera sistemática la violencia y no anunció que ante la muerte violenta de su mayor adversario no tendría más que la condenación como ciudadano, el respeto como caballero y el perdón como creyente? ¿Es que se puede ni por un momento admitir que el señor Calvo Sotelo tuvo la menor relación, directa ni indirecta, por acción, por omisión o por inducción, con el asesinato del teniente Castillo? ¿Por qué se ligan ambas cosas? ¡Ah! Porque en el ánimo incluso de aquellos que pretenden rebajar la gravedad del suceso, hay esta idea terrible que prende en el corazón de todos los españoles: que no ha sido una pasión política la que ha quitado la vida al señor Calvo Sotelo, que no ha sido un momento pasional de unos cuantos ciudadanos ofuscados, sino que ha sido una represalia ciega, ejercida por aquellos que tenían una relación más o menos directa con el teniente Castillo.

La gravedad del hecho es enorme, y yo tengo que examinarla con la luz de los antecedentes del hecho mismo y de las circunstancias en que se ha producido. Yo sé la gravedad de las manifestaciones que voy a hacer. Estoy perfectamente penetrado, incluso, de las consecuencias que para mí, personalmente, pueden tener. El cumplimiento del deber no se puede detener ante ese orden de consideraciones.

Lamento que no esté aquí presente el señor Presidente del Consejo de ministros; no porque no esté aquí muy dignamente representado, sino porque a él necesariamente, de un modo personal, he de referirme en este momento.

El señor Ministro de Estado, con la vehemencia que le caracteriza —y tengo la seguridad que con la sinceridad mayor, que es también una de sus características—, ha venido aquí, en términos casi conmovidos, a rechazar imputaciones o acusaciones que se desprendían del escrito a que ha dado lectura el señor Suárez de Tangil en nombre de las minorías monárquicas, y de las cuales pudiera deducirse una acusación directa al Gobierno en el crimen que se ha cometido… Lejos de mi ánimo el recoger acusaciones en globo, y mucho menos lanzar sobre un Gobierno, sin pruebas, una acusación de esta naturaleza. ¡Ah!, pero la responsabilidad del Gobierno no es sólo criminal; la responsabilidad del Gobierno es tremenda en el orden político y en el orden moral, y a ella tengo necesariamente que referirme.

El miércoles pasado, señores diputados —hace hoy exactamente ocho días—, el señor Calvo Sotelo me llamó aparte, en uno de los pasillos de la Cámara, y me dijo: «Individuos de mi escolta, que no pertenecen ciertamente a la Policía, sino a uno de los Cuerpos armados, han recibido una consigna de que en caso de atentado contra mi persona procuren inhibirse. ¿Qué me aconseja usted?». «Que hable usted inmediatamente con el Ministro de la Gobernación». El señor Calvo Sotelo fue a contárselo, el miércoles o el jueves, al señor Ministro de la Gobernación, el cual, según mis noticias tenidas por el señor Calvo Sotelo, dijo que en absoluto de él no había emanado ninguna orden de esa naturaleza. Pero el señor Calvo Sotelo tuvo una confidencia exactísima.

¿Quién dio esa orden? ¿Quién dio esa consigna? Me adelanto a decir que el señor Ministro de la Gobernación, no. No me atrevería a decir otro tanto de organismos subalternos dependientes del Ministro de la Gobernación.

El señor Ventosa lo sabe, porque yo le comuniqué: «Contra el señor Calvo Sotelo se prepara un atentado. Ha habido por parte de organismos dependientes del Ministerio de la Gobernación, nunca del Ministro de la Gobernación, órdenes para que se deje impune el atentado que se prepara. Usted lo sabe; usted y yo somos testigos de que esta advertencia se ha hecho al Gobierno, de que esa amenaza se está cerniendo sobre la cabeza del señor Sotelo». Y esa amenaza se ha realizado y ese atentado ha tenido lugar.

Tengo la seguridad de que el señor Ministro de la Gobernación hizo lo posible, en lo que de él dependía. Pero los organismos que dependen del Gobierno, ¿lo han hecho así? ¿Se estableció la debida vigilancia alrededor de una persona seriamente amenazada para evitar el atentado? No se ha hecho.

¡ Ah! Pero, ¿es que es ésta la única responsabilidad que al Gobierno y a los grupos de la mayoría les corresponde en este asunto? ¿Es que no estamos cansados de oír todos los días, en las sesiones de Cortes excitaciones a la violencia contra los diputados de derechas? Voy a prescindir de lo que a mí se refiere; bien claras han estado algunas amenazas en el salón de sesiones. Me voy a referir exclusivamente a lo ocurrido con el señor Calvo Sotelo. ¿Es que no recordamos, aunque las facultades presidenciales, interviniendo oportunamente, quitaran ciertas palabras del Diario de Sesiones, que el señor Galarza, perteneciente a uno de los grupos que apoyan al Gobierno, dijo en el salón de sesiones —yo estaba presente— que contra el señor Calvo Sotelo toda violencia era lícita?

¿Es que acaso esas palabras no implican una excitación, tan cobarde como eficaz, a la comisión de un delito gravísimo? ¿Es que este hecho no implica responsabilidad alguna para los grupos y partidos que no desautorizaron estas palabras? ¿Es que no implica una responsabilidad para el Gobierno que se apoya en quien es capaz de hacer una excitación de esa naturaleza?

En el orden de la responsabilidad moral, a la máxima categoría de las personas le atribuyo yo la máxima responsabilidad y, por consiguiente, la máxima responsabilidad en el orden moral tiene que caer sobre el señor Presidente del Consejo de Ministros. El señor Presidente del Consejo de Ministros que al llegar al más alto puesto de la gobernación del Estado no ha prescindido del carácter demagógico que impregnan todas sus actuaciones, dijo un día que, frente a las tendencias que podía encarnar el señor Calvo Sotelo u otras personas de significación ideológica parecida, el Gobierno era un beligerante. ¡El Gobierno un beligerante contra unos ciudadanos! ¡El Gobierno nunca puede ser un beligerante! El Gobierno tiene que ser un instrumento equitativo de justicia, aplicada por igual a todos, y eso no es ser beligerante, como no lo es el juez que condena a un criminal. Cuando desde la cabecera del banco azul se dice que el Gobierno es un beligerante, ¿quién puede impedir que los agentes de la autoridad lleguen en algún momento hasta los mismos bordes del crimen?

Pero aun hay más: En virtud de unas palabras pronunciadas por el señor Calvo Sotelo en un debate de orden público, haciendo referencia a acontecimientos que precisamente los grupos que apoyan al Gobierno airean estos días, pronunció el señor Presidente del Consejo de Ministros unas frases provocadoras, que implicaban el hacer efectiva en el señor Calvo Sotelo una responsabilidad por acontecimientos que pudieran sobrevenir, lo cual, como dice muy bien ese documento leído por el señor conde de Vallellano, equivale a señalar, a anunciar una responsabilidad a priori, sin discernir si se ha incurrido o no en ella. «¿Ocurre esto, va a ocurrir este acontecimiento? Pues Su Señoría es el responsable».

Periódicos inspirados por elementos del Gobierno han venido estos días diciendo que se iba a producir ese acontecimiento; que era inminente en la noche pasada, en la que viene; que el observatorio está vigilante; que va a surgir en seguida lo que se teme. Ya se está dibujando la responsabilidad. Y esa noche cae muerto el señor Calvo Sotelo a manos de agentes de la autoridad. ¿Creéis que esto no representa una responsabilidad? ¡Ah! Pero hay otra, todavía mayor, si cabe. El señor Calvo Sotelo no ha sido asesinado por unos ciudadanos cualesquiera: el señor Calvo Sotelo ha sido asesinado por agentes de la autoridad.

En este punto interrumpe Martínez Barrio:

— El suceso está sometido en estos instantes a la investigación de la Justicia…

Bien —contesta Gil Robles—, pero los diputados tenemos no sólo el derecho, sino la obligación de traer aquí, como la hubiéramos llevado a la sesión pública, si nos hubiese sido posible, esta acusación categórica y terminante. ¿Qué importa que la censura lo haya tachado y haya obligado a decir a los periódicos que los autores de ese asesinato han sido unos individuos, si en la conciencia de todos está la verdad de lo ocurrido? Tengan en cuenta Sus Señorías y quienes me oyen, que está bien lejos de mi ánimo arrojar una mancha por igual sobre todos los agentes de la autoridad, ni muchísimo menos. Bien lejos de mi pensamiento, igualmente, lanzar sobre un Cuerpo benemérito del Estado una culpa colectiva. Han sido determinados agentes de la autoridad, que probablemente el mismo Cuerpo a que pertenecen estará deseando en estos momentos que sean expulsados, que sean arrojados de su convivencia. Pero lo que no puede negarse, señor Presidente y señores diputados que me escuchan, es que el señor Calvo Sotelo se resistió a entregarse a los que llegaban a su domicilio y que únicamente cuando uno de ellos le exhibió un carnet en que acreditaba su condición de oficial de la Guardia Civil, el señor Calvo Sotelo se entregó. Las averiguaciones judiciales irán encaminadas a saber quién fue el oficial de la Guardia Civil; pero que fue un agente de la autoridad que iba acompañado de guardias de Asalto, de paisano o de uniforme, y en una camioneta de la Dirección General de Seguridad, que después fue dejada en el mismo Ministerio de la Gobernación o en el cuartelillo que está al lado, esto no puede negarlo nadie. ¿Y es que cuando ocurre un suceso de ese volumen y de esa magnitud un Gobierno puede decir: lo he entregado simplemente a un juez para que investigue, sin haber tomado ninguna medida para ver quiénes habían sido esos oficiales que han ido en la camioneta y acompañando a los guardias de Asalto, los que habían dispuesto el servicio, los que han estado reclutando voluntarios entre determinada compañía o determinada sección del teniente Castillo, para con ellos ir a ejercer una represalia y una venganza sobre la persona del señor Calvo Sotelo?

Cuando todo esto ocurre, el Gobierno ¿no tiene que hacer otra cosa que publicar una nota anodina, equiparando casos que no pueden equipararse y diciendo que los Tribunales de Justicia han de entender en el asunto, como si fuera una cosa baladí que un jefe político, que un jefe de minoría, que un parlamentario sea arrancado de noche de su domicilio por unos agentes de la autoridad, valiéndose de aquellos instrumentos que el Gobierno pone en sus manos para proteger a los ciudadanos; que le arrebaten en una camioneta, que se ensañen con él, que le lleven a la puerta del cementerio, que allí le maten y que le arrojen, como un fardo, en una de las mesas del depósito de cadáveres? ¿Es que eso no tiene ninguna gravedad? ¡Ah!, señores del Gobierno: vosotros en estos momentos habéis creído que todo lo tenéis libre con nombrar un juez, con dictar una nota y con acudir el día de mañana a que la pasión política os dé un bill de indemnidad en forma de voto de confianza. Tened la seguridad de que eso no se limpia tan fácilmente.

Un día el señor Calvo Sotelo pronunció en la Cámara unas palabras contestando al señor Presidente del Consejo de Ministros, que si son su mayor glorificación, constituyen la mayor condenación para vosotros. «Yo digo —terminaba— lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano: “Señor, la vida podéis quitarme, pero más no podéis; y es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio”».

Esto dijo el señor Calvo Sotelo; le ha llegado la muerte con gloria. ¡Ah! Pero vosotros, como Gobierno —aunque no tengáis la responsabilidad, que yo no la arrojo sobre vosotros, la responsabilidad criminal directa ni indirecta en el crimen—, sí tenéis la enorme responsabilidad moral de patrocinar una política de violencia, que arma la mano del asesino; de haber, desde el banco azul, excitado a la violencia; de no haber desautorizado a quienes desde los bancos de la mayoría han pronunciado palabras de amenaza y de violencia contra la persona del señor Calvo Sotelo. Eso no os lo quitaréis nunca; podéis, con la censura, hacer que mis palabras no lleguen a la opinión; podéis, con el ejercicio férreo de facultades que la ley pone en vuestras manos, hacer imposible que esto llegue, en sus detalles, a conocimiento de la opinión pública; podéis ir al Parlamento y pedir una votación de confianza. Pero tened la seguridad de que la sangre del señor Calvo Sotelo está sobre vosotros y sobre la mayoría y no os la quitaréis nunca. ¡Triste sino el de este régimen si incurre, frente a un crimen de esta naturaleza, en el error tremendo de pretender paliar los acontecimientos! Si exigís las debidas responsabilidades, si actuáis rápidamente contra los autores del crimen, si ponéis en claro los móviles, en ese caso, quizá —y no lograréis en todo— quedará circunscrita la responsabilidad a los autores; pero si vosotros estáis, con habilidades mayores o menores, paliando la gravedad de los hechos, entonces la responsabilidad escalonada irá hasta lo más alto y os cogerá a vosotros como Gobierno, y caerá sobre los partidos que os apoyan como coalición de Frente Popular y alcanzará a todo el sistema parlamentario, y manchará de barro y de miseria y de sangre al mismo régimen. En vosotros está.

Quizá muy pocas palabras más hayamos de pronunciar en el Parlamento. Todos los días, por parte de los grupos de la mayoría, por parte de los periódicos inspirados por vosotros, hay la excitación, la amenaza, la conminación a que hay que aplastar al adversario, a que hay que realizar con él una política de exterminio. A diario la estáis practicando: muertos, heridos, atropellos, coacciones, multas, violencias… Este período vuestro será el período máximo de vergüenza de un régimen, de un sistema y de una nación. Nosotros estamos pensando muy seriamente que no podemos volver a las Cortes a discutir una enmienda, un voto particular, un proyecto más o menos avanzado que presentéis, porque eso, en cierto modo, es decir ante la opinión pública que aquí todo es normal, que aquí la oposición cumple su papel, que éste es el juego corriente de los sistemas políticos. No; el Parlamento está ya a cien leguas de la opinión nacional; hay un abismo entre la farsa que representa el Parlamento y la honda y gravísima tragedia nacional.

Nosotros no estamos dispuestos a que continúe esa farsa. Vosotros podéis continuar; sé que vais a hacer una política de persecución, de exterminio y de violencia de todo lo que signifique derechas. Os engañáis profundamente; cuanto mayor sea la violencia, mayor será la reacción; por cada uno de los muertos surgirá otro combatiente. Tened la seguridad —esto ha sido la ley constante de todas las colectividades humanas— de que vosotros, que estáis fraguando la violencia, seréis las primeras víctimas de ella. Muy vulgar, por muy conocida, pero no menos exacta, es la frase de que las revoluciones son como Saturno, que devoran a sus propios hijos. Ahora estáis muy tranquilos porque veis que cae el adversario. ¡Ya llegará un día en que la misma violencia que habéis desatado se volverá contra vosotros! Dentro de poco seréis en España el Gobierno del Frente Popular del hambre y de la miseria, como ahora lo sois de la vergüenza, del fango y de la sangre. Nada más.

JUAN CARLOS GIRAUTA VIDAL (Barcelona, 12 de marzo de 1961), es un abogado, periodista y escritor español. Estudió con los jesuitas de la calle de Caspe. Posteriormente, se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona, y MBA por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE). Igualmente comenzó un Doctorado en Filosofía, que no terminó. Llegó a militar en el PSC.

Su actividad como periodista y analista político y económico se ha desarrollado en medios de comunicación como ABC, COPE, Onda Cero (habitual del programa «Julia en la Onda»), 8TV, Libertad Digital, diario digital del que fue expulsado por César Vidal, o esRadio.

Dentro del activismo político, se ha involucrado con Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) y con Movimiento Ciudadano, figurando en el número dos de la lista de este último de cara a las elecciones al Parlamento Europeo de 2014. Tras conseguir este partido dos escaños, Girauta obtuvo acta de diputado junto al cabeza de lista, Javier Nart.

Entre sus obras, destacan: Hacia dónde va el management: claves de un nuevo paradigma (2004), La república de Azaña (2006), La eclosión liberal (2006), El desorden (2008), La verdadera historia del PSOE (2010), Historias (2010) y Votaré no (2013).

Notas

[1] Miguel Maura, Así cayó Alfonso XIII, Ariel, Barcelona, 1995. <<

[2] Joaquín Arrarás (por la dirección literaria), Historia de la Cruzada Española, Ediciones Españolas, Madrid, 1940. <<

[3] Ricardo de la Cierva, Historia actualizada de la Segunda República y la guerra de España 1931-1939, Editorial Fénix, Madrid, 2003. <<

[4] Jeroni N. Mas Rigo, «Manuel Azaña y el proceso de José Antonio en Alicante», El Catoblepas, n.° 41, julio de 2005. <<

[5] Cipriano Rivas Cherif, Retrato de un desconocido, Grijalbo, Barcelona, 1979. <<

[6] Joaquín Chapaprieta, La paz fue posible, Ariel, Barcelona, 1971. <<

[7] Karl R. Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, Planeta, Barcelona, 1992. <<

[8] Manuel Azaña, El jardín de los frailes, Ediciones Albia, Bilbao, 1977. <<

[9] Hugh Thomas, La guerra civil española, Grijalbo, Barcelona, 1976. <<

[10] Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra 1931-1933, Crítica, Barcelona, 1978. <<

[11] Cipriano Rivas Cherif, op. cit. <<

[12] Joaquín Arrarás, op. cit. <<

[13] Josefina Carabias, Los que le llamábamos don Manuel, Plaza y Janés, Barcelona, 1980. <<

[14] Manuel Azaña, Tres generaciones del Ateneo, Obras completas, vol. I, Oasis, México, 1966. <<

[15] Miguel Maura, op.cit. <<

[16] Ibíd. <<

[17] Citado en La Tierra, 19 de mayo de 1931. <<

[18] Manuel Azaña, Los españoles en guerra, Crítica, Barcelona, 1999. <<

[19] Ibíd. <<

[20] Ibíd. <<

[21] Ibíd. <<

[22] Así, Eduardo Comín Colomer, Historia secreta de la Segunda República, Editorial AHR, Barcelona, 1959. <<

[23] Cipriano Rivas Cherif, op. cit. <<

[24] Ibíd. <<

[25] Miguel Maura, op. cit. <<

[26] Ibíd. <<

[27] Ibíd. <<

[28] Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra, 1931-1933, Crítica, Barcelona, 1978. <<

[29] Javier Tusell, «La dimisión de Alcalá Zamora. Crisis en la República», Historia 16, n.° 104, diciembre de 1984. <<

[30] Josep Pla, «Don Manuel Azaña. Un ensayo de crítica política (I)» , en La Segunda República Española. Una crónica, 1931-1936, Destino, Barcelona, 2006. <<

[31] Manuel Azaña, La velada en Benicarló, Editorial Castalia, Madrid, 1980 <<

[32] Hug Thomas, op. cit. <<

[33] Rubén Amón y José Contreras, El Mundo, 2 de abril de 2006. <<

[34] Juan Simeón Vidarte, Las Cortes Constituyentes de 1931-1932: testimonio del Primer Vicesecretario del Congreso de Diputados, Grijalbo, Barcelona, 1976. <<

[35] Prólogo de Gabriel Jackson a Manuel Azaña, Causas de la guerra de España, Crítica, Barcelona, 2002. <<

[36] Stanley G. Payne, El colapso de la República, La Esfera de los Libros, Madrid, 2005. <<

[37] Pío Moa, Los orígenes de la Guerra Civil Española, Ediciones Encuentro, Madrid, 1999. <<

[38] Ibíd. <<

[39] Stanley G. Payne, op. cit. <<

[40] Ibíd. <<

[41] Manuel Azaña, Memorias de guerra, 1936-1939, Crítica, Barcelona, 1978. <<

[42] Enrique de Angulo, Diez horas de Estat Català, Ediciones Encuentro, Madrid, 2005. <<

[43] Federico Suárez, Manuel Azaña y La guerra de 1936, Ediciones Rialp, Madrid, 2000. <<

[44] Pío Moa, Franco, un balance histórico, Editorial Planeta, Barcelona, 2005. <<

[45] Stanley G. Payne, op. cit. <<

[46] Declaración recogida en Azaña, mensaje de futuro, A.R.D.E., Madrid, 1990. <<

[47] Joaquín Chapaprieta, op. cit. <<

[48] Alejandro Lerroux, La pequeña historia, Afrodisio Aguado, Madrid, 1963. <<

[49] Citado en Joaquín Pérez Madrigal, España a dos voces, EASA, Madrid, 1962. <<

[50] Alejandro Lerroux, op. cit. <<

[51] Federico Suárez, op. cit. <<

[52] Stanley G. Payne, op. cit. <<

[53] Josep Pla, «La chance de los socialistas», op.cit. <<

[54] José María Gil Robles, No fue posible la paz, Ariel, Barcelona, 1968. <<

[55] Stanley G. Payne, op. cit.<<

[56] Felipe Acedo Colunga, José Calvo Sotelo, Editorial AHR, Barcelona, 1957. <<

[57] Federico Jiménez Losantos, La última salida de Manuel Azaña, Planeta, Barcelona, 1994. <<

[58] Julián Zugazagoitia, «Guerra y vicisitudes de los españoles», en Pío Moa, Franco, un balance histórico, Planeta, Barcelona, 2005. <<

[59] Ángel David Martín Rubio, Los mitos de la represión en la Guerra Civil, Grafite Ediciones, Madrid, 2005. <<

[60] César Vidal, Checas de Madrid, Belacqua, Barcelona, 2003. <<

[61] Ibid. <<

[62] Ibid. <<

[63] César Alcalá, Checas de Barcelona, Belacqua, Barcelona, 2005. <<

[64] Ricardo de la Cierva, op. cit. <<

[65] Testimonio del obispo Théas en Jiménez Losantos, op. cit. <<

[*] Manuel Azaña, Obras completas, Oasis, México, 1968. <<

[*] Historia de la Cruzada española,1936, vol. II, tomo IX, Ediciones Españolas, S.A., Madrid, 1940. <<

[*] Historia de la Cruzada española, vol. II, tomo IX, Ediciones Españolas, S.A., Madrid, 1940. <<